La primera parte de este decimotercer volumen de la Historia de América Latina la forman dos capítulos sobre México: en el primero, A. Knight examina el rumbo de la revolución durante los años treinta y el impacto de la segunda guerra mundial, y en el segundo, P. H. Smith destaca el crecimiento económico, el cambio social y la estabilidad política a partir de 1946. La segunda parte contiene dos capítulos sobre Cuba, de L. A. Pérez y J. Domínguez, el primero sobre el periodo que va de la dictadura de Machado a la de Batista, y el segundo sobre la revolución y su desarrollo, especialmente los años de la consolidación del poder revolucionario, además de capítulos generales sobre la República Dominicana (F. Moya Pons), Haití (David Nicholls) y Puerto Rico (R. W. Anderson).

AA. VV.

México y El Caribe desde 1930

Historia de América Latina - 13

ePub r1.0

Titivillus 02.03.2022

Título original: The Cambridge History of Latin America - VII. Latin America since 1930: Mexico, Central America and the Caribbean

AA. VV., 1990

Por

LESLIE BETHELL, catedrático emérito de historia de América Latina, Universidad de Londres; director, Centro de Estudios Brasileños, Universidad de Oxford, y fellow, St. Antony’s College, Oxford

ROBERT W. ANDERSON, Hato Rey, Puerto Rico

JORGE DOMÍNGUEZ, catedrático de estudios gubernamentales, Universidad de Harvard

ALAN KNIGHT, catedrático de historia de América Latina, Universidad de Oxford

FRANK MOYA PONS, Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, Santo Domingo

DAVID NICHOLLS

LOUIS A. PÉREZ, JR., catedrático de historia, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill

PETER H. SMITH, catedrático de ciencias políticas, Universidad de California, San Diego

Traducción: Jordi Beltrán

Diseño de cubierta: Enric Satué

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

PREFACIO

Los primeros cuatro volúmenes de la Historia de América Latina de Cambridge se ocupan principalmente de los aspectos económicos, sociales, políticos, intelectuales y culturales de los tres siglos de gobierno colonial español y (en el caso de Brasil) portugués, comprendidos entre el «descubrimiento», la invasión, la conquista y la colonización del «Nuevo Mundo» por los europeos, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, y la víspera de la independencia latinoamericana en las postrimerías del XVIII y principios del XIX.

Los volúmenes quinto y sexto examinan el fracaso y el derrocamiento del régimen colonial que tuvieron lugar en toda América Latina (a excepción de Cuba y Puerto Rico) durante el primer cuarto del siglo XIX, y la historia económica, social y política durante el medio siglo posterior a la independencia (entre aproximadamente 1820 y 1870). En los cuatro volúmenes siguientes se analiza la situación de América Latina hasta 1930.

Durante el primer medio siglo que siguió a la independencia, América Latina experimentó, en el mejor de los casos, únicamente unas tasas muy modestas de crecimiento económico y, al menos en Hispanoamérica, violentos conflictos políticos e ideológicos, así como una considerable inestabilidad política. Aparte de la guerra entre México y los Estados Unidos (1846-1848) y de frecuentes intervenciones extranjeras, especialmente británicas, también hubo, al finalizar el período, dos conflictos importantes entre estados latinoamericanos: la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y la guerra del Pacífico (1879-1883). Contrastando con ello, el medio siglo siguiente, y sobre todo el período que concluyó con la primera guerra mundial, fue para la mayoría de los países latinoamericanos una «edad de oro» caracterizada por el crecimiento económico inducido de forma predominante por las exportaciones, de prosperidad material (al menos para las clases dominantes y las clases medias de las ciudades), de consenso ideológico y, con algunas excepciones notables como México durante la revolución (1910-1920), de estabilidad política. Asimismo, aunque continuaron las intervenciones extranjeras —principalmente las norteamericanas en México, América Central y el Caribe—, no hubo importantes conflictos internacionales en América Latina entre el fin de la guerra del Pacífico (1883) y el estallido de la guerra del Chaco (1932).

El séptimo volumen lo forman nueve capítulos de carácter general sobre la historia económica y social del conjunto de América Latina. Dos capítulos examinan el crecimiento de las economías latinoamericanas, el primero en el período 1870-1914, el segundo en los años que van de la primera guerra mundial a la víspera de la depresión mundial del decenio de 1930. Este crecimiento fue en gran parte fruto de la gran aceleración de la incorporación de las economías latinoamericanas, como productoras básicas, en la economía internacional en expansión, así como de significativas entradas de capital extranjero, particularmente británico, y, en el siglo XX, norteamericano. Al mismo tiempo, no se pasan por alto los mercados nacionales y la acumulación de capital igualmente nacional. Las relaciones de América Latina con las principales potencias europeas y, sobre todo en América Central y el Caribe, con los Estados Unidos, cada vez más expansionistas, se tratan por separado. Otro capítulo analiza el crecimiento de la población latinoamericana (de 30 millones en 1850 a 105 millones en 1930), que en parte fue producido por la inmigración en masa de europeos, singularmente en Argentina y Brasil. El profundo efecto de la penetración capitalista en el mundo rural es la materia de que se ocupan dos capítulos, uno de los cuales se concentra en las tradicionales tierras altas de México, América Central y los Andes, y el otro en el Caribe español. El primero de ellos, a la vez que afirma que las economías y sociedades rurales experimentaron mayores cambios en el período de 1870-1930 que en cualquier otra época anterior exceptuando la conquista, también se propone demostrar que en muchas zonas rurales, especialmente en los Andes, las fuerzas de cambio encontraron resistencia y continuaron existiendo estructuras precapitalistas. La sociedad urbana también experimentó cambios rápidos en este período, y hay capítulos que examinan por separado el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, en especial ciudades importantes como Buenos Aires, Río de Janeiro y Ciudad de México, todas las cuales ya tenían entre uno y dos millones de habitantes en 1930 y rivalizaban con las principales urbes de Europa y los Estados Unidos; los comienzos de la industria, sobre todo en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México; y la aparición de una clase trabajadora urbana como fuerza significativa en muchas repúblicas, así como la historia de los primeros movimientos obreros de América Latina.

El octavo volumen examina la cultura y la sociedad en América Latina durante el siglo que siguió a la independencia y especialmente en el período de 1870-1930. Empieza con un capítulo que trata la evolución de las ideas políticas y sociales (y en especial la adaptación del liberalismo a unas sociedades muy estratificadas que tenían economías subdesarrolladas y una tradición política de autoritarismo, así como la influencia del positivismo en las élites gobernantes e intelectuales). Un segundo capítulo examina de qué modo la Iglesia católica latinoamericana se adaptó a la disminución de su poder y sus privilegios en una era secular, al mismo tiempo que conservaba la adhesión de la inmensa mayoría de los latinoamericanos. Finalmente, dos capítulos hablan de movimientos importantes y de notables logros individuales en la literatura, la música y el arte de América Latina en este período.

Los volúmenes noveno y décimo se componen de capítulos sobre la historia económica, social y, sobre todo, política de los distintos países latinoamericanos desde c. 1870 hasta 1930. El volumen noveno se ocupa de la historia de México, América Central y el Caribe. En la primera parte, dedicada a México, hay capítulos sobre el Porfiriato (los treinta y cinco años de dictadura de Porfirio Díaz, 1876-1910), la revolución y la reconstrucción bajo la «dinastía sonorense» durante el decenio de 1920. La segunda parte dedica un capítulo único a las cinco repúblicas de América Central y capítulos a Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana y Haití. El décimo volumen está dedicado a América del Sur. La primera parte consiste en cuatro capítulos sobre la evolución económica, social y política de Argentina, que en muchos aspectos era ya la nación más avanzada de América Latina en 1930, y capítulos individuales sobre Uruguay y Paraguay. La segunda parte contiene capítulos referentes a Chile, Bolivia y Perú en el medio siglo que empezó al concluir la guerra del Pacífico y capítulos que hablan de Colombia, Ecuador y Venezuela. Finalmente, en la tercera parte, dedicada a Brasil, hay capítulos que estudian su economía dominada por el café en este período, el sistema político y la política reformista durante los últimos tiempos del imperio (1870-1889) y la estructura social y política de la primera república (1889-1930).

Los volúmenes undécimo y duodécimo versan sobre economía, política y sociedad desde 1930. El volumen undécimo, Economía y sociedad desde 1930, comprende seis capítulos. Los tres primeros examinan las economías latinoamericanas durante la década de 1930, tras la depresión de 1929, durante e inmediatamente después de la segunda guerra mundial, y durante la nueva «edad de oro» de crecimiento económico (1950-1980), impulsada esta vez principalmente por la ISI (industrialización de sustitución de importaciones) y a la que, no obstante, siguió la llamada «década perdida» de 1980. El cuarto aborda el cambio demográfico durante el período 1930-1990, en que la población de América Latina se cuadruplicó (de 110 a 450 millones). El quinto capítulo analiza la rápida urbanización de América Latina (menos del 20 por 100 de su población estaba clasificada como urbana en 1930; en 1990, casi el 70 por 100) y el cambio social urbano, principalmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. La transformación de las estructuras agrarias es el tema del sexto capítulo.

El volumen duodécimo, Política y sociedad desde 1930, consta de cinco capítulos. El primer capítulo estudia el avance, y también los retrocesos, de la democracia en América Latina, principalmente en Chile, Costa Rica, Colombia, Uruguay y Venezuela y, en menor grado, en Argentina, Brasil y Perú. Los éxitos y fracasos de la izquierda latinoamericana, la democrática y la no democrática, son material del segundo capítulo. El tercer capítulo se centra en la clase obrera urbana y el movimiento obrero urbano, subrayando su papel en la política. El cuarto capítulo explica la movilización y la violencia rurales, especialmente en México, América Central y los Andes. El quinto se ocupa de los militares en la política latinoamericana: sus intervenciones y los golpes de Estado, así como los regímenes militares y los problemas de la transición al gobierno civil.

El volumen decimotercero es el tercero de la serie de volúmenes dedicados a América Latina desde 1930. La primera parte contiene dos capítulos sobre México: el primero examina el rumbo de la revolución durante los años treinta, sobre todo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), el impacto de la segunda guerra mundial en México y el carácter de la subsiguiente coyuntura de posguerra; el segundo analiza el período iniciado en 1946, y destaca en especial el crecimiento económico (hasta la década de 1980), el cambio social y la estabilidad política. La segunda parte, dedicada a los países del Caribe, contiene dos capítulos sobre Cuba: el primero sobre el período que va de la dictadura de Machado a la de Batista, y el segundo sobre la revolución, y capítulos sobre la República Dominicana, Haití y Puerto Rico.

El decimocuarto volumen se abre con una visión general del desarrollo económico y político de América Central desde los años treinta a los ochenta, a la que siguen capítulos separados sobre la historia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La segunda parte se ocupa de Panamá con un capítulo sobre la historia de esta república desde su creación en 1903 y otro sobre la historia de la zona del Canal de Panamá.

Muchos de los colaboradores de estos dos volúmenes: cinco británicos, cinco norteamericanos y tres latinoamericanos comentaron los capítulos de sus colegas. Por ello agradezco especialmente a Víctor Bulmer-Thomas, James Dunkerley, Alan Knight y John Major.

James Dunkerley también aceptó trabajar como editor asociado de estos volúmenes. Su consejo y aliento, así como su experiencia como editor, resultaron invalorables en la preparación final de los volúmenes para su publicación.

Una vez más, debo expresar mi gratitud a Josep Fontana y Gonzalo Pontón por su interés y dedicación en la presente edición castellana.

LESLIE BETHELL

Primera parte
MÉXICO

Capítulo 1
MÉXICO, c. 1930-1946

Tras el estallido de la Revolución en 1910, México vivió un decenio de conflictos violentos al que siguió otro de reconstrucción política y económica. La campaña revolucionaria destruyó el antiguo régimen de Porfirio Díaz, liquidó su ejército e instaló en el poder a una coalición que era heterogénea y, al mismo tiempo, muy influida por las fuerzas del norte y comprometida en líneas generales con un proyecto de construcción del Estado y de desarrollo capitalista. Aunque, en lo que se refiere a estos objetivos generales, los líderes revolucionarios siguieron precedentes porfirianos, los medios que emplearon eran muy distintos, como lo era también el entorno sociopolítico en el cual actuaron. Es cierto que la Revolución no había revolucionado la economía mexicana. El antiguo patrón de crecimiento capitalista inducido por las exportaciones —el llamado «desarrollo hacia afuera»— no había sufrido ningún cambio fundamental. Las inclinaciones nacionalistas del régimen en el terreno económico, expresadas en la Constitución de 1917, provocaron disputas con Estados Unidos, pero no se produjo una ruptura total y en 1929 las inversiones directas de los estadounidenses en México fueron superiores a las de 1910. Además, pese al descenso de la producción de petróleo después de 1921, la economía se recuperó y creció, al menos hasta 1927. En cambio, la Revolución cambió fundamentalmente la vida social y política de México, aunque a menudo fue de un modo no planificado e imprevisto. La movilización armada de 1910-1920 cedió ante formas nuevas de movilización institucional: ligas campesinas, sindicatos y gran número de partidos políticos, de izquierdas y de derechas, grandes y pequeños. El resultado no fue una decorosa política liberal, como la que Francisco Madero había propugnado en 1910; pero tampoco fue un sistema autocrático cerrado, personalista, como el que Díaz había mantenido hasta el fin. La nación política se había ensanchado y ahora era quizá la mayor de América Latina; se estaba gestando una forma de política de masas, agitada, a veces radical, a menudo violenta y corrupta.

No es posible generalizar cuando se habla de esta clase de política. Formaban parte de ella los caciques locales y caudillos regionales (muchos de ellos, pero no todos, de origen nuevo y revolucionario); el agrarismo radical, como en el caso de Morelos, y los propietarios conservadores, como en el de Chiapas; el anticlericalismo revolucionario y la acción social católica (por no hablar del clericalismo conservador católico); un pretorianismo agresivo y ambicioso, y una incipiente tecnocracia civil.

Una de las grandes preocupaciones del gobierno central, especialmente durante la presidencia de Plutarco Elías Calles (1924-1928) fue el control y la cooptación de estas facciones rivales fisíparas. Para ello Calles hizo la guerra contra la Iglesia, en el campo de batalla y en el aula; redujo y profesionalizó el inflado ejército; favoreció al movimiento obrero, en especial a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), oficialista y encabezada por Luis N. Morones; y toleró —a veces estimuló tácticamente— la movilización de los campesinos. Si bien el control estatal de la sociedad civil aumentó así (dada la cuasi anarquía del período 1910-1920, difícilmente podía disminuir), el Estado que construyeron los líderes de Sonora (1920-1934) no era un leviatán autoritario.

La tumultuosa sociedad civil de los años veinte desafió dicho control. Los cristeros combatieron a Calles hasta alcanzar un sangriento punto muerto; los caciques y caudillos locales se opusieron a la expansión del poder estatal; y el ejército se rebeló dos veces. Las élites regionales, tales como la poderosa plantocracia yucateca, se resistieron a las reformas de los que se proclamaban callistas. Los obreros y los campesinos organizados optaban frecuentemente por aliarse con el Estado, pero solía tratarse de una alianza condicional y táctica y había muchos ejemplos de disidencia popular.

El panorama político era muy diferente del que existía durante el porfiriato, con su control personalista y centralizado, su estrecha política de camarillas y su rotunda negativa a que las masas participasen en la política. En tiempos de Díaz se daban casos de disidencia y protesta populares, pero normalmente eran sofocados con rapidez; no adquirieron una forma institucional y, por supuesto, no se establecieron en el Estado porfiriano mismo. Es más, en el decenio de 1920 las exigencias y la retórica de los movimientos populares —y de los políticos que procuraban sacar provecho de los mismos— ya mostraban un radicalismo nuevo, una confianza inédita en sí mismos. La Revolución había socavado las antiguas certidumbres sociales y la deferencia que las acompañaba. La CROM, la confederación obrera oficial dominante, no era un simple cascarón del Estado callista: obligaba a los patronos a contar con los obreros como nunca antes. Los sindicatos independientes, tales como el de los ferroviarios y el de los petroleros (trabajadores del petróleo), se hallaban situados más a la izquierda, se resistían al abrazo de la CROM y se apoyaban en su propia fuerza industrial. De igual manera, el campesinado, que seguía constituyendo el grueso de la población, mostraba un talante diferente en comparación con la época prerrevolucionaria. Después de todo, los campesinos habían sido las fuerzas de choque de la Revolución. Es cierto que la reforma agraria oficial tardó en llegar y fue gradual: en 1930 sólo el 9 por 100 del valor de la tierra de México se había traspasado a propiedades ejidales (comunales). Pero estas cifras son engañosas y probablemente subestiman la escala del reparto de tierra; ciertamente no reflejan los cambios que la Revolución introdujo en las relaciones sociales y en la mentalidad. Los terratenientes conservaban en su poder el grueso de su tierra, pero en condiciones diferentes, más difíciles y onerosas. Puede que —en general— sus peones residentes siguieran siendo dóciles; pero los habitantes de los poblados vecinos, que tenían derecho a pedir tierra, presentaban una amenaza constante y enervadora. Por tanto, los terratenientes tenían que lidiar con un campesinado cada vez más organizado y un Estado que, en sus manifestaciones regionales y nacionales, en modo alguno les era tan favorable y tan fiable como su predecesor porfiriano. Algunos terratenientes ya se habían arruinado durante la Revolución de 1910-1920; muchos tenían que soportar ahora impuestos más gravosos, mercados inestables y costes salariales más elevados. La clase terrateniente anhelaba la belle époque del porfiriato y lamentaba el surgimiento de agraristas problemáticos y de políticos advenedizos y demagógicos que les daban aliento. Algunos terratenientes actuaron con prudencia y desviaron su capital hacia la industria y el comercio urbanos, con lo cual aceleraron la muerte de la hacienda tradicional, acaparadora de tierras con su mano de obra barata. La clase terrateniente (que, huelga decirlo, variaba de una región a otra) no fue eliminada por la Revolución, pero resultó severamente desgastada, y en algunos estados, como Morelos profundamente debilitada. Así, mucho antes de la cirugía radical del decenio de 1930 el sistema de la hacienda mostraba los síntomas de una progresiva anemia debilitante, y sus futuros legatarios ya se estaban reuniendo alrededor del lecho del enfermo.

Mientras tanto, aunque la extrema violencia a escala nacional del período 1910-1920 había disminuido, la violencia local y la regional continuaban siendo endémicas. La masiva movilización campesina generada por la guerra de los cristeros en 1926-1929 asoló el México centrooccidental. En las localidades, el terrateniente luchaba contra el campesino, el agrarista contra el cristero. Los caciques combatían por el poder; las comunidades, por la tierra o por su independencia corporativa. La nave del Estado sonorense subía y bajaba empujada por las olas de una sociedad agitada. A veces —la perspectiva del tiempo transcurrido nos permite sugerirlo— México amenazaba con seguir el mismo camino que Colombia después de 1949: esto es, hacia un conflicto faccionalista, autónomo y endémico, por el estilo de la Violencia. Que no llegara a ocurrir se debió en cierta medida al arte de gobernar de que dio muestra la facción victoriosa: de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y, sobre todo, Calles, que nunca perdieron de vista la necesidad de integrar y reconstruir la nación. Más importante fue el hecho de que la violencia endémica de México era el resultado de una auténtica revolución social, no un sucedáneo de la misma. No era simplemente la violencia sin objeto, embrutecedora, de facciones recalcitrantes, tampoco la violencia que repetidamente perpetraba el antiguo régimen porfiriano. Y la acompañaba una serie de fenómenos importantes derivados de la Revolución: una movilidad social y espacial más marcada, la migración, así nacional como internacional; la ascensión de nuevos grupos y familias empresariales; la expansión de los programas de enseñanza; el indigenismo y el arte «revolucionario».

Por consiguiente, a finales del decenio de 1920 la Revolución ya había producido cambios importantes en la sociedad y la política mexicanas. A pesar de ello, el resultado de la Revolución seguía sin estar claro. Su curso seguía avanzando y había opiniones muy diferentes sobre adonde se dirigía. Clases, facciones y regiones disputaban unas con otras; creció el control que ejercía el Estado sobre la sociedad civil, pero incluso con el patrocinio por parte de Calles del nuevo partido oficial, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, dicho control continuaba siendo desigual y a veces tenue. Se iba avanzando hacia la consecución de los amplios objetivos revolucionarios de construcción del Estado y desarrollo capitalista, pero el avance era lento y tropezaba con frecuentes obstáculos.

Y había serias discrepancias —incluso entre la élite gobernante— sobre los mejores métodos que debían adoptarse.

Por algún tiempo, durante la favorable coyuntura fiscal y económica de 1924-1926, pareció que el nuevo gobierno de Calles estaba imbuido de cierta confianza. La reforma de la banca y las obras públicas daban testimonio de los crecientes poderes del Estado. Con la intención de poner en práctica los controles constitucionales impuestos a la Iglesia y a la industria del petróleo, Calles desafió audazmente tanto a los católicos como a los gringos. Sin embargo, pronto tuvo que hacer frente a la revuelta cristera, al conflicto con Estados Unidos y al deterioro de la situación económica. El proyecto callista empezó a tambalearse y el presidente se desplazó hacia la derecha. En julio de 1928 el asesinato de Álvaro Obregón, ex presidente (1920-1924) y presidente electo en el momento de su muerte, sumó la crisis política a la recesión económica, que en México fue anterior a la crisis económica mundial de 1929. Calles respondió con habilidad, desplegando sus dotes de estadista. Rehusó prolongar su presidencia y prefirió ejercer el poder entre bastidores. Así, tres presidentes sucesivos (Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez) gobernaron durante el sexenio siguiente mientras Calles, el «jefe máximo», ejercía el poder detrás del trono; de aquí viene el título convencional que se da a este período de transición: el maximato.

El maximato fue transicional en dos sentidos. En primer lugar, durante el mismo hubo un claro desplazamiento del gobierno personalista al institucional. Tras proclamar el fin de la política caudillesca, Calles convocó una asamblea del nuevo partido revolucionario oficial, el PNR, a principios de 1929. En el curso de aquel año agitado se aplastó una revuelta militar obregonista; se llegó a una conclusión negociada de la guerra cristera; y Ortiz Rubio, el insulso candidato del PNR, arrolló a la oposición liberal y antirreeleccionista de José Vasconcelos en las elecciones presidenciales de noviembre. Así pues, podemos situar en 1929 el comienzo de la hegemonía ininterrumpida del partido oficial.

No obstante, la institucionalización política del maximato fue acompañada del crecimiento de los conflictos sociales y la polarización ideológica. Aquí se encuentra la génesis del cardenismo, el movimiento político ligado al presidente Lázaro Cárdenas fue fruto de su tiempo; dio su nombre a un período que —a pesar de la supremacía presidencial mexicana— le moldeó a él antes que lo contrario. No obstante, es válido ver la historia de México en el decenio de 1930 como la crónica de la ascensión y la dominación del cardenismo: proyecto nacionalista y radical que afectó fundamentalmente a la sociedad mexicana y que representó la última gran fase reformadora de la Revolución. No es menos cierto que el decenio de 1940 presenció el ocaso del cardenismo: el debilitamiento de su política, la eliminación de sus cuadros políticos, la ascensión de nuevos líderes entregados a otro proyecto.

Ningún historiador pone en duda la importancia del cardenismo, pero muchos discrepan en lo que concierne a su carácter. Tradicionalmente tanto los seguidores como los adversarios de la ortodoxia revolucionaria han considerado que en el cardenismo culminó la Revolución social. Otros lo han presentado como un intermedio dramático y radical dentro del proceso revolucionario, una desviación casi bolchevique a ojos de algunos. En estudios recientes se ha vuelto a hacer hincapié en las continuidades, aunque de un tipo diferente: las de la construcción del Estado, el corporativismo y el desarrollo capitalista. Aquí el cardenismo encaja perfectamente en la Revolución, pero no se trata de la Revolución como vehículo de la redención nacional y del radicalismo popular, sino del estatismo y de la acumulación de capital.

Toda evaluación del cardenismo debe trascender los límites de la presidencia de Cárdenas. Su historia no es la de un único hombre, ni siquiera la de un solo sexenio. Tuvo sus orígenes en dos amplias tendencias socioeconómicas que se cruzaron con dos crisis políticas más específicas. En lo que se refiere a las alineaciones ideológicas, personales y de clase, es verdad que el cardenismo recuerda la Revolución de 1910. Pero también fue fruto de la depresión y de los conflictos sociales y replanteamientos ideológicos que ésta provocó. Si la primera fue una influencia autóctona, la segunda puede compararse con lo ocurrido en el conjunto de América Latina. El cardenismo también nació de sucesivas crisis políticas: la asociada con el asesinato de Obregón en 1928, que condujo a la formación del PNR; y otra más importante, a saber, la batalla por el control del partido y el gobierno que culminó con la lucha entre Calles, el jefe máximo, y Cárdenas, el presidente, en 1935-1936.

Esta lucha debe verse teniendo presente su trasfondo político inmediato: la creación del partido oficial, PNR, en 1929; la derrota de los militares obregonistas que se rebelaron aquel mismo año; y la manipulación, la humillación y, finalmente, la caída del maleable presidente Ortiz Rubio en 1932. Esta secuencia de acontecimientos demostró tanto la consolidación paulatina del régimen nacional como el omnipresente poder personal de Calles, que controló al nuevo presidente, Abelardo Rodríguez (1932-1934), de modo menos descarado pero no menos real. El logro de Calles —el mantenimiento del poder personal detrás y a pesar de la institucionalización formal de la política que él mismo había iniciado— fue más precario de lo que parecía a muchos. Le había granjeado numerosos y cordiales enemigos políticos; e hizo que cualquier presidente entrante (en especial el orgulloso y obstinado Cárdenas, que había presenciado desde muy cerca la destrucción de Ortiz Rubio) fuera muy consciente del dilema que se le planteaba en sus relaciones con el jefe máximo: ¿mostrarle deferencia o desafiarle?

Los enemigos y los críticos de Calles y el callismo crecieron en número a consecuencia de los efectos de la depresión. Su impacto en México fue más acumulativo que instantáneo, y menos serio y prolongado que en economías basadas en el monocultivo como la chilena o la cubana. El país ya había sufrido por causa de la caída de los precios de las exportaciones, la deflación y la contracción de la economía desde 1926. Entre 1929 y 1932 el comercio exterior descendió en unos dos tercios; la capacidad de importar quedó reducida a la mitad; el desempleo creció, inflado por la repatriación de unos trescientos mil mexicanos que habían emigrado a Estados Unidos. Sin embargo, dentro de la gran «lotería de los productos» de la depresión, México fue relativamente afortunado. El oro, la plata y el petróleo, que representaban conjuntamente tres cuartas partes de las exportaciones mexicanas, no sufrieron una caída tan extrema de la demanda y los precios como la que afectó a otras materias primas; asimismo, el empleo en el sector de exportación era pequeño (sólo un 3 por 100 de los trabajadores no rurales generaba dos tercios de los ingresos de exportación de México), por lo que las repercusiones en los salarios, el empleo y los niveles de vida fueron menos acentuadas que en economías como la brasileña, por ejemplo, que vivían de la exportación agraria basada en una fuerza de trabajo masiva. Mientras tanto, el importante sector de la agricultura de subsistencia de México se recuperó de las malas cosechas de 1929-1930 (el clima resultó benignamente contracíclico), a la vez que la industria manufacturera —que satisfacía la demanda nacional— se veía afectada de forma menos severa que la industria extractiva y pudo beneficiarse de la imposibilidad de importar. La depresión estimuló de esta manera un proceso de industrialización de sustitución de importaciones.

Entre 1929 y 1932, por tanto, es posible que el producto interior bruto (PIB) de México disminuyera en alrededor del 16 por 100. Es difícil evaluar el efecto que esta recesión surtió en las masas. No hay duda de que los salarios reales descendieron (también en este caso la tendencia ya se observa en 1927) y algunos historiadores identifican una fase de «movilización frecuente pero fragmentaria» —caracterizada por huelgas, ocupaciones de tierras, y marchas del hambre— que coincidió con la depresión económica.

Es más claro que la militancia popular, que siguió los patrones habituales, se hizo más acentuada a medida que la economía fue reactivándose lo cual se produjo con cierta rapidez, gracias en parte a la política reflacionaria keynesiana que adoptó Alberto Pani en su condición de secretario de Hacienda (1932-1933). Pani aumentó la oferta monetaria (31 por 100 en 1932, 15 por 100 en 1933), y sacrificó el peso en aras del crecimiento. Las exportaciones, el empleo y los salarios reales se recuperaron. En 1934 el PIB volvía a encontrarse ya en los niveles de 1929, el peso se estabilizó y la perspectiva económica era alentadora. Así pues, Cárdenas subió al poder en el momento en que los efectos de la depresión retrocedían, aun cuando sus repercusiones políticas seguían notándose. Para muchos el maximato (1928-1934) había sido un período difícil, y la sucesión presidencial ofrecía ahora una apertura política a través de la cual podían encauzarse los agravios populares acumulados.

La élite política respondió a la depresión de distintas maneras y ello produjo una polarización en el seno del naciente PNR. Para Calles y sus partidarios —los «veteranos»— los acontecimientos recientes en modo alguno invalidaban el modelo existente de desarrollo capitalista, el basado en la empresa privada, las exportaciones, las inversiones extranjeras, el control riguroso de los obreros y un Estado generalmente «pasivo». Al contrario, había que mejorar el modelo, y restringir anomalías como la agricultura ejidal no era la medida menos importante que podía tomarse para ello. En 1930 Calles declaró que la reforma agraria había sido un fracaso: el ejido fomentaba la pereza; el futuro estaba en la agricultura capitalista, de propiedad privada. Se hicieron esfuerzos por concluir rápidamente la reforma y la concesión de ejidos pasó a ser menos frecuente después del punto máximo de 1929. Otro factor que alarmó a Calles fue la agitación obrera: el capital necesitaba seguridad para sacar al país de la recesión, y era necesario tomar medidas severas para limitar las huelgas. Calles continuó machacando el viejo tema anticlerical, motivo principal de la política en el decenio de 1920, y el papel de la enseñanza como medio de transformación revolucionaria. Los objetos adecuados para la ingeniería social sonorense no fueron los medios de producción, sino las mentes. Se reavivó el anticlericalismo y el nuevo secretario de Educación, Narciso Bassols, dio nuevo estímulo a la política de laicización (1931). Tres años después, en su célebre Grito de Guadalajara, Calles pidió una revolución «psicológica», una «nueva conquista espiritual» para ganar el corazón y el cerebro de los jóvenes para la Revolución. Calles y sus «veteranos» se aferraron a las normas y las panaceas del decenio de 1920 y, en medio del movimiento político y social de principios del de 1930, parecían de forma creciente una fuerza favorable al conservadurismo, admirada por la derecha. En verdad que los ejemplos fascistas influyeron en el pensamiento de Calles, que citaba a Italia y a Alemania (así como a la Unión Soviética) como casos de educación política coronada por el éxito.

Calles se daba cuenta de que una nueva generación estaba alcanzando la madurez política, una generación para la cual las heroicidades de 1910 eran mitos o historia y que cada vez se mostraba más desilusionada con la Revolución de tipo sonorense. Rechazaba la ideología del decenio de 1920 —anticlerical, liberal en lo económico, conservadora en lo social— y abogaba por cambios socioeconómicos radicales. Participaba en el desplazamiento mundial desde el laisser-faire cosmopolita hacia el dirigismo nacionalista. Si, al igual que Calles, se inspiraba en modelos extranjeros, era el New Deal o la planificación económica de la Unión Soviética (mal interpretada, sin duda) lo que tenía importancia. Era imposible hacer caso omiso de los hombres y las nuevas ideas, ni siquiera mientras Calles y los callistas todavía gobernaban. A partir de 1930 se introdujeron de forma provisional normas reformistas e intervencionistas. Una Ley Federal del Trabajo (1931) ofreció concesiones en lo referente a los horarios, las vacaciones y los convenios colectivos, a cambio de que el Estado reglamentara más rigurosamente las relaciones industriales. La derecha consideró que la nueva ley era peligrosamente radical, la izquierda la criticó y la tachó de fascista, mientras que los más perspicaces se dieron cuenta de que los salarios mínimos podían reforzar la demanda interna y beneficiar con ello a la industria. En 1934 se creó un Departamento Agrario autónomo y un nuevo Código Agrario permitió por primera vez que los peones de las haciendas solicitaran concesiones de tierra. El Código también ofrecía garantías a las propiedades particulares; tal ambivalencia reflejaba divisiones profundas dentro del PNR. Del congreso que el partido celebró en 1933 salió un Plan Sexenal que, pese a su falta de detalles políticos, contenía elementos del nuevo planteamiento que exigía la nueva generación de tecnócratas, políticos e intelectuales. El plan, que criticaba implícitamente el modelo sonorense, recalcaba el papel del Estado intervencionista y la necesidad de que fueran mexicanos quienes explotaran los recursos de México; prometía a los trabajadores salarios mínimos y el derecho a convenios colectivos; y subrayaba la importancia primordial de la cuestión agraria, que requería soluciones radicales, incluyendo la división de las grandes propiedades.

Por consiguiente, en vísperas de la presidencia de Cárdenas el clima ideológico estaba cambiando con rapidez. Pero las ideas nuevas coexistían con los viejos cuadros políticos, que impedían poner en práctica medidas radicales al mismo tiempo que toleraban el radicalismo retórico que dejaba intacta la sustancia de su poder. Tampoco la candidatura de Cárdenas pareció amenazar su posición. Al escoger a Lázaro Cárdenas como candidato oficial para las elecciones de 1934, el PNR se inclinó hacia la izquierda; pero la vieja guardia se consoló pensando que de esta forma podría controlarla mejor. Cárdenas había demostrado su radicalismo —sin salirse de los términos ortodoxos, institucionales— durante su época de gobernador de Michoacán (1928-1932); pero en todo lo demás era un político modelo que durante su carrera había pasado por las filas del ejército revolucionario (donde por primera vez sirvió a las órdenes de Calles), ocupado importantes puestos de mando en el decenio de 1920 y alcanzando la presidencia del partido y la Secretaría de Guerra. Lugarteniente leal —aunque no colaborador íntimo— de Calles, era un general clave en la jerarquía político-militar. Había ayudado a aplastar cuartelazos y se había encargado de desarmar a los agraristas de Veracruz en 1932. Aunque no fuese el primer elegido de Calles, era un candidato seguro: en parte porque carecía de una base local (su sucesor en Michoacán había desmantelado la maquinaria cardenista que hubiera allí) y en parte porque parecía leal, hasta insulso y obtuso (reputación que su vida personal, austera, honrada y puritana, reforzaba). Aunque la izquierda institucional del interior del PNR respaldaba su candidatura, su historial no le granjeaba el apoyo de los obreros ni de la izquierda independiente; los comunistas presentaron un candidato rival y declararon que no estaban «ni con Calles ni con Cárdenas, sino con las masas cardenistas».

Sin embargo, una vez le hubieron escogido candidato del partido, Cárdenas empezó a dar muestras de una díscola heterodoxia. El alcance y la actividad de su campaña electoral de 1934 superaron a los de todas las campañas anteriores (con la posible excepción de la de Madero en 1909-1910). Viajando unos treinta mil kilómetros, visitando ciudades, fábricas y pueblos, Cárdenas creó un estilo peripatético que continuaría durante su presidencia y que le llevaría a desplazarse a las provincias en repetidas ocasiones (pasó más de un año del sexenio fuera de Ciudad de México), a veces a comunidades remotas y lugares «casi inaccesibles» que, con gran consternación del séquito presidencial, hacían necesario viajar a caballo o incluso, según se decía, nadar hasta la playa desde el barco presidencial[1]. La campaña electoral y las giras posteriores dieron al presidente un conocimiento directo de las condiciones que existían en el país y se dice que contribuyeron a radicalizarle, lo cual parece verosímil. Unidos a su retórica reformista, especialmente agrarista, estos viajes suscitaron las expectativas y las exigencias populares; y demostraron a las comunidades remotas la realidad del poder presidencial. Sin duda Calles y los conservadores se dijeron que estos bríos del principio acabarían consumiéndose; que una vez se hubiera instalado cómodamente en el palacio presidencial, todavía se le podría aplicar la vieja canción que decía:

el que vive en esta casa

es el señor presidente

pero el señor que aquí manda

vive en la casa de enfrente[2].

Después de la animada campaña electoral, las elecciones propiamente dichas resultaron aburridas, muy diferentes de las contiendas de 1929 o 1940, y el nuevo presidente, que obtuvo una victoria aplastante, asumió el poder en diciembre de 1934 «en medio de la mayor calma posible»[3].

Pareció que también la estabilidad y la continuidad se vieron atendidas en la composición del nuevo gabinete, en el que los callistas ocupaban algunos cargos clave y pesaban más que los partidarios de Cárdenas. Las esperanzas de Calles de que continuara el maximato se reflejaron en el disgusto de la opinión pública, que veía en Cárdenas a otro pelele, y en los temores del propio Cárdenas de seguir el mismo camino que Ortiz Rubio. Mientras Cárdenas iba familiarizándose con el aparato del poder, callistas recalcitrantes como el gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal —cuyos excesos anticlericales empezaban a aumentar—, se esforzaban por crear problemas y debilitar al nuevo ejecutivo.

Sin embargo, el control callista no era tan total como parecía; quizá nunca lo había sido. En las provincias, el callismo de muchos caciques locales era necesariamente provisional. Mientras la obediencia a Calles apuntalase el poder local, eran sus partidarios, pero una crisis nacional podía provocar una racha de defecciones. Así ocurrió en 1935-1936. A escala nacional, donde la política era más volátil, el callismo andaba de capa caída. Sus adeptos seguían controlando secretarías clave, puestos de mando del ejército y sindicatos, pero una nueva generación se agolpaba en la puerta, apartando a la generación «veterana» que había nacido en el decenio de 1880 y que había conquistado el poder durante la Revolución armada. (Hay que señalar, sin embargo, que el progreso de los recién llegados también hacía necesarias las alianzas con veteranos —Saturnino Cedillo, Juan Andreu Almazán, Cándido Aguilar— que tenían fuerza en San Luis, Nuevo León y Veracruz, respectivamente, y estaban dispuestos a renegar de Calles). Esta generación nueva significaba un cambio de carácter y de acento político. Sus miembros tendían a ser más urbanos y cultos y menos obviamente norteños que sus predecesores; y, como toda generación que sube, se concentraba en los defectos de sus antepasados (sus pecados de comisión: el anticlericalismo, el militarismo, la corrupción; sus pecados de omisión: las reformas agraria y laboral), y en su lugar recalcaba la nueva política que se exponía en el Plan Sexenal. Eran libres de hacer todo esto porque estaban menos ligados por los compromisos previos de la mediana edad y de una carrera ya asentada. Los viejos revolucionarios habían cumplido su «misión histórica», declararía más adelante Cárdenas; había llegado el momento de que una generación nueva diese un paso al frente «para que las masas puedan beneficiarse de perspectivas políticas diferentes, producidas por hombres que están frescos»[4].

Las luchas internas de la élite eran tanto más significativas cuanto que coincidían con las demandas y las presiones que se hacían evidentes en todo el país y que la administración entrante tuvo que afrontar en seguida. Las élites rivales manipulaban a las masas, pero hasta cierto punto también éstas manipulaban a aquéllas. Así, todo presidente que ofreciera resistencia al control del jefe máximo, o que buscara el apoyo de las masas que se oponían al conservadurismo callista, tenía que desplazarse hacia la izquierda, hacia los sindicatos, cada vez más combativos, y hacia el campesinado, cuya agitación iba en aumento. Porque ahora, al reactivarse la economía, proliferaban las huelgas. Las cifras oficiales, que muestran un incremento prodigioso (13 huelgas en 1933; 202 en 1934; 642 en 1935), son significativas, pero engañosas: reflejan un cambio de la política del gobierno ya que aumentó el número de huelgas reconocidas como legales. Aunque cuesta obtener cifras relativas a las huelgas de facto, la evidencia no cuantitativa es abrumadora: los paros laborales afectaron a los ferrocarriles (foco de activismo sindical desde hacía mucho tiempo), las minas y las fundiciones, los campos petrolíferos y las fábricas textiles. En el año 1934 hubo una oleada de huelgas sin precedentes en estos sectores y en otros menos importantes. Sólo en Ciudad de México había sesenta huelgas pendientes cuando Cárdenas asumió el poder en diciembre; y en los primeros meses de 1935 hubo huelgas importantes contra el Águila Oil Co., en los tranvías y los ferrocarriles, y en las haciendas comerciales, así como conatos de huelga general en Puebla y Veracruz. Se ha dicho que Cárdenas heredó una «explosión sindical»[5]. Las reivindicaciones eran básicamente económicas (algunos huelguistas pretendían recuperar lo que habían perdido a causa de las reducciones salariales de años recientes), pero se expresaban con una combatividad inusitada. Una elevada proporción de huelgas se declaraban por simpatía: los electricistas de Tampico fueron a la huelga para apoyar las reivindicaciones obreras contra la Huasteca Oil Co., y recibieron a su vez apoyo de lugares tan lejanos como San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, Michoacán y Jalisco.

Este estado de cosas reflejaba tanto la radicalización de la política nacional como la creciente complejidad de la organización de la clase trabajadora. Desde su apogeo en el decenio de 1920 la CROM había perdido mucho apoyo. En 1929 Fidel Velázquez y los «cinco lobitos» se escindieron, llevándose consigo treinta y siete sindicatos, incluido el grueso de los trabajadores organizados en la capital; les siguieron los electricistas y los ferroviarios —tradicionalmente bien organizados y combativos—, que formaron la Cámara de Trabajo. En 1933 la CROM se dividió otra vez cuando el ala radical de Vicente Lombardo Toledano rompió con el liderazgo de Morones. La CROM —debilitada políticamente desde el asesinato de Obregón— se encontró con que su número de afiliados quedaba muy reducido a la vez que perdía irrecuperablemente el monopolio de la representación obrera dentro del PNR y de las juntas de arbitraje laboral. Mientras tanto los disidentes —la Federación Sindical del Distrito Federal (FSTDF) de Velázquez, la CROM lombardista y otros grupos contrarios a la CROM, incluidos los electricistas— se unieron en octubre de 1933 para formar la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), que hizo suya una forma de sindicalismo más nacionalista y militante. También los comunistas, empujados a la clandestinidad después de 1929, formaron un nuevo frente obrero, la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM), que reclutó muchos adeptos entre los maestros y los trabajadores rurales (especialmente en La Laguna y Michoacán), en la capital y en el bastión conservador de Nuevo León. Las diatribas que Calles y la CROM lanzaban contra el comunismo no eran exclusivamente fruto de la paranoia; en 1935 la línea oficial del partido ya impulsaban a la CSUM y al Partido Comunista Mexicano (PCM) hacia la formación de un frente común con fuerzas progresistas, entre las que se encontrarían la CGOCM de Lombardo y, finalmente, el gobierno de Cárdenas.

Entretanto resucitó el espectro del agrarismo. Después del gran cataclismo de 1910-1915 la protesta agraria había disminuido o se había visto encauzada hacia la reforma oficial —a menudo manipuladora— que alcanzó su apogeo en 1929. La CROM había hinchado su fuerza nominal con la incorporación de campesinos y se habían reclutado agraristas para combatir a los cristeros. Los antiguos puntos de conflicto agrario, tales como el Morelos de Zapata, el Valle del Maíz de Cedillo, habían experimentado el sedante de la reforma controlada; otros —La Laguna, Michoacán— la represión concertada, así física como ideológica, de gobernadores, generales, terratenientes y no pocos clérigos. Sin embargo, en el decenio de 1930 las corrientes represadas del agrarismo volvieron a crecer y amenazaron con desbordarse. Los gobernadores de algunos estados ya habían dado ejemplo: Adalberto Tejeda en Veracruz, Portes Gil en Tamaulipas, el propio Cárdenas en Michoacán. Aunque con frecuencia actuaban así pensando en su propio provecho político, seguía siendo necesaria la movilización, que a su vez ofrecía experiencia y oportunidades. Pero la movilización local era precaria y no tardó en fracasar, tanto en Veracruz como en Michoacán. No obstante, las elecciones y la nueva presidencia aumentaron las expectativas agrarias y avivaron los temores de los terratenientes. La lucha anónima que se libraba en gran parte de las zonas rurales pasó a ser explícita, perceptible y a relacionarse directamente con la lucha por el poder nacional. Los primeros años del decenio de 1930 fueron testigos de esporádicas ocupaciones de tierras, repetidas huelgas rurales y más agitación, así local como nacional, en pro del reparto de tierras. La administración Rodríguez se vio empujada hacia la reforma, muy a su pesar; la de Cárdenas la abrazó con entusiasmo.

La radicalización del régimen estuvo estrechamente ligada a la lucha por el poder que dominó el período 1934-1936 y en la cual la conducta de Calles no fue menos importante que la de Cárdenas. Conocido por su clerofobia, enemigo del agrarismo y de la agitación laboral, Calles resultó incapaz de adaptarse a los cambios del clima político. Cuando políticos obsequiosos acudieron a Cuernavaca para hacerle la corte, Calles les habló del peligro que la subversión industrial representaba para la economía y, aunque dedicó palabras amables a Cárdenas, puso como un trapo a Lombardo y a los líderes obreros radicales, denunciando tales «intereses bastardos» e insinuando la probabilidad de que se repitiera la destitución presidencial de 1930. Estas «declaraciones patrióticas», como las llamó la prensa callista, se difundieron rápida y ampliamente. A medida que el enfrentamiento se agudizaba, Calles empezó a llamar la atención sobre las flaquezas de Cárdenas, denunció las «tendencias comunistas» que veía detrás de todo ello y señaló el sano ejemplo que daban los estados fascistas de Europa[6]. Habida cuenta de su carácter, así como de las presiones políticas que recibía, Cárdenas no podía por menos de responder; no estaba dispuesto a ser un Ortiz Rubio. Los líderes anticallistas —radicales como Tejeda, oportunistas como Almazán— deseaban vivamente que el jefe máximo se llevara su merecido. Lo mismo querían la opinión pública y los trabajadores organizados. En la izquierda la amenaza de un nuevo maximato, de represión, incluso de un desplazamiento hacia el fascismo engendró un gran deseo de solidaridad que vino a complementar la línea oficial que en aquellos momentos dictaba Moscú. En el período 1934-1935 México fue tierra fértil para el frentepopulismo.

Al pasar al ataque, Cárdenas y sus aliados se enfrentaron a un adversario que todavía era formidable. Calles podía proclamar afablemente su retirada de la política (como hizo en junio de 1935, a raíz del furor que despertó la entrevista de Cuernavaca) y podía confesar pícaramente que prefería el golf a la política, como hizo en diciembre, al volver de Estados Unidos. Sin embargo, no podía disimular que continuaba albergando ambiciones y que no le gustaba el rumbo que seguía el nuevo régimen, a la vez que poderosos grupos le estaban empujando hacia un enfrentamiento. El sector empresarial temía al activismo de los trabajadores y esperaba que Calles le brindara tranquilidad, al tiempo que la clase media urbana estaba harta de la oleada de huelgas que trastornaba la vida en las ciudades. Había aún muchos políticos callistas en el Congreso, el partido, la CROM y los gobiernos de los estados, hombres cuyo futuro político estaba hipotecado con el del «jefe máximo». También en el ejército había elementos inquietos, mientras Estados Unidos veía con preocupación el giro que iba tomando la política y esperaba —quizá hacía algo concreto en este sentido— que hubiera un acuerdo en lugar de un enfrentamiento entre los dos. Políticos con experiencia, como el callista Juan de Dios Bojórquez, que en aquel momento era el secretario de Gobernación, también aconsejaban que se buscara una solución de compromiso, arguyendo que el enfrentamiento podía llevar a la guerra civil y destruir la preciosa estabilidad política conseguida por los sonorenses. Como sugiere este panorama, en los cálculos políticos había elementos de fanfarronería. Calles podía desestabilizar la nueva administración, pero ello representaría un grave riesgo para la obra de su vida. En cuanto a Cárdenas, si rechazaba una fórmula satisfactoria para ambas partes, tendría que buscar el apoyo de la izquierda, lo cual llevaría aparejados nuevos compromisos radicales.

En estas circunstancias, Cárdenas desenmascaró a Calles. Se cercioró de la lealtad de algunos hombres clave, así políticos como generales, y, a raíz de la entrevista de Cuernavaca, destituyó a varios ministros del gabinete que eran callistas y ascendió a varios de sus propios hombres, entre los cuales había algunos veteranos anticallistas (en esta crisis fue importantísimo el apoyo de figuras tales como Cedillo, Almazán y Portes Gil). Al observar el desplazamiento de los grandes electores, el bloque callista en el Congreso se desmoronó. Hubo entonces una leve purga en el PNR: se destituyó a los gobernadores indóciles, como el notorio Garrido Canabal, gobernador de Tabasco; y los caciques locales se apresuraron a cambiar de bandera. El ejército planteaba un problema más difícil, pero en este caso fueron una ayuda para Cárdenas sus largos años de servicio en las fuerzas armadas y la solicitud que mostraba para con los militares, así como la lealtad de Manuel Avila Camacho, que, en su puesto de subsecretario de la Guerra, había defendido constantemente la causa cardenista. Se efectuaron cambios en la estructura de mando del ejército, se distribuyeron hombres leales por todo el país y se tomaron medidas parecidas en el caso de la policía. Esta limpieza política, que ya estaba muy avanzada a mediados de 1933, permitió a Cárdenas hacer tablas; durante el año siguiente el presidente pudo pasar a la ofensiva, seguro de la victoria. Mientras tanto, una de las consecuencias de esta lucha fue mucho movimiento de generales y políticos. En 1938 de los 350 generales que Cárdenas había heredado, 91 ya habían sido destituidos. Entre las bajas se contaban ahora antiguos aliados como Saturnino Cedillo, cacique del estado de San Luis, y Joaquín Amaro, el principal arquitecto del ejército profesional posrevolucionario. Incluso en el momento en que entraba en su fase institucional, radical, la Revolución conservaba un carácter darwiniano.

La lucha en el seno de la élite afectó de forma insólita la naturaleza de la política nacional. Cárdenas, por ejemplo, se propuso refrenar el anticlericalismo extremo que había caracterizado al callismo y que probablemente era su rasgo más odiado. Después de una breve tregua entre la Iglesia y el Estado en 1929, el anticlericalismo oficial revivió en 1931; cuando Cárdenas subió al poder los excesos anticlericales de Garrido seguían igual que antes mientras que unos siete mil cristeros continuaban luchando por una causa perdida en el norte y el oeste. Cárdenas obró con prudencia. Aunque había tratado a los cristeros más decentemente que la mayoría de los comandantes del ejército, estaba cortado por el patrón anticlerical. Seguía repitiendo la vieja canción de la opresión clerical; y su política educativa, que hacía hincapié en la educación socialista, estaba calculada para irritar la sensibilidad de los católicos. Pero la sabiduría política conspiró con la moderación personal para dictar cierto grado de acercamiento. El asunto del anticlericalismo marcó una distancia conveniente entre el nuevo régimen y el anterior; Calles continuaba atacando al clero, pero Cárdenas se mostraba más circunspecto; y Garrido, que trajo a sus esbirros de camisa roja de Tabasco a Ciudad de México (donde ocupó brevemente el puesto de secretario de Agricultura), atrajo sobre sí tanto las protestas de los católicos como el enojo presidencial, lo que condujo a su caída. Se dijo que los católicos gritaron «¡Viva Cárdenas!» por las calles de la capital. A partir de aquel momento se aflojaron progresivamente las ordenanzas anticlericales más rigurosas (que limitaban el número de sacerdotes y de iglesias, así como la difusión de literatura religiosa), lo cual alegró a los fieles y tranquilizó al devoto Josephus Daniels, embajador de Estados Unidos. El presidente puso especial empeño en señalar que la educación socialista combatía el fanatismo y no la religión por sí misma: incluso fue visto abrazando a un sacerdote en público. Si bien algunos enragés continuaron escribiendo folletos anticlericales y cometiendo actos de vandalismo en las iglesias, eran una minoría cada vez más reducida. Las famosas jeremiadas de Graham Greene ya estaban desfasadas cuando su autor las escribió.

El contrapunto de este cese de las hostilidades entre la Iglesia y el Estado fue el creciente conflicto entre las clases sociales. El presidente parecía alentarlo fomentando el apoyo de las masas y utilizando una retórica radical, pero su gobierno respondía a las demandas en la misma medida en que las iniciaba. El desmoronamiento de la CROM anunció un activismo político más militante por parte de la clase trabajadora, y sindicatos y políticos rivales competían unos con otros en sus intentos por captar afiliados. Los sindicatos se alinearon detrás de Cárdenas y organizaron manifestaciones para protestar por las declaraciones antiobreras de Calles, además de librar luchas callejeras con sus adversarios callistas y conservadores (como el movimiento fascista de los camisas doradas fascistas). Y, si bien la clase obrera urbana estaba en la vanguardia de esta movilización semioficial, el campesinado no permaneció inmóvil. De nuevo unos movimientos espontáneos se mezclaron con la lucha en el seno de la élite y contribuyeron a formar una nueva coalición radical. A escala nacional, organizaciones agraristas como, por ejemplo, la Confederación de Campesinos Mexicanos (CCM) habían apoyado a Cárdenas en su campaña para llegar a la presidencia. A escala local, agraristas en apuros como los de Chiapas, que tenían enfrente a un gobernador hostil, se encontraron ahora con que podían recurrir a un «centro» que simpatizaba con ellos y que a su vez podía movilizar a los agraristas contra el callismo. Al acelerarse el ritmo de la reforma agraria, pronto se contaron entre las víctimas algunos «veteranos» de la Revolución: Calles y su familia; los hermanos Riva Palacio, caciques del estado de México, sobre los que pesaban amenazas de expropiación y de expulsión del partido oficial; los gobernadores Villarreal, de Tamaulipas, y Osomio, de Querétaro, cuya posición se había visto socavada por la oposición agrarista; Manuel Pérez Treviño, cacique de Coahuila y rival derechista de Cárdenas para la candidatura presidencial en 1934, que, al igual que otros, sufrió a causa del gran reparto en La Laguna en 1936. El agrarismo oficial ya era un arma de probada eficacia cuando se empleó para desposeer a Cedillo en 1938, que fue quizá el caso más sonado.

Para entonces hacía ya mucho tiempo que se había resuelto el cisma nacional. Con su hábil combinación de alianzas tácticas y movilizaciones populares, Cárdenas había derribado al maximato y puesto fin a la era de dominación de los sonorenses. Después de pasar seis meses en Estados Unidos, Calles había sido recibido con un coro de censuras al volver a finales de 1935. Al reanudarse la polémica y la violencia callejera, el gobierno aprovechó un ataque terrorista contra un tren en Veracruz para tomar medidas contra sus enemigos. La policía detuvo a los callistas más destacados: Morones, Luis León y el mismísimo Calles, al que encontraron en cama en su finca, cerca de la capital, reponiéndose de una gripe y leyendo Mein Kampf. Se dijo que seguía inmerso en los delirios de Hitler cuando le metieron en el avión que le llevaría a Estados Unidos. Así pues, en la primavera de 1936 Cárdenas ya se había liberado de la tutela de Calles, además de afirmar su poder presidencial y demostrar una inesperada combinación de resistencia y perspicacia. Todo esto se había logrado con poca violencia. El conflicto institucional estaba desplazando la fuerza a un segundo término, al menos en el nivel superior de la política, donde los «sórdidos asesinatos, como forma de imponer la voluntad oficial… prácticamente desaparecieron» durante el sexenio[7]. En el curso de este proceso había sido necesario estimular las exigencias y la movilización populares y el gobierno había «trazado una ruta hacia un destino desconocido» que no resultaría clara hasta que se llevaran a cabo las reformas radicales de 1936-1938[8].

La reforma agraria fue la política clave del régimen en 1936-1937. Sirvió a la vez de arma política para abatir a los enemigos y de instrumento para promover la integración nacional y el desarrollo económico. Pero su papel instrumental y manipulador, destacado por estudios recientes, no debe exagerarse. La reforma fue también una respuesta a las reivindicaciones populares, que a veces se sostenían ante la oposición oficial en los estados donde el agrarismo se consideraba sospechoso desde el punto de vista político: Sonora, Chiapas, Veracruz. Nada de esto era nuevo, pero ahora la reforma agraria iba más lejos y era más rápida, y sus objetivos nacionales eran más ambiciosos. Mientras que Calles había declarado que la reforma estaba terminada, Cárdenas, respaldado por el ruidoso sector agrarista, la consideraba el medio de transformar la sociedad rural y, con ella, la nación. De origen provinciano, michoacano, Cárdenas simpatizaba de verdad con el campesino, era aficionado a la vida rústica y sentía cierta antipatía puritana por la ciudad (lo cual le convertía en blanco de las burlas de los ingeniosos cosmopolitas). A diferencia de sus predecesores sonorenses, no concebía el ejido como una estación de paso hacia el capitalismo agrario y tampoco como un simple paliativo político, sino como la institución clave que regeneraría el campo, liberaría al campesino de la explotación y, si recibía el respaldo apropiado, fomentaría el desarrollo nacional. En este sentido, el nuevo recurso del ejido colectivo, que por primera vez hacía posible la expropiación general de grandes haciendas capitalistas, tenía que ser importantísimo. Finalmente, el ejido sería el campo de formación política de un campesinado culto y dotado de conciencia de clase. En el momento culminante de la campaña agrarista no se fijaron límites para el potencial del ejido. Cárdenas declaró: «Si se cuida la organización del ejido como hasta ahora se ha planeado, es posible que los ejidatarios logren absorber toda la tierra que hoy queda fuera de su jurisdicción»[9].

Un proyecto así podría calificarse de utópico, ingenuo y populista, pero es indudable que no puede verse como una estrategia dirigida al desarrollo industrial, favorable a la acumulación de capital. Y, por supuesto, tampoco lo veían en estos términos en aquel tiempo; al contrario, se granjeó la hostilidad unánime de los terratenientes y de la burguesía.

Esta supremacía agrarista —breve y anómala dentro de la historia de la Revolución— hay que verla en el contexto de la época. El antiguo proyecto de crecimiento basado en las exportaciones (en el que la agricultura era una fuente importante de divisas extranjeras) había fracasado de modo palpable, dejando deprimidas y subcultivadas a regiones que, como Yucatán y La Laguna, en otro tiempo habían sido dinámicas y comerciales. Las tensiones sociales que la Revolución había desatado en primer lugar, y que luego se habían agravado a causa de la recesión económica y el conflicto entre Calles y Cárdenas, exigían soluciones. Una generación nueva, impresionada por los ejemplos de dirigismo económico extranjeros y deseosa de distanciarse de su predecesora, que estaba sumida en la bancarrota política, buscaba ahora el poder. Los orígenes de esta generación eran más urbanos y menos plebeyos que en el caso de los veteranos de la Revolución, pero procedía del centro de México en lugar del norte —por esto mostraba mayor simpatía por los intereses de los campesinos— y estaba convencida de que era necesario tomar medidas radicales. Así, mientras que otros regímenes latinoamericanos recurrían a la reforma política, a la movilización proletaria y al nacionalismo económico para dar respuesta a las presiones del decenio de 1930, el gobierno mexicano fue el único que sumó a estas respuestas una amplia reforma agraria, prueba de la tradición agrarista que anidaba en el corazón de la Revolución popular y que ahora imbuía el pensamiento oficial. El agrarismo, que en otro tiempo muchos equipararon con el bolchevismo, era ahora respetable desde el punto de vista político, incluso necesario. La jerga del agrarismo impregnaba el discurso político; inspiraba el arte, la literatura y el cine (con efectos estéticos no siempre buenos); se ganaba partidarios a la vez ardientes y oportunistas, incluso dentro de la floreciente burocracia agraria y entre los caciques locales. Huelga decir que semejantes conversiones súbitas y superficiales no eran un buen augurio en lo que se refiere a la longevidad o la pureza de la campaña agrarista.

Mientras tanto, sus logros eran impresionantes. En 1940 Cárdenas ya había repartido alrededor de 18 millones de hectáreas de tierra entre unos 800.000 beneficiarios; los ejidos contenían ahora el 47 por 100 de la tierra cultivada, en comparación con el 15 por 100 en 1930; la población ejidal se había doblado con creces (de 668.000 a 1,6 millones de personas), y la población sin tierra había descendido de 2,5 millones a 1,9 millones. Al aumentar los ingresos del gobierno gracias a la recuperación económica, los recursos se encauzaron hacia la agricultura. Comparada con otras, esta administración «hizo milagros» en la provisión de créditos agrícolas, que representaron la importante cifra del 9,5 por 100 de los gastos totales en 1936; el recién creado Banco Nacional de Crédito Ejidal se llevó la parte del león[10]. Otros recursos se destinaron a obras de regadío, carreteras y electrificación rural, aunque se probable que estas inversiones en infraestructura beneficiaran a la agricultura privada más que al sector ejidal. Paralelamente, los campesinos, al igual que los trabajadores urbanos, eran instados a organizarse, y sus organizaciones —que eran numerosas, dispares, pero cada vez mayores y más combativas— se vinculaban de modo creciente al aparado del Estado. En 1933 la CCM había respaldado la candidatura de Cárdenas; dos años después Portes Gil asumió la tarea de formar una confederación central de campesinos, patrocinada por el PNR; así se creó el núcleo de la futura Confederación Nacional Campesina (CNC) (1938).

Sin embargo, la reforma agraria cardenista no se llevó a cabo de modo gradual, burocrático, como las anteriores y (generalmente) las que se efectuaron después. En vez de ello, se puso en marcha con «tremendo fervor» y la puntuaron dramáticas iniciativas presidenciales[11]. En regiones de conflicto agrario arraigado el clima cambió de la noche a la mañana; los asediados agraristas se encontraron de pronto respaldados por el «centro». Un caso clásico fue La Laguna. Centro importante de conflictos y rebeliones agrarias durante la Revolución, esta región había conocido una «agitación campesina constante» durante el decenio de 1920, a pesar de que el clima político era hostil[12]. Aunque el grueso de los trabajadores de La Laguna lo formaban proletarios empleados total o parcialmente en las plantaciones de algodón, en modo alguno eran inmunes a los atractivos del reparto de tierras, especialmente a causa del elevado desempleo estacional. Así, las clásicas reivindicaciones «proletarias» —de mejoras salariales y de horarios de trabajo— coexistían con reiteradas peticiones de tierras. Las malas condiciones (tan malas que «ningún orangután consciente de su propia dignidad las hubiera tolerado»)[13] se vieron exacerbadas por el descenso de la producción algodonera en 1931-1932. Cuando el comunista Dionisio Encina tomó la iniciativa y se puso a organizar a los peones, los terratenientes respondieron con sus métodos habituales: violencia, ruptura de huelgas y formación de sindicatos «blancos» (propatronales). También juzgaron prudente iniciar una reforma cosmética y se efectuaron dos pequeñas dotaciones de tierras a finales de 1934, pero durante el año siguiente los conflictos laborales se multiplicaron y en mayo de 1936 se convocó una huelga general. Como en el caso de las posteriores expropiaciones ferroviarias y petroleras, el gobierno intervino y resolvió la disputa de forma radical; los conflictos laborales condujeron de este modo a una reestructuración importante de las relaciones de propiedad. En octubre de 1936 Cárdenas intervino personalmente y decretó una amplia reforma en virtud de la cual tres cuartas partes de las valiosas tierras de regadío y una cuarta parte de las de secano se entregaron a unos treinta mil campesinos agrupados en trescientos ejidos. Entre los perjudicados había varias compañías extranjeras y, como mínimo, cinco generales revolucionarios: uno de ellos comentó filosóficamente que «la Revolución me dio la tierra y la Revolución me la quita»[14].

El alcance y el carácter de la expropiación que se llevó a cabo en La Laguna no tenía precedentes. Por primera vez se invocó la Ley de Expropiaciones de 1936, y las grandes haciendas comerciales se entregaron en bloque a sus empleados, es decir, a los peones en vez de a los habitantes de los pueblos. Esta nueva forma de expropiación exigía métodos igualmente nuevos. El régimen se opuso a la fragmentación de las grandes unidades productivas y los beneficiarios, siguiendo los consejos oficiales, votaron en proporción de cuatro a uno a favor de los ejidos colectivos en vez de parcelas individuales. Cada ejido compartiría la tierra, la maquinaria y el crédito, y sería dirigido por comités elegidos; la cosecha se repartiría entre los trabajadores en proporción a sus aportaciones de trabajo («a cada cual según su trabajo»; en el mejor de los casos, esto era socialismo y no, como decían los críticos, comunismo). El Banco Ejidal proporcionaría créditos, asesoramiento técnico y supervisión general; el propio ejido aportaría una serie de servicios educativos, médicos y recreativos. El funcionamiento de los ejidos de La Laguna —pieza clave del proyecto cardenista— merece analizarse y, lógicamente, el análisis debe llevarse más allá de 1940. Al principio los terratenientes y los hombres de negocios predijeron con confianza que serían un fracaso y que en dos años los trabajadores volverían arrastrándose y suplicando que les dejaran trabajar de nuevo para sus antiguos patronos[15]. No ocurrió así. La producción de algodón (que era ejidal en un 70 por 100 en 1940 comparada con el 1 por 100 de 1930) fue en aumento inmediatamente después de la expropiación, se estabilizó en las postrimerías de la década de 1930, descendió mucho al estallar la guerra y luego experimentó un auge después de 1941. Otros productos, tales como el trigo, mostraron un incremento todavía más rápido. La agricultura colectiva demostró así que era capaz de dar fruto, en el sentido material de la palabra. Es cierto que, según los cálculos, la productividad era inferior en los ejidos colectivos comparados con las haciendas privadas; pero éstas, que representaban las mejores tierras de regadío que los terratenientes habían conservado, disfrutaban de niveles más altos de inversión de capital. De hecho, en La Laguna, como en otras partes de México y América Latina, uno de los efectos importantes de la reforma agraria fue estimular una agricultura más eficiente en el sector privado. Entretanto, con el apoyo activo del Banco Ejidal, el nivel de vida de los campesinos de La Laguna subió, tanto absoluta como relativamente, al menos hasta 1939. Los salarios rurales mínimos, que en 1934-1935 eran iguales al promedio nacional, los superaban en un tercio en 1939. También se registró un incremento perceptible de los gastos de consumo, de la alfabetización (que produjo un «tremendo incremento» de la circulación de los periódicos) y en los niveles de sanidad: en esto coincidían todos los observadores, tanto los simpatizantes como los críticos. Y estas mejoras cuantificables no lo eran todo. Se opinaba que con la alfabetización y la autogestión los campesinos demostraban poseer nuevas habilidades, una responsabilidad y una dignidad igualmente nuevas. A un viajero le dijeron: «Antes vivíamos como animales. Ahora, por lo menos somos hombres y a medida que aumenta la cosecha ganamos más»[16]. La mejora de la seguridad material y de la seguridad personal iban juntas: disminuyó la agitación política y ya no era de rigor llevar pistola en La Laguna.

No obstante, el éxito del experimento dependía de que las circunstancias fuesen favorables, de la demanda de algodón (que descendió en 1939-1941 y de nuevo en 1945-1947); del suministro de agua en cantidad suficiente (que ni siquiera podía garantizar la nueva presa Lázaro Cárdenas, que quedó terminada en 1946); y, sobre todo, del respaldo político. Aunque Cárdenas prestaba atención a los problemas de La Laguna, y aunque el Banco Ejidal era generoso, en 1941 subió al poder un nuevo gobierno y hubo un cambio inmediato en el orden de prioridades. El Banco Ejidal impuso ahora una política «económica» más rigurosa, se redujeron drásticamente los proyectos «no económicos», los créditos se concedieron con mayor parsimonia y el banco y sus acreedores tuvieron que recurrir a fuentes privadas, tales como la Anderson Clayton Co. Ejidos divididos en parcelas empezaron a sustituir a los colectivos y se introdujo en éstos un sistema de pagos basados en incentivos. El Sindicato Central, la combativa asociación de ejidatarios, estaba perdiendo el control de los recursos económicos (los centros de maquinaria, por ejemplo, fueron traspasados al Banco Ejidal en 1942) al mismo tiempo que tenía que hacer frente a una competencia política directa, toda vez que el gobierno recortó sus fondos, alegó que estaba bajo influencia de los comunistas (que indudablemente había crecido durante los primeros años del decenio de 1940) y promocionaba a la rival CNC. La unidad de los campesinos, la unidad que Cárdenas había defendido incansablemente y fomentado de manera activa, resultó destruida. Los antiguos dirigentes del decenio de 1930 perdieron terreno y La Laguna se convirtió en escenario de disputas entre facciones. Así se perdió la mejor defensa contra la esclerosis y la corrupción burocráticas, que, incipiente en los años treinta, alcanzó grandes proporciones en los años cuarenta.

Estas nuevas circunstancias revelaron cruelmente los defectos del experimento. Al igual que muchas reformas cardenistas, fue fruto de una improvisación apresurada; necesitaba tiempo y cuidado para dar buen resultado. El reparto original, como otros de la época, se había efectuado en seis semanas y conservaba la pauta original de cultivo, la de «centón». Había dejado las mejores tierras en poder de los terratenientes y, sobre todo, había repartido la tierra disponible entre demasiados beneficiarios, entre los que había numerosos inmigrantes que no residían en La Laguna. Por supuesto, estos defectos tenían sus virtudes —rapidez, continuidad de la producción, generosidad de las asignaciones—, y, con tiempo y buena voluntad, podrían haberse corregido. Pero tal voluntad no existió a partir de 1940 y, debido al aumento de la población, los ejidos de La Laguna ya no podían dar sustento a las familias que se hacinaban en ellos. Aquí, como en otras partes, los ejidos colectivos sufrieron una acentuada estratificación entre ejidatarios de pleno derecho y proletarios de facto. El mercado fomentó esta división a la vez que el gobierno la permitía. Se propusieron políticas de signo igualitario —que implicaban movimientos de población y la drástica intervención oficial—; algunos sostuvieron que en vez de «distribuir tierras entre los hombres» de acuerdo con el clásico principio del reparto, el régimen «distribuyera hombres entre las tierras», es decir, que en cada unidad de producción colocara el número de hombres necesarios para llevar a cabo dicha producción sin destruir la unidad [de la empresa][17]. Aunque completamente racional, semejante solución difícilmente habría sido muy popular, como, de hecho, tiende a confirmar el lema de sus defensores: «haciendas sin hacendados». El cardenismo no era estalinismo. Si se quería que la reforma fuese rápida, amplia y popular, los defectos eran inevitables y sólo podrían corregirlos administraciones posteriores. Estas optaron por no hacerlo.

En lo que se refiere a sus orígenes, alcance, rapidez y resultados, la reforma de La Laguna sentó precedentes que se siguieron en otras partes: en el valle de Mexicali, donde se expropió a la Colorado Land Co. a favor de ejidatarios, tanto individuales como colectivos, de pegujaleros y colonos; en Sonora, donde los indios yaquis y mayos lograron que les restituyesen parte de sus tierras; en Michoacán, donde las propiedades de la familia Cusi —empresarios italianos progresistas y dotados de cierta conciencia social— fueron entregadas, intactas, a unos dos mil campesinos agrupados en nueve ejidos. También el sur, que desde hacía mucho tiempo era coto vedado de la oligarquía de plantadores, experimentó ahora una amplia reforma colectivista. La más espectacular —y menos afortunada— fue la gran reforma de Yucatán, que siguió con mucha fidelidad el precedente de La Laguna. Debido a que la industria del henequén había sufrido una decadencia ininterrumpida después del auge de la primera guerra mundial, el coste de oportunidad de la reforma fue bajo y las reivindicaciones de justicia social fueron tanto más irresistibles. Asimismo, la reforma ofreció al gobierno central el medio de introducirse en la política del sureste, que era tradicionalmente introvertida. Así, en agosto de 1937 el presidente llegó a la península a bordo de un barco cargado de generales, ingenieros, burócratas, periodistas y extranjeros curiosos. El 80 por 100 de las haciendas henequeneras fue entregado en seguida a treinta y cuatro mil peones mayas, que estaban agrupados en más de doscientos ejidos: fue el «mayor acontecimiento de reforma agraria jamás ocurrido en México». Yucatán compartiría con La Laguna el papel del «ejemplo» del ejido colectivo[18]. Pero también en este caso pronto se hicieron visibles los problemas inherentes a esta reforma precipitada. La ruptura de las antiguas redes productivas dejó a algunos ejidos sin acceso a la imprescindible maquinaria raspadora y muchos poseían plantas de henequén que eran demasiado viejas o demasiado jóvenes. Se decía que muchos de los beneficiarios no eran campesinos y no tardaron en oírse las consabidas quejas de corrupción y de opresión burocrática. Pero el problema principal —que era más agudo en Yucatán que en La Laguna o incluso que en el vecino Chiapas— era la situación del mercado exterior. Yucatán, que en 1915 monopolizaba el 88 por 100 del comercio mundial del sisal, gozaba sólo del 39 por 100 en 1933 y del 17 por 100 en 1949. La socialización de una industria dependiente, en decadencia, fue desde el principio una muestra poco brillante de colectivización.

Incluso cuando la demanda permanecía en alza —como en el caso del café— los obstáculos internos que impedían el éxito de la colectivización eran formidables. La última reforma importante de los años de Cárdenas fue dirigida contra los plantadores de Chiapas, que también habían rechazado las reivindicaciones de los proletarios y los campesinos desde la Revolución y que, ante el resurgir del agrarismo en el decenio de 1930, echaron mano de sus antiguas armas: adelantarse dividiendo las propiedades, emplear «prestanombres», llevar a cabo reformas superficiales, cooptar o eliminar a los adversarios. Incluso cuando la reforma se estaba efectuando en 1939 los plantadores trataron de utilizar sus plantas de procesamiento y redes de comercialización para provocar la bancarrota de los nuevos ejidos. Aunque se amplió la reforma para que afectara también a las plantas procesadoras y con ello se conjuró esta amenaza, el cambio de gobierno en 1940 surtió inmediatamente un efecto desfavorable. La reforma quedó interrumpida: se dividieron los grandes ejidos colectivos; el Banco Ejidal y los caciques aliados a él pasaron a ejercer el control corrupto sobre el sector ejidal: «El banco se convirtió en un hacendado burocrático, el ejidatario, en un peón del Banco»[19]. En las elecciones de 1940 se consideró que los ejidatarios eran los únicos partidarios locales del candidato oficial. Así pues, instituciones creadas durante una fase de auténtica movilización campesina (hacia 1930-1940) pronto empezaron a hacer las veces de instrumentos para controlar —incluso «desmovilizar»— al mismo campesinado. Cuando llegó el auge de la posguerra (la producción cafetalera de Chiapas creció en dos tercios entre 1945 y 1950) la beneficiaría fue la agricultura privada, que ahora disfrutaba de un clima que volvía a ser benigno.

Estas reformas espectaculares, aunque problemáticas, corrieron parejas con numerosos ejemplos de menor escala, algunos de los cuales seguían el nuevo patrón colectivo (Atencingo, Zacatepec, El Mante), mientras que otros permanecían fieles al viejo principio del usufructo individual. Con el tiempo muchas veces el primer sistema dio paso al segundo, y hacia la década de 1940 las demandas de parcelación individual de las tierras comunales ya eran insistentes y en algunos lugares provocaban conflictos violentos. Además, incluso allí donde seguía existiendo el sistema colectivo (La Laguna, Chiapas, Atencingo), éste tendía a producir una estratificación interna entre, por una parte, los beneficiarios con plenos derechos y, por otra, los proletarios o semiproletarios. Fruto de un crecimiento forzado y efímero, los ejidos colectivos cardenistas no tardaron en marchitarse en el clima desfavorable de los años cuarenta. Los ejidos tradicionales resistieron más tenazmente. Con frecuencia eran fruto de antiguas luchas agrarias y la dotación cardenista fue la culminación de años de peticiones, politiquerías y protestas armadas. A veces, como ponen de relieve estudios recientes, la reforma servía a los intereses de élites locales oportunistas o era impuesta desde arriba, extraña y mal recibida; pero ni siquiera los ejidatarios que al principio fueron reacios a convertirse en tales mostraron deseos de volver a la condición de peones. Fueran cuales fuesen los motivos, el resultado fue un traspaso masivo de recursos que cambió profundamente el mapa sociopolítico de México. A corto plazo, la reforma no sólo mejoró el nivel de vida y el amor propio de los campesinos, sino que también provocó un desplazamiento del equilibrio político y dio a las organizaciones campesinas un breve momento de poder condicional. Fue condicional porque el régimen se aseguró de que la movilización de los campesinos estuviera ligada estrechamente al partido oficial; y breve, porque en el decenio de 1940 este vínculo, lejos de reforzar la organización y el activismo campesinos, sirvió para atarles a una estructura política cuyo carácter estaba cambiando con rapidez. Por consiguiente, la muerte del proyecto cardenista llevó aparejada «una desmovilización de la solidaridad de clase y la lucha independiente, en vez de una disolución de las organizaciones formales»[20]. Las organizaciones cardenistas continuaron viviendo, pero al servicio de otros fines.

La reforma agraria y la movilización campesina estaban ligadas de modo inseparable a la política educativa de los años de Cárdenas, así como al compromiso con la educación «socialista». Sin embargo, en este apartado la administración dio muestra de mayor continuidad. Los sonorenses habían mostrado un compromiso más activo en este terreno que en el de la reforma agraria: aumentaron el presupuesto de educación de un 4 a un 14 por 100 del gasto público (19211931), construyeron seis mil escuelas rurales y dieron al maestro el papel de portador de valores seculares, nacionales. Así pues, en el campo de la educación el «estado activo» ya existía. Pero con los años treinta llegaron nuevas iniciativas que se adelantaron a la presidencia de Cárdenas y cuya señal fue el nombramiento de Narciso Bassols como titular de la Secretaría de Educación pública (1931). Joven, enérgico e impaciente, Bassols fue el primer marxista que desempeñó un cargo ministerial. Puso fin a un período (1928-1931) en que la Secretaría navegó a la deriva y dio comienzo a una fase de reformas agresivas que algunos interpretaron como la respuesta del Estado a la Cristiada. So capa de la educación «socialista», Bassols fomentó la laicización de la enseñanza, para lo cual hizo que se cumpliera el artículo 3 de la Constitución: se imponían multas y a veces se clausuraban las escuelas católicas que no respetaban los principios del laicismo. Por otra parte, la hostilidad de los católicos aumentó a causa del osado compromiso de Bassols con el primer programa sistemático de educación sexual que hubo en México.

Ninguna de estas medidas respondía a caprichos individuales. Detrás de Bassols había una falange de grupos progresistas, prueba de los cambios que el clima ideológico estaba experimentando a principios del decenio de 1930. Las asociaciones de maestros abogaban ahora por un plan de estudios «francamente colectivista»[21], y el más numeroso (y no el más radical) de los sindicatos de maestros pidió la socialización de la enseñanza primaria y de la secundaria. Corrientes parecidas agitaban la Universidad Nacional. En un plano más amplio, el realismo socialista se puso de moda en los ambientes culturales. Y el Plan Sexenal incluía un compromiso deliberadamente ambiguo, pero significativo, con una educación que se basaba en «la doctrina socialista que sostenía la Revolución mexicana». En un terreno más práctico, el plan disponía un incremento anual del 1 por 100 en el presupuesto destinado a la educación, cifra que aumentaría del 15 al 20 por 100 del gasto total entre 1934 y 1940. Finalmente, el Congreso se inclinó ante la recomendación del PNR y aprobó una forma de educación federal de signo socialista que combatiría los prejuicios y el fanatismo (léase «clericalismo») e inculcaría un «concepto exacto, racional, del Universo y de la vida social»[22]. Por consiguiente, el compromiso con la educación «socialista» fue algo que la administración Cárdenas heredó.

Por supuesto, cada cual interpretaba a su modo el significado de la palabra «socialismo». Había dignificado el darwinismo social étatiste de sonorenses como Salvador Alvarado, el furibundo anticlericalismo de Garrido, el seudosocialismo de la CROM. Los debates sobre la educación en los años treinta revelaron (según los cálculos de una estudiosa atenta) que existían treinta y tres interpretaciones diferentes[23]. Más aún que la reforma agraria, la educación podía camuflarse bajo la retórica. Callistas que en 1930 ya habían vuelto la espalda a la reforma agraria todavía podían hacer comedia en el campo de la educación, lugar ideal para hacer demostraciones de radicalismo de mediana edad. Teniendo presentes los ejemplos fascistas, albergaban la esperanza de encandilar a la juventud y, quizá, desviar la atención de las penalidades de la recesión. Así, en su Grito de Guadalajara, Calles podía parecer un radical joven y un jesuita viejo al mismo tiempo.

Para muchos el «socialismo» era simplemente una nueva etiqueta para el anticlericalismo, el antiguo tema central de la política sonorense. Las palabras «socialismo» y «racionalismo» se usaban de forma intercambiable. Otros se tomaron en serio el cambio semántico. Bassols hacía hincapié en el papel práctico de la educación, que estimularía una ética colectivista; los maestros no se limitarían a enseñar, sino que, además, «modificarían los sistemas de producción, distribución y consumo», estimulando la actividad económica en beneficio de los pobres[24]. Otros iban más lejos y hacían de la educación el tablero central de una amplia plataforma de reformas radicales. El secretario de Educación afirmó que la educación combatiría los valores capitalistas e individualistas e inculcaría, especialmente en la juventud, «el espíritu revolucionario, con miras a luchar contra el régimen capitalista»[25]. La literatura y la retórica de la época inducen a pensar que «muchos maestros creían que era posible derrocar el capitalismo empleando la educación como único medio»; método que poseía el mérito de ser pacífico y exhortatorio antes que violento[26]. El arte y la poesía —de un tipo apropiadamente comprometido— trabajarían para alcanzar el mismo fin.

Era un antiguo sueño mexicano, un sueño acariciado tanto por los liberales del siglo XIX como por los revolucionarios del XX: que la educación cambiara el mundo social. Al mismo tiempo que los radicales de la educación de los años treinta repetían los consabidos temas del oscurantismo católico, así como de la alianza liberadora de la alfabetización, la higiene, la templanza y la productividad, reaparecieron conceptos antiguos, incluso positivistas, con disfraz «socialista». A decir verdad, algunos radicales socialistas hacían alarde de sus antecedentes comtianos. El «socialismo» absorbía así muchas de las obsesiones desarrollistas de una generación anterior (según afirmaba un burócrata de la educación en 1932, la necesidad más urgente era «enseñar al pueblo a producir más»; el «socialismo» de Bassols se ha interpretado como una ideología sustitutiva de la modernización)[27].

También daba cuerpo a la tradicional búsqueda de cohesión cultural e integración nacional. Estas continuidades ayudaban a explicar la facilidad con que se convirtieron a la educación «socialista» incluso los miembros de la derecha oficial. Pero también había radicales auténticos que veían la educación como medio de subvertir las viejas costumbres, en lugar de sostenerlas. El modelo soviético volvía a influir. A juicio de viejos revolucionarios como Luis G. Monzón, ofrecía la única alternativa a un capitalismo en bancarrota. Se importaron métodos soviéticos —de modo no sistemático y sin que en gran parte dieran fruto— y circularon textos marxistas, incluso en el Colegio Militar. Aunque a primera vista este mimetismo concordaba con la importancia que daba el régimen a la conciencia y la lucha de clases, el ejemplo soviético lo invocaban con más lógica quienes defendían el desarrollo y la productividad. Más que portadores de la guerra entre las clases, se consideraba a los soviéticos como exitosos exponentes de la industrialización moderna en gran escala: más «fordistas» que Ford. Este atractivo dependía de las circunstancias económicas de la época y de la radicalización que las mismas fomentaban, y ambos factores repercutían directamente en la educación. La izquierda resurgente esgrimía sus propuestas educativas; una profesión docente más militante (muchos maestros, aunque en modo alguno todos, eran izquierdistas y una minoría significativa de ellos, comunistas) ejercía presión a favor de sus intereses políticos, pedagógicos y sindicales. La recesión y las consiguientes reducciones del gobierno habían afectado gravemente a los maestros, y Bassols, a pesar de su radicalismo, se había mostrado cicatero como pagador.

Aunque el número de maestros creció mucho en los años treinta, el desempleo persistía; grupos de maestros figuraban a menudo en el primer plano de la política local (organizaron el único desafío serio a Cedillo en su feudo de San Luis); y los sindicatos de maestros se unieron a otros impelidos por los intereses materiales tanto como por la solidaridad ideológica.

Estos factores se hallaban presentes en el compromiso oficial con la educación socialista, que poco debía a las exigencias populares. Cincuenta mil personas desfilaron por las calles de Ciudad de México y aplaudieron el nuevo programa (octubre de 1934), pero la manifestación fue uno de los últimos actos organizados por el aparato de la CROM. En general (pero en particular en el campo, al cual iba especialmente destinada la reforma), la respuesta popular fue tibia o declaradamente hostil. Si, como se ha sugerido, la educación socialista era un mecanismo clave para recuperar la simpatía y el apoyo de las masas, que se habían perdido[28], fue un fracaso; en realidad, sin embargo, tenía menos de populismo oportunista que de ingeniería social grandiosa y un tanto ingenua. En mayor medida que la reforma agraria, la educación socialista llegó como una revolución desde arriba, y a menudo como una imposición blasfema y no deseada.

Proliferaron los proyectos educativos: el importante programa para construir escuelas rurales se amplió mucho junto con programas secundarios —las Misiones Culturales, la Escuela Normal Rural, las escuelas especiales del ejército (proyecto muy querido del presidente) y las escuelas (de las compañías) del «artículo 123». Se hicieron esfuerzos especiales —basándose también en el precedente sonorense— por llegar a la población indígena, la cual, definida como aquellas que hablaban alguna lengua indígena, constituía quizá una séptima parte de la población total de México. En esta empresa, el presidente, que se dijo que era nieto de un indio tarasco y que había concedido mucha importancia a la cuestión indígena durante la campaña de 1934, hizo uso de su energía y su autoridad personales. Pero se produjo un cambio de actitud y ahora el indigenismo figuraba menos como política autónoma, encaminada hacia la integración nacional, y más como parte de la amplia ofensiva cardenista contra la pobreza y la desigualdad. Aunque el Departamento de Asuntos Indígenas organizaba programas especiales de educación e investigación (que en Chiapas eran de grandes proporciones), su presupuesto era demasiado pequeño para soportar toda la carga de la política indigenista. En vez de ello, el régimen trató de integrar al indígena en la masa de trabajadores y campesinos haciendo hincapié en la clase social antes que en la etnicidad: el programa de la emancipación de los indios es, en esencia, el de la emancipación del proletariado de cualquier país, aunque tal vez había que tener en cuenta rasgos específicos de índole histórica y cultural[29]. El objetivo —optimista por no decir francamente utópico— consistía en alcanzar la emancipación social y económica sin destruir los elementos fundamentales de la cultura indígena. El principal efecto que el gobierno tuvo en el indígena no fue tanto a través de programas específicamente indigenistas como a través de medidas más generales que afectaban a los indígenas en tanto campesinos: el programa de educación rural y, sobre todo, la reforma agraria en Yucatán, Chiapas y la región de los yaquis (donde a Cárdenas todavía se le recordaba bien al cabo de mucho tiempo).

El indigenismo propiamente dicho únicamente surtió efectos limitados, a menudo pasajeros. Sin embargo, una de sus consecuencias permanentes fue el crecimiento del poder federal a medida que la cuestión indígena pasó a ser de la incumbencia exclusiva del gobierno nacional e incluso podía utilizarse para forzar la apertura de cacicazgos locales hostiles. Incluso bajo Cárdenas se hizo evidente que federalizar la cuestión indígena a menudo significaba sustituir a los patronos locales —terratenientes, caciques, sacerdotes, «enganchadores» (contratistas de mano de obra)— por nuevos jefes, burocráticos, agentes de programas indigenistas o agrarios, algunos de los cuales eran indígenas ellos mismos. Estas tendencias se aceleraron después de 1940. La esperanza cardenista de alcanzar la integración con igualdad y supervivencia cultural forzosamente tenía que fracasar: se integró a los indígenas, pero como proletarios y campesinos, clientes oficiales y (de vez en cuando) caciques oficiales.

En el otro extremo del espectro, la educación superior se encontraba ahora ante el desafío del «socialismo», que denunciaba la posición de las universidades (en especial la Universidad Nacional, tradicionalmente conservadora, elitista y, desde 1929, formalmente autónoma) como bastiones de los privilegios de las clases medias. Al igual que otros conflictos en el campo de la enseñanza, éste fue anterior a la presidencia de Cárdenas. En 1933 se había suscitado una polémica entre facciones universitarias en la cual Lombardo Toledano —a quien se oponía Antonio Caso— abogaba por que la universidad se adhiriera a la nueva ideología materialista. A pesar de las luchas y huelgas estudiantiles, los liberales conservaron su precario control; pero el gobierno respondió, reduciendo a la mitad la subvención que pagaba a la universidad. También las universidades provinciales, temiendo la intimidación ideológica, exigieron que se les concediera una autonomía parecida y en Guadalajara el gobernador del estado recurrió a la fuerza para desalojar del recinto universitario a las autoridades insubordinadas. Muchos izquierdistas aplaudieron semejante humillación de los señorones académicos (el propio Cárdenas, según decían, albergaba una sana antipatía por los hombres cultos, que con frecuencia era recíproca).

Mientras tanto en los recintos universitarios seguían resonando los rebatos políticos de 1935. En septiembre de dicho año una facción izquierdista integrada por profesores y estudiantes protagonizó un golpe interno y alineó la Universidad Nacional con la política oficial de signo «socialista». El gobierno pudo así regularizar sus relaciones con la universidad, reafirmando la autonomía de ésta y reanudando el pago de su subvención; a cambio de ello, la universidad tomó algunas iniciativas nuevas, aparentemente radicales (servicios jurídicos para los trabajadores, estudios sociales «relevantes») que probablemente representaban una conformidad externa más que una conversión auténtica. Además, el régimen creó nuevas instituciones de enseñanza superior que fueran más de su gusto. Algunas de ellas, como el Instituto Politécnico Nacional, sobrevivieron y prosperaron; otras, como la Universidad Obrera, fueron efímeras.

Mucha mayor fue la importancia de los esfuerzos y los conflictos en la esfera de la educación rural. Fue este el escenario de la principal innovación de los años de Cárdenas; no en el contenido formal o la estructura organizativa de la educación (de los cuales existían abundantes precedentes), sino más bien en el contexto social y político en el cual se emprendió la educación rural. El compromiso de la administración era inequívoco. Si bien no pudieron cumplirse los ambiciosos objetivos del Plan Sexenal, entre 1935 y 1940 los gastos en concepto de educación oscilaron entre el 12 y el 14 por 100 del gasto público total, niveles que no se alcanzaron ni antes ni después de dicho período. En términos reales fueron el doble de los gastos correspondientes al período callista. Así, continuó el crecimiento del número de escuelas rurales, que fue notable bajo Bassols, y de estas escuelas se esperaba que hicieran mucho más que enseñar los elementos básicos de las letras y los números. Cárdenas explicó que el maestro debía desempeñar un papel social, revolucionario: el maestro rural es el guía del campesino y del niño, y debe ocuparse del mejoramiento del poblado. El maestro debe ayudar al campesino en la lucha por la consecución de tierra y al trabajador en su demanda de los salarios que marca la ley[30]. Y no se trataba de retórica hueca; del mismo modo que los maestros sólo pueden enseñar a leer y a escribir cuando existe la demanda correspondiente, sólo pueden dedicarse a la ingeniería social cuando tienen a mano las piezas apropiadas, como ocurrió en México durante el decenio de 1930. El maestro rural pudo cumplir la misión que le habían asignado no porque los campesinos formaran una masa inerte, maleable, sino más bien porque respondió a demandas reales —o, a veces se percató de demandas latentes, especialmente en el campo de la reforma agraria. En el caso clásico de los ejidos colectivos de La Laguna los maestros rurales desempeñaron un papel clave en una serie de reformas integradas: reformas educativas, agrarias, técnicas, médicas. En otros casos el maestro se vio involucrado en conflictos locales que ya existían antes de que él llegara y su labor forzosamente se hizo muy política, polémica y arriesgada. Los maestros fueron aplaudidos (o condenados) por su agitación agraria en Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima, Sinaloa y otras partes. Ayudaron a organizar a los pueblos mixtecas de Oaxaca que pedían «Tierra y libertad» y una escuela en cada pueblo; en el estado de México se les consideró responsables de incitar las ocupaciones de tierras; en Michoacán cabía encontrarles explicando las leyes agrarias, redactando peticiones y siguiendo el paso de las mismas por los organismos pertinentes. Sus críticos alegaban que Arcadias que hasta entonces habían vivido tranquilas veían cómo su paz se esfumaba a causa de la actuación de los demagógicos maestros socialistas; los radicales, aunque lo expresaran de otro modo, con frecuencia eran dados a pensar lo mismo. Es verdad que a veces los maestros estimulaban un agrarismo latente y de vez en cuando contribuían a imponerlo a comunidades que no lo deseaban; pero también hubo casos en que fueron los propios campesinos quienes ganaron a los maestros para la causa agraria. A los que «se acercaron al pueblo» como ingenuos narodniki los echaron con cajas destempladas. Por el contrario, los que lograron cumplir sus objetivos no triunfaron gracias a una agitación estridente, sino porque aportaron ayuda práctica y, con su misma presencia, prueba viviente del compromiso del régimen. Trabajaron en la agricultura, introduciendo productos y métodos nuevos; utilizaron sus conocimientos de letras en beneficio de las comunidades; y, sobre todo, facilitaron aquella organización supracomunal que con frecuencia ha sido el factor clave del triunfo de los movimientos campesinos.

A cambio de todo ello pagaron un precio. No hay prueba más segura del efecto real de los maestros rurales que el historial de violencia que abarca el decenio de 1930. El fenómeno debe verse teniendo en cuenta la fuerte polarización que provocó el programa de educación socialista. Aunque al principio algunos izquierdistas se mostraron críticos y señalaron que era ilusorio intentar la transición al socialismo por medio de la maquinaria superestructural de la educación, la mayoría de ellos cambiaron de parecer. Este fue especialmente el caso de los comunistas, que pronto abandonaron la postura crítica, que se ajustaba bastante bien al «tercer período» de la Komintern, y se adhirieron al programa con la misma vehemencia con que defendían el frentepopulismo. A lo sumo, era comunista una sexta parte de los maestros mexicanos, pero esta minoría activista fue suficiente para alimentar las sospechas y ayudar a la propaganda de los críticos. Éstos eran numerosos, enérgicos y a menudo violentos. La organización y la combatividad crecientes de la izquierda tenían sus equivalentes en la derecha católica y conservadora: en la jerarquía, el movimiento de estudiantes católicos y asociaciones laicas tales como la Unión Nacional de Padres de Familia. Los blancos principales de los críticos eran la educación socialista y la educación sexual. Los estudiantes católicos protestaban, organizaban huelgas y provocaban disturbios. Los padres expresaron su desacuerdo retirando a sus hijos de las escuelas y el absentismo fue en aumento, tanto en la ciudad como en el campo; las escuelas privadas (católicas) de San Luis, que eran protegidas por Cedillo, estaban llenas a reventar. En la medida en que «socialismo» significaba «anticlericalismo» y los excesos anticlericales continuaron bajo auspicios «socialistas», esta reacción de los católicos fue defensiva, incluso legítima. Pero, en general, la tendencia anticlerical iba perdiendo fuerza, y la oposición católica dirigió sus miradas hacia asuntos de mayor envergadura, tales como los servicios médicos, la educación mixta y la instrucción sexual, que fue denunciada y acusada de ser un complot comunista para introducir la pornografía en el aula. La prensa católica expresó horror porque a los niños campesinos —que estaban acostumbrados a ver cerdos en celo— les mostraban grabados con los órganos sexuales de las flores.

Los católicos también se opusieron al agrarismo tanto en general, defendiendo los derechos de la propiedad privada, como de forma específica, poniéndose del lado de los terratenientes contra los agraristas. Se decía que los sacerdotes lanzaban invectivas contra la reforma e incitaban a las chusmas a cometer actos de violencia (Contepec, Michoacán); decían misas por criminales que habían asesinado a un maestro (Huiscolo, Zacatecas). Se culpó a la influencia clerical de los repetidos ataques que se registraron en la región de Colotlán, estado de Jalisco, donde, según decían, cuarenta escuelas fueron incendiadas en un solo año. Por supuesto, a veces estas afirmaciones eran exageradas. Asimismo, el sacerdote, al igual que el maestro, no actuaba por su cuenta. Figuraba en conflictos locales que él no había provocado. Muchos actos de violencia rural se producían sin que en ellos interviniera el clero; era una violencia «espontánea» o nacida de la incitación por parte de terratenientes, caciques e incluso gobernadores de algún estado. Las víctimas —maestros como López Huitrón de San Andrés Tuxtla, asesinado en 1939, o los veinticinco maestros que fueron asesinados en Michoacán hasta 1943— nos recuerdan que, si bien los poderes del gobierno central iban aumentando, seguían siendo limitados y a veces vacilaban; no podían garantizar la seguridad, y mucho menos el éxito, de sus agentes destacados en territorio hostil.

Así pues, los maestros se encontraban con frecuencia ante una tarea solitaria y peligrosa. Muchos estaban mal preparados, lo estaban sin duda para el socialismo que debían impartir (a veces hasta para enseñar); un crítico se burló de ellos porque antes habían sido «ayudantes de camionero, vendedores de pan callejeros, [y] capataces de plantaciones de café»[31]. Estaban mal pagados y, excepto en casos de reforma integrada como La Laguna, normalmente carecían de aliados institucionales en su localidad. A menudo tenían que afrontar la indiferencia y la hostilidad del pueblo. Los conflictos asediaban sus organizaciones sindicales. Con la expansión de la enseñanza en los primeros años treinta se hizo posible la sindicación en gran escala; la reducciones salariales de aquellos años dieron a los maestros muchos motivos de queja. Una y otra vez pidieron mejoras salariales (y las recibieron en parte) y la federalización de la enseñanza, para que la toma de decisiones se concentrara en el gobierno central, que era favorable a la educación, a expensas de las caprichosas administraciones de los estados. Aunque en este campo, igual que en otros, la federalización se aceleró durante el decenio, no se alcanzó por completo. Entretanto la Secretaría de Educación insistía en que se formara un único sindicato de maestros, lo cual provocaba serias divisiones internas (hasta el 60 por 100 de los maestros, según se decía, eran católicos y, a pesar de las purgas y las medidas para reclutar adeptos, la profesión nunca se radicalizó del todo). Como también la izquierda estaba dividida, entre comunistas y lombardistas, la unidad resultó quimérica y los conflictos internos fueron endémicos, lo cual obró en detrimento de la moral.

Se obtuvieron algunas ganancias permanentes en la carrera entre el crecimiento demográfico y la oferta educativa; las tasas de alfabetización mejoraron y se intensificó el papel nacionalista e integrador de la escuela. Sin embargo, como sistema de proselitismo socialista e ingeniería social, el proyecto fracasó. Por muy afín o apropiada que fuese en las zonas de agrarismo y conflictos sociales, la educación socialista no podía revolucionar la sociedad capitalista en su totalidad. Al igual que muchas reformas cardenistas, fue un fenómeno circunstancial que dependía del clima oficial que fue brevemente benigno. El clima empezó a cambiar incluso antes de que Cárdenas dejara su cargo. En 1938 la austeridad económica y la redoblada oposición (que ahora se movilizó contra la propuesta de «regulación» del artículo 3) obligaron a emprender la retirada. El reglamento terminó con una fórmula conciliatoria, se retiraron los libros más radicales, se puso fin a las Misiones Culturales; la educación privada renació y se eliminaron gradualmente ambiciosos proyectos de educación, como los de La Laguna. El último mensaje de Año Nuevo de Cárdenas (enero de 1940) fue decididamente conciliador, como lo fueron también los discursos del candidato oficial a la presidencia, Avila Camacho. Y una vez éste subió al poder, estos cambios se aceleraron. El «socialismo» siguió siendo la consigna oficial durante un tiempo; pero posteriormente —dada la flexibilidad casi infinita del término— se convirtió en sinónimo de conciliación social y equilibrio entre las clases. Volvió a oírse el discurso de los sonorenses. El socialismo educativo, al igual que gran parte del proyecto cardenista, resultó un intermedio en lugar de un milenio.

Durante la lucha contra Calles en 1935 se habían registrado numerosas huelgas y una movilización significativa del movimiento obrero. Ambas cosas continuaron después de la caída del jefe máximo: en el período 1935-1936 ocurrió el hecho insólito de que las huelgas fueron más numerosas en México que en Estados Unidos; y en 1937 (año de creciente inflación) se alcanzó un punto máximo, al menos en términos de huelgas oficiales. Durante este período las huelgas afectaron a todas las industrias básicas de México —minas, compañías petroleras, ferrocarriles, fábricas textiles—, así como a los servicios del gobierno y la agricultura comercial. Al igual que en La Laguna, la protesta de los trabajadores contra las compañías extranjeras podía presagiar la intervención y la expropiación por parte del gobierno, de acuerdo con la doctrina que en febrero de 1936 proclamó con audacia el presidente en su célebre viaje a Monterrey, la ciudadela de la libre empresa, a la sazón aquejada de huelgas y un cierre patronal: si los empresarios eran incapaces de evitar la parálisis industrial, el Estado intervendría. Los conflictos laborales proporcionaron un instrumento contra los enclaves extranjeros. Mientras tanto, la organización sindical hizo progresos que culminaron con la formación de la nueva central, la Confederación de Trabajadores de México (CTM); y la militancia de los trabajadores contribuyó a la tendencia alcista de los salarios reales. Esto no hubiera sucedido sin el respaldo oficial, que se hizo patente por primera vez durante la crisis política de 1935 y se mantuvo en lo sucesivo, aunque no de modo uniforme y sin críticas. No cabe duda de que el gobierno adoptó una actitud intervencionista ante las relaciones laborales («el gobierno —según declaró Cárdenas en Monterrey— es el árbitro y el regulador de los problemas sociales»); el arbitraje pasó a ser sistemático (aunque no automático) y generalmente era favorable a los trabajadores. Con todo, hubo casos en que huelgas importantes encontraron oposición (destaca entre ellos la de ferroviarios en mayo de 1936) y, especialmente después de 1938, el gobierno dirigió sus esfuerzos a evitar huelgas, por el bien de la economía. No obstante, sería un error valerse de estos casos para afirmar la importancia suprema de la producción y la conciliación de las clases, y por ende la continuidad de una política de masas manipuladora entre Calles y Cárdenas. El significado de la intervención, el arbitraje y la política de masas fue diferente según la época. Y bajo Cárdenas, en especial antes de 1938, llevaban aparejado el apoyo activo a los sindicatos contra las empresas, tanto como el apaciguamiento del conflicto industrial, y rumbos nuevos y radicales en el campo del control obrero. Una vez más, por consiguiente, el «populismo» cardenista difiere en aspectos importantes de algunos de sus supuestos parientes políticos.

El régimen nunca perdió de vista las realidades económicas. Combatió lo que consideraba sindicalismo irresponsable, por ejemplo, el de los petroleros. Se dio cuenta de que subir los salarios profundizaría el mercado nacional en beneficio de algunos sectores de la industria. Sin embargo, este enfoque keynesiano no puede verse como la razón de ser de la política laboral cardenista. Algunos hombres de negocios y banqueros inteligentes compartían este punto de vista, pero la empresa privada —sobre todo, el núcleo de la burguesía nacional que tenía su base en Monterrey— era abrumadoramente hostil al cardenismo y nunca dejó de criticarlo. Y esta situación no varió después de 1938. En 1940 portavoces del mundo empresarial todavía criticaban al gobierno por su «fantástica política de mejora unilateral en cumplimiento de promesas hechas al proletariado». El nuevo impuesto sobre beneficios extraordinarios era un ejemplo de «totalitarismo hitleriano»[32]. Si Cárdenas salvó a la burguesía mexicana de la revolución o del derrumbamiento (lo cual parece dudoso), la burguesía no mostró mucha gratitud.

También es cierto que la política laboral de Cárdenas, al igual que su agrarismo, incluía un aspecto educativo o tutelar; una faceta del llamado «Estado papá». El presidente contaba con la maduración gradual de la clase trabajadora como entidad organizada, unificada, responsable; organizada, con el fin de que su importancia numérica contase; unificada, para que su fuerza no se disipase en luchas fratricidas; y responsable, para que no exigiese demasiado a una economía subdesarrollada que acababa de salir de la recesión (porque, en caso contrario, los propios trabajadores serían los principales perjudicados). Desde la campaña electoral de 1934 hasta la alocución de despedida de 1940, por tanto, el tema constante de Cárdenas fue «organizar», igual que el de Lenin. La organización requería el apoyo activo del Estado, pero sería un error ver en ello una manipulación cínica, una prueba de continuidad ininterrumpida de Calles y la CROM a Miguel Alemán y los «cacharrazos» del decenio de 1940. Calificado hoy en día de estatista ardiente, en realidad Cárdenas concebía los bloques y clases organizados en el campo económico como las bases de la política. Así, la mejor garantía de la continuación de su proyecto radical era una clase trabajadora poderosa, organizada. La formación de la CTM, los experimentos con el control obrero y la educación socialista y la exhortación constante servían a una visión lejana y optimista: una democracia obrera que diese cuerpo a las virtudes cardenistas del trabajo arduo, el igualitarismo, la sobriedad, la responsabilidad y el patriotismo. Esta era grosso modo la meta «socialista» a largo plazo de Cárdenas.

Cierto grado de tutela estatal era necesario porque la creación de una confederación laboral unida representaba una tarea formidable y era improbable que se produjera espontáneamente. Tras el ocaso de la CROM el proletariado se mostraba combativo pero fragmentado. Sin embargo, la coincidencia de la campaña contra Calles con una rápida recuperación económica brindó la oportunidad de reagruparse. El Comité Nacional para la Defensa del Proletariado, que Lombardo utilizó para combatir a Calles y la CROM, hizo las veces de núcleo de la naciente CTM, que, al fundarse en febrero de 1936, reunió a varios sindicatos industriales clave que se habían destacado durante las huelgas recientes (ferroviarios, mineros y metalúrgicos, electricistas, tipógrafos y tranviarios), así como a las antiguas confederaciones rivales de la CROM, la CGOCM de Lombardo y la CSUM comunista. La CTM, que afirmaba tener 3.594 sindicatos afiliados y 946.000 miembros, empequeñecía tanto a la residual Confederación General de Trabajadores (CGT), de signo anarcosindicalista, como a la CROM, aunque ésta sobrevivió (algunos de sus afiliados en calidad de sindicatos blancos) y todavía pudo luchar contra la hegemonía de la CTM, a veces empleando la violencia, en ciertas regiones e industrias (por ejemplo, la textil). Otras dos barreras que impidieron la hegemonía de la CTM las erigió el Estado: el sindicato de funcionarios, la Federación de Sindicatos de Trabajadores en el Servicio del Estado (FSTSE), al que se le impidió afiliarse (el asunto de los derechos sindicales de los funcionarios dio origen a intensos debates que culminaron con leyes especiales); y, factor más importante, se protegió al campesinado del abrazo de la CTM, a pesar de que ya se había efectuado una significativa labor de captación, principalmente en regiones de agricultura comercial. La organización de los campesinos siguió siendo prerrogativa del PNR. Aunque la CTM conservó cierta influencia residual en el campo, sus líderes no pudieron hacer nada contra la decisión oficial.

La ideología de la CTM experimentó una rápida mutación. Durante la lucha contra Calles las partes que la constituían habían recalcado su independencia de los partidos o las facciones. Este compromiso —radical, nacionalista, autónomo— pasó a la nueva CTM, que vino al mundo lanzando sonoros gritos que hacían pensar en el sindicalismo revolucionario. Pero del mismo modo que Calles había hecho callar a la CROM, cuyos gritos infantiles habían sido parecidos, Cárdenas se atrajo a la CTM. En esta tarea fue una ayuda para él la presencia en la CTM de antiguos miembros de la CROM como Fidel Velázquez y los «cinco lobitos», cuya escuela había sido el activismo obrero en Ciudad de México durante el decenio de 1920. A medida que la CTM fue obteniendo subvenciones y locales oficiales, así como puestos en las juntas de conciliación y arbitraje, sus dirigentes se percataron de las virtudes de la colaboración. Alegaron tres razones para colaborar: la necesidad de derrotar a los restos del callismo, de organizar un frente común contra el imperialismo (al que pronto se identificaría con las compañías petroleras anglonorteamericanas), y de construir un frente popular contra el fascismo, tanto el internacional como, al decir de algunos, el nacional («el fascismo criollo», como lo llamó Lombardo).

A decir verdad, Lombardo Toledano se erigió ahora en figura fundamental de la política del período, superada únicamente por el propio Cárdenas. Hijo de una familia de empresarios que en otro tiempo fue rica pero luego se arruinó, Lombardo había evolucionado del idealismo filosófico del Ateneo de la Juventud al marxismo (aunque nunca se afilió al PCM). A principios del decenio de 1930 ya era una figura destacada de la intelectualidad de Ciudad de México —«el marxista mexicano»[33]— que participaba activamente en la política obrera y universitaria; y con su secesión de la CROM y la creación de la CGOCM, echó los cimientos de su futura dirección de la CTM. Elocuente, autocrático y narcisista, Lombardo carecía de una base institucional, ya fuera regional o sindical. Su poder dependía de la burocracia de la CTM y del apoyo del gobierno (de ahí los malabarismos ideológicos que hizo en los años cuarenta para conservar ambas cosas). Después de respaldar tácticamente a Cárdenas en 1935, ahora quería reforzar la alianza, haciendo hincapié, en primer lugar, en un viejo tema —la responsabilidad nacional de la clase trabajadora— y, en segundo lugar, en un tema nuevo: la amenaza del fascismo. En este contexto, la política que seguían los comunistas era importantísima. Empujados a la clandestinidad en 1929, los comunistas seguían mostrándose activos en las luchas agrarias locales, y en sindicatos clave, tales como los de los ferroviarios, los tipógrafos y los maestros. Aunque se habían opuesto a la candidatura presidencial de Cárdenas, fueron atraídos hacia la coalición contra Calles y respaldaron a la CTM; y, providencialmente, en 1935 la Komintern efectuó un viraje que legitimó —que requirió— la plena colaboración con las fuerzas antifascistas y progresistas. La delegación mexicana volvió del Séptimo Congreso de la Komintern tras prometer su apoyo al frentepopulismo y, por ende, al PNR, al Plan Sexenal y al gobierno Cárdenas, al que ahora se consideraba un régimen nacionalista-reformista, de todo punto diferente de su predecesor callista. Así pues, la CSUM se fundió con la CTM y se instó a los trabajadores a participar en las elecciones. En 1937 el PCM y la CTM se unieron para formar un frente electoral común, en el año siguiente los comunistas apoyaron a la CTM al asumir ésta un papel central en el nuevo partido oficial corporativo, el PRM. La colaboración de la CTM había llegado hasta el extremo de que cetemistas desempeñaban ahora cargos políticos locales y nacionales, incluidos treinta escaños en la cámara.

Era inevitable que hubiese divisiones en el seno de un conglomerado tan grande. Lombardo y sus lugartenientes no profesaban ningún amor a los comunistas. A las diferencias históricas e ideológicas se sumó la rivalidad de sus bases institucionales: los lombardistas dependían de gran número de pequeños sindicatos y federaciones, especialmente en la capital, y su falta de fuerza industrial hacía que la colaboración con el gobierno resultase atractiva; la fuerza de los comunistas residía en los grandes sindicatos industriales —ferroviarios, tipógrafos, electricistas— que se inclinaban hacia el sindicalismo apolítico. Cada bando luchaba por controlar tanto sindicatos individuales, tales como el de maestros, como la propia CTM, donde los lombardistas se apoyaban en su superioridad numérica —aunque fuese una superioridad nominal, dispersa entre una legión de sindicatos afiliados— para compensar la fuerza industrial de los comunistas. En abril de 1937 se produjo un cisma importante y los comunistas, al encontrarse excluidos de puestos clave, abandonaron la CTM, llevándose entre la mitad y una cuarta parte de los sindicatos afiliados, incluidos algunos tan importantes como los ferroviarios y los electricistas. Las esperanzas cardenistas de formar un frente obrero unido, al parecer defraudadas, resucitaron cuando la Komintern acudió en su ayuda. Earl Browder llegó a toda prisa de Estados Unidos, Moscú ejerció presión y tras dos meses de extravío, los comunistas volvieron al redil. Algunos se resistieron: los mineros y los ferroviarios, tradicionalmente independientes, permanecieron fuera. Pero el grueso de los comunistas cumplió y volvió a una CTM aún más controlada por Lombardo; asimismo, acordaron apoyar a los candidatos del PNR en las elecciones internas del partido y acallar sus críticas, que ya eran moderadas, al régimen. Fue el primero de varios «sacrificios necesarios» que el PCM, entregado al frentepopulismo y azuzado por Moscú, haría entre 1935 y 1946, y que contribuirían a formar y mantener la coalición cardenista.

El fomento por parte de Cárdenas de la organización de la clase obrera bajo la tutela del Estado afectó a dos casos claves —los ferrocarriles y el petróleo— en los cuales se expropió y reorganizó de forma fundamental a empresas que eran total o parcialmente de propiedad extranjera y se encontraban agobiadas por disputas laborales. Así pues, de modo análogo a la colectivización de La Laguna las disputas laborales dieron pie a la intervención del gobierno y a experimentos con nuevas formas de organización económica (y, en el caso del petróleo, a un serio altercado internacional). Hay diversas interpretaciones: ¿eran estas audaces, generosas y radicales medidas acaso indicativas de la existencia de un sindicalismo residual en el pensamiento oficial? ¿O eran nuevos ejemplos de Real politik disfrazada de radicalismo, por medio de la cual un régimen maquiavélico que hacía gala de su nacionalismo se quitaba de encima las industrias conflictivas pasándoselas a los trabajadores, que entonces tenían que someterse a la severa disciplina del mercado?

Las dos industrias eran distintas. Mientras que la producción de petróleo registró un modesto incremento durante el decenio de 1930, la situación de los ferrocarriles era pésima: descapitalizados, con un exceso de personal, perjudicados por la competencia que les hacían los transportes por carretera (y que el vigoroso programa de construcción de carreteras del gobierno exacerbó) y muy endeudados con acreedores extranjeros. A decir verdad, se reconocía de forma general que era necesaria alguna reorganización radical que posiblemente llevaría aparejada la nacionalización. Los ferroviarios, que tradicionalmente eran activistas y en 1933 se organizaron en el nuevo Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), se resistieron tenazmente a la pérdida de empleos, con la que estaban harto familiarizados (en el período 1930-1931 se habían perdido 10.000 puestos de trabajo). Hubo convocatorias de huelga en 1935 y de nuevo en mayo de 1936, momento en que los trabajadores vieron con desagrado cómo el gobierno se negaba a reconocer una huelga nacional en apoyo de un nuevo convenio colectivo. Se respondió a las exigencias de los ferroviarios, pero los problemas económicos básicos no desaparecieron. Al cabo de un año la administración decidió abordarlos como en La Laguna, es decir, por medio de una impresionante reforma estructural. En junio de 1937 los ferrocarriles fueron nacionalizados a la vez que la deuda en bonos se consolidaba con la deuda pública. Después de un año de administración directa por parte del gobierno y de prolongadas negociaciones con el sindicato, la empresa quedó bajo el control de los trabajadores el día 1 de mayo de 1938. No fue este un caso único. Tal como prometiera Cárdenas, se habían pasado otras empresas —minas, fundiciones, fábricas— a los trabajadores cuando los conflictos laborales resultaban insuperables. Pero los ferrocarriles, que seguían transportando el 95 por 100 de la carga de México, fueron, con mucho, el ejemplo más importante.

La expropiación inicial, en la que se dio muestra de patriotismo y de machismo político, fue bien recibida incluso por los grupos derechistas de clase media que acostumbraban a quejarse de lo que hacía Cárdenas. Después de todo, José Yves Limantour, decano de los «científicos», había empezado el proceso de nacionalización treinta años antes; y al crear un sistema ferroviario propiedad del Estado, México no hacía nada que no se hubiera hecho ya en varios países latinoamericanos. Mejor esto que la educación socialista o la confiscación de propiedades privadas mexicanas por medio de la reforma agraria. Hasta los acreedores extranjeros se alegraron de que los librasen de un activo menguante. Un grupo que contempló con recelo la nacionalización fue el de los propios ferroviarios. Aunque eran partidarios de ella en abstracto (para algunos, como su combativo líder, Juan Gutiérrez, era un paso hacia una economía socializada), temían que sus derechos sindicales y el convenio que acababan de conseguir corrieran peligro al transformarse súbitamente en empleados federales. Así pues, en la decisión del sindicato de asumir la gestión de los ferrocarriles influyó mucho el deseo de conservar lo que tanto les había costado ganar, aun cuando, durante las largas conversaciones entre el sindicato y el gobierno en 1937-1938, se dijo claramente que la gestión de los obreros estaría sometida a rigurosas condiciones económicas (entre ellas el veto del gobierno a los incrementos del costo de los fletes) y que una administración obrera no representaría una opción fácil.

El sindicato asumió el control de acuerdo con estas condiciones y afrontó valientemente los tremendos problemas que se le planteaban. Reformó la administración, reparó las vías y el material rodante viejos, redujo los costes y cumplió con sus primeras obligaciones financieras; hasta el agregado comercial de Estados Unidos quedó favorablemente impresionado. Sin embargo, la falta de inversiones y el tener que trabajar con unos niveles de demanda y precios en los que el sindicato no podía influir pronto hicieron que los ferrocarriles incurrieran en déficit. Además, la nueva administración, que desempeñaba el anómalo papel de sindicato y patrono al mismo tiempo, se encontró ante serios problemas en el capítulo de las diferencias salariales y en el de la disciplina laboral. Una serie de enfrentamientos indicó la gravedad de estos problemas, que la administración reconoció con franqueza; también proporcionó a la prensa conservadora (que, por muy bien que hubiera acogido la nacionalización, veía con malos ojos el control obrero) municiones abundantes para disparar contra este ejemplo de comportamiento irresponsable, «antipatriótico». Durante su último año en el poder Cárdenas se preocupó mucho por la cuestión ferroviaria y, de acuerdo con la tendencia predominante hacia la «moderación», recortó tanto la nómina como la autonomía del sindicato, convirtiendo la administración de los ferrocarriles en «un simple apéndice del aparato estatal»[34]. Estas medidas anunciaron la terminación total del control de los trabajadores y la imposición de la plena administración estatal durante la presidencia de Avila Camacho. Los ferroviarios, ahora «totalmente desilusionados», figuraron de forma destacada en la oposición almazanista de 1940[35].

Comparada con los ferrocarriles, la industria del petróleo era de propiedad extranjera en su totalidad (98 por 100), más pequeña (empleaba a unas 14.000 personas frente a las 47.000 de los ferrocarriles) y rentable. Después de la cifra máxima registrada en 1921 (193 millones de barriles) la producción había descendido hasta quedar en 32 millones en 1932, subiendo luego hasta los 47 millones en 1937, gracias en parte al gran yacimiento de Poza Rica. Para entonces la industria había experimentado una gran introversión después de los prósperos días del auge de las exportaciones. Ahora tenía un papel importante en la economía nacional (casi la mitad de la producción de 1937 se consumió en el país) y, como es lógico, figuraba en la estrategia desarrollista del gobierno. El Plan Sexenal preveía la creación de una compañía petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la explotación de nuevos campos, ya que las compañías petroleras parecían reacias a emprenderla porque estaban más interesadas en la bonanza venezolana. Estas intenciones moderadamente dirigistas eran de todo punto conformes a la política posrevolucionaria, que había provocado sucesivos enfrentamientos —y compromisos— entre el gobierno y las compañías petroleras. La más reciente, que culminó con el acuerdo Calles-Morrow de 1928, protegía eficazmente la posición de las compañías; pero después de 1934, con el Plan Sexenal y PEMEX, este estado de cosas parecía deshacerse. El propio Cárdenas adoptó una actitud típicamente dura. Como comandante militar en la Huasteca (1925-1928) había tenido ocasión de conocer directamente la industria del petróleo, su carácter de enclave, su afición a echar mano del soborno y el pistolerismo. Había desdeñado un «hermoso sedán Packard» que le ofreciera una compañía como «prueba de gran estima y respeto»; diez años más tarde mostró la misma resistencia a los chanchullos, que les parecía increíble a las compañías petroleras y sus amigos, condicionados por las costumbres políticas del callismo. Se quejaron de que el nuevo presidente era «curiosamente ingenuo en estas cuestiones y no apreciaba las convenciones comerciales tal como se entendían en México»[36].

Así pues, Cárdenas no simpatizaba con las compañías petroleras. Expuso claramente su intención de obligarlas a ajustarse a las necesidades nacionales tal como se formulaban en el Plan Sexenal y más adelante se comprometió a elevar los derechos de explotación. Pero ninguna de estas medidas hacía pensar en una futura expropiación. Las inversiones extranjeras —en el sector petrolero y otros— todavía figuraban en los planes del gobierno; no se buscaba la expropiación per se. En ningún momento se consideró que las minas de propiedad extranjera (que colectivamente eran más importantes que la industria del petróleo) estuvieran maduras para la nacionalización a pesar de que el sindicato minero ejercía cierta presión para que se llevara a cabo; se estimulaban activamente las inversiones extranjeras en la industria eléctrica y otras. Así pues, mientras que la política cardenista relativa a las inversiones extranjeras en general era pragmática, el petróleo era un caso especial. Era un «símbolo sagrado» de identidad e independencia de la nación; en cambio, las compañías petroleras representaban un imperialismo perverso, parasitario. De manera que la expropiación tendría en su momento menos de ejemplo típico o de política económica nacionalista consecuente que de excepción espectacular, provocada por la intransigencia de las compañías (algunas de las cuales persistían en «concebir México como… un gobierno colonial al que sencillamente se le dictaban órdenes»)[37]. Además, se llevó a cabo después de años de crecientes conflictos industriales en los cuales la lucha entre capitalistas y trabajadores era un importantísimo factor autónomo que contribuía a que los resultados fuesen imprevistos.

Al igual que los ferroviarios, los petroleros tenían reputación de ser independientes y combativos, reputación que se intensificó al fundarse el unificado Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en agosto de 1935. En las repetidas huelgas del período 1934-1935 se presentaron a las compañías unas exigencias que ellas consideraron «absurdas»; en noviembre de 1936 los trabajadores las amenazaron con ir a la huelga si no se les concedía un nuevo convenio colectivo de alcance nacional. Las reivindicaciones de los obreros —que llegaban a 240 cláusulas— incluían la rápida mexicanización del personal, la sustitución de empleados «de confianza» (no sindicados) por miembros del sindicato en todos los puestos excepto un puñado, una gran mejora de los salarios y de los beneficios sociales y una semana laboral de cuarenta horas. Según las compañías, tales demandas amenazaban tanto las prerrogativas gerenciales como la viabilidad económica; estimaron sus costes en un 500 por 100 de la nómina existente en aquel momento (el sindicato prefirió la cifra del 130 por 100, que, según dijo, estaba justificada por los niveles de beneficios; durante todo el conflicto se intercambiaron cifras como si fueran puñetazos en un combate de boxeo). Las contrapropuestas de las compañías sirvieron sólo para revelar el enorme abismo que había entre las dos partes y que la profusa propaganda de las compañías (denunciando la codicia de los petroleros —los «niños mimados» de la industria mexicana) no contribuyó a acortar. Después del fracaso de largas conversaciones, los trabajadores se declararon en huelga (mayo de 1937), alegando un «conflicto económico» ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje[38]. Era claro que el arbitraje gozaba del favor tanto de la CTM como del gobierno, que ejercieron presión para que se llegase a un acuerdo y se evitaran más trastornos económicos (la idea de que el gobierno incitó el conflicto con el fin de justificar la expropiación que pensaba llevar a cabo no es convincente). En agosto una numerosa comisión federal ya había dado a conocer su dictamen y recomendado un modesto incremento de lo que ofrecían las compañías, a la vez que, de modo parecido, modificaba las demandas «sociales»; pero también criticó severamente a las compañías por su condición de enclaves monopolísticos, por su largo historial de injerencias en política, sus privilegios fiscales y sus beneficios excesivos. Por consiguiente, el conflicto laboral del principio dio paso a cuestiones económicas mucho más amplias.

Las compañías persistieron en su actitud intransigente, impugnaron la corrección del informe y se negaron a aumentar su oferta. Cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje aceptó «casi en su totalidad» las recomendaciones de la comisión, las compañías recurrieron a la Corte Suprema y cuando ésta falló contra ellas, volvieron a hacer caso omiso de la sentencia. Mientras tanto hicieron propaganda y ejercieron presiones tanto en México como en Estados Unidos. Sin embargo, ellas mismas se habían colocado entre la espada y la pared. Seguras de que su papel económico era esencial —y, por ende, convencidas de que tanto el sindicato como el gobierno tendrían que transigir, igual que en 1923 y 1928—, las compañías resistieron hasta el final, rechazando una solución que era financieramente factible (la diferencia en términos económicos no era tan grande), temerosas de sus posibles repercusiones en otras naciones productoras de petróleo. El conflicto, que había empezado como un conflicto laboral, se centró ahora en grandes cuestiones de prestigio y principio. Porque a comienzos de 1938 también las opciones del gobierno eran limitadas: una rendición humillante, una intervención temporal de las propiedades de las compañías, o la expropiación pura y simple. Aunque la tercera opción fue el resultado final, no era el objetivo en que insistía el gobierno, como alegaron las compañías ante las negaciones oficiales. La nacionalización de este recurso básico era, para algunos, un objetivo a largo plazo, pero no hay ninguna prueba de que se eligiera de antemano 1938 como el annus mirabilis. Al contrario, el pragmatismo oficial se hizo evidente en la concesión de nuevas concesiones petroleras en 1937, así como en las conversaciones que se sostuvieron después de la expropiación con vistas a posibles inversiones extranjeras en la industria del petróleo. Es más, el gabinete estuvo dividido durante las críticas semanas iniciales de 1938 y pocos ponían en duda los riesgos —económicos, financieros, políticos— que la expropiación llevaría consigo. Pero ni siquiera estos riesgos podían justificar una rendición humillante. «Incendiaríamos y arrasaríamos los campos petrolíferos —como dijo Cárdenas— antes que sacrificar nuestro honor»[39]. Cuando, en el último momento, vieron claramente que iban a ponerlas en evidencia, las compañías buscaron una solución negociada. Ya era demasiado tarde. El gobierno estaba decidido, la opinión pública, exaltada. El 18 de marzo de 1938 Cárdenas habló por radio a la nación, enumerando los pecados de las compañías y anunciando su expropiación total. Los trabajadores ya estaban entrando en las plantas para hacerse con el control físico de las mismas. Como declaró uno de ellos, impidiendo que los empleados británicos entrasen en la refinería de Minatitlán: «La ambición del extranjero ha tocado a su fin»[40].

En términos de drama político y prestigio presidencial, la expropiación del petróleo fue el apogeo del período de Cárdenas. Las compañías quedaron «estupefactas»[41]. Desde los obispos hasta los estudiantes de la Universidad Nacional, los mexicanos acudieron en defensa de la causa nacional, aprobando la postura patriótica del presidente y admirando, probablemente por primera vez, su machismo personal. Hubo grandes manifestaciones: alrededor de un cuarto de millón de personas desfilaron por las calles de la capital portando ataúdes de mentirijillas en los que aparecían los nombres de los gigantes caídos: Standard, Huasteca, El Aguila. Impulsada por la euforia patriótica, la gente se lanzó sobre los bonos del Estado que el gobierno emitió para cubrir la futura indemnización, y mujeres de todas las clases sociales hacían cola para donar dinero en efectivo, joyas, máquinas de coser, incluso anillos de boda. Nunca, ni antes ni después, desplegó la nación una solidaridad comparable. Durante un breve período el frentepopulismo de la CTM pareció abarcar a toda la población. En este ambiente propicio el PNR se reunió para celebrar su tercera asamblea nacional y se convirtió en el nuevo Partido de la Revolución Mexicana (PRM), estructurado corporativamente.

La euforia popular no podía extraer petróleo, pero ayudó: los petroleros —expertos «de salón» colaborando con perforadores veteranos— dieron muestras de gran energía e ingenio al hacerse con el control de una industria descapitalizada. Un joven de veintiocho años se encontró al frente del rico campo de petróleo que El Aguila Company tenía en Poza Rica. Tal como sugería el lejano precedente de 1914, los mexicanos eran totalmente capaces de dirigir la industria. Se demostró el error de las compañías que, al igual que los terratenientes de La Laguna, predijeron que su retirada provocaría el caos. Sin embargo, las compañías tenían más poder que los terratenientes para hacer que su predicción se convirtiese en realidad. Cuando los gobiernos norteamericano y británico presentaron sus protestas oficiales —los norteamericanos de forma circunspecta, los británicos con aspereza— las compañías pasaron inmediatamente al ataque y sacaron fondos de México, boicotearon las ventas de petróleo mexicano, presionaron a terceros para que secundasen el boicot y se negaron a vender maquinaria. Al coincidir con otros problemas económicos (inflación, crecimiento del déficit público, descenso del superávit de la balanza comercial), estas medidas tuvieron consecuencias serias. La confianza del mundo empresarial vaciló, se agotaron los créditos y bajó el peso, puesto que Estados Unidos suspendió temporalmente las compras de plata mexicana. Por una vez, decía la gente, hasta el flemático presidente pasó una noche de insomnio. En lo que se refiere a la industria petrolera misma, las exportaciones quedaron reducidas a la mitad y la producción descendió en alrededor de un tercio. El estallido de la segunda guerra mundial agravó los problemas de la industria, cuyo déficit era muy grande a finales de 1939. Vemos, pues, que una vez más una reforma económica cardenista se llevó a cabo en circunstancias extremas. Se hicieron evidentes las analogías con el caso de los ferrocarriles. Los petroleros —que tradicionalmente eran sindicalistas y estaban convencidos de la viabilidad de la industria— se mostraban favorables a una administración a cargo de ellos mismos, aunque también, como los ferroviarios, recelaban en lo que se refería a asumir la condición de trabajadores «federales». Sin embargo, el gobierno no quena renunciar al control de un recurso tan valioso y se constituyó la PEMEX basándose en la colaboración conjunta del gobierno y del sindicato. Esto dio un grado considerable de poder y autonomía a secciones locales del sindicato, mientras el gobierno conservaba en sus manos el control final de la gestión y las finanzas. Los líderes sindicales, entre la espada y la pared, se encontraban ante un dilema recurrente: traicionarían a su país si obstruían la buena marcha del nuevo activo nacional, y a su clase si seguían escrupulosamente la dirección del gobierno. Y abundaban los motivos para que surgiesen conflictos: el tamaño de la nómina, la organización del sindicato, la política de ascensos y las prerrogativas gerenciales. En este sentido, la expropiación no resolvió nada y, en cambio, exacerbó muchas cosas. La industria era sana en potencia, pero el boicot y la guerra anulaban los pronósticos optimistas que se habían hecho anteriormente. Por otra parte, al aumentar el número de trabajadores (de unos 15.000 a 20.000) y subir los salarios, la nómina de la industria se disparó (alrededor del 89 por 100 a finales de 1939). Con la PEMEX deficitaria, el gobierno se encontraba ahora ante un problema difícil. Cárdenas y la CTM pedían reorganización y despidos. Se decía que la disciplina laboral había sufrido: los trabajadores se habían arrogado unos derechos excesivos, en detrimento de la dirección; las nóminas eran demasiado largas; los salarios, demasiado elevados; los subsidios sociales, generosos en exceso. A decir verdad, con la expropiación había cambiado el estatus fundamental de la industria, invalidando el laudo de 1937; al igual que los ferroviarios, ahora se instó a los petroleros a apretarse el cinturón por el bien de la nación y —según recalcó la CTM— de su propia clase. Por su parte, los trabajadores echaban la culpa a los problemas heredados y a la mala gestión, y pedían más, en vez de menos, autonomía obrera. En 1940 hubo huelgas y se produjo una escisión entre los líderes del sindicato y las secciones más militantes. Como en el caso de los ferrocarriles, Cárdenas pasó gran parte de su último año en la presidencia ocupado con la reorganización de esta nueva empresa nacionalizada (se le encontraba a menudo trabajando en las antiguas oficinas de El Águila Company). Respaldó el plan de austeridad de la dirección, recomendando reducciones salariales y de puestos de trabajo, mayor esfuerzo y mayor disciplina, en todo lo cual fue secundado fielmente por la CTM. Hubo una modesta mejoría en la situación comercial de la PEMEX en 1940, pero siguieron existiendo problemas básicos, lo cual despertó en algunos círculos la esperanza de que las propiedades fueran devueltas a sus anteriores dueños. El siguiente gobierno, que en 1943 tuvo que hacer frente a una seria amenaza de huelga, respondió con evasivas; el enfrentamiento entre el gobierno y el sindicato quedó aplazado hasta después de la guerra.

Con la expropiación del petróleo, el furor diplomático y las repercusiones económicas que provocó y el comienzo de la guerra, por primera vez las relaciones exteriores adquirieron importancia central para el régimen. Hasta entonces su política exterior —aunque llevada con un fervor moral y una coherencia poco comunes— siguió las consabidas tradiciones «revolucionarias»: respeto por la soberanía nacional, no intervención, autodeterminación. Estos principios fueron sustentados vigorosamente en la Sociedad de Naciones y en sucesivas conferencias panamericanas, donde los portavoces mexicanos abogaron por la resolución pacífica de las disputas internacionales y denunciaron las agresiones, con imparcialidad, ya se tratara del apoyo de Estados Unidos al golpe de Estado de Somoza; la invasión de Abisinia por los italianos; el imperialismo japonés en China; el Anschluss y el ataque nazi contra Polonia; y —con gran disgusto del PCM— la campaña soviética contra Finlandia, que dadas las analogías geopolíticas, despertó un sincero sentimiento de condena. Pero fue la guerra civil española la que atrajo más atención, así oficial como popular. Al principio Cárdenas accedió a suministrar a los republicanos las armas que le pidieron, y el suministro —a ritmo modesto— continuó durante la contienda. La condena oficial de los nacionalistas fue secundada por la CTM; y, al fracasar la causa republicana, México se convirtió en un asilo para refugiados españoles (unos treinta mil en total), entre los que había distinguidos intelectuales y el equipo de fútbol vasco; ambos dejaron huella en el país que los acogió[42]. Al igual que la llegada fortuita a México de León Trotski (otro ejemplo de la imparcialidad de Cárdenas), la guerra afectó directamente a la política nacional. Debido a las obvias analogías, no fue extraño que la opinión mexicana se polarizase y que los grupos derechistas, católicos y fascistas fuesen partidarios de Franco. De hecho, algunos de ellos esperaban con ansia la aparición de algún generalísimo mexicano; condenaban al gobierno por apoyar al comunismo ateo, y deploraban la llegada a México de sus derrotados agentes. En 1938 carteles jubilosos proclamaban la derrota de Cárdenas en Teruel. Así pues, la guerra civil española ayudó a definir las alineaciones políticas durante el período anterior a las elecciones de 1940.

Mientras tanto, con la expropiación del petróleo, empeoraron las relaciones de México con Estados Unidos, que siempre fueron el punto cardinal del compás diplomático. Hasta entonces había parecido que mejoraban progresivamente, y el acercamiento Calles-Morrow se había visto reforzado por la supuesta (aunque fácilmente exagerada) correspondencia entre el cardenismo y el New Deal, por la «política del buen vecino» de Roosevelt y por la feliz elección de Josephus Daniels para el cargo de embajador de Estados Unidos. Si durante la lucha entre Calles y Cárdenas las simpatías estadounidenses, tanto privadas como oficiales, habían estado divididas, y los estadounidenses habían ejercido influencia a favor de una solución negociada, era claro que Estados Unidos no querría tener nada que ver con rebeliones, decisión que, por supuesto, favorecía al ocupante legal de la presidencia. Daniels prestó apoyo incondicional al régimen a despecho del Departamento de Estado y de la opinión de los católicos estadounidenses, a la vez que su progresismo puritano y su entusiasmo juvenil le granjeaban las simpatías de Cárdenas en la medida en que horrorizaban a los diplomáticos de carrera europeos. Con la formulación de la política del buen vecino los delegados mexicanos y estadounidenses en sucesivas conferencias panamericanas se encontraban con que estaban de acuerdo, insólitamente.

Acontecimientos nacionales pronto empezaron a enfriar esta relación más cálida que de costumbre. La expropiación de tierras de propiedad estadounidense dio motivo a enérgicas protestas; y si la nacionalización de los ferrocarriles alivió más dolores de cabeza de los que causó, la de la industria petrolera fue impugnada inmediatamente. El gobierno estadounidense respaldó el boicot de las compañías, exigió una indemnización (cuando no la devolución de las propiedades), interrumpió las conversaciones relativas a un tratado comercial y suspendió las compras de plata. La respuesta de Gran Bretaña —menos eficaz y más ofensiva— provocó una ruptura diplomática. La opinión oficial norteamericana estaba dividida e intereses económicos antagónicos (propietarios de minas de plata, fabricantes cuyas inversiones en México habían crecido recientemente y exportadores que pretendían expulsar a los alemanes de los mercados de México) se mostraban favorables a la conciliación antes que al enfrentamiento. Roosevelt, alentado por Daniels, estaba dispuesto a hacer caso omiso de los consejos belicosos de las compañías petroleras, del Departamento de Estado y de la prensa financiera. Reconoció que México tenía derecho a expropiar, descartó el recurso a la fuerza y procuró mitigar el daño que habían sufrido las relaciones entre Estados Unidos y México. Se reanudaron las compras de plata y se entablaron conversaciones sobre la indemnización de las compañías (cuyo principio no discutía el gobierno mexicano). Sin embargo, las compañías, que andaban ocupadas ejerciendo presiones en Europa y Estados Unidos, insistían en la total devolución de sus propiedades y, al ver los efectos del boicot y los apuros de la industria petrolera y de la economía mexicanas, estaban completamente convencidos de que lograrían sus propósitos.

Factor importantísimo en la formulación de la política estadounidense fueron las percepciones de la creciente amenaza del Eje. Estas percepciones, que ya se manifestaban en el cultivo del panamericanismo, dominaban ahora la política de Estados Unidos en el exterior, como había previsto el gobierno Cárdenas. Por otra parte, el boicot obligó a México a firmar acuerdos de venta con las potencias del Eje, lo cual (aunque estos acuerdos no eran ni económicamente favorables ni ideológicamente afines a México, tampoco eran estratégicamente esenciales para el Eje) exacerbó los temores norteamericanos ante una posible penetración política y económica de los alemanes en México. Al crecer con rapidez el espectro del quintacolumnismo nazi, el gobierno de Estados Unidos decidió que el acercamiento con México era tan esencial como lo había sido veinticinco años antes. Hasta el belicoso secretario de Estado, Cordell Hull, se impacientó a causa de la intransigencia de las compañías petroleras y deseaba vivamente que se llegara a un acuerdo, aunque fuese a expensas de dichas compañías. La intransigencia parecía tanto más anómala cuanto que la Sinclair Co. se desmarcó de las demás compañías y llegó a un acuerdo unilateral (mayo de 1940), a la vez que las presiones de la guerra obligaban a resolver otras diferencias pendientes entre Estados Unidos y México. En noviembre de 1941 se firmó un acuerdo general para indemnizar a los norteamericanos que habían perdido sus propiedades a causa de la Revolución; a cambio de ello, Estados Unidos accedió a incrementar las compras de plata, a facilitar créditos para apoyar el peso y a empezar conversaciones con vistas a la firma de un tratado comercial. Finalmente, en abril de 1942 las compañías petroleras aceptaron una compensación por valor de 23,8 millones de dólares, que equivalían al 4 por 100 de la petición inicial.

El acercamiento estadounidense-mexicano abarcaba asuntos más amplios y surtió un efecto notable en la política interior. A medida que iba acercándose la guerra, Estados Unidos estrechó sus relaciones con América Latina y, en sucesivas conferencias panamericanas (Panamá, 1939; La Habana, 1940), firmaron acuerdos prometiendo defender la seguridad del hemisferio y advirtiendo a las potencias beligerantes que permanecieran alejadas del Nuevo Mundo. Brasil y México se erigieron en los actores clave de esta alineación hemisférica y durante el período 1940-1941, mientras los temores estadounidenses a Japón se aceleraban hasta que finalmente quedaron justificados, México pasó a ser el eje político y estratégico de la política estadounidense en el continente. El decidido antifascismo de Cárdenas aportó ahora las bases para un acercamiento a Estados Unidos que su sucesor incrementaría y que, a su vez, favoreció la moderación del «proyecto cardenista» en los años posteriores a 1938. El presidente condenó con energía la agresión nazi y expresó resueltamente su apoyo a las democracias; prometió la plena cooperación contra cualquier ataque del Eje dirigido al continente americano y, para subrayar su compromiso, autorizó que se celebraran conversaciones militares entre Estados Unidos y México. Se puso freno a la propaganda alemana en México. Además, se empezó una reorganización de las fuerzas armadas; los gastos militares, que en 1939 habían alcanzado su punto más bajo desde la Revolución, un 15,8 por 100 de los gastos totales, ascendieron hasta situarse en un 19,7 por 100 en 1940. Una nueva Ley del Servicio Militar decretó que todos los jóvenes de dieciocho años sirvieran durante un año, con lo cual se esperaba, no sólo preparar a los mexicanos «para que cooperasen en la defensa de nuestro continente» (como dijo Ezequiel Padilla), sino también inculcar «una educación disciplinada que beneficiaría a la juventud de nuestro país en todas las tareas de la vida» (según Ávila Camacho)[43]. Síntoma de los tiempos, y de que ahora la retórica nacional tenía prioridad frente a la clasista, fue el hecho de que la escuela rural (ahora amenazada) se viese suplantada por el otro instrumento clásico de integración nacional, el cuartel.

En este caso, sin embargo, la actuación oficial corrió más que la opinión pública. La CTM, sirena de la izquierda oficial, sonó en apoyo de la cruzada democrática contra el fascismo, previendo que México acabaría participando en ella, con lo que la corrección ideológica se combinaría con las ventajas económicas. Pero la beligerancia lombardista se enfrió al empezar la «guerra de mentira», y las consignas de la CTM se hicieron entonces eco de las del PCM: la contienda era una «guerra imperialista en pos de mercados» y México debía permanecer estrictamente neutral. Pero al cabo de un tiempo, en el mismo 1940, la CTM volvió a adoptar su anterior postura a favor de la guerra y contra el fascismo, lo cual se ajustaba mejor a su actitud en la política interior, y a comienzos de 1941 Lombardo ya prometía toda la ayuda material y moral contra el fascismo y expresaba su esperanza de que los estadounidenses participaran[44]. Al producirse el ataque nazi contra la Unión Soviética, el PCM se unió al frente democrático patriótico, cuyo número de miembros se completó gracias a Pearl Harbor. Si la izquierda, oficial y comunista, al principio se inclinaba y luego se volcó hacia el bando aliado, la derecha, naturalmente, disintió. Grupos conservadores y fascistas, tales como la Acción Nacional y la Unión Nacional Sinarquista (UNS), se decantaron por la causa del Eje y criticaron la colaboración militar con Estados Unidos, al menos al principio. Con ello se adhirieron a una causa popular. Para la mayoría de los mexicanos la guerra era un conflicto que nada tenía que ver con ellos, que se desarrollaba en tierras remotas, y muy pocas personas se interesaban realmente por su marcha. Los incentivos para luchar eran pocos y el nuevo servicio militar traía recuerdos de la odiada leva (el reclutamiento forzoso de los tiempos de Porfirio Díaz y la Revolución) y provocó protestas violentas al entrar en vigor después de 1941. En la medida en que la guerra despertó simpatías populares, éstas se inclinaron hacia Alemania, que para algunos había sido una víctima internacional en 1918, mientras otros la veían como la «antítesis del comunismo» o la fuente del antisemitismo, que a la sazón crecía en México[45]. Haría falta el estímulo activo del gobierno para que México se comprometiera con la causa aliada.

Mientras los asuntos exteriores absorbían cada vez más atención, en el interior se produjeron importantes cambios de alienamiento político. En medio de la euforia despertada por la expropiación del petróleo se alcanzó un objetivo básico del cardenismo: la reestructuración del partido oficial (que ahora se llamaba PRM) siguiendo patrones corporativos. Cárdenas albergaba la esperanza de que con ello se garantizara la continuación de la reforma y se superase el faccionalismo que seguían royendo las partes vitales del PNR, especialmente porque la izquierda (Francisco Múgica, Gonzalo Vázquez Vela, Ernesto Soto Reyes) se peleaba con el «centro», capitaneado de forma extraoficial por aquel gran amañador y superviviente que era Portes Gil. Éste, al que se había nombrado presidente del partido por la ayuda que prestara para desplazar a Calles (julio de 1935), se propuso «purificar» el PNR (esto es, eliminar todo vestigio de callismo) y hacerlo más atractivo por medio del uso frecuente del cine, la radio, la prensa y las conferencias. Se instó a los comités de los estados a propiciar la afiliación y la participación de la clase trabajadora; el PNR (y no la CTM) emprendió la organización del campesinado a escala nacional. Sin embargo, al igual que algún inquisidor de la Edad Media, Portes Gil chocó con su propia campaña de «purificación» y fue sustituido por el cardenista radical Barba González (agosto de 1936). Mientras tanto continuó el proceso de organización del partido y de integración de los sectores: con la unión del PNR, la CTM, la CCM y el PCM en un pacto electoral (febrero de 1937); con la génesis, al cabo de un año, del PRM, que agrupaba a los militares, los trabajadores (CTM), los campesinos (representados al principio por la CCM, a la que pronto suplantaría la CNC, que lo abarcaba todo), y el sector «popular», cajón de sastre en el que había cooperativas, funcionarios y elementos no organizados (en gran parte de clase media), que no adquiriría una existencia corporativa oficial hasta 1943. También en esta nueva organización de masas un aspecto tutelar se combinaba con un compromiso a largo plazo con el cambio radical: el partido emprendería la preparación del pueblo para la creación de una democracia obrera y la consecución de un régimen socialista[46].

Irónicamente, la creación del PRM, que prometió trabajar en pos de estos grandes objetivos, tuvo lugar justo en el momento en que el régimen comenzaba a tambalearse; cuando, debido a la presión conjunta de las fuerzas internas y las externas, el presidente optó por consolidar, por evitar nuevos compromisos radicales y preparar una sucesión afín desde el punto de vista político, democrática y pacífica. El año 1938, que empezó en medio de la exaltación patriótica, terminó con los radicales batiéndose en retirada: si hubo un termidor cardenista —un momento en que la Revolución interrumpió su avance y echó a andar en dirección contraria—, fue en 1938 y no en 1940. Por supuesto, los críticos izquierdistas ven el cardenismo como un termidor prolongado; mientras que para los partidarios leales no hubo ninguna retirada, sólo repliegues tácticos. Pero las cosas que tales partidarios citan como pruebas de que el radicalismo continuó existiendo después de 1938 (la continuación de la enseñanza socialista, el impuesto sobre beneficios extraordinarios, las leyes relativas a la industria de la electricidad) apenas pueden compararse con las amplias reformas de años anteriores. Si no hubo ninguna retirada en gran escala, no puede negarse que hubo un «notable cambio de dirección»[47], el cual, sin embargo, fue fruto de las circunstancias más que de una decisión autónoma. Se registró un descenso espectacular del poder presidencial en 1938-1940, resultado de nuevas presiones políticas, del fin del sexenio, y del hecho sin precedentes de que Cárdenas rehusó apoyar a un sucesor. Las rencillas en el seno del PRM y, finalmente, el desastre electoral de 1940 revelaron esta erosión del poder, que a su vez socavó la totalidad de la coalición cardenista y afectó principalmente a la CTM. Al igual que en los comienzos del decenio de 1930, el clima ideológico experimentó un cambio repentino; en 1940 los conservadores ya decían con confianza que «la gran mayoría de las personas que piensan… ya están hartas de socialismo»; y que «a lo largo de los próximos años la tendencia será a la derecha»[48].

Tanto la guerra como las presiones internas fomentaban la cautela y la consolidación. La principal de estas presiones era el estado de la economía. Cárdenas había heredado una economía que iba recuperándose de la depresión y en la que la industria manufacturera y ciertas exportaciones (la de plata, por ejemplo) aparecían boyantes. Incluso sin efectuar cambios radicales en la estructura fiscal, los ingresos del gobierno aumentaron (casi el doble entre 1932 y 1936). Pero lo mismo hizo el gasto público: modestamente en 1934-1935, período en que la batalla contra Calles gozó de prioridad, con rapidez después de 1936, al ponerse en práctica las reformas importantes. Así, el gasto creció, en términos reales, de 265 millones de pesos (1934) a 406 millones (1936), 504 millones (1938) y 604 millones (1940), con los gastos «sociales» y «económicos» en vanguardia. Las exportaciones, sin embargo, alcanzaron un punto máximo en 1937 y el gobierno sufrió déficits presupuestarios que del 5,5 por 100 de la renta en 1936 pasaron al 15,1 por 100 en 1938. Para entonces la financiación mediante déficit se había convertido en un instrumento efectivo por medio del cual el gobierno —que poseía una voluntad política y unos poderes de intervención monetaria igualmente sin precedentes— contrarrestaba los efectos de la renovada recesión, transmitida desde Estados Unidos en 1937-1938. Comparado con un decenio antes, México se encontraba ahora mejor situado para soportar estas sacudidas externas.

