En este noveno volumen de la Historia de América Latina, Friedrich Katz, John Womack y Jean Meyer se ocupan de trazar la trayectoria política de México desde el Porfiriato (los treinta y cinco años de dictadura de Porfirio Díaz), pasando por la Revolución, hasta la reconstrucción bajo la “dinastía sonorense” en los años veinte. Le siguen capítulos sobre las repúblicas de América Central, Cuba, Puerto Rico y Haití.

AA. VV.

México, América Central y El Caribe, c. 1870-1930

Historia de América Latina - 9

ePub r1.0

Titivillus 02.09.2022

Título original: The Cambridge History of Latin America V. C. 1870 to 1930

AA. VV., 1986

Por

LESLIE BETHELL, catedrático de historia de América Latina, Universidad de Londres

LUIS E. AGUILAR, catedrático de historia, Universidad de Georgetown, Washington, D. C.

CIRO F. S. CARDOSO, Universidad Federal Fluminense, Niterói, Brasil

H. HOETINK, catedrático de antropología, Universidad de Utrecht

FRIEDRICH KATZ, catedrático de historia, Universidad de Chicago

JUAN MEYER, director del Centro de Estudios Mexicanos y Centro Americanos de la embajada de Francia en México, México, D. F.

DAVID NICHOLLS, Oxford

ÁNGEL G. QUINTERO RIVERA, Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

JOHN WOMACK, JR., catedrático de historia, Universidad de Harvard

Traducción: Jordi Beltrán & María Escudero

Diseño de cubierta: Enric Satué

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

PREFACIO

Los primeros cuatro volúmenes de la Historia de América Latina de Cambridge se ocupan principalmente de los aspectos económicos, sociales, políticos, intelectuales y culturales de los tres siglos de gobierno colonial español y (en el caso de Brasil) portugués, comprendidos entre el «descubrimiento», la invasión, la conquista y la colonización del «Nuevo Mundo» por los europeos, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, y la víspera de la independencia latinoamericana en las postrimerías del XVIII y principios del XIX.

Los volúmenes quinto y sexto examinan el fracaso y el derrocamiento del régimen colonial que tuvieron lugar en toda América Latina (a excepción de Cuba y Puerto Rico) durante el primer cuarto del siglo XIX, y la historia económica, social y política durante el medio siglo posterior a la independencia (entre aproximadamente 1820 y 1870). En los cuatro volúmenes siguientes se analiza la situación de América Latina hasta 1930.

Durante el primer medio siglo que siguió a la independencia, América Latina experimentó, en el mejor de los casos, únicamente unas tasas muy modestas de crecimiento económico y, al menos en Hispanoamérica, violentos conflictos políticos e ideológicos, así como una considerable inestabilidad política. Aparte de la guerra entre México y los Estados Unidos (1846-1848) y de frecuentes intervenciones extranjeras, especialmente británicas, también hubo, al finalizar el período, dos conflictos importantes entre estados latinoamericanos: la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y la guerra del Pacífico (1879-1883). Contrastando con ello, el medio siglo siguiente, y sobre todo el período que concluyó con la primera guerra mundial, fue para la mayoría de los países latinoamericanos una «edad de oro» caracterizada por el crecimiento económico inducido de forma predominante por las exportaciones, de prosperidad material (al menos para las clases dominantes y las clases medias de las ciudades), de consenso ideológico y, con algunas excepciones notables como México durante la revolución (1910-1920), de estabilidad política. Asimismo, aunque continuaron las intervenciones extranjeras —principalmente las norteamericanas en México, América Central y el Caribe—, no hubo importantes conflictos internacionales en América Latina entre el fin de la guerra del Pacífico (1883) y el estallido de la guerra del Chaco (1932).

El séptimo volumen lo forman nueve capítulos de carácter general sobre la historia económica y social del conjunto de América Latina. Dos capítulos examinan el crecimiento de las economías latinoamericanas, el primero en el período 1870-1914, el segundo en los años que van de la primera guerra mundial a la víspera de la depresión mundial del decenio de 1930. Este crecimiento fue en gran parte fruto de la gran aceleración de la incorporación de las economías latinoamericanas, como productoras básicas, en la economía internacional en expansión, así como de significativas entradas de capital extranjero, particularmente británico y, en el siglo XX, norteamericano. Al mismo tiempo, no se pasan por alto los mercados nacionales y la acumulación de capital igualmente nacional. Las relaciones de América Latina con las principales potencias europeas y, sobre todo en América Central y el Caribe, con los Estados Unidos, cada vez más expansionistas, se tratan por separado. Otro capítulo analiza el crecimiento de la población latinoamericana (de 30 millones en 1850 a 105 millones en 1930), que en parte fue producido por la inmigración en masa de europeos, singularmente en Argentina y Brasil. El profundo efecto de la penetración capitalista en el mundo rural es la materia de que se ocupan dos capítulos, uno de los cuales se concentra en las tradicionales tierras altas de México, América Central y los Andes, y el otro en el Caribe español. El primero de ellos, a la vez que afirma que las economías y sociedades rurales experimentaron mayores cambios en el período de 1870-1930 que en cualquier otra época anterior exceptuando la conquista, también se propone demostrar que en muchas zonas rurales, especialmente en los Andes, las fuerzas de cambio encontraron resistencia y continuaron existiendo estructuras precapitalistas. La sociedad urbana también experimentó cambios rápidos en este período, y hay capítulos que examinan por separado el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, en especial ciudades importantes como Buenos Aires, Río de Janeiro y Ciudad de México, todas las cuales ya tenían entre uno y dos millones de habitantes en 1930 y rivalizaban con las principales urbes de Europa y los Estados Unidos; los comienzos de la industria, sobre todo en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México; y la aparición de una clase trabajadora urbana como fuerza significativa en muchas repúblicas, así como la historia de los primeros movimientos obreros de América Latina.

El octavo volumen examina la cultura y la sociedad en América Latina durante el siglo que siguió a la independencia y especialmente en el período de 1870-1930. Empieza con un capítulo que trata la evolución de las ideas políticas y sociales (y en especial la adaptación del liberalismo a unas sociedades muy estratificadas que tenían economías subdesarrolladas y una tradición política de autoritarismo, así como la influencia del positivismo en las élites gobernantes e intelectuales). Un segundo capítulo examina de qué modo la Iglesia católica latinoamericana se adaptó a la disminución de su poder y sus privilegios en una era secular, al mismo tiempo que conservaba la adhesión de la inmensa mayoría de los latinoamericanos. Finalmente, dos capítulos hablan de movimientos importantes y de notables logros individuales en la literatura, la música y el arte de América Latina en este período.

Los volúmenes noveno y décimo se componen de capítulos sobre la historia económica, social, y sobre todo, política de los distintos países latinoamericanos desde c. 1870 hasta 1930. El volumen noveno se ocupa de la historia de México, América Central y el Caribe. En la primera parte, dedicada a México, hay capítulos sobre el Porfiriato (los treinta y cinco años de dictadura de Porfirio Díaz, 1876-1910), la revolución y la reconstrucción bajo la «dinastía sonorense» durante el decenio de 1920. La segunda parte dedica un capítulo único a las cinco repúblicas de América Central y capítulos a Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana y Haití. El décimo volumen está dedicado a América del Sur. La primera parte consiste en cuatro capítulos sobre la evolución económica, social y política de Argentina, que en muchos aspectos era ya la nación más avanzada de América Latina en 1930, y capítulos individuales sobre Uruguay y Paraguay. La segunda parte contiene capítulos referentes a Chile, Bolivia y Perú en el medio siglo que empezó al concluir la guerra del Pacífico y capítulos que hablan de Colombia, Ecuador y Venezuela. Finalmente, en la tercera parte, dedicada a Brasil, hay capítulos que estudian su economía dominada por el café en este período, el sistema político y la política reformista durante los últimos tiempos del imperio (1870-1889) y la estructura social y política de la primera república (1889-1930).

Muchos de los historiadores que escribieron capítulos para estos cuatro volúmenes —doce de ellos norteamericanos, ocho latinoamericanos (tres brasileños, dos argentinos, dos cubanos y un uruguayo), doce europeos y un puertorriqueño— también leyeron y comentaron los capítulos de sus colegas. En este sentido estoy especialmente agradecido a Malcolm Deas, Ezequiel Gallo y Colin Lewis. Además, Christopher Abel, Alan Knight y Rory Miller aportaron valoraciones críticas de más de uno de estos capítulos. Varios historiadores latinoamericanos e historiadores de América Latina han dado consejos valiosos y aliento desde el principio mismo de este proyecto. Quisiera aprovechar la presente oportunidad para dar las gracias, en especial, a John Lynch y a Richard Morse.

Elizabeth Wetton, de la Cambridge University Press, se encargó de preparar la edición original de estos volúmenes. De nuevo debo reconocer mi deuda con Josep Fontana y Gonzalo Pontón, y agradecerles su dedicación y empeño en la buena marcha de la presente edición castellana.

LESLIE BETHELL

Primera parte
MÉXICO

Capítulo 1
MÉXICO: LA RESTAURACIÓN
DE LA REPÚBLICA Y EL PORFIRIATO, 1867-1910

LA RESTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA, 1867-1876

Las secuelas de la guerra

Los liberales que accedieron al poder en 1855, 34 años después de que México se independizara de España, esperaban poder dar a México la productividad y estabilidad de su vecino del norte, los Estados Unidos. Habiendo visto cómo su país perdía casi la mitad de su territorio frente a los Estados Unidos en la reciente guerra mexicano-norteamericana (1846-1848), temían que sin medidas en favor tanto del crecimiento económico como de la estabilidad política la existencia de México como Estado-nación independiente corriera un serio peligro. Su programa aspiraba a reemplazar los que consideraban los pilares inestables del viejo orden —la Iglesia, el ejército, los caciques regionales, los pueblos comunales— por una «estructura moderna». Fieles a su programa, comenzaron por debilitar la posición de la Iglesia, primero con una serie de leyes de reforma y después mediante la Constitución de 1857. El catolicismo dejó de ser la religión oficial del Estado; las cortes eclesiásticas perdieron gran parte de su jurisdicción; los matrimonios podían realizarse a través de una ceremonia civil; podía juzgarse a los clérigos en tribunales civiles; y se pusieron a la venta las tierras de la Iglesia. Por otra parte, también se privó al ejército de muchas de las prerrogativas que disfrutaba anteriormente. Al igual que la Iglesia, perdió sus privilegios judiciales. Los oficiales podían ser juzgados por tribunales civiles, y por primera vez en la historia de México, el jefe del Estado y la mayor parte de su gabinete eran civiles. Además, muchos de los antiguos caciques omnipotentes, que eran los pilares sobre los que se sustentaba el régimen conservador derrocado, y que durante tanto tiempo habían gobernado sus feudos locales con prácticamente total autonomía, fueron obligados a ceder el poder a hombres nuevos nombrados por los liberales. Con la adopción de la Ley Lerdo en 1856, los liberales habían lanzado un asalto no sólo contra la Iglesia sino también contra los pueblos comunales. La nueva ley prohibía a las instituciones eclesiásticas poseer o administrar propiedades que no estuvieran directamente dedicadas a usos religiosos y extendía la prohibición de propiedad corporativa a las instituciones civiles, con lo que abolía de hecho la tenencia comunal de la tierra. Las tierras poseídas de forma comunal tenían que ser vendidas. A partir de entonces, sólo podían poseer tierras los campesinos de forma individual o las sociedades y compañías privadas.

Los liberales esperaban que, con la eliminación del catolicismo como religión oficial, con la disminución del papel político de la Iglesia y con la destrucción de la base económica de su poder político, México, como los Estados Unidos, atrajera a inmigrantes europeos de todas las religiones. Estos inmigrantes constituirían, como en los Estados Unidos, una clase media agrícola que aseguraría el rápido crecimiento económico, la estabilidad política y el desarrollo de las instituciones democráticas. Además, contaban con que las disposiciones constitucionales que prohibían a la Iglesia y a las comunidades indias poseer tierras tuvieran efectos similares. Ambas instituciones iban a ser reemplazadas por una extensa clase de pequeños propietarios, que algunos líderes liberales esperaban que se convirtieran, como los inmigrantes, en los motores de la modernización, la estabilidad y la democracia en México. Aun en el peor de los casos, si ese desarrollo no llegaba a producirse, muchos liberales esperaban que al pasar la tierra de las «manos muertas» de la Iglesia a las «manos vivas» de una clase propietaria orientada al capitalismo, la consecuencia fuera un desarrollo económico considerable y una creciente estabilidad. Estos propietarios podrían no estar interesados en un régimen político democrático pero, al igual que la clase propietaria en Argentina, Brasil y Chile, exigirían cierta estabilidad política para poder asegurar el éxito de sus nuevas empresas comerciales. Al mismo tiempo, la destrucción del viejo ejército dominado por oficiales del régimen conservador significaría el fin de los golpes militares. Un nuevo ejército organizado por los liberales tendría una formación radicalmente diferente[1].

Cuando el presidente liberal, Benito Juárez, volvió a Ciudad de México en julio de 1867 después de la guerra contra los franceses, que había seguido a los tres años de guerra civil entre liberales y conservadores, la euforia del triunfo militar sólo pudo ocultar brevemente cuán lejos habían quedado los liberales de alcanzar las metas que se habían propuesto doce años antes. La ejecución de Maximiliano y, por tanto, la derrota de Napoleón III, hizo desaparecer por mucho tiempo el peligro de una intervención europea, y la supervivencia de México como nación independiente parecía asegurada. La Iglesia había perdido en gran parte su influencia económica y política en el país; los golpes de Estado de inspiración eclesiástica pertenecían al pasado. El viejo ejército conservador, tan inclinado a la indisciplina y la revuelta, por fin estaba disuelto. Los gobiernos regionales estaban bien asegurados en manos liberales; y se habían reducido en gran número las propiedades comunales de la tierra. Sin embargo, estos logros no produjeron los resultados esperados, ya que la expropiación de las tierras de la Iglesia no hizo surgir una clase de pequeños campesinos —como las propiedades se otorgaban al mejor postor, las adquirieron los propietarios locales más pudientes— y esto, muy a pesar de los liberales más radicales, no logró más que incrementar la fuerza económica y la cohesión política de la clase dominante de ricos hacendados ya existente. El nuevo ejército liberal no aportó mayor garantía de estabilidad que el anterior conservador, ya que estaba formado por un grupo de soldados poco uniforme —en tropas regulares y guerrillas— a la cabeza de los cuales había jefes locales cuyo grado de adhesión al gobierno central era muy diverso y, además, era demasiado numeroso para las necesidades de un período de paz. Pero, si se mandaba a casa a los veteranos de dos guerras, sin dar recompensa adecuada a sus largos servicios, surgiría la amenaza de nuevas revueltas. A pesar del nuevo sentimiento de nacionalismo despertado por la victoria contra los franceses y a pesar del surgimiento de Juárez como encarnación del genuino líder popular y nacional, el país estaba aún más lejos que antes de poder conseguir la integración. Durante los años de la guerra, varias provincias habían llegado a lograr una existencia casi autónoma, realmente aislada social, económica y políticamente del resto de México. La parcelación de las tierras comunales había contribuido sólo ligeramente a aumentar las filas de la clase media puesto que algunas de las mejores tierras habían ido a parar a manos de los ricos hacendados. Los pocos campesinos que llegaron a adquirir una parcela de tierra propia fueron calificados como «los riquitos» por los menos afortunados; éstos estaban creando grupos muy similares a los kulaks rusos o a los coqs du village franceses.

Estos problemas estructurales derivaban de los surgidos a raíz de la guerra civil y la guerra contra los franceses. Los diez años de lucha habían sumergido a la economía mexicana en el caos, puesto que la riqueza de la Iglesia con la que contaban los liberales para pagar algunos de sus proyectos más ambiciosos se había gastado en costear la guerra. Muchas minas y parte del campo estaban abandonados. La base del impuesto federal había descendido hasta el punto de desaparecer. Durante la mayor parte de la presidencia de Juárez, su último ministro de Hacienda, Francisco Mejía, anotó en sus memorias que prácticamente no había un peso en el Tesoro. No contribuyeron a mejorar la situación las frías relaciones que mantenía México con Europa desde la ejecución de Maximiliano y la negativa de Juárez a pagar las deudas de Maximiliano. Los Estados Unidos, con los que México estaba contrayendo cada vez más relaciones de dependencia como consecuencia, no podían resarcir al país de la pérdida de los mercados europeos y las inversiones de capital.

La nación mexicana estaba compuesta, por una parte, por un ejército enorme controlado sólo vagamente por la administración central, y, por otra parte, por los aparatos del gobierno, que estaban tremendamente debilitados. Después de la derrota inicial de los liberales en 1863, la mayor parte del aparato burocrático había abandonado al gobierno de Juárez y se había unido a la administración de Maximiliano. Aun en el caso de que los burócratas hubieran permanecido leales a Juárez, habrían podido hacer muy poco durante muchos años, ya que la administración liberal controlaba sólo una pequeña parte del país. La debilidad del Estado y la falta de control gubernamental sobre el ejército podrían haberse enmendado con una base social y política unida y coherente. Ésta la constituía el movimiento liberal, que estaba resquebrajado. El partido liberal mexicano se parecía a los partidos liberales europeos en el nombre, en el programa y en la terminología que empleaba, pero no en su composición social, ya que sólo en menor medida recibía apoyo de la burguesía, que para empezar era poco numerosa y estaba compuesta principalmente de fabricantes textiles y de los llamados «agiotistas»: comerciantes que especulaban con préstamos al gobierno. El resto de la burguesía era, en general, extranjera, no nativa. Después de la independencia mexicana, los comerciantes británicos reemplazaron a los españoles que antes dominaban el sector. Entre los años 1840 y 1850, los alemanes habían empezado a ocupar su puesto, y ellos, a su vez, fueron relegados de las empresas comerciales por comerciantes franceses, conocidos como «Barcelonnettes» por la ciudad del sur de Francia de la que la mayoría procedía.

El movimiento liberal recibía su fuerza sustancial de los grandes terratenientes; algunos de ellos se asociaron a los liberales porque, al igual que los barones alemanes de los siglos XV y XVI, esperaban obtener acceso a las extensas propiedades de la Iglesia. Para otros, la motivación era oponerse al intento de los conservadores de imponerles un control centralizado. Luis Terrazas es un típico representante de este grupo, exceptuando el hecho de que él no era rico de nacimiento sino que desde sus orígenes como carnicero había llegado a su posición por el matrimonio. Las quejas de Terrazas en contra del régimen conservador eran muy variadas; por una parte, se mostraba despectivo ante la incapacidad de los conservadores para proteger al estado de Chihuahua, su estado natal, de los indios nómadas que lo acechaban y, además, estaba resentido por habérsele negado la entrada en el selecto grupo de la oligarquía; y por otra parte, codiciaba las tierras públicas que el gobierno central controlaba. Una vez que se convirtió en gobernador liberal de su estado natal, utilizó su poder para lograr su enriquecimiento personal mediante la adquisición de enormes lotes de tierras públicas (y algunas propiedades de la Iglesia), así como para desarrollar, con mucha más energía que sus predecesores, una política popular de resistencia contra los cada vez más numerosos ataques feroces de los indios apaches sobre la población de Chihuahua.

Los propietarios, como Terrazas, miraban con mucha suspicacia a otro de los grupos que daba apoyo a los liberales, la clase media: comerciantes locales, pequeños empresarios, rancheros, pequeños funcionarios del gobierno y algunos intelectuales radicales. Esta clase media llegó a ver el poder de los terratenientes como el mayor obstáculo para su propio avance, y por tanto instigó al gobierno central a vigilar más estrictamente a los caciques regionales mediante, por ejemplo, la exigencia del pago de una parte más equitativa de sus rentas procedentes de las grandes haciendas.

Las dos alas del partido liberal se las arreglaron para mantener un difícil equilibrio y cooperar en los períodos de guerra, pero en cuanto ésta terminó, surgieron las disputas y conflictos entre ambas. De cualquier manera, los grandes propietarios y la clase media estaban unidos para oponerse a las demandas de un tercer grupo, el «sector popular». Todavía hoy no se sabe con exactitud quiénes constituían este «sector popular», pero era un grupo heterogéneo que reunía a algunos campesinos, a un proletariado textil incipiente y a herreros, dependientes y similares. Su meta era la redistribución de la tierra a gran escala y sin restricciones. Los liberales no habían sido partidarios de la movilización de este sector durante la guerra civil, pues recordaban que los campesinos se convirtieron en una fuerza difícil de controlar en 1810 cuando el cura Hidalgo los llamó a sus filas, y más tarde durante la guerra de castas en Yucatán a finales de los años cuarenta una de las facciones de la oligarquía en pugna los movilizó. Durante la guerra contra los franceses, Juárez había dejado a un lado esa preocupación y había hecho una llamada general para luchar contra las fuerzas extranjeras invasoras. De nuevo, una vez organizadas, las fuerzas populares no dieron señales de querer disolverse rápidamente.

Estrategia política de Juárez

Parece sorprendente en un principio que Juárez, enfrentado a estos graves obstáculos, consiguiera conservar su liderazgo en el movimiento liberal mexicano por más de cinco años. Pero, de hecho, fue la propia escisión dentro del partido liberal lo que ayudó a Juárez a mantenerse en el poder. Las dos fuerzas principales del movimiento liberal, los hacendados y la clase media, lo atacaron alternativamente por no responder en el grado deseado a sus intereses, pero ninguno de los dos intentó derrocarlo porque sabía que mientras él estuviera en el poder la otra facción no adquiriría la supremacía. Tampoco el sector popular deseó su cese, puesto que, aunque estaba en absoluto desacuerdo con la Ley Lerdo que Juárez siguió aplicando, lo consideraba como uno de ellos, un indio pobre y que llegó a gobernar su país sin dejar nunca de mostrarse orgulloso de sus orígenes.

Poco después de haber logrado la victoria ante los franceses y los conservadores, Juárez se enfrentó al problema de las crecientes divisiones existentes dentro del partido liberal que impedían su funcionamiento, tratando de establecer un Estado fuertemente centralizado que pudiera aumentar de manera decisiva su independencia frente a la creciente división de su base política y social. Cuando su prestigio estaba en su punto más alto, convocó nuevas elecciones y, simultáneamente, un referéndum sobre una serie de enmiendas a la Constitución: la primera añadía un Senado a la Cámara de Diputados ya existente, con el fin de dividir y contrarrestar el poder del Congreso. La segunda daba al presidente el derecho a vetar cualquier proyecto de ley sujeto a la posibilidad de rechazarlo el Congreso con una mayoría de dos tercios. La tercera permitía a los ministros contestar las preguntas parlamentarias por escrito en lugar de hacerlo en persona. La cuarta privaba a la comisión permanente del Parlamento, que era la comisión que continuaba en sesión mientras el Congreso estaba en receso, de su derecho a convocar sesión plenaria de éste en cualquier momento. El referéndum no era exactamente para aprobar o no estas proposiciones, sino para decidir sobre el derecho del Congreso a adoptarlas por mayoría simple de votos en vez de tener que someterlas a la aprobación por separado de cada uno de los cuerpos legislativos del Estado. Durante un breve período, las dos fuerzas antagónicas del partido liberal se unieron en oposición a las medidas de Juárez y el presidente mexicano se vio obligado a retirar las enmiendas propuestas ante la creciente oposición que se desarrolló frente a ellas.

Para lograr conservar el poder, Juárez tuvo que hacer mayores concesiones a los dos grupos sociales que se habían opuesto a sus proyectos. A los hacendados les concedió autoridad prácticamente ilimitada sobre sus dominios, y para asegurarse el apoyo de la clase media, Juárez hizo crecer el aparato burocrático estatal —una de las fuentes preferidas de empleo de esta clase— e invirtió presupuesto federal en áreas de particular interés para este grupo, como era el mejoramiento de la educación pública, especialmente en las ciudades. Consiguientemente, según mostraba el censo del gobierno, el número de escuelas públicas de primera y segunda enseñanza en México pasó de 2.424 en 1857 a 8.103 en 1874, dos años después de la muerte de Juárez. Quizá aún más importante para la clase media fue el hecho de que Juárez mantuviera, posiblemente porque no le quedaba más remedio, algunas instituciones democráticas. Mientras el gobierno medió en las elecciones, éstas fueron más honestas de lo que lo habían sido anteriormente; el Parlamento ya no era un cuerpo legislativo sin posibilidad de acción, sino que tenía voz para oponerse, la libertad de prensa casi era absoluta, y algunos de los más conocidos intelectuales —Manuel de Zamacona, Ignacio Altamirano, Francisco Zarco— fueron cada vez más directos en sus ataques contra los errores cometidos por el gobierno de Juárez.

Una parte de la clase media liberal, cuya influencia contribuyó a mantener a Juárez en la presidencia en los últimos años, estaba compuesta por aquellos oficiales del ejército que continuaban en el servicio activo, lo cual no deja de parecer una contradicción, ya que Juárez y los principales ideólogos del partido liberal consideraban que el estamento militar era una de las principales causas del atraso de México. En la Constitución de 1857 se habían suprimido los privilegios judiciales de los militares, y después de la derrota de Maximiliano se había desmovilizado a un gran número de soldados. Sin embargo, al incrementarse las contradicciones en la sociedad mexicana y aumentar las revueltas, la relación de dependencia del gobierno con respecto al ejército crecía cada vez más, y los oficiales pudieron ejercer su influencia política, social y económica en el campo mexicano.

Juárez trató de llegar a un acuerdo con sus antiguos enemigos con el fin de conseguir mayor apoyo para su causa. Los evidentes perdedores de los diez años de guerra que atormentaron a México entre 1857 y 1867 acabaron por salir mejor parados de lo que ellos o muchos de sus contemporáneos esperaban. Esto fue especialmente evidente en el caso de los políticos conservadores, los terratenientes y los funcionarios. En 1870, tres años después de su victoria, Juárez concedió una amplia amnistía dirigida a aquellos que colaboraron con Maximiliano. Como resultado, los terratenientes recuperaron sus posesiones y los funcionarios conservadores pudieron solicitar otra vez puestos en el gobierno. La Iglesia tuvo menos suerte que sus aliados, ya que nunca recuperó las tierras y propiedades que había perdido ni la supremacía económica que había hecho de ella la más importante fuente de créditos. Tampoco le fue posible, para la Iglesia, legalmente, solicitar impuestos de la población. Los privilegios legales del clero, la supremacía del catolicismo como religión oficial y la influencia de la Iglesia en materia educativa nunca recobraron el nivel que tenían antes de 1857. Las leyes de reforma se continuaron aplicando, pero de todas maneras, en la práctica, la Iglesia empezó a recuperarse rápidamente de sus pérdidas. Las contribuciones de sus ricos miembros enriquecieron sus arcas y se invirtieron de manera subrepticia en propiedades urbanas una vez más. Juárez no hizo ningún esfuerzo por detener esta acumulación de riqueza del clero, y, como contrapartida, la Iglesia dulcificó más adelante su intransigencia hacia los liberales. Esta actitud pudo deberse a la abrumadora victoria de los liberales después de muchos años de guerra civil, pero también a que algunos líderes eclesiásticos comprendieron que la pérdida de las tierras en realidad había fortalecido su posición en el campo, al reducirse los motivos de conflicto entre la Iglesia y las grandes masas de la población rural. Muchos campesinos vieron en aquellos momentos como sus enemigos a los liberales, más que a la Iglesia. Esta actitud se reforzó cuando el clero se hizo más receptivo que en años anteriores a las quejas y demandas de los campesinos.

Juárez esperaba que estas medidas conciliadoras hacia la clase media y media alta mexicana, y hacia el estamento militar, pudieran evitar que un golpe de Estado lo derrocara y le permitieran pacificar el país. Las expectativas del presidente mexicano demostraron ser ciertas en cuanto a su permanencia en el poder; Juárez permaneció en su despacho hasta su muerte por causas naturales en 1872. Pero, en cuanto a la pacificación de México, sus esperanzas fueron falsas, porque para complacer a la élite del país había sacrificado los intereses del campesinado. El resultado fue que el descontento en el campo durante la restauración de la República alcanzó proporciones anteriormente desconocidas. El gobierno era demasiado débil para reprimir el descontento, lo que debilitó aún más la administración juarista. Esto estimuló a otras fuerzas, desde tribus nómadas hasta las clases media y alta opuestas al régimen, a tomar las armas y desafiar al gobierno. De esta manera, el gobierno era aún más incapaz de controlar el desorden en el campo. Era un círculo vicioso.

El descontento de los campesinos provenía tanto de la frustración de sus expectativas como del deterioro real de sus condiciones de vida. El gobierno liberal no hizo nada para satisfacer las esperanzas del campesinado, ni siquiera para protegerlo del paulatino empeoramiento de sus condiciones políticas y económicas. El final de la guerra supuso la vuelta al campo de un gran contingente de veteranos de guerra que no poseían tierras ni empleo y que aumentaron el ya abundante número de desposeídos y desempleados. La Ley Lerdo había expulsado a muchos campesinos de las tierras comunales que antes cultivaban, y había distribuido las propiedades, generalmente de manera poco equitativa, entre ellos, si no se las habían apropiado ya hacendados o especuladores.

La administración liberal, aunque hubiera querido, no habría podido evitar que las tierras de la Iglesia pasaran del clero a manos de los terratenientes, en lugar de pasar a manos de los campesinos. Hay que tener en cuenta que durante los años de la guerra contra los conservadores y contra los franceses, los liberales sólo controlaban ciertas zonas de México y que además sus ejércitos necesitaban el dinero procedente de la venta de las tierras de la Iglesia para financiar la guerra. Pero una vez conseguida la victoria, los liberales podrían haber utilizado las haciendas de los conservadores derrotados y las vastas tierras públicas, frecuentemente vacías, para poner en funcionamiento un programa de distribución de la tierra y crear en México una clase de campesinos. Sin embargo, la administración de Juárez, a pesar de conceder algunas tierras públicas a un cierto número de veteranos de guerra, no se planteó nunca seriamente esta posibilidad. Las tierras de los hacendados conservadores, o bien fueron devueltas a sus anteriores propietarios, o bien vendidas al mejor postor o a los terratenientes liberales. El gobierno mexicano nunca se planteó hacer algo similar a lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos después de su guerra civil: reducir las tensiones sociales provocadas por la guerra con la Homestead Act, que cedía tierras gratuitamente a nuevos pobladores. Se empezaron a ceder o vender algunas tierras del gobierno a hacendados mexicanos, mientras otras se reservaron para la gran ola de campesinos inmigrantes extranjeros que nunca llegó.

Tampoco supo Juárez enfrentarse a otra de las principales fuentes de inquietud para el campesinado: la desigual carga impositiva. La alcabala —aduana interna— y la contribución personal —el equivalente al salario diario de seis a doce días de un peón medio de hacienda— supusieron un impuesto altamente desproporcionado en perjuicio del pobre: un hacendado que poseía una tierra valorada en 20.000 pesos pagaba al gobierno el mismo impuesto que su empleado que no tenía posesiones. Los liberales originariamente habían abogado por la eliminación de la alcabala, no tanto debido al desigual efecto que suponía para el pobre, sino porque representaba una interferencia para el libre comercio, pero las arcas vacías del Tesoro fueron suficientes para hacerlos desistir en sus intentos. Los hacendados, por supuesto, no querían ni oír hablar de un reajuste de la carga fiscal. Finalmente, la única medida que se adoptó para aliviar a los contribuyentes más castigados fue la exención del impuesto personal a los que ganaran menos de 26 centavos al día.

Juárez no hizo más que un débil esfuerzo por aliviar los terribles excesos cometidos en nombre de las deudas de peonaje y, estrechamente ligado a ellos, el poder arbitrario del hacendado sobre el peón. En 1868 un diputado liberal, Julio Zárate, pidió que se prohibiera a los terratenientes la creación de cárceles propias, el empleo de castigos corporales o hacer hereditarias las deudas de padres a hijos. El Congreso rechazó su proposición aduciendo que no tenían jurisdicción sobre la materia y que este era un asunto de exclusiva competencia de los jueces locales. Juárez apoyó la proposición de Zárate e intentó intervenir, pero las limitadas medidas que decretó para restringir las deudas del peonaje nunca se pusieron en práctica.

Levantamientos campesinos en la época de Juárez

Durante la etapa colonial, los conflictos armados en las zonas rurales habían sido de tres tipos, cada uno de ellos específico de una determinada región. En primer lugar, hubo rebeliones locales, generalmente restringidas a un único pueblo, y que pretendían, principalmente, resolver injusticias concretas provenientes de la administración colonial más que derrocar todo el sistema colonial. Este tipo de revueltas se dio fundamentalmente en las regiones centrales del país. En segundo lugar, hubo levantamientos a mayor escala contra el sistema colonial como totalidad por parte de grupos que habían asimilado sólo superficialmente la civilización española y la religión cristiana, y que pretendían restaurar lo que consideraban el orden social, económico y religioso prehispánico. Esto ocurrió fundamentalmente en el sur de México. Finalmente, hubo movimientos de resistencia por parte de grupos que todavía no se habían dejado conquistar por la civilización española. Este fenómeno se dio casi exclusivamente en la frontera norte.

Durante el período de restauración de la República se produjeron revueltas en las tres zonas, pero tendieron a ser de carácter más radical, de más largo alcance, de mayor duración y más violentas que durante el período colonial. Una de las revueltas más radicales de México central estalló en 1868, muy cerca de la capital. La prensa de Ciudad de México calificó a sus protagonistas de «socialistas rabiosos», y así parecían considerarse ellos. Estaban fuertemente influidos por el socialista Plotino Rhodakanati que vio en Jesucristo al «divino socialista de la humanidad» y al «salvador de la libertad del mundo», y en Chalco abrió una escuela donde dos de sus discípulos propagaron sus teorías. A su vez, sus enseñanzas estimularon a un discípulo, un campesino llamado Julio López, a hacer un llamamiento a los campesinos de Chalco, Texcoco y otras poblaciones vecinas para levantarse contra los terratenientes locales. «Queremos socialismo —escribió—, queremos destruir el presente y vicioso estado de explotación… queremos nuestra propia tierra para cultivarla en paz»[2]. Los hombres de López, de hecho, llegaron a apoderarse de algunas tierras alrededor de las ciudades de Chalco y Texcoco e inmediatamente se las dividieron entre ellos. Cinco meses después, las tropas federales derrotaron a los rebeldes; y López fue arrestado y fusilado.

La influencia socialista también se dejó sentir en estados más alejados de la capital, como Hidalgo. Dos campesinos, Francisco Islas y Manuel Domínguez, al frente de varios miles de hombres, lograron ocupar la ciudad de Tezontepec y el centro minero de Mineral del Monte. Su principal objetivo era recuperar las tierras que, según ellos, los hacendados locales se habían apropiado indebidamente. «La violencia es nuestra manera de remediar los males cometidos contra nosotros», escribió Francisco Islas en una carta al periódico La Libertad. «El gobierno respalda a los hacendados, la “sociedad” también, y lo mismo los periodistas que no se avergüenzan de venderse al mejor postor. ¿Qué otra cosa podemos hacer sino luchar?»[3]. Los rebeldes resistieron dos meses, diciembre de 1869 y enero de 1870, y cuando las tropas federales reconquistaron finalmente las ciudades, muchos de ellos, incluidos Islas y Domínguez, se retiraron a las montañas de Hidalgo desde donde encabezaron otra rebelión contra el gobierno varios años después.

Los movimientos campesinos en el sur de México conservaron las características del período colonial; es decir, fueron profundamente mesiánicos, mezclando ideas sociales y religiosas en una única visión de origen milenario. El ejemplo más notable es la historia de una campesina, Augustina Gómez Chechep, que vivía en el pueblo de Tzarjalhemeí entre los indios chamulas, y se convirtió en la cabecilla de un nuevo culto religioso, que se transformó pronto en vehículo de protesta social contra la dominación blanca. El levantamiento chamula (12 de junio de 1869 a 20 de octubre de 1870) fue sofocado finalmente por las tropas federales con el menor derramamiento de sangre posible.

Los mayas tuvieron más éxito en su oposición al gobierno. Después de la guerra de castas, que se extendió de 1847 a 1855, consiguieron establecer un estado independiente en el sur de Yucatán y hasta 1901 resistieron los numerosos ataques emprendidos por las tropas federales para restablecer la soberanía de México. Es más, provistos de armas que compraban a la vecina Honduras británica, a menudo llevaban a cabo con relativa impunidad incursiones en los territorios mexicanos limítrofes.

La frontera norte de México continuó eludiendo el control federal, al igual que durante la época colonial. Las guerras apaches, que se habían desarrollado sin cesar desde 1831, alcanzaron un nuevo clímax, pues al verse desplazados cada vez más hacia el oeste por el violento empuje de los pobladores norteamericanos, los indios hacían incursiones cada vez más frecuentes a través de la frontera mexicana que era más vulnerable. Bajo el liderazgo de su legendario jefe Cochise y de sus sucesores Victorio y Ju, la vida fronteriza quedó casi paralizada durante algún tiempo. «No hay trabajo en los campos porque sería asesinado el trabajador miserablemente por el apache; no hay qué hacer en las poblaciones, porque habiendo escasez y yendo todo en creciente decadencia, nadie emprende… La gente del pueblo no dice otra cosa sino que esperados carros de don Fulano o de don Zutano para irse a Arizona», afirmaba en 1879 el editorial de un periódico en Sonora[4]. En poco tiempo, las bandas de Cochise causaron la muerte de 15.000 personas, ya que los soldados que se enviaban a la frontera norte, débiles y mal pagados, no podían competir con los apaches.

Sólo de manera gradual, hacia el final de la presidencia de Juárez, reunió México la fuerza suficiente para controlar las incursiones. Los hacendados comenzaron a armar y organizar a sus peones en milicias privadas; el gobierno empezó a ofrecer generosas concesiones sobre las tierras para cualquiera que estuviera dispuesto a defenderlas con su vida. Como resultado, se reforzaron las colonias militares existentes y se crearon otras nuevas. De esta forma, el campesinado independiente, que estaba siendo eliminado en el centro y en el sur del país, se fortalecía en el norte. Al mismo tiempo, se estaba desarrollando mía nueva alianza entre los hacendados norteños y los campesinos para luchar contra los apaches, lo que hizo que los hacendados cobraran legitimidad a los ojos de los campesinos debido a su capacidad de organizar la guerra contra los invasores. En Chihuahua, el jefe militar que luchó contra los apaches fue Joaquín Terrazas, primo del gobernador Luis Terrazas, quien ayudó a organizar y financiar las luchas contra los indios. A pesar de la existencia de estas milicias campesinas, los gobiernos de la República restaurada se mostraron tan incapaces de controlar la situación en la frontera norte como lo fueron para frenar otro tipo de rebeliones.

La protesta social organizada fue sólo una faceta del descontento que caracterizó los años finales del mandato de Juárez, pues también el bandolerismo estaba muy extendido. Peones fugitivos, campesinos descontentos y soldados desmovilizados recorrían los campos asaltando diligencias y haciendas, y atacando los cargamentos de las minas de oro y plata. A finales del año 1868 se pensaba que el número de bandidos que actuaba en los alrededores de una sola ciudad, Guadalajara, en el estado de Jalisco, era de cerca de un millar. Los progresos logrados por la nueva policía organizada por Juárez, los Rurales, en la lucha contra el bandidismo fueron mínimos frente a lo que era la plaga más extendida en los campos mexicanos.

La primera rebelión de Díaz

La disminución del apoyo popular a Juárez era un constante acicate para los rivales que intentaban desbancarle. Entre estos rivales había algunos que eran antiguos caudillos conservadores a quienes Juárez había destituido del gobierno estatal para reemplazarlos por sus propios hombres; otros eran antiguos generales liberales que creían que Juárez no les había dado el cargo que merecían. Estos hombres lanzaban proclamas en el diario local que ellos controlaban prometiendo «salarios más elevados», «leyes más justas», y un «gobierno más democrático»; reunían un ejército improvisado de peones de sus haciendas y descontentos de diferentes procedencias, y controlaban alguna pequeña ciudad o población de las proximidades. Rara vez llegaban a lograr algo más antes de ser dispersados por las tropas federales.

Sin embargo, hubo una excepción. Quizás el personaje más popular que surgió de la guerra contra los franceses fue un antiguo subordinado de Juárez, el general Porfirio Díaz, que nació en 1830 en el estado de Oaxaca, estado natal también de Juárez, y estudió en el mismo seminario católico que éste. A los 17 años se alistó en el ejército para combatir a las fuerzas norteamericanas invasores. Llegó demasiado tarde para presenciar muchas batallas, pero recuperó el tiempo en la lucha contra los franceses. Ascendió rápidamente al puesto de brigadier general, y en 1862 por primera vez se oyó hablar de él por ser uno de los comandantes mexicanos al mando de las tropas que infligieron a los franceses su más humillante derrota en la primera batalla de Puebla. Poco tiempo después fue capturado por los franceses, pero consiguió escapar, y estuvo posteriormente al frente de otra gran victoria militar en la batalla de La Carbonera. Tenía 37 años al terminar la guerra y se consideraba con iguales derechos que Juárez; en 1867 fue candidato para la presidencia en oposición a éste. Se presentó nuevamente en 1871 y perdió otra vez. En 1871, en el plan de La Noria, que recibió el nombre de la hacienda de Díaz, declaró que las elecciones habían sido fraudulentas e hizo un llamamiento a la rebelión. Aunque el plan contenía alguna vaga referencia a la necesidad de una reforma social, en realidad tenía un único y específico punto político: que se limitara la presidencia a un solo mandato. Para que el programa pareciera menos personalista de lo que era, Díaz prometió que no se presentaría a las siguientes elecciones.

El llamamiento de Díaz a las armas tuvo cierto eco, provocando una rebelión que tuvo algo más que carácter local. El hermano de Díaz, Félix, movilizó gran número de fuerzas en su estado natal de Oaxaca, compuestas por milicias del estado e incluso algunas tropas federales que estaban estacionadas en la vecindad, y se apoderó de la capital del estado. Algunos generales norteños, al frente de los cuales estaba el gobernador de Nuevo León, Gerónimo Treviño, reunieron un ejército de varios miles de hombres y se apoderaron de grandes zonas de Nuevo León, Durango, Sinaloa y Zacatecas. El propio Porfirio Díaz encabezó un contingente de mil soldados con el cual pretendía apoderarse de Ciudad de México. Una vez llegado a Chalco y Texcoco, en las afueras de la capital, Díaz reiteró su llamada a la revuelta general, pero no obtuvo respuesta. Entonces Juárez envió sus propias tropas a luchar contra los rebeldes y Díaz tuvo que retirarse precipitadamente. Mientras tanto, entre las tropas de Félix Díaz en Oaxaca reinaba el desconcierto tras la muerte de su jefe a manos de un asesino desconocido, y poco después fueron derrotadas por las tropas federales. Las fuerzas de Treviño no aguantaron mucho más. Juárez había sorteado la revuelta más grave a que había hecho frente desde la derrota de Maximiliano, pero no vivió lo suficiente para saborearla.

La sucesión de Juárez

El 17 de julio de 1872, Juárez sufrió un ataque al corazón, muriendo al día siguiente. Según la Constitución, su sucesor debía ser el presidente del Tribunal Supremo, que era en aquel momento Sebastián Lerdo de Tejada. A diferencia de Juárez, Lerdo no era de ascendencia india sino criolla, ya que su padre era un comerciante español; sin embargo, al igual que Juárez, Lerdo estudió en un seminario y llegó hasta el punto de tomar votos menores en su formación hacia el sacerdocio. Llegado a ese punto abandonó sus estudios eclesiásticos y se dedicó a estudiar leyes. Mientras era todavía estudiante de derecho, se interesó en la política liberal y llamó la atención de uno de los líderes del movimiento liberal, Ignacio Comonfort. Bajo la tutela de éste fue designado para el Tribunal Supremo, cuando contaba sólo 27 años. Cuando Comonfort fue destituido, Lerdo renunció a su puesto en el tribunal y se convirtió en rector de su alma mater, el colegio de San Ildefonso en la capital de México. El sucesor de Comonfort, Juárez, llamó a Lerdo para formar parte de su gabinete ministerial, primero como ministro de Justicia y después como secretario de Estado. Lerdo fue una de las voces más poderosas en favor de la independencia de México durante la invasión francesa, y después de la guerra volvió al Tribunal Supremo como presidente. En 1871 compitió con Juárez por la presidencia, pero perdió. A diferencia de Díaz, él no se rebeló sino que volvió a ocupar su cargo en el Tribunal Supremo. Tras la muerte de Juárez, y a pesar de que su cargo le garantizaba el derecho a asumir la presidencia, decidió convocar elecciones inmediatamente. Éstas se celebraron en octubre de 1872, y esta vez ganó Lerdo.

El punto de apoyo del gobierno de Juárez durante sus años de declive fue la coalición entre los intelectuales liberales, cuyo liberalismo social iba siendo reemplazado cada vez más por un liberalismo económico, y los propietarios liberales, cuya única razón para apoyar al liberalismo político o social era la oposición al poder económico y político de la Iglesia, que había desaparecido una vez ésta perdió su supremacía; y a ambos, intelectuales y propietarios, se unió el ejército, cuya influencia crecía de manera sostenida. Cuando llegó el momento, todos ellos dieron su apoyo a Lerdo, pues a sus ojos tenía las virtudes de Juárez pero no sus defectos. Como Juárez en su última época, Lerdo era conservador en materia social; a diferencia de Juárez provenía, en cambio, de la clase alta criolla y carecía de los ocasionales brotes de simpatía que su predecesor había mostrado hacia los sufrimientos de los estamentos más pobres de la sociedad.

En muchos aspectos, a pesar de seguir una política similar a la llevada a cabo por Juárez durante sus últimos años de mandato, Lerdo obtuvo más éxito que él. Pudo fortalecer considerablemente el papel del Estado y, ya en los primeros días de su mandato, la Cámara de Diputados se mostró más receptiva a sus deseos de lo que nunca lo fuera con Juárez. Además, se le permitió crear el Senado, lo cual diluía considerablemente el poder de la Cámara y a la vez aumentaba el papel bipolar del Ejecutivo.

También tuvo Lerdo, en un principio, más éxito que su predecesor en cuanto a la pacificación del país. Las bases para ésta se habían establecido con Juárez, y Lerdo cosechó los beneficios de la reciente victoria militar de su predecesor sobre Porfirio Díaz. Una vez derrotado éste, Lerdo pudo mostrarse magnánimo y ofrecerle una amnistía tanto a él como a sus hombres, amnistía que no estaba en condiciones de rechazar y, aunque humillándose, aceptó. Se le destituyó de su cargo militar y permaneció exiliado en su hacienda de La Noria. La derrota de Díaz sirvió para desalentar por un tiempo a otros posibles rebeldes y los primeros tres años y medio de gobierno de Lerdo fueron considerablemente más tranquilos que los años de la presidencia de Juárez.

Lerdo consiguió extender el poder del gobierno federal hasta regiones que se habían resistido al control de Juárez. Fue capaz de acabar con un caudillo regional que había establecido una especie de república campesina en México: Manuel Lozada en el territorio de Tepic. Lozada, a quien la prensa mexicana se refería como «el Tigre de Arica» (Arica es la cordillera donde normalmente tenía su cuartel general), era, en algunos sentidos, ejemplo característico de muchos caudillos que implantaron su dominio de hierro en el siglo XIX mexicano. El término tigre hacía referencia a su ferocidad al aplastar a sus enemigos. Estaba deseoso de establecer alianzas con cualquiera que reconociera su poder y había ofrecido su apoyo tanto a Maximiliano como a Juárez, y durante un tiempo había mantenido estrechas relaciones con la casa comercial Barron and Forbes, que a cambio del apoyo quería obtener concesiones a gran escala en Tepic. En otros aspectos, en cambio, Lozada era un modelo atípico en comparación con la mayoría de los caudillos, ya que en la base de su poder estaban las comunidades indígenas a las que había devuelto las tierras que los hacendados les habían quitado. Los representantes de las tribus consiguieron de esta manera cada vez más poder dentro de su movimiento, lo cual aumentaba el temor de los hacendados de Tepic y de los estados limítrofes. A cambio de la subordinación nominal a su gobierno, Juárez había permitido a Lozada extender el dominio sobre la región. Lerdo, en cambio, envió a las tropas federales para acabar con él. En 1873, capturaron a Lozada y lo fusilaron, derrotaron a las comunidades indígenas y cedieron muchas de sus tierras a los hacendados.

La economía de México se desarrolló mucho más rápidamente que en años precedentes, aumentando el prestigio de Lerdo. El desarrollo de la economía respondía en parte a la mayor pacificación del país y en parte al hecho de que Lerdo estaba recogiendo los frutos de las distintas iniciativas económicas emprendidas por su predecesor. Concretamente, en 1873 se pudo inaugurar la primera línea importante de ferrocarril que unía Ciudad de México y el puerto de Veracruz, lo cual estimuló el desarrollo económico.

A la vista de estos logros, parece en un principio sorprendente que Lerdo no pudiera mantenerse en su cargo más de una legislatura como había hecho su predecesor. En 1876 el intento de Díaz de derrocar a Lerdo tuvo más éxito que cuando lo intentó con Juárez. En parte fue debido a que Lerdo carecía del prestigio que había gozado Juárez como líder durante la guerra contra los franceses y, además, no tuvo éxito su intento de mantener el consenso con la clase alta que disfrutó cuando llegó a la presidencia. El apoyo a Lerdo de estas fuerzas se había interrumpido por la política que llevó a cabo contra la Iglesia, mucho más enérgica que la de Juárez en los años de la República restaurada. Juárez, después de su victoria sobre las fuerzas encabezadas por la Iglesia, de la expropiación de sus propiedades y después de haber llevado a cabo las leyes de reforma, intentó evitar cualquier tipo de confrontación con la Iglesia y pasó por alto que el clero violara algunas de las leyes de reforma, como, por ejemplo, la nueva acumulación de riqueza. En cambio, Lerdo expropió las propiedades de la Iglesia, expulsó del país a los jesuitas no nacidos en México, y, como gesto simbólico, incorporó nuevamente a la Constitución las leyes de reforma.

El apoyo que la clase alta mexicana podía haber dado a Lerdo estuvo también sujeto a su política contradictoria con respecto a la construcción de los ferrocarriles. Aunque el presidente había apoyado con entusiasmo la construcción de la línea Ciudad de México-Veracruz, y era igualmente partidario de la construcción de una línea de este a oeste que uniera ambas costas de México, era mucho más reticente a la idea de construir una línea de ferrocarril que uniera México con los Estados Unidos. «Entre la debilidad y la fuerza, el desierto», se comentaba que dijo. Cuando hubo de ceder a la presión que se ejercía sobre él en cuanto a la construcción de la línea ferroviaria norte-sur, trató de que fuera una compañía mexicana la encargada de llevar a cabo la construcción, pero dado que esta compañía no pudo obtener el capital necesario, Lerdo dio finalmente la concesión para tender la mayor parte de la línea a un promotor norteamericano, Edward Lee Plumb. El resultado de este acuerdo dejó descontentos tanto a los que apoyaban como a los que se oponían a la construcción de la línea de ferrocarril cutre México y Estados Unidos. Los que la apoyaban sentían que habían esperado demasiado para que les otorgaran una concesión provechosa en la construcción de esta línea, mientras que los que se oponían temían que la comunicación con Estados Unidos, que acercaba sus economías, permitiría luego el control y absorción de México por el país vecino. Estos oponentes se unieron a los tradicionales «cesantes» que creían que la caída de la administración Lerdo les daría acceso al poder y a las posiciones gubernativas, y en 1876 se unieron al más poderoso oponente de Lerdo, Porfirio Díaz.

LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN DE DÍAZ, 1876-1880

El alzamiento de Tuxtepec

Después de su retiro forzoso en La Noria, Díaz era aparentemente un hombre acabado, sus actividades diarias estaban reducidas a las labores agrícolas y a manufacturar sillas. Pero, en realidad, se mantenía activo, buscando apoyo en viejas glorias militares para emprender otro ataque contra la presidencia. En enero de 1876, cuando la suerte política de Lerdo estaba deteriorada, Díaz dio el golpe. A petición suya, el comandante militar de Oaxaca lanzó una proclama, el plan de Tuxtepec, llamando a la revuelta armada contra Lerdo y a favor de la elección de Díaz como presidente; igual que el plan de La Noria, el nuevo contemplaba el principio de la no reelección. Pero a diferencia del de La Noria, extendía este principio al nivel municipal. La insistencia en la democracia municipal era una causa muy popular entre las clases media y baja de la sociedad mexicana, y también entre algunos hacendados cuyo poder iba disminuyendo debido a la autoridad creciente de los gobernadores, que eran usualmente además los más importantes terratenientes del estado. Era una propuesta, pues, especialmente atractiva para la clase media, que había ejercido medidas de control no sólo en las ciudades donde su representación era muy fuerte, sino incluso en muchos pueblos que elegían con frecuencia como alcaldes y administradores a personas que pudieran leer y escribir y disfrutaran de mejor situación económica que la mayoría de los campesinos. La propuesta de autonomía municipal pareció otorgar a Díaz el apoyo de muchos miembros del campesinado, aunque no hay evidencia de que él mostrara especial interés en ganárselos para su causa.

En un principio, el segundo alzamiento de Díaz pareció ser aún más infructuoso que el primero; las tropas de Lerdo derrotaron hábilmente a las milicias improvisadas de Oaxaca. Y en Icamole, el ejército de Lerdo venció a las tropas que encabezaba el propio Díaz. Lerdo entonces se creyó en una situación suficientemente fuerte como para convocar nuevas elecciones y obtener la reelección, pero la rebelión de Díaz se siguió propagando. El nuevo presidente del Tribunal Supremo, José María Iglesias, que era legalmente el sucesor a la presidencia, acusó a Lerdo de haber cometido fraude en las elecciones y se negó a aceptar los resultados de las mismas. Intentó apoderarse de la presidencia con el apoyo de varios gobernadores, senadores y diputados que habían quedado fuera de la administración de Lerdo. Esta división interna en el seno del gobierno infundió nueva vitalidad a la rebelión de Díaz, cuyas tropas se enfrentaron con las de Lerdo en Tecoac, infligiéndoles una dolorosa derrota. Incapaz de enfrentarse a la presión conjunta de Iglesias y Díaz, Lerdo renunció a la presidencia y huyó de México. Díaz propuso reconocer a Iglesias como presidente provisional, si él, a su vez, le reconocía como jefe del nuevo ejército revolucionario y prometía convocar pronto nuevas elecciones. Iglesias, sobreestimando su fuerza, se negó. Cuando las fuerzas de Díaz marcharon contra él, sus tropas fueron completamente aniquiladas. En la primavera de 1877, tuvieron lugar las elecciones, y Díaz se convirtió en el nuevo presidente.

El régimen de Porfirio Díaz, en un principio, supuso mucha menos discontinuidad con respecto al de sus predecesores de lo que se ha creído habitualmente. Tuvo un carácter militar más acentuado que los regímenes de Juárez o Lerdo, ya que dedicó un mayor porcentaje del presupuesto a gastos militares. Además, para asegurarse la lealtad del ejército, Díaz incluyó en la nómina a sus propios soldados y a los que habían luchado al lado de Lerdo e Iglesias. De todas formas, Díaz, obviamente, se dio cuenta de que el ejército era demasiado débil, estaba demasiado dividido y no era lo suficientemente fiable como para ser el único o el principal sostén del régimen. Por ello, intentó recuperar y reforzar la coalición existente entre las clases media y alta que había servido de base social y política al régimen de sus predecesores. Con respecto a las clases altas, su política fue «divide y vencerás». Consiguientemente, destituyó de sus cargos a caciques locales leales a sus predecesores, como el gobernador de Chihuahua, Luis Terrazas, y nombró en su lugar a oponentes de parecida extracción social. Aun así, permitió a los hombres destituidos conservar sus propiedades y extender su influencia económica, siempre que no se rebelaran contra él. Para muchos hacendados la pérdida de poder político quedó más que compensada por la estrategia del presidente de vender las tierras públicas, lo que les proporcionó estupendas oportunidades de enriquecimiento.

A primera vista, parecería que era más difícil para Díaz ganarse el apoyo de la clase media, ya que las fuentes económicas de que disponía se habían visto drásticamente recortadas por las inversiones realizadas para reorganizar el ejército, pero dado que la situación no le permitía ofrecer grandes compensaciones económicas a la clase media, optó acertadamente por hacerle concesiones políticas. Hizo que el Congreso recién elegido proclamara el principio de la no reelección no sólo aplicable al presidente sino también a los gobernadores. De esta forma muchos cesados de la clase media tendrían mayores oportunidades de acceder al poder una vez que el período legislativo terminara. Además, con el fortalecimiento de la autonomía municipal, logró obtener cierto apoyo de la clase media regional que había sido ignorada durante mucho tiempo tanto por Juárez como por Lerdo.

Díaz no llevó a cabo una represión masiva, ni decretó el encarcelamiento o la ejecución de sus enemigos. Tampoco acabó con los grupos políticos, que continuaron existiendo y participando en la vida política. Se siguieron celebrando elecciones nacionales, regionales y locales, ni más ni menos honestas que las que sus predecesores celebraban. La prensa continuó teniendo un amplio margen de libertad. El hecho de que la oposición no utilizara los cauces para combatir al régimen de Díaz, como lo habían hecho los oponentes de Juárez y Lerdo, se debe en gran medida a la emergencia surgida ante la primera amenaza externa que la soberanía de México conoció después de la derrota de Maximiliano.

Durante diez años, desde 1867 hasta 1877, México había conocido cierto respiro respecto a la intervención exterior, hecho que raramente experimentó antes y raramente iba a disfrutar otra vez. La fatal experiencia de Francia había quebrado cualquier esperanza colonial que Europa alimentara acerca de México. No se reestablecieron relaciones diplomáticas con los países una vez agresores, Francia, Gran Bretaña y España, pero ninguno de ellos se vio tentado a arriesgarse en una nueva intervención. Alemania estableció relaciones diplomáticas y los comerciantes alemanes ocuparon algunas posiciones estratégicas en el comercio exterior de México, pero, en ese momento, ese país no tenía ambiciones políticas respecto a México.

Las relaciones con Estados Unidos, que habían sido buenas durante la intervención francesa, empezaron a enfriarse considerablemente entre 1867 y 1877, preparándose las condiciones para las confrontaciones que habían de llegar. Las causas del conflicto eran diversas. Como los pobladores norteamericanos continuaban su avance hacia el oeste, las tribus indias y los ladrones de ganado utilizaban como refugio la frontera mexicana, menos poblada y menos defendida, para luego lanzar sus ataques sobre los Estados Unidos. El resultado era que las autoridades de ambos lados de la frontera constantemente se intercambiaban acusaciones por no proceder con la energía suficiente en contra de los asaltantes. Se añadía el hecho de que el gobierno mexicano, buscando atraer pobladores a esta región peligrosa y sumida en la pobreza, había establecido una zona libre de impuestos a lo largo de diez millas en la frontera norteamericana. Los bienes adquiridos en esta zona eran más baratos que en territorio mexicano o norteamericano, lo cual contribuyó a que se extendieran las actividades de contrabando y causó enorme descontento entre los comerciantes norteamericanos. Finalmente, estaba la enérgica oposición de Díaz a las generosas concesiones sobre el ferrocarril que Lerdo al fin había hecho a los promotores norteamericanos. Díaz había expresado públicamente los temores de los nacionalistas mexicanos, que probablemente él mismo no compartía, en cuanto a que la penetración de los ferrocarriles norteamericanos en México podría significar el principio de la total anexión del país.

En general, durante el siglo XIX, los Estados Unidos y los países europeos reconocieron a los gobiernos «revolucionarios» de Latinoamérica una vez que comprobaban que podían mantener el control por sí mismos y cumplir sus obligaciones internacionales. En el caso de México, los Estados Unidos abandonaron esta norma y, así, la administración Grant, en el poder cuando Díaz triunfó, se negó a reconocerlo a no ser que resolviera a su favor algunos de los puntos conflictivos entre los dos países. Díaz se mostró muy dócil. Una de sus primeras medidas administrativas al entrar en Ciudad de México fue reunir un grupo de banqueros y empresarios en la capital para conseguir el dinero destinado a la primera entrega de los pagos que la administración Lerdo había prometido a los Estados Unidos como compensación por los daños sufridos por los norteamericanos en México. La administración Hayes, que sucedió a la de Grant, aceptó el pago de 300.000 dólares, gesto que Díaz interpretó como muestra de reconocimiento. Estaba equivocado, porque Hayes no tenía intención de reconocerlo, ya que ambicionaba mucho más que esa simple concesión a plazos, quería un trozo de México.

Una de las primeras medidas tomadas por Hayes durante su mandato fue dar permiso al comandante de los distritos militares a lo largo de la frontera mexicana, el general C. Ord, para capturar, sin necesidad de contar primero con el consentimiento del gobierno mexicano, a los bandidos, tribus indias, ladrones de ganado o cualquiera que encontrara violando las leyes de Estados Unidos en la frontera mexicana. Díaz no podía permitir tal medida sin arriesgar seriamente la soberanía de México y sin verse expuesto abiertamente a las críticas de haberse «vendido» a los norteamericanos. Tan pronto como se le informó de las instrucciones de Ord, dispuso un contingente militar a lo largo de la frontera, a la cabeza del cual iba Gerónimo Treviño, y ordenó hacer frente a cualquier avance norteamericano en México haciendo uso de todos los medios al alcance. Cuando la guerra entre los dos países parecía casi inevitable, súbitamente ambos comenzaron a mostrarse muy comedidos. Las tropas norteamericanas sólo cruzaban la frontera cuando estaban suficientemente seguras de que las mexicanas no andaban por los alrededores y, a su vez, los soldados mexicanos trataban de evitar el encuentro con las unidades norteamericanas, que les habría obligado a entrar en batalla. En vez de estar en guerra se encontraban en un período de espera.

La crisis se disipó finalmente gracias a la insistente cordialidad de Díaz para con los inversores norteamericanos. Éste envió a los Estados Unidos a uno de sus hombres más preparados y de más confianza, Manuel de Zamacona, con instrucciones para atraer las inversiones de los hombres de negocios norteamericanos. Zamacona, a su vez, solicitó la ayuda de Matías Romero, que había sido durante muchos años embajador en Estados Unidos con Juárez, y éste escribió una serie de libros y folletos describiendo las supuestamente ilimitadas oportunidades que México ofrecía al inversor norteamericano. Al mismo tiempo, Díaz dio la bienvenida en México a grupos influyentes de promotores norteamericanos, como Ulysses S. Grant, el anterior presidente, y les otorgó valiosas concesiones sobre el ferrocarril y les prometió ayudas posteriores. Como resultado de estas medidas, los inversores norteamericanos, que poco antes clamaban a gritos por la intervención, se convirtieron en entusiastas defensores del régimen de Díaz y comenzaron a presionar a la administración Hayes para que reconociera su gobierno. Además, cuando la perspectiva de otra guerra, apenas a diez años de la última, se contempló como una posibilidad real, se organizó una oposición interna a la política de Hayes. Finalmente, en 1878 éste cedió y reconoció a Díaz, y en 1880 retiró las órdenes dadas a Ord.

Elaboración de la estrategia porfiriana

No es fácil enjuiciar qué influencia tuvieron los conflictos con los norteamericanos en 1877 y 1878 en la configuración del régimen de Díaz. Sin embargo, parece que inspiraron las tres medidas políticas más importantes que tanto caracterizaron su régimen durante su primer mandato a partir de 1878, como al de su sucesor temporal Manuel González (1880-1884) y el del propio Díaz, otra vez, después de 1884. La primera de estas medidas permitía otorgar a los inversores norteamericanos o a cualquier otro inversor extranjero concesiones de todo tipo en términos extremadamente ventajosos. Por la segunda medida, el gobierno mexicano intentaba hacer todo lo posible para renovar y fortalecer sus lazos con Europa como medio para contrarrestar la influencia norteamericana. Y como tercera medida había que mantener la estabilidad política a cualquier precio. Hasta 1900 más o menos, la aplicación de estas medidas fortaleció al Estado mexicano y entre 1900 y 1910 crearon las bases para una de las más profundas convulsiones sociales del siglo XX latinoamericano: la Revolución mexicana.

Durante su primera legislatura, Díaz tuvo como máxima prioridad lograr la estabilidad interna y, para conseguirla, llevó a cabo una compleja política de concesiones y represiones. En su primer mandato, además de mantener muchas de las libertades políticas que habían existido con Juárez, Díaz tomó otra importante medida política: la decisión de mantener su palabra y no presentarse a la reelección. Esto fue del agrado de los «cesantes» de la clase media y alta, que vieron una oportunidad de participar en la siguiente administración y por tanto no sintieron la necesidad de emprender una revolución «tradicional». Esto no significa que Díaz no estuviera dispuesto a utilizar la violencia para controlar a los disidentes cuando lo consideró necesario. Por ejemplo, cuando el gobernador de Veracruz, Mier y Terán, le informó de que un grupo de distinguidos ciudadanos estaba conspirando contra él, Díaz respondió con un lacónico telegrama en el que decía: «Mátalos en caliente». No fue menos despiadado al tratar con los campesinos de Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí que habían ocupado algunas haciendas vecinas en la creencia de que Díaz les apoyaría en su tentativa revolucionaria. Éste, de hecho, entabló negociaciones con varios de estos grupos y prometió estudiar sus quejas si deponían las armas, pero una vez desarmados ordenó disparar contra ellos.

La política interna de Díaz, que prometía la estabilidad a la vez que generosas ayudas, estimuló a los empresarios norteamericanos a firmar el contrato para la construcción de dos líneas principales de ferrocarril que unieran Estados Unidos y México. La élite política mexicana vio la construcción del ferrocarril como la única medida posible para salvaguardar la independencia política del país de una eventual intervención militar por parte de Estados Unidos. Claramente, Díaz confiaba en que los empresarios, financieros y políticos norteamericanos tendrían muchas cosas de qué preocuparse como para correr el riesgo de otra guerra mexicano-norteamericana, que podía arruinar definitivamente a México. Por otro lado, los adversarios de Díaz hacían hincapié en que las inversiones extranjeras masivas, a la larga, no sólo no disminuían el riesgo de una intervención extranjera, sino que lo incrementaban, puesto que si el gobierno mexicano se demostraba incapaz de mantener la estabilidad deseada por los inversores, éstos podrían constituirse en un poderoso grupo de presión a favor de la intervención en México.

Díaz logró también, en los últimos años de su primer mandato, restablecer las relaciones diplomáticas con Francia. Este paso no resultó nada fácil dada la intervención de Napoleón en México. Algunos sectores en el interior de México presionaban para lograr que se exigiera a Francia no sólo que olvidara sus posibles aspiraciones, sino que además pagara una alta indemnización como paso previo a la reanudación de las relaciones entre ambos países. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano había afirmado en repetidas ocasiones que el restablecimiento de relaciones tendría lugar sólo en el caso de que la iniciativa viniera de Francia. Aunque la caída de Napoleón en 1870 y la proclamación de la República francesa creó una situación más favorable para el restablecimiento de relaciones, habrían de pasar diez años antes de que llegara a producirse el intercambio de embajadores oficiales entre ambos países. Finalmente, el restablecimiento de relaciones tuvo lugar en 1880, cuando los franceses renunciaron a todas sus pretensiones sobre México y el gobierno mexicano abandonó la idea de obtener reparaciones de Francia. Con el restablecimiento de relaciones, Díaz buscaba crear un contrapeso económico con los Estados Unidos y otras potencias europeas. El capital francés y los banqueros franceses asumieron un papel fundamental en la creación del Banco Nacional de México y, en los últimos años, Francia se convirtió en una de las principales fuentes de préstamos a México.

Durante la época porfiriana e incluso después de ella, Francia fue algo más que «otro» país europeo a los ojos de la élite mexicana. La moda, la cultura y la arquitectura francesas eran los modelos que se debían imitar. El positivismo de Augusto Comte tuvo enorme influencia en la ideología del régimen, aunque se combinó con el darvinismo social de Herbert Spencer, que pronto lo ensombreció. Los ricos propietarios pasaban parte de su tiempo en París y la clase alta enviaba a sus hijos a escuelas francesas. El ejército mexicano recibió suministros de artillería franceses y algunos de sus más distinguidos oficiales estudiaron técnicas militares de este país. Cuando Díaz es derrocado definitivamente en 1911, se exilia a Francia.

EL INTERREGNO DE GONZÁLEZ, 1880-1884

Fiel a su promesa, Díaz no se presentó como candidato en 1880; en su lugar, se presentó su protegido el general Manuel González. Muchos se sorprendieron ante la ingenuidad cínica de la elección de Díaz, pues González era tenido por el más corrupto y el menos capacitado de sus protegidos. Precisamente por estas razones lo escogió, pues sabía que iba a ser un rival fácil al volver Díaz a presentarse en 1884.

González se distinguió por su corrupción, aunque los rumores de que se llevara todos los muebles del Palacio Nacional cuando se fue resultaran exagerados. González estaba lejos de ser el inepto con que frecuentemente se le identificó y reunió un hábil gabinete porfirista, pero él no era Porfirio Díaz. Durante su mandato intentó poner en práctica las tres ideas políticas fundamentales de su predecesor: concesiones a los intereses extranjeros, especialmente norteamericanos, nuevo acercamiento a Europa, y el mantenimiento del orden interno a cualquier precio. De todas maneras, en general fue mucho menos hábil de lo que había sido Díaz a la hora de evitar que se produjeran profundos conflictos como resultado de sus esfuerzos por llevar a la práctica las tres estrategias simultáneamente.

En un intento por mantener y estimular el interés de los inversores extranjeros, especialmente de las compañías norteamericanas del ferrocarril, González aumentó el número de concesiones especiales que Díaz les había otorgado. A propuesta de González, el Congreso aprobó una nueva ley con el fin de estimular aún más el paso de las tierras públicas a manos privadas. La nueva ley permitió a González confiar a compañías privadas la tarea de inspeccionar las tierras públicas y recompensarlas con un tercio de la tierra que ellas determinaran como «públicas». No fue sorprendente que las compañías arremetieran duramente contra los derechos de los pequeños propietarios, muchos de los cuales habían cultivado esas tierras durante generaciones pero no podían presentar títulos de propiedad. Los beneficios tanto para los postores extranjeros como para los nativos fueron muchos; se pudieron adquirir muchas tierras públicas que antes no estaban en venta, y muchas tierras privadas, recalificadas como públicas, se pudieron comprar de una vez, ya no a través de plazos negociados con los propietarios de pequeñas parcelas.

Lina concesión mayor aún que se hizo a los empresarios extranjeros vino de la decisión del gobierno mexicano de revocar el viejo código minero español que estipulaba que el propietario de un terreno no era dueño del mineral que hubiera en su propiedad. Esto significaba que los derechos mineros debían adquirirse separadamente de los de la superficie de la tierra, lo que implicaba que el Estado poseía una mayor parte de la riqueza del país. La nueva ley de 1884 puso fin a este reglamento, lo cual fue un alivio tanto para los propietarios mexicanos como para los inversores extranjeros.

Pero el grupo de inversores extranjeros más poderoso, el norteamericano, todavía quería más. Para González, el problema era que al atender las demandas norteamericanas estaba arriesgando las recién restablecidas relaciones con Europa. En 1882 el gobierno de los Estados Unidos propuso a México un acuerdo recíproco especial, por el cual aumentarían las tarifas de importación sobre ciertas mercancías de cada uno de los países. Estados Unidos insinuó que seguir adelante con la construcción del ferrocarril en México no sería beneficioso y pararía los trabajos a no ser que se firmara este tratado. González no se mostró entusiasmado, pues este acuerdo no sólo afectaría al restablecimiento tanto tiempo buscado de las relaciones con Europa, sino que privaría al ya necesitado Tesoro de unos impuestos que le eran muy necesarios, pero cediendo a la presión estadounidense, el Congreso mexicano aprobó el tratado en 1883. Sin embargo, varios meses después el tema volvió a plantearse y se aprobó un nuevo tratado que otorgaba a Alemania el estatus de nación más favorecida, concediéndole, de hecho, las mismas reducciones en las tarifas y anulando muchas de las ventajas unilaterales que los Estados Unidos habían obtenido a través del tratado. El embajador estadounidense protestó enérgicamente, mientras que el ministro alemán advirtió directamente a González que de no mantener su acuerdo con Alemania podría arriesgar las relaciones de México con toda Europa. González se salvó a duras penas gracias a un acontecimiento inesperado: los agricultores norteamericanos, temiendo la competencia mexicana en los productos agrícolas, presionaron al Senado estadounidense para que rechazara el tratado.

En otras ocasiones, el deseo de mejorar las relaciones con Europa supuso un obstáculo para la estabilidad interna. Después de largas y complicadas negociaciones, González pudo convencer a Gran Bretaña para que restableciera las relaciones con México. A cambio, González reconoció la deuda de 15.400 millones de libras esterlinas que los anteriores gobiernos conservadores habían contraído con los obligacionistas británicos. El acuerdo se hizo público en 1884, en medio de una aguda crisis financiera, y se denunció en el Congreso. Los alborotadores se lanzaron a la calle y sólo se restableció la paz después de que sonó el entrechocar de sables y se hizo fuego contra la densa multitud.

La administración González ha pasado a la historia como uno de los gobiernos más corruptos de México. Su fama es probablemente merecida, aunque la imagen negativa que la opinión pública tenía de González se debía en parte a la crisis económica que oprimía a México en 1884 y al esfuerzo consciente por parte de Porfirio Díaz para desacreditar a su sucesor. Como resultado de esta situación, se había desviado la atención de la profunda transformación que experimentó México entre 1880 y 1884. Los cambios legales que se han mencionado antes constituyen sólo una parte de la situación. La primera línea ferroviaria entre México y los Estados Unidos se inauguró en 1884; las inversiones norteamericanas crecían a ritmo sobrecogedor; por primera vez desde la derrota de Maximiliano, México tenía relaciones diplomáticas con todos los países europeos relevantes; la construcción del ferrocarril y la victoria final sobre los apaches, que tuvo lugar entre 1880 y 1884, abrió nuevos caminos a través de la frontera norte de México hacia lugares hasta entonces inaccesibles. A partir de entonces, bajo el mandato de Porfirio Díaz que fue elegido presidente de nuevo en 1884 y continuó en el cargo hasta 1911, México conoció su más profunda transformación económica, política y social desde su independencia en 1821.

EL RÉGIMEN DE DÍAZ, 1884-1900

Entre 1877 y 1900, la población de México aumentó desde algo menos de 10 millones hasta más de 15 millones. Durante este período no hubo ninguna nueva guerra que impidiera el crecimiento, y además una ligera mejora en el nivel de vida contribuyó a incrementar el número de habitantes. Las sequías y el hambre que antes afectaban periódicamente la vida económica de muchas regiones perdieron su impacto devastador gracias a que ahora había ferrocarriles para transportar alimentos a los pueblos hambrientos y para llevar la mano de obra excedente de algunas regiones hacia aquellas otras donde había demanda de ella. Sin embargo, la asistencia médica mejoró sólo marginalmente; aunque el número de médicos aumentó de 2.282 en 1895 a 3.021 en 1900, estaban concentrados en las ciudades, y así, la expectativa de vida en México continuó siendo mucho más baja que en Europa occidental y los Estados Unidos.

El aumento de la población se produjo de forma bastante desigual. Los estados fronterizos, que en años precedentes tenían poca densidad de habitantes, y las áreas urbanas, fueron los sectores en los que el aumento de la población fue más intenso. Entre 1877 y 1910 en los estados fronterizos de Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas la población aumentó en un 227 por 100. El crecimiento de las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón fue aún mayor. Este crecimiento fue debido fundamentalmente al incremento de la población nativa, ya que a pesar de los esfuerzos y esperanzas de la administración de Díaz, la inmigración continuó siendo mínima y preferentemente de comerciantes, empresarios y técnicos de clase media y alta. Los salarios en la industria eran demasiado bajos para atraer trabajadores europeos, excepto en el caso de algunos obreros cualificados que estaban muy bien remunerados. Los trabajadores agrícolas europeos no aceptaban los bajos sueldos ofrecidos por los hacendados mexicanos y mientras hubiera posibilidad de emigrar a los Estados Unidos, no veían ninguna razón para cruzar la frontera hacia el sur.

El desarrollo económico bajo el régimen de Díaz

Entre 1884 y 1900, México experimentó un rápido crecimiento económico. La inversión de capital extranjero —casi 1.200 millones de dólares— ayudó a elevar el producto nacional bruto a una tasa anual del 8 por 100. Era una tasa de crecimiento sin precedentes en la historia de México como nación independiente, que provocó también desigualdades sin precedentes: entre sistemas agrícolas equipados con la más moderna tecnología y otros donde se trabajaba con las técnicas más primitivas, entre el desarrollo de la industria ligera y la pesada; entre el control de la economía extranjera y la nacional, y entre la evolución de las distintas regiones.

El desarrollo económico fue más destacado en los sectores orientados hacia la exportación. La minería fue el sector que registró el crecimiento más rápido. Hasta la construcción del ferrocarril, la minería en México estaba restringida a los metales preciosos, especialmente plata y algo de oro, pues el transporte mediante mulas era demasiado caro para dedicarlo a otros minerales. El sistema ferroviario, que prácticamente era inexistente cuando Díaz llegó al poder por primera vez, comprendía 14.000 kilómetros de vía férrea al acabar el siglo y, como resultado, la extracción de cobre, zinc y plomo se hizo tan rentable como la de plata. La producción de plata se elevó de 607.037 kilogramos en 1877-1878 a 1. 816.605 kilogramos en 1900-1901 (y 2.305.094 en 1910-1911). La producción de plomo empezó con 38.860 toneladas en 1891-1892 y creció hasta 79.011 toneladas en 1900-1901 (y 120.525 toneladas en 1910-1911). La producción de cobre aumentó de 6.483 toneladas en 1891-1892 a 28.208 toneladas en 1900-1901 (y 52.116 toneladas en 1910-1911). En agricultura, los cultivos comerciales aumentaron a pasos agigantados. El ejemplo más espectacular fue el henequén (sisal), cuya producción creció de 11.383 toneladas en 1877 a 78.787 en 1900 (y a 128.849 en 1910). El rendimiento del caucho, el guayule (un sustituto del caucho), el café y la cochinilla también fue extraordinariamente elevado. Algunas industrias de exportación empezaron a ganar terreno en México. En 1891 los Estados Unidos aprobaron la tarifa McKinley que imponía altas tasas aduaneras sobre los minerales importados no procesados. Las tarifas por metales procesados eran mucho más bajas y como resultado las mayores empresas de los Estados Unidos, entre ellas la American Smelting and Refining Company de Guggenheim, establecieron fundiciones en México.

El desarrollo económico fue rápido hasta el final del siglo para la industria ligera orientada al consumo interno y prosperaron las industrias textiles. Cuando el valor de la plata, en que se basaba la moneda mexicana, empezó a caer en la década de los ochenta, las importaciones textiles se hicieron caras, y los comerciantes franceses que trataban con esta mercancía se empezaron a dedicar a la manufacturación textil dentro de México, plantas enormes, como la de Río Blanco, se extendieron por las regiones de Puebla y Orizaba. Se construyeron plantas de industria ligera para la producción de papel, cristal, zapatos, cerveza y procesamiento de alimentos. La industria pesada quedó rezagada y sólo después de empezar el nuevo siglo se recuperó. En 1902, la Compañía Fundidora de Fierro y Acero construyó una planta de acero en Monterrey que hacia 1910 estaba produciendo 72.000 toneladas anualmente.

Después de 1900 el desarrollo industrial decayó notablemente. Esto se debió en parte a la caída del nivel de vida que se produjo en los primeros años del nuevo siglo, que frenó el aumento de la demanda de productos industriales. Además, el crecimiento industrial se vio limitado por la política gubernamental de la administración de Díaz, que no cambió de actitud para ayudar a los productores nacionales que estaban luchando por prosperar. Aunque la ley de Nuevas Industrias de 1881 concedió importantes exenciones fiscales a industrias locales que empezaban y acordó algunas tarifas de protección para algunas de éstas, como las textiles, nunca proporcionó a la industria pesada la protección especial que le concedían los países europeos. Por ejemplo, no se forzó a los empresarios norteamericanos del ferrocarril a comprar a los productores mexicanos el material que utilizaban, ni se dieron facilidades a la industria pesada para acceder a la concesión de créditos.

La industria, a diferencia del ferrocarril, nunca recibió ayudas. El gobierno de Díaz no tenía planes para fomentar el desarrollo de ninguna industria en particular, ni tenía un programa para estimular la importación de tecnología, ni una política para proteger a las industrias incipientes. Sobre todo, las inversiones del gobierno de Díaz en lo que se podría denominar capital humano eran muy limitadas. A pesar de que los gastos en educación aumentaron de hecho durante el Porfiriato, los resultados tuvieron un alcance muy limitado. Entre 1895 y 1910 el porcentaje de la población que sabía leer y escribir aumentó del 14,39 al 19,79 por 100. El papel asignado a la educación pública a nivel profesional, dirigida a la preparación de obreros cualificados, fue insignificante. De 1900 a 1907 la matriculación en las escuelas profesionales aumentó de 720 a 1.062.

Durante el Porfiriato se originaron serios conflictos en el sector agrícola, localizados no tanto en el de la producción de bienes (la exportación de cosechas y la producción de alimentos básicos aumentaron, aunque en diferente proporción), como en el nivel de modernización técnica. Aunque se produjo cierta revolución tecnológica en plantaciones de productos de gran demanda como el henequén (sisal) y el azúcar, las haciendas productoras de trigo y maíz todavía utilizaban técnicas anticuadas y tradicionales. El origen de la negativa de estos propietarios a modernizarse se ha atribuido frecuentemente más a razones psicológicas que a motivos económicos. Se dice que los hacendados tenían una mentalidad básicamente feudal y que consideraban la tierra como un símbolo de un estatus más que como una fuente de remuneración económica. Estaban demasiado preocupados codeándose con la haute couture de París, visitando los balnearios de Gstaad (y Garmisch Partenkirchen), y jugando en Montecarlo como para prestar atención a los asuntos de sus fincas. Sin embargo, esta interpretación no explica por qué las personas, a quienes mientras tanto habían confiado estas fincas, no tomaron las medidas que parecían más oportunas para obtener beneficios.

Los avances tecnológicos que llevaron a la modernización y al abaratamiento de la producción agrícola en los Estados Unidos no tuvieron la misma importancia en un país como México, donde había abundancia de mano de obra barata. A este respecto, en 1911 uno de los expertos agrícolas de México, Lauro Viadas, comparó el costo que suponía para un agricultor norteamericano trabajar con maquinaria agrícola moderna y para un hacendado mexicano con técnicas más primitivas pero empleando mano de obra barata; la producción de similar cantidad de trigo costaba al agricultor norteamericano 4,95 pesos y al mexicano 4,50.

Aparte de la disparidad existente entre la producción destinada al consumo interno y la destinada a la exportación, surgió otra notable desproporción como resultado del rápido crecimiento económico: la diferencia entre el control nacional y extranjero de la economía. Con excepción de la agricultura, los sectores más importantes de la economía estaban en manos extranjeras. Hasta el final del siglo XIX, el gobierno de Díaz no hizo ningún intento por estimular el control nacional sobre algún sector económico, ni siquiera para obtener una posible participación en él.

Aunque la administración de Díaz no pareció mostrar especial interés por lograr una mayor participación nacional en el control de las nuevas empresas que iban surgiendo, no se puede decir lo mismo respecto a su actitud hacia el control norteamericano que se estaba enfrentando al europeo en importantes sectores económicos. El gobierno de Díaz hizo todo lo que estuvo en su mano para fomentar las inversiones europeas sin restringir las estadounidenses. Hasta el final de siglo, sólo se hacían préstamos a Europa y sólo se otorgaban concesiones bancarias a banqueros europeos. Proyectos de obras públicas, como las instalaciones del puerto de Veracruz o las obras de drenaje en el valle de México, se encargaron a empresas británicas, sobre todo las que eran propiedad de un joven pero altamente cualificado empresario y político británico, sir Weetman Pearson.

En general, aunque esta política del gobierno mexicano contribuía fundamentalmente a estimular la penetración económica europea en el país, no produjo ningún conflicto importante entre los europeos y los norteamericanos hasta finales del siglo XIX. Los Estados Unidos eran todavía una nación principalmente deudora, no acreedora y los mayores bancos norteamericanos tenían como objetivo prioritario la inversión dentro de los Estados Unidos, de manera que no se resintieron de la inversión europea ni de su irrupción en el sistema financiero mexicano. Incluso en aquellos sectores en los que tanto los europeos (especialmente británicos) como los norteamericanos compartían intereses (como eran el ferrocarril y las minas), se había establecido cierta división del trabajo, concentrándose los británicos básicamente en la parte central y sur de México, mientras el capital estadounidense se encauzaba sobre todo hacia el norte del país.

El conflicto más grave que por razones de influencia económica se produjo en México antes de finales del siglo XIX, no tuvo por protagonistas a británicos y norteamericanos, sino a franceses y alemanes, cuyos intereses en México eran mucho menores. El primer punto de conflicto entre ellos fue el tema del comercio mexicano con el extranjero que hasta la década de 1870 había estado controlado por comerciantes alemanes desde las ciudades hanseáticas de Hamburgo, Bremen y Lübeck. En la década de 1870, los comerciantes franceses, desde Barcelonnette (cuya calle principal se sigue llamando hoy avenue Porfirio Díaz) desplazaron a sus rivales alemanes. Esta fue la primera batalla de lo que sería la larga e intensa lucha franco-alemana dentro de México. Pocos años más tarde, la competición franco-alemana aparece en su más alto nivel. En 1888 el gobierno mexicano firma el primero de los más importantes préstamos con un banco extranjero desde la caída del gobierno de Maximiliano. Fue el acuerdo con el banco alemán Bleichroeder, que también manejaba las finanzas personales del canciller alemán Bismarck. A través de este tratado, los alemanes no sólo se aseguraron ventajosísimos tipos de interés, sino que también forzaron al gobierno mexicano a firmar un pacto secreto que prácticamente concedía a la compañía un monopolio sobre las finanzas externas del país. El gobierno mexicano no podría pedir ningún crédito sin hacer primero una oferta a la casa Bleichroeder. Aunque México aceptó las duras condiciones propuestas por los alemanes, seis años después, con ayuda francesa, consiguió romper el acuerdo y el dominio que éste suponía sobre las finanzas mexicanas.

Pero hubo otro campo en el que los franceses lograron victorias aún más significativas sobre sus rivales alemanes. Este campo era el lucrativo mercado de venta de armas en el que los fabricantes alemanes y franceses estaban compitiendo no sólo en México sino en toda Latinoamérica. La empresa alemana más importante en este campo era la casa Krupp, que prosperaba en la mayoría de las repúblicas latinoamericanas. En México, sin embargo, a pesar de sus intensos esfuerzos por venderle artillería al ejército, los franceses de Saint Chamond le ganaron el terreno.

Estos conflictos, que se prolongaron hasta finales del siglo XIX, no fueron cruciales para el gobierno mexicano; sin embargo, la confrontación surgida a comienzos del siglo XX entre las dos mayores potencias interesadas en México, los Estados Unidos y Gran Bretaña, a diferencia de la rivalidad entre franceses y alemanes, tendrá importantes y largas consecuencias para el país.

Diferencias regionales en el desarrollo de México

Otro desequilibrio que el desarrollo porfirista contribuyó a agudizar fue la progresiva desigualdad regional entre el centro, el sur y el norte mexicanos; el fenómeno no era nuevo, de hecho se remontaba a los orígenes de la civilización en cada región. Mucho antes de la conquista europea, se había desarrollado en las regiones central y sur de México una agricultura intensiva, con grandes ciudades, una sociedad altamente estratificada y con una compleja cultura, mientras el norte estaba habitado por cazadores y recolectores nómadas y algunos agricultores primitivos. La llegada de los españoles aportó nuevas diferencias en esas regiones: el sureste se convirtió en una zona marginal para la economía de Nueva España porque allí no se encontraron minas; el norte, en cambio, pasó a ser esencial para la colonia. Allí se descubrieron después de la conquista algunas de las minas más ricas, pero, por desgracia para los españoles, no fueron capaces de poblar estas comarcas y los constantes e implacables ataques de los indios nómadas, sobre todo de los apaches en el siglo XVIII, que continuaron en el período de la independencia, retrasaron considerablemente el desarrollo económico de la zona. Durante el Porfiriato, el norte y el sureste de México experimentaron un auge económico y fueron absorbidos por el mercado mundial.

El sureste empezó a asumir rasgos característicos de la América Central y el Caribe. La economía de la mayoría de los estados del sureste se caracterizaba por una escasa diversificación agrícola y aún menos industrial, dedicándose a la exportación de uno o dos productos. La península de Yucatán es el ejemplo más notable de este tipo de desarrollo. En Yucatán, el agave o henequén, como se llama en México, había sido siempre una cosecha importante, pero como se utilizaba principalmente para hacer sogas y cuerdas, su uso y su mercado eran limitados. Pero cuando las segadoras McCormick empezaron a emplearlo en la década de los ochenta, la demanda aumentó asombrosamente y Yucatán conoció el auge de la exportación. Los propietarios de las haciendas que cultivaban henequén y de los ferrocarriles que lo transportaban desde el interior del Yucatán hasta la costa eran mexicanos. Los compradores y transformadores de la fibra, de los cuales la empresa más importante era la compañía norteamericana American Peabody Company, compitieron por el henequén, pero a finales de siglo la mayoría de las compañías se habían fundido en un gran consorcio: la International Harvester Corporation, con base en Chicago, que pronto llegó a dominar el mercado y en cooperación con compañías mercantiles locales intentó manipular el precio del henequén en su provecho.

La situación en Yucatán, donde prácticamente toda la propiedad de la tierra estaba en manos mexicanas, era diferente de la situación en otros estados del sureste, especialmente Chiapas y Tabasco. En estos estados, las materias primas como el caucho y, en menor grado, el café, eran producidas directamente por empresas extranjeras. El punto en común entre estos estados y Yucatán era el que su economía estaba basada en una o dos cosechas y que dependía plenamente de las condiciones del mercado mundial.

Al igual que el sureste periférico, la periferia del norte de México experimentó un rápido desarrollo económico que se orientó en gran medida hacia el mercado mundial. De todas maneras, el parecido entre las dos regiones no pasó de ahí, pues en contraste con el sureste, el norte tenía una economía mucho más diversificada, y exportaba gran variedad de minerales: cobre, estaño, plata y artículos de consumo como garbanzos, ganado y madera aserrada. Además, en contraste con lo que ocurría en el sureste, un sector mucho mayor de la economía del norte estaba destinado a producir para el mercado interno. Este era el caso, sobre todo, de los nuevos y altamente productivos campos de algodón con sistemas de irrigación situados en la región de Laguna en los estados de Coahuila y Durango. En relación con el resto de la economía nacional, el desarrollo industrial era mucho más importante en el norte que en el resto de las regiones de México. Se desarrolló una industria del acero en la ciudad de Monterrey y en el norte se construyeron fundiciones para minerales de propiedad mexicana y norteamericana. Se extendieron por muchas haciendas las industrias de procesamiento de alimentos, de manera que en muchos aspectos la economía en el norte era la más equilibrada del país. Y, a pesar de que la inversión extranjera era mucho más relevante en el norte que en el sureste, el norte, no obstante, era una de las zonas del país donde el capital mexicano desempeñó un papel importante, aunque generalmente subordinado, en el desarrollo de nuevas industrias (con excepción de la minería) y de cosechas de gran demanda, durante la época de Porfirio Díaz.

Fue en las vastas regiones de México central donde, en términos generales, la economía experimentó los menores cambios. Este fue, sobre todo, el caso de las grandes fincas productoras de maíz y trigo. Esta lenta evolución constituía un duro contraste con el rápido desarrollo industrial en el valle de México y sus cercanías, y con los nuevos centros industriales de los estados de Puebla y Veracruz.

A los ojos de muchos intelectuales porfiristas, estas profundas transformaciones económicas sentaron las bases para la transformación de México en una nación moderna e independiente según el modelo de la Europa occidental o de los Estados Unidos, pero lo que realmente se modeló fue un país que dependía, en un grado sin precedentes, de las inversiones extranjeras. Esta dependencia mostraba dos aspectos diferentes pero complementarios: por una parte, la manifestación más evidente era el dominio o la propiedad extranjera de importantes sectores, no agrícolas, de la economía mexicana, como los bancos, la minería, la industria y los transportes. Por otra parte, México se convirtió en el clásico ejemplo de país subdesarrollado productor de materias primas que depende de los mercados del norte industrializado.

La transformación política de México

En los años posteriores a 1884 el régimen de Díaz se convirtió en la primera dictadura real y duradera que había surgido en México desde la independencia. Durante su segundo mandato, Díaz impidió que ninguno de sus opositores fuera elegido para el Congreso. En 1888 el Congreso se había transformado a todos los efectos en una institución inútil, ya que cada candidato tenía que recibir la aprobación previa del presidente para poder ser elegido o reelegido. El Congreso, ahora servil, aprobó enmiendas a la Constitución para que Díaz pudiera «satisfacer» los deseos de la población y ser reelegido en 1888, en 1892 (año en que se cambió la Constitución para extender el período presidencial a seis años), en 1898, en 1904 y en 1910. La prensa mexicana de la oposición, antes combativa, que en muchas ocasiones unía la crítica al gobierno con la brillantez literaria, fue amordazada y controlada, aunque cierta oposición brilló de vez en cuando en periódicos de corta tirada.

La consolidación de la dictadura estuvo fuertemente ligada a dos hechos: el logro de la estabilidad interna (la Pax Porfiriana) y el surgimiento de un Estado mexicano fuerte y eficaz. Estos hechos, a su vez, estaban estrechamente relacionados con el desarrollo económico del país.

La «pacificación» del país fue un proceso multifacético y complejo que hasta 1900 logró notables victorias, aunque no el triunfo definitivo, y que constituyó el mayor motivo de orgullo para los ideólogos porfiristas. Los conflictos que constantemente surgían en México antes del período porfirista tenían muy diversos orígenes: golpes militares, levantamientos de caudillos, bandolerismo en el campo, ataques de los indios nómadas y revueltas campesinas y de las tribus indias de la frontera. Al terminar el siglo XIX sólo había dos formas de violencia todavía endémicas en México: las revueltas de los grupos indios en la frontera y las de las comunidades campesinas que estaban dispersas, principalmente en el norte. Los otros tipos de violencia habían desaparecido por completo o se habían apaciguado en gran medida.

Esta disminución de los niveles de violencia estaba estrechamente ligada a la formación del Estado mexicano, y la condición previa para el desarrollo del Estado porfiriano era el constante incremento de la renta pública. Díaz no quiso servirse de los mismos medios mediante los cuales los anteriores gobiernos habían procurado aumentar sus ingresos (créditos forzados o impuestos más altos), puesto que tales métodos ahuyentaban a los inversores extranjeros y enfrentaban a la oligarquía nacional. Las rentas públicas en el período de Díaz procedían principalmente de los impuestos limitados pagados por las empresas extranjeras, del impuesto aduanero cobrado a las mercancías que entraban en el país y al impuesto sobre los metales preciosos. Todas estas contribuciones dependían del crecimiento de las inversiones extranjeras y de la mejora del tipo de interés sobre el crédito internacional, que permitiría a México conseguir más préstamos en mejores condiciones. Díaz, aparte de atraer inversores extranjeros, con el fin de aumentar la renta pública trató de delinear y modernizar la administración financiera del país. Este intento de modernización, que ya había sido iniciado en la época de Juárez, tuvo como verdadero artífice de su actualización a uno de los mejores financieros del país, José Yves Limantour, a quien Porfirio Díaz nombró ministro de Hacienda en mayo de 1893. En 1896, por primera vez en la historia de México, Limantour había logrado equilibrar el presupuesto, lo cual a su vez aumentó extraordinariamente la solvencia de México y los créditos internacionales no sólo fueron más fáciles de conseguir, sino que ahora el régimen de Díaz los podía lograr con tipos de interés mucho más ventajosos que antes.

Con un apoyo financiero tan sólido, Díaz estaba en buenas condiciones para poder dedicarse a apretar las riendas a los grupos más rebeldes y de pensamiento más independentista del país. Uno de estos grupos era el de los caciques regionales que gobernaban sus provincias como si fueran reinos feudales. El primer paso que dio Díaz fue reemplazar a muchos de los hombres todopoderosos que quedaban de otra época, como Luis Terrazas en Chihuahua e Ignacio Pesqueira en Sonora, por hombres leales a él. No había nada de nuevo en su estrategia, ya que prácticamente todos sus predecesores habían hecho lo mismo cuando pudieron. Desafortunadamente para el gobierno, en el pasado ya se había comprobado con bastante frecuencia que el remedio era temporal, puesto que una vez instalados firmemente en el poder, los nuevos caciques tendían a reproducir el mismo tipo de autonomía de que disfrutaron sus antecesores. Y es más, usualmente estos antecesores desposeídos permanecían agazapados en las sombras, a la espera, buscando una oportunidad para derrocar al régimen que los había desbancado. Como resultado, la estabilidad política se mantenía de forma precaria y eran frecuentes las luchas entre los caciques rivales e incluso los conflictos entre los recién nombrados caciques y el gobierno federal. Con Díaz, el sistema funcionó mucho mejor, porque el ferrocarril recién construido permitió que el ejército llegara rápidamente hasta las provincias y ayudara a dominar a los posibles rebeldes.

Quizá más importante aún fue el hecho de que Díaz estimuló, o al menos permitió, tanto a los caciques en el poder como a los que habían sido destituidos, enriquecerse actuando como intermediarios de los inversores extranjeros que quisieran instalarse o adquirir propiedades en aquellas regiones. De esta manera, Díaz dio a los miembros de la oligarquía local, tanto a los entrantes como a los salientes, un poderoso papel en el mantenimiento de la estabilidad en su región, ya que cualquier levantamiento, cualquier revuelta local podía ahuyentar fácilmente a los posibles inversores, cortando de esta manera una importante fuente de ingresos de la oligarquía local.

Hubo otros dos métodos por medio de los cuales Díaz trató de contrarrestar los posibles alzamientos de los hombres fuertes locales: uno fue nombrar como vigilantes de los funcionarios civiles locales a comandantes militares que no fueran originarios de las regiones que controlaban; el otro método fue elevar de categoría el cargo de «jefe político» correspondiente a los administradores de distrito, que antes de Díaz habían sido oficiales con poder limitado, y ahora iban a controlar la policía y las fuerzas armadas auxiliares en sus distritos, iban a nombrar a los oficiales de distrito y municipales, y a abrir el camino a los inversores extranjeros, y que en un buen número de casos debían obediencia en primer lugar al gobierno central y no a los gobernadores de los que eran directamente subordinados.

Díaz aplicó una táctica similar, de favorecimiento combinado con represión, a un segundo grupo que durante mucho tiempo se había opuesto a la existencia de un gobierno central fuerte. Este grupo era la clase media que actuaba principalmente en Ciudad de México. Tradicionalmente, este grupo desempeñaba un papel importante en el Congreso mexicano y editaba los más importantes periódicos de la oposición. Díaz impidió que los miembros de la oposición fueran elegidos para formar parte del Congreso y continuó la política iniciada durante la administración de González de considerar fuera de la ley a todos los periódicos de la oposición. La clase media no se opuso a estas medidas represivas ya que, al mismo tiempo, a cientos de sus miembros se les estaban concediendo nuevas oportunidades de progreso social y económico. Un ejemplo de esto fue el aumento del número de puestos burocráticos estatales que creció considerablemente entre 1884 y 1900, así como el hecho de que en aquellos estados en los que Díaz había destituido a los caciques locales se ofrecieran nuevos cargos a la clase media. Por otra parte, la destitución de los hombres fuertes locales o caciques rara vez supuso su total eliminación de la esfera política; por ejemplo, Luis Terrazas, el hombre fuerte de Chihuahua, continuó desempeñando un papel importante en la política local y organizó un poderoso grupo político que Díaz se vio obligado a tolerar y que se oponía a la existencia de la estructura política en el estado. Como resultado, surgió una especie de sistema bipartidista en Chihuahua al igual que en otros estados, mientras que en Ciudad de México los restos de la democracia estaban siendo destruidos poco a poco. Este sistema, a su vez, dio a las clases medias regionales mayor influencia política ya que ambos partidos se disputaban su apoyo.

Estos «partidos» eran sólo de ámbito regional y se parecían más a los grupos formados por relaciones de parentesco o clientelismo que a los partidos políticos que se estaban desarrollando durante este mismo período en Europa. Díaz no sólo nunca permitió la creación de verdaderos partidos de oposición, sino que se opuso igualmente a la creación de un partido político gubernamental. En 1891 algunos intelectuales y miembros de la clase alta adictos al régimen intentaron consolidar el sistema porfirista a través de la creación de un partido liberal basado en los principios «científicos» del positivismo (por lo cual se conoció a estos hombres como los científicos). Su objetivo era ensanchar la base del régimen para fortalecerlo, al tiempo que imponer cierto control sobre el propio Díaz. Por otra parte, la creación del partido podría asegurar algún tipo de sistema de sucesión y prevenir lo que más temía la mayoría de la élite mexicana: la reanudación en el país de las rebeliones y las luchas una vez que Díaz muriera o fuera incapaz de terminar su mandato.

De cualquier manera, el presidente se negó a la formación de un partido político y prefirió continuar con la táctica que había empezado a aplicar con éxito a partir de su llegada al poder en 1876, que era la de enfrentar entre sí a las diferentes camarillas existentes dentro de la élite mexicana. Una de estas camarillas estaba liderada por Manuel Romero Rubio, que había sido ministro en el gobierno de Lerdo y que posteriormente se unió a Díaz, y llegó a ser ministro de Gobernación en su gobierno en 1884. Romero Rubio fue, en muchos aspectos, el arquitecto del Estado porfirista. Él fue quien transformó la institución de «jefe político» y quien controló y manipuló a los gobernadores. El grupo que él lideraba estaba formado principalmente por civiles: financieros, terratenientes, tecnócratas, burócratas y similares. Después de su muerte en 1895, el más sobresaliente e inteligente de sus discípulos, José Yves Limantour, ministro de Hacienda desde 1893, fue reconocido como cabecilla del grupo, al que se oponía una camarilla dirigida por militares. Su principal portavoz era el anterior presidente Manuel González durante los años que siguieron a la toma del poder por Díaz, y posteriormente pasó a ser el líder Bernardo Reyes, uno de los más cercanos confidentes de Díaz. El grupo estaba formado por militares camaradas del presidente, por hombres tradicionalmente fuertes en las regiones y por algunos burócratas, y era extremadamente crítico frente al progresivo aumento de poder e influencia de los científicos.

Díaz utilizó ante el ejército, que durante todo el siglo XIX había sido una amenaza constante para cualquier gobierno central, el mismo método empleado para pacificar a los hombres fuertes locales; es decir, la combinación de represión e incentivos. Por una parte, aumentó el presupuesto militar (en términos absolutos, no relativos), compró armamento moderno en Europa, y dio importantes puestos políticos a muchos jefes militares permitiéndoles entrar en la nómina. Además, creó una academia militar moderna donde se propuso formar un cuerpo de oficiales de élite. Por otra parte, Díaz debilitó la influencia del ejército a través de la creación de otras fuerzas paramilitares que frecuentemente eran más eficaces que el ejército. Gran parte de la represión interna, por ejemplo, corría a cargo de tropas auxiliares que no estaban subordinadas directamente al ejército. Entre estas fuerzas, una de las más importantes eran los Rurales nacionales, un cuerpo de policía profesional que ya existía antes de Díaz pero al que éste dio el impulso necesario para acrecentar su fuerza e influencia. Los soldados regulares llegaban forzados al ejército y estaban mal pagados, por lo cual mantenían sólo un relativo sentimiento de lealtad a la institución. Los Rurales, al contrario, estaban mucho mejor pagados y recibían mejor trato. Aunque en menor grado que los Rurales nacionales, los Rurales estatales también estaban mejor pagados y recibían mejor trato que los soldados regulares del ejército. Los Rurales estatales eran unidades armadas que dependían directamente de la administración estatal, pero cuya máxima autoridad provenía del gobierno federal. Al mismo tiempo, Díaz incorporó a algunos de los más destacados bandoleros a ciertas unidades policiales con el fin de encauzar sus energías y utilizar su experiencia en su provecho. Pero no fueron Díaz ni el Estado central por sí solos los que pusieron fin al bandolerismo. Los hombres fuertes locales, que frecuentemente habían estado asociados con estos hombres fuera de la ley o que al menos habían hecho la vista gorda ante sus crímenes siempre y cuando sus propiedades no se vieran afectadas, ahora descubrían que estos mismos bandoleros podían suponer un freno a la corriente de inversiones extranjeras que llegaba a sus distritos, lo que sería matar a la gallina de los huevos de oro. Por ello, frecuentemente fue de importancia decisiva su activa colaboración con el gobierno para reprimirlos.

La política de represión, conciliación y cooperación llevada a cabo por Díaz frente a las clases media y alta que habían sido las fuerzas originarias de los levantamientos y la inestabilidad en los primeros años del siglo XIX fue aplicada también para controlar a otra fuerza que durante algún tiempo había sido una de las principales amenazas para todo gobierno liberal: la Iglesia católica. Díaz no siguió adelante con las medidas anticlericales de Lerdo, y aunque el gobierno, de Díaz nunca abolió las restricciones legales que las leyes de reforma habían impuesto a la Iglesia ni le devolvió sus antiguas propiedades, en la práctica se estaba produciendo un cambio de política. De muchas maneras subrepticias, que por otra parte no eran difíciles de detectar, la Iglesia estaba acumulando nuevamente riquezas procedentes tanto de inversiones como de donaciones de sus fieles, mientras que el gobierno no hacía ningún intento de cortar el proceso. Se permitió la publicación de más de veintitrés periódicos que mantenían estrecha relación con la Iglesia y los colegios religiosos se multiplicaron a lo largo y ancho de México. El matrimonio de Díaz con Carmen Romero Rubio, una devota católica que mantenía inmejorables relaciones con la jerarquía eclesiástica, así como las cordiales relaciones entre obispos como monseñor Gillow de Oaxaca y altos oficiales de la administración, acabarán por sellar la reconciliación entre la Iglesia y el Estado.

A lo largo de este período, la principal amenaza para la Iglesia no venía del Estado sino de los misioneros protestantes y de los movimientos disidentes que se producían en el campo. Cuando las inversiones norteamericanas y la inmigración hacia México crecieron, también aumentó el número de misioneros norteamericanos que fueron especialmente activos en la parte norte del país. En Chihuahua, los misioneros metodistas incluso llegaron hasta pueblos remotos y su influencia fue muy elevada sobre los campesinos. Como resultado, muchos miembros de la Iglesia se hicieron cada vez más nacionalistas y cada vez más antinorteamericanos.

Pero, tal vez, un peligro mayor para la Iglesia fueron los movimientos de disidencia que surgieron entre el campesinado. Estos movimientos habían existido siempre, pero mientras el catolicismo fue la religión oficial del Estado la Iglesia había tenido medios para reprimirlos. Sin embargo, ahora las posibilidades de enfrentarse a los hombres y mujeres «santos» y «sagrados» que surgían en diferentes partes del país, en clara oposición a la Iglesia, estaban duramente recortadas. En el estado de Sonora, por ejemplo, miles de personas veneraban a una muchacha de 16 años, Teresita, conocida como la santa de Cabora, que curaba a los enfermos y se decía que hacía milagros. En Cohuilimpo, los indios del poblado creían que uno de ellos, a quien llamaban San Juan, era un santo, y en todo México central se escondían ídolos precolombinos y se los adoraba en cuevas.

El Estado sólo persiguió estos cultos si abogaban por cambios de tipo social o político; consiguientemente, se toleró a los misioneros protestantes con base en los Estados Unidos e incluso, a veces, contaron con el apoyo de las autoridades porfirianas. Una vez desprovista de la ayuda del Estado, la Iglesia tuvo que buscar nuevos caminos para hacer frente a sus enemigos religiosos. No bastaba con que los sacerdotes predicaran en contra de la idolatría, ya que muchos de los santos y rebeldes no eran sólo disidentes religiosos, sino también disidentes sociales. La necesidad de anticiparse a estos movimientos sociales, junto al efecto producido por la decimotercera encíclica Rerum novarum, del papa León XIII, llamando a la intervención de la Iglesia en los problemas sociales, encaminó a algunos sectores de ésta hacia el activismo social. El obispo de Tulancingo fue el principal defensor de esta nueva tendencia: con su ayuda se celebraron en los últimos años del Porfiriato varios congresos católicos para discutir el problema de los campesinos, y en una conferencia católica que tuvo lugar en 1903 en la ciudad de Tulancingo los seglares católicos pidieron a los hacendados la abolición del peonaje y la instrucción y escolarización de los campesinos. Al mismo tiempo, recomendaban a los campesinos aceptar el orden de cosas impuesto por Dios y no sublevarse en contra de Sus superiores. Los periódicos de inspiración católica protestaban frecuentemente contra la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas. La nueva política de la Iglesia frente al campesinado estaba, sin duda, influida por el hecho de que había perdido sus tierras y ya no estaba, como a principios del siglo XIX, comprometida en el sistema de peonaje y otras formas de servidumbre campesina.

Aunque la Iglesia finalmente fracasó en su intento de estabilizar la situación en el campo, tuvo éxito en otros aspectos. Con el apoyo de Díaz consiguió cierta recuperación política y económica, al tiempo que logró un mayor apoyo entre el campesinado, lo cual quedó reflejado durante la Revolución cuando los agraristas más radicales, sobre todo los zapatistas en Morelos, no pusieron en marcha medidas anticlericales.

En general, el fortalecimiento del Estado porfirista costó a amplios sectores de la clase alta y media tradicional la pérdida de gran parte del poder político que antes poseían, pero, en compensación, participaron de los frutos del rápido desarrollo económico de México. No se puede decir lo mismo del campesinado, que durante el porfiriato perdió sus derechos políticos tradicionales, al tiempo que sufrió agudas pérdidas económicas. Con frecuencia se ha afirmado que la abolición por parte de Díaz de las estructuras democráticas existentes en México fue una medida que apenas afectó a los campesinos. La mayoría de ellos era analfabeta y no podía leer los periódicos de la oposición, aun en el caso de que llegaran a los pueblos más lejanos, cosa que rara vez ocurría. Por otra parte, tampoco estaban interesados ni participaban en las elecciones nacionales.

Esto probablemente era cierto, pero había otro aspecto de la democracia en México que era de importancia decisiva para gran parte del campesinado: la autonomía local. Tradicionalmente, la mayoría de los pueblos elegía a sus consejos y alcaldes, que tenían poder no sólo político sino también económico. Eran los que distribuían el acceso a las tierras comunitarias, el agua y los pastos, además muchas veces resolvían conflictos dentro del pueblo y, a veces, decidían quién debía alistarse en el ejército y quién podía quedar exento del servicio militar. Los orígenes de la autonomía local se pueden remontar al período precolombino, cuando los poblados del sur y del centro de México eran en gran medida autosuficientes y tenían derechos políticos. La situación no terminó con la conquista española, sino que España permitió a muchas comunidades indígenas conservar sus tierras y sus instituciones comunales dándoles cierto grado de autonomía, aunque bajo la supervisión severa del Estado y los funcionarios eclesiásticos. Muchas comunidades de los estados de la frontera norte recibieron por parte del Estado central mayor libertad como un incentivo para asentarse en una región peligrosa y luchar contra los ataques de los indios. En general, el poder y la autonomía de estas comunidades tendió a aumentar después de la independencia. El gobierno federal era demasiado débil para imponer su autoridad sobre estos derechos tradicionales de los pueblos. Además, a diferencia del Estado colonial, el débil Estado nacional del siglo XIX no pudo ejercer el control efectivo sobre los caciques. Así pues, muchos de los caciques locales y regionales, que eran la única autoridad suficientemente poderosa como para imponerse a los consejos comunitarios y a los alcaldes, utilizaron su nuevo poder para gobernar por la fuerza a los pueblos. Otros muchos, en cambio, dudaron en atacar los derechos adquiridos de los campesinos. Los caciques regionales estuvieron a menudo involucrados en las interminables guerras civiles mexicanas y en momentos cruciales establecieron alianzas con otros pueblos para luchar contra sus rivales o contra el gobierno federal hostil. Así, intentaron equilibrar cierto grado de represión y control para tratar de ganarse la lealtad y el apoyo de muchos de los campesinos a los que dominaban. Esta situación cambió radicalmente en los últimos años del Porfiriato.

La pacificación de la frontera norte

Durante el último cuarto del siglo XIX, el Estado mexicano empezó a asegurar su control sobre la frontera norte: Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Durango. La derrota infligida a los apaches y la construcción del ferrocarril incentivaron la llegada de masas de inmigrantes procedentes de los Estados Unidos y del sur de México. Más de 15.000 norteamericanos fueron a establecerse en la zona norte de México. Éstos eran semejantes en algunos aspectos a los norteamericanos que se expandieron durante este período por todo México. Como sus compatriotas en el sur y el centro de México, muchos de ellos eran ricos inversores o ejecutivos de grandes compañías. La American Smelting and Refining Company, que era propietaria de la mayoría de las minas y las fundiciones del norte de México, llevó consigo a muchos técnicos, y muchos administradores llegaron a México de la mano de hombres como William Randolph Hearst que los necesitaba para vigilar sus vastas posesiones en la región, y William C. Greene, que los precisaba para manejar el ganado y administrar su negocio de serrería. Sin embargo, muchos otros norteamericanos de los que llegaron a la frontera norte pertenecían a clases sociales con poca representación en el resto del país. Los que trabajaban en el ferrocarril norteamericano ocupaban los puestos más elevados no sólo en la administración sino en la división de operaciones del ferrocarril mexicano, sobre todo en el norte, mientras que los mineros norteamericanos constituían una parte importante de la fuerza de trabajo minera, especialmente en uno de los mayores centros mineros del país, en Cananea, Sonora. Estos obreros, cuyo estatus en los Estados Unidos no sería diferente al del resto de los obreros, en México constituían una minoría privilegiada, mejor pagada y mejor tratada que sus compañeros mexicanos.

Los cerca de 300.000 mexicanos que se asentaron en la frontera norte entre 1877 y 1910 tenían orígenes sociales diferentes. Algunos eran campesinos desplazados, otros artesanos arruinados, o aventureros en busca de fortuna. Su impacto en la demografía de la zona fue enorme: la población de Monterrey creció de 14.000 habitantes en 1877 a 78.528 en 1910, y el pueblo de Torreón, que en la década de 1870 contaba tan sólo con unos cientos de habitantes, se transformó en una de las ciudades más modernas y de más rápido crecimiento de México, pasando de tener una población de 23.000 habitantes en 1900 a tener 43.000 en 1910.

Los recién llegados al norte no desplazaron a la élite de la zona. Las grandes familias norteñas de hecho habían perdido parte de su poder político en favor del gobierno central y compartían el poder económico con los empresarios extranjeros, pero, en general, resurgieron muy fortalecidas por las transformaciones que se estaban produciendo en la zona fronteriza. El clan Terrazas-Creel en Chihuahua, los Madero en Coahuila, los propietarios de fábricas de acero en Monterrey constituían el equivalente mexicano de los Rockefeller y los Guggenheim en los Estados Unidos.

A finales de siglo, el norte era, en términos económicos y sociales, una de las regiones más «modernas» de México. No sólo su economía era la más diversificada del país y el porcentaje de población rural era más bajo que en el resto de México, sino que, además, la tasa de alfabetización de la zona era la más alta. Las modernas relaciones capitalistas habían hecho desaparecer en gran medida las formas tradicionales de relación social en las áreas rurales. Hasta la década de 1890, a los peones de las grandes haciendas no se les pagaba en dinero efectivo, sino con vales que sólo servían para el intercambio con la tienda de la hacienda. Muchos peones estaban sujetos por deudas a las haciendas y, aunque no fuera así, la situación de inseguridad de la zona, las malas comunicaciones y las incursiones de los apaches hacían que fuera extremadamente difícil y peligroso para ellos dejar su lugar de residencia.

Pero después, el final de las guerras con los apaches, las nuevas comunicaciones establecidas con los Estados Unidos, las posibilidades que tuvieron muchos trabajadores agrícolas mexicanos, especialmente vaqueros, de encontrar trabajo en los Estados Unidos y la mala disposición, tanto de las autoridades norteamericanas y sus empresarios, como de las compañías mexicanas, a la hora de devolver a los peones evadidos a sus haciendas, hicieron el sistema de peones adscritos a la tierra cada vez más caro y menos provechoso en los estados fronterizos del norte de México. Como resultado, los propietarios de fincas mexicanos se vieron forzados a buscar otros métodos para mantener a sus vaqueros y trabajadores agrícolas en sus haciendas. Algunos propietarios, como los productores de algodón de los campos de Laguna con recientes sistemas de irrigación, pagaban los salarios agrícolas más altos de México; otros hicieron concesiones en aparcerías y en contratos de arrendamiento en términos mucho más favorables que en el resto del país: mientras en México central los contratos que predominaban ofrecían a los arrendatarios o a los aparceros, como mucho, un 50 por 100 de lo que ellos cultivaban, en el norte, usualmente, obtenían dos terceras partes. Se permitió a muchos vaqueros norteños tener su propio ganado y dejarlo pastar en los terrenos de la hacienda. Si permanecían un tiempo suficientemente largo en el mismo trabajo, fácilmente podían convertirse en caporales y ganar el doble de lo que ganaban antes. Algunos propietarios especialmente progresistas, como Francisco Madero en el estado de Coahuila, erigieron escuelas y clínicas en sus fincas y en épocas de hambre y malas cosechas alimentaron a la población de los pueblos cercanos.

Hasta finales del siglo XIX, los cambios económicos y sociales que produjeron México central y los Estados Unidos con su dominio político y económico sobre el norte mexicano, condujeron a mejoras sustanciales no sólo para la clase alta sino también para las clases media y baja de la sociedad. Sin embargo, el norte fue también la región con mayor violencia social y política durante el período porfirista. En algunos aspectos, hasta finales de siglo, estos conflictos se dieron entre lo que se podría llamar el sector moderno de la sociedad, por un lado, y los elementos «tradicionales» de la sociedad norteña, por otro. De cualquier manera, el único grupo social que rechazó por completo prácticamente todas las características de la sociedad industrial moderna estaba formado por algunos de los aproximadamente 50.000 indios tarahumaras que vivían concentrados fundamentalmente en el estado de Chihuahua, muchos de ellos en lo más intrincado de la Sierra Madre, y que sólo de manera marginal se mezclaron en los conflictos sociales que ocuparon la atención del norte de México durante el Porfiriato y la Revolución de 1910 a 1920.

Los indios yaquis y los antiguos colonos militares de Chihuahua, que fueron los que más se resistieron a la modernización porfirista y que repetidamente se levantaron en armas contra las autoridades, constituían un sector tradicional en el sentido de que se aferraban a sus derechos adquiridos y a sus tierras. Sin embargo, no eran «tradicionales» si consideramos el término como sinónimo de oposición a la tecnología moderna, a la industria o a la producción para el mercado. Bajo el cuidado de los misioneros jesuitas durante el período colonial, los yaquis habían aprendido técnicas de agricultura intensiva complejas que habían aplicado con éxito a la tierra fértil del valle del río Yaqui. Muchos de sus productos se vendían en los mercados de las regiones mineras y, al mismo tiempo, muchos indios yaquis se fueron a trabajar lejos de su tierra natal a las minas y las haciendas y sus patrones los consideraban entre los trabajadores más dignos de confianza y con más experiencia.

Por otra parte, los antiguos colonos militares asentados principalmente en Chihuahua constituyeron durante el período colonial y el siglo XIX uno de los principales pilares de lo que se podría considerar una clase media agraria. No sólo poseían más tierras que la media de los campesinos en el centro y el sur del país, sino que además eran económicamente independientes. La razón de su independencia residía no sólo en que tenían suficientes tierras y ganado para subsistir, sino además en el hecho de que aun en el caso de que hubieran querido trabajar para las haciendas vecinas, la peligrosidad de las comunicaciones durante el período de guerra con los apaches habría hecho de ésta una opción muy poco atractiva. A diferencia de lo que ocurría en los pueblos del sur y del centro del país donde los campesinos habían poseído la tierra comunalmente hasta la ley de reforma de 1856 y no podían venderla, para los campesinos de los pueblos del norte la tierra era un bien que podían comprar y vender libremente.

La causa que llevó a los indios yaquis y a muchos de los antiguos colonos militares del norte a protagonizar una serie de levantamientos contra el régimen de Díaz no fue la oposición a la economía capitalista «moderna», sino la negativa a aceptar que esta economía se desarrollara a sus expensas. Los yaquis protagonizaron varias revueltas sangrientas contra las autoridades mexicanas cuando éstas intentaron confiscar gran parte de sus tierras fértiles en beneficio de la empresa norteamericana American Richardson Company. Para los colonos militares de Chihuahua, que en 1891-1893 se alzaron en armas contra el gobierno estatal y el régimen de Díaz, el problema de la tierra estaba intrínsecamente ligado a la tradición de la autonomía municipal. Las autoridades municipales, que ellos habían elegido libremente, habían sido sus principales instrumentos de defensa frente a todo tipo de ataque externo, contra sus tierras o contra su estatus social y económico. En 1891 el gobierno estatal redactó una nueva ley que permitía a los «jefes políticos» nombrar a los alcaldes de las ciudades más grandes. Muchos pueblos en Chihuahua se levantaron en armas para impedir que las autoridades aplicaran esta ley. Estos pueblos tenían en común con los indios yaquis su extraordinaria capacidad de lucha, alimentada a lo largo de más de un siglo y medio por los enfrentamientos contra los apaches, y respaldada por la posesión de armas. Pero había también una diferencia sustancial entre los dos grupos: los yaquis estaban aislados por diferencias étnicas y sociales del resto de la población de Sonora. Los colonos militares, en cambio, tenían poderosas aunque secretas alianzas: algunos de los más pudientes propietarios en el estado, anteriores caudillos como Luis Terrazas, pretendieron servirse de los campesinos para ejercer presión sobre el gobierno.

Estas diferencias llevaron al gobierno de Díaz a aplicar tácticas muy diferentes en los dos casos. Después de tratar inútilmente durante años de convencer a los yaquis de que aceptaran la pérdida de la mayoría de su territorio y del fracaso de los intentos llevados a cabo para dominarlos mediante la realización de campañas militares cada vez más duras, el gobierno recurrió a la puesta en práctica de nuevas medidas de represión desconocidas hasta entonces. Entre 1903 y 1907 lanzó una campaña a gran escala contra los indios y deportó a un gran número de ellos, se resistieran al gobierno o no, a las plantaciones de henequén de Yucatán. Esta táctica no sólo diezmó la población yaqui, sino que además fue beneficiosa económicamente. El coronel Francisco B. Cruz que en el curso de tres años deportó a 15.700 yaquis a Yucatán, recibió 65 pesos por cabeza (hombre, mujer o niño) de manos de los hacendados; 10 pesos eran para él y 55 para el Ministerio de la Guerra.

Sin embargo, con los colonos militares rebeldes de Chihuahua, el gobierno se mostró más inclinado a llevar a cabo una política de compromisos, aunque éstos se negociaran con una élite de manipuladores más que con los propios campesinos. Como resultado de una serie de levantamientos en Chihuahua respaldados por Terrazas de 1891 a 1893, su rival, Lauro Carrillo, fue destituido del puesto de gobernador del estado y se colocó en su lugar a un hombre que a Terrazas le era más afín. A los campesinos, exceptuando la amnistía que se les concedió, se les hicieron concesiones mucho menores: cierta disminución en las expropiaciones de la tierra y el mantenimiento de algunos elementos de autonomía municipal. Aunque en la mayoría de los casos esta táctica tuvo éxito, no fue así en el caso más conocido, el del pequeño pueblo de Tomochi perdido en las montañas del oeste de Chihuahua. La rebelión que tuvo lugar allí, en noviembre de 1891, en un principio no se diferenció de otras muchas que se habían producido en otros pueblos del norte. Empezó siendo una revuelta en contra del nuevo alcalde impuesto, un sobrino del «jefe político» del distrito, que apacentaba sus ovejas en los pastos del pueblo y forzaba a sus habitantes a trabajar con bajos salarios en su propia tierra o en las fincas del ministro de Hacienda, José Yves Limantour, que estaban cerca del pueblo. Cuando algunos habitantes de Tomochi protestaron contra estos hechos, el alcalde les castigó con la leva, el temidísimo reclutamiento para el ejército. Su tío, el jefe del distrito, tomó represalias adicionales contra el pueblo trazando otro itinerario para el transporte anual de plata desde una mina próxima, que pasaba regularmente a través del pueblo hasta la ceca. Los exasperados aldeanos se rebelaron, expulsaron al alcalde y derrotaron a un destacamento de tropas gubernamentales enviado para sofocar a los sublevados.

Hasta aquí, la rebelión de Tomochi no se diferenciaba de las de docenas de otros pueblos del norte. El gobierno intentó pactar con los habitantes de Tomochi de la misma manera que lo había hecho con otros pueblos rebeldes. Se les ofreció una amnistía a cambio de reconocer la autoridad del jefe del distrito. Otros pueblos sublevados, viéndose aislados, habían aceptado, pero Tomochi no lo hizo. No se hacen pactos con Satanás, y a sus ojos, el gobierno venía a representar al diablo. Su rebelión estaba unida inextricablemente a visiones mesiánicas. Los cabecillas del pueblo, Cruz y Manuel Chávez, eran seguidores del culto de la joven de 16 años, Teresita, la santa de Cabora, y así, los pobladores de Tomochi sintieron que teniendo a Dios de su lado no tenían por qué temer un encuentro frontal con las tropas del gobierno. Después de que los más o menos 80 hombres del pueblo hubieron aniquilado por dos veces a los más de 500 soldados enviados a luchar contra ellos, finalmente un ataque federal con una tropa de 1.200 hombres redujo el pueblo a astillas. El cabecilla, Cruz Chávez, fue fusilado junto con todos los hombres supervivientes de Tomochi. Por su parte, el gobierno sufrió cerca de 500 víctimas. Pronto se extendieron por todo Chihuahua leyendas acerca de esta rebelión.

Debido a las bajas sufridas en ambos bandos, fue más bien una victoria con características de derrota. El gobierno se vio obligado a dar marcha atrás en su política aminorando el paso, al menos por una vez, en las expropiaciones de la tierra y en sus ataques a la autonomía rural. Como resultado de este cambio en la política, los levantamientos campesinos en Chihuahua comenzaron a disminuir. A finales de siglo, el régimen de Díaz creyó que tenía controlada la situación en el norte, ya que, exceptuando la región yaqui, el nivel de violencia descendió y parecía que los caudillos habían otorgado su apoyo sin reservas al gobierno, pero esto era sólo un respiro. A principios del siglo XX los conflictos entre los sectores moderno y tradicional se recrudecieron una vez más, complicándose ahora con la aparición de agudas tensiones dentro del propio sector moderno. Los elementos subversivos existentes dentro de ambos grupos iban a hacer caer finalmente al régimen de Díaz y a invadir todo México entre 1910 y 1920.

La expropiación de las tierras de los campesinos en el sur y el centro

Incluso en la época de Juárez, se habían hecho serios intentos por conseguir la apropiación de las tierras comunales de algunos pueblos, pero con Díaz lo que habían sido meras intromisiones se convirtieron en verdaderas luchas sangrientas. Cuando México consiguió su independencia de España a principios del siglo XIX, se calcula que aproximadamente el 40 por 100 de toda la tierra dedicada a la agricultura en las regiones central y sur del país pertenecía a las comunidades rurales. Cuando Díaz cayó en 1911, sólo un 5 por 100 permanecía en sus manos y más del 90 por 100 de los campesinos mexicanos no poseían tierras. Aunque no existen estadísticas anuales que reflejen con exactitud la evolución de este proceso, en general se piensa que el ritmo de expropiaciones alcanzó su punto álgido en la época de Díaz.

Hubo entonces más incentivos que nunca para este tipo de expropiaciones, ya que el surgimiento de nuevos mercados para los productos agrícolas mexicanos, tanto en el exterior como en el interior del país, llevó a los hacendados a esforzarse por aumentar sus territorios para elevar el rendimiento. Algunos de los ejemplos más notables en los que el crecimiento masivo en la producción para el mercado fue paralelo a la destrucción económica de las comunidades rurales se dieron en las plantaciones de azúcar de Morelos y en las haciendas de henequén de Yucatán.

La formación de nuevos mercados no fue, de todos modos, el único incentivo para la expropiación de las tierras, ya que la especulación fue un motivo igual de poderoso. Mientras se llevaba a cabo la construcción del ferrocarril, o incluso en su etapa de planificación, el valor de las tierras a lo largo de su trazado se disparó y los especuladores de todas las calañas se lanzaron sobre ellas. Adquirir nuevas propiedades sin tener que pagar por ellas fue también un modo de aumentar la producción sin hacer inversiones a gran escala. Para muchos hacendados, éste podría haber sido el método más fácil de elevar la producción sin incurrir en gastos sustanciales.

Una hipótesis más discutible es la de que los hacendados destruyeran los pueblos para acabar con su independencia económica y de este modo obligar a sus habitantes a trabajar en las tierras de la hacienda. Aunque esta fue la finalidad que motivó de hecho algunas expropiaciones, su importancia se ha exagerado: sólo tres familias de los indios tarascos en el pueblo de Naranja, cuyas tierras habían sido expropiadas por la hacienda de Cantabria, trabajaban en la finca; todos los demás estaban empleados en otras haciendas que no habían participado en la expropiación. Además, hay datos suficientes para afirmar que la mayoría de las fincas podían encontrar los trabajadores que necesitaban sin tener que recurrir a la destrucción de la base económica de las comunidades vecinas. Una de las razones que explica la creciente disponibilidad de trabajadores es el aumento demográfico acaecido en los pueblos libres que había obligado a un número creciente de campesinos a buscar trabajo suplementario en las haciendas. Por otra parte, hay también evidencias que indican que cuando una hacienda expropiaba los terrenos de un pueblo vecino, la amargura y el resentimiento que la expropiación provocaba entre los campesinos eran tan profundos que la mayoría prefería trabajar en otras fincas antes que en la que había destruido su comunidad.

Durante la época de Díaz no sólo eran mayores que antes los incentivos para expropiar tierras, sino que además encontraron un nuevo soporte legal. A la Ley Lerdo (véase supra) que había constituido la base legal para estas acciones durante la República restaurada, se habían sumado nuevas leyes durante la legislatura de Manuel González, que permitieron a las compañías deslindadoras inspeccionar las tierras públicas y quedarse con un tercio de lo que encontrasen. Más importante aún que estas nuevas normativas legales fue el hecho de que durante el período de Díaz el gobierno mexicano era lo suficientemente fuerte como para encabezar un ataque masivo contra las comunidades rurales. Los ferrocarriles acabados de construir dieron al ejército y a los Rurales, recientemente reforzados, mayores posibilidades que antes de aplastar cualquier tipo de resistencia por parte del campesinado.

Las estadísticas existentes no son lo suficientemente fiables como para poder establecer con cierto grado de certeza cuándo se llevó a cabo el proceso de expropiación de la tierra y cuándo alcanzó su punto álgido, ni hay tampoco explicación posible para aclarar la diversidad, a veces extrema, existente entre los distintos procesos regionales. ¿Por qué se expropiaron tantos pueblos indios en Yucatán mientras que en Oaxaca, zona en la que el porcentaje de indios era probablemente el más alto de todo México, las comunidades consiguieron conservar la mayor parte de sus tierras y muchos de sus derechos tradicionales? ¿Se debió al hecho de que la producción para la exportación era mucho más importante en Yucatán que en Oaxaca? ¿Qué función tuvieron otros factores, tales como la mayor cohesión de las comunidades indígenas en Oaxaca, la tradicional debilidad de la hacienda en este estado, la existencia de una clase media india, los lazos de tipo personal que unían a Díaz con el estado de Oaxaca? Son preguntas para las que todavía no hay una respuesta definida.

