Este volumen cierra y culmina la gran Historia de América Latina de Cambridge con un estudio de los países andinos entre 1930 y nuestros días. Geoffrey Bertram y Julio Cotler nos ofrecen aquí la historia del Perú contemporáneo hasta el gobierno Fujimori y Laurence Whitehead la de la construcción nacional en Bolivia. Christopher Abel y Marco Palacios, por su parte, se ocupan de la historia de Colombia durante la «violencia» de los años 50, la «convivencia» de los 60 y 70 y la grave situación actual representada espectacularmente por la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico, en tanto que el profesor Enrique Ayala nos ofrece la historia contemporánea de Ecuador y Judith Ewell la de la Venezuela petrolera.

AA. VV.

Los países andinos desde 1930

Historia de América Latina - 16

ePub r1.0

Titivillus 03.04.2022

Título original: The Cambridge History of Latin America VIII. Latin America since 1930: Spanish South America - III. Peru and Bolivia; IV. Colombia, Ecuador and Venezuela

AA. VV., 1991

Por

LESLIE BETHELL, catedrático emérito de historia de América Latina, Universidad de Londres; director. Centro de Estudios Brasileños, Universidad de Oxford

GEOFFREY BERTRAM, Senior Lecturer en Económicas, Universidad de Victoria, Wellington (Nueva Zelanda)

JULIO COTLER, Instituto de Estudios Peruanos (Lima)

LAURENCE WHITEHEAD, Official Fellow en Ciencias Políticas, Nuffield College (Oxford)

CHRISTOPHER ABEL, Senior Lecturer en Historia de América Latina, University College (Londres)

MARCO PALACIOS, Profesor de Historia Económica, El Colegio de México (México, D. F.)

ENRIQUE AYALA MORA, Universidad Andina Simón Bolívar (Quito)

JUDITH EWELL, Professor de Historia, College of William and Mary, Williamsburg (Virginia)

Traducción: Jordi Beltrán

Diseño de cubierta: Enric Satué

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

PREFACIO

Los primeros cuatro volúmenes de la Historia de América Latina de Cambridge se ocupan principalmente de los aspectos económicos, sociales, políticos, intelectuales y culturales de los tres siglos de gobierno colonial español y (en el caso de Brasil) portugués, comprendidos entre el «descubrimiento», la invasión, la conquista y la colonización del «Nuevo Mundo» por los europeos, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, y la víspera de la independencia latinoamericana en las postrimerías del XVIII y principios del XIX.

Los volúmenes quinto y sexto examinan el fracaso y el derrocamiento del régimen colonial que tuvieron lugar en toda América Latina (a excepción de Cuba y Puerto Rico) durante el primer cuarto de siglo XIX, y la historia económica, social y política durante el medio siglo posterior a la independencia (entre aproximadamente 1820 y 1870). En los cuatro volúmenes siguientes se analiza la situación de América Latina hasta 1930.

Durante el primer medio siglo que siguió a la independencia, América Latina experimentó, en el mejor de los casos, únicamente unas tasas muy modestas de crecimiento económico, y, al menos en Hispanoamérica, violentos conflictos políticos e ideológicos, así como una considerable inestabilidad política. Aparte de la guerra entre México y los Estados Unidos (1846-1848) y de frecuentes intervenciones extranjeras, especialmente británicas, también hubo, al finalizar el período, dos conflictos importantes entre estados latinoamericanos: la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y la guerra del Pacífico (1879-1883). Contrastando con ello, el medio siglo siguiente, y sobre todo el período que concluyó con la primera guerra mundial, fue para la mayoría de los países latinoamericanos una «edad de oro» caracterizada por el crecimiento económico inducido de forma predominante por las exportaciones, de prosperidad material (al menos para las clases dominantes y las clases medias de las ciudades), de consenso ideológico y, con algunas excepciones notables como México durante la revolución (1910-1920), de estabilidad política. Asimismo, aunque continuaron las intervenciones extranjeras —principalmente las norteamericanas en México, América Central y el Caribe—, no hubo importantes conflictos internacionales en América Latina entre el fin de la guerra del Pacífico (1883) y el estallido de la guerra del Chaco (1932).

El séptimo volumen lo forman nueve capítulos de carácter general sobre la historia económica y social del conjunto de América Latina. Dos capítulos examinan el crecimiento de las economías latinoamericanas, el primero en el período 1870-1914, el segundo en los años que van de la primera guerra mundial a la víspera de la depresión mundial del decenio de 1930. Este crecimiento fue en gran parte fruto de la gran aceleración de la incorporación de las economías latinoamericanas, como productoras básicas, en la economía internacional en expansión, así como de significativas entradas de capital extranjero, particularmente británico y, en el siglo XX, norteamericano. Al mismo tiempo, no se pasan por alto los mercados nacionales y la acumulación de capital igualmente nacional. Las relaciones de América Latina con las principales potencias europeas y, sobre todo en América Central y el Caribe, con los Estados Unidos, cada vez más expansionistas, se tratan por separado. Otro capítulo analiza el crecimiento de la población latinoamericana (de 30 millones en 1850 a 105 millones en 1930), que en parte fue producido por la inmigración en masa de europeos, singularmente en Argentina y Brasil. El profundo efecto de la penetración capitalista en el mundo rural es la materia de que se ocupan dos capítulos, uno de los cuales se concentra en las tradicionales tierras altas de México, América Central y los Andes, y el otro en el Caribe español. El primero de ellos, a la vez que afirma que las economías y sociedades rurales experimentaron mayores cambios en el período de 1870-1930 que en cualquier otra época anterior, exceptuando la conquista, también se propone demostrar que en muchas zonas rurales, especialmente en los Andes, las fuerzas de cambio encontraron resistencia y continuaron existiendo estructuras precapitalistas. La sociedad urbana también experimentó cambios rápidos en este período, y hay capítulos que examinan por separado el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, en especial ciudades importantes como Buenos Aires, Río de Janeiro y Ciudad de México, todas las cuales ya tenían entre uno y dos millones de habitantes en 1930 y rivalizaban con las principales urbes de Europa y los Estados Unidos; los comienzos de la industria, sobre todo en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México; y la aparición de una clase trabajadora urbana como fuerza significativa en muchas repúblicas, así como la historia de los primeros movimientos obreros de América Latina.

El octavo volumen examina la cultura y la sociedad en América Latina durante el siglo que siguió a la independencia y especialmente en el período de 1870-1930. Empieza con un capítulo que trata la evolución de las ideas políticas y sociales (y en especial la adaptación del liberalismo a unas sociedades muy estratificadas que tenían economías subdesarrolladas y una tradición política de autoritarismo, así como la influencia del positivismo en las élites gobernantes e intelectuales). Un segundo capítulo examina de qué modo la Iglesia católica latinoamericana se adaptó a la disminución de su poder y sus privilegios en una era secular, al mismo tiempo que conservaba la adhesión de la inmensa mayoría de los latinoamericanos. Finalmente, dos capítulos hablan de movimientos importantes y de notables logros individuales en la literatura, la música y el arte de América Latina en este período.

Los volúmenes noveno y décimo se componen de capítulos sobre la historia económica, social y sobre todo política, de los distintos países latinoamericanos desde 1870 hasta 1930. El volumen noveno se ocupa de la historia de México, América Central y el Caribe. En la primera parte, dedicada a México, hay capítulos sobre el Porfiriato (los treinta y cinco años de dictadura de Porfirio Díaz, 1876-1910), la revolución y la reconstrucción bajo la «dinastía sonorense» durante el decenio de 1920. La segunda parte dedica un capítulo único a las cinco repúblicas de América Central y sendos capítulos a Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana y Haití. El décimo volumen está dedicado a América del Sur. La primera parte consiste en cuatro capítulos sobre la evolución económica, social y política de Argentina, que en muchos aspectos era ya la nación más avanzada de América Latina en 1930, y capítulos individuales sobre Uruguay y Paraguay. La segunda parte contiene capítulos referentes a Chile, Bolivia y Perú en el medio siglo que empezó al concluir la guerra del Pacífico y capítulos que hablan de Colombia, Ecuador y Venezuela. Finalmente, en la tercera parte, dedicada a Brasil, hay capítulos que estudian su economía dominada por el café en este período, el sistema político y la política reformista durante los últimos tiempos del imperio (1870-1889) y la estructura social y política de la primera república (1889-1930).

Los volúmenes undécimo y duodécimo versan sobre economía, política y sociedad desde 1930. El volumen undécimo, Economía y sociedad desde 1930, comprende seis capítulos. Los tres primeros examinan las economías latinoamericanas durante la década de 1930, tras la depresión de 1929, durante e inmediatamente después de la segunda guerra mundial, y durante la nueva «edad de oro» de crecimiento económico (1950-1980), impulsada esta vez principalmente por la ISI (industrialización de sustitución de importaciones) y a la que, no obstante, siguió la llamada «década perdida» de 1980. El cuarto aborda el cambio demográfico durante el período 1930-1990, en que la población de América Latina se cuadruplicó (de 110 a 450 millones). El quinto capítulo analiza la rápida urbanización de América Latina (menos del 20 por 100 de su población estaba clasificada como urbana en 1930; en 1990, casi el 70 por 100) y el cambio social urbano, principalmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. La transformación de las estructuras agrarias es el tema del sexto capítulo.

El volumen duodécimo, Política y sociedad desde 1930, consta de cinco capítulos. El primer capítulo estudia el avance, y también los retrocesos, de la democracia en América Latina, principalmente en Chile, Costa Rica —Colombia, Uruguay y Venezuela, y, en menor grado, en Argentina, Brasil y Perú. Los éxitos y fracasos de la izquierda latinoamericana, la democrática y la no democrática, son material del segundo capítulo. El tercer capítulo se centra en la clase obrera urbana y el movimiento obrero urbano, subrayando su papel en la política. El cuarto capítulo explica la movilización y la violencia rurales, especialmente en México, América Central y los Andes. El quinto se ocupa de los militares en la política latinoamericana: sus intervenciones y los golpes de Estado, así como los regímenes militares y los problemas de la transición al gobierno civil.

El volumen decimotercero es el primero de una serie de cuatro volúmenes dedicados a la historia de los países hispanoamericanos desde 1930. La primera parte contiene dos capítulos sobre México: el primero examina el rumbo de la revolución durante los años treinta, sobre todo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), el impacto de la segunda guerra mundial en México y el carácter de la subsiguiente coyuntura de posguerra; el segundo analiza el período iniciado en 1946, y destaca en especial el crecimiento económico (hasta la década de 1980), el cambio social y la estabilidad política. La segunda parte, dedicada a los países del Caribe, contiene dos capítulos sobre Cuba: el primero sobre el período que va de la dictadura de Machado a la de Batista, y el segundo sobre la revolución, y capítulos sobre la República Dominicana, Haití y Puerto Rico.

El decimocuarto volumen se abre con una visión general del desarrollo económico y político de América Central desde los años treinta a los ochenta, a la que siguen capítulos separados sobre la historia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, desde 1930, un capítulo sobre la hazaña de Panamá desde su creación en 1903, y, finalmente, un capítulo sobre la historia de la zona del Canal de Panamá.

El volumen 15 está dedicado a los países del Cono sur: Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. La primera parte consiste en dos capítulos sobre la historia política, social y económica de Argentina. El primero abarca el período comprendido entre el principio de la depresión de 1929 y la Revolución de 1930, por un lado, y la segunda guerra mundial, la Revolución de 1943 y el auge de Perón, por otro; el segundo abarca desde el decenio peronista (1946-1955) hasta la dictadura militar de 1976-1983, la transición a la democracia y el gobierno Alfonsín (1983-1989). Otros capítulos se dedican, respectivamente, a Uruguay y Paraguay. La segunda parte trata del cambio económico, social y político en Chile. Un capítulo destaca el funcionamiento de la democracia chilena desde el decenio de 1930 hasta el de 1950, especialmente bajo los gobiernos del frente popular; un segundo capítulo examina Chile bajo los gobiernos democráticos de la derecha (Alessandri), de centro (Frei) y de izquierda (Allende), entre 1958 y 1973, y bajo la dictadura militar del general Pinochet (1973-1990).

En el volumen 16 la primera parte abarca Perú y Bolivia. Hay dos capítulos sobre la economía, la sociedad y la política de Perú, primero en el período de 1930 a 1960, y en segundo lugar en los decenios de 1960 y 1970 (especialmente de 1968 a 1975, cuando Perú estaba en manos de militares reformistas) y en el decenio de 1980 bajo los gobiernos de Belaúnde Terry (1980-1985) y García (1985-1990). Sigue un capítulo sobre la economía, la sociedad y la política —y especialmente los problemas de la construcción de la nación— en Bolivia. La segunda parte empieza con dos capítulos sobre la historia económica, social y política de Colombia, el primero desde el período de 1930 a la violencia del decenio de 1950, el segundo desde el histórico acuerdo de 1958 para compartir el poder entre liberales y conservadores y la convivencia del decenio de 1960 y principios del de 1970, hasta la violencia y el desafío que para las instituciones democráticas plantearon los guerrilleros y, sobre todo, los narcotraficantes, en el decenio de 1980. Siguen a estos capítulos otros que tratan, respectivamente, de Ecuador y de la economía, la sociedad y la política —especialmente la política democrática desde 1958— de Venezuela.

Muchos de los colaboradores de los volúmenes 15 y 16 comentaron tos capítulos de sus colegas. En este sentido, estoy especialmente agradecido a Christopher Abel, Alan Angell, Paul Drake y Laurence Whitehead. Malcolm Deas, Peter Klarén, Andrew Nickson y James Painter también aportaron valoraciones críticas de uno o más de estos capítulos. Quisiera dar las gracias a Malcolm Deas en particular por la ayuda y el aliento que ha ofrecido generosamente desde el comienzo de este proyecto. James Dunkerley accedió a servir como ayudante de edición tanto para el volumen VII como para el VIII de la Cambridge History of Latin America (es decir, los volúmenes 13-16 de la Historia de América Latina). Sus consejos y su apoyo, así como sus habilidades como editor, resultaron valiosísimos en la preparación definitiva de estos volúmenes para su publicación.

Una vez más, debo expresar mi gratitud a Josep Fontana y a Gonzalo Pontón por su interés y dedicación en la presente edición castellana.

LESLIE BETHELL

Oxford, marzo de 2002

Primera parte
PERÚ Y BOLIVIA

Capítulo 1
PERÚ, 1930-1960

Durante el período comprendido entre 1890 y 1930 Perú se había caracterizado por una economía encabezada por las exportaciones, un estado fuerte dominado por la oligarquía, la llamada República Aristocrática, y un orden social jerárquico muy arraigado en instituciones agrarias; la hacienda en la sierra y la plantación en la costa. Después de 1960 el país entró en una crisis de hegemonía política (con los militares desempeñando un papel de importancia creciente), una búsqueda tardía de industrialización y autonomía económica, y un esfuerzo por adaptarse a la ruptura de los antiguos mecanismos de control social, cuyas manifestaciones fueron el derrumbamiento de la hacienda y la aparición de una izquierda política. Los treinta años que mediaron entre 1930 y 1960 fueron un período de transición, con un destartalado antiguo régimen que sobrevivía casi por descuido mientras el país navegaba a la deriva, empujado por las corrientes de la historia. El desarrollo económico estaba dominado por arrebatos de actividad dentro del antiguo marco de laissez faire y crecimiento inducido por las exportaciones. A diferencia de otros países latinoamericanos, Perú no trató de seguir ningún rumbo nuevo como, por ejemplo, la industrialización protegida o la construcción de un capitalismo de estado. El predominio social y económico de la clase dirigente reconocida (la comúnmente llamada «oligarquía» o «gran burguesía») no se vio amenazado ni siquiera diluido por la ascensión de alguna burguesía nacional nueva. De igual manera, la hegemonía oligárquica no fue blanco de una ofensiva organizada por la clase trabajadora (todavía débil y dividida, y con la mayoría de sus líderes absorbidos por el statu quo), ni por el campesinado (cuyas preocupaciones seguían concentradas en el nivel local, en una lucha victoriosa con la hacienda y un proceso debilitante de división interclasista) ni por la clase media (aunque el estrato formado por las profesiones liberales aparecía de vez en cuando en la escena política, más por casualidad que a propósito).

Después de 1930 la política siguió estando agobiada por las facciones y el personalismo. Surgieron muy pocos políticos o estadistas de gran talla. Los individuos más notables fueron Víctor Raúl Haya de la Torre y Fernando Belaúnde Terry, ninguno de los cuales alcanzó la presidencia durante este período. Dado que ninguna clase social tenía un proyecto político claro que pudiera promover contra el statu quo, la lucha por el control del aparato del estado quedó reducida a una lucha por los despojos del crecimiento inducido por las exportaciones y los empréstitos obtenidos en el extranjero. El único partido político importante que salió con vida de los treinta años —la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) de Haya de la Torre, fundada en 1924— fracasó de forma conspicua e invariable en sus intentos de conquistar un apoyo electoral mayoritario o de organizar una ofensiva armada seria contra el estado. De hecho, los líderes del partido seguían generalmente un rumbo que parecía calculado para tenerles metidos de forma permanente en la política nacional, pero sin dominarla jamás.

Fue la intervención militar, y no la política civil, la que produjo las dos administraciones más estables y eficaces del período: la del presidente Oscar Benavides (1933-1939) y, después del intermedio democrático de la posguerra, la del presidente Manuel A. Odría (1948-1956). Cabría calificar a ambos de modernizadores autoritarios que pretendían reducir la peligrosidad de los problemas sociales por medio del crecimiento económico y un poco de juiciosa ingeniería social, al tiempo que utilizaban la represión para mantener la estabilidad a corto plazo. Es claro que ambos creían actuar en beneficio de la clase gobernante civil, pero ambos estaban en contra de las luchas entre facciones en el seno de dicha clase. A decir verdad, dada la debilidad política de los otros grupos sociales, las disputas internas de la oligarquía marcaban el tono de la vida política.

De las dos facciones políticas principales que existían dentro de la oligarquía, la capitaneada por la familia Prado consiguió hacerse con la presidencia por medios electorales en dos ocasiones (en 1939 y en 1956), y en cada una de ellas Manuel Prado ocupó la presidencia durante un mandato completo de seis años. El rasgo distintivo de la política de Prado era una actividad relativamente conciliadora ante el APRA, a cuyo apoyo (encubierto o explícito) debía sus éxitos electorales. La otra facción principal de la oligarquía, la que podríamos llamar la derecha, se distinguía tanto por su hostilidad inflexible contra el APRA como por su incapacidad de obtener una mayoría electoral excepto en las circunstancias extraordinarias de 1931 (con Luis M. Sánchez Cerro como candidato). El otro gran éxito político de la derecha durante este período fue el golpe de 1948, en el cual el general Odría se hizo con el poder.

Si bien los frutos completos no se verían hasta después de 1960, durante los tres decenios intermedios del siglo XX actuaron importantes fuerzas económicas y sociales. Dos tendencias en particular sobresalen; la recuperación, después de la depresión, del crecimiento inducido por las exportaciones y la aparición del paro y el subempleo en gran escala. En 1930 Perú tenía una economía de exportación seriamente deprimida, pero muy poco paro manifiesto; en 1960 el país se encontraba en la cúspide de un crecimiento inducido por las exportaciones con un enorme ejército de mano de obra de reserva. Así pues, el alza cíclica a largo plazo, el movimiento ascendente desde la depresión hacia la prosperidad (respondiendo a fuerzas que actuaban en la economía mundial), fue acompañada de una transición desde la escasez de mano de obra hacia un excedente de ella, lo cual era sintomático de la dinámica interna de la respuesta de Perú al crecimiento capitalista y al demográfico. Estas dos tendencias, que luego se estudian más detalladamente, respectivamente fortalecieron y debilitaron la posición de la clase gobernante del país. La recuperación de la economía exportadora dependiente facilitó la estabilización política y económica según las condiciones de la oligarquía, pero, al mismo tiempo, la aparición de poderosos intereses de las masas, a las que había que apaciguar o reprimir, planteaba un problema para la hegemonía oligárquica.

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

La economía peruana ha dependido mucho del resultado de las exportaciones durante todo el siglo XX. En los períodos de crecimiento inducido por éstas de 1890 a 1924 aproximadamente, y de 1949 a 1963, los propietarios peruanos de los medios de producción en los sectores de exportación, junto con los estratos más altos de los sistemas comercial, profesional y financiero, formaron una eficaz clase gobernante que influía mucho en los grandes trazos de la política del gobierno de la nación. La estabilidad y el conservadurismo eran los principios fundamentales de la vida política. La política económica social giraba alrededor de la defensa de intereses creados y la oposición a las reformas; la vida política se veía dominada por las rencillas entre las facciones que existían en el seno de la clase gobernante, a la vez que las amenazas a la hegemonía de tales facciones podían neutralizarse con relativa facilidad por medio de la absorción y el paternalismo. Durante los períodos de crisis en la economía de exportación, de 1925 a 1948, y de 1963 al decenio de 1980, era más difícil quitarle hierro a la lucha por hacerse con las porciones del pastel económico que crecía lentamente, y los problemas de gestión económica y social eran más serios. Eran períodos de relativa inestabilidad política y se caracterizaron por el debilitamiento del control que la clase gobernante ejercía sobre la formulación de la política que debía seguirse, así como por la aparición de fuerzas sociales que eran contenidas durante las fases de crecimiento. El período que se estudia en el presente capítulo abarca todo un ciclo de caída y fase ascendente en la economía de exportación.

A pesar de considerables fluctuaciones a corto plazo, Perú experimentó un estancamiento virtual del volumen de las exportaciones desde el comienzo de la depresión mundial en 1930 hasta finales de los años cuarenta. El valor del total de exportaciones en dólares norteamericanos bajó en un 68 por 100 entre 1929 y 1932 y no recuperó el nivel de 1929 hasta 1946, antes de volver a descender durante la crisis económica de 1947-1948[1]. Sin embargo, este estancamiento de las ganancias totales en concepto de exportación ocultaba un cambio importante del control extranjero por el local. En 1930, el 60 por 100 de las exportaciones por valor las producían grandes empresas extranjeras que sacaban la mayoría de sus beneficios del país. A finales del decenio de 1940 la participación de estas empresas extranjeras había bajado hasta quedar en un 30 por 100 de las ventas de exportación y su lugar lo habían ocupado sectores localmente controlados y en expansión, especialmente la minería a escala media del plomo y el cinc, el azúcar, la harina de pescado y el algodón. La expansión de las empresas exportadoras bajo control local no fue fruto de la absorción de actividades controladas por extranjeros; en vez de ello, las empresas bajo control extranjero declinaron al tiempo que la empresas peruanas estaban en expansión. Así, aunque no hubo virtualmente ningún aumento del total de ingresos de exportación a lo largo de los veinte años posteriores a 1929, los capitalistas locales obtuvieron algunas ganancias y se produjo cierto crecimiento en los ingresos netos de divisas extranjeras de la economía, al descender la proporción del total de las ganancias de exportación que se perdieron al ser repatriadas en calidad de beneficios. A consecuencia de ello, el escalón superior de los capitalistas agrícolas y financieros conservó su antigua creencia en la viabilidad de la economía abierta encabezada por las exportaciones. Continuó invirtiendo en empresas orientadas hacia la exportación y se mostró contrario a adoptar una estrategia de crecimiento dirigido hacia adentro. Por consiguiente, no había ninguna base para una alianza entre la gran burguesía y los pequeños capitalistas industriales con el fin de poner en práctica una nueva política económica[2].

Si la crisis de la economía de exportación después de 1929 fue menos aguda en Perú que en otras economías latinoamericanas, también la fuerza del crecimiento inducido por la exportación después de 1949 fue espectacular en comparación con otros países del continente. Entre 1950 y 1960 el volumen de las exportaciones se triplicó y el valor de las exportaciones en dólares se multiplicó por más de dos. El crecimiento real del PNB fue del 65 por 100 a lo largo del decenio, lo cual representa una tasa media de crecimiento anual de más del 5 por 100. El efecto del rápido crecimiento de las ganancias de exportación en la balanza de pagos se vio complementado por una fuerte afluencia de inversiones extranjeras. Del 30 por 100 en 1950, la parte de las exportaciones de Perú producidas por empresas extranjeras volvió a subir hasta situarse en un 45 por 100 en 1960 y continuó subiendo a partir de entonces[3].

No todos los peruanos participaron de la bonanza del decenio de 1950. Aproximadamente una cuarta parte de la población total, en lo más bajo de la economía rural de la sierra, experimentó niveles de vida estancados o cada vez peores, y la desigualdad global de la renta aumentó de forma acentuada[4]. Sin embargo, la expansión proporcionó a los trabajadores y la clase media urbanos beneficios materiales suficientes para atajar toda radicalización importante de la política nacional. El empobrecimiento relativo de la agricultura de la sierra en este período no produjo un movimiento político, sino un proceso de masiva movilización social: primero bajo la forma de migración rural-urbana a gran escala y posteriormente (a finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta) en una serie de ocupaciones de tierras y enfrentamientos entre campesinos y policías, que anunciaron el final de la era de la hacienda en la sierra peruana.