Pero las presiones inflacionarias que ello engendró se vieron agravadas por el crecimiento de los costes tanto de las importaciones como de los alimentos. Se culpaba apresurada, aunque injustificadamente, a la ineficiencia ejidal del coste de los alimentos. De hecho, aunque la producción agrícola resultó afectada por la conmoción de la reforma agraria y por la consiguiente desgana de los terratenientes, en lo que a invertir se refiere, en 1935-1939 la producción total de maíz fue más o menos igual que la de diez años antes; dado el aumento tanto de la población como de la extensión de tierra cultivada, estas cifras (oficiales) sugieren un descenso del 17 por 100 del consumo per cápita y otro del 6 por 100 de los rendimientos por hectárea. No obstante, es muy probable que estas cifras (que otros datos contradicen) subestimen tanto la producción como el consumo de los campesinos, que, por supuesto, estaban más descentralizados y eran más escurridizos que los equivalentes anteriores en las haciendas[49]. De todos modos, aunque los ejidatarios comieran mejor, el suministro de alimentos a las ciudades se vio limitado y los precios empezaron a subir poco a poco. Al igual que Alemania, México tenía experiencia reciente de hiperinflación y la opinión era sensible a este amenazador —aunque modesto— aumento de los precios. Ya en 1936 se oían comentarios adversos; hasta Lombardo reconoció que había problemas. Entre 1934 y 1940 el índice de precios al por menor subió un 38 por 100, pero entre 1936 y 1938 —años de espectaculares reformas sociales— aumentó un 26 por 100, y los alimentos fueron los más afectados. Sin embargo, los análisis apocalípticos que proponen una caída sostenida de los salarios reales durante la depresión, los inflacionarios años a fines de los treinta y los todavía más inflacionarios años cuarenta son poco convincentes. Bajo Cárdenas el salario mínimo superó a la inflación y el poder adquisitivo total de los salarios fue en aumento, lo cual benefició al mercado nacional. Los principales beneficiarios fueron los ejidatarios, las organizaciones obreras y los trabajadores (como la «gente decente» empleada por la General Motors) que aprovecharon los cambios que se produjeron en la estructura de la ocupación a medida que los puestos de trabajo agrícolas dieron paso a los industriales. Los proletarios rurales (en especial los que trabajaban en haciendas sobre las que pesaba la expropiación) fueron menos afortunados, mientras que fue la clase media urbana —la que más criticaba a Cárdenas— el sector relativamente más perjudicado por la inflación.

No obstante, la inflación hizo peligrar conquistas recientes de la clase obrera y, con ello, el apoyo de ésta al régimen. También frenó la inversión privada y estimuló la fuga de capitales. La respuesta del gobierno fue contradictoria, lo que tal vez representó una prueba más de las limitaciones estructurales bajo las cuales actuaba el cardenismo. Se hizo un intento serio de regular los precios de los alimentos: tal como sugirió la reacción hostil de la empresa privada, el intento no fue un simple paliativo, y durante el último trimestre de 1938 el índice general de precios registró un modesto descenso (4 por 100), y el de los alimentos, un descenso significativo (8 por 100). Buscando soluciones más fundamentales, el gobierno elevó los aranceles (diciembre de 1937) y, tras la devaluación de 1938, cobró nuevos impuestos a las exportaciones y recortó los proyectos de inversión (los gastos per cápita en obras públicas bajaron un 38 por 100 entre 1937 y 1938; la construcción de carreteras quedó «prácticamente interrumpida»). Los trabajadores del sector público —tales como los ferroviarios y los petroleros— tuvieron que apretarse el cinturón. Al disminuir también los créditos agrícolas que concedía el gobierno, los ejidatarios pasaron estrecheces o, como los laguneros, acudieron a fuentes privadas. Y después de los embriagadores días de 1936-1937 el ritmo de la reforma agraria se hizo más lento (algunos decían que por deferencia a los intereses norteamericanos). Desde luego, el gobierno albergaba la esperanza de obtener un préstamo norteamericano y el gobierno de Estados Unidos, aunque prefería un «programa de ayuda económica» más amplio, no era del todo contrario a ello. Pero la expropiación del petróleo descartó todo acuerdo en este sentido[50].

Al acumularse los problemas económicos, la administración perdió ímpetu a la vez que crecía la oposición política. Por una parte, al producirse fisuras en la coalición cardenista, antiguos partidarios de ella (principalmente grupos de la clase obrera) desertaron: por otra, los adversarios conservadores y católicos, que venían batiéndose en retirada desde la caída de Calles, cuando no desde la derrota de la Cristiada, experimentaron una recuperación decisiva. Aunque las cifras oficiales de huelgas descendieron después de 1937 (lo cual reflejó la poca disposición oficial a reconocer la legalidad de las huelgas), los conflictos industriales de facto crecieron y hubo importantes huelgas de panaderos, maestros, electricistas, mineros y trabajadores del azúcar, los textiles y los tranvías, así como conflictos en los ferrocarriles y en la industria del petróleo. En 1940 ya abundaban los indicios de apoyo obrero al candidato presidencial de la oposición; incluso hubo abucheos contra el gobierno en la manifestación del 1 de Mayo en Ciudad de México. Tampoco el mundo empresarial sintió crecer su amor al régimen a causa de la nueva moderación que éste desplegaba. Se denunciaron la regulación de los precios y los aumentos de los impuestos; los ataques contra los sindicatos activistas se hicieron más ruidosos, y al mismo tiempo que la exportación de capital debilitaba a la economía, la oposición política se reorganizó y adquirió nuevos fondos. Siguiendo el ejemplo del régimen, el mundo empresarial demostraba ahora una mayor organización corporativa, y lo mismo puede decirse de la oposición conservadora y fascista. En el año 1937 tuvo lugar el nacimiento de la Unión Nacional Sinarquista (UNS), movimiento (contrario al concepto de «partido») integrista católico de masas que rechazaba rotundamente la Revolución, el liberalismo, el socialismo, la lucha de clases y el materialismo gringo, ofreciendo en su lugar los valores de la religión, la familia, la propiedad privada, la jerarquía y la solidaridad social. Los sinarquistas, que posiblemente recibían ayuda económica de las empresas, aunque dependían sobre todo del apoyo sincero de los campesinos, especialmente en las antiguas regiones cristeras del oeste y el centro de México, crecieron con rapidez desde el punto de vista numérico (en 1943 ya afirmaban ser medio millón) y organizaron manifestaciones masivas de resurgimiento religioso en las poblaciones del Bajío. La Acción Nacional, que en sus primeros tiempos compartía una ideología parecida pero que usaba métodos más tradicionales para hacer adeptos entre la clase media, fue fundada en 1939 bajo la jefatura de Manuel Gómez Morín, con el apoyo de católicos seglares y el respaldo económico de la burguesía de Monterrey.

La derecha «secular» era menos numerosa pero igualmente ruidosa[51]. Al acercarse 1940 apareció una serie de partidos de menor importancia, algunos de los cuales seguían a revolucionarios veteranos que, al envejecer, enriquecerse y lamentarse de la decadencia de la Revolución, se convirtieron al conservadurismo o incluso al fascismo declarado (Marcelo Caraveo, Ramón F. Iturbe, Cedillo, Joaquín Amaro). Algunos, como el Partido Social Demócrata (PSD) de Jorge Prieto Laurens, atraían a la clase media anticardenista y explotaban la tradición liberal que se había manifestado en 1929; pero la mayoría, con su denuncia del comunismo, de la llegada de subversivos españoles y de la influencia omnipresente de los judíos, revelaba cómo un nutrido sector de la clase media se había visto empujada hacia la extrema derecha por la polarización política del decenio de 1930. Ejemplo típico de este fenómeno era José Vasconcelos, modelo de la oposición antirreeleccionista en 1929 que ahora coqueteaba con el fascismo en las páginas de Timón y sostenía que el Eje ganaría la guerra, que Hitler constituía una figura hegeliana, una figura histórica mundial (había que ser una de ellas para reconocer a otra) y que México tendría que ajustarse a tales imperativos historicistas y someterse al gobierno autoritario. Tanto el anticomunismo como el antisemitismo estaban ya de moda. Bernardino Mena Brito obsequiaba a los veteranos como él con denuncias del papel del «judaísmo universal», denuncias que también propagaban los sinarquistas. El Partido Revolucionario Anti-Comunista (PRAC), que en 1938 fundó Manuel Pérez Treviño, antiguo jefe del PNR y latifundista, proclamaba con nombre la razón de su existencia. Se fundaron muchas organizaciones de esta índole en los años 1938-1940; eran organizaciones débiles y efímeras que a menudo dependían de los caprichos y la ambición de un caudillo envejecido. Pero eran indicio de un cambio real en el clima ideológico: un resurgir de la derecha (una derecha liberal que iba a menos y una derecha autoritaria y agresiva que era cada vez mayor y que seguía modelos extranjeros); una nueva añoranza del porfiriato que se hacía evidente en la afectuosa evocación de la vida ranchera en el cine, y la correspondiente pérdida de iniciativa política por parte de la izquierda.

La derecha imitaba de forma creciente los métodos de la izquierda. Formaba organizaciones de masas o incluso birlaba las de sus contrarios (como Almazán hizo con los sindicatos disidentes en 1940), con lo cual participaba en el proceso gradual de institucionalización y «masificación» de la política que fue característico del decenio de 1930. Incluso en regiones donde actuaban los sinarquistas, la política de finales de los años treinta fue relativamente pacífica en comparación con la tremenda violencia de la Cristiada; tanto más cuanto que la jerarquía católica se esforzó por refrenar a los fanáticos radicales del movimiento. En esto el líder del Partido Acción Nacional (PAN) —el hábil y elocuente intelectual Gómez Motín, versión derechista de Lombardo— fue más típico y efectivo que viejos veteranos como Amaro, cuyo sangriento historial y mentalidad autodidacta le descalificaban para ocupar el cargo presidencial que él codiciaba. Es posible que Amaro ardiese en deseos de hacerse con el poder por medio de un cuartelazo, pero los tiempos ya no eran propicios. Almazán habló de rebelión en 1940, pero no pasó de ahí. Sin embargo, un veterano permanecía aferrado a las viejas costumbres, incapaz de comprender las nuevas. Durante años Saturnino Cedillo había dirigido el estado de San Luis Potosí como gran «patriarca de pueblo» más que como el cacique nuevo, líder de masas organizadas que se estaba convirtiendo rápidamente en la norma[52]. Contaba con el apoyo de sus colonos agrarios (que habían luchado por él en las guerras de la Revolución y los cristeros), con la simpatía de los católicos, a quienes protegía, y con una red de pequeños caciques municipales. Patrocinador de una extensa reforma agraria de tipo personal y popular, Cedillo toleraba ahora a los terratenientes y hombres de negocios que huían del radicalismo cardenista. Sus relaciones con el movimiento obrero eran generalmente hostiles, y como secretario de Agricultura (cargo con el que Cárdenas había recompensado el respaldo que Cedillo le diera contra Calles) promovía el clientelismo y fomentaba la colonización con preferencia a la colectivización y se ganaba el odio de radicales como Mágica. En San Luis, donde su poder perduró, los sindicatos independientes adquirieron fuerza con el apoyo de la CTM, que aprovechó las huelgas que hubo en las plantas de Atlas y Asarco para debilitar el control local de Cedillo, alegando que éste era amigo del fascismo internacional (lo cual era dudoso) y enemigo del movimiento obrero (lo cual era cierto). En 1937 el PNR se incorporó a la partida y discutió el control de las elecciones al Congreso por parte de Cedillo, y, según los cedillistas, Mágica, Lombardo y la izquierda forzaron su salida de la Secretaría de Agricultura. En las postrimerías de 1937 Cedillo se encontraba en San Luis, resentido, acariciando pensamientos de rebelión, alentado por consejeros ambiciosos y por el palpable crecimiento del descontento conservador.

Convertir el descontento general en una oposición política efectiva no fue tarea fácil, especialmente si se tiene en cuenta que las ideas de Cedillo eran primitivas y sus aliados en potencia eran tan dispares. Aunque planeaba una campaña política, puede que presidencial, también preveía, probablemente con satisfacción, la perspectiva de una revuelta armada. Sin embargo, las propuestas a posibles aliados fueron en su mayor parte un fracaso. Las empresas de Monterrey aportaron un poco de dinero; hubo conversaciones con las compañías petroleras, pero no se llegó a ningún acuerdo (la idea de que la revuelta de Cedillo no sólo la financiaron, sino que también la maquinaron dichas compañías está muy extendida, pero es falsa); y conservadores prominentes como el general Almazán, que mandaba en el noreste, o Román Yocupicio, el gobernador de Sonora, preferían el obstruccionismo político a la rebelión declarada. Cedillo tuvo que apoyarse en sus recursos locales, especialmente sus quince mil veteranos agrarios. Pero también aquí se vio obligado a ponerse a la defensiva. Enterado de las intenciones de Cedillo, el gobierno hizo cambios en los mandos militares, fomentó el reclutamiento de la CTM en San Luis y, la más espectacular de todas las medidas, puso en marcha una importante reforma agraria que repartió hasta un millón de hectáreas de tierra potosina, creando con ello una clientela rival, agrarista, en casa del propio Cedillo. Era claro que el cacicazgo de Cedillo iba a correr la misma suerte que el de Garrido en Tabasco o el de Saturnino Osomio en Querétaro. Pero Cárdenas ofreció a su viejo aliado una salida honorable nombrándole comandante militar en Michoacán. Durante la primavera de 1938 Cedillo debatió, planeó y negoció. Finalmente, se negó a abandonar San Luis y Cárdenas, temeroso de que su desafío fuera contagioso, fue por él. En otra de sus dramáticas iniciativas, Cárdenas llegó a San Luis (mayo de 1938), dirigió la palabra al pueblo y pidió a Cedillo que se retirara. En vez de ello, Cedillo se rebeló; o, como dijo un partidario suyo: «No se levantó, lo levantaron». Fue una rebelión poco entusiasta, una demostración de disgusto más que un pronunciamiento serio. A decir verdad, Cedillo tuvo el gesto humanitario de aconsejar a la mayoría de sus seguidores que se quedaran en casa y prefirió echarse al monte con la esperanza de que hubiera alguna apertura favorable en 1940 (exactamente como había hecho en 1915). Pero en 1938 los tiempos habían cambiado. Apenas si hubo revueltas de simpatía en Jalisco, Puebla y Oaxaca; incluso en el propio San Luis los cedillistas estaban divididos y muchos tomaron partido por Cárdenas, que seguía en el estado, viajando, haciendo propaganda y revelando a todos la falta de sustancia de las pretensiones de Cedillo. Muchos de los rebeldes fueron amnistiados; unos cuantos, entre ellos el mismísimo Cedillo, fueron perseguidos y muertos. Se dijo que Cárdenas lo lamentó sinceramente.

Así concluyó la última rebelión militar al viejo estilo del largo ciclo revolucionario. Todavía andaban persiguiendo a Cedillo por las montañas de San Luis cuando la oposición conservadora ya empezaba a reunir sus fuerzas para participar pacíficamente en las elecciones de 1940. Alarmado por la revuelta de Cedillo y por el empeoramiento de la situación económica, el gobierno se propuso buscar la conciliación. Restringió la reforma y suavizó la retórica. Durante su extensa gira de 1939 por el territorio de Almazán en el norte, Cárdenas se esforzó por negar la acusación de «comunista»; en Saltillo alabó al mundo empresarial del noreste, afirmando que era parte constituyente de las fuerzas vivas y respetables del país (términos que contrastaban con las censuras que había expresado tres años antes en Monterrey). A estas alturas la negación del «comunismo» y el énfasis en el consenso constitucional ya formaban parte del repertorio habitual[53]. El Congreso se hallaba entregado a la tarea de diluir el programa de educación socialista; la CTM demostraba su preocupación por la unidad nacional y el equilibrio social presionando a los sindicatos para que evitaran las huelgas (muchas de las cuales estaban pendientes) al mismo tiempo que negaba que aspirase a la abolición de la propiedad o a la dictadura del proletariado. Que se juzgara necesario negar estas cosas es un comentario elocuente de la labor alarmista llevada a cabo por los conservadores. Pero había una lógica bien fundada detrás de las afirmaciones conciliatorias de Cárdenas, que la derecha, en cierto sentido, aceptó. En lugar de comprometer y desplegar sus abundantes recursos en el espacioso ruedo de la política oficial, la derecha prefirió permanecer fuera de él, agrupada en una coalición de partidos conservadores y fascistoides, con la esperanza de que la continuación del radicalismo provocara el derrumbamiento total del cardenismo, del cual la derecha se beneficiaría inmensa y permanentemente. Por consiguiente, la derecha «prefiere [prefería] ver [una] aceleración de [el] programa radical, alegando que alguna reacción sería más probable bajo una administración nueva»[54]. De hecho, no podía descartarse un golpe de Estado de signo conservador, que posiblemente uniría a militares y sinarquistas, si Cárdenas imponía un sucesor radical que defendiera un programa igualmente radical. En semejante clima —que los críticos «de salón» no tenían en cuenta— la conciliación poseía una lógica clara.

Fue en este clima que se abordó el asunto de la sucesión presidencial en el verano de 1938. Dentro y fuera del PRM empezaron a formarse grupos rivales que eran conscientes de que las elecciones de 1940 serían decisivas desde el punto de vista político. Los comicios ofrecían una oportunidad de detener el cardenismo (vehículo que ya estaba perdiendo velocidad); de colocar en el poder un régimen moderado o francamente conservador; o, por el contrario, de continuar la reforma a buen ritmo. El papel del propio Cárdenas, que ha sido debatido a menudo, fue importante, pero no decisivo. Su poder personal iba disminuyendo y el presidente no pudo impedir las especulaciones en torno a su sucesión. Aun en el caso de haberlo deseado, él solo no podía determinar el resultado electoral; tampoco podía el PRM, que, aunque fuese un leviatán, era un monstruo enorme, carente de coordinación y de un cerebro rector que guardase proporción con su volumen corporativo. Dividido internamente, el partido no podía garantizar una sucesión sin problemas; a decir verdad, el hombre que destacaba como heredero forzoso, Ávila Camacho, se valió de organizaciones paralelas, ajenas al partido, para preparar su campaña con vistas a obtener la candidatura, que el PRM confirmó una vez fue un hecho consumado. El conflicto se vio agravado por la abnegación política de Cárdenas. Descartó su propia reelección y abogó por una selección auténticamente libre en el seno del PRM. Lo que determinaría la sucesión serían las nuevas organizaciones de masas creadas durante el decenio de 1930. Por audaz e inteligente que fuera, esta insólita negativa de un presidente saliente a elegir su sucesión —o, como mínimo, a influir mucho en ella— constituyó una invitación al faccionalismo, una automutilación del poder presidencial y una sentencia de muerte para la izquierda oficial. Ésta, que apoyaba a Francisco Mágica, amigo íntimo y consejero de Cárdenas, se llevó una decepción al no recibir el respaldo del presidente. Sus rivales del centro-derecha, que apoyaban a Ávila Camacho, el secretario de Guerra, les ganaron por la mano contraviniendo los deseos presidenciales y empezando su campaña en 1938, tras lo cual la izquierda estuvo a la defensiva. Asimismo, Ávila Camacho había preparado bien el terreno. Miembro de una poderosa familia política de Puebla, astuto aliado de Cárdenas durante los años treinta, era un político de carrera más que un caudillo, a pesar de sus estrellas de general. Sin embargo, en su cargo de secretario de Guerra (y Guerra era todavía la antesala de la presidencia, como más adelante lo sería Gobernación), se había ganado el amplio, aunque no abrumador, apoyo de los militares, lo cual era una consideración importantísima en vista de los temores a un cuartelazo que existían en aquel momento y que por última vez afectarían seriamente el asunto de la sucesión. También contaba con la mayoría de los gobernadores de los estados, alineados por su diestro director de campaña, el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán; y con ellos llegaron numerosos caciques locales que, con el fin de conservar sus feudos pese al creciente poder federal, convirtieron un cardenismo oportunista en un avilacamachismo igualmente oportunista. El Congreso, en especial el Senado, se convirtió en un nido de avilacamachistas.

Los sectores organizados del partido detectaron el rumbo que tomaban los acontecimientos y, dirigidos por sus líderes, no tardaron en someterse. La CNC, a la que Cárdenas dejó que tomara su propia decisión, fue presa de manipuladores de menor importancia y su voto abrumador a favor de Ávila Camacho fue denunciado inmediatamente por los mugiquistas, que afirmaron que era una parodia de la opinión de los campesinos, prueba de que la CNC se había transformado rápidamente en un simple «fantasma» controlado por burócratas que no representaban a nadie[55]. Más importante fue el hecho de que la CTM se declarase a favor de Ávila Camacho, para lo cual sus líderes aportaron unos argumentos ya consabidos: que la unidad era importantísima, que ante las amenazas fascistas, así internas como externas, 1940 era un momento para la consolidación y no para el avance (el PCM rechazó las propuestas mugiquistas y adoptó la misma postura). La CTM sublimó su radicalismo compilando un extenso segundo Plan Sexenal que preveía más dirigismo económico, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y una forma de democracia «funcional». Vilipendiado por la derecha, que lo tildó a la vez de comunista y fascista, el plan mostraba una fe ingenua en las propuestas sobre el papel y en la capacidad de la CTM para hacerlas realidad. En cuanto al candidato al que la CTM esperaba ligar de esta manera, Ávila Camacho confirmó amablemente las propuestas. Pero resultó que el programa definitivo del PRM fue un documento previsiblemente moderado.

Favorecido por las circunstancias, Ávila Camacho pudo contar con el apoyo tanto del centro como de la izquierda. También hizo un llamamiento a la derecha: como candidato y presidente electo, cultivó la retórica «moderada» de la época, haciéndose eco de las negaciones de comunismo de Cárdenas e ingeniándoselas para hacer suyo el creciente sentimiento anticomunista, a pesar del apoyo del PCM a su candidatura. Se previno a los trabajadores contra la militancia y se les aconsejó que protegieran lo que ya habían conquistado; se tranquilizó a los pequeños propietarios; se alabó a los hombres de negocios de Monterrey diciendo de ellos que eran los que sueñan y trazan planes para la prosperidad y la grandeza de México[56]. También en lo referente a la educación (que seguía siendo un asunto palpitante) se mostró Ávila Camacho partidario de la moderación y la reconciliación, rechazó las teorías doctrinarias y abogó por el respeto a la familia, la religión y la cultura nacional; se observó que era «recibido cordialmente» en Los Altos, el viejo núcleo de los cristeros[57]. Y en septiembre de 1940, ya elegido, declaró en tono vibrante su fe: «Yo soy creyente». Durante toda la campaña su retórica —que hacía hincapié en la libertad, la democracia (que ahora se contraponía con frecuencia al comunismo) y, sobre todo, la unidad— contrastó con el pugnaz radicalismo de Cárdenas seis años antes. Pronto se vio claramente que Ávila Camacho estaba «poco a poco negando la continuidad cardenista expresada en el Plan Sexenal»[58]. A pesar de ello, la CTM, la principal progenitora de dicho plan, continuó respaldando al candidato e incluso haciéndose eco de sus soporíferos sofismas.

Así pues, Ávila Camacho tenía algo que ofrecer a todo el mundo y apoyaba a los de la CTM y a los cristeros, a los trabajadores y a los capitalistas; más que en el caso de Cárdenas seis años antes, había aquí un atractivo totalmente populista en el cual las diferencias de credo y de clase social quedaban inmersas en una glutinosa unidad nacional. Las circunstancias de 1940 eran propicias y la estrategia dio buenos resultados, hasta cierto punto. La burguesía de Monterrey hizo apuestas compensatorias, conforme al procedimiento clásico de los grandes empresarios: respondió positivamente a las propuestas de Ávila Camacho, lo cual le proporcionó cierta influencia en el seno del partido oficial; pero también patrocinó a su principal rival católico, el PAN (y quizá también a la UNS). El PAN vivió momentos de angustia tratando de decidir si debía respaldar a la oposición o —como probablemente preferían sus amos de Monterrey— adoptar una actitud más prudente y abstenerse. Finalmente, el partido resolvió apoyar a la oposición «de forma muy condicional», lo cual representaba lo peor de ambas opciones. Los líderes sinarquistas también orientaron sus velas al viento, rechazaron a Almazán y, persuadidos por Alemán, recomendaron la abstención: una prueba más de la creciente división entre ellos y sus seguidores radicales que la destitución del líder populista Salvador Abascal en 1941 acentuó.

Los titubeos del PAN y de la UNS dividieron todavía más a una oposición ya dividida. La plétora de partidos, grupos y posibles candidatos conservadores daba testimonio de la amplitud de los sentimientos contra el gobierno, pero también dificultaba la cooperación contra el enemigo común. El PAN y la UNS —el cerebro intelectual y el músculo popular de la derecha católica— fueron manipulados y marginados. Otros grupos servían los intereses personalistas de caudillos envejecidos: el Frente Constitucional Democrático Mexicano (FCDM) apoyaba al siempre oportunista y optimista general Rafael Sánchez Tapia; el PRAC, capitaneado por viejos jefes callistas como Manuel Pérez Treviño, respaldó a Amaro, pero cuando la candidatura de éste empezó a ir mal (su imagen de superviviente violento de una época pretoriana ya periclitada no era ninguna ayuda y se vio intensificada por el agresivo manifiesto con que abrió su campaña), el PRAC se negó de mala manera a trasladar su apoyo al principal contrincante, Almazán[59]. Porque fue Almazán, respaldado por una coalición variopinta, quien se erigió ahora en principal adversario de Ávila Camacho. Dotado de experiencia política, rico (se le calculaba una fortuna de cinco millones de pesos) y más listo que Amaro (había demostrado poseer «un talento notable para el engaño y las tretas» durante su accidentada trayectoria revolucionaria, y era «demasiado astuto» para respaldar a Cedillo en 1938), Almazán poseía extensos intereses en Nuevo León, donde tenía su mando militar y donde gozaba de buenas relaciones con el grupo de Monterrey[60]. Al negársele la oportunidad de encauzar sus conocidas ambiciones por medio del PRM —como Cárdenas esperaba que hiciese—, Almazán se benefició de los errores y las flaquezas del resto de la oposición; y, al negársele el apoyo total de los grupos derechistas organizados (PRAC, PAN, UNS), dependía más de grupos de electores numerosos y difusos —los católicos, la clase media, los pequeños propietarios— cuya integración en el partido almazanista, el Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), era poco firme. Aunque fuera débil desde el punto de vista de la organización, el almazanismo era poderoso en potencia, especialmente porque el candidato poseía un atractivo superior al de un caudillo rechazado y despreciado como Amaro. Movilizó a los liberales de clase media, que volvieron a vivir la protesta constitucional de 1929; a los campesinos, que estaban desencantados de las triquiñuelas de la CNC y de la lentitud o pura y simple corrupción de la reforma agraria; a los militares jóvenes (a sus jefes los había conquistado el PRM); y a muchos grupos de la clase obrera, en especial a los grandes sindicatos industriales, los ferroviarios y los petroleros, que se oponían al clientelismo lombardista y a la coacción cardenista, así como a los electricistas y los tranviarios, a secciones de los mineros y al fisiparo sindicato de maestros, a los sindicatos de Guadalajara y a los trabajadores del azúcar de Los Mochis, víctimas recientes de un golpe interno maquinado por la CTM. En el espacioso seno del almazanismo cabía también el trotskista Partido Revolucionario Obrero Campesino (PROC), encabezado por Diego Rivera, cuyo enlace ilícito con la derecha fue el resultado lógico del apenas más lícito enlace del PCM con el centro.

El almazanismo constituía, pues, una cueva de Adulam en la cual se reunían todos los grupos que eran hostiles a la manipulación oficial y criticaban a un régimen que, según su candidato, lejos de hacer realidad las promesas de la Revolución, había desorganizado la economía y traído carestía y pobreza al pueblo[61]. Este fue el tono del llamamiento de Almazán: amplio, ecléctico, crítico con el régimen, pero con unas propuestas que no eran demasiado específicas ni demasiado radicales. Almazán censuraba el fracaso económico, la corrupción oficial y la nociva influencia extranjera, fuese nazi o comunista; ponía a la izquierda como un trapo (especialmente a Lombardo) y recurría a otra clase de populismo, concluyendo los discursos con gritos de «Viva la Virgen de Guadalupe» y «Mueran los gachupines» (los «gachupines» ya no eran los españoles que calzaban espuelas de la época colonial, sino los odiados refugiados republicanos). El propio Avila Camacho hacía hincapié en los valores nacionales y el rechazo al comunismo, por lo que había un gran parecido entre la retórica de los candidatos; Luis González sólo exagera un poco cuando dice que Almazán hubiese podido ser el candidato del PRM y Ávila Camacho, el del PRUN[62].

Cárdenas esperaba que se celebrara un debate abierto y que las elecciones fuesen libres. No quería imponer un sucesor al partido ni al país. «Si el pueblo quiere a Almazán —dijo a un colega—, lo tendrán»[63]. Aunque característica, esta actitud era nueva y arriesgada. El presidente mismo podía permanecer imperturbable mientras prosperaba la candidatura de Almazán, respaldada por concentraciones enormes como no se habían vuelto a ver desde los tiempos de Madero; incluso pudo reconocer, en la noche de las elecciones, que la oposición había ganado y que Almazán debía subir al poder. Pero otros, al ver que peligraban su posición y su política, mostraron menos ecuanimidad democrática; la révolution en danger justificó que se tomaran medidas duras. La CTM entró en acción y presionó a los sindicatos que la constituían, organizó manifestaciones, atacó físicamente las sedes de la oposición, maquinó golpes internos en las organizaciones recalcitrantes (tales como la CGT y el STFRM). Los almazanistas se quejaban de despidos y palizas; hubo ataques contra trenes y mítines, a veces con consecuencias mortales. La administración también demoró las leyes relativas al sufragio femenino, temiendo con razón que las mujeres darían su voto a la oposición. Una campaña sucia culminó con unas elecciones también sucias (julio de 1940), que se celebraron bajo leyes electorales que eran una invitación al fraude y a la violencia. A lo largo y ancho del país facciones del PRM y del PRUN se disputaban el control de las casillas electorales y la CTM utilizó la fuerza para apoderarse de muchas de ellas. Hubo robo de urnas, se registraron numerosos heridos (y treinta víctimas mortales sólo en la capital) e incontables quejas de abusos oficiales. Se dijo que en Monterrey, la capital del feudo de Almazán, obligaron a los trabajadores de correos, e incluso a los presos, a votar a favor de la candidatura oficial, que triunfó por 53.000 votos contra 13.000 (el PRUN dijo que había obtenido 63.000). La prensa comentó que todo ello era una nueva demostración de la «incapacidad democrática» del pueblo mexicano. Es posible que Cárdenas pensara lo mismo. Pero si la fuerza y el fraude eran evidentes, también lo fue la participación generalizada. Poblaciones como Tampico registraron la mayor afluencia de votantes de todos los tiempos[64].

El resultado final dio a Ávila Camacho 2,26 millones de votos comparados con los 129.000 de Almazán. El PRUN afirmó que había obtenido 2,5 millones y su afirmación no carecía de fundamento. Desde luego, Almazán ganó en las ciudades principales, donde el control oficial era más difícil y la movilización de la CTM no fue lo que se esperaba; pero en México, como en otras partes de América Latina, el voto cabreste fue favorable al gobierno, justificando así el tranquilizador informe que el secretario de Gobernación dio al presidente la noche de las elecciones de que el voto de los campesinos dirige el resultado de las elecciones a favor de Ávila Camacho[65]. Al igual que Madero en 1910, Almazán se retiró a Estados Unidos profiriendo acusaciones de fraude y desafíos. La analogía no se pasó por alto: al mártir almazanista general Zarzosa, que resultó muerto cuando la policía intentó detenerle, le asignaron el papel de Aquiles Serdán de 1940. Pero la analogía no era justa. Los tiempos habían cambiado y Almazán era demasiado astuto —además de demasiado «gordo, enfermo y rico»— para arriesgarse a una rebelión[66]. Estados Unidos (como confirmó Alemán en una visita rápida) no ayudaría ni alentaría a Almazán. Y la coalición almazanista, aunque amplia, era demasiado dispar para lanzar un desafío concertado (Lombardo temía a los militares, pero Ávila Camacho y sus partidarios habían tomado las medidas oportunas y Cárdenas tuvo la precaución de hacer cambios en los puestos de mando clave y de visitar personalmente al almazanista norte; a estas alturas los temores de Lombardo al militarismo y al fascismo estaban adquiriendo cierta artificiosidad teatral). En un «país organizado» la rebelión tenía que ser un asunto profesional y no una quijotesca repetición de 1910; el régimen del PRM no era el régimen de Porfirio. Sobre todo, el descontento político no entrañaba compromiso revolucionario. Mucha gente de la derecha (sobre todo el grupo de Monterrey) se dio por satisfecha con asestarle un sopapo en las narices al régimen, para que en lo sucesivo fuera más prudente. De igual modo, los sindicatos industriales, al flirtear con Almazán, no se comprometieron más con la rebelión armada que con el populismo conservador, aunque se convirtieron en blanco de la administración entrante, que no olvidó su deserción. Así pues, más que una revolución manqué, 1940 fue un réquiem por el cardenismo: reveló que las esperanzas de una sucesión democrática eran ilusorias; que el respaldo electoral del régimen tenía que fabricarse; y que las reformas cardenistas, si bien creaban ciertas clientelas leales (algunas eran leales por convicción; otras por cooptación), también habían dado origen a adversarios formidables que ahora esperaban pasar a la ofensiva.

Ávila Camacho se presentó candidato a la presidencia recalcando la conciliación y la unidad nacional, y rechazando el comunismo y la lucha de clases[67]. Y así continuó después de 1940, con la retórica reforzada por el trauma electoral de aquel año, por la creciente participación de México en la guerra y por la dependencia económica y militar de Estados Unidos fomentada por la contienda. El «presidente caballero» hizo llamamientos sistemáticos a la unidad con el fin de producir, exportar e industrializar el país, así como ofrecer resistencia al fascismo, la inflación y el comunismo. Durante este proceso gran parte de la derecha disidente de 1940 se incorporó a la política oficial (aunque no colonizara al PRM, aceptó las reglas del juego, como también las aceptaron los líderes del PAN e incluso los de la UNS). La izquierda, mientras tanto, se encontraba haciendo de instrumento —o de víctima— en lugar de dirigir la política. No pudo o no quiso detener el movimiento hacia la derecha que la retórica del consenso disimulaba: el declive de la reforma agraria, la limitación del control obrero, un énfasis renovado en la empresa privada y la agricultura comercial, el crecimiento dinámico de las inversiones privadas y extranjeras (y de los beneficios a costa de los salarios), el acuerdo con la Iglesia y la eliminación de la educación socialista.

El acercamiento a Estados Unidos ya estaba en marcha cuando Ávila Camacho subió al poder. Los acontecimientos de 1941-1942, que motivaron la entrada en guerra tanto de Estados Unidos como de México, sirvieron para acelerar esta tendencia. A raíz del ataque contra Pearl Harbor, México rompió sus relaciones con las potencias del Eje, concedió derechos especiales a la marina de guerra estadounidense y a partir de enero de 1942 colaboró en una comisión conjunta de defensa. La principal aportación de México seguía siendo económica: la «batalla por la producción» que el presidente anunció en su mensaje de Año Nuevo de 1942. En mayo del mismo año el hundimiento de barcos mexicanos por submarinos «totalitarios» (alemanes) en el Golfo provocó protestas y —al ver que no se hacía caso de las mismas— una declaración en el sentido de que existía un «estado de guerra» entre México y el Eje. Por medio de este concepto diplomático nuevo (no se hizo ninguna declaración de guerra oficial) el gobierno daba a entender que la guerra era una lucha defensiva, impuesta a un pueblo que no la quería. Durante 1942-1943 la defensa del continente, especialmente de la costa occidental, dominó el pensamiento estratégico mexicano y estadounidense. La cooperación militar empezó pronto, pero chocó con serios obstáculos, monumentos a la relación desigual, históricamente antagónica de los dos países. Para los mexicanos la reorganización y la modernización de las fuerzas armadas tenían mucha prioridad. En 1942 se instituyeron el servicio militar nacional y la defensa civil, se creó el Consejo Supremo de la Defensa, y Cárdenas —que ya mandaba en la importantísima zona del Pacífico— fue nombrado secretario de Guerra (medida que calmó los temores nacionalistas de que la colaboración llegara demasiado lejos y fuese excesivamente rápida, y que reforzó aún más tanto el compromiso de la izquierda con la guerra como su confianza en el futuro). Durante las largas y delicadas conversaciones sobre los derechos militares de los estadounidenses en México (vigilancia con radar, derechos de desembarco, patrullas navales, cadenas de mando) el ex presidente demostró ser un negociador obstinado. Mientras tanto, Estados Unidos proporcionó créditos para la modernización de las fuerzas armadas mexicanas y durante 1940-1943 se registró un breve cambio de dirección en el descenso secular de los gastos militares. El matériel nuevo se exhibió en el desfile militar que, como todos los años, se celebró el 16 de septiembre de 1942, con la esperanza de que avivara el entusiasmo de las masas pacíficas y, con mayor seguridad, de los generales a los que iba destinado, cuyas ansias de participar en la guerra fueron creciendo a medida que se recibía el material nuevo al mismo tiempo que el conflicto empezaba a ser favorable a los aliados. Porque a principios de 1943, una vez ganada la batalla de Stalingrado y (más importante) la de Midway, la postura defensiva de México dejó de tener fundamento. El antiguo temor a un descenso japonés sobre la Baja California y otros puntos del sur fue enterrado definitivamente. Se planteó entonces el asunto de la participación activa, estimulada por generales que querían luchar, por políticos que buscaban un puesto en la conferencia de paz de la posguerra y por Estados Unidos, que consideraban que la participación mexicana sería ventajosa con respecto al resto de América Latina y las futuras relaciones mexicano-norteamericanas. Por consiguiente, se seleccionó una escuadrilla de las fuerzas aéreas —la famosa número 201— y, después de su preparación, se la envió al frente del Pacífico, adonde llegó, lista para combatir, en la primavera de 1945.

Fue un gesto simbólico importante y afortunado desde el punto de vista del gobierno, aunque participaron sólo cuarenta y ocho dotaciones aéreas, todas ellas formadas por profesionales. Más delicada fue la cuestión del servicio militar obligatorio, que reveló el abismo que había entre el compromiso oficial con la guerra y la indiferencia o la hostilidad popular. No se enviaron reclutas al frente, pero ello no venció la antigua antipatía que despertaba el servicio militar, y el problema se complicó cuando ciudadanos mexicanos que residían al norte de la frontera fueron llamados a servir en el ejército de Estados Unidos. (Condonada por un acuerdo gubernamental, esta medida supuso el reclutamiento de unos 15.000 mexicanos, entre los que hubo un 10 por 100 de bajas). Dentro de México el servicio militar provocó protestas generalizadas, a veces violentas, en las cuales la antigua causa antirrevolucionaria católica se mezcló con un agravio sincero y nuevo (la presencia de Cárdenas en la Secretaría de Guerra fomentó esta amalgama). Se cortaron líneas telegráficas, hubo ataques contra camiones y cuarteles del ejército, todo ello acompañado de gritos de «muerte a Cárdenas y al servicio militar obligatorio», «Viva el sinarquismo» y «Viva la Virgen de Guadalupe». El incidente más grave se produjo cuando trescientos rebeldes lucharon contra el ejército en Puebla. Pero el gobierno dio garantías de que el servicio militar obligatorio no supondría servir fuera de México y ello sirvió para aplacar las protestas; la UNS, que ya estaba debilitada por las divisiones internas y por el deseo de sus líderes moderados de llegar a un acuerdo con el régimen, perdió su última causa, la mejor de todas ellas, y entró en decadencia. En 1944 un decreto del gobierno la disolvió.

Las protestas violentas fueron sólo el ejemplo más extremo de la distancia que separaba las actitudes oficiales y populares ante la contienda. La participación de México había recibido el apoyo de la izquierda (CTM, PCM) y, curiosa y significativamente, de la jerarquía católica, de la mayor parte de la prensa de derechas, del PAN y de otros grupos conservadores. Renació así un poco el nacionalismo bipartidista de 1938. Sin embargo, como revelaron las encuestas, incluso los miembros y cuadros del partido estaban divididos en torno al asunto; el hombre de la calle no compartía el espíritu belicoso del gobierno, a menos que fuera un izquierdista comprometido. El Tiempo resumió acertadamente la situación cuando dijo que el «pueblo no organizado» era el menos belicoso y el más suspicaz[68]. Al igual que en anteriores causas oficiales —el anticlericalismo, la educación socialista— una minoría organizada impuso la belicosidad a una población escéptica. Ante semejante indiferencia, y temeroso de la posible actividad de una quinta columna (que no se materializó), el gobierno recurrió a controles y exhortaciones. Se suprimieron las garantías constitucionales, se incrementó la vigilancia interna, se concedieron poderes extraordinarios al ejecutivo. En general, estos poderes se usaron con moderación, la suficiente para desviar las críticas. La administración también organizó una campaña sostenida de propaganda cuyo objetivo era ganarse el apoyo popular: así pues, la guerra ofreció un terreno magnífico para construir el consenso nacional con el cual estaba comprometido el régimen y al que ahora también contribuía Estados Unidos, no, como en 1938, en el papel de enemigo externo, sino en el de codemocracia y aliado militar. Destacados políticos engrosaron un coro de unión patriótica que empezó con el solemne entierro de una víctima del torpedeado petrolero Potrero de Llano y culminó con el desfile militar del 16 de septiembre de 1943, al que pasaron revista seis ex presidentes, Cárdenas codo a codo con Calles y, por supuesto, Ávila Camacho. La prensa, censurada por la ley pero estimulada decididamente por un generoso suministro de papel de periódico de procedencia estadounidense, colaboró de buen grado; los carteles callejeros y el cine (este último favorecido también por la largueza estadounidense) repetían el mensaje del patriotismo, la unidad del hemisferio y el esfuerzo productivo. La propaganda, tanto mexicana como estadounidense, empapaba a la población, diluyendo el antiamericanismo y estimulando, en primer lugar, la conformidad y, en segundo lugar, la adhesión a la causa aliada[69]. La penetración del modo de vivir norteamericano —el pochismo que Vasconcelos había denunciado durante años y que había crecido con las carreteras, el turismo y la industrialización del decenio de 1930— se aceleró así durante la guerra, en México igual que en Europa. Coca-Cola, Greta Garbo, Palmolive y el protestantismo parecían ubicuos; y los protestantes (que en modo alguno eran los agentes más efectivos del pochismo) empezaron a sufrir una furiosa reacción católica.

La influencia específica de la propaganda bélica es difícil de evaluar y fácil de exagerar. La colaboración económica fue más efectiva en lo que se refiere a cambiar las costumbres mexicanas y vincular los destinos de las dos naciones vecinas. Las tendencias pueden resumirse estadísticamente: en 1937-1938 una tercera parte del comercio de México se hacía con Europa; en 1946 la cifra había descendido hasta quedar en un 5 por 100 (de las importaciones) y un 2 por 100 (de la exportaciones); Estados Unidos absorbió el 90 por 100 de las exportaciones mexicanas en 1940 y suministró el 90 por 100 de las importaciones en 1944. Por otra parte, el comercio exterior de México había aumentado de forma apreciable: las exportaciones, de 6,9 millones de pesos (promedio de 19391941 en pesos de 1960) a 9,1 millones (1943-1945), de los cuales 1,1 millones correspondían al dinero que los emigrantes mandaban a casa; las importaciones pasaron de 6,1 millones a 9,1 millones. Durante este proceso México pasó de un superávit del comercio patente en 1942-1943 a un modesto déficit en 1944 (1,6 millones de pesos) y a déficits todavía mayores en 1945 (2,8 millones) y 1948 (5,4 millones), al relajar Estados Unidos sus controles y producirse una avalancha de importaciones. Al incremento del comercio lo acompañó otro de las inversiones estadounidenses, especialmente en la industria manufacturera. La transición de una economía basada en la exportación de materias primas a otra en la que una importante industria manufacturera satisfacía la demanda interior se aceleró durante la guerra, aunque con la consecuencia de intensificar la participación estadounidense y crear una dependencia sin precedentes del exterior (por una vez el término es totalmente apropiado).

En el campo económico, como en el militar, la nueva intimidad entre México y Estados Unidos no fue fácil de crear. La industrialización era ahora el capítulo clave de la política del gobierno, y Ávila Camacho, Lombardo y otros hacían hincapié en ella por considerarla el medio de ampliar el producto social, librarse del atraso agrario y mitigar —aunque no evitar— las vicisitudes del ciclo económico. La cooperación con Estados Unidos brindó una vía rápida para alcanzar la industrialización, mas para que confiriese la deseada autonomía económica tenía que ser cooperación en las condiciones apropiadas. Las compañías petroleras intentaron explotar la colaboración bélica y la escasez de fondos de PEMEX para recuperar sus propiedades, pero los mexicanos ofrecieron resistencia, aunque ello conllevara una restricción de los créditos extranjeros. Por razones parecidas, las negociaciones relativas a un tratado comercial bilateral (objetivo a largo plazo de los mexicanos) resultaron arduas, aunque finalmente dieron fruto. México se esforzó en todo momento por proteger la industria nacional mientras negociaba una rebaja de los aranceles estadounidenses, el acceso a créditos de la misma nacionalidad y mayores facilidades para la importación de bienes de capital y de ciertas materias primas (que escaseaban y estuvieron sometidas a controles estadounidenses durante la guerra). Estados Unidos pretendía tener acceso garantizado, a corto plazo, a recursos mexicanos clave (minerales, petróleo y, en no menor medida, mano de obra) y, quizá, la subordinación a largo plazo de la economía mexicana a la suya. El tratado comercial de carácter general que se firmó en diciembre de 1942 fue complementado por una serie de acuerdos específicos que abarcaban productos concretos; entre 1943 y 1945 la Mexican-American Commission for Economic Cooperation encauzó créditos estadounidenses hacia diversos proyectos; acero, papel, presas, energía hidroeléctrica, cemento y productos químicos. De esta manera dieron fruto los anteriores planes de cooperación apoyados por Cárdenas y Roosevelt pero arrinconados en 1938. La oferta de créditos, con todo, fue limitada en su duración y cuantía: en 1946 Estados Unidos ya había desviado sus prioridades hacia Europa, declarando que las instituciones privadas tenían la obligación de satisfacer los requisitos de México.

La segunda guerra mundial, al igual que la primera, provocó un giro espectacular en el recurrente flujo y reflujo de migración mexicana a Estados Unidos (también surtió un efecto al que se dio menos publicidad y que fue la atracción de emigrantes guatemaltecos en el sur de México, con consecuencias desastrosas para la mano de obra local). Unos diez años después de que las masas de emigrantes se encaminaran hacia el sur, empezaron a volver al norte, a razón de unos 6.000 al mes en el verano de 1942. Llegaban de todas las partes de México y representaban gran variedad de oficios y circunstancias; la mayoría de ellos eran jóvenes y solteros, a la vez que muchos tenían empleo, una especialización e incluso estudios. Ambos gobiernos procuraron controlar esta corriente espontánea: el estadounidense, con el fin de garantizar mano de obra suficiente para la voraz economía de guerra; el mexicano, para evitar la escasez de mano de obra en su país y los abusos cometidos contra los trabajadores inmigrantes en el extranjero, abusos que los débiles esfuerzos de las autoridades estadounidenses no podían impedir. En 1942 el número de trabajadores y las condiciones de empleo ya se habían fijado por medio de un acuerdo entre los gobiernos. Pero la demanda de puestos de trabajo era tan grande, que cuando la contratación laboral oficial empezó en México las oficinas se vieron sitiadas por los solicitantes; en marzo de 1944 tres mil de ellos se reunieron en el estadio nacional de Ciudad de México para obtener los codiciados permisos de bracero. Un año después el programa oficial amparaba a más de 120.000 trabajadores, cuyas remesas constituían el 13 por 100 del total de ingresos en divisas. Sin embargo, la migración ilegal se producía al mismo ritmo (con las correspondientes deportaciones, que se cifraban en 7.000 al mes cuando la demanda estadounidense empezó a disminuir a partir de 1944). Durante el período 1945-1946 se redujo progresivamente el cupo oficial; los braceros se unieron a los deportados que eran conducidos hacia el sur, donde engrosaban los atascos de la frontera o se alojaban en los barrios de chabolas de San Diego y del Valle Imperial. Para muchos el regreso al sur fue temporal porque un nuevo auge económico pronto atraería inmigrantes —legales e ilegales— hacia los campos y las fábricas del norte.

Así pues, la colaboración económica con Estados Unidos favoreció el proyecto avilacamachista de industrialización, conciliación social y consenso nacional. A su vez, estos objetivos exigían del presidente una actitud ostensiblemente imparcial en lo que se refería a repartir el poder y determinar la política que debía seguirse. Tenía que mostrarse moderado y equidistante en vez de militante y comprometido[70]. En el primer gabinete existía un buen equilibrio entre la izquierda y la derecha; en el Congreso la Cámara, que era izquierdista, contrarrestaba el conservadurismo del Senado. Pero, del mismo modo que Cárdenas se vio empujado hacia la izquierda, las circunstancias y su propia inclinación empujaron a su sucesor hacia la derecha. En el campo de la educación se produjo un alejamiento del «socialismo», primero en espíritu, luego de nombre. Bajo el nuevo secretario, Vejar Vázquez (1941-1943), la llamada «escuela de amor» (que no tenía nada que ver con la educación sexual que fomentara Bassols) sustituyó oficialmente a las escuelas socialistas; la educación servía ahora para apoyar las anodinas consignas del régimen, y los maestros comunistas se quedaron sin empleo. La nueva situación encantó a los grupos conservadores y católicos, que también acogieron con agrado la mejora de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La derecha oficial, encarnada por Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente, también controlaba la Secretaría de Comunicaciones, donde el secretario fomentaba sus propias ambiciones presidenciales, se peleaba con Lombardo y otros radicales supervivientes y (según se decía) abrigaba grandes planes destinados a debilitar a la CTM. También en los estados, las elecciones para gobernador provocaron un desplazamiento hacia la derecha (en 1945 se calculaba que sólo ocho de los treinta y un gobernadores eran cardenistas); en el Congreso los debates, las votaciones y los nombramientos revelaban un grado de confianza y agresividad que no se había visto en los conservadores desde los tiempos del maximato. La derecha oficial —en la que destacaban Maximino Ávila Camacho y Abelardo Rodríguez— formuló ahora una retórica nueva, afín a la de la administración en su interés por la unidad, la democracia y la derrota del fascismo, pero también acentuadamente anticomunista, crítica para con la CTM y pintando el cardenismo con los mismos colores rojos. A decir verdad, se hicieron intentos solapados de poner en aprietos al propio Cárdenas y hubo una sucia campaña de prensa contra Lombardo. Los izquierdistas incluso se encontraron con que la mano del ejecutivo actuaba contra ellos, en circunstancias turbias[71]. La izquierda no se veía reducida a la impotencia ante semejantes provocaciones: el presidente tuvo que hacerle concesiones (por ejemplo, arrojar el secretario de Economía a los lobos de la CTM en 1944); y tenía su propio repertorio de jugadas sucias (tales como el artificial consejo de guerra de Macías Valenzuela, ex gobernador de Sinaloa). La Universidad Nacional también fue escenario de un meticuloso acto de equilibrismo político. El fuerte abrazo del consenso nacional, al que se había entregado la mayoría de los actores políticos, dificultaba el franco pugilismo ideológico; el resultado eran sucias luchas intestinas en las cuales el ejecutivo, con su control de los tribunales, la maquinaria electoral y organismos paraestatales, tenía una ventaja decisiva frente a organizaciones de masas como la CTM. Tanto el clima como el modus operandi de la política estaban cambiando.

A pesar de juiciosas muestras de equilibrio presidencial, la tendencia —que se reveló en las elecciones al Congreso de 1943— era inexorablemente derechista. En parte respondía al deseo del presidente de construir una sólida clientela de centro-derecha en la asamblea legislativa. Para ello disponía de un buen instrumento: la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que hasta entonces había sido un conglomerado difuso y ahora se convirtió en el representante institucional de la clase política en particular y de la clase media en general (clase que era halagada de forma creciente por la retórica oficial). También demostró que era una criatura leal del ejecutivo y un contrapeso tanto de la izquierda oficial (principalmente la CTM) como de la oposición de clase media que había alterado los cálculos del PRM en 1940. Esto se vio con claridad en las elecciones al Congreso que se celebraron en 1943, con una prisa nada decorosa y los habituales chanchullos. La CNOP fue recompensada con 56 de las 144 candidaturas del PRM (la CTM obtuvo 21) y los extremos extraoficiales quedaron excluidos. Ni los comunistas ni la Liga de Acción Política de Bassols ganaron escaños, y el PCM aceptó estoicamente otro revés en nombre del consenso que la guerra requería y protestó menos ruidosamente que Bassols. El PAN, que presentó un puñado de candidatos de clase media en una candidatura democristiana de signo conservador (las imputaciones izquierdistas de fascismo quedaban ya bastante desfasadas), también se llevó una decepción. De hecho, la izquierda radical se encontró con que su atractivo popular disminuía rápidamente a medida que el régimen propiamente dicho «se moderaba» y las provocaciones del cardenismo se desvanecían en el pasado.

También la izquierda oficial estaba cambiando. En 1943 el acérrimo cardenista Graciano Sánchez dejó la jefatura de la CNC a favor de Gabriel Leyva Velázquez, hijo de un mártir revolucionario pero convencido avilacamachista e implacable enemigo de los comunistas. La CTM dirigió sus esfuerzos a limitar las huelgas y sostener la producción económica (cabe decir que de la necesidad hizo virtud: el gobierno tenía poderes para obligarla a colaborar si no lo hacía espontáneamente); y en junio de 1942 se unió a confederaciones rivales en el Pacto Obrero, que abjuró de las huelgas y tomó medidas para que los conflictos se arbitraran con rapidez. A cambio de ello, el gobierno decretó una ley de la seguridad social que entró en vigor —aunque de forma polémica— en 1943. Para entonces Lombardo ya había dejado el liderazgo de la CTM, con típico gesto retórico, y estaba ocupado llevando hacia la causa aliada a la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), cuya presidencia desempeñaba desde el nacimiento de esta organización en 1938. Su influencia continuaba pesando, aunque menos de lo que él imaginaba, y se utilizó para reforzar a su sucesor, Velázquez, contra los ataques de los comunistas y de los lombardistas disidentes. Así pues, la izquierda oficial toleró la creciente presencia conservadora en el gobierno, así como los ataques frecuentes de la resurgente derecha. La unidad continuaba siendo la consigna.

Inactiva la izquierda e intensificada su propia autoridad, Avila Camacho pudo seguir su política de industrialización por medio de la cooperación con Estados Unidos. La industrialización, por supuesto, la habían defendido Lucas Alamán después de la independencia, Porfirio Díaz, Calles y Cárdenas; había prosperado durante el decenio de 1930 a pesar de las reformas de Cárdenas, pero las singulares circunstancias de la guerra parecían especialmente propicias. La tregua social y el Pacto Obrero daban tranquilidad a la industria mientras Estados Unidos, de nuevo complaciente con las necesidades de México, representaba tanto un mercado como, con reservas, una fuente de bienes de capital e inversiones. Se cumplieron las promesas formuladas a la empresa privada en 1940, con una continua retórica reconfortante y con numerosas medidas prácticas: la eliminación del impuesto sobre beneficios extraordinarios, la potenciación de la Nacional Financiera como fuente importante de financiación para la industria, el mantenimiento de un sistema fiscal regresivo, generosas concesiones fiscales y protección arancelaria, y una corte suprema hostil al trabajo. Entre 1940 y 1946 la producción manufacturera creció un 43 por 100 en pesos constantes (59 por 100 si se incluye la construcción: Ciudad de México en especial disfrutó de un prodigioso auge de la construcción). La alimentación, los textiles, los productos químicos y los metales destacaban. La inversión en el sector manufacturero se quintuplicó y las ganancias de los fabricantes fueron abundantes, alcanzando el 18 por 100 sobre el capital invertido en 1941-1942. Así, el ratio de rendimientos del trabajo y el capital pasó de 52:48 en 1939 a 39:61 en 1946. En 1942 el grupo de Monterrey expresó su confianza en que el presidente no seguiría las políticas laborales de su predecesor; confianza que no era infundada (como demostraron los fallos de sucesivos arbitrajes)[72]. Así pues, al asumir el papel de leal oposición demócrata, el PAN no obró totalmente a impulsos de su entusiasmo por la causa aliada.

Sin embargo, a medida que se acercaba el final del sexenio, el clima económico empeoró. Creció la inflación, generando mayores ganancias (el período 1945-1946 fue de auge para la industria), pero provocando también un nuevo despertar de la agitación obrera, sin que los llamamientos al patriotismo pudieran contenerla con la misma facilidad que antes. La oleada de importaciones de Estados Unidos fue beneficiosa para la oferta de bienes de capital, pero también puso en peligro la balanza de pagos y las industrias nacientes de México. La burguesía industrial, que ahora estaba organizada a un nivel sin precedentes, respondió de dos maneras. Representantes de la naciente industria manufacturera, agrupados en la Confederación Nacional de la Industria de Transformación (CNIT), eran favorables a los acuerdos corporativos con los sindicatos, al arbitraje mixto de los conflictos laborales, a cierto grado de intervención del Estado en las relaciones industriales, a la protección arancelaria y a una reglamentación rigurosa de las inversiones extranjeras. Basándose en todo esto, la CNIT pudo llegar a un acuerdo con la CTM (marzo de 1945) reafirmando de forma imprecisa la antigua alianza que existiera durante la guerra en bien de la producción. Pero las organizaciones empresariales más veteranas —especialmente la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que estaba dominada por el grupo de Monterrey— no veían con buenos ojos la alianza con los trabajadores (nunca habían aceptado el Pacto Obrero), se mostraron partidarias de leyes más duras para impedir las huelgas y se aferraron a los conceptos tradicionales del laisser-faire en lo que se refería al papel del gobierno. El sector empresarial salió de la guerra más fuerte que antes, así política como económicamente, pero también dividido y con una fracción importante que abogaba por una política de conservadurismo enérgico y era defensor de la libre empresa.

Los sindicatos mostraban su irritación bajo las restricciones que les habían impuesto —tanto el gobierno como los sindicatos— en un momento de inflación creciente. En 1942 el vínculo con Estados Unidos, a la que se sumaron factores nacionales (crecimiento de la población, déficits públicos y malas cosechas en 1943-1945) empezó a generar tasas de inflación muy superiores a las que habían causado preocupación a finales de los años treinta. El índice del coste de la vida (1939 = 100) subió hasta 121 en 1942, 198 en 1944 y 265 en 1946, con los alimentos y los bienes de consumo básicos marchando a la cabeza (mientras el índice de precios al por menor se multiplicaba por dos y dos tercios entre 1940 y 1946, el precio del maíz se triplicaba, el de los frijoles y la carne se cuadruplicaba). Además, las contramedidas oficiales resultaron menos efectivas que en 1938-1939. Los intentos de limitar la oferta monetaria, evitar la especulación y el acaparamiento, y reducir las subidas de los precios empezaron en 1941; su fracaso se hizo evidente en el aceleramiento de la inflación y el auge del mercado negro, así como en más controles, medidas y sanciones que proliferaron después de entrar México en la guerra. La empresa privada, que obtenía sustanciosos beneficios, puso objeciones a las restricciones, mientras que la CTM pidió que se tomasen medidas más duras para reducir la inflación y subir los salarios. La restricción salarial era muy aguda; entre 1940 y 1946 los precios casi se triplicaron, pero el salario mínimo apenas si se duplicó; en el período 1946-1947 los salarios reales alcanzaron uno de los niveles más bajos de la historia, ya que descendieron hasta una cuarta parte en la industria y más en otros sectores. Las penalidades que soportaban las masas populares contrastaban con el consumo ostentoso de los nuevos ricos creados por la guerra, «las clases privilegiadas que sólo pensaban en enriquecerse antes de que terminara la guerra»[73]. Tanto el presidente como su heredero forzoso tuvieron que tomar nota de ello. En 1942-1943 las quejas razonadas de la CTM ya eran secundadas por los sinarquistas, por manifestantes callejeros y por el aumento de las huelgas, que a menudo no estaban autorizadas por los sindicatos. Se quemaron autobuses en Monterrey para protestar contra el aumento de las tarifas; en 1944 las colas de necesitados que esperaban recibir comida gratis y las marchas del hambre ya constituían un espectáculo habitual. Hasta el nuevo sistema de seguridad social, que se había introducido para apaciguar a los trabajadores, surtió el efecto contrario, y la deducción de las cotizaciones de los salarios, que ya eran magros de por sí, provocó una serie de disturbios, los más graves de ellos en Ciudad de México en julio de 1944. Las huelgas, oficiales y extraoficiales, fueron en aumento durante el período 1943-1944, y también aumentaron las subidas salariales que la patronal concedía anticipadamente para comprar la benevolencia de los sindicatos poderosos. Por consiguiente, los miembros de los sindicatos importantes estaban mejor protegidos de la inflación que la mayoría de los trabajadores rurales o de cuello blanco, a cuyas penalidades se sumaban las carestías generadas por la contienda (por ejemplo, de petróleo y de caucho) y los recortes de los servicios urbanos (transporte, electricidad). Algunos buscaban compensación en «la mordida», es decir, el soborno, lo cual obraba en detrimento de la ética pública[74].

También los trabajadores empezaron a poner en duda el propósito de la «tregua social», que ahora parecía más que nada un medio de incrementar las ganancias a expensas de los salarios. Al hacer frente a la renovada combatividad obrera, el gobierno encontró un aliado en Lombardo, cuyo compromiso con el consenso había dejado de ser una táctica para convertirse en un artículo de fe. Debido a la progresiva desaparición de la amenaza fascista, antes tan esgrimida. Lombardo abogaba ahora por una alianza nacional de trabajadores y burgueses contra el imperialismo extranjero. El acuerdo entre la CTM y la CNIT de marzo de 1945 pareció el preludio de dicha alianza, pero la CNIT no hablaba en nombre de todos los empresarios mexicanos. El grupo de Monterrey no estaba para pactos ni veía con buenos ojos el activismo obrero. Se peleó con la CTM en un importante conflicto que se suscitó en la Cristalería Monterrey (verano de 1946), durante la cual la ciudad quedó paralizada brevemente y se evitó una huelga general por poco. La intervención presidencial calmó los ánimos, pero no pudo resolver un conflicto que seguía vivo cuando Ávila Camacho abandonó la presidencia, dejando a su sucesor un legado de elevada inflación, salarios reales en descenso y reanudación de los conflictos industriales.

En la agricultura, al igual que en la industria, la administración afirmaba que era imparcial y que defendía tanto la propiedad ejidal como la privada. En la práctica, sin embargo, el ejido, elemento central del proyecto cardenista, fue relegado a un segundo plano y se cambió su funcionamiento interno. El cambio fue en parte una reacción contra el cardenismo; en parte una respuesta al sinarquismo y el almazanismo; y en parte el reconocimiento de que era necesario incrementar la producción agrícola, tanto para el consumo como para la exportación (necesidad intensificada por la escasez y la inflación resultantes de la guerra). Se protegieron más propiedades privadas y las nuevas concesiones a agricultores privados incluidas en el Código Agrario de 1942 también figuraban como incentivos en los planes que trazó el gobierno para colonizar las costas: la «marcha hacia el mar». Se ampliaron las garantías contra la expropiación que Cárdenas ofreciera a los pequeños propietarios, y los terratenientes privados se beneficiaron de forma desproporcionada de las importantes inversiones que la administración hizo en regadíos, así como de los créditos públicos y de la inflación. Aunque no cesó, el reparto de tierras disminuyó hasta quedar reducido a una tercera parte del que se llevara a cabo durante la época de Cárdenas. La tierra repartida era ahora de calidad inferior (algunos beneficiarios rehusaron aceptarla) y los retrasos administrativos se prolongaron. Habían terminado los tiempos de las grandes iniciativas presidenciales, de drásticas desmembraciones de antiguos latifundios. Los terratenientes se percataron de que ahora podían contar con la neutralidad, cuando no con el apoyo decidido, del gobierno central, que históricamente había sido el agente que determinaba el ritmo de la reforma. Los litigios volvieron a ser prolongados, costosos y corruptos, ya que reaparecieron las viejas estratagemas del maximato: los «prestanombres», la seudodivisión de las haciendas, los guardias blancos y la violencia. La restauración del «amparo agrario» (arma clave de la defensa jurídica de los terratenientes) se estudió y finalmente se implemento bajo el siguiente gobierno. A medida que la CNC se convertía en un régimen caciquil y de cooptación, cada vez fue más frecuente que los ejidatarios constituyeran las clientelas leales del presidente o el gobernador, mientras los terratenientes privados se organizaban más que nunca.

Los ejidatarios se encontraban ante una creciente inseguridad que intensificaba su dependencia clientelista: escasez de créditos, ataques políticos (los ejidos colectivos eran blancos favoritos), incluso la pérdida pura y simple de la tierra ejidal, especialmente en zonas donde su valor subía a consecuencia del turismo (por ejemplo, en Guerrero) o de la urbanización. El tamaño relativo, aunque no el absoluto, del sector ejidal empezó a descender gradualmente. Las estructuras internas cambiaron porque el gobierno estimuló la parcelación de los ejidos comunales (política que respondía a una demanda general y que contaba con amplio apoyo político desde la UNS hasta el PCM). La modalidad colectiva se conservaba cuando se consideraba económica (esto es, rentable: algunos ejidos colectivos eran muy productivos y hacían su aportación a las exportaciones); pero ahora se veía sujeta a los imperativos del mercado mundial, de una administración muy interesada en promover las exportaciones y de un funcionariado cada vez más corrompido. Las cooperativas azucareras tenían que obedecer reglas que favorecían a los ingenios privados; en Yucatán las exigencias de la producción para la guerra justificaron que los hacendados recuperasen sus máquinas raspadoras (como dijo un terrateniente, robar a los ejidatarios no era ningún delito porque los propios ejidatarios eran ladrones). La estratificación interna se aceleró al hacerse los caciques ejidales con el control y polarizarse los ejidatarios en una élite relativamente rica y una mayoría semiproletaria, que creció numéricamente debido al rápido aumento de la población.

La resistencia de los campesinos a estos cambios se veía frenada por la tregua social concertada durante la guerra, por la recuperación política de los terratenientes y por la debilidad de la CNC. El bracerismo y la migración interna, además, ofrecían paliativos. Por ende, las ocupaciones de tierras, que fueron notables en el período 1941-1942, disminuyeron en lo sucesivo. Continuaron las protestas en las zonas que tenían una tradición de activismo: La Laguna y Morelos, donde los guerrilleros de Rubén Jaramillo empezaron a actuar desde 1943, exigiendo que se continuara la reforma y se dieran garantías a los ejidos existentes. Pero estas luchas iban a contrapelo de la tendencia política del momento. La importancia que el propio presidente y los nuevos tecnócratas de los años cuarenta concedían a la productividad y a las ganancias, la creencia en que la agricultura privada era superior al ejido —y, para el caso, que la industria era superior a la agricultura—, todo ello indicaba que había ocurrido un profundo cambio ideológico desde el decenio de 1930. Y parecía que se alcanzaban sus objetivos. Durante el sexenio la producción agrícola creció en alrededor de un 3,5 por 100 anual en términos reales (más o menos la misma tasa que la industria), y las ganancias fueron fruto de una mayor productividad en lugar de una expansión de los cultivos; también aumentaron las exportaciones, con mayor rapidez todavía. A este crecimiento contribuyeron tanto los agricultores privados como los ejidales: entre los primeros había capitalistas agrarios «neolatifundistas» y también rancheros que cosechaban los beneficios de la tenencia segura, la creciente demanda y mejores enlaces por carretera. El ejido, eje de la política cardenista, ya había dejado de ser un proyecto social y económico por derecho propio y se estaba convirtiendo en un accesorio productivo de la próspera economía industrial y urbana, a la vez que los ejidatarios pasaban a ser los clientes más dóciles del partido oficial.

La presidencia de Ávila Camacho terminó en medio de la inflación, el declive de los ejidos, el auge industrial y una dependencia sin precedentes de Estados Unidos. La izquierda, y no en menor medida Lombardo Toledano, albergaba esperanzas de que su suerte mejorase sensiblemente. Por su parte, la derecha, incluida la floreciente burguesía industrial, miraba con recelo la creciente combatividad de los trabajadores y procuraba contener a los sindicatos y a la izquierda, para garantizar así que continuase el avance industrial y tener la certeza de que el avilacamachismo no resultaría una pausa entre ataques de radicalismo, sino un puente que uniera el peligroso cardenismo del pasado con el seguro conservadurismo del futuro. A ambos bandos les parecía que se lo estaban jugando todo; y el resultado de su conflicto en 1946-1949 determinaría el futuro de México durante más de una generación.

La sucesión presidencial —que despertó ambiciones ya en 1942— se centró en dos aspirantes: Miguel Alemán, ex gobernador de Veracruz, director de la campaña de Ávila Camacho en 1940 y luego secretario de Gobernación (secretaría que ahora empezó a desempeñar el papel de vivero de presidentes); y Ezequiel Padilla, antiguo callista, embajador de México en Estados Unidos y uno de los principales arquitectos del nuevo acercamiento mexicano-estadounidense. Ambos eran civiles; la profesionalización del ejército durante la guerra había dado el tiro de gracia al caudillismo. Los candidatos de izquierdas —Javier Rojo Gómez, Miguel Henríquez Guzmán— interpretaron papeles breves, poco gloriosos, antes de que quedase claro que Ávila Camacho era favorable a Alemán, que Cárdenas y la mayoría de los gobernadores de estado aceptaban la decisión presidencial y que lo mejor que podía hacer la izquierda era inclinarse ante lo inevitable, como efectivamente hizo mientras Lombardo aportaba los sofismas apropiados. En el otoño de 1945, la CTM, la CNC, la CNOP e incluso el PCM ya apoyaban a Alemán, y Padilla se vio obligado a desempeñar el papel de candidato independiente, respaldado por un partido improvisado.

Visto retrospectivamente, el apoyo de la izquierda fue un error costoso. Quizá la resistencia fuese fútil porque los líderes de la CTM, escasamente populares, ejercían el poder siguiendo las reglas del juego en vez de oponerse a ellas. Pero las opiniones que en aquel tiempo se tenían de Alemán eran diferentes de las posteriores. Era el candidato del centro; Padilla, el de la derecha; y, al igual que Ávila Camacho, Alemán predicaba un populismo suave; también prometía cierta democratización del partido. A la empresa privada le ofrecía tranquilidad y el fin de los controles impuestos durante la guerra, pero también afirmaba la preocupación del Estado por la clase trabajadora y su responsabilidad de los problemas de escasez e inflación. Aunque sus palabras tranquilizadoras también se referían a las inversiones extranjeras, la gente veía en Alemán el candidato nacionalista que ofrecería resistencia a la hegemonía económica de Estados Unidos (hasta los estadounidenses compartían esta opinión). Pese a ser un concepto erróneo, sonaba como música a los oídos de Lombardo, a quien el presidente saliente persuadió a que aplazara los planes para el lanzamiento de un nuevo partido lombardista de la izquierda hasta después de las elecciones. El supuesto nacionalismo de Alemán dio al principio un tono ideológico a la relación de la izquierda con él, relación que acabaría mal.

Aunque Alemán tenía asegurada la victoria, se juzgó necesario dar al proceso electoral mayor legitimidad democrática y evitar una repetición de 1940. Una nueva ley electoral exigió que los partidos tuvieran una organización nacional más estricta y que la supervisión federal de las elecciones fuese más atenta: con esto se evitó el tipo de caos y conflicto descentralizado que se habían visto en 1940 y se intensificaron tanto el control oficial de la oposición como el papel del presidente como Gran Elector. El partido oficial aceptó el nuevo orden y experimentó su metamorfosis final, pasando de ser el PRM a ser el Partido Revolucionario Institucional (PRI): cambio más aparente que real, en el cual la promesa de democratización interna supuso principalmente una degradación del poder de la CTM. Las elecciones de 1946 se celebraron al amparo de las nuevas normas y ello significó que apenas hubo incidentes violentos, a pesar de los habituales abusos y las no menos habituales quejas de la oposición. Ni Padilla ni la izquierda independiente, fragmentaria, ni la derecha —el PAN y el partido sucesor de los sinarquistas, Fuerza Popular— pudieron presentar una oposición comparable con la que Almazán presentara seis años antes. Alemán obtuvo el 78 por 100 de los votos y con ello conquistó la presidencia por un amplísimo margen.

Investido de esta autoridad, el nuevo presidente no tuvo tanta necesidad de seguir una política prudente como su predecesor. Su gabinete estaba repleto de hombres jóvenes, la mayoría de ellos, como el propio presidente, demasiado jóvenes para ser veteranos de la Revolución. Había en él cuatro industriales, prueba del poder que la burguesía tenía ahora en el seno del partido, y sólo dos ministros eran militares. Con la continuada eliminación de gobernadores cardenistas (empleando a veces para ello duras medidas constitucionales) se hizo evidente que el poder había pasado a una generación nueva y tecnocrática para la cual la Revolución tenía menos de experiencia personal que de mito conveniente. Su ascensión corrió pareja con la ascensión de la CNOP, la cual, al decaer la CTM, asumió la dirección política del partido, proporcionó los políticos del momento (como el ejército hiciera en otros tiempos) e hizo las veces de base firme del poder presidencial. También corrió parejas con el aumento de la corrupción en gran escala. Fue en este período —más que en los años veinte o treinta— cuando el régimen adquirió las características contemporáneas distintivas: supremacía del presidente, monopolio político del partido oficial, diestra manipulación de las organizaciones de masas, dilución de las diferencias de clase e ideología en el disolvente del nacionalismo.

Las ideas y los mecanismos del cardenismo se aplicaron ahora a nuevos fines. La sucesión de Alemán se produjo en un momento en que la influencia de Estados Unidos —influencia económica, política, cultural— llegaba a todas partes y tenía una magnitud sin precedentes, sobre todo debido a la fuerza que había adquirido en ciertos círculos del país. En otros tiempos el México revolucionario había tenido que tratar con liberales de la Casa Blanca que simpatizaban vagamente con la Revolución aunque a veces se entrometieran (Wilson, FDR); o con conservadores pragmáticos (Taft, Coolidge) cuya antipatía se veía suavizada por la prudencia del hombre de negocios. Ahora México se encontraba ante el Estados Unidos de Truman, la Doctrina Truman, la «política de contención» y la resolución 248 del Consejo de Seguridad Nacional; la ideología y la geopolítica servían de base de una política sistemática de intervención, presión y cooperación. En tiempos de Roosevelt, Estados Unidos ya se había mostrado muy interesado en que la estrecha cooperación militar existente durante la guerra continuara al llegar la paz; y en la Conferencia de Chapultepec, celebrada en 1945, insistió en sus obsesivos argumentos en pro de un sistema abierto, librecambista, es decir, favorable a la continuación de la hegemonía estadounidense en América Latina. Alemán, a quien veían como un nacionalista quisquilloso, se esforzó al máximo por tranquilizar a Estados Unidos y prometió que la colaboración económica continuaría, a la vez que condescendía con los nuevos prejuicios impuestos por la guerra fría. Con esta actitud sentó la pauta del sexenio, período en que el anticomunismo, integrado en el tradicional discurso nacionalista y presentado bajo la forma de la nueva polarización de la democracia y el comunismo, pasó a ser un elemento básico de la política mexicana, elevado al rango de doctrina oficial[75]. La tradición revolucionaria descartaba las formas más crudas de «macartismo»; pero también proporcionaba la mejor defensa ideológica contra el comunismo, que, al igual que el fascismo en años anteriores, podía presentarse como una peligrosa importación del extranjero. Así, en México como en Europa, la cruzada democrática contra el fascismo se transmutó de modo imperceptible en cruzada democrática contra el comunismo y, al igual que en los primeros años treinta, la naturaleza ideológica de la política cambió rápidamente, dejando a la izquierda debilitada y a la defensiva mientras que la derecha se ufanaba de su causa nacionalista nueva y democráticamente justificada. Del anticomunismo de Alemán pronto se hicieron eco el presidente del partido, líderes como Fernando Amilpa, el veterano de la CTM y compinche de Fidel Velázquez, y portavoces del mundo empresarial como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que denunciaba el papel subversivo que las células comunistas desempeñaban en los grandes sindicatos nacionales. El anticomunismo resultó especialmente efectivo en unos momentos en que Lombardo estaba formando como podía su nuevo partido de izquierda, en que los principales sindicatos mostraban una combatividad renovada y en que, por supuesto, el clima de la política internacional se estaba enfriando rápida y propiciamente. Así pues, el logro más decisivo de la administración Alemán fue de carácter negativo: el aislamiento y debilitamiento de la izquierda y la campaña concertada contra los trabajadores organizados.

Después de aplazar amablemente el lanzamiento de su nuevo partido, Lombardo emprendió ahora la continuación de su viejo proyecto —una alianza amplia, nacionalista y antiimperialista de grupos progresistas— fuera del partido oficial, pero sin oponerse a él. Pero el PRI no apreció esta amistosa rivalidad; y tampoco los comunistas simpatizaban del todo con ella. Finalmente, en junio de 1948 se fundó el Partido Popular (PP), que agrupaba a miembros desafectos de la izquierda oficial (Lombardo, Bassols, Rivera) y a ciertos grupos obreros y campesinos detrás de un programa nacionalista y moderado. Pero, como revelaron las elecciones estatales de 1949, el PRI no quería tener nada que ver con el PP y empezó a presentar a Lombardo (cuya propia candidatura presidencial fracasaría en 1952) como un compañero de viaje o un absoluto instrumento de Stalin, «comprado por el oro de Moscú». La CTM, que al principio había apoyado tibiamente a Lombardo a cambio de su cooperación contra los sindicatos independientes, ahora se opuso a él y le hizo blanco de calumnias parecidas, lo cual concordaba totalmente con su sistemática postura anticomunista de aquel momento.

Los tiempos habían cambiado desde 1933, año en que Lombardo había lanzado con buena fortuna su disidente CGOCM, y el partido oficial, que maduraba con rapidez, ahora quería y podía sofocar semejantes rivalidades. Un factor que influyó decisivamente en el resultado fue el enfrentamiento entre el régimen y los trabajadores. La prolongada colaboración durante la guerra y la inflación habían dejado una herencia de divisiones, disensiones y exigencias acumuladas y Lombardo esperaba sacar partido de ellas. En particular, los principales sindicatos industriales (con el STFRM en el lugar más destacado) acogían muy mal la continua docilidad de la CTM, y en 1947 ya estaban dispuestos para enfrentar a sus líderes, que a su vez podían contar con el apoyo de multitud de sindicatos y federaciones menos importantes. La antigua división de 1937 volvió así a la superficie, agravada por las tendencias habidas durante la guerra y planteada ahora en términos de «purificación» (es decir, cambio y militancia) contra continuismo. El gobierno, que estaba entregado a la industrialización, no podía dar cabida a la combatividad sindical, y la erosión de la influencia de Lombardo descartó su consabido papel de árbitro y garantizó que la confrontación con el movimiento obrero sería tanto más intensa. Las escaramuzas de 1938-1946, que nada habían decidido, dieron paso al conflicto declarado de 1947-1949.

Los líderes de la CTM pararon el golpe recurriendo a los habituales métodos de manipulación electoral; la CTM optó, pues, por el continuismo, el charrismo y, en general, un apoyo total a un gobierno de la derecha, que justificó en términos de nacionalismo y moderación («no al extremismo; rechazo tanto de la izquierda como del imperialismo»). Los militantes que se quedaron con la CTM (incluidos algunos comunistas que se sacrificaron) perdieron todo poder. Se barrieron los vestigios de sindicalismo y socialismo. Se repudió la táctica de la huelga general y se sustituyó el antiguo lema de la CTM —«por una sociedad sin clases»— por pamplinas nacionalistas: «por la emancipación de México»[76]. Respondiendo a ello, los ferroviarios encabezaron una secesión de la CTM en la que había electricistas, tranviarios y sindicatos de menor importancia (marzo de 1947). Su nueva organización, la Confederación Única de Trabajadores (CUT), contó pronto con el respaldo de otros disidentes importantes, los petroleros y los mineros, con quienes se firmó un pacto de solidaridad, formándose así una triple alianza mexicana que desafiaba francamente a la CTM y su «harapienta bandera de anticomunismo». Prosiguió la fragmentación de la CTM y hubo disensiones internas, expulsiones y, en 1948, la creación de una central rival, la Alianza Obrera Campesina Mexicana (AOCM), en la cual elementos campesinos, especialmente ejidatarios de La Laguna, ocupaban un lugar destacado. Ante la oposición de estos rivales, que probablemente eran superiores en número, la CTM tuvo que hacer frente a la mayor prueba desde 1937; y esta vez ni Lombardo ni Moscú, ni tan sólo el régimen (que quería victorias en lugar de componendas), llamarían a la conciliación.

La clave del conflicto la tenían los principales sindicatos independientes, los petroleros y los ferroviarios. Los primeros se habían declarado en huelga durante el primer mes del sexenio (fue la culminación de los conflictos esporádicos que sufrió la industria durante la guerra). El gobierno declaró que la huelga era ilegal, desplegó tropas e impuso una resolución arbitrada. El sindicato, cuya respuesta no fue unánime, aceptó el nuevo acuerdo, al amparo del cual la PEMEX pudo estabilizar la nómina e incrementar el control gerencial (el gobierno sancionó plenamente ambos objetivos, pues estaba muy interesado en incrementar la producción y asegurarse créditos estadounidenses). En la batalla por el poder que luego se libró en el seno del sindicato, el gobierno dirigió sus esfuerzos a garantizar la victoria de la colaboración y el charrismo. También tenía puestas sus miras en una racionalización parecida de los ferrocarriles, que habían sido objeto de una importante investigación en 1948. De nuevo se produjo una escisión en el sindicato y el gobierno intervino a favor de la facción de Jesús Díaz de León (el Charro), que era fervientemente anticomunista. Su rival principal fue a la cárcel bajo acusaciones de corrupción, las cuales eran verosímiles; se embargaron delegaciones sindicales independientes; hubo una expulsión sistemática de comunistas. Rota la independencia del sindicato y con el Charro instalado en el poder, el gobierno pudo proceder a reorganizar los ferrocarriles, bajo la amenaza de despidos en masa y recortes salariales. Pero los nuevos líderes del sindicato se encontraron ante el clásico dilema de la burocracia obrera oficial (dilema que Fidel Velázquez soportaría durante más de una generación): aunque su campaña de «moralización» le granjeó cierto apoyo auténtico, Díaz de León era esencialmente una creación del gobierno; pero tanto él como el gobierno tenían que mantener una apariencia de representación y cooperación de los trabajadores. La coacción sola no podía hacer que los ferrocarriles funcionaran. Por consiguiente, al «charrazo» le siguieron la negociación y un nuevo convenio colectivo (1949), en el cual la reducción de costes se combinaba con medidas juiciosas de protección de los puestos de trabajo. De esta manera incluso el charrismo cumplía visiblemente algunas de sus promesas, y muchos consideraron que era preferible a un activismo peligroso, quijotesco. En 1947 un líder obrero decía que era mejor un mal convenio colectivo (malo en el sentido de que frenaba los derechos de los obreros) pero que al menos se respetase, que uno bueno que se quedase en letra muerta[77]. En esto radicaba el secreto del éxito que la CTM se apuntaría en decenios venideros. Por decirlo de otro modo, la contrarrevolución de Alemán —la derrota de los elementos radicales, sindicalistas y cardenistas que se resistieron al proyecto alemanista— tuvo que ser mucho más sutil y moderada que las que posteriormente se llevaron a cabo en otras regiones de América Latina y que siguieron principios comparables pero requirieron una franca represión militar.

Una vez rota la independencia del STFRM, se marchitó la causa de los demás sindicatos industriales: los mineros, los petroleros, los electricistas. Habían recibido el «charrazo» con protestas pero sin ninguna huelga. Sólo los mineros y los divididos petroleros se afiliaron a la nueva federación central lombardista, la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM); y ésta, al igual que el PP, su primo político, pronto demostró que era un blanco vulnerable de la hostilidad del gobierno. Se le negó el reconocimiento, las huelgas que secundaba eran declaradas ilegales; sus sindicatos afiliados sufrían intervenciones y golpes internos; sus militantes campesinos se veían sometidos a los diversos métodos de persuasión de la CNC y la burocracia ejidal. Después de quedar en poder de la facción charra, sin posibilidad de escapar, el sindicato de petroleros volvió al redil de la CTM (1951), sentando con ello un precedente que seguirían otros sindicatos afiliados. El control de la CTM se reafirmó así, pagando un precio. Destruida la fuerza de la izquierda independiente, y con la derecha radical en vías de desaparición o transmutándose rápidamente en una leal oposición democratacristiana, la paz del PRI reinó. El régimen pudo proceder de acuerdo con el modelo que había escogido para el desarrollo industrial y la acumulación de capital sin temor a una importante movilización social. A escala nacional, 1949 reveló un panorama totalmente distinto al de 1946; también a escala local las postrimerías del decenio de 1940 presenciaron la cristalización de una estructura política y un patrón de comportamiento político que ha continuado hasta ahora[78]. Si la Revolución experimentó un termidor decisivo, fue entonces. El experimento cardenista, cada vez más controlado a partir de 1938, se interrumpió ahora definitivamente, por obra de unos hombres cuyo ingenio encontró nuevas formas de utilizar el viejo material de laboratorio. O. cambiando la metáfora, los civiles y técnicos del sexenio de Alemán, imbuidos de una modernizadora ideología de la guerra fría, y de una ética basada en el enriquecimiento rápido, recogieron los cascotes del cardenismo y utilizaron el material —el partido corporativo, las instituciones de masas, el ejecutivo poderoso, el ejército domesticado y el campesinado subordinado— para construir un México nuevo. El material era cardenista, pero el plan fundamental lo trazaron ellos. Lo construyeron para que durase.

Capítulo 2
MÉXICO, 1946-c. 1990

México destaca como modelo de estabilidad política dentro de la América Latina contemporánea. No ha habido ningún golpe militar victorioso desde el siglo XIX y apenas intentonas serias desde la Revolución de 1910-1920. Las sucesiones presidenciales se han convertido en corteses negociaciones en el seno del partido semioficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha dominado el panorama electoral durante más de medio siglo. Los civiles se han hecho con el control del aparato de gobierno. El consenso parece reinar en la mayoría de las cuestiones políticas y la Constitución de 1917 —forjada en pleno conflicto armado— ha continuado proporcionando un aura de legitimidad al régimen. El Estado mexicano, que afirma ser heredero de la Revolución y en la práctica monopoliza los instrumentos del poder, ha parecido funcionar con regularidad, sin interrupciones y (a su modo) eficientemente. La estabilidad resultante de ello ha sido recibida como el componente político del «milagro mexicano» de la posguerra.

En efecto, la percepción de la estabilidad política mexicana ha imbuido gran parte de la literatura académica sobre el México contemporáneo de una presunción tácita de continuidad, y de una sensación casi de atemporalidad. Tiende a haber una suposición implícita de que en la política mexicana no se han producido muchos cambios desde las postrimerías del decenio de 1930, y se presta mucha más atención al funcionamiento del sistema y a los mecanismos de la autoridad que a los acontecimientos históricos o a incidentes particulares; la mayor parte de lo que se ha escrito sobre el asunto tiene un tono general, abstracto. Puede que esto sea ejemplo de uno de los sesgos implícitos de lo que ha dado en llamarse «análisis de sistemas» en las ciencias políticas: el interés por el mantenimiento del sistema político en vez de por las pautas de transformación. Visto con esta perspectiva, el México de la posguerra aparece con frecuencia sin relieve y unidimensional.

El presente capítulo tratará de corregir este desequilibrio y para ello considerará la experiencia y el contexto socioeconómico del cambio político habido en México desde la segunda guerra mundial. En estos años pueden identificarse tres fases históricas diferentes: en primer lugar, un período de definición y consolidación del sistema contemporáneo, desde mediados de los años cuarenta hasta finales de los cincuenta; en segundo lugar, una época de dominación y hegemonía, desde finales de los cincuenta hasta, quizá, principios de los setenta; y, en tercer lugar, un período de tensión del sistema y de poder menguante, desde mediados de los setenta hasta finales de los ochenta. Como es difícil fijar fechas exactas, esta periodización proporciona solamente una directriz general para el análisis del cambio político, el cual, conviene hacer hincapié en ello, es en sí mismo un concepto muy amorfo. En un extremo del espectro puede referirse a una alteración del régimen político, por ejemplo de la democracia al autoritarismo. En el otro extremo, puede referirse a la clase de ajustes de regulación automática que a menudo ayudan a perpetuar un régimen. Aquí, sin embargo, centraremos la atención en un nivel intermedio, en las transformaciones cualitativas y cuantitativas de y dentro del régimen autoritario que México ha mantenido durante toda la época contemporánea. Con tal fin es necesario evaluar la capacidad del sistema para satisfacer las condiciones previas de la estabilidad: el equilibrio político, el crecimiento económico y el acercamiento a Estados Unidos. Estas condiciones previas dependen a su vez de varios factores sobresalientes; 1) la composición de la coalición gobernante; 2) la coherencia de dicha coalición; 3) su poder y su legitimidad; 4) las orientaciones de la política; y 5) los actos, las respuestas y las reacciones de los grupos que constituyen el sistema.

PANORAMA DE LA ECONOMÍA, LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA DE LA POSGUERRA

La consecución de la estabilidad política resulta todavía más notable si se tienen presentes las transformaciones dinámicas que se han producido en la sociedad mexicana. Durante los últimos cien años la economía mexicana ha experimentado dos transiciones fundamentales, una basada en la exportación de productos básicos y otra que se caracteriza por la industrialización de sustitución de importaciones (ISI). La primera fase siguió a la consolidación del poder político bajo Porfirio Díaz (1876-1911). Liberal en cuestiones económicas, Díaz abrió el país a las inversiones extranjeras y reforzó los vínculos comerciales de México con el mundo exterior. Gracias al estímulo que representó la construcción de una red de ferrocarriles, el volumen del comercio exterior se multiplicó por nueve entre 1877 y 1910. Además de plata y oro, México empezó a exportar minerales industriales como, por ejemplo, cobre y cinc, principalmente desde el norte; productos de la ganadería bovina y ovina, también desde el norte; azúcar, desde el centro-sur; y fibras, especialmente henequén de Yucatán. La producción de petróleo empezó justo después de 1900 y en el decenio de 1920 México ya era uno de los principales proveedores de petróleo del mundo. Al igual que muchos otros países latinoamericanos, México siguió la clásica estrategia de la «ventaja relativa», exportando materias primas e importando artículos manufacturados. Estados Unidos se convirtió en su principal fuente de inversiones y comercio, y en 1910, al celebrarse el centenario de la independencia nacional, muchos observadores pensaron que México se encaminaba hacia una prosperidad prolongada. Sin embargo, en aquel mismo año estalló la Revolución, que se cobró un elevado tributo humano y económico, y luego, justo cuando la recuperación económica empezaba a acelerarse en los años veinte, llegó la depresión mundial. Las inversiones se interrumpieron y el comercio cayó en picado. En 1930 el producto interior bruto (PIB) de México descendió hasta quedar 12.5 por 100 debajo de su nivel de 1925. La economía iba a remolque de la estadounidense y los años treinta resultaron un decenio arduo.

Los líderes mexicanos cambiaron entonces de política. En vez de confiar en el comercio exterior, con lo que el país era vulnerable a las tendencias económicas de otras partes (especialmente de Estados Unidos), empezaron a favorecer la industrialización. En vez de importar productos acabados del extranjero, México procedió a fabricar productos para el consumo interior. El Estado, además, asumió un papel activo en la economía. El presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) expropió compañías petroleras de propiedad extranjera en 1938 y las puso bajo el control de Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa estatal que con el tiempo llegaría a ser una de las instituciones más importantes del país. La segunda guerra mundial dio mucho ímpetu al naciente desarrollo industrial de México al reducir la afluencia de importaciones norteamericanas. El gobierno aprovechó estas condiciones para poner en práctica diversas medidas proteccionistas. Los cupos de importación y los aranceles se encargaron de que la competencia extranjera no rebasara unos límites aceptables, a la vez que la devaluación del peso en 1948-1949 (y, más adelante, en 1954) disuadió a los consumidores mexicanos de comprar artículos importados. (El tipo de cambio subió vertiginosamente y pasó de 4,85 a 12,50 pesos por dólar estadounidense). El resultado fue estimular las manufacturas locales y crear un nuevo cuadro de industriales prominentes.

Juzgada de acuerdo con algunos patrones, las medidas mexicanas encaminadas a sustituir las importaciones obtuvieron un éxito clamoroso. Entre 1940 y 1960 el PIB creció de 21.700 millones a 74.300 millones de pesos (en precios constantes de 1950, ajustándose así a la inflación), lo que representa un promedio de incremento anual del 6,4 por 100. Durante los años sesenta México consiguió mantener este nivel de crecimiento y, a pesar de darse en el país uno de los aumentos de población más rápidos del mundo, alcanzó una sólida tasa de crecimiento per cápita de 3,3 por 100 anual. A finales del decenio de 1970 las manufacturas ya representaban casi una cuarta parte del PIB y, como se indica en el cuadro 2.1, el sector industrial en su conjunto representaba el 38,5 por 100 de la producción nacional. A estos resultados se les llamó el «milagro mexicano», combinación ejemplar de progreso económico y estabilidad política en una región del mundo en vías de desarrollo.

Sin embargo, México encontró límites en el proceso de industrialización de sustitución de importaciones. Las medidas proteccionistas ayudaron a la industria nacional a desplazar a la competencia extranjera del mercado de consumo, y en 1950 ya solo el 7 por 100 del valor final de los bienes de consumo perecederos se importaba del extranjero. México también avanzó un poco en lo que se refiere a bienes de producción tales como combustible y tejidos. Pero el progreso fue claramente menor en el sector de bienes de capital (tecnología y maquinaria pesada), que de 1950 a 1969 descendió del 74 al 51 por 100 del total, permaneciendo en este nivel general a partir de entonces. A consecuencia de ello, la expansión industrial de México continuó requiriendo cantidades considerables de productos importados, los cuales sólo podían pagarse por medio de las exportaciones. A pesar de la búsqueda de autosuficiencia, México continuó dependiendo del comercio internacional.

CUADRO 2.1

La estructura de la producción: 1960 y 1979
(porcentaje del producto interior bruto)

| 1960 | 1979
Agricultura | 16,2 | 9,0
Industria: |  |
Manufacturas | 19,3 | 24,9
Minería | 4,2 | 5,2
Construcción | 4,8 | 6,6
Servicios públicos | 0,8 | 1,8
(Subtotal, industria) | (29,1) | (38,5)
Servicios y otros: |  |
Transportes y comunicaciones | 2,7 | 3,6
Comercio | 28,6 | 26,7
Vivienda y otros | 24,1 | 22,3
Tamaño del PIB (miles de millones de dólares de 1970) | 16,2 | 51,2

FUENTE: Statistical Abstract of Latin America, vol. 21, UCLA Latin American Center, Los Ángeles. 1983.

Una segunda desventaja era fruto de la escasez de capital a largo plazo. La industrialización es cara. Algunos empresarios locales, por ejemplo los de la ciudad de Monterrey, consiguieron financiar una buena parte del desarrollo industrial. Asimismo, el Estado mexicano asumió un papel dirigista, concediendo los créditos por medio de instituciones tales como la Nacional Financiera (NAFIN-SA) y creando un conjunto impresionante de compañías administradas por el gobierno. El capital extranjero constituyó otra fuente de fondos. En 1970 las inversiones directas extranjeras ya ascendían a cerca de 3.000 millones de dólares, el 80 por 100 de los cuales procedía de Estados Unidos. Contrastando con épocas anteriores en que la minería, las comunicaciones y los transportes eran las actividades donde dominaban los extranjeros, casi tres cuartas partes (73,8 por 100) de estas inversiones correspondían al sector manufacturero, principalmente a industrias punta: productos químicos, petroquímicos, caucho, maquinaria y equipo industrial. Otra solución consistía en obtener fondos en el mercado internacional de créditos. Durante los años sesenta México empezó cautelosamente a pedir capital prestado en el extranjero, y en 1970 el país tenía ya una deuda acumulada (tanto pública como privada) de alrededor de 3.200 millones de dólares. Gobiernos posteriores fueron más despilfarradores y a mediados del decenio de 1970 la cifra ya se acercaba a los 17.000 millones de dólares. Los efectos de esta carga dependerían de la capacidad de México para reembolsar los préstamos. A medida que la deuda continuó aumentando —superó los 80.000 millones de dólares antes de 1982 y alcanzó los 100.000 millones antes de 1987— los costes se harían penosamente obvios.

Una tercera y paradójica consecuencia de la estrategia mexicana de sustitución de las importaciones fue el desempleo generalizado. El sector industrial de la nación era más intensivo en capital que en trabajo; los incrementos de la producción tendían a ser fruto de las inversiones en máquinas y tecnología en vez de ser el resultado de la contratación de más trabajadores. (El sector agrícola, en cambio, ha sido más intensivo en trabajo, con alrededor del 40 por 100 de los trabajadores produciendo aproximadamente el 10 por 100 del PIB). De resultas de esta tendencia, México experimentó una notable tasa de desempleo: a mediados de los años setenta el desempleo manifiesto ya era de alrededor del 10 por 100, pero puede que el subempleo alcanzara ya la notable cifra del 40 por 100, creando una tasa de desempleo funcional equivalente a alrededor del 20 por 100. Sin embargo, a mediados del decenio de 1980 entre novecientos mil y un millón de jóvenes en busca de trabajo entraban a formar parte de la población activa cada año.

Por estas y otras razones, la política de la ISI condujo a la distribución progresivamente desigual de la renta nacional. Como se indica en el cuadro 2.2, el porcentaje de la renta que llegaba al 20 por 100 de las familias más pobres de México descendió del 5,0 por 100 en 1958 hasta quedar en sólo el 2,9 por 100 en 1977. La renta proporcional del estrato más alto también descendió; para el 10 por 100 más alto bajó de cerca del 50 por 100 a poco más del 40 por 100. La mayor ganancia relativa la obtuvo el llamado cuarto quintil, cuya participación en la renta subió del 14,9 por 100 en 1958 al 20,4 por 100 en 1977, y los del grupo del 11-20 por 100 (el noveno decil). Estas cifras ilustran claramente las conquistas económicas de la clase media mexicana, además de demostrar un hecho que es evidente en todo el mundo que se encuentra en vías de desarrollo: la ISI tiende a exacerbar, en lugar de mitigar, las desigualdades de la distribución de la renta.

Un resultado final de la estrategia mexicana de sustitución de importaciones fue que el sector industrial de la nación se hizo ineficiente y, juzgado de acuerdo con patrones internacionales, poco competitivo. Al tener asegurados los mercados nacionales y verse protegidos de la competencia extranjera, los fabricantes mantuvieron los costes bajos —y los beneficios altos— haciendo sólo inversiones mínimas para renovar y modernizar sus instalaciones. Apenas hubo empresas nacionales que en sus presupuestos asignaran sumas significativas al capítulo de investigación y desarrollo. Depender de la tecnología importada tendía a elevar los costes de producción y a afianzar la obsolescencia inherente. Por consiguiente, el sector privado mexicano pasó a depender decisivamente del virtual monopolio del mercado nacional y de la protección del Estado. Los costes socioeconómicos inherentes a la ISI empezaron a cobrarse su tributo en los primeros años del decenio de 1970. La producción decayó a la vez que aumentaban los conflictos. Los líderes nacionales intentaron forjar un consumo nuevo en torno a una visión de «desarrollo compartido» (comparado con el «desarrollo estabilizador»), pero sus instancias fueron en vano. México parecía encaminarse hacia una situación problemática.

Entonces el país encontró petróleo. Mientras el precio internacional del petróleo continuaba subiendo, México descubrió nuevas e inmensas reservas y recuperó rápidamente su condición de productor importante. Esto no sólo realzó la posición internacional del país, sino que también proporcionó a las autoridades estatales una enorme e inesperada cantidad de divisas y permitió que el gobierno se embarcara en un programa a gran escala de gastos públicos cuya finalidad era mitigar las limitaciones del desarrollo de la ISI. Así pues, la bonanza del petróleo aplazó temporalmente la idea de efectuar cambios estructurales en la economía. Sin embargo, cuando el auge del petróleo cesó a principios de los años ochenta, el gobierno intentó afrontar la crisis adoptando una política encaminada a «liberalizar» la economía nacional y promover la exportación de productos manufacturados. Ello obligaría a abandonar antiguos supuestos, a modificar las relaciones entre el Estado y el sector privado y a renovar las instalaciones industriales de la nación. La tarea era formidable.

CUADRO 2.2

Pautas de distribución de la renta: 1958 y 1977
(porcentajes correspondientes a grupos de familias)

| 1958 | 1977
20 por 100 más bajo | 5,0 | 2,9
Segundo quintil | 7,2 | 7,0
Tercer quintil | 10,0 | 12,0
Cuarto quintil | 14,9 | 20,4
20 por 100 más alto | 62,9 | 57,7
(10 por 100 máximo) | (49,3) | (40,6)

FUENTES: Ingenia M. de Navarrete, «La distribución del ingreso en México: tendencias y perspectivas», en El perfil de México en 1980 I México, D. F., 1970, p. 37; y Banco Mundial, World Development Report 1987, Nueva York, 1987, p. 253.

La transformación económica experimentada por México desde el decenio de 1940 afectó mucho a los cambios en el sector agrícola, a la vez que era afectada por ellos. En su mayor parte, las medidas oficiales mantenían unos precios agrícolas artificialmente bajos, y el coste consiguientemente modesto que los alimentos tenían para los consumidores urbanos equivalía a la transferencia a gran escala de recursos del campo a la ciudad, donde este subsidio desempeñaba un papel esencial en el mantenimiento de la paz social. A veces las exportaciones agrícolas proporcionaban cantidades significativas de divisas y estos beneficios contribuían a facilitar capital para el desarrollo industrial.

Desde mediados de los años treinta hasta mediados de los sesenta México consiguió una pauta notablemente equilibrada de crecimiento absoluto. Mientras la industrialización tenía lugar por vía de la sustitución de importaciones, la producción agrícola aumentaba ininterrumpidamente a razón de un 4,4 por 100 de promedio anual. A comienzos de los años sesenta México ya exportaba cereales básicos (entre ellos trigo), así como cultivos «de lujo» (tales como aguacates y tomates). Algunos analistas han dicho que en la medida en que hubo un «milagro mexicano», puede que éste tuviera lugar en el sector agrícola. En el plazo de diez años esta situación sufrió un retroceso drástico. En 1975 México ya importaba el 10 por 100 de los cereales que consumía; en 1979 la cifra ya era del 36 por 100 y en 1983 importaba aproximadamente la mitad de los cereales que necesitaba. Los alimentos empezaron a escasear para algunos sectores de la población y cabe que la desnutrición afectara a cerca de cuarenta millones de mexicanos. Este hecho no sólo revelaba una crisis nacional en la agricultura. También significaba que México tenía que desviar capital que podía usarse para otros fines, tales como inversiones que crearan puestos de trabajo.

La agricultura mexicana perdió su equilibrio interno. El crecimiento continuó en los sectores comercializados, especialmente en los cultivos de gran valor (frutas y verduras) y los piensos para el ganado (sorgo y forrajes para las aves de corral y los cerdos; el ganado vacuno de engorde se alimentaba de hierba en México). Las medidas del gobierno sostenían unos niveles relativamente altos de producción para exportar, sobre todo a Estados Unidos, y para el consumo en las ciudades, especialmente de la clase media. Este énfasis se vio reforzado por la penetración de agroindustrias de gran escala, es decir, compañías transnacionales que adquirían intereses importantes en el sector agrícola, sobre todo en la industria de piensos para animales. Sin embargo, los pequeños agricultores y campesinos no participaron en los beneficios. A partir del decenio de 1960 el gobierno mexicano permitió que los precios reales de los productos básicos (especialmente del maíz) experimentaran un descenso a largo plazo, política que a corto plazo favoreció a los consumidores de la clase trabajadora, pero que a la larga perjudicó la producción agrícola. Los créditos iban a parar a las grandes empresas y la agroindustria se hizo con el control de grandes extensiones de tierra. A mediados de los años ochenta unos cuatro millones de campesinos mexicanos carecían de tierra. De vez en cuando su frustración se desbordaba y bandas de campesinos invadían y ocupaban tierras para su uso propio.

Estos fenómenos han dado pie a muchas polémicas en torno al legado de la reforma agraria en México y, en especial, de los ejidos colectivos. La producción en los ejidos no ha crecido tan rápidamente como en las haciendas privadas en gran escala (cuya producción por unidad [0,405 ha] se incrementó en un 147 por 100 entre 1950 y 1970, comparada con el 113 por 100 de los ejidos). Esto ha inducido a algunos observadores a sacar la conclusión de que la reforma agraria y la propiedad colectiva han reducido la productividad agrícola y exacerbado las dificultades económicas. Pero también han intervenido otros factores; en general, los ejidos tenían tierra de calidad inferior y menos acceso a créditos y tecnología; también tendían a concentrarse menos en los cultivos de lujo para la exportación que en los alimentos básicos destinados al mercado nacional. Quizá sea una comparación reveladora señalar que la productividad de los ejidos aumentó con mayor rapidez que la de los pequeños agricultores (el 113 por 100 comparado con el 73 por 100 en el período 1950-1970). Es posible que el problema no radicara en los ejidos mismos, sino en sus recursos e incentivos.

El crecimiento económico y el desarrollo industrial en el período de la posguerra surtieron un efecto profundo en la estructura social de México. Uno de los rasgos más evidentes de este cambio, a la vez causa y efecto de la transformación económica del país, fue una tendencia secular a la urbanización. Al escasear la tierra y los puestos de trabajo en el campo, los campesinos abandonaban sus poblados para ir en busca de sustento o trabajar en las ciudades. A veces se iban solos, otras veces con su familia; a veces poblados enteros emprendían la hégira. Muchas veces iban a parar a los barrios bajos o, más comúnmente, fundaban comunidades enteras en la periferia de las principales ciudades del país. Algunos de estos barrios marginales llegarían a ser miniciudades por derecho propio. En 1900 únicamente el 9,2 por 100 de la población mexicana vivía en ciudades (definidas como comunidades de 20.000 habitantes o más). En 1940 la cifra había ascendido hasta situarse en el 18 por 100, y en 1970 era de alrededor del 35 por 100. Mientras tanto Ciudad de México se convirtió en una de las mayores metrópolis de la tierra: en las postrimerías del decenio de 1980 se le calculaban entre 14 y 16 millones de habitantes. Contrariamente a la suposición general, México ya no era una sociedad rural de campesinos sedentarios. La proporción de la población económicamente activa que se dedicaba a la agricultura había descendido de alrededor del 70 por 100 a comienzos de siglo al 40 por 100. Al mismo tiempo, el porcentaje de trabajadores empleados en la industria aumentó de forma ininterrumpida y de aproximadamente el 10 por 100 en 1900 pasó al 30 por 100 en 1980.

A pesar de estadísticas discutibles y de disputas intelectuales en torno al significado exacto de la palabra «clase», es evidente que la transformación económica surtió un efecto importante en la estructura social de México. El censo de 1960 sugiere que la clase «alta» mexicana seguía siendo muy reducida, alrededor de la mitad del 1 por 100 de la población, y que había trasladado su ubicación social del campo a la ciudad, a medida que los hacendados tradicionales dieron paso a los banqueros e industriales. La clase «media» había crecido hasta representar aproximadamente el 17 por 100 del total, con una magnitud casi igual de componentes urbanos y rurales. (A mediados de los años ochenta la clase media representaba hasta el 25 o 30 por 100 de la población total). De hecho, la distinción entre los estratos laborales de clase alta y los de clase media es sumamente tenue porque muchas personas que desempeñaban empleos de clase media tenían ingresos de clase alta (y viceversa), y quizá sería preferible combinar los dos estratos en una única clase social: la clase no manual, consistente en las personas que no trabajan con las manos. En todo caso, un hecho fundamental se hace visible: hablando en términos relativos, la clase media ha sido una clase privilegiada, y las personas con ingresos de clase media están en el tercio superior de la distribución de la renta del país[1]. La clase «baja» está integrada por las personas que efectúan trabajos manuales. Este estrato parece que descendió de más del 90 por 100 en 1900 a alrededor del 82 por 100 en 1960 y, quizá, al 65-75 por 100 antes de 1980. Pero esto no debe ocultar el incremento constante del tamaño absoluto como resultado de la expansión demográfica. La clase baja también se ha ligado a la industria progresivamente y, dentro de unos límites, se ha proletarizado.

El crecimiento demográfico se aceleró mucho a partir del decenio de 1940. Desde las postrimerías del período colonial hasta el decenio de 1930 la población mexicana creció a un ritmo relativamente modesto, en parte debido a la devastación periódica, durante las guerras de la independencia (1810-1821) y de nuevo durante la Revolución (1910-1920). A partir de entonces la población comenzó una subida ininterrumpida, de 20 millones en 1940 a 36 millones en 1960 y 70 millones en 1980. A finales de los años sesenta México tenía una de las tasas de crecimiento demográfico más altas del mundo, alrededor del 3,6 por 100 anual.

Desde entonces, debido en parte a medidas del gobierno, la tasa de crecimiento ha bajado y se situaba alrededor del 2,5 por 100 a mediados de los años ochenta. A pesar de ello, seguía existiendo un hecho básico: casi la mitad de la población tenía menos de dieciséis años de edad. Una de las ramificaciones políticas de este crecimiento demográfico ha sido la debilitación de los vínculos con el pasado. De los 70 millones de mexicanos que vivían en 1980 sólo el 13,3 por 100 tenían quince o más años en 1950 y podían tener recuerdos directos de aquel período. Cerca de la mitad de la población de 1980 (el 45 por 100) aún no había cumplido quince años, por lo que su adultez se hallaba en el futuro. La demografía impedía el mantenimiento de la continuidad entre generaciones.

Estos fenómenos sociales y demográficos manifestaban importantes variaciones regionales. Aunque Ciudad de México ejercía el dominio político, este dominio era un poco menor que el de las capitales de otras importantes naciones latinoamericanas. La inmensa mayoría de los mexicanos —como mínimo tres cuartas partes— vivía en algún otro lugar de la nación, y el perfil socieconómico de la vida cotidiana daba un sabor distinto a cada región. La zona central del país era en sí misma de una rica variedad. Si bien algunas de sus ciudades (Toluca, Puebla, Querétaro) se encontraban dentro de la órbita cultural y política de la capital, algunas partes de la zona central mantenían arraigadas tradiciones regionalistas. Guadalajara, la segunda de las mayores ciudades del país, con 3,6 millones de habitantes en el decenio de 1980, presentaba un tono conservador y católico; paradójicamente, como patria de la música de los mariachis y del tequila, era también un símbolo nacionalista. Veracruz, lánguido puerto del Caribe, poseía la dudosa distinción histórica de haber sido el punto de partida de diversas invasiones extranjeras desde la llegada de Hernán Cortés hasta el desembarco de la infantería de marina norteamericana. Ni Guadalajara ni Veracruz poseían una élite industrial que pudiese representar un desafío para los gigantes comerciales de Ciudad de México, y ambas ciudades colaboraban con fuerzas sociales de la capital.

El sur había recibido muchos menos privilegios y estaba menos desarrollado. Los estados de Oaxaca y Chiapas mantenían poblaciones indígenas relativamente numerosas, que a menudo vivían en tradicionales comunidades de subsistencia en los márgenes de la sociedad nacional. El sur desempeñó un papel muy reducido en la carrera hacia la industrialización, y de resultas de ello siguió siendo rural y pobre. El turismo ayudaba a Guerrero y Quintana Roo con sus lujosos lugares de veraneo cosmopolita, como, por ejemplo, Acapulco, Ixtapa y Cozumel, y Yucatán se recuperó de la caída del mercado internacional del henequén. Algunas regiones del sur de México, así como del Golfo, se convirtieron en centros de auge del petróleo. Pero en su mayor parte, los estados meridionales recibieron una atención (y fondos) relativamente modesta del gobierno nacional, y —quizá a resultas de ello— fomentaron los partidos de oposición, la política radical y los movimientos secesionistas.

El norte se hallaba en el otro extremo del espectro económico. Cuna de la empresa privada, la ciudad de Monterrey pasó a ser el segundo centro industrial de la nación por su importancia y la tercera metrópoli (con más de 2,2 millones de habitantes). La fuerza motriz que había detrás de este desarrollo la proporcionaban dos familias, los Garza y los Sada, que empezaron con una fábrica de cerveza hacia principios de siglo y con el tiempo edificaron un enorme conglomerado del que formaban parte el acero, el vidrio, los productos químicos y las finanzas. Los estados septentrionales de Sonora y Chihuahua fueron testigos de la supremacía de agricultores y rancheros ricos y conservadores mientras las regiones fronterizas, con ciudades prósperas tales como Ciudad Juárez y una restaurada Tijuana, se beneficiaron de los vínculos económicos con Estados Unidos. En general, el norte era próspero, conservador proestadounidense… y alejado de Ciudad de México. Sin embargo, todos los sectores de la sociedad mexicana —y no sólo los del norte— acusaron la influencia de la cultura popular estadounidense. Por medio de las películas, la televisión, la lengua y el mercado, México experimentó un proceso ininterrumpido y acelerado de «americanización», tendencia que hizo más apremiante la necesidad de proteger la identidad nacional.

Desde hace mucho tiempo la complejidad del sistema político de México ha impedido clasificarlo de manera sencilla. Llevados del espíritu optimista del decenio de 1950, algunos analistas presentaron el régimen como una estructura de partido único en proceso de modernización y democratización. Con el desencanto del decenio de 1970 la mayoría de los observadores hicieron hincapié en los aspectos «autoritarios» del régimen, pero incluso esta calificación debería matizarse. México ha tenido un régimen autoritario pragmático y moderado en vez del tipo celosamente represivo que apareció en el Cono Sur durante los años sesenta y setenta; un sistema inclusivo, dado a la cooptación y a la incorporación en vez de a la exclusión o el aniquilamiento; un sistema institucional en lugar de un instrumento personalista; y unos líderes civiles en vez de gobernantes militares. Dejando aparte otras cosas que puedan decirse, el régimen mexicano ha afrontado y, al parecer, resuelto uno de los problemas más difíciles que se les plantean a los regímenes no democráticos: el de la renovación de la élite y sucesión del ejecutivo. Es un sistema autoritario, pero presenta muchas diferencias.

El poder político reside en la cumbre. Los presidentes mexicanos gobiernan durante períodos de seis años que no son renovables y durante este tiempo tienen la autoridad suprema; dicen la última palabra en todas las cuestiones políticas de importancia, controlan cantidades inmensas de patronazgo y, dada la importancia del Estado, ejercen una influencia duradera en la senda del desarrollo nacional. Pero cuando termina su período, deben abandonar el cargo. La prohibición constitucional de la reelección (legado de la Revolución mexicana) se ha convertido en un principio sacrosanto de la política. Sospecho que ello se debe en parte a que significa la renovación regular de las oportunidades de desempeñar cargos públicos. Por estas razones, el acontecimiento supremo de la política mexicana ha sido la sucesión presidencial. La selección del presidente es la decisión más importante de la vida nacional, el proceso que fija y controla el ritmo que durante seis años tiene la actividad pública y política. Los mecanismos exactos que hay detrás de la sucesión se le han ocultado al público, pero parece ser que han experimentado algunos cambios significativos. Dos aserciones parecen indiscutibles: la primera es que el presidente saliente desempeña un papel central (generalmente dominante) en la selección de su sucesor; y la segunda, la revelación o «destapamiento» del que será el nuevo presidente provoca una inmediata y virtualmente unánime declaración de apoyo por parte de los miembros de la élite política. La competición toca a su fin con el «destape».

Las elecciones se han visto dominadas con regularidad por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los partidos de la oposición han sido fragmentarios y débiles, aunque su potencial ha crecido con el paso del tiempo. Hasta las postrimerías del decenio de 1970 un puñado de partidos políticos —principalmente el Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido Popular Socialista (PPS), y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM)— proporcionaron al régimen un leal disentimiento parlamentario. Sus líderes, cuyo apoyo electoral oscilaba entre bajo y minúsculo, aceptaban escaños en el Congreso, criticaban alguna que otra decisión del gobierno (pero nunca el sistema en sí), hacían pactos frecuentes con el PRI y con su mera existencia reforzaban la pretensión gubernamental de contar con el apoyo popular y tener una autoridad legítima. En el decenio de 1970 aparecieron partidos menos colaboracionistas —tanto en la izquierda como en la derecha—, pero a mediados de los años ochenta todavía no planteaban una seria amenaza electoral para el régimen a escala nacional. Fuera de la estructura de partidos había movimientos terroristas, así urbanos como rurales, a los cuales el gobierno no daba cuartel. Las medidas represivas y las campañas contra las guerrillas por parte de las unidades del ejército y la policía aplastaron sin piedad las rebeliones armadas. El régimen encarcelaba a personas por motivos políticos, hecho que las autoridades negaban a menudo, y hubo momentos de represión total. De vez en cuando desaparecían misteriosamente activistas y agitadores.

Uno de los aspectos más extendidos del sentimiento popular era la apatía. La afluencia de votantes en las elecciones presidenciales oscilaba entre el 43 y el 76 por 100, pese a que votar era obligatorio, y, en conjunto, el pueblo mexicano tendía a percibir a su gobierno como algo distante, elitista y servidor de sus propios intereses. Una proporción considerable del pueblo, quizá de hasta una tercera parte, padecía insuficiencias de alimentación, educación y vestido, y era tan ajena al proceso político, que, como dijo Pablo González Casanova, llegó a representar una «colonia interna». Aunque indicaran un potencial de discordia, la apatía y la marginación no constituían forzosamente peligros para el régimen, ya que con frecuencia le permitían libertad de acción; si bien presentaba rasgos autoritarios, el sistema político mexicano también poseía flexibilidad. Aun siendo demasiado pesado por la parte de arriba, el PRI estaba organizado en torno a tres sectores distintos: uno para los campesinos, uno para los trabajadores y uno, el quijotescamente denominado «sector popular», para casi todo el resto de la población. La estructura proporcionaba al menos representación simbólica a amplios estratos de la sociedad mexicana y contribuye a explicar la aceptación pasiva, aunque no la aprobación entusiasta, de que gozaba el régimen entre la masa de la población. Una rotación ininterrumpida del personal político significaba que personas nuevas, algunas de ellas con ideas igualmente nuevas, podían acceder a altos cargos. Cuando aparecían señales de descontento, los gobernantes de México solían cooptar a los líderes de las masas proporcionándoles puestos públicos, con lo cual ensanchaban todavía más la base de apoyo del sistema. Y cada diez años más o menos el sistema pasaba por un período de autoexamen que a menudo conducía a alguna clase de reforma. Normalmente los resultados distaban de ser espectaculares, pero afirmaban el código básico del sistema, que un observador atento resumió sucintamente: dos zanahorias, incluso tres o cuatro, pero luego un palo si es necesario.

Tal vez la mejor forma de hacerse una idea de cómo era la estructura de poder en el México del período que nos ocupa sea verla como una serie entrelazada de alianzas o pactos: de acuerdos, empleando el expresivo término español. En el sentido más amplio, la coalición que gobernaba el país contenía tres segmentos separados: el Estado, el sector privado local y el sector extranjero (bancos y compañías transnacionales y sus gobiernos respectivos). A veces las relaciones entre estos socios eran difíciles y tensas, y no era raro que dos de ellos se unieran para combatir a un tercero. Con todo, debajo de estas luchas existía un consenso muy arraigado, una serie de entendimientos que hacían que la estructura de poder permaneciera intacta: 1) México seguiría una senda capitalista hacia el crecimiento económico, premisa que requería que 2) se controlara a las masas populares, lo cual significaba que 3) el Estado debía interpretar un papel dominante en esta organización, mientras 4) el Estado y los empresarios podrían competir aún en pos de relativa superioridad. En semejante «economía mixta» el Estado asumía varias tareas: protegía el sistema capitalista, dictaba las reglas para el desarrollo y participaba como el mayor de los empresarios.

Al frente del Estado había una élite política que a su vez contenía tres grupos identificables. Uno consistía en los técnicos, cuerpo de burócratas muy bien preparados cuyo principal recurso era la pericia técnica; desempeñaban papeles de importancia crítica en la planificación de las políticas que debían seguirse, especialmente en el campo económico. El segundo grupo lo formaban los políticos, veteranos que ascendían en la jerarquía del PRI y cuya base institucional nacía de puestos electorales (en ayuntamientos, asambleas estatales, gobiernos también estatales y el Congreso nacional). La rivalidad entre los políticos y los técnicos era un tema recurrente en la política mexicana desde el decenio de 1950, y afectaba en gran medida el equilibrio de poder en el seno de la élite nacional[2]. Un tercer grupo, que a menudo pasaba desapercibido a los observadores, consistía en el ejército profesional. Los militares mexicanos se mantuvieron discretamente en segundo plano durante el período posterior a la segunda guerra mundial, pero en ningún momento dejaron de cumplir diversas funciones importantísimas: perseguir a los guerrilleros, supervisar las elecciones difíciles, reprimir a la oposición más ruidosa y, en general, defender la ley y el orden. En efecto, el ejército actuaba como «socio comanditario» dentro de la clase política y su colaboración era esencial.

El régimen político mexicano contaba con el apoyo de tres grupos sociales principales. Destacaba de forma especial la clase media, el estrato relativamente privilegiado y en gran parte urbano que recibía muchos de los beneficios del crecimiento económico. Se daba una importancia simbólica especial a las masas rurales, sobre todo al campesinado, aunque su participación en las recompensas materiales era desproporcionadamente pequeña. El mantenimiento del régimen dependía igualmente de los trabajadores urbanos, cuyos sindicatos colaboraban bajo el liderazgo centralizado de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Cada grupo constituía una unidad independiente dentro del PRI, que proporcionaba una salida institucional para la expresión de los intereses de los sectores al mismo tiempo que tenía controlados a dichos grupos. A tal efecto revestía especial importancia tener a los obreros y a los campesinos separados unos de otros, con lo cual se impedía que formaran una coalición de clase subordinada que pudiera amenazar al sistema en su conjunto. El ex presidente Miguel Alemán recordaba que a finales de los años treinta y comienzos de los cuarenta se había intentado fundir las organizaciones campesinas con las obreras, lo cual en su opinión, habría hecho desaparecer la estabilidad política de México[3]. Para impedir que se llegase a ello, México edificó un Estado corporativo, cuyos pilares fundamentales eran el PRI y sus sectores.

A lo largo del tiempo se hizo evidente que la estabilidad política de México dependía de tres condiciones principales. En primer lugar, el mantenimiento de un equilibrio entre los grupos constitutivos. Aunque pudiese haber desigualdades, quedó demostrado que era esencial conservar la idea de que todos tenían acceso y ninguno gozaba de supremacía. La legitimidad se apoyaba en la aceptación y la participación de los líderes de los sectores, y esto entrañaba la creencia —o el mito— de que la reparación de determinados agravios y la defensa de los intereses generales siempre serían posibles; la consigna de este sistema era «equilibrio». La segunda condición era que continuase la distribución de recompensas materiales, que a su vez eran posibles gracias a las pautas a largo plazo de crecimiento económico. Estos beneficios podían presentarse bajo formas diversas, generalmente con el patrocinio del Estado (subvenciones, control de los precios, acuerdos salariales), lo cual permitía al régimen conservar el apoyo de los heterodoxos y contradictorios grupos sociales que lo constituían. Este tipo de coalición populista requería una corriente ininterrumpida de pagos y la capacidad que tenía el Estado de efectuarlos dependía de la marcha de la economía nacional. Así pues, el régimen mexicano necesitaba crecimiento económico: entre el «milagro económico» de la posguerra y el mantenimiento de la estabilidad política existía una relación simbiótica y dialéctica.

La tercera condición amplia para la estabilidad era el cultivo de una relación mutuamente aceptable con Estados Unidos, una especie de distensión bilateral. Al mismo tiempo que defendía los conceptos sacrosantos de la soberanía nacional y la autodeterminación, el régimen mexicano procuró asiduamente evitar enfrentamientos directos con su vecino del norte. Las relaciones con Estados Unidos fueron una preocupación constante de los rectores de la política mexicana, entre cuyos recuerdos no se contaban únicamente las guerras humillantes del siglo XIX, sino también las intervenciones militares de principios del XX y la hostilidad virulenta con que fue recibida la nacionalización del petróleo en 1938. Tener políticamente a raya al león al mismo tiempo que se cultivaban relaciones económicas productivas resultó ser una tarea precaria que a menudo adquiría la forma de evasión legalista y ambigüedad práctica.

A partir del decenio de 1940 las relaciones de México con Estados Unidos presentaron tres rasgos permanentes. El primero fue la asimetría: Estados Unidos era un país más extenso, más fuerte y más rico que México, y lo había sido desde principios del siglo XIX. La negociación entre iguales era, pues, imposible: Estados Unidos ejercerían siempre una influencia en México mucho mayor que la que México pudiera ejercer en ellos. El segundo rasgo eran los conflictos: a pesar de tener algunas perspectivas y objetivos en común, podía haber desacuerdo en asuntos concretos. Lo que era bueno para México no siempre lo era también para Estados Unidos, y viceversa (o, para ser más precisos), lo que era bueno para ciertos intereses de México quizá no lo fuese para ciertos intereses estadounidenses. La tarea de las autoridades mexicanas consistía en representar los intereses nacionales sin provocar una respuesta excesivamente negativa por parte de Estados Unidos. El tercer rasgo eran las limitaciones diplomáticas: las negociaciones entre los dos gobiernos no podían resolver de modo definitivo todos los asuntos bilaterales clave. Ello se debía en parte a la naturaleza de los asuntos importantes que estaban en juego, tales como la migración de mano de obra, que respondían principalmente a estímulos socioeconómicos y se resistían con fuerza a la regulación oficial. También reflejaba diversidad y contradicciones en los numerosos organismos rectores que participan en el proceso político estadounidense, mientras que en México tendía a predominar la voluntad presidencial[4].

En su mayor parte, desde mediados de los años cuarenta hasta mediados de los ochenta los líderes mexicanos lograron satisfacer estos tres requisitos. Alimentaron la idea del equilibrio entre los grupos constitutivos; apoyaron el avance hacia el crecimiento económico; y mantuvieron una relación apropiadamente ambigua —pero en esencia de apoyo— con Estados Unidos. El resultado de estos esfuerzos fue tan notable como raro: un régimen político estable bajo la égida de líderes civiles.

1946-1958

Al finalizar la segunda guerra mundial México mantenía unas relaciones excepcionalmente buenas con Estados Unidos. En 1941, al aproximarse el conflicto, el presidente Franklin Delano Roosevelt había instado a las compañías petroleras a aceptar una solución negociada de la nacionalización de 1938. En 1942, después de que Alemania torpedeara dos barcos petroleros que navegaban con rumbo a Estados Unidos, México declaró la guerra al Eje y en aquel mismo año el gobierno firmó con Washington un acuerdo comercial que abría los mercados estadounidenses a los productos de México y un acuerdo sobre mano de obra migratoria en virtud del cual braceros mexicanos trabajarían en los ferrocarriles y las granjas estadounidenses y, más adelante, en otros sectores. El tono de estos acuerdos recalcaba la armonía y la colaboración. De hecho, algunos mexicanos influyentes creyeron que anunciaban el principio de una «relación especial» entre los dos países. La guerra también había fomentado el desarrollo industrial. Apareció una clase empresarial, apoyada y protegida por el Estado, así como el esbozo de una moderna clase media (que representaría quizá el 15 por 100 de la población total de aquel tiempo). Con todo, gran parte de la sociedad mexicana conservó su tradicional carácter rural e inmóvil; y Ciudad de México, con sus dos millones de habitantes, estaba muy lejos de ser la megalópolis en que se transformaría más adelante.

Dentro de este marco la llegada a la presidencia de Miguel Alemán en 1946 señaló un cambio decisivo en la política mexicana. Alemán, que contaba sólo cuarenta y seis años de edad, y era civil, fue el primer presidente posrevolucionario que no había participado de forma notable en los conflictos armados de 1910-1920; con formación de abogado, representaba una generación de universitarios ambiciosos; elocuente en castellano (también hablaba el inglés con soltura), aportó una nueva combinación de habilidades al cargo ejecutivo de la nación. Sin embargo, gracias a sus esfuerzos diligentes había ascendido en el sistema; entró en el Senado en 1934, pasó a ocupar el puesto de gobernador de Veracruz en 1936 y dirigió la campaña presidencial de Manuel Ávila Camacho en 1939-1940. Sus esfuerzos fueron recompensados con la Secretaría de Gobernación, cargo en el que dio muestras tanto de dureza como de habilidad.

A finales de 1944 había numerosos aspirantes convincentes a la sucesión. Cinco de ellos eran civiles: Javier Rojo Gómez, regente (jefe por nombramiento) del Distrito Federal; Marte R. Gómez, secretario de Agricultura; el doctor Gustavo Baz, secretario de Asistencia; Ezequiel Padilla, secretario de Relaciones Exteriores; y el propio Alemán. Cuatro eran militares: Miguel Henríquez Guzmán, Enrique Calderón, Jesús Agustín García Castro y Francisco Castillo Nájera. Al principio las especulaciones eran favorables a Gómez y Padilla, ya que ambos eran políticos curtidos y destacados, pero Alemán se valió de su cartera ministerial para crearse un grupo de seguidores, especialmente entre los gobernadores de estado y también entre líderes clave de las organizaciones obreras y campesinas. Había preparado bien el terreno cuando en mayo de 1945 renunció a su puesto en el gabinete. La Federación Obrera de Veracruz apoyó públicamente a su hijo favorito. Los líderes nacionales de la CTM celebraron una sesión especial y dieron su apoyo a Alemán. Otros grupos, desde los de clase media hasta los comunistas, hicieron entonces lo mismo. Mientras tanto Avila Camacho ensalzó las virtudes del profesionalismo militar en un discurso dirigido al Colegio Superior de la Guerra. (El sentido de sus palabras no les pasó inadvertido a los oficiales reunidos: tenían que prepararse para un presidente civil). Rojo Gómez y Henríquez Guzmán abandonaron la carrera, y a comienzos de 1946 un congreso complaciente del partido gobernante, que cambió su nombre de Partido de la Revolución Mexicana (PRM) por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), nombró a Alemán por unanimidad. Pese a ello, seguidamente hubo una campaña. Dos de los generales descontentos, García Castro y Calderón, encabezaron las listas de candidatos de dos partidos efímeros, mientras Ezequiel Padilla, que había guiado la política exterior durante la segunda guerra mundial y gozaba del favor de Estados Unidos, presentaba una candidatura independiente después de crear el Partido Demócrata Mexicano (PDM), que era de signo conservador. Enérgico pero quijotesco, puede que Padilla se viera perjudicado por su filiación proestadounidense. En todo caso, el resultado de las elecciones estaba claro: el 78 por 100 de los votos fueron favorables a Alemán, el 19,3 por 100, a Padilla; García Castro y Calderón apenas sacaron nada. No hubo protestas ni actos de violencia, y Alemán pasó a ocupar el puesto de presidente en diciembre de 1946, en medio de la tranquilidad general.

El nuevo líder del país tenía un proyecto nacional claro. Alemán estaba decidido a continuar y ampliar el proceso de industrialización de sustitución de importaciones que había comenzado durante la guerra. Para alcanzar este objetivo forjaría una alianza entre el Estado y el capital privado, tanto nacional como extranjero. En un discurso dirigido a la CTM, Alemán dijo que la empresa privada debería tener libertad completa y contar con el apoyo del Estado, siempre y cuando actuara en nombre del interés de todos. Consideraba que las propiedades deberían estar preferiblemente en manos de ciudadanos mexicanos, de conformidad con las pautas fijadas por las leyes del país; pero admitía que el capital extranjero invertido en México pudiera obtener libremente beneficios legítimos. Afirmaba que el papel del Estado era garantizar a los trabajadores el derecho a organizarse, a concertar convenios colectivos y a defenderse según fuera necesario utilizando medios justos y legales, sin recurrir a procedimientos que estén fuera de la ley. Al mismo tiempo, el Estado debería garantizar los derechos de los empresarios a abrir centros de producción y multiplicar las industrias del país, con la confianza de que sus inversiones estarán a salvo de los caprichos de la injusticia[5]. Su visión requería conciliar a las clases sociales, en vez de fomentar la lucha entre ellas, con el Estado como árbitro final.

Con el fin de poner en práctica esta estrategia el gobierno de Alemán invirtió muchos fondos del Estado en obras públicas. Grandes presas en el río Colorado, en el curso inferior del río Grande y en el río Papaloapán controlaban las inundaciones, incrementaron la extensión total de las tierras cultivables y generaron una energía eléctrica que hacía mucha falta. Caminos, carreteras y un aeropuerto internacional en Ciudad de México reforzaron las redes de comunicación y transporte. Un nuevo recinto para la Universidad Nacional no sólo hacía alarde de importantes realizaciones arquitectónicas y artísticas, sino que también indicaba el compromiso del gobierno con la formación de cuadros muy bien preparados, tanto para el funcionariado como para la empresa privada. Al mismo tiempo que abría las puertas a las empresas extranjeras, Alemán procuró fortalecer la clase empresarial del propio México por medio de diversas medidas proteccionistas. Las cuotas de importación y los aranceles se encargaron de que la competencia no rebasara límites aceptables, a la vez que la devaluación de 1948, de 4,85 a 8,65 pesos por dólar, hizo que los consumidores mexicanos no compraran bienes de importación (y que el coste de la vida subiese). Así empezó el «milagro mexicano».

El componente agrícola de esta estrategia fomentó un programa de modernización al que pronto se conocería por el nombre de «la revolución verde». El programa, que se centraba en la mejora del rendimiento de las cosechas y de la productividad, se valía de diversos instrumentos: la obtención y el uso de nuevas variedades de plantas, muchas de la cuales fueron fruto de los esfuerzos de la llamada Oficina de Estudios Especiales creada en 1943 en el Secretariado de Agricultura con el apoyo de la Fundación Rockefeller; restricciones gubernamentales a los costes de la aportación (tales como electricidad, semillas y fertilizantes); y subvenciones patrocinadas por el Estado para el crédito y la comercialización. Pero la aportación más notable, especialmente durante la época de Alemán, fue la ampliación de los regadíos, el Secretariado de Recursos Hidráulicos, que se fundó en 1946 y desempeñó un papel central en la creación de infraestructura. La revolución verde hacía hincapié en la productividad y el beneficio, en vez de en el reparto de tierras. Gran parte de las inversiones del gobierno, especialmente en regadíos, iba dirigida a las grandes haciendas y ranchos del norte en vez de a los estados campesinos del centro y el sur. Y, como si fuera un desafío a la reforma agraria misma, el grupo de Alemán apoyó una enmienda constitucional que elevaba a 100 hectáreas el tamaño que podían tener la «propiedades pequeñas». El resultado fue una mejora de la eficiencia y la productividad: los rendimientos del maíz aumentaron de 300 a 1.300 kilos por hectárea: los del trigo, de 750 a 3.200 kilos por hectárea[6]. Sin embargo, estas medidas también ahondaron las fisuras en el campo mexicano. Alemán y sus sucesores favorecieron claramente a los grandes productores, mecanizados y comercializados del norte que vendían sus productos en Ciudad de México o en Estados Unidos: la mayoría de los pequeños agricultores tradicionales del centro y del sur quedaron rezagados. La revolución verde no sólo exacerbó estas diferencias, sino que también tendió a fragmentar la serie de intereses que existían en el sector rural. A consecuencia de ellos, la principal organización agraria, la Confederación Nacional Campesina (CNC), llegaría a representar a diversos grupos que a menudo eran opuestos: pequeños agricultores (ejidatarios), jornaleros sin tierra y propietarios comerciales (llamados «pequeños propietarios»). Así pues, los efectos sociales de la revolución verde, más la tenacidad de los jefes rurales, los caciques, están detrás de la debilidad continua del movimiento campesino y la CNC después de la guerra.

Los resultados de la política de Alemán fueron diversos. La fidelidad a los aliados durante la segunda guerra mundial había despertado esperanzas de democratización, y en 1945 Avila Camacho dio un paso en este sentido al proponer que se centralizara y reformara el sistema electoral, que desde hacía mucho tiempo favorecía a los jefes locales y a los caciques. Como era de prever, la CTM expresó su disconformidad, pero, a pesar de ello, la asamblea legislativa sancionó el plan después de la oportuna intervención de un joven diputado de Puebla llamado Gustavo Díaz Ordaz. En el seno del partido PRM/PRI los líderes estaban de acuerdo en basar los nombramientos de candidatos en elecciones internas al mismo tiempo que trataban de evitar los conflictos intestinos respetando el principio de los derechos de la mayoría dentro de cada uno de los sectores[7]. Lo que esto significaría no estaba claro, excepto que el Estado nacional iba a sustituir a los caciques regionales en nombre de la democratización. A decir verdad, el gobierno de Alemán dio al sistema político mexicano una consistencia y una forma que durarían muchos años. Tal como fue evolucionando, el proyecto general reveló varios rasgos interrelacionados: la imposición de un solo grupo gobernante; la eliminación de la izquierda de la coalición oficial: la dominación estatal del movimiento obrero; y el cultivo y la cooptación de los líderes de los sectores.

Donde más evidente fue la insistencia en la homogeneidad fue en el gabinete de Alemán. De forma casi unánime, los nuevos ministros se parecían al presidente mismo: eran jóvenes (la media era de cuarenta y cuatro años), elocuentes y con una formación cultural excelente. Lo más importante de todo era que tenían estrechos vínculos personales con el presidente (alrededor del 20 por 100 de la promoción del propio Alemán en la facultad de derecho ocuparía altos cargos en la política nacional). No se trataba de un gobierno de coalición, un consenso de facciones rivales construido con tacto, como en tiempos de Ávila Camacho. Se trataba del instrumento personal de Alemán. En armonía con esta perspectiva. Alemán expulsó a los gobernadores que representaran a otros grupos: los casos más notables fueron Marcelino García Barragán, el gobernador cardenista (y luego henriquista) de Jalisco, y J. Jesús González Gallo, partidario de Emilio Portes Gil, en el estado de Tamaulipas.

El aislamiento y la exclusión de la izquierda coincidieron con la era de la Guerra Fría. Empezaron en 1946 cuando una serie de nuevos y rigurosos requisitos para la inscripción de partidos políticos impidió que los comunistas permanecieran en la legalidad, y se aceleraron en 1947 cuando Teófilo Borunda, secretario general del PRI, anunció que el partido seguiría una política moderada, «ni de extrema izquierda ni de extrema derecha». Rodolfo Sánchez Taboada, el presidente del partido, hizo pública una resonante denuncia de la influencia marxista y declaró su oposición al comunismo por ser incompatible con la realidad mexicana y proclamó su voluntad de combatir a quienes trataran de proteger las ideas comunistas. Se proclamó demócrata y enemigo de todo imperialismo[8]. El anticomunismo se identificó así con el antiimperialismo y, en el fondo, con la afirmación del nacionalismo mexicano.

Tal vez el hecho más importante en la contención de la izquierda fue que Vicente Lombardo Toledano, líder intelectual del movimiento obrero mexicano y ex secretario general de la CTM, decidiese crear un nuevo partido político. Su programa era doble: promover la industrialización, creando así la base material para el progreso social; y fomentar el antiimperialismo, defendiendo con ello la soberanía nacional frente a la hegemonía de Estados Unidos en la posguerra. A petición de Ávila Camacho, Lombardo Toledano había accedido a aplazar los planes para la fundación del nuevo partido hasta después de la sucesión de 1946. La atención se desvió entonces hacia la CTM, donde un contingente radical pretendía enfrentarse a la facción dominante, la de Fidel Velázquez, en una batalla por la secretaría general en 1947. Lombardo intentó mediar en el conflicto y el grupo de Velázquez accedió astutamente a apoyar la formación de un partido nuevo a cambio del respaldo de Lombardo. Ante estas maniobras, los sindicatos radicales, encabezados por el líder ferroviario Luis Gómez Z., fundaron una organización disidente contraria a la CTM, la Confederación Única de Trabajadores (CUT). En consecuencia, el grupo de Velázquez obtuvo una clamorosa victoria en el seno de la CTM y colocó a Fernando Amilpa en el cargo de secretario general al mismo tiempo que accedía formalmente a contribuir a la creación de un partido nuevo para las masas.

No era este el propósito de Amilpa. Partidario entusiasta de Alemán, Amilpa ansiaba consolidar la posición de los trabajadores dentro del PRI. expurgados de elementos comunistas. En cierta ocasión trató de expulsar a Lombardo Toledano de la CTM; en otra retiró su sindicato de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), creada por Lombardo en 1938. Cuando Lombardo fundó finalmente su nuevo Partido Popular, en 1948, ya se encontraba aislado casi por completo de la CTM, a cuya cabeza había estado en otro tiempo. La izquierda había ganado su partido, pero había perdido su puesto dentro de la constelación de fuerzas gobernantes. A partir de este momento tendría que trabajar desde fuera.

Además de excluir a la izquierda, el régimen alemanista procuró hacerse con el control directo de la corriente principal del movimiento obrero. Las tensiones de mediados de los años cuarenta produjeron una división profunda en el seno de la clase obrera organizada: las fuerzas progubernamentales decían tener 500.000 afiliados y las disidentes, alrededor de 330.000. Si bien muchos militantes de base aceptaron los requerimientos de Alemán y los líderes de la CTM rechazaron los puntos de vista radicales por extranjeros y antipatrióticos, esta actitud chocó con la oposición de los sindicatos del sector público, especialmente en las industrias nacionalizadas, cuyos trabajadores tendían a identificar la soberanía nacional con una oposición antiimperialista a las inversiones extranjeras. En 1946 hubo una pequeña revuelta entre los petroleros que fue sofocada rápidamente después de que los soldados se hicieran cargo de las instalaciones de la PEMEX.

Mayor fue la crisis que se registró en 1948 cuando los trabajadores de los ferrocarriles protestaron contra reducciones de los salarios reales cuyo origen estaba en la devaluación del peso. El líder obrero disidente Luis Gómez Z. acababa de entregar la secretaría general del sindicato a Jesús Díaz de León, sujeto oportunista al que apodaban «el Charro» por su gran afición a las fiestas de rodeo de los charros. El gobierno empezó inmediatamente a apoyar a Díaz de León en su lucha contra el popular Gómez, que insistió en preparar un informe sobre los efectos de la devaluación y presentarlo a la junta de su recién formada CUT, y no al sindicato de ferroviarios. Díaz de León montó en cólera y acusó a Gómez de fraude, acusación que, curiosamente —e impropiamente— el gobierno accedió a investigar. A cambio del respaldo del presidente, Díaz de León aceptó un nuevo contrato que concedía a la gerencia el derecho de despedir hasta dos mil trabajadores cuyos empleos eran antes seguros. Con esto se creó una pauta que desde entonces se ha conocido por el oprobioso nombre de «charrismo»: dóciles líderes obreros venderían los intereses de los afiliados al sindicato y a cambio de ello recibirían respaldo político (y beneficios económicos) del Estado o de la gerencia (o de ambos). De esta forma se tendría a los trabajadores controlados mediante la cooptación de sus líderes, y las organizaciones consiguientes permitirían y facilitarían el avance hacia el crecimiento capitalista por medio de la industrialización.

Los sindicatos independientes continuaron buscando un nuevo vehículo, y a mediados de 1949 líderes disidentes de los trabajadores de las minas y el petróleo se unieron a Lombardo Toledano para formar la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM). La respuesta del gobierno fue hostil: se negó a reconocer una huelga contra la Ford Motors, se basó en un detalle técnico para negarse a registrar a la UGOCM, y apoyó a un grupo disidente dentro del sindicato. Algunos mineros se retiraron de la UGOCM y en 1951 los petroleros decidieron volver a la CTM. La UGOCM continuó existiendo, pero sin representar una amenaza seria. La lección política era clara: debilitada la UGOCM, Lombardo Toledano y el Partido Popular no tendrían ninguna base institucional.

Al mismo tiempo, el gobierno puso limitaciones a la CTM y apoyó la formación en 1952 de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC), organización laboral de ámbito nacional dentro del PRI, a modo de contrapeso. Por medio de esta táctica divisiva, el Estado mexicano una vez más demostró su decisión de controlar con rigor a los trabajadores organizados.

Alemán y sus colaboradores también quisieron imponer disciplina al PRI. Después de experimentar de forma tentativa con primarias internas, el presidente desechó la idea tras las elecciones al Congreso celebradas en 1949, en la mitad de su presidencia, y envió al Congreso una ley que prohibía que los partidos celebrasen sus propias elecciones públicas. En 1950 Sánchez Taboada consiguió que le reeligieran presidente del PRI pese a cierta oposición de los políticos veteranos, pero renunció a su compromiso con las primarias (a partir de aquel momento los candidatos serían elegidos por las asambleas de partido) y se avino a que se hicieran cambios en la estructura de la dirección. Los dinosaurios volvieron al redil, los jóvenes rebeldes perdieron su ventaja y las negociaciones en el PRI volvieron a celebrarse a puerta cerrada.

De resultas de ello, las especulaciones acerca de la sucesión de 1952 fueron apagadas. Al preguntarle lo que había que hacer acerca de la transición en 1951, Alemán respondió típicamente que esperaría[9]. Tal vez porque no había ningún candidato que llevara una ventaja obvia, algunos observadores empezaron a murmurar acerca de una enmienda constitucional que permitiría la reelección de Alemán o prolongaría su permanencia en el cargo (idea a la que Lázaro Cárdenas se opuso enérgicamente). Otros centraron la atención en el capacitado secretario de Hacienda, Ramón Beteta, pero éste tenía la desgracia política de estar casado con una ciudadana de Estados Unidos. Otros hablaban de Fernando Casas Alemán, el regente del Distrito Federal, que era primo del presidente y, según se decía, su favorito a pesar de tener reputación de ser corrupto.

En este contexto, Miguel Henríquez Guzmán, el militar de carrera y precandidato en 1946, decidió llevar a cabo su propia campaña. Obtuvo al principio el apoyo de tres elementos principales: los cardenistas, entre los que había miembros de la familia Cárdenas, que se oponían a la política conservadora de los años cuarenta; facciones distanciadas de la élite que estaban molestas porque las habían excluido del poder; y líderes del movimiento popular. Entre los líderes del movimiento henriquista había figuras tan prominentes como Antonio Espinosa de los Monteros, embajador mexicano en Washington; Pedro Martínez Tomell, ex secretario de Obras Públicas; Ernesto Soto Reyes, ex líder del Senado; Wenceslao Labra, ex gobernador del estado de México; y, entre otros militares, el ubicuo Marcelino García Barragán. Al principio no fue un movimiento de oposición. Los estrategas henriquistas querían trabajar dentro del sistema y no contra él. Querían frenar la candidatura de Casas Alemán, hacer que el PRI pensara seriamente en Henríquez Guzmán, incorporar prácticas democráticas en el proceso de nombramiento de candidatos y poner coto a la corrupción que tenía lugar bajo Alemán. La base ideológica del movimiento era vacua y breve; consistía en no apartarse lo más mínimo de los ideales de la Revolución mexicana, y, por supuesto, defender la Constitución de 1917[10]. Cambiar los líderes, y no el propósito nacional, sería suficiente para rectificar el rumbo de la vida pública. El iconoclasta ex general acabaría adoptando algunas posturas tácitamente radicales, tales como dar apoyo a los pequeños productores rurales y a los sindicatos obreros independientes, pero tuvo cuidado de que sus consecuencias no fueran más allá.

Como era de prever, el dócil PRI expresó su decidida oposición a los advenedizos henriquistas y trató de expulsarlos del partido. Al ver que no había otra opción, los disidentes crearon un vehículo nuevo —la Federación de Partidos del Pueblo (FPP)— en marzo de 1951, mucho antes de la convención en que el PRI debería nombrar a sus candidatos. Henríquez Guzmán empezó una campaña intensa y encontró apoyo entre grupos tan dispares como los estudiantes idealistas, los elementos prodemocráticos de la clase media, los grupos de campesinos independientes y los obreros desencantados. Se dice que Alemán se tomó el desafío lo bastante en serio como para mandar un emisario a Cárdenas con el fin de explicar los peligros que representaba para el sistema, entre ellos la posibilidad de un golpe militar[11].

