Este libro documenta y denuncia un caso muy relevante y descarado de saqueo de lo público. No se trata de un caso aislado sino que, por desgracia, ejemplifica y culmina prácticas que han venido siendo comunes en nuestro país durante los últimos tiempos. El interés de este libro trasciende del que correspondería a un notable estudio de caso, para ilustrar de forma más general el saqueo de lo público que han venido practicando impunemente ciertas elites o «castas» en nuestra coronada y despótica democracia. «Castas» o elites que acostumbran a camuflar su comportamiento caciquil enarbolando a modo de señuelo banderas liberales y democráticas para desviar las críticas hacia supuestos imperativos de los mercados y la competitividad que ellos mismos se saltan a la torera a diario, para imponer y adjudicar sigilosamente a la carta privatizaciones, operaciones, plusvalías, contratas y regalos en beneficio de intereses bien particulares, y en perjuicio de la mayoría.

AA. VV.

Mas claro agua

El plan de saqueo del Canal de Isabel II

ePub r1.1

Titivillus 12.11.2021

AA. VV., 2014

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

traficantes de sueños

Traficantes de Sueños no es una casa editorial, ni siquiera una editorial independiente que contempla la publicación de una colección variable de textos críticos. Es, por el contrario, un proyecto, en el sentido estricto de «apuesta», que se dirige a cartografiar las líneas constituyentes de otras formas de vida. La construcción teórica y práctica de la caja de herramientas que, con palabras propias, puede componer el ciclo de luchas de las próximas décadas.

Sin complacencias con la arcaica sacralidad del libro, sin concesiones con el narcisismo literario, sin lealtad alguna a los usurpadores del saber, TdS adopta sin ambages la libertad de acceso al conocimiento. Queda, por tanto, permitida y abierta la reproducción total o parcial de los textos publicados, en cualquier formato imaginable, salvo por explícita voluntad del autor o de la autora y solo en el caso de las ediciones con ánimo de lucro.

Omnia sunt communia!

Terror preventivo

Ventana borrascosa abierta al borde de las ruinas,

ven y asómate, hermano,

¿no ves en esa trama

preconcebida de la iniquidad

como un tajo feroz mutilando el futuro?

Y allí mismo, detrás de la estrategia irrevocable del terror, ¿no escuchas el sanguinario paso de la secta,

la marca repulsiva

del investido de poderes,

sus rapiñas, sus mañas, sus patrañas?

Atroz historia venidera,

¿en qué manos estamos, cuántas trampas tendrá que urdir la vida para seguir viviendo?

J. M. CABALLERO BONALD,

Manual de infractores

PRÓLOGO

QUIENES FORMAMOS la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y la Marea Azul surgida del 15M hemos asumido el compromiso de analizar, documentar y denunciar el plan de saqueo de la empresa pública Canal de Isabel II (CYII) y de promover la movilización social que lo impida. Este libro quiere contribuir a la toma de conciencia ciudadana con este fin. Si no fueran tan trágicas las consecuencias de las decisiones políticas y económicas adoptadas por quienes gobiernan la cosa pública como si fueran amos despóticos de su finca, tendría gracia que nos califiquen de antisistema, estos muñidores de la política de puertas giratorias, conseguidores de negocios lucrativos para sus amigos, grandes empresarios, buenos pagadores de los favores debidos al político cuando acaba su gestión.

Incapaces de percibir la transparencia del agua y sacar conclusiones, contaminados por intereses (neo)caciquiles —como muy acertadamente apunta José Manuel Naredo en su imprescindible introducción a este libro—, contrarios a profundizar en la gestión democrática y transparente, pergeñan, desde el poder de las instituciones y desde los puestos de dirección del CYII, la privatización de esta empresa pública que se ha caracterizado por su buen hacer en la gestión del ciclo integral del agua de Madrid desde hace más de 160 años.

Este libro cuestiona en su primera parte la mercantilización del agua. Agradecemos a José Manuel Caballero Bonald la cesión de su poema Terror preventivo, que abre la obra, y de su texto El agua de la vida, que nos ofrece una mirada profunda del agua, «caldo nutricio del que surgiría la vida», un pensamiento que contrasta con la premisa tosca de quien solo piensa el agua como oportunidad de negocio. Pedro Arrojo reflexiona sobre el agua como bien común, desmonta los modelos de privatización en materia de aguas y expone los principios y criterios éticos y ecosistémicos en la gestión del agua; en un segundo capítulo, narra el creciente movimiento ciudadano que promueve en el mundo una gestión pública participativa. Luis Babiano sintetiza algunas de las más importantes movilizaciones habidas en España en defensa del agua y describe las consecuencias de los modelos privatizadores de su gestión.

La segunda parte del libro ofrece información pormenorizada sobre el proceso de desmantelamiento y saqueo de la empresa pública CYII. Liliana Pineda denuncia las prácticas depredadoras que el CYII, convertido en grupo transnacional, desarrolla en Latinoamérica —unos hechos poco conocidos por la ciudadanía—; explica los cambios legislativos que con una cadencia planificada están haciendo posible tanto la privatización como el bloqueo de la información; reflexiona sobre los ingentes bienes patrimoniales que gestiona el CYII, que podrían ser adquiridos, gravados o vendidos como si de un particular se tratase, y analiza el modelo implantado en 2011 por la Sociedad Anónima Canal Isabel II Gestión.

Enrique Ortega demuestra quién gana y quién pierde con la privatización del CYII; pone en evidencia las mentiras esgrimidas para justificarla; ofrece un estudio detallado de los casos de París y Berlín, ciudades que han optado por remunicipalizar el servicio de aguas, y muestra las primeras consecuencias de la instauración de la Sociedad Anónima, preludio de los graves problemas que generará la entrada de capital privado en su accionariado. Santiago Martín y Erika González desmienten la necesidad de privatizar el CYII para garantizar el abastecimiento de agua potable en el futuro y dan a conocer el deterioro ambiental que generarían la construcción de los innecesarios embalses propuestos y la privatización de la gestión del agua. El colectivo Marea Azul describe las movilizaciones contra la privatización del CYII, algunas tan notables como la Consulta Social, la Iniciativa Legislativa Municipal y la Iniciativa Ciudadana Europea, entre otras numerosas acciones, charlas y debates. La Plataforma contra la privatización del CYII propone un modelo de gestión democrática del servicio de agua en la Comunidad de Madrid que garantice la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones. El anexo del final del libro contiene información sobre los movimientos ciudadanos en defensa del agua entre 2010 y 2014.

Agradecemos las ilustraciones cedidas por Arnal Ballester, Javier Serrano, Alfredo, Jesús Gabán, Paul Coulbois, Octavio Colis, Antonio Santos, Isidro Ferrer, Enrique Flores y Raúl, y las fotos de Álvaro Serrano Sierra y José Sánchez Prieto. Quienes participamos en esta obra lo hacemos sin ánimo de lucro, en el convencimiento de que merece la pena colaborar para que otro modelo de gestión de lo público sea posible. Tampoco la editorial, Traficantes de Sueños, obtendrá beneficios por la venta de ejemplares, tan solo cubrirá gastos. Si se genera algún beneficio se dedicará a seguir divulgando experiencias y argumentos que fundamentan el derecho humano al agua y su recuperación como bien común.

INTRODUCCIÓN
Contra el saqueo de lo público

José Manuel Naredo

El presente libro documenta y denuncia un caso muy relevante y descarado de saqueo de lo público. No se trata de un caso aislado sino que, por desgracia, ejemplifica y culmina prácticas que han venido siendo comunes en nuestro país durante los últimos tiempos.

Ilustración de Arnal Ballester

EL INTERÉS de este libro trasciende del que correspondería a un notable estudio de caso, para ilustrar de forma más general el saqueo de lo público que han venido practicando impunemente ciertas elites o «castas» en nuestra coronada y despótica democracia. «Castas» o elites que acostumbran a camuflar su comportamiento caciquil enarbolando a modo de señuelo banderas liberales y democráticas para desviar las críticas hacia supuestos imperativos de los mercados y la competitividad que ellos mismos se saltan a la torera a diario, para imponer y adjudicar sigilosamente a la carta privatizaciones, operaciones, plusvalías, contratas y regalos en beneficio de intereses bien particulares, y en perjuicio de la mayoría.

El Canal de Isabel II (CYII) es una entidad con una larga historia de gestión pública concebida para garantizar el abastecimiento de Madrid con agua de calidad. Al ser Madrid la capital del Estado español, este consideró una cuestión estratégica el abastecimiento de agua de su capital, otorgando al CYII el carácter de empresa pública dependiente del propio Estado central y no, como en otros casos ocurre, de municipios o entidades administrativas de menor rango. Sin embargo la situación cambió con la descentralización de competencias que se produjo asociada al nuevo Estado de las Autonomías: el CYII pasó a ser una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid (CM). No se trata de una empresa cualquiera, sino la más importante de la CM en muchos aspectos, que cuenta con un inmenso patrimonio en terrenos, inmuebles, infraestructuras, dotaciones y derechos que el Estado le fue otorgando o financiando para facilitar su labor. El manejo discrecional de una empresa tan potente y saneada como esta ha venido siendo el oscuro objeto del deseo de intereses privados a los que el Gobierno regional trata de satisfacer con su privatización.

El afán de promover el negocio privado asociado a la privatización de lo público se ha visto impulsado en los últimos tiempos de crisis por una confluencia perversa. Por una parte, la atonía de la actividad económica ordinaria induce a los intereses privados a buscar nuevos nichos de negocio ligados al manejo y la privatización de lo público. Por otra, la caída de la recaudación de impuestos y la crisis presupuestaria empuja a las administraciones locales y regionales a salir del atolladero por el fácil camino de hacer caja vendiendo patrimonio, por mucho que ello suponga para la ciudadanía, y para las propias administraciones locales y regionales, pan para hoy y hambre para mañana. Esta confluencia entre empresarios ávidos de lucrarse a costa de lo público y de políticos conseguidores que se lo facilitan, genera un terreno fértil en comisiones, «sobres» y componendas. Pero la manipulación de lo público para favorecer intereses privados, y el panorama de corrupción que conlleva, no puede durar si se aprecia con toda claridad en regímenes supuestamente democráticos. De ahí que la manipulación y/o malversación de lo público trate de esconderse realizándose en la sombra o de justificarse con mitos y malentendidos que desorienten a la ciudadanía respecto a la verdadera finalidad lucrativa de las decisiones y proyectos asociados al saqueo de lo público. De ahí que la denuncia de dicho saqueo realizada y bien documentada en este libro, sea fundamental para aclarar de qué estamos hablando, echando por tierra con luz y taquígrafos los mitos y malentendidos justificatorios antes mencionados.

Revisemos dos premisas de la ideología dominante que acostumbran a camuflar y/o justificar este tipo de operaciones: una es la supuesta inconexión entre lo público y lo privado y otra los hipotéticos parabienes que ofrece la gestión privada frente a la pública o el mercado frente a la planificación.

La primera es que el discurso usual enfrenta lo público a lo privado como si de conjuntos disjuntos se trataran, dando pie al enfrentamiento entre un (neo)liberalismo que se dice partidario de lo privado y una izquierda que defiende lo público. Esta última suele presuponer que lo público es independiente de lo privado y que se gestiona pensando en el bien común, o atendiendo a intereses generales (no particulares). Sin embargo el problema estriba en que esta independencia ha venido brillando por su ausencia en la mayoría de los casos, incluido el del agua, aunque todo se oriente a darla por hecho a base de revestir de públicos los intereses privados. Así, al declarar de «interés nacional» el grueso de las obras, se soslaya que es el lobby de las grandes constructoras el que viene gobernando en nuestro país la política hidráulica y de infraestructuras en general, guiado por su empeño de facturar obra «publica» y no de gestionar bien la ordenación del territorio, el transporte o el agua, con sus ecosistemas y paisajes. De ahí que este país haya sobredimensionado a todas luces sus inversiones en obras públicas, siendo líder en aeropuertos, puertos, autopistas… o ferroaves per cápita, como también en porcentaje de superficie geográfica cubierta por embalses. Y de ahí que la administración del Estado y las empresas públicas o semipúblicas hayan venido siendo manipuladas desde el poder y utilizadas como asilo de políticos o técnicos fieles al mismo que hacían las veces de conseguidores al servicio de intereses empresariales y/o partidistas, evidenciando la ósmosis existente entre poder económico y gestión política. En ocasiones esta gestión ha desangrado las empresas públicas haciéndolas entrar en pérdidas, para luego venderlas a bajo precio, argumentando que son una carga para el Estado. El ejemplo de cómo las cajas de ahorro han venido siendo la mano financiera del caciquismo local y regional, hasta llevarlas a la ruina, para luego reflotarlas con dinero público y venderlas con enormes pérdidas para el Estado, evidencia bien este comportamiento. Pero la actual ola privatizadora alcanza indistintamente a empresas ruinosas y saneadas como el CYII.

Una vez visto que los intereses privados tratan usualmente de sacar tajada de lo público, la novedad estriba en que la crisis desplazó ese empeño desde la alegre promoción y financiación de infraestructuras, operaciones inmobiliarias, megaproyectos, peajes o contratas, hacia la privatización y liquidación de lo que era público. Es decir, que el capitalismo reinante pasó, en buena medida, de exprimir lo público a tratar de apropiárselo a precio de saldo, rebuscando para ello entre los restos de lo público que todavía no habían caído en manos privadas y por lo tanto eran privatizables. En suma, que el capitalismo actual desplazó su área de negocio desde el cobro de contratas e ingresos diversos nutridos o financiados con dinero público, hacia la apropiación, liquidación y saqueo directo de lo público, aunque ello supusiera en muchos casos matar la gallina de los huevos de oro para el capital, al cerrarle la posibilidad de futuros ingresos y negocios.

Evidentemente, para urdir la trama que posibilita el cambio de propiedad, haciendo pasar lo público a manos privadas, es necesario que exista una estrecha connivencia entre lo público y lo privado, entre políticos y empresarios… o entre partidos y empresas. En caso contrario, si lo público no estuviera parasitado por lo privado, sería impensable que quisiera hacerse el haraquiri de motu propio para desaparecer como tal. El presente libro relata la complejidad de la trama urdida desde el Gobierno de la CM y desde la propia dirección del CYII para transferir su propiedad a manos privadas y desmonta los argumentos enarbolados desde el poder para justificar dicha privatización. Pues una operación de este porte necesita de potentes apoyos ideológicos que justifiquen su acierto, para ser decidida e impuesta de espaldas a la ciudadanía en un régimen que se dice democrático. Y ahí viene la segunda premisa antes apuntada de la ideología dominante que ensalza los parabienes de la gestión privada frente a la pública y el mercado frente a la planificación y que pasamos a revisar ahora.

Tras identificar la gestión privada con el mercado libre, competitivo, transparente y con información perfecta y atribuirle las cualidades beneficiosas que figuran en los manuales de economía, se concluye que la gestión privada es mejor o más eficiente que la pública y se postula la conveniencia de privatizar dicha gestión. El confusionismo reinante arranca de haberse divulgado hasta la saciedad la consideración del mercado como panacea, con sus supuestas funciones benéficas ideales, cuando a la vez la palabra mercado se utiliza para designar indiscriminadamente todos los intercambios en los que media precio, calificándolos sin más de intercambios mercantiles. Pero los intercambios no acostumbran a ser, sobre todo en el caso del agua, libres, competitivos, transparentes, ni perfectos. En otras palabras, que las compraventas de agua a las que se llama mercado no suelen ajustarse al modelo ideal indicado, ni sus resultados tienen por qué ser, por principio, recomendables. Es más, los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua urbana se prestan normalmente en régimen de monopolio y en este caso la teoría económica vaticina unánimemente que si el monopolista se mueve guiado por el afán de lucro su gestión será perjudicial para los usuarios, sobre todo en el caso de un bien tan irrenunciable para la población. De ahí que la meta del empresario no sea la de competir en un mercado libre, sino la de erigirse en monopolista y de ahí lo atractiva que puede resultar la gestión privada de un «monopolio natural» como es el CYII y de sus cuantiosos bienes patrimoniales. Y cualquier resultado de la pelea público-privado no enfrenta a la planificación con el mercado, sino a una planificación para la ciudadanía con otra planificación para el beneficio.

Cabe insistir en que los abastecimientos de agua no constituyen un terreno muy propicio para la competencia, ya que las redes de abastecimiento suponen inversiones tan fuertes que una vez construidas —normalmente con apoyo público— impiden la entrada de empresas competidoras que tuvieran que dotarse de redes alternativas. Y como no resulta razonable, ni económicamente viable, que empresas competidoras dupliquen, tripliquen o cuadrupliquen las costosas redes de abastecimiento, solo caben dos opciones privatizadoras: 1.ª) subcontratar a entidades privadas algunas fases del proceso —por ejemplo, el cobro de recibos—; o 2.ª) vender a alguna empresa privada la red de distribución pública —a un precio muy inferior al coste de reposición, para que le resulte rentable la compra— situándola así en una posición monopolista, solo condicionada por las exigencias que la normativa le imponga. Así, dado el carácter generalmente único de los abastecimientos, no cabe más que establecer una regulación estricta de los mismos para que la gestión, ya sea pública o privada, cumpla con ciertas exigencias sociales, ecológicas, sanitarias, etc., adquiriendo los precios del agua la naturaleza de tarifas fijadas administrativamente, condicionadas por la inercia de esquemas legales históricos y no de precios competitivos. Esquemas legales que conciben las concesiones de agua para abastecimientos urbanos o de «poblaciones», según la terminología legal, subrayando su carácter de servicio público considerado como obligación legal de las administraciones locales. En estas condiciones es lógico que los intereses privados empresariales quieran adquirir las posiciones monopolistas que, de hecho, les brindan las concesiones y redes de distribución, con los menores costes y exigencias posibles… y manejar a su antojo el enorme patrimonio en terrenos, inmuebles e infraestructuras asociado a los ayuntamientos o entidades públicas concesionarias de abastecimientos de aguas. Como también es lógico que la ciudadanía se defienda frente a tales afanes privatizadores, generando movimientos sociales y plataformas como los que han dado lugar a este libro.

Para que tales movimientos triunfen es necesario denunciar con pelos y señales la trama urdida para facilitar la manipulación y el saqueo de lo público, como se hace en este libro. Y también es necesario desenmascarar al verdadero enemigo, trascendiendo los disfraces ideológicos que utiliza para justificar sus acciones. Lo anteriormente dicho evidencia que no son los mercados, ni la competitividad, los que han urdido en la sombra la trama privatizadora que se denuncia. Como tampoco lo son los vientos (neo)liberales que absurdamente pretenden justificarla, sino la mano firme de un poder despótico que persiste en su empeño de saquear lo que es propiedad pública con un empeño digno de mejor causa. Prueba de ello es que las trapisondas del poder han incumplido la normativa europea de defensa de la competencia, tal y como se denuncia en el libro. No, no cabe atribuir al libre albedrío de los mercados, ni a un (neo)liberalismo malvado, la culpabilidad de semejantes atropellos, sino al ejercicio de un poder despótico más propio del Antiguo Régimen. Pues es la mano del poder la que sigue queriendo otorgar la regalía, la concesión o el monopolio a quien le viene en gana. Es esa libertad de los poderosos más propia del poder absoluto la que se enarbola ahora para poner en marcha operaciones como la denunciada en este libro, no la libertad igualitaria para todos que reivindica la utopía liberal. Pues hemos de darnos cuenta que la sociedad llamada capitalista no es la encarnación de la utopía liberal, sino el fruto de un devenir histórico complejo condicionado por sociedades jerárquicas anteriores que en nuestro país desembocó en un caciquismo que ahora cabalga de nuevo con disfraces liberales. Para desenmascarar al personaje, creo que interesa calificar mejor de (neo)caciquismo, que de (neo)liberalismo, al régimen de poder despótico que ha venido organizando el saqueo de lo público analizado en este libro. Pues las prácticas denunciadas ilustran con claridad meridiana el «mal político del caciquismo, cuya finalidad —decía Macías Picavea en su libro clásico sobre el tema titulado El problema nacional (Madrid, 1899)— se encierra en dos inferiores aspiraciones: dominar, no gobernar; expoliar, no administrar».

Concluyamos diciendo que el saneamiento económico que reclama la crisis actual debería ir de la mano de un saneamiento político que evite en el futuro que la ciudadanía sea víctima de atropellos como el aquí analizado. Esperamos que este libro ayude a evitarlo, puesto que tener plena conciencia de nuestros males es el primer paso para superarlos y denunciar el saqueo de lo público ha de contribuir a ponerle coto.

PRIMERA PARTE
Contra la mercantilización del agua

EL AGUA DE LA VIDA

José Manuel Caballero Bonald

El concepto de inadaptado social concuerda perfectamente con esa bronca figura delictiva aplicable a todo aquel que atenta contra la calidad, la justa distribución o la explotación debida de los recursos hídricos.

Ilustración de Javier Serrano

ES BIEN SABIDO que el agua ocupa las tres cuartas partes del Planeta y supone las dos terceras partes del peso de nuestro cuerpo. Dicho esto hay que añadir enseguida que el agua ha estado presente en la Tierra desde hace más de tres mil millones de años y que es ahí, en esos primitivos reductos hídricos, donde un día indeterminado, a lo largo de un misterioso proceso de combinaciones moleculares, se produce el caldo nutricio del que surgiría la vida. Da un poco de vértigo recordar esos enigmáticos principios biológicos, pero también resulta apasionante deducir una vez más que sin la presencia del agua tampoco el ser humano estaría presente en el universo.

El agua, en tanto que fundamento e ingrediente primordial de nuestra vida, ha provocado un viejísimo e inagotable cúmulo de conflictos, afanes, tensiones, controversias. De su posesión o privación se ha derivado una incontable cadena de infortunios y venturas. Ninguna sociedad ha podido prevalecer si, por una u otra circunstancia, ha intentado desarrollarse al margen de las dádivas hidrológicas de la naturaleza. Aparte de las comarcas costeras, han sido los manantiales, los ríos y zonas lacustres los más propicios espacios naturales para el desarrollo gradual de una determinada civilización. Más allá quedaba la tierra yerma, el páramo y, por consiguiente, la infecundidad, la sed, la imposibilidad de la supervivencia.

Nadie ignora que uno de nuestros más preciados bienes comunes es el agua. Y para que continúe siéndolo ha sido preciso ir creando toda clase de leyes y prescripciones encaminadas a su protección y aprovechamiento. Los planes hidrológicos deben basarse esencialmente en el uso sostenible, el reparto equitativo y el consumo responsable del agua. Resulta inexcusable cuidar por todos los medios de que esos elementales presupuestos se cumplan. Dicen quienes lo saben que la agricultura emplea el 70% del consumo mundial de agua dulce, pero que malgasta casi la mitad de la que utiliza. Lo cual no deja de incluir una seria contradicción. Por supuesto que nadie puede carecer de agua, pero nadie tampoco puede dilapidarla.

No hay más remedio que recurrir a la aridez incómoda de las estadísticas. Se calcula que más de tres millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con la falta de agua potable, y muchas más malviven o enferman por no disponer de ella más que en unas pésimas condiciones de salubridad. ¿Cómo se entiende que aún continúe sin solventarse algo que tan abruptamente fricciona con las indigencias y hambrunas de un buen sector del mundo? El agua es a no dudarlo un derecho —y en ningún caso un privilegio—, aunque no suele aplicarse con la debida efectividad. Hay quien afirma que resolver el problema del agua en una determinada región del mundo supondría sembrar también en ella el germen de la paz.

El concepto de inadaptado social concuerda perfectamente con esa bronca figura delictiva aplicable a todo aquel que atenta contra la calidad, la justa distribución o la explotación debida de los recursos hídricos. Cada vez es más frecuente la aparición en la prensa de noticias relacionadas con las carencias o despilfarros del agua, con las disputas inacabables referidas a su aprovechamiento o a su derroche, a sus apropiaciones y deficiencias. Los tribunales del agua, las confederaciones hidrográficas y tantos otros organismos especializados, deben velar para que se cumplan esas inexcusables normativas, al menos desde que somos conscientes de su trascendencia en nuestro desarrollo social y cultural.

Pero el agua también nos muestra a veces su perfil airado. Se trata de una especie de variante del viejo mito de la mater terrae, de la madre tierra que castiga a todo aquel que pretende maltratarla. Un día, de pronto, las aguas parecen amotinarse y arrasan cuanto encuentran a su paso. Los ríos se salen de sus cauces, las lluvias se agolpan en torrenteras asesinas, los embalses se desbordan, y la imagen de la tierra anegada es tan angustiosa como la de la sequía. A veces también la misma exigencia del progreso muestra una involuntaria aproximación a la crueldad: las aguas pueden acabar ahogando a quienes podían convertirse en sus más anhelantes beneficiarios. Tal es el caso, por ejemplo, de esos nuevos embalses que dejaron bajo las aguas a pueblos enteros. La imagen de semejante contrasentido tiene mucho de ilustración implacable del futuro. Pueblos que han esperado siglos la llegada del agua para su normal desarrollo y pueblos que se abandonan y desaparecen a consecuencia de esas mismas esforzadas políticas hidráulicas.

Principio y fin de todas las cosas, el agua es el factor desencadenante de la vida y la causa de su extinción. Ante semejante evidencia siempre evoco un ejemplo particularmente ilustrativo a este respecto, reiterado cada año durante mis estancias en las inmediaciones del Coto de Doñana. Me refiero a la mudable condición de fecunda masa acuática o de erial inhóspito de las marismas del Guadalquivir de acuerdo con la natural alternancia de las estaciones. A medida que escasean las lluvias y aumenta la violencia solar, van extinguiéndose los últimos remanentes hídricos. La planicie sin fondo de las marismas se altera sustancialmente: lo que era un mar bullicioso es ahora una extensión de tierra cuarteada; lo que fue un exuberante escenario de la fauna y la flora se ha convertido en una abrumadora imagen de la desolación. Pero esa apariencia de estrago sólo durará lo que tarden en llegar las lluvias y se mitiguen los excesos solares. La vida volverá con las aguas. Nada más literario, y al mismo tiempo más real: se trata de un vaticinio, pero también de una ley.

En el presente libro se agrupan una serie de trabajos de especialistas sobre estas y otras diversas cuestiones relacionadas con el agua o con sus amenazas de privatización y merma de derechos. El carácter de esos textos completa todo lo que he apuntado más arriba, sobre todo en calidad de persona que cree, como tantos, que el agua y la justicia no deberían separarse nunca.

EL AGUA, ¿BIEN COMÚN O NEGOCIO?

Pedro Arrojo Agudo

El agua es el elemento clave de la vida o, al menos, de la vida conocida sobre el «planeta azul», el «planeta agua». Y al igual que es esencial para la existencia de todos los seres vivos, ha sido y es el elemento clave de la articulación social en todas las comunidades, pueblos y civilizaciones.

Ilustración de Alfredo

AUNQUE LA DIVERSIDAD climática de este hermoso planeta comporta la existencia de territorios semiáridos, áridos e incluso desérticos, desde tiempos ancestrales todos los pueblos caminaron hasta asentarse cerca de ríos, lagos, fuentes o allá donde las aguas subterráneas eran y son accesibles a través de pozos. Todos los asentamientos comunitarios, arquitecturas sociales y civilizaciones se han construido en torno al agua.

Esa vinculación esencial con la vida y con la realidad social de pueblos y comunidades ha llevado a que, en todas las culturas, el agua proyecte valores metafísicos, que suelen adoptar perfiles religiosos trascendentes y poderosos sentimientos de identidad. Desde muchas culturas, los ríos se entienden como las venas y arterias de los territorios, al tiempo que se considera el agua como el alma que da vida a la «madre naturaleza». El agua, las fuentes, los ríos y los lagos son por ello elementos clave de nuestros respectivos paisajes e identidades colectivas.