El desarrollo industrial llegó tarde a Perú, pues había sido sofocado después de un principio prometedor en el decenio de 1890. En el decenio de 1950, sin embargo, los efectos de la rápida expansión de las exportaciones, unidos a la aparición de un masivo mercado urbano en Lima, pusieron en marcha una nueva fase de crecimiento. La parte del PNB correspondiente a las manufacturas ascendió del 14 por 100 en 1950 al 17 por 100 en 1960, convirtiéndolas en el sector de crecimiento más rápido de la economía nacional; y en la segunda mitad del decenio de 1950 la substitución de las importaciones ya era el objetivo del crecimiento industrial. Fue un proceso que tuvo lugar espontáneamente en vez de ser fruto de una política deliberada del gobierno. Entre 1950 y 1960 la parte correspondiente a los artículos de consumo en el total de importaciones bajó del 24 al 22 por 100 mientras los bienes de capital subían del 20 al 22 por 100. La proporción del mercado local de manufacturas suministradas por fábricas peruanas (que durante un breve período de 1945, debido a las presiones y el control de divisas durante la guerra, había sido de hasta el 77 por 100) alcanzó un punto bajo del 59 por 100 en 1952 y subió durante los últimos años cincuenta hasta alcanzar un 65-70 por 100 a comienzos de los sesenta[5]. Estas cifras indican que a partir de mediados de los cincuenta hubo una oscilación hacia la substitución de importaciones, aunque en Perú el proceso fue limitado en comparación con otras economías latinoamericanas en aquellos momentos. El incremento de nuevas inversiones en la industria manufacturera alteró la base económica de la oligarquía reconocida y abrió el camino a una nueva generación de capitalistas industriales cuya influencia se haría sentir en decenios posteriores.

En 1930 la población se cifraba entre 5 y 6 millones de personas, de las cuales dos tercios se hallaban concentradas en la sierra andina y menos de una cuarta parte, en la costa. En 1960 la población había crecido hasta superar los 10 millones, con sólo un poco más de la mitad en la sierra y el 40 por 100 en la costa. El incremento de la concentración demográfica en la costa reflejaba el carácter fuertemente regional del crecimiento económico capitalista. La sierra andina constituía el núcleo tradicional de Perú. Pero fue la llanura árida de la costa, que se halla cruzada por fértiles valles fluviales y contiene las tres ciudades más importantes del país —Lima, Trujillo y Arequipa—, la que se convirtió en escenario de la mayor parte del crecimiento económico del siglo XX. De los principales sectores de la economía durante el período 1930-1960 —algodón, azúcar, minería, petróleo, harina de pescado, servicios urbanos y manufacturas—, sólo la minería tenía una presencia fuerte en la sierra, especialmente en la parte central del país. Pero a pesar de sus efectos en las economías locales, los campamentos mineros eran más enclaves y extensiones de la economía costera que parte integrantes de la economía de la sierra.

Durante los decenios intermedios del siglo XX los acontecimientos en la sierra estuvieron dominados por el cambiante equilibrio demográfico, el fracaso de los intentos de modernización capitalista de la agricultura de la sierra y un cambio de la relación de la sierra con la economía capitalista en desarrollo de la costa y los campamentos mineros. De este último cambio se ha dicho que consistió en pasar del «dualismo funcional» al «dualismo disfuncional», lo cual llevó aparejada una creciente separación de la economía de la sierra respecto de los polos de crecimiento del país, a medida que un proletariado permanente substituyó a los trabajadores migrantes temporeros en los campamentos mineros de la sierra hacia 1945 y ocurrían cambios parecidos en las plantaciones de la costa[6].

La historia demográfica de la sierra entre los siglos XVI y XX es la historia de una región que se recupera de la catástrofe. La guerra, la dislocación social y las enfermedades en la época de la conquista española habían reducido espectacularmente la población y convertido Perú en una sociedad de tierra abundante y mano de obra escasa que duró hasta que las densidades demográficas en la sierra volvieron a aproximarse a los niveles del siglo XV. De allí en adelante, el continuo crecimiento demográfico significó una presión cada vez mayor sobre los limitados recursos de tierra (a falta de importantes avances tecnológicos en la agricultura) y la aparición de una mano de obra excedente. A este punto crítico se llegó durante la primera mitad del siglo XX, con efectos espectaculares en el mercado nacional de mano de obra en el decenio de 1950.

La transición de la escasez al excedente de mano de obra fue visible de modo claro en el sector moderno de la economía. Para toda empresa a gran escala fundada en Perú durante el siglo XIX la movilización de una fuerza laboral había sido un problema muy importante. Para extraer guano, cultivar caña de azúcar y algodón, construir ferrocarriles o explotar minas los patronos se vieron obligados a recurrir a fuentes no locales de mano de obra (esclavos negros, «rotos» chilenos, culis chinos) hasta el decenio de 1880. A partir de entonces durante varios decenios fue resultando poco a poco más fácil encontrar trabajadores temporeros migrantes entre el campesinado de la sierra valiéndose de la remisión de deudas por medio del trabajo (enganche) o la manipulación de las tradicionales instituciones de servicios y tenencia de las haciendas.

Sin embargo, la expansión continua de la oferta de mano de obra a partir de principios de siglo permitió la formación de relaciones plenamente capitalistas de trabajo asalariado en un número creciente de actividades económicas. En 1930 ya se había formado un proletariado estable en las plantaciones y ciudades de la costa, aunque la costa propiamente dicha aún no era una región de excedente de mano de obra. La producción de algodón y azúcar seguía dependiendo de la disponibilidad de trabajadores migrantes estacionales procedentes de la sierra, y en Lima los migrantes (que en aquel tiempo llegaban principalmente de la costa y no de la sierra)[7] no tenían dificultades para encontrar trabajo durante el decenio de 1920. La depresión causó sólo paro manifiesto moderado en la economía peruana; la mayoría de los trabajadores despedidos de las fábricas y las minas sencillamente desapareció de nuevo en las filas del campesinado o de los eventuales que trabajaban por cuenta propia. Como suele ocurrir en una economía que en gran parte es precapitalista, la depresión intensificó la pobreza más que crear paro manifiesto. El censo de Lima correspondiente a 1931 indicaba que 37.089 varones, es decir, una cuarta parte de todos los varones de edad comprendida entre los 15 y los 69 años en Lima, se encontraban sin trabajo; pero sólo 19.000 de ellos estaban inscritos y el resto había recurrido a trabajar en calidad de eventuales por cuenta propia en la economía extraoficial[8]. Sin embargo, en el decenio de 1950 el panorama se había transformado. Una avalancha de migrantes procedentes de la sierra llegaba a las ciudades costeras, el trabajo asalariado permanente quitaba a los migrantes estacionales la mayoría de sus anteriores oportunidades de empleo en la plantaciones y el antiguo problema de la contratación de mano de obra había cedido su lugar a los problemas relacionados con alojar y dar de comer al nuevo ejército de mano de obra de reserva en las barriadas de las ciudades costeras.

Si bien el crecimiento demográfico nos proporciona la explicación básica de la transición de la escasez al excedente de mano de obra en el nivel nacional, el momento y la naturaleza de esta transición tenían sus raíces en la cambiante estructura social de la sierra. Durante gran parte del siglo XIX la sierra no había tenido importancia económica para la economía de exportación, que se basaba en el guano, y las haciendas habían estado en decadencia, lo cual permitía la ocupación de facto de gran parte de sus tierras por el campesinado (tanto las comunidades indias estructuradas colectivamente como los arrendatarios nominales de las haciendas). Así pues, los campesinos que se dedicaban a la agricultura de subsistencia se hallaban bien dotados de recursos y, por consiguiente, no estaban disponibles para trabajar en otras vertientes de la economía. Durante los últimos dos decenios del siglo XIX (después de la caída del guano), la sierra se recuperó y de nuevo interpretó un papel central en la vida económica nacional. Los ferrocarriles comunicaban la sierra central y la meridional con los mercados externos de lana, cueros y artículos alimenticios; la revitalización de la minería del oro, la plata y el cobre causó una gran demanda de animales de carga, de leña y alimentos; y la nueva industria de la cocaína trajo beneficios para los cultivadores de coca en La Libertad. La producción agrícola y pecuaria se había hecho más rentable de pronto, y el resultado fueron un renacer y una expansión de la hacienda como institución dominante en la sociedad de la sierra, la reclamación de tierras que los campesinos ocupaban desde hacía mucho tiempo y la reimposición de obligaciones laborales a los arrendatarios de las haciendas. Esta ascensión de la economía comercial y de la hacienda prosiguió durante unos cuarenta años, desde 1880 hasta 1920 más o menos, y se reflejó en el grado en que los intereses terratenientes de la sierra compartieron el poder político en el nivel nacional durante la República Aristocrática (1895-1919).

Si el incentivo de los beneficios había hecho que la hacienda volviese a la vida, lo mismo cabía decir del campesinado de la sierra. Los pastores «indios» se encontraron con que podían vender su lana y otros productos por medio de compradores comerciales que acababan de establecerse en el centro y en el sur, a la vez que en toda la sierra los propietarios de mulas y llamas se encontraban con que había demanda constante de sus servicios para el transporte. Al mismo tiempo, los artículos de consumo importados se encontraban con mayor facilidad en la sierra, lo cual reforzaba los incentivos para la monetarización de la economía campesina y amenazaba la producción artesanal local. Los grupos campesinos se veían cada vez más envueltos en conflictos con las haciendas relacionados con el acceso a la tierra, así como en competencia unos con otros. Se ha comprobado que éste fue el período en que la «comunidad india» empezó a disolverse para transformarse en un campesinado privatizado, internamente diferenciado, y este cambio (al que acompañó la aparición del endeudamiento y el empobrecimiento individuales en lugar de las cargas compartidas de forma comunal) fue un factor clave en la apertura del mercado nacional de trabajo alrededor de principios de siglo[9].

En los primeros dos decenios del siglo XX algunas partes de la sierra dejaron de disponer de tierra que pudiera servir de base a una mayor expansión de la producción agropecuaria. Las comunidades indígenas ya no podían dotar a todos sus miembros de parcelas suficiente para subsistir, y las haciendas no podían proseguir su expansión sin provocar revueltas campesinas en una escala que amenazaba con romper el tejido social. En esta etapa muchos grandes terratenientes trataron de intensificar sus operaciones, para lo cual modernizaron sus propiedades; pero a este movimiento hacia el cercamiento de tierras y la inversión se opuso con éxito el campesinado, con la ayuda de los comerciantes cuyo beneficios procedían de la economía campesina. La fuerza de la oposición campesina a la invasión y el cercamiento de tierras hizo que fuera imposible pasarse a las relaciones capitalistas o a invertir mucho dinero en mejoras con el fin de aumentar la productividad.

La lucha en torno a la expansión de la hacienda, el cercamiento de tierras y la oposición de los campesinos a la modernización capitalista culminó con una oleada de revueltas a comienzos del decenio de 1920 e inspiró la ideología del llamado «indigenismo» entre los intelectuales de la costa. Era una visión romántica de la comunidad como institución colectiva, a la cual se «liberaría» eliminando las relaciones feudales de producción en las haciendas. Desde el punto de vista político, sus frutos principales fueron dos medidas que se tomaron en los primeros tiempos del «oncenio» de Augusto Bemardino Leguía (1919-1930): las cláusulas de la constitución de 1920 que reconocían la comunidad como entidad jurídica y protegían sus tierras de la enajenación; y la fundación, en 1922, del Patronato de la Raza Indígena con el fin de disponer de un cauce institucional para la expresión de los agravios de los indios. La «cuestión indígena» siguió siendo un asunto políticamente delicado hasta finales del decenio de 1920, momento en que tanto el APRA de Haya de la Torre como el recién fundado Partido Comunista de José Carlos Mariátegui hicieron afirmaciones programáticas a favor de la reforma agraria y la «redención» del indio.

Sin embargo, en 1930 el curso de los acontecimientos ya había cambiado. La hacienda como institución había pasado su punto culminante y el medio siglo siguiente sería testigo de su decadencia en todo Perú, puesto que el equilibrio de poder clasista en la sierra pasó decididamente de los hacendados al campesinado. Sólo un grupo muy reducido de grandes terratenientes en la sierra central y meridional persistieron en su intento de modernizar la producción pecuaria. En la sierra septentrional, donde las tensiones sociales eran menos importantes, se hizo un esfuerzo mayor hacia la modernización de las haciendas ganaderas en los decenios de 1930 y 1950, pero incluso allí en el decenio de 1960 ya se veía claramente que la cosa no podía durar. Además, tanto en la ganadería como en la agricultura el incentivo para modernizar las haciendas resultó erosionado de forma ininterrumpida cuando el gobierno nacional decidió mantener la paz social en Lima y para ello impidió que subieran los precios de los productos alimenticios. Entre 1920 y 1970 los términos de intercambio rural-urbano fueron sumamente desfavorables para los productos agrícolas, exceptuando un breve período de recuperación en 1943-1947 (recuperación que, significativamente, coincidió con la aparición de sindicatos campesinos en la sierra central)[10].

Al esfumarse el interés de los grandes terratenientes por llevar a cabo la transformación capitalista en la sierra, también desaparecieron la visibilidad política de la sierra y el problema agrario. Después de la ley de Patronato que Leguía promulgó en 1922, transcurrirían cuarenta años antes de que se promulgara otra ley importante que hacía referencia a la sociedad de la sierra: la ley de reforma agraria de 1962 para La Convención. En términos nacionales, la sierra ocupó un lugar secundario entre 1930 y 1960, su vida política estuvo vuelta hacia adentro, hacia los asuntos locales, y los políticos de la costa apenas prestaron atención a sus problemas. En la medida en que continuaron los debates sobre la «cuestión indígena» en Lima, no fueron más allá de los estereotipos creados en los años veinte; y la participación de los habitantes de la sierra en la política nacional quedó reducida en gran parte a las visitas que las delegaciones de los poblados hacían a los congresistas en busca de remedio para asuntos concretos.

La red de carreteras construida en los años veinte y treinta facilitó la migración temporal a la costa en busca de empleo y dio a los campesinos, así como a las haciendas, mejor acceso a los mercados costeros para sus productos; pero estas ventajas tuvieron varias contrapartidas: la mayor penetración de los productos costeros en los mercados rurales de la sierra, el empeoramiento de los términos de intercambio rural-urbano y la creciente dificultad de obtener empleo estacional en la costa al tocar a su fin la escasez de mano de obra. Mientras tanto, prosiguió la fragmentación interna de la comunidad, y la distribución de la venta y la riqueza fue haciéndose cada vez más desigual. Pocas comunidades consiguieron enriquecerse; en la mayoría de ellas, los miembros más acaudalados se convirtieron en explotadores de sus semejantes (tanto por medio de sus actividades como pequeños comerciantes y hortelanos como en su calidad de principales contratantes de mano de obra), sin convertirse en una clase de pequeños agricultores capitalistas y progresistas. Las ganancias procedían menos de la actividad agrícola que de la migración de mano de obra. Sin embargo, en el decenio de 1940 ya había terminado la era de escasez de mano de obra nacional, y los principales sectores de la economía capitalista de la costa dejaban de utilizar trabajadores temporeros y no especializados y preferían la mano de obra especializada y permanente. Debido a la creciente competencia en busca de trabajo, a los campesinos de la sierra les resultaba cada vez más difícil complementar sus ingresos por medio de la migración a corto plazo, y gran número de ellos empezaron a optar por la migración a plazo más largo a las ciudades costeras, con la esperanza de adquirir habilidades y encontrar algún empleo mejor remunerado.

Al mismo tiempo se produjo cierto renacer del activismo agrario, cuyo estímulo no era tanto un choque entre las crecientes aspiraciones campesinas y la expansión de la hacienda (causa de las conflagraciones de los decenios de 1910 y 1920) como el ininterrumpido empobrecimiento relativo de gran parte del campesinado de la sierra. (Con esto no quiere decirse que las aspiraciones crecientes, en especial de individuos prósperos perteneciente al campesinado, estuvieran completamente ausentes del nuevo activismo). Los movimientos empezaron con la formación de sindicatos campesinos en muchas haciendas de la sierra central durante las administraciones de Manuel Prado (1933-1945) y José Luis Bustamante (1945-1948), fueron suprimidos durante el régimen de Manuel Odría (1948-1956), cuando la migración rural-urbana era la única válvula de escape de las presiones sociales en la sierra, y volvieron a aparecer en una oleada de huelgas y ocupaciones de tierras en las postrimerías de los años cincuenta y comienzos de los sesenta. Sólo uno de los movimientos de finales de los cincuenta —los célebres sindicatos de arrendatarios de La Convención, que nacieron del incremento de la fuerza económica tanto del campesinado como de las haciendas en una próspera región productora de café— reprodujo la pauta de las revueltas del decenio de 1920. Los demás fueron fruto de la creciente debilidad de ambos componentes de la sociedad rural: las haciendas improductivas, abandonadas de buen grado a su suerte por una élite nacional que no concedía importancia a la sierra; y los campesinos que padecían privaciones económicas y se encontraban con unos términos de intercambio que empeoraban tanto para sus productos como para su trabajo debido a que el crecimiento demográfico ejercía una presión inexorable sobre la base productiva estancada. Que el campesinado saliera victorioso no es un tributo a su fuerza, sino a la debilidad de la hacienda. Mucho tiempo antes de que las haciendas de la sierra fueran parceladas o expropiadas en los decenios de 1960 y 1970, el verdadero problema social de la sierra ya no era la división entre la hacienda y la comunidad, sino las desigualdades y divisiones internas entre los propios campesinos.

La decadencia económica de la sierra tuvo su equivalente político. En gran medida, las guerras civiles del siglo XIX las habían decidido en la sierra ejércitos integrados por reclutas que llevara a Nicolás de Piérda al poder en 1895. La subsiguiente «República Aristocrática» había instaurado el dominio de la élite costera sobre la presidencia, pero dejando a los dignatarios (gamonales) de la sierra mucha influencia política por medio del Congreso, en el cual los electorados de la sierra controlados por los grupos gobernantes tenían una clara mayoría de escaños. La última generación de caudillos de la sierra —Cáceres, Durand, Piérola— vivieron y se mostraron activos en política hasta el decenio de 1920, pero al desaparecer esa generación y al cobrarse el centralismo de Leguía su tributo en las regiones, disminuyó la influencia de los grupos gobernantes de la sierra en la política nacional. (El efímero mandato interino de David Samánez Ocampo en 1930-1931 representó la última vez que una figura política con base en la sierra ocupaba la presidencia). La coherencia de estos grupos gobernantes decayó después de 1930, ya que miembros clave de las familias de la élite provincial se instalaron en las ciudades costeras con el propósito de adelantar en su carrera o proseguir su educación.

La pérdida de importancia de la sierra se vio fomentada por la postura política de los partidos manifiestamente reformistas: el APRA y el Comunista. Aunque en los programas de ambos había puntos indigenistas, ninguno veía la movilización del campesinado de la sierra como parte de su estrategia política. Una vez eliminada la influencia de Mariátegui, los comunistas se concentraron de modo casi exclusivo en organizar a los trabajadores de las ciudades y de las minas, aunque el partido se vio envuelto accidentalmente en el movimiento campesino de La Convención a finales de los años cincuenta. El APRA centró su atención en la baja clase media y el trabajo organizado, especialmente en Lima y en la costa septentrional; las actividades del partido en la sierra se limitaron al proselitismo individual que llevaron a cabo abogados y maestros de escuela apristas, lo que sin duda alguna contribuyó a la movilización local de comunidades campesinas y permitió que algunos individuos hiciesen carrera en el Congreso, pero no convirtió el campesinado en los cimientos nacionales de la fuerza del APRA. Este vacío de organización fue aprovechado en las campañas que en 1962 y 1963 llevó a término Fernando Belaúnde Terry, el primer aspirante a la presidencia que, después de Sánchez Cerro en 1931, se tomó en serio las ventajas de hacer campaña en los poblados de la sierra.

La ascensión de la costa fue la contrapartida de la decadencia de la sierra. La evolución de la sociedad costeña durante el período 1930-1960 estuvo dominada por el rápido crecimiento de las ciudades. Entre 1940 y 1961 la proporción de peruanos que vivían en ciudades de más de 2.500 habitantes aumentó del 18 al 39 por 100. Lima sola pasó del medio millón de habitantes a más de 2 millones. La rápida expansión de Lima, en especial durante el decenio de 1950, significó el correspondiente incremento de la demanda de productos y servicios que satisficieran las necesidades urbanas: especialmente vivienda, transporte, artículos manufacturados para el consumo, administración y educación. A su vez, aumentó el peso social y político de los trabajadores industriales y de los empleados de clase media, y el APRA proporcionó el principal vehículo político para los primeros mientras la Acción Popular (AP) prestaba el mismo servicio a los segundos a finales de los años cincuenta.

A diferencia de la sierra, donde la sociedad rural estaba enzarzada en una lucha defensiva contra la transformación capitalista, en la agricultura costera se advertían fuertes tendencias hacia la comercialización. Importantes proyectos de riego contribuyeron a un aumento del 66 por 100 de la zona cultivada en la costa entre 1929 y 1961, a pesar de la pérdida de tierra agrícola ocasionada por la expansión de las ciudades[11]. Gran parte de este incremento tuvo lugar en el norte, región arrocera donde la mejora del riego y el ímpetu de la creciente demanda urbana trajeron prosperidad en los años cincuenta. Dentro de la agricultura costera hubo una clara divergencia entre la evolución de las plantaciones de azúcar y la del resto. En el cultivo y la molienda de caña de azúcar las economías de escala se combinaron con el excedente de mano de obra que apareció a partir de 1930, y la represión periódica del APRA y sus sindicatos permitió que un modo de producción plenamente capitalista se consolidara bajo la forma de enormes «complejos agroindustriales» con mano de obra asalariada permanente. En las regiones algodoneras y arroceras, los sistemas de aparcería (yanaconaje) continuaron siendo la norma durante los años treinta y cuarenta. Algunos terratenientes consiguieron desalojar a los arrendatarios y pasar al cultivo directo utilizando mano de obra asalariada; este proceso chocó con la fuerte oposición de los arrendatarios, organizados por el APRA y (en el lejano norte) por el Partido Socialista. Los arrendatarios organizaron largas y finalmente victoriosas campañas pidiendo contratos por escrito, seguridad de tenencia y la transformación de las rentas consistentes en prestaciones laborales o participación en las cosechas en rentas en efectivo. Un hito en esta lucha fue la Ley de Yanaconaje de 1947, que el APRA consiguió que fuera aprobada por el Congreso durante el régimen de Bustamante. Así pues, las grandes propiedades de la costa que no producían azúcar fueron el semillero de una clase de pequeños capitalistas rurales al debilitarse el control de los medios de producción por parte de los terratenientes; las reformas agrarias de 1964 y 1969 traspasarían más adelante la propiedad oficial de grandes extensiones de tierras costeras no dedicadas al cultivo de la caña de azúcar a sus antiguos arrendatarios, al tiempo que dejarían las grandes plantaciones de caña de azúcar intactas como unidades de producción.

Los sectores de exportación marcharon a la cabeza del crecimiento de la economía peruana durante todo el período 1930-1960. Hasta que las plantas elaboradoras de harina de pescado empezaron a proliferar en El Callao a finales de los años cincuenta, toda la producción destinada a la exportación se hallaba ubicada fuera de las ciudades principales, aunque la prosperidad de las ciudades provinciales de la costa estaba claramente vinculada a la producción de los artículos principales de sus regiones respectivas: azúcar en Trujillo, algodón en lea y Piura, harina de pescado en Chimbote, lana en Arequipa. La supremacía de Lima, basada en su papel de centro financiero y administrativo del país, ya era reconocida en 1930 y había sido reforzada en gran medida por la política centralista que se siguió bajo Leguía en los años veinte. Sin embargo, el crecimiento explosivo de Lima como mercado de masas comenzó a finales del decenio de 1930 y fue estimulado por la subvención de los niveles de Prado y Bustamante, los cuales utilizaron la política cambiaría y los controles correspondientes para impedir que subieran los precios de los artículos alimenticios. La protección de la clase baja urbana por parte del gobierno continuó bajo Odría en el decenio de 1950 mientras las barriadas empezaban a extenderse hacia afuera desde el antiguo centro de la capital, con el apoyo, en el plano de las infraestructuras, que aportaban los programas del gobierno para la construcción de viviendas y obras públicas.

La combinación de gastos públicos con aumentos y acumulación centralizada de los beneficios del sector de exportación por medio del sistema bancario proporcionó la fuerza motriz del crecimiento de Lima hasta los años cincuenta. Durante dicho decenio el desarrollo de las manufacturas empezó a tomar impulso, y con la mayor parte de las nuevas actividades manufactureras ubicadas en Lima, la ciudad empezó a despojarse de su condición de parásito de la economía nacional.

SOCIEDAD Y POLÍTICA

La existencia de una clase alta claramente definida e integrada por grandes capitalistas y rentistas —la «oligarquía»— goza de aceptación general en las obras que se ocupan de la sociedad y la política del Perú republicano. En la medida en que este grupo constituía una clase gobernante, su poder político, como hemos visto, no era del todo seguro y dependía mucho de la buena marcha del crecimiento inducido por las exportaciones. La hegemonía de la oligarquía se sostuvo durante la mayor parte del período 1930-1960, pero no sin dificultad.

En el decenio de 1930 la principal amenaza que se cernía sobre la posición de la oligarquía era fruto de la combinación de la crisis económica con la aparición de movimientos políticos de masas tales como el APRA y la Unión Revolucionaria. En los años cuarenta la ascensión de un fuerte movimiento político formado por profesionales liberales de clase media y encabezado por intereses de Arequipa fortaleció la oposición a la oligarquía; y en los años cincuenta tuvo lugar la continua propagación de la ideología modernizadora entre los militares, lo cual hizo que las fuerzas armadas se mostrasen menos dispuestas a suscribir las prioridades de la clase gobernante al tiempo que se comprometían cada vez más con las ideas reformistas. Al celebrarse las elecciones de 1962 estos tres elementos de oposición al antiguo régimen —encamados en el APRA, la Acción Popular y el ejército— se habían situado en el centro de la vida política peruana.