A principios de octubre llegó el rumor de que el elegido sería Adolfo Ruiz Cortines, de cuarenta y cinco años, que desempeñaba el cargo de secretario de Gobernación y había nacido en el estado de Veracruz. Hombre anodino pero honrado, era claro que se trataba de un candidato elegido para satisfacer a todos, alguien que quizá podría poner remedio a las escisiones en el seno de la clase política del país. La maquinaria se puso a funcionar rápidamente. Fidel Velázquez ya había anunciado que los trabajadores apoyarían al PRI en vez de a los comunistas o, más concretamente, al Partido Popular de Lombardo Toledano, pues —como dijo el 1 de mayo— el proletariado mexicano había tomado la decisión más trascendental de su existencia al identificarse definitivamente con la Revolución, con la patria, y desechar por incompatibles todas las doctrinas e ideologías extranjeras[12]. O, dicho de otro modo: marxistas, abstenerse. Al mismo tiempo, Sánchez Taboada ofreció a los católicos un lugar dentro del PRI con el fin de debilitar el apoyo conservador a Efraín González Luna del PAN. La élite gobernante no escatimó esfuerzos por crear una oleada de aceptación pública para Ruiz Cortines.

Al final pudieron afirmar que la victoria era suya: los resultados oficiales de las elecciones de 1952 dieron el 74,3 por 100 de los votos a Ruiz Cortines, el 15,9 por 100 a Henríquez Guzmán, el 7,8 por 100 a González Luna y el 1,9 por 100 a Lombardo Toledano. Fue, sin embargo, el voto de oposición más alto que se había reconocido desde 1929, y resultó ser la última de las campañas abiertas. Algunos henriquistas protestaron contra el resultado, unos cuantos fueron a parar a la cárcel, otros acariciaron sueños de un golpe militar y algunos volvieron a integrarse en el régimen (el caso más espectacular de cooptación fue el de García Barragán, que acabaría desempeñando el cargo de secretario de Defensa en 19641970). En 1954 la FPP se disolvió y el henriquismo desapareció. Después de ello, como ha escrito Daniel Cosío Villegas, empezó la verdadera era del tapado[13].

A pesar de sus modestas credenciales políticas, Ruiz Cortines logró mantener la subordinación del PRI al presidente. En la declaración de apertura de una asamblea del partido a comienzos de 1953 identificó las luces que guiaban al partido: el pueblo era su guía, la Constitución, su lema, y Adolfo Ruiz Cortines, su portaestandarte. Y, de conformidad con el imperativo retórico, los líderes del partido se entregaron a la tradición histórica y la solidaridad personalista afirmando que el PRI seguiría la senda revolucionaria que indicaba el presidente Ruiz Cortines, a quien tal vez sorprendería esta descripción de su trayectoria política[14]. Pese a contar con semejante apoyo, el nuevo presidente tuvo que afrontar varios problemas. Quizá el más generalizado de ellos era la impopularidad de la élite gobernante, el desencanto que la codicia de Alemán y sus colaboradores despertaba en muchísimas personas. La respuesta que hacía falta dar era sencilla, pero formidable: fortalecer y restaurar la legitimidad política del régimen… pero sin hacer ningún cambio importante en su línea de conducta. Ruiz Cortines acometió esta tarea de diversas maneras. Una consistió en recalcar la austeridad de su propio ejemplo personal, fomentar la imagen de un funcionario público muy trabajador y formal. Otra fue distanciarse, y distanciar a su equipo, del grupo de Alemán, castigando discretamente a miembros seleccionados de la administración anterior (entre ellos a Agustín García López, el ex secretario de Transportes, que perdió millones en operaciones especulativas)[15]. Una tercera medida consistió en otorgar derechos políticos a las mujeres, invocando con ello la tradicional idea de la mujer como guardiana moral al mismo tiempo que se ampliaba la base popular del gobierno. En último lugar, el presidente anunció que se efectuarían reformas importantes en las leyes referentes a la corrupción y a la responsabilidad pública; aunque nunca se aplicaron de modo estricto durante su sexenio, surtieron un efecto temporalmente catártico.

La administración Ruiz Cortines se encontró con un segundo problema serio consistente en el alza del coste de la vida. El poder adquisitivo de las masas populares llevaba varios años disminuyendo, en parte a causa de la estrategia económica de Alemán y, más recientemente, debido a la inflación internacional resultante de la guerra de Corea. Para atacar este problema —y al mismo tiempo hacer hincapié en su campaña anticorrupción— Ruiz Cortines promovió una medida que impondría multas rigurosas a los monopolios y al acaparamiento de bienes. El presidente declaró poco después de tomar posesión de su cargo, que uno de los objetivos más básicos de su gobierno sería encontrar medios jurídicos adecuados para impedir un incremento del coste de la vida[16]. Una de sus primeras medidas económicas fue rebajar el precio al por menor del maíz y los frijoles, declarando así el gobierno su solidaridad con los trabajadores y los desposeídos. Esta actitud parecía poner en peligro la alianza que forjara Alemán entre el Estado y el capital privado. Actuando con prudencia al principio, los líderes del mundo empresarial se abstuvieron de oponerse a las medidas en pro de los consumidores, pero con el paso del tiempo empezaron a expresar serias dudas ante cualquier alteración del modelo económico básico. Portavoces de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) insistieron en que la intervención del gobierno distorsionaría el mercado y crearía monopolios ineficientes. Dicho de otro modo, el Estado debería apoyar y proteger el mercado, pero sin participar directamente en él[17]. En 1953 el sector empresarial echó mano de su última arma: la reducción de las inversiones y la fuga de capitales. El resultado fue una disminución del crecimiento económico con la consiguiente amenaza para la viabilidad de la estrategia global de sustitución de las importaciones. El gobierno se encontraba ante un desafío obvio: en efecto, los capitalistas se declararon en huelga.

No transcurrió mucho tiempo antes de que el gobierno cediera. A principios de 1954 el gobierno de Ruiz Cortines empezó a favorecer al sector empresarial con incentivos y recursos para el incremento de la producción, entre ellos la desgravación fiscal y las facilidades para obtener créditos. A mediados de abril el gobierno dio un paso decisivo al devaluar el peso de 8,65 por dólar a 12,50 (donde permanecería durante muchos años). Al igual que en 1948, lo que se pretendía era proporcionar protección general a los industriales del país e inducirles a reinvertir en México. A finales de año la producción ya se había reanimado y se había reanudado el crecimiento. La recuperación de la economía estadounidense después de los años de elevada inflación durante la guerra de Corea contribuyó a mejorar todavía más las perspectivas generales. México volvía a encontrarse en el camino que le conducía a su milagro.

La confirmación de la alianza entre el mundo empresarial y el gobierno incrementó la necesidad de que el Estado afirmara su control sobre el movimiento obrero. Quizá presintiendo que iba a producirse un cambio de política, destacados líderes obreros declararon su apoyo a la devaluación de abril de 1954 y prometieron que la clase obrera haría el sacrificio necesario. Cuando Ruiz Cortines ofreció a los empleados públicos un aumento compensatorio consistente en un modesto 10 por 100, exhortando al sector privado a hacer lo mismo, Fidel Velázquez proclamó «el apoyo más vigoroso» de la clase trabajadora. Sin embargo, los rivales de la UGOCM y los portavoces de la base denunciaron la insuficiencia del aumento, y Velázquez, siempre vigilante, persuadió rápidamente a la CTM a que exigiera un incremento del 24 por 100… o amenazase con una huelga general a mediados de julio. En esta brecha entró Adolfo López Mateos, el gallardo y joven secretario de Trabajo, que procedió a desviar una crisis potencial por medio de la persuasión y la negociación. Hubo algunos paros laborales, los más notables en el ramo textil y en el cinematográfico, pero López Mateos consiguió evitar enfrentamientos en gran escala. El promedio de aumento salió a alrededor del 20 por 100: un poco menos de lo que quería el trabajo y mucho menor que la pérdida de poder adquisitivo, pero lo suficiente para acallar las críticas y mantener a Velázquez en su puesto de mando. Una vez más quedó demostrado que debajo del guante de terciopelo había un puño de hierro. Con el fin de institucionalizar este resultado, el gobierno de Ruiz Cortines respaldó la formación en 1955 del Bloque de Unidad Obrera (BUO), organización cuya finalidad era centralizar el movimiento obrero bajo Velázquez y sus compinches. El ímpetu del Bloque salió principalmente de la CTM, aunque contó con el apoyo de muchos otros sindicatos, entre ellos la CROC, archirrival de la CTM. Sin embargo, pese a la benevolencia del gobierno, el BUO nunca llegó a ser una fuerza importante en sí mismo; como ha comentado Luis Araiza, era «un gigante ciego sin lazarillo»[18]. Las relaciones industriales fueron generalmente tranquilas a mediados del decenio de 1950 y los trabajadores se apuntaron pequeñas victorias en las industrias eléctrica y textil. La agitación acosó al sindicato de maestros de 1956 a 1958, cuando el liderazgo independiente bajo Othón Salazar Ramírez provocó resistencia entre los afiliados de base en Ciudad de México. En agosto de 1958 la policía reprimió una manifestación, pero más adelante el gobierno permitió que uno de los aliados de Salazar Ramírez ganase unas elecciones sindicales. La coacción y la cooperación parecían dar buenos resultados.

Esta relativa tranquilidad en el panorama laboral se vio turbada por las huelgas ferroviarias de 1958-1959. El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República (STFRM) tenía una larga tradición de nacionalismo radical y su ubicación estratégica en la red de transportes del país le daba mucha influencia. Bajo el enérgico liderazgo de Luis Gómez Z. y Valentín Campa, fundadores de la disidente CUT, habían protestado enérgicamente contra la devaluación de 1948; y desde la imposición de Díaz de León en el «charrazo» los trabajadores habían ido perdiendo terreno de forma progresiva. Entre 1952 y 1957 sus salarios reales descendieron en un 0,3 por 100 anual, mientras que los electricistas, por ejemplo, veían cómo su situación mejoraba continuamente[19]. En febrero de 1958 fuerzas contrarias a los charros en el seno del STFRM buscaron un enfrentamiento abierto al exigir que se aumentaran sus salarios. Los líderes sindicales acabaron accediendo a crear una comisión que estudiase el problema de los salarios reales. El informe correspondiente, que se hizo público en mayo, calculaba el 40 por 100 de pérdida del poder adquisitivo desde 1948 y recomendaba un incremento salarial inmediato de 350 pesos mensuales (alrededor de 28 dólares estadounidenses). En vez de ello, Díaz de León pidió que el aumento fuese de 200 pesos, y la gerencia se comprometió ostentosamente a estudiar esta propuesta durante un período de sesenta días, y a presentar sus decisiones después de las elecciones presidenciales del 1 de junio de 1958, lo cual era muy conveniente.

La resistencia se consolidó siguiendo a Demetrio Vallejo, disidente salido de entre los afiliados de base que habían formado parte de la comisión sobre salarios y precios. En su calidad de jefe de una nueva comisión de acción general, Vallejo convocó una serie de paros escalonados, empezando por uno de dos horas y prosiguiendo hasta llegar a un paro de ocho horas al que seguiría la huelga general. El gobierno de Ruiz Cortines respondió prescindiendo de uno de los líderes charros, colocando a otro en su lugar y decretando un aumento salarial de 215 pesos en julio. Pero esta vez la cooptación no dio resultado: en agosto los miembros del sindicato expresaron su protesta eligiendo al turbulento Vallejo para que se pusiera al frente del STFRM. A los pocos meses Vallejo recurrió de nuevo a las amenazas de huelga con motivo de nuevas demandas, entre ellas el cálculo del incremento de 215 pesos basándose en una semana laboral de seis días (en vez de siete). Después de conseguir una satisfacción de los Ferrocarriles Nacionales, la línea más importante, expuso las mismas preocupaciones ante otras tres compañías en marzo de 1959, justo antes de las vacaciones de Semana Santa. El pro gubernamental BUO denunció la audacia de Vallejo, a la vez que disidentes laborales —algunos maestros, operarios de teléfonos, petroleros— se agrupaban en el STFRM. El gobierno, asustado, declaró que la huelga era ilegal, el ejército se hizo cargo de los ferrocarriles, la policía encarceló a Vallejo y a miles de sus seguidores. La huelga fue rota en unas semanas y los líderes fueron sustituidos. Vallejo compareció finalmente ajuicio en 1963 y, declarado culpable de conspiración y sabotaje, al amparo de la ley de «disolución social», fue condenado a dieciséis años de cárcel.

Las huelgas de ferrocarriles resultaron ser un episodio decisivo. Según comentaron José Luis Reyna y Olga Pellicer, fue el primer movimiento social proletario de importancia que, durante un momento, creó una crisis en el sistema político y fue, sin duda, el movimiento más importante aparecido desde 1935[20]. Pero si lanzó un desafío al sistema, también dictó una lección moderadora: el sindicalismo independiente recibiría poca tolerancia. Como demostró en el caso de Vallejo, el Estado mexicano exigía sumisión servil por parte de los líderes del movimiento obrero.

Lo mismo puede decirse de los campesinos, aunque en su caso no hubo mucha provocación. La agricultura mexicana experimentó una transformación importante en el decenio de 1940, toda vez que la subida de los precios internacionales fomentó la producción para exportar y la inversión de capital (especialmente en sistemas de regadío) aumentó los rendimientos en las granjas comerciales medianas y grandes. Si bien la mayoría de los campesinos no compartieron estos beneficios, los líderes de la federación campesina, la CNC, ofrecieron una alianza inquebrantable al sistema. Cuando el secretario de Agricultura Gilberto Flores Muñoz dio a conocer un plan para el incremento de la producción de alimentos que favorecía a los grandes propietarios a expensas de los pequeños y medianos agricultores, el secretario general de la CNC expresó su apoyo al proyecto empleando un estilo conciliador, diciendo que los campesinos afiliados a la CNC sólo tenían que cumplir una vez más con su deber patriótico[21].

Los campesinos organizaron con éxito algunos movimientos locales en Nayarit y otros lugares, y la UGOCM hizo algunos intentos esporádicos de movilizarlos en el norte. Los desafíos más fuertes llegaron en 1958, año en que las invasiones de tierras en Sinaloa se propagaron a Sonora, Colima y la Baja California. Flores Muñoz calmó un poco la agitación con modestos planes para el reparto de tierras. Con mucho, su respuesta más imaginativa fue la expropiación «en beneficio de todos» de un latifundio de Sonora arrendado a la Cananea Cattle Company, que era de propiedad estadounidense: presentada como una medida nacionalista y populista, la decisión incluía una cláusula según la cual se reembolsaría a los propietarios el valor comercial de la tierra en dinero contante. Los propietarios se mostraron de acuerdo, los líderes de la UGOCM fueron a la cárcel, los campesinos volvieron al trabajo y el sistema quedó intacto. No fue esta una solución atípica.

Durante la totalidad de sus respectivos sexenios tanto Alemán como Ruiz Cortines cultivaron unas relaciones estrechas con Estados Unidos a fin de crear una «relación especial». Ello entrañaba adoptar una actitud discreta en la escena internacional y dar apoyo general a Estados Unidos. La principal excepción a esta regla vino en 1954, cuando Washington hacía preparativos para derrocar al gobierno reformista de Jacobo Arbenz en Guatemala, en parte debido al fantasma del comunismo internacional, en parte porque las medidas de reforma agraria amenazaban los intereses de la United Fruit Company. En una conferencia interamericana que se celebró en Caracas, el secretario de Estado norteamericano, John Foster Dulles, pretendió que se condenara al régimen de Arbenz. Invocando el principio de la no intervención, México y sólo otras dos naciones —la acosada Guatemala y la Argentina peronista— se opusieron a su propuesta. Cuando el movimiento patrocinado por la CIA derribó el régimen de Arbenz en junio de 1954, los grupos izquierdistas y nacionalistas de México protestaron, pero fue en vano. La postura del gobierno mexicano fue sumamente reveladora: después de defender el principio de no intervención, en lo sucesivo permaneció callado. El episodio reveló así los límites y la capacidad de actuación independiente por parte de México.

1958-1970

La represión de las huelgas ferroviarias en 1958-1959 dio comienzo a un período de relativa tranquilidad política en México. La continuación del «milagro económico» proporcionó la base material para el consenso y la cooptación, y la élite gobernante desplegó una clara capacidad tanto para coaccionar como para persuadir. El Estado dirigía el crecimiento económico por medio de una delicada alianza con el capital privado, tanto nacional como extranjero. Existía una efectiva cooperación política en la cumbre entre los políticos, los técnicos y los militares. La organización vertical de trabajadores y campesinos garantizaba al régimen una base popular, al mismo tiempo que las prósperas clases medias urbanas —incipientes, oportunistas y políticamente volátiles— ofrecían un apoyo considerable a un sistema que las satisfacía. Habría protestas y disturbios, pero durante todo este período el Estado ejerció un grado de hegemonía que en general fue convincente.

La sucesión presidencial de 1958 vino a simbolizar y a la vez reforzar la centralización de la autoridad. Todos los candidatos principales procedían del gabinete: Ángel Carvajal, secretario de Gobernación; Ernesto P. Uruchurtu, regente del Distrito Federal; Antonio Carrillo Flores, secretario de Hacienda y consumado burócrata; Ignacio Morones Prieto, secretario de Asistencia, político destacado desde hacía mucho tiempo; Gilberto Flores Muñoz, secretario de Agricultura y jefe político del estado rural de Nayarit; y Adolfo López Mateos, el hábil secretario de Trabajo. Virtualmente todas las facciones importantes que había dentro del sistema tenían un precandidato; Carrillo Flores era considerado como alemanista; Flores Muñoz, como cardenista; los obreros y el campesinado, los políticos y los técnicos, todos ellos tenían sus representantes. Diríase que López Mateos ganó porque supo contener el movimiento obrero, por sus lazos con Ruiz Cortines (cuya campaña había dirigido en 1952), y porque era aceptable tanto a ojos de los cardenistas como de los alemanistas. El proceso de selección fue dominado discretamente por Ruiz Cortines: como más adelante diría Alfonso Corona del Rosal, el presidente saliente «selecciona a su sucesor, le apoya y le indica el rumbo que debe seguir»[22], y para entonces ya no habría ninguna oposición interna visible. Enérgico y encantador, López Mateos protagonizó una campaña que parecía un torbellino, obtuvo la aprobación del PPS y del PARM además del PRI; hasta los partidos de la oposición se unieron. La única resistencia fue simbólica y procedió de la candidatura panista de Luis H. Álvarez. Con las mujeres votando por primera vez en unas elecciones presidenciales, 7,5 millones de personas acudieron a las urnas en julio de 1958, y más del 90 por 100 de ellas votaron por López Mateos. El PRI y su maquinaria parecían invencibles.

Una vez en el poder, López Mateos sobresaltó a algunos observadores, en especial al gobierno de Eisenhower en Estados Unidos, declarando que su régimen era «de extrema izquierda dentro de la Constitución». La declaración fue astuta y significativa. Se adelantó a cualquier posible intento que pensara hacer el ala radical del PRI y aisló a la izquierda enemiga del sistema, concretamente al PPS y a otros marxistas a los que se suponía «fuera» de la Constitución. Señaló solidaridad ideológica con Zapata, Villa y otras figuras importantes de la Revolución y afirmó la soberanía de México respecto a Estados Unidos, que continuaban en plena guerra fría. Asimismo, reafirmó el hecho indiscutible del poder presidencial.

De conformidad con esta postura, López Mateos incrementó el papel del Estado en la economía nacional. El gobierno se hizo con el control del sector de la energía eléctrica al comprar la participación de la American and Foreign Power Company, y también adquirió acciones que le permitieron controlar la industria cinematográfica. Estas acciones se las vendió el millonario estadounidense William Jenkins, que residía en México desde hacía mucho tiempo. El gasto público como ratio del PNB ascendió de 10,4 por 100 bajo Ruiz Cortines a 11,4 por 100. López Mateos también adoptó una actitud clara en relación con la reforma agraria. Con el fin de consolidar la lealtad entre el campesinado, ordenó la distribución de aproximadamente 11,4 millones de hectáreas de tierra entre más de 300.000 campesinos, récord activista en el cual sólo Cárdenas le superaba[23]. En 1963 elevó el precio básico de los productos principales y más adelante equiparó esta medida a un salario mínimo para los trabajadores en el campo[24]. Más difícil era proporcionar crédito y servicios básicos, pero el mensaje político era claro: el gobierno se estaba poniendo al lado de las masas, al menos simbólicamente.

El presidente también adoptó una postura populista ante los trabajadores y en 1961 propuso que se instituyese el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias. La nueva ley, que cumplió tardíamente una cláusula clave de la Constitución de 1917 (con la que tan estrechamente se identificaba López Mateos), pareció representar una gran victoria para los trabajadores. Sin embargo, el nivel de ganancias que debían repartirse era tan pequeño, que los patronos lo juzgaban aceptable, y la ley definitiva —adoptada en 1963— nunca se hizo cumplir con rigor. Los trabajadores habían obtenido únicamente una victoria en el papel, y los empresarios habían defendido con éxito sus propios intereses. No obstante, al proponer las leyes sin consultar con los líderes del mundo empresarial, los políticos demostraron que querían y podían actuar de forma autónoma. Y el Estado adquirió un arma más con la cual en el futuro podría amenazar o desafiar al capital privado.

Pese a estos gestos populistas (y quizá en combinación deliberada con ellos) López Mateos continuó tomando medidas selectivas de represión. En 1959 David Alfaro Siqueiros, el pintor de renombre internacional, fue encarcelado (y no recuperó la libertad hasta 1964). En 1963, como hemos visto, Demetrio Vallejo fue declarado culpable de sedición y pasó dieciséis años en la cárcel. No les fue mejor a los líderes campesinos, y el caso más escandaloso fue el de Rubén Jaramillo, viejo zapatista de Morelos que había bajado de las montañas con sus guerrilleros con el fin de aceptar una amnistía y una tregua ofrecidas por el propio López Mateos. Al ver que las lisonjas presidenciales no se traducían en tierra para su gente, Jaramillo ordenó la ocupación de campos que eran propiedad de políticos destacados. Se celebraron infructuosas negociaciones que quedaron en punto muerto, y en la primavera de 1962 Jaramillo y su familia fueron hallados muertos. Nadie dudó que la orden de asesinato había venido de Ciudad de México.

El gobierno de López Mateos continuó apoyando al sector empresarial y cortejando al capital extranjero. La inversión era alta y México empezó a procurarse capital en el exterior, especialmente en el mercado neoyorquino de obligaciones de renta fija. El gobierno logró controlar la inflación tan rigurosamente, que López Mateos pudo retener el tipo fijo de cambio de 12,50 pesos por dólar; no hubo ninguna devaluación durante este sexenio. Tampoco había límites estatutarios a las remesas de beneficios y se permitía que los inversionistas extranjeros repatriaran sus ganancias de conformidad con un tipo de cambio previsible (y favorable), lo cual era un factor que estimulaba en gran medida las inversiones extranjeras. La economía continuaba su trayectoria de elevado crecimiento.

López Mateos intentó establecer la independencia diplomática respecto a Estados Unidos a medida que las relaciones de Washington con Cuba fueron empeorando y el gobierno de Eisenhower empezó a presionar a los mexicanos para que la apoyasen. López Mateos optó por moverse en un espacio muy delicado: México quena mantener los principios de no intervención y de autodeterminación, pero también quería evitar un enfrentamiento directo con Estados Unidos. Por consiguiente, durante todo el año 1960 los representantes mexicanos trataron de alcanzar estos objetivos defendiendo la no intervención sin defender también el comunismo ni la Unión Soviética. Al mismo tiempo México no se declaró a favor de Estados Unidos porque ello hubiera significado aceptar el liderazgo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual (ante la insistencia de Washington) le había dado la espalda a Cuba e instaba a México a hacer lo mismo; esto habría bastado para comprometer la soberanía del propio México. En medio de estas delicadas negociaciones López Mateos invitó a Osvaldo Dorticós, el presidente de Cuba, a efectuar una visita oficial en junio de 1960. Las ceremonias condujeron a una identificación ritual de la revolución cubana de 1959 con la mexicana de 1910. Un legislador mexicano condenó las medidas que Estados Unidos tomaba contra Cuba, en especial el cierre del mercado del azúcar. Los funcionarios estadounidenses expresaron su desaprobación. La situación era tensa pero ambigua.

Después de la invasión en la Bahía de Cochinos, y especialmente después de que Fidel Castro hiciera profesión de marxismo-leninismo, el gobierno mexicano empezó a ver el asunto como un problema entre el Este y Occidente, pero siguió rechazando la idea de intervenir. El fiasco de la Bahía de Cochinos provocó manifestaciones contra Estados Unidos, a la vez que portavoces mexicanos condenaban a este país por violar la autodeterminación y defendían la tesis de que el problema debía tratarse en el marco de las Naciones Unidas (donde Cuba recibiría mucho apoyo), y no en la OEA (donde a Estados Unidos le habría resultado fácil imponer su criterio). Esta postura cambió en 1962. A principios de dicho año el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, declaró que «existe una incompatibilidad entre la pertenencia a la OEA y una profesión marxista-leninista», pero rechazó al mismo tiempo la idea de expulsar a Cuba, toda vez que la carta fundacional de la OEA no preveía esta posibilidad[25]. Entonces llegó la crisis de los misiles en octubre. Sometido a un extraordinario bombardeo de presiones, López Mateos finalmente declaró en público su apoyo al bloqueo de Cuba por Estados Unidos y dio instrucciones a su representante en la OEA para que votase a favor de una resolución que exigiría la retirada de los misiles. A pesar de ello, México impuso una condición para resguardar su prestigio: el voto no debería utilizarse para justificar otra invasión de Cuba. Pero incluso esta postura tenía sus límites; las autoridades mexicanas apuntaban sistemáticamente en una lista negra el nombre de las personas que viajaban a Cuba, confiscaban material político y mantenían un bloqueo silencioso y disimulado. Una vez más se hicieron evidentes los límites de la autonomía.

En general, la política exterior insistió en la moderación y el pragmatismo. López Mateos sostuvo entrevistas personales con tres presidentes sucesivos de Estados Unidos —Eisenhower, Kennedy y Johnson— y en 1964 consiguió recuperar la soberanía mexicana sobre el Chamizal, territorio en litigio que había pasado a formar parte de Estados Unidos después de que el Río Grande cambiara de cauce. Los líderes estadounidenses y mexicanos continuaron fomentando un clima de armonía, y Washington hasta llegó a aceptar cierto grado de independencia en la política exterior de México. Aunque las inversiones directas estadounidenses en México aumentaron de 922 millones de dólares en 1959 a cerca de 1.300 millones de dólares en 1964, los mexicanos no recibieron mucha ayuda del gobierno de Estados Unidos, ni siquiera en virtud del programa denominado Alianza para el Progreso. En cambio, no se impuso ninguna restricción al acceso de México a los mercados internacionales de capitales. Incluso bajo un presidente que se declaraba izquierdista, la conexión bilateral de México con Estados Unidos conservó la apariencia de una «relación especial».

En 1963 López Mateo promulgó una reforma electoral que garantizaba un mínimo de cinco escaños en la Cámara de Diputados a cualquier partido que obtuviera más del 2,5 por 100 del total de los votos (con otro escaño por cada 0,5 por 100 de los votos, hasta un máximo de veinte). De esta manera los partidos de la oposición podrían estar representados en la asamblea legislativa nacional sin que realmente ganaran ninguna carrera electoral. La finalidad de todo ello era cooptar al adversario —el PPS, el PARM y, sobre todo, el PAN— y crear una leal oposición. Esto reforzaría la legitimidad del régimen, especialmente después de la represión del período 1958-1959 y a la luz de la revolución cubana, aumentando el aislamiento de la izquierda contraria al sistema y definiendo el régimen mexicano como representativo de un consenso nacional. López Mateos terminó así su presidencia con un gesto característico.

La sucesión presidencial de 1964 transcurrió sin contratiempo. Como de costumbre, los principales candidatos procedían en su totalidad del gabinete: Javier Barros Sierra, de Obras Públicas; Donato Miranda Fonseca, de Presidencia; Antonio Ortiz Mena, de Hacienda; y Gustavo Díaz Ordaz, de Gobernación. Corrieron rumores de que López Mateos era favorable a Miranda Fonseca, su antiguo compañero en el movimiento de Vasconcelos en 1929 y veterano político de Guerrero, pero finalmente se decidió por Díaz Ordaz, el competente pero poco atractivo ex legislador del estado de Puebla. Su elección pareció confirmar una tradición en el sentido de que, si no cambiaban las circunstancias, el secretario de Gobernación sería el siguiente presidente (como había ocurrido en el caso de Alemán y en el de Ruiz Cortines). De origen mestizo, más oscuro y menos elegante que sus predecesores, Díaz Ordaz se convirtió al instante en blanco de chistes feroces, incluyendo quizá el comentario más sardónico de todos: «Cualquiera puede llegar a presidente».

Una vez en la presidencia, Díaz Ordaz gobernó con mano de hierro. Destituyó sin titubear a los cargos que tenían demasiado poder político, lo que representaba una amenaza para él, o que tenían demasiado poco poder, pues en tal caso le avergonzaban. En agosto de 1965 destituyó a Amador Hernández, jefe de la CNC, a raíz de un choque armado entre grupos campesinos rivales. A finales de 1966 Díaz Ordaz cesó a Ernesto Uruchurtu, regente de Ciudad de México durante mucho tiempo (y ex precandidato a la presidencia), después de la tempestad de críticas que provocó el derribo de un asentamiento de ocupantes ilegales, para el cual se emplearon máquinas excavadoras. Expulsó a Enrique Ceniceros del cargo de gobernador de Durango por no haber reprimido una protesta popular contra las compañías mineras extranjeras, y a Ignacio Chávez del rectorado de la UNAM, la Universidad Nacional, por no aplastar una huelga de estudiantes. A diferencia de López Mateos, que supo mezclar la coacción con una astuta dosis de cooptación, Díaz Ordaz tendía a apoyarse exclusivamente en la fuerza y la disciplina.

Tal vez el ejemplo más notable de esta actitud tuvo que ver con la organización interna del PRI. En 1964 la presidencia del partido pasó a Carlos Madrazo, de cuarenta y nueve años, que había sido gobernador de Tabasco y era el primer civil desde hacía cerca de veinte años que iba a presidir el PRI (lo cual representaba otra retirada de los militares hacia un plano menos visible). Madrazo, que también era una figura controvertida, quiso infundir nuevo vigor al partido mediante una serie de reformas, la más importante de las cuales fue un plan para la celebración de elecciones primarias a nivel local. Los políticos conservadores se resistieron, igual que en las postrimerías de los años cuarenta, y Díaz Ordaz decidió finalmente tomar partido por las fuerzas antidemocráticas. Madrazo perdió su puesto en 1966 y la vida en 1969, en un accidente de aviación que muchos consideraron sospechoso. Así terminó el impulso reformista. Reforzada, aunque no rejuvenecida, la maquinaria tradicional impuso su dominación. Se permitió al PAN que conquistara un municipio cerca de Monterrey, en Nuevo León, en 1965, pero el PRI volvió a imponer su propio alcalde en 1969. En Sonora el PAN tomó Hermosillo en 1967, pero Ciudad de México insistió en el triunfo del candidato oficial al cargo de gobernador. Un año después unas elecciones muy disputadas que se celebraron en la Baja California fueron anuladas a causa de «irregularidades» y el PRI reivindicó la victoria total. En 1969 el gobierno Díaz Ordaz se negó a aceptar lo que muchos consideraron una victoria del PAN en la carrera por el cargo de gobernador de Yucatán, y envió al ejército para que velase por la ley y el orden (y por una victoria del PRI).

Díaz Ordaz continuó cultivando vínculos estrechos con Estados Unidos, aunque hubo cierta tensión en 1965 cuando México —junto con otros cuatro países latinoamericanos— rehusó apoyar la ocupación de la República Dominicana por los estadounidenses. Asimismo, a finales de 1969 Díaz Ordaz protestó cuando el tráfico social y comercial en la zona fronteriza quedó cortado a causa de la llamada Operation Intercept, instrumento ineficaz con el que el gobierno de Nixon quiso combatir el tráfico de narcóticos. Pero ambas partes consideraron que se trataba de incidentes de poca importancia y, en general, la relación entre Estados Unidos y México fue buena.

Quizá más que cualquier otro gobierno desde el de Alemán, el equipo de Díaz Ordaz creó conexiones de trabajo muy íntimas con el sector privado de la nación. Esta alianza se manifestó claramente en la cuestión de la reforma fiscal, en la que el gobierno propuso cerrar dos de las mayores escapatorias de que adolecía el código del impuesto sobre la renta de México: una que permitía la fragmentación de la renta total en categorías distintas (para que a cada una de ellas se le pudieran aplicar coeficientes más bajos); y otra que permitía la posesión anónima de acciones y obligaciones (al portador). Al principio dio la impresión de que el presidente apoyaba la medida, pero pronto retiró las cláusulas clave. Tal como explicó Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, la reforma fiscal tenía que ser fruto de consultas y no de una orden, puesto que su equipo daba la máxima prioridad a la aquiescencia de los diferentes sectores de la población, por ello la ley del impuesto sobre la renta se había redactado escuchando los puntos de vista de los sectores afectados[26].

Dicho de otro modo, el gobierno no quería provocar la oposición del sector privado. La ley que se aprobó finalmente dio por resultado un impuesto muy regresivo: los ingresos procedentes de la renta del trabajo como proporción de los ingresos públicos totales obtenidos del impuesto sobre la renta individual ascendieron del 58,1 por 100 en 1960 al 77,9 por 100 en 1966.

Con el propósito de ayudar a la industria nacional, el gobierno impuso un incremento complementario del 6 por 100 a los aranceles en 1965, y amplió el efecto de los cupos creando alrededor de mil categorías nuevas de importaciones por año, de tal modo que al finalizar el sexenio el número total rozaba ya las 13.000. Según la memorable expresión de Clark Reynolds, el Estado y los empresarios locales formaron alegremente una «alianza para las ganancias»[27].

Estas propuestas al mundo empresarial obligaron a Díaz Ordaz a reafirmar el control que el gobierno ejercía sobre los trabajadores organizados. Los lazos entre los trabajadores y el Estado nunca se habían recuperado por completo de los traumas de 1958-1959, y el Bloque de Unidad Obrera —es decir, el intento de Ruiz Cortines de centralizar y consolidar dichos vínculos— había quedado reducido a poco más que un fantasma. Así pues, a principios de 1966 el régimen de Díaz Ordaz supervisó la formación del Congreso del Trabajo (CT) como vehículo nuevo que ratificaría la supremacía de Fidel Velázquez y reafirmaría los estrechos vínculos entre el Estado y los trabajadores. El CT concedió papeles destacados a la CTM de Velázquez y al sindicato de trabajadores del gobierno, la Federación de Sindicatos de Trabajadores en el Servicio del Estado (FSTSE), creando así vínculos fuertes tanto con el sector obrero como con el sector popular del PRI. Las estructuras tradicionales continuaron siendo hegemónicas.

Se buscó conseguir el apoyo de los sectores urbanos, incluido el obrero, a expensas del campo. El gobierno de Díaz Ordaz no elevó ni una sola vez el precio mínimo para la compra de cereales básicos, que siguió en el nivel fijado por López Mateos en 1963; asimismo, redujo la participación relativa del crédito agrícola del 15 por 100 del total en 1960 a sólo el 9 por 100 en 1970. En 1966 el gobierno puso en marcha un programa de almacenes agrarios, los llamados «graneros del pueblo», cuya finalidad ostensible era garantizar a los agricultores y ejidatarios más pobres un precio de apoyo puntual y efectivo para los productos básicos (especialmente el maíz, los frijoles y el trigo). Pero la red de instalaciones de almacenaje se resintió de las prisas con que se construyó, de su mala ubicación y de su administración incompetente; en 1971 ya sólo se utilizaba el 15 por 100 de los graneros. Los campesinos protagonizaron protestas aisladas contra los abusos (con la ocupación de tierras, marchas del hambre y algunos estallidos de violencia), pero su voz cayó en oídos sordos.

Fueron las clases medias, y no los pobres, quienes organizaron los disturbios más visibles. Hacia finales de 1964 los médicos internos de Ciudad de México fueron a la huelga, al principio porque se les retenía la tradicional paga de Navidad (el aguinaldo) y finalmente para protestar por las condiciones en sus centros de trabajo. A comienzos de 1965 Díaz Ordaz, cuando hacía sólo unos meses del principio de su presidencia, se reunió con los huelguistas y sus seguidores moderados y promulgó un decreto que respondía a algunas de sus exigencias, pero no a todas. Cuando una facción disidente de médicos jóvenes convocó otra huelga en abril de 1965, el gobierno adoptó una postura inflexible y los internos volvieron al trabajo. Y cuando organizaron una huelga más, esta vez en agosto, el régimen respondió con la fuerza bruta. La policía antidisturbios tomó posesión del hospital Veinte de Noviembre, en Ciudad de México, simpatizantes destacados fueron a la cárcel, y más de doscientos huelguistas fueron despedidos, después de que Díaz Ordaz hiciese una severa advertencia en su informe presidencial del 1 de septiembre. Los demás volvieron a sus puestos de trabajo.

Contrastando con ello, el movimiento estudiantil de 1968 hizo que el sistema se estremeciera hasta los cimientos. Existía en México una larga y venerable tradición de activismo estudiantil y era costumbre sofocar los disturbios por medio de la fuerza limitada (como en Guerrero, Morelia y Sonora) o despidiendo al rector (como en la UNAM en 1966). En estos casos las autoridades y los estudiantes reconocían y aceptaban las reglas del juego, una serie de límites y códigos que ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a transgredir. Esta vez iba a ser diferente.

La tortuosa marcha de los acontecimientos comenzó en julio de 1968, cuando la policía disolvió una serie de manifestaciones por parte de grupos de estudiantes procastristas. El 26 de julio (el aniversario de la revolución cubana) una federación libre de organizaciones estudiantiles del Instituto Politécnico, la Escuela de Agricultura de Chapingo y la UNAM dieron a conocer una serie de reivindicaciones: que se indemnizara a las familias de los estudiantes heridos o muertos en los disturbios, que se pusiera en libertad a los que estaban en la cárcel, que se aboliera la ley antisubversiva sobre «disolución social» y que se eliminaran los pelotones especiales de policía integrados por fuerzas de choque. Los jóvenes anunciaron que, en caso contrario, habría una huelga general de estudiantes. Las autoridades respondieron cerrando todas las instituciones relacionadas con la universidad que había en el Distrito Federal. Fuerzas policiales bombardearon la escuela preparatoria de San Ildefonso (fue lo que se daría en llamar «el bazukazo») y tomaron las instalaciones por asalto. Otro contingente policial invadió el Instituto Nacional de Bellas Artes y detuvo a setenta y tres estudiantes que se estaban manifestando. En un discurso importante pronunciado el 1 de agosto Díaz Ordaz ofreció «una mano tendida», pero ya era demasiado tarde para hablarles de reconciliación a los estudiantes.

La movilización popular preparó el escenario para el enfrentamiento. Con notable audacia, Javier Barros Sierra, el rector de la UNAM, encabezó una marcha pública de 80.000 personas en señal de duelo por la entrada de la policía en los recintos universitarios, lo cual representaba la violación de antiguas tradiciones de autonomía universitaria. El día 13 de agosto una manifestación atrajo a unos 150.000 participantes y el día 27 del mismo mes tuvo lugar un acontecimiento de magnitud inusitada: aproximadamente 300.000 personas tomaron parte en una marcha que salió del parque de Chapultepec y bajó por el Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo, la plaza central de la ciudad. Mientras tanto los estudiantes organizaron una Comisión Nacional de Huelga (CNH) para coordinar las actuaciones y promover las reivindicaciones formuladas por primera vez en julio. La tensión fue aumentando. México iba a ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos en octubre, y Díaz Ordaz aprovechó su discurso del 1 de septiembre para acusar a los manifestantes de conspirar contra la patria. La CNH propuso un diálogo, pero no sucedió nada. El 10 de septiembre, el Senado, siempre complaciente, autorizó al presidente a sacar las fuerzas armadas a la calle «en defensa de la seguridad interna y externa de México»[28].

Las cosas llegaron a un punto culminante el 2 de octubre, cuando los estudiantes y sus partidarios se reunieron para celebrar otra ronda de discursos y proclamaciones en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, barrio céntrico de Ciudad de México. Sin previo aviso, agentes de seguridad de guantes blancos hicieron entrar a efectivos de las fuerzas de seguridad que abrieron fuego contra la multitud indefensa. Como mínimo dos mil manifestantes fueron detenidos. Un informe oficial reconoció que hubo cuarenta y nueve muertos; un corresponsal del New York Times calculó que el total de víctimas mortales probablemente estaba muy cerca de las doscientas, a las que había que sumar cientos de heridos. Fue una matanza brutal que desde entonces se recuerda como la «noche triste» del México contemporáneo, una ocasión primitiva en que el sistema optó inexplicablemente por devorar a sus propios jóvenes. Las escuelas volvieron a abrir sus puertas y la CNH se disolvió, pero los sucesos de Tlatelolco proyectaban una larga sombra sobre la sociedad y la política mexicana. Hastiados de lo sucedido, algunos altos cargos presentaron su dimisión. El público empezó a especular cautelosamente sobre quién era el principal responsable de lo ocurrido: Luis Echeverría, secretario de Gobernación; Alfonso Corona del Rosal, regente del Distrito Federal; Marcelino García Barragán, secretario de Defensa; o el mismísimo presidente. Debajo de la palpable angustia acechaban interrogantes turbadores: ¿era esto el fruto del milagro de México? ¿Era el precio de la estabilidad política? ¿Qué clase de nación era México?

Mientras muchos se entregaban a un doloroso examen de conciencia, otros recurrieron a la violencia. Empezaron a aparecer grupos terroristas en las ciudades, el más prominente de los cuales era la Liga del 23 de Septiembre, a la vez que los campesinos rebeldes se echaban al monte. El revolucionario agrario más conocido de este período fue Lucio Cabañas, que empezó a formar un movimiento guerrillero en las montañas de Guerrero en 1968; Cabañas y su banda conquistaron luego gran renombre y llegaron a secuestrar al gobernador del estado, pero encontrarían la muerte a manos de los militares en 1974. La violencia sólo engendraba más violencia.

La matanza de Tlatelolco surtió un efecto más duradero al provocar el distanciamiento progresivo de la intelectualidad respecto del régimen. Después de la Revolución los intelectuales de la nación habían tendido durante decenios a colaborar con las autoridades estatales. El fomento de la educación era uno de los objetivos principales de los líderes revolucionarios y las universidades se convirtieron en importantísimos centros para la formación práctica de los líderes nacionales. Artistas y escritores se dedicaron a formular y ampliar una ideología política que con el tiempo formaría la base de un consenso nacional, una serie de supuestos que dotaban al Estado del legado de la propia Revolución. Reconociendo tácitamente este servicio, el gobierno mexicano fomentó de modo constante el contacto con figuras intelectuales y apoyó los esfuerzos de éstas, persuadiéndolas con frecuencia a desempeñar cargos públicos semihonorarios. Tanto el Estado como la intelectualidad se necesitaban y apoyaban mutuamente. Lo ocurrido en Tlatelolco destruyó este antiguo pacto. Destacados escritores como Octavio Paz y Carlos Fuentes denunciaron enérgicamente la represión —cuyo recuerdo inspiró todo un género de literatura relativa a Tlatelolco— y los ensayistas empezaron a poner en entredicho la legitimidad básica de un régimen que era capaz de librar una guerra tan brutal contra su juventud[29]. Las universidades fueron radicalizándose de modo creciente y acabaron convertidas en semilleros de oposición. La relación entre los estudiantes y el Estado, que históricamente había sido enriquecedora para ambas partes, degeneró en enemistad mutua y franca hostilidad. De ningún modo puede decirse que la matanza de Tlatelolco anunciara el fin del régimen, pero sí abrió una delicada fisura en el edificio del Estado.

Las postrimerías del sexenio de Díaz Ordaz también trajeron el fin del milagro económico mexicano de la posguerra, la época de desarrollo estabilizador caracterizado por el continuo crecimiento económico, la estabilidad de los precios y la estabilidad de la balanza de pagos. Gracias a la hábil orquestación de Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda bajo López Mateos y también bajo Díaz Ordaz, y de Rodrigo Gómez, que durante mucho tiempo fue director del banco central, la política económica empleó una diversidad de instrumentos fiscales y monetarios: incentivos fiscales para favorecer la reinversión, el gasto público y los préstamos del exterior, y el control del crédito y de la oferta monetaria. Los tipos de interés se fijaron en niveles atractivos (por encima de los tipos predominantes en Estados Unidos) con el fin de estimular el ahorro nacional y las inversiones extranjeras. Juzgadas de acuerdo con patrones convencionales, las medidas de industrialización que México tomó en la posguerra habían sido un éxito clamoroso: durante el decenio de 1960, México sostuvo elevados niveles de crecimiento, alrededor del 7 por 100 anual y —teniendo, como tenía, uno de los crecimientos demográficos más rápidos del mundo— logró un sólido promedio per cápita de la tasa de crecimiento del 3,3 por 100. La inflación era insignificante, alrededor del 3,5 por 100 anual, y el peso mantuvo su tipo de cambio de 12,5 por dólar.

A pesar de todo ello, la estrategia del «desarrollo estabilizador» empezaba a revelar sus debilidades. Aunque la política de moneda fuerte se había convertido en símbolo de la estabilidad y la fuerza del régimen político, también impuso cargas económicas, la menor de las cuales no fue obstaculizar las exportaciones porque la tasa de inflación de México era generalmente superior a la de Estados Unidos. (De hecho, el peso ya estaba sobrevalorado a mediados de los años sesenta, después de una racha de inflación de gran crecimiento en 1964, pero esto quedó disimulado en gran medida por la inflación estadounidense resultante de la guerra de Vietnam). Poco a poco los efectos de la sobrevaloración se dejaron ver en el déficit de la balanza comercial, que aumentó de 367 millones de dólares en 1965 a 946 millones de dólares en 1970. En consecuencia, durante este período México empezó a pedir préstamos de capital en el extranjero, y en 1970 el país ya tenía una deuda acumulada (tanto pública como privada) de alrededor de 4.200 millones de dólares. El desempleo (y el subempleo) continuaba en unos niveles muy altos[30]. Y a mediados del decenio de 1960 el agotamiento de la agricultura ya había empezado a requerir la importación en gran escala de artículos alimenticios[31]. Mientras la economía política de México iba acercándose a su cénit, en el horizonte se vislumbraban señales de tormenta. La fiesta no había terminado ni mucho menos, pero las luces empezaban a apagarse.

1970-1988

El sistema político de México había demostrado su extraordinaria eficacia para resolver las crisis y los desafíos que asediaban al país durante el decenio de 1960. Diversos programas dirigidos por el Estado (subvenciones, controles de precios, acuerdos salariales) proporcionaron a la masa de la población beneficios tangibles suficientes para impedir que planteara una amenaza radical grave al sistema en su conjunto. Puede que tales medidas no se ajustaran a la doctrina económica ortodoxa, pero alcanzaron un importantísimo objetivo político; tanto el sector obrero como el campesinado continuaron siendo pilares esenciales del sistema. El descontento apareció principalmente entre las clases medias, entre los médicos y los estudiantes, y, aunque la matanza de Tlatelolco había dejado un doloroso legado, el régimen había demostrado poseer la flexibilidad suficiente para superar incluso este episodio.

México continuó experimentando rápidos cambios sociales en el decenio de 1970. Aunque disminuyeron las tasas de crecimiento, la población aumentó de menos de 50 millones en 1970 a 70 en 1980 y cerca de 80 en 1985. Casi un millón de personas entraban a formar parte de la población activa todos los años, lo cual representaba una presión enorme para que se crearan puestos de trabajo. A resultas de ello, los mexicanos no cesaban de emigrar: constantemente salían emigrantes en busca de trabajo, ya fuese en las ciudades o, cruzando la frontera, en Estados Unidos (donde se les declaraba «extranjeros ilegales», ya que el acuerdo sobre los braceros había caducado en 1964). Alarmistas y políticos estadounidenses denunciaron airados lo que, según ellos, era una «invasión silenciosa», y proclamaron que en Estados Unidos había entre 8 y 12 millones de «ilegales». Aunque las investigaciones exhaustivas revelaron que la mayoría de los «trabajadores indocumentados» regresaban a México y que los que había en el país se cifraban entre 1,5 y 3,5 millones, ello no impidió que se registrara una oleada de nativismo antimexicano[32].

El crecimiento demográfico y la movilidad social también impulsaron la expansión de Ciudad de México, que se convirtió en una megalópolis de entre 14 y 16 millones de habitantes antes de mediados del decenio de 1980. Alrededor de la mitad de este crecimiento fue fruto de la migración interna (de hecho, alrededor de la mitad de los emigrantes del país se encaminaban hacia la capital). Según los cálculos oficiales, había al menos 5 millones de pobres en Ciudad de México y sus alrededores, como en Netzahuálcoyotl, floreciente comunidad de las afueras del Distrito Federal que empezó siendo un asentamiento de ocupantes ilegales en los años sesenta y que en los ochenta ya se jactaba de tener más de 2 millones de habitantes. A pesar de esta propagación de la pobreza, crecieron la magnitud y la importancia de las clases medias, que representaban quizá una tercera parte de la población nacional a principios del decenio de 1980. La distribución desigual de los beneficios del «desarrollo estabilizador» también enriqueció a un estrato superior, un cuadro rico y bien relacionado que tal vez representaba otro 1 o 2 por 100 del total. La expansión de estos sectores de clase media y alta se manifestó claramente en las pautas de consumo: las excursiones de fin de semana para ir de compras a Los Ángeles y Houston pasaron a ser cosa normal, a la vez que el número de automóviles matriculados crecía de 1,2 millones en 1970 a 4,3 millones en 1980. (A veces da la impresión de que todos ellos, sin excepción, se encuentran atascados en un mismo cruce del centro de Ciudad de México).

Este período también fue testigo del desarrollo del norte de México, que fue distanciándose progresivamente del centro de la nación, tanto económica como política y culturalmente. En 1980 ya había más de 3,4 millones de habitantes en poblaciones fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros. Las ciudades de Chihuahua, Torreón, Tampico y Monterrey continuaron creciendo en importancia y tamaño. Hasta 250.000 personas trabajaban en fábricas especiales en «zonas francas» (maquiladoras) que producían artículos para exportarlos a Estados Unidos (su número fluctuaba al dictado de la demanda de dicho país). Muchos norteños, que siempre fueron ferozmente independientes, acabarían considerando que tenían pocas cosas en común con los «chilangos» de Ciudad de México. A veces las percepciones de esta índole estimulaban la oposición al régimen y al PRI. De hecho, es posible que esto reflejara un proceso todavía más fundamental: la aparición de una «sociedad civil» en México (por esquemática que fuese su forma). Surgieron organizaciones de ciudadanos independientes en diversos campos que ya no buscaban necesariamente la tutela o el apoyo del Estado. Profesionales, negociantes, catedráticos y otros adoptarían una actitud un poco más independiente y menos dócil ante el régimen; a juzgar por las impresiones externas, parecía que la cultura política se estuviese volviendo más activista y participante, menos pasiva y sumisa[33]. También estaba adquiriendo formas nuevas, en especial por medio de la expresión de una preocupación creciente por la autenticidad del proceso electoral. Otro indicio de ello, que algunos consideraban de mal agüero, se hallaba en la reaparición parcial de la Iglesia católica como fuerza social pública. Durante decenios había predominado un modus vivendi tácito, un acuerdo callado entre la Iglesia y el Estado en virtud del cual se dejaban mutuamente en paz, siempre y cuando los sacerdotes se abstuvieran de meterse en política. Esta situación empezó a cambiar. En 1983, por ejemplo, la Iglesia logró bloquear un intento de legalizar el aborto provocado, y en 1986 un arzobispo habló claramente contra el fraude electoral. Conversaciones en círculos informados a menudo daban origen a intensas especulaciones sobre el misterioso poder del Opus Dei.

A medida que fue creciendo la distancia entre el gobierno y los intelectuales, empezó a aparecer una prensa independiente. Julio Scherer García, el desplazado director del importante periódico Excélsior, se llevó a muchos de sus mejores escritores y creó un semanario de actualidades, Proceso. Un nuevo diario, Unomásuno, amenazó la posición de Excélsior como principal periódico de Ciudad de México. En 1984 le siguió La Jornada, dirigido por algunos de los intelectuales jóvenes más destacados del país. Revistas como Nexos, cuyo modelo era The New York Review of Books, proporcionaban todavía más salidas. En efecto, los críticos radicales del régimen encontraron nuevos medios de expresión. Todavía dependían de la tolerancia oficial y tenían que pagar precios muy elevados por sus transgresiones. (Los periodistas eran blanco de frecuentes ataques y algunos incluso fueron asesinados, como ocurrió con el conocido Manuel Buendía). Los disidentes se hallaban limitados en su mayor parte a los medios de comunicación impresos de Ciudad de México; la televisión siguió estando firmemente en manos de elementos adictos al régimen, mientras la radio ocupaba una especie de terreno intermedio. Pero, a pesar de todo ello, se habían ensanchado los límites de lo que podía permitirse, con el consiguiente incremento de la gama de posibilidades.

En 1970 Luis Echeverría pasó a ser el quinto presidente de México en la posguerra. Parecía ser la encarnación de la élite política mexicana; nacido en Ciudad de México en 1922, había estudiado en la UNAM, donde también había sido catedrático después de obtener un título de Derecho. Emparentó por medio del matrimonio con una destacada familia política del estado de Jalisco, tras lo cual ingresó pronto en el PRI y, lo que es más importante, en la camarilla de Rodolfo Sánchez Taboada, el presidente del partido. Al morir el cacique, Echeverría se convirtió en «oficial mayor» del PRI y destacó por su labor durante la campaña de López Mateos; en 1958 consiguió el importantísimo puesto de subsecretario de Gobernación bajo Díaz Ordaz. Cuando éste pasó a la presidencia en 1964, Echeverría recibió el puesto de secretario. Seis años después Echeverría repitió lo que antes que él hicieran Alemán, Ruiz Cortines y Díaz Ordaz al pasar de Gobernación a la presidencia.

Durante toda su carrera, Echeverría había trabajado intensamente entre bastidores. Fue el primer presidente constitucional desde el final de la Revolución mexicana que nunca había ocupado ningún cargo electivo. A lo largo de los años había llegado a ser un maestro de las maniobras burocráticas. Sólo un acontecimiento le había hecho pasar a primer plano —la matanza de estudiantes en 1968— y, aunque muchos le consideraban responsable de aquella inexcusable demostración de fuerza bruta, su papel en la misma no estaba nada claro. A pesar del citado episodio, o posiblemente a causa de él, logró librarse de varios rivales fuertes en la carrera hacia la presidencia, entre los que estaban Alfonso Corona del Rosal, regente del Distrito Federal; Juan Gil Preciado, secretario de Agricultura; Emilio Martínez Manautou, secretario de la Presidencia; y Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, al que muchísima gente consideraba el arquitecto del milagro económico de México. Austero y ambicioso, calvo, con gafas, no fumador, abstemio y elegante, Luis Echeverría era la expresión consumada de la nueva raza de México; el burócrata convertido en presidente.

Reflejando la experiencia adquirida en Gobernación, Echeverría procedió rápidamente a reforzar y consolidar su propio poder político. Desde los primeros momentos se esforzó por aislar y desmantelar algunas camarillas rivales y se abstuvo intencionadamente de dar un cargo en el gabinete a uno de sus principales rivales por la presidencia, Alfonso Corona del Rosal. En junio de 1971 un sangriento ataque contra estudiantes por parte de criminales paramilitares le brindó la oportunidad de despojar de su cargo a Alfonso Martínez Domínguez, que a la sazón era el regente del Distrito Federal. Echeverría destituyó a no menos de cinco gobernadores de estado (los de Guerrero, Nuevo León, Puebla, Hidalgo y Sonora) y efectuó cambios frecuentes en su gabinete: en noviembre de 1976 sólo seis de los diecisiete secretarios iniciales permanecían en el mismo puesto. Echeverría desarrolló su propia base política a partir de un cuadro de jóvenes, la mayoría de ellos de unos treinta años, a los que dio cargos delicados, de alto nivel: Francisco Javier Alejo, Juan José Bremer, Ignacio Ovalle, Fausto Zapata, precursores de lo que andando el tiempo se llamaría (burlonamente al final) una «efebocracia». Eran una nueva generación, definida tanto por su actitud como por su edad, criada y llevada al poder por el presidente, un grupo que cabía suponer que seguiría endeudado con él durante muchos años. También reflejaba el deseo del presidente, quizá a raíz de la matanza de Tlatelolco, de restaurar los vínculos con la intelectualidad del país.

Una vez en el poder, Echeverría reveló la fuerza de su personalidad. Impaciente y enérgico, emprendió con pasión la tarea de restaurar la legitimidad oficial después de los sucesos de Tlatelolco, para lo cual intentó crear un medio de diálogo, una llamada «apertura democrática» en la que él mismo interpretaría el papel central (en lugar de imponer una reforma institucional). Exhortando a sus compatriotas a trabajar con «angustia creativa» y, al parecer, albergando la esperanza de convertirse en un Cárdenas moderno, fue a todas partes, vio a todo el mundo, pronunció discursos, hizo declaraciones y habló sin parar; según comentó irónicamente Daniel Cosío Villegas, hablar parecía ser una «necesidad fisiológica» para el nuevo presidente. El estilo de gobierno de Echeverría no estaba institucionalizado ni burocratizado. Era personal de una forma extrema, apremiante e intensa, y su estilo y su retórica adquirieron un tono sumamente populista[34].

Cuando Estados Unidos aceptó su derrota en Vietnam y propició la distensión con la Unión Soviética, Echeverría procuró aprovechar la oportunidad dando a México el papel de líder de los países del Tercer Mundo, con él mismo en el puesto de portavoz principal. Criticó con frecuencia a Estados Unidos y viajó extensamente, visitando China en 1973. Intercambió visitas con Salvador Allende, acogió a cientos de exiliados chilenos después del golpe de Estado de 1973 (entre ellos a la viuda de Allende) y finalmente le negó el reconocimiento a la junta militar. En las Naciones Unidas promovió una Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados y, en 1975, ordenó al embajador mexicano que apoyara una denuncia del sionismo como forma de «racismo» (precipitando con ello un boicot contra el turismo por parte de los líderes judíos de Estados Unidos; en la siguiente ocasión México se abstendría discretamente). Con un concepto exagerado de su prestigio, Echeverría también presentó su candidatura al cargo de secretario general de las Naciones Unidas cuando se aproximaba el final de su presidencia.

En el ámbito nacional, el empeoramiento de la situación económica planteó una amenaza directa al gobierno. La primera reacción de Echeverría fue ajustar y modificar la política que venía siguiéndose desde hacía tiempo en vez de llevar a cabo innovaciones importantes. Con el propósito de contrarrestar los déficits, su secretario de Hacienda intentó contener el gasto público, pero ello causó una disminución de las inversiones públicas que a su vez condujo a graves recesiones en 1971-1972 (con tasas de crecimiento por debajo del 4 por 100). Se presentó una oportunidad de corregir la política cambiaría en agosto de 1971, cuando el presidente Nixon decretó la aplicación de un impuesto del 10 por 100 sobre las importaciones (incluidas las mexicanas, con lo que puso fin a la idea de que existía una «relación especial» entre los dos países) y apartó el dólar del patrón oro para que flotase en el mercado internacional. Algunos de los consejeros de Echeverría sostuvieron que era el momento de dejar en flotación o devaluar el peso también, en vez de mantenerlo vinculado al dólar. Pero Hugo Margáin, el secretario de Hacienda, se apresuró a expresar su desaprobación y señaló que devaluación era una palabra que no existía en su diccionario[35].

Echeverría también abordó con cautela el viejo asunto de la política fiscal. A finales de 1972 sus consejeros económicos habían preparado un proyecto de ley de impuestos basado en la que Díaz Ordaz había echado a pique en 19641965, una propuesta que haría frente a los problemas de la renta fragmentada y los valores anónimos. La lógica de la propuesta impresionó al presidente, que pidió a su secretario de Hacienda que explicase el proyecto a representantes del sector privado. Margáin celebró dos encuentros en su residencia particular con destacados industriales de CONCAMIN y CANACINTRA, banqueros y comerciantes. Los empresarios pusieron muchos reparos, pero, según uno de los consejeros principales, el secretario de Hacienda (y ex embajador en Estados Unidos) «desplegó toda su habilidad diplomática e hizo caso omiso del tono de crítica» de sus invitados y contrarrestó cada uno de los argumentos que le expusieron. Sin ninguna palabra de explicación, sin embargo, el gobierno abandonó súbitamente el plan en su totalidad[36]. Al parecer, la afirmación que Ortiz Mena había hecho en los años sesenta continuaba siendo válida: no puede conseguirse la reforma fiscal en contra de los deseos del sector privado.

Al mismo tiempo, Echeverría se estaba preparando para abandonar las viejas fórmulas del «desarrollo estabilizador» y sustituirlas por lo que llamaría «desarrollo compartido». El año 1973 señaló el final definitivo del auge financiero de finales del decenio de 1950 y del de 1960. Al aumentar la inflación, Echeverría nombró un nuevo secretario de Hacienda, José López Portillo, que inmediatamente empezó a tomar medidas decisivas. A los aumentos de los precios de la energía (gas y electricidad) les siguió un incremento de sueldos y salarios en septiembre de 1973, junto con el control de los precios de los productos de consumo básicos. Cuando los empresarios se quejaron de estas medidas —y amenazaron discretamente con una fuga de capitales—, Echeverría respondió en tono exasperado y furioso. En su informe presidencial de 1973 el presidente se quejó de la capacidad industrial no utilizada y atacó las críticas dirigidas contra el gobierno tachándolas de mentiras que únicamente beneficiaban a los intereses de grupos reaccionarios. Un año después se apartó del texto que llevaba preparado y lanzó una diatriba contra los especuladores, los «riquillos» a quienes desprecia el pueblo, desprecian porque no fortalecían a la patria para sus hijos[37]. La tensión empezaba a afectar al pacto entre el Estado y el sector privado.

A medida que fue adquiriendo forma, la estrategia de Echeverría para el «desarrollo compartido» recalcó la importancia de la distribución además de la producción: se consideraba que por razones éticas y sociales, las masas necesitarían compartir de modo significativo los beneficios del crecimiento. Para alcanzar tal objetivo e imponer la política necesaria, el Estado sería una fuerza sólida y autónoma; el capital privado podría interpretar un papel constructivo, pero el beneficio sería menos importante que la equidad social. Mientras que el «desarrollo estabilizador» se apoyaba en una estrecha alianza entre el Estado y el sector privado, la lógica política del «desarrollo compartido» requería una coalición populista de obreros y campesinos bajo la tutela de un Estado poderoso.

El desarrollo compartido daba especial importancia al sector agrario y a los sufridos campesinos. La piedra angular institucional de esta orientación sería la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), organización acreditada cuyos principales objetivos eran tres: regular el mercado de productos básicos, incrementar los ingresos de los agricultores pobres y garantizar la disponibilidad de artículos básicos para los consumidores de bajos ingresos. Estos objetivos podían ser contradictorios, por supuesto, y de Alemán a Díaz Ordaz, la CONASUPO y sus predecesoras tendieron a proteger los intereses de los consumidores urbanos a expensas de los productores rurales. Un colaborador de Echeverría dijo categóricamente que el papel tradicional de la CONASUPO había sido proteger a los consumidores, y que la política económica del gobierno consistía en mantener los precios estables, especialmente en las zonas urbanas, haciendo que los salarios permanecieran bajos y estimulando la industria. Por ello DICONSA (la cadena de tiendas de venta al por menor) había crecido tanto en las zonas urbanas y por ello se compraba el maíz en las zonas de mayor producción sin pensar casi en proteger a los productores[38].

Esta situación iba a cambiar bajo Echeverría. En 1970 México tuvo que importar más de 760.000 toneladas de maíz, lo cual fue un revés simbólico y económico que, al parecer, desconcertó al presidente. Echeverría encomendó la dirección de la CONASUPO a Jorge de la Vega Domínguez, administrador político capacitado y poseedor de experiencia, cuyos colaboradores pasaron cerca de dos años trabajando en un diagnóstico del problema agrario del país. El equipo de estudio presentó su informe a mediados de 1972 y argüyó que la política agrícola de períodos anteriores había concedido demasiada importancia al sector comercial moderno y mecanizado (principalmente en el norte). La clave de la autosuficiencia y la redistribución de la renta se hallaba en el sector tradicional productor de maíz (principalmente en el centro y en el sur). Un obstáculo importante no eran sólo las fuerzas del mercado, sino el papel de los intermediarios, que a menudo eran caciques poderosos que dominaban pueblos o regiones con la aprobación y el apoyo de las autoridades superiores. Según el equipo de Vega Domínguez, la respuesta a ello consistía en un programa de desarrollo «integrado», un programa que dejara a un lado el poder de los caciques locales y llegase directamente a los campesinos. Por consiguiente, el Estado debía intervenir para ayudar a los pobres y la CONASUPO ofrecería una serie integrada de servicios (precios justos para los inputs, mantenimiento de precios razonables para las cosechas, adecuadas facilidades de crédito e instalaciones de almacenaje, ayuda en la comercialización y asesoramiento para la reinversión).

El programa integrado para el desarrollo rural se convirtió pronto en política nacional y en una de las mayores prioridades personales de Echeverría. Al finalizar su sexenio, la agricultura ya representaba el 20 por 100 del presupuesto federal, con mucho la cifra más alta desde el decenio de 1940 (durante el cual, Miguel Alemán estuvo invirtiendo enormes fondos en grandes proyectos de regadío). Al quintuplicarse su propio presupuesto, la CONASUPO se transformó en un organismo inmenso que llegó a tener hasta 15.000 empleados (incluidas las compañías subsidiarias). Sus agentes compradores se concentraban en los campesinos de renta baja; los establecimientos minoristas se multiplicaron en el campo y en las ciudades, y el número total de los mismos aumentó de unos 1.500 en 1970 a 2.700 en 1976. Pero el programa agrario obtuvo sólo un éxito limitado. El desafío era enorme, desde luego. Burócratas poco entusiasmados pertenecientes a organizaciones rivales, tales como el secretariado de Agricultura, por ejemplo, opusieron mucha resistencia. Y la tenacidad de los caciques resultó feroz. Finalmente, el tan pregonado plan para el desarrollo integrado fue víctima de la inercia burocrática y de la política de la sucesión presidencial, que ya estaba en marcha a finales de 1974.

El compromiso con el «desarrollo compartido» también entrañó un acercamiento a trabajadores organizados. Durante los primeros años, Echeverría y Porfirio Muñoz Ledo, el secretario de Trabajo, intentaron recortar el poder del jefe de la CTM, Fidel Velázquez, e incluso acariciaron la idea de expulsarle de su puesto. Una de las tácticas del gobierno consistió en prestar estímulo táctico a un movimiento obrero «independiente» insurgente, que adquirió mucha fuerza entre los trabajadores del sector del automóvil, los ferroviarios y los electricistas, es decir, en los sectores más modernos y mecanizados, donde los tradicionales vínculos entre patronos y clientes eran más débiles. Por ello Echeverría reconoció jurídicamente a la Unidad Obrera Independiente (UOI), organización que desafiaba de forma explícita a la CTM. Sin embargo, cuando la inflación empezó a acelerarse en 1973, Echeverría se dio cuenta de que necesitaba a Velázquez para que controlase las reivindicaciones de incrementos salariales compensatorios que formulaban las bases. Así pues, el presidente rectificó y Velázquez continuó disfrutando de su prolongada supremacía mientras el Estado le daba su apoyo y el movimiento independiente se marchitaba (en 1978 representaba sólo el 7 por 100 de los afiliados al Congreso del Trabajo)[39]. Los trabajadores volvían a estar en manos seguras.

A pesar de todo, Echeverría continuó haciendo una política económica activista, orientada al crecimiento. De conformidad con las afirmaciones nacionalistas y tercermundistas del presidente, en 1973 México aprobó nuevas leyes para reglamentar —aunque de ningún modo eliminar— las actividades de las empresas extranjeras, especialmente las sociedades multinacionales. El papel del Estado, que ya era grande, aumentó acentuadamente; el total de ingresos públicos ascendió de alrededor del 8 por 100 del producto interior bruto en 1970 a aproximadamente un 12,5 por 100 en 1975. Se dedicaron muchos fondos públicos a la vivienda, la escolarización y otros programas de desarrollo. Se incrementó el crédito agrícola. La nación dobló su capacidad de producir petróleo crudo, electricidad, hierro y acero. Echeverría señaló con orgullo que, de resultas de ello, el PIB creció a una tasa media del 5,6 por 100 anual. Sin embargo, esta expansión de la actividad del Estado llevó a Echeverría a un conflicto constante con el sector privado nacional, que se encontraba atrapado entre las compañías multinacionales y el Estado mexicano. Sólo las empresas nacionales más fuertes pudieron sobrevivir, y el gobierno compró muchas de las más débiles (el número de sociedades anónimas propiedad del Estado aumentó notablemente, de 86 a 740 durante el régimen de Echeverría). Entre 1970 y 1976 la reserva monetaria creció alrededor del 18 por 100 anual, comparada con cifras anteriores de alrededor del 12 por 100, y el déficit federal se multiplicó por seis. Esto contribuyó a una espiral inflacionaria —los precios subían cerca de un 22 por 100 al año— que a su vez encareció los productos mexicanos y les impidió competir en los mercados internacionales. El resultado fue que el déficit de la balanza de pagos se triplicó entre 1973 y 1975, ejerciendo una gran presión sobre el valor del peso, una presión que al final fue tremenda.

A medida que el sexenio iba avanzando aparecieron señales de que Echeverría, que aún era joven, pensaba ensanchar y perpetuar su influencia. Cinco de los secretarios de su gabinete dejaron el cargo por el puesto de gobernador de un estado, y un sexto empezó a aspirar a otro justo después del fin del período presidencial. Varios miembros del subgabinete también se convirtieron en gobernadores de algún estado. La mayoría de los observadores se dieron cuenta de que estos políticos, todos ellos echeverristas, se encontrarían firmemente instalados en capitales de estado mucho después de que el presidente concluyera su mandato. En este contexto Echeverría rompió con todos los precedentes al llamar públicamente la atención sobre la próxima sucesión presidencial. A finales de 1974 declaró que era útil que la opinión pública analizara y evaluara a los hombres en relación con la sucesión presidencial. Suponía que la opinión pública empezaría a definir sus preferencias hacia finales del siguiente año; pero, mientras tanto, consideraba que era democráticamente saludable que todo el mundo fuera objeto de estudio, observación y enjuiciamiento[40]. Volvió a hablar del asunto en otras ocasiones, y en abril de 1975 Leandro Rovirosa Wade, el secretario de Recursos Hidráulicos, sorprendió a la prensa al anunciar los nombres de los posibles aspirantes. Fue una novedad tan grande, que sólo podía ser fruto de la intención de Echeverría, que quizá deseaba demostrar que controlaba el proceso de selección.

Revelados de esta manera ante la «opinión pública», los «tapados» eran siete: Mario Moya Palencia, de cuarenta y dos años, sucesor de Echeverría en Gobernación y por ello considerado como el candidato con más probabilidades de ganar; Hugo Cervantes del Río, de cuarenta y nueve años, secretario de la Presidencia; José López Portillo, de cincuenta y cuatro años, secretario de Hacienda y amigo de la infancia del presidente; Porfirio Muñoz Ledo, de cuarenta y un años, secretario de Trabajo y conocido intelectual; Carlos Gálvez Betancourt, de cincuenta y cuatro años, director del Instituto de la Seguridad Social; Augusto Gómez Villanueva, de cuarenta y cuatro años, secretario de la Reforma Agraria; y Luis Enrique Bracamontes, de cincuenta y un años, secretario de Obras Públicas. Rovirosa Wade aseguró que cualquiera de ellos era excelente, porque habían sabido ejecutar de forma admirable las tareas que el presidente Echeverría les había encomendado[41].

En el momento de hacerse públicos estos nombres, Jesús Reyes Heroles, presidente del PRI, proclamó que el partido tenía la intención de redactar el borrador de un «plan de gobierno básico» para el período presidencial de 1976-1982. Lo que se deseaba hacer era forjar un programa, una serie de compromisos políticos por parte del gobierno. Con la evidente aprobación de Echeverría, Reyes Heroles reveló que el plan estaría listo para finales de septiembre y que se presentaría a los líderes del partido para que lo ratificasen. La selección del candidato se efectuaría en octubre y era de suponer que se escogería a la persona con la mayor capacidad para poner en práctica dicho plan. Empezó a circular la consigna de «¡Primero el programa, luego el hombre!». A algunos les pareció que Echeverría había encontrado una forma nueva de atarle las manos a su sucesor. La mañana del 22 de septiembre, puntualmente, Reyes Heroles se encontraba presidiendo una reunión relacionada con el «plan básico» cuando recibió una llamada desde la residencia presidencial. Al volver a la sesión, se le veía desconcertado y sorprendido, y al mediodía salió apresuradamente con destino a Los Pinos, para hacer una breve visita. Por la tarde, tres de los aspirantes a la presidencia —Moya Palencia, Cervantes del Río y Gálvez Betancourt— se encontraban juntos con Echeverría en un almuerzo oficial. Según dicen, al ser interrumpido por un ayudante, Moya Palencia se puso pálido y abandonó la mesa. El elegido era López Portillo. Mientras tanto Fidel Velázquez proclamaba públicamente el apoyo de los obreros al secretario de Hacienda, y otros se daban prisa en imitarle. Para algunos el «destapamiento» fue una sorpresa; para otros, una conmoción. A un líder de la CNC le preguntaron si el sector campesino añadiría su respaldo y el hombre preguntó «¿A quién?». Le mostraron un periódico de la tarde con el nombre de López Portillo en los titulares, y entonces el líder de la CNC se limitó a asentir con la cabeza y decir: «Por supuesto». Velázquez y otros líderes del partido se trasladaron al edificio de Hacienda para dar la enhorabuena al elegido, y a primera hora de la noche un alicaído Moya Palencia acudió a expresar su propia capitulación diciendo que José López Portillo era el mejor hombre que tenía la Revolución mexicana y que debían creer en él[42].

Mientras se unían al vencedor, algunos integrantes del mundillo político se preguntaban por qué López Portillo era el elegido. Aunque amigo de toda la vida del presidente, en el curso de su carrera pública, que era relativamente corta, nunca había podido congraciarse con el sector obrero o con el campesino. A mediados de noviembre el propio Echeverría ofreció una pista cuando hizo la notable declaración —rompiendo nuevamente con todos los precedentes— de que López Portillo había ganado porque —según la opinión oficial— era el que tenía menos compromisos políticos, el único que no había llegado a ningún acuerdo secreto o discreto, el único que se había consagrado al servicio del país sin hacer política barata[43]. Muchísima gente interpretó la denuncia de la política barata como un reproche dirigido a Moya Palencia, al que se consideraba generalmente como el tapado que contaba con el más amplio apoyo político. Pero la mayor virtud de López Portillo era también su mayor desventaja: no tenía un equipo propio. Desde el punto de vista de Echeverría, quizá sería la persona más fácil de controlar calladamente.

Durante los meses siguientes Echeverría estuvo a la vista del público mientras López Portillo se mostraba fiel a su forma de actuar y permanecía en la sombra. Las elecciones de julio de 1976 fueron irregulares, en parte porque un cisma interno había impedido al PAN presentar siquiera un solo candidato. Debido a ello, la campaña fue una carrera entre López Portillo y la abstención, y si es verdad que el 69 por 100 de la población con derecho al voto acudió a las urnas, y el 94 por 100 de ella votó al candidato del PRI, habría que considerarlo como un triunfo de López Portillo, que se había mostrado simpático.

Pero empezó a extenderse una sensación de malestar. A principios de julio había estallado una rebelión en la redacción de Excélsior, que a la sazón era el principal periódico de Ciudad de México, además de ser una cooperativa de propiedad pública. Los insurgentes recurrieron a numerosas tácticas ilegales, pero las autoridades gubernamentales, de Echeverría para abajo, rehusaron intervenir. La sublevación triunfó, hubo un cambio de director y con ello dejó de oírse lo que hasta entonces había sido una voz orgullosa y crítica. (Los periodistas que dejaron el periódico fundarían la revista Proceso). Y cuando se supo que Echeverría era ahora accionista mayoritario en un nuevo grupo de prensa que controlaba treinta y siete diarios, las consecuencias implícitas del hecho no auguraban nada bueno. El 11 de agosto una organización terrorista no identificada, posiblemente la izquierdista Liga del 23 de Septiembre, atacó el automóvil en que viajaba Margarita López Portillo, hermana del presidente electo. Ella salió ilesa del atentado, pero uno de sus guardaespaldas murió, otros tres resultaron heridos y el jefe de la banda fue muerto a tiros. Contemplado aisladamente, el incidente ya resultaba inquietante, pero las preguntas sin respuesta lo eran todavía más: ¿quién estaba realmente detrás del atentado? ¿Y si el verdadero blanco era López Portillo? ¿Cómo podía pasar una cosa como aquella a plena luz del día en Ciudad de México?

Vino a continuación un golpe devastador. El día 31 de agosto, después de meses de negativas oficiales, el gobierno devaluó el peso por primera vez desde 1954. Las pérdidas que sufrían las reservas de divisas extranjeras del país habían alcanzado límites intolerables, desde abril se estaba registrando la fuga en gran escala de capitales y los precios de las exportaciones seguían siendo demasiado altos. En vista de ello, finalmente el gobierno decidió dejar en flotación el peso, dejar que encontrase su nuevo nivel, que el Banco de México fijó en 19,90 el 12 de septiembre, cifra que representaba un descenso del 37 por 100 de su valor a partir del 12,50 que se venía manteniendo desde hacía mucho tiempo. Por si fuera poco, el gobierno dejó el peso en flotación por segunda vez el 26 de octubre, y el tipo de cambio subió rápidamente hasta situarse en 26,50 por dólar. En el plazo de dos meses el valor internacional del peso había quedado reducido a la mitad. Fue una medicina verdaderamente amarga para quienes veían la posición de la moneda como una señal de fuerza y estabilidad, una manifestación del «milagro mexicano» y un sello de orgullo nacional.

Los rumores se intensificaron. De una forma un tanto críptica, Echeverría denunció «ataques insidiosos» contra México en su último informe presidencial[44], y las habladurías se extendieron por toda la capital. La esposa de Echeverría sería objeto de un atentado y una intentona contra la vida de la esposa de López Portillo. Alguien intentaría asesinar a Hermenegildo Cuenca Díaz, el secretario de Defensa de Echeverría. Un cacique local de Jalisco había contratado a un asesino para que matase al temible Marcelino García Barragán. Pero el principal rumor, el que encendió la imaginación popular, era el más inverosímil de todos: iba a producirse un golpe militar. Al principio decían que el golpe se daría el 16 de septiembre, el aniversario de la independencia de México. Después la atención se desvió hacia otra fecha: el 20 de noviembre, el aniversario de la Revolución, sólo diez días antes de finalizar la permanencia de Echeverría en el poder. El 29 de noviembre hubo una cadena de explosiones en la capital que causaron daños extensos pero no fueron un desafío aparente para el régimen.

Sobre todo durante noviembre, una serie de acontecimientos en el norte aumentaron la tensión y exacerbaron la credulidad popular. Hacia mediados de dicho mes grupos de campesinos se apoderaron de tierras en Sonora, Sinaloa y Durango. La actuación de los campesinos reflejaba reivindicaciones que venían de muy antiguo y el malestar agrario también llevaba años ardiendo sin llama; la novedad de los enfrentamientos residía en el momento elegido para provocarlos, cuando sólo faltaban unos días para el final de un régimen. El 20 de noviembre, Echeverría, que no pensaba renunciar al poder hasta el último minuto, expropió súbitamente casi 100.000 hectáreas de tierra fértil de propiedad privada en Sonora para crear ejidos colectivos. Indignados por lo sucedido, los terratenientes protestaron y en Sinaloa unos 28.000 anunciaron breves interrupciones del trabajo en los campos. Como muestra de solidaridad, empresarios y comerciantes de Puebla, Chihuahua y Nuevo León protagonizaron breves interrupciones del trabajo. Animados por el resultado obtenido en Sonora, los campesinos ocuparon otras tierras en Durango y Jalisco.

Durante la ceremonia de toma de posesión, López Portillo hizo un elocuente llamamiento a la colaboración en lugar del conflicto, y luego repartió cargos entre su nuevo equipo. El grupo de personas que el presidente había conocido y con las que había trabajado durante su trayectoria política previa fue la fuente de líderes para su gabinete: técnicos encargados de la política económica, hombres tales como Rodolfo Moctezuma Cid, Carlos Tello y el juvenil Andrés Oteyza. López Portillo también recurrió a amigos personales (Antonio Farell Cubillas en IMSS, Pedro Ojeda Paullada en Trabajo, Jorge Díaz Serrano en la PEMEX) y a miembros de su familia (su hermana Margarita, por ejemplo, pasó a dirigir uno de los departamentos de Gobernación), con lo que su gobierno acabaría siendo blanco de mordaces acusaciones de nepotismo. Valiéndose de todos estos medios, López Portillo logró formar una camarilla cuyo común denominador era la lealtad personal al presidente.

Con el fin de ampliar y fortalecer el apoyo popular al régimen, López Portillo echó mano de una estrategia de probada eficacia: la reforma electoral. La matanza de Tlatelolco seguía proyectando una sombra sobre la política de la nación, especialmente entre los jóvenes, y los tumultuosos años de Echeverría había creado una sensación general de aprensión. La abstención electoral preocupaba mucho y empezó a resultar obvio que el sistema tendría que abrirse con el fin de proporcionar cauces ordenados para la oposición, especialmente en vista de que el PPS y el PARM hacía ya tiempo que habían perdido su importancia y buena parte de sus seguidores. Asimismo, iban apareciendo partidos nuevos, al menos uno de derechas (el Partido Demócrata Mexicano, fundado en 1971), pero la mayoría de izquierdas: el Partido Socialista de los Trabajadores o PST (1973); la Unidad de Izquierda Comunista o UIC (1973); el Movimiento de Acción y Unidad Socialista o MAUS (1973); el Partido Mexicano de los Trabajadores (1974); el Partido Popular Mexicano o PPM (1975); el Partido Socialista Revolucionario o PSR (1976); y el Partido Revolucionario de los Trabajadores o PRT (1976).

Respondiendo a estas novedades, la medida reformista de diciembre de 1977 contenía tres elementos básicos: el primero era la liberalización de los procedimientos para inscribir partidos (lo cual sería ahora posible si se obtenía el 1,5 por 100 del total de votos en cualquier elección nacional o se captaban 65.000 afiliados); en segundo lugar, la ampliación de la Cámara de Diputados a cuatrocientos miembros, con trescientos de ellos elegidos por mayoría simple en distritos de un solo miembro y cien elegidos por representación proporcional (dicho de otro modo, estos escaños se reservarían para los partidos de la oposición); y, finalmente, la ampliación del acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos y los candidatos de la oposición. En un principio pareció que la izquierda era la que más se beneficiaría de todo ello. Al amparo de las nuevas leyes de inscripción, en 1979 el Partido Comunista Mexicano pudo concurrir a unas elecciones por primera vez desde 1946, y en 1981 se unió a otros partidos de izquierda para formar el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). No todos los partidos radicales entraron en esta coalición, que pronto se vería desgarrada por las divisiones internas, pero la simple perspectiva de una izquierda electoral unificada significaba un cambio profundo en el tenor y el tono de la política nacional.

Sin embargo, más que la oposición política, fue la economía la que presentaba el desafío más decisivo. A mediados del decenio de 1970 la industrialización de sustitución de importaciones había perdido gran parte de su dinamismo, el desempleo se había desbocado y la inflación empezaba a subir. Echeverría parecía que sólo agravaba las tensiones sociales con su retórica incendiaria, su postura tolerante respecto a la ocupación de tierras en el campo y sus continuos conflictos con el sector empresarial. Cuando José López Portillo se hizo cargo de la presidencia en diciembre de 1976, muchos mexicanos previeron que se avecinaban tiempos difíciles. Entonces el país encontró petróleo.

Era, al parecer, la solución de los problemas de México. Después de la expropiación de las compañías de propiedad extranjera en 1938, durante varios decenios México había adoptado una actitud discreta en el mundo internacional del petróleo. La PEMEX funcionaba de forma bastante eficiente y producía sin interrupción petróleo a precios muy bajos y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de la nación, que iban en aumento pero eran relativamente modestas. Las exportaciones eran insignificantes y las importaciones eran a veces significativas. En 1976 una serie de descubrimientos de petróleo había hecho que las reservas comprobadas de México se cifraran en aproximadamente 6.300 millones de barriles, lo cual inducía a pensar que la PEMEX podría satisfacer los requisitos nacionales durante el futuro previsible. Se empezó a hablar de una bonanza. Nuevos descubrimientos, especialmente en el sur, doblaron y redoblaron los cálculos oficiales de las reservas de petróleo mexicanas. En septiembre de 1979 López Portillo ya pudo confirmar que los yacimientos de petróleo y gas natural del país contenían la energía equivalente a 45.800 millones de barriles de reservas «comprobadas», 45.000 millones de barriles de reservas «probables» y 110.000 millones de barriles de reservas «potenciales», es decir, un total de 200.000 millones de barriles. (Según estas estimaciones, México poseía alrededor del 5 por 100 de las reservas de crudo comprobadas que había en el mundo y el 3 por 100 de las reservas comprobadas mundiales de gas natural).

Los descubrimientos de petróleo provocaron intensos debates en el seno de los círculos políticos mexicanos. ¿Qué iban a hacer con los yacimientos? La izquierda, con los estudiantes y los intelectuales al frente, pidió que se impusieran limitaciones a la producción de petróleo con el fin de preservar el patrimonio de la nación, no depender excesivamente de los compradores e impedir las distorsiones sociales —inflación, frustración y desigualdad— que se veían en países como Irán. La derecha, integrada principalmente por industriales, pidió a gritos que se siguiera una política que fomentase un desarrollo rápido y, por ende, permitiera saldar la deuda nacional, adquirir reservas de divisas y defenderse de las posibles amenazas comerciales que plantearan otras fuentes de energía. Después de titubear un poco, el gobierno de López Portillo optó por seguir una política cuyos resultados fueran inmediatos y se propuso satisfacer las necesidades nacionales y exportar 1,25 millones de barriles por día. La intención era estimular el crecimiento, promover el empleo y pagar las importaciones, todo ello sin crear inflación ni una dependencia excesiva de las ventas de petróleo. Los altos funcionarios del gobierno juraron que bajo ninguna circunstancia pasaría México a estar atado al petróleo[45]. Pese a ello, con el fin de satisfacer la necesidad de divisas, tanto para estimular el crecimiento como para atender a la deuda, el gobierno de López Portillo siguió adelante con las exportaciones de petróleo e incrementó el máximo diario hasta los 1,50 millones de barriles por día. Y a medida que el precio internacional del petróleo fue subiendo, debido en gran parte a los esfuerzos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), también aumentaron los ingresos de México. Las ganancias producidas por el petróleo ascendieron de 311 millones de dólares en 1976 a cerca de 14.000 millones en 1981, momento en que ya representaban casi tres cuartas partes de las exportaciones mexicanas. Al mismo tiempo se produjo cierta disminución relativa del papel de las exportaciones no petroleras, especialmente de los productos agrícolas. Casi a su pesar, la economía mexicana estaba experimentando un proceso de «petrolización».

En cierto sentido, pareció que la estrategia daba buenos resultados. En términos reales (esto es, teniendo en cuenta la inflación) el PIB alcanzó las tasas de crecimiento más elevadas que se recordaban entonces: 8,2 por 100 en 1978, 9,2 por 100 en 1979, 8,3 por 100 en 1980 y 8,1 por 100 en 1981. Fueron unos resultados extraordinarios, sobre todo durante un período en que Estados Unidos y el mundo industrializado se tambaleaban a causa de la estagflación y de la recesión, y parecieron justificar al gobierno en su precipitada búsqueda de crecimiento inducido por el petróleo. Esta expansión permitió crear importantísimos puestos de trabajo —cerca de un millón en 1979, año que fue espectacular— y también incrementó la magnitud del papel económico del Estado.

El gobierno de López Portillo trató de usar esta mayor influencia para formular una política nueva y coherente en relación con el sector agrario, que pasaba dificultades desde hacía mucho tiempo. Como México continuaba importando cereales básicos y las dimensiones de la crisis agrícola del país se hicieron evidentes, López Portillo y sus asesores idearon y pusieron en práctica en 1980 el programa denominado Sistema Alimentario Mexicano (SAM). La meta del programa era alcanzar la autosuficiencia en la producción de alimentos, con lo cual de un solo golpe se extirparía la desnutrición y se afirmaría la autonomía nacional. La estrategia consistía en encauzar los ingresos producidos por la exportación de petróleo hacia el campo tanto para la producción como el consumo de cereales básicos: «sembrar el petróleo», como decía la pegadiza consigna. El SAM era un plan ambicioso y caro que costó casi 4.000 millones de dólares sólo en 1980. Un clima excepcionalmente benigno permitió obtener una cosecha abundante en 1981 y la producción de cereales fue superior en casi un 30 por 100 a la de 1979, año de sequía. Los funcionarios proclamaron que el SAM había sido un éxito instantáneo. Otros perdieron de vista el clima y recibieron con profunda inquietud los períodos de sequía de 1982 y 1983.

Los ingresos del petróleo también mejoraron la posición de México en el plano internacional cuando ocurrió el alza súbita de los precios inducida por la OPEP en 1979 y se mostró el poder aparente de las naciones productoras de petróleo. Aunque México nunca llegó a ingresar oficialmente en la OPEP (prefirió la ambigua categoría de observador oficial), los líderes nacionales creían firmemente que esta ventaja económica proporcionaría la base para adoptar una postura más enérgica en los asuntos exteriores. Como al propio López Portillo le gustaba decir: «los países del mundo se dividen en dos tipos: los que tienen petróleo y los que no lo tienen, y México tiene petróleo»[46]. Después de muchos decenios de discreción en el terreno diplomático, México estaba ahora en condiciones de imponerse en la escena internacional. Como si fuera reflejo de ello, México hizo de anfitrión de un extenso diálogo norte-sur en la espléndida población turística de Cancún en octubre de 1981.

Esta exaltación se hizo especialmente visible en la postura que adoptó México ante la crisis que se estaba manifestando en América Central. Mientras Estados Unidos denunciaba la influencia soviética y cubana en el istmo, los círculos oficiales mexicanos tendían a ver los conflictos políticos de la región como la respuesta lógica a las condiciones históricas de represión y desigualdad. Con la esperanza de fomentar las soluciones negociadas, el gobierno de López Portillo mostró públicamente la simpatía que le inspiraban las causas revolucionarias. El gobierno mexicano rompió las relaciones con el régimen somocista de Nicaragua mucho antes de la victoria de los insurgentes a mediados de 1979, y luego procedió de forma inequívoca a prestar apoyo al gobierno sandinista. En 1980 México (junto con Venezuela) empezó a ofrecer petróleo a Nicaragua en condiciones muy favorables. Durante el año siguiente México se unió a Francia para pedir el reconocimiento del Frente Democrático Revolucionario (FDR-FMLN) salvadoreño como «legítima fuerza política». Esta intervención de una potencia extracontinental en los asuntos del hemisferio infringía un antiguo principio de la diplomacia regional, un principio que Estados Unidos habían procurado que se respetara desde la declaración de la Doctrina Monroe en 1823, y el gobierno de Reagan la contempló con hosca desaprobación.

En un discurso pronunciado en Managua en febrero de 1982, López Portillo ofreció públicamente la ayuda de México para la tarea de deshacer lo que llamó «los tres nudos que tienen atada la búsqueda de la paz en la región: el conflicto interno de El Salvador, la desconfianza entre Estados Unidos y Nicaragua, y la hostilidad entre Estados Unidos y Cuba». Reiteró el llamamiento a una resolución negociada en El Salvador, propuso que se firmara un tratado de no agresión entre Estados Unidos y Nicaragua e instó a que se celebraran nuevos diálogos entre el gobierno estadounidense y el régimen de Castro. Actuando por cuenta exclusivamente propia, México se proponía de este modo asumir un importante papel de líder en los asuntos de la región. Como era de esperar, la respuesta de Estados Unidos a esta iniciativa fue tibia en el mejor de los casos; se celebraron algunas conversaciones y nada más.

La estrategia económica con que López Portillo pretendía estimular el crecimiento produjo costes importantes, y uno de los inconvenientes principales fue la balanza comercial. Aunque el valor de las exportaciones aumentó de forma espectacular, la cantidad de importaciones creció aún más. El resultado fue un asombroso déficit comercial: 2.100 millones de dólares en 1978, 3.600 millones en 1979, 3.200 millones en 1980 y de nuevo en 1981. La expansión económica requería importar, especialmente bienes intermedios y de capital, y México siguió comprando más de lo que vendía. Anteriormente los déficits de esta clase se veían compensados por dos vínculos especiales con Estados Unidos: el turismo y las transacciones en la frontera (incluyendo las exportaciones de las maquiladoras). Pero en 1981 el turismo apenas produjo un superávit, ya que los mexicanos de ingresos elevados gastaron muchísimo dinero en el extranjero (debido a la sobrevaloración del peso, viajar por el extranjero resultaba barato) y las industrias de la frontera sufrieron los efectos de la recesión estadounidense. En 1981 la balanza de pagos total de México registró un déficit de 11.700 millones de dólares, suma enorme se mida como se mida, incluso para un país poseedor de abundante petróleo.

Mientras tanto el propio gobierno se endeudó. Con el objeto de poner en práctica su estrategia, el gobierno de López Portillo tomó iniciativas muy costosas que incrementaron la participación económica del Estado. En términos relativos, el déficit del gobierno pasó de alrededor del 7 por 100 del PIB en los años setenta, nivel que se sostuvo durante gran parte del decenio, al 14 por 100 en 1981 y al 18 por 100 en 1982. El déficit y la balanza de pagos dejaban únicamente una opción: contratar préstamos en el extranjero. Las empresas privadas y los organismos estatales de México buscaron capital en el mercado monetario internacional. Y los banqueros extranjeros, parece ser que deslumbrados por los descubrimientos de petróleo, se apresuraron a conceder préstamos enormes. La deuda nacional continuó su inexorable ascensión, de alrededor de 30.000 millones de dólares en 1977-1978 a 48.000 millones en 1980 y más de 80.000 millones en 1982. Aproximadamente las tres cuartas partes de esta deuda correspondían al sector público. La inflación también se aceleró. México era casi la única de las naciones en vías de desarrollo que había resistido con éxito la inflación durante todo el decenio de 1960, con tasas anuales del 5 por 100 o menos. A mediados de los años setenta los aumentos de precios fueron de alrededor del 20 por 100, cifra que seguía siendo razonable si se juzga de acuerdo con las pautas internacionales, pero luego se dispararon hasta situarse entre un 30 y un 40 por 100 con las estrategias económicas del gobierno de López Portillo. En 1982 la tasa ya rozaba el 100 por 100. Esta pauta inflacionaria redujo el poder adquisitivo de los trabajadores y amenazó con crear tensiones sociales, especialmente por haberse producido de forma repentina. «El fondo tenía que desprenderse», dijo un economista de uno de los bancos más importantes de México. «Nadie esperaba que ocurriera tan rápidamente»[47].

Al parecer, el gobierno de López Portillo cometió dos errores principales en lo que hace a la política económica. Uno fue depositar demasiada confianza en las exportaciones de petróleo. La extracción y la comercialización de las reservas de petróleo de México obligaron a efectuar inversiones en gran escala, de modo que una proporción considerable de las ganancias producidas por el petróleo se reinvertían en la industria petrolera. Por consiguiente, al producirse la expansión del sector energético, el resto de la economía languideció. Asimismo, la necesidad urgente de crear nuevos puestos de trabajo tentó a López Portillo a buscar elevadas tasas de crecimiento. Además, la cláusula de «no reelección» puede que le indujera a adoptar estrategias a corto plazo que diesen resultados tangibles durante su presidencia, que, por supuesto, no era renovable. En cualquier caso, México empezó a gastarse las ganancias del petróleo antes de tenerlas entre las manos. De este modo México pasó a depender de forma extraordinaria de sus exportaciones de energía, lo cual le hacía vulnerable a los cambios de los precios internacionales del petróleo. A mediados de 1981 la superabundancia mundial de petróleo condujo a una fuerte caída de los precios. México intentó resistirse a esta tendencia y una serie de disputas internas sobre las medidas que había que tomar provocaron el súbito cese de Jorge Díaz Serrano de su puesto de director de la PEMEX. Sin embargo, López Portillo tuvo que acceder finalmente a una reducción del precio y esto produjo un descenso significativo de los ingresos de exportación. Debido a su política excesivamente ambiciosa, México fue víctima de fuerzas que escapaban a su control.

El segundo error fue la continua sobre valoración del peso. En 1980 y 1981 la sangría constante de las reservas de dólares (debida a los déficits comerciales y a la fuga de capitales) empujaba hacia la devaluación del peso. La medida reduciría las importaciones, aumentaría las exportaciones y detendría la fuga de capitales, puesto que los dólares costarían más pesos que antes. Pero López Portillo y sus asesores no compartían esta opinión, en parte porque la economía estaba en alza de todos modos y en parte porque los tipos de interés de la deuda exterior estaban subiendo (lo cual requería que el pago se hiciese en moneda fuerte). El efecto fue acumular todavía más presiones para que se devaluara el peso y estimular aún más la fuga de capitales.

Otro error de cálculo importante tuvo que ver con la ética de la vida pública. Por diversas razones, la sociedad mexicana toleraba desde hacía mucho tiempo la idea de enriquecerse desempeñando un cargo político, lo que a menudo se llama corrupción. Una consecuencia práctica de esta tradición, cuando no un motivo de la misma, era que personas de origen modesto escogieran la política como carrera a tiempo completo; otra era inducir a estas personas a aceptar la perspectiva de abandonar un alto cargo antes de que transcurriese mucho tiempo, lo cual permitía el movimiento de personas —así como la extensión del patronazgo— que ayudaba a estabilizar el sistema. Pero la práctica tenía sus límites hasta en México. Y, según rumores muy extendidos, López Portillo y sus amigos fueron más allá de los límites tradicionales y se embolsaron cantidades excesivas de fondos públicos, y lo hicieron de forma demasiado escandalosa. El presidente construyó una ostentosa residencia palaciega para él y su familia en las afueras de Ciudad de México, a la vez que, según informes dignos de confianza, altos funcionarios del gobierno perdían cientos de miles de dólares en las mesas de juego «sin el menor parpadeo». El resultado de todo ello fue que sobre la presidencia de López Portillo cayó un oprobio general sin precedentes. Y un resultado indirecto fue plantear interrogantes sobre la conducta y la legitimidad de toda la élite política.

Las dimensiones políticas de la inminente crisis comenzaron a aparecer en septiembre de 1981, cuando López Portillo reveló la identidad de su elegido para la sucesión presidencial. Entre los precandidatos más destacados se hallaban Pedro Ojeda Paullada, el duro y experimentado secretario de Trabajo; Jorge de la Vega Domínguez, político versátil (y ex director de la CONASUPO) que tenía a su cargo la Secretaría de Comercio; Miguel de la Madrid Hurtado, hábil demócrata y secretario de Programación y Presupuesto; Javier García Paniagua, hijo del ex secretario de Defensa, Marcelino García Barragán y presidente del PRI; y, principalmente debido a su puesto en Gobernación, el veterano político Enrique Olivares Santana. Aunque se preveía que el «destape» iba a tener lugar en octubre, después del encuentro norte-sur en Cancún, se produjo en el momento que la tradición señalaba, a finales de septiembre.

El elegido era Miguel de la Madrid, íntimo amigo personal (y ex alumno) de López Portillo que había desempeñado un papel importante en la formulación de la política económica. Aunque Programación y Presupuesto nunca había aportado un presidente, De la Madrid dio muestras de poseer la capacidad intelectual y burocrática que hacía falta para ocupar la presidencia (incluido un título de Harvard). Tenía una sola desventaja importante: tecnócrata por excelencia, nunca había ocupado un puesto electivo y sus conexiones con el PRI eran débiles. Por ello fue todavía más significativo que el presidente del partido, García Paniagua, perdiese su empleo después de expresar francamente que la designación de Miguel de la Madrid le parecía desacertada.

La escala de las dificultades económicas de México se hizo patente en febrero de 1982 cuando el gobierno de López Portillo decidió hacer flotar el peso en el mercado internacional —como hiciera Echeverría en 1976— y se vio cómo la moneda caía rápidamente de 26 pesos por dólar a alrededor de 45. La inflación continuó subiendo. En marzo, el secretario de Hacienda dimitió. En agosto el gobierno decretó otra devaluación y el peso volvió a caer, hasta quedar situado entre 75 y 80 por dólar. De resultas de ello, México anunció que quizá no podría hacer frente a la obligaciones de la deuda, dada su escasez de divisas. La «crisis mexicana» había adquirido de pronto una importancia extraordinaria para el mundo financiero internacional e hizo que sus principales representantes —sobre todo Paul Volcker, de la Reserva Federal de Estados Unidos— se apresuraran a preparar un plan de ayuda urgente para evitar las incalculables consecuencias que tendría el total incumplimiento de los pagos por parte de una importante nación deudora[48]. Mientras tanto López Portillo lamentó la fuga de capitales, censuró la existencia de especulaciones contra el peso y denunció a los «buitres» que andaban en busca de ganancias mal adquiridas.

En su informe anual del 1 de septiembre de 1982, López Portillo dejó atónitos a quienes le oyeron al anunciar que el Estado iba a expropiar los bancos de propiedad privada (los de propiedad extranjera quedaron exentos). Al mismo tiempo el gobierno impuso controles al tipo de cambio de las divisas, que se fijó prontamente en 70 pesos por dólar para fines comerciales y 50 para transacciones preferentes. La izquierda aplaudió la nacionalización y, como era de prever, López Portillo reclamó el lugar que le correspondía en la historia. Y, aunque fue objeto de numerosas críticas, la medida representó una serie de opciones admisibles (aunque imposibles de poner en práctica) para el Estado mexicano. Al nacionalizar los bancos —y, lo que fue tal vez más importante, al crear controles de cambios—, López Portillo rompió la tradicional asociación entre el Estado, el sector privado y los inversionistas extranjeros[49]. Con el control del 70 por 100 de las inversiones el Estado podía ahora tratar de actuar sin la ayuda de nadie y consolidar su tenue alianza con los trabajadores y los campesinos. Por consiguiente, López Portillo procuró resucitar y fortalecer la opción política «populista» para México, modelo pensado con el objeto de vincular una masa de seguidores con unos líderes de élite utilizando la mediación y la orientación de un Estado dinámico y poderoso. En esta empresa el presidente podía contar con la colaboración tanto de los políticos tradicionales como de los técnicos nacionalistas. Con un estilo que hacía pensar en Cárdenas, López Portillo añadió una rúbrica conspicua a la última firma de sus seis años de gobierno[50].

De la Madrid había ganado las elecciones del 4 de julio con cerca del 75 por 100 de los votos, pero, tal como exigía la costumbre, permaneció en silencio hasta el momento de su propia toma de posesión el 1 de diciembre. Cuando finalmente llegó su oportunidad, criticó de forma rotunda el «populismo financiero» y pidió la «renovación moral» de la sociedad y el gobierno. Reconoció que la expropiación de los bancos era «irreversible», pero dijo que su administración seguiría el verdadero camino hacia Ja recuperación. Advirtió que los primeros meses del gobierno serían arduos y difíciles, pues la situación lo requería y que la austeridad era obligatoria[51].

De la Madrid nombró un gabinete lleno de tecnócratas hábiles como él mismo, conservando a Jesús Silva Herzog en el cargo de secretario de Hacienda y volviendo a colocar a Miguel Mancera (que se había opuesto a los controles de los cambios) al frente del banco central. Moviéndose con notable rapidez, el nuevo presidente aceptó las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación de la deuda, incluida la que disponía que el déficit presupuestario se redujera gradualmente de cerca del 18 por 100 del PIB en 1982 al 3,5 por 100 en 1985. Levantó los controles de precios que afectaban a 2.500 artículos de consumo y dispuso que la fijación de los precios fuera flexible en el caso de otros 2.000, e hizo flotar el peso una vez más, por lo que su valor en el mercado libre descendió hasta situarse alrededor de 150 por dólar. Con estas medidas De la Madrid trató de restaurar la credibilidad internacional de México y, por ende, reparar la relación entre el Estado y el sector exterior.

El presidente también tomó medidas para incentivar a los empresarios del país y tranquilizarlos. Contrastando vivamente con la acalorada denuncia de los «buitres» buscadores de ganancias que hiciera López Portillo, De la Madrid usó el discurso de su toma de posesión para alabar a los «empresarios responsables y patrióticos… que forman una mayoría». Aunque era imposible dar marcha atrás a la nacionalización de los bancos, dio a entender que el sector privado aún tendría un papel importante en la economía. De la Madrid insistió en que «racionalizar no significa estatizar». «No estatizaremos la sociedad». Fiel a su palabra, en enero de 1983 el presidente envió al Congreso un proyecto de ley que autorizaría la venta a inversionistas privados del 34 por 100 de la propiedad de los bancos recién nacionalizados. En febrero anunció un plan destinado a facilitar créditos a las empresas «productivas». Al cabo de unos meses el gobierno empezó a pagar compensaciones (en bonos a diez años) a los antiguos propietarios de los bancos.

Era claro que De la Madrid intentaba restaurar la antigua alianza gobernante de México: la triple coalición entre el Estado, el sector privado y el sector exterior, la que en un principio forjara Alemán y guiara a la nación durante la posguerra en el camino hacia el crecimiento económico. Dicho de otro modo, la estrategia pretendía consolidar el poder en las capas más elevadas del orden social y utilizar esta fuerza como medio de dar forma a una política y ponerla en práctica. Desde un principio, ya fuera por necesidad o por decisión propia, el gobierno de De la Madrid se mostró conservador. Esta orientación causó complicaciones a la clase política del país. De la Madrid sacó casi todo su gabinete de entre las filas de los técnicos, expertos cuya capacidad burocrática y técnica parecía proporcionar unas credenciales ideales para ejecutar un programa de austeridad. Los políticos, es decir, los políticos y caciques de partido veteranos, brillaron por su ausencia en la nueva administración; hubo algunas quejas y murmuraciones en el seno del PRI, pero ninguna rebelión declarada. Las señales recibidas de los militares también era poco claras, pero en su discurso de toma de posesión De la Madrid colmó de elogios a las fuerzas armadas y dejó a casi todo el mundo convencido de que el presidente haría esfuerzos extraordinarios por conservar intacta la callada asociación entre los gobernantes civiles y los líderes militares.

La estrategia económica del presidente De la Madrid tuvo un coste elevado cuya carga principal recayó sobre un sector social clave: la clase trabajadora. Durante todo el año 1983 la inflación osciló entre el 70 y el 90 por 100, pero los trabajadores tuvieron que conformarse con aumentos salariales de alrededor del 25 por 100. La supresión de límites superiores a los precios y de los subsidios públicos elevó el coste de los productos de primera necesidad. En julio de 1983, por ejemplo, el gobierno anunció un aumento del 40 por 100 del precio de las tortillas de maíz y un incremento del 100 por 100 en el precio del pan. Los economistas calcularon que el poder adquisitivo real de la clase trabajadora estaba disminuyendo a razón de entre el 15 y el 20 por 100 anual.

Los trabajadores urbanos, por lo tanto, planteaban un grave problema político. A mediados de 1983 una ronda de negociaciones salariales dio por resultado un punto muerto y un enfrentamiento. Los trabajadores de unas mil compañías amenazaron con ir a la huelga, perspectiva que en la mayoría de los casos sólo pudo evitarse aplazando las conversaciones (en lugar de resolver los problemas). Durante un tiempo el forcejeo afloró a la superficie: hablando en nombre de los trabajadores, Fidel Velázquez pidió la congelación de los salarios y los precios, y De la Madrid, exasperado, denunció la idea tachándola de «demagógica». Hubo luego una conciliación, pero se vio claramente que la relación entre los trabajadores y el gobierno era tensa.

Los incrementos de los precios de los alimentos representaron un intento deliberado de estimular el desarrollo agrícola, pero no fueron el anuncio de que se pensara formular un programa agrario en gran escala. De la Madrid abandonó el SAM, junto con otros elementos «estatistas» del gobierno de López Portillo, y a finales de 1983 lo sustituyó por un modesto programa de producción de alimentos. A mediados de 1985 dio a conocer el llamado programa nacional de desarrollo rural integral, que preveía poco más que ajustes inflacionarios en el precio mínimo garantizado para los productos básicos (maíz, frijoles, trigo) y algunas inversiones en infraestructura en las regiones de lluvias abundantes. Se daba importancia a intensificar la producción, no la distribución, mediante las fuerzas del mercado y los incentivos de precios. El gobierno redujo el papel de la CONASUPO y en su lugar confió en la interacción de la oferta y la demanda. La reforma agraria, en otro tiempo elemento central de la Revolución, parecía haber perdido su puesto en el programa nacional.

Resumiendo, el intento de Miguel de la Madrid de restaurar y consolidar la coalición gobernante corría el riesgo de hacer que el sistema perdiera el apoyo de las bases sociales, especialmente de la clase trabajadora urbana. El campesinado guardaba silencio y probablemente permanecería bajo control, pero seguía habiendo dudas sobre la reacción de la clase media, que se había convertido en el más ruidoso y potencialmente más volátil de los sectores del régimen. Quizá reconociendo este factor, y como parte del esfuerzo general por afianzar su apoyo, De la Madrid continuó insistiendo en la «renovación moral» en una campaña que muchos interpretaron como un ataque contra López Portillo y sus colaboradores. A finales de 1983, después de meses de rumores públicos, el gobierno de De la Madrid fue a por uno de los más destacados colaboradores del anterior presidente y presentó acusaciones contra Jorge Díaz Serrano, el ex director de la PEMEX y senador de Sonora, por su supuesta participación en un fraude de muchos millones de dólares. Más adelante se sabría que Alicia López Portillo, hermana del ex presidente, fue objeto de una investigación paralela, aunque ésta se abandonó al cabo de poco tiempo. Otra acusación hizo que Estados Unidos extraditara a Arturo Durazo Moreno, apodado «el Negro», ex jefe de la policía de Ciudad de México y amigo íntimo del ex presidente. Estas acusaciones no tenían ningún precedente en la historia reciente y pusieron de relieve que el nuevo presidente estaba decidido a liberar a su propia administración, en la medida de lo posible, de la identificación con el gobierno de López Portillo.

La corrupción se convirtió así en un importante asunto público y complicó las relaciones de México con Estados Unidos, especialmente en lo referente al creciente tráfico de narcóticos. De hecho, la colaboración entre México y Estados Unidos había sido bastante buena hasta 1985, año en que un agente del organismo estadounidense contra el tráfico de drogas. Enrique Camarena, desapareció y más adelante fue encontrado muerto, asesinado… cuando hacía sólo un año que el Departamento de Estado estadounidense había dedicado elogios especiales a la campaña mexicana contra los narcóticos. Después del caso Camarena, los funcionarios de Washington empezaron a protestar diciendo que alrededor de un tercio de la marihuana y la heroína que entraban en Estados Unidos procedía de México y que quizá el 30 por 100 de la cocaína que se introducía en el país pasaba también por la nación vecina. Pero la aparente incapacidad mexicana para resolver el caso Camarena, unida a otro asesinato, fue lo que dio motivo a acusaciones de corrupción y encubrimiento, especialmente, aunque no de modo exclusivo, en una serie sin precedentes de sesiones de una subcomisión del Senado presididas por el republicano archiconservador Jesse Helms en mayo de 1986.

El gobierno de De la Madrid negó airadamente las acusaciones de complicidad con los contrabandistas de drogas y, de hecho, las pruebas parecían confirmar sus protestas. Miles de policías mexicanos y unos 25.000 soldados fueron destinados a la campaña antinarcóticos; cientos de ellos resultaron heridos o muertos. No hay duda de que algunos cargos oficiales colaboraron a título individual con poderosos narcotraficantes tales como Rafael Caro Quintana, pero la élite política tenía todos los motivos del mundo para oponerse al tráfico de drogas. La consolidación de narcoterritorios amenazaba con crear imperios dentro del imperio y fomentaba un tipo de corrupción que resultaba contraproducente para la autoridad política. El patronazgo del comercio de la droga quedaba fuera del control del régimen (contrastando con, por ejemplo, la bonanza petrolera de finales de los años setenta) y planteaba un desafío muy inoportuno en unos momentos en que los recursos gubernamentales iban de capa caída.

El asunto de la migración a Estados Unidos alcanzó su punto culminante con la aprobación de lo que daría en llamarse proyecto de ley Simpson-Rodino, que pasó a ser ley cuando el presidente Ronald Reagan lo firmó en noviembre de 1986. Recibida como una revisión importante de la política estadounidense de inmigración, la ley contenía dos cláusulas de especial significación: se impondrían sanciones económicas a los empresarios que a sabiendas contratasen a inmigrantes ilegales y se decretaba una amnistía para los trabajadores indocumentados que pudieran demostrar que residían en Estados Unidos desde enero de 1982. El Congreso estadounidense también dispuso un incremento del 50 por 100 de los efectivos de la policía de fronteras (para lo cual se necesitaría una asignación presupuestaria específica). La entrada en vigor de la ley no se tradujo en deportaciones masivas desde Estados Unidos, como con frecuencia habían dicho los alarmistas mexicanos; y tampoco dio origen a un alud de solicitudes de amnistía, como habían temido los funcionarios norteamericanos. Parecía probable que la ley empujara a los patronos a discriminar en contra de los trabajadores de origen mexicano o de aspecto extranjero, pero ni siquiera esto era evidente. Había una probabilidad razonable de que la ley Simpson-Rodino no sirviese para nada. Las sanciones a los empresarios no habían tenido mucho éxito al probarse con anterioridad, por ejemplo en el estado de California. Sencillamente la ley tenía demasiadas escapatorias para que pudiera hacerse cumplir realmente. En este caso, cabía suponer que la inmigración ilegal recuperaría su ritmo de mediados de los años ochenta, con tal vez un millón de personas cruzando la frontera cada año, pero (como la mayoría regresaba a México) con una inmigración extra neta de entre 300.000 y 500.000 personas al año. Así pues, el número total de mexicanos indocumentados en Estados Unidos aumentaría de alrededor de 3 millones a entre 4 o 5 millones a comienzos del decenio de 1990.

Debido en parte a la presión económica de Estados Unidos y en parte a sus propias razones políticas. De la Madrid abordó con prudencia la política exterior. A principios de 1983 México abandonó la diplomacia conspicua y se unió a Colombia, Panamá y Venezuela —el llamado grupo de Contadora— con el objeto de estudiar las posibilidades de mediación regional del conflicto de América Central. Perú, Brasil, Uruguay y Argentina declararon su apoyo a la empresa de Contadora para expresar la aprobación que les merecía esta estrategia general. El gobierno de Reagan, en cambio, continuó mostrando una notable falta de entusiasmo, y resultaba obvio a ojos de todos que Contadora no podría hacer nada positivo sin el fuerte respaldo de Estados Unidos. Fuera cual fuese el resultado final, el papel de México en el grupo de Contadora señaló un cambio importante si se compara con la exaltación de la época de López Portillo y, de modo todavía más espectacular, con la cautela diplomática del decenio de 1950.

En conjunto, los resultados de la política nacional e internacional de Miguel de la Madrid no parecían definitivos al llegar a la mitad de su sexenio, y 1985 resultó un año especialmente difícil. En primer lugar, se hizo evidente que el plan de «ajuste» económico del gobierno estaba lejos de ser un gran éxito. La productividad iba en aumento, pero a un ritmo moderado. Los trabajadores y las clases medias pidieron más poder adquisitivo real debido a que la tasa anual de inflación siguió rozando el 60 por 100. La deuda exterior alcanzó un total de 96.000 millones de dólares (a partir de los 82.000 millones de dólares de 1982); el servicio de la deuda correspondiente a 1985 ascendió a 13.000 millones de dólares, pero la balanza de pagos fue de poco más de la mitad de esta cifra, alrededor de 7.000-8.000 millones de dólares. Las inversiones fueron pocas y persistió la fuga de capitales, que se cifró en unos 5.000 millones de dólares. El déficit público de 1985 fue de alrededor del 8 por 100 del PIB en lugar del 4 por 100 acordado con el FMI, que estaba al borde de suspender los pagos a cuenta de nuevos préstamos.

Se produjeron entonces dos sacudidas externas. Una de ellas fue una catástrofe natural. A las 7.19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, Ciudad de México sufrió un tremendo terremoto que llegó a 8,1 en la escala de Richter, y durante la noche siguiente la ciudad fue sacudida por otro que alcanzó 7,3. Los peores daños se registraron en el centro antiguo, donde el derrumbamiento de edificios causó un mínimo de 7.000 muertos y puede que hasta 20.000. El número de heridos y personas que se quedaron sin hogar superó ampliamente los 100.000 y sembró el horror y la consternación en el resto del mundo. Los ciudadanos de la capital respondieron con generosidad y valentía y dieron en seguida ayuda y cobijo a los damnificados. Fue una reacción espontánea que indujo a algunos observadores a tomar nota de la aparición de una «sociedad civil». Los daños económicos directos se calcularon en alrededor de 4.000 millones de dólares, suma que México, atado por sus deudas, difícilmente podía permitirse; según una estimación, la cifra equivalía a un efecto negativo en el PIB de 1985 de –3,4 por 100. El seísmo también tuvo repercusiones políticas. En medio de las ruinas había señales de corrupción, ya que se observó que algunos de los edificios que se habían venido abajo no cumplían las normas de la construcción. Muchos mexicanos opinaron que el gobierno había respondido con demasiado poco y demasiado tarde, que De la Madrid no había sabido estar a la altura de lo ocurrido. La gente se mostró preocupada por el exceso de centralización en Ciudad de México y hubo un clamor general pidiendo que el regente del Distrito Federal se escogiera mediantes elecciones en lugar de nombrarlo el presidente. La movilización de las bases continuó y contribuyó a derribar a un ministro del gabinete.

La segunda sacudida externa fue el descenso vertiginoso del precio internacional del petróleo. Entre diciembre de 1985 y julio de 1986 el precio medio del conjunto de las exportaciones mexicanas descendió de 23,70 dólares a 8,90 dólares por barril, y la consiguiente pérdida de ingresos de la venta de petróleo ascendió a aproximadamente 8.200 millones de dólares. Esto equivalía a una baja del –6,4 por 100 del PIB correspondiente a 1986. De nuevo volvían a hacerse evidentes los costes de depender de las fuerzas de los mercados internacionales. En este contexto general de malestar económico, De la Madrid y sus asesores decidieron adoptar un cambio espectacular en su política y emprendieron una reforma estructural a largo plazo que tanto en el país como en el extranjero se interpretó como la «liberalización» de la economía mexicana.

El programa se apoyaba en dos pilares principales. Uno consistía en reducir y replantear el papel económico del Estado. Desde 1983 hasta 1985 el gobierno había procurado reducir el gasto público (hasta un tercio), pero ahora el gobierno de De la Madrid pretendió modificar el papel económico del Estado, valiéndose principalmente para ello de un programa de «privatización» (o de «desincorporación», como lo llamaron en México). De las 1.115 compañías de propiedad pública que su gobierno heredó al concluir 1982, a finales de 1986 De la Madrid había logrado vender 96 (entre ellas algunas propiedades importantes en los ramos de la hostelería y del automóvil), fusionar 46 y traspasar 39 a los gobiernos estatales. El gobierno también cerró unas 279 plantas ineficientes, entre las que se contaba una gran acería situada cerca de Monterrey. Y en los sectores estratégicos que debían seguir bajo el control del gobierno (petróleo, ferrocarriles, electricidad, telecomunicaciones) se puso en marcha un programa de «reconversión industrial» destinado a mejorar la eficiencia. El sector paraestatal continuó siendo grande, pero el gobierno estaba tomando medidas decisivas para reducirlo.

El segundo componente de la nueva política era la liberalización comercial y una «apertura» de la economía. La demostración más espectacular de ello fue la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en septiembre de 1986, lo cual significó un compromiso a largo plazo con la reducción de las barreras que se alzaban ante las importaciones del extranjero. Equivalió a un abandono casi total de la política de la ISI que siguió en la posguerra. La liberalización tuvo dos corolarios principales. Uno fue la eliminación gradual de los aranceles. En 1982, el 100 por 100 de las importaciones de México se controlaban por medio de la concesión de licencias; en 1987 sólo el 9 por 100 seguía sujeto a este régimen restrictivo. En general, ello significó que el mercado nacional mexicano, protegido desde hacía mucho para los industriales del país, se abriría a los productores de otros países, especialmente, desde luego, Estados Unidos. El segundo corolario fue el fomento de las exportaciones, en especial las no petroleras. Elemento clave en este caso fue una devaluación controlada del peso —en una tasa superior a la inflación nacional— para mejorar la competitividad de la industria mexicana. (A principios de 1987 el tipo de cambio rebasó los 1.000 pesos por dólar; a mediados de año estaba cerca de los 1.400 pesos por dólar). El resultado de estas y otras medidas fue que las exportaciones ajenas al petróleo empezaron a animarse. Las exportaciones de manufacturas se acercaron a los 1.000 millones de dólares por año. Los funcionarios del gobierno también informaron de que el capital evadido a comienzos de los años ochenta estaba volviendo al país y tal vez llegó a alcanzar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares en el período 1986-1987.

Estas medidas liberalizadoras representaron un desplazamiento radical en la dirección histórica de la economía mexicana. Algunos observadores predijeron que el gobierno de De la Madrid, tan acosado durante tanto tiempo, pasaría a la historia como un momento decisivo. Pero a finales de los años ochenta la economía mexicana chocó con dos obstáculos formidables, como mínimo: la inflación y la deuda exterior. La inflación, que era de 105 por 100 en 1986 y que a mediados de 1987 se cifraba en una tasa anual del 140 por 100, surtió un efecto corrosivo en la sociedad mexicana, desde la desincentivación de las inversiones (y las exportaciones) hasta el efecto ruinoso en la distribución de la renta. Los funcionarios del gobierno no veían ninguna manera obvia de resolver el problema, como no fuera continuar con el programa de liberalización comercial y seguir con las reformas estructurales. A ojos de muchos economistas, la inflación fue el principal desafío de las postrimerías de los ochenta.

Durante la primera mitad de su gobierno, De la Madrid pareció considerar que la deuda exterior era un problema de «liquidez», en lugar de una deficiencia estructural, y esto influyó en una serie de negociaciones con los acreedores internacionales. En el período 1983-1985 el gobierno logró un aplazamiento de los pagos a corto plazo y una reducción de los costes (los «diferenciales» por encima de los tipos de interés internacionales bajaron de alrededor del 2,3 por 100 a menos del 1 por 100). Pero a partir de 1986 el gobierno empezó a insistir en la reanudación del crecimiento económico. Las diferencias de opinión sobre la forma de alcanzar este objetivo fueron la causa de la súbita destitución, en junio de 1986, de Jesús Silva Herzog, el carismático secretario de Hacienda que muchos consideraban como el sucesor lógico de Miguel de la Madrid. (No quedó muy claro cuál fue el motivo del debate; los rumores indicaban que Silva Herzog quería proponer una suspensión unilateral del servicio de la deuda o la imposición de una «sacudida heterodoxa» como el llamado «plan austral» de la Argentina, o ambas cosas a la vez). Entre finales de 1986 y comienzos de 1987 México consiguió negociar con sus acreedores un nuevo conjunto de condiciones que requería la concesión de nuevos préstamos por valor de 12.000 millones de dólares para ayudar a estimular un crecimiento de entre el 3 y el 4 por 100. Los reembolsos se efectuarían a lo largo de un período de veinte años y se facilitarían fondos complementarios si el precio internacional del petróleo bajaba a menos de 9 dólares por barril. Incluso con estas condiciones, persistió el interrogante general: ¿cómo podía México idear una estrategia factible para el crecimiento económico a la luz de sus obligaciones para con la deuda? A finales de 1987 la deuda total superaba con creces los 100.000 millones de dólares. ¿Podría continuar México efectuando pagos en concepto de servicio de la deuda por valor de entre 8,000 y 12.000 millones de dólares al año y, pese a ello, satisfacer las necesidades de su pueblo?

Además de estos problemas económicos, el gobierno De la Madrid tuvo que hacer frente a graves dificultades en el terreno político. Al hablar de «renovación moral» en el discurso de toma de posesión, el presidente había estimulado las esperanzas de que ampliara las reformas de 1977 e insistiera en que se celebrasen elecciones abiertas con posibilidades auténticas de victorias para la oposición. En 1982-1983 se permitió que el PAN obtuviera significativas victorias municipales en el norte —en Ciudad Juárez, Hermosillo, Durango, Chihuahua y San Luis Potosí— y las esperanzas de liberalización parecieron justificadas. Pero luego De la Madrid comenzó a eludir el asunto. En el sur, la asamblea legislativa estatal de Oaxaca votó en agosto de 1983 a favor de la eliminación del moderadamente izquierdista alcalde de la población de Juchitán, Leopoldo de Gyvés, de la Coalición de Obreros, Campesinos y Estudiantes del Istmo (COCEI). Tras un violento enfrentamiento, el ejército expulsó al grupo de la COCEI del ayuntamiento y colocó en él al candidato del PRI, que se hizo con la victoria en las elecciones de noviembre. Más o menos en aquel momento pareció que el poder central había encontrado una solución de compromiso: permitiría que la derecha ganase en las elecciones locales, pero no la izquierda.

Sin embargo, incluso esta suposición se vio desmentida en 1985 cuando elecciones parciales para el Congreso y cargos de gobernador en varios estados clave del norte empezaron a llamar mucho la atención. El PAN presentó candidatos especialmente fuertes en Sonora y Nuevo León, y los medios de comunicación internacionales se reunieron allí para ser testigos de la lucha de la oposición. Fueran cuales fuesen los resultados reales, el PRI y el régimen proclamaron una victoria casi total, llevándose los siete puestos de gobernador y todos los escaños, salvo un puñado, de la Cámara de Diputados. El PRI obtuvo el 65 por 100 de los votos y concedió el 15,5 por 100 al PAN, el 3,2 por 100 al PSUM y repartió el resto entre partidos pequeños. De resultas de los procedimientos electorales, tanto el PAN como el PSUM perdieron, de hecho, escaños en la asamblea legislativa, mientras que micropartidos insignificantes se beneficiaban. Hubo muchísimas acusaciones de fraude mientras el PRI afirmaba su capacidad para controlar el proceso electoral y sometía a la oposición a tácticas pensadas para dividirla con el fin de vencerla.

En 1986 hubo más de lo mismo. Entre las elecciones había cuatro para cubrir puestos de gobernador, la más disputada de las cuales tuvo lugar en el estado de Chihuahua, en el norte. La carrera entre el candidato del PRI, Fernando Baeza Meléndez, y el del PAN, Francisco Barrios Terrazas, se acercaba a su fin cuando líderes de la oposición —del PAN, del sector empresarial y de la Iglesia católica— exigieron la anulación de las elecciones, y el alcalde de la Ciudad de Chihuahua, el panista Luis H. Álvarez, empezó una huelga de hambre en señal de protesta. Las autoridades respondieron de forma petulante y expulsaron a los interventores electorales del PSUM de los registros de Chihuahua y Ciudad Juárez al mismo tiempo que la oposición respondía bloqueando las carreteras del estado (incluyendo el puente que cruzaba la frontera con Estados Unidos). Sin embargo, el día de los comicios transcurrió pacíficamente y el PRI afirmó una vez más que había obtenido un triunfo total. Según el recuento oficial, Baeza derrotó a Barrios con el 64,3 por 100 de los votos; el PRI conquistó los otros tres cargos de gobernador, 106 de las 109 alcaldías y casi todos los puestos de diputado local. La maquinaria política volvía al «carro completo», pero el presidente De la Madrid perdió buena parte de su prestigio. O bien había dado permiso a la jerarquía del PRI para que falsificara los resultados de las elecciones, y en tal caso había desistido de su campaña reformista, o no había podido imponer su voluntad a los recalcitrantes jefes provinciales y caciques locales. Asimismo, brilló por su ausencia una estrategia política definida.

En este contexto arreciaron las especulaciones en torno a la sucesión presidencial de 1987-1988. A medida que iba acercándose el momento de decidir, parecía que esta vez la sucesión se diferenciaría de la pauta tradicional en, como mínimo, tres puntos. En primer lugar, el poder institucional de la presidencia parecía dominar de un modo menos abrumador que antes: la presidencia seguía siendo el cargo supremo del país, pero los avatares de los años setenta y ochenta habían empañado su sensación de omnipotencia. Así pues, aunque De la Madrid diría la última palabra en la selección de su sucesor, parecía probable que tendría que escuchar con más atención otras opiniones, entre ellas la de Fidel Velázquez, el octogenario jefe obrero que había logrado tener a raya a los sindicatos durante un período de fuerte descenso de las tasas salariales. En segundo lugar, un grupo disidente de líderes «priístas» —entre los cuales se contaban Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas y ex gobernador de Michoacán, y Porfirio Muñoz Ledo, ex secretario del gabinete, antiguo aspirante a presidente y ex jefe del mismísimo PRI— se unieron para formar la llamada «corriente democrática» y pedir la apertura del proceso de sucesión presidencial. Los líderes de la «corriente» recibieron críticas brutales dentro del PRI y la prensa porque hacía decenios que no ocurría nada parecido. En tercer lugar, los medios de comunicación internacionales prestarían una atención sin precedentes al proceso de sucesión. La decisión podría tomarse a puerta cerrada, pero el mundo entero estaría al corriente de ella.

De modo característico, corrieron muchos rumores en los círculos políticos e intelectuales. La expulsión de Silva Herzog del gabinete —y de la competición— sacudió todo el estamento político. Lo mismo hizo la posterior designación de Jorge de la Vega Domínguez, el veterano político y ex rival del presidente, para el cargo de líder del PRI. Algunos observadores dijeron que los principales aspirantes eran cuatro. Según otros, eran seis. La organización empresarial COPARMEX dio a conocer un notable informe anunciando seis candidatos convincentes a la presidencia[52]. Pero, obedeciendo a un consenso tácito, la mayor parte de la atención se concentró en tres:

Manuel Bartlett Díaz, de cincuenta y un años, era el secretario de Gobernación. Hijo de un ex gobernador del estado de Tabasco, pertenecía al PRI desde 1963 y muchos creían que había convencido a De la Madrid de la necesidad de recurrir a la estrategia electoral del «carro completo».

Alfredo del Mazo González, de cuarenta y cuatro años, era el secretario de Energía y Minas. Licenciado en administración de empresas por la UNAM y con extensos estudios en el extranjero, Del Mazo, al igual que su padre, había sido gobernador del estado de México (1981-1986). Protegido de Fidel Velázquez, mantenía una estrecha relación personal con De la Madrid.

Carlos Salinas de Gortari, de treinta y nueve años, secretario de Programación y Presupuesto, poseía una inteligencia formidable. Había cursado estudios superiores de ciencias económicas en la UNAM y en Harvard y empezó su carrera en la administración pública hacia los veinticinco años de edad. Su padre, ex ministro del gabinete y embajador, fue senador en 1982-1988. Muchísimas personas le consideraban como uno de los principales arquitectos de la política económica de Miguel de la Madrid y partidario de un Estado fuerte.

Todos estos precandidatos habían trabajado dentro del sistema, eran relativamente jóvenes, eran ministros del gabinete y mantenían estrechas relaciones con el presidente saliente. Pero también compartían otra característica, una característica que expresaba un mensaje revelador acerca de la evolución y la situación del régimen: eran hijos de políticos destacados. Al parecer, el sistema se estaba reproduciendo en el sentido más literal de la palabra. Así pues, continuaba existiendo la separación de las élites políticas de las económicas, pero ya no era claro que la carrera política proporcionase a la sociedad mexicana un cauce significativo de ascenso.

La excitación fue en aumento a mediados de agosto de 1987 cuando el jefe del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, hizo algo sin precedentes al anunciar que, efectivamente, había seis aspirantes a la candidatura presidencial y que se les invitaría a efectuar comparecencias ante la jerarquía del partido. Además de Bartlett, Del Mazo y Salinas, se encontraban en la lista Ramón Aguirre Velázquez, el regente del Distrito Federal; Sergio García Ramírez, el secretario de Justicia; y Miguel González Avelar, el secretario de Educación. Los precandidatos comparecieron por orden alfabético ante una asamblea de notables del PRI en la más venerable de las ocasiones, el llamado «desayuno político», donde expusieron formalmente su visión del futuro nacional. La prensa y el mundillo político estuvieron pendientes de cada uno de sus gestos y palabras, buscando indicios de cuál iba a ser el resultado. Jamás se había visto nada igual: ¿era el anuncio de un nuevo proceso de «democratización» en la selección del presidente, o se trataba simplemente de un cambio superficial, para quedar bien?

A juicio de la mayoría de los observadores, la selección de Carlos Salinas de Gortari significó que De la Madrid conservaba en sus manos el control del proceso de sucesión. (También subrayó la debilidad política de los trabajadores organizados). A decir verdad, existía la creencia generalizada de que De la Madrid se había decidido por Salinas mucho antes de que tuvieran lugar las comparecencias. Hasta el momento la sucesión presidencial se había ajustado a las pautas de siempre. Entonces llegó el momento de la campaña electoral, que normalmente era una oportunidad para aclamar al candidato oficial del partido, pero que en 1988 fue mucho más.

La primera novedad importante se produjo con la formación del Frente Democrático Nacional (FDN), coalición de partidos izquierdistas con la «corriente democrática» en la primavera de 1988. Asimismo, el Frente decidió presentar un único candidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas. La candidatura de Cárdenas supuso inmediatamente que la élite gobernante se encontraba ante una oposición electoral auténtica. Invocando constantemente el nombre de su padre. Cárdenas procuró reunir a los obreros y los campesinos bajo una bandera común. Recurrió a temas tales como el nacionalismo, la soberanía, la justicia y la reforma; en resumen, a las causas consagradas de la Revolución mexicana. Afirmando que los técnicos del gobierno y los políticos del PRI habían olvidado las necesidades del pueblo, Cárdenas propuso soluciones espectaculares para la crisis económica del país, entre ellas la suspensión de las exportaciones de petróleo y una moratoria unilateral del servicio de la deuda. La candidatura cardenista atrajo a multitudes impresionantes en todo el país, y pareció plantear una amenaza convincente para la hegemonía del PRI. Mientras tanto el conservador PAN nombró como candidato suyo a Manuel Clouthier, destacado empresario agrícola, ex priísta y orador apasionado. El tema principal de la campaña de Clouthier fue la libertad: para el culto religioso, para la empresa privada y para la oposición política. Buscó apoyo en el sector privado, en las clases medias y —de modo notorio— en la renaciente Iglesia católica. Durante toda la campaña los portavoces del FDN y del PAN se unieron para pedir unas elecciones libres y abiertas en 1988. De esta manera la oposición convirtió la forma misma de llevar los comicios en uno de los asuntos principales de la política mexicana.

Salinas de Gortari, por supuesto, desarrolló el tema de la «modernización». Dijo repetidamente que México no tenía necesidad de renunciar a sus legados nacionales; debía nutrir y fortalecer sus tradiciones de modo constructivo. La modernización de la economía iba a requerir el control efectivo de la inflación, la mejora de la productividad y la continuación de la reforma estructural. En unas extensas declaraciones sobre «el desafío de la democracia» afirmó que la modernización política debía empezar por una reforma del código electoral. Tenía que haber una asamblea legislativa más fuerte, más independiente, un sistema judicial mejor y un papel positivo para los medios de comunicación. Preveía una oposición fuerte (pero leal). «Queremos partidos políticos fuertes y responsables —proclamó Salinas, en una de sus principales declaraciones públicas—, respetuosos con las leyes y las instituciones, que trabajen democráticamente para ensanchar sus bases sociales». Pidió que se llevasen a cabo reformas internas en el PRI, reforzar los lazos con los electores locales, mejorar los procedimientos para seleccionar a los candidatos y aumentar las oportunidades para los políticos jóvenes. El discurso consistió en generalidades, pero, a pesar de ello, señaló un cambio acentuado respecto del discurso triunfalista de anteriores candidatos presidenciales del PRI. Salinas reconoció que era un momento histórico y que todo el mundo pedía a gritos más democracia[53].

La tensión fue aumentando a medida que se acercaban las elecciones. Dos de los ayudantes de Cárdenas en la campaña electoral fueron asesinados. Muchos observadores temían que estallara una violencia más generalizada. Sin embargo, el día de las votaciones, el 6 de julio, transcurrió en relativa tranquilidad. Entonces Manuel Bartlett, que todavía era el secretario de Gobernación, anunció que los ordenadores del gobierno se habían averiado por «causas ambientales». Los portavoces de la oposición y numerosos observadores acusaron al PRI de falsificar los resultados. Al reclamar la victoria. Salinas de Gortari hizo un comentario que llamó la atención: «Estamos poniendo fin a una era de gobierno prácticamente unipartidista y entrando en una nueva etapa política del país con un partido mayoritario y una oposición muy intensa por parte de la competencia»[54]. Cuando la comisión electoral declaró finalmente que Salinas era el vencedor con una mayoría baja de los votos —el 50.4 por 100 frente al 31,1 por 100 de Cárdenas y al 17,1 por 100 de Clouthier—, los cardenistas afirmaron inmediatamente que era un fraude y organizaron algunas manifestaciones masivas de protesta. Y los panistas pidieron una breve campaña de «resistencia cívica».

Así pues. Salinas comenzó su sexenio en una posición relativamente débil. No podía reivindicar el mandato popular tradicionalmente abrumador de anteriores presidentes. (De hecho, un índice de abstención del 48,4 por 100 significó que Salinas obtuvo el apoyo activo de sólo alrededor de una cuarta parte de la población adulta). Y, en vista de los resultados impugnados, no podía afirmar que su victoria era fruto de unas elecciones totalmente limpias. Asimismo, incluso según las cifras oficiales, el movimiento cardenista se había establecido como una poderosa fuerza electoral en la nación. Quedaba por ver si podría transformarse en un partido político de oposición duradero. En la Cámara de Diputados, el PRI tenía 260 escaños, pero la oposición en su conjunto tenía 240. Por otra parte, la oposición había ganado cuatro escaños en el Senado, incluyendo los dos del Distrito Federal, donde Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo del FDN obtuvieron triunfos decisivos. Como la élite gobernante no tardaría en descubrir, este hecho fue el anuncio de una transformación importante en la posición de la asamblea legislativa que hasta entonces había sido un instrumento débil y subordinado del PRI y la presidencia. El nuevo presidente se encontraba ante la necesidad, no sólo de continuar y ampliar la política de «liberalización» económica de su predecesor, esperando que condujera a la reanudación del crecimiento económico, sino también de efectuar una reforma política; de un modo u otro, el pueblo mexicano reivindicaba la democratización del sistema político autoritario de la posguerra.

Segunda parte
EL CARIBE

Capítulo 3
CUBA, c. 1930-1959

Ninguna parte de Cuba se libró de los estragos causados por la guerra con España que terminó en 1898. Desde las montañas orientales hasta los valles occidentales, cruzando las llanuras centrales, cabía ver el mismo panorama de desolación y devastación. Fue un conflicto brutal en el que los ejércitos enfrentados parecían más decididos a castigar la tierra que a combatir y durante casi cuatro años se entregaron a toda suerte de pillajes. Más de 100.000 explotaciones agrícolas pequeñas, 3.000 ranchos ganaderos y 700 fincas cafetaleras resultaron destruidos. De los 1.000 ingenios de azúcar que se calcula que estaban registrados en 1894 sólo se salvaron 207. Los dueños de propiedades, tanto urbanas como rurales, estaban endeudados y no tenían acceso a capital ni a fuentes de crédito.

Esta devastación no era imprevista ni improvisada. De hecho, era el motivo principal por el cual habían empuñado las armas los cubanos, que comprendían bien la economía política del colonialismo. Fue realmente una guerra contra la, propiedad, y en 1898 las tácticas de los separatistas ya habían justificado el objetivo de su estrategia: España se encontraba al borde de la ruina. Pero el triunfo de la campaña militar cubana no produjo los resultados políticos que se deseaban. En vez de ello, precipitó la intervención de Estados Unidos, y entonces se desbarataron todos los planes de los cubanos. Lo habían puesto todo en la lucha contra España. La victoria los dejó agotados, débiles y vulnerables.

La intervención armada condujo a la ocupación militar y al concluir ésta en mayo de 1902, Estados Unidos había reducido efectivamente la independencia de Cuba a una simple fórmula. La Enmienda Platt negaba a la recién nacida república autoridad para firmar tratados, señalaba límites para la deuda nacional y sancionaba la intervención estadounidense para «el mantenimiento de un gobierno idóneo para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual». El tratado de reciprocidad no sólo ligaba el principal producto de exportación cubano, el azúcar, a un solo mercado, el de Estados Unidos, sino que también abría sectores clave de la economía cubana —la agricultura (especialmente el azúcar y el tabaco), la ganadería, la minería (en especial el hierro), el transporte (en particular los ferrocarriles), las empresas de servicios públicos (gas, electricidad, agua, teléfonos) y la banca— al control extranjero, en su mayor parte estadounidense.

Al empezar el segundo decenio del siglo XX, el capital estadounidense invertido en Cuba superaba los 200 millones de dólares, mientras que el total de las inversiones británicas se cifraba en 60 millones de dólares, principalmente en teléfonos, ferrocarriles, obras portuarias y azúcar; las francesas, en 12 millones de dólares, sobre todo en ferrocarriles, bancos y azúcar; y las alemanas, en 4,5 millones de dólares, divididos entre fábricas y empresas de servicios públicos. Al amparo del tratado de reciprocidad, el acceso preferencial de los productos agrícolas cubanos a los mercados estadounidenses servía para fomentar la dependencia cubana del azúcar y, en menor medida, del tabaco, y para incrementar el control extranjero de sectores importantísimos de la economía. La reciprocidad también frenaba la diversificación económica porque promovía que las pequeñas unidades fueran absorbidas por los latifundios, y que la concentración de la propiedad pasara de la familia local a la empresa extranjera. Y los efectos de la reciprocidad no se limitaron a la agricultura. La reducción de los derechos de importación cubanos, que en algunos casos fue de hasta el 40 por 100, abrió la isla a los productos estadounidenses en condiciones sumamente favorables. El acceso privilegiado que se concedía a los fabricantes de Estados Unidos creó un clima muy poco propicio para las inversiones de capital cubano. Incluso antes de 1903 la escasez de capital del país y la depresión económica se habían combinado para impedir el desarrollo de la industria nacional; después de firmarse el tratado de reciprocidad, las perspectivas disminuyeron todavía más para la empresa nacional. Las manufacturas estadounidenses saturaron el mercado cubano y obstaculizaron el desarrollo de la competencia local; muchas empresas no podían competir con ellas y se registró un incremento del número de quiebras.

Antes de que transcurriera un decenio desde la guerra de la independencia, Estados Unidos ya era omnipresente en Cuba, dominaba totalmente la economía, penetraba por completo en el tejido social y ejercía el control pleno del proceso político. La ubicuidad de esta presencia dio forma al carácter esencial de la república en sus primeros tiempos.

La política cubana adquirió un carácter claramente distributivo poco después de la independencia. Como gran parte de la riqueza nacional pasó rápidamente a manos extranjeras, los cargos políticos daban a quienes lograban ocuparlos, así como a sus seguidores, acceso a los mecanismos de asignación de recursos y beneficios en la única empresa que era enteramente cubana; el gobierno. La reelección infringía el protocolo interior de la élite que se hallaba implícito en el método electoral consistente en hacer circular los cargos públicos. La monopolización de éstos por un solo partido, o por una facción de un partido, amenazaba con bloquear el acceso de otros a las sinecuras del Estado. En la medida en que la administración pública republicana servía como principal medio de vida para las élites, las elecciones institucionalizaron un proceso entre los aspirantes al poder por medio del cual los participantes se repartían, de forma más o menos equitativa, el acceso cíclico garantizado al gobierno. De hecho, la preservación de este sistema eran tan importante, que la sucesión presidencial fue causa de protestas armadas en 1906, a raíz de la reelección de Tomás Estrada Palma, y de nuevo en 1917, esta vez contra Mario García Menocal.

La resistencia a la reelección del presidente Gerardo Machado para un segundo mandato en 1928 salió de los tradicionales partidos Conservador y Popular, pero también del seno de su propio partido, el Liberal. En 1927 Carlos Mendieta rompió con el partido y fundó la Unión Nacionalista, que se oponía francamente a la reelección presidencial. Otros conocidos líderes de partidos, tales como los liberales desafectos Federico Laredo Bru y Roberto Méndez Peñate y el ex presidente conservador Mario García Menocal, protestaron contra el reeleccionismo y se exiliaron para organizar la oposición a Machado.

Sin embargo, la oposición al «machadato» no tuvo su origen principal en los partidos arraigados. Nuevas formas empezaban a dar señales de vida en la sociedad cubana. En el decenio de 1920 la primera generación de cubanos nacidos bajo la república ya había alcanzado la madurez política y encontraba deficiencias en el sistema republicano. La desilusión nacional encontró expresión primero en el intercambio de ideas, en la reforma universitaria, en nuevas corrientes literarias y artísticas, y también en nuevas perspectivas históricas. La desilusión dio paso a la desafección cuando las esperanzas de regeneración cultural se fundieron con visiones de redención política. El programa político se amplió para dar cabida al antiimperialismo, el nacionalismo y la justicia social, pero la citada generación dirigió sus iras principalmente contra la banalidad de la política nacional y la improbidad de los dignatarios públicos. En marzo de 1923 un grupo de intelectuales radicales hizo público un manifiesto denunciando la corrupción en el gobierno. Un mes más tarde la Junta de Renovación Nacional Cívica publicó una larga denuncia del abuso de cargos públicos, la corrupción y el fraude. En agosto la organización de ex combatientes unió a ex oficiales del antiguo ejército de liberación con intelectuales disidentes para exigir reformas políticas y administrativas. El descontento se propagó a otros sectores de la sociedad. En 1923 los estudiantes universitarios se organizaron en la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). El activismo obrero aumentó a medida que los sindicatos crecían a escala tanto provincial como nacional. En 1925 los trabajadores organizaron la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC), que fue la primera organización obrera nacional. Aquel mismo año se fundó el Partido Comunista Cubano (PCC).

Los intelectuales, los estudiantes y los obreros habían llevado el disentimiento más allá de los límites de la tradicional política de partidos, penetrando en el reino de la reforma y la revolución. Había cambiado el contenido mismo del debate nacional. La generación republicana poseía una especial misión redentora, una misión cuyo objetivo era regenerar por completo la república y que, además, se oponía tanto al supuesto en que Machado basaba su gobierno como a este gobierno mismo.

Sin embargo, en 1927, por medio de una mezcla de intimidación, coacción y soborno, Machado acabó obteniendo el nombramiento conjunto de los partidos tradicionales para un segundo período en la presidencia. El «cooperativismo», como se dio en llamar a dicha conjunción, unió a los partidos Liberal, Conservador y Popular detrás de la candidatura de Machado a la reelección. Más importante fue el hecho de que puso fin a toda apariencia de independencia de los partidos y de competencia política, las fuentes tradicionales de la violencia antirreeleccionista. Aquel mismo año, cierto tiempo después, Machado también logró que el Congreso aprobara una resolución que enmendaba la Constitución para que el mandato presidencial durase dos años más. Y en noviembre de 1928 Machado, sin oposición alguna, fue reelegido para un nuevo período de seis años.

En muchos aspectos la reelección de Machado fue la respuesta colectiva que las élites políticas tradicionales dieron a los cambios profundos que se estaban produciendo en la sociedad cubana. El cooperativismo era en sí mismo una coalición necesaria entre los acorralados partidos tradicionales y tenía por objetivo vencer la creciente amenaza que se cernía sobre el antiguo régimen. Durante treinta años los veteranos de las guerras de independencia del siglo XIX habían dominado la política de la isla, negociando entre ellos para tener garantizada la continuación de su supremacía política. En 1928 esta comunidad política de intereses encontró su conclusión lógica en el consenso cooperativista. De hecho, el cooperativismo prometía estabilizar la política entre las élites en unos momentos en que los políticos se hallaban también sitiados y hacían frente al desafío más serio a sus treinta años de dominación de la república.