Un problema aún más complejo es el de tratar de establecer quiénes fueron los beneficiarios de estas expropiaciones. Durante mucho tiempo se ha venido dando una imagen demasiado simplista de lo que fue el resultado de las expropiaciones. Se presumía que, como resultado de los cambios acaecidos durante el período porfirista, la sociedad mexicana había quedado dividida en dos únicas clases: el grupo de los hacendados que eran cada vez más pudientes y el grupo de los peones sin tierras progresivamente empobrecidos.

Pero, en realidad, había una clase media agraria en proceso de desarrollo, cuya existencia no siempre es fácil de documentar, pero que parece que desempeñó un papel de progresiva relevancia en la evolución social que se estaba produciendo en el campo. En muchos pueblos, los campesinos ricos, los usureros y los hombres fuertes locales que no eran hacendados se beneficiaron tanto o más que éstos de la expropiación de las tierras de los campesinos. Muchos de estos personajes surgieron mucho antes del período porfirista. El aumento de la población en México había provocado profundas diferencias en el seno de las comunidades campesinas, y los habitantes más ricos se habían convertido en aliados de los grandes propietarios y de las autoridades porfiristas a la hora de expropiar terrenos. Algunos de ellos adquirieron propiedades de mediana extensión («ranchos») y así aparecen incluidos en los censos de 1895 y 1900, en los que se contabilizan 32.000 ranchos (aunque no todos eran unidades independientes puesto que algunos formaban parte de haciendas). Otros, en cambio, invirtieron su riqueza de manera más difícil de documentar estadísticamente. Algunos se transformaron en arrendatarios ricos, otros alquilaron ganado a los aparceros y a los arrendatarios más pobres. El censo de 1900 recoge 400.000 «agricultores», y puesto que no se especifica claramente cuáles son las características que definen esta categoría, probablemente se incluía en ella a la mayor parte de la clase media agrícola que constituía un sector fundamental dentro de la población rural mexicana. Sus relaciones con los habitantes del pueblo eran muy diversas; algunos se hicieron usureros, agentes de Estado o de los hacendados, mientras que otros se convirtieron en líderes populares. Algunos fueron pasando con el tiempo de una a otra categoría.

En el pueblo de Anenecuilco, en el estado de Morelos, sus habitantes eligieron a finales del verano de 1909 a un campesino relativamente pudiente, Emiliano Zapata, para que los representara en sus intentos por recuperar las tierras que la vecina hacienda del Hospital les había arrebatado. A cientos de kilómetros al norte en el pueblo fronterizo de Cuchillo Parado, sus habitantes también eligieron a un líder, Ezequiel Montes, para que los ayudara a hacer frente al intento de uno de los más ricos hacendados de Chihuahua, Muñoz, de arrebatarles la tierra. Los dos, Zapata y Montes, disfrutaban de un estatus social más alto que la mayoría de los habitantes de estos pueblos. Zapata descendía de una familia conocida y estaba relativamente bien situado ya que poseía tierras, caballos y mulas; Ezequiel Montes no tenía los mismos antecedentes familiares. En la década de 1880 llegó a Cuchillo Parado como trabajador sin tierras, no llevando más que su guitarra, según escribió irrespetuosamente un cronista local. Pero Montes, evidentemente, tenía otras habilidades además de la de cantar: podía hablar muy bien, sabía leer y escribir, conocía bien el mundo que le rodeaba y pronto se ganó la confianza de los lugareños, que en 1903 le eligieron jefe de la Junta de Vecinos de Cuchillo Parado, que se había creado para combatir a Muñoz. En un principio Montes tuvo más éxito que Zapata. Mientras la hacienda del Hospital se quedó con las tierras que se habían apropiado, Muñoz abandonó su ataque en Cuchillo Parado.

Los dos líderes aprovecharon el poder y el prestigio que habían adquirido al mando de los intentos campesinos por lograr que se reconocieran sus derechos de formas muy diferentes: Zapata guió a los hombres de Anenecuilco y, finalmente, a todos los de Morelos, hacia la Revolución mexicana; Montes fue primero nombrado alcalde de Cuchillo Parado por las autoridades del estado, más tarde se convirtió en usurero y finalmente fue expulsado del pueblo el día en que estalló la Revolución.

Es posible que el surgimiento de esta clase media agraria proporcione una de las mejores explicaciones, aunque no la única, al hecho que durante mucho tiempo ha dejado perplejos a los historiadores: la relativa falta de resistencia por parte de los campesinos en el centro y sur de México contra la proliferación de tierras expropiadas. Aunque no hay duda de que el debilitamiento de la oposición campesina que se produjo en las décadas de 1880 y 1890, cuando se la compara con la del período entre 1876 y 1880, estaba ligado al creciente poder estatal, al reforzamiento del ejército y la movilidad que le permitía el ferrocarril y a la creación de nuevas unidades policiales, la represión por sí sola no proporciona una explicación satisfactoria/Junto al apoyo cada vez mayor que el gobierno consiguió por parte de la incipiente clase media, se dieron otros fenómenos que probablemente contribuyeron a debilitar la resistencia del campesinado. Uno fue el desmantelamiento de sus principales órganos de resistencia, la administración comunitaria del pueblo. Una vez destruida su autonomía, los campesinos ya no podían contar con la organización tradicional que les había guiado anteriormente en sus movimientos de oposición contra los terratenientes o contra el Estado. El otro fenómeno, quizá más importante aún, fue la transformación de la relación patrono-cliente que durante mucho tiempo había regido la vida en el campo mexicano. Durante la época colonial, el patrono era el Estado español que con frecuencia intentó proteger a los campesinos de los abusos de los terratenientes para impedir que éstos se hicieran demasiado poderosos. A principios del siglo XIX, los caudillos regionales, que dependían del apoyo de los campesinos en sus frecuentes luchas con los rivales de otras regiones, habían asumido la función del patrono. Cuando algunos hacendados en el estado de Guerrero intentaron expropiar tierras que pertenecían a pueblos libres, los campesinos llamaron en su ayuda a Juan Álvarez, que era el hacendado más pudiente y el caudillo liberal más poderoso de la región. Álvarez, de hecho, los ayudó, lo cual determinó que miles de campesinos se unieran a sus tropas en 1855 cuando derrocó el gobierno conservador de Santa Anna. Álvarez no fue el único; otros caudillos, como el conservador Manuel Lozada en Tepic, atendieron también a las llamadas de auxilio de los campesinos. El Estado porfirista absorbió a muchos de estos tradicionales protectores del campesinado y después los volvió en contra de sus protegidos. Al perder a sus patronos tradicionales, muchos campesinos se encontraron sin guía y abandonados. Por otra parte, el prestigio personal de Porfirio Díaz así como los escasos intentos que hizo por ayudar a algunos pueblos pudieron tal vez prevenir también el surgimiento de la oposición al gobierno por parte de los campesinos. Ciertos indicios muestran que, en alguna ocasión, Díaz intentó asumir el papel tradicionalmente desempeñado por el Estado colonial español como protector y patrono de los pobladores indios. A menudo, Díaz escribió a los gobernadores y funcionarios locales pidiéndoles que respetaran los derechos de propiedad de los indios sobre sus tierras, siempre que éstos pudieran mostrar los títulos de propiedad, o incluso respetar sus derechos de facto. Y así, en 1897 los habitantes de Tamazunchale le pidieron ayuda para impedir la expropiación de su tierra. Díaz les mandó buscar los títulos de propiedad de la tierra en los Archivos Nacionales y entonces escribió al gobernador del estado de San Luis Potosí:

Respecto a los indios de San Francisco, Matlapa y los demás, no puede haber duda de que ellos son los propietarios por concesión virreinal desde hace mucho tiempo, incluso si sus títulos tuvieran algún defecto o irregularidad; pero aun suponiendo que sus títulos fueran irregulares o nulos, ellos han sido considerados los propietarios de las tierras que ahora un extraño intenta comprar porque los indios carecen de los medios para pagarlas. El resultado sería una expropiación y la sustitución de estas comunidades indias por otras de extranjeros que vendrían a habitar los lugares que ellos dejaran, pero probablemente después de muchas escenas sangrientas que los indios considerarían como su justa venganza, al estar fanáticamente convencidos, con razón o sin ella, de sus derechos[5].

De cualquier manera, estos principios estaban en contradicción con otros dogmas más profundos de la administración porfirista: el deseo de atraer capital extranjero y el deseo de estar en buenas relaciones con los hacendados. Díaz no estaba dispuesto o era incapaz de poner en práctica esta política de restricciones más allá de su intervención en unos pocos casos. Hasta los últimos años de su régimen no dio ningún paso que en la práctica pudiera haber frenado la pérdida de la tierra o de la autonomía de los pueblos.

En 1910 Díaz decretó una medida a nivel nacional que prohibía la venta de más tierras públicas. Esta medida, que de haber sido adoptada algunos años antes habría podido restringir de hecho las expropiaciones rurales, tuvo escasa repercusión, ya que para entonces algunas de las mejores tierras ya habían sido vendidas y adjudicadas. No será hasta el siglo XX cuando, por las razones que se exponen a continuación, surgirán nuevos patronos que llamarán a los campesinos a la revuelta, obteniendo el apoyo de éstos y constituyendo por fin una fuerza decisiva en la tormenta revolucionaria que estallará en México después de 1910.

La evolución del peonaje hacia la esclavitud o hacia la libertad

En muchas haciendas del centro y sur de México, el estatus de los trabajadores, generalmente llamados peones, estuvo sujeto a cambios no menos drásticos que los que padecieron en las comunidades libres en las que se llevaron a cabo las expropiaciones. Como la producción de cosechas de gran demanda se hacía cada vez más rentable, muchos hacendados empezaron a restringir los contratos de arrendamiento, ya que preferían emplear a trabajadores para que cultivaran las tierras de sus fincas. De ninguna manera se acabó con el sistema de arrendamiento, pero se arrinconó cada vez más a los arrendamientos en las tierras marginales donde estaban más sujetos que nunca a las fluctuaciones del tiempo. En otros casos, los contratos de aparcería, que eran, si cabe, aún más desfavorables para los campesinos, sustituyeron a los arrendamientos. La manera en que las haciendas llevaban a cabo esto está claramente ejemplificada en la evolución de los sistemas de aparcería en una hacienda cerca de Celaya en el estado de Guanajuato. Hasta finales del XIX había habido dos tipos de aparcería en la hacienda: los «medieros al rajar» y los «medieros al quinto». Los primeros tenían sus propios animales y aperos de labranza, y recibían el 50 por 100 de la cosecha; los medieros al quinto utilizaban los aperos y los animales de la hacienda y a cambio debían abonar el 50 por 100 de sus cosechas más una quinta parte del resto de la cosecha como pago por el uso de los instrumentos y los animales, de modo que se quedaban como mucho con el 40 por 100 de lo producido. A finales del siglo XIX esta hacienda empezó a limitar el número de medieros al rajar, adoptando la medida de no permitirles utilizar los pastos de la hacienda para alimentar a su ganado. A principios del siglo XX, sólo unos pocos privilegiados trabajaban todavía en esas tierras según el acuerdo del 50 por 100. Todos los demás se habían convertido en medieros al quinto.

Otra diferenciación se daba en el tipo de trabajador que los hacendados empleaban. En las zonas periféricas del norte y el sur del país, cuya población estaba más dispersa que en el centro, con frecuencia los hacendados se encontraron con verdadera escasez de mano de obra, y reaccionaron ante el hecho de muy diversas maneras. Mientras que en el norte el peonaje tendía a desaparecer, en las zonas del sur, especialmente en las plantaciones de henequén de Yucatán, el Valle Nacional, productor de tabaco, en Oaxaca, y las plantaciones de café de Chiapas, los trabajadores comenzaron a ligarse a las haciendas en condiciones de peonaje parecidas a la esclavitud. Los campesinos no podían abandonar las fincas hasta haber pagado todas sus deudas, y el hacendado se aseguraba de que estas deudas no pudieran ser satisfechas, sirviéndose del fraude, el aumento de los precios en la tienda de raya, y obligando a los campesinos a aceptar préstamos que no necesitaban. En Yucatán, en mayor medida que en otras partes de México, este tipo de peonaje se convirtió en institución. En 1901 un observador informaba de que

la manera legal de atar «criados» a la hacienda consiste en hacer un pago por adelantado, lo que significa en este estado que el trabajador que se va puede ser obligado a volver a la hacienda por la policía. Estos pagos por adelantado generalmente se hacen cuando un joven nacido en la hacienda llega a los 18 o 20 años y se casa. Entonces su dueño le da cien o ciento cincuenta, a veces doscientos pesos, para establecer su casa y las dos partes tácitamente establecen el acuerdo de que esta suma, así como otras que se le puedan adelantar después en caso de accidente o de enfermedad, nunca va a ser satisfecha. Este es el precio por el cual el joven yucateco vende su libertad[6].

En los casos en los que el sistema no estaba tan bien establecido, se aplicaba la fuerza bruta.

En 1914 se invitó al representante particular de Woodrow Wilson en México, John Lind, y al comandante de la flota norteamericana en Veracruz, el almirante Fletcher, a que visitaran una plantación de azúcar en Veracruz, propiedad del norteamericano Sloane Emery, en la que todos los trabajadores eran contratados. John Lind comentó más tarde:

Los trabajadores que el gobierno había enviado ahí eran prácticamente prisioneros. El almirante Fletcher y yo vimos el espectáculo inusitado en el siglo XX de grupos de ocho o diez hombres diseminados entre el maizal, acompañados por un arreador, un cacique, un indio de la costa, alto y fornido, con un par de pistolas a la cintura, y un látigo negro de ocho o diez pies, siguiendo de cerca al grupo que excavaba, mientras al otro lado del campo, un hombre con una escopeta, con el cañón aserrado, los vigilaba. Estos hombres salían a trabajar en la mañana vigilados por estos capataces y por las noches eran encerrados en un gran tejabán. Tanto el almirante Fletcher como yo estábamos asombrados de que pudiera existir esa situación, pero existía[7].

El aislamiento en el que se vivía en muchas zonas del sur, la falta de una industria que pudiera competir con los propietarios de las fincas por la escasa mano de obra existente, el fortalecimiento de las fuerzas policiales en las haciendas y de los órganos estatales hacían que fuera extremadamente difícil para los peones burlar a sus dueños. Estas medidas represivas se vieron reforzadas por la puesta en práctica del precepto «divide y vencerás»: se reunió en el sur a rebeldes yaquis de Sonora, vagabundos de la zona centro, culies chinos y coreanos y allí los hacendados se aprovecharon de los antagonismos existentes entre unos y otros, y de todos en contra de la comunidad nativa maya, para evitar que surgiera la revuelta. Y, en general, los terratenientes triunfaron tanto en el aspecto económico como en el social y político: la producción se elevó, la resistencia fue mínima y la estabilidad resultante atrajo nuevos capitales e inversiones.

Las tendencias contradictorias existentes en el campo —mayor libertad e incentivos económicos junto con un aumento de la represión y la semiesclavitud— que se manifestaban en las zonas periféricas del norte y el sur del país, también aparecieron en el centro. La razón fue que los factores que produjeron escasez de trabajadores y que desembocaron en un superávit de mano de obra afectaron a México central al mismo tiempo, aunque obviamente no siempre en las mismas regiones. Las expropiaciones de tierras de los pueblos y el aumento demográfico dieron origen a grandes masas de trabajadores desempleados que en muchas regiones fueron más que suficientes para cubrir las necesidades de las haciendas. En estos casos algunos hacendados descubrieron las ventajas de tener en sus haciendas a trabajadores libres y no a siervos.

En 1906, Manuel Brassetti, el administrador de la hacienda de Tochatlaco, informó de que

En esta finca había el sistema de peones de año, todos ellos adeudadísimos, flojos, borrachos, malos trabajadores y muy remilgosos; después de estudiar bien, determiné perder la suma de tres mil pesos que debían y desde hace dos años, la gente es semanera acasillada; cuando eran de año dejaban de trabajar el sábado antes de Semana Santa, toda la Semana Santa se embriagaban y con trabajo se lograba que salieran a trabajar el Martes de Pascua. Desde que son semaneros, trabajan el Lunes y Martes Santos y el Lunes de Pascua ya están en el trabajo. Así como los lunes antes no salía más que la mitad de la cuadrilla, en la actualidad muy raros son los que se quedan. En consecuencia, mi opinión es que dicho método o costumbre es defectuoso y se presta al continuo abuso de la gente, dándose lugar a que lo insulten a uno con sus suposiciones de la famosa «cargadilla». En la actualidad están más contentos, no están tutoreados, saben que si trabajan, tienen raya y si no, no. Y ellos mismos han llegado a convencerse de la bondad de este sistema, habiéndose llegado a dar el caso de que digan a los peones de otras haciendas: «vendidos, nosotros somos libres»[8].

En otras partes del centro de México, en cambio, la aparición de nuevas industrias, la construcción del ferrocarril y la necesidad que tenían los hacendados de contratar un mayor número de trabajadores para el cultivo de las cosechas de gran demanda, desencadenaron el efecto contrario y produjeron escasez de mano de obra. Esta escasez real o, a veces, imaginaria, llevó a muchos hacendados a mantener el sistema de peones por endeudamiento incluso cuando a veces era contraproducente económicamente y, probablemente, innecesario.

El surgimiento de una clase nacional gobernante

Durante el régimen de Díaz se produjo también una transformación significativa en el otro extremo de la escala social: la creación de lo que podría llamarse una clase nacional gobernante. Con excepción de la Iglesia, que siempre tuvo carácter nacional, la élite económica mexicana de principios del siglo XIX tenía un carácter fundamentalmente local o regional. Algunos de sus componentes eran terratenientes cuya riqueza se concentraba generalmente en uno o dos estados, mientras que los miembros de la élite que vivían en Ciudad de México eran esencialmente comerciantes o «agiotistas», es decir, especuladores que obtenían sus principales ingresos de conceder créditos al gobierno y de especular con las finanzas gubernamentales. Había también pocos industriales, y ninguno de ellos controlaba industrias de gran envergadura. La mayoría de los mineros y comerciantes eran extranjeros.

Algunos miembros de la clase nacional gobernante que emergió durante el Porfiriato eran terratenientes regionales, pero habían empezado a extender sus actividades hacia otros sectores de la economía y hacia otras regiones del país. El clan Terrazas-Creel, que era probablemente el grupo más rico y poderoso del México porfirista, es el ejemplo más notable. Al empezar el Porfiriato, Luis Terrazas era uno de los hacendados más importantes del estado de Chihuahua y su yerno, Enrique Creel, era, además de un propietario pudiente, un financiero de mediana categoría en la zona. Al acabar el siglo, los dos hombres habían combinado sus actividades y habían expandido extraordinariamente el nivel de sus operaciones. Poseían plantas de procesamiento de alimentos por todo Chihuahua, controlaban el mayor banco del estado, y además un banco en la recién urbanizada región de Laguna, en el estado de Coahuila. Creel pertenecía al consejo de dirección de dos de los bancos más importantes de México, el Banco de Londres y México y el Banco Nacional de México. Terrazas y Creel actuaban como intermediarios para numerosas compañías extranjeras que deseaban hacer negocios en México, y Creel era el director de una de las empresas más importantes dentro de este grupo, la Compañía Mexicana Petróleo el Águila, cuyo propietario era sir Weetman Pearson (después lord Cowdray). Un caso parecido era el del ministro de Hacienda, José Yves Limantour, el hijo de un próspero comerciante francés, que ramificó sus empresas por muchos estados, adquirió contra los de tierras en Chihuahua y, al igual que Terrazas y Creel, perteneció a los consejos de dirección de muchas compañías mexicanas y extranjeras importantes que hacían negocios en el país.

La riqueza de la nueva clase gobernante provenía no sólo de la tierra que poseía, sino sobre todo de su papel como intermediaria de las compañías extranjeras. Cualquier empresa importante que quisiera hacer negocios en México se daba cuenta en seguida de que tener a estos hombres como abogados o, mejor aún, en su consejo de dirección, era el mejor medio de saltarse el papeleo y de solventar cualquier tipo de obstáculo económico o político ante su penetración en la economía mexicana. El sector más poderoso y articulado de esta nueva clase en el poder era el grupo conocido como los científicos, grupo de financieros, tecnócratas e intelectuales coordinado por Manuel Romero Rubio, ministro de Gobernación y suegro de Díaz, y tras su muerte, en 1895, encabezado por el ministro de Hacienda Limantour (véase supra).

Uno de los rasgos más característicos de la clase gobernante fue su orientación proeuropea, lo cual comentó muy lúcidamente el ministro alemán en México al escribir:

En opinión de ellos, el futuro político del país depende enteramente del desarrollo de la economía. Sin embargo, para lograrlo, el país requiere ayuda del extranjero, incluidos los Estados Unidos. México está, pues, destinado a convertirse cada vez más en un campo de actividad para las empresas capitalistas de todos los países. Sin embargo, los cosmopolitas, aunque parezca paradójico, ven precisamente en esta dependencia económica la garantía de su independencia política, ya que dan por supuesto que los grandes intereses europeos que inviertan aquí constituirán un contrapeso al apetito anexionista norteamericano, y prepararán el camino para la completa internacionalización y neutralización de México. Tras bambalinas, pero encabezando al grupo de los cosmopolitas, está el señor Limantour, ministro de Hacienda. Sus aliados son los altos círculos financieros, así como altos funcionarios gubernamentales que tienen participación o intereses en compañías nacionales y extranjeras, senadores y diputados y, finalmente, los representantes locales del capital europeo invertido en México[9].

Estas opiniones no se pueden explicar simplemente por el hecho de que los científicos representaban los intereses europeos, mientras que los otros miembros de la oligarquía mexicana representaban los norteamericanos. De hecho, los científicos actuaban como intermediarios tanto de las empresas europeas como de las norteamericanas. La razón por la que, sin embargo, preferían a los europeos antes que a los norteamericanos era precisamente porque ellos se habían convertido en una clase gobernante nacional, cuyos puntos de vista trascendían los límites regionales y asumían proporciones nacionales. El apoyo europeo, según creían ellos, era crucial para mantener la independencia de México. Por otra parte, no hay duda de que su función de intermediarios de los intereses europeos era muy diferente a la que representaron con respecto a los norteamericanos. Debido a su relativa debilidad en México, los europeos estaban más dispuestos que los norteamericanos a hacer concesiones efectivas a sus intermediarios mexicanos. Es significativo, por ejemplo, que la mayor compañía petrolera británica en México, el Águila, aceptara como socios, aunque con estatus inferior, a miembros de la élite nacional. Las grandes compañías petroleras norteamericanas en México, como la Doheny’s Mexican Petroleum Company y la Waters Pierce Oil Company, esta última ligada a la compañía Standard Oil, nunca llegaron a tener ese tipo de asociación con miembros de la oligarquía mexicana.

Las simpatías que la clase gobernante sentía hacia Europa se vieron reforzadas por la alianza con otro grupo de origen europeo que hasta finales del siglo XIX rara vez se había asociado con los mexicanos: los comerciantes de origen europeo, principalmente franceses, y en menor número alemanes, que habían empezado a establecer sus industrias en México cuando las importaciones desde Europa se hicieron demasiado costosas debido a la caída del precio de la plata. Ellos pidieron y obtuvieron inversiones de capital por parte de la élite mexicana, y sobre todo de los científicos.

Como resultado de estas múltiples actividades, la actitud de esta nueva clase en el poder les pareció a muchos observadores esquizofrénica. En algunos aspectos, se mostraba absolutamente subordinada a los intereses extranjeros, mientras que en otros temas se expresaba con inesperados brotes de nacionalismo. Esta clase nacional gobernante y el papel predominante de los científicos dentro de ella fue origen de profundas divisiones dentro de la élite mexicana. Las élites regionales frecuentemente se oponían a ellos con el argumento de su situación privilegiada y apoyaba esta actitud el otro grupo que se autodenominaba «nacional», el ejército. No es mera coincidencia que Bernardo Reyes, que encabezaba la oposición de la clase alta a los científicos, fuera un general del ejército y uno de los militares más influyentes en México.

En general, los cambios y transformaciones que se produjeron dentro de la clase alta mexicana durante el régimen de Díaz pudieron haber sido la causa de las tensiones y los conflictos que surgieron entre ellos. Hasta finales del siglo XIX, el gobierno de Díaz consiguió controlar a estos grupos e impidió que alguno recurriera a la revuelta armada para la consecución de sus intereses. El régimen les ofreció tantas oportunidades para la acumulación de riqueza que, simplemente, tenían demasiado que perder en el caso de un levantamiento armado.

El surgimiento de un proletariado industrial

La modernización traída por el Porfiriato hizo crecer la clase trabajadora mexicana, transformó su estatus, sus condiciones de vida y su conciencia. El rápido crecimiento económico llevó consigo el aumento de los obreros industriales. Entre 1895 y 1900, el número creció de 692.697 a 803.294 (excluyendo a los empleados en los transportes y en el sector público). Estaban concentrados principalmente en la capital del país y en los estados de México, Puebla, Jalisco, Guanajuato y Veracruz, y además en los estados de la frontera norte.

Las condiciones en las que vivían variaban mucho. En la región petrolera las compañías ofrecían vivienda, construyeron algunas escuelas e incluso establecieron un servicio médico rudimentario, a cambio de lo cual se les exigía obediencia ciega. Los alcaldes de las ciudades petroleras estaban vendidos a las compañías petrolíferas que también controlaban las fuerzas policiales. Los sindicatos y las huelgas estaban prohibidos. En las fábricas textiles las condiciones podían ser mucho más duras: en la fábrica de Santa Teresa y Contreras, en la capital, no se pagaba a los obreros en metálico sino con vales que sólo servían para intercambiar en la tienda de la compañía y los trabajadores se quejaron de que había un recargo de 18 por 100 en todos los productos que allí se vendían. En la fábrica textil Hércules de Querétaro, los obreros planteaban quejas similares pero, sobre todo, se quejaban del arbitrario sistema de castigos establecido por la empresa: cualquiera que llegara un solo minuto después de las 5 de la mañana, hora de empezar el trabajo, podía ser despedido inmediatamente. No había ningún tipo de seguro médico, de accidente o incapacidad.

De todas maneras, hasta finales de siglo, las huelgas o cualquier otro tipo de movimiento de protesta por parte de los obreros industriales fueron muy escasos. Éstos no sólo estaban experimentando un aumento respecto al nivel de vida medio, sino que, aun siendo duras las condiciones, eran mucho mejores que en las haciendas de las que provenían muchos de ellos y mejores que en los pueblos en los que un gran número de campesinos habían perdido sus tierras. Además, el régimen de Díaz se propuso controlar activamente a los trabajadores industriales, propiciando organizaciones de trabajo tales como el Congreso Obrero y la Convención Radical, que mantenían estrechas relaciones con el gobierno. Estas organizaciones repartían propaganda a favor de Díaz y en contra de las ideologías radicales; editaban dos periódicos que predicaban que «el respeto de una persona hacia la policía es el termómetro que marca el grado de civilización»[10]. En 1891, el Congreso Obrero instigaba a los obreros en contra de la celebración del Primero de Mayo.

Al mismo tiempo, estas organizaciones intentaron mediar en algunos conflictos entre trabajadores y empresarios, y ayudaron a crear sociedades mutualistas; es decir, organizaciones de ayuda al trabajador financiadas exclusivamente por las contribuciones de los propios trabajadores que les proporcionaban pequeñas ayudas a ellos o a sus familias en caso de accidente, incapacidad o muerte.

A finales de siglo, la actitud de la clase trabajadora hacia el Estado y hacia sus patronos sufrió un cambio paulatino. Uno de los factores que influyó y modeló en gran medida su manera de pensar fue el creciente contacto con los extranjeros. La mayoría de las empresas, especialmente las más grandes, eran de propiedad extranjera, e incluso en las mexicanas contrataban a extranjeros para ocupar los puestos de administrador. Poco a poco se fue desarrollando entre los obreros mexicanos un sentimiento de nacionalismo que se agudizó al comprobar que había dentro de su misma empresa obreros extranjeros que ganaban varias veces más que ellos. En concreto, este era el caso del ferrocarril, donde se confería situación de privilegio a los trabajadores norteamericanos tanto en lo referente a la posibilidad de acceso a determinados tipos de trabajos como en lo referente a los salarios.

Hubo, además, otro medio a través del cual los trabajadores mexicanos llegaron a establecer contacto con los trabajadores extranjeros: la emigración a los Estados Unidos. Miles de trabajadores, especialmente de los estados del norte, empezaron a cruzar la frontera bien para instalarse permanentemente, o bien para trabajar durante largas temporadas en las minas e industrias norteamericanas o en los ranchos. La discriminación a la que con frecuencia se vieron sometidos hizo que surgiera en muchos de ellos un fuerte sentimiento nacionalista; en otros, el nacionalismo estuvo ligado a la progresiva adquisición de una conciencia de clase que se materializó al ponerse en contacto con los sindicatos norteamericanos, especialmente con la organización radical Industrial Workers of the World (IWW).

Una de las grandes diferencias que existía entre la clase trabajadora industrial mexicana y sus colegas en los países industrialmente más desarrollados era la relativa debilidad del sector más privilegiado: el de los obreros especializados. Esto se debía, por un lado, al predominio de industrias extractivas y ligeras que requerían menos cantidad de obreros especializados que otro tipo de industrias, pero también al mayor número de extranjeros entre los trabajadores cualificados.

El sometimiento de la clase media

Uno de los grandes éxitos del régimen de Porfirio Díaz fue la habilidad que demostró para someter a la clase media compuesta por funcionarios del Estado, comerciantes, intelectuales, oficinistas, artesanos y similares, que tradicionalmente había sido una clase rebelde y levantisca. Hasta finales de siglo, este sometimiento se llevó a cabo mediante el uso de cierto grado de violencia y represión.

Cuando Díaz volvió al poder en 1884, comenzó a suprimir gradualmente los derechos que durante su anterior mandato había otorgado a la clase media para conseguir su apoyo. Casi todos los partidos políticos independientes desaparecieron, las elecciones parlamentarias apenas existían y el Congreso, de hecho, perdió todo su poder. La prensa, que fue una vez dominio de los liberales, pasó a estar cada vez más controlada por el gobierno. Muchos sectores de la clase media aceptaron las restricciones impuestas a su poder y a su libertad sin manifestar ningún tipo importante de oposición al régimen, ya que, a cambio, el Porfiriato les ofreció oportunidades sin precedentes para prosperar económicamente. En muchos estados, en los que Díaz sustituyó a los caudillos en los que no confiaba por funcionarios leales a su régimen, surgieron nuevas oportunidades para que un gran número de individuos pertenecientes a la clase media, que habían quedado al margen, compartieran el poder local y regional.

Muchos miembros de la clase media mexicana estaban dispuestos a pagar un precio a cambio de la Pax Porfiriana y la prosperidad económica; otros, simplemente fueron asimilados por el régimen. Aquellos que no entraron al servicio del gobierno se beneficiaron del auge general de la economía. Sin embargo, el número de oponentes al régimen comenzó a crecer progresivamente, pues frente a los sectores de la clase media que salían beneficiados del sistema, había importantes sectores de esta misma clase que no habían sacado provecho o que empezaban a sufrir pérdidas económicas a finales de siglo.

Los grandes perdedores fueron los arrieros y transportistas locales, que se vieron desplazados por los recién construidos ferrocarriles, y los artesanos, que no pudieron competir con las nacientes industrias textiles. La principal oposición dentro de la clase media provino de los intelectuales insatisfechos, algunos de los cuales eran periodistas independientes como Filomeno Mata en Ciudad de México o Silvestre Terrazas en Chihuahua. Incluso la crítica moderada al régimen llevaba al cierre de periódicos y al encarcelamiento de sus editores (Filomeno Mata estuvo 34 veces en prisión).

Los maestros, cuyo número aumentó de 12.748 en 1895 a 21.017 en 1910, fueron especialmente activos en su oposición al régimen. Aunque las cifras muestran que hubo cierto desarrollo del sistema educativo en México durante la época de Díaz, muchos maestros creían que el gobierno estaba haciendo muy poco por educar al pueblo. De hecho, el porcentaje de analfabetismo no disminuyó durante el Porfiriato a pesar de que se construyeron nuevas escuelas, sobre todo en las grandes ciudades. La educación superior se mantuvo en un nivel de subdesarrollo y, en general, el número de estudiantes en el país apenas aumentó. La política educativa del gobierno y los bajos sueldos de muchos maestros no fueron las únicas causas de la oposición de muchos de ellos al sistema, también hay que tener en cuenta además el estrecho contacto que muchos maestros mantenían con la población rural, su fuerte sentimiento nacionalista y su resentimiento por la preferencia que el gobierno demostraba hacia las culturas extranjeras.

Mientras que la oposición de los intelectuales a la dictadura era un fenómeno más o menos natural, no se puede decir lo mismo de la oposición masiva de los comerciantes al régimen de Díaz. Los comerciantes, generalmente, no constituyen un sector social radical, y, sin embargo, al analizar las causas de la Revolución mexicana de 1910, Pablo Martínez del Río, vástago de una de las familias dirigentes del Porfiriato, atribuye el cataclismo revolucionario, en gran medida, al descontento de éstos. Las raíces del descontento estaban en el hecho de que en muchas ciudades los comerciantes debían competir o bien con los extranjeros o bien con clientes de la oligarquía que conseguían de las compañías extranjeras concesiones para administrar sus tiendas. Los pequeños empresarios que querían establecer fábricas o pequeños negocios dependían del crédito que les concedieran los bancos, que, o bien pertenecían a los extranjeros, o bien a los miembros de la oligarquía. En igualdad de circunstancias, estos bancos daban preferencia a los deudores con mejores relaciones.

LA CRISIS DEL PORFIRIATO, 1900-1910

A pesar de los profundos cambios sociales y económicos que desencadenó el régimen de Díaz y los antagonismos que estos cambios engendraron, hasta finales de siglo el presidente mexicano logró evitar de manera sorprendente que surgieran fuertes movimientos de oposición. Los levantamientos se habían limitado a las zonas periféricas del país y habían afectado o bien a los indios o bien a un número restringido de pueblos. En general, los obreros industriales eran dóciles y no se produjeron huelgas significativas. No surgieron grupos políticos de oposición a escala regional y menos aún a escala nacional. Así, tanto la élite mexicana como algunos estadistas extranjeros alabaron aduladoramente a Díaz por haber sabido mantener a raya a la oposición. Sin embargo, en el corto período de diez años, de 1900 a 1910, esta situación cambió drásticamente. Se desarrollaron movimientos de oposición a nivel regional, se registraron huelgas que afectaron a miles de trabajadores y surgieron tres movimientos de oposición a nivel nacional, dos de los cuales postulaban el derrocamiento del régimen por la fuerza.

La Pax Porfiriana se apoyaba en el hecho de que Díaz había logrado aniquilar, o al menos neutralizar, a los grupos y clases sociales que tradicionalmente habían liderado los movimientos revolucionarios en México: el ejército, la clase alta y la clase media. Sin ellos, las rebeliones que, a pesar de la maquinaria represiva del gobierno, protagonizó la clase baja fueron aplastadas fácilmente y nunca trascendieron del ámbito local. El viraje decisivo se produjo en la primera década del siglo XX y tuvo su origen en la progresiva incapacidad del régimen de Díaz para mantener el consenso entre las clases alta y media. La escisión más grave entre estos dos grupos se produjo en un momento en el que el descontento popular y la insatisfacción de los Estados Unidos con respecto al régimen de Díaz iban en aumento. Cuando los miembros de todos estos diferentes grupos y clases unieron sus fuerzas, estalló la Revolución mexicana y el régimen de Díaz fue derrocado.

No hubo una única causa para que los acontecimientos sufrieran este drástico giro. Una depresión económica de proporciones sin precedentes, cambios políticos a nivel regional y nacional, la creciente y cada vez más visible represión gubernamental, la lucha por la sucesión del presidente que envejecía, un resurgimiento del nacionalismo y la aparición de México como escenario de la rivalidad europeo-norteamericana, fueron todos factores que contribuyeron en primer lugar a destruir la Pax Porfiriana y posteriormente a acabar con el régimen.

Entre 1900 y 1910 el flujo de la inversión extranjera en México alcanzó proporciones extraordinarias. Llegó a acercarse a los 3.000 millones de dólares, un nivel tres veces superior al alcanzado durante los 24 primeros años del régimen porfirista. Esta nueva ola de inversiones desembocó en una brusca subida de los precios que posteriormente se vio acentuada por la decisión del gobierno de abandonar el patrón plata y adoptar el patrón oro. Como resultado de estos procesos se produjo una caída en picado de los salarios reales en muchas partes de México. La tendencia se acentuó cuando el boom dio lugar a una de las mayores crisis económicas que había conocido el Estado porfirista. En 1907-1908 una crisis cíclica en los Estados Unidos se extendió a México, provocando despidos masivos y la reducción de los salarios. Al desempleo interno se sumaron los miles de trabajadores que habían emigrado a los Estados Unidos y que habían sido los primeros despedidos cuando la recesión económica afectó al vecino del norte. La crisis económica estuvo acompañada por una crisis agrícola derivada de las malas cosechas, debidas tanto a sequías como a inundaciones. La crisis agrícola produjo escasez de alimentos y condujo a un aumento de los precios en un momento en que no sólo el salario real, sino incluso el nominal, se estaban reduciendo en el sector industrial.

En este punto se dejaron sentir en su plenitud las consecuencias derivadas del camino escogido por Díaz para lograr la modernización. El régimen no podía ni estaba dispuesto a ayudar a importantes sectores de la clase alta, a la mayoría de la clase media, ni a los sectores más pobres de la sociedad. El gobierno no sólo no ofreció ninguna reducción de impuestos a las medianas empresas que se habían visto profundamente afectadas por la crisis, sino que además permitió que la oligarquía, con su total aprobación, tratara de descargar el peso de la crisis sobre los hombros de los sectores sociales más pobres, sobre los de la clase media y sobre los de los miembros de la clase alta que no estaban ligados estrechamente a los científicos. Durante el período de crisis se concedieron importantes exenciones fiscales a las empresas extranjeras y a la nueva clase gobernante nacional. Cuando los beneficios estatales empezaron a decrecer drásticamente debido a la disminución de la actividad económica, los científicos intentaron aumentar los impuestos a la clase media mexicana. Al mismo tiempo, los bancos controlados por extranjeros y por miembros de la oligarquía no sólo redujeron los créditos y aumentaron el interés de los préstamos, sino que comenzaron a cobrar las deudas pendientes a un ritmo acelerado.

El gobierno no hizo ningún intento por tratar de compensar la falta de créditos. La administración no hizo nada más que reducir algunas tarifas con el fin de estimular la importación de alimentos básicos. Como consecuencia de esta política, los empresarios de clase media padecieron graves dificultades económicas que en ocasiones les llevaron a la ruina, y se produjo además un descenso catastrófico del nivel de vida de grandes sectores de la población. La política seguida durante la crisis respondía, en parte, a la ideología del laissez-faire de la oligarquía porfirista, pero aun en el caso de que la administración Díaz hubiera estado dispuesta a hacer algo para aminorar los efectos de la crisis, su capacidad para llevarlo a efecto era muy limitada. Los ingresos globales que el gobierno recibía, federales, estatales y municipales, suponían sólo el 8 por 100 del producto nacional bruto[11]. La crisis económica, aun siendo grave, no fue la única causa inmediata de la revuelta social de los años 1910-1920. Las contradicciones internas que finalmente provocaron la Revolución mexicana eran más profundas y más complejas que la simple dislocación producida por la crisis de 1907, aunque la crisis vino a acentuar los conflictos ya existentes dentro de la sociedad mexicana.

Un factor importante que contribuyó a la desestabilización del régimen durante sus últimos años fue el surgimiento de una fuerte oposición por parte de la clase obrera. Ésta se reflejó principalmente en la proliferación de huelgas, que tuvieron un alcance desconocido hasta el momento y que provocaron una represión oficial sin precedentes, y en la creación de un partido político de oposición de ámbito nacional con una fuerte inclinación hacia el anarcosindicalismo. Los orígenes de esta oposición obrera eran varios. En primer lugar, se había formado una clase obrera que no tenía orígenes campesinos, por lo que no comparaba su mala situación con la situación aún peor que existía en las haciendas y en los pueblos. Además, un mayor número de trabajadores había ido en algún momento a trabajar a los Estados Unidos. Allí habían podido apreciar que el proletariado norteamericano no sólo disfrutaba de un nivel de vida más elevado sino que también tenía derechos de asociación y además había sido influido por la ideología anarcosindicalista del IWW. El nacionalismo desempeñó un papel cada vez más importante en la toma de conciencia de los obreros que se enfrentaron no sólo contra los inversores extranjeros y sus administradores sino contra los trabajadores extranjeros.

La causa inmediata del descontento de los obreros fue el brusco descenso del nivel de vida experimentado entre 1900 y 1910. Incluso en el período de auge, hasta 1907, los salarios reales estaban erosionados por la inflación; entre 1907 y 1910 las condiciones empeoraron, sobre todo en el norte de México. En 1909, en Chihuahua, el cónsul alemán calculaba que los precios de los alimentos y productos básicos habían aumentado un 80 por 100, mientras que los salarios reales habían bajado en un 20 por 100. El resultado fue un descenso catastrófico del salario real de aquellos que todavía tenían trabajo, pues, para los miles que habían sido despedidos en el curso de la recesión, las condiciones eran, obviamente, mucho peores. Es interesante, sin embargo, comprobar que entre 1900 y 1910 los movimientos sociales más importantes protagonizados por los obreros mexicanos no tuvieron lugar durante la caída económica sino durante el auge inmediatamente precedente. De los tres mayores conflictos laborales que atrajeron la atención nacional en aquellos años, a saber: la huelga en la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, en junio de 1906; la huelga minera en Cananea, Sonora, en enero de 1907, y el movimiento de obreros ferroviarios en Chihuahua en 1908, sólo en la huelga de Río Blanco las reivindicaciones económicas eran las predominantes. Incluso en esta huelga, las reivindicaciones sobre las condiciones laborales eran, cuando menos, igual de importantes. En los otros dos casos, el nacionalismo aparecía íntimamente ligado a las demandas de los trabajadores. Los mineros de Cananea se quejaban de que a los mineros norteamericanos se les pagaba más del doble por hacer exactamente el mismo trabajo que hacían ellos. Reclamaciones similares se podían escuchar en la huelga de ferroviarios en Chihuahua, en la que los huelguistas se quejaban de que los mejores puestos en el sistema de ferrocarriles de México se reservaban para los trabajadores y empleados norteamericanos. En la huelga ferroviaria se llegó a un compromiso limitado, pero las otras dos fueron sofocadas con una crueldad brutal que sobrepasó todos los límites conocidos durante los primeros años del régimen de Díaz. «Gracias a Dios que todavía puedo matar», se dice que exclamó Díaz, y ordenó en Río Blanco la ejecución despiadada de docenas de obreros textiles que habían pedido al presidente mexicano que actuara de árbitro en su conflicto con la empresa. Al mismo tiempo, se producía otro baño de sangre, aunque de menores proporciones, en Cananea, donde el resentimiento se reavivó con la llegada, desde el otro lado de la frontera, de cientos de norteamericanos armados para acabar con el movimiento minero.

Este tipo de represión masiva y a las claras había constituido la excepción más que la regla en los anteriores años del régimen. Díaz prefería negociar más que reprimir y las veces que utilizó métodos represivos trató de mantenerlo en secreto. Las características sin precedentes de estas matanzas, el alcance que tuvieron y la existencia de un partido nacional de oposición con orientación laboral convirtieron a Río Blanco y Cananea en palabras emblemáticas para cientos de miles de mexicanos, y llevaron a miles de ellos a simpatizar con el primero y más radical movimiento de oposición a escala nacional surgido durante el Porfiriato: el Partido Liberal Mexicano (PLM), fundado por intelectuales de provincia a principios de siglo. Este partido postulaba la vuelta a los principios sostenidos por las facciones radicales del movimiento liberal en la época de Juárez. La creciente represión por parte del gobierno contribuyó a producir un rápido giro a la izquierda, y el partido asumió pronto rasgos e ideología anarcosindicalistas. Sus líderes más destacados fueron los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, que dirigieron el partido desde su exilio en St. Louis. El periódico que publicaban, Regeneración, fue prohibido en México y tenía que introducirse ilegalmente desde los Estados Unidos. A pesar de este inconveniente, parece que en México se vendían más de 25.000 ejemplares por número y que tuvo un importante papel como inspirador de las grandes huelgas que estallaron en el país.

El PLM no sólo ejerció su influencia entre los obreros industriales, sino también entre ciertos sectores de la clase media. Para éstos, el conflicto con la administración de Díaz era, en parte, un conflicto de clase, y en gran medida, además, una lucha generacional. A los ojos de muchos jóvenes, el régimen de Díaz representaba a una sociedad dictatorial subordinada al capital extranjero, sobre todo norteamericano, lo cual era interpretado como una amenaza para la integridad y la independencia de México. Las oportunidades de movilidad social, según ellos decían, eran entonces menores que en la generación de sus padres. La generación anterior ocupaba aún los puestos en la burocracia federal y Díaz no parecía tener intención de hacer ningún tipo de cambio de personal. Un ministro francés, hondamente preocupado, escribía a su gobierno en 1900:

a pesar de la paz que ahora reina en el país hay un descontento real… en la base de ese descontento está un partido de jóvenes que, bajo el disfraz de su adhesión a unos principios, oculta su deseo de poder y ansia participar de los privilegios que éste proporciona. Abogados, jueces, ingenieros, escritores y periodistas constituyen la mayoría en este partido. Pretende hablar en nombre de toda la sociedad civil y declara que el actual régimen militar debe ser sustituido por un sistema de parlamentarismo y libre discusión[12].

Las grandes empresas extranjeras que estaban introduciéndose en México no lograron proporcionar nuevas oportunidades ni vías de escape para los jóvenes mexicanos cultivados que no encontraban posibilidad de introducirse en el aparato burocrático federal o local. Los extranjeros preferían escoger a sus administradores entre las clases media y alta de su propio país. Los mexicanos que ocupaban cargos de alto nivel generalmente eran amigos, familiares o clientes de los socios mexicanos que además solían ser miembros de la oligarquía.

Esta frustración de la juventud culta mexicana de clase media no tenía sólo raíces económicas. Muchos de estos jóvenes estaban resentidos porque consideraban que la élite porfirista había aceptado a ciegas los valores y la cultura extranjeros. Para muchos, «la diplomacia del dólar», el aumento de la inmigración y de las inversiones norteamericanas en la zona norte de México reavivaban la amenaza de una nueva anexión por parte de los Estados Unidos. Estos temores se vieron además reforzados por las continuas demandas de anexión de México aparecidas en la prensa norteamericana.

El PLM tuvo éxito en la inspiración o fortalecimiento de una oposición a escala nacional contra el régimen de Díaz; sin embargo, su llamada a la realización de una revolución nacional fue desatendida. Estallaron una serie de revueltas locales, sobre todo en el norte del país, bajo el liderazgo de exiliados que habían regresado trayendo consigo armas y propaganda. Pero estos movimientos fracasaron no sólo porque con frecuencia carecían de coordinación sino además porque entre sus filas frecuentemente había infiltrados agentes del gobierno. La oposición que obligó a Porfirio Díaz a dejar el poder tuvo un carácter muy diferente e incluía desde hacendados disidentes hasta campesinos militantes. El nacimiento de este movimiento de oposición estuvo estrechamente ligado a los cambios políticos y sociales que se dieron tanto a nivel nacional como regional en los estados de Sonora, Coahuila y Chihuahua en la frontera norte, y en el estado central de Morelos.

A comienzos del nuevo siglo se produjo en México un profundo cambio político. Durante los últimos diez años de su mandato, Díaz había relajado la aplicación de su estrategia que tenía como lema «divide y vencerás», y que en los primeros años había contribuido considerablemente al fortalecimiento de su régimen. Hasta finales de siglo, Díaz había logrado establecer a nivel nacional y regional un complejo sistema de equilibrios que evitaba que ningún grupo o camarilla consiguiera acaparar el poder. A nivel nacional, Díaz permitió y, en ocasiones, alentó la proliferación de grupos que rivalizaran con los «científicos». Su rival más influyente fue una alianza heterogénea de terratenientes norteños, hombres de negocios y militares, cuyo líder, Bernardo Reyes, era uno de los militares más poderosos al servicio de Díaz, que durante muchos años había sido comandante militar y luego gobernador de Nuevo León, y, de 1900 a 1914, secretario de Guerra. A nivel regional, los «caudillos» tradicionales que solían llevar las riendas del poder político y económico habían sido sustituidos por hombres que habían ascendido con Porfirio Díaz. Algunos de ellos habían llegado de otras partes del país y, por tanto, no estaban ligados por raíces a las tierras que iban a gobernar; otros eran los miembros menos poderosos de la élite local. Frecuentemente debían competir con sus predecesores, mientras se desarrollaban constantes luchas entre los grupos y camarillas de la oligarquía. Díaz era el gran árbitro que mantenía el precario equilibrio existente entre ellos. Hacia finales de siglo iba siendo cada vez más evidente que Díaz o bien ya no estaba dispuesto o bien ya no podía seguir aplicando con el mismo rigor que en los primeros años de su mandato esta estrategia que se iba haciendo cada vez más complicada.

A nivel nacional, los científicos presionaban a Díaz para que les concediera más poder, pero, sobre todo, querían que el presidente mexicano, que tenía ya más de 70 años, especificara claramente que, en caso de que él muriera, el sucesor sería un miembro de su grupo. El creciente poder económico y el éxito que había obtenido el grupo de los científicos en el manejo de la economía mexicana que logró aumentar los beneficios y elevar los tipos de interés en los créditos con el exterior, desempeñaron sin duda un papel importante a la hora de lograr influir en la actuación de Díaz. Igual importancia pudo tener el hecho de que los intereses extranjeros que cada vez invertían más en México querían algún tipo de garantía de parte del presidente mexicano en cuanto a que, en el momento de su muerte, se continuaría con la misma política que él había estado llevando a cabo. Desde su punto de vista, la mejor garantía que Díaz podía darles era la confirmación de que le sucederían en el poder los «científicos», grupo con el que ellos estaban estrechamente relacionados. En 1903, Díaz decidió que había llegado el momento de hacer un gesto decisivo para ganarse la confianza de los científicos y de los inversores y financieros extranjeros. Así, en 1904 eligió como vicepresidente a Ramón Corral, un miembro del grupo de los científicos procedente del noroeste de Sonora, lo cual significaba que Corral le sucedería en el caso de que él muriera antes de terminar su mandato. Fue una gran victoria para el grupo de los científicos, que además se vio subrayada por la destitución del cargo de ministro de la Guerra de su más poderoso rival, Bernardo Reyes. Al mismo tiempo, los científicos se propusieron mermar el poder económico y político de los miembros de la élite que se oponían a ellos. En el mismo Sonora, el gobierno del estado, íntimamente ligado a Corral, arremetió duramente contra la oposición ejercida por los terratenientes, incluyendo a uno de los más ricos hacendados del estado, José María Maytorena. En Coahuila, Díaz obligó a dimitir al gobernador Miguel Cárdenas que gozaba del apoyo de un gran número de hacendados, e impidió la elección de otro terrateniente, Venustiano Carranza, que estaba respaldado por la mayoría de la clase alta del estado. La oposición de Díaz a importantes sectores de la élite del noreste y la creciente hostilidad de éstos contra él podría haber estado fundada en los conflictos, cada vez mayores, que tenían con los intereses extranjeros. El conflicto más conocido de este tipo, pero de ninguna manera el único, concernía al clan Madero, la familia más rica y poderosa de la región de la Laguna, si no de todo el estado de Coahuila, que nunca había apoyado a Reyes, aunque uno de sus miembros más destacados, Francisco Madero, había intentado durante varios años crear una oposición política en contra de Díaz. En contraste con las familias Torres y Terrazas, los Madero nunca habían cooperado armoniosamente con las empresas norteamericanas y se habían hecho notorios entre estas compañías por sus mal encubiertas tácticas de confrontación. A principios de siglo, Francisco Madero había formado y encabezado una coalición de hacendados en la región de la Laguna para oponerse a los intentos de la Anglo-American Tlahualilo Company de monopolizar los derechos sobre el agua de aquella región que dependía de la irrigación. Cuando los Madero cultivaban guayula, un sustituto del caucho, habían chocado con la Continental Rubber Company. Otro conflicto se originó porque, antes de 1910, los Madero eran propietarios del único horno de fundición en el norte de México que no dependía de la American Smelting and Refining Company.

En Chihuahua la ofensiva de los científicos no estaba dirigida contra los hacendados disidentes, que apenas existían, sino contra los campesinos y contra importantes sectores de la clase media. Fue en este estado donde consiguieron uno de sus mayores éxitos, cuando uno de sus más poderosos asociados, Luis Terrazas, y su clan familiar obtuvieron el control absoluto sobre el estado. En 1903 se negoció una reconciliación entre el caudillo de Chihuahua y Díaz, ya que ambos habían combatido en bandos contrarios cuando Díaz se rebeló en 1871 y 1876. Con el respaldo de Díaz, Terrazas se convirtió de nuevo en gobernador de su estado natal en 1903, y de esta manera Chihuahua se convirtió en un negocio de familia, alternativamente gobernado por Luis Terrazas, su yerno, Enrique Creel, el hijo de Luis, Alberto y los candidatos nombrados por ellos. Su poder llegó a superar todo lo que sus predecesores hubiesen podido imaginar en la época anterior a Díaz. Cualquiera que deseara ocupar un cargo en el gobierno, ya fuera a nivel local o estatal, debía obtener el beneplácito de los nuevos detentadores del poder; cualquiera que se presentara a juicio debía apelar a jueces nombrados por ellos; cualquiera que necesitara un crédito tenía que recurrir a bancos que ellos controlaban; cualquiera que buscara empleo en una compañía extranjera probablemente tendría que depender de su mediación; cualquiera que fuera desposeído de su tierra por una compañía deslindadora o por un hacendado podría culparlos a ellos. La nueva oligarquía local no sólo había conseguido un poder sin precedentes sino que, además, se había librado de las restricciones y obligaciones que limitaban el poder de sus antecesores. Esto significaba que no estaban obligados a guardar ningún respeto a la autonomía municipal, y que ya no tenían ningún compromiso de protección de la población contra los ataques de los indios apaches o del gobierno federal. Este estado de cosas produjo una progresiva polarización de las fuerzas sociales y la amargura cada vez mayor de la clase media.

Los campesinos libres y los antiguos colonos militares sufrieron aún más que la clase media con el regreso de Terrazas al poder. Se empezó a construir a través de las montañas de la región oeste de Chihuahua, donde estaban asentados la mayoría de los antiguos colonos militares, una nueva línea de ferrocarril, el Kansas Pacific Railroad. Como consecuencia, el valor de la tierra se elevó, y, dado que el gobierno ya no necesitaba a estos colonos como fuerza de choque contra los indios, Enrique Creel puso en marcha una campaña masiva para privarles de sus tierras. Se dictó una nueva ley agraria para el estado que establecía que las tierras municipales podrían venderse ahora al mejor postor. Como resultado, se empezaron a expropiar las últimas posesiones de las colonias militares. Los habitantes de una de las más antiguas y prestigiosas colonias militares, Namiquipa, escribían a Porfirio Díaz: «Si usted no nos concede su protección, vamos a perder nuestras tierras, por las que nuestros antepasados lucharon contra los invasores»[13]. En docenas de pueblos del estado, como San Andrés, Cuchillo Parado y Bocoyna, los habitantes protestaron en vano ante el gobierno central por la expropiación de sus tierras. Para los campesinos, que ya estaban empobrecidos por anteriores expropiaciones, la nueva ley de Creel suponía una amenaza para el hecho mismo de su existencia.

La ofensiva de los científicos y la crisis económica de 1907 crearon una situación única y sin precedentes en el triángulo norte formado por los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Esta región presentaba características excepcionales, ya que en ella importantes sectores de todas las clases sociales tanto hacendados, como clase media, obreros industriales, y colonos desposeídos, estaban unidos en su oposición al régimen de Díaz.

Existía en casi todo México una clase media descontenta y resentida porque había sido excluida del poder político, porque creía que sólo recogía las migajas del auge económico mexicano, y también porque los extranjeros estaban desempeñando un papel cada vez más importante dentro de las estructuras económicas y sociales del país. Pero en ninguna parte del país el crecimiento había sido tan rápido como en el norte, ni en ninguna había habido tantas pérdidas en tan poco tiempo. La clase media norteña no sólo estaba profundamente afectada económicamente por la crisis de 1907, que había perjudicado al norte más que a otras zonas del país, sino que además, desde el momento en que Díaz cedió el control político de estos estados a la oligarquía, y puso fin al sistema de dos partidos, esta clase media había sufrido también grandes pérdidas políticas, pues ningún partido de la oligarquía requería su ayuda.

Esta misma crisis económica afectó a la clase trabajadora industrial en un grado hasta entonces desconocido en el resto del país. Con la posible excepción de Ciudad de México, era en el norte donde se daba el mayor índice de desempleo obrero en vísperas de la Revolución. Se podían encontrar hacendados descontentos con alguna actitud política del régimen de Díaz en muchas partes de México (estaban especialmente descontentos con el modo en que los científicos habían intentado descargar el peso de la crisis de 1907 sobre otros sectores sociales), pero la mayoría tenían demasiado miedo a los campesinos, de cuyas tierras expropiadas ellos se habían beneficiado, para enfrentarse al sistema. Sin embargo, algunos hacendados disidentes en el norte de México, especialmente en Sonora y Coahuila, no tenían tanto miedo. En Coahuila la mayoría de ellos estaban concentrados en el área de la Laguna, que había sido una tierra despoblada y desolada antes de que los hacendados la reclamaran. Estos hacendados, por tanto, no tenían que enfrentarse a una masa de campesinos a los que habían quitado sus tierras. Por otra parte, en esta zona existía un nuevo tipo de relación paternalista entre los propietarios y los peones, debido a que los peones en estos estados recibían salarios más altos y disfrutaban de un grado más elevado de libertad que en cualquier otro lugar del campo mexicano. Los hacendados trataron de fortalecer esta relación estableciendo escuelas y cuidados médicos para los trabajadores. Algunos terratenientes ilustrados, como Francisco I. Madero, incluso extendieron estos servicios a los peones no residentes para ganarse así su lealtad. En Sonora, José María Maytorena protegió a sus trabajadores yaquis de ser deportados por el gobierno federal y los trabajadores le consideraron como su patrón. Así, los tres estados del norte que habían sido el principal objetivo de la ofensiva de los científicos constituyeron la base más firme para los movimientos de oposición que surgieron en México entre 1907 y 1910.

En el estado de Morelos, el ataque de los científicos tuvo también hondas repercusiones, pero afectó principalmente a una sola clase social: el campesinado. El gobernador del estado, Manuel Alarcón, un caudillo tradicional que no formaba parte de la oligarquía local y que no sólo no era visto con antipatía por parte de los colonos, sino que todavía era considerado por una gran parte de la población como el hombre con el que habían podido contar en tiempos de crisis, había muerto en 1908. Fue reemplazado por Pablo Escandón, que pertenecía a la oligarquía terrateniente y que mantenía estrecha relación con los científicos. Como en Chihuahua, el poder quedaba ahora en manos de la oligarquía local, y para los pueblos libres el gobierno de Escandón fue un absoluto desastre. Al crecer la demanda de azúcar, los propietarios de plantaciones comenzaron a expropiar las tierras que les quedaban a los cerca de cien pueblos libres que componían el estado de Morelos. Los campesinos, muchos de los cuales habían considerado durante mucho tiempo al gobierno central como una especie de poder neutral al que ellos podían apelar, se sintieron en aquel momento completamente abandonados por el gobierno. Cuando el mito de la existencia en Ciudad de México de un gobierno benevolente, que actuaría en favor de los campesinos sólo con saber lo que realmente estaba pasando, se vino abajo con el nombramiento de un hacendado como gobernador del estado, los campesinos estuvieron listos para la revuelta. Junto a los estados norteños de Sonora, Chihuahua y Coahuila, Morelos se iba a convertir en uno de los centros principales de la Revolución de 1910.

En 1910, cuando se acercaba la fecha de realizar nuevas elecciones presidenciales, la lucha por la sucesión estalló de nuevo. Los miembros disidentes de la clase alta y de la clase media mexicana intentaron otra vez limitar la influencia de los científicos y convencer a Díaz para que eligiera como candidato a la vicepresidencia a una persona que no perteneciera a ese grupo. Su candidato era Bernardo Reyes y su organización política se llamaba Partido Democrático. Su influencia y su vigor aumentaron en gran medida como consecuencia de un importante error táctico cometido por Díaz en 1908. En una entrevista realizada por el corresponsal de un periódico norteamericano, James Creelman, Díaz pareció invitar a los candidatos a presentarse libremente a las elecciones, y en la entrevista el dictador mexicano declaró que creía que México estaba ya maduro para la democracia, que él no se presentaría como candidato en las próximas elecciones presidenciales y que daba la bienvenida a los grupos políticos de la oposición. No está claro por qué Díaz declaró intenciones que no estaba dispuesto a llevar a la práctica, pero las consecuencias de estos comentarios fueron decisivas.

Los opositores al régimen creyeron que Díaz había dado el visto bueno de manera oficial a la existencia de un partido de oposición y que no serían castigados si lo ponían en marcha. Las autoridades quedaron desorientadas y por algún tiempo dejaron que tales grupos funcionaran con mucha más libertad de la que habían disfrutado hasta entonces. Pero cuando miles de personas, principalmente de la clase media, empezaron a manifestarse en apoyo de Reyes, Díaz declaró abiertamente que nunca le aceptaría como candidato a la vicepresidencia y le envió en misión militar a Europa. Frente a la disyuntiva de rebelarse o acatar la decisión presidencial, Reyes optó por doblegarse a la voluntad del dictador.

Tras el exilio de Reyes, los miembros de la clase alta que le apoyaban se vieron en una situación de difícil solución. Habían confiado en poder presionar y, quizás, incluso quitar el poder a Díaz con la ayuda de una coalición similar a la que le había llevado al poder hacía más de 30 años: una alianza entre los disidentes de la clase alta y media con los rebeldes potenciales dentro del ejército. El eslabón con el ejército era Reyes. Una vez que éste se sometió a Díaz, el eslabón se rompió y la opción militar desapareció. Cualquier otro intento serio de amenazar o derrocar a Díaz tendría que basarse en una estrategia completamente diferente; es decir, en una alianza con la clase baja de la sociedad, incluyendo a los campesinos. Para muchos de los seguidores de Reyes, especialmente del centro de México, esta era una opción inaceptable ya que temían que una vez movilizado el campesinado se volviera contra ellos y se convirtiera en una fuerza incontrolable. Consecuentemente, muchos se retiraron de toda oposición activa al régimen de Díaz.

Los hacendados disidentes del norte, especialmente en Sonora y Coahuila, como ya hemos visto, no sentían temor ante los campesinos; allí los antiguos seguidores de Reyes apoyaron a otro partido nacional de oposición que se estaba formando: el Partido Antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero, un pudiente hacendado de Coahuila. Madero se convirtió en una figura nacional cuando en 1908 publicó un libro sobre la reelección presidencial. En él señalaba que el problema fundamental de México era el absolutismo y el poder ilimitado concentrado en un solo hombre. Sólo la introducción de la democracia parlamentaria, un sistema de elecciones libres y la independencia de la prensa y de los juzgados podrían transformar a México en un Estado moderno y democrático. El libro estaba escrito con mucha cautela, ya que por una parte criticaba duramente el sistema de Díaz, y por otra alababa las cualidades personales del dictador. De todas maneras se expresaba en contra de las excesivas concesiones hechas a los extranjeros y reprochaba a Díaz el haber sido demasiado blando con respecto a los Estados Unidos. Las cuestiones sociales apenas se mencionaban.

Algunos historiadores posrevolucionarios, y el propio Porfirio Díaz, consideraron a Madero como a un idealista ingenuo al tomar en serio la promesa de Díaz de celebrar en México elecciones democráticas. Madero juzgaba su propia actitud desde un punto de vista diferente, como se puede comprobar por las afirmaciones que hizo en una entrevista que le hicieron en 1911:

Al principio de la campaña política, la mayoría de los habitantes de nuestra nación creían en la absoluta efectividad del voto como medio para luchar contra el general Díaz. De todas maneras, yo comprendía que sólo las fuerzas armadas podían derribar al general Díaz, pero para llevar adelante la revolución la campaña democrática era indispensable porque prepararía a la opinión pública y justificaría una rebelión armada. Nosotros pusimos en marcha la campaña democrática como si no tuviéramos la intención de recurrir a una rebelión armada; utilizamos todos los recursos legales y cuando estuvo claro que el general Díaz no iba a respetar el deseo nacional… llevamos a cabo la rebelión armada… [Díaz] me respetó porque, puesto que yo no era un militar, nunca creyó que fuera capaz de empuñar las armas contra él. Yo comprendí que ésta era mi única defensa y sin recurrir a la hipocresía logré fortalecer esta idea en su pensamiento[14].

Cuando Madero formó su partido, Díaz no lo tomó en serio. Más aún, Díaz pensó que este nuevo partido serviría para dividir y debilitar al único grupo de oposición al que él realmente temía, el Partido Democrático de Reyes. Como resultado, en 1908 y parte de 1909 Madero tuvo relativa libertad para trabajar en su campaña presidencial. Este hacendado con inclinaciones filantrópicas consiguió hacer lo que el PLM no había logrado. A pesar de que su programa agrario era muy vago y nunca llegó a proponer el tipo de reforma agraria que los liberales prometieron, consiguió incitar y movilizar a importantes sectores del campesinado mexicano. Cuando los desilusionados seguidores de Reyes se unieron al partido, los antirreeleccionistas se convirtieron en el único grupo político en México que reunía en sus filas a miembros de todas las clases sociales, desde los ricos hacendados hasta los peones más humildes de las grandes haciendas. Esta heterogénea e inesperada coalición encabezada por un hombre sin experiencia militar fue la que consiguió derrocar el régimen de Díaz en 1910-1911.

Hay indicios, aunque no pruebas absolutas, de que cuando estalló la Revolución algunas corporaciones norteamericanas (sobre todo las que tenían intereses petroleros) la apoyaron activamente, al mismo tiempo que la administración Taft mostraba un grado de «tolerancia» hacia las actividades de Madero, lo que preocupó seriamente al gobierno de Díaz. Aunque las relaciones de los Estados Unidos con los revolucionarios en 1910-1911 son todavía tema de gran debate, no hay duda de que las relaciones de la administración de Díaz con el gobierno y con algunas empresas norteamericanas se habían hecho cada vez más tensas entre 1900 y 1910.

Tanto el gobierno mexicano como el grupo de los científicos estaban hondamente resentidos por las cada vez más frecuentes intervenciones de los Estados Unidos en América Central y el Caribe después de la guerra hispano-norteamericana. Les preocupaba el hecho de que, a finales del siglo, las medianas empresas que habían predominado entre los inversores en los primeros años del Porfiriato estaban siendo sustituidas por compañías norteamericanas más grandes y más poderosas. En 1902 el ministro austríaco en México comentaba:

El gobierno mexicano ha adoptado ahora formalmente una actitud en contra de los consorcios de empresas formados con capital norteamericano… Han aparecido en periódicos semioficiales una serie de artículos que señalan los crecientes peligros que estas actividades intensivas de los consorcios representan para los productores mexicanos. Estos serán pronto esclavos del mercado monetario norteamericano[15].

Díaz se negó a atender las demandas, fundamentalmente de la clase media, en favor de una actuación política de carácter más nacionalista, pero sí intentó contrarrestar la influencia norteamericana estimulando un aumento de la participación europea en México.

Estos esfuerzos del presidente y de los científicos obtuvieron una significativa respuesta en Gran Bretaña. Uno de los financieros más importantes del país, sir Weetman Pearson (lord Cowdray), que había trabajado en proyectos de obras públicas de México durante muchos años, se convirtió en el productor de petróleo más destacado del país a principios de siglo, poniendo en peligro la supremacía de los empresarios norteamericanos. El gobierno británico mostró un gran interés por el petróleo mexicano, actitud que corría paralela a sus esfuerzos por equipar a la marina británica con petróleo en lugar de con carbón. Por su parte, el gobierno mexicano hizo todo lo que podía al ofrecerles arrendamientos sobre las tierras del gobierno y contratos en exclusiva para hacer los suministros a los ferrocarriles controlados por el gobierno, cancelando otros contratos de suministro de petróleo que la administración anterior había firmado con la Mexican Petroleum Company de propiedad norteamericana.

Esta fue la medida antinorteamericana más dura que tomó el gobierno mexicano, pero no fue la única. El gobierno norteamericano se resintió enormemente del apoyo dado por Díaz al presidente nicaragüense Zelaya, al que ellos intentaban derribar, así como de la cancelación de una concesión para un establecimiento de carbón en la Baja California que el gobierno mexicano había acordado previamente con la marina norteamericana como un intento mexicano por atraerse a Japón. En general, los gestos antinorteamericanos del gobierno fueron de alcance limitado y Díaz hizo lo que pudo para que nunca se hicieran públicos. Como resultado, el régimen de Díaz se encontraba hacia 1910 en una situación paradójica: por una parte, su actuación le enemistaba cada vez más con las empresas norteamericanas y la administración en Washington, mientras que, por otra parte, la oposición mexicana consideraba que el gobierno era un satélite de los Estados Unidos. En último término esta paradoja contribuyó considerablemente a su caída.

El fin del Porfiriato

El 16 de septiembre de 1910 el régimen de Díaz parecía haber llegado al cénit de su poder. En este día de fiesta, embajadores de todos los países del mundo participaron en las suntuosas ceremonias organizadas para conmemorar el centenario del día en que el cura Miguel Hidalgo proclamó la independencia de México en el pequeño pueblo de Dolores. Parecía que Díaz había superado la mayoría de las dificultades que le habían atormentado durante los dos años anteriores. No sólo Reyes había partido al exilio, sino que Francisco Madero, al menos a los ojos de las autoridades porfiristas, había sido eliminado como fuerza política relevante. El 5 de junio de 1910, poco antes de las elecciones, se le había arrestado acusado de sedición. El 21 de junio se celebraron las elecciones en medio de masivas acusaciones de fraude por parte del Partido Antirreeleccionista. El gobierno declaró que la lista electoral de Díaz y Corral había resultado reelegida, y que ninguna candidatura de oposición había recibido suficientes votos como para ser miembros del Congreso. Se sofocaron algunas revueltas esporádicas a nivel local en Valladolid, en Yucatán, y en Veracruz, y el gobierno estaba convencido de que ahora tenía el completo control sobre la situación. Estaba tan confiado que el 22 de julio dejó a Madero libre bajo fianza. «Considero, como hacen la opinión pública y la prensa, que una revolución general es imposible» escribía a su gobierno con optimismo el enviado alemán en México, Karl Bünz, el 4 de diciembre de 1910[16].

El 6 de octubre, Madero había escapado de San Luis Potosí, donde estaba bajo fianza en espera de juicio, y desde San Antonio, Texas, anunció un programa bajo el nombre del plan de San Luis Potosí. Acusando a Díaz de haber llevado a cabo elecciones fraudulentas, Madero asumió el cargo de presidente provisional y convocó al pueblo a la revuelta el 20 de noviembre de 1910. Aunque su plan era de carácter esencialmente político, incluía una cláusula en que se prometía la devolución de las tierras injustamente confiscadas a las comunidades rurales.

La revuelta no se materializó en Coahuila, el estado natal de Madero en el que él había puesto todas sus esperanzas, y el intento de rebelión llevado a cabo por Aquiles Serdán, el líder del Partido Antirreeleccionista en Puebla, fue aplastado por las autoridades porfiristas. Pero para sorpresa tanto de Díaz, que había tomado posesión el día 1 de diciembre, como de Madero, el movimiento popular estalló en las montañas del oeste de Chihuahua, y bajo la dirección de Pascual Orozco y Pancho Villa, los revolucionarios pronto se hicieron con el control de gran parte del estado.

El 14 de febrero de 1911, Madero cruzó la frontera y asumió el liderazgo de los revolucionarios de Chihuahua. Entre febrero y marzo las revueltas locales se empezaron a extender por todo México. Emiliano Zapata encabezó una rebelión campesina en Morelos, mientras Jesús Agustín Castro, Orestes Pereira y Calixto Contreras se levantaban en la Laguna. Se produjeron revueltas de menor envergadura por todo el país, y hacia el 21 de abril de 1911 la mayor parte del campo mexicano estaba en manos de los revolucionarios. En mayo los rebeldes conquistaron la primera gran ciudad, la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. En marzo, el prestigio de la administración Díaz había sufrido un duro golpe cuando el presidente Taft movilizó a 20.000 hombres a lo largo de la frontera mexicano-norteamericana y envió barcos de guerra norteamericanos a los puertos mexicanos. Aunque el gobierno norteamericano afirmaba oficialmente que la movilización pretendía reforzar las leyes de neutralidad, era obvio que aquel no era un movimiento neutral. En México, la población se atemorizó ante la perspectiva de una intervención norteamericana, y aumentaron las presiones, incluso por parte de los colaboradores más cercanos a Díaz, en favor de su dimisión y de la firma de un compromiso con los revolucionarios. El 21 de mayo de 1911, Madero y el gobierno federal firmaron el tratado de Ciudad Juárez, que contemplaba la dimisión de Díaz y Corral antes de finales de mayo, y el nombramiento de Francisco León de la Barra, que no había participado en la Revolución, como presidente provisional. El gobierno provisional convocaría elecciones en octubre de 1911, y mientras tanto se disolvería el ejército revolucionario. Muchos seguidores de Madero se opusieron firmemente al tratado pensando que se renunciaba a una victoria inminente; sin embargo, Madero aceptó las condiciones y en los meses siguientes colaboró con el gobierno provisional para ponerlas en práctica, especialmente haciendo todo lo posible por lograr la disolución del ejército que le había proporcionado la victoria. Después de alguna vacilación, incluso respaldó los esfuerzos realizados por el gobierno provisional para desarmar por la fuerza a los revolucionarios de Morelos, encabezados por Emiliano Zapata. En muchas partes del país, los revolucionarios depusieron las armas pacíficamente, convencidos de que, una vez que Madero ocupara el cargo de presidente, se llevarían a cabo los cambios sociales por los que ellos habían luchado. El 15 de octubre de 1911, Madero fue elegido presidente por abrumadora mayoría en las elecciones probablemente más limpias que el país había tenido en toda su historia. Juró su cargo el 6 de noviembre de 1911 firmemente convencido de que la Revolución mexicana había concluido, habiendo cumplido, desde su punto de vista, sus objetivos.

Capítulo 2
LA REVOLUCIÓN MEXICANA, 1910-1920

Tres supuestos teóricos de la sociología liberal dominaron durante mucho tiempo el estudio histórico de la Revolución mexicana: la acción de las masas es consensual, intencional y redistributiva; la violencia colectiva mide la transformación estructural; y el nacionalismo reúne intereses en una división limitada del trabajo. Dicho de forma sencilla, el movimiento «del pueblo» es movimiento por «el pueblo» y para «el pueblo»; cuanto más sangrienta sea la lucha, más profunda será la diferencia entre las formas de vida de antes y después de la lucha; y la familiaridad cría solidaridad. Los estudiosos más influyentes de esta materia también hicieron dos suposiciones radicales acerca de México en particular. En primer lugar, el hecho más significativo que en 1910 existía en el país era la lucha entre las clases altas y las bajas. En segundo lugar, el conflicto estaba a punto de estallar. Y, basándose en estas premisas, investigadores y analistas respetables formularon una historia prorrevolucionaria de la ascensión de los oprimidos: la Revolución empezó a causa de un problema político, la sucesión de Porfirio Díaz, pero las masas populares de todas las regiones pronto se metieron en una lucha que iba más allá de la política, una lucha por amplias reformas económicas y sociales. El triunfo de la lucha popular hizo necesarios grandes destrozos materiales en todo el país, la ruina de la economía y un desafío total a los Estados Unidos. Y por medio de la lucha los paladines «del pueblo» se convirtieron en los líderes revolucionarios. Las condiciones económicas y sociales mejoraron de acuerdo con la política que siguieron los revolucionarios, de tal modo que la nueva sociedad se formó dentro de un marco de instituciones revolucionarias oficiales. La lucha terminó en 1917, año de la Constitución revolucionaria. El nuevo Estado revolucionario gozaba de tanta legitimidad y tanta fuerza como decían sus portavoces.

De ahí viene el juicio de los profesionales de la historia, que fue aceptado de forma general hasta el decenio de 1970, en el sentido de que la Revolución mexicana había sido una revolución «social». Los movimientos que hubo entre 1910 y 1917 se presentaban como un alzamiento masivo, violentísimo e intensamente nacionalista, en el cual «el pueblo» destruyó el antiguo régimen, los campesinos reivindicaron sus tierras, los trabajadores organizaron sindicatos y el gobierno revolucionario empezó a explotar la riqueza del país para el bienestar nacional, inaugurando así una nueva época en la historia de México. Algunas versiones presentaban la Revolución mexicana como «la primera revolución social del siglo XX» comparable, favorable o desfavorablemente, con las revoluciones rusa y china.

Esta interpretación planteaba problemas. Los críticos insistieron desde el principio en que líderes tramposos habían utilizado «al pueblo» para una causa falsa y lo habían arrastrado hacia unas condiciones peores. Pero casi todos los estudiosos rechazaban estas versiones y las tachaban de propaganda contrarrevolucionaria. Más difícil de interpretar era el desafío que decenas de miles de miembros «del pueblo» lanzaron a la legitimidad revolucionaria en una rebelión católica que hubo en el decenio de 1920. El problema que los historiadores profesionales no podían soslayar era la sensación que se propagó a partir de 1940 de que el desarrollo de México seguía unas pautas que eran más propias del antiguo régimen que de la supuesta Revolución. Aunque las instituciones revolucionarias permanecieron formalmente intactas, y aunque la retórica revolucionaria siguió manando sin interrupción, los campesinos y los trabajadores se beneficiaban menos que antes, al mismo tiempo que las empresas, sobre todo las compañías norteamericanas, se multiplicaban, crecían y hacían de sus beneficios el indicador del bienestar nacional. Si México había experimentado una revolución social en el decenio posterior a 1910, ¿cómo podía explicarse que 30 años después se repitieran antiguas costumbres siguiendo pautas actualizadas? Los historiadores que aceptaban la pregunta daban a la misma varias respuestas: la Revolución había muerto, la habían traicionado, había entrado en una fase nueva. Ninguna de ellas era convincente. En 1968 el gobierno mexicano reprimió de forma sangrienta un movimiento popular pro derechos civiles. La interpretación clásica de la Revolución, según la cual la voluntad del pueblo había quedado institucionalizada en el gobierno, hacía que la explicación histórica de la represión fuera imposible. Para algunos estudiosos jóvenes la explicación más tentadora consistía en argüir, como siempre habían hecho los críticos, que la Revolución había sido una estafa a costa «del pueblo».

El debate de los estudiosos en torno a la Revolución aumentó considerablemente en los decenios de 1960 y 1970. En los más serios de los nuevos estudios se hallaba implícita una desconfianza imparcial ante los antiguos supuestos, una utilización depurada de las antiguas críticas. «El pueblo» puede moverse por iniciativa propia o ser movido por otros y enzarzarse en luchas intestinas, y en sí misma la distinción entre movimientos autónomos y movimientos manipulados nada predice acerca de diferencias entre las consecuencias. Las luchas sangrientas pueden cambiar profundamente una sociedad, pero no del modo que se pensaba cambiarla al principio, o cabe que sólo produzcan cambios superficiales. Y la familiaridad a menudo cría desprecio.

Guiados por una conceptualización más objetiva que antes, las investigaciones y los análisis nuevos han modificado de forma significativa la antigua historia a la vez que justificaron una interpretación nueva. Más que entre las clases bajas y las altas, la lucha que empezó en 1910 fue entre elementos frustrados de las clases alta y media y elementos favorecidos de las mismas clases. En esta lucha intervinieron masas populares, pero de forma intermitente, con diferencias regionales, y las más de las veces dirigidas por la clase media, menos en causas económicas y sociales que en una guerra civil burguesa. En algunos lugares la destrucción fue terrible; en otros, escasa, pasajera o nula. En conjunto, el mundo empresarial se ajustó y continuó. A la larga, aumentó. Del principio al fin, las, actividades de los extranjeros figuraron de modo importantísimo en la marcha de la Revolución, y no nos referimos al simple antagonismo del gobierno norteamericano, sino a complicadas rivalidades imperialistas entre Europa y los Estados Unidos, intrincadísimas durante la primera guerra mundial. Lo que sucedió realmente fue una lucha por el poder, en la cual las diferentes facciones revolucionarias no contendían únicamente contra el antiguo régimen y los intereses extranjeros, sino también, a menudo más aún, las unas contra las otras, por cuestiones tan profundas como la clase social y tan superficiales como la envidia: la facción victoriosa conseguía dominar los movimientos campesinos y los sindicatos laborales para la promoción de empresas selectas, tanto norteamericanas como nacionales. Las condiciones económicas y sociales cambiaban un poco de acuerdo con la política que se siguiera en un momento dado, pero en gran parte según las fluctuaciones de los mercados internacionales, las contingencias de la guerra y los intereses facciosos y personales de líderes regionales y locales que predominaran transitoriamente, de tal modo que las relaciones en todos los niveles eran mucho más complejas y fluctuantes de lo que indicaban las instituciones oficiales. El Estado constituido en 1917 no era amplia ni hondamente popular, y, sometido a las presiones de los Estados Unidos y de sus rivales nacionales, sobrevivió a duras penas hasta que la facción que lo apoyaba se escindió y dio origen a una facción nueva que era lo bastante coherente como para negociar su consolidación. De ello nacieron varias nuevas divisiones en períodos, la más admisible de ellas va de 1910 a 1920, año en que triunfó la última revuelta facciosa.

Unas cuantas tesis antiguas no se discuten. Es innegable que durante la Revolución la sociedad mexicana experimentó crisis extraordinarias y cambios serios. Los movimientos campesinos y los sindicatos obreros pasaron a ser fuerzas importantes. Y la Constitución representaba un respeto nuevo por las peticiones de justicia igualitaria y fraternal. Pero, a juzgar por las revisiones, ahora parece claro que básicamente en México hubo una continuidad entre 1910 y 1920. Las crisis no fueron lo bastante hondas como para romper la dominación capitalista de la producción. Los grandes problemas eran problemas de Estado. El fenómeno más significativo fue la organización improvisada de nuevas fuerzas burguesas que fueran capaces de tratar con los Estados Unidos, hacer frente a los campesinos y a los trabajadores, construir un nuevo régimen y ponerlo en funcionamiento. En la práctica, las reformas económicas y sociales no eran muy diferentes de las que se llevaron a cabo durante los mismos años, sin guerra civil, en Perú, Chile y Argentina. A pesar de la violencia, este es el principal significado histórico de la Revolución mexicana: tenacidad capitalista en la economía y reforma burguesa del Estado, lo que contribuye a explicar la estabilidad del país durante las luchas de los decenios de 1920 y 1930 y su crecimiento extraordinario y discordante después de 1940.

Así pues, el tema ya no es tanto la revolución social como la gestión política. Y la interpretación que aquí se hace es principalmente una historia política. Habla poco de movimientos sociales, porque, por importante que fuera su aparición, mayor importancia tuvo su derrota o subordinación. Habla mucho de la política creadora del nuevo Estado, porque donde la fortuna y la virtud hacen cuanto pueden, sólo los detalles revelan la razón del resultado.

OCTUBRE DE 1910 - FEBRERO DE 1913

El espectro que rondaba por México en 1910 era el espectro de la reforma política. La política del país tenía que cambiar pronto, porque su institución política central, el presidente Porfirio Díaz, era mortal y contaba 80 años de edad. Y el cambio sería profundo, porque, después de 30 años de vigoroso desarrollo capitalista y astuta dictadura personal, la política significaba negocios. En un laberinto tras otro de corrupción y colusión entre políticos y hombres de negocios, la reforma significaba la renegociación de incontables negocios turbios.

El país tenía diversos tipos de conflictos importantes y los dos más apremiantes estaban relacionados con el mundo de los negocios. Uno era la rivalidad entre la veintena y pico de grandes bancos y compañías de nacionalidades británica, norteamericana, francesa, alemana, canadiense y mexicana, que se disputaban bonos, concesiones y mercados nacionales. Tratado en los más altos y cerrados círculos financieros y políticos, el conflicto discurría dentro de un orden. El otro era el que existía entre las principales compañías y cientos de pequeñas empresas mexicanas en torno a las oportunidades locales de obtener beneficios. Estas luchas eran casi siempre perturbadoras, toda vez que representaban una amenaza para los pactos que ya existían. Si los empresarios, fuesen grandes o pequeños, intentaban un nuevo negocio, se arriesgaban a subvertir una jerarquía local de intereses y autoridad; y viceversa, la subversión podía abrir un nuevo campo de transacciones. Desde el hundimiento de 1907, las decepciones en la política y en los negocios habían enfurecido a algunos empresarios hasta tal punto, que consideraban que era necesaria una revolución para promover sus negocios. Después del fraude electoral y la represión del verano de 1910, muchos antirreeleccionistas consideraban que una revolución era su deber.

Derribar el Porfiriato era una tarea formidable. Entre los factores que daban fuerza al régimen en un país con 15 millones de habitantes se contaban el respeto internacional que representaban los 450 millones de pesos en concepto de préstamos concedidos por obligacionistas europeos y norteamericanos; el superávit de 10 millones de pesos que presentaba el Tesoro; el ejército federal de 30.000 hombres; por lo menos otros 30.000 hombres encuadrados en los auxiliares federales, los irregulares y la guardia nacional; los 19.000 kilómetros de vía férrea para el transporte de tropas; y 2.500 Rurales. Pero los nuevos subversivos no ponían en entredicho la totalidad del régimen. A su modo de ver, la eliminación del anciano dictador y sus colaboradores más allegados sería suficiente para sus propósitos.

En octubre de 1910, los planes para esta revolución se maduraron en San Antonio, Texas. En esa población, tras escapar de México, Francisco I. Madero conferenció con destacados antirreeleccionistas y con los miembros más emprendedores de su extensa y rica familia. A principios de noviembre dio a conocer su programa, el plan de San Luis Potosí. Denunció por fraudulentas las recientes elecciones presidenciales, así como las del Congreso y las judiciales, se declaró presidente provisional, anunció una insurrección nacional para el 20 de noviembre y prometió elecciones «democráticas» para un nuevo gobierno. «Democrático» o no, la perspectiva de un gobierno nuevo interesó a los hacendados de los estados del norte, que pasaban apuros económicos y albergaban resquemores políticos, y alborotó a los pequeños agricultores y comerciantes de todo el país. Una cláusula del plan de San Luis, la que prometía estudiar las quejas de los poblados por la pérdida de sus tierras, llamó la atención de los campesinos, especialmente en Chihuahua y Morelos[1].

La estrategia privada de Madero para la Revolución era más pulcra. Gustavo Madero, hermano de Francisco —más adelante el ministro alemán ante México le llamaría el principal Geschaftemacher de la familia—, contrató a un abogado de Washington, Sherburne G. Hopkins, para que hiciese de asesor jurídico del movimiento en los Estados Unidos. Hopkins, que era el mejor organizador de revoluciones latinoamericanas del mundo y estaba estrechamente relacionado con la Standard Oil, se encargaría de despertar las simpatías de los norteamericanos por un próximo alzamiento «del pueblo mexicano». El 20 de noviembre, Francisco Madero, al frente de sus hombres, conquistaría una población fronteriza de Coahuila, Piedras Negras (que a la sazón se llamaba Ciudad Porfirio Díaz), donde formaría un gobierno provisional; y agentes antirreeleccionistas provocarían revueltas en Ciudad de México, en la capital de Puebla y en Pachuca, así como en distritos rurales de Chihuahua y Guerrero. La propaganda se centraría en la relación de Díaz con los «científicos», para complacer a los reyistas, la avanzadilla del ejército. Sin apenas presentar batalla, Díaz dimitiría en un par de meses. Y las elecciones «democráticas» darían el poder a Francisco Madero.

Esta estrategia dio buen resultado en parte. La Standard Oil infundió aliento al negociar con Gustavo Madero. Funcionarios norteamericanos burlaron las leyes de la neutralidad en beneficio de los revolucionarios. Y el general Reyes, que hubiera podido quitarle la iniciativa a los Madero, no abandonó su exilio europeo. Pero la Revolución salió mal.

El gobierno desbarató las principales conspiraciones para el 20 de noviembre. Francisco Madero se retiró a Texas, y el día 1 de diciembre Díaz comenzó un nuevo mandato. Pero en enero de 1911 los maderistas de las montañas de Chihuahua ya habían reclutado unos 2.000 guerrilleros. Los anarquistas magonistas volvieron a dar señales de vida en la Baja California y capturaron la población fronteriza de Mexicali. En febrero, Francisco Madero se reunió con los maderistas en Chihuahua, donde en lugar de agentes antirreeleccionistas dignos de confianza encontró cabecillas desconocidos y levantiscos, el principal de los cuales era un transportista local, Pascual Orozco, y entre cuyos lugartenientes se contaba un notable bandido llamado Francisco Villa. Y los guerrilleros no eran dóciles peones, sino campesinos que procedían de antiguas colonias militares y contaban con recuperar las tierras perdidas.

El ejército y los Rurales mantenían el orden en casi todas las poblaciones de cierta importancia y a lo largo de las vías férreas. Pero el día 6 de marzo los Estados Unidos tomaron una medida que resultó decisiva: el presidente Taft ordenó la movilización de las fuerzas estadounidenses que guarnecían la frontera. La medida equivalió a una intervención en la política de México y los mexicanos la interpretaron como la condena de Díaz por parte de los Estados Unidos. En Nueva York, Limantour, el ministro de Hacienda, negoció con el padre de Francisco, con Gustavo, su hermano, y con el candidato a la vicepresidencia por los antirreeleccionistas, Francisco Vázquez Gómez. En México, hombres de negocios y políticos se apresuraron a retocar sus pactos. Díaz desterró al vicepresidente Ramón Corral en Europa y con ello creó la posibilidad de iniciar negociaciones para sustituirle.

Pero los revolucionarios se multiplicaron en los estados del norte. A mediados de abril, maderistas de Sonora ocuparon la población fronteriza de Agua Prieta. Al sur de Ciudad de México se sublevaron varias bandas nuevas y lo más significativo es que en ellas militaban campesinos de los poblados de Morelos, decididos a reclamar a las haciendas las tierras que sus antepasados habían cultivado. Entonces los Madero intentaron aplacar el levantamiento entablando nuevas negociaciones. Pero el día 10 de mayo, desobedeciendo las órdenes, Pascual Orozco tomó Ciudad Juárez, la población más importante de la frontera septentrional. En todos los estados surgieron nuevas bandas maderistas. En conjunto habría unos 25.000 revolucionarios en pie de guerra, conquistando poblaciones importantes, amenazando las capitales de los estados, luchando por ocupar cargos y en pos de pactos, botín, venganza y, lo más alarmante de todo, tierra. La insurrección nacional que Francisco Madero había pedido sin tomar medidas por lo que pudiera pasar era ya una realidad, con el obvio peligro que representaban los movimientos de campesinos incontrolables.

Los Madero aprovecharon la victoria de Orozco para negociar otra vez. Francisco Madero instaló su gobierno provisional en Ciudad Juárez y el 21 de mayo firmó con los enviados de Díaz un tratado que ponía fin a las hostilidades. En realidad, repudió el plan de San Luis por una conexión con los científicos. Tal como disponía el tratado, Díaz dimitió el 25 de mayo y una semana después zarpó con rumbo a Francia. De acuerdo con la Constitución le sustituyó su ministro de Asuntos Exteriores, Francisco León de la Barra, en espera de que se celebraran unas elecciones especiales en octubre. Dimitieron todos los gobernadores porfirianos y varios de ellos, junto con los colaboradores más allegados de Díaz, entre los que estaba Limantour, se exiliaron también. Pero el puesto de Limantour lo ocupó un banquero y hombre de negocios al que los científicos consideraban virtualmente de su propiedad: Ernesto Madero, tío de Francisco. Y casi todos los miembros del Congreso, jueces y burócratas federales permanecieron en sus puestos. Lo mismo hicieron la totalidad del ejército federal y los Rurales, garantizando así la estabilidad. Las fuerzas revolucionarias serían desarmadas y desmovilizadas.

León de la Barra ocupó su cargo, reconocido por los gobiernos estadounidense y europeos. Con todos los formidables recursos del régimen disponía de cuatro meses para liquidar la revolución y lubrificar la transición a un gobierno formado por Madero y los científicos. Francisco Madero llegó a Ciudad de México el día 7 de junio, convertido en un ídolo popular, «el apóstol de la democracia». Él y su hermano Gustavo tenían cuatro meses para transformar la popularidad en votos.

Su campaña no chocó con ningún antagonismo por parte de los Estados Unidos, que cooperaron con el ejército federal en la tarea de dispersar a los anarquistas de la Baja California. Y tampoco tropezó con dificultades extraordinarias a causa de la economía. Las luchas recientes sólo habían causado daños leves en los centros de producción y los ferrocarriles. Tanto la Mexican Petroleum, que era de propiedad norteamericana, como la Águila Oil de lord Cowdray acababan de hacer descubrimientos importantes en los campos de petróleo del golfo. La acería La Fundidora de Monterrey iba camino de tener un año espléndido tanto en la producción como en las ventas. (Para estadísticas sobre algunas líneas de producción importantes, véase el cuadro 1.) Y las lluvias del verano fueron buenas, cargadas de promesas de cosechas abundantes en el otoño.

CUADRO 1

La producción en la economía mexicana, productos seleccionados, 1910-1920
(en toneladas métricas; excepto el petróleo, en barriles)

Año | Cebada | Maíz | Algodón | Henequén | Azúcar
1910 | 131.700 | — | 42.776 | 94.790 | 159.049
1911 | 139.264 | — | 34.203 | 116.547 | 152.551
1912 | 120.128 | 2.062.971 | 51.222 | 139.902 | 146.323
1913 | 211.308 | — | 43.830 | 145.280 | 125.922
1914 | 232.271 | 1.961.073 | — | 169.286 | 108.262
1915 | 214.260 | — | 20.356 | 162.744 | 88.480
1916 | 211.308 | — | 18.109 | 201.990 | 49.210
1917 | — | — | 13.582 | 127.092 | 65.396
1918 | 379.525 | 1.899.625 | 78.040 | 140.001 | 68.894
1919 | — | — | — | 113.870 | 90.546
1920 | — | — | — | 160.759 | 113.183

Año
Trigo
Cobre
Oro
Hierro/
acero de
Monterrey
Petróleo
Plata

1910
320.785
48.160
41.420
165.373
3.634.080
2.416.669

1911
320.540
56.072
37.120
217.999
12.552.798
2.518.202

1912
320.849
57.245
32.431
155.247
16.558.215
2.526.715

1913
286.549[*]
52.592
25.810
46.321
25.692.291
1.725.861

1914
214.288
26.621
8.635
5
26.235.403
810.647

1915
207.144
206
7.358
8.741
32.910.508
712.599

1916
286.549[*]
28.411
11.748
37.513
40.545.712
925.993

1917
—
50.946
23.542
49.536
55.292.770
1.306.988

1918
280.441
70.200
25.313
68.710
63.828.326
1.944.542

1919
381.399
52.272
23.586
90.020
87.072.954
2.049.898

1920
400.469
49.192
22.864
76.000
157.068.678
2.068.938

FUENTES: Institut International d’Agriculture, Service de la statistique générale, Annuaire international de statistique agricole, 1909 à 1921, Roma, 1922, cuadros 7, 13, 19, 33, 56; Enrique Aznar Mendoza, «Historia de la industria henequenera desde 1919 hasta nuestros días», en Enciclopedia Yucatanense, 8 vols., México, 1947, III, p. 779; Frédéric Mauro, «Le développement économique de Monterrey (1890-1960)», Caravelle, 2 (1964), cuadros 21, 22, 24: Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942), México, 1968, cuadro I; y G. A. Roush y Allison Butts, eds., The mineral industry, its statistics, technology and trade during 1921, Nueva York, 1922, p. 845. La media de producción anual de maíz, 1906-1910, fue de 3.219.624 toneladas métricas. Robert G. Cleland, ed., The Mexican year book, Los Ángeles, 1924, p. 240.

A pesar de ello, el maderismo perdió terreno político. No tenía ningún apoyo directo de los bancos y las grandes compañías, que respaldaban a los científicos. Éstos aceptaban al «apóstol» sólo para contrarrestar a Reyes, en caso de que el general volviera del exilio; muchos de ellos se afiliaron al nuevo Partido Nacional Católico, que se hizo fuerte de manera súbita y promovía la candidatura de Madero y León de la Barra. El general Reyes volvió y aceptó su candidatura a la presidencia. Los maderistas se dividieron. En Sonora y Coahuila, los antirreeleccionistas locales en quienes confiaban los Madero, hacendados a su imagen, dominaban firmemente la situación. Pero en Chihuahua, donde respaldaba al antirreeleccionista Abraham González para el cargo de gobernador, la familia decepcionó amargamente al héroe revolucionario Orozco; éste no se dio por satisfecho con el cargo de comandante de su antigua fuerza, que se había librado de ser desmovilizada al convertirse en milicia del Estado. En Morelos, Francisco Madero enfureció a los líderes revolucionarios al notificarles que las reclamaciones de los poblados contra las haciendas tendrían que esperar que «se estudiase la cuestión agraria». Con la intención de provocar un escándalo que favoreciera a Reyes, fuerzas federales bajo el mando del general Victoriano Huerta ocuparon Morelos. Fracasaron los intentos de mediación que hizo Madero y los indignados habitantes de los poblados se defendieron luchando bajo el mando de un hombre procedente de un poblado cercano a Cuautla: Emiliano Zapata. Molestos a causa de la coalición de Madero y los científicos, Francisco Vázquez Gómez y su hermano Emilio se pusieron de acuerdo con otros jefes locales que estaban decididos a mantener sus fuerzas en armas como milicia local. Gustavo Madero respondió reorganizando el partido antirreeleccionista para crear el Partido Progresista Constitucional, que nombró a un abogado de Yucatán, José María Pino Suárez, como su candidato a la vicepresidencia. Esto provocó serias rencillas políticas en media docena de estados importantes.

El día 1 de octubre, en las elecciones que probablemente fueron las más libres de la historia de México, la popularidad personal de Francisco Madero y la máquina progresista de Gustavo salieron victoriosas. La candidatura Madero-Pino Suárez obtuvo el 53 por 100 de los votos; el resto lo compartieron otras cuatro candidaturas. El 6 de noviembre de 1911, Madero, reconocido por los Estados Unidos y los gobiernos europeos, tomó posesión de su cargo para un período de cinco años. Ernesto Madero permaneció en el puesto de ministro de Hacienda.

El presidente Madero simbolizaba, por encima de todo, la libertad política. Sin duda era sincero, pero la verdad es que no tenía otra opción. Sólo ejercía poder efectivo sobre su gabinete. Y en memorable contraste con la dictadura de Díaz nació una animada política pública, cuyo rasgo más sorprendente eran sus serios partidos políticos. El Partido Progresista y el Partido Católico se organizaron enérgica y extensamente para las elecciones al Congreso a mediados de 1912.

Mientras duró, el gobierno Madero disfrutó de una economía en crecimiento. Al subir los precios mundiales de los minerales, aumentó la producción de las minas. La importante American Smelting and Refining Company (ASARCO) obtuvo más beneficios que nunca; la producción de petróleo registró un alza extraordinaria; buenas lluvias de nuevo en 1912 dieron por resultado cosechas más abundantes para el consumo nacional y la exportación. (Para estadísticas relativas a las exportaciones y las importaciones, véase el cuadro 2.)

CUADRO 2

Valor de las exportaciones e importaciones mexicanas, 1910-1920 (en dólares)

Total de
Exportaciones
Exportaciones
a EE. UU.
Total de
Importaciones
Importaciones
a EE. UU.

1910
138.006.937
61.092.502
99.864.422
63.858.939

1911
147.462.298
57.311.622
96.823.317
53.454.407

1912
149.119.955
76.767.931
93.438.730
56.079.150

1913
154.392.312
81.735.434
90.610.659
48.052.137

1914
92.285.415
86.280.966
52.391.919
33.215.561

1915
125.199.568
83.551.993
26.331.123[*]
41.066.775

1916
242.688.153
105.065.780
42.214.449[*]
54.270.283

1917
152.872.380
130.370.565
94.915.092[*]
111.124.355

1918
182.199.284
158.643.427
137.666.784
97.788.736

1919
196.264.936
148.926.376
118.139.912[*]
131.455.101

1920
426.178.872
179.331.755
197.706.190[*]
207.858.497

Pero la mejora de la economía no restauró el antiguo orden. Al aflojarse los controles políticos, el crecimiento de la economía empeoró el conflicto entre las grandes compañías y sacudió con fuerza al nuevo gobierno. El conflicto más grave fue el del petróleo, ya que la Standard y la Mexican Petroleum exigían concesiones como las de Águila y ésta defendía sus privilegios. La ASARCO y sus rivales y clientes norteamericanos, británicos, alemanes, franceses y mexicanos ejercieron presiones casi con la misma acritud unas contra otras.

Debido a la falta de un riguroso control político, el crecimiento económico también hizo que los trabajadores se organizaran vigorosamente. La Unión Mexicana de Mecánicos (UMM, fundada en 1900), la Alianza de Ferrocarriles Mexicana (AFM, 1907), la Sociedad Mutualista de Despachadores y Telegrafistas (SMDT, 1909) y la más poderosa de todas, la Unión de Conductores, Maquinistas, Garroteros y Fogoneros (UCMGF, 1910) instauraron su extensa autoridad en las compañías ferroviarias. Alentada por las huelgas, la nueva Unión Minera Mexicana multiplicó sus sucursales en el noreste, a la vez que los trabajadores portuarios de Veracruz y Tampico se sindicaban. También hubo huelgas en las fábricas textiles y en los oficios urbanos. Aunque no se formaron sindicatos del ramo textil, los tipógrafos y otros oficios se sindicaron de un modo casi evangélico, algunos con líderes anarquistas.

Asimismo, Madero tenía que hacer frente a una oposición violenta. El 25 de noviembre, disgustados a causa de la actitud poco práctica que el gobierno adoptaba ante «la cuestión agraria», los jefes campesinos de Morelos, bajo el mando de Zapata, denunciaron oficialmente a Madero y en su plan de Ayala proclamaron una campaña nacional cuyo objetivo era hacer que las haciendas devolvieran tierras a los poblados. Fue un movimiento profundamente inquietante, una amenaza seria de revolución social, al menos en el sur. Tropas federales se pasaron la estación seca pegando fuego a poblados de Morelos, pero no pudieron pararles los pies a los guerrilleros zapatistas, cosa que durante los siguientes nueve años tampoco pudo hacer ninguna otra fuerza. En diciembre, un vengador muy diferente, el general Reyes, se sublevó en el noreste. Desde El Paso, Emilio Vázquez Gómez incitó a los chihuahuenses a la revuelta.

Durante unos meses las cosas le fueron bien al gobierno. Lo más importante fue que resolvió el contencioso de la Standard y la Mexican Petroleum con Águila y de este modo conservó el apoyo que los científicos daban a Madero. La sublevación de Reyes fracasó y terminó con el más prestigioso soldado mexicano internado en la prisión militar de Ciudad de México y tres generales antirreyistas ascendidos al cargo de general de división, el más elevado del ejército. Con el aliento de Pino Suárez, Yucatán creó una Comisión Reguladora del Mercado de Henequén, organismo de intervención que se enfrentó a la International Harvester y se ganó la lealtad de los plantadores de henequén. En enero de 1912 empezó a funcionar un Departamento del Trabajo en el Ministerio de Obras Públicas. Apenas se inmiscuyó en los asuntos de los sindicatos ferroviarios o portuarios; eran demasiado poderosos. No intervino en la resolución de un conflicto que se planteó en los Ferrocarriles Nacionales en abril, cuando una huelga de los trabajadores norteamericanos paralizó todo el sistema y la UCMGF los sustituyó. Pero restauró el orden en los distritos mineros y persuadió al Congreso a que dictara nuevos reglamentos de seguridad para los mineros. Y aplacó a la industria textil sufragando comités de agravios para los trabajadores y convenios para las compañías al objeto de coordinar los precios y los salarios.

El gobierno superó una prueba importante en la primavera de 1912: una revuelta en el estado de Chihuahua. El 4 de febrero, después de una sublevación vazquista en Juárez, el presidente Taft había ordenado que fuerzas norteamericanas se preparasen para una campaña en la frontera. Aunque la intención de Taft —en un año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos— era impedir otra revolución en el país vecino, los mexicanos habían interpretado la orden como la condena de Madero por parte de los Estados Unidos. Las grandes compañías mineras norteamericanas de Chihuahua y la familia Terrazas, a quien el gobernador Abraham González había subido los impuestos, se pusieron discretamente en comunicación con el resentido Orozco. El día 3 de marzo, Orozco y su milicia se sublevaron; una vez más, muchos de sus hombres contaban con que recibirían tierras cuando la sublevación triunfara. El 23 de marzo, 8.000 orozquistas aniquilaron a una expedición federal junto a la vía férrea en el sur de Chihuahua, y a partir de entonces representaron una amenaza para Torreón, el punto estratégico situado entre Ciudad Juárez y el Bajío. Los orozquistas no sólo dominaban Chihuahua, sino que pronto también empezaron a operar en Sonora y Coahuila. Sin embargo, Taft ya había enmendado su error y el 14 de marzo había decretado un embargo de los envíos de armas y municiones de los Estados Unidos a México, exceptuando los casos en que su destinatario fuera el gobierno. El 1 de abril, Madero ordenó al general Victoriano Huerta que llevara una nueva expedición federal al norte, y el 23 de mayo Huerta derrotó a los orozquistas en el sur de Chihuahua. Mientras tanto, Sonora y Coahuila reclutaron milicias estatales para la defensa local y para prestar servicio en la zona de guerra, y la UCMGF, la UMM, y la Unión Minera reclutaron cuerpos de voluntarios. El 7 de julio Huerta entró en la capital de Chihuahua.

Pero esta victoria en particular resultó cara. Costó tanto dinero, que el gobierno no pudo pagar los intereses de la deuda exterior. El 7 de junio, Madero contrató con James Speyer and Company, el banco neoyorquino favorito de los científicos, un préstamo a un año por valor de 10 millones de dólares con el fin de atender a los pagos más inmediatos. Pero para restaurar la respetabilidad financiera iba a necesitar un préstamo mucho más cuantioso, a un plazo más largo, antes de que transcurriera un año, y para pedirlo necesitaba la autorización del Congreso. La represión también hizo que Madero contrajera una gran deuda política con el ejército, que aumentó su parte del presupuesto del 20 al 25 por 100 y dobló sus efectivos hasta alcanzar los 60.000 hombres, con otros cinco generales de división, entre los cuales destacaba Huerta.

Durante el verano de 1912 las condiciones exteriores para la estabilidad del gobierno comenzaron a fallar. Un factor decisivo fue que en las campañas para las elecciones presidenciales norteamericanas empezó a hablarse del petróleo mexicano. El día 3 de junio, con el fin de incrementar los ingresos públicos y justificar la petición de un préstamo importante el año siguiente, Madero decretó el primer impuesto mexicano sobre la producción petrolera: 20 centavos por tonelada, lo que equivalía a unos 0,015 dólares por barril. Las compañías petroleras estadounidenses condenaron el impuesto diciendo que era una «confiscación»[2]. Y esas compañías tenían mucha influencia tanto en el partido republicano, que el 22 de junio nombró a Taft como candidato a la presidencia, como en el partido demócrata, que el 2 de julio nombró al suyo, Woodrow Wilson. (En agosto el partido progresista nombró candidato a Theodore Roosevelt, el jingoísta universal). El comité de relaciones exteriores del Senado norteamericano nombró un subcomité para que investigara la política de Taft con México. Taft mandó navíos de guerra a visitar las costas mexicanas en el Golfo y el Pacífico, y en septiembre el Departamento de Estado exigió al gobierno mexicano que garantizase la ley y el orden en su territorio o los Estados Unidos «considerarían qué medidas deberían adoptar para hacer frente a las necesidades de la situación»[3].

Mientras tanto, Gustavo Madero se preparaba audazmente para liberar al gobierno de su dependencia de los científicos. Tenía sólo una parte de la base que necesitaba, pues en las elecciones al Congreso celebradas el 30 de junio, si bien su Partido Progresista había obtenido una mayoría en la Cámara de Diputados y otra en la mitad elegible de los escaños del Senado, el Partido Católico había ganado una minoría importante en la Cámara y suficientes escaños en el Senado, entre ellos uno para León de la Barra, como para formar una mayoría con los restantes científicos y reyistas que habían allí. Pero no quiso esperar a que se presentara una oportunidad mejor más adelante. En julio, Ernesto Madero, el ministro de Hacienda, inició negociaciones secretas fuera de los círculos bancarios científicos con el fin de obtener un préstamo de 20 millones de libras esterlinas (casi 200 millones de pesos) en Francia. Si este golpe financiero de los Madero daba buenos resultados, un gobierno puramente maderista ostentaría el poder con comodidad hasta 1916, año en que el propio Gustavo podía ser elegido presidente.

El camino directo que llevó a la ruina maderista se abrió con el vigésimo sexto Congreso el 14 de septiembre. Mientras el gobierno continuaba celebrando negociaciones financieras en secreto, Gustavo hacía que sus progresistas —encabezados por el diputado Luis Cabrera— despotricasen como jacobinos. Adoptando el nombre de «renovadores», instaron a que se llevara a cabo una «renovación» del país que llegara todavía más lejos que las promesas «democráticas» del plan de San Luis, incluyendo la reforma agraria para los poblados[4]. Los católicos y los científicos, dirigidos por León de la Barra, convirtieron el Senado en un baluarte de oposición. Los científicos exiliados en París ya estaban enterados de los planes financieros del gobierno y aconsejaron a sus amigos de México que los subvirtieran, incluso cooperando con los reyistas.

El primer intento de deponer a Madero por medio de un golpe militar fracasó. A mediados de octubre, apresurándose para adelantarse a las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, un grupo de científicos organizó una revuelta en torno al general Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Con navíos de guerra norteamericanos que esperaban a poca distancia de la costa, Díaz se apoderó del puerto de Veracruz e instó al ejército a asumir el mando del país. Ni un solo general respondió. Antes de que transcurriera una semana, el ejército volvió a ocupar el puerto y pronto, tras un consejo de guerra, Díaz se encontró en una mazmorra de Veracruz. Pero la deuda de Madero con los militares aumentó.

El 5 de noviembre, Wilson ganó las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y su partido conquistó ambas cámaras del Congreso. Altos cargos maderistas se pusieron una vez más en comunicación con Sherburne Hopkins, que restauró las relaciones amistosas con la Standard Oil. Los políticos mexicanos dedujeron que bajo los demócratas disminuiría la presión que los Estados Unidos ejercía sobre el gobierno Madero. Pero a Taft le quedaban cuatro meses de presidencia, hasta marzo de 1913, y parece ser que, desconfiando radicalmente de Wilson y Madero, decidió que antes de dejar él su cargo, México debía ser gobernado por un presidente que estuviera obligado con los Estados Unidos y el partido republicano. El embajador norteamericano en México apenas disimuló su nueva misión. Esto infundió nuevos ánimos a la oposición católico-científico-reyista y le dio un plazo. En diciembre el gobierno mexicano solicitó oficialmente que el Congreso autorizara la obtención de un préstamo de 20 millones de libras esterlinas «en Europa». Esto proporcionó a la oposición un importante motivo de debate público. El 13 de enero la Cámara aprobó el proyecto de ley para la autorización. Pero la oposición en el Senado lo hizo pedazos.

También las organizaciones laborales causaban complicaciones. El 26 de diciembre la UMM, que pedía la jornada de ocho horas, convocó una huelga en los Ferrocarriles Nacionales y sembró el caos en los transportes de todo el país. El Departamento de Trabajo intentó mediar en la disputa, pero fue en vano. Hasta el 11 de enero, y gracias a la intervención de la UCMGF, no aceptó la UMM una jornada de diez horas y un aumento salarial del 10 por 100. Entonces, actuando independientemente, un centro anarquista, la Casa del Obrero, fundada en septiembre por los sindicatos de Ciudad de México, convocó huelgas en la capital para pedir menos horas de trabajo y salarios más altos. Sindicatos dirigidos por los anarquistas en Veracruz decidieron que el 1 de mayo se celebrara en el puerto una convención de organizaciones obreras y que se formase una confederación nacional que lucharía por la jornada de ocho horas.

El segundo intento de golpe militar también fracasó. Mejor organizado que el primero, giró en torno al general Manuel Mondragón, favorito de los científicos, el cual tenía que sobornar a unidades de élite de la capital, apoderarse del palacio nacional, liberar a Reyes y Díaz (este último había sido trasladado a la capital poco antes), instalar a Reyes como presidente interino y, tras un intervalo decente, hacer que Díaz fuese elegido presidente. El día 9 de febrero las unidades de Mondragón liberaron a Reyes y Díaz. Pero Reyes cayó muerto en los combates que se libraron para penetrar en el palacio. Mondragón, Díaz y los rebeldes supervivientes a duras penas consiguieron refugiarse en la Ciudadela, arsenal situado en el extremo sur de la ciudad. Aquel mismo día Madero nombró a Huerta, que había aplastado a los orozquistas, para que liquidase la nueva rebelión. El 11 de febrero Huerta comenzó los ataques, supuestamente contra la Ciudadela, pero la batalla no tardó en extenderse y generalizarse, y la artillería mataba diariamente a gran número de civiles y destruía muchos bienes. Mondragón y Díaz continuaban exigiendo la dimisión de Madero y Pino Suárez, e instando a otros generales a derrocar el gobierno. Actuando en privado, el embajador norteamericano y León de la Barra, que dirigía la coalición católico-científico-reyista, conspiraron a favor de la misma causa. Los rebeldes y los conspiradores se dedicaron con mayor asiduidad a ganarse el apoyo de Huertas, pero no lo consiguieron. De los poco más de 100 generales que había en el ejército, todos menos los dos que se encontraban en la Ciudadela permanecieron leales. Pero ahora Madero dependía totalmente de sus generales.

El tercer intento triunfó. El 18 de febrero, avisado de que los rebeldes, ya desesperados, tratarían de romper el cerco de la Ciudadela, Huerta ordenó un alto el fuego, organizó la detención del presidente, el vicepresidente, los miembros del gabinete, Gustavo Madero y el general más allegado a los Madero, Felipe Ángeles, y declaró que el país estaba a su cargo. Algunos de los otros generales reconocieron en seguida la autoridad de Huerta. Por la tarde, invitados por el embajador de los Estados Unidos, Huerta y Díaz se entrevistaron en la embajada y firmaron un pacto: Huerta sería el presidente interino, nombraría un gabinete de católicos, científicos y reyistas y —lo más importante para el embajador— honraría la campaña de Díaz en «las próximas elecciones» para la presidencia regular[5]. Aquella noche Gustavo Madero fue asesinado. El 19 de febrero, Francisco Madero y Pino Suárez presentaron la dimisión y la Cámara, donde dominaban los progresistas, la aceptó por mayoría aplastante. El ministro de Relaciones Exteriores, convertido ahora en presidente interino, nombró inmediatamente a Huerta ministro de Gobernación y presentó su propia dimisión, y Huerta pasó a ser el presidente interino. En el nuevo gabinete se encontraban León de la Barra como ministro de Relaciones Exteriores, Mondragón como ministro de la Guerra y Rodolfo Reyes, hijo del general, como ministro de Justicia. Casi todos los generales que aún no habían reconocido la autoridad de Huerta la reconocieron ahora; unos cuantos se jubilaron, ninguno se resistió. El 21 de febrero el Tribunal Supremo felicitó al nuevo presidente. Huerta indicó en privado que permitiría a Madero y Pino Suárez exiliarse, pero en la noche del 22 del mismo mes, encontrándose bajo vigilancia militar, los dos prisioneros fueron asesinados.

FEBRERO DE 1913 - AGOSTO DE 1914

El nuevo gobierno carecía del apoyo de sectores importantes. El factor más decisivo era que no satisfacía a los Estados Unidos. Desde 1910 la rivalidad entre los Estados Unidos y Gran Bretaña en México se había vuelto más tensa, en gran parte debido al petróleo, y a la nueva administración de Washington el golpe le parecía una contrarrevolución de los científicos a favor de los intereses británicos, a saber: Águila. El Foreign Office alegó que, de todos modos, cuando Wilson se aposentara en la presidencia reconocería a Huerta con el fin de hacer valer de nuevo la influencia norteamericana sobre él. En previsión de ello, Gran Bretaña reconoció el nuevo régimen el día 31 de marzo de 1913 y otros gobiernos europeos pronto siguieron su ejemplo. En vista de ello, Wilson denegó el reconocimiento de los Estados Unidos, suponiendo que pronto habría en México un gobierno más tranquilizador para los norteamericanos. Esta confusión preocupó a los banqueros y a los grandes hombres de negocios, que dudaban de que el nuevo gobierno, sin el apoyo de los Estados Unidos, pudiera efectuar los pagos de la deuda exterior que vencían a principios de junio.

Además, no tardaron en surgir dificultades extraordinarias en la economía. Aunque las compañías petroleras se hallaban en pleno auge, el descenso del precio mundial de la plata durante la primavera de 1913 incrementó la salida de metales preciosas del país, deprimió la industria minera y provocó una baja general de la actividad económica en los estados fronterizos del norte, donde la minería revestía la mayor importancia. Las organizaciones laborales continuaban mostrándose combativas. Los sindicatos anarquistas de Veracruz no celebraron la convención en la que pensaban formar una confederación nacional, pero la Casa del Obrero de Ciudad de México, en una nueva campaña de organización, montó la primera celebración pública del Primero de Mayo que hubo en el país. Los principales sindicatos ferroviarios y portuarios se juntaron para formar la Confederación de Gremios Mexicanos. La CGM, que representaba a la mayoría de los trabajadores del transporte del país, se erigió de pronto en un poder nacional.

Por otra parte, el nuevo gobierno pronto tuvo que afrontar una resistencia armada y extendida. Al igual que el ejército, el Congreso y el Tribunal Supremo, todos los gobernadores, exceptuando unos pocos, aceptaron la autoridad de Huerta. Pero el resurgir de los científicos agravó los conflictos, así antiguos como nuevos. Y pronto estallaron revueltas contra la «usurpación» en varios estados, las más peligrosas a lo largo de la frontera del norte, en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Allí, pese a que los Estados Unidos tenían prohibido exportar armas y municiones a los rebeldes, los líderes locales no sólo movilizaron las milicias estatales que todavía existían desde la campaña contra Orozco, sino que también reclutaron a muchos parados, cuyo número iba en aumento. El gobernador de Sonora había huido a Arizona a finales de febrero, pero los oficiales de su milicia hicieron que la legislatura nombrara un gobernador en funciones, declarara la independencia del estado respecto del gobierno federal y recaudara los derechos de aduana y los impuestos federales. Un ejército regular del estado fue tomando forma bajo el mando de un joven agricultor-político, Álvaro Obregón. A finales de marzo sus efectivos eran de 8.000 hombres y había aislado a las principales fuerzas federales en Guaymas. En Chihuahua, donde el gobernador González había sido asesinado a comienzos de marzo, la revuelta empezó de forma inconexa. Pero a finales de marzo varias unidades de la milicia y muchos rebeldes nuevos que volvían a albergar la esperanza de recuperar tierras operaban conjuntamente bajo el mando de Francisco Villa. Su sublevación provocó otras en Durango y Zacatecas.

En Coahuila, el gobernador Venustiano Carranza encabezaba la resistencia. Carranza, de 53 años, veterano de la política provincial porfiriana, terrateniente emparentado por lazos de sangre y políticos con varias de las grandes familias del noreste (pero no con los Madero), intentó primeramente reunir a otros gobernadores para oponerse al golpe de Huerta, pero fue en vano. El 26 de marzo de 1913 hizo que sus subordinados locales proclamaran el plan de Guadalupe. Denunciando a Huerta, al Congreso y al Tribunal Supremo por traición, y anunciando la organización del ejército constitucionalista, los coahuilenses nombraron a Carranza primer jefe del ejército. Andando el tiempo, Carranza asumiría provisionalmente la autoridad ejecutiva de la nación y convocaría elecciones para la vuelta al gobierno constitucional. El plan de Guadalupe no contenía ninguna palabra sobre reformas económicas o sociales. Y el ejército constitucionalista era pequeño, su oficial de mayor graduación era un general refugiado de la milicia de Veracruz, Cándido Aguilar, sus fuerzas consistían sólo en unos cuantos milicianos locales bajo el mando de Jesús Carranza, hermano de Venustiano, y de su primo Pablo González. Pero el 1 de abril agentes constitucionales contrataron a Hopkins para que los asesorase en Washington. El 18 de abril enviados de los revolucionarios de Sonora y Chihuahua firmaron el plan de Guadalupe y el 26 del mismo mes, para evitar los préstamos nacionales forzosos o la dependencia de acreedores extranjeros, Carranza autorizó la impresión de cinco millones de pesos en papel moneda para sufragar las campañas constitucionalistas.

En cuanto a los otros lugares, la resistencia principal era la que ofrecían los zapatistas en Morelos. Varios jefes abandonaron la lucha, pues consideraban que Madero era el peor de sus enemigos. Pero, al amparo del plan de Ayala, los demás siguieron a Zapata en una guerra de guerrillas independiente cuyo objetivo era recuperar tierras para sus poblados. El mismo desdén que sentían por los cambios puramente políticos fortalecía su compromiso con una causa campesina a escala nacional y ensanchaba los horizontes de su estrategia. Zapata encontró un excelente secretario administrativo para que gobernase su cuartel general: Manuel Palafox, antiguo estudiante de ingeniería y ex contable. A mediados de abril de 1913 lanzó una ofensiva seria en el este de Morelos. En mayo el movimiento zapatista ya contaba con la decisión y la organización necesarias para ganar, como mínimo, una revolución social de carácter regional.

Pero el nuevo gobierno logró superar su debut. A medida que fue cobrando forma, reveló que su diferencia respecto del gobierno anterior era meramente faccional y personal: sus ministros siguieron prácticamente la misma política de antes en lo que se refería a los negocios, el trabajo y «la cuestión agraria». Lo más sorprendente y significativo fue que el hombre que se erigió en la figura dominante del gobierno no fue Félix Díaz, sino Huertas. En marzo y abril de 1913 los felicistas se organizaron en todo el país para promover la candidatura de Díaz y León de la Barra en «las próximas elecciones». Pero el presidente interino aumentó la paga del ejército, manipuló el nombramiento de varios generales que eran leales a su persona para el cargo de gobernadores provisionales e hizo las paces con Orozco, tras lo cual se alió políticamente con él. El 23 de abril consiguió que una mayoría progresista en la Cámara fijara la fecha para las elecciones presidenciales a seis meses vista, el 26 de octubre. Díaz y León de la Barra retiraron su candidatura, para ponerle en un compromiso; algunos de sus subordinados conspiraron para matarle. Pero, sin sentirse comprometido ni asustado, Huerta ejerció presión en los círculos «científicos» para que entablasen nuevas negociaciones con el fin de obtener el préstamo de 20 millones de libras. Con fecha 30 de mayo el Congreso autorizó la deuda y el 8 de junio, justo a tiempo de efectuar los pagos que estaban a punto de vencer, un consorcio encabezado por la Banque de París et des Pays-Bas suscribió un préstamo a diez años por valor de 6 millones de libras y tomó opciones de seis meses sobre otros 10 millones de libras.

El préstamo no fue ninguna ayuda para la economía. A mediados de año la ASARCO y otras grandes compañías mineras anunciaron un marcado descenso de sus ingresos, acompañado en algunos casos por una acentuada baja de la producción. En el norte, las empresas pequeñas cerraban con tanta rapidez, que los bancos de los estados provocaron el endeudamiento de su cámara de compensación en Ciudad de México. Las lluvias de aquel verano fueron malas y ello provocó la subida de los precios del grano y extendió la depresión. Entre junio y septiembre el peso bajó de 0,48 a 0,36 dólares (para el valor del peso en este período, véase el cuadro 3).

CUADRO 3

Valor, en dólares, del peso en billete, 1913-1916

Mes | 1913 | 1914 | 1915 | 1916
Enero | 0,4955 | 0,3699 | 0,1431 | 0,0440
Febrero | 0,4873 | 0,3478 | 0,1314 | 0,0407
Marzo | 0,4830 | 0,3138 | 0,1190 | 0,0285
Abril | 0,4592 | 0,3001 | 0,0923 | 0,0343
Mayo | 0,4702 | 0,3360 | 0,0863 | 0,0229
Junio | 0,4761 | 0,3313 | 0,0926 | 0,0970
Julio | 0,4306 | 0,3146 | 0,0739 | 0,0970
Agosto | 0,3936 | 0,2629 | 0,0676 | 0,0380
Septiembre | 0,3649 | 0,2108 | 0,0659 | 0,0311
Octubre | 0,3607 | 0,2055 | 0,0714 | 0,0232
Noviembre | 0,3580 | 0,1986 | 0,0716 | 0,0099
Diciembre | 0,3594 | 0,1870 | 0,0590 | 0,0046

FUENTE: Edwin W. Kemmerer, Inflation and revolution: Mexico’s experience of 1912-1917, Princeton, 1940, pp, 14, 45, 46, 101.

Pero, desde el punto de vista político, el nuevo crédito equivalía a un golpe huertista. Haciendo caso omiso de su pacto con Díaz, Huerta limpió su gabinete de felicistas. Lo más importante es que se libró del ministro de la Guerra, Mondragón, que se exilió, cosa que hizo también León de la Barra. La política relativa a la economía, el trabajo y «la cuestión agraria» siguió siendo la misma, pero ahora Huerta tenía a sus propios hombres administrándola. A mediados de julio desterró a Díaz mandándolo en calidad de «embajador especial» a Japón y soltó a Ángeles para que se exiliara en Francia[6]. Inglaterra aprobó los cambios y anunció el nombramiento de un nuevo ministro ante México; el nuevo embajador se jactaba de su amistad con lord Cowdray, propietario de la Águila Oil.

Huerta, con el ejército completamente controlado, aumentó su parte del presupuesto hasta dejarla en un 30 por 100 y sus efectivos hasta que alcanzaron los 85.000 hombres, reorganizó sus mandos, ascendió a poco más de 50 oficiales al cargo de general, nombró varios generales de división, amplió los arsenales y aumentó el número de Rurales hasta los 10.000 hombres. Durante el verano lanzó sus fuerzas contra los revolucionarios. Y el ejército constitucionalista se deshizo bajo los serios ataques de los federales. En Sonora, que seguía siendo un baluarte constitucionalista, los federales todavía no podían salir de Guaymas. Pero en el norte, reforzados por Orozco y su milicia, volvieron a hacerse con el dominio de las poblaciones y ferrocarriles principales. A finales de julio dispersaron de forma tan rotunda un ataque constitucionalista contra Torreón que Carranza estuvo a punto de perder su condición de primer jefe. En agosto acabaron con las fuerzas de González en el noreste y recuperaron el dominio de todos los lugares excepto Piedras Negras y Matamoros. En Morelos, donde internaron a los habitantes de los poblados en campos de concentración, obligaron a los guerrilleros zapatistas a dispersarse por los estados circundantes.

A medida que Huerta fue haciéndose más fuerte creció la animosidad que inspiraba a los Estados Unidos. Las compañías petroleras norteamericanas y Wilson no veían en él a un simple militar, sino al capital británico acumulando poder en México. En julio los Estados Unidos retiraron su embajador. Gracias a Hopkins, los funcionarios norteamericanos de la frontera hacían la vista gorda cuando los constitucionalistas introducían clandestinamente material de guerra en Sonora y Tamaulipas. En agosto, antes de que el nuevo ministro británico partiera para México, Wilson envió un agente especial con el encargo de exigir que Huerta proclamara un inmediato alto el fuego y celebrara «elecciones tempranas y libres»[7]. Los Estados Unidos ayudarían a imponer el armisticio, reconocerían el nuevo gobierno y patrocinarían un nuevo préstamo. Si Huerta se negaba, los Estados Unidos no «permanecerían inactivos»[8]. Huerta se negó. El 27 de agosto, Wilson dio a conocer su política de «espera vigilante» y prohibió sin excepciones el envío de armas y munición a México. Pero Huerta no tardó en hacer nuevos pedidos de armas a Europa y a Japón.

En septiembre de 1913, Huerta ya había consolidado su poder. Podía contar, no sólo con el ejército, sino también —en una economía deprimida— con los contratistas que abastecían al ejército y que ahora le apoyaban con feroz lealtad. Aprovechando la aversión a los Estados Unidos, había creado un programa de instrucción militar para civiles que se ganó el apoyo de numerosos burócratas y oficinistas. Al reunirse nuevamente el Congreso, reinaba en él tal desorden entre progresistas, católicos, científicos y reyistas, que Huerta se tomó más libertades. Dictó al Partido Católico sus candidatos a la presidencia y la vicepresidencia en las elecciones del 26 de octubre, y el 30 de septiembre consiguió que los bancos de Ciudad de México le concedieran un préstamo a tres meses por valor de 18 millones de pesos.

El gobierno huertista se encontró entonces ante tres pruebas severas. La primera procedía de todos los campos de la oposición y era un intento de desacreditar las elecciones del 26 de octubre. Durante septiembre las bandas constitucionalistas de Chihuahua, Durango y Zacatecas se habían unido bajo el mando de Villa y formaban ahora la división del norte. El día 1 de octubre tuvo lugar la primera victoria importante de los constitucionalistas, que conquistaron Torreón y se hicieron con un abundante botín militar. También durante septiembre los constitucionalistas de Sonora habían acogido a Carranza en su estado. Allí, el primer jefe adoptó nuevas posturas políticas. Declaró que después de la restauración constitucional «debía empezar la lucha social, la lucha de clases con todo su poder y grandeza»[9]. Reorganizó el ejército constitucionalista, nombrando a Álvaro Obregón comandante del cuerpo de ejército del noroeste y a Pablo González comandante del noreste. El 17 de octubre anunció la formación de un gobierno provisional, incluyendo en su gabinete, en calidad de subsecretario de la Guerra, al general Felipe Ángeles, que había vuelto de Francia. Y el día 21 de octubre afirmó que disolvería el ejército federal en el momento en que se produjera el triunfo de los constitucionalistas. El 23 del mismo mes el cuerpo del noreste de González atacó Monterrey. Mientras tanto, los zapatistas coordinaron sus ataques alrededor de Ciudad de México. Y Félix Díaz desembarcó en Veracruz para participar en las elecciones.

Huerta reaccionó con astucia y atrevimiento. El 10 de octubre, después de esperar hasta que el nuevo ministro británico hubo llegado a Ciudad de México, disolvió el Congreso y convocó elecciones para la Cámara y el Senado de tal modo que coincidieran con las elecciones presidenciales. Al día siguiente el ministro británico presentó sus credenciales al presidente interino, con lo que virtualmente bendecía su golpe más reciente. El ataque constitucionalista contra Monterrey fracasó. El 24 de octubre, Huerta decretó la ampliación del ejército hasta alcanzar la cifra de 150.000 hombres. En los comicios del 26 de octubre una mayoría manipulada militarmente dio la presidencia a Huerta, la vicepresidencia a su ministro de la Guerra y la mayoría de los escaños del Congreso a los católicos, pero, como Huerta y su ministro de la Guerra no podían ocupar cargos electivos, las elecciones ejecutivas no fueron válidas y Huerta continuó siendo presidente interino. El 27 del mismo mes, Díaz huyó de Veracruz en un buque de guerra norteamericano.