Las tres grandes fallas de la gestión del agua

La ingente red fluvial y de acuíferos[1] ha sido durante miles de años el sistema de abastecimiento y saneamiento al que han estado conectadas todas las comunidades humanas. Sin embargo, a medida que se desarrollaron grandes aglomeraciones urbanas, fue necesario construir infraestructuras complementarias de almacenamiento y derivación de caudales, así como redes de distribución y sistemas de alcantarillado y saneamiento que permitieran gestionar las aguas usadas. El reto colectivo de gestionar el agua para todas las personas, ricas y pobres, ha sido, en todas las civilizaciones, un elemento clave de lo que en la antigua Roma se denominó la Res Pública, la «cosa de todos y todas», clave de la convivencia, organización y cohesión social.

Sin embargo hoy, paradójicamente, sobre este «planeta agua», se estima que unos 1000 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable, lo que motiva, según Naciones Unidas, unas 10 000 muertes diarias, en su mayoría de niños y niñas de menos de 5 años; estimaciones que tan sólo consideran las muertes por diarrea, es decir, por contaminación biológica. En estas estadísticas oficiales se margina el impacto de la contaminación por metales pesados y otros tóxicos letales, procedentes de vertidos industriales, mineros e, incluso, de la masiva utilización de pesticidas agrarios, que envenenan poco a poco a millones de personas.

Aunque se habla de escasez de agua, casi nadie muere propiamente de sed. En realidad, esa trágica paradoja de la crisis global del agua en el «planeta agua» viene generada por la convergencia de tres grandes fallas críticas:

La crisis de insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos.

La crisis de inequidad y pobreza.

La crisis de gobernanza en los servicios de agua y saneamiento.

La crisis de insostenibilidad en ríos, lagos, humedales y acuíferos ha transformado el agua, elemento clave para la vida, en un vector devastador de enfermedad y muerte. Donde antes se podía beber, hoy millones de personas se envenenan y enferman, al tiempo que desaparece la pesca, la «proteína de los pobres», agravando la crisis de hambre entre los más vulnerables.

El imperio del dinero, bajo la lógica del mercado, por encima de los más elementales principios éticos y sociales, genera la segunda falla al hacer que la pobreza crezca día a día, al tiempo que aumenta la riqueza de los más ricos, alcanzándose récords históricos de desigualdad e injusticia que se baten sistemáticamente cada día.

A la convergencia de esas dos fallas críticas, de insostenibilidad y de pobreza, se une hoy la crisis de gobernanza en la gestión de los servicios de agua y saneamiento, provocada tanto por la corrupción como por la privatización impuesta por la visión neoliberal.

La visión neoliberal y los modelos de privatización del agua

El acceso universal a los servicios básicos de agua y saneamiento ha sido una exigencia social y un imperativo moral asumidos tradicionalmente por los poderes públicos, con un grado u otro de eficacia. Sin embargo, en las últimas décadas, el modelo neoliberal imperante ha llevado al Banco Mundial y demás instituciones económico-financieras (Fondo Monetario Internacional, Bancos Regionales, Agencias de Cooperación, etc.) a promover políticas de desregulación y privatización, que transforman estos servicios públicos en simples negocios. En este contexto, los derechos humanos y de ciudadanía en juego dejan de ser de acceso universal y los ciudadanos y ciudadanas pasan a ser simples clientes, agravándose la vulnerabilidad de las personas más pobres.

La visión neoliberal, nacida en los años 70, con la llamada «Escuela de Chicago», ensalza y mitifica las capacidades del «libre mercado», al tiempo que denosta la función pública, como ineficiente, opaca y burocrática. Las políticas desreguladoras y privatizadoras se presentan como alternativas de modernidad, flexibilidad, eficiencia y racionalidad, mitificando las virtudes del libre mercado.

Bajo el imperio de estas ideas, asistimos a un proceso de «anorexización» de las instituciones públicas como impulsoras de valores de justicia y cohesión social, que lleva a desmantelar, no sólo los endebles servicios públicos y las perentorias políticas de protección social en los países empobrecidos, sino incluso el llamado estado del bienestar en los más desarrollados.

Desde esta visión neoliberal, garantizar el acceso universal a servicios básicos de interés general, como los de agua y saneamiento, sanidad o educación, tradicionalmente asumidos como derechos humanos y de ciudadanía, llega a considerarse un atentado inaceptable contra el libre mercado. El Estado debe retirarse y dejar que tales servicios sean gestionados como simples servicios económicos, accesibles tan sólo a quienes puedan pagarlos.

Desde los años 70 del pasado siglo, han surgido al calor de las ideas neoliberales diversos modelos de privatización en materia de aguas.

El modelo chileno

En Chile, bajo la dictadura de Pinochet, se ensayaron e impusieron las opciones más radicales del naciente neoliberalismo, lo que llevó a privatizar, en la práctica, los ecosistemas acuáticos. Aunque la propiedad formal de los ríos es pública, el control real del uso de sus aguas es privado, sin restricciones de ningún tipo, incluido el derecho de compra-venta del uso de sus caudales.

Pinochet, al diseñar la transición a la democracia, se aseguró de anclar la ley de privatización del agua al marco constitucional, de forma que, para recuperar el control público efectivo de los ríos, se requiere una mayoría parlamentaria que ni siquiera la presidenta Michelle Bachelet pudo reunir a pesar de su gran éxito electoral. En este contexto, si alguien necesita una concesión de aguas en Chile, hasta hace poco tenía que viajar a Madrid para negociar con Endesa, propietaria de buena parte de los ríos chilenos, y ahora debe ir a Roma, donde están los accionistas mayoritarios de la citada empresa.

El modelo Thatcher

La señora Thatcher, en Reino Unido, promovería posteriormente un modelo menos agresivo, al privatizar tan sólo las infraestructuras urbanas de abastecimiento y saneamiento. Por un precio simbólico, entregó, por ejemplo, a Times Water, la propiedad de la red de abastecimiento y saneamiento del área metropolitana londinense.

El modelo francés

Sin embargo, lo cierto es que ni uno ni otro modelo se expandieron posteriormente a otros países. El modelo francés, sin embargo, mucho más sutil, es el que se ha extendido por todo el mundo con el apoyo explícito del Banco Mundial. En él, tanto los ecosistemas acuáticos como las principales infraestructuras de regulación, conducción, distribución y saneamiento siguen siendo de dominio público. Los grandes operadores transnacionales aspiran a recibir la concesión de la gestión del servicio y para ello proponen una estrategia de partenariado público–privado, conocida por sus siglas PPP.

Desde esta estrategia se suelen promover empresas mixtas en las que los grandes operadores no tienen inconveniente en aceptar ser socios minoritarios con el 49% de las acciones, frente al 51% del correspondiente ayuntamiento, Gobierno regional o nacional.

La clave innegociable está en la cláusula que establece la exclusividad del privado en lo que se refiere a la gestión, bajo el argumento de que son ellos quienes disponen del conocimiento y de las capacidades tecnológicas y organizativas; lo que en terminología francesa se presenta como el savoir faire o en inglés como el know how. El control del negocio, en suma, pasa a garantizarse, no desde la mayoría accionarial, sino de forma más sutil, asegurándose el monopolio de la información.

La segunda clave se encuentra en otra cláusula que asegura a la transnacional la potestad de comprar y contratar sin pasar por concurso público, con lo que la adquisición de tecnología y todo tipo de contratos pasan a adjudicarse a empresas del grupo, de modo directo. Así, paradójicamente, en nombre del libre mercado, se colapsa el mercado, asegurándose para el grupo privado un lucro que no aflora en los beneficios declarados de la empresa mixta, sino que se enmascara en el capítulo de costes, pagados por la ciudadanía mediante tarifas que se disparan.

La tercera clave consiste en asegurar largos periodos de concesión, entre 25 y 50 años, a fin de garantizar la irreversibilidad de la decisión. Con ello, las empresas se aseguran poder exigir en juicio, ante un eventual proceso de reversión, no sólo la inversión realizada, sino el lucro esperado en el periodo de concesión, lo que suele suponer cantidades impagables. De esta forma, un alcalde, elegido tan solo por cuatro años, hipoteca la capacidad de decisión de las siguientes corporaciones durante décadas.

Principios y criterios éticos en la gestión del agua

La ciencia económica ha emborronado conceptualmente dos términos heredados del griego, que Aristóteles distinguía con precisión: economía y crematística. Para Aristóteles, la economía era el arte de bien administrar los bienes de la casa, mientras que la crematística se ocupaba tan sólo de los que podían comprarse y venderse en el mercado. Una distinción que sintoniza con Machado cuando sentenciaba: «Todo necio confunde valor y precio».

En efecto, de los muchos valores con los que jugamos a diario, solo algunos son consistentemente intercambiables por dinero; otros muchos, a menudo los más importantes, son inconsistentemente sustituibles e intercambiables por dinero y, por ello, la lógica de mercado es inadecuada para gestionarlos. El enfoque mercantil promovido por el Banco Mundial en materia de aguas y servicios básicos, de los que depende la salud y la vida de la gente, es por tanto tan erróneo como perverso.

El agua es ciertamente un elemento bien definido: H2O. Pero entender el agua como un bien «útil y escaso», cuyo valor debe gestionarse desde la lógica del mercado, entra en contradicción con los principios éticos más elementales. A diferencia de la madera o de otros recursos naturales, las múltiples funciones del agua están relacionadas con rangos éticos de diferente nivel. Ello conlleva la necesidad de dar prioridad a unos sobre otros, al tiempo que emergen valores y objetivos que ni siquiera son intercambiables por dinero. Por ello, la gestión del agua, como la gestión del medio ambiente y de la vida, desborda la simplicidad de la lógica de mercado, al tiempo que exige criterios de gestión específicos y adecuados en las diversas categorías éticas en juego.

En esta línea, la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua propone distinguir cuatro categorías éticas, con sus respectivos objetivos, prioridades y criterios de gestión.

El agua-vida

La gestión del agua, en funciones básicas de supervivencia, tanto de los seres humanos, como de los demás seres vivos, debe garantizar en prioridad:

el acceso universal a cuotas básicas de agua potable (30-40 litros/persona/día) y a servicios básicos de saneamiento como un derecho humano (ONU, 2010);

el agua necesaria para asegurar la soberanía alimentaria (riego, ganadería y pesca de subsistencia) en comunidades vulnerables;

los caudales ecológicos para preservar la sostenibilidad de los ecosistemas.

El agua-ciudadanía

El agua, en servicios de interés general, como los servicios domiciliarios de agua y saneamiento, debe ser igualmente de acceso universal y gestionarse en el ámbito de los derechos de ciudadanía, vinculados a los correspondientes deberes ciudadanos, bajo nuevos modelos de gestión pública participativa.

El agua-economía

El agua, en funciones de carácter productivo, debe gestionarse, en un tercer nivel de prioridad, en conexión con el derecho de cada cual a mejorar su nivel de vida, pero sin perder la perspectiva y la coherencia del interés general, en la medida que se trata de un bien común. Representa la mayor parte del agua detraída de ríos y acuíferos e induce los principales problemas de escasez y contaminación.

El agua-delito

Las actividades productivas que generan vertidos tóxicos, extracciones abusivas, sobreexplotación de acuíferos u otros impactos deben ser ilegalizadas y perseguidas con rigor, en la medida que lesionan gravemente el interés general de la sociedad.

El agua, bien común y patrimonio de la biosfera

Garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y del ciclo hídrico natural, con nuevos modelos de gestión ecosistémica, y asegurar el interés general, con una gestión ética de los servicios y utilidades del agua basada en principios de equidad y justicia, constituyen retos para afrontar en el siglo XXI que entran en flagrante contradicción con la lógica del mercado.

Enfrentarse a estos retos exige asumir que el agua es mucho más que un simple recurso productivo, de la misma forma que los ríos y acuíferos son mucho más que meros canales o almacenes de H2O. Es preciso entender el agua y los ecosistemas acuáticos como bienes comunes y patrimonios de la biosfera, de los que depende la vida en general y, muy en particular, la vida y la dignidad de las personas y las comunidades.

Pasar de la tradicional gestión del agua como simple recurso, parcelable, apropiable y mercantilizable, a nuevos modelos de gestión ecosistémica a nivel de cuenca, que garanticen la sostenibilidad de ríos, lagos, humedales y acuíferos, tal y como exige la Directiva Marco de Aguas de la UE, desborda las capacidades del mercado.

Y gestionar de forma sostenible el agua que podamos extraer de la naturaleza sobre la base de principios éticos que garanticen el acceso universal a derechos humanos y de ciudadanía, así como una gestión del «agua-economía» basada en el interés general de la sociedad, y no de los más ricos y poderosos, entra en contradicción flagrante con la lógica del mercado.

Por ello, frente a las políticas privatizadoras del neoliberalismo, presentadas como solución a los problemas de opacidad, burocratismo e ineficiencia que han caracterizado a menudo la gestión pública tradicional, debemos afrontar el reto de construir nuevos modelos de gestión pública participativa, basados en principios de sostenibilidad, justicia, transparencia y participación ciudadana.

LA REBELIÓN DE LA CIUDADANÍA

Pedro Arrojo Agudo

La rebelión de los pobres en la Guerra del Agua de Cochabamba, contra la privatización de sus servicios de agua, ha abierto en el mundo un amplio y creciente movimiento ciudadano que exige el reconocimiento efectivo del acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, promoviendo nuevos modelos de gestión pública participativa.

El raptor de nubes.

Ilustración de Jesús Gabán

DESDE PRINCIPIOS de los 90, el Banco Mundial exigió la privatización de los servicios de agua como requisito para conceder créditos a países empobrecidos y en desarrollo, en sintonía con la estrategia de las grandes transnacionales, basada en priorizar sus negocios en «mercados no regulados».

Desde mediados de los 90 empezaron a producirse reacciones críticas en todos los continentes, pero fue sin duda la llamada Guerra del Agua de Cochabamba (Bolivia) la que desató el movimiento internacional que nos ocupa. Desde entonces, lo que empezó siendo una rebelión de los pobres al grito de «el agua es del pueblo… ¡carajo!», acabaría inspirando un poderoso movimiento ciudadano global en pro del derecho humano al agua potable y al saneamiento básico, liderado en gran medida desde América Latina por países como Bolivia, Ecuador y Uruguay.

Dos décadas después, Naciones Unidas ha reconocido el acceso al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento como un derecho humano y se puede afirmar que estas políticas privatizadoras han fracasado, al menos en muchos de estos países. De hecho, las propias transnacionales reconocen, aunque no en público, que fue un error priorizar los países con «mercados no regulados», sin tener en cuenta la potencial rebeldía de sus poblaciones. Tras retirarse de gran parte de América Latina, hoy proclaman su nueva prioridad: «mercados fiables» (reliable markets) en países como los de la Europa del Este y, en particular, Rusia.

El caso de Argentina

Argentina fue el primer gran país donde el Banco Mundial lanzó sus políticas de privatización del agua. A principios de los 90, el Gobierno de Carlos Menen, en plena fiebre neoliberal y desde un marco de corrupción generalizada, optó por desmantelar el Estado, para «sanear la economía». Las empresas públicas, en los más diversos sectores —metalurgia, petróleo, aviación, energía, etcétera—, fueron privatizadas a precio de saldo, mientras que los servicios públicos, como el del agua y saneamiento, fueron concesionados a grandes transnacionales: Suez, Veolia y Enron.

En 1992, la transnacional Suez se hizo en Buenos Aires con la empresa estatal Obras Sanitarias de la Nación (OSN). En 1999, el consorcio Azurix, encabezado por Enron, compró la empresa Obras Sanitarias de Buenos Aires (OSBA), encargada de los servicios de agua y saneamiento de la periferia metropolitana bonaerense. Por su parte, Veolia consiguió los servicios de la capital de Tucumán. En poco tiempo, en el 28% de los municipios, donde residía el 60% de la población del país, se habían privatizado los servicios de agua.

En 2001, tras una prolongada campaña de insumisión al pago de tarifas, el contrato con Veolia se canceló en Tucumán.

En plena quiebra de Enron, Azurix renunció a la concesión. Finalmente, gobernando Kirchner, la congelación de tarifas y la inflación disparada completaron un marco insostenible que culminó con la renacionalización del sector. De esta forma, en menos de diez años, el «atractivo» escenario de «mercados no regulados», que se había abierto en condiciones de saldo y que tanto había motivado a las transnacionales, se desmoronó.

En un balance global, diversos estudios, como el desarrollado por el proyecto PRINWASS, financiado por la UE, han constatado que este masivo proceso de privatización apenas si generó inversiones privadas en redes de abastecimiento y de alcantarillado. La mayor parte de las inversiones siguieron siendo públicas, en buena medida gracias al desbloqueo de créditos del Banco Mundial, que cargaron sobre la deuda pública argentina, aunque fueran gestionados por las multinacionales.

El caso de Bolivia

En 1997, el Banco Mundial impuso a Bolivia la privatización de los servicios de agua de Cochabamba y La Paz-El Alto, como condición para concederle apoyo financiero.

La Guerra del Agua de Cochabamba

En 1999, tras una oscura licitación, se entregó el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), de Cochabamba, a Aguas del Tunari, subsidiaria de la multinacional norteamericana Bechtel en alianza con la española Abengoa.

La privatización no solo afectó a los servicios urbanos, con una subida de tarifas del 200%, sino que supuso la expropiación de derechos ancestrales de riego de las comunidades indígenas, así como de los pozos y sistemas comunitarios del entorno rural y de los distritos de la periferia de Cochabamba, gestionados tradicionalmente por los llamados Comités de Agua. El referéndum, convocado en el 2000 por la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida, evidenció una abrumadora oposición vecinal y campesina a la privatización, que pronto se tornó en bloqueo de carreteras.

La reacción del Gobierno del general Hugo Banzer —declaración del estado de sitio, intervención del ejército y detención masiva de dirigentes sociales— hizo estallar una huelga general que paralizó la región. Tras semanas de dura represión, con cientos de heridos y dos muertos, la Guerra del Agua no sólo forzó al Gobierno a rescindir el contrato con Aguas del Tunari, sino que abrió una dinámica de movilizaciones —El Alto, Guerra del Gas, Marchas por la Tierra y el Territorio, etc.— contra las políticas neoliberales, que culminaría con la victoria electoral de Evo Morales en 2005.

Por otro lado, una amplia campaña internacional, particularmente fuerte en Estados Unidos, consiguió que Bechtel y Abengoa retiraran su demanda ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), aceptando una indemnización simbólica de 2 bolivianos (30 céntimos de dólar).

La rebelión de El Alto

En 1997, el Gobierno boliviano había cedido la gestión de los servicios de agua de El Alto y la Paz a la empresa Aguas de Illimani, controlada por la transnacional Suez. Por contrato, la empresa debía extender las redes de abastecimiento y alcantarillado, especialmente en El Alto, municipio del área metropolitana de la Paz, con 800 000 habitantes, en su mayoría pobres.

En 2003, las protestas masivas lideradas por la FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales), en la que se integraban más de 600 juntas de vecinos de El Alto, culminarían con un paro general indefinido, que exigió la rescisión del contrato. Estas movilizaciones fueron decisivas en la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ya con Evo Morales como presidente, en 2008, Suez aceptó negociar su retirada.

Es importante reseñar que la FEJUVE, más allá de las reivindicaciones y denuncias que vertebraron la movilización social en El Alto, acabó promoviendo un modelo de gestión pública participativa basado en los siguientes principios:

Toda inversión en agua y alcantarillado se consolida como patrimonio municipal.

El principio de solidaridad prioriza el acceso de todas las personas a agua potable y alcantarillado.

Los principios de transparencia y participación deben garantizar un control social efectivo sobre el servicio.

Todos los representantes y funcionarios de la empresa pueden ser revocados en todo momento si se evidencian problemas de incompetencia o corrupción.

El caso de Uruguay

Uruguay fue el primer país en el que la protesta ciudadana culminó en profundos cambios institucionales y legales. En 2004, mediante un referéndum en el que participó el 64% del censo, se decidió incorporar a la Constitución el reconocimiento del acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano.

El referéndum fue promovido por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), creada en 2002 como respuesta al protocolo firmado entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno uruguayo, según el cual éste se comprometía a privatizar los servicios urbanos de agua y saneamiento. En realidad, el proceso de privatización se había iniciado años atrás con la entrada del grupo Suez y del Consorcio de Aguas de Bilbao, compañía española que, aun siendo pública, desarrollaba políticas empresariales similares a las de las transnacionales privadas.

La rebelión social impidió esta privatización, que reprodujo perfiles similares a los de Argentina y Bolivia: procesos de licitación oscuros, incumplimiento de contratos, escasas inversiones, elevación abusiva de tarifas, etc.

En el caso de Uruguay, merece destacarse la movilización de los barrios pobres de la ciudad de Maldonado en defensa de sus famosas «canillas populares», fuentes públicas gratuitas, instaladas en los barrios más pobres, que permitían y permiten paliar la falta de servicios domiciliarios de agua potable. Con el pretendido argumento de «incentivar la disposición de la ciudadanía a pagar la conexión a la red de sus hogares», las empresas privadas decidieron cerrar esas fuentes, lo que motivó fuertes protestas populares que acabaron triunfando.

La reforma constitucional conllevó la ilegalización de la gestión privada de los servicios de agua y saneamiento, al tiempo que impuso la obligación de garantizar nuevos modelos de gestión pública transparente y participativa, basados en fórmulas de control y participación ciudadana, inspiradas en las prácticas de democracia y presupuestos participativos brasileños.

Las experiencias europeas

En la UE se ha extendido discretamente el modelo francés de privatización aplicando estrategias de partenariado público-privado (PPP). Sin embargo, durante los últimos años, la movilización ciudadana en América Latina ha despertado la conciencia social europea. París, Berlín, Italia y la Iniciativa Ciudadana Europea contra la privatización del agua constituyen ejemplos significativos.

La remunicipalización de los servicios de agua en París

La remunicipalización de los servicios de agua, decidida en 2008 y concretada dos años después por el Gobierno del Ayuntamiento de París —un tripartito formado por socialistas, comunistas y verdes—, es un caso emblemático a nivel internacional.

Durante los 25 años en que la distribución del agua estuvo en manos privadas, entre 1985 y 2009, la factura del agua subió un 265%, mientras el aumento acumulado del coste de la vida fue tan solo del 70,5%. El beneficio neto declarado por las empresas concesionarias (en torno a un 7%) fue muy inferior al real (15%), como han demostrado auditorías posteriores, que han revelado además graves irregularidades y problemas de opacidad e ineficiencia.

Tras la constitución de la empresa pública, Eau de Paris, en 2010, la ciudad se ha ahorrado en un año 35 millones de euros y las tarifas han bajado un 8%. En su Consejo de Administración, además de profesionales cualificados, hay representantes de todos los partidos, de los trabajadores, de los movimientos sociales y de la organización de consumidores.

Dado el interés que tiene este caso y las conclusiones que pueden deducirse en relación con el proceso de privatización del Canal de Isabel II, se ofrece una información más detallada en la segunda parte del libro, en la página 107.

La vuelta a la gestión pública en Berlín

En 1999, se privatizaron los servicios de agua y saneamiento en Berlín, siguiendo una estrategia de partenariado público-privado muy similar a la que se pretende desarrollar en el Canal de Isabel II. Se constituyó una empresa mixta en la que las multinacionales Veolia (francesa) y RWE (alemana) pasaron a detentar algo menos del 25% de las acciones cada una.

Desde 2006, la llamada Mesa del Agua de Berlín (Berliner Wassertisch) ha venido organizando un movimiento ciudadano por la remunicipalización del servicio, que consiguió la celebración de un referéndum en 2011 en el que se votó por abrumadora mayoría volver a la gestión pública bajo un nuevo modelo participativo, cuyas claves se concretan en la llamada Carta del Agua y en el Consejo del Agua de Berlín. No obstante, el coste que el Estado de Berlín ha tenido que pagar a RWE y Veolia ha sido brutal: unos 1300 millones de euros en total.

Sobre este proceso de privatización, que presenta claros paralelismos con el proceso iniciado en el Canal de Isabel II, hay más información en la página 109.

El referéndum en Italia contra la privatización

Sin duda, la iniciativa exitosa de mayor envergadura promovida por los movimientos sociales en Europa ha sido la del referéndum italiano contra la privatización del agua, que llevó a 26 millones de personas a votar, en junio de 2011, contra la ley de Berlusconi de privatización de los servicios de agua y saneamiento. En Italia existe una legislación avanzada en materia de participación ciudadana, que permite promover cambios legislativos mediante referéndums. Para ello, es preciso recoger más de 500 000 firmas, en cuyo caso, quienes promueven la iniciativa precisan la pregunta y se organiza el proceso de votación. A partir de ahí, no obstante, aparece el reto más duro, en el que fracasan casi todos los intentos: conseguir que vote más del 50% del censo electoral, como condición para que el resultado sea vinculante.

En este caso los movimientos sociales, agrupados en una enorme coalición conocida como Foro Italiano de los Movimientos por el Agua —agrupa a sindicatos, asociaciones vecinales, sectores de la Iglesia, ecologistas y otros colectivos—, consiguieron no solo millón y medio de firmas, con lo que se abrió el proceso de referéndum, sino una participación del 57% del censo electoral, es decir, más de 26 millones de personas. Se registró un resultado del 96% de votos favorables a que la gestión de los servicios de agua y saneamiento no pueda generar lucro alguno, con lo que se desactiva la lógica mercantilista y se impone la necesidad de un nuevo modelo de gestión basado en la lógica del interés general. Posteriormente, el Tribunal Supremo ha certificado la obligación del Gobierno de dar cumplimiento efectivo a lo decidido en referéndum por el pueblo italiano.

La Iniciativa Ciudadana Europea

Al calor del referéndum italiano, la Confederación Europea de Sindicatos, que reúne a los principales sindicatos europeos, abrió en 2012 una Iniciativa Ciudadana Europea con análogos objetivos. Desgraciadamente, la legislación de la UE en esta materia es mucho más restrictiva que la italiana. Tras un pago de 80 000 euros, es preciso recoger más de un millón de firmas en nueve países de la UE, con un número mínimo en cada país proporcional a su población. Si se consiguen esas firmas, la Comisión Europea está obligada a incluir en su agenda el tema planteado. Ciertamente, es un fruto tan pobre como incierto, pero en absoluto despreciable.

Por primera vez en Europa, los sindicatos, con el apoyo de las redes sociales contra la privatización del agua en el continente, han conseguido que una Iniciativa Ciudadana haya cubierto los requisitos exigidos, al recogerse cerca de 2 millones de firmas, con 1,7 millones validadas según los estrictos requerimientos de la UE. El 10 de diciembre de 2013, con ocasión de la recepción oficial de las firmas por parte de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo se comprometía ante 1000 personas, en un masivo acto público, a arrancar la inminente nueva legislatura debatiendo las demandas planteadas por la Iniciativa Ciudadana.

Gracias a esta movilización, se ha logrado, de momento, que los servicios de agua y saneamiento se excepcionen en la aplicación de la Directiva de Concesiones —antes se consiguió en la Directiva Bolkenstein—, que impone la liberalización de servicios públicos. Sin embargo, la exigencia de la Iniciativa Ciudadana va más lejos, al plantear que la gestión de estos servicios quede excluida del espacio del mercado en la UE.