Desde luego, la reelección de Machado en 1928 sirvió tanto para intensificar la oposición como para concentrar el disentimiento. Pero lo que aceleró el enfrentamiento político e intensificó el conflicto social fue la depresión mundial. La producción de azúcar, fulcro de toda la economía cubana, descendió en un 60 por 100. A mediados de 1930 las condiciones económicas empeoraron todavía más cuando Estados Unidos implantó el arancel Hawley-Smoot, medida proteccionista que incrementó los derechos de importación correspondientes al azúcar cubano. (La participación cubana en el mercado disminuyó del 49,4 por 100 en 1930 al 25,3 por 100 en 1933). Los productores de azúcar lucharon por seguir siendo solventes rebajando los salarios y reduciendo la producción por medio de despidos laborales. La zafra fue reducida a una recolección de sesenta y dos días, sólo dos meses de trabajo para decenas de miles de trabajadores del azúcar. Unos 250.000 cabezas de familia, representantes de aproximadamente un millón de personas de una población total de 3,9 millones, se encontraron totalmente desempleados. Los afortunados que se libraron del paro total tuvieron dificultad para encontrar trabajo temporal, y también bajaron los salarios. La paga que cobraban los trabajadores agrícolas descendió hasta en un 75 por 100, y los salarios en las zonas azucareras llegaron a ser de sólo veinte centavos diarios. En algunos distritos los trabajadores sólo recibían comida y alojamiento a cambio de sus servicios. Los salarios del proletariado urbano disminuyeron hasta en un 50 por 100 mientras las quiebras comerciales, bancarias e industriales alcanzaban proporciones sin precedentes. En 1930 el gobierno anunció drásticas reducciones salariales para todos los empleados públicos excepto las fuerzas armadas, y durante el año siguiente tuvo lugar la primera de una serie de despidos en el sector estatal. Miembros de la clase media acreditada, en particular los grupos profesionales que tradicionalmente habían encontrado seguridad y solvencia en el funcionariado y la administración pública, se hallaron entre los últimos que pasaron a engrosar las crecientes filas de parados.

En 1930, cuando la crisis económica hacía sentir plenamente sus efectos a lo largo y ancho de la isla, virtualmente todos los sectores de la sociedad cubana estaban en contra del gobierno de Machado. En marzo de aquel año la isla quedó paralizada por una huelga general que organizó la ilegal CNOC y que secundaron 200.000 trabajadores; en septiembre una protesta de los estudiantes contra el gobierno acabó en violencia y con el cierre de la universidad. Mientras se propagaban las manifestaciones multitudinarias, los sindicatos aumentaban el número de huelgas que interrumpían la producción en sectores clave de la economía, entre ellos la elaboración de cigarros, la metalurgia, la construcción y los textiles, en 1929 y 1930. La huelga general de 1930 no finalizó hasta después de que la feroz represión, las detenciones, la tortura y el asesinato pasaran a ser cosa común. Sin embargo, el incremento de la represión no mermó la resistencia. Al contrario, la oposición a Machado fue en aumento. En el campo estalló una guerra intermitente y los incendios provocados destruyeron millones de arrobas de caña de azúcar. Bandas armadas actuaban por todo el interior, tendiendo emboscadas a los trenes, cortando los hilos del teléfono y el telégrafo, y atacando puestos aislados de la Guardia Rural. En noviembre de 1930 el gobierno proclamó el estado de sitio en toda la isla. Unidades del ejército vistiendo uniforme de combate asumieron funciones policiales en las ciudades y poblaciones de provincias. Supervisores militares desplazaron a los gobernadores civiles de Pinar del Río, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente, a la vez que los tribunales militares sustituían a los civiles. Las garantías constitucionales se restauraron el 1 de diciembre, pero volvieron a suspenderse diez días después. La represión dependía de un amplio aparato policial: se organizó una policía secreta —la Sección de Expertos, especialistas en el método de torturar— al mismo tiempo que la Partida de la Porra hacía de escuadrón de la muerte al servicio del gobierno. Cuba adquirió el aspecto de un campamento en armas bajo un régimen para el cual la neutralidad era sospechosa y todo crítica, por leve que fuese, subversiva.

La oposición organizada respondió con la misma moneda y varios grupos empuñaron las armas contra Machado. El ABC consistía en intelectuales, profesionales y estudiantes organizados en células clandestinas y comprometidos con la tarea de crear condiciones revolucionarias por medio del uso sistemático de la violencia contra el gobierno. La Organización Celular Radical Revolucionaria (OCRR) también adoptó una estructura celular y la lucha armada y el sabotaje como medios de derrocar a Machado. En 1931 una disputa ideológica en el seno del Directorio Estudiantil Universitario (DEU) dio por resultado la formación del Ala Izquierda Estudiantil (AIE), que, entregada a la transformación radical de la sociedad cubana, formó «escuadrones de acción» integrados por guerrilleros urbanos y llevó la lucha a las calles. El PCC amplió sus actividades revolucionarias, además de imponer su liderazgo a algunos sindicatos clave, especialmente la CNOC. En 1932 los trabajadores del azúcar fundaron el primer sindicato nacional, el Sindicato Nacional Obrero de la Industria Azucarera (SNOIA), mientras grupos de resistencia femeninos, profesores universitarios, maestros y estudiantes de las escuelas normales ingresaban en una red clandestina de lucha armada contra Machado. A principios del decenio de 1930 la crisis ya empezaba a dejar atrás la posibilidad de llegar a una solución política. A medida que empeoraban las condiciones económicas y se propagaba el malestar social la lucha contra Machado iba transformándose de día en día en un movimiento que pretendía derribar un sistema más que derrocar a un presidente.

En 1933 Cuba se estremecía al borde de la revolución. El 60 por 100 de la población vivía en niveles submarginales con menos de 300 dólares de ingresos reales al año; otro 30 por 100 ganaba salarios marginales de entre 300 y 600 dólares. A comienzos de año los líderes de la oposición que se encontraban exiliados organizaron una junta revolucionaria en Nueva York e hicieron un llamamiento pidiendo una revolución nacional que expulsara a Machado del poder. El embajador cubano en Washington confesó al Departamento de Estado que el asediado gobierno de Machado se encontraba ante graves problemas políticos y pidió ayuda inmediata al nuevo gobierno demócrata. De no prestarse tal ayuda, predijo en tono sombrío, «se produciría el caos, el tipo de caos que fácilmente podría hacer necesaria la intervención militar de Estados Unidos»[1]. Sin embargo, Washington no quería pensar en una intervención armada en 1933. Después de comprometer a su gobierno con una política latinoamericana basada en el concepto del «buen vecino», Franklin Roosevelt no deseaba inaugurar una nueva fase de las relaciones en el hemisferio enviando tropas a Cuba. En lugar de ello. Washington era favorable a una solución política negociada en la cual Machado dimitiría antes de que terminara su mandato en 1935, con lo que permitiría que una coalición de grupos políticos moderados formase un gobierno provisional.

Los acontecimientos de Cuba preocupaban a Estados Unidos de otra manera: le preocupaba también ver que se le estaba escapando la dominación que ejercía sobre la economía cubana. En los tres decenios transcurridos desde la firma del tratado de reciprocidad una serie de acontecimientos habían alterado las pautas del comercio entre Estados Unidos y Cuba. La ley arancelaria de 1927 empujó a Cuba a emprender un programa de sustitución de importaciones, aumentando la autosuficiencia en diversos productos que antes se importaban, entre ellos huevos, mantequilla, manteca, zapatos, muebles y calcetería. Las exportaciones estadounidenses a Cuba también se resintieron del incremento de la competencia extranjera cuando la depresión y el descenso del poder adquisitivo de Cuba se combinaron para transformar la isla en un líder de precios y abrieron la puerta a la importación de mercancías baratas de Europa y Japón que antes eran suministradas por Estados Unidos por su mejor calidad.

Los efectos fueron considerables. Entre 1923 y 1933 las importaciones cubanas de productos de Estados Unidos descendieron de 191 a 22 millones de dólares, a la vez que las exportaciones cubanas a dicho país disminuían de 362 a 57 millones de dólares. La participación de Estados Unidos en las importaciones efectuadas por Cuba bajó del 74,3 por 100 durante la primera guerra mundial al 66,7 por 100 en 1922 y al 61,8 por 100 en 1927. En 1933 había descendido hasta el 53,5 por 100 y Cuba había pasado del sexto al decimosexto lugar en la lista de clientes de las exportaciones estadounidenses. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos calculaba que la pérdida de mercados cubanos de productos alimenticios solamente significaba la retirada de cerca de 331.000 hectáreas de la producción agrícola en Estados Unidos. Las exportaciones a Cuba de materias primas y productos manufacturados (exceptuando alimentos) descendieron de 133 millones de dólares en 1924 a 18 millones de dólares en 1933.

Así pues, la política estadounidense en Cuba obedecía a un doble propósito: en primer lugar, poner fin a la inestabilidad política y, en segundo lugar, recuperar el control de los mercados cubanos. Con estos fines el Departamento de Estado nombró a Sumner Welles embajador en Cuba. Welles tenía instrucciones de ofrecer las «mediaciones amistosas» de Estados Unidos para llegar a un «entendimiento definido, detallado y vinculante» entre el gobierno y la oposición[2]. Y a comienzos de junio Welles consiguió que los partidos del gobierno y la oposición moderada, incluyendo el ABC, la OCRR y la Unión Nacionalista, accedieran a participar en las conversaciones.

A principios del verano el propósito real de la misión de Welles en La Habana siguió sin saberse. De forma metódica y paciente, Welles maniobró para dirigir las mediaciones hacia el doble objetivo de persuadir a Machado a dimitir y, con ello, llevar la crisis política cubana a una conclusión pacífica. Sin embargo, esto eran sólo los medios. El objetivo residía en poner fin a la amenaza revolucionaria que se cernía sobre las estructuras institucionales en que se basaba el gobierno de las élites cubanas y en que se apoyaba la hegemonía estadounidense, e instalar en Cuba un gobierno que renegociara un nuevo tratado de reciprocidad, con lo que se restauraría la primacía norteamericana en el comercio exterior de Cuba. «La negociación en este momento de un acuerdo comercial recíproco con Cuba —escribió Welles desde La Habana— no sólo revivificará a Cuba, sino que nos dará el control práctico de un mercado que hemos estado perdiendo progresivamente durante los últimos diez años no sólo para nuestros productos manufacturados, sino para nuestras exportaciones agrícolas»[3].

Machado ya no era útil. El orden y la estabilidad que proporcionara durante su primer mandato, y que le había granjeado el apoyo de Washington a su reelección, se habían venido abajo. La lucha contra Machado había rebasado los límites de la tradicional competencia política para generalizarse y dar paso a una situación revolucionaria. Después de cerca de cinco años de lucha civil sostenida, era evidente que Machado no podía restaurar el orden. Su permanencia en el poder era ahora el mayor obstáculo que impedía restaurar el orden y la estabilidad. A finales de julio, Welles comunicó al confiado presidente que convenía que acortara en un año su mandato porque así lo exigía una solución satisfactoria de la crisis. Machado respondió con incredulidad primero y luego con rabia. Convocó una sesión especial del Congreso para repudiar la solución propuesta y juró que permanecería en el poder hasta el final de su mandato.

Durante los días que siguieron Welles hizo cuanto pudo por privar a Machado del apoyo con que contaba en el país y obligarle así a adelantar su retirada. Si Machado caía solamente a causa de las presiones de Estados Unidos, los partidos políticos tradicionales, desacreditados por su colaboración con el presidente, se encontraban ante la perspectiva de una reorganización drástica, en el mejor de los casos, o de una supresión total, que era lo que exigían muchas facciones de la oposición. De modo parecido, el triunfo de una revuelta interna contra el gobierno amenazaba con extinguir la antigua estructura de partidos porque en tal caso los seguidores de Machado se verían sometidos a las represalias políticas de los adversarios de su régimen. Sin embargo, el apoyo a las recomendaciones del embajador iba acompañado de algunas seguridades en el sentido de que los partidos sobrevivirían al machadato. Por consiguiente, a comienzos de agosto los líderes de los partidos Liberal, Conservador y Popular sancionaron la propuesta del mediador e introdujeron en el Congreso leyes que tenían por fin acelerar la partida de Machado.

Welles pasó seguidamente a atacar los apuntalamientos diplomáticos del gobierno cubano y amenazó a Machado con retirarle el apoyo de Estados Unidos. Insistió en que, bajo las condiciones de la Enmienda Platt, Machado sencillamente no había mantenido un gobierno idóneo para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual. Welles advirtió al presidente que si todo seguía igual, Estados Unidos tendría que intervenir. Welles recomendó a Washington que retirase el reconocimiento diplomático si, transcurrido un período razonable, Machado continuaba resistiéndose a abandonar su puesto antes de lo debido. Aseguró al Departamento de Estado que ello obviaría la necesidad de una intervención armada porque haría imposible que Machado permaneciera en el poder mucho más tiempo.

A mediados del verano el forcejeo entre el embajador norteamericano y el presidente de Cuba se volvió todavía más apremiante. El 25 de julio los conductores de autobús de La Habana organizaron una huelga para protestar contra un nuevo impuesto decretado por el gobierno. Antes de que transcurriera una semana se produjo un choque entre los huelguistas y la policía a resultas del cual hubo huelgas de apoyo por parte de los taxistas, los tranviarios y los camioneros. La huelga de transportes se propagó de la capital a otros sectores y en cosa de unos días quedó paralizado todo movimiento de personas y mercancías. Al finalizar la primera semana de agosto, la huelga general ya tenía todas las proporciones de una ofensiva revolucionaria y Welles y Machado habían adquirido a su vez un adversario mucho más formidable que amenazaba con acabar tanto con el régimen de Machado como con la hegemonía de Estados Unidos.

Machado y Welles reconocieron la gravedad de la huelga y emprendieron inmediatamente la tarea de impedir que la situación revolucionaria continuara intensificándose. Los dos dieron pasos extraordinarios con el objeto de poner fin a la huelga. Machado conferenció con los líderes de PCC y de la CNOC, ofreciendo la legalidad al primero y el reconocimiento a la segunda a cambio de su apoyo en la tarea de acabar con la huelga. Fue una oportunidad que aprovechó el Partido Comunista. Al amparo de las condiciones del acuerdo, el gobierno excarceló a líderes obreros y comunistas y proclamó la legalidad del PCC al terminar la huelga. A su vez, los líderes del partido ordenaron la vuelta al trabajo. De hecho, sin embargo, tanto Machado como el PCC se equivocaron al juzgar la situación. El gobierno creía que el partido controlaba la huelga; el PCC creía que el gobierno era más fuerte de lo que en realidad era. Pero la huelga había evolucionado hasta un punto en que los comunistas ya no podrán controlarla y el gobierno ya no tenía salvación.

A juicio de Welles, la partida de Machado ya no podía esperar hasta mayo de 1934, la fecha fijada para la prematura retirada del presidente. Era necesario que dimitiese inmediatamente. El embajador recordaría más adelante que las «señales amenazadoras que presentaba una huelga paralizante» hicieron necesaria una «solución radical» del problema cubano para «prevenir el cataclismo que en caso contrario era inevitable»[4]. El 11 de agosto Welles dio cuenta de una conversación confidencial con el general Alberto Herrera, secretario de la Guerra y ex jefe del ejército, en la cual ofreció a Herrera la presidencia a cambio de su apoyo para resolver rápidamente la crisis. Era una invitación directa a las fuerzas armadas para que impusieran una resolución política.

El ejército ya estaba predispuesto a actuar. De hecho, las fuerzas armadas tenían mucho interés en el resultado del conflicto político. Las mediaciones no habían inspirado confianza en el seno del alto mando al mismo tiempo que el creciente antimilitarismo de la oposición había contribuido a crear un desasosiego general entre los oficiales. Los grupos de la oposición utilizaron las negociaciones como foro para denunciar a los militares y el ABC abogó por la reducción de efectivos del estamento militar y restricciones a la autoridad del ejército. Un informe que circulaba por La Habana sugería que la oposición pensaba reducir el ejército de 12.000 a 3.000 oficiales y soldados. También pedían reducciones en el ejército algunos grupos empresariales y profesionales a quienes preocupaban los impuestos excesivos que se requerían para el mantenimiento de los militares. Como consecuencia de todo ello, la intervención del ejército en agosto de 1933 no fue incondicional. Las fuerzas armadas no actuaron hasta después de que los líderes de la oposición les dieran garantías, que Welles suscribió, en el sentido de que el futuro gobierno respetaría la integridad del estamento militar. Un memorándum «rigurosamente confidencial» prometía que las fuerzas armadas se mantendrían sin alteración alguna hasta el 20 de mayo de 1935, fecha prevista para el final del segundo mandato de Machado. Asimismo, el documento decía que «los miembros de las citadas fuerzas armadas… no pueden ser destituidos de sus puestos ni castigados» de alguna forma que no esté de acuerdo con las leyes vigentes[5].

El 12 de agosto el ejército exigió y obtuvo la dimisión de Machado. Sin embargo, hubo oposición a que Herrera fuera el sucesor porque el secretario de la Guerra era un hombre al que se identificaba demasiado estrechamente con el presidente depuesto. Sin darse por vencido, Welles continuó buscando una resolución ordenada y constitucional de la crisis. Dimitieron todos los miembros machadistas del gabinete excepto Herrera. Este desempeñó a continuación el cargo de presidente provisional sólo durante el tiempo suficiente para nombrar secretario de Estado a Carlos Manuel de Céspedes, un político insignificante —o «estadista», según decía altivamente él mismo—, un candidato inofensivo, al gusto de todos, que no estaba afiliado a ningún partido político o tendencia. Herrera dimitió entonces para permitir que Céspedes le sucediese en la presidencia.

El gobierno Céspedes hizo que cobraran gran relieve las contradicciones surgidas durante el machadato. Las mediaciones de Welles habían servido para legitimar a los grupos opositores de Machado que antes eran ilegales y garantizar la inclusión de los mismos en el nuevo gobierno. Por otra parte, la oportuna retirada del dictador había garantizado a los antiguos partidos del gobierno un papel político en la Cuba posterior a Machado. El reparto de carteras de gobierno entre representantes de grupos tan diversos como el ABC, el Partido Liberal, la Unión Nacionalista, el Partido Conservador, la OCRR y el Partido Popular, que antes eran adversarios implacables, sirvió para institucionalizar los conflictos que el machadato dejara pendientes.

Sin embargo, las dificultades con que se enfrentaba el nuevo gobierno no se limitaban a las contradicciones internas. La renuncia de Machado había supuesto el fin inmediato de la represión gubernamental y el cambio de gobierno redujo claramente las tensiones nacionales y mitigó las crecientes presiones revolucionarias. Pero Cuba seguía inmersa en la angustiosa depresión y la confusión social y económica que habían sumido al machadato en la crisis continuaban existiendo después del 12 de agosto. Siguieron las huelgas a medida que el nuevo clima de activismo obrero se propagaba por toda la isla. Las organizaciones que antes habían boicoteado las mediaciones —principalmente los sectores de la oposición a Machado que aspiraban a algo más que a un simple cambio de presidente— consideraron que la solución Céspedes era de todo punto insatisfactoria. Muchos de estos grupos, entre ellos las dos organizaciones de estudiantes, el DEU y el AIE, y el Partido Comunista, habían pasado demasiado tiempo luchando por la revolución para conformarse con un golpe de palacio como desenlace de sus esfuerzos políticos.

No eran estos los únicos problemas de Céspedes. El orden público se había roto. Los disturbios provocados por la huida de Machado continuaron de forma intermitente durante todo el mes de agosto y las turbas aplicaron la justicia revolucionaria a los funcionarios sospechosos de ser machadistas. Las autoridades militares y policiales, que antes eran objeto de la animadversión popular, sólo hicieron tentativas de controlar los excesos de los civiles, o se abstuvieron por ejemplo de intervenir. Muchos oficiales temían que si se actuaba con rigor para poner orden bajo Céspedes, ello sólo serviría para reavivar los sentimientos antimilitaristas de los antiguos grupos de la oposición que ahora estaban en el poder. En todo caso, la moral de los militares estaba baja. Los oficiales de mayor graduación vivían con el temor de ser arrestados o de sufrir represalias por su papel en el machadato, a la vez que los oficiales jóvenes esperaban con ansia los ascensos que sin duda llegarían después de la purga de comandantes machadistas. Los suboficiales y los soldados rasos deban crecientes señales de inquietud debido a los rumores que predecían inminentes recortes salariales y reducciones de tropas.

El final del gobierno de Céspedes surgió de una fuente improbable e inesperada. Al caer la tarde del 3 de septiembre, los sargentos, cabos y soldados rasos del campamento de Columbia, en La Habana, se reunieron para hablar de sus reivindicaciones y las deliberaciones terminaron con la preparación de una lista de peticiones que se presentaría a los oficiales que los mandaban. Los oficiales de guardia, sin embargo, se negaron a hablar de lo que pedía la excitada tropa y se retiraron del cuartel. De pronto, inesperadamente, los soldados se encontraron con que el campamento de Columbia estaba bajo su control y se amotinaron. Los suboficiales, cuyo líder era el sargento Fulgencio Batista, exhortaron a la tropa a retener el puesto en su poder hasta que el mando del ejército accediera a estudiar sus peticiones.

La protesta de los soldados recibió inmediatamente el apoyo de los grupos antigubernamentales. En las primeras horas del 4 de septiembre líderes estudiantiles del DEU llegaron al campamento de Columbia y persuadieron a los sargentos para que ampliaran el movimiento. La intervención de los civiles cambió la naturaleza de la protesta de los suboficiales y transformó el motín en un golpe de Estado. La «revuelta de los sargentos», como más adelante llamarían al motín, tenía al principio unos objetivos menos ambiciosos. Lo único que querían los sargentos era manifestar su protesta por las condiciones de servicio, en concreto por las deficiencias de la paga, el alojamiento y los recortes que, según se rumoreaba, se harían en el número de soldados; no pretendían echar a los oficiales ni derrocar a Céspedes. Al encontrarse inesperadamente convertidos en protagonistas de un motín, y, de hecho, de una rebelión contra el gobierno, la idea de volver a los cuarteles bajo el régimen existente les inspiraba poco entusiasmo. Los estudiantes les ofrecían otra posibilidad. Fue una coalición de conveniencia, no sin sus defectos, pero ofreció la absolución a las tropas rebeldes y poder político a los civiles disidentes. De este consenso civil-militar provisional salió una junta revolucionaria compuesta por Ramón Grau San Martín, Porfirio Franca, Guillermo Portela, José Irizarri y Sergio Carbó.

El traslado de la junta revolucionaria del cuartel del campamento de Columbia al palacio presidencial sirvió para que la autoridad en Cuba cambiase de lugar. El poder pasó a manos de las fuerzas que desde hacía mucho tiempo estaban situadas en los márgenes del Estado republicano —los radicales y los nacionalistas— y se consideraban a sí mismas como agentes de un imperativo histórico además de instrumentos de un mandato popular. En la mañana del 5 de septiembre un manifiesto político anunció la instauración de un nuevo Gobierno Revolucionario Provisional y proclamó la afirmación de la soberanía nacional, la instauración de una democracia moderna y la «marcha hacia la creación de una nueva Cuba».

Las fuerzas de la vieja Cuba respondieron con algo más que indignación a la usurpación de septiembre. Los partidos de gobierno tradicionales que antes abandonaran a Machado para no morir con el régimen desacreditado volvieron a encontrarse ante la persecución y la extinción. Lo mismo les ocurrió a los militares machadistas expulsados, los cuales, pese a sus esfuerzos por obtener la inmunidad frente a las represalias que siguieron a la caída de Machado, ahora se encontraban expuestos a ser enjuiciados y encarcelados. Los representantes de los sectores financiero y comercial retrocedieron con horror ante el cambio de gobierno y predijeron francamente el derrumbamiento de la economía cubana. Y no fue sólo la antigua Cuba la que se opuso a la junta revolucionaria. Nuevos grupos políticos, incluido el ABC y la OCRR, organizaciones a las que había costado mucho alcanzar el poder político en la Cuba posterior a Machado, se encontraron ante un fin brusco y poco glorioso de su estreno en la política nacional. Un gobierno compuesto por estudiantes radicales y creado por soldados amotinados surtió el efecto inmediato de unir en la oposición a las fuerzas políticas que antes rivalizaban en el poder.

El gobierno provisional encontró su adversario más formidable en la persona de Sumner Welles, el embajador de Estados Unidos. El golpe de Estado había dañado la legalidad constitucional y derribado a la autoridad conservadora, a las que Welles había defendido arduamente. El embajador no fue ni lento en reaccionar ni claro en su respuesta. Lo primero que hizo fue recomendar la intervención militar de Estados Unidos con el fin de devolverle el poder a Céspedes, pero no lo consiguió. A propósito, Welles describió el nuevo gobierno empleando términos que forzosamente despertarían suspicacias y provocarían oposición en Washington. El ejército había caído bajo «control ultrarradical», telegrafió Welles a Washington, y el gobierno era «francamente comunista». Calificó a Irizarri de «radical de tipo extremista» y a Grau y Portela de «radicales extremistas»[6].

La oposición inicial al gobierno provisional produjo varios cambios inmediatos. A mediados de septiembre la junta se disolvió para dar paso a una forma ejecutiva de gobierno más tradicional bajo Ramón Grau San Martín. Temeroso de que la mezcla de intriga política y confusión en el mando del ejército provocara una ruptura del orden público, el gobierno ascendió a Fulgencio Batista al grado de coronel y le nombró jefe del ejército. Batista recibió instrucciones de nombrar nuevos oficiales en número suficiente para la estabilidad en las fuerzas armadas. A principios de octubre el gobierno proclamó que los ex oficiales eran desertores y ordenó su arresto, preparando así el camino para una reorganización total del ejército bajo Batista. No cabe duda de que estas medidas reforzaron la posición del gobierno provisional. Pero la purga de la antigua oficialidad fue también un triunfo político para el ejército y una victoria personal para Fulgencio Batista. Y eso ahondó las contradicciones dentro del gobierno provisional. Estudiantes y soldados seguían unidos de forma inseparable en la transgresión original contra la autoridad constituida, y compartían intereses mutuos en la suerte del gobierno provisional, aunque sólo fuera porque les aguardaba un destino común si fracasaba. No obstante, la distancia entre ellos aumentó después del 4 de septiembre. Los estudiantes introdujeron a Cuba en el tiempo del gobierno experimental, y no fue la razón menos importante de ello el hecho de que se tratara del primer gobierno de la república que no se había formado con el apoyo de Washington. La reforma resultó embriagadora y durante cien días los estudiantes se dedicaron con exaltada resolución a la tarea de transformar el país. Bajo el lema de «Cuba para los cubanos», el nuevo gobierno procedió a dictar leyes reformistas a ritmo vertiginoso, comprometiéndose con la reconstrucción económica, el cambio social y la reorganización política. El nuevo gobierno abrogó la Enmienda Platt y disolvió todos los partidos machadistas. Las tarifas de los servicios públicos se rebajaron en un 40 por 100 y se redujeron los tipos de interés. Se dio el voto a las mujeres y la autonomía a la universidad. En el terreno laboral, entre las reformas que efectuó el gobierno cabe señalar el salario mínimo para los cortadores de caña, el arbitraje obligatorio de los conflictos laborales, la jornada de ocho horas, indemnizaciones a los trabajadores, la creación de un ministerio de trabajo y un decreto sobre la nacionalización del trabajo que disponía que el 50 por 100 de todos los empleados de la industria, el comercio y la agricultura fuesen ciudadanos cubanos. En cuanto a la agricultura, el gobierno patrocinó la creación de asociaciones de colonos, garantizó a los campesinos el derecho permanente a la tierra que ocupaban y puso en marcha un programa de reforma agraria.

A medida que los estudiantes continuaban avanzando en su «marcha hacia la creación de una nueva Cuba», el ejército empezó a dar muestras crecientes de escoltarles con poco entusiasmo. El apoyo de los militares al gobierno provisional fue siempre expresión de su propio interés más que de solidaridad. El gobierno que ocupaba el poder era el que había aprobado la sedición de los sargentos y validado cientos de nuevos puestos de oficial, un gobierno del cual recibía su legitimidad el nuevo mando del ejército. Pero también era cierto que los nuevos líderes del ejército ansiaban que se llegara inmediatamente a una resolución política, aunque sólo fuera para institucionalizar sus recientes conquistas. Al modo de ver del mando del ejército, poco se ganaría con la experimentación social, excepto prolongar la incertidumbre. A decir verdad, muchos comandantes septembristas opinaban que los proyectos de los estudiantes eran empresas arriesgadas, programas mal concebidos de un gobierno de cuya solvencia dependían ellos para legitimar empleos mal adquiridos.

Welles explotó hábilmente estos temores. A mediados de octubre dejó de fomentar la unidad entre las facciones antigubernamentales y empezó a dar pábulo a las divisiones entre los partidarios del gobierno. Sagaz observador de la política cubana, Welles era muy consciente de las contradicciones que iban apareciendo en el seno del gobierno provisional. Recordó a Washington que la revuelta de los sargentos «no tuvo efecto para colocar a Grau San Martín en el poder». Añadió que la «divergencia entre el ejército y los elementos civiles del gobierno es más acentuada cada día» y que a medida que crecía la influencia de Batista «disminuía el poder de los estudiantes y de Grau San Martín»[7]. Argumentaba que otra coalición política, una que fuera capaz de constituirse en gobierno legítimo y estuviera dispuesta a ratificar al mando septembrista del ejército, podría persuadir a Batista de que abandonara al gobierno que en un principio había conferido legitimidad militar a un motín del ejército.

Por segunda vez en otros tantos meses, Welles apeló directamente al ejército para que derribase a un gobierno que ya no tenía la aprobación de Estados Unidos. El 4 de octubre, días después del arresto de los ex oficiales, el embajador comunicó que había sostenido una «conversación prolongada y muy franca» con Batista. Diciendo ahora de Batista que era el «único individuo de Cuba que hoy representaba a la autoridad», Welles informó al jefe del ejército de que se había ganado el apoyo de «la gran mayoría de los intereses comerciales y financieros en Cuba que andan buscando protección y que sólo podrían encontrar tal protección en él mismo». Welles explicó que facciones políticas que hacía sólo unas semanas se oponían francamente a Batista ahora estaban «de acuerdo en que su control del ejército como jefe del Estado mayor debía continuar como única solución posible y estaban dispuestas a respaldarle en calidad de tal». Sin embargo, el embajador sugirió que el único obstáculo que impedía llegar a un acuerdo justo, y era de suponer, al reconocimiento y la vuelta a la normalidad, «era la obstinación antipatriótica y fútil de un grupito de jóvenes que deberían estar estudiando en la universidad en vez de jugar a la política y de unos cuantos individuos que se habían unido a ellos por motivos egoístas». En una advertencia apenas disimulada, Welles había recordado a Batista la débil posición en que le colocaba la adhesión al gobierno: «Si el actual gobierno se sumiera en el desastre, el desastre por fuerza e inevitablemente no le afectaría sólo a él, sino también a la seguridad de la república que él había prometido públicamente mantener»[8].

Batista sólo podía interpretar los comentarios de Welles como una invitación a crear un gobierno nuevo. Sus encuentros sirvieron también para subrayar la precariedad de la posición de Batista. La falta de reconocimiento continuaba fomentando la oposición y la resistencia. Seguía existiendo el peligro de que una revuelta derribara al gobierno provisional y condujera a la anulación del mando septembrista del ejército y al arresto de los ex sargentos. Y tampoco habían desaparecido del todo las perspectivas de una intervención militar estadounidense, lo cual suponía, además, la posibilidad de que Estados Unidos devolviera el poder a Céspedes. La autoridad de Batista en el seno de las fuerzas armadas también se veía amenazada por el apoyo que continuaba dando a un gobierno que encontraba oposición diplomática en el extranjero y estaba políticamente aislado en el país. Su posición de jefe del ejército se apoyaba en la sanción de un gobierno provisional cuyo porvenir era incierto. Batista era sólo uno de los cuatrocientos suboficiales ascendidos recientemente cuya graduación y nombramientos dependían de que en La Habana se llegara a una solución política que fuera compatible con la nueva jerarquía del ejército o que, como mínimo, no fuese hostil a ella. Mientras los oficiales septembristas continuaran identificándose con un gobierno que carecía de legitimidad y estaba privado de autoridad para garantizar de forma permanente los ascensos del 4 de septiembre, corrían el riesgo de compartir la suerte final de un régimen que era objeto de oposición en el país y en el extranjero. La posición del propio Batista dentro del ejército dependía de que fuera capaz de legitimar los nuevos nombramientos por medio de una solución política que satisficiera a grupos políticos y económicos organizados y a Washington.

El final no tardó en llegar. En diciembre Welles comunicó con cierta satisfacción que Batista buscaba activamente un cambio en el gobierno debido al temor de que se tramara una conspiración en el seno del ejército, a la persistencia de las intrigas contra el gobierno y al miedo a una intervención de Estados Unidos. En enero de 1934 Batista retiró el apoyo que el ejército prestaba a Grau y respaldó a Carlos Mendieta, el viejo político liberal desafecto. En el plazo de cinco días Estados Unidos reconoció a Mendieta. Con apoyo diplomático en el extranjero y respaldo político en el país, el nuevo gobierno procedió inmediatamente a ratificar los nuevos nombramientos militares. El decreto número 408 disolvió oficialmente el antiguo ejército constitucional. El nuevo ejército lo formarían todos los oficiales, suboficiales y soldados rasos que estuvieran en servicio activo en el momento de promulgarse el decreto.

Las fuerzas de cambio liberadas durante el machadato no menguaron con la desaparición del gobierno de Grau. Al contrario, hallaron nuevas formas de expresión. El antiguo régimen ciertamente había encontrado nueva vida en el nuevo jefe del ejército, Batista, y en el viejo líder liberal Mendieta, pero no sin que surgieran nuevas amenazas. En el plazo más inmediato el programa de reforma del efímero gobierno provisional adquirió vitalidad institucional con la organización en 1934 del Partido Revolucionario Cubano (PRC/Auténtico), a la vez que, bajo el liderazgo de Antonio Guiteras, ex ministro de la Gobernación de Grau, los radicales formaban una organización revolucionaria clandestina, la Joven Cuba. Renunciando a la política electoral, la Joven Cuba adoptó la lucha armada como principal medio de combatir al gobierno Batista-Mendieta. Los asesinatos, las bombas y los sabotajes volvieron a ser el principal modo de expresar la oposición política. La oposición estudiantil se reanudó al abrirse de nuevo la Universidad de La Habana en 1934. Las manifestaciones antigubernamentales y las protestas obreras se hicieron frecuentes una vez más. Entre 1934 y 1935 hubo más de cien huelgas en toda la isla.

En marzo de 1935 el ímpetu favorable al cambio revolucionario adquirió proporciones formidables cuando una huelga general contra el gobierno sumió a la isla en una crisis. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en agosto de 1933, el gobierno no estaba dispuesto a negociar con los trabajadores ni era reacio a perseguir a los participantes. La proclamación de la ley marcial fue el anuncio de un reinado del terror que duró hasta finales de primavera. Los líderes de los huelguistas fueron detenidos, muchos padecieron torturas y fueron asesinados, otros huyeron al exilio. Los sindicatos fueron declarados ilegales y la universidad fue ocupada. Pelotones de fusilamiento militares ejecutaron a disidentes civiles. En mayo de 1935 el ejército asesinó a Antonio Guiteras.

La huelga general de 1935 fue la última oleada revolucionaria de la generación republicana. Fracasó al cabo de sólo unos días, pero sus efectos duraron hasta finalizar el decenio. En primer lugar, la severidad de la represión militar causó disensiones en la coalición gobernante, que acabaría disolviéndose. A finales de marzo, Mendieta se encontró con que su apoyo había quedado reducido al de su propia facción en la Unión Nacionalista y los militares. En el plazo de unos meses, también él dimitió. Así pues, en un sentido muy real la huelga alcanzó el efecto apetecido, pero no cumplió su objetivo principal. El gobierno de Mendieta cayó, pero su caída creó un vacío político que llenaron Batista y las fuerzas armadas. Virtualmente todas las ramas del gobierno quedaron bajo el control del ejército. Supervisores militares sustituyeron a los funcionarios provinciales y municipales, y el mando del ejército purgó a los funcionarios huelguistas y pasó a controlar todas las secciones de la administración pública. El ejército se convirtió en la más importante fuente de patronazgo y empleos públicos. Batista era ahora la fuerza política más importante de la isla.

El prestigio de Batista aumentó durante todo el decenio de 1930 a medida que fue restaurando el orden y la estabilidad. Washington encontró en la Pax Batistiana causa suficiente para continuar prestando apoyo diplomático a los presidentes marionetas y gobiernos fantasmas del dictador: José A. Bamet (1935-1936), Miguel Mariano Gómez (1936) y Federico Laredo Bru (1936-1940). Y tampoco se recuperaron los adversarios de Batista de los años treinta. La tempestad del decenio se había apagado sola. Muchos de los enemigos más destacados del régimen Batista-Mendieta habían perdido la vida en 1935. Otros buscaron seguridad personal en el exilio o abandonaron Cuba para llevar la bandera de la revolución a otras tierras, especialmente España. Los grupos revolucionarios habían resultado desarticulados y aplastados. Cuando la universidad abrió nuevamente sus puertas en 1937 las clases se reanudaron sin novedad. El PRC/Auténtico recurrió a la política electoral y se dedicó a la ardua tarea de construir una nueva infraestructura del partido y fomentar el apoyo de la base. Asimismo, al finalizar el decenio, el Partido Comunista ya había hecho las paces con Batista. Después de 1938 el partido adoptó una postura reformista y francamente colaboracionista, consolidando su control de los sindicatos y obteniendo la legalidad a cambio de su apoyo político al gobierno respaldado por Batista. Su periódico se publicaba y distribuía públicamente, y a finales del decenio de 1930 el partido aparecía en las listas electorales. El control del movimiento sindical por los comunistas fue en aumento y culminó en 1939 con la fundación de la Confederación de Trabajadores Cubanos (CTC).

En cierta medida la restauración de la tranquilidad social se debió a los programas que siguió el nuevo mando del ejército. No cabe duda de que Batista transformó el ejército cubano en un eficaz aparato de represión. Al mismo tiempo, sin embargo, los líderes militares se entregaron a los chanchullos y la corrupción en una escala que antes era desconocida en Cuba, si bien al propio Batista le interesaba algo más que el poder político o la riqueza personal/Comprometió a las fuerzas armadas con una amplia serie de programas sociales, empezando en 1937 con la inauguración del sistema de escuelas cívico-militares, en el cual los sargentos hacían de maestros en la totalidad de las zonas rurales. Estas misiones educativas, cuya finalidad era difundir información referente a la agricultura, la higiene y la nutrición entre las comunidades rurales, fueron el comienzo de una rudimentaria red de educación en el interior. El ejército tenía mil escuelas donde durante el día se educaba a los niños y por la tarde, a los adultos. A finales del decenio de 1930 el mando del ejército ya había creado una extensa burocracia militar cuya tarea exclusiva era la administración de programas sociales. Se puso en marcha un plan de tres años para reformar la agricultura, la educación, la salud pública y la vivienda. Un efecto importante de esto fue facilitar la base programática para la entrada directa de Batista en la política nacional al finalizar el decenio.

Las condiciones económicas mejoraron durante los años treinta. El azúcar cubano recuperó paulatinamente una participación mayor en el marcado estadounidense, aunque nunca volvería a alcanzar la importancia de que gozara a finales del decenio de 1910 y comienzos del de 1920. Según lo estipulado por la ley Jones-Costigan de 1934, Estados Unidos rebajó los aranceles proteccionistas que se aplicaban a las importaciones de azúcar y sustituyó la protección arancelaria por cuotas como medio de ayudar a los productores de azúcar nacionales. La ley facultaba al secretario de Agricultura de Estados Unidos para determinar las necesidades anuales de azúcar de la nación, después de lo cual a todas las regiones productoras de azúcar, nacionales y extranjeras, se les asignaría un cupo del total basándose en la participación de los productores de azúcar en el mercado estadounidense durante el período de 1931-1933. Que se seleccionaran estos años fue mala suerte para los productores cubanos, pues precisamente fue el período —los años de Hawley-Smoot— en que la parte del mercado estadounidense correspondiente a Cuba fue menor. No obstante, la participación cubana en el mercado de Estados Unidos aumentó ligeramente, del 25,4 por 100 en 1933 al 31,4 por 100 en 1937. Asimismo, fueron años en que la producción total de azúcar en Cuba aumentó al mismo tiempo que se incrementaba el valor de la producción aumentada. Entre 1933 y 1938 la producción de azúcar cubano subió de 1,9 a 2,9 millones de toneladas y el valor correspondiente, de 53,7 a 120,2 millones de pesos.

Este lento renacer económico, así como la ligera recuperación de la participación cubana en el mercado estadounidense, tuvieron un costo. Según las condiciones del nuevo tratado de reciprocidad que en 1934 negoció el gobierno de Mendieta, Cuba obtuvo un mercado garantizado para sus exportaciones agrícolas a cambio de reducciones arancelarias para gran variedad de productos y la reducción de los impuestos internos sobre productos estadounidenses. Las concesiones que hizo Estados Unidos abarcaban treinta y cinco artículos; las que hizo Cuba afectaban a cuatrocientos. Las reducciones arancelarias concedidas a artículos cubanos oscilaban entre el 20 y el 50 por 100; las concesiones arancelarias a productos estadounidenses, entre el 20 y el 60 por 100. El nuevo acuerdo también especificaba que la lista arancelaria no podía alterarse como consecuencia de los cambios sufridos por los valores monetarios.

Es indudable que el nuevo tratado contribuyó al renacer de Cuba porque el principal producto de exportación del país, el azúcar, fue la partida a la que más favoreció el acuerdo de 1934. El arancel norteamericano para el azúcar cubano sin refinar quedó reducido de 1,50 dólares a 90 centavos por libra (0,454 kilos). También se hicieron reducciones en el caso del tabaco en rama, así como en los de cigarros y cigarrillos, miel, pescado, cítricos, pinas y otros productos agrícolas. Sin embargo, al mismo tiempo el tratado de 1934 representó un golpe muy duro para los intentos cubanos de diversificación económica. Afectó adversamente a numerosas empresas agrícolas e industriales, muchas de las cuales habían surgido a raíz de la ley arancelaria de 1927. En un sentido más amplio, el nuevo tratado permitió al comercio estadounidense adaptarse al cambio de las condiciones del mercado cubano y a la larga volvió a imponer su supremacía a la economía cubana. De nuevo quedó Cuba estrechamente vinculada a Estados Unidos, con lo cual volvieron a la isla las pautas de dependencia que existían antes de la depresión. El valor total de las importaciones estadounidenses aumentó de 22,6 millones de dólares en 1933 a 81 millones de dólares en 1940; la participación en las importaciones efectuadas por Cuba durante el mismo período pasó de 53,5 por 100 a 76,6 por 100.

La renegociación del tratado de reciprocidad fue acompañada de la del Tratado Permanente, la forma legal de la Enmienda Platt. Exceptuando las cláusulas que preveían la utilización de la base naval de Guantánamo por parte de Estados Unidos, se eliminó la antigua afrenta a la sensibilidad nacional cubana. En lo sucesivo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba serían oficialmente las propias entre «estados independientes aunque amigos».

En las postrimerías del decenio, el fin de la crisis económica y el retorno de la estabilidad política, en particular con la aceptación de la política electoral por parte de los Auténticos y del Partido Comunista, crearon un clima propicio para la reforma constitucional. La posición política de Batista se hallaba bien afianzada y la única manera de mejorarla consistía en identificarse con las demandas de reforma. A decir verdad, muchas de las medidas que tomara el malhadado gobierno de Grau continuaban gozando de mucha popularidad nacional. Asimismo, la antigua Constitución de 1901 seguía estando permanentemente estigmatizada en Cuba porque una de sus partes orgánicas era la odiosa Enmienda Platt. Por ende, una nueva constitución prometía romper con el pasado e institucionalizar las conquistas de la Cuba posterior a Machado.

Con el fin de redactar el borrador de una nueva constitución, en 1939 se reunió una asamblea constituyente en la que había representantes de todo el espectro de afiliaciones políticas, desde viejos machadistas hasta el PRC y comunistas. La asamblea proporcionó el foro para reanudar el debate en torno a virtualmente todos los aspectos clave de la política republicana. Pero las alineaciones políticas no determinaron la dirección de los debates. En la coalición partidaria del gobierno se encontraban los desacreditados liberales y la moribunda Unión Nacionalista, así como el Partido Comunista. Capitaneaban la oposición los Auténticos y formaban parte de ella el ABC y partidarios del ex presidente Miguel Mariano Gómez. Así pues, la ideología tendía a trascender la afiliación partidista, y los delegados izquierdistas a menudo unían fuerzas con los liberales para formar mayoría al votar contra los conservadores, sin tener en cuenta la afiliación al gobierno o a los bloques de la oposición. El resultado neto fue que en 1940 se promulgó una Constitución notablemente progresista que preveía el recurso al referéndum, el sufragio universal y las elecciones libres, y que sancionaba una amplia gama de libertades políticas y civiles. Las cláusulas sociales del documento abarcaban los horarios máximos y los salarios mínimos, las pensiones, las indemnizaciones a los trabajadores, el derecho a la huelga y garantías estatales contra el desempleo.

A pesar de sus cláusulas progresistas, la Constitución de 1940 seguía siendo en gran parte una exposición de objetivos, un programa de lo que debía hacerse en el futuro. La falta de cláusulas referentes a su puesta en práctica significó que la nueva Constitución no se realizaría en gran parte. Al mismo tiempo, pronto ocupó un lugar de importancia central en la política nacional, ya que se utilizó de forma alterna como bandera para movilizar el apoyo político y pauta para medir los resultados de la política. Muchos de los objetivos de los años treinta encontraron justificación en la nueva Constitución, que también aportó los fundamentos de la legitimidad y la política de consenso de los siguientes doce años. A partir de aquel momento la política cubana giraría en torno a las promesas partidistas de interpretar con la mayor fidelidad y llevar a la práctica con el máximo vigor las principales cláusulas de la Constitución.

La nueva Constitución también preparó el terreno para que se celebraran elecciones presidenciales en 1940. Batista se quitó el uniforme y Grau San Martín volvió del exilio para enfrentarse a su antiguo rival. La campaña fue vigorosa y no hay duda de que las elecciones se contaron entre las más limpias de los casi cuatro decenios de historia de la república. Batista obtuvo más de 800.000 votos frente a los 575.000 de Grau.

La presidencia de Batista (1940-1944) tuvo varios efectos saludables. El más inmediato fue poner fin a la situación anómala en la que el poder político real pasaba de la autoridad civil constitucional al jefe del estado mayor del ejército. Las elecciones de 1940 sirvieron para conferir de nuevo al cargo constitucional de la presidencia el poder y el prestigio personales adquiridos por Batista. Lo que se exigía al Batista presidente ya no era lo mismo que se exigía al Batista jefe del ejército. Había adquirido una clientela más numerosa y acumulado deudas para con la coalición política que le había llevado al poder. Batista presidió ahora la vuelta del patronazgo y de las designaciones políticas al palacio presidencial. A principios de 1941 las aduanas, que desde hacía tiempo eran una fuente de sobornos para los militares, se traspasaron al Ministerio de Hacienda. Los proyectos educativos patrocinados por el ejército quedaron bajo la autoridad del Ministerio de Educación. La supervisión de los faros, la policía marítima, la marina mercante y el sistema postal volvió a los ministerios gubernamentales pertinentes.

Estas novedades fueron una fuerte sacudida para el viejo mando septembrista, que desde hacía mucho tiempo estaba acostumbrado al ejercicio de una autoridad más o menos sin restricción. Muchos oficiales contemplaban la presidencia de Batista con grandes expectativas, como conclusión lógica de un decenio de supremacía del ejército. Así pues, el traspaso de beneficios eventuales del ejército a la autoridad civil despertó rápidamente las iras de los oficiales septembristas de alta graduación y causó un descenso de la confianza de los militares en Batista. Aumentaron las fricciones entre el campamento de Columbia y el palacio presidencial, y a comienzos de 1941 estalló una efímera revuelta de oficiales de alta graduación. El fracaso del complot militar incrementó la autoridad presidencial. Numerosos oficiales septembristas fueron apartados del ejército; a otros se les asignaron nuevos destinos en el extranjero. Un año después se redujo el tamaño del ejército y se recortaron las asignaciones presupuestarias. Al finalizar su presidencia, Batista había restaurado el equilibrio constitucional del poder y el control civil de las fuerzas armadas.

Batista tuvo también la buena suerte de que su mandato coincidiese con la guerra. La entrada de Cuba en el conflicto en diciembre de 1941 sirvió para facilitar los acuerdos comerciales y los programas de préstamos y créditos con Estados Unidos. El descenso de la producción de azúcar que la guerra causó en Asia y Europa fue un estímulo para los productores cubanos. Entre 1940 y 1944 la cosecha cubana aumentó de 2,7 a 4,2 millones de toneladas, la cifra más alta registrada desde 1930. También aumentó el valor de la producción de azúcar sin refinar durante el mismo período, que de 110 millones de pesos subió a 251 millones. Cuba también se benefició de varios tratados comerciales importantes con Estados Unidos. En 1941 ambos países firmaron un acuerdo de préstamos y arriendos al amparo del cual Cuba recibió cargamentos de armas a cambio de permitir que los estadounidenses usaran instalaciones militares cubanas. Aquel mismo año Estados Unidos accedió a comprar toda la cosecha azucarera de 1942 al precio de 2,65 centavos la libra (0,454 kilos). Un segundo acuerdo colocó de forma parecida la cosecha de 1943. Con la continua reactivación de la producción de azúcar, la economía salió de su letargo, se ampliaron los programas de obras públicas y volvió la prosperidad.

La guerra no dejó de tener sus inconvenientes. Subieron los precios y las carestías de todo tipo pasaron a ser cosa normal. La falta de barcos y los riesgos de transportar mercancías a la otra orilla del Atlántico restringieron severamente el comercio de Cuba con Europa. Los fabricantes de cigarros cubanos perdieron los mercados de lujo de Europa y por grande que fuera el incremento de las exportaciones de tabaco en rama a Estados Unidos, esta pérdida no podía compensarse. El turismo sufrió un fuerte descenso y el número de viajeros disminuyó de 127.000 en 1940 a 12.000 en 1943. De resultas de todo ello, el descontento fue suficiente para generar un animado debate político en 1944, año en que estaba prevista la celebración de elecciones presidenciales. El candidato del gobierno, Carlos Saladrigas, hizo su campaña con el apoyo activo de Batista. Su contrincante fue Ramón Grau San Martín, en una vigorosa campaña en la que Saladrigas ensalzaba el gobierno de Batista y Grau recordaba con nostalgia los cien días que permaneció en el poder en 1933. De hecho, la mística de Grau y el atractivo de los Auténticos procedían de aquellos embriagadores y exaltados días de 1933. En 1944 prometió más de lo mismo y un electorado expectante respondió. En los comicios de junio Grau obtuvo más de un millón de votos, llevándose cinco de seis provincias y perdiendo sólo en Pinar de Río. Después de más de un decenio de tratar inútilmente de conquistar el poder político, Grau San Martín y los Auténticos habían ganado finalmente unas elecciones presidenciales.

La victoria de los Auténticos despertó enormes expectativas populares en el programa de reforma que había sido tanto el legado como la promesa del PRC. Sin embargo, ni el gobierno de Grau (1944-1948) ni el de su sucesor Carlos Prío Socarrás (1948-1952) pudieron responder a las expectativas de los cubanos. Los Auténticos habían pasado la mayor parte de su vida política como víctimas de la persecución, el encarcelamiento y el exilio forzoso. Desde sus primeras agitaciones políticas contra Machado en los años veinte hasta el tumulto revolucionario de los treinta y los decepcionantes reveses electorales de comienzos de los cuarenta, la primera generación nacida bajo la república se había visto desterrada a un desierto político. Se debut en la política cubana había sido tan poco glorioso como empobrecedor. A mediados del decenio de 1940 el idealismo ya había cedido su lugar al cinismo y los cargos públicos ya no ofrecían la oportunidad de mejora colectiva, sino que más bien brindaban la ocasión de enriquecimiento individual. El gobierno se vio sometido al asedio de nuevos y ávidos buscadores de cargos, cuyo apetito era voraz. Por primera vez los Auténticos controlaban el reparto de cargos lucrativos y privilegiados. El desfalco, los chanchullos, la corrupción y la utilización dolosa de los cargos públicos saturaron todas las ramas del gobierno, ya fuera nacional, provincial o municipal. La competencia política se transformó en una lucha feroz por la conquista de cargos lucrativos. La política quedó bajo el control de los sicarios de los partidos y una nueva palabra entró en el léxico político cubano: «gangsterismo». La violencia y el terror se convirtieron en prolongaciones de la política de partidos y en la señal distintiva del gobierno de los Auténticos.

El número de personas en la nómina del gobierno se multiplicó por más de dos, de 60.000 en 1943 a 131.000 en 1949. En 1950 unas 186.000 personas, el 11 por 100 de la población activa, ocupaban puestos públicos activos en los niveles nacional, provincial y municipal del gobierno; otros 30.000 empleados jubilados se hallaban en las nóminas del Estado. Se calcula que el 80 por 100 del presupuesto de 1950 se empleó en pagar los salarios de dignatarios públicos. Las pensiones representaban otro 8 por 100 del gasto nacional. Los Auténticos respondieron a su victoria electoral con gran inseguridad, temerosos de pasar poco tiempo en el poder y de que su gobierno fuese temporal. Estas circunstancias sirvieron para distinguir la corrupción del PRC de las prácticas de su predecesor, concediéndose importancia a los rendimientos inmediatos y los chanchullos espectaculares. Grau fue acusado de haber desfalcado 174 millones de dólares. En 1948 se creía que el ministro de Educación saliente había robado 20 millones de dólares. El ministro de Hacienda del gobierno de Prío fue acusado de apropiarse indebidamente de millones de billetes viejos de banco que debían destruirse.

Que estas condiciones predominaran y, de hecho, saturasen hasta tal punto el tejido institucional de la república durante los años de los Auténticos era en no poca medida resultado de la prosperidad de la economía cubana en la posguerra. La economía de los productores de caña de azúcar en Asia y la de los cultivadores de remolacha en Europa estaban en la ruina. Durante la segunda guerra mundial la producción mundial de azúcar descendió en casi un 60 por 100 (la producción conjunta de caña y remolacha era de 28,6 millones de toneladas en 1940 y pasó a 18,1 millones de toneladas), y hasta 1950 no superó los niveles de antes de la guerra. Al disminuir la producción mundial y subir los precios, las oportunidades para los productores cubanos fueron palpables. Este auge nunca alcanzó las proporciones de la «danza de los millones» que siguió a la primera guerra mundial, pero no cabe duda de que creó un nivel de prosperidad como no se había visto desde aquellos años. Entre 1943 y 1948 la producción cubana de azúcar aumentó en casi un 50 por 100, de 2,8 millones a 5,8 millones de toneladas. En 1948 el azúcar ya constituía el 90 por 100 del valor total de las exportaciones de la isla.

Los buenos tiempos llegaron a Cuba de una forma espectacular. Las exportaciones de azúcar representaron un incremento de cerca del 40 por 100 de la renta nacional entre 1939 y 1947. Las exportaciones sin precedentes de azúcar y la simultánea escasez de productos de importación causada por la guerra dieron por resultado un superávit importante en la balanza de pagos, cuyo promedio fue de más de 120 millones de dólares anuales entre 1943 y 1947. La actividad industrial y comercial del país aumentó durante el decenio mientras los ingresos que el gobierno obtenía de los impuestos pasaron efe 75,7 millones de dólares en el ejercicio fiscal 1937-1938 a 244,3 millones de dólares en 1949-1950. Los precios de los artículos alimenticios casi se triplicaron entre 1939 y 1948, y el coste de la vida aumentó a más del doble. La inflación hubiera sido más aguda de no haber sido por la escasez de importaciones durante la guerra y la disposición de muchos individuos e instituciones a tener la mayor parte de los ahorros en saldos inactivos. La oferta de dinero aumentó un 500 por 100 entre 1939 y 1950, mientras el coste de la vida subía sólo un 145 por 100. Durante el mismo período aproximadamente las reservas de dólares, oro y plata del tesoro nacional ascendieron de 25 a 402 millones de dólares; el saldo líquido en el extranjero, de 6 a más de 200 millones de dólares; y las reservas de dólares del público, de 14 a 205 millones de dólares.

Las oportunidades económicas de la posguerra se desperdiciaron no sólo a causa de la corrupción y el abuso de los cargos públicos, sino también de la mala administración y los errores de cálculo. Se hicieron pocos cambios estructurales en la economía, y los problemas crónicos de desempleo-subempleo y un débil orden agrario siguieron igual que antes. La economía empezó a decaer a finales del decenio de 1940, y sólo una suspensión temporal debida al alza del precio del azúcar ocasionada por la guerra de Corea retrasó la inevitable crisis. El problema de la inflación fue en aumento y el capital generado por la prosperidad de la posguerra o bien se invirtió en el extranjero o se administró mal en el país. Refiriéndose a estos datos, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento dijo que «gran parte de los ahorros de los cubanos han ido a parar al extranjero, se han acaparado o se han usado para la construcción de bienes raíces y para la especulación»[9]. Entre 1946 y 1952 la inversión bruta cubana en capital fijo como porcentaje de la renta bruta fue sólo del 9,3 por 100 (en Argentina alcanzó el 18,7 por 100; en Brasil, el 15,7 por 100; y en México, el 13,4 por 100).

Desde luego, estos fenómenos no eran totalmente nuevos. Estaban asociados desde hacía mucho tiempo con la mentalidad de la economía azucarera cubana, una mentalidad que se basaba en la dicotomía entre el auge o la quiebra. Pero a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta estas condiciones tuvieron amplia repercusión. El hecho de que el azúcar continuase dominando la economía cubana persuadió a los inversores en potencia a conservar gran parte de sus activos en forma líquida. Contribuyó a fomentar el deseo de beneficios rápidos y fue un freno para las nuevas inversiones y la diversificación de la economía. Cuba seguía dependiendo de un producto de exportación en el cual la competencia era especialmente intensa, a la vez que la decadencia de los productores rivales a causa de la guerra engendró una falsa sensación de seguridad. De hecho, la economía no crecía con la rapidez suficiente para dar cabida a los 25.000 puestos de trabajo nuevos que se calculaba que eran necesarios cada año para emplear al creciente número de personas que entraban en el mercado laboral. Estos problemas hubieran sido una amenaza incluso para la administración más ilustrada. Eran históricos y estructurales y no tenían una solución fácil. Sin embargo, los Auténticos distaban mucho de ser ilustrados. Fueron años que empezaron con grandes esperanzas y acabaron con decepción y desilusión.

Al mismo tiempo, las condiciones eran generalmente difíciles para el Partido Comunista, rebautizado ahora con el nombre de Partido Socialista Popular (PSP). La colaboración con Batista había dado al partido acceso al gabinete, y en las elecciones de 1944 el PSP obtuvo tres escaños en el Senado y diez en la cámara baja. Al llegar el momento de las elecciones de 1948, el partido ya podía afirmar que contaba con unos 160.000 seguidores. Pero la suerte del PSP decayó mucho durante el período de los Auténticos. La guerra fría mermó la influencia del PSP y los Auténticos no desperdiciaron ninguna oportunidad de ampliar su poder. Tomaron medidas contra los sindicatos controlados por los comunistas y a finales de los años cuarenta ya habían establecido el control del PRC sobre organizaciones laborales clave. El gobierno confiscó la emisora de radio del PSP y hostigó de forma continua al periódico del partido. Pero éste continuó siendo una eficaz fuerza política mientras el PSP perdía influencia.

La aparente indiferencia con que los líderes del PRC contemplaron el mandato histórico de 1933 y el triunfo electoral de 1944 crearon disensiones y tensión en el seno del partido. En 1947 el mal gobierno del PRC provocó una franca ruptura cuando Eduardo Chibás, destacado líder estudiantil en 1933, rompió con los Auténticos y organizó el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo). Como afirmaba defender los ideales del decenio de 1930, la imaginación popular asoció generalmente a los Ortodoxos con la independencia económica, la libertad política, la justicia social y la honradez pública. Chibás, que fue tal vez el orador más dotado de la época, expresó las reivindicaciones generales y reflejó el descontento popular con los Auténticos que ocupaban el poder en una campaña que prosperó con las espectaculares acusaciones y revelaciones de corrupción en los altos niveles gubernamentales. Chibás contribuyó muchísimo a desacreditar de forma definitiva al gobierno de los Auténticos e hizo que disminuyera lo poco que quedaba de la confianza pública en su liderazgo. Sin embargo, el suicidio de Chibás en 1951 produjo la desilusión de las masas, su resignación y su indiferencia, a pesar de que el gobierno de Prío quedó considerablemente debilitado después de su combate de tres años con el líder caído de los Ortodoxos. Hundidos por completo en el oprobio, políticamente débiles, sumidos en la bancarrota moral, los Auténticos presidieron un gobierno desacreditado y una entidad política desmoralizada.

Batista experimentaría más adelante una enorme satisfacción al contar los detalles de su vuelta al poder en 1952. Se jactaría de que en una hora y diecisiete minutos los conspiradores militares derribaron al gobierno de los Auténticos. Y, a decir verdad, es indudable que el cuartelazo del 10 de marzo debió gran parte de su éxito a la habilidad organizativa de quienes lo planearon. A las 2.40 de la madrugada los rebeldes se apoderaron de la totalidad de los principales puestos militares de la capital, desde los cuales salieron unidades militares que ocuparon posiciones estratégicas en la ciudad. El ejército se hizo con el control de las estaciones de autobús y ferrocarril, los aeropuertos, los muelles, las fábricas de electricidad, las emisoras de radio, los bancos y las oficinas de los ministerios del gobierno. Horas después los habitantes de la ciudad se despertaron en medio de rumores de un golpe de Estado y, al poner la radio, se encontraron con que sólo daba música, sin interrupción. El servicio de telecomunicaciones con el interior quedó interrumpido. Los militares controlaban los posibles escenarios de manifestaciones de protesta contra el golpe. La universidad y las oficinas de prensa de la oposición fueron cerradas. Los soldados ocuparon las sedes de diversos sindicatos y del Partido Comunista, y detuvieron a destacados activistas. Se suspendieron las garantías constitucionales.

Sin embargo, la facilidad con que Batista y el ejército pusieron el complot en práctica y consolidaron su poder reflejaba mucho más que la diestra aplicación de su talento de conspiradores. Los efectos de cerca de un decenio de negocios sucios, corrupción y escándalos en todos los niveles del gobierno civil habían dejado el camino más que suficientemente preparado para el retomo del gobierno militar en 1952. El cuartelazo sencillamente disparó el tiro de gracia a un régimen moribundo. De hecho, la indiferencia general con que se recibió el golpe vino a subrayar el profundo desengaño que la política había creado en la nación. El desacreditado gobierno de los Auténticos no contaba con la confianza del pueblo ni poseía credibilidad moral para justificar un llamamiento pidiendo apoyo popular; su derrocamiento sencillamente no justificaba la indignación del público. Al contrario, para muchos cubanos el golpe representaba un cambio que debería haberse efectuado mucho antes. Para los financieros y empresarios. Batista prometía orden, estabilidad y tranquilidad laboral. A juicio de Estados Unidos, prometía respeto al capital extranjero. Y a los partidos políticos les prometió que se celebrarían nuevas elecciones en 1954.

Los partidos Auténtico y Ortodoxo demostraron que eran incapaces de responder con eficacia a la toma del poder por parte de Batista. Los Ortodoxos carecían de líder y los Auténticos no podían desempeñar el papel de tal. A partir de 1952 los dos partidos principales de Cuba pasaron a ser ajenos a una solución de la crisis política. De forma muy parecida a la crisis de los años treinta, que había provocado la caída de los partidos tradicionales, los acontecimientos de los cincuenta contribuyeron a la desaparición de los Auténticos y los Ortodoxos. Por supuesto, ambos partidos condenaron debidamente que se infringiera la Constitución de 1940, pero ninguno de ellos respondió a la usurpación cometida por el ejército con un programa exhaustivo o con un plan de acción que fuese convincente. La escasa oposición que dio señales de vida nació en gran parte fuera de los partidos políticos organizados, y vino principalmente de oficiales del ejército expulsados, grupos políticos escindidos y facciones personalistas de los principales partidos. Sin embargo, una vez más una nueva generación de cubanos respondió al requerimiento y llenó el vacío político.

Los primeros desafíos al batistato fracasaron, y fracasaron sin causar gran sensación. Un complot desbaratado, la habitual detención de los conspiradores de café, el discreto retiro de los militares disidentes: nada de todo ello era propicio a exaltar la conciencia nacional o inspirar resistencia. También fracasó el ataque que en julio de 1953 lanzó Fidel Castro contra el cuartel de Moneada, en Santiago de Cuba, pero la dimensión de su fracaso fue lo que distinguió este ataque de sus malhadados predecesores: el plan era tan osado como espectacular fue su fracaso. Sirvió para lanzar a Castro a la rivalidad por el liderazgo de las fuerzas que se oponían a Batista y elevó la lucha armada a la categoría de medio principal de oposición a mediados de los años cincuenta.

Las tan esperadas elecciones de 1954 ofendieron a todos menos a los batistianos más cínicos. Los principales partidos políticos finalmente se negaron a participar y el principal candidato de la oposición se retiró. Sin que nadie se le opusiera y obteniendo una mayoría simple del 40 por 100 del electorado que votó, Batista conquistó un nuevo período en el poder. Después de 1954 las fuerzas políticas moderadas que habían contado con que las elecciones resolvieran las tensiones nacionales se encontraron aisladas y sin más opciones. En 1955 se hizo un último intento de negociar una solución política de la crisis, que cada vez era más honda, cuando los representantes de la oposición moderada sostuvieron una serie de entrevistas con Batista. El Diálogo Cívico, como llamarían a estas conversaciones, pretendió que el presidente prometiera que se celebrarían nuevas elecciones con garantías para todos los participantes. Batista se negó. El escenario quedó dispuesto para el enfrentamiento armado.

La primera respuesta no tardó en llegar. A finales de 1955 una serie de manifestaciones de estudiantes provocó choques armados con el ejército y la policía, y la represión subsiguiente persuadió a los líderes estudiantiles de la necesidad de organizar un movimiento revolucionario clandestino, el Directorio Revolucionario. Un año después, un grupo insurgente integrado por Auténticos se alzó en armas y atacó el cuartel del ejército de Goicuría, en Matanzas. En 1957, tras el fracaso de un intento de asesinato contra Batista, el Directorio Revolucionario recurrió también a la insurgencia rural y organizó un frente guerrillero en la provincia de Las Villas, el llamado II Frente Nacional del Escambray. No obstante, fue en las montañas de la Sierra Maestra, en la provincia de Oriente, donde se estaba decidiendo la suerte del régimen de Batista.

A los tres años del ataque contra el cuartel de Moneada, Fidel Castro ya había organizado en Santiago otro levantamiento, que estallaría al volver él de México a bordo del pequeño yate Granma, pero la revuelta del 30 de noviembre de 1956 fue aplastada mucho antes de que los tripulantes del Granma pisaran suelo cubano. Asimismo, avisadas de la llegada de los expedicionarios, las fuerzas gubernamentales arrollaron al grupo de desembarque en Alegría de Pío, en el sur de Oriente, y redujeron la fuerza, compuesta por unos ochenta hombres, a" una banda de dieciocho. Fracasado su espectacular intento de tomar el poder, privados de armas, municiones y provisiones, los supervivientes del Granma buscaron refugio en la cordillera del sureste.

Empezó entonces una guerra de guerrillas cuyo carácter se ajustaba al escenario geopolítico de la Sierra Maestra. Castro y sus hombres comenzaron las operaciones en una región periférica de la isla donde la presencia político-militar del gobierno que querían derribar consistía en poco más que puestos aislados de la Guardia Rural. Sin embargo, al hacer la guerra contra la Guardia Rural los rebeldes atacaban tanto la base de poder local del régimen de Batista como la expresión simbólica de la presencia de La Habana en la región de la Sierra Maestra. Durante decenios los comandantes de la Guardia Rural habían aterrorizado arbitrariamente a las comunidades rurales. Así pues, por modestas que pareciesen las victorias de los rebeldes en su lucha contra la policía rural, representaban una seria amenaza para la autoridad político-militar de La Habana en la provincia de Oriente.

Al grupo de supervivientes del Granma pronto se unieron habitantes de la Sierra Maestra y con esta fuerza ligeramente aumentada los insurgentes lanzaron sus primeras ofensivas. En enero de 1957 la fuerza rebelde ya era suficientemente numerosa como para vencer a la Guardia Rural del puesto de La Plata; en un segundo ataque, en mayo de 1957, los guerrilleros derrotaron a la Guardia Rural del puesto de El Uvero. Las noticias de las victorias de los insurgentes hacían que los cubanos fuesen conscientes de la lucha que se estaba librando en la Sierra Maestra y atrajeron nuevos reclutas al bando de la guerrilla. Las operaciones de los rebeldes también obligaron a las fuerzas del gobierno a abandonar la seguridad de las ciudades para perseguir a los insurgentes rurales. La arbitrariedad con que el gobierno llevaba las operaciones de la campaña sirvió para indisponerle todavía más con la población rural y facilitar apoyo complementario a la guerrilla.

Las victorias de los insurgentes obligaron al gobierno a admitir que había enclaves de territorio liberado en toda la provincia de Oriente. Durante todo el año 1957 y comienzos de 1958 el tamaño del ejército rebelde aumentó, a la vez que las operaciones de campaña se hacían más amplias. A mediados de 1958 una columna de cincuenta hombres bajo el mando de Raúl Castro había establecido el Segundo Frente en el noreste de Cuba, además de consolidar varias partidas rebeldes que actuaban en la región. Una columna compuesta por unos treinta y cinco hombres encabezadas por Juan Almeida abrió más adelante otro frente en la región cercana a Santiago de Cuba, y también logró consolidar y aumentar las fuerzas insurgentes. En abril de 1958, Camilo Cienfuegos dejó el baluarte de la Sierra con una pequeña patrulla de ocho o diez hombres. Otra columna actuaba al este del pico Turquino bajo el mando de Ernesto «Che» Guevara.

La expansión de la lucha en el campo fue acompañada de una creciente resistencia en las ciudades. Grupos clandestinos urbanos, entre los que destacaba el movimiento de Resistencia Cívica, coordinaron actos de sabotaje y terror en las principales ciudades de Cuba. A medida que aumentaba el número de secuestros y asesinatos, el régimen respondía con mayor ferocidad, lo que incrementaba su aislamiento.

La oposición antigubernamental no estaba limitada a grupos políticos de carácter civil. A mediados del decenio de 1950 había ya mucha disensión en el seno de las fuerzas armadas. La vuelta de Batista al poder había dado la señal para la transformación general del mando del ejército y viejos oficiales septembristas, muchos de los cuales se habían retirado durante el gobierno de los Auténticos, volvieron a ocupar puestos de mando. Las filiaciones políticas y el nepotismo determinaban los ascensos y los cargos a comienzos de los años cincuenta, y Batista virtualmente desmanteló el cuerpo profesional de oficiales. El retorno de los oficiales septembristas produjo la desmoralización generalizada entre los comandantes jóvenes que se enorgullecían de su preparación en la academia militar y se sentían agraviados por nombramientos que hacían mofa de los criterios profesionales y colocaban a los antiguos sargentos en puestos de mando.

En abril de 1956 la primera de una serie de conspiraciones del ejército sobresaltó al gobierno. En el complot, cuyo cabecilla era el coronel Ramón Barquín, estaban implicados más de doscientos oficiales, entre ellos los jefes más distinguidos del ejército. Durante la reorganización subsiguiente unos cuatro mil oficiales y soldados fueron expulsados, cambiados de destino y pasados a retiro. En septiembre de 1957 otra conspiración dio por resultado un motín en la base naval de Cienfuegos que era parte de un complot más ambicioso que comprendía las principales instalaciones navales de toda la isla. Aquel mismo año se descubrieron conspiraciones en las fuerzas aéreas, en el cuerpo de sanidad militar y en la policía nacional. Así pues, en las postrimerías de los años cincuenta Batista se enfrentaba tanto a la creciente oposición popular como a la resistencia armada con un ejército cada vez más inseguro políticamente y de poco fiar profesionalmente.

La crisis cubana de los años cincuenta era mucho más que un conflicto entre Batista y sus adversarios políticos. Sin duda muchos de los participantes en la lucha contra Batista definían el conflicto en términos principalmente políticos, una lucha en la cual los asuntos centrales giraban por completo en torno a la eliminación del inicuo Batista y la restauración de la Constitución de 1940. Pero el descontento durante el decenio se debió tanto a la frustración socioeconómica como a las demandas políticas. En los años cincuenta el azúcar había dejado de ser una fuente de crecimiento económico y no podía sostener el desarrollo económico continuado. Sin embargo, todos los sectores de la economía cubana seguían siendo vulnerables a los efectos de las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional del azúcar. El descenso de dichos precios entre 1952 y 1954 precipitó la primera de una serie de recesiones que la economía cubana padeció durante el decenio. Al mismo tiempo, los efectos del tratado de reciprocidad de 1934 se habían cobrado su tributo e impedido en Cuba el desarrollo industrial que fue característico de otros países latinoamericanos durante el período de posguerra. La poca industria local que existía tuvo que hacer frente a una fuerte competencia extranjera con escasa o nula protección arancelaria y había pocos incentivos para ampliar el sector manufacturero más allá de los bienes de consumo ligero, principalmente alimentos y textiles. Con la población cubana creciendo en un 2,5 por 100 anual y 50.000 hombres jóvenes alcanzando la edad de trabajar todos los años entre 1955 y 1958 en la industria únicamente se crearon 8.000 empleos nuevos.

Las pautas de inversión eran a un tiempo causa y efecto de estas condiciones. La inversión en la industria no estuvo a la altura de los ahorros nacionales disponibles. Al mismo tiempo, sumas considerables de capital se transferían al extranjero, principalmente bajo la forma de ganancias de las inversiones extranjeras en Cuba y por medio de inversiones cubanas fuera de la isla. Pocos cubanos invertían en títulos del Estado o en acciones a largo plazo, pues preferían la liquidez, principalmente en dinero a corto plazo colocado en bancos del extranjero o en cajas de caudales en el país. Las pocas inversiones a largo plazo que se hacían eran sobre todo en acciones estadounidenses. En 1955 la inversión en bienes raíces superaba los 150 millones de dólares, la mayor parte en el sur de Florida. En cambio, el capital estadounidense controlaba el 90 por 100 de los servicios de teléfonos y electricidad de Cuba, el 50 por 100 de los ferrocarriles y el 40 por 100 de la producción de azúcar. Las sucursales cubanas de bancos estadounidenses tenían el 25 por 100 de todos los depósitos bancarios. De hecho, la inversión directa estadounidense en Cuba, que había disminuido durante la depresión, aumentó ininterrumpidamente después de la segunda guerra mundial, alcanzando una cifra máxima de mil millones de dólares (386 millones en servicios, 270 millones en petróleo y minas, 265 millones en agricultura y 80 millones en manufacturas) en 1958.

No sólo descendió la parte de la renta neta correspondiente a los trabajadores durante los años cincuenta —por ejemplo, del 70,5 por 100 al 66,4 por 100 entre 1953 y 1954—, sino que, además, aumentaron el desempleo y el subempleo. En 1957, el mejor año de mediados de los cincuenta, el 17 por 100 de la población activa ya estaba clasificada generalmente como desempleada, a la vez que otro 13 por 100 había quedado reducido al subempleo. En la industria azucarera, una de las principales fuentes de empleo para los cubanos (se calcula que daba trabajo a 475.000 personas, aproximadamente el 25 por 100 de la población activa), alrededor del 60 por 100 de los trabajadores estaban empleados durante seis meses o menos, y sólo el 30 por 100 lo estaban durante más de diez meses. Por término medio, el trabajador de la industria del azúcar estaba empleado durante menos de cien días al año. Al aumentar el desempleo creció también la resistencia a las medidas destinadas a incrementar la productividad. Los trabajadores del azúcar se opusieron con éxito a que se mecanizaran la operación de cortar la caña y la carga a granel, los cigarreros consiguieron limitar la mecanización y los trabajadores portuarios opusieron feroz resistencia a ella. Durante los decenios de 1940 y 1950 sucesivas leyes laborales hicieron prácticamente imposible despedir a los trabajadores y la seguridad del empleo se convirtió en un asunto de la mayor importancia. Uno de los resultados de todo esto fue reducir aún más la capacidad de las exportaciones cubanas para competir con éxito en los mercados internacionales.

Dentro de la población activa cubana existían distinciones significativas. Típicamente, los trabajadores agrícolas ganaban menos de 80 pesos mensuales, cifra sensiblemente inferior al salario industrial medio, que era de unos 120 pesos mensuales más pensiones y otras prestaciones sociales complementarias, en particular si un trabajador era empleado de una compañía importante o pertenecía a una organización sindical fuerte. Asimismo, la Cuba rural disfrutaba de pocas de las comodidades y servicios que habían llegado a caracterizar la vida en las ciudades de la isla. Al contrario, el tercio de la población que vivía en el campo se hallaba sumido en la mayor pobreza y era víctima de un olvido persistente. Sólo el 15 por 100 de la población rural tenía agua corriente, mientras que la cifra era del 80 por 100 en el caso de la población urbana. Sólo el 9 por 100 de los hogares rurales gozaban de electricidad, frente al 83 por 100 de la población urbana.

Los médicos y los dentistas, así como los hospitales y las clínicas, tendían a concentrarse en las ciudades, a la vez que una combinación de pobreza y aislamiento virtualmente negaba al campo toda posibilidad de acceder a los servicios educativos. El índice nacional del 20 por 100 de analfabetismo ocultaba el hecho de que en el campo la cifra era del 40 por 100 y en la provincia de Oriente superaba el 50 por 100. El campesinado vivía al margen de la sociedad y fuera del cuerpo político. Y no era probable que estas condiciones fuesen a cambiar pronto. Los latifundios abarcaban zonas inmensas de la Cuba rural. Veintidós grandes compañías azucareras explotaban un quinto de la tierra cultivable, gran parte de la cual se reservaba para el futuro auge periódico que los plantadores esperaban con tanta impaciencia. Los ranchos ganaderos también ocupaban zonas inmensas, de las cuales quedaba excluido gran número de campesinos ya fuera como trabajadores o como propietarios.

A mediados del decenio de 1950 hasta la clase media urbana de Cuba se sentía sumida en una crisis. Desde luego, Cuba disfrutaba de una de las rentas per cápita más altas de América Latina (374 dólares) y en 1957 se clasificó en segundo lugar detrás de Venezuela (857 dólares). Sólo México y Brasil superaban a Cuba en el número de radios y televisores por mil habitantes. El país ocupaba el primer lugar en teléfonos, periódicos y vehículos a motor para pasajeros. El promedio de consumo diario de alimentos únicamente lo superaban Argentina y Uruguay. El consumo de importaciones extranjeras, principalmente productos estadounidenses, aumentó de 515 millones de dólares en 1950 a 649 millones en 1956 y 777 millones en 1958. Sin embargo, los cubanos de clase media poco consuelo personal encontraban en las estadísticas que pregonaban su elevado nivel de consumo material y situaban a la isla cerca del punto más alto de la escala latinoamericana de rentas per cápita. El punto de referencia de Cuba era Estados Unidos y no América Latina. Los cubanos participaban directamente en el sistema económico estadounidense y dependían por completo de él; más o menos en la misma medida que los ciudadanos de dicho país, pero sin tener acceso a los programas de servicios sociales estadounidenses y con unos niveles de empleos y salarios muy inferiores a los de Estados Unidos. Los 374 dólares de la renta per cápita cubana perdían importancia al compararlos con los 2.000 de Estados Unidos, o incluso los 1.000 de Mississippi, el más pobre de los estados de la Unión. (Y en 1956 La Habana se contaba entre las ciudades más caras del mundo, en el cuarto lugar después de Caracas, Ankara y Manila). Esta disparidad era causa de muchas frustraciones, en particular porque los cubanos de clase media se daban cuenta de que su nivel de vida quedaba rezagado frente al aumento del nivel de la renta en Estados Unidos. De hecho, la renta per cápita en Cuba descendió en el 18 por 100, por ejemplo, durante la recesión de 1952-1954, neutralizando los lentos avances que se había conseguido durante los primeros tiempos de la posguerra. En 1958 la renta per cápita cubana se hallaba más o menos en el mismo nivel que en 1947. Al finalizar el decenio de 1950, los cubanos de clase media, que al principio habían estado dispuestos a apoyar a Batista, en muchos sentidos ya estaban peor que en los años veinte.

La permanencia de Batista en el poder complicaba la crisis, que iba en aumento, toda vez que creaba unas condiciones políticas que impedían la reanudación del crecimiento económico. Como más adelante concluiría la Comisión Internacional de Juristas, «la falta de honradez administrativa y la ilegalidad política» eran en 1958 los obstáculos más importantes para el desarrollo económico[10]. La inestabilidad y los conflictos políticos hacían estragos en la economía. Después del breve auge registrado entre 1955 y 1957 el turismo volvía a decaer y los insurgentes impedían que los productos lácteos, las verduras y la carne llegaran del campo a las ciudades. La escasez provocaba una fuerte subida de los precios de los productos de primera necesidad, al mismo tiempo que los sabotajes y la destrucción de propiedades contribuían también a la confusión económica. La producción de azúcar disminuyó. De hecho, en 1958 la insurgencia había alcanzado ya su etapa más avanzada en las tres provincias orientales que representaban más del 80 por 100 del total de tierra dedicada a la producción de azúcar y más del 75 por 100 de la cosecha anual. La escasez de gasolina y petróleo causaron la paralización de los ferrocarriles, el transporte por carretera y los ingenios de azúcar. En 1958 el Movimiento 26 de Julio comenzó una guerra contra la propiedad y la producción a lo ancho y largo de la isla con el fin de aislar a Batista del apoyo que le prestaban las élites económicas, tanto extranjeras como nacionales. El mensaje era claro: la normalidad no volvería hasta que Batista se marchara. En febrero los líderes de la guerrilla anunciaron su intención de atacar los ingenios de azúcar, las fábricas de tabaco, las empresas de servicios públicos, los ferrocarriles y las refinerías de petróleo. La destrucción de la cosecha de azúcar en particular pasó a ser el objetivo principal de la estrategia insurgente. «O Batista sin la zafra o la zafra sin Batista», decían una y otra vez los del 26 de Julio. En marzo el mando del ejército rebelde dijo que había provocado incendios en todas las provincias productoras de azúcar y, según sus cálculos, había destruido 2 millones de toneladas de azúcar. Ya en septiembre de 1957, el corresponsal del New York Times residente en La Habana envió un cable diciendo que el comercio, la industria y el capital, «que han apoyado de todo corazón al presidente Batista desde que se hizo cargo del gobierno en 1952, se están impacientando ante la violencia continua en la isla»[11]. En 1958, esta impaciencia se había transformado en exasperación.

Cuba estuvo al borde de la revolución durante la mayor parte de 1958. En julio representantes de los principales grupos de la oposición se reunieron en Caracas para organizar un frente unido y formular una estrategia común contra Batista. El Pacto de Caracas nombró a Fidel Castro líder principal del movimiento contra Batista y al ejército rebelde, brazo principal de la revolución. Mientras la conferencia de Caracas celebraba sus sesiones, Batista lanzó su ofensiva más formidable contra los guerrilleros de la Sierra Maestra. Todas las ramas de las fuerzas armadas participaron en la ofensiva, durante la cual se calcula que 12.000 soldados marcharon hacia la Sierra Maestra. Escuadrillas de las fuerzas aéreas bombardearon y ametrallaron las regiones que se sospechaba que estaban en poder de los rebeldes, al mismo tiempo que las unidades navales se situaban ante la costa y bombardeaban la cordillera del sureste. Pero la ofensiva del gobierno fracasó a finales del verano y ello fue el principio de la desintegración de las fuerzas armadas cubanas. El ejército sencillamente dejó de combatir porque las deserciones y las defecciones alcanzaron proporciones de epidemia. Las unidades del ejército en retirada eran presa fácil de las columnas de guerrilleros que avanzaban. La desmoralización se transformó en miedo y finalmente, en pánico.

La guerrilla lanzó su contraofensiva en las postrimerías del verano. A las pocas semanas las fuerzas gubernamentales en la mitad oriental de la isla se vieron engullidas por la oleada de la oposición armada, aisladas, sin poder recibir socorro ni refuerzos, a medida que poblaciones y ciudades provinciales iban cayendo en poder de las columnas de guerrilleros. Los comandantes militares de las localidades se rendían, a menudo sin disparar un solo tiro. Las tropas leales intentaban desesperadamente volver al oeste antes de que la corriente revolucionaria avanzara inexorablemente hacia La Habana desde el este.

Dos cosas eran ya evidentes: el régimen de Batista estaba condenado, y el movimiento 26 de Julio capitaneado por Fidel Castro había impuesto su clara hegemonía al resto de las facciones revolucionarias. Durante el verano, cuando faltaban sólo unos meses para la caída del régimen, el comunista PSP, declarado fuera de la ley durante el segundo gobierno Batista, se había aliado con el Movimiento 26 de Julio. Esta conversión al castrismo significó la obtención para el partido de varios puestos claves dentro del Movimiento, muy especialmente dentro de las columnas del ejército rebelde que mandaban Raúl Castro y Ernesto «Che» Guevara, puestos que más adelante servirían de base para la expansión de la autoridad del PSP en la Cuba posrevolucionaria.

En 1958 Batista había adquirido un adversario más: el gobierno de Estados Unidos. El año comenzó con malos auspicios para el gobierno cubano cuando, en marzo, Washington impuso un embargo de armas, medida que equivalía a la retirada de su apoyo. La suspensión de los envíos de armamento contribuyó a debilitar el dominio que Batista ejercía sobre sus partidarios, tanto civiles como militares, especialmente porque se declaró en vísperas de la ofensiva de primavera del gobierno. Durante la mayor parte de los años cincuenta Batista había conservado la fidelidad del ejército a fuerza de asegurarle que gozaba del apoyo sin reservas de Washington. Después de marzo de 1958, el mando del ejército ya no estuvo seguro de que así fuera. Según Earl E. T. Smith, embajador de Estados Unidos, las insinuaciones de que Washington ya no respaldaba a Batista surtieron «un efecto psicológico devastador» en el ejército y fueron «la medida más eficaz que tomó el Departamento de Estado para provocar la caída de Batista»[12].

El año 1958 era también año de elecciones, lo cual proporcionó a Batista la oportunidad de demostrar a Washington que los procesos democráticos todavía podían funcionar, a pesar de la guerra civil. Pero el triunfo de Andrés Rivero Agüero, el candidato del gobierno, sorprendió a pocos y el fraude electoral debilitó todavía más la posición de Batista, así en el país como en el extranjero. La victoria del candidato oficial desilusionó a los pocos que todavía albergaban la esperanza de que se encontrara una solución política para poner fin a la insurrección armada. Descorazonados por la perspectiva de un traspaso del poder ejecutivo, oficiales del ejército que eran personalmente leales a Batista perdieron su entusiasmo por defender a un líder que los comicios ya habían sustituido.

Washington rechazó rotundamente la sucesión presidencial amañada y anunció por adelantado que no reconocería diplomáticamente a Rivero Agüero, lo cual mermó el apoyo político y militar al régimen.

De hecho, Washington ya había decidido que Batista debía abandonar el poder. La crisis de 1958 se parecía a la de 1933 en que la presidencia de un líder impopular amenazaba con sumir la isla en la confusión política y provocar un cataclismo social. Una vez más Washington quería eliminar la fuente de las tensiones cubanas para quitarle peligrosidad a la situación revolucionaria. A principios de diciembre el Departamento de Estado envió al financiero William D. Pawley a La Habana para que cumpliera una misión secreta. Pawley recordaría más adelante que Estados Unidos había instado a Batista a «capitular ante un gobierno de transición que le era hostil a él, pero que era satisfactorio para nosotros, y al que podríamos reconocer inmediatamente, además de prestarle ayuda militar con el fin de que Fidel Castro no accediera al poder». El 9 de diciembre Pawley mantuvo una entrevista de tres horas con Batista, a quien ofreció la oportunidad de retirarse sin ser molestado a Florida con su familia. El enviado estadounidense hizo saber al presidente que Estados Unidos «harían un esfuerzo por impedir que Fidel Castro subiera al poder como comunista, pero que el gobierno de transición lo integrarían hombres que eran enemigos suyos, pues de lo contrario no daría buen resultado, y Fidel Castro tendría que deponer las armas o reconocer que era un revolucionario que luchaba contra todo el mundo sólo porque quería el poder, no porque estuviera contra Batista»[13]. Batista se negó.

Mientras Estados Unidos procuraba persuadir a Batista de que dejara el cargo, el movimiento revolucionario había decidido la suerte del régimen. El fracaso de la ofensiva del gobierno y el triunfo de la contraofensiva de la guerrilla surtieron un efecto galvanizador en los cubanos y provocaron levantamientos espontáneos en toda la isla. La retirada del ejército dejó grandes cantidades de armas y pertrechos en poder de los civiles, incluyendo artillería, tanques y armas cortas de todo tipo. Durante las postreras semanas de 1958 aumentaron rápidamente las filas de la resistencia urbana y también las de las columnas de guerrilleros. En diciembre de 1958 el mando del ejército batistiano en Santiago comunicó que 90 por 100 de la población apoyaba a la guerrilla. Más o menos en aquel mismo momento los levantamientos espontáneos en Camagüey vencieron a los destacamentos militares que allí había. En la decisiva batalla de Santa Clara la columna de Guevara recibió ayuda decisiva de la población del lugar. En el momento de empezar la ofensiva veraniega del gobierno la guerrilla contaba con unos 5.000 hombres, entre oficiales y soldados. En enero de 1959 los efectivos del ejército rebelde ya se cifraban en 50.000 hombres.

La posibilidad de prescindir de Batista fue la señal para que comenzaran las intrigas militares. El ejército que dejara de combatir en el campo se había convertido en el centro de las intrigas políticas en las ciudades. En diciembre se estaban tramando no menos de media docena de conspiraciones en las fuerzas armadas. Durante las primeras horas del 1 de enero de 1959, mientras las columnas de guerrilleros cruzaban las llanuras del centro de Cuba, el general Eulogio Cantillo se hizo con el poder y nombró presidente provisional a Carlos Piedra, juez del Tribunal Supremo. El Movimiento 26 de Julio rechazó el golpe de Estado y exigió la rendición incondicional al ejército rebelde. Prometiendo continuar la lucha armada, Fidel Castro pidió que se declarase una huelga general en toda la nación.

Al difundirse la noticia de la huida de Batista, las unidades del ejército en toda la isla sencillamente dejaron de ofrecer resistencia a los avances rebeldes. Cantillo se quejó a la embajada de Estados Unidos de haber heredado el mando de un «ejército muerto». En un intento de reanimar la lucha contra el enemigo. Cantillo convocó a su presencia al coronel Ramón Barquín, que estaba encarcelado, y le entregó el mando del ejército. Barquín ordenó un alto el fuego inmediato, saludó al insurgente «Ejército de Liberación» y entregó el mando del campamento de Columbia y la fortaleza militar de La Cabaña a Ernesto «Che» Guevara y Camilo Cienfuegos. Una semana después Fidel Castro llegó a La Habana.

Capítulo 4
CUBA, 1959-c. 1990

Fulgencio Batista había sido la figura dominante en los asuntos nacionales de Cuba durante un cuarto de siglo. Directa o indirectamente, había gobernado el país desde el golpe militar del 4 de septiembre de 1933, exceptuando una interrupción, de 1944 a 1952, durante la cual habían gobernado los Auténticos. Batista había parecido seguro de sí mismo y poderoso hasta las postreras semanas de su última presidencia. Pero, de pronto, Batista se fue. Abandonó la isla en la víspera de Año Nuevo de 1958, llevándose buena parte de los altos funcionarios de su gobierno. Y entonces entró en La Habana un líder nuevo, joven y barbudo, que durante dos años había dirigido una guerra de guerrillas en la Cuba oriental, extendiendo gradualmente la influencia de sus fuerzas hacia las provincias occidentales, asumiendo poco a poco el liderazgo de la resistencia urbana y rural al régimen de Batista. Audaz en su campaña militar y efectivo por sus habilidades políticas, persuasivo e imponente al hablar en público, Fidel Castro se había convertido en el líder del futuro. De forma un tanto inesperada, el poder había pasado a manos de una nueva generación de cubanos.

En enero de 1959 el antiguo régimen se derrumbó y una revolución subió al poder. Las antiguas reglas del juego ya no eran válidas y las fuerzas armadas, las mismas que durante tanto tiempo habían dado forma a la vida de la Cuba independiente, se habían desintegrado. El ejército rebelde se erigió en defensor del nuevo Estado revolucionario, desplazando a los partidos que habían estructurado la vida política en decenios anteriores. Sólo quedaba intacto el partido comunista (el Partido Socialista Popular o PSP), prohibido por Batista en los años cincuenta pero restaurado en 1959. La caída del antiguo régimen significó la necesidad de crear nuevas normas, reglas e instituciones que sustituyeran a las que se habían derrumbado o habían sido derrocadas. Durante los treinta años siguientes la historia de Cuba atendió las necesidades de la creatividad revolucionaria, al compromiso persistente con la creación de orden partiendo de la revolución, la necesidad de defender una fe revolucionaria en la tarea de convertir ese nuevo orden en una realidad.

LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER REVOLUCIONARIO, 1959-1962

Cuba siempre se ha visto azotada por los vientos de los asuntos internacionales. Situada geográficamente en el corazón del Mediterráneo americano, a lo largo de los siglos la han codiciado las principales potencias. Con el fin de los cuatrocientos años de dominación colonial española y la instauración de la primacía de Estados Unidos en 1898, el vínculo de Cuba con este país pasó a ser el foco virtualmente exclusivo de las relaciones internacionales de Cuba durante la primera mitad del siglo XX.

En 1959 el gobierno estadounidense observó con preocupación los asuntos de un país que, de forma poco característica, parecía encontrarse fuera de su control. Cuba tenía importancia para Estados Unidos debido tanto a su situación estratégica como a su envergadura económica. Estados Unidos utilizaba una base naval en Guantánamo al amparo de las cláusulas de un tratado de 1903 que reconocía la soberanía nominal de Cuba pero que le garantizaba el derecho a hacer uso de la base durante todo el tiempo que Washington lo deseara. A pesar de posteriores protestas cubanas, Estados Unidos conservaba la base. Si bien hacía varios decenios que no había en Cuba fuerzas militares estadounidenses, exceptuando las de Guantánamo, y aunque los funcionarios del gobierno de Estados Unidos habían interpretado un papel reducido en la política interna de Cuba, en los años cincuenta el embajador de Estados Unidos continuó siendo la segunda de las figuras políticas más importantes del país, después del presidente de la república. En 1959 el valor de las inversiones estadounidenses en Cuba —en azúcar, minas, empresas de servicios públicos, la banca y las manufacturas— superó las efectuadas por Estados Unidos en todos los demás países latinoamericanos excepto Venezuela. Estados Unidos también recibía alrededor de dos tercios de las exportaciones cubanas y suministraba aproximadamente las tres cuartas partes de sus importaciones. (Y el comercio exterior representaba más o menos dos tercios del ingreso nacional estimado de Cuba).

Fidel Castro, el Movimiento 26 de Julio dirigido por él y otras fuerzas que habían participado en la guerra revolucionaria pretendían afirmar el nacionalismo cubano. En los símbolos que se utilizaban y las historias que se evocaban, en los problemas que se diagnosticaban y las soluciones que se proponían, en todo ello se hacía mucho hincapié en la necesidad de capacitar a los cubanos para que se hicieran cargo de su historia. Sin embargo, durante la guerra revolucionaria sólo se dirigieron críticas limitadas a la política del gobierno de Estados Unidos y a las actividades que las empresas de la misma nacionalidad desarrollaban en Cuba. Castro había criticado acerbamente la modesta ayuda militar que Estados Unidos prestara al principio al gobierno Batista bajo la forma de acuerdos militares entre los dos países, pero luego esta ayuda se interrumpió. Castro también había hablado de la expropiación de las compañías de servicios públicos cuyos dueños eran estadounidenses. Sin embargo, durante las últimas fases de la guerra de guerrillas Castro, por razones tácticas, pareció desdecirse de toda propuesta de expropiación.

Durante los primeros meses de la revolución tres fueron los temas principales en las relaciones cubano-estadounidenses. En primer lugar, había desconfianza y enojo a causa de las críticas que los acontecimientos en Cuba recibían de los estadounidenses. El gobierno cubano procesó a muchos que habían servido al gobierno Batista y sus fuerzas armadas; la mayoría de estos prisioneros fueron declarados culpables y muchos de ellos fueron ejecutados. Los procesos fueron muy criticados, tanto en Cuba como en Estados Unidos, porque se respetaron pocas de las garantías procesales que amparaban los derechos de los acusados y también por la severidad de numerosas sentencias. Esto ofendió a Fidel Castro y a otros líderes del gobierno cubano y les empujó a denunciar a quienes les criticaban en los medios de comunicación estadounidenses (especialmente en los servicios radiofónicos) y en el Congreso de Estados Unidos. El principio de las malas relaciones entre Cuba y Estados Unidos a partir de enero de 1959 fue consecuencia de este choque entre los valores de la justicia y el castigo que tenían los revolucionarios y los valores de equidad y moderación que una sociedad liberal aplicaba incluso a sus enemigos.

El segundo factor importante fue el efecto que al principio surtió la revolución de las empresas estadounidenses que trabajaban en Cuba. La frecuencia de las huelgas aumentó de forma acentuada en 1959 porque los trabajadores aprovechaban la situación política, que les era más favorable, para presentar reivindicaciones a los patronos. Las empresas de propiedad extranjera resultaron afectadas por estas huelgas y en algunos casos se planteó su posible expropiación. Por ejemplo, una huelga en la refinería de petróleo de la Royal Dutch Shell planteó el asunto de la expropiación de propiedades británicas con la autorización de una ley que los rebeldes habían promulgado para desquitarse de las ventas militares británicas al gobierno de Batista. Fidel Castro obtuvo concesiones generosas de la Shell a cambio de renunciar a la expropiación en ese momento[1]. Presiones parecidas desde abajo afectaron a la revolución en el campo. La ley de reforma agraria (promulgada en mayo de 1959), moderada en muchos aspectos, era también marcadamente nacionalista. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) se mostraba más dispuesto a intervenir en conflictos entre trabajadores y gerentes cuando las explotaciones agrícolas eran de propiedad extranjera, y a suspender la aplicación rigurosa de la ley en estos casos con el fin de expropiar la tierra de propiedad extranjera. Estos conflictos agrarios de carácter local deterioraron las relaciones de Estados Unidos con Cuba.

El tercer rasgo de este período fue el cambio de las actitudes cubanas ante las nuevas inversiones privadas extranjeras y ante la ayuda oficial extranjera. El 18 de febrero de 1959 Fidel Castro, el primer ministro, dio públicamente la bienvenida al capital extranjero y el 20 de marzo del mismo año reconoció la magnitud de la ayuda potencial. El 2 de abril de 1959 el primer ministro anunció que en su próximo viaje a Estados Unidos le acompañarían el presidente del Banco Nacional y los ministros de Hacienda y de Economía, los cuales pedirían fondos para Cuba. Este viaje a Estados Unidos en abril de 1959 se convirtió en el plazo límite para tomar una serie de decisiones que los revolucionarios, agobiados por el exceso de trabajo, habían aplazado hasta entonces. ¿El nuevo gobierno de Cuba quería una relación estrecha con Estados Unidos? ¿Estaba la revolución decidida a que Cuba fuese un país abierto y provechoso para las empresas multinacionales? ¿Podrían sus líderes llevar a cabo una revolución auténtica y radical con el apoyo de la United Fruit Company, la Coca-Cola, el Chase Manhattan Bank o la Standard Oil? ¿Aceptaría Fidel Castro la austeridad económica que predicaba el Fondo Monetario Internacional (FMI), abrazaría a Richard Nixon, vicepresidente de Estados Unidos, y proclamaría la amistad entre Estados Unidos y Cuba ante las puertas de la base naval de Guantánamo? Durante el viaje a Estados Unidos Castro dijo a su gabinete económico que no debían pedir ayuda extranjera a altos funcionarios del gobierno estadounidense, el Banco Mundial, o el FMI, con los cuales quizá hablarían durante la visita. Por consiguiente, el propósito del viaje ya no era obtener ayuda para el desarrollo capitalista, sino ganar tiempo para efectuar transformaciones de gran alcance cuya forma específica seguía siendo incierta. No hay constancia de que Estados Unidos o las citadas instituciones financieras internacionales negaran a Cuba la ayuda que su gobierno había solicitado. De hecho, Cuba no les pidió ayuda. De haberse solicitado y concedido tal ayuda, el porvenir de Cuba hubiese quedado estrechamente ligado a la economía capitalista mundial y a Estados Unidos debido a las condiciones que semejante ayuda solía llevar aparejadas en el decenio de 1950. Así pues, un reducido número de líderes revolucionarios llegó a la conclusión, adelantándose mucho al resto de la ciudadanía, de que era imposible llevar a término una revolución en Cuba sin un grave enfrentamiento con Estados Unidos. Una revolución requeriría que se cumplieran las promesas de efectuar extensas reformas agrarias y probablemente una nueva y trascendental intervención del Estado en las empresas de servicios públicos, la minería, la industria azucarera y tal vez en otros sectores industriales. Dada la importancia de las inversiones estadounidenses en tales sectores, así como la hostilidad que el estatismo despertaba en los estadounidenses, la revolución en el país entrañaría inevitablemente un enfrentamiento en el exterior. Después de aprobarse la ley de reforma agraria se produjo, en junio de 1959, la primera crisis importante del gabinete, cuyo resultado fue la salida de los moderados. El día 11 de junio, Philip Bonsal, embajador de Estados Unidos, presentó una protesta oficial de su gobierno, que se quejaba de irregularidades y abusos que empresas de su país habían sufrido al tomarse las primeras medidas para poner en práctica la ley de reforma agraria. El jefe de las fuerzas aéreas, Pedro Luis Díaz Lanz, dejó su puesto a finales de junio y huyó a Estados Unidos, acusando a los comunistas de infiltrarse en el gobierno. El presidente, Manuel Urrutia, fue obligado a renunciar en julio y con ello quedó bien claro que el primer ministro, Castro, era el líder indiscutible de Cuba. La cuestión del comunismo también era un problema para Urrutia, que había defendido enérgicamente al gobierno de las acusaciones de comunismo al mismo tiempo que acusaba a los comunistas de tratar de subvertir la revolución. Urrutia fue sustituido por Osvaldo Dorticós (que sería presidente hasta 1976). La cuestión del comunismo también era importante para los vínculos que poco a poco iban forjándose con la Unión Soviética. Los primeros contactos oficiales con la Unión Soviética los hizo en El Cairo, en junio de 1959, Ernesto «Che» Guevara, aunque en aquellos momentos el comercio soviético-cubano era tan insignificante como antes de la revolución. Las relaciones con Moscú experimentaron un cambio cualitativo a partir de octubre de 1959. Y Anastas Mikoyan, viceprimer ministro soviético, visitó Cuba en febrero de 1960 para firmar el primer acuerdo económico bilateral de importancia entre los dos países y fomentar otras relaciones.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba siguieron empeorando durante la segunda mitad de 1959. Fueron frecuentes e intensas las disputas en torno a la influencia comunista en el gobierno. La visión que Washington tenía del gobierno cubano se agrió al agudizar Castro el tono injurioso de sus comentarios sobre Estados Unidos. A comienzos de marzo de 1960 un barco belga, el La Coubre, cargado con armas y municiones para el gobierno cubano, hizo explosión en el puerto de La Habana. El primer ministro. Castro, acusó al gobierno estadounidense de sabotaje. En público, el gobierno de Washington protestó. En privado, el 17 de marzo de 1960 el presidente Dwight Eisenhower autorizó a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) para que organizara la preparación de exiliados cubanos con vistas a una futura invasión de Cuba.

El empeoramiento de las relaciones entre los dos países se aceleró en la primavera y el verano de 1960. A finales de junio el gobierno cubano solicitó a las refinerías de petróleo de propiedad extranjera que refinaran el crudo que había comprado a la Unión Soviética. Las compañías se negaron y fueron expropiadas. Al mismo tiempo, en el Congreso de Estados Unidos se debatía una ley sobre el azúcar en la que se habían hecho nuevas enmiendas. Una cláusula del proyecto de ley autorizaba al presidente a cortar la cuota azucarera cubana; el proyecto fue aprobado el 3 de julio. El día 5 del mismo mes el consejo de ministros cubano autorizó la expropiación de todas las propiedades estadounidenses en Cuba. El día 6, el presidente Eisenhower canceló la cuota azucarera de Cuba. El 15 del mismo mes el recién fundado Banco para el Comercio Exterior se convirtió en el único organismo cubano autorizado para el comercio en el extranjero. El 7 de agosto se llevó a cabo la expropiación de todas las grandes empresas industriales y agrarias pertenecientes a estadounidenses, y el 17 de septiembre se confiscaron todos los bancos estadounidenses. El 19 de octubre, el gobierno de Estados Unidos prohibió las exportaciones a Cuba, exceptuando los alimentos y los medicamentos que no estuvieran subvencionados. El 24 del mismo mes Cuba expropió todas las empresas estadounidenses de comercio al por mayor y al por menor, así como las pequeñas empresas industriales y agrarias, también norteamericanas, que aún no habían sido expropiadas. Estados Unidos retiró al embajador Philip Bonsal el día 29 de octubre. Las relaciones diplomáticas entre los dos países se rompieron final y oficialmente durante los últimos días del gobierno de Eisenhower, en enero de 1961.

En cambio, las relaciones cubano-soviéticas mejoraron visiblemente durante este período. El 9 de julio de 1960 el primer ministro, Nikita Jruschov, declaró que los misiles soviéticos estaban dispuestos para defender a Cuba «en sentido figurado». El primer acuerdo militar oficial entre los dos países se firmó pocas semanas después de que la Unión Soviética prometiera que usaría todos los medios a su disposición para impedir una intervención armada de Estados Unidos contra Cuba[2]. Como era previsible, esta creciente colaboración militar entre Cuba y la Unión Soviética intensificó la hostilidad del gobierno de Estados Unidos para con La Habana.

Los rápidos y espectaculares cambios que experimentaron las relaciones entre Estados Unidos y Cuba corrieron parejas con la reorganización de los asuntos internos de Cuba, tanto políticos como económicos, una de cuyas consecuencias fue la emigración en masa a Estados Unidos. Washington favoreció esta emigración por medio de programas especiales con el propósito de desacreditar al gobierno cubano. De 1960 a 1962 la emigración neta de Cuba se cifró en unas 200.000 personas, lo que representaba una media sin precedentes de más de 60.000 personas por año. La mayoría de los emigrantes pertenecían a la élite económica y social, y, típicamente, los varones adultos eran profesionales, directivos y ejecutivos, aunque también había muchos trabajadores administrativos. En cambio, los obreros especializados, semiespecializados y sin especialización estaban poco representados en relación con su importancia en la población económicamente activa, a la vez que la Cuba rural se encontraba virtualmente ausente de la emigración. Esta emigración urbana de clase media y alta fue también mayoritariamente de raza blanca. En lo sucesivo, una parte de la historia del pueblo cubano tendría por marco Estados Unidos. En parte porque pudieron aplicar sus habilidades a nuevos puestos de trabajo, la primera oleada de emigrantes experimentaría un relativo éxito económico y social a lo largo de los siguientes treinta años. En el aspecto político, constituirían una poderosa fuerza anticomunista que a menudo discrepaba mucho de las opiniones políticas que predominaban entre otras comunidades hispanohablantes de Estados Unidos.

A finales de 1960 y principios de 1961 los aspirantes a ser cubano-norteamericanos todavía eran simplemente cubanos, exiliados de su patria y con la intención de regresar a ella. Cuando los gobiernos estadounidense y cubano llegaron a las manos durante la segunda mitad de 1960, aumentó el interés de Washington por ayudar a los exiliados a derrocar al gobierno de Castro. Sin embargo, los exiliados estaban profundamente divididos. Los que en otro tiempo habían estado cerca del gobierno de Batista veían con repugnancia a los que habían colaborado con Fidel Castro durante la rebelión o en los primeros meses de su gobierno, aunque luego rompieran con Castro por cuestiones relacionadas con el comunismo y otras cosas; la antipatía era plenamente recíproca. ¿Necesitaba Cuba una restauración o una transformación no comunista? Había numerosos matices de opinión en los dos lados de esta división fundamental y los conflictos de personalidad contribuían a complicar aún más las relaciones. El gobierno estadounidense requería un liderazgo unificado de los exiliados cubanos para que los esfuerzos por derrocar al gobierno de Castro con una intervención mínima de Estados Unidos lograran su propósito.

El 22 de marzo de 1961 varios líderes clave de los exiliados acordaron formar el Consejo Revolucionario Cubano presidido por José Miró Cardona, que había sido el primer ministro del gobierno revolucionario cubano en enero y febrero de 1959. Entre los miembros del Consejo destacaban Antonio («Tony») Varona, ex primer ministro (y adversario de Batista), así como Manuel Ray, ex ministro de Obras Públicas de Castro. Manuel Artime, ex teniente del ejército rebelde, sería el jefe político de la fuerza de invasión y José Pérez San Román, el jefe militar. Al derrocar el régimen revolucionario, el Consejo se convertiría en gobierno provisional de Cuba bajo la presidencia de Miró Cardona. La Brigada 2506 de los exiliados terminó su preparación en Nicaragua y Guatemala.

El gobierno de John F. Kennedy heredó este plan de invasión al subir al poder el 20 de enero de 1961. Los que ejercían presiones a favor de la invasión usaban la analogía del apoyo secreto de Estados Unidos al derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954: eficaz, poco costoso para Estados Unidos y sin participación directa de tropas estadounidenses. Los partidarios de la invasión argüían que ésta debía tener lugar pronto, antes de que el gobierno de Castro recibiera de la Unión Soviética armas suficientes para derrotar a los atacantes. El día 3 de abril el gobierno de Estados Unidos publicó un «libro blanco» acusando a Castro y a sus partidarios más allegados de traicionar lo que había sido una revolución auténtica. En opinión del gobierno estadounidense, Cuba necesitaba una transformación que no fuera comunista. El presidente Kennedy accedió a que la fuerza invasora preparada por la CIA siguiera adelante con sus planes, siempre y cuando no se utilizaran fuerzas estadounidenses.

En la mañana del 15 de abril aviones pilotados por exiliados cubanos bombardearon varios campos de aviación en Cuba, sembrando el pánico pero causando pocos daños. La policía respondió encarcelando a decenas de miles de sospechosos de disidencia. Durante la mañana del lunes 17 de abril de 1961 la Brigada 2506 desembarcó en Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, en la parte sur del centro de Cuba. El gobierno cubano movilizó tanto a sus fuerzas armadas regulares como a la milicia. Capitaneadas por Castro en persona, derrotaron a la fuerza invasora antes de que hubieran transcurrido cuarenta y ocho horas e hicieron 1.180 prisioneros. Estos fueron retenidos para ser procesados e interrogados por Castro y otros ante las cámaras de la televisión nacional de Cuba; más adelante, a finales de 1962, serían puestos en libertad a cambio de medicinas y otros artículos suministrados por Estados Unidos. Mientras empezaban las recriminaciones en el seno del gobierno de Kennedy y los grupos de exiliados tras el fracaso de la invasión, Castro anunció triunfalmente que la de Cuba era una revolución socialista consolidada y capaz de derrotar a sus enemigos dentro del país, así como a la superpotencia situada al norte de la isla.

Si la puesta en práctica de una revolución radical en Cuba requirió una ruptura con Estados Unidos, la defensa de una revolución radical ante el ataque de ese país exigía apoyo de la Unión Soviética. El 2 de diciembre de 1961 Fidel Castro proclamó su condición de marxista-leninista y añadió que lo sería hasta la muerte. En julio de 1962 Raúl Castro, el ministro de las fuerzas armadas, viajó a Moscú en busca de más respaldo militar soviético. Por parte soviética, la posibilidad de instalar misiles estratégicos en Cuba parecía una brillante jugada política y militar. Una base estratégica soviética en Cuba correría parejas con las bases de Estados Unidos que rodeaban a la URSS, y mejoraría el tiempo de reacción y la precisión de un ataque nuclear soviético contra Estados Unidos. Los misiles «figurados» de julio de 1960 se convirtieron en los misiles reales de octubre de 1962. La URSS acabaría instalando en Cuba cuarenta y dos misiles balísticos de alcance medio, y cuando los servicios de espionaje estadounidenses reunieron información sobre ello, el presidente Kennedy quedó convencido de que la Unión Soviética y Cuba pretendían hacer un cambio importante en el equilibrio político-militar con Estados Unidos. El 22 de octubre Kennedy exigió la retirada de los «misiles ofensivos» soviéticos de Cuba e impuso una «cuarentena» naval a la isla para impedir la llegada de más armamento soviético. Kennedy exigió también la retirada de los bombarderos estratégicos soviéticos y un compromiso en el sentido de que en el futuro los soviéticos no instalarían armas estratégicas en Cuba.

El mundo contuvo la respiración. En ningún momento desde que se arrojaran las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki había parecido tan inminente una guerra nuclear. Situadas al borde de una guerra, las dos superpotencias maniobraron en torno a su relación militar. La crisis terminó cuando la Unión Soviética, sin consultar antes con Cuba, se echó atrás y retiró todas sus fuerzas estratégicas a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba, hecha con la condición de que las Naciones Unidas verificasen la retirada de las armas estratégicas soviéticas, pero Fidel Castro, furioso, se negó a permitir inspecciones in situ. En efecto, aunque Estados Unidos no prometería oficialmente desistir de la invasión de Cuba, a partir de aquel momento un «entendimiento» gobernaría sus relaciones con los soviéticos en lo tocante a Cuba. La Unión Soviética no debía desplegar armas estratégicas en Cuba ni utilizar la isla como base de operaciones de armas nucleares. Estados Unidos, por su parte, no pretendería derrocar al gobierno de Castro. Así pues, la crisis de los misiles cubanos fue una gran victoria para el gobierno estadounidense, toda vez que humilló públicamente al gobierno soviético en relación con el asunto central de la época. A pesar de ello, la crisis también supuso el fin de la influencia estadounidense en Cuba. Tanto Fidel Castro como sus adversarios en el exilio perdieron el apoyo total de las superpotencias que eran sus aliados, pero Castro reconocería más adelante que había ganado mucho más porque la sabia actuación de los soviéticos había salvado su gobierno.

Cuando a principios de 1959 la paz volvió al campo cubano, la economía empezó a recuperarse. El gobierno revolucionario pretendía estimular el crecimiento económico y, al mismo tiempo, alcanzar sus objetivos de redistribución cambiando la estructura de la demanda. Los salarios reales de los trabajadores no agrícolas subieron de forma acentuada y los alquileres de las viviendas urbanas baratas se redujeron hasta en un 50 por 100. A comienzos de 1959 el gobierno se incautó de todas las propiedades del ex presidente Batista y sus colaboradores más allegados. Por primera vez en la historia de Cuba el Estado pasó a desempeñar un papel importante como propietario y administrador directo de actividades productivas. A diferencia de la mayoría de los otros países importantes de América Latina, Cuba no había creado un sector estatal y empresarial de la economía antes de 1959; por consiguiente, la experiencia sobre cómo había que administrarlo era muy escasa. Estos problemas se complicarían cuando después de 1960 muchos directivos fueron despedidos, emigraron o fueron detenidos.

El experimento de economía mixta fue breve porque, como hemos visto, el gobierno cubano socializó la mayor parte de los medios de producción durante su enfrentamiento con Estados Unidos. Ese enfrentamiento no tenía por qué afectar a las empresas de propiedad cubana, pero el 13 de octubre de 1960 fueron socializadas 382 de ellas, incluyendo todos los ingenios de azúcar, los bancos, las industrias grandes y las más importantes empresas comerciales mayoristas y minoristas. Tres días después la Ley de Reforma Urbana socializó todos los bienes raíces de propiedad comercial. La Ley de Reforma Agraria de 1959 había destruido los latifundios, tanto los de propiedad cubana como los que pertenecían a extranjeros, aunque todavía permitía las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas privadas. Muchos empresarios cubanos estaban relacionados estrechamente con Estados Unidos y se les suponía enemigos del gobierno revolucionario, por lo que la supervivencia de la revolución parecía exigir que la administración y la propiedad pasaran a manos de revolucionarios leales, por más que fueran incompetentes desde el punto de vista técnico. Estas medidas también reflejaban una decisión consciente de socializar la economía, si bien el carácter socialista de la revolución no se proclamaría oficialmente hasta abril de 1961. Estas decisiones se justificaron alegando que de ellas dependía la seguridad nacional y también que la propiedad y el control directos de los medios de producción se consideraban necesarios para planificar la economía. El gobierno opinaba que la centralización económica era una medida racional para generar crecimiento económico. Los líderes revolucionarios no se vieron obligados a socializar la economía: actuaron de forma autónoma y, a su modo de ver, prudente con el fin de hacer efectiva una visión ideológica de la sociedad que deseaban edificar. Había que concentrar el poder en manos de unos pocos para alcanzar las aspiraciones de la mayoría: esta era la premisa fundamental de la ideología en evolución.

El momento decisivo de la política interna de Cuba se presentó en octubre y noviembre de 1959, meses antes de la ruptura con Estados Unidos, o de los primeros tratados con la Unión Soviética. El día 15 de octubre, Raúl Castro, hermano menor de Fidel, se convirtió en ministro de Defensa (título que luego se cambiaría por el de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias), puesto que ocuparía en lo sucesivo. Raúl Castro había hecho una distinguida carrera militar. Fue principalmente el artífice de la organización y la potenciación de las fuerzas armadas cubanas y de las victorias que obtendrían en la Bahía de Cochinos y en las guerras ultramarinas. La organización militar fue la única indudablemente efectiva que se creó en los primeros treinta años de gobierno revolucionario. Raúl Castro también asumió el cargo de segundo de su hermano mayor en todos los asuntos de Estado, civiles además de militares, y desempeñó un papel importante en la renovación tanto del partido como del gobierno en el decenio de 1970. Raúl era el sucesor oficialmente designado de Fidel en caso de que éste muriera y tenía facultades para hacer que se cumpliese la sucesión.

El 18 de octubre de 1959, Rolando Cúbelas —el candidato de «unidad» con apoyo comunista— derrotó a Pedro Boitel, el candidato del Movimiento 26 de Julio en la universidad, en las elecciones para la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) después de la intervención de Fidel Castro, y alineó la FEU con el desplazamiento hacia el marxismo-leninismo. (En 1966 Cúbelas sería detenido por tramar el asesinato de Castro, para el cual, según parece, contaba con el apoyo de la CIA).

El 19 de octubre, Huber Matos, comandante militar de la provincia de Camagüey y una de las figuras destacadas de la guerra revolucionaria, dimitió junto con otros catorce oficiales a causa de la creciente influencia del comunismo en el régimen. Cuando Matos fue arrestado, la totalidad del comité ejecutivo del Movimiento 26 de Julio en la provincia de Camagüey dimitió y su líder fue detenido. Matos pasó dos decenios en la cárcel; su valiente resistencia allí y su negativa a colaborar o a doblegarse ante la voluntad de sus carceleros se convirtieron en un símbolo de fuerza para la oposición.

En noviembre la Confederación de Trabajadores Cubanos (CTC) celebró su décimo congreso con el fin de seleccionar una nueva directiva. Los candidatos del Movimiento 26 de Julio obtuvieron una mayoría clara. El gobierno presionó a favor de la «unidad» con los comunistas, pero los delegados del congreso se negaron y cuando Fidel Castro dirigió la palabra al congreso su discurso fue interrumpido por gritos de «veintiséis, veintiséis». Castro atacó a quienes querían usar esa etiqueta para herir de muerte a la revolución[3]. Arguyó que la defensa de la revolución exigía que se evitaran las luchas partidistas; pidió y recibió del congreso autoridad para formar una directiva obrera. Escogió a los candidatos de «unidad», incluidos los comunistas.

A finales de noviembre la mayoría de los moderados o liberales que quedaban en el consejo de ministros, entre ellos Manuel Ray, el ministro de Obras Públicas, y Felipe Pazos, el presidente del Banco Nacional, fueron obligados a dejar sus cargos. De los veintiún ministros nombrados en enero de 1959, doce habían dimitido o habían sido destituidos de su cargo al finalizar el año. Cuatro más se irían en 1960 a medida que la revolución fue aproximándose a un sistema político marxista-leninista. La eliminación de muchos no comunistas y anticomunistas de la coalición inicial y el choque del régimen con el mundo empresarial fueron los ingredientes internos de la transformación de los planteamientos políticos de la revolución. Una nueva directiva consolidó el gobierno centralizado y autoritario. Con los que poseían conocimientos de gobierno relegados a la oposición, sólo los comunistas veteranos tenían experiencia política y administrativa para hacer que el nuevo sistema funcionase.

A medida que crecía la intensidad de los conflictos internos e internacionales durante 1960 y 1961, el gobierno creó su aparato organizativo. Una vez obtenido el control de la FEU y la CTC, los líderes crearon una milicia integrada por decenas de miles de miembros cuya finalidad era incrementar el apoyo e intimidar a los enemigos internos. La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) también se fundó en agosto de 1960 y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que con el tiempo tendrían millones de miembros, se crearon en septiembre de 1960. Se fundaron comités en todas las manzanas de casas, en todos los edificios, fábricas o centros de trabajo grandes (más adelante se desmantelarían los CDR de los centros de trabajo para evitar que duplicasen la labor de los sindicatos obreros) con el fin de identificar a los enemigos de la revolución por cuenta del aparato de seguridad interna del Estado. Las habladurías se convirtieron en un arma del poder del Estado. En octubre de 1960 se creó la Asociación de Juventud Revolucionaria (AJR), en la que se fundían las juventudes del antiguo Partido Comunista, del Directorio Revolucionario y del Movimiento 26 de Julio. Al cabo de unos años la AJR se transformó en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), afiliada juvenil del Partido Comunista. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) se fundó en mayo de 1961; quedaron excluidos de ella los propietarios de explotaciones agrícolas medianas (que serían expropiadas en 1963) y se pretendía que la Asociación hiciera desaparecer las divisiones que existían entre los productores de varios artículos básicos.

En el verano de 1961 se fundó un nuevo partido comunista. Con el nombre de Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), se creó mediante la fusión de tres organizaciones que ya existían: el Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario y el antiguo partido comunista, el PSP Para entonces las primeras dos ya se habían convertido en organizaciones fantasmas: el Directorio Revolucionario se había visto privado de buena parte de su poder independiente después de enero de 1959, a la vez que la lucha por el control de la federación de estudiantes universitarios y de los sindicatos obreros había mermado la capacidad del Movimiento 26 de Julio para desarrollar actividades políticas independientes. Los miembros del PSP aportaron varias ventajas a las ORI. Eran «constructores de puentes» entre el resto de los líderes y la Unión Soviética. Poseían cierto conocimiento teórico del marxismo-leninismo, a diferencia del resto de las ORI, y tenían una larga experiencia de la política de partidos, así como de la organización de movimientos de masas. El PSP había dirigido la CTC durante su primer decenio y los militantes del partido eran los únicos miembros de las ORI con experiencia previa de las tareas de gobierno, pues habían servido en el Congreso en los años anteriores a la revolución y aportado ministros (Carlos Rafael Rodríguez entre ellos) al gabinete de guerra de Batista en los primeros años cuarenta. De resultas de ello, al principio dominaron las ORI.

La organización de células del partido, la selección de los miembros del mismo y todos los ascensos y expulsiones tenían que pasar por el despacho del poderoso secretario de organización, el veterano líder del PSP Aníbal Escalante. Las células del partido impusieron su autoridad a los administradores, y se introdujo en las fuerzas armadas un sistema preliminar de comisarios políticos. Los organizadores del partido, además, hacían hincapié en el reclutamiento de los que habían pertenecido a las organizaciones políticas anteriores; no se estimulaba el reclutamiento de gente auténticamente nueva. Escalante daba preferencia a sus viejos camaradas del PSP, los que mejor sabían organizar un partido y eran personalmente leales a él. Esto resultaba inaceptable para los antiguos miembros del 26 de Julio y especialmente para los comandantes militares de la guerra de guerrillas. En marzo de 1962 Fidel Castro acusó a Escalante de «sectarismo», lo desposeyó del cargo de secretario de organización y lo exilió a Checoslovaquia. Tuvo lugar entonces una amplia reestructuración de las ORI; alrededor de la mitad de sus miembros fueron expulsados, muchos de ellos de la facción del PSP. Se hicieron nuevos intentos de reclutar miembros no sólo entre las organizaciones que ya existían, sino también entre los ciudadanos que eran demasiado jóvenes para haberse entregado a actividades políticas antes de 1959. Se limitó drásticamente el alcance de la autoridad del partido en las fuerzas armadas; en lo sucesivo los comandantes militares tendrían la autoridad militar y política suprema dentro de las fuerzas armadas. En 1963 el nombre de las ORI se cambió por el de Partido Unido de la Revolución Socialista (PURS).

En 1962 el poder revolucionario ya estaba consolidado, aunque los líderes tardarían algunos años en darse cuenta de ello. La amenaza de Estados Unidos empezó a retroceder como consecuencia de la resolución de la crisis de los misiles. Fidel Castro había afianzado su dominio sobre la política cubana y su supremacía sobre todos los rivales. La organización del gobierno revolucionario más allá del carisma de Fidel Castro ya estaba en marcha, si bien no sería efectiva hasta el decenio de 1970. Adversarios del régimen se alzaron en armas en todas las provincias durante la primera mitad de los años sesenta y se mostraron especialmente fuertes en la sierra del Escambray, en la provincia de Las Villas. Miles de cubanos murieron en esta reanudada guerra civil (1960-1965) y entre los rebeldes se contaban los campesinos del sur de la provincia de Matanzas, así como elementos cuyos intereses sociales y económicos estaban en juego de manera más obvia. Sin embargo, en 1965 ya habían sido completamente derrotados. (Con la emigración de muchos cubanos del mismo parecer, el régimen, de hecho, exportó la oposición). La tarea principal era ahora la gestión de la economía, cuya rápida decadencia ponía en peligro el cumplimiento de otros objetivos del gobierno.

MEDIDAS Y RESULTADOS ECONÓMICOS

A raíz de la instauración de una economía dirigida en condiciones de crisis política, las primeras medidas económicas que se tomaron en la Cuba revolucionaria tenían por meta el desarrollo mediante la industrialización rápida. Cuba dependía abrumadoramente de la industria azucarera y este hecho se consideraba como una señal de subdesarrollo. Che Guevara, ministro de Industria y arquitecto de la estrategia, dijo que no podía haber ningún país de vanguardia que no haya desarrollado su industria, pues la industria era el futuro[4].

Se crearon ministerios estatales centrales y se formuló un plan de desarrollo con ayuda procedente de numerosas fuentes, pero especialmente de la Unión Soviética y de los países de la Europa oriental. Sin embargo, Cuba no estaba preparada en absoluto para una economía de planificación centralizada. Carecía de personal técnico (que ahora estaba en Estados Unidos o en la cárcel), tanto como de estadísticas. El plan correspondiente a 1962 y también el de 1962-1965 eran fantasías. No existían datos para formularlos y el conocimiento de la gestión económica era primitivo. Los planes exigían que se alcanzaran espectaculares tasas de crecimiento. En vez de ello, la economía cubana se derrumbó en 1962.

El gobierno congeló los precios e impuso el racionamiento para la mayoría de los productos de consumo. La cartilla de racionamiento, que desde entonces es un elemento de la vida en Cuba, combina dos aspectos importantes de los resultados económicos obtenidos por el gobierno: un fracaso relativo del intento de generar crecimiento económico unido al éxito relativo en lo que se refiere a proteger las necesidades de los cubanos más pobres y reducir las desigualdades en el acceso a artículos y servicios básicos. Las medidas redistributivas no pretendían sólo mejorar el poder adquisitivo de los pobres, sino también reducir el de los ricos. Las escalas salariales fijaban los salarios máximos así como los mínimos. El gobierno hizo una maniobra sorprendente y cambió la moneda de la noche a la mañana; los que no tenían sus fondos en bancos estatales no pudieron cambiar sus pesos viejos por los nuevos. Sus ahorros perdieron todo su valor.

La economía cubana cayó todavía más en 1963. La producción de azúcar descendió en más de un tercio de su nivel de 1961 a consecuencia de las medidas drásticas que tomó el gobierno para diversificar la producción. Esta también sufrió en otros sectores de la agricultura y la industria. Las importaciones de maquinaria y equipo para acelerar la industrialización se sumaron al descenso de los ingresos obtenidos de la exportación de azúcar y crearon una crisis de la balanza de pagos. En junio de 1963 el primer ministro, Fidel Castro, anunció una nueva estrategia que una vez más hacía hincapié en la producción de azúcar y frenaba los esfuerzos dirigidos a la industrialización. La estrategia del desarrollo inducido por el azúcar se reafirmó en 1964 cuando la Unión Soviética y Cuba firmaron el primer acuerdo a largo plazo que garantizaba precios bilaterales estables y mejores para el azúcar y, más adelante, subvenciones soviéticas superiores a los precios del mercado mundial para el azúcar cubano.

La estrategia del gobierno buscaba que la producción de azúcar se incrementara hasta que en 1970 se produjeran 10 millones de toneladas de azúcar cruda. A esta política se opusieron varios técnicos y administradores de la industria azucarera, pero su opinión no se tuvo en cuenta. El objetivo fijado para la producción de azúcar en 1970 se convirtió en una cuestión de orgullo, una demostración de que los cubanos podían hacerse cargo de su historia a pesar de todas las dificultades. Del mismo modo que el sueño imposible se había hecho realidad en los años cincuenta con el derrocamiento de Batista, otro se haría realidad ahora, al finalizar los sesenta, cuando unos revolucionarios comprometidos demostrarían que podían elevar el nivel de la producción de azúcar de 3,8 millones de toneladas en 1963 a 10 millones de toneladas en 1970. De nuevo se probaría que los que dudaban estaban equivocados.

Sin embargo, la nueva estrategia se vio complicada por un debate de alto nivel sobre la naturaleza de la organización económica socialista. Un bando, encabezado por el ministro de Industria, Che Guevara, argüía que la parte de la economía que era propiedad del Estado formaba una sola unidad. El dinero, los precios y el crédito debían funcionar solamente al tratar con los consumidores cubanos o los países extranjeros. La ley de la oferta y la demanda podía y debía eliminarse para avanzar rápidamente hacia el comunismo. La planificación central era la clave. Todas las empresas serían ramas de ministerios centrales. Toda la financiación se haría a través del presupuesto central por medio de subvenciones sin intereses y no reembolsables. El Estado cubriría todos los déficits de las empresas. Las compras y las ventas entre empresas estatales serían sencillas transacciones contables. El dinero sería una unidad de cuenta, pero no se utilizaría para medir la rentabilidad. Se eliminarían poco a poco los incentivos materiales de los trabajadores (diferenciales de salarios, primas, pagos por horas extras). El gobierno central asignaría los recursos mediante la planificación del output físico y fijaría todos los precios necesarios a efectos contables.

El otro bando argüía que la parte de la economía cubana que era propiedad del Estado no consistía en una sola unidad económica, sino en diversas empresas independientes propiedad de y explotadas por el Estado. Las transferencias de una empresa a otra llevaban aparejadas compras y ventas, lo cual tenía profundas consecuencias para la asignación de recursos. Se necesitaba dinero y créditos para mantener controles efectivos sobre la producción y para evaluar los resultados económicos. Las empresas tenían que correr con sus propios costes de producción en vez de dejar que sencillamente el banco central saliera de fiador de sus déficits; tenían que generar sus propios fondos para nuevas inversiones, para el mantenimiento y para la innovación. Los incentivos materiales para el trabajo eran esenciales con el fin de mantener la productividad y la calidad, así como reducir los costes. Si el primer modelo requería una centralización extraordinaria, el segundo exigía más autonomía económica para cada empresa.

El debate se resolvió finalmente cuando Che Guevara dejó el Ministerio de Industria en 1965 (para emprender campañas revolucionarias en África y América del Sur hasta su muerte en las postrimerías de 1967) y se procedió a dividir el ministerio en sus anteriores subcomponentes. Algunos de los aliados políticos de Guevara en otros ministerios perdieron su empleo. Sin embargo, las medidas de Guevara se adoptaron de forma general y su ejecución se llevó hasta el extremo. En gran parte los calamitosos resultados económicos de los últimos años sesenta se debieron a la concepción defectuosa de Guevara, así como al caos administrativo desatado por Fidel Castro y sus colaboradores, como el propio Castro reconocería en un discurso dramático el 26 de julio de 1970, cuando la economía cubana estaba en ruinas.

El modelo radical exigía una centralización más completa de la economía. Ya en 1963 se promulgó una segunda ley de reforma agraria para expropiar las explotaciones agrícolas de mediana envergadura de la burguesía rural que habían quedado después de la aplicación de la ley de 1959. A finales de 1963 el Estado poseía el 70 por 100 de toda la tierra y en el sector privado sólo quedaban pequeñas explotaciones agrícolas. El apogeo de la colectivización llegó con la «ofensiva revolucionaria» de la primavera de 1968, momento en que el Estado asumió la propiedad y la administración de los establecimientos de servicios a los consumidores, restaurantes y bares, talleres de reparaciones, talleres de artesanía, puestos callejeros de venta de alimentos e incluso vendedores callejeros. Excepto de forma limitada en una pequeña parte del sector agrícola, a finales de los años sesenta ninguna actividad económicamente productiva era posible sin pasar por algún organismo del gobierno. Fue la época del Estado convertido en vendedor de «perros calientes», heladería, barbero y técnico en reparación de radios. Aunque se formó un mercado negro, de verduras así como de servicios de fontanería, el gobierno le había puesto una camisa de fuerza a la economía.

Paradójicamente, cuando la economía pasó a estar centralizada por completo se abandonaron los medios de planificación y control centrales. A finales del decenio de 1960 no existían ni verdaderos planes nacionales de carácter anual ni planificación a medio plazo alguna. A partir de finales de 1966 sólo hubo planificación por sectores, pero de forma limitada y con pocos esfuerzos por conciliar las solicitudes a menudo conflictivas que de los mismos recursos formulaban empresas y proyectos inconexos. También dejó de hacerse un presupuesto central, que no volvería a aparecer hasta un decenio después. Fidel Castro lanzó un ataque contra el «burocratismo» que dañaba la capacidad de varios organismos centrales. La contabilidad y la inspección financieras también se abandonaron; las estadísticas se llevaban sólo en cantidades físicas (por ejemplo, pares de zapatos). Determinar los costes de producción de la mayoría de los artículos se convirtió en una tarea imposible.

Igualmente espectaculares fueron los cambios que experimentó la política laboral. La eliminación gradual de los incentivos materiales debía ir acompañada de una mayor insistencia en los incentivos morales: la conciencia revolucionaria del pueblo garantizaría el incremento de la productividad y la calidad y las reducciones del coste. Los obreros cobrarían lo mismo sin que importaran las variaciones en el trabajo o en la calidad. Hacer horas extras se consideraría como resultado de una decisión voluntaria y quien las trabajara no cobraría por ellas. El dinero era considerado como una fuente de corrupción capitalista. Este cambio de política se produjo después de un importante cambio estructural del mercado de trabajo. Mientras que Cuba había sufrido una tasa de paro manifiesto persistentemente alto antes de la revolución, dicha tasa se había reducido rápidamente a comienzos de los años sesenta y se había transformado en escasez de mano de obra. Muchos de los que antes estaban parados habían entrado a trabajar en empresas estatales. La productividad por trabajador bajó mucho al subir el empleo y descender la producción. La ineficiencia y el subempleo quedaron institucionalizados en las nuevas estructuras económicas. Y, pese a ello, esto fue también un extraordinario logro humano; dio a la mayoría de los cubanos saludables la dignidad de hacer algún trabajo y el compromiso de utilizar su talento de una manera constructiva.

La marcha de la economía se vio complicada por otro cambio que sufrió la estructura del mercado de trabajo. Debido a que la naturaleza de la importantísima industria del azúcar era sumamente estacional, las pautas de empleo habían sufrido grandes oscilaciones igualmente estacionales antes de la revolución. Se trabajaba mucho cuando se tenía empleo, con el fin de ahorrar para el desempleo previsto de la «estación muerta». Cuando el gobierno revolucionario garantizó empleo (o la compensación suficiente por desempleo) durante todo el año a todos los que pudieran trabajar, se debilitó el incentivo estructural para trabajar que existía antes de la revolución. El gobierno revolucionario consiguió de esta manera eliminar una fuente perpetua de desdichas (el miedo a la indigencia como estímulo para el trabajador), pero no lo sustituyó por nuevos y efectivos incentivos para un trabajo de alta calidad. Cuando, además de estos cambios estructurales, se eliminaron los incentivos materiales, el problema de la productividad baja y decreciente empeoró, cosa que ocurrió también con la escasez de mano de obra. Ninguna exhortación moral era un incentivo suficiente.

Dado que los incentivos morales resultaban insuficientes para estimular la producción y la productividad, el gobierno recurrió a la movilización de las masas para trabajar en los campos de caña de azúcar y en otros sectores de la economía. Los llamados voluntarios —que a menudo no tenían derecho a negarse— fueron distribuidos por todo el país de forma bastante ineficiente. Una parte considerable del personal de las fuerzas armadas cubanas se unió a ellos. En 1965 las fuerzas armadas ya habían derrotado a la contrarrevolución interna y ello les permitió dedicarse a actividades económicas directamente productivas, entre ellas la recolección de caña de azúcar. Oficiales del ejército se convirtieron en supervisores de la recolección cuando el esfuerzo desesperado por producir 10 millones de toneladas de azúcar en 1970 se combinó con el desplazamiento hacia la política económica de carácter radical y la confianza en la conciencia revolucionaria. Tenía que salir un nuevo ciudadano revolucionario que condujera a Cuba hacia la emancipación económica.

Se hizo constar que la economía había producido 8,5 millones de toneladas de azúcar en 1970 (manipulando las cifras de 1969, que eran artificialmente bajas): la cifra más alta de la historia de Cuba pero todavía inferior en un 15 por 100 al objetivo señalado. Entre 1968 y 1970 la economía cubana sufrió graves dislocaciones porque los recursos se trasladaban de un sector a otro sin prestar atención al coste de alcanzar el sueño imposible, y la actuación del gobierno central fomentó el caos al mismo tiempo que los trabajadores eran obligados a trabajar bajo disciplina militar sin recompensas apropiadas. La producción en el sector ganadero y en la silvicultura descendió de 1968 a 1970, como sucedió también con el 68 por 100 de todas las líneas de productos agrícolas y más del 71 por 100 de las industriales; hasta el sector pesquero, el que mejores resultados obtuvo bajo el gobierno revolucionario, mostró antes un descenso que un incremento.

En 1970 el crecimiento económico de Cuba presentaba un aspecto desolador. Dos fuertes recesiones habían marcado el principio y el final del decenio y en los años intermedios sólo se había registrado una modesta recuperación. El nivel de vida era extremadamente espartano y el descontento afloraba a la superficie en todos los niveles. Hay que reconocer que Castro, el primer ministro, asumió personalmente la responsabilidad personal del desastre y cambió la política económica en la primera mitad del decenio de 1970.

El alivio para la economía cubana llegó de un lugar inesperado: el mercado mundial del azúcar. Los precios de este producto en el mercado mundial libre subieron vertiginosamente de una media anual de 3,68 centavos de dólar en 1970 a 29,60 centavos en 1974. Dado que las exportaciones de azúcar habían continuado representando alrededor de cuatro quintas partes de todas las exportaciones, esta bonanza de los precios representa por sí sola gran parte de la recuperación económica de Cuba en la primera mitad del decenio de 1970. El gobierno también tomó medidas para reformar la organización económica interna adoptando y adaptando el modelo económico soviético. La planificación macroeconómica central reapareció a comienzos de los años setenta y permitió a Cuba adoptar su primer plan quinquenal en 1975. El primer plan (1976-1980) resultó demasiado optimista y muchos de sus objetivos no se alcanzaron (la tasa de crecimiento fue de un tercio por debajo de lo previsto en el plan) porque se había basado en el supuesto de que los precios mundiales del azúcar seguirían siendo más elevados de lo que en realidad fueron a finales de los setenta. A pesar de todo, era más realista que cualquier otro plan que el gobierno hubiera adoptado antes. A partir de 1977 volvió a formularse y a ponerse en práctica un presupuesto general. Se instituyeron nuevamente la contabilidad y la inspección financieras y se dio una importancia nueva a los incentivos materiales cuando diversas reformas de las políticas monetaria, de precios y salarial trataron de conciliar la oferta y la demanda con mayor exactitud. La Unión Soviética también aportó recursos considerables para que la economía cubana saliera a flote.

Una indicación de lo mal organizada que había estado la economía cubana en el decenio de 1960 es que muchas de las nuevas medidas que se formularon a comienzos de los años setenta no pudieron ponerse en práctica hasta finales del decenio o principios de los ochenta. Sin embargo, también causó demoras cierta oposición a las medidas liberalizadoras de la economía cubana. Y, pese a ello, al empezar los años ochenta, se permitió que los agricultores vendieran el excedente de sus cuotas estatales en mercados donde los precios no estaban regulados y las transacciones tenían lugar entre personas privadas; esto ocurrió también en los mercados de artesanía y en la contratación de servicios fuera del horario de trabajo y durante los fines de semana. Por fin era posible contratar a un fontanero o comprar tomates sin tener que tratar con la burocracia. Las empresas estatales recibieron mayor autonomía para contratar trabajadores directamente en lugar de depender por completo de la oficina central de trabajo. A finales de los setenta y comienzos de los ochenta poco a poco se adoptó y puso en práctica un nuevo sistema de gestión, cuyo objetivo era dar mayor autonomía y autoridad a los directivos. El nuevo sistema permitía que cada empresa retuviera una parte de las ganancias para repartirlas entre los directivos y los trabajadores al finalizar cada año, así como para mejorar la empresa y sus condiciones de trabajo. Los diferenciales salariales, el pago de las horas extras y las primas pasaron a desempeñar un papel importante entre los incentivos laborales. Se pagaban salarios más altos por el trabajo de mejor calidad, las mejoras de la productividad, la reducción de costes y las jornadas más largas.

La economía prosperó de forma casi espectacular durante la primera mitad del decenio de 1970 y la tasa de crecimiento de Cuba podía compararse con la de los países que mejores resultados habían alcanzado en este sentido. Sin embargo, la economía se estancó durante la segunda mitad del decenio, con la excepción de 1978. La tercera recesión grave del período revolucionario ya había empezado a mediados de 1979 y provocó la repentina emigración en 1980, del mismo modo que la prolongada recesión de finales de los sesenta incrementara la emigración de entonces.

Los débiles resultados económicos que se obtuvieron al comienzo de los años ochenta ejercieron presión sobre los pagos de la deuda exterior. Aunque Cuba no ha sido uno de los grandes prestatarios en los mercados internacionales de capitales, su deuda exterior en moneda fuerte era de unos 3.000 millones de dólares en 1982. Cuando el comercio exterior pasó a ser más concentrado con la Unión Soviética las exportaciones generaron menos ingresos para el pago de la deuda en moneda fuerte. Las negociaciones subsiguientes con banqueros europeos, árabes y japoneses fueron el origen de una serie de medidas que disminuyeron los niveles de consumo a principios de los ochenta, con el fin de satisfacer las obligaciones de Cuba relacionadas con la deuda.

Una diferencia importante entre estos dos períodos de resultados económicos fue el precio del azúcar. Aunque subió ininterrumpidamente de 1970 a 1974, durante la segunda mitad de los setenta descendió hasta situarse en un promedio de alrededor de 8 centavos por libra. Después de una efímera subida a finales de 1980 y comienzos de 1981 el precio mundial del azúcar bajó hasta el nivel de los 6 a 8 centavos. Asimismo, la Unión Soviética, que tenía sus propios problemas a causa de los débiles resultados económicos, en 1981 rebajó en una sexta parte el precio que pagaba por el azúcar cubano al mismo tiempo que continuaba subiendo los precios que cobraba por las exportaciones a Cuba. Los términos de intercambio de Cuba con la Unión Soviética en 1982 —año en que Cuba tuvo que reprogramar sus deudas con prestamistas de economía de mercado— eran inferiores en un tercio a los de 1975. La recuperación del precio que pagaban los soviéticos por el azúcar cubano en años posteriores evitó una crisis económica más seria, aunque los citados términos de intercambio permanecieran muy por debajo de los existentes en el período comprendido entre mediados y finales del decenio de 1970. Los precios del azúcar siguen estando estrechamente relacionados con las oscilaciones de los resultados económicos de Cuba y subrayan el papel central que este producto sigue desempeñando en la economía.

La adopción de algunas reformas económicas en los primeros años setenta tuvo resultados rápidos y positivos, pero a finales del decenio era más difícil mejorar la productividad. Fidel Castro dijo al tercer congreso del partido, celebrado en 1986, que Cuba seguía sufriendo por «falta de una planificación nacional exhaustiva para el desarrollo económico». Añadió que el nuevo sistema de gestión, después de un buen comienzo, no tuvo una continuación consecuente que lo mejorase, pues se perdió la iniciativa y jamás se materializó la creatividad que se necesitaba para adaptar este sistema (tomado en gran parte de otros países) a las condiciones propias de Cuba. Además afirmó que hasta el presupuesto seguía siendo ineficaz, ya que, en lugar de regular el gasto, lo fomentaba[5].

Con el fin de abordar estos problemas, en abril de 1986 Castro puso en marcha un proceso llamado de «rectificación». Cuba fue el primer régimen comunista a finales de los ochenta que dejó los mecanismos del mercado con el objeto de mejorar la producción y la eficiencia. Castro denunció a los jefes de las empresas estatales por haberse convertido en aprendices de capitalistas. Fustigó el señuelo del «vil dinero». Para borrar la maldición del mercado, en mayo de 1986 el gobierno prohibió los mercados de agricultores que se habían legalizado en 1980. Se tomaron otras medidas contra el mercado y Castro censuró duramente la utilización de primas para motivar a los trabajadores, y una vez más pidió incentivos morales para edificar una sociedad mejor. El hecho de que la economía entrara en recesión en 1986-1987 reflejó en parte la ineficacia de estas medidas encaminadas a librar a Cuba de los vestigios de capitalismo. Sin embargo, existía otro problema perdurable. La segunda mitad del decenio de 1970 fue también el período de las dos importantes guerras africanas y del envío de gran número de cubanos al extranjero, envío para el cual era necesaria la movilización de reservistas. La mayoría de las tropas cubanas en Etiopía, unas cuatro quintas partes de las que hubo en Angola y casi todo el personal cubano en la isla de Granada estaban constituidos por reservistas en el momento culminante de las guerras y la invasión de Estados Unidos. Dado el deseo de ganar las guerras y hacer un buen papel en el plano militar en ultramar, algunos de los mejores directivos, técnicos y trabajadores se sustrajeron de la economía nacional para destinarlos al ejército en el extranjero, lo cual contribuyó a un descenso de la productividad y la eficiencia en diversos sectores desde finales del decenio de 1970. Aunque a mediados de los ochenta el número de soldados cubanos en Etiopía se había reducido mucho, a finales del mismo decenio permanecían en Angola más de 30.000 soldados cubanos.

El gobierno revolucionario cubano procuró generar crecimiento económico desde el momento en que subió al poder, pero sus medidas con tal fin no dieron buenos resultados, exceptuando la recuperación registrada a comienzos de los años setenta. Durante los sesenta no hubo ningún crecimiento. La marcha de la economía después de 1975 no alcanzó muchos de los objetivos señalados. Generó únicamente un modesto crecimiento económico real y sufrió una recesión importante, además de problemas serios con la deuda internacional. La estructura de la producción sólo se diversificó un poco. El azúcar siguió siendo el rey y generaba alrededor de las cuatro quintas partes de los ingresos obtenidos de la exportación. Sin embargo, el gobierno también había seguido una estrategia de industrialización, de sustitución de importaciones, que evolucionó gradualmente en los setenta y continuó en los ochenta, decenios después de que estrategias de este tipo aparecieran en la mayoría de los principales países latinoamericanos. Las fábricas de Cuba proporcionaban ahora una variedad más amplia de productos de las industrias ligera y media. Sin embargo, su ineficiencia y la baja calidad de sus productos siguieron siendo un problema a la vez que la producción agrícola ajena al azúcar continuaba dando malos resultados con pocas excepciones (huevos, frutos cítricos). Cuba no ha podido diversificar en gran medida sus relaciones económicas internacionales: existía una dependencia abrumadora de un solo producto (la caña de azúcar, todavía) y de un solo país (ahora la Unión Soviética). A finales de los setenta y comienzos de los ochenta se tendía a conservar la dependencia de ambos.

En cambio, los resultados económicos del gobierno fueron convincentes en el capítulo de la redistribución. Hubo un vigoroso compromiso y generalmente fructífero con la provisión de empleo pleno para todos los ciudadanos capacitados (pese a la reaparición del desempleo manifiesto en los años setenta, que alcanzó el 5,4 por 100 en 1979), aunque fuera a costa del subempleo y la ineficiencia. De igual modo, era posible acceder a artículos básicos a precios bajos por medio del racionamiento, incluso a costa de subvencionar el consumo. Las medidas que tomó el gobierno en el decenio de 1960 redujeron sensiblemente las desigualdades entre las clases sociales y entre la ciudad y el campo. La mejora del nivel de vida de los pobres del campo fue sobresaliente. En los años setenta y ochenta la tendencia a una mayor utilización de los incentivos materiales condujo a una nueva desigualdad que estimulaba los buenos resultados de directivos y trabajadores. No obstante, los líderes siguieron comprometidos con la tarea de satisfacer las necesidades de su pueblo, y Cuba seguía siendo una sociedad muy igualitaria para lo que es típico en América Latina.