La segunda prueba fue otra ofensiva constitucionalista. Desde Sonora, Obregón coordinó sus fuerzas con las que había en Sinaloa y el 14 de noviembre tomó Culiacán. González conquistó Ciudad Victoria el 18 del mismo mes, instaló a su principal subordinado de Tamaulipas, Luis Caballero, en el puesto de gobernador provisional y siguió avanzando hacia Tampico. La división del norte de Villa —que ahora tenía 10.000 hombres con artillería y trenes— inmovilizó a la guarnición de la capital de Chihuahua, tomó Ciudad Juárez y se hizo con más pertrechos militares el 15 de noviembre, aplastó a la milicia de Orozco, obligó a evacuar la capital del estado y la ocupó el 7 de diciembre. El ejército reaccionó de forma competente. En el noreste la artillería y los cañoneros federales de Guaymas y Mazatlán apuntaban hacia los ferrocarriles que pasaban cerca de allí e impedían que Obregón llevase a cabo movimientos importantes de tropas o pertrechos hacia el sur. El avance de González hacia Tampico se detuvo ante las defensas federales. En todos los estados del centro los generales federales lograron reclutar a numerosísimos hombres y el 9 de diciembre fuerzas de refresco federales reconquistaron Torreón, obligando a Villa a volver a Chihuahua. Con el propósito de consolidar su base allí, Villa dio un paso de gigante hacia la reforma económica y social, y el 21 de diciembre decretó que se confiscaran sin compensación las inmensas haciendas que había en el estado, para obtener ingresos inmediatamente y darlas a sus tropas al terminar la guerra. Pero el 28 de diciembre, muy molesto con Villa por haber empezado «la lucha social» demasiado pronto, Carranza reconoció de hecho que el gobierno todavía llevaba las de ganar al autorizar al Tesoro para que emitiese más papel moneda por valor de 15 millones de pesos con el objeto de costear las largas campañas que todavía habría que emprender.

La tercera prueba fue más antagonismo por parte de los Estados Unidos. Cuando Huerta disolvió el Congreso con la aprobación del ministro británico, la oposición del presidente Wilson se volvió implacable. El día 13 de octubre advirtió que los Estados Unidos no reconocerían los resultados de las elecciones del día 26. El 1 de noviembre amenazó a Huerta diciéndole que dimitiera o —por primera vez— los Estados Unidos apoyarían a los constitucionalistas. El día 7 el Departamento de Estado anunció que Wilson «exigiría que Huerta se retirase»; los Estados Unidos harían luego de mediadores en la formación de un nuevo gobierno provisional que celebraría «elecciones libres» para restaurar el orden constitucional[10]. El 12 del mismo mes un agente especial norteamericano se entrevistó con Carranza en Nogales. A resultas de estas presiones, Gran Bretaña ordenó a su ministro que abandonase a Huerta y el Ministerio de Finanzas francés notificó al gobierno mexicano que los bancos franceses no suscribirían el préstamo de 10 millones de libras.

Pero el gobierno reaccionó con tozudez e ingenio. El día 15 de noviembre empezaron las sesiones del Congreso, donde dominaban los católicos. El 15 de diciembre confirmó a Huerta en el cargo de presidente interino y convocó otras elecciones presidenciales para el 5 de julio. A modo de recompensa, Huerta eliminó el liderazgo de los católicos, pero permitió que la Iglesia consagrara México al Sagrado Corazón de Jesús y organizara solemnes ceremonias públicas en honor de Cristo Rey —la más impresionante de las cuales se celebró en Guadalajara— el 11 de enero de 1914. También toleró una nueva organización eclesiástica que se mostraba cada vez más activa en los asuntos cívicos, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM). Para compensar la falta de créditos extranjeros, triplicó con creces el impuesto sobre el petróleo, hizo que el Congreso autorizase una nueva deuda interna de 100 millones de pesos, impuso onerosos préstamos forzosos a las empresas, decretó un impuesto sobre los depósitos bancarios y monetizó los billetes de banco. El 23 de diciembre, después de que otra caída del precio de la plata provocara una retirada masiva de haberes del Banco de Londres, declaró una moratoria bancaria. El 7 de enero redujo las reservas obligatorias del 50 al 33 % por 100, luego suspendió el pago de los intereses de la deuda nacional hasta que los bancos prestaran al gobierno el dinero que pudiera crearse. Los bancos norteamericanos, británicos y franceses protestaron, pero Huerta sabía que contaba con el apoyo privado del ministro británico y de lord Cowdray. Y su programa militar para civiles alistó a numerosos patriotas de nuevo cuño.

Resumiendo, a principios de 1914 el gobierno huertista había demostrado que era el poder supremo en México. Si bien había perdido terreno valioso, dominaba los dos tercios del país donde probablemente vivían las cuatro quintas partes de la población. Seguía controlando todos los puertos de mar. Tenía como rehenes los intereses de los obispos, los hombres de negocios y los banqueros. Y en las ciudades centrales, debido a su actitud antinorteamericana y pro clerical, gozaba de la lealtad de amplios sectores populares. Esto empujó a los Estados Unidos a apoyar decididamente a los constitucionalistas. El 29 de enero de 1914 Wilson hizo saber a Gran Bretaña que ahora consideraba que la paz en México no nacería de la mediación, sino de la victoria militar del más fuerte. El 3 de febrero revocó la prohibición de mandar armas a México y permitió que se exportara legalmente material bélico de los Estados Unidos a México, de forma indiscriminada. A Sonora, Chihuahua y Tamaulipas empezó a llegar gran cantidad de armas y munición. El ministro británico no tardó en recibir la orden de volver a Londres.

Favorecido de esta manera, el 12 de febrero Carranza autorizó la impresión de otros 10 millones de pesos, y el 3 de marzo dio la orden que esperaban los constitucionalistas para ponerse en marcha. El cuerpo del noreste de González, que para entonces ya contaba con varios jefes subordinados notables —Luis Caballero, Jesús Carranza, Cesáreo Castro, Francisco Coss, Francisco Murguía y Antonio I. Villarreal—, debía tomar Monterrey, Tampico y Saltillo. El cuerpo del noreste, bajo el mando de Obregón —y cuyos principales jefes eran Salvador Alvarado, Lucio Blanco, Plutarco Elías Calles, Manuel Diéguez y Benjamín Hill—, tenía la misión de conquistar la costa occidental y tomar Guadalajara. Villa y su división del norte, cuya artillería se encontraba bajo el mando de Ángeles, se encargaría de tomar nuevamente Torreón con vistas a la campaña estratégica que se emprendería luego para llegar al centro del país bajando por la vía férrea. Carranza trasladó su gobierno a Chihuahua con el propósito de supervisar a Villa y el avance hacia el sur.

Huerta volvió a aumentar los efectivos del ejército, que se cifraban en 200.000 hombres en febrero y 250.000 en marzo, con otra masiva campaña de reclutamiento forzoso en los estados centrales. Ascendió a unos 250 oficiales al cargo de general, nombró varios generales de división más y encargó a Orozco que llevara a cabo una nueva ofensiva en el norte. Para desempeñar el cargo de gobernador del Distrito Federal, nombró a Eduardo Iturbide, pariente político de Limantour presentado por los católicos. Y el 31 de marzo, después de obtener con la ayuda de lord Cowdray un préstamo de 45 millones de pesos de los bancos mexicanos, anunció la reanudación de los pagos de la deuda nacional el 15 de abril.

Pero la campaña constitucionalista iba tomando ímpetu. El 26 de marzo, González hizo que Caballero pusiera sitio a Tampico, y el 8 de abril, mientras Jesús Carranza, Coss y Murguía hostigaban a las tropas federales en otras partes del noreste, él, Castro y Villarreal atacaron Monterrey. Obregón, tras dejar a Calles al mando en Sonora y a Alvarado sitiando Guaymas, se llevó a Blanco, Diéguez e Hill para preparar fuerzas en el sur de Sinaloa y Tepic con el fin de penetrar en Jalisco. El 23 de marzo, Villa y Ángeles, al frente de 15.000 hombres, se enfrentaron con 10.000 soldados federales en Torreón, el 2 de abril tomaron la ciudad y el 14 del mismo mes aniquilaron a 12.000 soldados federales de refuerzo. A medida que iban conquistando territorios, los generales constitucionalistas ponían en funcionamiento un organismo nuevo y característico, la Oficina de Bienes Intervenidos, que se encargaba de dirigir el embargo de propiedades particulares con el objeto de alojar y abastecer a los militares. Mientras tanto, los zapatistas habían coordinado sus guerrilleros para formar un ejército regular del sur y comenzaron una ofensiva en Guerrero. A principios de abril ya controlaban la mayor parte del estado y sus minas de plata.

Estos avances indujeron a los Estados Unidos a reanudar los intentos de mediación, esta vez recurriendo a la fuerza. El 10 de abril, Wilson aprovechó que unos marineros norteamericanos habían sido detenidos en Tampico como pretexto para exigir que el gobierno mexicano honrase la bandera estadounidense o se atuviera «a las más graves consecuencias»[11]. Huerta se negó. El 14 de abril Wilson ordenó que la flota del Atlántico pusiera proa a Tampico y Veracruz. Cuatro días después el Departamento de Estado recibió un aviso en el sentido de que un barco alemán que transportaba armas y municiones para el ejército federal atracaría en Veracruz el 21 de abril. El día 20, con la seguridad de que las guarniciones federales de los puertos no ofrecerían resistencia al desembarco de tropas norteamericanas, Wilson decidió ocupar Veracruz y Tampico. Si Huerta no dimitía, Wilson tenía pensado mandar una expedición de infantes de marina en tren de Veracruz a Ciudad de México para derribar al presidente. Luego los Estados Unidos podrían supervisar las negociaciones entre su sustituto y los constitucionalistas con el objeto de formar un nuevo gobierno provisional, celebrar «elecciones libres» y restaurar la Constitución. El 21 de abril 1.200 infantes de marina y marineros desembarcaron en Veracruz.

La intervención fracasó. La guarnición de Veracruz ofreció resistencia y el desembarco en Tampico no llegó a efectuarse, ya que las fuerzas que debían llevarlo a cabo tuvieron que desviarse para ayudar a las desembarcadas en Veracruz. El 22 de abril 6.000 norteamericanos tenían el puerto en su poder. Pero en vez de dimitir, Huerta obtuvo del Congreso poderes dictatoriales en la guerra, las finanzas y las comunicaciones, encargó a líderes de los sindicatos ferroviarios que dirigiesen los ferrocarriles nacionales, movilizó manifestaciones patrióticas como parte de su programa de militarización de civiles e instó a todos los rebeldes a unirse a las tropas federales para hacer frente a la invasión yanqui. Los católicos, la ACJM y los obispos apoyaron públicamente sus llamamientos a la nación para que se uniese contra la profanación de la patria por los protestantes. El 22 de abril, Carranza denunció la intervención norteamericana tachándola de violación de la soberanía. Siguiendo los consejos de sus asesores privados en Washington, que le instaron a evitar hostilidades desastrosas en la frontera, se abstuvo de calificarla de acto de guerra, pero sí exigió la retirada inmediata de las fuerzas norteamericanas y juró combatir las intrusiones de los Estados Unidos en el territorio constitucionalista, que en aquellos momentos ya incluía los alrededores de Tampico. Zapata también juró que lucharía contra las fuerzas norteamericanas que penetraran en su territorio. Los europeos hicieron befa de la intervención. Los suramericanos la lamentaron. Hasta el público norteamericano tendía a oponerse a ella.

En vista de ello, Wilson la limitó a Veracruz. El 25 de abril, para salvar lo que quedaba de su plan de mediación, aceptó un ofrecimiento que hicieron Argentina, Brasil y Chile en el sentido de que se celebrara una conferencia con el fin de mediar «entre los Estados Unidos y México»[12]. El 27 del mismo mes volvió a prohibir el suministro de armas a México, pero ello no puso fin al contrabando en la frontera constitucionalista.

Huerta aceptó el ofrecimiento de mediación de los países «ABC» con el propósito de utilizarla contra los constitucionalistas. Pero, privado de los ingresos de la aduana de Veracruz y de pertrechos militares, el gobierno empezó a tambalearse. Ya no podía atender al pago de los intereses de la deuda exterior; el peso cayó hasta quedar en 0,30 dólares (véase el cuadro 3). El ejército se propasó en el reclutamiento forzoso y la militarización de civiles, entre los que había afiliados a las organizaciones laborales, y los anarquistas de Ciudad de México ofrecieron resistencia. El 27 de mayo el gobierno clausuró la Casa del Obrero.

A primera vista, el constitucionalismo adquirió fuerza. El primer jefe aceptó la mediación de «ABC» sólo «en principio», dando por sentado que se limitaría a tratar del incidente de Tampico y la intervención en Veracruz, y declaró en tono de desafío que su gobierno proseguiría la guerra para restaurar la Constitución[13]. Pero en el fondo, debido a sus demostraciones de independencia de los Estados Unidos, sus fuerzas comenzaron a dividirse. Los generales del noreste, donde las principales fuentes de ingresos eran las compañías mineras y petroleras norteamericanas, acogieron con agrado la declaración de autoridad nacional de su primer jefe: alentaría a las compañías a pagar impuestos constitucionalistas. Los generales del norte, que tenían sus principales fuentes de ingresos en los ranchos ganaderos mexicanos expropiados en Chihuahua, así como en las plantaciones de algodón británicas que había en los alrededores de Torreón, pero que tenían que vender el ganado y el algodón a los estadounidenses, vieron con malos ojos que Carranza desafiara a Washington: podía provocar represalias en las aduanas de El Paso. El que más se enfureció fue Villa, que hizo profesión pública de su amistad con los Estados Unidos.

A causa de esta división, viejas envidias afloraron a la superficie. Durante tres meses, desde que Wilson apoyaba al constitucionalismo, los patriarcas de la familia Madero exiliados en los Estados Unidos maniobraron para dar a la restauración constitucional el sentido limitado de restauración maderista. Contaban con muchos aliados en Sonora, donde el gobernador maderista que había huido en 1913 intentaba recuperar su cargo, y en Chihuahua, donde Ángeles, el viejo amigo de la familia, influía mucho en Villa. En mayo, Villa ya estaba convencido de que Carranza se proponía sabotear sus planes. Temerosos de un resurgir de los Madero, los jefes constitucionalistas empezaron a presionar a Carranza para que frenase a Villa.

Los constitucionalistas seguían actuando militarmente. Ya durante la crisis de Veracruz, González, Castro y Villarreal habían tomado Monterrey, donde el tercero pasó a ocupar el puesto de gobernador interino de Nuevo León. El 14 de mayo González, Caballero y Castro conquistaron Tampico y empezaron a recaudar los impuestos sobre el petróleo. El día 18 Cándido Aguilar tomó Tuxpan y se convirtió en gobernador interino de Veracruz. El día 21 Villa conquistó Saltillo, la entregó a González y volvió a Torreón. En el oeste, Obregón, Blanco, Diéguez e Hill tomaron Tepic el 16 de mayo y comenzaron la campaña para llegar a Guadalajara. En todo el territorio constitucionalista se abrieron más oficinas de bienes intervenidos, en las cuales algunos generales descubrieron oportunidades irresistibles de hacer negocios particulares. Las fuerzas conquistadoras también desahogaron sus ansias de venganza. Empujados por su rencor contra la Iglesia —vieja animosidad anticlerical de los liberales del norte aguzada por la colaboración de los católicos, los obispos y la ACJM con Huerta—, algunos generales dieron rienda suelta a una furia especial contra los templos y los sacerdotes. Desde Guerrero, el independiente ejército zapatista del sur recuperó la totalidad de Morelos excepto Cuernavaca y penetró con fuerza en el estado de México y en Puebla. En el territorio que controlaba dicho ejército los campesinos ya estaban recuperando la tierra para la temporada de siembra.

Pero las presiones favorables a la división iban en aumento. Los Estados Unidos las ejercían deliberadamente por medio de la conferencia ABC, que se inauguró el 20 de mayo de 1914 en Niagara Falls, Ontario. Durante las semanas siguientes, el Departamento de Estado eliminó el último apoyo británico privado de Huerta reconociendo las concesiones petroleras y mineras británicas que ya existían. Además, dirigida por los norteamericanos, la conferencia no se limitó a mediar «entre los Estados Unidos y México» a fin de resolver el incidente de Tampico y la intervención en Veracruz, sino que propuso repetidamente mediar entre los Estados Unidos, Huerta y los constitucionalistas con el objeto de formar un nuevo gobierno provisional. En un proyecto que se ofreció en varias ocasiones, Ángeles figuraba en calidad de presidente.

El constitucionalismo entró en un período de crisis a comienzos de junio. Carranza trasladó su gobierno de Chihuahua a Saltillo, ordenó que las haciendas confiscadas por Vida fueran recalificadas como simplemente embargadas (lo erial significaba que en su momento se devolverían a sus propietarios), interrumpió los envíos de carbón de Coahuila a los ferrocarriles de Villa y el 11 de junio hizo que fuerzas de Zacatecas-Durango atacasen la capital de Zacatecas para tratar de crear una división central que bloqueara el movimiento de los del norte hacia el sur. El 13 de junio Villa renunció al mando, pero el día 14 sus generales se lo devolvieron y, desobedeciendo las órdenes de Carranza, bajaron por la vía férrea con la intención de atacar Zacatecas. El día 19 Carranza expulsó a Ángeles del Ministerio de la Guerra. El día 23 los del norte aniquilaron un contingente federal de 12.000 hombres en Zacatecas, entregaron la ciudad a jefes locales y regresaron a Torreón. El día 29 Carranza nombró a González y Obregón generales de división, los primeros del ejército constitucionalista, dejando a Villa en una especie de versión militar del reino del olvido.

Durante esta crisis los constitucionalistas permanecieron unidos. El 4 de julio González hizo que Caballero, Castro y Villarreal se entrevistaran con delegados de Villa en Torreón y negociasen la reunificación. Todos los delegados estuvieron de acuerdo en que Carranza siguiera siendo el primer jefe y Villa, comandante de la división del norte. Pero también acordaron efectuar cambios radicales en el plan de Guadalupe para la reconstitución de un gobierno regular. Cuando triunfara la Revolución, el ejército constitucionalista disolvería el ejército federal, ocuparía su lugar e instalaría a Carranza en el cargo de presidente interino, con lo cual le impedirían presentarse a elecciones para ocupar cargos regulares. Su única función consistiría en convocar una junta de jefes constitucionalistas, los cuales nombrarían delegados a una convención. Ésta formularía un programa de reformas —para castigar a la Iglesia por colaborar con Huerta, para «el bienestar de los trabajadores» y para «emancipar económicamente a los campesinos»— y seguidamente supervisaría la elección de un gobierno regular que se encargara de llevar a cabo las reformas[14]. El pacto de Torreón, que se firmó el 8 de julio, no recibió la aprobación de Carranza, pero éste tampoco se opuso a él.

El 13 de julio, al clausurarse la conferencia ABC, los Estados Unidos seguían en Veracruz, comprometidos a reconocer un gobierno provisional negociado entre Huerta y los constitucionalistas. Pero el 7 del mismo mes, en la primera batalla importante del cuerpo del noreste, Obregón, Blanco, Diéguez, Hill y un contingente de 15.000 hombres aniquilaron una fuerza federal de 12.000 en la terminal de la vía férrea situada al oeste de Guadalajara, y al día siguiente ocuparon la ciudad. Obregón procedió inmediatamente a infligir terribles castigos a la Iglesia.

El día de la caída de Guadalajara, Huerta nombró a Francisco S. Carbajal para el puesto de ministro de Relaciones Exteriores. Carbajal había representado al gobierno de Díaz en las negociaciones que culminaron con el tratado de Ciudad Juárez en 1911 y era posible que volviese a preservar el ejército y la burocracia federales. El día 15 de julio Huerta presentó la dimisión y Carbajal se convirtió en presidente interino. El día 20, a bordo de un barco alemán, Huerta zarpó de Coatzacoalcos (a la sazón llamado Puerto México) rumbo al exilio.

Jesús Carranza ya había ocupado San Luis Potosí, abriendo con ello un camino directo para que el cuerpo del noreste penetrase en el Bajío. Carbajal solicitó un alto el fuego para entablar negociaciones. El primer jefe se negó. El día 23 de julio Wilson le advirtió que los Estados Unidos podían no reconocer su gobierno si éste no prestaba atención a los intereses extranjeros o permitía que se tomaran represalias contra sus adversarios, y el día 31 le recordó que sin el reconocimiento estadounidense un gobierno constitucionalista «no podría obtener ningún préstamo y caería rápidamente»[15]. Carranza contestó que los constitucionalistas ofrecerían las mismas garantías de siempre a los extranjeros, así como justicia de acuerdo con «nuestros intereses nacionales» a los mexicanos[16].

Antes de empezar la última campaña, cuyo objetivo era tomar Ciudad de México, el primer jefe repasó su estrategia. Aunque la principal fuerza constitucionalista era la división del norte, que para entonces contaba con 30.000 hombres, no se arriesgaría a permitir que Villa y Ángeles participasen en la victoria final. Para tenerlos inmovilizados en Torreón, ordenó a González y Murguía que cruzaran San Luis Potosí y penetrasen en el Bajío con 22.000 soldados del noreste. También ordenó a Obregón que avanzase desde el oeste y obligara al ejército federal a rendirse incondicionalmente. El día 26 de julio Obregón dejó a Diéguez en Guadalajara en calidad de gobernador interino de Jalisco y penetró en el Bajío con Blanco, Hill y un contingente de 18.000 hombres. El día 9 de agosto, cuando esperaba a unos 30 kilómetros al norte de Ciudad de México, recibió el aviso de que los comandantes federales se rendirían.

El día 12 de agosto Carbajal y la mayor parte de su gabinete partieron hacia Veracruz y el exilio. El gobernador del Distrito Federal, Iturbide, y Alfredo Robles Domínguez, el agente que Carranza había nombrado poco antes en Ciudad de México, se hicieron responsables del orden de la transición en la capital. El día 13 Obregón y Blanco, sin González (que se molestó por ello), firmaron con representantes del ejército y la marina federales un tratado que ponía oficialmente fin a la guerra. Las tropas federales y los Rurales de la capital fueron evacuados siguiendo la línea del ferrocarril de Puebla, donde Castro y Coss tenían que encargarse de desarmarlos y desmovilizarlos. Carranza ordenó a sus gobernadores interinos y a los comandantes de los estados que dieran de baja a las fuerzas derrotadas en otra parte. En particular, nombró a su hermano Jesús para que asumiera el mando de la totalidad de la cuarta parte del país comprendida entre Oaxaca, donde debían reunirse todas las fuerzas federales del oeste y el sur para su desmovilización, y Yucatán, donde no había revolucionarios locales. Los oficiales federales más odiados huyeron del país, entre ellos Orozco; unos cuantos recalcitrantes se escondieron en las montañas de Puebla-Oaxaca.

El día 15 de agosto Obregón entró en la capital con 6.000 hombres del cuerpo del noroeste, tras dejar a Blanco con otros 10.000 en los barrios periféricos del sur para impedir que los zapatistas entrasen también. El día 20 Carranza hizo su entrada triunfal en la ciudad. Al día siguiente instaló su gobierno en el Palacio Nacional y empezó una purga de la burocracia. Aunque la guerra había terminado, se abrieron muchas más oficinas de bienes intervenidos y era cada vez más frecuente que, fueran viejas o nuevas, sirviesen a intereses privados.

AGOSTO DE 1914 - OCTUBRE DE 1915

La lucha dentro del régimen mexicano por restaurar su constitucionalidad había provocado su destrucción: el derrumbamiento de todos los laberínticos pactos políticos y comerciales que durante los 30 años anteriores se habían hecho a escala nacional, regional y local, la pérdida de todos los potenciales de crédito internacional, el agotamiento de un Tesoro rebosante y la disolución del ejército federal y los Rurales. Lo peor fue que las ruinas permanecieron en su sitio y obstaculizaron la construcción de un nuevo régimen. La deuda exterior se había acumulado hasta alcanzar los 675 millones de pesos, sin perspectivas de efectuar pagos con cargo a la misma mientras los Estados Unidos tuvieran Veracruz en su poder; también se habían acumulado onerosas reclamaciones extranjeras por muertes y por destrucción de bienes. El sistema bancario se hallaba al borde de la bancarrota. Con unas reservas metálicas de 90.000 pesos, los billetes de banco y otras obligaciones ascendían a 340 millones de pesos, y puramente por mandato circulaban varias monedas constitucionalistas por valor de 60 millones de pesos más, cuyo valor de cambio era de 0,25 dólares solamente. Los desperfectos sufridos por los ferrocarriles y la interrupción del trabajo en las minas, las fábricas y las factorías habían agravado la depresión económica del país. La Fundidora de Monterrey casi había suspendido las operaciones. Y, como si la guerra también hubiera trastornado el clima, las lluvias fueron escasas durante el verano por segunda vez, lo cual significaba hambre o la necesidad de importar alimentos en 1915.

Asimismo, las fuerzas victoriosas no se ponían de acuerdo sobre la clase de nuevo régimen que tenían que construir. El conflicto era más hondo que las simples rivalidades personales. Debido a que los grandes ejércitos revolucionarios se habían formado en regiones que eran diferentes material y socialmente, el noreste, el noroeste, el norte y el sur representaban, cada una de ellas, una formación determinada de fuerzas sociales. Tres de los cuatro ejércitos se habían formado de modo tan distinto, que la lucha por la edificación del nuevo régimen empezaría como una lucha, aunque fuese disimulada, por las relaciones sociales de producción. Y habiéndose formado de modo tan independiente unas de otras, las diferentes fuerzas no tenían ningún partido en el cual pudiera mediarse el conflicto.

El cuerpo del noreste y el del noroeste eran parecidos. Edificados en torno a los núcleos de las milicias de Sonora y Coahuila, se habían transformado en ejércitos profesionales cuyos efectivos totales eran de 60.000 hombres, los cuales luchaban por la paga. En realidad, ambos cuerpos consistían en varias unidades profesionales que pertenecían a los diversos generales que las habían reclutado, que garantizaban sus sueldos y que (con las excepciones de Jesús Carranza y otro par de ellos) obedecían al primer jefe y cooperaban unas con otras sólo por razones maquiavélicas. Típicamente, tanto en el noreste como en el noroeste estos jefes revolucionarios, a principios de siglo, eran jóvenes emprendedores: comerciantes, agricultores y rancheros provinciales. Algunos de ellos eran magonistas en 1906, la mayoría eran antirreeleccionistas en 1910, casi todos ellos eran maderistas en 1911 y todos ellos eran funcionarios municipales o estatales en 1912 y, para salvar su carrera, constitucionalistas en 1913. Al madurar y sentirse frustrados, aprovecharon el derrumbamiento de los antiguos pactos a escala nacional como oportunidad para rehacerlos con nuevos socios. En los territorios que tenían dominados, prosperando dentro y fuera de las oficinas de bienes intervenidos, se adueñaban de los monopolios locales para repartirlos entre sus parientes, amigos y colaboradores o para quedárselos ellos mismos. Y también imponían su patronazgo a las organizaciones laborales. Inmediatamente después de la ocupación de Ciudad de México, reformaron la dirección de los Ferrocarriles Nacionales, amenazaron a los líderes de la UCMGF y la UMM con castigarles por huertismo y cancelaron los contratos de los sindicatos portuarios; la CGM se disolvió. Se declararon custodios de la ya deprimida Unión Minera y de los comités de las fábricas textiles. El 21 de agosto, con una subvención del cuartel general de Obregón, volvieron a abrir la Casa del Obrero de Ciudad de México. En lo que se refiere a «la cuestión agraria», sólo veían al peón y los síntomas de su difícil situación: sus antiguas deudas, que cancelaron, y sus bajos salarios, cuya subida decretaron. Exceptuando dos o tres individuos quijotescos, no mostraron ningún interés por redistribuir las tierras entre los campesinos.

La división del norte que mandaba Pancho Villa también era un ejército profesional, 30.000 soldados a los que se pagaba con regularidad, el cuerpo militar más fuerte del país. Pero, como se había formado en circunstancias más complicadas que las del noreste o las del noroeste, constituía una fuerza más heterogénea. En sus primeros tiempos militaban en sus unidades milicianos y contingentes de campesinos que luchaban para obtener tierras. Pero a medida que el ejército fue creciendo, se habían incorporado a él muchos elementos nuevos, mineros sin trabajo, vaqueros, guardavías del ferrocarril y bandidos, los cuales combatían por la paga, los ascensos y el botín. Sus jefes formaban el más variopinto de los grupos. Algunos habían sido jóvenes portavoces de los aparceros a comienzos de siglo, humillados al madurar, metidos en líos frecuentes con los Rurales, maderistas en 1910, capitanes de milicia en las luchas contra Orozco en 1912, constitucionalistas para salvar la vida y salvar a sus hombres en 1913. Muchos más habían llegado virtualmente de ninguna parte, no se habían distinguido hasta después de 1913, cuando su temeridad, su sed de sangre y la suerte les habían ayudado a situarse en puestos de mando. En el territorio bajo su mando, se apoderaban de cuanto podían, ya fuera viejo o nuevo. Las contradicciones de las fuerzas del norte se manifestaron con mayor claridad al llegar el momento de repartir las haciendas confiscadas. Villa albergaba la intención de satisfacer a los campesinos que habían combatido a sus órdenes con el fin de recuperar las tierras perdidas y conceder «colonias» al resto de sus soldados[17]. Pero no podía hacerlo mientras existiera la posibilidad de que necesitase un ejército para operar fuera de su región, ya que, una vez que tuvieran granjas, era poco probable que sus hombres se mostraran dispuestos a combatir en lugares lejanos. Su oficina de propiedades confiscadas administraba las haciendas como un monopolio, arrendándolas a terrazgueros, gastando los ingresos en pertrechos militares y en pagar a la tropa, en pensiones para las viudas y los huérfanos de la división y en la administración del estado, por todo lo cual aplazaba la redistribución de la tierra hasta que pudiera disolver el ejército sin que ello representase peligro alguno. Pero algunos jefes divisionarios tenían en su poder haciendas extensas y las regentaban como si fueran baronías.

Por si no tuviera suficientes complicaciones, Villa se había echado a cuestas a los políticos maderistas que habían reaparecido en Sonora y Chihuahua. Estos líderes revolucionarios tenían tan pocos deseos de repartir tierra entre las tropas como los generales del noreste o el noroeste. Lo que pretendían era que la división del norte hiciera presidente a Ángeles, con el fin de recoger los pedazos de febrero de 1913 y rehacer con ellos un régimen nuevo que fuese digno de los hacendados emprendedores.

De todos los ejércitos revolucionarios, el zapatista del sur era el más sencillo. No era profesional y sus 15.000 regulares y 10.000 guerrilleros no cobraban. El ejército del sur no pertenecía a Zapata ni a él y todos sus jefes, sino a los poblados que los habían levantado y reclutado, tanto a ellos como a sus tropas, y que les habían prestado el apoyo necesario para una guerra cuyo objetivo era obtener tierras. Enraizados en los poblados, gozando de su confianza y confiando a su vez en ellos, los jefes del sur eran, por lo tanto, entre todos los revolucionarios, los más decididos a efectuar en serio cambios económicos y sociales. Héroes de vecindario a principios de siglo, madurados en las luchas locales para reclamar antiguos derechos sobre determinados campos, bosques y ríos, metidos siempre en líos con la policía, en 1910 los líderes de los poblados, casi todos ellos maderistas en 1911, todos ellos zapatistas en 1912 y en lo sucesivo, eran los que durante más tiempo habían luchado contra los antiguos pactos, y ahora, ignorando la teoría pero, pese a ello, decididos a todo, se propusieron edificar un anarcocomunismo agrario. Su causa se benefició en gran medida de la plata de Guerrero, que les permitía gozar de la moneda más sana del país. No menos les benefició el hecho de que la administración del cuartel general permaneciera en manos de Manuel Palafox, que había demostrado ser un honrado, responsable, astuto, decidido, intrépido y visionario ejecutor de la reforma agraria. Tras destruir los viejos monopolios de su territorio, los jefes del sur estaban reorganizando el comercio para que satisficiera las necesidades locales. Y, una vez expropiadas las haciendas, hicieron que Palafox autorizase a los poblados a reocupar sus antiguas tierras y el resto lo administraron con el objeto de obtener dinero para el ejército, las pensiones y las subvenciones locales, al mismo tiempo que se preparaban para conceder granjas a asentamientos que nunca las habían tenido. Otra peculiaridad del sur era que el cuartel general hacía las veces de refugio de intelectuales anarquistas procedentes de la Casa del Obrero. Los anarquistas no figuraban en las decisiones que tomaban los zapatistas en cuestiones de estrategia o normas de actuación. Pero lo que sí hicieron fue divulgar el zapatismo como azote de la civilización burguesa.

Estas condiciones por sí solas inducían a un arbitraje por parte de extranjeros. Mucho más importante era el hecho de que en Europa acababa de estallar la guerra, lo cual agrandaba las responsabilidades imperialistas de los neutrales Estados Unidos. En particular confirmó la doctrina Monroe como mandato para la hegemonía norteamericana en el hemisferio occidental. Y, como trastornó la navegación mundial, disminuyó la producción mexicana destinada a la exportación (especialmente de petróleo), atrofió la capacidad material del país para vivir en orden y prácticamente dictó los intentos norteamericanos de dirigir los asuntos de México. Dado que Carranza se había instalado en el Palacio Nacional sin la mediación de los Estados Unidos, Wilson se abstenía de reconocer su gobierno. En vista de ello, los Estados Unidos trataron directamente con las principales fuerzas sociales de México. Los objetivos de Washington eran la reconciliación de los restos del antiguo régimen con, como mínimo, algunos de los paladines del nuevo, a fin de llevar a cabo una restauración constitucional que fuera conservadora y al mismo tiempo honradamente popular, conceder un préstamo para reformar la deuda exterior y dotar de fondos a una comisión de reclamaciones, y supervisar el aspecto financiero del desarrollo económico de México. Estos objetivos cuadraban bastante bien con los intereses de la veintena y pico de grandes compañías extranjeras y nacionales. De todas formas, debido al caos que reinaba en Europa, las compañías que antes comerciaban en ella ahora tendrían que negociar más en los mercados norteamericanos. Pero las grandes empresas no tenían ningún partido ni ejército.

Como mal menor, los Estados Unidos apostaron por Villa con la esperanza de que edificase el nuevo régimen. Villa, que al parecer era el más pro norteamericano de los generales constitucionalistas, y que también parecía hallarse sometido a la renovada influencia conservadora de los maderistas, dominaba con firmeza la maquinaria bélica más potente del país. Si Washington le apoyaba, un número suficiente de generales del noreste y del noroeste se pasarían al bando de Villa e intimidarían a la mayoría de los demás, que también se unirían a él. Se disponía ya de una fórmula de unificación en el pacto de Torreón, la convención de delegados constitucionalistas. A finales de agosto de 1914 el agente del Departamento de Estado en el cuartel general de la división del norte hizo que Villa y Obregón negociaran los preparativos para la convención. El 1 de septiembre, habiéndose percatado del giro que tomaban los acontecimientos, Hopkins dimitió de su cargo de consejero de Carranza.

Al verse abandonado, el primer jefe se volvió más flexible. El día 5 de septiembre decidió que la convención se celebrara el 1 de octubre en Ciudad de México. Para que las perspectivas en su propio bando siguieran siendo interesantes, decretó que la moneda constitucionalista emitida anteriormente fuese sustituida por una emisión de 130 millones de pesos en papel moneda. Y maniobró para dividir a la oposición. La convención se inauguró bajo la presidencia de un abogado que se había convertido en uno de los consejeros más íntimos de Carranza, el antiguo jefe de disciplina de Gustavo Madero y principal renovador del vigésimo sexto congreso: Luis Cabrera. No asistió ningún delegado del norte ante el sur.

El cambio de dirección favorable a Villa ocurrió a pesar de todo. El día 5 de octubre, siguiendo los argumentos de Obregón, la convención votó en favor de trasladarse al norte, a Aguascalientes, en territorio que era neutral pero estaba cerca de la base de Villa en Torreón, y excluir a los civiles (en particular a Cabrera). El día 15 de octubre, en Auguascalientes, invitó a Zapata a mandar delegados y, una vez que hubieron llegado, aprobó «en principio» el programa Ayala para la redistribución de tierras entre los campesinos[18]. El día 30 del mismo mes votó a favor de deponer al primer jefe y el 1 de noviembre eligió a un presidente interino, Eulalio Gutiérrez, que era un general de San Luis Potosí. Al día siguiente aceptó la ocupación de Aguascalientes por Villa. El día 6 de noviembre Gutiérrez prestó juramento. El día 10, en vista de que Carranza se negaba a retirarse, la convención le declaró en rebeldía y Gutiérrez nombró a Villa comandante de los ejércitos de la convención. El primer jefe ya había trasladado su gobierno de Ciudad de México a Orizaba. Para entonces, el valor de su moneda ya había descendido y el peso se cotizaba a 0,20 dólares (véase el cuadro 3). Washington juzgó que las cosas iban tan bien, que el día 13 de noviembre Wilson ordenó que se evacuara el puerto de Veracruz en diez días.

Pero Carranza tenía preparada una resistencia sorprendente por su amplitud. Desde el principio contaba con la lealtad de Aguilar en Veracruz, de González, que volvió al noreste, y de Jesús Carranza, que se había quedado en Coatzacoalcos, por los ingresos de los campos petrolíferos de Minatitlán. Cuando la súbita expansión del control que del norte ejercía sobre la convención alarmó a otros generales del noreste y del noroeste, había aprovechado con destreza los celos que existían entre ellos. Antes de que transcurriera una semana desde que la convención declarase en rebeldía al primer jefe, casi todos sus subordinados importantes del noroeste —Alvarado, Caballero, Calles, Castro, Coss, Diéguez, Hill, Murguía, Villarreal— se declararon carrancistas. También Obregón se unió entonces al primer jefe en Orizaba. De todos los subordinados importantes, sólo Blanco permaneció fiel a la convención. Cuando los estadounidenses evacuaron Veracruz el 23 de noviembre, Aguilar la ocupó. El día 26, Carranza instaló su gobierno en el puerto, donde tenía los ingresos de las aduanas y una salida para las exportaciones que le proporcionarían dólares con los que importar armas y municiones de contrabando.

No todos los revolucionarios se decantaron por uno u otro bando. En muchos distritos aislados los jefes locales se convirtieron en pequeños señores de la guerra. El más notable de ellos, Manuel Peláez, apareció en las montañas del norte de Veracruz. En noviembre empezó a vender a las compañías petroleras protección para sus operaciones en las cercanas tierras bajas, entre Tampico y Tuxpan.

A finales de noviembre de 1914 fuerzas villistas y zapatistas ocuparon conjuntamente Ciudad de México. A comienzos de diciembre, Gutiérrez dio a conocer su gabinete, en el que un subordinado de Villa desempeñaba el cargo de subsecretario de la Guerra y Manuel Palafox era el ministro de Agricultura. Las grandes empresas de la ciudad recibieron al nuevo gobierno sin formular ninguna queja seria. Lo mismo cabe decir de los sindicatos. Como muestra de apoyo casi explícito, los trabajadores de la Mexican Power and Light Company organizaron el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), asegurando el control amistoso de la energía, no sólo para las fábricas y los tranvías, sino también para las grandes minas de Hidalgo y el estado de México.

De Chihuahua al Bajío, los generales villistas reclutaron miles de soldados para entrar en acción inmediatamente. A mediados de diciembre sus fuerzas habían tomado Guadalajara y emprendido ofensivas contra las guarniciones carrancistas de Sonora a Tamaulipas; y los zapatistas habían conquistado la capital de Puebla. El 4 de enero, en Ciudad de México, Villa incorporó a sus fuerzas unos 1.500 oficiales del ex ejército federal (entre ellos siete generales de división) para que ocuparan nuevos puestos de mando y prestaran servicio en el estado mayor de sus ejércitos ampliados.

Pero también las fuerzas carrancistas eran más poderosas que antes. El día 4 de diciembre, preparando una vuelta a la ofensiva, Carranza decretó la requisición de casi todos los ferrocarriles del país. Y dondequiera que dominasen la situación, los generales carrancistas abrían un organismo característicamente carrancista, una Comisión Reguladora del Comercio local, con el fin de controlar la distribución del abastecimiento y fomentar el alistamiento en sus fuerzas. Jesús Carranza cruzó el istmo de Tehuantepec desde Coatzacoalcos, subió por la costa occidental hasta Sinaloa, reclutando jefes locales por el camino, y volvió para levantar un ejército en Oaxaca con el propósito de emprender una campaña en el suroeste. En Jalisco, Diéguez se puso en contacto con Murguía en Michoacán, donde casualmente se hallaba inmovilizado debido a la ocupación de Ciudad de México por los villistas, y juntos hostigaron las comunicaciones de Villa en el Bajío. A finales de diciembre, Villarreal tenía Monterrey en su poder, y González, Tampico y sus ingresos. Mientras los villistas buscaban en el deprimido norte dinero en metálico que les permitiera importar armas y municiones para sus grandes ofensivas, y mientras los zapatistas atesoraban su plata y redistribuían tierras, los carrancistas exprimían a las compañías más ricas del Golfo valiéndose de impuestos y préstamos con la intención de formar un nuevo ejército de operaciones. Bajo el mando de Obregón, con Castro y Coss como sus principales subordinados, el nuevo cuerpo formó rápidamente una fuerza de 12.000 hombres adiestrados y bien pertrechados. El día 15 de enero de 1915 reconquistó Puebla con facilidad y se dispuso a seguir avanzando hacia Ciudad de México.

Los carrancistas también se reorganizaron en el plano político. Para justificar su desafío a la convención, los generales persuadieron al primer jefe a dar a conocer un programa de reformas. El 12 de diciembre de 1914 Carranza declaró, no sólo que su movimiento constitucionalista continuaría, sino también que, en lo referente a las necesidades apremiantes de la nación, promulgaría decretos provisionales para garantizar las libertades políticas, la devolución de la tierra a los desposeídos, el cobro de impuestos de los ricos, la mejora de la condición de «las clases proletarias», la purificación de los tribunales, la reexpulsión de la Iglesia de la política; asimismo, haría valer los intereses nacionales en lo referente a los recursos naturales y facilitaría el divorcio[19]. El día 14 reformó su gabinete y designó a Luis Cabrera como ministro de Hacienda, a la vez que otros renovadores pasaban a ocupar la mayoría de los demás ministerios. El 6 de enero autorizó la creación de comisiones agrarias que atenderían las quejas de los desposeídos y considerarían la expropiación de tierras para concedérselas a los poblados que no las tenían. El día 7 de enero de 1915 ordenó a las compañías petroleras que obtuvieran licencias nuevas de su gobierno para todas sus operaciones.

Los Estados Unidos aumentaron su apuesta a favor de Villa. Los días 8 y 9 de enero el jefe del estado mayor del ejército norteamericano y el agente del Departamento de Estado en el norte se reunieron públicamente con Villa en Ciudad Juárez y en El Paso. En el noreste, Ángeles derrotó a Villarreal y tomó Monterrey el día 10 de enero. En Oaxaca, por razones locales, pero, pese a ello, con consecuencias importantes para la nación, un jefe del lugar hizo asesinar a Jesús Carranza.

Washington presenció con desánimo la caída de la convención. El día 16 de enero, al descubrirse que estaba en correspondencia con carrancistas, el presidente interino Gutiérrez huyó de Ciudad de México a San Luis Potosí y al olvido. Su sustituto, el villista Roque González, sólo pudo presidir los males que iban acumulándose sobre la ciudad, entre los que no faltaban la escasez de alimentos y una epidemia de fiebre tifoidea. Diéguez y Murguía reconquistaron Guadalajara. Y al acercarse el ejército de operaciones de Obregón a Ciudad de México, la guarnición de villistas y zapatistas la evacuó a la vez que la convención se replegaba hacia Morelos. El 28 de enero, Obregón ocupó la ciudad.

Villa organizó su propio gobierno en el norte y reconquistó Guadalajara a mediados de febrero. Lo que deseaba hacer seguidamente era aniquilar a Diéguez y Murguía, despejar su flanco derecho para lanzar un ataque contra Obregón. Pero Ángeles insistió en que se mandaran numerosos refuerzos a Monterrey con vistas a emprender una campaña contra Tampico. Villa cedió a sus deseos e hizo que el grueso de sus fuerzas se dirigiese hacia el noreste pasando por Torreón, lista maniobra por sí sola bastó para desmoralizar a Villarreal hasta tal punto que se retiró y fue a exiliarse en Texas. Y Villa recibió un nuevo tipo de apoyo en Yucatán, donde tropas ex federales se sublevaron en su nombre.

Mientras tanto, como la navegación mundial se ajustaba a la guerra en Europa, las compañías petroleras en México reanudaban la producción, que alcanzó cotas altísimas, con vistas a exportar a los Estados Unidos. No solicitaron nuevas licencias para sus operaciones como ordenara Carranza, pero los ingresos que el petróleo proporcionaba a los carrancistas aumentaron considerablemente. Con ellos y con los que obtenía de la aduana de Veracruz, Carranza mandó a Alvarado a luchar por Yucatán, su Comisión del Henequén y más ingresos. En Ciudad de México, en un estallido jacobino de anticlericalismo y antimercantilismo, Obregón obtuvo préstamos forzosos de la Iglesia, obligó a las grandes empresas comerciales a pagar impuestos especiales, encarceló a los clérigos y comerciantes recalcitrantes, compró el apoyo de la Casa del Obrero y por medio de ella reclutó a unos 5.000 trabajadores para formar «batallones rojos».

Después de tres meses de resistencia carrancista, Wilson probó suerte adoptando una actitud más amenazadora. El día 6 de marzo, los Estados Unidos comunicaron a Obregón y Carranza que los consideraría «personalmente responsables… de los sufrimientos causados a vidas o bienes norteamericanos» en Ciudad de México[20]. Para responder a la advertencia norteamericana, Carranza contaba con el asesoramiento de su nuevo consejero jurídico en los Estados Unidos, Charles A. Douglas. Este era otro abogado de Washington, confidente desde hacía mucho tiempo del secretario de Estado y agente jurídico en los Estados Unidos también de los gobiernos cubano, nicaragüense y panameño. Y en aquellos momentos se encontraba en Veracruz. Tras consultar con Douglas, el primer jefe se retiró. El día 10 de marzo ordenó a Obregón que evacuara la capital, azotada por el hambre y la fiebre, y entonces los zapatistas y la convención la reocuparon. Pero los carrancistas ganaron un terreno más valioso cuando el 19 de marzo Alvarado ocupó Mérida y, al día siguiente, Progreso.

En marzo de 1915, la guerra afectaba ya a 160.000 hombres: 80.000 carrancistas, 50.000 villistas, 20.000 zapatistas y 10.000 de otras afiliaciones. El principio del fin de la contienda tuvo lugar en el mes siguiente. A finales de marzo, Villa inició su campaña hacia Tampico. De no haber surgido contratiempos, probablemente hubiese aplastado las defensas erigidas allí por un subordinado carrancista que empezaba a destacar después de que González se reuniera con Carranza en Veracruz: Jacinto Treviño. Pero Diéguez y Murguía volvían a amenazar Guadalajara. Y Obregón, tras abandonar Ciudad de México, se dirigió hacia el norte con Castro e Hill y penetró en el Bajío, contando con que los jefes carrancistas de Hidalgo y Puebla protegerían el ferrocarril que le abastecía desde Veracruz. El día 4 de abril fortificó el empalme clave del Bajío, Celaya, con 11.000 hombres, artillería y ametralladoras. Villa se apresuró a atacar la ciudad con 12.000 hombres y artillería. Los villistas estuvieron a punto de vencer en los días 6 y 7 de abril, pero las fuerzas de Obregón resistieron el ataque. Ambos bandos reforzaron sus efectivos: Obregón contaba ahora con 15.000 hombres y había recibido un gran cargamento de municiones desde Veracruz; Villa disponía de 20.000 hombres en lugar de 12.000. La segunda batalla de Celaya empezó el 13 de abril. Terminó el día 15 con la retirada de los villistas hacia el norte. El día 18, Diéguez y Murguía tomaron Guadalajara.

Durante la primavera de 1915 las noticias que se recibían en Washington acerca de submarinos alemanes en las rutas de navegación del Atlántico Norte postergaron las que llegaban de Celaya. Pero, como la guerra en Europa había empezado a limitar la libertad de movimientos de los Estados Unidos en el extranjero, Washington necesitaba que el orden político se restableciera en México cuanto antes. Asimismo, el gobierno norteamericano ya sufría la amenaza de un nuevo problema: desde enero, Orozco, felicistas y huertistas que se encontraban en Norteamérica se habían puesto en comunicación con rebeldes norteamericanos de origen mexicano en el sur de Texas, con obispos católicos estadounidenses y con abogados de Wall Street, y el 12 de abril Huerta en persona llegó a Nueva York portando fondos alemanes para una contrarrevolución. El día 23, Carranza ofreció un remedio: Douglas presentó privadamente al Departamento de Estado un borrador de las promesas que el primer jefe haría si los Estados Unidos reconocían su gobierno, entre ellas la de proteger de forma especial las vidas y los bienes extranjeros, indemnizar a los extranjeros por las pérdidas sufridas, no llevar a cabo confiscaciones para resolver «la cuestión agraria», conceder una amnistía general y respetar la religión. En mayo un alto cargo del Departamento de Estado y el secretario del Interior promovieron otro plan contrarrevolucionario, trazado en torno a Eduardo Iturbide, que ocuparía la presidencia; el gobierno resultante de ello, si era reconocido por los Estados Unidos, recibiría a través de Speyer un préstamo de 500 millones de dólares. Pero Wilson, que en aquellos momentos estaba preocupado por la crisis del Lusitania, decidió ejercer presión a favor de la reconciliación de los revolucionarios. El día 2 de junio ofreció apoyo al «hombre o grupo de hombres… que pueda… hacer caso omiso, si no puede unirlas, de las facciones que se enfrentan en el país… e instaurar un gobierno en México… para el cual el programa de la Revolución sea un negocio en lugar de una mera plataforma»[21].

El ofrecimiento de Wilson llegó justo en el momento en que se esfumaban las probabilidades de que diera fruto. Durante mayo, después de reorganizar sus fuerzas, Villa había vuelto a entablar batalla con las de Obregón, reforzado ahora por Diéguez y Murguía. Fue una batalla larga y compleja alrededor de León. Villa ordenó a Ángeles que volviera del noreste, abandonó Monterrey a los carrancistas locales, redujo los efectivos que sitiaban Tampico (hasta tal extremo que se derrumbaron ante las defensas de Treviño) y concentró 35.000 hombres contra los 30.000 de Obregón. El combate decisivo empezó el 1 de junio. El día 3 los villistas casi habían ganado otra vez, Obregón estaba herido y su sustituto, Hill, sólo nominalmente mandaba sobre Castro, Diéguez y Murguía. Pero, escaseándoles las municiones, fracasaron tácticamente y el día 5 volvieron a emprender la retirada hacia el norte.

El día 9 de junio Villa aceptó el llamamiento a la reconciliación que hiciera Wilson y propuso entablar conversaciones con Carranza inmediatamente. Pero los carrancistas tenían ahora mejores razones que nunca para continuar luchando. Contaban con unos 100.000 hombres en armas frente a los 40.000 villistas y 20.000 zapatistas. En las localidades, las oficinas de bienes intervenidos y las comisiones reguladoras sustentaban sus guarniciones. González y Coss estaban creando un nuevo cuerpo de ejército del este en Puebla con la intención de reconquistar Ciudad de México. Otros cuatro jefes fueron ascendidos a generales de división: Castro, Diéguez, Hill y Murguía. Los ingresos que permitirían una ofensiva llegaban en abundancia, no sólo de los distritos petroleros y Veracruz, sino también de la Comisión del Henequén, que Alvarado había convertido en un depósito regular de dólares; en el plazo de un mes justo Alvarado pasó a ser el séptimo general de división. El 11 de junio, instando a villistas y zapatistas a reunificarse bajo su autoridad, Carranza publicó su programa de gobierno, que consistía en las promesas que ofreciera al Departamento de Estado en abril, y declaró que esperaba que se le reconocería.

El día 18 de junio Wilson advirtió a Carranza que tal vez los Estados Unidos intervendrían pronto para salvar a México de sí mismo, pero concedió que si Carranza hacía «un esfuerzo sincero para unir a todos los partidos y grupos», entonces los Estados Unidos «considerarían seriamente» la posibilidad de reconocerle[22]. El día 21 Carranza contestó que si los Estados Unidos permanecían neutrales, la causa constitucionalista sometería a la oposición[23]. El día 27 el Departamento de Justicia norteamericano sometió a su principal oposición en su jurisdicción y encarceló a Orozco y Huerta en El Paso. La noticia debió de agudizar la amargura de los últimos días de don Porfirio: el 2 de julio murió en París. (Orozco se fugó de la cárcel, pero fue muerto por la policía de Texas el 30 de agosto. Huerta, que salió de la cárcel para quedar bajo arresto domiciliario en El Paso, murió de cirrosis hepática el 13 de enero de 1916).

Mientras tanto, en Oaxaca había surgido una nueva oposición que los carrancistas deberían someter. El día 13 de junio, bajo la influencia de conservadores locales, el gobierno del estado había declarado la independencia. Pero a comienzos de julio, Carranza confió a un viejo subordinado de su hermano, Jesús A. Castro, la tarea de restaurar la autoridad carrancista en Oaxaca. Más importante fue el hecho de que el villismo cayó como posible fuerza gobernante. Su moneda apenas circulaba por el norte. La costumbre de llevar a cabo exacciones especiales degeneró en correrías de saqueo. Desertaron muchos oficiales y soldados; las fuerzas que permanecieron en sus puestos apenas podían contener a Treviño en Monterrey y no pudieron impedir que Obregón, que acababa de recibir municiones y refuerzos de Veracruz, llevara a Cesáreo Castro, Murguía y 20.000 soldados hacia Aguascalientes, en el norte. Unos 10.000 villistas ofrecieron resistencia en aquel lugar. El combate empezó el 6 de julio. El día 10 las fuerzas de Obregón rompieron las líneas villistas, que una vez más se retiraron hacia el norte. Ángeles se fue del país para ejercer presión en Washington. Entretanto, González había avanzado con los 10.000 hombres del ejército del este hacia Ciudad de México, de donde la convención huyó por última vez el día 9 de julio, y ocupó la capital el día 11. Carrancistas locales tomaron San Luis Potosí y Murguía se apoderó de Zacatecas. En un osado intento de recuperar el terreno perdido, un contingente villista que seguía en el oeste cruzó rápidamente el Bajío y atacó las líneas que abastecían a Obregón desde Veracruz. Pero el día 17 de julio González evacuó Ciudad de México para defender las líneas. El 2 de agosto, después de repeler a los villistas con Coss y sus fuerzas, volvió a ocupar la capital, ahora definitivamente. Y Coss pasó a ser el octavo general de división.

A medida que aumentaba militarmente, el carrancismo se volvió más interesante para las grandes empresas. Como ahora obtenían ingresos regulares de las exportaciones, los carrancistas ya no tenían que cobrar impuestos especiales; de hecho, fueron un alivio después de las exacciones de Villa. Sus pesos de papel incrementaron la inflación: entre noviembre de 1914 y mayo de 1915 el valor del peso carrancista bajó de 0,20 a 0,09 dólares (véase el cuadro 3). Pero, debido a que la guerra europea y la guerra civil impedían efectuar inversiones productivas, la inflación proporcionaba buenas oportunidades de hacer negocio especulando con productos básicos. En junio el Ministerio de Hacienda llevó a cabo otra emisión para incrementar la oferta hasta dejarla en 215 millones de pesos; luego, en julio, anunció que, dado que gran parte del papel que circulaba era falsificado, pronto emitiría una moneda totalmente nueva por valor de 250 millones de pesos, lo que en realidad era incitar a la especulación.

Se formaron algunas conexiones políticas con las pequeñas empresas. La clave era el control militar local. Como determinados jefes carrancistas dominaban los ferrocarriles, las oficinas de bienes intervenidos y las comisiones reguladoras, los plantadores, rancheros, fabricantes y comerciantes de sus distritos se veían obligados a aceptar pactos con ellos, o con sus parientes, amigos y colaboradores. Dadas la inflación y las malas cosechas de dos años, el comercio de cereales, que era sumamente lucrativo, se hallaba detrás de la mayoría de estas asociaciones. Aquel verano las lluvias volvieron a escasear, con la consiguiente perspectiva de otra mala cosecha, beneficios más elevados y consolidación de los nuevos pactos.

Los carrancistas también reforzaron su patronazgo de las organizaciones laborales. También en este caso la clave era el control militar de las localidades. La guerra misma, al hacer que el dominio de los ferrocarriles cambiara de manos con frecuencia, ya había perjudicado a la UCMGF y a la UMM. Ahora se vieron paralizadas por los favores que hacían los militares para recompensar los servicios leales y por las amenazas de castigo por villismo. Bajo vigilancia militar, los sindicatos mineros del noreste iban haciendo. La tolerancia que mostraban los militares por los acuerdos establecidos anteriormente hacía que los sindicatos portuarios continuasen su trabajo. De modo parecido, con un par de decretos que aumentaban los salarios, Aguilar consiguió que los trabajadores textiles de Orizaba permanecieran en sus fábricas. Y las subvenciones carrancistas fomentaron la creación de Casas del Obrero, la mayoría de ellas dóciles, en más de una treintena de ciudades y poblaciones de provincias. Sin embargo, en Ciudad de México, donde los sindicatos habían crecido libremente bajo la convención, González no pudo retener el control. El SME de los electricistas tenía sus líderes y fuerzas propios y en mayo había ganado su primera huelga. El 12 de agosto, a pesar de González, empezó otra y, con la ayuda de camaradas de Tampico, Pachuca y las minas de El Oro en el estado de México, la mantuvo durante ocho días y la ganó.

Wilson volvió a intentar la mediación entre los ejércitos contendientes. El día 11 de agosto se celebró en Washington una conferencia panamericana de delegados de los Estados Unidos, los países «ABC», Bolivia, Guatemala y Uruguay. La conferencia pidió que «todas las autoridades militares y civiles prominentes en México» organizaran otra convención revolucionaria para concertar la formación de un gobierno provisional[24]. Los generales villistas y Villa aceptaron en seguida, y lo mismo hicieron los zapatistas. Pero ninguno de los generales carrancistas quiso hablar de la invitación; todos ellos dijeron a los panamericanos que se la hicieran al primer jefe. El día 10 de septiembre Carranza contestó oficialmente y se negó a hablar de nada que no fuera el reconocimiento de su gobierno.

El 4 de septiembre los villistas habían perdido Saltillo, su última posición en el noreste. El día 19 empezaron a evacuar Torreón y se retiraron a su antigua base en Chihuahua. El día 26 el último de ellos salió de la ciudad y el 28 Murguía la ocupó. Durante las mismas semanas, fuerzas carrancistas subieron desde Acapulco y obligaron a los zapatistas a replegarse hacia su vieja base en Morelos.

Cerca de un año de guerra regular entre los revolucionarios había terminado con una victoria carrancista. Y el 9 de octubre los panamericanos concluyeron que el partido de Carranza era el único partido que poseía los elementos esenciales para su reconocimiento como gobierno de facto de México[25]. El 19 del mismo mes los Estados Unidos reconocieron el gobierno de facto de Carranza y con ello redujeron a los villistas y zapatistas a la condición de simples rebeldes.

OCTUBRE DE 1915 - MAYO DE 1917

En su hora triunfal, Venustiano Carranza, el primer jefe, definió la tarea del carrancismo diciendo que consistía en «la reconstrucción de la patria». Se refería a algo más que a restaurar el servicio regular de ferrocarriles y el valor del peso. Su país había sufrido una historia que, según dijo ahora, había sido «el desequilibrio de cuatro siglos, tres de opresión y uno de luchas internas… treinta años de tiranía… la revolución… y un caos horrible… una cuartelada y un asesinato…». Debido a ello, a lo que se refería era a la construcción deliberada de un Estado mexicano[26]. Después de tres años de guerra civil veía con mucha claridad la forma que debía tener el Estado. No recitaba teorías al respecto, pero proyectó claramente dicha forma en las medidas que tomó poco después: hacer caso omiso de la doctrina Monroe, elevar los impuestos que pagaban las compañías extranjeras, crear un banco central que administrara las finanzas de México y promoviera las empresas mexicanas, devolver las haciendas expropiadas a sus antiguos dueños, institucionalizar la mediación de los conflictos entre hombres de negocios y entre la patronal y el trabajo, y aplastar a los campesinos y trabajadores desobedientes. Si estas medidas daban fruto, un Estado centralizado haría que los mercados nacionales permanecieran libres de privilegios, habría más beneficios para todos los mexicanos y, gracias a la consiguiente prosperidad, los antiguos sueños de equilibrio y orden se harían realidad.

La «reconstrucción» carrancista se encontró ante obstáculos formidables, el peor de los cuales era el poderío que había detrás de la doctrina Monroe. Los Estados Unidos no se limitaron a reconocer el gobierno Carranza el 19 de octubre, sino que además, en privado, le indicaron cuáles eran sus obligaciones, entre las que se contaban «la protección de las propiedades extranjeras y la evitación de impuestos excesivos… la emisión de moneda basada en sólidas garantías», y la «resolución pronta y equitativa» de las reclamaciones extranjeras[27]. Los obstáculos nacionales eran diversos. Había que dedicar gran parte de los ingresos a un ejército de 100.000 hombres que el gobierno no podía reducir inmediatamente sin correr peligro. Las grandes compañías mexicanas, que no eran muchas, hacían economías y los hombres de negocios provinciales, que no se fiaban ni pizca de los comandantes carrancistas locales, llevaban sus asuntos casi en secreto. La Casa del Obrero de Ciudad de México, cuyos batallones rojos seguían en armas, acababa de declarar su independencia anunciando los planes para formar una confederación nacional de sindicatos y afiliarla a la Internacional. Además, los villistas, los zapatistas y los exiliados seguían representando una amenaza peligrosa.

Pero Carranza tenía poderes prometedores. Al menos gozaba del reconocimiento de los Estados Unidos, que legalizó una vez más las importaciones de armas y municiones norteamericanas para las fuerzas carrancistas. El día 10 de noviembre, Alemania también reconoció el nuevo gobierno e Inglaterra hizo lo propio en diciembre. Además, por el Ministerio de Hacienda carrancista pasaban las principales corrientes de ingresos del país: los impuestos de aduanas de casi todos los puertos importantes, los impuestos que pagaban las minas y las compañías petroleras, y las ventas de henequén. Valiéndose de complicadas maniobras de contrapeso tenía dominados a los ocho generales de división que mandaban el ejército. Creó una Administración de Bienes Intervenidos central a la que quedaron subordinadas las diversas oficinas del ramo. Tenía por consejeros a Douglas en Washington y a varios colaboradores en México, hombres de mundo y bien informados: el ministro de Hacienda, Cabrera, que no era ningún financiero pero sí el analista político más astuto y el polemista más agudo del país; Alberto J. Pani, ingeniero relacionado desde hacía mucho tiempo con contratistas de Ciudad de México, hombre que gozaba de la confianza de la Standard Oil, director general de los ferrocarriles constitucionalistas desde 1914, que pronto sería elegido presidente de los Ferrocarriles Nacionales; Ignacio Bonillas, ingeniero en el MIT, con una antigua relación con las compañías mineras y contratistas de Sonora, merecedor de la confianza de la Southern Pacific, ministro de Comunicaciones (ferrocarriles) constitucionalista desde 1913; y finalmente, aunque ello no significa que fuese menos importante, Fernando González Roa, consejero de la Wells Fargo, de los Ferrocarriles Nacionales, de los ferrocarriles de Yucatán, de la Comisión del Henequén y del Departamento de Agricultura, además de socio principal del bufete de abogados que llevaba la mayoría de las reclamaciones extranjeras contra México. Y contaba con los renovadores para que organizaran el apoyo en futuras elecciones y formaran parte del gobierno que resultara de ellas.

También tenía una buena estrategia consistente en hablar con los Estados Unidos de los intereses norteamericanos en México, pero aplazar las resoluciones hasta después de que finalizara la guerra en Europa, momento en que podría pedir al Viejo Mundo que rectificase el equilibrio en el Nuevo; devolverles las haciendas a los terratenientes que estuvieran dispuestos a tratar con él; y tranquilizar a los hombres de negocios metiendo en cintura a los sindicatos. La maniobra crítica sería una convención que se encargara de redactar una Constitución nueva, lo cual justificaría un préstamo a corto plazo en Nueva York, obligaría a los hacendados y hombres de negocios a reconocer sus intereses en el nuevo Estado y daría por resultado la dominación carrancista del gobierno regular.

«La reconstrucción» empezó con fuerza. Siguiendo instrucciones del primer jefe, Douglas se preparó para celebrar conversaciones y negociar un préstamo. En noviembre y diciembre una nueva comisión reguladora del crédito inspeccionó los veinticuatro bancos con privilegios en el país y cerró catorce de ellos, con vistas a la creación de un banco central. Por desgracia, el peso cayó hasta quedar en 0,04 dólares (véase el cuadro 3). Pero en enero Cabrera fue a Washington para consultar con Douglas y luego se trasladó a Nueva York para hacer gestiones ante la House of Morgan.

La disolución de la amenaza villista por los carrancistas parecía definitiva. El 1 de noviembre Villa atacó Agua Prieta con la esperanza de provocar una nueva guerra en Sonora y desacreditar al gobierno que acababa de ser reconocido. Pero gracias al permiso de los Estados Unidos, el primer jefe hizo que refuerzos procedentes de Torreón llegaran por Eagle Pass, en Texas, y Douglas, Arizona, a tiempo de salvar la ciudad. El día 5 Villa denunció públicamente a Carranza por haber vendido México a los Estados Unidos a cambio de su reconocimiento y siguió luchando en el sur hacia Hermosillo. Pero Carranza ordenó a Diéguez que subiera de Jalisco hacia Sonora y obligara a los villistas a retroceder, al mismo tiempo que Treviño salía de Monterrey para unirse a Murguía en una campaña hacia el interior de Chihuahua. El 23 de diciembre Treviño ocupó la capital de Chihuahua y se convirtió en el noveno general de división. El 1 de enero, de vuelta en las montañas de Chihuahua, Villa disolvió los restos de su ejército y con ellos formó guerrillas. El día 14 Carranza le declaró fuera de la ley y ordenó que se disparase contra él no más verle.

El primer jefe no negó «la cuestión agraria» que Villa y Zapata todavía representaban. El 19 de enero de 1916 decretó la creación de una Comisión Agraria nacional. El nuevo organismo, con todo, no debía encargarse de redistribuir tierras, sino de supervisar y circunscribir las decisiones que se tomaran localmente sobre las reclamaciones de los poblados. (Para estadísticas referentes a la distribución de tierras por Carranza, véase el cuadro 4.)

Mientras tanto el gobierno atajó un súbito estallido de protestas sindicales provocadas por la inflación. El 16 de noviembre la UCMGF y los sindicatos de talleres organizaron una huelga en el ferrocarril mexicano. El día 30 Carranza militarizó a todo el personal ferroviario. En noviembre y diciembre los trabajadores textiles, los panaderos, los tipógrafos y el SME se declararon en huelga en Ciudad de México, y lo mismo hicieron los mineros en la cercana El Oro, y el día 2 de enero la Casa del Obrero en la capital y el SME tomaron la iniciativa y formaron una nueva Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (FSODF), que declaró la «lucha de clases» por «la socialización de los medios de producción»[28]. El día 13, Carranza ordenó que se diera de baja a los batallones rojos de la Casa. El día 18, González advirtió a la FSODF que «el gobierno no puede sancionar la tiranía proletaria», y el 5 de febrero cortó la subvención a la Casa[29].

CUADRO 4

Distribución definitiva de tierra a poblados al amparo del decreto de 6 de enero
de 1915 y el artículo 27 de la Constitución de 1917, 1915-1920

Año
Poblados
Cabezas de
familia
Hectáreas

1915
0
0
0

1916
1
182
1.246

1917
8
2.615
5.635

1918
57
15.071
68.309

1919
60
14.948
40.276

1920
64
15.566
64.333

TOTAL
190
48.382
179.799

FUENTE: Eyler N. Simpson, The Ejido. Mexico’s way out, Chapel Hill, 1937, cuadro 17.

NOTA: La extensión total de México era de 198.720.100 hectáreas.

Carranza se llevó grandes decepciones. La Morgan rechazó las propuestas de Cabrera. Y después de que el gobierno mexicano cancelara la concesión a una subsidiaria de la Standard Oil, por no haberse inscrito como ordenaba el decreto de 7 de enero de 1915, las compañías petroleras y el Departamento de Estado le acusaron de albergar la intención de nacionalizar el petróleo. En febrero, las compañías empezaron a pagar un tributo mensual regular a Manuel Peláez para que vigilase sus campos en Tampico-Tuxpan. Y algunas de ellas se pusieron en comunicación con exiliados en los Estados Unidos, los cuales, con ayuda privada procedente del interior del Departamento de Estado, se agruparon en torno a Félix Díaz y le enviaron secretamente a Veracruz para que organizase una contrarrevolución.

Pero una serie de circunstancias nuevas en el extranjero mejoraron las probabilidades de una consolidación centralizada. La economía norteamericana, tras hacer los ajustes necesarios para producir para la guerra en Europa, ya había empezado a registrar un auge en 1915. Debido a ello, la minería y las manufacturas en México comenzaron a recuperarse a principios de 1916, proporcionando nuevos ingresos. Y el gobierno carrancista no cesaba de hacer demostraciones de fuerza y competencia. El 1 de febrero anunció que González se pondría al frente de 30.000 hombres y llevaría a cabo una campaña contra los zapatistas cu Morelos. El día 13 anunció que una comisión se encargaría de redactar la nueva Constitución. El día 25, previendo problemas causados por los felicistas, Carranza ascendió a Aguilar, gobernador de Veracruz, al cargo de general de división (el décimo). El mismo día ordenó a Cabrera que preparase la cancelación de los diversos pesos que circulaban por una nueva emisión de 500 millones de pesos de papel que serían infalsificables. El Ministerio de Hacienda ordenó a los gobernadores que traspasaran sus oficinas de bienes intervenidos a los agentes del Ministerio. El día 5 de marzo las fuerzas de Jesús Castro coronaron una campaña de ocho meses reocupando la capital de Oaxaca. Todos estos progresos impresionaron favorablemente a los Estados Unidos y el día 9 de marzo el Departamento de Estado tomó juramento a un embajador regular ante el gobierno mexicano.

Sin embargo, el proyecto de Carranza fracasó porque los carrancistas subestimaron el poder y la audacia que le quedaban a Villa. El 9 de marzo de 1916 Villa y 500 de sus guerrilleros cruzaron la frontera con los Estados Unidos y atacaron Columbus, en Nuevo México, dando muerte a 17 norteamericanos, tras lo cual se retiraron hacia el interior de las montañas de Chihuahua. Villa se proponía destruir la relación entre los Estados Unidos y Carranza, obligar a los generales de éste a derrocarle y negociar con ellos una nueva coalición revolucionaria. Esto no lo consiguió. Pero el ataque, que indignó a la población norteamericana en un año de elecciones presidenciales en el país, dio origen a una crisis en las relaciones norteamericano-mexicanas. Fue una crisis tan seria, que sus repercusiones cambiaron la forma de la «reconstrucción».

El 15 de marzo de 1916 una expedición de castigo del ejército norteamericano penetró en Chihuahua. Wilson no pensaba declarar la guerra a México; lo que más le preocupaba a la sazón era persuadir al Congreso de que incrementara las fuerzas armadas estadounidenses para contrarrestar los clamores de los republicanos en el sentido de incrementar todavía más la actuación norteamericana en la guerra europea. El hundimiento del Sussex el día 24 de marzo dejó preocupados por Europa a todos los políticos norteamericanos serios. La fuerza expedicionaria en México era sólo de 6.000 hombres (más adelante serían 10.000) y tenía órdenes de limitarse a dispersar a las bandas villistas que operaban cerca de la frontera. Pero los Estados Unidos tardaron cuatro meses, hasta después de las convenciones en que los republicanos y los demócratas eligieron a sus respectivos candidatos a la presidencia, en calmarse lo suficiente como para empezar a deliberar sobre la retirada de la expedición de castigo.

Durante toda la crisis, Carranza supo ejercer una diplomacia magistral en defensa de la soberanía y la conservación de la paz. Contó desde el principio con los informes de Douglas sobre los objetivos limitados de Washington. El día 13 de marzo, para asegurarse la lealtad del ejército, nombró a Aguilar ministro de Relaciones Exteriores y a Obregón, ministro de la Guerra. Dejó que la expedición instalara su base en Chihuahua sin encontrar resistencia militar; hasta el 12 de abril, debido a un sangriento motín a favor de Villa en una importante población comercial en Chihuahua, no exigió que la expedición se retirase de México. El día 28 empezaron a celebrarse en Ciudad Juárez negociaciones entre los enviados de Wilson y los del propio Carranza, estos últimos encabezados por Obregón. Los norteamericanos pretendían que Carranza les garantizase que no habría otra «invasión mexicana de territorio estadounidense» y señalaron que si las fuerzas carrancistas no podían vigilar la frontera, se les concediera permiso para que de ello se encargaran fuerzas de los Estados Unidos[30]. Para demostrar la firmeza de su decisión, Wilson prohibió el envío de armas y municiones al gobierno de México. Obregón exigió que la expedición se retirase sin condiciones y rápidamente. Para demostrar su poder y su decisión de aplastar la revuelta, Carranza hizo que González tomara Morelos por asalto. Los bandidos de la frontera hicieron incursiones en Texas y Wilson movilizó las milicias de Texas, Nuevo México y Arizona. El 11 de mayo los enviados suspendieron las negociaciones. El día 20, Wilson vio mitigadas sus preocupaciones al aprobar el Congreso norteamericano la ley de Defensa nacional, que permitía un incremento mediano de los efectivos del ejército y la milicia. Mientras tanto, Carranza llamó a Douglas a Querétaro para evacuar consultas, y el día 22 de mayo él y Aguilar dieron a conocer una extensa nota en la que indicaban al Departamento de Estado que si los norteamericanos deseaban orden en México, tendrían que sacar sus tropas del país y volver a autorizar el envío de armas y municiones al gobierno. Aguilar también dio a entender que el gobierno mexicano pagaría reparaciones por las incursiones en la frontera.

El día 10 de junio los republicanos escogieron a un moderado como candidato a la presidencia. El día 12, para demostrar que estaba decidido a restaurar el orden constitucional, Carranza anunció que en septiembre se celebrarían elecciones municipales en todo el país. El día 16 los demócratas eligieron como candidato a la presidencia a Woodrow Wilson. Las relaciones entre los dos países empeoraron de todos modos. Rebeldes norteamericanos de origen mexicano hicieron incursiones en Texas desde México y el día 18 Wilson movilizó a toda la milicia para que prestara servicio en la frontera. El día 21 una patrulla expedicionaria en Chihuahua provocó una escaramuza con un contingente carrancista y la mitad de sus hombres murieron o fueron hechos prisioneros. El día 24, Wilson amenazó con llevar a cabo una importante intervención militar en México. Pero Carranza ordenó que se pusiera en libertad a los expedicionarios capturados. Al finalizar el mes, Wilson ya se había vuelto atrás. A comienzos de julio, él y Carranza aceptaron que se reanudaran las negociaciones, para lo cual una comisión mixta norteamericano-mexicana se reuniría en los Estados Unidos. Pero Carranza tardó un mes en nombrar a los miembros mexicanos de la comisión, pues sabía que las negociaciones no darían ningún resultado importante hasta después de que las elecciones norteamericanas se celebraran en noviembre. Luego nombró para la comisión a los carrancistas que más probabilidades tenían de obtener los resultados más ventajosos para su gobierno en los Estados Unidos: Luis Cabrera, Alberto Pani e Ignacio Bonillas.

Pero el primer jefe perdió mucho poder dentro del país. La clave fue la entrega del Ministerio de la Guerra a Obregón, que el 15 de marzo también recibió autorización de Carranza para ordenar que se hicieran pagos directamente del Tesoro. Pronto floreció una corrupción extraordinaria en todo el ejército. Las nóminas aumentaron hasta abarcar 125.000 hombres. Con la aprobación de Obregón o sin ella, los generales prácticamente se apropiaron de ferrocarriles, oficinas de bienes intervenidos y comisiones reguladoras. Por su parte, el mando de Treviño en Chihuahua se convirtió en un modelo de corrupción, a la vez que la campaña de González en Morelos pasaba a ser un ejemplo de pillaje.

También fue un factor debilitante el fracaso espectacular de la política monetaria del gobierno. El día 4 de abril, Carranza instituyó la comisión monetaria, rudimentario banco central que en junio se encargaría de emitir los 500 millones de infalsificables. La noticia alimentó la inflación y como los salarios reales volvieron a descender mucho, las organizaciones laborales empezaron a mostrarse intensamente combativas. Ya entre 5 y el 17 de marzo una convención de delegados que representaban a los más de 100 sindicatos en el Distrito Federal y siete estados, celebrada por la FSODF y los anarquistas de Veracruz en el puerto, había fundado la Confederación de Trabajadores de la Región Mexicana, para la «lucha de clases» mediante la «acción directa» para la «socialización de los medios de producción»[31]. En mayo el peso bajó hasta quedar en 0,02 dólares. Desafiando las reglas del Ministerio de la Guerra, la UCMGF y los principales sindicatos de talleres ferroviarios organizaron una huelga en los ferrocarriles constitucionalistas para que se les pagara de acuerdo con un patrón oro. El gobierno reprimió el movimiento, luego concedió a los sindicatos la jornada de ocho horas, la primera en toda la industria mexicana. De modo simultáneo, la FSODF protagonizó una huelga general en Ciudad de México exigiendo también el pago según el patrón oro y obtuvo lo que exigía, al menos sobre el papel. En junio apareció el peso «infalsificable» por valor de 0,10 dólares, pero la especulación monetaria continuó, a expensas de los pequeños deudores y de los trabajadores, y el día 31 de julio la FSODF convocó otra huelga general, a causa de la cual la ciudad permaneció paralizada varios días. El gobierno reprimió la huelga y los líderes fueron enviados a la cárcel tras un consejo de guerra. También hubo huelgas en los distritos mineros y en los campos petrolíferos de Tuxpan y Minatitlán.

En medio de tantas decepciones, el único éxito notable que obtuvo Carranza en el interior fue a costa de Félix Díaz. Hasta julio no pudo reunirse Díaz con renegados del ejército federal en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y entonces, debido al dominio de Jesús Castro en la región, no pudo lanzar una ofensiva. En recompensa a tal servicio, Castro fue nombrado general de división, lo que elevó a once el número de militares de esa graduación.

Al pasar la crisis, se reanudó «la reconstrucción» carrancista. El 15 de agosto el gobierno exigió que las compañías extranjeras interesadas por los recursos naturales renunciaran a sus derechos nacionales. El día 3 de septiembre celebró elecciones municipales, primer paso hacia la coordinación centralizada de los jefes locales. Si bien la comisión mixta empezó sus sesiones el 6 de septiembre y los norteamericanos propusieron que se aplazaran los debates sobre la retirada de la expedición de castigo hasta que México ofreciera «garantías oficiales» de proteger las vidas y los bienes extranjeros, el día 14 Carranza decretó que las compañías mineras tenían que reanudar las operaciones regulares o perderían sus títulos de propiedad[32]. En la misma fecha anunció que el 22 de octubre se celebrarían elecciones para una convención constitucional y al día siguiente embargó todos los bancos y sus reservas en metálico, unos 25 millones de dólares en oro, para dotar de fondos a un banco central.

Pero, debido a la crisis, la sustancia de la «reconstrucción» quedó regionalizada. El conflicto decisivo que ahora se planteaba en México era el que existía entre el gobierno, que tenía un proyecto nacional pero poco poder, y probablemente una veintena de generales importantes, divididos por los celos: unos cuantos, principalmente Aguilar y Cesáreo Castro, favorables a Carranza; algunos, en especial Obregón y González, sin decantarse por nadie en concreto; otros en baluartes regionales, por ejemplo Calles en Sonora, Caballero en Tamaulipas, Diéguez en Jalisco, Jesús Castro en Oaxaca o Alvarado en Yucatán, donde había organizado una máquina política: el Partido Socialista. Nuevamente la escasez de lluvia durante el verano aumentó la dominación de los asuntos locales por parte de los generales. Y en medio de este desorden los rebeldes reanudaron sus operaciones. Los días 15 y 16 de septiembre, Villa atacó la capital de Chihuahua y se apoderó de abundantes pertrechos militares. Dos semanas después los zapatistas empezaron a hacer incursiones en el Distrito Federal.

En octubre el primer jefe y los generales definieron sus estrategias para hacer frente al nuevo conflicto. La de Carranza era a corto plazo y consistía en valerse de su cargo ejecutivo para eliminar las razones de su declive antes de volver a un gobierno regular. En su primera comunicación directa con Alemania sugirió que si Berlín le ayudaba a acelerar la retirada de la expedición de castigo norteamericana, proporcionaría a los alemanes instalaciones para sus submarinos en el Golfo. Eximió las importaciones de alimentos del pago de derechos arancelarios. Y, en vista de que el peso infalsificable había descendido hasta quedar en 0,03 dólares, ordenó que los impuestos y los salarios se pagaran de acuerdo con un patrón oro. La estrategia de los generales era, a largo plazo, no desafiar directamente a Carranza, pero, al mismo tiempo, no permitirle que gobernara con eficacia, y, finalmente, resolver entre ellos mismos el asunto de la sucesión. El día 22 de octubre los funcionarios de Carranza y los generales fueron elegidos para la convención constitucional. Al día siguiente, González, Obregón y otros generales se reunieron en Ciudad de México y fundaron oficialmente el Partido Liberal Constitucionalista, nombre detrás del cual se cobijaban sus grupos políticos personales. Anunciaron que el PLC apoyaría a Carranza para la presidencia. Esto también les proporcionaría una oposición que pondría obstáculos a su acción de gobierno.

Las circunstancias internacionales en noviembre de 1916 fomentaron la descentralización política de México. Cuando el estancamiento de la batalla del Somme y la reelección de Wilson hicieron inevitable un futuro choque de los Estados Unidos y Alemania, tanto Washington como Berlín trataron a Carranza con mayor cautela. Ninguna de las dos potencias veía ahora con buenos ojos un gobierno centralizado en México, ya que cada una de ellas pensaba que la otra tal vez acabaría granjeándose la lealtad de dicho gobierno. Para privar a la otra de un aliado significativo, cada una de ellas alentó el conflicto entre Carranza, los generales y los rebeldes.

En noviembre el primer jefe hizo nuevas proposiciones a Berlín. No violó la neutralidad, pero estuvo muy cerca de ello, ya que ofreció una estrecha cooperación comercial y militar a los alemanes. Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania rechazó la «sugerencia». En vez de aceptarla, el embajador alemán compró una oleada de progermanismo entre generales importantes, y los servicios secretos alemanes maniobraron a favor de Villa y colocaron saboteadores en Tampico. Después de que el 9 de enero el gobierno alemán decidiera de forma irrevocable reanudar la guerra submarina sin restricciones, Zimmermann, el ministro de Asuntos Exteriores, mandó un telegrama con instrucciones nuevas al embajador, que lo recibió el día 19 de enero. Los submarinos darían comienzo a su campaña sin límites el día 1 de febrero. Si, como se esperaba, los Estados Unidos declaraban entonces la guerra a Alemania, el embajador debía proponerle a Carranza una alianza germano-mexicana: «prosecución conjunta de la guerra, firma conjunta de la paz. Importante apoyo económico y nuestra conformidad con que México reconquiste sus antiguos territorios en Texas, Nuevo México y Arizona»[33]. Pero esto era una fórmula para la destrucción del Estado mexicano.

El día 24 de noviembre los miembros de la comisión conjunta norteamericano-mexicana firmaron un protocolo exigiendo incondicionalmente la retirada de la expedición de castigo. Sin embargo, en los debates que precedieron a la firma siguió quedando implícito que las fuerzas de los Estados Unidos penetrarían nuevamente en México si el gobierno mexicano no protegía las vidas y los bienes de los extranjeros. En pago de la eliminación del derecho norteamericano a intervenir de nuevo, aunque fuera solamente un derecho implícito, Carranza abolió los infames pesos infalsificables (que ahora valían sólo 0,005 dólares), decretó la vuelta a la moneda de oro y de plata, y aplazó cuatro meses la exigencia de que las compañías extranjeras renunciaran a sus derechos nacionales. Luego, sus representantes en la comisión dieron cuenta de que rechazaban el protocolo. El día 3 de enero los delegados norteamericanos recomendaron a Wilson una simple retirada y el presidente ordenó que la expedición volviera a los Estados Unidos. Pero Carranza no adquirió poder. En enero, un enviado suyo a Nueva York pidió a la Morgan un préstamo a corto plazo por valor de 10 millones de dólares. Siguiendo indicaciones del Departamento de Estado, la Morgan se negó a tener en cuenta la solicitud. El 5 de febrero, el día en que las últimas tropas expedicionarias volvieron a pisar suelo norteamericano, el gobierno mexicano pidió permiso para importar municiones embargadas. El Departamento de Estado rehusó hacer llegar la petición a Wilson. Al mismo tiempo, el nuevo agregado militar de los Estados Unidos en Ciudad de México dedicó efusivas muestras de amistad a Obregón, el ministro de la Guerra. En privado, agentes norteamericanos iniciaron intentos de reanudar las comunicaciones con Villa, a la vez que Peláez seguía recibiendo sus tributos.

Mientras tanto, los generales se crecían cada vez más. El ministro de la Guerra, Obregón, se comportaba como si fuera el jefe de una oposición y ponía como un trapo, públicamente, a los ministros y ayudantes renovadores del primer jefe, i Los rebeldes intensificaron sus campañas: el 27 de noviembre, Villa volvió a atacar la capital de Chihuahua y se apoderó de muchos más pertrechos militares; a finales de diciembre los villistas ocuparon Torreón durante una semana, obtuvieron un cuantioso préstamo forzoso y se llevaron más botín. Poco después Villa encontraría la horma de su zapato cuando Carranza ordenó a Treviño que volviese a Monterrey y envió a Murguía a Chihuahua. Tras ser derrotado por Murguía a comienzos de enero, Villa se retiró con sus tropas a Sierra Madre, aunque con los recursos necesarios para emprender una larga guerra de guerrillas. En los campos de petróleo de Tampico-Tuxpan a mediados de enero, Peláez llevaba a cabo una amplia ofensiva. También los zapatistas se recuperaron. Gastaron la última plata que les quedaba comprando abundantes armas y municiones en los mercados negros carrancistas y luego emprendieron una ofensiva de extremo a extremo de Morelos y penetraron en Puebla. A mediados de enero habían expulsado a las fuerzas de González de su base y se encontraban organizando cuadros de mando y una administración civil. A comienzos de febrero hicieron que Palafox empezase a organizar comisiones agrarias locales y una nueva fuerza militar de tipo regular.

Como si se hallara en el ojo de un huracán, la convención constitucional empezó sus sesiones en Querétaro el 20 de noviembre de 1916. La mayoría de los más de 200 diputados representaban nominalmente distritos de los populosos estados de México central, desde Jalisco hasta Veracruz, donde varios generales habían decidido que fueran ellos los electos. Por lo menos el 80 por 100 eran burgueses y el 75 por 100 de ellos eran pequeños burgueses de provincias. La mayoría contaban con mucha experiencia política: 31 habían prestado servicio en el vigésimo sexto congreso; probablemente otros 150 habían oficiado en gobiernos estatales maderistas, en la burocracia constitucionalista del período 1914-1915 y en los estados mayores de los ejércitos constitucionalistas. En el terreno ideológico, la gran mayoría de ellos reconocían su adhesión a un sencillo liberalismo anticlerical. Unos cuantos entre los más librescos profesaban un reformismo liberal que llamaban «socialismo». Uno era un sindicalista serio.

El 1 de diciembre de 1916 el primer jefe inauguró la convención, presentó su borrador de la nueva Constitución e indicó a los diputados que terminaran su labor antes del 31 de enero de 1917. Los únicos cambios importantes que propuso, respecto de la Constitución de 1857, iban dirigidos a reforzar la presidencia, debilitar el Congreso y los gobiernos de los estados y autorizar la creación de un banco central. A cambio de todo ello recomendaba que el mandato presidencial fuese de cuatro años y sin posibilidad de reelección (ni de la vicepresidencia), una judicatura independiente y garantías de autonomía municipal.

Carrancistas de confianza dirigían la ejecutiva de la convención. Pero en el plazo de una semana perdieron el liderazgo, que pasó a manos de un comité dirigido por diputados que consultaban a menudo con Obregón y exigieron que se incluyesen en la Constitución cláusulas referentes a reformas sociales y económicas. El día 11 de diciembre el comité empezó a dar cuenta de modificaciones del borrador de Carranza. La ejecutiva se quejó de que existía una división entre «liberales carrancistas» leales y «jacobinos obregonistas» advenedizos[34]. Sus contrarios se quejaron de que había una división entre una minoría derechista formada por antiguos civiles carrancistas y una mayoría izquierdista de militares jóvenes y populares. En su mayor parte, era pura oratoria. Una vez que hubieron empezado las votaciones, los diputados fueron aprobando un artículo tras otro por grandes mayorías, unánimemente en algunos casos. Carranza ganó una presidencia más fuerte y la autorización para crear un banco central. El comité ganó sus cláusulas sociales y económicas: el artículo 3 prohibía la educación religiosa; el 27 daba a la nación mexicana la propiedad de los recursos naturales del país, declaraba mexicanos todos los títulos que daban derecho a tierra y agua, y ordenaba que se expropiaran los latifundios para subdividirlos en granjas pequeñas y propiedades rurales de carácter comunal; el 123 limitaba la jornada laboral a ocho horas, garantizaba el derecho a sindicarse y a la huelga, y establecía un arbitraje obligatorio; el 130 reglamentaba el culto religioso y prohibía a los sacerdotes criticar la Constitución o al gobierno.

El 31 de enero de 1917 los diputados firmaron la nueva Constitución y el día 5 de febrero Carranza la promulgó. El nuevo presidente gozaría, de mucha autoridad oficial. Pero, como no podría imponerla eficazmente, la oposición dispondría de muchísimo espacio para protestar, denunciar y agitar.

La crisis internacional ya se había intensificado. Respondiendo al anuncio que el 1 de febrero hicieron los alemanes en relación con sus nuevas normas para la guerra submarina, el día 3 Wilson había roto las relaciones diplomáticas con Berlín. Los Estados Unidos y Alemania redoblaron sus esfuerzos por eliminar sus respectivas influencias en México. Las compañías mineras y petroleras norteamericanas protestaron con vehemencia contra la nueva Constitución, especialmente contra el «confiscatorio» artículo 27[35]. El día 8, Zimmermann, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, recomendó a su embajador en México que propusiera «sin demora» la alianza germano-mexicana[36]. El día 20 el embajador hizo la propuesta al ministro de Relaciones Exteriores, Aguilar. Mientras tanto los servicios secretos alemanes suministraban fondos a los generales y organizaban redes de sabotaje alrededor de Tampico. El 1 de marzo, Wilson hizo público el primer telegrama de Zimmermann sobre la alianza entre Alemania y México, creando con ello el previsible escándalo en los Estados Unidos. El día 3 el embajador norteamericano en México presentó sus credenciales a Carranza, pero poco después el Departamento de Estado anuló la propuesta de un banco neoyorquino de prestar 20 millones de dólares al gobierno de facto. También sancionó en secreto el envío de municiones a Peláez. A mediados de marzo submarinos alemanes hundieron tres barcos norteamericanos en el Atlántico Norte. El 6 de abril los Estados Unidos declararon la guerra a Alemania.

Sometidos a tanta presión desde ambas direcciones. Venustiano Carranza y los generales dieron muestra de consenso en dos cuestiones de la mayor importancia. Primero, para evitar otra intervención norteamericana, coincidieron en que habría que seguir una política exterior de neutralidad en la guerra europea, una estrategia consistente en coquetear tanto con los Estados Unidos como con Alemania. El día 12 de febrero, Carranza nombró al pro norteamericano Bonillas embajador en Washington, pero al día siguiente recalcó públicamente la neutralidad de México. Durante las tensas semanas siguientes aplazó la exigencia de que las compañías mineras reemprendieran sus operaciones normales, anunció que el gobierno regular que pronto subiría al poder iba a reanudar los pagos de la deuda exterior, nombró al pro norteamericano Pani ministro dé Industria y Comercio (encargado del petróleo) y negó ante los Estados Unidos tener siquiera noticia de una propuesta de alianza germano-mexicana. Después de que los norteamericanos declararan la guerra, rechazó en secreto el ofrecimiento de Zimmermann. El 24 de abril volvió a aplazar el requisito de que las compañías extranjeras renunciaran a sus derechos nacionales. Pero dio asilo a espías y propagandistas alemanes; mantuvo a propósito un agente mexicano que espiaba para Alemania como ministro de Comunicaciones.

En segundo lugar, Carranza y los generales formaron conjuntamente un gobierno constitucional. El día 11 de marzo el ejército supervisó las elecciones para la presidencia y el Congreso. De los 213.000 votos para la presidencia, 197.000 fueron para Carranza (González y Obregón compartieron los restantes). Todos los escaños del Congreso fueron para el PLC. El 1 de abril, Carranza autorizó a los gobernadores interinos que celebraran elecciones para el gobierno regular de sus respectivos estados. Casi inmediatamente después de que el nuevo Congreso se reuniera el 15 de abril, los más de 200 diputados se dividieron en 20 carrancistas incondicionales, 80 obregonistas y más de 100 «independientes».

El día 1 de mayo de 1917 apareció oficialmente el nuevo Estado mexicano. El primer jefe prestó juramento como nuevo presidente en Ciudad de México, cargo que debería ocupar hasta el 30 de noviembre de 1920. Y la nueva Constitución entró en vigor. Mientras tanto continuó la verdadera «reconstrucción», es decir, la reconexión duradera de los negocios extranjeros y nacionales con la política nacional y regional.

MAYO DE 1917 - OCTUBRE DE 1918

Durante todo el año 1917 la economía mexicana se recuperó. La economía norteamericana se vio estimulada por la primera guerra mundial y ello aumentó la demanda de productos mexicanos. La Standard Oil, la Mexican Petroleum y la Águila aumentaron la producción de petróleo más rápidamente que nunca. También las compañías mineras se beneficiaron y su producción de oro, plata y cobre alcanzó niveles casi normales. Aunque las lluvias volvieron a fallar aquel verano, la agricultura de regadío en el noroeste volvió a ofrecer excelentes oportunidades y los plantadores de algodón de Mexicali, los cultivadores de garbanzos de Sonora y los plantadores de caña de azúcar de Sinaloa se convirtieron en magnates de la exportación. En Yucatán, la Comisión del Henequén redujo sensiblemente la producción, dobló con creces el precio y obtuvo unos beneficios sin precedentes. Y las exportaciones reanimaron les mercados interiores. La Fundidora de Monterrey reanudó una producción nada desdeñable. Los comerciantes de grano hicieron negocios excelentes con sus escasas existencias.

La recuperación económica ofreció incrementos en diversas clases de poder político: impuestos, corrupción, contratos. Pero sólo los impuestos pasaban a engrosar los ingresos del Estado y no bastaban para permitir que Carranza centralizara los otros tipos de poder. Los ingresos del gobierno recién constituido ascendían a 11 millones de pesos al mes, más de los que había recibido gobierno anterior alguno. Pero los gastos corrientes representaban 16,5 millones de pesos mensuales, de los cuales 10 millones eran para el ejército. El déficit de 5,5 millones se pagaba utilizando las reservas bancarias embargadas, que a semejante ritmo no llegarían hasta fin de año. El gobierno necesitaba un préstamo tal vez sólo para sobrevivir y, desde luego, para consolidarse. De lo contrario, la parte del león de la corrupción y los contratos seguirían recibiéndola los generales que tuvieran la oportunidad de beneficiarse de todo ello, con lo cual se consolidaría la descentralización del poder.

El presidente Carranza decidió inmediatamente hacerse con el control de la política y las finanzas. El 1 de mayo obligó a dimitir al ministro de la Guerra, Obregón, y dejó a su sucesor, Jesús Castro, con el empleo de subsecretario. El día 8 pidió al Congreso que aprobara leyes para la fundación de un banco central. A mediados de mes un banquero mexicano hizo sondeos privados en Nueva York para ver si la Morgan estaba dispuesta a prestar apoyo. La Morgan adoptó una actitud complaciente y lo mandó a Washington. A finales del mismo mes un equipo de consultores privados norteamericanos respondió a la invitación de Carranza y visitó Ciudad de México para asesorar al gobierno en relación con la reforma fiscal y financiera. El recurso a los Estados Unidos preocupó a Alemania y nuevamente, en secreto, Zimmermann propuso una alianza a Carranza. Pero éste dio largas al asunto.

Carranza siguió complaciendo a los antiguos hacendados devolviendo más y más haciendas a sus propietarios. Como dijo uno de los gerentes de Cowdray, «se observa una tendencia al conservadurismo ahora que el gobierno… no depende tanto del elemento militar radical. Es indudable que Carranza hace todo lo que puede por librarse de los extremistas… Probablemente sabrá usted que le han devuelto sus propiedades a don José Limantour…»[37].

En junio, Cabrera, el ministro de Hacienda, anunció que México albergaba la intención de pedir un préstamo a bancos norteamericanos. Seguidamente abandonó el ministerio para ocupar un escaño en la Cámara de Diputados y defender la política del gobierno. Entre el 12 de julio y el 4 de agosto, Pani, el ministro de Industria y Comercio, condujo a los muy suspicaces comerciantes del país en una convención nacional que apoyó con entusiasmo al gobierno y los planes para crear una Confederación de Cámaras de Comercio. El día 23 de julio el Congreso autorizó al gobierno a pedir prestados 250 millones de pesos en el extranjero, de los cuales 100 millones servirían para fundar un banco central. Actuando en privado, enviados mexicanos en Nueva York persuadieron a la Morgan a considerar la posibilidad de un préstamo a cinco o diez años para efectuar pagos incumplidos y, a la larga, consolidar la totalidad de la deuda exterior. A principios de agosto, cuando el embajador norteamericano informó de que las compañías petroleras estaban preocupadísimas a causa del artículo 27, Carranza le aseguró que la nueva Constitución no estipulaba nada acerca de «confiscaciones»[38]. Una vez más, Zimmermann propuso en secreto una alianza germano-mexicana; una vez más, Carranza dio largas al asunto. El 20 de agosto, el presidente Wilson anunció que el Departamento de Estado daría su aprobación moral a los préstamos norteamericanos a México, y el día 31 reconoció de iure al gobierno Carranza. El 1 de septiembre, Carranza envió a Cabrera a Nueva York para que entablara negociaciones oficiales con el fin de obtener un préstamo y pidió a Douglas que visitara México para evacuar consultas durante un mes. Dos semanas después, las aduanas norteamericanas despacharon las municiones mexicanas que durante tanto tiempo habían permanecido embargadas en la frontera.

Pero tanta palabrería y tanta actividad no produjeron ni un céntimo. En Nueva York, Cabrera se encontró con que la Morgan no estaba dispuesta a prestar nada a menos que Washington lo garantizase, y Washington, en plena guerra, no quería garantizar nada a menos que México se comprometiera contra Alemania. El Departamento de Estado sugirió que México pidiese el préstamo al gobierno norteamericano. Carranza se negó. Sabedor de que México necesitaba importar numerario y maíz, el Departamento aplicó entonces con mayor rigor las restricciones a la exportación de oro, maquinaria industrial y alimentos norteamericanos a México. A mediados de octubre, Cabrera atacó a las compañías petroleras estadounidenses por ejercer presiones contra la concesión del préstamo, y el día 1 de noviembre puso fin a las negociaciones en Nueva York.

Mientras tanto, los generales empezaron a fortificarse políticamente para el largo período que culminaría en 1920. Aguilar, que ahora era yerno de Carranza, dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores para desempeñar el cargo de gobernador de Veracruz. Licenciado temporalmente del ejército, Obregón amasó con rapidez una fortuna en el comercio de garbanzos de Sonora, y a mediados de septiembre emprendió una campaña manifiesta de un extremo a otro de los Estados Unidos, de Los Ángeles a Washington, donde obligó a Bonillas a presentarle al secretario de Estado. González, que se enriqueció en el comercio de granos de Ciudad de México, se hizo con el cargamento de municiones de septiembre y se erigió en la principal figura militar del país. Desde sus puestos oficiales en Ciudad de México, Hill y Treviño cultivaron sus relaciones en la capital. Calles instauró su dominio en Sonora, y Diéguez, elegido gobernador de Jalisco, extendió su influencia a los estados circundantes. Murguía se convirtió en el jefe de Chihuahua. Coss se estaba preparando para ganar las elecciones para gobernador de Coahuila. Caballero hacía lo mismo en Tamaulipas. Y Alvarado cultivaba su dominio de la totalidad del sureste.

Asimismo, la recuperación económica y las divisiones políticas reforzaron los movimientos obreros. La UCMGF y la UMM reorganizaron sus antiguos ramales de forma tan independiente como siempre. Alentados por la oleada de sindicalismo de la IWW en los Estados Unidos, aparecieron organizadores sindicalistas en los distritos mineros, Torreón y Tampico. Ya en abril, los trabajadores del petróleo de todas las instalaciones de Tampico se habían declarado en huelga. En mayo habían vuelto a la huelga en Minatitlán, en junio organizaron una huelga general en Tampico, donde en octubre volvieron a abandonar el trabajo. Entre principios de septiembre y mediados de octubre los trabajadores textiles de Puebla y Veracruz cerraron varias fábricas importantes. Lo más impresionante de todo fue que a mediados de octubre se celebró otra convención obrera en Tampico. Delegados de 29 organizaciones del Distrito Federal y 11 estados reconstituyeron la CTRM con el nombre de Confederación General Obrera (CGO), declararon la «lucha de clases» mediante la «acción directa» para la «socialización de los medios de producción» y acordaron que la base de la nueva CGO estuviera situada estratégicamente en Torreón[39].

Mientras tanto los rebeldes, como mínimo, se habían mantenido firmes. En mayo los villistas habían atacado Ojinaga. En julio habían llevado a cabo incursiones en el sur de Chihuahua. Peláez continuaba controlando los campos petrolíferos de Tampico-Tuxpan. Los zapatistas de Morelos habían empezado a negociar su cooperación con otros movimientos rebeldes. Y a partir de junio, después de debatirse durante un año, los felicistas habían lanzado varios ataques en los campos petrolíferos de Minatitlán.

Con el agotamiento del ejército británico en Bélgica durante el mes de octubre y la Revolución bolchevique en Rusia en noviembre de 1917, la primera guerra mundial se convirtió estratégicamente en una carrera hacia el frente occidental entre los refuerzos norteamericanos y los alemanes. Al mismo tiempo, volvieron a cambiar los términos del conflicto norteamericano alemán en México; mientras que los Estados Unidos continuaban oponiéndose a una concentración de poder carrancista, Berlín aceptó la neutralidad de México. En noviembre, tras su fracaso en Nueva York, Cabrera visitó Washington para solicitar que se aflojaran las restricciones a la exportación de productos norteamericanos a México. Carranza trató de obtener una respuesta favorable de los Estados Unidos fundando la comisión de reclamaciones que sus consultores norteamericanos habían proyectado. Pero el Departamento de Estado respondió con evasivas de un modo tan significativo, que Cabrera abandonó Washington a mediados de diciembre. Y se formó otra conspiración para derribar el gobierno mexicano, en la cual se hallaban envueltos la Standard Oil, un alto cargo del Departamento de Estado y los exiliados que formaban un grupo alrededor de Iturbide. En contraste con ello, los funcionarios alemanes en México ofrecieron ahora a Carranza un préstamo de 70 millones de pesos para que permaneciera neutral mientras durase la guerra y favoreciese el comercio y las inversiones alemanes una vez terminada la contienda. Pero no pudieron obtener la confirmación de Berlín.

Sin el apoyo de los norteamericanos ni de los alemanes, Carranza se vio en la necesidad de encontrar fondos en otra parte, pues, de lo contrario, el gobierno no tardaría en sufrir graves apuros económicos. Para preparar el camino con vistas a la obtención de un préstamo en el propio México, pidió a Pani que organizara una convención nacional de fabricantes. Entretanto ordenó a González que trazara planes para una ofensiva cuyo objetivo sería conquistar Morelos y sus plantaciones, e hizo venir a Diéguez de Jalisco y a Murguía de Chihuahua para emprender una gran campaña y tomar los campos petrolíferos de Tampico-Tuxpan. Como probabilidad remota, también se dispuso a abordar a Cowdray, toda vez que el derrumbamiento británico en Europa había dejado a la Águila muy expuesta a la competencia norteamericana en México.

Con una sola excepción, todas estas medidas resultaron decepcionantes. Entre el 17 y el 25 de noviembre de 1917 se reunieron los fabricantes. Pero, a diferencia de los comerciantes, se quejaron de la nueva Constitución y reafirmaron clamorosamente la privacidad de sus empresas y su intención de defenderla en una Confederación de Cámaras Industriales. Las fuerzas de González sólo pudieron tomar una tercera parte de Morelos, la del este, y, de hecho, la campaña de Diéguez y Murguía perdió terreno. El primero penetró en los campos de petróleo, pero Murguía apenas había salido de Chihuahua cuando los villistas volvieron a atacar Ojinaga y tuvo que retirarse a su base debilitada. Debatiéndose por el noreste en diciembre, Diéguez echó a perder la manipulación de las elecciones que Coss tenía que ganar en Coahuila y provocó una revuelta de Coss. En Tamaulipas, donde Diéguez estropeó los planes electorales de Caballero para las elecciones de febrero, una nueva banda felicista empezó su propia rebelión y los pelaecistas fortalecieron sus posiciones. Sólo las gestiones ante Cowdray dieron buenos resultados: a mediados de diciembre se hizo un trato relativo a la Tehuanicpec Railway Company (copropiedad de Cowdray y el gobierno mexicano) que produjo 3 millones de dólares en efectivo y 4,5 millones de dólares en acciones.

Pronto aparecieron señales claras de nuevas complicaciones. El 1 de enero de 1918 los obregonistas del PLC por primera vez reprendieron en público al presidente, por injerirse en las elecciones estatales. El día 12, debido a nuevos disturbios en la frontera con Texas, los Estados Unidos ordenaron a sus fuerzas que persiguieran a los sospechosos en el interior de México. El día 14 se descubrió un complot militar para derrocar a Carranza en el que se hallaban involucradas las guarniciones de Ciudad de México, Veracruz y otras poblaciones importantes.

La búsqueda de apoyo por parte de Carranza presentaba cada vez menos probabilidades de dar fruto. Para contrarrestar al PLC, estimuló la formación del nuevo Partido Nacional Cooperatista, que empezó con la celebración de una convención obrera nacional en Saltillo, cuyo objetivo era apartar a los sindicatos de la CGO. Al mismo tiempo que seguía devolviendo propiedades embargadas y animaba a los hacendados a formar milicias locales con sus peones, hizo que por primera vez la comisión agraria nacional funcionase sin interrupciones, al menos a ritmo lento, con el fin de despertar el interés de los poblados por su gobierno. Ordenó a Diéguez que negociase secretamente con Peláez. Y envió al subsecretario de Hacienda a Washington para intentar de nuevo que se aflojaran las restricciones a la exportación de productos norteamericanos. Diéguez y el subsecretario fracasaron muy pronto.

Carranza decidió entonces correr un gran riesgo. El día 18 de febrero, al amparo del artículo 27, decretó un nuevo impuesto para la industria petrolera, exigiendo, como principio fundamental, el registro de los títulos de propiedad de todas las tierras petrolíferas antes del 20 de mayo, la posibilidad de denunciar las tierras no registradas y la exacción de impuestos, no sólo sobre las tierras, sino también sobre las rentas, las regalías y la producción según contratos fechados antes o después de la entrada en vigor de la nueva Constitución. A los pocos días, como si quisiera recompensarle, Berlín aprobó la concesión de un préstamo, pero era sólo por valor de cinco millones de pesos y, además, estaba enterrado en pesetas en una cuenta de Madrid. Las compañías petroleras norteamericanas no se limitaron a protestar contra la ley fiscal. En marzo atrajeron a la International Harvester y algunas otras grandes compañías y formaron una coalición insólitamente amplia para maquinar el derrocamiento de Carranza. Esta vez seleccionaron como candidato suyo para sustituirle a quien en otro tiempo había sido notable agente de Carranza, Alfredo Robles Domínguez, que aceptó ávidamente la obligación. Mientras tanto otra huelga general paralizó Tampico. Las confrontaciones violentas entre norteamericanos y mexicanos iban en aumento en la frontera entre Texas y Chihuahua. El día 2 de abril el Departamento de Estado lanzó la acusación de que la ley fiscal tendía a violar los intereses adquiridos por los norteamericanos en México. Advirtió que los Estados Unidos tal vez tendrían que «proteger los bienes de sus ciudadanos… desposeídos o perjudicados…»[40]. Robles Domínguez empezó a visitar casi a diario la embajada de los Estados Unidos y la legación británica.

Carranza hizo uno de sus últimos intentos de encontrar ayuda en el extranjero y envió un agente a Madrid para que tratara con los alemanes. Mientras tanto, apenas disponía de espacio para maniobrar. El ejército reclamaba el 65 por 100 del presupuesto. Los fabricantes volvieron a instarle a respetar la propiedad privada, incluyendo las propiedades norteamericanas. A mediados de abril el ruido que se oía en la frontera entre Texas y Chihuahua sonaba a preludio de guerra y Villa atacó el sur de Chihuahua. En Tamaulipas, tras perder el último recuento de votos en las elecciones para gobernador, Caballero se sublevó. Rencillas locales en Guerrero, Puebla y Tlaxcala degeneraron en revueltas. El subsecretario de la Guerra tuvo que asumir personalmente el mando en Puebla.

Entonces a Carranza le salió el tiro por la culata en su intento de cooptar a los obreros. El día 1 de mayo delegados de 115 organizaciones de trabajadores del Distrito Federal y 16 estados se reunieron en Saltillo. Gracias a los preparativos carrancistas, más de un tercio de las organizaciones eran dóciles sindicatos de Coahuila. Pero los de Coahuila perdieron el control, que pasó a manos del SME y de la Casa del Obrero de Tampico. La convención se clausuró el 12 de mayo con la formación de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), coalición precaria pero políticamente independiente de sindicatos y sindicalistas.

El día 20 de mayo, Carranza prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para el registro de títulos de propiedad que exigía la nueva ley, y Pani entabló conversaciones con abogados de las compañías petroleras norteamericanas con vistas a enmendar la ley. Los Estados Unidos también aflojaron, ligeramente. El día 7 de junio, Wilson volvió a expresar el deseo norteamericano de tener relaciones amistosas con México. Hacia fin de mes el Departamento de Estado se decidió por «una política de embargo liberalísima»[41]. También se expidieron licencias para efectuar varios envíos grandes de productos básicos a México, principalmente maíz.

Pero a finales de junio el gobierno funcionaba gracias a los ingresos corrientes. El representante de Carranza en Madrid no había llegado a ningún acuerdo concreto con los alemanes. El presidente ya no hubiera podido arrancarles nada más a los comerciantes o a los fabricantes de México, ni siquiera una plegaria de apoyo. No le iban mejor las cosas con la UCMGF, la UMM o la nueva CROM. Los villistas seguían representando un problema para Murguía en Chihuahua. A pesar del mando de Diéguez en Monterrey, estallaron tres o cuatro rebeliones en Coahuila y Tamaulipas, a la vez que los pelaecistas continuaban patrullando por los campos petrolíferos de Tampico-Tuxpan. Los zapatistas todavía dominaban la mayor parte de Morelos, aunque sin Palafox (que había sido destituido al reorientarse la estrategia hacia la negociación). Como mínimo una docena de otras bandas rebeldes se habían recuperado o habían brotado en el centro del país, siguiendo una línea que iba de costa a costa. Y los felicistas se habían multiplicado en Puebla, Oaxaca y Veracruz, donde intensificaron sus operaciones en los campos de petróleo de Minatitlán.

El 15 de julio de 1918 el ejército alemán inició su ataque en el Marne. El ataque no sólo acercaría el fin de la primera guerra mundial, sino que resolvería la cuestión política que continuaba pendiente en México. Las elecciones para el Congreso celebradas el 28 de julio dieron la mayoría a los carrancistas del PLC. Y las lluvias de aquel verano fueron abundantes, por primera vez desde hacía cinco años. Pero los políticos mexicanos permanecieron en suspenso esperando el triunfo o el fracaso de la ofensiva alemana. El 31 de julio, Carranza prorrogó otras dos semanas el plazo de aplicación de la ley del petróleo.

A comienzos de agosto empezó a verse claramente que los alemanes serían derrotados. El 14 del mismo mes, Carranza renunció al principio fundamental de la ley fiscal y canceló la exigencia de registrar los títulos a la vez que daba instrucciones a Pani para que empezara a negociar con los abogados de las compañías petroleras norteamericanas al objeto de convertir el artículo 27 en una ley orgánica que fuera aceptable para ambas partes. Pero toda persona políticamente informada sabía que el presidente ya no tenía ni una probabilidad de recuperar el poder sobre sus rivales. A mediados de septiembre, Obregón empezó a liquidar al contado sus propiedades con la intención de meterse seriamente en política. Villa, fuerte como no lo había estado desde hacía dos años, volvió a protagonizar correrías en el sur de Chihuahua. El día 1 de octubre, Díaz elogió a los aliados y pidió que todos los «patriotas» se unieran para derribar a Carranza[42]. El día 20 sus fuerzas dieron comienzo a su primera ofensiva importante en Veracruz, Puebla y Oaxaca.

NOVIEMBRE DE 1918 - JUNIO DE 1920

El día 11 de noviembre de 1918 terminó la primera guerra mundial. Los Estados Unidos, el más poderoso de los vencedores, disfrutó de libertades nuevas en todo el mundo. Disfrutó en particular de ejercer la única presión extranjera en México. Sin correr el riesgo de injerencias por parte de otras potencias extranjeras, podía incluso revocar el reconocimiento del gobierno de Carranza, a menos que, por ejemplo, éste accediese a negociar el artículo 27 de la Constitución. Esto puso fin a las oportunidades de México de tener un gobierno centralizado.

Las condiciones económicas tras la guerra confirmaron que la «reconstrucción» en México se haría de forma regionalizada. Aunque la prosperidad norteamericana continuó durante dos años más, las demandas de productos mexicanos en los Estados Unidos presentaban grandes variaciones. La demanda de metales preciosos y petróleo siguió siendo alta, pero la de cobre disminuyó rápidamente y la de henequén se hundió. La epidemia de gripe, probablemente el golpe más devastador que la vida humana recibió en México durante un período de 350 años, también redujo la producción y el comercio. Tras hacerse sentir primero en el noreste a comienzos de octubre de 1918, su espantosa «segunda ola» asoló todo el país hasta mediados de enero. De los 125.000 hombres enrolados en el ejército, 25.270 enfermaron de gripe y 1.862 murieron. Es posible que hasta cinco millones de mexicanos fueran presa de la enfermedad. Un cálculo moderado de las defunciones causadas por ella oscila entre el 2,5 y el 3 por 100 de la población, es decir, unas 400.000 personas. Y es probable que la mitad de los muertos contaran entre 20 y 40 años de edad, lo que significa que en sólo cuatro meses murió el 4 por 100 de los mexicanos más robustos. El Golfo fue la región que mejor librada salió de las tendencias económicas y la epidemia, seguida del noreste y el noroeste, que salieron mucho mejor parados que el norte y el oeste. Y estas dos regiones, prescindiendo de cuáles fueron sus pérdidas, sufrieron menos que el centro y el sur y mucho menos que el sureste, que se sumió en una larga depresión.

La política nacional empezó a moverse en direcciones nuevas. A partir de noviembre de 1918 los conflictos más apremiantes del país pasaron a formar parte de la lucha cuya resolución se esperaba de las elecciones presidenciales de julio de 1920. Pero, aunque ya no se trataba de una lucha por el poder centralizado, era mucho más que una lucha provincial por el poder central. Planteaba interrogantes de trascendencia histórica: aclarar, por ejemplo, si en una sociedad profundamente contenciosa como la mexicana algún grupo provincial podía instaurar alguna dominación en Ciudad de México y, en caso afirmativo, qué clase de grupo y qué tipo de dominación. También volvía a plantear los peligros de la violencia extendida. Dado que ni Carranza ni ninguno de sus rivales disponían de poder suficiente para controlar la sucesión, y como quiera que el PLC no era más que un nombre bajo el que se agrupaban facciones con ambiciones nacionales, la lucha no conduciría a una coalición, sino a una última prueba de fuerza en la que cada una de las facciones más fuertes lucharía por imponerse a las otras.

Había sólo dos bases estratégicas para una política de imposición, el noroeste y el noreste. En cuanto terminó la guerra, Obregón empezó a organizar su campaña presidencial. Bien considerado en California y en Washington, así como uno de los hombres más ricos del noroeste, conservaba en la vida civil su prestigio nacional como el máximo héroe militar de México. En enero de 1919, Calles ya había conseguido que Sonora se comprometiera con Obregón, a la vez que Hill, en Ciudad de México, edificaba el apoyo al mismo candidato dentro y fuera del PLC. Mientras tanto, también González empezó a organizar su campaña. Tenía buenas relaciones en Texas y el noreste, era probablemente el general más rico del país, ostentaba el mando activo en el estado de México, Morelos y Guerrero y en diciembre reconquistó el resto de Morelos para sus subordinados, hombres del noreste en su mayoría, que arrendaron las plantaciones del estado para la cosecha de 1919. En el noreste propiamente dicho, varios de sus parientes y antiguos colegas y subordinados promovían la causa gonzalista. Lo mismo hacía Treviño en Ciudad de México. Ninguna de las facciones había pedido aún el apoyo de las organizaciones obreras: formaban un campo demasiado difícil y dividido. La CROM se había ganado la enemistad de la UMM entrometiéndose en los talleres de ferrocarriles, y en noviembre, empujada por su oposición a la alianza de la CROM con la American Federation of Labour contra los IWW, la FSODF se había separado para fundar el Gran Cuerpo Central de Trabajadores en Ciudad de México, de filiación sindicalista.

De los otros seis generales importantes, cuatro permanecieron neutrales. Eran Diéguez en Monterrey; Murguía, que dimitió de su mando en Chihuahua y se retiró a Ciudad de México; el subsecretario de la Guerra, Castro, que ocupó el puesto de Murguía en Chihuahua; y Alvarado, que se fue del deprimido Yucatán para publicar un periódico en Ciudad de México, obsesionado con la cuestión presidencial.

Carranza no nombró a su candidato. Ya que contaba con certeza sólo con Aguilar y Cesáreo Castro, en Veracruz y Puebla, no tenía motivo para hacer tan pronto una elección que forzosamente molestaría o bien a Obregón y sus aliados o a González y los suyos, quizás a ambos bandos, y quizá también a los cuatro aliados sin excepción. Gracias a la producción de petróleo y plata, que incrementó de forma ininterrumpida los ingresos del gobierno, podía demorar la confrontación. El 1 de enero de 1919 ordenó que se concediera un enorme aumento salarial a los oficiales del ejército y dio comienzo a una lenta y silenciosa reducción de los efectivos de las fuerzas armadas. El día 15 condenó públicamente las campañas presidenciales, tachándolas de prematuras, e insistió en que se aplazaran hasta finales de año.

Entretanto, buscó diversas alianzas para reforzar su facción. A mediados de noviembre mandó a Pani en calidad de ministro a Francia, con la esperanza de persuadir a la conferencia de paz de París a anular la doctrina Monroe o, cuando menos, reavivar el interés de los banqueros británicos y franceses por México. Se doblegó ante las compañías petroleras norteamericanas. El 14 de noviembre ya había prorrogado hasta final de año la exención de denunciar. El día 23 apareció, bajo la forma de proyecto de ley presidencial ante el Congreso, el acuerdo que Pani y los abogados de las compañías habían redactado para dar forma orgánica al artículo 27. Lo más notable de todo era que eximía de sus efectos las tierras en las cuales las compañías habían invertido para la producción antes del 1 de mayo de 1917. El día 27 de diciembre, Carranza amplió la exención de denuncia hasta que el Congreso votara el proyecto de ley. (La tendencia pro norteamericana impresionó a Cowdray, que tres meses después vendió la Águila a la Royal Dutch Shell). En el plano nacional, Carranza cortejó a los jerarcas católicos, propuso reformas de los artículos 3 y 130 de la Constitución para frenar a los anticlericales del país, además de pedir y recibir de Roma un protonotario apostólico que se encargara de reorganizar la Iglesia en México. Siguió devolviendo propiedades embargadas a los hacendados —entre los favorecidos en marzo de 1919 se encontraba la familia Terrazas— y promulgó una serie de decretos y circulares que protegían sus haciendas. Además, preparó a los candidatos carrancistas locales con vistas a las próximas elecciones para gobernador, la primera de las cuales se celebraría en Sonora el día 27 de abril.

Lo más importante es que Carranza también buscó una alianza en Nueva York. Desde el mes de octubre la Morgan coordinaba los bancos norteamericanos, británicos y franceses interesados por la deuda mexicana. En enero el subsecretario de Hacienda de Carranza empezó a tomar parte en las negociaciones. El 23 de febrero la Morgan anunció la formación del International Committee of Bankers on México (ICBM), y al cabo de un mes, para tranquilizar a dicho comité, Carranza permitió que Limantour volviera de Francia y visitase México. El 29 de marzo el subsecretario de Hacienda volvió con la oferta del comité: consolidar la deuda y emitir nuevas obligaciones para el «desarrollo interno» garantizadas por los ingresos de las aduanas bajo una «administración internacional»[43]. El 9 de abril, Carranza volvió a nombrar a Cabrera ministro de Hacienda con el encargo de que gestionase la aprobación del proyecto de ley referente al artículo 27, así como de la oferta del ICBM, en una sesión especial del Congreso que se inauguraría el 1 de mayo. También tomó medidas para dividir la campaña gonzalista y envió a Treviño a efectuar una serie de visitas lucrativas a las fábricas de armas y municiones de Europa.

Pero a pesar de lo que prometía, no tardó la facción carrancista en sufrir grandes decepciones. En abril el Consejo de los Cuatro, reunido en París, reconoció la doctrina Monroe; Carranza rechazó la invitación para que México ingresara en la Sociedad de Naciones. En Chihuahua, Villa lanzó una gran ofensiva. González se granjeó la confianza de los hacendados cuando sus fuerzas en Morelos tendieron una emboscada y mataron a Zapata el día 10 de abril. En las elecciones para gobernador de Sonora, el candidato de Carranza perdió y el de Calles ganó; se llamaba Adolfo de la Huerta. La sesión especial del Congreso no quiso aprobar el proyecto de ley sobre el artículo 27 ni la oferta del ICBM.

Carranza llamó a Diéguez, que estaba en el noreste, y a Cesáreo Castro, que se encontraba en Puebla, para que ayudaran a Jesús Castro a derrotar otra vez a Villa. A mediados de mayo amenazó con tomar medidas de fuerza contra las perforaciones nuevas que se hicieran en los campos petrolíferos sin registrar. Para dividir a los obregonistas, nombró a Calles ministro de Industria y Comercio (responsable del petróleo). Con el objeto de preocupar a González, amplió su mando para que incluyese Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.

Pero las decepciones de Carranza infundían ánimo a sus adversarios. El día 1 de junio, Obregón anunció oficialmente su candidatura a la presidencia y el día 27 obtuvo su primera aprobación oficial: la del Partido Socialista de Yucatán. Castro, el subsecretario de la Guerra, regresó de Chihuahua a Ciudad de México y le prestó apoyo privado a través del Ministerio de la Guerra. A pesar de sus nuevas obligaciones, también González se volvió más osado y debatió en público con Obregón cuál era la manera apropiada de declarar una candidatura; y los agentes que tenía en el noreste intensificaron su labor organizadora. En Chihuahua, Diéguez apenas se había abierto paso combatiendo hasta entrar en la capital del estado cuando el 15 de junio los villistas atacaron Ciudad Juárez y provocaron una intervención norteamericana que duró 24 horas. El día 8 de junio las elecciones para gobernador de Nuevo León dieron la victoria a un hombre que no contaba con la aprobación de Carranza (un viejo amigo de Villarreal). Carranza suspendió la comunicación de los resultados del escrutinio y el estado se estremeció a causa de la agitación… a favor de Obregón y González. En Tampico los sindicalistas promovieron otra huelga general. En todo el noreste los diversos grupos rebeldes reanudaron sus frecuentes ataques porque la partida de Diéguez había reducido las guarniciones. El día 6 de junio, Murguía ocupó el puesto de comandante de Monterrey, pero pronto se enzarzó en rencillas con los jefes locales. El día 25 los rebeldes hicieron una incursión contra Ciudad Victoria. En los distritos petrolíferos, Peláez rondaba por las proximidades de Tampico.

Durante el verano, Carranza hizo algunos progresos. Diéguez desbarató la ofensiva villista y estableció su dominio en Chihuahua. Cesáreo Castro controlaba Torreón. González llegó a creer que no había necesidad de llevar a cabo una campaña en regla para ganar la presidencia, que después de hacer muchas fintas y desviar muchos golpes, el gobierno y el ejército salvarían la sucesión para él. Y una segunda estación de lluvia abundante vino a aliviar la escasez de alimentos y obviar la necesidad de importarlos antes de las elecciones. Pero ocurrió algo mucho más importante: la amenaza contra quienes no registraran las perforaciones para obtener petróleo provocó otro enfrentamiento con los Estados Unidos. A finales de junio las compañías acusaron al gobierno mexicano de tomar «francas medidas» destinadas a confiscar sus propiedades[44]. El día 22 de julio el Departamento de Estado advirtió a Carranza que Washington podía revocar el reconocimiento de su gobierno. El 8 de agosto el Senado nombró una subcomisión presidida por el más chillón de sus intervencionistas, Albert B. Fall, «para que investigase los asuntos mexicanos»[45]. El 19 de agosto, de los 60.000 soldados norteamericanos apostados a lo largo de la frontera surgió la segunda expedición de castigo, que penetró en México y permaneció una semana en los alrededores de Ojinaga.

Mientras tanto, Obregón también hizo progresos. El 17 de julio, gracias a Hill, el PLC apoyó oficialmente su candidatura. Castro, el subsecretario de la Guerra, colocó a generales simpatizantes en puestos de mando estratégicos de las ciudades situadas junto a la frontera del norte. Y generales obregonistas empezaron a celebrar negociaciones privadas con los líderes de la CROM. Los obregonistas querían que la CROM sofocase parcialmente la agitación de la IWW entre los mineros de Sonora, principalmente para promover la campaña de Obregón en otra parte, no sólo en México, sino también en los Estados Unidos, con la AFL. Los líderes de la CROM querían hablar con Calles, que estaba en el Ministerio de Industria y Comercio, con el fin de recuperar la autoridad organizadora que los sindicalistas les habían quitado. Poco después la FSODF abandonó su Cuerpo Central, que era de filiación sindicalista, e ingresó en la CROM. Durante las mismas semanas, De la Huerta, gobernador de Sonora, ayudó a la UCMGF a organizar a los trabajadores del Southern Pacific Railway en Sonora.

El 8 de septiembre la comisión Fall dio comienzo a su «investigación». Los días 10 y 11 de septiembre su testigo clave, el presidente del consejo de administración de la Mexican Petroleum, prestó declaración durante ocho horas acerca del desgobierno carrancista.

Carranza, sometido a todas estas presiones nacionales y extranjeras, decidió en privado quién iba a ser el candidato de su facción. Juzgando que tener relaciones influyentes en Washington era más importante que nunca, escogió al alumno político de Douglas, Ignacio Bonillas, que era embajador en los Estados Unidos. A finales de septiembre, Carranza se entrevistó con Diéguez en Coahuila y logró que respaldara su elección. El día 2 de octubre, Bonillas se reunió con ellos y los tres celebraron conversaciones durante una semana.

Otro enfrentamiento con los Estados Unidos puso de relieve la importancia que las relaciones con Washington tenían para la política mexicana. El día 19 de octubre el vicecónsul estadounidense en Puebla desapareció y se supuso que había sido secuestrado por rebeldes pelaecistas. En Washington se alzaron voces pidiendo la intervención en México. El día 26 del mismo mes el vicecónsul reapareció en libertad y las voces bajaron un poco en Washington. El 1 de noviembre Carranza anunció que la campaña presidencial ya podía empezar y que él respaldaba a Bonillas.

Pero durante las seis semanas siguientes Obregón hizo irrevocable su pretensión de ocupar la presidencia. El 27 de octubre había iniciado una gira en ferrocarril por la costa occidental. A mediados de diciembre ya había hecho política en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, el estado de México e Hidalgo, y, durante diez días, en Ciudad de México. El 1 de diciembre sus aliados de la CROM anunciaron la formación del Partido Laborista Mexicano.

González, mientras tanto, se reafirmó. El día 5 de noviembre hizo saber que no tardaría en declarar su candidatura. Entonces, fuerzas bajo su mando en Puebla provocaron otro enfrentamiento con los Estados Unidos: el día 14 de noviembre detuvieron al vicecónsul norteamericano y le acusaron de haberse confabulado con sus secuestradores para dar al gobierno de Washington un pretexto que le permitiese intervenir en los asuntos mexicanos. De nuevo se oyeron en Washington voces que pedían la intervención. Mientras Douglas y Bonillas negociaban febrilmente en la capital norteamericana para calmar el escándalo, González indujo a los jefes zapatistas y felicistas a aceptar «una amnistía patriótica», una tregua con él[46]. El 27 de noviembre gonzalistas de Ciudad de México anunciaron la formación de un partido gonzalista: la Liga Democrática. El día 28 el secretario de Estado dijo a Bonillas que, a menos que su gobierno mostrara «un cambio radical de actitud ante los Estados Unidos», el pueblo norteamericano obligaría a su gobierno a romper las relaciones con él, lo cual «casi inevitablemente significaría la guerra»[47]. Treviño, que había vuelto de Europa, apareció en Monterrey haciendo política a favor de González. El día 3 de diciembre Fall introdujo una resolución en el Senado pidiendo a Wilson que cortase las relaciones diplomáticas con el «gobierno pretendido» de Carranza[48]. El día 4 el vicecónsul fue puesto en libertad. El día 8 Wilson se opuso a la resolución de Fall y el enfrentamiento terminó. El día 10 González aceptó oficialmente la candidatura presidencial de la Liga Democrática.

También Villa lanzó una nueva campaña. El día 2 de noviembre había atacado Saltillo, aumentando con ello la división y la agitación en el noreste. A mediados de diciembre llevó a cabo incursiones en los distritos carboneros, junto al camino que llevaba a Piedras Negras. Murguía, que continuaba riñendo con los jefes locales, no sólo fue incapaz de expulsar a los villistas de Coahuila, sino que tampoco pudo proteger los ferrocarriles de Nuevo León y Tamaulipas frente a los ataques de los rebeldes.

En Washington y México se vio entonces claramente que habría graves estallidos de violencia antes de las elecciones presidenciales. Lo único que estaba por ver era quién actuaría primero: si Carranza para aplastar a Obregón, o si éste para sublevarse. En cualquier caso, una vez que empezara la batalla entre carrancistas y obregonistas, González podría utilizar sus fuerzas alrededor de la capital para dar un golpe. Ni los obregonistas ni los gonzalistas consideraban como una amenaza a las entidades más poderosas que estaban a favor de una sublevación o un golpe de Estado: las compañías petroleras norteamericanas, el Departamento de Estado y el Senado de los Estados Unidos.