En su resolución del 19 de marzo de 2014, la Comisión Europea reafirmó la importancia del derecho humano al agua y al saneamiento, y explicitó su carácter de bien público, reafirmando que «el agua no es una mercancía». Sin embargo, tal y como declaró Jan Willem Goudriaan, vicepresidente de la iniciativa Right2Water«[…] A la Comisión Europea le falta una verdadera ambición que refleje adecuadamente las expectativas de los 1,9 millones de personas que han firmado […] Lamento que no haya ninguna propuesta legislativa que reconozca el derecho humano al agua […]».

AGUA, BURBUJA Y MOVIMIENTOS
SOCIALES EN ESPAÑA

Luis Babiano

Las nuevas reglas de juego impuestas por el mercado han encontrado espacio en el derecho público español a través de la figura jurídica de la concesión, que en el caso del agua se está viendo perversamente moldeada para satisfacer los intereses privados por medio del canon. La utilización generalizada de este instrumento con el objeto de eliminar la fórmula pública de gestión democrática y directa del agua está ocasionando serios conflictos económicos, sociales y ambientales.

Pedimos la voluntad.

Ilustración de Paul Coulbois

EN LA mayoría de los países europeos, la legislación sobre los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales adjudica su titularidad a la Administración pública, normalmente a las entidades locales, al entender que es esta la mejor manera de garantizar el acceso ciudadano a un bien esencial.

No obstante, en algunos casos las instalaciones de abastecimiento y saneamiento superan el término municipal —embalses, estaciones de tratamiento o depuradoras—, o bien, por simples motivos de tamaño o escala, se propicia la prestación del servicio a través de entidades supramunicipales, que no dejan de ser administraciones públicas locales.

Esto es posible debido a que la normativa española no obliga a que sea la propia entidad local la que preste el servicio de manera directa, por lo que la gestión del ciclo urbano del agua se puede llevar a cabo de manera mancomunada, consorciada o delegándola en una empresa privada o mixta. Aprovechando la crisis crecen las presiones para privatizar estos servicios bajo el llamado «modelo francés», basado en la pretendida colaboración público-privada[2].

Gestión pública o gestión privada del servicio de aguas

En España, durante los últimos años, hemos venido constatando esta diversidad de modelos de gestión del ciclo urbano del agua. A la gran cantidad de municipios que ejercen con autonomía sus competencias en esta materia, se han unido un número creciente de consistorios que han ido delegando esas responsabilidades en empresas privadas. Este proceso de privatización se ha producido con carencia de información y ausencia total de participación social.

En la actualidad, contamos con numerosas empresas públicas, como el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, Servicios de Txingundi, Aigües del Prat, EMASESA, ARCGISA, Aguas del Huesna, EMALCSA y muchas otras que son una garantía de disfrute del derecho humano al agua frente a otros tipos de gestión basados en la obtención de beneficios a corto plazo.

El debate entre la gestión pública y la privada centra la batalla ideológica entre las distintas opciones políticas en el siglo XXI. El Tribunal de Cuentas español, en su informe de fiscalización del sector público local de 2011 para municipios de menos de 20 000 habitantes —el 95% del total—, ha dado argumentos para la defensa de lo público: concluye que la gestión pública directa de los servicios básicos, como el agua, la recogida de basura y la limpieza viaria, cuesta mucho menos que su externalización.

El estudio realizado en la Universidad de Granada, en el año 2009, sobre la gestión del agua en ciudades de Andalucía[3] concluye, en sintonía con el informe anterior, que las empresas públicas son más eficientes en la gestión que las privadas y añade que uno de los motivos es la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración, muy obstruido por la prevalencia de los intereses privados sobre los públicos.

A la vista del resultado, cabría preguntarse a qué otros intereses, que no sean la eficacia en la gestión, obedece el proceso privatizador del servicio de agua vivido en España en los últimos años: se puede decir sin temor a equivocarse que detrás de cada proceso de privatización hay una necesidad de financiación por parte de la entidad privatizadora.

La burbuja del agua en España y sus consecuencias

La fórmula de privatización más utilizada es la concesión de los servicios. El agua sigue siendo pública y el servicio, competencia y responsabilidad de las entidades locales, pero la gestión se adjudica a un agente privado. En todos los casos de privatización del ciclo urbano del agua, la empresa privada paga a la Administración una cantidad de dinero a cambio de la concesión. Es lo que se denomina «canon concesional».

Estos cánones concesionales millonarios, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a la ciudadanía sin que aparezcan claramente reflejados en las facturas.

Las empresas privadas, para abonar el canon concesional, recurren al crédito y lo obtienen con el respaldo de las tarifas de los más de 20 años que suele durar la concesión y con la garantía de un porcentaje de cobro que supera el 95%. Es decir, dos décadas de ingresos permanentes y asegurados, ya que se trata de un mercado cautivo y prestado en régimen de monopolio, con pagos protegidos por la amenaza del corte de suministro. El agua en España es un refugio financiero y somos los ciudadanos y ciudadanas quienes pagamos estos créditos con su correspondiente interés y beneficio empresarial.

Así hemos llegado a una situación en la que la gestión privada —a través de empresas mixtas o privadas— supone ya el 53% del total y está controlada en un 87% por dos empresas: Aguas de Barcelona (AGBAR, perteneciente al grupo Suez) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con lo que en la práctica podemos decir que estamos gestionando un derecho humano en un régimen de auténtico oligopolio donde no hay competencia.

Este modelo de gestión resulta:

costoso para la ciudadanía, que ve incrementada su tarifa;

medioambientalmente insostenible, ya que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio, como pusieron en evidencia las quejas de AGBAR por el descenso en el consumo durante la sequía que sufrió Cataluña en 2007;

oscuro, pues no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión, ni estadísticas fiables;

excluyente, en cuanto pone en peligro el acceso al agua a muchos colectivos vulnerables, como veremos a continuación.

Provoca, además, una auténtica pérdida del control de las administraciones, que a veces se ven abocadas a renovar los servicios sin licitación pública.

Los cortes de agua

Ducharse o beber del grifo no es un derecho en España; se considera un servicio, cuesta dinero y se puede cortar. No existe una cifra global de personas afectadas porque el suministro de agua es un servicio local y cada municipio lo gestiona a su manera. AEOPAS[4] calculaba en 2013 que se tramitan al año más de 500 000 avisos de corte, un 30% más que cuatro años antes. Un representante de las empresas privadas de gestión del agua[5] afirmaba: «En cualquier caso, los servicios de aguas cuentan con elementos de acción social […] mediante la reducción de la cuota y existe un procedimiento reglado con advertencias y plazos de regularización antes de llegar a un corte, que decide siempre la Administración local, no el operador». Un procedimiento, por tanto, que facilita que los operadores privados conviertan el corte en virtud, garantizándose, gracias a los fondos municipales, el 100% del cobro.

El caso de Jerez o cómo sacar dinero de la pobreza

En Jerez, el gobierno local del PP adjudicó en 2013 la gestión del servicio municipal de aguas a la empresa Aqualia, que creó para este cometido la sociedad Aquajerez. La concesión, tras el pago de 80 millones de euros en dos plazos, es para 25 años. Ocho meses después, a comienzos de 2014, esta empresa inició una campaña para cortar el suministro por impago de facturas. Los cortes afectaron a más de 200 hogares jerezanos. La alcaldesa, en plena crisis por la oleada de cortes del abastecimiento emprendida por Aqualia, declaró: «Ahora mismo hay en Jerez 7183 contratantes con problemas para pagar el recibo del agua».

Ante las protestas ciudadanas, el gobierno municipal reaccionó cambiando la ordenanza del agua para establecer «la concesión de beneficios de oficio durante todo el año por motivos excepcionales, con un informe de los servicios sociales, para aquellas personas en situación económica especialmente desfavorecida; es el caso de estas ayudas compensatorias que han experimentado un notable incremento por el compromiso del gobierno municipal con las políticas sociales», según ha subrayado la delegada de Bienestar Social. En los cuatro primeros meses de 2014, las ayudas han crecido un 476% en relación con el año anterior y, evidentemente, este incremento tiene que ver con el hecho de que la gestión del ciclo integral del agua esté ahora en manos de una empresa privada.

La situación de emergencia social en la ciudad con mayor tasa de paro de la zona euro (41%) también ha provocado, según el Ayuntamiento, que junto a la asistencia en el suministro de un bien esencial, como el agua, las ayudas en metálico y alimentos que conceden los servicios municipales se hayan incrementado. Poco a poco, los avisos de corte aumentarán, los fondos sociales disminuirán —en uno de los municipios que sostiene mayor deuda— y, mientras tanto, el «negocio del agua» logra disminuir aún más los riesgos, ya que la operadora privada ha incrementado su garantía de cobro, que se aproxima al 100%.

España camina en dirección equivocada

Los efectos no deseados de la privatización han hecho que muchas ciudades europeas, como Grenoble, París o Berlín, hayan recuperado la concesión[6].

Mientras tanto, España camina en dirección opuesta y el proceso de privatización y de falta de transparencia en la gestión se ve favorecido por la carencia de recursos municipales, por los programas de austeridad y de reforma de la administración local impuestos por el Gobierno central y por la debilidad de la regulación. Así, hemos visto cómo se ha privatizado la gestión del agua en una parte considerable de nuestro territorio.

En 1996, el 63% de la población española estaba abastecida por sociedades públicas y el 37% por un sistema de gestión privada. En 2003, según el Sistema Español de Información sobre el Agua, la empresa privada gestionaba ya el 48% de los sistemas y el 52% mantenía el carácter público. A partir de 2006, los porcentajes se invierten: 47% pública y 53% privada. En la actualidad sigue así, pero podría cambiar en breve si se consuman los procesos de privatización pendientes.

Sin embargo, el agua en nuestro país, como en la mayoría de las culturas mediterráneas, sigue manteniendo un fuerte valor simbólico, un significado de «fuente de vida». Este valor simbólico, no obstante, no se ha traducido en resistencia organizada al proceso de privatización hasta fechas muy recientes.

Crisis económica y resistencia ciudadana

El sistema económico-político neoliberal imperante ha dejado al descubierto el interés prioritario en privatizar todos aquellos sistemas colectivos que, como los servicios públicos de agua y saneamiento, han sido fórmulas tradicionales de protección social y garantía de accesibilidad. Estas privatizaciones impiden que se destinen los bienes al servicio de las necesidades sociales, agravadas como consecuencia de la propia crisis, y los colocan al margen de los mecanismos de control democrático. Este es el principal motivo que está llevando a la ciudadanía a tomar conciencia social sobre el agua como bien común. Y es importante destacar que el actual proceso de privatización del agua también está provocando un movimiento social de resistencia frente a la mercantilización.

La movilización de Avilés

Desde los inicios de la crisis, ha habido fuertes movimientos ciudadanos en defensa del agua como bien común, que se pueden consultar en el Anexo, al final del libro. Los vecinos de Avilés (Asturias) consiguieron crear, en diciembre de 2008, una plataforma contra la privatización del agua de las más activas de España constituida por veintiún colectivos, que consiguió casi 20 000 firmas, en un municipio de 83 000 habitantes, para exigir que la gestión del agua se decidiera por referéndum.

Estas movilizaciones no impidieron que el 1 de enero de 2010 comenzara a funcionar una nueva sociedad participada en un 74% por Aquagest (grupo AGBAR–Suez) y en un 26% por el Ayuntamiento, que recibió un canon de 37,5 millones de euros como compensación.

En 2014, año de publicación de esta obra, Aquagest —hoy Hidraqua— está bajo sospecha: sus máximos responsables están imputados y sus interlocutores políticos también, entre ellos siete alcaldes y/o exalcaldes, como los de Ourense, Santiago de Compostela, Lugo o Corvera (Asturias). Sin ir más lejos, el exalcalde de Corvera está imputado por cohecho y blanqueo de capitales.

La movilización de Madrid contra la privatización del Canal

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII)[7] ha sido y es un movimiento social que refleja y expresa el malestar actual de buena parte de la sociedad madrileña. Su aspiración y empeño es revertir el proceso abusivo de apropiación de un elemento esencial para la vida como es el agua. Es un movimiento social participado por organizaciones sociales, políticas y sindicales, cuyo objetivo es impulsar y coordinar actuaciones unitarias para evitar la privatización del Canal de Isabel II e informar a la ciudadanía de sus consecuencias.

Desde el principio, es decir, desde mayo de 2011, la Plataforma se fue integrando en el movimiento que hoy es la Marea Azul, con acciones, charlas y manifestaciones decididas, organizadas y convocadas por múltiples asociaciones y asambleas populares en distintos momentos y lugares del territorio madrileño.

Sus planteamientos y propuestas han confluido con los movimientos sociales generados con posterioridad a su creación, ayudando a impulsarlos. Por eso no son de extrañar las altas cotas de simpatía que la Plataforma mantiene entre la ciudadanía y la alta aceptación de sus iniciativas tanto en barrios y pueblos de Madrid, como en otros territorios de la geografía española e, incluso, en otros estados de Europa y América Latina.

Asambleas, encuentros, concentraciones, mareas… las expresiones de protesta promovidas desde la Plataforma constituyen un llamamiento a la ciudadanía para reivindicar la DEMOCRACIA —del griego demos, pueblo, y kratos, poder—, exigir un modelo de gestión pública transparente, universal y participativa, y recuperar para el común un elemento tan esencial y vital como es el agua, junto con las empresas que la gestionan y los bienes que la circundan[8].

La creación de la Red Agua Pública

A inicios de 2012 y bajo el lema «se escribe AGUA, se lee DEMOCRACIA», se creó la Red Agua Pública[9]. Esta heterogénea red estatal ha servido, a pesar de las dificultades puntuales, para coordinar los movimientos existentes contra la privatización de la gestión del agua, intercambiar experiencias y colaborar en las estrategias de movilización.

Desde entonces, han sido notorias las actuaciones llevadas a cabo en Catalunya, a través de la plataforma Aigua és Vida; en Andalucía —Jerez y El Puerto de Santa María, en Cádiz, y Priego de Córdoba—, a través de la Marea Azul del Sur; en Candeleda (Ávila); en Ermua (Bizkaia) o en la ciudad de Murcia. No obstante, uno de los movimientos sociales que hasta la fecha ha conseguido mayores movilizaciones y logros es el de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), municipio de 32 000 habitantes que recientemente y a través de la vía judicial ha logrado paralizar por el momento la privatización del agua en su municipio.

La movilización de Alcázar de San Juan

La Plataforma contra la privatización del agua de Alcázar se constituyó en el verano de 2013, cuando se conoció que el equipo de gobierno del Ayuntamiento, formado por una coalición del PP y un grupo independiente llamado Ciudadanos por Alcázar (UCIN), había convocado un pleno el día 19 de julio de 2013, aprovechando el verano y las vacaciones de muchos habitantes, con la propuesta de iniciar el estudio para el cambio en la gestión del agua y con la intención de tener cerrado el proceso el 1 de enero de 2014.

Desde el principio, la estrategia de la Plataforma fue desplegar una campaña de información y educación, que se centró en analizar las implicaciones de la privatización propuesta por el equipo de gobierno y desmentir las noticias que suministraba la coalición del PP y los independientes. Paralelamente a esta campaña, se creó una estructura jurídica capaz de defender legalmente los intereses ciudadanos y ralentizar, en lo posible, el proceso de privatización.

Como acciones concretas, podemos destacar las orientadas a informar a la ciudadanía —elaboración de un tríptico, repartido por toda la ciudad; charlas en asociaciones y agrupaciones, y mesas informativas en los principales espacios sociales del municipio—; la recogida de firmas —11 000 en ocho meses—; las concentraciones y manifestaciones semanales, de unas 700 personas al principio y que terminaron convocando a más de 2000; la asistencia a los plenos municipales para demostrar la oposición al proceso y preguntar pacíficamente sobre la privatización; la celebración de asambleas semanales abiertas y participativas en las que cualquier persona asistente podía proponer nuevas acciones, y las conferencias de prensa donde se informaba de los acuerdos adoptados en la asamblea.

Sin duda, la acción con mayor repercusión mediática, y que convirtió al movimiento en referencia de otros muchos, consistió en un encierro de tres días en el Ayuntamiento para conseguir que el Gobierno municipal organizara una consulta popular a la ciudadanía. Durante este tiempo, el pueblo se concentró en apoyo de los encerrados.

El respaldo al movimiento creció y las manifestaciones paralelas atrajeron a personas que raras veces se habían visto en una acción conjunta. De hecho, el abandono del encierro se hizo coincidir con una manifestación de más de 3500 personas. Sin embargo, ese mismo día, el pleno del Ayuntamiento rechazó la iniciativa presentada por la Plataforma.

A pesar de esto y de las trabas de la Subdelegación del Gobierno, la Plataforma organizó una consulta en la que participaron 7724 personas. Un total de 7627 votó contra la privatización y 60 a favor. Y se evidenció que este tipo de ejercicios democráticos se pueden realizar de forma autónoma con garantías: la Plataforma creó una aplicación informática para poder controlar la votación e impedir que algunas personas pudieran votar más de una vez. En definitiva, la Plataforma de Alcázar impulsó una campaña educativa y didáctica para que cada persona, libremente, decidiese su postura, pero con información veraz, comprensible y transmitida con eficacia. Estas fueron las claves de la movilización y del éxito.

Dicho lo anterior, y remarcando una vez más que la importancia del caso Alcázar ha consistido fundamentalmente en movilizar a una buena parte de la ciudadanía, no es menos cierto que la Plataforma ha conseguido parar, de momento, el proceso de privatización gracias a un hito jurídico: la resolución 299/2014 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de fecha 11 de abril, por la cual, al declarar nulos de pleno derecho dos aspectos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se anula todo el procedimiento de licitación, incluidos los actos preparatorios.

El freno puesto a la privatización del servicio público de aguas en Alcázar de San Juan va a generar, a buen seguro, reacción en cadena porque esa decisión marca una nueva vía jurídica que abre un importante camino a las múltiples plataformas ciudadanas existentes en todo el Estado que luchan contra el oligopolio del agua.

Pacto por el agua pública y transparente

Quiero acabar este artículo señalando que sólo una correcta armonización entre el Derecho y la movilización popular puede dar resultados positivos. Es necesaria, para reforzar el papel del agua como bien común, una estrategia que posibilite cambios legislativos a nivel estatal.

En este sentido, desde AEOPAS creemos que si la legislación simplemente prohibiera, como en la mayoría de los países europeos, que los cánones concesionales se utilicen para fines distintos de la mejora de las infraestructuras hidráulicas, los procesos de privatización serían en España algo muy residual.

No hacerlo supone fomentar una burbuja hídrica basada en la utilización de la tarifa del agua como mecanismo de recaudación no transparente para financiar a los municipios y su resultado será la ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano, lo que conducirá a su insostenibilidad y, quizás, a su posterior rescate público pagado por toda la ciudadanía.

En España, las soluciones propuestas al problema del agua se han dirigido a la demanda de este recurso, sin apenas ocuparse de su gestión. Desde nuestra perspectiva, el énfasis de la nueva política de aguas debe de ponerse en la Gestión Pública Participativa, sin ánimo de lucro, como servicio de interés general.

Para ello, es necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto por el Agua Pública, en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. Un modelo que frene el incipiente proceso de corporativización[10], que también amenaza al modelo público; y que conduzca hacia el objetivo final de la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Recientemente se ha firmado el «Compromiso social y político por la gestión pública y participativa del agua en la ciudad de Zaragoza y su entorno», que aboga por que la gestión y el tratamiento del agua sean un servicio de acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos. Este compromiso, impulsado por la Red Agua Pública de Aragón y que han firmado el tripartito que forma el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, trece organizaciones sociales y dos fundaciones, plantea cambios estructurales —por ejemplo, se recoge la implementación de un órgano fiscalizador que cuente con colectivos sociales—, un reto complejo y al mismo tiempo fascinante.

SEGUNDA PARTE
Contra la privatización del Canal de Isabel II

DE AQUELLAS LLUVIAS VIENEN ESTOS LODOS

Liliana Pineda

El Canal de Isabel II, empresa pública desde su fundación en 1851, se ha convertido en los últimos años en inversor que opera opacamente en la privatización de los servicios de agua en Latinoamérica y se ha transformado en sociedad anónima embarcándose, sin motivos técnicos o económicos que lo justifiquen, en un turbio proceso privatizador de su gestión.

Ilustración de Octavio Colis

DESDE SU fundación, en 1851, y hasta su reciente transformación en sociedad anónima, el Canal de Isabel II ha sido una empresa dependiente de la Administración Pública[11] y sus gestores debían rendir cuentas ante instituciones públicas, asamblearias y órganos colegiados. Su gestión 100% pública ha sido valorada muy positivamente por la ciudadanía de Madrid. Así lo han puesto de manifiesto las encuestas efectuadas hasta ahora y, especialmente, la Consulta Social realizada el 4 de marzo de 2012 por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y el movimiento 15M.

De empresa de gestión pública a grupo transnacional

Las competencias de la empresa pública CYII[12] abarcaban los servicios de agua promovidos directamente por la Comunidad de Madrid y los confiados a ella en su ámbito territorial mediante convenios firmados con los ayuntamientos. Su Consejo quedaba facultado para adoptar cuantas resoluciones y actos fueran «necesarios» para el cumplimiento de sus fines.

A partir de 1987 dicha normativa sufriría varias modificaciones[13], y entre 1994 y 2001, el CYII constituyó varias sociedades anónimas para cuya creación el Consejo no estaba expresamente facultado, pues dichas sociedades no podían ser consideradas «necesarias» para el cumplimiento de los fines del Canal de Isabel II.

Concretamente, el 14 de noviembre de 2001, el Consejo de Administración del CYII acordó la creación de la sociedad instrumental —o «sociedad vehículo»— de carácter mercantil Canal Extensia y la oferta de adquisición de una empresa colombiana. Acuerdos estos que serían refrendados con posterioridad por el Gobierno de la Comunidad[14] y subsanados mediante decreto en 2002[15], consumando de esa manera un procedimiento anómalo de adopción de normas y toma de decisiones de calado político, con efectos económicos tremendamente riesgosos para la empresa pública.

Empresas del Grupo Canal y participación accionarial

De aquella regulación vienen los actuales lodos. Dicho decreto de 2002 cambia el modelo anterior y posibilita la actuación del CYII fuera del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, pues permite que sus gestores realicen toda clase de actos de disposición, «operaciones de endeudamiento» y que el CYII participe en sociedades anónimas, pudiendo para ello comprometer «adquisiciones, permutas y enajenaciones de bienes inmuebles» o contratar préstamos y emitir empréstitos, incluso en el extranjero, entre otras muchas actividades de carácter mercantil.

El Grupo Canal impulsa la privatización en Latinoamérica

Gracias a esa nueva regulación, que afecta al objetivo inicial, legal y único de su creación —garantizar un servicio público de agua a los madrileños y madrileñas—, el CYII ha participado con absoluta opacidad en operaciones accionariales en Latinoamérica. En la figura de la doble página anterior se recoge un esquema con la relación jerárquica de las empresas del Grupo Canal y la participación accionarial en cada una de ellas.

Su gestión ha desnaturalizado el concepto de empresa de servicios públicos, ayudando al vaciamiento del control y la supervisión pública de los servicios prestados y contribuyendo, por tanto, al déficit democrático, institucional y del sector público que se sufre en muchos países del Tercer Mundo.

En 2001, el CYII recaló en la ciudad de Barranquilla mediante la adquisición de la empresa colombiana INASSA. Llegó de la mano de los gestores políticos de su sociedad instrumental, Canal Extensia, y como consecuencia de un largo proceso privatizador de las empresas públicas en Latinoamérica, gestado a finales de los años ochenta por imposición del Banco Mundial[16], iniciando así las actividades transnacionales de lo que se conocería a partir de entonces como el Grupo Canal. De esta manera se trazó el camino que seguirían otras empresas, estatales y autonómicas, en su estrategia jurídica de confusión de titularidades —publica/privada— para dificultar al máximo las inspecciones y alejar a la ciudadanía del «lugar» donde el capital público se mezcla y se transforma en privado.

Actualmente el Grupo Canal está formado por 35 empresas, de las cuales una parte importante tiene accionariado privado. Algunas se dedican a servicios relativos al ciclo del agua, otras al sector de la energía, incluso las hay que se dedican al sector de las comunicaciones. La gran mayoría se constituyeron en el periodo 1994-2001; recordemos que en este último año se creó la sociedad vehículo Canal Extensia, si bien el desarrollo del grupo empresarial se ensanchó a partir de 2002.

Como el ámbito de actuación, la función y los objetivos del CYII se circunscriben principalmente a la Comunidad de Madrid, hay una total opacidad y un descontrol público sobre sus inversiones como Grupo Canal en otros países, pues las empresas superpuestas que utiliza y la complejidad de las operaciones accionariales en las que participa no pueden ser fácilmente sometidas a la supervisión de los organismos públicos de seguimiento, fiscalización y control.

Beneficiándose de su prestigio en España como empresa pública, cuyo principal objetivo —al menos en el papel— es la rentabilidad social de sus servicios, el Grupo Canal, a través de su red de empresas instrumentales, se extiende como una mancha de grasa por varios países de América Latina: Colombia, México, República Dominicana, Ecuador e incluso Venezuela.

Su comportamiento y sus objetivos no tienen nada que envidiar a las transnacionales más depredadoras que operan en la región, anticipando, con su proceder, el futuro del agua madrileña en manos de una empresa privada.

En realidad el Grupo Canal es muy similar a los grandes holdings privados: controla las actividades de sus empresas participadas mediante la propiedad de una parte significativa de sus acciones; consigue que la carga tributaria sobre el grupo sea menor que la suma de las cargas sobre las empresas consideradas individualmente; utiliza mecanismos de gestión característicos de la asociación público-privada (sus directores actúan como directores privados); maximiza los beneficios de los accionistas privados dejando en manos del sector público la asunción de los riesgos y las responsabilidades frente a los usuarios; ayuda al vaciamiento del control y la supervisión estatal, contribuyendo al déficit democrático e institucional del sector público.

No utiliza, por tanto, los mecanismos de la asociación/cooperación «pública-pública» que priman la rentabilidad social y el buen servicio, y que serían los adecuados tratándose de un grupo empresarial con matriz pública.

El modelo de gestión transnacional del Grupo Canal

Como resultado del «nuevo» modelo de gestión de las empresas privatizadas en Colombia, entre los años 1991 y 2006, las tarifas del agua y alcantarillado aumentaron más de un MIL POR CIENTO, afectando a todos los estratos sociales, principalmente a los sectores más pobres, que vieron minorada la universalidad del servicio público. La ausencia de estudios de impacto ambiental en las actividades del sector no solo lesionó la integridad y la biodiversidad de territorios ancestrales indígenas sino que también repercutió en la salud de las personas.

Hoy en día el conflicto se expresa en las dificultades o la imposibilidad de acceso al agua y al alcantarillado, en los costes y las irregularidades de los cobros, en la falta de interés por garantizar una buena infraestructura, en la opacidad de su gestión, en la reducción del patrimonio público y en la fragmentación del territorio y el paisaje.

De manera directa e irresponsable el Grupo Canal participa, donde actúa, en todas esas actividades conculcadoras de los derechos de la población, apropiándose de los bienes comunes. Un ejemplo de este comportamiento perverso del Grupo Canal y de la respuesta ciudadana a su gestión se ha podido apreciar en las empresas Triple A y Metroagua, en Colombia.