TENDENCIAS SOCIALES

Cuba experimentó una transformación demográfica después del triunfo de la Revolución. Hubo un baby boom en los primeros años sesenta, y la tasa bruta de natalidad aumentó alrededor de un tercio comparada con la de finales de los cincuenta; posteriormente la tasa bruta de natalidad siguió siendo superior a los 30 nacimientos por 1.000 habitantes de 1960 a 1968. La principal explicación del baby boom es probablemente la mejora de las condiciones económicas para los cubanos de ingresos inferiores que fue fruto de las medidas redistributivas y de la mejora de los servicios de sanidad en las zonas rurales. El incremento de los salarios, el fin del desempleo manifiesto, la reducción de los alquileres y el acceso garantizado a las necesidades básicas, incluyendo la educación y la asistencia sanitaria, proporcionaron una «base mínima» para todos los cubanos. Al mismo tiempo, el gobierno puso en marcha una campaña para fomentar los matrimonios, incluyendo la legalización de muchas uniones que ya existían y estaban basadas en el consenso. El embargo comercial decretado por Estados Unidos cortó el suministro de anticonceptivos que antes llegaban de dicho país. La emigración rompió familias y ofreció nuevas oportunidades de entablar relaciones a las personas que se quedaron en Cuba. La emigración de médicos y otros profesionales de la sanidad redujo las oportunidades de recurrir al aborto provocado, a lo cual también contribuyó el cumplimiento más eficaz de una ley prerrevolucionaria que restringía el aborto.

La emigración ocultó los primeros efectos del baby boom. Las tasas de crecimiento demográfico descendieron a comienzos de los años sesenta, pero cuando la primera oleada de emigración quedó interrumpida en los días de la crisis de los misiles, la citada tasa alcanzó su nivel más alto desde el decenio de 1920: más del 2,6 por 100 anual. El baby boom también empezó a tener repercusiones espectaculares en el sistema de enseñanza primaria, que tuvo que ampliarse de la noche a la mañana, y en la prestación de otros servicios sociales a los jóvenes. La capacidad del gobierno para prestar tales servicios es una demostración notable de su decisión de apoyar a los jóvenes incluso en los años de decadencia económica.

El baby boom fue seguido por una «quiebra» del número de nacimientos. La tasa bruta de natalidad se redujo a la mitad entre finales de los sesenta y finales de los setenta, momento en que la tasa de crecimiento demográfico era un tercio de lo que había sido a mediados de los sesenta. De resultas de la ola migratoria, se produjo un descenso neto de la población de 1980, año en que la estructura de edades de Cuba indicaba que la población de entre quince y diecinueve años (el apogeo del baby boom) era un 50 por 100 más numerosa que la de edades comprendidas entre los veinte y los veinticuatro años (los nacidos justo antes de la revolución). Una de las consecuencias del baby boom fue permitir al gobierno destinar regularmente a 35.000 jóvenes a sus fuerzas armadas en ultramar. La población menor de cinco años (resultado de la reducción de nacimientos) era un poco más reducida que la de entre veinte y veinticuatro años, e inferior en un tercio a la de quince a diecinueve años. Esta reducción de nacimientos tuvo para los servicios sociales tantas consecuencias como el baby boom; uno de sus primeros efectos fue permitir a Cuba exportar maestros de escuela primara para que trabajaran en misiones de ayuda al exterior. A la larga, la reducción de nacimientos quizá habría hecho que a Cuba le resultara más difícil destinar ejércitos a ultramar en el decenio de 1990.

La fecundidad cubana iba descendiendo poco a poco antes de la revolución. Es probable que el elevado nivel de modernización contribuyera a que se reanudara el descenso de la fecundidad, pero su magnitud y su brusquedad en el decenio de 1970 no pueden explicarse haciendo referencia solamente a procesos a largo plazo. El nuevo descenso de la fecundidad comenzó a finales de los años sesenta con el marcado empeoramiento de la economía. Sin embargo, continuó sin disminuir durante la recuperación económica de la primera mitad de los setenta y también durante el estancamiento económico de finales del decenio. El mal funcionamiento de la economía es una condición necesaria pero insuficiente para explicar el descenso de la fecundidad. En 1964 se relajaron las restricciones que pesaban sobre el aborto provocado, que pasó a ser legal y fácil, y la tasa de abortos en Cuba (es decir, el número de abortos por cada 1.000 embarazos) subió ininterrumpidamente a partir de los años sesenta, de tal modo que a finales de los setenta dos de cada cinco embarazos terminaban con un aborto provocado. Sólo Bulgaria, Japón y la Unión Soviética tenían una tasa de abortos más alta. De hecho, probablemente el aborto se convirtió en el principal método de control de la natalidad. Mientras el número de abortos provocados se duplicaba de 1968 a 1978, el número de nacimientos vivos disminuyó en dos quintos. Sin embargo, también aumentó la posibilidad de obtener otros métodos anticonceptivos dentro del sistema nacional de sanidad, métodos que también contribuyeron a la baja de la fecundidad. Después de los acentuados incrementos del decenio anterior, la tasa de nupcialidad se estabilizó a mediados y finales del decenio de 1970, pero la tasa de divorcios se cuadruplicó a partir de su nivel prerrevolucionario, y aproximadamente uno de cada tres matrimonios terminó en divorcio durante todo el decenio de 1970. Es probable que la mayor incidencia del divorcio contribuyera a reducir la tasa de natalidad. La continuación de la severa escasez de viviendas también frenaba los matrimonios, ya que las parejas no deseaban vivir con sus parientes políticos o si lo deseaban raramente había espacio para alojar a los hijos. El hecho de que unos 50.000 cubanos estuvieran destinados de forma permanente en ultramar a finales de los setenta debió de contribuir también a reducir la fecundidad.

Según el censo nacional de 1981, vivían en Cuba 9.706.369 cubanos, una quinta parte de los cuales residía en La Habana, lo cual representa una proporción ligeramente inferior a la del censo de 1970. Cuba se había convertido en un país urbano. Si bien el nivel de urbanización aumentó despacio entre 1953 y 1970 (del 57 al 60 por 100), saltó a un 69 por 100 en 1981. El crecimiento urbano también se produjo fuera de la capital. Aunque La Habana creció en un 7,7 por 100 de 1970 a 1981, Victoria de las Tunas creció en un 58 por 100 y Holguín y Bayamo, en más de un 40 por 100. Otras siete ciudades crecieron en más de un 24 por 100 en este período, y el número de poblaciones de 95.000 habitantes o más se duplicó en el decenio de 1970. Resumiendo, la urbanización se produjo en la mayoría de los casos fuera de la ciudad primada (La Habana), resultado poco frecuente en América Latina.

La experiencia de las mujeres cambió de forma considerable bajo el gobierno revolucionario. Como hemos visto, las mujeres tenían más probabilidades de casarse, divorciarse y someterse a un aborto provocado. Era mucho más probable que tuvieran hijos durante los sesenta que durante los setenta. La proporción de mujeres en la fuerza de trabajo también se dobló desde fines de los años cincuenta hasta fines de los setenta, momento en que representaban el 30 por 100 de dicha población. Sin embargo, esto era fruto de un incremento gradual más que de un cambio repentino provocado por la revolución. La mayor entrada de mujeres en la fuerza de trabajo era reflejo de la modernización social que se estaba efectuando, aunque cabe que algunas medidas del gobierno contribuyeran a ella. En cambio, la participación laboral de mujeres cubanas que emigraban a Estados Unidos aumentó mucho más y con mayor rapidez: en proporción, el número de mujeres de origen cubano que formaban parte de la fuerza de trabajo en Estados Unidos era el doble que en Cuba en 1970, año en que una mayoría de las mujeres cubano-estadounidenses, pero sólo un cuarto de las cubanas formaba parte de la fuerza de trabajo.

Algunas medidas del gobierno cubano frenaban la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo. El gobierno reservaba ciertas categorías de empleos para hombres, alegando que tales ocupaciones podían poner en peligro la salud de las mujeres, aunque no dio a conocer ningún dato que justificara esta política. Cuando los jóvenes trabajadores nacidos durante el baby boom entraron rápidamente en la fuerza de trabajo, el gobierno tomó medidas para mantener un ratio sexual constante en dicha población en vez de fomentar la incorporación proporcional de mujeres.

Hubo un incremento impresionante del número de mujeres en todo el sistema educativo. Las mujeres estaban representadas en niveles comparables con la parte que les correspondía en la población en escuelas profesionales de la universidad que antes eran predominantemente masculinas, tales como las de medicina, ciencias naturales y economía. Aunque seguían estando poco representadas en ingeniería y agronomía y demasiado en pedagogía primaria y secundaria, así como en las humanidades, se había producido un desplazamiento fundamental. Con todo, el gobierno impuso cuotas para limitar el incremento de la inscripción de mujeres en ciertas escuelas profesionales como, por ejemplo, las de medicina, alegando para ello que la interrupción de la carrera era más probable en el caso de las mujeres y que las doctoras eran menos apropiadas para servir en las fuerzas armadas.

La participación de las mujeres en la política se retrasó mucho. Las mujeres representaban sólo el 13 por 100 de los Comités Centrales del Partido Comunista de Cuba elegidos en 1980 y 1986; no había ninguna mujer en el secretariado del partido y tampoco en el máximo órgano de gobierno, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. La primera mujer entró en el buró político del partido en 1986: Vilma Espín, esposa de Raúl Castro y presidenta de la Federación de Mujeres. Las mujeres también estaban poco representadas en las filas intermedias de la dirección del partido. Los estudios realizados hacían pensar que persistían los estereotipos sexuales en el hogar (pese a los esfuerzos del gobierno, por medio de un código de familia aprobado a mediados de los años setenta, por igualar la condición de los cónyuges dentro de la familia), en el lugar de trabajo y en la política. Las mujeres y los hombres se aferraban a los tradicionales papeles femeninos.

Se efectuaron pocos estudios de las relaciones raciales después de la revolución. Como la población negra y mulata de Cuba era desproporcionadamente pobre, y como los pobres se beneficiaban desproporcionadamente de las medidas del gobierno, es probable que los negros se beneficiaran de tales medidas. Los estudios realizados inducían a pensar que el apoyo al gobierno era más fuerte entre los negros que entre los blancos; hasta 1980 los negros estaban muy poco representados entre los exiliados cubanos. La ola de emigración que hubo en 1980 incluyó a negros de las ciudades en número comparable con su participación en la población urbana. El gobierno eliminó las pocas barreras jurídicas de discriminación racial que existían antes de la revolución, pero el efecto de la medida fue modesto. El gobierno procuró incluir el simbolismo de la herencia africana de Cuba en un primer plano de las justificaciones de los actos de Cuba en países africanos. Sin embargo, puede que las distancias entre blancos y negros no hayan cambiado tanto durante los últimos decenios. Por ejemplo, aunque mejoraron los niveles sanitarios para toda la población, los negros continuaron siendo relativamente más vulnerables a las enfermedades (en particular las parasitarias que afligen a las poblaciones pobres). Tampoco se alteró mucho la diferencia en el acceso a la asistencia sanitaria entre blancos y negros, a pesar de que es indudable que la mayoría de los cubanos salieron beneficiados en este capítulo.

Quizá porque entre los líderes del movimiento revolucionario de los años cincuenta los blancos ocupaban un lugar desproporcionado, y también porque continuaron dominando las cimas del poder, los negros tenían muy poca representación en los máximos órganos del gobierno y el partido. El nivel de representación de los negros cambió poco desde antes de la revolución —la época en que Batista fue el primer presidente mulato de Cuba— hasta el congreso del partido celebrado en 1986, en el cual el presidente Castro declaró que era política del partido incrementar la participación negra en sus órganos superiores; mientras que un tercio de la población total era negra (censo de 1981), la participación de los negros en el Comité Central de 1986 era de sólo una quinta parte. Al parecer, únicamente en las elecciones para las asambleas municipales locales estaban los negros representados en número comparable con la parte que les correspondía en la población.

Como el gobierno afirmaba que había resuelto el problema racial, argüir que éste persistía, aunque fuera de forma modificada, era un acto subversivo. El gobierno prohibió las asociaciones de intelectuales y políticos negros que existían antes de la revolución. Varios de los que insistieron en que seguía habiendo serios problemas raciales en la sociedad cubana, o asuntos intelectuales distintivos entre los afrocubanos, se exiliaron.

La transformación educativa de Cuba fue el logro más convincente del gobierno revolucionario. El gobierno hizo avanzar la modernización social de Cuba reduciendo mucho el analfabetismo (que bajó a un 12,9 por 100 en el censo de 1970 y a un 5,6 por 100 en el de 1979), empezando con una importante campaña en 1961 que continuó por medio del extenso sistema de educación para adultos. El gobierno expropió todas las escuelas privadas (incluidas las afiliadas a la Iglesia). Después de tropezar con dificultades en los años sesenta, el gobierno logró la asistencia virtualmente universal a las escuelas primarias. Los niveles educativos medios de la fuerza de trabajo pasaron de la alfabetización mínima en el censo laboral de 1964 al grado sexto en el de 1974 y al grado octavo en el gran estudio demográfico de 1979. En este último año dos quintos de la población adulta habían terminado el noveno grado y dos tercios, el sexto.

El auge de la educación primaria reflejó tanto la política consciente del gobierno como la necesidad de dar cabida al baby boom. A finales del decenio de 1970 las inscripciones en la escuela primaria habían comenzado a descender a consecuencia de la reducción del número de nacimientos. De 1974-1975 (año de máximo número de inscripciones en las escuelas primarias) a 1980-1981, la inscripción en las escuelas primarias (incluido el jardín de infancia) descendió en un 20 por 100. El sistema escolar, cuya capacidad de adaptación era notable, aumentó en un 121 por 100 las inscripciones en los institutos de secundaria básica y en un 427 por 100 en los institutos de secundaria superior a lo largo del mismo período. Entre 400.000 y 700.000 personas se matriculaban todos los años en las escuelas de enseñanza para adultos durante el decenio de 1970.

El sistema de escuelas primarias redujo —pero no eliminó— las diferencias en el acceso a la educación de calidad entre la Cuba urbana y la rural. Un generoso programa de becas también contribuyó a reducir las diferencias clasistas en el acceso a la educación en los niveles posteriores a la escuela primara. Hubo diversos problemas graves relacionados con la calidad en las escuelas cubanas durante los años sesenta: elevadas tasas de abandono de estudios, bajos niveles de formación de los maestros, rendimiento deficiente de estudiantes y maestros en el aula. Aunque algunos de estos problemas continuaban existiendo, la mejora cualitativa en los años setenta estuvo a la altura del rendimiento cuantitativo heredado de los sesenta, que todavía era excelente. El mérito de estos logros corresponde a muchas personas, entre ellas Fidel Castro, cuyo interés por la educación era un rasgo clave del compromiso del gobierno. Sin embargo, merece una mención especial José Ramón Fernández, que durante muchos años fue vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Educación. Dirigió hábilmente la transición del baby boom a la baja de nacimientos, los ajustes y ampliaciones de la inscripción y las notables mejoras de la calidad de la educación, a pesar de los problemas que, como él mismo reconocía, seguían existiendo.

La historia de la educación superior fue más tortuosa. La inscripción disminuyó en los años sesenta y no volvió a aumentar hasta el decenio siguiente. Las filas de las facultades resultaron diezmadas por las destituciones por causas políticas y por la emigración. La mayoría de los estudiantes se matriculaban sólo en la escuela nocturna, donde la calidad de la instrucción y la experiencia oscilaba entre mala y variable porque muchos maestros estaban sobrecargados de trabajo, los recursos eran limitados y había demasiados estudiantes. La educación superior presentaba un fuerte sesgo hacia lo técnico que fomentaba la inscripción en ingeniería con preferencia a las humanidades. Se descuidó el estudio académico de las ciencias sociales y, en todo caso, los estudios de este tipo evitaban los asuntos contemporáneos de significación política dentro de Cuba. Con todo, desde 1959 había existido una estupenda erudición historiográfica cuya gloria suprema fue la trilogía de Manuel Moreno Fraginals sobre el ingenio de azúcar en los siglos XVIII y XIX (El ingenio). Por regla general, la buena historiografía se detiene hacia 1935, justo antes de que empezara la alianza posteriormente comprometedora entre Batista y el Partido Comunista.

Las universidades se organizaron de acuerdo con un amplio «modelo industrial», para formar personal profesional en un sistema jerárquico. Restaron importancia al cultivo de las artes liberales o a la posibilidad de una crítica intelectual activa cuyo blanco fueran grandes problemas políticos, sociales, económicos o culturales. Muchos de los escritores cubanos más destacados de los años sesenta y setenta vivían en el extranjero (Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy, Reinaldo Arenas, Heberto Padilla, Edmundo Desnoes, Antonio Benítez Rojo, entre otros) o habían muerto (Alejo Carpentier y José Lezama Lima). Los criterios políticos estaban entre los factores que guiaban las decisiones relativas a la admisión de estudiantes incluso en el caso de profesiones no políticas tales como la medicina, y a pesar de que las universidades y la Academia de las Ciencias hacían hincapié en la investigación técnica aplicada. La investigación médica y la que tenía por objeto la agricultura y la producción de azúcar, ambas con largas tradiciones prerrevolucionarias, eran los campos donde más logros científicos se registraban.

Aunque Cuba poseía un elevado nivel de alfabetización (alrededor de tres cuartas partes del total de adultos) y niveles relativamente altos de inscripción escolar antes de la revolución, estos niveles se habían estancado en el tercio medio del siglo XX. El gobierno revolucionario emprendió, pues, la tarea de modernizar la educación a partir de donde se había interrumpido en el decenio de 1920, guiado por el propósito de institucionalizar una revolución educativa que llenaría de legítimo orgullo a su pueblo y su gobierno y que sería para otros países un ejemplo sobresaliente de compromiso sostenido. Los maestros de escuela cubanos sirvieron capazmente a la política exterior de su país y a las necesidades de los estudiantes en tres continentes. Sin embargo, el sistema de educación era adverso hacia la disensión política e intelectual; recortaba la libertad de expresión y reprimía a muchos críticos. Así pues, los frutos de la educación y la cultura se veían restringidos. Por esta trágica pérdida, Cuba servía de ejemplo negativo del uso del poder gubernamental para limitar el pleno desarrollo del potencial humano.

También obtuvieron un éxito apreciable las medidas y las políticas gubernamentales en el campo de la asistencia sanitaria. El gobierno se apresuró a decretar que la asistencia sanitaria era un derecho de todos los ciudadanos y amplió el sistema de asistencia gratuita que ya existía antes de la revolución. Pronto se hicieron avances en las zonas rurales, mejorándose la dispensación de este tipo de asistencia y acortándose el desfase entre la ciudad y el campo. Sin embargo, los resultados generales empeoraron durante el decenio de 1960 en comparación con el avanzado sistema de salud pública que existía antes de la revolución, y esta tendencia fue en gran parte resultado del empeoramiento de la asistencia sanitaria en las ciudades, donde vivía la mayoría de la gente. Muchos médicos y otros profesionales de la sanidad abandonaron el país y, como habían estado concentrados en La Habana, la capital sufrió de un modo desproporcionado. Los servicios e instalaciones médicos que existían sufrían trastornos a causa de las movilizaciones políticas y militares. La ineficiente producción de medicinas y la ruptura de los lazos con Estados Unidos provocaron una escasez de materiales médicos que afectó en particular a los consumidores urbanos de ingresos superiores con acceso a medicinas importadas y recursos para comprarlas. El programa de urgencia que se puso en marcha para formar a profesionales de la sanidad con el fin de sustituir a los que se iban del país fue de calidad desigual, y la desorganización de los años sesenta afectó al sistema sanitario tanto como a otras facetas de la empresa estatal.

Durante los primeros años sesenta aumentaron las tasas de mortalidad, así la general como la infantil. La tasa de mortalidad infantil (defunciones de niños de menos de un año de edad por cada 1.000 nacimientos vivos) subió de treinta y cinco en 1959 a cuarenta y siete diez años después, y durante estos años también aumentaron las tasas correspondientes a las enfermedades graves. La aplicación de los recursos presupuestarios del gobierno a la asistencia sanitaria urbana se resintió al encauzarse los recursos hacia las zonas rurales. A decir verdad, hasta los comienzos del decenio de 1970 el funcionamiento del sistema cubano de asistencia sanitaria no fue distinto del de la economía del país: mucho mejor en la redistribución entre clases sociales y regiones geográficas que en crecimiento. A mediados de los setenta, gracias en parte a mejoras económicas previas, el sistema avanzó mucho. La tasa de mortalidad infantil había descendido a 18,5 por 1.000 en el momento del censo de 1981, y las tasas de morbilidad descendieron en todo el espectro de enfermedades graves. Sin embargo, hay que recordar que Cuba ya tenía un sistema de asistencia sanitaria bastante maduro en vísperas de la revolución. Así, seis de las ocho causas de muerte principales eran idénticas en 1958 y en 1981; enfermedades del corazón, cánceres, enfermedades del sistema nervioso central, gripe y neumonía, accidentes y enfermedades de la primera infancia. En cambio, aunque las enfermedades diarreicas agudas, los homicidios, la tuberculosis y la nefritis se contaban entre las diez causas principales en 1958, en 1981 habían sido sustituidas por los suicidios, las diabetes, las malformaciones congénitas y las enfermedades del aparato respiratorio. Estos cambios acercaron a Cuba a la pauta sanitaria típica de un país industrial de forma que hubieran podido preverse a juzgar por la pauta cubana de modernización de la asistencia sanitaria a largo plazo.

Al empezar el decenio de 1980, el logro más significativo que había obtenido el gobierno en el campo de la asistencia sanitaria seguía siendo la reducción de la desigualdad en el acceso a dicha asistencia entre clases sociales y regiones. La ventaja de La Habana frente a la Cuba oriental disminuyó. Se superaron los reveses de los años sesenta y los niveles sanitarios mejoraron de verdad, edificándose sobre los niveles buenos pero insuficientes que ya existían en el decenio de 1950. Cuba destinó personal sanitario preparado a tres decenas de países de todo el mundo. Algunos de estos programas vendían sus servicios médicos al gobierno del país receptor, con lo que se obtenían divisas extranjeras para las empresas estatales transnacionales de Cuba. Sin embargo, la mayoría de estos programas eran gratuitos para el país que los recibía.

Los malos resultados que obtuvo el gobierno revolucionario en la construcción de viviendas se debieron a la producción insuficiente, la ineficiencia y la desorganización en la construcción y en las industrias fabricantes de materiales para ella. El gobierno no dio mucha prioridad, al asignar los recursos de construcción, a satisfacer las necesidades de vivienda de la población. Sus objetivos principales en este campo eran la edificación de hospitales, escuelas e instalaciones militares y el despliegue de algunos de los mejores equipos de construcción en ultramar.

A finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, con una población que era la mitad de la de tres decenios más tarde, la Cuba prerrevolucionaria construyó casi 27.000 viviendas por año. En los primeros años sesenta la tasa disminuyó hasta quedar en poco más de 17.000 viviendas por año; se construyeron muy pocas viviendas en el período radical de los postreros años sesenta. Durante el primer plan quinquenal (1976-1980) se edificaron poco más de 16.000 viviendas anuales. En las postrimerías del decenio de 1970 la tendencia era al descenso de la tasa de construcción de viviendas al mismo tiempo que más trabajadores de la construcción eran desplegados en ultramar y se ampliaban las fuerzas armadas cubanas: Cuba construyó casi 21.000 viviendas en 1973 (año máximo desde 1959), pero ni siquiera llegaron a 15.000 las edificadas en 1980.

La emigración alivió un poco el problema de la vivienda. Entre 1959 y 1975 la emigración dejaba libres unas 9.300 unidades por término medio cada año; durante los mismos años el promedio de construcción de viviendas fue de unas 11.800 unidades. Esto significaba que cada año dejaba de satisfacerse alrededor de un tercio de la nueva demanda de viviendas. Teniendo en cuenta que gran parte de las viviendas construidas antes de la revolución se hallaban en un estado deplorable y que había abundantes indicios de que miles de viviendas se derrumbaban debido a un mantenimiento deficiente, Cuba se encontraba ante un terrible problema de la vivienda en el decenio de 1980. La escasez de viviendas y el hacinamiento producido por ella se han contado entre las causas principales del elevado índice de divorcios que se observa en Cuba, así como del rápido descenso de la tasa de fertilidad.

POLÍTICA Y GOBIERNO

La figura central de la política revolucionaria de Cuba era Fidel Castro y su liderazgo seguía siendo carismático en el sentido de que dependía del convencimiento de que no dependía de que sus seguidores le eligieran, sino que lo había «elegido» una autoridad sobrenatural o alguna «fuerza histórica». También dependía de que la ciudadanía compartiese dicho convencimiento. El sentido de tener una misión que cumplir era un tema recurrente en sus numerosas manifestaciones públicas. La frase con que concluye la versión revisada de su defensa en el juicio por el ataque contra el cuartel de Moneada el 26 de julio de 1953 fue la primera manifestación importante de esta creencia: «Condenadme, no importa, la historia me absolverá»[6]. La diosa historia elige al líder revolucionario para que actúe con y por sus seguidores. O, como dijo Castro en el que es quizá el discurso más difícil de su carrera gubernamental cuando informó públicamente del fracaso económico de finales de los sesenta: «Si tenemos un átomo de valor, ese átomo de valor será por nuestro servicio a una idea, una causa, vinculada al pueblo»[7]. La causa, la idea, la historia encarnada, elige al líder para que gobierne. La influencia de Castro en sus colaboradores y en muchos ciudadanos ha sido el hecho político más notable de la historia contemporánea de Cuba.

El estilo político de Castro recalcaba el compromiso activo en vez de las actividades teóricas. También destacaba el poder de la autodisciplina y la acción consciente, a diferencia de los comunistas prerrevolucionarios que esperaban que las condiciones objetivas madurasen para comenzar su revolución cuando las fuerzas de Castro subieran al poder, y contrastando también con los economistas que argüían que la estrategia destinada a producir 10 millones de toneladas de azúcar en 1970 era una locura. La voluntad subjetiva era el recurso fundamental para que los líderes revolucionarios vencieran los obstáculos objetivos en la guerra, la política o la economía. Una vanguardia, una élite, debía conducir al pueblo y despertarle para que asumiera sus responsabilidades históricas. Asimismo, sólo era válido hacer el máximo esfuerzo posible por el objetivo óptimo. El objetivo aparentemente inalcanzable era lo único valioso porque estaba claro que la conciencia revolucionaria de las mujeres y los hombres proporcionaba el margen esencial para la victoria. Una vanguardia decidida, activista, trataría de alcanzar el futuro… y lo conquistaría.

Esta forma de enfocar la política llevó a la revolución cubana al poder y empujó al gobierno revolucionario a emprender una serie de actividades que dieron buenos resultados, los cuales oscilaban entre la victoria en los campos de batalla del Cuerno de África y la superación del analfabetismo. También fue la causa de algunos desastres y tragedias, cuyo mejor ejemplo general son los experimentos económicos y sociales de las postrimerías del decenio de 1960. Pero también fueron un desastre numerosos proyectos menores que respondían a un capricho o un pensamiento pasajero de Castro, al que sus subordinados se entregaban con fervor y compromiso sin ningún propósito sensato. Este estilo de liderazgo dio pábulo a la intolerancia para con los críticos, los disidentes o incluso las personas que sencillamente se apartaban un poco de lo convencional. Este estilo de gobierno rechazaba de plano la hipótesis de que las medidas que tomaba el gran líder podían ser erróneas… hasta que sobrevino el desastre.

Al gobierno revolucionario no lo legitimaba sólo el carisma, sino también los resultados. Desde el momento en que se hicieron con el poder en 1959 los nuevos líderes de Cuba dijeron que habían liberado el país de un sistema político terrorista, corrupto, abusivo e ilegítimo. Las consumadas habilidades oratorias de Fidel Castro —que alternaba la suavidad con la fiereza, el buen humor o los insultos dirigidos a sus enemigos, la reflexión o la emotividad, los asuntos cultos y complejos ante los públicos compuestos de profesionales o la sencillez, la gracia y la ternura al dialogar con los niños de las escuelas— se convirtieron en una de las armas más poderosas de la revolución. Dominaba las ondas de la radio y la televisión en un país donde ambos medios ya estaban muy arraigados en 1959. Se movía de forma incesante por todo el país como profeta revolucionario que tocaba, conmovía, educaba y daba ánimos a su pueblo para el combate: para que luchase por una vida nueva, un futuro mejor, contra enemigos conocidos y desconocidos.

El gobierno hacía hincapié continuamente en su redistribución en beneficio de las personas de ingresos bajos, y especialmente en las medidas que se tomaron en los campos de la educación y la sanidad y se pusieron en práctica de forma más eficiente. Incluso cuando reconocían el fracaso del alguna estrategia encaminada hacia el crecimiento económico, los líderes del gobierno recalcaban las conquistas que se habían logrado en la redistribución y los servicios sociales. Una escisión social, mucho más clara que en cualquier otro momento de la historia de Cuba, pasó a ser la base para el apoyo mayoritario al gobierno revolucionario en los difíciles días de principios del decenio de 1960. El nacionalismo era una fuente complementaria de legitimidad, puesto que afirmaba la integridad cultural, política e histórica de la nación cubana y ponía de relieve la unidad del pueblo con preferencia a la legitimidad que habría podido sacarse de alguno de sus segmentos, por ejemplo el proletariado. El nacionalismo salió reforzado de la pugna contra el gobierno de Estados Unidos. Los enemigos de clase se convirtieron en «gusanos»; los enemigos extranjeros, en «imperialistas».

Debido a la falta de elecciones nacionales de 1959 a 1976, o de otros cauces efectivos para expresar agravios y opiniones, el carisma, la liberación política, la redistribución y el nacionalismo eran los pilares en que se basaba la pretensión de tener el derecho a gobernar. La revolución y su líder máximo se legitimaban a sí mismos, aunque, desde luego, esta pretensión no era aceptada de modo universal.

Las organizaciones de masas absorbidas en 1959 o creadas en 1960-1961 han movilizado desde entonces a la población con el fin de crear apoyo político para el gobierno y frenar a los enemigos internos. Si bien responden principalmente a una dirección centralizada, en el decenio de 1970 mostraban tendencias propias de grupos de intereses. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en particular era un fuerte grupo de presión en defensa de los intereses campesinos privados en los primeros años sesenta y de nuevo desde mediados de los setenta hasta mediados de los ochenta. Ha buscado precios más altos, créditos más fáciles y mercados más libres para los campesinos, y ha tratado de frenar la expropiación forzosa de tierras campesinas por parte del Estado. Sólo en el período radical de los últimos años sesenta fue virtualmente destruida la autonomía de esta organización y de las otras. La FEU fue disuelta entre 1967 y 1971; el apogeo del radicalismo no toleraba ninguna manifestación de autonomía o disentimiento típicos de los estudiantes universitarios. Sin embargo, en los años setenta hasta los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) habían cambiado ya. Aunque su tarea primordial continuaba siendo la «vigilancia revolucionaria», también adoptaron otras misiones encaminadas a mejorar la comunidad. Las organizaciones de masas participaron en la mayoría de las campañas que pusieron en marcha los líderes, tanto las eficaces como las ineficaces. Entre sus tareas más afortunadas estuvieron la reducción del analfabetismo y de las enfermedades, que se controlaron por medio de campañas masivas de inmunización. Los CDR fueron tan eficaces en esto como en el control político. La Federación de Mujeres de Cuba (FMC) desempeñó un papel destacado en la fuerte reducción de la prostitución y en la reeducación de ex prostitutas para incorporarlas a una vida nueva.

El papel de los sindicatos obreros a finales de los sesenta consistía en apoyar a las directivas. La misión de los sindicatos era luchar por incrementar la producción y la productividad, sobrepasar los objetivos señalados en los planes económicos, organizar la competencia («emulación») entre los trabajadores para que alcanzaran los objetivos oficiales, y reducir los costres. Los trabajadores debían alzarse por encima de los intereses estrechos y temporales, tales como las mejoras salariales y de las condiciones de trabajo, para sacrificarse por el bien del pueblo. Se exhortaba a los trabajadores a hacer esfuerzos heroicos y a responder a incentivos morales, y «trabajo voluntario» se convirtió en un eufemismo debajo del cual se ocultaban las horas extras no remuneradas. En agosto de 1969 el presidente Osvaldo Dorticós denunció el abuso de las horas extras y el engaño de las horas extras, pero la suya era una voz solitaria y él tenía poco poder a pesar de su título[8]. En 1970 Fidel Castro pronunció el mejor epitafio para los sindicatos en este período al lamentar que en los últimos dos años se hubiera postergado a las organizaciones obreras, no por su culpa o de los obreros, sino por culpa del partido y de los líderes políticos del país[9].

Al llegar la segunda mitad de los años setenta, los obreros ya estaban hartos. Organizaron una «huelga» general. Las huelgas habían sido ilegales desde los primeros días de la revolución, por lo que los líderes utilizaron las palabras «absentismo a gran escala» para referirse a la de 1970. Aunque aparentemente sin coordinación, unos 400.000 trabajadores, es decir, una quinta parte de la fuerza de trabajo, no acudía a trabajar en cualquier día dado de agosto y septiembre de 1970. En la provincia de Oriente, cuna de la revolución, una mayoría de los trabajadores agrícolas se abstuvo de trabajar en agosto de 1970, y más de una quinta parte seguía sin acudir al trabajo en enero de 1971 a pesar de que ya había comenzado la nueva cosecha de caña de azúcar. Las elecciones que se celebraron en los sindicatos obreros locales en el otoño de 1970 fueron las más libres y competitivas desde 1959. Se levantaron muchos controles impuestos al proceso electoral. Aproximadamente tres cuartas partes de los líderes obreros locales que resultaron elegidos en aquel momento eran nuevos en el cargo. Así pues, los cambios de política que empezaron a hacerse en la primera mitad de los setenta respondieron en parte al «papel de vanguardia del proletariado», comunicando con fuerza al gobierno que las medidas radicales ya no eran aceptables para los trabajadores.

Al mejorar las condiciones de trabajo en los primeros años setenta, volvieron a imponerse controles políticos a los sindicatos. Cuando en 1973 se celebró el decimotercer congreso obrero habían reaparecido las elecciones por aclamación (en lugar de votación secreta) de los candidatos, que eran únicos. La representación en los congresos obreros vino a favorecer a la burocracia sindical y sólo se reservaba una minoría de plazas para los delegados elegidos en las bases. Si bien en el apogeo de las elecciones sindicales de 1970 volvió a hacerse hincapié en que el papel de los sindicatos era defender los intereses de los trabajadores, en 1973 ya volvía a predominar la forma más conservadora de enfocar el asunto. Los sindicatos podían expresar críticas específicas de cuestiones «concretas» que iban mal, pero se esperaba de ellos que evitaran un comportamiento político más autónomo.

A finales de los años setenta ya se había estabilizado la afiliación a las organizaciones de masas. Los CDR y la FMC abarcaban alrededor de cuatro quintas partes de la población adulta y de las mujeres adultas, respectivamente. Mientras que la proporción de las poblaciones pertinentes que pertenecían a estas organizaciones aumentó hasta mediados de los setenta, fue más bien constante a partir de entonces, y el crecimiento posterior del número de afiliados fue principalmente fruto de cambios demográficos. Se hizo evidente que alrededor de un quinto de los cubanos adultos no quería tener nada que ver con las organizaciones de masas, y viceversa.

La pertenencia a la organización de masas en los años ochenta era ya un requisito previo para triunfar en la vida en Cuba. Los cargos de responsabilidad estaban reservados para quienes se habían integrado en el proceso revolucionario al pertenecer a una o más de estas organizaciones. Por consiguiente, era probable que alguna proporción de los afiliados no apoyara al régimen, sino que perteneciese a las organizaciones de masas sencillamente para que su propia vida les resultara más fácil; una parte considerable de los exiliados de 1980, por ejemplo, había pertenecido a organizaciones de este tipo. Algunas de ellas, especialmente los sindicatos obreros, asignaban ciertos recursos: sólo las personas a las que se juzgaba que habían sido trabajadores de vanguardia tenían derecho a adquirir bienes de consumo duraderos tales como máquinas de coser, frigoríficos o televisores, y sólo ellas tenían acceso prioritario a las escasas viviendas. Otros trabajadores no podían adquirir tales artículos aunque tuvieran dinero para pagarlos. Así pues, las organizaciones de masas se transformaron en controladoras del acceso a la buena vida… o, al menos, a una vida soportable.

Las organizaciones de masas y otras instituciones políticas y burocráticas estaban subordinadas al partido, relación que la Constitución de 1976 hace explícita. En el otoño de 1965 el partido volvió a cambiar de nombre y pasó a llamarse Partido Comunista de Cuba (PCC). Al mismo tiempo, Fidel Castro inauguró el primer Comité Central, formado por cien miembros, junto con dos órganos menores: el Buró Político encargado de tomar decisiones políticas básicas, y el Secretariado, cuya misión era ponerlas en práctica. No obstante, la influencia del partido continuó siendo limitada durante el resto del decenio. Hasta los primeros años setenta no se hicieron esfuerzos serios por convertirlo en un verdadero partido comunista gobernante.

El primer congreso del partido se celebró en diciembre de 1975 y los trabajos preparativos del mismo fueron un importante paso hacia la institucionalización del gobierno del PCC. El congreso aprobó los estatutos del partido, una «plataforma» programática y una serie de exposiciones de «tesis» relativas a diversos aspectos de la política nacional. Aprobó el borrador de la nueva Constitución nacional, que un referéndum popular aprobaría en 1976. El congreso también aprobó el primer plan quinquenal y otras medidas económicas. El Comité Central fue renovado y ampliado de modo que lo integraran 112 miembros con una docena de suplentes, a la vez que se daba nueva autoridad y se encargaban nuevas actividades al Buró Político y al Secretariado. De hecho, podría decirse que Cuba no tuvo un partido comunista gobernante, en funcionamiento, hasta comienzos de los años setenta, que fue el momento en que empezaron los preparativos para este congreso. Un segundo congreso del partido se celebró en diciembre de 1980 y un tercero, en febrero de 1986. Cada uno de ellos estudió, juzgó y ratificó en gran parte las medidas tomadas durante el lustro anterior, renovando los miembros de los organismos clave del partido y aprobando nuevas medidas económicas (entre ellas los planes quinquenales segundo y tercero) para el lustro siguiente.

El partido creció y de aproximadamente 15.000 afiliados en 1962, año de la caída de Aníbal Escalante, pasó a tener 50.000 en el momento de la fundación del Partido Comunista en 1965. Había sólo unos 100.000 afiliados en 1970; pocos más de 200.000 en vísperas del primer congreso; 434.143 en vísperas del segundo; y 523.639 en vísperas del tercero. En 1980 pertenecía al partido alrededor del 9 por 100 de la población de veinticinco o más años de edad.

El principal cambio que experimentó la composición del Comité Central fue el descenso del número de militares que eran miembros del mismo, que entre los miembros de pleno derecho descendieron del 58 por 100 en 1965 al 17 por 100 en 1986. La representación de la burocracia en el Comité Central fue notablemente constante hasta 1980: alrededor de una sexta parte, subiendo hasta cifrarse en una cuarta parte en 1986. Lo que han perdido los militares lo han ganado los políticos. La participación de los políticos profesionales (incluidos los líderes de las organizaciones de masas) en el Comité Central aumentó del 17 por 100 en 1965 al 41 por 100 en 1986. Así pues, el Comité Central reflejaba de forma creciente la necesidad de aptitudes habituales para gobernar.

Los militares tuvieron mucha influencia en el decenio de 1960, lo cual es comprensible. Cuba se había rearmado rápida y masivamente para luchar contra Estados Unidos. Muchos de los comandantes del ejército eran los héroes de la guerra revolucionaria de finales de los años cincuenta y habían combatido victoriosamente la contrarrevolución interna y en la Bahía de Cochinos. Capitaneadas por Raúl Castro, las fuerzas armadas habían pasado a ser el único segmento verdaderamente bien organizado de la sociedad cubana en los años sesenta. Los militares organizaron el partido dentro de sus filas, conservando la autoridad política bajo el mando y el liderazgo de los oficiales, cuatro quintas partes de los cuales eran miembros del partido a comienzos de los años setenta. Las fuerzas armadas poseían la práctica y el método necesarios para construir el partido mientras que estas cosas a menudo brillaban por su ausencia en los sectores civiles durante el período radical de los postreros años sesenta. De resultas de ello, el gobierno recurría con frecuencia a los militares para que ejecutaran tareas sociales, económicas y políticas. En consecuencia, estos «soldados cívicos», que eran competentes en una amplia variedad de campos, predominaron en todos los niveles de las filas del partido en el decenio de 1960.

Al crecer el partido civil en los años setenta muchos «soldados cívicos» fueron trasladados de pleno a las tareas civiles y las fuerzas armadas se concentraron en lo puramente militar y abandonaron muchas (aunque no todas) de las tareas que no pertenecían estrictamente a tal categoría. Al terminar el período radical, se registró una expansión de los modos de organización que no eran militares, pero el descenso de la participación militar en el Comité Central no significó la salida del mismo de individuos que habían sido oficiales. Al contrario, el índice de rotación de miembros del Comité Central ha sido lento, y los que abandonaron las fuerzas armadas para servir en el partido civil o en puestos del gobierno en los años setenta y ochenta continuaron siendo miembros del Comité Central.

La representación de miembros del antiguo Partido Comunista (PSP) en los máximos órganos del partido siguió cifrándose en alrededor de una quinta parte, aunque disminuyó ligeramente a lo largo del tiempo (los ex miembros del PSP eran en general más viejos que el resto de los líderes y era más probable que tuvieran problemas de salud). Particularmente en los años sesenta, la representación del PSP se vio afectada por escisiones faccionarias entre los principales líderes, las más dramáticas de las cuales fueron la expulsión de Aníbal Escalante de su puesto de secretario de Organización en 1962 y el descubrimiento de una «microfacción» (también vinculada a Escalante) en 1968. La influencia del PSP disminuyó notablemente en los últimos años sesenta.

A finales de 1967 los líderes máximos descubrieron lo que se denominó una «microfacción» dentro del Partido Comunista Cubano. La componían principalmente ex afiliados del PSP que creían que la política del gobierno y del partido en el país y en el extranjero era desacertada. Encabezada por Aníbal Escalante, la microfacción forjó vínculos con funcionarios de los gobiernos y partidos soviéticos y de la Europa oriental. Una vez descubiertos, los que pertenecían al Comité Central fueron expulsados del mismo; muchos otros lo fueron del partido, y los líderes de la microfacción fueron a la cárcel a purgar sus crímenes de opinión y asociación, aunque no habían hecho ningún acto que pudiera interpretarse como contrarrevolucionario. Dado que más adelante se vería que su diagnóstico de los errores de la política cubana era acertado, se les castigó por ver las cosas correctamente en el momento en que ello no era conveniente.

Pertenecieran a la microfacción o no, la mayoría de los ex afiliados al PSP eran partidarios de mantener relaciones estrechas con la Unión Soviética y relaciones apropiadas con la mayoría de los gobiernos. Se oponían a que se atacara a partidos comunistas latinoamericanos y recelaban de los movimientos guerrilleros; creían en la necesidad de incentivos materiales durante un período de transición al socialismo y consideraban que los sindicatos obreros tenían que desempeñar un papel más destacado en la política. Los miembros de la microfacción sostenían que confiar sencillamente en la voluntad y las evaluaciones subjetivas era una imprudencia y que era necesario comprender las condiciones objetivas que se daban en Cuba y en el extranjero. Afirmaban que la planificación central, los presupuestos, la contabilidad financiera de costes y otros instrumentos parecidos eran esenciales para construir el socialismo y veían con ojos escépticos las campañas de movilización de masas con las que se pretendía sustituir estos mecanismos tradicionales. La microfacción exigía que se usaran más y se institucionalizaran los órganos del partido y otras organizaciones políticas y apoyaban la reintroducción de elecciones y una constitución. Los ex miembros del PSP no eran los únicos que albergaban estas creencias, pero constituían la «facción» más obvia. Los cambios de política de los años setenta siguieron estas preferencias del PSP con bastante fidelidad, no porque los políticos veteranos hubieran derrotado a sus rivales de tiempos anteriores, sino porque Fidel Castro y sus colaboradores allegados se persuadieron de la sabiduría de sus argumentos.

Los ex miembros del PSP que, a diferencia de Aníbal Escalante, siguieron siendo leales a Fidel Castro gozaron de especial influencia en los años setenta, y Blas Roca y Carlos Rafael Rodríguez eran dos de los líderes veteranos del partido. Roca se encargó de redactar una constitución nueva y otras leyes básicas, así como de supervisar su puesta en práctica. Hizo aportaciones decisivas a la institucionalización en los años setenta. Rodríguez fue el arquitecto intelectual del cambio en la política económica interna e internacional; en el decenio de 1970 y en el de 1980 su influencia se hizo sentir en diversos aspectos, desde las relaciones con Estados Unidos hasta la política que debía adoptarse ante las artes y las letras.

Entre otros que contribuyeron a la reorganización del gobierno, la institucionalización y la mejora de los resultados en los setenta se contaban el ministro de Educación, José Ramón Fernández; el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Raúl Castro; el ministro de Comercio Exterior, Marcelo Fernández; el presidente de la Junta Central de Planificación, Humberto Pérez; y el ministro del Interior Sergio del Valle. Marcelo Fernández, al que habían destituido en medio de la crisis de 1979-1980, había diversificado las relaciones económicas y había logrado que fracasaran por completo las medidas del embargo económico que Estados Unidos tomara contra Cuba. A Humberto Pérez le correspondió la ingrata tarea de informar al gobierno de verdades económicas básicas y reorganizar la economía a partir del desastre de los años sesenta. Se esforzó por equilibrar la oferta y la demanda, adoptar los mecanismos comunes a las economías planificadas centralmente, estimular incrementos de la eficiencia y la productividad y fomentar la reducción de costes, al mismo tiempo que procuraba intensificar la participación de los directivos y los trabajadores en los asuntos económicos. Los malos resultados de la economía deberían atribuirse a la dificultad de estas tareas más que a una falta de capacidad de Pérez. No obstante, fue destituido en 1985 y las tareas de coordinación económica global se encomendaron a Osmany Cienfuegos.

No es fácil evaluar la labor del ministro del Interior Sergio del Valle. En todo momento siguió siendo el encargado de reprimir a la oposición y retener a toda costa el control político pleno. Sin embargo, hay que conceder a Del Valle el mérito de haber suavizado la severidad de los controles autoritarios que existían en los años sesenta. Según las cifras oficiales del gobierno, el número de presos políticos descendió de unos 20.000 a mediados de los años sesenta a 4.000 a mediados de los setenta, y a solamente 1.000 cuando Del Valle fue despojado de su cargo en medio de la crisis de 1979-1980. Disminuyó la incidencia de torturas, cuyo carácter cambió durante la época de Del Valle. La tortura física desapareció virtualmente y las condiciones de las cárceles mejoraron, aunque se siguió utilizando la tortura psicológica de vez en cuando. La policía empezó a respetar las salvaguardias de procedimiento que tenían por finalidad proteger los derechos de los acusados. En el sistema de tribunales que se revivificó a finales de los setenta se rechazaban casos por falta de pruebas o por la infracción de algún procedimiento establecido. Por supuesto, la persistencia de numerosas medidas de seguridad interna seguía siendo objeto de críticas al concluir el período de Del Valle, pero éste había profesionalizado su servicio, intensificado el imperio de la ley y reducido la arbitrariedad.

En la primera mitad del decenio de 1970 se introdujeron cambios importantes en la organización del gobierno. En noviembre de 1972 se reorganizó el Consejo de Ministros para crear un comité ejecutivo integrado por el primer ministro y todos los viceprimer ministros, cada uno de los cuales se encargaría de supervisar varios ministerios. El comité ejecutivo se convirtió en el principal órgano decisorio del gobierno. En 1974 se introdujo también un experimento de gobierno local en Matanzas, una de las seis provincias de Cuba. Con algunas variaciones, estos procedimientos se aplicarían en toda la nación al amparo de la Constitución que se aprobó en 1976.

La Constitución de 1976 dispuso que se creara una nueva asamblea nacional con poderes legislativos, los cuales habían correspondido al Consejo de Ministros entre 1959 y 1976. La Asamblea Nacional elegiría el Consejo de Estado para que funcionase fuera del período de sesiones de la Asamblea. El presidente del Consejo de Estado sería también el jefe del Estado y haría de jefe del gobierno (presidente del Consejo de Ministros). Fidel Castro sustituyó a Osvaldo Dorticós en el puesto de jefe del Estado. A diferencia de otras constituciones socialistas, la de Cuba requiere que el jefe del Estado y el jefe del gobierno sean la misma persona, lo cual es una pauta típica de América Latina.

En 1976 también entró en vigor una nueva división política y administrativa del territorio nacional. En lugar de las seis provincias heredadas del siglo XIX (Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey, Oriente) habría catorce: Pinar del Río, La Habana, Ciudad de La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Avila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. La Isla de los Pinos, que pronto sería rebautizada con el nombre de Isla de la Juventud, se convirtió en un municipio especial. Se abolieron las regiones en que se habían subdividido las provincias. Habría 169 municipios. Los cambios más espectaculares fueron la división de las provincias de Oriente y de Las Villas en cuatro y tres provincias nuevas, respectivamente.

La Constitución también creó gobiernos provinciales y municipales elegidos. Las elecciones nacionales que se celebraron en 1976 fueron las primeras desde 1959. Sin embargo, las únicas elecciones directas fueron las de los miembros de las asambleas municipales, que a su vez elegían al comité ejecutivo de cada asamblea municipal, a los delegados de las asambleas provinciales y a los diputados de la Asamblea Nacional. El puesto de miembro de asamblea no entrañaba dedicación exclusiva, toda vez que los miembros conservaban sus empleos al mismo tiempo que servían en la asamblea. La Asamblea Nacional normalmente se reunía dos veces al año, y cada sesión duraba dos o tres días. Estas condiciones hacían que la asamblea fuera débil en comparación con las organizaciones del gobierno y el partido.

La ley electoral y algunos de los procedimientos de la Constitución misma limitaron todavía más las repercusiones de estos cambios. Presentar la propia candidatura a las elecciones por decisión igualmente propia era imposible y los candidatos solamente podían nombrarse en asambleas mediante votación a mano alzada. Los candidatos tenían prohibido hacer campaña y no podían abordar problemas. Sólo el Partido Comunista o el gobierno podía hacer campaña y abordar problemas, por lo que a los críticos les era imposible intercambiar puntos de vista e información. No podían asociarse para formar un partido porque la Constitución daba este derecho únicamente al PCC. El partido y el gobierno publicaban biografías de los candidatos, que no podían vetar el contenido de las mismas. A veces, si se era nombrado candidato en contra de los deseos del partido, la única forma de evitar la humillación pública era retirarse de las elecciones.

La ley electoral reforzó el control del partido sobre los cargos superiores. Las listas de candidatos a puestos de delegado provincial, ejecutivo municipal y provincial y diputado nacional las preparaban comisiones de nombramiento dirigidas por el partido. Los miembros de éste representaban más de las nueve décimas partes de los diputados de la Asamblea Nacional. Asimismo, los delegados provinciales y los diputados de la Asamblea Nacional no tenía que elegirlos directamente el pueblo para que ocuparan puestos en las asambleas municipales en primer lugar. Las comisiones de nombramiento podían proponer a cualquier persona a la que juzgaran merecedora de ello. Aproximadamente el 44,5 por 100 de los diputados de la Asamblea Nacional elegidos en 1976 para un período de cinco años nunca se habían presentado directamente ante el electorado.

Las asambleas municipales, provinciales y la Asamblea Nacional desempeñaban un papel modesto en la política. Sus poderes reales eran mucho menores de lo que parecen ser cuando se lee la Constitución. Los debates en la Asamblea Nacional en torno a los proyectos de ley que podían utilizarse para controlar al brazo ejecutivo, tales como el plan o el presupuesto anual, eran formularios y las votaciones eran típicamente unánimes. En los niveles provinciales o municipales, la extremada limitación de los presupuestos y la autoridad extraordinaria que se reservaba para los órganos del Estado central habían limitado la efectividad de las asambleas. No obstante, en la Asamblea Nacional los debates eran más libres y tenían cierta repercusión si se referían a problemas ajenos a la política macroeconómica o a la política exterior y militar. En cuestiones tales como la delincuencia común, la protección del medio ambiente y las leyes relativas a la familia, los diputados ejercían cierta influencia sobre el contenido de los proyectos de ley. En el nivel local, el puesto de delegado de asamblea municipal no era diferente de la de un ombudsman o defensor del pueblo. Estos delegados recogían las quejas de los ciudadanos y procuraban salvar los obstáculos burocráticos con el fin de mejorar la dispensación de servicios gubernamentales a sus electores. De hecho, ponerse en comunicación con los funcionarios públicos para resolver necesidades locales —sello de las máquinas políticas— pasó a ser uno de los medios más efectivos de participación política en Cuba.

El estímulo de las quejas de ciudadanos para que se corrigieran los errores del gobierno local y la satisfacción de algunas demandas señalaron una diferencia fundamental entre la política de los primeros quince años de gobierno revolucionario y los años posteriores. Esta clase de protestas habían sido limitadas y a veces reprimidas en los primeros años, durante los cuales la movilización de masas era el único modo de participar en política que estaba permitido. En un marco autoritario más institucionalizado, el régimen se valía ahora de procedimientos más sutiles. En el nivel local se permitía —y a veces se alentaba— a los ciudadanos a expresar críticas de problemas específicos; para tales fines Cuba tenía ahora considerable libertad de expresión. Sin embargo, las cortapisas autoritarias limitaban la libertad de asociación en todos los niveles. A los críticos del régimen no les estaba permitido asociarse para protestar o criticar la política del gobierno. Asimismo, incluso en el nivel local se veían con malos ojos las críticas más generales o abstractas que se le hacían al gobierno.

Existían otras limitaciones de la libertad de expresión política tanto en el nivel provincial como en el nacional. Desde la primavera de 1960 todos los medios de comunicación social estaban en manos del Estado. Exceptuando las esporádicas cartas al director de tal o cual periódico, cartas que se parecían a las críticas específicas de los problemas locales que acabamos de mencionar, los medios de comunicación apoyaban de forma implacable (y a menudo anodina) la política y las actividades del régimen. Un poco mayor, aunque todavía limitada, era la libertad de expresión que permitía publicar materiales artísticos y académicos. En 1961 Fidel Castro resumió la política cultural del régimen mediante una frase ambigua: «Dentro de la revolución, todo; fuera de la revolución, nada»[10]. El material contrario a la revolución no se publicaba; tampoco se publicaba el material que no contenía críticas explícitas del régimen pero que era producido por conocidos adversarios del mismo. Un destino incierto esperaba al material que producían personas cuyo comportamiento el gobierno juzgaba poco convencional e inaceptable (por ejemplo, el comportamiento homosexual real o supuesto); los homosexuales fueron objeto de la máxima hostilidad a finales de los años sesenta y nuevamente en 1980. Había, con todo, cierta libertad de expresión para las personas que apoyaban a la revolución políticamente y que escribían sobre temas ajenos a la política contemporánea.

Especialmente en el decenio de 1960, Cuba no hacía hincapié en el «realismo socialista» como forma dominante de producción artística. Contrastando con la Unión Soviética, las formas artísticas y literarias podían escogerse libremente. En lo referente a exposiciones y publicaciones, en los años setenta el gobierno daba preferencia a los autores que se centraban en «la realidad socialista», aunque esto todavía podía hacerse mediante algunas formas de pintura abstracta. Un aspecto preocupante de la política del gobierno para con los artistas y los intelectuales era la posibilidad de que dicha política cambiara y que lo que a un autor le pareciese «inocuo» no se lo pareciera al censor. Así pues, la autocensura, más que una serie de medidas de mayor crudeza, se convirtió en la principal limitación de la libertad de expresión artística e intelectual.

Una forma de actividad política intelectual que poseía un historial modesto era la exposición del marxismo-leninismo teórico. En los cursos de marxismo-leninismo los textos principales eran los discursos de Fidel Castro y otras creaciones locales. Sin embargo, después de los años setenta se hicieron esfuerzos más serios por difundir el conocimiento teórico más abstracto de los clásicos marxistas-leninistas por medio de las escuelas y publicaciones del partido y de las investigaciones y los escritos en las universidades y en los medios de comunicación social. Se hizo un esfuerzo más consciente por relacionar estos escritos teóricos con las preocupaciones específicas de la Cuba contemporánea. El principal diario nacional, Granma, órgano oficial del Partido Comunista, fundado en el otoño de 1965 mediante la fusión del periódico del Movimiento 26 de Julio (Revolución) y el del PSP (Noticias de Hoy), solía dedicar una página a artículos que trataban asuntos teóricos e históricos. El marxismo-leninismo se convirtió en una asignatura obligatoria en las universidades para todas las profesiones.

Al comenzar el decenio de 1980, era claro que el régimen había consolidado su dominación. Podía decirse que se trataba de una oligarquía consultiva bajo un líder indiscutible. Fidel Castro seguía desempeñando el papel fundamental que había marcado la política cubana desde 1959, pero había delegado parte de la responsabilidad en sus colaboradores más allegados y ello daba al régimen un aspecto más oligárquico, en vez de sencillamente personal. Había una élite arraigada y vinculada entre sí en la cumbre de los órganos del partido, del Estado y del gobierno. Once de los dieciséis miembros del Buró Político que se eligieron en el segundo congreso del partido, en diciembre de 1980, eran también miembros del Consejo de Ministros; catorce de los miembros del Buró Político pertenecían al Consejo de Estado (donde constituían mayoría). De los catorce miembros del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, ocho lo eran también del Buró Político. Al celebrarse en 1986 el tercer congreso del partido, se reconoció la necesidad de mayor delegación. Aunque todos los miembros del Buró Político conservaron otro importante puesto de élite, sólo seis de los catorce eran al mismo tiempo miembros del Consejo de Estado y del de Ministros también. Sin embargo, entre veinte y treinta personas ocupaban ahora la totalidad de los máximos puestos significativos de los órganos del partido, el Estado y el gobierno.

Existían ahora, de forma más claramente diferenciada, un segundo nivel y niveles subsiguientes de líderes donde predominaban los especialistas en organización, a diferencia de los generalistas que ocupaban la cumbre. Estos cargos se especializaban en asuntos económicos de carácter técnico, cuestiones militares o del partido, pero estaban menos entrelazados. También perdieron importancia las divisiones históricas en facciones, herencia del período prerrevolucionario. Había una oportunidad razonable para el debate en el seno de la élite y para el ejercicio de cierta influencia por medio del Comité Central del partido, la Asamblea Nacional y las normales relaciones de los administradores de las empresas con los ministerios centrales.

El sistema político concentraba los poderes decisorios en la cumbre. A pesar de algunas tendencias a la descentralización a mediados de los setenta, Cuba seguía teniendo un sistema político sumamente centralizado, en el cual la mayoría de las decisiones fundamentales las tomaba un número relativamente pequeño de personas en La Habana, la mayor parte de las cuales desempeñaban altos cargos desde hacía cerca de treinta años. Las relaciones de poder se hicieron más institucionalizadas que en los años setenta gracias a los cambios que hubo en el partido, las organizaciones de masas y las instituciones encargadas de formular y poner en práctica la política económica, en particular la planificación central.

En el último nivel de la pirámide política alrededor de una quinta parte de la población adulta se veía excluida de participar realmente en las organizaciones de masas por ser consideradas —tanto por ellas mismas como por las autoridades— adversarios del régimen. Aunque los niveles de represión política contra estas personas disminuyeron sensiblemente en el decenio de 1970, volvieron a aumentar a finales de 1979 y en 1980. El puesto de Sergio del Valle como ministro del Interior lo ocupó su predecesor, Ramiro Valdés, que restauró, aunque no plenamente, algunas de las severas medidas de seguridad interna de los primeros años de gobierno revolucionario. En el mismo período también fueron sustituidos el ministro de Justicia, el fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo. Eran los responsables del ejercicio más «indulgente» del poder policial y judicial en los comienzos de los setenta; eran más «liberales» dentro del contexto de un régimen autoritario. En 1979-1980 el gobierno volvió a poner de relieve la supremacía de su poder frente a los disidentes sociales y políticos. (Valdés fue destituido de su cargo de ministro del Interior en diciembre de 1985 y del Buró Político en febrero de 1986).

En los niveles intermedios, los administradores gozaban ahora de mayor discreción en el lugar de trabajo para contratar, despedir y disciplinar a los trabajadores. Adquirieron una autoridad nueva, pero limitada, para disponer de los beneficios empresariales, y empezaron a exigir más atribuciones. Las organizaciones de masas comenzaron a mostrar algunos de los rasgos propios de los grupos de interés, sobre todo el grupo de presión ANAP en nombre del campesinado con propiedad privada, pero también, aunque de modo menos efectivo, la FMC, es decir, la Federación de Mujeres Cubanas. En semejante sistema político cada vez más jerárquico, los sectores habituados al ejercicio de la política organizativa, por ejemplo las fuerzas armadas, podían reclamar una parte creciente y desproporcionada de los recursos nacionales, alegando a modo de justificación no sólo las misiones «internacionalistas» adquiridas en la segunda mitad de los años setenta, sino también las nuevas amenazas de Estados Unidos en los ochenta.

Uno de los efectos de la revolución en el decenio de 1960 fue romper la correlación entre el origen social y el poder político. Muchos de los poderosos de antaño habían muerto, estaban en la cárcel o habían emigrado. Muchos de los poderosos de ahora eran gente de origen humilde; la revolución aceleró de modo espectacular la circulación de élites en los primeros años sesenta. Sin embargo, al llegar los ochenta, cada vez era mayor la evidencia de que existían correlaciones entre ocupar puestos de poder y la categoría social, y de que el gobierno revolucionario institucionalizado disminuía en gran medida la circulación de élites. Los líderes revolucionarios que eran jovencísimos —alrededor de treinta años de edad— cuando se hicieron con el poder en 1959 habían envejecido, pero sus identidades habían cambiado poco. El promedio de edad del Comité Central había aumentado a razón de un año por año. Los nuevos miembros del Comité Central tendían a pertenecer a la misma generación y a tener el mismo tipo de orígenes. Había poca renovación auténtica.

La institucionalización había fortalecido la oligarquía y la jerarquía, pero también se habían creado medios de consulta más efectivos. Habían pasado los tiempos en que el único medio de consulta era alzar las manos en una concentración pública para responder a las persuasivas exhortaciones de Fidel Castro. Desde el nivel local hasta el nacional había ahora un esfuerzo más sistemático por consultar con aquellos a quienes las nuevas medidas pudieran afectar, especialmente en las filas intermedias y superiores del poder. Las consultas habían pasado a ser el cauce principal de las presiones de los grupos de interés, aunque eran poco más que simbólicas en las relaciones con las masas populares, y era claro que poseían el potencial para atenuar los rasgos arbitrarios que aún quedaban del régimen autoritario.

El presidente Castro dijo al segundo congreso del partido que la demanda de orden jamás debería descuidarse en una revolución[11]. Con estas palabras resumió la respuesta de su gobierno a los tumultuosos acontecimientos de 1980: la crisis económica, la oposición y la represión políticas y la emigración en masa. Castro también señaló la mayor importancia que los líderes daban ahora a la estratificación y el orden políticos. El interrogante que debería resolverse en años venideros sería si las nuevas demandas de orden en la revolución competían, superaban o excluían a las demandas de una revolución dentro de la revolución: la gran consigna de finales de los sesenta. Los sueños de finales de los cincuenta, los que habían transformado la revolución en una epopeya nacional para muchos cubanos, ¿se harían realidad mediante el aumento de la estratificación política y social? La Cuba del futuro, ¿respondería más al orden o a la revolución?

LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Amenazada todavía por Estados Unidos después de resolverse la crisis de los misiles en 1962 (Washington boicoteó todas las relaciones económicas con Cuba y procuró que otros gobiernos le ayudaran a estrangular la economía cubana para provocar la caída del gobierno de Castro) y todavía sin saber con seguridad el alcance del compromiso soviético, el gobierno cubano formuló una política exterior mundial destinada a defender sus intereses. La supervivencia del gobierno revolucionario en Cuba, máxima prioridad de los líderes del país, exigía una política exterior que fuera tanto global como activista. Cuba forjó un servicio exterior grande y capacitado, experto en diplomacia, economía internacional, espionaje y asuntos militares. Desde el principio los líderes también procuraron utilizar la política exterior como medio de obtener recursos para la transformación social y económica de Cuba. La relación con la Unión Soviética era el elemento central de ambas prioridades. Al mismo tiempo, La Habana procuró mantener buenas relaciones con el mayor número posible de gobiernos de todo el mundo. Esta política, que concordaba con el esfuerzo por liberarse del aislamiento que el gobierno estadounidense pretendía imponer a Cuba, ofrecía la posibilidad de entablar relaciones económicas con países no comunistas. Otra prioridad consistía en ampliar la influencia de Cuba en movimientos izquierdistas de carácter internacional, tanto si estaban organizados en partidos comunistas como si no. Los líderes cubanos creían haber conducido una revolución auténtica al poder. A diferencia de lo ocurrido en la mayor parte de la Europa oriental al finalizar la segunda guerra mundial, la instauración del marxismo-leninismo en Cuba no fue la consecuencia de la ocupación del país por las fuerzas armadas soviéticas. Además, esta revolución caribeña autóctona no la había capitaneado el antiguo Partido Comunista. Los revolucionarios cubanos creían tener algunas percepciones fundamentales de cómo las revoluciones del Tercer Mundo podían manifestarse y evolucionar hacia el marxismo-leninismo: en pocas palabras, podían dar a los soviéticos algunas lecciones sobre cómo había que apoyar a las revoluciones en el último tercio del siglo XX.

A los líderes cubanos no les interesaba sólo la influencia, sino también el fomento real de revoluciones. Su futuro sería más seguro en un mundo donde hubiera numerosos gobiernos revolucionarios, amigos y antiimperialistas. Las revoluciones, por otra parte, iban a la vanguardia de la historia y el futuro pertenecía a quienes lo analizaran correctamente y actuasen en consecuencia. No bastaba con dejar que la historia se desenvolviera —este había sido el error de los antiguos comunistas—, pues los pueblos debían hacer su propia historia, aunque no puedan hacerla exactamente como les gustaría. Era deber de los revolucionarios hacer la revolución. Sin embargo, a menudo era difícil conciliar esta postura con la necesidad de mantener relaciones diplomáticas con el mayor número posible de gobiernos.

A mediados del decenio de 1960 el gobierno cubano forjó una política exterior independiente que a menudo le hizo chocar con la Unión Soviética. Cuba apoyó vigorosamente a movimientos revolucionarios en muchos países latinoamericanos y en África. Cuba prestó ayuda material a revolucionarios en la mayoría de los países centroamericanos y andinos, a los que luchaban contra el imperio portugués en África y también a gobiernos revolucionarios amigos tales como el del Congo (Brazzaville), el de Argelia y el del Vietnam del Norte. En enero de 1966 Cuba fue la anfitriona de una conferencia tricontinental, a partir de la cual se fundaron la Organización para la Solidaridad con los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAL) y la Organización para la Solidaridad Latinoamericana (OLAS). Con base en La Habana y personal cubano, ambas organizaciones prestaban apoyo a movimientos revolucionarios. Los líderes cubanos criticaban duramente a los que no recurrían a la lucha armada para alcanzar la victoria revolucionaria; la mayoría de los partidos comunistas latinoamericanos afines a Moscú fueron atacados por su prudencia excesiva, cuando no su cobardía.

Castro declaró que si la lucha armada era el medio de avanzar, entonces el Partido Comunista venezolano, que estaba afín a Moscú, cometía traición cuando pretendía poner fin a la guerra de guerrillas en Venezuela en 1967 y reintegrarse a la política más normal. Pero el compromiso con la lucha armada, aunque esencial, no era suficiente. Algunos de los que se negaron a ajustarse a la política cubana (por ejemplo el revolucionario Yon Sosa en Guatemala) fueron tachados de trotskistas. Cuba quería fomentar la revolución, pero quería aún más mantener y ampliar su influencia sobre la izquierda. Estaba dispuesta a escindir a la izquierda, internacionalmente y en países determinados, para mantener su primacía, incluso a costa de poner en peligro la victoria revolucionaria. Esta política provocó conflictos entre La Habana y otros gobiernos, especialmente en América Latina. Cuando sorprendieron a Cuba ayudando activamente a los revolucionarios venezolanos, el gobierno de Venezuela presentó cargos de agresión que culminaron con la condena de Cuba al amparo de las cláusulas del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (el Pacto de Río) en 1964. El hemisferio impuso sanciones colectivas a Cuba, requiriéndose a todos los signatarios el suspender las relaciones políticas y económicas con Cuba. Estados Unidos y todos los países latinoamericanos (excepto México) obedecieron.

La política que seguía Cuba también provocó problemas en las relaciones soviético-cubanas. Además del conflicto provocado por el papel de los partidos comunistas afines a Moscú, líderes cubanos —especialmente el ministro de Industria, Ernesto «Che» Guevara, que era argentino de nacimiento y héroe de la guerra revolucionaria— criticaron a la URSS por su comportamiento de superpotencia y la miserable ayuda que prestaba a la revolución cubana. Según ellos, los productos soviéticos y de la Europa oriental eran «trastos viejos». El gobierno cubano daba la impresión de despreciar a su aliado soviético, de tenerle por un país no revolucionario en el interior y en el extranjero. Los cubanos habían recogido el estandarte caído de la revolución. Cuando los líderes cubanos vincularon a la URSS y sus aliados con la microfacción, a principios de 1968 estalló un enfrentamiento cubano-soviético. La Unión Soviética respondió demorando el ritmo de entrega de productos del petróleo a Cuba, obligando con ello al gobierno revolucionario a imponer un drástico racionamiento de dichos productos. Los soviéticos también retiraron a la mayoría de sus asesores técnicos. Tras una serie de difíciles negociaciones, la crisis se superó en el verano de 1968 cuando el primer ministro, Castro, reconoció inesperadamente en la televisión que se disponía a aprobar la intervención de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia en Checoslovaquia. Fue el histórico momento crítico de las relaciones soviético-cubanas, y la mejora que siguió al mismo alcanzó su apogeo en la cooperación en las guerras africanas a finales de los años setenta.

La política exterior tropezó con otros problemas graves en las postrimerías del decenio de 1960. La muerte de Che Guevara y de otros miembros del Comité Central del Partido Comunista Cubano en el corazón de Bolivia, adonde habían ido con el propósito de encender una revolución, representó un revés significativo. En un plano más general, la estrategia consistente en fomentar la revolución por medio de la lucha armada fracasó en toda América Latina y sirvió para consolidar regímenes democráticos, como en Venezuela, o tiranías dinásticas, como en Nicaragua. Las estrategias no violentas que prometían cambios parecían más viables: un gobierno militar de tendencia izquierdista accedió al poder en Perú a finales de 1968 y una amplia coalición de la izquierda chilena ganó las elecciones presidenciales en 1970.

Las relaciones de Cuba con la República Popular China también se agriaron a mediados del decenio de 1960. A pesar de las numerosas semejanzas de perspectiva y de política entre los líderes de los dos países, y a pesar de la considerable ayuda económica que China prestó a Cuba durante los primeros años sesenta, las relaciones se deterioraron cuando los líderes chinos exigieron apoyo total de Cuba en el conflicto entre China y la Unión Soviética y ejercieron directamente presiones sobre personal militar y del partido cubano. Cuando las economías de ambos países empezaron a ir mal a mediados de los sesenta, se intensificó el conflicto comercial, y aunque las relaciones comerciales y de otro tipo nunca se cortaron por completo, sí quedaron muy reducidas. Las relaciones políticas bilaterales continuaron siendo malas después de principios de 1966.

A pesar de estas dificultades, se cumplieron las prioridades más fundamentales de la política exterior de Cuba. El régimen revolucionario sobrevivió, lo cual fue por sí sólo un logro notable. La pauta de la política daba prioridad a las buenas relaciones con la Unión Soviética por encima de la promoción de revoluciones. El gobierno cubano no hubiera podido mantenerse en el poder sin apoyo soviético, que había aumentado desde los últimos años sesenta. Un acuerdo importante firmado en diciembre de 1972 aplazó hasta enero de 1986 el pago de los intereses y el principal sobre todos los créditos soviéticos concedidos a Cuba antes de enero de 1973, y luego los reembolsos se prolongaron hasta entrado el siglo XXI. (De hecho, en 1986 los reembolsos se aplazaron varios años más). Los créditos soviéticos destinados a cubrir los déficits del comercio bilateral en 1973-1975 se concedieron libres de intereses, y el principal tenía que reembolsarse a partir de 1986. Entre 1960 y 1974 las subvenciones soviéticas de los déficits del comercio bilateral con Cuba se cifraron en un total de aproximadamente 3.800 millones de dólares. Estos déficits hubieran sido mayores si la Unión Soviética no hubiese subvencionado también las exportaciones de azúcar cubano a la URSS durante la mayoría de los años, por la suma de unos 1.000 millones de dólares durante los años sesenta. En 1976, a modo de recompensa parcial por la osadía y las victorias militares de Cuba en Angola, la Unión Soviética volvió a acceder a subvencionar las ventas de azúcar cubano por medio de una fórmula compleja que estipulaba un precio que era cinco o seis veces mayor que el vigente en el mercado mundial. Además, la Unión Soviética subvencionaba el precio del petróleo que vendía a Cuba y del níquel que compraba a dicho país. Después de 1976 las subvenciones soviéticas se mantuvieron en un nivel muy alto y representaban no menos de una décima parte del producto bruto anual de Cuba.

Como era de prever, estas subvenciones reforzaron las relaciones comerciales cubano-soviéticas. Mientras que el comercio con la URSS representó por término medio el 45 por 100 del comercio cubano hasta 1975, a principios de los ochenta superaba el 60 por 100. También se incrementó el comercio de Cuba con los países de la Europa oriental cuando éstos accedieron a subvencionar los precios del azúcar. También fueron causa de estos cambios las dificultades de Cuba al comerciar con mercados de moneda fuerte (de hecho, la mayor parte del comercio de Cuba con la Unión Soviética y la Europa oriental es comercio de trueque con precios imputados). Asimismo, Cuba ha recibido ayuda soviética para proyectos de desarrollo económico, la preparación de personal técnico cubano en la URSS y el mantenimiento de asesores técnicos soviéticos en Cuba.

Un elemento notable de la ayuda soviética a Cuba era militar. Además de la protección militar que aportaba la Unión Soviética frente a Estados Unidos, Moscú convirtió las fuerzas armadas cubanas en las principales de América Latina. No había en la región otras fuerzas armadas capaces de igualar la habilidad, la experiencia y la complejidad técnica del ejército y las fuerzas aéreas de Cuba. La marina cubana era la única rama de las fuerzas armadas que todavía estaba anticuada. Los traspasos de armas soviéticas se efectuaban sin cobrar, y el proceso de pertrechar y modernizar las fuerzas armadas cubanas alcanzó su apogeo en un auge de adquisiciones durante los primeros años ochenta.

Una nueva fase de la cooperación militar entre soviéticos y cubanos empezó al decidir Cuba que mandaría 36.000 soldados en apoyo del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) en la guerra civil que estalló en dicho país en 1975-1976. Aunque a Cuba no le hubiera sido posible entrar en aquella guerra victoriosa sin el apoyo soviético, la cronología de la participación, la pauta de despliegue y el testimonio de testigos clave inducen a pensar que las decisiones principales las tomaron Cuba y el MPLA, en vez de la URSS. En enero de 1978, respondiendo a una petición que hizo el gobierno etíope al encontrarse ante una invasión somalí que había ocupado una parte considerable de su territorio, miles de soldados cubanos, apoyados y dirigidos por oficiales soviéticos y germano-orientales, además de cubanos, ayudaron a repeler a los invasores somalíes. En este caso la pauta hace pensar que la Unión Soviética y Etiopía tomaron la iniciativa en lo que se refiere a formular y poner en práctica estas medidas.

En resumen, en los años ochenta la alianza soviético-cubana era estrecha y compleja, respondía a los intereses percibidos de ambos aliados, respetaba la independencia de cada uno de ellos y les permitía formular su propia política en estrecha colaboración mutua. Aunque las victorias de Cuba en las guerras africanas no habrían sido posibles sin el apoyo soviético, también es verdad que las victorias soviéticas no se habrían logrado sin las fuerzas cubanas.

Se obtuvieron éxitos apreciables en la tarea general de mejorar las relaciones con otros estados. Incluso en los años de política exterior radical, en el decenio de 1960, Cuba había mantenido buenas relaciones comerciales con varios estados de la Europa occidental. El caso de la España de Franco es digno de atención. Desde 1963 hasta la muerte de Franco en 1975 Cuba mantuvo excelentes relaciones económicas con España y desistió de fomentar la revolución allí con el fin de conservar una relación oficial mutuamente valiosa. Cuba también conservó relaciones diplomáticas correctas con el gobierno mexicano, evitando la tentación de apoyar las protestas izquierdistas contra el gobierno en 1968-1971. A principios de los setenta Cuba se esforzó constantemente por mejorar sus relaciones con la mayoría de los gobiernos. Las relaciones económicas con los países de la Europa occidental y con Japón mejoraron todavía más cuando la economía cubana se recuperó de los estragos de los años sesenta. En 1975 se levantaron las sanciones políticas y económicas colectivas interamericanas, y varios países latinoamericanos cultivaron las relaciones comerciales con Cuba. El comercio mexicano y argentino con Cuba adquirió importancia durante los cinco años siguientes, y hasta las relaciones con Estados Unidos empezaron a mejorar. Washington votó a favor de levantar las sanciones colectivas y modificó sus propias leyes para eliminar las sanciones a terceros que formaban parte de las medidas de embargo económico que había adoptado contra Cuba. El gobierno de Ford y el gobierno cubano celebraron conversaciones bilaterales en 1975, y aunque la guerra en Angola las interrumpió, se reanudaron en 1977 al empezar la presidencia de Cárter. Las nuevas conversaciones culminaron en una serie de modestos acuerdos bilaterales y en la instauración de «secciones de intereses» diplomáticos de cada país en la capital del otro. Aunque la mayoría de estos procedimientos fueron duraderos, las relaciones comenzaron a deteriorarse de nuevo a raíz de la entrada de Cuba en la guerra etíope-somalí en 1978.

Las relaciones de Cuba con África y Asia también mejoraron en el decenio de 1970. Cuba había ingresado en el movimiento de países no alineados en 1961 y, a pesar de que su alianza militar con la Unión Soviética era cada vez más estrecha, Cuba se convirtió en líder del movimiento durante un período de tres años en la conferencia cumbre de jefes de Estado que se celebró en La Habana en 1979. En las relaciones con estos países influyó significativamente el despliegue de miles de cubanos que servían en misiones de ayuda exterior. A comienzos de los años ochenta unos 15.000 cubanos prestaban servicios de misiones civiles en ultramar en alrededor de treinta países; predominaban las tareas en los campos de la construcción, la sanidad y la educación[12]. Además, unos 35.000 soldados y asesores militares (entre los que había expertos en seguridad) solían encontrarse normalmente destinados en ultramar en un par de países (la mayor parte de este personal se encontraba en Angola y Etiopía). En relación con el número de habitantes de Cuba, los ejércitos destinados en ultramar representaban un despliegue superior al que hiciera Estados Unidos en el apogeo de la guerra de Vietnam. El respetable despliegue militar cubano en Angola duró tanto como el compromiso militar de Estados Unidos en Vietnam.

La más decisiva de las nuevas iniciativas en materia de política exterior fue el apoyo que a partir de 1977 prestó Cuba a los insurgentes sandinistas que luchaban contra el gobierno de Anastasio Somoza en Nicaragua, el primer compromiso importante con el fomento de la insurgencia en América desde hacía un decenio. Después de la victoria de los revolucionarios nicaragüenses en julio de 1979, Cuba cultivó relaciones estrechísimas con el gobierno sandinista y también con el gobierno revolucionario que accedió al poder en la isla de Granada en marzo de 1979. La Habana envió varios miles de civiles y militares a Nicaragua y varios centenares a Granada. La propia Cuba reconoció que proporcionó apoyo político, militar y económico a los insurgentes de El Salvador, especialmente en 1980 y principios de 1981.

El triunfo de la revolución en Nicaragua fue el primero que se registraba en América Latina desde la propia revolución cubana. Asustó a los gobiernos vecinos y, sobre todo, al de Estados Unidos, que, tras el comienzo de la presidencia Reagan en enero de 1981, una vez más amenazó a Cuba con una invasión militar. Reservistas cubanos lucharon con valentía (aunque inútilmente) contra las tropas estadounidenses que invadieron Granada en octubre de 1983: fue el primer choque militar de este tipo desde hacía un cuarto de siglo.

Si muchos cubanos lucharon con valor por su país en los campos de batalla africanos y sirvieron en misiones de ayuda exterior en tres continentes, casi un millón de cubanos demostraron audacia al romper con su gobierno, venciendo sus controles y emigrando. La primera oleada de emigración se produjo, como hemos visto, inmediatamente después de la revolución y cesó de repente en 1962; la segunda duró desde finales de 1965 hasta que fue disminuyendo a comienzos de los setenta. La tercera oleada de emigración consistió en un estallido dramático en la primavera de 1980. Después de que varios miles de cubanos irrumpieran en la embajada de Perú en La Habana, el gobierno permitió que cubano-estadounidenses procedentes de Estados Unidos cruzaran el estrecho de Florida a bordo de embarcaciones de poco calado y en el puerto de Mariel recogieran a amigos y familiares, siempre y cuando también estuvieran dispuestos a transportar a Estados Unidos a una considerable minoría de personas a las que el gobierno cubano llamaba «escoria». Estas personas fueron reunidas por las fuerzas de seguridad internas o salieron de las cárceles cubanas para lo que equivalía a la deportación de su propio país. Después de La Habana, Miami pasó a ser la ciudad con mayor número de habitantes cubanos.

La revolución cubana había estallado sobre el mundo desde una pequeña isla del Caribe y poco a poco fue convirtiéndose en uno de los asuntos centrales de la política internacional. La política exterior cubana logró asegurar la supervivencia del régimen revolucionario y obtener recursos de la Unión Soviética. Influyó en muchos gobiernos africanos, pero no le fueron tan bien las cosas en lo que se refiere a convertir la insurgencia en gobiernos revolucionarios en América. Sus líderes llamaron la atención del mundo; su política debían seguirla muy de cerca estadistas de todos los países; a su pueblo se le podía encontrar en todo el globo. El escenario de la revolución cubana se había hecho universal porque sus preocupaciones y su política afectaban a millones de amigos y enemigos suyos en muchos países.

Capítulo 5
LA REPÚBLICA DOMINICANA, 1930-c. 1990

LA ERA DE TRUJILLO, 1930-1961

Justo en los inicios de la gran depresión económica mundial, el 23 de febrero de 1930, la República Dominicana fue conmovida por un golpe de Estado dirigido por el jefe del ejército, Rafael Leónidas Trujillo. A diferencia de otros levantamientos militares encabezados por caudillos y jefes militares en el siglo XIX y principios del siglo XX, este golpe de Estado marcó una ruptura definitiva con el orden político tradicional, pues a partir de entonces el pueblo dominicano quedó sometido a una dictadura totalitaria que duró treinta y un años en la cual los intereses personales del dictador se confundieron con los del mismo Estado dominicano, dando lugar a la conformación de un sistema político patrimonialista pocas veces visto en América Latina.

Para muchos resulta extraño que un pueblo que vivió en permanente inestabilidad política durante los primeros setenta años de vida republicana, azotado por más de un centenar de revoluciones, alzamientos, cuartelazos y golpes de Estado que daban lugar a gobiernos de corta duración, terminara sometido finalmente a un largo gobierno autoritario cuya permanencia desafió la crisis económica de los años treinta, así como los fermentos democratizantes de América Latina posteriores a la segunda guerra mundial.

La clave para entender la larga estabilidad del régimen de Trujillo que gobernó la República Dominicana durante treinta y un años, reside en el desarme impuesto por las tropas de ocupación de la Marina de Estados Unidos que gobernaron el país desde que lo invadieron en mayo de 1916 hasta su salida en mayo de 1924. Este desarme liquidó para siempre el poder y la influencia de los líderes guerrilleros tradicionales y sirvió para establecer una Policía Nacional profesional, obediente únicamente al gobierno central. Esta Policía Nacional auxilió a las tropas extranjeras en sus campañas de pacificación del país al servir de ejecutora de la represión contra los movimientos campesinos que se organizaron en la región oriental del país para luchar contra la intervención extranjera.

Cuando los soldados norteamericanos abandonaron el país en 1924 dejaron tras de sí un gobierno nacional compuesto por muchos de los más activos políticos de la época anterior a la ocupación y presidido por un antiguo caudillo llamado Horacio Vásquez, quien pronto actuó para colocar en el mando supremo de la Guardia Nacional a militares incondicionales a su línea de partido, entre los cuales se encontraba el capitán Rafael Leónidas Trujillo, el cual fue rápidamente ascendido hasta ser colocado en la jefatura del Ejército Nacional en 1927, justo en los momentos en que Vásquez violentó la Constitución e hizo prolongar por dos años más su mandato presidencial que debía terminar en 1928, para seguir gobernando sin elecciones hasta 1930.

La crisis política generada por los empeños del presidente Horacio Vásquez para reelegirse en las elecciones de mayo de 1930 pronto degeneró en una conspiración abierta urdida en el partido de la oposición, cuyos líderes convencieron al jefe del ejército para que traicionara a Vásquez y se uniera a ellos en sus propósitos de derrocar al gobierno. No imaginaban ellos que Rafael Leónidas Trujillo tenía sus propias ambiciones políticas y que después de derrocar a Vásquez, en febrero de 1930, utilizaría todas las fuerzas de su poder militar para amedrentar a sus opositores y concurrir él solo a unas elecciones amañadas en las que resultó electo casi unánimemente con los votos de menos de la mitad del electorado nacional.

En este proceso Estados Unidos tuvo muy poco margen de maniobra pues aunque sus representantes diplomáticos trataron de impedir el golpe de Estado, una vez que fueron confrontados por el hecho cumplido, aceptaron a Trujillo, a quien ellos decían preferir como garante de la estabilidad política y como una alternativa más plausible que una revolución. En todo el tiempo que Trujillo gobernó la República Dominicana, Estados Unidos siempre consideró que Trujillo era mejor opción que sus enemigos de dentro o de fuera y por ello él gozó siempre de su apoyo, con excepción de un corto período de dos años después de terminada la segunda guerra mundial, cuando varios funcionarios liberales del Departamento de Estado, enemigos de Trujillo, objetaban su totalitarismo y trataron sin éxito de obtener la salida de Trujillo del poder.

Rafael Trujillo era un ambicioso militar procedente de las capas bajas de la población de San Cristóbal, una aldea situada a unos treinta kilómetros de la ciudad de Santo Domingo. Ingresó en 1918 en la llamada Policía Nacional Dominicana que el gobierno de ocupación de Estados Unidos organizó para liquidar a los grupos y caudillos revolucionarios y para pacificar el país. Allí aprendió nuevos métodos de organización y disciplina castrenses importados por los norteamericanos e implantados en numerosos departamentos de la administración pública. Gracias a su sentido de la disciplina y a una inteligencia singular, aprendió pronto su oficio y ascendió rápidamente en el escalafón de aquel cuerpo oficial que a la salida de los marines norteamericanos cambió de nombre por el de Guardia Nacional.

A medida que fue ascendiendo, Trujillo utilizaba su creciente poder como comandante local para hacer fortuna realizando negocios con la compra de alimentos, ropa y equipo de los soldados. Al llegar a la jefatura del ejército, en 1928, Trujillo se enriqueció todavía más e invirtió su dinero en tierras y propiedades urbanas, demostrando poseer un decidido espíritu empresarial y un poco escrupuloso afán de lucro fuera de lo común en aquella sociedad donde la actividad económica seguía descansando en la posesión de la tierra y en la agricultura. Trujillo aprovechó la desmedida confianza que le dispensaba el presidente Horacio Vásquez, quien lo había llevado a la jefatura del ejército en reconocimiento de su demostrada lealtad personal, para colocar en los mandos claves del ejército a oficiales adictos a su persona. Poco a poco, Trujillo convirtió aquel cuerpo de orden en un negocio personal y en una maquinaria al servicio de sus intereses. En corto tiempo la riqueza de Trujillo fue ampliamente conocida y se hizo público que el sistema de compras y aprovisionamiento del ejército era su principal fuente de ingresos. En 1927, por ejemplo, el presupuesto del ejército cerró con déficit y Trujillo no pudo justificar cómo había gastado el dinero ese año. En 1929, con ocasión de un estudio administrativo-financiero del país que hizo una misión norteamericana contratada por el presidente Vásquez para modernizar diversos departamentos del gobierno, se descubrieron las vías de escape del presupuesto militar que Trujillo utilizaba en su provecho. No obstante las recomendaciones de la comisión para que fuera corregida esa situación, y a pesar de las demandas de algunos líderes políticos del partido oficial para que Trujillo fuese removido de su cargo, el presidente Vásquez siguió apoyándolo sin sospechar que ya en esos momentos Trujillo conspiraba con sus enemigos y terminaría derrocándolo pocos meses más tarde.

Trujillo utilizó su ejército para imponer su dominio sobre una población desarmada utilizando la violencia, el terror, la tortura y el asesinato. Desde un principio su gobierno se constituyó en un régimen de rapiña que se organizó para proporcionarle una participación total o parcial en todos los negocios que había en el país en el momento de su llegada al poder. Una vez logrado el control de estos negocios, Trujillo utilizó todo el poder del Estado para liquidar la competencia y establecer monopolios. Al negocio de las compras de aprovisionamientos del ejército sucedió, en 1931, un nuevo negocio consistente en el monopolio de la producción y venta de la sal, que Trujillo pudo imponer amparándose en su condición de presidente de la república, haciendo aprobar una ley que prohibió la producción de las salinas marítimas para que la población se viera obligada a consumir sal de las minas de Barahona, cuya producción controlaba. Establecido el monopolio, el precio de la sal subió de 60 centavos a 3,00 pesos el quintal, lo que según las informaciones de aquellos días le reportaba a Trujillo beneficios anuales ascendentes a unos 400.000 pesos.

Al monopolio de la sal siguió el de la carne. El control de las carnicerías de la ciudad de Santo Domingo también le proporcionaba ingresos de unos 500.000 pesos anualmente. A éste se unió el monopolio del arroz, que Trujillo instituyó prohibiendo la importación de arroz y obligando a los dominicanos a consumir arroz criollo distribuido a través de una compañía suya que elevó el precio de unos 6 centavos a 12 y 15 centavos la libra, dependiendo de la calidad.

En los primeros años de su gobierno, Trujillo anduvo rápido en la creación de estos monopolios que también abarcaron la venta y distribución de leche en la capital y la instalación de un banco de canje de cheques del gobierno, que administraba su esposa María Martínez, por medio del cual los empleados públicos pagaban un porcentaje de sus sueldos para poder cobrar sus cheques por adelantado. Con el dinero acumulado rápidamente con estos primeros negocios, Trujillo compró en los años siguientes acciones de varias empresas que ya funcionaban en el país y terminó arrebatándoselas a sus dueños, como fue el caso de una compañía de seguros que él hizo que le vendieran y que, después de adquirirla, bautizó con el nombre de San Rafael, y como fue el caso también de la Compañía Anónima Tabacalera, cuyos dueños fueron forzados a venderle acciones para después verse obligados a cederle la propiedad casi total de la empresa.

Con estos y con otros muchos negocios que abarcaban desde la prostitución hasta la exportación de frutos del país, incluyendo las comisiones por la concesión de contratos de obras públicas y el descuento de un 10 por 100 que se les hacía a los empleados públicos de sus sueldos destinado al Partido Dominicano, cuyas cuentas él personalmente administraba, Trujillo terminó convirtiéndose a finales de su primera administración presidencial en el hombre más rico del país. Durante el resto de su vida, Trujillo utilizaría el poder político y militar para enriquecerse y para favorecer a los miembros de su familia o a sus allegados más íntimos. El gobierno fue para él un medio de engrandecimiento personal y no un instrumento de servicio público, a pesar de los esfuerzos que hicieron sus seguidores por crear una ideología basada en una supuesta reconstrucción nacional inspirada en el más puro patriotismo.

En su afán por aumentar su riqueza personal, Trujillo tenía frente a sí la enorme tarea de desarrollar la riqueza nacional, pues la suya necesariamente debía provenir de ésta. Y de ahí su vigoroso empeño por continuar la política de fomento agrícola y de obras públicas iniciada por los gobiernos anteriores. A lo largo de los treinta y un años de su régimen, el gobierno de Trujillo llevó a cabo el más grandioso plan de obras públicas y de construcciones jamás realizado en la República Dominicana. Debido a la depresión económica, durante los primeros años Trujillo se limitó a concluir las obras ya comenzadas o contratadas durante el gobierno de Vásquez, pues la situación económica del país después de la crisis mundial quedó sin recursos suficientes para atender a las obras públicas. Pero tan pronto como la economía empezó a recuperarse alrededor de 1938, el gobierno reemprendió con inusitada energía los anteriores programas de carreteras, puentes, canales de regadío y colonización agrícola y, a la vuelta de pocos años, la riqueza del país empezó a hacerse evidente gracias a la apertura de decenas de miles de tareas de tierras a la agricultura y al asentamiento de miles de campesinos en tierras donadas por el Estado en regiones hasta entonces abandonadas. Gracias a esos programas de colonización, que fueron en realidad una incipiente reforma agraria, aumentó la producción agrícola en todos los renglones haciendo al país autosuficiente en arroz, maíz, frijoles y víveres, pues hasta la década de 1930, no siempre se produjo todo lo que se necesitaba.

Ahora bien, fue en la promoción de la industrialización en lo que el gobierno de Trujillo dejó las huellas más profundas en la economía dominicana. A partir de 1910, la República Dominicana empezó a sufrir sus primeros déficit en la oferta local de bienes de consumo debido a que los altos precios de los productos de exportación en el mercado mundial generaron una prosperidad hasta entonces desconocida que contribuyó grandemente al aumento rápido de la demanda. Durante los años inmediatamente anteriores a la primera guerra mundial y durante los años de guerra, la República Dominicana conoció su primer desarrollo manufacturero. Los negocios se multiplicaron y se vio una inusitada proliferación de aserraderos, fábricas de ladrillos, ebanisterías, destilerías, carpinterías, chocolaterías, licorerías, fábricas de gaseosas, ropa, calzados y sombreros que vinieron a unirse a otros establecimientos similares instalados en años anteriores. Ya para entonces la producción manufacturera local estaba relativamente diversificada, aunque su escala se mantenía más cerca del taller medieval que de la fábrica moderna. Los insumos que utilizaban esos talleres eran en su mayor parte materias primas locales: aguardiente, cebo, cacao, cuero, tabaco, coco, madera y sal. En aquellos casos en que se requería la importación de materia prima, la proporción del costo de esos insumos importados estaba ampliamente compensada con la baratura y abundancia de la mano de obra local disponible. Rápidamente, la República Dominicana llegó a establecer su propia dinámica de crecimiento industrial basada en la multiplicación de talleres manufactureros que eran administrados por un numeroso artesanado local.

Fue la depresión económica de los años treinta lo que produjo el reto que hizo posible el segundo despertar industrial dominicano en el siglo XX, y en este proceso le tocó a Rafael Trujillo ser el principal protagonista en su calidad de jefe absoluto de un gobierno en el que se confundían su patrimonio personal con el patrimonio del Estado. Una de las primeras industrias en resultar favorecidas fue la del calzado, pues entre 1930 y 1933 el gobierno dictó una serie de medidas proteccionistas para revertir los efectos de la ley de tarifas de 1919 y para proteger la fabricación de productos nacionales. A estas medidas se le añadió, en abril de 1934, la primera Ley de Franquicias Industriales, dictada para atraer capitales a la industria y para servir de incentivo legal a las nuevas inversiones industriales que Trujillo quería realizar en su empeño por convertirse en el más importante empresario industrial de la República Dominicana. Fue durante esos años cuando se reorganizaron, bajo el liderazgo empresarial de Trujillo, las industrias de cerveza, de tabaco, de alcoholes y de pastas alimenticias, y que se creó, en 1937, la primera fábrica de aceites vegetales en el país. También en esos años aparecieron pequeñas fábricas para moler trigo, para fabricar queso y para hacer chocolate. Todas eran, claro está, manufacturas orientadas a la sustitución de importaciones. El interés del régimen por favorecer esas industrias que procesaban materias primas nacionales fue una respuesta al estrangulamiento que padecía la economía dominicana en medio de la crisis de precios de sus exportaciones.

En 1939 el país contaba ya con una planta artesanal y manufacturera relativamente diversificada compuesta por pequeños establecimientos dispersos en todo el país que servían para satisfacer la demanda de la población nacional que apenas superaba el millón de habitantes. La zona azucarera de San Pedro de Macorís, en donde los ingenios habían hecho posible un rápido proceso de crecimiento económico y de expansión del mercado provincial, tenía, antes de la segunda guerra mundial, fábricas de camisas, de muebles, de jabones, de polvos, de brillantinas, de ron, de harina de maíz, tenerías, fábricas de hielo y pastas alimenticias. En la zona tabacalera de Santiago, por su parte, se conservaba una vieja tradición manufacturera que se extendió durante los años de depresión. En esta zona había una factoría para la elaboración de almidón de yuca en gran escala, además de grandes fábricas de cigarros y cigarrillos. En Santiago, la industria del calzado estaba bastante desarrollada por ser esta ciudad el centro de la zona más densamente poblada del país. En Santiago se fabricaban, además, ropas de hombre, sombreros de paja, licores y bebidas alcohólicas y, conjuntamente con La Vega, sus empresarios habían iniciado la explotación de los grandes aserraderos de la región. Puerto Plata, el principal puerto de exportación de tabaco, cacao y café, se consideraba todavía, en 1939, la ciudad más industrial de la república y había numerosos talleres para la fabricación de quesos, mantequilla, embutidos, pastas alimenticias, galletas de soda, vinos y licores, ron, camisas, jabones, bayrhum, zapatos y botas, muebles, además de su clásica fábrica de fósforos que se consideraba única en la República Dominicana por su modernidad. Este patrón de distribución de las industrias dominicanas en los principales pueblos del país antes de la segunda guerra mundial, sufrió una notable alteración al surgir como empresario Rafael Trujillo, quien, en control absoluto del Estado y con una extraordinaria capacidad de ahorro, se inició como gran inversionista industrial en los años treinta. Como hombre que había nacido cerca de la capital de la república, Trujillo quiso convertir a Santo Domingo en el principal polo industrial de la república al concentrar en esta ciudad grandes complejos industriales básicos de aceites vegetales, de carnes, de leche, de textiles, de calzados y de cemento durante y después de la segunda guerra mundial.

Trujillo aprovechó la crisis económica posterior a 1929 para establecer un régimen de austeridad que mantuvo congelados los salarios durante muchos años. Con su bien articulado régimen de monopolios Trujillo llegó a convertirse en el principal ahorrador e inversionista de la república y terminó siendo el primer gran capitán de industrias de la República Dominicana asociándose con grupos de empresarios nacionales y extranjeros a quienes incorporó a sus negocios o a quienes obligó a dejarlo a él incorporarse en aquellas industrias que estaban establecidas desde hacía años y que demostraban que dejaban beneficios. Varios de los primeros socios de Trujillo fueron comerciantes e industriales españoles o dominicanos que habían participado en la primera fase de sustitución de importaciones a principios de siglo en las ciudades de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago y Puerto Plata. El imperio económico de Trujillo se expandió gracias a la nueva escasez de importaciones que produjo la segunda guerra mundial y que él, con sus capitales y los de sus asociados, se dispuso a satisfacer rápidamente creando nuevas industrias. Estas nuevas empresas se vieron favorecidas en los años inmediatamente posteriores a la segunda guerra mundial con el auge económico que produjo el aumento de las exportaciones debido a la demanda mundial de productos tropicales que provocó la guerra de Corea.

Al igual que a principios de siglo, nuevamente, a principios de los años cincuenta, el incremento de las exportaciones generó ingresos suficientes para ampliar el mercado interno a través de la expansión de la demanda, produciendo un incentivo natural a la industrialización. A partir de la segunda guerra mundial, el crecimiento del complejo industrial trujillista se mantuvo en ascenso sostenido con la apertura de nuevas fábricas de bebidas, licores, papel, leche procesada, clavos, botellas y vidrio, café, dulces, mármol, medicinas, pinturas, sacos, cordeles y tejidos, textiles, ropa y azúcar.

Para tener una idea de cuál era la situación económica e industrial de la república en 1941, basta mencionar los siguientes datos: aparte de los catorce ingenios azucareros que operaban casi en su mayoría en el sureste del país, la mayoría de los llamados establecimientos industriales no pasaban de ser pequeñas fábricas familiares o domésticas que empleaban muy pocos trabajadores y producían para satisfacer estrictamente las necesidades del mercado local. De acuerdo con las estadísticas oficiales, todas las industrias del país sólo empleaban 36.631 obreros, de los cuales 26.407 trabajaban en los ingenios azucareros. El resto de los establecimientos industriales eran unos 1.719 cuyo tamaño y escala puede medirse si observamos que el capital invertido en el 96 por 100 de todos ellos no alcanzaba un promedio de 15.000 pesos. De hecho, el 80 por 100 de los llamados establecimientos industriales de esa época no tenía un capital invertido mayor de 5.000 pesos, e igualmente el 96 por 100 de todos ellos empleaba un promedio de trabajadores que en ningún caso pasaba de los 16 obreros. El 60 por 100 de las industrias dominicanas de entonces empleaba menos de cinco obreros cada una, y apenas un 25 por 100 tenía entre 6 y 10 obreros por empresa.

Estas industrias eran, como hemos dicho, pequeñas empresas familiares ocupadas en la fabricación de ropa, jabón, queso, mantequilla, harina de maíz, chocolate, carteras, colchones y almohadas, helados, zapatos, sombreros, almidón, manteca, carbón, pan, cigarros y andullos, sal y bebidas. Las más grandes eran algunos cuantos molinos de arroz, factorías de café y fábricas de fósforos y de cigarrillos y las recientes industrias de grasas vegetales, y de cemento construidas durante y antes de la segunda guerra mundial.

Como se ve, era bien difícil que surgieran los sindicatos y las organizaciones obreras en esos años y el único caso en que se produjo un intento de sindicalización fue en la industria azucarera, única actividad industrial suficientemente moderna que era capaz de emplear amplios grupos de trabajadores sometidos a una disciplina laboral y a un régimen de salarios que los apartaba de las ocupaciones artesanales tradicionales. En general, las relaciones laborales en las demás industrias dominicanas, con excepción de los cigarrillos, el cemento, las grasas vegetales y los fósforos, estaban marcadas por un alto contenido de personalización en su régimen de trabajo que las asemejaba mucho más a los clásicos talleres familiares medievales europeos que al de las empresas surgidas a raíz de la revolución industrial.

De acuerdo con datos oficiales, entre 1943 y 1945, se invirtieron 2,3 millones de dólares en la creación de 1.154 nuevas empresas manufactureras que dieron empleo a 4.554 nuevos trabajadores. La mayor parte de ese capital fue invertido en la construcción de una gran fábrica de cemento, de una textilera y de un matadero industrial. El resto de las empresas instaladas eran pequeñísimos talleres manuales con no más de dos o tres empleados como promedio, lo que muestra una reacción inmediata de los productores locales a la escasez de manufacturas producida por la guerra. Andando el tiempo, muchas de esas pequeñas industrias familiares se convirtieron en grandes empresas que hoy cubren el mercado nacional y producen excedentes para la exportación.

Otra industria que Trujillo también desarrolló fue la azucarera. Al terminar la segunda guerra mundial, él y sus consejeros pudieron apreciar el monto de los enormes beneficios logrados por los dueños de los ingenios que existían en el país desde hacía más de medio siglo. Él no quiso quedarse fuera de este negocio y en 1949 comenzó construyendo un ingenio en las cercanías de Villa Almagrada, el Ingenio Catarey, en una finca de su propiedad. Pero este ingenio resultó muy pequeño para sus nuevas aspiraciones y ya al año siguiente inició la construcción del Central Río Haina, que él aspiraba a que fuera el más grande del país. En los años siguientes, Trujillo utilizó fondos estatales y propios, a través de complicadas operaciones financieras, para comprar la mayoría de los ingenios extranjeros que operaban en el país, convirtiéndose así en el principal productor de azúcar de la República Dominicana. Sólo quedaron sin venderle sus ingenios, la Casa Vicini y la llamada South Puerto Rico Sugar Company, propietarias del Central Romana, compañía con la cual Trujillo no llegó a concertar un acuerdo con sus propietarios sobre el precio de venta del Central. Otras empresas extranjeras que el gobierno de Trujillo también adquirió en su empeño por controlar la vida económica de la nación fueron el National City Bank, que se convirtió en el Banco de Reservas, en 1941, y la Compañía Eléctrica, llamada hoy Corporación Dominicana de Electricidad.

El imperio económico de Trujillo llegó a ser tan grande, que al final de su vida, en 1961, él controlaba cerca del 80 por 100 de la producción industrial y sus empresas daban ocupación al 45 por 100 de la mano de obra activa en el país, lo que unido a su control absoluto del Estado, que empleaba el 15 por 100 de la población activa, hacía que un 60 por 100 de las familias dominicanas dependieran de una manera o de otra de su voluntad. Todo esto estaba conectado con un sistema de impuestos y de contribuciones forzadas en favor del Partido Dominicano o del gobierno, cuyos fondos gestionaba; de ahí la verosímil observación de un testigo que llegó a decir que durante su gobierno se llegó al extremo de que los dominicanos no podían comer, calzar, vestir o alojarse sin que de alguna manera Trujillo o su familia resultaran beneficiados. Desde un principio, el gobierno dominicano fue una maquinaria al servicio de su enriquecimiento personal, y la reorganización del Estado fue un pretexto para su enaltecimiento.

El caso de los haitianos sirve de ejemplo. Desde hacía más de un siglo los haitianos habían estado penetrando pacíficamente en el país, asentándose en tierras agrícolas abandonadas por los dominicanos en tiempos de la Primera República. Por más esfuerzos que se hicieron en el siglo XIX por llegar a un acuerdo con Haití, nunca fue posible aclarar la cuestión de los límites fronterizos. Durante muchos años, a principios del siglo XX, se procuró llegar a un acuerdo sobre los límites fronterizos, el cual sólo pudo alcanzarse en 1929 durante el gobierno de Horacio Vásquez. Pero a pesar de haberse firmado el 21 de enero de ese año un Tratado sobre la Fijación de Límites, en el país quedaron viviendo varios miles de haitianos que trabajaban como obreros de la industria azucarera o como sirvientes en las casas de familia o como agricultores y pequeños comerciantes en el suroeste y el noroeste del país, cerca de la Frontera.

Esos haitianos estaban completamente marginados de la vida dominicana y el territorio por ellos ocupado era una extensión de la República de Haití. La moneda haitiana circulaba libremente en el Cibao. En el sur la moneda circulaba hasta Azua, a sólo 120 kilómetros de Santo Domingo. A pesar de los nuevos límites fronterizos, fijados en 1929, había zonas del país en donde la población no pertenecía a la República Dominicana y era ajena a las disposiciones y leyes del gobierno dominicano. Inspirado quién sabe por qué, Trujillo viajó a la Frontera a principios de octubre de 1937 y allí pronunció un discurso señalando que esa ocupación de los haitianos de las tierras fronterizas no debía continuar, ordenando posteriormente que todos los haitianos que hubiera en el país fuesen exterminados. En los días que siguieron al 4 de octubre de 1937, Trujillo hizo perseguir y dio órdenes de asesinar a los haitianos dondequiera que se encontraran, muriendo unos 18.000 de ellos en todo el país, pudiendo salvar la vida aquellos que lograron cruzar la frontera o los que fueron protegidos por los ingenios azucareros que no querían perder su mano de obra.

La matanza de los haitianos en 1937 produjo un escándalo internacional y creó en toda América Latina y en Estados Unidos una repulsa unánime. Después de muchas protestas e investigaciones, el caso quedó cerrado cuando el gobierno dominicano pagó al gobierno haitiano 750.000 dólares en compensación de los daños y perjuicios ocasionados, por lo que oficialmente se llamó «conflictos fronterizos». El gobierno de Trujillo quiso hacer aparecer la matanza como un simple incidente ocurrido en la Frontera, entre campesinos dominicanos y ladrones de ganado haitianos, cuando los dominicanos, cansados de los robos que padecían, decidieron atacar a los haitianos dando muerte a unos cuantos. Lo cierto es que aunque todo el mundo sabía que aquello había sido un genocidio, los defensores del gobierno lanzaron una intensa campaña de propaganda en favor de Trujillo, haciéndolo aparecer como el defensor de la nacionalidad.

Después de la eliminación de los haitianos de las zonas fronterizas, el gobierno inició años más tarde un vasto programa de dominicanización de la Frontera consistente en la creación y construcción de pueblos a lo largo de la nueva línea de demarcación, cuya dominicanidad estaría asegurada por una serie de instalaciones militares que impedirían una nueva penetración haitiana.

En los años siguientes, la dominicanización de la Frontera se convirtió en una especie de cruzada de reivindicación nacional al recuperar y poner de nuevo bajo control de los dominicanos aquellas zonas que, perdidas desde hacía más de un siglo y que las invasiones haitianas durante las guerras de independencia, primero, y el comercio fronterizo, después, habían impedido recuperar. Esos pueblos y puestos militares fueron dotados de todas las facilidades. La Frontera fue repoblada en pocos años con familias dominicanas a las cuales se les cedieron tierras en numerosas colonias agrícolas que fueron creadas con la finalidad de asentar una población que diera vida a aquellas regiones despobladas. Con el plan de dominicanización de la Frontera aquellas tierras quedaron definitivamente ligadas a la república, organizadas en varias provincias unidas por numerosos caminos y cruzadas por canales de riego que hicieron de aquellas tierras una zona poblada permanentemente e incorporada a la producción general del país.

Cuando Trujillo llegó al poder, en 1930, en medio de una crisis económica general, parte importante de las dificultades financieras del país se debían a las obligaciones de la república en virtud de la convención dominico-americana de 1924 que le impedía suscribir nuevos empréstitos o elevar los aranceles aduaneros sin consentimiento del gobierno de Estados Unidos y que, al mismo tiempo, obligaban al gobierno dominicano a respetar la distribución de las rentas aduaneras del país que llevaba a cabo Estados Unidos a través de la Receptoría General de Aduanas, consistente en descontar un 50 por 100 de las mismas para el pago de la deuda externa. El gobierno de Trujillo inició en 1931 gestiones para obtener de Estados Unidos una moratoria que le permitiera pagar solamente los intereses de la deuda mientras persistiera la crisis económica mundial. Esas gestiones dieron un resultado positivo y permitieron al gobierno de Trujillo contar con recursos mayores a los que normalmente hubiera recibido de continuar bajo los términos de la convención de 1924.

La crisis económica llevó también al gobierno dominicano en 1931 a iniciar negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para que devolviera a la República Dominicana el derecho de administrar por sí misma sus aduanas, puestas bajo la administración de Estados Unidos desde 1905. Este acuerdo tardó varios años en ser elaborado, pues las negociaciones entre ambos gobiernos estuvieron llenas de incidentes y tampoco fue fácil convencer a los tenedores de bonos de que seguirían gozando de las mismas garantías para el pago de su deuda. Pero, finalmente, el 24 de septiembre de 1940, Trujillo, que ya había sido dos veces presidente de la república, y ahora se había hecho nombrar embajador extraordinario y ministro plenipotenciario, firmó junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Cordell Hull, un tratado modificando la convención de 1924 en el sentido de que a partir de ese momento la Receptoría General de Aduanas dejaba de funcionar bajo la dirección del gobierno norteamericano y sus oficinas y dependencias pasaban a formar parte de la administración pública de la República Dominicana.

Ese tratado, que se conoce como el «Tratado Trujillo-Hull», fue ratificado el 15 de febrero de 1941 y fue objeto de una enorme propaganda por parte del gobierno para hacer aparecer a Trujillo como el restaurador de la independencia financiera del país. Los apologistas del gobierno utilizaron la escandalosa y deprimente historia financiera dominicana para hacer aparecer a Trujillo como el hombre providencial que había sido capaz de restituir la soberanía de la república, mutilada por la administración extranjera de las aduanas, para darle verdadera independencia al país. De hecho, la administración de las aduanas quedó en manos dominicanas a partir del Tratado Trujillo-Hull, pero en virtud de este acuerdo todos los fondos recaudados por el gobierno dominicano debían ser depositados en el National City Bank of New York, que operaba en Santo Domingo, para que uno de sus funcionarios que hacía las veces de representante de los tenedores de bonos dispusiera la distribución de los mismos entre el gobierno dominicano y los acreedores extranjeros.

Entretanto, la deuda externa siguió amortizándose. De los 16.000.000 de dólares que el país adeudaba en 1930, sólo quedaban por pagar 9.401.855,55 en julio de 1947. Aprovechando que la situación financiera del país había mejorado a causa del alza de los ingresos fiscales que tuvo lugar durante la segunda guerra mundial, el gobierno entregó el día 21 de julio de 1947 un cheque en favor de los representantes de los tenedores de bonos por la suma pendiente.

La cuestión de la deuda externa fue una de las herencias del pasado que encontraron su final en la era de Trujillo. La propaganda que se hizo en torno a su liquidación fue tanta y duró tantos años que andando el tiempo los dominicanos llegaron a acostumbrarse a ella, y en la mente de muchos se diluyó la noción de la importancia de la recuperación del control de las aduanas y la recaudación de las rentas internas. Pero Trujillo no lo olvidó nunca y durante su gobierno se insistió hasta el final en su gloria histórica como el restaurador de la independencia financiera dominicana.

Políticamente, el régimen de Trujillo logró una continuidad inalterable a pesar de las numerosas conspiraciones y de las invasiones que los exiliados dominicanos organizaron contra él en los años posteriores a la segunda guerra mundial. Constitucionalmente, Trujillo fue presidente de la república cuatro veces. La primera de 1930 a 1934; la segunda de 1934 a 1938. Entonces fue sustituido por el que hasta ese momento había sido su vicepresidente, Jacinto B. Peynado, quien al morir en 1940 fue sustituido por Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. La razón por la cual Peynado fue electo presidente, aunque Trujillo siguió gobernando, se explica por la oposición que hizo el gobierno de Estados Unidos a que Trujillo se reeligiera en 1938, apenas unos meses después de la matanza de los haitianos. Sin embargo, con el programa de dominicanización de la Frontera en marcha, y con cinco años por el medio para olvidar esos conflictos, el gobierno norteamericano no objetó que Trujillo volviera a ser presidente por tercera vez entre 1942 y 1947, ni que se reeligiera ese año para gobernar hasta 1952, cuando entregó el poder a su hermano Héctor B. Trujillo, quien fingió como presidente hasta agosto de 1960, cuando renunció a causa de la crisis internacional que confrontaba el gobierno debido a las sanciones económicas que le fueron impuestas al régimen por la Organización de Estados Americanos (OEA) luego que Trujillo intentó asesinar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, en junio de 1960. Quedó entonces como presidente de la república el doctor Joaquín Balaguer, quien hasta ese momento había ejercido las funciones de vicepresidente.

De las dos invasiones que realizaron los exiliados dominicanos, la de Luperón, en junio de 1949, y la de Constanza, Maimón y Estero Hondo, en junio de 1959, fue esta última la que, a pesar de su fracaso, creó problemas insolubles al régimen, pues muchos dominicanos creyeron que podrían encontrar apoyo en el gobierno cubano dirigido por Fidel Castro, que tomó el poder en enero de 1959, y se dispusieron a conspirar. Esa conspiración se extendió ampliamente, pero fue descubierta y ya en 1960 las cárceles del país estaban llenas de centenares de presos políticos de todas las clases sociales, mientras el régimen acentuaba sus viejos métodos de terror, vigilando en forma ostensible y amenazadora a los ciudadanos y torturando y matando a los presos políticos y a los opositores al gobierno. Muchos dominicanos fueron asesinados en 1960, entre ellos tres hermanas pertenecientes a la respetada familia Mirabal, cuyos esposos estaban encarcelados por participar en la conspiración originada por la invasión del 14 de junio del año anterior. El asesinato de las hermanas Mirabal ocurrido el 25 de noviembre de 1960, colmó los ánimos de la gente sensata y decente contra Trujillo y acrecentó la atmósfera de profunda animadversión que ya existía contra el gobierno.

Nuevas conspiraciones surgieron, incluso entre los mismos amigos de Trujillo y entre personas que habían sido funcionarios del gobierno y colaboradores cercanos suyos. Una de esas conspiraciones contó con el apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que también creía llegado el momento de liquidar esta larga tiranía. Alentados por ese apoyo, este grupo de hombres, dirigidos por un amigo de infancia de Trujillo, Juan Tomás Díaz, que se encontraba en desgracia a causa de la oposición política de su hermana, urdió la trama de atacar a Trujillo a balazos cuando se dirigiera a su «Hacienda Fundación», en San Cristóbal, cosa que hicieron en la noche del 30 de mayo de 1961.

El asesinato del dictador ocurrió cuando ya el régimen se desmoronaba a consecuencia de las sanciones económicas impuestas por la Organización de Estados Americanos (OEA) el año anterior, y mientras la oposición popular crecía por los ataques que Trujillo había lanzado en los últimos meses contra la Iglesia católica después que ésta se negara a otorgarle el título de Benefactor de la Iglesia, que él quería añadir a los de «Generalísimo», «Benefactor de la Patria» y «Padre de la Patria Nueva».

A lo largo de esos treinta y un años de gobierno absoluto, Trujillo completó la obra de fomento de la riqueza pública iniciada a principios de siglo y acelerada durante la ocupación militar norteamericana. Pero la naturaleza depredadora de su régimen, que tendía a explotar las riquezas del país en su beneficio personal y familiar, creó un sistema de apropiación de los recursos económicos de la nación que terminó por desposeer a miles de campesinos de sus tierras, obligándolos a emigrar a las ciudades, y terminó creando un gobierno encerrado en sí mismo que limitaba la participación de las mayorías en el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, en las posibilidades de hacer fortuna. El país creció económicamente durante la era de Trujillo y aunque el Estado fue organizado y la burocracia civil y militar funcionaban con relativa eficiencia, sólo se sostenían sobre la base del miedo que el dictador inspiraba y en función de los intereses personales de Trujillo. La naturaleza monopolística de sus empresas dejaba poco campo a la inversión privada, pues nadie se sentía seguro de no ser despojado de sus negocios una vez éstos mostraran que estaban dejando beneficios.

La nacionalización de diversas empresas extranjeras que Trujillo realizó fue llevada a cabo en su propio favor y, aunque invertía normalmente sus beneficios en la creación de nuevas empresas, una parte sustancial de su fortuna fue depositada en bancos extranjeros calculándose que a su muerte, en 1961, su familia contaba fuera del país con unos 300 millones de dólares. Sus empresas funcionaban y dejaban beneficios porque gozaban de todas las protecciones posibles. Muchas no pagaban impuestos, los salarios que ganaban sus trabajadores eran bajísimos, otras utilizaban empleados públicos, miembros del ejército y presidiarios como trabajadores, y en aquellos casos en que alguna dejaba pérdidas, Trujillo las vendía al Estado con ganancias. Cuando esta empresa se recuperaba, él volvía a comprarla nuevamente con ganancia. La idea de que Trujillo hizo del Estado dominicano una empresa particular no está alejada de la verdad, aunque se guardaran las fórmulas constitucionales y existiera un Congreso Nacional, una Suprema Corte de Justicia y otras instituciones públicas.

La industrialización que se inició durante la segunda guerra mundial y que continuó casi ininterrumpidamente hasta 1960, terminó cambiando el carácter meramente administrativo de la ciudad de Santo Domingo al convertirla en un centro manufacturero a donde acudieron decenas de miles de dominicanos provenientes de los campos y ciudades del interior en busca de ocupación. Este patrón de migración interna se repite en grados diversos en los demás centros urbanos del país, dando por resultado que en 1960 solamente el 60 por 100 de la población dominicana vivía en el campo, en tanto que en 1920 el 84 por 100 de la población habitaba la zona rural. Hoy, a consecuencia de esa industrialización y urbanización iniciada en la era de Trujillo, más de la mitad de la población vive en las ciudades. Santo Domingo es un conglomerado urbano cuya población crece seis veces más rápido que la del resto del país y contiene más del 20 por 100 de la población de todo el país.

Esto se ha debido también a las inversiones de infraestructuras sanitarias que hicieron de inmediato más atractiva la vida urbana que la vida rural para muchos campesinos y peones sin tierras, quienes, atraídos por la ilusión de encontrar un trabajo en las nuevas industrias que se estaban construyendo, empezaron a dar forma por primera vez al amplio mercado de trabajo urbano de donde se nutriría de mano de obra barata la industria dominicana en años recientes.

Los servicios sanitarios mejoraron notablemente durante la era de Trujillo. La construcción de hospitales, la promoción de nuevos médicos y la ejecución de intensas campañas antiparasitarias, de vacunación, así como la introducción de los antibióticos a finales de la década de 1940, redujeron radicalmente las tasas de mortalidad y permitieron una fecundidad más acentuada entre las mujeres dominicanas. Puede decirse que los años posteriores a la segunda guerra mundial marcan el inicio de la llamada explosión demográfica. Todavía en 1944, los políticos dominicanos creían que el país estaba despoblado y fomentaban la natalidad ofreciendo incentivos a las familias numerosas, lo que indica que el fenómeno de crecimiento explosivo de la población no empezó a hacerse evidente hasta la realización del censo de 1950 en que la población dominicana fue registrada en tres millones de habitantes que contrastaban con el escaso millón que había en 1920. Muchos felicitaron al gobierno de entonces considerándolo responsable del crecimiento demográfico del país, lo cual, creían ellos, era un signo de madurez social y de desarrollo, pues ahora sí, pensaban ellos, era posible dotar de trabajadores a la economía dominicana que durante siglos se vio limitada por falta de brazos obligando a los gobiernos anteriores a recurrir a políticas de fomento de la inmigración.

La expansión de la población obligó al gobierno a aumentar su burocracia y a ampliar los servicios públicos al tiempo que crecía el número de hombres empleados en las fuerzas armadas para atender a los requerimientos defensivos del régimen de Trujillo que se encontraba permanentemente amenazado desde el exterior, lo que quiere decir que aumentaron los empleos en el sector público. Junto con la población empleada en las numerosas pequeñas industrias y talleres cuya cifra aumentaba cada año, poco a poco fueron constituyéndose diversos sectores medios que recibieron un gran impulso entre 1948 y 1958, gracias al extraordinario crecimiento de la economía dominicana que se vio favorecida por una favorable coyuntura de buenos precios para sus productos de exportación. Durante la década de 1950 el gobierno empezó a cosechar los frutos de su constante política de colonización agropecuaria, gracias a cuya ejecución se abrieron más de dos millones de tareas de tierra que hasta entonces habían permanecido inexplotadas. La apertura de numerosos canales de riego en campos incultos que fueron dedicados a la siembra de arroz y plátano, el incremento extraordinario de la ganadería y el desarrollo de nuevos cultivos como guineos, yuca, maní y vegetales, ampliaron el horizonte rural dominicano considerablemente durante la década de 1950. Al tiempo que creció la población, crecieron la producción agropecuaria y el número de empleos.

También creció la matrícula escolar y se multiplicaron los profesionales universitarios. Es de señalar que la Universidad de Santo Domingo, que había sido reorganizada en 1932 y había mantenido un estudiantado de alrededor de 1.000 estudiantes durante muchos años, vio crecer su matrícula en unos 3.000 estudiantes a finales de los años cincuenta, y se mantuvo graduando unos 100 profesionales cada año, dotando al país, por primera vez en toda su historia, de un nuevo estrato social medio que terminaría ocupando el liderazgo social, político y económico dominicano en años recientes. Es necesario tener en cuenta este proceso a la hora de explicar los cambios recientes que ha sufrido la sociedad dominicana porque muchos de los profesionales que se graduaron en los últimos diez años de la era de Trujillo salieron a realizar estudios al exterior y regresaron con ideas nuevas convertidos en portadores de innovaciones tecnológicas modernas en diversos campos y especialidades y se han incorporado al actual proceso de desarrollo económico de los últimos veinte años.

Todos estos cambios, sin embargo, no fueron suficientes para satisfacer las necesidades básicas de la población debido a que la expansión económica y la industrialización de esos años se realizaron sobre la base de un sistema de monopolios familiares que, respaldados por un régimen político tiránico, aprovecharon el desarrollo de las riquezas dominicanas para acumular enormes ahorros que eran transferidos hacia el extranjero. El resultado fue un crecimiento económico deformado, totalmente asimétrico, en el cual solamente una minoría de minorías estaba en capacidad de aprovechar las ventajas del reciente desarrollo industrial en tanto que la mayoría de la población quedó prácticamente marginada del acceso a las fuentes de riqueza del país.

Ya en 1960 era evidente que los hospitales construidos eran insuficientes; que las escuelas no daban abasto para atender a la población y que el analfabetismo había crecido; que el costo de la vida había aumentado y que los salarios seguían congelados; que cada vez había más desempleados deambulando por las ciudades, mientras la pequeñísima oligarquía familiar trujillista drenaba al país de los capitales que debieron ser reinvertidos en la creación de nuevos empleos; que los campos se habían empobrecido debido a que varios millones de tareas de tierra habían caído en manos de propietarios que habían desplazado de sus predios a sus antiguos ocupantes y que, por diversas razones, no habían realizado nuevas inversiones para poner esas tierras a producir.

Durante la década de 1950 fue notable el proceso por medio del cual los grupos urbanos encabezados, particularmente, por comerciantes, profesionales y militares, enriquecidos recientemente gracias al desarrollo industrial esos últimos años, volcaron sus ahorros hacia la compra de propiedades rurales como un medio de adquirir seguridad económica y prestigio social, o los escondieron en bancos nacionales y extranjeros esperando nuevas oportunidades de inversión tan pronto terminara la dictadura.

La aparición de un proletariado rural que se hacía cada vez más numeroso, debido a la política pronatalista del gobierno, y cada vez más pobre, debido a la continua pérdida de sus tierras, aceleró el proceso de urbanización marginalizada al arrojar a las zonas periféricas de las principales ciudades del país a una enorme masa de hombres y mujeres sin educación, sin salud, sin empleo y sin tierras. Este proceso de marginalización ya era notable en 1960 y se aceleró rápidamente durante la década siguiente conformándose así una masa universal de desempleados, buscavidas y jornaleros, que han venido a constituir un mercado fácil para la contratación barata de mano de obra en la economía dominicana.

Puede decirse que Trujillo recibió, en 1930, una sociedad tradicional, biclasista, provinciana, atrasada y pobre, y dejó al morir, en 1961, una sociedad en transición pero subdesarrollada, con un capitalismo deformado por un crecimiento industrial monopolista que al poner el control de los recursos del país en manos de una familia absolutamente sin escrúpulos privó a la nación de la oportunidad de experimentar un desarrollo económico armónico, todo lo cual ha dejado al país en una situación de singular semejanza, a escala diversa, claro está, con muchas de las sociedades latinoamericanas contemporáneas.

1961-DÉCADA DE 1980

A la muerte de Trujillo, en 1961, el país se enfrentaba con la siguiente realidad: una población de cuatro millones de habitantes en la cual todavía el 60 por 100 de la población vivía en el campo; con más del 60 por 100 de sus habitantes analfabetos; con pequeños pueblos y ciudades que empezaban a recibir oleadas masivas de familias campesinas que huían de la miseria de los campos; con una agricultura que ya había dado de sí lo que podía frente a la tecnología en uso, pues la producción y la productividad en el sector rural eran más el resultado de la apertura y colonización de tierras nuevas que de una modernización real en las técnicas de cultivo, ya que el uso de maquinarias, abono, semillas mejoradas y control de plagas era bastante limitado y apenas había tres ingenieros agrónomos en todo el país; con una nueva élite cuya única experiencia económica estaba referida a las actividades comerciales ya que la industria era todavía una y sus asociados habían sido los únicos industriales; con una población ineducada y fatalista que se hacía eco de un pesimismo colectivo en el cual la élite jugaba un papel preponderante, pesimismo que se había acentuado debido al aislamiento en que la dictadura mantuvo a los dominicanos; con estructuras institucionales prácticamente inexistentes en donde las asociaciones empresariales o profesionales o estudiantiles y obreras no existían; con una experiencia de participación política democrática realmente nula; con los poblados y ciudades del interior afectados por servicios sociales y sanitarios ineficientes ya que el desarrollo urbano de los años anteriores se había concentrado en el beneficio de las ciudades de Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago, dejando prácticamente abandonados al resto de los pueblos del país; con los caminos y carreteras destruidos debido al colapso económico que sufrió el país en las postrimerías del régimen y con una población enardecida al ofrecérsele por primera vez en más de treinta años la oportunidad de expresarse políticamente en movimientos de masas hasta entonces desconocidos en la historia de la República Dominicana.

Así, el punto desde el cual tenían que partir los dominicanos en 1961 presentaba un panorama tan desolador que hoy parece increíble que en veinticinco años la República Dominicana haya podido cambiar como ha cambiado. Con la muerte de Trujillo se desataron todas las energías de la nación. Los grupos medios que habían venido formándose empezaron a organizarse en una pléyade de instituciones, grupos de presión, grupos de intereses y asociaciones que han terminado dándole a la República Dominicana una fisonomía institucional en el sector privado que contrasta radicalmente con la hegemonía gubernamental y estatal que fue la norma de la vida dominicana durante treinta años. Por otra parte, se liberalizaron los controles políticos que impedían a los dominicanos el ejercicio pleno de la libre empresa, y los gobiernos recientes han seguido la política de permitir la libre competencia contra los antiguos monopolios trujillistas que fueron confiscados y quedaron como propiedad del Estado bajo la hoy llamada Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE). Este juego de la libre empresa ha sido un factor de cambio con muchísimas implicaciones para el desarrollo del nacionalismo económico, si tenemos en cuenta que en 1941, por ejemplo, el 87 por 100 de toda la inversión industrial en la República Dominicana estaba controlado por extranjeros, mientras que hoy, gracias a la proliferación de industrias nacionales, el control extranjero en este sector está reducido a un 34 por 100.

Ahora bien, la paulatina nacionalización de la industria en la República Dominicana, que comenzó en los años cincuenta con la compra de la mayoría de los ingenios azucareros, ha tenido su costo, pues el crecimiento económico industrial del país de los últimos veinte años ha sido sustancialmente financiado con préstamos y asistencia extranjera, de manera que la República Dominicana ha vuelto a endeudarse después de un período de unos quince años en que la deuda externa fue prácticamente inexistente. En un país con escaso ahorro interno como era la República Dominicana a mediados de la década pasada, la única manera de reemprender el desarrollo económico era a través de la captación de capitales en el extranjero, como de hecho ha ocurrido, recurriendo al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Agencia para el Desarrollo Internacional y al Fondo Monetario Internacional. En los últimos quince años, la circulación monetaria ha aumentado a niveles nunca antes conocidos y el comercio se ha expandido en una gigantesca proliferación de empresas que han contribuido a dinamizar la competencia económica, haciendo posible la aparición de una banca nacional que hoy cuenta ya con más de 500 instituciones financieras en todo el país, incluyendo las asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda y las compañías de seguros. La sola presencia de tan gran número de instituciones financieras es un claro signo de que el capitalismo finalmente ha llegado a la República Dominicana, dejando atrás las formas económicas tradicionales y semifeudales que fueron la norma durante siglos.

El crecimiento de la población y el consiguiente crecimiento de las ciudades que ha acompañado a la expansión monetaria en los últimos veinte años, explican la constitución de un mercado interno capaz de demandar y consumir la totalidad de la producción agrícola industrial. Examinadas las cifras oficiales de hace veinticinco años, asombra ver la cantidad de arroz, maíz, plátanos, yuca, carne, además de zapatos, que el país exportaba porque el mercado interno era insuficiente para asimilar la producción.

La expansión del mercado interno ha promovido la multiplicación de los negocios de todo tipo, especialmente en el área de los servicios y la creación de varios centenares de nuevas industrias. Como resultado de este proceso, la República Dominicana ha experimentado el fenómeno de la formación de una vigorosa nueva clase media, que tiene en su haber el contribuir con sus presiones, sus resistencias y sus intereses a la democratización creciente de la República Dominicana. Sus miembros provienen de estratos sociales secularmente privados de las más mínimas satisfacciones y no están dispuestos a renunciar al gozo de un consumo, que a algunos parece conspicuo, pero al cual creen legítimamente que tienen derecho luego de haber sido bombardeados durante años por el cine, la prensa, la radio y la televisión con demostraciones de cómo vive la clase media de los países modernos y desarrollados del norte del Atlántico.

Otro fenómeno que ha acompañado al surgimiento de la clase media en la República Dominicana en las últimas dos décadas es la aparición y multiplicación de partidos políticos de contenido ideológico, socialistas, comunistas y democratacristianos, fenómeno éste desconocido también en la historia dominicana. Hasta la muerte de Trujillo, en 1961, todos los partidos que existieron en el país fueron agrupaciones personalistas y caudillistas que fomentaban la lucha por el poder con el simple propósito de medrar, bajo la tutela de un caudillo. Muchos de los partidos políticos dominicanos de la actualidad, inmersos como están en un cuerpo social que preserva numerosas formas políticas tradicionales, no han podido despojarse totalmente del caudillismo, pero el hecho de que poco a poco se hayan alineado detrás de ideologías sociales contemporáneas muy en boga a nivel mundial, indica un empeño de sus dirigentes por poner al día los términos de referencia de la lucha política en la República Dominicana.

El crecimiento de la industria y la modernización de la agricultura junto con la actividad de los partidos, han contribuido al desarrollo del sindicalismo con el fomento de cientos de organizaciones obreras impensables hace apenas treinta años cuando las mayores empresas industriales, fuera de la industria azucarera, no tenían más de 15 empleados. El sindicalismo organizado ha sido posible debido a que la industria dominicana da empleo a más de 200.000 obreros y el promedio de trabajadores de las principales industrias que han surgido en el país es de alrededor de 85 obreros.

Debido a las tensiones creadas por la demanda de nuevos servicios de agua, luz, teléfono, alcantarillas y escuelas, los gobiernos de los últimos veinte años han contado con la ayuda internacional para satisfacer esas necesidades básicas de la población, llevando acueductos y redes eléctricas a todos los pueblos, extendiendo estos y otros servicios a la población rural. El resultado ha sido que la modernización de las ciudades ha alcanzado rápidamente al campo, pues la construcción de caminos vecinales ha continuado y por ellos se han infiltrado en las más remotas comunidades rurales la motocicleta, la radio y la televisión, acortando y, en muchos casos, prácticamente eliminando las distancias culturales que anteriormente existían entre el campo y la ciudad.

Hay zonas rurales en la República Dominicana, como es el caso del Cibao Central, región agrícola con más de un millón de habitantes, en donde las fronteras entre lo rural y lo urbano van desapareciendo rápidamente y en donde comunidades que hasta hace poco han llevado un modo de vida campesino están empezando a comportarse conforme a patrones de vida suburbanos. Aquí, los hombres y las mujeres siguen residiendo en el campo pero se trasladan cada día a vender su trabajo, a educarse y a comprar servicios al pueblo más cercano. Esta modernización no es necesariamente beneficiosa para todo el mundo. De hecho, el acceso de la ciudad al campo ha puesto a los campesinos a merced del hombre de empresa de la ciudad que tiene los capitales, la educación y la tecnología suficientes para apropiarse de sus tierras y explotarlas más eficientemente desplazándolos hacia los barrios marginados o convirtiéndolos en miembros de una gran masa de proletarios agrícolas que cada día crece más, llenando cada vez más los campos y barrios marginados.

Gran parte de la latente inestabilidad política dominicana de los últimos veinte años, especialmente durante la década de 1960, surge de la insatisfacción de amplios sectores de la población que no han podido incorporarse a las ventajas de la modernización que el crecimiento económico ha provocado, pero que han sido sensibilizados por las nuevas ideas que han llegado al país en los últimos años y por nuevos contenidos en la educación que se difunden continuamente en las aulas y a través de los medios de comunicación. La población dominicana de hoy, en términos relativos, está más educada que la de hace treinta años, pero las expectativas que esta educación ha producido en el seno de las masas chocan con la enorme brecha que hay entre ellas y la nueva clase media y la antigua élite nuevamente enriquecida. Ahora los conflictos políticos en la República Dominicana no son sólo producidos por las luchas entre caudillos, sino por las pugnas entre grupos sociales de intereses diversos. Las nuevas ideas y las ideologías sociales contemporáneas han jugado un papel decisivo en la vida política dominicana de los últimos veinte años.

La industrialización, la urbanización, el incremento de las comunicaciones, la afluencia de ideas y nuevas tecnologías, el aumento de los viajes internacionales, del turismo y de la migración y la afluencia continua de modos de vida de sociedades industrializadas más modernas a través del cine, la radio y la televisión, todo esto ha producido también un proceso de secularización en la vida dominicana que ha afectado enormemente la vida religiosa. Prácticamente de ayer eran las gigantescas procesiones de Semana Santa o las peregrinaciones a los santuarios religiosos de Higüey y el Santo Cerro, que concentraban decenas de miles de hombres, mujeres y niños procedentes de todas partes del país y que demostraban una influencia sustancial de la Iglesia católica en la vida y en el pensamiento dominicanos. Por un tiempo la Iglesia católica reinó sola en la República Dominicana y su influencia fue incontestable, pero los cambios económicos y sociales que han tenido lugar en el país han hecho entrar en crisis a esta institución que, sociológicamente hablando, sólo estaba preparada para operar en una sociedad tradicional en donde la vida social y política estaba centralizada y jerarquizada rígidamente y en donde no habían florecido el pluralismo institucional y el consumismo que la modernización capitalista ha traído consigo.

En los últimos veinticinco años la República Dominicana ha pasado por varias etapas políticas que van desde una de las más rígidas dictaduras de América hasta una democracia representativa ejemplar, vigente todavía en 1985. La muerte de Trujillo, en 1961, dio inicio a un intenso proceso de democratización política que culminó con la celebración de elecciones libres en diciembre de 1962, las primeras en su género desde 1924. Estas elecciones fueron organizadas por un Consejo de Estado de transición compuesto por siete miembros. En ellas resultó triunfante Juan Bosch, el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, un político que había pasado la mayor parte de su vida adulta en el exilio durante la era de Trujillo y que regresó al país en 1961 junto con los demás exiliados antitrujillistas que habían fundado este partido en Cuba en 1939.

El nuevo gobierno constitucional electo el 20 de diciembre de 1962 llegó al poder sin un plan definido de desarrollo económico. Los planteamientos en torno a la industrialización del país que hizo Juan Bosch durante la campaña electoral fueron todos vagos e imprecisos. En general sus ideas acerca de cómo desarrollar el país eran de tipo reformista y populista aprendidas en Costa Rica y Cuba durante los años cincuenta. Pero para la República Dominicana algunas de estas ideas resultaban muy avanzadas y pronto Bosch empezó a ser calificado como comunista o procomunista por los grandes comerciantes e industriales. Salvo un par de discursos y declaraciones públicas, Bosch hizo muy poco por despejar esas acusaciones y finalmente fue derrocado por una alianza de los militares trujillistas y los antiguos miembros del anterior gobierno de transición, el Consejo de Estado, que representaban los intereses de los grandes comerciantes, los grandes terratenientes, los profesionales y los grandes industriales. Su gobierno duró apenas siete meses, pero durante este período la República Dominicana adquirió una dinámica muy diferente a la de los años anteriores.

En términos reales, la economía dominicana había estado recuperándose desde 1962 gracias a los planes de emergencia puestos en marcha por el Consejo de Estado con ayuda de la Alianza para el Progreso. Sin embargo, la mayor parte de los hombres de negocios que deseaban realizar alguna inversión importante preferían esperar hasta que el nuevo gobierno constitucional se hiciera cargo de la situación y ofreciera garantías firmes a las nuevas inversiones. Por eso, tan pronto Juan Bosch tomó posesión de la presidencia de la república, el 27 de febrero de 1963, el país entero dio muestras de una extraordinaria reanimación económica y política. Los dominicanos, finalmente, habían logrado establecer un régimen democrático, por primera vez en treinta y tres años, y ahora muchos creían que el desarrollo económico se sucedería casi automáticamente. Aparte de la retórica anticomunista de los grupos de extrema derecha, aun aquellos industriales que no confiaban en Bosch le concedían el beneficio de la duda y estaban dispuestos a ayudar a su gobierno o a realizar nuevas inversiones.

La libertad política y el clima de confianza que ofreció el nuevo gobierno constitucional tratando de poner orden en las finanzas públicas, dio lugar a numerosos debates acerca de las mejores vías para acelerar el desarrollo económico dominicano. Los industriales también se incorporaron al debate tratando de influir en el gobierno. El Consejo de Estado había respondido enteramente a sus intereses, pero el nuevo gobierno de Juan Bosch no lucía tan manejable y, antes de dos meses, la Asociación de Industrias de la República Dominicana lo emplazó a definir su política económica, quejándose de que «hasta el momento el Gobierno no haya hecho ningún esfuerzo para dar a conocer su política con respecto a la industria dominicana».

La Asociación de Industrias de la República Dominicana había sido creada el año anterior por los más importantes empresarios industriales del país, algunos de los cuales habían logrado crecer durante los años cincuenta gracias al extraordinario crecimiento económico de la posguerra, pero no habían tenido acceso a los mismos privilegios de que gozaban las empresas de Trujillo. Otros, simplemente, habían sido favoritos de Trujillo o eran socios de algunas de sus empresas y habían logrado sobrevivir a la ola de confiscaciones que tuvo lugar entre 1961 y 1962. El primer presidente de la Asociación de Industrias fue un fabricante de bebidas gaseosas llamado Horacio Álvarez, miembro de una de las familias más viejas de Santo Domingo, ligada por diversos lazos políticos a casi todos los gobiernos dominicanos de los últimos cien años y cuya influencia en el régimen de Trujillo había sido muy grande. Tanto Álvarez como una gran parte de los industriales trujillistas habían sido protegidos por el Consejo de Estado y habían participado en la campaña electoral contra Juan Bosch. Al ganar éste las elecciones, muchos se asociaron en una agrupación llamada Acción Dominicana Independiente (ADI) e hicieron frente común con el Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE), convirtiéndose ambos en los principales centros de agitación empresarial en contra del gobierno de Bosch. Al decir de uno de los ex presidentes del CNHE, el principal objetivo de esta organización en aquellos días era el derrocamiento de Juan Bosch y para ello allegaron fondos y los pusieron en manos de los directivos de la ADI, quienes en asociación con grupos clericales de extrema derecha se dedicaron a organizar grandes concentraciones de campesinos llamadas a «mítines de reafirmación cristiana» para protestar contra la infiltración comunista en la República Dominicana y contra el gobierno de Bosch, al cual acusaban de estar llevando el país al comunismo.

Aquéllos eran los días de una intensa propaganda continental en contra de la Revolución Cubana. La República Dominicana había acogido cientos de exiliados procedentes de Cuba, especialmente empresarios y sacerdotes, los cuales mantenían una activa labor propagandística en contra del gobierno de Fidel Castro, al cual erróneamente asociaban con el de Juan Bosch, cuya prédica reformista y socialdemócrata ellos consideraban demasiado peligrosa para sus intereses. Este era el telón de fondo del escenario político dominicano durante el gobierno de Juan Bosch, y la situación que explica hasta qué punto Juan Bosch era incapaz de comprender que el principal interés de los empresarios era recibir el mismo tratamiento y los mismos privilegios que Trujillo había dado a sus industrias durante años. El Consejo de Estado había gobernado en favor de los industriales y los comerciantes. Su política económica había sido dictada por el estado de emergencia política, pero había permitido una extraordinaria expansión de los negocios y la recuperación de la economía con evidentes beneficios para los empresarios que tenían alguna capacidad instalada y tenían algún producto que ofrecer al creciente mercado interno. En ese proceso Bosch era un verdadero obstáculo, pues con su discurso populista decía que consideraba la industrialización como un instrumento para favorecer «a las grandes masas» y no para ofrecer todos los beneficios a las empresas nuevas que se crearan a partir de entonces.

La oposición a Bosch siguió creciendo día tras día. Su incomprensión total de la realidad dominicana, después de veinticinco años de exilio, lo llevó a contradecir y a confrontar a todos los grupos sociales, incluyendo a su propio partido. En pocos meses, Bosch se encontraba completamente solo y por ello nadie defendió a su gobierno cuando en septiembre de 1963 los grupos empresariales convocaron a una huelga comercial e industrial que mantuvo el país paralizado durante varios días y que sirvió para demostrar a los militares que el momento estaba maduro para el golpe de Estado que venían planeando desde hacía varias semanas. El día 25 de septiembre Bosch fue derrocado y sustituido por un Triunvirato cuyos miembros eran hombres de negocios y abogados de grandes corporaciones, y cuyo gabinete estuvo en todo momento conformado por empresarios o abogados vinculados al mundo empresarial dominicano. La retórica del Triunvirato era, desde luego, esencialmente antitrujillista y anticomunista.

La política del Triunvirato estuvo dirigida a promover el crecimiento de los negocios, particularmente el comercio importador y la industria. Su dudosa legalidad como régimen de facto surgido de un golpe militar, hizo del Triunvirato un gobierno extremadamente impopular que se sostenía solamente gracias al apoyo norteamericano y de los generales trujillistas de las fuerzas armadas, a quienes los triunviros otorgaron los más escandalosos privilegios con tal de convertirlos a su causa. Al heredar una política monetaria de librecambio diseñada por el Fondo Monetario Internacional, y aceptada por Bosch, las importaciones se dispararon hasta alcanzar niveles nunca antes vistos, y el país volvió a afrontar serios problemas de balanza de pagos y de inflación que afectaron seriamente al comercio y a la industria. Estos problemas se agravaron cuando el Triunvirato permitió que los militares establecieran una red nacional de ventas de manufacturas extranjeras introducidas al país de contrabando en aviones de la fuerza aérea. De nuevo el gobierno tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional para obtener un crédito de 25 millones de dólares para hacer frente al déficit de la balanza de pagos. Los ajustes que imponía este nuevo acuerdo stand by produjeron una nueva recesión económica que agravaba la crisis de producción agropecuaria. Una intensa sequía de casi un año secó los campos y mató miles de cabezas de ganado. Las continuas huelgas obreras y choferiles, y las no menos continuas manifestaciones estudiantiles, obligaron al Triunvirato a mantener una fuerza de choque de la policía continuamente en las calles reprimiendo desórdenes y encarcelando líderes políticos, obreros y estudiantiles.

Al verse obligados a operar en la clandestinidad, los partidos democráticos pasaron a la conspiración con un grupo de oficiales jóvenes que habían quedado marginados del poder y que querían restaurar el régimen constitucional. Bosch dirigía la conspiración desde Puerto Rico, en donde se encontraba exiliado. Joaquín Balaguer, entretanto, había formado un nuevo partido político, el Partido Reformista, con los cuadros del partido único de Trujillo, el llamado Partido Dominicano. Bosch y Balaguer empezaron a apoyarse mutuamente y pronto el Triunvirato quedó sin ningún apoyo político en el país. Los mismos generales de las fuerzas armadas que originalmente le habían dado su apoyo pronto descubrieron que ellos mismos tenían su propia fuerza política. Los grupos civiles de derecha se organizaron en un nuevo partido llamado Partido Liberal Evolucionista, que pedía la celebración de elecciones a corto plazo con la idea de reemplazar legalmente al Triunvirato; aunque era un secreto a voces que el mismo presidente del Triunvirato, Donald Reid Cabral, mantenía conversaciones con los líderes del Partido Liberal Evolucionista para ir como candidato presidencial a las elecciones en septiembre de 1965, y de esa manera continuar en el poder. Esas elecciones se celebrarían sin la participación de Bosch y Balaguer, entonces los jefes de las dos fuerzas políticas más grandes del país. En ese plan, Reid Cabral contaba con el apoyo de una facción del partido de Bosch, el Partido Revolucionario Dominicano, que creía que la única vía de solución a la crisis política era la celebración de unas elecciones.

Sin embargo, tanto Bosch como los democratacristianos habían llegado ya a un acuerdo para denunciar las elecciones y movilizar a la opinión pública en favor de una «vuelta a la constitucionalidad sin elecciones». Esta fórmula no significaba otra cosa que el derrocamiento del Triunvirato. Esta posición fue apoyada públicamente por el Partido Comunista Dominicano y por una buena parte de las organizaciones sindicales y de los grupos estudiantiles, entonces con gran influencia en la movilización política del país. El Triunvirato, como Bosch al final de su gobierno, terminó quedándose solo. Cuando la conspiración finalmente fue descubierta el día 24 de abril de 1965, nadie salió a defender el Triunvirato. Por el contrario, todo el pueblo, pobres y ricos, se lanzó a las calles a celebrar su derrocamiento que fue erróneamente anunciado por radio y televisión antes de tiempo, y dio lugar a una seria crisis dentro de las fuerzas armadas, las cuales se dividieron entre los que pedían el retomo de Bosch al poder sin la celebración de elecciones para terminar su mandato constitucional y los que querían la formación de una Junta Militar que sustituyera al Triunvirato y, eventualmente, convocara nuevas elecciones.