A finales de diciembre, Carranza conferenció con Aguilar, Diéguez, Murguía y otros para preparar la represión. También preparó la campaña de Bonillas. El 13 de enero de 1920, empujadas por Douglas y Bonillas, las compañías petroleras solicitaron permisos provisionales para perforar. El 17 de enero, Carranza accedió a concedérselos. Al día siguiente el Partido Nacional Democrático, que era un grupo de congresistas, gobernadores y generales, carrancistas todos ellos, nombró a Bonillas candidato a la presidencia. A principios de febrero el Ministerio de Relaciones Exteriores inició los preliminares para negociar un tratado con el fin de crear una comisión de reclamaciones mixta. La reducción de las nóminas del ejército continuó.

Obregón amplió su organización con vistas a la revuelta. Mientras visitaba de nuevo el Bajío y Michoacán, el Partido Laborista le prometió oficialmente su apoyo. Varios importantes políticos del norte manifestaron sus simpatías obregonistas, lo que también hizo Alvarado. Agentes obregonistas se pusieron secretamente en comunicación con Villarreal en Texas, con Coss, que continuaba en rebeldía en Coahuila, y con un importante jefe felicista de Veracruz, que acordó aceptar una «amnistía» y esperar nuevas instrucciones de Obregón. El 1 de febrero, Calles dimitió del Ministerio de Industria y Comercio para dedicarse de lleno a la campaña. El día 2 los obregonistas inauguraron una convención nacional en Ciudad de México. El día 4 el propio Obregón se dirigió hacia el norte con el propósito de visitar Aguascalientes y Zacatecas, y dirigirse luego hacia el este para visitar San Luis Potosí. El día 15 llegó a Saltillo, donde pasaría dos semanas haciendo política.

Entretanto, González cultivaba su fuerza en Ciudad de México. El 31 de diciembre declaró que la pacificación del sur ya estaba terminada y se despidió del ejército. El 13 de enero, con un discurso pronunciado ante los caballeros más acaudalados de la capital, puso en marcha oficialmente la búsqueda de aliados. Sus agentes se multiplicaron en el noreste.

El día 10 de febrero, Carranza despidió a Castro de su cargo de subsecretario de la Guerra y puso la dirección del ejército, que para entonces ya contaba con 85.000 hombres, en manos de su propio jefe de estado mayor. A mediados de febrero, Diéguez concluyó una inspección que había durado un mes en Chihuahua. El día 27, obedeciendo órdenes especiales del presidente, apareció en Sonora para llevar a cabo una inspección de tres semanas de las fuerzas militares que allí había; luego prosiguió su camino y visitó Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán. Los villistas volvieron a protagonizar incursiones en el sur de Chihuahua. Murguía conferenció con Carranza en Ciudad de México y volvió a Monterrey, donde se opuso públicamente a Obregón. En Saltillo éste conferenció con Calles y el día 3 de marzo inició una gira por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En los campos de petróleo de Tampico-Tuxpan los pelaecistas dieron comienzo a una gran ofensiva. En total, estos movimientos alarmaron hasta a los peones: el 1 de febrero los Estados Unidos habían levantado una restricción a la inmigración desde México y a mediados de marzo ya habían cruzado la frontera unos 100.000 «vagabundos mexicanos» que huían de la violencia que se avecinaba[49].

En Morelos estos movimientos tuvieron otro significado: una oportunidad para que los zapatistas se sublevaran otra vez por su tierra. En marzo agentes obregonistas establecieron contactos secretos con los jefes supervivientes y lograron que éstos les prometieran su cooperación a cambio de la promesa de que sus poblados serían respetados.

El día 17 de marzo Bonillas llegó a Nuevo Laredo y aceptó oficialmente su candidatura. El día 21 llegó a Ciudad de México, donde el desfile organizado para darle la bienvenida chocó con una manifestación obregonista. El día 25 también Diéguez llegó a la capital. El día 28, después de casi un año de inactividad, los zapatistas reanudaron sus incursiones en Morelos y en el Distrito Federal.

Los acontecimientos públicos en Washington parecían favorables a Carranza. En enero había dimitido el embajador norteamericano en México, que se encontraba en la capital de los Estados Unidos para ayudar a la comisión Fall. A mediados de febrero Wilson había despedido al secretario de Estado, que amenazaba con revocar el reconocimiento, y el día 22 de marzo el Senado confirmó al elegido por Wilson para sustituirle. Al día siguiente, Wilson nombró a un «progresista» para que se ocupara de la embajada en México. Pero, de hecho, la marcha de la política presidencial estadounidense no era de buen agüero para los planes de Carranza. En marzo demócratas y republicanos empezaron en serio las campañas con vistas a sus respectivas convenciones nacionales, donde se elegirían sus candidatos a la presidencia; las convenciones se celebrarían en junio y las elecciones presidenciales, en noviembre. Ambos partidos se beneficiarían si en México un nuevo gobierno subía al poder por medios violentos, ya que ello les permitiría abogar por el reconocimiento del mismo sólo si se doblegaba ante sus exigencias relativas al artículo 27 y les devolvía sus derechos a los norteamericanos, especialmente a las compañías petroleras.

El 30 de marzo Carranza puso en marcha la represión, amplió la jurisdicción de Diéguez en Chihuahua para dar cabida en ella a Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima y le ordenó que enviara en seguida numerosas tropas de refuerzo a Sonora. También ordenó que se detuviese a Obregón y al jefe felicista «amnistiado», a los que se acusaría de conspirar para sublevarse. El intento fracasó rápidamente. En Sonora, De la Huerta y Calles denunciaron el nombramiento de Diéguez y el día 3 de abril, usando a modo de pretexto una huelga de la UCMGF contra el Southern Pacific, se apoderaron de los ferrocarriles del Estado, bloqueando así el tráfico en la costa occidental. Diéguez llegó sólo hasta Guadalajara. El día 4 de abril, en Monterrey, Obregón se entrevistó en privado con Alvarado, que partió inmediatamente para Nogales. Dos días después, Obregón compareció ante un consejo de guerra en Ciudad de México y negó las acusaciones que se le hacían. El día 9 la legislatura de Sonora declaró la independencia del estado respecto del gobierno federal. El día 10 de abril, Calles asumió el mando de todas las fuerzas armadas que había en el estado. El día 12, Obregón, que debía comparecer de nuevo a juicio al día siguiente, desapareció de Ciudad de México y también Hill huyó de la ciudad.

Calles empezó la revuelta el día 15 de abril y envió fuerzas de Sonora a tomar la principal ciudad ferroviaria del norte de Sinaloa. El movimiento se extendió con rapidez. Alvarado se apresuró a abandonar Nogales para trasladarse a Washington, donde contrató a Sherburne Hopkins en calidad de asesor de «la revolución liberal constitucionalista». Los obregonistas de Sinaloa ocuparon Culiacán y pusieron sitio a Mazatlán. Los gobernadores de Michoacán y Zacatecas se sublevaron, y lo mismo hicieron los comandantes que se encontraban a lo largo de la línea férrea de Monterrey a Matamoros y Tampico, así como los de los campos de petróleo de Tampico-Tuxpan. Hill, escondido en Morelos, persuadió a los comandantes gonzalistas de que Obregón y González cooperaban en secreto. Él propio Obregón reapareció en Guerrero, donde recibió la bienvenida del gobernador y del comandante del estado. El día 20 de abril, en Chilpancingo, la legislatura aprobó la declaración de independencia de Sonora, Obregón publicó un manifiesto dirigido a la nación y un mensaje al pueblo de los Estados Unidos anunciando que iba a participar en la lucha de Sonora por la «libertad de sufragio», y el comité ejecutivo del Partido Laborista instó a la clase trabajadora de México a sublevarse por la misma causa[50].

Carranza respondió haciendo un intento privado de aliarse con González. Propuso que si éste interrumpía su campaña por la presidencia y ofrecía sus servicios militares al gobierno, Bonillas también retiraría su candidatura y Carranza y González negociarían la elección de otro candidato civil. Pero González quería más: si Bonillas retiraba su candidatura y Carranza solicitaba los servicios de González, éste interrumpiría su campaña y ayudaría a sofocar la revuelta, pero volvería a presentar su candidatura «en el momento oportuno[51]». Carranza no aceptó.

El 22 de abril los obregonistas de Sonora publicaron el plan de Agua Prieta en inglés[52]. Al día siguiente lo publicaron en castellano. Denunciando a Carranza por repetidas violaciones de la Constitución, Calles y otros oficiales y funcionarios locales daban a las fuerzas sublevadas el nombre de Ejército Liberal Constitucionalista, nombraban a De la Huerta jefe supremo interino del mismo, prometían que cuando los liberales constitucionalistas ocuparan Ciudad de México el Congreso presente elegiría un presidente provisional que convocaría elecciones generales y juraban garantizar «toda la protección jurídica y el respeto de sus derechos jurídicos a ciudadanos y extranjeros, y… favorecer de manera especial el desarrollo de la industria, el comercio y todos los negocios»[53]. El día 26 de abril los comandantes de la capital de Chihuahua y de Ojinaga se rebelaron a favor del plan de Agua Prieta, a la vez que en la parte occidental del estado de México y en Morelos los comandantes gonzalistas iniciaban públicamente conversaciones con agentes de Obregón.

El 27 de abril Carranza y González volvieron a negociar. González accedió a retirar su candidatura y ayudar a Carranza si éste sustituía a Bonillas por el candidato de González. Pero el día 28 Carranza rechazó al candidato y pidió a Murguía que asumiera el mando alrededor de Ciudad de México.

En Washington los republicanos se hicieron con el control total de la política norteamericana en relación con México. El Senado no quiso confirmar el nombramiento del nuevo embajador de Wilson. La comisión Fall cambió de marcha y se lanzó a fondo contra Carranza: el 29 de abril escuchó la declaración de Hopkins en el sentido de que el gobierno Carranza había sido «un horrible fracaso», de que sin duda Obregón lo derribaría y de que el nuevo gobierno establecería el orden correcto para los negocios[54].

González dio el golpe el día 30 de abril, fecha en que él y Treviño huyeron de la capital, denunciaron oficialmente a Carranza y, sin mencionar el plan de Agua Prieta, instaron al ejército a combatir por los «principios revolucionarios»[55]. El 3 de mayo los dos generales ocuparon la capital de Puebla e instalaron en ella el cuartel general del ejército liberal revolucionario, que, de hecho, eran aproximadamente los 12.000 hombres de las fuerzas gonzalistas en el este del estado de México, Puebla y Tlaxcala. El golpe destruyó el gobierno. El día 5 del mismo mes Carranza aplazó las elecciones y, previendo una rivalidad violenta entre obregonistas y gonzalistas, pidió al ejército y al pueblo que le apoyasen hasta que pudiera entregar la presidencia a un sucesor elegido d® forma regular. Ordenó a Murguía que asegurase una ruta de huida hacia el este y el día 7 de mayo, él, su gabinete, Bonillas, el Tribunal Supremo y numerosos congresistas, funcionarios y sus familias tomaron el tren con destino a Veracruz, donde esperaban reorganizar el gobierno bajo la protección de Aguilar.

Si bien el golpe triunfó, la revuelta volvió a extenderse. Villa, Peláez y varios jefes felicistas (aunque no el propio Díaz) expresaron su apoyo. El 2 de mayo Obregón, los comandantes ex gonzalistas de Morelos y los jefes zapatistas —todos ellos convertidos ahora en liberales constitucionalistas— ocuparon Cuernavaca. El día 3 el comandante de Ciudad Juárez se sublevó a favor del plan de Agua Prieta y el día 6 siguieron su ejemplo los comandantes de Saltillo y Veracruz. El día 7 Cesáreo Castro entregó el mando de Torreón a los liberales constítucionalistas.

Tan pronto como Carranza se fue de Ciudad de México, la rivalidad entre la revuelta y el golpe se hizo explícita. El día 7 de mayo Treviño ocupó la capital y González nombró sus autoridades. Al día siguiente la rivalidad se hizo oficial. En Hermosillo, De la Huerta anunció la formación de su gabinete, en el que se encontraban Calles como ministro de la Guerra y Alvarado como ministro de Hacienda. En Ciudad de México, González también nombró su gabinete, cuyo ministro de la Guerra era él mismo. El día 9 de mayo, mientras los liberales constitucionalistas tomaban Nuevo Laredo, Obregón entró en la capital al frente de 3.000 soldados. Aquel mismo día, de nuevo sin mencionar el plan de Agua Prieta, González pidió al Congreso que «resolviera la actual situación»[56].

La sublevación continuó extendiéndose. El día 10 de mayo los liberales constitucionalistas tomaron Mazatlán. El día 11 las fuerzas de Diéguez en Guadalajara se amotinaron y arrestaron a su jefe, al mismo tiempo que los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas huían hacia la frontera; obedeciendo órdenes de Calles, Villarreal abandonó El Paso para asumir el mando en Monterrey. Al día siguiente Coss tomó Piedras Negras y el comandante liberal constitucionalista de Tampico-Tuxpan y Peláez ocuparon conjuntamente Tampico. Dos días después los liberales constitucionalistas tomaron la última población fronteriza, Matamoros.

El día 12 de mayo Obregón y González conferenciaron en el Ministerio de la Guerra y acordaron que no lucharían entre sí. González reconoció que De la Huerta tenía autoridad para convocar el Congreso con el fin de elegir al presidente interino. Pero no quiso firmar el plan de Agua Prieta, ni disolver su ejército liberal revolucionario hasta que el presidente interino tomara posesión de su cargo, y Treviño asumió el mando tanto de las fuerzas obregonistas como de las gonzalistas que perseguían a Carranza. El día 13, todavía en Hermosillo, De la Huerta convocó una sesión especial del Congreso para el día 24 con el fin de elegir el presidente interino. El día 15 González intentó otra maniobra: retiró su candidatura para las elecciones presidenciales regulares y de esta manera quedó libre para desempeñar el cargo de presidente interino.

La noticia de la rivalidad nunca llegó a oídos de Carranza. Fuerzas hostiles de índole diversa habían bloqueado su convoy por delante y por detrás en Puebla. El día 14 de mayo Carranza, algunos de sus colaboradores más allegados y unos cuantos guardias a las órdenes de Murguía se dirigieron a lomos de caballo hacia las montañas del norte de Puebla, donde el día 21 Carranza fue muerto por pelaecistas «amnistiados». Obregón y González denunciaron inmediatamente el crimen y nombraron una comisión conjunta para que hiciera las investigaciones oportunas. Treviño trasladó a los carrancistas capturados —Bonillas, Murguía y unos cuantos más— a la prisión militar de Ciudad de México. El día 22 De la Huerta señaló el 1 de agosto para la celebración de las elecciones para el nuevo Congreso y el 5 de septiembre para las presidenciales.

Para entonces la revuelta se había impuesto al golpe. Las compañías petroleras, que se habían abstenido de pagar los impuestos durante el período de violencia, accedieron a pagarlos a los liberales constitucionalistas. El 24 de mayo el Congreso se declaró favorable a De la Huerta frente a González por 224 contra 28 votos. El día 26 Calles se instaló en el Ministerio de la Guerra. El día 30 De la Huerta llegó a la capital. El 1 de junio prestó juramento como presidente interino, cargo que debía ocupar hasta el 30 de noviembre. El 2 de junio, tras encabezar un gran desfile militar en la ciudad, Obregón renunció al mando y unos días después volvió a presentar su candidatura a las elecciones presidenciales regulares. El día 5 de junio González renunció al mando y se fue a su casa de Monterrey.

JUNIO DE 1920 - DICIEMBRE DE 1920

En la prueba definitiva, los hombres del noroeste unidos habían derrotado a los divididos hombres del noreste y asumido la responsabilidad de la «reconstrucción». Pero, como carecían de los fuertes lazos que los del noreste tenían con los grandes negocios nacionales de Ciudad de México y Monterrey, no contaban con el respeto y la confianza necesarios para dirigir la política nacional. No podían gobernar como socios con intereses que dirigieran legítimamente a sus asociados, sino sólo como conquistadores que trataban cautelosamente con las mismas fuerzas cuya cooperación les era de lo más necesario para la seguridad de su régimen.

Desde el primer momento, pues, su principal preocupación fue obtener cuanto antes el reconocimiento de los Estados Unidos. Pero la comisión Fall acababa de presentar un informe severo. Con la aprobación del Departamento de Estado, recomendaba que los Estados Unidos no reconocieran un gobierno mexicano sin la firma de un tratado entre los dos países que eximiera a los norteamericanos de la aplicación de ciertos artículos de la Constitución mexicana, principalmente del artículo 27. Al amparo de semejante tratado, la comisión recomendaba que se hiciera un generoso préstamo con el fin de que México consolidara su deuda y rehabilitara sus ferrocarriles. Si las autoridades mexicanas se negaban a firmar el tratado y aplicaban la Constitución a los norteamericanos igual que a otros extranjeros, la comisión recomendaba que los Estados Unidos mandaran fuerzas a México para que se hicieran cargo de todas las líneas de comunicación desde Ciudad de México hasta la frontera y los puertos de mar del país. El día 12 de junio la convención republicana nombró a Harding como candidato a la presidencia. El programa del partido en relación con México lo había redactado Fall y prometía el reconocimiento cuando los norteamericanos que había en México gozaran de «suficientes garantías» de que su vida y sus propiedades serían respetadas[57]. El día 6 de julio la convención demócrata nombró candidato presidencial a Cox, cuyo programa para México prometía reconocer al nuevo régimen cuando los Estados Unidos tuvieran «pruebas abundantes» de respeto mexicano a las vidas y propiedades norteamericanas[58].

Durante el verano, los del noroeste dirigieron un gobierno provisional notablemente ordenado. De la Huerta mandó un «embajador especial» a Washington. Con el aliciente de unos ingresos regulares en alza, gracias a que continuaba el auge del petróleo, hizo que Alvarado anunciase la preparación de un programa financiero destinado a consolidar la deuda exterior y que luego se trasladara a Nueva York para sostener negociaciones privadas con la Morgan. Dio entrada en el ejército a 21 nuevos generales de división y 13.000 soldados. Nombró a Treviño ministro de Industria y Comercio, para que aguantase a las compañías petroleras; a un líder de la CROM, gobernador del Distrito Federal, para que tuviese a raya a los sindicalistas de la capital, con los que un nuevo Partido Comunista había formado la Federación Comunista del Proletariado Mexicano; y a Villarreal, ministro de Agricultura, para que redactase un plan de reforma agraria que pacificase a los zapatistas. Mantuvo encarcelados a Diéguez y Murguía, pero mandó al exilio a Bonillas y a la mayoría de los demás civiles carrancistas, junto con Aguilar y Cesáreo Castro. Resolvió una huelga de la UCMGF-UMM en el Ferrocarril Mexicano, así como huelgas generales en Tampico y Veracruz. Y consiguió que Díaz se aviniera a negociar para poner fin a su rebelión. Incluso logró hacer las paces con Villa, que el día 28 de julio aceptó el ofrecimiento del gobierno y se retiró con sus hombres a una hacienda de Durango.

Mientras tanto, Obregón, Hill y Calles impusieron al país el control político del noroeste. Colocaron a algunos paladines de la revuelta en puestos de gobernador interino y regular, a otros los nombraron comandantes militares de varios estados. Y aprovecharon la gran oportunidad de retirar a González indefinidamente. A principios de julio, ex subordinados de González, furiosos al ver canceladas sus pretensiones de ocupar cargos y hacer pactos, intentaron sublevarse en Coahuila y Nuevo León, y fracasaron rotundamente. El 15 de julio, González fue detenido. Fue sometido a consejo de guerra bajo la misma acusación que Carranza formulara contra Obregón. El 20 de julio, después de que el consejo de guerra mandara al acusado a un tribunal civil, Calles ordenó que fuera puesto en libertad: González, prudentemente, se exilió. El 1 de agosto las elecciones al Congreso designaron diputados y senadores del PLC, del Partido Nacional Cooperatista, del Partido Laborista y de un nuevo Partido Nacional Agrarista (ex zapatistas), todos ellos favorables a Obregón. La única señal de oposición duradera surgió de los antiguos católicos, que formaron el Partido Nacional Republicano y nombraron a Robles Domínguez candidato a la presidencia.

A mediados de agosto, De la Huerta hizo que Alvarado pusiera en marcha una campaña pública en Nueva York para obtener el reconocimiento y un préstamo. El día 26, Alvarado causó «profunda impresión en los… financieros, hombres de negocios y profesionales» que le oyeron en el Bankers’Club[59]. En Ciudad de México, el Ministerio de la Guerra anunció su intención de eliminar por completo a los «bolcheviques» que se habían organizado últimamente y De la Huerta en persona aseguró a The New York Times que «los mexicanos que se preocupan por el bienestar de su país quieren extranjeros en México por sus inversiones…»[60].

Las elecciones presidenciales del 5 de septiembre transcurrieron tal como estaba previsto, ordenadamente, y Obregón obtuvo una victoria arrolladora. La campaña en pos del reconocimiento se intensificó. De la Huerta elogió a Wilson diciendo de él que era «el más grande de los hombres públicos de hoy», acusó a Harding de «tendencias imperialistas», deportó a unos cuantos comunistas extranjeros, resolvió otra huelga de la UCMGF y envió a otro discípulo de Douglas en calidad de agente confidencial para que sustituyera a Alvarado en Nueva York[61]. Obregón declaró: «Nuestra esperanza… está en la economía y la industria y la amistad con nuestros vecinos y los capitalistas extranjeros… Ante todo nos ocuparemos de las obligaciones exteriores de México»[62]. (El respeto que mostraba Obregón por los intereses norteamericanos impresionó tanto a la Mexican Petroleum, que arrendó 324.000 hectáreas de tierra petrolífera de Tamaulipas). A finales de septiembre, Wilson hizo que un enviado privado entablase negociaciones con el agente confidencial de México para el reconocimiento. El 15 de octubre, después de consultar con el agente, el enviado de Wilson, Obregón y Calles, De la Huerta afirmó que México no aceptaría condiciones para el reconocimiento, pero pagaría «todo lo que en justicia debe de conformidad con… el derecho internacional»[63]. El 26 de octubre el agente de México solicitó oficialmente el reconocimiento al Departamento de Estado, después de lo cual los Estados Unidos y México intercambiarían protocolos que dejarían constancia de la promesa mexicana de crear comisiones de reclamaciones y arbitraje, y no aplicar retroactivamente el artículo 27. Aquel mismo día el Congreso mexicano declaró oficialmente el vencedor de las elecciones presidenciales: Obregón por 1.132.000 votos frente a los 47.000 de Robles Domínguez. El 29 de octubre el secretario de Estado indicó que los Estados Unidos y México intercambiarían protocolos al cabo de poco tiempo y después de ello Wilson reconocería el gobierno mexicano.

El día 2 de noviembre Harding venció rotundamente a Cox en las elecciones norteamericanas. Esto puso fin a la probabilidad de que los Estados Unidos reconocieran pronto a un gobierno mexicano que defendiese la Constitución de México. De todos modos, el Departamento de Estado expresó su deseo de ver a Obregón «tomando auspiciosamente posesión de su cargo» y el Banco Speyer invitó a los clientes que poseyeran bonos mexicanos en mora a depositarlos para cuando México reanudara los pagos de la deuda exterior[64]. El 25 de noviembre el Departamento de Estado propuso que México nombrara comisarios que negociaran un tratado que eventualmente justificase el reconocimiento del gobierno de Obregón por los Estados Unidos. El Departamento de Justicia desbarató conspiraciones previas a la toma de posesión que tramaban los nuevos exiliados en la frontera.

De la Huerta terminó su período de presidencia provisional en su debido momento. Puso fin a una huelga de los mineros del carbón en Coahuila, para lo cual el gobierno se hizo cargo temporalmente de las minas, concedió un aumento salarial a los trabajadores para que volvieran a sus puestos y transfirió los beneficios a las compañías. También atajó una campaña comunista que pretendía organizar una huelga general. Y el 20 de noviembre celebró la primera conmemoración oficial de la insurrección de Madero diez años antes, señalando con ello el triunfo de «la Revolución mexicana»[65].

La «revolución» había sido en el gobierno. No había nada que fuese históricamente definitivo en sus principales resultados económicos y sociales: existían las mismas grandes compañías de antes, más unas cuantas nuevas, que dependían más que nunca de los mercados y bancos norteamericanos; una población que la guerra, la emigración y la gripe habían reducido de 15 millones a unos 14,7 millones de personas; una deuda exterior de alrededor de 1.000 millones de pesos, a los que había que sumar más de 300 millones de pesos en concepto de intereses vencidos; un superávit en los ingresos que ascendía a 3 millones de pesos para el año; un ejército de casi 100.000 hombres que se llevaba el 62 por 100 del presupuesto; confederaciones nacionales de comerciantes y fabricantes; una confederación nacional del trabajo reñida con los sindicatos ferroviarios del país y los nuevos movimientos sindicalistas; y un campesinado sin tierra que seguía siendo numeroso y exigiendo sus propias tierras.

El día 1 de diciembre de 1920, sin el reconocimiento de los Estados Unidos, Gran Bretaña ni Francia, Álvaro Obregón prestó juramento y pasó a ocupar la presidencia. Formaban parte de su gabinete: Hill como ministro de la Guerra, Calles en el Ministerio de Gobernación, De la Huerta en el de Hacienda y Villarreal como ministro de Agricultura. Obregón también recompensó a la CROM dejando a su líder, nombrado previamente, a cargo del Distrito Federal y concediendo a su secretario general la dirección de los arsenales federales.

Así pues, la lucha entre los vencedores de 1914 dio por resultado un régimen nuevo. La institución política central no era un líder o partido nacional, sino una facción regional, la burguesía del noroeste, que no había sido consagrada internacionalmente, pero que se encontraba atrincherada de forma inexpugnable en los niveles más altos del Estado y dispuesta a dirigir una «reconstrucción» regionalizada, flexible, mediante pactos con facciones pertenecientes a otras clases. El nuevo Estado, por lo tanto, haría las veces de partido burgués de la nación. Su función anunciaba su programa: una larga serie de reformas desde arriba, para evadir, dividir, disminuir y constreñir las amenazas que se cernían sobre la soberanía y el capitalismo mexicanos procedentes del extranjero y de abajo.

Capítulo 3
MÉXICO: REVOLUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
EN LOS AÑOS VEINTE[*]

La Revolución mexicana fue iniciada y dirigida en su mayor parte por las clases media y alta del Porfiriato. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se produjeron varias revoluciones dentro de la propia Revolución. El frente revolucionario era fluido, y los grupos revolucionarios heterogéneos, con objetivos muy distintos e inclusive, en ocasiones, contradictorios. Aun así, el pueblo, que era el que había cargado con el peso de los profundos cambios acaecidos durante el período 1870-1910, tenía tan sólo una leve idea de lo que estaba en juego en la lucha por el poder político. Desde 1913 los sonorenses, que constituían la facción noroeste dentro del movimiento carrancista o constitucionalista, habían luchado por conseguir el poder político nacional, lográndolo finalmente en 1920. La hegemonía sonorense demostró ser absoluta y duradera. De hecho, fue una «invasión» desde el norte. Las tradiciones seculares, el pragmatismo a ultranza y la lucha violenta por la supervivencia que caracterizaban a los habitantes de la frontera noroeste eran totalmente ajenos al conjunto de la nación mexicana[1].

Luis L. León, ex ministro del período, nos ha dado una imagen clara de cómo se veían a sí mismos y a México estas gentes del noroeste, y de cuál era el programa que querían imponer al país[2]. Nos cuenta que entre 1913 y 1920, el estado de Sonora fue para los sonorenses su escuela y su laboratorio, en donde se iniciaron como políticos y como hombres de negocios. Los sonorenses se describían a sí mismos como los californianos de México, que deseaban convertir a su país en otra California. Pero al emprender la gigantesca tarea de intentar controlar algunos recursos nacionales tales como el agua y la tierra, se asombraron al descubrir que el centro y el sur del país eran bastante diferentes de su lejano noroeste. León añade que cuando se dieron cuenta de la clase de vida que los campesinos del México tradicional llevaban, llegaron a la conclusión de que los campesinos no eran hombres en el verdadero sentido de la palabra, ya que besaban la mano a los grandes terratenientes y a los curas, no comprendían la lógica que regía las leyes del mercado, y malgastaban el dinero que tenían en alcohol y en fuegos artificiales. Los sonorenses ya habían vivido una experiencia similar en su propio estado al enfrentarse a los indios yaqui, pero esta tribu guerrera (que fue finalmente controlada en 1926) representaba en el noroeste tan sólo una pequeña minoría, mientras que en las zonas del centro y sur de México era la mayoría de la población la que pertenecía a un mundo que los sonorenses no podían comprender y que, por tanto, condenaban. La violencia, tanto del enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia, como de la insurrección campesina que le siguió (la guerra cristera de 1926-1929), estaba estrechamente ligada a las profundas diferencias existentes entre los hombres que administraban el Estado con el fin de modernizarlo y a aquellos otros hombres, quizá los dos tercios de la población en 1920, que constituían el México tradicional.

Tras una década de guerra civil (1910-1920), surgió en México, entre 1920 y 1930, un nuevo Estado capitalista. Por este motivo, los conflictos con las compañías petroleras extranjeras y con la Iglesia, así como las negociaciones con las organizaciones laborales, en particular con la CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana), fueron mucho más significativos que las insurrecciones militares de corte tradicional en 1923, 1927 y 1929, o la crisis electoral de 1928-1929. El cambio que se produjo fue más económico que político, y más concretamente, institucional y administrativo. Sin embargo, es imposible separar la principal innovación política, la creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario (PNR), de la formación de un Estado poderoso.

Siguiendo una definición clásica, el Estado es la invitación que un grupo de individuos hace a otro para llevar a cabo conjuntamente una empresa común. En el caso de México, la mayor parte de los mexicanos no comprendió el significado de la invitación. ¿Cómo podía llegar a construirse un todo homogéneo partiendo de un número tan grande de piezas heterogéneas? El gobierno era el que tenía la unidad, la unidad del imperium ejercido por un pequeño grupo. El abismo que separaba los dos mundos provocó la impaciencia de los gobernantes y el resentimiento de los gobernados. La impaciencia derivó en violencia, y el resentimiento, a veces, condujo a la rebelión.

El Estado pretendía ocuparse de todas las deficiencias económicas, culturales y políticas de la nación, y la administración federal, aun siendo débil, constituía la columna vertebral de la nación. Pero el Estado, a pesar de tener una política agresiva, permaneció estructuralmente débil, ya que estaba obligado a contar con el beneplácito de los hombres fuertes de las regiones, los caciques o jefes políticos locales, cuya cooperación garantizaba la estabilidad. Entre esos hombres fuertes se hallaban Felipe Carrillo Puerto, en Yucatán, Tomás Garrido Canabal, señor de Tabasco de 1920 a 1936, Saturnino Cedillo, patrón de San Luis Potosí hasta 1937, Adalberto Tejeda, hombre influyente en Veracruz de 1920 a 1935, y muchos otros que, a pesar de no ostentar el poder por tanto tiempo, gobernaron a despecho del poder central. Las organizaciones laborales, a imagen de la CROM, intentaron apoderarse del Estado, empezando por el Ministerio de Industria y Comercio encabezado por el secretario general de la CROM, pero fracasaron debido a la oposición del ejército y de otros grupos políticos.

De ahí emergió una nueva forma de despotismo ilustrado, basada en la convicción de la clase dominante mexicana de que el Estado sabía lo que se debía hacer y necesitaba plenos poderes para poder llevar a cabo su misión. Consiguientemente, los mexicanos estaban obligados a obedecer. El Estado rechazaba la división de la sociedad en clases y se proponía presidir sobre la unión armoniosa de intereses convergentes. El Estado tenía que lograrlo todo en nombre de todos. No podía permitir la existencia de ninguna crítica, ninguna protesta, ni ningún poder que no fuera el suyo propio. Por consiguiente, tuvo que aplastar tanto a los indios yaqui, como a los trabajadores ferroviarios que se habían declarado «ilegalmente» en huelga, a los trabajadores «rojos» que rechazaban al «buen» sindicato, al Partido Comunista cuando dejó de colaborar en 1929, y a los campesinos católicos cuando recurrieron a las armas. La charada política de las asambleas y elecciones que acompañaba a la violencia, complementándola, sólo preocupaba a una minoría. Sin embargo, el desarrollo del sistema político y por encima de todo la fundación en 1929 del PNR demostraron que, en un país en proceso de modernización, debía modernizarse también el poder político. En 1926, el presidente Calles describía su política como «una política que pretende dar a nuestra nacionalidad, de una vez y para siempre, una base firme»[3], y especificaba que la construcción del Estado era condición necesaria para la creación de una nación.

Durante la presidencia de Álvaro Obregón (1920-1924) los problemas más importantes fueron principalmente políticos. Éstos incluían las relaciones con los Estados Unidos; el restablecimiento de la autoridad federal sobre un regionalismo reforzado por diez años de crisis revolucionaria; y la cuestión de la sucesión a la presidencia en 1924. Bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles (1924-1928) y durante el Maxímato (1928-1934, período en el que Calles, como jefe máximo, continuó ejerciendo el poder real sin necesidad de asumir la presidencia), a pesar de los acontecimientos que rodearon primero la reelección y luego el asesinato de Obregón en 1928, las consideraciones políticas dejaron de tener prioridad, cediendo el puesto a las cuestiones económicas y sociales, tales como el programa económico general, el tema del petróleo, la guerra de los cristeros y el impacto de la crisis mundial.

En 1920 las palabras «revolución» y «reconstrucción» eran sinónimos. El deseo de lograr una reconstrucción no era algo nuevo, pero hasta 1920 no había habido paz, y sin ella era imposible poder llevar a la práctica este deseo. Después de 1920 hubo un período de paz relativa que fue interrumpido por una insurrección militar en diciembre de 1923, pero la paz fue brutalmente restaurada en pocas semanas. En el período comprendido entre 1920 y 1924 al gobierno le preocuparon fundamentalmente dos cuestiones: en primer lugar, evitar la intervención estadounidense, para lo cual buscaba conseguir el tan deseado reconocimiento diplomático; y en segundo lugar, la reanudación de los pagos de la deuda exterior a fin de recobrar el crédito internacional. Dichos objetivos impusieron al gobierno prudencia y moderación. Como ya veremos, esto no impidió que José Vasconcelos pudiera hacer resplandecer el panorama con su política de educación. Pero en 1924 Vasconcelos fue exiliado y su ministerio desmantelado, y el entusiasmo pasó entonces a las finanzas, la industria y el comercio. El año anterior al reconocimiento del régimen de Obregón por parte de los Estados Unidos, el crédito internacional fue restaurado y parecía llegada la hora de poner en práctica las grandes empresas ideadas entre 1920 y 1924, pero la aparición de la crisis, primero dentro de México (1926) y luego en el resto del mundo, causó el estancamiento de todas las actividades económicas. Había llegado el momento de retirarse y buscar nuevas soluciones que serían las puestas en práctica durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940).

LA PRESIDENCIA DE OBREGÓN, 1920-1924

Álvaro Obregón tenía 40 años cuando accedió al poder el 1 de diciembre de 1920. Era hijo de un acaudalado granjero de Sonora, y se había curtido en la lucha contra la naturaleza, contra los indios y como veterano de las guerras revolucionarias. Apoyado por el ejército y diestro soldado, el vencedor de Pancho Villa fue además un destacado político, capaz de aliarse con los sindicatos de trabajadores y de atraer hacia su bando a la facción agraria zapatista. Fue socialista, capitalista, jacobino, espiritualista, nacionalista y pro estadounidense, sin que le preocuparan las consideraciones doctrinales, a pesar de que durante su presidencia se estableció una ideología: el nacionalismo revolucionario. Sus principales objetivos fueron la unidad y la reconstrucción nacionales, y gobernó la nación como si se tratara de un gran negocio.

A pesar de la depresión mundial de la posguerra, que provocó la caída del precio de la mayoría de los productos primarios y el retorno de numerosos trabajadores mexicanos expulsados de los Estados Unidos, el estado global de la economía a principios de la década de los años veinte favoreció a Obregón. En aquellos momentos, México era el productor de una cuarta parte del total de la producción mundial de petróleo, producto que, junto con otras exportaciones, principalmente de minerales, garantizó la prosperidad del Estado y posibilitó la financiación de los importantes proyectos sociales y económicos que caracterizaron aquel período, incluyendo los logros obtenidos por el Ministerio de Educación durante el mandato de José Vasconcelos.

Los generales que habían regido el curso de los acontecimientos políticos desde 1913 no eran soldados de carrera, sino revolucionarios victoriosos, políticos de a caballo, prestos a recurrir a las armas en caso necesario. Obregón, prototipo del general revolucionario, comprendió mejor que nadie cómo utilizar al ejército (lo cual no le libró sin embargo de tener que afrontar en 1923 una formidable insurrección por parte de sus antiguos camaradas). Las organizaciones laborales urbanas, que se habían vinculado al Estado a partir del pacto de agosto de 1919 entre Obregón y la CROM, constituían la base social del nuevo sistema. La CROM, reforzada por esta alianza, pretendía controlar la totalidad del movimiento obrero y en diciembre de 1919 creó un organismo político, el Partido Laborista Mexicano. El segundo pilar más importante del nuevo régimen eran los agraristas, incluyendo a las Ligas Agrarias y al Partido Nacional Agrarista de Antonio Díaz Soto y Gama, uno de los secretarios de Zapata. El nacionalismo era el común denominador de este sistema triangular —ejército, sindicatos de trabajadores y agraristas—. El presidente controlaba el sistema por medio de un complejo mecanismo que consistía en acudir a los sindicatos y a las milicias rurales en busca de ayuda para oponerse al ejército, y en recurrir al ejército para acabar con las huelgas o para ocuparse de las milicias rurales. El enriquecimiento logrado por los generales, los jefes sindicales y los políticos, en definitiva la nueva clase dirigente, fue una característica del sistema que también atrajo a la élite económica del Porfiriato, sin darle con ello poder político alguno. Ni Obregón ni sus sucesores permitieron la existencia de ningún partido político que pudiese cuestionar la legitimidad del régimen. Las circunstancias determinaron que fuera la Iglesia católica y romana la que llenara el vacío político existente, jugando el papel de sustituía de la oposición, lo que llevó, en último término, a la violenta confrontación de 1926-1929.

La principal preocupación de Obregón fue la obtención del reconocimiento de su gobierno por los Estados Unidos. Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense, con el fin de defender los intereses de las compañías petroleras y de los ciudadanos norteamericanos, exigió al gobierno mexicano como requisito previo al reconocimiento que asumiera la deuda contraída durante el régimen de Díaz, que no aplicara a las compañías petroleras las condiciones del artículo 27 de la Constitución de 1917 —que establecía la soberanía del Estado sobre el suelo y los yacimientos del subsuelo—, y que indemnizara a aquellos estadounidenses cuyos intereses habían sido perjudicados por la Revolución. Ningún gobierno mexicano podía aceptar tal capitulación. Por ello, Obregón, al no lograr obtener de los Estados Unidos la necesaria buena voluntad o las condiciones adecuadas con respecto al tema de la deuda y de las indemnizaciones, abandonó pronto todo intento de reconciliación hasta 1923, momento en que necesitó desesperadamente la ayuda estadounidense para poder resolver una aguda crisis política.

Hasta 1923 el gobierno de Obregón fue próspero y el futuro de la Revolución parecía asegurado, aun a pesar de la muerte misteriosa y violenta de algunos revolucionarios, como el ministro de la Guerra, Benjamín Hill, que fue envenenado, o Lucio Blanco, que fue secuestrado y asesinado durante su exilio en los Estados Unidos. A pesar de ello, el llamado «Triángulo de Sonora», grupo compuesto por Obregón, Adolfo de la Huerta (que fue presidente provisional en 1920 y que entonces era ministro de Hacienda) y por Calles, ministro de Gobernación, permanecía unido, y el sistema funcionaba bien. En 1923, Obregón declaró que su sucesor sería Calles, hombre poco conocido a nivel nacional e impopular entre muchos generales, pero que contaba con el apoyo de la CROM y de los agraristas. Los individuos descontentos con esta decisión fueron lo suficientemente hábiles como para alejar a De la Huerta de Obregón y de Calles, con el fin de convertirlo en su candidato, y muy pronto quedó claro que el asunto tan sólo podría resolverse recurriendo a las armas. Obregón, que era consciente de la oposición existente por parte de algunos compañeros de armas, se dirigió a los Estados Unidos con el fin de obtener su apoyo en la crisis. Los acuerdos de la calle Bucareli de agosto de 1923, sellaron la reconciliación mexicano-estadounidense, pero a condición de que México hiciera importantes concesiones a favor de los intereses de los Estados Unidos. En medio de esta coyuntura crítica se llevó a cabo, como medida de precaución, el asesinato de Pancho Villa. De esta forma, la Revolución devoraba a otro de sus hijos.

La rebelión militar que estalló en diciembre de 1923 alcanzó una gravedad inesperada, ya que dos tercios del ejército eran partidarios activos de la insurrección. Sin embargo, las operaciones militares permanecieron paralizadas durante el mes de diciembre, mientras se debatía en Washington la suerte de la rebelión, y el Departamento de Estado decidía si apoyaba a Obregón o a los rebeldes. Para obtener el apoyo de los Estados Unidos, Obregón tuvo que conseguir la ratificación por parte del Senado de los acuerdos de Bucareli, y para obtener esta ratificación, Obregón compró a algunos senadores deshonestos y aterrorizó a otros con el asesinato de su miembro más crítico, el senador Field Jurado, tal y como Martín Luis Guzmán relató en su novela La sombra del caudillo (1929). El presidente Coolidge envió inmediatamente a la flota estadounidense para bloquear el Golfo en contra de los rebeldes y entregar a Obregón las armas que sus tropas necesitaban. Al día siguiente se desencadenó la guerra dentro del propio bando rebelde que estaba a su vez dividido, soldado contra civil y general contra general. Obregón se aprovechó de la situación y en el curso de 15 días y tres batallas clausuró una de sus mejores campañas. El resto se redujo a una cacería humana: lodos los líderes rebeldes, 54 generales ex obregonistas, compañeros de toda la vida, fueron fusilados. Esta gran purga precedió a otras en 1927 y 1929 y finalmente logró la sumisión total de un ejército que todavía no era profesional y que había perdido a sus principales líderes.

La crisis de sucesión a la presidencia de 1923-1924, que puso de manifiesto el papel decisivo que los Estados Unidos jugaban todavía en los asuntos mexicanos, acabó con los restos de liberalismo político existentes en México. Los parlamentarios y jueces del Tribunal Supremo fueron puestos bajo control, y Calles ganó las elecciones amañadas ante los ojos de una nación indiferente. El «golpe» de Obregón había sido un éxito y podía esperar de antemano volver al poder en 1928. Sin embargo, el precio había sido alto, e incluía la salida de José Vasconcelos del Ministerio de Educación.

Durante el gobierno de Obregón, Vasconcelos tuvo virtualmente carta blanca con la educación estatal. Vasconcelos era miembro de la clase media provincial que había jugado un papel importante en la caída de Porfirio Díaz, y era también maderista de primera hora que había pasado muchos años de exilio en los Estallos Unidos, hasta que fue llamado en 1920 por los sonorenses triunfantes para encargarse de la Universidad de México y más tarde de la educación estatal.

Como todo entusiasta, Vasconcelos fue a la vez admirado y odiado, fue un gran servidor del Estado y, aunque él mismo lo negaba, un gran político. También fue un portentoso escritor. Según Mariano Azuela, su autobiografía es la mejor novela que se ha escrito sobre la Revolución mexicana. Sus cualidades como escritor, su tardío flirteo con el fascismo (por razones similares a las de Ezra Pound) y su aparente abjuración de su pasado revolucionario han provocado el olvido de su relevancia como hombre de acción. Hoy día es considerado como hombre de letras, pasándose por alto su papel como organizador de un programa ideológico del que el gobierno mexicano ha continuado dependiendo hasta nuestros días.

Educado en la abogacía, Vasconcelos fue un autodidacta en cuestiones culturales. Leyó mucho, quizás incluso demasiado, lecturas que abarcaban desde Plotino a Lunacharski y desde san Agustín a Tagore; y llegó a convertirse en el «maestro» de los intelectuales mexicanos. Siendo rector no prestó mucha atención a la universidad, a pesar de que se preocupó de que el Ministerio de Educación, que había sido suprimido por Carranza, fuera restablecido. Más tarde, como ministro, viajó a caballo hasta los más remotos distritos del país, debatió en el Congreso, escribió para los periódicos y viajó por Suramérica, para que su prédica de nacionalismo populista lograra hacer florecer el sueño de una unidad hispanoamericana, una «raza cósmica» que habría de surgir en América como fruto de la fusión de todos los grupos étnicos.

Trabajó para producir un hombre nuevo, el mexicano del siglo XX, el futuro ciudadano de un Estado que todavía no se había convertido en nación. Esta fue la razón que llevó al presidente Obregón a apoyar a este visionario que servía para legitimar su régimen a los ojos de la historia. Obregón proveyó a Vasconcelos de los medios financieros necesarios para llevar a cabo su labor, para poder pagar mejor a los maestros, construir escuelas, abrir bibliotecas y publicar periódicos y libros. Vasconcelos inició un gigantesco proyecto con el fin de erradicar el analfabetismo entre niños y adultos, integrar a los indios a la incipiente nación, valorizar el trabajo manual, y dotar a la nación con centros de instrucción técnica. Incluso hoy día México no ha agotado aún su herencia.

Consecuente con su ambición, Vasconcelos se dio cuenta de que todo el sistema educativo mexicano necesitaba ser atendido, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, desde el jardín de infancia a la universidad, y desde las clases nocturnas a las escuelas de agricultura. La universidad le interesó menos pues afectaba a un número relativamente inferior de personas. Sus ideas utópicas sobre la educación podrían calificarse como una forma de nacionalismo cultural, que exigía, con el espíritu de una cruzada religiosa, la instrucción rápida y a gran escala de todos los mexicanos, tanto jóvenes como viejos, teniendo en cuenta además que el analfabetismo en el año 1921 era del 72 por 100, y todavía en 1934 afectaba al 62 por 100 de la población. Los maestros eran considerados «misioneros» y se les comparaba con los franciscanos del siglo XVI. Los libros y las bibliotecas eran esenciales para la causa, y los «clásicos populares» se imprimieron a millones con el fin de constituir una biblioteca básica en cada escuela y en cada pueblo. Vasconcelos fue afortunado al poder contar con el apoyo del presidente Obregón, que hizo que el presupuesto del Ministerio de Educación fuera incrementado de 15 millones de pesos en 1921 a 35 millones en 1923.

El programa de Vasconcelos fue exhaustivo: había que promover el desarrollo de las artes para forjar la nación e impedir que México se convirtiera en otro Texas, o en otro Puerto Rico. El Departamento de Bellas Artes fue el encargado de estimular el entusiasmo por la pintura, la música y la canción, mientras que, al mismo tiempo, se iniciaron contactos culturales con el resto de Hispanoamérica. La escuela de muralistas mexicanos surgió a raíz de esta campaña. Vasconcelos proveyó a los pintores con los materiales de trabajo necesarios, les dio muros de edificios públicos para cubrir y temas (relacionados con el nacionalismo cultural) para ilustrar, con la siguiente exigencia provocativa: «Deseo que las pinturas sean ejecutadas lo más rápidamente posible, sobre el mayor espacio posible. Dejemos que sea un arte monumental y didacta, como extremo opuesto de la pintura de estudio». En 1923, el Manifiesto del Sindicato de Trabajadores, Técnicos, Pintores y Escultores, firmado por David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Carlos Mérida y otros, hacía la siguiente declaración, muestra del optimismo populista que les guiaba:

El arte popular de México es la más importante y la más rica de las manifestaciones espirituales y su tradición original es la mejor de todas las tradiciones… Repudiamos el llamado arte de estudio y todas las formas artísticas de círculos ultraintelectuales por sus elementos aristocráticos y ensalzamos las manifestaciones del arte monumental como una amenidad popular. Declaramos que toda forma de expresión estética extranjera o contraria al sentimiento popular es burguesa y tiene que ser eliminada, puesto que contribuye a la corrupción del buen gusto de nuestra raza, que ya está casi completamente corrupta en las ciudades[4].

La partida de Vasconcelos en el año 1924 marcó el final de esta breve pero brillante etapa en la cual los intelectuales y los artistas habían sido puestos al servicio del Estado bajo los auspicios del Ministerio de Educación. A partir de ese momento se implantaron dos puntos de vista opuestos en el mundo cultural: por un lado, el representado por el grupo que apoyaba al régimen, y que postulaba una cultura dotada de un cierto contenido social; y por otro, el del sector que rechazaba la cooperación con el régimen, postura que comportaba el aislamiento o el exilio al extranjero. Como prueba de ello, el propio presidente Calles estableció una distinción entre «los intelectuales de buena fe» y los otros.

No era infrecuente en México que la educación reflejara los puntos de vista del ministro en funciones: así pues, si a Vasconcelos se le asocia invariablemente con el enfoque espiritual descrito anteriormente, Moisés Sáenz fue la encarnación de la política educativa de Calles, que otorgaba gran importancia a las escuelas rurales, considerándolas como el centro de la comunidad y el sustituto social de la Iglesia. Se hizo hincapié en la educación de tipo práctico, en oposición a la educación académica. En palabras del propio Sáenz, «es tan importante criar gallinas como leer poesía».

Sáenz se marchó de México a principios de los años treinta, después de tener ciertas discrepancias con su sucesor, Narciso Bassols. Sáenz acababa de pasar 7 meses en el pueblo de Carapan, observando los resultados prácticos de su escuela rural, y publicó sus conclusiones en un libro titulado México íntegro, en el cual declaró desilusionado que la política educativa había sido un fracaso. Hay que tener en cuenta que, tras la salida de Vasconcelos del Ministerio de Educación, disminuyó del 15 al 7 por 100 la proporción del presupuesto nacional dedicada a educación y de forma similar se redujo el entusiasmo. En los años treinta surgieron otras ideas utópicas en el plano educativo, tales como el énfasis en la educación sexual y la escuela socialista, que desataron una considerable polémica, pero ninguna de ellas igualó a la utopía de Vasconcelos en su liberalidad o en su alcance.

Con la desaparición de Vasconcelos, los intelectuales y artistas que le habían secundado perdieron el papel que se les había asignado. Algunos escritores como Jorge Cuesta, José Gorostiza, Salvador Novo, Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano, Jaime Torres Bodet y Xavier Villaurrutia, junto con el compositor Carlos Chávez y los pintores Agustín Lazo, Manuel Rodríguez Lozano y Rufino Tamayo, cuyo trabajo creativo estuvo de moda en los años veinte, formaron un grupo en torno a la revista Contemporáneos (1928-1931)[5]. Todos ellos, en mayor o menor grado, llevaban la marca de Vasconcelos y fueron atacados, calificándoseles de «intelectuales de mala fe», «traidores a la patria», y «descastados». Estos intelectuales, de hecho, luchaban contra el nacionalismo cultural de Calles al que consideraban como una mera caricatura del de Vasconcelos, exigían libertad absoluta de expresión y declaraban que México tenía que abrir sus puertas a todas las culturas, particularmente a las europeas. Consecuentes con sus ideas, dedicaron gran parte de su tiempo a traducir con considerable destreza a los escritores más importantes del siglo XX. Sin embargo, en ningún momento su influencia fue tan notable como lo es hoy día, un hecho que puede considerarse como un triunfo póstumo.

LA PRESIDENCIA DE CALLES, 1924-1928

La extinción del levantamiento delahuertista en 1923-1924 demostró que cuando se tomaba una decisión dentro de los consejos más secretos del gobierno, ésta tenía que ser aceptada por toda la «familia revolucionaria»; aquellos que se negaron a someterse a los rigores de este principio fueron aplastados. Calles, que se convirtió en presidente a los 47 años, era un personaje sombrío. Descendiente bastardo de una poderosa familia terrateniente de Sonora, fue un pobre maestro hasta que la Revolución cambió su vida. Ascendió dentro del cuerpo revolucionario hasta llegar a convertirse en gobernador provisional de Sonora en 1917 y más tarde en ministro de Gobernación durante el mandato de Obregón. A pesar de su reputación radical y de sus conexiones socialistas, Calles estaba tan decidido como Obregón a establecer un programa de desarrollo económico de corte capitalista y nacionalista. El Estado jugaría una parte importante y de ninguna manera se opondría a los terratenientes mi al capital, tanto nacional como extranjero, a condición de que sirvieran a los intereses nacionales. Este tipo de nacionalismo provocó el enfrentamiento no sólo con las compañías petroleras estadounidenses, sino también con los sindicatos ferroviarios tan pronto como éstos se opusieron a la reorganización de la red. El nacionalismo fue también el factor esencial en el conflicto con la Iglesia. A pesar de ser un nacionalista y un hombre de hierro, Calles era también realista y supo cambiar de rumbo en el momento necesario, tal y como lo demostró no sólo al enfrentarse con los Estados Unidos (país al que desafió hasta llegar al límite), sino también en sus relaciones con la Iglesia (una vez que quedó clara la imposibilidad de dominar la rebelión de los cristeros), y en sus relaciones con la CROM (aliada fiel que abandonó a sus enemigos obregonistas cuando le resultó oportuno).

Entre los aliados políticos más allegados a Calles, se encontraban el general Joaquín Amaro y el líder laboral Luis N. Morones. Por medio de Amaro, que ostentaba el cargo de ministro de la Guerra, Calles se embarcó en la difícil tarea de domesticar a la guardia pretoriana y de tratar de convertir a sus oficiales en profesionales. Dicho intento fue interrumpido por la campaña contra los cristeros (1926-1929) y por la resistencia de los rebeldes obregonistas, que no fueron vencidos hasta marzo de 1929, ocho meses después del asesinato del propio Obregón. La CROM, bajo el liderazgo de Morones, ministro de Industria, Comercio y Trabajo, sirvió de contrapeso al ejército y al general Obregón. Morones, que al principio había jugado la carta obregonista, se convirtió después en el brazo derecho de Calles, proporcionándole la inspiración de una gran parte de su política socioeconómica.

Calles, que tomó posesión de su cargo de la mano de Obregón, nunca fue lo suficientemente fuerte como para librarse del peso de su patronazgo. El ex presidente Obregón estaba atrincherado en el corazón mismo del sistema político como jefe real y absoluto del ejército. Calles, contrariamente a toda tradición revolucionaria y aun a riesgo de provocar una rebelión, tuvo que aceptar las reformas constitucionales que, en julio de 1928, hicieron posible la reelección de Obregón como presidente por un nuevo período de seis años. (De hecho, a principios de octubre de 1927 se produjo una rebelión que fue atajada y ofreció la oportunidad de liquidar a muchos de los generales que quedaban aparte de Obregón). Calles usó a Morones contra Obregón, pero tuvo que evitar la ruptura abierta. Es difícil predecir cómo habrían terminado estos maquiavelismos si Calles no se hubiese visto simultáneamente libre de sus dos poderosos colegas. El asesinato de Obregón por el católico místico José de León Toral, el 17 de julio de 1928, el día siguiente a su elección, permitió a Calles destituir a Morones, al que los obregonistas consideraban sospechoso de estar implicado en el asesinato.

La política de la administración de Calles estuvo dominada primero por una grave crisis de las relaciones entre México y los Estados Unidos por causa del petróleo; después por la crisis de reelección; y en tercer lugar, por una crisis de las relaciones Iglesia-Estado. La ruptura de México con los Estados Unidos y las crecientes dificultades políticas internas coincidieron con el empeoramiento de la situación económica. Parecía que todo y todos querían conspirar contra Calles, y esto quizás explica la violencia de sus reacciones contra sus adversarios más indefensos: los campesinos católicos, que erróneamente hasta entonces no habían sido considerados peligrosos.

El conflicto con los Estados Unidos surgió inevitablemente en el momento en que Calles se negó a refrendar los acuerdos negociados con Obregón. En 1925, el gobierno mexicano, después de haberse asegurado el apoyo de los banqueros y de las cámaras de comercio en los Estados Unidos gracias a la reanudación del pago de los intereses sobre la deuda externa, inició la ofensiva en contra de las compañías petroleras. La ley del petróleo redactada por Morones en diciembre de 1925 se adaptaba meticulosamente a la Constitución, y pasaba por alto los acuerdos de Bucareli de 1923. Esto podría haber provocado la expropiación, que finalmente pudo llevar a cabo Cárdenas en 1938. Cuando las compañías, apoyadas por el embajador estadounidense, Rockwell Sheffield, reaccionaron violentamente, la actitud de Morones y de Calles se endureció. Como prueba de ello, en 1926 México ofreció ayuda material a los insurgentes nicaragüenses contra los marines estadounidenses, y Augusto César Sandino recibió sus distintivos de general de manos de un general mexicano. De esta forma, México apareció como el vencedor en la lucha contra el imperialismo. Mientras, el grupo de presión antimexicano de Estados Unidos presionaba a favor de la intervención militar, aprovechando las emociones que el conflicto entre la Iglesia y el Estado —del cual hablaremos más adelante— había despertado en la opinión pública estadounidense.

Sin embargo, la crisis fue resuelta en 1927-1928 por medio de un compromiso hábilmente negociado por el nuevo embajador Dwight Morrow, y gracias a los buenos oficios de los banqueros de ambos países (hay que tener en cuenta que el propio Morrow era socio de la empresa J. P. Morgan). Sin perder la compostura, Calles hizo la concesión deseada: la ley del petróleo no sería retroactiva. Esta concesión permitió que de ahí en adelante no hubiera ni una sombra en las relaciones entre ambos países. Como consecuencia, ni los insurgentes cristeros, ni los conspiradores contra la reelección de Obregón, ni los propios rebeldes obregonistas podían contar con el apoyo de los Estados Unidos.

La disputa con los Estados Unidos se complicó con la crisis interna provocada por Obregón. No hay evidencia alguna de la existencia de un pacto entre Obregón y Calles para alternarse en la presidencia; sin embargo, desde 1924, los obregonistas lucharon por quitar de en medio la barrera impuesta por la normativa constitucional que impedía la reelección. Tardaron dos años en lograr su objetivo, y para conseguirlo necesitaron de la intervención personal de Obregón en las elecciones al Congreso en el año 1926. A partir de entonces, la intervención de Obregón en la política fue constante, y la lucha con Calles, aunque nunca fue abierta, fue permanente. Obregón no estaba de acuerdo ni con la política petrolera de Calles, ni con su política religiosa. A finales de 1926 todos los problemas estaban en interacción: la reforma constitucional y la sucesión a la presidencia, el comienzo de la guerra cristera, una grave huelga ferroviaria que analizaremos más adelante, la insurrección de los indios yaqui de Sonora y la amenaza de una intervención estadounidense. El empeoramiento general de la posición de Calles favoreció a Obregón. Muy pronto aparecieron tres generales como posibles candidatos a la presidencia para suceder a Calles, pero al igual que en las tragedias shakespearianas, los tres murieron: Arnulfo Gómez y Francisco Serrano en el año 1927, durante la sublevación abortada, y Obregón en julio de 1928 en el mismo día en que, como presidente electo, tenía que reunirse con el embajador Morrow para intentar poner punto final a la contienda religiosa.

En cuanto a las relaciones Iglesia-Estado, Calles adoptó una política extremadamente anticlerical. La gente respondió violentamente, y estalló la guerra de los cristeros, conocida como la Cristiada. Fue una guerra terrible en la que los ciudadanos de a pie se enfrentaron al Estado y su ejército, y aunque el gobierno ha sido descrito como el representante de la «izquierda» y se ha calificado la acción de los insurgentes como de «contrarrevolución», en realidad la guerra contenía todos los elementos propios de una revolución y de una guerra anticolonial.

El anticlericalismo de la facción gobernante fue un legado del racionalismo del siglo XVIII y del liberalismo del siglo XIX, deformado por la ignorancia política del Antiguo México, con su población india, mestiza y cristiana. La Constitución de 1917 dio al Estado el derecho al control sobre la «profesión eclesiástica», pero Carranza y Obregón no hicieron uso de este derecho. Sin embargo, durante la crisis de 1923-1924 reapareció el grupo de presión anticlerical entre los integrantes del ejército y del movimiento obrero. Por otro lado, los militantes del movimiento de Acción Católica habían sido provocados, en febrero de 1925, por la CROM en su intento de crear una Iglesia cismática «apostólica y mexicana». Como contrapartida, los católicos se agruparon en una organización de lucha, la Liga, que devolvía ojo por ojo. En el calor de las disputas con los Estados Unidos, el gobierno, obsesionado con la amenaza de un frente de combate interno, creó de hecho uno, cumpliendo así su profecía en forma de autorrealización.

En 1926 se aprobó la legislación que transformaba las infracciones religiosas en delitos criminales, y los obispos respondieron suspendiendo los servicios religiosos a partir del día 31 de julio. En agosto, Calles regañó a los obispos que habían ido para asistir a una reunión de once horas: «Pues ya lo saben ustedes, no les queda más remedio que las Cámaras o las armas». El Congreso se negó a examinar la petición de los obispos, y tampoco quiso atender una demanda de reforma firmada por un gran número de católicos, y así empezó una larga partida de ajedrez en la que intervinieron Roma y Washington, Obregón y los banqueros estatales, y finalmente el embajador Morrow. Las negociaciones se prolongaron durante tres años, mientras se desataba una guerra que sorprendió tanto a la Iglesia como al Estado.

Los primeros disturbios fueron espontáneos y se produjeron después de la suspensión de los oficios religiosos. La supresión no hizo sino expandir la rebelión, ya que la gente del campo (y el 75 por 100 de México era rural) no tenía ningún otro medio de protesta. La Liga, ahora en la clandestinidad, estaba convencida de la futilidad de la acción legal y estaba a favor de lograr una solución por la fuerza de las armas, y por ello convocó un levantamiento general para enero de 1927. En los cinco estados del centro-oeste, hubo una insurrección a gran escala, pero las masas sin armas fueron acribilladas por el ejército. Dado que los levantamientos respondían a objetivos fundamentalmente religiosos y por lo tanto de validez permanente, fueron reanudados tras la marcha de los soldados. A partir de entonces el país se vio inmerso en un estado de guerra que absorbió el 45 por 100 del presupuesto nacional. La violencia de las medidas represivas, la política de quemar la tierra de cultivo al abandonar las poblaciones, y la reagrupación de sectores de la población, sirvieron para inflamar la revuelta. El ejército no podía hacer frente al problema, a pesar de que todavía mantenía bajo su control a las ciudades y al ferrocarril.

Los cristeros debían su nombre al gobierno, que los había bautizado así tomando como referencia su grito de guerra de «¡Viva Cristo Rey; Viva la Virgen de Guadalupe!». El número de sublevados ascendió de un total de 20.000 en julio de 1927 a 35.000 hacia marzo de 1928 y se encontraban distribuidos por trece estados. La gran ofensiva que el gobierno lanzó contra ellos en 1928-1929 fue un fracaso, y en junio de 1929 el movimiento alcanzó su punto álgido, con 25.000 soldados entrenados y 25.000 en guerrillas irregulares. Esta situación llevó al Estado a tratar de lograr un compromiso con la Iglesia con el fin de salvar la situación que iba deteriorándose rápidamente y, como veremos, para evitar que se llevara a cabo en otoño la temida alianza entre los cristeros y José Vasconcelos, candidato a la presidencia de la República.

Entre el 12 y el 21 de junio el conflicto fue apaciguado de acuerdo con un plan trazado por el embajador Morrow. La ley de 1926 permaneció vigente, pero no fue aplicada, y la Iglesia reanudó los cultos. Al anunciarse estos arreglos, los valores de bolsa mexicanos subieron en Wall Street, las campanas tocaron y los cristeros se fueron a casa. Pero esto no era más que una tregua en el conflicto entre la Iglesia y el Estado.

EL MAXIMATO

Álvaro Obregón fue asesinado el 17 de julio de 1928, el día siguiente a su reelección. Tanto los 30 generales que le respaldaban como su bloque parlamentario hubiesen podido derrocar a Calles, el cual, junto con Morones, era sospechoso de haber instigado el crimen. Sin embargo, Calles supo contemporizar, y aprovechando las diferencias existentes entre sus rivales, confió la presidencia provisional por un período de un año a Emilio Portes Gil, un importante político de Tamaulipas, hombre de compromiso, y además seguidor de ambos, Obregón y Calles. El día 1 de septiembre de 1928, Calles pronunció su célebre «testamento político» con el que daba por finalizada la era de los caudillos y abría la era del Estado institucional, cuya acción inmediata fue la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el antepasado del actual PRI (Partido Revolucionario Institucional). Tras este golpe maestro, los obregonistas fueron incapaces de decidir si debían optar por una sublevación inmediata o esperar al resultado de una campaña electoral en 1929, tal y como Calles había propuesto. Las dudas les llevaron a perder varios meses antes de rebelarse finalmente en marzo de 1929, pero ya era demasiado tarde. Los pretorianos, Escobar y Manzo, que habían dominado el escenario político en julio de 1928, no pudieron atraer a su bando a más de un tercio del ejército. Además, los Estados Unidos estaban en su contra, dotando a Calles, que por entonces era ministro de la Guerra, con el apoyo material que necesitaba para aplastar la revuelta en cuestión de semanas.

La elección de 1929 no fue una mera formalidad, ya que la desaparición de Obregón animó a aquellos que se oponían a la reelección y a aquellos que no tenían puesto en ningún ministerio. Frente a un candidato oficial poco convincente, Pascual Ortiz Rubio, que había sido llamado desde su embajada en Río de Janeiro para ocupar el puesto, se presentó el todavía prestigioso Vasconcelos con la intención de asumir el manto presidencial de Madero. Su gira triunfal adquirió la fascinación de un plebiscito y tuvo tanto éxito que las autoridades recurrieron a todos los medios disponibles para oponerse a él. El servicio secreto estadounidense, cuyos agentes trabajaban para lograr la elección de Ortiz Rubio, informó: «Vasconcelos cuenta probablemente con el mayor número de seguidores, pero parece claro que quedará eliminado. Tiene a la maquinaria gubernamental en contra, y además despierta el temor de las gentes de orden y de los hombres de negocios que se sienten satisfechos con un régimen que favorece la cooperación del capital y el trabajo y de la iglesia»[6].

El gobierno se había alarmado seriamente ante la posible alianza de las escopetas cristeras en el campo y la popularidad de Vasconcelos en las ciudades, ya que en enero de 1929 ambas fuerzas se habían puesto en contacto. El embajador Morrow, Portes Gil y Calles se apresuraron a restablecer la paz con la Iglesia, y entonces a Vasconcelos no le quedó nada más que comentar: «La noticia de la forzada rendición de los cristeros me produjo escalofrío en la espalda. Vi en ello la mano de Morrow que así nos privaba de toda base para la rebelión, que el desconocimiento del resultado del voto lógicamente debería traer»[7]. Las elecciones de noviembre fueron manifiestamente fraudulentas y el desconocido Ortiz Rubio ganó 20 a 1. Tras conocer el resultado de las elecciones, Vasconcelos huyó al extranjero, mientras que sus seguidores eran presa del terror.

Tras dirigir con gran acierto la presidencia de Portes Gil, Calles comprendió perfectamente cómo podía mantener su dominio. Durante seis meses jugó el mismo papel que Obregón había jugado cuando él había sido presidente, enfrentándose a las mismas dificultades pero con mayor poder, pues procuró que los presidentes (tres en seis años) fueran serviles. Sin necesidad de asumir la presidencia, hizo y deshizo, y controló todos los ministerios. Con razón fue apodado el jefe máximo y de ahí el nombre otorgado a dicho período: el Maximato.

Emilio Portes Gil, el presidente durante la transición, fue más difícil de manipular de lo que se había previsto, y adoptó un estilo apropiado a la brevedad de su período presidencial, prefiriendo el compromiso a la represión y la discusión a la fuerza. Ha pasado a la historia como el responsable de tres decisiones positivas: la conclusión de los arreglos de junio de 1929, que restauraron la paz religiosa; la concesión de la autonomía a la Universidad de México, también en 1929; y la reanudación del proceso de redistribución de la tierra, que le llevó al enfrentamiento con Calles, como ya veremos más adelante. El presidente Ortiz Rubio estuvo dominado por el ejército, bajo las órdenes del general Calles, y fue cruelmente ridiculizado por la opinión pública. Los generales controlaban los principales ministerios y seguían las órdenes del ex presidente, sin preocuparse de mantener las apariencias. Ortiz Rubio, víctima de un atentado contra su vida a comienzos de su período presidencial y abrumado por los insultos, comenzó a imponerse a pesar de su timidez. El general Amaro, que fue ministro de la Guerra durante muchos años, le alentó diciéndole: «Siga adelante, usted es el presidente». Pero Calles entrevió la posibilidad de un golpe de Estado y tomó la iniciativa, obligando a Ortiz Rubio a dimitir el 3 de septiembre de 1932, y reemplazándolo inmediatamente por el general Abelardo Rodríguez que fue elegido por aclamación en el Congreso. Rodríguez, el primer presidente millonario, que había hecho su fortuna administrando aduanas en California, no fue tratado mucho mejor que Ortiz Rubio. Él también, estimulado por el cargo presidencial, intentó sacudirse el yugo de su patrón, pero no pudo evitar que sus ministros siguieran las órdenes de Calles antes de pasar por la Cámara del Consejo. Sin embargo, conservó la presidencia hasta el final de su mandato en 1934.

Tanto Ortiz Rubio como Abelardo Rodríguez se vieron presionados por una situación económica adversa, ya que, debido tanto a razones nacionales como internacionales, la industria minera estaba sumida en el desorden y la producción agrícola había descendido hasta alcanzar el nivel más bajo desde 1900; además, a partir de 1929 ya no pudo utilizarse la emigración a los Estados Unidos como una válvula de escape. Es más, entre 1930 y 1934, los Estados Unidos deportaron a 400.000 mexicanos a través de Río Grande. Por otra parte, el colapso financiero provocado por la crisis económica mundial acarreó una devaluación de la moneda del 50 por 100, y motivó la sustitución de las monedas hechas de metales preciosos por billetes bancarios. Pero a pesar del cese de la acuñación de moneda, el público se negó a aceptar los billetes. Fue en este momento cuando el descontento popular con las autoridades alcanzó su cénit.

El general Calles, cuyo genio político había fundado el sistema político contemporáneo, se vio obligado a retirarse de la escena para que su obra pudiese perdurar. Había jurado, en su «testamento político» de 1928, que los tiempos de los hombres fuertes habían quedado atrás y que había dejado de aspirar a la presidencia. No mintió, pues nunca volvió a ser presidente, pero gobernó el país desde una posición aún más elevada que la de presidente por un período adicional de seis años sin violar el principio sagrado de la no reelección. El único superviviente de los héroes de la revolución norteña, reinó como hombre del destino en un aislamiento precario. Sin embargo, era un gigante con pies de barro cuya caída se produjo de repente, sin mayor violencia, y ante la sorpresa general, a los dos años de la elección de Lázaro Cárdenas a la presidencia, en julio de 1934. Calles había empezado a institucionalizar la Revolución, y fue Cárdenas el que completó el proceso.

LA POLÍTICA ECONÓMICA DURANTE EL MANDATO DE CALLES

Si bien Álvaro Obregón, al igual que Porfirio Díaz, favoreció la consigna «mucha administración, poca política», de Plutarco Calles se podría decir que su consigna fue: «mucha política económica, ninguna política». El objetivo prioritario de la política del presidente Calles y de sus expertos técnicos parece haber sido la liberación del país de la dominación económica extranjera. Este proyecto formaba parte de un orgulloso programa nacionalista de modernización destinado a desarrollar sistemáticamente las fuerzas productivas del país, mientras que la estructura del Estado estaba siendo modificada a través de una reorganización «sistemática» del gobierno federal[8]. Así pues, el Estado fue transformado en un agente económico, tal y como explicó Manuel Gómez Morín, uno de los principales activistas del período:

En los últimos años, casi la única fuente de capital ha sido el gobierno. Los bancos antiguos han acudido a esa fuente para rehacerse. El de México y el de Crédito Agrícola proceden de ella, y para toda empresa de cierta cuantía que se proyecte, inevitablemente existe la tendencia a pensar en obtener del Estado el capital suficiente. Los bancos, por su falta de capital o por su funcionamiento primitivo, o por las mismas condiciones de su naturaleza en otros casos, no pueden ser fuente directa de capital y ni siquiera han podido reunir en la forma elemental del depósito los capitales dispersos del público. Los bancos extranjeros, así como las empresas extranjeras, sólo desarrollan los negocios que les interesa desarrollar, cuando les interesa hacer ese desarrollo y como conviene a sus planes que no siempre coinciden con los planes mexicanos, con los mejores deseos de México. De este modo, el Estado se ve sujeto, si quiere fomentar la economía, al enorme esfuerzo de estar refaccionando en épocas críticas, negocios enormes: la explotación de los recursos naturales del país sigue quedando fuera del control económico de México, y una multitud de empresas útiles o necesarias no se acometen, o se acometen sólo defectuosamente. Se trata de la fundación del Banco de Fideicomiso, e inevitablemente se piensa en hacer que el capital venga más o menos directamente del Estado. Se piensa en la colonización y en el desarrollo de la riqueza agraria del país, y pronto se advierte que esa obra no podrá llevarse más allá de lo que permiten los escasos recursos del Estado. Cuando los empresarios desean organizar algún trabajo, no pueden encontrar el auxilio financiero requerido para los estudios previos, para la prospección y el lanzamiento del negocio y, menos aún, para el desarrollo de ese mismo negocio. México no tiene una sola compañía mexicana que seriamente pueda trabajar nuestros recursos mineros; no tenemos una sola compañía mexicana que pueda desarrollar la explotación técnica de nuestros recursos forestales; no tenemos, en suma, empresas mexicanas capaces de aprovechar nuestros recursos naturales. Con nuestros recursos bancarios actuales, con los procedimientos de crédito ahora seguidos, es imposible pensar en el desarrollo de iniciativas útiles para la explotación de nuestros recursos. Ni para iniciar empresas ni para impulsar las ya existentes hay elementos, y si los hay, tales elementos proceden de un fondo común que, aparte de ser reducido, resulta muy peligroso por razones evidentes. Y a pesar del nacionalismo que nuestras leyes proclaman, día a día vamos perdiendo el control de nuestra economía y la esperanza de poder adquirirlo alguna vez. Si México desea hacer una economía nacional, su primer paso en ese camino debe ser el procurarse los instrumentos necesarios para realizar su propósito, es decir, el obtener el capital que exija el desarrollo de esa economía propia. Pero es menester no incurrir en el grave error de la generación pasada. No se trata de poner a México en el mercado; no se trata de pedir indiscriminadamente que venga capital a México. Es necesario obtener ese capital, pero obtenerlo de acuerdo con un plan previamente estudiado; obtenerlo para nuestro desarrollo y no para ser desposeídos por él; obtenerlo, en suma, sujeto a nuestro control y aplicado a nuestras necesidades. En vez de que vengan empresas extranjeras a México a trabajar cuándo, dónde y cómo les acomode, sin más sujeción que la que procede de leyes políticas o administrativas y que es siempre débil, ineficaz o perjudicial, debemos tratar de fundar nosotros mismos nuestras empresas sobre bases razonables y seguras, de conformidad con nuestros planes y nuestros propósitos, y procurar capitalizarlas después en el extranjero o en el interior. De este modo, el capital que logremos obtener estará desde un principio financieramente sujeto a los deseos y a la política de México y será un servidor y no un dominador de la economía mexicana. Reconquistar el mercado exterior para valores mexicanos es empresa difícil; no es imposible. Su realización demanda, naturalmente, paz interior y seguridad; pero, sobre todo, demanda prudencia y habilidad técnica. Probablemente si se tratara de hacer una emisión de valores públicos se fracasaría; pero si se inicia la reconquista de los mercados extranjeros con valores mexicanos de carácter mercantil, con emisiones pequeñas al principio y crecientes en seguida, fundadas en empresas comercialmente planeadas y con garantías comerciales ordinarias, en muy poco tiempo será relativamente fácil volver a despertar el interés del ahorro mundial en los recursos y en las posibilidades de México y atraer de este modo el capital que ese ahorro representa. No puede hablarse de reconquista del mercado interior, porque ese mercado no ha existido. Ni la educación ni la situación económica de los mexicanos han permitido la formación de un mercado interior y la obra de los bancos en este asunto no sólo ha sido nula, sino que, por regla general, ha sido contraria hasta el punto de hacer pensar que muchas instituciones bancarias en México tienen como principal razón de su existencia el propósito de impedir que México llegue a ser capaz de formar sus propias empresas, de capitalizarlas y de manejarlas directamente. Pero las posibilidades del mercado interior existen, a pesar de que nunca hayan sido desarrolladas. Y no es absurdo pensar en que un esfuerzo, continuado e inteligente, podría en breve plazo infundir nuevos hábitos y activar financieramente el capital interior de trescientos a quinientos millones de pesos que existe paralizado y escondido no tanto por la situación política y económica, cuanto por la falta de métodos financieros que puedan utilizarlo debidamente[9].

Fue un programa de liberalismo clásico cuyos objetivos eran: un presupuesto equilibrado, la restauración de la confianza extranjera en la capacidad mexicana para pagar sus deudas y una moneda estable. Alberto Pani, ministro de Hacienda durante el mandato de Obregón y de Calles (1923-1927), redujo los salarios de los funcionarios del Estado, suprimió departamentos en cada ministerio e impuso otra serie de medidas draconianas en la economía. Además, instituyó el impuesto sobre la renta y elaboró otros proyectos fiscales, cuyos efectos perduraron durante varias generaciones. Como resultado de esta política, hacia 1925 los ingresos presupuestarios excedían considerablemente a los gastos, y a finales de 1925 Pani consiguió renegociar la deuda externa en términos más ventajosos. A cambio, el Estado restituyó los ferrocarriles nacionalizados (Ferrocarriles Mexicanos) al sector privado. Además, dado que la economía a principios de 1920 era próspera, gracias sobre todo a las exportaciones de petróleo, se reanudó el pago de intereses sobre la deuda. Ese mismo año, Pani pudo llevar a cabo un antiguo proyecto, tan antiguo como el propio México independiente, el de crear un banco central, el Banco de México, con un capital inicial de 50 millones de pesos. También se crearon otras instituciones bancarias como la Comisión Nacional Bancaria, y además se aprobó una nueva legislación financiera. En 1926 fue fundado el Banco de Crédito Agrícola, pero los planes para los bancos de crédito popular, el Banco de la Seguridad Social y el Banco Obrero fueron congelados debido a la recesión económica.

Las actividades financiera y bancaria estaban ligadas a la construcción de las principales obras públicas. En 1925, la Comisión Nacional de Caminos emprendió un programa de cuatro años para construir 10.000 kilómetros de carreteras, dado que existía una esperanza razonable de poder obtener los créditos necesarios para la construcción. Al mismo tiempo se planeó un sistema de carreteras moderno. El ferrocarril del Pacífico Sur, que iba desde Nogales (Arizona) a Guadalajara, se terminó en 1927 con la construcción del tramo que unía Tepic y Guadalajara.

Por otra parte, se comenzaron importantes obras de irrigación con el fin de expandir en el campo mexicano métodos de cultivo modernos. Entre 1925 y 1928, se destinó el 6,5 por 100 del presupuesto nacional a la construcción de embalses y canales, concentrándose la inversión en el norte y el noroeste.

En los sectores minero, petrolífero y eléctrico, no se trató de sustituir la inversión de las compañías extranjeras por inversión nacional, sino que se intentó presionar a las compañías extranjeras para que trabajaran en beneficio de México. La ley básica de diciembre de 1925 con su enmienda reguladora de 1926, estipulaba formalmente la devolución de la soberanía nacional sobre el petróleo y el desarrollo de una industria petroquímica. Sin embargo, esta iniciativa provocó un enfrentamiento tan serio con los Estados Unidos que, como ya hemos visto, el gobierno mexicano tuvo que abandonarla.

El Porfiriato y los primeros diez años de la Revolución habían dejado como legado una economía predominantemente capitalista con un desarrollo regional muy desigual: en cabeza estaban el noroeste y el noreste, el Distrito Federal y la zona del Golfo. La industria estaba concentrada en Ciudad de México y en Monterrey y en la franja de tierra que une Puebla con Veracruz, regiones que se habían visto relativamente poco afectadas por la violencia revolucionaria. Por otra parte, el auge de la producción petrolera que alcanzó su cima en 1922, fue disminuyendo progresivamente a partir de entonces. En 1920, los principales centros de producción industrial tan sólo habían logrado alcanzar el nivel de 1910. En resumen, el período comprendido entre 1910 y 1920 no fue testigo del colapso de la producción ni de la paralización de la economía[10]. La producción se recuperó rápidamente, pero siempre dentro de una economía caracterizada por desigualdades geográficas y sectoriales, rasgo que se vio agravado por la Revolución y por los lazos que la unían con la economía estadounidense. A pesar de que varios sectores sufrieron una recesión, parece claro que en términos generales el período comprendido entre los años 1920 y 1940 fue el segundo período de expansión de la economía (el primero ocurrió entre 1880 y 1910), con un momento crítico hacia 1925 que señaló el principio de una minirrecesión, seguida de una depresión. La situación internacional de México no varió; todo lo contrario, estuvo caracterizada por una mayor penetración extranjera. Entre 1910 y 1929 las inversiones inglesas y estadounidenses aumentaron. De los 4.600 millones de pesos de capital extranjero invertidos en México en 1929, 3.000 fueron estadounidenses y 900 británicos. Durante el período de depresión mundial, las posesiones en manos extranjeras disminuyeron en términos absolutos, pero el porcentaje estadounidense aumentó. El comercio exterior continuó desarrollándose en favor del fortalecimiento de los vínculos con los Estados Unidos. Al igual que en 1900, en 1930 el comercio exterior representaba el 20 por 100 del Producto Nacional Bruto (PNB), pero entre 1900 y 1930 las importaciones procedentes de los Estados Unidos se incrementaron, pasando de ser el 50 hasta alcanzar el 70 por 100 del total de las importaciones mexicanas, mientras que las exportaciones a los Estados Unidos se mantuvieron entre un 70 y un 80 por 100 del total de las exportaciones.

A pesar de la depresión mundial de la posguerra, que determinó la caída de los precios de la mayoría de los productos más básicos, el período de 1920 a 1925 fue una época dorada para México, debido a sus exportaciones de petróleo y de otros minerales. Sin embargo, tras unos años favorables, las exportaciones empezaron a descender en 1926-1927, y progresivamente todos o casi todos los sectores de la economía se fueron viendo afectados en mayor o menor medida. El Banco de México se vio obligado a contentarse con sobrevivir, permaneciendo impotente mientras la depresión se extendía. El programa de obras públicas tuvo que ser abandonado, y de los 20.000 kilómetros de carreteras que se habían planeado, se completaron menos de 5.000. Los ferrocarriles estaban en bancarrota y el Estado, que los había devuelto a manos privadas, se vio obligado a retomarlos de nuevo bajo su control. A la crisis económica siguió una crisis financiera y bancaria, ya que tanto el presupuesto nacional como la balanza de pagos estaban en déficit. El gobierno hizo un esfuerzo desesperado para hacer frente a sus compromisos internacionales, pero en agosto de 1928 se vio obligado a suspender el pago de intereses sobre la deuda externa. Las arcas del Tesoro estaban vacías, y a los funcionarios y las fuerzas armadas se les pagaba con retraso y gracias a los fondos anticipados por los bancos estadounidenses y británicos[11]. Se produjo un descenso considerable de las reservas de oro de México. Mientras que en mayo de 1926 las reservas existentes en los bancos eran de 110 millones de pesos, bajaron en comparación con los 135 millones de 1925; a finales de 1926 las reservas habían descendido a 88 millones y un año más tarde a 73 millones de pesos[12].

La causa principal de la crisis financiera y del derrumbamiento de la confianza fue la combinación de una serie de circunstancias poco propicias que actuaron sobre la estructura de la economía mexicana. México dependía enormemente del comercio exterior para la financiación de su desarrollo interno. Por consiguiente, toda la economía se vio afectada cuando la balanza de pagos dejó de ser positiva; en otras palabras, cuando las exportaciones dejaron de cubrir a las importaciones, que eran fundamentalmente bienes de consumo para las clases media y gobernante: maquinaria, minerales y metales, vehículos, productos químicos y cereales importados de los Estados Unidos para suplir el descenso de la producción doméstica de comestibles de primera necesidad, como veremos más adelante.

CUADRO 1

Exportaciones mexicanas, 1903-1927 (en millones de pesos)

| Oro y plata | Petróleo y sus derivados | Otros minerales
1903-1904 | 103,4 | — | 29,4
1904-1905 | 93,9 | — | 36,4
1905-1906 | 157,1 | — | 35,6
1906-1907 | 123,7 | — | 36,5
1907-1908 | 124,9 | — | 33,5
1908-1909 | 113,1 | — | 31,2
1909-1910 | 119,0 | — | 37,5
1910-1911 | 143,0 | — | 37,0
1911-1912 | 139,5 | — | 46,7
1912-1913 | 130,9 | — | 58,8
1920 | 134,0 | 516,8 | 77,2
1921 | 89,8 | 576,3 | 22,9
1922 | 109,9 | 412,0 | 46,1
1923 | 116,7 | 270,2 | 98,1
1924 | 122,2 | 293,3 | 94,8
1925 | 135,7 | 292,1 | 119,9
1926 | 137,5 | 227,6 | 159,7
1927 | 87,0 | 133,4 | 218,7

Resto de las exportaciones

Total
Productos
agrícolas
Ganadería
Productos
manufacturados
y otros
Total
exportaciones

1903-1904
77,5
60,5
10,9
6,1
210,3

1904-1905
78,2
59,1
10,5
8,6
208,5

1905-1906
78,4
62,9
11,7
3,8
271,1

1906-1907
87,8
71,8
11,2
4,8
248,0

1907-1908
84,3
70,2
9,6
4,5
242,7

1908-1909
86,8
67,9
13,9
5,0
231,1

1909-1910
103,5
77,7
20,1
5,7
260,0

1910-1911
113,8
91,3
16,8
5,7
293,8

1911-1912
111,8
83,6
19,9
8,3
298,0

1912-1913
110,7
85,9
19,8
5,0
300,4

1920
127,1
105,4
6,5
15,2
855,1

1921
67,8
60,7
2,3
4,8
756,8

1922
75,6
67,1
4,4
4,1
643,6

1923
83,5
74,3
4,4
4,8
568,5

1924
104,4
96,1
5,0
3,3
614,7

1925
134,8
120,9
9,8
4,1
682,5

1926
167,0
147,6
14,2
5,2
691,8

1927
188,3
161,4
19,4
7,5
627,4

FUENTE: Joseph E. Sterret y Joseph S. Davis, The fiscal and economic condition on Mexico. Informe remitido al International Committee of Bankers on Mexico. 1928, p. 110.

CUADRO 2

Valor de las exportaciones, 1909-1910 y 1926 (en millones de pesos)

Productos
1909-1910
1926
Cambio
porcentual

Minerales y petróleo
156,5
524,7
+ 336

Agricultura
77,7
147,6
+ 190

Ganadería y productos ganaderos
20,1
14,2
– 30

Productos manufacturados y otros
5,7
5,2
– 8

Total
260,0
691,8
+ 265

FUENTE: Véase el cuadro 1

La estructura del comercio exterior mexicano no fue alterada por la Revolución. Al contrario, sus características tradicionales se acentuaron aún más. México era, ahora más que nunca, un país productor y exportador de materias primas (véanse cuadros 1 y 2). Mientras que en 1910 los minerales e hidrocarburos representaban el 60 por 100 de las exportaciones, hacia 1926 este porcentaje pasó a ser del 76 por 100. Y aunque las exportaciones agrícolas habían aumentado de forma indiscutible, fueron sobrepasadas por el progresivo aumento de las exportaciones de petróleo y minerales. Por otra parte, el descenso en la cifra correspondiente a la ganadería reflejó la desaparición entre 1913 y 1920 del sistema por el cual el ganado era arrendado a los granjeros. La exportación de productos manufacturados era todavía menor. En 1922 el 64 por 100 de las importaciones provenían de los Estados Unidos y hacia 1926 la cifra había ascendido hasta alcanzar el 70 por 100. Por otra parte, mientras que en 1922 se destinaban a los Estados Unidos hasta el 80 por 100 de las exportaciones mexicanas, en 1926, debido a las exportaciones de cinc que se enviaban a Bélgica y a Alemania, este porcentaje se redujo al 71 por 100[13]. La característica global de la economía mexicana siguió siendo, por tanto, una gran dependencia de los Estados Unidos y de la industria minera, combinación que dio una cierta fragilidad a la industria mexicana. Esta característica se hizo visible a partir de 1926, y la depresión de 1929 vino a confirmar la evidencia.

El petróleo fue el primer producto que ocasionó problemas a la economía mexicana. En 1921 México ocupaba el segundo puesto a nivel mundial como país productor de petróleo, y el petróleo representaba el 76 por 100 de sus exportaciones. Entre 1921 y 1927 la producción y las exportaciones descendieron en un 72 por 100, incluyendo el descenso no inferior al 42 por 100 en el año 1926-1927. Existían diversas razones, técnicas, económicas y políticas, para explicar esta contracción, que continuó acelerándose. Las compañías extranjeras habían explotado despiadadamente los pozos hasta el límite de su capacidad y, algunas veces, incluso llegaron a destruirlos con inundaciones de agua salada[14]. Además, los nuevos pozos eran menos rentables y las compañías, enfurecidas por la nueva política de Morones hacia ellas, transfirieron sus inversiones a Venezuela, logrando que hacia 1927 la producción de este país sobrepasara la producción de México (véanse cuadros 3 y 4).

CUADRO 3

La industria petrolera mexicana, 1911-1927

Producción de
crudo (millones
de barriles)
Exportaciones de
crudo y productos
derivados (millones
de barriles)
Valor unitario de
producción (pesos
por barril)
Valor de la
producción
(millones de pesos)
Impuestos sobre
la producción
y las ventas
(millones de pesos)

1911
12,6
0,9
0,20
2,5
—

1912
16,6
7,7
0,25
4,1
0,5

1913
25,7
21,3
0,30
7,7
0,8

1914
26,2
23,4
0,30
7,9
1,2

1915
32,9
24,8
0,40
13,2
2,0

1916
40,5
27,3
0,55
22,3
3,1

1917
55,3
46,0
0,85
47,0
7,1

1918
63,8
51,8
1,40
89,7
11,5

1919
87,1
75,6
1,83
159,0
16,7

1920
157,1
145,5
2,00
314,1
45,5

1921
193,4
172,3
1,89
365,9
62,7

1922
182,3
180,9
1,93
351,7
86,0

1923
149,6
135,6
1,91
285,9
60,5

1924
139,7
129,7
1,95
272,1
54,6

1925
115,5
96,5
2,59
299,3
42,1

1926
90,4
80,7
2,49
225,1
34,8

1927
64,1
48,3
2,46
157,5
19,0

FUENTE: Sterrett y Davis, The fiscal and economic condition of Mexico, p. 197.

CUADRO 4

Producción mundial de petróleo, 1910-1927 (en millones de barriles)

Estados
Unidos
México
Rusia
Persia
Colonias
holandesas
Venezuela
Colombia

1910
209,6
3,6
70,3
—
11,0
—

1911
220,4
12,6
66,2
—
12,2
—
—

1912
222,9
16,6
68,0
—
10,8
—
—

1913
248,4
25,7
62,8
1,9
11,2
—
—

1914
265,8
26,2
67,0
2,9
11,4
—
—

1915
281,1
32,9
68,5
3,6
11,9
—
—

1916
300,8
40,5
65,8
4,5
12,5
—
—

1917
335,3
55,3
63,1
7,1
13,2
0,1
—

1918
355,9
63,8
27,2
8,6
12,8
0,3
—

1919
378,4
87,1
31,8
10,1
15,5
0,4
—

1920
442,9
157,1
25,4
12,2
17,5
0,5
—

1921
472,2
193,4
29,0
16,7
17,0
1,4
—

1922
557,5
182,3
35,7
22,2
17,1
2,2
0,3

1923
732,4
149,6
39,1
25,2
19,9
4,2
0,4

1924
713,9
139,7
45,4
32,4
20,5
9,0
0,4

1925
763,7
115,5
52,4
35,0
21,4
19,7
1,0

1926
770,9
90,4
64,3
35,8
21,2
37,2
6,4

1927
903,8
64,1
72,4
36,8
21,4
64,4
14,6

FUENTE: Sterrett y Davis, The fiscal and economic condition of Mexico, p. 198.

A finales de 1924 se estimaba que el capital invertido en la industria del petróleo era de 800 millones de pesos, siendo el 57,5 por 100 de las inversiones de origen estadounidense, el 26,2 por 100 de origen inglés, el 11,4 por 100 de origen holandés y tan sólo el 3 por 100 de origen mexicano. En 1926 algunas compañías todavía tenían unos beneficios netos del 100 por 100 en las ventas de crudo. Sin embargo, aunque en 1924 había en México seis refinerías capaces de refinar 800.000 barriles al día, ya en 1927 la producción había disminuido en un 40 por 100. En marzo de 1928 tan sólo funcionaban dos refinerías, y hacia 1927 casi todo el petróleo ligero era enviado a la refinería en lugar de ser exportado. Además, los derechos de exportación sobre el petróleo, que en 1921 representaban un tercio de la renta nacional, cerca de 85 millones de pesos, habían descendido en 1927 a un octavo, cerca de 19 millones, y en ese mismo año las compañías retiraron sus depósitos bancarios, provocando así de hecho la devaluación del peso[15].

Durante algún tiempo fueron las exportaciones agrícolas junto con la exportación de metales no ferrosos (cinc, cobre y plomo), que había aumentado considerablemente entre 1921 y 1927, las que permitieron al país soportar la tensión. Pero, en 1926, cuando las exportaciones de plata se hundieron como resultado de la caída de su precio en el mercado mundial, y la China y la India que eran los principales compradores, suspendieron sus negocios, las exportaciones de cinc, plomo, cobre y de productos agrícolas no fueron ya suficientes para contrarrestar las dificultades financieras. El capital huyó hacia los Estados Unidos, la inversión extranjera disminuyó y el déficit de la balanza de pagos alcanzó los 50 millones de pesos en 1926[16].

Este fue el comienzo de la crisis económica de finales de los años veinte, que llegó acompañada por el desempleo, las huelgas encarnizadas y la emigración a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la guerra de los cristeros destruyó el campo y se convirtió en una pesada carga para el presupuesto. En 1927 de cada peso de presupuesto, 33 centavos se destinaron a cubrir gastos del ejército. Manuel Gómez Morín y Alberto Pani abandonaron su cargo. Una vez más las consideraciones políticas y la guerra prevalecieron sobre la política económica. Finalmente, en 1929 los dos sectores que no se habían visto afectados anteriormente, los metales no ferrosos —cinc, plomo y cobre— y la agricultura, sufrieron los efectos de la depresión mundial en toda su intensidad. Las exportaciones agrícolas que habían crecido de 60 millones a 161 millones de pesos entre 1921 y 1927, descendieron a 92 millones en 1928 y a 52 millones en 1930[17], y la producción en el sector minero perdió la mitad de su valor entre 1929 y 1932.

LAS ORGANIZACIONES LABORALES Y EL ESTADO
DURANTE EL MANDATO DE CALLES

Una de las características esenciales de la política económica seguida durante la administración de Calles fue el intento de reconciliar los intereses de clase a través de la mediación del Estado. El hombre identificado con esta iniciativa fue Luis N. Morones, secretario general de la principal organización laboral, la CROM, que había sido colega y posteriormente enemigo de Obregón tras la ruptura de sus relaciones en 1923-1924. Morones se convirtió en el brazo derecho de Calles y fue su poderoso ministro de Industria, Comercio y Trabajo (1924-1928), más poderoso por ejemplo que el ministro de Gobernación. Con el fin de reconciliar el capital con los trabajadores bajo la égida del Estado, Morones emprendió una enorme tarea legislativa y administrativa, para cuya ejecución no dudó en eliminar a los «elementos irresponsables» y «provocadores» existentes dentro del movimiento obrero. Tal y como escribió un observador estadounidense en 1927:

El objetivo principal de las centrales sindicales, para el cual han asegurado la cordial cooperación con las grandes organizaciones empresariales, es construir la industria mexicana con la idea de incrementar numéricamente la clase obrera, proporcionarle mejores trabajos y niveles de vida, además de independizar económicamente al país[18].

Morones partía del principio de que no existía nada que no pudiera ser negociado si tanto los patronos como los obreros mostraban «responsabilidad» y «moderación». Cuando Morones hablaba hacía uso regular de las palabras «conciliación», «cooperación» y «coordinación». Toda huelga tenía que ser oficial, y el sindicato tenía que mostrar su conformidad después de haberlo consultado con su comité ejecutivo nacional. El ministro decidía sobre la legalidad de la huelga y cualquier huelga ilegal estaba condenada al fracaso. Esto favoreció a los patronos, que, en teoría, estaban protegidos de las huelgas sorpresa a condición de que respetaran la ley que favorecía a los obreros. En la legislación se prestó especial atención a los problemas derivados de accidentes y enfermedades; se impusieron normas de seguridad, al tiempo que se dictaban disposiciones relativas a la jubilación y al salario mínimo.

En 1926-1927 las reformas de Morones pasaron brillantemente una prueba importante. La industria textil había estado en recesión durante años. A pesar de ser la principal industria del país, estaba tecnológicamente atrasada y paralizada por constantes disputas, prueba de ello es que en 1922 las huelgas en el sector textil representaban el 71 por 100 del total de huelgas. Morones encaró el problema y reunió a los representantes de los patronos y de los trabajadores con el fin de resolver los problemas laborales y empezar la modernización de la industria. El resultado fue la redacción de un contrato colectivo que afectó a toda la industria textil, la adopción de una escala salarial, y la introducción de comisiones mixtas para llevar a cabo el arbitraje a todos, los niveles.

Como complemento de esta estrategia existía un sistema de protección destinado a fomentar la creación de industrias nacionales, que duplicaba las ventajas fiscales concedidas a los industriales. Una campaña publicitaria apremió a los mexicanos «a consumir los productos de su país». Los abogados redactaron la legislación que hacía posible la nacionalización de la industria eléctrica (código nacional eléctrico) y de la industria petrolera, y se prepararon para realizar una reforma de la Constitución que permitiera la nacionalización de las minas, el comercio, el crédito, las comunicaciones y las fuentes de energía. Sin embargo, debido a la crisis política y económica de finales de la década de 1920, estas medidas se quedaron en letra muerta durante varios años.

Esta política provocó un enfrentamiento con los productores de petróleo y el Departamento de Estado, tal como hemos visto, pero las relaciones con los banqueros y productores extranjeros —mayoritariamente estadounidenses— fueron buenas. Entre 1924 y 1928, Ford, Siemens, Colgate, Palmolive, British-American Tobacco e International Match ya se habían establecido en México. Ciertamente el grado de industrialización fue modesto, ya que la combinación de las circunstancias nacionales e internacionales no era muy favorable, y además hay que tener en cuenta que la mayoría de los gerentes, técnicos e ideólogos consideraban que la verdadera riqueza del país residía en los productos agrícolas y en la minería. Desde este punto de vista, Morones fue un visionario aislado, precursor del desarrollo que habría de producirse en los años cuarenta. Es demasiado simple considerar a Morones como un traidor a la clase obrera, que se vendió a los intereses capitalistas. Morones, al igual que Calles, fue uno de los principales constructores del Estado mexicano, en el cual el movimiento obrero jugó un papel decisivo.

Es inevitable que cualquier discusión que trate de abordar el tema de los trabajadores se centre en la CROM. Sin embargo, la CROM tan sólo representaba a un sector dentro del movimiento obrero, y el sindicalismo tan sólo constituía un aspecto de los muchos que componían la vida diaria de los trabajadores. Desde 1910 hasta 1918 la relación entre los trabajadores y el Estado pasó por sucesivas fases de hostilidad, indiferencia o colaboración, y consecuentemente las esperanzas de los trabajadores fluctuaban en relación con los cambios que sufrían las relaciones. En 1918 Morones, que previamente había sido electricista, pronunció su famoso discurso con ocasión de la fundación de la CROM bajo el patrocinio del Estado. A partir de ese momento y durante diez años la CROM enramó el realismo político y compartió responsabilidades con el Estado. Usando las palabras de, Rosendo Salazar, antiguo militante sindical:

El Estado intermedio, obra genuina de la Revolución mexicana, que no es la dictadura del proletariado pero tampoco del capitalismo; este Estado intermedio mexicano es excluyente de cualquier ideología extraña al medio y organiza una convivencia entre trabajadores, empresarios y gobierno… el trabajo ajusta sus demandas a las leyes y éstas lo protegen contra los abusos de la clase patronal[19].

Así pues, las organizaciones laborales se convirtieron en un componente de la maquinaria gubernamental, situación que fomentó el oportunismo y la corrupción, pero que al mismo tiempo les dio una influencia superior a lo que indican las cifras. Los trabajadores y artesanos, cuyo número era inferior a 600.000, tenían mayor peso que los 4 millones de campesinos. Además, los 100.000 miembros que tenía el sindicato eran útiles a la hora de hacer que la CROM fuera respetada, ya que por medio de su partido obrero había logrado diputados y senadores al Congreso e incluso en varios estados consiguió ganar el control del gobierno.

Es difícil dar cifras exactas, ya que aquellas de las que disponemos actualmente no son fiables. La CROM afirmaba tener 2 millones de miembros en 1928, pero reconoció que en verdad el número de miembros era mucho menor y que la mitad de ellos eran campesinos. La única cifra fiable, la de los miembros que pagaban sus cuotas, ascendía a 15.000. Ante la ausencia de información más precisa, se puede afirmar que la CROM reunía aproximadamente unos 100.000 trabajadores, artesanos, empleados de oficinas, pequeños comerciantes y en teoría unos 50.000 trabajadores agrícolas. Los sindicatos católicos decían tener unos 40.000 afiliados, 30.000 más se pueden atribuir a los trabajadores de los ferrocarriles, que habían sido debilitados por las divisiones surgidas a raíz de la fundación de la CROM, y 20.000 a la CGT (Confederación General del Trabajo). Ciertamente, los comunistas, los enemigos irreconciliables de la CROM, no consiguieron ganar la confianza de «la gran masa de los trabajadores y de los campesinos semiproletarios»[20].

La influencia de la CROM alcanzó su cima entre 1924 y 1928 cuando su secretario general, Morones, era el ministro más importante en el gabinete de Calles. La CROM aprovechó la situación de una forma positiva, para mejorar la situación de los trabajadores, y de manera negativa para luchar contra los otros sindicatos utilizando todos los medios a su alcance. El conflicto religioso fue empleado con el fin de eliminar a los sindicatos católicos, y las huelgas fueron utilizadas para acabar con rivales tales como los sindicatos de trabajadores del petróleo, los electricistas, los empleados de ferrocarriles, y los trabajadores textiles, que juntos reunían un mayor número de miembros que la CROM. La CROM exigió que todos los trabajadores se reunieran en una sola confederación y que respetaran las nuevas leyes que le eran favorables. Además, cualquier huelga no afiliada a la CROM era casi siempre considerada ilegal. La crisis económica de 1926 multiplicó el número de huelgas en todos los sectores, y muchas veces Morones pasó de la mediación a la represión, lo que en ocasiones contribuyó a la convocatoria de nuevas huelgas.

Durante diez años la actitud de la CROM fue decisiva, ya fuera a la hora de promover o de acabar con una huelga. La CROM promovió, apoyó o revivió movimientos con el fin de conquistar nuevas posiciones, destruir a sus enemigos o establecer un monopolio sindical. Los progresos logrados por la CROM eran paralelos a los avances realizados por el gobierno de Calles: cuando este último inició la reorganización del sistema ferroviario, la CROM aprovechó la ocasión e intentó tomar el lugar de los sindicatos independientes. Por otra parte, en las disputas referentes al tema del petróleo la CROM se enfrentó a las compañías. Todos estos hechos explican el carácter muchas veces sangriento de una lucha que frecuentemente enfrentaba a los trabajadores entre sí.

La lucha fue sangrienta ya que a los grupos independientes, ya fueran «rojos» o «blancos», no les faltaban fuerzas; éstas podían encontrarlas en la industria textil, los ferrocarriles, algunas minas y tahonas. Los sindicatos independientes aprovecharon el rápido desgaste sufrido por la CROM después del asesinato de Obregón en 1928 para vengarse, y la CROM fue despojada de su fuerza aunque retuvo una capacidad considerable de resistencia. Entre 1928 y 1937 el movimiento sindical estuvo mucho más dividido que nunca, y hubo que esperar la llegada de Cárdenas a la presidencia para que se fundara la CTM (Confederación de Trabajadores Mexicanos) y tomara el liderazgo.

Todas las huelgas eran de naturaleza política y estaban inseparablemente unidas a las luchas entre los partidos, a los debates parlamentarios, a los conflictos por la sucesión a la presidencia y a las disputas locales y nacionales. Los trabajadores de los ferrocarriles, en particular, tenían una larga tradición de independencia sindical y militancia que se remontaba a la época del Porfiriato y se había consolidado durante los años de la guerra civil cuando las circunstancias les situaron en la primera línea. La guerra fue ante todo un asunto de los ferrocarriles. En 1920 el presidente provisional, Adolfo de la Huerta, facilitó la formación de una Confederación de Sociedades Ferrocarrileras, que fue en aquel momento el mayor sindicato del país. En 1921 este sindicato se enfrentó al gobierno de Obregón y tuvo grandes dificultades para obtener el reconocimiento, pero cuando en ese mismo año la Confederación recurrió a la huelga, el gobierno definió esta decisión como rebelión abierta y el presidente Obregón envió al ejército a ocupar los talleres, las estaciones y los trenes. La CROM se retiró de la contienda, mientras que De la Huerta, que jugaba el papel de mediador, veía reforzada su posición entre los trabajadores de los ferrocarriles. Este hecho se hizo patente en diciembre de 1923, cuando la rebelión delahuertista encontró cierto apoyo dentro de la Confederación (así como dentro de otros sindicatos, como por ejemplo entre algunos afiliados a la CGT, que se oponían a la CROM y al gobierno).

Una consecuencia lógica de la derrota de Adolfo de la Huerta fue la purga de los trabajadores ferroviarios, purga dirigida por la CROM, que aprovechó la oportunidad para intentar dominar un sector que hasta entonces le había estado vedado. Esta maniobra, junto con la reorganización de los ferrocarriles que llevó consigo la reducción de personal en el sector, provocó una serie de enfrentamientos en 1926 que derivaron en la gran huelga de los ferrocarriles de 1926-1927. La reacción del presidente Calles fue la misma que en 1921, cuando estaba en el Ministerio de Gobernación: recurrió al ejército, enviando un centenar de soldados a cada taller, y apoyó a Morones que dio el reconocimiento a nuevos sindicatos como armas en la guerra contra la confederación ferroviaria. En diciembre de 1926, cuando la huelga se había extendido a todas las regiones, los hombres que trabajaban en el ferrocarril no eran probablemente conscientes de lo difícil que era la situación en que se encontraba el gobierno. De hecho, la disputa con los Estados Unidos sobre el tema del petróleo y otros asuntos de carácter diplomático estaba en su cénit e incluso se contemplaba la posibilidad de «enviar a los marines» y de incendiar los pozos de petróleo. Además, en aquel momento la guerra yaqui estaba en su apogeo, y pocos días después se rebelarían los cristeros.

La huelga del ferrocarril, que fue muy dura, duró tres meses. Los soldados viajaban en locomotoras conducidas por esquiroles, y nunca se llegó a saber cuántos trenes descarrilaron, ni cuántos trabajadores ferroviarios y saboteadores fueron asesinados. Poco a poco, durante los meses de abril y mayo de 1927, la agitación perdió su momentum y se fue diluyendo en el transcurso del verano hasta llegar a desaparecer. La victoria del gobierno y de la CROM resultó muy costosa tanto para los trabajadores como para la empresa ferroviaria.

Otras huelgas, aunque hubo muchas y muy duras, no tuvieron ni comparación con la huelga ferroviaria de 1926-1927. De 1920 a 1926 la industria textil estuvo en permanente estado de inestabilidad, agravado por las disputas entre los sindicatos. Una vez más, la influencia de la CROM fue arrolladora. Con el fin de obtener el control de todo el movimiento obrero nacional, se vio obligada, basándose en su lealtad política, a destruir a los sindicatos que no deseaban someterse, y así lo hizo cada vez que se presentó la oportunidad. En el sector textil se enfrentó en combate armado con los sindicatos «rojos» y los sindicatos «libres» en la capital, el estado de México, Puebla y Veracruz. Tras la convención textil hubo muchas menos huelgas debido a los acuerdos alcanzados entre los patronos, los sindicatos y el Estado. Posteriormente vino la crisis económica, que debilitó la posición de los trabajadores, amenazada por la acumulación de las existencias y la reducción de la producción.

En todos los sectores la tendencia era la misma: hubo huelgas en 1921, seguidas por un período relativamente tranquilo, se produjeron huelgas entre 1924 y 1926 caracterizadas por las divisiones entre los sindicatos; y finalmente, las huelgas fueron menos numerosas pero muchas veces desesperadas en los años sucesivos, cuando las fábricas y las minas empezaron a cerrar bajo la sombra de la crisis económica. ¿Cuál fue el resultado de tanto disturbio y de tanta agresividad? La victoria lograda con dificultad por la CROM no tenía futuro, ya que en 1928-1929 fue apartada del poder gubernamental, y nunca más volvió a ser la organización única de los trabajadores mexicanos que había deseado llegar a ser.

Los años veinte se caracterizaron por la reorganización y modernización de las industrias existentes. El proceso, sin embargo, estuvo acompañado en la mayor parte de los casos por reducciones de plantillas, particularmente en las minas, los ferrocarriles y la industria textil, hecho que explica la naturaleza muchas veces desesperada de la resistencia obrera. De 1925 en adelante la CROM cooperó en la tarea de modernización y abandonó la resistencia a sus enemigos «rojos». Aquellos trabajadores que fueron lo suficientemente afortunados como para poder mantener su puesto de trabajo o para encontrar otro nuevo, creyeron que probablemente su situación mejoraría como resultado de la nueva legislación y de la política de Morones. Más adelante la depresión económica que sufrieron México y el resto del mundo provocó el cierre de muchas fábricas. La CROM y el gobierno intentaron, sin demasiado éxito, instalar o reinstalar a trabajadores desempleados en las áreas rurales. Fue un curioso intento de convertir en campesinos a trabajadores que acababan de emerger del campesinado en un país que estaba muy lejos de haber resuelto su cuestión agraria. Ello era muestra de hasta qué punto México seguía siendo todavía en 1930 un país eminentemente rural.

LA REFORMA AGRARIA, LA AGRICULTURA Y EL CAMPESINADO

Sin duda se ha exagerado mucho el papel jugado por la cuestión agraria en el colapso del Porfiriato. De igual forma se ha sobreestimado la importancia de la reforma agraria en la historia de la Revolución. Durante la guerra civil, de manera improvisada y bajo la presión de la necesidad, se tomaron medidas legales decisivas contra los latifundistas, tal y como muestra el decreto de enero de 1915 y el artículo 27 de la Constitución de 1917. Sin embargo, hasta 1934 no se realizó la aplicación de una versión modificada de los principios contenidos en el decreto de 1915 y en el artículo 27 de la Constitución, y entonces tan sólo de manera lenta y confusa, con la publicación del Código Agrario. De acuerdo con la Constitución y el código reglamentario, la tierra pertenecía a la nación, que, a través del Estado, podía reconocerla como propiedad privada legítima o expropiarla y concederla ya sea a las comunidades definidas por el término ejido o a pequeños propietarios individuales. La concesión era inalienable y no podía ser arrendada, vendida o heredada.

De manera tímida y fría, Carranza había distribuido ya unas 200.000 hectáreas antes de que Obregón redimiera a los zapatistas y a otras fuerzas guerrilleras, junto con sus propios soldados, con la ratificación de las apropiaciones llevadas a cabo durante la guerra civil, especialmente en la zona zapatista (Morelos y Guerrero). A lo largo de cuatro años, Obregón distribuyó más de un millón de hectáreas, con el objetivo político de comprar la paz. El presidente Calles siguió al principio dicha iniciativa, y luego frenó el proceso. Al igual que Obregón, hubiese preferido enmarcar la reforma agraria dentro de un marco político, y completarla rápidamente, con el fin de poder pasar a la modernización y fomento de la productividad —colonización, irrigación y agricultura capitalista a gran escala— lo cual le interesaba mucho más que la distribución.

El movimiento colonizador iniciado bajo el Porfiriato, un asalto pionero a las tierras secas e irrigables de Sonora y los bosques tropicales de Veracruz, Tarasco, Campeche, entre otros, que tuvo que ser detenido debido a la Revolución, fue reemprendido por Obregón y Calles con el apoyo del Estado (Ley de Colonización del 5 de abril de 1926). Sin embargo, tal como hemos visto, la depresión mundial interfirió con este proyecto de obras públicas masivas: las exportaciones agrícolas se colapsaron, 400.000 mexicanos regresaron de los Estados Unidos, y el gobierno tuvo que revisar su estrategia económica, quedando atrapado así en las manos del grupo de presión agrario. Calles, a pesar de declarar en 1929 que «el Agrarismo tal y como lo hemos entendido y aplicado ha sido un fracaso»[21], se vio obligado a reanudar la distribución de la tierra. Durante el mandato de Portes Gil en 1929-1930, se distribuyeron 1.700.000 hectáreas de tierra, durante el período que va de 1915 a 1933 se distribuyeron un total de 7.600.000 hectáreas y en menos de 2 años (1933-1934) Abelardo Rodríguez repartió unos 2.500.000 hectáreas más.

En vísperas de la gran distribución por parte de Cárdenas de 18 millones de hectáreas, el balance de la reforma agraria en 1934, revela tres datos. En primer lugar, las concesiones fueron limitadas: diez millones de hectáreas, tal vez un 10 por 100 de la tierra cultivada, pasó a manos del 10 por 100 del campesinado (tanto los peones acasillados, como los trabajadores agrícolas que vivían en las haciendas no se beneficiaron de la reforma agraria hasta 1934). El resultado institucional fue la aparición de un total aproximado de 4.000 ejidos. En segundo lugar, las concesiones estuvieron concentradas en un número reducido de distritos; y en tercer lugar, dichos distritos estaban restringidos a la zona del antiguo México en la meseta alta central y a su ladera tropical del sur y del sureste (Morelos, Veracruz, Hidalgo). En la mayoría de los casos, el núcleo central de la hacienda fue respetado y las parcelas de tierra del ejido fueron adjudicadas con títulos de propiedad independientes, en pequeñas parcelas de 4 a 10 hectáreas. De acuerdo con las condiciones locales que prevalecían en cada estado, las reformas, administradas por las autoridades, fueron ejecutadas algunas veces con vigor, algunas veces evadidas y otras aplazadas para más adelante. De esta forma surgieron una gran diversidad de situaciones y una cierta falta de control sobre las operaciones, que derivó en corrupción y en la extorsión por parte de los campesinos, incluyendo a aquellos que se habían beneficiado de la distribución.

La política local complicó el problema agrario, porque permitió que los caciques controlaran una clientela considerable y que manipularan al mismo tiempo a los propietarios de las tierras. En el seno del ejido, el comité administrativo disponía una y otra vez la distribución de las parcelas de tierra en su propio provecho, lo que explica la violencia en la lucha por el poder y el gran número de asesinatos perpetrados en los ejidos. Paul Friedrich ha estudiado las masacres en la región de Naranja (Michoacán) que duraron más de 25 años, y Luis González ha registrado un episodio que describe como «matonería» en San José de Gracia[22]. El ejido de Auchén llegó a ser denominado el «ejido de las viudas», ya que todos los hombres estaban muertos exceptuando a uno sólo que se había convertido en el dueño y explotaba todo el ejido.

La reforma agraria no solamente creó divisiones entre los mismos ejidatarios, sino que también dividió al campesinado entre el 10 por 100 que había recibido una parcela de tierra y aquellos que no habían recibido nada. La táctica consistente en dividir a los campesinos en facciones hostiles e irreconciliables garantizó al gobierno el control de la tierra, así como la lealtad electoral de sus propietarios. Desde sus comienzos, la política agraria había sido un arma blandida tanto contra los terratenientes, que estaban amenazados por la expropiación, como contra los beneficiarios, que temían la expulsión de los ejidos. Se repartieron escopetas, aun a riesgo de no recuperarlas, como ocurrió en Veracruz en 1932, entre las milicias de los ejidos denominadas «defensas sociales» con el fin de que sirvieran como instrumento de represión contra los otros campesinos y como un medio de hacer chantaje a los terratenientes tanto grandes como pequeños.

El hacendado tradicional sufrió el fuerte impacto de tres pruebas contundentes: las guerras de 1913-1917 y 1926-1929, la crisis económica posterior a 1929 y la propia reforma agraria. A partir de entonces el conflicto agrario enfrentó al campesino sin tierras contra su vecino con tierras, ya fuera pequeño propietario tradicional privado o ejidatario, y al pequeño propietario o comunero (miembro de una comunidad india) contra el ejidatario. El programa agrario fue miope, ya que hizo que se multiplicaran indefinidamente los antagonismos mutuos debido tanto al colapso de la sociedad establecida como a la reforma. Hubo también otros elementos humanos comprometidos —el arrendatario, el aparcero, el peón, el ganadero nómada—. Los conflictos de clase, raza y cultura hicieron furor, y la disputa religiosa ciertamente no ayudó a apaciguar el sentimiento popular.

Los distintos grupos regionales que representaban a las provincias contra la capital, a la periferia contra el centro, y al norte contra el sur, explotaron todos ellos a los campesinos que habían ayudado en la caída de don Porfirio y que en algunos distritos habían conseguido, por medio de ligeros enfrentamientos, recuperar parte de sus tierras quitándoselas a las grandes fincas. Los revolucionarios que estaban en el poder no habían tenido nunca un verdadero programa agrario; habían tenido un programa agrícola, lo cual no era lo mismo. Nunca atacaron el principio de la hacienda, sino que estaban simplemente a favor de propiedades de pequeño y mediano tamaño. Entre 1915 y 1928, tan sólo el 10 por 100 de las haciendas había sido incautado y, paradójicamente, la mitad de ellas eran de pequeño tamaño. De hecho, las zonas invadidas por los propios campesinos fueron de mucha mayor importancia. A los campesinos se les concedió la satisfacción temporal de poder apoderarse de tierras y consolidar su poder, después se les utilizó para desmantelar las grandes fincas privadas en beneficio de una agricultura capitalista. Los campesinos fueron a la vez instrumentos y víctimas de la versión mexicana de la acumulación primitiva de capital.

Los campesinos consiguieron más de lo que figuraba en el programa revolucionario, sin embargo su éxito fue limitado. El político ocupó el lugar del hacendado y el campesino pasó a tener una relación con el gobierno igual a la que había tenido anteriormente con su patrono, salvo que al gobierno había que temerlo de manera distinta. Como escribió Marjorie Clark en su obra Organized labor in México (1934): «No se ha hecho nada para liberar al campesino del eolítico». Añadiendo:

Si quiere evitar la represión debe tratar de pertenecer a aquel que sea el más fuerte en su región. Se le promete tierra, dinero, utensilios si se comporta bien, se le amenaza con la pérdida de la tierra que ya ha recibido, con la destrucción de sus cosechas y la matanza de su rebaño si no responde satisfactoriamente a las exigencias del grupo en el poder. Se ha establecido una tiranía igual a la de los caciques durante el régimen de Porfirio Díaz[23].

No es difícil comprender por qué la reforma agraria no logró atraer el entusiasmo de los campesinos. Las organizaciones campesinas estaban dominadas por la burocracia, y nunca llegaron a convertirse en organismos genuinamente campesinos. Algunos campesinos, prefiriendo mantenerse al margen de ellas, renunciaron a las parcelas de tierra que les correspondían. Dichas renuncias han sido atribuidas al miedo al gran terrateniente y a su «guardia blanca» o a los curas que se oponían al plan y que algunas veces, en contra de la orden de los obispos, declaraban que era pecado mortal aceptar una parcela de tierra de ejido. El miedo tuvo sin duda algo que ver, pero también hay que tener en cuenta la concepción que los propios campesinos tenían de la propiedad y de los medios adecuados para adquirirla. Todos soñaban con convertirse en terratenientes, pero no de cualquier forma. Luis González ha explicado que tan sólo habían dos formas honrosas de convertirse en terrateniente, la compra de las tierras o la herencia. Cientos de miles de campesinos partieron a los Estados Unidos en los años veinte, trabajando duramente para ahorrar 8 de cada 10 dólares para poder comprar algún día una parcela de tierra en su pueblo natal. Un regalo siempre compromete al que lo recibe, y cuando éste era ofrecido por un gobierno del cual se desconfiaba tradicionalmente, era difícil de aceptar, y era definitivamente inaceptable en el período comprendido entre 1926 y 1929 cuando el Estado y la Iglesia estaban en guerra. Durante esos terribles años los cristeros obligaron muchas veces a los agraristas (por lo menos a aquellos que habían recibido parcelas de tierra) a pagar caro, con su sangre, su conexión con el Estado.

Obregón y Calles soñaban con la creación de una clase importante de minifundistas emprendedores y propietarios de fincas de mediano tamaño, siguiendo el modelo del «granjero» californiano. Esta clase de propietarios ya existía en su noroeste nativo —el propio Obregón era un representante perfecto— y se había beneficiado de las actividades económicas del gobierno, tales como el crédito agrícola, las obras de irrigación y las nuevas carreteras. Parece ser que el gobierno, al mismo tiempo que repartía parcelas de tierra en la meseta y el sureste, invertía dinero en el noroeste. La distribución de tierras afectó al conjunto de indios mexicanos y mestizos del antiguo México, pero las inversiones de capital se destinaron a favorecer a los propietarios de fincas medianas y grandes de otras regiones. En las áreas del norte que contaban con el apoyo de los sonorenses, apenas podía encontrarse algún ejido en 1934, pero había carreteras y un programa de irrigación que representaba un cuarto de la inversión pública entre 1925 y 1935. En palabras del propio Obregón: «La distribución justa de la tierra al proletariado es el principal fundamento del programa revolucionario, pero las bases de la vida agrícola del país no deben ser socavadas»[24].

De 1907 a 1929 la producción de maíz y frijoles, base principal de la alimentación del pueblo, disminuyó en un 40 y 31 por 100 respectivamente, al tiempo que la población aumentaba en un 9 por 100. A pesar de que a causa de la guerra, el hambre, las epidemias y la emigración, México no tenía más habitantes en 1920 de los que había tenido en 1910, la población creció desde menos de 15 millones a 16 millones entre 1920 y 1930 y hasta 17 o 18 millones —los datos son inexactos— en 1934. En algunas regiones, las condiciones fueron mucho más graves de lo que muestran las cifras globales. La región central, tierra natal del 45 por 100 de la población rural en 1930, presenció una caída de un 31 por 100 en el total de su producción agrícola de 1913 a 1929. El cuadro 5 muestra las disparidades en la producción agrícola per cápita entre 1907 y 1929. La producción total de maíz, que había sido de 3,5 millones de toneladas en 1910 y 2,9 millones de toneladas en 1920, había descendido a 2,2 millones en 1926 y era tan sólo de 1,5 millones en 1929, debido a la eliminación de las haciendas de maíz y a la proliferación de productores pequeños y con pocos recursos[25]. La producción de frijoles había crecido de forma estable hasta superar las 200.000 toneladas en 1926, pero luego disminuyó a menos de 100.000 toneladas en 1929[26]. En contraste con estas cifras, la exportación de comestibles aumentó durante el período 1920-1927. Por ejemplo, las exportaciones de café pasaron de 10.500 toneladas (9,3 millones de pesos) en 1920 a 26.100 toneladas (28,9 millones de pesos) en 1927; las exportaciones de bananas, de 700 toneladas (0,3 millones de pesos) a 5.700 toneladas (8 millones de pesos); las exportaciones de tomates, de 9.200 toneladas (0,7 millones de pesos) a 57.400 toneladas (19,6 millones de pesos); y las exportaciones de otras verduras frescas pasaron de 800 toneladas (0,2 millones de pesos) a 14.800 toneladas (5,5 millones de pesos)[27].

De acuerdo con el fundador del Banco Nacional de Crédito Agrícola (1925), Manuel Gómez Morín, y también con el presidente Calles, el crédito agrícola tenía que llevar al campesino hacia la segunda etapa de la reforma agraria: la producción tenía que suceder a la distribución. Desgraciadamente, el capital inicial fue insuficiente y el banco no pudo resistirse a la práctica de «préstamos preferenciales», es decir, créditos disponibles para personajes importantes, tales como generales o políticos, que formaban parte del grupo de los nuevos latifundistas. En 1926 el mayor receptor de crédito «preferencial» fue el propio general Obregón. De esta forma el dinero no llegó a manos de aquellos que realmente lo necesitaban; siendo, por otra parte, un milagro que el banco sobreviviera hasta 1930, el año del desastre financiero y del saqueo por parte de los políticos.

CUADRO 5

Producción agrícola per cápita (1900=100)

Regiones | 1907 | 1929
Centro | 112 | 69
Sur | 145 | 98
Norte | 60 | 318

FUENTE: Clark Reynolds, The Mexican economy: twentieth century structure and growth, New Haven, 1970, p. 105.

La utopía de los sonorenses era lograr la prosperidad de México a partir del desarrollo de su agricultura. Una agricultura sustentada por granjeros muy trabajadores abastecidos con una sólida infraestructura de irrigación, carreteras, tecnología y préstamos bancarios. No hubo una intención seria de industrializar el país —Calles había dicho «nuestra industria pesada es la agricultura»—, sino que tan sólo se quiso dar un acabado industrial a los productos agrícolas para la exportación. México tenía que convertirse en una especie de Estados Unidos agrícola: este principio fue esencial en la nueva política económica, y el hecho de que primero el general Obregón, y luego el general Calles, tomaran parte en empresas agrícolas de gran escala en el noroeste del país es muy significativo. Las regiones del norte aumentaron su producción y obtuvieron resultados excelentes; su participación en el conjunto de las exportaciones nacionales aumentó, a pesar de obstáculos tales como la competencia y el boicot estadounidenses, la inexperiencia y la escasez del crédito.

CONCLUSIÓN

En 1920, después de diez años de Revolución y de guerra civil, un grupo de hombres del noroeste mexicano emprendió una histórica empresa: nada más y nada menos que la transformación del mosaico que entonces era México en mi Estado-nación moderno. Durante los años veinte los grupos que guerreaban cu México fueron eliminados a sangre y fuego. No sólo se controló al ejército, sirio que desaparecieron los generales que lideraban a los revolucionarios y los caudillos, los jefes político-militares regionales fueron puestos a raya, y triunfó un cierto centralismo. Saturnino Cedillo, en San Luis Potosí, era en los años 1930 el único cacique al viejo estilo que sobrevivía. Al mismo tiempo, se permitió que los trabajadores tuvieran una existencia corporativa, la Iglesia fue puesta cu su sitio y a la educación se le dio un carácter nacional. El problema del poder y de su transmisión ordenada en una sociedad más o menos fragmentada, donde la democracia parlamentaría no podía funcionar, fue resuelto hasta cierto punto por la creación en 1929 del PNR. Cincuenta años después, su sucesor, el PRI, estaba todavía en el poder suministrando un ejemplo de estabilidad política único en América Latina.

Bajo los mandatos de Obregón y de Calles, el poder económico, al igual que el poder político, estuvo una vez más concentrado en manos del presidente y de sus ministros y consejeros técnicos. Se dio prioridad absoluta a la construcción de una economía moderna, a la vez nacional y capitalista. El papel del Estado fue capital: asumió la responsabilidad de la creación de instituciones financieras y de la realización de los proyectos de infraestructura que estaban más allá de los medios de que disponía la industria privada mexicana. Hubo una identidad de intereses entre el Estado y el sector privado. De hecho, en esta fase de construcción del Estado y de desarrollo nacional capitalista, existió un acuerdo básico entre la «familia revolucionaria», los industriales, los banqueros y hombres de negocios, la CROM, los intereses capitalistas rurales, e incluso los capitalistas extranjeros. Las compañías petroleras, los anarquistas y el partido comunista fueron los únicos grupos que se negaron a cooperar.

Sin embargo, las ambiciones de los hombres de Sonora naufragaron al estrellarse contra los arrecifes igualmente escabrosos de la dependencia y la recesión económicas. El desarrollo capitalista mexicano fue financiado en parte por la inversión extranjera y por encima de todo por las exportaciones. Desde la década de 1870, la economía mexicana se había integrado satisfactoriamente en la economía internacional a través de sus exportaciones de minerales y productos agrícolas. La Revolución no había cambiado la estructura básica de la economía mexicana, y hasta 1926 las exportaciones financiaron el crecimiento económico. Pero vinieron siete años de carestía y a medida que el poder adquisitivo de las exportaciones mexicanas se desplomaba, la debilidad estructural de la economía mexicana quedó al descubierto. Los límites del nacionalismo económico postulado a partir de 1917 habían sido alcanzados. Obregón, Calles, Gómez Morín, Pani y Morones fueron finalmente incapaces de lograr el milagro nacionalista del crecimiento y la independencia.

Segunda parte
AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Capítulo 4
AMÉRICA CENTRAL: LA ERA LIBERAL,
c. 1870-1930

Los seis decenios comprendidos entre 1870 y 1930 presenciaron la integración plena y un tanto tardía de América Central en el mercado mundial capitalista por medio de la expansión de sus economías exportadoras. También vieron la formación de varios estados relativamente viables y, por ende, el fortalecimiento de la división en cinco repúblicas de las Provincias Unidas del Centro de América fundadas después de la independencia, aun cuando se hicieron algunos intento: de restaurar la unión perdida. Los estudiosos centroamericanos se inclinaban y todavía se inclinan, a ver la historia del istmo (con la excepción de Panamá que no fue un Estado independiente hasta 1903) como una unidad. Conservaron una aspiración un poco vaga, incluso romántica, de que las cinco patrias chica: acabaran uniéndose nuevamente en una patria grande (es decir, una América Central unida). Hasta cierto punto, semejante ambición tiene fundamento. En el período citado, por ejemplo, algunos de los rasgos centrales de la vida económica —la producción y la exportación de café y plátanos, como muestra— eran compartidos por la mayoría de los países centroamericanos; del mismo modo que en el terreno político, compartieron las sacudidas causadas por las reformas liberales y, posteriormente, las penalidades de las dictaduras liberales, así como un; común y gran dependencia de los Estados Unidos. Pero lo que llama mucho más la atención en una región tan pequeña son las grandes diferencias que existían entre las cinco repúblicas. En el presente capítulo contrastaremos con frecuencia la evolución de Costa Rica con la de los otros países del istmo. Desde el punte de vista económico, así como desde el político, puede decirse que en el período 1870-1930, Costa Rica, Guatemala y El Salvador eran países más avanzados que Honduras y, en menor agrado, Nicaragua. Debido a la gran divergencia de la estructuras previas, la expansión del café y la propagación de las plantaciones de plátanos no siempre crearon las mismas estructuras nuevas ni tuvieron las mis mas consecuencias en todas las repúblicas centroamericanas. Así pues, aunque abordaremos la región en conjunto, examinaremos algunos de sus contrastes históricos más importantes.

LA ECONOMÍA

La población

El cuadro 1 presenta los datos demográficos correspondientes a cada uno de los países centroamericanos y al conjunto de la región durante el período 1870-1930. Como podemos ver, había gran disparidad entre los cinco países en lo que se refiere a la población, las tasas de crecimiento demográfico y las densidades demográficas. Por ejemplo, la denominada «revolución demográfica» ya se hizo evidente en Costa Rica en el decenio de 1860, mientras que en Guatemala no empezó hasta alrededor de 1920. El Salvador ya era un caso raro, con una densidad demográfica muy superior a la de cualquier otro país de América Latina.