La Triple A de Barranquilla y Metroagua

En la primavera de 2006, Triple A de Barranquilla fue denunciada por la Fundación para el Desarrollo Integral de Taganga[17] por «defraudación del patrimonio público», al considerar que habían sido violados los derechos colectivos de la población, debido a la apropiación indebida y a la destrucción de sus conducciones. El acueducto comunitario también entabló una demanda ante la Procuraduría General de la Nación en reclamación de los dineros que por ley le correspondían, entregados fraudulentamente a Metroagua. Por todo esto, el 10 de agosto de 2006, se constituyó el Comité pro Defensa del Patrimonio Público del Atlántico para rescatar a la empresa municipal del agua de las garras del Grupo Canal. Lo integraron partidos de izquierda, coaliciones democráticas, federaciones de pensionistas, asociaciones de usuarios y en defensa de los servicios públicos, estudiantes y ciudadanía en general.

En mayo de 2008, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos hizo pública una denuncia del Comité pro Defensa de Taganga, acusando a la empresa Metroagua «por su participación directa o complicidad en la violación de sus derechos —a un nivel de vida adecuado, a la salud, al agua y a los servicios sanitarios— y por la participación directa o complicidad en la estigmatización de la población y contaminación ambiental por el emisario submarino, generando violación de los derechos a la no discriminación y a un ambiente sano». Y, en septiembre de 2008, un ciudadano colombiano cursó una petición ante la Corte Constitucional, con fundamento en el artículo 23 de la constitución colombiana, para preguntar por qué INASSA, empresa del Grupo Canal, se beneficiaba fraudulentamente de aportes del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos Distrital.

En octubre de 2009 ya era evidente que el aumento de la cobertura de los servicios de agua, alcantarillado y aseo en algunas ciudades, como Barranquilla, se había hecho a costa de la despatrimonialización de lo público, con empréstitos internacionales que resultaban terriblemente onerosos para el municipio. Un denunciante afirmaba[18]:

Evidentemente, es una tensión entre los municipios, considerados por la Constitución de 1991 como la unidad de planificación y responsables del ciclo hidrológico, frente a la disposición nacional y departamental. Es una medida regresiva, pues el municipio pierde autonomía como lo establece el artículo 287 de la constitución política; el municipio pierde la facultad no sólo en el manejo directo de los recursos que se reciben por transferencias de la nación, sino por la operación del servicio, que todo apunta a que quede en manos de particulares.

El Comité de Promotores del Referendo por el Derecho Humano al Agua de Barranquilla hizo pública la siguiente denuncia:

Triple A es el peor negocio […] no recibimos un peso de regalías, no nos pagan por el usufructo de las redes de agua y alcantarillado que son de todos los barranquilleros.

La experiencia privatizadora de estas empresas colombianas resultó, además, premonitoria del modelo de gestión subcontratada —outsourcing— que implantarían las empresas del Grupo Canal en otros procesos privatizadores de la región, y que tenían como uno de sus ejes centrales destruir el papel influyente de los sindicatos en la empresa y sus articulaciones con la clase política local.

De acuerdo con este modelo, la alta dirección estratégica de las empresas define cuáles son las áreas centrales de negocio —las core business—, las cuales, se supone, deben estar integradas por personas que trabajan en la empresa y forman parte de la plantilla, mientras que las actividades colaterales deben ser subcontratadas. Así, la gestión de cartera, los recaudos y los tributos en Barranquilla y Santa Marta se hacen a través de la subcontratación con Recaudos y Tributos (R&T), una empresa colombiana que opera como un outsourcing. Triple A de Barranquilla también subcontrata, cuando se dan aumentos de producción, a partir de un outsourcing denominado «Extra», una sociedad privada de empleos temporales de la ciudad de Cali. Esta última entidad, bajo otra denominación, «Eficacia», suministra trabajadores contratistas de carácter más estable a Triple A de Barranquilla. Además, en virtud de una ley que obliga a las entidades en este aspecto, la empresa incorpora en su plantilla aprendices del SENA —entidad nacional de carácter público para la formación profesional—. Adicionalmente, existen pasantías y convenios con instituciones educativas que utilizan temporalmente a estudiantes —sin remuneración— mediante «procesos de capacitación».

Con la implantación del modelo outsourcing se facilitaría una clara situación de abuso de la posición dominante y monopólica. Como es, además, altamente burocratizado y estandarizado, también serviría para despersonalizar y distanciar a la ciudadanía —aún más si cabe— de la gestión del servicio público. El papel de las organizaciones de los trabajadores bajo su égida ha sido asimismo limitado y se ha reducido a la defensa de prerrogativas anteriores. Las movilizaciones sindicales, de mera resistencia, se vuelven invisibles social y políticamente al negar a los empleados, en la práctica, su interlocución pública. La penosa situación que hemos relatado no impidió, sin embargo, una importante movilización ciudadana y la resistencia comunitaria de pobladores y trabajadores latinoamericanos. Se han ganado batallas importantes y actualmente muchos abusos laborales, ambientales y tributarios están siendo juzgados en los tribunales locales con fallos significativos en contra de las empresas del Grupo.

El proceso de mercantilización del CYII

Poco después de aquellas movilizaciones en el Atlántico colombiano, el Grupo Canal es condenado por el Tribunal Permanente de los Pueblos en su sesión deliberante de mayo de 2010[19] por sus actividades depredadoras transnacionales. Se inicia así una movilización ciudadana en Madrid contra el nuevo modelo de gestión del CYII y sus prácticas empresariales contrarias a los derechos de los pobladores, usuarios y trabajadores. En septiembre de aquel año también se constituye la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II.

Entre los objetivos del proceso privatizador no está solo el propósito de dar continuidad al proyecto transnacional de mercantilización del agua, dilapidación del patrimonio público y apropiación de los bienes comunes. También, pensando localmente, está la esperanza de dar impulso o respiro al viejo modelo de crecimiento basado en la construcción y el ladrillo, implantado en la Comunidad de Madrid desde los años ochenta, cuando se inició la permisividad normativa y la distorsión reguladora que posibilitaría la creación de sociedades anónimas con capital público.

Los amaños de Caja Madrid para privatizar el Canal

Prueba de ese ánimo «emprendedor», que se proyecta entrelazando y fundiendo intereses públicos y privados, es la correspondencia electrónica entre el entonces presidente de Caja Madrid (Miguel Blesa) y otro directivo de la Caja (Carlos Vela), filtrada por el diario digital Infolibre[20], reveladora de negociaciones secretas entre el Gobierno de la Comunidad, el CYII y los directivos de Caja Madrid. En un correo de mayo de 2004[21] se propone intentar un proceso de privatización «no convencional del CYII» en dos fases: la primera, dando entrada a un socio privado (Caja Madrid), y la segunda, mediante su salida a bolsa.

Otros correos fechados en 2005[22]/[23] revelan que ya entonces se planeaba «la creación de un holding en cuya matriz participarían Caja Madrid y Canal YII», desde el que «explotar la complementariedad de las capacidades técnicas, financieras y de gestión de ambos socios», dedicado al ciclo integral del agua, medio ambiente, energía, infraestructuras y servicios, transportes y equipamiento público, tecnología y otros —hospitales concertados, colegios concertados, alojamientos de estudiantes, etcétera—.

También se anunciaba un nuevo modelo de gestión: «las compañías especializadas actuarían como cabeceras de proyectos específicos»; y se señalaban las ventajas de toda la operación:

«No nos enemistaríamos con ningún grupo del ámbito construcción-servicios, que son el origen de buena parte de nuestra actividad financiación proyectos».

En la valoración incluida en dicha misiva se analizaba, asimismo, «la compatibilidad entre el proyecto empresarial con CYII y la aportación conjunta de participaciones de autopistas con FCC», aunque la incorporación de FCC al proyecto no se percibía muy viable ya que podría provocar «el recelo del resto de constructores, para acudir con ellos como socios en otros proyectos de transporte», algo que, según el analista, no sería positivo al dedicarse Caja Madrid en su línea fundamental de negocio al sector de la construcción.

En junio de 2006 el Presidente de Caja Madrid recibe «LA NOTA PROMETIDA»[24], que alerta sobre las dificultades jurídicas de la operación proyectada: «la Intervención General del Canal de Isabel II indicó —al Gobierno regional y al Canal— que la aportación de sus participadas a un vehículo en el que no tuvieran el 100% podía ser considerado como una enajenación, y en consecuencia debería estar sujeto a las normas de adjudicación por la vía del concurso público». Por lo que se decide realizar la operación de privatización en dos fases: primera, mediante la creación de un «vehículo propio», para lo que encargan una valoración de los activos a KPMG; y segunda, mediante «concurso público» de méritos, para que Caja Madrid obtuviera ventajas al adjudicarse la participación en la operación.

Con el asunto «Canal Y-II», el presidente de la Caja recibe otro correo en la primavera de 2007[25], en el que le informan que desde el CYII estarían dispuestos a iniciar un proceso de «privatización» más ambicioso, en el que Caja Madrid podría tener la mayoría del capital, con el objetivo de crear un holding privado que permitiera la explotación del negocio sin tener que bajar el precio del agua, para no renunciar «al valor societario potencial», lo que obviamente beneficiaría a unos cuantos a costa de malvender el patrimonio y los bienes de la ciudadanía madrileña, adscritos a la empresa pública.

El oscuro reparto de beneficios

Otro ejemplo de cómo se concreta el reparto de «beneficios» derivados de negociaciones secretas que afectaron al CYII es la contratación de publicidad en la CAM, denunciada en marzo de 2014 por La Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM).

El 23 de septiembre de 2008, una productora de televisión (Boomerang TV S.A.), asociada al presidente del Club Atlético de Madrid S.A.D., resultó agraciada con la adjudicación, por parte de la Comunidad de Madrid, del acto de inauguración de los Teatros del Canal. El presupuesto ascendía —según publicó el diario El País el 24/09/2008[26]— a 1 229 240 euros, más el 16% de IVA (196 000 euros). Es decir, se otorgó un contrato de casi 1,5 millones de euros a una productora de televisión cuyo objeto social y experiencia no eran ni la organización de eventos ni la prestación de servicios de catering.

El CYII habría pagado, según se recoge en el artículo mencionado,

[…] unos porcentajes de beneficios muy superiores a los que manejan las empresas del sector, según tres testimonios que aseguran que el margen de ganancias suele ser de hasta el 20%. Los beneficios obtenidos por Boomerang TV por organizar el acto son de hasta el 98% en un capítulo del presupuesto y superan en al menos 16 apartados el 30%, según los documentos. En algunos conceptos llegan al 87% (gabinete de comunicación), 46% (moqueta serigrafiada y proyección) o 71% (equipo de relaciones públicas).

La ley obliga a abrir un concurso público para contratos de servicio superiores a 211 000 euros; sin embargo, los artífices del contrato no aclararon qué tipo de procedimiento siguieron para efectuar aquella adjudicación.

El cambio normativo

La promulgación en 2008 de una ley dispersora y carente de toda racionalidad normativa[27], que faculta al CYII para la creación de una nueva sociedad anónima y posibilita el acceso de capital privado al 49% de sus acciones, constituye un paso firme para alcanzar el objetivo de entregar los activos del Canal a la «iniciativa» privada. La habilitación en 2011 para constituir la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión es un salto cualitativo.

Todo ello se afina en 2012 con una nueva regulación hecha a medida de los intereses de quien preside la Comunidad de Madrid[28]: se inaugura un Consejo de Administración del CYII que reduce a la mitad su número de miembros, eliminando, además, los dos que nombraba el Comité de Empresa. Todas las actividades que antes gestionaba la empresa pública, y que se regían por la regulación y control del derecho público, pasan al ámbito del derecho privado y pueden ser objeto de externalización y mercantilización.

Los convenios

Hay que recordar que para que el CYII pudiera gestionar los servicios de abastecimiento y saneamiento que prestaban los ayuntamientos en la Comunidad de Madrid, se estableció la posibilidad de formalizar convenios bilaterales (CYII-ayuntamientos)[29], en los que se recogían las obligaciones y compromisos de cada parte, y el régimen transitorio hasta que el CYII recibiera las instalaciones. Una vez suscritos los convenios, en las condiciones estipuladas, las instalaciones municipales quedaban «adscritas»[30] al CYII. En función del alcance de la intervención del CYII en la gestión del servicio, se distinguieron tres tipologías de Convenios:

De gestión comercial, en los que el CYII presta los servicios de aducción[31], depuración y realiza la gestión comercial[32].

De gestión técnico-comercial, en los que el CYII, además de prestar los tres servicios anteriores, se encarga del mantenimiento, explotación y renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento (no olvidemos que la financiación de la renovación de las infraestructuras se realiza mediante la recaudación de una cuota suplementaria en el recibo).

De gestión integral, similar al anterior, pero la renovación de las redes la financia el CYII a través de su propio presupuesto, y las infraestructuras se adscriben al sistema general de infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

De estas tres maneras se formalizaron 175 convenios entre el CYII y los ayuntamientos de Madrid, sobre un total de 179, según datos del año 2009.

En el proceso privatizador, para poder garantizar a la nueva sociedad anónima la gestión integral de los servicios municipales, se eliminó la cooperación entre las distintas administraciones, vaciando las competencias que en materia de abastecimiento y saneamiento tienen por ley los ayuntamientos, mediante la novación, modificación y suscripción de los mencionados convenios con el CYII.

A los ayuntamientos que firmaran la «adhesión» a este nuevo modelo se les ofreció a cambio participar hasta del 20% en el accionariado de la sociedad anónima y la posibilidad de vender en el futuro el 70% de esas acciones. Los promotores e interesados en esta operación mercantil prevén —y confían— que los ayuntamientos que han firmado no podrán romperlos cuando la empresa deje de ser 100% pública.

Es importante destacar que en dichos convenios el CYII aporta —privatiza— a la nueva sociedad la titularidad de sus bienes patrimoniales, pero además le «adscribe», para su gestión, los bienes demaniales. Esto en la práctica, como se verá a continuación, significa que privatiza la gestión de la Red General del Agua de la Comunidad de Madrid.

Los bienes

Dentro de los bienes que gestiona el CYII están los denominados DEMANIALES, que son inembargables, imprescriptibles e inalienables —no se pueden vender—. Son aquellos bienes de titularidad pública y dominio público que se encuentran afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley les otorga expresamente ese carácter de demaniales.

Todos ellos están incluidos en la Red General del Agua de la Comunidad de Madrid. Dentro de estos bienes existen los de titularidad del Estado —como la presa de El Atazar, cuya gestión se ha traspasado al CYII[33]—, los de titularidad de los ayuntamientos[34] y los propios del CYII.

Pero además de los bienes demaniales, están los llamados bienes PATRIMONIALES, los que siendo de titularidad pública no tienen el carácter de demaniales y pueden, por tanto, ser adquiridos, gravados o vendidos, o cedida su titularidad a otra entidad pública o privada, como si de un particular se tratase. Algunos de estos podrían ser infraestructuras, pero mayoritariamente consisten en suelo e inmuebles que fueron cedidos por el Estado o los ayuntamientos para que el CYII desarrollara sus actividades y construyera sus instalaciones. Pero pueden ser, también, bonos, acciones y participaciones accionariales del CYII en sociedades mercantiles o en las empresas del Grupo Canal. No existe a día de hoy fuente oficial alguna que aporte información sistematizada para conocer el valor de los bienes que el CYII ha venido acumulando en todos estos años. Y no debemos olvidar que se trata de una empresa pública. Algunos datos que han aparecido en medios de comunicación pueden ser globos sonda, a la baja, para favorecer el negocio de las empresas que pugnen por entrar en el capital de la nueva sociedad anónima Canal Isabel II Gestión. Debido a la opacidad de sus cuentas, tampoco nos es posible saber con precisión el porcentaje actual de participaciones y accionariado en las principales empresas del Grupo Canal y las ganancias que obtuvo de cada una de ellas.

Tan sólo hemos podido obtener datos oficiales de 2007, según la información de El País de 17 de septiembre de aquel año.

Fuente: El País, 17 de septiembre de 2007

La sociedad anónima Canal Isabel II Gestión

La sociedad anónima Canal Isabel II Gestión es una de las empresas más importantes de la Comunidad de Madrid, tanto por sus ingresos y beneficios como por su actividad estratégica. Constituye la piedra angular del modelo de gestión y no hay que perder de vista que, a pesar de ser actualmente 100% pública, el objetivo del Gobierno regional es su privatización, es decir, la venta al sector privado del 49% de las acciones de la sociedad. Su constitución se realizó de forma opaca sin que se hicieran públicos los documentos básicos que permitirían conocer las características del nuevo modelo de gestión actual[35], conociéndose su contenido parcialmente, a través de filtraciones de diversa procedencia.

El Contrato Programa suscrito entre el ente público CYII y la nueva sociedad anónima Canal Isabel II Gestión recoge importantes competencias del ente público[36], como la «propuesta de modificación de las tarifas», que en la actualidad no ejecuta efectivamente al no haber sido dotado de los medios humanos y materiales para tal fin. También las unidades de planificación y de gestión administrativa del antiguo CYII, necesarias para desarrollar dichas competencias, han sido traspasadas por completo a la sociedad anónima. Para realizar sus tareas el ente público depende, por tanto, de la información que le suministra la sociedad anónima, lo que es un contrasentido y significa que el verdadero poder de decisión está en esta última.

El modelo de gestión de la sociedad anónima

El modelo, implantado en junio de 2011, es definitivamente peor que el anterior, sobre el que ya teníamos importantes discrepancias. Consiste en esencia en lo siguiente:

Mantiene el ente público CYII como órgano —supuestamente— de control y supervisión de la sociedad anónima, pero reducido a su mínima expresión: veintidós trabajadores.

La sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión es la encargada efectivamente de la gestión del patrimonio, las infraestructuras y los servicios de agua potable, y del saneamiento y la reutilización de las aguas depuradas. Está destinada a ser privatizada «cuando las circunstancias económicas así lo permitan», según el presidente de la Comunidad de Madrid.

Entre los aspectos que consideramos graves de dicho modelo, aparte de su anómala expansión geográfica fuera del territorio de la Comunidad de Madrid[37], podemos señalar su opacidad, la ausencia de instrumentos de participación ciudadana en la gestión integral del ciclo del agua, y su gestión mercantil, que se basa en una supuesta eficiencia económica cuyo objetivo último es la maximización del beneficio, relegando a un segundo plano objetivos esenciales de un servicio público, como la calidad, la equidad social o la responsabilidad ante la ciudadanía.

El carácter empresarial de sus actividades, en detrimento del servicio público y de las condiciones laborales, así como la externalización de muchas de sus funciones y actividades propias[38], han supuesto la precarización de los trabajadores del CYII y repercuten en las tarifas del agua y en la calidad del servicio. Todo ello significa tanto el fin de las políticas de ahorro del líquido elemento como la potenciación del agua embotellada y consuma, al mismo tiempo, una expoliación del patrimonio público de la ciudadanía madrileña junto con la apropiación de bienes comunes.

Respecto a la opacidad, podemos asegurar, asimismo, que la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión funciona como una caja negra, como una isla de impunidad ajena al control parlamentario y a la fiscalización de sus decisiones. Amparada en su condición de sociedad anónima, ha blindado las decisiones y deliberaciones de su Consejo de Administración. Todos los consejeros son designados por el Gobierno de la Comunidad, habiéndose excluido al resto de partidos políticos que componen el Parlamento, a los representantes de los trabajadores y a la ciudadanía. Decisiones fundamentales y estratégicas, como el reparto de beneficios anuales y la distribución de dividendos a los accionistas, así como las inversiones en empresas del Grupo Canal o en sociedades externas, ya no se adoptan en el Consejo de Administración, sino en el entorno inmediato del presidente, que decide en secreto incluso sobre las remuneraciones de los miembros del propio Consejo. Un ejemplo de esta opacidad y arbitrariedad con las que funciona la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión es la adquisición de la concesión del Servicio de Aguas de Lanzarote (INALSA)[39], en abril de 2013, por la que deberá pagar 106 millones de euros en cinco años. Esta operación, que tiene niveles importantes de riesgo, se realizó sin consultar al Gobierno de la Comunidad de Madrid; tampoco al Parlamento autonómico, cuyos miembros se enteraron de esta operación por la prensa. La opacidad y falta de participación en la gestión del CYII también se evidencian en la escasa información que se transmite desde el CYII y en la relación con los usuarios y usuarias a través de su página web. Hay una red de centros de atención al cliente, un teléfono 9000 Canal y un Defensor del Cliente para las reclamaciones. De este modo, los ciudadanos-usuarios han pasado a convertirse en «clientes» sin que exista ningún tipo de instrumento de participación ciudadana en el control de la gestión del CYII, ni en la toma de decisiones. Nadie informa, ni rinde cuentas, ni justifica, por ejemplo, el incremento de los costes del agua a través de subidas sucesivas de las tarifas.

Aunque en las encuestas de valoración realizadas hasta la fecha, el CYII cuenta aún con un alto grado de aceptación entre la ciudadanía de Madrid —seguramente como consecuencia de su pasado eficiente—, la falta de participación en el control de su gestión destaca como uno de sus más graves problemas. La importancia de la participación social en la gestión del ciclo del agua ha sido recogida en diversas directivas europeas[40] y en la Agenda 21 Local[41]. Pero como dirían nuestros amigos colombianos:

El discurso gerencial despolitizado adquiere un corte neutro y la ingeniería de procesos y la normalización intentan suprimir el debate público sobre los impactos de la provisión mercantilizada de los servicios públicos domiciliarios[42].

Quienes nos hemos enfrentado a esta trascendental «operación» privatizadora hemos realizado acciones de carácter político —iniciativas legislativas municipales— y jurídico, interponiendo por vía contencioso-administrativa decenas de recursos contra los actos de aprobación de los convenios con el CYII. También hemos promovido el ejercicio de acciones de carácter constitucional —por lesiones a la autonomía local[43]— e incluso de carácter penal, cuando hemos detectado la comisión de conductas prevaricadoras que afectan al patrimonio del CYII. Asimismo, hemos recabado los apoyos internacionales necesarios para impulsar acciones con efectos políticos y jurídicos ante las instituciones europeas.

Pero paralelamente a todo lo anterior, como acción fundamental, ejercemos la MOVILIZACIÓN CIUDADANA mediante cientos de actividades y actos públicos informativos. En Marea Azul participamos de muchas maneras en el estudio de la problemática de las privatizaciones de los servicios públicos y en los grupos de trabajo específicos de las asambleas de barrios y pueblos de Madrid.

QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE CON LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL

Enrique Ortega

Pocas dudas albergamos sobre quién pierde con la privatización del Canal. Pierde la calidad del servicio, que gestionado desde lo público ha sido aceptable desde hace más de 160 años. Pierden los trabajadores, la ciudadanía y los ayuntamientos. Veremos a continuación por qué y analizaremos las mentiras que cuentan quienes apuestan por su privatización y los verdaderos beneficiarios de esta operación.

Tú tranquilo, que yo llevo el botijo

Ilustración de Antonio Santos

EN 2008 EL PARTIDO POPULAR impuso su mayoría absoluta para aprobar la privatización del Canal de Isabel II, mediante la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas, que autorizaba la creación de una sociedad anónima en la cual el 49% del accionariado sería privado. Las infraestructuras de aducción, abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización, que componen la Red General de Agua de la Comunidad de Madrid, quedarían adscritas a esta sociedad y se le cedería además la titularidad de los bienes patrimoniales del Canal —inmuebles, suelos, acciones de las empresas del Grupo Canal, etcétera—.

Ya hemos visto en el capítulo anterior cómo se ha ido tramando el cambio normativo para poder embarcar a la empresa pública Canal de Isabel II en un proceso depredador de los servicios públicos en Latinoamérica. También hemos visto cómo se ha ido gestando la mercantilización del Canal hasta configurar una sociedad anónima, regida por el derecho privado, que oculta información esencial sobre su gestión y su patrimonio a las instituciones de la Comunidad y a la ciudadanía.

Entraremos aquí a analizar las mentiras que pretenden justificar la privatización y explicaremos sus consecuencias, no solo para la calidad del servicio, sino también para los trabajadores y trabajadoras del Canal, que perderán el empleo de calidad que siempre ha sido un distintivo de esta empresa pública; para la ciudadanía, que sufrirá un servicio peor y más caro, y para los ayuntamientos, que se transforman en meros clientes de una sociedad anónima. Expondremos como contraste la experiencia de otras ciudades europeas que ya han vivido este proceso lamentable y han optado por remunicipalizar la gestión del agua.

Las mentiras sobre la privatización del Canal

Desde el primer momento el Gobierno de la Comunidad trató de justificar la privatización con cuatro mentiras:

Es necesario obtener recursos económicos para realizar inversiones en infraestructuras que aseguren el abastecimiento futuro y la aplicación de las directivas europeas medioambientales.

No se trata de una privatización ya que, al retener las administraciones el 51%, se garantizará el control público de la sociedad.

La entrada de socios privados mejorará la eficiencia del servicio de aguas.

La principal beneficiaria será la ciudadanía.

La supuesta necesidad de recursos económicos

La primera mentira fue desmontada por múltiples estudios y artículos que demostraron que las supuestas necesidades eran ficticias, sin que por otro lado la Comunidad haya aportado ningún estudio que demostrara dichas necesidades. El siguiente capítulo de este libro contiene un interesante texto de Ecologistas en Acción sobre este tema.

El argumento de los recursos económicos ha ido perdiendo peso con el tiempo y en su contra juega que en cinco años —de 2009 a 2013—, un periodo en que el Canal ha obtenido beneficios por valor de unos 780 millones de euros, no se ha invertido ni un céntimo de este dinero en las infraestructuras que supuestamente eran imprescindibles.

Los beneficios han engrosado las arcas de la Comunidad hasta que, a partir de la creación de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión (en adelante, Canal Gestión), pasaron a engrosar los dividendos de los accionistas de la sociedad —Comunidad de Madrid y ayuntamientos—.

La falacia de que no es una privatización

La privatización es una realidad incontestable ya que, aunque las sociedades de economía mixta mantienen formalmente una mayoría accionarial pública, el 49% de los accionistas privados establecen una serie de condiciones para controlar la actividad de la sociedad anónima: primero, decidiendo la empresa de referencia que gestionará la sociedad, que normalmente es una multinacional del sector (Aguas de Barcelona-Suez, Aqualia, Acciona Agua, etc.); segundo, imponiendo un gerente de confianza; tercero, asegurándose la planificación estratégica de la empresa, y cuarto, asegurándose el control de la actividad cotidiana, tanto técnica como económica, lo que permite maximizar los beneficios. Todas las sociedades mixtas se comportan de esta manera y su consecuencia es el papel subalterno de las Administraciones y la pérdida paulatina del control de las actividades de la sociedad anónima.

Actualmente, el modelo de sociedades mixtas es el preferido por las empresas multinacionales del sector, debido a que pueden ser mejor aceptadas por la opinión pública al mantener la apariencia de control por parte de las Administraciones. Su gestión, sin embargo, puede ser controlada con facilidad por los accionistas privados, y su pertenencia formal al sector público las exime del pago de algunos gravámenes. Además, la participación pública mayoritaria en su accionariado disminuye los riesgos y sirve de paraguas a los accionistas privados, en caso de pérdidas o fracaso de la sociedad.

Por lo tanto, se puede afirmar que el proceso de privatización del Canal es real, y que la participación del capital privado en la sociedad anónima va a introducir la lógica del beneficio frente a los objetivos de servicio público.

El señuelo de la eficiencia privada

¿Va a fomentar una gestión más eficiente y un mejor servicio la entrada de accionistas privados en el Canal? A esta pregunta hay que decir rotundamente que no; al contrario, el servicio empeorará y será más caro.