Reid Cabral maniobró vanamente tratando de obtener apoyo militar. Antes de veinticuatro horas, los militares que antes lo apoyaban lo hicieron prisionero en el Palacio Nacional y empezaron a negociar con los militares constitucionalistas una fórmula para instaurar un nuevo gobierno. Como no se logró un rápido acuerdo, los jefes militares que habían iniciado la conspiración llamaron a la población civil a los campamentos y les entregaron armas para apoyar su movimiento. El 25 de abril de 1965 estalló la guerra civil, localizada en la ciudad de Santo Domingo. De inmediato los grupos de izquierda y los seguidores de Bosch organizaron decenas de guerrillas urbanas para destruir el antiguo ejército trujillista que había sido mantenido intacto por el Consejo de Estado, por Bosch y por el Triunvirato y que había derrocado el primer régimen democrático electo en casi cuarenta años bajo el pretexto de la amenaza comunista. Después de tres días de intenso combate en todas las calles de Santo Domingo, las fuerzas constitucionalistas, con el apoyo de la población civil, habían logrado derrotar las columnas del ejército regular y se disponían a lanzar el ataque final contra la Base Aérea de San Isidro, que era el principal foco de resistencia al movimiento en favor de Bosch. Los campamentos del interior del país se mantenían expectantes, bajo control de sus antiguos comandantes militares.

La caída de San Isidro significaba el triunfo de la revuelta y el colapso de la política anticomunista de Estados Unidos en la República Dominicana que, al apoyar la instalación del Triunvirato después del derrocamiento de Bosch, se habían comprometido con las fuerzas de la derecha en el país. Para evitar que Bosch volviera al poder y «para evitar el surgimiento de una segunda Cuba en América», el presidente de Estados Unidos ordenó el envío de 42.000 marines a la República Dominicana el 28 de abril de 1965, con el pretexto de salvar vidas y proteger los intereses norteamericanos en el país. Lo que comenzó como una guerra civil, terminó como una crisis internacional ligada a la escalada militar norteamericana en Vietnam, a la política contra Cuba y, desde luego, a la declarada intención de salvar la democracia en la República Dominicana.

La guerra civil de 1965 dividió a la sociedad dominicana durante años en dos bandos irreconciliables. La intervención militar de Estados Unidos alimentó el sentimiento antinorteamericano en la República Dominicana y estimuló enormemente el crecimiento de los grupos izquierdistas y comunistas en el país, produciendo todo lo contrario de lo que Estados Unidos quería evitar. Durante los meses de la guerra, la ciudad de Santo Domingo quedó dividida en dos zonas ocupadas por dos ejércitos. Por un lado el ejército constitucionalista, compuesto por un Estado Mayor procedente de la filas regulares de las fuerzas armadas, al que seguían varios cientos de sus tropas leales, los cuales eran apoyados por varios miles de hombres y mujeres que habían recibido armas al principio de la revuelta y que se habían organizado en un centenar de «comandos constitucionalistas» encargados de la defensa de la «zona constitucionalista», que no era más que el área de la vieja ciudad colonial y sus zonas periféricas construidas a principios de este siglo. Por otro lado estaban el ejército, la marina y la aviación dominicanas apoyados por las tropas de Estados Unidos, Brasil, Honduras y Paraguay, países que tras una maniobra en la Organización de los Estados Americanos habían logrado constituir una llamada Fuerza Interamericana de Paz para darle visos de legalidad a la intervención unilateral de Estados Unidos que se había realizado en violación de la Carta de la misma OEA y de la Organización de las Naciones Unidas.

Pese al abrumador peso militar de las fuerzas extranjeras, el conflicto no pudo ser resuelto militarmente y Estados Unidos tuvo que negociar el cese de la revuelta y la salida de las tropas de intervención con el gobierno constitucionalista que fue organizado para también darle visos de legalidad a la revuelta. Entre mayo y septiembre de 1965, hubo dos gobiernos en la República Dominicana: uno compuesto por los constitucionalistas, presidido por el líder militar de la revuelta, el coronel Francisco Caamaño, y otro presidido por uno de los asesinos de Trujillo, el general Antonio Imbert Barreras, enemigo declarado de Bosch y de los comunistas, a quien Estados Unidos reconoció rápidamente para poder maniobrar con alguna fuerza política local.

Al terminar la revuelta, después de cuatro meses de intensas negociaciones, alternadas por sangrientos combates en las calles de Santo Domingo, ambos gobiernos renunciaron y un gobierno provisional fue instalado con el propósito de conducir al país por una transición política que culminara en la celebración de elecciones libres antes de un año, esto es, en 1966. Parte básica del Acta de Reconciliación que puso fin a la guerra civil fue que los militares constitucionalistas fueron reintegrados a los cuarteles y que sus líderes fueran nombrados en cargos diplomáticos para mantener la tranquilidad y la integridad de las fuerzas armadas, que Estados Unidos había logrado reconstituir ahora como una fuerza directamente bajo su mando y que dependía enteramente del gobierno norteamericano para el pago de sus sueldos, para el aprovisionamiento de sus ropas, alimentos, municiones y equipo.

En realidad, muy pocos militares constitucionalistas lograron ser aceptados de nuevo por sus antiguos compañeros de armas. Muchos fueron asesinados en los meses de transición del gobierno provisional y una vez formado el gobierno constitucional que resultó electo en mayo de 1966. El tránsito por la ciudad de Santo Domingo tardó varios meses en normalizarse después de haber sido interrumpido por la guerra y por los puestos militares de control, pero la circulación nocturna tardó casi un año en normalizarse, pues los combates abiertos de la guerra civil fueron sustituidos por una prolongada oleada de terrorismo anticomunista y por las operaciones de las guerrillas urbanas izquierdistas compuestas por miembros de los antiguos comandos constitucionalistas que tenían numerosas armas de combate en su poder y que creían que era posible hacer la revolución desde las calles asesinando policías y soldados a los que arrebataban sus armas con la intención de organizar un arsenal que sirviera para una nueva revuelta.

Casi ocho años vivió la República Dominicana sometida al régimen de terror impuesto por las fuerzas de choque anticomunista organizadas por el gobierno de Joaquín Balaguer en 1966 para liquidar los remanentes de la revuelta constitucionalista[1]. Para hacer menos visible la labor de las fuerzas armadas regulares en la labor de limpieza anticomunista iniciada en 1966, Balaguer organizó una agrupación paramilitar llamada «La Banda», compuesta por desertores de los partidos de izquierda, que denunciaban a sus antiguos compañeros, y por asesinos profesionales pagados con el presupuesto de inteligencia de las fuerzas armadas. Más de cuatro mil dominicanos perdieron la vida en actos terroristas durante esos años. El terrorismo sólo cesó cuando el liderazgo de los partidos de izquierda había quedado completamente descabezado y desorganizado. Los más importantes dirigentes fueron todos cazados en sus hogares delante de sus familias, en las calles, en las escuelas y universidades, y, en algunos casos, en sus apartamentos en el exilio en Bruselas, Bélgica. También cesó el terrorismo cuando Balaguer buscó una nueva reelección presidencial en mayo de 1974, y quiso dar la impresión de normalidad política en el país para responder a ciertas demandas internacionales en favor de los derechos civiles en la República Dominicana formuladas en 1973, después de que el Partido Revolucionario Dominicano lanzó una campaña de denuncias contra el terrorismo, y sus líderes visitaron todas las capitales europeas y las principales ciudades de Estados Unidos y América Latina buscando apoyo de la opinión pública mundial.

Después de las elecciones de 1974, el terrorismo fue utilizado sólo selectivamente, pues casi no quedaban líderes importantes por asesinar y las izquierdas estaban tan debilitadas que ya no constituían ningún peligro para el régimen. El coronel Francisco Caamaño había sido asesinado en febrero de 1973, después de que cayó prisionero en las montañas, tratando de establecer un foco guerrillero similar al que el Che Guevara había intentado en Bolivia años antes. Después de la guerra civil, Caamaño se había ausentado del país hacia Londres como agregado militar de la embajada dominicana, y desde ahí se había ido clandestinamente a Cuba en donde permaneció varios años adoctrinándose y entrenándose para algún día ir a la República Dominicana a realizar una revolución socialista. Cuando llegó a las montañas dominicanas en febrero de 1973, ocho años después de su revuelta, el país había cambiado enormemente, pues no sólo el ejército había sido reentrenado para hacer frente a una eventual guerra de guerrillas, sino que el país mismo se había transformado gracias a la extraordinaria recuperación de la economía que había tenido lugar en esos años y a la puesta en marcha de una política económica de crecimiento industrial y de urbanización acelerada que terminó configurando una clase media urbana poseedora de una afluencia que antes nunca había conocido en la historia dominicana. Muchos de los viejos compañeros de Caamaño se transformaron durante esos ocho años, al observar cómo sus antiguos compañeros de combate caían día tras día como moscas, víctimas del terrorismo gubernamental, o al incorporarse al mundo de los negocios en una economía en expansión que entre 1970 y 1974 alcanzó las tasas de crecimiento más altas de América Latina.

Los supervivientes de los partidos de izquierda fueron adoptados en su mayoría por Balaguer a través de varios mecanismos: los ingenieros y profesionales afines, a través de contratos para obras públicas del Estado; los intelectuales y profesionales, a través del otorgamiento de más de un millar de nombramientos de profesores en la universidad estatal, la cual fue entregada por Balaguer a los partidos de izquierda para mantenerlos ocupados, empleados y vigilados y sacarlos de la clandestinidad; los médicos, a través de nombramientos en los hospitales del Estado; y el resto de los militantes de izquierda a través del otorgamiento de empleos en cualesquiera de las miles de obras públicas que se ejecutaban o de los miles de negocios nuevos que surgieron durante los años de la bonanza económica. Hasta el Partido Comunista Dominicano fue utilizado por Balaguer para sus campañas agrarias y sus proyectos de reforma agraria que terminaron liquidando el latifundio en las zonas arroceras del país a partir de 1972. Los miembros del PCD se convirtieron en los principales ideólogos del agrarismo del gobierno y en agentes de comunicaciones entre el gobierno de Balaguer y el de Fidel Castro y terminaron siendo neutralizados por el gobierno al permitírseles entrar y salir libremente del país, publicar sus periódicos y revistas, y celebrar sus reuniones públicamente. En premio a su colaboración y a sus actividades pacíficas, el Partido Comunista Dominicano fue legalizado en noviembre de 1977.

La pacificación del país después de la guerra civil fue uno de los grandes logros políticos de Joaquín Balaguer. El costo fue extremadamente alto en vidas humanas, pero él siempre se mostró muy orgulloso de su hazaña y se refería a ella con gran orgullo en sus discursos. La paz le permitió inspirar confianza entre los inversionistas extranjeros y dominicanos, y poner nuevamente en marcha el país. Cuando Joaquín Balaguer tomó posesión de la presidencia en junio de 1966, el gobierno dominicano estaba totalmente dominado por unos 400 funcionarios y asesores norteamericanos que trabajaban en todos los niveles de la administración pública; los militares eran prácticamente manejados por una misión militar norteamericana de 65 hombres; el Ministerio de Agricultura tenía que trabajar con la presencia de unos 45 técnicos norteamericanos que decidían casi todo lo que debía hacerse; la Policía Nacional y los organismos de seguridad eran asesorados por unos 15 expertos en cuestiones de seguridad pública, de los cuales un tercio por lo menos pertenecía a la CIA. Otros departamentos del gobierno, tales como la Oficina de Desarrollo de la Comunidad y el Instituto Agrario Dominicano trabajaban con el concurso de asesores norteamericanos, lo mismo que la Secretaría de Estado de Educación.

En los departamentos del gobierno, estos asesores prestaban sus servicios profesionales y en muchos casos ejercían notables presiones sobre sus contrapartes dominicanos para que siguieran los alineamientos políticos o administrativos que emanaban de la dirección de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) o de la Embajada de Estados Unidos.

La guerra civil había creado un vacío tal de poder que las entradas fiscales se volvieron casi inexistentes, pues ninguno de los gobiernos en pugna fue capaz de cobrar efectivamente impuestos. Si no hubiera sido por la ayuda económica masiva volcada por Estados Unidos, el país se habría paralizado totalmente. Poco a poco los dominicanos fueron acostumbrándose, aunque con resentimiento, a esta situación y llegó a hacerse universal la noción de que sin el concurso de los norteamericanos sería muy difícil echar el país hacia adelante. La ayuda económica norteamericana vino a ser así el nuevo instrumento de control después de la salida de las tropas extranjeras. El país necesitaba desesperadamente de la ayuda externa y ahí estaba Estados Unidos dispuesto a ofrecerla. La ofreció en forma de donativos, de préstamos y del otorgamiento preferencial de la cuota azucarera, que se convirtió en un ingrediente clave de las relaciones dominico-americanas en la década siguiente a la guerra civil.

Si se examinan las cifras de la ayuda norteamericana entre 1966 y 1973, uno queda abrumado ante la enorme cantidad de dinero que los americanos volcaron sobre la República Dominicana en relación con el tamaño de su economía. Entre abril de 1965 y junio de 1966, la República Dominicana recibió 122 millones de dólares, la mayor parte de ellos en donaciones otorgadas con el propósito de evitar la bancarrota económica. En los tres años que siguieron, esto es, durante la primera administración de Balaguer, la ayuda alcanzó los 133 millones de dólares, la mayor parte de los cuales llegaron en forma, no de donaciones, sino de préstamos a largo plazo para la implementación de programas de desarrollo. Esos préstamos fueron negociados a través de la AID y en más de una ocasión se hicieron bajo la aplicación de la Ley Pública 480 para la obtención de alimentos. De junio de 1969 a junio de 1973, la ayuda descendió a 78 millones de dólares, la mayor parte de los cuales también llegaron en forma de asistencia a través de la Ley Pública 480.

Como se ve, la dependencia económica de la República Dominicana, sobre todo durante el quinquenio 1966-1970, fue verdaderamente extraordinaria y puede asegurarse que sin la cuota azucarera y sin la gigantesca ayuda económica directa, el país hubiera sobrevivido solamente en base a una política de extrema austeridad con un notable y peligroso aumento del desempleo. Durante este período el 32 por 100 de los ingresos en divisas estuvieron representados por la ayuda económica directa norteamericana y por la cuota azucarera. De haberse suspendido la ayuda y la cuota azucarera, la situación económica dominicana se habría deteriorado.

Durante ese período (1966-1969), una proporción muy grande del presupuesto nacional se utilizaba para cubrir los salarios y había muy poco dinero para hacer inversiones. El grueso de las inversiones de ese período se hicieron con fondos de la ayuda externa, por lo que el programa de inversiones públicas estaba determinado, en cuanto a su cantidad y en cuanto a los proyectos, por decisiones de la AID, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Una de las condiciones de la ayuda era que se asignaran recursos del presupuesto nacional como elementos de contrapartida para los programas financiados con la ayuda norteamericana. Sin embargo, el gobierno dominicano se resistió a otorgar fondos para esos proyectos porque políticamente encontraba más útil orientar sus recursos hacia otro tipo de inversión con un impacto político constatable como lo eran las obras públicas, en donde el producto de la inversión es perfectamente visible, y, además, su realización genera empleo rápido que puede ser políticamente capitalizado.

Durante estos años el grueso de la inversión pública se hacía con fondos de la AID. Estos recursos de la AID se orientaban generalmente hacia el desarrollo agrícola del país, mientras el gobierno dominicano realizaba otras inversiones en el sector urbano. El único interés del gobierno en esos fondos de la AID se debía a las divisas que con ellos recibía, pues estas divisas servían para equilibrar la balanza de pagos. Se sabe que el presidente de la República Dominicana no tenía demasiado interés en recibir esos fondos, ya que los programas agrícolas en que se invertían no tenían prioridad desde su punto de vista, pues eran inversiones que, a corto plazo, no generaban ningún impacto político. Antes de 1972, año en que hubo un cambio patente en la política agraria del gobierno dominicano, era notable el interés de Balaguer por sacrificar el desarrollo agrícola del país al simple juego de la permanencia en el poder. Este descuido de las inversiones en el sector agropecuario por parte del gobierno dominicano permite explicar el lento crecimiento de la producción agrícola durante toda la década de 1970. El interés del gobierno dominicano en la firma de los préstamos con la AID residía en la obtención de divisas para financiar la balanza de pagos, no en las repercusiones sociales y económicas de su aplicación en los proyectos de desarrollo agrícola.

Este aspecto de la ayuda norteamericana, como se comprende, siempre estuvo lleno de rozamientos. En la medida en que el gobierno dominicano recibía mayores ingresos presupuestales gracias a la ejecución de una política de contención salarial, en esa misma medida aumentaban sus inversiones en obras públicas no prioritarias calificadas algunas veces por los mismos norteamericanos como gastos de lujo por el evidente dispendio de fondos que podían ser utilizados en programas de desarrollo económico y social. Lo que más chocaba era que mientras el gobierno hacía esas inversiones dispendiosas, se negaba a dar parte de sus recursos para complementar los programas de desarrollo social financiados por recursos externos en campos de alta prioridad como lo eran el sector agrícola o la educación.

Con muy pocas excepciones, puede decirse que el gobierno dominicano aceptó finalmente lo que el gobierno norteamericano ofrecía, pues Balaguer y sus asesores sabían que no era posible echar hacia adelante el país sin el concurso de Estados Unidos. Esta conciencia de la necesidad de la ayuda norteamericana se hizo evidente cada vez que el gobierno dominicano tenía que negociar una cuota azucarera favorable que le proporcionara divisas para financiar sus importaciones. Además del intenso cabildeo llevado a cabo tanto en Washington como en Santo Domingo por los funcionarios dominicanos para convencer a Estados Unidos de la importancia de la cuota, el presidente Balaguer llegó a ofrecer al presidente Nixon —no al Congreso dominicano— su renuncia en caso de que él fuera un obstáculo para la obtención de la cuota azucarera. Balaguer, desde luego, no renunció; la cuota requerida fue obtenida (700.000 toneladas) y con ella él consiguió no sólo reforzar la posición económica de su gobierno, sino también demostrar que Estados Unidos lo apoyaba políticamente.

La cuestión de la cuota azucarera fue para el gobierno dominicano un asunto de vida o muerte durante las dos primeras administraciones de Balaguer. Junto con la ayuda económica directa en forma de préstamos y donativos, la cuota azucarera sirvió para reforzar la expansión de la economía dominicana, aunque ello significara también el acentuamiento de la dependencia, pues debe recordarse que las legislaciones norteamericanas de 1965 y 1971 relativas a la cuota establecían el derecho de Estados Unidos de suspenderla a cualquier país productor que diera un tratamiento injusto a las inversiones norteamericanas. La cuota básica dominicana asegurada en esas legislaciones era relativamente pequeña, pero lo que importaba al gobierno dominicano era la parte que podía obtener de la redistribución de la cuota cubana y la reasignación del déficit de producción de otros países, principalmente Puerto Rico, lo mismo que otras reasignaciones discrecionales.

Durante los primeros años de Balaguer, el precio promedio del azúcar dominicano en el mercado norteamericano anduvo muy por encima de los precios del mercado mundial, por lo que la cuota azucarera significaba para la República Dominicana una ventaja considerable y una protección privilegiada a su principal fuente de ingresos. Para 1966, por ejemplo, la cuota azucarera significó para la República Dominicana un ingreso adicional de 53,5 millones de dólares, que no hubieran entrado al país de haberse vendido el azúcar en el mercado mundial. En los años siguientes hasta 1971, esa cifra se mantuvo más o menos estable (55,9 en 1967; 67,7 en 1968; 50,2 en 1969; 48,6 en 1970; 43,5 en 1971), pero en 1972 los precios mundiales experimentaron un notable aumento y la diferencia en los beneficios fue de sólo 12,9 millones de dólares. En 1973 la República Dominicana no obtuvo ninguna ventaja exportando azúcar a Estados Unidos, sino más bien desventajas puesto que dejó de ganar el dinero que representaban los buenos precios del mercado mundial. En diciembre de 1974 terminó la legislación azucarera norteamericana y los precios del mercado mundial subieron por las nubes, por lo que en 1975 y 1976 la República Dominicana recibió los ingresos por exportaciones más altos de su historia y el gobierno acumuló enormes reservas en divisas que ocultaban las profundas contradicciones de una economía que había estado creciendo muy rápidamente pero con grandes desequilibrios. Por esta razón, 1975 fue un año de notable independencia financiera para el gobierno dominicano en relación con la ayuda y la cuota norteamericanas, que llegaron a ser prácticamente innecesarias para el fínanciamiento de las importaciones dominicanas. Recuérdese que la ayuda y la cuota juntas representaban en 1966 el 47 por 100 de todos los ingresos en divisas del gobierno dominicano, mientras que en 1972 sólo representaban el 8,7 por 100.

Económicamente hablando, esto significó varias cosas: una de ellas es que el país fue capaz de recuperarse de la crisis de 1964-1967. Otra es que esa recuperación fue sólo posible gracias a la ayuda económica externa aplicada para estimular la economía del país y llevarla a niveles nunca antes alcanzados por otros gobiernos dominicanos. Junto con la ayuda, también contribuyeron al despegue económico dominicano otros factores, como son el crecimiento de la producción azucarera, que fue estimulado por la posibilidad de la obtención de cuotas cada vez mayores, y por la inversión exterior e interior, cuyos promotores, al notar el apoyo político de Washington al gobierno dominicano, arriesgaron sus capitales en los sectores de la minería, la industria, la banca y los servicios. No obstante, la inversión extranjera creció en términos absolutos, pero proporcionalmente se mantuvo hasta 1971 en niveles similares a los de 1964 en relación con la inversión nacional esto es, alrededor del 35 por 100.

La inversión privada y la ayuda extranjera significaron una tremenda inyección de capitales a la economía dominicana, pues entre 1966 y 1971 fueron invertidos en el país unos 1.009,7 millones de dólares y una parte sustancial de los mismos fue dirigida a sectores tan decisivos como la minería y la energía. Las condiciones otorgadas por el gobierno dominicano a esas inversiones fueron siempre extremadamente generosas. La Falconbridge Dominicana, por ejemplo, una empresa de capital norteamericano que opera bajo cubierta canadiense y se dedica a la explotación de níquel en la región central del país, invirtió unos 205 millones de dólares asegurados por Estados Unidos contra todo tipo de riesgo político, especialmente contra la expropiación. Otros negocios extranjeros no tan grandes como la Falconbridge pero sí muy importante desde el punto de vista económico, como la compañía aurífera Rosario Dominicana o la Refinería Dominicana de Petróleo, de propiedad estatal y de la Shell, o la industria de alimentos lácteos de la NESTLE han obtenido ventajas notables en la negociación de sus contratos de instalación con el gobierno dominicano, de la misma manera que la corporación multinacional Gulf and Western recibió notables incentivos para sus operaciones azucareras y turísticas durante el gobierno de Joaquín Balaguer.

El gobierno dominicano y, particularmente, el presidente Balaguer, explicaban públicamente y con frecuencia la necesidad de la inversión extranjera para la financiación del desarrollo dominicano. Cada vez que los políticos de dentro o de fuera del gobierno levantaron la voz para pedir que la inversión norteamericana fuera limitada, regulada o expropiada, Balaguer respondía defendiéndola, señalando lo que él llamaba la fatalidad de la geopolítica en el área del Caribe.

Esas explicaciones de Balaguer son ampliamente compartidas en la República Dominicana. La gente recuerda que Estados Unidos ocupó el país en 1916 y lo gobernó durante ocho años. Recuerda también que a raíz de la muerte de Trujillo la política dominicana estuvo influida decisivamente por las manipulaciones del Departamento de Estado a través de sus funcionarios consulares y diplomáticos. Recuerda que lo que por un momento se creyó iba a ser un movimiento cívico-militar triunfante con el propósito de instalar al depuesto presidente Bosch nuevamente en el poder, fue frustrado por el uso masivo de fuerzas militares de Estados Unidos, que no salieron del país hasta que no quedó instaurado un gobierno que claramente convenía a los intereses norteamericanos. Si por un momento existió la idea entre los dominicanos de que Estados Unidos era incapaz de volver a intervenir militarmente en un país latinoamericano, la acción de 1965 creó la conciencia —y el convencimiento— de que la era de la no intervención había pasado y de que Estados Unidos seguiría interviniendo militarmente, cuando su permanente intervención diplomática no diera los frutos buscados.

Así pues, una inmediata consecuencia de la intervención norteamericana de 1965 fue la aparición de un cierto fatalismo político entre los dominicanos, en el sentido de que Estados Unidos seguirá manipulando por cualesquiera medios la política dominicana. La historia de la política dominicana y de las relaciones con Estados Unidos tiende a confirmar esa creencia entre los dominicanos, pues el control a que quedó sometido el país después de la salida de las tropas norteamericanas en 1966, lejos de atenuarse parece haberse acrecentado día tras día. La influencia norteamericana en la República Dominicana volvió a hacerse evidente en mayo de 1978 cuando el presidente norteamericano Jimmy Cárter intervino directamente para impedir que Balaguer continuara fraudulentamente en el poder, contrariando así la política de Estados Unidos en favor de los derechos humanos y su proyecto de democratización de la República Dominicana.

Después de doce años de ejercicio omnímodo del poder, Balaguer y sus allegados se negaron a aceptar el resultado de las elecciones celebradas el 16 de mayo de 1978 en las cuales resultó electo abrumadoramente el candidato Antonio Guzmán, quien había sido postulado por el Partido Revolucionario Dominicano. Esa noche, y mientras todo el pueblo dominicano presenciaba el recuento general de los votos que estaba siendo transmitido por televisión a todo el país, los militares que apoyaban una nueva reelección de Balaguer se presentaron en las oficinas de la Junta Central Electoral e interrumpieron el recuento que ya mostraba a Guzmán como el seguro ganador de las elecciones. Acto seguido procedieron a confiscar y a destruir las urnas, en donde estaban depositados los votos y encarcelaron a numerosos representantes de los partidos políticos.

La indignación general que se produjo a consecuencia de ese acto de fuerza no tenía paralelo en la historia dominicana. De inmediato todos los grupos organizados en el país se lanzaron a la resistencia pacífica y publicaron su protesta a través de miles de manifiestos, comunicados y pronunciamientos en los cuales se hacía ver que la nación dominicana no aceptaría una prolongación fraudulenta del gobierno Balaguer. Los observadores extranjeros que se encontraban en Santo Domingo representando a la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Partido Demócrata de Estados Unidos, al Partido Acción Democrática, de Venezuela, y a la Internacional Socialista se pusieron de inmediato en movimiento y organizaron un movimiento internacional de repudio a la maniobra de Balaguer y su mafia militar. Esta vez Estados Unidos mantuvo firme su posición de no reconocer ningún otro gobierno que no fuera el que había obtenido la mayoría de los votos. La posición norteamericana fue inmediatamente respalda por Venezuela y por docenas de gobiernos amigos del Partido Revolucionario Dominicano. Balaguer tuvo finalmente que ceder y entregó el poder a Antonio Guzmán el 16 de agosto de 1978, después de tres meses de una profunda crisis política que sirvió para mostrar una vez más que el gobierno de Balaguer había sido en más de un sentido una prolongación de la era de Trujillo.

Antonio Guzmán comenzó, pues, su gobierno con el mayor respaldo político que gobierno alguno haya recibido jamás en la República Dominicana. Después de presenciar las numerosas maniobras que Balaguer y los militares realizaron para tratar de despojar al Partido Revolucionario Dominicano de la victoria electoral, la mayoría del pueblo dominicano le volvió la espalda mientras expresaba continuamente su repudio a través de sus organizaciones cívicas. Guzmán aprovechó la impopularidad de Balaguer y sus jefes militares para desarmar desde los primeros días de su gobierno la maquinaria militar trujillista que Balaguer había reestructurado en 1966 y había mantenido en el poder desde entonces. Esa maquinaria militar había llegado a hacerse tan exclusiva y poderosa que incluso llegó a obligar a Balaguer a destituir a su candidato a la vicepresidencia de la república justo en las últimas semanas de la campaña electoral de 1978. Pero lo que más ofendía a los dominicanos en aquellos días era el estado de abuso permanente de los jefes militares, quienes se repartían generosamente los contratos de obras públicas, los privilegios de nombrar a sus seguidores en la burocracia estatal, se hacían otorgar exoneraciones para importar sin pagar impuestos todos los bienes de consumo que deseaban, y se habían enriquecido lo suficiente como para convertirse en inversionistas y empresarios que competían deslealmente con los grupos tradicionales del comercio y la industria.

Los dominicanos habían votado por un cambio. Guzmán fue el candidato del cambio y toda su campaña electoral se fundamentó en ese eslogan. Hasta entonces, Guzmán lucía un hombre manejable por la burocracia de su partido y se pensaba que después de quince años fuera del gobierno el Partido Revolucionario Dominicano volvería a gobernar como quiso gobernar Juan Bosch en 1963, esto es, realizando reformas sociales fundamentales y acelerando el proceso de la reforma agraria. Sin embargo, muy pronto los dominicanos descubrieron que Guzmán había ido al gobierno a instalar un gobierno de familia traicionando al Partido Revolucionario Dominicano. Desde el primer día de su gestión administrativa Guzmán dejó ver muy claro que aquél era «mi gobierno», no el del Partido Revolucionario Dominicano. Colocó en las más importantes posiciones a sus hijos, sobrinas, hermanos, primos y primas, así como a los hijos de sus más íntimos amigos, quienes gobernaron para servirse de Estados Unidos en su propio provecho. La corrupción, que había alcanzado niveles escandalosos en tiempos de Balaguer por la enorme cantidad de personas que participaban en ella, ahora quedó concentrada en una familia y sus asociados.

Como era lógico esperar, el Partido Revolucionario Dominicano se dividió y los que quedaron fuera del gobierno pasaron de inmediato a la oposición, ya que Guzmán empezó a trabajar para repetir lo que Trujillo y Balaguer habían hecho antes, esto es reelegirse indefinidamente. Como para lograr la reelección Guzmán necesitaba de una maquinaria partidaria, y como el Partido Revolucionario Dominicano siempre había sido contrario a la reelección presidencial, Guzmán trató de comprar a cada uno de los líderes de medio nivel y a los activistas del partido, colocándolos en la nómina del gobierno. Aunque parezca imposible, Guzmán nombró casi ochenta mil nuevos empleados públicos antes de concluir su primer año de mandato, y antes de los tres años había aumentado la nómina estatal en unos ciento ochenta mil nuevos empleados públicos.

De inmediato se hizo evidente el resultado de esta política. Los gastos corrientes del gobierno subieron vertiginosamente hasta copar casi el 100 por 100 del presupuesto nacional. Los programas de obras públicas se suspendieron por falta de recursos de inversión, de la misma manera que también se suspendieron numerosos proyectos de desarrollo financiados con aportaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia para el Desarrollo Internacional y el Banco Mundial, debido a que el gobierno se quedó sin fondos de contrapartida. La industria de la construcción entró en crisis y con ella el empleo de los grupos urbanos de menores ingresos. El déficit del sector público creció hasta niveles nunca vistos y para financiarlo el gobierno se vio obligado a recurrir al viejo expediente de emitir moneda sin respaldo. Al principio, Guzmán y su gobierno quisieron justificar las emisiones inorgánicas de dinero diciendo que eran para financiar la reconstrucción del país que había sido azotado severamente por los huracanes David y Federico en agosto y septiembre de 1979. Pero lo cierto fue que a medida que el déficit crecía debido al desorden financiero, tanto el gobierno central como las empresas públicas necesitaban más y más emisiones del Banco Central para financiar sus déficit.

La emisión monetaria se duplicó cada año durante el gobierno de Guzmán. Con ella creció también la demanda agregada, pues ahora había mucho más dinero circulando. Como la industria y la agricultura dominicanas eran insuficientes para abastecer el país, las importaciones aumentaron exorbitadamente. Con ello entonces empezó a crecer el déficit de la balanza de pagos, el cual anteriormente había sido financiado con fondos procedentes de la ayuda externa. Como durante el gobierno de Guzmán los desembolsos de la ayuda externa estaban severamente limitados por falta de fondos de contrapartida, el déficit de la balanza de pagos se financió con préstamos a corto plazo obtenidos de los bancos comerciales extranjeros a tasas de interés sumamente onerosas. La deuda externa empezó entonces a crecer. Guzmán recibió el país en 1978 con una deuda externa de unos mil millones de dólares. Al final de su mandato la deuda externa era de dos mil millones de dólares.

Los economistas del gobierno de Guzmán intentaron justificar su política económica diciendo que la misma respondía a un modelo neokeynesiano que trataba de hacer crecer la economía a través del crecimiento del gastó público y del crecimiento de la demanda agregada. Los críticos del gobierno señalaban que la economía dominicana era una economía sumamente abierta y que el sector externo no resistía un aumento excesivo de la circulación monetaria sin incurrir en grandes déficit de la balanza de pagos. No sólo la industria y la agricultura eran incapaces de abastecer el país, sino también el mismo gobierno central necesitaba de las importaciones para asegurarse de fondos, pues un 43 por 100 de los ingresos públicos procedían de los impuestos a las importaciones. El debate económico y político adquirió entonces momentos de gran vehemencia y lucidez, pero Guzmán y su gobierno se mantuvieron obstinados en su política de endeudamiento fácil y de financiamiento subsidiado a los diferentes sectores de la economía, incluyendo al sector público.

Las distorsiones económicas empezaron a hacerse cada vez más evidentes. Pronto se descubrió que muchas de esas distorsiones provenían de los tiempos de Balaguer, cuando se hizo crecer rápidamente a la industria de sustitución de importaciones en detrimento de la agricultura al mantener una política de congelación de precios agrícolas para favorecer a las masas urbanas consumidoras de productos industriales cuyos precios no estaban sujetos a control. Guzmán trató de favorecer el desarrollo agrícola que había quedado rezagado en tiempos de Balaguer y le imprimió a la reforma agraria una dinámica extraordinariamente vigorosa, pero para financiar sus programas agrarios Guzmán también tuvo que recurrir a la emisión de dinero sin respaldo, de manera que los ajustes que realizó en favor de los productos agrícolas, permitiendo que los precios subieran, fueron neutralizados por la inflación.

El alza de costos también afectó seriamente a las empresas públicas. La República Dominicana es uno de los países latinoamericanos con mayor número de empresas públicas, pues todo el patrimonio industrial, comercial, agrícola y ganadero de Trujillo se convirtió en patrimonio del Estado en 1961 y 1962, a raíz de las confiscaciones que llevó a cabo el Consejo de Estado para restituir a la nación lo que Trujillo le había extraído durante treinta y un años. El Estado dominicano terminó siendo el propietario del 60 por 100 de la producción azucarera del país, de la Corporación Dominicana de Electricidad, y de casi cincuenta compañías comerciales e industriales, que quedaron agrupadas en 1966 en la llamada Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Además, en 1968, el gobierno creó una nueva corporación estatal, el Instituto de Estabilización de Precios, con el objetivo de intervenir en todo el proceso de mercado de productos agrícolas y agroindustriales con la finalidad de mantener los precios estables subsidiando a los consumidores urbanos. Andando el tiempo, y debido a la falta de producción agrícola, el Instituto de Estabilización de Precios se convirtió en la mayor empresa comercial importadora de alimentos del país con un presupuesto de gastos mayor que el de la República de Haití. Al aumentar la dependencia dominicana de alimentos importados con financiamiento barato procedente de la Ley Pública 480 y de la Commodity Credit Corporation, de Estados Unidos, la agricultura dominicana también se vio desestimulada al no poder competir con los productos importados que llegaban a precios inferiores a los del mercado para ser distribuidos a bajo costo en las ciudades por el Instituto de Estabilización de Precios.

Con el alza de los precios del petróleo de 1979 todos los costos empezaron a subir. Los ajustes internos de los precios de los combustibles y lubricantes empezaron a reflejarse en los costos de los precios de los productos agrícolas e industriales, tanto de producción local como de los importados. Con los crecientes déficit en balanza de pagos la moneda dominicana fue perdiendo cada días más valor, de tal manera que ya en 1982 el precio de un dólar era igual a un peso dominicano con treinta y cinco centavos en el mercado libre, aunque el gobierno se empeñaba en mantener oficialmente la paridad. Poco a poco fueron surgiendo varios tipos de cambio que ocultaban el hecho de que el gobierno quería mantener su moneda oficialmente sobrevaluada aunque fuera a costa de las exportaciones. Esta política equivocada quitaba al país la posibilidad de obtener divisas en el exterior para pagar por sus importaciones, al tiempo que empeoraba la situación de la balanza de pagos al sostener un tipo de cambio y un sistema de cuotas de importación que favorecía la entrada de determinados insumos industriales.

Ahora bien, la realidad se fue imponiendo por encima de los deseos de Guzmán y sus economistas, pues con el aumento de la deuda externa y con los extraordinarios aumentos en el precio del petróleo, muy pronto el gobierno quedó con muy pocas divisas para pagar por otras importaciones que no fuesen consideradas esenciales. Al tener que incurrir en continuos déficit para mantener los precios de sus productos en un nivel políticamente aceptable, las empresas públicas aumentaron su endeudamiento y también empezaron a obtener préstamos en el exterior en monedas fuertes y a altas tasas de interés. En vano trató el gobierno de Guzmán de subsidiar al gobierno central con los recursos procedentes de la venta de oro de la compañía minera Rosario Dominicana, C. por A., nacionalizada a finales de 1979. El oro de la Rosario Dominicana no alcanzó para tanto, y ya en 1981 era evidente que todo el sector público dominicano estaba al borde la quiebra.

Más de 800 millones de dólares en préstamos y donaciones extranjeras que podían haber ingresado para financiar el déficit de la balanza de pagos, se quedaron sin ser utilizados por Guzmán debido a la falta de fondos de contrapartida. A pesar de haber alcanzado los precios del azúcar más altos en toda la historia, los ingenios del Estado se encontraban abrumados con la mayor deuda de su historia. Debido a la política de vender energía eléctrica barata para mantener la popularidad política del gobierno, mientras la Corporación de Electricidad compraba petróleo caro en el exterior, esta compañía estatal tenía un déficit en su flujo de efectivo tan grave que en muchas ocasiones se vio imposibilitada de pagar directamente a sus proveedores y el país se quedó con una reserva de petróleo que apenas alcanzaba para una semana. De la misma manera, y tratando de conservar su popularidad, Guzmán trató de ampliar el papel del Instituto de Estabilización de Precios para llevar alimentos subsidiados a cada vez mayor número de personas de las zonas urbanas, con el consecuente agravamiento del déficit en el sector público.

Pese a todos sus esfuerzos, la popularidad de Guzmán terminó desvaneciéndose. Los dominicanos acabaron convenciéndose de que su gobierno había sido un gran fraude político y que él había utilizado el Partido Revolucionario Dominicano para enriquecer y favorecer a su familia, y para tratar de mantenerse indefinidamente en el poder. El desencanto llegó a ser universal. Los comerciantes y los industriales, hostilizados desde los primeros días por los funcionarios de Guzmán, mantuvieron viva su oposición al gobierno, quejándose continuamente de la competencia desleal de las empresas públicas y del Instituto de Estabilización de Precios. Los terratenientes se quejaban de las continuas amenazas que sufrían por parte de los funcionarios agraristas del gobierno, quienes querían llevar la reforma agraria a todas partes, sin cumplir con la ley y sin ofrecer compensación a los dueños de terrenos confiscados. Los sindicatos obreros y las masas pobres de la población protestaban continuamente contra el alza del costo de la vida.

Sintiéndose amenazados por el presidente de la república, que parecía dispuesto a todo con tal de imponer su reelección, el Partido Revolucionario Dominicano se reorganizó bajo el liderazgo de su secretario general, doctor José Francisco Peña Gómez, y del senador por el Distrito Nacional, doctor Salvador Jorge Blanco, un conocido abogado que se había enfrentado a Guzmán durante las elecciones primarias de su partido en 1977. A medida que crecía la impopularidad de Guzmán, también avanzaba la rehabilitación política de Balaguer, con cuyo gobierno se comparaban los magros logros de Guzmán. La política de congelación de los gastos corrientes y de inversiones públicas masivas que Balaguer había llevado a cabo, habían estimulado la economía, habían contribuido a ampliar el mercado interno y habían enriquecido a numerosos sectores sociales, principalmente a la clase media urbana y al empresariado industrial y comercial. Guzmán no había logrado nada de eso y su hazaña más visible había sido eminentemente política, al liquidar la mafia militar balaguerista, al respetar la libertad de prensa y de palabra y al respetar, también, la libertad de acción del Congreso Nacional, que en tiempos de Balaguer había sido una simple extensión del poder ejecutivo.

Para enfrentar a Guzmán y a Balaguer al mismo tiempo, el Partido Revolucionario Dominicano se convirtió de nuevo en un partido de oposición. Las mayores críticas al régimen procedían del mismo seno del partido de Guzmán, que entonces se dividió en dos tendencias irreconciliables. Cuando Guzmán se dio cuenta de que ya no le sería posible lograr que su partido lo postulara para un nuevo período, entonces trató de imponer al vicepresidente de la república, licenciado Jacobo Majluta. Pero ya era muy tarde. El partido se había emancipado del gobierno y eligió como candidato a las elecciones de 1982 a Salvador Jorge Blanco, quien prometía establecer un gobierno del partido y para el partido, y quien presentaba una imagen de honradez intachable, reconocida incluso por sus propios enemigos.

Guzmán y su familia maniobraron para impedir que Jorge Blanco fuera electo presidente de la república. Llegaron incluso a pactar con Joaquín Balaguer y hasta llegaron a insinuar a los militares que impidieran la celebración de las elecciones o que impidieran que Jorge Blanco viviera para tomar posesión, en caso de que ganara las elecciones. Pero los militares se negaron. La composición de las fuerzas armadas dominicanas había estado cambiando gracias a la despolitización que el mismo Guzmán había introducido en los dos primeros años de su gobierno y gracias a la insistencia de Estados Unidos en que las fuerzas armadas dominicanas debían ser el sostén de la democracia política, no su obstáculo, para evitar un cataclismo como el de la guerra civil de 1965. Así que, poco a poco, Guzmán y su familia fueron quedándose solos, encerrados en sí mismos, y aprovechando los últimos meses de su mandato para terminar de enriquecerse. Sus maniobras financieras se hicieron tan evidentes que hasta la prensa extranjera se hizo eco de las grandes transferencias de dólares que algunos funcionarios del gobierno estaban realizando en bancos norteamericanos. En la comunidad bancaria nacional también era un secreto a voces las transferencias que algunos funcionarios hicieron a bancos de Grand Cayman y Panamá, o las grandes cantidades de dólares que algunos funcionarios compraban en las casas de cambio de Santo Domingo. Guzmán empezó a deprimirse y a sentirse asustado y, finalmente, en la medianoche del día 3 de julio de 1982, se suicidó de un pistoletazo en la sien, creando de inmediato una tremenda conmoción en todo el país.

El vicepresidente Jacobo Majluta fue juramentado inmediatamente como presidente de la república y trabajó arduamente para que los militares que apoyaban a Guzmán aceptaran a Jorge Blanco, quien finalmente se juramentó como presidente el 16 de agosto de 1982, en medio de una crisis financiera que había colocado al Estado dominicano al borde de la quiebra.

La política económica del gobierno de Jorge Blanco fue diseñada desde varios meses antes de su elección y fue prefigurada en numerosas discusiones públicas en las cuales participaron la mayoría de los grupos organizados en el país. Durante la campaña electoral, Jorge Blanco prometió completar la democracia política con una «democracia económica», pero su manejo de la crisis, así como el plan de ajuste que su gobierno tendría que realizar en común acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sepultaron el sueño de construir esa prometida democracia económica y, por el contrario, produjeron el proceso de concentración del ingreso más impresionante que jamás haya tenido lugar en la historia dominicana. Este proceso de concentración del ingreso tuvo lugar al mismo tiempo que la clase media se empobreció dramáticamente y que las clases más bajas fueron golpeadas por tasas de inflación nunca antes conocidas en la República Dominicana.

Al comenzar su gobierno a mediados de 1982, Jorge Blanco anunció que su gobierno iba a corregir las distorsiones que aquejaban a la economía dominicana. No era posible, decía él, que en un país aquejado por graves problemas de balanza de pagos las importaciones estuvieran sobreprotegidas por la existencia de un tipo de cambio sobrevalorado que no respondía a la realidad de una moneda depreciada. Tampoco era conveniente, según Jorge Blanco, que el sector público siguiera endeudándose para subsidiar a los diferentes sectores económicos, particularmente la industria de sustitución de importaciones. Y concluía diciendo que no era sano para la economía nacional que los precios internos no reflejaran la estructura de precios de la economía mundial, entre ellos las tasas de interés, que en la República Dominicana eran extraordinariamente bajas en relación con las tasas de interés prevalecientes en Estados Unidos. Si en agosto de 1982 había algún consenso en torno a la crisis dominicana éste era que la economía tenía que ser reajustada. La agricultura se había estancado por falta de estímulos. La industria era ineficiente debido a la protección exagerada y a los inmensos subsidios e incentivos otorgados por el Estado. Las empresas públicas se encontraban al borde de la quiebra debido a los crecientes subsidios que ya se hacía imposible seguir pagando. El sistema fiscal había perdido su capacidad de captar recursos para el adecuado financiamiento del sector público. El déficit de la balanza de pagos había dejado al país con cobranzas atrasadas por más de 400 millones de dólares y con un déficit de más de 700 millones en las reservas internacionales netas.

Para un pequeño país de 5,6 millones de habitantes, cuyas exportaciones no pasaban de mil millones de dólares al año y con un presupuesto que tampoco era mayor de mil millones de pesos dominicanos, esta situación era prácticamente incorregible sin un extraordinario esfuerzo de austeridad y de contención del gasto y del crédito público, y sin un aumento sustancial de la ayuda externa, en especial ayuda de emergencia para afrontar el problema de la balanza de pagos. En realidad, los bancos extranjeros que tan alegremente habían estado facilitando préstamos al gobierno de Guzmán ahora se negaban a mantener el crédito a la República Dominicana si antes el gobierno no llegaba a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Jorge Blanco se abocó desde el principio a buscar fórmulas para renegociar la deuda externa y para ajustar la economía de acuerdo con las condiciones establecidas por el FMI.

Las negociaciones fueron sumamente tormentosas, pues el gobierno intentó aprovecharlas demagógicamente para mostrar que la austeridad, la contracción del crédito, la reducción de los salarios, las alzas de precios y las nuevas restricciones a las importaciones eran imposiciones del Fondo Monetario Internacional, a quien las autoridades intentaron presentar como el responsable de las dificultades económicas, creando así una especie de enemigo externo. Los economistas del gobierno de Jorge Blanco se lanzaron por su cuenta a una torpe campaña de ajustes económicos, rechazando las propuestas del Fondo Monetario Internacional, pero tratando de hacer creer a los dominicanos que sus decisiones eran impuestas por esa institución. Ignorando que los desequilibrios económicos dominicanos eran desequilibrios estructurales, las autoridades del Banco Central intentaron el uso de la fuerza para controlar la economía. Por ejemplo, en su empeño por reducir la tasa de cambio del dólar norteamericano para lograr una paridad perdida hacía tiempo, las autoridades monetarias empujaron a Jorge Blanco a enviar tropas de la policía y del ejército a cerrar las casas de cambio con la intención de obligar a la población a negociar sus dólares en los bancos comerciales. El resultado inmediato fue, como era de esperarse, un extraordinario desorden financiero, una vertiginosa fuga de capitales y una gigantesca oleada de especulación que devaluó el peso dominicano en más de un 100 por 100.

Muy pronto tuvo el gobierno que reconocer que esas medidas habían sido totalmente equivocadas y finalmente optó por legalizar las casas de cambio para tratar de recuperar el equilibrio financiero. Pero la moneda dominicana no dejó de cotizarse a más de tres pesos por dólar y los precios no dejaron de subir, debido a que de inmediato los importadores ajustaron sus precios internos a la nueva tasa de cambio. En sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Jorge Blanco mantuvo todo el tiempo una actitud de denuncia contra las condiciones que querían imponérsele, que eran fundamentalmente el cese de toda emisión monetaria sin respaldo, el congelamiento del gasto público, el control del déficit de las empresas estatales y el déficit público, un aumento de los impuestos directos para aumentar los ingresos fiscales, un mayor control de las importaciones y un aumento de las tasas de interés.

Vistas en detalle, todas estas medidas formaron parte del programa de Jorge Blanco, pero el gobierno encontró en el Fondo Monetario Internacional una especie de villano a quien se le podía traspasar la culpa política del programa de ajuste. Toda la propaganda oficial de los primeros tres años de administración de Jorge Blanco estuvo dirigida en este sentido. Pero como un programa de esta naturaleza implicaba todo un proceso de sinceración de los precios internos de acuerdo con la tasa real de cambio, y como ésta se había disparado debido a los errores de las autoridades del Banco Central, el alza de los precios se hizo insoportable para la mayoría de la población. El fracaso de esta política resultó evidente a fines de abril de 1984 cuando los economistas del gobierno quisieron aprovechar maquiavélicamente las vacaciones de Semana Santa para aumentar simultáneamente los precios de los productos de primera necesidad mientras la clase media urbana se encontraba despreocupada y alejada de las ciudades. Su falta de sensibilidad política les impedía ver que quienes protestarían serían los pobres que no se habían ido a las montañas ni a las playas, como en efecto ocurrió cuando el lunes siguiente todo el país amaneció en medio de un gigantesco levantamiento popular que sólo pudo ser sofocado al tercer día después que el ejército mató más de setenta personas mientras se movilizaban en protesta por la política económica del gobierno.

A pesar del clamor universal para que Jorge Blanco sustituyera al gobernador del Banco Central, quien se movía como un elefante en medio de una cacharrería, el gobierno continuó su misma política de forcejeo con el Fondo Monetario Internacional, justo hasta el mes de diciembre de 1984, cuando ya se hizo evidente que la República Dominicana no podía seguir sin renegociar su deuda con el Club de París y con los bancos comerciales extranjeros ni, mucho menos, sin firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para evitar un colapso total de la balanza de pagos que hubiera significado la cesación de todo crédito externo, la paralización del país debido a la falta de petróleo, y el desabastecimiento total de la mayoría de los insumos industriales importados. Finalmente, el gobernador del Banco Central fue destituido. Jorge Blanco recuperó parte de su popularidad perdida entre los industriales y los comerciantes que eventualmente comprendieron que ellos resultaban ser los beneficiarios del proceso de ajuste y volvieron a dar apoyo al gobierno, especialmente a partir del 25 de enero de 1985, cuando la devaluación general fue oficializada por el Banco Central y se creó un nuevo tipo de cambio unificado para todas las operaciones financieras del país. Al dejarse flotar libremente el dólar en los mercados, la economía dominicana entró de lleno en un proceso formal de dolarización similar al de otros países latinoamericanos que pasaron por crisis similares anteriormente. Los efectos de la devaluación se hicieron evidentes de inmediato. Los desequilibrios fiscales y de la balanza de pagos continuaron, pero los nuevos precios internos y la nueva tasa oficial del cambio sirvieron para estimular el desarrollo de un nuevo sector exportador que antes no existía y, por la misma razón, la agricultura dominicana cobró un visible dinamismo al dejarse flotar los precios de los productos agrícolas, antes sometidos a control, y al establecerse nuevos incentivos para la producción y la exportación de productos agroindustriales.

Entretanto, la política volvió a sus antiguos cauces y los partidos empezaron a prepararse para las elecciones generales que debían celebrarse el 16 de mayo de 1986. Estas fueron las elecciones más reñidas de la historia dominicana contemporánea, pues el ganador, Joaquín Balaguer, sólo logró su victoria con un margen de apenas 40.000 votos por encima de su contendiente Jacobo Majluta, candidato del Partido Revolucionario Dominicano. El regreso del viejo ex presidente Joaquín Balaguer al poder por quinta vez en los últimos veinticinco años es un hecho excepcional en toda la historia política de América Latina si se tiene en cuenta que perdió la presidencia en 1978 dentro del mayor descrédito posible y cuando ya el glaucoma le había hecho perder definitivamente la visión. Ciego y enfermo, Balaguer tuvo la habilidad de unificar y reorganizar su partido, el Partido Reformista, asimilando de paso al antiguo partido democratacristiano, cambiando su nombre por el de Partido Revolucionario Social Cristiano y aceptando una ideología y una estructura de relaciones internacionales similar a la red de contactos socialdemócratas del Partido Revolucionario Dominicano, que está asociado desde hace muchos años con la Internacional Socialista.

El retorno de Balaguer al poder ha sido también el resultado de las continuas pugnas internas del Partido Revolucionario Dominicano y del deficiente manejo político de la crisis económica que realizaron los últimos dos gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. Gran parte de la responsabilidad de la derrota electoral del Partido Revolucionario Dominicano debe atribuirse a sus mismos líderes, que no supieron resolver pacíficamente sus diferencias internas y continuaron la política de hacerle una feroz oposición a su propio gobierno, desacreditando completamente al presidente Jorge Blanco, quien sostuvo siempre públicamente que su gobierno era el gobierno del partido. Frente a un partido desorganizado y desunido cuya convención para elegir a sus candidatos presidenciales para las elecciones de 1986 terminó a balazos y dentro del mayor desorden, Balaguer se presentó como el hombre capaz de reorganizar la economía, estimulando la industria de la construcción y estableciendo un régimen de austeridad y ahorro que eventualmente favorecería el retorno de los altos niveles de inversión pública que caracterizaron su anterior gobierno de doce años.

El tercer lugar de las elecciones presidenciales de 1986 lo obtuvo el viejo ex presidente Juan Bosch, quien en los últimos años ha logrado organizar un gran partido ideológico y de cuadros revolucionarios, llamado el Partido de la Liberación Dominicana, que alcanzó casi un 20 por 100 de los votos en 1986, duplicando los votos obtenidos en las elecciones de 1982, y señalando el rápido crecimiento de un movimiento de izquierda radical que se propone alcanzar el poder por medio de elecciones en la República Dominicana. Gran parte del crecimiento del partido de Bosch puede explicarse en función de la diferencia de estilo político que el Partido de la Liberación Dominicana ha introducido en el país, pues mientras los otros dos grandes partidos tradicionales han conservado un discurso destinado a expresar sus pugnas internas o los intereses de sus dirigentes, el partido de Bosch, en cambio, ha mantenido coherentemente una línea política de defensa de los sectores más pobres de la población y ha sabido sacar importantes ventajas políticas de la crisis económica y del proceso de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional.

Sólo el tiempo dirá cuál será el futuro de la República Dominicana. La población en 1985 era de 6,2 millones de habitantes, creciendo a una tasa cercana al 3 por 100 cada año. Aunque las tasas de fecundidad han estado descendiendo recientemente, los demógrafos esperan que en 1990 habrá unos cinco millones de personas viviendo en las ciudades y unos tres millones viviendo en las zonas rurales. Santo Domingo, la capital, sigue creciendo a mayor velocidad que el resto del país y también se espera que en 1990 Santo Domingo será una ciudad con cerca de tres millones de habitantes y que en el año 2000 su población será de cuatro millones, pareciéndose cada vez más a las grandes ciudades latinoamericanas.

Los datos oficiales del gobierno dominicano reconocen que más del 75 por 100 de la población dominicana está subalimentada, pues sus ingresos no alcanzan para comprar suficiente comida, aun entre aquellas familias cuyos miembros desempeñan algún trabajo remunerado. Las tasas de desempleo siguen siendo altas, pues no menos de 27 personas de cada 100 están completamente desempleadas y un número similar sigue subempleado desempeñando trabajos ocasionales, poco productivos y mal remunerados.

Con esos ingresos tan bajos no sorprende, pues, que las condiciones habitacionales sean muy malas. En 1985 más de medio millón de familias tenían viviendas tan inadecuadas que iban contra toda noción de decencia y dignidad humanas. En ese año se calculaba que los dominicanos tendrían que construir unas 52.000 viviendas anuales para que el problema siguiera igual. En 1982 el gobierno de Jorge Blanco intentó poner en marcha un gigantesco programa para construir unas 25.000 viviendas anuales, pero muy pronto se quedó corto de fondos y todavía al tercer año de su gestión no había sido posible terminar las primeras 12.000 habitaciones, con lo que se paralizó completamente su programa de construcciones y el déficit de viviendas ha continuado agravándose.

Algo similar ha ocurrido con la educación. Después de grandes anuncios y mucha propaganda todos los gobiernos que la República Dominicana ha tenido en los últimos veinticinco años han lanzado varias campañas de alfabetización para tratar de enseñar a leer y a escribir a casi un millón de analfabetos mayores de quince años de edad. Todas las campañas han fracasado, incluyendo la que preparó en 1983 el gobierno de Jorge Blanco, cuyas autoridades educativas se quedaron en la simple retórica y demostraron una extraordinaria incapacidad gerencial para poner en marcha sus programas. La situación en 1985 era entonces más grave que en años anteriores, debido a la falta de recursos económicos para construir más escuelas y dar empleo a nuevos maestros o alfabetizar nuevos alumnos. De acuerdo con cálculos conservadores, la República Dominicana tendrá en 1990 unos dos millones de adultos analfabetos y en el año 2000 un poco más de tres millones, si es que antes no se corrigen esas tendencias.

Varias décadas atrás, los bosques, los ríos y los demás recursos naturales todavía mostraban una abundancia favorable y los dominicanos veían a su país como el territorio mejor dotado del área del Caribe. Hoy a consecuencia de la desforestación producida por los incendios forestales, por la tala indiscriminada de los bosques y por el sobrepastoreo de las tierras altas, la superficie boscosa del país que en 1940 era de unos cuatro millones de hectáreas, ha quedado reducida apenas a menos de un millón de hectáreas, de manera que solamente el 11 por 100 de la superficie del país está cubierta de bosques. Las perspectivas de esta situación son cada vez más alarmantes si se tiene en cuenta que los altos costos del petróleo han puesto los precios de los combustibles fuera del alcance de la mayoría de la población y que la gente está recurriendo cada vez más al uso del carbón vegetal y de la leña para cubrir sus necesidades de cocina. Entre 1980 y 1985 extensísimas zonas de bosque virgen han desaparecido en los grandes parques nacionales que el Estado mantenía como reservas forestales debido a la tala incesante de los campesinos carboneros itinerantes, cuya principal actividad es satisfacer la creciente demanda de energía de los sectores pobres de las ciudades.

El subdesarrollo dominicano ha llegado a parecerse mucho al subdesarrollo latinoamericano y si hay diferencias entre Brasil, México, Venezuela y la República Dominicana, estas diferencias son solamente de escala, pues las características de la pobreza urbana, de la dependencia y del estilo político son mucho más similares de lo que el observador superficial pueda imaginarse.

Capítulo 6
HAITÍ, 1930-c. 1990

Durante el medio siglo comprendido entre el decenio de 1930 y el de 1980, Haití, el país más pobre de América Latina, experimentó un descenso gradual del nivel de vida, un empeoramiento de la calidad de la tierra —con un alarmante crecimiento de la erosión del suelo en todo el país— y un espectacular crecimiento de su población, que de 2,5 pasó a aproximadamente 6 millones de personas. A pesar de esfuerzos esporádicos a cargo de diversos gobiernos haitianos y de planes ambiciosos patrocinados por una inacabable procesión de misiones extranjeras, poco se hizo por detener la decadencia del país. De hecho, muy a menudo los resultados de estas intervenciones extranjeras eran decididamente perjudiciales. En la mayoría de los casos las mejoras que se requerían no beneficiaban individualmente a los campesinos y sólo llegaban a buen puerto si se acometían como empresas cooperativas entre todos los terratenientes de una región determinada. Por regla general, los gobiernos haitianos no podían o no querían dar el tipo de garantías que hubieran hecho que tales proyectos fuesen viables[1].

Durante todos estos años Haití siguió siendo una economía principalmente agrícola que producía alimentos para el consumo local junto con unos cuantos cultivos de exportación. El principal cultivo comercial era el café. Los esfuerzos por estimular la producción en gran escala de otros cultivos tales como el azúcar, el algodón y el sisal tuvieron sólo un éxito limitado. La mayoría de los artículos de consumo manufacturados se importaban, en particular de Estados Unidos. Los intentos de explotar minas de cobre y de bauxita dieron resultados modestos y nada más. A partir de las postrimerías del decenio de 1960 se registró un crecimiento rápido de las industrias manufactureras ligeras y las plantas de montaje, la mayoría de ellas situadas en la capital y sus alrededores. Estas industrias y plantas obtuvieron bastante más de la mitad de las ganancias exteriores del país en 1985, año en que Haití gozó de la distinción de ser el principal productor de pelotas de béisbol del mundo. Sin embargo, tras la caída de Jean-Claude Duvalier en 1986, más de cuarenta de estas empresas cerraron. El turismo se desarrolló de forma bastante desigual y su prosperidad dependía de la fluctuante reputación política y médica del país. Debido a su pobreza. Haití seguía contándose entre las economías más autosuficientes del Caribe y tenía unos coeficientes de exportación e importación significativamente inferiores a otras islas-estados de la región.

Un rasgo notable del período posterior a 1930 fue la migración, tanto interna como externa. Al igual que en otras partes de América Latina, había un movimiento de la población, en su mayor parte mujeres, hacia la capital, Puerto Príncipe, cuyos habitantes ya rebasaban sobradamente el millón en los años ochenta. Igualmente significativa era la migración de cortadores de caña haitianos, hombres en su mayoría, a las vecinas naciones de Cuba y la República Dominicana. Algunos de ellos eran emigrantes estacionales, otros se quedaban varios años, a la vez que muchos se instalaban de forma permanente en el país anfitrión. Bajo los Duvalier el número de emigrantes a Estados Unidos aumentó hasta convertirse en un importante movimiento demográfico.

El poder de la élite, que era predominantemente mulata, decayó en este período, aunque no hay indicios de que tuviera lugar una redistribución importante de la riqueza entre la población. La fuerza política de los mulatos disminuyó del modo más notable después del derrocamiento del presidente Elie Lescot (19411946), pero incluso durante los días más negros de la era Duvalier lograron conservar una parte considerable de la (menguante) riqueza nacional. Continuó creciendo la importancia de los sectores intermedios negros de la población, tanto rural como urbana. Incluso a finales del siglo XIX eran una fuerza que debía tenerse en cuenta. Bajo la ocupación estadounidense (1915-1934) su posición social se había fortalecido y la caída del gobierno Lescot se debió en parte a que no acertó a comprender el poder de este sector. Por consiguiente, es asombroso que algunos autores, al hablar de Haití, digan que estos grupos no tenían importancia política y social. Los regímenes noiristes de Dumarsais Estimé (19461950) y François Duvalier (1957-1971) beneficiaron a un sector privilegiado de la clase media negra, pero normalmente también recibieron apoyo de varios políticos mulatos. Durante la presidencia de Duvalier, familias de comerciantes árabes se integraron por fin en la vida política del país. El régimen de Jean-Claude Duvalier (1971-1986) pasó a depender cada vez más de la buena voluntad de los medios empresariales.

La masa integrada por los campesinos y los pobres de las ciudades ejerció cierta influencia en la evolución de la política haitiana desde los primeros tiempos hasta la ocupación estadounidense. Sin embargo, este papel fue esporádico y en gran parte negativo por cuanto generalmente consistió en derrocar gobiernos que se habían vuelto intolerables. Las masas raramente intervinieron de forma significativa en la gobernación del país. De hecho, el derrocamiento de Jean-Claude Duvalier en 1986 representó el renacer de una tradición de iniciativa rural que, pese a la retórica populista de los líderes noiristes, decayó después de la invasión estadounidense, a raíz de la cual la actividad política se centró de forma creciente en la capital.

A pesar de la degradación ecológica, de una economía en decadencia y de una cultura política que tendía a ser cada vez más violenta —al menos hasta mediados de los años sesenta—, la poesía, las novelas, las artes visuales, la música y el baile florecieron durante el medio siglo que empezó en 1930. Sin embargo, la dictadura duvalierista empujó a los escritores creativos a exiliarse y gran parte de la obra original y significativa nació en la diáspora haitiana.

La Iglesia católica desempeñaba un papel central en la vida social y política del pueblo haitiano, cosa que venía haciendo desde el concordato de 1860. La Iglesia sufrió un revés al fracasar en 1941 la campaña «antisuperstición», que fue dirigida con vigor y a veces violencia contra el culto vudú. Los gobiernos de Estimé y François Duvalier fueron considerados como anticlericales, como gobiernos que utilizaban su poder, especialmente en el campo de la educación, para limitar la influencia de la Iglesia. A decir verdad, «Papa Doc» Duvalier asestó varios golpes duros a las pretensiones políticas de la Iglesia. El respaldo que los eclesiásticos dieron a los críticos del duvalierismo en los años ochenta fue un factor clave del derrocamiento de «Baby Doc».

En su informe de 1929 el alto comisionado de Estados Unidos en Haití declaró con toda confianza que el campesino haitiano ya no contemplaba la ocupación estadounidense con recelo, «sino que ahora la considera una amiga»[2]. Estados Unidos llevaba quince años dirigiendo los asuntos de la república negra. La invasión de Haití en julio de 1915 formaba parte de una estrategia general cuyo objetivo era controlar la región del Caribe. Con la adquisición de Guantánamo en Cuba disminuyó el deseo de tener una base naval en La Española, pero Washington, muy interesado en impedir que las potencias europeas establecieran más posiciones en la región, vio con especial alarma el creciente poder de la colonia alemana en Haití. Al estallar la primera guerra mundial, los alemanes controlaban la mayor parte del comercio exterior del país y preocupaba al Departamento de Estado estadounidense la posibilidad de que una Alemania victoriosa tratara de incrementar su influencia en Haití. Por otra parte, los estadounidenses querían instalar en el Caribe regímenes que acogieran favorablemente las inversiones privadas de los ciudadanos de Estados Unidos. Así pues, fuerzas estadounidenses ocuparon Haití en 1915 por motivos tanto estratégicos como económicos, y creyendo que Estados Unidos estaba moralmente obligado a «ayudar» a estos países del Caribe.

La invasión fue bien acogida por importantes sectores de la pequeña élite de habla francesa y piel generalmente clara, y sólo de forma esporádica chocó con resistencia militar. Los grupos de la élite vieron en la llegada de los marines estadounidenses el medio de instaurar nuevamente su control sobre el país, control que durante los decenios anteriores se les había escapado de las manos poco a poco. Los estadounidenses encontraron un dócil presidente marioneta en la persona de Philippe Sudre Dartinguenave (1915-1922) e impusieron una constitución nueva que legalizaba la propiedad extranjera de tierra que habían prohibido todas las constituciones promulgadas desde 1805 (exceptuando la de Henri Christophe). Los intentos de introducir de nuevo el trabajo forzoso encamado por la corvée fueron uno de los motivos que en 1918 provocaron un brote de resistencia guerrillera a la ocupación cuyo cabecilla era Charlemagne Péralte. Cundió la alarma y Estados Unidos mandó refuerzos. Después de muchos meses de lucha y miles de bajas. Péralte fue muerto y se sofocó la revuelta.

Después de 1920 la oposición, que iba en aumento, por lo general no salió del reino de la política oficial y el periodismo. No obstante, a pesar del optimismo del alto comisionado en 1929, aquel mismo año surgieron movimientos de protesta que dieron por resultado el bombardeo de Les Cayes por aviones estadounidenses y la muerte de más de veinte campesinos que tomaban parte en una manifestación pacífica. El presidente Hoover respondió enviando una comisión investigadora encabezada por un ex entrenador de fútbol y ex gobernador de las Filipinas, William Cameron Forbes. Este llegó a Haití en febrero de 1930, en compañía de tres periodistas de edad avanzada y un diplomático retirado. Ninguno de los tres miembros de la comisión hablaba el créole haitiano y sólo uno de ellos hablaba francés. Después de dos semanas en el país, pasadas en su mayor parte en la capital, entrevistando a miembros descontentos de la élite haitiana y a funcionarios estadounidenses, la comisión regresó y recomendó la rápida haitianización de las fuerzas armadas y del funcionariado con vistas a la retirada en 1936. Dos de los miembros de la comisión se declararon partidarios de poner fin inmediato a la ocupación[3].

En 1930 el régimen colaboracionista de Louis Borno (1922-1930) ya se había hecho universalmente impopular y la comisión Forbes recomendó que se celebrasen nuevas elecciones bajo un presidente provisional que todos los partidos encontrasen aceptable. Las elecciones dieron la victoria a Sténio Vincent, mulato perteneciente a la alta clase media, frente a sus principales rivales, Seymour Pradel, mulato de la élite, y Jean Price Mars, negro de clase media natural del norte de Haití. El nuevo presidente no tardó en empezar a pedir la retirada de las tropas estadounidenses y llegó a un acuerdo con Franklin Roosevelt para poner fin a la ocupación en 1934.

En 1930 Haití era —y ha seguido siendo— un país predominantemente agrícola y más del 80 por 100 de la población se dedicaba a este sector de la economía. La mayoría de estas personas vivían y trabajaban en pequeñas propiedades pertenecientes a ellas mismas o a miembros de su familia, o bien en tierra que su familia había ocupado ilegalmente durante generaciones. Producían café, que se vendía al spéculateur (intermediario), y verduras para el consumo local (algunas se las guardaban para la familia y el resto se vendía en el mercado del lugar). Las mujeres tenían un papel clave en la economía rural, no sólo trabajando en los campos, sino también dominando los mercados. El principal producto de exportación era el café, a la vez que iba creciendo la importancia del azúcar. Otros productos eran el sisal, la madera y los plátanos. Aunque gran parte de la tierra se hallaba dividida en parcelas pequeñas, existían varias plantaciones extensas que eran propiedad de haitianos o de compañías estadounidenses. Estas compañías, tales como la Haytian American Sugar Corporation (HASCO), obtenían concesiones de tierra del gobierno y desahuciaban a campesinos modestos que la habían cultivado durante generaciones; de esta forma se creaba una mano de obra potencial para las nuevas plantaciones. No obstante, fracasaron los intentos de crear una industria agrícola a gran escala, como en Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana. Una de las razones del fracaso fue la confusión que reinaba sobre la propiedad de la tierra y obligaba a emprender largos y costosos procedimientos judiciales para aclarar la situación. Durante la ocupación se empezó un estudio catastral, pero un misterioso incendio destruyó los datos recogidos. La mayoría de los artículos manufacturados y de lujo se importaban de Francia, de otros países europeos y, con frecuencia cada vez mayor, de Estados Unidos. En las ciudades existían pequeñas industrias dedicadas a producir zapatos, jabón y otros artículos domésticos, pero los salarios eran muy bajos. El asesor financiero estadounidense Sidney de la Rué se opuso a las medidas destinadas a subir los salarios alegando que el capital dejaría de sentirse atraído hacia el país.

La creación de industrias azucareras en el extranjero y los desahucios causaron una emigración masiva de haitianos, que primero fueron a trabajar en Cuba y luego en la República Dominicana. El número de haitianos que vivían en estos dos países ascendió de 5.000 en 1916 a posiblemente 80.000 en 1930. Sólo en 1936-1937 más de 30.000 haitianos fueron repatriados desde Cuba, y en 1937 un número que se desconoce, posiblemente entre 15.000 y 20.000, pereció en las matanzas que en la República Dominicana desencadenó Trujillo con su política de «desafricanización de la frontera»[4]. El gobierno dominicano aceptó la responsabilidad de la matanza y accedió a pagar compensaciones, pocas de las cuales, al parecer, llegaron a las familias de las víctimas.

Durante los años posteriores a la ocupación llegaron nuevas inversiones estadounidenses y la economía haitiana siguió estando controlada desde Washington, toda vez que incluso después de la retirada de las tropas un funcionario financiero permaneció en el país para supervisar la política del gobierno. Sin embargo, el presidente Vincent (1930-1941) se valió hábilmente de una combinación de patronazgo y encarcelamiento arbitrario de sus adversarios para forjar una base de apoyo bastante amplia. Introdujo una constitución nueva que otorgaba extensos poderes al presidente y preparaba el camino para su reelección. Sin embargo, hacia el final del decenio empezó a intensificarse el descontento, sobre todo entre una parte de la clase media negra. Corrieron rumores de golpe militar, hubo manifestaciones de parados y Vincent destituyó a varios senadores por fomentar el malestar. En 1938 el cónsul británico aconsejó a la comisión Moyne —nombrada para estudiar las causas de los disturbios en las colonias británicas del Caribe— que no visitara Haití. A su juicio, la visita fomentaría el descontento y pondría al gobierno haitiano en una posición difícil. El presidente expresaba sin disimulo su creencia de que la democracia no era un sistema de gobierno apropiado para Haití y admiraba con franqueza a diversos líderes fascistas de Europa, todo lo cual creaba una situación embarazosa para el gobierno de Estados Unidos. En 1941 le sustituyó Elie Lescot, ex ministro del gabinete bajo Borno y Vincent que también había estado en la nómina del Rafael Trujillo, el dictador dominicano, durante algunos años.

Antes de su elección el nuevo presidente era embajador de Haití en Washington y se le conocía por ser muy proestadounidense. Dispuso inmediatamente que se hicieran enormes concesiones de tierra a una empresa controlada por Estados Unidos, la Société Haïtienne-Américaine de Développement Agricole (SHADA), para la producción de caucho y sisal. Ello supuso la expulsión de más de 40.000 familias campesinas de la tierra que llevaban trabajando desde hacía generaciones. Se despejaron alrededor de 81.000 hectáreas de excelente tierra de cultivo y en 1943 SHADA empleaba ya a más de 90.000 trabajadores. Al igual que casi todos los planes agrícolas en gran escala que se habían intentado desde la independencia, el proyecto del caucho fracasó desastrosamente; la agricultura tradicional se interrumpió durante años; muchos miles de personas se quedaron sin hogar y se perdieron millones de dólares. Cuando Estados Unidos entró en la segunda guerra mundial, Lescot se apresuró a declarar la guerra al Eje y aprovechó la oportunidad para confiscar propiedades de alemanes e italianos. A diferencia de Vincent, Lescot se esforzó poco en mantener cierto equilibrio entre los negros y los mulatos. Los negros se encontraron excluidos sistemáticamente de los cargos provechosos e influyentes en la vida pública y para ocupar puestos en el gobierno se nombraron a miembros de la familia de Lescot. Al aumentar el descontento, se intensificó la opresión. Sin embargo, con la victoria de los aliados en 1945 nació un nuevo espíritu de optimismo. En Francia, país al que muchos intelectuales haitianos seguían mirando en busca de inspiración, parecía que estaba surgiendo una alianza de izquierdas formada por socialistas, comunistas y democratacristianos. El cambio social de signo radical parecía estar a la orden del día. Este ambiente intensificó el descontento que provocaban las medidas represivas del gobierno de Lescot. En diciembre de 1945 visitó Haití el autor surrealista francés André Bretón y su visita fue la chispa que prendió fuego a la mezcla revolucionaria. En honor de Bretón se publicó un número especial de La Ruche, dirigido por un grupo de intelectuales jóvenes, entre los que estaban Jacques Stéphen Alexis y René Depestre, que incluía el texto de sus discursos. La policía se incautó de la revista. Ello provocó protestas de los estudiantes y pronto los trabajadores de diversas industrias se sumaron a las manifestaciones. En enero de 1946 una junta militar de tres personas se hizo cargo del gobierno y escoltó al presidente hasta el aeropuerto. El pueblo cantaba:

Lescot ou allé, ou allé, ou allé

Lescout ou allé, et ou pas di’m ain.

(Lescot, te fuiste… sin una palabra).

La partida de Lescot señaló el comienzo de un período de intensa actividad política. Se formaron y escindieron partidos; se crearon y disolvieron alianzas y «frentes». Surgieron políticos con aspiraciones, no sólo en la capital, sino en todo el país. Había una actividad periodística sin precedentes; en 1946-1947 se imprimían más de sesenta diarios y semanarios. La mayoría de las revistas tenían su base en la capital, pero aparecían muchas en las provincias. Sólo en Gonaives se publicaban, como mínimo, cuatro revistas; La Cité, Le Populaire, L’Artibonite Journal y Lumiére.

Las primeras semanas de la campaña presidencial de 1946 estuvieron dominadas por los asuntos ideológicos y de clase, pero a medida que la campaña se hizo más intensa el color de la piel, cuestión siempre presente, se convirtió en un factor decisivo y determinante de las alianzas. El más influyente de los partidos de izquierda era el Partí Socialiste Populaire (PSP), que era principalmente marxista y estaba dominado por mulatos de familias de la élite, pero apoyaba a un candidato negro y liberal del sur, Edgar Nere Numa. Los principales ideólogos de este grupo eran Etienne Charlier y Anthony Lespés. El pequeño Parti Communiste d’Haïti (PCH) era un grupo predominantemente negro a cuya cabeza se encontraba un pastor anglicano, Félix Dorleans Juste Constant, cuya candidatura era apoyada también por un grupo de radicales jóvenes, el Parti Démocratique Populaire de la Jeunesse Haïtienne (PDPJH), asociado a la revista La Ruche.

Entre los noiristes, el Mouvement Ouvrier Paysan (MOP) era capitaneado por Daniel Fignolé, carismático profesor de matemáticas e ídolo de los pobres de Puerto Príncipe. Este movimiento, cuyo secretario era el enigmático doctor François Duvalier, protestaba ruidosamente contra el poder de la élite. Su brazo político era el Parti Populaire Nationale encabezado por Fignolé, Émile St. Lot y Clovis Désinor. Como Fignolé era demasiado joven para presentar su candidatura a la presidencia, el MOP promovió la de D. P. Calixte, ex jefe de la Garde d’Haïti, a quien el presidente Vincent había destituido y de quien la revista noiriste Flambeau decía que era una de las primeras víctimas de la reacción burguesa y de la política de «mulatificación». Una amplia serie de noiristes de talante más conservador, especialmente fuertes en muchas de las zonas rurales, apoyaba a Dumarsais Estimé, maestro de escuela de Verrettes, en la Artibonite. Estos grupos negros, junto con el PCH y el PDPJH, formaban una federación poco compacta que llevaba el nombre de Front Révolutionaire Haïtien.

Las fuerzas conservadoras estaban divididas en numerosas agrupaciones políticas que en gran parte eran determinadas por obediencias personales y familiares. El Parti Démocratique de l’Évolution Nationale controlaba la revista L’Observateur, el Parti Nationale Intransigéant publicaba La Vérité, y el semanario La Fronde era en realidad una revista «de la casa» de la familia Brutus. La mayoría de los conservadores apoyaban a Bignon Pierre-Louis, aunque con pocas esperanzas de victoria dado el clima radical de la época. Significativamente, todos los principales candidatos a la presidencia eran negros. Resultaba obvio que el color era el factor más destacado en las luchas políticas de 1946.

Las elecciones generales para el Senado y la Asamblea Legislativa tuvieron lugar en mayo de 1946 y el presidente debía elegirlo una sesión conjunta de las dos cámaras. «Votad negro para ganar la revolución», exclamó L’Action Nationale. Aunque era claro que el nuevo presidente sería negro, los noiristes acusaron a Pierre-Louis y Nere Numa de ser marionetas de la élite. Los grupos dominados por los mulatos en general evitaron la referencia explícita al color de la piel y hablaron de la necesidad de desarrollo económico y reforma social, pero los noiristes mostraron menos inhibiciones. Exigieron que se eligiese a un representante «auténtico» de las masas negras y censuraron el exclusivismo y la arrogancia de la élite mulata.

Cuando Estimé fue elegido en la segunda votación sus principales adversarios le apoyaron. Calixte anunció que se retiraba de la vida pública; Fignolé del MOP y Georges Rigaud del PSP accedieron a formar parte de su primer gabinete; el PCH y la mayoría del PDPJH también declararon su apoyo. René Depestre veía en el nuevo gobierno la vanguardia del proletariado y los campesinos, preparando el camino para «una transformación total de las condiciones de vida». Sin embargo, el acuerdo general fue efímero y estos grupos pronto pasaron a la oposición. Los mulatos del PSP atacaron al gobierno por sus prejuicios raciales a la vez que el MOP afirmaba que no se estaba haciendo nada por las masas negras.

En un artículo publicado en noviembre de 1946, con el título de «Les mulâtres sont mauvais», Chantiers, la revista del MOP, proclamaba «La historia prueba que a pesar de la buena voluntad del negro para con el mulato, él es siempre la víctima de la hipocresía y el cinismo del mulato». Durante toda la presidencia de Estimé el triunvirato militar que formaban Franck Lavaud, Antoine Levelt y Paul Magloire permaneció en un segundo plano. Con el golpe que dieron en enero de 1946 reapareció una antigua tradición de militarismo. La ocupación estadounidense había fracasado de forma manifiesta en el intento de formar un estamento militar profesional y apolítico.

El gobierno tomó medidas cada vez más represivas contra la oposición y trató de prohibir algunos sindicatos. El MOP era el que más se hacía sentir entre los agrupamientos sindicales, actuaba en los muelles, la compañía del agua, la fábrica de zapatos Bata y la producción de azúcar. La Fédération des Travailleurs Haïtiens, dominada por los marxistas, representaba a los trabajadores de la electricidad, los ferrocarriles, las artes gráficas y la minería del cobre. Un tercer grupo, L’Union Nationale, afiliado a la AFL-CIO norteamericana, tenía miembros en las industrias del tabaco y los curtidos, así como en las aduanas y las panaderías. Había también algunos sindicatos independientes, entre ellos el de los chóferes-guías y el de trabajadores de la construcción. Los sindicatos estaban concentrados en la capital y, por lo tanto, tenían una influencia que no guardaba proporción con el reducido número de afiliados. El callado y discreto François Duvalier, que durante un tiempo fue secretario de Estado para Trabajo y Salud Pública, mostró un interés particular por estos movimientos laborales. Durante el régimen de Estimé, Duvalier, en colaboración con Lorimer Denis, también usó su influencia para promover el movimiento «folkorique» y cultivar una forma más comprensiva de abordar la religión vudú. Esto causó conflictos con la Iglesia católica, representada por hombres tales como el padre Foisset y el obispo Paul Robert.

Durante los años que siguieron al final de la guerra los precios en el mercado mundial del café fueron altos y esto significó cierta prosperidad para sectores clave de la población haitiana. Estimé rompió el monopolio que la Standard Fruit ejercía sobre la exportación de plátanos y dio concesiones a sus partidarios, pero la industria decayó espectacularmente. Estimé fomentó el turismo y organizó una ambiciosa celebración del bicentenario de Puerto Príncipe. Logró ejercer cierto patronazgo estatal más allá de la reducida élite y mejoró modestamente la posición de la clase media negra en su departamento natal de la Artibonite y en Puerto Príncipe. Se ha calculado que en 1950 esta clase la formaban unas 40.000 personas en la capital, lo que equivalía a una cuarta parte de sus habitantes. Sin embargo, Estimé se había enemistado con algunos grupos importantes; los exiliados empezaron a organizarse en la República Dominicana con apoyo de Trujillo y cuando Estimé intentó cambiar la Constitución para que permitiera un segundo mandato, provocó un golpe militar por parte del triunvirato que había despachado a Lescot: Lavaud, Levelt y Magloire.

Este golpe y su continuación representan un intento desesperado de la élite de reafirmar su hegemonía. Magloire (1950-1956) fue en realidad el único candidato a la presidencia en 1950 y los círculos empresariales y la Iglesia recibieron su elección como una victoria de la cordura y la civilización. Aunque procedía de una familia negra, Magloire se presentó como el apóstol de la unidad nacional y se le consideraba como el portavoz de la élite mulata. Desde su recién construido palacio de tres pisos, el obispo Robert de Gonaives decía de él que era «un salvador» que había llegado para traer «una nueva liberación» para el país. Intelectuales como Dantés Bellegarde y Luc Fouché unieron sus voces al coro de alabanzas. Magloire mantuvo buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con Trujillo y derrochó dinero en las actividades presidenciales en la capital. Su gobierno llevó a cabo algunas mejoras en las carreteras y los muelles, pero algunos de sus proyectos más importantes, por ejemplo la presa de Péligre, no se hicieron realidad. Durante los primeros años las condiciones económicas fueron favorables al gobierno. Los precios mundiales del café continuaron subiendo hasta mediados del decenio de 1950 y la producción permaneció bastante estable. El turismo se desarrolló rápidamente durante los años de Magloire y el número de extranjeros que visitaban Haití se cuadruplicó.

A medida que fue acercándose el final del mandato de Magloire creció el descontento. En octubre de 1954 un huracán había devastado gran parte del sur, y no sólo había destruido ciudades, sino que también había arrancado cafetos y cacaos. La corrupción gubernamental se volvió más descarada y el presidente empezó a hacer gestiones para permanecer en el poder. Mientras protestaban los grupos que habían sido excluidos del poder, aumentaron los actos de terrorismo. El estallido de manifestaciones populares en la capital fue una señal más de la debilidad del régimen y empujó al alto mando a deponer a su colega y escoltarle hasta el aeropuerto.

La partida de Magloire fue la señal para un período de franca competencia política entre nueve destacados aspirantes al cargo de presidente. Una serie de efímeros regímenes provisionales intentaron mantener el control y organizar unas elecciones en condiciones que ellos creían que serían favorables para su candidato. El ejército desempeñó un papel clave en estas maniobras, pero la oficialidad no estaba menos dividida que los políticos civiles. Las elecciones debían celebrarse en septiembre de 1957, momento en que ya sólo quedaban dos candidatos reales. Algunos habían abandonado a causa de la dureza de la campaña: Fignolé fue enviado al exilio; Clément Jumelle había estado estrechamente asociado con Magloire y era temido por el ejército. François Duvalier, el apacible médico rural negro y etnólogo aficionado, tenía por contrincante a Louis Déjoie, afable comerciante mulato del sur. Antonio Kébreau, que había salido victorioso de la lucha por el poder en el seno del ejército, era partidario del primero, creyendo que se le podía manipular. La élite, la jerarquía eclesiástica y la embajada de Estados Unidos se decantaban por Déjoie. Sin embargo, el obispo de la Eglise Episcopale (Iglesia anglicana) había persuadido al embajador estadounidense de que Duval era un candidato aceptable.

El resultado de las elecciones fue una clara victoria para Duvalier, que obtuvo un número especialmente grande de votos en el norte y Artibonite y en la mayoría de las ciudades. Déjoie sólo obtuvo mayoría en algunas zonas del sur, su región natal, y en los alrededores de la capital. No hay duda de que ambos bandos recurrieron a procedimientos ilegales, pero es probable que, en general, el resultado reflejase el sentimiento popular de entonces.

El vudú seguía siendo la religión que practicaba la gran mayoría de la población haitiana, aunque la mayor parte de los habitantes del país hubieran afirmado que también eran católicos. El vudú se había formado entre los esclavos de Saint-Domingue en la época colonial y era una amalgama de religiones africanas que poco a poco fue adoptando elementos del cristianismo. En esencia se ocupa del culto a Dios (Granmet o Bondié) y los espíritus, llamados Iwa. El culto lleva aparejadas plegarias y el canto de himnos con acompañamiento de tambores mientras se bebe ron blanco (clairin), se ofrecen sacrificios y tiene lugar el fenómeno de la «posesión», como engañosamente lo llaman los antropólogos. Los devotos haitianos prefieren decir que se convierten en caballos (chewal) y que son «montados» (monté) por los Iwa, lo cual tiene una connotación un tanto diferente.

Durante todo el siglo XIX los haitianos cultos y alfabetizados tendieron a minimizar la importancia del vudú e incluso negaron que fuese algo más que una danza popular. Para ellos Europa proporcionaba la pauta cultural que había que seguir; las instituciones tales como el vudú eran un motivo particular de vergüenza. Sin embargo, a raíz del movimiento etnológico de los años veinte asociado con J. C. Dorsainvil y Jean Price Mars, muchos haitianos empezaron a aceptar y valorar estos elementos africanos de la cultura popular. Este movimiento estaba estrechamente relacionado con la exigencia nacionalista de que se pusiera fin a la ocupación, pero después de 1934 se volvió más radical en lo que se refiere a sus teorías raciales.

Inspirados por el movimiento etnológico y en particular por las teorías esotéricas de Arthur Holly, algunos jóvenes, como François Duvalier y su colaborador literario Lorimer Denis, empezaron a insistir en que los haitianos, por ser biológicamente de la raza africana o negra, tenían una psicología diferente de la de los blancos y no debían tratar de seguir pautas europeas de cultura, educación y estructura social. Algunos de estos hombres formaron el grupo Griots, llamado así en honor del anciano sabio que en el poblado africano se encarga de transmitir la sabiduría popular a la joven generación. Para ellos el vudú no era magia ni superstición, sino «la obra de una espiritualidad que volvía a un pasado legendario… la expresión trascendente de la conciencia de una raza ante los enigmas de este mundo»[5]. La mayoría de los componentes del grupo eran negros jóvenes de la próspera clase media, pero también pertenecía al grupo el notable poeta mulato Cari Brouard, cuyo padre, que era comerciante, fue durante un tiempo alcalde de Puerto Príncipe. En aquel entonces Brouard componía himnos del vudú y versos que esbozaban una imagen romántica del campesino pobre de pies encallecidos que baja de la montaña con sus productos.

Al igual que muchos de los miembros de este grupo, Brouard admiraba el fascismo europeo y defendía una política autoritaria basada en una ideología populista. Mussolini se convirtió para estos hombres en una especie de modelo de líder político, hasta que invadió Etiopía. Fue el momento de la verdad para estos intelectuales haitianos, que criticaron virulentamente a los italianos y censuraron la inacción de otras naciones europeas. Con todo, algunos de los escritores mulatos continuaron hablando bien del fascismo italiano, así como del español y del portugués, a la vez que Action Française encontró un portavoz en Gérard de Catalogne. Hasta Hitler tenía sus apologistas haitianos. El presidente Vincent recibió apoyo de estos mulatos y negros que admiraban su talante autoritario, aunque Vincent criticaba el énfasis que los noiristes ponían en la herencia africana de Haití porque lo consideraba una tendencia divisiva.

Varios poetas haitianos, entre ellos Roussan Camille, Jean F. Brierre y Régnor Bernard, adquirieron reputación internacional en el mundo de habla francesa como profetas del movimiento de la négritude, mientras en los años cuarenta otros escritores acusaron mucho la influencia del surrealismo europeo. Los dos representantes más destacados de este movimiento fueron René Belance y Clément Magloire Saint-Aude. El segundo escribió Dialogues de mes lampes (1941), tal vez la expresión más radical de esta tendencia. Jacques Roumain la calificó de «máquina infernal: antiburguesa pero negativa y anarquista». El año 1946 fue testigo de una explosión de talento literario entre los miembros de la joven generación, en particular los asociados con La Ruche. Quizá lo más notable fue la voz estridente de René Depestre, de veintiún años de edad, cuyo libro de poemas titulado Etincelles refleja el optimismo de la época.

La llamada campaña contra la superstición que en 1941 puso en marcha la Iglesia católica con el apoyo total del gobierno Lescot señaló una etapa decisiva de la lucha por la supremacía en la esfera cultural. Cabe verla como un intento decidido de la élite mulata de mantener su hegemonía, suprimiendo, o al menos conteniendo, el renacer del interés por el folklore y particularmente el culto vudú. Se celebraron oficios misionales en todo el país en los cuales se instaba a los fieles a prestar un juramento contra la superstición y a destruir sus objetos sagrados del vudú (wangas). Se destruyeron templos del vudú y se quemó su contenido. Entre las principales figuras de la campaña estaban el obispo de Gonaives, Paul Robert, y un joven sacerdote haitiano, Rémy Augustin, que compuso un himnario para la ocasión; estas figuras reaparecerán en la crónica del conflicto de Duvalier con la Iglesia en el decenio de 1960. La campaña provocó una oposición tan encarnizada, que después de varios meses concluyó bruscamente cuando hubo tiros en una iglesia donde se estaba celebrando un oficio misional.

Un destacado crítico de la campaña fue Jacques Roumain, el director del Bureau d’Ethnologie, que denunció al gobierno y a la jerarquía eclesiástica. Roumain sostuvo que el pueblo haitiano no es más supersticioso que otros; el vudú debía considerarse una religión y, al igual que todas las religiones, era fruto de la alienación y estaba destinado a desaparecer cuando dejara de existir su base social y económica. En los años posteriores a la ocupación Roumain había pasado a ser la figura intelectual más importante de la izquierda. Nacido en 1907, en el seno de una familia mulata de la élite, se educó principalmente en Europa, regresó a Haití en 1927 y en seguida pasó a formar parte del círculo literario que se centraba en las revistas La Trouée y La Revue Indigéne. Al mismo tiempo que defendía al movimiento nacionalista que reclamaba el fin de la ocupación estadounidense, Roumain afirmaba que los nacionalistas burgueses se valían del movimiento para reforzar la dominación que ejercían sobre las masas. Asimismo, los prejuicios raciales eran una máscara detrás de la cual políticos sin escrúpulos, políticos de todos los colores, hacían juegos malabares con los conflictos de clase en beneficio propio. A principios del decenio de 1930 Roumain había fundado el Partido Comunista, pero Vincent no tardó en mandarle al exilio.

Influido principalmente por Price Mars y el movimiento etnológico, Roumain escribió poemas y novelas que hablaban del Haití rural, con sus tradiciones africanas, así como relatos que describían la superficialidad de la vida burguesa en la capital. Su obra más célebre, Gouvemeurs de la rosée, publicada en 1944 (el año de su muerte), trata de un cortador de caña que regresa de Cuba a su poblado natal, donde desafía las actitudes fatalistas del pueblo. El mensaje de la novela es que por medio del conocimiento de la realidad y por medio de la cooperación, los hombres y las mujeres pueden decidir su futuro, regar su tierra y convertirse en «los amos del rocío». Roumain insistía en que el arte debía verse como un arma importante al servicio de la revolución[6].

Otros socialistas del período recalcaban la necesidad de la dirección tecnocrática de la vida social y política. Hombres como Jules Blanchet escribieron acerca de la importancia de los expertos e imaginaron una utopía burocrática, donde los científicos sociales planeaban un futuro cada vez más brillante. El socialismo en general y el marxismo en particular eran un fenómeno muy propio de la élite y hasta mediados del decenio de 1940 pocos intentos se hicieron de atraerse el interés o el apoyo de los campesinos o del pequeño proletariado urbano.

François Duvalier llegó al poder en 1957 con el apoyo de grupos clave de políticos y líderes que en su mayoría eran negros de clase media. En el campo estos hombres eran dueños de propiedades de mediana extensión, podían proporcionar empleos esporádicos a sus vecinos pobres y concederles préstamos para comprar semillas, abonos y otras cosas necesarias. Algunos de ellos eran spéculateurs, es decir, compraban café al campesino modesto y lo revendían a las empresas exportadoras de los puertos, por lo que constituían un eslabón importante entre la ciudad y el campo. Había entre ellos diversos houngans (sacerdotes del vudú), que desempeñaban un papel influyente en la vida del poblado. De estos sectores intermedios de la población rural habían salido en el siglo anterior los líderes caco y piquet (guerrilleros), y ellos eran quienes habían capitaneado la lucha armada contra la ocupación estadounidense. Duvalier también contaba con el respaldo de grupos de la clase media de la capital y de las ciudades de provincias. Le apoyaba el Partí Unité National, fundado en febrero de 1957, con su revista Panorama. Formaban parte de este grupo Jules Blanchet, que había tenido que ver con el antiguo PSP, y su hermano Paul; también Michel Aubourg, Joseph Baguidy y otros ideólogos noiristes. Esta gente representaba el «ala izquierda» del duvalierismo, que era nacionalista en su retórica, antinorteamericana y, por ende, calificada de «criptocomunista» por la embajada de Estados Unidos. También apoyaban a Duvalier varios políticos mulatos desafectos, entre los que cabe citar a Frédéric Duvigneaud y Víctor Nevers Constant, al comerciante Ernest Bennett y al ex simpatizante nazi Jean Magloire. Los dos últimos estaban asociados con la Eglise Épiscopale, cuyo obispo interpretó un papel clave en la obtención de apoyo estadounidense para Duvalier en los primeros tiempos.

Duvalier tranquilizó a los obispos tomando la inteligente medida de nombrar a un sacerdote ministro de Educación, por primera vez en la historia de Haití, tras lo cual anunció que había invitado a una misión de la infantería de marina estadounidense para que ayudase a preparar a las fuerzas armadas. Estas medidas ataron las manos de dos elementos poderosos del país —la Iglesia y la embajada de Estados Unidos— y permitieron al nuevo presidente ocuparse de asuntos más apremiantes.

La primeras maniobras de Duvalier fueron dirigidas contra sus adversarios políticos y contra la jefatura del ejército. Con la ayuda de su milicia civil, los llamados cagoulards (encapuchados), cuyo organizador y líder era Clément Barbot, aterrorizó a los líderes de la oposición y respondió despiadadamente a sus ineptos intentos de derrocar su gobierno. Trasladó a diversos altos mandos militares a zonas rurales y entonces pudo destituir de su puesto a Kébreau, que había quedado aislado. En sus primeros años Duvalier cambiaba con frecuencia la jefatura del ejército, destituyendo a los oficiales que tenían ambiciones políticas y ascendiendo a soldados negros que eran más jóvenes y leales a él. La milicia fue reorganizada en los Volontaires de la Sécurité Nationale, los Duvalieristes Intégrales y otros cuerpos de menor entidad. Estos grupos recibieron el nombre de tontons macoutes, en honor de la figura legendaria que se lleva a los niños malos en su mochila. Si bien los macoutes eran ante todo un instrumento de terror y vigilancia, también cumplían la importantísima función de buscar apoyo para el régimen por todo el país y alentar a los ciudadanos haitianos a pensar que estaban desempeñando un papel importante en la vida política de la nación. Partes del patrocinio económico también se encauzaban a través de estos grupos.

Una vez eliminadas las amenazas más apremiantes que pesaban sobre su régimen, Duvalier se volvió contra varios sacerdotes, en particular los que se dedicaban a enseñar en las escuelas. Una de las primeras víctimas fue el superior de los Padres del Espíritu Santo, el padre Etienne Grienenberger, ex amigo íntimo del presidente Magloire. Junto con otro sacerdote, fue expulsado del país en agosto de 1959 por dar aliento a grupos de oposición y dañar «la unidad espiritual de la nación», según dijo Paul Blanchet, ministro del gabinete. El arzobispo protestó y entonces se firmó una orden de detención contra él, pero luego se retiró. Surgieron más conflictos entre la Iglesia y el Estado cuando el diario católico La Phalange dio apoyo moderado a los estudiantes que protestaban por la detención de algunos de sus compañeros.

A finales de 1960 el arzobispo Poirier fue expulsado porque, según se alegó, había dado dinero a grupos de estudiantes comunistas (acusación insólita en vista de la postura autoritaria y derechista del arzobispo). El gobierno cerró La Phalange y se detuvo a decenas de sacerdotes y monjas. Duvalier y todos los que intervinieron en la expulsión del arzobispo fueron excomulgados. Entre otras medidas contra la Iglesia católica pueden señalarse el cierre del seminario, la expulsión de los jesuitas, el silencio que se impuso a las revistas de la Iglesia y la prohibición de los sindicatos católicos. También se tomaron medidas contra algunos miembros de la Eglise Episcopale, cuyo obispo sería expulsado del país más adelante, en 1964. Para entonces Jean Baptiste Georges, ex ministro de Educación, y otro sacerdote estaban entre los principales líderes exiliados que planeaban invasiones desde Miami.

Durante estos años Duvalier también contendió con otros centros potenciales de oposición. A mediados del decenio de 1960 supo de una conspiración para asesinarle fomentada por la embajada de Estados Unidos y dirigida por Clément Barbot, el jefe de los tontons macoutes. Barbot fue detenido con varios de sus seguidores, pero al cabo de un tiempo de su salida de la cárcel inició una campaña de terror contra el gobierno que empezó con un intento aparente de secuestro a los hijos de Duvalier. Barbot y su hermano morirían en julio de 1963 durante un tiroteo con las fuerzas del gobierno.

De modo típicamente despiadado, Duvalier suprimió la eficacia del medio que los círculos empresariales utilizaban tradicionalmente para ejercer presión sobre el gobierno: cerrar sus comercios. Duvalier sencillamente ordenó a los macoutes que abrieran los comercios con palancas y permitiesen que la multitud se entregara al pillaje; los propietarios volvieron pronto. De forma parecida, su respuesta a una huelga estudiantil consistió en cerrar la universidad y abrir una nueva «universidad estatal» controlada firmemente por el gobierno, en la cual tenían que matricularse de nuevo los estudiantes si deseaban continuar sus estudios. Los sindicatos conservaron su independencia durante más tiempo, pero en 1964 también ellos fueron privados finalmente de toda autonomía[7].

Un centro de poder que resultó más incómodo fue la embajada de Estados Unidos. Desde la invasión estadounidense de 1915, Washington había asumido alguna clase de derecho a determinar lo que pasara en Haití. Como ya hemos señalado, Estados Unidos se había mostrado dispuesto a aceptar a Duvalier como presidente y se acordó que una misión del cuerpo de infantería sería enviado a Haití para ayudar a la formación de las fuerzas armadas haitianas. La misión, que llegó a principios de 1959, iba encabezada por el extravagante Robert Debs Heinl, que tenía una comprensión manifiestamente limitada del papel que le tocaba interpretar en la politique de Duvalier.

El presidente John F. Kennedy se encontró con que Haití, con su escaso respeto por los derechos humanos, era incómodo como miembro del «mundo libre». Estados Unidos protestó por el mal uso de la ayuda prestada a Haití y expresó su disgusto ante la «reelección» de Duvalier en 1961, en la cual las papeletas para las elecciones parlamentarias llevaban un membrete que decía: «Doctor François Duvalier, presidente de Haití». Los votantes supusieron que se trataba solamente de la afirmación de un hecho, pero luego descubrieron que, a menos que hubieran tachado el nombre de Duvalier, le habían votado para otro mandato de seis años. Sin embargo, Washington necesitaba el voto de Haití en la Organización de Estados Americanos, especialmente en la reunión de 1962 en Punta del Este, durante la cual se expulsó a Cuba de la organización. En el último momento accedió a utilizar su importantísimo voto para apoyar la expulsión a cambio de un incremento de la ayuda estadounidense. No obstante, Estados Unidos suspendió prácticamente toda su ayuda aquel mismo año, debido a la corrupción.

El mandato constitucional de Duvalier tenía que acabar en mayo de 1963, pero a medida que iba acercándose el momento se hacía evidente que no pensaba renunciar. Grupos de oposición comenzaron una campaña de terror; la venganza de Duvalier fue feroz. El doctor Jacques Fourcand, íntimo ayudante de Duvalier y presidente de la Cruz Roja Haitiana, declaró que habría un «himalaya de cadáveres»: «La sangre correrá en Haití. Arderá la tierra de norte a sur, de este a oeste. No habrá amanecer ni crepúsculo… sólo una enorme llama que lamerá el cielo»[8]. Los macoutes mataron a hombres, mujeres y niños y las embajadas se llenaron de refugiados. Las fuerzas de Duvalier penetraron en la embajada dominicana y sacaron a dos refugiados, provocando así una crisis en las relaciones con la república vecina, donde se hicieron preparativos para una invasión. Estados Unidos se negó a reconocer el segundo mandato de Duvalier y rebajó el nivel de su representación diplomática. Kennedy intensificó la campaña de desestabilizar el régimen alentando a grupos de exiliados haitianos dentro de Estados Unidos y, con la colaboración del presidente Juan Bosch, en la República Dominicana. Duvalier hizo circular el rumor de que pensaba huir del país y los preparativos de invasión que se estaban haciendo en la frontera dominicana se interrumpieron. Sin embargo, lejos de marcharse, Duvalier incrementó la represión contra los supuestos disidentes y comenzó a planear su toma de posesión como presidente vitalicio, cargo que se remontaba a los primeros tiempos de Haití.

Durante la campaña que condujo al referéndum que confirmó a Duvalier como presidente vitalicio los propagandistas de éste utilizaron de forma creciente el simbolismo religioso. Aparecieron carteles en los que Jesús rodeaba a Duvalier con un brazo y decía: «Yo le he elegido». Jean M. Fourcand publicó un Catéchisme de la révolution que contenía himnos y varias plegarias adaptadas a la causa. Duvalier fue proclamado el mayor patriota de todos los tiempos, emancipador de las masas y renovador del país en quien se encamaban los grandes líderes del pasado, Toussaint, Dessalines, Christophe, Pétion y Estimé. El librito también contiene actos de fe, esperanza y caridad, confesiones y un «padrenuestro» dirigido a Duvalier. El «Credo de los Apóstoles» empieza así:

Creo en Nuestro Doc, nuestro jefe todopoderoso, constructor de la nueva Haití, y en su patriotismo. Nuestro Salvador que fue elegido Presidente en 1957 que sufrió por su pueblo y por su país, que fue reelegido en 1961 y proclamado Presidente Vitalicio…

Uno de los episodios más notables de los primeros años del régimen fue la decisión del presidente de cambiar la bandera haitiana, que del azul y rojo colocados horizontalmente pasó al negro y el rojo verticales con el negro tocando el asta. La anterior había sido la bandera de la época de la independencia (aunque Duvalier se negaba a aceptarlo), pero Dessalines la había cambiado por el negro y el rojo en la Constitución de 1805. Al dividirse Haití en 1806, Christophe retuvo la bandera negra y roja, mientras que Pétion volvió a adoptar la azul y roja. Se decía que esta última, que continuó siendo la bandera oficial hasta la época de Duvalier, simbolizaba que el poder era compartido por los negros (el azul) y los mulatos (el rojo), con ambos colores llegando al asta. La negra y roja, con el negro junto al asta, simbolizaba el hecho de que los negros deberían controlar el poder. Arthur Holly, escritor noiriste del período de la ocupación estadounidense propuso otras interpretaciones esotéricas de la bandera y, por ejemplo, insistió en que los colores debían cambiarse por el negro y el rojo[9]. Duvalier intentó efectuar el cambio en 1957, pero la oposición a ello fue tan grande, que abandonó el proyecto. En 1964, sin embargo, su posición ya era lo bastante fuerte como para introducir la bandera negra y roja. (La reaparición de la bandera azul y roja fue un rasgo notable de las manifestaciones de enero de 1986, las que condujeron a la caída de Jean-Claude Duvalier).

La suspensión de la mayor parte de la ayuda extranjera a comienzos de los años sesenta produjo una grave crisis financiera. Casi no había dinero para pagar a los empleados regulares del gobierno, y mucho menos a los macoutes; en lugar de dinero, los funcionarios recibieron ejemplares de las Oeuvres essentielles del presidente. No obstante, los seguidores de Duvalier calcularon que era poco probable que las cosas les fueran mejor bajo otro gobierno y permanecieron fieles, esperando que llegasen tiempos mejores. Con la huida de muchos comerciantes haitianos a Estados Unidos y a otros países, el campo quedó despejado y las puertas, abiertas de par en par, para la llegada de una extraordinaria serie de financieros sospechosos, entre ellos el egipcio Mohammed Fayed, el príncipe Azod del Irán y George Mohrenschild de Estados Unidos. Principalmente colaborando con el banquero haitiano Clémard Joseph Charles, estos hombres recibieron varias concesiones comerciales que se efectuaron con la esperanza de que atrajeran al país las divisas extranjeras que tanta falta hacían. Al cabo de unos meses, Fayed se las compuso para transferir una suma considerable de dinero público a su propia cuenta y luego desapareció rápidamente.

En cierto sentido, cabe ver 1965 como el momento decisivo del régimen de François Duvalier. Para entonces ya había eliminado las serias amenazas que se cernían sobre su gobierno, tanto dentro como fuera del país. Había llegado a un entendimiento con Estados Unidos, a un acuerdo implícito con lo que quedaba de los círculos empresariales, había eliminado los sindicatos independientes y había metido a los jefes del ejército en cintura. Sólo le faltaba llegar a una avenencia con la Iglesia católica. En 1966 se ocupó de ello. El Vaticano accedió a nombrar a una nueva jerarquía autóctona, con el generalmente dócil François Wolf Ligondé en calidad de arzobispo. El anciano obispo Cousineau era el único obispo blanco que quedaba. En la ceremonia el presidente declaró que era un gran consuelo saber que ahora podía contar con «el apoyo de la autoridad moral más elevada del mundo». La jerarquía eclesiástica fue despojada así de poder político durante casi dos decenios. Más adelante Duvalier tomó nuevas medidas contra los Padres del Espíritu Santo, que controlaban uno de los principales institutos de enseñanza secundaria de la capital, alegando que eran una influencia subversiva[10].

La economía del campo, donde trabajaba el 80 por 100 de los haitianos, seguía viéndose acosada por los problemas. Además de esporádicos huracanes y sequías, la erosión del suelo se había vuelto crónica. La falta de incentivos reales para el pequeño agricultor y la dificultad de obtener créditos impedían el progreso en el sector rural. En los primeros años del decenio de 1960 bajaron los precios mundiales del café y la producción por acre (0,405 hectáreas) seguía siendo inferior a la que se obtenía en la mayor parte de los países de América Latina. Sin embargo, iba aumentando poco a poco el número de cooperativas rurales, que en 1963 ya eran más de doscientas. A finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta la bauxita primero y el cobre después pasaron a ser significativos productos para la exportación, y en las postrimerías de los sesenta empresas estadounidenses empezaron a explotar los salarios haitianos, que eran muy bajos, e instalaron plantas de fabricación y montaje ligeras en las que predominaba el trabajo sobre el capital. Estas plantas crecieron sin interrupción en el decenio siguiente, y en 1974 ya se había producido un aumento importante de las ganancias exteriores procedentes de fábricas que utilizaban componentes locales.

François Duvalier murió en abril de 1971 después de varios meses de enfermedad. La Constitución de 1964 se había modificado para que pudiera nombrar a su sucesor en el cargo de presidente vitalicio, y poco antes de morir nombró a su hijo adolescente, Jean-Claude. El nombramiento provocó una crisis en la familia del presidente, cuyas ambiciosas hermanas y sus respectivos esposos compitieron por el poder. En general, los periodistas extranjeros predijeron que el régimen no podía durar más de unos meses. Sin embargo, Papa Doc había edificado una formidable estructura de poder, en la que sectores clave de la población daban apoyo al gobierno y los posibles focos de oposición habían sido desarticulados en su mayor parte. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos creía que alguna forma de continuidad era preferible a un conflicto declarado en el cual las fuerzas radicales podían hacerse con el poder. En los días que siguieron a la muerte de Duvalier la marina estadounidense patrulló por la isla para evitar invasiones por parte de los exiliados y el traspaso de poder se efectuó sin contratiempos.

Jean-Claude comenzó su carrera política bajo los ojos vigilantes de su madre. Consiguió crear un equilibrio entre los grupos de intereses rivales, cambiando su gabinete con frecuencia y vigilando a los jefes del ejército. El régimen anunció que del mismo modo que Papa Doc había logrado hacer la revolución política, su hijo se dedicaría a hacer la revolución económica. Después de la mala cosecha de café que se obtuvo en 1970, en los años siguientes hubo un crecimiento significativo y también aumentó la producción de azúcar. Durante los primeros años setenta también se registró una recuperación del turismo. Se hizo más hincapié en las inversiones extranjeras y el sector de la industria ligera continuó su expansión. El gobierno también tuvo mucho éxito en sus esfuerzos por obtener asistencia para el desarrollo, y la ayuda extranjera pasó de 9 millones de dólares en 1970 a 106 millones de dólares en 1980. Las carreteras mejoraron considerablemente gracias a la ayuda francesa y estadounidense. Para conseguir todas estas cosas, sin embargo, el gobierno tuvo que mitigar el sistema de terror y presentar una imagen favorable a los diversos organismos internacionales y gobiernos donantes. Así pues, bajo Jean-Claude se restringieron las actividades de los macoutes y el poder de los antiguos duvalieristas, y un rasgo del decenio de 1970 fue la creciente influencia de un grupo de jóvenes «tecnócratas», muchos de ellos pertenecientes a familias de la élite mulata.

En 1980 la boda del presidente con Michele, la hija de un comerciante mulato, Ernest Bennett, puso freno a la influencia de su madre y reforzó los vínculos de Jean-Claude con algunos sectores del mundo empresarial. Al mismo tiempo, el régimen perdió gran parte del apoyo de la clase media negra, que había sido el soporte principal de François Duvalier. Los chefs de section locales y los líderes de los macoutes rurales recibieron poco patronazgo y vieron con desánimo los gastos exorbitantes y la corrupción descarada del presidente y su esposa. También inquietaba a estos grupos el papel cada vez más poderoso de Ernest Bennett. El régimen intentó fortalecer sus relaciones con las masas dirigiéndose directamente a ellas en lugar de valerse de la mediación de los dignatarios locales. Se crearon programas de radio que permitían a haitianos normales y corrientes quejarse de la corrupción y la ineficiencia. También se crearon «consejos comunitarios» y el Comité National d’Action Jeanclaudiste (CONAJEC) trató en vano de reforzar el apoyo popular al régimen y presentar a éste como juvenil, vigoroso y progresista, a diferencia del duvalierismo de antes.

Aunque en el decenio de 1970 se registró un modesto crecimiento económico, Haití se vio afectado por el alza de los precios del petróleo en 1979-1980 y por un huracán. El gobierno respaldó tres proyectos industriales, en el azúcar, los aceites esenciales y la pesca, pero todos ellos fueron desastrosos desde el punto de vista financiero. Aunque el Fondo Monetario Internacional adelantó 20 millones de dólares para evitar que Haití estuviera en números rojos, una suma parecida se transfirió inmediatamente del Ministerio de Hacienda al palacio presidencial. El gobierno hizo intentos desesperados de encontrar más ayuda financiera, pero no la obtuvo hasta que en marzo de 1982 se nombró ministro de Hacienda a Marc Bazin, ex funcionario del Banco Mundial. Bazin anunció qué emprendería importantes reformas fiscales y se cercioraría de que se diera debida cuenta de todas las sumas que se recibieran. No transcurrió mucho tiempo antes de que se le relevara de su cargo a la vez que cinco de sus ayudantes iban a la cárcel. A pesar de todo, Haití continuó recibiendo ayuda de Estados Unidos y pudo obtener algunos beneficios de la Caribbean Basin Initiative del presidente Reagan[11].

A finales de los años setenta, debido a la insistencia del presidente Cárter en que se respetaran los derechos humanos, Estados Unidos presionó a Duvalier para que permitiera una oposición legal. Si bien el terror disminuyó un poco, la detención y la tortura de los que criticaban al gobierno eran frecuentes y varios adversarios del régimen fueron víctimas de palizas arbitrarias. Se formaron dos partidos, ambos de signo democristiano liberal bajo Sylvio Claude y Grégoire Eugéne; se fundó una organización para la defensa de los derechos humanos y se publicaron folletos y manifiestos. Pero estos movimientos ejercían poca influencia fuera de un reducido círculo de intelectuales de la capital. Aunque generalmente criticaban al gobierno, apenas lanzaban ataques contra la persona del presidente. Mucho mayor era la atracción que —en un país cuya tasa de analfabetismo superaba el 80 por 100— ejercían los comentaristas radiofónicos, cuyas emisiones en lengua créole llegaban a los rincones más lejanos del país. Grupos reducidos de personas se reunían en torno a un transistor para escuchar los comentarios ingeniosos y penetrantes sobre la actualidad política que hacían Compère Filo, Jean Dominique y otros. Una posición más ambivalente era la que ocupaban Dieudonné Fardin y sus colaboradores, que publicaban el semanario Le Petit Samedi Soir. Aunque criticaba sin disimulo al gobierno, era claro que este grupo tenía estrechos contactos con el palacio presidencial, que eran posibles por mediación de la familia Bennett. Incluso después de las medidas represivas que se tomaron contra los grupos de la oposición en noviembre de 1980, la citada revista continuó saliendo; representaba una voz independiente pero prudente y su influencia entre los jóvenes fue muy grande.

Durante el régimen de Jean-Claude Duvalier los exiliados lanzaron unos cuantos ataques, aunque éstos no tenían ninguna perspectiva de triunfar. En 1972 una docena y pico de hombres desembarcaron en la isla de la Tortuga y lograron contener a las fuerzas del gobierno durante algún tiempo, pero al final fueron derrotados. También la brigada Héctor Riobé, que tenía su base en Miami, organizó algunos ataques rápidos seguidos de retiradas igualmente rápidas. Después de uno de ellos, las autoridades detuvieron a varios jóvenes de origen árabe creyendo que eran simpatizantes de la brigada en el interior. Al cabo de un tiempo fueron puestos en libertad, pero les dijeron que abandonaran el país si no querían pasarlo mal.

No obstante, ya no era posible silenciar totalmente a los críticos, como hiciera el padre de Jean-Claude. El régimen había pasado de forma creciente a depender de la élite mulata, que respondía mucho más a las presiones estadounidenses que las clases medias negras. Cualquier cosa que amenazara sus empresas comerciales y su elevado nivel de vida era anatema, y esto significaba mantener las buenas relaciones con Washington. Esta élite también respondía más a la voz de la jerarquía católica que las clases medias negras. Así pues, el gran cambio que experimentó la base de apoyo del régimen tuvo efectos importantes y lo hizo cada vez más sensible a las presiones de Estados Unidos o los grandes movimientos de protesta del interior, especialmente si la Iglesia los respaldaba.

La migración —interna y externa— fue un factor significativo durante todo el período de los Duvalier. Se produjo un movimiento considerable del campo, en particular del sur, a la capital. Consistía sobre todo en mujeres, a quienes les era más fácil que a los hombres encontrar trabajo en Puerto Príncipe, donde se empleaban principalmente en las labores domésticas y en las nuevas industrias ligeras. De resultas de ello, la población de la capital era ya de alrededor de un millón de personas a mediados de los años ochenta.

Continuó la migración de cortadores de caña haitianos a la República Dominicana y el sistema de mano de obra estacional con «contrato de servidumbre limitada» implantado por los dos gobiernos dio origen a muchas polémicas. En los años setenta y en los ochenta se reclutaron hasta 18.000 de estos trabajadores y el gobierno haitiano cobraba un tanto por cada uno de ellos. Las condiciones en que vivían eran tan horribles, que fueron objeto de investigación por parte de varios organismos internacionales, entre ellos la Anti-Slavery Society. No obstante, la verdad es que los haitianos se han mostrado muy interesados en apuntarse a este sistema, a pesar de unas condiciones de las que sin duda están enterados. En los años ochenta ya eran quizá 200.000 los haitianos que vivían en la república vecina[12].

En los primeros años del régimen de Duvalier gran número de exiliados políticos se fueron a Nueva York, Chicago, Montreal y otras ciudades de América del Norte. Muchos de ellos eran trabajadores especializados y entre ellos había médicos, agrónomos y otros profesionales. Amigos y parientes les siguieron durante los años sesenta y setenta, por lo que en 1980 había casi medio millón de haitianos que residían —legal e ilegalmente— en Estados Unidos y unos 40.000 en las Bahamas. También había un número significativo en Francia, en los países africanos de habla francesa, en Puerto Rico y en México. En las postrimerías de los setenta hubo una nueva oleada de migración a Estados Unidos. Miles de haitianos adquirían pasajes para trasladarse a la costa de Florida en pequeñas embarcaciones. En 1980-1981 una media mensual de 1.500 desembarcaban en el estado. Otros se perdían en el mar. La afluencia de emigrantes no cesó hasta que un acuerdo entre los dos gobiernos permitió que unidades navales estadounidenses patrullaran ante la costa septentrional de Haití y obligara a los emigrantes a volver a tierra. Algunos políticos haitianos pusieron objeciones a esta indignidad, pero Estados Unidos hizo del cumplimiento del citado acuerdo condición para seguir prestando ayuda[13].

La migración externa tuvo ciertas consecuencias importantes. En primer lugar, gran número de emigrantes enviaban dinero a la familia y a los amigos que permanecían en Haití; se estimó que estas remesas ascendían a 100 millones de dólares anuales en el decenio de 1980. Puede que esta fuese la forma de ayuda extranjera más efectiva de que se ha beneficiado Haití. Los emigrantes que volvían al país también llevaban dinero consigo y de este modo reforzaban la economía nacional. En segundo lugar, la migración privó a Haití de numerosos habitantes que poseían formación técnica y eran imaginativos y vigorosos. Aunque las comunidades de emigrantes crearon una viva tradición cultural —produciendo revistas, obras de teatro, novelas y poesía—, sus intentos de influir en los acontecimientos políticos de Haití no dieron fruto. Las invasiones organizadas por exiliados fracasaban de modo invariable y la caída final del régimen de Duvalier fue provocado por movimientos del interior del país.

Los años de Duvalier en Haití no destacaron por un florecimiento de la cultura y, pese a ello, tuvieron lugar unos cuantos avances importantes. En la esfera de la literatura de imaginación durante los primeros años hubo un activo grupo de dramaturgos, poetas y novelistas, entre los que cabe citar a René Depestre y Jacques Stéphen Alexis. Estos hombres, que se interesaban apasionadamente por la política y estaban comprometidos con diversos tipos de marxismo, no tardaron en enfrentarse entre sí y con el gobierno. De hecho, Alexis había estado asociado estrechamente con Déjoie en la campaña electoral de 1957. Nacido en Gonaives en 1922, era hijo de un distinguido escritor y, como hemos visto, formaba parte del grupo que produjo la revista La Ruche en 1945-1946. Sus novelas más célebres fueron Compere General Soleil (1955), Les arbres musiciens (1957), L’espace d’un cillement (1959) y Romancero aux étoiles (1960). Al desarrollar la idea del «realismo mágico» de la literatura haitiana, Alexis criticó la creencia de que existía una cultura negra o africana monolítica que fuese característica de algunos de los escritores de la négritude pertenecientes a una generación anterior. Sostenía la tesis de que influencias nacionales y regionales habían conducido a una tradición literaria peculiarmente haitiana. Tras visitar la Unión Soviética, Alexis regresó a Haití en 1961, a bordo de un barco que zarpó de Cuba, para tratar de ponerse a la cabeza de una revuelta contra el gobierno Duvalier. Fue detenido, torturado y ejecutado[14].

La poesía más significativa de René Depestre data de mediados del decenio de 1940, pero desde entonces continuó publicando novelas, versos y obras de crítica literaria y política. Al igual que Alexis, se veía a sí mismo como continuador de la obra que Jacques Roumain empezara en Haití. Depestre apoyó de modo general a Duvalier, pero pronto se fue al extranjero y criticó al régimen desde su base en Cuba. En una polémica con Aimé Césaire en 1955 había atacado el dogma de la négritude, al que más adelante culparía de haber proporcionado al duvalierismo un respaldo ideológico, ejemplo del cual eran los escritos de Jean Price Mars[15]. Varios haitianos más han estado escribiendo desde el exilio, entre ellos Jean F. Brierre, Anthony Phelps y Paul Laraque.

Dentro del país mismo han publicado obras significativas, muchas de ellas escritas en créole, René Philoctéte, Frank Étienne y Jean-Claude Fignolé. Estas obras han evitado necesariamente las referencias explícitas a la política haitiana, aunque las alusiones indirectas se hicieron más comunes en las postrimerías de los años setenta. Ultravocal (1972), de Frank Étienne, es el ejemplo más claro del spiralisme, estilo que estos escritores haitianos crearon bajo la influencia del estructuralismo francés. En los últimos años del régimen de Jean-Claude Duvalier pequeños grupos de teatro callejero montaron obras en las que sin apenas disimulo se atacaba al régimen, y la película Pélin Tét, que trataba un tema parecido, se hizo popularísima.

Aunque el francés seguía siendo la lengua oficial de Haití, menos del 10 por 100 de la población lo hablaba con soltura. El créole, basado en el francés, lo hablaba toda la población, incluida la minoría de habla francesa. La élite e incluso las clases medias negras valoraban la capacidad de hablar ambas lenguas porque ello reforzaba el control que ejercían sobre los instrumentos del poder. Muchos de los que acusaban la influencia del movimiento etnológico de los años treinta argüían que el créole debía reconocerse como una de las lenguas oficiales del país, al menos equiparado al francés, y que la enseñanza escolar en sus niveles inferiores y los procedimientos judiciales debían efectuarse en la lengua popular de Haití.

El gobierno de François Duvalier dio pasos poco entusiastas en esta dirección, pero hasta que Joseph Bernard fue nombrado ministro de Educación en 1979 no se hizo un intento más decidido de modificar el programa de estudios escolares y permitir que en los primeros años la enseñanza se impartiera en créole. Esta propuesta, enmascarada en una reforma educativa más amplia, escandalizó a gran parte de la élite. Hasta algunos de los haitianos más pobres vieron como una conspiración cuyo objetivo era impedir que sus hijos adquirieran el dominio del francés, que es uno de los pasaportes para salir de la pobreza rural. Como el gobierno no había hecho preparativos suficientes para el cambio, los maestros no habían sido preparados de forma apropiada y se disponía de pocos libros de texto, los que se oponían a él tuvieron la oportunidad de obligar a Bernard a dejar el cargo y contener la reforma. Mientras que la embajada francesa estaba empeñada en mantener la posición del francés, en particular por medio del Instituí Frunzáis, muchos norteamericanos —sobre todo misioneros protestantes y otros que vivían en el campo— hablaban solamente creóle. Es significativo observar que la reforma educativa contaba con el decidido respaldo de la embajada de Estados Unidos y estaba financiada por el Banco Mundial. Sin embargo, con la migración a Estados Unidos y las Bahamas, y con la continuada participación comercial de los norteamericanos en el país, los haitianos empezaban a considerar el inglés más útil que el francés. Asimismo, muchas familias, incluso las de la antigua élite francófila, ahora enviaban a sus hijos a estudiar en Estados Unidos.

Duvalier, en especial durante su guerra con los obispos, acogió de buen grado la presencia de numerosos grupos protestantes en Haití. En los primeros años estuvo estrechamente relacionado con algunos de los episcopalianos más destacados, pero en 1963 esta relación se había vuelto tirante. Sin embargo, los grupos de carácter más evangélico tendían a participar de forma explícita en política y apoyaban tácitamente a «las autoridades constituidas». Gozaban de la máxima libertad para predicar, ganar prosélitos, abrir escuelas y dirigir diversas clases de proyectos de desarrollo rural. En los años setenta estos grupos ya eran tan numerosos, que a todo blanco que viajara por el campo le llamaban automáticamente «pastor» las gentes del lugar. En 1976 un ministro del gobierno, Aurélien Jeanty, acusó a estos protestantes de ser un instrumento en manos extranjeras y de ser también «el armazón de un imperio eclesiástico ilegal». Es probable que a mediados de los ochenta hasta el 20 por 100 de los haitianos se llamaran a sí mismos protestantes, pero no quiere decir necesariamente que hubieran roto de forma definitiva con el vudú o con el catolicismo.

El crecimiento de las sectas protestantes alarmó claramente a la Iglesia católica. A partir de finales de los años setenta los obispos procuraron que no se les identificase demasiado estrechamente con el régimen ni con la élite. En sus manifestaciones públicas condenaban la corrupción gubernamental y las infracciones de los derechos humanos; también daban su apoyo a las reivindicaciones de los pobres. La detención de un destacado católico a finales de 1982 empujó a los obispos a protestar enérgicamente. Durante su visita a Haití en marzo del año siguiente, el papa Juan Pablo II insistió en que «las cosas deben cambiar» en Haití. En el nivel de las parroquias la Iglesia empezó a patrocinar gran número de proyectos de desarrollo, incluyendo cooperativas agrícolas y proyectos de regadío, drenaje, construcción de bancales y artesanía. Aunque muchos de ellos eran un tanto paternalistas —por ejemplo la gran empresa que durante años dirigió el padre Ryo en Laborde o el proyecto integrado que patrocinaban las oblatas de María, apoyadas por organismos voluntarios tales como OXFAM, en la región de Les Anglais, en el sur—, aumentaron la confianza de los campesinos en sí mismos y les indujeron a poner en entredicho las estructuras de poder locales.

En febrero de 1986 el presidente Jean-Claude Duvalier tomó el acostumbrado camino presidencial hacia el exilio. Lo que ocurrió fue en cierto modo una repetición de los acontecimientos de cuarenta años antes que habían provocado la muerte política del presidente Lescot. Un gobierno dominado de forma progresiva por un pequeño sector de la élite había perdido por completo su base de apoyo en las masas populares y en los importantísimos sectores intermedios. En ambos casos, una serie de protestas estudiantiles fue seguida de manifestaciones más amplias y al gobierno se le escapó el dominio de la situación. El ejército se hizo cargo del poder y empezó entonces un período de incertidumbre política.

Había, sin embargo, diferencias significativas entre los dos movimientos. En primer lugar, líderes eclesiásticos y la católica Radio Soled apoyaron con prudencia pero decididamente las protestas recientes tras contribuir a fomentarlas por medio del patrocinio de proyectos de desarrollo en todo el país. En segundo lugar, la revolución de 1946 comenzó en la capital y, al parecer, en ella se centró toda la actividad, mientras que el movimiento de 1985-1986 empezó en Gonaives y de allí se propagó a Petit Goâve, Cap Haïtien y otras poblaciones de provincias antes de manifestarse en Puerto Príncipe. Fue, de hecho, la primera vez que un movimiento de esta índole empezaba fuera de la capital desde los tiempos de la ocupación estadounidense. Puede ser que el reclutamiento de las masas rurales en los Volontaires de la Sécurité Nationale (VSN) (macoutes) y la retórica populista de François Duvalier tuvieran consecuencias más radicales de las que se pretendían.

No cabe duda de que la Iglesia fue uno de los actores principales en el drama de la caída de Duvalier. La detención a finales de 1982 de un seglar católico, el cronista radiofónico Gérard Duclerville, señaló una etapa importante en el crecimiento del poder de la Iglesia, toda vez que Duclerville fue puesto en libertad poco después de que su detención fuera denunciada desde los púlpitos en todo el país. La visita del papa a Haití había reforzado la posición de los obispos, que empezaron a denunciar de forma más clara las violaciones de los derechos humanos y el estado de pobreza desesperada en que se encontraba Haití. La católica Radio Soleil se convirtió en el cauce principal de las críticas dirigidas contra el gobierno. Baby Doc, que dependía cada vez más del apoyo de los círculos empresariales y de la élite no podía desoír ni suprimir las críticas clericales como hiciera su padre, pues la burguesía tendía a asociarse con la Iglesia, al menos en política. Los obispos condenaron que se disparara contra los estudiantes en la manifestación que hubo en Gonaives en noviembre de 1985 y el réquiem que se celebró por las víctimas fue interpretado como un importante gesto de apoyo al movimiento de protesta. En este período Radio Soleil era el principal medio de difusión por todo el país de las noticias de manifestaciones en las provincias. Duvalier intentó cerrar la emisora, pero la presión episcopal le obligó a retractarse.

La influencia de la Iglesia católica y de algunas iglesias protestantes era significativa en otro nivel. Como hemos visto, durante muchos años las parroquias locales, a menudo con la ayuda de organismos internacionales, habían patrocinado diversos proyectos de desarrollo y empresas cooperativas que permitían que pequeños grupos de campesinos hablaran de problemas locales y organizaran la acción social. La intención de los organizadores de estos proyectos no solía ser política en el sentido literal de la palabra y, de hecho, los exiliados radicales atacaban estos proyectos que ellos juzgaban conservadores porque alentaban a los campesinos a soportar una situación que, en caso contrario, hubiera sido intolerable. Sin embargo, fue precisamente de estos grupos de donde saldrían líderes que lanzarían un desafío al régimen en 1985-1986. En plena crisis, Le Petit Samedi Soir se refirió a la Iglesia diciendo «ce leader politique que ne dit pas son nom». «¿Estamos en medio de una revolución cristiana?», preguntaron sus directores.

Sería demasiado cínico ver el papel de la Iglesia en los últimos años simplemente como una venganza por la humillación que había sufrido bajo François Duvalier o como parte de un intento de reinstaurar su antigua condición de importante fuerza política en Haití colocándose al lado del creciente movimiento de oposición. Aunque es posible que estas consideraciones tuvieran cierta importancia, muchos párrocos y algunos de los obispos se han identificado auténtica y sinceramente con los pobres y oprimidos del país. La Iglesia constituía una de las pocas instituciones haitianas que conservaban suficiente credibilidad para actuar de forma efectiva en la situación.

Un factor importante en la vida social y cultural de los haitianos durante todo este período, en el campo y en las zonas más pobres de las poblaciones, era el vudú. Al igual que todas las religiones, el vudú es generalmente conservador en lo que se refiere a sus consecuencias sociales. No obstante, hubo ocasiones en que interpretó un papel más radical. Una de las aportaciones importantes del vudú fue perpetuar la conciencia de una identidad africana por parte de las masas. François Duvalier pudo explotar este hecho y obtener apoyo de varios houngans a su ideología miriste. Parece ser que Jean-Claude se interesaba menos por el vudú que su padre y tampoco pretendía tener poderes sobrenaturales, pero su caída fue acompañada de ataques violentos contra muchos houngans. Las estimaciones del número de muertos que hubo a principios de 1986 varían enormemente y van de alrededor de cien a más de mil. Sin embargo, hay que poner de relieve que no todos los practicantes del vudú eran partidarios del régimen.

Como consecuencia de la estructura cuidadosamente montada que le legó su padre, Jean-Claude había podido prevenir toda posibilidad de golpe militar. No obstante, poco a poco fue perdiendo el apoyo de muchos líderes de los macoutes, que a principios de los años ochenta ya era evidente que no estaban dispuestos a defender al régimen. En noviembre de 1985 la desilusión y la confusión ya eran muy grandes en sus filas. La destitución del ministro del Interior, Roger Lafontant, varias semanas antes sentó muy mal a los macoutes que le apoyaban, y uno de los rasgos que llaman la atención en los acontecimientos que culminaron con la huida de Duvalier fue el papel relativamente insignificante que desempeñaron los VSN. Hasta los últimos días no acudieron algunos de ellos a ayudar al presidente y trataron de eliminar violentamente la oposición.

A pesar de la tendencia al desorden que se registraba en enero de 1986, los jefes del ejército eran claramente reacios a actuar con independencia y hacerse cargo de la gobernación del país. Durante los veintinueve años de dictadura de los Duvalier se había formado una generación de oficiales para los cuales la idea de un golpe militar era prácticamente inconcebible. En 1964 François Duvalier ya podía decir, con cierta justificación, que había apartado al ejército de su papel de árbitro de los acontecimientos políticos. Al parecer, si el general Henri Namphy acabó accediendo a encabezar una junta después de la partida de Jean-Claude Duvalier, ello fue resultado de la insistencia de la embajada de Estados Unidos, de algunos políticos haitianos y del propio Duvalier. Estados Unidos había contribuido en gran medida a mantener a Jean-Claude Duvalier en el poder, y hasta los últimos días no decidió Washington cortar por lo sano y utilizar su influencia para que el presidente se fuera. Incluso entonces la opinión en Estados Unidos se mostró dividida y existía la creencia general de que el ex embajador Ernest Preeg aconsejaba a Washington que persuadiese a Duvalier de quedarse en Haití y que ayudara a sostener su gobierno.

Uno de los factores que debilitaron el régimen de Baby Doc fue el empeoramiento de la economía en los años ochenta, lo cual disminuyó sus fuentes de patronazgo debido a las crecientes privaciones que padecían las masas rurales haitianas. Exacerbó mucho los problemas la plaga de fiebre porcina que se propagó desde la República Dominicana. Presionado por la Organización de Estados Americanos, el gobierno haitiano decretó que se sacrificara la totalidad de los cerdos negros, que para muchos haitianos representaban la única inversión de capital. Se tomaron medidas para compensar económicamente a sus propietarios, pero ocurrió lo inevitable y la mayor parte del dinero fue a parar a otras manos. Varios organismos proporcionaron cerdos de piel clara importados, pero generalmente con la condición de que se les garantizase que los alimentarían con pienso de importación y los alojarían en pocilgas con piso de cemento. Como los campesinos pobres no podían permitirse semejantes lujos, los beneficiarios fueron los agricultores ricos. Algunos generales del ejército, entre ellos Namphy, aprovecharon los ofrecimientos. (Un aspecto alentador de la situación fue que la gente que aceptó los cerdos y no hizo caso de las garantías, alimentándolos con la misma dieta de desperdicios que antes diera a los cerdos negros, comprobó que sus cerdos de piel clara se desarrollaban bien). Otra causa de penuria a mediados de los ochenta fue el final de la migración de la boat-people a Estados Unidos cuando las presiones de Washington empujaron al gobierno Duvalier a acceder a que unidades navales estadounidenses patrullaran las costas de Haití y obligaran a los emigrantes a volver a tierra.

Cuando Jean-Claude Duvalier abandonó el país el 7 de febrero de 1986 el gobierno quedó en manos de un Conseil National de Gouvernement (CNG), que estaba controlado por los militares. En los primeros meses, la junta, cuyo jefe era el general Henri Namphy, generalmente se limitó a mantener cierto grado de orden en vez de emprender grandes cambios de política. Se consideraba a Namphy un hombre honrado, sin ambiciones políticas, que deseaba conceder la máxima libertad para que diferentes tendencias pudieran hacerse oír. Empujado por la opinión pública, que se expresó por medio de manifestaciones y huelgas, la junta se libró de algunos duvalieristas notorios y, como gesto de apoyo al «dechoukaj» (la extirpación del duvalierismo), procesó a unos cuantos macoutes. Asimismo, a modo de renuncia simbólica al régimen anterior, volvió a adoptar la bandera azul y roja de 1964. Según se decía, el «hombre fuerte» de la junta era el coronel Williams Régala, que estaba al frente del Ministerio del Interior. Él y Leslie Delatour, ministro de Hacienda fueron ampliamente acusados de ser políticamente conservadores y agentes de Estados Unidos. La junta señaló un calendario para redactar una nueva Constitución y elegir luego un nuevo presidente en noviembre de 1987.

Los disturbios que empezaron en noviembre de 1985 y culminaron con la caída de Duvalier habían intensificado los problemas económicos de Haití. Algunas empresas del sector de montaje e industria ligera cerraron y 12.000 trabajadores perdieron su empleo. Ello se debió en parte a la incertidumbre política, así como al temor a las reivindicaciones salariales, resultado de la creación de sindicatos libres, y a nuevas restricciones estadounidenses a la importación de textiles. Asimismo, el reglamento sanitario estadounidense causó problemas con la importación de fruta haitiana. El turismo también descendió, dejando los hoteles vacíos. La reducción de la cuota estadounidense de importaciones de azúcar de la República Dominicana dejó un enorme excedente de azúcar, gran parte del cual fue a parar a Haití, perjudicando el mercado de azúcar de elaboración nacional y provocando el cierre de fábricas azucareras. Miles de empleados, y muchos más pequeños cultivadores de caña, se quedaron sin trabajo. Bajo el gobierno provisional entraba en Haití una verdadera avalancha de contrabando de todo género, gran parte de él controlado por militares de alta graduación. Por ejemplo, el arroz procedente de Estados Unidos y otras partes hizo bajar los precios por debajo del que permitía que los agricultores del país subsistieran. También entraban ilegalmente cemento, trigo, automóviles y otros artículos manufacturados. Bajo el CNG la corrupción superó incluso la de los Duvalier.

Las iglesias seguían divididas. Sacerdotes que volvieron del exilio pedían la dimisión del arzobispo Ligondé por su asociación con los Duvalier en el pasado. Algunos sacerdotes jóvenes, entre los que destacaba el salesiano Jean-Bertrand Aristide, organizaron a los pobres en grupos de acción y pidieron que se efectuaran cambios sociales. El obispo Willy Romulus de Jéremie, el único obispo de tendencias radicales, apoyó con prudencia a estos movimientos, pero otros, encabezados por el obispo Gayot de Cap Haïtien, eran partidarios de las viejas teorías democristianas de la Europa posterior a 1945 y contemplaban con suspicacia las comunidades de base (las denominadas «ti legliz»), que habían surgido en todo Haití.

Al caer Duvalier, muchos exiliados volvieron al país y fundaron movimientos políticos: Leslie Manigat y Marc Bazin, ambos considerados como «moderados», Serge Gilíes, que capitaneaba un partido vinculado a la Internacional Socialista, y René Théodore, líder del Partido Comunista. Entre los líderes políticos que se quedaron en el país cabe citar a Sylvio Claude y Grégoire Eugéne, con sus partidos democratacristianos rivales, y Hubert de Ronceray, ministro del gabinete bajo Jean-Claude Duvalier.

Aparecieron tres grupos sindicales distintos. Uno estaba muy vinculado a la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (y, por ende, a la norteamericana AFL/CIO), los otros eran más izquierdistas en lo que se refiere a la política. La Confederation Autonome des Travailleurs Haitiens (CATH), cuyos líderes tuvieron que exiliarse durante el régimen anterior, se escindió en dos grupos, uno de los cuales se asoció con el movimiento obrero latinoamericano (CTAL). Aunque numéricamente eran débiles, los sindicatos ejercieron cierta influencia en los acontecimientos políticos porque sus afiliados se hallaban centrados en Puerto Príncipe.

Aunque la elección de la comisión constitucional despertó poco interés popular, la nueva Constitución fue aprobada de forma casi unánime por el 50 por 100, más o menos, de la población que acudió a las urnas. La Constitución estipulaba que el personal militar en servicio no podía presentarse a elecciones para cargos públicos e incluía una inhabilitación de diez años para quienes hubiesen estado muy vinculados a la dictadura de los Duvalier. También creó un consejo electoral autónomo, formado por nueve miembros nombrados por varios grupos sociales, que se encargaría de supervisar las elecciones. Por primera vez se reconoció el creóle como lengua oficial de Haití y se derogaron las leyes contra el vudú.

Se decidió celebrar elecciones generales el 29 de noviembre de 1987 y el consejo electoral se resistió cuando el CNG intentó hacerse con el control de las elecciones. Doce candidatos a la presidencia quedaron descalificados por su relación con el régimen de Duvalier, aunque como mínimo otros cinco también habían tenido que ver con dicho régimen en algunas etapas. De los restantes veintitrés candidatos, cuatro aparecieron como principales competidores: Sylvio Claude, pastor populista que se había opuesto activamente al régimen de Baby Doc; Marc Bazin, ex funcionario del Banco Mundial que había sido ministro de Hacienda bajo Jean-Claude Duvalier durante unos meses; Gérard Gourgue, educador y activista de los derechos humanos; y Louis Déjoie II, el único mulato, hijo del principal adversario de François Duvalier en 1957. Cada uno a su modo, Bazin, Déjoie y Gourgue representaban una alianza entre elementos de la élite comercial y un movimiento de masas entre los pobres. La élite, que continuaba viviendo con un lujo considerable y disfrutando de un elevado nivel de vida, obviamente creía que semejante alianza era la que mejor garantizaba su posición privilegiada. Esto resultaba más evidente todavía en el caso de Gourgue, a quien respaldaban muchas organizaciones de masas en todo el campo. Elemento importantísimo en la formación de este frente fue el ex sacerdote católico Jean-Claude Bajeaux. Esta alianza entre la élite y las masas iba dirigida en gran parte contra las clases medias negras, muchos de cuyos miembros habían estado asociados con el régimen de Duvalier y ocupaban puestos clave en las zonas rurales como chefs de section, spéculateurs o campesinos con propiedades de extensión mediana, y, en las poblaciones, como funcionarios, maestros y agrónomos, y, lo más importante de todo, en el ejército. Estas clases medias negras temían la probabilidad de que el presidente que saliera de tales elecciones representase una amenaza para las conquistas que habían hecho bajo Duvalier.

Pagados por algunos de los duvalieristas descalificados y protegidos por el ejército, grupos de pistoleros rondaban por las calles sembrando el terror e impidiendo que el material para las elecciones llegase a su destino en el norte y en Artibonite. Las elecciones fueron canceladas a raíz de la matanza de docenas de votantes y el CNG afirmó que se celebrarían elecciones en enero de 1988 bajo un nuevo consejo electoral nombrado por el propio CNG. Los cuatro candidatos principales se negaron a tomar parte, con lo que quedaron como candidatos viables sólo los que contaban con la aprobación del ejército. Las elecciones tuvieron lugar tranquilamente el 17 de enero de 1988, con una participación muy baja y numerosas irregularidades. Leslie Manigat, el candidato favorito de la mayor parte del ejército, fue declarado vencedor y tomó posesión del cargo el 7 de febrero. En sus tiempos de joven funcionario del Ministerio de Exteriores había estado asociado con el régimen de François Duvalier y había adoptado una posición noiriste en sus numerosos escritos de historia de Haití. Manigat rompió con Duvalier a comienzos del decenio de 1960 y pasó veinticinco años en el exilio como maestro de ciencias políticas y relaciones internacionales en París, Trinidad y Caracas y en Yale. Su estancia en el poder duró únicamente cuatro meses.

En junio, un conflicto con la jefatura del ejército culminó con su deposición por parte de los mismos oficiales que habían conseguido que le eligieran. Empezó entonces un período de gobierno militar directo.

Se ha dicho a menudo que Haití es el país más pobre de América Latina y probablemente lo es desde el punto de vista material. No obstante, en el capítulo de recursos humanos y tradiciones culturales, Haití es uno de los países más ricos del hemisferio. Los haitianos han mostrado con frecuencia que poseen una inventiva extraordinaria al tratar de resolver los problemas con que se enfrentan, especialmente en las zonas rurales. Los movimientos de protesta que empezaron en 1985 demostraron que el campesino haitiano no era tan «apático» como se decía frecuentemente. Entre los numerosos murales de color que aparecieron por toda la ciudad después de la huida de Jean-Claude Duvalier había uno que condensaba el optimismo de la época. Aparecía en él una gallina de Guinea, símbolo nacional, sobre cuya pechuga estaban escritas estas palabras: «Fok nou volé piwo» (debemos volar más alto).

Capítulo 7
PUERTO RICO, 1940-c. 1990

En 1898, después de cuatrocientos años de dominación colonial española, Puerto Rico cayó bajo el control directo de Estados Unidos. Y así ha permanecido desde entonces. Su condición jurídica y política dentro del sistema político estadounidense siempre ha sido incierto y anómalo. A diferencia de Hawai y Alaska —que eran consideradas territorios «incorporados» a Estados Unidos y, por ende, candidatas a convertirse en estados de la Unión—, Puerto Rico fue clasificada en una nueva categoría legal, la de «territorio no incorporado». Ninguna autoridad política de Estados Unidos aceptó jamás que Puerto Rico, a diferencia de Cuba y las Filipinas, pudiera ser independiente.

Por consiguiente, la dependencia colonial de la isla continuó en el siglo XX bajo una nueva potencia cuya cultura le era ajena. A decir verdad, la dependencia sigue siendo un problema en nuestros días, cuando el siglo va acercándose a su fin. Después de noventa años bajo la bandera de Estados Unidos, de participación de su juventud en las guerras de Estados Unidos en Europa y Asia, de grandes migraciones hacia y desde la metrópoli del norte, de total integración económica y de sujeción a todas las formas de una «modernización» patrocinada por Estados Unidos, Puerto Rico sigue siendo fundamentalmente un país «latinoamericano» de habla española con un sentido claro de distinción cultural y política del sistema del que, para bien o para mal, forma parte.

En 1940, en vísperas de la entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial, el poder ejecutivo en la isla seguían ejerciéndolo gobernadores nombrados por el presidente norteamericano; el sistema educativo permanecía firmemente comprometido con la idea imperial de «americanización»; la industria principal, la azucarera, afectada adversamente por la depresión mundial del decenio de 1930, se hallaba en clara decadencia; el paro, la pobreza y el descontento predominaban; la violencia política iba en aumento; y una oleada de nacionalismo y de movimientos agresivos a favor de la afirmación cultural hispánica estaba cobrando fuerza e influencia. Cuarenta años de dominación colonial directa —aunque a menudo más incompetente que brutal— parecían haber alcanzado un momento crítico.

El régimen político de la isla siempre había sido una mezcla curiosa. Después de dos años de dominación militar directa por parte de Estados Unidos, el Congreso estadounidense creó una estructura de gobierno civil. La autoridad federal se ejercía directamente por medio de un gobernador nombrado y una serie de importantes funcionarios nombrados por el gobierno federal tales como los jueces del Tribunal Supremo, el Procurador General y el Comisionado de Educación. Había una cámara legislativa baja elegida por el pueblo y, a partir de 1917, también un Senado elegido directamente. La política de partidos local, cuyas raíces se remontaban a la época del régimen español, coexistía, a menudo muy incómodamente, con el poder ejecutivo extranjero, y los líderes locales estaban muy descontentos con el ordenamiento institucional. Tanto si creían que la isla llegaría a ser un Estado, como si creían en la independencia nacional o en alguna fórmula intermedia, todos se oponían a la inferioridad política impuesta por los norteamericanos.