Un rasgo común de los cinco países fue el fracaso de todos los esfuerzos que hicieron los gobiernos, tanto conservadores como liberales, por fomentar programas de colonización rural europea o norteamericana con el objeto de crear un campesinado blanco en América Central. Es cierto que llegó un número limitado de inmigrantes de Europa y de los Estados Unidos, pero la mayoría de ellos va poseían algo de capital y se convirtieron en miembros influyentes de las clases altas locales. Hacia finales del siglo XIX llegaron inmigrantes de las Indias Occidentales y de China a las tierras bajas casi desiertas de la costa del istmo bañada por el Caribe, para trabajar en la construcción de ferrocarriles y, más adelante, en las plantaciones de plátanos. Pero la evolución de la población de América Central se explica más en términos de movimientos demográficos internos que de inmigración.

Dentro de América Central el crecimiento de la producción de café y de plátanos provocó una importante migración interna. En Guatemala, por ejemplo, la producción cafetera tuvo por escenario regiones que antes estaban poco pobladas —la costa del Pacífico y su hinterland inmediato— y luego se colonizaron. En el mismo país la recolección anual del café causaba una gran migración estacional de trabajadores de las comunidades indias de las tierras altas occidentales, los cuales se dirigían a la zona cafetera y luego regresaban a sus lugares de procedencia. Como los salarios que se pagaban en las plantaciones de plátanos eran superiores a la media centroamericana, desde el principio estas plantaciones atrajeron un movimiento constante de personas de las tierras altas del centro a las tierras bajas del Caribe, y de El Salvador y Nicaragua a Costa Rica.

La expansión del café

En América Central las condiciones naturales para la producción de cafés «suaves» de gran calidad son excepcionales, sobre todo en las tierras altas volcánicas del centro. La mayoría de los países de esta región se integraron plenamente en el mercado mundial por medio de la producción y la exportación de café. La expansión de la economía basada en el café la estudiaremos en tres países solamente: Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Los intentos hondureños de producir café fracasaron, y en Nicaragua, si bien las exportaciones de café adquirieron importancia después de 1870, normalmente no se alcanzó un porcentaje del valor total de las exportaciones tan alto como en los tres países que hemos seleccionado, debido a que el nuevo cultivo competía en la economía nicaragüense con la cría de ganado, que era la actividad económica que dominaba tradicionalmente.

CUADRO 1

La población de América Central, c. 1870-c. 1930

Población
(miles de
habitantes)
Tasa media
de crecimiento
anual (%)
Densidad
(por milla
cuadrada
= 2,59 km2)

Guatemala

1880
1.225
—
29,2

1893
1.365
0,8
32,5

1921
2.005
1,4
47,7

El Salvador

1878
554
—
68,4

1892
703
1,7
86,8

1899
758
1,1
93,6

1930
1.459
2,1
180,1

Honduras

1881
307
—
7,1

1895
399
1,9
9,2

1910
553
2,2
12,8

1930
948
2,7
21,9

Nicaragua

1875
373
—
6,8

1906
505
1,0
9,2

1920
638
1,7
11,6

1930
742
1,5
13,5

Costa Rica

1864
120
—
6,1

1883
182
2,2
9,3

1892
243
3,3
12,4

1927
489
2,0
24,9

América Central[*]

1870
2.370
—
14,1

1900
3.533
1,3
21,0

1915
4.915
2,2
29,2

1930
6.019
1,4
35,8

FUENTES: Guatemala: Censos (para 1880, 1893, 1921). El Salvador: Rodolfo Barón Castro, La población de El Salvador, Madrid, 1942 (para 1878, 1892, 1899); Anuario estadístico (para 1930). Honduras: Héctor Pérez Brignoli, «Economía y sociedad en Honduras durante el siglo XIX. Las estructuras demográficas», Estudios Sociales Centroamericanos, 2/6 (1973), pp. 51-82 (para 1881, 1895, 1910); Nicolás Sánchez Albornoz, La población de América Latina, Madrid, 1973 (para 1930). Nicaragua: Alberto Lanuza Matamoros, «Estructuras socioeconómicas, poder y Estado en Nicaragua (1821-1875)», San José, 1976, tesis inédita (para 1875); Censo Nacional de Población, Managua, 1950 (para 1906, 1920); Sánchez Albornoz, La población de América Latina (para 1930). Costa Rica: Censos (para 1864, 1883, 1892, 1927). América Central: Woodward, HALC, VI, capítulo 4 (para 1870); Sánchez Albornoz, La población de América Latina (para 1900); Ralph L. Woodward, ir., Central America. A nation divided, Nueva York, 1976 (para 1915, 1930).

Quizá sea aconsejable señalar de buen principio el marcado contraste entre d proceso de expansión del café en Costa Rica, por un lado, y, por el otro, Guatemala y El Salvador. Debido a la falta de fuertes estructuras coloniales, Costa Rica entró directamente en la era del café cuando había transcurrido poco más de un decenio desde que se independizara de España, sin que se produjeran trastornos internos de consideración, y mucho antes que el resto del istmo. Tanto en Guatemala como en El Salvador ya se habían formado grupos de intereses fuertemente atrincherados al llegar la independencia. Las reformas liberales que la propagación del cultivo del café exigía no se llevaron a cabo hasta después de la decadencia del mercado mundial de colorantes, que hasta entonces eran lo que más exportaba América Central, en los decenios de 1860 y 1870, y después de una enconada lucha entre grupos rivales. También veremos que la estructura social que la economía del café creó en Costa Rica era muy peculiar, mientras que el resto de los países cafeteros de América Central compartían rasgos sociales parecidos.

A partir del decenio de 1830 el café se convirtió en el principal producto de salida costarricense. Su cultivo pasó por tres períodos principales de crecimiento en tres regiones del país. Hasta las postrimerías del decenio de 1840 estuvo limitado a las tierras altas del centro alrededor de San José (la Meseta Central); entre 1850 y 1890, siguiendo la carretera que llevaba a Puntarenas (en la costa del Pacífico), se extendió hacia los bordes densamente boscosos del oeste de las tierras altas centrales, en la provincia de Alajuela; y a partir de 1890, y estrechamente relacionado con la expansión ferroviaria de la época, penetró en los valles de Reventazón y Turrialba, al este de San José. A pesar de esta expansión, la Meseta Central siguió siendo, con mucho, la zona cafetera más importante de Costa Rica: en 1890 se encontraban en dicha región 13.800 (77 por 100) de las 17.940 hectáreas de cafetales, y en 1935 la cifra era del 59 por 100 (27.600 de 46.920 hectáreas).

En Guatemala, la cochinilla, producto de elevado valor por unidad de volumen cuya obtención exigía relativamente poco capital y mano de obra, no surtió un fuerte efecto multiplicador en la economía nacional. Guatemala carecía de una red de carreteras, de un sistema moderno de crédito rural y de un sistema viable de abastecimiento de mano de obra. Las comunidades indias se vieron casi libres de grandes exigencias laborales durante decenios. Pero a partir de mediados del siglo XIX, a medida que la cochinilla fue perdiendo fuerza como base de la economía nacional, el gobierno empezó a estimular, al principio tímidamente, la producción de café y de otros cultivos de salida fácil (azúcar, algodón), para lo cual concedía exenciones fiscales, trataba de difundir los conocimientos técnicos necesarios e importaba maquinaria. Sin embargo, los conservadores, que dependían del apoyo de las comunidades indias, no querían poner en práctica las reformas necesarias sin las cuales la producción de café no podía alcanzar todo su potencial. El café es un producto que exige un sistema de transporte barato y eficiente (tiene un valor relativamente bajo por unidad de volumen), la creación de instituciones de crédito (el nuevo cultivador de café debe esperar varios años antes de obtener beneficios) y una provisión abundante de tierra y mano de obra. La revolución liberal, que introdujo las reformas radicales que los intereses cafeteros necesitaban, empezó en 1871, el mismo año en que por primera vez el café fue el principal producto de exportación de Guatemala.

En El Salvador, el proceso fue muy parecido. A partir de aproximadamente 1850 una repentina caída de las exportaciones de índigo empujó al gobierno a fomentar la producción de café, cacao, agave y otros cultivos que se vendieran inmediatamente después de recolectarlos. La expansión del cultivo de café entre 1864 y 1880 hizo de él una solución viable para la amenazada economía nacional. A partir de 1881 —año en que el café se convirtió por primera vez en el principal cultivo de El Salvador— se emprendieron importantes reformas que cambiaron las estructuras económicas del país con el fin de favorecer los intereses de los cultivadores de café.

En Costa Rica fueron tres los procesos que señalaron la formación de la base territorial para la expansión cafetera: la consignación de tierras públicas; las transacciones agrarias de carácter privado; y la disolución de las formas comunales de propiedad. Este último proceso tuvo escasa importancia, toda vez que las tierras comunales pertenecientes a las comunidades indias y a las poblaciones españolas —forma de propiedad que fue abolida de 1841 a 1851— no eran un rasgo muy importante del campo costarricense. En el momento de obtener la independencia, Costa Rica tenía sólo unos 60.000 habitantes. Por consiguiente, abundaban las tierras baldías y públicas incluso en la Meseta Central, donde vivía la mayor parte de la escasa población. La expansión de la producción del café tendió a reforzar y extender la estructura fragmentada de pequeñas propiedades que era herencia del período colonial, ya que el acceso a tierras públicas fue fácil hasta el decenio de 1890. En cuanto a las transacciones de tierras entre particulares, con el aumento de las exportaciones de café a partir del decenio de 1830 los precios de la tierra empezaron a subir rápidamente, sobre todo cuando se trataba de tierras de la Meseta Central que eran apropiadas para cafetales. De 1800 a 1850 el precio medio de la tierra en el valle central subió en un 1.773 por 100. El grado de concentración agraria en Costa Rica ha dado pie a discusiones. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado sin lugar a dudas que no fue considerable antes del decenio de 1930. Las causas de esta peculiaridad local de la tenencia de la tierra en la zona cafetera más importante de Costa Rica —sui generis en términos latinoamericanos globales— fueron principalmente la escasez crónica de mano de obra, el precio demasiado alto de la tierra y los limitados recursos financieros de los principales cultivadores de café.

En Guatemala hubo también tres procesos que forman conjuntamente la llamada reforma agraria liberal, pero que difieren mucho de los de Costa Rica. En primer lugar, en 1873 el Estado liberal se apoderó de los extensos bienes raíces de la Iglesia y luego se libró de ellos vendiéndolos o incluso concediéndolos gratuitamente, a veces con la indicación de que las tierras recibidas de este modo debían dedicarse al cultivo de café o de otros productos de fácil salida. Una ley de 1877 abolió luego una forma de arrendamiento de la tierra, el censo enfitéutico. La mayoría de las tierras afectadas eran comunales, y, como muchos de los ocupantes no disponían de dinero suficiente para comprar sus parcelas dentro de los seis meses decretados, la ley garantizó la confiscación de las mismas. Estas parcelas, que representaban un total de 74.250 hectáreas, fueron confiscadas por el Estado y vendidas en pública subasta. La tercera reforma fue la decisión liberal de vender tierras públicas, con condiciones muy cómodas, a los cultivadores de café y a los productores de otros cultivos fáciles de colocar. Entre 1871 y 1883 se vendieron 397.755 hectáreas de tierras baldías. La reforma agraria que lucieron los liberales es uno de los factores que explican el desarrollo de la producción de café en Amatitlán, Suchitepéquez, Sololá y Quezaltenango. Al igual que en México, los primeros gobiernos liberales deseaban fomentar propiedades pequeñas y medianas y evitar la formación de latifundios, pero fracasaron, a pesar de que volvieron a promulgar sus leyes agrarias en 1888 y 1894.

En Guatemala, la mayoría de las tierras comunales sobrevivieron a las reformas liberales. No fue así en El Salvador. A partir de 1864, fecha en que comenzó la gran expansión del cultivo de café, hay algunos indicios de que se usurparon tierras comunales. Pese a ello, en 1879 los ejidos y las parcelas comunales todavía representaban el 25 por 100 del total de la superficie terrestre del pequeño país. Asimismo, se encontraban situados exactamente en las tierras altas volcánicas del centro, donde más favorable era el suelo para el cultivo de café. En 1879 el presidente Zaldívar (1876-1885) decidió conceder la tenencia plena a los ocupantes que plantasen café, cacao, agave u otros productos de fácil salida. Las comunidades, indias o de ladinos (mestizos), cedieron ante la presión y trataron de producir café, pero no poseían las técnicas necesarias y no tenían capital ni posibilidades de obtener créditos. En 1881 una ley abolió el sistema de tierras comunales y el año siguiente la ley se hizo extensiva a los ejidos. Los ocupantes de estas tierras debían comprarlas dentro de un plazo que se prorrogó varias veces, pero al final la mayoría de los comuneros perdieron sus propiedades, que fueron adquiridas por los cultivadores de café.

La mano de obra escaseó mucho en Costa Rica durante todo el siglo XIX, por lo que los salarios tendían a subir. Las causas eran varias. Para empezar, aunque el crecimiento demográfico no fue insignificante, la población seguía siendo muy reducida en 1900 y, como hemos visto, no hubo inmigración a gran escala. Pero es indudable que el factor más importante fue la pauta de tenencia de la tierra. Ya hemos mencionado el gran número de pequeños propietarios y la estructura de pequeñas propiedades campesinas, que eran una herencia de la época colonial y registraron una expansión en los primeros decenios posteriores a la independencia. El hecho de tener una parcela pequeña no impedía que el campesino trabajase también de peón rural o de carretero, pero, a pesar de ello, lo cierto es que la distribución generalizada de propiedades reducidas limitaba la provisión de mano de obra. Además, a partir de 1899 la atracción de los salarios más altos que pagaba la United Fruit Company, que se había establecido en las tierras bajas del Atlántico, provocaba migraciones internas a las plantaciones de plátanos, lo cual dejaba la zona cafetera si mano de obra. Estos factores explican por qué, si bien la dependencia personal no se encontraba ausente del todo, el trabajador rural costarricense era básicamente un empleado, un peón asalariado, en vez de un «siervo».

En Guatemala, la mayoría de los habitantes eran indios y vivían en comunidades provistas de tierras. Las haciendas cafeteras estaban en zonas escasamente pobladas cerca de la costa del Pacífico. En 1877 el gobierno liberal promulgó el Reglamento de Jornaleros, que permitía a los cultivadores de café contratar como peones, durante períodos limitados, a cierto número de indios de las comunidades de las tierras altas, incluso en contra de la voluntad de los comuneros. Este sistema siguió funcionando durante todo el período que nos ocupa, aun cuando se tomaron algunas medidas para mejorar la condición de los peones rurales forzados a trabajar, por ejemplo la instauración de niveles salariales mínimos garantizados por la ley a partir de comienzos del siglo XX.

Aunque El Salvador tenía una población numerosa para su pequeño territorio, antes de las reformas liberales la mayoría de la gente vivía en comunidades. Los cultivadores de café se vieron obligados a recurrir a varias maneras de obtener mano de obra, pero el problema desapareció después del decenio de 1880 a consecuencia de la política agraria del presidente Zaldívar. Miles de campesinos fueron despojados de sus tierras comunales sin que pudieran obtener parcelas nuevas. Tuvieron que instalarse en las haciendas en calidad de trabajadores residentes (colonos) o, en caso contrario, vivían como usurpadores de tierra durante la mayor parte del año, trabajando con sus familias como peones contratados durante la recolección del café. La agitación social fue un rasgo común del campo salvadoreño después de las reformas, especialmente en la región occidental, donde la población india era más numerosa; la represión de los movimientos campesinos se encomendó a la guardia rural (policía montada) que se creó en 1889.

El inicio de la expansión del café en Costa Rica se financió con pequeñas cantidades de capital que se habían acumulado durante el período colonial, así como en el primer decenio de independencia, gracias al cultivo de cacao y tabaco, la exportación de madera tintórea (palo brasil) y la extracción de metales preciosos de las minas de Monte del Aguacate, que fueron descubiertas en 1815 y explotadas especialmente a partir de 1820. Cuando las exportaciones regulares de café a Gran Bretaña empezaron en 1843, casas comerciales de Londres y Liverpool empezaron a adelantar créditos a cuenta de cosechas futuras, encauzándolos a través de las casas comerciales costarricenses que se crearon a partir del decenio de 1840, la mayoría de ellas por obra de los cultivadores de café más ricos. Estas casas comerciales, a su vez, concedían créditos a los pequeños productores, que pasaban a depender económicamente de los grandes productores de café y los comerciantes. Debido a ello, los acomodados cultivadores de café podían ejercer mucha presión y control social sobre los pequeños agricultores, con el fin de tener garantizada la mano de obra complementaria que necesitaban para recolectar su propio café y todavía más para trabajar en sus grandes plantas de preparación. En 1857 el gobierno del presidente Juan Rafael Mora (1849-1859) firmó un contrato con el comerciante Crisanto Medina para crear el Banco Nacional Costarricense, que recibiría depósitos, concedería crédito y emitiría billetes. El banco se inauguró el 1 de enero de 1858. Su creación pareció presentar una peligrosa amenaza para los productores de café que practicaban la usura y se valían de ella como forma de ejercer control social. A causa de ello, provocaron un golpe de Estado que derribó a Mora. El banco suspendió sus operaciones no sólo como consecuencia de esta oposición, sino también por las pérdidas que provocó la caída de una empresa de Liverpool con la que estaba relacionado. A partir del decenio de 1860 se multiplicó el número de entidades que concedían créditos, muchas de ellas efímeras. Las más importantes fueron el Banco Anglo-Costarricense, fundado en 1863, y el Banco de la Unión (1877), que más adelante sería el Banco de Costa Rica.

Durante el largo período de gobierno conservador que hubo en Guatemala antes de 1871, las estructuras del crédito y las finanzas eran muy primitivas. La hipoteca rural era prácticamente desconocida, toda vez que la persona que prestaba dinero no contaba con casi ninguna seguridad jurídica. Los tipos de interés podían alcanzar el 50 por 100, aun cuando el tipo legal era de un simple 6 por 100 anual. Los usureros consiguieron impedir la creación de varios bancos. Con la revolución liberal hubo intentos de crear un sistema financiero moderno. El gobierno utilizó las propiedades eclesiásticas confiscadas en 1873 para respaldar el Banco Nacional, fundado en 1874 como banco comercial que recibía depósitos, emitía billetes y concedía crédito. Pero este banco no pudo resistir el pánico financiero que en 1876 provocó la guerra contra El Salvador y desapareció al año siguiente, dejando con ello vía libre para la creación de varios bancos comerciales de carácter privado, todos ellos autorizados para emitir billetes por el código de comercio (1877). El código también reguló el sistema hipotecario y creó un registro público y obligatorio de bienes raíces y de hipotecas. Los bancos principales eran el Banco Internacional (1877), el Banco Colombiano (1878), el Banco de Occidente en Quezaltenango (1881), el Banco Americano (1892), el Banco Agrícola Hipotecario (1893) y el Banco de Guatemala (1894). Sin embargo, obtener créditos seguía siendo difícil y los cultivadores de café dependían de un crédito personal y comercial con elevados tipos de interés (el 12 por 100 anual). Los bancos y otros prestamistas de dinero obtenían crédito barato en Europa y luego concedían préstamos con intereses elevados en Guatemala. Gracias a estos medios, productores de café alemanes que permanecían en comunicación con los bancos de Bremen y Hamburgo sacaron provecho de la larga crisis del café a finales del siglo XIX, apoderándose de las haciendas de cultivadores guatemaltecos que les debían dinero y no podían devolvérselo.

Las primeras etapas de la expansión del café en El Salvador se financiaron —al menos en parte— hipotecando propiedades donde se producía índigo. Muchos cultivadores de índigo vendieron sus tierras y su maquinaria para dedicarse a cultivar café. Los terratenientes y los habitantes de las ciudades (comerciantes, militares, sacerdotes, funcionarios públicos, etcétera) obtuvieron crédito suficiente para iniciar la economía basada en el café. Al igual que en Costa Rica, el capital británico financió cosechas futuras. Los primeros bancos aparecieron después de 1880 y todos ellos emitían billetes: el Banco Occidental, el Banco Salvadoreño, el Banco Agrícola Comercial. Concedían sus créditos a los grandes terratenientes, que a su vez hacían préstamos a productores más modestos. Los créditos bancarios destinados especialmente a financiar la producción de café no empezaron a concederse hasta más o menos 1920.

Durante todo el período que estamos estudiando el cultivo de café fue extensivo y muy primitivo, excepto, hasta cierto punto, en El Salvador. En las mejores tierras de la Meseta Central costarricense el descenso del rendimiento medio por hectárea, ya evidente en 1881, lo confirman los datos cuantitativos de que disponíamos para el siglo XX. De 1909 a 1956 el rendimiento medio descendió a un 52,5 por 100[1]. Se aumentó la producción ampliando la zona cultivada. Los cafetales centroamericanos se crearon como plantaciones permanentes (a diferencia de lo que hicieron en Brasil, donde el café era un cultivo fronterizo o migratorio), pero el empleo de fertilizantes se veía seriamente limitado. En la segunda mitad del siglo XIX se instauró la costumbre de plantar árboles umbrosos que protegían los cafetos de los vientos y la lluvia excesiva, además de resguardar el suelo de la erosión. Las técnicas de cultivo guatemaltecas se parecían a las utilizadas en Costa Rica. Pero en El Salvador la escasez misma de suelos idóneos y, a veces, el hecho de que los cafetales cubrieran laderas empinadas fueron origen de mejores técnicas agrícolas, hasta el punto de que los rendimientos de algunas de las mayores plantaciones de café eran los más altos del mundo[2].

En contraste con el cultivo, las técnicas de preparación se mecanizaron progresivamente y se especializaron. Costa Rica marchó a la cabeza del perfeccionamiento de dichas técnicas y las enseñó al resto de América Central… y a Colombia. El llamado «beneficio húmedo» ya empezó a utilizarse en Costa Rica en 1838. Los granos de café se amontonaban para ablandar la pulpa y luego se colocaban en depósitos por los que pasaba una corriente de agua; allí se movían continuamente para librarlos de la pulpa exterior. Luego se extendían los granos de café sobre una plataforma para que el sol los secase y después unos molinos hidráulicos quitaban la vaina interior. La utilización de maquinaria de beneficio accionada por vapor empezó a propagarse durante el decenio de 1850; primero se importaba de Inglaterra y, más adelante, de los Estados Unidos. Obviamente, el aumento del coste y de la complejidad técnica de las nuevas técnicas de preparación hizo que esta fase de la producción se concentrara en unos cuantos molinos de café. Hacia 1888 había únicamente unos 256 beneficios en Costa Rica, mientras que cuatro años antes había 7.490 plantaciones de café[3]. Costa Rica transmitió el conocimiento de las técnicas de preparación a Guatemala y El Salvador. También en estos dos países la fase de preparación tendía a concentrarse en unas cuantas haciendas grandes o molinos de café. En Guatemala los cultivadores de café alemanes utilizaban técnicas mejores y ello les permitía obtener una producción más elevada: en 1913 poseían el 10 por 100 de las plantaciones de café guatemaltecas, pero producían el 40 por 100 de los granos que se preparaban.

En los tres países que nos ocupan, el crecimiento del cultivo del café fue el principal impulsor de la modernización del sistema de transportes e influyó decisivamente en la forma que adquirieron las redes de carreteras y ferrocarriles. En Costa Rica se necesitaba una carretera por la que pudieran circular carros tirados por bueyes que llevasen el café a Puntarenas, puerto del Pacífico. La construyeron entre 1844 y 1846 y se financió con un impuesto sobre las exportaciones de café. Los barcos que lo transportaban a Europa y a la costa atlántica de los Estados Unidos seguían la ruta del Cabo de Hornos, lo cual alargaba la duración del viaje y, por consiguiente, encarecía los fletes. La construcción del Panama Kailway, que unía el océano Atlántico con el Pacífico (1851-1855) ofreció otra posibilidad, sin resolver realmente el problema. En el mismo período el gobierno costarricense de Juan Rafael Mora firmó un contrato con la Pacific Mail and Steamship Company para tener la seguridad de que los barcos de dicha naviera hiciesen escala en Puntarenas; el contrato era extremadamente favorable a la compañía. A pesar de ello, se juzgó necesario abrir una carretera —o un ferrocarril— hasta el Atlántico y construir un puerto nuevo en la costa del Caribe. Puerto Limón se fundó en 1870, pero hasta 1890 no se terminó el ferrocarril del Atlántico, que unía San José con la nueva salida al mar. En lo sucesivo Costa Rica disfrutó de fletes más bajos (lo cual se debía también a la mayor utilización de barcos de vapor en las rutas atlánticas) y de acceso directo a sus principales mercados. El ferrocarril del Pacífico también se estaba construyendo a la sazón, pero no quedó terminado hasta 1910.

A partir de 1873 el régimen liberal de Guatemala se esforzó por construir carreteras mejores y más numerosas que comunicasen la capital del país con Quezaltenango, Huehuetenango, los puertos del Pacífico y, más adelante, el puerto atlántico de Santo Tomás. Estos proyectos se financiaron mediante la emisión de bonos del tesoro y el cobro de un impuesto sobre las propiedades rurales, todo varón adulto estaba obligado a trabajar tres días cada año en la construcción y el mantenimiento de carreteras o a pagar cierta suma para obtener la exención. El primer contrato ferroviario que dio buen resultado se firmó en 1877-1880 con William Nanne: el ferrocarril se construyó con capital nacional y unía el puerto de San José con Escuintla (1880) y con la ciudad de Guatemala (1884). En 1881 se firmó un nuevo contrato para la construcción de un ferrocarril que llegara al puerto de Champerico desde Retalhuleu y garantizase el transporte del café que allí se producía; quedó terminado en 1883. En 1884 se fundó un puerto (que más adelante se llamaría Puerto Barrios) en la costa del Caribe y, utilizando capital nacional, empezó a construirse un ferrocarril que llegase hasta allí. Pero la construcción quedó interrumpida y no se terminaría hasta 1908, después de firmarse un contrato (en 1900) con la Central American Improvement Company Inc. El contrato —que fue el principio del control de los ferrocarriles guatemaltecos por parte de norteamericanos— concedía a la compañía la explotación de Puerto Barrios durante 99 años, tierras a ambos lados de los raíles y exenciones fiscales. En 1912 toda la red de ferrocarriles de Guatemala cayó bajo control norteamericano a través de la Guatemala Central Railway Company, que fue absorbida por la International Railway of Central America. Entre 1881 y 1884 el gobierno de Justo Rufino Barrios firmó contratos con diez compañías de vapores extranjeras: En virtud de tales contratos, las compañías recibirían subvenciones anuales del gobierno, concesiones de tierra y exenciones fiscales.

En El Salvador, las carreteras que hacían falta para asegurar el transporte del café se construyeron a finales del siglo XIX y se financiaron con impuestos nacionales y municipales, sobre la producción y el comercio del café. Al igual que en Costa Rica y Guatemala, el gobierno atrajo compañías de vapores extranjeras a puertos salvadoreños (Acajutla, La Libertad) mediante contratos muy generosos. Los ferrocarriles se construyeron en parte con capital gubernamental y nacional (Sonsonate-Acajutla, La Unión-San Miguel). La Salvador Railway Com-[4]

(como los plátanos son un producto muy perecedero, los agricultores tenían prisa por vender), debían afrontar el riesgo de sufrir grandes pérdidas durante el viaje y, además, la feroz competencia en Nueva Orleans. De resultas de ello, comenzó la especialización en el negocio exportador. El transporte en buques de mayor calado y refrigerados y la construcción de instalaciones apropiadas para el almacenamiento y la carga en algunos puertos centroamericanos exigían grandes inversiones de capital. Además, la propagación del cultivo de plátanos en regiones alejadas de la costa hacía necesario un buen sistema de transporte hasta los puertos y las redes de ferrocarriles se encargaron de proporcionarlo.

La consolidación de las grandes compañías plataneras fue un proceso complicado que llevo aparejadas concesiones de tierra por los estados centroamericanos, la construcción de ferrocarriles y puertos, la introducción de tecnología y capital extranjeros, la perspicacia y la habilidad de ciertos empresarios, querellas y fusiones entre las propias compañías, la confiscación de tierras ocupadas por agricultores independientes nativos, e incluso disputas fronterizas entre países vecinos.

La United Fruit Company (UFCO), formada en 1899, comenzó sus operaciones en Guatemala en virtud de un acuerdo con la International Railways of Central America, empresa que había recibido una importante concesión de tierras baldías. A partir de 1906, por medio de adquisiciones y de nuevas concesiones, la compañía platanera amplió sus propiedades en el valle de Motagua. En 1928, valiéndose de una compañía subsidiaria, la UFCO empezó a comprar tierras en la costa del Pacífico también y a partir de 1936 explotó sus plantaciones en esa región.

En Honduras, la producción de plátanos estuvo en manos de agricultores nativos hasta 1913. Varias compañías, por ejemplo los hermanos Vaccaro, la Hubbard-Zemurray, la línea de vapores Oterí y la UFCO, compartían la expedición y la distribución de la fruta. Alrededor de 1913 cayeron los precios, una grave sequía afectó las plantaciones y causó una crisis durante la cual algunas de las compañías se retiraron. La poderosa UFCO aprovechó el momento para efectuar una penetración a gran escala en Honduras. De hecho, desde 1912 dos de sus compañías subsidiarias —la Tela Railroad Company y la Trujillo Railroad Company— habían firmado sustanciosos contratos ferroviarios con el gobierno hondureño, obteniendo así inmensas concesiones de tierra. Durante el decenio de 1920, Honduras producía la mayor parte de los plátanos de la UFCO. La compañía de los hermanos Vaccaro actuaba en la región de La Ceiba y en el valle de Aguán. Fue reorganizada en 1924 y 1926 y se convirtió en la Standard Fruit and Steamship Company. Samuel Zemurray también comenzó sus empresas comprando y vendiendo plátanos, pero en 1902 obtuvo una concesión de tierras públicas en la orilla hondureña del río Motagua. En 1911, después de una crisis que estuvo a punto de arruinarle, su empresa se convirtió en la Cuyamel Fruit Company. El gobierno de Honduras otorgó a esta compañía nuevas concesiones cerca de la frontera con Guatemala, pero, como los límites entre los dos países no estaban delimitados claramente, en 1913 empezó una serie de conflictos entre Honduras y Guatemala; en realidad, los conflictos no fueron más que los efectos de la rivalidad entre la Cuyamel y la UFCO. Terminaron en 1929 al fusionarse las dos compañías. A partir de 1920 las principales plantaciones de la Cuyamel estuvieron en el valle de Ulúa.

En Nicaragua, la producción de plátanos tuvo menos importancia. La UFCO actuó en la costa atlántica a partir del decenio de 1890, pero las exportaciones eran muy reducidas. Durante el decenio de 1920 la Cuyamel Fruit Company se instaló allí y las plantaciones registraron cierta expansión. A pesar de ello, la mayoría de estas plantaciones se encontraban instaladas en suelos poco propicios. En 1930 la UFCO vendió sus propiedades en Nicaragua y a partir de entonces se ocupó exclusivamente de operaciones comerciales por medio de una empresa subsidiaria, la Cukra Development Company.

En Costa Rica, el inicio del comercio platanero estuvo vinculado a las actividades de Minor Keith y a la complicada historia del ferrocarril del Atlántico. En 1899 la UFCO obtuvo el usufructo de las concesiones que antes recibiera Keith. La United Fruit consiguió manipular todos los negocios plataneros del país, después de expulsar a dos empresas rivales, la American Banana Company y la Atlantic Fruit Steamship Company. En 1927 dos compañías nuevas de la costa del Pacífico empezaron a exportar plátanos, pero la UFCO no tardó en comprar sus plantaciones y las amplió durante el decenio de 1930. En 1930 la UFCO había dejado atrás a todos sus rivales de América Central: poseía el 63 por 100 de los 103 millones de racimos de plátanos que se exportaban.

La costa caribeña de América Central, escenario de los comienzos de la producción de plátanos, sólo estaba escasamente poblada. La construcción de ferrocarriles y luego las plantaciones de plátanos generaron algunas corrientes migratorias: de las tierras altas del centro a la costa; y de las Indias Occidentales y China a América Central. Honduras también recibió trabajadores inmigrantes de El Salvador. Y la propagación de las plantaciones de plátanos dio origen a un significativo proletariado rural. Aunque los salarios que pagaban las compañías fruteras eran generalmente superiores a los que se pagaban en otras partes de América Central, la posición de los trabajadores de las plantaciones se veía perjudicada por varios procedimientos relacionados con los pagos. Por ejemplo, cu Honduras se solía pagar a los trabajadores con vales que sólo eran aceptados en los almacenes de las propias compañías, llamados «comisariatos»; o, de no hacerse así, sus salarios se fijaban en dólares y luego se pagaban con moneda hondureña de acuerdo con un tipo de cambio inferior al legal. Además, mientras que los trabajadores hondureños estaban acostumbrados a cobrar semanalmente, en ciertas épocas las compañías pagaban sólo cada 40 días.

Las exportaciones de plátanos de Costa Rica experimentaron una rápida expansión a partir de 1880 y alcanzaron un máximo de 11 millones de racimos en 1913, aun cuando a partir de 1904 las plantaciones se vieron azotadas por una enfermedad llamada «mal de Panamá». Después de la primera guerra mundial, las exportaciones disminuyeron lentamente hasta cifrarse en alrededor de 7 millones de racimos durante el decenio de 1920. Por aquel entonces la UFCO empezó a abandonar sus plantaciones del Atlántico y a establecerse en la costa del Pacífico. En la zona del Caribe la producción de plátanos se encontraba ahora en manos de agricultores costarricenses, que vendían su fruta a la compañía. En 1927-1928 formaron una cooperativa platanera costarricense.

En el decenio de 1890 las exportaciones de plátanos de Honduras ascendieron a alrededor de 1,5 millones de racimos al año. Con la penetración de las compañías fruteras, las exportaciones aumentaron mucho: 9,8 millones de racimos en 1920, 16,3 millones en 1925, 29 millones en 1929. Durante el decenio de 1920 Honduras se convirtió en la principal productora de plátanos del mundo. El «mal de Panamá» apareció en 1926, sobre todo en las plantaciones de la Trujillo Railroad Company, provocando el abandono total de Puerto Castilla en 1935, lo que a su vez fue la causa de que se eliminasen 125 kilómetros de vía férrea en esta región.

Las exportaciones de Guatemala, que tardaron un poco más en entrar en el mercado platanero, ascendieron a 3 millones de racimos en 1913 y alcanzaron los 6 millones por año durante los decenios de 1920 y 1930. En Nicaragua, de 1900 a 1920, las exportaciones de plátanos fueron de un poco más de 1,5 millones de racimos anuales. Aumentaron hasta los 3 millones entre 1920 y 1930, pero su descenso fue rápido después de 1935.

Desde 1864 se habían pedido y otorgado numerosas concesiones mineras en Honduras. En el decenio de 1870 la producción minera empezó a ser fomentada por el gobierno y a recuperarse de un largo período de depresión. Durante la presidencia liberal de Marco Aurelio Soto (1876-1883), que anteriormente había proclamado que la agricultura era la piedra angular del desarrollo hondureño, se declaró que las minas eran el soporte principal de la economía de la nación. La política del presidente era favorable a los intereses mineros y extranjeros y fue continuada por sus sucesores, especialmente por Luis Bográn (1883-1891). Se hicieron numerosas concesiones a compañías extranjeras, aunque sólo una de ellas dominaba el negocio minero: la New York and Honduran Rosario Mining Company. Entre 1921 y 1937, esta empresa obtuvo un beneficio neto del 36 por 100 y pagó dividendos que ascendieron a unos 8 millones de dólares. La principal producción mineral de Honduras era la plata, y las zonas mineras más importantes se encontraban alrededor de la capital, Tegucigalpa. En 1887 los minerales representaron alrededor del 50 por 100 del valor de las exportaciones hondureñas, pero con la ascensión del comercio platanero su importancia disminuyó progresivamente (hasta quedar reducida a sólo un 6 por 100 en 1928).

En Nicaragua, la minería del oro, que garantizaba elevados beneficios a algunas compañías extranjeras, representó el 23 por 100 del total de las exportaciones del país en 1912. Pero, al igual que en Honduras, tendió a perder importancia, especialmente después de 1923. Las minas se encontraban en Nueva Segovia (San Albino Gold Mining Ltd., Nicaragua Development Syndicate), Chontales, Matagalpa y la región atlántica.

En Costa Rica, por el contrario, la minería del oro y de la plata, localizada en la región del noroeste del país, se volvió más significativa después de 1920, y alcanzó un máximo en 1928. Pero, como en Guatemala y El Salvador, la minería costarricense no tenía mucha importancia y nunca representó siquiera un 3 por 100 de las exportaciones totales del país.

Las economías de enclave de América Central surtieron poco efecto dinámico en las economías nacionales en conjunto; la expansión económica que generaban tendía a limitarse a las zonas de minas o plantaciones.

Las concesiones originales que se hicieron a las compañías extranjeras eran extraordinariamente favorables a éstas. En el caso de las empresas plataneras, estas concesiones consistían en tierras, el usufructo de otros recursos naturales, exenciones fiscales y la importación libre de numerosos productos (lo cual surtió un efecto pernicioso en el desarrollo de industrias nacionales, toda vez que los productos importados entraban en el país sin pagar impuestos y se vendían a los trabajadores de las plantaciones en los comisariatos). Los contratos ferroviarios pusieron el control de todos los transportes internos en manos de las compañías plataneras. Los comisariatos desplazaron al pequeño comercio de las zonas de las plantaciones. Las exenciones —sobre todo la de pagar derechos de aduana— generaron estados débiles, con deficientes recursos financieros. Así ocurrió de modo especial en Honduras, donde las plantaciones y exportaciones de plátanos rían el núcleo de la economía nacional. En 1917-1918 las exenciones que recibieron las compañías fruteras superaron los ingresos totales del Estado hondureño.

Como el negocio del plátano estaba muy concentrado, las pocas posibilidades de industrialización que ofrecía eran bien utilizadas por las propias compañías, como complemento de sus actividades agrícolas, las cuales se diversificaron gradualmente. Así, en Honduras la Standard Fruit, del decenio de 1920 en adelante, fue propietaria de ingenios de azúcar, fábricas de licor, plantas industriales que producían aceite vegetal, jabón y fertilizantes a partir de las semillas del algodón, cocos y otros productos que se cultivaban en sus tierras o se compraban a los agricultores locales.

Los efectos más perjudiciales de la economía de enclave eran probablemente la consecuencia de fraudes y el hecho de que no se cumplían las condiciones con que los gobiernos de los países pequeños y débiles de América Central hacían las concesiones: exportaciones clandestinas, evasión de impuestos, construcción de ferrocarriles clandestinos (en Honduras), la no construcción por las compañías de algunos de los tramos ferroviarios que especificaban las concesiones (que eran de interés nacional, pero carecían de interés para la exportación), la costumbre de variar los fletes de carga en sus trenes para favorecer a las compañías frente a los productores locales, etc.

Un aspecto diferente de esta cuestión fue la absoluta falta de respeto que las compañías extranjeras mostraban por la soberanía de los países centroamericanos, la presión a veces indisimulada que ejercían sobre los gobiernos, y la intervención en los asuntos nacionales. Las intervenciones militares de los Estados Unidos en beneficio de estas empresas eran frecuentes, aunque generalmente duraban poco: el desembarco de infantes de marina o la llegada de navíos de guerra a los puertos centroamericanos podían producirse en cualquier momento en que las propiedades y los ciudadanos norteamericanos se sintiesen o se declarasen amenazados.

LA SOCIEDAD

Las estructuras sociales

Al examinar la medida en que el cambio económico y político habido en el período que nos ocupa afectó a las estructuras sociales centroamericanas, primero hay que señalar que la composición de los grupos superiores, dominantes, de la sociedad no cambió de forma significativa a causa de la expansión del café y las reformas liberales. A raíz de las revoluciones liberales, muchos conservadores perdieron su riqueza y su posición personales, es cierto, o incluso se vieron obligados a exiliarse, mientras que los liberales utilizaban el poder político que acababan de adquirir para obtener ventajas económicas (por ejemplo, mediante la concesión de tierras públicas o ex comunales). Sin embargo, no cabe duda de que el orden liberal hizo posible que el poder se apoyara en una base más amplia al incluir en los nuevos grupos dominantes a muchos miembros de las antiguas oligarquías. Aun así, esto no evitó las luchas feroces en el seno de la clase dominante. El grado de absorción de las antiguas oligarquías fue diferente en cada país. Fue tal vez mínimo en Guatemala y Nicaragua, mientras que se ha demostrado que en Costa Rica hubo una continuidad notable desde la época colonial[5]. Cambios importantes fueron la disminución del poder político y la influencia de la Iglesia católica y la profesionalización de los ejércitos nacionales; estos últimos constituían una de las pocas posibilidades de movilidad social.

La acentuada presencia de extranjeros en los grupos sociales dominantes merece cierta atención. En el negocio del café, la mayor parte de la producción era controlada por cultivadores centroamericanos. Pero en el caso de las plantaciones de plátanos, los productores locales se vieron desplazados por norteamericanos casi en todas partes. La influencia económica extranjera era decisiva en el comercio, los transportes y las finanzas. Los comerciantes extranjeros residentes —principalmente británicos, alemanes, norteamericanos, franceses y de Oriente Medio— se hicieron todavía más numerosos durante el siglo XX y se unieron a los inmigrantes que habían llegado antes para dedicarse a la preparación y el comercio del café. Generalmente, la integración de los residentes extranjeros en la sociedad centroamericana fue incompleta, aunque en Costa Rica era frecuente que se naturalizasen.

Para el pueblo en general, que era predominantemente rural, la gran contradicción del liberalismo centroamericano se hallaba entre las proclamaciones de igualdad para todos los ciudadanos y la situación social que existía en realidad y que incluía el trabajo forzoso (que en Guatemala incluso era legal). Costa Rica, con su firme estructura de propiedades pequeñas, era en conjunto un tipo diferente de país, pero en las demás naciones centroamericanas las comunidades indias que habían sobrevivido (sobre todo en Guatemala) y los peones rurales —tanto si estaban instalados permanentemente en las haciendas (colonos o peones) como si trabajaban a jornal (jornaleros)— sufrieron el sistema de trabajo forzoso. Este sistema reprodujo y amplió procedimientos coloniales como los mandamientos (pagos por adelantado que creaban deudas y a menudo ligaban al campesino a la hacienda) y las leyes contra el vagabundeo. Los campesinos eran objeto de la cruel represión de los terratenientes y de las tropas del gobierno siempre que intentaban organizarse o actuar contra su situación. La hacienda típica de América Central tenía trabajadores residentes que reproducían su fuerza laboral en parte por medio de una economía de subsistencia (parcelas que se asignaban dentro de la hacienda como parte del salario o complemento del mismo) y jornaleros que se contrataban sólo durante la recolección y que el resto del año vivían de uña agricultura de subsistencia en calidad de ocupantes ilegales de tierras o arrendatarios. Este sistema permitía al agricultor ahorrarse muchos gastos y constituía un serio obstáculo para la formación de un verdadero mercado de trabajo capitalista y de un real proletariado rural[6].

No obstante, sí salió un proletariado más típico de los enclaves extranjeros, ya fueran minas o plantaciones. La propagación de las plantaciones de plátanos dio por resultado la colonización y la explotación económica de las tierras bajas del Caribe. La United Fruit Company inició la lucha necesaria para que la colonización humana fuese posible en aquella región, la lucha contra la fiebre amarilla, el paludismo y otras enfermedades tropicales, y las demás compañías fruteras siguieron su ejemplo. Como hemos visto, las corrientes migratorias trajeron mano de obra, principalmente de las Indias Occidentales y de las tierras altas de América Central. La presencia de gentes de las Indias Occidentales creó un nuevo tipo de problema social y étnico, puesto que dichas gentes no fueron asimiladas del todo hasta nuestros días y hablaban sus propios dialectos. En Costa Rica, por ejemplo, los chinos y los inmigrantes de las Indias Occidentales no fueron realmente ciudadanos nacionales durante varios decenios y tenían seriamente limitada la libertad de ir adonde les apeteciera. Antes de que empezara la construcción de ferrocarriles y puertos, y antes del comienzo del sistema de plantaciones, lo que en América Central equivalía a un problema étnico (o «racial») era la discriminación social que padecían los indios, sobre todo en Guatemala —donde formaban una clara mayoría de la población— y en el oeste de El Salvador. En el resto de El Salvador y en la totalidad de Honduras y Nicaragua predominaban los mestizos, y en Costa Rica la mayor parte de la población (alrededor del 80 por 100 en 1925) era de origen europeo.

El apogeo de la economía exportadora produjo cierto grado de urbanización y modernización, lo cual surtió efectos en la estructura social de los países centroamericanos. A finales del siglo XIX las capitales de las diversas naciones empezaron a crecer de modo ininterrumpido. La variedad de servicios que las actividades exportadoras necesitaban y la burocracia reforzada que nació de la consolidación de los estados nacionales atrajeron a muchos habitantes del campo hacia las ciudades. De este movimiento nació una clase media urbana, principalmente en las capitales, lo cual tuvo su importancia para la evolución política de la región. Por otro lado, también aparecieron las primeras señales de un proletariado urbano, a raíz de la creación de algunas fábricas pequeñas (textiles, alimentos y bebidas) en San Salvador, Guatemala y San José. Con todo, hay que recalcar que los artesanos seguían predominando y que la industrialización plena de América, Central no tuvo lugar hasta el decenio de 1950. La urbanización también supuso la ejecución de obras públicas tales como pavimentar las calles y dotarlas de alumbrado, la creación de modernos sistemas de transporte, la construcción de grandes edificios y parques, la fundación de gran número de diarios, algunos avances en medicina y modestos progresos en la educación, aunque ésta —exceptuando en Costa Rica— siguió estando casi reservada para las clases alta y media. Durante los primeros decenios del siglo XX los estudiantes se erigieron en una nueva fuerza política. Ni es necesario decir que, dadas las condiciones sociales existentes, la urbanización también hizo que se desarrollaran algunos distritos muy pobres, incluyendo barrios bajos.

Como ya hemos señalado, Costa Rica tenía una peculiar estructura económica y lo mismo puede decirse de su organización social, que se caracterizaba por una mayor participación popular en la educación e incluso en la política, así como por un desarrollo más rápido de la asistencia del Estado a los trabajadores en los aspectos de la salud, la educación y la legislación laboral, que en el resto de los países del istmo.

Las luchas sociales

En los comienzos del decenio de 1870 los únicos movimientos sociales que pueden identificarse fácilmente son los que George Rudé ha denominado «la multitud preindustrial»: por ejemplo, los levantamientos campesinos en el oeste de El Salvador durante el decenio de 1880, después de que el gobierno liberal confiscara tierras comunales. Las primeras organizaciones laborales, que aparecieron a finales del siglo XIX, eran mutualidades que seguían claramente la pauta de los tradicionales gremios de artesanos. Durante el decenio de 1920 en los cinco países sin excepción tuvieron lugar grandes avances de la organización, las acciones y —aunque en menor medida— la conciencia política de los trabajadores. Reflejo de estos avances fue la fundación de los primeros sindicatos y del Consejo Obrero de América Central (1926), cuyo objetivo era unificar los movimientos obreros de toda América Central y fue el artífice de la propagación de ideas socialistas hasta 1930. Los primeros partidos comunistas también se fundaron entre 1920 y 1931.

Cabe percibir varios catalizadores que explican, o ayudan a explicar, lo que seguidamente les ocurrió a los movimientos y las organizaciones populares. Ante todo, tenemos la aparición de una clase baja urbana y de una clase media también urbana que aportaron líderes tales como Agustín Farabundo Martí (que tenía raíces en el campo pero se educó en una escuela secundaria de San Salvador, donde también empezó sus estudios universitarios) o Miguel Mármol (zapatero remendón). En segundo lugar, a pesar de que fue reprimida activamente, la formación de un numeroso proletariado en las minas y las plantaciones propiedad de compañías extranjeras crearon un ambiente favorable a las huelgas «modernas», principalmente después de 1920. El documento político que lanzó la insurrección de Sandino se escribió en 1927 en el centro minero nicaragüense de San Albino. Finalmente, hay que señalar la clara influencia de factores tales como el descenso de la represión en algunos países centroamericanos durante el decenio de 1920, la Revolución mexicana, la Revolución rusa y la creación de la Tercera Internacional.

Sin embargo, la evolución de los sindicatos, de la ideología y de las luchas populares fue mucho más lenta y menos profunda en América Central que en otros países latinoamericanos como, por ejemplo, México, Argentina o Chile. Incluso las huelgas «modernas» en las plantaciones y las minas fueron, hasta 1930, estrictamente económicas, sin connotaciones políticas; y el movimiento encabezado por Augusto Sandino era mucho más nacionalista que socialista. Los efectos sociales de la depresión económica que siguió a la crisis de 1929 permitieron que durante el decenio de 1930 se acelerase el ritmo del movimiento y la organización obreros, dieron un gran empuje a la guerra de guerrillas en Nicaragua y brindaron la ocasión para el gran levantamiento campesino de 1932 en EL Salvador.

El desarrollo intelectual

Las pequeñas ciudades de estos países pobres, donde la educación estaba restringida a una minoría minúscula (con la excepción parcial de Costa Rica) no podían alardear de una vida cultural comparable con la de sus vecinas mayores de América Latina. A pesar de ello, en este período tenemos una excepción cuya importancia es obvia: Rubén Darío (1867-1916), nacido en Nicaragua —aunque vivió principalmente fuera de América Central—, es, a juicio de muchos, el más grande de todos los poetas hispanoamericanos. Bajo su influencia el modernismo floreció en América Central, con nombres tales como Alfonso Cortés y José Coronel Urtecho (Nicaragua), José Valdés y Vicente Rosales (El Salvador), Enrique Gómez Carrillo y Máximo Soto Hall (Guatemala), Juan Ramón Molina y Froilán Turcios (Honduras), Rafael Cardona y Julián Marchena (Costa Rica). Aparte del modernismo, como mínimo otras dos tendencias literarias merecen mencionarse: el costumbrismo costarricense, que intentaba expresar la vida del campo por medio de la poesía (Aquileo Echeverría, Joaquín García Monge) o de la prosa (Manuel González Zeledón); y, también en Costa Rica, la interesantísima poesía mística de Roberto Brenes Mesén.

Si bien algunas de las cosas que se escribieron en América Central se conocen y leen en otros países hispanoamericanos, es difícil encontrar ejemplos comparables en otros campos. El compositor guatemalteco Jesús Castillo, por ejemplo, o el escultor y pintor costarricense Max Jiménez están hoy casi olvidados fuera de sus propios países.

LA POLÍTICA

Reformas y dictaduras liberales

Las reformas que los liberales llevaron a cabo en América Central presentan evidentes similitudes cuando se comparan desde un punto de vista exclusivamente institucional. Constituciones, códigos, leyes para laicizar la educación y otros aspectos de la vida social tienen un franco parecido en los cinco países sin excepción, ya que se inspiraron en los mismos modelos europeos y norteamericanos. Pero surgen diferencias notables cuando se estudian el significado y las consecuencias reales de estas reformas (aunque hay grandes semejanzas entre el caso guatemalteco y el salvadoreño). En lo que se refiere a los resultados sociales y políticos de las transformaciones liberales, Costa Rica es el único país donde la comparación de las leyes con la realidad muestra alguna concordancia en aspectos que se refieren a la libertad, la igualdad y los derechos de los ciudadanos.

El primer país que experimentó una auténtica reforma liberal fue Guatemala. Después de un movimiento que fracasó (en 1869), una revolución liberal derribó al régimen conservador de Vicente Cerna en 1871. Esta revolución se planeó en territorio mexicano, con el apoyo del gobierno liberal de Juárez. Sus líderes eran Miguel García Granados, presidente de 1871 a 1873, y Justo Rufino Barrios, presidente y virtual dictador desde 1873 hasta su muerte en 1885. Ya hemos mencionado las principales medidas económicas del nuevo régimen liberal. En el campo político, la Constitución liberal de 1879 instauró una forma de gobierno con una presidencia fuerte, centralizado y representativo, y con una asamblea legislativa de una sola cámara. También llevó a cabo la separación completa entre el Estado y la Iglesia, coronando con ello varias medidas anticlericales y secularizadoras que se habían tomado desde 1871. No obstante, la realidad del poder político de los liberales en Guatemala, al igual que en el resto del istmo, la encarnaban severas dictaduras que favorecían a la oligarquía local y al crecimiento económico inducido por la exportación, ejercían una vigilancia represiva sobre las clases trabajadoras y desbarataban sistemáticamente la Constitución. El dictador más importante de este período, después de Barrios, fue Manuel Estrada Cabrera (1898-1920).

En El Salvador, las reformas liberales las pusieron en marcha —después de un primer intento que fracasó— líderes liberales sobre los que pesaba mucho la influencia guatemalteca: Santiago González (1871-1876) y Rafael Zaldívar (1876-1885). Este último fue derrocado por el general Francisco Menéndez (1885-1890), bajo el cual la Constitución de 1886 completó el proceso liberal. Este fue el más estable de todos los regímenes liberales de América Central y no hubo luchas civiles de 1898 a 1931. Desde 1913 hasta 1927 gobernó el país la llamada «dinastía» de los Meléndez-Quiñones, bajo tres presidentes emparentados: Carlos Meléndez (1913-1918), Jorge Meléndez (1919-1923) y Alfonso Quiñones Molina (1923-1927). Al igual que en Guatemala, a pesar de la Constitución y de otros documentos liberales, el régimen liberal salvadoreño fue más una dictadura oligárquica que una república representativa.

En Costa Rica, las medidas liberales las tomaron en fecha muy temprana gobiernos moderadamente conservadores como los de Braulio Carrillo (1835-1842) y Juan Rafael Mora (1849-1859). La Constitución de 1844 ya era claramente liberal. Debido a ello, el golpe de Estado que en 1870 encabezó Tomás Guardia, quien a raíz del mismo desempeñó la presidencia (1870-1882), y la Constitución liberal de 1871 no fueron más que parte de un proceso de transformación muy gradual durante el cual hubo trastornos mucho menos dramáticos que los que se registraron en Guatemala y El Salvador. Sin embargo, desde los puntos de vista social y político, el Estado liberal de Costa Rica tuvo menos de farsa grotesca que los de otros países de América Central. Ya en 1889 los liberales sufrieron una derrota electoral y la aceptaron. Es cierto que en 1917 el proceso constitucional fue interrumpido por la dictadura de Federico Tinoco Granados, pero sólo brevemente. La participación política de las masas populares (principalmente campesinos) y la actitud de la mayoría de los gobiernos liberales y conservadores, una actitud menos represiva y más proclive a las reformas sociales, dieron mayor estabilidad al régimen costarricense. Esto explica su posición más fuerte con respecto a los propietarios de las plantaciones de plátanos, que en Costa Rica tuvieron que pagar impuestos a partir de 1909, antes de que los demás países centroamericanos pudieran implantar un sistema impositivo, y fueron obligados a cumplir sus compromisos relativos a la construcción de ferrocarriles.

Honduras es un caso de reforma liberal frustrada. Dicho de otro modo, aunque las reformas se llevaron a cabo y se construyó la estructura institucional de un Estado liberal, la falta de una fuerte clase dominante a nivel nacional hizo que, a la larga, resultase un proceso inútil. Durante el siglo XIX la economía y la sociedad hondureñas consistieron en numerosas pero poco importantes actividades locales que en realidad no estaban vinculadas unas a otras dentro de una estructura integrada: minas de plata (Tegucigalpa), madera (costa atlántica), ganadería (Olancho y la región del sur), tabaco (Copán), etcétera. La geografía local dificultaba las comunicaciones y su efecto se vio reforzado por la destrucción y la matanza que ocurrieron durante las guerras civiles y las «pacificaciones» después de obtener la independencia. Entre 1876 y los primeros años del siglo XX, bajo la influencia de los liberales guatemaltecos y de líderes tales como Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, se hizo un verdadero intento de reforma liberal, con la laicización del Estado y la sociedad, nuevos códigos de leyes, una nueva organización fiscal, una política ferroviaria, apoyo decidido a las minas y plantaciones, etcétera. Pero como no existía una clase dominante capaz de dar sentido al Estado y a su política reformista general, así como de integrar el país y sus oligarquías locales, el intento fracasó y el gobierno era muy inestable y débil, presa fácil de las compañías plataneras. Al igual que en el resto del istmo, Honduras padeció dictadores durante este período: Marco Aurelio Soto (1876-1883), Luis Bográn (1883-1891) y Policarpo Bonilla (1893-1899).

En Nicaragua tuvo lugar una reforma liberal tardía pero muy típica bajo José Santos Zelaya (1893-1909), con medidas tales como la ley agraria de 1902, que instauró un fuerte control sobre la población activa. Pero el nacionalismo de Zelaya en materia económica (aunque muy moderado) empujó a muchos residentes extranjeros a aliarse con los conservadores, que seguían siendo una fuerza con la que había que contar pese a las reformas liberales. La revuelta de 1909, que derrocó al líder liberal y restauró el dominio conservador, contó con el apoyo de los Estados Unidos. Tres años después los Estados Unidos intervinieron militarmente y administraron Nicaragua durante los veinte años siguientes (véase infra).

Los líderes liberales de América Central compartían una ideología positivista. A diferencia de los antiguos liberales del período de la independencia, aun cuando no renunciaran oficialmente al ideal político de la democracia, creían que las economías nacionales del istmo tenían que progresar, con la ayuda de un fuerte control político y social, antes de que la democracia fuera posible. También albergaban un desprecio profundo para con las masas indias y campesinas, de las que no se fiaban y a las que hacían objeto de una dura represión. Conviene que quede claro, sin embargo, que la contradicción entre las instituciones marcadamente liberales importadas del exterior y la evidente opresión social era de esperar. En el tipo de crecimiento económico dependiente que se experimentó en los países centroamericanos no había lugar para trabajadores con plenos derechos laborales y de ciudadanía. Al contrario, lo que se necesitaba era un firme control político y social y unos salarios bajos. Costa Rica era una excepción, pero sólo parcial.

El sueño de la unión como base para la intervención extranjera

En las postrimerías del siglo XIX la mayoría de los estados centroamericanos ya estaban lo suficientemente consolidados como para que fuese difícil restaurar la unión de los mismos en una federación. Por otra parte, un proyecto de esa índole nunca había contado con el apoyo de las clases dominantes y carecía de toda base popular o económica. Era un sueño de intelectuales de clase media y, de vez en cuando, un instrumento o pretexto que utilizaban políticos ambiciosos o incluso países extranjeros como México y los Estados Unidos.

Tratando de construir una nueva unión centroamericana en provecho propio, Justo Rufino Barrios, por ejemplo, provocó una guerra entre Guatemala y El Salvador en 1876; fue derrotado y muerto en territorio salvadoreño en 1885. El siguiente proyecto unionista fue consecuencia del último intento británico de practicar la diplomacia basada en la fuerza en América Central en 1894-1895. A raíz de un incidente diplomático, navíos de guerra británicos bloquearon el puerto nicaragüense de Corinto, pero la intervención de los Estados Unidos propició un acuerdo en virtud del cual Gran Bretaña reconoció la soberanía de Nicaragua sobre la costa de los Mosquitos a cambio del pago de una indemnización. A partir de entonces, la retirada británica y la preeminencia norteamericana en el istmo, como en la totalidad del Caribe, fueron tendencias aceptadas. Aprovechando la ocasión que le brindó aquella última amenaza británica, el presidente hondureño, Policarpo Bonilla, invitó a sus colegas centroamericanos a Amapala, donde tuvo efecto la firma de un pacto por parte de Honduras, Nicaragua y El Salvador, que deberían unirse en una gran república de América Central (20 de junio de 1895). Al principio pareció que los Estados Unidos aceptaban esa medida, pero en 1896 el gobierno norteamericano no reconoció al embajador que la nueva república unida mandó a Washington. De hecho, todo el proyecto era muy frágil y no tardó en venirse abajo, poco después de que se redactara el borrador de una Constitución (1898).

A principios del siglo XX los Estados Unidos y el régimen mexicano de Porfirio Díaz decidieron unir sus esfuerzos e intervenir en los asuntos de América Central. Los Estados Unidos ya habían apoyado la convención de Corinto en 1902, que firmaron todas las repúblicas centroamericanas excepto Guatemala y en la que se acordaba someter todas las disputas que surgieran entre ellas al arbitraje de un tribunal regional. Cuando en 1906 revolucionarios guatemaltecos intentaron derribar al dictador Manuel Estrada Cabrera con la ayuda del gobierno salvadoreño, el resultado fue una guerra que acabó involucrando también a Honduras. Los Estados Unidos y México actuaron conjuntamente y, con Costa Rica, organizaron una reunión a bordo del barco norteamericano Marblehead, donde se firmó un pacto en julio de 1906 que puso fin a la guerra y fijó una nueva reunión en San José. Pero Nicaragua se negó a reconocer la injerencia norteamericana en América Central y no mandó ningún representante. En San José los otros cuatro países decidieron que los presidentes mexicano y estadounidense arbitraran en las posibles consecuencias de la guerra reciente, a la vez que un tribunal centroamericano resolvería los futuros problemas que se planteasen en la región. Al cabo de unos meses, el primer tribunal no acertó a resolver un asunto complicado que afectó primero a Nicaragua y Honduras y luego a Guatemala y El Salvador. Porfirio Díaz y Theodore Roosevelt convencieron entonces a los gobiernos centroamericanos para que enviasen representantes a una conferencia que se celebraría en Washington.

La reunión de Washington (1907) decidió promover un importante programa de cooperación entre los países de América Central, crear un oficina centroamericana (Central American Bureau) que fomentaría la reunificación y un tribunal de justicia centroamericano que resolvería futuras disputas. Poco después de esa conferencia, en 1908, el tribunal intervino con fortuna en una cuestión que enfrentaba a Guatemala y El Salvador contra Honduras. Funcionó hasta 1917, momento en que fue disuelto a causa de su incapacidad para condenar el tratado Bryan-Chamorro entre los Estados Unidos y Nicaragua. En 1921 y 1923 se hicieron nuevos intentos de unión de América Central, pero no dieron fruto.

La cuestión del canal interoceánico: nacimiento ilegítimo de Panamá e intervención en Nicaragua

Los planes para la construcción de un canal interoceánico sufrieron cambios de importancia después del tratado Clayton-Bulwer (1850). Colombia concedió derechos en Panamá a una compañía francesa, la Compañía Interoceánica Universal, que empezó a construir el canal en 1882, bajo la dirección de Férdinand de Lesseps. Pero la compañía quebró en 1889 sin haber terminado el trabajo. Su ingeniero jefe, Bunau-Varilla, vendió la concesión francesa en Panamá a los Estados Unidos. Los norteamericanos, empero, no mostraron interés por la ruta de Panamá hasta después de que el intento de construir su propio canal, en Nicaragua fracasara hacia 1895, debido a las extremas dificultades y el coste, así como a problemas financieros motivados por la depresión económica que en aquellos momentos sufría el mundo.

Cuando los norteamericanos volvieron a interesarse por un canal interoceánico se habían producido novedades. El segundo tratado Hay-Pauncefote con Gran Bretaña (1901) ofreció la posibilidad de que los Estados Unidos ejercieran un control total sobre un canal fortificado. La posibilidad revestía gran importancia desde el punto de vista estratégico debido a los crecientes intereses norteamericanos tanto en el Caribe como en el océano Pacífico. Pero el presidente nicaragüense, Zelaya, se mantuvo firme en su decisión de no permitir que los extranjeros controlasen una gran parte del territorio de su país. En vista de ello, en 1902 empezaron negociaciones con Colombia sobre la construcción por los Estados Unidos dé un canal en Panamá y también sobre la cuestión de la soberanía norteamericana en la zona del canal. Pero en 1903 el Congreso colombiano se negó a ratificar el tratado Hay-Herrán debido a una intervención militar de los Estados Unidos en Panamá sin el consentimiento de Colombia ni de las autoridades locales (septiembre de 1902). Los norteamericanos apoyaron entonces la secesión de Panamá de Colombia y promovieron un movimiento panameño encabezado por el doctor Manuel Amador. Los Estados Unidos reconocieron inmediatamente el nuevo país y se negoció con rapidez un tratado (1903) que permitía la construcción del canal y la instauración del control norteamericano, durante un siglo, en una zona de 16 kilómetros de amplitud junto al canal. La inauguración tuvo lugar en 1914 y Panamá se convirtió en la economía de enclave más típica de América Latina, dependiendo totalmente de la nueva ruta interoceánica y de los servicios que la misma exigía. Además, desde el punto de vista político era una especie de protectorado de los Estados Unidos, de forma muy parecida al caso de Cuba.

Mientras tanto, Zelaya negociaba con capitalistas europeos la posibilidad de abrir otro canal interoceánico en Nicaragua. Esto era contrario a los intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos y, junto con otros factores, provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países en 1908, así como el derrocamiento de Zelaya en 1909. Los Estados Unidos aprovecharon entonces la oportunidad que les ofrecía la caótica situación de las finanzas nicaragüenses e intervinieron, desembarcando infantes de marina (1912), confirmando un régimen conservador marioneta instaurado en 1911, haciéndose con el control de las aduanas, los ferrocarriles y el banco nacional nicaragüenses y creando una guardia nacional mandada por oficiales norteamericanos. El mejor resumen de la situación fue el tratado Bryan-Chamorro (1916), que concedía a los Estados Unidos el derecho perpetuo y exclusivo a abrir y explotar en Nicaragua un canal interoceánico y que cimentó de facto el protectorado norteamericano sobre este país, aun cuando las cláusulas que instaurarían un protectorado oficial tuvieran que suprimirse del tratado para tener la seguridad de que el Senado estadounidense lo ratificara.

La resistencia liberal se convirtió en una verdadera revolución en 1925-1926, con el apoyo de México, cuando la infantería de marina norteamericana se retiró por primera vez. Pero el liberal y militar José María Moneada negoció un acuerdo con los Estados Unidos en 1927 con el fin de ganar las elecciones presidenciales nicaragüenses en el año siguiente (y así fue); su lugarteniente, Augusto César Sandino, rechazó el acuerdo y se puso al frente de la guerrilla nacionalista. Denunció el tratado Bryan-Chamorro y todas las manifestaciones de la intervención norteamericana en la vida nicaragüense y destruyó propiedades estadounidenses. Durante unos seis años, Sandino y su reducido grupo, que disfrutaba de mucho apoyo popular, lograron tener en jaque no sólo a la guardia nacional, organizada y adiestrada por los Estados Unidos, sino también a la infantería de marina norteamericana. Luego, con el cambio de la política exterior efectuado por Franklin D. Roosevelt, los infantes de marina abandonaron el país y fue elegido Roberto Sacasa, Sandino abandonó la lucha en enero de 1933 y se acercó al presidente Sacasa, pero sólo le sirvió para que en el año siguiente la guardia nacional lo asesinara alevosamente, por orden de su jefe, Anastasio Somoza García, que ya ejercía un control de facto sobre el gobierno nicaragüense.

CONCLUSIÓN

En 1930 el modelo de crecimiento económico, control social y organización política que las oligarquías liberales de América Central habían creado cinco o seis decenios antes ya parecía agotado y condenado al fracaso, acosado por los movimientos de clase media y populares del decenio de 1920 y obligado a hacer frente a la crisis económica de 1929. Pero, como no se veía ningún modelo que pudiera sustituir al que se creara durante el apogeo de la economía exportadora, la transición hacia nuevas estructuras sociales, económicas y políticas fue un proceso muy largo y difícil.

La integración definitiva de América Central en el mercado mundial, que produjo un largo período de crecimiento económico, también planteó un dilema nacido de las nuevas estructuras que contribuyó a crear y que todavía ni siquiera se ha resuelto por completo hoy día. Salvo en Costa Rica, el orden liberal excluía a la inmensa mayoría de la población, no sólo de los beneficios derivados del crecimiento económico, sino también de toda participación política. Las masas campesinas jamás acabaron de aceptar la nueva pauta de dominación, y el abismo cultural, económico y social entre los grupos dominantes y los grupos dominados se hizo más profundo que nunca. En semejantes circunstancias, es difícil edificar naciones modernas que sean viables, o estructuras políticas y sociales que gocen de estabilidad.

Capítulo 5
CUBA, c. 1860-1934

En el decenio de 1860, Cuba, la más rica y más poblada de las dos colonias que a España le quedaban en América, se encontró ante serios problemas económicos y políticos. El período de crecimiento sostenido que a partir de finales del siglo XVIII transformara la isla en el principal productor de azúcar del mundo había empezado a flojear durante el decenio anterior. Seguían aumentando la producción y la exportación de azúcar, producto principal del país, pero la creciente competencia del azúcar de remolacha europeo y norteamericano y la explotación de nuevas regiones productoras de caña de azúcar planteaban una amenaza para el futuro.

Desde el decenio de 1840 muchos hacendados (propietarios de ingenios de azúcar), conscientes de dicha amenaza, empezaron a esforzarse por modernizar la industria (lo que en esencia significaba mecanizarla), al mismo tiempo que redoblaban sus exigencias de que se reformara el arcaico sistema de comercio colonial. La debilidad económica de España y en concreto su carencia de refinerías de azúcar, así como su incapacidad para absorber la producción azucarera de Cuba, hacían cada vez más evidente el dilema colonial de Cuba: una creciente dependencia económica de mercados y tecnología que la metrópoli no podía proporcionarle.

Por otra parte, el futuro de la esclavitud, que durante siglos había sido elemento esencial de la producción de azúcar, era muy poco esperanzador. La trata de esclavos destinados a Cuba era ilegal a raíz de los tratados firmados entre España y Gran Bretaña en 1817, pero el tráfico logró continuar hasta 1835, momento en que otro tratado entre las dos naciones y una vigilancia más estricta por parte de las autoridades españolas provocaron su descenso de año en año. En 1860 el infame comercio había desaparecido virtualmente[1]. Durante los decenios de 1840 y 1850 algunos hacendados habían depositado sus esperanzas de que la esclavitud continuase por una anexión por parte de los Estados Unidos, e incluso habían ayudado a organizar expediciones armadas norteamericanas a Cuba, pero la victoria del Norte en la guerra de Secesión puso fin a esa vertiente concreta del pensamiento anexionista. A partir de 1865 los hacendados libraron sus batallas en la retaguardia, tratando de demorar la abolición y obtener garantías de que se les compensaría por la pérdida de sus esclavos.

Así, a mediados del decenio de 1860 la mayor parte de la élite económica cubana concentró sus esfuerzos en obtener de España las reformas necesarias que le aseguraran la libertad de comercio, la abolición gradual de la esclavitud con compensación por sus pérdidas y una participación creciente en el gobierno colonial. Oponiéndose a ellos, los peninsulares más intransigentes, es decir, los españoles que dominaban el comercio y la administración de la colonia, denunciaban toda reforma diciendo que era un paso hacia la independencia. Uno de los argumentos que más a menudo empleaban los peninsulares sostenía que toda rebelión contra España reproduciría en Cuba la suerte que corriera Haití, donde en el decenio de 1790 una lucha entre los blancos había terminado provocando una rebelión devastadora y triunfal de los negros.

Convencidos de que España no quería o no podía conceder ninguna reforma, una minoría de cubanos era, en efecto, partidaria de la independencia. Algunos de ellos, bajo la influencia del sentimiento nacionalista que a principios de siglo sembraran filósofos como Félix Varela y poetas como José María Heredia, veían una Cuba libre y soberana, con estrechos lazos económicos con los Estados Unidos. Otros querían poner fin a la dominación española y luego, como hiciera Texas en el decenio de 1840, procurar la anexión por parte de los Estados Unidos, país que a sus ojos simbolizaba tanto el progreso económico como la democracia.

Durante el decenio anterior la oposición a España no sólo había aumentado sensiblemente, sino que, además, se había extendido a todos los sectores de la población. Abrumados con impuestos altos e injustos (entre otras cosas, Cuba fue obligada a sufragar total o parcialmente la expedición española a México en 1862, las campañas militares de España en el norte de África, la guerra naval contra Perú y Chile en 1866, así como los salarios de todo el cuerpo diplomático español en América Latina), gobernados de forma arbitraria por un creciente enjambre de burócratas españoles, víctimas de discriminación por parte de los peninsulares, que se creían superiores a la población nativa, muchos cubanos, entre ellos los negros libres, que constituían el 16 por 100 de la población, empezaban a expresar su malestar. La isla se estaba dividiendo en dos campos hostiles: los cubanos contra los españoles. En el aspecto numérico, los cubanos superaban a los españoles en la proporción de 12 a 1 en las provincias occidentales y de 23 a 1 en las orientales.

En 1865 el movimiento partidario de la reforma cobró ímpetu. En España hubo cambios políticos y los liberales subieron al poder; asimismo, se convocó una Junta de Información, integrada por miembros elegidos en Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, que se reuniría en Madrid para hablar de reformas constitucionales y de la cuestión de la esclavitud. La junta, no obstante, fue disuelta bruscamente en 1867 y el gobierno español no hizo el menor caso de sus propuestas. Mientras tanto, una crisis económica internacional hizo sentir sus efectos en Cuba, obligando a una reducción de la zafra (cosecha de la caña de azúcar). De resultas de ello, impelidos por una oleada de sentimientos generales y amargos contra los españoles, los grupos partidarios de la independencia decidieron que había llegado su momento. «¡A España no se la convence, se la vence!» pasó a ser su desafiante lema.

En las regiones occidentales (las provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas y parte de Las Villas), donde se concentraban el 80 por 100 de la población y el 90 por 100 de la riqueza azucarera, la mayoría de los hacendados eran reacios a correr el riesgo de una guerra con España y favorecían las reformas. Sin embargo, en las regiones orientales (las provincias de Oriente, Camagüey y el resto de Las Villas), donde había menos ingenios de azúcar y esclavos, así como una economía más vulnerable, hacendados tales como Ignacio Agramonte, Francisco Vicente Aguilera y Carlos Manuel de Céspedes creían en la posibilidad y la necesidad de derrotar a España. Asimismo, como la construcción de carreteras y ferrocarriles la habían determinado las necesidades de la industria azucarera, la región oriental de la isla, que era más extensa y menos desarrollada, carecía de buenas comunicaciones, factor que, al obstaculizar al despliegue de tropas españolas, infundió valor a los grupos independentistas. La ciudad de Bayamo, en el levantisco departamento de Oriente, se erigió en centro de las conspiraciones. La mayor parte del clero la formaban españoles y, por consiguiente, los líderes revolucionarios recurrieron al secretismo de las logias masónicas para organizar y coordinar sus acciones[2].

Acontecimientos internacionales recientes también alentaron a los que estaban dispuestos a luchar por la independencia. El fracaso de España en la República Dominicana, que ocupó en 1861 y abandonó en 1865, y el de Napoleón III en México, cuyo resultado fue la ejecución del emperador Maximiliano I, convencieron a muchos cubanos de que las potencias europeas, y en especial la decadente España, podían ser derrotadas por la decidida resistencia nacional. El episodio dominicano también tuvo consecuencias más directas: muchos dominicanos con experiencia militar que se instalaron en la parte oriental de Cuba harían una aportación valiosísima a la rebelión cubana.

Durante el verano de 1868 los conspiradores intensificaron sus actividades; se extendió la negativa a pagar impuestos, la propaganda se volvió más agresiva y se enviaron emisarios a La Habana en un esfuerzo fútil por persuadir a los reformistas a secundar la rebelión. En contra de los deseos de líderes más impacientes tales como Céspedes, en julio los conspiradores acordaron que la rebelión empezara en diciembre.

Varios acontecimientos precipitaron la crisis. El 18 de septiembre la creciente inestabilidad de la monarquía española provocó una rebelión militar en España que puso fin al reinado de Isabel II. Las autoridades coloniales de Cuba, cansadas de los resultados de semejante trastorno político, adoptaron una actitud pasiva, observadora. Una rebelión de escasa importancia en la población puertorriqueña de Lares (22 de septiembre de 1868) fue aplastada fácilmente por las fuerzas españolas, pero por toda Cuba se propagaron noticias infundadas en el sentido de que numerosos grupos puertorriqueños estaban dispuestos a continuar la lucha. Finalmente, corrieron rumores en Oriente según los cuales las autoridades españolas estaban informadas de la conspiración y se disponían a tomar las medidas oportunas. Convencido de que esperar sería desastroso, Céspedes decidió forzar las cosas. El día 10 de octubre, sin consultar con los otros líderes y con unos pocos seguidores, enarboló la bandera de la rebelión en La Demajagua, su plantación, y proclamó la independencia de Cuba.

El gobierno colonial no estaba en condiciones de reaccionar de forma decisiva. Mal informado de los incidentes acaecidos en Oriente y preocupado por la confusión política que reinaba en España, el capitán general Lersundi prestó poca atención a la noticia de los levantamientos. A pesar de una derrota inicial en la población de Yara, Céspedes tuvo tiempo de incrementar su heterogénea banda reclutando a cubanos descontentos y dominicanos con experiencia bélica. El 18 de octubre atacó y tomó la población de Bayamo, con lo que acalló temporalmente las acusaciones de actuar movido por la ambición personal y confirmó que él era el líder de la insurrección.

La noticia de la caída de Bayamo electrizó la isla y movilizó a la población cubana. En Oriente y Camagüey varios grupos siguieron el ejemplo de Céspedes y se alzaron en armas. Aparecieron bandas rebeldes en las provincias centrales de Las Villas. Hasta jóvenes reformistas de La Habana se apresuraron a unirse a los insurgentes. A principios de 1869, el gobierno colonial, después de quitarle importancia a la insurrección por considerarla un incidente local, se encontró ante una rebelión cada vez más general. Había empezado la primera guerra de la independencia de Cuba.

Aunque limitada a la región oriental de la isla, la guerra duró diez años y obligó a España a mandar más de cien mil soldados a la «siempre fiel Cuba». Varios factores básicos ayudaron al valor y la tenacidad de los rebeldes. El apoyo de los campesinos y el conocimiento del terreno les daban una movilidad superior. Sabedores con frecuencia de los movimientos de las tropas españolas, podían escoger las mejores zonas para combatir u ocultarse. Se volvieron expertos en la guerra de guerrillas, cuyo aliado más fuerte era el clima cubano. Al no estar acostumbrados a los trópicos, muchos soldados españoles enfermaron de fiebre amarilla y malaria. La fatiga y el agotamiento desbarataron repetidamente las operaciones del ejército español.

Las circunstancias políticas en España también ayudaron a los cubanos. Durante la guerra España presenció la abdicación de Isabel II; una regencia militar; el reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873); la proclamación de una república; la restauración de Alfonso XII; y una segunda guerra carlista (1872-1876). A causa de todo ello, el ejército español destacado en Cuba raras veces recibía la atención o los pertrechos que necesitaba. La tradicional corrupción burocrática y el favoritismo político minaron todo esfuerzo militar serio. Un hecho sintomático es que durante los primeros ocho años de guerra once militares desempeñaron el caigo de capitán general de Cuba.

Los cubanos también tuvieron su parte correspondiente de problemas. Divididos por regionalismos de miras estrechas, por la procedencia social y por conceptos diferentes de la estrategia militar, carecían de la disciplina y la unidad que son esenciales para alcanzar la victoria. En la población de Guaimaro, en Oriente, la Asamblea Constituyente de 1869 proclamó oficialmente la República, promulgó una Constitución liberal abolió nominalmente la esclavitud y aprobó una moción a favor de la anexión a los Estados Unidos. Por desgracia, también instauró una separación de poderes que dificultaría el esfuerzo de guerra y acabaría condenándolo al fracaso. Las tendencias autoritarias, tales como las que mostraba Céspedes, asustaron a los delegados que se hallaban bajo la influencia del líder camagüeyano Ignacio Agramonte, abogado joven y romántico, y les empujaron a crear una República legalista donde los comandantes militares no podrían actuar sin la aprobación del Congreso. El resultado de esta decisión fueron fricciones constantes entre las autoridades civiles y las militares. La mayoría de los líderes militares rebeldes acabaron viéndose destituidos o criticados por un gobierno itinerante (Bayamo volvió a caer en manos de los españoles) que no deseaba ceder pero era incapaz de imponer plena autoridad.

En 1874 muchos de los miembros de la élite que había iniciado la guerra —Aguilera, Agramonte, Céspedes— ya habían muerto o estaban en el exilio. Nuevos líderes, de origen más humilde pero forjados en el campo de batalla, radicalizaron la lucha. El dominicano Máximo Gómez y el mulato cubano Antonio Maceo destacaron entre ellos. Para entonces la estricta neutralidad de los Estados Unidos, así como su indiferencia ante las súplicas de reconocimiento de parte de los cubanos[3], ya había disipado todas las ilusiones de recibir apoyo norteamericano, borrando prácticamente las tendencias anexionistas entre los rebeldes.

El creciente agotamiento de los fondos que suministraban los exiliados cubanos y el fin de la guerra carlista en España, que permitió a Madrid concentrar sus esfuerzos en Cuba, convencieron a los líderes militares cubanos de que su única esperanza de victoria era invadir las ricas provincias occidentales de la isla. La ruina de tantos ingenios de azúcar privaría a España de ingresos importantísimos y liberaría a miles de esclavos y campesinos, que podrían unirse a los rebeldes. Con la tesorería agotada y una guerra aparentemente interminable, España se vería obligada a aceptar la independencia de Cuba. A principios de 1875 Gómez derrotó a las fuerzas españolas en Las Villas y se dispuso a llevar este plan a la práctica cuando otra disputa interna malogró su proyecto. Al volver a Oriente para restaurar el orden, fue, en vez de ello, obligado a dimitir. El ímpetu revolucionario empezó a mudar.

Combinando la presión militar con generosos ofrecimientos de amnistía y promesas de reforma, el general Martínez Campos, el nuevo capitán general, aumentó la división de los ya desmoralizados rebeldes. A finales de 1877 el presidente cubano Tomás Estrada Palma fue hecho prisionero. En febrero de 1878 una comisión cubana presentó al gobierno español condiciones para un armisticio. Con la aprobación de las autoridades españolas, en la aldea de El Zanjón se firmó el tratado de paz por el cual la autonomía concedida recientemente a Puerto Rico se haría extensiva a Cuba. (De hecho, la autonomía de Puerto Rico fue rescindida antes de finalizar aquel mismo año). Exigiendo la independencia y la abolición inmediata de la esclavitud, el general Antonio Maceo rechazó el tratado en Baraguá y anunció su intención de continuar la guerra. Fue un gesto espectacular pero fútil: en mayo las últimas fuerzas rebeldes aceptaron el tratado de El Zanjón. Gómez, Maceo y muchos otros líderes cubanos se exiliaron y terminó la primera guerra de la independencia de Cuba.

El conflicto, conocido en Cuba por el nombre de «guerra de los Diez Años», contribuyó al crecimiento y la madurez de una conciencia nacional. El vago sentimiento de identidad colectiva que había aparecido a comienzos del siglo XIX dio paso a otro más profundo, ardiente. Si bien el racismo no desapareció, las advertencias españolas de que una lucha anticolonial provocaría una guerra racial como la de Haití ya no tenían mucha fuerza, toda vez que los negros se habían unido a los blancos para combatir contra España. Los recuerdos de los héroes y las victorias de Cuba —y de la brutalidad española (como, por ejemplo, la ejecución de siete estudiantes universitarios en 1871)— despertaban emociones patrióticas que hacían que la reconciliación total fuera dificilísima. En el bando español la guerra incrementó la animosidad contra los cubanos y la desconfianza que albergaban los peninsulares más intransigentes.

La destrucción de centenares de ingenios de azúcar en la región oriental abrió aquellas provincias a fuerzas expansionistas en el nuevo sector modernizado de la industria azucarera. Incluso en las regiones occidentales no dañadas por la guerra ésta aceleró un proceso parecido. Muchos hacendados importantes empezaron a construir ingenios mayores, más eficientes, mientras que los que habían sufrido grandes pérdidas o no podían permitirse edificar ingenios mayores se transformaron en colonos (plantadores que vendían su caña a los ingenios), frenando la tendencia al latifundismo en la isla. Finalmente, la guerra provocó la decadencia de la aristocracia hacendada cubana, diezmada y arruinada por el largo conflicto u obligada por las autoridades españolas a vender sus tierras e ingenios. En muchos casos capitalistas norteamericanos adquirieron ambas cosas a precios muy bajos, lo cual representó el principio de la penetración económica estadounidense en Cuba.

Los tres acontecimientos más importantes del período comprendido entre la paz de El Zanjón (1878) y la segunda guerra de la independencia, que empezó en 1895, fueron el auge y la decadencia del Partido Autonomista; el desplazamiento de España por los Estados Unidos como metrópoli económica de Cuba; y la formación y creciente influencia del Partido Revolucionario Cubano de José Martí.

En La Habana, posos meses después de finalizar la guerra de los Diez Años, miembros destacados del viejo grupo reformista y numerosos cubanos que anhelaban la reconstrucción y la prosperidad fundaron un partido liberal, el Partido Autonomista. El objetivo principal de esta poderosa organización nacional era conquistar la autonomía de Cuba empleando medios pacíficos. Cuando en 1880 el general Calixto García y otros líderes rebeldes intentaron un levantamiento, el partido se apresuró a condenarles por ello y a proclamar su lealtad a España. Los autonomistas se encontraron ante obstáculos formidables, ya que a ellos se oponían simultáneamente los grupos partidarios de la independencia y los peninsulares tradicionalmente intransigentes. No obstante, las esperanzas de reforma y la división entre los veteranos de la guerra brindaron a los autonomistas el apoyo temporal de muchos cubanos. A pesar de su organización y de sus brillantes campañas políticas, sin embargo, sus victorias fueron marginales. Diez años después del tratado de El Zanjón, aunque España había abolido definitivamente la esclavitud (1880-1886) y concedido ciertos derechos políticos a los cubanos, predominaba la desigualdad. En 1890, por ejemplo, con gran desánimo de los autonomistas, España proclamó el sufragio universal, pero excluyó a Cuba. Tres años más tarde el ministro español Antonio Maura, consciente de que la irritación de los cubanos iba en aumento, propuso nuevas reformas que condujeran a la autonomía de la isla. Sus propuestas chocaron con la habitual oposición de los conservadores en España y La Habana y con el escepticismo de la mayoría de los cubanos. Cuando Maura dimitió en 1894 los autonomistas ya habían perdido la confianza de la mayoría y el nuevo Partido Revolucionario Cubano de Martí había logrado unir a la mayor parte de los grupos que pedían la independencia. Una nueva crisis económica hizo que se desvanecieran las últimas esperanzas de los autonomistas. En 1894 una nueva guerra por la independencia se cernió sobre el horizonte.

Unas cuantas cifras bastarán para demostrar la creciente absorción de las exportaciones cubanas, en especial el azúcar, por el mercado norteamericano. En 1850 Cuba exportó productos por valor de 7 millones de pesos a España y de 28 millones de pesos a los Estados Unidos. En 1860 las cifras habían subido a 21 millones y 40 millones de pesos respectivamente. En 1890 España importaba productos por valor de 7 millones de pesos, y los Estados Unidos, por valor de 61 millones de pesos. Debido a esta dependencia económica, la isla era muy vulnerable a cualquier cambio de la política comercial norteamericana. En 1894, cuando el gobierno norteamericano aprobó el arancel Wilson sobre las importaciones de azúcar, las repercusiones fueron desastrosas en Cuba. Las exportaciones a los Estados Unidos descendieron de 800.000 toneladas en 1895 a 225.231 toneladas en 1896. De esta manera la crisis en la industria del azúcar, que ya padecía a causa del descenso de los precios y del aumento de la competencia internacional, se agudizó en 1895, creando un ambiente favorable a una nueva rebelión.

El comienzo de la segunda guerra de la independencia se centró en José Martí, el forjador de la unión de los patriotas cubanos y fundador del Partido Revolucionario Cubano. Nacido en La Habana el 28 de enero de 1853, de padres españoles, Martí fue un niño dotado. Aficionado a la lectura y de naturaleza solitaria, empezó muy pronto a dar muestras de un apasionado amor a Cuba. En 1870, debido a una carta ingenua en la que criticaba a un colega que se había alistado en el ejército español, las autoridades coloniales le condenaron a seis años de trabajos forzados. Deportado a España, tras unos cuantos meses de prisión publicó su primer libro, El presidio político en Cuba, que no expresaba sólo ira, sino también compasión por los opresores. En el prólogo escribió lo que sería el lema de su vida: «El amor es lo único que crea». Después de terminar sus estudios en la Universidad de Zaragoza, Martí viajó por toda Europa, trabajó de periodista en México y fue maestro en Guatemala. Volvió a Cuba en 1878, pero las autoridades españolas le obligaron a salir de la isla y se trasladó a Venezuela. En 1881 se instaló en Nueva York, donde su reputación de escritor le permitió vivir de los artículos que enviaba a diversas publicaciones latinoamericanas. La prosa insólitamente apasionada de Martí y su original estilo poético aumentaron su reputación en los círculos literarios latinoamericanos. Finalmente concentró todas sus energías en la lucha por la independencia de Cuba. Su primera tarea, unir a los grupos de exiliados cubanos que reñían unos con otros, se vio dificultada todavía más por su falta de experiencia militar. Con sus viajes, conferencias y publicaciones venció las críticas y las suspicacias, reavivó el entusiasmo de los cubanos y creó una base para la unión. En 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano. Con su fervor habitual, Martí movilizó todos los recursos disponibles para una «guerra justa y necesaria». Su sensación de que la tarea era apremiante se vio estimulada por la conciencia de crecientes tendencias imperialistas en los Estados Unidos.

Hombre de profunda convicción democrática, Martí hizo un llamamiento a los cubanos de todas las razas y clases sociales para que luchasen por una república económica y políticamente independiente que garantizase la justicia y la igualdad, no sólo para todos los cubanos, sino también para los españoles que decidieran quedarse en la isla. Temiendo que una guerra larga provocara la ascensión de caudillos militares, la destrucción de la riqueza de Cuba y la intervención de los Estados Unidos, Martí trazó planes para una lucha que fuese diferente de la guerra de los Diez Años. Una rebelión de masas estallaría simultáneamente en todas las regiones de la isla con fuerza suficiente para garantizar una victoria rápida. Con el apoyo de unos cuantos cubanos ricos y de la mayoría de los cubanos que trabajaban en la industria del tabaco en Florida, Martí reunió laboriosamente tanto dinero como pudo y trabajó febrilmente para hacer acopio de pertrechos con destino al primer golpe. En enero de 1895 tenía pertrechos militares para tres expediciones en el puerto de Fernandina, en Florida. De pronto, el día 14 de enero, las autoridades norteamericanas confiscaron los barcos y todo el material.

El desastre alteró de forma drástica el proyecto de Martí y puso a las autoridades españolas al corriente de la magnitud de la conspiración. Aplazar la fecha de la insurrección hubiera puesto en peligro a todas las personas comprometidas en ella que se encontraban en Cuba. Después de un último esfuerzo desesperado por obtener nuevos pertrechos, Martí fijó la fecha para la rebelión y fue a reunirse con Máximo Gómez en la República Dominicana.

De acuerdo con el plan, el día 24 de febrero grupos reducidos se alzaron en armas en Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas y La Habana. En las dos últimas regiones (que eran más pequeñas), donde se hallaba concentrado el poderío militar español, la rebelión fue dominada rápidamente. Una vez más la región oriental de la isla soportaría lo más reñido de la lucha. Maceo desembarcó en Oriente el 1 de abril. El día 15, después de que en la República Dominicana se proclamara el manifiesto de Monte Cristi, que exponía las causas de la guerra, Martí y Gómez embarcaron con destino a Oriente. En el mes siguiente Martí, que había chocado con el general Maceo al defender la necesidad de un gobierno civil capaz de equilibrar el poderío de los generales, resultó muerto en una escaramuza con las fuerzas españolas en Dos Ríos.

La muerte de Martí privó a la rebelión de su autoridad civil más distinguida y respetada. Sin el freno de su presencia, los generales Gómez y Maceo procedieron a organizar un gobierno revolucionario que se ajustara a sus ideas. Ambos reconocían la necesidad de una organización política que pudiera obtener aceptación internacional y ayuda militar. Pero no habían olvidado las rencillas destructivas que habían complicado la guerra de los Diez Años. Esta vez ninguna autoridad civil se inmiscuiría en sus planes militares. En septiembre de 1895, en la población de Jimaguayú, una Asamblea Constituyente reunida a toda prisa aprobó una Constitución, cuyo artículo IV afirmaba: «El consejo de gobierno intervendrá en la dirección de las operaciones militares sólo cuando lo juzgue absolutamente necesario para la consecución de otros objetivos políticos»[4]. Salvador Cisneros Betancourt, rico aristócrata de Camagüey que había luchado en la guerra anterior, fue elegido presidente y a Tomás Estrada Palma, el último presidente en armas en 1878, se le confirmó como delegado y representante de la república en el exterior. Máximo Gómez fue nombrado comandante en jefe del ejército y Antonio Maceo, segundo jefe. Ambos recibieron suficiente autoridad como para considerarse casi independientes de restricciones civiles.

La convención de Jimaguayú simbolizó otros cambios en el carácter de la guerra. Pocos de los delegados pertenecían a familias aristocráticas, la esclavitud había desaparecido como problema divisivo, no se mencionó la anexión y la mayoría de los delegados eran hombres jóvenes e inexpertos. Como dijo Enrique Collazo, distinguido veterano de la guerra de los Diez Años y futuro historiador de este período, «esta revolución fue la revolución de los pobres y los jóvenes»[5]. Sin embargo, contrariando la visión de Martí, fue también una guerra de generales.

Una vez constituido jurídicamente el gobierno revolucionario, Gómez y Maceo gozaban de libertad para poner en práctica su plan e invadir las regiones occidentales. La estrategia básica de España era parecida a la que desplegara en la guerra de los Diez Años. De nuevo bajo el mando del general Martínez Campos, que había derrotado a los cubanos en el último conflicto, las tropas españolas construyeron una serie de líneas fortificadas (trochas) para proteger todas las provincias e impedir los movimientos de los rebeldes. Esta táctica permitió a los cubanos tomar la ofensiva. El 22 de octubre de 1895, simbólicamente en Baraguá, Maceo empezó su marcha hacia la parte occidental. Gómez le esperaba con un pequeño contingente en Las Villas. Las tropas habían recibido la orden general de «quemar y destruir todo lo que pudiera proporcionar ingresos al enemigo». A principios de 1896, tras atravesar la isla en una brillante campaña, las fuerzas cubanas combatían en las proximidades de La Habana y algunas de las zonas más ricas de Cuba quedaban asoladas detrás de ellas.

Para confundir a los españoles y ensanchar sus operaciones, los dos generales separaron sus columnas al llegar a La Habana. Gómez volvió a Las Villas mientras Maceo seguía avanzando e invadía Pinar del Río, la última provincia occidental. La invasión salió bien, pero España no estaba derrotada. Martínez Campos fue sustituido por un general más duro, Valeriano Weyler, que llegó con numerosos refuerzos. En Madrid, el ministro español Cánovas del Castillo manifestó la decisión de su gobierno: «España luchará hasta el último hombre y la última peseta». La guerra continuó.

Con Weyler la lucha se intensificó. Decidido a pacificar Cuba a toda costa, Weyler tomó la ofensiva y reunió a los campesinos de las zonas militares en campamentos protegidos. Debido a la falta de provisiones y a la mala organización, esta medida militar, que era dura pero acertada, se transformó en una empresa inhumana que enfureció a los rebeldes y provocó protestas internacionales. Al cabo de nueve meses de guerra de exterminio, Weyler sólo había pacificado dos provincias cubanas. En diciembre de 1896, empero, Weyler se apuntó su éxito más espectacular. Antonio Maceo, a quien el pueblo apodaba «el titán de bronce», murió combatiendo en la provincia de La Habana.

La muerte de Maceo fue un duro golpe para los cubanos y se produjo en un momento en que una confrontación entre el general Gómez y el gobierno revolucionario había alcanzado un nivel crítico. El gobierno trataba de reafirmar cierta autoridad recortando el poder personal de Gómez. La reacción del general rayó en la insurrección. La muerte del «titán de bronce» fue una sacudida para ambos adversarios. La muerte heroica de su hijo al lado de Maceo añadió un aura trágica a la reputación de Gómez. Asimismo, la declaración del presidente Grover Cleveland de que un gobierno cubano civil era una mera «apariencia» puso de relieve la necesidad de encontrar una solución intermedia[6]. El gobierno dejó el poder de Gómez intacto al mismo tiempo que el general aseguraba públicamente a los norteamericanos que el gobierno «en armas» elegido libremente era la autoridad suprema para todos los rebeldes cubanos[7].

Las esperanzas de victoria de los españoles renacieron con la muerte de Maceo. Weyler concentró 40.000 soldados en Las Villas, donde Gómez tenía su cuartel general, y, lleno de confianza, anunció que la provincia sería pacificada en cuestión de semanas. Con sólo 4.000 hombres Gómez libró su mejor campaña. Esquivando al enemigo, hostigando sus columnas, atacándole por sorpresa, el viejo general consiguió, no sólo sobrevivir, sino, además, infligir grandes pérdidas a los españoles. En mayo de 1897 la ofensiva de Weyler ya había perdido ímpetu. Mientras tanto, en Oriente, aprovechando que el ejército español estaba concentrado en Gómez, el general Calixto García atacó y tomó las poblaciones de Jiguani y Victoria de las Tunas, la última de las cuales era una encrucijada estratégica. Dos meses después Weyler recibió la orden de volver a España. Las victorias de los cubanos, el asesinato en España del protector de Weyler, el ministro Cánovas del Castillo (perpetrado por un anarquista italiano que había estado en comunicación con exiliados puertorriqueños y cubanos en Europa) y la creciente preocupación de los norteamericanos ante lo que ocurría en Cuba convencieron a Madrid de que había llegado el momento de intentar el apaciguamiento. El nuevo ministro moderado Práxedes Sagasta ascendió al general Ramón Blanco al cargo de capitán general y le envió a Cuba. Al llegar a La Habana, el general Blanco proclamó la autonomía de la isla y nombró a varios autonomistas como miembros del nuevo gobierno.

A esas alturas la situación en Cuba ya se había convertido en un asunto de importancia en los Estados Unidos. Convencido de que la mejor protección para los intereses norteamericanos en la isla era la presencia de España, que pagaba indemnizaciones a los norteamericanos cuyos bienes resultaban dañados en Cuba, y desdeñando al mismo tiempo a los «bribones cubanos», el presidente Cleveland mantenía una «neutralidad» que en esencia era favorable a España. Sin embargo, el Congreso y, sobre todo, la prensa condenaban la política española en la isla y exigían el reconocimiento de los cubanos. Al ocupar la presidencia William McKinley, la campaña antiespañola adquirió proporciones emocionales. Los cubanos pasaron a ser víctimas inocentes que eran asesinadas por carniceros como Weyler. Al mismo tiempo, elementos sobrios y poderosos añadieron su peso a la campaña. Imbuidos de las ideas de Alfred Mahan sobre el poderío marítimo, expansionistas como Theodore Roosevelt veían con agrado la bandera norteamericana en el Caribe. Y algunos hombres de negocios norteamericanos, que ya no creían que España fuese capaz de proteger sus intereses en Cuba, se mostraban cada vez más favorables a la intervención de los Estados Unidos.

Habida cuenta de las circunstancias, el presidente McKinley dio muestras de notable comedimiento. En su mensaje anual al Congreso el 6 de diciembre de 1897, se negó a reconocer la beligerancia o la independencia de Cuba y propuso que se aguardaran los resultados de la recién proclamada autonomía. El período de espera fue breve. Los rebeldes se negaron a reconocer la legitimidad del nuevo régimen y a principios de 1898 elementos pro españoles de La Habana protagonizaron manifestaciones violentas contra el general Blanco y la autonomía cubana. Alarmado en exceso, el cónsul norteamericano, Fitzhugh Lee, pidió al capitán del acorazado Maine, que se encontraba en estado de alerta cerca de Key West desde diciembre, que se preparara a zarpar con destino a La Habana. El día 24 de enero el gobierno norteamericano recibió permiso para mandar el buque a Cuba en visita «amistosa». Al día siguiente una multitud silenciosa presenció en el puerto de La Habana la llegada del Maine. El capitán Sigsbee había esperado hasta mediodía para que los españoles tuvieran sobrada oportunidad de contemplar el símbolo del poderío naval norteamericano.

Si bien la prolongada visita del Maine molestó a las autoridades españolas, un incidente diplomático vino a aumentar la tensión. Los revolucionarios cubanos interceptaron una carta particular del ministro español en Washington y la hicieron llegar a la prensa; en la carta se hablaba en tono despectivo del presidente McKinley y de los autonomistas cubanos. Ni la dimisión del ministro ni las excusas que presentó España sirvieron para calmar los ánimos. La prensa se concentró en la insinceridad española en relación con las reformas en Cuba y en la hostilidad a los Estados Unidos. La agitación aún no había disminuido cuando el día 15 de febrero el Maine hizo explosión y murieron 260 de sus tripulantes. Las autoridades españolas no escatimaron esfuerzos por socorrer a los supervivientes y determinaron que la causa del desastre había sido un accidente interno. Los Estados Unidos nombraron su propia junta de investigación para que se ocupara del suceso. Pero los que estaban interesados en que hubiera guerra encontraron una justificación y una consigna popular: «Recordad el Maine, “al infierno con España”». El 25 de febrero, actuando por iniciativa propia, Theodore Roosevelt, subsecretario de Estado, puso la armada en situación de alerta total.

Al aumentar las posibilidades de que estallara una guerra, el futuro de Cuba se convirtió en objeto de debates. En Norteamérica las opiniones iban desde prestar ayuda a los cubanos para que obtuvieran la independencia total hasta la anexión de la isla. Muchos puntos de vista norteamericanos estaban impregnados de franco desprecio por una raza inferior. Sin embargo, la postura del gobierno de los Estados Unidos no experimentó ningún cambio: bajo ninguna circunstancia debía reconocerse a un gobierno rebelde. El 9 de abril, doblegándose de nuevo ante la presión norteamericana, el gobierno español ofreció a los rebeldes una tregua inmediata e incondicional; fue rechazada. España no podía hacer nada más para evitar la guerra. El 11 de abril el presidente McKinley envió al Congreso un mensaje en el cual «en nombre de la humanidad, en nombre de la civilización y en nombre de los intereses norteamericanos en peligro» pedía poderes para intervenir con la fuerza en Cuba. Cinco días más tarde, tras acalorados debates, el Congreso aprobó una resolución conjunta cuyo primer artículo declaraba que «el pueblo cubano es y por derecho debería ser libré e independiente» y el último afirmaba que «los Estados Unidos por el presente niegan cualquier disposición o intención de ejercer soberanía, jurisdicción o control sobre la citada isla… y afirman su decisión… de dejar el gobierno y el control de la isla a su pueblo». Al cabo de cuatro días, estalló la guerra. La existencia de un gobierno rebelde cubano se pasó completamente por alto.

Mal informados de las complejidades de la política de Washington, en general los rebeldes cubanos acogieron con alegría la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Martí, que temía esa posibilidad, y Maceo, que se oponía a ella, habían muerto. Y después de tres años de lucha encarnizada los insurgentes estaban dispuestos a cooperar con un aliado que había prometido la independencia y garantizado la victoria. El general Calixto García, que en 1897 había escrito «los norteamericanos no tienen motivo para inmiscuirse en nuestros asuntos políticos, y, por otra parte, no estamos luchando para convertirnos en una fábrica yanqui»[8], estaba convencido de que los Estados Unidos respetarían la soberanía de Cuba; y Máximo Gómez, rechazando el llamamiento que a última hora hizo el general Blanco pidiendo que españoles y cubanos juntaran sus fuerzas para luchar contra «el enemigo común de nuestra raza», había contestado «Sólo conozco una raza, la humanidad… hasta ahora sólo he tenido motivos para admirar a los Estados Unidos… No veo el peligro de exterminio a manos de los Estados Unidos que usted menciona… Si eso sucede, la historia los juzgará… es demasiado tarde para un entendimiento entre su ejército de usted y el mío»[9].

El estallido de la guerra provocó una oleada de entusiasmo nacional en los Estados Unidos y, aunque parezca extraño, también en España, donde se había engañado al pueblo en relación con la fuerza real de la marina estadounidense y el deplorable estado de la propia. Desde 1880 los Estados Unidos habían basado su estrategia militar en el concepto de que el país era «una isla continental», protegida geográficamente de cualquier ataque extranjero. En consecuencia, la marina de guerra, «el brazo agresivo de la nación», había recibido atención plena, mientras que el ejército apenas subsistía. Todavía en 1897 el general Schoefield afirmaba que el ejército se limitaría «a actuar en apoyo de las operaciones navales». Así pues, la estrategia inicial de los norteamericanos se basó en la marina. Derrotando a la marina española, bloqueando la isla y abasteciendo a los rebeldes, los Estados Unidos obligarían al ejército español en Cuba a rendirse.

De conformidad con la política decidida por Washington, las fuerzas armadas norteamericanas no debían hacer nada que pudiera interpretarse como reconocimiento de alguna autoridad política cubana. A las fuerzas rebeldes había que ayudarlas y usarlas, pero sólo en escala limitada y para fines estrictamente militares. Las instrucciones que recibió el mayor William R. Schafter antes de desembarcar sus tropas en Oriente eran típicas: «Puede llamar en su ayuda a cualquiera de las fuerzas insurgentes que haya en esa región, y utilizar a las que juzgue que puedan ayudarle, especialmente como exploradores, guías, etcétera… se le advierte que no debe depositar demasiada confianza en personas ajenas a sus tropas»[10].

En mayo, mientras Washington empezaba a poner en práctica el plan militar inicial, movilizando la marina y enviando pertrechos a algunos rebeldes cubanos, la escuadra naval española bajo el mando del almirante Cervera consiguió entrar en Santiago de Cuba. Bloqueada inmediatamente por la flota del almirante Sampson, la presencia de la escuadra española alteró, a pesar de ello, las operaciones proyectadas por los Estados Unidos. Ahora sería necesario desembarcar tropas para que atacaran Santiago de Cuba. Al principio, a causa de la falta de preparación logística y del temor a la fiebre amarilla[11], sólo se preparó un «contingente de reconocimiento». Pero antes de que finalizara mayo el gobierno estadounidense decidió enviar una fuerza expedicionaria capaz de derrotar al ejército español en Santiago. Esa decisión redujo la importancia estratégica de las fuerzas cubanas que combatían en otras partes de la isla. Sólo se consideraba valioso el ejército del general Calixto García, que controlaba la mayor parte de Oriente. Debido a ello, prácticamente se suspendieron los contactos con otros líderes cubanos, incluido Máximo Gómez, el comandante en jefe[12].

La política de no reconocimiento que seguía Washington se vio facilitada por la debilidad política del gobierno revolucionario cubano. Desde el comienzo de la guerra los generales rebeldes habían desbaratado todos los intentos de incrementar la autoridad del gobierno. Por consiguiente, la rama civil de la «República en armas», tan vigorosamente defendida por Martí, había quedado reducida a una voz sin mucho poder. Ni siquiera en ese momento crucial, cuando el gobierno luchaba desesperadamente por obtener el reconocimiento oficial de los Estados Unidos, los generales le prestaron apoyo. Máximo Gómez creía que el presidente McKinley reservaba el reconocimiento diplomático para cuando se instaurase un verdadero gobierno cubano: «este gobierno —escribió— no es fruto de una asamblea, sino del ejército»[13]. Y cuando, haciendo caso omiso del gobierno rebelde cubano, las fuerzas norteamericanas establecieron relaciones directas con el general Calixto García, éste actuó como si su propio gobierno no existiera.

Las fuerzas expedicionarias estadounidenses que atacaban Santiago recibieron apoyo total de las fuerzas de García. Además de proporcionar exploradores y luchar a su lado, tenían inmovilizadas las guarniciones españolas en las restantes provincias. En julio, a pesar de la heroica resistencia de los españoles, la situación de la ciudad ya era desesperada. Sin prestar oídos a los argumentos del almirante Cervera, el capitán general Blanco ordenó a la flota que rompiera el bloqueo. El día 3 de julio de 1898 la totalidad de la escuadra española fue aniquilada por la flota norteamericana, cuya superioridad era aplastante. Pocos días después, las fuerzas norteamericanas ocuparon Santiago y prohibieron la entrada de los rebeldes cubanos en la ciudad. Derrotada en Manila además de Santiago, y con Puerto Rico controlado ya por los norteamericanos, España pidió la paz. Mientras se negociaban las condiciones en París, tropas norteamericanas empezaron a ocupar Cuba. El día 10 de diciembre, sin que asistieran representantes cubanos, se firmó un tratado de paz que ponía fin a la dominación española en Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.

El gobierno militar norteamericano en Cuba (1899-1902) se encontró con problemas graves y apremiantes. La isla estaba devastada después de tres años de guerra. La población había descendido de 1.850.000 personas en 1894 a 1.689.600 en 1898. El hambre y las enfermedades azotaban la isla y la economía estaba al borde del derrumbamiento. Cuatro quintas partes de las plantaciones de caña de azúcar se hallaban en ruinas; la zafra de 1898 fue inferior en unos dos tercios a la de 1895. Alrededor del 90 por 100 del ganado de la isla se había perdido y la industria del tabaco virtualmente había dejado de existir. Las comunicaciones estaban cortadas. Disperso, mal pertrechado y hambriento, el ejército rebelde cubano vigilaba, a pesar de todo, lo que hacían las autoridades norteamericanas. La posibilidad de una confrontación armada entre los antiguos «aliados» empezaba a preocupar a Washington.

El gobierno militar reaccionó con energía eficiente. En dos años el ejército cubano fue disuelto pacíficamente, se mejoró la salud pública (el médico cubano Carlos J. Finlay y el doctor Walter Reed descubrieron finalmente la cura de la fiebre amarilla) y se ampliaron las comunicaciones. Comenzó a aparecer un nuevo sistema de educación. Al mismo tiempo empezó la recuperación económica. Con menos requisitos de tierra y capital que el azúcar, la industria del tabaco se recuperó rápidamente. La producción azucarera cubana aumentó más despacio, lo cual era debido a-los bajos precios internacionales y al efecto discriminatorio de las barreras arancelarias norteamericanas (las importaciones de azúcar de Puerto Rico y las Filipinas estaban exentas). En 1902, a pesar de la afluencia de capital norteamericano y británico, el valor total de la cosecha de azúcar fue de 34.850.618 dólares, muy por debajo del nivel de 1894.

Favorecido por el control norteamericano de la isla —y por el debilitamiento del capital local—, el capital norteamericano amplió su penetración en la industria azucarera y empezó a controlar los ferrocarriles, las empresas de servicios públicos, el tabaco y los minerales. El resultado inmediato de esta dominación creciente fue la formación de un poderoso grupo de presión en Washington que pretendía mejorar las relaciones comerciales con Cuba. Ya en 1902 el presidente Roosevelt recomendó un tratado de reciprocidad con Cuba y afirmó que «es muy importante para nuestros propios intereses controlar el mercado cubano».

Después de la guerra el futuro político de Cuba aparecía nublado. La victoria en la «espléndida guerrita» había estimulado tendencias expansionistas norteamericanas que no veían ninguna diferencia entre Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Por consiguiente, según muchos periódicos norteamericanos, los cubanos ya no eran héroes que luchaban por la independencia, sino que se habían convertido en un hatajo de analfabetos racialmente heterogéneos e incapaces de gobernarse a sí mismos. La enmienda Teller (artículo 4 de la resolución conjunta), sin embargo, había negado oficialmente todo interés de los Estados Unidos por la ocupación permanente y muchos políticos no querían ni pensar en infringir abiertamente el acuerdo. Su inquietud aumentó en 1899 cuando el líder filipino Emilio Aguinaldo, héroe de la lucha contra España, se rebeló contra las fuerzas norteamericanas. Henry Adams, el historiador de Harvard, escribió que «sólo pensar en otra Manila en La Habana hace que hasta un contratista del ejército se modere»[14]. El nacionalismo cubano también demostró ser demasiado fuerte para descartarlo fácilmente. La disolución del ejército cubano se había efectuado por el coste mínimo de tres millones de dólares norteamericanos, suma propuesta por el general García y aceptada por el general Gómez, pero persistía la desconfianza en relación con las intenciones de los norteamericanos. García murió en 1899. Máximo Gómez, el más popular de los símbolos de la revolución cubana, rehusó ir a La Habana para la izada de la bandera estadounidense en el castillo del Morro. Escribió que «la nuestra es la bandera cubana, la bandera por la que tantas lágrimas y sangre se han derramado… debemos permanecer unidos con el fin de poner fin a esta ocupación militar injustificada»[15]. En el año siguiente se celebraron elecciones municipales en Cuba. Con gran decepción de los norteamericanos, los candidatos nacionalistas ganaron en casi todas partes. Inmediatamente después de las elecciones, el general Alejandro Rodríguez envió un telegrama al presidente McKinley: «El Partido Nacional Cubano, victorioso en las elecciones, saluda al digno representante de la nación norteamericana y espera con confianza el pronto cumplimiento de la resolución conjunta»[16].

En los Estados Unidos grupos antiimperialistas se unieron a los demócratas para atacar la política «colonialista» de la administración McKinley. En mayo de 1900 se descubrieron desfalcos a gran escala en la administración de correos de La Habana, lo cual brindó a senadores demócratas la oportunidad de exigir la retirada de los norteamericanos. Debido a estas presiones y estando próximas las elecciones presidenciales, McKinley decidió instaurar un gobierno en Cuba. Un gobierno dependiente y amistoso parecía preferible a una batalla en torno a la anexión. El 25 de julio de 1900, el general Leonard Wood, gobernador militar norteamericano, publicó una orden civil disponiendo que se celebraran elecciones de delegados a una convención constitucional cubana.

De acuerdo con la ley electoral decretada por las autoridades norteamericanas, el derecho al voto estaba restringido a los varones mayores de 21 años que se hubieran convertido en ciudadanos cubanos al amparo de las condiciones del tratado de paz y que cumplieran, como mínimo, uno de otros tres requisitos: saber leer y escribir, tener propiedades por valor de 250 dólares oro norteamericanos o haber servido en el ejército rebelde cubano. Estas restricciones, que privaban de voto a grandes sectores de la población, no disminuyeron el entusiasmo por unas elecciones que anunciaban la independencia. El 5 de noviembre de 1900, en el teatro Martí de La Habana, se reunieron 31 delegados que representaban las seis provincias de Cuba y empezaron las sesiones de la convención constitucional. Según afirmó Wood en su alocución inaugural, los delegados tenían que redactar primero una constitución y formular luego las relaciones que, a su juicio, «deberían existir entre Cuba y los Estados Unidos».

A finales de enero de 1901, tras redactar una constitución basada en el modelo norteamericano, los delegados empezaron a trabajar en el delicado asunto de las relaciones cubano-norteamericanas. Luego el general Wood expuso a la convención las exigencias concretas de los Estados Unidos. Entre ellas estaba el derecho de los norteamericanos a intervenir en Cuba y a instalar una base naval en Guantánamo. Horrorizados y furiosos, los delegados hicieron varias contrapropuestas cuya finalidad era salvar la soberanía de Cuba. El asunto se debatió apasionadamente en Cuba. Mientras tanto, empero, el Congreso estadounidense aprobó una resolución presentada por el senador Orville H. Platt (conocida en lo sucesivo por el nombre de «enmienda Platt») que daba cuerpo a las aspiraciones norteamericanas y debía sumarse a la constitución cubana. Las disposiciones de la enmienda, especialmente el artículo 3, que daba a los Estados Unidos el derecho a intervenir para «el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de la vida, las propiedades y las libertades individuales», provocó una oleada de protestas en la isla. Una delegación enviada a Washington recibió garantías de Elihu Root, el secretario de Estado, en el sentido de que «intervenir no era sinónimo de entrometerse o inmiscuirse en los asuntos cubanos»[17], pero no consiguió que los norteamericanos modificasen sus exigencias. Tal como lo expresó Manuel Sanguily, uno de los más distinguidos oradores y patriotas cubanos, el dilema de Cuba era claro: una república protegida o ninguna república en absoluto. El 28 de mayo de 1901, por quince votos contra catorce, la convención adoptó el apéndice a la constitución que se le proponía.

Una vez promulgada la Constitución, era necesario proceder a celebrar elecciones presidenciales. Cuando Máximo Gómez, el venerado líder de la independencia, rehusó que lo nombraran candidato, aparecieron otros dos: el general Bartolomé Masó, prestigioso líder militar de talento limitado, y Tomás Estrada Palma, que había sido presidente de la «república en armas» durante la guerra de los Diez Años y había sustituido a Martí como jefe de la junta revolucionaria cubana en el exilio. El primero era el más popular; el segundo, por haber pasado la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, era básicamente desconocido en Cuba, pero contaba con el decisivo apoyo de Máximo Gómez (que durante la guerra había tenido muchos roces con Masó) y el respaldo del general Wood. Cuando éste nombró a cinco partidarios de Estrada Palma para que formaran parte de la comisión electoral, el general Masó abandonó la carrera en señal de protesta. El 20 de mayo de 1902, en medio del júbilo popular, Tomás Estrada Palma, tras ser elegido debidamente, dio comienzo a su mandato como primer presidente de Cuba. Aquel mismo día las tropas norteamericanas empezaron a evacuar la isla. Al presenciar la izada de la bandera cubana en el castillo del Morro, en La Habana, el anciano Máximo Gómez expresó las emociones de muchos cubanos: «¡Por fin hemos llegado!».

La recuperación económica y la honradez en los asuntos públicos caracterizaron la presidencia de Estrada Palma (1902-1906). Un tratado de reciprocidad que se firmó con los Estados Unidos en 1903 daba al azúcar cubano trato preferencial en el mercado estadounidense, reducía los derechos sobre las importaciones norteamericanas y estimulaba nuevas inversiones estadounidenses en la isla, con lo que la economía cubana quedaba atada con mayor fuerza al mercado de los Estados Unidos. La producción azucarera aumentó de 283.651 toneladas en 1900 a 1.183.347 en 1903, mientras la ganadería, la industria del tabaco y varios sectores más de la economía continuaban recuperándose rápidamente de la devastación de la guerra.

La situación política, no obstante, era menos alentadora. Careciendo de toda tradición de autogobierno o de disciplina política, con un bajo nivel de educación pública y empobrecidos por la guerra, los cubanos se encontraron atrapados entre el creciente control de la tierra y el azúcar por los norteamericanos y la dominación del comercio por los españoles, garantizada virtualmente por el tratado de paz entre los Estados Unidos y España. Debido a ello, la política se convirtió en el principal camino para mejorar económicamente y en uno de los accesos a los recursos nacionales. En consecuencia, los partidos políticos se convirtieron pronto en lo que González Lanuza, distinguido profesor universitario, llamó «cooperativas organizadas para el consumo burocrático». Los programas de gran alcance y la lealtad a los principios eran sacrificados en aras de las ventajas políticas inmediatas. La sombra permanente, cada vez mayor, de la dominación norteamericana y la presencia de una población española numerosa y creciente (hasta 1934 cada año llegaban a Cuba miles de inmigrantes españoles), que generalmente adoptaba una actitud desdeñosa ante el nacionalismo cubano, eran otros dos obstáculos a la formación de un sistema político responsable y maduro en la isla. Los viejos vicios coloniales, la corrupción política, el caudillismo local y el desprecio de la ley reaparecieron pronto. La forma en que los veteranos de la guerra de la independencia «recibieron» su compensación fue penosamente sintomática. En vez de distribuir tierra, como sugerían algunos líderes patrióticos, Sanguily entre ellos, el Congreso decidió pagar en metálico. Se obtuvo un préstamo extranjero, pero, debido a manipulaciones poco escrupulosas, muchos soldados cobraron sumas ridículamente pequeñas al mismo tiempo que unos cuantos políticos se enriquecían.

Alarmado por estas tendencias, Estrada Palma, hombre honrado, tozudo y reservado, decidió seguir el consejo de algunos de sus ayudantes y presentarse a la reelección. Al parecer, Washington era favorable a ello[18], pero el presidente se había equivocado al juzgar la situación. No sólo carecía de simpatías populares, sino que, además, se había indispuesto con muchos de sus seguidores del principio, incluido Máximo Gómez, que murió en 1905 lleno de temores acerca del futuro de la república. La decisión de Estrada Palma empujó a sus dos adversarios principales, el general José Miguel Gómez y Alfredo Zayas, a unir sus fuerzas y formar un poderoso partido liberal con los dos líderes como candidatos a la presidencia y la vicepresidencia. Decididos a ganar a toda costa, los líderes del Partido Moderado, que apoyaba a Estrada Palma, echaron mano de los recursos y las fuerzas del gobierno para romper la oposición. Una serie de enfrentamientos violentos que culminaron con el asesinato de Enrique Villuendas, popular figura liberal, persuadieron a los liberales a abstenerse de la campaña presidencial. Como era el único candidato, Estrada Palma, que probablemente desconocía la magnitud del fraude, fue reelegido.

Después de esta «victoria», el gobierno no hizo ningún intento de conciliación. Los liberales continuaron viéndose hostigados y excluidos de los puestos burocráticos. En el verano de 1906 la oposición ya se preparaba abiertamente para alzarse en armas. Como la república no tenía ejército, el gobierno hizo frente a la crisis con una guardia rural cuyos efectivos eran escasos y se encontraban desplegados en el interior de la isla. Al estallar la rebelión en agosto, Estrada Palma, que confiaba plenamente en el respaldo de los Estados Unidos, no vio más remedio que pedir a Washington que interviniera por él. Sin embargo, el presidente Theodore Roosevelt, que andaba muy ocupado con el asunto del canal de Panamá, no quería hacer nada más que pudiera interpretarse como imperialista. Tratando de evitar una intervención, mandó dos emisarios a La Habana para que buscaran una fórmula intermedia entre el gobierno y la oposición. Estrada Palma se tomó esa imparcialidad como un voto de censura a su gobierno y dimitió, además de hacer que todo su gabinete dimitiese también, dejando la república sin gobierno y obligando a los Estados Unidos a hacerse con el control de la isla. Roosevelt proclamó inmediatamente que los Estados Unidos se habían visto obligados a intervenir en Cuba y que su único propósito era crear las condiciones necesarias para unas elecciones pacíficas. Escribió que «nuestra tarea es instaurar paz y orden… poner en marcha el nuevo gobierno y luego abandonar la isla»[19].

El hombre escogido para llevar a cabo este programa limitado fue Charles E. Magoon, abogado, ex gobernador de la zona del canal y ministro en Panamá. Hombre trabajador, conciliador y «sin pizca de brillantez», Magoon no consiguió impresionar a los cubanos, pero como gobernador interino su gestión fue bastante acertada. Se encontró con que el principal obstáculo a la pacificación rápida era un grupo de hombres de negocios, cubanos y extranjeros, que querían perpetuar la ocupación y para ello fomentaban la agitación y propagaban rumores acerca de conspiraciones antinorteamericanas. Sin dejarse impresionar por sus amenazas, Magoon informó de que la mayoría de los cubanos querían poner fin a la intervención. Consciente de que eran necesarias reformas económicas y sociales más profundas, pero frenado por sus instrucciones, Magoon puso en marcha un programa de obras públicas e intentó apaciguar a los grupos políticos enfrentados, para lo cual ofreció empleos y puestos burocráticos (lección que a los cubanos no se les pasó por alto). También promovió la formación de un partido conservador que sustituyera a los desacreditados moderados y modificó las leyes electorales para garantizar que las elecciones fuesen honradas. La reorganización política chocó con el obstáculo de la poca disposición de la clase de los propietarios a participar en la política, actitud que el gobernador encontraba irritante e irresponsable. Siguiendo las instrucciones de Roosevelt, Magoon también acometió la tarea de organizar un pequeño ejército profesional que fuese capaz de aplastar cualquier insurrección. Arguyendo que un ejército profesional se convertiría pronto en un instrumento para reprimir a la oposición legítima, muchos cubanos —y varios consejeros norteamericanos— recomendaron que no se creara tal ejército, pero éste fue formado oficialmente en abril de 1908.

El 1 de agosto de 1908, restaurado por completo el orden, se celebraron elecciones municipales y provinciales en las que los conservadores obtuvieron una victoria sorprendente ante un dividido Partido Liberal. Comprendiendo que la derrota iba a ser inevitable en las próximas elecciones presidenciales si permanecían desunidos, los líderes liberales José Miguel Gómez y Alfredo Zayas se unieron una vez más en la misma candidatura presidencial como en 1905. Los conservadores presentaron al general Mario García Menocal y a Rafael Montoro, famoso orador ex autonomista. En noviembre, después de una campaña ordenada y teñida de antinorteamericanismo, los liberales vencieron con facilidad. Un pequeño partido formado por negros, el Partido Independiente de Color, que más adelante sería significativo, no hizo ningún progreso. El 28 de enero de 1909, aniversario de José Martí, Magoon entregó oficialmente el poder al presidente José Miguel Gómez. Las tropas norteamericanas permanecieron un poco más en la isla para garantizar una transición pacífica, pero el día 31 de marzo se retiraron. Con optimismo excesivo, el presidente Gómez declaró: «Una vez más los cubanos tienen en sus manos el destino de su nación».

La segunda intervención norteamericana (1906-1909), aunque breve, tuvo una repercusión profunda en la vida de Cuba. Provocada por ellos mismos, pareció justificar las dudas de los cubanos acerca de su capacidad de autogobernarse. Minó el nacionalismo cubano y reforzó la «mentalidad plattista» que prefería dejar en manos de Washington las decisiones políticas de naturaleza definitiva. La actitud sumisa de muchos grupos económicos poderosos, que había enojado a Magoon, hizo que aumentara el abismo entre la élite que controlaba la economía cubana y las masas. La decadencia del nacionalismo y el aumento del cinismo político alarmaron a muchos intelectuales cubanos que, como Enrique José Varona y Manuel Sanguily, trataban de mantener vivos los ideales de Martí.

José Miguel Gómez heredó una república con poco más de dos millones de habitantes (el 70 por 100 de ellos de raza blanca), una próspera economía y una deuda pública de 12 millones de dólares dejada por la administración Magoon. Hombre simpático y popular, el presidente mostró respeto por las instituciones democráticas, se opuso a la intervención directa de los norteamericanos en los asuntos nacionales y demostró, enriqueciéndose y permitiendo que otros siguieran su ejemplo, que la política podía ser muy provechosa. Apodado «el tiburón», dio comienzo a una época de corrupción pública. Durante sus mandatos volvieron las peleas de gallos y la lotería nacional, otrora condenarías como «vicios coloniales», y la lotería evolucionó hasta convertirse en una eficiente máquina de degradación política.

Dos problemas pusieron en peligro la paz y la soberanía de la república en este período. Uno de ellos, la llamada «cuestión de los veteranos», lo provocó la permanencia de elementos españoles o pro españoles en puestos públicos que los veteranos de la guerra de la independencia consideraban que les correspondían legítimamente a ellos. La agitación para que se expulsara a estos «enemigos» de Cuba se volvió tan amenazadora, que Philander Knox, el secretario de Estado norteamericano, advirtió a Gómez de la «grave preocupación» de los Estados Unidos. La oposición de muchos grupos cubanos, el temor a otra intervención norteamericana y algunas concesiones que hizo el gobierno contribuyeron a calmar a los veteranos. El Partido Independiente de Color, fundado en 1907 por extremistas negros que, con argumentos válidos, acusaban a la república de traicionar a la población negra, se encontró con que su desarrollo político era bloqueado por la ley Morúa preparada en 1909 por el presidente del Senado, Martín Morúa Delgado, líder negro moderado, que prohibía los partidos políticos basados en la raza o la religión. Por medio de sociedades secretas de origen africano como los ñañigos o en campañas abiertas, los independientes lucharon por la abrogación de la ley. En mayo de 1912, exasperados por su fracaso y quizás alentados por el presidente Gómez, que hubiera podido utilizar una crisis pequeña como paso hacia la reelección, los independentistas se rebelaron. Mal organizado y limitado principalmente a la provincia de Oriente, el levantamiento, a pesar de todo, provocó una oleada de pánico en la isla. Igualmente alarmado, el gobierno de los Estados Unidos desembarcó infantes de marina en Daiquiri y anunció que tomaría más medidas si el gobierno cubano no «protegía la vida o las propiedades de los ciudadanos norteamericanos». El presidente Gómez protestó contra la intervención estadounidense y ordenó al ejército que aplastara la rebelión. En junio los líderes de la insurrección ya habían muerto y sus seguidores habían corrido la misma suerte o se habían dispersado. El miedo y el resentimiento que dejó el episodio obstaculizaron la participación de los negros en la política cubana durante muchos años.

Al aproximarse las elecciones presidenciales, Gómez anunció que no se presentaría en busca de la reelección. Los conservadores escogieron al general Mario García Menocal como candidato una vez más, con Enrique José Varona, probablemente el intelectual cubano más respetado de la época, como candidato a la vicepresidencia. Un detalle sintomático es que la consigna de la campaña era «Honradez, paz y trabajo». Alfredo Zayas era el candidato de un partido liberal supuestamente unido. Pero antes de las elecciones, el antiguo antagonismo entre miguelistas (partidarios del presidente Gómez) y zayistas afloró de nuevo a la superficie y escindió el partido en dos facciones irreconciliables. La alianza subsiguiente de los miguelistas con los conservadores condenó al fracaso los esfuerzos de Zayas, y Menocal venció en cinco de las seis provincias. El 20 de mayo de 1913 Gómez dejó la presidencia, y prestó juramento un presidente conservador. El presidente Woodrow Wilson escribió a Menocal diciéndole: «Esta transmisión ordenada de la autoridad es sumamente satisfactoria y parece indicar que el pueblo cubano ha pasado con éxito una de las pruebas más serias del gobierno republicano»[20].

El nuevo presidente, licenciado en ingeniería por la universidad de Cornell, se había distinguido como líder militar y administrador de Chaparra, el mayor ingenio de azúcar de Cuba, propiedad de la poderosa Cuban-American Sugar Company, con la que Menocal tuvo una larga y provechosa asociación. Aristocrático y reservado, Menocal afectaba desdeñar la política y desplegaba un conservadurismo paternalista ante «la chusma trabajadora». Cumpliría dos mandatos.

En el primero de ellos (1913-1917) cumplió parcialmente sus promesas electorales: de un modo u otro se frenó la corrupción oficial y, a pesar del tradicional faccionalismo del Congreso, se promulgaron algunas leyes que hacían mucha falta. La Ley de Defensa Económica, que unificó las fuerzas armadas, reguló la exportación de tabaco y creó una moneda cubana, y la Ley de Accidentes del Trabajo son dos ejemplos destacados. En 1915 se celebró el primer congreso obrero en La Habana, que demostró la fuerza incipiente de la clase trabajadora, la influencia predominante del anarquismo, que había penetrado por primera vez en la isla en el siglo XIX por medio de las organizaciones de trabajadores del tabaco, y las tremendas dificultades que llevaba aparejada la organización nacional de los trabajadores azucareros, que constituían, como dijo uno de los oradores, un «proletariado rural».

Al mejorar las condiciones económicas debido a la primera guerra mundial y ver que su popularidad iba en aumento, Menocal decidió presentarse a la reelección. Como de costumbre, la noticia provocó una reacción hostil a escala nacional. Los liberales formaron un frente unido detrás de la candidatura de Alfredo Zayas y el coronel Carlos Mendieta. En el verano de 1916 la tensión política estaba ya tan cargada de violencia, que el presidente Wilson, preocupado, advirtió que «la ley y el orden debían mantenerse en Cuba a toda costa». Sin embargo, las crecientes posibilidades de una guerra con Alemania inspiraban en Washington el vivo deseo de evitar una crisis en Cuba. Por consiguiente, Menocal, el representante de la ley y el orden, recibió pleno apoyo de los norteamericanos.