Muchas clases gobernantes de América Latina mostraban divisiones políticas, pero normalmente éstas aparecían institucionalizadas en un equilibrio recíproco entre partidos políticos reconocidos: liberales frente a conservadores, por ejemplo, en Colombia y Ecuador. En el caso de Perú, las líneas divisorias eran demasiado fluidas y complejas para producir un sistema de partidos estable. Una vez las tensiones internas hubieron desgarrado y destruido al antiguo Partido Civilista, resultó imposible consolidar un nuevo vehículo político duradero que estuviese controlado por los intereses de la oligarquía y simpatizara con ellos. En cambio, los partidos políticos vinculados al trabajo organizado (el APRA y el Comunista) arraigaron firmemente durante la depresión y después de ella, y los partidos de clase media tales como la Acción Popular finalmente echaron raíces en los años cincuenta. Hasta cierto punto, la postura invariablemente conservadora de la Iglesia durante todo este período redujo la necesidad de una ideología o partido independiente de la clase gobernante; pero la influencia de la Iglesia en la política peruana no era tan fuerte como en algunos otros países sudamericanos.

La naturaleza de las divisiones que existían en el seno de la antigua clase gobernante peruana sigue siendo objeto de estudio y debate. Se ha sugerido, entre otras cosas, que había un conflicto de intereses entre las élites de la costa y de la sierra, conflicto que nacía del contraste entre el rápido desarrollo capitalista de la costa y el lento crecimiento de la sierra[12]. En tal caso, la vehemente retórica antifeudal de Leguía en los años veinte cabe explicarla en términos de un supuesto deseo de los capitalistas de la costa de imponer la modernización de la atrasada y feudal sierra, en contra de los deseos de la élite del lugar, con el fin de sacar mano de obra de la agricultura tradicional y ampliar el mercado interior.

Aunque sería temerario descartar la idea de que existía tal conflicto, los datos de que disponemos no sustentan la opinión de que las actitudes de los terratenientes fueron las principales culpables del atraso económico de la sierra. Al contrario, entre los grandes terratenientes de la sierra se encontraban varios de los miembros de la élite costera más destacada y próspera, y si algún grupo obstaculizaba el avance de la «modernización» en la región, este grupo era el campesinado y no los latifundistas. Asimismo, las divisiones entre la costa y la sierra en el seno de la clase gobernante, en la medida en que existían, no contribuyen mucho a que comprendamos la política nacional durante el período 1930-1960. Los miembros de la élite de la sierra que no lograron establecerse firmemente en la costa o en la minería antes del decenio de 1930 se vieron excluidos a todos los efectos de la clase gobernante nacional en términos tanto políticos como económicos. Si había algún conflicto de intereses de ámbito regional que tuviera repercusiones en el nivel nacional, este conflicto era la división entre el sur de Perú y el resto del país, como veremos con más detalle en el presente capítulo.

Otros estudios han afirmado que a lo largo del tiempo apareció dentro de la clase gobernante un elemento «burgués nacional» que apoyaba la industrialización y el proteccionismo y que, a causa de ello, provocó una escisión entre industriales y exportadores agrícolas[13]. Aunque el crecimiento de la inversión en manufacturas desde mediados del decenio de 1950 aporta una pizca de verdad a tal interpretación de los años sesenta, los intentos de documentar la existencia de una fracción burguesa nacional en períodos anteriores no han sido convincentes. Desde luego, empresarios prósperos de origen humilde, entre ellos uno o dos industriales, pasaron a engrosar las filas de la oligarquía; pero no parece que formaran algún tipo de grupo aparte. Cuando las familias oligárquicas reconocidas invertían en el sector manufacturero, esas inversiones nunca dejaron de ser periféricas respecto de sus intereses básicos hasta finales de los años cincuenta, momento en que el cambio de las oportunidades económicas provocó un incremento del interés de la oligarquía por la industria.

Con todo, es interesante y significativo que parte de la clase gobernante peruana tratara de presentarse como una ascendente clase «industrial» en contraposición a los intereses terratenientes. En el decenio de 1920 el presidente Leguía se distinguió por su compromiso retórico con el ideal de la revolución burguesa: «El leguinismo… es la reacción de Perú contra las clases feudales… es la toma por la burguesía de los puestos que antes se tenían por privilegio»[14]. Este lenguaje fue típico de las luchas entre las facciones de la oligarquía no sólo durante la República Aristocrática y el oncenio, sino también en los años treinta, cuarenta y cincuenta. Al interpretar tales afirmaciones, es importante no confundir esta «burguesía» que se proclama a sí misma con la clase industrial, en el sentido de una clase comprometida con las manufacturas. En la práctica, la distinción estaba entre el capital mercantil urbano y los productores para la exportación en los sectores agrícola y minero de la economía. Un estudio de las historias de tres familias oligárquicas con intereses claramente especializados ha documentado las diferencias entre financieros urbanos tales como los Prado y exportadores agrícolas tales como los Aspíllaga[15]. Parte de la clase gobernante tenía su base principal en las finanzas, el comercio, las empresas de servicios públicos u otros servicios urbanos y gustaba de definirse a sí misma tachando de «feudales» a otros grupos cuya base estaba en la producción de artículos agrícolas para la exportación o en el control de grandes propiedades en la sierra. Una parte del segmento terrateniente de la clase gobernante respondía a ello afirmando su superioridad aristocrática sobre los intereses del comercio urbano. Cada grupo denunciaba alegremente a sus rivales diciendo que eran «la oligarquía».

En la práctica, las alianzas comerciales eran como puentes tendidos sobre las divisiones entre lo urbano y lo rural, lo mercantil y lo productivo, y la distinción entre estas dos fracciones de la oligarquía siempre fue poco clara. Muchas familias principales tenían intereses en la producción para la exportación, el comercio, las finanzas, las profesiones liberales y (cuando las circunstancias eran favorables) las empresas manufactureras. Igual que camaleones, podían optar por ser vistas como aristócratas, burguesas, de «clase media» o gamonales. (Leguía, que subió por medio del comercio y tuvo que ver con el azúcar, los seguros, la banca, la minería y la política, es el epítome de esta ambigüedad).

No obstante, la clase gobernante tendía a dividirse siguiendo amplias líneas rurales-urbanas (o mercantiles-productivas) en el caso de ciertos aspectos importante de la política económica, aunque la composición de las facciones enfrentadas cambió a lo largo del tiempo. Un aspecto económico clave que dividió a la élite económica del país durante el período que estamos estudiando fue el tipo de cambio del sol. Los banqueros y los importadores se oponían a la devaluación y se beneficiaban de las crisis cambiarías; los productores que trabajaban para la exportación presionaban para que se devaluase pronto cuando caían los mercados de exportación. La oligarquía se dividió siguiendo estas líneas en 1931-1932, 1942-1947,1952-1954 y 1957-1958 (como se había dividido anteriormente en 1897 y volvería a dividirse en 1966-1967); en las cuatro ocasiones los enemigos de la devaluación mandaban al empezar la crisis de la balanza de pagos y los partidarios de la devaluación se encontraban en el último lugar.

La duda entre apaciguar al trabajo organizado o enfrentarse a él planteó un conflicto de intereses parecido entre la sección de la clase gobernante que estaba en condiciones de pasar a otros los crecientes costes salariales (finanzas, comercio, servicios urbanos) y la que no lo estaba (especialmente los que producían directamente para la exportación). La familia Prado, cuya base era urbana, capitaneaba una facción que deseaba llegar a un acomodamiento con el segmento de la fuerza laboral (y del electorado) controlado por el APRA, mientras que los exportadores agrícolas tendían a apoyar a regímenes más inflexibles, tales como los de Sánchez Cerro y Odría. Sin embargo, ni en este asunto ni en el de la devaluación eran claras o permanentes las líneas divisorias dentro de la clase gobernante. Las disputas de este tipo causaron desunión, pero no una polarización de puntos de vista e intereses suficientes para producir partidos políticos reconocidos.

Aunque no surgió ninguna «burguesía nacional» nueva que rivalizase con la élite de la gran burguesía, había en Perú un estrato social grande y creciente con intereses profesionales, gerenciales y comerciales. Estos intereses adquirieron su forma política más clara en las provincias, donde influyeron en la política local. Su baluarte político era la ciudad meridional de Arequipa, y la decidida participación de Fernando Belaúnde Terry en las elecciones presidenciales de 1956 fue una indicación de su fuerza electoral en potencia a nivel nacional.

La región del sur, dominada por Arequipa, tenía una larga historia de separatismo dentro del Perú republicano, y la clase alta regional conservó una identidad distintiva en el siglo XX. La oposición de Arequipa a la centralización política y económica condujo de modo natural a una postura «constitucionalista» en el decenio de 1930 y a la posterior adopción de ideologías democristianas en los años cuarenta y cincuenta. Los abogados y la Iglesia ejercían gran influencia en la política de Arequipa, y al decaer la suerte económica relativa del sur, la élite regional se convirtió en «clase media» tanto en sus actitudes como en relación con la estructura de clase nacional.

Arequipa había ocupado un lugar periférico de la política nacional durante el medio siglo anterior a 1930 (aunque había proporcionado al país uno de los presidentes que eran plantadores de caña de azúcar, Eduardo López de Romaña). La ciudad disfrutó de un auge económico como centro comercial a principios de siglo, basado en el comercio de la lana y el Ferrocarril del Sur. En 1930 ambos pilares económicos se hallaban en acusada decadencia. Por ésta y otras razones, Arequipa produciría una serie de líderes políticos para la mal definida pero creciente clase media peruana integrada por profesionales liberales, intelectuales y tecnócratas, personas que tenían un interés en la legalidad democrática y la estabilidad económica. Dos de estos líderes —V. A. Belaúnde y José Luis Bustamente y Rivero— dejaron huella como decididos constitucionalistas a principios de los años treinta, y de 1945 a 1948 Bustamante y Rivero fue presidente de la república. En 1950 el abogado Francisco Mostajo (destacado liberal arequipeño desde 1901) encabezó una revuelta de Arequipa contra Odría; en 1956 el también arequipeño Fernando Belaúnde Terry obtuvo un numeroso bloque de votos de la clase media y en 1962-1963 la Acción Popular de Belaúnde Terry, con el apoyo de otro partido originario de Arequipa, la Democracia Cristiana, fue lo bastante fuerte como para hacerse con la presidencia.

Con su tercio del electorado en alianza con los votantes del APRA, el grupo de presión de Arequipa y sus partidarios en Lima y otras partes fueron electoralmente invencibles en 1945. Sin embargo, en aquel momento, así como más adelante, los intereses y la ideología de estos demócratas del centro-izquierda diferían claramente de los del APRA, y la alianza de 1945 se derrumbó rápida y permanentemente. No obstante, el régimen de Bustamante en 1945-1948 fue, con mucho, el episodio político más interesante y revelador del período, un breve intervalo durante el cual tanto la oligarquía como los militares se mantuvieron al margen y abrieron el camino para un experimento de gobierno de la clase media.

Además de su fuerza electoral, los constitucionalistas de Arequipa organizaron el movimiento insurreccional civil más serio y efectivo del período. En marzo de 1931, sólo seis meses después de que apoyaran el golpe militar de Sánchez Cerro contra Leguía, le obligaron a dejar de nuevo la presidencia cuando quiso ser elegido presidente mientras seguía ocupando el cargo. Esta revuelta, que puso en el poder, en calidad de presidente provisional, a David Samánez Ocampo, el veterano gamonal de Cuzco, estuvo capitaneada por el propio Samánez y por Manuel Bustamante de la Fuente, apoyados por Francisco Mostajo y varios terratenientes del sur y profesionales liberales de Arequipa. De nuevo en 1950, oponiéndose a la repetición por parte de Odría de los planes de 1931 de Sánchez Cerro, Francisco Mostajo se puso al frente de una insurrección que el gobierno logró contener con mucha dificultad; y en 1956, cuando Odría intentó impedir que Belaúnde Terry participase en las elecciones presidenciales, Belaúnde Terry logró organizar una amenaza verosímil de levantamiento civil en su apoyo. Ninguna de las numerosas insurrecciones apristas de los tres decenios, incluida la que hubo en Trujillo en 1932, conquistó tanta influencia política como estos tres movimientos basados en Arequipa.

Si Arequipa era el núcleo del liberalismo, otra regiones de Perú defendieron sus intereses mediante sus propias ideologías. Piura, por ejemplo, era la patria del Partido Socialista, y La Libertad, del APRA. Abundan las historias del APRA y demasiados han aceptado la afirmación del partido de que en los años treinta y cuarenta hablaba por «las masas». De hecho, las masas que seguían al APRA estaban concentradas en los trabajadores y empleado sindicados de Lima y Trujillo. Dado que estos grupos representaban una minoría de la fuerza laboral, el APRA fue y siguió siendo el partido de una minoría privilegiada de «las masas», y desde el comienzo su objetivo central fue proteger sus intereses creados: los sueldos y salarios del sector moderno y la seguridad del empleo. Si bien la violencia insurreccional fue un tema recurrente de la táctica del APRA en los decenios de 1930 y 1940, en ningún momento movilizó el partido fuerzas masivas en la escala que se hubiera necesitado para conquistar el poder. A decir verdad, es un error tomarse en serio las insurrecciones del APRA como amenazas contra el orden establecido: su propósito era dramatizar determinados asuntos y reforzar la solidaridad del partido. Tampoco contó jamás el APRA con una clara mayoría del electorado peruano (obtuvo sólo el 40 por 100 de los votos incluso en 1945). Sin embargo, hizo un papel notablemente mejor que el de su rival —el Partido Comunista— entre el trabajo organizado, en parte, sin duda, debido a la mayor autonomía de los líderes del APRA, lo cual les permitía negociar pactos ventajosos con los políticos de la clase gobernante y, por ende, brindar protección a sus seguidores.

Es probable que la posición destacada del APRA se debiera más a la fuerza del anti-aprismo que a la fuerza del propio APRA. El APRA atrajo críticas y represión feroces de la Iglesia, del ala derecha intransigente de la oligarquía civil y del estamento militar. En el caso de los dos últimos, el antagonismo se vio inflamado por la supuesta involucración del APRA en actos de violencia contra miembros de los dos grupos. El problema de cómo había que hacer frente al APRA dividió a la clase alta más profundamente que cualquier otro asunto político del período.

El APRA nació en un principio del papel personal que Haya de la Torre desempeñó, como líder estudiantil, en las negociaciones en nombre de los trabajadores cuando las huelgas de 1919 por la jornada de ocho horas. Haya de la Torre creó luego «universidades populares» para formar líderes sindicales y edificó un movimiento político constituido en gran parte por sus seguidores personales. La estrategia de estos primeros sindicatos laborales unía las amenazas intransigentes (huelgas, manifestaciones, violencia callejera) a una aceptación tácita de la legitimidad del orden existente y se repetía en la forma en que el APRA abordaba la acción política. Un estudio de la política de masas en el Perú de principios de los años treinta resume así el carácter del APRA:

Las distinciones de clase fueron substituidas por la identificación con las relaciones personales de confianza, dependencia y obediencia entre un líder carismático de la alta clase media y la masa de sus seguidores. Al salir al escenario político en 1930-1931, el aprismo, no representaba, como a la sazón creían muchos miembros aterrados de las élites, el comienzo de la lucha de clases en Perú, ni siquiera un intento de cambio estructural, sino un intento, por parte de ciertos sectores de las masas urbanas, de hacer suyas formas de vida más deseables vinculándose a un hombre al que consideraban su protector y benefactor[16].

El APRA, dicho de otro modo, encajaba en el conocido molde del populismo latinoamericano; pero su éxito fue mucho menor que el de los movimientos que en aquel tiempo surgieron en Argentina, Brasil o Venezuela. El atractivo que el APRA tenía para las masas continuó viéndose limitado por la existencia de otros movimientos de masas rivales, así como por la dinámica concreta de la relación entre los líderes y las masas.

Las actividades políticas del APRA estuvieron dominadas desde el comienzo por la tensión entre el fervor casi religioso de las masas que seguían al partido, fervor que se desbordaba bajo la forma de violencia insurreccional continua, y las maniobras egoístas de los líderes. En repetidas ocasiones, apristas muy comprometidos con los ideales del partido se sintieron traicionados por líderes sin principios. Los líderes, por su parte, veían a los militantes como la base en que se apoyarían para llevar a cabo sus negociaciones políticas y utilizaban los principios del partido como llamamientos dirigidos a los militantes; pero no traducían esos principios en propuestas políticas concretas, ya fuese en la oposición o en los breves periodos en que compartió el poder durante 1946 y 1956-1959. La retórica radical permitió al APRA ocupar un terreno político que, de no ser por ella, quizá habrían ocupado los comunistas, a la vez que el oportunismo permitía a sus líderes navegar siempre a impulsos del viento político predominante. A consecuencia de ello, fue el partido político más duradero de Perú y el clima general de la opinión política estuvo muy condicionado por los discursos y los escritos de Haya de la Torre.

En 1928 el presidente Leguía había permitido que regresara del exilio el coronel Luis M. Sánchez Cerro, oficial de humilde origen que se había visto envuelto en dos fallidos intentos de golpe de estado durante los primeros años del gobierno de Leguía. Sánchez Cerro no tenía seguidores ni influencia en Perú, y él solo no planteaba ninguna amenaza. Sin embargo, le fue confiado el mando de un batallón del ejército destinado en Arequipa. Cuando en 1929-1930 el poder de Leguía se derrumbó a causa de la corrupción, la depresión y una deuda exterior que representaba una carga insostenible, no había nadie que reuniera las condiciones necesarias para sucederle. Los principales políticos de la oposición y militares contrarios a Leguía estaban en el exilio, el Partido Civilista se hallaba en ruinas y el APRA aún no había salido de la etapa clandestina de sus primeros tiempos. La caída del oncenio dejó un vacío en el cual entró Sánchez Cerro con la osadía de un intruso político y social. El 22 de agosto de 1930 dirigió un manifiesto a la nación e hizo un llamamiento al resto de las fuerzas armadas para que se uniesen a sus tropas en una revuelta contra el gobierno. El 24 del mismo mes Leguía dimitió de su cargo de presidente y entregó el poder a una junta organizada apresuradamente y encabezada por el jefe de su estado mayor, el general Manuel Ponce. Éste buscó el apoyo de las fuerzas armadas a una campaña destinada a pararle los pies a Sánchez Cerro, pero fue inútil y el 27 de agosto Sánchez Cerro se desplazó en avión a Lima y se autoproclamó presidente provisional de Perú.

La acogida que el pueblo tributó al nuevo presidente hizo que de la noche a la mañana éste se viera elevado a la condición de caudillo carismático a ojos de los artesanos sin trabajo y los peones no especializados de Lima. Los lazos de lealtad que se forjaron aquel día, y que Sánchez Cerro cultivó asiduamente en lo sucesivo, introdujeron en la escena política un movimiento de masas urbanas totalmente nuevo, con una estructura que era paralela a la del APRA. En la cúspide estaba el caudillo, el protector y benefactor patriarcal, mientras que en la base se hallaba la masa que formaban sus leales subordinados.

El líder del APRA, Haya de la Torre, se había creado una clientela entre los trabajadores organizados de las fábricas, las plantaciones, las minas y las oficinas, con unos líderes sindicales formados en las universidades populares que él mismo creara en el período 1921-1924. Ahora Sánchez Cerro había conquistado de un solo golpe una masa de seguidores entre la masa, más numerosa, que formaban los trabajadores no organizados que quedaban fuera del mercado laboral sindicado. La clase baja urbana había quedado políticamente polarizada siguiendo unas líneas que reflejaban la división entre la economía corporativa y la no corporativa; y esta separación entre el trabajo organizado y el no organizado significó que la «política de masas» en Perú tuvo a partir de entonces dos expresiones rivales de los intereses de la clase baja, organizadas en coaliciones verticales cuyos líderes maniobraban e intrigaban sin cesar mientras sus leales seguidores votaban o luchaban tal como les ordenaban.

La existencia de estos movimientos populistas rivales dio por resultado un paralelo peculiarmente peruano de los conflictos entre conservadores y liberales en Colombia y Ecuador. Lo que resultaba distintivo en Perú era que no había partidos elitistas tan bien constituidos como los colombianos y los ecuatorianos que polarizasen la escena política. Por consiguiente, la polarización la organizaban y encabezaban los líderes personalistas que acababan de aparecer y sobre los cuales las facciones de la clase gobernante sólo ejercían una tenue influencia.

El apoyo de que gozaba Sánchez Cerro se extendía mucho más allá de los trabajadores no especializados de Lima, como resultaría evidente cuando se llevó la mayoría de los votos en el sur y el centro de la sierra en las elecciones presidenciales de 1931. Una de las primeras cosas que hizo como presidente interino en agosto de 1930 fue abolir la odiada «conscripción vial» (el empleo de trabajo forzoso, a título de prestación vecinal, en la construcción de carreteras) de Leguía. Este hecho, más su piel oscura y su disposición a hacer campaña en las provincias, convirtió a Sánchez Cerro en el héroe del campesinado. En las elecciones obtuvo el 51 por 100 de los votos en un momento en que el 44 por 100 de los votantes registrados tenían ocupaciones rurales y el 25 por 100 estaban inscritos como «indios»[17].

Dado que Sánchez Cerro había pasado a encamar las aspiraciones de una enorme masa de la población por casualidad, era necesario dar cierta sustancia política al movimiento resultante de ello. Después de sólo un breve coqueteo con el APRA y los constitucionalistas de Arequipa, Sánchez Cerro se vio arrastrado hacia una alianza con la derecha de la oligarquía que era contraria a Leguía y con las grandes empresas extranjeras que dominaban la economía de exportación. Durante los tres años siguientes las masas que seguían a Sánchez Cerro fueron utilizadas contra el APRA, lo cual creó una hostilidad implacable que duraría casi treinta años.

Sánchez Cerro fue asesinado en 1933 y su muerte dejó a sus seguidores navegando a la deriva, desde el punto de vista político, hasta que se apropiaron de ellos otros aspirantes a caudillos paternalistas de la derecha, tales como Luis A. Flores y su casi fascista Unión Revolucionaria a mediados de los años treinta y el general Odría a finales de los cuarenta. No apareció ningún partido político organizado y duradero que encauzase esta corriente, pero su separación del APRA fue definitiva. Las hostilidades de 1930-1933 entre «sanchezcerristas» y apristas, unidas a los conflictos de intereses entre el trabajo organizado y el resto de la clase baja, impidieron de forma permanente que el APRA reclutase un conjunto mayoritario de seguidores entre la población peruana. Sin embargo, la coalición «sanchezcerrista» obtuvo una clara mayoría electoral en los únicos comicios abiertos en que el caudillo tomó parte personalmente (en 1931). Después de la muerte de Sánchez Cerro, la coalición bajó hasta quedar en más o menos un tercio del electorado (lo cual seguía siendo evidente en los resultados que obtuvo Odría en las elecciones de 1962)[18].

Los militares formaron un tercer grupo político al lado del aprismo y del «sanchezcerrismo», aunque se distinguía de ellos por la posesión de armas, lo cual era decisivo en cualquier enfrentamiento declarado, y por el carácter institucional del mando militar, con una constante rotación de personal y frecuentes desacuerdos políticos entre los oficiales. La presidencia estuvo en manos militares durante unos diecisiete años en el período comprendido entre la caída de Leguía en 1930 y las elecciones de 1962.

Los tres presidentes militares del período (Sánchez Cerro, Benavides y Odría) fueron líderes personalistas fuertes que utilizaron el estamento militar como escalón para subir al poder en lugar de encamar las aspiraciones de la institución militar como tal. Sin embargo, la conciencia política entre los oficiales jóvenes fue adquiriendo importancia durante el período. Las simpatías apristas tanto en el ejército como en la marina crearon problemas de disciplina y dieron origen a varias revueltas fallidas en los años treinta y cuarenta, las cuales culminaron en la insurrección de El Callao en 1948. El estamento militar respondió creando su propia ideología institucional y su propio programa de adoctrinamiento, que fue puesto en práctica por medio del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), que en el decenio de 1950 formó a una generación de oficiales que en los años sesenta y setenta darían a la institución militar un papel político radicalmente distinto. Odría fue el último de los caudillos militares al antiguo estilo, toda vez que los líderes militares posteriores representarían a su institución más que a sus propios intereses personales.

La aparición de la ideología militar se remonta a los programas de Leguía en los años veinte y de Benavides en los treinta, en los cuales el mantenimiento del orden social se combinaba con el deseo de una rápida modernización nacional y un intento de quitarles peligrosidad a los problemas sociales explosivos aplicando juiciosas medidas de reforma limitada. Esta alineación política induce a comparar a los militares con el APRA; y, de hecho, los primeros líderes y la inspiración que llevó a crear el CAEM salieron de los antiguos apristas que había en el estamento militar. Estas similitudes, sin embargo, no impidieron que naciera una creciente hostilidad institucional entre los dos, alimentada por los intentos de sobornar a los militares que hizo el APRA y por los repetidos episodios de represión de los apristas por parte de los militares.

En 1930 el movimiento laboral en Perú había pasado por dos decenios de peripecias fluctuantes: primero una oleada de activismo durante el oncenio de Leguía. En las postrimerías de los años veinte habían aparecido dos partidos políticos nuevos que aspiraban a capitanear la clase trabajadora: el Partido Comunista de José Carlos Mariátegui y el APRA de Haya de la Torre. Los organizadores sindicales comunistas hicieron rápidos progresos en los campamentos mineros en 1930, y al propagarse los sindicatos vinculados a los comunistas, se formó una federación nacional, la Confederación General de Trabajadores Peruanos (CGTP). El APRA empezó con una posición fuerte entre los trabajadores de Lima y las plantaciones de caña de azúcar del norte, y su Confederación de Trabajadores Peruanos (CTP) fue la fuerza dominante en el trabajo organizado durante la mayor parte del período hasta 1960. La fuerza sindical del APRA iba cogida de la mano con el éxito del partido en la edificación de un movimiento político de masas; el Partido Comunista fue menos afortunado en ambos sentidos.