La economía de la isla experimentó una transformación todavía más profunda bajo el control de Estados Unidos. El azúcar sustituyó rápidamente al café y al tabaco como principal cultivo de exportación, y gran parte de la economía fue convertida en un sistema de factorías agrícolas en gran escala principalmente de propiedad absentista, con un creciente índice de proletarización, desplazamiento y alienación de los habitantes de las zonas agrarias, y todo esto tuvo lugar en el contexto de un rápido crecimiento demográfico. Las divisiones de clase empezaron a afectar a la política de partidos; el Partido Socialista se fundó en tiempos de la primera guerra mundial. La depresión mundial del decenio de 1930 y especialmente sus efectos en la industria azucarera exacerbaron la agitación social y contribuyeron a despertar un renovado nacionalismo que no tardó mucho en entrar en erupción. Sin embargo, el Partido Nacionalista capitaneado por Pedro Albizu Campos, numéricamente pequeño pero influyente como catalizador del descontento y de la afirmación nacional, no acertó a aprovechar efectivamente el extendido malestar laboral, en particular entre los trabajadores del sector de la caña de azúcar.

Los acontecimientos importantes que comenzaron en 1940 deben interpretarse en el contexto local de depresión económica y decadencia del azúcar, los experimentos del New Deal de Roosevelt y sus interesantes permutaciones en Puerto Rico, el resurgir del nacionalismo en la isla y la sensación de impotencia e inutilidad del sistema político. El citado año señaló el inicio en la isla de una nueva época política en la cual se definieron de nuevo, aunque no se resolvieran del todo, los términos de las relaciones coloniales entre Estados Unidos y Puerto Rico.

LA POLÍTICA Y EL ESTATUS DE LA ISLA

El año 1940 dio entrada a un cuarto de siglo de dominación de un partido que daría forma a la evolución de Puerto Rico y definiría muchos de los problemas y dificultades posteriores. El Partido Popular Democrático (PPD) fue creado en 1938 y, bajo el liderazgo de Luis Muñoz Marín, se convirtió rápidamente en la fuerza motriz de la evolución de Puerto Rico en los decenios de 1940 y 1950. La creación del partido y los éxitos de sus primeros tiempos pueden comprenderse atendiendo a la convergencia de varios factores que tenían su origen en los problemas de los años treinta. El primero de ellos fue la desorganización y la decadencia de los partidos políticos. Desde 1932 controlaba el gobierno local una coalición del Partido Republicano y el Partido Socialista, ambos vagamente favorables a que Puerto Rico adquiriese la condición de Estado en el futuro, herederos de ideologías en un principio incompatibles, pero resignados desde hacía mucho tiempo a la política del patronazgo. Muchos puertorriqueños consideraban que el sistema electoral era poco de fiar y corrompido, amén de origen de un cinismo generalizado. Otro factor era la influencia política que ejercían en la isla los programas de asistencia y rehabilitación del gobierno federal, unida a la relación entre administradores coloniales de dichos programas nombrados por el gobierno de Roosevelt y la élite política local. Gran parte de la historia política de los años treinta puede explicarse en términos de las maniobras con que los políticos locales pretendían controlar los programas de ayuda y reconstrucción económica que el New Deal exportó a Puerto Rico, o al menos atribuirse el mérito de los mismos para aprovecharlo políticamente. Hasta 1936 Muñoz Marín había ocupado una posición ventajosa en este proceso, toda vez que su capacidad para cultivar relaciones en Washington, su dominio del inglés coloquial, su elocuencia y sus simpatías por el New Deal le eran útiles en sus tratos con el gobierno de Roosevelt.

Finalmente hay que señalar la cuestión del marco ideológico y la base de clase en que el PPD aparecía como partido de masas. En los comienzos de su carrera política Muñoz había estado asociado con el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín. Era un verdadero partido laborista, pragmático, no marxista y, detalle significativo, pro Estados Unidos. Desde sus comienzos había en él una facción partidaria de la independencia, pero bajo el liderazgo vigoroso de Iglesias oficialmente no se interesaba por el problema del estatus de la isla, que, a su juicio, no tenía nada que ver con las tareas encaminadas a mejorar la situación del trabajador. A finales de los años veinte, al hacerse el Partido Socialista más conservador y pronorteamericano, Muñoz ingresó en el Partido Liberal. Fue elegido senador en 1932 y llegó a ser presidente del Senado. A principios de 1936 la violencia política en la isla había dado por resultado el asesinato del jefe de policía Francis Riggs, a causa del cual la carrera de Muñoz dio un nuevo giro al rechazar la petición que le hiciera Ernest Gruening, director de la Puerto Rico Reconstruction Administration, de condenar el asesinato del jefe de policía. Muñoz se negó, a menos que los estadounidenses condenaran también el linchamiento de los asesinos en el cuartel general de la policía. Debido a las complejas repercusiones de estos agitados sucesos, Muñoz perdió su acceso casi automático a los círculos del poder proveniente de Washington. También rompió con el líder del Partido Liberal y cuando intentó tomar las riendas de dicho partido se le expulsó del mismo y se le culpó por el fracaso del partido en las elecciones de 1936.

Como mínimo, tres eran los elementos básicos de la postura ideológica inicial del PPD. El primero era su independentismo moderado. No era ningún secreto que los principales líderes del nuevo partido creían en la independencia como solución final del perenne problema del estatus de la isla. La coalición política partidaria de que Puerto Rico adquiriese la condición de Estado se identificaba con los intereses comerciales en gran parte absentistas que dominaban la economía del azúcar y, por ende, fue uno de los blancos del descontento popular durante los difíciles años de la depresión. Este descontento se había expresado principalmente por medio de la intensificación del sentimiento nacionalista y el Partido Popular reflejaba este estado de opinión.

Sin embargo, el independentismo del partido nunca fue un compromiso oficial inflexible. Muñoz Marín, por ejemplo, siempre había moderado su independentismo con la prioridad absoluta de tratar directamente los problemas del crecimiento económico y la justicia social en el ámbito de las posibilidades políticas. Así, el nuevo partido quería que se eliminaran la corrupción electoral y los privilegios especiales y se creara una infraestructura administrativa que permitiese dirigir de forma más coherente la actividad económica. Estos objetivos debían alcanzarse utilizando los medios políticos que proporcionaba el sistema electoral y negociando posteriormente con las autoridades federales. El pragmatismo era más fuerte que el independentismo en el arsenal ideológico del PPD, que estaba más cerca del New Deal de Roosevelt que del nacionalismo de Albizu Campos o incluso del socialismo de Santiago Iglesias en su juventud.

La ideología del PPD también nació de la naturaleza de los líderes del partido y de las relaciones entre ellos y los militantes de base y con el electorado en general. Al principio el PPD fue un partido totalmente populista, aunque no poseía la vena de antiintelectualismo que a menudo ha caracterizado a otros movimientos populistas. Había una identificación casi total del movimiento con la personalidad de su líder y fundador. En una época madura para la movilización populista el PPD tuvo la oportunidad de explotar una notable combinación de atractivo carismático, receptividad de las masas y la caída en la casi insignificancia de otros agolpamientos políticos. Bajo la dirección de Muñoz el partido estuvo dominado por la «teoría del mandato» de la política, según la cual la aprobación de las masas debía manifestarse (y renovarse) cada cuatro años en época de elecciones, después de las cuales el partido tendría rienda suelta para ocuparse de los asuntos públicos.

Después de protagonizar una notable campaña, el PPD obtuvo alrededor del 38 por 100 de los votos totales en las elecciones de noviembre de 1940. No eran suficientes para elegir al Comisionado Residente en Washington (el miembro sin voto de la Cámara de Representantes federal a que Puerto Rico ha tenido derecho desde 1904), pero el partido conquistó una clara mayoría en el Senado y Muñoz fue elegido presidente del mismo. El PPD también pudo controlar la Cámara durante la mayor parte del período de cuatro años por medio de la cooperación de simpatizantes que eran miembros del antiguo Partido Liberal.

El éxito electoral del PPD fue seguido del nombramiento en 1941 de Rexford Guy Tugwell para el puesto de gobernador. La coincidencia de un experimentado arquitecto del New Deal, hombre comprometido con los principios de la planificación racional y el papel activo de la autoridad pública en el desarrollo económico y social, y un activista líder de partido que podía afirmar que contaba con el apoyo del público a sus programas para el cambio dio por resultado un período de intensa actividad y cooperación que, desde luego, no siempre fueron fáciles pero que representaban un hecho insólito en la historia de las relaciones entre los administradores coloniales y la élite política local. Al encontrar una actitud receptiva en el gobernador Tugwell, la legislatura encabezada por el PPD siguió adelante con una serie de medidas importantes cuya finalidad era reforzar y centralizar la infraestructura administrativa del gobierno en la isla. En 1942 se crearon una junta de planificación y una oficina del presupuesto. El problema de la distribución de la tierra y la reforma agraria se abordó por medio de una ley controvertida que se aprobó en 1941 y en virtud de la cual se creó la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y se instauró un sistema nuevo de propiedad y administración de las explotaciones agrícolas conocido por el nombre de fincas de «beneficio proporcional». Siguiendo procedimientos judiciales a finales de los años treinta, la administración hizo cumplir las restricciones que limitaban a 500 acres (202 hectáreas) la extensión de las tierras de propiedad comercial. Estos controles se habían incorporado en las dos leyes que instauraron el gobierno civil en Puerto Rico, pero nunca se había velado por su cumplimiento ante la expansión desenfrenada de las compañías de la industria azucarera.

El estallido de la segunda guerra mundial causó una serie de problemas. En la esfera económica significó la escasez cada vez mayor de ciertos materiales y artículos en la isla y la necesidad de imponer un grado de regulación centralizada que, en general, estuviera en consonancia con las ideologías activistas tanto del gobernador colonial como del líder político que a la sazón empezaba a destacarse. En cambio, la guerra benefició de modo especial a la economía puertorriqueña al incrementar los ingresos del tesoro de la isla gracias a la venta creciente de productos del ron de Puerto Rico en la metrópoli. (En virtud de interpretaciones administrativas y jurídicas de las leyes orgánicas de 1900 y 1917, todos los impuestos que se cobraran a productos puertorriqueños vendidos en Estados Unidos volvían al tesoro de Puerto Rico). La guerra también sirvió para sancionar el aplazamiento de todo intento de abordar directamente la cuestión del estatus de la isla. Albizu Campos se encontraba en una cárcel de Atlanta desde 1938 porque un tribunal federal de la isla le había declarado culpable de conspirar con el propósito de derrocar el gobierno por la fuerza. Muñoz y el PPD habían dirigido la campaña de 1940 con el lema de que el estatus político de la isla no era uno de los problemas que se dirimían en aquellas elecciones y de que el partido, si alcanzaba la victoria, se dedicaría exclusivamente al problema de la justicia económica y social. Durante el período comprendido entre 1941 y 1944 las inclinaciones independentistas de los líderes populares se mantuvieron con firmeza, pero puestas en segundo término.

En 1944 el PPD contaba ya con una sólida base política. Las elecciones de noviembre de dicho año (las elecciones puertorriqueñas se celebran en el mismo día que las elecciones federales en las cuales se escogen los electores presidenciales de Estados Unidos) dieron una gran victoria al PPD y crearon una pauta que con sólo pequeñas variaciones continuaría hasta 1968. El partido obtuvo el 64,7 por 100 de los votos populares y todos los escaños de la Cámara y el Senado excepto dos. El mandato democrático solicitado por Muñoz fue concedido; ahora había que abordar la tarea de resolver los problemas fundamentales de la pobreza, la búsqueda de la igualdad social y, de forma democrática, el problema colonial mismo. Muñoz y los líderes del PPD siempre habían dado por sentado que estos dos problemas eran independientes el uno del otro. Su estrategia consistía en abordar el problema del desarrollo económico con los recursos que proporcionaban las relaciones existentes con los Estados Unidos, al mismo tiempo que se ocupaban del problema del estatus político y la eliminación del colonialismo de forma gradual, poco a poco. Esta estrategia pragmática reflejaba lo que los líderes del PPD suponían razonablemente que podía esperarse de Estados Unidos como la potencia hegemónica del mundo anticomunista, dispuesta a liquidar las manifestaciones más duras del colonialismo siempre y cuando sus intereses nacionales estuviesen debidamente protegidos. El desarrollo de esta estrategia proporciona la estructura de la historia política de Puerto Rico en la posguerra.

La estrategia económica del PPD estuvo definida con claridad desde el principio. En 1942 se crearon la Compañía de Fomento Industrial y el Banco Gubernamental de Fomento como mecanismos para estimular el desarrollo industrial de la isla. Al principio hubo discrepancias sobre si la política de la Compañía de Fomento debía ser desempeñar un papel directo en la financiación y la administración de plantas industriales, ya fuera como proyectos piloto o como modelos para el estímulo y la emulación para el sector privado, o si debía consistir en ser el cauce para el estímulo y la subvención inicial de industrias nuevas que inversionistas del exterior (norteamericanos) traerían al país. Tugwell se mostró cauto sobre esto último, pero finalmente se impondría el criterio de los miembros del gobierno del PPD que se mostraban claramente partidarios de las iniciativas industriales destinadas a atraer a los inversionistas del exterior. Tugwell dejó el puesto de gobernador en 1946, momento en que ya estaba en marcha la política de incentivos industriales: exención de impuestos para las nuevas industrias, aportación de plantas industriales construidas por el gobierno, formación de trabajadores subvencionada por el gobierno y orientación y ayuda de tipo general para el inversionista en potencia.

Aunque los programas de reforma agrícola que se iniciaron a principios de los años cuarenta dieron por resultado una redistribución moderada de la tierra mediante el sistema de explotaciones agrícolas de beneficios proporcionales nacido de la Land Authority Act (Ley de Tierras), así como la reducción de algunas de las grandes propiedades azucareras de las compañías, también tendieron a languidecer si se comparan con el vigor con que se puso en marcha la política de industrialización. Como el entusiasmo por el desarrollo industrial era supremo y eclipsó a la agricultura en las orientaciones políticas del nuevo régimen, la reforma agraria se volvió cada vez menos significativa.

Mientras tenían lugar estos avances de la política económica, se abordó con parecido pragmatismo el problema del estatus. La segunda campaña del PPD se hizo también sin ningún compromiso oficial con la búsqueda de una solución apropiada del problema colonial. Aunque algunos miembros destacados de la dirección del partido deseaban vivamente que éste adoptara una actitud más clara a favor de la independencia futura, la postura oficial de Muñoz era que la cuestión del estatus no podía afrontarse hasta después de la guerra. Era cada vez más claro que, a juicio de Muñoz, las realidades económicas y la necesidad de desarrollo dictaban la continuación de la «relación especial» de Puerto Rico con Estados Unidos por medio del acceso al mercado libre, la moneda y el sistema financiero comunes y la ciudadanía estadounidense; el problema de la dependencia política debería resolverse dentro de los límites de la realidad económica. Los líderes populistas de la época definían el colonialismo como un problema jurídico de estatus en vez de un problema político consistente en la ruptura con los hábitos y las instituciones del colonialismo.

En 1946 ya era obvio que Muñoz había abandonado las aspiraciones independentistas que quizá tuviera en otro tiempo. En una serie de declaraciones públicas y maniobras del partido provocó un enfrentamiento con los independentistas radicales que militaban en el partido. Un grupo de ellos abandonó el partido aquel mismo año y fundó el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que participaría en las elecciones de 1948. Mientras tanto, y como culminación de un proceso que había empezado con una serie de comunicaciones entre el ex gobernador Tugwell, Muñoz Marín en su calidad de presidente del Senado y el presidente Truman, el Congreso aprobó la Ley 362, que autorizaba la elección directa del gobernador de Puerto Rico[1]. Con ello quedó preparado el escenario para las elecciones de 1948 y la segunda victoria aplastante del PPD, cuyo líder asumió ahora el cargo oficial de gobernador. La política de desarrollo industrial iba a entrar en su fase más intensiva, y el problema de la reforma constitucional —la tanto tiempo esperada solución del problema del estatus— finalmente iba a abordarse al amparo del apoyo popular de las masas puertorriqueñas y la bendición oficial de Washington.

Inmediatamente después de la victoria de 1948 se dieron pasos para la creación de lo que en inglés se denominaría la Commonwealth of Puerto Rico y en español, el Estado Libre Asociado. Sería la culminación del ideal de autonomía para la isla —autonomía, autogobierno, control de los asuntos locales dentro de la estructura de asociación con la potencia metropolitana— que había sido una importante corriente ideológica durante gran parte de la historia de Puerto Rico. Después de las negociaciones de costumbre y el intercambio de cartas con el presidente Truman, el Congreso aprobó la Ley 600, que autorizaba la redacción de una constitución para Puerto Rico por una asamblea constituyente en la isla, sometida a la aprobación del Congreso de Estados Unidos y manteniendo la estructura básica de relaciones federales con la isla tal como determinara la antigua Ley Jones de 1917. La Convención Constitucional se reunió en San Juan entre noviembre de 1951 y enero de 1952. La inmensa mayoría de sus miembros eran «populares», pero había delegaciones minoritarias del Partido Estadista Republicano y del Partido Socialista (que como entidad jurídica desaparecería tras las elecciones de 1952). El PIP se negó a participar. Finalmente el Congreso aprobó la Constitución, después de que la convención puertorriqueña aceptara dos modificaciones significativas. El electorado puertorriqueño la ratificó en un referéndum popular y entró en vigor el 25 de julio de 1952.

La fórmula del «Estado libre asociado» fue motivo de disputas jurídicas y políticas, y se han gastado cantidades ingentes de papel para probar que es o no es, que puede ser o no puede ser, la solución del problema colonial de la isla. Sentó la base para una jurisprudencia constitucional local bajo la suprema jurisdicción previa del sistema federal. Preveía el autogobierno interno, pero los organismos administrativos y militares de carácter federal continuaron funcionando plenamente en la isla; las facultades para hacer nombramientos que el gobernador elegido de Puerto Rico tenía sobre el Comisionado de Educación y los jueces del Tribunal Supremo ya las había conferido el Congreso en la Ley del Gobernador Electivo de 1947. (La Constitución de 1952 traspasó por fin al gobernador el nombramiento del Procurador General del Estado).

Los independentistas condenaron la Constitución desde el primer momento y la tacharon de fraude y engaño; los partidarios de que Puerto Rico fuera un estado de la Unión vieron en ella una etapa de transición que conduciría a la incorporación plena en la unión federal. Sus defensores y principales arquitectos en el PPD, aun reconociendo que carecía de límites fijos, tendían a verla como una solución permanente, una forma creativa y singular de resolver el dilema colonial al mismo tiempo que se preservaban las condiciones para el sostenimiento y el progreso económicos. En el mejor de los casos, sería necesario ajustarla de vez en cuando, tras consultar con el Congreso. A juicio de los populares, las dimensiones fundamentales del problema colonial de Puerto Rico se resolvieron en 1952. Lo que faltaba era un proceso continuo de consultas políticas con las autoridades norteamericanas con el fin de garantizar la continuidad de la autonomía de Puerto Rico y proceder a la eliminación razonable de los vestigios o desigualdades coloniales que pudieran quedar todavía.

Pero los intentos de mejorar o culminar la fórmula del «Estado libre asociado» fracasaron. El Congreso de Estados Unidos se mostró intransigente o apático; los cambios de la composición y la alineación de los partidos políticos en Puerto Rico impidieron la movilización masiva que era necesaria para «resolver» el problema colonial dentro del marco de la autonomía. Las transformaciones que experimentó la sociedad puertorriqueña bajo la tutela populista dieron origen a una política nueva que reflejaba, de un modo que hacía pensar en la política de los años treinta, las contradicciones de una sociedad dividida en clases y amarrada a la noria de la dependencia colonial.

La decadencia del período populista de partido único en la historia política de Puerto Rico empezó en 1964. En dicho año Muñoz Marín decidió retirarse del cargo de gobernador y entregarlo a Roberto Sánchez Vilella, que era confidente y colaborador suyo desde hacía mucho tiempo. En aquel momento la posición del PPD parecía bastante segura. Los únicos partidos de oposición eran el PIP, que había obtenido su mejor resultado en 1952 con el 19 por 100 de los votos, pero desde entonces había perdido fuerza electoral ininterrumpidamente; y el antiguo Partido Republicano, que ahora llevaba el nombre de Partido Estadista Republicano (PER) y era el único partido de los años treinta que se conservaba más o menos intacto. Por medio de la inacción el Congreso había rechazado una propuesta de enmienda de la Ley de Relaciones Federales bajo la forma del «Proyecto Fernós-Murray» de 1950[2]. Se intentaba de nuevo completar la situación constitucional; el programa de desarrollo económico continuaba a gran velocidad; y parecía que era el momento propicio para institucionalizar el partido.

Sin embargo, la intransigencia continuada del Congreso y las nuevas realidades políticas de la vida puertorriqueña desbarataron estas intenciones. Las tensiones del nuevo gobernador con Muñoz y elementos importantes de la organización del partido contribuyeron a poner fin a la hegemonía del PPD. Antes de que finalizara el mandato de Sánchez se celebró un plebiscito sobre el futuro político de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico fue en realidad expulsado de su propio partido, aparecería un nuevo partido «estadista» como importante fuerza política y el PPD finalmente perdería unas elecciones.

En 1962 el gobierno popular se dirigió por segunda vez al Congreso en una petición oficial para que se modificara la Ley de Relaciones Federales. En lugar de acceder a la solicitud original, en 1964 el Congreso creó una comisión especial para que estudiara el asunto del futuro estatus de Puerto Rico, explorase franca y minuciosamente todas las soluciones posibles y proporcionara al Congreso unas directrices responsables para su futura actuación. La comisión (Comisión de Estados Unidos y Puerto Rico sobre el estatus de Puerto Rico), integrada por siete norteamericanos y seis puertorriqueños, hizo público su largo informe en 1966 e indicó que las tres posibilidades (el clásico trío de estado federal, estado libre asociado/autonomía e independencia) eran igualmente valiosas, y sugirió que el pueblo puertorriqueño declarase francamente cuál de ellas prefería. Aunque el informe no comprometía a nada y sus conclusiones no eran en absoluto radicales, permitió al gobierno del PPD defender el estatus de Estado libre asociado y proceder a un plebiscito sobre las tres posibilidades que hemos citado.

El plebiscito tuvo lugar el 23 de julio de 1967. El movimiento independentista lo boicoteó y los populares, después de una ardua campaña dirigida personalmente por Muñoz, obtuvieron una mayoría del 60,5 por 100 a favor de la condición de Estado libre asociado. Pero el restante 39 por 100 partidario de ser estado de la Unión difícilmente era una cifra que pudiera tomarse a la ligera. El principal defensor del estatismo de Puerto Rico era Luis A. Ferré, un industrial que durante muchos años había sido colíder del Partido Estadista Republicano. Ferré había desafiado al partido, que había decidido oficialmente no participar en el plebiscito. Ahora se encontraba con el núcleo entusiasta de un nuevo agrupamiento político que se transformó en el Partido Nuevo Progresista (PNP) aquel mismo año.

En las elecciones de 1968 el nuevo partido, ayudado por la defección del PPD de Sánchez Vilella, que formó su propio partido y obtuvo alrededor del 11 por 100 del total de votos, obtuvo la victoria y Ferré fue elegido gobernador y al PPD le tocó desempañar el papel de oposición a pesar de que obtuvo la mayoría en el Senado por un escaño. El PPD reconquistó el puesto de gobernador y una mayoría simple en 1972, pero el PNP siguió eligiendo a su candidato a gobernador en 1976 y de nuevo, aunque con una mayoría muy pequeña, en 1980. En las elecciones de 1984 perdió la carrera hacia el cargo de gobernador por sólo un 3 por 100 aproximadamente, es decir, el mismo margen que en 1976 le había dado la victoria.

Así pues, a mediados de los años ochenta las fuerzas del «autonomista» PPD y del «estadista» PNP estaban bastante equilibradas en términos electorales. Desde 1968 ningún gobernador había obtenido una mayoría absoluta del voto total; hubo un legislativo dividido entre 1969 y 1973; y un ejecutivo controlado por un solo partido y las dos cámaras de la legislatura controladas por el otro entre 1981 y 1984. Este naciente «sistema bipartidista» reflejaba un complejo proceso de realineaciones sociales y conflictos de clase que se veía falseado por las ideologías de los partidos y los procedimientos para la movilización electoral en torno a la cuestión del estatus.

Tal como aprobó el informe de la Comisión del estatus, la estrategia del PPD consistió en proceder a formar, en cooperación con el Congreso de Estados Unidos, «comisiones especiales» que se encargarían de formular modificaciones mutuamente aceptables de la condición de Estado libre asociado con el fin de ensanchar los campos de autonomía de Puerto Rico y aumentar la aportación puertorriqueña al sistema federal. Estas modificaciones deberían aceptarlas después el Congreso y el electorado puertorriqueño, respectivamente, este último por medio de un referéndum. La ruptura entre el partido y el gobernador Sánchez impidió que se nombrara a uno de tales grupos durante su mandato, y la victoria del PNP en 1968 desbarató estos planes hasta que los populares volvieron al poder en 1973. El gobernador Ferré sí formó una comisión especial durante su mandato, pero se le encargó únicamente que informara sobre la viabilidad de hacer extensivo al pueblo de Puerto Rico el derecho a votar en la elecciones presidenciales de Estados Unidos. La comisión presentó en 1971 un informe favorable al voto en las presidenciales, pero la victoria del PPD en 1972 impidió que se hiciera algo más al respecto y debido a la posterior alternancia de los dos partidos en el poder no se hizo ningún intento concertado de resolver el asunto.

Durante el primer gobierno del PPD, a cargo del gobernador Rafael Hernández Colón (1973-1976), el intento más serio de modificar el estatus de Estado libre asociado que se había hecho hasta entonces sufrió una derrota significativa y probablemente definitiva. Después de largos meses de preparación, una comisión especial presentó su proyecto para lo que los populares llamaban el «Nuevo Trato». Fue recibido con mucha apatía por parte del gobierno estadounidense, que se hallaba atrapado por las consecuencias del asunto Watergate y controlado por el Partido Republicano, que no albergaba ninguna simpatía natural por los populares, pues éstos habían sido tradicionalmente aliados de los demócratas. Al finalizar su mandato, el presidente Ford, en efecto, rechazó el informe de la comisión y proclamó que ya había llegado el momento de dar los pasos que hicieran falta para que Puerto Rico se convirtiera en un estado de la Unión federal.

La segunda victoria del PNP, en 1976, unida a la Declaración Ford y la toma en 1978 del Partido Demócrata federal en Puerto Rico por un grupo de políticos jóvenes aliados con el PNP y comprometidos con hacer de la isla un estado de la Unión, pareció indicar que Puerto Rico volvía a encontrarse en una encrucijada en la angustiosa lucha en tomo al estatus. A medida que se acercaban las elecciones de 1980 el gobernador del momento, Carlos Romero Barceló (que se había hecho cargo del partido después de la derrota de Ferré en 1972), intentó preparar a la opinión pública para un enfrentamiento sobre el estatus después de su supuesta reelección en 1980, para lo cual planeó un nuevo plebiscito en el que habría que escoger entre dos únicas opciones: convertirse en estado de la Unión o conservar la condición de Estado libre asociado. Sin embargo, su victoria de aquel año fue por una mayoría reducidísima —fue virtualmente un empate electoral— y ello puso fin a esa posibilidad.

El movimiento independentista no avanzó mucho en el contexto de política electoral, rápida industrialización y absorción de la afirmación cultural puertorriqueña en la ideología autonomista del PPD en el período posterior a 1940. Los cambios económicos y sociales incrementaron las tendencias asimilacionistas en lugar de las separatistas. No obstante, la incertidumbre en tomo al estatus político, las dificultades del camino que llevaba a ser estado de la Unión, las realidades de la dependencia colonial —prescindiendo de cómo se percibieran—, todo ello hacía que el movimiento partidario de la independencia fuese un factor importante en la política puertorriqueña. Aunque había multitud de grupos independentistas con grandes diferencias ideológicas y tácticas entre ellos, las organizaciones principales del movimiento a favor de la independencia a mediados del decenio de 1980 eran el Partido Independentista (PIP) y el Partido Socialista (PSP). (Este último no debe confundirse con el antiguo Partido Socialista que había desaparecido a mediados de los años cincuenta). Desde su fundación en 1946 el PIP había ocupado una posición institucionalizada dentro del sistema de partidos. Como principal organización electoral partidaria de la independencia, constituía el núcleo de un satélite electoral de la constelación bipartidista. Intentaba proyectar una ideología alejada de los extremismos, y en años recientes abogaba por un compromiso libre con el «socialismo democrático», evitando de forma intencionada identificarse con el «marxista-leninista» PSP a su izquierda y afiliándose a la Internacional democrática de Europa y América Latina.

El PSP fue creado en 1961, con el nombre de Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico (MPI), por ex miembros del PIP, y adoptó su nuevo nombre y su compromiso oficial con el marxismo-leninismo en 1970. Partido minúsculo en términos electorales, obtuvo menos del 1 por 100 de los votos en 1976 e incluso un porcentaje menor en 1980; no presentó candidatos en 1984. Sin embargo, tenía cierta presencia en la estructura política de la isla debido a la circulación de un semanario y otras publicaciones que analizaban con perspectiva marxista las cuestiones políticas de Puerto Rico, así como a sus relaciones con algunos sectores del movimiento obrero y los vínculos cuidadosamente cultivados, aunque no siempre cómodos, con los regímenes socialistas del extranjero, en particular el de Cuba.

CAMBIO ECONÓMICO Y SOCIAL: LA INTENSIFICACIÓN DEL DILEMA

La «modernización» de Puerto Rico ha sido en muchos aspectos impresionante y rápida. Ya en 1956 las actividades manufactureras aportaban más al producto nacional que la agricultura, y en 1964 el sector manufacturero había adelantado a la agricultura como fuente principal de ingresos netos para los trabajadores puertorriqueños[3]. El descenso de la agricultura en relación con otros sectores económicos ha sido rápido y continuo durante toda la posguerra. En 1980 ya sólo el 4 por 100 de la renta neta de la isla procedía de la agricultura; en 1940 la cifra había sido superior al 31 por 100. La decadencia de la industria azucarera, que ya resultaba evidente a finales de los años treinta, continuó rápidamente y la extensión de las tierras dedicadas al cultivo de caña se redujo de casi 400.000 cuerdas en 1950 a 85.000 en 1980[4].

Las prisas por industrializar la isla, atrayendo inversiones externas bajo estímulos e incentivos directos del gobierno, motivaron la creación de unas 170 fábricas antes de 1952 y de 2.246 antes de 1963[5]. La mayoría de ellas eran pequeñas filiales de empresas estadounidenses y en ellas el trabajo predominaba sobre el capital. A mediados del decenio de 1960 el programa Fomento empezó a dirigir sus energías hacia la atracción de industrias más pesadas, con uso intensivo del capital, especialmente industrias petroquímicas y refinerías de petróleo. La crisis de los precios del petróleo en los primeros años setenta afectó seriamente a la industria y el resultado fueron grandes reducciones, cierres de fábricas y procesos de quiebra. La conversión de la industria petroquímica en el núcleo de múltiples industrias secundarias, adyacentes y dependientes nunca se materializó. La recesión económica de mediados del decenio de 1970 hizo que disminuyera la tasa de crecimiento económico general de forma significativa y todavía más la de crecimiento industrial.

El capítulo más reciente del desarrollo del sector manufacturero en la isla ha sido la apertura y la proliferación de plantas filiales de la industria farmacéutica estadounidense y otras industrias de alta tecnología tales como la electrónica y la de productos eléctricos. En el decenio de 1980 las compañías farmacéuticas constituían el mayor grupo dentro de lo que se conocía por el nombre de «corporaciones de las posesiones», las cuales, debido a la Sección 936 de la Ley de Reforma Fiscal de 1976, estaban exentas de los impuestos federales sobre la renta correspondiente a los ingresos mercantiles y los ingresos de inversiones pasivas de operaciones efectuadas en Puerto Rico y «otras posesiones de Estados Unidos». Estas «Compañías 936» (como las llamaban en Puerto Rico) representaban unos 70.000 puestos de trabajo en 1982, alrededor del 10 por 100 de todo el empleo de la isla y más de la mitad del empleo en el sector manufacturero. En el período 1976-1982 había entre 400 y 500 fábricas de éstas en Puerto Rico y las empresas farmacéuticas representaban casi el 46 por 100 del activo neto total, seguidas de las compañías de material eléctrico y electrónico con el 19,5 por 100. Entre 1970 y 1983 la proporción de la industria química en los ingresos totales que la isla obtuvo del sector manufacturero pasó del 11 al 37 por 100[6]. No es extraño que el gobierno de Hernández Colón, elegido en 1984, dedicara gran parte de sus energías a impedir que el Congreso norteamericano redujera o modificase de alguna otra forma las ventajas fiscales sancionadas por la «Sección 936», en nombre de la reforma fiscal, del equilibrio presupuestario y la eliminación de «escapatorias» tributarias. Quizá no haya mejor ejemplo de las ventajas económicas y la vulnerabilidad política del tipo especial de dependencia de Puerto Rico respecto de Estados Unidos. Los cambios que experimentó la estructura de ocupaciones de Puerto Rico en la posguerra reflejan el abandono de las zonas rurales y la decadencia absoluta de la agricultura, la importancia de los sectores de la construcción y manufacturero y el crecimiento ininterrumpido de los sectores público y de servicios como principales fuentes de empleo. El sector público ha representado alrededor de una cuarta parte de la población activa empleada y de los salarios pagados desde mediados de los años sesenta. La cifras respectivas correspondientes a 1985 fueron del 23,7 y el 25,1 por 100[7]. El programa de desarrollo económico no consiguió reducir de forma importante las tasas de desempleo. Las cifras oficiales de desempleo rondaban una tasa del 12 por 100 a comienzos de los años sesenta y empezaron a aumentar en los setenta. En 1983 el desempleo ya había alcanzado una cifra récord del 23,4 por 100, y las estimaciones extraoficiales daban una cifra mucho más alta[8]. Una característica notable de cómo se utilizan los recursos humanos en la economía de Puerto Rico es que hay una proporción muy baja de personas mayores de catorce años que forma parte de la población laboral. La cifra, que ya era baja cuando alcanzó el 44,5 por 100 a principios de los setenta, había descendido hasta el 41 por 100 en 1983. (La cifra comparable correspondiente a Estados Unidos continental en 1976 era del 62 por 100)[9].

No obstante, la «válvula de escape» de la migración de trabajadores a Estados Unidos continentales era lo que impedía que la tasa de desempleo subiera aún más. La historia de la diáspora puertorriqueña es un drama extraordinario. El enorme éxodo aéreo de puertorriqueños hacia el este de Estados Unidos empezó en el decenio de 1950. Durante los primeros cuatro años del decenio la emigración neta alcanzó un promedio de 50.000 personas al año. Bajó hasta quedar en 20.000 al año durante los sesenta, y descendió todavía más después. Sin embargo, continúa siendo un factor significativo; la emigración neta fue de unas 35.000 personas en el año fiscal 1982-1983[10].

Esta migración masiva de trabajadores puertorriqueños no fue sino el más reciente de una serie de desplazamientos demográficos que habían empezado incluso antes de comienzos de siglo. Significa que un nutrido sector del proletariado de la isla ha sido «reubicado» en el corazón urbano de la potencia metropolitana debido al efecto de las presiones económicas y a la facilidad de acceso que da el hecho de ser ciudadano de Estados Unidos. Debido al asunto pendiente del estatus constitucional, al movimiento fácil y continuo de información y personas entre el continente y la isla y a la concomitante resistencia continuada a la asimilación en la Norteamérica imperante, Puerto Rico se ha convertido en una nación dividida, como muchas otras, y casi la mitad de su población se halla situada fuera de la isla. El panorama se ha complicado todavía más en años recientes al registrarse una pauta visible de migración inversa, es decir, de puertorriqueños que regresan a la isla después de una residencia relativamente prolongada en el continente, entre ellos muchos jóvenes puertorriqueños «étnicos» (según la terminología norteamericana) que nacieron y se criaron en Estados Unidos. En la isla misma la migración al continente fue acompañada de una rápida despoblación relativa de las zonas rurales, en particular de la región montañosa del centro, y del enorme crecimiento de las zonas metropolitanas, especialmente San Juan y sus alrededores. En 1980 casi dos tercios de la población vivían en zonas urbanas, y casi un tercio vivía en los siete municipios que constituyen el área metropolitana de San Juan.

Cuando el PPD se convirtió en el partido hegemónico a comienzos de los años cuarenta el movimiento obrero organizado ya estaba drásticamente debilitado y dividido[11]. Una de las piedras angulares del programa de industrialización era la atracción que una oferta de trabajo relativamente barato y un movimiento obrero «cooperativo» ejercían para el capital importado en industrias con predominio del trabajo sobre el capital. El estatus constitucional de Puerto Rico significaba que los salarios mínimos federales no eran necesariamente aplicables a la isla, y durante muchos años el gobierno tuvo por norma ocuparse de los salarios básicos atendiendo a las circunstancias de cada caso y permitiendo que se hicieran ajustes laborales por debajo de los mínimos federales. Esta política se abandonó en los años setenta y actualmente se aplican en Puerto Rico los salarios mínimos federales. Todavía existen diferencias en los salarios reales entre Puerto Rico y el continente, pero la distancia ha ido acortándose poco a poco aunque de modo significativo.

En el decenio de 1980 el movimiento obrero aún comprendía mucho menos del 15 por 100 de la población activa empleada. No había virtualmente ningún sindicato obrero organizado en la importantísima industria farmacéutica, pero la organización de los empleados del sector público se había acelerado y a finales de los años setenta algunos de los sindicatos más activistas se encontraban entre los trabajadores públicos, a pesar de que en la isla no había una legislación global que reconociera o regulase la organización sindical, los convenios colectivos o el derecho a la huelga en el sector público. Este problema no resuelto es potencialmente grave, dada la creciente importancia que el empleo público tiene en Puerto Rico.

Los éxitos cuantitativos de la modernización durante la posguerra no se han obtenido exclusivamente por medio de los procesos de crecimiento económico autónomo o de desarrollo industrial. Una parte importante de la renta de Puerto Rico tiene su origen directamente en las transferencias que efectúa el gobierno federal en forma de subvenciones directas o subsidios para programas gubernamentales y, lo que es quizá más importante, mediante pagos directos a ciudadanos en forma de subsidios para ex combatientes, jubilaciones, seguros de desempleo, y, a partir de 1974, el programa de cupones de alimentos (que en 1982 se cambió por un sistema de pago directo en metálico).

En 1976 las transferencias federales a individuos ascendieron a 1.493,3 millones de dólares, lo cual equivale al 19,8 por 100 del producto nacional bruto (PNB) y representa un 43,7 por 100 de incremento sobre el año anterior. Sólo el programa de cupones de alimentos ascendió a 806 millones de dólares. (En 1975 se estimó que casi el 74 por 100 de la población cumplía los requisitos para participar en dicho programa y que el 55,5 por 100 ya se beneficiaban del mismo). En 1980 las transferencias federales netas y directas a individuos representaron casi el 23 por 100 del PNB total de la isla; cuando se incluyen las transferencias netas al gobierno, la proporción del PNB es de casi un tercio. Debido a las reducciones del presupuesto federal, a la terminación de programas de empleo en los servicios públicos y la imposición de un límite estatutario a la asistencia federal a la nutrición para Puerto Rico, estas características habían disminuido ligeramente en 1985, pero todavía ascendían a 3.183,8 millones de dólares en transferencias a individuos, es decir, el equivalente al 21,5 por 100 del PNB[12].

Al igual que los organismos federales de asistencia que existían en los años treinta, estos programas revisten una importancia central para el mantenimiento de la economía de Puerto Rico y, probablemente, de su relativa estabilidad social y política. A juicio de muchos, también refuerzan la dependencia y son elementos básicos en la configuración de actitudes a largo plazo.

RESISTENCIA Y ADAPTACIÓN

La modernización llegó a Puerto Rico bajo la forma manifiesta y directa de la «americanización». Sin embargo, entre la élite de la isla casi había consenso en el sentido de que la cultura puertorriqueña no debía quedar asimilada en la de Estados Unidos propiamente dicho. Los partidarios de que la isla se convirtiera en un estado de la Unión basaban sus argumentos en el concepto de derechos políticos iguales para todos los ciudadanos norteamericanos y en la seguridad económica y social que, según ellos, la condición de estado garantizaría, en lugar de basarlos en alguna idea percibida de que los puertorriqueños realmente se estuviesen convirtiendo en norteamericanos. Los defensores de la condición de Estado libre asociado y los de la independencia partían, por supuesto, de la premisa de la diferencia y la identidad nacionales. La diferencia entre los partidarios de la condición de Estado y sus adversarios no consistía en grados variables de «norteamericanismo» o «puertoiriqueñismo», sino que giraba en torno a si el citado estatus significaría o confirmaría el final real de la identidad puertorriqueña.

Los problemas de Puerto Rico al entrar en el último decenio del siglo XX seguían siendo «políticos» en el sentido más amplio del término. Continuaban sin respuesta y solución interrogantes básicos y portadores de una gran carga emotiva sobre las dimensiones y definiciones apropiadas de la comunidad política misma. Si cabe, la interacción de las resistencias y las adaptaciones a las realidades de la dominación económica, política y cultural de Estados Unidos se había vuelto más compleja desde 1940.

El servicio militar en las fuerzas armadas de Estados Unidos (más de 250.000 puertorriqueños habían servido en el ejército desde 1940), la migración de vuelta de Estados Unidos (a finales de los años setenta había unos 25.000 alumnos de las escuelas públicas que constaban en las listas como principalmente de habla inglesa, por lo que necesitaban instrucción bilingüe), y el origen norteamericano de virtualmente todas la noticias relativas al mundo exterior que daban los medios de comunicación eran factores importantísimos para «integrar» a Puerto Rico en su conexión norteamericana[13].

Uno de los terrenos más controvertidos y sensibles en los cuales se discutieron la política y la actitudes públicas ante la americanización fue el de la lengua y el de la política educativa. La lengua había sido una importante cuestión política y social en Puerto Rico desde la llegada de los norteamericanos. Antes de la Ley del Gobernador Electivo, que entró en vigor en 1948, los funcionarios norteamericanos destacados en la isla insistían en la necesaria primacía del inglés. Una vez el Partido Popular estuvo firmemente instalado en el poder y el Comisionado de Educación fue nombrado directamente por el gobernador, e instauró la instrucción en español en todos los niveles de la educación pública, enseñándose el inglés como segunda lengua obligatoriamente a partir de los primeros años hasta el segundo año en la universidad. El español era la lengua de las masas, el medio de instrucción en la enseñanza pública y el vehículo para la comunicación de masas y la expresión artística mediante la palabra escrita y hablada. Pero el inglés continuaba ocupando un lugar privilegiado y sus incursiones en la realidad lingüística de Puerto Rico iban en aumento, lo cual desanimaba a unos y merecía la aprobación de otros[14]. En 1976 alrededor del 17 por 100 de la población total en edad escolar estaba matriculada en escuelas privadas y en muchas de ellas, tanto parroquiales como laicas, la instrucción se impartía en inglés[15]. La estratificación social de acuerdo con el mayor o menor dominio de la lengua inglesa era una clara posibilidad, aunque todavía no se habían efectuado estudios al respecto entre la población de la isla.

El progreso en los niveles de escolarización y educación formal había sido uno de los principales lemas del desarrollo de Puerto Rico desde 1940. En 1980 se calculó que alrededor del 80 por 100 de la población de entre seis y dieciocho años de edad iba a la escuela[16]. La isla se jactaba de tener una de las proporciones más altas del mundo (el 40 por 100 en 1977) de habitantes de edad universitaria que asistían a instituciones de educación superior. Durante todo el decenio de 1940 y hasta los primeros años del de 1970 las universidades, y sobre todo el recinto principal de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (con unos 25.000 estudiantes matriculados en 1975), eran centros importantes y muy visibles de movimientos estudiantiles antiimperialistas e independentistas, que generalmente estaban en gran armonía con grupos políticos ajenos a la universidad y casi siempre se enfrentaban a una administración universitaria aliada con el gobierno, del cual dependía económicamente. Con la proliferación de colegios regionales dentro del sistema universitario estatal, el rápido crecimiento de las universidades privadas y la importancia cada vez mayor que se concedía a los estudios tecnológicos, había disminuido un poco la centralidad política y cultural del recinto principal de la Universidad de Puerto Rico como escenario de la resistencia a la «americanización». En 1976 por primera vez había más estudiantes matriculados en colegios universitarios privados y universidades privadas que en el sistema público (58.625 frente a 52.686). En 1984-1985 casi el 63 por 100 de todos los estudiantes universitarios de la isla asistían a instituciones privadas de enseñanza superior (97.549 de un total de 155.726 matriculados en universidades)[17]. El sistema educativo de Puerto Rico, comprometido con la cantidad y dividido en complejos niveles de instituciones públicas y privadas, parroquiales y laicas, institutos tecnológicos y escuelas de artes liberales de signo tradicional, era probablemente más un reflejo de los dilemas y las contradicciones de «americanización» que una fuente de posible resistencia a ella.

Puerto Rico afrontó los últimos años del siglo conservando intactos tanto sus dilemas coloniales como su desconcertante estatus. Su lugar en la comunidad internacional era incierto. Las Naciones Unidas, por medio de su Comisión de Descolonización, había expresado continuamente su interés por el problema pendiente del estatus, aun cuando en 1953 la Asamblea General absolvió a Estados Unidos de la obligación de informar anualmente sobre Puerto Rico como «territorio sin autogobierno»[18]. Los partidarios de la independencia buscaban activamente apoyo moral internacional para su causa. Durante los años cincuenta los gobiernos del Estado libre asociado trataron de incrementar el papel de Puerto Rico en el Caribe como entidad autónoma. Los intentos de esta clase no llegaron muy lejos debido a las dificultades inherentes a las restricciones que imponía la condición de Estado libre asociado y a la oposición de grandes sectores de la opinión pública de la isla a que se desempeñara tal papel autónomo. No obstante, los partidarios de la condición de Estado libre asociado insisten en que un Puerto Rico autónomo podría interpretar un papel más importante sin salirse de la estructura de Estado libre asociado[19].

A partir de 1985 la administración del PPD bajo Hernández Colón había procurado fomentar la expansión del papel industrial y comercial de Puerto Rico en el Caribe. Su estrategia consistía en estimular las «compañías de posesiones», crear fábricas de «planta gemela» e invertir en empresas cooperativas en otros países de la región con el fin de vincular las actividades de las citadas compañías con el plan «Caribbean Basin Initiative» de la administración Reagan. Al mismo tiempo, la administración puertorriqueña quería asegurarse de la permanencia de las beneficiosas concesiones fiscales «936», que, obviamente, sólo eran posibles bajo la «autonomía fiscal» que está implícita en el estatus actual de la isla. Así pues, esta estrategia se dirigió hacia el fortalecimiento de la condición de Estado libre asociado en lugar de hacia alguna modificación jurídica o formal de la misma. El acrecentamiento de la autonomía continuó existiendo como una especie de objetivo abstracto del PPD, un objetivo repetidamente aplazado.

Es posible que los dilemas y las contradicciones de la tortuosa versión puertorriqueña del problema de la descolonización continúen indefinidamente. Sean cuales sean sus muy especiales circunstancias, en todo caso no parece inminente la desaparición de Puerto Rico como país latinoamericano.

ABREVIATURAS

BLAR | Bulletin of Latin American Research
CEPAL | Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas
CHLA | Cambridge History of Latin America
CSSH | Comparative Studies in Society and History
HAHR | Hispanic American Historical Review
HALC | Historia de América Latina de Cambridge
HM | Historia Mexicana
JLAS | Journal of Latin American Studies
LAP | Latin American Perspectives
LARR | Latin American Research Review

ENSAYOS BIBLIOGRÁFICOS

1. México, c. 1930-1946

La mejor guía de la historia de México durante este período es la obra de varios volúmenes y varios autores Historia de la revolución mexicana, publicada por el Colegio de México, diez volúmenes de la cual abarcan el período 1928-1952. Los dos primeros, Lorenzo Meyer, Rafael Segovia y Alejandra Lajous, Los inicios de la institucionalización, México, D. F., 1978, y El conflicto social y los gobiernos del maximato, México, D. F., 1978, se ocupan, respectivamente, de la historia política y social del maximato de Calles. Cuatro volúmenes sucesivos abarcan la presidencia de Cárdenas: Luis González, Los artífices del cardenismo, México, D. F., 1979, describe la situación general; Los días del presidente Cárdenas, México, D. F., 1979, del mismo autor, capta hábilmente tanto los acontecimientos clave como el carácter del presidente; Alicia Hernández Chávez, La mecánica cardenista, México, D. F., 1979, ofrece un agudo análisis y una investigación original; y Victoria Lerner, La educación socialista, México, D. F., 1979, trata de la política de educación en el decenio de 1930. Los primeros en investigar la historia de los años cuarenta —período importantísimo pero relativamente poco estudiado— han sido Luis Medina, Del cardenismo al avilacamachismo, México, D. F., 1978; Bianca Torres Ramírez, México en la segunda guerra mundial, México. D. F., 1979; Luis Medina, Civilismo y modernización del autoritarismo, México, D. F., 1979; y Blanca Torres Ramírez, Hacia la utopía industrial, México, D. F. 1984. Rafael Loyola, coord., Entre la guerra y la estabilidad política: El México de los 40, México, D. F., 1986, es una valiosa colección de artículos sobre la política interior, las relaciones internacionales, la economía y la cultura durante la guerra. Stephen R. Niblo, The Impact of War: Mexico and World War Two, LaTrobe University, Institute of Latin American Studies, Occasional Paper, Melbourne, 1988, es un estudio sucinto y original, especialmente de las repercusiones socioeconómicas de la contienda.

La serie del Colegio, sin embargo, no ofrece ninguna interpretación general del cardenismo. Se encuentran interpretaciones de esta clase en Fernando Benítez, Lázaro Cárdenas y la revolución mexicana, vol. III, El cardenismo, México, D. F., 1978, que es convincente y comprensiva; Tzvi Medin, Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas, México, D. F., 1972, análisis razonable y equilibrado; Anatoli Shulgovski, México en la encrucijada de su historia, México, D. F., 1968, ejemplo insólitamente bueno de la historiografía soviética; y Nora Hamilton, The Limits of State Autonomy: Post-Revolutionary Mexico, Princeton, N. J., 1982 (hay trad. cast.: Los límites de la autonomía del Estado, Era, México, D. F., 1983), que sitúa el cardenismo en un contexto económico flexible. Dan una visión de las diferentes interpretaciones del cardenismo: Octavio Ianni, El estado capitalista en la época de Cárdenas, México, D. F., 1977; Arnaldo Córdova, La política de masas del cardenismo, México, D. F., 1974; Romana Falcón, «El surgimiento del agrarismo cardenista - Una revisión de las tesis populistas», HM, 27/3 (1978), pp. 333-386; Wayne A. Cornelius, «Nation building, participation, and distribution: The politics of social reform under Cárdenas», en Gabriel A. Almond y otros, eds., Crisis, Chotee and Change: Historical Studies of Political Development, Boston, 1973; Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, A la sombra de la revolución mexicana, México, D. F., 1989, cap. 4; y Liisa North y David Raby, «The dynamics of revolution and counter-revolution: Mexico under Cárdenas, 1934-40», Latín American Research Unit Studies (Toronto), 2/1 (1977), algunos de cuyos argumentos se desarrollan en Alan Knight, «Cardenismo: Juggernaut or Jalopy?», JLAS, 26/1 (1994), pp. 73-107.

Examinan el lugar del cardenismo dentro del proceso revolucionario general: Donald Hodges y Ross Gandy, Mexico 1910-1982: Reform or Revolution, Londres, 1983; Juan Felipe Leal, «The Mexican State, 1915-1973: A historical interpretation», LAP, 2/2 (1975), pp. 48-63; Alan Knight, «The Mexican Revolution: Bourgeois, Nationalist, or Just a “Great Rebellion”?», BLAR, 4/2 (1985), pp. 1-37; y Stuart F. Voss, «Nationalizing the Revolution: Culmination and circumstance», en Thomas Benjamín and Mark Wasserman, eds., Provinces of the Revolution: Essays on Regional Mexicam History, 1910-1929, Albuquerque, Nuevo México, 1990.

Más personalista es el planteamiento de: Nathaniel y Sylvia Weyl, The Reconquest of Mexico: The Years of Lázaro Cárdenas, Londres, 1939 (hay trad. cast.: Lázaro Cárdenas, demócrata mexicano, Gandesa, México, D. F., 1956), y William Cameron Townsend, Lázaro Cárdenas, Mexican Democrat, Ann Arbor, Mich., 1952, ambas un poco hagiográficas; pueden contrastarse con la obra crítica de Victoriano Anguiano Equihua, Lázaro Cárdenas, su feudo y la política nacional, México, D. F., 1951, que a su vez ha influido en Enrique Krauze, General misionero, Lázaro Cárdenas, México, D. F., 1987. Contrasta con estas fuentes analíticas e inclinadas a juzgar John W. F. Dulles, Yesterday in Mexico: A Chronicle of the Revolution, 1919-1936, Austin, 1961 (hay trad. cast.: Ayer en México: una crónica de la Revolución: 1919-1936, FCE, México, D. F., 1977), que ofrece una narración detallada de los primeros años treinta. Luis Suárez, Cárdenas: Retrato inédito, México, D. F., 1987, combina cartas y recuerdos de familia; las palabras y los escritos del propio Cárdenas también están reunidos en Epistolario de Lázaro Cárdenas, 2 vols., México, D. F., 1975, y Lázaro Cárdenas, Obras, I: Apuntes, 1913-1940, México, D. F., 1986. Entre las numerosas memorias y antologías políticas que hacen al caso están: Emilio Portes Gil, Quince años de política mexicana, México, D. F., 1954, y Luis L. León, Crónica del poder, México, D. F., 1987, ambas con información sobre la decadencia y la caída de Calles; Narciso Bassols, Obras, México, D. F., 1964, y Víctor Manuel Villaseñor, Memorias de un hombre de izquierda, vol. I, Del Porfiriato al cardenismo, México, D. F., 1976, dan puntos de vista izquierdistas.

Sobre la importantísima cuestión agraria, Eyler N. Simpson, The Ejido, Mexico’s Way Out, Chapel Hill, N. C., 1937, es un clásico compendio, pero su análisis se detiene c. de 1934; Nathan L. Whetten, Rural Mexico, Chicago, 1948, abarca todo el período. Armando Bartra, Los herederos de Zapata: Movimientos campesinos posrevolucionarios en México, 1920-80, México, D. F., 1985, ofrece una útil y breve perspectiva general de los movimientos campesinos desde la revolución, mientras que Lyle C. Brown, «Cárdenas: Creating a campesino power base for presidential policy», en George Wolfskill y Douglas W. Richmond, eds., Essays on the Mexican Revolution: Revisionist Views of the Leaders, Austin, Tex., 1979, hace hincapié en la continuación política del agrarismo. Hay gran número de excelentes estudios locales que arrojan luz sobre la reforma agraria (así como sobre la política local, el caciquismo y las relaciones entre los estados y el gobierno federal): Dudley Ankerson, Agrarian Warlord, Saturnino Cedillo and the Mexican Revolution en San Luis Potosí, DeKalb, 111., 1984 (hay trad. cast.: El caudillo agrarista, Gobierno del Estado de San Luis Potosí, México, D. F., s. f.); Raymond Buve, «State governors and peasant mobilisation in Tlaxcala», en D. A. Brading, ed., Caudillo and Peasant in the Mexican Revolution, Cambridge, 1980 (hay trad. cast.: Caudillos y campesinos en la revolución mexicana, FCE, México, D. F., 1985); Ann L. Craig, The First Agraristas: An Oral History of a Mexican Agrarian Reform Movement, Berkeley, 1983, que trata de Los Altos de Jalisco; Romana Falcón, Revolución y caciquismo: San Luis Potosí, 1910-1938, México, D. F., 1984; Romana Falcón y Soledad García Morales, La semilla en el surco, Adalberto Tejeda y el radicalismo en Veracruz, 18831960, México, D. F., 1986, tema del cual también se ha ocupado Heather Fowler Salamini, Agrarian Radicalism in Veracruz, 1920-1938, Lincoln, Nebr., 1971 (hay trad. cast.: Movilización campesina en Veracruz, 1920-1938, Siglo XX, México, D. F., 1979); Thomas Benjamin, A Rich land, A Poor People: Politics and Society in Modern Chiapas, Albuquerque, N. Méx., 1989 (hay trad. cast.: Chiapas: tierra rica, pueblo pobre: historia política y social, Grijalbo, México, D. F., 1995), caps. 7 y 8, y Antonio García de León, Resistencia y utopía, 2 vols., México, D. F., 1985, vol. 2, cap. 7 (estudios buenos, aunque opuestos, de Chiapas); Paul Friedrich, The Princes of Naranja: An Essay in Anthrohistorical Method, Austin, Tex., 1986 (hay trad. cast.: Los príncipes de Naranja, Grijalbo, México, D. F., 1992), que profundiza y amplía el anterior estudio del mismo autor sobre la comunidad radical michoacana de Naranja, Agrarian Revolt in a Mexican Village, Chicago, 1970 (hay trad. cast.: Revuelta agraria en una aldea mexicana, FCE, México, D. F., 1981). Geográficamente cerca pero lejano en lo que se refiere a la política está San José de Gracia, tema de Luis González, Pueblo en vilo: Microhistoria de San José de Gracia, México, D. F., 1968, trad., estudio clásico de una comunidad michoacana durante la longue durée que va de la conquista al decenio de 1960. Menos evocativa, pero más analítica es Tomás Martínez Saldana y Leticia Gándara Mendoza, Política y sociedad en México: el caso de los Altos de Jalisco, México, D. F., 1976, que abarca de la revolución al decenio de 1970. David Ronfeldt, Atencingo: The Politics of Agrarian Struggle in a Mexican Ejido, Stanford, Calif., 1973 (hay trad. cast.: Atencingo: La política de la lucha agraria en un ejido mexicano, FCE, México, D. F., 1975), describe el activismo y la politiquería agrarios en Puebla durante el mismo período; Frans J. Schryer, The Rancheros of Pisaflores: The History of a Peasant Bourgeoisie in Twentieth-Century Mexico, Toronto, 1980, es un estudio perceptivo de las tierras altas de Hidalgo; Arturo Warman, … Y venimos a contradecir: Los campesinos de Morelos y el Estado nacional, México, D. F., 1976, y Guillermo de la Peña, A Legacy of Promises: Agriculture, Politics and Ritual in the Morelos Highlands of Mexico, Austin, Tex., 1981 (hay trad. cast.: Herederos de promesas: agricultura, política y ritual en los Altos de Morelos, CIESAS, Tlalpan, México, D. F., 1980), analizan la experiencia posrevolucionaria de los paisanos de Zapata, los morelenses.

El importante asunto del conflicto y la expropiación de La Laguna lo ha analizado Clarence Sénior, Latid Reform and Democracy, Gainesville, Fia., 1958; Joe C. Ashby, Organized Labor and the Mexican Revolution under Lázaro Cárdenas, Chaper Hill, N. C., 1963; Iván Restrepo y Salomón Eckstein, La agricultura colectiva en México: La experiencia de La Laguna, México, D. F., 1975; y Barry Carr, «The Mexican Communist Party and agrarian mobilization in the Laguna, 1920-40: A worker-peasant alliance», HAHR, 62/3 (1987), pp. 371-404. De la ascensión y la caída de ejidos colectivos fuera de La Laguna habla Fernando Benítez, Ki: El drama de un pueblo y de una planta., México, D. F., 1962, que se ocupa de Yucatán; Susana Glantz, El ejido colectivo de Nueva Italia, México, D. F., 1974, sobre Michoacán; y Ronfeldt, Atencingo. Moisés González Navarro, La Confederación Nacional Campesina en la reforma agraria mexicana, México, D. F., 1985, proporciona una buena perspectiva general del movimiento campesino oficial desde el decenio de 1920 hasta la actualidad (véanse caps. 5-8).

Entre los estudios del movimiento obrero cabe citar Ashby, Organized Labor, Arturo Anguiano, El Estado y la política obrera del cardenismo, México, D. F., 1975, crítica izquierdista del cardenismo; Víctor Manuel Durand, La ruptura de la nación: Historia del movimiento obrero mexicano desde 1938 hasta 1952, México, D. F., 1986; y Pablo González Casanova, ed., La clase obrera en la historia de México, valiosa serie cuyos volúmenes relativos a este período son: Arnaldo Córdova, En una época de crisis (1928-1934), México, D. F., 1980; Samuel León e Ignacio Marván, El cardenismo (1934-1940), México, D. F., 1985; y Jorge Basurto, Del avilacamachismo al alemanismo (1940-1952), México, D. F., 1984. Federico Besserer, Victoria Novelo y Juan Luis Sariego, El sindicalismo minero en México, 1900-1952, México, D. F., 1983, es breve. Para los trabajadores ferroviarios, véase Ashby, Organized Labor, y Los ferrocarrileros hablan, Puebla, 1983, 3.a parte. Apenas se ha estudiado a los trabajadores no organizados —especialmente a los pobres de las ciudades—. Moisés González Navarro, La pobreza en México, México, D. F., 1985, es un estudio original que abarca desde la época colonial hasta la actualidad; el cap. 4 contiene datos sobre los decenios de 1930 y 1940.

Los mejores estudios del movimiento de los petroleros y la expropiación de 1938 son: Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-42), México, D. F.; Lorenzo Meyer e Isidro Morales, Petróleo y nación (1900-1987): La política petrolera en México, México, D. F., 1990; y Jonathan Brown y Alan Knight, eds., The Mexican Petroleum Industry in the Twentieth Century, Austin, Tex., 1992, con artículos sobre los petroleros, la importancia política e internacional de la expropiación y la historia de PEMEX después de 1938. E. David Cronon, Josephus Daniels in Mexico, Madison, Wis., 1960, analiza el importante papel del embajador de Estados Unidos, cuyas propias memorias aparecieron con el título de Shirt-sleeved Diplomat, Chapel Hill, N. C., 1947. Ofrecen perspectivas generales de las relaciones norteamericano-mexicanas: Howard Cline, The United States and Mexico, Nueva York, 1963; Karl M. Schmitt, Mexico and the United States, 1821-1973: Conflict and Coexistence, Nueva York, 1974; Josefina Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer, The United States and Mexico, Chicago, 1985 (hay trad. cast.: México frente a Estados Unidos: Un ensayo histórico, 1776-1988), FCE, México, D. F., 1989); y Alan Knight, U. S.-Mexican Relations, 1910-1940: An Interpretation, San Diego, 1987. El nacionalismo económico —causa principal de varios conflictos entre norteamericanos y mexicanos en el período de entreguerras— lo examina Alan Knight, «The political economy of revolutionary Mexico, 1900-1940», en Christopher Abel y Colín M. Lewis, eds., Latín America: Economic Imperialism and the State, Londres, 1985.

Sobre la política de la izquierda durante el período, véanse Manuel Márquez Fuentes y Octavio Rodríguez Araujo, El partido comunista mexicano (en el período de la Internacional Comunista, 1919-1943), México, D. F., 1973; Karl M. Schmitt, Communism in Mexico, A Study in Political Frustration, Austin, Tex., 1965; Amoldo Martínez Verdugo, ed., Historia del comunismo en México, México, D. F., 1985, caps. 4 y 5; y Arturo Anguiano, Guadalupe Pacheco y Rogelio Vizcaíno, Cárdenas y la izquierda mexicana, México, D. F., 1975. Describen la figura clave de Vicente Lombardo Toledano: Robert Paul Millón, Mexican Marxist - Vincente Lombardo Toledano, Chapel Hill, N. C., 1966, y Francie R. Chassen de López, Lombardo Toledano y el movimiento obrero mexicano (19171940), México, D. F., 1977, caps. 4-8. Un importante estudio sintético de la izquierda mexicana desde la revolución es Barry Carr, Marxism and Communism in Twentieth-Century Mexico, Lincoln, Nebr., 1992.

Para la evolución del partido oficial, primero el PNR, luego el PRM (finalmente el PRI), véanse el meticuloso estudio de Luis Javier Garrido, El Partido de la Revolución Institucionalizada: La formación del nuevo Estado en México (19281945), México, D. F., 1986, y Carmen Nava Nava, Ideología del Partido de la Revolución Mexicana, México, D. F., 1984. Analiza datos sobre la élite política Peter H. Smith, Labyrinths of Power: Political Recruitment in Twentieth-Century Mexico, Princeton, N. J., 1979 (hay trad. cast.: Los laberintos del poder: reclutamiento de las élites políticas en México, 1900-1971, El Colegio de México, México, D. F., 1981); para lo cual, véase también el compendio de Roderic A. Camp Mexican Political Biographies, 1935-75, Tucson, Ariz., 1975.

Flan estudiado bien la educación Lerner, La educación socialista; John A. Britton, Educación y radicalismo en México, México, D. F., 1976; Josefina Vázquez de Knauth, «La educación socialista de los años treinta», HM, 18/3 (1969), pp. 408-423; y David R. Laby, Educación y revolución social en México, 1921-1940, México, D. F., 1974. Entre varios estudios nuevos e importantes sobre la educación y la cultura merecen citarse Marjorie Becker, «Black and white and color: Cardenismo and the search for a campesino ideology», CSSH, 29 (1987), pp. 453-468, innovadora crítica revisionista del cardenismo; y, desde un punto de vista distinto, Mary Kay Vaughan, «La política comparada del magisterio en Puebla y Sonora en la época cardenista», Memoria, X Simposio de Historia de Sonora, Hermosillo, 1987, y de la misma autora, «Women school teachers in the Mexican revolution: The Story of Reyna’s braids», Journal of Women’s History, 2/1 (1990), pp. 143-168. Tómese también nota de la valiosa serie de historia oral del Museo Nacional de Culturas Populares, Los maestros y la cultura nacional, 5 vols., México, D. F., 1987.

Sobre el anticlericalismo, véase la sección final de Jean Meyer, La Cristiada, vol. 1, La guerra de los cristeros, México, D. F., 1973; y el importante estudio de un caso, Carlos Martínez Assad, El laboratorio de la revolución: El Labasco garridista, México, D. F., 1979. La resurgente derecha radical católica del decenio de 1930 la ha estudiado Jean Meyer, El sinarquismo, un fascismo mexicano?, México, D. F., 1979; para análisis más antiguos y antagónicos, véanse Whetten, Rural Mexico, cap. 20, y Mario Gilí, El sinarquismo: Su origen, su esencia, su misión, México, D. F., 1944. Hugh G. Campbell, La derecha radical en México, 1929-49, México, D. F., 1976, analiza tanto la derecha radical católica como la seglar. B. von Mentz, V. Radkau, D. Spenser y R. Pérez Montfort, Los empresarios alemanes, el Tercer Reich y la oposición derecha a Cárdenas, 2 vols., México, D. F., 1988, es una colección valiosa cuyo primer volumen analiza la presencia económica alemana en el México del siglo XX; el segundo, las repercusiones del nazismo; para la guerra, véase también Friedrich Schuler, «Alemania, México y los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial», Secuencia, 1 (1987), pp. 173-186. T. G. Powell, Mexico and the Spanish Civil War, Albuquerque, N. Méx., 1981, examina el aspecto de la política exterior que más agitación causó en la política nacional; sobre ésta, véase también Patricia W. Fagen, Exiles and Citizens: Spanish Republicans in Mexico, Austin, Tex., 1973 (hay trad. cast.: Transterrados y ciudadanos: los republicanos españoles en México, FCE, México, D. F., 1975). El mejor estudio de la revuelta de Cedillo en 1938 es Carlos Martínez Assad, Los rebeldes vencidos, México, D. F., 1990; mientras Alex M. Saragoza, The Monterrey Elite and the Mexican State, 18801940, Austin, Tex., 1988, cap. 8, analiza la eficaz resistencia que la burguesía de Monterrey opuso al cardenismo. Estas diversas corrientes confluyeron en las polémicas elecciones presidenciales de 1940, que se comentan en Ariel José Contreras, México, 1940: Industrialización y crisis política, México, D. F., 1977, y Albert L. Michael, «The crisis of Cardenismo», JLAS, 2/1 (1970), pp. 51-79.

La política general y presupuestaria del gobierno durante los años treinta y cuarenta se estudia en James W. Wilkie, The Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social Change since 1910, Berkeley, 1970 (hay trad. cast.: La Revolución mexicana: 1910-1976: gasto federal y cambio social, FCE, México, D. F., 1978); sobre ello, véase también Dan A. Cothran, «Budgetary secrecy and policy strategy: Mexico under Cárdenas», Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 2/1 (1986), pp. 35-58. Las tendencias económicas pueden seguirse en Clark W. Reynolds, The Mexican Economy: Twentieth-Century Structure and Growth, New Haven, Conn., 1970 (hay trad. cast.: La economía mexicana: su estructura y crecimiento en el siglo XX, FCE, México, D. F., 1973), y Leopoldo Solís, La realidad económica mexicana: Retrovisión y perspectivas, México, D. F., 1970. Los mejores análisis de la industrialización de sustitución de importaciones en los años treinta son los de Enrique Cárdenas: «The Great Depression and industrialization: The case of Mexico», en Rosemary Thorp., ed., Latín America in the 1930s: The Role of the Periphery in World Crisis, Londres, 1984, pp. 222-241 (hay trad. cast.: América Latina en los años treinta: El papel de la periferia en la crisis mundial, FCE, México, D. F., 1988), y La industrialización de México durante la gran depresión, México, D. F. 1987. Stephen H. Haber, Industry and Underdevelopment: The Industrialization of Mexico, 1890-1940, Stanford, Calif., 1989 (hay trad. cast.: Industria y subdesarrollo: La industrialización de México 1890-1940, México, D. F., 1992), concluye un estudio innovador con el decenio de 1930 (cap. 10), mientras Sanford A. Mosk, Industrial Revolution in Mexico, Berkeley, 1954, se centra en la industrialización durante la guerra. El comercio lo examina Timothy King, Mexico: Industrialization and Trade Policies since 1940, Londres, 1970; la minería, Marvin D. Bernstein, The Mexican Mining Industry, 1890-1950, Nueva York, 1964; la agricultura, Cynthia Hewitt de Alcántara, The Modernizaron of Mexican Agriculture: Socio-economic Implications of Technological Change, 1940-1970, Ginebra, 1976 (hay trad. cast.; La modernización de la agricultura mexicana: 1940-1970, Siglo XXI, D. F., México, 1978), y Steven E. Sanderson, Agradan Populism and the Mexican State: The Struggle for Land in Sonora, Berkeley, 1981, que combinan el análisis general con el estudio de casos del estado de Sonora.

Una buena perspectiva general de las tendencias culturales en el período aparece en Carlos Monsiváis, «Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX», en Daniel Cosío Villegas, ed., Historia general de México, tomo IV, México, D. F., 1976 (véase también la aportación de Monsiváis a Loyola, ed., Entre la guerra y la estabilidad política). Se ocupa del cine Cari J. Mora, Mexican Cinema: Reflections of a Society, 1896-1980, Berkeley, 1982, caps. 2 y 3. La historia de la mujer mexicana va haciendo progresos, especialmente en campos concretos (como la educación); Dawn Keremetsis, «Del metate al molino, la mujer mexicana de 1910 a 1940», HM, 32/2 (1983), pp. 285-302, y Anna Macías, Against All Odds, Westport, Conn., 1982, cap. 6, ofrecen síntesis amplias.

Finalmente, entre las crónicas de testigos presenciales extranjeros durante los años treinta y hasta mediados de los cuarenta citaremos: Graham Greene, The Lawless Roads, Londres, 1939 (hay trad. cast.: Caminos sin ley, Criterio, Buenos Aires, 1953), opúsculo anticlerical; Evelyn Waugh, Robbery Under Law: The Mexican Object Lesson, Londres, 1939, diatriba contra la expropiación del petróleo; Frank L. Kluckhohn, The Mexican Challenge, Nueva York, 1939, obra de un periodista que critica la política cardenista; R. H. K. Marett, An Eye-witness of Mexico, Londres, 1939, y Virginia Prewett, Reportage on Mexico, Nueva York, 1941, que son bastante más neutrales; y Betty Kirk, Covering the Mexican Front, Norman, Okla., 1942, que hace hincapié en la amenaza del Eje. A pesar de ser partidistas y con frecuencia poco de fiar, estas obras al menos prestan atención a los asuntos políticos y sociales del momento. En cambio, las obras de los testigos presenciales de finales de los cuarenta y los cincuenta tienden a ser anodinas crónicas de viaje, lo cual demuestra que la idea que se tenía de México ya no era la de un conflictivo nido de bandidaje y bolchevismo, sino más bien la de un tranquilo lugar de turismo y tequila.

2. México, 1946-c. 1990

No existe aún una historiografía extensa sobre México en el período posterior a 1946, lo cual se debe tanto al poco tiempo transcurrido desde entonces como a la falta de acontecimientos épicos. Tampoco existe una antigua tradición de memorias de políticos o personajes públicos, aunque puede que esté en una fase incipiente. Para una perspectiva general, véase Michael C. Meyer y William L. Sherman, The Course of Mexican History, Nueva York, 1991⁴. Entre los estudios interpretativos de la política mexicana están Daniel Levy y Gabriel Székely, Mexico: Paradoxes of Stability and Change, Boulder, Colo., 1983, ed. rev. 1987 (hay trad. cast.: Estabilidad y cambio: Paradojas del sistema político mexicano, El Colegio de México, México, D. F., 1985); Roberto Newell y Luis Rubio, Mexico’s Dilemma: The Political Origins of Economic Crisis, Boulder, Colo., 1984; y Roderic A. Camp, ed., Mexico’s Political Stability: The Next Five Years, Boulder, Colo., 1986. La crónica periodística de Alan Riding, Distant Neighbors: A Portrait of the Mexicans, Nueva York, 1985 (hay trad. cast.: Vecinos distantes, J. Mortiz-Planeta, México, D. F., 1985), es informativa pero muy polémica. Entre los análisis anteriores se cuentan José Luis Reina y Richard S. Weinert, eds., Authoritarianism in Mexico, Filadelfia, 1977, y Miguel Basáñez, La lucha por la hegemonía en México, 1968-1980, México, D. F., 1981.

Obras clásicas de autores norteamericanos sobre el sistema político son Robert E. Scott, Mexican Government in Transition, Urbana, 111., 1958 y 1964²; Frank R. Brandenburg, The Making of Modern Mexico, Englewood Cliffs, N. J., 1964; L. Vincent Padgett, The Mexican Political System, Boston, 1966, ed. rev. 1976; Kenneth F. Johnson, Mexican Democracy: A Critical View, Boston, 1971; 3.a ed. rev. 1984; Nora Hamilton, The Limits of State Autonomy: Post-Revolutionary Mexico, Princeton, N. J., 1982 (hay trad. cast.: Los límites de la autonomía del Estado, Era, México, D. F., 1983); Judith Hellman, Mexico in Crisis, Nueva York, 1983; y John J. Bailey, Governing Mexico, The Statecraft of Crisis Management, Nueva York, 1988. Aparecen perspectivas mexicanas en Rolando Cordera y Carlos Tello, La disputa por la nación, México, D. F., 1981; Enrique Krauze, Por una democracia sin adjetivos, México, D. F., 1986; Jorge Castañeda, México: El futuro en juego, México, D. F., 1987; Soledad Loaeza y Rafael Segovia, eds., La vida política mexicana en crisis, México, D. F., 1987; Héctor Aguilar Camín, Después del milagro, México, D. F., 1988; Pablo González Casanova y Jorge Cadena Roa, eds., Primer informe sobre la democracia: México 1988, México, D. F., 1988; Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, A la sombra de la revolución mexicana, México, D. F., 1990; y Miguel Basáñez, El pulso de los sexenios: 20 años de crisis, México, D. F., 1990. Entre los estudios de economía política cabe citar Raymond Vemon, The Dilemma of Mexico’s Development: The Role of the Private and Public Sectors, Cambridge, Mass., 1963 (hay trad. cast.: El dilema del desarrollo económico de México, Diana, México, D. F., 1989), y Roger D. Hansen, The Politics of Mexican Development, Baltimore, 1971 (hay trad. cast.: La política del desarrollo mexicano. Siglo XXI, México, D. F., 1973). Una interpretación clásica del régimen también aparece en Pablo González Casanova, Democracy in Mexico, trad. de Danielle Salti, Nueva York, 1970 (hay varias eds. en cast.: La democracia en México, Era, México, D. F., 1979"). Sobre la formación de las élites políticas, véanse Peter H. Smith, Labyrinths of Power: Political Recruitment in Twentieth-Century Mexico, Princeton, N. J., 1979 (hay trad. cast.: Los laberintos del poder: reclutamiento de las élites políticas en México, 1900-1971, El Colegio de México, México, D. F., 1981), y Roderic A. Camp, Mexico’s Leaders: Their Education and Recruitment, Tucson, Ariz., 1980 (hay trad. cast.: Líderes políticos de México, su educación y reclutamiento, FCE, México, D. F., 1983). Sobre las élites empresariales, véanse Alex Saragoza, The Monterrey Elite and the Mexican State, Austin, Tex., 1988; Roderic A. Camp, Entrepreneurs and Politics in Twentieth-Century Mexico, Nueva York, 1989 (hay trad. cast.: Los empresarios y la política en México: una visión contemporánea, FCE, México, D. F., 1990); y Sylvia Maxfield, Governing Capital: International Finance and Mexican Politics, Ithaca, N. Y., 1990. Lo poco que sabemos sobre el ejército contemporáneo está en David Ronfeldt, ed., The Modern Mexican Military: A Reassessment, La Jolla, Calif., 1984, y Roderic A. Camp, Generáis in the Palacio, Nueva York, 1992. Se encuentran elementos esenciales para el estudio en Roderic Camp, ed., Mexican Political Biographies, 1935-1975, Tucson, Ariz., 1976, y Presidencia de la República, Diccionario biográfico del gobierno mexicano, México, D. F., 1984 y 1989.

Para la especulación y el análisis de la sucesión presidencial, véanse Roderic A. Camp, «Mexican presidential candidates: Changes and portents for the future», Polity, 16/4 (1984); Daniel Cosío Villegas, La sucesión presidencial, México, D. F., 1975; y Francisco José Paoli, El cambio de presidente, México, D. F., 1981. El gabinete del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se examina con gran atención en Luis del Villar, Los que mandan: lo desconocido del gabinete de Salinas, México, D. F., 1990. Sobre las elecciones, véanse Arturo Al varado, ed., Electoral Patterns and Perspectives in Mexico, La Jolla, Calif., 1987; ensayos de Kevin J. Middlebrook, Juan Molinar Horcasitas y Wayne A. Comelius, en Paul W. Drake y Eduardo Silva, eds., Elections and Democratization in Latín America, 1980-1985, La Jolla, Calif., 1986; y Jaime González Graf, Las elecciones de 1988 y la crisis del sistema político, México, D. F., 1989. Un análisis amplio de las fuerzas y las perspectivas políticas aparece en Wayne A. Cornelius, Judith Gentleman y Peter H. Smith, eds., Mexico’s Alternative Political Futures, La Jolla, Calif., 1989.

Fruto de una labor innovadora sobre el período que va de la segunda guerra mundial a 1960 ha sido una serie de estudios que llevó a cabo un equipo de investigadores del Colegio de México y que se han publicado bajo el título general de Historia de la revolución mexicana. Forman parte de dicha serie; Luis Medina, Civilismo y modernización del autoritarismo, México, D. F., 1979, para el período 1940-1952, Olga Pellicer y José Luis Reyna, El afianzamiento de la estabilidad política, México, D. F., 1978, y Olga Pellicer de Brody y Esteban L. Mancilla, El entendimiento con los Estados Unidos y la gestación del desarrollo estabilizador, México, D. F., 1978, que abarcan el período 1952-1960. Entre otras obras que tratan de este período, véase James W. Wilkie, The Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social Change since 1910, Berkeley y Los Ángeles, 1967 (hay trad. cast.: Los empresarios y la política en México: una visión contemporánea, FCE, México, D. F., 1990). El ilustrativo estudio de un caso del período de López Mateos (1958-1964) se encuentra en Susan Kaufman Purcell, The Mexican Profit-Sharing Decisión: Politics in an Authoritarian Regime, Berkeley y Los Ángeles, 1975. Sobre el sexenio de López Portillo (1976-1982), véanse Gabriel Székely, La economía política del petróleo en México, 1976-1982, México, D. F., 1983, y Carlos Tello, La nacionalización de la banca, México, D. F., 1984. Fuente singular de información sobre la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988) es la publicación anual de la Unidad de la Crónica Presidencial, Presidencia de la República, Crónica del sexenio: Las razones y las obras: Gobierno de Miguel de la Madrid. Una descripción convincente de la crisis de 1982 aparece en Joseph Kraft. The Mexican Rescue, Nueva York, 1984: para una perspectiva amplia, véase William R. Cline, ed., International Debt and the Stability of the World Economy, Washington, D. C., 1983. También es notable Rosario Green, La deuda externa de México de 1973 a 1988: De la abundancia a la escasez de créditos, México, D. F., 1989.

Entre los estudios importantes de la política económica pueden citarse Clark W. Reynolds, The Mexican Economy: Twentieth-Century Structure and Growth, New Haven, Conn., 1970 (hay trad. cast.: La economía mexicana: su estructura y crecimiento en el siglo XX, FCE, México, D. F., 1973), y su conocido artículo interpretativo «Why Mexico’s “stabilizing development” was actually destabilizing (with some implications for the future)», World Development, 6/7-8 (1978); Leopoldo Solís, Economic Rolicy Reform in Mexico: A Case Study for Developing Countries, Nueva York, 1981; David Barkin, Distorted Development: Mexico in the World Economy, Boulder, Colo., 1990 (hay trad. cast.: Un desarrollo distorsionado, Siglo XXI, México, D. F., s. f.); y Dwight L. Brothers y Adele E. Wick, eds., Mexico’s Search for a New Development Strategy, Boulder, Colo., 1990. Sobre la inversión extranjera, véanse Bernardo Sepúlveda y Antonio Chumacera, La inversión extranjera en México, México, D. F., 1973; Gary Gereffi, The Pharmaceutical Industry and Dependency in the Third World, Princeton, N. J., 1983 (hay trad. cast.: Industria farmacéutica y dependencia en el Tercer Mundo, FCE, México, D. F., 1986); Douglas C. Bennett y Kenneth E. Sharpe, Transnational Corporation versus the State: The Political Economy of the Mexican Automobile Industry, Princeton, N. J., 1985; y Harley Shaiken y Stephen Herzenberg, Automobiles and Global Production: Automobile Engine Production in Mexico, the United States, and Cañada, La Jolla, Calif., 1987. La evolución de la industria del petróleo se estudia en Lorenzo Meyer e Isidro Morales, Petróleo y nación (1900-1987): La política petrolera en México, México, D. F., 1990. Para tratamientos generales de la agricultura mexicana, véanse Cynthia Hewitt de Alcántara, The Modernization of Mexican Agriculture: Socio-economic Implications of Technological Change, 1940-1970, Ginebra, 1976 (hay trad. cast.: La modernización de la agricultura mexicana: 1940-1970, Siglo XXI, México, D. F., 1978); Armando Bartra, La explotación del trabajo campesino por el capital, México, D. F., 1979; Gustavo Esteva, La batalla en el México rural, México, D. F., 1980; Paul Lamartine-Yates, Mexico’s Agricultural Dilemma, Tucson, Ariz., 1981; David Barkin y Blanca Suárez, El fin de la autosubsistencia alimentaria, México, D. F., 1982; y Susan Sanderson, Land Reform in Mexico: 1910-1980, Orlando, Fia., 1984. Merilee S. Grindle proporciona un análisis perceptivo del plan de desarrollo «integrado» de Echeverría en Bureaucrats, Politicians, and Peasants in Mexico: A Case Study in Public Policy, Berkeley y Los Ángeles, 1977. Sobre la política de la administración López Portillo, véanse Cassio Luiselli Fernández, The Route to Food Selfsufficiency in Mexico: Interactions with the U. S. Food System, La Jolla, Calif., 1985, y Jonathan Fox, «The political dynamics of reform: The case of the Mexican food system, 1980-1982», tesis de doctorado inédita, Massachusetts Institute of Technology, 1986.

Sobre el movimiento campesino, véase Moisés González Navarro, La Confederación Nacional Campesina: Un grupo de presión en la reforma agraria mexicana, México, D. F., 1968, y sobre las actitudes políticas en el campo, véase Carlos Salinas de Gortari, Political Participation, Public Investment, and Support for the System: A Comparative Study of Rural Communities in Mexico, La Jolla, Calif., 1982 (hay trad. cast.: Producción y participación política en el campo, FCE, México, D. F., 1982). Sobre las respuestas y los movimientos sociales, véanse Arturo Warman, … Y venimos a contradecir: los campesinos de Morelos y el Estado nacional, Secretaría de Educación Pública, México, D. F., 1976; Lourdes Arizpe, La migración por relevos y la reproducción social del campesinado, México, D. F., 1980; Guillermo de la Peña, A Legacy of Promises: Agriculture, Politics and Ritual in the Morelos Highlands of Mexico, Austin, Tex., 1981 (hay trad. cast.: Herederos de promesas: agricultura, política y ritual en los Altos de Morelos, CIES AS, México, D. F., 1980); Stefano Várese, Proyectos étnicos y proyectos nacionales, México, D. F., 1983; Luisa Paré, El proletariado agrícola de México, México, D. F., 1985; y Adriana López Monjardin, La lucha por los ayuntamientos, México, D. F., 1986. Para perspectivas generales de carácter analítico y comparativo, véanse Joe Foweraker y Ann L. Craig, eds., Popular Movements and Social Change in Mexico, Boulder, Colo., 1990, y Mercedes González de la Rocha y Agustín Escobar Latapí, eds., Social Responses to Mexico’s Economic Crisis of the 1980s, La Jolla, Calif., 1991.

Los puntos de vista políticos y los recursos de los inmigrantes que vivían en los barrios bajos son el tema de Wayne A. Comelius, Politics and the Migrant Poor in Mexico City, Stanford, Calif., 1975 (hay trad. cast.: Los inmigrantes pobres en la ciudad de México y la política, FCE, México, D. F., 1980), y Susan Eckstein, The Poverty of Revolution: The State and the Urban Poor in Mexico, Princeton, N. J., 1977 (hay trad. cast.: El Estado y la pobreza urbana en México, Siglo XXI, México, D. F., 1982). Entre los estudios notablemente escasos del movimiento obrero están Kevin Jay Middlebrook, «The political economy of Mexican organized labor, 1940-1978», tesis de doctorado inédita, Universidad de Harvard, 1982, y César Zarzueta y Ricardo de la Peña, La estructura del Congreso del Trabajo: Estado, trabajo y capital en México: Un acercamiento al tema, México, D. F., 1984. Aportaciones valiosas a este campo son Ian Roxborough, Unions and Politics in Mexico: The Case of the Automobile Industry, Cambridge, 1984; Pablo González Casanova, ed., La clase obrera en la historia de México, México, D. F., 1980, vols. 11-15; Raúl Trejo Delarbre, Crónica del sindicalismo en México (1976-1988), México, D. F., 1990; y Kevin J. Middlebrook, ed., Unions, Workers, and the State in Mexico, La Jolla, Calif., 1991.

Donald J. Mabry ofrece una amplia interpretación de la política en las universidades en The Mexican University and the State: Student Conflicts, 19101971, College Station, Tex., 1982, y Daniel C. Levy analiza el panorama de la posguerra en University and Government in Mexico: Autonomy in an Authoritarian System, Nueva York, 1980. Para material convincente sobre el movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco, véanse Ramón Ramírez, El movimiento estudiantil de México: Julio-diciembre de 1968, 2 vols., México, D. F., 1969; Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, México, D. F., 1971; y Sergio Zermeño, México, una democracia utópica: El movimiento estudiantil del 68, México, D. F., 1978.

Fuentes clásicas sobre la política exterior de México son los estudios magistrales de Mario Ojeda, Alcances y límites de la política exterior de México, México, D. F., 1976, y México: El surgimiento de una política exterior activa, México, D. F., 1986. Sobre acontecimientos más recientes, véase Sergio Aguayo y Bruce M. Bagley, eds.. En busca de la seguridad perdida: Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana, México, D. F., 1990. Sobre las relaciones con Estados Unidos, véanse Josefina Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer, The United States and Mexico, Chicago, 1986 (hay trad. cast.: México frente a Estados Unidos: Un ensayo histórico, 1776-1988), FCE, México, D. F., 1989); Carlos Vásquez y Manuel García y Griego, eds., Mexican-U. S. Relations: Conflict and Convergence, Los Angeles, 1983; Clark Reynolds y Carlos Tello, eds., U. S.-Mexican Relations: Social and Economic Aspects, Stanford, Calif., 1983 (hay trad. cast.: Las relaciones México-Estados Unidos, FCE, México, D. F., 1981); George W. Grayson, The United States and Mexico: Patterns of influence, Nueva York, 1984, así como la posterior obra de Grayson, OH and Mexican Foreign Policy, Pittsburgh, Pa., 1988. De entre el aluvión de libros que salieron alrededor de la sucesión presidencial de 1988 destacan Robert A. Pastor y Jorge Castañeda, Limits to Friendship: The United States and Mexico, Nueva York, 1988 (hay trad. cast.: Límites en la amistad: México y Estados Unidos, J. Mortiz-Planeta, México, D. F., 1989); Susan Kaufman Purcell, ed., Mexico in transition: Implications for U. S. Policy, Nueva York, 1988; y el informe de la Bilateral Commission on the Future of United States-Mexican Relations, The Challenge of Interdependence: Mexico and the United States, Lanham, Md., 1988 (hay trad. cast.: Retos de las relaciones entre México y Estados Unidos, FCE, México, D. F., 1989), que fue el origen de la publicación de Rosario Green y Peter H. Smith, eds., Dimensions of United States-Mexican Relations, 5 vols., La Jolla, Calif., 1989-1990. Para una perspectiva seria del problema del tráfico de drogas, véase Sergio García Ramírez, Narcotráfico: Un punto de vista mexicano, México, D. F., 1989, y sobre el incipiente asunto del libre comercio del decenio de 1990, véase Gustavo Vega Cánovas, ed., México ante el libre comercio con América del Norte, México, D. F., 1991.

3. Cuba, c. 1930-1959

Se encuentran valiosos capítulos sobre Cuba que abarcan el período comprendido entre el machadato y la revolución en los siguientes estudios generales: Hugh Thomas, Cuba or The Pursuit of Freedom, Londres, 1971 (hay trad. cast.: Cuba: La lucha por la libertad, 1762-1970, 3 vols., Grijalbo, Barcelona, 1973); Jaime Suchlicki, Cuba: From Columbus to Castro, Washington, D. C., 1990; Jorge Domínguez, Cuba: Order and Revolution, Cambridge, Mass., 1978; Louis A. Pérez, Jr., Cuba: Between Reform and Revolution, Nueva York, 1988; y Ramón E. Ruiz, Cuba: The Making of a Revolution, Amherst, Mass., 1968 (hay trad. cast.: Cuba: génesis de una revolución, Noguer, Barcelona, 1972). Entre los mejores estudios históricos que se han publicado en Cuba se cuentan Óscar Pinto Santos, Historia de Cuba: Aspectos fundamentales, La Habana, 1964; Julio E. Le Riverend, Historia de Cuba, La Habana, 1973, y Ministerio de Fuerzas Armadas Revolucionarias, Historia militar de Cuba, La Habana, s. f. Una historia completa de Cuba son los diez volúmenes de la obra escrita en colaboración y supervisada por Ramiro Guerra Sánchez, Historia de la nación cubana. La Habana, 1952. También tienen cierta utilidad la obra en tres volúmenes de Emeterio S. Santovenia y Raúl M. Shelton, Cuba y su historia, Miami, 19663, y el estudio en cinco volúmenes de José Duarte Oropesa Historiología cubana, s. 1., 1969-1970, así como Calixto C. Masó, Historia de Cuba, Miami, 1976, y Carlos Márquez Sterling, Historia de Cuba, desde Colón hasta Castro, Nueva York, 1963. La antología en dos volúmenes publicada bajo los auspicios del Grupo de Estudios Cubanos de la Universidad de La Habana, La república neocolonial, La Habana, 1975-1979, trata expertamente de diversos temas entre los cuales se hallan el trabajo, la historia económica, las fuerzas armadas y la sociedad revolucionaria ABC. Otra antología útil que se ocupa del período prerrevolucionario es la reimpresión de Robert Freeman Smith, ed., Background to Revolution, Huntington, N. Y., 1979. Wyatt MacGaffey y Clifford R. Barnett, Twentieth-Century Cuba, Nueva York, 1965, valiosísima obra de consulta, contiene abundantes datos sobre acontecimientos sociales, económicos, políticos y culturales en la isla. Se utilizó un formato parecido en el volumen publicado por la Foreign Area Studies of American University, Cuba, a Country Study, Washington, D. C., 1985². Tiene cierto valor general Jaime Suchlicki, Historical Dictionary of Cuba, Metuhen, N. J., 1988. Otra obra de consulta útil, en particular por su abundancia de datos estadísticos, es José Álvarez Díaz y otros, A Study on Cuba, Coral Gables, Fia., 1965. La compilación estadística más útil de que disponemos es Susan Schroeder, Cuba: A Handbook of Historical Statistics, Boston, 1982.

Luis E. Aguilar, Cuba 1933: Prologue to Revolution, Ithaca, N. Y., 1972, sigue siendo una de las crónicas más equilibradas y sensatas del machadato y el tumulto revolucionario del decenio de 1930. Para estos años, véase también Louis A. Pérez, Jr., Cuba Under the Platt Amendment, 1902-1934, Pittsburgh, Pa., 1986. El estudio más completo de los acontecimientos de 1933, que incluye un extenso tratamiento de los años veinte, está en la obra en tres volúmenes de Lionel Soto, La revolución del 33, La Habana, 1977. Un estudio excelente del eclipse del movimiento revolucionario de los años treinta se encuentra en José A. Tabares del Real, La revolución del 30: Sus dos últimos años, La Habana, 1975’. También es útil Enrique de la Osa, Crónica del año 33, La Habana, 1989. De especial utilidad son las crónicas en primera persona de los participantes en los acontecimientos del decenio de 1930. La segunda edición de Ricardo Adam y Silva, La gran mentira: 4 de septiembre de 1933, Miami, 1986, es una crónica detallada de la «revuelta de los sargentos» escrita por un ex oficial del ejército. La crónica de un oficial contrario al gobierno se encuentra en Emilio Laurent, De oficial a revolucionario, La Habana, 1941. Justo Carrillo, Cuba 1933: estudiantes, yanquis y soldados, Miami, 1985, es un importante libro de memorias del gobierno de los cien días contadas por uno de los principales participantes estudiantiles. Si se utiliza con cuidado, Gerardo Machado, Memorias: Ocho años de lucha, Miami, 1982, proporciona una importante visión interior de los últimos años veinte y primeros treinta. Memorias más antiguas siguen teniendo valor. Un consejero de Machado, Alberto Lamar Schweyer, describe los últimos días del régimen en Cómo cayó el presidente Machado, Madrid, 1941. El secretario de la guerra en el gobierno Céspedes, Horacio Ferrer, trata de los acontecimientos de 1933 en capítulos clave de sus memorias, Con el rifle al hombro. La Habana, 1950. Una útil crónica periodística, en primera persona, de 1933 se encuentra en M. Franco Varona, La revolución del 4 de septiembre, La Habana, 1934. Una crónica especialmente útil, en primera persona, de la política de Estados Unidos con el gobierno Machado durante los primeros años treinta se encuentra en el libro del embajador Harry Guggenheim The United States and Cuba, Nueva York, 1934.

El tratamiento del período comprendido entre los años treinta y los cincuenta es desigual. Raymond Leslie Buell y otros, Problems of the New Cuba, Nueva York, 1935 (hay trad. cast.: Problemas de la nueva Cuba: informe de la Comisión de Asuntos Cubanos, Cultural, La Habana, 1935), sigue siendo un hito entre los estudios de Cuba durante el decenio de 1930 y se ocupa de virtualmente todos los aspectos de la vida nacional, provincial y municipal. Report on Cuba, Baltimore, 1951, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se parece en su planteamiento y su alcance, y abarca los años cuarenta y primeros cincuenta. De carácter similar, pero distinto en sus detalles, es Carlos M. Raggi Ageo, Condiciones económicas y sociales de la República de Cuba, La Habana, 1944. En conjunto, estos tres estudios son obras de consulta indispensables para el período. Samuel Farber, Revolution and Reaction in Cuba, 1933-1960, Middletown, Conn., 1976, es un estudio excelente que abarca el período que va de los años treinta a los cincuenta. Una útil crónica periodística de los mismos años es Ruby Hart Phillips, Cuba: Island of Paradox, Nueva York, 1959. La política nacional correspondiente a este período es objeto de un buen estudio en Ramón de Armas y otros, Los partidos burgueses en Cuba neocolonial, 1899-1952, La Habana, 1985. Enrique Vignier y Guillermo Alonso, La corrupción política y administrativa en Cuba, 1944-1952, La Habana, 1952, es una historia documental de los años del Auténtico. También es de cierta utilidad para este período la biografía escrita por Luis Conte Agüero, Eduardo Chibás, el adalid de Cuba, México, D. F., 1955. En conjunto, sin embargo, se ha prestado poca atención al decenio de 1940.

No ocurre lo mismo en el caso del decenio de 1950. Las publicaciones que tratan de la lucha revolucionaria contra Batista son numerosas. La mayoría de las monografías se ocupan específicamente de los aspectos político-militares de la lucha contra Batista. Entre las mejores crónicas en lengua inglesa están Ramón Bonachea y Marta San Martín, The Cuban lnsurrection, Nueva Brunswick, N. J., 1974; Herbert L. Matthews, Revolution in Cuba, Nueva York, 1975; Robert Taber, M-26, Biography of a Revolution, Nueva York, 1961; C. Fred Judson, The Political Education of the Cuban Rebel Army, 1953-1963, Boulder, Colo., 1984; y Mario Llerena, The Unsuspected Revolution, Ithaca, N. Y., 1986. Una de las crónicas más detalladas y conmovedoras de la lucha revolucionaria se concentra en los últimos meses de la guerra; John Dorscher y Roberto Fabricio, The Winds of December, Nueva York, 1980. Rolando E. Bonachea y Nelson P. Valdés, Revolutionary Struggle, 1947-1958, Cambridge, Mass., 1972, proporciona los textos de los principales discursos y artículos de Fidel Castro. Una de las obras más exhaustivas sobre el decenio de 1950 es José Barbeito, Realidad y masificación: Reflexiones sobre la revolución cubana, Caracas, 1964. José Suárez Núñez, El gran culpable, Caracas, 1963, y José A. Tabares del Real, Ensayo de interpretación de la revolución cubana, La Paz, 1960, también son útiles para el decenio de 1950. Entre las mejores crónicas de estos años publicadas en Cuba se encuentran Luis Emiro Valencia, Realidad y perspectivas de la revolución cubana. La Habana, 1961; Mario Mencía, La prisión fecunda, La Habana, 1980; y Tomás Toledo Batard, La toma del poder. La Habana, 1989. Para versiones gubernamentales en primera persona de estos años, véanse Fulgencio Batista, Cuba Betrayed, Nueva York, 1962; Florentino Rosell Ley va, La Verdad, Miami, 1960; y Esteban Ventura Novo, Memorias, México, D. F., 1961.

Numerosas biografías de Fidel Castro también aportan crónicas valiosas de estos años. Entre las más útiles se encuentran Herbert Matthews, Fidel Castro, Nueva York, 1969; Lionel Martin, The Early Fidel: Roots of Castro’s Communism, Secaucus, N. J., 1978 (hay trad. cast.: El joven Fidel: los orígenes de su ideología comunista, Grijalbo, Barcelona, 1982); Peter G. Bourne, Fidel, a Biography of Fidel Castro, Nueva York, 1986; y Tad Szulc, Fidel: A Critical Portrait, Nueva York, 1986 (hay trad. cast.: Fidel: un retrato crítico, Grijalbo, Barcelona, 1987). De valor limitado es Georgie Anne Geyer, Guerrilla Prince: the Untold Story of Fidel Castro, Boston, 1991 (hay trad. cast.: El patriarca de las guerrillas, Kosmos, México, D. F., 1991).

Muchos estudiosos se concentran en aspectos concretos de la historia de Cuba durante estos decenios críticos. Quizá sobre ninguno de tales aspectos se haya escrito tanto como sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Un estudio más antiguo, pero todavía útil es Russell H. Fitzgibbon, Cuba and the United States, 1900-1935, 1935, reimpr. Nueva York, 1964. Una monografía excelente que concluye con un estudio de los años veinte y treinta es Jules R. Benjamín, The United States and Cuba: Hegemony and Dependent Development, 1880-1934, Pittsburgh, Pa., 1977. Irwin Gellman, Batista and Roosevelt: Good Neighbor Diplomacy in Cuba, 1933-1945, Albuquerque, N. Méx., 1973, examina el decenio subsiguiente y presta atención especial a las relaciones diplomáticas entre ambos países, que en gran parte se examinan con perspectiva norteamericana y se basan principalmente en archivos de la misma nacionalidad. Los aspectos económicos de las relaciones cubano-estadounidenses son el tema principal del equilibrado y serio estudio de Robert F. Smith The United States and Cuba: Business and Diplomacy, 1917-1960, New Haven, Conn., 1960 (hay trad. cast.: Estados Unidos y Cuba, Palestra, Buenos Aires, 1960). Un estudio más reciente que abarca los últimos años cincuenta es Morris H. Morley, Imperial State and Revolution: The U. S. and Cuba, 1952-1986, Cambridge, 1986. Crónicas generales de las relaciones cubano-estadounidenses durante estos años se encuentran en Lester D. Langley, The Cuban Policy of the United States, Nueva York, 1968; Michael J. Mazarr, Semper Fidel: American and Cuba, 1776-1988, Baltimore, 1988; Jules R. Benjamín, The United States and the Origins of the Cuban Revolution, Princeton, N. J., 1990; y Louis A. Pérez, Jr., Cuba and the United States: Ties of Singular Intimacy, Athens, Ga., 1990. Tres crónicas en primera persona de diplomáticos norteamericanos también son fuentes importantes de información sobre estos años: Earl E. T. Smith, The Fourth Floor, Nueva York, 1962 (hay trad. cast.: El cuarto piso, Diana, México, D. F., 1968); Philip W. Bonsal, Cuba, Castro, and the United States, Pittsburgh, Pa., 1971; y Wayne E. Smith, The Closest of Enemies, Nueva York, 1987.

Otras monografías especializadas son Lowry Nelson, Rural Cuba, Minneápolis, Minn., 1950, estudio de valor incalculable que ha sido el punto de partida de toda la investigación subsiguiente de la vida en el campo cubano. Un estudio útil del campesinado se encuentra en Antera Regalado Falcón, Las luchas campesinas en Cuba, La Habana, 1973. Louis A. Pérez, Jr., Army Politics in Cuba, 1898-1958, Pittsburgh, Pa., 1975, trata de la aparición de las fuerzas armadas en la política cubana, de lo cual también se ocupan los últimos capítulos de Federico Chang, El Ejército Nacional en la república neocolonial, 1899-1933, La Habana, 1981, y Rafael Fermoselle, The Evolution of the Cuban Military, 1492-1986, 1987.

Entre las obras más útiles sobre la historia económica de Cuba hay dos estudios de Julio E. Le Riverend, La República: Dependencia y revolución, La Habana, 1966, e Historia económica de Cuba, La Habana, 1971. También son útiles Francisco López Segrera, Cuba: Capitalismo dependiente y subdesarrollo (1510-1959), La Habana, 1972, y las dos obras de Oscar Pino Santos, El asalto a Cuba por la oligarquía financiera yanqui, La Habana, 1973, y El imperialismo norteamericano en la economía de Cuba, La Habana, 1973. Entre los estudios útiles del trabajo cabe citar Jean Stubbs, Tobacco on the Periphery: A case Study in Cuban Labour History, 1860-1958, Londres, 1985; Carlos del Toro González, Algunos aspectos económicos, sociales y políticos del movimiento obrero cubano (1933-1958), La Habana, 1974; Evelio Jesús Tellería Toca, Congresos obreros en Cuba, La Habana, 1973; Mario Riera Hernández, Historial obrero cubano, 1574-1965, Miami, 1965.

Jaime Suchlicki, University Students and Revolution in Cuba, 1920-1968, Coral Gables, Fia., 1969, examina el papel de los estudiantes en la política nacional, y lo mismo hace Niurka Pérez Rojas, El movimiento estudiantil universitario de 1934 a 1940, La Habana, 1975. Una obra más especializada que trata del radicalismo estudiantil en el decenio de 1930 es Ladislao González Carbajal, El Ala Izquierda Estudiantil y su época, La Habana, 1974. Olga Cabrera y Carmen Almodóvar reunieron una importante colección de documentos relacionados con el activismo estudiantil titulada Las luchas estudiantiles universitarias, 19231934, La Habana, 1975.

4. Cuba, 1959-c. 1990

El estudio de la Cuba posterior a 1959 ha tropezado con obstáculos debido a que los estudiosos cubanos se han concentrado en los años anteriores a 1959 y la investigación sobre el terreno del citado período por parte de extranjeros ha sido rara y difícil. Las obras secundarias dependen en gran medida de tres tipos de fuentes: los estudios aparecidos en publicaciones editadas por el gobierno cubano, impresiones de estudiosos y otros visitantes de Cuba basadas en niveles variables de observación y estudio sistemáticos, y estudios relativos a los exiliados cubanos. Estos últimos, sin embargo, se ocupan en su mayor parte de la integración de los exiliados en Estados Unidos más que de generar información sistemática sobre la propia Cuba. La principal revista especializada para el estudio de la Cuba contemporánea es Cuban Studies, que entre 1970 y 1990 fue dirigida por Carmelo Mesa-Lago en el Center for Latín American Studies, Universidad de Pittsburgh. La revista salía dos veces al año hasta 1985 y una vez al año a partir de entonces, y publica principalmente —aunque no exclusivamente— artículos eruditos sobre Cuba después de 1959 escritos por científicos sociales. Cada número lleva también la mejor y más completa bibliografía dedicada a todos los campos de los estudios cubanos, ya sea en Cuba o en el extranjero. Véanse también Ronald H. Chilcote y Cheryl Lutjen, eds., Cuba: 1953-1978: A Bibliographic Guide to the Literature, 2 vols., White Plains, N. Y., 1986, y Louis A. Pérez, Jr., Cuba: An Annotated Bibliography, Westport, Conn., 1988.

Para bibliografía sobre los años anteriores a 1970, véase Nelson P. Valdés y Edwin Lieuwen, The Cuban Revolution: A Research-Study Cuide (1959-1969), Albuquerque, N. Méx., 1971. La mejor labor cartográfica es la publicación conjunta de la Academia de Ciencias de Cuba y la Academia de Ciencias de la URSS, Atlas Nacional de Cuba, La Habana, 1970.

Muchas revistas han sido patrocinadas por el gobierno, el partido, las universidades y los institutos de investigación. Cuba Socialista trataba temas políticos a fondo y era el órgano teórico del Partido Comunista Cubano hasta que dejó de publicarse a finales de los años sesenta, si bien reapareció en diciembre de 1981. Economía y Desarrollo, publicada desde los primeros años setenta por la facultad de económicas de la Universidad de La Habana, se ha ocupado de temas económicos de Cuba y del extranjero y ha publicado artículos teóricos y empíricos. Pensamiento Crítico se publicó desde los años sesenta hasta 1970 y se ocupaba de temas filosóficos y políticos. Etnología y Folklore se publicó durante un breve período a mediados del decenio de 1960 y trataba de temas de sociología y antropología social.

Los mejores estudios contemporáneos de ciencias sociales los ha llevado a cabo el gubernamental Instituto Cubano de Investigaciones y Orientación de la Demanda Interna, bajo la dirección de Eugenio Rodríguez Balari. Sus publicaciones esporádicas, que se basan en extensos muestreos sistemáticos y hechos al azar, proporcionan fascinantes visiones interiores de la vida cubana.

Las instituciones de investigación vinculadas al comité central del partido vienen produciendo obras cada vez más interesantes sobre asuntos internacionales y dos de ellas trabajan en cuestiones relacionadas con Cuba. El Centro de Estudios Sobre América (CEA) empezó a editar publicaciones esporádicas en los primeros años ochenta; una de las mejores es la obra en dos volúmenes El imperialismo norteamericano contemporáneo, La Habana, 1981-1984. En 1983 empezó a publicar Cuadernos de Nuestra América dos veces al año, especialmente útiles para conocer las opiniones cubanas sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y sobre la comunidad que forman los cubanos exiliados en Estados Unidos. En 1981 el Centro de Investigaciones sobre la Economía Mundial (CIEM) empezó a publicar Temas de Economía Mundial, buena fuente de información sobre la política económica exterior de Cuba, en especial sobre sus relaciones económicas con la Unión Soviética y la Europa oriental. Se han publicado algunas revistas excelentes sobre la sanidad pública, todas ellas tituladas Revista Cubana de…, en varios campos, entre ellos Cirugía, Medicina, Medicina Tropical, Pediatría, Higiene y Epidemilogía y Administración de Salud.

Los diarios cubanos de circulación nacional han sido Granma (matutino) y Juventud Rebelde (de la tarde). Granma se fundó a finales de 1965 al unirse los órganos del Movimiento 26 de Julio (Revolución) y del PSP (Noticias de Hoy). Granma y sus predecesores han sido fuentes básicas para la investigación primaria de la Cuba contemporánea. Los discursos de Fidel Castro se han publicado completos a menudo, igual que los discursos de otras figuras importantes. Cuba también publica resúmenes semanales en inglés y francés de Granma, que a veces incluyen artículos sacados de otras publicaciones. El resumen semanal ayuda a estudiar las relaciones internacionales de Cuba, pero no es suficiente para estudiar los asuntos internos del país. Las traducciones tienden a ser buenas, pero de vez en cuando contienen errores graves. De las demás publicaciones, la mejor es la veterana revista de actualidad Bohemia, que se ocupa bastante a fondo de diversos asuntos. Otras publicaciones de circulación general que son útiles para la investigación especializada son Verde olivo (asuntos militares), ANAP (campesinos). Mujeres, Los Trabajadores, Opina (comercio) y Con la Guardia en Alto (Comités para la Defensa de la Revolución), entre otras.

A finales de 1990 el gobierno cubano anunció un «período especial en tiempo de paz». Entre muchas otras medidas de austeridad económica, se redujo seriamente la cantidad de papel de prensa disponible. Muchas de estas publicaciones han sido suspendidas, han dejado de editarse o se han fundido con otras. Aún no está claro cuáles seguirán publicándose y cuáles reaparecerán después de la suspensión temporal.

La publicación estadística más importante del gobierno cubano ha sido el Anuario Estadístico de Cuba, que suele publicarse con un retraso de dos años. Su predecesora, el Boletín, que era inferior, se publicaba con menos regularidad en el decenio de 1960. El error más común al utilizar el Anuario es olvidar que sus estadísticas económicas son en pesos corrientes y olvidar también que ha habido inflación en Cuba, en especial desde los años setenta. Debería tenerse en cuenta que las estadísticas relativas a la educación correspondientes a principios del decenio de 1960 se refieren sólo a las escuelas públicas y que una parte importante de los primeros incrementos de las estadísticas de la matriculación en estas escuelas es fruto de la socialización de las escuelas privadas. También debería tomarse nota de que las definiciones conceptuales en las estadísticas de la sanidad pública han cambiado con el paso del tiempo y que se tiende a suprimir los sectores que no dan buenos resultados de las estadísticas de producción en años subsiguientes, por lo que el Anuario da una impresión de crecimiento un tanto exagerada. El Anuario raramente es incorrecto, pero con frecuencia es insuficiente. Para un estudio meticuloso de las estadísticas cubanas durante los años sesenta, véase Carmelo Mesa-Lago, «Availability and reliability of statistics in Socialist Cuba», LARR, 4/2 (1969). Mesa-Lago reseña y evalúa regularmente los Anuarios en Cuban Studies. Una referencia valiosa es Susan Schroeder, Cuba: A Handbook of Historical Statistics, Boston, 1982.

Tres obras secundarias pretenden ser exhaustivas. Hugh Thomas, Cuba or the Pursuit of Freedom, Londres, 1971 (hay trad. cast.: Cuba: La lucha por la libertad, 1762-1970, 3 vols., Grijalbo, Barcelona, 1973), abarca los acontecimientos históricos hasta la crisis de los misiles de 1962, tras lo cual contiene un examen más breve de los acontecimientos del resto del decenio. Carmelo Mesa-Lago, The Economy of Socialist Cuba: A Two-Decade Appraisal, Albuquerque, N. Méx., 1981 (hay trad. cast.: La economía en Cuba socialista: una evaluación de dos décadas, Playor, Madrid, 1983), habla de la política económica y de la marcha de la economía, de la distribución, del empleo, de la asistencia social y de los factores económicos internacionales. Jorge Domínguez, Cuba: Order and Revolution, Cambridge, Mass., 1978, se centra en la política y el gobierno. Hay cierta puesta al día en Domínguez, ed., Cuba: Infernal and International Affairs, Beverly Hills, Calif., 1982. Se encuentran resúmenes generales buenos y breves sobre muchos temas en Sandor Halebsky y John M. Kirk, eds., Cuba: Twenty-Five Years of Revolution: 1959 to 1984, Nueva York, 1985; en Halebsky y Kirk, eds., Transformation and Struggle: Cuba Faces the 1990s, Nueva York, 1990; y en Sergio Roca, ed., Socialist Cuba: Past interpretations and Future Challenges, Boulder, Colo., 1988.

Otros libros útiles sobre la economía son: Archibald Ritter, The Economic Development of Revolutionary Cuba: Strategy and Performance, Nueva York, 1974, que proporciona buena información sobre el decenio de 1960; Claes Brundenius, Revolutionary Cuba: The Challenge of Economic Growth with Equity, Boulder, Colo., 1984, y Alberto Recarte, Cuba: Economía y poder (1959-1980), Madrid, 1980, que abarca los años setenta también. Un estudio interesante de la economía cubana en un contexto social y político más amplio presentado con perspectiva marxista se encuentra en James O’Connor, The Origins of Socialism in Cuba, Ithaca, N. Y., 1970, para los primeros años, y Arthur MacEwan, Revolution and Economic Development in Cuba, Nueva York, 1981, para un período posterior. El principal economista académico de Cuba, José Luis Rodríguez, publica principalmente por medio del CIEM. Véase José Luis Rodríguez, Estrategia del desarrollo económico en Cuba, La Habana, 1990. Una perspectiva general bibliográfica y técnica de los problemas que surgen al calcular las tasas de crecimiento económico de Cuba se encuentra en Carmelo Mesa-Lago y Jorge Pérez-López, «A study of Cuba’s material product system, its conversión to the system of national accounts, and estimation of Gross Domestic Product per capita and growth rates», World Bank Staff Working Paper, n.º 770, Washington, D. C., 1985. Un debate un tanto encarnizado pero a veces esclarecedor sobre este asunto, entre Mesa-Lago y Pérez-López por un lado y Claes Brundenius y Andrew Zimbalist por el otro, apareció en Comparative Economic Studies en 1985 y 1986. Véase también Andrew Zimbalist, Cuban Political Economy; Controversies in Cubanology, Boulder, Colo., 1988. Sobre la medición de la economía, véanse Jorge F. Pérez-López, Measuring Cuban Economic Performance, Austin, Tex., 1987, y Andrew Zimbalist y Claes Brundenius, The Cuban Economy: Measurement and Analysis of Socialist Performance, Baltimore, 1989.

Se han publicado cuatro libros del proyecto de investigación dirigido por Oscar Lewis en Cuba en 1969-1970, única investigación importante sobre el terreno efectuada por estudiosos extranjeros en la Cuba revolucionaria. El proyecto terminó al confiscar el gobierno cubano muchas de sus cintas y notas, y obligar al grupo de Lewis a salir del país. Los cuatro libros proporcionan mucha información sobre la vida de los cubanos normales y corrientes. Oscar Lewis, Ruth M. Lewis y Susan M. Rigdon son los autores de Four Men, Urbana, 111., 1977; Four Women, Urbana, 111., 1977 (hay trad. cast.: Cuatro mujeres: Vivencias durante la revolución cubana, Plaza & Janés, Barcelona, 1980); y Neighbors, Urbana, 111., 1978, a la vez que Douglas Butterworth lo es de The People of Buena Ventura: Relocation of Slum Dwellers in Postrevolutionary Cuba, Urbana, 111. 1980.

Varios libros han captado facetas importantes de la política y el gobierno cubanos en el decenio de 1960. Un examen soberbio del papel y el estilo personales de Fidel Castro es Edward González, Cuba Under Castro: The Limits of Charisma, Boston, 1974. La mejor entrevista extensa con Fidel Castro la publicó (junto con excelentes fotografías) Lee Lockwood en Castro’s Cuba, Cuba’s Fidel, Nueva York, 1969. Un estudio meticuloso de la política de facciones de los primeros tiempos de gobierno revolucionario lo proporciona Andrés Suárez en Cuba: Castroism and Communism, Cambridge, Mass., 1967. Un examen de la política radical de los años sesenta aparece en K. S. Karol, Guerrillas in Power, Nueva York, 1970 [hay trad. cast.: Los guerrilleros en el poder, Seix Barral (s. l.), 1972], y en René Dumont, Cuba: Est-il socialiste?, París, 1970 (hay trad. cast.: ¿Cuba socialista?, Narcea, Madrid, 1982), ambos bastante críticos; actitudes más comprensivas ante los objetivos del régimen se encuentran en Richard Fagen, The Transformation of Political Culture in Cuba, Stanford, Calif., 1969, y en Max Azicri, Cuba: Politics, Economics and Society, Londres, 1988. Para una perspectiva general accesible, véase Juan del Aguila, Cuba: Dilemmas of a Revolution, Boulder, Colo., 1984. Colecciones valiosas que abarcan temas diversos relacionados principalmente con Cuba en los años sesenta son Rolando Bonachea y Nelson P. Valdés, eds., Cuba in Revolution, Garden City, N. Y., 1972; Jaime Suchlicki, ed., Castro, Cuba and Revolution, Coral Gables, Fia., 1972; y Carmelo Mesa-Lago, ed., Revolutionary Change in Cuba, Pittsburgh, Pa., 1971.

Por extraño que parezca, no se ha escrito mucho sobre la política y la economía política de Cuba desde el decenio de 1970. Merecen atención especial los estudios de Susan Eckstein, William LeoGrande y Nelson P. Valdés, algunos de los cuales han aparecido en Cuban Studies. Una buena colección general sobre los años ochenta es la séptima edición de Irving L. Florowitz, Cuban Communism, Nueva Brunswick, N. J., 1989 (hay trad. cast.: El comunismo cubano, 1959-1979, Playor, Madrid, 1978). Sobre los derechos humanos y la seguridad interna, véanse los siete informes sobre Cuba publicados por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Washington, D. C., varios años, el más reciente 1983, así como los informes esporádicos de Amnistía Internacional y Americas Watch. Se encuentran testimonios importantes en El presidio político en Cuba comunista, Caracas, 1982, y en Jorge Valls, Twenty Years and Forty Days: Life in a Cuban Prison, Washington, D. C., 1986. Véase también Luis Salas, Social Control and Deviance in Cuba, Nueva York, 1979. Hay pocas obras que se ocupen de las fuerzas armadas cubanas. Un buen manual es U. S. Department of Defense, Directorate for Intelligence Research, Defense Intelligence Agency, Handbook on the Cuban Armed forces, Washington, D. C., 1979, que no es confidencial. Véase también Rafael Fermoselle, The Evolution of the Cuban Military: 1492-1986, Miami, 1987, así como su Cuban Leadership after Castro: Biographies of Cuba’s Top Generals, Miami, 1987; véase también Jaime Suchlicki, ed., The Cuban Military under Castro, Miami, 1989.

Ha habido un incremento del número de publicaciones que se ocupan de las relaciones internacionales de la revolución cubana. Ocho colecciones contienen muchas obras dignas de elogio. Son Carmelo Mesa-Lago y Colé Blasier, eds., Cuba in the World, Pittsburgh, Pa., 1979; Martin Weinstein, ed., Revolutionary Cuba in the World Arena, Filadelfia, 1979; Carmelo Mesa-Lago y June Belkins, eds., Cuba in Africa, Pittsburgh, Pa., 1982; Barry Levine, ed., The New Cuban presence in the Caribbean, Boulder, Colo., 1983: Sergio Díaz-Briquets, ed., Cuban Internationalism in Sub-Saharan Africa, Pittsburgh, Pa., 1989; Instituto Superior de Relaciones Internacionales «Raúl Roa», De Eisenhower a Reagan, La Habana, 1987; Wayne E. Smith y Esteban Morales Domínguez, eds., Subject to Solution: Problems in Cuba-U. S. Relations, Boulder, Colo., 1988; y Jorge 1. Domínguez y Rafael Hernández, eds., U. S.-Cuban Relations in the 1990s, Boulder, Colo., 1989. Véanse también Carla A. Robbins, The Cuban Threat, Nueva York, 1983; Lynn D. Bender, Cuba vs. United States: The Politics of Hostility, 2.a ed. rev., San Juan, 1981; W. Raymond Duncan, The Soviet Union and Cuba. Nueva York, 1985; Pamela Falk, Cuban Foreign Policy: Caribbean Tempest, Lexington, Mass., 1985; H. Michael Erisman, Cubas International Relations: The Anatomy of a Nationalistic Foreign Policy, Boulder, Colo., 1985; Wayne E. Smith, The Closest of Enemies, Nueva York, 1987; Peter Shearman, The Soviet Union and Cuba, Londres, 1987; Morris H. Morley, Imperial State and Revolution: The United States and Cuba, 1952-1986, Cambridge, 1988; Damián J. Fernández, Cuba’s Foreign Policy in the Middle East, Boulder, Colo., 1988; Francisco López Segrera, Cuba: Política exterior y revolución (1959-88), La Habana, 1988; Richard J. Payne, Opportunities and Dangers of Soviet-Cuban Expansión, Albany, N. Y., 1988; y Jorge I. Domínguez, To Make a World Safe for Revolution: Cuba’s Foreign Policy, Cambridge, Mass., 1989.

Una fuente importante que sigue las relaciones entre Estados Unidos y Cuba a lo largo del tiempo, además de generar mucha información para la investigación primaria de este aspecto, han sido las actas de las sesiones de la Comisión de Asuntos Exteriores, Subcomisión de Asuntos Interamericanos, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La serie de documentos que ha publicado esporádicamente la Central Intelligence Agency, National Foreign Assessment Center, con el título de Communist Aid to Less Developed Countries of the Free World, proporciona listados útiles, aunque a veces controvertidos e incompletos, de la presencia cubana en el extranjero. Esta organización también publicó dos valiosas obras de consulta a finales de los años setenta y principios de los ochenta, a saber: el Directory of Officials of the Republic of Cuba, y la Chronology, varios años. Ninguna de las dos es confidencial.

Hay algunas fuentes excelentes sobre ciertos asuntos especializados. Seymour Mentón, Prose Fiction of the Cuban Revolution, Austin, Tex., 1975, habla de la literatura y de su marco social y político. Sobre el trabajo, véase Maurice Zeitlin, Revolutionary Politics and the Cuban Working Class, Nueva York, 1970 (hay trad. cast.: La política revolucionaria y la clase obrera cubana, Amorrortu, Buenos Aires, 1973), y Carmelo Mesa-Lago, The Labor Sector and Socialist Distribution in Cuba, Nueva York, 1968. Juan y Verena Martínez Alier, en Cuba: Economía y sociedad, París, 1972, son especialmente útiles para el trasfondo social, político y económico de las cuestiones agrarias en los primeros tiempos, así como para el género y el color. Para años más recientes, véase Carlos Moore, Castro, the Blacks, and Africa, Los Angeles, 1988. Sobre la religión, véase John M. Kirk, Between God and the Party: Religión and Politics in Revolutionary Cuba, Gainesville, Fia., 1989. Sobre la corrupción gubernamental, véase Case 1/1989: End of the Cuban Connection, La Habana, 1989.

5. La República Dominicana, 1930-c. 1990

Existen pocos estudios académicos de los cambios habidos en la República Dominicana durante los últimos sesenta años, y en general se ha dedicado más atención al proceso político que a la evolución de la economía y la sociedad.

Sobre los antecedentes y orígenes de la era de Trujillo hay dos importantes historias políticas: Luis Felipe Mejía, De Lilis a Trujillo: Historia contemporánea de la República Dominicana, Caracas, 1944, y Víctor Medina Benet, Los responsables, Santo Domingo, 1976. Ambas monografías son excelentes y se basan parcialmente en las memorias documentadas de los autores, que fueron testigos de la caída del presidente Horacio Vásquez y estuvieron presentes cuando Trujillo conspiró para hacerse con el poder e instaurar su dictadura. El libro más destacado sobre el régimen de Trujillo es Jesús de Galíndez, La era de Trujillo: Un estudio casuístico de una dictadura hispanoamericana, Santiago de Chile. 1956, que empezó como tesis de doctorado en la Universidad de Columbia y está lleno de documentación digna de confianza, en su mayor parte publicaciones oficiales y periódicos. Contiene más revelaciones de la vida íntima del régimen Gregorio Bustamante, Una satrapía en el Caribe, México, D. F., 1950. Bustamante es el seudónimo de José Almoina, que había sido secretario de Trujillo. Tanto Galíndez como Almoina eran españoles que se habían exiliado después de la guerra civil española y Trujillo ordenó el asesinato de ambos por haber escrito los libros citados.

Un texto útil sobre los mecanismos que utilizó el dictador para edificar su imperio económico es Germán E. Ornes, Trujillo: Little Caesar of the Caribbean, Nueva York, 1958. También interesante por su interpretación psicológica del dictador es Juan Bosch, Trujillo: Causas de una tiranía sin ejemplo, Caracas, 1959. Ambos autores se basan parcialmente en Albert Hicks, Blood in the Streets: The Life and Rule of Trujillo, Nueva York, 1946, versión periodística importante pero sensacionalista que parece basada en un artículo de C. A. Thompson, «Dictatorship in the Dominican Republic», Foreign Policy Reports, 12 (15 de abril de 1936), el primer estudio de las manipulaciones comerciales y financieras de Trujillo, así como de la instauración de sus monopolios. Para una biografía e historia crítica de su régimen, el mejor libro publicado hasta la fecha es Robert D. Crassweller, Trujillo: The Life and Times of a Caribbean Dictator, Nueva York, 1966. Es una lectura apasionante y su documentación es impecable. Howard Wiarda, Dictatorship and Development: The Methods of Control in Trujillo’s Dominican Republic, Gainesville, Fia., 1968, se basa en entrevistas y en fuentes periodísticas; su contenido es principalmente político. Dos interpretaciones marxistas de la era de Trujillo son Roberto Cassá, Capitalismo y dictadura, Santo Domingo, 1982, y Luis Gómez, Las relaciones de producción predominantes en la República Dominicana, 1875-1975, Santo Domingo, 1977, que comparten la teorización grandilocuente y un compromiso con la especulación ideológica. Ambas tratan de interpretar las cifras de las series estadísticas que el gobierno dominicano publicaba anualmente en el Anuario estadístico de la República Dominicana, Ciudad Trujillo, 1936-1956, tarea en la que Gómez fracasa lamentablemente y Cassá tiene más suerte, si bien saca algunas conclusiones rebuscadas. Una colección de documentos interesantes es Bernardo Vega, ed.. La vida cotidiana dominicana: A través del archivo particular del generalísimo, Santo Domingo, 1986.

La bibliografía favorable a Trujillo es extraordinariamente abundante, como puede comprobarse en Emilio Rodríguez Demorizi, Bibliografía de Trujillo, Ciudad Trujillo, 1955, que contiene más de 5.000 citas de artículos, libros y folletos publicados para elogiar al dictador y su obra durante los primeros veinticinco años de su régimen. En esta montaña de publicaciones destacan muy pocas obras académicas, si es que destaca alguna. La que más se parece a un estudio académico es Joaquín Balaguer, La realidad dominicana: Semblanza de un país y de su régimen, Buenos Aires, 1947, aunque en realidad es una tendenciosa apología de Trujillo en el contexto de una interpretación pesimista y en extremo racista de la historia dominicana. Este libro se escribió dentro de la campaña de propaganda lanzada para justificar el asesinato de los haitianos en 1937 y explicar la dominicanización de la frontera. El libro examina gran parte de la ideología del régimen de Trujillo y condensa la visión oficial de los problemas económicos y sociales del decenio de 1940. Hubiera seguido casi olvidado si Balaguer no lo hubiese revisado y publicado de nuevo con otro título: La isla al revés, Santo Domingo, 1985. Otro libro de Balaguer sobre Trujillo es La palabra encadenada, Santo Domingo, 1975, que es importante como retrato psicológico de Trujillo a pesar de su contenido tendencioso, falseador y autojustificador. El tercer volumen de Ramón Marrero Aristy, La República Dominicana: Origen y destino del pueblo cristiano más antiguo de América, Ciudad Trujillo, 1958, conclusión de una historia oficial del país, da una impresión general de la ideología del régimen y explica la presencia providencial de Trujillo como «salvador» de la nacionalidad dominicana. El propio Trujillo intentó una justificación ideológica sistemática de su régimen en Fundamentos y política de un régimen, Ciudad Trujillo, 1959.

Las relaciones entre Trujillo y Estados Unidos se describen en Pope Atkins y Lamían Wilson, The United States and the Trujillo Regime, Nueva Brunswick, N. J., 1972, si bien los autores hubieran podido sacar más provecho de la voluminosa documentación que manejaron en los Archivos Nacionales de Estados Unidos en Washington, D. C. La Fundación Cultural Dominicana está publicando una serie de volúmenes de Bernardo Vega que trata de reunir la documentación diplomática dominicano-estadounidense entre 1930 y 1961. Véanse, por ejemplo, Los Estados Unidos y Trujillo, 1930, 2 vols., Santo Domingo, 1986; Los Estados Unidos y Trujillo, 1945, Santo Domingo, 1982; Los Estados Unidos y Trujillo, 1946, Santo Domingo, 1982; Los Estados Unidos y Trujillo, 1947, Santo Domingo, 1984; Eisenhower y Trujillo, Santo Domingo, 1991; Trujillo y el control financiero norteamericano, Santo Domingo, 1990; y Kennedy y los Trujillo, Santo Domingo, 1991. Una interpretación trujillista y antinorteamericana de las relaciones al final de la dictadura se da en Antonio Espaillat, Trujillo: The Last Caesar, Chicago, 1964. Martin D. Clausner, The Dominican Republic: Settled, Unsettled, Resettled, Filadelfia, 1973, también menciona aspectos de las relaciones dominicano-estadounidenses antes y después de Trujillo y hace especial hincapié en el desarrollo de la educación y la agricultura. José Israel Cuello, ed., Documentos del conflicto dominicano-haitiano de 1937, Santo Domingo, 1985, ha publicado la correspondencia diplomática y confidencial del gobierno dominicano que produjo el Ministerio de Relaciones Exteriores a resultas del genocidio de los haitianos en 1937, sobre lo cual véanse también Juan Manuel García, La matanza de los haitianos: Genocidio de Trujillo, 1937, Santo Domingo, 1983, y Bernardo Vega, ed., Trujillo y Haití, 1930-1937, Santo Domingo, 1986.

La transición de la dictadura a un orden político nuevo, más democrático, la ha estudiado con mucho detalle Howard Wiarda, Dictatorship, Development and Disintegration: Politics and Social Changes in the Dominican Republic, 3 vols., Ann Arbor, Mich., 1975. Otra de las obras de Wiarda, que deja constancia de los esfuerzos por edificar un orden democrático después de la muerte de Trujillo en 1961, es The Dominican Republic: A Nation in Transition, Nueva York, 1969. Sobre los intentos norteamericanos de fomentar la democracia en la República Dominicana en el siglo XX, véase Jonathan Hartlyn, «The Dominican Republic: The legacy of intermittent engagement», en Abraham F. Lowenthal, ed., Exporting Democracy: The United States and Latín America, Baltimore, 1991. Un sugestivo ensayo comparativo es Catherine M. Conaghan y Rosario Espinal, «Unlikely transitions to uncertain regimes? Democracy without compromise in the Dominican Republic and Ecuador», JLAS, 22/3 (1990), pp. 553-574.

La mayoría de los libros sobre los más de treinta años que han transcurrido desde el final de la dictadura se ocupan principalmente de los cambios políticos y las luchas entre partidos o las relaciones entre civiles y militares. El marco principal de algunos de ellos es la guerra civil de 1965. Entre éstos son importantes John Bartlow Martin, Overtaken by Events: The Dominican Crisis from the Fall of Trujillo to the Civil War, Garden City, N. Y., 1966 (hay trad. cast.: El destino dominicano: la crisis dominicana desde la caída de Trujillo hasta la guerra civil, Editora de Santo Domingo, Santo Domingo, 1975), memorias de un embajador especial de Estados Unidos en la República Dominicana; Juan Bosch, The Unfinished Experiment: Democracy in the Dominican Republic, Nueva York, 1964; Abraham F. Lowenthal, The Dominican Intervention, Cambridge, Mass., 1971, que presenta una crónica detallada de la toma de decisiones en Estados Unidos; Jerome Slater, Intervention and Negotiation: The United States and the Dominican Revolution, Nueva York, 1970; Piero Gleijeses, The Dominican Crisis: The 1965 Constitutionalist Revolt and the American Intervention, Baltimore, 1978 (hay trad. cast.: La crisis dominicana, FCE, México, D. F., 1984), que ofrece una interpretación excelente y una cantidad extraordinaria de detalles nuevos sobre la guerra civil de los que no hablan otros autores. La opinión que tiene Gleijeses de la intervención militar es radical y próxima a la postura de los nacionalistas dominicanos. Véanse también G. Lañe Van Tasell, «American-Dominican economic linkages: External financing and domestic policies surrounding the 1965 U. S. intervention», Journal of Third World Studies (otoño de 1987); mayor Lawrence M. Greenberg, United States Army Unilateral Coalition Operations in the 1965 Dominican Republic Intervention, Washington, D. C., 1987, y Bruce Palmer, Intervention in the Caribbean: The Dominican Crisis of 1965, Lexington, Ky., 1991. Una interpretación nacionalista es Eduardo Latorre, Política dominicana contemporánea, Santo Domingo, 1975, que tiende a ver el proceso político dominicano como el resultado de la tensión entre las fuerzas tradicionales encamadas en el caudillismo y las fuerzas modernizadoras representadas por el populismo liberal y democrático. Otra obra útil que presenta el punto de vista de los exiliados antitrujillistas es Nicolás Silfa, Guerra, traición y exilio, Barcelona, 1980-1981. Los conflictos internos y la organización social de las fuerzas constitucionalistas durante la guerra civil se describen en José A. Moreno, Barrios in Arms, Pittsburgh, Pa., 1970.

Sobre los acontecimientos que siguieron a la guerra civil de 1965, merecen mencionarse varias obras: José Israel Cuello, Siete años de reformismo, Santo Domingo, 1973, escrita para oponerse al régimen de Joaquín Balaguer; G. Pope Atkins, Arms and Politics in the Dominican Republic, Boulder, Colo., 1981, revelador estudio de las relaciones entre el presidente Balaguer y los militares en el período 1966-1978, basado en fuentes primarias y privadas; Roberto Cassá, Los doce años, Santo Domingo, 1986, estudio marxista de Balaguer muy inclinado a las teorías interpretativas; Ian Bell, The Dominican Republic, Boulder, Colo., 1981, historia general escrita por un ex embajador británico; y Howard Wiarda y Michael Kryzanek, The Dominican Republic: A Caribbean Crucible, Boulder, Colo., 1982, que inicia al lector en la política de partidos contemporánea. Kryzanek y Wiarda escribieron también The Politics of External Influence in the Dominican Republic, Wesport, Conn., 1988. Otros estudios de la política contemporánea son: Miriam Díaz Santana y Martin F. Murphy, The 1982 National Elections in the Dominican Republic: A Sociological and Historical Interpretation, Río Piedras, P. R., 1983; Jan Knippers Black, The Dominican Republic: Politics and Development in an Unsovereign State, Boston, 1986; Rosario Espinal, «The defeat of the Dominican Revolutionary Party in the 1986 elections: Causes and implications», BLAR, 9/1 (1990), pp. 103-116, y «Between authoritarianism and crisis-prone democracy: The Dominican Republic after Trujillo», en Colin Clarke, ed., Society and Politics in the Caribbean, Oxford, 1991.

Sobre el desarrollo industrial hasta 1961, véase Frank Moya Pons, «Import substitution industrialization policies in the Dominican Republic, 1925-1961», HAHR, 70/4 (1990), pp. 539-578. Véase también Rafael Francisco de Moya Pons, «Industrial incentives in the Dominican Republic, 1880-1983», tesis de doctorado inédita, Universidad de Columbia, 1987.

Sobre la economía dominicana después de 1961, Julio César Estrella, La moneda, la banca y las finanzas de la República Dominicana, Santo Domingo, 1971, sigue destacando como historia monetaria general aunque algo tendenciosa. Para el estudio de un grupo financiero, véase Frank Moya Pons, Pioneros de la banca dominicana: Una historia institucional del Banco Popular Dominicano y del Grupo Financiero Popular, Santo Domingo, 1989. Un estudio útil aunque apologético de la primera parte del régimen de Balaguer es el librito de Eduardo Tejera, Una década de desarrollo económico dominicano 1963-1973, Santo Domingo, 1975. Una interpretación igualmente útil de las repercusiones de la política económica reciente es Miguel Cera Hatton, Tendencias estructurales y coyunturales de la economía dominicana 1968-1983, Santo Domingo, 1985, que tiene un sesgo estructuralista. Proporciona un estudio marxista de la escuela dependentista Wilfredo Lozano, El reformismo dependiente, Santo Domingo, 1985, que contiene una rica mezcla de especulación y algunos datos estadísticos. También son importantes las publicaciones en serie que producen la Oficina Nacional de Planificación, el Banco Central de la República Dominicana y la Oficina Nacional de Estadística. Complementan estas fuentes los tres volúmenes que a mediados del decenio de 1970 publicó la Comisión de Economía de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, Economía dominicana, Santo Domingo, 1975, 1976 y 1977. Como parte de una serie de treinta volúmenes que contienen estudios de asuntos socioeconómicos y políticos contemporáneos publicados entre 1982 y 1988, Frank Moya Pons, ed., Los problemas del sector externo en la República Dominicana, Santo Domingo, 1982, El régimen de incentivos en la economía dominicana, Santo Domingo, 1983, La situación cambiaría en la República Dominicana, Santo Domingo, 1984, y Causas y manejo de la crisis económica dominicana, Santo Domingo, 1986, reúne estudios y debates actualizados sobre los orígenes y la gestión de la crisis económica dominicana, la deuda externa y las medidas económicas de los gobiernos de Balaguer, Guzmán y Jorge Blanco. Para un ensayo más reciente sobre asuntos contemporáneos de la economía política, véase John T. Cuddington y Carlos Asilis, «Fiscal policy, the current account and the external debt problem in the Dominican Republic», JLAS, 22/2 (1990), pp. 331-352.

Para el origen del movimiento obrero visto desde una perspectiva socialista, véase Roberto Cassá, Movimiento obrero y lucha socialista en la República Dominicana: Desde los orígenes hasta 1960, Santo Domingo, 1990.

Entre los estudios de los cambios estructurales socioeconómicos y políticos después de Trujillo están: Isis Duarte, Capitalismo y superpoblación en Santo Domingo, Santo Domingo, 1980, que trata las consecuencias demográficas del subdesarrollo, la urbanización y la migración desde una perspectiva marxista; José Luis Alemán, 27 ensayos sobre economía y sociedad dominicana, Santiago de los Caballeros, Rep. Dom., 1982; Frank Moya Pons, El pasado dominicano, Santo Domingo, 1986, que contiene varios estudios históricos sobre los problemas de la modernización en la República Dominicana en el siglo XX; y Rosario Espinal, Autoritarismo y democracia en la política dominicana, San José, C. R., 1987, que se ocupa de la evolución del sistema político dominicano entre 1930 y 1986 desde la perspectiva de la dinámica de los partidos políticos.

Los estudios de la migración han recibido cierta atención en años recientes. Véanse, por ejemplo, Bernardo Vega, La migración española de 1939 y los inicios del marxismo-leninismo en la República Dominicana, Santo Domingo, 1984; Consuelo Naranjo Ovorio, «Transterrados españoles en las Antillas: Un acercamiento a su vida cotidiana», Anuario de Estudios Americanos, 44 (1987), pp. 521-548; Jorge Duany, Los dominicanos en Puerto Rico: Migración en la semiperiferia, Río Piedras, P. R., 1990; y un breve artículo de Kai Schoenhals, «An extraordinary migration: Jews in the Dominican Republic», Caribbean Review, 14/4 (1985).

Entre las obras bibliográficas citaremos: Howard Wiarda, Materiales para el estudio de la política y el gobierno de la República Dominicana, 1930-1966, Santiago de los Caballeros, Rep. Dom., 1966; Deborah Hitt y Larman Wilson, A Selected Bibliography of the Dominican Republic: A Century after the Restoration of Independence, Washington, D. C., 1968; y Wolf Grabendorf, Bibliographie zu Politik und Gesellschaft der Dominikanischen Republik: Neuere Studien 1961-1971, Munich, 1973. Una bibliografía económica más reciente y muy útil es Banco Central de la República Dominicana, Bibliografía económica de la República Dominicana, Santo Domingo, 1984.

6. Haití, 1930-c. 1990

Entre las obras de carácter general que tratan de Haití en el período que va de 1930 al presente está Patrick Bellegarde Smith, Haití: The Breached Citadel, Boulder, Colo., 1990; véase también su biografía intelectual del político haitiano Dantés Bellegarde, In the Shadow of Powers, Atlantic Heights, N. J., 1985. Estas obras, sin embargo, presentan una visión bastante superficial de la historia del país. Los cuatro últimos capítulos de David Nicholls, From Dessalines to Duvalier: Race, Colour and National Independence in Haití, Cambridge, 1979, Londres, 1989, se ocupan del pensamiento social y político reciente. La mayor parte de Lionel Paquin, The Haitians: Class and Color in Politics, Nueva York, 1983, se refiere al período a partir de 1930. Entre las crónicas populares y un tanto periodísticas del pasado de Haití se encuentra Robert Rotberg, Haití: The Politics of Squalor. Boston, 1971. Robert Debs Heinl, que estuvo encargado de la misión de la infantería de marina norteamericana en Haití en los primeros años del régimen de Duvalier, ha producido, con Nancy Heinl, una historia muy etnocéntrica y anecdótica de Haití titulada Written in Blood: The Story of the Haitian People, Boston, 1978. El segundo volumen de Claude Moïse, Constitutions et luttes de pouvoir en Haití (1804-1987), Montreal, 1990, se ocupa de los acontecimientos de este período. Para las obras bibliográficas sobre Haití, véase HALC, 9, ensayo bibliográfico 8.

Rayford Logan, Haiti and the Dominican Republic, Londres, 1968, es un volumen útil y el mejor sobre las relaciones de Haití con Estados Unidos. Otras obras que se concentran en las relaciones exteriores de Haití son L. F. Manigat, Haiti of the Sixties: Object of International Concern, Washington, D. C., 1964, y Robert Tomasek, «The Haitian-Dominican Republic controversy of 1963 and the Organisation of American States», Orbis, 12 (1968).

Tratan especialmente de la literatura y la cultura en este período J. Michael Dash, Literature and Ideology in Haiti, 1915-1961, Londres, 1981, y Haiti and the United States: National Stereotypes and the Literary Imagination, Nueva York, 1988. Ulrich Fleischmann, Ideologie und Wirklichkeit in der Literature Haitis, Berlín, 1969, se ocupa del período posterior a 1930. Existe una traducción al créole de esta obra con el título de Ideyoloji ak reyalite nan literari ayisyen, Ginebra, 1981. René Depestre, Bonjour et adieu à la négritude, París, 1980, y Laénnec Hurbon, Culture et dictadure en Haiti, París, 1979, consideran la cultura haitiana desde un punto de vista histórico y relacionan movimientos de la literatura haitiana con el fenómeno Duvalier. Más recientemente Hurbon ha escrito Comprendre Haiti: Essai sur l’état, la nation, la culture, Puerto Príncipe y París, 1987. Raphael Berrou y Pradel Pompilus han producido una edición corregida y aumentada de su Histoire de la litterature haitienne. Puerto Príncipe, 1975. Adolece de cierta falta de espíritu crítico y de didacticismo, pero, a pesar de ello, es un manual útil. Léon-François Hoffmann en Le négre romantique, París, 1973, Le román haitien, Princeton, N. J., 1982, Essays on Haitian Literature, Washington, D. C., 1984, y en varios artículos de Caribbean Review y otras publicaciones ha añadido mucho a nuestro conocimiento y apreciación de la literatura haitiana de este período. Dos monografías cortas sobre J. S. Alexis han aparecido en años recientes, una de Michael Dash, Jacques Stéphen Alexis, Toronto, 1975, y la otra titulada Le romancero aux étoiles, de Maximilien Laroche, París, 1978. Claude Souffrant se ocupa de Jacques Roumain y J. S. Alexis, así como del poeta norteamericano Langston Hughes, en Une négritude socialiste, París, 1978.

El mejor libro sobre la ocupación estadounidense sigue siendo Hans Schmidt, The United States Occupation of Haiti, 1915-1934, Nueva Brunswick, N. J., 1971, soberbio estudio crítico de la política de Estados Unidos en Haití. Schmidt, sin embargo, examina sólo de paso y de modo un tanto insuficiente las reacciones haitianas a la ocupación. Robert Spector, W. Cameron Forbes and the Hoover Commissions to Haiti (1930), Lanham, Md., 1985, contiene mucha información útil, pero el libro carece de un análisis inteligente de la situación.

Entre las obras que tratan concretamente del período Duvalier cabe citar la espeluznante crónica de Bernard Diederich y Al Burt, Papa Doc: Haití and its Dictator, Londres, 1970, y Elizabeth Abbott, Haití: The Duvaliers and Their Legacy, Nueva York, 1988, que es una especie de continuación, aunque bastante mejor escrita. Otra crónica decididamente periodística de los años recientes es Amy Wilenz, The Rainy Season: Haití since Duvalier, Londres, 1989. Intentos más serios de mirar debajo de la superficie se encuentran en Latín America Bureau, Haití: Family Business, Londres, 1985, y James Ferguson, Papa Doc, Baby Doc, Londres, 1987; son crónicas críticas breves pero buenas de la dictadura de los Duvalier. Existe también una colección bastante aburrida de documentos: Charles Foster y Albert Valdman, eds., Haití - Today and Tomorrow, Lanham, Md., 1984. Es más analítica Michel-Rolph Trouillot, Les rocines historiques de l’état duvaliérien, Puerto Príncipe, 1986; hay una versión inglesa de este libro publicada con el título de Haití: State against Nation, Nueva York, 1990. Algunos capítulos de David Nicholls, Haití in Caribbean Context, Londres, 1985, también se ocupan del período moderno.

Roger Dorsinville, Marche arriére, Outremont, Quebec, 1986, consiste en extensas entrevistas con el veterano intelectual y contiene recuerdos y comentarios de los años posteriores a 1930. Entre otros estudios biográficos están dos libros de Carlo A. Désinor; L’affaire Jumelle, Puerto Príncipe, 1987, y Daniel, Puerto Príncipe, 1986, sobre el líder polista Daniel Fignolé.

Aunque no se encuentra una buena historia económica de Haití, varias obras sobre la economía haitiana abordan los asuntos con perspectiva histórica. Entre ellas merecen citarse los dos libros de Mats Lundahl, Peasants and Poverty: A Study of Haití, Londres, 1979, y The Haitian Economy: Man, Land and Market, Londres y Canberra, 1983; también Christian Girault, Le commerce du café en Haïti: Habitants, spéculateurs et exportateurs, París, 1981.

Sobre temas más especializados está Kern Delinee, Armée et politique en Haití, París, 1979, que contiene información histórica útil sobre el período moderno. El crecimiento del pequeño movimiento sindical se explica en líneas generales en Jean-Jacques Doubout y Ulrich Joly, Notes sur le développement du mouvement syndical en Haïti, s. 1., s. f. Más recientes son Michel Héctor, Syndicalisme et socialisme en Haïti: 1932-1970, Puerto Príncipe, 1989, y un artículo de Mats Lundahl, «The rise and fall of the Haitian labour mouvement», en Malcolm Cross y Gad Heuman, eds., Labour in the Caribbean, Londres, 1988. Charles Tardieu, L’éducation en Haïti: De la période coloniale á nous jours, Puerto Príncipe, 1990, también merece mencionarse. El excelente Atlas d’Haïti, Burdeos, 1985, publicado por un grupo coordinado por Christian Girault contiene abundante información histórica.