El 1 de noviembre de 1916 se celebraron elecciones, que fueron ruidosas pero, en general, pacíficas. Los primeros resultados indicaron que Zayas iba a ganar por un amplio margen, pero con el gobierno controlando los boletines de información el número de votos para Menocal empezó a aumentar. Las protestas de los liberales fueron tan intensas, que se evitó un conflicto declarado sólo cuando ambos partidos acordaron permitir que el Tribunal Supremo decidiera el resultado. Después de deliberar brevemente, el tribunal declaró que los liberales habían ganado en las provincias de Camagüey y La Habana, y los conservadores, en las de Pinar del Río y Matanzas. Habría que celebrar nuevas elecciones en Oriente, donde los dos partidos estaban empatados, y en Las Villas, tradicional baluarte de los liberales.

Así pues, las probabilidades que tenía Zayas de obtener la victoria electoral eran razonablemente numerosas. Pero los liberales decidieron no esperar hasta que se celebrasen nuevos comicios. En febrero de 1917, bajo el liderazgo del ex presidente José Miguel Gómez y acusando al gobierno de represión persistente, los liberales se rebelaron en varias provincias; tomaron rápidamente Santiago de Cuba, Camagüey y diversas poblaciones importantes del interior. Pareció que se repetía la pauta de 1906; es decir, una rebelión que desde las provincias se propagaba victoriosamente hacia La Habana. Sin embargo, a diferencia de Estrada Palma, Menocal era un líder militar capacitado, tenía un ejército bajo su mando y podía contar con la ayuda de los Estados Unidos. Detenidos por la tenaz resistencia de los militares en Las Villas, los rebeldes se desanimaron todavía más con la publicación de unas notas diplomáticas del Departamento de Estado a William González, el ministro norteamericano en Cuba, que hacían hincapié en el apoyo estadounidense «sólo a los gobiernos constituidos legalmente». Las notas fueron acompañadas de cierto despliegue de fuerzas militares norteamericanas en Santiago de Cuba y Guantánamo. El curso de los acontecimientos empezó a ser desfavorable a la oposición. El 7 de marzo de 1917, rodeado por el ejército, José Miguel Gómez tuvo que rendirse en Las Villas. En mayo la rebelión ya había terminado. Para muchos cubanos «las notas de Mr. González» [sic] pasaron a ser un poderoso símbolo del control de sus asuntos políticos internos por parte de los norteamericanos. Menocal se apresuró a pagar la deuda contraída con Washington declarando la guerra a Alemania inmediatamente después de que los Estados Unidos hicieran lo mismo.

El segundo mandato de Menocal (1917-1921), que empezó en circunstancias tan poco propicias, cayó muy por debajo del nivel del primero. La corrupción se disparó, el fraude aparecía en todas las elecciones y, a pesar de la prosperidad económica, la popularidad del presidente descendía sin parar. Para empeorar las cosas, durante el último año de Menocal en el poder los precios del azúcar cayeron de repente y sumieron a Cuba en su peor crisis económica al mismo tiempo que añadían una nueva y dramática dimensión a la campaña presidencial de 1920.

Alfredo Zayas era el candidato del Partido Popular Cubano, pequeña facción ex liberal, a la vez que José Miguel Gómez se presentaba como candidato liberal. Las posibilidades de vencer que tenía Zayas fueron remotas hasta que Menocal decidió respaldarle con todos los recursos del poder. Durante las elecciones la violencia y el fraude fueron tan escandalosos, que otra insurrección liberal pareció inminente. De nuevo intervinieron los Estados Unidos. El 31 de diciembre el presidente Wilson ordenó al general Enoch Crowder, que tenía experiencia previa en asuntos cubanos, que se trasladara a La Habana en calidad de representante personal suyo. El gobierno cubano no había sido consultado y Menocal protestó ante semejante medida unilateral, pero la única respuesta que obtuvo fue «no ha sido costumbre ni se considera necesario que el presidente de los Estados Unidos obtenga el consentimiento previo del presidente de Cuba para enviar a un representante especial a conferenciar con él»[21]. El día 6 de enero de 1921 Crowder entró en La Habana a bordo del acorazado Minnesota.

Antes de ocuparse de la crisis económica, Crowder intentó resolver la crisis política. Al verificar la magnitud del fraude electoral, creó nuevos reglamentos para evitar que se repitiera y fijó el 15 de marzo como fecha para las nuevas elecciones. Unos días antes de esa fecha, alegando que no tenían garantías de que las elecciones serían libres y limpias, los liberales decidieron abstenerse. Al presentarse sólo él, Alfredo Zayas fue elegido presidente. El 20 de mayo, en medio del descontento popular y de terribles condiciones económicas, Menocal abandonó la presidencia. Al cabo de un mes José Miguel Gómez murió en Nueva York.

Durante los ocho años de Menocal en el poder, Cuba había experimentado transformaciones profundas, por razones que tenían que ver con el azúcar más que con la política. En 1912 el precio del azúcar era de 1,95 centavos la libra (0,45 kg), el más bajo desde principios de siglo. La primera guerra mundial y el derrumbamiento casi total de la producción europea de azúcar de remolacha cambiaron la situación e inauguraron un deslumbrante período de prosperidad. A partir de 1914 el precio del azúcar aumentó progresivamente y en 1920 alcanzó la asombrosa cifra de 23 centavos la libra. Pero luego bajó hasta quedar en 3,5 centavos la libra. La «danza de los millones» terminó bruscamente en la bancarrota y la miseria.

Es esencial tener en cuenta algunas de las consecuencias de este auge del azúcar. Mientras que en los 13 años anteriores a la primera guerra mundial sólo se construyeron 15 ingenios de azúcar en Cuba, entre 1914 y 1920 se construyeron 38, la mayoría de ellos en la región oriental, convirtiendo Camagüey y Oriente en las zonas azucareras más productivas de la isla. (Su porcentaje de la producción total de Cuba aumentó del 15 por 100 en 1902 al 55 por 100 en 1922). Como el sistema de producción de caña en Cuba se basaba en la plantación extensiva en lugar de en el cultivo intensivo, los beneficios superiores empujaban a los propietarios de ingenios a adquirir tanta tierra como fuese posible, lo cual debilitó a los colonos y transformó el latifundismo en un formidable problema económico. Asimismo, para que los costes de producción permaneciesen bajos, los hacendados luchaban contra todas las peticiones de mejoras salariales y recurrían a la importación de mano de obra barata de Haití y Jamaica, incrementando con ello las tensiones sociales y raciales entre campesinos y trabajadores. El auge del azúcar y la falta de competencia europea también intensificaron la penetración norteamericana en la economía de Cuba (las inversiones estadounidenses en Cuba subieron de 205 millones de dólares en 1911 a 1.200 millones en 1924), lo que incrementó la dependencia cubana de los Estados Unidos para sus importaciones, además de para sus exportaciones de azúcar (el 51 por 100 de las importaciones de Cuba procedieron de los Estados Unidos en 1914, y el 83 por 100 en 1915) e intensificaron la tendencia hacia una economía basada en un solo cultivo.

Todo esto explica por qué el derrumbamiento de 1920 tuvo consecuencias tan devastadoras. Casi todos los bancos cubanos se quedaron sin dinero, muchos ingenios de azúcar propiedad de cubanos tuvieron que venderse a extranjeros, principalmente a norteamericanos, y todos los sectores de la población acusaron el efecto del desastre económico. El sistema de colonos, que había estado en expansión desde finales del siglo XIX, creando lo que podría considerarse como una clase media rural, sufrió un terrible revés. Se ha calculado que en los nueve años que siguieron a la crisis de 1921, de un total de 50.000 colonos, 18.000 perdieron su tierra. Y la mayoría de los supervivientes pasaron a depender casi por completo de la voluntad de los propietarios de los ingenios de azúcar[22].

La crisis, no obstante, dio sus resultados positivos. Muchos cubanos se percataron de la vulnerabilidad de su nación ante las fuerzas económicas externas y ante la magnitud de la dominación norteamericana. En 1921, cuando Zayas asumió la presidencia, la sacudida económica ya había revitalizado el nacionalismo cubano y engendrado una demanda general de reformas. La honradez pública, las leyes encaminadas a proteger los intereses cubanos, la diversificación de la agricultura y una actitud firme ante los Estados Unidos se convirtieron en asuntos de interés nacional. En 1922 Manuel Sanguily alzó una vez más la voz para condenar la venta de tierras cubanas a extranjeros[23]; aquel mismo año un grupo de cubanos destacados propuso que se creara un banco nacional, y en 1927 se publicó la más seria e influyente crítica del latifundismo en Cuba: Azúcar y población en las Antillas, de Ramiro Guerra y Sánchez. La entrada en escena de una nueva generación de políticos añadió un acento radical, impaciente, a las voces de protesta.

Alfredo Zayas, el nuevo presidente «elegido» en 1921, en plena crisis, era un abogado culto, oportunista, casi totalmente desprovisto de escrúpulos morales. En el momento en que la «regeneración» era una exigencia cada vez más fervorosa, se las compuso para degradar la política cubana a su más bajo nivel. Al principio, con el gobierno avanzando con pasos vacilantes hacia la bancarrota, Zayas no tuvo más remedio que ceder a la presión que ejercía Crowder para que se efectuaran reformas. En junio de 1922, bajo los ojos vigilantes de Crowder, se formó un nuevo gabinete, apodado «el gabinete honrado». Entre los logros del gabinete cabe citar la reducción del presupuesto nacional de 130 millones a 55 millones de dólares, la administración honrada del sistema de lotería y un esfuerzo serio por controlar la corrupción pública. La actuación de Crowder, sin embargo, provocó una fuerte oposición en Cuba. En junio de 1922 hasta el Congreso, que habitualmente era dócil, adoptó una resolución condenando las injerencias de Crowder en los asuntos internos de Cuba y recordándole la interpretación que Elihu Root hiciera en un principio de la enmienda Platt, en el sentido de que rechazaba tales injerencias. En 1923 el gobierno Zayas recibió un préstamo de 50 millones de dólares de la House of Morgan y Zayas consideró que ello le permitía ejercer su autoridad. Inclinándose convenientemente ante el nacionalismo reinante, plantó cara a Crowder y desmanteló el «gabinete honrado».

A mediados de año el antiguo sistema de chanchullos ya volvía a funcionar. Afortunadamente para Zayas, Crowder no podía hacer nada para oponerse a ello. Después de su ascenso a la categoría de embajador tenía que seguir la nueva política de Washington, que era más prudente y se basaba en evitar la intervención directa o siquiera las presiones francas sobre el gobierno cubano para que llevase a cabo las reformas. Tal como Dwight Morrow, hombre de negocios y diplomático, dijo a Crowder, «el buen gobierno no puede sustituir al autogobierno»[24]. En vista de ello, Crowder se vio obligado a mantener un diplomático mutismo.

Sin embargo, el ambiente que predominaba en Cuba ya no era pasivo. Desde 1922, inflamados por las proclamas de los estudiantes argentinos en la universidad de Córdoba (1918) y bajo la influencia de los sentimientos «antiyanquis» de la mayoría de los intelectuales latinoamericanos (por ejemplo, José Vasconcelos en México y Manuel Ugarte en Argentina), así como por los acontecimientos revolucionarios en México, los estudiantes de la universidad de La Habana empezaron a exigir que se forjara una «nueva Cuba», libre de corrupción y de la tutela yanqui. El sueño incumplido de Martí, el sueño de una república «con todos y en beneficio de todos», se convirtió en el objetivo declarado de sus esfuerzos. Un nuevo y ardiente amor a Cuba y la angustia que inspiraba verla en aquel estado hicieron su aparición en obras de teatro, novelas, poemas y en la música popular. Al mismo tiempo, jóvenes profesionales y los líderes de las asociaciones obreras mejor organizadas unieron sus voces a las que clamaban por las reformas. Hasta los colonos y los hacendados expresaron el descontento que en ellos despertaban las condiciones predominantes. Significativamente, en 1923 una alianza libre de muchos de estos grupos formó una «asociación de veteranos y patriotas» que hizo público un programa para la «reconstrucción nacional» que preveía la abrogación de la enmienda Platt, el sufragio para las mujeres y la participación de los trabajadores en las empresas comerciales. Casi simultáneamente, un grupo de intelectuales jóvenes publicó una resonante «protesta de los trece» condenando, no sólo la corrupción del gobierno Zayas, sino la totalidad del sistema político cubano. El apoyo que recibieron sorprendió incluso al impasible Zayas. «Los tiempos han cambiado», dijo confidencialmente al senador Wifredo Fernández. Pero el presidente no cambió.

En 1925 antiguos organizadores laboristas como Carlos Baliño, líderes estudiantiles como Julio Antonio Mella y varios ex anarquistas desencantados fundaron el Partido Comunista Cubano. Su influencia directa fue mínima, pero en los escritos de la nueva generación pronto aparecieron conceptos marxistas, que probablemente no habían sido estudiados a conciencia. Joaquín Martínez Sáenz, abogado y futuro revolucionario (fue el principal organizador del ABC, organización secreta contra Machado), diría más adelante que «nos deslumbraban la sencillez y la claridad aparentes de las teorías marxistas… todos los problemas cubanos podían explicarse por medio de la lucha de clases y el imperialismo yanqui»[25].

El nuevo ambiente político dio una importancia especial a las siguientes elecciones presidenciales. Un revitalizado Partido Liberal, con el general Gerardo Machado como candidato suyo, se opuso al ex presidente Menocal, que una vez más era el candidato de los conservadores. La campaña liberal a favor de la «regeneración» y el lema «honradez, carreteras y escuelas» de Machado encendieron el entusiasmo de la nación. Zayas, a quien es probable que Machado hubiese sobornado, se mantuvo neutral, aun cuando su partido se colocó al lado de los liberales, garantizando que las elecciones serían honradas. Machado venció en cinco de las seis provincias. El día 20 de mayo de 1925 prestó juramento como quinto presidente de Cuba.

Veterano de la guerra de la independencia, con una carrera política larga pero no muy distinguida, Machado era franco, enérgico y duro. Creía firmemente que sólo una mano fuerte podía salvar a Cuba de los políticos corruptos y nunca titubeaba en recurrir a métodos duros cuando la oposición entorpecía su camino. Durante los primeros dos años de su mandato se cumplieron muchas de las esperanzas de los cubanos. El gobierno era honrado; se promulgaron leyes para proteger los productos cubanos, diversificar la agricultura y regular la industria azucarera, al mismo tiempo que un amplio programa de obras públicas y construcción de carreteras, entre ellas una central de La Habana a Santiago de Cuba, proporcionó empleo a miles de cubanos. Alineados detrás del presidente, los partidos políticos tradicionales siguieron una política de cooperativismo y con ello transformaron el Congreso en una institución dócil. Sin una verdadera oposición política y en medio de las alabanzas colectivas, Machado gobernó como ningún otro presidente cubano había gobernado jamás. Sólo pequeños grupos de estudiantes y algunos líderes obreros criticaban al gobierno por incrementar la deuda pública mediante nuevos préstamos y por recurrir a métodos brutales al tratar con huelguistas. La Unión Nacionalista que fundó el coronel Carlos Mendieta y, hasta cierto punto, el recién fundado Partido Comunista (1925) eran motivo de preocupación para el gobierno, pero ninguno de estos grupos tenía mucho peso en 1927. La Unión Nacionalista no era más que una variante de los antiguos partidos tradicionales de Cuba, y los comunistas, guiados por intelectuales y poetas como Rubén Martínez Villena, ejercían poca influencia entre los trabajadores.

Impulsado por su propia maquinaria política y por su ambición personal, Machado dio un paso claro hacia la dictadura en 1927. Con el pretexto de abolir el derecho de reelección presidencial, una asamblea constitucional elegida y partidaria de Machado amplió los mandatos presidenciales a seis años e invitó a Machado a aceptar una nueva permanencia en el poder. Luego, en 1928, el Congreso aprobó una ley de emergencia que prohibía el nombramiento de candidatos presidenciales por todos los partidos salvo por el Liberal, el Conservador y el Popular, todos los cuales habían nombrado a Machado. Después de visitar los Estados Unidos en busca de la aprobación de Washington y de hacer las veces de anfitrión de la sexta Conferencia Internacional de Estados Americanos, que se celebró en La Habana, el 1 de noviembre de 1928 Machado fue debidamente reelegido, sin oposición, para un nuevo mandato de seis años.

La inconstitucionalidad manifiesta de todo el proceso y los métodos dictatoriales de Machado estimularon a la oposición. Menocal abandonó su retiro para unirse a Mendieta y condenar la actuación de Machado. Varias figuras distinguidas de la política y la intelectualidad tales como Enrique José Varona protestaron con vehemencia y los estudiantes universitarios, movilizados por el recién formado directorio de estudiantes, hicieron un llamamiento al pueblo para que luchara contra una dictadura «fascista». Machado, sin inmutarse, respondió con la censura y actos esporádicos de brutalidad. En el verano de 1929 se jactó de contar con el apoyo del pueblo y se burló de la oposición, que, según él, consistía en «un grupo de políticos corruptos y un hatajo de chiquillos mal aconsejados».

La caída de Wall Street en octubre de 1929 alteró drásticamente el equilibrio de fuerzas en Cuba. En el período 1920-1921 la baja repentina de los precios del azúcar había creado una profunda crisis económica en la isla, pero los préstamos y las inversiones estadounidenses habían ayudado a aliviar la situación. Esta vez fue el mercado norteamericano el que se hundió, arrastrando a Cuba hacia una crisis económica todavía peor. La producción y las exportaciones de azúcar descendieron mucho. Entre 1928 y 1932 el precio del azúcar bajó de 2,18 a 0,57 centavos la libra, la cifra más baja de todos los tiempos. En 1929 las exportaciones de tabaco ascendieron a 43.067.000 dólares; en 1933 sólo alcanzaron 13.861.000 dólares. Cayeron los sueldos y salarios, el paro creció desmesuradamente. Y esta vez no había paliativos.

La crisis económica mermó la popularidad de Machado y animó a la oposición a desafiar abiertamente al régimen. En 1930, la violencia fue en aumento después de que un mitin político en Artemisa terminara con derramamiento de sangre. En noviembre los estudiantes ya tenían un mártir en la persona de Rafael Trejo, que había muerto en un enfrentamiento con la policía, y un público nacional que los admiraba. De todos los sectores se alzaban elogios a los valientes jóvenes que luchaban contra la tiranía. Mientras tanto, los políticos tradicionales que unieron sus fuerzas a las de Mendieta y Menocal para luchar contra Machado provocaron las iras de la joven generación debido a sus estrechos contactos con la embajada norteamericana y sus intentos de obtener el franco apoyo de la misma. La nueva política prudente de Washington los tenía desconcertados. Tocaba a su fin la era de la intervención directa, de los desembarcos de la infantería de marina y de las «notas» bruscas del Departamento de Estado. Ahora Washington prefería ocultar sus intenciones detrás de una nube de palabras enigmáticas. En octubre de 1930, cuando al secretario de Estado Henry L. Stimson le preguntaron si el gobierno norteamericano desembarcaría fuerzas en Cuba, resumió una respuesta vaga con esta frase críptica: «en el futuro cada caso se juzgará por sus propios méritos y podría existir una situación que lo distinguiese de los precedentes»[26].

Mientras tanto una clase diferente de lucha política agitaba a Cuba. Antes la violencia se había limitado a choques esporádicos entre grupos políticos, pero ahora participaban en la lucha sectores enteros de la sociedad cubana, desde los trabajadores hasta los abogados, y los elementos más radicales de la oposición empezaban a usar un arma nueva y terrible: el terrorismo urbano. Terrorismo, represión; más terrorismo, más represión; los conocidos ciclos de la dictadura seguían su marcha en Cuba. En agosto de 1931, adoptando tácticas tradicionales Mendieta y Menocal intentaron una sublevación en el interior de la isla, supuestamente coordinada con algunos segmentos del ejército de Machado. Todo salió mal y los dos líderes fueron capturados fácilmente en Río Verde, una zona de Pinar del Río, que dio su nombre al episodio.

El alivio de Machado duró poco. El fracaso de los viejos líderes permitió que la joven generación pasara a la vanguardia y radicalizase la lucha. El ABC, nueva organización revolucionaria secreta formada al principio por profesionales de clase media, publicó un análisis profundo y serio de las causas de la crisis de Cuba[27], y sembró el temor en los círculos gubernamentales con bombas y ataques terroristas. En un segundo plano, la continua decadencia de las exportaciones cubanas seguía aumentando el paro y la miseria. Sin apenas poder pagar al ejército, acosado por un número creciente de enemigos, el gobierno se encontraba en una situación dificilísima. Pese a ello, Machado distaba mucho de haber sido derrotado. A principios de 1933 podía decirse que la situación política en Cuba se hallaba en un punto muerto: la brutalidad oficial no había podido aplastar a la oposición y ésta, a su vez, no tenía ninguna esperanza realista de derribar a Machado. Por consiguiente, la elección de Franklin D. Roosevelt y su anuncio de que seguiría una política de «buen vecino» para con América Latina llenaron a Cuba de ansiosas expectativas. Una vez más la actuación de Washington iba a ser decisiva.

Comprometido con una política de no intervención en los asuntos latinoamericanos, el presidente Roosevelt decidió mandar un enviado especial a Cuba con el fin de que resolviera la crisis. En mayo de 1933, Benjamín Sumner Welles, que tenía experiencia diplomática adquirida en la República Dominicana, llegó a La Habana en calidad de embajador extraordinario. En esencia, su misión consistía en buscar una solución jurídica y evitar una revolución en Cuba que pudiera poner en peligro la nueva política de Roosevelt. Poco después de su llegada, Welles se ofreció como mediador tanto al gobierno como a la oposición. Exceptuando el directorio de estudiantes, que tachó a Sumner Welles de «otro procónsul del imperialismo yanqui», y los comunistas (a los que, naturalmente, no se invitó), todos los grupos de la oposición, inclusive el ABC, aceptaron la mediación de Welles. Cada vez más convencido de la necesidad de librarse de Machado, Welles empezó a favorecer a la oposición insistiendo en formular exigencias que forzosamente tenían que debilitar el poder del presidente y convencer a los cubanos de que Machado había perdido el apoyo de los Estados Unidos.

El 27 de julio, consciente por fin de las maniobras de Welles, pero todavía convencido de que el embajador se excedía en la aplicación de sus instrucciones, Machado aseguró al Congreso que defendería la soberanía de Cuba y pidió su apoyo contra la «intervención extranjera». Mientras la mediación evolucionaba hacia un enfrentamiento frontal entre Welles y Machado, un acontecimiento inesperado alteró la situación drásticamente. El día 4 de agosto una pequeña huelga de conductores de autobús se convirtió en una huelga general que paralizó La Habana. Machado llegó a un acuerdo con los líderes comunistas para que le ayudaran a romper la huelga, pero antes de que pudieran entrar en acción, una radio clandestina anunció que el presidente había dimitido y las multitudes se echaron jubilosamente a la calle. El inevitable choque sangriento con la policía condenó al gobierno. Al día siguiente casi todas las actividades quedaron interrumpidas a lo largo y ancho de la isla. El 12 de agosto, después de que se rebelaran algunos oficiales del ejército, Machado se inclinó ante lo inevitable, dimitió y abandonó el país. Inmediatamente, Carlos Miguel Céspedes (hijo del héroe de la guerra de los Diez Años) prestó juramento como presidente interino de la república.

A pesar del apoyo de Welles y de la participación del ABC, el gobierno de Céspedes parecía demasiado titubeante y comedido en una situación de crisis económica y tensión revolucionaria. El 4 de septiembre, aprovechando la desmoralización de la oficialidad del ejército, se sublevaron los sargentos, que exigieron mejores condiciones de vida. Inmediatamente secundaron la rebelión los líderes del directorio de estudiantes, que habían denunciado el gobierno de Céspedes acusándolo de instrumento del embajador yanqui. Los estudiantes convencieron a los sargentos, a los que ahora mandaba Fulgencio Batista, para que marcharan sobre el palacio presidencial y depusieran a Céspedes. Como escribió uno de los actores transformaron «un levantamiento militar en una auténtica revolución»[28].

Tras un intento de instaurar una pentarquía gobernante, los estudiantes proclamaron presidente de la república a Ramón Grau San Martín, que era profesor universitario. Aunque únicamente duró cuatro meses, este gobierno revolucionario se convirtió en la expresión de la mayoría de las tensiones y aspiraciones que se habían acumulado en Cuba desde el decenio de 1920. Con el joven Antonio Guiteras como su líder más dinámico, el gobierno abrogó la enmienda Platt, proclamó una reforma agraria, fomentó los sindicatos obreros, dio el voto a las mujeres, recortó el poder de las compañías norteamericanas y decretó la obligación de que el 50 por 100 de los trabajadores de todas las industrias fuesen cubanos. Pero carecía de un partido político que pudiese organizar el apoyo de las masas y tuvo que hacer frente a demasiados enemigos. Mientras los comunistas, siguiendo las tácticas de la tercera internacional, lo atacaban por considerarlo «un lacayo del imperialismo yanqui», Sumner Welles recurrió a toda su influencia en Washington para convencer a Roosevelt de que no debía reconocer al gobierno revolucionario porque era demasiado izquierdista y no podía garantizar el orden público.

El gobierno revolucionario logró aplastar un fútil intento de ex oficiales del ejército que querían reconquistar el poder, y también una rebelión del ABC, pero no fue capaz de restaurar el orden ni de aplacar el temor de muchos sectores cubanos (empresariales y obreros) ante el desastre económico que se avecinaba si los Estados Unidos se negaban a comprar la zafra. Al aumentar el radicalismo del gobierno, menguaron las filas de sus seguidores. Dividido internamente, el directorio de estudiantes se disolvió, y los sargentos que ahora eran coroneles, se sentían cada vez más alarmados. En diciembre, Batista, que había mantenido contactos estrechos con Sumner Welles, conspiraba francamente contra el gobierno. El 15 de enero de 1934, a pesar de los esfuerzos desesperados de Guitera por organizar unidades paramilitares, Batista ya contaba con suficiente respaldo político como para exigir la dimisión de Grau. El 17 de enero, mientras Grau, Guiteras y muchos líderes estudiantiles partían para el exilio, fue proclamado presidente Carlos Mendieta, que era un político honrado pero muy ingenuo. Al cabo de cinco días, el embajador Jefferson Caffery, que había sustituido a Sumner Welles en diciembre, hizo extensivo al nuevo gobierno el reconocimiento diplomático oficial de los Estados Unidos. Aquel mismo año un tratado entre Cuba y los Estados Unidos abrogó la enmienda Platt.

Con todo, la agitación del período 1930-1934 resultó ser mucho más que otro episodio de violencia política en Cuba. Las fuerzas nacionalistas, sociales y políticas desatadas durante el conflicto transformaron la isla y dieron comienzo a una nueva era. Los líderes, los partidos y las ideas que aparecieron en 1933 dominarían y controlarían los destinos de Cuba durante los siguientes 25 años. La sociedad cubana que Fidel Castro encontró en 1959 e incluso la subida al poder del propio Castro no pueden entenderse sin tener en cuenta los profundos efectos que la frustrada revolución de 1933 surtió en la historia de Cuba.

Capítulo 6
PUERTO RICO, c. 1870-1940

La economía y la sociedad puertorriqueñas se desarrollaron lentamente durante los primeros tres siglos de la colonización española. La isla, cuyos yacimientos de metales preciosos ya se habían agotado a mediados del siglo XVI, no resultaba muy atractiva a ojos de los colonizadores. Se utilizaba principalmente como bastión militar para la defensa de los barcos españoles que navegaban entre España y el continente hispanoamericano, además de como puerto donde algunos de tales barcos hacían provisión de agua dulce. Aparte de los soldados y funcionarios españoles que había en San Juan, la población de la isla la constituían principalmente desertores y esclavos fugitivos de las plantaciones de las islas vecinas, así como algunos soldados que al terminar el servicio militar decidían establecerse en el país en calidad de agricultores independientes. La producción local se destinaba fundamentalmente a la subsistencia familiar.

Hasta las postrimerías del siglo XVIII no empezó España a ocuparse de transformar Puerto Rico en una colonia que fuese productiva en vez de depender del apoyo financiero externo. Esta tarea se convirtió en una necesidad importantísima al producirse la desintegración del imperio a comienzos del siglo XIX. Gran número de familias españolas procedentes de las colonias continentales que acababan de independizarse, así como familias francesas de Louisiana y Haití, empezaron a llegar a la isla. El gobierno español les dio tierra y medios para que empezaran a cultivar para la exportación y eliminó algunos impedimentos que había impuesto al comercio de la isla con el fin de favorecer a los comerciantes de Sevilla y de Cádiz.

Dada la escasa población de Puerto Rico en el siglo XVIII, el factor de la producción que más escaseaba era la mano de obra y el recurso que más abundaba era la tierra. No disponemos de cifras anteriores, pero todavía en 1830 sólo se cultivaba el 5,8 por 100 de la tierra. Aunque aumentó considerablemente, la proporción de tierras dedicadas al cultivo siguió siendo muy pequeña durante todo el siglo XIX; en 1897 sólo había alcanzado un 14,3 por 100. Ello no fue fruto de un desarrollo regional desigual, como ocurría a menudo en otras partes de América Latina. La población de Puerto Rico en los siglos XVIII y XIX estaba distribuida de forma bastante uniforme en toda la isla. El viajero británico George Flinter comentó en 1834 que «hay medios de extender los cultivos al alcance de todas las personas, incluso de la clase más baja»[1]. Por lo tanto, a principios del siglo XIX la gran mayoría de los campesinos y peones agrícolas eran productores independientes.

Para haciendas de azúcar y de café que empezaron a formarse a comienzos del siglo XIX, la tierra fue también un factor de producción que se encontraba con mayor facilidad que el capital, que era indispensable para importar esclavos. De todas formas, a escala internacional, la trata de esclavos no tardaría en extinguirse. Por otra parte, la revolución de Haití había generado grandes temores a la expansión sin freno de la población negra. Aunque siguieron importándose esclavos durante la primera mitad del siglo XIX, la economía puertorriqueña nunca se basó de modo predominante en la esclavitud. La población esclava en su momento de apogeo (1846) representaba únicamente el 11,5 por 100 de la población total.

Así pues, el problema laboral que se le planteaba al desarrollo de la agricultura comercial era encontrar el modo de estimular la colonización por parte de peones blancos o de empujar a los campesinos que ya existían, y que producían de forma independiente para la subsistencia de sus familias, a trabajar en las haciendas. Este objetivo se alcanzó progresivamente en el siglo XIX, pero no fue mediante la contratación y venta de mano de obra, sino por medio del dominio de la tierra y los derechos sobre las personas, medio asociado con el modo de producción feudal. La relación descrita entre la tierra, la mano de obra y el capital fomentó regímenes laborales basados en lazos de servidumbre: principalmente el denominado «agrego», es decir, mano de obra agrícola residente a la que se permitía cultivar una parcela para su subsistencia con la obligación de dedicar una cuota de tiempo al cultivo comercial del hacendado; el llamado «medianeo» o aparcería, en virtud del cual el productor directo tenía que repartir sus productos con el terrateniente; y, para finalizar, el «endeudamiento», consistente en pagar el trabajo en especie o con vales en la tienda de la hacienda, lo cual hacía que el peón contrajera deudas y pasara a depender de determinado terrateniente.

Por lo tanto, durante el siglo XIX la sociedad puertorriqueña experimentó una transformación muy importante: de ser una economía básicamente de propiedades pequeñas, dedicada a la producción para la subsistencia, pasó a ser una economía predominantemente señorial, de haciendas de extensión moderada que cultivaban productos de fácil salida destinados a la exportación. Este cambio lo fomentó la metrópoli colonial mercantilista, a la que interesaba el crecimiento de la producción por los beneficios que pudiera obtener mediante el control del comercio. De esta manera, la dominación metropolitana plantó las semillas de su propia destrucción, puesto que propició la formación de una clase residente que iría paulatinamente desarrollando aspiraciones al poder. Al empezar la producción a centrarse en las haciendas, sus propietarios, por medio del control del proceso de producción, también adquirieron dominación social. Y, utilizando los términos de Gramsci, su hegemonía en la sociedad civil fomentó el traspaso de sus aspiraciones hegemónicas a la sociedad política. El control metropolitano del aparato administrativo del Estado era, a ojos de los hacendados, no sólo el principal obstáculo que impedía intensificar la obtención de productos básicos —por medio de las restricciones del control del comercio por parte de la metrópoli—, sino también el principal impedimento a la organización exhaustiva de la sociedad en términos de sus conceptos de clase o weltanschauung.

Vinculado al mundo capitalista mediante la producción destinada a la exportación, el liberalismo «burgués» proporcionó a los hacendados las herramientas ideológicas de autoafirmación frente a la dominación colonial española: al absolutismo se le hizo frente con el principio de la razón y la libertad que de ella emana; frente a una autoridad de «gobierno por privilegio» —orientado hacia la defensa de los intereses comerciales españoles—, los criollos plantearon el principio de igualdad ante la ley. Cuando los hacendados empezaron a participar en la lucha política su organización se llamó Partido Liberal Reformista.

El liberalismo dio a la organización política de los hacendados el carácter de un frente amplio; incluyó a otros grupos sociales, tales como los incipientes núcleos de profesionales y los artesanos, que estaban a favor de la liberalización del régimen colonial. El Partido Liberal Reformista (llamado más adelante Partido Autonomista) exigía cambios fundamentales en el régimen colonial y, ante la actitud negativa de la metrópoli, sus actividades adquirieron una naturaleza cada vez más anticolonialista. Un observador español de entonces describió de la siguiente manera las ideas políticas del partido: «hace causa del provincialismo [Puerto Rico] por encima y a veces con evidente detrimento de la causa nacional [España]»[2].

De este modo, la política del Partido Liberal contribuyó a que naciera un sentimiento nacional puertorriqueño que fue en aumento a medida que los hacendados adquirieron dominación social y a medida que la relación que surgió en torno al modo de producción de la hacienda empezó a impregnar y unificar toda la estructura social. El carácter de frente amplio que el liberalismo dio a la política de los hacendados reforzó el naciente sentimiento nacional. Se veía la política como una lucha entre puertorriqueños y peninsulares y va a hacerse referencia a los puertorriqueños de clases sociales diferentes como a miembros de «la gran familia puertorriqueña».

En cambio, el hecho de que los hacendados fuesen una clase señorial de una agricultura orientada a la exportación limitaba la lucha nacional. Dado que se producía para exportar, la creación de un mercado nacional no revestía ninguna importancia fundamental, a diferencia del caso de la lucha burguesa en la formación de las naciones europeas. Esto fue un obstáculo a la creación de comunicaciones internas y de un sistema monetario unido, factores que tienen una importancia tremenda para la integración de una economía y, por ende, de un país. Otro obstáculo a la integración fue el régimen laboral sobre el cual basaban los hacendados su producción. Distintos tipos de lazos serviles ataban a los peones a determinadas haciendas, lo cual impedía la formación de un mercado de trabajo. El aislamiento local y la insularidad despojaban la lucha nacional de todo sentido para estos trabajadores. En 1891 Muñoz Rivera, el más importante líder político de los hacendados, afirmó que «todavía no hemos logrado sacudir a esas masas rompiendo el hielo de su indiferencia y encendiendo en su corazón el fuego sagrado del patriotismo»[3].

La oposición política al Partido Liberal surgió del Partido Conservador —que posteriormente se convertiría en el Partido Incondicionalmente Español—, que representaba a los grupos cuya posición privilegiada dentro de la organización social dependía del régimen colonial: la burocracia de la administración colonial y, lo más importante aún, los comerciantes[4]. Los comerciantes controlaban el crédito que los hacendados necesitaban para su producción comercial y también se encargaban de comercializar los productos. Procuraron sacar el máximo provecho de la situación de dependencia en que se encontraban los hacendados. Esta dependencia era en sí misma fuente de conflictos. La apertura ideológica de los hacendados al mundo burgués reforzó su lucha por controlar el aspecto comercial de la producción. Por otro lado, las relaciones de crédito entre hacendados y comerciantes no sólo hicieron que aquéllos se interesasen por las actividades comerciales, sino que también empujaron a los segundos a participar en la producción. Si el hacendado tenía una mala cosecha, se veía obligado a pagar el crédito con tierra. Debido a ello, gran número de comerciantes se estaban convirtiendo en terratenientes y, por ende, representaban una amenaza para la base económica de la incipiente frágil hegemonía social de los hacendados.

La lucha de los hacendados por una posición dominante se encontraba vinculada íntimamente al control del aparato administrativo del Estado para la creación de una infraestructura que permitiera obtener productos básicos con independencia de los comerciantes (facilidades de crédito, medios de comunicación, etcétera) y ampliar el comercio más allá de los límites del control existente de los comerciantes. Así pues, los hacendados no luchaban contra una clase que antes era dominante, en cuyo caso habría sido necesario presentar otra visión de la vida social, sino contra grupos cuyo poder social estaba fuera de la dinámica de la producción social, en privilegios que la dominación colonial había superpuesto a la dinámica estructural.

Las contradicciones entre la ideología —el liberalismo— y las relaciones de producción —Weltanschauung señorial— de una clase que era socialmente hegemónica pero, debido a la condición colonial, económicamente frágil y políticamente subordinada, generaron, hacia finales de siglo, un estilo político que sus propios creadores llamaron «posibilista» u «oportunista»[5]. Los hacendados relegaron los asuntos ideológicos por una lucha orientada exclusivamente a la adquisición del poder administrativo.

Dentro de este marco colonial mercantilista, los hacendados podían seguir dos caminos. La metrópoli había pasado a depender cada vez más del uso de la fuerza por medio del aparato administrativo del Estado para conservar el poder. Una de las alternativas era responder a la fuerza con la fuerza; dicho de otro modo, la alternativa que escogió Cuba: la insurrección armada. Para ello se requería el sólido apoyo de los peones agrícolas y los pequeños propietarios campesinos en una lucha que para ellos no tenía sentido a causa de la posición que ocupaban en la estructura de producción señorial. Esta alternativa también significaba separarse del principal mercado del café puertorriqueño, que ahora era el principal producto de salida fácil de las haciendas, precisamente cuando las exportaciones de café habían alcanzado su pináculo y en el decenio de 1890 representaron los dos tercios de las exportaciones totales del país. (En Cuba el azúcar era el principal producto de fácil salida y su mercado más importante eran los Estados Unidos). Los hacendados puertorriqueños, por lo tanto, tomaron una segunda dirección consistente en utilizar las presiones políticas y la capacidad de regateo con una metrópoli estructural e internacionalmente débil con el fin de conquistar el gobierno propio, esto es, una autonomía política y administrativa local bajo el gobierno de España. En este regateo y dentro de la incipiente práctica política «posibilista», los hacendados explicaron su posición en los términos siguientes: «¡Ni republicanos ni monárquicos, sino puertorriqueños!»[6].

Se estableció una alianza con el partido político de la metrópoli que mayor probabilidad tenía de subir al poder en España: un partido monárquico de derechas. Los hacendados acordaron apoyar la política nacional de dicho partido y éste prometió conceder a Puerto Rico un estatuto autonomista tan pronto como llegara al gobierno. Sin embargo, este partido monárquico español adoptaba unas posturas ideológicas que eran contrarias al liberalismo que había caracterizado la anterior postura política del Partido Autonomista. Debido a ello, la alianza era inaceptable para algunos elementos de «la gran familia puertorriqueña» cuyo radicalismo democrático disfrutaba de bases estructurales más sólidas, es decir, los profesionales y los artesanos. De resultas de ello, el Partido Autonomista se escindió un año antes de la invasión estadounidense de 1898[7].

En noviembre de 1897, España concedió a Puerto Rico un estatuto autonomista. Las únicas elecciones que se celebraron al amparo de dicho estatuto, que instituyó el sufragio masculino universal por primera vez, dieron una mayoría aplastante al partido de los hacendados. Obtuvo el 80,6 por 100 de los votos; el grupo escindido de él, a cuya cabeza se hallaba el sector profesional, conquistó el 15,6 por 100, y los incondicionales, que habían perdido la protección del patronazgo oficial, cosecharon un porcentaje insignificante de los votos.

La invasión norteamericana de julio de 1898, pues, tuvo lugar en un momento en que la hegemonía social de la clase hacendada se hallaba establecida de forma clara y precisamente cuando esta clase acababa de empezar a construir los cimientos de su dominación política en la lucha por una hegemonía global. Pero su partido político acababa de dividirse a causa de sus propias contradicciones internas y, como los sectores sociales que habían abandonado el partido eran importantísimos para la comunicación social (los profesionales y los artesanos), la sociedad puertorriqueña, a pesar del sólido apoyo electoral a los hacendados, presentaba una imagen de fragmentación y discordia.

Además, la hegemonía social de los hacendados se apoyaba en una base económica muy frágil. La caña de azúcar había sido el principal cultivo de salida fácil en Puerto Rico durante la mayor parte del siglo XIX, pero atravesaba una seria crisis desde mediados del decenio de 1880. La aparición en Europa de una industria muy mecanizada que producía azúcar de remolacha limitó los mercados de la caña de azúcar, hizo bajar los precios del azúcar y obligó a llevar a cabo transformaciones técnicas con el fin de producir azúcar cruda de calidad comparable para refinarla. Pero las inversiones en tecnología nueva también suponían cambios en la pauta de tenencia de la tierra —el control de la tierra más contigua para la producción agrícola de la caña que requería un ingenio mayor—, así como cambios en el mercado de trabajo: un excedente flotante de mano de obra para la zafra (el corte o la cosecha) en una economía que se caracterizaba por la escasez de la mano de obra. Algunos hacendados del azúcar lograron efectuar estas transformaciones necesarias, pero, debido a los otros factores macroeconómicos, la mayoría de las haciendas quebraron y con ellas se hundía la industria azucarera del país[8].

La agricultura del café, en cambio, experimentó una edad de oro precisamente en esos dos últimos decenios del siglo. En algunas regiones este crecimiento estuvo vinculado a una especie de segunda colonización, la de empresarios inmigrantes (la mayoría de ellos procedentes de Córcega y Mallorca) que desplazaron a los anteriores colonizadores: hacendados tradicionales, agricultores de mediana tenencia o campesinos independientes. Existía cierta inquina contra estos inmigrantes, no sólo a causa del desplazamiento económico, sino también porque era frecuente que mostraran lazos emotivos más fuertes con su lugar de origen que con su nueva sociedad.

En 1898, Puerto Rico se convirtió en una posesión de los Estados Unidos y la naturaleza del poder económico empezó a sufrir un cambio radical. Mientras que en 1895 la industria azucarera produjo 4.400.000 dólares en exportaciones, el 29 por 100 del valor total de las exportaciones del país, en 1920 produjo 74.000.000 dólares (esto es, 16 veces más), cifra que representaba el 66 por 100 del total de exportaciones[9]. En 1895 prácticamente no existían intereses norteamericanos en la producción de azúcar; hacia finales del decenio de 1920 casi la mitad de la producción total estaba en manos de cuatro compañías de la nueva metrópoli. Aunque de importancia secundaria, es interesante señalar que en 1895 el valor de las exportaciones de tabaco equivalió al 4,4 por 100 de las exportaciones totales de la isla; 25 años después había alcanzado el 19,3 por 100. Y si bien en 1895 no hay indicios de intereses norteamericanos en la industria tabacalera de Puerto Rico, en 1920 estos intereses ya controlaban prácticamente la totalidad de la elaboración y de la comercialización del tabaco[10].

Puerto Rico y las Filipinas no pasaron a ser posesiones norteamericanas sencillamente como trofeos de guerra, fruto de una aventura militar. Aunque es indudable que el interés por Cuba era lo principal, está claro que tanto las Filipinas como Puerto Rico se encontraban también dentro de la esfera de los objetivos expansionistas que en aquel tiempo tenían los Estados Unidos. Hay indicios de intereses estratégico-militares, pero también se hallaban presentes factores económicos de carácter más profundo. Se ha argüido que

excepto en productos muy específicos, la nación norteamericana fue concebida desde el comienzo como obligada a autoabastecerse de los productos más necesarios para la vida (es decir, dentro de la mitología de la autosuficiencia). El azúcar, en forma evidente, es uno de estos pocos productos que Estados Unidos no produce en abundancia. Era necesario, pues, conseguir territorios donde se produjera o fueran fuente posible de producción[11].

Así, mientras que hacia finales del siglo XIX el 86 por 100 del consumo de azúcar de los Estados Unidos se satisfacía por medio de las importaciones, en 1932 solamente se importó un 0,4 por 100. Los territorios adquiridos directa o indirectamente —Hawai, Puerto Rico, las Filipinas y Cuba— aportaron el 76 por 100 del azúcar consumido (véase el cuadro 1). No fue coincidencia que estos territorios sin excepción se convirtieran fundamentalmente en monoproductores de azúcar.

Asimismo, no hay que olvidar que la guerra hispanoamericana tuvo lugar durante la época de mayor expansión territorial de signo imperialista que el mundo había conocido. África, por ejemplo, que en 1875 se hallaba dominada en menos de un 10 por 100, fue dividida de forma casi total por las naciones europeas durante los siguientes 35 años. Fue el período en que los Estados Unidos, Francia y Alemania aparecieron como competidores de la producción industrial de Gran Bretaña. La expansión de estas economías exigía nuevos mercados y empezó a requerir también una afluencia más amplia de materias primas que debían prepararse. Por otra parte, dada la naturaleza capitalista de estas economías, con un tremendo incremento de las manufacturas, se produjo una acumulación de capital que buscaba oportunidades de invertir. Al aumentar el excedente de capital, descendieron los tipos de interés y los intereses financieros tuvieron que buscar nuevos mercados de trabajo donde el nivel salarial fuese bajo, reduciendo así la cantidad interna de capital líquido acumulado por medio de inversiones rentables en el extranjero.

CUADRO 1

Azúcar aportado al mercado norteamericano: fuentes de abastecimiento

| Promedio 1897-1901 (%) | 1932 (%)
(1) Louisiana (caña) | 11,1 | 2,6
(2) Oeste de los Estados Unidos (remolacha) | 3,2 | 21,1
(3) Hawai (caña) | 12,0 | 16,4
(4) Puerto Rico (caña) | 2,1 | 14,7
(5) Las Filipinas (caña) | 0,7 | 16,6
(6) Cuba (caña) | 16,6 | 28,2
(7) Otros | 54,3 | 0,4
Total | 100,0 | 100,0
Subtotal (3 + 4 + 5 + 6) | 31,4 | 75,9

FUENTE: US Tariff Commission Report, n.º 73, Washington, 1934, p. 159 (citado por J. A. Herrero, La mitología del azúcar: un ensayo de historia económica de Puerto Rico, San Juan, 1975, p. 9).

El crecimiento de la industria azucarera de Puerto Rico corresponde perfectamente a esta pausa de desarrollo imperialista. Representó una gran inversión en tierra y maquinaria en un breve período de tiempo, produciendo beneficios a largo plazo. Incluso en los años de la depresión mundial de finales del decenio de 1920 y comienzos del de 1930, estas inversiones efectuadas a comienzos del siglo XX producían beneficios enormes[12].

Además de estar orientado hacia las necesidades de consumo de los Estados Unidos, el azúcar puertorriqueño también debía servir como fuente de materia prima para la industria manufacturera en la economía norteamericana. Así lo demuestra el hecho de que no se permitiera la instalación de refinerías (que eran necesarias para la última fase de la elaboración del azúcar) en la isla (excepción hecha de algunas que atendían exclusivamente al mercado puertorriqueño y que se instalaron más adelante). Por lo tanto, Puerto Rico se convirtió en exportador de azúcar sin refinar, de cuya elaboración se encargaba la economía metropolitana, que en 1914 ya era una importante exportadora de azúcar refinado[13].

La economía de plantaciones, concentrada en la monoproducción para la exportación, redujo la disponibilidad de ciertos productos básicos que antes se obtenían localmente, con lo que elevó necesariamente el nivel de importaciones. Hacia 1920 el valor de las importaciones había subido hasta representar más de seis veces el que existía a finales del siglo XIX. El crecimiento de las importaciones fue acompañado de la inclusión de Puerto Rico en el sistema de aduanas y aranceles de los Estados Unidos, que encauzaron esta creciente necesidad de importar hacia los proveedores norteamericanos. En 1895 las importaciones de los Estados Unidos representaban menos del 11 por 100 del total de las importaciones efectuadas por la isla; 15 años después representaban el 90 por 100 del total. El crecimiento del comercio estadounidense con Puerto Rico fue tal, que en 1934, durante el apogeo de la monoproducción azucarera, Puerto Rico, con una población de sólo dos millones de personas, era el segundo cliente en orden de importancia que los Estados Unidos tenían en América Latina y el noveno a escala mundial[14].

La invasión estadounidense de 1898 no sólo supuso un cambio de metrópoli, sino también algo más importante: una transición del significado económico de las relaciones coloniales. A finales del siglo XIX, los hacendados puertorriqueños se enfrentaban a una metrópoli débil cuya política iba dirigida a defender sus intereses comerciales; al empezar el XX se encontraron con que les gobernaba una de las naciones capitalistas más poderosas, con una economía en expansión e interesada en controlar, no sólo el comercio, sino también la producción en la colonia. En este sentido, la naturaleza misma de los conflictos sociales experimentó una transformación radical.

La política colonial durante los primeros años de la ocupación fue dirigida claramente a destruir la hegemonía de los hacendados, los propietarios de los medios de producción. La lucha nacional ofensiva contra España pasó a ser una lucha defensiva contra los Estados Unidos. Una clase orientada hacia el cambio en el siglo XX se vio obligada, por el capitalismo imperialista, a defender el mundo agrario tradicional mediante el cual había conformado su (frágil) hegemonía social. Indicios de este cambio se encuentran en manifestaciones literarias y culturales de otro tipo además de en la vida política. Por ejemplo, mientras que durante las postrimerías del siglo XIX el jíbaro (campesino) era despreciado por su ignorancia, su actitud ante el trabajo y sus costumbres primitivas o antimodernas, durante los primeros decenios del XX esta figura fue elevada a la categoría del símbolo nacional, al mismo tiempo que se idealizaba la «armonía patriarcal» del campo. La poesía de Luis Lloréns Torres y el aplauso general que se le tributó son probablemente la mejor ilustración de este proceso[15].

La invasión norteamericana de 1898 y la política económica de los primeros años de gobierno norteamericano de la isla transformaron drásticamente la relación entre los factores de producción. El comercio del café, cuyo mercado principal era Europa, experimentaba una seria crisis, y también con las nuevas leyes fiscales y una restricción del crédito, muchos hacendados, agricultores de mediana tenencia y campesinos independientes se vieron obligados a vender sus fincas o parte de sus propiedades. La política económica de los primeros gobernadores norteamericanos también tuvo grandes repercusiones en la tradicional industria azucarera. A diferencia de la producción de café, la de azúcar había disminuido progresivamente durante el último decenio del siglo XIX, y en el momento de la invasión una gran proporción de tierra costera que antes se destinaba al cultivo de caña se encontraba baldía. Nuevas leyes fiscales basadas en el valor de la tierra (en vez de en el nivel de producción) alentaron a los propietarios locales a explotar la tierra para pagar los impuestos decretados, pero la restricción del crédito representaba un obstáculo para la mayoría de los terratenientes (sólo un pequeño grupo de los cuales disponía de fuentes de crédito externas). El gobierno confiscó las propiedades de muchos de los que no pudieron pagar los impuestos nuevos y las subastó. Entre 1901 y 1903 se autorizaron más de 600 casos de este tipo[16].

Este estado de cosas hizo que una gran proporción de la tierra productiva se concentrara en las manos de grandes compañías azucareras de nacionalidad estadounidense. En 1897 sólo el 2,7 por 100 de toda la tierra cultivada consistía en fincas de más de 200 hectáreas (la mayor categoría en las estadísticas de que disponemos); en 1910 la cifra era del 31,4 por 100, dos tercios del cual consistían en granjas de más de 400 hectáreas cuya extensión media era de unas 8.600 hectáreas[17]. Las fincas de menos de 8 hectáreas representaban el 33 por 100 de toda la tierra cultivada en 1897, el 12,4 por 100 en 1910 y el 10,6 por 100 en 1920.

La concentración de la tierra y la crisis de la industria del café obligaron a muchos campesinos que antes tenían propiedades pequeñas, así como a los agregados y medianeros de las haciendas, desposeídos ahora de la tierra que antes cultivaban para satisfacer sus necesidades de subsistencia, a buscar empleos asalariados para poder comprar alimentos básicos en el mercado. De las zonas productoras de café surgió una oleada de migración hacia las regiones de actividad económica creciente, principalmente las plantaciones de caña de azúcar. De 1899 a 1910 en los municipios dedicados de forma primordial al cultivo de la caña de azúcar la población aumentó en un 45,4 por 100, al mismo tiempo que se producía un descenso del 4,2 por 100 en la población de los municipios que se concentraban en el cultivo de cafetos[18]. De esta manera, la redistribución de la tierra y la migración interna hicieron que gran número de peones sin tierra se concentraran en las zonas de caña de azúcar.

El crecimiento del cultivo comercial de la caña en Puerto Rico tuvo lugar en una época de expansión de las exportaciones de capital estadounidense. Esto significaba que para las compañías norteamericanas, que de forma creciente dominaban la producción de azúcar, el capital era un factor económico más abundante que la tierra. Hacia el primer decenio del siglo XX, la inversión media en maquinaria y edificios por media hectárea de tierra en las fincas de más de 200 hectáreas —principalmente propiedad de compañías— era casi el triple (2,75) de la inversión efectuada en fincas de entre 40 y 200 hectáreas, asociadas con la tenencia tipo hacienda. Esta abundancia de capital generó una tendencia a la máxima utilización de la tierra, lo cual, unido a la condición del mercado de trabajo, puso fin al sistema de agrego que había dominado la organización de la producción en la hacienda. En el decenio de 1920 la extensión media de tierra utilizada para cultivos de subsistencia en las plantaciones de caña de azúcar era de menos de 0,030 hectáreas por unidad familiar, lo cual equivalía a 4,5 veces menos que en las regiones productoras de café o de tabaco[19].

La relación entre los factores de producción —tierra, capital y trabajo— en el desarrollo de la producción comercial de azúcar era del todo diferente de la que había existido durante el siglo anterior. Por lo tanto, la actividad productiva se organizó sobre una base diferente: en la compra y venta de mano de obra, es decir, en relaciones de producción capitalista. La posibilidad de que mejorase la vida material del trabajador dejó de ser fruto de las fuerzas de la naturaleza de las que dependía antes para el resultado de sus cultivos; también dejó de depender de la buena voluntad paternalista del hacendado. A ojos de las compañías azucareras, los trabajadores constituían una fuerza laboral homogénea y la mejora económica individual sólo era posible mediante una mejora para todos: un incremento de los jornales. De este modo, la lucha por las mejoras económicas forzosamente tenía que ser una lucha colectiva y, como tal, homogeneidad pasó a significar solidaridad.

La plantación también rompió otros elementos de la forma de producción precapitalista; transformó la actividad productiva que antes era aislada e individual en una actividad colectiva. Esto dio origen a diferencias en los patrones de asentamiento. En las zonas productoras de caña de azúcar la población empezó a concentrarse en los centros urbanos de los municipios o en pueblos pequeños del campo. (En las haciendas y en las zonas donde predominaban las fincas de pequeña tenencia el patrón general de asentamiento rural era de dispersión: hogares dispersos, aislados, rodeados de tierra cultivada).[20]

El resquebrajamiento del antiguo mundo rural contribuyó a fortalecer la incipiente solidaridad entre los peones agrícolas proletarizados. Este fenómeno se hizo manifiesto en las pautas culturales de la vida cotidiana y un caso muy ilustrativo de ello es la transformación que se produjo en los lazos de «compadrazgo». En las haciendas los peones tendían a elegir los padrinos de sus hijos entre los estratos sociales superiores, muy a menudo el propio hacendado o uno de sus parientes. Entre los campesinos independientes y los agricultores con propiedades pequeñas o medianas, donde la producción dependía principalmente del trabajo familiar, lo más frecuente era que los lazos de compadrazgo fuesen entre miembros de la familia extendida. La plantación puso fin a ambas pautas y se forjaron entonces lazos de compadrazgo entre amigos —compañeros de trabajo—, todos ellos miembros de la misma clase social[21].

Los artesanos de los centros urbanos experimentaban un proceso de proletarización similar. El capital norteamericano no se invirtió únicamente en azúcar, sino también en la elaboración de tabaco, que pronto sería el segundo producto de exportación de la isla. Al mismo tiempo, las manufacturas exportadas desde los Estados Unidos (con el control norteamericano del comercio de Puerto Rico) representaban una competencia mortal para diversas clases de artesanos independientes (zapateros, sastres, carpinteros, etcétera). Esto, junto con la crisis de la agricultura tradicional, proporcionó a los nuevos centros de elaboración del tabaco un amplio mercado de trabajo para un régimen basado en la mano de obra asalariada. Entre 1899 y 1910 el número de tabaqueros aumentó en un 197 por 100. En 1910 el 74,6 por 100 de todos los tabaqueros trabajaban en centros donde había más de 100 empleados; en 1920 la cifra era del 82 por 100, que en su mayor parte (78,1 por 100) estaba empleado en fábricas de más de 500 trabajadores[22].

Al convertirse en tabaqueros proletarizados, los artesanos aportaron a la lucha obrera su tradición de radicalismo y su experiencia organizativa. Hay constancia de que los artesanos tenían sus periódicos y panfletos ideológicos, sus gremios, cooperativas y sociedades mutuas, desde el decenio de 1870. La primera organización obrera a escala nacional la fundaron en 1898 estos ex artesanos y ellos fueron los que propagaron el movimiento sindical en las zonas rurales. El segundo decenio del siglo XX se caracterizó por una gran actividad huelguística, principalmente en las fábricas de elaboración de tabaco y en las plantaciones de caña de azúcar, así como por un tremendo crecimiento de la Federación Libre de Trabajadores. Tras apuntarse victorias importantes en la lucha económica, en mayo de 1915 los artesanos proletarizados y los trabajadores de las plantaciones decidieron formar un partido socialista, cuyo programa iba dirigido claramente hacia una transformación radical de la sociedad.

Las divisiones en el seno de la gran familia puertorriqueña que se habían manifestado en la escisión del Partido Autonomista en 1897 se reflejaron inmediatamente en la política después de la ocupación estadounidense. Se formaron dos partidos políticos: el Federal, que representaba a los hacendados y su interés en mantener su frágil hegemonía social, y el Republicano, que al principio representaba sobre todo al sector profesional, que, pese a haber constituido el ala izquierda del movimiento autonomista durante la dominación colonial española, ofrecía apoyo incondicional a la dominación norteamericana.

Las principales aspiraciones de los profesionales se manifestaban en su lucha por organizar la sociedad en términos de la importancia del individuo libre e independiente, y la estructuración de las relaciones sociales basándose en la racionalidad. Frente a la cultura de paternalismo y deferencia que caracterizaba la estructura social de la hacienda, la organización social racional era el epítome de lo «moderno», a la vez que el individualismo era la garantía para la democracia. La instauración de un sistema social liberal y moderno era, a juicio de los profesionales, el camino para alcanzar una posible hegemonía en el futuro. Para muchos puertorriqueños la invasión norteamericana de 1898 simbolizó la llegada del liberalismo y la modernidad. Lo que daría en llamarse «americanización» era su esperanza de que se instaurara un nuevo orden social[23].

Con la transformación capitalista de la estructura económica durante el primer decenio de dominación estadounidense aparecieron dos grupos distintos dentro del sector profesional. La transformación de la economía de haciendas señoriales en una estructura económica capitalista supuso la formación de una mayor economía macrointegrada y esto originó un incremento de la demanda del profesional. El desarrollo capitalista le colocó, por un lado, en una posición de mayor importancia dentro de la economía, pero, por el otro lado, transformó su papel de productor independiente. Empezaron a florecer los contables y abogados de empresa, los gerentes industriales, los ingenieros de producción, etcétera. La resistencia de la administración colonial al avance del autogobierno (porque podía fortalecer la posición casi hegemónica de los hacendados) causó una división profunda en el seno del sector profesional. Los que se habían integrado en la nueva economía hicieron hincapié en la importancia de la modernización y, en consecuencia, apoyaron la dominación norteamericana; pero los profesionales que habían conservado su posición de productores independientes (abogados, médicos, boticarios, etcétera) retuvieron el liberalismo como ideal básico. En 1904 un nutrido grupo de estos últimos, a los que cabría llamar «profesionales jacobinos», abandonó las filas del Partido Republicano que su sector social había controlado desde 1899 y se asoció con la clase hacendada para «la reunión de la gran familia puertorriqueña» contra el gobierno colonial y a favor de la liberalización del régimen del gobierno propio. De esta manera, el Partido Federal de los hacendados se transformó, en 1904, en el Partido Unión de Puerto Rico.

Al mismo tiempo que la vieja clase propietaria nacional perdía su batalla defensiva, aparecieron nuevos tipos de propietarios con el avance progresivo de la economía capitalista de plantaciones. Más adelante, estos propietarios formarían una clase burguesa nativa de naturaleza antinacional. La economía de plantaciones, al concentrarse en un solo producto de fácil venta destinado a la explotación, redujo la disponibilidad de ciertos productos básicos que antes se obtenían localmente, lo cual significó un aumento forzoso del nivel de las importaciones. De resultas de ello, se formó un fuerte sector de importación en la economía, un sector que dependía del sistema de plantaciones capitalista —cuyo crecimiento alimentaba la necesidad de importar—, así como del comercio con los Estados Unidos.

La situación económica que facilitó el desarrollo de la economía de plantaciones bajo propietarios absentistas durante los primeros años de dominación norteamericana también benefició a un reducido grupo de terratenientes portorriqueños que habían conseguido combinar la producción agrícola con las actividades comerciales (o comerciantes que se habían dedicado a producir) y que al organizar su producción habían empezado a alejarse de las relaciones productivas que eran típicas de la hacienda. Este proceso ocurrió de forma predominante en la industria azucarera. La incorporación de Puerto Rico en el mercado protegido de los Estados Unidos fue muy favorable para las exportaciones de azúcar. La crisis de la economía del café en los años inmediatamente posteriores a la invasión, crisis que incrementó la reserva de mano de obra para las florecientes plantaciones cañeras absentistas, también proporcionó a estos terratenientes portorriqueños el potencial humano necesario para su expansión capitalista. Este aumento de la reserva de mano de obra, junto con el mayor distanciamiento de estos terratenientes respecto de la weltanschauung de la hacienda, explica cómo desarrollaron su producción básicamente en los mismos términos que los propietarios absentistas. A principios del decenio de 1930, en el pináculo de la producción azucarera, el poder económico total de este grupo de terratenientes residentes ya era aproximadamente igual al poder económico de las cuatro grandes compañías absentistas; en 1934 sus ingenios de azúcar (o centrales) producían casi la mitad del total de azúcar elaborado[24]. Con la economía de plantaciones amenazada por los hacendados a través del Partido Unionista, y también por la clase antagónica generada por el propio sistema de plantaciones —la clase obrera (y su Partido Socialista)—, los intereses de clase de los centralistas en Puerto Rico empezaron a centrarse en la defensa de esta estructura económica. La competencia capitalista interna con las compañías norteamericanas ocupaba un lugar secundario respecto de la consolidación de la base misma de su posición en la organización de la producción.

Tanto la burguesía mercantil como la productora de azúcar dependían de las relaciones de mercado con los Estados Unidos y de la formación socioeconómica de plantaciones, cuyo desarrollo era estimulado por la política económica colonial de los Estados Unidos. La lucha por la instauración de una nación puertorriqueña —e, implícitamente, de su propio Estado político— iba dirigida contra el dominio colonial norteamericano, que constituía la columna vertebral de los intereses de clase de estos grupos sociales. Por este motivo, formaron y actuaron como una burguesía antinacional.

La estructura de clases generada por una transformación capitalista bajo una potencia colonial imperialista produjo un conflicto trilateral. La metrópoli y las clases aliadas con ella controlaban el gobierno y se valían de la política estatal para tratar de instaurar la base que les permitiera dominar la sociedad. Los hacendados se veían amenazados desde dos direcciones: por la nueva metrópoli y su política, y por la clase obrera en su lucha contra el antiguo orden paternalista. El proletariado naciente entabló una decidida lucha económica contra las compañías azucareras (a las que se identificaba con la dominación colonial), a la vez que su lucha política por una transformación social de índole general iba dirigida también contra los representantes del antiguo orden, que seguían dominando en el campo sociocultural.

Una vez que el capitalismo imperialista-dependiente hubo consolidado su abrumadora dominación sobre la economía puertorriqueña, las contradicciones de su estructura y su desarrollo comenzaron a aparecer de un modo más evidente. Estas contradicciones eran manifiestas en ciertos procesos económicos que caracterizaron los años comprendidos entre 1925 y 1940. Uno de ellos, que comenzó alrededor de 1925, fue el deterioro de los términos de intercambio. Con un índice de precios base de 100 para 1910-1914, el precio de las exportaciones puertorriqueñas en 1937 fue de 92,5 y el de las importaciones, de 126. Dicho de otro modo, con el fin de mantener el mismo nivel de importaciones (en términos del producto bruto), la economía puertorriqueña tenía que incrementar en un 36,2 por 100 su producción bruta para exportar. De 1925 a 1934 hubo, en efecto, grandes incrementos de la producción, que no surtieron ningún efecto en los índices de rentas comerciales[25]. El comercio con la metrópoli representaba el 90 por 100 del total de importaciones y exportaciones de la isla y el control absoluto que ejercía la metrópoli sobre el mecanismo de intercambio de la colonia acabó afectando negativamente incluso a las industrias cuyo crecimiento alentara y promoviera anteriormente la metrópoli.

En una economía abierta, organizada en torno a monocultivos para la exportación, el deterioro de los términos de intercambio surte efectos graves en la renta nacional. La renta generada por los sectores productivos de la economía disminuyó, al igual que su parte de la renta total de la nación. La reducción de la renta en la agricultura, por ejemplo, fue del 32 por 100 entre 1929 y 1939. Los sectores público y de servicios experimentaron un crecimiento completamente artificial, cuya causa principal fue la instauración de programas federales de beneficencia directa o la llamada «reconstrucción» del New Deal. En el ejercicio fiscal 1939-1940 los gastos del gobierno central de la metrópoli en Puerto Rico superaron los de la administración colonial de la isla, lo cual indica que en el decenio de 1930 fue desarrollándose un interesante proceso económico y político por medio del cual los programas del New Deal formaban una especie de gobierno paralelo que respondía directamente ante el ejecutivo de la metrópoli. La participación en el gobierno que se permitía a las organizaciones políticas puertorriqueñas se encauzaba a través de la administración colonial, y, como el gobierno oficial se veía oscurecido por el «gobierno paralelo» de programas de New Deal, la influencia o participación en el segundo —especialmente por parte de jóvenes profesionales puertorriqueños— tuvo tremendas repercusiones políticas[26]. En 1936, un organismo del New Deal, la PRRA (Puerto Rico Reconstruction Administration), daba empleo a cerca de 60.000 personas, cifra que era superior a la mitad del total de puestos de trabajo de la industria del azúcar, y la diversidad de su política era asombrosa: vivienda, sanidad, comercio, cooperativas agrícolas, educación comunitaria, etcétera[27]. El crecimiento de este «gobierno paralelo» demostró que la formación socioeconómica, centrada en la plantación, de capitalismo dependiente se hallaba en crisis, no sólo en un nivel estructural, sino también en un nivel superestructural.

Otro proceso económico de este período, por medio del cual se manifestaron claramente las contradicciones del desarrollo capitalista dependiente, se centraba en torno al empleo. Entre 1930 y 1940 la población del país aumentó en un 21,1 por 100, aproximadamente la misma tasa que en el siglo anterior, mientras que el empleo total aumentó sólo en un 1,7 por 100, cifra muy inferior a la de decenios anteriores en los que el empleo había experimentado un crecimiento equivalente al demográfico. Es obvio que la crisis en los sectores de producción afectó al empleo, pero el problema del empleo en este período va más allá de esto: tenía sus raíces en el desarrollo mismo del capitalismo dependiente.

En el segundo decenio del siglo las principales industrias de desarrollo capitalista, las de elaboración de la caña de azúcar y el tabaco, ya habían encontrado medios de incrementar la producción sin un aumento de la mano de obra. Entre 1910 y 1934 la producción de azúcar se triplicó con creces y de 347.000 toneladas pasó a 1.114.000, mientras que el empleo agrícola total de la industria aumentó sólo en un 5 por 100: de 87.643 trabajadores a 92.398. Esto quiere decir que mientras que en 1910 se necesitaban 25,3 peones agrícolas para producir 100 toneladas de azúcar, en 1934 se empleaban únicamente 8,3. No hay cifras dignas de confianza sobre la elaboración de tabaco a principios del decenio de 1930, pero entre 1910 y 1920 se hizo evidente el mismo proceso: un aumento del 12 por 100 en la producción con una reducción del 26 por 100 en el empleo.

Debido al estancamiento del empleo en la elaboración de caña de azúcar y tabaco, el proceso de proletarización quedó paralizado. Era precisamente la transformación de estas industrias el factor que había aportado una base material para la formación de un proletariado puertorriqueño a principios de siglo, y los tabaqueros y los trabajadores cañeros habían sido los sectores más importantes de sus organizaciones. La clase obrera puertorriqueña, formada en la fase inicial del desarrollo capitalista de estas industrias —cuando el empleo iba en aumento— nació creyendo que la proletarización abarcaría todo el país. Al empezar a desintegrarse las pautas de vida del mundo señorial, los trabajadores, por medio de la educación obrera y la acción sindical, se quitarían las anteojeras de la deferencia (y de la religión) que les impedían participar en la lucha ideológica. El programa del Partido Socialista de 1919 sugería que la victoria del socialismo era segura e inevitable.

A partir de mediados del decenio de 1920, empero, la clase obrera se encontró ante una situación en la cual el mundo señorial continuaba desintegrándose, pero sin que ello significara, como en otro tiempo, una ampliación del proletariado. Los agregados y los peones de las haciendas no se estaban convirtiendo en proletarios, sino en marginados. Hubo un crecimiento tremendo del subempleo en el sector de servicios, en el pequeño comercio individual y en el «chiripeo» (empleos inestables y esporádicos). En este período también tuvieron lugar la aparición y el crecimiento de la industria domiciliaria, caracterizada por salarios miserables y largas jornadas de trabajo[28]. Ni estos trabajadores ni, huelga decirlo, los parados compartían las experiencias que la clase obrera había utilizado para crear los elementos de una cultura alternativa centrada en una solidaridad combativa.

Así pues, el movimiento obrero se vio debilitado de varias maneras. Era muy difícil organizar a los marginados en la estructura sindical de la Federación Libre de Trabajadores (FLT). Además, el incremento del ejército industrial de reserva representaba una amenaza para la lucha sindical. Hay constancia de que se produjo un estancamiento de los salarios brutos a partir de 1924, así como una reducción proporcional del valor de la mano de obra en el sector productivo. También consta que durante este período muchas huelgas fueron derrotadas. Pero lo más importante de todo es que la parálisis del proceso de proletarización y el crecimiento de los marginados destruyeron la fe de la clase obrera en la certeza de su victoria futura. Esto motivó una coalición del Partido Socialista con el partido pro norteamericano de la burguesía antinacional con el fin de participar en el gobierno y, al menos, poner en práctica medidas concretas que produjeran mejoras inmediatas. En realidad, en los años treinta, a pesar de la participación del Partido Socialista en el gobierno, la clase obrera no experimentó, en términos generales, mejoras inmediatas sino mayor pobreza. En una situación de miseria creciente, este fracasado enfoque reformista de la política desmoralizó a los militantes del partido y llevó a la corrupción y a la apatía. También dio origen a un crecimiento tremendo de las sectas protestantes de tipo «revivalista»[29].

La naturaleza contradictoria del desarrollo del capitalismo dependiente en Puerto Rico también provocó cambios en el seno de otras clases sociales. A finales del decenio de 1920 la clase de los hacendados, otrora casi hegemónica, ya había perdido la base estructural de su existencia misma. La falta de una clase capaz de formular algún proyecto ideológico-cultural en su lucha por la hegemonía causó una profunda crisis cultural en el país; una crisis que la generación intelectual del período resumió en la expresión «la búsqueda de identidad»[30]. Esta crisis se vio intensificada por la que hubo en la ideología política alternativa de la clase obrera. Además, el sueño de americanización —el nuevo orden de modernidad democrática— que albergara el sector profesional a principios de siglo desapareció en medio de la crisis económica del decenio de 1930, agudizada también por la arbitrariedad de la política colonial norteamericana del momento[31].

De esta crisis de identidad ideológica nacieron dos movimientos políticos, cada uno de los cuales respondía a diferentes clases sociales del mundo moribundo de la hacienda y con el nacionalismo como su común denominador. Tradicionalmente, los pequeños campesinos independientes habían apoyado las luchas del hacendado en calidad de subordinados en una cultura común; como clase, nunca habían buscado el poder para sí mismos. Sólo con el fracaso de la política hacendada y frente a la amenaza del capitalismo monopolístico decidieron los descendientes (en movilidad descendente) de estos campesinos, conjuntamente con los pequeños propietarios urbanos, entrar de forma independiente en política por medio de un nacionalismo militante: una lucha desesperada en la cual los participantes estaban decididos a hacer cualquier cosa, incluso inmolarse a sí mismos, por la conservación de lo que consideraban el modo de vida puertorriqueño[32].

A pesar de ser un grupo pequeño, el Partido Nacionalista fue el centro de la mayoría de los acontecimientos políticos importantes del decenio de 1930, toda vez que, dentro de la crisis cultural, el partido representaba una forma de vida claramente alternativa. Sin embargo, siendo el último reducto de la sociedad tradicional, muchos de los elementos de la alternativa que representaba eran inaceptables para la clase obrera (por ejemplo, su hispanismo, su catolicismo, su estilo autoritario y personalista de liderazgo, su deferencia y su sentido del respeto, etcétera). De 1932 en adelante el partido alentó los preparativos para la lucha armada. El gobierno colonial, temiendo que el aumento del descontento social provocara el estallido de tal lucha, desató las fuerzas de su aparato represivo contra el partido, amenazando e incluso pisoteando los derechos civiles y las libertades básicas[33].

El grupo que constituía el núcleo del segundo tipo de nacionalismo estaba constituido por descendientes de hacendados arruinados para los cuales las profesiones habían sido el cauce más importante de reubicación social. Sin embargo, la economía de plantaciones no proporcionaba un crecimiento suficiente en este sector y en el decenio de 1930 ya se encuentran numerosas alusiones al desempleo entre las clases profesionales, e incluso a profesionales especializados, tales como químicos, ingenieros o economistas, que buscaban refugio en empleos del gobierno[34]. La clase hacendada ya no era el principal obstáculo al desarrollo; los obstáculos surgían ahora de las limitaciones del capitalismo monopolístico de las plantaciones. Las tradiciones modernizadora y jacobina del sector profesional, que se habían separado a comienzos de siglo, se volvieron a unir de esta manera bajo un programa de cambio social mediante un movimiento de nacionalismo populista encabezado por las clases profesionales. La creciente importancia del sector público en la economía, la participación de estos nuevos profesionales en los experimentos liberales del New Deal y la ilusión de redirigir una economía dependiente por medio de la planificación gubernativa, prepararon el terreno para un nuevo proyecto político a través del cual los herederos de la clase hacendada intentaron crear la base material y la ideología para una nueva posición hegemónica.

El desarrollo contradictorio del capitalismo dependiente culminó con el estancamiento de las fuerzas productivas, la reducción proporcional de la renta generada por los sectores de producción de la economía y una caída general del nivel de vida. Se consideró que el capitalismo de plantaciones era responsable de la miseria de los trabajadores, la quiebra de los hacendados, la pauperización de los campesinos con pequeñas propiedades, la inestabilidad del empleo y el crecimiento del paro, las limitaciones en la participación económica del creciente sector profesional, así como de la corrupción política y la amenaza que pesaba sobre las libertades civiles individuales. Tanto las clases remanentes de la antigua formación social de carácter señorial como las clases que aparecieron con su transformación en un capitalismo de plantaciones se habían visto apartadas desde finales del decenio de 1920, tanto en el nivel estructural como en el ideológico-político. La unión «del pueblo», con los profesionales del sector público como sus líderes naturales, se erigió en una alternativa política que abarcaba la política clasista.

El populismo fue una respuesta superestructural al desarrollo de cierto tipo de base productiva que surtió dialécticamente un efecto decisivo en dicha base. Asestó el último golpe contra la formación socioeconómica de las plantaciones y la política clasista que su aparición y su consolidación habían hecho posible. Asimismo, abrió las puertas al crecimiento de un capitalismo manufacturero dependiente que en los decenios de 1940 y 1950 sustituyó al capitalismo rural y transformó la sociedad puertorriqueña. En esta transformación se engendraron muchos de los procesos, clases y conflictos que caracterizan el Puerto Rico contemporáneo.

Capítulo 7
LA REPÚBLICA DOMINICANA, c. 1870-1930

La proclamación de la República Dominicana independiente el 27 de febrero de 1844 coronó los esfuerzos de La Trinitaria, sociedad secreta fundada para este fin seis años antes, cuando Santo Domingo, los dos tercios orientales de la isla de La Española, todavía estaba unido a Haití. Era la segunda vez que se proclamaba la soberanía. La primera, la llamada «efímera» independencia (respecto de España), obra de Núñez de Cáceres en 1821, sólo había durado unos meses, después de los cuales las llaves de la capital fueron entregadas al presidente de Haití. La nueva soberanía duró lo suficiente —y tenía una legitimación suficientemente atractiva, pues se basaba en el antagonismo con la vecina Haití— como para hacer del 27 de febrero la fiesta nacional en que se conmemora el nacimiento de la República. A pesar de ello, en el período que terminó en 1930, la soberanía volvió a suspenderse dos veces. Antes de que transcurrieran dos decenios desde la independencia, el país había vuelto a someterse a España, y permaneció bajo el control de los españoles durante cuatro años (1861-1865); entre 1916 y 1924 estuvo ocupado militarmente por los Estados Unidos. Durante el resto del período se elaboraron numerosos planes para renunciar a la soberanía a cambio de la protección extranjera. Vista con esta perspectiva, la independencia del país siguió siendo, si no efímera, al menos tenue. El paso de la reanexión por España a la ocupación por los Estados Unidos ilustra el cambio de dirección en que variaron las fuerzas externas, a las cuales estaba sometida la República. De ser un país que seguía enclavado en una red casi colonial, europea, a finales del siglo XIX se había convertido en un Estado cliente de los Estados Unidos. Los acontecimientos históricos acaecidos en el período que nos ocupa deben situarse constantemente ante ese trasfondo en el cual se registró a largo plazo un cambio de profundo alcance.

Lo que los dominicanos llamaban «independencia» era secesión a los ojos de los haitianos. Su doctrina de la unidad e indivisibilidad de la isla exigía que se tomaran contramedidas y durante los 15 años siguientes numerosas invasiones del territorio dominicano atestiguaron que los sucesivos gobiernos de Haití tenían, como mínimo, este propósito en común. Lo extraño es que no lo consiguieran, dada la superioridad económica, demográfica y militar de Haití frente a su vecina del este.

En gran parte, el sorprendente éxito que obtuvieron los dominicanos al derrotar a las constantes oleadas de invasores puede atribuirse a Pedro Santana, ganadero de las llanuras orientales que en 1844 se convirtió en el primer presidente caudillo de la República Dominicana y dominó la política del país durante los siguientes veinte años. El modo de producción de los ranchos (hatos) dominicanos, donde el trabajo predominaba sobre el capital, contribuía a que se formaran lazos estrechos, y a menudo paternalistas, entre el hatero y sus trabajadores, quienes sabían montar a caballo y usar las armas. Santana pudo organizar un ejército eficaz y sumamente móvil basándose en este tipo de seguidores personales. Juan Pablo Duarte, líder de La Trinitaria —y, junto con Francisco Sánchez y Ramón Mella, uno de los venerados padres fundadores de la República—, no tardó en ver cómo sus ideales urbanos de democracia cívica chocaban con la necesidad de un enérgico liderazgo militar. A mediados de 1844, Duarte tuvo que partir para el exilio del que había vuelto triunfalmente hacía escasos meses.

A los pocos años de la independencia y de que Santana asumiera el poder se presentó un caudillo rival: Buenaventura Báez, que bajo Santana se había distinguido como comandante militar en las regiones meridionales del país, donde residían su familia y los seguidores de su persona, y que ocupó por primera vez la presidencia en 1849. Las facciones enfrentadas que se formaron así —santanistas contra baecistas— fueron los primeros agrupamientos reales de poder en la joven República. Sus rasgos comunes caracterizarían los movimientos y «partidos» políticos hasta bien entrado el siglo XX: seguidores estructurados de forma irregular, con una base regional, agrupados en torno a un líder cuyo título podía indicar experiencia militar, aunque en la mayoría de los casos esa experiencia era de tipo no profesional. En una sociedad donde había una guerra interna casi constante, la división entre el soldado y el paisano era difusa y se podía ser «general», terrateniente y comerciante al mismo tiempo. Por sí sola, ninguna de estas actividades confería un prestigio especial en un país donde abundaban los generales y la tierra aún no era escasa. El prestigio de un caudillo nacía más bien de su capacidad de unir las relaciones personales basándose en transacciones reales y prometidas de bienes, privilegios y lealtades, en una red de patronazgo duradera, de estratos múltiples, cuyo líder era a la vez su centro y su ápice.

Si puede discernirse alguna diferencia ideológica entre las diversas facciones político-militares sin organizaciones ni programas oficiales que dominaron la vida política después de la independencia, esta diferencia tenía por lo menos algún vínculo con la estructura socioeconómica de la región donde se encontraba su base. Así, el fértil valle central del Cibao, donde había muchas plantaciones de tabaco relativamente prósperas, tanto pequeñas como medianas, en las que se sustentaba una élite estable, de carácter comercial y profesional, que vivía en su centro urbano, Santiago, y cuyos hijos con frecuencia estudiaban en universidades europeas, tendía a salpicar sus movimientos políticos con ideas más liberales democráticas que los que surgían del oligopolio de exportadores de maderas finas de la región del noroeste alrededor del puerto de Monte Cristi, o del grupo de ganaderos del este. Pese a ello, incluso la poderosa élite de Cibao, cuyo negocio de exportación sostuvo la economía del país hasta los últimos decenios del siglo XIX, lo que hacía que su región fuese políticamente poderosa, siempre tenía que pactar con líderes locales cuyo atractivo popular se basaba en una aguda percepción criolla de las realidades políticas y las idiosincrasias culturales. Y algo muy semejante puede decirse de las regiones costeras del sur, socialmente mucho menos estables, que empezaron a rivalizar con la supremacía de Cibao a partir del último cuarto de siglo, cuando se introdujo la producción azucarera.

La pequeña y dispersa población —se calcula que en 1871 había 150.000 personas en un territorio de aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados— era en sí misma una buena razón para dudar de que el país fuese capaz de crear una administración civil y un aparato militar apropiados. La proximidad de la República de Haití, más populosa y mejor organizada, sólo agravaba dichas dudas. A consecuencia de ello, las relaciones externas de la República Dominicana eran gobernadas en gran medida por la necesidad percibida de buscar protección —económica, militar y política— de un poderoso tercer país que estuviera dispuesto a hacer las veces de contrapeso ante lo que se consideraba como una amenaza constante por parte de Haití.

Incluso antes de proclamarse la independencia, se había trazado el denominado «Plan Levasseur» —en honor del cónsul de Francia en Puerto Príncipe—, según el cual Francia haría el papel de protector. Planes de esta clase abundaron en la segunda mitad del siglo XIX, tramados a veces por el gobierno en el poder, a veces por la oposición, generalmente exiliada. Entre los posibles estados-protectores, los más solicitados eran Francia, España y los Estados Unidos. Recurriendo a negociaciones secretas —que a menudo provocaban pánico y rumores, además de profundizar la animosidad política—, los dominicanos no sólo ofrecían toda suerte de concesiones económicas, sino que con frecuencia también usaban a modo de cebo el arrendamiento o incluso la venta de la península de Samaná, situada en el noreste, que con su bahía espléndida y de gran valor estratégico, reunía grandes cualidades como posible base naval y estación carbonera. Por supuesto, diversos intereses dominicanos se entremezclaban en tales negociaciones. No sólo podía haber un interés sincero por reforzar la economía y la defensa del país, sino que había también el interés del gobierno de turno por defenderse contra la oposición interna con el apoyo del Estado-protector, o, a la inversa, el deseo de la oposición de encontrar un aliado fuerte en su lucha contra el gobierno; los vencedores se repartirían el botín. Estas rivalidades políticas internas también hacían que las relaciones del país con Haití fuesen un poco más complicadas de lo que hemos indicado hasta ahora. Mientras que los gobiernos dominicanos en el poder citaban siempre las intenciones belicosas de Haití como motivo para recabar la protección extranjera, es concebible que al mismo tiempo exiliados dominicanos estuvieran preparando una invasión desde el país vecino, con el consentimiento de las autoridades haitianas; así pues, cabe que el temor dominicano a Haití coincidiera con el miedo del gobierno dominicano a la oposición. Santana (presidente en 1844-1848, 1853-1856 y 1858-1865) mostró preferencia por la protección de los Estados Unidos o, de no ser posible, de España; Báez (presidente en 1849-1853, 1856-1858, 1868-1874 y 1876-1878) se inclinaba hacia Francia, o España, y, más adelante, los Estados Unidos. En 1861, año en que la propia guerra civil de los Estados Unidos impidió que éstos intervinieran, Santana llegó a persuadir a España a que reinstaurase el control político de la República Dominicana. No obstante, antes de que transcurrieran dos años empezó una guerra de guerrillas contra la dominación española (la guerra de la Restauración), respaldada enérgicamente por el Cibao y sus comerciantes de orientación alemana, y la independencia se restauró en 1865.

Vistas las cosas retrospectivamente, y en comparación con la dependencia política y económica de los Estados Unidos que data de finales de siglo, puede que el predominio de intereses europeos en la República Dominicana durante las postrimerías del siglo XIX tuviera algunas ventajas. A diferencia de los Estados Unidos, Europa quedaba lejos y consistía en diversas potencias rivales. El principal producto que exportaba la República, el tabaco, iba a parar en su mayor parte a Hamburgo; los compradores de tabaco y agentes alemanes se hallaban concentrados en Santiago y en Puerto Plata. El mercado monetario de Londres proporcionó uno de los primeros préstamos extranjeros a la República Dominicana: en 1869, con Báez en la presidencia, se gestionó el llamado «préstamo Hartmont», que ascendía a 420.000 libras esterlinas; las reclamaciones de sus obligacionistas se oirían durante muchos años. También Francia aportó capital: en el decenio de 1880 instauró un banco nacional en Santo Domingo, así como un sistema de telégrafos; también tenía intereses navieros en el país. En semejante configuración, los gobiernos dominicanos, por débiles que fueran en el escenario internacional, al menos tenían una ligera probabilidad de provocar y aprovechar las rivalidades entre las potencias europeas. También podían amenazar a dichas potencias con el crecimiento de los intereses estadounidenses en el Caribe. Desde luego, un equilibrio de poder tan inestable no lo creaba deliberadamente la República Dominicana, pero mientras existió, a veces supo explotar de modo inteligente el margen de maniobra que ofrecía. Este margen disminuyó mucho cuando los Estados Unidos, con su proximidad geográfica, instauraron su hegemonía política y económica, en un momento en que el telégrafo, el teléfono y los barcos de vapor acercaban cada vez más la República Dominicana a su vecino del norte. A partir de entonces, sólo las rivalidades dentro de los Estados Unidos (entre sectores económicos, partidos políticos o instituciones rivales del gobierno) se prestaron a los esfuerzos débiles y siempre delicados que harían los dominicanos por sacar partido de fuerzas externas. Ningún crecimiento de la población, de los recursos económicos o de la estabilidad organizativa durante este período podía impedir que la dependencia dominicana de los Estados Unidos se hiciera más fuerte y más honda.

El período que siguió a la segunda independencia dominicana de España en 1865 fue de caos administrativo, revolución y guerra civil. Santana había muerto al finalizar la anexión española, pero sus seguidores se reagruparon con otros para luchar contra Báez, que fue presidente de 1868 a 1874. Las principales facciones políticas que existían ahora eran los llamados «rojos» (en cuyo núcleo estaban los baecistas) y los «azules» (los adversarios de Báez en el Cibao junio con los herederos orientales de la tradición de Santana), los cuales lucharon unos contra otros de modo implacable y violento. Los seis meses que duró el gobierno del idealista y educado farmacéutico Ulises Espaillat en 1876 sólo sirvieron de irónico contrapunto de todo esto. En aquellos años, Haití se mostró menos activo como invasor y más como financiero y aliado de alguna de las facciones en lucha. De modo parecido, comerciantes de Curaçao y Santo Tomás financiaban las conspiraciones y revoluciones, cosa que hacían también algunos comerciantes-aventureros de los Estados Unidos.

Hacia finales del decenio de 1870 la política comenzó a estabilizarse. Gregorio Luperón, héroe de la guerra de Restauración, fue reconocido cada vez más como el líder político y militar de los «azules». Nacido en la ciudad septentrional de Puerto Plata, de origen social humilde, su talento militar, la educación clásica adquirida por su propio esfuerzo, y su inconfundible capacidad de líder y negociador le permitían tratar con los comerciantes —en parte extranjeros— y los terratenientes del Cibao de una manera que se basaba en la comprensión mutua. Después del último gobierno de Báez (1876-1878), el partido «azul» de Luperón se convirtió en el más poderoso del país, y atrajo a varias personas clave de otras regiones y de la capital. Un partido de esa índole equivalía a poco más que una red, mantenida y manipulada por Luperón mediante viajes y correspondencia, pero el poder del líder —que se encontraba en el centro de la red— no disminuía por ello.

Luperón no aspiraba a ocupar la presidencia él mismo (aunque había servido en calidad de presidente interino en 1879-1880); prefería escoger a los candidatos. Así, hizo que monseñor Meriño, el principal prelado de la República, gobernara de 1880 a 1882, y durante los dos años siguientes (1882-1884) se confió la presidencia a Ulises Heureaux, protegido personal de Luperón. Heureaux (llamado popularmente Lilis y héroe, como tal, de incontables anécdotas y cuentos populares) era, al igual que Luperón, de Puerto Plata y sus orígenes eran todavía más pobres. Se formó militarmente en la guerra de la Restauración bajo Luperón. Su astucia, su valor y su inteligencia le permitieron ascender rápidamente, primero como militar y luego en puestos de gobierno en la región del Cibao. Una vez en la presidencia, el desafío de Heureaux a la supremacía política de Luperón era sólo cuestión de tiempo. Entre 1884 y 1887 se nombraron dos presidentes —Billini y Woss y Gil— por instigación de Heureaux más que de Luperón, y desde entonces hasta su muerte en 1899 Heureaux se reservó la presidencia para sí mismo. Mantuvo a distancia a Luperón, que se exilió en Santo Tomás. De esta manera, la estabilidad política que forjara Luperón se endureció y dio paso a una dictadura. Era cada vez más frecuente que en sus gabinetes, además de «azules», Heureaux incluyese a miembros de otras facciones políticas. Los «generales» locales y sus seguidores que aún no habían tomado partido por Heureaux fueron persuadidos a cambiar de parecer con la ayuda de dinero y nombramientos, o eliminados despiadadamente.

No cabe duda de que la duración de la dictadura de Heureaux tuvo mucho que ver con la excepcional sagacidad política de este caudillo. Pero también hay que tener en cuenta los cambios que se produjeron en la estructura económica del país. La instalación de modernas plantaciones de caña de azúcar durante estos años creó una nueva élite de financieros y empresarios agrarios en las zonas costeras del sur. Esto amplió la base económica del país y también las fuentes de crédito para el gobierno, que ahora por primera vez pudo fomentar en beneficio propio las rivalidades entre las poderosas élites regionales. Entre 1875 y 1882 se fundaron alrededor de 30 nuevas plantaciones de caña de azúcar, la mayoría de ellas en las llanuras del sureste, que hasta entonces se habían destinado a la cría de ganado. Entre los nuevos plantadores de caña de azúcar se hallaban bastantes cubanos que habían abandonado su país a causa de la guerra de los Diez Años (1868-1878) y querían continuar aplicando su capital y su pericia a un tipo de agricultura moderna que parecía prometer mucho debido a la gran proximidad del creciente mercado estadounidense. La exportación de café y de cacao también aumentó considerablemente en los últimos decenios del siglo. Entre 1888 y 1897 las exportaciones de azúcar se multiplicaron por dos y pasaron de unos 400.000 a 800.000 quintales, las de cacao, de 9.730 a 36.000 quintales; y las de café, de 2.500 a 9.000 quintales. En cambio, las exportaciones de tabaco se estancaron. Entraron en funcionamiento puertos nuevos —San Pedro de Macorís en la costa meridional, Sánchez en la bahía de Samaná— a la vez que crecían los antiguos: Puerto Plata, Santo Domingo (véase el cuadro 1). La necesidad de mano de obra en las nuevas plantaciones estimuló la migración interna de carácter estacional. También llegaron inmigrantes de Haití y de las islas británicas vecinas para reforzar el creciente proletariado del azúcar. El aumento de la actividad económica atrajo más inmigrantes especializados del Caribe y de lugares más lejanos: cubanos, puertorriqueños, judíos sefardíes de Curasao —ya había llegado un reducido grupo de éstos en el decenio de 1840—, italianos, españoles y súbditos del imperio otomano. En 1898 se estimaba que la población de la República Dominicana ya era de 458.000 habitantes. La infraestructura del país mejoró mucho. Entre 1887 y 1909 se terminaron de construir varios ferrocarriles que unían las principales poblaciones exportadoras del Cibao (Santiago, Moca, La Vega, San Francisco de Macorís) con los puertos de Puerto Plata y Sánchez. Se construyeron puentes y puertos. Se fundaron muchas poblaciones nuevas. El sistema de educación mejoró bajo el estímulo de Eugenio María de Hostos, el afamado educador y sociólogo puertorriqueño. Se observaba cierto progreso en la organización de la administración civil. Las fuerzas armadas fueron objeto de las primeras medidas encaminadas a su profesionalización y se creó una pequeña marina de guerra. La vida cultural también prosperó: Pedro F. Bono (cuyos notables ensayos sociológicos se publicaron en 1964 con el título de Papeles de Bono en edición a cargo de E. Rodríguez Demorizi) había publicado en París su libro El montero, una de las primeras novelas «realistas» de América Latina. En 1882 Manuel de Jesús Galván publicó Enriquillo, la famosa novela indianista. De entre las numerosas poetisas de finales de siglo destaca Salomé Ureña de Henríquez; sus hijos Pedro y Max Henríquez Ureña adquirirían fama internacional como historiadores de la literatura. El poeta Fabio Fiallo mantuvo contactos desde muy pronto con Rubén Darío, J. J. Pérez tradujo a Tomás Moro, César N. Penson tradujo obras del italiano y Manuel R. Objío del francés, especialmente Víctor Hugo. En las artes plásticas merecen mencionarse los cuadros y las esculturas de Abelardo Rodríguez Urdaneta. Finalmente, el regionalismo, aunque no desapareció, por primera vez desde la independencia pudo subordinarse a la política nacional y a una conciencia nacional cada vez mayor.

CUADRO 1

República Dominicana: derechos de aduana por puerto
(en pesos oro), 1869, 1895, 1896

| 1869 | 1895 | 1896
Santo Domingo | 179.363 | 415.996 | 505.048
Puerto Plata | 396.865 | 290.322 | 368.687
Sánchez | — | 210.982 | 244.684
San Pedro de Macorís | — | 252.103 | 221.298
Monte Cristi | ? | 105.896 | 99.182
Azua | ? | 32.482 | 28.560
Samaná | ? | 20.185 | 28.695
Barahona | ? | 1.552 | 1.908

FUENTE: H. Hoetink, The Dominican people 1850-1900, Baltimore, 1983, p. 6.

Antes del cambio y del crecimiento económicos de los decenios de 1880 y 1890 la estratificación social se hallaba circunscrita regionalmente. Había pocos contactos entre los centros de las distintas regiones: un viaje por tierra de Puerto Plata a Santo Domingo, la capital, duraba unos cuatro días y se consideraba prudente hacer testamento antes de emprenderlo. En cada región había algunas familias «importantes» cuyos apellidos podían hacer que a sus clientes se les abrieran las puertas. Apenas había grandes fortunas en aquel tiempo: la estirpe y la continuidad de residencia eran los principales factores que determinaban el prestigio social. Una parte muy numerosa de la población vivía virtualmente en una economía de trueque. Todo esto cambió ahora. Aumentó el valor de la tierra, el dinero empezó a penetrar en todos los estratos sociales; el trabajo agrario asalariado se hizo más común. Se registró un incremento de la diferenciación artesanal, así como de la diversidad del sector de servicios de la economía. Los próceres regionales, los llamados «dones» se entremezclaban con mayor frecuencia unos con otros y también con los «señores», el grupo de inmigrantes asimilados que había hecho fortuna. De esta manera, se estaba formando una burguesía nacional que hacia finales de siglo había fundado clubes sociales exclusivos que constituían una de las barreras erigidas contra los que pasaban a ocupar el estrato situado inmediatamente debajo de esta capa superior: los de segunda, a quienes las habilidades, la educación, la estirpe o los rasgos físicos, así como la renta, distinguían de «el pueblo», pero que ya no podían penetrar en la élite nacional. Es interesante observar que encontraron un puesto en esta élite nueva varias familias, a menudo de piel bastante oscura, que habían subido bajo el patronazgo de Heureaux y aprovechado la larga duración de su régimen para enviar a sus hijos a buenas universidades extranjeras y los habían casado con hijos e hijas de los señores o, con menor frecuencia, de familias antiguas.

La diferencia de la riqueza entre los dos extremos de la escala social aumentó mucho durante este período. Al mismo tiempo, entre estos extremos se crearon muchos puestos nuevos, a medida que la división del trabajo se hizo más compleja en todos los sectores de la sociedad. Durante este proceso de expansión económica y social, la movilidad social fue grande y en algunos casos notable. Sin embargo, hacia finales de siglo, cuando la nueva estratificación ya estaba cristalizada y estabilizada, las líneas de demarcación social aparecían trazadas con mayor claridad y cruzarlas era más difícil que antes de que se produjeran los caminos que hemos señalado. Nuevas zonas residenciales’, sobre todo en la capital, empezaron a separar a los ricos de los pobres. Más que en épocas anteriores, los rasgos inequívocamente negroides se convirtieron en un obstáculo para la movilidad individual: la nueva élite nacional utilizaba el pretexto de la descendencia como criterio de selección de forma más consecuente de lo que había sido posible en un tiempo en que humildes soldados mercenarios luchaban en cualquier revolución que les brindase oportunidades y podían hacerse poderosos de la noche a la mañana y en que todavía era posible amasar o perder fortunas en unos cuantos días de confusión política. Estas oportunidades escasearon después de que Heureaux impusiera su orden a la sociedad. Incluso el ejército, aunque siguió siendo un cauce de movilidad para los estratos inferiores, tuvo que pagar un precio social por su incipiente profesionalización; como señaló José Martí a principios del decenio de 1890, entre los soldados dominicanos predominaban los negros, mientras que había muchos mulatos entre los oficiales.

La ironía de este proceso fue, por supuesto, que en muchos aspectos Heureaux se convirtió en un anacronismo en una sociedad moldeada durante su régimen. El general de piel oscura y extracción popular, aupado por la guerra de guerrillas y la revolución, ahora tenía que defender su posición en medio de una burguesía en aumento, una coalición de productores y comerciantes que, como bien sabía él, no le aceptaban socialmente y cuya lealtad política y apoyo económico dependían, en último lugar, de la paz y el orden que él fuese capaz de mantener. Al fin y al cabo, el título honorífico que la nación le había conferido era «El Pacificador».

Los derechos de importación y exportación habían sido las principales fuentes de ingresos del gobierno desde el principio de la República. Entre los comerciantes y los gobiernos se habían concertado diversos sistemas para garantizar la entrada ininterrumpida de efectivo. Así, en el decenio de 1870 ganó aceptación el sistema por medio del cual varios comerciantes formaban una compañía que se encargaría de la administración de las aduanas de un puerto, a cambio de lo cual la compañía proporcionaría al gobierno (esto es, al presidente) una suma mensual fija. El líder del partido «azul», Luperón, participó activamente en la poderosa compañía de Puerto Plata. Además, el presidente podía pedir dinero prestado a comerciantes individuales, con frecuencia a cambio de la exoneración temporal del pago de impuestos de aduana. Heureaux continuó utilizando estos métodos de financiación. En sus transacciones financieras no siempre era fácil distinguir entre el Heureaux persona particular y el Heureaux presidente, ya se tratara de pedir dinero prestado o de gastarlo. Desde luego, esta falta de separación entre los medios privados y los públicos predominaba en todas las administraciones. En épocas de apuros económicos para el Estado, los altos cargos tenían que pagar de su propio bolsillo los gastos que el desempeño de sus funciones ocasionaba; en cambio, se aceptaba de forma general que estos funcionarios recibieran comisiones en sus tratos con la empresa privada. Los préstamos extranjeros eran otra fuente de efectivo para los gobiernos de la República Dominicana. Dentro de la región del Caribe, las islas de Curaçao y Santo Tomás eran importantes centros financieros y comerciales para los estados independientes. En particular, las comunidades sefardíes establecidas en estas islas desde hacía mucho tiempo hacían las veces de financieras e intermediarias: la casa de Jessurun en Curaçao financió buena parte de las empresas políticas de Buenaventura Báez, y la casa de Jacobo Pereyra, en Santo Tomás, prestó sumas considerables a los gobiernos dominicanos en los últimos decenios del siglo. Las comunidades judías de estas islas no sólo disponían de una sólida red familiar en toda la región, sino que también estaban en estrecho contacto con los centros financieros de Europa y a menudo hacían de intermediarias de los gobiernos dominicanos que buscaban préstamos en los mercados europeos. El préstamo Hartmont (1869) se había obtenido así, lo mismo que el préstamo de 770.000 libras esterlinas que Heureaux contrató en 1888 con el banco de Westendorp and Company, de Amsterdam, al que dos años después siguió otro préstamo de 900.000 libras esterlinas. En ambos casos, Westendorp gestionó la emisión de obligaciones en varios países europeos. Parte del primer préstamo Westendorp sirvió para liquidar de una vez para siempre las reclamaciones de los obligacionistas de Hartmont cuyas acciones, sostenidas a menudo por la diplomacia, habían preocupado a varios gobiernos dominicanos. El crédito extranjero también sirvió para que Heureaux pudiera reducir su dependencia de las compañías de crédito locales. Éstas se dieron cuenta de ello y muchas de las críticas dirigidas contra la política financiera de Heureaux salieron de los círculos mercantiles, que temían perder los elevados intereses que producían los préstamos internos. El segundo préstamo Westendorp se hizo aparentemente para financiar la construcción de ferrocarriles. Heureaux, sin embargo, necesitaba dinero, no sólo para mejorar la infraestructura del país, sino para perpetuar su propio poder: se repartieron incontables nombramientos, «pensiones» y «cesiones»; había que saldar las deudas contraídas con muchos amigos; y había que comprar a muchos enemigos en potencia.

Como parte de su contrato con el gobierno dominicano se autorizó a Westendorp a abrir una oficina en la República Dominicana, llamada comúnmente la Régie, que administraba todas las aduanas; un porcentaje fijo de los ingresos se entregaba al gobierno y el resto se destinaba a la amortización y los intereses de los préstamos. Básicamente, este era el sistema bajo el cual habían funcionado las compañías de crédito locales, pero ahora el sistema funcionaba a escala nacional y bajo control extranjero. Después de algunos roces al principio, las relaciones entre el director holandés de la Régie y el presidente Heureaux se hicieron muy armoniosas. El holandés se embarcó en empresas comerciales de carácter privado y empezó a descuidar los intereses de sus superiores e, indirectamente, de los obligacionistas de Europa. Arruinado, Westendorp transfirió sus reclamaciones dominicanas en 1892 a la San Domingo Improvement Company de Nueva York. Un año antes se había firmado un tratado comercial con los Estados Unidos que eximía a una larga lista de productos del pago de derechos de importación en ambos países, lo cual provocó vehementes protestas diplomáticas de varias naciones europeas. La pérdida de la preponderancia europea en los asuntos económicos y financieros de la República Dominicana era ya un hecho. Los esfuerzos independientes y simultáneos del ministro de Hacienda de Heureaux, Eugenio Generoso de Marchena —que era de origen sefardita—, por establecer una relación financiera especial con Francia, desentonaban claramente con las nuevas circunstancias. Cuando Marchena llegó al extremo de mostrar ambiciones presidenciales, el dictador mandó que lo ejecutaran.

En el final mismo de su régimen, al darse cuenta del poco margen de maniobra que le dejaba la nueva relación con los Estados Unidos, el propio Heureaux hizo un intento igualmente desesperado de interesar a un consorcio británico por las finanzas del país. Antes de que esta iniciativa siguiera su curso, Heureaux fue asesinado el 26 de julio de 1899, en Moca, población del Cibao, por miembros de la misma burguesía de terratenientes, comerciantes y financieros que él había solidificado durante su régimen, y que ahora querían ver su crecimiento y su posición social convertidos en poder político.

Tras algunos gobiernos de transición breves después de la muerte de Heureaux, Juan Isidro Jiménez fue nombrado presidente. Jefe de una empresa exportadora de maderas finas en la población de Monte Cristi, situada en el noroeste, su alejamiento de Heureaux le había llevado al exilio e incluso a hacer un intento de invasión armada. El vicepresidente era Horacio Vázquez, que había estado envuelto en la conspiración para asesinar a Heureaux. Pronto se hizo sentir la rivalidad aparentemente ineludible entre los dos cargos más altos del país, que culminó con la formación de dos facciones políticas, los jimenistas y los horacistas (llamados también «bolos» y «colúos», términos pertenecientes a las siempre populares peleas de gallos). La lucha fanática y apasionada entre los dos grupos dominaría gran parte de los primeros tres decenios del siglo XX. Aunque es difícil detectar continuidades respecto de anteriores facciones caudillistas, quizá sea razonable conjeturar que entre los seguidores de Vázquez, que era natural del Cibao, se contaban muchos antiguos militantes del partido «azul». Un grupo recalcitrante de lilisistas —admiradores del dictador asesinado— persistió durante algún tiempo e incluso se apoderó de la presidencia en 1903 bajo Woss y Gil, tras lo cual fueron absorbidos poco a poco por los otros movimientos.

La vida política de la República en los primeros años del siglo XX alcanzó un grado de inestabilidad que sólo puede compararse con el de finales del decenio de 1860 y comienzos del de 1870. Guerra civil, revoluciones y golpes de Estado volvieron a ser sucesos harto frecuentes. La apariencia de organización jerárquica en el funcionariado y el ejército creada bajo el duro régimen de Heureaux fue seguida de un sistema en el cual una vez más los «generales» locales y sus seguidores se ponían al servicio de las facciones políticas enfrentadas. El más conocido de estos caudillos regionales sería Desiderio Arias, de la región de Monte Cristi, que durante muchos años ejerció el control absoluto de esa parte del país (y de su aduana), hasta que fue asesinado en los comienzos del régimen de Trujillo.

Sólo la presidencia de Ramón Cáceres (1906-1911), primo de Vázquez y uno de los asesinos de Heureaux, restauró cierto orden en la administración pública. Se llevaron a cabo algunas obras públicas, al menos, y la díscola región de Monte Cristi fue acallada brutalmente concentrando la población rural en unos cuantos lugares centrales y matando su ganado. Cuando Cáceres fue asesinado, empezó otro período de revoluciones y de presidencias breves.

En tales circunstancias de excesiva inestabilidad interna, no sólo era inconcebible pensar en una administración financiera eficiente, sino que era igualmente utópico albergar la esperanza de llegar a acuerdos duraderos y efectivos con los acreedores extranjeros del país. En 1901 había parecido que el presidente Jiménez se encontraba a punto de llegar a un entendimiento satisfactorio tanto con la San Domingo Improvement Company como con los acreedores europeos, cuando una revolución encabezada por su vicepresidente le derribó. Su sucesor tuvo que permitir que el propio gobierno de los Estados Unidos representara los intereses de la San Domingo Improvement Company a partir de entonces navíos de guerra franceses, alemanes, holandeses e italianos aparecieron ante la costa dominicana varias veces para reforzar las reclamaciones de sus ciudadanos, algunos de los cuales vivían en la República, como, por ejemplo, el italodominicano Vicini, uno de los principales plantadores de caña de azúcar y comerciantes del país, que había hecho préstamos considerables a Heureaux.

El presidente Morales Languasco (1904) acarició una idea que no era nueva: constituir el país en protectorado bajo la bandera de los Estados Unidos. De hecho, la intervención norteamericana en los asuntos internos de la República Dominicana aumentó sin necesidad de que llegara a darse un paso tan drástico. En el citado año, por ejemplo, el gobierno estadounidense nombró un agente financiero con poderes para intervenir en la administración de las aduanas; los ingresos, una vez deducida la parte correspondiente a los acreedores, serían para el gobierno dominicano que fuera reconocido por los Estados Unidos. Esta estipulación, que quizás era necesaria debido a la presencia no infrecuente de dos gobiernos rivales en el territorio nacional, podía prestarse fácilmente a la interrupción por parte de los Estados Unidos de la afluencia de dinero al gobierno que no contase con la aprobación de Washington.

Un convenio que los dos países firmaron en 1907 dio un paso más en esa dirección. Las negociaciones con los acreedores del país dieron por resultado una reducción de la deuda exterior de una cifra nominal de 21 millones de dólares a 12 millones de dólares, así como de la deuda interna, que de la cifra nominal de 2 millones de dólares pasó a 600.000 dólares. La refinanciación de la deuda la emprendieron los banqueros Kuhn, Loeb and Company de Nueva York, que hicieron el préstamo con la condición de que el gobierno norteamericano se encargara de administrar las aduanas dominicanas y se nombrase agente fiscal a la Morton Trust Company de Nueva York. Además, el convenio estipulaba que, excepto por acuerdo previo entre los dos gobiernos, los derechos de aduana no podían alterarse ni podía incrementarse la deuda pública. En la práctica esto significaba que los Estados Unidos controlarían todos los departamentos gubernamentales que efectuaran gastos. Cuando en 1908 el presidente Cáceres creó un Ministerio de Obras Públicas y quiso gastar 500.000 dólares en varios proyectos, necesitó la aprobación norteamericana, que le fue concedida cuando Cáceres hizo nombrar a un ciudadano estadounidense para el cargo de jefe del nuevo departamento. Ni siquiera esta influencia directa fue suficiente, a juicio del gobierno estadounidense, para tener la seguridad de que la República cumpliría sus obligaciones internacionales. Los norteamericanos consideraban que el caos en que seguían sumidos los departamentos gubernamentales que ellos no controlaban todavía era un obstáculo para el cumplimiento del convenio de 1907. Por otra parte, de vez en cuando los revolucionarios ocupaban los puertos y las oficinas de aduanas e incurrían en deudas que incrementaban la deuda nacional. La intervención directa de los Estados Unidos, como en el caso de la dimisión forzosa del presidente Victoria en 1912, no producía los resultados apetecidos. Tampoco los produjo la elección, con la ayuda de observadores «imparciales» del Departamento de Estado norteamericano, del presidente Bordas en 1913. En 1914 hubo una novedad: el gobierno de los Estados Unidos quiso nombrar un experto en finanzas para que se encargase de administrar y reorganizar toda la estructura de las finanzas públicas. Sin embargo, el presidente Juan Isidro Jiménez, pese a estar en el poder gracias a la intervención norteamericana, se negó a satisfacer estas y otras exigencias.

El 19 de noviembre de 1915 el ministro estadounidense en la República Dominicana, William W. Russell, entregó una nota del secretario de Estado en funciones en la cual volvía a recomendarse en tono apremiante el nombramiento de un «asesor financiero» norteamericano, así como la creación de una guardia nacional que estaría bajo el mando de oficiales norteamericanos. Una rebelión protagonizada por Desiderio Arias, que a la sazón era el ministro para las fuerzas armadas, proporcionó el pretexto para enviar infantes de marina norteamericanos al país con el fin de que «ayudaran» al presidente Jiménez, que dimitió acto seguido. El nuevo presidente, Francisco Henríquez y Carvajal, por su parte, se negó a hacer caso de las recomendaciones apremiantes que contenía la nota diplomática del 19 de noviembre. Así pues, los Estados Unidos decidieron no reconocer su gobierno e interrumpir la parte de los ingresos de aduana a la que tenía derecho el gobierno dominicano. El final del gobierno de Henríquez se produjo cuando, el 26 de noviembre de 1916, H. S. Knapp, capitán de la marina de los Estados Unidos, proclamó oficialmente la ocupación militar del país. Knapp fue el primer gobernador militar.

La ocupación estadounidense de la República Dominicana, que duró ocho años (1916-1924), tuvo los resultados y causó las reacciones que eran de esperar a la vista de las anteriores relaciones entre los dos países. Por un lado, la estabilidad política forzosa permitió organizar efectivamente el aparato del gobierno dominicano. También mejoraron la educación, la salud pública, la policía y las obras públicas; aunque puso a ciudadanos estadounidenses al frente de la mayoría de los departamentos gubernamentales, el gobernador Knapp procuró sacar provecho de los consejos y la energía de numerosos dominicanos capacitados, deseosos de entrar en el servicio público bajo estas circunstancias. La población civil fue desarmada efectivamente; el ejército ya se había disuelto durante la administración del presidente Henríquez: por falta de fondos. Tocó a su fin la horrible violencia entre facciones civiles. Por otro lado, la ocupación asestó un duro golpe al amor propio de los dominicanos, y la tremenda ofensa que recibió la dignidad nacional dejó cicatrices traumáticas. La amargura aumentó a consecuencia de casos de falta de tacto, agresión e incluso tortura de civiles por parte de miembros de las fuerzas ocupantes, aun cuando otros, especialmente en el campo de la salud pública, lograron ganarse las simpatías de los dominicanos.

La intervención norteamericana en la industria azucarera de la República Dominicana había empezado durante el primer decenio del siglo. La posición de los Estados Unidos como principal socio comercial de la República Dominicana se había visto muy reforzada durante los seis años anteriores a la ocupación, y no había sido la menor causa de ello el hundimiento del comercio con Alemania provocado por la primera guerra mundial (véase el cuadro 2). Durante la ocupación y después de ella, se aceleró la penetración norteamericana en la industria azucarera dominicana. Grandes extensiones de la región costera del sur se hallaban ahora en manos de la South Porto Rico Sugar Company y otras empresas norteamericanas, y se tomaron varias medidas legislativas destinadas a fomentar la influencia estadounidense, incrementar la magnitud de las compañías y reducir o incluso cancelar los derechos de exportación sobre el azúcar. En la abundante cosecha de 1919-1920, 19 ingenios produjeron cerca de 200.000 toneladas de azúcar. Sin un ejército costoso y sin revoluciones igualmente costosas, con una administración en orden y una economía relativamente próspera, la situación económica del país mejoró y la amortización de los préstamos pendientes se efectuó sin ningún contratiempo. En cambio, el propio gobierno militar de ocupación aumentó el nivel de la deuda nacional al contratar varios préstamos nuevos.

CUADRO 2

República Dominicana: principales socios comerciales, 1910-1916

| Porcentaje de exportaciones e importaciones
Año | Estados Unidos | Alemania | Francia | Reino Unido | Otros
Exportaciones
1910 | 70,60 | 19,30 | 6,67 | 1,30 | 2,13
1911 | 52,34 | 26,77 | 9,82 | 6,94 | 4,13
1912 | 58,74 | 14,32 | 7,53 | 10,04 | 9,37
1913 | 53,49 | 19,76 | 8,48 | 2,31 | 15,96
1914 | 80,96 | 7,73 | 2,72 | 1,76 | 6,83
1915 | 79,19 | 0,04 | 1,25 | 0,55 | 18,97
1916 | 80,88 | — | 1,34 | 0,49 | 17,29
Importaciones
1910 | 59,75 | 17,27 | 3,36 | 11,44 | 8,18
1911 | 59,29 | 18,22 | 3,07 | 11,16 | 8,26
1912 | 62,06 | 19,81 | 2,74 | 8,76 | 6,63
1913 | 62,22 | 18,10 | 2,96 | 7,88 | 8,84
1914 | 66,17 | 13,79 | 2,40 | 8,43 | 9,21
1915 | 80,73 | 1,04 | 1,02 | 6,92 | 10,29
1916 | 87,13 | — | 1,30 | 4,13 | 7,44

FUENTE: Patrick E. Bryan, «The transformation of the economy of the Dominican Republic, 1870-1916», tesis doctoral inédita, Universidad de Londres, 1977, p. 172.

En las zonas azucareras del sur las fuerzas de ocupación tuvieron que contender con bandas armadas, llamadas «gavilleros», que merodeaban por aquella región poco poblada, saqueando indiscriminadamente, sin miedo a los encuentros armados. Es difícil juzgar si estas bandas eran algo más que la continuación apolítica de una larga tradición guerrillera, o si se les debe atribuir algún sentimiento o incluso ideología de carácter nacionalista. Finalmente, para limpiar la región de tales bandas, se concentró a sus habitantes en unas cuantas poblaciones. Pero para entonces muchos campesinos ya habían huido espontáneamente tras vender sus parcelas a especuladores ambiciosos que volverían a venderlas a los productores de azúcar, ávidos de tierra. El recién organizado cuerpo de policía dominicana intervino activamente en la lucha contra los gavilleros; uno de sus jóvenes oficiales era el futuro presidente Rafael Trujillo.

Al principio, las clases altas ofrecieron poca resistencia a la ocupación. Los comerciantes se beneficiaron de la estabilidad política unida a un incremento del gasto público, a la vez que la mayoría de los intelectuales se mostraron dispuestos a cooperar con el astuto y cauto gobernador Knapp. La situación cambió mucho al entrar los Estados Unidos en la primera guerra mundial. A partir de ese momento, el gobierno norteamericano prestó menos atención a los asuntos dominicanos; muchos de los mejores oficiales del ejército fueron sustituidos; al propio Knapp le sucedió el gobernador Snowden, que tenía mucho menos tacto. Hacia finales del decenio aumentó la atención internacional para la difícil situación del país. En América Latina se puso en marcha una campaña de publicidad y diplomacia; en los Estados Unidos el líder obrero Samuel Gompers expresó interés y simpatía. Desde su exilio en Cuba el depuesto presidente Henríquez y Carvajal exigió la restauración ordenada de la soberanía de su país y su propia restitución a la presidencia. En 1919 encontró cierta disposición del gobierno estadounidense a empezar negociaciones sobre la forma de poner fin a la ocupación. Durante el año siguiente se dio a conocer la primera organización dominicana que se declaró abiertamente contraria a la ocupación del país: la Unión Nacional Dominicana. En 1921 el Senado de los Estados Unidos ordenó que se investigaran las supuestas atrocidades cometidas contra la población de las zonas donde operaban los gavilleros; el informe de los investigadores las confirmó. Finalmente, en 1922, se acordó el denominado plan Hughes-Peynado: junto al gobierno militar, que seguiría controlando la seguridad y las aduanas, se formaría un «gobierno administrativo». Este gobierno haría los preparativos para celebrar elecciones, tras las cuales terminaría la ocupación. Sin embargo, el control de las aduanas seguiría estando en manos de un funcionario nombrado por los Estados Unidos hasta el momento en que se liquidaran las deudas de la República. El plantador de caña de azúcar Juan Bautista Vicini (era de origen italiano) fue nombrado presidente interino, se celebraron elecciones y el 18 de septiembre de 1924 los infantes de marina norteamericanos abandonaron el país.

La presidencia cayó entonces en manos de Horacio Vázquez. Su rival Federico Velázquez, que había empezado su carrera política como colaborador íntimo del presidente Cáceres, pero que ahora contaba con sus propios partidarios, pasó a desempeñar la vicepresidencia. En 1924, Vázquez firmó un nuevo convenio con los Estados Unidos, que en algunos aspectos era mejor que el de 1907 y que, además, le permitía contratar un préstamo extranjero de 10 millones de dólares. A raíz de los acalorados debates que suscitó el nuevo convenio, Velázquez dejó la vicepresidencia en 1926. Mientras tanto, el gobierno Vázquez aprovechó la benevolencia con que le trataba el gobierno norteamericano y la nueva y ampliada estructura administrativa, así como la prosperidad económica que se registró a mediados del decenio de 1920. Por otro lado, el nuevo ejército (Trujillo se convirtió en su comandante en esos años) quería su tajada del presupuesto, como la querían también los aliados políticos y los amigos —y los amigos de los amigos— del presidente, a los que era preciso tener contentos con el fin de mantener al caudillo en el poder y preservar la estabilidad. De resultas de todo ello, la corrupción se extendió. Y finalmente el faccionalismo levantó la cabeza una vez más. Los seguidores de Vázquez exigieron que éste, que siguiendo un razonamiento constitucional bastante dudoso ya había decidido que su mandato presidencial durase seis años en lugar de cuatro, se presentara nuevamente a las elecciones. A esas alturas, el breve período de prosperidad relativa ya había terminado y las protestas contra una renovación de la administración Vázquez culminaron con un «movimiento cívico» encabezado por Rafael Estrella Ureña, político de Santiago. Las manifestaciones, una marcha sobre la capital y la decisión de Trujillo de no intervenir militarmente contra el movimiento de oposición determinaron la suerte de Vázquez. El 2 de marzo de 1930 dimitió después de nombrar a Estrella Ureña ministro del Interior y de la policía. Estrella Ureña le sucedió constitucionalmente y empezó los preparativos de las siguientes elecciones generales.

Con Vázquez en el exilio, probablemente Estrella Ureña y su candidato a la vicepresidencia, Velázquez, hubieran ganado las elecciones del 16 de mayo de 1930. Pronto se hizo obvio, no obstante, que Rafael Leónidas Trujillo Molina, comandante de las fuerzas armadas, estaba decidido a participar personalmente en la carrera hacia la presidencia. Convenció pronto a Estrella Ureña para que fuese su futuro vicepresidente. Su candidatura fue apoyada por una Confederación de Partidos organizada a toda prisa y heterogénea. Velázquez, el verse abandonado de súbito, logró recuperar el apoyo de varios líderes del antiguo Partido Nacional de Vázquez, pero no podía albergar ninguna esperanza de ganar las elecciones frente, por un lado, a un innegable clamor favorable al cambio y, por otro, a la severa intimidación ejercida por sus adversarios y los seguidores de éstos. El 16 de agosto del 1930, Trujillo prestó juramento como presidente de la República. Del mismo modo que los más de 30 años de confusión política que siguieron a la fundación de la República culminaron con la larga dictadura de Ulises Heureaux, unos 30 años —a menudo caóticos— después de la muerte violenta de Heureaux la República Dominicana cayo en manos de un nuevo hombre fuerte, que esta vez mandaba un ejército bien adiestrado. Este hombre fuerte tendría dominado el país hasta el 30 de mayo de 1961, día en que fue asesinado.

El régimen de Heureaux había sido testigo de la transformación de la República Dominicana de productora de tabaco y maderas finas orientada hacia Europa a un país donde el azúcar reinaba y los Estados Unidos dominaban. Los esfuerzos que a última hora hizo Heureaux por reducir esa dominación estaban condenados al fracaso. En tiempos de Heureaux se empezó débilmente la tarea de profesionalizar el funcionariado y las fuerzas armadas. Se amplió de modo considerable la infraestructura del país para que estuviese a la altura de su nuevo papel económico. Durante ese proceso empezó a formarse una burguesía nacional, algunos de cuyos miembros dieron muerte al caudillo. Las deudas exteriores aumentaron espectacularmente durante ese período y las reclamaciones de los acreedores extranjeros estuvieron estrechamente vinculadas a las intervenciones de estados extranjeros. El régimen de Trujillo presenciaría una industrialización incipiente, otra expansión del sector agrario orientado hacia la exportación y las mejoras concomitantes en la infraestructura del país. Aunque las realidades económicas y geopolíticas exigían subordinación a los intereses de los Estados Unidos, se hicieron algunos esfuerzos por disminuir esta dependencia. La compra por el propio Trujillo de tantas empresas extranjeras, desde bancos hasta compañías azucareras, tendió a reducir un poco el nivel de control extranjero directo, efecto que también surtió su gestión financiera relativamente austera. Mientras que a sectores de la burguesía nacional se les permitió incrementar su riqueza durante la dictadura de Trujillo, no sólo perdieron todo su control político, sino que también tuvieron que presenciar cómo gran número de miembros de los estratos inferiores recibían favores económicos y políticos de un gobierno que, a pesar de su dureza, no hubiera podido permanecer tanto tiempo en el poder sin un elemento de nacionalismo populista. Quizá no sea extraño que entre los que conspiraron para matar a Trujillo en 1961 hubiese parientes de los que habían conspirado para asesinar a Heureaux en 1899.

Capítulo 8
HAITÍ, c. 1870-1930

«Haití no es un país civilizado», comentó el presidente interino Boisrond Canal en 1902 al hablar con el ministro británico en Puerto Príncipe sobre un caso de brutalidad policíaca con un súbdito británico[1]. Canal hablaba como miembro de la élite mulata, francófila, culta, que generalmente despreciaba a la gran masa de ciudadanos negros cuyas costumbres consideraba bárbaras y primitivas.

Haití, que en 1804 se había convertido en el primer país independiente de América Latina, estuvo atormentado desde el principio por profundas divisiones sociales y políticas. Si bien haitianos de todos los colores vieron la derrota de los colonizadores franceses como una vindicación de la raza africana, las tensiones entre negros y mulatos se manifestaban con frecuencia en la nueva nación. La mayoría de los negros descendían de los 450.000 esclavos del período colonial, mientras que la mayor parte de las familias mulatas se remontaban al pequeño pero significativo grupo de los affranchis o libertos de color. Con la independencia, algunos de los antiguos esclavos habían logrado hacerse con propiedades pequeñas, especialmente en el norte, ya fuera como resultado de concesiones o de ventas de tierra por parte del gobierno o instalándose sin tener derecho a ello en tierras desocupadas, pero el efecto general de las primeras reformas agrarias había sido fortalecer la posición de los mulatos como principales terratenientes del país.

Durante el siglo XVIII, Haití (Saint-Domingue) había sido el principal productor de azúcar del mundo, pero la fragmentación de las grandes haciendas y la destrucción ocasionada por los años revolucionarios habían provocado un espectacular descenso de la producción. De hecho, el café pasó a ser el principal producto de exportación de Haití tras la independencia. El presidente F. N. Geffrard (1859-1867) se había esforzado por aumentar la producción algodonera durante la guerra civil de los Estados Unidos, pero con la caída de los precios mundiales dejó de ser rentable. Los agricultores haitianos cultivaban principalmente para la subsistencia y para vender los productos en los mercados locales. Aunque en estas últimas transacciones generalmente se usaba dinero, la extrema escasez de monedas a finales del decenio de 1870 dio pie a la formación de un complicado sistema crediticio. Más adelante las emisiones de papel moneda hicieron poco por aliviar la situación debido a la desconfianza general que despertaba este tipo de moneda. La mayoría de los artículos manufacturados se importaban, principalmente de los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, pero a principios del siglo XX se habían montado en el país fábricas de zapatos de propiedad cubana e italiana (una de las empresas producía hasta 1.500 pares a la semana). También había compañías que fabricaban jabón, cerillas y cosas por el estilo. El comercio de importación y exportación se hallaba en gran parte controlado por extranjeros, y el papel de los alemanes era cada vez más significativo. A comienzos del decenio de 1880 los vapores británicos eran los que con mayor frecuencia visitaban los puertos haitianos, aunque también en este caso crecía la importancia de las compañías navieras alemanas. «En lo que respecta al comercio, el intercambio interior y la industria —señaló un cónsul norteamericano en 1884—, así como el avance religioso, educacional y moral del país, la influencia y la ventaja de las clases extranjeras son visibles e innegables»[2]. El barón de Vastey y otros escritores haitianos de un período anterior habían advertido a sus compatriotas de los peligros de la dependencia económica y les habían instado a avanzar hacia la autosuficiencia como condición necesaria de la independencia política efectiva. En el período posterior a 1870, Edmond Paul, Louis Joseph Janvier y otros recomendaron la creación de industrias de propiedad local que satisficieran las necesidades del país y exportasen sus productos a otros estados de la región. Sin embargo, no se hicieron intentos serios de poner estas ideas en práctica.

Haití tenía en 1870 alrededor de un millón de habitantes. La élite del país consistía en un reducido número de familias; la mayoría de ellas eran mulatas y su fuerza residía en la capital y en las ciudades del sur y el oeste. Una minoría de esta clase la formaban negros que eran especialmente fuertes en el norte de Haití. No obstante, había en general una coincidencia entre el color y la clase social, de tal manera que los ricos tendían a ser de piel clara y los pobres, de piel oscura; gran número de las luchas políticas de la época reflejaban estas divisiones sociales y de color. En el campo había algunos grandes terratenientes y también una clase significativa de campesinos de mediana importancia que eran propietarios de su tierra y daban empleo a grupos reducidos de trabajadores en las temporadas de más trabajo. La gran masa de población rural, empero, la formaban pobres que trabajaban en minúsculas parcelas que eran de su propiedad o usurpadas. Complementaban sus escasos ingresos empleándose de vez en cuando en haciendas mayores o practicando la aparcería. Aunque si un hombre casado moría sin testar sólo sus hijos legítimos heredaban la tierra, la mayoría de los campesinos hacían algo por asegurar el porvenir de sus hijos naturales. En todo caso, la mayoría de ellos no estaban casados, sino placée, a menudo con más de una mujer al mismo tiempo. Era frecuente que las leyes y costumbres de la herencia produjeran la subdivisión de las propiedades; de no ser así, las propiedades eran conjuntas y se explotaban como una sola unidad. Por supuesto, se necesitaba el permiso de todos los propietarios para vender tierras y a veces esto era causa de complicaciones y prolongados pleitos. Los hombres y las mujeres del campo luchaban por alimentar y vestir a su familia, y tener a los acreedores lejos de su puerta. Mientras los hombres, vestidos generalmente de dril azul, trabajaban en los campos, las marchandes dominaban el comercio de las pequeñas poblaciones con mercado.

En las poblaciones se encontraba una clase media que iba de profesionales a pequeños comerciantes y trabajadores especializados; debajo de ella había una clase de trabajadores no especializados y sirvientes. En el decenio de 1880 ya existían en la capital una maison centrale y una fundición donde se enseñaban oficios técnicos a los aprendices. En 1879 los trabajadores manuales cobraban entre 1,00 y 1,50 dólares diarios y el gran número de trabajadores inmigrantes, sobre todo procedentes de Jamaica y las Bahamas, induce a pensar que en Haití las condiciones eran mejores que en las islas vecinas[3]. Es necesario matizar la suposición general de que el Haití del siglo XIX era un país «aislado»; los haitianos, en especial los de las clases alta y media, viajaban al extranjero para estudiar o exiliarse, a la vez que extranjeros de diferentes clases y de numerosos países se instalaban en Haití.