La existencia de las dos organizaciones laborales rivales permitió que los gobiernos opusieran la una a la otra y desviaran buena parte de la energía de la clase trabajadora hacia luchas internas. Sin embargo, la competencia con el Partido Comunista contribuyó a la solidaridad del APRA; y como aquél nunca figuró en el nivel de la política nacional, el APRA virtualmente monopolizó el papel de representante político del trabajo organizado.

El problema político de la oligarquía peruana consistía en cómo colocar en el poder y substituir a gobiernos civiles que se mostraran favorables a los intereses de la clase gobernante. Los regímenes militares proporcionaban una opción de reserva, pero, desde el punto de vista de la oligarquía, tenían sus desventajas; resultaría difícil controlar a un presidente militar una vez éste se hubiera instalado en el poder, y los políticos civiles a menudo se veían excluidos de los cargos y las sincecuras.

El último civil que accedió a la presidencia por medio de un golpe de estado fue Samanez Ocampo en marzo de 1931. En lo sucesivo, los militares se mostraron dispuestos de vez en cuando a colocar en el palacio presidencial a uno de los suyos, pero nunca a un civil. Por consiguiente, se exigía a los candidatos civiles que se sometieran a alguna clase de prueba electoral. A medida que el electorado fue creciendo sin parar, del 4 por 100 de la población en 1919 al 7 por 100 en 1939, el 14 por 100 en 1956 (año en que Odría concedió el voto a las mujeres) y el 17 por 100 en 1962[19], se hizo más difícil obtener una mayoría de los votos en un sistema que carecía de un partido conservador sólidamente establecido. La desintegración del Partido Civilista entre 1912 y 1935 dejó a la clase gobernante sin un vehículo político sólido propio y, por ende, sin posibilidad de volver al virtual estado de partido único que existiera durante la República Aristocrática. El Partido Democrático-Reformista —la facción de los civilistas que seguía a Leguía y monopolizó el poder, mediante el fraude electoral, durante todo el decenio de 1920— se derrumbó al caer su fundador y patrón. El faccionalismo de la propia oligarquía y la ascensión de los movimientos populistas a partir de entonces hicieron que la competencia electoral auténtica fuese ineludible.

Así pues, de 1930 a 1960 la política peruana estuvo dominada por una serie de experimentos en los cuales facciones rivales de la clase gobernante jugaban con diversas estrategias con el fin de conquistar y conservar el control del ejecutivo o del Congreso, o de ambas instituciones. Una de tales estrategias consistió en formar una alianza entre la derecha de la oligarquía (con líderes tales como la familia Miró Quesada y Pedro Beltrán) y los seguidores «sanchezcerristas» de grupos campesinos, pequeño burgueses y del proletariado lumpen lo suficientemente grandes como para salir victorioso de unas elecciones abiertas. Esta estrategia le valió la presidencia a Sánchez Cerro en octubre de 1931 en circunstancias bastante especiales, pero fue siempre un fracaso después de aquella ocasión. No obstante, las alianzas políticas de este tipo obtuvieron grandes proporciones (generalmente alrededor de un tercio) de los votos en las elecciones de 1936, 1939, 1945, 1956 y 1962. La derecha se encontró ante tres problemas: en primer lugar, que sólo podían ejercer su derecho al voto las personas alfabetizadas (esta restricción no se abolió hasta 1978), lo cual impedía la participación de muchos campesinos y trabajadores no organizados; en segundo lugar, la falta de una ideología o interés de clase compartido que uniese a estos grupos dispares; en tercer lugar, el tercio de los votos nacionales que siempre iban a parar al APRA y que proporcionaron el núcleo de una perenne coalición que bloqueaba a la derecha.

No es de extrañar que la hostilidad para con el APRA fuese el sello distintivo de la derecha. Una actitud más conciliadora caracterizaba a otro grupo principal de políticos de la élite, cuya estrategia para hacerse con el poder y conservarlo se apoyaba en la absorción de la clase trabajadora organizada y de la clase media educada en una alianza dominada por ellos mismos pero basada en el mutuo interés propio. A partir de 1935 la familia Prado encabezó este ala «colaboracionista» de la oligarquía y procuró atraerse o neutralizar al APRA y a parecidas organizaciones de la clase trabajadora ofreciendo beneficios materiales al trabajo organizado a cambio del control del estado por parte de la élite. La constelación política resultante de ello —llamada burlonamente «la convivencia» a finales de los años treinta— fue la clave de dos victorias electorales, en 1939 y 1956, pero fracasó en 1936 al no responder el APRA a la señal que le mandaban. Las elecciones de 1962 presenciaron la desaparición de esta alianza.

Con la clase gobernante escindida fundamentalmente a causa de la estrategia política y con el electorado instalado en una división extraordinariamente estable en tres parte, apristas, conservadores y liberales de estilo arequipeño, las actividades a favor y en contra del APRA adquirían en el debate político una importancia superior a las cuestiones política reales. De vez en cuando esto producía paralizaciones que abrían la puerta a la intervención de los militares o (en 1945) a la victoria de alguna coalición política que no estuviera dominada por la élite.

En último término, sin embargo, la oligarquía no tuvo que hacer frente a ninguna amenaza directa contra su posición que no pudiera neutralizarse por medio de la absorción o la represión. La verdadera fuerza de los movimientos de clase baja y regionales de Perú radicaba en su capacidad de bloquear la política del gobierno central más que en una amenaza de hacerse con el poder[20]. Las principales tendencias de la sociedad rural que describimos antes seguían su curso aisladas de forma virtualmente completa de la política del gobierno central, cosa que ocurría también con la evolución de la economía extraoficial y las barriadas de Lima. La debilidad de la formación de clases en una sociedad fragmentada regionalmente hizo posible que la oligarquía peruana alcanzase su objetivo principal con relativa facilidad: impedir que el poder estatal fuese controlado por alguna clase u organización que pudiera atacar el modelo de crecimiento económico inducido por las exportaciones.

LA ACTIVIDAD POLÍTICA Y LA POLÍTICA ECONÓMICA

Los años de Sánchez Cerro, 1930-1933

Perú fue uno de los numerosos países latinoamericanos cuyo gobierno cayó en 1930. El dominio del poder por parte de Augusto Bemardino Leguía pareció seguro hasta que los banqueros norteamericanos interrumpieron los empréstitos a finales de 1929. A partir de entonces la debilidad de la política de las élites peruanas se hizo obvia rápidamente mientras disminuían la popularidad y el poder personales de Leguía. La opinión de las clases altas empezaba a mostrarse hostil a Leguía debido a la corrupción de su camarilla, su política relativa a los derechos de riego y sus conciliatorios tratados de fronteras con Colombia y Chile. En 1930 el gobierno redujo los gastos en concepto de obras públicas y con ello puso fin al auge de la construcción en Lima y dejó sin empleo a gran número de trabajadores no especializados al tiempo que la depresión hacía pasar apuros a numerosos empleados administrativos de las empresas comerciales de la capital. A pesar de ello, la oposición organizada brillaba por su ausencia. Los militares seguían siendo leales en su mayor parte; la élite enemiga de Leguía carecía de líder; los trabajadores organizados eran relativamente inmunes al creciente desempleo que afectaba a los no organizados; y éstos, por definición, carecían de cauces estructurados para la actividad política. Fue en este vacío donde hizo su entrada Luis M. Sánchez Cerro.

Después de la dimisión de Leguía el 24 de agosto y de la entrada triunfal de Sánchez Cerro en Lima al cabo de tres días, los líderes civilistas enemigos de Leguía volvieron del exilio sedientos de poder y de venganza. De la clandestinidad salieron los cuadros organizados del APRA. Las multitudes alborozadas se echaron a la calle en Lima y saquearon los domicilios de los «leguiístas». En las fábricas, plantaciones y minas surgieron sindicatos obreros. Sánchez Cerro se encontró en la presidencia con gran apoyo espontáneo de las clases bajas, pero sin una maquinaria política estructurada y propia. Los mandos del ejército se mostraban inquietos; el funcionariado y la policía estaban llenos de hombres nombrados por Leguía; el APRA reclutaba febrilmente partidarios; y las finanzas del gobierno iban deslizándose hacia el derrumbamiento a medida que la depresión disminuía los ingresos que proporcionaban los impuestos sobre las exportaciones y las importaciones.

Después de una breve alianza inicial con el APRA contra los «leguiístas», Sánchez Cerro se vio rápidamente encajonado por las grandes empresas extranjeras que en 1930 dominaban la economía de exportación. En septiembre y octubre del citado año, los trabajadores de los campamentos mineros de la Cerro de Pasco Corporation fueron organizados en un sindicato por el Partido Comunista y se convocaron huelgas. Cuando Sánchez Cerro y su ministro de la gobernación, el coronel Gustavo Jiménez, hombre de inclinaciones apristas, tardaron en responder a la petición de apoyo gubernamental que hizo la compañía, las empresas mineras y petroleras extranjeras, junto con las embajadas británica y estadounidense, pusieron en marcha una campaña fuerte y concentrada con el fin de presionar al gobierno para que reprimiese las huelgas y destituyera a Jiménez por sus simpatías pro obreros. Un choque entre la policía y los huelguistas en Malpaso, cerca de Oroya, causó la muerte a varios trabajadores y provocó disturbios, lo cual proporcionó a la Cerro Corporation una excusa para cerrar sus minas, despedir a quince mil trabajadores y dictar condiciones al gobierno.

Hallándose en plena depresión, poco podía hacer Sánchez Cerro salvo transigir. Su tesorería dependía mucho de los impuestos sobre las exportaciones y la Cerro Corporation era una de las empresas exportadoras dominantes. A partir de entonces Sánchez Cerro se comprometió a reprimir el movimiento obrero organizado (dicho de otro modo, el APRA y el Partido Comunista), además de a los «leguiístas». Conservó su popularidad basada en las masas, pero las realidades políticas, así como sus propias inclinaciones, dictaron una alianza con el capital extranjero y los intereses de las élites conservadoras. Las empresas extranjeras ayudaron a financiar su gobierno con empréstitos extraoficiales, mientras la facción derechista de la élite maniobraba para apropiarse de Sánchez Cerro para sus propios fines, objetivo que en gran parte ya había alcanzado en noviembre de 1930.

Sánchez Cerro estaba decidido a asegurar la duración de su presidencia y en las postrimerías de 1930 anunció su intención de presentarse a las elecciones de marzo de 1931 sin dejar por ello la presidencia interina. No tardó en surgir la oposición, tanto de las clases medias como de las altas, que fue creciendo hasta que en febrero de 1931 dio origen a un levantamiento constitucionalista en Arequipa que obligó a Sánchez Cerro a abandonar sus planes electorales. El 1 de marzo el presidente dimitió y se exilió voluntariamente a la vez que juraba que volvería para presentarse a las elecciones más adelante. Dejó tras de sí una economía que se tambaleaba y un gobierno dividido por las disputas entre las facciones rivales. El presidente del tribunal supremo, Ricardo Leoncio Elias, que se hizo cargo de la presidencia interina fue derrocado el 5 de marzo por el coronel Jiménez, que a su vez fue substituido el 10 del mismo mes por David Samanez Ocampo, uno de los líderes del levantamiento de Arequipa.

Los problemas constitucionales y económicos se habían agudizado; en 1931 la lucha desesperada del gobierno y las empresas por capear la depresión se hallaba entrelazada de modo intrincado con la lucha por el poder político. La élite del país se encontraba dividida profundamente entre la facción «civilista» y la «leguiísta», la primera de las cuales estaba a la ofensiva. El control del Banco Central y del ministerio de Hacienda había pasado a manos de los «civilistas» y varias decisiones importantes en materia de política económica tuvieron un fuerte sabor político. El mayor de los bancos del país, el Banco del Perú y Londres, controlado por los «leguiístas», que había quebrado a causa de una retirada masiva de reservas en diciembre de 1930, vio denegada su solicitud de apoyo y tuvo que disolverse a mediados de 1931; en abril se incumplió el pago de las deudas exteriores que contrajera Leguía (con lo cual Perú pasó a ser el segundo país latinoamericano, después de Bolivia, que dejaba de cumplir esta obligación); y una purga de «leguiístas» en los estratos superiores del funcionariado contribuyó a reducir la nómina del gobierno.

La junta encabezada por Samanez Ocampo aprobó una nueva ley electoral en mayo de 1931. Se eliminó el requisito de poseer propiedades para poder votar, con lo cual se concedió el derecho de voto a todos los varones adultos que supieran leer y escribir (aunque el cambio que ello supuso para el tamaño del electorado fue sorprendentemente pequeño, de 203.883 personas en 1919 a 323.623 en 1931)[21]. Se introdujo el voto secreto y la responsabilidad de supervisar las elecciones nacionales pasó de las autoridades de las provincias a las de los departamentos. Estos cambios redujeron la capacidad de los gamonales para dominar los resultados de los comicios e incrementaron las perspectivas de los partidos de masas. Puede que los cambios se idearan para mejorar las probabilidades del APRA en lo que se refería a conquistar la presidencia. El coronel Jiménez volvió a ser ministro de la Gobernación en esta junta y en mayo de 1931 trató de prohibir que Sánchez Cerro presentara su candidatura en las elecciones que debían celebrarse en octubre del mismo año y que probablemente hubieran dado la victoria al APRA por no presentarse sus adversarios. Sin embargo, los aliados de Sánchez Cerro en la élite «civilista» se encargaron de que se levantara la prohibición y el ex presidente volvió a Perú el 7 de julio para poner en marcha su campaña. Poco después también Haya de la Torre regresó del exilio.

El enfrentamiento de los dos caudillos populistas en 1931 recordó el que en 1894-1895 protagonizaron Nicolás de Piérola y Andrés Avelino Cáceres. Esta vez, sin embargo, la pugna la decidirían los votos en lugar de las armas de fuego. Ambas candidaturas representaban alianzas tácticas entre facciones de la oligarquía y políticos capaces de merecer la lealtad de las clases bajas: los «leguiístas» desplazados con Haya de la Torre; los civilistas con Sánchez Cerro. Ambos candidatos presentaron programas que hacían un llamamiento a los mismos principios: el nacionalismo, la reforma social, el indigenismo y la necesidad de una Hacienda «saneada». Ninguno ofrecía una estrategia para hacer frente a la depresión aparte de la prescripción ortodoxa de la deflación. Las diferencias entre los dos programas eran de énfasis más que desacuerdos fundamentales. Haya de la Torre, por ejemplo, sacó más rendimiento público del antiimperialismo a la vez que apelaba al internacionalismo latinoamericano como mejor opción (y buscaba en secreto el apoyo de la embajada norteamericana en Lima). Sánchez Cerro abogaba por una política más patriotera. El APRA se mostraba más inclinado a la intervención del estado para compensar las deficiencias que se percibían en la «burguesía nacional», mientras que Sánchez Cerro adoptó una actitud más favorable a la empresa privada que, huelga decirlo, atraía al segmento pequeño burgués del electorado así como a muchos grandes capitalistas.

Sin embargo, las elecciones de octubre de 1931 no giraron en torno de los programas. Sánchez Cerro salió vencedor con el 51 por 100 de los votos y mayorías claras en su departamento natal, Piura, en la costa septentrional; en el sur, donde había puesto en marcha sus diversas empresas revolucionarias; y, lo más significativo de todo, en el centro del país, incluidas Lima y El Callao (que representaban el 28,2 por 100 del voto nacional en 1931, en comparación con sólo el 9,7 por 100 en 1919)[22]. Haya de la Torre ganó en su región de origen, la mitad de la costa septentrional, y en Loreto (donde la cesión de Leticia a Colombia en agosto de 1930 seguía siendo un asunto candente). La fuerza del APRA entre los trabajadores organizados y los administrativos tuvo el contrapeso del apoyo que Sánchez Cerro recibió de los pequeños comerciantes, los artesanos, los trabajadores urbanos no especializados y los «indios» alfabetizados de la sierra. Esta división de las masas en agrupaciones de izquierdas y de derechas —con la derecha ocupando generalmente posiciones socioeconómicas inferiores a las de la izquierda— continuó siendo un rasgo de la política electoral peruana hasta el decenio de 1960.

El rechazo del APRA por una mayoría neta del electorado en 1931 fue sumamente significativo, toda vez que las lealtades política establecidas entonces tendieron a perdurarse en lo sucesivo. Ni siquiera en el apogeo de su fuerza electoral en el decenio de 1940 tuvo el APRA de su parte a una mayoría clara de los votantes, y, por ende, el partido se vio reducido a la condición de uno entre varios manipuladores del poder: podría hacerse con el equilibrio en las elecciones nacionales a tres bandas, pero no podía salir de ellas convertido en claro vencedor. La principal fuerza del APRA era, por consiguiente, la capacidad de impedir que otros partidos obtuviesen una clara mayoría electoral, siempre y cuando hubiera como mínimo otros dos candidatos en los comicios; la lección de 1931 fue que una candidatura anti-aprista unificada podía ganar con facilidad. Así pues, a partir de 1931 la táctica del APRA estuvo dirigida a promover la fragmentación de los grupos políticos rivales acosando a los gobiernos y conspirando con grupos de la oposición.

Instalado de nuevo en la presidencia el 8 de diciembre de 1931, Sánchez Cerro procedió inmediatamente a poner en marcha una campaña sostenida contra los apristas y los «leguiístas» en las fuerzas armadas, el funcionariado, los sindicatos, la asamblea constituyente y las calles. En enero de 1932 se proclamó virtualmente la ley marcial; en febrero, los veintitrés diputados apristas que había en la asambleas fueron deportados, junto con el coronel Jiménez. En marzo fracasó un intento de asesinato de Sánchez Cerro por parte de los apristas; en mayo fracasó también un motín aprista en El Callao y Haya de la Torre fue detenido; en julio empezó prematuramente una insurrección aprista en Trujillo que fue reprimida de forma sangrienta. Mientras tanto, la situación financiera del gobierno fue haciéndose cada vez más desesperada, y la presión que sufrieron las reservas de divisas obligó a Perú a abandonar el patrón oro en abril.

El 1 de septiembre de 1932, sin advertencia previa, una banda de peruanos armados arrebató a Colombia el control de la parte amazónica de Leticia y ofreció a Sánchez Cerro la oportunidad de jugar a ser patriota. Los invasores habían sido organizados por empresarios del caucho y del azúcar que habían perdido tierra con motivo de la reciente cesión de territorio a Colombia. Su acción contravenía claramente el derecho internacional, pero, como contaban con el apoyo de unidades militares peruanas en el Oriente, no había ninguna prisa por reparar el daño. Sánchez Cerro optó por una defensa belicosa de los invasores contra el ejército colombiano y aprovechó la oportunidad para llenar de nuevo las arcas del gobierno con un importante empréstito de guerra interno. Desde el punto de vista militar, sin embargo, poco se hizo. Colombia tuvo tiempo de mandar una flotilla de guerra por el Atlántico y el Amazonas que llegó al territorio en disputa en febrero de 1933 y reconquistó la mayor parte del mismo sin dificultad.

En marzo de 1933 un intento de golpe de estado por parte del coronel Jiménez en Cajamarca fue derrotado fácilmente; en abril, el general Oscar Benavides (que desde hacía tiempo protegía a Sánchez Cerro entre bastidores) fue traído de Europa para que se encargara de la dirección de la guerra; y cuando Sánchez Cerro murió asesinado el 30 de dicho mes, Benavides se hizo cargo de la presidencia para completar el mandato del difunto (hasta 1936).

El régimen de Benavides, 1933-1939

En 1933 ya había pasado lo peor de la depresión. El mercado mundial del algodón había superado el momento crítico, empezaba la recuperación inducida por las exportaciones y las devaluaciones de 1930 y 1932 estimaban la inversión en la producción destinada tanto a la exportación como al mercado nacional. Así pues, Benavides accedió al poder en un momento ideal para efectuar una restauración conservadora de índole moderada. En el campo político tenía mucho espacio para maniobrar debido a la aguda polarización de la política de masas bajo Sánchez Cerro. El APRA estaba paralizado a la vez que tenía un contrapeso en la nueva Unión Revolucionaria (que en un principio se había creado como vehículo para Sánchez Cerro pero que ahora, bajo su nuevo líder, Luis A. Flores, tomaba por modelo el fascismo europeo). Existía un deseo general de estabilidad política después de la turbulenta época de Sánchez Cerro, y el lema de Benavides, «Paz, orden, trabajo», se ajustaba bien al momento político.

El historial del nuevo presidente hacía de él la persona más indicada para estabilizar Perú en 1933. Su reputación militar se cimentaba en el éxito que había obtenido como comandante de las fuerzas peruanas que habían derrotado a los colombianos en la región de Putumayo en 1911, justamente el territorio que era el escenario de la guerra de Leticia en 1933. Por consiguiente, pudo actuar con rapidez y negociar la paz de acuerdo con las condiciones que puso Colombia sin que ello perjudicara sus credenciales nacionalistas. Su reputación política nacía de haber sido presidente interino en 1914-1915, momento en que, como líder del primer golpe militar «institucional» de Perú, había sacado al país del experimento populista de Guillermo Billinghurst (1913-1914). En aquel entonces, al igual que en 1933, había comprendido que era necesario pacificar a un exaltado movimiento sindical, afrontar las consecuencias de una crisis económica y restaurar la posición de la élite política civil. Asimismo, en 1914, siendo presidente, Benavides se había ganado cierta reputación de nacionalista en el campo de la economía al tomar medidas para que la International Petroleum Company, una de las bestias negras de los antiimperialista en el decenio de 1930, cumpliera las leyes fiscales generales. Finalmente, sus credenciales como enemigo de Leguía eran impecables: se había opuesto al golpe de Leguía en 1919, había apoyado años del decenio de 1920 y se había pasado todo el oncenio en el exilio.

AI principio Benavides adoptó una actitud conciliadora ante el APRA, a la vez que tomaba medidas para poner fin a la guerra de Leticia. Se suavizó la represión y en noviembre de 1933 se había formado una alianza política entre el APRA y el nuevo y efímero Partido Social Demócrata (a cuya cabeza se encontraba el alcalde de Lima, Luis A. Eguiguren) para concurrir a las elecciones previstas. Pero Benavides respondió instalando en el poder un gabinete anti-aprista y en mayo de 1934 (después de la resolución definitiva del asunto de Leticia) se cancelaron las elecciones prometidas. Posteriores levantamientos «leguiístas»-apristas que tuvieron lugar en la sierra en noviembre de 1934 proporcionaron motivos para poner fuera de la ley tanto al APRA como el Partido Comunista y para proclamar nuevas leyes de excepción a principios de 1935.

Durante los meses intermedios la mejora del clima económico, unida al fin de la represión por el estilo de Sánchez Cerro, había causado un aumento de la incidencia de huelgas, muchas de las cuales eran organizadas o ayudadas por la CTP del APRA, formada en 1934. Benavides hizo frente a este resurgente movimiento obrero con una mezcla de represión y paternalismo (la táctica habitual de Leguía). Las leyes sobre salarios mínimos de 1933 fueron seguidas de otra que decretaba el pago de una compensación a los obreros que se quedaron sin trabajo. En 1935 se creó el ministerio de Bienestar, y en agosto de 1936 una ley de seguridad social dispuso que se pagaran pensiones y otras prestaciones sociales a los trabajadores del sector empresarial, para lo cual se emplearían los fondos que proporcionasen los patronos, los trabajadores y el gobierno. El pleno empleo del sector empresarial se mantenía gracias al alza de la economía basada en la exportación después de 1934, lo que contribuyó a que los patrones aceptaran estas medidas con poca oposición. Por otra parte, dichas medidas (junto con dosis juiciosas de represión) sirvieron para que el trabajo organizado permaneciera callado durante toda la segunda mitad del decenio, con un coste mínimo para el gobierno. Benavides también tomó medidas para reducir el desempleo mediante una expansión del programa de obras públicas financiado con los impuestos que dio trabajo a entre treinta mil y cuarenta mil trabajadores a finales del decenio de 1930.

La elección de aquel momento para proclamar la Ley de la Seguridad Social, con su marcado carácter paternalista, no tuvo nada de fortuita. Fue un elemento clave del fallido intento de Benavides de hacer que el país volviese a ser gobernado por una élite civil mediante las elecciones nacionales que se celebraron en octubre de 1936. Los comicios estaban previstos para el final del mandato de cinco años de Sánchez Cerro, que a la sazón estaba terminando de cumplir Benavides, y se quería que fueran una repetición de 1915 (años en que Benavides había persuadido a los «civilistas» y a otros partidos de la élite a declarar una tregua en sus acostumbradas luchas entre facciones con el fin de tener la seguridad de que José Pardo fuera elegido presidente). Con vistas a un ordenado traspaso del poder a un civil aceptable, Benavides promovió la formación de un frente nacional que respaldase la candidatura de Jorge Prado. El Frente se formó con fragmentos de diversos partidos pequeños de la élite y con líderes de la alta clase media que, al parecer, se tenía la impresión de que mandaban en el «centro» político y que, por lo tanto, podían atraer votos de todos los lados. Los partidos Democrático y Liberal eran vestigios de la República Aristocrática; el líder de ésta, Amadeo de Piérda (hijo del caudillo) pasó a ser candidato a la vicepresidencia. A estos dos se añadieron el Partido Democrático-Reformista de Leguía y el Partido Social Demócrata de Eguiguren (ambos aliados del APRA en 1934, sin ir más lejos) y el Partido Descentralista que tenía su base en Arequipa (y había luchado con ahínco pero en vano por una constitución anticentralista en los debates de la asamblea constituyente en 1931-1933). Lo único que mantenía unida a esta abigarrada colección eran el oportunismo y un vago compromiso con la democracia liberal.