Desde el punto de vista empírico existen múltiples estudios que demuestran que la gestión pública es más eficiente desde todos los puntos de vista: técnico, económico, social y ambiental. El último que conocemos, realizado por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada[44], recoge 52 análisis de servicios de agua de la Comunidad Autónoma de Andalucía (28 con gestión pública y 24 con gestión privada). Sus conclusiones son que los servicios con gestión pública son más eficientes que los de gestión privada. También pone de manifiesto que, en las privadas, las tarifas son más altas y se constata la dificultad de control de los ayuntamientos sobre las actividades del servicio.

Lo anterior tiene razones objetivas ya que los servicios de abastecimiento y saneamiento tienen la condición de monopolios naturales en los que no rigen las leyes de la competencia, creándose mercados cautivos. A esto hay que añadir que ni siquiera en los concursos para la concesión de los servicios existe competencia porque, en general, están dirigidos a que gane una empresa determinada —del gusto de la Administración respectiva— y porque el sector en España tiene un grado importante de oligopolio, en el que dos empresas, Aguas de Barcelona-Suez y Aqualia-FCC, gestionan más del 80% de los servicios de agua privatizados. La conclusión es que las empresas que gestionan los servicios privatizados funcionan como un monopolio privado, eliminan la competencia en cuanto a compras y servicios e imponen las condiciones de los contratos para conseguir mayores beneficios. ¿Puede primar en estas condiciones la eficiencia? Por otro lado hay que tener en cuenta la condición del agua como bien público y como derecho humano. El agua es un recurso finito, con múltiples funciones asociadas a la sostenibilidad ambiental, a la ordenación del territorio, a las necesidades humanas, a sus derechos básicos y al desarrollo de la sociedad, y su gestión debe planificarse democráticamente. Además, el derecho humano al agua implica la aplicación de criterios como el suministro necesario a cada persona, la no discriminación, el acceso a la información, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, cuestiones incompatibles con una actividad mercantil. Desde la óptica privada es imposible gestionar bien las sequías, jerarquizar los usos del agua, garantizar la universalidad y la equidad, proteger el medio ambiente o hacer efectivo el derecho humano al agua.

Por último, el argumento de más peso lo constituye el buen hacer con que el Canal de Isabel II ha gestionado el ciclo integral del agua desde hace más de 160 años. El Canal está considerado por las entidades profesionales y organismos internacionales como la gestora del agua más eficiente y con un servicio de mayor calidad en España, por encima de las empresas privadas del sector. Su talón de Aquiles, en mi opinión, es su alto grado de comercialización, preludio de la privatización. Hay que destacar la universalidad del servicio de abastecimiento y saneamiento, la formación de un personal muy cualificado, la creación de herramientas muy potentes para gestionar los recursos hídricos disponibles —tanto superficiales como subterráneos—, la aplicación de programas continuados de inversión para la renovación de redes y mejora de las infraestructuras, o el establecimiento de programas eficaces de gestión de la demanda, que han permitido disminuir los consumos medios de los hogares madrileños a 144 litros por habitante y día (2008), por debajo de la media española. Se puede asegurar que la entrada de una empresa privada en la gestión del Canal no aportaría nada positivo, sino ineficiencias al sustituir el interés general por el ánimo de lucro de sus accionistas.

Las consecuencias de la privatización para la ciudadanía

La Public Services International Research Unit (PSIRU) de la Universidad de Greenwich es una entidad de investigación que lleva más de diez años realizando un seguimiento de los servicios de agua privatizados y sus consecuencias, y de las remunicipalizaciones que están teniendo lugar. Sus numerosos estudios pueden verse en su página web[45].

En la mayoría de los casos estudiados se repiten una serie de problemas que afectan a la ciudadanía y al funcionamiento de los servicios de aguas. Enumeramos los de mayor importancia:

Subidas desproporcionadas de las tarifas.

Incumplimientos de los contratos establecidos con las Administraciones respectivas.

Disminución de las inversiones necesarias para la renovación y mejora de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, destacando las relativas a la reposición de redes necesarias para disminuir las pérdidas del sistema.

Empeoramiento de la calidad del servicio prestado.

Disminución de la calidad de las plantillas, mediante la reducción de efectivos, la precarización del empleo y el deterioro de la cualificación del personal.

Ganancias extra contractuales, derivadas de la contratación de obras y servicios con empresas de su mismo grupo, a precios más altos que los del mercado.

Falta de transparencia e información sobre las actividades de la empresa, especialmente las relacionadas con aspectos económicos.

Falta de rendición de cuentas a los poderes públicos y pérdida paulatina del control de las actividades de la empresa por parte de los ayuntamientos.

Colisión entre los intereses públicos y los privados.

No aplicación del principio de igualdad; corrupción en las adjudicaciones, mediante tráfico de influencias o sobornos. En Francia este problema fue de tal magnitud que llevó a la cárcel a decenas de alcaldes y concejales.

Estos problemas han llevado a la ciudadanía de muchos municipios y a los propios responsables municipales a plantearse la remunicipalización de los servicios de agua. A nivel europeo, la PSIRU ha contabilizado 34 ciudades que han rescatado el servicio, entre las que se encuentran París, Toulouse, Bordeaux, Berlín o Budapest.

Se recogen, a modo de ejemplo y por su similitud con el sistema de privatización diseñado para el Canal de Isabel II, los casos de la ciudad de París y del Land de Berlín. En ambos casos se implantaron sociedades mixtas, cuyos problemas pudieron ser analizados en profundidad gracias al posterior proceso de remunicipalización, que puso en evidencia las diferencias entre una gestión privada y una pública.

El caso de la ciudad de París

En 1984, el entonces alcalde Jacques Chirac confió los servicios de distribución de agua a las multinacionales Veolia, a la que se adjudicó la margen derecha del río Sena, y Suez, que se hizo cargo de la margen izquierda, dando el primer paso para el desmantelamiento de este servicio público. En 1987, estableció una SEM (sociedad de economía mixta) para la producción de agua con un contrato de concesión de 25 años[46]. El Ayuntamiento también encargó a la SEM el control de los distribuidores privados, aunque esos mismos distribuidores formaban parte del Consejo de Administración de la Sociedad, lo que creó un claro conflicto de intereses. Durante muchos años se dieron frecuentes conflictos con el Ayuntamiento, por incumplimiento del contrato, prácticas abusivas y opacidad financiera. El balance de la gestión privada puede resumirse así:

Las pérdidas en la red se mantuvieron constantes a lo largo de los primeros veinte años de gestión privada, pasando del 20% al 17% en 2004. Solo al final de la concesión y bajo la presión de la remunicipalización se hicieron las inversiones necesarias para disminuir las pérdidas.

Las tarifas para el agua potable aumentaron entre 1985 y 2009 un 265%, cuando la inflación subió en el mismo periodo un 70%.

La ciudad de París se volvió dependiente de los conocimientos técnicos de las empresas privadas, perdiendo el control del servicio, incluso del estado de las propias redes.

La gestión de Veolia y Suez se caracterizó por un total oscurantismo en los aspectos financieros. Se declaraban ganancias anuales del 6 o 7%, mientras la cifra real era del 15%. Estas cifras no tenían en cuenta las comisiones de obras a sus subsidiarias, extrayendo ganancias adicionales a través de facturas infladas. Otros beneficios se extraían de la falta de obras de mantenimiento y de trucos contables.

Esta situación era bien conocida y tolerada por las autoridades municipales. Para entenderlo hay que tener en cuenta la compenetración existente en Francia entre el mundo político y el mundo empresarial del agua, fenómeno que quizás sea extensible a otros países como el nuestro.

La situación cambia radicalmente en 2001 con la elección como alcalde de París de Bertrand Delanoë, apoyado por una coalición de izquierdas —socialistas, comunistas y verdes—, que se posiciona claramente contra la gestión privada y comienza los estudios para la cancelación del contrato. Desde un primer momento, se ve la dificultad para anularlo antes de la fecha de vencimiento prevista (2009), dados los elevados costes que ello hubiera supuesto para la Administración. Sin embargo, la presión del consistorio permitió una renegociación muy favorable, consiguiendo reducir las ganancias anuales de las empresas al 4% y que se comprometieran con un plan de inversiones de 153 millones de euros.

En las elecciones de 2008, la coalición de izquierdas incluyó en su programa el rescate del servicio de agua, que se llevó a cabo el 1 de enero de 2010, constituyendo un solo operador público para gestionar la distribución de agua y los servicios de saneamiento: Eau de París. Mientras que antes los beneficios derivados de la explotación se utilizaban para cubrir otras actividades de los grupos privados y consolidar sus márgenes de beneficio, hoy se reinvierten totalmente en los servicios de agua.

Para evaluar la calidad del servicio prestado por el operador público, se firmó un contrato marco entre Eau de Paris y el Ayuntamiento donde se establecieron unos altos estándares de calidad en el servicio —técnicos, económicos, sociales y ambientales—. El Consejo de Administración está compuesto por 17 personas: 10 elegidas por el municipio, 2 en representación de los trabajadores y 5 que representan a asociaciones de consumidores, ecologistas, etc. Se ha establecido un dispositivo de control ciudadano: el Observatorio Municipal del Agua, que permite evaluar el servicio a usuarios y organizaciones sociales.

En 2011 se consiguieron los primeros resultados. Se logró un beneficio anual de 35 millones de euros y se pudo reducir la tarifa en un 8%. Para más información, se puede consultar la web de la Plataforma[47].

El caso del Land de Berlín

En Berlín se dio un proceso de privatización similar al que se pretende implantar en la Comunidad de Madrid. En 1999 el Senado del Land, con mayoría de cristiano-demócratas y socialdemócratas, aprobó la venta del 49,9% de las acciones de la sociedad Berliner Wasserbetriebe (BWB) a un consorcio constituido por dos multinacionales —la francesa Veolia y la alemana RWE—, mientras que la Administración de Berlín se quedó con el 50,1%. En la decisión fue determinante la red de connivencia entre políticos berlineses, ejecutivos de empresas privadas del agua y las empresas de consultoría que prepararon los informes favorables a la privatización. Curiosamente estas consultorías son las mismas que asesoraron a RWE y Veolia.

Esta privatización constituye un caso ejemplar de cómo un socio privado minoritario ejerce el control real de la empresa privatizada y se queda con la mayoría de sus dividendos. El cargo de presidente del Consejo de Administración de la BWB privatizada fue asumido por un directivo de Veolia, mientras que un ejecutivo de RWE asumió el cargo de presidente del Consejo de Administración del Berlinwasser Holding. Este, además de ser la empresa gestora de los servicios de agua de Berlín, incluye empresas del mismo consorcio que trabajan a nivel internacional y empresas de otros sectores, como el de las telecomunicaciones. En teoría, el Consejo de Administración del holding podría haber ejercido un papel de control de la BWB, ya que los representantes de la ciudad de Berlín están en mayoría. Sin embargo, este organismo nunca se reunió en los doce primeros años de la concesión.

La distribución de dividendos —entre 2000 y 2005— fue de 495 millones de euros para Veolia y RWE, y de 171 millones para la ciudad de Berlín, a pesar de poseer ésta la mayoría del capital. La explicación hay que buscarla en las cláusulas del contrato que garantizan un rendimiento mínimo a las inversiones de Veolia y RWE, fijadas en un primer momento en un 6% del capital necesario para las operaciones de la empresa, más un bonus del 2%. Este bonus fue declarado ilegal por la Corte Constitucional de Berlín tras un pleito promovido por Los Verdes y La Izquierda. Sin embargo, Veolia y RWE presionaron para cambiar la ley que había permitido la privatización del servicio, y lo consiguieron. En 2003 el Gobierno de Berlín garantizó beneficios superiores al 6% aun en tiempos de falta de ganancias, a través de rebajas fiscales y de pagos directos a las empresas multinacionales por parte de la Administración, lo que contribuyó a la ruina de las finanzas públicas de Gobierno del Land. Las consecuencias de la privatización, para la ciudadanía, para los trabajadores y trabajadoras y para los servicios de agua, pueden sintetizarse en las siguientes:

Aumento sustancial de las tarifas.

Conversión de contratos fijos en temporales (con esta medida se consiguió el 50% de la reducción de costes en los primeros años).

Transferencia de la riqueza del ámbito público al privado, al drenar el 75% de los beneficios a los accionistas privados.

Disminución drástica de la plantilla.

Degradación de la calidad del agua potable.

Reducción radical de las inversiones.

Falta de transparencia en el funcionamiento de la empresa y en el contrato que lo rige.

Colusión entre intereses públicos y privados (por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional Regional, que falló a favor de la privatización, era copropietario del despacho privado que había preparado la ley de privatización).

Desde 2006, la Mesa del Agua de Berlín (Berliner Wasserstich) ha sido la punta de lanza ciudadana por la transparencia y la remunicipalización del servicio. Su mayor logro fue la celebración de un referéndum en 2011 en el que la ciudadanía berlinesa votó por abrumadora mayoría la vuelta a la gestión pública del servicio de aguas, a través de un nuevo modelo participativo, concretado en la Carta del Agua y en el Consejo del Agua de Berlín.

El rescate del servicio se realizó en 2012, quince años antes de la finalización del contrato, lo que ha supuesto compensaciones a RWE y Veolia de alrededor de 1300 millones de euros. En noviembre de 2013, se constituyó el Consejo del Agua de Berlín, definido como órgano de participación ciudadana en la gestión de la nueva empresa pública de aguas de Berlín, con derecho a la información, la colaboración y la codecisión en sus actuaciones. Se puede encontrar más información en la web de la Plataforma[48].

Las razones de la privatización del Canal

Si no existen razones económicas ni técnicas que justifiquen la privatización del Canal y, por el contrario, dada la experiencia en situaciones parecidas, hay motivos que permiten prever consecuencias negativas tanto para la calidad del servicio como para la ciudadanía, ¿por qué se quiere privatizar la «joya de la corona» del sector público madrileño? Es una empresa que funciona aceptablemente en Madrid, que genera beneficios —156 millones de media anual durante los últimos cinco años— y que es valorada positivamente por la ciudadanía de Madrid. ¿Cuáles son las verdaderas razones?

Las razones hay que buscarlas, por un lado, en los beneficios que puede reportarle a un empresariado depredador que busca nuevas cuotas de negocio, del cual quienes nos gobiernan en la actualidad son sus auténticos representantes; por otro lado, en la ideología ultraliberal del Partido Popular, que preconiza la desregulación y privatización de lo público independientemente de sus consecuencias posteriores y que en la Comunidad de Madrid se está aplicando también a otros sectores, como la sanidad, las políticas sociales, la enseñanza, etc.

No es la primera vez que el Canal es objeto de deseo de las multinacionales del sector (Aguas de Barcelona-Suez, Aqualia-FCC, Acciona Agua o ACS) ya que, además de representar el 10% del negocio del sector del agua en España y disponer de un mercado cautivo de seis millones de usuarios, se trata de una empresa saneada y con un potencial de beneficios muy alto. Por eso se da la paradoja de que cuanto mejor funcione y más eficiente sea el Canal, mayor será la presión de las multinacionales para que se privatice.

En cuanto a la actitud de los políticos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, está claro que actúan como verdaderos lacayos del poder económico y empresarial. Su destino no está ligado a defender el interés general, sino a servir los intereses de esta casta, con la que se identifican y a la que esperan pertenecer como recompensa a los servicios prestados. Por eso no es de extrañar la existencia en el actual Canal de «puertas giratorias» por donde entran y salen de forma fluida exconsejeros de bancos y cajas, directivos de empresas, políticos y altos funcionarios, en una casa común preparada para ser privatizada.

El vaciamiento de las competencias municipales

Para asegurarse de que la futura empresa privatizada pueda suministrar sus servicios al mayor número posible de usuarios, el Gobierno de la Comunidad decidió dar una participación en el accionariado de la citada sociedad a los ayuntamientos —hasta el 20% del capital—, a cambio de convenir con ellos su adhesión al nuevo modelo de gestión y de ceder a la futura sociedad anónima la gestión de las redes municipales de abastecimiento y saneamiento. Como «guinda» se permite a los ayuntamientos, una vez culminada la privatización, vender el 70% de sus acciones al sector privado para aliviar sus problemas de caja. Con esta decisión se puso en marcha una operación de vaciamiento de las competencias municipales que duró cerca de cuatro años, debido a la complejidad del tema y a la resistencia de los municipios a la firma de los convenios respectivos.

Independientemente de su posible ilegalidad, que ha dado paso a recursos contencioso-administrativos y a un recurso de inconstitucionalidad firmado por 50 senadores del PSOE, los convenios firmados suponen que los ayuntamientos se convierten en meros clientes de una sociedad mercantil, en la que tendrán una participación simbólica destinada a legitimar la privatización del Canal. Esta condición de clientes implica que los conflictos, en lugar de resolverse mediante los mecanismos de coordinación institucional CYII-ayuntamientos (en comisiones paritarias y de arbitraje), se dirimirán en los Tribunales como consecuencia de la firma de los convenios. Por otro lado, la imposición de que se ceda la gestión integral del servicio a la nueva sociedad anónima, vulnera la autonomía municipal al suprimir la posibilidad de que los ayuntamientos opten por la modalidad de gestión de los servicios de agua que consideren adecuada.

La contestación de alcaldes y concejales a la firma de los nuevos convenios fue muy fuerte, incluso en las filas del propio Partido Popular, y dio lugar a que ocho ayuntamientos presentaran una Iniciativa Legislativa Municipal contra la privatización del Canal, que fue desestimada por la Asamblea de Madrid, utilizando el PP su mayoría parlamentaria. Para conseguir la firma de los nuevos Convenios, el Canal y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han utilizado todo tipo de presiones, muy cercanas a la extorsión, amenazando a los ayuntamientos con romper unilateralmente los antiguos convenios, devolverles las redes y exigir el pago inmediato de las cantidades adeudadas por las inversiones que había realizado el Canal. Incluso, a finales de 2011, el PP modificó[49] la ley que había permitido, tres años antes, la privatización del Canal. En dicha modificación se establecían las medidas sancionadoras para los ayuntamientos que no firmaran los convenios de adhesión al nuevo modelo de gestión. Esta ley fue la espoleta que activó la presentación del citado recurso de inconstitucionalidad.

Con la cesión a la nueva sociedad anónima de las competencias en materia de abastecimiento y saneamiento, la ciudadanía pierde la posibilidad de incidir en la gestión de este servicio público a través de su ayuntamiento. Se pierde, por tanto, un espacio privilegiado de participación y control ciudadano que, por su cercanía, permite la implicación de la población en defensa de un bien común, como es el agua.

Canal Gestión SA, el preludio de la privatización

En mayo de 2012 el Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicó su decisión de renunciar, por el momento, a privatizar el Canal de Isabel II, dado que la situación económica en ese momento no posibilitaba su venta a un precio razonable. La decisión se retrasaba hasta la mejora de los mercados, dándose un plazo de tres años, hasta el final de la legislatura. Sin embargo, se daba luz verde a la creación de una sociedad anónima —Canal Gestión SA— con un 80% de las acciones en poder de la Comunidad Autónoma y un 20% en manos de los ayuntamientos que han firmado los convenios de participación en la nueva sociedad.

La constitución de esta sociedad debe valorarse como un paso muy importante en la privatización del Canal.

Tras los dos primeros años de funcionamiento de la sociedad, se han constatado importantes deficiencias, que constituyen el preludio de los problemas que se darán en mayor medida si entra el capital privado en su accionariado.

Subida desproporcionada de las tarifas

En los años 2012 y 2013 se han subido las tarifas por encima del IPC —por primera vez en muchos años—. Además, en 2012, se cambiaron las fórmulas de cálculo de las cuotas del servicio de aducción y distribución[50], lo que afectó a las personas cuya finca dispone de contador único del Canal y tiene más de una vivienda, afectando más a las personas más desfavorecidas y que consumen menos. Los cambios supusieron en estos casos subidas adicionales en la tarifa entre el 10% y el 30%. Estos incrementos no tienen justificación, pero sientan las bases para hacer más atractiva la privatización.

Recortes en gastos de personal

Se está desarrollando un proceso de destecnificación y degradación de la plantilla de la sociedad anónima que junto con el incremento de la subcontratación, incluso para tareas estructurales, está redundando en la disminución de la calidad del servicio público. Desde la creación de Canal Gestión SA se está llevando a cabo una agresiva política de recortes de derechos y reducción de costes laborales: disminución de salarios, no aplicación del Convenio del Canal a los nuevos contratos, incremento del empleo precario, eliminación de los representantes de los trabajadores en el Consejo de Dirección, etc. Todos los nuevos contratos suscritos desde julio de 2011 son precarios y sus salarios rondan el mileurismo. La precariedad alcanza ya al 35% de la plantilla de Canal Gestión.

Gestión mercantil y distribución de dividendos

La gestión mercantil se ha consolidado en la sociedad anónima, entre otros aspectos, por la sustancial distribución de dividendos producidos: 167 millones de euros en 2012 y 200 millones de euros en 2013. De esta forma la gestión del nuevo modelo se basa en una supuesta eficiencia económica cuyo objetivo último es la maximización del beneficio, relegando a un segundo plano objetivos esenciales de un servicio público, como la calidad, la equidad social o la responsabilidad ante la ciudadanía. Hay que resaltar que los dividendos extraordinarios tienen que ver con las subidas de las tarifas, los recortes de gastos de personal y quizás con otros recortes que se desconocen dada la opacidad de las actuaciones de Canal Gestión. De los beneficios obtenidos no se ha retenido cantidad alguna para mejoras del servicio o futuras actuaciones, sino que todos se han dedicado a premiar a los accionistas de la sociedad. Estos repartos son un magnifico señuelo para incentivar la entrada de capital privado en Canal Gestión.

Opacidad e impunidad en las decisiones de su Consejo de Administración

La sociedad anónima funciona con total opacidad, sin suministrar información de sus decisiones ni rendir cuentas a los poderes públicos, a los que margina constantemente. Utiliza para ello su condición de sociedad mercantil, que permite mantener secretas las deliberaciones y decisiones estratégicas del Consejo de Administración. En este aspecto funciona peor que una empresa privada, ya que las decisiones no son controladas por el Consejo de Administración, sino por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a través de directivos de su confianza. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha blindado la sociedad anónima de fugas de información o de interferencias externas, mediante la designación discrecional de todos los consejeros, eliminando los mecanismos de participación y control, tanto institucional, como de los propios trabajadores de la sociedad, que sí estaban presentes en el antiguo Consejo de Dirección, de lo cual concluimos que el Canal de Isabel II es el brazo empresarial del caciquismo local.

El caso de la compra de INALSA

Ya hemos mencionado este caso en el capítulo anterior como un ejemplo de la opacidad, la autonomía y la arbitrariedad con las que funciona Canal Gestión SA. Para adquirir la concesión del Servicio de Aguas de Lanzarote (INALSA), en abril de 2013, se comprometió a pagar 106 millones de euros en cinco años, de los cuales 50 millones deben invertirse a corto plazo para pagar la deuda que INALSA tiene con sus acreedores, lo que repercutirá negativamente en los activos inexcusables para la realización de las inversiones necesarias e incrementará la deuda con los bancos.

Es de difícil justificación que se dilapiden 106 millones de euros en una actuación innecesaria, que no beneficia a la ciudadanía madrileña, cuando se justifica la privatización del Canal por falta de recursos propios. Canal Gestión ha pensado más en su reforzamiento como multinacional dentro del marco de su proceso de privatización y en hacer más atractiva su venta al capital privado.

Esta operación, no exenta de riesgos, se realizó en secreto, sin informar a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, ni a los accionistas de la sociedad, ni a la ciudadanía, lo que provocó una situación tensa en el Pleno de la Asamblea al haberse enterado los parlamentarios por la prensa que Canal Gestión se había presentado al concurso de concesión de INALSA y al negar la Mesa del Pleno que este tema fuera objeto de debate en la Asamblea.

Conclusión

La pregunta de quiénes ganan y quiénes pierden con la privatización del Canal de Isabel II ha quedado suficientemente contestada a lo largo del texto. Ganan los empresarios de las grandes sociedades privadas del sector del agua, los tiburones financieros que invertirán en la operación —bancos, fondos de inversión, etc.— y los políticos del Partido Popular, que se identifican con ellos y que serán recompensados por los servicios que prestan. Pierden los ayuntamientos, la ciudadanía y el propio servicio integral del agua, cuyo destino es incierto en manos privadas.

En todo caso, la sociedad anónima Canal Gestión es todavía 100% pública, no habiéndose vendido el 49% de las acciones al capital privado, por lo que, de existir voluntad política, el proceso podría revertirse en el momento actual sin apenas coste alguno. Es posible soñar todavía con una ola ciudadana que en las elecciones municipales de 2015 pueda llevarse por delante el proceso de privatización del Canal de Isabel II y establecer un nuevo modelo de gestión pública del agua en la Comunidad de Madrid, no mercantil, transparente, que rinda cuentas a la sociedad y que sea participado por la ciudadanía.

LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL, UN DESASTRE ECOLÓGICO

Santiago Martín Barajas y Erika González

Este texto tiene como objetivo desmentir la necesidad de privatizar el Canal de Isabel II para garantizar el abastecimiento de agua potable en el futuro, y dar a conocer el deterioro ambiental que generaría la construcción de los embalses propuestos y el propio funcionamiento de una compañía privada en la gestión del agua en la Comunidad de Madrid.

Ilustración de Isidro Ferrer

EN 2008, la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció el propósito de privatizar parcialmente el Canal de Isabel II. Cuatro años después ha pasado a ser una sociedad anónima que es la responsable del ciclo integral del agua de los madrileños y madrileñas, desde el abastecimiento al saneamiento. Si bien todos los accionistas son entes públicos, actualmente solo queda el paso de la venta de las acciones para que entren compañías privadas.

La creación de la sociedad anónima y su venta, al menos parcial, se fundamenta en que son necesarias para afrontar los retos de futuro de la gestión del agua. Así lo definía literalmente el Gobierno de la Comunidad: «… un gran esfuerzo adicional de inversión en nuevas infraestructuras y procesos tecnológicos, que es preciso financiar con la captación externa de recursos económicos que nos permita hacer frente a las inversiones en infraestructuras y desarrollos que se precisan para gestionar de forma eficaz y eficiente el servicio integral del ciclo hídrico»[51]. Es decir, por un lado, garantizar el abastecimiento de agua a la población y el crecimiento económico para los años venideros y, por otro, asegurar la calidad del agua para cumplir con la normativa europea y con el Plan Nacional de Calidad de Aguas. En el primero de los casos, el Gobierno autonómico proponía como solución la construcción de dos nuevos embalses. En el segundo, también contemplaba la necesidad de construir infraestructuras para el tratamiento de aguas residuales. En ambos, concluía que era necesario obtener un importante presupuesto que solo podía aportar la privatización del 49% de la empresa.

¿Es necesario vender la empresa para cumplir con la normativa ambiental?

El propio Plan Nacional de Calidad de Agua contemplaba la financiación por parte del Estado y otros entes públicos de una parte de las mejoras que tienen que ser realizadas en la depuración y en la reutilización del agua regenerada. De hecho, sin salir a la venta las acciones de la empresa, desde el año 2008, ya se están acometiendo proyectos, por ejemplo, de mejora de las estaciones depuradoras. Las inversiones necesarias se realizarán a lo largo de un periodo de por lo menos diez años, lo que permite disponer de tiempo suficiente para su financiación.

Además, el Canal es una entidad pública que tiene una importante capacidad económica. Como ya hemos visto en el capítulo anterior[52], su cuenta de resultados demuestra que la empresa puede asumir los costes necesarios. Recordemos que entre 2009 y 2013 ha obtenido una media anual de 156 millones de euros de beneficios.