Aunque Puerto Príncipe, que en este período tenía unos 30.000 habitantes, era el centro político y administrativo de Haití, las capitales regionales y unas cuantas poblaciones más gozaban de una vigorosa vida cívica y varios de los movimientos políticos que triunfaron en aquella época nacieron en las provincias. Muchas de estas poblaciones tenían sus propios periódicos y revistas y estaban en comunicación unas con otras por medio de servicios marítimos regulares; el transporte por tierra solía ser lento y difícil a causa del terreno montañoso. Aparte de los edificios del gobierno, la mayoría de las poblaciones se construían de madera y eran especialmente proclives a incendiarse. Tres cuartas partes de Jérémie fueron destruidas por el fuego en 1881. Miragoáne sufrió un destino parecido en el año siguiente, a la vez que en mayo de 1885 un incendio arrasó la mayor parte de Les Cayes. Con frecuencia estos incendios los provocaban elementos descontentos o, algunas veces, partidarios del gobierno, como ocurrió en octubre de 1883, fecha en que hombres del presidente Salomón prendieron fuego al sector comercial de la capital a modo de advertencia dirigida a la élite para que no participase en los levantamientos de mulatos que a la sazón tenían lugar en el sur. Las pérdidas que los negocios extranjeros sufrían en estas conflagraciones acostumbraban a motivar demandas de compensación y amenazas de intervención. La vida en Haití también era amenazada por frecuentes brotes de fiebre amarilla, viruela y paludismo, así como por huracanes y algún que otro terremoto.

Con frecuencia, el gobierno nacional de entonces sólo controlaba tenuemente el campo, en grandes zonas del cual dominaban líderes militares semiautónomos apoyados por tropas irregulares formadas por campesinos, los llamados cacos o piquéis. Uno de estos líderes fue el general Merisier, que controló durante muchos años la región montañosa alrededor de la ciudad de Jacmel. La autoridad que ejercía sobre sus hombres se veía intensificada por el hecho de ser un houngan (sacerdote del vudú). En 1896 invadió Jacmel con 40 de sus hombres; el comandante militar de la región se escondió mientras los invasores se entregaban al pillaje y ponían en libertad a los presos de la cárcel. Al cabo de unas cuantas horas, Merisier se retiró a las montañas, el comandante salió de su escondrijo y la vida siguió su curso normal. Aquel mismo año, con la incertidumbre política que produjo la muerte del presidente Hyppolite, Merisier volvió a apoderarse de Jacmel y finalmente fue nombrado comandante de la región.

El estilo militarista de la política de Haití se remonta al período colonial, pues el gobernador general francés era invariablemente un militar. La tradición se reforzó durante los años revolucionarios porque todos los líderes nativos también eran oficiales del ejército y continuó hasta bien entrada la época de independencia política, durante la cual los generales que habían dirigido la lucha revolucionaria llegaron a ser jefes de Estado. Para los negros en particular, el ejército representaba el único camino que les permitía alcanzar el poder político y, por consiguiente, la tradición militarista fue atacada de modo constante por los políticos mulatos. Si bien durante todo el siglo XIX y hasta 1913 el jefe del Estado fue sin excepción un militar, éste necesitó siempre la ayuda de civiles cultos para gobernar el país. Los generales tienden a acobardarse cuando se encuentran ante complejidades administrativas y en ningún momento escasearon los burócratas más o menos egoístas y dispuestos a desempeñar esas funciones. A menudo estos hombres, que procedían en su mayor parte de la élite mulata, patrocinaban a un general negro como candidato a la presidencia con la intención de utilizarlo a modo de fachada; a esta costumbre se le dio en llamar la politique de doublure (la política del suplente).

En el período que va de la caída del presidente Silvain Salnave en 1869 a la invasión estadounidense en 1915, las alineaciones políticas eran determinadas por factores relativos al color, la región y, quizá lo más importante, por las lealtades y antipatías personales y familiares. Durante la mayor parte del período, las consignas de los partidos fueron bastante fluidas. Los factores de clase social y económica no tenían gran importancia en la determinación de las afiliaciones en aquel tiempo, ya que la mayoría de los que participaban activamente en política pertenecían a la élite. De vez en cuando, como en los levantamientos de cacos y piquéis, los campesinos intervenían activamente en política, pero el efecto general se limitaba a librarse de un gobierno no deseado; los que habían participado en el levantamiento raras veces ejercían una influencia significativa en la política del régimen subsiguiente. En el decenio de 1870, sin embargo, bajo los presidentes Nissage Saget (1870-1874), Michel Domingue (1874-1876) y Boisrond Canal (1876-1879) crecieron en Haití dos partidos políticos razonablemente distintos y coherentes: el Partido Liberal, encabezado por J. P. Boyer Bazelais, y el Partido Nacional, cuyo dirigente era Demesvar Delorme. Aunque entre los líderes de los liberales predominaban los mulatos, dos de sus miembros más destacados, Edmond Paul y Joseph Anténor Firmin, eran negros. El Partido’Nacional lo formó una alianza de intereses varios que se oponían a la tradicional élite y tenían por patrón a Louis Étienne Lysius Félicité Salomón; entre sus miembros y líderes preponderaban los negros, así como un grupo significativo de ideólogos noiristes encabezados por Louis Joseph Janvier. A pesar de ello, el partido contaba con el apoyo de mulatos prominentes tales como Frédéric Marcelin y Callisthéne Fouchard. En los últimos meses del régimen de Canal se produjo una escisión en las filas de los liberales, lo cual permitió al Partido Nacional ganar las elecciones de 1879 y hacer que Salomón volviera del exilio para desempeñar la presidencia de la República (1879-1888).

Salomón, haitiano negro y educado, miembro de una acaudalada familia del sur, estaba asociado con la tendencia noiriste en Haití desde los movimientos revolucionarios de 1843-1847, momento en que él y miembros de su familia habían encabezado revueltas de los piquéis en la región de La Grande Anse. Durante su régimen se fundó la llamada Banque Nationale con capital francés y se aprobó una ley agrícola que repartió parcelas de tierra del Estado entre los agricultores que accedían a cultivar para la exportación. Esta ley también facilitó un aumento de la intrusión de compañías de propiedad extranjera, dándoles derechos de nacionalidad que incluían la posibilidad de poseer tierra. «Gracias a su administración —escribió uno de los partidarios más fervorosos de Salomón—, el capital francés empezó a penetrar en Haití»[4]. En 1883, Salomón tuvo que hacer frente a la invasión de Miragoáne por un grupo de liberales encabezados por Boyer Bazelais, así como a levantamientos en varias ciudades del sur. Logró sofocarlos todos, aunque la preocupación del presidente por su propia seguridad se refleja en parte en la búsqueda de protección de los Estados Unidos o Francia para Haití. Fue, con todo, una alianza de negros del norte la que acabaría despachándolo. La caída de Salomón en 1888 dio paso a una lucha por la sucesión entre F. D. Légitime, respaldado por los franceses, y Florvil Hyppolite, apoyado por los norteamericanos. Este último sería el vencedor y sus seis años de permanencia en el poder (1889-1896) se caracterizaron por la relativa prosperidad y por un programa de obras públicas. Anténor Firmin, el secretario de Exteriores, desvió hábilmente las exigencias de los Estados Unidos, que pedían la cesión del Móle Saint Nicolás para instalar una base naval. El sucesor de Hyppolite fue T. A. Simón Sam (1896-1902), cuya defunción fue la señal para que estallase una breve guerra civil entre los partidarios de Firmin y los del octogenario general Nord Alexis, que acabó haciéndose con la presidencia (1902-1908). Durante esta lucha ocurrió la célebre acción del almirante Hammerton Killick (que era firministe), quien, habiendo capturado un barco alemán que hacía contrabando de armas a favor de Nord, prefirió volar por los aires con el navío insignia de Haití a someterse a la cañonera que los alemanes enviaron para tomar represalias. Los mulatos jóvenes que apoyaban al nuevo presidente eran, en general, favorables a que el país penetrase en la esfera de influencia de los Estados Unidos y se apartara de la tradicional conexión francesa. Al morir Nord, le sucedió Antoine Simón (1908-1911), que afirmaba ser un noiriste siguiendo la tradición del Partido Nacional; sin embargo, muchos de los que le apoyaron al principio se desilusionaron, especialmente después de que firmara el contrato con McDonald (véase más adelante), y fue derrocado en 1911.

Con frecuencia se exagera el grado de inestabilidad política que padeció Haití durante el período posterior a 1870. Durante los años 1871-1911 hubo nueve gobiernos cuyo promedio de duración fue de cuatro años y medio, lo cual es muy superior al de los gobiernos de los países vecinos de América Latina. En el mismo período, el pueblo de la República Dominicana, por ejemplo, sufrió bajo 22 gobiernos. No obstante, con el fallecimiento de Simón en 1911 empezaron cuatro años de agitación social y de aguda inestabilidad gubernamental, con seis presidentes en rápida sucesión, que culminaron con la invasión del país por los norteamericanos, que lo ocuparon durante 19 años.

La religión popular de las masas en este período, y, de hecho, lo es en la actualidad, era el vudú. Este culto es un derivado de ciertas religiones del África occidental, al que se han añadido elementos del cristianismo. La religión tiene que ver con la adoración de Dios (Bon Dieu) y de los espíritus (loas); es frecuente que el devoto sea poseído o montado (monté) por un loa, igual que un caballo (chewal). Se ofrecen sacrificios a los loas, especialmente alimentos o bebida. Cada templo (hounfort) es autónomo y está presidido por un sacerdote (houngarí) o una sacerdotisa (mambo). Cada uno de los loas se ocupa de algo determinado. Erzulie Fréda, por ejemplo, es el espíritu de la fertilidad, Agoué es el espíritu del agua, y así sucesivamente. Del mismo modo que los haitianos no solían acudir al presidente, sino a uno de los ministros de su gabinete, también el devoto trata directamente con el loa apropiado. En el curso de la historia de Haití muchos de los loas se han identificado con santos cristianos; Erzulie con santa María, Ogoun con Santiago el Mayor, Damballah con san Patricio. La religión del vudú era el medio principal por el que los esclavos del Saint-Domingue colonial habían conservado su cultura africana; además, proporcionaba un medio de solidaridad y comunicación a los esclavos de diferentes plantaciones. Tras la declaración de la independencia en 1804, la actitud oficial de los gobiernos haitianos, tanto negros como mulatos, fue de hostilidad al culto, por lo que adoptaron varias medidas para suprimirlo. A pesar de ello, continuó floreciendo. Ciertos gobiernos, tales como el Faustin Soulouque (1847-1859) y el de Silvain Salnave (1867-1869) se habían mostrado más indulgentes con el vudú, de un modo perceptible, lo cual despertaba inquietud entre la élite mulata. El gobierno de Boyer (1818-1843) había intentado firmar un concordato con el Vaticano para regularizar la situación de la Iglesia católica en Haití, pero había fracasado, en parte debido a la influencia de anticlericales como, por ejemplo, Beaubrun Ardouin y J. B. Inginac. No obstante, el gobierno Geffrard había firmado un concordato con Roma en 1860 y a partir de entonces la Iglesia católica desempeñó un papel cada vez más significativo en la vida cultural y política de Haití. La Iglesia era un instrumento importantísimo para la propagación de la lengua francesa y la cultura europea, y el gobierno francés la consideraba así. Durante el decenio de 1860 llegaron órdenes religiosas, entre ellas los Fréres d’Instruction Chrétienne y las Soeurs de St. Joseph de Cluny, y fundaron escuelas. Los gobiernos de Christophe (1806-1820) y Pétion (1807-1818) ya habían fundado varios lycées y escuelas primarias, a la vez que sucesivos gobiernos habían construido unas cuantas más; también existían ya algunas escuelas protestantes en Haití al llegar el decenio de 1870. Sin embargo, la Iglesia católica pronto fue la institución de enseñanza más importante del país. La Iglesia tendía a asociarse estrechamente con la élite mulata y a reforzar la hegemonía de este grupo. Por consiguiente, muchos miembros de la élite negra eran anticlericales y se inclinaban hacia el protestantismo o la francmasonería. El presidente Salomón, por ejemplo, era el gran protector del orden masónico y todos los miembros de su gabinete eran francmasones. No obstante, hay que recalcar que la élite, fuera cual fuese su color, se oponía a la religión del vudú, aunque es indudable que algunos de sus miembros la practicaban en secreto. La actitud de la Iglesia oficial ante el vudú ha variado de una oposición vigorosa a una política casi sincrética consistente en tratar de convencer a los devotos de los loas de que a estos espíritus se les debía considerar como santos cristianos.

El anticlericalismo de los políticos de la élite negra, así como del Partido Nacional que dominaban, se manifestó en diversas crisis entre la Iglesia y el Estado. Salnave había librado una batalla continua con la jerarquía durante sus dos años de presidencia y el gobierno Salomón veía con suspicacia el poder de la Iglesia. Thomas Madiou, ministro mulato del gabinete Salomón, hizo advertencias contra la Iglesia católica y dijo que era un Estado dentro del Estado, a la vez que el mismísimo presidente alabó a las iglesias protestantes (en contraste implícito con las católicas) por sus esfuerzos encaminados a crear un clero nativo. Entre los principales grupos protestantes de la época se contaba L’Église Orthodoxe Apostolique (anglicana), encabezada por el obispo Jacques Holly, negro norteamericano que había emigrado a Haití en el decenio de 1860; esta iglesia tenía diez sacerdotes y unos mil miembros. Los metodistas, en cuyo colegio de Puerto Príncipe estudiaban 120 alumnos, eran especialmente poderosos en la ciudad meridional de Jérémie, donde en las postrimerías del siglo apareció una pequeña élite protestante. Durante este período hubo también misiones baptistas y metodistas africanas. El anticlericalismo protestante y masónico se hacía especialmente obvio en los pronunciamientos y las actividades de los llamados «ultranacionales», encabezados por L. J. Janvier, E. Pinckombe y L. Prost, cuyos periódicos, L’Oeil y L’Avant-Garde, publicaban ataques virulentos contra la jerarquía católica por sus supuestos racismo, elitismo y antipatriotismo.

A pesar de sus problemas políticos y económicos, el Haití de antes de la ocupación estadounidense manifestaba una vigorosa vida intelectual entre la reducida élite del país. Periódicos y publicaciones abundaban en la capital y en las poblaciones provinciales. Aparecieron varios escritores que defendían la raza negra respondiendo a la propaganda racista de publicistas europeos y norteamericanos. Los haitianos de este período recuperaron los temas abordados por escritores anteriores (entre ellos el barón de Vastey, C. S. Milscent y Félix Darfour); entre los principales participantes en este debate se encontraban Anténor Firmin, Hannibal Price, L. J. Janvier, J. Justin, J. Dévot, J. Auguste, J. N. Léger y Benito Sylvain[5]. Estos hombres proclamaban la igualdad de las razas humanas y negaban que hubiera diferencias significativas entre ellas. Veían en Haití el símbolo y la prueba de esta igualdad y, en consecuencia, tendían a pintar un cuadro un tanto agradable de su país. A pesar de todo, sus obras constituyen una importante aportación al continuo debate en torno a la igualdad racial.

Muchos poetas y novelistas de esta época tendían a adoptar pautas de expresión europeas, especialmente francesas, y a hacer hincapié en temas extranjeros. En cambio, los escritores asociados con la revista La Ronde, que se publicó en el decenio de 1890, reafirmaron la necesidad de une littérature indigéne que generaciones anteriores habían proclamado. Novelistas como Fernand Hibbert, Justin Lhérisson y Frédéric Marcelin y poetas como Etzer Vilaire, Charles Moravia y Georges Sylvain defendían la importancia de una tradición literaria específicamente haitiana, distinta de su progenitora francesa. Otros movimientos significativos entre la élite del período merecen citarse. En primer lugar, un grupo encabezado por L. J. Marcelin, L. C. Lhérisson y el joven Sténio Vincent (futuro presidente, 1930-1941) fundó en 1892 la École Libre Professionnelle, cuyo propósito era complementar las instituciones que ya hemos mencionado y enseñar a los jóvenes de la clase obrera oficios útiles, fomentando así el crecimiento de una clase medía que, según la creencia general, contribuiría a la estabilidad politica del país. El periódico Le Travail, con su lema «l’oisiveté mere de tous les vices», propagó las ideas de este grupo. Otro movimiento influyente fue la Société de Législation, fundada en el mismo año para debatir la relación entre el derecho y las condiciones sociales en Haití y para recomendar reformas legislativas cuando fueran necesarias. Uno de los asuntos principales que consideró la sociedad citada era si debía derogarse la disposición constitucional que se remontaba a los primeros tiempos de la independencia y que prohibía que los extranjeros fueran propietarios de tierra. Sin embargo, el debate en torno a esta cuestión no estuvo limitado a los miembros de dicha sociedad. Algunos haitianos afirmaban que el país sólo podría alcanzar el desarrollo económico gracias a la afluencia de capital extranjero y que tal afluencia no se produciría si no se efectuaba un cambio en la citada ley. Algunos de los contrarios a que los extranjeros tuvieran propiedades argüían que Haití debía apoyarse en sus propios recursos y retener el control de su economía aunque ello significara una tasa de crecimiento menor. Otros decían que, si bien las inversiones extranjeras eran necesarias, podían obtenerse sin permitir que los extranjeros poseyeran tierra[6]. Con todo, como hemos visto, leyes introducidas por el gobierno Salomón en 1883 habían mermado efectivamente la cláusula constitucional para ciertos casos. Las divisiones a causa de este asunto de la propiedad extranjera de tierras afectaban a todos los partidos y todas las razas.

En los primeros años del siglo XX tuvo lugar en Haití un debate animado en torno a si la mentalidad del pueblo era esencialmente latina o anglosajona y cuál de estas dos tradiciones culturales era la pauta que el país tenía que seguir. En general, la élite tradicional era francófila. Encabezado por Anténor Firmin, Georges Sylvain y Dantés Bellegarde, este grupo insistía en que Haití debía mantener y reforzar sus vínculos culturales y políticos con Francia, y defendía los estudios clásicos como base de la educación nacional. Los anglosaxonnistes, que tenían una fuerte representación en el gobierno de Nord Alexis, eran, entre otros, F. Marcelin, L. Borno (otro futuro presidente, 1922-1930) y Clément Magloire (director de Le Matin), pedían que se diera prioridad a los estudios técnicos y que se estrecharan los vínculos con los Estados Unidos y Alemania. Así pues, las divisiones que entre los haitianos causaban cuestiones como la educación y la cultura estaban relacionadas con una creciente intervención extranjera en los asuntos internos del país.

A principios de siglo la influencia británica había disminuido. En 1906, por ejemplo, había sólo seis ingleses en Haití (aunque permanecían en el país unos 400 a 500 súbditos británicos, en su mayor parte jamaicanos, bahameños y sirio-libaneses). El control de gran parte del sector comercial lo ejercían alemanes, que superaban numéricamente a los norteamericanos a razón de dos a uno; en varias ciudades residentes alemanes servían incluso en calidad de vicecónsules de los Estados Unidos[7]. Durante el primer decenio del siglo XX disminuyó también la participación francesa en la vida del país y el control de la Banque Nationale dejó de estar en manos francesas para pasar a las del National City Bank de Nueva York en 1910-1911. Las compañías norteamericanas desplegaban una actividad cada vez mayor en el país y organizaron el abastecimiento de agua, la extracción de mineral de hierro y la construcción de ferrocarriles. En 1905 dos norteamericanos recibieron la concesión para construir un ferrocarril de Hinche a Gonaïves, y el notorio contrato McDonald, firmado en 1910, daba a una compañía norteamericana el derecho a construir un ferrocarril y a explotar tierras a ambos lados de la línea férrea. Los nacionalistas haitianos, entre ellos P. F. Frédérique y Rosalvo Bobo, denunciaron el contrato porque venía a mermar más la prohibición constitucional relativa a la propiedad extranjera.

En los últimos años del siglo XIX se produjo la llegada de un número significativo de comerciantes siriolibaneses, cuya astucia en los negocios les permitió dominar pronto ciertos sectores del comercio al por menor, en detrimento de los marchandes haitianos. A medida que fue avanzando el primer decenio del siglo, también estos comerciantes empezaron a hacer operaciones a mayor escala y sus actividades despertaron la hostilidad general; ¡hasta había un periódico llamado L’Antisyrien! Se promulgaron y reactivaron leyes para frenar a estos extranjeros y sus peticiones de protección motivaron intervenciones en su nombre por parte de los gobiernos francés, británico y estadounidense. Además de las intrusiones motivadas por esto, grupos políticos rivales de haitianos continuaron buscando apoyo extranjero contra sus enemigos, a la vez que extranjeros residentes en el país, sobre todo alemanes, desempeñaban un papel cada vez más activo en el fomento de la discordia y la financiación de revoluciones. Asimismo, muchos de los partidos rivales de entonces estaban vinculados a intereses de la República Dominicana.

La invasión y la ocupación por los norteamericanos de Haití el 28 de julio de 1915 hay que explicarla atendiendo a diversos factores interrelacionados. En primer lugar, debe verse como parte de un plan general de los Estados Unidos para hacerse con el control estratégico del Caribe. Durante las postrimerías del siglo XIX diversas potencias extranjeras habían intentado establecer posiciones en Haití, ya fuera montando una base naval en Mole Saint Nicolás, en el noroeste del país, o apoderándose de la isla de La Tortue. Como hemos visto, el propio gobierno de los Estados Unidos había hecho grandes esfuerzos por conseguir Mole en 1889. Con la construcción del canal de Panamá, los Estados Unidos estaban decididos a mantener el control militar de la región. La instalación en 1903 de una base naval en la bahía de Guantánamo, Cuba, había resuelto el problema inmediato, si bien Washington seguía muy interesado en impedir que otra nación llegara a tener una base en Haití. Preocupaba de modo especial al Departamento de Estado la creciente presencia alemana en Haití, pues temía que, en el caso de una victoria alemana en Europa, el káiser intentara establecer una posición caribeña en el país. Estos temores eran alentados por ciertos intereses comerciales y bancarios de los Estados Unidos que poseían activos en Haití. Además de la preocupación principal de controlar estratégicamente el Caribe, el gobierno norteamericano deseaba vivamente crear en Haití una situación que favoreciese el servicio y la devolución de préstamos, así como las inversiones efectuadas por compañías estadounidenses. Sin embargo, sería un error sugerir que el motivo principal de la invasión y la ocupación fue salvaguardar los intereses económicos de los Estados Unidos. El importe real de las inversiones norteamericanas en el país en 1915 era de sólo 4 millones de dólares. Sin duda, el gobierno de Washington esperaba que este nivel de inversión aumentara y que las finanzas norteamericanas ocupasen el lugar de las europeas, con lo cual se privaría a los gobiernos extranjeros de ocasiones para intervenir en los asuntos de Haití; este era el principio que había detrás de lo que se denomina «la diplomacia del dólar». En su estudio de la ocupación norteamericana, Hans Schmidt concluye que «en relación con el empuje general del imperialismo norteamericano en el Caribe, Haití era estratégicamente importantísimo, pero tenía poca importancia desde el punto de vista económico»[8]. Además de estos factores estratégicos y económicos, también hay que tener en cuenta el fenómeno del altruismo equivocado que caracteriza la política exterior del Partido Demócrata desde Wilson hasta Cárter. Con frecuencia se justificaba la ocupación diciendo que se trataba de ayudar a un vecino pobre a levantarse o (de modo menos benévolo) de asumir el gobierno de un país cuyos nativos habían demostrado que eran incapaces de gobernarse a sí mismos. (Los años inmediatamente anteriores a la invasión fueron, como hemos visto, años de una agitación social y una inestabilidad política poco frecuentes y cabría argüir que durante los mismos la élite haitiana había perdido definitivamente la capacidad de controlar los movimientos populares de protesta, además de demostrar que no podía gobernar el país). Poco después de su llegada a Haití, los norteamericanos tomaron medidas encaminadas a dotar a la ocupación de una fachada jurídica y a encontrar un presidente marioneta. Varios destacados políticos haitianos rechazaron el ignominioso cargo, pero el presidente del Senado, Philippe Sudre Dartiguenave, lo aceptó y permaneció en él hasta 1922. Se firmó un convenio y en 1918 se impuso una Constitución nueva.

La administración estadounidense en Haití se ocupó ante todo de imponer la ley y el orden en la totalidad del país, objetivo que logró cumplir con la ayuda de una gendarmerie (que más adelante se convertiría en la Garde d’Haïti); los efectivos de dicho cuerpo eran haitianos, aunque todos los oficiales superiores eran estadounidenses. De hecho, numerosos haitianos recibieron con los brazos abiertos la invasión de 1915, especialmente los miembros de la élite, así como la mayoría de los residentes extranjeros. No obstante, la reacción general entre los haitianos corrientes, que estaban orgullosos de sus 111 años de independencia, fue de hosco resentimiento ante semejante intrusión. Si bien en 1915 hubo casos esporádicos de resistencia militar, la verdadera prueba de la gendarmerie llegó en 1917, año en que Charlemagne Péralte se puso al frente de un ejército de cacos para desafiar a los invasores. Los Estados Unidos se apresuraron a mandar refuerzos de infantería de marina y las batallas continuaron durante muchos meses. En 1919, Péralte fue asesinado y la revuelta quedó sofocada.

La resistencia haitiana continuó manifestándose por medio de un creciente movimiento nacionalista; se unieron a la oposición algunos de los que al principio habían colaborado con los norteamericanos, entre ellos Dantés Bellegarde y Sténio Vincent. Ciertos aspectos de la ocupación habían ofendido a la élite. En primer lugar, la actitud racista de muchos funcionarios norteamericanos apenas era disimulada. «Esta gente es negra a pesar del tenue barniz de educación y refinamiento —escribió el coronel Waller, principal funcionario estadounidense en Haití—. No sé qué dirían las gentes de Norfolk y Portsmouth si me vieran gastar zalamerías con estos negros»[9]. En segundo lugar, la importancia que se concedía a la educación técnica a expensas de los estudios clásicos de antes fue mal acogida por la élite. Se dedicaron grandes sumas, no sólo a la construcción de carreteras, la creación de instalaciones de sanidad pública y la mejora general de la infraestructura, sino también al Service Technique como parte de una política consistente en formar médicos, maestros, técnicos y agrónomos, creyendo que una clase media fuerte «se convertiría en la espina dorsal del país y contribuiría en gran medida a asegurar la estabilidad del gobierno»[10]. Asimismo, la histórica cláusula constitucional que prohibía que los extranjeros poseyeran tierras se omitió de la Constitución de 1918 y varias empresas estadounidenses se aprovecharon de la situación. Hubo campesinos que fueron expulsados de tierras que habían trabajado durante generaciones y la indignación se generalizó. Hasta el presidente Dartiguenave empezó a hacerles la vida difícil a los funcionarios norteamericanos, y en 1922 fue sustituido por Louis Borno, a quien los ocupantes consideraban más digno de confianza.

Estrechamente relacionados con las crecientes exigencias nacionalistas de una retirada norteamericana estaban los movimientos etnológicos y literarios entre los intelectuales haitianos. Los orígenes del movimiento etnológico se remontan a los escritos de J. C. Dorsainvil en 1907-1908. En varios artículos publicados en Le Matin y otros lugares, Dorsainvil afirmó que el pueblo haitiano era básicamente africano por su composición racial y su herencia cultural, y que la élite del país, en cuyo estilo de vida dominaban los valores europeos, había hecho caso omiso de tal peculiaridad o la había ocultado. Del mismo modo que los alemanes de principios del siglo XIX habían empezado a estudiar su folclore a raíz de la invasión napoleónica de su país, los haitianos del período de ocupación empezaron a ahondar en su pasado étnico en busca de una justificación y una base para el patriotismo. En 1928, Jean Price Mars publicó su célebre estudio del folclore haitiano titulado Ainsi parla l’oncle. En él describía con cierto detalle las costumbres sociales, las leyendas populares y las prácticas religiosas de la gente normal y corriente, y criticaba a sus colegas intelectuales por no reconocer y apreciar los orígenes africanos de esta cultura popular. Pidiendo en particular que se adoptase una actitud más comprensiva ante la religión del vudú, concluía rogando a sus lectores que no siguieran «despreciando nuestra herencia ancestral»[11]. Este libro, junto con los escritos de Dorsainvil, surtió un hondo efecto en varios intelectuales jóvenes y negros pertenecientes a la clase media, entre ellos Louis Diaquoi, Lorimer Denis y Franfois Duvalier, fundadores noiristes del grupo de los griots[12]. Reforzando los efectos del movimiento etnológico, apareció un interés nuevo por África entre los antropólogos europeos, junto con el llamado «renacimiento de Harlem» asociado con los nombres de Langston Hughes, Countee Cullen y Claude McKay en los Estados Unidos.

El renacimiento literario que se produjo durante este período en Haití también estuvo estrechamente aliado con el nacionalismo. A mediados del decenio de 1920 empezaron a publicarse tres revistas: La Nouvelle Ronde, La Trouée y La Revue Indigéne. El escritor más célebre de este movimiento era Jacques Roumain, pero también se encontraban en él Cari Brouard, Émile Roumer, Philippe Thoby Marcelin, Normil Sylvain, Richard Salnave, Daniel Heurtelou y Max Hudicourt. La mayoría de estos hombres eran hijos de familias mulatas de la élite, pero se rebelaron contra la excesiva francofilia de sus antepasados, y la ocupación de su país por los Estados Unidos les indignaba. El movimiento etnológico influyó especialmente en Brouard y Roumain; sus poemas trataban de las raíces africanas del pueblo haitiano y se manifestaba en ellos una fuerte tendencia populista. Roumain escribió acerca de «el lento camino a Guinea», refiriéndose al mito haitiano del paso subatlántico hasta África, que el alma recorrerá al morir. En dos conocidos poemas, Brouard contrasta «Nous», la élite europeizada, sofisticada, con «Vous», la masa de los campesinos que eran los pilares del edificio.

La literatura del período de ocupación representa un desplazamiento real del pensamiento haitiano relativo a la raza. Ciertamente, los escritores del siglo XIX señalaban con orgullo las antiguas civilizaciones de África, y muchos de ellos también defendían el África de su tiempo contra las acusaciones que lanzaban ignorantes publicistas europeos, pero básicamente creían que los hombres de todas las razas son iguales y fundamentalmente los mismos. Además, aceptaban que el modelo europeo era el que los haitianos debían seguir en cuestiones de cultura y civilización. Muchos escritores del período de ocupación, no obstante, creían que las diferencias raciales eran significativas, y algunos de ellos llegaban hasta el extremo de situar las raíces de estas diferencias en factores biológicos[13]. Las ideas que se estaban desarrollando en Haití durante aquel período se parecen a las del movimiento de la négritude que nació entre los estudiantes negros de París a principios del decenio de 1930, asociado con los nombres de Aimé Césaire (de la Martinica), Léopold Sédar Senghor (del Senegal) y León Damas (de Guayana)[14].

A mediados del decenio de 1920 el movimiento nacionalista ya había unido a haitianos de clases y colores diferentes en el empeño de poner fin a la ocupación estadounidense. El presidente Louis Borno y el grupo que le rodeaba se encontraron virtualmente aislados de la vida nacional y en total dependencia de los Estados Unidos para conservar sus puestos. Los líderes nacionalistas iban a la cárcel frecuentemente, pero el movimiento seguía creciendo. En 1929 las protestas que iniciaron los estudiantes se extendieron por todo el país y hubo huelgas y manifestaciones a favor de la retirada norteamericana. Se declaró el estado de excepción y durante una marcha de campesinos en la región de Les Cayes, los infantes de marina norteamericanos hicieron fuego y mataron e hirieron a varias docenas de personas. Preocupado por estos acontecimientos y por la publicidad internacional que recibían, el presidente Hoover nombró una comisión investigadora presidida por W. Cameron Forbes, ex gobernador de las Filipinas. Al llegar a Haití, la comisión fue recibida con manifestaciones hostiles que exigían la retirada de los estadounidenses. El informe de la comisión recomendaba el fin de la ocupación después de un período de rápida «haitianización» de la oficialidad de la Garde. El reinado de Borno terminó en 1930 y, tras unos meses bajo un presidente interino, se celebraron elecciones en las cuales los candidatos nacionalistas coparon todos los escaños. Sténio Vincent, que era un astuto político mulato, fue elegido presidente; permanecería en el poder durante todo el decenio de 1930. En 1934, a raíz de la elección de un nuevo presidente en los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y de la puesta en marcha de la política llamada «del buen vecino», las barras y estrellas fueron arriadas en medio de los vítores de diez mil espectadores haitianos. La ocupación había cumplido su propósito y continuar la presencia militar parecía imprudente y costoso.

Pocos fueron los efectos a largo plazo de la ocupación de Haití por los norteamericanos (1915-1934). Las carreteras y otras mejoras infraestructurales se deterioraron. Las compañías extranjeras se encontraron con que Haití era menos atractivo de lo que habían esperado y varias de ellas se retiraron del país. El retorno de la élite mulata y la despolitización de los militares también resultaron efímeros. La vida de la gran mayoría de los haitianos que habitaban y trabajaban en el campo generalmente no resultó afectada. Con todo, la ocupación sí aceleró el crecimiento de la clase media negra y la formulación de una ideología de la négritude que se sumó al noirisme heredado de una generación anterior, preparando así el camino para la ascensión de Franfois Duvalier. Una consecuencia de la mejora de las comunicaciones, junto con el desarme de los grupos de cacos y piquets en el período de ocupación, fue el incremento del poder de la capital y el declive de las poblaciones provinciales, de tal modo que a partir de entonces los movimientos significativos, de índole política y cultural, generalmente se han centrado en Puerto Príncipe. Este rasgo del Haití posterior a la ocupación ha persistido a pesar del deterioro subsiguiente del sistema de carreteras. Los vínculos comerciales con los Estados Unidos continuaron, aunque la economía de Haití siguió dependiendo menos del comercio exterior que la de otras islas del Caribe; al parecer, ¡la pobreza es una forma de obtener una relativa independencia económica! La ocupación no afectó la estructura general de la economía. El café continuó siendo el principal producto de exportación, aunque su porcentaje de las exportaciones totales descendió debido a una reactivación de las industrias del algodón y del azúcar. Se efectuaron mejoras marginales de las técnicas agrícolas en parte como resultado de la labor que llevaron a cabo la escuela de agricultura de Damiens y varias estaciones experimentales distribuidas por todo el país. Se hicieron esfuerzos por cambiar la vida «indolente e inútil» de los campesinos; un funcionario norteamericano declaró que si querían ser ciudadanos de un Estado moderno, «deben adquirir… una serie nueva de deseos»[15]. En general, los habitantes de las zonas rurales, que eran gentes cautas y conservadoras, se resistieron a estos esfuerzos misioneros. Durante la ocupación no se produjo ningún crecimiento importante de las manufacturas ni de la minería. Finalmente, las tradiciones culturales francesas persistieron entre la élite durante toda la ocupación; muchos nacionalistas se aferraron tenazmente a la conexión francesa ante el nuevo imperialismo estadounidense, del mismo modo que los nacionalistas puertorriqueños de hoy miran con afecto la lengua y la cultura de un colonialismo anterior. El gobierno francés hizo cuanto pudo para que continuara esta tradición sin molestar con ello a los norteamericanos. El clero católico fue su principal agente y el ministro francés en Puerto Príncipe consideraba a los sacerdotes «preciosos colaboradores en nuestra propaganda política»[16].

Así pues, el Haití de 1930 no era inmensamente distinto del de 1870. La población se había doblado con creces y se cifraba en unas 2.400.000 personas. Las ciudades habían crecido de tamaño, en particular Puerto Príncipe, que en 1930 ya contaba más de 100.000 habitantes. No obstante, mucho más del 90 por 100 de la población vivía en el campo y la formaban pequeños propietarios, peones en tierras que eran propiedad de miembros de su familia o aparceros y jornaleros. Muchos miles de haitianos emigraron a Cuba y a la República Dominicana, ya fuese para un período de varios años o para la temporada de la recolección de la caña. Podría decirse que Haití era una economía campesina en el sentido general de que la mayoría de los habitantes del campo poseían o controlaban un poco de tierra (individual o conjuntamente), en la cual cultivaban productos para el consumo local, combinándolos a menudo con café para la exportación. No existía un numeroso proletariado rural como en muchas otras islas del Caribe en 1930. Con frecuencia, los títulos de propiedad de la tierra no estaban claros, pero los esfuerzos que hicieron las autoridades durante la ocupación norteamericana por confeccionar un catastro no dieron fruto. El cultivo más intensivo de la tierra y la continua tala de árboles para exportar la madera y para el consumo nacional incrementaron la erosión del suelo. Un amplio abismo seguía separando a la élite, que era predominantemente mulata, del resto de la población, si bien la clase media había fortalecido de modo significativo su posición. El ejército, que a finales del siglo XIX estaba dominado por los negros, fue reconstituido y privado de su papel político. Los altos cargos del Estado los ocupaban principalmente mulatos de la élite, lo cual despertó un resentimiento creciente, sobre todo entre las clases medias negras. El apogeo de la supremacía de los mulatos se alcanzó durante la presidencia de Elie Lescot (1941-1946), pero desde su derrocamiento en enero de 1946, Haití ha visto cómo el poder político pasaba a manos de políticos negros y culminaba con el régimen de la dinastía Duvalier. La élite mulata, empero, retiene gran parte de su poder económico y de su posición social. A pesar de medio siglo de négritude, los haitianos, incluso los que pertenecen a los sectores de la clase media negra más dados a protestar, prefieren que sus hijos se casen con personas de piel clara. Refiriéndose a los escritores que defendían la négritude en el decenio de 1930, Sténio Vincent preguntó: «¿Quién de ellos hubiera soñado con trasladarse realmente a alguna parte del Sudán o del Congo y comulgar con las almas de nuestros lejanos antepasados mandingos o bantúes?»[17]. En la práctica, «civilización» ha seguido significando Europa.

ENSAYOS BIBLIOGRÁFICOS

Abreviaturas

Se han utilizado las siguientes abreviaturas para los trabajos que se citan repetidamente en los ensayos bibliográficos:

AESC
Anuales: Économies, Sociétés, Civilisations

BHR
Business History Review

BLAR
Bulletin of Latín American Research

HAHR
Hispanic American Historical Review

HM
Historia Mexicana

JGSWGL
Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft Lateinamerikas

JLAS
Journal of Latin American Studies

LARR
Latin American Research Review

NMHR
New Mexico Historical Review

RHE
Revista de Historia Económica

RIB
Revista Inter-Americana de Bibliografía

RMCPS
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales

RMS
Revista Mexicana de Sociología

SALA
Statistical Abstract of Latin America

1. México: la restauración de la República y el Porfiriato, 1867-1910

En 1958 Daniel Cosío Villegas, uno de los más grandes historiadores mexicanos especializados en la historia de su país entre 1867 y 1910, afirmó que se habían escrito cerca de 2.000 libros y artículos sobre el período de Porfirio Díaz (1876-1910), sin contar los que hablaban del período de la República restaurada (1867-1876). Sin embargo, con varias excepciones significativas, las obras más importantes sobre este período de la historia de México han aparecido después de la década de 1950. La literatura secundaria relativa al período 1867-1910, y especialmente al Porfiriato, se estudia en Daniel Cosío Villegas, «El Porfiriato: su historiografía o arte histórico», en Extremos de América, México, 1949, pp. 113-182; John Womack, Jr., «Mexican political historiography, 1959-1969», en Investigaciones contemporáneas sobre historia de México, México y Austin, Texas, 1971; Enrique Florescano, El poder y la lucha por el poder en la historiografía mexicana, México, 1980; y Thomas Benjamín y Marcial Ocasio-Meléndez, «Organizing the memory of modern Mexico: Porfirian historiography in perspectiva, 1880s-1980s», HAHR, 64/2 (1984), pp. 323-364. La obra más importante y exhaustiva sobre todo el período 1867-1910 es la monumental Historia moderna de México, México, 1958-1972, obra colectiva en trece volúmenes dirigida y escrita en parte por Daniel Cosío Villegas. La escribió en las décadas de 1950 y 1960, bajo la dirección de Cosío, un equipo de historiadores que reunió todo el material existente en los archivos mexicanos, norteamericanos y europeos, examinó todos los aspectos de la vida en México y abarcó la historia política, económica y social, además de la intelectual.

La obra de carácter general más importante que se ha publicado sobre el período de Díaz después de la historia de Cosío Villegas es Jean François Guerra, Le Mexique: de l’ancien regime à la Revolution, 2 vols., París, 1985. Basándose en varios miles de notas biográficas, Guerra examina la estructura, la ideología, la composición social y las relaciones de la élite porfiriana de nivel superior y medio. Al mismo tiempo propone un conflicto fundamental entre, por un lado, la sociedad tradicional, tal como la representan las comunidades pueblerinas o la Iglesia, y, por el otro, las élites modernizadoras que procuraban socavar los cimientos de dicha sociedad en nombre de la modernización liberal. Guerra considera que fue la causa principal de la Revolución mexicana.

En general, la República restaurada ha dado pie a un volumen de estudios, polémicas y libros muy inferior al del período de Díaz que la siguió. La mayor parte de las polémicas sobre el período en cuestión se han centrado en la figura de Juárez, la política de su régimen y la naturaleza y la base del liberalismo. Véase, por ejemplo, Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, México, 1957. Y véase HALC, VI, ensayo bibliográfico 3. Sobre si el régimen de Juárez era básicamente distinto del de Porfirio Díaz, se han expresado tres puntos de vista muy diferentes: Francisco Bulnes, El verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención y el imperio, París, 1904; Cosío Villegas, ed., Historia moderna, vol. 1; y Laurens B. Perny, Juárez y Díaz, machine politics in Mexico, DeKalb, 1978. La presidencia de Lerdo no ha producido ninguna polémica de esta índole y no hay diferencias realmente acusadas entre las interpretaciones de Cosío Villegas y Frank A. Knapp, The Ufe of Sebastián Lerdo de Tejada, 1823-1899, Austin, 1951.

Cuatro obras contemporáneas o casi contemporáneas son representativas del amplio espectro de opiniones referentes al Porfiriato: Justo Sierra, México y su evolución social, México, 1901, y una serie de ensayos en varios volúmenes dirigida por el más conocido de los partidarios intelectuales de Porfirio Díaz, constituye un autorretrato y una autojustificación del régimen de Díaz; El verdadero Díaz y la Revolución, México, 1920, de Francisco Bulnes, otro de los partidarios intelectuales más influyentes del régimen de Díaz y su defensor más crítico e inteligente durante y después de la Revolución mexicana; y John Kenneth Turner, Barbarous Mexico, 19102; reimpresión, Austin, Texas, 1969, y Carleton Beals, Porfirio Díaz, dictator of Mexico, Nueva York, 1932, dos obras de autores norteamericanos que constituyen las acusaciones más fuertes lanzadas contra el régimen de Díaz. José C. Valadés, Elporfirismo: historia de un régimen, 3 vols., México, 1941-1947, fue la primera valoración general del régimen de Díaz que utilizó gran número de documentos internos del régimen que antes no estaban al alcance de los eruditos.

Uno de los aspectos que han dado pie a más disputas y que está muy relacionado con la economía de México desde 1867 hasta 1910 es el de los orígenes del subdesarrollo económico de México. ¿Fue principalmente resultado de la economía de laissez-faire del régimen de Díaz? ¿O se debió sobre todo a la herencia del período colonial y a las incesantes guerra civiles de los primeros cincuenta años después de la independencia? ¿Existió realmente otra posibilidad? ¿Cuáles fueron los efectos de las inversiones y la penetración extranjeras? ¿Puede la economía mexicana de dicho período calificarse de feudal, capitalista, dependiente? ¿Qué teorías de carácter más general (imperialismo, dependencia, etcétera) pueden aplicarse al caso mexicano? Estos son algunos de los aspectos que se tratan de maneras muy diferentes en Ciro Cardoso, ed., México en el siglo XIX. Historia económica y de la estructura social, México, 1980; John Coatsworth, Growth against development: the economic impact of railroads in Porfirian Mexico, De-Kalb, 1980 (ediciones en castellano: México, 1976; México, 19842); Sergio de la Peña, La formación del capitalismo en México, México, 1976; y Enrique Semo, ed., México bajo la dictadura porfiriana, México, 1983. La obra más reciente, así como una de las más interesantes y originales, sobre la historia económica del período de Díaz es Stephen Haber, Industry and underdevelopment. The industrialization of Mexico, 1890-1940, Stanford, 1989. Examina el proceso de industrialización en la región de Monterrey, uno de los principales centros industriales de México, y luego trata de llegar a conclusiones más generales sobre todo el proceso de industrialización partiendo de sus datos microeconómicos.

Un segundo problema que ha sido el centro de polémicas y debates en torno al período de Díaz podría resumirse, en líneas generales, como la cuestión agraria. Esta lleva aparejada una serie muy diferente de problemas. ¿Qué importancia tuvo la expropiación de las tierras de poblados libres y cuáles fueron sus consecuencias económicas y sociales? ¿Qué clase de condiciones de trabajo existían en las grandes haciendas mexicanas? ¿Predominaba el trabajo libre o era el peonaje la modalidad dominante en ellas? ¿Eran los hacendados principalmente señores feudales que pensaban sobre todo en términos de poder o prestigio, o «capitalistas» que iban en busca de beneficios máximos y tomaban decisiones que eran racionales desde el punto de vista económico? Los términos del debate relativo a la cuestión agraria los fijaron dos autores que escribieron durante el período de Porfirio: Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales, México, 1909, y Wistano Luis Orozco, Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, 2 vols., México, 1895. Desde 1910 hasta hoy prácticamente todo lo que se ha escrito sobre la cuestión agraria confirma, refuta o trata las teorías que expusieron estos dos autores. Algunos de los puntos de vista muy diferentes acerca de esta cuestión se expresan en Friedrich Katz, «Labour conditions on haciendas en Porfirian Mexico. Some trends and tendencies», HAHR, 54/1 (1974), pp. 1-47, y Katz, ed., La servidumbre agraria en México en la época porfiriana, México, 1977; Frank Tannenbaum, The Mexican agrarian revolution, Washington, D. C., 1929. El problema agrario en Morelos, cuna del movimiento revolucionario de Emiliano Zapata, se trata en dos obras sobresalientes: Arturo Warmann, Venimos a contradecir: Los campesinos de Morelos y el estado nacional, México, 1976 y John Womack, Jr., Zapata and the Mexican Revolution, Nueva York, 1969. Dos obras recientes que procuran examinar la estructura agraria de México desde perspectivas amplias y comparadas son John Tutino, From insurrection to revolution in Mexico: social bases of agrarian violence, 1750-1940, Princeton, 1986, y Friedrich Katz, ed., Riot, rebellion and revolution: rural social conflict in Mexico, Princeton, 1988.

Un asunto que se ha tratado más recientemente es la naturaleza y el poder real y la efectividad del Estado mexicano, el cual se ha examinado desde puntos de vista diferentes en John H. Coatsworth, «Los orígenes del autoritarismo moderno en México», Foro Internacional, 16 (1975), pp. 205-232, y Juan Felipe Leal, La burguesía y el estado mexicano, México, 1972. El bandidaje y el papel de la policía, sobre todo de la rural, los ha valorado Paul Vanderwood, Disorder and progress: bandits, police and Mexican development, Lincoln, Nebraska, 1981. El debate en torno a la naturaleza del Estado se halla muy vinculado al estudio de la ideología, sobre todo el positivismo y el darvinismo social, de los líderes mexicanos durante la República restaurada y la era de Porfirio; por ejemplo, Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución Mexicana: la formación del nuevo régimen, México, 1973; William D. Raat, El positivismo durante el Porfiriato: 1876-1910, México, 1975; y Leopoldo Zea, El positivismo en México, FCE, México, 1968. La obra más reciente sobre este tema, la que da la visión más exhaustiva y, a mi modo de ver, mejor de la ideología de la élite científica que gobernó México es Charles Hale, The transformation of liberalism in late 19th century Mexico, Princeton, 1989.

Un corolario importante del análisis del poder del estado central es un examen de la importancia y la influencia de las instituciones regionales. Es quizá el campo donde se ha llevado a cabo una labor histórica más notable sobre el período de Díaz, tanto en calidad como en cantidad. En años recientes este problema no lo han examinado sólo los historiadores, sino que también los antropólogos se han ocupado de él. Dos obras extraordinarias tratan la historia local en este período, Luis González y González, Pueblo en vilo: microhistoria de San José de Gracia, México, 1967; y Paul Friedrich, Agrarian revolt in a Mexican village, Englewood Cliffs, N. I., 1970. Algunas de las obras más importantes que estudian la historia regional son Thomas Benjamin, A rich land of poor peopie: politics and society in modern Chiapas, Albuquerque, N. M., 1989; Héctor Aguilar Camín, La frontera nómada: Sonora y la Revolución Mexicana, México, 1977; Antonio García de León, Resistencia y utopía. Memorial de agravios y crónicas de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia, 2 vols., México, 1985; G. M. Joseph, Revolution from without: Yucatan, Mexico and the United States, 1880-1924, Cambridge, 1982; Jane-Dale Lloyd, El proceso de modernización capitalista del noroeste de Chihuahua, 1880-1910, México, 1987; Ramón Eduardo Ruiz, The people of Sonora and Yankee capitalists, Tucson, 1988; Mark Wasserman, Capitalists, caciques, and revolution: élite and foreign enterprise in Chihuahua, 1854-1911, Chapel Hill, 1984; Alan Wells, Yucatán’s gilded age: haciendas, henequén, and International Harvester, 1860-1915, Albuquerque, N. M., 1985.

Un corolario nuevo y muy importante de estos libros sobre la historia regional es una notable serie dirigida por Eugenia Meyer del Instituto María Luisa Mora, junto con los gobiernos de diferentes estados, que analiza la historia de la mayoría de los estados mexicanos desde el siglo XIX hasta el XX. La serie no sólo comprende historias de cada estado, sino también una importante edición de documentos que las ilustran y corroboran.

Estos estudios locales están vinculados de forma inseparable a intentos de analizar las diferentes clases sociales que se formaron durante el período de Porfirio en los niveles local, regional y nacional. Aparte de en el campesinado, la atención se centra de forma creciente en la clase obrera: véanse Rodney Anderson, Outcasts in their own land: Mexican industrial workers, 1906-1911, DeKalb, 1976; Ciro F. S. Cardoso, Francisco G. Hermosillo y Salvador Hernández, La clase obrera en la historia de México, de la dictadura porfirista a los tiempos libertarios, México, 1980; John M. Hart, Anarchism and the Mexican working class, 1860-1931, Austin, Texas, 1978; Juan Felipe Leal y José Woldenberg, La clase obrera en la historia de México: del estado liberal a los inicios de la dictadura porfirista, México, 1980; y David Walker, «Porfirian labor politics: working class organizations in Mexico City and Porfirio Díaz, 1876-1902», The Americas, 37 (enero 1981), pp. 257-287. Sobre los intelectuales, véase Jesús Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la reforma agraria, México, 1964, y James Cockcroft, Intellectualprecursors of the Mexican Revolution, 1900-1913, Austin, Texas, 1968. La obra más exhaustiva sobre la educación y la política educativa durante el Porfiriato es Mary Kay Vaughan, The State, education and social class in Mexico, 1880-1928, DeKalb, 1982.

Un campo que ha sido objeto de largos y variados debates es el de las relaciones de México con otros países durante la era de Porfirio Díaz. Durante mucho tiempo los únicos archivos de que se disponía para estudiar este período eran los del Departamento de Estado norteamericano, y tanto los historiadores mexicanos como los estadounidenses se concentraban en las relaciones entre Washington y México con exclusión de otros países. Esta situación cambió en la década de 1950 cuando Daniel Cosío Villegas pudo consultar, no sólo archivos norteamericanos, sino también archivos mexicanos que hasta entonces eran inaccesibles. Gracias a ello, escribió un análisis detallado de las relaciones mexicano-norteamericanas entre 1867 y 1910: The United States versus Porfirio Díaz, Lincoln, Nebraska, 1963. Las relaciones entre los dos países, en términos tanto cuantitativos como cualitativos, se examinan en John Hart, Revolutionary Mexico: the coming and process of the Mexican Revolution, Berkeley, 1987. A diferencia del límite de los archivos norteamericanos, que es de 30 años, el de la mayoría de los países europeos era de 50 años; las obras sobre las relaciones entre México y las principales potencias europeas en el período de Porfirio Díaz salieron mucho más tarde. Véanse Alfred Tischendorf, Great Britain and Mexico in the era of Porfirio Díaz, Durham, N. C., 1961; Friedrich Katz, Deutschland, Diaz und die mexikanische Revolution: Die deutsche Politik in Mexiko 1870-1920, Berlín, 1964.

2. La Revolución mexicana, 1910-1920

Fuentes impresas, bibliografía e historiografía

La guía más completa y mejor organizada de la literatura de la Revolución mexicana es W. D. Raat, The Mexican revolution. An Annotated guide to recent scholarship, Boston, 1982. Guías indispensables para el manejo de documentos oficiales, panfletos, periódicos, manifiestos y correspondencia publicada son L. González y González, ed., Fuentes de la historia contemporánea de México: libros y folletos, 3 vols., México, 1962-1963, y S. R. Ross, ed., Fuentes de la historia contemporánea de México: periódicos y revistas, 4 vols., México, 1965-1976. La más importante colección de materiales impresos es I. Fabela y J. E. de Fabela, eds., Documentos históricos de la revolución mexicana, 27 vols. más índice, México, 1960-1976. Flay útiles reproducciones de prensa mexicana en M. González Ramírez, ed., Fuentes para la historia de la revolución mexicana, 4 vols., México, 1954-1957.

Entre las recientes bibliografías y artículos historiográficos con análisis de las corrientes principales de la literatura sobre la revolución cabe citar: D. M. Bailey, «Revisionism and the recent historiography of the Mexican revolution», HAHR, 58/1 (1978), pp. 62-79; G. Bringas y D. Mascareño, La prensa de los obreros mexicanos, 1870-1970. Hemerografía comentada, México, 1979; C. W. Reynolds, «The economic historiography of twentieth-century Mexico», en Investigaciones contemporáneas sobre historia de México. Memorias de la tercera reunión de historiadores mexicanos y norteamericanos, México y Austin, Texas, 1971, pp. 339-357; J. D. Rutherford, An annotated bibliography of the novéis of the Mexican Revolution, Troy, 1972; E. Suárez Gaona, ed., El movimiento obrero mexicano. Bibliografía, México, 1978; H. W. Tobler, «Zur Flistoriographie der mexikanischen Revolution, 1910-1940», JGSWGL, 12 (1975), pp. 286-331; J. Womack, Jr., «Mexican political historiography, 1959-1969», en Investigaciones contemporáneas, pp. 478-492, «The historiography of Mexican labor», en El trabajo y los trabajadores en la historia de México. Ponencias y comentarios presentados en la V reunión de historiadores mexicanos y norteamericanos, México y Tucson, 1979, pp. 739-756, y «The Mexican economy during the revolution, 1910-1920: historiography and analysis», Marxist Perspectives, 1/4 (1978), pp. 80-123.

Guías nuevas y notables sobre estudios antiguos y recientes son D. G. López Rosado, Bibliografía de la historia económica y social de México, 12 vols. más índice, México, 1979-1982, y Bibliografía económica de la Revolución Mexicana, México, 1982; E. Florescano, Bibliografía general del desarrollo económico de México, 1500-1976, 2 vols., México, 1980; M. de la L. Parcero, Introducción bibliográfica a la historiografía política de México, siglos XIX y XX, México, 1982; W. D. Raat, «La revolución global de México: Tendencias recientes de los estudios sobre la revolución mexicana en Japón, el Reino Unido y Europa continental», HM, 32/3 (1983), pp. 422-448; R. L. Delorme, Latín America, 1979-1983: a social Science bibliography, Santa Barbara, 1984; E. Aguilar Cerrillo y P. Salcido Cañedo, «Desde la microhistoria, referencias bibliográficas en torno a la Revolución Mexicana», RMCPS, 122 (1985), pp. 167-177; H. V. Nelles, «Latin American business history since 1965: A view from north of the border», BHR, 59/4 (1985), pp. 543-562; W. A. Cornelius y J. A. Bustamante, eds., Internationalguide to research on Mexico, San Diego, 1986; T. Benjamin, «Regionalizing the Revolution: The many Mexicos in revolutionary historiography», en T. Benjamin y M. Wasserman, eds., Provinces of the Revolution: Essays on regional Mexican history, 1910-1929, Albuquerque, 1990, pp. 319-357; y «Appendix: Provincial historiographies and bibliographies», en Provinces of the Revolution, pp. 359-362.

Nuevas guías relativas a fuentes primarias son Boletín de investigación del movimiento obrero (Universidad Autónoma de Puebla), 1 (1981); V. B. Reber, «Archival sources for Latin American business history», BHR, 59/4 (1985), pp. 670-679; H. C. Hernández Silva, «El Archivo Histórico Militar de México», HM (1988), pp. 127-142; y Boletín de fuentes para la historia económica de México (El Colegio de México), 1 (1990).

Las principales colecciones nuevas de materiales impresos son G. Bonfil Batalla, ed., Mi pueblo durante la revolución, México, 1985, 3 vols.; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Estadísticas históricas de México, 2 vols., México, 1985; Secretaría de Programación y Presupuesto, Antología de la planeación en México (1917-1985), 17 vols., México, 1985, vol. 1, Primeros intentos de planeación en México (1917-1946), y D. E. Lorey, ed., United States-Mexico border statistics since 1900, Los Ángeles, 1990.

Generales e interpretativas

La crónica más completa, que sigue siendo la mejor, de la Revolución mexicana es J. C. Valadés, Historia general de la revolución mexicana, 10 vols., México, 1963-1967, vols. I-VII.

Notables como clásicos antiguos que vienen a ser una defensa de la Revolución como gran victoria popular son M. S. Alperovich, B. T. Rudenko y N. M. Lavrov, La revolución mexicana: Cuatro estudios soviéticos, México, 1960; A. Brenner, The wind that swept Mexico: the history of the Mexican revolution, Austin, Texas, 1971; M. González Ramírez, La revolución social de México, 3 vols., México, 1960-1966; J. Silva Herzog, Breve historia de la revolución mexicana, 2 vols., México, 1960; F. Tannenbaum, Peace by revolution: an interpretation of Mexico, Nueva York, 1933; E. Wolf, Peasant wars of the twentieth century, Nueva York, 1969.

Notables como antiguos clásicos más o menos hostiles a la Revolución son F. Bulnes, El verdadero Díaz y la revolución, México, 1920; E. Gruening, Mexico and its heritage, Nueva York, 1928; W. Thompson, The people of Mexico: who they are and how they Uve, Nueva York, 1921; E. D. Trowbridge, Mexico today and tomorrow, Nueva York, 1919; J. Vera Estañol, Historia de la revolución mexicana: orígenes y resultados, México, 1957.

Entre las obras nuevas, los ensayos más sugestivos son Peter Calvert, «The Mexican revolution: theory or fact?», JLAS, 1/1 (1969), pp. 51-68; Barry Carr, «Las peculiaridades del norte mexicano, 1880-1927: ensayo de interpretación», HM, 22/3 (1973), pp. 320-346; François-X. Guerra, «La révolution mexicaine: d’abord une révolution miniére?», AESC, 36/5 (1981), pp. 785-814; Jean A. Meyer, «Periodización e ideología», en Contemporany Mexico: Papers of the IV International Congress of. Mexican history, Los Ángeles y México, 1976, pp. 711-722; Albert L. Michaels y Marvin D. Bernstein, «The modernization of the old order: organization and periodization of twentieth-century Mexican history», en Contemporary Mexico, pp. 687-710; y Enrique Semo, «Las revoluciones en la historia de México», Historia y Sociedad, 2.ª serie, 8 (1975), pp. 49-61.

Las principales obras revisionistas son J. D. Cockcroft, Mexico: class formation, capital accumulation, and the state, Nueva York, 1983; A. Córdova, La ideología de la revolución mexicana. La formación del nuevo régimen, México, 1973; A. Gilly, The Mexican revolution, Londres, 1983; N. M. Lavrov, La revolución mexicana, 1910-1917, México, 1978; lean Meyer, La révolution mexicaine, París, 1973 (hay trad. cast.: La revolución mexicana, Jus, México, 1992); R. E. Ruiz, The great rebellion. Mexico, 1905-1924, Nueva York, 1980.

Gran número de nuevos ensayos interpretativos se ocupan de las clases sociales, el nacionalismo, el provincialismo, las continuaciones y el cambio. Los más importantes son J. W. Wilkie y P. D. Wilkins, «Quantifying the class structure of Mexico», SALA, 21 (1981), pp. 577-590; A. Knight, «La Révolution mexicaine: révolution miniére ou révolution serrana?», AESC, 38/2 (1983), pp. 449-459, «The Mexican Revolution: Bourgeois? Nationalist? Or just a “Great Rebellion”?», BLAR, 4/3 (1985), pp. 5, 12-15, y «Revolutionary project, recalcitrant people: Mexico, 1910-1940», en J. E. Rodríguez O., ed., The revolutionary process in Mexico: essays on political and social change, Los Ángeles, 1990, pp. 227-264; F.-X. Guerra, «Réponse de Frangois-Xavier Guerra», AESC, 38/2 (1983), pp. 460-469, y «Teoría y método en el análisis de la Revolución Mexicana», RMS, 51/2 (1989), pp. 3-24; W. H. Beezley, «In search of everyday Mexicans in the Revolution», RIB, 33/3 (1983), pp. 366-382; J. M. Hart, «The dynamics of the Mexican Revolution: historiographical perspectives», LARR, 19/3 (1984), pp. 223-231; L. González y González, «La Revolución Mexicana desde el punto de vista de los revolucionados», Historias, 8-9 (1985), pp. 5-14; J. Tutino, From insurrection to revolution in Mexico: social bases of agradan violence, 1750-1940, Princeton, 1986; P. J. Vanderwood, «Building blocks but yet no building», Mexican Studies, 3/2 (1987), pp. 421-432, y «Explaining the Mexican revolution», en The revolutionary process, pp. 97-114; J. H. Coatsworth, «La historiografía económica de México», RHE, 6/2 (1988), pp. 277-291; F. Katz, «Rural rebellions after 1810», en F. Katz, ed., Rio/, rebellion, and revolution: rural social conflict in Mexico, Princeton, 1988, pp. 521-560; H. W. Tobler, «Die mexikanische Revolution in vergleichender Perspektive: Einige Faktoren revolutionáren Wandels in Mexiko, Russland und China im 20. Jahrhundert», Ibero-Amerikanisches Archiv, 14/4 (1988), pp. 453-471; M. Wasserman, «Provinces of the Revolution», en Provinces of the Revolution, pp. 1-14; y S. F. Voss, «Nationalizing the Revolution: culmination and circumstance», en Provinces of the Revolution, pp. 273-317.

Cuatro nuevas obras de tipo general merecen ocupar un sitio junto a las crónicas y síntesis anteriores, tanto clásicas como revisionistas, aunque sin substituir a ninguna de ellas. La que se basa de forma más sólida en el estudio de los archivos, a la vez que posee el mayor equilibrio e interés desde el punto de vista analítico, es H. W. Tobler, Die mexikanische Revolution: Gesellschaftlicher Wandel ündpolitischer Umbruch, 1876-1940, Frankfurt, 1984. La de mayor originalidad teórica y mayor riqueza biográfica es F.-X. Guerra, Le Mexique, de l’Ancien Régime a la Révolution, París, 1985, 2 vols. La más exhaustiva, tradicional e interrogativa es A. Knight, The Mexican Revolution, Cambridge, 1986, 2 vols. La más intrigante por sus detalles es J. M. Hart, Revolutionary Mexico: the Corning and process of the Mexican Revolution, Berkeley, 1987.

Relaciones exteriores, política y guerra

La literatura sobre estas cuestiones es abundantísima. Un libro sobresaliente se ocupa de las tres: Friedrich Katz, The secret war in Mexico. Europe, the United States, and the Mexican revolution, Chicago, 1981. Los otros estudios notables dentro de esta categoría se centran en asuntos de Estado específicos o particulares. El más significativo de estos asuntos son las relaciones exteriores. La literatura al respecto habla casi exclusivamente de las relaciones de México con los Estados Unidos. Indispensable para información general es la obra de Arthur S. Link, Wilson: the new freedom, Princeton, 1956, Wilson: the struggle for neutrality, 1914-1915, Princeton, 1960, Wilson: confusions and crises, 1915-1916, Princeton, 1960, y Wilson: campaigns for progressivism and peace, 1916-1917, Princeton, 1965.

Los dos tratamientos más exhaustivos, desde perspectivas muy diferentes, son M. S. Alperovich y B. T. Rudenko, La revolución mexicana de 1910-1917 y la política de los Estados Unidos, México, 1960, y P. E. Haley, Revolution and intervention. The diplomacy of Taft and Wilson with Mexico, 1910-1917, Cambridge, 1970. La visión es, como mínimo, igual de amplia, pero el enfoque cronológico es más detallado en P. Calvert, The Mexican revolution, 1910-1914. The diplomacy of the Anglo-American conflict, Cambridge, 1968; M. T. Gilderhus, Diplomacy and revolution: U. S.-Mexican relations under Wilson and Carranza, Tucson, 1977; K. J. Grieb, The United States and Huerta, Lincoln, 1969; R. F. Smith, The United States and revolutionary nationalism in Mexico, 1916-1932, Chicago, 1972; y B. Ulloa, La revolución intervenida. Relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, 1910-1914, México, 1971.

Las cuestiones concretas que causaron los peores problemas en las relaciones mexicano-norteamericanas fueron el petróleo y Francisco Villa. Sobre el petróleo, véase Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942), México, 1968; Dennis J. O’Brien, «Petróleo e intervención. Relaciones entre Estados Unidos y México, 1917-1918», HM, 27/1 (1977), pp. 103-140; y Emily S. Rosenberg, «Economic pressure in Anglo-American diplomacy in Mexico, 1917-1918», Journal of Inter-American Studies and World Affairs, 17/2 (1975), pp. 123-152. Sobre Villa, véase Clarence C. Clendenen, The United States and Pancho Villa. A study in unconventional diplomacy, Ithaca, 1981; y Alberto Salinas Carranza, La expedición punitiva, México, 19572. Menos importantes pero considerables entre los problemas exteriores de México durante la revolución, son los temas que se estudian en Larry D. Hill, Emissaries to a revolution: Woodrow Wilson’s executive agents in Mexico, Baton Rouge, 1973; y W. Dirk Raat, Revoltosos: Mexico’s rebels in the United States, 1903-1923, College Station, Texas, 1981.

Sobre política, que en esta literatura significa la lucha por dominar y administrar el gobierno federal, los libros y artículos son numerosísimos. De especial interés son los informes de la época: H. Baerlein, Mexico, the land of unrest, Filadelfia, 19142; E. I. Bell, The political shame of Mexico, Nueva York, 1914; J. L. De Becker, De cómo vino Huerta, y cómo se fue. Apuntes para la historia de un régimen militar, México, 1914; R. Prida, De la dictadura a la anarquía. México 19582. Tendenciosas pero reveladoras son ciertas memorias: A. Breceda, México revolucionario, 1913-1917, 2 vols., Madrid, 1920 y México, 1914; F. González Garza, La revolución mexicana. Mi contribución político-literaria, México, 1936; F. F. Palavicini, Los diputados, México, 19762, Historia de la constitución de 1917, 2 vols., México, 1938, y Mi vida revolucionaria, México, 1937; A. J. Pani, Apuntes autobiográficos, 2 vols., México, 19502, y Mi contribución al nuevo régimen, 1910-1933, México, 1936.

Las primeras historias profesionales de las fases inicial y media de la política revolucionaria siguen siendo los mejores estudios, a pesar de sus errores, faltas y omisiones: C. C. Cumberland, Mexican revolution. Génesis under Madero, Austin, Texas, 1952, y Mexican revolution. The constitutionalist years, Austin, Texas, 1972. Los estudios más recientes de la historia política del período son B. Ulloa, Historia de la revolución mexicana, período 1914-1917, vol. IV, La revolución escindida, México, 1979, vol. V, La encrucijada de 1915, México, 1979, y vol. VI, La constitución de 1917, México, 1983.

Típicamente, las monografías políticas tienen un enfoque biográfico. La obra clásica sobre el gobierno maderista sigue siendo Stanley R. Ross, Francisco I. Madero, apostle of Mexican democracy, Nueva York, 1955. Sobre el principal lugarteniente militar y el justo castigo de Madero, véase Michael C. Meyer, Mexican rebel, Pascual Orozco and the Mexican revolution, 1910-1915, Lincoln, 1967. El libro más intrigante sobre la oposición conservadora a Madero continúa siendo Luis Liceaga, Félix Díaz, México, 1958. Y la obra clásica relativa al general que derribó a Madero y provocó el movimiento constitucionalista es Michael C. Meyer, Huerta, a political portrait, Lincoln, 1972. De un partidismo y una imperfección manifiestos, los tratamientos más informativos del movimiento villista son Federico Cervantes, Francisco Villa y la revolución, México, 1960, y Felipe Ángeles en la revolución, México, 19643. Sobre Carranza y el carrancismo, véase Álvaro Matute, Historia de la revolución mexicana, período 1917-1924, vol. VIII, La carrera del caudillo, México, 1980; y Douglas W. Richmond, Venustiano Carranza’s nationalist struggle, 1893-1920, Lincoln, 1984. Pablo González, Jr., compiló una útil hagiografía de su padre, El centinela fiel del constitucionalismo, Monterrey, 1971. Sobre el otro y más afortunado lugarteniente de Carranza, véase Linda Hall, Álvaro Obregón, power and revolution in Mexico, 1911-1920, College Station, Texas, 1981.

La primera monografía sobre un ejercicio político colectivo es Robert E. Quirk, The Mexican revolution, 1914-1915. The Convention of Aguascalientes, Bloomington, 1960. Todavía es recomendable. Pero, sobre el mismo tema, es preferible Luis F. Amaya C., La soberana convención revolucionaria, 1914-1916, México, 1966. La crónica más fiel del congreso del que salió la nueva constitución es E. Víctor Niemeyer, Jr., Revolution at Queretaro. The Mexican Constitutional Convention of 1916-1917, Austin, Texas, 1974. Para una comparación instructiva de los dos cónclaves, véase Richard Román, Ideología y clase en la revolución mexicana. La convención y el congreso constituyente, México, 1976.

Sobre el ejército en la política, el estudio más sustancioso e interesante es Alicia Hernández Chávez, «Militares y negocios en la revolución mexicana», HM, 34/2 (1984), pp. 181-212. Otro análisis considerable de los militares es lean A. Meyer, «Grandes compañías, ejércitos populares y ejército estatal en la revolución mexicana (1910-1930)», Anuario de estudios americanos, 31 (1974), pp. 1.005-1.030.

Sobre la Iglesia, la mejor guía referente a los primeros años es Jean A. Meyer, «Le catholicisme social au Mexique jusqu’en 1913», Revue historique, 260 (1978), pp. 143-159. Para los años intermedios y postreros, a pesar de su sesgo por cuestión de principios, Antonio Rius Facius, La juventud católica y la revolución mejicana, 1910-1925, México, 1963.

El único tratamiento serio de las ideas políticas es James D. Cockcroft, Intelectual precursors of the Mexican Revolution, 1900-1913, Austin, Texas, 1968. El único estudio valioso de una institución es Marte R. Gómez, Historia de la Comisión Nacional Agraria, México, 1975. Y la única crónica de la política y las prácticas presupuestarias del gobierno está en James W. Wilkie, The Mexican revolution, federal expenditures and social change since 1910, Berkeley, Calif., 1967

La política en las provincias ha proporcionado el material para muchos informes de la época e historias profesionales. De ellos destaca H. Aguilar Camín, La frontera nómada. Sonora y la revolución mexicana, México, 1977. También útiles en relación con Sonora son Francisco Almada, Historia de la revolución en el estado de Sonora, México, 1971, y Clodoveo Valenzuela y A. Chaverri Matamoros, Sonora y Carranza, México, 1921. Una narración animada y detallada de la lucha magonista en la frontera californiana durante la insurrección maderista es Lowell L. Blaisdell, The desert revolution, Baja California, 1911, Madison, 1962. Los tratamientos más útiles de Chihuahua son Francisco Almada, Historia de la revolución en el estado de Chihuahua, 2 vols., México, 1964-1965, y William H. Beezley, Insurgent governor, Abraham González and the Mexican revolution in Chihuahua, Lincoln, 1973. El único libro recomendable sobre un estado del noreste es Ildefonso Villarello, Historia de la revolución mexicana en Coahuila, México, 1970.

Entre los estudios de la política en otras regiones del país, los mejores son Romana Falcón, Revolución y caciquismo: San Luis Potosí, 1910-1938, México, 1984; Alicia Hernández Chávez, «La defensa de los finqueros en Chiapas, 1914-1920», HM, 28/3 (1979), pp. 335-369; Ian Jacobs, Ranchero revolt: the Mexican revolution in Guerrero, Austin, Texas, 1983; y Gilbert M. Joseph, Revolution from without: Yucatan, Mexico and the United States, 1880-1924, Cambridge, 1982. Véanse también los ensayos en David A. Brading, ed., Caudillo and peasant in the Mexican Revolution, Cambridge, 1980.

Sobre la guerra en México entre 1910 y 1920, el libro más importante es todavía J. Barragán, Historia del ejército y de la revolución constitucionalista, 2 vols., México, 1946. También es valioso Miguel A. Sánchez Lamego, Historia militar de la revolución constitucionalista, 4 vols., México, 1956-1957. Sobre campañas constitucionalistas y carrancistas concretas, véanse las memorias de Manuel W. González, Con Carranza. Episodios de la revolución constitucionalista, 1913-1914, Monterrey, 1933, y Contra Villa. Relato de la campaña. 1914-1915, México, 1935; y Álvaro Obregón, Ocho mil kilómetros en campaña, México, 19593. Para de talles de las campañas villistas, véase Alberto Calzadíaz Barrera, Hechos reales de la revolución, 5 vols., México, 1967-1968.

Añadiduras notables a lo que se ha escrito sobre los intereses externos en México durante la Revolución son E. S. Rosenberg, Spreading the American dream: American economicand cultural expansión, 1895-1945, Nueva York, 1982, y World War I and the growth of United States predominance in Latín America, New York, 1987; P. V. N. Henderson, «Woodrow Wilson, Victoriano Huerta, and the recognition issue in Mexico», The Americas, 41/2 (1984), pp. 151-172; L. Meyer, «La Revolución mexicana y las potencias anglosajonas», HM, 34/2 (1984), pp. 300-352; D. M. Coerver y L. B. Hall, Texas and the Mexican revolution: a study in State and national border policy, 1910-1920, San Antonio, 1984, y Revolution on the border: the United States and Mexico, 1910-1920, Albuquerque, 1989; C. Illades, ed., México y España durante la Revolución mexicana, México, 1985; y B. Ulloa, ed., Revolución Mexicana, 1910-1920, México, 19852.

Menos abundantes son las obras nuevas que se ocupan de las instituciones políticas y militares de la nación, de su actuación, sus problemas, etcétera. Un estudio nuevo de los últimos dos años del período es A. Matute, Historia de la revolución mexicana, período 1917-1924, vol. VIII, La carrera del caudillo, México, 1980. (Ahora parece que los volúmenes I, II, III y VII de esta serie no saldrán nunca). Otro estudio, útil por su amplitud y su larga perspectiva, es R. R. Flores Caballero, Administración y política en la historia de México, México, 1981. La monografía más significativa es M. González Navarro, La pobreza en México, México, 1985. Sobre la resistencia y los contrarrevolucionarios partidarios de Porfirio Díaz, son recomendables los siguientes estudios: P. V. N. Henderson, Mexican exiles in the borderlands, 1910-1913, El Paso, 1979, y Félix Díaz, the Porfirians, and the Mexican Revolution, Lincoln, 1981; R. Ramírez Rancaño, «Los hacendados y el huertismo», RMS, 48/1 (1986), pp. 167-200; y A. Hernández Chávez, «Origen y ocaso del ejército porfiriano», HM, 39/1 (1989), pp. 257-296. Sobre varias cuestiones revolucionarias nacionales los estudios más recomendables son E. Zavala, «Los impuestos y los problemas financieros de los primeros años de la revolución», HM, 31/3 (1982), pp. 325-360; L. Meyer, «La Revolución Mexicana y sus elecciones presidenciales: una interpretación (1911-1940)», HM, 32/2 (1982), pp. 143-197; D. W. Richmond, «Mexican immigration and border strategy during the Revolution, 1910-1920», NMHR, 57/3 (1982), pp. 269-288, «Confrontation and reconciliation: Mexicans and Spaniards during the Revolution, 1910-1920», The Americas, 41/2 (1984), pp. 215-228, y «Nationalism and class conflict in Mexico, 1910-1920», The Americas, 43/3 (1987), pp. 279-303. H. W. Tobler, «La burguesía revolucionaria en México: su origen y su papel, 1915-1935», HM, 34/2 (1984), pp. 213-237; J. W. Wilkie, «Changes in Mexico since 1895: central government revenue, public sector expenditure and national economic growth», SALA, 24 (1985), pp. 861-880; J. MacGregor, «La VI legislatura frente a Victoriano Huerta: ¿un caso de parlamentarismo?», Secuencia, 4 (1986), pp. 10-23; L. D. Taylor, «The great adventure: mercenaries in the Mexican Revolution, 1910-1920», The Americas, 43/1 (1986), pp. 25-45; B. Ulloa, Veracruz, capital de la nación, 1914-1915, México, 1986; H. Sánchez Martínez, «La política bancaria de los primeros gobiernos constitucionalistas, antecedentes inmediatos para la fundación del Banco de México (1917-1925)», en L. Ludlow y C. Marichal, eds., Banca y poder en México (1800-1925), México, 1986, pp. 375-407; M. González Navarro, «El maderismo y la revolución agraria», HM, 37/1 (1987), pp. 5-27; E. Azuela Bernal, «La cuestión local en el Congreso Constituyente de 1917», Secuencia, 19 (1987), pp. 12-22; D. LaFrance, «Many causes, movements, failures, 1910-1913: the regional nature of Maderismo», en Provinces of the Revolution, pp. 17-40; y J. Tutino, «Revolutionary confrontation, 1913-1917: regional factions, class conflicts, and the new national State», en Provinces of the Revolution, pp. 41-70. Véanse también dos autobiografías excelentes: G. N. Santos, Memorias, México, 1984; y L. L. León, Crónica del poder: en los recuerdos de un político en el México revolucionario, México, 1987.

Sobre la Iglesia católica, la mejor guía es ahora J. Adame Goddard, El pensamiento político y social de los católicos mexicanos, 1867-1914, México, 1981. Otras añadiduras notables son J. Gutiérrez Casillas, jesuitas en México durante el siglo XX, México, 1981; M. Ceballos Ramírez, «La encíclica “Rerum Novarum” y los trabajadores católicos en la Ciudad de México (1891-1913)», HM, 33/1 (1983), pp. 3-38, y «El sindicalismo católico en México, 1919-1931», HM, 35/4 (1986), pp. 621-674. Sobre los rivales religiosos de los católicos, los primeros estudios serios y recomendables que se han publicado con J.-P. Bastían, Protestantismo y sociedad en México, México, 1983, «Los propagandistas del constitucionalismo en México (1910-1920)», RMS, 45/2 (1983), pp. 321-351, y Los disidentes: sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911, México, 1989; y D. J. Baldwin, Protestants in the Mexican Revolution: missionaries, ministers, and social change, Champaign, 1990.

Sobre los intelectuales políticos, los más notables entre los nuevos estudios son M. K. Vaughan, The State, education, and social class in Mexico, 1880-1928, DeKalb, 1982; G. DeBeer, Luis Cabrera, un intelectual de la Revolución mexicana, México, 1984; J. MacGregor, «La universidad y la revolución, 1910-1914», en J. L. Peset, ed., La ciencia moderna y el nuevo mundo, Madrid, 1985, pp. 192-213; A. Knight, «Los intelectuales en la Revolución mexicana», RMS, 51/2 (1989), pp. 25-65; y J. Garciadiego Dantan, «Movimientos estudiantiles durante la Revolución mexicana», en J. E. Rodríguez O., ed., The revolutionary process, pp. 115-160.

Movimientos campesinos y obreros

Las referencias a los campesinos y los obreros en la literatura son innumerables. De hecho, virtualmente todos los movimientos revolucionarios, contrarrevolucionarios, independientes y neutralistas que hubo en México entre 1910 y 1920 fueron de «gente del campo» y «trabajadores». Pero los movimientos de gente del campo por la gente del campo, o de trabajadores por los trabajadores, esto es, movimientos campesinos u obreros, fueron la excepción en lugar de la regla.

La guía más segura y sugestiva de la historia agraria de estos años, puesto que todavía no hay ningún libro que se ocupe de ello, es F. Katz, «Peasants in the Mexican revolution of 1910», en J. Spielberg y S. Whiteford, eds., Forging nations. A comparative view of rural ferment and revolt, Lansing, 1976, pp. 61-85.

También digno de consideración es Flans W. Tobler, «Baúerncrhebungen und Agrarreform in der mexikanischen Revolution», en Manfrcd Mols y Hans W. Tobler, Mexiko, die institutionalisierte Revolution, Colonia, 1976, pp. 115 170 Para indicaciones de lo poco que la distribución de propiedades agrícolas y ganaderas en 1910 cambió hasta el decenio de 1920, véase Frank Tannenbaum, The Mexican agradan revolution, Washington, 1929, obra clásica.

Las monografías más interesantes sobre movimientos campesinos se han hecho con un enfoque provincial, como era debido. Sobre el norte, véase Friedrich Katz, «Agrarian changes in northern Mexico in the period of Villista rule, 1913-1915», en Contemporary Mexico, pp. 259-273. Sobre el medio oeste, Michoacán, véase Paul Friedrich, Agrarian revolt in a Mexican village, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1970. Y sobre el medio este de México, véase Raymond Th. J. Buve, «Peasant movements, caudillos, and landreform [sic] during the revolution (1910-1917) in Tlaxcala, Mexico», Boletín de estudios latinoamericanos y del Caribe, 18 (1975), pp. 112-152, «Movilización campesina y reforma agraria en los valles de Nativitas, Tlaxcala (1917-1923)», en El trabajo y los trabajadores, pp. 533-564. El sur, en particular Morelos, fue la patria del movimiento campesino más famoso, excepcional y significativo de México, el de los zapatistas. Entre varios artículos y libros acerca de su lucha, los mejores son François Chevalier, «Un facteur décisif de la révolution agraire au Mexique: Le soulévement de Zapata, 1911-1919», AESC, 16/1 (1961), pp. 66-82; Gildardo Magaña, Emiliano Zapata y el agrarismo en México, 5 vols., México, 1951-19522; Jesús Sotelo Inclán, Raíz y razón de Zapata, México, 19702; y John Womack, Jr., Zapata and the Mexican Revolution, Nueva York, 1968. Para una comparación importante e ilustrativa, véase Ronald Waterbury, «Non-revolutionary peasants: Oaxaca compared to Morelos in the Mexican Revolution», Comparative Studies in Society and History, 17/4 (1975), pp. 410-442.

El primer estudio de los movimientos obreros durante los años revolucionarios sigue siendo útil: V. Lombardo Toledano, La libertad sindical en México, México, 19742, como lo son también otras dos antiguas historias obreras: M. R. Clark, Organized labor in Mexico, Chapel Hill, 1934, y A. López Aparicio, El movimiento obrero en México: antecedentes, desarrollo y tendencias, México, 19522.

Un ensayo importante que sugiere las líneas que debe seguir una revisión a fondo de esta historia es Marcela de Neymet, «El movimiento obrero y la revolución mexicana», Historia y Sociedad, 1.ª serie, 9 (1967), pp. 56-73. Dos historias revisionistas del obrerismo son Barry Carr, El movimiento obrero y la política en México, 1910-1929, 2 vols., México, 1976, y Ramón E. Ruiz, Labor and the ambivalent revolutionaries, Mexico, 1911-1923, Baltimore, 1976. Un estudio notable aparecido recientemente es Sergio de la Peña, La clase obrera en la historia de México, vol. IV, Trabajadores y sociedad en el siglo XX, México, 1984.

Los problemas concretos de la historia obrera que más atención han recibido son las ideologías y las federaciones nacionales supuestas o reales. Sobre las ideologías, véanse Barry Carr, «Marxism and anarchism in the formation of the Mexican Communist Party, 1910-1919», HAHR, 63/2 (1983), pp. 277-305; François-X. Guerra, «De l’Espagne au Mexique: Le milieu anarchiste et la révolution mexicaine (1910-1915)», Mélanges de la Casa de Velázquez, 9 (1973), pp. 653-687; y John M. Hart, Anarchism and the Mexican working class, 1860-1931, Austin, Texas, 1978. Sobre la famosa protofederación de 1914-1915 y sus «batallones rojos», véanse Barry Carr, «The Casa del Obrero Mundial. Constitutionalism and the pact of February, 1915», en El trabajo y los trabajadores, pp. 603-632; John M. Hart, «The urban working class and the Mexican revolution. The case of the Casa del Obrero Mundial», HAHR, 58/1 (1978), pp. 1-20; Alicia Hernández Chávez, «Los Batallones Rojos y Obregón: un pacto inestable», manuscrito inédito, 1979; y lean A. Meyer, «Les ouvriers dans la révolution mexicaine. Les Bataillons rouges», AESC, 25/1 (1970), pp. 30-55. Sobre la primera federación seria, véanse Rocío Guadarrama, Los sindicatos y la política en México: la CROM, 1918-1928, México, 1981; Pablo González Casanova, La clase obrera en la historia de México, vol. VI, En el primer gobierno constitucional (1917-1920), México, 1980; y Harry A. Levenstein, Labor organizations in the United States and Mexico, a history of their relations, Westport, Connecticut, 1971.

Existen únicamente dos libros notables que se ocupan de los sindicatos en una industria determinada, la cual, casualmente, era la más estratégica de todas las industrias del país. Los dos tienen más de libro de memorias que de estudio: Servando A. Alzati, Historia de la mexicanización de los Ferrocarriles Nacionales de México, México, 1946; y Marcelo N. Rodea, Historia del movimiento obrero ferrocarrilero, 1890-1943, México, 1944. Y hay sólo dos tratamientos notables de los sindicatos en un lugar determinado: S. Lief Adleson, «La adolescencia del poder: la lucha de los obreros de Tampico para definir los derechos del trabajo, 1910-1920», Historias, 2 (octubre de 1982), pp. 85-101; y Francisco Ramírez Planearte, La ciudad de México durante la revolución constitucionalista, México, 19412.

La mayoría de los nuevos estudios generales sobre los campesinos en la Revolución son muy repetitivos. Sólo unos cuantos pueden recomendarse. Los mejores son Tutino, From insurrection to revolution, y Katz, «Rural rebellions afta 1810», en Riot, rebellion, and revolution. También son dignos de tomarse en cuenta S. R. W. Sanderson, Land reform in Mexico, 1910-1980, Orlando, 1984; J. F. Leal, «Campesinado, hacienda y estado en México, 1856-1914», en R. T. J. Buve, ed., Haciendas in Central Mexico from late colonial times to the Revolution: labour conditions, hacienda management, and its relation to the State, Amsterdam, 1984, pp. 161-198; y Pedro González, «Los primeros pactos y la construcción de la legalidad: 1913-1917», en O. Betanzos, ed., Historia de la cuestión agraria mexicana, México, 1988, 9 vols., vol. III, Campesinos, terratenientes y revolucionarios, 1910-1920, pp. 136-206.

Entre los nuevos y notables estudios generales de los obreros y los movimientos laborales en la Revolución cabe citar a J. F. Leal y J. Villaseñor, La clase obrera en la historia de México, México, 1980-1988, 17 vols., En la revolución, 1910-1917, 1988. Entre los ensayos interpretativos se cuentan A. Knight, «The working class and the Mexican Revolution, c. 1900-1920», JLAS, 16/1 (1984), pp. 51-79; M. Camareno y L. Adleson, «Historia social de los obreros industriales mexicanos, 1918-1929», Historias, 8-9 (1985), pp. 69-90; y J. M. Calderón, «Historia social y fuerza de trabajo durante la Revolución», Historias, 8-9 (1985), pp. 125-138. Las otras añadiduras son concretas o especiales: P. Farrua, Gli anarchici nella rivoluzione messicana: Práxedis G. Guerrero, Ragusa, 1976; E. Tuñón Pablos, Huerta y el movimiento obrero, México, 1982; los artículos de Ceballos Ramírez, HM, 33/1 (1983), y HM, 35/4 (1986); S. Hernández Padilla, El mago nismo: historia de una pasión libertaria, México, 1984; los artículos en V. Novelo, ed., Arqueología de la industria en México, México, sin fecha, ¿1985? P. I. Taibo II, Bolshevikis: historia narrativa de los orígenes del comunismo en México (1919-1925), México, 1986; N. Cárdenas García, «Trabajadores y lucha por el poder político en el gobierno de Carranza: los orígenes de la acción múltiple (1917-1920)», Secuencia, 6 (1986), pp. 11-32; y E. Rajchenberg, «La respuesta social al trabajo: indemnización a las actividades laborales en México, 1910-1920», Secuencia, 7 (1987), pp. 24-47.

Estudios interesantes de otros tipos de movimiento, por ejemplo, disturbios urbanos, se encuentran en M. González Navarro, Cinco crisis mexicanas, México, 1983. Dos estudios recomendables pero muy diferentes de las mujeres y sus luchas durante la Revolución son A. Matías, Against all odds; the feminist movement in Mexico to 1940, Londres, 1982; y D. Keremitsis, «Del metate al molino: la mujer mexicana de 1910 a 1940», HM, 33/2 (1983), pp. 285-302.

Negocios, economía y demografía

Para una bibliografía amplia y anotada de la mayoría de los antiguos escritos sobre estos aspectos, así como gran parte de lo que se ha escrito más recientemente, véase el artículo de J. Womack, Jr., en Marxist Perspectives, citado anteriormente. Aunque un poco decepcionante, D. G. López Rosado, Historia y pensamiento económico de México, 6 vols., México, 1968-1974, es indispensable.

La historia de los negocios en México, en cualquier período, es tímida, pobre y oscura. Con todo, es posible hacer inferencias razonables y encontrar detalles significativos en estudios que se hicieron con otros propósitos. Sobre industrias importantes durante la Revolución, véanse Fred W. Powell, The railroads of Mexico, Boston, 1921; Marvin D. Bernstein, The Mexican mining industry, 1890-1950: a study of the interaction of politics, economics, and technology, Albany, 1964, Manuel G. Machado, Ir., The North Mexican cattle industry, 1910-1975: ideology, conflict, and change, College Station, Texas, 1980; Gonzalo Cámara Zavala, «Historia de la industria henequera hasta 1919», en Enciclopedia Yucatanense, 8 vols., México, 1947, III, pp. 657-725; y Enrique Aznar Mendoza, «Historia de la industria henequenera desde 1919 hasta nuestros días», en Enciclopedia Yucatanense, III, pp. 727-787. Sobre la banca los tratamientos más útiles son Antonio Mañero, La revolución bancaria en México, 1865-1955, México, 1957; Walter F. McCaleb, Present and past banking in Mexico, Nueva York, 1920, y The public finances of Mexico, Nueva York, 1921; y Edgar Turlington, Mexico and her foreign creditors, Nueva York, 1930. Sobre compañías y hombres de empresas, véanse Benjamín T. Harrison, «Chandler Anderson and business interests in Mexico: 1913-1920: when economic interests failed to alter U. S. foreign policy», Inter-American Economic Affairs, 33/3 (1979), pp. 3-23; J. C. M. Oglesby, Gringos from the far north: essays in the history of Canadian-Latin American relations, 1866-1968, Toronto, 1976; y Julio Riquelme Inda, Cuatro décadas de vida, 1917-1957, México, 1957.

Los libros más sugestivos sobre la estructura y el funcionamiento de la economía durante la revolución continúan siendo C. L. Jones, Mexico and its reconstruction, Nueva York, 1921, y W. Thompson, Trading with Mexico, Nueva York, 1921. Entre los notables estudios de historia económica figuran Donald B. Keesing, «Structural change early in development: Mexico’s changing industrial and occupational structure from 1895 to 1950», Journal of Economic History, 29/4 (1969), pp. 716-738; y Edwin W. Kemmerer, Inflation and revolution: Mexico’s experience of 1912-1917, Princeton, N. J., 1940. Véanse también Frédéric Mauro, «Le développement économique de Monterrey, 1890-1960», Caravelle: Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, 2 (1964), pp. 35-126; e Isidro Vizcaya Canales, Los orígenes de la industrialización de Monterrey: Una historia económica y social desde la caída del segundo imperio hasta el fin de la revolución, 1867-1920, Monterrey, 1969.

La obra de demografía más importante es Moisés González Navarro, Población y sociedad en México (1900-1970), 2 vols., México, 1974. Véase también Robert G. Greer, «The demographic impact of the Mexican revolution, 1910-1921», manuscrito inédito, 1966.

Nuevas obras que tratan los movimientos demográficos son L. B. Hall, «El refugio: migración mexicana a los Estados Unidos, 1910-1920», Históricas, 8 (1982), pp. 23-38; y A. Fujigakí y A. González Galván, «Epidemias conocidas en México durante el siglo XX», en E. Florescano y E. Malvido, eds., Ensayos sobre la historia de las epidemias en México, México, 1982, 2 vols., vol. II, pp. 699-723.

De los nuevos libros que hablan de la economía de antes, durante y después de la Revolución, las obras indispensables son S. de la Peña, «Acumulación originaria y la nación capitalista en México: ensayo de interpretación», El Trimestre Económico, 50/2 (1983), pp. 713-732; F. Rosenzweig, «La evolución económica de México, 1870-1940», El Trimestre Económico, 56/1 (1989), pp. 11-56; y S. Haber, Industry and underdevelopment: the industrialization of Mexico, 1890-1940, Stanford, 1989. También son notables J. Márquez, «La banca en México: 1830-1983», El Trimestre Económico, 50/4 (1983), 1873-1914; y E. Cárdenas y C. Manns, «Inflación y estabilización monetaria en México durante la Revolución», El Trimestre Económico, 56/1 (1989), pp. 57-79. Recomendables para determinadas industrias son D. M. Coerver y L. B. Hall, «La frontera y las minas en la Revolución mexicana (1910-1920)», HM, 32/3 (1983), pp. 389-421, y «Oil and the Mexican revolution: The southwestern connection», The Americas, 41/2 (1984), pp. 229-244; J. Brown, «Domestic politics and foreign investmenl: British development of Mexican petroleun, 1889-1911», BHR, 61/3 (1987), pp. 471-496; y A. L. Parra, «Los orígenes de la industria eléctrica en México: las compañías británicas de electricidad (1900-1929)», Historias, 19 (1988), pp. 137-158.

Sobre los negocios y los negociantes, las añadiduras más notables son H. J. Nickel, «Die Hacienda im 19 und 20. Jahrhundert: Ein Forschungsberocht zum Fall Mexiko», en G. Siebenmann, ed., Die lateinamerikanische Hacienda: Ihre Rolle in der Geschichte von Wirtschaft und Gesellschaft, Diessenhofen, 1976, pp. 61-98; A. Alonso, Los libaneses y la industria textil en Puebla, México, 1983; C. González Pacheco, Capital extranjero en la selva de Chiapas, 1863-1982, México, 1983; los artículos de Hernández Chávez y Tobler en HM, 34/2 (1984); L. Gambos, Los empresarios de ayer: el grupo dominante de la industria textil de Puebla, 1906-1929, Puebla, 1985; M, Wasserman, «Enrique C. Crecí: business and politics in Mexico, 1880-1930», BHR, 59/4 (1985), pp. 645-662; N. Cárdenas García, «La Revolución mexicana y los inicios de la organización empresarial (1917-1918)», Secuencia, 4 (1986), pp. 10-23; M. del C. Collado, La burguesía mexicana: el emporio Braniff y su participación política, 1865-1920, México, 1987; M. Ramírez Rancaño, Burguesía textil y política en la revolución mexicana, México, 1987; H. Cartón de Grammont, «La presencia norteamericana en el agro sinaolense en la primera mitad del siglo XX», Secuencia, 1 (1987), pp. 5-23; H. W. Konrad, «Capitalismo y trabajo en los bosques de las tierras bajas tropicales mexicanas: el caso de la industria del chicle», HM, 36/3 (1987), pp. 465-506; A. M. Zaragoza, The Monterrey élite and the Mexican State, 1880-1940, Austin, 1988; B. von Mentz, «Empresas y empresarios alemanes en México, 1821-1945», JGSWGL, 25 (1988), pp. 1-31.

Las provincias

Abundan las obras nuevas de estudiosos que se ocupan de las provincias entre 1910 y 1920. La mayoría de estos estudios son a la vez económicos, sociales y políticos, prescindiendo de cuál sea el tema concreto que examinan. Muchos de ellos son buenos. Algunos son excelentes.

Sobre el nordeste, véanse S. L. Adleson, «Identidad comunitaria y transformación social: estibadores y petroleros en Tampico (1900-1925)», Historias, 7 (1984), pp. 29-44; M. Cerutti, ed., Monterrey, Nuevo León, el noreste: siete estudios históricos, Monterrey, 1987; D. E. Lorey, «Monterrey, Mexico, during the Porfiriato and the Revolution: population and migration trends in regional evolution», SALA, 28 (1990), pp. 1.183-1.203; y H. F. Salamini, «Tamaulipas: land reforma and the State», in Provinces of the Revolution, pp. 185-217.

El principal experto en asuntos del norte es F. Katz. Véase su «Villa: reform governor of Chihuahua», en G. Wolfskill y D. W. Richmond, eds., Essays on the Mexican Revolution: revisionist view of the leaders, Austin, 1979, pp. 25-45; «Pancho Villa, peasant movements and agrarian reform in northern Mexico», en D. Brading, ed., Caudillo and peasant in the Mexican Revolution, Cambridge, 1980, pp. 59-75; y «Pancho Villa y la Revolución mexicana», RMS, 51/2 (1989), pp. 87-113. Véanse también G. E. Paulsen, «The legal battle for the Candelaria Mine in Durango, Mexico, 1890-1917», Arizona and the West, 23/3 (1981), pp. 243-266; su «Reaping the whirlwind in Chihuahua: the destruction of the Minas de Corralitos, 1911-1917», NMHR, 58/3 (1983), pp. 253-270; C. H. Harris III y L. R. Sadler, «The “Underside” of the Mexican Revolution: El Paso, 1912», The Americas, 39/1 (1982), pp. 69-83; O. Martínez, ed., Fragments of the Mexican Revolution: personal accounts from the border, Albuquerque, 1984, pp. 243-274; su «Second división of the north: formation and fragmentation of the Laguna’s Popular Movement, 1910-11», en Riot, rebellion, and revolution, pp. 448-486; M. Vargas Lobsinger, La hacienda de «La Concha», una empresa algodonera de la Laguna, 1883-1917, México, 1984; J. A. Sandos, «Northern separatism during the Mexican Revolution: an inquiry into the role of drug trafficking, 1919-1920», The Americas, 41/2 (1984), pp. 191-214; J. L. Sariego, «Anarquismo e historia social minera en el norte de México, 1906-1918», Historias, 8-9 (1985), pp. 111-124; S. Terrazas, F. I verdadero Pancho Villa: FJ centauro del norte, sus heroicas batallas y acciones revolucionarias, México, 1985; y M. E. Rocha Islas, Las defensas sociales en Chihuahua, México, 1988.

Sobre el noroeste, véanse S. E. Sanderson, Agrarian populism and the Mexican State: the struggle for land in Sonora, Berkeley, 1981; C. Radding de Murrieta, ed., Historia general de Sonora, 1979-1985, 5 vols., vol. IV, Sonora moderno: 1880-1929, 1985; su «Sonora y los sonorenses: el progreso social de la Revolución de 1910», Secuencia, 3 (1985), pp. 17-28; su «Las estructuras formativas del capitalismo en Sonora (1900-1930)», en M. Cerutti, ed., De los Barbones a la Revolución: ocho estudios regionales, México, 1986, pp. 229-265; E. Hu-De-Hart, «The Chínese of Baja California, 1910-1934», Proceedings of the Pacific Coast Council on Latín American Studies, 12 (1985-1986), pp. 9-30; su «Peasant rebellion in the northwest: the Yaqui Indians of Sonora, 1740-1987», en Riot, rebellion and revolution, pp. 141-176; y L. H. Hernández Sáenz, «Smuggling for the Revolution: illegal traffic of arms on the Arizona-Sonora border, 1912-1914», Arizona and the West, 28/4 (1986), pp. 357-377.

Sobre el oeste, véanse B. Rojas, La destrucción de la hacienda en Aguascalientes, 1910-1931, Zamora, 1981; A. L. Craig, The first Agraristas: an oral history of a Mexican agrarian reform movement, Berkeley, 1983; C. B. Gil, Life in provincial Mexico: national and regional history seen from Mascota, Jalisco, 1867-1972, Los Angeles, 1983; J. Meyer, «Historia del reparto agrario en Nayarit, 1915-1934», Encuentro, 3 (1986), pp. 43-56; M. Aldana Rendón, Jalisco desde la Revolución, Guadalajara, 1987-1989, 14 vols., vol. I: Del reyismo al nuevo orden constitucional; J. Tamayo, Jalisco desde la Revolución, vol. II: La conformación del estado moderno y los conflictos políticos, 1917-1929; L. P. Romero, Jalisco desde la Revolución, vol. III: La consolidación del estado y los conflictos políticos; y I. Tamayo, Jalisco desde la Revolución, vol. IV: Los movimientos sociales, 1917-1929.

Sobre Michoacán, la marca entre el oeste, el Bajío, el centro y el sur, véanse H. Moreno García, Guaracha: tiempos viejos, tiempos nuevos, Zamora, 1980; su ed., Después de los latifundios: la desintegración de los grandes latifundios en México, Zamora, 1982; A. Ochoa, «Miguel de la Trinidad Regalado y la lucha por la tierra», Relaciones, 15 (1983), pp. 109-119; y J. Uribe Salas, «Minería y poder empresarial en Michoacán: la contrarrevolución en Tlalpujahua», Relaciones, 32 (1987), pp. 76-97.

Sobre San Luis Potosí, véanse B. Rojas, La pequeña guerra: los Carrera Torresy los Cedillo, Zamora, 1983; D. Ankerson, Agrarian warlord: Saturnino Cedido and the Mexican Revolution in San Luis Potosí, DeKalb, 1984; V. Lerner, «Las zozobras de los hacendados de algunos municipios del oriente de San Luis Potosí (1910-1920)», HM, 36/2 (1986), pp. 323-362; su «La suerte de las haciendas: decadencia y cambio de propietarios (1910-1920)», HM, 36/4 (1987), pp. 661-698; R. Falcón, «Charisma, tradition, and caciquism»: revolution in San Luis Potosí», en Riot, rebellion, and revolution, pp. 417-447; y su «San Luis Potosí: confiscated estates, revolutionary conquests or spoils?», en Provinces of the Revolution, pp. 133-162.

Sobre Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, véanse M. Bellingeri, «L’economia del latifondo in Messico: l’hacienda San Antonio Tochatlaco dal 1880 al 1920», Annali del la Fondazione Luigi Einaudi, 10 (1976), pp. 287-428; H. J. Nickel, «Zur Immobilitat und Schuldknechtschaft mexikanischer Landarbeiter vor 1915», Saeculum, 27/3 (1976), pp. 289-328; su Soziale morphologie der mexikanischen Hacienda, Wiesbaden, 1978; su «Agricultural laborers in the Mexican Revolution (1910-1940): some hypotheses and facts about participation and restraint in the highlands of Puebla-Tlaxcala», en Riot, rebellion, and revolution, pp. 376-416; R. T. J. Buve, Boerenmobilisatie en landhervorming tildens en na de Mexicaanse revolutie: de vallei van Nativitas, Tlaxcala, tussen 1910 en 1940, Amsterdam, 1977; su «El movimiento revolucionario de Tlaxcala (1910-1914): sus orígenes y desarrollo antes de la gran crisis del año 1914 (la rebelión arenista)», Anuario de Humanidades, 8 (1984), pp. 141-183; su «Agricultores, dominación política y estructura agraria en la Revolución: el caso de Tlaxcala (1910-1918)», en Haciendas in Central México, pp. 199-271; su «“Neither Carranza nor Zapata”: the rise and fall of a peasant movement that tried to challenge both, Tlaxcala, 1910-1918», en Riot, rebellion, and revolution, pp. 338-375; F. J. Schryer, The rancheros of Pisaflores: the history of a peasant bourgeoisie in twentieth-century Mexico, Toronto, 1980; M. Menegus Bornemann y J. F. Leal, «Las haciendas de Mazaquiahuac y El Rosario en los albores de la revolución agraria, 1910-1914», HM, 31/2 (1981), pp. 233-277; su «La violencia armada y su impacto en la economía agrícola del estado de Tlaxcala, 1915-1920», HM, 36/4 (1987), pp. 595-642; H. G. Mertens, Wirtschaftliche und Soziale Strukturen Zentralmexikanischen Weizenhaciendas aus dem Tal von Atlixco (1890-1912), Wiesdaben, 1983; L. Rubluo, Historia de la revolución en el estado de Hidalgo, México, 1983-1985, 2 vols.; R. Rendón Garnici, «La revolución armada, vista por el administrador de dos haciendas tlaxcaltecas (1910-1920)», en Haciendas in Central México, pp. 273-307; I. Laviada, Vida y muerte de un latifundio, México, 1984; y D. LaFrance, The Mexican Revolution in Puebla, 1908-1913: the Maderista movement and the failure of liberal reform, Wilmington, 1989.

Sobre México (el estado), el Distrito Federal, Morelos y Guerrero, es decir, territorio zapatista, véanse M. Rosovsky, ed., Documentos inéditos sobre Emiliano Zapata y el cuartel general, seleccionados del Archivo de Genovevo de la O que conserva el Archivo General de la Nación, México, 1979; V. López González, Los compañeros de Zapata, Cuernavaca, 1980; A. Lira. Comunidades indígenas frente a la ciudad de México: Tenochtitlán y Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-1919, Zamora, 1983; G. Peña Roja y otros, eds., El ejército campesino del sur: ideología, organización y programa, México, 1982; A. Mendieta Alatorre, ed., Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, 1873-1942: extraordinaria precursora de la Revolución mexicana, Cuernavaca, 1983; N. Perdieron, Problèmes agraires de l’Ajusco: sept communautés de banlieue de México, XVIe-XXe siècles, México, 1983; L. Espejel, «El cuartel general: órgano rector de la revolución zapatista, 1914 y 1915», en H. Crespo, ed. Morelos: cinco siglos de historia regional, Cuernavaca, 1984, pp. 251-260; C. González Herrera y A. Embriz Osorio, «La reforma agraria y la desaparición del latifundio en el estado de Morelos, 1916-1927», en Morelos, pp. 285-298; J. M. López Victoria, Historia de la Revolución en Guerrero, Chilpancingo, 1985, 3 vols.; D. Dahlmann, Land und Freiheit: Machnovscina und Zapatismo als Beispiele agrarrevolutionarer Bewegungen, Stuttgart, 1986; y R. Ávila Palafox, ¿Revolución en el Estado de México?, Toluca, 1988.

Sobre Oaxaca, véase V. R. Martínez Vásquez, ed., La revolución en Oaxaca, 1900-1930, Oaxaca, 1985; F. J. Ruiz Cervantes, La Revolución en Oaxaca: El movimiento de la soberanía (1915-1920), México, 1986; V. de la Cruz, «La rebelión de los juchitecos y uno de sus líderes: Che Gómez», Historias, 17 (1987), pp. 57-72; P. Garner, La Revolución en la provincia: soberanía estatal y caudillismo en las Montañas de Oaxaca, México, 1988; y su «Oaxaca: the rise and fall of State sovereignty», en Provinces of the Revolution, pp. 163-183.

Sobre Veracruz, véanse S. González Marín, Heriberto Jara: un luchador obrero en la Revolución mexicana, 1879-1917, México, 1984; J. González Sierra, «Revolución y derecho obrero: Veracruz 1914-1916», Anuario (Universidad Veracruzana), IV (1986), pp. 117-140; L. Alafita Méndez, «Trabajo y condición obrera en los campamentos petroleros de la Huasteca 1900-1935», Anuario, IV (1986), pp. 169-207; R. Corzo Ramírez y otros… nunca un desleal: Cándido Aguilar, 1889-1960, México, 1986; R. Falcón y S. García, La semilla en el surco: Adalberto Tejada y el radicalismo en Veracruz, 1883-1960, México, 1986; L. Alafita Méndez y otros, Historia gráfica de la industria petrolera y sus trabajadores (1900-1938), Xalapa, 1988; y B. García Díaz, Textiles del Valle de Orizaba (1880-1925): cinco ensayos de historia sindical y social, Xalapa, 1990.

Sobre Chiapas, véanse R. Wasserstrom, Class and society in Central Chiapas, Berkeley, 1983; A. García de León, Resistencia y utopía: memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia, México, 1985, 2 vols., vol. II; J. de Vos, Oro verde: la conquista de la selva lacandona por los madereros tabasqueños, 1822-1949, México, 1988; T. Benjamín, A rich land, a poor people: politics and society in modern Chiapas, Albuquerque, 1989.

Sobre Yucatán, véanse L. Aboites, La revolución en Espita, 1910-1940: microhistoria de la formación del estado de la revolución, México, 1982; H. D. Chacón, «Rural educational reform in Yucatán: from the Porfiriato to the era of Salvador Alvarado, 1910-1918», The Americas, 42/2 (1985), pp. 207-228; A. Wells, Yucatan’s gilded age: haciendas, henequen, and International Harvester, 1860-1915, Albuquerque, 1985; M. Bellingeri, «Formación y circulación de la mercancía tierra-hombre en Yucatán (1880-1914)», Historias, 19 (1988), pp. 109-118; G. M. Joseph y A. Wells, «Yucatán: élite politics and rural insurgency», en Provinces of the Revolution, pp. 93-131; y su «Seasons of upheaval: the crisis of oligarchical rule in Yucatán, 1909-1915», en The revolutionary process, pp. 161-185.

Cultura e imágenes

Se ha escrito mucho sobre la novela y el mural de la Revolución. Pero casi toda esta obra es posterior a los fenómenos revolucionarios. Tres novelistas vivieron realmente durante la época revolucionaria y escribieron cosas memorables sobre ella: M. Azuela, Obras completas, 3 vols., México, 1958-1960; M. L. Guzmán, El águila y la serpiente, Madrid, 1928, y Memorias de Pancho Villa, 4 vols., México, 1938-1940; y J. Vasconcelos, Ulises criollo, México, 1935, y La tormenta, México, 1936.

Otra crónica útil que data de entonces es John Reed, Insurgent Mexico, Nueva York, 1914 (hay trad. cast.: México insurgente, Fontamara, Barcelona, 1982). Véanse también John D. Rutherford, Mexican society during the revolution: a literary approach, Oxford, 1971, y Merle E. Simmons, The Mexican corrido as a source of interpretative study of modern Mexico (1870-1950), Bloomington, 1957. Donde más claras están las imágenes es en la gran colección fotográfica: G. Casasola, Historia gráfica de la revolución mexicana, 1900-1970, 10 vols., México, 1973, vols. II-V. Un estudio muy significativo de la creación y absorción de imágenes es A. de los Reyes, Cine y sociedad en México, 1896-1930, México, 1981.

Sobre la intelectualidad, el más rico, intencionado, interesante y sugestivo entre los estudios nuevos es un ensayo: C. Monsivais, «La aparición del subsuelo: sobre la cultura de la Revolución mexicana», Historias, 8-9 (1985), pp. 159-178. También son notables H. C. Schmidt, The roots of Lo Mexicano: self and society in Mexican thought, 1900-1934, College Station, 1978; y su «Los intelectuales de la Revolución desde otra perspectiva», RMS, 51/2 (1989), pp. 67-86. Lo más interesante acerca de cultivos y cultos oficiales es I. V. O’Malley, The myth of the Revolution: hero cults and the institucionalization of the Mexican State, West Haven, 1986; y D. Brading, «Manuel Gamio y el indigenismo oficial en México», RMS, 51/2 (1989), pp. 267-284. Sobre la producción y los usos de imágenes, la obra nueva más recomendable es A. de los Reyes, Con Villa en México: testimonios de camarógrafos norteamericanos en la revolución, 1911-1916, México, 1985. Otras obras nuevas de este tipo son P. J. Vanderwood y F. N. Samporano, Border fury: a picture posteará record of Mexico’s Revolution and U. S. war preparedness, 1910-1917, Albuquerque, 1988; y J. Ruffinelli, «Trenes revolucionarios: la mitología del tren en el imaginario de la Revolución», RMS, 51/2 (1989), pp. 285-303.

3. México: Revolución y reconstrucción en los años veinte

R. Potash, «The historiography of Mexico since 1821», HAHR, 40/3 (1960), sigue siendo útil aunque desfasada. David M. Bailey, «Revisionism and the recent historiography of the Mexican Revolution», HAHR, 58/1 (1978), es un excelente estudio reciente de la literatura relativa a la Revolución. Véanse también Barry Carr, «Recent regional studies of the Mexican Revolution», LARR, 15/1 (1980), y W. D. Raat, The Mexican revolution an annotated guide to recent scholarship, Boston, 1982. Las actas de las reuniones regulares de historiadores mexicanos y norteamericanos tienen un valor incalculable por su examen de las investigaciones recientes: de la reunión de Oaxtepec en 1969, Investigaciones contemporáneas sobre historia de México, México y Austin, Texas, 1971; de Santa Mónica (1973), Contemporary Mexico, Los Ángeles y México, 1976; de Pátzcuaro (1977), El trabajo y los trabajadores en la historia de México, México y Tucson, 1979.

Entre las obras generales, Jorge Vera Estañol, Historia de la revolución mexicana: orígenes y resultados, México, 1957, sigue siendo útil aunque un poco anticuada y aburrida. José C. Valadés, Historia general de la revolución mexicana, México, 1976, 5 vols., es mucho más que una historia general: está llena de material que no se encuentra en ninguna otra parte y de brillantes percepciones; Alfonso Taracena, La verdadera revolución mexicana, México, 1962 (ed. Jus), tomos 1920-1930. John W. F. Dulles, Yesterday in Mexico: a chronicle of the revolution 1919-1936, Austin, Texas, 1961, es una detallada crónica narrativa del período. Gustavo Casasola, Historia gráfica de la revolución mexicana, 1900-1970, México, 1973, 10 vols., es una importante colección de fotografías. Entre las síntesis recientes cabe citar a Adolfo Gilly, La revolución interrumpida, México, 1972; Arnaldo Córdova, La ideología de la revolución mexicana, México, 1973, la mejor interpretación marxista; Jean Meyer, La revolution mexicaine, París, 1973 (hay trad. cast.: La revolución mexicana, Jus, México, 1992), y Ramón Ruiz, The great rebellion, Nueva York, 1980.

Los antiguos clásicos de autores norteamericanos, mucho de los cuales les tuvieron muy relacionados con líderes mexicanos, siguen siendo indispensables, aunque estén desfasados: Charles Hackett, The Mexican Revolution and the United States, Boston, 1926; Frank Tannenbaum, The Mexican agrarian revolution, Washington, D. C., 1929, y Peace by revolution, Nueva York, 1933; Wilfrid Hardy Callcott, Liberalism in Mexico, 1857-1929, Stanford, 1931; E. N. Simpson, The ejido, Mexico’s way out, Chapel Hill, N. C., 1937; y Ernest Gruening, Mexico and its heritage, Nueva York, 1928. Howard Cline, The United States and Mexico, Cambridge, Massachusetts, 1953, representa lo mejor de los primeros estudios norteamericanos de la Revolución mexicana. Véase también Charles Cumberland, Mexico: the struggle for modernity, Nueva York, 1968.

Lo mejor del revisionismo mexicano se encuentra en Luis González y González, ed., Historia de la Revolución mexicana, México, 1977, vol. VIII de Álvaro Matute habla del presidente Obregón (1920-1924). Los vols. X y XI sobre la administración Calles (1924-1928) son de Enrique Krauze y Jean Meyer; los vols. XII y XIII sobre el Maximato (1929-1934) son de Lorenzo Meyer, Rafael Segovia, Alejandro Lajous y Beatriz Rojas. Peter Smith, Labyrinths of power: political recruitment in the 20th century Mexico, Princeton, 1978, obra importante de un científico político norteamericano, ilumina todo el siglo y prepara una teoría nueva de la Revolución, como apoteosis de las clases medias.

No hay biografías definitivas de Obregón ni de Calles. Pero sobre los principios de la carrera de Obregón, véanse Linda B. Hall, Álvaro Obregón: power and revolution in Mexico, 1911-1920, College Station, Texas, 1981. Narciso Bassols Batalla, El pensamiento político de Obregón, México, 1967, es útil, como lo son también las memorias de Jorge Prieto Lauren, 50 años de política mexicana, México, 1968, y Alberto J. Pani, Mi contribución al nuevo régimen 1910-1933, México, 1936, y Enrique Krauze, Álvaro Obregón, el vértigo de la victoria y Plutarco Elias Calles, reformar desde el origen, México, 1987. José Vasconcelos es demasiado importante como figura pública y como escritor para pasarlo por alto. Véanse sus memorias en Obras completas, México, 1957-1961, 4 vols., y sobre episodios concretos: Claude Fell, José Vasconcelos, los años del águila, UNAM, México, 1989. John Skirrius, Vasconcelos y la campaña presidencial de 1929, México, 1978. Francisco Javier Gaxiola, El presidente Rodríguez (1932-1934), México, 1938, sigue siendo el mejor libro sobre la última administración del Maximato. Acerca de Siqueiros, el pintor: Leonard Folgarait, So far from heaven: David Alfaro Siqueiros’ «The march of humanity» and Mexican revolutionary politics, Nueva York, 1987.

Sobre las relaciones de México con los Estados Unidos, Robert F. Smith, The United States and revolutionary nationalism in Mexico 1919-1932, Chicago, 1972, continúa siendo el mejor estudio de este período, aunque es un poco flojo en lo que se refiere a acontecimientos mexicanos. El punto de vista mexicano se encuentra en Luis G. Zorrilla, Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos de América 1800-1958, México, 1965, 2 vols., y en Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942), México, 1968. George W. Grayson, The politics of Mexican oil, Pittsburgh, 1980, es la aportación más reciente a este tema.

La política regional y local se ha convertido en un importante y nuevo campo de estudio. Sobre los jefes políticos de los estados del sudeste, véanse, por ejemplo, sobre Felipe Carrillo Puerto, Francisco Paoli y Enrique Montalvo, El socialismo olvidado de Yucatán, México, 1977, y G. M. Joseph, «The fragüe revolution: cacique politics in Yucatán», LARR, 15/1 (1980), y Revolution from without; sobre Garrido Canabal, Carlos Martínez Assad, El laboratorio de la Revolución, México, 1979. David Brading, ed., Caudillo and peasant in the Mexican revolution, Cambridge, 1980, incluye estudios de casos habidos en Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala y Yucatán. Entre obras de reciente publicación, véanse Dudley Ankerson, Agrarian warlord, Saturnino Cedido and the Mexican revolution in San Luis Potosí, DeKalb, 1985; lan Jacobs, Ranchero revolt: the Mexican revolution in Guerrero, Austin, 1983; Gilbert M. Joseph, Revolution from without: Yucatan, Mexico and the United States 1880-1924, Cambridge, 1988; Gilbert M. Joseph, Rediscovering the past at Mexico’s periphery: essays on the history of modern Yucatan, Tuscaloosa, 1986; Beatriz Rojas, La pequeña guerra: los Carrera Torres y los Cedillo, Colegio de Michoacán, 1983.

Las crónicas clásicas de la Revolución no reflejan toda la verdad porque no tomaron en serio el movimiento de los cristeros. Pero véanse David Bailey, Viva Cristo Rey. The Cristero rebellion and the Church-State conflict in Mexico, Austin, Texas, 1974; Jean Meyer, La Cristiada, México, 1978, 3 vols., y The Cristero rebellion. The Mexican people between church and State 1926-1929, Cambridge, 1976; y, como muestra de algo que no se había hecho antes en el campo de la historia local mexicana, Luis González y González, Pueblo en vilo: microhistoria de San José de Gracia, México, 1967. La década de 1920 se presenta aquí como los verdaderos años revolucionarios, al menos en los estados occidentales y centrales, pero la población rural vio la Revolución como un apocalipsis horroroso.

Escasean los estudios del trabajo en este período, pero véanse El trabajo y los trabajadores, mencionado anteriormente. Marjorie R. Clark, Organized labor in Mexico, Chapel Hill, N. C., 1934, sigue siendo la mejor obra sobre el tema después de medio siglo; Alfonso López Aparicio, El movimiento obrero en México: antecedentes, desarrollo y tendencias, México, 1952, es una crónica corta pero clásica. Excelente para el período hasta 1924 es Barry Carr, El movimiento obrero y la política en México, 1910-1929, México, 1976, 2 vols. Véase también Ramón E. Ruiz, Labor and the ambivalent revolutionaries, Mexico 1911-1923, Baltimores, 1976.

La historia económica, social y política del México rural en este período todavía está por escribir en su mayor parte. Paul Taylor, Aramias, a Spanish Mexican peasant community, Berkeley, 1933, fue una obra precursora, y Naíhan L. Whetten, Rural Mexico, Chicago, 1948, es excelente. Véanse también Simpson, The ejido, y Tannenbaum, The Mexican agradan revolution, mencionados anteriormente. Marte R. Gómez, La reforma agraria de México. Su crisis durante el período 1928-1934, México, 1964, es obra de un actor político del período. Paul Friedrich, Agradan revolt in a Mexican village, Englewood Cliffs, N. J., 1970, es un estudio importante de Michoacán durante la década de 1920. Entre las publicaciones en este campo cabe destacar por su importancia: Heather Fowler Salamini, Agradan radicalism in Veracruz, 1920-1938, Lincoln, Nebraska, 1978; Frans J. Schryrer, The rancheros of the Pisaflores. The history of a peasant bourgeoisie in twentieth century Mexico, Toronto, 1980; Ann L. Craig, The first agraristas. An oral history of a Mexican agradan reform movement, Berkeley, 1983; Beatriz Rojas, La destrucción de la hacienda en Aguascalientes 1910-1931, Colegio de Michoacán, 1981; John Tutino, From insurrection to revolution in Mexico: social bases of agradan violence, 1750-1940, Princeton, N. J., 1987.

4. América Central: la era liberal, c. 1870-1930

Hay un extenso ensayo bibliográfico en R. L. Woodward, Jr., Central America. A nation divided, Nueva York, 1976, 19852. Existen también excelentes bibliografías para cada república. Véanse, por ejemplo, Charles Stansifer, Costa Rica, Oxford, 1991; Ralph Lee Woodward, Jr., El Salvador, Oxford, 1988; Pamela Howard-Reguindin, Honduras, Oxford, 1992, y para Nicaragua, Latinoamerican Bibliographic Foundation, Nicaraguan National Bibliography, 1800-1978, Redlands, Calif,, 1986-1987.

Tres libros dan una visión general del período 1870-1930: Mario Rodríguez, Central América, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1965, que es bastante favorable a la política de los Estados Unidos en el istmo; Woodward, Central America; y Ciro Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, Centroamérica y la economía occidental (1520-1930), San José, 1977. Véanse también los interesantes capítulos de Héctor Pérez Brignoli, Breve historia de Centroamérica, Madrid, 1985; Víctor Bulmer-Thomas, The Political economy of Central America since 1920, Cambridge, 1987, y James Dunkerley, Power in the Isthmus, Londres, 1988. El mejor libro de carácter general sobre un estado centroamericano individual es David Browning, El Salvador. Landscape and society, Oxford, 1971.

Sobre las economías cafeteras de América Central, véase C. Cardoso, «Historia económica del café en Centroamérica (siglo XIX): estudio comparativo», Estudios Sociales Centroamericanos, 4/10 (1975), pp. 9-55. Sobre el café en Guatemala, en la segunda mitad del siglo XIX, véase Julio Cambranes, Café y campesinos en Guatemala, 1853-1897, Guatemala, 1985. Sobre las plantaciones de plátanos, hay las siguientes obras generales: Stacy May y Galo Plaza, The United Fruit Company in Latín America, Washington, 1958, que es favorable a la compañía; Charles Kepner, Social aspects of the banana industry, Nueva York, 1936, y Kepner y Jay Soothill, The banana empire, Nueva York, 1935, que son mucho más críticos. Véase también Thomas Karnes, Tropical enterprise: Standard Fruit and Steamship Company in Latín America, Baton Rouge, 1978.

Con mucho, las mejores publicaciones que hablan de historia económica son las que se refieren a Guatemala y Costa Rica. Para Guatemala, véanse Alfredo Guerra Borges, Geografía económica de Guatemala, 2 vols., Guatemala, 1973; Valentín Solórzano, Evolución económica de Guatemala, Guatemala, 1970; Sanford A. Mosk et al., Economía de Guatemala, Guatemala, 1958; Mauricio Domínguez T., «The development of the technological and scientific coffee industry in Guatemala 1830-1930», tesis doctoral inédita, Universidad de Tulane, 1970; Julio C. Cambranes, Aspectos del desarrollo económico y social de Guatemala a la luz de fuentes históricas alemanas 1868-1885, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 1975; Julio C. Cambranes, El imperialismo alemán en Guatemala. El tratado de comercio de 1887, Guatemala, 1977; Roberto Quintana, Apuntes sobre el desarrollo monetario de Guatemala, Guatemala, 1971. Para Costa Rica, véanse Rodrigo Fació, Estudio sobre economía costarricense, San José, 19722, que todavía es útil después de más de 30 años; Alain Vieillard-Baron, La production agricole et la vie rurale au Costa Rica, México, 1974; C. Cardoso, «The formation of the coffee estate in nineteenth-century Costa Rica», en Kenneth Duncan e Ian Rutledge, eds., Land and labour in Latín America, Cambridge, 1975, pp. 165-202; Carolyn Hall, El café y el desarrollo histórico-geográfico de Costa Rica, San José, 1976, y Formación de una hacienda cafetalera 1889-1911, San José, 1978, los mejores textos que tenemos sobre la economía del café en Costa Rica; Ana Cecilia Román Trigo, «El comercio exterior de Costa Rica (1883-1930)», tesis inédita, Universidad de Costa Rica, San José, 1978; Thomas Schoonover, «Costa Rican trade and navigation ties with the United States, Germany and Europe, 1840 to 1885», JGSWGL, 14 (1977), pp. 269-308, que arguye que la preeminencia norteamericana en los asuntos comerciales empezó antes de lo que normalmente se reconoce; Carlos Araya Pochet, «El segundo ciclo minero en Costa Rica (1890-1930)», Universidad de Costa Rica, San José, 1976, en mimeógrafo; Rufino Gil Pacheco, Ciento cinco años de vida bancaria en Costa Rica, San José, 19753. Véase también Lowell Gudmundson, Hacendados, políticos y precaristas: la ganadería y el latifundismo guanacasteco, 1800-1950, San José, 1984; Mario Samper, Generations of settlers: rural households and markets on the Costa Rica Frontier, 1850-1935, Boulder, 1990; Carol Smith, ed., Guatemalan Indians and the State, 1540-1989, Austin, 1990; David McCreery, «“An odious feudalism”. Mandamiento labor and commercial agriculture in Guatemala, 1850-1920», Latín American Perspectives (invierno de 1986).

Sobre la historia económica de Honduras, véanse Charles A. Brand, «The background of capitalistic underdevelopment: Honduras to 1913», tesis doctoral inédita, Universidad de Pittsburgh, 1972; Vilma Laínez y Víctor Meza, «El enclave bananero en la historia de Honduras», Estudios Sociales Centroamericanos, 2/5 (1973), pp. 115-156; Jorge Morales, «El Ferrocarril Nacional de Honduras: su historia e incidencia sobre el desarrollo económico», Estudios Sociales Centroamericanos, 1/2 (1972), pp. 7-20; Kenneth V. Finney, In quest of El Dorado: precious metal mining and the modernization of Honduras, 1880-1900, Nueva York, 1987; Historia financiera de Honduras, Tegucigalpa, 1957. Sobre El Salvador véanse en particular Browning, El Salvador, y David A. Luna, Manual de historia económica de El Salvador, San Salvador, 1971; Bradlord Burns, «The modernization of underdevelopment: El Salvador, 1858-1931», Journal of Developing Areas (abril de 1984); Héctor Lindo-Fuentes, The economy of El Salvador in the 19th century, 1821-1898, Berkeley, 1990. También Legislación salvadoreña del café, 1846-1955, San Salvador, 1956. Y, sobre Nicaragua, véase Jeffrey Gould, To lead as equals: rural protest and political consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912-1979, Chapel Hill, 1990; Pedro Belli, «Prolegómenos para una historia económica de Nicaragua de 1905 a 1966», Revista del Pensamiento Centroamericano, 30/146 (1975), pp. 2-30.

La historia social de América Central la han estudiado más los antropólogos y los sociólogos que los historiadores. Sin embargo, véanse David McCreery, «“This life of misery and shame”: female prostitution in Guatemala City, 1880-1920», JLAS (noviembre de 1986). José L. Vega Carballo, «El nacimiento de un régimen de burguesía dependiente: el caso de Costa Rica», Estudios Sociales Centroamericanos, 2/5 y 6 (1973); James Backer, La Iglesia y el sindicalismo en Costa Rica, San José, 19752; Mario Posas, Las sociedades artesanales y los orígenes del movimiento obrero hondureño, Tegucigalpa, 1978; Roque Dalton, Migue! Mármol. Los sucesos de 1932 en El Salvador, San José, 1972; Thomas F. Anderson, Matanza, Lincoln, 1971, y El Salvador 1932, San José, 1976. Edelberto Torres Rivas, Interpretación del desarrollo social centroamericano, San José, 1971, que ha quedado un tanto anticuado a causa de investigaciones recientes de la historia económica y política, todavía ofrece una interesante interpretación general de la historia de este período.

Sobre historia política, una visión general la brinda Edelberto Torres Rivas, «Poder nacional y sociedad dependiente: las clases y el estado en Centroamérica», Estudios Sociales Centroamericanos, 3/8 (1974), pp. 27-63; Reynaldo Salinas López, «La unión de Centroamérica, 1895-1922», tesis inédita, México, 1978, examina las presiones de los Estados Unidos contra la unión de América Central. Véanse también Thomas Schoonover, The United States in Central America, 1860-1911: episodes of social imperialism and imperial rivarlry in the world system, Durham, 1991; Richard Salisbury, Costa Rica y el Istmo, 1900-1934, San José, 1984; Rodolfo Cerdas Cruz, La hoz y el machete, San José, 1986.

Varias obras se ocupan de las reformas liberales en Guatemala: Jorge M. García L., La reforma liberal en Guatemala, Guatemala y San José, 1972; Thomas R. Herrick, Desarrollo económico y político de Guatemala durante el período de Justo Rufino Barrios (1871-1885), San José, 1974; Paul Burgess, Justo Rufino Barrios, San José, 1972; Roberto Díaz Castillo, Legislación económica de Guatemala durante la reforma liberal. Catálogo, Guatemala y San José, 1973. David McCreery, Development and the State in Reforma Guatemala, 1871-1885, Athens, Ohio, 1983. Sobre la historia política de Costa Rica, Samuel Stone, La dinastía de los conquistadores, San José, 1975, es una obra que sobresale. Véase también José L. Vega C., «Etapas y procesos de la evolución sociopolítica de Costa Rica», Estudios Sociales Centroamericanos, 1/1 (1972), pp. 45-72. Acerca de las reformas liberales en Honduras hay dos puntos de vista opuestos: Héctor Pérez Brignoli, «La reforma liberal en Honduras», Cuaderno de Ciencias Sociales 1/2 (1973), pp. 2-86, y Guillermo Molina Chocano, Estado liberal y desarrollo capitalista en Honduras, Tegucigalpa, 1976.