Que Benavides esperase lograr un traspaso pacífico del poder sin neutralizar de forma más eficaz al APRA, la Unión Revolucionaria y la derecha «civilista» sugiere un grado de ingenuidad que sorprende en alguien que tenía tanta experiencia previa de la política peruana. Cabe que albergase la esperanza de recibir el apoyo tácito del APRA y la abstención de la derecha, pero la esperanza por sí sola no era suficiente. Haya de la Torre y Luis Flores se presentaron a las elecciones, al tiempo que la derecha oligárquica promovió la candidatura de Manuel Vicente Villarán, acompañado de dos destacados terratenientes (Clemente Revilla, de la sierra, y Salvador del Solar, del valle de Chancay). La campaña de Villarán contó con el apoyo de destacados derechistas tales como Pedro Beltrán y José de la Riva Agüero, así como con el apoyo tácito de Flores.

El rasgo sobresaliente de la campaña electoral de 1936 fue la fragmentación política de los intereses que Benavides había procurado unir detrás de Prado. El paternalismo moderado del Frente Nacional, a pesar del apoyo general de la élite urbana y parte de la intelectualidad, no sirvió de nada a falta de una maquinaria que recogiera el voto de las masas, sin el cual ya no era posible ganar unas elecciones en Perú. La Unión Revolucionaria apoyó la candidatura de Villarán, mientras que el Frente Nacional no había logrado asegurarse el apoyo del APRA en la izquierda. Un caudillo fuerte y carismático quizá habría conquistado el voto de las masas para el Frente, pero Prado no lo era.

La situación de 1936 ilustra la complejidad de la política peruana durante todo este período. No se trataba de un sistema en el cual la voluntad de una clase gobernante unificada se impusiera sin dificultad. La oligarquía no estaba unida y no se había encontrado un medio seguro de controlar los resultados electorales en la nueva era de la política de masas. El asunto clave que dividía a la clase gobernante civil en 1936 era cómo hacer frente a las masas: ¿qué serviría mejor a los intereses de la élite: el reformismo paternalista que diera cabida a las nuevas fuerzas sociales, o la reacción intransigente empeñada en excluir al APRA y a otros partidos parecidos del poder? En esta discrepancia estratégica sobre los medios que debían usarse para sostener la hegemonía, Benavides y la familia Prado pasaron a representar la primera opción mientras que Pedro Beltrán y el clan Miró Quesada encarnaban la segunda. El propio Benavides, en cuyo gabinete se alternaron las dos facciones durante el período 1933-1936, era un presidente que ambos bandos juzgaban aceptable; pero los conservadores de la élite se sentían cada vez más preocupados ante la posibilidad de que fuera blando con el APRA, especialmente después de que no lograra que condenasen a muerte a Carlos Steer, aprista que asesinó a Antonio Miró Quesada en 1935.

El APRA, mientras tanto, se encontraba en una posición típicamente ambigua: el partido en la clandestinidad y su líder escondido mientras se anunciaban sus candidatos del partido. Aunque continuó su campaña en Perú, el APRA celebró negociaciones secretas con el presidente Toro de la vecina Bolivia, buscando su apoyo a una insurrección armada a cambio de prometer que el APRA respaldaría las pretensiones bolivianas de tener un puerto en el Pacífico. Fuertes presiones diplomáticas provocaron el fracaso del complot[23], y el 5 de septiembre se prohibió al APRA participar en las elecciones peruanas.

Esta medida, sin embargo, no resolvió el problema de Benavides. A sólo un mes del día de los comicios, Eguiguren y sus socialdemócratas rompieron con el Frente Nacional oficial y efectuaron un intento de hacerse con la parte del voto de las masas correspondiente al APRA. Y el 11 de octubre Eguiguren consiguió alrededor del 40 por 100 del total de los votos depositados, lo que le dio una holgada ventaja respecto de los demás participantes. Benavides dispuso que se anularan las elecciones y que su propio mandato se prolongara hasta 1939, con lo que se volvió al estado de cosas que existía antes; al mismo tiempo disolvió la asamblea y formó un gabinete integrado exclusivamente por militares. Este resultado fue recibido con visible alivio por todos los interesados. El APRA organizó un levantamiento simbólico en Ancón, pero a partir de entonces no hizo más. La Unión Revolucionaria también conservó sus credenciales insurreccionales cuando Luis Flores y otros presuntos co-conspiradores fueron detenidos y deportados en noviembre.

Durante los tres años siguientes, Benavides no hizo nada para contribuir a la resolución del estancamiento de 1936. Si albergaba la esperanza de seguir siendo dictador de modo indefinido, se abstuvo señaladamente de echar las bases necesarias para ello. Su posición política a corto plazo se vio reforzada por la buena marcha de importantes sectores de exportación (algodón, petróleo, minerales) durante 1937 y 1938; pero mientras tanto se desvaneció su apoyo dentro del estamento militar, con lo que el gobierno fue vulnerable a un golpe por primera vez desde 1931. El frente laboral permaneció relativamente quieto. Benavides proporcionó empleo para los trabajadores no especializados en obras públicas en gran escala (especialmente la construcción de carreteras y viviendas), y la buena salud de la economía mantuvo tanto a los trabajadores autónomos como a los del sector empresarial. Sin embargo, había una creciente masa de personas instruidas que aspiraban a trabajar de empleados, lo cual planteaba un problema mayor y proporcionaba nuevos adeptos a la visión aprista de un sector estatal dedicado a la ingeniería social y a la planificación económica, un sector en rápida expansión. Al mismo tiempo, los conservadores de la élite no estaban satisfechos con la creciente carga fiscal que imponía Benavides para financiar sus programas paternalistas de obras públicas, sanidad y educación.

En febrero de 1939 Benavides tuvo que hacer frente a un serio desafío surgido del seno del estamento militar, bajo la forma de un intento de golpe de estado por parte de su ministro de la Gobernación, el general Antonio Rodríguez Ramírez. En la conspiración de Rodríguez tomaron parte ambos partidos de masas (la Unión Revolucionaria y el APRA), pero fracasó debido a la indecisión de su líder y a un rápido contragolpe organizado por el ministro de la Guerra, el general Ernesto Montagne Markholtz. Habiendo perdido el apoyo de los militares, y pese a no haber hecho las paces con la facción conservadora de la oligarquía, Benavides decidió repetir su experimento de 1936. En marzo de 1939 anunció que en octubre se celebrarían elecciones para la presidencia y el Congreso y que antes, en junio, habría un plebiscito para aprobar la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años y reforzar la posición constitucional del ejecutivo. En abril, Manuel Prado (hermano de Jorge) entró en el gabinete y se formó la llamada Concentración Nacional, parecida el Frente Nacional de 1936.

La facción de la élite que era contraria a Prado volvió a presentar un candidato derechista, José Quesada Larrea, con Luis Flores como candidato a la vicepresidencia. Los adversarios de Benavides en la oligarquía reactivaron así la fórmula victoriosa de 1931 (pero sin Sánchez Cerro). Para las elecciones, Prado requería no sólo los votos centristas de la clase media, sino también que los votos del APRA hicieran de contrapeso de la fuerza de las masas de la Unión Revolucionaria. El APRA mismo fue excluido firmemente de los comicios y, aunque Prado no pudo formar una clara alianza pública con los líderes apristas, las lisonjas financieras y la expectativa de que Prado ampliara la nómina del estado contribuyeron a proporcionarle votos apristas.

Llegado el momento, la represión de los partidarios de Quesada por parte del gobierno y la supervisión cuidadosa de la votación propiamente dicha dieron a Prado el 55 por 100 de los votos depositados, lo cual, dadas las circunstancias, distaba mucho de ser una victoria arrolladora. Incluso después de anunciarse los resultados, Benavides se vio obligado a tomar nuevas medidas para tener la seguridad de que Prado accediese a la presidencia en diciembre: el 16 de noviembre se aumentó la paga de los militares y el 19 del mismo mes se sofocó la acostumbrada insurrección del APRA (esta vez en Trujillo).

La política económica en el decenio de 1930

El tema dominante en la formulación de la política económica peruana en los años treinta fue la ortodoxia monetaria. El Banco Central, que durante todo el período fue controlado con firmeza por figuras de la élite conservadora, logró dar una respuesta deflacionaria a la depresión negándose a prestar al gobierno para que financiara los déficits fiscales. En todo caso, los ministros de Hacienda de Samanez Ocampo, Sánchez Cerro y Benavides se mostraron unánimes en que era necesario equilibrar el presupuesto y mantener el comercio libre. Estas actitudes se vieron muy fortalecidas por una misión asesora encabezada por el doctor Walter Kemmerer, el conservador economista norteamericano, que fue invitada a visitar Perú en noviembre de 1930 con el fin de que aconsejara sobre la política de estabilización que debía seguirse y cuyos informes se publicaron en abril de 1931[24].

Por consiguiente, cuando la recaudación tributaria disminuyó en más del 30 por 100 entre 1930 y 1932, el gobierno redujo sus gastos en un porcentaje muy parecido. Recortar los gastos fue la mayor preocupación del ministerio de Hacienda. En 1931 la junta de Samanez disminuyó en un 10 por 100 los salarios de los funcionarios, que a partir de entonces frecuentemente se pagaron con retraso. La principal amenaza que se cernía sobre la tarea de equilibrar el presupuesto eran las propuestas de brindar cierto socorro a los parados de Lima. Cuando en marzo de 1931 se llegó a un acuerdo sobre un programa de asistencia, su coste se cubrió por completo con nuevos impuestos sobre el comercio, el franqueo postal, los ingresos, el juego y los vehículos motorizados[25].

A pesar de ello, la deuda flotante del gobierno creció durante 1931 y 1932, y en dos ocasiones el gobierno recurrió a pagar a sus acreedores con cupones de bonificación fiscal. Ambas veces la medida fue atacada por todos y tachada de ejemplo de irresponsabilidad fiscal. Cuando un presupuesto empobrecido fue enviado a la asamblea constituyente para que lo debatiese en enero de 1932, los delegados del APRA exigieron más recortes del gasto e insistieron en la necesidad de evitar todo déficit. Aquel mismo año, meses después, ante la necesidad de financiar preparativos de guerra debido al asunto de Leticia, el gobierno creó más impuestos sobre las loterías, los salarios y los ingresos por propiedades, recaudó un empréstito interno de 20 millones de soles y también solicitó donaciones públicas de carácter voluntario. Al final, el ejercicio fiscal de 1932 (el peor de la depresión) produjo un déficit de sólo 4 millones de soles sobre un presupuesto de 95 millones de soles; en 1933 el gobierno volvió a tener superávit y liquidó la deuda flotante del año anterior. Durante el resto del decenio de 1930, bajo Benavides, los superávits presupuestarios fueron la norma.

En el capítulo monetario, hubo menos unanimidad en torno a la política que debía seguirse. En 1931 Kemmerer y el Banco Central insistieron en dar la máxima prioridad a la defensa del patrón oro, tarea que resultó más fácil debido a la devaluación del 16 por 100 del tipo de cambio de dicho patrón que Leguía decretó en 1930. Todos los intereses de la élite coincidieron en que había que evitar los controles de cambio, pero se suscitó un conflicto sobre si había que defender el tipo de cambio. El conflicto tenía dos aspectos. En primer lugar, había que decidir si la devaluación misma era o no de desear; los que producían para la exportación (especialmente los plantadores de caña de azúcar) estaban a favor de ella mientras que los banqueros y los círculos empresariales de las ciudades tendían a ser partidarios de una «moneda fuerte». En segundo lugar, había que tener en cuenta las consecuencias monetarias de la decisión del Banco Central de defender el tipo de cambio. La expansión monetaria tendía a causar depreciación, a la vez que la contracción monetaria tendía a provocar la subida del tipo. Para compensar la presión hacia abajo que sufría el tipo de cambio a causa de la caída de los ingresos de exportación, el banco se embarcó en una feroz restricción del crédito que rápidamente despertó la oposición de los capitalistas, así grandes como pequeños. Los agricultores que producían para exportar, que ya veían con poco entusiasmo un tipo de cambio fuerte, exigieron unánimemente más créditos para salvarse de la quiebra; y como los propios ministros de Sánchez Cerro estaban vinculados a intereses del sector de la exportación agrícola, se idearon varias medidas para burlar la restricción en su beneficio. El gobierno vio cómo el capital en acciones que tenía en el Banco Central disminuía de 26 millones de soles en 1931 a 10 millones a mediados de 1932 y utilizó los réditos para financiar una expansión crediticia por medio de otras instituciones financieras controladas por el estado, especialmente el Banco Agrícola.

La política restrictiva del Banco Central se vio reforzada por un movimiento especulativo contra las reservas de oro de Perú, que empeoraron a principios de 1932, a la vez que un número creciente de voces de la ética y de las pequeñas empresas se alzaban contra la política del Banco. En septiembre de 1931, Benjamín Roca, presidente de la Comisión de Presupuestos, pidió una «inflación juiciosa», y en febrero de 1932 el ministro de Hacienda se hizo eco de la petición de Roca[26]. El Consejo Económico del sur en Arequipa (que representaba a las cámaras de comercio del sur del país) atacó con dureza la política monetaria y de tipos de cambio a comienzos de 1932 y recibió apoyo de parte de la prensa de Lima[27]. En mayo, las reservas de oro habían descendido en un tercio y el Banco Central reconoció la derrota; se abandonó el patrón oro, el tipo de cambio cayó rápidamente y las condiciones crediticias empezaron a relajarse, aunque hasta un año después no se mostró de acuerdo el Banco Central con la expansión monetaria al recuperarse las ganancias de exportación.

Así pues, Perú afronto la depresión mundial con medidas rígidamente ortodoxas. La respuesta de Sánchez Cerro consistió en abrir comedores de beneficencia y equilibrar el presupuesto, Samanez Ocampo y el APRA respaldaron el patrón oro, el equilibrio presupuestario, la restricción del crédito y las obras públicas financiadas con los impuestos. Benavides continuó predicando las virtudes de la «hacienda saneada» de 1933 a 1939, aunque en la práctica las condiciones monetarias se suavizaron durante su régimen. El único debate serio que hubo en el decenio de 1930 fue en tomo al patrón oro, cuyo abandono convenía a ciertos intereses fuertes de la oligarquía. «Perú reaccionó, en vez de moverse», fue la conclusión que sacó un estudio de los efectos de la depresión en Perú y Colombia, y «dejó que la recuperación llegara por impulso propio por vía de los precios internacionales»[28]. Desde luego, no se hizo ningún intento deliberado de reorientar la dirección del desarrollo del país hacia una autonomía mayor o la substitución de las importaciones.

La primera Administración Prado, 1939-1945

Al principio de su mandato, Manuel Prado se encontró ante muchas presiones opuestas, y su supervivencia política se debió en gran parte a la segunda guerra mundial, si bien no hay que menospreciar sus considerables aptitudes. En primer lugar, la guerra hizo subir los precios del azúcar, lo cual mitigó el descontento de la derecha al fortalecerse la posición económica de los plantadores de caña. En segundo lugar, en 1941-1942 proporcionó una excusa para que el gobierno expropiara todos los bienes japoneses que había en Perú y los repartiera entre sus amigos políticos. (Los bienes alemanes siguieron siendo sacrosantos). En tercer lugar, indujo al APRA y (después de que Alemania atacara a la Unión Soviética) al Partido Comunista a declarar una tregua en las relaciones laborales, cuyo resultado fue que se permitió que los tipos de los salarios reales descendieran durante la primera mitad del decenio de 1940 a satisfacción de los patronos. A su vez, la creciente rentabilidad de la industria, el comercio y ciertas actividades de exportación permitió a Prado incrementar los tipos impositivos sin encontrar oposición seria. En cuarto lugar, la guerra hizo renacer el interés de los Estados Unidos por Perú, lo cual significó apoyo norteamericano para Prado y varios proyectos de inversión que el gobierno podía presentar como programa de desarrollo. Se firmaron pactos bilaterales especiales en los que el gobierno de los Estados Unidos garantizaba la compra de algodón y minerales peruanos a precios fijos y cuyo mérito se atribuyó a Prado. También en el lado positivo, desde el punto de vista de Prado, estuvo la composición del Congreso, elegido bajo el estricto control de Benavides. Sin ningún aprista y con sólo unos cuantos derechistas intransigentes, el Congreso se componía principalmente de empleados públicos sin marcada afiliación a su partido. Por lo tanto, causaba pocas preocupaciones a Prado y permitió que continuase el dominio del gobierno por parte del ejecutivo (tal como empezara con Leguía en 1919).

En el lado negativo hay que señalar que Benavides dejó a modo de herencia un estamento militar dividido en el que los adversarios de Prado se encontraban bien situados entre los oficiales. Afortunadamente, no había ningún oficial de alta graduación que tuviera grandes ambiciones políticas y durante sus dos primeros años en el poder Prado pudo aplacar a los militares adoptando una marcada actitud patriótica, complementando las finanzas de los militares por medio de las conexiones de su familia con la banca y permitiendo que el alto mando llevase a cabo preparativos para una guerra con Ecuador, sueño que los militares peruanos acariciaban desde la humillación que sufrieran a manos de Colombia en 1932-1933. En mayo de 1941 hubo una serie de incidentes fronterizos entre Perú y Ecuador, y en junio el comandante peruano del norte, el general Eloy G. Ureta, obligó a Prado a escoger entre aprobar un ataque contra Ecuador o ser derrocado por un golpe militar. El 5 de julio, haciendo caso omiso de los deseos de Prado, Ureta procedió a lanzar su ofensiva contra Ecuador. Las fuerzas armadas peruanas tardaron otro mes en conseguir el derrumbamiento del ejército ecuatoriano, que se encontraba en inferioridad numérica y era incompetente, lo cual causó dificultades diplomáticas importantes a Prado, al tener que eludir las exigencias internacionales de un alto el fuego. Sin embargo, los militares peruanos acabaron dándose por satisfechos y permitieron que Prado negociara el final de la guerra.

Más importante todavía que el asunto de la lealtad de los militares era la cuestión del apoyo civil a Prado, que, al igual que Benavides, era consciente de la necesidad de hacer concesiones juiciosas para calmar el descontento de las masas, al tiempo que se procuraba cooptar a los posibles líderes de la oposición. El APRA siguió siendo ilegal, pero se le permitió que actuara extraoficialmente, siempre y cuando se abstuviera de lanzar ataques directos contra el gobierno; a otros adversarios civiles se les concedió una amnistía política en junio de 1940. El objetivo predominante de Prado era evitar el descontento de las masas urbanas. En 1940 esto ya significaba, por encima de todo, proporcionar empleo a la baja clase media instruida. La respuesta de Prado fue una rápida expansión del empleo estatal, especialmente en el sector de la enseñanza (cuya expansión había empezado Benavides). Es probable que el legado social más importante de los años de Prado fuera la propagación de escuelas en la sierra peruana, cuyo personal consistía a menudo en maestros jóvenes y educados en las ciudades que conocían las ideas del APRA desde su paso por las universidades. (Al parecer, en el decenio de 1940 los maestros rurales desempeñaron un papel destacado en la movilización de los campesinos, especialmente en el centro y el norte de la sierra). Si bien, desde el punto de vista político, cierta tendencia al descenso de los salarios reales fue permisible durante la guerra debido a la tolerancia de los líderes obreros, era importantísimo que se viera que se estaba luchando contra todo aumento del índice del coste de la vida. La inflación políticamente visible, tal como se medía por el citado índice, fue del 12 por 100 en 1942, el 9 por 100 en 1943, el 14 por 100 en 1944 y el 11 por 100 en 1945; así pues, se impidió el aceleramiento de la inflación y se contuvo la agitación obrera.

Sin embargo, los partidarios de Prado en la oligarquía vieron con creciente alarma que el presidente se apartaba de los principios de la «hacienda», lo cual dio origen a críticas constantes en la prensa financiera y en el Club Nacional. A partir de 1942 la facción moderada de la oligarquía fue distanciándose más y más del gobierno, a la vez que la derecha comenzaba sus preparativos para las elecciones de 1945.

En 1943 los Miró Quesada persuadieron al general Ureta (que todavía se hallaba en servicio activo) a presentar su candidatura a la presidencia en 1945 contra la de Benavides, que era la que muchos esperaban. Prado se vio en la necesidad de escoger entre intentar ser reelegido o respaldar a Benavides, que en diciembre de 1943 hizo un intento privado de obtener el apoyo del APRA. La perspectiva de dos figuras militares enfrentándose para ser elegidas para la presidencia no alarmó solamente a muchos políticos, sino también a buena parte del estamento militar. En 1944 aparecieron nuevos agolpamientos en ambos bandos y en ambos casos la iniciativa salió de los elementos de clase media. En junio de 1944 tuvo lugar la fundación del Frente Democrático Nacional (DFN) en Arequipa por parte de grupos parecidos a los que habían sido afiliados subalternos de las organizaciones del frente de Benavides en 1936 y 1939. La intención declarada del Frente era presentar una opción civil a Ureta y Benavides y, al parecer, contaba con el apoyo tácito del APRA. Pocas opciones le quedaron a Prado después de la deserción de una parte importante de su coalición política de 1939, parte que se pasó al Frente. La deserción también privó a Benavides de toda esperanza de ganar y en enero de 1945 anunció oficialmente su intención de no concurrir a las elecciones y su apoyo a una sucesión civil. Mientras tanto, en el seno del ejército, oficiales jóvenes encabezados por el mayor Víctor Villanueva pedían el fin de la competición política en el seno del estamento militar y un programa de reformas sociales de Oficiales del Ejército (CROE), que rápidamente se vio envuelto en intrigas con los líderes civiles del APRA.

Las complejidades bizantinas de la política electoral peruana siguieron su curso habitual durante la primera mitad de 1945. En marzo, Ureta anunció oficialmente su candidatura, a la vez que el Frente persuadía a José Luis Bustamante y Rivero a presentarse. El CROE organizó una revuelta en Ancón que no recibió el apoyo del APRA, su aliado (que en privado ya había acordado trabajar con Bustamante). Bustamante hizo un pacto privado con Prado para obtener la legalización del APRA en mayo, lo cual dejaría abierto el camino para que Bustamante fuese elegido esencialmente por la misma coalición que había dado su voto a Prado en 1939, con la importante diferencia de que la participación oficial del APRA (y el crecimiento continuado de la clase media urbana y del trabajo organizado) hizo que el margen de victoria de Bustamante subiera hasta representar el 66 por 100 del total de votos.

Las elecciones de junio de 1945 señalaron un punto bajo en la hegemonía política de la oligarquía peruana. La facción conservadora, derivada del elemento contrario a Leguía del antiguo Partido Civilista, pasando por la coalición de Sánchez Cerro en 1931, en tres ocasiones desde 1931 no había sabido formar un vehículo electoral viable para sus intereses, ni siquiera al encontrar en el general Ureta otra figura militar popular que la representara. Había fracasado por completo en la tarea de labrarse un electorado de clase media y su pretensión de hacerse con el voto de las masas que antes era para la Unión Revolucionaria no había dado resultados al desintegrarse la maquinaria de la Unión en el decenio de 1940. En 1945 los trabajadores no especializados y los campesinos volvían a constituir (como en 1930) un voto flotante, pero el APRA seguía sin hacer más que progresos muy limitados en este segmento del electorado.

Al mismo tiempo, la facción más moderada de la clase gobernante no tenía ningún líder nuevo que substituyese a Prado y en 1945 se había retirado a la línea de banda, dejando el campo político despejado para que sus afiliados subalternos y el APRA se enfrentasen a la derecha. Por consiguiente, la victoria del FDN dio el poder a un nuevo grupo de políticos de clase media, muchos de los cuales tenían poca experiencia del gobierno de la nación y estaban mal preparados para hacer frente a las múltiples crisis que asomaban en el horizonte a medida que la segunda guerra mundial se acercaba a su fin.

En las elecciones para el Congreso, políticos asociados con el FDN (28 de ellos apristas) obtuvieron 35 de los 46 escaños del Senado. En la Cámara de Diputados el FDN ocupó 73 de los 102 escaños, 46 de los cuales eran apristas. Contando con tres cuartas partes de los escaños de ambas cámaras, la coalición de Bustamante arrancó desde una posición aparentemente fuerte; pero ni el APRA ni el grupo ajeno a él tenían una mayoría neta en ninguna de las dos cámaras, y cualquier división entre Bustamante y el APRA amenazaba con hacer que el presidente perdiera el control del Congreso.

La Administración Bustamante, 1945-1948

El presidente José Luis Bustamante tenía un sólido mandato electoral para efectuar reformas sociales y políticas dentro de un marco parlamentario de carácter democrático. Asimismo, las fuerzas conservadoras se habían visto obligadas a ponerse a la defensiva. Sin embargo, Bustamante también heredó problemas en varios campos. En el plano económico, Perú tenía pocas reservas de divisas extranjeras y escaso crédito exterior, a la vez que la expansión monetaria y la inflación reprimida de los años de Prado habían dejado una acumulación de exigencias insatisfechas que estaban ejerciendo presión tanto sobre la balanza de pagos como sobre los precios. En el campo del trabajo, el movimiento sindical había incrementado rápidamente su fuerza durante 1944, año en que había vuelto a fundarse la CTP y se habían organizado huelgas victoriosas en fábricas textiles, panaderías y fábricas de cerveza en demanda de salarios más altos. Los intentos que hiciera Prado de frenar al movimiento obrero habían sido recibidos con una huelga general a finales de 1944. Después de las elecciones de 1945, tanto el APRA como el Partido Comunista fomentaron las huelgas en solicitud de aumentos salariales, con gran éxito, puesto que el gobierno no estaba en condiciones de utilizar la represión indisimulada para defender los intereses de los patronos. En 1946-1947 los sindicatos alcanzaron su objetivo de volver a colocar los salarios reales en sus niveles de antes de la guerra, a pesar del empeoramiento de la crisis económica[29]. En el terreno político, Bustamante carecía de las influencias y la experiencia que le hubieran permitido tratar eficazmente con la élite de siempre, ninguno de cuyos miembros ocupaba un cargo en su gobierno. Benavides, que hubiera podido ser una ventaja política, había muerto en junio de 1945 y Prado vivía ahora en Francia. Mientras tanto, el general Ureta, el adversario de Bustamante en las elecciones, seguía siendo un oficial de alta graduación (y en 1948 interpretaría un papel destacado en el golpe militar que derribó al gobierno Bustamante).