Con estas cifras es perfectamente viable acometer las inversiones necesarias sin que entre ninguna empresa privada en el Canal de Isabel II. Eso sí, la gestión de las inversiones y beneficios debe ser transparente y orientada a la mejora de un servicio público que priorice el acceso universal y equitativo al agua, además de garantizar la conservación ambiental. Situación esta que no se da con las decisiones adoptadas por la alta dirección de la empresa en los últimos años. Por ejemplo, con la utilización de los beneficios en obras totalmente ajenas al abastecimiento y saneamiento, como son los teatros del Canal, que tuvieron un coste en torno a los 100 millones de euros.

Canal Gestión, como ya hemos visto, adquirió la concesión del Servicio de Aguas de Lanzarote (INALSA)[53] en 2013, una compra que nada tiene que ver con mejorar la gestión del agua en la Comunidad de Madrid.

La orientación mercantil de Canal Gestión ha hecho que aumentase la distribución de los beneficios en dividendos, en vez de invertirlos en la garantía de un servicio público con calidad, equidad social y conservación ambiental. En 2012, se repartieron 167 millones de euros y, en 2013, 200 millones.

¿Son necesarios los embalses?

La Comunidad de Madrid anunció la futura construcción de dos embalses: uno de ellos se situaría al sur de Madrid, en el término municipal de Colmenar de Oreja, y se emplearía para almacenar aguas residuales depuradas que se destinarían a la reutilización; el otro se ubicaría en la Sierra Norte, sobre el río de La Puebla, en el término municipal de Puebla de la Sierra, con una capacidad de embalse próxima a los 100 hm3. Además, según el Gobierno de la Comunidad, este proyecto se complementaría con la construcción de una conducción que partiría desde el embalse de El Vado, situado en la provincia de Guadalajara, hasta alcanzar este nuevo embalse, con el fin de que pudiera llegar agua desde la cuenca del Jarama a la nueva infraestructura.

Ante este plan la respuesta es clara: Madrid no requiere la construcción de nuevos embalses para el abastecimiento actual y futuro de la población. Las infraestructuras hidráulicas actualmente existentes gestionadas por el Canal de Isabel II, que tienen una capacidad de aportación media anual de 1100-1200 hm3, podrían abastecer con un adecuado nivel de garantía a una población de diez millones de habitantes. Desde principios de los años noventa hasta la fecha, el Canal de Isabel II ha venido llevando a cabo numerosas campañas de concienciación ciudadana encaminadas a reducir el consumo, cuyo resultado ha sido en general muy satisfactorio, pues cada campaña siempre se ha traducido en una reducción del consumo de al menos el 10%.

Por otra parte, el Canal de Isabel II invirtió durante varios años importantes cantidades de dinero encaminadas a reducir las pérdidas en las redes de distribución. Como consecuencia de ello, el consumo de agua por habitante abastecido ha bajado en los últimos 15 años de manera muy importante. Mientras que en 1991 el consumo de la población abastecida por el Canal fue de 610 hm3, en el año 2013 el consumo total bajó de los 500 hm3, a pesar de que en 2012 el Canal suministraba a un millón y medio de personas más que en 1991. De esta manera, el consumo por habitante se ha reducido en los últimos 15 años en más del 35%. Asimismo, es previsible que el consumo se mantenga estable en los próximos años o, si nos ponemos en la hipótesis más pesimista, se incremente muy ligeramente.

Por todo ello, parece evidente que el abastecimiento de agua potable a la Comunidad de Madrid se encuentra plenamente garantizado para las próximas décadas con las infraestructuras hidráulicas existentes, no siendo necesaria la construcción de ninguna nueva.

¿Serían legales si los construyese la Comunidad de Madrid?

En cuanto a la legalidad de los proyectos planteados, en el caso de que el Gobierno autonómico pretenda llevarlos adelante, serían completamente irregulares. La casi totalidad de la Comunidad de Madrid forma parte de la cuenca hidrográfica del Tajo, que también abarca las comunidades de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura.

De acuerdo con lo establecido en la normativa estatal vigente, cuando una cuenca afecta a más de una comunidad autónoma, y con el fin de mantener el principio de unidad de cuenca, la gestión de la misma le corresponde en exclusiva al Gobierno central, en concreto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo en el caso de la Comunidad de Madrid. El Canal de Isabel II inicia su gestión desde la toma de agua en los embalses y pozos, no antes.

El principio de unidad de gestión de cuenca viene también establecido en la Directiva Marco de Agua a nivel europeo, que es de cumplimiento obligatorio dentro del territorio de la Unión Europea. Por ello, la gestión del dominio público hidráulico en la Comunidad de Madrid le corresponde al Gobierno central, y ello incluye la construcción de nuevos embalses, al afectar éstos de manera directa al dominio público hidráulico.

En este sentido, el anuncio del Gobierno de la Comunidad de construir dos nuevos embalses, constituye una injerencia clara en las competencias del Estado, lo cual no es nuevo en la Comunidad de Madrid, pues el actual Gobierno autonómico ha dado muestras claras en reiteradas ocasiones del nulo reconocimiento a las competencias que el Estado tiene en la comunidad, así como a la legislación básica.

En definitiva, es necesario señalar que la construcción de estos embalses por parte del Gobierno autonómico sería completamente ilegal, al no ser de su competencia, infringiendo con ello tanto la legislación estatal como la de la Unión Europea, por lo que cualquier paso en su tramitación debería ser objeto de presentación inmediata por parte del Gobierno central del correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional.

¿Qué consecuencias ambientales tendría el embalse de la Sierra Norte?

En 2009, Ecologistas en Acción publicó el informe «Incidencia ambiental y utilidad hidrológica de los embalses propuestos por la Comunidad de Madrid. Embalse de la Sierra Norte» y este apartado se ha basado en gran parte en este documento.

Como ya se ha indicado anteriormente, el embalse previsto se situaría en el río de La Puebla, aguas arriba del embalse del Atazar, siendo previsible la ubicación del muro de la presa aproximadamente al final de este embalse. Dada la ubicación del dique y el volumen de agua inicialmente previsto, la construcción del embalse supondría la inundación de una buena parte del valle del río de La Puebla y de otro de los principales ríos que lo abastecerían, el Riato, llegando la cola del embalse a las inmediaciones del núcleo de población de Puebla de la Sierra.

El valle de La Puebla, un área de alto valor ecológico

El valle de La Puebla se caracteriza por su naturalidad, siendo una de las áreas menos antropizadas de la Comunidad de Madrid. Alberga una vegetación natural especialmente valiosa, contando con bosques de ribera, principalmente sauceda negra con arraclanes, muy bien conservados a lo largo de los ríos de La Puebla y Riato, y con robledales formados por árboles de gran porte y edad, muchos de ellos más que centenarios. También cuenta con amplias masas de pinares que han alcanzado un desarrollo notable.

La zona alberga una fauna rica y variada, con especies animales de gran interés. En la zona abundan el corzo y el jabalí, destacando la presencia de otros mamíferos muy escasos en Madrid, como son la nutria o el gato montés. En cuanto a las aves, aparte de las especies propias de los bosques existentes, es destacable la presencia de numerosas especies de aves rapaces, como es el caso del águila real, el halcón común, el buitre leonado y el búho real, entre otras, que nidifican en los numerosos afloramientos rocosos existentes en el valle.

El paisaje de fuertes pendientes impera en el valle de La Puebla y combina el mosaico que forman las masas forestales de pinares, robledales y bosque de ribera, con los grandes afloramientos rocosos existentes. Todo lo cual conforma un entorno especialmente valioso a la vez que frágil, por su variedad cromática y de formas y por su muy escasa antropización. El valle de La Puebla es una de las áreas de mayor valor ecológico y mejor conservadas de la Comunidad de Madrid.

El impacto del embalse sobre el espacio protegido

Esos importantes valores naturales no pasaron desapercibidos a las diferentes administraciones. De hecho, ya en los años setenta, el valle de La Puebla entró a formar parte de la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz. Asimismo, en la actualidad todo el valle de La Puebla está incluido en la Red Natura 2000, al formar parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) «Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte».

Bosque de ribera junto al río Puebla, que se vería afectado por el embalse. Foto de Álvaro Serrano Sierra.

La construcción del embalse produciría una importante afección sobre el medio hídrico y el ecosistema fluvial, acabando con uno de los pocos tramos de río bien conservados que existen en la Comunidad de Madrid. De hecho, este tramo aparece incluido en la propuesta de Catálogo de Reservas Naturales Fluviales realizado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas[54]. Y de hecho ha sido declarado Reserva Natural Fluvial en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, recientemente aprobado.

El embalse produciría también un gran impacto sobre la vegetación, pues supondría la destrucción de varios kilómetros de bosque de ribera, así como de amplias extensiones de robledales y pinares, que quedarían cubiertos por las aguas.

La afección sobre la fauna también sería muy importante, al producir una profunda transformación del hábitat, siendo muy previsible la desaparición de una parte de las especies presentes en la zona, especialmente las más sensibles. De hecho, las aguas del embalse cubrirían afloramientos rocosos que actualmente son utilizados como lugar de nidificación del halcón común, el buitre leonado y el búho real.

Finalmente, el paisaje del valle de La Puebla, de gran calidad y fragilidad, se vería profundamente alterado y degradado, tanto durante la fase de obras, como consecuencia de los movimientos de tierra y la construcción del dique, como una vez finalizadas las mismas, pues las fuertes oscilaciones de nivel, habituales en los embalses de abastecimiento, dan lugar a que la banda de tierra que rodea la lámina de agua se encuentre totalmente desprovista de vegetación, lo que conforma un entorno de baja calidad estética y paisajística.

En definitiva, el embalse que propone construir el Gobierno autonómico en el valle de La Puebla produciría un gran impacto medioambiental en una de las áreas de mayor valor natural y menos antropizadas de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, la creación de este nuevo embalse llevaría aparejada la construcción de un gran conducto que partiría desde el embalse de El Vado, en la provincia de Guadalajara, hasta el valle de La Puebla, con la finalidad de que el embalse propuesto pudiese recibir agua del río Jarama. Ello implicaría la excavación de un posible túnel de 12 kilómetros de longitud que atravesaría la sierra de Ayllón, un área de gran valor natural que cuenta con la calificación de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

La construcción de la conducción en túnel, aun siendo la opción menos impactante para una infraestructura de estas características, produciría un gran impacto medioambiental en una zona de gran valor natural, entre otras cosas, por la enorme producción de escombros que la obra generaría, de varios cientos de miles de toneladas.

De esta manera, la actuación propuesta por la Comunidad de Madrid, produciría también una gran afección medioambiental en la vecina Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

¿Es útil para el abastecimiento el embalse propuesto?

Aunque no se dispone de datos de aforo de los ríos de La Puebla y Riato, sobre los que se situaría el embalse, sus aportaciones resultan evidentemente muy reducidas. De hecho, el río de La Puebla alcanza, en las épocas del año de mayor caudal, una anchura de tan solo 2 o 3 metros sobre un cauce de morfología mayormente llana, mientras que la anchura habitual del Riato apenas llega al metro.

Vista parcial del vaso del embalse. Foto de Álvaro Serrano Sierra.

Roble centenario en la orilla del río Puebla. Foto de José Sánchez Prieto

Por otra parte, los ríos de La Puebla y Riato vierten sobre el embalse del Atazar, por lo que sus escasas aportaciones se encuentran totalmente reguladas en la actualidad, sin necesidad de construir embalse alguno. Como ya se ha indicado anteriormente, con el fin de dar algún sentido a este proyecto, los promotores del mismo han planteado la construcción de una conducción que, partiendo del embalse de El Vado, aporte agua del Jarama. Sin embargo, el embalse de El Vado, con el régimen de explotación que actualmente soporta, aprovecha la mayor parte de las aportaciones del río. De hecho, en un trabajo realizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo, se señala que la construcción de un nuevo embalse en el Jarama tan solo incrementaría la actual regulación en 14 hm3 anuales. Además, ese incremento de regulación está disminuyendo paulatinamente con la reducción natural de los caudales que se está produciendo en la cuenca como consecuencia del cambio climático.

El altísimo coste económico que conlleva la construcción de un gran embalse y una conducción de esas características, que se sitúa entorno a los 200 millones de euros, no se compensa con un incremento de regulación de tan solo 14 hm3 anuales. Y es que solo las campañas de concienciación ciudadana realizadas en Madrid han producido, en pocos meses, ahorros varias veces superiores a esa cifra. Además, es previsible que se siga reduciendo en los próximos años. De hecho, la construcción de nuevos embalses en el río Jarama ha sido descartada sucesivamente por los diferentes equipos que han dirigido el Ministerio de Medio Ambiente en los últimos veinte años, no solo por motivos ambientales, sino fundamentalmente por su muy escasa utilidad. Es decir, los escasos recursos hídricos que esta actuación pudiera llegar a generar en ningún caso justificarían el elevado coste económico que su construcción conlleva, tratándose por tanto de una obra totalmente ineficaz y prácticamente inútil para los fines perseguidos, aunque lucrativa para las empresas constructoras.

Se puede concluir, tras ver las consecuencias que puede tener la construcción del embalse, que la propuesta no pasa de ser una burda excusa utilizada por el Gobierno de la Comunidad para justificar ante la sociedad madrileña la privatización del Canal de Isabel II y dar un caramelo de obras a las empresas constructoras. Intentaban argumentar que necesita fondos económicos para llevar a cabo estos embalses y otras infraestructuras, cuando los motivos reales de la privatización son de carácter puramente inmobiliario y tienen como finalidad favorecer a unos pocos en detrimento del interés general.

Existen alternativas a estas medidas irresponsables

Antes de considerar siquiera la necesidad de nuevas infraestructuras, es necesario que se estudie la regulación de los recursos hídricos disponibles para el sistema de abastecimiento de Madrid, teniendo en cuenta todas las posibles soluciones —tanto estructurales como de gestión—, y que se opte por las más adecuadas desde el punto de vista social, económico y ambiental.

No es responsable elegir a priori solución alguna sin que se confronte con la participación de los usuarios. Ya en mayo de 2004, Ecologistas en Acción presentó un informe donde se proponían dos tipos de medidas dirigidas a aumentar los recursos hídricos disponibles sin la construcción de más embalses. Por un lado, aquellas que aportaban nuevas fuentes de recursos y, por otro lado, el fomento del ahorro. Algunas de estas medidas se han puesto en marcha, como el uso de agua regenerada para el baldeo de calles y riego de parques, y la reducción de las pérdidas en las redes de distribución. A su vez, a principios de 2008 y propiciada por el anterior Ministerio de Medio Ambiente, la Comunidad de Madrid incrementó su disponibilidad de recursos hídricos en 100 hm3 anuales provenientes del río Alberche —cantidad equivalente a la capacidad de una de las presas anunciadas—, lo que ha redundado en la garantía de abastecimiento de forma inmediata ya que se ha conseguido a partir de infraestructuras existentes.

Frente a soluciones estructurales, como la construcción de nuevos embalses, que requieren varios años —más de un lustro— para su tramitación, ejecución y puesta en marcha, existen otro tipo de alternativas de aplicación a corto plazo que pueden aprovecharse para incrementar los recursos hídricos, como son las de gestión de la demanda y la mejora de la eficiencia y eficacia de los sistemas de abastecimiento.

¿Qué impactos ambientales produciría la gestión privada del agua?

La privatización del Canal de Isabel II también produciría importantes daños ambientales. El agua es un recurso natural limitado y escaso, cuya obtención conlleva necesariamente daños ambientales más o menos importantes, por lo que debe consumirse tan solo la necesaria, siendo por tanto muy importante la realización de continuas campañas de concienciación ciudadana sobre la necesidad del ahorro.

Si se privatiza la empresa, es previsible que dejasen de hacerse las campañas de concienciación ciudadana, pues la realización de cualquier campaña de fomento del ahorro por parte de una empresa privada de abastecimiento es contraria a su principal objetivo empresarial: la obtención de beneficios. Esas campañas de ahorro, que no solo son aceptables sino también recomendables en aras del interés general, son inconcebibles en el sector privado, cuyo principal objetivo siempre va a ser que se consuma la mayor cantidad de agua posible. Dicha prioridad genera daños ambientales importantes por la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas, la sobreexplotación de acuíferos, la reducción de los caudales ambientales, etc. Aunque también se producen impactos sociales, como es la reducción de la garantía de suministro en periodos de sequía.

El ejemplo de las tarifas por bloques de consumo

La política de bloques en la tarifa consiste en que el precio aumenta a partir de determinados niveles a medida que se consume más. Pero la que se aplica en la tarifa actual no contribuirá al ahorro ni será más justa socialmente. En vez de aumentar el precio en los bloques de mayor consumo —más de 50 m3—, se optará, como es previsible, por otras fórmulas que no incentiven el ahorro y la equidad. Un ejemplo que puede mostrar por dónde pueden ir este tipo de políticas fue la modificación de la fórmula para establecer la tarifa del Canal de Isabel II en el año 2012.

La factura tiene una parte fija y otra variable, esta última directamente relacionada con el consumo de agua. Pues bien, la formulación de 2012 establecía un elevado incremento del pago de la cuota fija de los servicios de aducción y distribución. Precisamente aumentaron el coste de aquello que no está relacionado con el consumo y que pagan todas las personas por igual, tanto las que tienen recursos económicos y pueden despilfarrar el agua como las que no tienen recursos. De modo que a quién más encarece la factura, proporcionalmente, es a aquellas que menos agua consumen —el primer bloque de facturación, que es hasta 25 m3— y que probablemente menos capacidad adquisitiva tienen. En definitiva, se realizó una subida tarifaria injusta socialmente y contraria al fomento del uso racional del agua.

Ahora, cuando crece la pobreza hídrica, cuando una parte de la población no puede pagar el recibo del agua por la ausencia de ingresos —lo que les impide tener recursos básicos para una vida digna—, cobra más sentido reforzar y ampliar la diferencia tarifaria por bloques. Es más necesario que nunca reducir al máximo la cuota fija de aducción y distribución, y abaratar los primeros consumos de agua hasta hacerlos asequibles a quien no tiene recursos, además de encarecer mucho más el precio del agua a quien consume por encima de los 50 o 100 m3. Y es que en todos los casos en los que se ha producido la privatización del agua, tanto en España como en el resto del mundo, se han llevado a cabo inmediatamente subidas de tarifas por igual, cuando no han sido incluso mayores para los consumos más bajos, impactando más sobre quien menos tiene y sobre quien menos consume.

La disminución de inversiones no orientadas al beneficio

Las experiencias de gestión privada hacen prever una importante merma de inversiones para reducir pérdidas en las redes de distribución. Teniendo en cuenta lo barata que les resulta la obtención, especialmente en alta[55] y potabilización del agua, la reducción de las pérdidas en las redes de distribución no sería económicamente rentable para cualquier empresa privada de abastecimiento. En consecuencia, se produce el incremento progresivo del consumo no achacable a los usuarios, y el despilfarro de este valioso bien.

En relación con la eficacia técnica y la inversión en el abastecimiento y la depuración del agua, cuando se comparan empresas públicas y privadas, merece la pena citar la publicación de la Unidad Internacional de Investigación de los Servicios Públicos (PSIRU)[56]. Se constata en ella, por ejemplo, que es en los Países Bajos y en Alemania, dos países donde prácticamente toda la gestión es de titularidad pública, donde menos fugas de agua se registran en toda Europa. En realidad, la inversión de las empresas privadas en los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua ha sido mínima. El documento señala cómo la financiación de los servicios de agua sigue siendo predominantemente pública: solo el 12% de esta financiación procede del sector privado. El hecho de que una empresa privada controle un sector tan estratégico, como es el abastecimiento y saneamiento del agua, puede introducir vulnerabilidad no solo social sino también ambiental. PSIRU señala cómo Veolia, una de las mayores multinacionales del agua, autorizó un desagüe descontrolado en el río Senne, que fluye soterrado a su paso por Bruselas, para presionar a las autoridades municipales y conseguir así que incrementaran su inversión en la estación de tratamiento de aguas.

También hay que citar las actuaciones puramente ambientales que pueda realizar una empresa pública para mejorar la conservación de los ríos y la vegetación de ribera. Hace algunos años el Canal de Isabel II financió numerosas actuaciones de carácter medioambiental, como la restauración de riberas de los ríos de la Comunidad de Madrid. Es impensable que si la entidad se privatiza lleve a cabo proyectos ambientales de ese tipo si no obtiene los rendimientos económicos que pretende para retribuir a los accionistas.

Conclusión

En definitiva, se puede concluir que la privatización del Canal de Isabel II conllevaría importantes perjuicios sociales y ambientales, además difícilmente reversibles, y ningún tipo de beneficio para el interés general y ambiental. Por ello, deberíamos preguntarnos cuáles son las motivaciones reales que están empujando al Gobierno de la Comunidad a promover esa privatización, que desde luego no responde a los intereses del conjunto de los madrileños y madrileñas.

Por todo ello, rechazamos totalmente la privatización del Canal de Isabel II. Consideramos que debe seguir siendo 100% de titularidad pública, como lo ha sido desde que se creó hace más de 160 años, sirviendo también de ejemplo palpable de cómo una gran empresa puede gestionarse eficazmente desde el sector público, con un servicio adecuado y satisfactorio para el conjunto de la ciudadanía y con el establecimiento de políticas que se dirigen al ahorro del agua y a la conservación ambiental.

RESISTENCIA CIUDADANA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CYII

Marea Azul

La Consulta Social del agua, la Iniciativa Legislativa Municipal y la Iniciativa Ciudadana Europea son algunas de las movilizaciones ciudadanas que desmontan mentiras y ponen el foco donde las autoridades ocultan información y muchos medios guardan silencio. Solo una ciudadanía bien informada y consciente del expolio de lo público puede poner freno a los desmanes privatizadores y construir un modelo de gestión transparente y participativo.

Desmontando mentiras.

Ilustración de Enrique Flores

UN MOMENTO decisivo en el intento de privatizar el Canal de Isabel II fue la aprobación de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2009[57]. En esta ley se plasmó lo que había anunciado en septiembre la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el Debate del Estado de la Región: la privatización del Canal. En su discurso pronunció una frase que merece la pena ser recordada como ejemplo de cinismo: «Damos a los madrileños la oportunidad de ser propietarios de su agua» —como si no lo fueran colectivamente desde 1851—. Los intentos de privatizar el Canal se han mantenido hasta el día de hoy con sucesivos impulsos y paralizaciones provocados por la situación de crisis y por la respuesta social que ahora se describe.

El anuncio de privatización cuenta desde el primer momento con la oposición del entonces alcalde de Madrid (Ruiz Gallardón), quien amenaza con recuperar las competencias municipales y decidir su propio mecanismo de gestión del agua. No debe olvidarse que la competencia del agua es municipal y que, en el caso de la capital, existen problemas de calidad desde antes de que existiera la Comunidad Autónoma. Las primeras depuradoras que sirven a Madrid son muy anteriores al régimen autonómico, y de propiedad municipal. También se opone la Confederación Hidrográfica del Tajo, en ese momento en manos de personas designadas por el Gobierno del PSOE.

En los años 2008 y 2009 son los trabajadores y trabajadoras del CYII, contando con la ayuda de Ecologistas en Acción y la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), quienes dinamizan la lucha contra el intento de privatizarlo. Convocaron dos manifestaciones y realizaron algunas acciones que pretendían llamar la atención de los medios de comunicación, como arrojar propaganda en la Asamblea de Madrid durante un debate sobre el Canal o desplegar una pancarta sobre la marquesina de la puerta de su sede central.

La primera paralización del proceso privatizador se produjo tras la aprobación de la ley mencionada, que coincidió con el comienzo de la crisis económica. No corrían buenos tiempos para las privatizaciones y, por otra parte, Ruiz Gallardón mantenía firme su postura en contra. La situación cambió a comienzos de 2010 cuando Gallardón, agobiado por las deudas municipales —los megaproyectos habían convertido al Ayuntamiento de Madrid en el más endeudado de toda España—, negoció con el Gobierno de la Comunidad transferir al Canal los bienes municipales relacionados con el agua. El Ayuntamiento reducía deuda y el Gobierno de la Comunidad podía retomar el proceso de privatización.

Se crea la Plataforma contra la privatización del CYII

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II[58] se creó en septiembre de 2010, impulsada por ATTAC, cuando volvieron a oírse voces que proclamaban la conveniencia de retomar el proceso privatizador interrumpido, y se consolidó con la incorporación de grupos ecologistas, asociaciones de vecinos, trabajadores y trabajadoras del Canal, sindicatos, partidos y diversos grupos sociales. En total, más de veinte colectivos que se reúnen periódicamente y disponen de una Comisión Jurídica aneja con diversos profesionales que proponen y desarrollan buena parte de su actuación legal.

En los meses que siguen a su fundación, la Plataforma organiza unas 200 charlas, difunde sus planteamientos aprovechando la proyección de la película «También la Lluvia», que tiene como trasfondo la Guerra del Agua de Cochabamba (Bolivia)[59], y convoca una manifestación a la que acuden unas 3000 personas, justo en la semana previa a la gran concentración del 15 de mayo de 2011, origen del movimiento 15-M.

La Plataforma se apresta a trabajar con él y participa en la acampada, difundiendo la necesidad de luchar por el agua como recurso público y repartiendo botijos contra la privatización, que se convierten en símbolo y ayudan a popularizar el nuevo movimiento. Se inicia así una etapa de colaboración Plataforma/Asambleas 15-M. Ya trabajando en común bajo el nombre de Marea Azul, se convoca en octubre de 2011 una nueva manifestación a la que acuden 10 000 personas; se celebran decenas de jornadas y fiestas populares; se entregan 37 000 firmas contra la privatización y un largo etcétera. La lucha se populariza enormemente.

Cartel reivindicativo de la Consulta Social. Marea Azul.

La Consulta Social

La acción más exitosa fue, sin duda, la consulta social celebrada en marzo de 2012[60]. Se consiguió que casi 178 000 personas se expresaran oponiéndose a la privatización de una empresa como el Canal de Isabel II, lo que constituye todo un éxito. Más teniendo en cuenta que se hizo con una absoluta precariedad de medios y que la información previa en los medios de comunicación fue casi inexistente. Se editaron 2000 carteles grandes que servían de distintivo en las mesas. Después se colgaron en la web todos los materiales para la consulta y cada colectivo gestionó sus mesas: las buscó, las dotó de urnas azules e imprimió las papeletas y los registros de votantes. Después se procedió a un recuento centralizado mediante un sistema, acordado previamente, de comunicación electrónica/telefónica en la tarde-noche del día de celebración de la consulta en los locales de Ecologistas en Acción. Al terminar la jornada se destruyeron los registros de votantes.

Los dos datos más destacados de la jornada fueron que más de 2000 personas, ubicadas en 293 mesas, dedicaron al menos las siete horas establecidas para llamar a la participación ciudadana. El segundo, la ilusión con que un amplio sector de la ciudadanía acogió la iniciativa. No hubo que «asaltar» a nadie en la calle; se acercaban conociendo lo que se proponía y querían participar. Las larguísimas colas que se formaron delante de muchas mesas o las avalanchas que se produjeron en otras son toda una muestra de entusiasmo.

Señalar dos cosas más. La primera, la importancia de las redes sociales y de los nuevos instrumentos de comunicación. Sin desmerecer nada del trabajo de preparación previo ya descrito, lo cierto es que los últimos días llegaba información de todas partes. El día anterior a la consulta esta fue trending topic (tema del momento) en Twitter. La segunda, la altísima participación de mujeres en la consulta. Desde el germen original hasta la recogida de datos, pasando por la masiva presencia en las mesas. Este fue uno de los motivos que explican la sensatez y la falta de sectarismo con que se procedió.