5. Cuba, c. 1860-1934

Entre las historias generales, la Enciclopedia de Cuba, 12 vols., Madrid, 1975, editada en el exilio por varios estudiosos y escritores cubanos, es una obra desigual que contiene algunos ensayos valiosos. Ramiro Guerra y Sánchez et. al., Historia de la nación Cubana, 10 vols., La Habana, 1952, es una compilación de ensayos de diferentes autores que de vez en cuando proporciona información excelente. Jorge Ibarra, Historia de Cuba, La Habana, 1968, es una interpretación marxista. Leví Marrero, Cuba: economía y sociedad, 9 vols., Madrid, 1976, contiene los resultados de algunas investigaciones excelentes, pero necesita urgentemente que alguien la organice. José Duarte Oropesa, Historiología cubana, 4 vols., Miami, 1974, es una buena aportación que pierde un poco de su valor porque el autor es reacio a mostrar sus fuentes. Hortensia Pichardo, Documentos para la historia de Cuba, 4 vols., La Habana, 1976, seleccionados con cierto sesgo marxista, incluye algunos documentos que no se encuentran en ninguna otra parte. José Manuel Pérez Cabrera, Historiografía de Cuba, México, 1952, es una guía valiosa de la literatura referente a Cuba en el siglo XIX. Fernando Portuondo, Historia de Cuba, La Habana, 1957, se consideraba como el mejor libro de texto de Cuba hasta 1960. Óscar Pino Santos, Historia de Cuba, aspectos fundamentales, La Habana, 1964, intenta explicar desde una perspectiva marxista el desarrollo o falta de desarrollo económico de Cuba. Emeterio S. Santovenia y Raúl Shelton, Cuba y su historia, 4 vols., Miami, 1965, es una obra clara y digna de confianza escrita por un cubano y un historiador norteamericano. Jaime Suchliki, Cuba from Columbus to Castro, Nueva York, 1974, es una visión general buena y sin pretensiones de la historia de Cuba. Pese a cierta tendencia a no hacer caso de las fuentes cubanas, Hugh Thomas, Cuba: the pursuit of freedom, Londres, 1971 (hay trad. cast.: Cuba. La lucha por la libertad. 1762-1970, 3 vols., Grijalbo, Barcelona, 1973-1974), sigue siendo la más completa historia de la isla desde 1762 hasta 1968. La historia general más reciente es la de Louis A. Pérez, Ir.. Cuba: between reform and revolution, Nueva York, 1988.

Sobre las relaciones con los Estados Unidos, Russell H. Fitzgibbon, Cuba and the United States, 1900-1935, Menasha, Wisconsin, 1935, es un intento serio y bien documentado de analizar los diversos factores que dieron forma a las relaciones cubano-norteamericanas mientras la enmienda Platt estuvo en vigor. Herminio Portell Vila, Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados Unidos y España, 4 vols., La Habana, 1939, es un estudio importante que va más allá del alcance de su título. Philip S. Foner, A History of Cuba and its relations with the United States, 2 vols., Nueva York, 1962-1963, es una obra ambiciosa y bien documentada, aunque antinorteamericana. Lester D. Langley, The Cuban policy of the United States: a brief history, Nueva York, 1968 y Louis A. Pérez, Jr., Cuba and the United States. Ties of singular intimacy, Athens, Georgia, 1990, son estudios excelentes. En Robert F. Smith, The United States and Cuba: business and diplomacy, 1917-1960, New Haven, 1960, publicado bajo los efectos de la Revolución cubana, el autor demuestra cómo los intereses económicos norteamericanos han afectado y tergiversado las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Véase también Jules R. Benjamin, The United States and Cuba. Hegemony and dependent development, 1880-1934, Pittsburgh, 1977. Aún es valiosa la obra de Dana G. Munro, Intervention and dollar diplomacy in the Caribbean 1900-1921, Princeton, 1964.

Ramiro Guerra y Sánchez, Sugar and society in the Caribbean: an economic history of Cuban agriculture, New Haven, 1964, publicado por primera vez en Cuba en 1927, es una crítica del efecto del azúcar en las condiciones sociales y económicas de la isla y ha ejercido una influencia profunda en los estudios cubanos. Leland H. Jenks, Our Cuban colony, Nueva York, 1928, es un clásico sobre las repercusiones del imperialismo económico norteamericano en Cuba. Raymond L. Buell, Problem of the new Cuba, Nueva York, 1935, es tal vez el mejor estudio de los orígenes de los problemas económicos de Cuba en el siglo XX. Roland T. Ely, Cuando reinaba su majestad el azúcar, Buenos Aires, 1963, es una obra indispensable sobre el desarrollo del azúcar en Cuba. H. E. Friedlander, Historia económica de Cuba, La Habana, 1944, es un estudio interesante pero incompleto de la historia económica de Cuba, limitado esencialmente al siglo XIX. Julián Alienes y Urosa, Características fundamentales de la economía cubana, La Habana, 1950, es una aportación importante para comprender los problemas económicos de Cuba desde la época colonial hasta 1940. Lowry Nelson, Rural Cuba, Minneapolis, 1950, es un estudio precursor de la situación agraria en Cuba en la primera mitad del siglo XX. José Álvarez et al., Study on Cuba, Miami, 1963, es una investigación seria, llena de datos fidedignos y de interpretaciones debatibles. Raúl Cepero Bonilla, Azúcar y abolición, La Habana, 1948 (otra ed.: Barcelona, 1977), es un estudio de las raíces económicas de los movimientos abolicionistas y autonomistas en el siglo XIX. Rebecca J. Scott, Slave emandpation in Cuba. The transition to free labor, 1860-1899, Princeton, 1985, es la obra más destacada sobre la abolición de la esclavitud en Cuba y sus consecuencias. Julio Le Riverand, Historia económica de Cuba, Buenos Aires, 1963, es una cauta interpretación marxista de la evolución económica de Cuba hasta 1940. Óscar Pino Santos, El asalto a Cuba por la oligarquía yanlci, La Habana, 1973, es interesante, a pesar de su vehemente título, porque explora la presencia y la influencia negativa en Cuba de grupos capitalistas no estadounidenses. Para un estudio completo de la industria azucarera cubana del período c. 1860 - c. 1930, véase Manuel Moreno Fraginals, HALC, VII, capítulo 6.

Las dos historias clásicas de la guerra de los Diez Años (1868-1878) escritas por historiadores cubanos son Ramiro Guerra y Sánchez, Guerra de los Diez Años, La Habana, 1950, y Francisco Ponte Domínguez, Historia de la Guerra de los Diez Años, La Habana, 1972. Entre varias biografías merecen mencionarse José L. Franco, Antonio Maceo. Apuntes para una historia de su vida, 3 vols., La Habana, 1973, y Benigno Souza, Máximo Gómez, el generalísimo, La Habana, 1953. Las ideas políticas y los problemas legislativos de los rebeldes cubanos se estudian en Enrique Hernández Corujo, Revoluciones cubanas: organización civil y política, La Habana, 1929, e Historia constitucional de Cuba, La Habana, 1960; Ramón Infiesta, Historia constitucional de Cuba, La Habana, 1942; y Andrés Lazcano y Mazón, Las constituciones de Cuba, Madrid, 1952. Para los textos de las diferentes constituciones, véanse Leonel Antonio de la Cuesta y Rolando Alum Linera, eds., Constituciones cubanas, 1812-1962, Nueva York, 1974.

La crónica más reciente del período comprendido entre la guerra de los Diez Años y la guerra de la Independencia (1895-1898) y la ocupación norteamericana es Louis A. Pérez, Cuba between empires, 1878-1902, Pittsburgh, 1983. Véanse también dos artículos de Pérez, «Toward dependency and revolution: the political economy of Cuba between wars, 1878-1895», Latín American Research Review, XVIII (1983) y «Vagrants, beggars and bandits: the social origins of Cuba separatism, 1878-1895», American Historical Review, XC (1985). Los autonomistas se estudian, recalcando en exceso las influencias filosóficas que cayeron sobre ellos, en Antonio Martínez Bello, Origen y meta del autonomismo: exégesis de Montoro, La Habana, 1952; véanse también Antonio Sánchez de Bustamante y Montoro, La ideología autonomista, La Habana, 1934, y, exposición de los objetivos del partido, Rafael Montoro, Ideario autonomista, La Habana, 1938. Sobre el bandidaje, véase Louis A. Pérez, Jr., Lords of the Mountain: social banditry and peasant protest in Cuba, 1878-1918, Pittsburgh, 1989, y Rosalie Schwartz, Lawless liberators: political banditry and Cuban independence, Durham, NC, 1989.

Rafael Pérez Delgado, 1898, el año del desastre, Madrid, 1976, saca algunas conclusiones sombrías sobre la condición de las fuerzas españolas y el comportamiento del gobierno y la prensa de España. Mercedes Cervera Rodríguez, La guerra naval del 98 en su planeamiento y en sus consecuencias, Madrid, 1977, y José Cervera Pery, Marina y política en la España del siglo XIX, Madrid, 1979, son útiles estudios modernos. José Manuel Allende Salazar, El 98 de los americanos, Madrid, 1974, es un intento serio de un historiador español de comprender el punto de vista norteamericano. Información general sobre la política española la proporcionan Melchor Fernández Almagro, Historia política de la España contemporánea, 2 vols., Madrid, 1959, y Pedro Gómez Aparicio, Historia del periodismo español, 2 vols., Madrid, 1971.

Hay cuatro importantes biografías de José Martí: Jorge Mañach, Martí, «el apóstol», Espasa-Calpe, Madrid, 1973; Félix Lizaso, Martí, martyr of Cuban independence, Albuquerque, Nuevo México, 1953; Richard Butler Gray, José Martí, Cuban patriot, Gainesville, 1962; y John M. Kirk, Martí. Mentor of the Cuban nation, Tampa, 1983. Véase también Christopher Abel y Nissa Torrents, eds., José Martí, revolutionary democrat, Durham, NC, 1986. Gravada por las citas filosóficas pero útil es Roberto Agramonte, Martí y su concepción del mundo, San Juan, Puerto Rico, 1971. Emilio Roig de Leuchsenring, Martí antiimperialista, La Habana, 1961, y Philip S. Foner, ed., José Martí, inside the monster: writings on the United States and American imperialism, Nueva York, 1975, hacen hincapié en el conocido antiimperialismo de Martí. Desde una perspectiva diferente, pero menos erudita, Rafael Esténger, Martí frente al comunismo, Miami, 1966, estudia el rechazo del marxismo por parte de Martí. Martí: el héroe y su acción revolucionaria, México, 1966, del escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada, es una visión más equilibrada del radicalismo de Martí. Para una breve colección bilingüe de las ideas de Martí, véase Carlos Ripoll, José Martí, Nueva York, 1980. Los escritos de Martí pueden consultarse en sus Obras completas, 2 vols., La Habana, 1956, o en la edición de 22 volúmenes publicada en La Habana en 1973.

Entre los estudios norteamericanos más antiguos de la guerra hispano-norteamericana, Walter Millis, The martial spirit: astudy of the war with Spain, Nueva York, 1931, sigue teniendo importancia. Frank Frcidel, The splendid little war, Boston, 1958, es más importante por las ilustraciones que por el análisis. Philip S. Foner, The Spanish-Cuban-American war and the birth of American imperialismo 2 vols., Nueva York, 1972 (hay trad. cast.: La guerra hispano-cubano-americana y el nacimiento del imperialismo norteamericano, Akal, Madrid, 1975), si bien muestra la orientación marxista de su autor, tiene el mérito de ofrecer la versión cubana del conflicto. Julius Pratt, Expansionists of 1898, Baltimore, 1936, es un estudio clásico de las ideas y los intereses económicos que había detrás de la guerra. Véanse también, más recientemente, Ernest R. May, Imperial democracy, the emergence of America as a great power, Nueva York, 1973, y Charles S. Campbell, The transformation of American foreign relations, 1865-1900, Nueva York, 1976.

David F. Healy, The United States in Cuba, 1898-1902, Madison, 1963, es el mejor estudio norteamericano de la cuestión. Emilio Roig de Leuchsenring, Historia de la Enmienda Platt, 2 vols., La Habana, 1935 (otra ed., 1961) es extremadamente antinorteamericana. Una valoración más objetiva se encuentra en Manuel Márquez Sterling, Proceso histórico de la Enmienda Platt, La Habana, 1941. Sobre la aparición de un efímero partido socialista bajo la ocupación norteamericana, véase José Rivero Muñiz, El primer Partido Socialista Cubano, Las Villas, Cuba, 1962; Eduardo J. Tejera, Diego Vicente Tejera, patriota, poeta y pensador cubano, Madrid, 1981, es una biografía del fundador del partido socialista. Sobre el impacto de la guerra y la ocupación en las estructuras agrarias, véase Louis A. Pérez, Jr., «Insurrection, intervention and the transformation of land tenure systems in Cuba, 1895-1902», HAHR, LXV (1985).

Entre las obras generales sobre la república, 1902-1933, cabe citar a Carleton Beals, The crime of Cuba, Filadelfia, 1933, escrita cuando el dictador Machado se hallaba en el poder; el autor culpa a la penetración económica norteamericana de la tragedia política de Cuba. Charles E. Chapman, History of the Cuban Republic, Nueva York, 1927, es una reflexión histórica de las condiciones de la isla vistas por un norteamericano, en un momento en que el nacionalismo estaba decaído y el pesimismo era grande en Cuba. Louis A. Pérez, Jr., Cuba under the Platt Amendment, 1902-1934, Pittsburgh, 1986, es la principal obra de la historiografía moderna a cargo de un historiador norteamericano. Otro interesante estudio cubano es el de Jorge Ibarra, Un análisis psicosocial del cubano, 1898-1925, La Habana, 1985. Louis A. Pérez, Army and politics in Cuba, 1898-1958, Pittsburgh, 1976, es una interesante crónica de la ascensión y la caída del ejército cubano, pero su fuerte es principalmente el período posterior a 1933. Mario Riera Hernández, Cuba republicana, 1898-1958, Miami, 1974, brinda una útil cronología y una guía política igualmente útil. Sobre Estrada Palma, el primer presidente de la república, véase Carlos Márquez Sterling, Don Tomás. Biografía de una época, La Habana, 1953. Una valiosa defensa de la administración Magoon, tan severamente criticada por la mayoría de los historiadores cubanos, la hace David A. Lockmiller, Magoon in Cuba, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1938.

El mejor estudio del período es Alian Reed Millet, The politics of intervention: the military occupaiion of Cuba, 1906-1909, Columbus, Ohio, 1968.

El período que va de 1908 a 1925, y que abarca las presidencias de José Miguel Gómez, Mario G. Menocal y Alfredo Zayas, ha sido poco estudiado por los historiadores cubanos. Louis A. Pérez, Intervention, revolution, and politics in Cuba, 1913-1921, Pittsburgh, 1978, es un excelente estudio del período y demuestra cómo los políticos cubanos aprendieron a «manipular» a la diplomacia norteamericana, pero hace algunas generalizaciones demasiado amplias acerca de la política cubana. León Primelles, Crónica cubana, 1915-1918, La Habana, 1955, es una cronología detallada de los últimos años de Menocal en el poder. José Rivero Muñiz examina el principio de la organización obrera bajo la república en El movimiento laboral cubano durante el período 1906-1911, Las Villas, Cuba, 1962. Sobre la rebelión de grupos negros en 1912, véase Serafín Portuondo Linares, Los independientes de color, La Habana, 19512, y Rafael Fermoselle, Política y color: la guerrita de 1912, Montevideo, 1974.

El gobierno de Machado y el episodio revolucionario de 1933 han recibido mucha atención de los estudiosos. Véanse, por ejemplo, Luis E. Aguilar, Cuba 1933: Prologue to revolution, Ithaca, Nueva York, 1972; K. Ana Cairo, El grupo minorista y su tiempo, La Habana, 1979; Ladislao González Carbajal, El ala izquierda estudiantil y su época, La Habana, 1974; José A. Tabares del Real, Guiteras, La Habana, 1973, y La revolución del 30: sus dos últimos años, La Habana, 1971; Lionel Soto, La revolución del 33, 3 vols., La Habana, 1977; Jaime Suchliki, University students and revolution in Cuba, Miami, 1969; Irwin F. Gellman, Roosevelt and Batista, Albuquerque, Nuevo México, 1973; Jules R. Benjamin, «The “Machadato” and Cuban nationalism, 1928-1932», HAHR, LX (1975); y Les annés 30 à Cuba, París, 1982.

6. Puerto Rico, c. 1870-1940

Entre las obras bibliográficas útiles citaremos Augusto Bird, Bibliografía puertorriqueña de fuentes para investigaciones sociales 1930-1945, Río Piedras, 1947, y J. Bulnes y E. González-Díaz, eds., Bibliografía puertorriqueña de Ciencias Sociales, Río Piedras, 1977; la segunda clasifica por temas los libros y artículos escritos entre 1931 y 1960, muchos de los cuales se ocupan del período anterior a 1930 o hacen referencia a él. Véase también Paquito Vivó, ed., The Puerto Ricans: an annotated bibliography, Nueva York, 1973, que comprende una selección muy limitada de artículos, pero contiene comentarios útiles. A. G. Quintero-Rivera, ed., Lucha obrera. Antología de grandes documentos en la historia obrera puertorriqueña, San Juan, 1971, colección de documentos sobre el movimiento obrero principalmente en el período 1870-1940, incluye una bibliografía detallada y anotada de la literatura obrera del período. Del mismo autor, véase Historia del análisis social en Puerto Rico. Bibliografía temática, San Juan, 1990, principalmente sobre la historia intelectual.

Gordon K. Lewis, Puerto Rico: freedom and power in the Caribbean, Nueva York, 1963, es un importante examen general de la historia de Puerto Rico que valora los principales estudios de la isla desde el fin de la dominación española (1898). Sobre la historia intelectual portorriqueña a finales del siglo XIX, véase también Gordon K. Lewis, Main currents in Caribbean thought. The historical evolution of Caribbean society in its ideological aspects 1492-1900, Baltimore, 1983, y para las primeras décadas del siglo XX véanse Arcadio Díaz Quiñones, almuerzo en la hierba, San Juan, 1982, y «Tomas Blanco: racismo, historia, esclavitud», en T. Blanco, ed., El prejuicio racial en Puerto Rico, San Juan, 1985. Manuel Maldonado-Denis, Puerto Rico: una interpretación histórica social, México, 1969, incluye una presentación general que es buena (pero poco profunda) de la historia política de Puerto Rico. A. López y J. Petras, eds., Puerto Rico and Puerto Ricans, Nueva York, 1974, y A. López, ed., The Puerto Ricans: their History, Culture and Society, Cambridge, Mass., 1980, son obras de carácter general que contienen buenos artículos sobre el período 1870-1940, tanto generales como monográficos. Muy útil y basada principalmente en recientes investigaciones de numerosos autores es la obra de James Dietz, Economic History of Puerto Rico, Princeton, 1986. También importantes, principalmente como ensayos interpretativos de índole polémica, con abundante material e ideas nuevos, son A. G. Quintero-Rivera, Conflictos de clase y política en Puerto Rico, San Juan, 1976, Patricios y Plebeyos: Burgueses, hacendados, artesanos y obreros, San Juan, 1988, y «Background to the emergence of imperialist capitalism in Puerto Rico», Caribbean Studies, 13/3 (1973); A. G. Quintero-Rivera et. al., Puerto Rico: identidad nacional y clases sociales, San Juan, 1979; y José Luis González, El país de cuatro pisos, San Juan, 1980. Reece Bothwell, Puerto Rico: cien años de lucha política, San Juan, 1979, es una compilación muy útil de documentos políticos.

Laird W. Bergad, «Agrarian history of Puerto Rico, 1870-1930», LARR, 13/3 (1978), es un artículo importante; véase también su libro Coffee and the growth of agrarian capitalism in 19th century Puerto Rico, Princeton, 1983. Merecen citarse otros dos estudios de una hacienda cafetera de finales del siglo XIX: Vivían Carro, Formación de la gran propiedad cafetalera: la hacienda Pietri, 1838-1898, que ocupa el número entero de Anales de Investigación Histórica, 2/1 (1975); Luis E. Díaz-Hernández, Castañer, una hacienda cafetalera en Puerto Rico (1868-1930), San Juan, 1983, y Carlos Buitrago-Ortiz, Los orígenes históricos de la sociedad precapitalista en Puerto Rico, San Juan, 1976, y Haciendas cafetaleras y clases terratenientes en el Puerto Rico decimonónico, San Juan, 1982. Sobre la economía y la sociedad portorriqueñas a finales del siglo XIX, véanse también Fernando Picó, Libertad y servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX, San Juan, 1979, y Cafetal adentro, una historia de los trabajadores agrícolas en el Puerto Rico del siglo XIX, San Juan, 1986; Astrid Cubano, El hilo en el laberinto: claves de la lucha política en Puerto Rico (siglo XIX), San Juan, 1990; José Curet, De la esclavitud a la abolición, San Juan, 1979; Andrés Ramos Mattei, Apuntes sobre la transición hacia el sistema de centrales en la industria azucarera. Los libros de cuentas de la hacienda Mercedita 1861-1900, San Juan, 1975, La hacienda azucarera, su crecimiento y crisis en Puerto Rico (siglo XIX), San Juan, 1981, y La sociedad del azúcar en Puerto Rico, 1870-1910, San Juan, 1988, y A. Ramos Mattei et al., Azúcar y esclavitud, San Juan, 1982. Sobre el azúcar, véase también el relato pionero de Sidney Mintz, Worker in the Cañe, New Haven, 1960. Véase asimismo su artículo «The Cultural History of a Puerto Rican Sugar Cañe Plantation, 1876-1949», HAHR, 33/2 (marzo de 1953); José A. Herrero, La mitología del azúcar, un ensayo de historia económica de Puerto Rico, San Juan, 1975, y Moreno Fraginals, HALC, VII, capítulo 6.

Los comienzos del movimiento obrero se estudian en Gervasio García, Primeros fermentos de organización obrera en Puerto Rico, San Juan, 1975, Historia crítica, historia sin coartadas, San Juan, 1985, «Économie dominée et premiers ferments d’organization ouvriére: Puerto Rico entre le XIX et le XX siècle», tesis doctoral inédita, Universidad de París, 1976, y con A. Quintero-Rivera, Desafío y solidaridad. Breve historia del Movimiento Obrero Puertorriqueño, San Juan, 1982. Véanse también Rubén Dávila, El derribo de las murallas, San Juan, 1988; Miles Galvin, The Organized Labour Movement in Puerto Rico, Londres, 1979; Erick Pérez, «Condiciones de vida de los trabajadores puertoriqueños en las primeras décadas del siglo XX», Plural, 3/1-2 (1984); Blanca Sivestrini, Los trabajadores puertorriqueños y el Partido Socialista 1932-1940, San Juan, 1978; Félix Ojeda, «¿Colonialismo sindical o solidaridad internacional? Las relaciones entre el movimiento obrero puertorriqueño y el norteamericano en los inicios de la Federación Libre, 1898-1901», Revista de Ciencias Sociales, 25/3-4 (1986), e Igualdad Iglesias de Pagán, El obrerismo en Puerto Rico (1896-1905), San Juan, 1973. También es útil una serie de cinco artículos publicados por Quintero-Rivera en Revista de Ciencias Sociales, 18/1-2 y 3-4 (1974); 19/1, 3 (1975), y 20/1-2 (1976), bajo el título general de «La clase obrera y el proceso político en Puerto Rico».

El estudio del trabajo de las mujeres y de las luchas que protagonizaron es el tema de Yamila Azize, Luchas de la mujer 1898-1919, San Juan, 1979; Marcia Rivera, «Incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en el desarrollo capitalista», en Edna Acosta, ed., La mujer en la sociedad puertorriqueña, San Juan, 1980; Alice Célon et al., Participación de la mujer en la historia de Puerto Rico (las primeras décadas del siglo XX), New Brunswick, 1986, y la biografía de Norma Valle de la importante líder obrera y feminista Luisa Capetillo, San Juan, 1990.

Las series de Georg Fromm sobre Albizu-Campos (líder del Partido Nacionalista) y la clase trabajadora en el decenio de 1930 en Claridad, 3, 10, 23 y 30 de junio y 6 y 13 de julio de 1977 constituyen un vínculo importante entre los estudios del movimiento obrero y del nacionalismo. También se han publicado cinco colecciones diferentes de artículos o discursos de Albizu-Campos: B. Torres, ed., Obras escogidas 1923-1936, San Juan, 1975; M. Maldonado-Denis, ed., La conciencia nacional puertorriqueña, México, 1972; Carlos Rama, ed., República de Puerto Rico, Montevideo, 1972, e Independencia económica, San Juan, 1970; y Villarini y Hernández Cruz, eds., Escritos y reseñas políticas, 1930, San Juan, 1972. Ex miembro del Partido Nacionalista, Juan Antonio Corretjer ha escrito varios ensayos sobre Albizu-Campos: Albizu-Campos y las huelgas en los años 30, San Juan, 1969; Albizu-Campos, Montevideo, 1969; y El líder de la desesperación, Guaynabo, 1972. Luis Ferro, Pedro Albizu-Campos y el Nacionalismo Puertorriqueño 1930-1939, San Juan, 1990, es un estudio crítico de este movimiento. Una visión diferente se ofrece en Taller de Formación Política, Huelga en la caña, San Juan, 1983. Sobre el movimiento antiindependentista y el anexionismo, véanse Edgardo Meléndez, Puerto Rico’s Statehood Movement, Nueva York, 1988, y la excelente selección de documentos de Aarón Ramos, Las ideas anexionistas en Piberío Rico, San Juan, 1987.

Carmelo Rosario Natal, Puerto Rico y la crisis de la guerra hispanoamericana (1893-1898), San Juan, 1973, es un estucho útil, aunque limitado, de la guerra entre España y los Estados Unidos y sus consecuencias para Puerto Rico. Sobre la importancia militar de Puerto Rico para la política estadounidense y sus consecuencias histórico-sociales, véase María E. Estades, La presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico 1898-1918, San Juan, 1988, y Jorge Rodríguez Beruff, Política militar y dominación. Puerto Rico en el contexto latinoamericano, San Juan, 1988. Para las luchas sociales inmediatamente posteriores a la invasión de 1898, véase Fernando Picó, 1898. La guerra después de la Guerra, San Juan, 1987, y Mariano Negrón, Las turbas republicanas de 1900-1904, San Juan, 1990.

Sobre los procesos sociales de los años treinta que condujeron a la emergencia del PPD, véase A. G. Quintero-Rivera, «Bases sociales de la transformación ideológica del PPD», en Gerardo Navas, ed., Cambio y desarrollo en Puerto Rico, San Juan, 1979. Thomas G. Matthews, Puerto Rican politics and the New Deal, Gainesville, 1960, es una interpretación crítica de los primeros cinco años del New Deal. Sobre los estudiantes y la política del decenio de 1930, véase Isabel Picó, La protesta estudiantil en la década del 30, San Juan, 1974. Aida Negrón de Montilla, Americanization in Puerto Rico and the public school system, San Juan, 1970, analiza el papel de los comisarios coloniales de educación durante los tres primeros decenios de dominación norteamericana. Entre la literatura que se ocupa de los otros conflictos sociales de estas décadas, véanse el excelente libro de Juan José Baldrich, Sembraron la no-siembra. Los cosecheros de tabaco puertorriqueños frente a las corporaciones tabacaleras 1920-1934, San Juan, 1988, y el provocativo análisis de los conflictos en la vida diaria que Fernando Picó hace en Los gallos peleados, San Juan, 1983.

Finalmente, una importante parte de la historia del Caribe la constituye su relación con las migraciones caribeñas a las metrópolis coloniales. Sobre los orígenes de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, son interesantes los trabajos del Centro de Estudios Puertorriqueños (CUNY), Labor migration under capitalism, Nueva York, 1979, y de Virginia Sánchez Korrol, From Colonia to Community: the History of Puerto Ricans in New York City 1917-1948, Westport, 1983, como lo son también las extraordinarias memorias de un cigarrero emigrante en César Andreu Iglesias, ed., Memorias de Bernardo Vega, San Juan, 1977.

7. La República Dominicana, c. 1870-1930

La preservación de fuentes históricas en la República Dominicana ha sufrido mucho a causa de las vicisitudes del país. De los documentos importantes que se conservaron, muchos se encuentran en manos de particulares. El ex director del Archivo General de la Nación, Emilio Rodríguez Demorizi, ha preparado la edición de gran variedad de material: Hostos en Santo Domingo, 2 vols., Ciudad Trujillo, 1939; Relaciones históricas de Santo Domingo, 3 vols., Ciudad Trujillo, 1942, 1945 y 1957; Correspondencia del cónsul de Francia en Santo Domingo, 1844-1846, vol. I, Ciudad Trujillo, 1944; Documentos para la historia de la República Dominicana, 3 vols., vol. I, Ciudad Trujillo, 1944; vol. II, Santiago, 1949; vol. III, Ciudad Trujillo, 1959; Correspondencia del cónsul de Francia en Santo Domingo, 1846-1850, vol. II, Ciudad Trujillo, 1947; La marina de guerra dominicana 1844-1861, Ciudad Trujillo, 1958; Actos y doctrina del gobierno en la Restauración, Santo Domingo, 1963; Papeles de Espaillat: Para la historia de las ideas políticas en Santo Domingo, Santo Domingo, 1963, y Papeles de Pedro F. Bono, Santo Domingo, 1964.

De las bibliografías mencionaremos: Deborah Hitt y Larman Wilson, A selected bibliography of the Dominican Republic: a century after the restoration of independence, Washington, 1968; Wolf Grabendorff, Bibliographie zu Politik und Gesellschaft der Dominikanischen Republik: neuere Studien 1961-1971, Munich, 1973; Dato Pagán Perdomo, Bibliografía general de la Isla de Santo Domingo: contribución a su estudio, 2 tomos, Santo Domingo, 1979, y Kai Schoenhals, Dominican Republic, World Bibliographical Series, vol. 111, Oxford, 1990.

De las historias generales, Sumner Welles, Naboth’s vineyard. The Dominican Republic 1844-1924, 2 vols., Nueva York, 1928, se ha reimpreso merecidamente, Nueva York, 1966, y traducido (La viña de Naboth, Santiago, 1939; olía ed.: Taller, Santo Domingo, 1975). Las actividades diplomáticas del autor en el país le hicieron ver con buenos ojos a Horacio Vázquez, lo cual se nota en el libro, como se advierte también la antipatía que le inspiraba Heureaux y que, forzoso es decirlo, compartía con bastantes representantes de la historiografía dominicana de naturaleza conservadora. Una obra más equilibrada es Ramón Marrero Aristy, La República Dominicana: origen y destino del pueblo cristiano más antiguo de América, 2 vols., Ciudad Trujillo, 1957-1958, a pesar de su subtítulo. Véanse también Bernardo Pichardo, Resumen de historia patria, Barcelona, 1930, y, del pionero de la historiografía dominicana, José Gabriel García, Compendió de la historia de Santo Domingo, Santo Domingo, 1896. De la historia financiera de la república se ocupa César A. Herrera, De Hartmont a Trujillo, Ciudad Trujillo, 1953. Una reciente y excelente historia general es Frank Moya Pons, Manual de historia dominicana, Santo Domingo, 1977. Finalmente, una valiosa obra de consulta general es Rufino Martínez, Diccionario biográfico histórico dominicano, 1821-1930, Santo Domingo, 1971.

Importantes para comprender la historia dominicana del siglo XIX son Report of the Commission of Inquiry to Santo Domingo, Washington, 1871 (reimpr. Santo Domingo, 1919, 2 vols.); Samuel Hazard, Santo Domingo, past and present, with a glance at Hayti, Londres, 1873 (reimpr. Santo Domingo, 1982); padre Fernando Arturo de Meriño, Elementos de geografía física, política e histórica de la República Dominicana, precedidos de las nociones generales de geografía, Santo Domingo, 1898; general Gregorio Luperón, Notas autobiográficas y apuntes históricos, 3 vols., Santiago, 1939; y José Ramón Abad, La República Dominicana: reseña general geográfico-estadística, Santo Domingo, 1888, reimpresión 1973. Hay varias aportaciones sobre la estructura social y económica de la República Dominicana en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX: H. Hoetink, El pueblo dominicano, 1850-1900: Apuntes para su sociología histórica, Santiago, 19853, enfoca los cambios económicos, sociales, políticos y culturales en la segunda mitad del siglo XIX. Roberto Marte, Cuba y la República Dominicana: transición económica en el Caribe del siglo XIX, Santo Domingo, 1989, provee una valiosa perspectiva comparativa; Martin D. Clausner, Rural Santo Domingo. Settled, unsettled and resettled, Filadelfia, 1973; Patrick E. Bryan, «The transformation of the economy of the Dominican Republic, 1870-1916», tesis doctoral inédita, universidad de Londres, 1977; y Roberto Cassá, Historia social y económica de la República Dominicana, Santo Domingo, 1977/1980, 2 vols. Sobre la industria azucarera dominicana, véase también Moreno Fraginals, HALC, VII, capítulo 6. Una valiosa revista de estudios históricos es Eme Eme, Estudios dominicanos, publicada por la universidad Católica Madre y Maestra, Santiago. Véase, por ejemplo, Antonio Lluberes, «La economía del tabaco en el Cibao en la segunda mitad del siglo XIX», Eme Eme, 1/4 (1973); Paul Muto, «La economía de exportación de la República Dominicana: 1900-1930», Eme Eme, 3/5 (1974); Frank Moya Pons, «Datos sobre la economía dominicana durante la Primera República», Eme Eme, 4/24 (1976). Tres monografías analizan los cambios en el campesinado del Cibao, dedicado al cultivo del tabaco: Fernando I. Ferrán, Tabaco y sociedad: la organización del poder en el ecomercado de tabaco dominicano, Santo Domingo, 1976; P. L. San Miguel, The Dominican peasantry and the market economy: the peasants of the Cibao, 1880-1960, tesis doctoral inédita, Universidad de Columbia, 1987; y Michiel Baud, Peasant society under siege: tobáceo cultivation in the Cibao, Dominican Republic, 1870-1930, tesis doctoral inédita, Universidad de Utrecht, 1991.

La inmigración de trabajadores de la caña de azúcar se describe en José del Castillo, «La inmigración de braceros azucareros en la República Dominicana, 1900-1930», Cuadernos del Centro Dominicano de Investigaciones Antropológicas, Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1978.

Sobre la ocupación de la República Dominicana por los norteamericanos, véanse Marvin Goldwert, Dominican Republic: history of American occupation, 1916-1924, Gainesville, 1962; Antonio de la Rosa, Las finanzas de Santo Domingo y el control americano, Santo Domingo, 1969, y, la más reciente, Bruce J. Calder, The impact of intervention. The Dominican Republic during the U. S. occupation of 1916-1924, Austin, Texas, 1984. También dos obras más antiguas: Max Henríquez Ureña, Los yanquis en Santo Domingo, Madrid, 1929, y Melvin Knight, The Americans in Santo Domingo, Nueva York, 1928. Acerca de las relaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana durante un período más largo, véase David C. MacMichael, «The United States and the Dominican Republic, 1871-1940. A eyele in Caribbean diplomacy», tesis doctoral inédita, Eugene, Oregón, 1964. Las relaciones entre la República Dominicana y Haití reciben atención en Rayford W. Logan, Haití and the Dominican Republic, Nueva York, 1968. La extensa literatura que habla de los héroes y caudillos de la república en general tiene más pretensiones literarias que históricas. Con mucho, lo mejor de este género son los ensayos biográficos de Rufino Martínez, escritos de forma muy viva, Hombres dominicanos, 2 vols., vol. I, Ciudad Trujillo, 1936, vol. II, Santiago, 1943. Un estudio más general de los líderes políticos dominicanos aparece en Miguel Ángel Monclús, El caudillismo en la República Dominicana, Santo Domingo, 19623; una valiosa aportación a la historia política dominicana es Julio G. Campillo Pérez, El grillo y el ruiseñor: Elecciones presidenciales dominicanas, contribución a su estudio, Santo Domingo, 1966.

Sobre la historia de la literatura, véase Joaquín Balaguer, Historia de la literatura dominicana, Ciudad Trujillo, 19582; sobre la historia de las artes plásticas, véase Danilo de los Santos, La pintura en la sociedad dominicana, Santiago, 1979.

8. Haití, c. 1870-1930

Max Bissainthe, Dictionaire de bibliographie haitienne, Washington, D. C., 1951, y el apéndice publicado en 1973 por Scarecrow Press, Washington, D. C., siguen representando conjuntamente la mejor bibliografía de obras sobre Haití escritas por haitianos. Para la última parte del período, Kraus International ha publicado The Complete Haitiana 1900-1980, Millwood, Nueva York, 1982, con edición a cargo de Michel Laguerre. Sin embargo, es un volumen decepcionante; para algunas de sus deficiencias, véase L.-F. Hoffmann, «The Incomplete Haitiana», Caribbean Review, 12/2 (1983). También deben mencionarse Max Manigat, Haitiana, 1971-1975, LaSalle, Quebec, 1980, y el vol. 39 de la World Bibliographical Series, compilado por Francés Chambers, Haití, Oxford y Santa Bárbara, 1983.

The Haitien people, el clásico de James Leyburn, se ha publicado en rústica, Yale University Press, New Haven, 1966, con un nuevo prefacio de Sidney Mintz. Continúa siendo una de las mejores introducciones de la historia y la estructura social de Haití, a pesar de algunas limitaciones. Leyburn no se percató de toda la significación de la clase media urbana y de importantes distinciones económicas y sociales entre la población rural; al hablar del pasado, y a veces es víctima de lo que cabría denominar «la leyenda mulata» del pasado haitiano. Un libro del estudioso polaco Tadeusz Lepkowski ha sido traducido al castellano y publicado en dos volúmenes con el título de Haití, La Habana, 1968-1969; entre otras cosas, el autor examina la historia de los primeros tiempos de Haití, la historiografía haitiana y el desarrollo de la agricultura. Robert Rotberg, Haití: the Politics of Squalor, Boston, 1971, contiene útiles secciones sobre la economía haitiana en este período, pero, por lo demás, no tiene mayor interés. Robert Debs Heinl, que estuvo a cargo de la misión de infantes de marina norteamericanos en Haití en los primeros años del régimen de Duvalier, ha producido una historia un tanto etnocéntrica y anecdótica de Haití, titulada Written in Blood: the Story of the Haitian People, Boston, 1978; contiene algunas ilustraciones fascinantes.

Un hecho importante en la historiografía de Haití es la publicación, por primera vez, de los cuatro volúmenes que faltaban de Thomas Madiou, Histoire d’Haïti, Puerto Príncipe, 1988. Madiou publicó los tres primeros volúmenes durante su vida, y su familia publicó en 1904 un volumen que cubría el período 1843-1847. Se dio por sentado que los volúmenes que abarcaban el período 1808-1843 se habían perdido. Deschamps ha publicado ahora la totalidad de los ocho volúmenes en una nueva y completa edición. Aunque esta obra se ocupa de un período temprano, es importante como el trabajo de un hombre que jugó un papel central en la vida política del país en los años de 1880.

Otras obras que tocan la historia de Haití en este período son Mats Lundahl, Peasants and Poverty: a Study of Haití, Londres, 1979, libro impresionante que, sin embargo, se ocupa sólo de paso de los tiempos pretéritos y utiliza principalmente fuentes secundarias. Schiller Thébaud, «L’évolution de la structure agraire d’Haïti de 1804 à nos jours», tesis doctoral inédita, Universidad de París, Facultad de Derecho, 1967, contiene mucha información útil del período que aquí estamos tratando. L’économie haitienne et sa voie de développement, París, 1967, de Gérard Pierre Charles, incluye algunas secciones históricas más bien ligeras; sus escritos sobre Haití en el pasado y el presente se caracterizan por el empleo libre e impropio de términos tales como «feudalismo» y «fascismo». En Economic Development and Political Autonomy: the Haitian Experience, Montreal, 1974, David Nicholls trata de las ideas de estadistas e intelectuales haitianos sobre política económica principalmente en el período anterior a la ocupación; se encuentra una edición revisada en David Nicholls, Haití in Caribbean context. Ethnicity, economy and revolt, Londres, 1985. Sin embargo, todavía no se ha escrito una buena historia económica del Haití del siglo XIX.

Sobre la estructura social de Haití antes de la ocupación, la obra de Benoi’t Joachim es particularmente importante, en especial «La bourgeoisie d’affaires en Haití de l’indépendance à l’ocupation américaine», Nouvelle Optique, 4 (1971), y «La structure sociale en Haití et le mouvement d’indépendance au dixneuviéme siècle», Journal of World History, 12/3 (1970). Parte del material de estos artículos se ha reunido en el libro de Joachim Les rocines de sous développement en Hai’ti, Puerto Príncipe, 1979. Una útil contribución a la comprensión del período que conduce a la ocupación estadounidense en Gusti-Klara Gaillard, L’expérience haitienne de la dette extérieure ou une production cafétére pillée, 1875-1915, Puerto Príncipe, 1988. Alain Turnier, cuya obra sobre las relaciones comerciales entre Haití y los Estados Unidos es muy conocida, ha publicado recientemente una fascinante historia de corrupción financiera y el secuestro de la propiedad presidencial en Quand la nation demande des comptes, Puerto Príncipe, s. f.; también ha escrito la historia de un líder cacos del siglo XIX, Avec Mérisier Jeannis: une tronche de vie jacmélienne et nationale, Puerto Príncipe, 1982. De los movimientos sociales inmediatamente anteriores a la invasión norteamericana se ocupa asimismo Roger Gaillard en Les blancs débarquent, 1914-1915: Les cent jours de Rosalvo Bobo, Puerto Príncipe, 1973, y en sus dos volúmenes La république exterminatrice, Puerto Príncipe, 1984 y 1988.

Georges Corvington ha continuado su valiosa serie de volúmenes Port-au-Prince au cours des ans. Charles Tardieu ha publicado L’éducation en Haití de la période coloniale à nos jours, Puerto Príncipe, 1990. Para la migración ultramarina de los haitianos durante este período hay dos capítulos en Mats Lundahl, The Haitian Economy: Man, Land and Markets, Londres, 1983, y un capítulo en David Nicholls, Haití in Caribbean Context, Londres, 1985.

Pasando de la historia económica y social a una consideración de la historia intelectual, el artículo de G. Martínez «De l’ambiguité du nationalisme bourgeois en Hai’ti», Nouvelle Optique, 9 (1973), es un buen estudio crítico —desde un punto de vista marxista— de teóricos haitianos de la segunda mitad del siglo XIX. Secciones de la tesis de Claude Mo’íse sobre aquel notable escritor y diplomático haitiano que fue Joseph Anténor Firmin se publicaron en Conjonction, 117 (1971). En los capítulos 4 y 5 de From Dessalines to Duvalier: Race, Colour and National Independence in Haití, Cambridge, 1979, David Nicholls comenta el papel que las ideas relativas a la raza y el color desempeñaron en el período previo a la ocupación; y en «The Wisdom of Salomón: myth or reality?», Journal of Inter-American Studies and World Affairs, 20 (1978), considera de forma más detallada la política del gobierno Salomón y las cosas que se le atribuyen. Dos obras sobre religión que enfocan el tema con perspectiva histórica son Laénnec Hurbon, Dieue dans le vaudou haitien, París, 1972, y H. Courlander y R. Bastien, Religión and Politics in Haití, Washington, D. C., 1966.

En el campo de la historia literaria se han publicado numerosas obras en los últimos veinte años. Pradel Pompilus y el padre Raphaél Berrou han producido una edición corregida y aumentada de su Histoire de la littérature haitienne, Puerto Príncipe, 1975; carece de espíritu crítico y es un poco didáctica, pero a pesar de ello es un manual útil. Sobre la literatura del período anterior a la ocupación, Roger Gaillard ha escrito una crónica fascinante del poeta metodista mulato de Jérémie, Etzer Vilaire: témoin de nos malheurs, Puerto Príncipe, 1972. Hay un número especial de Conjonction, 122-123 (1973), que se ocupa de Fernand Hibbert, Justin Lhérisson y Antoine Innocent; Yvette Gindine, que colaboró en el citado número bajo el nombre de Feldman, ha escrito también «Satire and the Birth of Haitian Fiction, 1901-1905», Caribbean Quarterly, 21/3 (1975). Léon-François Hoffmann en Le négre romantique, París, 1973, y más recientemente en Le Román haitien, Princeton, 1982, y en una serie de artículos en Caribbean Review y otras publicaciones, ha aportado muchas cosas al conocimiento y la apreciación de la literatura haitiana de este período.

En cuanto a las relaciones exteriores de Haití y el papel que los intereses extranjeros desempeñaron en los asuntos del país antes de 1915, la obra de Benoít Joachim es notable. Su tesis inédita «Aspects fondamentaux des relations de la France avec Haiti de 1825 à 1874: le néocolonialisme à l’essai», Universidad de París, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, 1968, se basa principalmente en material de archivo francés. En «Commerce et décolonisation: l’expérience franco-haitienne au XIXe siècle», AESC, 27 (1972), y en «Le néocolonialisme à l’essai. La France et l’indépendance d’Haïti», La Pensée (1971), ha publicado algunas de las conclusiones de su tesis. Mientras que las tesis de Joachim tratan principalmente del período anterior a 1870, el largo artículo de Leslie F. Manigat titulada «La substitution de la prépondérance américaine à la prépondérance française en Haiti au debut du XXe siècle: la conjonction de 1910-1911», Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 14 (1967), se centra en un período posterior. Menos controvertible y contencioso que algunos de sus otros escritos, este artículo manifiesta el mismo enfoque animado y estimulante del pasado de Haití que hemos aprendido a esperar de su pluma. Ha salido una traducción inglesa en L. F. Manigat, ed., 1975 Caribbean Yearbook of International Relations, Puerto España y Leiden, 1976. Rayford W. Logan, Haiti and the Dominican Republic, Londres, 1968, es un volumen útil y especialmente fuerte en lo que se refiere a las relaciones de Haití con los Estados Unidos: sin embargo, no añade mucho a la excelente obra sobre el mismo tema que el autor había publicado con anterioridad. Yves L. Auguste, Haiti et les États-Unis: 1862-1900, Puerto Príncipe, 1987, también debe ser mencionado. Los trabajos recientes de Brenda Gayle Plummer sobre las relaciones exteriores de este período son admirables; comprenden «Race, Nationality and Trade in the Caribbean: the Syrians in Haiti, 1903-1934», International History Review, 3 (1981); «The Metropolitan Connection: Foreign and Semiforeign Elites in Haiti, 1900-1915», Latín American Research Review, 19 (1984), y su elaborado volumen Haití and the Great Powers, 1902-1915, Baton Rouge, 1988; desafortunadamente, sin embargo, no llegó a consultar los archivos alemanes, que deben contener una mina de información útil sobre este tema.

Sobre la historia legal y constitucional del período, debería hacerse mención del trabajo en dos volúmenes de Claude Moise, Constitutions et luttes depouvoir en Haití, Montreal, 1988, y de Ferdinand Delatour, Les 150 ans du régime du code civil dans le contexte social haitien, 1826-1976, Puerto Príncipe, 1978.

Pasando a considerar el período de la ocupación, Hans Schmidt, The United States Occupation of Haití, 1915-1934, New Brunswick, N. J., 1971, es un soberbio estudio crítico de la política norteamericana en Haití; el autor utiliza en él una enorme cantidad de material de archivo y documentos privados, además de fuentes impresas, y consigue salir airoso del empeño. Aunque de tono frío y académico, no por ello deja de representar una condena rotunda de la política de los Estados Unidos; sin embargo, sólo de paso y de forma un tanto insuficiente se ocupa el libro de las reacciones haitianas ante la ocupación. Menos original y recurriendo con frecuencia a fuentes secundarias en Suzy Castor, La ocupación norteamericana de Haití y sus consecuencias (1915-1934), México, Madrid y Buenos Aires, 1971. Dana Munro tiene dos útiles capítulos sobre Haití en The United States and the Caribbean Republics, 1921-1933, Princeton, N. J., 1964; este libro es, desde luego, consecuencia de su anterior volumen Intervention and Bollar Diplomacy in the Caribbean, 1900-1921, Princeton, 1964. En «Idéologie et mouvements politiques en Haití, 1915-1946», AESC, 30/4 (1975), David Nicholls examina el papel que jugaron la raza y el color en el período que nos ocupa, y en el capítulo 5 de From Dessalines to Duvalier comenta con más detalle los movimientos intelectuales del período de la ocupación.

Trata de forma especial de la literatura del período de la ocupación Ulrich Fleischmann, Ideologie und Wirklichkeit in der Literatur Hatis, Berlín, 1969; los temas principales de este libro son replanteados en su Ecrivain et société en Haití, Fonds St. Jacques, Martinica, 1976. Otra importante contribución a la historia literaria del período posterior a 1915 es J. Michael Dash, Literature and ideology in Haití, 1915-1961, Londres, 1981. Es una crítica excelente y sitúa a los autores del período en su contexto social. En Haití and the United States: National Steriotypes and the Literary Imagination, Londres, 1988, este mismo autor considera la visión que cada nación tiene de las otras, según se refleja en la imaginación literaria. Dash ha escrito sobre Jacques Roumain en Black Images, 2/1 (1973). Claude Souffrant también se ocupa de Roumain, además de J. S. Alexis y del poeta norteamericano Langston Hughes en Une négritude socialiste, París, 1978. Han aparecido dos monografías cortas sobre Jacques Stéphen Alexis: una de Michael Dash, Toronto’, 1975, y la otra, de Maximilien Laroche, titulada Le romancero aux étoiles, París, 1978. Gabriel Coulthard, Race and Colour in Caribbean Literature, Londres, 1962, sigue siendo una introducción excelente a la literatura haitiana del período de la ocupación en el marco de movimientos caribeños más amplios.

ÍNDICE ALFABÉTICO

ABC (Argentina, Brasil y Chile), mediación en

Revolución mexicana, 99-102 passim

ABC (movimiento revolucionario, Cuba), 235, 238-239

Acajutla (El Salvador), 193, 194

Adams, Henry, 224

Agramonte, Ignacio, 212, 214

Agua Prieta (México), 83, 116

Agua Prieta, plan de (1920), 139, 140, 141

Aguan, valle de (Honduras), 196

Aguascalientes (México), 107, 112

Águila, Compañía Mexicana de Petróleo

hasta 1910, 59, 60

1910-1920, 84, 86, 87, 91, 125, 129, 133

Aguilar, Cándido, y Revolución mexicana

1910-1914, 92, 100

1914-1917, 107, 113, 117, 118, 119, 121, 124

1917-1920, 127, 133, 137, 140, 143

Aguilera, Francisco Vicente, 212, 214

Aguinaldo, Emilio, 224

Alajuela, provincia (Costa Rica), 187

Alarcón, Manuel, 72

Alemania: en América Central, 191; y Haití, 276, 279, 283, 284; y México: (1867-1900), 29, 34, 38, (1915-1918), 115, 121-122, 124, 131 passim

Alexis, Nord, 279, 282

Altamirano, Ignacio, 19

Alvarado, Salvador, y Revolución mexicana

1910-1914, 98

1914-1917, 107, 109, 110, 111, 121

1917-1920, 127, 133, 137-143 passim

Álvarez, Juan, 55

Amador, doctor Manuel, 207

Amapala (Honduras), 206

Amaro, Joaquín, 155, 159

Amatitlán (Guatemala), 189

América Central, 183, 208-209; economía, 185-199, café, 185-195, plátanos, 195-198; indios, 185, 188, 189, 190, 200, 201; inmigrantes, 185, 200, 201, chinos, 185, 201; población y sociedad, 185, 186, 199-203; véanse también países individuales

American Smelting and Refining Company

(ASARCO), 36, 47, 70; y Revolución mexicana, 86, 93

Anenecuilco (México), 53-54

Ángeles, Felipe, y Revolución mexicana

1910-1914, 91, 94, 95, 98-102 passim

1914-1917, 105, 109-112 passim

Antirreeleccionista, Partido (México), 73, 74, 76, 81-82, 84

apaches, indios, 17, 23, 34

Ardouin, Beaubrun, 280

Arias, Desiderio, 268, 270

Artemisa (Cuba), 236

artes: América Central, 203; Haití, 281-282, 286-287; México, 152-154; República Dominicana, 264

ASARCO, véase American Smelting and Refining Company

Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), 97, 99

Atlántico, ferrocarril del, 193, 197

Auchén (México), 176

Auguste, J., 281

Autonomista, Partido (Cuba), 215-216, 220

Autonomista, Partido (Puerto Rico), 242, 244

Avant-Garde, L’ (periódico haitiano), 281

Ayala, plan de (1911), 87, 93, 107

Azua (República Dominicana), 265

Báez, Buenaventura, 260-263 passim, 266

Baja California (México), 75, 82, 84

Baliño, Carlos, 235

Banco de México, 161-164 passim

Banco Nacional Costarricense, 190-191

Banco Nacional (Guatemala)

baptistas, en Haití, 281

Baraguá (Cuba), 215, 218

Barahona (República Dominicana), 265

Barron and Forbes, casa comercial, 26

Bassols, Narciso, 153

Batista, Fulgencio, 238-239

Bayamo (Cuba), 212, 213, 214

Bellegarde, Dantés, 282, 285

Blanco, Lucio, 98, 100, 102, 103, 107, 150

Blanco, Ramón, 220-223 passim

Bleichroeder, banqueros, 38

Bobo, Rosalvo, 283

Bocoyna (México), 71

Bográn, Luis, 198, 205

Bonilla, Policarpo, 205, 206

Bonillas, Ignacio, 115, 119, 125, 127, 136-143 passim

Bonó, Pedro F.: El montero, 264

Borno, Louis, 282, 285, 287

Boyer Bazelais, J. P., 278, 279, 280

Brassetti, Manuel, 58

Brenes Mesen, Roberto, 203

Brouard, Cari, 286

Bryan-Chamorro, tratado (1916), 207, 208

Bucareli, acuerdos (1923), 151, 155

Bünz, Karl, 76

Caballero, Luis, y Revolución mexicana

1910-1914, 96, 98, 100, 101

1914-1917, 107, 121

1917-1920, 127, 129, 130

Cabrera, Luis, y Revolución mexicana

1910-1914, 89

1914-1917, 107, 109,, 115-119 passim

1917-1920, 126-127, 128, 134

Cáceres, Ramón, 268, 269

Caffery, Jefferson, 239

Calles, Plutarco Elias

y Revolución mexicana (1910-1920), 98, 107, 121, 127, 132-144 passim

y presidencia de Obregón (1920-1924), 145, 150

presidente de México (1924-1928), 148, 153, 158-159, 160-180

jefe máximo de México (1928-1934), 158-180

Camagüey (Cuba), 231

Camagüey, provincia (Cuba), 212, 213, 217, 231, 232

Canal, Boisrond, 275, 278, 279

Cananea (México), 47, 66, 67

Cánovas del Castillo, 219

Carapan (México), 153

Carbajal, Francisco C., 102

Cárdenas, Lázaro, 160

Cárdenas, Miguel, 69

Cardona, Rafael, 203

Carranza, Jesús, y Revolución mexicana

1910-1914, 92-93, 98, 101-102, 103

1914-1915, 107, 108, 109

Carranza, Venustiano

1900-1910, 69

y Revolución mexicana: primer jefe

(1913-1951), 92-114 passim; presidente de México: (1915-1917), 114-125, (1917-1918), 125-131, (1918-1920), 131-142

Carrillo, Braulio, 204

Carrillo, Lauro, 50

Carrillo Puerto, Felipe, 147

Casas del Obrero (México), 113, 130; véase también México, Ciudad de

Castillo, Jesús, 203

Castro, Cesáreo, y Revolución mexicana

1910-1914, 98-103 passim

1914-1917, 107-112 passim, 121

1917-1920, 133, 134, 135, 141, 143

Castro, Jesús Agustín, y Revolución mexicana

1910-1914, 76

1914-1917, 112, 118-121 passim

1917-1920, 126, 133, 134, 135, 138

Cedillo, Saturnino, 147, 179

Celaya (México), 110

Central American Improvement Company Inc., 193

Cerna, Vicente, 204

Cervera, almirante, 222, 223

Césaire, Aimé, 287

Céspedes, Carlos Manuel de, 212, 213, 214

Céspedes, Carlos Miguel, 238

Cibao, valle de (República Dominicana), 260-264 passim, 268

científicos (México)

1891-1900, 43-44, 59-61

1900-1910, 65, 69-72, 74

1911-1913, 83, 87-95 passim

Cisneros Betancourt, Salvador, 218

Ciudad Juárez, en Revolución mexicana

1910-1914, 77, 83, 87, 88

1914-1920, 118, 134, 140

Ciudad Juárez, tratado de (1911), 77, 83

Clark, Marjorie, 177

Cleveland, Grover, 219

Coahuila, estado (México)

1870-1910, 40, 48, 68-73 passim

en la Revolución mexicana: 1910-1914, 76, 84, 88, 92; 1917-1920, 127-131 passim, 137, 143, 144

véase también Laguna, región

Coatzacoalcos (México), 107

Cochise (jefe apache), 23

Cohuilimpo (México), 45

Colombia: economía, 168, 192; y canal de Panamá, 227; véase también Panamá

Columbus, Nuevo México, ataque de Villa

(1916), 118

Collazo, Enrique, 218

Comisión Reguladora del Mercado de Henequén, 87, 109, 111, 125

Comonfort, Ignacio, 25

Compañía Fundidora de Fierro y Acero, véase

Monterrey, industria del acero

Compañía Interoceánica Universal, 207

Comte, Auguste, influencia en México, 32

Confederación de Gremios Mexicanos (CGM), 92, 104

Confederación de Trabajadores de la Región

Mexicana (CTRM), 120, 128

Confederación General del Trabajo (CGT) (México), 171, 173

Confederación General Obrera (CGO) (México), 128, 129

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM)

y Revolución mexicana, 130, 131, 133, 135, 136, 143

bajo Obregón (1920-1924), 145, 147-150 passim

bajo Calles (1924-1934), 147, 148, 154-155, 157, 169, 171-174

Consejo Obrero de América Central, 202

Continental Rubber Company, 70

Contreras, Calixto, 76

Coolidge, Calvin, 151

Copan (Honduras), 205

Córdoba, Universidad de, 234

Corinto (Nicaragua), 206

Corinto, convención de (1902), 206

Coronel Urtecho, José, 203

Corral, Ramón, 69, 76, 77, 83

Cortés, Alfonso, 203

Coss, Francisco, y Revolución mexicana

1910-1914, 98, 103

1914-1917, 107, 108, 111

1917-1920, 127, 129, 137, 141

Costa Rica, 183, 203-207 passim; economía, 185-199 passim; población y sociedad, 185, 186, 199-203 passim; véase también América Central

Cowdray, lord, véase Pearson

Cox, J. M., 142, 144

Creel, Enrique, 59, 70-71

Creel, familia (México), 48, 59, 70

Creelman, James, 72

Cristeros, guerra de los (1926-1929), 155-159 passim, 177

CROM, véase Confederación Regional Obrera Mexicana

Crowder, Enoch, 232, 233-234

Cruz, Francisco B., 50

CTRM, véase Confederación de Trabajadores de la Región Mexicana

Cuba bajo España (c. 1860-1898), 210-223, 264

gobierno militar norteamericano (1899-1902), 223-227, 247

república (1902-1934), 225-239, 247

y Haití, 276, 288

Cuban-American Sugar Company, 230

Cuchillo Parado (México), 53-54, 71

Cuernavaca (México), 101, 140

Cuesta, Jorge, 154

Cukra Development Company, 197

Culiacán (México), 96, 139

Cullen, Countee, 286

Curacao, 262, 264, 266

Cuyamel Fruit Company, 196, 197

Chalco (México), 22, 24

Champerico (Guatemala), 193

chamulas, indios, 22

Chaparra (Cuba), 230

Chávez, Carlos, 154

Chávez, Cruz, 51

Chávez, Manuel, 51

Chiapas, estado (México), peonaje, 56

Chihuahua (México), 66, 96, 116, 121, 122, 123, 140

Chihauhua, estado (México)

1870-1910, 43, 45, 47, 66, 67, 68-72 passim;

expropiación del campesinado, 53-54; familias ricas, 43, 48, 59; indios, 17, 23, 49;

población, 35; rebelión campesina, 49-51

y Revolución mexicana: 1910-1913, 76, 82, 84, 87-88; 1913-1914, 92, 95-101 passim;

1914-1917, 105, 114, 116, expedición norteamericana (1916), 118-123 passim;

1917-1920, 127-131 passim, 134, 135, 138

véase también Ciudad Juárez

Chilpancingo (México), 139

Chontales (Nicaragua), 198

Christophe, Henry, 280

Daiquiri, 229

Damas, León, 287

Damiens (Haití), 288

Darfour, Félix, 281

Darío, Rubén, 203, 264

Dartiguenave, Phüippe Sudre, 284, 285

De la Barra, Francisco León, 77, 83, 84, 89-94 passim

De la Huerta, Adolfo

gobernador de Sonora (1919-1920), 134, 135, 139-142 passim

presidente provisional de México (1920), 141-144, 173

en los años veinte, 145, 150

De Marchena, Eugenio Generoso, 267

Delorme, Demesvar, 278

Denis, Lorimer, 286

Dévot, J., 281

Diaquoi, Louis, 286

Díaz, Félix (hermano de Porfirio), 24-25

Díaz, Félix (sobrino de Porfirio), y Revolución

mexicana

1910-1917, 89-96 passim, 117, 120

1917-1920, 131, 140, 143

Díaz, Porfirio

antes de 1877, 24-27 passim

presidente de México: 1877-1880, 28-32; 1884-

1900, 35-64; 1900-1911, 64-77, 81-83, 206

muerte (1915), 112

Diéguez, Manuel, y Revolución mexicana

1910-1914, 98, 100, 102

1914-1917, 107-111 passim, 116, 121

1917-1920, 127-142 passim

directorio de estudiantes (Cuba), 236, 237, 238

Domingue, Michel, 278

Domínguez, Manuel, 22

Dorsainvil, J. C., 285-286

Dos Ríos (Cuba), 218

Douglas, Charles A., y Revolución mexicana

1914-1917, 110, 115-119 passim

1917-1920, 127, 136, 137, 144

Duarte, Juan Pablo, 260

Durango, estado (México), 24, 40, 47, 92, 95;

véase también Laguna, región

Duvalier, Francois, 286, 287

Echeverría, Aquileo, 203

educación: Haití, 280, 281-282, 285; México, 18-19, 37, 63, 151-154; República Dominicana, 264

Église Orthodoxe Apostolique (Haití), 281

El Oro, minas (México), 113, 116

El Salvador, 183, 191, 204, 206-207; economía, 185-199 passim; población y sociedad, 185, 186, 199-203 passim; véase también América Central

Emery Sloane, 57

Escanden, Pablo, 72

esclavitud: Cuba, 210-211, 216; Puerto Rico, 241

Escobar, general (México), 158

Escuintla (Guatemala), 192, 193

Espaillat, Ulises, 262

España: y Cuba, 211-223, cesión (1898), 223, emigración a, 264; y Puerto Rico, 240-245;

y República Dominicana, 240-245

Estados Unidos de América

y América Central, 194, 199, 206-207; administración de Nicaragua (1912-1933), 205, 208

y Colombia, 207

y Cuba: caída de Wall Street, efectos, 236; emigración a, 185, 200; inversiones, 215, 224, 226, 232-236 passim, 247; relaciones: (c. 1860-1898), 214-223 passim, gobierno militar: (1899-1902), 223-226, (1902-1921), 226-233 passim, (1921-1934), 233-239 passim

y Haití, 276, 279, 283, 288; ocupación

(1915-1934), 283-288

y México: emigración a, 47; inversiones:

(1884-1900), 35, 37-38, 39, 60, (1910-1914), 88-89,97, (1914-1917), 111, 116, 117, 122, (1917-1920), 126-127, 133-134, 142-143, 144, (1924-1934), 163-164, 166-169; relaciones: (1867-1884), 27-34 passim, (1884-1900), 45, 62, (1900-1910), 68, (1910-1913), 74-75, 77, 82, 84, 87-90, (1913-1914), 91, 95-102 passim, (1914-1917), 106-125 passim, 142, 143-144, (1920-1934), 149-151, 155-160 passim

y Puerto Rico, 245-258

y República Dominicana, 259-262 passim, 267-274 passim; ocupación (1916-1924), 270-272

Estrada Cabrera, Manuel, 204, 206

Estrada Palma, Tomás, 214, 218, 226-227

Estrella Ureña, Rafael, 273

Fall, Albert B., 135, 136, 142

Farabundo Martí, Agustín, 202

Federación de Sindicatos Obreros del Distrito

Federal (FSODF) (México), 116-117, 120, 133, 135

Federación Libre de Trabajadores (Puerto

Rico), 251, 255

Fernández, Wilfredo, 234

ferrocarril, construcción del: América Central, 193-194, 196, 198, 199; Haití, 283; México:

(1870-1900), 27, 30-35 passim, 39, 47, (1900-1930), 71, 162-163; República Dominicana, 264

Fiallo, Fabio, 264

Finlay, doctor Carlos J., 224

Firmin, Joseph Anténor, 278, 279, 281, 282

Fish, Hamilton, 214 n.

Fletcher, almirante, 57

Flinter, George, 240-241

Flores Magón, Enrique, 67

Flores Magón, Ricardo, 67

Forbes, W. Cameron, 287

Fouchard, Callisthéne, 279

Francia: y canal de Panamá, 207; y Haití, 276, 279, 280, 282, 288; y México, 32, 36, 38, 93, 97; y República Dominicana, 261, 262, 267, 269, 271, emigración, 269

Frédérique, P. F., 283

Fréres d’Instruction Chrétienne (Haití), 280

FSODF, véase Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal

Galván, Manuel de Jesús: Enriquillo, 264

García, Calixto, 216, 219-224 passim

García Granados, Miguel, 204

García Monge, Joaquín, 203

Garrido Canabal, Tomás, 147

Geffrard, F. N., 275, 280

Gillow, monseñor, obispo de Oaxaca, 45

Gómez, Arnulfo, 156

Gómez, José Miguel, 227-232 passim

Gómez, Máximo, 214, 217-227 passim

Gómez Carrillo, Enrique, 203

Gómez Chechep, Agustina, 22

Gómez Morín, Manuel, 160-162, 178, 180

Gompers, Samuel, 272

Gonaïves (Haití), 283

González, Abraham, 84, 87, 92

González, Manuel, 33-34, 43

González, Pablo, y Revolución mexicana

1910-1914, 92-102 passim

1914-1917, 107-113 passim, 117-123, 125

1917-1920, 127, 128, 129, 132-143 passim

González, Santiago, 204

González, William, 231

González Garza, Roque, 109

González Lanuza, José Antonio, 226-227

González Roa, Fernando, 115

González Zeledón, Manuel, 203

Gorostiza, José, 154

Gran Bretaña

y América Central, 1,90-191, 206, 207

y Cuba, 224

y Haití, 275, 276, 282, 283

y México: inversiones: (hasta 1910), 38, 59, 60, 75, (1910-1920), 95, 97-98, 134, (1924-1934) 163, 164, 168; relaciones: (década de 1880), 34, (1913-1915), 91, 95, 96, 97, 101, 115

y República Dominicana, 267, 271; véase también Hartmont, préstamo

Grant, Ulysses S., 31, 214 n.

Grau San Martín, Ramón, 238-239

Greene, William C., 47

gripe española en México (1918-1919), 132

griots, grupo, 286

Guadalajara (México)

1870-1910, 23, 35

en Revolución mexicana (1910-1920), 97-102 passim, 108, 109, 110, 141

Guadalupe, plan de (1913), 92-93, 101

Guaimaro (Cuba), 214

Guanajuato, estado (México), aparcería, 56-57

Guantánamo (Cuba), 225, 231, 284

Guardia, Tomás, 204

Guatemala, 183, 191, 204, 205, 206, 207; economía, 185-200 passim; población y sociedad, 185, 186, 198-203 passim; véase también América Central

Guatemala, ciudad de, 193, 201

Guaymas (México), 92, 94, 96, 98

guerra mundial, primera, efectos: Cuba, 230-231; México: (1914-1917), 106, 110, 121-122, 124-125, (1917-1918), 128, 131; República Dominicana, 270

Guerra y Sánchez, Ramiro: Azúcar y población en las Antillas, 233

Guerrero, estado (México), 54, 98, 105, 130

Guggenheim Company, 36

Guiteras, Antonio, 238, 239

Gutiérrez, Eulalio, 107, 109

Guzmán, Martín Luis: La sombra del caudillo, 151

Habana, La

c. 1860-1898, 213, 215, 218, 219, 220

1899-1934, 224, 225, 226, 237

Universidad, 234

Habana, La, provincia, 212, 217, 219, 231

Haití, 275-289; francmasonería, 281; vudú, 278, 280, 281, 286; y República Dominicana, 259-264 passim, 283, 288

Harding, W. G., 142, 144

Hartmont, préstamo (1869), 262, 267

Hay-Herran, tratado (1902), 207

Hay-Pauncefote, tratado (1901), 207

Hayes, R. B., 30-31

Hearst, William Randolph, 47

Henequén, Comisión del (México), 87, 109, 111, 125

Henríquez Ureña, Max, 264

Henríquez Ureña, Pedro, 264

Henríquez y Carvajal, Francisco, 270, 272

Heredia, José María, 211

Hermosillo (México), 141

Heureaux, Ulises, 263, 266-268, 269, 273

Heurtelou, Daniel, 286

Hibbert, Fernand, 282

Hidalgo, estado (México), 22, 31, 175

Hill, Benjamín

Revolución mexicana: 1910-1914, 98, 100, 102; 1914-1917, 107, 111; 1917-1920, 127, 132, 135, 139, 143

década de 1920, 145, 150

Hinche (Haití), 283

Holanda: y República Dominicana, 267, 269, emigración, 269; véase también Royal Dutch

Shell

Holly, obispo Jacques, 281

Honduras, 183, 205-207; economía, 185, 195-199 passim; población y sociedad, 185, 186, 199-203 passim; véase también América Central

Hoover, Herbert, 287

Hopkins, Sherburne, G., 82, 89, 92, 95, 107, 139, 140

Hostos, Eugenio María de, 264

Hubbard-Zemurray Company, 196

Hudicourt, Max, 286

Huehuetenango (Guatemala), 193

Huerta, Victoriano

hasta 1913, 84, 88, 90-91

presidente provisional de México (1913-1914), 91-102

después de 1914, 111, 112

Hughes, Langston, 286

Hughes-Peynado, plan (1922), 272

Hugo, Víctor, influencia en América Latina, 264

Hyppolite, Florvil, 278, 279

Icamole (México), 28

Iglesia católica: América Central, 204; Cuba, 212; Haití, 280-281, 288; México: (hasta 1910), 19-20, 27, 44-45, (1910-1920), 97, 99, 133, (1920-1934), 150, 155-159 passim; véase también Partido Nacional Católico

Iglesias, José María, 28

Independiente de Color, Partido (Cuba), 229-230

Indias Occidentales, inmigración desde: Cuba, 185, 201; Haití, 277

indios: América Central, 185, 188, 190, 200, 201; El Salvador, 189, 190, 201; Guatemala, 185, 189, 200, 201; México: (1867-1910), 17, 23, 26, 47, 49-53 passim, (1920-1930), 147, 156

Inginac, J. B., 280

inmigrantes: América Central, 185, 200, 201;

Cuba, 227; Haití, 277, 283; México, 35, 47;

República Dominicana, 264, 269

International Harvester Corporation, 39, 87, 130

International Railway of Central America, 193, 196

Islas, Francisco, 22

Italia: y Haití, 276; y República Dominicana, 269, emigración, 264, 269

Iturbide, Eduardo, 98, 102, 111, 128

Jacmel (Haití), 287

Janvier, Louis Joseph, 276, 279, 281

Jérémie (Haití), 277, 281

Jessurun, casa de (Curaçao), 266

Jiguani (Cuba), 219

Jimaguayú, conversión de (1895), 218

Jiménez, Juan Isidro, 268, 270

Jiménez, Max, 203

Ju (jefe apache), 23

Juárez, Benito, 15-25

Juárez (México), véase Ciudad Juárez

Jurado, Field, 151

Justin, J., 281

Kansas Pacific Railroad, 71

Keith, Minor, 197

Killick, almirante Hammerton, 279

Knapp, capitán H. S., 270, 272

Knox, Philander, 229

Krupp, casa, 38

Kuhn, Loeb and Company, banqueros, 269

La Ceiba, región (Honduras), 196

La Demajagua (Cuba), 213

La Grande Anse (Haití), 279

La Libertad (El Salvador), 193

La Noria, plan de (1872), 24

La Trinitaria (sociedad secreta, República Dominicana), 259

Laguna, región (México), 40, 48, 70, 72, 76

Lares (Puerto Rico), 213

Las Villas, provincia (Cuba), 212, 213, 214, 217, 218, 219, 231

Lazo, Agustín, 154

Lee, Fitzhugh, 220

Léger, J. N., 281

Legitime, F. D., 279

León, Luis L., 146

León (México), 111

Lerdo de Tejada, Sebastián, 25-28

Lersundi, Francisco, 213

Les Cayes (Haití), 277, 287

Lescot, Elie, 289

Lesseps, Ferdinand de, 207

Lhérisson, Justin, 282

Lhérisson, L. C., 282

liberalismo, partidos liberales: América Central, 200, 203-205; Cuba, 227-232 passim, 235, rebelión (1917), 230-232; Haití, 278, 279;

México, 16-18, 25, 43, véase también Partido Liberal Constitucionalista; Partido Liberal Mexicano; Puerto Rico, 242, 244

Limantour, José Yves

hasta 1910, 41, 43, 50, 59

1911-1919, 83, 126, 134

Lind, John, 57

literatura, véase artes

López, Julio, 22

Lozada, Manuel, 26, 55

Luperón, Gregorio, 263, 266

Lloréns Torres, Luis, 248

Maceo, Antonio, 214-215, 217-218, 219

Machado, Gerardo, 235-238

Madero, Ernesto, 83, 89

Madero, familia (México), 48, 70, 82, 100

Madero, Francisco, 48, 70, 72, 82

Madero, Francisco I.

1900-1911, 73-77 passim, 81-83, 84

presidente de México (1911-1913), 77, 84-91

Madero, Gustavo, 82-83, 84, 89, 91

Madiou, Thomas, 281

Magloire, Clément, 282

Magoon, Charle E., 228-229

Mahan, Alfred, 220

Maine (acorazado), 220-221

Manzo, general (México), 158

Mañac, Jorge, 237 n.

Marblehead (barco), 206

Marcelin, Frédéric, 279, 282

Marcelin, L. J., 282

Marcelin, Philippe Thoby, 286

Marchena, Julián, 203

Mármol, Miguel, 202

Martí, José, 216-218, 234, 266

Martínez Campos, general, 214, 218

Martínez del Río, Pablo, 64

Martínez Sáenz, Joaquín, 235

Martínez Villena, Rubén, 235

Masó, Bartolomé, 226

Mata, Filomeno, 63

Matagalpa (Nicaragua), 198

Matamoros (México), 94, 141

Matanzas, provincia (Cuba), 212, 217, 231

Maura, Antonio, 216

mayas, 22

Maytorena, José María, 69, 72

Mazatlán (México), 139, 141

Mc Donald, contrato (1910), 279, 283

McKay, Claude, 286

McKinley, William, 220-221, 223, 225

Medina, Crisanto, 190

Mejía, Francisco, 16

Meléndez, Carlos, 204

Meléndez, Jorge, 204

Mella, Julio Antonio, 235

Mella, Ramón, 260

Mendieta, Carlos, 231, 235, 236, 237, 239

Menéndez, Francisco, 204

Menocal, Mario G., 228, 230, 235, 236, 237;

presidente de Cuba (1913-1921), 230-233

Mérida, Carlos, 153

Mérida (México), 110

Merino, monseñor, 263

Merisier, general, 277-278

metodistas, 45, 281

Mexicali (México), 82, 125

Mexican Eagle Oil Company, véase Águila

Mexican Petroleum Company, 60, 75, 84, 86, 87, 125, 136, 144

México

bajo Juárez (1867-1872), 13-21; levantamientos campesinos, 21-22; primera rebelión de

Díaz (1872), 24-25

bajo Lerdo (1872-1876), 25-28

bajo Díaz (1877-1880), 29-32

bajo González (1880-1884), 33-34

bajo Díaz (1884-1900): cambios políticos, 40-46; desarrollo económico, 35-40; desarrollo económico regional, 39-40; estados

de la frontera del norte, 47-51; estructura

social, 53-64; expropiación de campesinos, 51-56

bajo Díaz (1900-1911), 64-77, 81-83

Revolución (1910-1920): causas y naturaleza, 78-80; 1910-1913, 76-77, 81-91;

1913-1914, 91-109; 1914-1915, 103-114;

1915-1917, 114-125; 1917-1918, 125-131;

1918-junio de 1920, 131, 142; junio-diciembre de 1920, 142-145

bajo Obregón (1920-1924), 143-145, 146-154, 172, 174

bajo Calles: como presidente (1924-1928), 154-158; como jefe máximo (1928-1934), 158-160; organizaciones laborales y listado, 169-174; política económica, 160, 169; reforma agraria, agricultura, 174-179

artes, 152-154

construcción del ferrocarril: 1870-1900, 27, 30-36, 39, 47; 1900-1930, 71, 162-163

educación, 19, 37, 63, 152-154

Iglesia católica: hasta 1910, 19-20, 27, 44-45;

1910-1920, 97, 99, 133; 1920-1934, 150, 156-159 passim; véase también Cristeros

indios: 1867-1910, 17, 23, 26, 46, 49-52 passim, 72; 1920-1934, 147, 156

inmigrantes, 35, 47

Universidad, 151-152, 159

y América Central, 156, 206-207

México, Ciudad de

1870-1910, 35, 42-43, 71

en Revolución mexicana: 1910-1914, 90, 95, 102; 1914-1917, 104, 107-110 passim, 112, 113, 116-117, 120; 1917-1920, 127, 129, 132

Casa del Obrero, 90, 92, 100, 104, 106, 110, 116-117

Ciudadela, 90-91

Colegio de San Ildefonso, 25

Gran Cuerpo Central de Trabajadores, 133

Santa Teresa y Contreras, fábrica textil, 61

Michoacán, estado (México), 108, 139, 175

Mier y Terán, Luis, 31

Milscent, C. S., 281

Minatitlán (México), 107, 120, 128, 131

Mineral del Monte (México), 22

Miragoâne (Haití), 277, 279

Moca (República Dominicana), 264, 268

Môle St. Nicolás (Haití), 279, 284

Molina, Juan Ramón, 203

Moneada, José María, 208

Mondragón, Manuel, 90-91, 94

Monte Cristi (República Dominicana), 260, 265, 268

Monte Cristi, manifiesto de (1895), 218

Monte del Aguacate, minas (Costa Rica), 190

Monterrey (México): en Revolución mexicana, 96, 98, 108-112 passim, 135; industria del acero, 40, 48, 84, acería La Fundidora, 36, 84, 103, 125; población, 35, 47

Montes, Ezequiel, 54

Montoro, Rafael, 228

Mora, Juan Rafael, 190, 193, 204

Morales Languasco, Carlos F., 269

Moravia, Charles, 282

Morelos, estado (México)

1870-1910, 52, 53-54, 68, 72

y Revolución mexicana: 1910-1913, 76, 77, 82, 83, 87; 1913-1914, 93, 94-95, 101;

1914-1917, 109, 114, 117, 119, 120, 123;

1917-1920, 128-133 passim, 138, 140

1920-1934, 175

Morgan, House of, banqueros: y Cuba, 234;

y Revolución mexicana, 116, 117, 134, 143

Morones, Luis N., 155, 158, 166-174, passim, 180

Morton Trust Company (Nueva York), 269

Morúa, ley (1909), 229

Morúa Delgado, Martín, 299

Mosquitos, costa de los (Nicaragua), 206

Motagua, valle de (Guatemala/Honduras), 196

Muñoz Rivera, Luis, 242

Murguía, Francisco, y Revolución mexicana

1910-1914, 98, 102

1914-1917, 107-112 passim, 116, 123

1917-1920, 127-135 passim, 137-143 passim

Namiquipa (México), 71

nanigos (sociedad secreta, Cuba), 229

Nanne, William, 193

Naranja (México), 52

Naranja, región (México), 175

National City Bank de Nueva York, 283

New Orleans Bay Island Fruil Company, 195

New York and Honduran Rosario Mining Company, 198

Nicaragua, 156, 183, 205-207, 208; economía, 185, 187, 197-199 passim; población, y sociedad, 185, 186, 199-203 passim; véase también América Central

Nogales (México), 97, 139

Nouvelle Ronde, La (Haití), 286

Novo, Salvador, 154

Nueva Segovia (Nicaragua), 198

Nuevo Laredo (México), 141

Nuevo León, estado (México)

1870-1910, 24, 35, 47

1910-1920, 100, 135, 143

véase también Monterrey

Oaxaca (México), 118

Oaxaca, estado (México)

1870-1900, 24-25, 27-28, 53, 56

1910-1920, 109, 112, 131

Objío, Manuel R., 264

Obregón, Alvaro

y Revolución mexicana: 1910-1914, 92, 95, 96, 98, 101, 102; 1914-1917, 106-112 passim, 118-125 passim; 1917-1920, 126, 131-142 passim, 143

presidente de México (1920-1924), 143-145, 148-154, 172, 174, 175, 177-178, 180

y presidencia de Calles (1924-1928), 154-157, 179

Oeil, L’ (Haití), 281

Ojinaga (México), 128, 129, 135, 140

Olancho (Honduras), 205

Ord, general C., 30-31

Oriente Medio, emigración: América Central, 200; Haití, 283; República Dominicana, 264

Oriente, provincia (Cuba)

c. 1860-1878, 212, 213

1895-1898, 217, 219, 222

1912-1921, 229, 231, 232

Orizaba (México), 36, 107, 113

Orozco, José Clemente, 153

Orozco, Pascual, y Revolución mexicana

1910-1913, 76, 82, 84, 88

1913-1915, 93-98 passim, 103, 110, 112

Ortiz de Montellano, Bernardo, 154

Ortiz Rubio, Pascual, 158-160

Oterí, línea de vapores, 196

otomano, imperio, véase Oriente Medio

Pacific Mail and Steamship Company, 193

Pacífico, ferrocarril del, 193

Pachuca (México), 113

Palafox, Manuel, 93, 106, 108, 123, 131

Panamá, 207-208; canal, 207-208; Panamá Railway, 193

Pani, Alberto J.

y Revolución mexicana: 1914-1917, 115, 119, 125; 1917-1920, 126, 128, 133

1920-1927, 162, 169, 180

Partido Incondicionalmente Español (Puerto

Rico), 243, 244

Partido Laborista Mexicano, 136, 137, 139, 143

Partido Liberal Constitucionalista (PLC) (México), y Revolución mexicana

1916-1917, 121, 125

1917-1920, 129, 131, 132, 135, 140-141, 143

Partido Liberal Mexicano, 67-68

Partido Nacional Agrarista (México), 143, 149

Partido Nacional Católico (México), 86, 89, 90, 96-99 passim, 143

Partido Nacional Cooperatista (México), 129, 143

Partido Nacional Revolucionario (PNR) (México), 147, 158, 180

Partido Popular Cubano, 232

Partido Progresista Constitucional (México), 84, 89-102 passim

Partido Revolucionario Institucional (PRI) (México), 158

Partido Unión de Puerto Rico, 252, 253

partidos comunistas: América Central, 202;

Cuba, 235-239 passim

Paul, Edmond, 276, 278

Peabody Company, 39

Pearson, sir Weetman (después vizconde Cowdray), intereses en México

hasta 1910, 38, 59, 75

1910-1920, 84, 94, 97, 126, 128, 129, 133

Peláez, Manuel, y Revolución mexicana

1914-1917, 108, 117, 122, 123, 124

1917-1920, 128, 129, 135, 140, 141

Pellicer, Carlos, 154

Penson, César N., 264

Peralte, Charlemagne, 285

Pereira, Orestes, 76

Pereyra, Jacobo, casa de, 267

Pérez, J. J., 264

Pesqueira, Ignacio, 42.

Pétion, Alexander, 280

Piedras Negras (México), 82, 94, 141

Pinar del Río, provincia (Cuba), 212, 219, 231, 237

Pinckombe, E., 281

Pino Suárez, José María, 84, 87, 90-91

Platt, enmienda (1901), 225, 234, 238, 239

Plumb, Edward Lee, 27

Portes Gil, Emilio, 158, 159, 175

Price, Hannibal, 281

Price Mars, Jean: Ainsi parla l’oncle, 286

Progreso (México), 110

Prost, L., 281

protestantes: Haití, 280; México, 45; Puerto

Rico, 256

Puebla (México), 108, 140

Puebla, estado (México)

1870-1900, 31, 36, 40

y Revolución mexicana: 1910-1914, 76, 101, 103; 1914-1917, 111, 123; 1917-1920, 128-131 passim, 136, 141

Puerto Barrios (Guatemala), 193

Puerto Castilla (Honduras), 198

Puerto Limón (Costa Rica), 193

Puerto Plata (República Dominicana), 262-266 passim

Puerto Príncipe (Haití), 275, 277, 281, 288

Puerto Rico

bajo España (c. 1870-1898), 211, 215, 240-245, 264

bajo Estados Unidos: 1898-c. 1925, 245-253;

c. 1925-1940, 253-258

Puerto Rico Reconstruction Administration, 254

Puntarenas (Costa Rica), 192

Querétaro (México), 61, 119, 123

Quezaltcnango (Guatemala), 189, 191, 193

Quiñones Molina, Alfonso, 204

Reed, doctor Walter, 224

Regeneración (México), 67

religión, véase protestantes; Iglesia católica;

Haití: vudú

República Dominicana, 212, 259-274; judíos, 264, 267; y Haití, 259-264 passim, 283-284, 288

Retalhuleu (Guatemala), 193

Reventazón, valle de (Costa Rica), 187

Revolucionario Cubano, Partido, 216, 217

Révue Indigène, La (Haití), 286

Reyes, Bernardo

hasta 1910, 44, 61, 69, 70 73

1910-1913, 82, 84, 87, 90

Reyes, Rodolfo, 91

Rhodakanati, Plotino, 22

Richardson Company, 49

Río Blanco, planta textil, 36, 67

Río Verde (Cuba), 237

Rivera, Diego, 153

Robles Domínguez, Alfredo, 102, 130, 143, 144

Rodríguez, Abelardo, 159, 175

Rodríguez, Alejandro, 225

Rodríguez Lozano, Manuel, 154

Rodríguez Urdaneta, Abelardo, 264

Romero, Matías, 31

Romero Rubio, Carmen, 45

Romero Rubio, Manuel, 43, 59

Ronde, La (Haití), 282

Roosevelt, Theodore, 207; y Cuba, 220, 224, 227-228

Root, Elihu, 225

Rosa, Ramón, 205

Rosales, Vicente, 203

Roumain, Jacques, 286

Roumer, Emile, 286

Royal Dutch Shell, 133

Rufino Barrios, Justo, 193, 204, 206

Russell, William W., 270

Sacasa, Roberto, 208

Sáenz, Moisés, 153

Sagasta, Práxedes, 220

Saget, Nissage, 278

Saiazar, Rosendo, 171

Salnave, Richard, 286

Salnave, Silvain, 278, 280, 281

Salomon, Louis Étienne Lysius Felicité, 278-282 passim

Saltillo (México), en Revolución mexicana

1910-1917, 98, 100, 114

1917-1920, 129, 430, 137, 140

Salvador, El, véase El Salvador

Salvador Railway Company, 193-194

Sam, T. A. Simon, 279

Samaná (República Dominicana), 264

Samaná, península de (Republicana Dominicana), 261, 264

Sampson, almirante, 222

San Albino (Nicaragua), 202

San Andrés (México), 71

San Domingo Improvement Company, 267, 268-269

San José (Costa Rica), 193, 201, 206

San José (Guatemala), 193

San José de Gracia (México), 175-176

San Luis Potosí, estado (México), 31, 55, 102, 112, 179

San Luis Potosí, plan de (1910), 76, 81

San Pedro de Macorís (República Dominicana), 264, 265

San Salvador (El Salvador), 201, 202

Sánchez (República Dominicana), 264, 265

Sandino, Augusto César, 156, 202, 203, 208

Sandino, insurrección de (1927-1933), 202-203, 208

Sanguily, Manuel, 226, 227, 229, 233

Santana, Pedro, 260, 261, 262

Santiago (República Dominicana), 260, 262, 264, 273

Santiago de Cuba, 222, 223, 231

Santo Domingo (República Dominicana), 262-265 passim

Santo Tomás (Guatemala), 193

Santo Tomás (islas Virginia), 262, 263, 267

Santovenia, Emeterio, 237 n.

Schafter, William R., 222

Schoefield, general, 222

Senghor, Léopold Sedar, 287

Serdán, Aquiles, 76

Serrano, Francisco, 156

Sheffield, Rockwell, 155

Simon, Antoine, 279

Sinaloa, estado (México), 24, 96, 98, 125, 138

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 108, 113, 116, 130

Siqueiros, David Alfaro, 153

siriolibaneses, inmigrantes, véase Oriente Medio

Snowden, Thomas, 272

Solóla (Guatemala), 189

Somoza García, Anastasio, 208

Sonora, estado (México)

1870-1910, 23, 35, 45, 47; oposición al gobierno, 47, 49-50, 66-73

en Revolución mexicana: 1910-1914, 83, 84, 88, 92-100 passim, 146-147; 1914-1917, 105, 116, 125; 1917-1920, 127, 132-135 passim, 138-139

después de 197,0, 147, (56

Soto, Marco Aurelio, 198, 205

Soto Hall, Máximo, 203

Soto y Gama, Antonio Díaz, 149

Soulouque, Faustin, 280

South Porto Rico Sugar Company, 271

Southern Pacific Railway, 135, 139, 162

Spencer, Herbert, influencia en México, 32

Speyer, James, and Company, banqueros, 88, 111, 144

St. Joseph de Cluny, 280

Standard Fruit and Steamship Company, 196, 199

Standard Oil, en México

hasta 1914, 60, 82, 86, 87, 89

1914-1920, 117, 125, 128

Stimson, Henry L., 236

Suchitepéquez (Guatemala), 189

Sylvain, Benito, 281

Sylvain, Georges, 282

Sylvain, Normil, 286

Taft, W. H., 77, 83, 87-88, 89

Tamaulipas, estado (México), 35, 95, 98, 127-131 passim, 144; véase también Tampico

Tamayo, Rufino, 154

Tamazunchale (México), 55

Tampico (México), en Revolución mexicana

1910-1914, 87, 96, 98-101 passim

1914-1917, 108-113 passim, 117, 122, 123, 124

1917-1920, 127-131 passim, 135, 138, 139, 141, 143

Tampico, incidente de (1914), 98-99, 101

tarahumaras, indios, 49

tarascos, indios, 52

Tecoac (México), 28

Tegucigalpa (Honduras), 198, 205

Tehuantepec Railway Company, 129

Tejeda, Adalberto, 147

Teller, enmienda (1898), 224

Tepic (México), 26, 55, 98, 100

Teresita (la santa de Cabora), 45, 51

Terrazas, Alberto, 70

Terrazas, familia (México), 48, 59, 70, 87, 133

Terrazas, Joaquín, 23

Terrazas, Luis

hasta 1880, 17, 23, 28-29, 42

1880-1903, 43, 50, 59, 70

Terrazas, Silvestre, 63

Texcoco (México), 22, 24

Tezontepec (México), 22

Tinoco Granados, Federico, 204

Tlahualillo Company, 70

Tlaxcala (México), 130

Tochatlaco (México), 58

Todd, Roberto H., 256 n.

Tomochi (México), 51

Toral, José de León, 155

Torreón (México)

1870-1910, 35, 47

en Revolución mexicana: 1910-1911, 88, 94-98 passim, 100, 101, 102; 1914-1917, 114, 123; 1917-1920, 127, 128, 135, 141

Torreón, pacto de, 101-102, 106

Torres Bodet, Jaime, 154

Torejo, Rafael, 236

Tortue, La, isla de (Haití), 284

Treviño, Gerónimo, 24, 30

Treviño, Jacinto, y Revolución mexicana

1914-1917, 110, 111, 112, 116, 119-120, 124

1917-1920, 127, 133, 134, 136, 140-143, passim

Trouée, La (Haití), 285

Trujillo Molinas, Rafael Leónidas, 272, 273, 274

Trujillo Railroad Company, 196, 198

Tulacingo (México), 45

Turcios, Froilán, 203

Turrialba, valle de (Costa Rica), 187

Tuxpan (México), en Revolución mexicana

1910-1917, 100, 117, 120, 123

1917-1920, 128, 131, 138, 139

Tuxtepec, plan de (1876), 27-28

Tzarjalhemel (México), 22

Ugarte, Manuel, 234

Ulúa, valle de (Honduras), 196

Unión de Conductores, Maquinistas, Garroteros y Fogoneros (UCMGF) (México), Revolución mexicana

1910-1914, 87-90 passim

1914-1917, 104, 113, 116, 120

1917-1920, 127, 131, 135, 139, 143

Unión Mexicana de Mecánicos (UMM) y Revolución mexicana

1910-1914, 86, 88, 90

1914-1917, 104, 113

1917-1920, 127, 131, 133, 143

Unión Minera Mexicana, 87, 88, 10-1

United Fruit Company, 189, 196, 197, 201

Ureña de Henríquez, Salomé, 264

Vaccaro, hermanos, 196

Valdés, José, 203

Valladolid (México), 76

Valle Nacional (México), 56

Várela, Félix, 211

Varona, Enrique José, 229, 230, 236

Vasconcelos, José, 148-149, 151-153, 158, 159, 234

Vastey, barón de, 276, 281

Vázquez Gómez, Emilio, 84, 87

Vázquez Gómez, Francisco, 83, 84

Vázquez, Horacio, 268, 272-273

Velázquez, Federico, 272-273

Veracruz (México)

hasta 1900, 38

en Revolución mexicana: ocupación por Estados Unidos (1914), 99-102 passim, 107, 108; 1914-1917, 108, 110, 120; 1917-1920, 128, 129, 140-141, 143

Veracruz, estado (México)

1870-1910, 31, 40, 66

1910-1920, 57, 99, 100, 107, 131

1920-1934, 175, 176

véase también Minatitlán; Orizaba; Tuxpan

Viadas, Lauro, 37

Vicini, Juan Bautista, 269, 272

Victoria, Eladio, 269

Victoria (México), 96, 135

Victoria de la Tunas (Cuba), 219

Victorio (jefe apache), 23

Vilaire, Etzer, 282

Villa, Francisco (Pancho)

y Revolución mexicana: 1910-1914, 76, 82, 92, 95-102 passim; 1914-1917, 104-118 passim, 121, 122, 123; 1917-1920, 130, 131, 134, 137, 140, 143

muerte (1923), 151

Villarreal, Antonio I., y Revolución mexicana

1910-1914, 98, 100, 101

1914-1917, 107, 108, 109

1917-1920, 135, 141, 143, 145

Villaurrutia, Xavier, 154

Villuendas, Enrique, 227

Vincent, Sténio, 282, 285, 287, 289

Waller, coronel, 285

Washington, conferencia sobre América Central (1907), 207

Waters Pierce Oil Company, 60

Welles, Benjamín Sumner, 237-239

Westendorp and Company, banqueros, 267

Weyler, Valeriano, 219, 220

Wilson, arancel (1894), 216

Wilson, Woodrow: y Cuba, 230, 231, 232; y México, (1910-1914), 88-91 passim, 95-102 passim, (1914-1917), 106, 107, 110-113 passim, 118-119, 121-122, 124, (1917-1920), 127, 130, 136-137, 138, 144

Wood, Leonard, 225, 226

Yara (Cuba), 213

yaquis, indios, 49-50, 51, 72, 147, 157

Yucatán (México)

1870-1910, 22, 39-40, 50, 52, 53, 56

191-1914, 76, 87

1914-1920, 109, 121, 125, 134

Zacatecas (México), 101

Zacatecas, estado (México), 24, 92, 95, 101, 112, 139

Zaldívar, Rafael, 189, 190, 204

Zamacona, Manuel de, 19, 30-31

Zanjón, tratado de (1878), 215

Zapata, Emiliano

hasta 1910, 53-54

y Revolución mexicana: 1910-1914, 76, 77, 84, 87, 93, 99; 1914-1919, 107, 134; véase también zapatistas

zapatistas

1910-1014, 87, 93, 94, 96, 98, 101, 103

1914-1917, 105-114 passim, 117, 121, 123

1917-1920, 128, 131, 140, 143

Zarate, Julio, 21

Zarco, Francisco, 19

Zayas, Alfredo, 227-232 passim, 234, 235;

presidente de Cuba (1921-1925), 233-235

Zelaya, José Santos, 75, 205, 207, 208

Zemurray, Samuel, 196

Zimmermann, A., 122, 124, 125, 126

ÍNDICE DE MAPAS

México durante la Revolución

América Central y el Caribe

ÍNDICE DE CUADROS

Capítulo 2

1. La producción en la economía mexicana, productos seleccionados, 1910-1920

2. Valor de las exportaciones e importaciones mexicanas, 1910-1920

3. Valor, en dólares, del peso en billete, 1913-1916

4. Distribución, definitiva de tierra a poblados al amparo del decreto de 6 de enero de 1915 y el artículo 27 de la Constitución de 1917, 1915-1920

Capítulo 3

1. Exportaciones mexicanas, 1903-1927

2. Valor de las exportaciones, 1909-1910 y 1926

3. La industria petrolera mexicana, 1911-1927

4. Producción mundial de petróleo, 1910-1927

5. Producción agrícola per cápita

Capítulo 4

1. La población de América Central, c. 1870 - c. 1930

Capítulo 6

1. Azúcar aportado al mercado norteamericano: fuentes de abastecimiento

Capítulo 7

1. República Dominicana: derechos de aduana por puerto, 1869, 1895, 1896

2. República Dominicana: principales socios comerciales, 1910-1916

Notas

[1] Para un análisis detallado de la política mexicana entre 1855-1867, véase Bazant, HALC, VI capítulo 3. <<

[2] Citado por Gastón García Cantú, El socialismo en México, México, 1969, p. 173. <<

[3] Ibid., pp. 60, 76. <<

[4] Citado por Luis González y González en «Los campesinos», en Daniel Cosío Villegas, ed., Historia moderna de México: la república restaurada. Vida social, México, 1956, p. 186. <<

[5] Citado por Donald Fithian Stevens en «Agradan policy and instability in Porfirian México», The Americas, 39 (octubre de 1982), p. 161. <<

[6] Karl Kaerger, Landwirtschaft und Kolonisation im Spanisches Südamerika, 2 vols., Leipzig, 1901-1902, II, p. 637. <<

[7] United States Senate Documents, Foreign Relations Committee, Investigation of Mexican Affairs, Informes y Audiencias del 66.º Congreso, 2.ª sesión, Documento del Senado n.º 285, 2 vols., Washington, 1920, II, p. 2.326. <<

[8] Biblioteca del Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana; Segundo Congreso Agrícola de Tulancingo, México, 1906, pp. 144-145. <<

[9] Documentos del despacho de Asuntos Exteriores alemán, Archivos del Despacho de Asnillos Exteriores en Bonn, México, vol. 17, Wangenheim a Bülow, 7 de enero de 1907. <<

[10] David Walker, «Porfirian labor politics: working class organizations in México City and Porfirio Díaz, 1876-1902», The Americas, 37 (enero de 1981), pp. 268, 272. <<

[11] John Coatsworth, «The state and the external sector in México 1800-1900» (ensayo inédito). La estimación del producto nacional bruto se basa en Leopoldo Solís, «La evolución económica de México a partir de la Revolución de 1910», Demografía y Economía, 3/1 (1969), p. 4. <<

[12] Archivos del Ministerio de Exteriores francés, París, CC, Mexique, vol. 17, Blondel a Delcassé, 3 de diciembre de 1900. <<

[13] Departamento Agrario, Dirección de Terrenos Nacionales, Diversos, Chihuahua, Exp. 178, Carta de los habitantes de Namiquipa al presidente Porfirio Díaz, 20 de julio de 1908. <<

[14] Estos comentarios son parte de una entrevista que Madero concedió a la Hearst Press en 1911. Aparecen citados en Jerry W. Knudson, «When did Francisco I. Madero decide on Revolution?», The Americas, 30 (abril de 1974), pp. 532-534. <<

[15] Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Viena, Politisches Archiv, México Reports, 1902, Auersthal a Goluchowsky, 24 de noviembre de 1902. <<

[16] GFO Bonn, México I, vol 25, Bünz a Bethmann-Hollweg, 4 de diciembre de 1910. <<

[1] Isidro y Josefina E. de Fabela, eds., Documentos históricos de la revolución mexicana, 27 vols., México, 1960-1976, V, pp. 69-76. <<

[*] Datos incompletos. <<

[*] Datos incompletos. <<

[*] Datos incompletos. <<

[*] Datos incompletos. <<

[*] Datos incompletos. <<

[*] Datos incompletos. <<

[*] Datos incompletos. <<

[2] Lorenzo Meyer, México and the United States in the oil controversy, 1917-1942, Austin, Texas, 1977, p. 31 (versión cast.: México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero [1917-1942], México, 1968). <<

[3] P. Edward Haley, Revolution and intervention. The diplomacy of Taft and Wilson with México, 1910-1917, Cambridge, 1970, p. 48. <<

[4] Luis Cabrera, La revolución es la revolución. Documentos, Guanajuato, 1977, pp. 137-145. <<

[5] Luis Liceaga, Félix Díaz, México, 1958, p. 216. <<

[6] Ibid., pp. 302-303. <<

[7] Haley, Revolution and intervention, p. 98. <<

[8] Arthur S. Link, Wilson: the new freedom, Princeton, 1956, pp. 357-358, 361. <<

[9] Jesús Carranza Castro, Origen, destino y legado de Carranza, México, 1977, p. 199. <<

[10] Kenneth J. Grieb, The United States and Huerta, Lincoln, 1969, pp. 115-116. <<

[11] Link, Wilson: the new freedom, p. 396. <<

[12] Ibid., p. 407. <<

[13] Ibid., pp. 408-409. <<

[14] Jesús Silva Herzog, Breve historia de la Revolución mexicana, 2 vols. México, 1960, II, pp. 144-160. <<

[15] Haley, Revolution and intervention, pp. 149-150. <<

[16] United States Department of State, Papers relating to the foreign relations of the United States, 1914, Washington, 1922, p. 575. <<

[17] Friedrich Katz, «Agrarian changes in northern México in the period of Villista rule, 1913-1915», en Contemporary Mexico: Papers of the IV International Congress of Mexican History, Los Ángeles, 1976, pp. 261, 272. <<

[18] John Womack, Jr., Zapata and the Mexican revolution, Nueva York, 1968, pp. 217-218. <<

[19] Fabela y Fabela, Documentos históricos, IV, pp. 107-112. <<

[20] Haley, Revolution and intervention, p. 155. <<

[21] Arthur S. Link, Wilson: the struggle for neutrality, 1914-1915, Princeton, 1960, pp. 476-477. <<

[22] Haley, Revolution and intervention, p. 164. <<

[23] Link, Wilson: the struggle, p. 480. <<

[24] Ibid., p. 493. <<

[25] Ibid., p. 639. <<

[26] Fabela y Fabela, Documentos históricos, IV, pp. 153-156. <<

[27] Canova a Lansing, 13 de octubre de 1915, United States National Archives (USNA), Kecord Group 59, 812.00/ 16546-1/2; Canova a Lansing, 16 de octubre de 1915, USNA 59, 512.00/ 16547-1/2; Lansing, memorándum a Arredondo, 19 de octubre de 1915, USNA 59, 812.00/ 16.548-1/2 <<

[28] Luis Araiza, Historia del movimiento obrero mexicano, 4 vols. en uno, México, 1964-1965, III, p. 115. <<

[29] Ibid., III, p. 124. <<

[30] Arthur S. Link, Wilson: confusions and crises, 1915-1916, Princeton, 1960, p. 290. <<

[31] Rosendo Salazar y José G. Escobedo, Las pugnas de la gleba, 1907-1922, 2 vols. en uno, México, 1923, I, p. 179. <<

[32] Robert F. Smith, The United States and revolutionary nationalism in México, 1916-1972, Chicago, 1972, p. 57. <<

[33] Friedrich Katz, The secret war in México: Europe, the United States, and the Mexican revolution, Chicago, 1981, p. 354. <<

[34] Diario de los debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, 2 vols., México, 1960, I, pp. 641-682; E. Víctor Niemeyer, Jr., Revolution at Querétaro: the Mexican Constitutional Convention of 1916-1917, Austin, Texas, 1974, pp. 60-61, 220-222. <<

[35] Haley, Revolution and intervention, p. 245; Smith, United States and revalutianary nationalism, pp. 89, 91, 105-106. <<

[36] Katz, The secret war, p. 363. <<

[37] Ibid., p. 293. <<

[38] United States Department of State, Papers relating to the foreign relations of the United States, 1917, Washington, 1926, p. 1.072. <<

[39] Salazar y Escobedo, Las pugnas de la gleba, I, p. 245. <<

[40] Smith, United States and revolutionary nationalism, p. 118. <<

[41] Ibid., p. 122. <<

[42] Liceaga, Félix Díaz, pp. 489-504. <<

[43] Edgar Turlington, Mexico and her foreign creditors, Nueva York, 1930, p. 275. <<

[44] Smith, United States and revolutionary nationalism, p. 154. <<

[45] United States Senate, Committee on Foreign Relations, Investigation of Mexican affairs: preliminary report and hearings, 66.º Congreso, 2.ª sesión, 2 vols., Washington, 1920, I, p. 3. 3. <<

[46] El Universal, 21 y 30 de noviembre; 5, 6, 16, 24 y 25 de diciembre de 1919. <<

[47] Smith, United States and revolutionary nationalism, p. 162. <<

[48] Congressional Record, 66 Congress, 2.ª sesión, LIX, primera parte, 1919-1920, p. 73. <<

[49] J. T. Dickman, General conditions along the Mexican Border, Weekly Repon, n.º 162, 20 de marzo de 1920, USNA 59, 812.00/ 22844. <<

[50] Gamoy al Departamento de Estado, 9 de mayo de 1920, USNA 59, 812.00/ 24119. <<

[51] Hanna al Departamento de Estado, 30 de abril de 1920, ibid., 812.00/ 23781. <<

[52] Clodoveo Vaienznela y Amado Chaverri Matamoros, Sonoray Carranza, México, 1921, pp. 274-275. <<

[53] Ibid., p. 362. <<

[54] The New York Times, 30 de abril de 1920. <<

[55] Partido Reconstrucción Nacional, Recopilación de documentos y de algunas publicaciones de importancia, Monterrey, 1923, pp. 66-78. <<

[56] L. N. Ruvalcaba, ed., Campaña política del C. Alvaro Obregón, candidato a la presidencia de la República, 1920-1924, 5 vols., México, 1923, IV, p. 151. <<

[57] The New York Times, 11 de junio de 1920. <<

[58] Ibid., 3 de julio de 1920. <<

[59] Ibid., 27 de agosto de 1920. <<

[60] Ibid., 28 y 31 de agosto de 1920. <<

[61] Ibid., 9 de septiembre de 1920. <<

[62] Ibid., 10 de septiembre de 1920. <<

[63] Ibid., 16 de octubre de 1920. <<

[64] Ibid., 18 de noviembre de 1920. <<

[65] Bernardo J. Gastélum, La Revolución mexicana. Interpretación de su espíritu, México, 1966, p. 401. <<

[*] El editor quiere agradecer al profesor John Womack y al doctor Alan Knight su ayuda en la elaboración definitiva de este capítulo. <<

[1] Véase Héctor Aguilar, La frontera nómada. Sonora y la revolución mexicana, México, 1977. <<

[2] Entrevistas con Luis L. León por Jean Meyer, México, 1968 y 1973-1974. <<

[3] Calles, «The policies of Mexico today», Foreign Affairs (octubre de 1926). <<

[4] José Clemente Orozco, Autobiografía, México, 1970, pp. 57-63. <<

[5] Edición facsímil, Fondo de Cultura Económica, México, 1981. Véase también Martin, HALC, VIII, capítulo 4, pp. 158-228. <<

[6] National Archives, Washington DC, Military Intelligence Division, 2.657-G-605/210, 5 de septiembre de 1929. <<

[7] José Vasconcelos, Obras completas, 4 vols., México, 1957-1961, II, p. 162. <<

[8] La expresión proviene de Manuel Gómez Morín, 1922. <<

[9] Memorándum de Manuel Gómez Morín, citado en Jean Meyer, Historia de la Revolución mexicana, XI, México, 1977, p. 286. <<

[10] Véase John Womack, Jr., «The Mexican economy during the revolution, 1910-1920: hisioriography and analysis», Marxist Perspectives, 1/4 (1978), pp. 80-123. Véase también Womack, HALC, IX, capítulo 2. <<

[11] Véanse G. Butler Sherwell, Mexico’s capacity to pay. A general analysis of the present international economic position of Mexico, Washington, DC, 1929, p. 70, y J. E. Sterrett y J. S. Davis, The fiscal and economic condition of Mexico. Informe enviado al International Committee of Bankers on México, 1928, p. 124 <<

[12] Estadística Nacional, enero de 1928. <<

[13] Estadística Nacional, 15 de julio de 1927, p. 5 <<

[14] Sterrett y Davis, The fiscal and economic condition of Mexico, p. 200. <<

[15] Merill Rippy, Oil and the Mexican Revolution, Muncie, Indiana, 1972, pp. 166-167; Sterrett y Davis, The fiscal and economic condition of México, pp. 200-201. <<

[16] Estadística Nacional, febrero de 1929, pp. 74-76, y Rippy, Oil and the Mexican Revolution, pp. 124-125. <<

[17] National Archives, Washington DC, Military Intelligence Division, 2.525-G-II/9, 24 de mayo de 1932. <<

[18] W. English Walling, The Mexican question, Nueva York, 1927, citado en Enrique Krauze, Historia de la Revolución mexicana, X, México, 1977, p. 25. <<

[19] Citado en Jean Meyer, La Révolution mexicaine, París, 1973, p. 102 (hay trad. cast.: La revolución Mexicana, Jus, México, 1992). <<

[20] Véase, por ejemplo, Correspondence Internationale, 25, 20 de febrero de 1927, p. 327. <<

[21] Meyer, Révolution mexicaine, pp. 244-245. <<

[22] Paul Friedrich, Agrarian revolt in a Mexican village, Englewood Cliffs, NJ, 1970; Luis González y González, Pueblo en vilo; microhistoria de San José de Gracia, México, 1979³, pp. 186, 195. <<

[23] Marjorie Clark, Organized labor in Mexico, Chapel Hill, NC, 1934, pp. 161-162. <<

[24] En Luis González y González, Los presidentes de México ante la nación, México, 1966, III, p. 423. <<

[25] E. N. Simpson, The ejido. Mexico’s way out, Chapel Hill, NC, 1937, pp. 175, 214. <<

[26] Estadística Nacional, marzo de 1929, p. 95, mayo de 1929, p. 76, y Simpson, The ejido, pp. 175, 214. <<

[27] Sterrett y Davis, The fiscal and economic condition of México, p. 152. <<

[*] Sin Belice. <<

[1] Véase Carmen S. de Malavassi y Belén Andrés S., «El café en la historia de Costa Rica», tesis inédita, San José, 1958, pp. 35-36. <<

[2] David Browning, El Salvador. Landscape and society, Oxford, 1971, p. 224. <<

[3] Joaquín Bernardo Calvo, Apuntamientos geográficos, estadísticos e históricos, San José, 1887, p. 47. <<

[4] FALTAN LAS PÁGINAS 194-195 (Nota del ed. digital). A continuación la laguna textual, con la nota 4, de la versión en inglés:

(…) The Salvador Railway Company (which was British) was granted in 1885 a concession to construct a railway linking the main coffee zones to the port of Acajutla. Another railway built later on with American capital connected with the Guatemalan network thus permitting the export of Salvadoran coffee through Puerto Barrios. Deprived of an Atlantic coast, before the construction of the Panama canal El Salvador was more isolated than Costa Rica and Guatemala from the more important world markets for coffee.

The main buyers of Costa Rican coffee during the nineteenth century were Britain, France, Germany and the United States. The commercial and financial links with England only began to weaken after the first world war, as those with the United States became more important. To begin with, Guatemala sold its coffee mainly to Britain. The British remained Guatemala’s most important suppliers, but first the United States, then Germany, then during the first world war the United States again, replaced Britain as the principal importers of Guatemalan coffee. El Salvador, at the beginning of the twentieth century, sold coffee mainly to France, the United States, Germany, Italy and Britain, in that order.

Coffee became the most important export crop first in Costa Rica (during the 1830s and 1840s), then in Guatemala (where it displaced cochineal in 1870) and finally in El Salvador (where it displaced indigo in 1880). Its value as a percentage of total exports reached a maximum at the end of the nineteenth century in Guatemala (92 per cent in 1880) and Costa Rica (91 per cent in 1890). In El Salvador it did not dominate the export trade so thoroughly until the twentieth century, when the Salvadoran economy came to be the most dependent on coffee exports.

It is therefore easy to understand that the crises in the world coffee market —caused by overproduction or occurring as a result of general capitalist crisis— had very serious economic consequences for Central America. The most important of these crises occurred during the period 1897-1907 (as a result of a worldwide overproduction of coffee) and during the 1930s following the crash of 1929; coffee prices did not recover their 1929 level until 1946. The main effects of the expansion of coffee during this period were similar in Costa Rica, Guatemala and El Salvador. Subsistence agriculture activities were steadily displaced by coffee in certain zones. The development of monoculture not only changed the countryside, it provoked severe crises in the national food supply. Sometimes the food shortage forced governments to pass laws prohibiting the export of grains and cattle and encouraging their importation, setting maximum prices for basic foodstuffs, and so on, but these measures never added up to an effective solution of the problem. In Costa Rica, as the best lands of the central valley were gradually taken over by coffee, the production of maize, beans, sugar-cane (for internal consumption) and cattle for meat and milk supply was relegated to waste lands around the coffee zone. As the sources show abundantly, subsistence crises became frequent and foodstuffs, which had been very cheap at the time of independence, became very costly. In Guatemala, a report from the department of agriculture (a section of the ministry of development) in 1902 declared that the supply of staple products for popular consumption had been adequate and their prices low before the expansion of coffee; but coffee had changed all that, and foodstuffs were now often imported and were expensive. Measures were then adopted to encourage the production of maize, potatoes, beans, rice and wheat, with scarcely any noticeable effect. In the central and most densely populated zone of El Salvador, although later than in Costa Rica and Guatemala, coffee cultivation also ousted maize and other basic foodstuffs, which had began to be produced on less fertile soils, and sometimes on land occupied by squatter peasants during the months separating one coffee harvest from the next.

There can be little doubt that the coffee-growing élite exercised a decisive influence over the social, political and economic life of these countries (particularly Costa Rica). The coffee export tax was the one great source, apart from foreign loans, of finance for important projects such as roads, railways and public buildings. Gradually in Costa Rica, and more precipitously in Guatemala and El Salvador, coffee expansion provoked a thorough reorganization of social and economic structures and was instrumental in the full integration of these countries into the world market, with all the accompanying advantages and disadvantages.

Enclave economies⁴

Banana plantations and gold and silver mines constituted enclave economies in Central America. The plantations, far more important historically than the mining ventures, were at the beginning a kind of projection or consequence of the railway contracts, but they came to be a central feature of the Central American economies on their own account.

Bananas became an object of international trade in 1870, when regular exports from Honduras to New Orleans were established by the New Orleans Bay Island Fruit Company. Rival companies soon appeared. The expansion of the American market then provided a strong incentive for the establishment of banana plantations in Central America from the 1890s.

The first stage in the development of the banana business was marked by strong competition both at the level of production and trade. Bananas were cultivated by independent labourers, with very small investment and good probabilities of profit. The American merchants who shipped the fruit to the United States, while bringing pressure on the Central American producers to keep prices low (as bananas are a very perishable product, the farmers were in a hurry to sell)…

⁴ For a definition of enclave economy, see Fernando H. Cardoso and Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en America Latina (Mexico, 1975), 48-j j. This section follows closely Gro Cardoso and Héctor Pérez Brignoli, Centroamérica y la economía occidental (1520-1930) (San José, 1977), chapter 9. <<

[5] Samuel Stone, La dinastía de los conquistadores, San José, 1975. <<

[6] Véase Edelberto Torres Rivas, Interpretación del desarrollo social centroamericano, San José, 1971, pp. 75-82. <<

[1] Para entonces, el número de esclavos había descendido de un máximo de casi medio millón (44 por 100 de la población) en 1841 a 367.350 (menos del 30 por 100 de una población de 1,4 millones) en 1860, Ramón de la Sagra, Cuba en 1860. Cuadro de sus adelantos en la población, la agricultura, el comercio y las rentas públicas, París, 1863; publicado por primera vez como suplemento de su obra en 12 volúmenes Historia política y natural de la Isla de Cuba, p. 9. <<

[2] En contraste con lo que había ocurrido en el resto de América Latina, durante las guerras de la independencia en Cuba, el clero permaneció leal a España de forma casi unánime. Ello se debió principalmente a las reformas liberales españolas de 1826-1841, que privaron al clero de la mayor parte de sus recursos, y al concordato de 1851, que prácticamente transformó la Iglesia en un instrumento del Estado español. Después de la independencia, el recuerdo de esta actitud anticubana debilitó mucho la influencia de la Iglesia católica en Cuba. <<

[3] El presidente Ulysses S. Grant se inclinaba a reconocer la beligerancia cubana, pero su secretario de Estado, Hamilton Fish, que mantenía la tradicional política norteamericana de tener a Cuba bajo el control de una potencia débil como España hasta que las cosas estuvieran maduras para la anexión, consiguió desbaratar siempre sus intenciones. Véase Philip S. Foner, A history of Cuba and its relations with the United States, 2 vols., Nueva York, 1962-1963, II, pp. 204-220. <<

[4] Leonel Antonio de la Cuesta y Rolando Alum Linera, eds., Constituciones cubanas, Nueva York, 1974, p. 127. <<

[5] Enrique Collazo, Cuba independiente, La Habana, 1912, p. 195. <<

[6] Para la declaración de Cleveland, a la que siguió una todavía más explícita del secretario de Estado Richard B. Olney, véase Foreign relations of the United States, Washington, 1897, pp. XXIX-XXX. <<

[7] La solución intermedia fue en realidad una victoria para el general Gómez. Para el texto de la declaración de Gómez, véase Bernabé Boza, Mi diario de guerra, La Habana, 1906, II, pp. 14-17. <<

[8] García a Estrada Palma, 31 de agosto de 1897, en Boletín del Archivo Nacional (Cuba), 26, enero-diciembre de 1936, pp. 108-112. <<

[9] Para el texto completo de la carta, véase Amalia Rodríguez Rodríguez, Algunos documentos políticos de Máximo Gómez, La Habana, 1962, pp. 12-13. <<

[10] R. A. Alger [secretario de la Guerra norteamericano], The Spanish-American war, Nueva York, 1901, p. 64. <<

[11] Los norteamericanos conocían, por medio de cifras impresionantes, la devastación que la fiebre amarilla había causado en el ejército español. Según Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XIX, Barcelona, 1975, p. 92, en mayo de 1897 el ejército español había sufrido 2.129 muertos en combate, 8.627 y 53.000 muertos o enfermos gravísimos a causa de la fiebre amarilla. Véase también Pedro Roig, La guerra de Martí, Miami, 1984, pp. 65-66. <<

[12] Hasta julio no recibió el general Gómez una expedición de abastecimiento desde los Estados Unidos. Del estado en que se encontraban las tropas cubanas después de tres años de lucha da una idea el hecho de que muchos soldados enfermaron y algunos murieron al devorar las provisiones norteamericanas. <<

[13] Gómez al brigadier Méndez Capote, en Amalia Rodríguez Rodríguez, Documentos políticos, p. 31. En sentido riguroso, tenía razón el general, que sabía muy bien cómo se había formado la asamblea constituyente en Jimaguayú. Pero no se percató de lo importante que en esa coyuntura era tener un gobierno civil, respaldado por el ejército cubano, capaz de tratar con los lisiados Unidos. <<

[14] Citado en David F. Healy, The United States in Cuba, 1898-1902, Madison, 1963, p. 72. <<

[15] Fernando Freire de Andrade, 18 de enero de 1899, en Amalia Rodríguez Rodríguez, Documentos políticos, p. 48. <<

[16] Citado en Healy, United States in Cuba, p. 143. <<

[17] Elihu Root repitió ante los cubanos la declaración oficial que había mandado al general Leonard Wood, gobernador militar de Cuba. Root a Wood, 2 de abril de 1901, Papeles de Elihu Root, Biblioteca del Congreso, Washington. <<

[18] Véase el informe favorable (21 de enero de 1905) de Squiers, ministro norteamericano en la Habana, en Herminio Portell Vila, Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados Unidos y España, 4 vols., La Habana, 1939, IV, p. 423. <<

[19] Citado en Allan Reed Millet, The politics of intervention: the military occupation of Cuba, 1906-1909, Columbus, Ohio, 1968, p. 146. <<

[20] United States Department of State, Foreign relations of the United States, 1913, Washington, 1920, p. 337. <<

[21] Citado en Louis A. Pérez, Intervention, revolution, and politics in Cuba, 1913-1921, Pittsburgh, 1978, p. 127. <<

[22] Alberto Arredondo, Cuba: tierra indefensa, La Habana, 1945, p. 333. <<

[23] Véanse sus últimos discursos en Defensa de Cuba, La Habana, 1948, pp. 146-149. Ya en 1909 Sanguily había propuesto una ley, que el Congreso nunca aprobó, que prohibía la venta de tierras cubanas a extranjeros. <<

[24] Robert F. Smith, The United States and Cuba: business and diplomacy, 1917-1960, New Haven, 1960, p. 100. El autor afirma que «el Departamento de Estado en realidad no cambió de política… Los intereses comerciales norteamericanos estaban satisfechos, de modo que no hubo motivo para hacer nada más», ibid., p. 101. <<

[25] Carta al autor, fechada 18 de enero de 1968. Típicamente, en 1934 Martínez Sáenz y la mayor parte de su generación ya habían rechazado las ideas marxistas y chocado con el Partido Comunista. <<

[26] Foreign relations of the United States, 1930, Washington, II, pp. 663-665. <<

[27] Los programas y manifiestos del ABC pueden consultarse en Doctrina del ABC, La Habana, 1942. Algunos de los intelectuales jóvenes más prominentes del período, como Jorge Mañach y Lincicrio Sanlovenia, contribuyeron a la formulación del programa. <<

[28] Enrique Fernández, La razón del 4 de septiembre, La Habana, 1950, p. 40. Seis años después, los principales participantes en el episodio organizaron el Partido Auténtico, que gobernaría Cuba desde 1944 hasta 1952. <<

[1] George D. Flinter, An account of the present State of the Island of Puerto Rico, Londres, 1834, p. 17. <<

[2] Antonio Alfau y Baralt, Los partidos antillanos, estudio político, San Juan, 1886, p. II. <<

[3] Artículo de prensa, «Las causas del mal» (1891), reproducido en sus Campañas políticas, 2 vols., Madrid, 1925, I, p. 24. <<

[4] Véanse las obras de Francisco Mariano Quiñones, Conflictos económicos, Mayagüez, Puerto Rico, 1888, e Historia de los Partidos Reformista y Conservador en Puerto Rico, Mayagüez, 1889. <<

[5] Por ejemplo, Muñoz Rivera, Campañas, p. 34. Otro ejemplo claro de este estilo político os luán Arrillaga Roque, Memorias de Antaño, Poncc, Pucrlo Rico, 1910. <<

[6] Título de un artículo muy influyente de Muñoz Rivera en La Democracia, 18 de julio de 1896, reproducido en Campañas. <<

[7] Véanse los debates en torno a esta cuestión que tuvieron lugar en la asamblea del Partido Autonomista y se publicaron en el periódico La Correspondencia de Puerto Rico, 14 de febrero de 1897. Pilar Barbosa de Rosario, La Comisión Autonomista de 1896, San Juan, 1957, constituye un análisis excelente de esta división desde el punto de vista del sector profesional que la autora califica de «idealista». La situación política general en España en aquel momento puede examinarse en M. Fernández Almagro, Historia política de la España contemporánea, Madrid, 1968, vol. II, cap. 7, vol. III, cap. 1; Bolívar Pagán, Procerato puertorriqueño del siglo XIX, San Juan, 1961, pp. 475-476. <<

[8] Véase Andrés Ramos Mattei, La hacienda azucarera: su crecimiento y crisis en Puerto Rico (siglo XIX), San Juan, 1981. <<

[9] Victor S. Clark y otros, Porto Rico and its problems, Washington, 1930, p. 643. <<

[10] Baily W. y Justine W. Diffie, Porto Rico: a broken pledge, Nueva York, 1931, cap. 5. Datos en el volumen de exportaciones, en H. S. Perloff, Puerto Rico’s economic future, Chicago, 1950, p. 136. <<

[11] José A. Herrero, La mitología del azúcar, un ensayo de historia económica de Puerto Rico, San Juan, 1975, p. 8. <<

[12] A. D. Gayer y otros, The sugar economy of Puerto Rico, Nueva York, 1938, p. 155. <<

[13] Datos en el US Bureau of the Census, Census of manufactures 1914, Washington, 1919, II, p. 428. El interés norteamericano por el azúcar sin refinar para la elaboración lo confirman datos presentados en el Senado de los Estados Unidos, 59.º Congreso, 1.ª sesión, Doc. 250, Production and commercial movement of sugar 1895-1905, Washinglon, 1906. <<

[14] Judd Polk, «Plight of Puerto Rico», Political Science Quarterly, 57/4 (1942), p. 485. <<

[15] Véase Arcadio Díaz Quiñones, «La isla afortunada: sueños liberadores y utópicos de Luis Lloréns Torres», Sin Nombre, 6/1 y 2 (1975). <<

[16] José G. del Valle, A través de 10 años, Barcelona, 1907, pp. 116, 198. También José de Jesús Tizol, El malestar económico de Puerto Rice, San Juan, 1922, pp. 86-88. <<

[17] US Bureau of the Census, Thirteenth Censas of the US, Washington, 1913, VII, p. 989. <<

[18] Véase un análisis más detallado en A. G. Quintero-Rivera, «El capitalismo y el proletariado rural», Revista de Ciencias Sociales, 183-184 (1974), pp. 66-75. <<

[19] Esteban Bird, Report on the sugar industry in relation to the social and economic System of Puerto Rico, Senado de Puerto Rico, San Juan, 1942. <<

[20] Ejemplos en The rural land classification program of Puerto Rico, Evanston, Illinois, 1952, pp. 247, 251-253. También en C. F. Jones y Rafael Picó, eds., Symposium on the geography of Puerto Rico, San Juan, 1955. <<

[21] Véase Sidney W. Mintz y Eric Wolf, «An analysis of ritual coparenthood in Puerlo Rico», Southwestern Journal of Anthropology, 64 (1950). <<

[22] A. G. Quintero-Rivera, «Socialist and cigarmaker: artisans’ proletarianization in the making of the Puerto Rican working class», Latín American Perspectives, 10/2-3 (1983), p. 31. <<

[23] Por ejemplo el doctor José C. Barbosa, Orientando al pueblo, San Juan, 1939, en particular los ensayos «Conversación familiar» y «Contra americanización». <<

[24] Datos en Gayer y otros, The sugar economy, cuadros 31, 33, 52-54, que se han resumido en A. G. Quintero Rivera, Conflictos de clase y política en Puerto Rico, San Juan, 1976, pp. 66-67. <<

[25] Dudley Smith, Growth of business activity in Puerto Rico and underlying causes, Washington, 1938, p. 42. <<

[26] Véase Thomas G. Matthews, Puerto Rican politics and the New, Deal, Gainesville, 1960, ), especialmente el capítulo 6. <<

[27] A. Monteagudo y A. Escámez, Álbum de oro de Puerto Rico, La Habana, 1939, y PRAA según la prensa (compilación de recortes de periódico encuadernada en tres volúmenes que se guarda en la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca Lázaro de la Universidad de Puerto Rico). <<

[28] Véase US Department of Labor, Appendixes supporting report on home needlework industry, Washington, 1937. <<

[29] Véase Samuel Silva Gotay, «La iglesia ante la pobreza: el caso de las iglesias protestantes históricas», Revista de Administración Pública, 4/2, Puerto Rico, 1971. <<

[30] El mejor ejemplo de ello es A. S. Pedreira, Insularismo, Madrid, 1934 (otra ed. en Vosgos, Barcelona, 1979). <<

[31] Profusamente ilustrada y demostrada en Roberto H. Todd, Desfile de gobernadores 1898-1943, San Juan, 1943. Todd era un profesional y miembro fundador del partido pro norteamericano. <<

[32] Por ejemplo, Pedro Albizu Compás, República de Puerto Rico, Montevideo, 1972, antología de documentos de 1930-1932, pp. 24, 28-30, 69, 77 et passim. <<

[33] ACLU, Commission of Inquiry on the Civil Rights in Puerto Rico, Report, sin lugar, 1937. <<

[34] Véase Isabel Picó, La protesta estudiantil en la década del 30, San Juan, 1974. <<

[1] O. Wardrop al marqués de Lansdowne, 15 de diciembre de 1902, Public Record Office, Londres (PRO), FO 35/177. <<

[2] J. M. Langston, «Trade and commerce of Haiti», 20 de noviembre de 1884, en Reporta from the consuls of the U. S. on the Commerce, Manufactures, etc., of their Consular Pistricts, n.º 54, Washington, 1885, p. 361. <<

[3] Había casi 2.000 súbditos británicos de las Indias Occidentales en Haití en 1875. R. Stuart al conde de Granville, 23 de enero de 1883, PRO, FO 35/118. <<

[4] L. J. Janvier, Les Antinationaux, París, 1884, p. 46. <<

[5] Estos escritores se consideran de forma más completa en David Nicholls, From Dessalines to Duvalier: race, colour and national independence in Haití, Cambridge, 1979, pp. 126 y ss. <<

[6] De esta cuestión se ocupa más detalladamente David Nicholls, Economic developmvtu and political autonomy: the Haitian experience, Montreal, 1974, pp. 14 y ss. <<

[7] A. G. Vansittart, General report on the Republic of Haití for the year 1906, PRO, FO 371/266, y J. B. Tetres al subsecretario de Estado, 16 de febrero de 1906, en US National Archives, Washington, Departamento de Estado, microfilm T346, rollo 10. <<

[8] Hans Schmidt, The United States occupation of Haití, 1915-1934, New Brunswick, Nueva Jersey, 1971, p. 54. Por supuesto, puede que en gran parte el interés general por el control estratégico se explique en términos económicos, pero se trata de un asunto distinto. <<

[9] Citado en ibid., p. 79. <<

[10] Report of the American High Commissioner in Haití for 1928, Washington, 1929, p. 7. <<

[11] Jean Price Mars, Ainsi parla l’oncle, Nueva York, 19542, p. 236. <<

[12] El grupo tomó su nombre de una tradicional institución africana: el griot es el poeta, el narrador de historias, el mago de la tribu que perpetúa las costumbres, las creencias y los mitos tribales. Sobre el grupo de los griots, véase Nicholls, From Dessalines to Duvalier, pp. 167-172. <<

[13] Véase David Nicholls, «Biology and politics in Haití», Race, 13 (1971), pp. 201-214. <<

[14] Lilyan Kesteloot, Les Écrivains noirs de langue française: naissance d’une littérature, Bruselas, 1965. <<

[15] A. C. Millspaugh, «Our Haitian problem», Foreign Affairs, 7 (1929), p. 560. <<

[16] L. Agel al Ministro, 2 de junio de 1921, Archives du Ministére des Affairs Étrangeres, París, Corr. Pol., Amérique 1918-1940, Haití 15. <<

[17] S. Vincent, En posant les jalnns. Puerto Príncipe, 1.939, I, p. 153. <<