Bustamante empezó mal por no incluir a ningún aprista en su primer gabinete. El APRA respondió haciendo valer un papel mayor para el Congreso. El primer día del período de sesiones de 1945 el Congreso se dio a sí mismo la facultad de anular el veto presidencial mediante un sencillo voto mayoritario. El APRA puso luego en marcha su propio programa legislativo, como si el partido controlara todo el poder del estado en lugar de tener simplemente un punto de apoyo en la legislatura. Bustamante no pudo hacer nada para impedirlo, ya que no tenía ningún control directo sobre los miembros no apristas del FDN en el Congreso y se había comprometido a mantener la autoridad de la presidencia sin recurrir a la represión del APRA. (La decisión que tomó en 1945 de abolir la policía secreta y su red de confidentes no tenía precedentes ni ha vuelto a repetirse en el Perú republicano).

Ante el empeoramiento de la inflación y los problemas de la balanza de pagos, el primer ministro de Hacienda de Bustamante, Rómulo Ferrero, tecnócrata no aprista, luchó en vano, durante la segunda mitad de 1945, por persuadir a los delegados del APRA en el Congreso a aceptar recortes de los gastos del gobierno y aumentos de los impuestos con el fin de reducir el déficit fiscal. En enero de 1946 el gabinete no aprista encabezado por Rafael Belaúnde se vio obligado a dimitir al no recibir el voto de confianza del Congreso, y en el nuevo gabinete, a cuya cabeza se hallaba Julio Ernesto Portugal, los apristas recibieron las carteras de Hacienda, Desarrollo y Agricultura. Dado que el APRA compartía ahora la responsabilidad de la política del gobierno, Bustamante pudo subir los impuestos, frenar los incrementos salariales y poner en marcha nuevas iniciativas de desarrollo sin encontrarse bloqueado en el Congreso. Asimismo, las presiones económicas que soportaba el gobierno se aflojaron durante 1946 (debido a una mezcla de mayores ganancias de exportación y escasez mundial de artículos para importar), lo cual ofreció la posibilidad de acometer reformas estructurales de gran alcance.

Muchos afiliados y partidarios del APRA veían en el partido un vehículo para el antiimperialismo, la reforma agraria y la planificación económica. Sin embargo, ni en el Congreso ni en el gabinete puso en marcha el APRA un programa de tales características. A principios de 1946 el ministro aprista de Desarrollo firmó un acuerdo con la International Petroleum Company (blanco principal de los sentimientos antiimperialistas en Perú) para buscar petróleo en el desierto de Sechura, y el Contrato de Sechura fue aprobado rápidamente por la Cámara de Diputados el 8 de junio con pleno apoyo del APRA. De hecho, a partir de 1945 Haya de la Torre pidió repetidas veces más inversiones extranjeras para desarrollar Perú e insistió en una lectura revisionista de sus escritos del decenio de 1920 y comienzos de 1930 con el fin de eliminar toda sugerencia de que había que oponerse al imperialismo por sí mismo.

El APRA también tenía pocas cosas nuevas que ofrecer en el capítulo agrario. La única legislación agraria nueva de los años de Bustamante fue la Ley de Yanaconaje de 1947, que reglamentaba los contratos de arrendamiento en la costa. No se presentó y ni siquiera se redactó proyecto alguno de ley de reforma agraria, y si alguna aportación hizo el APRA a la emancipación a largo plazo del campesinado de la sierra, esa aportación tuvo lugar en el nivel más bajo del patronazgo clientelista. De la misma manera, en su gestión de la cartera de Hacienda el APRA no introdujo ninguna forma nueva de abordar la política fiscal y monetaria. Se conservaron las directrices de la política económica heredadas de Prado —un tipo de cambio fijo y el control de los precios— y la añadidura principal consistió en reforzar la política fiscal para reducir el déficit del gobierno y ayudar a defender el tipo de cambio. Durante 1946 sólo se hicieron intentos débiles de racionalizar la administración de licencias de importación y no se prestó ninguna atención al efecto regresivo de los precios bajos de los alimentos en los ingresos rurales.

La participación del APRA en el gabinete duró sólo un año y terminó a causa de una serie de incidentes que recordaban las batallas políticas de los comienzos del decenio de 1930. En diciembre de 1945 los apristas disolvieron un mitin político conservador y en abril de 1946 tomaron por asalto las redacciones de los periódicos La Prensa y El Comercio. La violencia contra los adversarios políticos del APRA continuó durante el resto del año y culminó con un intento de asesinato del ministro de la Gobernación (el general Rodríguez) en diciembre de 1946 y la muerte violenta del director de La Prensa, Francisco Graña Garland, en enero de 1947. Entonces Bustamante obligó a los apristas a dimitir y nombró un nuevo gabinete en el cual el ministerio de la Gobernación y Policía estaba encabezado por el general Manuel Odría, anti-aprista intransigente que se había distinguido en la guerra de 1941 contra Ecuador. La presencia en el gabinete del general José del Carmen María Marín (que simpatizaba con el APRA aunque no estaba afiliado a él) en calidad de ministro de la Guerra sirvió para frenar hasta cierto punto el poder de Odría, pero no impidió que el nuevo ministro de la Gobernación reconstruyese el aparato represivo que Bustamante había desmantelado y lo utilizara contra el APRA y el movimiento obrero.

A resultas de ello, la derecha empezó a ganar terreno en política a partir de enero de 1947, mientras el APRA se ponía a la defensiva y Bustamante, situado en el medio, se aferraba desesperadamente a los principios democráticos. A mediados de año los prefectos con inclinaciones apristas de seis ciudades importantes habían sido substituidos por militares, y en marzo de 1948 los ayuntamientos dominados por el APRA (elegidos después de la victoria de Bustamante en 1945) fueron disueltos y substituidos por otros nombrados desde Lima (como se había hecho habitualmente desde 1919). Lo más perjudicial de todo fue que en julio de 1947 el Congreso no pudo dar comienzo a su período anual de sesiones a causa de un biocot conservador del Senado que dejó a éste sin quorum e hizo que toda reunión de diputados resultase anticonstitucional. La anterior táctica aprista consistente en utilizar su bloque en el Congreso para dictar condiciones a Bustamante fue así destruida; el partido quedó aislado de todos los niveles oficiales del poder y solamente le quedaron su maquinaria política y su dominio del movimiento obrero organizado. La segunda mitad de 1947, por consiguiente, fue testigo de un serio empeoramiento de las relaciones laborales, al cual contribuyó una huelga general en Lima a finales de agosto. Estrujado entre el movimiento obrero dirigido por el APRA y la derecha, Bustamante intentó aplacar a ésta sin lanzar un ataque de frente contra aquél. Se negó absolutamente a declarar al APRA ilegal o a dar mano libre a la facción militar encabezada por Odría y logró resistir durante muchísimo tiempo las exigencias extremas de la derecha.

Que el régimen de Bustamante durase todavía quince meses después del boicot del Senado en julio de 1947 es una indicación de los límites del poder de la oligarquía en el Perú de mediados de siglo. Las crónicas que condenan a Bustamante tachándolo de presidente débil e inepto subestiman seriamente no sólo su obstinación personal en defensa de lo que él concedía como principios democráticos fundamentales, sino también la fuerza del apoyo que su posición recibía de segmentos importantes, aunque dispares, de la sociedad peruana. El apoyo con que contaba entre los profesionales liberales y en Arequipa, su ciudad natal, continuó siendo sólido. El verdadero enemigo del movimiento obrero organizado era la derecha y el gobierno se mostró razonablemente benévolo; Bustamante siguió decretando incrementos periódicos de sueldos y salarios y se negó a empujar a los sindicatos hacia la clandestinidad. A ojos de los empleados, incluso de los que tenían que ver con el APRA, Bustamante continuó siendo una figura amable cuya defensa del tipo de cambio fijo favorecía sus intereses económicos.

Dentro del estamento militar, el grupo de Odría no era más que una facción entre muchas. Había un fuerte grupo intermedio formado por oficiales que se oponían a intervenir en política y que anhelaban la instauración de un orden constitucional civil y estable (lo que suponía necesariamente llegar a algún acuerdo con el APRA); y existía también una fuerte facción aprista, especialmente entre los oficiales subalternos. Dentro de la oligarquía, la opinión distaba mucho de apoyar unánimemente a la derecha y su recién formado partido político, la Alianza Nacional, a cuya cabeza se hallaban Pedro Beltrán y el líder de los conservadores en el Senado, Héctor Boza. (Beltrán había sido destituido de su puesto de embajador en Washington por orquestar la presión norteamericana sobre Bustamante para que devaluara el sol. De vuelta en Perú, se hizo cargo de la dirección de La Prensa y se vio mezclado íntimamente en los intentos de desestabilizar el gobierno que hicieron destacados miembros de la oligarquía). Aunque la oposición de la élite a la política económica de Bustamante iba endureciéndose progresivamente, en 1947 esto aún no daba a entender que existía un deseo general de que Odría diera un golpe de estado. Los intereses exportadores subvertían activamente los controles de divisas impuestos por el gobierno y albergaban la esperanza de que las crisis crónicas de la balanza de pagos acabaran obligando a Bustamante a devaluar el tipo de cambio oficial y a atacar frontalmente la inflación de salarios; pero no estaban comprometidos de forma unánime con la destrucción del gobierno mismo.

Sin embargo, Bustamante no pudo orquestar una base coherente de apoyo por parte de clases sociales que tenían unos intereses económicos claros que defender. Su propio grupo, la clase media profesional, estaba preocupada por la inflación y comprometida con la legalidad, pero sus miembros no formaban una «burguesía nacional» del tipo que podría haber proporcionado directrices estratégicas claras para la formación de una política; y tampoco, de hecho, existía tal burguesía nacional como criatura política aparte de la oligarquía. El grupo de Bustamante estaba en el gobierno por omisión, es decir, mientras no se materializase una insurrección popular ni un golpe militar de signo derechista.

Que no existían las condiciones para la toma del poder por parte del pueblo se hace evidente al ver las diversas insurrecciones fallidas que el APRA protagonizó durante 1948. Los apristas habían empezado a tramar el derrocamiento de Bustamante por la fuerza en noviembre de 1947, momento en que el mayor Víctor Villanueva había regresado de su semiexilio en los Estados Unidos y se había encargado de la tarea de convertir la caótica ala militante del APRA en una fuerza insurreccional organizada. Los esfuerzos de Villanueva encontraron su mayor recompensa entre los oficiales subalternos del ejército y los reclutas de la fuerza aérea, la marina y la policía. Los reclutas del ejército (el grupo militar más representativo de las «masas» civiles) se mostraron indiferentes. El ala civil de la conspiración aprista se limitaba a unas cuantas docenas de militantes del partido, y los líderes (con razón) se negaron siempre a poner a prueba la fuerza de su apoyo civil por medio de un llamamiento a la insurrección. Los sondeos que en diciembre hizo en Arequipa Luis Barrios Liona, ayudante de Haya de la Torre, revelaron que un levantamiento no recibiría apoyo civil, y a finales de enero de 1948 se produjo una escisión seria entre los activistas encabezados por Villanueva y los líderes del partido sobre si se daban o no las condiciones necesarias para un alzamiento victorioso.

Cuando Villanueva, basándose en cálculos que se referían exclusivamente a su estrecha base de apoyo en el seno del estamento militar, dio la orden de que empezara la insurrección, los líderes civiles del APRA no tuvieron ninguna dificultad para abortar el intento en una fase tan temprana que el episodio no fue conocido del público durante algún tiempo. El 3 de octubre de 1948 la facción militante intentó nuevamente provocar una insurrección general cuando quinientos hombres de la marina se hicieron con el control de instalaciones clave en El Callao durante la madrugada. El plan sólo hubiera salido bien de haber contado inmediatamente con el apoyo de manifestaciones en masa de civiles y no hubo ninguna señal de apoyo espontáneo por parte de éstos a los rebeldes militares. Se ha calculado que sólo un centenar de civiles se vieron envueltos en las luchas[30]. Posteriores manifestaciones estudiantiles en la universidad de San Marcos armaron mucho ruido, pero se hallaban igualmente aisladas del sentimiento popular. Es claro que, lejos de creer en la posibilidad de expulsar a Bustamante por medio de la acción civil de las masas, en 1948 Haya de la Torre pensaba que el método más provechoso sería probablemente un golpe militar y dio su apoyo a una propuesta de complot (que nunca se hizo realidad) del ministro de la Guerra, el general Marín, en agosto-septiembre. Cuando la derecha civil empezó a reclamar sin disimulo un golpe militar contra Bustamante la nula disposición del APRA a defender con firmeza el sistema constitucional abrió la puerta a la ambición de Odría.

Con todo, el resultado no fue el que parecía inevitable. Un número creciente de militares intransigentes había pasado a ocupar puestos en el gabinete, pero se encontraba con la obligación de actuar dentro de los límites que fijaba Bustamante. En octubre de 1947 y en enero de 1948, Bustamante se negó a proscribir el APRA, tal como le exigían, aunque en ambas ocasiones reorganizó el gabinete para complacer a la facción militar de Odría. En junio de 1948 se mantuvo firme ante la exigencia que le hizo Odría de desencadenar una represión total y obligó a todo el gabinete, Odría incluido, a dimitir.

En julio de 1948 un golpe con la participación de Odría en Lima y del coronel Alfonso Llosa en Juliaca fracasó rápidamente al actuar Llosa de forma prematura; ni el comandante de la guarnición de Arequipa ni el de la de Cuzco titubearon en lanzar sus tropas contra Llosa. (Indicio de vínculos con la derecha civil fue el hecho de que el manifiesto de Llosa se lo escribió Carlos Miró Quesada en El Comercio)[31]. Sólo unos cuantos de los comandantes de Lima simpatizaron con el intento y es probable que la mayoría de los oficiales o bien se opusiera a un golpe en aquellos momentos o no pretendiera nada más que una breve intervención militar que iría seguida de nuevas elecciones. El frustrado alzamiento aprista de febrero de 1948 había proporcionado a Odría una excusa para quitar a varios simpatizantes del APRA de algunos puestos militares clave, pero no garantizó la dominación de la institución militar por parte de la derecha. Después de librarse de su gabinete derechista en junio de 1948, Bustamante concedió un aumento salarial del 20 por 100 a los empleados del sector público en agosto, introdujo un nuevo programa de «certificado de cambio» en septiembre (intentando con ello que el control de cambios volviera a ser viable) y propuso que se celebraran elecciones para añadir 107 miembros nuevos al Congreso, convertirlo en una asamblea constituyente y romper así el boicot que la derecha ejercía sobre las sesiones. (Es casi seguro que las elecciones hubieran reducido la fuerza del APRA en la Asamblea, y el partido se unió a la derecha para condenar la propuesta de Bustamante). El gobierno lanzó una vez más una ofensiva contra sus enemigos y, examinando las cosas desde nuestra perspectiva, parece posible que, de haber logrado Bustamante que miembros de la élite formaran parte de su gabinete, tal vez hubiera sobrevivido políticamente hasta que el auge de las exportaciones que empezó a finales de 1949 rescatara la economía.

Sin embargo, el levantamiento que tuvo lugar en El Callao en octubre cambió el ambiente dentro del estamento militar. La revuelta había sido militar y no civil; había dramatizado el efecto del faccionalismo dentro de la institución militar y amenazado toda su estructura de disciplina. Gran número de oficiales que antes eran moderados se convencieron ahora de la necesidad de hacer algo en relación con el APRA, no a causa de las actividades civiles del partido, sino debido a su influencia subversiva en la moral y la cohesión de las fuerzas armadas. Odría se trasladó al sur para repetir la estrategia que Sánchez Cerro utilizara en 1930: hacerse con el control en Arequipa y presentar luego un ultimátum al alto mando de Lima para que se uniera al movimiento si quería evitar un choque sangriento que dividía a los militares una vez más. Llegó a Arequipa el 25 de octubre y la revuelta de las unidades locales empezó el 27. Al día siguiente las otras guarniciones del sur se unieron a los rebeldes y dejaron la decisión en manos del alto mando de Lima. Hasta última hora del día 29 no actuaron los comandantes de Lima contra el gobierno, después de un intenso debate en el cual los partidarios de Bustamante se dieron finalmente por vencidos ante la amenaza de una guerra civil. Odría llegó en avión para hacerse cargo del poder el día 30, horas después de que Bustamante fuera obligado a exiliarse en Argentina.

La política económica en el decenio de 1940

En el decenio de 1940 las reglas de procedimiento para la política económica se apartaron de la ortodoxia de la economía de guerra y la popularidad internacional de las ideas de Keynes. Sin embargo, fue más importante el crecimiento ininterrumpido del estado peruano como patrono y proveedor de servicios sociales. Este crecimiento había empezado con la política paternalista de Benavides en la segunda mitad del decenio de 1930 y al principio se había financiado con los ingresos corrientes, que también pasaban por una etapa de crecimiento. Sin embargo, Prado tuvo que hacer frente a presiones mucho más fuertes para que incrementase la nómina del estado y no estaba tan bien situado como Benavides para ofrecer resistencia a tales presiones. La aparición de un creciente déficit presupuestario que se tradujo en expansión monetaria coincidió con presiones inflacionarias que fueron fruto de la segunda guerra mundial.

Más que una estrategia formulada de modo consciente, fue la presión de los acontecimientos la que colocó a Prado y luego a Bustamante ante los dilemas de mediados del decenio de 1940. Ninguno de los dos se sentía políticamente capaz de reducir el ímpetu de los gastos del estado en lo que parecían ser las necesidades urgentes de la sociedad peruana: enseñanza, servicios sociales, creación de empleo. Prado, además, se comprometió en un ambicioso plan de construcción de un complejo estatal para producir hierro y acero en Chimbóte. Pero, a pesar de los aumentos de los impuestos a principios de los años cuarenta, los ingresos disminuyeron progresivamente y se quedaron atrás en relación con los gastos. Prado recurrió a pedir empréstitos en escala cada vez mayor. Un empréstito para la defensa en 1940 fue seguido de otro de 150 millones de soles para obras públicas que concedieron los bancos locales y en enero de 1942 se obtuvo uno de 25 millones de soles del Export-Import Bank de los Estados Unidos para financiar las obras públicas y llenar de nuevo las reservas de divisas extranjeras. Siguieron otros empréstitos internos, entre ellos una cantidad creciente de crédito del Banco Central para cubrir las subvenciones de los precios de los alimentos y los gastos generales del gobierno; esto provocó a su vez la expansión de la masa monetaria e hizo que se acumularan grandes saldos inactivos en los bancos locales. Dado que las críticas de los ortodoxos del déficit se centraban en la proposición de que la expansión monetaria causaría inflación, Prado (y luego Bustamante) se dispuso a reprimir la inflación mediante controles directos de los precios internos y del tipo de cambio.

Estos controles se crearon de forma no coordinada en respuesta a una serie de pequeñas crisis. Aunque en 1946-1948 la política económica de Perú ya se había vuelto heterodoxa e intervencionista en comparación con las normas del decenio de 1930, esto no supuso el abandono de la percepción básica de Perú como economía abierta y basada en la exportación ni dio origen a ningún intento de crear una estructura económica más autónoma. La única excepción visible —el proyecto siderúrgico de Prado— era una pálida imitación de los proyectos estatales que en aquel entonces existían en Brasil y Argentina, promovidos por razones políticas más que económicas, y nunca fue el centro de una opción coherente de estrategia de desarrollo.

El arma principal de Prado para luchar contra la inflación era un tipo de cambio fijo de 6,50 soles por dólar norteamericano que se instauró a mediados de 1940 y se defendió mediante una versión extraoficial de control de cambios acordada con los bancos y los que producían para la exportación[32]. Además, se conservaron y ampliaron los controles de los precios de los artículos de consumo y el combustible que Benavides había impuesto por primera vez al estallar la guerra en septiembre de 1939 y se promulgaron leyes que obligaban a la agricultura comercial a dedicar una proporción mínima fija de tierra productiva al cultivo de artículos alimenticios, con lo cual se intentaba impedir que subiera el precio de los bienes salariales urbanos.

Los problemas de esta mezcla de medidas empezaron a hacerse evidentes durante el período 1944-1945, el último año de Prado en el poder. Cuando el sistema extraoficial de control de cambios ideado en 1941 se vio sometido a la fuerte presión causada por el incremento de las importaciones y por la especulación, Prado anunció su propósito de introducir el control de las importaciones en julio de 1944, pero se vio obligado a emprender la retirada ante la feroz oposición de los intereses comerciales. Con la fuga de capital y la mayor facilidad de obtener artículos para importar en los mercados mundiales, las reservas de divisas extranjeras cayeron hasta alcanzar niveles desesperados antes de finalizar el año 1944, y en enero de 1945 Prado recurrió finalmente a un sistema que equivalía al control de las importaciones.

A mediados de 1945, al acceder Bustamante al poder, este sistema ya había degenerado en el caos y existían listas de espera de hasta dos meses para que las solicitudes se estudiaran siquiera, a la vez que las licencias de importación pendientes superaban a la moneda extranjera disponible. Sólo una recuperación de las exportaciones después de terminar la guerra permitió al gobierno pasar los años 1945 y 1946 sin abandonar el tipo de cambio fijo de 6,50 soles por dólar, lo cual se consideraba imprescindible para conservar el apoyo de los trabajadores y la clase media de las ciudades. (Los intereses exportadores y algunos intereses comerciales de la élite presionaban generalmente para que se procediera a una devaluación). Al finalizar 1946, la presión que volvieron a sufrir las reservas de divisas se hizo ingobernable y se introdujo un mercado cambiario doble en el cual se conservó el tipo oficial fijo para las importaciones «esenciales» (entendiéndose por «esenciales» las que por razones políticas no era aconsejable tocar) a la vez que otras transacciones eran relegadas a un mercado libre en el cual el sol se depreció inmediatamente en un 50 por 100[33].

En el año siguiente la inflación abrió una brecha en los controles. Durante 1947 el índice de precios al por mayor subió bruscamente en un 35 por 100 al tiempo que los precios al por menor aumentaban en un 29 por 100 al derrumbarse el sistema de control de precios y aflorar a la superficie la inflación reprimida de años anteriores. En la mayoría de los sectores económicos que servían al mercado local, los productores intentaron recuperar sus márgenes de beneficios por medio de aumentos de precio y los salarios reales se replegaron. De esto se percataron rápidamente los trabajadores, toda vez que los precios de los alimentos marcharon a la cabeza de la inflación de precios de 1947 y las demandas salariales nominales subieron de acuerdo con ello.

La subida de los salarios reales, la continuación de los controles de precios, el aumento del coste de los materiales importados de conformidad con el tipo de cambio en el mercado libre y las pérdidas que sufrieron los exportadores (que se hallaban de modo implícito en la necesidad de vender sus ganancias de divisas extranjeras al Banco Central de acuerdo con el tipo oficial, que era bajo) contribuyeron a restringir la rentabilidad en el sector capitalista privado. En febrero de 1946, además, el Congreso aprobó incrementos de los impuestos directos. El capital privado tal vez habría aceptado estas presiones en un contexto de crecimiento rápido, o de haber tenido la sensación de que la élite controlaba el gobierno (como ocurriera cuando Prado subió los impuestos a principios de los años cuarenta). En 1947, sin embargo, no se daba ninguna de estas dos condiciones. El crecimiento en dicho año disminuyó hasta situarse en un 2 por 100 incluso según cálculos optimistas, y la inversión descendió en un 25 por 100. Una mala cosecha de caña de azúcar había recortado las ganancias exteriores hacia finales de 1946, y en 1947 se perdió parte de la cosecha de arroz, lo cual obligó al gobierno a importar grandes cantidades de alimentos. La lucha por impedir que subieran los precios de los alimentos llevó a la concesión de importantes subvenciones que se financiaron con créditos del Banco Central, y el gobierno, en un intento de impedir que estos créditos alimentasen la inflación, impuso fuertes controles del crédito que empeoraron la posición de la empresa privada. En esta etapa el sector empresarial peruano se volvió definitivamente contra el régimen de Bustamante y se dispuso a subvertir su política económica. Señal de que los tiempos cambiaban fue el hecho de que la oligarquía recurriese a las presiones económicas en vez de al tradicional golpe de estado. La campaña contra Bustamante fue la primera de varias aplicaciones parecidas de la fuerza económica para presionar al gobierno peruano que se vieron durante las treinta años siguientes.

Bustamante, tratando de moderar la expansión monetaria, accedió a suprimir las subvenciones de los productos alimenticios (exceptuando el trigo) en enero de 1948. Tanto las presiones inflacionarias como la agitación laboral disminuyeron durante la primera mitad de 1948, pero la balanza de pagos continuó empeorando. En dicho año ya se admitía de forma general que el tipo de cambio oficial estaba sobrevalorado; la adopción en las postrimerías de 1946 de un tipo de cambio doble no había hecho más que traer nuevas distorsiones y fomentar la especulación contra el sol. Como es natural, toda persona que tuviera divisas extranjeras para vender intentaba venderlas en el mercado libre o en el mercado negro, en vez de venderlas a través del Banco Central como estaba ordenado. En abril de 1948, el grupo de los que producían para la exportación, con Augusto Gildemeister al frente, empezó a utilizar sus divisas extranjeras para traer importaciones ellos mismos, en vez de vender dichas divisas al Banco Central con el fin de que financiase las importaciones «esenciales». La respuesta del gobierno fue un programa de certificado de cambio que, en realidad, obligó a los exportadores a entregar al Banco Central el 65 por 100 de sus ganancias de exportación ateniéndose al tipo oficial[34].