La Iniciativa Legislativa Municipal

Entre las muchas acciones desarrolladas por la Plataforma destacan dos que se inician después de la consulta y que se prolongan durante bastante tiempo.

La primera es el impulso de una Iniciativa Legislativa Municipal, aprovechando un resquicio en la legislación de la Comunidad de Madrid que permite propiciar iniciativas legales a otros agentes que no sean el Gobierno, un espacio que habría que ensanchar para hacer efectivos el control de las decisiones políticas y la participación ciudadana. Si se dispone de tres ayuntamientos que agrupen 50 000 electores y que aprueben la iniciativa por mayoría absoluta, se puede someter a la Asamblea de Madrid un proyecto de ley. Propusimos derogar los artículos de la Ley 3/2008 que posibilitan la privatización del Canal. Se consiguieron siete ayuntamientos y más de 500 000 electores. Fue aplastada por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea Regional.

La segunda, recurrir a todas las acciones legales posibles para detener el proceso de privatización. Conscientes de la importancia de contar con la complicidad de concejales que se opusieran al proceso de privatización, se realizaron unas jornadas dirigidas a explicar los riesgos del proceso y las formas de oponerse a ello. Acudieron más de 40 concejales de diversos municipios.

Se continuó posteriormente recurriendo legalmente las firmas de convenios entre ayuntamientos y Canal en aquellos casos de gran peso simbólico o demográfico y en los que se tenía constancia de la existencia de irregularidades significativas. Se recurrieron cuatro convenios y se inició un frente jurídico que todavía sigue en pie.

Se intentó conseguir un recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por todos los partidos políticos opuestos al proceso de privatización y se consiguió solo parcialmente. El PSOE decidió hacerlo en solitario y presentó un recurso de inconstitucionalidad firmado por 50 senadores, que fue admitido por el alto tribunal el 15 de Mayo de 2012.

La Iniciativa Ciudadana Europea y otras propuestas

En esa fecha se celebró en las calles el «San Isidro Indignado», una celebración del 15-M que contribuyó a popularizar la lucha del agua entre sectores a los que no era fácil llegar. La Marea Azul ya colaboraba entonces en la difusión de la Iniciativa Ciudadana Europea, mediante la cual se pretendía que no se incorporara el agua al borrador de la «Directiva de Concesiones»[61] que se estaba discutiendo en ese momento en la UE y que facilitaría su privatización en casi todos los países miembros. Se proponía como alternativa la defensa del agua como un derecho humano. La Iniciativa concluyó con éxito alcanzándose casi 1,9 millones de firmas y forzando a la UE a retirar el agua de la citada Directiva. Debido en parte a la importante movilización social realizada se consiguió que el Gobierno de la Comunidad anunciara a finales de mayo de 2012 que posponía temporalmente la privatización por falta de ofertas favorables.

La última acción antes del verano de 2012 fue el despliegue de 100 murales por el agua coincidiendo con el día —24 de junio— en que brotaron las primeras aguas del Canal, en el año 1858. Se montaron los murales en diversos lugares de Madrid y se colgaron en ellos más de 17 000 cartulinas por el agua.

En diciembre de ese año se celebró una divertida marcha en bicicleta por la sierra de Madrid, una prueba de que el movimiento se extendía y se diversificaba.

En la actualidad el trabajo se centra en la denuncia de la subida del precio del agua ocurrida en 2012 y 2013, estrechamente vinculada al proceso de privatización. Además, se está trabajando contra los cortes de agua por falta de pago y por el mantenimiento de las fuentes públicas.

La movilización ciudadana es fundamental para evitar la mercantilización del agua en el futuro. Dibujo de Enrique Flores sobre la Consulta Social.

Perspectivas de futuro

Tras casi cuatro años de trabajo ininterrumpido, las posibilidades de que la lucha no concluya con una derrota son mucho más altas que cuando se inició. Y ello por varias razones.

Una es la difícil situación «del mercado de las empresas del agua». Hay un intento de muchos ayuntamientos de vender al sector privado sus empresas de suministro. No es un hecho circunscrito a nuestro país. La situación es aún más grave en otros países de la UE «intervenidos» y con programas que obligan a vender este tipo de empresas. Es el caso de Grecia, Portugal e Irlanda, pero no solo; también de Italia[62], Hungría y otros países. Por otro lado, para adquirir estas empresas es preciso endeudarse y el mercado financiero está también colapsado.

Pese a todo, el Canal —por su cifra de beneficios, su evolución en los últimos años y su buena posición estratégica— sigue siendo un pieza apetecible, pero quizá demasiado grande. En esta coyuntura, el Canal más que venderse, tiene que regalarse. Dicho con más claridad, el precio que posiblemente se pudiera obtener sería muy inferior a cualquier valor real razonable. Esto es un dato a nuestro favor ya que si consiguiéramos articular una oposición suficientemente fuerte, podríamos hacer menos atractiva la venta del Canal.

Otro fenómeno que nos ofrece buenas nuevas es el aumento de la oposición municipal. Según el ordenamiento jurídico de nuestro país, los ayuntamientos son responsables de la distribución de aguas y del alcantarillado. Antes del proceso, el Canal atendía mediante convenios de diverso tipo a 175 de 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. A fin de hacer más atractiva la empresa, el Gobierno de la Comunidad inició un proceso de firma de nuevos convenios con los ayuntamientos[63]. E intentó, desde su posición de fuerza, que los ayuntamientos firmaran «sin rechistar» los nuevos acuerdos. Además se propuso, infructuosamente, que todos los convenios estuvieran firmados antes de finalizar 2011. Por diversos motivos, bastantes ayuntamientos han sentido que tienen mucho que perder con los nuevos convenios y, según los datos disponibles, hay 65 que aún no han firmado. De gran importancia es el caso de Leganés, gobernado por un alcalde del PP y a quien la oposición de los restantes grupos municipales impide firmar el convenio, pese al denodado interés de la alcaldía por firmar y recoger dinero. También las más recientes movilizaciones de Rascafría por la remunicipalización del servicio, que han concluido con una consulta ciudadana en la que, con una participación del 68% del censo electoral, un 72% optó por la remunicipalización.

Como se ha dicho anteriormente, el Gobierno de la Comunidad anunció, el 30 de mayo de 2012, la paralización temporal del proceso de privatización. Sin embargo, anunció la creación de una sociedad anónima 100% pública, denominada Canal de Isabel II Gestión S.A., que gestionará el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid los próximos 50 años, el 80% de cuyas acciones serán propiedad de la Comunidad de Madrid y el 20% restante de los ayuntamientos que hayan firmado los convenios de participación en la nueva sociedad. El objetivo del Gobierno es privatizar el 49% de las acciones de la sociedad. En los capítulos anteriores hemos desvelado los intereses ocultos en juego y se han explicado con claridad las consecuencias para la propia empresa, para los trabajadores y trabajadoras del Canal y para el conjunto de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid.

POR UNA GESTIÓN DEMOCRÁTICA DEL SERVICIO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Plataforma contra la privatización del CYII

La oposición a la privatización de los servicios de agua y saneamiento no debe limitarse a la exigencia de su titularidad pública, sino que tiene que complementarse con la reivindicación de que su gestión se realice al margen de consideraciones mercantiles y siguiendo criterios democráticos que garanticen la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Ilustración de Raúl

EN ESTE texto se sintetiza la propuesta del modelo de gestión democrática y participativa del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento en la Comunidad de Madrid que redactó la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II. Es el resultado de un proceso de debate y consenso en el que participaron el movimiento asociativo, sindicatos, asambleas del 15-M, organizaciones políticas y la ciudadanía en general. Esta propuesta se nutre también del análisis de otras luchas contra la privatización y por la remunicipalización de los servicios de agua que han tenido lugar tanto en el estado español como a nivel internacional. La propuesta de modelo de gestión democrática se apoya en dos referentes conceptuales:

El primero se refiere a la consideración del agua como bien común en tanto que patrimonio del planeta, por lo que debe ser gestionada con criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad.

El segundo es la asunción del derecho humano al agua y al saneamiento en los términos definidos por Naciones Unidas, que lo configuran como un derecho de provisión de servicios que tienen que ser equitativos y asequibles para el conjunto de la ciudadanía, y que deben ser gestionados con criterios que garanticen la participación, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad.

La propuesta de gestión democrática asume también una de las principales conclusiones de la lucha contra la privatización, y propone la oposición radical a las políticas neoliberales tendentes a mercantilizar la gestión del agua. Mercantilización entendida en un sentido amplio que abarca la consideración del agua como mercancía, pero también la inculcación de criterios comerciales en su gestión que afectan tanto al ámbito de los valores como a la incorporación de métodos y procedimientos propiamente mercantiles. En este sentido, la oposición a la privatización de los servicios de agua no debe limitarse a la mera reivindicación de su titularidad pública y que se gestionen por organismos públicos; estas circunstancias son ciertamente una condición necesaria, pero también hay que exigir que la gestión no debe, en ningún caso, orientarse a la consecución del lucro ni realizarse con criterios de mercado que aplican doctrinas comerciales.

El mecanismo de participación que se recoge en la propuesta —el Observatorio del Agua— se basa, también, en alternativas surgidas en experiencias de oposición política y de movilización social contra la privatización o por la remunicipalización, y concretamente en los casos de París, de Berlín —ya analizados en este libro[64]— y del recientemente formalizado Pacto Social por la gestión pública del agua en Zaragoza.

Por último, la propuesta de gestión democrática es la respuesta al proceso de privatización del Canal de Isabel II que se puso en marcha a partir de diciembre de 2008 y que ha supuesto una clara apuesta por la mercantilización del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, tal y como se analiza en detalle en otros capítulos.

Nuestra propuesta de modelo de gestión

El modelo de gestión que se propone para el Canal de Isabel II debería tener en cuenta los criterios que se detallan a continuación.

Gestión no mercantil del servicio

La gestión del servicio se deberá realizar sin tener en cuenta las normas y criterios del mercado, primando, por tanto, el acceso al servicio y las políticas tarifarias de la equidad social —que contemplan la capacidad de pago— frente al beneficio y la voluntad de pago. En este sentido, ningún colectivo podrá ser excluido del acceso al servicio por motivos sociales o económicos y los eventuales excedentes se deberán reinvertir en el servicio en aras de mejorarlo técnica, social y medioambientalmente y de conseguir su sostenibilidad en el tiempo. El ámbito geográfico de la actividad del Canal como servicio se debe limitar al de la Comunidad de Madrid. Atendiendo a lo anterior, habría que prescindir de la mayoría de las empresas integrantes del Grupo Canal, especialmente las que gestionan de forma privada servicios locales de agua y saneamiento en Latinoamérica.

Modelo cooperativo de gestión pública 100%

Se opta por la constitución de una entidad pública empresarial que desarrolle las actividades derivadas de la propia Administración, en calidad de organización instrumental diferenciada de esta. Este era el estatus jurídico del antiguo Canal de Isabel II, antes del proceso de privatización que se inició en 2008. Además es un arquetipo adecuado para establecer un sistema de cooperación entre las distintas administraciones —Estado, comunidad autónoma y ayuntamientos— con competencias en la operación de servicios complejos como son los asociados con el ciclo integral del agua. La actuación del Canal debería complementar las actuaciones de los ayuntamientos, titulares de la competencia para el suministro de agua potable, el alcantarillado y la depuración de las aguas residuales.

Asunción del derecho humano al agua y al saneamiento

Se asumen plenamente los principios del derecho humano al agua en los términos definidos por Naciones Unidas, que se basan en dos criterios fundamentales:

Criterios normativos, indicativos de la calidad del servicio: disponibilidad de una dotación y un número de instalaciones de saneamiento suficientes; calidad adecuada del agua; aceptabilidad, especialmente en lo que respecta a las instalaciones de saneamiento; accesibilidad física y temporal, y asequibilidad económica.

Criterios generales del derecho, relacionados con la gestión del propio servicio: participación, acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad.

En este sentido, se garantizará el suministro de una dotación mínima a la cual tiene derecho toda persona de la Comunidad de Madrid independientemente de su capacidad de pago y, en consecuencia, el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago justificados social y económicamente.

Calidad en la prestación del servicio y eficacia social

El principio de defensa de la calidad del servicio de aguas debe acompañarse del establecimiento de unos indicadores de gestión y calidad —técnicos, financieros, sociales, medioambientales y patrimoniales— relacionados con el conjunto de actividades de la entidad, que permitan seguir su efectiva realización y valorar el servicio en términos de gestión de las inversiones, de personal, de la protección de los ecosistemas acuáticos, de reducción de la demanda, del programa de investigación y de otras consideraciones. Estos indicadores deben ser públicos y aprobados por las instituciones de la Comunidad, y en su definición deberán participar los ayuntamientos y la ciudadanía.

Se propone como línea estratégica la orientada a conseguir que el Canal sea un motor de la investigación en el campo del agua y a tal fin debería presentar un Plan bianual de I+D+i para ser debatido en el Parlamento autonómico y por la ciudadanía. La financiación de las actividades contempladas en este plan será asumida por el propio Canal y en su realización se contará con el concurso de universidades y centros de investigación públicos.

Gestión orientada al uso sostenible del agua

La gestión que el Canal hace del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid tiene un impacto determinante en los ecosistemas acuáticos y en sus paisajes asociados —bosques de ribera, sotos, humedales—. Por ello a los aspectos medioambientales se les debe prestar una atención especial.

La gestión del servicio deberá estar orientada a alcanzar la buena salud de todas las aguas —buen estado ecológico y químico de las aguas superficiales, y cuantitativo y químico de las subterráneas—. En este contexto, se deberán establecer relaciones francas de cooperación con la Confederación Hidrográfica del Tajo en lo que atañe a la gestión de los recursos hídricos y a la protección del buen estado de los ecosistemas acuáticos. Son particularmente importantes aspectos como el establecimiento de regímenes de caudales ecológicos apropiados, la gestión de los embalses de manera que se respeten estos regímenes de caudales, la depuración de aguas residuales y la protección de sotos y riberas.

Transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y participación ciudadana en la toma de decisiones

Proponemos un modelo de gestión transparente y participativa, en el que el ente público rinda cuenta de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos, como a la ciudadanía. Esta fórmula es la única que puede garantizar que el ente no se desvíe de sus fines y objetivos, y evitar corruptelas o conductas que pongan en peligro la viabilidad del servicio.

Composición del Consejo. Este modelo debe regir en el Consejo de Dirección del ente, que en su composición deberá reflejar la pluralidad política en las instituciones y la participación ciudadana. Cuando se determine la distribución sectorial del Consejo, los representantes del Gobierno de la Comunidad no podrán alcanzar, en ningún caso, la mayoría.

Comisión de seguimiento. Se propone la constitución en el Parlamento autonómico de una comisión de seguimiento del Canal de Isabel II, en la que participen todos los grupos de la cámara y en la que el partido que gobierne no tenga la mayoría absoluta. Tendría capacidad para pedir todo tipo de información relacionada con la entidad y para obligar a comparecer ante ella al presidente o gerente del ente público. Esta comisión debería realizar un informe anual sobre la gestión del Canal para ser debatido en el Pleno del Parlamento autonómico.

Web de calidad. Se potenciarán los mecanismos de información hacia la ciudadanía, creando una web de calidad que disponga de información completa sobre el Canal y estableciendo vías efectivas para que ciudadanos y ciudadanas, tanto a nivel individual como colectivo, puedan obtener toda la información de las actividades del Canal que requieran. Deberá ser fácilmente accesible, actualizada regularmente, detallada, trazable y adaptada a los distintos usuarios. En este sentido, todos los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de dirección del Canal serán públicos, debiendo estar recogidos en su totalidad en la página web del organismo.

Observatorio del Agua. Por lo que se refiere a la participación pública, se propone que se realice a través del Observatorio del Agua, que tendrá un carácter consultivo y se constituirá como una asamblea formada por la sociedad civil, agrupando a las organizaciones sociales, asociaciones de vecinos, asociaciones de usuarios, asambleas del 15-M, ONG, instituciones académicas, personas involucradas en las instituciones, expertos y personas preocupadas por los problemas del agua. El objetivo del Observatorio sería controlar y evaluar la gestión del servicio público del agua. Entre sus funciones destacarían las de debatir las opciones de gestión y los problemas del agua; informar a la ciudadanía; debatir y concertar con la dirección del Canal problemas relativos al servicio público del agua y sus soluciones; evaluar la calidad del servicio; transmitir las quejas de los usuarios, y proponer líneas de reflexión sobre los problemas del agua.

Por último, una de las funciones más importantes del Observatorio sería la de elegir a tres representantes en el Consejo de Dirección del ente público, con todo lo que ello conlleva de acceso a la información y rendición de cuentas.

Personal cualificado y con derechos

Un servicio público de alta calidad precisa de una plantilla de personal suficiente y cualificada, con bajo índice de precariedad, con derechos y condiciones de trabajo justas y equitativas para todo el personal; también necesita de la participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión cotidiana del servicio. Esto implicará adecuar los recursos humanos del Canal a sus actividades reales, potenciar la formación y capacitación del personal, garantizar el acceso a la información a toda la plantilla y su participación en el Consejo de Dirección.

Cooperación con otros operadores públicos

Reivindicamos la cooperación del Canal con otros operadores públicos españoles e internacionales y que mantenga una posición activa en la red de operadores públicos Aqua Pública Europea y en la defensa de una gestión del agua basada en los valores del servicio público.

Implementación del modelo

El modelo de gestión deberá aprobarse por referéndum antes de su implantación; consecuentemente, cualquier modificación del mismo deberá hacerse por un procedimiento similar.

ANEXO
Privatización del agua y respuesta social (2010-2014)

A lo largo del libro han quedado al descubierto las consecuencias de la privatización de los servicios de agua y se ha demostrado la falsedad de los argumentos esgrimidos para privatizarlos.

Afirma José Manuel Naredo en la introducción que los grandes empresarios han pasado de «exprimir lo público a tratar de apropiárselo a precio de saldo». Sus servidores esmerados en la política, lejos de aplicar los principios y criterios éticos en la gestión del agua, son el ejemplo incuestionable de la verdad contenida en la sentencia de Antonio Machado, que recoge Pedro Arrojo en el primero de sus capítulos: «Todo necio confunde valor y precio».

Nos empujan en la dirección equivocada, como apunta Luis Babiano en su texto, y mientras ciudades como París, Berlín o Grenoble —escaldadas por la experiencia privatizadora— optan por remunicipalizar los servicios de agua, en España la privatización ha crecido hasta el 53% en los últimos años. Queremos concluir el libro con el mapa de movilizaciones ciudadanas en defensa del agua como bien común entre 2010 y 2014, porque el saqueo del Canal de Isabel II se inscribe en el plan privatizador de los servicios de agua en todos los territorios. Y este, a su vez, se inserta en el plan de desmantelamiento y expolio de lo público: Sanidad, Educación, Servicios Sociales… Solo una ciudadanía bien informada y con capacidad de respuesta puede modificar esta deriva forzada por el egoísmo ciego de unos pocos, que encallan a la mayoría en un presente sin futuro.

JESÚS NAVAS

ANDALUCÍA

Huelva capital (148 101 habitantes)[65]. A finales de 2010 el servicio del agua en Huelva pasó a manos privadas —siguiendo los ejemplos de Lepe (26 000 habitantes) y Moguer (20 000 habitantes)—. La oferta de Aquagest para hacerse con el 49% de la empresa municipal Aguas de Huelva fue de 57,3 millones (el Ayuntamiento tenía una deuda reconocida de 269 millones). Las consecuencias no se han hecho esperar: subida del agua un 65% y deterioro de la calidad del servicio (baja presión). Estos hechos han provocado que numerosos colectivos se hayan posicionado en contra del proceso.

Huelva provincia. Numerosos pueblos se han salido de la empresa pública Giahsa, que nació con el objetivo de garantizar un suministro estable y de calidad a toda la provincia onubense, salvo a la capital. Su sistema se basa en la solidaridad: los municipios grandes y costeros facilitan la prestación del servicio en pueblos que, por su menor población, por la dispersión de su caserío o por la distancia a la red principal, no podrían tener una empresa propia ni serían atractivos para las privadas. Con este principio de subsidiaridad, Giahsa se convirtió en una empresa rentable. Con la crisis del ladrillo, comenzaron a llegar ofertas de empresas privadas a los ayuntamientos grandes: a cambio de la concesión del servicio, adelantaban el dinero correspondiente a más de 25 años del canon que se estableciera. Con las arcas municipales necesitadas de fondos, los ayuntamientos —sobre todo los más grandes— comienzan a separarse de Giahsa, haciéndola inviable. La sociedad pública intenta parar la hemorragia con pagos anuales por el uso de redes, pero los alcaldes reclaman toda la cantidad. En septiembre de 2011, todos los partidos firman un pacto para salvaguardar la sociedad pública, pero se incumple y los abandonos continúan.

Entre los ayuntamientos que se han sumado a la corriente privatizadora está Valverde del Camino, San Juan del Puerto (PP) y Cartaya (Independientes/PP). Hay serias dudas sobre la legalidad del proceso y sospechas de que miembros del PP y familiares de estos se han beneficiado del mismo. Giahsa se salvó del proceso pero a cambio de pedir un crédito a un fondo internacional.

http://elpais.com/diario/2010/11/25/andalucia/1290640931_850215.html

http://www.iagua.es/noticias/costes-del-agua/13/10/01/el-agua-es-un-64-mascara-desde-la-privatizacion-de-aguas-dehuelva-segun-el-psoe-37540

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/21/andalucia/1361462205_025627.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/10/andalucia/1389370312_155747.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/19/andalucia/1361295537_174151.html

Jerez (211 670 habitantes). El gobierno municipal de Jerez privatizó el ciclo integral del agua en 2013 entregándoselo a Aqualia a cambio de 80 millones de euros en dos pagos por una concesión de 25 años. El cambio de modelo de gestión en el único servicio público rentable de Jerez respondió a la búsqueda rápida de recursos que permitieran reducir una deuda en el Ayuntamiento de 1000 millones de euros. La privatización del agua no se recogía en el programa electoral del PP de Jerez, pero sí en el plan de ajuste aprobado para aliviar la asfixia financiera del Ayuntamiento y cumplir con el objetivo de déficit marcado por el Gobierno. Esto provocó una fuerte resistencia social. En septiembre de 2011 el equipo de gobierno anunció «la gestión indirecta del agua» para inyectar «hasta 100 millones de euros». Partidos políticos, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas y otros colectivos crearon una coordinadora en defensa de la gestión pública del agua que logró reunir 14 000 firmas contra el cambio en el modelo de gestión. Finalmente, en enero de 2013, se produjo la adjudicación del servicio. El concurso había quedado desierto en dos ocasiones, pero en el tercer intento y tras flexibilizarse las condiciones de pago, la multinacional Aqualia (FCC) presentó una oferta para hacerse con el servicio. La gestión de Aguas de Jerez es una ganga: la empresa adjudicataria debe pagar 80 millones de euros en dos veces por una concesión a 25 años que, según la propia memoria del PP, genera unos beneficios de nueve millones de euros anuales, 225 millones de ganancias en los cinco lustros de contrato[66].

A pesar de todo, la lucha en Jerez continúa debido al fuerte impacto que está provocando la privatización en la renta de las familias (subidas de más del 7%), los numerosos desahucios hídricos que se han producido y, sobre todo, por la oposición de tres pedanías que ya han anunciado que se desmarcan de la privatización del agua así como su anexión a la empresa pública Aguas de la Sierra.

El Puerto de Santa María (89 142 habitantes). Repite el mismo esquema que su vecina Jerez. La coalición de gobierno Partido Popular y Partido Andalucista ha doblado la deuda municipal desde su llegada en 2007, hasta alcanzar los 160 millones de euros, que colocan a El Puerto entre los municipios con mayor deuda del país.

La privatización de la empresa municipal de aguas (Apemsa) servirá para enjuagar parte de la deuda. Con un balance económico positivo desde su creación en 1983, y tras haber invertido más de 100 millones durante los últimos 20 años, Apemsa goza del aprecio del vecindario, con la excepción de la gestión de la depuradora municipal, explotada por la empresa privada Aqualia S.A., con graves episodios de vertidos y expedientes sancionadores del órgano autonómico.

El movimiento ciudadano rechaza con 7000 firmas la venta de Apemsa y la privatización de su gestión, y se propone una consulta ciudadana, tramitándose judicialmente tres denuncias.

Pese a todo, el gobierno local ejecuta la venta del 49% de Apemsa a cambio de 21 millones de euros y cede la gestión durante 25 años a la única empresa que se presenta a la licitación (Aqualia S.A.). La empresa tendrá un volumen de negocio cercano a los 600 millones de euros hasta el 2039.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/20/andalucia/1337526843_012978.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/28/andalucia/1385655299_984799.html

http://aguasdelpuertonosevende.wordpress.com/

Mijas (85 600 habitantes). A mediados de 2013 el Ayuntamiento dio los primeros pasos para la elaboración del pliego de condiciones de la privatización del suministro de agua en el municipio. Rápidamente se organizó una plataforma que logró movilizar a parte de la ciudadanía. Fruto de esta presión fue el anuncio hecho por el alcalde de Mijas en un Pleno ordinario de que la empresa dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, actual concesionaria del servicio de abastecimiento de agua de consumo doméstico (Acosol), seguirá ofreciendo esta prestación en el municipio. Según aseguró, el ente mancomunado ha conseguido un crédito bancario por valor de quince millones de euros para hacer frente a la mayor parte de la deuda que mantiene con el consistorio, que asciende a 19,8 millones de euros. El resto —4,8 millones de euros— será abonado entre 2015 y 2019. Sin duda, esto evitará la privatización del servicio pero supone un avance, como en el caso de Giahsa, hacia la corporativización[67] del sistema público.

ARAGÓN

Privatización y colapso del Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón (2004-2006). El plan se puso en marcha para cumplir con las políticas ambientales de la Unión Europea. Se pretendía gestionar los vertidos correspondientes a 200 000 habitantes dispersos en 14 500 km2 del territorio aragonés a través de un sistema de colaboración público-privado mediante un sistema concesional —dividido en 13 zonas— de explotación de las depuradoras a 20 años. En la actualidad, el Plan se encuentra paralizado por falta de financiación. Entretanto, decenas de pueblos del Pirineo, del Matarraña y de otras comarcas, que llevan pagando el saneamiento desde hace años, aún no han visto comenzar las obras comprometidas. De esta forma, se están incumpliendo, no sólo los acuerdos firmados con estos ayuntamientos, sino las directivas europeas en materia de depuración de aguas residuales. En opinión de la RAPA (Red de Agua Pública de Aragón) y de la Marea Azul de Aragón es urgente replantearse el Plan de Saneamiento desde bases de transparencia. Al mismo tiempo, han remarcado que las infraestructuras están «sobredimensionadas» y que sólo benefician al operador privado, que logra precios muy altos por la depuración (los recibos para los aragoneses han aumentado desde 2005 un 135% y, en los dos últimos años, cerca del 25%). Señalan la existencia de alternativas más eficientes, ecológicas y económicas. El coste de las depuradoras convencionales bioquímicas, proyectadas incluso para pequeños pueblos, es muy superior en inversión y, sobre todo, en mantenimiento a otras alternativas, como los filtros verdes.