Recientemente han aparecido varias obras sobre la migración haitiana. Maurice Lemoine estudia la emigración de cortadores de caña haitianos a la República Dominicana en Sucre amer: Esclaves aujourd’hui dans les Caraibes, París, 1981, y Ramón Antonio Veras se ocupa de ella en Inmigración, haitianos, esclavitud, Santo Domingo, 1983. La matanza de haitianos perpetrada por Trujillo es el tema de Juan Manuel García, La matanza de los haitianos: Genocidio de Trujillo, 1937, Santo Domingo, 1983; José I. Cuello, ed., Documentos del conflicto dominicano-haitiano de 1937, Santo Domingo, 1984; y Bernardo Vega, ed., Trujillo y Haití, 1930-37, Santo Domingo, 1988. Otra migración importante se considera en Dawn Marshall, «The Haitian Problem»: Illegal Migration to the Bahamas, Kingston, Jam., 1979. Existen numerosos artículos sobre la emigración haitiana a América del Norte que se examinan en Robert Lawless, «Haitian migrants and Haitian Americans: From invisibility into the spotlight», Journal of Ethnic Studies, 14/2 (1986).

7. Puerto Rico, 1940-c. 1990

Gran parte de la materia prima para la historia de Puerto Rico desde 1940 está enterrada en las estadísticas elaboradas por diversos organismos del gobierno del Estado libre asociado. Puerto Rico es probablemente una de la sociedades más «medidas» de América Latina. Las estadísticas son generalmente dignas de confianza, aunque copiosas y no siempre fáciles de obtener. Los Informes Económicos anuales al gobernador, publicados por la Junta de Planificación, son una útil fuente de información básica sobre la economía, y también lo son los informes mensuales sobre el empleo y el paro que da a conocer el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. La división de Planificación Social de la Junta de Planificación ha publicado varios informes y estudios especiales: un ejemplo es su estudio de 1974 «Informe recursos humanos: Puerto Rican migrants, a socio-economic study». Los informes anuales de los organismos importantes del gobierno como los departamentos de Educación Pública, Comercio, Agricultura, Trabajo y Recursos Humanos, y Fomento, y la comisión electoral, son fuente de datos útiles aunque indigestos.

El Report of the United States-Puerto Rico Commission on the Status of Puerto Rico, Washington, D. C., 1966, con sus documentos complementarios, es una importante fuente de información relativa a Puerto Rico, así como un documento esencial por derecho propio. Otra fuente de datos importantes sobre la economía puertorriqueña, a partir de finales del decenio de 1970, son los dos volúmenes de Economic Study of Puerto Rico: Report to the President Prepared by the Interagency Task Forcé Coordinated by the U. S. Department of Commerce, Washington, D. C., 1979.

Gordon K. Lewis, Puerto Rico: Freedom and Power in the Caribbean, Nueva York, 1963 (hay trad. cast.: Puerto Rico: libertad y poder en el Caribe, Edil, Río Piedras, 1970), es una obra clásica sobre el Puerto Rico moderno. Complemento y puesta al día de dicho libro es la obra del mismo autor Notes on the Puerto Rican Revolution, Nueva York, 1975. Una obra general importante y más reciente sobre Puerto Rico, escrita desde un punto de vista «neutral», europeo, es Raymond Carr, Puerto Rico: A Colonial Experiment, Nueva York, 1984.

La historia del New Deal en Puerto Rico y los acontecimientos políticos del decenio de 1930 tienen su crónica en Thomas Matthews, Puerto Rican Politics and the New Deal, Gainesville, Fia., 1960 (hay trad. cast.: La política puertorriqueña y el Nuevo Trato, Editorial Universitaria, Río Piedras, 1970). Para los orígenes del PPD, sus orientaciones ideológicas y los primeros tiempos de su historia, véase Robert W. Anderson, Party Politics in Puerto Rico, Stanford, Calif., 1965 (hay trad. cast.: Gobiernos y partidos políticos en Puerto Rico seguido de un estudio sobre el plebiscito de 1967 y las elecciones de 1968, Tecnos, Madrid, 1973). Para los años de la guerra, R. G. Tugwell, The Stricken Land, Nueva York, 1947, es lectura esencial. Una buena descripción de la administración del gobernador Tugwell se encuentra en Charles Goodsell, The Administration of a Revolution: Executive Reform in Puerto Rico under Governor Tugwell, 1941-1946, Cambridge, Mass., 1965 [hay trad. cast.: Administración de una Revolución: La reforma del poder ejecutivo en Puerto Rico bajo el gobernador Tugwell (1941-1946), Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1978]. La historia de la política de incentivos industriales bajo el gobernador Tugwell durante la segunda guerra mundial se describe detalladamente en David Ross, The Long Uphill Path, San Juan, P. R., 1976. Sobre el proceso que culminó con la aprobación de la ley que autorizaba las elecciones directas para el cargo de gobernador de Puerto Rico en 1948, véase Surendra Bhana, The United States and the Development of the Puerto Rican Status Question, 1936-1948, Lawrence, Kans., 1975. Sobre los asuntos constitucionales y económicos en general durante la posguerra, véase Henry Wells, The Modernization of Puerto Rico, Cambridge, Mass., 1969 (hay trad. cast.: La modernización de Puerto Rico: Un análisis político de valores e instituciones en proceso de cambio, Editorial Universitaria, Río Piedras, 1979).

Sobre la política económica y de desarrollo en el período contemporáneo, se encuentran opiniones interesantes y críticas en Richard Weisskoff, Faetones and Food Stamps: The Puerto Rican Model of Development, Baltimore, 1985, y en Emilio Pantojas-García, Development Strategies as Ideology: Puerto Ricos Exportled Industrialization Experience, Londres, 1990. Véase también James Dietz, Economic History of Puerto Rico: Institutional Changes and Capitalist Development, Princeton, N. J., 1986 (hay trad. cast.: Historia económica de Puerto Rico, Huracán, Río Piedras, 1989).

Sobre la política de partidos, Kenneth Farr, Personalism and Party Politics: Institutionalization of the Popular Democratic Party of Puerto Rico, Hato Rey, P. R., 1973, contiene principalmente material descriptivo. El volumen 2 de Bolívar Pagán, Historia de los partidos políticos puertorriqueños, San Juan, P. R., 1972, contiene un poco de información sobre el período posterior a 1940, pero es en gran parte anecdótico y nada sistemático. Una visión de la estructura de partidos la dan Ángel Quintero Rivera, El liderato local de los partidos políticos en el estudio de la política puertorriqueña, Río Piedras, P. R., 1970, y Rafael Ramírez, El arrabal y la política, Río Piedras, P. R., 1977. Véanse también Ángel Quintero Rivera, «La clase obrera y el proceso político en Puerto Rico», Revista de Ciencias Sociales, 20 (1976), pp. 3-48, y Rafael Ramírez y Eduardo Rivera Medina, Del cañaveral a la fábrica, San Juan, P. R., 1984. El movimiento a favor del estatismo en Puerto Rico se estudia extensamente en dos libros recientes: Aaron Ramos, Las ideas anexionistas en Puerto Rico bajo la dominación norteamericana, San Juan, 1987, y Edgardo Meléndez, Puerto Rico’s Statehood Movement, Nueva York, 1988.

La fuente más fidedigna sobre derecho constitucional y desarrollo es el estudio en cuatro volúmenes de un ex presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico: José Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, P. R., 1980-1983. Los volúmenes tercero y cuarto tratan del período transcurrido desde 1940. Una fuente fundamental para la historia y la evolución del estatus de Estado libre asociado es el libro que escribió su principal protagonista en el congreso, el ex comisionado residente Antonio Fernós Isern, Estado Libre Asociado de Puerto Rico: Antecedentes, creación y desarrollo hasta la época presente, Río Piedras, P. R., 1974. Una visión crítica legalista del estatus de Estado libre asociado se presenta en Rafael Garzaro, Puerto Rico: Una nación en busca de Estado, Salamanca, 1974.

Una colección muy útil de artículos relativos a los problemas contemporáneos de la isla es Jorge Heine, ed., Time for Decisión: The United States and Puerto Rico, Lanham, Md., 1983. El opúsculo The Puerto Rican Question, de Jorge Heine y Juan M. García Passalacqua, es una introducción buena, breve e informativa a los dilemas políticos de Puerto Rico; se publicó como el n.º 266 de la Foreign Policy Association Headline Series (noviembre-diciembre de 1983). Hay una excelente serie de artículos sobre la sociedad contemporánea de Puerto Rico que en su mayor parte se basan en una investigación seria, con perspectiva crítica, en el número especial de la publicación Radical America, 23/1 (1990). Véase también, para una colección anterior pero parecida, un número especial de LAP, 2/3 (1976), dedicado en su totalidad a Puerto Rico. Véase también el capítulo de Robert W. Anderson, «The United States and Puerto Rico: A critique», en R. G. Hellman y H. J. Rosenbaum, eds., Latín America: The Searchfor a New International Role, Nueva York, 1975, pp. 167-190.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ha empezado a prestar atención a Puerto Rico en años recientes. En su serie de múltiples volúmenes y edición a cargo de un comité titulada ¿Hacia un nuevo orden estatal en América Latina?, Buenos Aires, 1988-1990, hay tres capítulos útiles, aunque breves, sobre aspectos actuales del sistema de gobierno y la economía de Puerto Rico. El volumen 1 (Democratización/modernización y actores políticos) tiene un capítulo de Marcia Rivera, «Democracia en la colonia: Las transformaciones del Estado en la encrucijada puertorriqueña», pp. 387-410. M. Rivera y Juan Castañer se ocupan de la política económica en el vol. 3, Los actores socioeconómicos del ajuste estructural: «Reajuste en la dependencia: Nuevas propuestas de política económica en Puerto Rico», pp. 527-571. Y hay un capítulo titulado «Cultura y grupos populares en la historia viva de Puerto Rico hoy», de Lydia M. González en el vol. 8, Innovación cultural y actores socioculturales, pp. 323-342.

José Hernández Álvarez, Return Migration to Puerto Rico, Berkeley, 1967, uno de los pocos estudios serios de un aspecto importante de la migración puertorriqueña, necesita urgentemente su ampliación y puesta al día. Manuel Maldonado Denis, Puerto Rico y Estados Unidos: Emigración y colonialismo, México, D. F., 1978, es una perspectiva general bastante polémica del fenómeno de la migración. José L. Vázquez Calzada, La población de Puerto Rico y su trayectoria histórica, San Juan, P. R., 1978, es una útil obra de historia demográfica.

Las publicaciones del Centro de Estudios Puertorriqueños de la City University of New York son especialmente notables, en particular en los campos del análisis de las clases y los problemas de la migración. Un ejemplo útil para toda persona interesada en las dimensiones culturales del Puerto Rico contemporáneo es Taller de Cultura, los puertorriqueños y la cultura; crítica y debate: conferencia de historiografía, Nueva York, abril de 1974. José Luis González, Puerto Rico: El país de cuatro pisos, San Juan, P. R., 1980, con su continuación Nueva visita al cuarto piso, Madrid, 1986, es un ejemplo excelente de las publicaciones controvertidas que se ocupan del problema de la «identidad» cultural puertorriqueña.

La posición de Puerto Rico en los asuntos internacionales ha recibido no poca atención durante los dos últimos decenios. W. Michael Reisman, Puerto Rico and the International Process: New Roles in Association, Washington. D. C., 1975, trata de los potenciales (en gran parte sin explotar) para la participación de Puerto Rico en organizaciones internacionales bajo su actual condición de Estado libre asociado. El debate en las Naciones Unidas en torno a Puerto Rico y la «descolonización» tiene su crónica, a partir de mediados de los años setenta, en Carmen Gautier Mayoral y María del Pilar Arguelles, Puerto Rico y la ONU, Río Piedras, P. R., 1978. Buenas colecciones de ensayos críticos sobre las limitaciones y las posibilidades del papel internacional y regional de Puerto Rico, escritas por estudiosos puertorriqueños, son Carmen Gautier Mayoral, Ángel Rivera Ortiz e lisa Alegría Ortega, eds., Puerto Rico en las relaciones internacionales del Caribe, Río Piedras, P. R., 1990, y Puerto Rico en la economía política del Caribe, Río Piedras, P. R., 1990. Una edición en un volumen de estos ensayos la publicó el CLACSO (Buenos Aires) en 1987 con el título de Puerto Rico en el Caribe hoy. Los aspectos militares de la importancia de Puerto Rico para Estados Unidos en la región se documentan y analizan en Jorge Rodríguez Beruff, Política militar y dominación: Puerto Rico en el contexto latinoamericano, San Juan, 1988.

ÍNDICE ALFABÉTICO

Abascal, Salvador, líder populista mexicano, 63

ABC, grupo cubano de oposición, 155, 157, 159, 161, 168

aborto: en Cuba, 201, 202, 203; en México, 120

abstencionismo, véase elecciones

Acapulco (México), 92

Acción Dominicana Independiente (ADI), 246

Acción Nacional, véase Partido de Acción Nacional

acciones, posesión anónima de: en México, 114; en la República Dominicana, 230

aceites vegetales, dominicanos, 232, 233, 234

acero mexicano, 70, 93, 125, 141

Acta de Reconciliación (1966), en la República Dominicana, 250

Action Nationale, L’, de Haití, 273

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), adhesión de México al (1986), 141

aduanas: cubanas, 168; dominicanas, 236, 237; haitianas, 274; véase también aranceles

África: y Cuba, 195, 200, 204, 209, 223, 225 n., 227; y Haití, 276, 285, 287

afrocubanos, 204-205

Agencia Central de Inteligencia (CIA): y Argentina, 109; y Cuba, 187, 189, 191; y la República Dominicana, 252

Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), y la República Dominicana, 243, 252, 253, 258

agrario, véase conflicto agrario mexicano; leyes de reforma agraria; reforma agraria

agricultura: cubana, 151, 152, 154, 162, 166-167, 177, 194, 198, 200, 206, 270; dominicana, 242, 253, 258, 259, 262, 264; haitiana, 267, 270-271, 288; mexicana, 18, 27, 75-76, 87, 89-90, 99-100, 108, 115, 124-125, 131-132, 138; puertorriqueña, 300, 305, 306

agricultura capitalista: cubana, 152, 178, 187, 190, 192, 196; dominicana, 243; haitiana, 267, 270, 271; mexicana, 15, 18, 21, 56, 77, 89-90, 99, 108, 124; puertorriqueña, 296, 298-299

agricultura colectivizada: cubana, 196; haitiana; 282, 288; mexicana, 14-15, 27, 28-30, 32-33, 56, 57, 76, 77, 90, 115, 129

agricultura de pequeñas explotaciones o de

subsistencia: cubana, 190, 196; haitiana, 267, 270, 282; mexicana, 18, 90, 100, 108, 124

agua: en Cuba, 151, 177; en Haití, 274; en la

República Dominicana, 244; en México, 30, 99; véase también hidroeléctrica, energía; regadíos

aguardiente, dominicano, 232

Águila Company, El, filial mexicana de la Shell, 47 n., 49, 51; véase también Poza Rica; Royal Dutch Shell

Aguilar, Cándido, 21

Aguirre Velázquez, Ramón, 145

Ala Izquierda Estudiantil (AIE), de Cuba, 155, 160

Alamán, Lucas, 73

Albizu Campos, Pedro, 296, 298, 299

Alegría de Pío (Cuba), 174

Alejo, Francisco Javier, 122

Alemán, Miguel, y alemanismo, 42, 62, 63, 66, 77, 78, 80, 82, 96, 98-99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 113, 121, 124, 125, 137

Alemania: y Cuba, 152; y Haití, 269, 272, 276;

y México, 19, 53, 54, 67, 97; y Polonia, 51;

y la Unión Soviética, 54

Alexis, Jacques Stéphen, 272, 286-287

Alfaro Siqueiros, David, pintor mexicano, 111

algodón: haitiano, 267; mexicano, 28, 29

Alianza Obrera Campesina Mexicana (AOCM), 81

Alianza para el Progreso, programa, 112, 246; véase también Organización de Estados Americanos (OEA)

alimentación, productos de: en Cuba, 171, 177, 178, 179, 187, 196; en Haití, 267; en la

República Dominicana, 231, 232, 253, 259, 260, 265; en México, 56, 57, 73, 74, 89-90, 108, 110, 118, 137, 138; véase también nutrición

Allende, Salvador, presidente de Chile, 122

Almazán, Juan Andreu, y el almazanismo, 21, 24, 59, 60, 66, 75, 78; campaña presidencial de, 64, 65

Almeida, Juan, 175

Alvarado, Salvador, 34

Alvarez, Horacio, presidente de la Asociación

de Industrias Dominicanas, 246

Álvarez, Luis H., candidato panista, 110, 143

Amaro, Joaquín, 25, 58, 59, 64

América Central: y México, 132, 140; y Unión Soviética, 132

América Latina: Haití, como país más pobre de, 267; igualitarismo en, 201; y Cuba, 195, 214, 222, 225; y la República Dominicana, 235, 251; y Puerto Rico, 312

American Federation of Labor (AFL), 274, 292

americanización: de México, 69, 93; de Puerto Rico, 295, 307, 309, 311

Amilpa, Fernando, 80, 101

analfabetismo: en Cuba, 178, 205, 206, 209, 210-211; en Haití, 284; en la República Dominicana, 241, 242, 266; en México, 30, 35, 38, 40

Anderson Clayton Company, 30

Ángeles, Los (California), 120

Anglais, Les, región de (Haití), 288

anglicana, Iglesia, véase protestantismo

Angola, y Cuba, 200, 224, 225, 226

anticlericalismo: en Haití, 269, 279; en México, 14, 18, 19, 21, 25, 34, 39; véase también Iglesia católica

anticomunismo: en Cuba, 172, 191, 192; en

Guatemala, 109; en Haití, 278; en la República Dominicana, 245, 246, 247, 249, 250;

en México, 23-24, 51, 58, 60-61, 63, 72, 73, 79-80, 81, 101; y Cuba, 187; véase también Partido Revolucionario Anti-Comunista de México

anticonceptivos, métodos, en Cuba, 201, 202

antifascismo, en México, 54, 63, 72, 79

antiimperialismo: cubano, 153, 210; en América Latina, 221-222; en México, 75, 101, 102; en Puerto Rico, 310

antimilitarismo, en Cuba, 159, 160

antinorteamericanismo: en Haití, 278; en México, 111-112; véase también Estados Unidos

antisemitismo, en México, 54, 58; véase también judaísmo

antisuperstición, campaña, en Haití, 269, 277

árabes, véase Oriente Medio

Araiza, Luis, 107

aranceles: cubanos, 152, 156, 176; dominicanos, 232, 236; mexicanos, 57, 73, 86, 99, 114, 141; véase también impuestos

Arbenz, Jacobo, presidente reformista de Guatemala, 109, 188

Arenas, Reinaldo, escritor cubano, 206

Argelia, y Cuba, 222, 225 n.

Argentina: economía de, 142, 171, 178; y Cuba, 225; y el grupo Contadora, 140; y Guatemala, 109

Aristide, Jean-Bertrand, 292

armas, en Cuba, 169, 187, 189

arroz: en Haití, 292; en la República Dominicana, 230, 234, 243, 252

arte: cubano, 153, 218: haitiano, 268-269, 294;

mexicano, 28, 35, 111, 117

artes gráficas: en Haití, 274; en México, 42, 43

Artibonite (Haití), 273, 274, 293

Artibonite Journal, L’ revista haitiana, 272

Anime, Manuel, ex teniente del ejército rebelde cubano, 188

asamblea constituyente: cubana, 167; haitiana, 292; puertorriqueña, 301

asesinatos: en Cuba, 155, 164-165, 174, 175, 191; en Haití, 279; en México, 15, 17, 23; en Puerto Rico, 297; véase también ejecuciones; violencia

Asia: y América Latina, 169, 170; y Cuba, 226 n.

Asociación de Industrias de la República Dominicana, 246

Asociación de Juventud Revolucionaria (AJR), de Cuba, 192

Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), de Cuba, 192, 210, 220

Atencingo (México), 32-33

Ateneo de la Juventud, de Cuba, 43

Aubourg, Michel, ideólogo noiriste, 278

Augustin, Rémy, sacerdote haitiano, 277

Auténtico, véase Partido Revolucionario Cubano

autobús, conductores cubanos de, 158, 179

autobuses: cubanos, 158, 173; mexicanos, 75

autodeterminación, en la política exterior mexicana, 51, 96, 111, 112

automóvil, industria del, en México, 120, 141:

trabajadores de, 125

automóviles: en Cuba, 178; en Haití, 292

autopistas, véase carreteras

autoritarismo: cubano, 215, 217-218, 220; haitiano, 276; mexicano, 14, 85, 93; véase también dictadura

aves de corral, en México, 90; véase también huevos, producción de

Ávila Camacho, Manuel, 24, 40, 46, 53, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 75, 77-78, 101; campaña presidencial de, 61-64, 98

Ávila Camacho, Maximino, 71-72

ayuda exterior: desde Cuba, 200, 202, 225; hacia Cuba, 185-186, 194; hacia Haití, 280, 282, 283, 286, 289; hacia Puerto Rico, 297, 308-309; véase también Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional

Azua (República Dominicana), 235

azúcar: cubano, 112, 151, 152, 154, 162, 166, 167, 169, 170, 171, 176, 177, 178, 179, 186, 187, 190, 194-195, 197, 198, 200, 206, 209, 224; dominicano, 232, 233, 234, 244, 253, 254, 260; haitiano, 270, 274, 283, 292; mexicano, 57, 76, 85; precios del, 171, 176, 194, 198, 199, 224, 254-255, 260; puertorriqueño, 295, 296, 297, 299, 300, 305

Baeza Meléndez, Fernando, candidato del PRI, 143

Baguidy, Joseph, 278

Bahamas, haitianos en las, 286, 288

Baja California, en México, 68, 114

Bajeaux, Jean-Claude, ex sacerdote católico, 293

Bajío (México), 58

Balaguer, Joaquín, presidente dominicano, 238, 248, 250 y n. 251-252, 253, 254, 255-257, 258, 259, 261, 264-265

balanza comercial, mexicana, 118, 133, 134

balanza de pagos: cubana, 171, 194; dominicana, 247-248, 253-254, 258, 259, 260, 262, 263, 264; mexicana, 118, 126, 140

balseros, véase emigración

Banco Central dominicano, 263, 264

Banco de México, 128

Banco de Reservas, en la República Dominicana, 235

Banco Gubernamental de Fomento, en Puerto

Rico, 300

Banco Interamericano de Desarrollo, y la República Dominicana, 243, 253, 258

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 171

Banco Mundial: y Haití, 284, 293; y la República Dominicana, 243, 253, 258

Banco Nacional de Crédito Ejidal, de México, 28, 29, 30, 32

Banco Nacional de Cuba, 185, 192

Banco para el Comercio Exterior, 187

bancos: en Cuba, 152, 154, 173, 176-177, 184, 187, 190, 194; en México, 16, 123, 136, 137

bancos centrales: cubano, 195; mexicano, 118

«Banda, La», agrupación paramilitar dominicana, 250

bandera haitiana, cambio de la, 281-282, 291

Barahona, minas de sal dominicanas de, 230

Barbot, Clément, líder de los cagoulards, 279-280

Barnet, José A., 165

Barquín, Ramón, coronel cubano, 176, 182

Barrios Terrazas, Francisco, candidato del

PAN, 143

Barros Sierra, Javier, rector de la UNAM, 113, 116

Bartlett Díaz, Manuel, secretario de Gobernación mexicano, 144, 145, 146

Bassols, Narciso, secretario de Educación mexicano, 19, 33, 34-35, 38, 72, 80

Batista, Fulgencio, 160, 162, 163-164, 165-166, 167, 168-169, 172, 173-175, 176, 178, 179, 180-182, 183, 188, 190, 193, 194, 204, 206

bauxita, minas haitianas de, 267, 283

Bayamo (Cuba), 203

Baz, Gustavo, secretario de Asistencia mexicano, 98

Bazin, Marc, ministro haitiano de Hacienda, 284, 292, 293

bebidas: mexicanas, 92; puertorriqueñas, 299

Belance, Rene, 277

Bélgica, y Cuba, 187

Bellegarde, Dantés, 275

Benítez Rojo, Antonio, 206

Bennett, Ernest, comerciante haitiano, 278, 283, 284, 285

Bernard, Joseph, ministro haitiano de Educación, 287-288

Bernard, Régnor, 277

Betancourt, Rómulo, presidente de Venezuela, 238

Beteta, Ramón, secretario mexicano de Hacienda, 103

bienes de capital, en México, 86, 133

bienes de consumo: en Cuba, 176, 194, 212; en Haití, 267, 270; en México, 74, 86, 105, 123, 137; en Puerto Rico, 306

bienes de producción mexicanos, 86

Blanchet, Jules, 278

Blanchet, Paul, 278, 279

Blanco, Salvador Jorge, senador y presidente

dominicano, 261, 262, 263, 264, 265, 266

blancos, en Haití, 282, 288

Bloque de Unidad Obrera (BUO), de México, 106-107, 108, 115

Boitel, Pedro, del Movimiento 26 de Julio, 191

Bojórquez, Juan de Dios, secretario mexicano de Gobernación, 24

bolchevismo, y la protesta agraria, 17, 28

Bolivia: y Cuba, 223; y la República Dominicana, 251

bonos del Estado: cubanos, 177; mexicanos, 49, (11, 114

Bonsal, Philip, embajador estadounidense en Cuba, 186, 187

Borno, Louis, régimen colaboracionista de, 270, 271

Borunda, Teófilo, secretario general del PRI, 101

Bosch, Juan, presidente dominicano, 245, 246-247, 248, 249, 250, 256, 257, 265, 281; golpe de estado contra, 247

bosques, pérdida de, en la República Dominicana, 266

Bracamontes, Luis Enrique, secretario mexicano de Obras Públicas, 126

bracerismo, 71, 77, 97, 119; véase también emigración

Brasil: economía de, 171, 178; y el grupo Contadora, 140; y la República Dominicana, 249, 266; y la seguridad del hemisferio, 53

Brazzaville (Congo), 222

Bremer, Juan José, 122

Bretón, André, 272

Brierre, Jean F., poeta haitiano, 277, 287

Brigada 2506 de los exiliados cubanos, 188-189

Brouard, Cari, poeta mulato, 276

Browder, Earl, 44

Brutus, familia haitiana, 273

Buendía, Manuel, periodista mexicano, 121

Bureau d’Ethnologie, 277

Caamaño, Francisco, coronel dominicano, 250, 251

Cabana, La, fortaleza militar de, 182

Cabanas, Lucio, revolucionario agrario, 117

Cabrera Infante, Guillermo, 206

cacaos, haitianos, 275

café: cubano, 151; dominicano, 234; haitiano, 267, 270, 275, 278, 282, 283; mexicano, 32;

precios mundiales del, 274, 275, 282; puertorriqueño, 296

cagoulards (encapuchados), 279; véase también tontons macoutes

Calderón, Enrique, 98

California, y los inmigrantes ilegales, 139

Calixte, D. P., ex jefe de la Garde d’Haïti, 273

Calles, Plutarco Elías, y el callismo, 14, 15, 16, 17, 18-19, 20, 21, 23, 24-27, 42, 43, 57, 64, 69, 73; anticomunismo de, 22, 23; fascismo de, 19, 26, 34

Calles-Morrow, acuerdo (1928), 46, 52

calzado, industria del: cubana, 156; dominicana, 232, 233, 243; haitiana, 271, 274

Camagüey (Cuba), 155, 181, 191, 216

Cámara de Diputados, de México, 112, 130, 143, 147

Camarena, Enrique, agente contra el tráfico de drogas, 139

Camille, Roussan, poeta haitiano, 277

Campa, Valentín, fundador de la CUT, 107

campesinado: cubano, 178, 193; dominicano, 239, 244; haitiano, 267, 268, 269, 270, 272, 276, 278, 288, 289, 291, 294; mexicano, 14, 25, 27, 90, 94, 95-96, 115, 138

campesinos, organización de: cubanos, 219, 220; dominicanos, 247; haitianos, 270, 273, 292; mexicanos, 13, 14, 15, 32, 33, 43, 55, 81, 95-96, 108, 111, 113, 117, 129; véase también Confederación Nacional Campesina

CANACINTRA, de México, 123

Canadá, haitianos en, 286

Cancún (México), 132, 135

Cantillo, Eulogio, general cubano, 182

Cap Haïtien (Haití), 289, 292

capital exterior, inversiones de: en Cuba, 152, 173, 176-177, 184, 185; en Haití, 269, 270, 271, 283; en la República Dominicana, 243, 252-253, 254, 255; en México, 18, 46, 47-48, 50, 78, 85, 86, 87, 88, 94, 99, 102, 111, 118, 136; en Puerto Rico, 300, 305-306, 308

capitalismo: en Cuba, 152, 171-172, 176-177, 179, 185-186, 200; en la República Dominicana, 241, 243; en México, 87, 106, 108, 123, 134, 136, 140, 171; en Puerto Rico, 306; véase también capital exterior, inversiones de

Caracas (Venezuela), 109, 178, 179, 293

Caracas, conferencia de (1958), 179

Caraveo, Marcelo, 58

Carbó, Sergio, 161

Cárdenas, Cuauhtémoc, 144, 145-146, 147

Cárdenas, Lázaro, y el cardenismo, 16-17, 18, 19-21, 22, 23, 24-26, 27, 29, 36-38, 40, 41, 43, 45, 51-52, 54, 56-57, 60-63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70-73, 76, 77, 82, 86, 101, 103, 109-110, 122, 136; antifascismo de, 53-54;

campaña presidencial de, 19-21; y la industria del petróleo, 47, 49, 50-51

carestías: en Cuba, 169, 171, 179, 196-197; en México, 74-75; en Puerto Rico, 299

Caribbean Basin ínitiative, de ¡a administración Reagan, 284, 311

Caribe: colonias británicas en el, 271; fatalidad de la geopolítica en el área del, 256; y Estados Unidos, 269; y Puerto Rico, 311

carne: cubana, 179; dominicana, 230, 233, 243; mexicana, 74, 85, 89; véase también ganadería

Caro Quintana, Rafael, narcotraficante, 139

Carpentier, Alejo, 206

Carranza, Venustiano, 15

carreteras: en Haití, 275, 283; en la República Dominicana, 231, 242; en México, 28, 45, 57, 69, 143

Carrillo Flores, Antonio, secretario mexicano de Hacienda, 109

Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados (Naciones Unidas), 122

Carter, Jimmy, presidente norteamericano, 256, 284

Carvajal, Ángel, secretario mexicano de Gobernación, 109

Casa de España, en México, 51 n.

Casa Vicini, azucarera dominicana, 234

Casas Alemán, Fernando, 103

Caso, Antonio, 37

Castillo Nájera, Francisco, 98

Castro, Fidel, y el castrismo, 112, 116, 133, 174-175, 179, 180, 181-182, 183, 184-186, 187, 188-190, 191, 193, 194, 195-196, 197, 199, 204, 205, 208-209, 211, 215, 218, 219, 220-221, 222, 223, 238, 252

Castro, Raúl, 175, 180, 189, 191, 204, 213, 215

Catalogne, Gérard de, 276

categoría de Estado libre asociado, de Puerto Rico, 295, 296, 297, 301-302, 303-304, 309

catolicismo, véase Iglesia católica

caucho: haitiano, 272; mexicano, 75, 87

Cayes, Les (Haití), 270

cebo, dominicano, 232

Cedillo, Saturnino, 21, 23, 24, 25, 26, 36, 39, 58, 59-60, 64

cemento: dominicano, 234; haitiano, 292; mexicano, 70

Ceniceros, Enrique, gobernador de Durango, 113

censura, véase medios de comunicación

Central Río Haina, ingenio azucarero dominicano, 234

Central Romana, ingenio azucarero dominicano, 234

cereales, producción de, en México, 89, 115, 132

Cervantes del Río, Hugo, secretario mexicano

de la Presidencia, 126, 127

cerveza, industria de la, dominicana, 232

Césaire, Aimé, 287

Céspedes, Carlos Manuel de, presidente cubano, 159-161, 164

Chamizal (México), 112

Chantiers, revista del MOP haitiano, 274

Chapingo (México), Escuela de Agricultura de, 116

Chapultepec (México), 116; Conferencia de (1945), 79

Charlier, Étienne, ideólogo del PSP haitiano, 273

Chase Manhattan Bank, 185-186

Chávez, Ignacio, rector de la UNAM, 113

Checoslovaquia: y Cuba, 193, 223; y la Unión Soviética, 223

Chiapas (México), 26, 27, 32, 36, 92; reforma agraria de, 32, 36, 38

Chibas, Eduardo, líder estudiantil cubano, 172

Chihuahua (México), 93, 120, 129, 143

Chile: y Cuba, 223, 225 n.; y México, 122

China: imperialismo japonés en, 51; y Cuba, 223; y México, 122

chóferes-guías haitianos, 274; véase también taxistas, huelgas de

Christophe, Henri, 269, 281

CIA, véase Agencia Central de Inteligencia

Cibao (República Dominicana), 244; moneda haitiana en el, 235

Ciego de Ávila (Cuba), 216

Cienfuegos (Cuba), 176, 216

Cienfuegos, Camilo, 175, 182

«científicos», de México, 45

cigarros y cigarrillos cubanos, 155, 167, 169, 177

cinc, en México, 85

«cinco lobitos», de México, 22, 43

cine: haitiano, 287; mexicano, 28, 54, 59, 69, 93, 106, 110

Cité, La, revista haitiana, 272

Ciudad Juárez (México), 93, 120, 143

clase alta: cubana, 188, 207; dominicana, 245; haitiana, 268, 269, 270, 275, 277, 285; mexicana, 91, 119-120

clase media: cubana, 154, 178, 188; dominicana, 243, 245, 251, 261, 262, 264; haitiana, 268, 271, 274, 276, 278, 284, 285, 287, 293; mexicana, 24, 57, 64, 88, 90, 91, 95, 98, 104, 109, 115, 118, 138, 140

clase trabajadora: cubana, 154, 190, 196; dominicana, 233-234, 241; haitiana, 272; puertorriqueña, 297, 305

clase trabajadora mexicana, 57, 64, 90, 91, 94, 101, 102, 106, 137-138; poder adquisitivo de la, 56-57, 105, 107, 133, 140; rural, 22; urbana, 25, 95, 99, 138

Claude, Sylvio, 284, 292, 293

Clémard, Joseph Charles, 282

Clouthier, Manuel, candidato del PAN, 146, 147

Coahuila (México), 26

Coalición de Obreros, Campesinos y Estudiantes del Istmo (COCEI), 143

cobre, minas de: en Haití, 267, 274, 283; en México, 85

Coca-Cola, 185

cocaína, procedente de México, 139

Cochinos, Bahía de, 112, 189, 191

coco, dominicano, 232

Código Agrario (1942), en México, 19, 76

Colegio de México, 51 n.

Colegio Militar de México, 35

Colegio Superior de la Guerra, de México, 98

Colima (México), 38

Colombia: violencia en, 15; y México, 140

Colorado Land Company, 31

Colorado, río, presas en el, 99

Colotlán, región de, en el estado de Jalisco, 39

Columbia, campamento de, en La Habana, 160-161, 169, 182

comercio: en Cuba, 151, 154, 156, 157, 161, 166-167, 169, 171, 173, 178, 179, 184, 187, 201, 221, 223-224, 225; en el Caribe, 269; en Haití, 267, 269, 270, 292; en México, 17-18, 50, 52-53, 70, 73, 79, 85-87, 118, 120, 122-123, 133; en Puerto Rico, 311; véase también balanza comercial; comercio al por mayor; comercio al por menor; exportaciones; importaciones; intercambio, términos de comercio al por mayor, en Cuba, 187, 190

comercio al por menor: en Cuba, 187, 190; en México, 124

Comisión conjunta de defensa, entre Estados Unidos y México, 67

Comisión del estatus (1966), de Puerto Rico, 303

Comisión Internacional de Juristas, en Cuba, 178-179

Comisión Nacional de Huelga (CNH), de México, 116, 117

Comisionado de Educación, de Puerto Rico, 296, 301, 310

Comisionado Residente, de Puerto Rico, 298

Comité Nacional para la Defensa del Proletariado, de México, 42

Comité National d’Action Jeanclaudiste (CONAJEC), 284

Comités de Defensa de la Revolución (CDR), de Cuba, 192, 210-211, 212

Commodity Credít Corporation, de Estados Unidos, 259

Compañía Anónima Tabacalera, en la República Dominicana, 230

Compañía de Fomento Industrial, de Puerto Rico, 300, 306

Compañía Eléctrica, en la República Dominicana, 235

Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), 124-125, 135

compañías petroleras de propiedad extranjera: boicot a las ventas mexicanas, 50, 52-53; en Cuba, 185, 187; en México, 43, 46-49, 52, 60, 70, 97

comunicaciones: cubanas, 173; mexicanas, 87, 141

comunismo: en América Latina, 222; en Cuba, 158, 181, 186-187, 191, 192, 195; en Haití, 279; en la República Dominicana, 245, 247, 249; en México, 20, 22-23, 29, 30, 35, 39, 43, 44, 51, 72, 73, 98; y las relaciones internacionales de Cuba, 221-225; véase también Organizaciones Revolucionarias Integradas; Parti Comuniste d’Haïti; Partido Comunista

Cubano; Partido Comunista Mexicano; Partido Socialista Popular; Partido Unido de la Revolución Socialista

CONCAMIN, de México, 123

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), 105-106

Confederación de Campesinos Mexicanos

(CCM), 26, 28, 55

Confederación de Trabajadores Cubanos

(CTC), 166, 191, 192-193

Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), 73, 101-102, 292

Confederación de Trabajadores de México

(CTM), 41, 42-43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64-66, 68, 71-75, 78-82, 95, 98-103, 106-107, 115, 125

Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), 22-23, 42, 43, 80

Confederación General de Trabajadores (CGT), de México, 42, 65

Confederación Internacional de Sindicatos Libres, 292

Confederación Nacional Campesina (CNC), de México, 28, 30, 55, 62, 64, 73, 76-78, 82, 100, 108, 113, 127

Confederación Nacional de la Industria de Transformación (CNIT), de México, 74, 75

Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), de México, 72, 78, 79

Confederación Nacional Obrera de Cuba

(CNOC), 153, 154, 155, 158

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 74, 80, 144

Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC), de México, 103, 107

Confederación Regional Obrera Mexicana

(CROM), 14, 22, 23, 24, 25, 36, 42, 43

Confederación Sindical Unitaria de México

(CSUM), 22, 42, 44

Confederación Única de Trabajadores (CUT), de México, 81, 101, 102, 107

Confederation Autonome des Travailleurs Haïtiens (CATH), 292

conferencia tricontinental (1966) en Cuba, 222

conflicto agrario mexicano, 23, 26, 39, 111, 117

Congo, y Cuba, 222, 225 n.

Congreso: cubano posrevolucionario, véase Partido Comunista Cubano; cubano prerrevolucionario, 153, 157, 158, 172, 193; dominicano, 239, 254, 261; haitiano, 271, 273; mexicano, 24, 34, 61, 72, 94, 95, 103, 137; puertorriqueño, 296, 297, 298, 299, 301, 303, 304

Congreso de los Estados Unidos, 139, 185, 187; y Puerto Rico, 296, 298, 301, 302, 303, 304, 306

Congreso del Trabajo (CT), de México, 115, 125

congreso obrero: decimotercero cubano (1973), 211-212; mexicano, véase Congreso del Trabajo

Congress of Industrial Organizations (CIO), 274

Conseil National de Gouvernement (CNG), 291, 292, 293

Consejo de Estado cubano, 216, 219

Consejo de Estado dominicano, 245-246, 247, 249, 259

consejo de guerra, de Macías Valenzuela, 72

Consejo de Ministros cubano, 191, 204, 216, 219

Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 79

Consejo Nacional de Hombres de Empresa

(CNHE), 246

Consejo Revolucionario Cubano, en el exilio, 188

Constitución: cubana, 153, 161, 167-168, 173, 176, 212-213, 214, 216, 217; haitiana, 271, 274, 281, 283, 291, 292-293; mexicana, 13, 84, 93, 103, 110; puertorriqueña, 301

construcción: cubana, 155, 171, 208, 225; haitiana, 274; mexicana, 73, 87, 141; puertorriqueña, 306

construcción del Estado mexicano, 13, 15, 16, 17, 42

Contadora, grupo, y e) conflicto en América Central, 140

Contepec (México), 39

Convención Dominico-Americana (1924), 236

convenios colectivos: en México, 19; en Puerto Rico, 308

Coolidge, Calvin, 79

Corea, guerra de, 106, 171, 233

Corona del Rosal, Alfonso, regente del Distrito Federal, 110, 117, 121

Corporación Dominicana de Electricidad, 235, 259, 260

Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), 242, 259

corporativismo mexicano, 17

corrupción: en Cuba, 153, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 209; en Haití, 275, 280, 284, 288, 292; en la República Dominicana, 238-239, 257-258, 260; en México, 21, 32, 47, 65, 79, 103, 105, 134-135, 138-139, 141; en

Puerto Rico, 297, 298

Corte Suprema: mexicana, 48, 73; puertorriqueña, 296, 301; véase también judicial, poder

Cosío Villegas, Daniel, 104, 122

Costa Rica, y la República Dominicana, 245

coste de la vida: en Cuba, 171; en México, 74, 105

Coubre, La, barco belga, 187

Cousineau, obispo haitiano, 282

coyotepes, véase guerrillas

Cozumel (México), 92

crecimiento, tasas de: cubana, 198, 200; mexicana, 86, 118, 122, 134

creóle, lengua haitiana, 270, 284, 287-288; como lengua oficial, 293

Cristalería Monterrey, 75

cristeros, de México, 14, 15, 23, 25, 33, 58, 59, 63; véase también anticlericalismo

Cruz Roja Haitiana, 280

Cuba: invasión de, 112, 187, 189-190; y África, 195, 200, 204, 209, 222, 223, 225 n., 227; y América Central, 133, 222; y América Latina, 195, 214, 222, 225; y Alemania, 152, 224; y Angola, 200, 224, 225, 226; y Argelia, 222, 225 n.; y Argentina, 225; y Bélgica, 187; y Checoslovaquia, 193, 223; y Chile, 223, 225 n.; y China, 223; y Congo, 222, 225 n.; y el Banco Mundial, 186; y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 186; y El Salvador, 226; y España, 151, 165, 225; y Etiopía, 200, 224, 226; y Europa, 156, 169, 194, 199, 214, 223, 224, 225; y Francia, 152; y Gran Bretaña, 152, 185; y Haití, 268, 270, 271, 278, 280, 287; y Japón, 156, 199, 225; y la isla de Granada, 200, 225 n., 226; y la Organización de Estados Americanos (OEA), 111-112; y la República Dominicana, 245, 247, 251; y las Naciones Unidas, 112, 190; y México, 116, 133, 174, 222, 225; y Nicaragua, 223, 225 n., 226; y Oriente Medio, 199, 226 n.; y Panamá, 225 n.; y Perú, 223, 225 n., 226; y Portugal, 222; y Puerto Rico, 305; y Somalia, 224, 225 n.; y Venezuela, 222, 223; y Vietnam del Norte, 222, 226 n.; véase también Cochinos, Bahía de; Consejo de Estado cubano; Consejo de Ministros cubano; Estados Unidos; exiliados cubano-americanos; insurgentes cubanos; misiles, crisis de los; revolución cubana; Unión Soviética

Cúbelas, Redondo, 191

Cuenca Díaz, Hermenegildo, 128

Cuernavaca (México), 23, 24

cupones de alimentos, programa de, en Puerto Rico, 308

curtidos, industria de, en Haití, 274

Cusi, familia, de México, 31

Daniels, Josephus, embajador estadounidense en México, 25, 52

darwinismo social, en México, 34

De la Madrid, Miguel, 135, 136-139, 140, 141, 142-145

déficit comercial, véase balanza comercial

déficit financiero, véase deuda; presupuesto

Déjoie, Louis, 275, 286

Déjoíe II, Louis, 293

Del Mazo González, Alfredo, secretario mexicano de Energía y Minas, 144, 145

Del Valle, Sergio, ministro mexicano del Interior, 215, 219

Delatour, Leslie, ministro haitiano de Hacienda, 291

democracia: en Cuba, 180; en Haití, 271; en

México, 78, 100, 103, 145, 146-147; en Venezuela, 223; véase también elecciones

democristianos: haitianos, 284, 292; mexicanos, 72, 73, 82

Denis, Lorimer, 274, 276

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 156, 166

Departamento de Asuntos indígenas, de México, 36

Departamento de Estado de Estados Unidos:

y Cuba, 156, 158, 180, 181; y Haití, 269; y México, 52, 139

depresión mundial de 1930, 154-155; y Cuba, 154-155, 160; y la República Dominicana, 228; y México, 17-18; y Puerto Rico, 295, 296, 297

derechos humanos: en Cuba, 168; en Haití, 280, 284, 288, 290, 293

desarrollo compartido, mexicano, 123-124, 125

desarrollo hacia afuera (crecimiento capitalista

inducido por las exportaciones), de México, 13

desempleo: cubano, 154, 168, 171, 176, 177, 196-197, 201; dominicano, 241, 253, 265-266; haitiano, 271, 292; mexicano, 17-18, 35-36, 87-88, 118, 130, 134; puertorriqueño, 295, 306, 308

Désinor, Clovis, 273

Desnoes, Edmundo, 206

Despestre, Rene, 272, 273, 277, 286, 287

Dessalines, Jean-Jacques, líder haitiano, 281

Deterding, sir Henry, 47 n.

deuda: argentina, 142; cubana, 151, 199, 200;

dominicana, 236-237, 243, 252-253, 258, 260, 263; mexicana, 87, 126, 133, 134, 135, 136-137, 140, 142; véase también presupuesto

Diálogo Cívico, en Cuba, 174

Díaz, Juan Tomás, y el asesinato de Trujillo, 238

Díaz, Porfirio, régimen de, 13, 15, 54, 59, 66, 73, 85

Díaz de León, Jesús, «el Charro», 81-82, 102, 107

Díaz Lanz, Pedro Luis, jefe de las fuerzas

aéreas de Cuba, 186

Díaz Ordaz, Gustavo, gobierno de, 100, 113-115, 116, 117, 118, 121, 123, 124

Díaz Serrano, Jorge, director de la PEMEX, 129, 134, 138

DICONSA, cadena de tiendas de venta al por menor, 124

dictadura: en América Latina, 228; en Cuba, 165; en la República Dominicana, 228, 241, 242, 245; véase también autoritarismo

dinero, emisión de: cubano, 171, 195; dominicano, 243, 258, 263; mexicano, 18, 126

Directorio Estudiantil Universitario (DEU), de Cuba, 155, 160

Directorio Revolucionario, de Cuba, 174, 192

dirigismo, en México, 19, 27, 63, 88

Distrito Federal, en México, 116, 117, 121, 141, 147

disturbios: en Cuba, 160; en la República Dominicana, 248; en México, 75; véase también protestas; violencia

divorcio, en Cuba, 202, 203, 208

Dominique, Jean, 284

Dorleans Juste Constant, Félix, pastor anglicano, 273

Dorsainvil, J. C., 276

Dorticós, Osvaldo, presidente de Cuba, 111, 186, 211, 216

Duclerville, Gérard, cronista radiofónico, 289

Dulles, John Foster, secretario de Estado norteamericano, 109

Durango (México), 113, 129, 143

Durazo Moreno, Arturo, ex jefe de la policía de Ciudad de México, 138

Duvalier, Francois, «Papa Doc», 268, 269, 274, 275, 276, 277, 278-283, 285, 287, 288, 289, 290, 293

Duvalier, Jean-Claude, «Baby Doc», 267-268, 280, 282, 283-284, 285, 287, 289, 290-291, 292, 293, 294

Duvalier, Michéle, mujer de Jean-Claude Duvalier, 283

duvalierismo, 291-293

Duvalieristes Intégrales, 279; véase también tontons macoutes

Duvigneaud, Frédéric, 278

Echevarría, Luis: como secretario de Gobernación, 117; presidente de México, 121-127, 128-129, 130, 135

economía de planificación centralizada cubana, 190-191, 194-196, 198, 214, 215, 219

educación: en Cuba, 166, 168, 178, 201, 203, 205-206, 210, 225; en Haití, 269, 287-288;

en la República Dominicana, 240, 241, 244-245, 254, 266; en México, 18-19, 30, 33-40, 63, 71, 98, 116, 117, 125; en Puerto Rico, 295, 310; véase también escuelas; estudiantes; maestros; universidades

educación socialista mexicana, 25, 33-36, 39, 45, 55, 61, 71

Egipto, y Haití, 282

Eisenhower, Dwight D., gobierno de, 110, 111, 187

Eje, potencias del, 58, 97, 272; y la política de Estados Unidos hacia México, 52-53, 67

ejecuciones: en Cuba, 165, 184; en Haití, 287; véase también asesinatos; violencia

ejércitos, véase fuerzas armadas

elecciones: cubanas, 152, 168, 169, 172, 173, 174, 180, 208, 210, 215, 216-217; dominicanas, 237, 245, 248, 250, 256, 261, 264, 265: haitianas, 270, 272, 273, 274, 286, 292-293; mexicanas, 19-20, 21, 65, 93-94, 95, 98, 104, 110, 128, 129, 136, 143-144, 146-147; puertorriqueñas, 298, 299, 301, 303, 304; véase también fraudes electorales; reformas electorales mexicanas

electricidad: cubana, 151, 173, 177; dominicana, 244, 260; haitiana, 274; véase también electricidad mexicana, industria de la; hidroeléctrica

electricidad mexicana, industria de la, 28, 70, 75, 125; control estatal del sector de la, 110, 141; huelgas en la, 42, 57; inversiones extranjeras en la, 47; trabajadores de la, 22, 44, 64, 81, 82, 107, 125

electrónica, industria, en Puerto Rico, 306

emigración: cubana, 187-188, 190, 193, 199, 201-202, 203, 204, 205, 208, 212, 226, 271; haitiana, 268, 269, 271, 282, 285-286, 291; mexicana, 17, 71, 97, 119, 139-140; puertorriqueña, 295, 307, 310

empleo: en México, 18; en Puerto Rico, 306-307; véase también desempleo; trabajo

empresarial, sector: cubano, 159, 161, 173, 192; haitiano, 268, 275, 280, 282, 283, 289; mexicano, 94-95, 105-106, 111, 123, 143; véase también sector privado

Encina, Dionisio, comunista mexicano, 29

energía: dominicana, 266; mexicana, 87, 123, 134

enfermedades: en Cuba, 204, 207, 211; en

Haití, 291; véase también salud pública

erosión del suelo, véase bosques, pérdida de; medio ambiente

Escalante, Aníbal, líder del PSP cubano, 193, 213-214

Escambray, sierra del (Cuba), 193

esclavitud, véase servidumbre

«escuela de amor», de México, 71

Escuela Normal Rural, de México, 36

escuelas: en Cuba, 166, 205; en Haití, 282; en México, 35-36, 39; en Puerto Rico, 310; véase también educación

España: y Cuba, 151, 165, 225; y Haití, 276; y Puerto Rico, 295; véase también guerra civil española

Española, La, 269; véase también Haití; República Dominicana

Espín, Vilma, esposa de Raúl Castro, 204

Espinosa de los Monteros, Antonio, embajador mexicano en Washington, 103

estabilidad política: cubana, 156, 157, 165, 167, 173, 179; mexicana, 84, 85, 96, 109, 117

Estado Libre Asociado, véase Puerto Rico

Estados Unidos: y América Central, 132; y el

Caribe, 269; y Japón, 53; y la Unión Soviética, 122, 133; y las Filipinas, 295; véase también Agencia Central de Inteligencia

(CIA); Congreso de los Estados Unidos; Consejo de Seguridad Nacional; Departamento de Agricultura; Departamento de Estado; infantería de marina; marina estadounidense; Reserva Federal

Estados Unidos, y Cuba, 133, 152, 157, 158, 161, 164, 167, 173, 180-181, 184-186, 187-189, 221, 222, 225, 226, 295; influencia sobre, 177-178; relaciones militares, 112, 151, 156, 162, 163, 169, 180, 184, 186-187, 188-189, 213, 226; refugiados políticos, 188

Estados Unidos, y Haití, 268, 271, 275, 278-279, 280-281, 282, 286; influencia sobre, 271, 272, 280, 283, 285, 290, 291; refugiados políticos, 286; relaciones comerciales, 267, 271; relaciones militares, 268, 269, 274

Estados Unidos, y la República Dominicana, 229, 235, 249, 251-254, 256; influencia sobre, 236, 237-238, 252, 256; relaciones comerciales, 236-237, 252-253; relaciones militares, 228, 249-250, 252, 256, 261

Estados Unidos, y México, 51-53, 69-71, 93, 96-97, 109, 111-112, 114, 119, 139, 143; expropiación del petróleo, 49-50, 51, 52, 57, 96; influencia sobre, 13, 57, 69-70, 77, 78, 93, 96-97, 101; inversiones directas en, 13, 69, 85-86, 87, 112; refugiados políticos, 26, 66, 138; relaciones comerciales, 52-53, 70, 73, 79, 85-86, 118, 120, 122-123, 133; relaciones militares, 53, 67, 79, 96; tráfico de narcóticos, 114, 139

Estados Unidos, y Puerto Rico: ayuda financiera, 297, 310; dominación directa de, 295-296; elecciones, 299, 303-304; influencia sobre, véase americanización; integración económica de, 295, 297, 299, 300, 308; inversiones directas en, 306; relaciones militares, 295, 296, 309; ventajas fiscales de, 306, 311; y la ciudadanía estadounidense, 300, 307; véase también Congreso de Estados Unidos

Esteva, Gustavo, 100 n, Estimé, Dumarsais, gobierno de, 268, 269, 273, 274, 281

Estrada Palma, Tomás, 152

estructura social: cubana, 201-202; haitiana, 272; mexicana, 91

estudiantes: cubanos, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 165, 172, 174, 205-206, 211; dominicanos, 240; haitianos, 272, 280, 289; mexicanos, 37, 39, 104, 113, 116-118; puertorriqueños, 311

Etienne, Frank: Ultravocal, 287

Etiopía: e Italia, 51, 276; y Cuba, 200, 224

etnología haitiana, 273-274, 275-276, 277, 278, 287

Eugéne, Grégoire, líder haitiano, 284, 292

Europa: y Cuba, 156, 169, 194, 214, 223, 224, 225; y Haití, 269, 271, 276, 277; y la Repú-blica Dominicana, 251; y México, 69; y Puerto Rico, 295, 305

Excélsior mexicano, 120, 128

exiliados cubano-americanos, 188, 189, 190, 203, 204, 226

exportaciones: cubanas, 151, 156, 166-167, 171, 172, 177, 184, 194, 199, 200, 224; dominicanas, 232, 233, 240, 260; haitianas, 267, 268, 270, 278, 283, 292; mexicanas, 13, 17, 18, 27, 56, 69, 85, 86, 89, 108, 118, 120, 128, 130-132, 134, 141-142; puertorriqueñas, 296; véase también comercio

expropiaciones cubanas: de las compañías de servicios públicos, 184; de las escuelas privadas, 205; de propietarios cubanos, 190; de refinerías de petróleo, 185, 187; de tierras, 185, 196, 210; de todas las propiedades estadounidenses, 187

expropiaciones haitianas, de propiedades relacionadas con el Eje, 272

expropiaciones mexicanas: de bancos de propiedad privada, 136; de los ferrocarriles, 45; de tierras, 29, 31-32, 56, 86, 130; de tierras de propiedad estadounidense, 51-52

expulsiones: en Cuba, 192; en México, 26, 101, 113, 121, 125, 143

extradición de mexicanos, en los Estados Unidos, 138

Falconbridge Dominicana, empresa norteamericana, 255

familia, legislación relativa a la, en Cuba, 204, 217

Fardin, Dieudonné, 284

Farell Cubillas, Antonio, director del IMSS de México, 129

farmacéutica, industria, en Puerto Rico, 306, 308

fascismo: en Haití, 271, 276, 277; en México, 19, 24, 25, 34, 42, 43, 51, 58, 61

Fayed, Mohammed, financiero egipcio, 282

fecundidad: cubana, 202, 208; dominicana, 240

Federación de Mujeres Cubanas (FMC), 192, 204, 211, 212, 220

Federación de Partidos del Pueblo (FPP), de México, 104

Federación de Sindicatos de Trabajadores en el Servicio del Estado (FSTSE), de México, 42-43, 115

Federación Estudiantil Universitaria (FEU), de Cuba, 153, 191, 192, 210

Federación Obrera de Veracruz, 98

Federación Sindical del Distrito Federal

(FSTDF), 22

Fédération des Travailleurs Haitiens, 274

Fernández, José Ramón, ministro de Educación de Cuba, 205, 215

Fernández, Marcelo, ministro de Comercio exterior de Cuba, 215

Fernós-Murray, Proyecto, 302

Ferré, Luis A., líder del PNP haitiano, 303, 304

ferrocarriles: cubanos, 151, 152, 155, 177, 179; haitianos, 274

ferrocarriles mexicanos, 44, 81-82, 85; control estatal de los, 46, 141; huelgas laborales en los, 22, 41, 42, 44, 45, 57, 107-108; nacionalización de los, 45; trabajadores de los, 14, 22, 43, 44, 45, 46, 57, 64, 81, 101, 102, 125

Ferrocarriles Nacionales, de México, 107

Fignolé, David, líder del Parti Populaire Nationale haitiano, 273, 275

Fignolé, Jean-Claude, escritor haitiano, 287

Filipinas, islas, y los Estados Unidos, 295

Flambeau, revista noiriste, 273

Flores Muñoz, Gilberto, secretario de Agricultura de México, 108, 109

Florida: y Cuba, 226; y Haití, 279, 286

Foisset, padre, 274

folklore, véase etnología

Fondo Monetario Internacional (FMI), 136, 140, 186; y Haití, 284; y la República Dominicana, 243, 247-248, 262, 263, 264, 265

Forbes, William Cameron, ex gobernador de las Filipinas, 270

Ford, Gerald, gobierno de, 225, 304

Ford Motors, 102

fósforos, fábricas de, en la República Dominicana, 232-233, 234

Fouché, Luc, 275

Fourcand, Jacques, presidente de la Cruz Roja Haitiana, 280

Fourcand, Jean M.: Catéchisme de la révolution, 281

Franca, Porfirio, 161

Francia: y Cuba, 152; y Haití, 271, 272, 276, 286, 288, 293

Franco Bahamonde, Francisco, y el franquismo, 51, 225

fraudes electorales: dominicanos, 229; haitianos, 275, 280, 293; mexicanos, 65-66, 72, 114, 143-144, 146-147; puertorriqueños, 297

Frente Constitucional Democrático Mexicano (FCDM), 64

Frente Democrático Nacional (FDN), de Mé-xico, 145, 146, 147

Frente Democrático Revolucionario (FDR), 132

Frente Farabundo Martí para la Liberación

Nacional (FMLN), 132

Frente Nacional del Escambray, guerrilleros del Segundo, 174, 175

frijoles: dominicanos, 231; mexicanos, 74, 105, 115, 138

Fronde, La, seminario haitiano, 273

Front Révolutionaire Haïtien, 273

fruta: cubana, 167, 200; haitiana, 292; mexicana, 90; véase también plátanos haitianos

Fuentes, Carlos, 117

Fuerza Interamericana de Paz, 249

Fuerza Popular, de México, 78

fuerzas aéreas: de Cuba, 176, 179, 186, 189, 224; de México, 68

fuerzas armadas cubanas: en ultramar, 200, 201, 220, 224, 226; posrevolucionarias, 183, 189, 191, 193, 197, 204, 207, 213-214, 224; prerrevolucionarias, 153, 155, 160-161, 162-166, 168, 169, 174, 176, 179-182

fuerzas armadas dominicanas, 229-230, 240, 249, 261; presupuesto de las, 230

fuerzas armadas haitianas, 269, 274, 279, 282, 283, 291, 292, 293; en la vida política, 291, 292, 293-294; golpistas, 271, 272, 274, 289, 290; preparación de las, 278, 280

fuerzas armadas mexicanas, 21, 24, 25, 61, 64, 67, 68, 77, 94, 95, 98, 102, 109, 113, 116, 139, 143; golpistas, 16, 17, 60, 84, 104, 129; preparación de las, 35, 36, 98

fuga de capitales, en la República Dominicana, 261-262, 263

fundiciones mexicanas, paros laborales en las, 22

«gachupines», en México, 65

Gálvez Betancourt, Carlos, aspirante a la presidencia de México, 126-127

ganadería: cubana, 151, 178; dominicana, 248; haitiana, 291; mexicana, 85, 90

ganancias, participación en las, en México, 110-111

García Barragán, Marcelino, gobernador de Jalisco, 101, 103, 104, 117, 129, 135

García Castro, Jesús Agustín, general mexicano, 98

García López, ex secretario de Transportes mexicano, 105

García Menocal, Mario, ex presidente conservador cubano, 152, 153

García Paniagua, Javier, hijo del ex secretario de Defensa mexicano, 135

García Ramírez, Sergio, secretario de Justicia mexicano, 145

Garde d’Haïti, 273

Garrido Canabal, Tomás, gobernador de Tabasco, 21, 24, 25, 34, 60

Garza, familia mexicana, 92

gas natural: cubano, 151; mexicano, 123, 130

gasto público: cubano, 170; dominicano, 263; mexicano, 56, 110, 122; véase también sector público

Gayot, obispo de Cap Haítien, 292

General Motors, 57

Georges, Jean Baptiste, ex ministro de Educación haitiano, 279

Gil Preciado, Juan, secretario de Agricultura mexicano, 121

Gilles, Serge, exiliado haitiano, 292

Girón, Playa, en la Bahía de Cochinos, 189

Goicuría, en Matanzas, cuartel del ejército de, 174

golpe de estado, en la República Dominicana, 247

Gómez, Marte R., secretario mexicano de Agricultura, 98

Gómez, Miguel Mariano, ex presidente, 165, 168

Gómez, Rodrigo, director del banco central de México, 118

Gómez Morín, Manuel, líder del PAN mexicano, 58, 59

Gómez Villanueva, Augusto, secretario de la

Reforma Agraria, 126

Gómez Z., Luis, líder ferroviario, 101, 102, 107

Gonaïves (Haití), 272, 275, 277, 286, 289

González, Luis, 65

González Avelar, Miguel, secretario mexicano de Educación, 145

González Casanova, Pablo, 94

González Gallo, J, Jesús, 101

González Luna, Efraín, 104

Gourgue, Gérard, activista de los derechos humanos, 293

Gran Bretaña: colonias en el Caribe, 271; inversiones en Cuba, 15; y Haití, 271; y la República Dominicana, 251; y México, 50, 52

Granada, isla de, y Cuba, 200, 225 n., 226

Grande, río, 99, 112

Granma (Cuba), provincia de, 216

Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, 218

Granma, yate que transportó a los exiliados cubanos, 174-175

Grau San Martí, Ramón, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169-170

Greene, Graham, 25

Grienenberger, Étienne, padre, 279

Griots, grupo, 276

Grito de Guadalajara, de Calles, 19, 34

Gruening, Ernest, 297

Guadalajara (México), 37, 92; sindicatos de, 64

Guanajuato (México), 22

Guantánamo (Cuba), base naval de, 167, 186, 216, 269

Guardia Nacional dominicana, 229

Guardia Rural, de Cuba, 155, 175

Guatemala: y Argentina, 109; y México, 109; véase también Estados Unidos

guerra civil: en Cuba, 174-176, 179-181, 193; en España, véase guerra civil española; en la República Dominicana, 249-250, 252, 261; véase también guerrillas

guerra civil española, y México, 51

guerra de la independencia cubana, 151-152

guerra mundial, segunda: y Cuba, 169, 170-171; y la República Dominicana, 233; y México, 50, 51-54, 67, 69-71, 75, 86, 97, 98; y Puerto Rico, 299

Guerrero (México), 76, 92, 113, 116, 117, 121

guerrillas: cubanas, 155, 164-165, 175, 179-180, 181-182, 183, 193; dominicanas, 251; haitianas, 269, 278; mexicanas, 94, 95, 111, 117; venezolanas, 222

Guevara, Ernesto «Che», 175, 180, 181, 182, 186, 194, 195, 222, 223, 251

Guiteras, Antonio, 164-165

Gulf and Western, corporación multinacional, en la República Dominicana, 255

Gutiérrez, Juan, 45

Guzmán, Antonio, presidente dominicano, 256, 257-259, 260, 261, 262, 263

Gyvés, Leopoldo de, del COCEI mexicano, 143

Habana, La, 53, 158, 159, 160, 165, 178, 179, 180, 182, 183, 187, 202-203, 207, 216, 222, 225, 226

haciendas, véase agricultura

Haití: e Irán, 282; e Italia, 272, 276; invasión de, 269, 280, 281, 283, 285, 286; y África, 276, 285, 287; y Alemania, 269, 272, 276; y Bahamas, 286, 288; y Canadá, 286; y Cuba, 268, 270, 271, 278, 280, 287; y Egipto, 282; y el Banco Mundial, 284, 293; y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 284; y España, 276; y Europa, 269, 271, 276, 277; y la Organización de Estados Americanos (OEA), 280, 291; y la República Dominicana, 235, 259, 268, 270-271, 274, 281, 285; y México, 286; y Oriente Medio, 268, 285; y Portugal, 276; y Puerto Rico, 286; y Unión Soviética, 287; véase también Estados Unidos

hambre, marchas y huelgas de, en México, 18, 75, 115, 143

Harvard, Universidad de, y México, 135, 145

Hawai, comparación con Puerto Rico, 295

Hawley-Smoot, arancel, 154, 166

Haytian American Sugar Corporation (HASCO), 270

Heinl, Roben Debs, 280

Helms, Jesse, 139

henequén, industria del, en México, 31, 32, 85, 92

Henríquez Guzmán, Miguel, y el henriquismo, 77, 98, 101, 103, 104

Hermosillo (México), 114, 143

Hernández, Amador, jefe de la CNC mexicana, 113

Hernández Colón, Rafael, gobernador puertorriqueño, 304, 306, 311

heroína, procedente de México, 139

Herrera, Alberto, general cubano, 158-159

Hidalgo (México), 121

hidroeléctrica, energía, en México, 70, 99; véase también electricidad

hierro: cubano, 151; mexicano, 125

Higüey (República Dominicana), santuario religioso de, 245

Hitler, Adolf, 58, 276

Holguín (Cuba), 203, 216

Holly, Arthur, teorías esotéricas de, 276, 281

homosexualidad, en Cuba, 218

Honduras, y la República Dominicana, 249

Hoover, Herbert, presidente estadounidense, 270

hospitales: cubanos, 178, 208; dominicanos, 241; mexicanos, 115

Houston (Texas), 120

Huasteca Oil Co., 22, 47, 49

huelgas: en Cuba, 155, 158, 160, 165, 168, 185, 211; en Haití, 291; en la República Dominicana, 248; en México, 18, 22 23, 29, 41, 57, 61, 73, 75, 82, 102, 107, 108, 115, 138; en Puerto Rico, 308; véase también estudiantes; hambre, marchas y huelgas de; huelgas generales; taxistas, huelgas de huelgas generales: en Cuba, 154-155, 158, 165, 182, 211: en México, 29, 75, 81, 106

huevos, producción de, en Cuba, 156, 200

Huiscolo (México), 39

Hull, Cordell, secretario de Estado norteamericano, 53, 237

huracanes: en Haití, 275, 282; en la República Dominicana, 258

Iglesia católica: en Cuba, 205; en Estados Unidos, y las relaciones con México, 52; en Haití, 269, 274, 275, 276, 277, 279, 282, 285, 288-289, 293; en la República Dominicana, 245; en México, 16, 25, 39, 40, 51, 57-59, 63-64, 68, 69, 71, 92, 104, 120, 143, 146; véase también anticlericalismo; cristeros

Iglesia episcopal, véase protestantismo

Iglesias Pantín, Santiago, 297

igualitarismo, en Cuba, 194, 200-201, 204, 210

Imbert Barreras, Antonio, general, 250

imperialismo japonés en China, 51; véase también antiimperialismo

importaciones: cubanas, 152, 156, 167, 171, 178, 184, 187; dominicanas, 247, 259, 262, 263: haitianas, 267, 268; mexicanas, 17, 18, 69, 86, 88, 99, 114, 118, 132, 133, 141; véase también comercio

impuesto sobre beneficios extraordinarios, en México, 42, 55, 73

impuestos: cubanos, 158, 159, 167, 171; de Estados Unidos y Puerto Rico, 306, 311; dominicanos, 235, 239, 252, 259, 263; mexicanos, 15, 42, 56, 57, 73, 106, 114, 118, 123; puertorriqueños, 300; véase también aranceles

incentivos materiales de los trabajadores cubanos, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 214

indemnizaciones: de la República Dominicana a Haití, 235-236, 271; haitianas, 291; mexicanas, 116, 137; mexicanas a las compañías petroleras estadounidenses, 52, 53, 97

independencia, movimientos de: dominicano, 236; puertorriqueño, 296, 197-198, 300-301, 302, 304-305, 309, 310; véase también Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico; Partido Independentista Puertorriqueño

indígenas mexicanos, 31, 36

industria agrícola: haitiana, 270; mexicana, 22, 41

industrialización: cubana, 152, 171, 176, 179, 190, 194, 198; dominicana, 239, 241, 243, 245, 246, 247, 258, 262; haitiana, 270-271; mexicana, 70, 71, 73, 86-89, 90-91, 97, 101, 102, 114; puertorriqueña, 300, 301, 304, 305-306, 308, 311; véase también industrialización de sustitución de importaciones; modernización

industrialización de sustitución de importaciones: en Cuba, 156, 200; en la República Dominicana, 231-233, 239, 259, 262; en México, 18, 85-89, 98, 106, 130, 142

infantería de marina estadounidense (marines): y Haití, 269, 278, 280; y la República Dominicana, 249; y México, 92

inflación: cubana, 169, 171; dominicana, 247, 262; estadounidense, 118; mexicana, 56-57, 74, 75, 105, 111, 118, 125, 126, 130, 133, 135, 137, 140, 142

ingresos públicos: en Cuba, 171; en la República Dominicana, 237, 259, 263; en México, 125; en Puerto Rico, 299, 308; véase también aranceles; impuestos

Instituto Agrario Dominicano, 252

Instituto de Estabilización de Precios, en la República Dominicana, 259, 260

Instituto Nacional de Bellas Artes, de México, 116

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), de Cuba, 185

Instituto Politécnico Nacional, de México, 37, 116

insurgentes cubanos, 174-175, 179; véase también guerrillas

insurrección, véase guerra civil; guerrillas

intercambio, términos de, cubanos, 199

interés, tipos de: en Cuba, 162; en la República Dominicana, 262, 263; en México, 118, 134

Internacional Comunista, véase Komintern

Internacional Socialista: y Haití, 292; y la República Dominicana, 257, 265; y Puerto Rico, 305

invasión: de Cuba, 112, 187, 189-190; de Etiopía, 51, 224; de Haití, 269, 280, 281, 283, 285, 286; de la República Dominicana, 114, 237, 238, 256; de México, 68, 92

inversiones, véase capital exterior, inversiones de Irán: llegada del príncipe Azod a Haití, 282; y el petróleo, 131

Irizarri, José, 161, 162

Israel, y México, 122

Italia: y Etiopía, 51, 276; y Haití, 272, 276; y México, 19

Iturbe, Ramón F., 58

Ixtapa (México), 92

jabón, producción de, en Haití, 271

Jalisco (México), 22, 38, 39, 60, 101, 121, 129

Japón: abortos en, 202; imperialismo en China, 51; temor a la invasión de México, 68; y Cuba, 156, 199, 225; y Estados Unidos, 53

Jaramillo, Rubén, guerrilleros mexicanos de, 77, 111

Jeanty, Aurélien, ministro haitiano, 288

Jenkins, William, millonario estadounidense, 110

Jéremie (Haití), 292

jesuitas, 34, 279

Johnson, Lyndon B., 112

Jones, véase Ley Jones

Jornada, La, periódico mexicano, 120

Joven Cuba, organización revolucionaria clandestina, 164

Jruschov, Nikita, primer ministro soviético, 187

Juan Pablo II, papa, 288

Juchitán, en Oaxaca (México), 143

judaísmo, en Estados Unidos y México, 122

judicial, poder: cubano, 182, 215, 220; dominicano, 239; mexicano, 48, 73; puertorriqueño, 296, 301

Juegos Olímpicos (1968) de México, 116

Jumelle, Clément, 275

Junta de Renovación Nacional Cívica, de Cuba, 153

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de México, 48

juventud: haitiana, 285; mexicana, 92, 117, 122; puertorriqueña, 295, 310-311; véase también estudiantes; universidades

Kébreau, Antonio, 275, 279

Kennedy, John F., presidente, 112, 188-189, 280-281

keynesiana, economía, en México, 18, 41

Komintern (Internacional Comunista): en México, 39, 44; véase también Unión Soviética

Laborde (Haití), 288

Labra, Wenceslao, ex gobernador del estado de México, 103

lácteos, productos, en Cuba, 156, 179

Lafontant, Roger, ministro del Interior de Haití, 290

Laguna, La (México), 22, 26, 27, 77, 81; reforma agraria, 28-31, 32, 33, 57; reforma educacional, 37-38, 40

laicización, política de, en México, 19, 33-34

Laraque, Paul, exiliado haitiano, 287

Laredo Bru, Federico, liberal cubano, 153, 165

Lavaud, Franck, del triunvirato militar haitiano, 274

lengua: en Haití, 270, 287, 293; en Puerto Rico, 295, 309-310

leninismo, véase marxismo

León, Luis, callista, 26

Lescot, Elie, presidente haitiano, 268, 271, 272, 274, 277, 289

Lespés, Anthony, ideólogo del PSP haitiano, 273

Levelt, Antoine, del triunvirato militar haitiano, 274

Ley de Autoridad de Tierras, de Puerto Rico (1941), 298-299, 300

Ley de Franquicias Industriales (1934), de la República Dominicana, 232

Ley de Reforma Fiscal, Sección 936 de la (1976), de Puerto Rico, 306, 311

Ley de Reforma Urbana (1960), de Cuba, 190

Ley de Relaciones Federales, y Puerto Rico, 302

Ley del Gobernador Electivo (1947), de Puerto Rico, 301, 310

Ley del Servicio Militar, de México, 53

Ley Federal del Trabajo (1931), de México, 19

Ley Jones (1917), 301

Ley Jones-Costigan (1934), 166

ley marcial, en Cuba, 155, 165

Ley Pública 480 para la obtención de alimentos, en la República Dominicana, 253, 259

Ley Simpson-Rodino, 139

leyes de reforma agraria, en Cuba, 185, 186, 190, 196

leyes orgánicas (1900 y 1917), de Puerto Rico, 299

Leyva Velázquez, Gabriel, jefe de la CNC de México, 73

Lezama Lima, José, 206

libertades civiles, véase derechos humanos

Liga de Acción Política, de México, 72

Liga del 23 de Septiembre, grupo terrorista mexicano, 117, 128

Ligondé, arzobispo haitiano, 292

Limantour, José Yves, decano de los «científicos» mexicanos, 45

literatura: cubana, 153, 206, 218; haitiana, 268, 277-278, 286-287; mexicana, 28, 35, 117

Lombardo Toledano, Vicente, y el lombardismo, 22, 23, 37, 40, 42, 43-44, 54, 56, 59, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 80, 81, 82, 101, 102, 104

López Mateos, Adolfo, 106, 109-113, 115, 118, 121

López Portillo, Alicia, 138

López Portillo, José, 123, 126, 127-128, 129, 130, 131-136, 137, 138, 140

López Portillo, Margarita, 128, 129

Lumiére, revista haitiana, 272

Lundahl, Mats, 267 n, Luperón, invasión dominicana (1949) de, 238

«Macartismo», 79

Machado, Gerardo, presidente cubano, 152, 153-154, 155-156, 157-159, 160, 167

madera, producción de: en Haití, 270; en la

República Dominicana, 232

Madero, Francisco, 13, 20, 65, 66

Madrazo, Carlos, presidente del PRI, mexicano, 113

maestros: cubanos, 155, 166, 202, 203, 205, 206; dominicanos, 266; haitianos, 273, 279, 287, 293

maestros mexicanos, 22, 35, 36, 57, 64, 71, 108; asociaciones y sindicatos de, 34, 35-36, 39-40, 43, 107; rurales, 37-40

Magloire, Jean, 278

Magloire, Paul, del triunvirato militar haitiano, 274, 275, 279

Magloire Saint-Aude, Clément: Dialogues de mes lampes, Tilmaíz: dominicano, 231; mexicano, 56, 74, 90, 100, 105, 115, 124, 137, 138

Majluta, Jacobo, vicepresidente dominicano, 261, 262, 264

Mancera, Miguel, director del banco central mexicano, 136

mandato presidencial: haitiano, 280; mexicano, 93

manifestación del 1 de Mayo en Ciudad de México, 57, 104

Manigat, Leslie, exiliado haitiano, 292, 293

Manila (Filipinas), 178

Mante, El (México), 32

manufacturas: cubanas, 152, 167, 176, 177, 184, 186, 200; dominicanas, 231-232; haitianas, 267, 271, 283, 291; mexicanas, 18, 56, 70, 73, 85-89, 142; puertorriqueñas, 305-306

maquinaria: en México, 32, 76, 86, 87; importación de, en Cuba, 194

Margáin, Hugo, secretario de Hacienda mexicano, 123

Mariel, puerto de, en Cuba, 226

marihuana, procedente de México, 139

marina cubana, 176, 180, 224

marina estadounidense: y Cuba, 167; y Haití, 269, 283, 286, 291; y la República Dominicana, 228; y México, 67

marina mercante: cubana, 168, 169; mexicana, 69

Martínez, Ingenia, 147

Martínez, María, esposa del presidente dominicano Trujillo, 230

Martínez Domínguez, Alfonso, regente del Distrito Federal, 121

Martínez Manautou, Emilio, secretario de la Presidencia de México, 121

Martínez Tornell, Pedro, ex secretario de Obras Públicas de México, 103

marxismo: en Cuba, 112, 190, 191, 192, 218, 221; en Haití, 272, 274, 278, 286; en México, 33, 35, 43, 101, 104, 110; en Puerto Rico, 297, 305; véase también comunismo

masas, organizaciones de, véase movilizaciones populares

Matamoros (México), 120

Matanzas (Cuba), provincia de, 155, 174, 193, 216

Matos, Huber, comandante de Camagüey, 191

matrimonio, en Cuba, 202, 203

maximato (1928-1934), en México, 16, 18, 21, 24, 26, 72, 76

mayas, indios, 32

médicos: cubanos, 207; dominicanos, 251; haitianos, 275, 286; mexicanos, 115

médicos, servicios: cubanos, 178, 187, 189, 203, 206-208; mexicanos, 29, 115; véase también farmacéutica, industria; hospitales; médicos; salud pública

medio ambiente: en Cuba, 217; en Haití, 267, 268; en la República Dominicana, 266

medios de comunicación: cubanos, 218; internacionales, 143, 144, 185; mexicanos, 130, 146; puertorriqueños, 309

Mena Brito, Bernardino, 58

Méndez Péñate, Roberto, liberal cubano, 153

Mendieta, Carlos, fundador de la Unión Nacionalista Cubana, 153, 164, 165, 166

mercado negro: cubano, 196; haitiano, 292

mercados de agricultores, en Cuba, 198, 200

metalúrgica, industria: en Cuba, 155; en México, 42, 73

Mexicali, valle de, 31

Mexican-American Commission for Economic Cooperation, 70

México: e Israel, 122; e Italia, 19; invasión de, 68, 92; y Alemania, 19, 53, 54, 67, 97; y América Central, 132: y Chile, 122; y China, 122; y Colombia, 140; y Cuba, 116, 133, 174, 222, 225; y El Salvador, 132; y España, 51; y Europa, 69; y Gran Bretaña, 50, 52; y Guatemala, 109; y Haití, 286; y Japón, 68; y la Organización de Estados Americanos (OEA), 111-112; y la Sociedad de Naciones, 51; y la Unión Soviética, 19, 35, 44, 80, 111; y las Naciones Unidas, 112, 122; y Nicaragua, 132; y Venezuela, 140

México, Ciudad de, 22, 25, 36, 43, 47 n., 57, 71, 73, 75, 91, 97, 100, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 128, 135, 138, 140-141; como centro político, 92, 93, 111, 141

México, estado de, 26, 38, 144

México, Golfo de, 92

Miami, exiliados cubanos en, 226, 279

Michoacán (México), 20, 22, 23, 31, 38, 39, 60, 144

Midway, batalla de, 68

migración interna: haitiana, 268, 286; mexicana, 119

Mikoyan, Anastas, viceprimer ministro soviético, 186

«milagro mexicano», 84, 99, 111, 117, 118, 121, 128

militares, véase fuerzas armadas

Minatitlán (México), refinería de, 49

minería, industria de la: cubana, 151, 177, 186; dominicana, 255, 260; haitiana, 267, 274

minería mexicana, 18, 45, 87; de propiedad extranjera, 47-48, 113; huelgas laborales en, 22, 41, 42, 57; trabajadores de la, 44, 64, 81, 82, 102

ministros cubanos: de Defensa, 191; de Economía, 185; de Educación, 168, 170; de Hacienda, 168, 170; de Justicia, 220

ministros dominicanos: de Agricultura, 252; de Educación, 252

ministros haitianos, de Educación, 278, 279, 287

ministros (secretarios) mexicanos: de Agricultura, 59, 99, 108, 125; de Comunicaciones, 71; de Defensa, 104, 117; de Economía, 72; de Educación, 19, 33, 40; de Gobernación, 24, 62, 66, 77, 98, 113, 117, 121, 126, 129, 135; de Guerra, 20, 24, 62, 68; de Hacienda, 123, 127, 135, 136; de Programación y Presupuesto, 135; de Recursos Hidráulicos, 99, 126; de Trabajo, 106, 125

Mirabal, asesinato de las hermanas dominicanas (1960), 238

Miranda Fonseca, Donato, secretario de Presidencia de México, 113

Miró Cardona, José, presidente del Consejo Revolucionario Cubano, 188

misiles, crisis de los, en Cuba, 112, 189-190

Misiones Culturales, en México, 36, 40

mixtecas, pueblos, de Oaxaca, 38

Mochis, Los, trabajadores del azúcar de, 64

Moctezuma Cid, Rodolfo, 129

modernización: en Cuba, 202, 203, 205, 206-207; en la República Dominicana, 244; en México, 13, 16, 95, 103, 106; en Puerto Rico, 295, 305, 307-308; véase también industrialización

Mohrenschild, George, financiero estadounidense, 282

Moneada, cuartel de, en Santiago de Cuba, 174, 208

moneda: dólar en Puerto Rico, 300; gourde haitiano, 282; peso cubano, 194; peso dominicano, 260, 262, 263, 264; peso mexicano, 18, 50, 53, 86, 102, 106, 111, 118, 123, 126, 128, 133, 134, 135, 137, 142

Monroe, Doctrina (1823), 133

Monterrey (México), 41, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 73, 75, 87, 92, 114, 120, 141

Monzón, Luis G., 35

Morelia (México), 116

Morelos (México), 13, 15, 23, 77, 111

Moreno Fraginals, Manuel: El ingenio, 206

Morones, Luis N., 14, 26

Morones Prieto, Ignacio, secretario de Asistencia mexicano, 109

mortalidad infantil, en Cuba, 207

Mouvement Ouvrier Paysan (MOP), de Haití, 273-274

movilizaciones populares: en Cuba, 155, 172, 192-193, 197, 210, 212-213, 214-215, 218, 220; en Haití, 275, 282, 288-289, 291, 293; en Puerto Rico, 297-298; véase también campesinos, organización de Movimiento 26 de Julio, cubano, 179, 180, 182, 184, 191, 192, 208, 218

Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS), de México, 130

movimiento de países no alineados, 225

movimiento obrero: cubano, 153, 158, 160, 165, 172; puertorriqueño, 305, 307-308

movimiento obrero mexicano, 41, 70-71, 106; militantes del, 18, 22, 24, 41, 78; y el Estado, 44, 95, 100, 102, 103, 106, 108, 109, 115

Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico (MPI), 305

Moya Palencia, Nario, secretario de Gobernación mexicano, 126, 127

Moyne, comisión, 271

muelles: cubanos, 173, 177; haitianos, 274, 275

Múgica, Francisco, y los mugiquistas, 54, 59, 62

mujeres: en Cuba, 155, 162, 203-204, 212; en Haití, 268, 270, 285; en México, 49; véase también sufragio

mulatos: en Cuba, 204; en Haití, 268, 269, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 281, 283, 285, 293

multinacionales, compañías, en México, 125-126

Muñoz Ledo, Porfirio, secretario de Trabajo de México, 125, 126, 144, 147

Muñoz Marín, Luis, 296-298, 299, 300-301, 302, 303

música: haitiana, 268-269; mexicana, 92

Mussolini, Benito, 276

Nacional Financiera (NAFINSA), 73, 87

nacionalismo: cubano, 153, 184, 185, 210; haitiano, 276-277; mexicano, 67, 101; puertorriqueño, 295, 296, 298

nacionalizaciones, en México: de bancos, 136, 137; de ferrocarriles, 45-46; de minas, 45; de refinerías de petróleo, 48, 96, 97; véase también expropiaciones mexicanas

Naciones Unidas, 112, 122, 190, 311

Namphy, Henri, general haitiano, 290, 291

narcóticos, y las relaciones de México y Estados Unidos, 114, 139

natalidad, control de, véase anticonceptivos, métodos

natalidad, tasa bruta de, en Cuba, 201-202

National City Bank, en la República Dominicana, 235

nazismo, 51, 53, 54, 278; véase también fascismo

négritude, 277, 287

negros: en Cuba, 204; en Haití, 268, 270 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 283, 285, 287, 293; véase también négritude; noirisme

nepotismo: cubano, 176; haitiano, 272; mexicano, 129

NESTLÉ, en la República Dominicana, 255

Netzahualcóyotl (México), 119

Nevers Constant, Víctor, 278

New Deal: y la economía mexicana, 19, 52; y Puerto Rico, 296, 298

New York Review of Books, The, 121

New York Times, 117, 179

Nexos, revista mexicana, 121

Nicaragua: y Cuba, 223, 225 n., 226; y México, 132; y Venezuela, 132

níquel, en Cuba, 224

nivel de vida: en Cuba, 178, 197, 201: en Haití, 267, 284, 293; en México, 30, 33

Nixon, Richard M., gobierno de, 114, 122, 186, 254

no alineados, países, véase movimiento de países no alineados

no intervención, política exterior mexicana de, 51, 109, 111

noirisme, 268, 277, 278, 281, 290, 293

Noticias de Hoy, periódico del PSP cubano, 218

Nueva Granada, véase Colombia

Nueva York: junta revolucionaria de exiliados cubanos en, 155-156, 286

Nuevo León (México), 21, 22, 64, 114, 121, 129, 143

Numa, Edgar Nere, 273

nutrición: cubana, 166; mexicana, 89-90; puertorriqueña, 308; véase también alimentación, productos de Oaxaca (México), 38, 60, 92, 143

obras públicas: cubanas, 169; dominicanas, 231, 251, 257, 258; mexicanas, 16, 99

Obregón, Alvaro, asesinato de, 15, 16, 17, 22

Observateur, L’, revista haitiana, 273

Oficina de Desarrollo de la Comunidad, de la República Dominicana, 252

Ojeda Paullada, Pedro, secretario de Trabajo mexicano, 129, 135

Olivares Santana, Enrique, 135

Operation Intercept, 114

Organización Celular Radical Revolucionaria (OCRR), de Cuba, 155, 157, 159, 161

Organización de Estados Americanos (OEA): y Haití, 280, 291; y la República Dominicana, 238, 249, 250, 257; y México, 111, 112; véase también Alianza para el Progreso

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y México, 131

Organización para la Solidaridad con los

Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAL), 222

Organización para la Solidaridad Latinoamericana (OLAS), 222

Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), 192, 193

Oriente (Cuba), provincia de, 155, 174, 175, 178, 211, 216

Oriente Medio: y Cuba, 199, 226 n.; y Haití, 268, 285

oro: cubano, 171; dominicano, 260; mexicano, 17, 85

Ortiz Mena, Antonio, secretario de Hacienda mexicano, 113, 118, 121, 123

Ortiz Rubio, Pascual, presidente de México, 16, 17, 21, 23

Osornio, Saturnino, gobernador de Querétaro, 26, 60

Oteyza, Andrés, 129

Ovalle, Ignacio, 122

Pacto de Varsovia, 223

Pacto Obrero, de México, 73, 74

Padilla, Ezequiel, secretario de Relaciones Exteriores mexicano, 53, 77, 98

Padilla, Heberto, 206

Padres del Espíritu Santo, de Haití, 279, 282

panaderos: haitianos, 274; mexicanos, 57

Panamá: y América Central, 53; y Cuba, 225 n.; y la República Dominicana, 261; y México, 140

Pani, Alberto, ministro de Hacienda mexicano, 18

Panorama, revista haitiana, 278

Papaloapán, río, 99

papel, industria del, mexicana, 70

Paraguay, y la República Dominicana, 249

paramilitares: dominicanos, véase «Banda, La»; haitianos, véase tontons macoutes

Parti Communiste d’Haïti (PCH), 273

Parti Démocratique de l’Évolution Nationale, 273

Parti Démocratique Populaire de la Jeunnesse

Haitienne (PDPJH), 273

Parti Nationale Intransigéant, 273

Parti Socialiste Populaire (PSP), 272, 273, 278

Parti Unité National, 278

Partida de la Porra, de Haití, 155

Partido Acción Democrática, de Venezuela, 257

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), 94, 110, 113, 129

Partido Comunista Cubano, primero (1925), 153, 155, 158, 160, 165, 167, 168, 206, 209

Partido Comunista Cubano, segundo (1965), 212, 213, 214, 217, 218; Asamblea Nacional, 216-217, 219; Buró Político del, 204, 212, 219, 220; Comité Central del, 203-204, 213-214, 219, 220, 223; congreso del (1975), 212-213; Secretariado del, 204, 212; véase también Partido Socialista Popular

Partido Comunista Dominicano (PCD), 248, 252

Partido Comunista Mexicano (PCM), 23, 43, 44, 51, 54, 55, 62, 63, 64, 68, 76, 78, 130

Partido Comunista Venezolano, 222

Partido Conservador Cubano, 152, 153, 157, 159

Partido de Acción Nacional (PAN), de México, 54, 58, 59, 63, 64, 68, 72, 73, 94, 104, 113, 114, 128, 143, 146

Partido de la Liberación Dominicana, 265

Partido de la Revolución Mexicana (PRM), 44, 54-55, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 72, 78, 100

Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), 172-173

Partido Demócrata de Estados Unidos, 257

Partido Demócrata Mexicano (PDM), 98, 129

Partido Dominicano, 231, 235, 248

Partido Estadista Republicano (PER), de Puerto Rico, 301, 302, 303

Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), 300, 302, 305

Partido Liberal cubano, 153, 157, 159, 164, 168

Partido Liberal de Puerto Rico, 297, 298

Partido Liberal Evolucionista, de la República

Dominicana, 248

Partido Mexicano de los Trabajadores, 130

Partido Nacional Revolucionario (PNR), de México, 15, 17, 18, 24, 28, 43, 44, 49, 54-55, 58

Partido Nacionalista, de Puerto Rico, 296

Partido Nuevo Progresista (PNP), de Puerto Rico, 303, 304

Partido Popular (PP), de México, 80, 82, 102, 104; véase también Partido Popular Mexicano

Partido Popular Cubano, 152, 153, 157

Partido Popular Democrático (PPD), de Puerto

Rico, 296-298, 299-304, 307, 311, 312

Partido Popular Mexicano (PPM), 130

Partido Popular Socialista (PPS), de México, 94, 110, 113, 129

Partido Reformista, de la República Dominicana, 248, 264

Partido Republicano de Puerto Rico, 297, 302; véase también Partido Estadista Republicano

Partido Revolucionario Anti-Comunista (PRAC), de México, 58, 64

Partido Revolucionario Cubano (PRC/Auténtico), de Cuba, 164, 165, 167, 170, 172, 173-174, 183

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de México, 130

Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), 64, 65-66

Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 245, 248, 250 n., 251, 256, 257-258, 260, 261, 264

Partido Revolucionario Institucional (PRI), de México, 78, 80, 82, 84, 94, 100, 101, 103, 104, 105, 110, 113-114, 115, 120, 121, 127, 135, 137, 143, 144, 145-146, 147

Partido Revolucionario Obrero Campesino (PROC), de México, 64

Partido Revolucionario Social Cristiano, 265

Partido Social Demócrata (PSD), de México, 58

Partido Socialista de los Trabajadores (PST), de México, 129

Partido Socialista de Puerto Rico, 296, 297, 301, 305

Partido Socialista Popular (PSP), de Cuba, 172, 180, 183, 193, 214-215, 218

Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), 305

Partido Socialista Revolucionario (PSR), de México, 130

Partido Socialista Unificado de México (PSUM), 130, 143

Partido Unido de la Revolución Socialista (PURS), 193

partidos políticos: cubanos, 153, 157, 159, 161, 173-174, 183; dominicanos, 243-244, 248; haitianos, 272-273, 292; mexicanos, 13, 63-64, 93, 94, 103, 129-130, 147; puertorriqueños, 296, 297, 302, 303

pastas alimenticias, industrias de, en la República Dominicana, 232

Pawley, William D., financiero, 181

Paz, Octavio, 117

Pazos, Felipe, presidente del Banco Nacional cubano, 192

Pearl Harbor, ataque japonés a, 54, 67

Pellicer, Olga, 108

Peña Gómez, José Francisco, secretario general del PRD dominicano, 261

Peralte, Charlemagne, guerrillero haitiano, 269

Pérez, Humberto, presidente de la Junta Central de Planificación de Cuba, 215

Pérez San Román, José, 188

Pérez Treviño, Manuel, cacique de Coahuila, 26, 58, 64

periodismo, véase prensa, publicaciones de Perón, Juan Domingo, 109

Perú: y Cuba, 223, 225 n., 226; y el grupo Contadora, 140

pesquero, sector: cubano, 167, 197; haitiano, 284

Pétion, Alexandre, 281

Petit Goave (Haití), 289

Petit Samedi Soir, Le, semanario haitiano, 284, 290

petróleo: en Cuba, 177, 179, 223, 224; precios del, 131, 141, 142, 224, 284, 306; refinerías en Puerto Rico, 306; y la República Dominicana, 259, 264, 266; véase también compañías petroleras de propiedad extranjera

petróleo mexicano: control estatal del, 139, 141; exportaciones de, 86, 131, 134; huelgas laborales en el, 22, 41, 47-48, 57, 81, 102; producción de, 13, 17, 44, 46, 50, 75, 85, 88, 89, 92, 97, 130; reservas de, 130-131, 134; trabajadores del, 14, 46, 48, 49, 50, 57, 64, 81, 82, 102, 108

Petróleos Mexicanos (PEMEX), 46, 47, 50-51, 70, 81, 86, 102, 129, 130, 134, 138

Peynado, Jacinto B., presidente dominicano, 237

Phalange, La, periódico haitiano, 279

Phelps, Anthony, 287

Philoctéte, Rene, escritor haitiano, 287

Piedra, Carlos, juez del Tribunal Supremo cubano, 182

piensos para el ganado: en Haití, 291; en México, 90

Pierre-Louis, Bignon, 273

Pinar del Río (Cuba), provincia de, 155, 170, 216

Pinos, isla de los (de la Juventud), en Cuba, 216

Pinos, Los (México), 127

pinas, en Cuba, 167

Plan Sexenal mexicano: primer, 19, 21, 34, 38, 46, 47; segundo, 62, 63

planes quinquenales cubanos, 198, 208

Plata, La (Cuba), 175

plata: cubana, 171; mexicana, 17, 50, 52, 55, 85

plátanos haitianos, 270

Platt, Enmienda, 151, 158, 162, 167

población: cubana, 176, 201-203; dominicana, 232, 239-240, 242, 243, 265; haitiana, 267, 268, 274, 285; mexicana, 91-92, 119, 120; puertorriqueña, 296, 307

pobreza: en Cuba, 155, 177, 194, 201, 204; en Haití, 267 n., 268, 290; en la República Dominicana, 264, 266; en México, 119, 125; en Puerto Rico, 295

pochismo, en México, 69

poesía, véase literatura

Poirier, arzobispo haitiano, 279

policía: cubana, 155, 158, 160, 168, 174, 176, 220; haitiana, 272; mexicana, 24, 26, 66, 107, 115, 116, 139; Nacional dominicana, 228; puertorriqueña, 297

política, véase estabilidad política; partidos

políticos; sistema político

«política del buen vecino» de Roosevelt, 52, 156

Polonia, y Alemania, 51

Populaire, Le, revista haitiana, 272

Pórtela, Guillermo, de la junta revolucionaria cubana, 161, 162

Portes Gil, Emilio, presidente de México, 16, 23, 24, 28, 54, 55, 101

Portugal: y Cuba, 222; y Haití, 276

postal, sistema: cubano, 168; trabajadores mexicanos del, 65

Potrero de Llano, petrolero mexicano, 69

Poza Rica (México), yacimiento de petróleo de El Águila Company, 46, 49

Pradel, Seymour, 270

precios, índice general de, en México, 57

precios, regulación de: cubanos, 194; dominicanos, 259, 262, 263-264; mexicanos, 57, 89, 96, 105, 110, 115, 123, 124, 137, 138

precios al por menor, índice de, en México, 56, 74, 105

Preeg, Ernest, ex embajador, 291

prensa, publicaciones de: cubanas, 165, 172, 173, 178, 218; estadounidenses en relación con Cuba, 179; estadounidenses en relación con México, 117, 121; haitianas, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 284; mexicanas, 30, 39, 46, 54, 58, 65, 68-69, 72, 120-121, 128, 145; puertorriqueñas, 305

presas: haitianas, 275; mexicanas, 70, 99

presidencia, véase presidente vitalicio; mandato presidencial; sucesión presidencial

presidente vitalicio, en Haití, 281, 283

presos: mexicanos, 65; políticos cubanos, 158, 192, 194, 214, 215; políticos dominicanos, 238; políticos haitianos, 279; políticos mexicanos, 94, 108, 111

«prestanombres», en México, 76

presupuesto: cubano, 170, 195, 198, 199, 207-208, 214; dominicano, 262-263; mexicano, 56, 136-137, 140; puertorriqueño, 298; véase también deuda

Price Mars, Jean, 270, 276, 277, 287

Prieto Laurens, Jorge, 58

Prío Socarras, Carlos, gobierno cubano de, 170, 172

Proceso, semanario mexicano, 120, 128

Procurador General del Estado, en Puerto Rico, 296, 301

productividad mexicana, 34

Producto Interior Bruto (PIB), de México, 18, 86, 88, 125, 131, 141

Producto Nacional Bruto (PNB), de Puerto Rico, 308-309

prostitución, en la República Dominicana, 231

proteccionismo, en México, 86, 99, 114; véase también aranceles

protestantismo: en Haití, 273, 275, 278, 279, 288, 289; en México, 69

protestas: en Cuba, 152, 154-155, 158, 160-161, 173, 217; en Haití, 269-270, 271, 272, 279-280, 285, 289, 290, 294; en México, 14, 74, 76-77, 94, 108, 113, 115-116; véase también estudiantes; hambre, marchas y huelgas de; huelgas generales; movilizaciones populares

publicaciones, véase artes gráficas; prensa, publicaciones de Puebla (México), 22, 60, 62, 68, 92, 113, 121, 129

puentes: dominicanos, 231; fronterizos mexicanos, 143

Puerto Plata (República Dominicana), 232, 233

Puerto Príncipe (Haití), 268, 273, 274, 276, 285, 289, 292

Puerto Rico: como Commonwealth of, 301-302, 303, 304, 309-310, 311-312; y América Latina, 295, 305, 312; y Asia, 295; y Cuba, 305; y el Caribe, 311; y España, 295; y Europa, 295, 305; y Haití, 286; y la República Dominicana, 248; y las Naciones Unidas, 311; véase también Estados Unidos; independencia, movimientos de Puerto Rico Reconstruction Administration, 297

puertos: cubanos, 152, 187, 226; haitianos, 278

Punta del Este (Uruguay), 280

Querétaro (México), 26, 60, 92

químicos, productos: mexicanos, 70, 73, 87, 93; puertorriqueños, 306

Quintana Roo (México), 92

raciales, relaciones: en Cuba, 204-205; en Haití, 272, 273, 276-277, 281; véase también indígenas mexicanos; mulatos; negros

racionamiento, en Cuba, 194, 201, 223

radio: en Cuba, 172, 173, 178, 210; en Haití, 284, 289; en la República Dominicana, 243; en México, 54, 121, 178

Radio Soleil, en Haití, 289

Ray, Manuel, ministro de Obras Públicas de Cuba, 188, 192

Reagan, Ronald, administración de, 132-133, 139, 226, 284, 311

Receptoría General de Aduanas, dominicana, 236, 237

recreativos, servicios, en los ejidos mexicanos, 29

reelección: en Cuba, 152, 153-154, 157; en Haití, 271, 275, 280; en la República Dominicana, 251; en México, 94, 103, 134; en Puerto Rico, 304

Refinería Dominicana de Petróleo, 255

reforma agraria: en Cuba, 162, 185, 186; en Guatemala, 108; en la República Dominicana, 231, 257, 259, 260-261; en México, 14-15, 21, 26-34, 36, 56-57, 59, 64, 90, 110; en Puerto Rico, 298-299, 300; véase también leyes de reforma agraria: tierra, redistribución de la reforma laboral: cubana, 162, 177: mexicana, 19, 21

reformas electorales mexicanas, 78, 112-113, 129-130, 141, 143, 145

refugiados españoles, en México, 51, 58

regadíos: en Haití, 278, 288; en la República Dominicana, 231, 240; en México, 28, 29, 30, 76, 99-100, 108, 125

Regala, Williams, coronel haitiano, 291

Reid Cabral, Donald, presidente del triunvirato dominicano, 248-249

Reino Unido, véase Gran Bretaña

religión, en la República Dominicana, 245

renta: en Cuba, 155, 171, 177, 178; en Haití, 268; en México, 88, 142; en Puerto Rico, 305, 306

República Dominicana: invasión de, 237, 238; matanza de haitianos (1937) en la, 235-236, 237; y América Latina, 235, 251; y Bolivia, 251; y Brasil, 249, 266; y Costa Rica, 245; y Cuba, 245, 247, 251; y el Fondo Monetario Internacional, 243, 247-248, 262, 263-264, 265; y Estados Unidos, véase Estados Unidos; y Gran Bretaña, 251; y Haití, 235, 259, 268, 270-271, 274, 281, 285; y Honduras, 249; y la Organización de Estados Americanos (OEA), 238, 249, 250, 257: y las islas Caimán, 261; y Panamá, 261; y Paraguay, 249; y Puerto Rico, 248; y Venezuela, 257, 266

Reserva Federal de Estados Unidos, 135

Resistencia Cívica, movimiento cubano de, 175

Revolución, periódico cubano, 218

revolución cubana, 226-227, 247; consolidación del poder de la, 184-193, 209-210; y la Unión Soviética, 222-223; y México, 111-112, 113, 116; véase también Estados Unidos

Revolución mexicana (1910-1920), 16-17, 91, 93, 103, 110, 111, 145; efectos de la, 13-15, 86, 117

«revolución verde», en México, 99-100

Revue Indigéne, La, revista haitiana, 277

Reyes Heroles, Jesús, presidente del PRI, 127

Reyna, José Luis, 108

Rigaud, Georges, del PSP haitiano, 273

Riggs, Francis, jefe de policía puertorriqueño, 297

Río Piedras (Puerto Rico), 310

Riobé, brigada Héctor, con base en Miami, 285

Riva Palacio, hermanos, caciques del estado de México, 26

Rivera, Diego, líder del PROC mexicano, 64, 80

Rivero Agüero, Andrés, 180

Robert, Paul, obispo de Gonaíves, 274, 275, 277

Roca, Blas, líder del PSP cubano, 215

Rockefeller, Fundación, 99

Rodríguez, Abelardo, presidente de México, 16, 17, 23, 72

Rodríguez, Carlos Rafael, ministro cubano, 193, 215

Rojo Gómez, Javier, regente del Distrito Federal, 77, 98

Romero Barceló, Carlos, 304

Romulus, Willy, obispo de Jéremie (Haití), 292

Ronceray, Hubert de, ministro haitiano, 292

Roosevelt, Franklin Delano, administración de, 52, 70, 79, 97, 156, 270, 296, 297

Rosario Dominicana, C, por A., compañía minera, 255, 260

Roumain, Jacques, director del Bureau d’Ethnologie de Haití, 277-278, 287

Rovirosa Wade, Leandro, secretario de Recursos Hidráulicos, de México, 126

Royal Dutch Shell, 47 n., 185; véase también Águila Company, El

Ruche, La, revista haitiana, 272, 273, 277, 286

Rué, Sidney de la, asesor financiero estadounidense, 271

Ruiz Cortines, Adolfo, secretario de Gobernación de México, 104-106, 107, 109, 110, 113, 115, 121

Ryo, padre, de Haití, 288

Sada, familia mexicana, 92

Saint-Domingue (Haití), 276

sal, producción y venta de, en la República Dominicana, 230, 232

Saladrigas, Carlos, 169

salarios: cubanos, 154, 177, 194, 198, 201, 211; dominicanos, 233, 239, 241, 263; haitianos, 271, 283; mexicanos, 29, 48, 50, 74, 75, 96, 106, 107, 123, 137-138

salarios mínimos: cubanos, 162, 168, 194; mexicanos, 19, 30, 40, 56, 74, 75, 110; puertorriqueños, 308

salarios reales: cubanos, 190; mexicanos, 18, 41, 56, 74, 75, 102, 107; puertorriqueños, 308

Salazar Ramírez, Othón, 107

salesianos, 292

Salinas de Gortari, Carlos, presidente de Mé-xico, 144-145, 146-147

Saltillo (México), 60

salud pública: en Cuba, 166, 201, 203, 306-207, 210, 225; en la República Dominicana, 239-240: en México, 29, 35

Salvador, El: y Cuba, 226; y Francia, 132; y México, 132; véase también Estados Unidos

San Andrés Tuxtla (México), 39

San Cristóbal (República Dominicana), 229, 242

San Diego (California), 71

San Ildefonso (México), bombardeo de la escuela de, 116

San Isidro (República Dominicana), Base Aérea de, 249

San Juan (Puerto Rico), 301, 307

San Luis Potosí (México), 21, 22, 39, 59, 60, 143

San Pedro de Macorís (República Dominicana), zona azucarera de, 232, 233

San Rafael, compañía dominicana de seguros, 230

Sánchez, Graciano, líder de la CNC mexicana, 73

Sánchez Taboada, Rodolfo, presidente del PRI mexicano, 101, 103, 104, 121

Sánchez Tapia, Rafael, general mexicano, 64

Sánchez Vilella, Roberto, gobernador puertorriqueño, 302, 303

Sancti Spíritus, provincia cubana, 216

sandinistas, 132, 226

sanidad, véase salud pública

Santa Clara (Cuba), batalla de, 181

Santa Sede, véase Vaticano

Santiago (República Dominicana), zona tabacalera de, 232, 233, 242

Santiago de Cuba, 174, 175, 181, 216

Santo Cerro (República Dominicana), santuario religioso de, 245

Santo Domingo (República Dominicana), 229, 230, 233, 239, 242, 249, 250, 262, 265

saqueo de comercios, en Haití, 280

Sarduy, Severo, escritor cubano, 206

Scherer García, Julio, director del Excélsior mexicano, 120

Sección de Expertos, policía secreta cubana, 155

sector privado: cubano, 196; mexicano, 30; puertorriqueño, 300

sector público: cubano, 154, 165, 170, 218; dominicano, 240, 252, 258, 259, 260, 262; haitiano, 270, 282, 293; mexicano, 41, 43, 57, 115; puertorriqueño, 306; véase también obras públicas

sector servicios: cubano, 196, 198; puertorriqueño, 306

seguridad social: mexicana, 73, 75, 126; puertorriqueña, 308

sequía, en Haití, 283

servicio militar obligatorio, en México, 68

servicios públicos: cubanos, 152, 162, 179, 184, 186; mexicanos, 87

servicios urbanos, en México, 75

servidumbre, en Haití, 269, 285

sexual, educación, en México, 34, 39

Shell, en la República Dominicana, 255

Sierra Maestra (Cuba), 174, 179

Silva Herzog, Jesús, secretario de Hacienda mexicano, 136, 142, 144

silvicultura, en Cuba, 197

Simpson-Rodino, véase Ley Simpson-Rodino

Sinaloa (México), 38, 72, 129

Sinclair Company, acuerdo unilateral con México, 53

sindicalismo, dominicano, 244, 261

Sindicato Central de ejidatarios, 30

Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), 45, 65, 80, 82, 107, 108

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), 47

Sindicato Nacional Obrero de la Industrie Azucarera (SNOIA), de Cuba, 155

sindicatos: cubanos, 153, 154-155, 165-166, 172, 173, 177, 211, 212, 214; haitianos, 274, 279, 282, 292; mexicanos, 13, 29, 42, 58, 64, 66, 73, 75, 80, 81, 82, 95, 99, 102, 104, 125

sionismo, denuncia en las Naciones Unidas del, 122

sisal: haitiano, 267, 270, 272; mexicano, 32

Sistema Alimentario Mexicano (SAM), 132, 138

sistema político: cubano, 152-153, 208-221; mexicano, 84-85, 93-94, 95-96, 109, 117, puertorriqueño, 296-297

sitio, estado de, véase ley marcial

Smith, Earl E. T., embajador de Estados Unidos en Cuba, 180

soberanía nacional: de Cuba, 151, 161, 184; en la política exterior mexicana, 51, 96, 101

socialdemócratas mexicanos, véase Partido Social Demócrata (PSD)

socialismo: en Cuba, 190-191, 214, 216; en Haití, 278; en México, 29, 34-35, 129-130; en Puerto Rico, 305; véase también educación socialista

socialismo democrático, en Puerto Rico, 305

Sociedad de Naciones, 51

Société Haïtienne-Américaine de Développement Agricole (SHADA), 271-272

Somalia, y Cuba, 224, 225 n, Somoza, Anastasio, 51, 132, 226

Sonora (México), 27, 31, 34, 60, 93, 114, 116, 122, 129, 138, 143; como centro político, 15, 19, 24, 26

sorgo mexicano, 90

Soto Reyes, Ernesto, ex líder del Senado mexicano, 103

South Puerto Rico Sugar Company, 234

spiralisme, estilo de escritura haitiana, 287

St, Lot, Émile, 273

Stalin, José, 80

Stalingrado, batalla de, 68

Standard Fruit Company, 274

Standard Oil, 49, 186

subvenciones: en México, 96; en la República Dominicana, 262

sucesión presidencial: en Haití, 283; en México, 61-62, 77-78, 84, 93, 98, 103-104, 109-110, 113, 126, 144; véase también elecciones

Sudre Dartinguenave, Philippe, presidente de Haití, 269

sufragio: en Cuba, 162, 168; en México, 65, 105, 110

tabaco: cubano, 151, 152, 167, 169, 179; dominicano, 232; haitiano, 274; puertorriqueño, 296

Tabasco (México), estado de, 21, 24, 25, 60, 113, 144

Taft, William Howard, gobierno de, 79

Tamaulipas (México), estado de, 23, 26, 101

Tampico (México), 21, 66, 120

taxistas, huelgas de, en Cuba, 158; véase también chóferes-guías haitianos

teatro, obras de, en Haití, 286, 287

técnicos cubanos, 200, 206

tecnócratas: haitianos, 278, 283; mexicanos, 19, 79, 95, 109, 129, 135, 136, 145

tecnología: en la República Dominicana, 245; en México, 86, 88; en Puerto Rico, 306, 310, 311

Tejeda, Adalberto, gobernador de Veracruz, 23, 24

teléfonos: en Cuba, 151, 155, 177, 178; en la República Dominicana, 244; operarios mexicanos de, 108

telégrafos: en Cuba, 155; en México, 68

televisores: en Cuba, 178, 189, 210, 212, 223; en la República Dominicana, 243; en México, 93, 121, 178

Tello, Carlos, 129

Tello, Manuel, secretario mexicano de Relaciones Exteriores, 112

templanza mexicana, 35

terratenientes: en Haití, 267, 269, 270-271, 278; en la República Dominicana, 260; en México, 14-15, 56, 76

terremotos, en México, 140-141

terrorismo: en Cuba, 175, 209; en Haití, 279; en la República Dominicana, 250-251; en México, 94, 117, 128

textil, industria: cubana, 155, 176; dominicana, 233; haitiana, 292; mexicana, 22, 41, 42, 57, 73, 86, 106, 107

Théodore, Rene, líder del Partido Comunista haitiano, 292

Tiempo, El, de México, 68

tierra, redistribución de la: en Cuba, 162, 271-272; en México, 19, 28, 29, 76, 110; en Puerto Rico, 298-299, 300; véase también reforma agraria

tierras, invasión de, en México, 18, 90, 115, 129, 130; véase también expropiaciones

Tijuana (México), 93, 120

Timón, publicación mexicana, 58

Tlatelolco, matanza de (1968), 116-118, 119, 122, 129

Toluca (México), 92

tontons macoutes, 279, 280, 282, 284, 289, 290, 291

Torreón (México), 120

Tortuga, isla de la, 285

tortura: en Cuba, 155, 165, 215; en la República Dominicana, 238; en Haití, 287

Toussaint Louverture, Pierre-Dominique, líder haitiano, 281

trabajo: de cubanos en ultramar, 200, 202, 225-226; en Cuba, 162, 170, 172, 177, 196-197, 203, 211; en Haití, 270, 271, 282; en la República Dominicana, 265-266; en México, 91; en Puerto Rico, 296, 300, 306, 307; véase también clase trabajadora; empleo

trabajo, condiciones de, en Cuba, 211

transporte: en Cuba, 151, 158; en México, 75, 87, 99, 107

transporte aéreo: en Cuba, 173; en México, 100

tranvías: trabajadores cubanos de los, 158; trabajadores mexicanos de los, 22, 42, 57, 64, 81

Tratado Interamericano de Asistencia Recí-proca (Pacto de Río) de 1964, 222

Tratado sobre la Fijación de Límites, entre la República Dominicana y Haití, 235

tratados de reciprocidad, entre Cuba y Estados Unidos, 151, 156, 157, 166-167, 176

trigo: en Haití, 292; en México, 29, 89, 100, 115, 138

Trinidad, 293

triunvirato militar: en Haití, 272, 274; en la República Dominicana, 247-249

Troncoso de la Concha, Manuel de Jesús, presidente dominicano, 237

Trotski, León, y el trotskismo, 51, 64, 222

Trouée, La, revista haitiana, 277

Trujillo, Héctor B., presidente dominicano, 238

Trujillo, Rafael Leónidas, dictador dominicano, 228-241, 242, 243, 245, 246, 256, 257, 258, 259, 271, 274, 275

Trujillo-Hull, Tratado (1941), 237

Truman, Doctrina, 79

Truman, Harry S., gobierno de, 79, 301

Tugwell, Rexford Guy, gobernador puertorriqueño, 298, 300, 301

turismo: en Cuba, 169, 179; en Haití, 274, 283, 292; en la República Dominicana, 245; en México, 69, 76, 92, 122, 133

Turquino, pico, en Cuba, 175

Unidad de Izquierda Comunista (UIC), de México, 130

Unidad Obrera Independiente (UOI), de México, 125

Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), de Cuba, 192

Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), 82, 102, 106, 108

Unión Nacional Sinarquista (UNS), de México, 54, 58-59, 63-64, 68, 75, 76, 78

Unión Nacionalista, de Cuba, 153, 157, 159, 165, 168

Union Nationale, L’, de Haití, 274

Unión Soviética: tasa de abortos en, 202; y Alemania, 54; y América Central, 132; y Checoslovaquia, 223; y Cuba, 186-187, 188, 189-190, 194, 198, 199, 200, 214, 221, 222-223, 224, 226-227; y Finlandia, 51; y Haití, 287; y las Naciones Unidas, 190; y los Estados Unidos, 122, 133; y México, 19, 35, 44, 80, 111

United Fruit Company (UFCO): en Cuba, 185; y México, 109

Universidad de La Habana, 165

Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, 310, 311

Universidad de Santo Domingo, 240

Universidad Nacional de México (UNAM), 34, 37, 49, 72, 99, 113, 116, 121, 144-145

Universidad Obrera, de México, 37

universidades: cubanas, 153, 155, 162, 165, 173, 191, 203, 205-206, 210, 218; dominicanas, 240, 251; haitianas, 280; mexicanas, 37, 116-118; puertorriqueñas, 310-311; véase también educación; estudiantes; maestros

Unomásuno, diario mexicano, 120

urbanización: en Cuba, 203; dominicana, 239, 241, 245, 251; mexicana, 90; puertorrique-ña, 307

Urrutia, Manuel, presidente de Cuba, 186

Uruchurtu, Ernesto P., regente del Distrito Federal, 109, 113

Uruguay: economía de, 178; y el grupo Contadora, 140

Uvero, El (Cuba), 175

Valdés, Ramiro, ministro del Interior cubano, 220

Valenzuela, Macías, ex gobernador de Sinaloa, 72

Valle del Maíz (México), 23

Valle Imperial, en California, 71

Vallejo, Demetrio, disidente mexicano, 107-108, 111

Varona, Antonio, ex primer ministro cubano, 188

Vasconcelos, José, 16, 58, 69, 113

vascos, en México, 51

Vásquez, Horacio, presidente de la República Dominicana, 228-229, 230, 231, 235

Vaticano, y Haití, 269, 282, 289

Vázquez, Vejar, ministro mexicano, 71

Vázquez Vela, Gonzalo, 54

Vega, La (República Dominicana), 232

Vega Domínguez, Jorge de la, director de la CONASUPO y líder del PRI, 124, 135, 144

Veinte de Noviembre, hospital, policía antidisturbios en el, 115

Velázquez, Fidel, 22, 43, 80, 101, 104, 106, 115, 125, 127, 138, 144

Venezuela: economía de, 178, 184; petróleo en, 46, 132; y América Central, véase Contadora, grupo; y Cuba, 222, 223; y Panamá, 140

Veracruz (México), 20, 21, 22, 23, 27, 62, 77, 92, 98, 104

verduras: cubanas, 179, 196; haitianas, 270; mexicanas, 90

Vérité, La, revista haitiana, 273

Verrettes (Haití), 273

Victoria de las Tunas (Cuba), 203, 216

vidrio, en México, 93

Vietnam, guerra del, 118, 122, 226, 249

Villa, Francisco «Pancho», 110

Villa Altagracia (República Dominicana), 234

Villa Clara (Cuba), 216

Villas, Las (Cuba), provincia de, 155, 174, 193, 216

Vincent, Sténio, presidente de Haití, 270, 271, 273, 276, 277

violencia: en Colombia, 15; en Cuba, 154, 155, 170; en Haití, 268, 269, 274-275, 279, 284-285, 289, 293; en Puerto Rico, política, 295, 297-298; véase también asesinatos; disturbios; ejecuciones; guerra civil; terrorismo

violencia en México, 15, 39, 41, 115, 128, 129, 138-139; en las elecciones, 65, 78, 143, 146; y la protesta agraria, 29, 76, 111; y los estudiantes, 116-117, 121

viviendas, condiciones de las, en la República Dominicana, 266

viviendas: cubanas, 201, 202, 208; mexicanas, 87, 125

Volcker, Paul, de la Reserva Federal de Estados Unidos, 135

Volontaires de la Securité Nationale (VSN), de Haití, 279, 289, 290; véase también tontons macoutes

votaciones: de puertorriqueños en las elecciones de Estados Unidos, 304; en México, 94, 110; véase también elecciones; sufragio

vudú, culto, en Haití, 269, 274, 275-276, 277, 278, 288, 290, 293

Watergate, asunto, 304

Welles, Sumner, embajador estadounidense en Cuba, 156-159, 161, 162, 163-164

Wilson, Woodrow, presidente estadounidense, 79

Wolf Ligonde, Francois, arzobispo haitiano, 282

Yale, universidad de, 293

Yocupicio, Román, gobernador de Sonora, 60

yoquis, región de los indios, en México, 31, 36

Yucatán (México), 22, 27, 76, 85, 92, 114; reforma agraria en, 31-32, 36

Zacatecas (México), 39

Zacatepec (México), 32

Zapata, Emiliano, y el zapatismo, 23, 110, 111

Zapata, Fausto, 122

Zarzosa, general almazanista, 66

ÍNDICE DE MAPAS

México

El Caribe

ÍNDICE DE CUADROS

2.1. La estructura de la producción: 1960 y 1979

2.2. Pautas de distribución de la renta: 1958 y 1977

Notas

[1] Rees, Ciudad de México, 19 de diciembre de 1939, FO (Foreign Office) 371/24217, A359, Public Records Office, Londres. <<

[2] Luis González, Historia de la Revolución mexicana, 1934-1940: Los días del presidente Cárdenas, México, D. F., 1981, p. 44. <<

[3] Farquhar, Ciudad de México, 6 de diciembre de 1934, FO 371/18705, A706. <<

[4] González, Los días del presidente Cárdenas, p. 57. <<

[5] Alicia Hernández Chávez, Historia de la Revolución mexicana. Período ¡934-1940: La mecánica cardenista, México, 1979, p. 140. <<

[6] John W. F. Dulles, Yesterday in México: A Chronicle of the Revolution, 1919-1936, Austin, Texas, 1961, pp. 636-639 (hay trad. cast.: Ayer en México: una crónica de la Revolución, 1919-1936, FCE, México, D. F., 1977); González, Los días del presidente Cárdenas, p. 78. <<

[7] Frank L. Kluckhohn, The Mexican Challenge, Nueva York, 1939, p. 3. En el nivel local el descenso de la violencia política fue más lento y desigual. <<

[8] Nora Hamilton, The Limits of State Autonomy: Post-revolutionary México, Princeton, 1982, pp. 144-145 (hay trad. cast.: Los límites de la autonomía del Estado, Era, México, D. F., 1983). <<

[9] González, Los días del presidente Cárdenas, p. 114. <<

[10] James W. Wilkie, The Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social Change Since 1910, Berkeley, 1970, pp. 136-140 (hay trad. cast.: La Revolución mexicana, 1910-1976: gasto federal y cambio social, FCE, México, D. F., 1978). <<

[11] R. H. K. Marett, An Eye-witness of México, Londres, 1939, p. 142. <<

[12] Clarence Sénior, Land Reform and Democracy, Gainesville, Florida, 1958, p. 52. <<

[13] Pegram, en Murray, Ciudad de México. 21 de abril de 1936, FO 371/19792, A3895. <<

[14] González, Los días del presidente Cárdenas, p. 103. <<

[15] Sénior, Land Reform and Democracy, p. 97. <<

[16] Dutton, Torreón, 4 de enero de 1939, FO 371/22780, A1015; Fernando Benítez, Lázaro Cárdenas y la Revolución mexicana, vol. 3: El cardenismo, México, D. F., 1978, p. 66. <<

[17] Iván Restrepo, y Salomón Eckstein, La agricultura colectiva en México: la experiencia de La Laguna, México, D. F., 1975, p. 35. <<

[18] Véase G. M. ioseph, Revolution from Without: Yucatán, México and the United States, 1880-1924, Cambridge, 1982, pp. 288-289 (hay trad. cast.: Revolución desde afuera: Yucatán, México y los Estados Unidos, 1880-1924, FCE, México, D. F., 1992). <<

[19] Thomas Louis Benjamín, «Passages to Leviathan: Chiapas and the Mexican State, 1891-1947», tesis doctoral inédita, Michigan State University, 1981, pp. 247-250. <<

[20] Ibid., p. 251. <<

[21] David L. Raby, Educación y revolución social en México, 1921-1940, México, D. F., 1974. p. 39. <<

[22] Ibid., pp. 40-41. <<

[23] Victoria Lerner, Historia de la Revolución mexicana. Período 1934-1940: La educación socialista, México, D. F., 1979. p. 83. <<

[24] John A. Britton, Educación y radicalismo en México. I: Los años de Bassols (19311934), México, D. F., 1976, p. 52. <<

[25] Farquhar, Ciudad de México, 24 de enero de 1935. FO 371/18705, A1338. <<

[26] Raby, Educación y revolución social, p. 60. <<

[27] Ibid., p. 38; Britton, Los años de Bassols, p. 17. <<

[28] Arturo Anguiano, El Estado y la política obrera del cardenismo, México, 1975, p. 45. <<

[29] González, Los días del presidente Cárdenas, p. 120. <<

[30] Lemer, La educación socialista, pp. 114-115. <<

[31] Murray, Ciudad de México, 31 de octubre de 1935, FO 371/18707, A9693. <<

[32] Rees, Ciudad de México, 3 de enero de 1940, FO 371/24217, A547; Hamilton, Limits of State Autonomy, p. 192. <<

[33] Véase Enrique Krauze, Caudillos culturales en la Revolución mexicana, México, D. F., 1976, pp. 291-329. <<

[34] González, Los días del presidente Cárdenas, p. 289. <<

[35] Davidson, Ciudad de México, 15 de agosto de 1940, FO 371/24217, 3818. <<

[36] William Cameron Townsend, Lázaro Cárdenas, Mexican Democrat, Ann Arbor. Michigan, 1952, pp. 43-51 (hay trad. cast.: Lázaro Cárdenas, demócrata mexicano, Gandesa. México, D. F., 1956); Murray, Ciudad de México, 15 de julio de 1935, FO 371/18707, A6865. <<

[37] La actitud de sir Henry Deterding, de la Royal Dutch Shell, descrita por el director gerente de la filial mexicana de la Shell, El Águila, en Murray, Ciudad de México, 17 de septiembre de 1935, FO 371/18708, 8586. <<

[38] Véase Joe C. Ashby, Organized Labor and the Mexican Revolution Under Lázaro Cárdenas, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1963, pp. 197-212. <<

[39] Ibid., p. 180. <<

[40] Marett, An Eye-witness of México, p. 227, donde el autor hace hincapié en la espontaneidad del comentario. <<

[41] Ashby, Organized Labor, p. 237. <<

[42] La Casa de España, compuesta de intelectuales refugiados, se metamorfoseó más adelante en el ilustre Colegio de México; los futbolistas vascos ayudaron a convertir a México del «estilo tosco, sin gracia» impartido originalmente por los ingleses a uno más en armonía con la «personalidad mexicana»; González, Los días del presidente Cárdenas, pp. 229-235 y 276. <<

[43] Ibid., p. 308; Hoy, 20 de septiembre de 1940. <<

[44] Blanca Torres Ramírez, Historia de la Revolución mexicana. Período 1940-1952: México en la segunda guerra mundial, México, 1979, pp. 66-67. <<

[45] González, Los días del presidente Cárdenas, p. 256; Davidson, Ciudad de México, 4 de enero de 1940, FO 371/24217, A813. <<

[46] González, Los días del presidente Cárdenas, p. 183. <<

[47] Ibid., p. 272; cf. Tzvi Medin, Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas, México, 1972, pp. 204-206. <<

[48] Davidson, Ciudad de México, 4 de enero de 1940, FO 371/24217, A813. <<

[49] E. Alanis Patiño y E. Vargas Torres, «Observaciones sobre algunas estadísticas agrícolas», Trimestre Económico, 12 (1945-1946), pp. 578-615. <<

[50] Hamilton, Limits of State Autonomy, p. 224. <<

[51] Hugh G. Campbell, La derecha radical en México, 1929-1949, México, 1976, pp. 47 y ss. <<

[52] Dudley Ankerson, Agrarian Warlord: Saturnino Cedillo and the Mexican Revolution in San Luis Potosí, De Kalb, Illinois, 1984, cap. 6 (hay trad. cast.: El caudillo agrarista, Gobierno del Estado de San Luis Potosí, México, D. F., s. f.). <<

[53] Ariel José Contreras, México 1940: industrialización y crisis política. Estado y sociedad civil en las elecciones presidenciales, México, D. F., 1977, pp. 154-155; Luis Medina, Historia de la Revolución mexicana. Período 1940-1952: Del cardenismo al avilacamachismo, México, D. F., 1978, p. 93. <<

[54] Davidson, Ciudad de México, 9 de enero de 1940, FO 371/24217, A1301. <<

[55] Contreras, México 1940, pp. 55-56. <<

[56] Ibid., pp. 155-156. <<

[57] Rees, Ciudad de México, 9 de febrero de 1940, FO 371/24217, A1654. <<

[58] Medina, Del cardenismo al avilacamachismo, pp. 92-93. <<

[59] Ibid., pp. 100-105; Virginia Prewett. Reportage on México. Nueva York, 1941, pp. 184188. <<

[60] John Womack. Jr., Zapata and the Mexican Revolution, Nueva York, 1969, p. 80 (hay trad. cast.: Zapata y la Revolución mexicana. Siglo XXI, México, D. F., 1969); Davidson, Ciudad de México. 9 de enero de 1940, FO 371/24217. A1301. <<

[61] González. Los días del presidente Cárdenas, p. 227. <<

[62] Ibid., p. 259. <<

[63] Según Luis Montes de Oca, en un memorándum de E. D. Ruiz, 5 de agosto de 1940, FO 371/24217, A3818. <<

[64] González. Los días del presidente Cárdenas, pp. 302-303; El Universal, 8 de julio de 1940; Rees, Ciudad de México. 12 de julio de 1940, FO 371/24217, A2619 y anexos. <<

[65] Medin. Ideología y praxis política, p. 222. <<

[66] Rees, Ciudad de México, 9 de febrero de 1940. FO 371/24217, A1654. <<

[67] Davidson, Ciudad de México, 9 de enero de 1940, FO 371/24217, A1301; Prewett, Reportage on México, pp. 191 y 221. <<

[68] Torres. México en la segunda guerra mundial, pp. 85-86. <<

[69] Ibid., p. 104. <<

[70] Bateman. Ciudad de México, 14 de febrero de 1944, FO 371/38312. AN798. <<

[71] Medina, Del cardenismo al avilacamachismo, pp. 163-172 y 222-224. <<

[72] Ibid., p. 300. <<

[73] Cheetham. Ciudad de México, 10 de enero de 1944. FO 371/38312, AN293. <<

[74] Ibid.; Lesley Byrd Simpson, Many Mexicos, Berkeley. 1971, pp. 342-344 (hay trad. cast.: Muchos Méxicos, FCE, México, D. F., 1977). <<

[75] Luis Medina, Historia de la Revolución mexicana. Período 1940-1952: Civilismo y modernización del autoritarismo. México, 1979, p. 110. <<

[76] Ibid., p. 132. <<

[77] Hernández Abrego, del sindicato de petroleros, citado en Rosalía Pérez Linares, «El charrismo sindical en la década de los setenta. El sindicato petrolero», en Historia y crónicas de la clase obrera en México. México. D. F.. 1981, p. 172. <<

[78] Ibid., p. 94; Benjamín, «Passages to Leviathan», p. 268. <<

[1] Véase Arturo González Cosío, «Clases y estratos sociales», en Julio Duran Ochoa y otros, México: cincuenta años de revolución, vol. 2: La vida social, México, D. F., 1961, p. 55. Para comentarios posteriores y otras estimaciones, véase James W, Wilkie y Paul D. Wilkens, «Quantifying the class structure of México, 1895-1970», en Statistical Abstraer of Latin America, vol. 21, Los Ángeles, 1983. <<

[2] Véase Peter H. Smith, «Leadership and change: intellectuals and technocrats in México», en Roderic A. Camp. ed., México’s Political Stability: The Next Five Years, Boulder, Colorado, 1986, pp. 101-117. esp. pp. 102-104. <<

[3] Miguel Alemán, Miguel Alemán contesta, Austin, Texas, 1975, pp. 32-33. <<

[4] Sobre estas y otras cuestiones, véase Peter H. Smith. «U. S.-Mexican relations: the 1980s and beyond», Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 27, n.º 1 (febrero de 1985), pp. 91-101; y Josefina Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer. The United States and México, Chicago, 1986, passim. <<

[5] Citado en Luis Medina, Historia de la revolución mexicana, vol. 20: 1940-1952: civilismo y modernización del autoritarismo, México, D. F., 1979, pp. 37-38. <<

[6] Gustavo Esteva, La batalla en el México rural. México. D. F., 1980. p. 21, sostiene que el trigo y no el maíz fue el protagonista principal de la revolución verde, sobre todo durante los primeros años. <<

[7] Medina, Historia, p. 79. <<

[8] Excélsior. I de septiembre de 1947. <<

[9] Daniel Cosío Villegas, La sucesión presidencial, México, D. F., 1975, p. 112. <<

[10] Excélsior, 30 de julio de 1951. <<

[11] Cosío Villegas, La sucesión, p. 131. <<

[12] Ibid., p. 115. <<

[13] Ibid., p. 139. <<

[14] El Nacional. 7 de febrero de 1953. <<

[15] Peter H. Smith. Labyrinths of Power: Political Recruitment in Twentieth-Century México. Princeton, 1979, pp. 273-274. <<

[16] Excélsior. 24 de diciembre de 1953. <<

[17] Olga Pellicer de Brody y José Luis Reyna, Historia de la revolución mexicana, vol. 22: ¡952-1960: el afianzamiento de la estabilidad política, México, D. F., 1978, p. 25. <<

[18] Luis Araiza, Historia del movimiento obrero mexicano, México, 1965, D. F., p. 281. <<

[19] Kevin J. Middlebrook. «The political economy of Mexican organized labor», tesis doctoral inédita, Universidad de Harvard, 1982. <<

[20] Pellicer y Reyna, Historia, 22, p. 157. <<

[21] El Nacional, 26 de enero de 1953. <<

[22] Excélsior, 14 de septiembre de 1975. <<

[23] Sin embargo, en realidad sólo se distribuyeron 3,2 millones de hectáreas: Esteva, Batalla, pp. 230-231. <<

[24] Esteva, Batalla, p. 85. <<

[25] Vázquez y Meyer, United States, p. 178. <<

[26] Leopoldo Solís, Economic Policy Reform in México: A Case Study for Developing Countries, Nueva York, 1981, pp. 24-25. <<

[27] Véase Reynolds, The Mexican Economy: Twentieth-Century Structure and Growth, New Haven, 1970, esp. pp. 185-190 (hay trad. cast.: La economía mexicana: su estructura y crecimiento en el siglo XX, FCE, México, D. F., 1973). <<

[28] Evelyn P. Stevens, Protest and Response in México, Cambridge, 1974, p. 228. <<

[29] Véase Dolly J. Young, «Mexican literary reactions to Tlatelolco». Latín American Research Review, 20, n.º 2 (1985), pp. 71-85. <<

[30] Véase Clark W. Reynolds, «Why Mexico’s “Stabilizing development” was actually destabilizing (with some implications for the future)», World Development, 6. n.º 7-8 (julio-agosto de 1978), pp. 1.005-1.018. <<

[31] Es claro que Esteva ve 1965 como el momento crítico: Batalla, pp. 17 y 71. <<

[32] Kenneth Hill, «Illegal aliens: au assessment», en Daniel B. Levine, Kenneth Hill y Robert Warren, eds., Immigration Statistics: A Story of Neglect, Washington, D. C., 1985, pp. 225-250. <<

[33] Sencillamente no existen pruebas fehacientes de esto; para un estudio reciente de lo que se ha escrito al respecto, véase Ann L. Craig y Wayne A. Cornelius, «Political culture in México: continuities and revisionist interpretations», en Gabriel A. Almond y Sidney Verba, eds., The Civic Culture Revisited, Boston, 1980, pp. 325-393. <<

[34] Daniel Cosío Villegas, El estilo personal de gobernar, México, D. F., 1975, p. 31. <<

[35] Solís, Economic Policy. p. 61. <<

[36] Ibid., pp. 75-76. <<

[37] Citado en ibid., pp. 81-82. <<

[38] Merrilee Serrill Grindle, Bureaucrats, Politicians, and Peasants in México: A Case Study in Public Policy, Berkeley y Los Ángeles, 1977, p. 75. <<

[39] Véase Middlebrook, «Political economy». p. 316. <<

[40] Andrés Montemayor H., Los predestinados, Monterrey, 1975, p. 8. <<

[41] Hispano Americano, 21 de abril de 1975. <<

[42] Excélsior, 23 de septiembre de 1975. <<

[43] Ibid., 13 de noviembre de 1975. <<

[44] Ibid., 2 de septiembre de 1976. <<

[45] Véase Gabriel Székely, La economía política del petróleo en México. 1976-1982, México, 1983. <<

[46] Citado en George W. Grayson, «Mexico’s opportunity: The cil boom», Foreign Policy, 29 (invierno 1977-1978), pp. 65-89, esp. p. 65. <<

[47] Boston Globe, 3 de octubre de 1982. <<

[48] Véase Joseph Kraft, The Mexican Rescue, Nueva York. 1984. <<

[49] Más adelante se apuntaría que la nacionalización significaba que el Estado asumiría tanto las deudas como las pérdidas de las compañías pertenecientes a los bancos, pero esta realidad objetiva tenía poco que ver con la percepción subjetiva de los inversionistas privados y los líderes extranjeros. Continuaron denunciando la medida. <<

[50] Para una descripción de estos acontecimientos por alguien con información de primera mano, véase Carlos Tello, La nacionalización de la banca, México, D. F., 1984. <<

[51] El texto completo del discurso de toma de posesión de Miguel de la Madrid aparece en Unomásuno, 2 de diciembre de 1982. <<

[52] Excélsior, 15 de mayo de 1987. <<

[53] Texto del discurso dirigido al Comité Ejecutivo Nacional del PRI (Puebla, julio de 1988). <<

[54] Excélsior, 8 de julio de 1988. <<

[1] William Phillips, «Memorándum of conversation with Cuban ambassador». 5 de mayo de 1933, File 550 S. S. Washington/415, General Records of the Department of State, Record Group 59, National Archives, Washington, D. C. (citado en lo sucesivo como RG 59). <<

[2] Cordell Hull a Sumner Welles, 1 de mayo de 1933, U. S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1933, 5 vols., Washington, D. C., 1941, 5:285. <<

[3] Sumner Welles a Cordell Hull, 13 de mayo de 1933, 833.00/3512, DS/RG 59. <<

[4] Sumner Welles, Two Years of the «Good Neighbor» Policy, Department of State, Latin American Series No. 11, Washington, D. C., 1935, pp. 8-9. <<

[5] «Memorándum», 11 de agosto de 1933, anexo en Orestes Ferrara a Surnner Welles, 12 de agosto de 1933, File (1933) 800, U. S. Embassy, Cuba, Correspondence, Record Group 84, Records of the Foreign Service Posts of the United States. U. S. National Archives, Washington, D. C. <<

[6] Sumner Welles al secretario de Estado, 5 de septiembre de 1933, 837.00/3757, RG 59, y «Memorándum of telephone conversation between Secretary of State Hull and Welles», 5 de septiembre de 1933, 837.00/3800, RG 59. <<

[7] Sumner Welles al secretario de Estado, 5 de octubre de 1933, 837.00/4131, RG 59. <<

[8] Ibid. <<

[9] Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Report on Cuba, Baltimore, 1951, p. 7. <<

[10] Comisión Internacional de Juristas, Cuba and the Rule of Law, Ginebra, 1962, p. 25. <<

[11] New York Times, 15 de septiembre de 1957, 4, p. 11. <<

[12] Earl E. T. Smith, The Fourth Fluor, Nueva York. 1962, pp. 48 y 107 (hay trad. cast.: El cuarto piso, Diana, México, D. F., 1968). <<

[13] United States Congress. Senate, Hearings Before the Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Act and Other Internal Laws of the Committeee on the Judiciary: Communist Threat to the United States Through the Caribbean. 86th Cong., 2d Sess., Washington, D. C., 1959-1960, pt. 10. p. 739. <<

[1] Fidel Castro, Discursos para la historia. La Habana, 1959, pp. 50-52 y 75-81. <<

[2] Revolución, 21 de julio de 1960, p. 1. <<

[3] Revolución, 23 de noviembre de 1959, p. 4. <<

[4] Obra Revolucionaria, 10 (1964), p. 14. <<

[5] Granma Weekly Review, 16 de febrero de 1986, suplemento especial, pp. 6 y 7. <<

[6] Fidel Castro, La historia me absolverá. Ediciones Júcar, Madrid, 1978, p. 127. <<

[7] Granma Weekly Review, 2 de agosto de 1970, p. 6. <<

[8] «Discurso del presidente de la República, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, en la escuela de cuadros de mando del Ministerio de la Industria Ligera». Pensamiento Crítico, 45 (octubre de 1970), p. 148. <<

[9] Granma Weekly Review, 4 de octubre de 1970, p. 2. <<

[10] Fidel Castro, Palabras a los intelectuales, La Habana, 1961. <<

[11] Granma Weekly Review, 28 de diciembre de 1980, p. 13. <<

[12] Las misiones cubanas de ayuda al extranjero han actuado en los países siguientes, entre otros, respondiendo a la solicitud de sus gobiernos: Chile, Perú, Panamá, Nicaragua, Jamaica, Guyana, Granada, Surínam, Argelia, Libia, Etiopía, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles, Zambia, Ghana, Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Angola, Zimbabwe, Congo, Nigeria, Benin, Burkina Fasso, Madagascar, Burundi, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guinea Bissau. Cabo Verde, Sierra Leona, Mali, Yemen del Sur, Siria. Irak. Vietnam, Laos y Camboya. En algunos de ellos, por ejemplo en Libia e Irak, a los cubanos se les pagan sus servicios, que suelen ser en proyectos de construcción o de sanidad pública, por lo que la relación se parece más a la de una empresa transnacional que vende servicios que a la ayuda exterior. <<

[1] Balaguer fue «reelegido» en 1970, después de una campaña generalizada de terror contra la oposición. El PRD no presentó candidato y Balaguer no tuvo competidores. <<

[1] Mats Lundahl, en varios de sus escritos, hace mucho hincapié en estos factores como causas de la pobreza de Haití. Véanse Peasants and Poverty: a Study of Haití, Londres, 1979, y The Haitian Economy, Londres, 1983. <<

[2] Seventh Annual Report of the American High Commissioner, 3 de enero de 1929, p. 1. <<

[3] Véase Robert Spector, W. Cameron and the Hoover Commission to Haití, Lanham, Maryland, 1983. <<

[4] Véase José I. Cuello, H., ed., Documentos del conflicto dominico-haitiano de 1937. Santo Domingo, 1985: y también Juan Manuel García. La matanza de los haitianos: genocidio de Trujillo. 1937. Santo Domingo, 1983. <<

[5] F. Duvalier y L. Denis, «Psychologie éthnique et historique». Les Griots. 4 (1939), pp. 500-501. <<

[6] Jacques Roumain, «Prejugé de couleur et lutte de classe», en Analyse Schématique, 3234, Puerto Príncipe, 1934. <<

[7] Se encuentra un resumen útil de la historia del sindicalismo en Haití en J.-J. Doubout y Ulrich Joly, Notes sur le développement du mouvement syndical en Haití, sin lugar, 1974. <<

[8] New York Times, 27 de abril de 1963. <<

[9] Arthur Holly («Her-Ra-Me-El»), Dra-po: étude ésoterique de egrégore africain, traditionnel, social et national. Puerto Príncipe, 1928. <<

[10] Para más detalles sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en esta época, véase David Nicholls, «Politics and religión in Haiti», Canadian Journal of Political Science, 3, n.º 3 (1970); también «Documents: the Catholic Church in Haiti», IDOC International, edición norteamericana, 6 (27 de junio de 1970), pp. 6-7. La crónica de estos acontecimientos que hizo el propio Duvalier se encuentra en Mémoires d’un leader du tiers monde, París, 1969. <<

[11] Sobre las relaciones de Estados Unidos con Haití desde 1971, véase Ernest H. Preeg, Haití and the CBI: a Time of Change and Opportunity, Miami, 1985. <<

[12] Sobre esta migración, véanse Maurice Lemoine, Bitter Sugar, Londres, 1985; Ramón Antonio Veras, Inmigración, haitianos, esclavitud, Santo Domingo, 1983. Véase también Estudios Sociales, Santo Domingo, 59 (enero de 1985), número especial dedicado a «Haitianos en la República Dominicana». <<

[13] Se ha escrito y publicado mucho sobre esta migración y cabe citar a G. Loescher y J. Scanlan, «Human rights, U. S. foreign policy, and Haitian refugees», Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 26, n.º 3 (1984); y A. Stepick, Haitian Refugees in the United States, Londres, 1982. Para la migración a las Bahamas, véase Dawn Marshall, «The Haitian Problem»: Illegal Migration to the Bahamas, Kingston, Jamaica, 1979. <<

[14] Véanse M. Laroche, Le romancero aux étoiles: et l’oeuvre romanesque de Jacques-Stéphen Alexis, París. 1978; J. Michael Dash, Jacques Stéphen Alexis, Toronto, 1975, y Dash, Literature and ideology in Haití, 1915-1961, Londres, 1981, cap. 7. <<

[15] René Depestre, Bonjour et adieu à la négritude, París, 1980. <<

[1] El proceso que llevó a la aprobación de esta ley se describe en Surendra Bhana, The United States and the Development of the Puerto Rican Status Question, 1936-1948, Lawrence, Kansas, 1975, pp. 92-103. <<

[2] La suerte del proyecto de ley Fernós-Murray, así como la del segundo intento de modificar el pacto del Estado libre asociado, que se menciona en el próximo párrafo, se describen en Henry Wells, The Modernization of Puerto Rico, Cambridge, Massachusetts, 1969, pp. 250258 (hay trad. cast.: La modernización de Puerto Rico: Un análisis político de valores e instituciones en proceso de cambio, Editorial Universitaria, Río Piedras, 1979). Véase también José Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico, vol. 4, Río Piedras, 1980. <<

[3] Wells, Modernization of Puerto Rico, p. 153. <<

[4] Puerto Rico Planning Board, Economic Report to the Governor, 1980. Angel L. Ruiz, «Costo e impacto socioeconómico de la industria azucarera en Puerto Rico», Revista de Administración Pública, 16, n.º 2 (marzo de 1984), p. 113. Una cuerda equivale a 4.000 metros cuadrados, casi un acre. <<

[5] Wells, Modernization of Puerto Rico, p. 152. <<

[6] U. S. Department of Treasury, «The operation and effect of the possessions corporations system of taxation: fifth report», Washington, D. C., mayo de 1985, pp. 1-2 y 31-38. <<

[7] Puerto Rico Planning Board, Informe económico al gobernador, 1985. <<

[8] Informe económico al gobernador, 1984. Las tasas oficiales de desempleo correspondientes a 1974 y 1975 fueron del 12.0 y el 15,4 por 100, respectivamente. Informe económico al gobernador, 1976. <<

[9] Informe económico al gobernador, 1976. U. S. Department of Treasury, «Operations», p. 23. <<

[10] José L. Vázquez Calzada, La población de Puerto Rico y su trayectoria histórica, San Juan, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, julio de 1978: U. S. Department of Treasury, «Operations», p. 18. <<

[11] Véase Ángel Quintero Rivera, «La clase obrera y el proceso político en Puerto Rico», Revista de Ciencias Sociales, 20 (1976), pp. 3-48. <<

[12] Las cifras proceden de los «Economic reports to the governor» correspondientes a 1976 y 1985; Ángel I. Ruiz y Parimal Choudhury, «The impact of the food stamp program on the Puerto Rican economy: an input-output approach», Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Ciencias Económicas, Serie de Ensayos y Monografías, n.º 7, septiembre de 1978, p. 5; y U. S. Department of the Treasury, «Operations», pp. 24-25. <<

[13] Las cifras sobre el servicio en el ejército las facilitó la Public Affairs Office, Fort Buchanan, San Juan. Para un estudio del problema lingüístico y de la educación bilingüe en Nueva York y Puerto Rico, véase Language Policy Task Forcé, «Language policy and the Puerto Rican community», The Bilingual Review/La Revista Bilingüe, Department of Foreign Languages, CUNY, 5, n.os 1 y 2 (enero-agosto de 1978); reimpresión en Centro de Estudios Puertorriqueños, CUNY Working Papers, n.º 1 (1978). Para un estudio de la prensa escrita diaria en Puerto Rico, véase Robert W. Anderson, La prensa en Puerto Rico, San Juan, Comisión de Derechos Civiles, Informe 1977-CDC-006E, 13 de julio de 1977. <<

[14] Véase, por ejemplo, Germán de Granada, Transculturación e interferencia lingüística en el Puerto Rico contemporáneo, 1898-1968, Río Piedras, 1972. <<

[15] Language Policy Task Force, «Language policy and the Puerto Rican community», p. 10. <<

[16] Las cifras proceden del Estado libre asociado de Puerto Rico, Comisión sobre Reforma Educativa, Informe final, Hato Rey, 20 de junio de 1977, pp. 51-53 y 202; y de información facilitada directamente por el Departamento de Educación. <<

[17] Consejo de Educación Superior, Río Piedras, Puerto Rico, «Estadísticas sobre instituciones de educación superior en Puerto Rico, año académico 1984-1985», marzo de 1985, cuadro 1. <<

[18] Para una crónica documentada del caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas, véase Carmen Gautier Mayoral y María del Pilar Argüellos, eds., Puerto Rico y la ONU, Río Piedras, 1978. <<

[19] Véase, por ejemplo, W. M. Reisman, Puerto Rico and the International Process: New Roles in Association, The American Society of International Law, Studies in Transnational Legal Policy, n.º 6, Washington, D. C., 1975. Herbert Corkran, Jr., Patterns of International Cooperation in the Caribbean, Dallas, 1970, describe, entre otros, el papel del Estado libre asociado en el Caribe bajo gobiernos del PPD. <<