Bustamante, pues, caminaba hacia un enfrentamiento frontal con la oligarquía por continuar con una política que estaba muy sesgada contra los exportadores y a favor de los consumidores urbanos. En esta etapa los consejos del recién creado Fondo Monetario Internacional (FMI) sustentaban la política de Bustamante, aunque el FMI consideraba que los controles de cambios eran una estrategia de transición que debía seguirse hasta que fuera posible hacer que el tipo de cambio descendiera ordenadamente. También por consejo del FMI, en septiembre de 1948 Bustamante autorizó la subida del coeficiente de reservas para los bancos comerciales, medida que tenía por fin restringir el crecimiento monetario y poner obstáculos a la fuga de capital pero, como es natural, molestó a los intereses financieros (entre ellos a la familia Prado).

El FMI se mostró comprensivo con los problemas de Bustamante, pero no puede decirse lo mismo de un equipo económico norteamericano, la misión Klein, que visitó Perú y trabajó en estrecha colaboración con la camarilla derechista Gildemeister-Beltrán y que en 1948 se declaró muy a favor de la total desregulación de la economía, incluida la adopción de un tipo de cambio flotante[35]. La misión Klein formaba parte de la estrategia de presión económica que empezaba a aplicarse al gobierno. Los exportadores diferían la recepción de las ganancias de moneda extranjera y los importadores adelantaban los pagos en previsión de una posible devaluación. Respondiendo a esta presión especulativa, Bustamante impuso sobretasas en divisas a las importaciones, lo cual aumentó la complejidad de las disposiciones sin resolver el problema básico de las escaseces. Las presiones de la misión Klein y de los Beltrán a favor de una solución basada en el mercado libre empezaron a ganarse el apoyo de muchos otros grupos que estaban comprobando que las desventajas de las escaseces permanentes pesaban más que los beneficios de la baratura del tipo de cambio oficial.

El derrocamiento de Bustamante puso fin a esta época de experimentación con los controles y el racionamiento como medios de estabilizar la economía peruana. Sin embargo, hay que recalcar que la estrategia de control de cambios nunca tuvo por objetivo crear un clima favorable a la industrialización substitutiva de las importaciones; los objetivos del gobierno eran contener el coste de la vida más que fomentar otro modelo de desarrollo. Los fabricantes, al igual que todo el mundo, tenían que hacer cola para obtener las baratas divisas extranjeras «oficiales», o, en caso contrario, recurrir al mercado libre, que era caro; no se daba prioridad alguna a las importaciones de bienes de producción o de capital esenciales, y en 1945 Prado había ligado la estructura de los controles de la importación a la estructura de importaciones reales creada en 1944, la cual bloqueaba todo movimiento hacia la substitución de las importaciones de artículos de consumo. En la medida en que Bustamante suavizó esto, fue con el fin de incrementar la asignación de divisas para importar artículos alimenticios en vez de materiales industriales. El único objetivo constante que la política tuvo durante el período fue subvencionar el consumo urbano[36].

La dictadura de Odría, 1948-1956

El general Manuel Odría subió al poder con el fuerte apoyo de la derecha civil y con la aquiescencia de la mayor parte del estamento militar. Es claro que la derecha albergaba la esperanza de poder repetir la experiencia de 1930-1933, es decir, que Odría se dedicase a la represión del APRA y del movimiento obrero mientras los conservadores civiles se hacían cargo de la gestión de la economía y eliminaban el sesgo contrario a la exportación que mostraran los dos regímenes anteriores. Y, de hecho, eso pareció que sucedía durante los primeros meses. Pedro Beltrán fue nombrado director del Banco Central cuando aún no había transcurrido una semana desde el golpe; se puso en marcha una campaña a gran escala contra el APRA, se proscribió el Partido Comunista, se abolieron las licencias de importación y las sobretasas en divisas y se liberalizó el sistema de control de cambios. A comienzos de 1949 el APRA ya se había refugiado en la clandestinidad y Haya de la Torre se encontraba sitiado en la embajada de Colombia (donde se vio obligado a permanecer hasta abril de 1954). La «confianza empresarial» había renacido ante la perspectiva de una política favorable a la élite y se había restaurado la estabilidad política.

El año siguiente, sin embargo, trajo una serie de sobresaltos desagradables. Odría estaba de acuerdo con la derecha civil en que la represión era necesaria, pero sus objetivos iban más allá de la simple destrucción del APRA. Para intimidar a los adversarios del presidente, fuera cual fuese su filiación política, se usaron la pena de muerte para el terrorismo político, decretada en marzo de 1949, y la draconiana Ley de Seguridad Interna del 5 de julio de 1949. A principios de año Odría había anunciado que se celebrarían elecciones a la presidencia y el Congreso en julio, y, en vista de ello, elementos no «odriístas» formaron una organización centrista, la Liga Nacional Democrática, para promover la candidatura del general Ernesto Montagne Markholtz, que había aplastado el intento de golpe derechista del general Rodríguez en 1939 y contaba ahora con el respaldo de la facción moderada de la oligarquía encabezada por Prado.

Pronto resultó evidente, sin embargo, que el compromiso de Odría con los principios democráticos no abarcaba la entrega del poder. El 19 de mayo anunció que (como se esperaba) él mismo presentaría su candidatura a la presidencia con el líder civil conservador Héctor Boza como candidato a la vicepresidencia. Poco después Odría hizo que la Junta Nacional Electoral invalidara la candidatura de Montagne, tras lo cual nadie se opondría a él. Desde las escandalosas elecciones de 1924 y 1929 en tiempos de Leguía, no se había registrado un desprecio tan grande de las reglas que debían gobernar la conducta política. Inevitablemente, la reacción más fuerte tuvo lugar en Arequipa, donde el 13 de junio los estudiantes expulsaron a la guarnición del ejército (evidentemente desmoralizada), se apoderaron de la ciudad y proclamaron presidente al arequipeño Francisco Mostajo (candidato a la vicepresidencia con Montagne). La ciudad fue tomada de nuevo el 16 de junio, después de violentos combates, y la posterior elección simbólica de Odría y un Congreso dócil el 2 de julio tuvo lugar bajo una nube de resentimiento y suspicacia que afligió a los militares tanto como a la élite civil y la clase media.

La derecha también empezaba a darse cuenta de que Odría no era un títere satisfactorio en lo que se refería a la política económica. Después de la primera ronda de liberalización económica en diciembre de 1948, durante casi un año siguió aferrado al sistema de tipo de cambio doble, con sus subvenciones implícitas a los artículos importados para el consumo popular en las ciudades. En defensa de esto, Odría mantuvo una postura fiscal contraccionista que a partir de mediados de 1949 contó con el respaldo de una restricción crediticia a costa de los bancos comerciales, lo cual representó la continuación de la política que Bustamante había adoptado durante 1948 con el mismo propósito, a saber, de aplacar a los trabajadores y la clase media de las ciudades. Odría había empezado a cultivar el apoyo político de las masas y era consciente de que para ello había que proporcionar beneficios materiales a la clase baja. Así pues, las restricciones crediticias de mediados de 1949 fueron acompañadas de un incremento general de salarios al tiempo que un programa a gran escala de obras públicas en Lima y sus alrededores proporcionaba puestos de trabajo (y estimulaba el creciente movimiento migratorio de las zonas rurales a las urbanas).

En 1950 ya se disponía por fin de los recursos necesarios para comprar una tregua en los conflictos de intereses económicos de Perú. La guerra de Corea había empezado y los mercados mundiales de los principales productos de exportación peruanos aumentaban a un ritmo que no había vuelto a verse desde el período 1919-1920. De pronto hubo abundancia de divisas extranjeras, las ganancias de los exportadores subieron, y los ingresos del gobierno aumentaron con ellas, y ninguna restricción pesaba sobre la oferta de importaciones. Ninguna de estas cosas era atribuible a la política de Odría, pero el efecto de las mismas fue asegurar su posición política. El nuevo clima económico y político también fue la causa de una nueva oleada de inversiones extranjeras. La reacción de Odría fue aflojar, en vez de apretar, las condiciones impuestas a las empresas extranjeras en Perú, lo cual tuvo inmediatamente dos resultados: la afluencia de capital subió hasta alcanzar alturas verdaderamente espectaculares y Perú quedó trabado a una política que favorecía mucho a los inversionistas extranjeros y que en el decenio siguiente provocaría serias dificultades políticas (especialmente en el caso de las explotaciones mineras de Toquepala y Marcona).

Detrás de la fachada de prosperidad, los dos puntuales originales del régimen —el ejército y la derecha— ya se habían distanciado de Odría en 1953-1954; el ejército debido al disgusto generalizado entre los oficiales a causa de su papel de aparato represivo de una dictadura visiblemente corrupta, y la derecha por haber perdido el control que antes ejercía sobre la política de Odría. (En cambio, el ala moderada de la oligarquía —encabezada por las familias Prado y Ayulo— se asoció de forma más estrecha con Odría en aquella época).

La pérdida de apoyo entre los militares que sufrió Odría era una indicación de hasta qué punto su forma de gobernar, que era la propia de un caudillo, se había convertido en una anacronismo político en Perú. Cada vez eran más los oficiales del ejército que se oponían a la idea de que líderes militares se comportasen como políticos tradicionales, al tiempo que se sentían atraídos por una nueva forma de ver el estamento militar como una institución comprometida con la ingeniería social. Las nuevas ideas se formularon a partir de 1950 en el CAEM bajo el control del general Parín, antiguo simpatizante del APRA; pero las doctrinas apristas ejercieron muy poca influencia en la nueva ideología tecnocrática de los militares. Más importante fue la idea que nació de la segunda guerra mundial en el sentido de que la preparación de los militares tenía que apoyarse en unos sólidos cimientos económicos y sociales y que la sociedad peruana (especialmente la atrasada sierra, de donde procedía la mayor parte de los reclutas del ejército) tenía necesidad de reestructurarse y modernizarse. Odría, al tiempo que cortejaba el favor de las masas con sus obras públicas y programas de asistencia social, no mostró ningún interés por cambios sociales más fundamentales e hizo caso omiso de los problemas de la sierra, a pesar de las malas cosechas de 1952-1953, que contribuyeron a aumentar el torrente de migrantes que bajaban hacia las ciudades de la costa.

El descontento de los militares se vio reforzado por los problemas de la represión. El apoyo a la destrucción del APRA había sido razonablemente importante entre los oficiales en octubre de 1948, pero después de la extensa purga de noviembre de 1948, las medidas contra el APRA se limitaron a pequeñas operaciones de limpieza y a tener a Haya de la Torre encerrado en la embajada colombiana. A partir de 1949 el principal problema de seguridad para el régimen no fue el APRA, sino Arequipa. En junio de 1950 el ejército tuvo que hacer fuego contra estudiantes y ciudadanos en Arequipa, la menos aprista de las ciudades peruanas. En 1952 la situación en Arequipa volvió a hacerse tensa, con huelgas de estudiantes y un aumento del malestar entre los obreros. En enero de 1953 una huelga general paralizó la ciudad y el prefecto militar (el general Ricardo Pérez Godoy, que en 1962 sería presidente interino) tuvo que restablecer el orden, tarea cuya dificultad se veía acrecentada por el aumento del paro, toda vez que el gobierno Odría en el caso de Arequipa, puso en marcha pocos proyectos generadores de empleo.

Las preocupaciones de la derecha relativas al gobierno nacían principalmente del apego de Odría a un tipo de cambio estable y de su voluntad de que parte de los beneficios de la bonanza de las exportaciones llegara a los obreros por medio de un aumento de los salarios reales[37]. Había más «filtración» de la que querían los capitalistas del sector de la exportación agrícola. Sin embargo, una recesión de las exportaciones que empezó a finales de 1952 ejerció mucha presión sobre el tipo de cambio, y el gobierno permitió a regañadientes que el sol bajase en abril de 1953. Pero esto causó a su vez la movilización de los trabajadores en defensa de los salarios reales. Las huelgas consiguieron un aumento salarial del 20 por 100 para los empleados de banca en abril y para los empleados del gobierno en mayo. Y la presión fue en aumento hasta convertirse en una huelga general al cabo de un tiempo. Además de su evidente incapacidad de controlar el movimiento obrero, Odría no había convencido a la derecha de que aceptaba plenamente la vuelta a una política ortodoxa; había hecho lo que se esperaba de él en el caso de la depreciación, pero con evidente mala gana. En abril de 1954 enfureció a la derecha al permitir que Haya de la Torre abandonase el país y se exiliara. Probablemente fue un gesto calculado para apaciguar al trabajo organizado al propagarse las huelgas, pero Odría despertó con él la misma hostilidad del clan Miró-Quesada que Benavides había sufrido a raíz del asunto Steer en 1935.

En agosto de 1954 se produjo el primer intento de derribar a Odría desde dentro del gobierno; su autor fue el ministro de la Guerra, el general Zenón Noriega, que encabezó en Lima un golpe que fracasó. Desde el exilio, Noriega siguió trazando planes para otra revuelta en Arequipa, de concierto con los Miró Quesada y otros miembros destacados de la derecha. Esta conspiración fue desarticulada en diciembre de 1954, pero su objetivo central, que era impedir que Odría permaneciese en el poder más allá del final de su mandato «constitucional» en 1956, fue reavivado en julio de 1955 por el importante conservador Pedro Beltrán, cuyo periódico La Prensa empezó una campaña sostenida por un amplio espectro de apoyo político (en el que había varios liberales de Arequipa) que pedía el fin de la represión y la convocatoria de elecciones libres. La presión de que era objeto Odría por parte de esta coalición civil se vio reforzada en febrero de 1956 por una revuelta militar en Iquitos al frente de la cual se encontraba el comandante de la guarnición, el general Marcial Merinos Pereyra. El objeto de la insurrección era protestar contra el papel represivo asignado a los militares.

La respuesta de Odría volvió a ofender a la derecha: la rebelión de Iquitos fue aplastada, los líderes de la Coalición Nacional, entre ellos Beltrán, fueron encarcelados y Odría concedió la legalidad de facto al APRA al permitir que el partido celebrase su Tercer Congreso Nacional en marzo de 1956. En abril Odría declaró su apoyo a Hernando de Lavalle (abogado y vicepresidente del Banco de Crédito de los Ayulo), en su candidatura a la presidencia; era claro que tenía la esperanza de recibir apoyo del APRA, y los líderes apristas iniciaron negociaciones con De Lavalle, ofreciéndole el voto en bloque del partido a cambio de la legalización.

Mientras tanto, la aparición de otros dos candidatos planteó un problema a Odría. Uno de ellos era Fernando Belaúnde Terry, que encabezaba el desvencijado nuevo Frente Nacional de Juventudes Democráticos (que más adelante cambiaría este nombre por el de Acción Popular), con una base mal definida de apoyo de la clase media. Odría dispuso que su candidatura fuese anulada por la Junta Nacional Electoral en mayo. El otro candidato era el ex presidente Manuel Prado, que de pronto volvió de Francia y anunció su candidatura. (Al parecer, Prado decidió presentarse a las elecciones en contra de los deseos de su familia)[38]. De haber conseguido De Lavalle consolidar su alianza con el APRA, ninguno de los dos aspirantes a la presidencia hubieran tenido probabilidades de ganar. Sin embargo, el APRA optó ahora por negociar con los tres contendientes, al tiempo que los cálculos de Odría resultaron desbaratados por una serie de manifestaciones que demostraron la popularidad de Belaúnde Terry y obligaron a la Junta Electoral a reconocer su candidatura el 1 de junio, cuando faltaban sólo dos días para la fecha que se había fijado originalmente para celebrar las elecciones. Los comicios se aplazaron hasta dos semanas después mientras tenían lugar intensas negociaciones, después de las cuales Prado y el APRA anunciaron el «pacto de Monterrico» (al que se llegó en las negociaciones celebradas en el domicilio de Odría). Prado legalizaría el APRA y, a cambio de ello, el partido apoyaría a su gobierno y contaría con conquistar el poder en 1962. Con el voto en bloque del APRA y un apoyo considerable de secciones de la oligarquía y la clase media propietaria, Prado logró el 45 por 100 de los votos (margen muy inferior al que le diera la victoria en 1939) y tomó posesión de la presidencia el 28 de julio. Lo último que hizo Odría como presidente fue obtener de Prado el compromiso extraoficial de abstenerse de investigar la corrupción habida durante su permanencia en el poder.

La atmósfera de intriga y de cálculos cínicos que rodeó las elecciones de 1956 no contribuyó a mitigar las luchas internas de las facciones de la élite. Los Miró Quesada, como siempre, se oponían a todo gobierno que estuviera relacionado con el APRA. Beltrán, a pesar de haber respaldado la candidatura de Prado, desconfiaba de su capacidad de gestionar la política económica, en vista de lo ocurrido en el decenio de 1940. Sin embargo, todos los grupos establecidos, incluido el APRA, miraban ahora por encima del hombro hacia el fenómeno de una nueva maquinaria política que estaba capitaneada por Belaúnde Terry y representaba los intereses de los profesionales y los tecnócratas de clase media. Belaúnde Terry había obtenido un respetable 36 por 100 de los votos en 1956 y ya tenía los ojos puestos en las elecciones de 1962. Su ideología estaba bien calculada para que resultase atractiva al nuevo espíritu que existía en el estamento militar (que de 1956 a 1962 se mantuvo escrupulosamente apartado de los asuntos políticos pero luego actuó decisivamente a favor de Belaúnde Terry), y su partido, la Sección Popular, proporcionaba por fin un recambio estable para los intereses y las ideas que Bustamante había representado en 1945.

La segunda Administración Prado, 1956-1962

La segunda Administración de Manuel Prado aportó la base para muchos comentarios que se harían posteriormente en el sentido de que Perú era gobernado de forma directa por una «oligarquía». Este período fue un retroceso a algo que se acercaba a la República Aristocrática de principios del siglo XX, con la participación directa de la élite en el gobierno, los militares apartados firmemente de la política y una mayoría en el Congreso en poder de la coalición gobernante. El período fue extraordinario por su estabilidad política; hasta 1960 Prado hizo frente sólo a un insignificante y fallido intento de golpe (en enero de 1958) y el malestar obrero permaneció callado porque el APRA mantuvo la disciplina de sus sindicatos (aunque no sin excepciones, ya que hubo choques graves a causa de los niveles de personal y la nueva tecnología en las plantaciones de caña de azúcar del norte en 1956-1957, así como una oleada de huelgas a escala nacional en 1958).

El presidente Prado se mostró más interesado por la diplomacia internacional que por los asuntos internos, y, daba la quietud tanto del APRA como de los militares, el gobierno se vio sometido a pocas presiones para que tomase medidas con el fin de resolver problemas sociales o estructurales. Los problemas de la sociedad rural de la sierra pasaron a ser de la incumbencia de terratenientes conservadores a cuya cabeza se encontraba Pedro Beltrán y que logró enterrar el asunto de la reforma agraria durante el mandato de Prado; y a las barriadas de Lima, que estaban en rápida expansión, se las dejó que se valieran por sí mismas, exceptuando la habitual búsqueda clientelista de apoyo por parte del APRA, que, por formar parte del gobierno, podía proporcionar beneficios locales como, por ejemplo, el abastecimiento de agua y el alumbrado público.

El predominio económico de la élite fue también más obvio durante los años de Prado, al madurar el proceso de crecimiento inducido por las exportaciones del decenio de 1950. En los ramos del azúcar, el algodón, la minería a escala media, el petróleo e incluso un par de empresas elaboradoras de harina de pescado, el capital de la élite ocupaba un lugar muy destacado. Además, la élite empezaba a dedicarse a la fabricación en una escala sin precedentes y construía los «grupos industriales» integrados de capital peruano y extranjero que controlaban gran parte de las empresas fabricantes en el decenio de 1960.

Con todo, detrás de la sólida fachada del régimen de Prado se ocultaba una estructura frágil que dependía de un equilibrio delicado entre los intereses de la oligarquía y los de las masas consumidoras. Prado (al igual que Odría y Bustamante antes que él) se vio obligado a tener en cuenta el explosivo malestar urbano que podía nacer de cualquier incremento del coste de la vida o del nivel de paro del sector moderno. Otro factor que le obligaba era el conocimiento de que los militares, aunque desearan vivamente borrar el recuerdo de la represiva era de Odría, eran hostiles a las transparentes ambiciones políticas del APRA. Durante su primer año en el poder, Prado siguió una política económica sosegada que permitió una rápida expansión crediticia y un auge inducido por el consumo, lo cual condujo rápidamente al aumento de las importaciones. De peor agüero fue el hecho de que la expansión crediticia también financiarse un aumento de la fuga de capital cuando parte de la riqueza que la élite acababa de adquirir fue sacada de Perú.

El auge peruano, sin embargo, no duró tanto como se esperaba, ya que en 1957 hubo una fuerte recesión en los Estados Unidos. El gobierno Eisenhower impuso restricciones arancelarias a las importaciones de minerales con destino al mercado norteamericano y empezó a aligerar algunas acumulaciones de mercancías que los Estados Unidos habían formado en un momento anterior del decenio, sobre todo de algodón, cuyo mercado mundial cayó catastróficamente en 1957 debido a la competencia desleal de los norteamericanos. Prado reaccionó con dos años de política monetaria y fiscal deflacionaria que empujó a su gobierno a chocar de frente con el trabajo organizado y demostró que, en último término, Prado carecía de la voluntad o la fuerza necesaria para «estabilizar» la economía de acuerdo con la condiciones impuestas por el FMI. La imposibilidad de destruir el movimiento obrero fue importantísima: el APRA podía frenar a los sindicatos, pero su capacidad no alcanzaba los importantes recortes de los salarios reales, a la vez que los militares no sentían deseos de emprender una represión masiva después de su experiencia con Odría. Así pues, los beneficios de la oligarquía no podían protegerse hasta el final de la recesión por medio de la restricción de los sueldos y salarios. La respuesta de la oligarquía fue la fuga de capital, que el gobierno permitió sin tratar de frenarla. Prado rechazó la imposición del control de cambios directo, y la continua inyección de dinero en la economía por medio del déficit público no consolidado significó que no se pudo adoptar una política monetaria restrictiva para responder al empeoramiento de la balanza de pagos. La creciente crisis económica y política culminó con la caída del gabinete Prado en julio de 1959. Prado se embarcó durante este período en una apertura política a la derecha e introdujo a Pedro Beltrán en el gobierno para que desempeñara el cargo de nuevo primer ministro.

Beltrán fue quien en realidad gobernó Perú de 1959 a diciembre de 1961, momento en que dimitió con el fin de prepararse para las elecciones presidenciales de 1962 (llegado el momento, su esfuerzo por acceder a la presidencia no despegó y ello le empujó a retirarse). Al igual que Benavides en 1933, asumió el control en un momento que era ideal para un conservador, justo cuando empezaba un auge de la exportación de harina de pescado y la economía exportadora peruana entraba en una nueva época de prosperidad. Al crecimiento de la exportación de harina de pescado se sumó un aumento de las ganancias de exportación (y de los ingresos del gobierno) de cobre al iniciarse la producción de la nueva y gigantesca mina de Toquepala, a la vez que nuevos horizontes se abrieron para los productores de azúcar peruanos cuando la revolución cubana eliminó a su competidor más fuerte del mercado estadounidense.

Sobre este trasfondo de fortalecimiento de la balanza de pagos, Beltrán pudo utilizar técnicas contables creativas y una emisión de bonos internos para detener la expansión monetaria. Se elevaron los precios de los productos del petróleo y se eliminaron las subvenciones correspondientes a la carne y el pan. Estos tres años, 1959-1961, representaron la culminación de la hegemonía de la élite en el ciclo de crecimiento posterior a la segunda guerra mundial: tanto la economía de exportación como el gobierno conservador parecían vivir un buen momento. Sin embargo, la impresión de estabilidad era ilusa. En la sierra, el valle de La Convención ya estaba agitado y los campesinos habían empezado a invadir tierras en la zona central. En el terreno político, el APRA y la Acción Popular se estaban preparando para una lucha electoral sobre la cual la oligarquía sólo podría ejercer una influencia sumamente tenue. En la economía, a pesar del rápido crecimiento de indicadores tales como el PNB o las ganancias de exportación, la tasa de acumulación de capital había iniciado un descenso inexorable que continuaría durante todo el decenio siguiente[39]. El antiguo régimen peruano no había desaparecido por completo en 1960, pero las señales de su inminente fallecimiento eran evidentes.

La política económica en el decenio de 1950

Suele considerarse que la substitución de Bustamante por Odría en 1948 fue un momento decisivo en la política económica de Perú: el paso de un período de controles y racionamiento a otro «ortodoxo». Con todo, es importante no exagerar la rapidez de esta transición. Hasta noviembre de 1949 (un año después del golpe) no aceptó Odría un tipo de cambio unificado y flotante, a instancias de la misión Klein, e incluso entonces doró la píldora decretando un nuevo programa de seguridad social para los empleados y utilizando rígidos controles del crédito para frenar el tipo de cambio del mercado libre, ante las fuertes protestas de los que producían para exportar y de Pedro Beltrán, que dimitió de su cargo en el Banco Central en marzo de 1950 después de fracasar en el intento de persuadir al gobierno de suavizar las condiciones monetarias y permitir con ello la caída del tipo de cambio.