La RAPA y la Marea Azul, en un corto periodo de tiempo, han logrado articular un discurso sobre lo público que va más allá de la titularidad del mismo. Han logrado movilizar a la población a través de la organización de diversas marchas contra la privatización del agua y de los ríos. En Zaragoza, donde la movilización social impidió que el Ayuntamiento privatizara el servicio de saneamiento —al terminar la concesión de Veolia—, la RAPA ha logrado construir el primer «Pacto contra la privatización del agua» en el Estado.

Más de una veintena de colectivos, asociaciones y partidos políticos han firmado un pacto sin precedentes consistente en un compromiso social y político en favor de la gestión pública del agua en Zaragoza y su entorno. El documento lleva por título «Compromiso social y político por la gestión pública y participativa del agua en la ciudad de Zaragoza y su entorno», y considera el agua un recurso público que no puede ser objeto de lucro.

No existe un documento igual en España y surge a partir de experiencias previas en otros países, especialmente en los de Latinoamérica. El compromiso no sólo alerta sobre la necesidad de la gestión pública, sino que reconoce que debe ser además participativa. «No todo se puede comprar y vender, la democracia no puede ser mercado y no se puede gestionar como si los ciudadanos fueran clientes», afirma el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo, uno de los mayores expertos en gestión hídrica de Europa y promotor de RAPA.

http://www.fnca.eu/index.php/component/content/article/40-frontpage/287-el-plande-saneamiento-y-depuracion-del-aguaen-aragon-a-debate

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/varios-colectivos-frmanpacto-privatizacion-agua_939355.html

ASTURIAS

La juez de instrucción número 3 de Avilés —Elena González— ha levantado el secreto del sumario de la «trama del agua», la investigación que se está desarrollando en varios concejos asturianos que mantienen acuerdos comerciales con Aquagest (tiene contratos con 22 municipios sólo en Asturias). El levantamiento del secreto ha constatado una maraña de facturas supuestamente falsas, la generación de dinero negro y la consecuente posible financiación ilegal de la Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA). La trama del agua alcanza, al menos, a los concejos de Avilés, Corvera, Gozón, Grado, Pravia, Llanes y Cangas del Narcea. La juez investiga las inversiones de Aquagest y su gestión del servicio público de agua o de algún equipamiento (Corvera y Pravia cedieron a esta empresa el negocio de las piscinas).

http://www.lne.es/aviles/2013/03/23/caso-facturas-falsas-piscinas-corvera-salpicaex-concejal-asia-villalba/1386768.html

CANARIAS

En diversas poblaciones canarias se han producido conflictos en torno al agua y escándalos —como en Las Palmas o Santa Cruz— en los procesos de privatización del agua, con desfalcos e irregularidades en la gestión y pérdidas multimillonarias.

Santa Cruz de Tenerife (206 593 habitantes). Izquierda Unida-Por Tenerife y colectivos vecinales han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a la empresa concesionaria. Acusan a la constructora Sacyr por el reiterado incumplimiento de las cláusulas que le permitieron en 2006 hacerse con el concurso de gestión del servicio de agua doméstica de la capital tinerfeña. Su denuncia será un nuevo episodio del escabroso camino judicial que ha recorrido esta privatización, una de las más polémicas de España. Hace tres meses, el 30 de octubre, el Tribunal Supremo no admitió un recurso del Ayuntamiento de Santa Cruz. Dio así fuerza a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, emitida el 15 de septiembre de 2009, que anula el pleno del año 2005 en que se privatizó el servicio. El cumplimiento de esa sentencia —o mejor dicho, su no cumplimiento— es uno de los motivos por los que los políticos tinerfeños se han declarado la guerra.

Puerto de la Cruz (28 929 habitantes). La Plataforma de Afectados por Aqualia está pidiendo activamente la remunicipalización del servicio, después de 60 días de restricción en el consumo de agua en siete barrios —con 14 000 vecinos afectados—, y medidas contundentes, como el rescate de la concesión del servicio de abastecimiento de agua.

CANTABRIA

Torrelavega (54 827 habitantes). El llamado «escándalo del agua» surgió en el momento en que los técnicos municipales detectaron irregularidades en la gestión de la empresa mixta, concretamente durante los ejercicios de 1999 y 2000. En 2011 quedó resuelto el proceso administrativo, con el respaldo judicial a la decisión del pleno de la Corporación de rescindir el contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia (FCC), la empresa privada que tenía entonces el 51% de las acciones de la sociedad responsable de la gestión del agua en el municipio (Aquator). Los delitos que se imputan tienen que ver con la presunta manipulación de caudalímetros, la contratación irregular de empresas filiales para distintos trabajos y el desvío de compras de carbón activo para otros municipios, principalmente.

http://www.eldiariomontanes.es/v/20100504/torrelavega/destacados/intento-pacto-aqualia-logrado-20100504.html

CASTILLA Y LEÓN

Lagua del Duero (Valladolid) (22 590 habitantes). En 2012, el alcalde de esta localidad anunció la privatización del servicio. Rápidamente se organizó una plataforma formada por los grupos políticos de la oposición (PSOE, IU, Asociación Vecinal «La Calle», USO, CCOO y UGT) que logró suspender la privatización del agua gracias a la movilización.

http://www.lamarea.com/2013/03/11/un-pueblo-de-valladolid-logra-suspenderla-privatizacion-del-agua-gracias-a-lamovilizacion-social/

Candeleda (Ávila) (5177 habitantes). A pesar de la fuerte movilización, mediante la recogida de firmas para solicitar al equipo de gobierno (PP) que convocara un «referéndum vinculante», la celebración de manifestaciones y la presencia en los medios de comunicación nacionales, el alcalde privatizó en 2013 el servicio del agua en la localidad.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/11/ castillayleon/1363022486.html

León (130 601 habitantes). La privatización se realizó a finales de 2009. Aquagest se hizo con el 49% de la empresa municipal de aguas por un importe de 25 millones de euros. De este modo, se aseguró la gerencia ejecutiva de la empresa, el control efectivo de la estrategia empresarial y de las decisiones económicas fundamentales. Y todo ello en un contexto opaco, garantizado por el derecho a la privacidad de la información empresarial, que dificulta, cuando no bloquea, cualquier proceso de participación ciudadana efectiva. Se privatizó el servicio de aguas de una ciudad que, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de marzo de 2006, gozaba de una de las gestiones de mayor calidad, siendo la capital de provincia más barata en el suministro. La entrada de Aquagest supuso una subida inmediata del 2,8% en la tarifa del agua para 2010.

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/iu-plantea-municipalizar-servicio-aguapor-sus-abusos-irregularidades_819921.html

CATALUÑA

Barcelona y área metropolitana. La sociedad civil denuncia a la multinacional Agbar por dar servicio sin contrato en la ciudad de Barcelona.

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20130219/54365543855/aigua-es-vida-fscalia-anticorrupciónagbar-amb.html

Se crea la sociedad mixta que gestionará el agua en Barcelona sin pasar por concurso público.

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20130521/54373711577/el-area-metropolitana-y-agbar-crean-lasociedad-mixta-de-gestion-del-ciclo-delagua.html

Privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). La Generalitat aceleró la privatización de ATLL con el objetivo de enjuagar al máximo el déficit público de 2012, con la oposición de la Plataforma Aigua és vida y de diversos partidos políticos (PSC, ICV-EUiA y C’s). La privatización supuso una fuerte subida de las tarifas del agua (9,3% en dos años). No obstante, el proceso de privatización se ha estrellado en los tribunales, aunque aún sin sentencia firme. En este sentido, la Generalitat sigue defendiendo la adjudicación de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) al consorcio liderado por Acciona hasta que haya un «pronunciamiento firme por parte del Tribunal Supremo».

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/18/catalunya/1392733469_919572.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/27/catalunya/1364385987_435158.html

Resto de Cataluña. Acotar las voces de la ciudadanía que hoy piden abrir el debate del modelo de gestión del agua en Cataluña sería imposible. A finales de enero la Plataforma Aigua és Vida lanzó un informe sobre el estado de las concesiones en toda la cuenca del Ter o, mejor dicho, sobre el descontrol y desconocimiento en la gestión. De los 54 municipios estudiados sólo el 54% tenía una gestión privada pero si se sigue un criterio poblacional, podemos hablar del 87% de la cuenca en manos privadas, concretamente en manos del oligopolio de Agbar-Suez y FCC-Aqualia, donde la opacidad, la poca transparencia y el desconocimiento pasan a ser signos de identidad de los consistorios privatizados. Sorprenden municipios como Vic donde aún rige un contrato preconstitucional de 1949, con un plazo de duración de 99 años, que vulnera la legislación vigente. También se han localizado los municipios que finalizan las concesiones en breve y que serán puntas de lanza de procesos de remunicipalización.

A esta oleada de voces que pide abrir el debate público en la cuenca del Ter, se unen iniciativas ciudadanas en Lleida, Tarragona y Terrassa, así como las remunicipalizaciones en Alfés o Vilalba Sasserra.

https://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2014/01/30/informe-el-descontrolde-la-gestio-de-laigua-a-la-conca-del-ter/

https://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2014/04/15/ballart-plantea-celebraruna-consulta-sobre-la-gestion-del-agua

http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2014/01/31/alfes-remunicipaliza-elservicio-de-agua-que-vuelve-a-manospublicas

https://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2014/02/21/lautogestio-de-laiguapermet-a-vilalba-sasserra-rebaixar-neel-cost

EXTREMADURA

El sector privado está cada vez más presente en los ayuntamientos extremeños. El número de empresas privadas que ha asumido gestiones municipales ha aumentado considerablemente en los últimos años, no sólo en la realización de obras, sino también en la gestión administrativa y económica de las administraciones locales, una situación que ha suscitado algunas críticas desde la oposición a los gobiernos municipales. La recogida de basura, el tratamiento del agua, la limpieza de parques y jardines, el transporte público y la recaudación de impuestos son los principales servicios que los ayuntamientos de la región han puesto en manos de las empresas, siendo Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia las administraciones locales que más parcelas han privatizado.

Mérida (59 049 habitantes). En la capital emeritense FCC es la encargada del servicio de limpieza y recogida de residuos urbanos. Esta misma empresa (FCC-Aqualia) se hizo también con el concurso para gestionar el agua en la ciudad. El contrato de concesión se renovó en 2003 por un periodo de 25 años previo abono al ayuntamiento de 12 millones de euros, al que se iría sumando el 10% de los ingresos percibidos anualmente durante el resto de la concesión. La privatización ha tenido consecuencias sobre el precio y sobre el acceso al recurso. Durante todo este año 2013 diversos colectivos sociales han denunciado que más de 300 familias han sufrido desahucios hídricos y desde el Campamento por la Dignidad defienden el agua como un derecho y exigen a Aqualia que dé agua a estas familias que la tienen cortada por impago.

https://www.youtube.com/watch?v=-T91rITQZ5M

Cáceres (95 925 habitantes). En 2010 fue privatizada —sin apenas oposición— la gestión del ciclo integral del agua de Cáceres para los próximos 24 años. Se adjudicó a la empresa Acciona a cambio de 37,5 millones de euros. Esto provocó una subida de tarifas (un incremento medio del 50%) que convirtieron Cáceres en la ciudad extremeña con el agua más cara, poniéndose a la altura de las más caras de España. No obstante, como en el caso de ATLL, el proceso de adjudicación se ha cuestionado en los tribunales y, recientemente, una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)ha desestimado el recurso de apelación que el Ayuntamiento de Cáceres y la empresa Acciona habían interpuesto frente a otra sentencia que anulaba el concurso de adjudicación del Servicio Integral del Agua en la capital cacereña y obligaba a retrotraer el proceso a la Mesa de Contratación, en la que se abrieron las propuestas económicas de las empresas que concurrieron a la adjudicación. El Ayuntamiento dio recientemente los primeros pasos para poner en marcha la nueva concesión del servicio. A pesar del más que evidente impacto que ha supuesto la privatización, actualmente no existe un grupo organizado que reivindique la remunicipalización del servicio en la ciudad.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/caceres-agua-preciooro_612553.html

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/arbitraje/el-tsjex-confrma-la-anulacion-dela-contrata-del-agua-en-caceres-yhay-que-volver-a-mesa-de-contratacion_ Rsnl7ZcdWSD7VxHIA2tO42/

GALICIA

La privatización del agua en Galicia está bajo sospecha a raíz del denominado caso Pokemon —el mayor sumario por corrupción instruido nunca en Galicia—, en el que está implicada la concesionaria de aguas Aquagest (AGBAR/Suez). El gerente de Aquagest en Santiago está imputado y sus interlocutores políticos también —entre ellos, los alcaldes o exalcaldes de Ourense, Santiago de Compostela y Lugo—. El caso Pokemon ha destapado otros efectos perversos de la privatización. Tras meses de protestas e investigaciones pagadas de su bolsillo, los vecinos de Punxín —un pueblo de Ourense de 776 habitantes—, que destaparon la presencia de arsénico tóxico en el agua de sus grifos, acudieron desesperados a la jueza que instruye el caso —Pilar de Lara— en 2013. Hasta entonces nadie les había hecho caso, pero la jueza de Lugo puso en marcha la maquinaria Pokemon. En pocos meses, Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil describieron en sus informes las presuntas ilegalidades que la trama corrupta replicó allí donde tocó contrata pública. Los investigadores detectaron supuestas ilegalidades en el concurso que privatizó el servicio e, incluso, en la calidad del agua que distribuía Aquagest. Según el Seprona, la empresa ocultó la presencia de arsénico, un tóxico de origen natural que puede llegar a producir cáncer. Los informes de la Guardia Civil incorporados al sumario acusan a la concesionaria del agua de un supuesto delito contra la salud pública por «suministrar a sabiendas a la población agua contaminada». Los conflictos no sólo afectan a los negocios de Aquagest. En Arteixo, ocho años después de la polémica privatización del servicio de aguas, el pleno, por unanimidad y tras el dictamen favorable del Consello Consultivo, aprobó la rescisión del contrato de Augarsa por supuesto incumplimiento culpable de Aqualia —accionista privada de Augarsa—.

Tras ocho años de pérdidas, controversia, quejas vecinales y un cada vez más tenso tira y afloja entre la parte pública y privada, la compañía mixta se ha disuelto en un mar de dudas y reproches, y con una deuda de más de tres millones de euros. El progresivo desequilibrio financiero la ha abocado a un proceso concursal sin que Arteixo haya visto ejecutadas ni el 20% de las mejoras ofertadas en el concurso público, entre ellas un embalse que le permitiría reducir la dependencia con Emalcsa para la compra de agua (la empresa mixta adquiría el agua a un promedio de un 9% más cara de lo que la vendía).

El escándalo aún no ha conducido a una propuesta estructurada de modificación legislativa que frene este tipo de situaciones, como pasó en Francia con los casos que se dieron en el Ayuntamiento de Grenoble. No obstante, sí creemos que ha ralentizado y, en algún caso, frenado el proceso de privatización. Por ejemplo, el gobierno local de Lugo (98 761 habitantes) renunció a comienzos de 2014 a la creación de una empresa mixta para gestionar el agua.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/12/galicia/1397315870_977963.html

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/40295-aguas-de-barcelonaimplicada-en-el-caso-pokemon-porsobornar-a-ediles-y-emitir-facturas-falsas

http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2013/07/16/unanimidad-certifcarfracaso-privatizacion-agua/742713.html

http://elprogreso.galiciae.com/nova/310444.html?lang=es

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1041338

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/16/galicia/1345145757_109338.html%20

ISLAS BALEARES

Inca (30 032 habitantes). Según el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Inca (PP), la única vía para conseguir reformar el Teatre era adjudicar el sistema de gestión de agua para los próximos 30 años.

Frente a esto, los grupos municipales PSIB, INDI y MÉS per Inca denunciaron que los diferentes informes técnicos consultados confirman que el dinero que se pueda obtener a través de la privatización del agua únicamente se podría destinar a limpiar la deuda municipal o a ser depositado en los bancos, incrementando el remanente municipal. En ningún caso se podría destinar a gastos corrientes ni a inversiones, en contra de lo que anunciaba el equipo de gobierno del PP. Los grupos de la oposición advirtieron que privatizar la gestión del agua únicamente supondría nuevas subidas en las tarifas y la pérdida del control de este servicio público vital para la población. Comenzaron a realizar acciones para movilizar a la población (reunieron más de 3000 firmas) y desplegaron una campaña de información y educación que consiguió demostrar que había otras fórmulas contables para la restauración del teatro. Finalmente, emprendieron acciones legales para paralizar u obstaculizar el proceso.

El primer logro fue paralizarlo de manera cautelar en un tribunal administrativo. Tras un encierro en el consistorio, el Ayuntamiento de Inca anunció que no privatizaría por ahora el agua potable. El alcalde —Rafael Torres (PP)— decidió en el último instante aplazar temporalmente la externalización, a la vista de una reciente ley que autoriza a los plenos municipales a gastar el superávit de los ejercicios 2012 y 2013 en infraestructuras «sostenibles». Esta ley debe permitir al Ayuntamiento disponer del dinero necesario para acometer la reforma del Teatre Principal y hacer las obras de mejora precisas en la red de agua. Como el alcalde había defendido que la privatización obedecía a la necesidad de asegurar la financiación para estas obras, quedó sin argumentos y suspendió el proceso.

http://mallorcaconfdencial.com/encierro-de-la-oposicion-en-el-ayuntamiento-deinca-por-la-privatizacion-del-agua

http://bit.ly/1dvgRy9

Manacor (41 049 habitantes). El Ayuntamiento no acababa de decidirse. A pesar de que no había un mantenimiento adecuado en la red de suministro, de la subida de tarifas, de los altos niveles de nitratos detectados —se recomendó a los bebés y embarazadas que no bebieran agua del grifo—, no acababa de asumir la gestión del abastecimiento del agua. Hay que tener presente que la remunicipalización del servicio estaba en la agenda política desde 1997, cuando el grupo de Esquerra Unida hizo su primera petición. El paso se dio, finalmente, el pasado noviembre, cuando el consistorio ejecutó el rescate en detrimento de Aguas de Manacor, la empresa privada que se había encargado del negocio en los últimos 27 años.

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/11/15/suministro-aguapotable-pasa-hoy/889959.html

PAÍS VASCO

Ermua (16 247 habitantes). El modelo privado en el País Vasco es marginal pero no exento de polémicas. Recientemente, en Ermua (Bizkaia), la sociedad civil se ha organizado en contra de una subida de aguas que pretendía ejecutar la empresa Aquagest. Tras una multitudinaria manifestación celebrada en abril, se crearon grupos de trabajo que se han reunido con todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento. Y en estos momentos están trabajando para conseguir la adhesión al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y la rescisión del contrato con la compañía Aquarbe que actualmente lleva la gestión del agua en Ermua, respetando los derechos de los y las trabajadoras en todo el proceso de cambio.

http://www.diariovasco.com/v/20140426/bajo-deba/movimiento-ermutarra-aguanegocio-20140426.html

Notas

[1] Capas de tierra permeables donde se acumula o por donde circula el agua subterránea. <<

[2] Las claves de este modelo se han explicado en el capítulo El agua, ¿bien común o negocio?, página 36. <<

[3] Hay información más detallada sobre este estudio en la página 103. <<

[4] Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. <<

[5] Fernando Morcillo, director de la patronal del sector. El País, 21 de marzo de 2014. <<

[6] La remunicipalización de los servicios de agua en París y Berlín se explica en las páginas 107 y 109. <<

[7] http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/ <<

[8] Más información en el capítulo Resistencia ciudadana contra la privatización del Canal, página 140. <<

[9] Fundada en Sevilla en marzo de 2012, estuvo inicialmente compuesta por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), la Asamblea Paz-Fama-Vistabella (Murcia), la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua en Jerez, Ecologistas en Acción, la Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, la plataforma «Aigua és vida», la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua. Con el tiempo, se han ido incorporando la mayoría de los movimientos antiprivatización del agua que se han ido constituyendo en el Estado. <<

[10] El gobierno corporativo es la interacción entre la gerencia, los miembros de la junta directiva y los propietarios de una empresa para dirigir y controlar la firma y asegurar que todos los aportantes a la estructura de capital —propietarios y acreedores financieros— reciban la parte que les corresponde de los ingresos y activos de la empresa. En las empresas públicas se suele dar el corporativismo cuando las empresas actúan sólo atendiendo a su capacidad de crear valor económico, que no necesariamente tiene que ser revertido en la calidad del servicio. <<

[11] El CYII ha dependido del Estado desde que se fundó en 1851 [ftp://www.funep.es/phe/hdt9405.pdf] y hasta 1984, en que fue adscrita a la Comunidad de Madrid. El artículo uno del Real Decreto 1091/77, de 1 de abril, la definía como «una Empresa dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, con personalidad jurídica distinta de la del Estado, patrimonio propio, administración autónoma y plena capacidad de obrar para el desarrollo de los fines que se le encomiendan». Su artículo nueve establecía la obligatoriedad de presentar las cuentas anuales y la Memoria al Tribunal de Cuentas y a las Cortes Españolas. <<

[12] Reguladas por la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, sobre abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid y sus modificaciones parciales posteriores, y por el Decreto 93/1984, de 27 de octubre, que definió la composición, estructura orgánica y competencias de los órganos de gobierno del CYII. <<

[13] Decretos 190/1987, de 12 de noviembre, y 5/1989, de 19 de enero. <<

[14] El 29 de noviembre de 2001. <<

[15] Decreto 51/2002, de 4 de abril, que amplía las funciones y actividades del Canal de Isabel II. <<

[16] En Colombia se impulsó a partir de las reformas legislativas de 1991. <<

[17] Taganga es un corregimiento del Distrito de Santa Marta, en el Departamento del Magdalena (Colombia). <<

[18] Escrito de un denunciante colombiano sobre la privatización del agua en Fusagasugá, recogido en la denuncia presentada por Attac, en 2010, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. <<

[19] Celebrada en Madrid, presidida por Perfecto Andrés Ibáñez, vocal del Poder Judicial. <<

[20] http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/12/23/caja_madrid_preparo_ desde_2004_pucherazo_privatizacion_del_canal_isabel_madrid_11434_1012.html <<

[21] 31/05/2004. Asunto «Canal Isabel II»; archivos adjuntos: evolución societaria Agbar y A. Valencia.doc y Canal YII versión corta.doc <<

[22] 06/09/2005. Blesa recibe de Vela el informe canal+FCC realizado por el director de finanzas corporativas de la Caja, Carlos Contreras [http://www.elconfidencial.com/en-exclusiva/2011/acs-florentino-perez-ficha-financiero-caja-madrid-20110412-77351.html]. <<

[23] 28/11/ 2005. Vela dice en un correo bajo el asunto «CanalYII-Caja Madrid»: «ya hemos revisado la presentación con el Canal y hemos incluido las sugerencias de ayer». Adjunto al correo va el documento de valoración. <<

[24] Se trata de un mensaje fechado el 12 de junio de 2006, reenviado a Blesa por Vela, cuyo asunto es: «Canal Isabel II»; el autor del texto es Carlos Contreras. <<

[25] El 21 de mayo de 2007, Carlos Vela reenvía otro correo a Miguel Blesa —que le había sido remitido tres días antes por Carlos Contreras—, que dice así: «Por si te dice algo Ignacio González», quien entonces era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del CYII. <<

[26] http://elpais.com/diario/2008/09/24/madrid/1222255456_850215.html <<

[27] Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. <<

[28] Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la estructura orgánica del Canal de Isabel II. <<

[29] Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprobó el reglamento sobre régimen económico y financiero del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid. <<

[30] Se cuentan entre lo que corresponde al CYII. <<

[31] Conducción. <<

[32] Lectura de contadores, facturación, atención al cliente, contratación de suministros, etc. <<

[33] A través de los decretos de transferencia u otras normativas. <<

[34] Disponen de la competencia en materia de abastecimiento y saneamiento. <<

[35] Por ejemplo, el Contrato Programa entre el CYII y la nueva sociedad anónima, el inventario de bienes y derechos que son objeto de aportación a la nueva sociedad o la valoración económica de la nueva sociedad y el capital social suscrito. <<

[36] Por ejemplo, el Contrato Programa entre el CYII y la nueva sociedad anónima, el inventario de bienes y derechos que son objeto de aportación a la nueva sociedad o la valoración económica de la nueva sociedad y el capital social suscrito. <<

[37] A través de la constitución y participación, mayoritaria o minoritaria, en sociedades mercantiles —como las ya mencionadas— para cualquier tipo de actividad, en virtud del ya aludido Decreto 51/2002, de 4 de abril, que amplía las funciones y actividades del Canal de Isabel II. <<

[38] La lectura de contadores, la realización de acometidas y la explotación y mantenimiento de una parte importante de las infraestructuras que gestiona. <<

[39] Más información en página 118. <<

[40] Directiva Marco del Agua 2000/60/CE; Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información medioambiental; Directiva 2003/35/CE, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de planes y programas relacionados con el medio ambiente, etc. <<

[41] http://www.iniciativaslocales.org/participacion.htm <<

[42] BARRIOS, Edgar Varela. Las privatizaciones en Cartagena y Barranquilla: Un paradigma mercantilista en la gestión de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Pensamiento & Gestión, 2007, (23), 209-255. ISSN: 1657-6276. Disponible en: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/3521/2254 <<

[43] En el año 2012, con el impulso de la Plataforma contra la privatización del CYII, se interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar revertir este proceso. <<

[44] GARCÍA-RUBIO, M.A., GONZÁLEZ-GÓMEZ F., GUARDIOLA J. La gestión del servicio de abastecimiento de aguas en las ciudades: ¿empresa pública o privada? En: XVI Encuentro de Economía Pública. Granada, 5-6 de febrero de 2009. <<

[45] www.psiru.org <<

[46] La sociedad se denominó SAGEP (Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris). Estaba participada por el Ayuntamiento (70%), la Caisse des Dépôts (2%) y dos empresas privadas (14% cada una): la Compagnie Générale des Eaux —grupo Veolia— y la Lyonnaise des Eaux —grupo Suez—. <<

[47] www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org <<

[48] www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org <<

[49] Mediante la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. <<

[50] Orden 2304/211, de 30 de diciembre, de la Comunidad de Madrid. <<

[51] Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas que autoriza, en su capítulo IV, al Canal de Isabel II a constituir una sociedad anónima y a la posterior venta de acciones. Más información en página 88. <<

[52] Ver páginas 112 y 117. <<

[53] Ver página 118. <<

[54] Apartado 1.b.c’ del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. <<

[55] La gestión en alta es la conducción desde la captación del agua, en los embalses, pozos, etc., hasta las plantas potabilizadoras y desde ahí hasta los depósitos de almacenamiento y regulación, para después distribuir el agua por las redes en baja hasta la población. <<

[56] Por qué el agua es un servicio público: destapando los mitos de la privatización. PSIRU, Universidad de Greenwich, 16 de mayo de 2012. <<

[57] Se trata de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas —ya aludida en capítulos anteriores—, que se vinculó a la consecución de los objetivos de la ley 2/2008, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales. <<

[58] http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/ <<

[59] Ver información sobre este conflicto en página 46. <<

[60] http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/CONSULTA_ SOCIAL.htm <<

[61] Ver página 53. <<

[62] Pese a que en un reciente referéndum detuvieron el proceso de brutal privatización diseñado por Berlusconi, hay ayuntamientos y regiones que han puesto en marcha los procesos con el pretexto de la crisis. <<

[63] Más información en página 89. <<

[64] Ver páginas 107 y 109 <<

[65] Habitantes según el Padrón municipal a 1 de enero de 2013. <<

[66] Más información en la página 60. <<

[67] Ver página 68. <<