El auge económico de la guerra de Corea permitió a Odría adoptar una política expansionista sin que ello amenazara el tipo de cambio, pero cuando los mercados de exportación volvieron a bajar en 1952 y el superávit de la balanza comercial se esfumó, Odría se encontró ante el conocido dilema que se les había planteado a Prado y a Bustamante. Proteger el tipo de cambio requería o bien la deflación interna de la demanda o la imposición de controles directos. Si no se adoptaba ninguna de estas dos medidas, el debilitamiento de la balanza de pagos provocaría el descenso del tipo de cambio. La depreciación de la divisa seguía siendo una medida muy impopular entre los trabajadores y empleados organizados. También se oponían a ella los fabricantes y el próspero ramo de la construcción urbano (ambos dependían cada vez más de la importación de materiales y maquinaria). La impopularidad de los controles era universal después de la desastrosa experiencia habida bajo Prado y Bustamante. La deflación presentaba el obvio riesgo a plazo medio de incrementar el desempleo, pero era la solución más fácil para Odría y en diciembre de 1952 el gobierno tomó una serie de medidas encaminadas a reducir la demanda interna al tiempo que buscaba (sin mucho éxito) empréstitos extranjeros que incrementasen las reservas de divisas. En abril de 1953 la depreciación del tipo de cambio ya era inevitable, pero el gobierno seguía tratando de minimizarla por medio de restricciones fiscales y monetarias cuyo objetivo era reducir las importaciones y la fuga de capital. La continua recesión de las exportaciones, sumada a la presión especulativa del sector comercial y de la élite exportadora, provocó un descenso ininterrumpido del tipo de cambio cuyo resultado fue una depreciación del 20 por 100 durante el período 1953-1954, a la vez que la política restrictiva del gobierno chocaba con los habituales problemas de la estabilización tipo FMI[40]. Por suerte para Odría, la recesión de las exportaciones no se prolongó más allá de 1953 y la reanudación de un crecimiento rápido hizo que el tipo de cambio volviera a subir en 1954. En esta etapa el gobierno (aconsejado ahora por los intereses bancarios de Prado y Ayulo) aprovechó la oportunidad para introducir nuevamente un tipo de cambio fijo, lo cual hizo inevitable que se repitiera toda la consabida batalla en torno a la devaluación cuando se produjo el siguiente descenso tres años después, en 1957-1959.

La «ortodoxia» de la política económica de Odría era, pues, una ortodoxia de tipo especial que correspondía a la prescripción del FMI para la defensa del tipo de cambio en los momentos de crisis por medio de la deflación interior[41]. Los argumentos que adujeron la misión Klein y Pedro Beltrán a finales del decenio de 1940 y comienzos del de 1950 a favor de dejar que el ajuste de la balanza de pagos dependiera de la flotación libre del tipo de cambio, al tiempo que la economía interior conservaba su tendencia al alza gracias a lo política monetaria, representaban otra manera de concebir la ortodoxia económica. Este debate del decenio de 1950 resucitó los problemas que habían dividido a la oligarquía durante la depresión y enfrentó a los defensores de la moneda fuerte con los partidarios de la flexibilidad de los precios.

Antes de que transcurriera un año desde que Prado fuese elegido en 1956, la recesión internacional produjo una crisis de confianza y una baja en la economía peruana. Las ganancias del algodón, uno de los soportes principales del gasto de consumo popular, cayeron al tiempo que la especulación contra el tipo de cambio producía la fuga de capital, con la consiguiente reducción de la masa de dinero nacional acompañada de la acentuación de la recesión. Para defender el tipo de cambio sin recurrir a controles, el gobierno adoptó una postura fiscal restrictiva. Sólo el leal apoyo del APRA impidió que estallaran serios desórdenes laborales en el último trimestre de 1957. Mientras tanto, la sequía dio por resultado malas cosechas en la sierra y en las plantaciones de caña de azúcar de la costa. El FMI, cuyo consejo se recabó a finales de 1957, dijo a Prado que cerrase las escotillas y esperase que las exportaciones se recuperaran. Se concedió un importante crédito de ayuda para defender el sol con la condición de que se restringieran el déficit presupuestario, la masa monetaria y los salarios reales. A pesar de ello, el tipo de cambio empezó a caer ante la fuga de capital. Durante el año siguiente la política deflacionaria del gobierno empujó la economía hacia una recesión cada vez más honda, sin lograr impedir la continua depreciación del tipo de cambio. El trabajo organizado consiguió defender el nivel de vida obteniendo incrementos periódicos de los salarios y los sueldos que el gobierno decretaba con el fin de compensar el alza de los precios resultante de la depreciación de la divisa; estos incrementos mantenían la restricción de los beneficios de los que producían para la exportación a la vez que empujaban al gobierno hacia una financiación deficitaria para pagar su creciente factura salarial. La expansión monetaria resultante de ello financió un aumento de la fuga de capital, que el gobierno facilitó al pedir empréstitos en el extranjero y abstenerse de toda forma de control de cambios. Tratando de conseguir una reducción del déficit, el gobierno recortó mucho sus gastos de inversión e intentó (en abril de 1959) cobrar nuevos impuestos, pero el APRA se opuso a ello y no fue posible obtener la aprobación del Congreso. Los bancos acabaron provocando una explosión del crédito en mayo-junio de 1959, al tiempo que las huelgas conseguían una nueva ronda de incrementos de los sueldos y los salarios[42].

Así pues, en 1959 ya estaban presentes todos los ingredientes para una crisis económica completa. Al igual que en 1949 y 1953, sin embargo, la fuerza subyacente de la economía exportadora de Perú mitigó los problemas del gobierno una vez hubo pasado la recisión a corto plazo de la economía mundial. De 1959 a 1962 los volúmenes de exportación crecieron en un 21 por 100 anual y el PNB, en casi un 9 por 100[43]. Las exportaciones de harina de pescado y de cobre libraron a Prado y a su recién nombrado primer ministro, Beltrán, del explosivo malestar urbano y la consiguiente vulnerabilidad política que podrían haber sido el resultado de la continua imposición de severas medidas estabilizadoras.

CONCLUSIÓN

Entre 1930 y 1960 la oligarquía peruana conservó su hegemonía en el sentido de que (junto con el capital extranjero) controlaba las alturas desde las cuales se dominaba la economía y, en general, podía hacer frente, por medio de la cooptación o la represión (o ambas cosas a la vez), a los ataques políticos contra su posición. Como clase dirigente, sin embargo, no produjo ningún líder excepcional ni un partido político duradero que hiciera de vehículo de sus intereses. Por consiguiente, el control que ejercía sobre el aparato del estado era tenue y dependía mucho de la tolerancia o la buena voluntad de los militares. Al mismo tiempo, no existían en Perú otros factores políticos de carácter nacional que fuesen capaces de articular nuevas estrategias económicas y sociales en beneficio de alguna clase o grupo de clases coherentes. Esto fue especialmente notable en el decenio de 1930. Mientras otros países del continente hacían experimentos con la substitución de las importaciones, los controles de cambios, la política redistributiva de signo populista y varias formas de planificación, Perú tropezó con estas cosas (suponiendo que tropezara con ellas) tarde y según las circunstancias. La catastrófica gestión de la economía bajo Bustamante, de 1945 a 1948, es el ejemplo más evidente de esto, toda vez que en 1945 existía una clara oportunidad política para que la coalición APRA-FDN promoviese una política nueva. En vez de ello, el papel que el APRA optó por asumir en aquellos años parecía pensado más para precipitar el fracaso de la administración Bustamante que para ejercer un poder real en la formación de un política positiva. Esta abstención contribuyó a su vez en gran medida a la fuerza y el éxito de la reacción encabezada por Odría en 1948, ya que para entonces no parecía existir, para los peruanos con conciencia política, una forma viable de substituir el conservadurismo ortodoxo.

El APRA veía el poder del estado de una manera principalmente instrumental, como medio de acceder a la influencia y el patronazgo en los niveles inferiores del aparato del estado en vez de asumir el mando del sistema desde la cumbre. En la política de nivel local, en la organización de los conflictos de la comunidad campesina con los terratenientes, o en las campañas de los habitantes de las barriadas para pedir servicios públicos, o en los intentos de los sindicatos de oponer el estado a sus patronos, el APRA desempeñó un buen papel. El partido poseía un nutrido cuadro de profesionales, especialmente abogados y maestros, que se utilizaron de modo eficaz en el Perú rural y suburbial durante los decenios de 1940 y 1950; tenían miembros activos entre los empleados del aparato del estado (incluidos bastantes de ellos en las fuerzas armadas), y tenía su grupo violento, los llamados «búfalos», para dominar la situación en los bajos fondos de la política con sus sistemas de chantaje para vender protección y su competencia en pos de puestos en los sindicatos. La eficaz explotación de esta maquinaria de patronazgo entre las masas del partido fue lo que hizo a éste grande y poderoso, en vez de ser estas cualidades fruto de su postura ideológica o de las declaraciones de sus congresistas o sus candidatos a la presidencia.

La historia política detallada del período revela un mundo fluido de maniobras oportunistas, con una «oligarquía» dividida tanto por las rencillas entre facciones como por los conflictos entre sectores. Como se ha sugerido antes, si la hegemonía de la élite sobrevivió, fue debido no tanto a alguna fuerza intrínseca de la «oligarquía» como a la fragmentación y la debilidad de otros posibles aspirantes al poder. No obstante, los imperativos de la supervivencia (completamente aparte de algún papel a largo plazo del estado en la protección del modo de producción capitalista) obligaron a los políticos y los administradores a prestar atención a las exigencias de los grupos de la clase trabajadora y los empleados, los intereses regionales, las empresas extranjeras e incluso, en raras ocasiones, del campesinado de la sierra. En general, la respuesta del estado fue complacer a tales grupos si ello era posible proporcionándoles una parte de los despojos del crecimiento inducido por la exportación, pero combinando semejante cooptación, si hacía falta, con cierto grado de represión.

De los elementos que aspiraban al poder y no pertenecían a la élite los más constantes y eficaces fueron los miembros de la clase media profesional de Arequipa, que por su firme (aunque no del todo desinteresada) defensa de los principios constitucionales se convirtió en una amenaza permanente y en repetidas ocasiones llevó a sus representantes hasta las inmediaciones del poder nacional (sin proporcionar el grado de apoyo de clase y de organización política que hubiera sido necesario para sostenerlo en el control del estado). También eficaz, pero menos constante, fue el estamento militar, que a partir del decenio de 1930 empezó a dar muestras de una independencia creciente respecto de la élite civil y pasó por un largo proceso de debate político interno, con los consiguientes conflictos, antes de aparecer finalmente como grupo de ingenieros sociales tecnocráticos por derecho propio.

Cabe señalar que el capítulo que aquí termina no ha presentado las habituales interpretaciones de la historia de Perú en los decenios intermedios del siglo XX como una especie de lucha épica entre el APRA y la oligarquía, o entre el gobierno militar y el civil. Estos temas se han exagerado en las obras que tratan de Perú y han impedido ver el carácter y la dinámica reales de la vida política peruana. En las maniobras y las luchas internas de la política criolla, el APRA no era más que uno entre varios actores, y raras veces el más importante de ellos (aunque a menudo el que más se hacía oír). La clave de la historia política de este período era la dificultad de consolidar alguna coalición política viable, en vez de ser una lucha mítica entre adversarios definidos claramente y bien situados. El asunto de si el presidente era de origen militar o civil tenía mucha menos importancia que la cuestión de cómo presidentes distintos llevaban a cabo el perenne ejercicio de equilibrio entre el poder determinado de la élite (en el sentido de que generalmente podía derribar un gobierno cuando se lo proponía) y la inevitable necesidad de aplacar el malestar de las masas por medio de concesiones materiales (aumentos salariales, obras públicas, subvenciones a los artículos alimenticios). Ni siquiera el control del estado permitía en modo alguno controlar también los acontecimientos. Así pues, la clase dirigente tenía sólo una capacidad limitada en lo que se refería a dar forma a la dirección que seguía la sociedad peruana. La política económica logró mantener un decidido compromiso con el laissez faire y la economía basada en la exportación; pero a la larga no fue posible controlar algunos elementos clave de la historia, especialmente la economía mundial y el campesinado de la sierra. Dicho de otro modo, gran parte de la historia de Perú se hizo en el exterior de la esfera de la política nacional oficial.

Capítulo 2
PERÚ, 1960-c. 1990

Después de 1960 Perú experimentó cambios importantes en su estructura social, la participación política se amplió e intensificó de manera notable y se hicieron grandes avances en la integración nacional de los campesinos, así como de las clases media y obrera urbanas, que se caracterizaban tradicionalmente por la fragmentación y la marginación política. Al mismo tiempo, tuvo lugar una serie de cambios en el régimen político, que pasó de un sistema oligárquico a otro democrático de base relativamente amplia. Sin embargo, las relaciones entre el estado y la sociedad adquirieron un carácter conflictivo por cuanto la «inclusión» política fue acompañada de medidas «exclusionarias» en el campo socioeconómico que obstaculizaron la tarea de democratizar y nacionalizar la sociedad y la política.

Después de la segunda guerra mundial, Perú había vivido un breve período de transición democrática que terminó en 1948 al producirse el golpe militar capitaneado por el general Manuel Arturo Odría. La dictadura de Odría (1948-1956) preparó el terreno para un incremento de la participación del capital norteamericano en la economía a resultas de la cual aumentaron las exportaciones tradicionales y se alcanzaron elevadas tasas de crecimiento del producto interior bruto (PIB). (Durante el período comprendido entre 1950 y 1967, las exportaciones crecieron en un 7 por 100 anual —comparado con el 4 por 100 del conjunto de América Latina— y el PIB subió en un 6 por 100 anual. En 1965, el 47 por 100 de las exportaciones eran producidas por compañías norteamericanas, y el 62 por 100 del capital financiero era controlado por bancos de la misma nacionalidad). Odría procuró granjearse el apoyo de las clases baja y media urbanas en un intento de debilitar la base social de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el enemigo tradicional de la coalición oligárquica. Con los recursos fiscales que obtenía de las exportaciones, el régimen estimuló el gasto público para el desarrollo urbano y el empleo público y, al mismo tiempo, controló los precios de los alimentos y las importaciones subvencionadas de productos alimenticios, aumentando así la demanda urbana y el desarrollo de la industrialización destinada a sustituir las importaciones. La política agrícola erosionó el control que los terratenientes tradicionales ejercían sobre la población campesina indígena y puso de manifiesto el carácter anacrónico de su dominación. Por último, como el desarrollo capitalista se centraba principalmente en las regiones urbanas y costeras, sobre todo en Lima, incrementó de manera drástica las diferencias y las oportunidades económicas y sociales entre las regiones. Junto con las presiones demográficas, estos factores fomentaron dos procesos que transformaron el tejido social. En primer lugar, surgió un amplio movimiento de campesinos indígenas, centrado en la sierra, que estaba decidido tanto a recobrar las propiedades que los terratenientes habían arrebatado a las comunidades indias como a poner fin a la explotación y dominación política que ejercían tradicionalmente. Este movimiento se extendió por todo el país y representó el fin del aislamiento de los campesinos, que irrumpieron en el escenario político y destruyeron el marco clientelista-oligárquico de la organización del estado. En segundo lugar, estos cambios intensificaron la migración de las tierras altas a la costa y de las zonas rurales y urbanas de esta región a Lima. Aunque al principio los migrantes eran terratenientes y miembros de la tradicional clase media provincial, más adelante también hubo campesinos entre ellos. Esta migración interna modificó el esquema demográfico del país: mientras que la población establecida en centros urbanos de más de cinco mil habitantes comprendía el 21 por 100 de la población total en 1940, alcanzaba el 38 por 100 en 1961, el 49 por 100 en 1972 y el 65 por 100 en 1990. Si bien la media de crecimiento de la población rural fue del 1,3 por 100 entre 1940 y 1961, descendió al 0,72 por 100 entre 1961 y 1972, mientras que el crecimiento urbano fue del 4,1 y el 5,6 por 100, respectivamente, durante los mismos períodos.

A medida que el crecimiento económico y la política del gobierno Odría empezaron a cambiar la estructura social, abrieron un camino nuevo para el desarrollo político de la sociedad peruana. Odría intentó independizarse políticamente de sus seguidores originales y crear una especie de populismo parecido al de Perón en Argentina. Los partidarios del golpe que le había llevado al poder en 1948 atacaron al dictador y exigieron el retomo al «imperio de la ley», que haría posible formar un gobierno constitucional al amparo del cual recuperarían el control pleno del estado. El diario La Prensa, defensor de los intereses de los exportadores, movilizó la oposición y con el beneplácito del clandestino Partido Aprista obligó a Odría a convocar elecciones en 1956. De manera simultánea, las diversas facciones oligárquicas entablaron negociaciones con los líderes del APRA, que decidieron apoyar a Manuel Prado para la presidencia a cambio de la instauración de lo que daría en llamarse «coexistencia política». El resultado fue que Prado ganó las elecciones de 1956 con los votos de los apristas.

Las reglas implícitas del nuevo régimen constitucional eran que el APRA abandonaría su postura radical para convertirse en una «leal oposición», a la vez que el grupo gobernante prometía conceder algunos beneficios sociales a los sectores urbanos organizados por el APRA, instaurando así una política de «incorporación segmentaria». Para el grupo dominante que apoyaba este experimento, la supervivencia del régimen de dominación oligárquica en una situación de urbanización y movilización rápidas sólo podía lograrse cooptando a los líderes apristas, a quienes se encomendó el control de las exigencias sociales y la contención del comunismo, que iba en ascenso. Había una amenaza implícita de hacer que el ejército interviniese una vez más para reprimir al APRA si el partido ponía en peligro las nuevas reglas del juego político.

Por su parte, el APRA, y en particular su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, quedó convencido de la necesidad de consolidar un sistema institucional que les permitiera completar y acabar obteniendo el poder en las siguientes elecciones. Haya de la Torre opinaba que no era posible sostener, como en el decenio de 1930, que «sólo el APRA salvará a Perú», toda vez que esta postura no había hecho más que conducir a la clandestinidad política y la ineficacia. Asimismo, Haya de la Torre pensaba que la urbanización y la industrialización eliminarían el carácter «feudal» de la sociedad y facilitarían la aparición de una nueva clase gobernante que le daría la oportunidad de unir a las élites y las masas en una coalición. La «popularización del capitalismo» eliminaría las tendencias radicales que estuvieran presentes en el partido mismo y en la sociedad.

Sin embargo, desde el principio del pacto de coexistencia, nuevas fuerzas políticas rechazaron abiertamente la política aprista, que contradecía su tradicional postura antioligárquica y antiimperialista. La población peruana iba organizándose progresivamente a la vez que se creaban nuevos cauces de participación social y política. Los movimientos campesinos exigían la reforma agraria, créditos y servicios públicos al gobierno. La gente que emigraba a las ciudades costeras, especialmente a Lima, ocupaba tierras públicas y privadas para construir sus hogares en ellas y ejercía presión sobre las autoridades para que les suministrasen agua, electricidad, transportes, servicios de sanidad, educación y empleo. La clase obrera, que ahora era más numerosa y estaba mejor organizada, exigía al gobierno que reconociese sus derechos a una mayor participación en la economía y a los servicios sociales que proporcionaba el estado. La clase media, que crecía rápidamente, añadió su voz a estas exigencias e insistió en que se aumentaran las oportunidades de educarse para poder optar así a los puestos de trabajo que se estaban creando en el sector público. Los nuevos capitalistas industriales buscaban la protección del estado mediante la subida de los aranceles y la ampliación de las facilidades de crédito. Todos estos grupos sociales nuevos pretendían satisfacer sus necesidades por medio de la intervención del estado y el incremento del gasto público. La vida política se centraba en el papel primordial del estado.

Se hicieron intentos de integrar a los campesinos movilizados, la clase obrera y la clase media profesional, así como los nuevos industriales, en torno a una plataforma nacionalista y reformista que integraban el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Social Progresista y Acción Popular (AP). En el plazo de pocos meses, AP obtuvo el apoyo de un tercio del electorado. En los años siguientes se produjo la escisión de un grupo de apristas radicales que abogaban por la necesidad de llevar a cabo la revolución antiimperialista y antifeudal que Haya de la Torre había propuesto en otro tiempo. Siguiendo el ejemplo de la revolución cubana, el grupo escindido formó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que se unió a otros grupos izquierdistas nuevos. Durante este proceso, el APRA empezó a perder el control político que ejercía en los sindicatos y las universidades. De hecho, la movilización política de la sociedad peruana durante los años sesenta favoreció la asociación de la clase obrera y los universitarios con los grupos reformistas e izquierdistas, a los que hizo paladines del «cambio estructural».

La plataforma reformista se basaba en una diagnosis que, en términos generales, era la misma que Haya de la Torre había ofrecido en 1930. El subdesarrollo y la extrema pobreza de la mayoría se atribuían a la persistencia de una estructura agraria arcaica, a la apertura excesiva de la economía al capital extranjero y al control monopolístico del crédito, todo lo cual era el resultado de la concentración del poder entre «cuarenta familias» aliadas con varias compañías norteamericanas dedicadas a la minería y la agricultura. Todo intento de corregir esta situación tendría que incluir una redistribución de la riqueza y la renta con el fin de ampliar el mercado interior y crear un capitalismo independiente, lo cual era el punto de vista por el que abogaba la influyente Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas. Para alcanzar esta meta, era necesario llevar a cabo reformas estructurales: la propiedad agrícola debía reestructurarse y basarse en cooperativas, comunidades indígenas así como propiedades pequeñas y medianas. Mediante la participación activa del estado en el desarrollo industrial, se concedería a los obreros una parte de los beneficios de las compañías. Además, se incrementarían las funciones y las capacidades del estado para dar cabida en ellas a la explotación de los recursos naturales y el control de la banca y desplazar a los intereses extranjeros. Finalmente, la actividad económica se organizaría en torno a un plan de desarrollo concebido para armonizar intereses sociales diferentes. Sólo así podría el estado asignar recursos sociales de acuerdo con los intereses nacionales e incorporar a las nuevas clases pacíficamente en el sistema político, lo cual culminaría con la esperada integración nacional y política de la sociedad peruana.

La aparición de nuevas fuerzas sociales y políticas dividió a la tradicional clase poseedora de propiedades y a las instituciones que sostenían al régimen oligárquico: la Iglesia y el ejército. Como la oligarquía no había estado organizada políticamente desde 1919, sus divisiones sólo pudieron identificarse basándose en las posturas que adoptaron los dos diarios más importantes del país. Mientras que La Prensa, el portavoz de los exportadores, recomendaba que se reforzase una economía de mercado, lo cual se suponía que haría que Perú experimentase un «milagro alemán», El Comercio proclamaba la urgencia de una política reformista y nacionalista que a la vez fuese anti-aprista. Sobre este asunto, El Comercio estaba asociado ideológicamente con los nuevos partidos políticos, toda vez que apoyaba la necesidad de efectuar reformas importantes con el fin de superar las dos contradicciones básicas inherentes a la sociedad peruana: la persistencia del no capitalismo ante el desarrollo industrial del país y la creciente subordinación del capital nacional y el estado peruano al gobierno y las empresas de Estados Unidos.

La urgencia de estas reformas, según El Comercio, se basaba en la seguridad nacional, postura que coincidía plenamente con nuevas tendencias que empezaban a aparecer en el seno de las fuerzas armadas. En el exterior, el país hacía frente al peligro del «comunismo internacional» y, al mismo tiempo, a la supuesta política expansionista de Chile. En el interior, el descontento popular fomentaba la difusión y la implantación de ideologías y organizaciones extremistas. Por tanto, sin una política redistributiva que resolviera las diferencias entre el capital y el trabajo, sin un estado que estuviese en condiciones de gestionar la economía y devolver a los peruanos el control que tenía el capital extranjero, la precaria existencia de la nación corría grave peligro. Pero estos cambios sólo podían llevarlos a cabo «desde arriba» personas «progresistas», con la colaboración del ejército. Por esta razón El Comercio atacaba de forma sistemática la «coexistencia» entre la oligarquía y el APRA.

Desde los últimos años cincuenta, también se estaba formando en el seno de la Iglesia una corriente de opinión reformista que proclamaba la necesidad de «cambios estructurales» dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las masas; esta tendencia recibiría más adelante apoyo del Concilio Ecuménico Vaticano II y de conferencias episcopales tanto en Perú como en toda América Latina. Una de las consecuencias principales de esta nueva postura fue la participación de sacerdotes en movimientos campesinos, vecindarios pobres, sindicatos obreros y universidades, así como la creación de organizaciones que se basaban en las ideas que posteriormente se manifestarían en la Teología de la Liberación. Por medio de «cursillos de cristianismo», otros grupos de la Iglesia dirigían sus actividades a los nacientes sectores tecnocráticos de la clase media; los gestores militares y profesionales. En ambos casos el interés de la Iglesia por fomentar el cambio social tenía por objeto limar las aristas en el seno de la sociedad peruana y promover un sentido de solidaridad y comunidad en la vida nacional.

En el ejército tuvieron lugar cambios institucionales e ideológicos que favorecieron su independencia de la coalición dominante y el fortalecimiento de una orientación reformista y nacionalista. Después de la segunda guerra mundial y con el comienzo de la guerra fría, el ejército peruano, como los de otros países latinoamericanos, forjó vínculos estrechos con los militares norteamericanos con el fin de contener el avance del comunismo internacional. Las relaciones técnicas entre las fuerzas armadas peruanas y las norteamericanas incluyeron apoyo material y ayuda en la organización logística que hicieron necesario mejorar la formación profesional de los militares. La modernización de la institución llevaba aparejada una nueva perspectiva estratégica, especialmente en relación con la «guerra total», que exigía un análisis de las realidades peruanas y motivó el rechazo de gran parte de lo que hasta entonces se había tomado de libros de texto franceses. En este contexto se creó el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). Desde el comienzo el CAEM, que reunió a oficiales de alta graduación y personal ejecutivo de los sectores público y privado, emprendió un análisis de los recursos del país. Los estudios resultantes de ello, dirigidos con creciente frecuencia por tecnócratas de orientación reformista, revelaron que Perú, en comparación con otros países de América Latina —principalmente Chile— se encontraba en un alarmante estado de subdesarrollo. Esto empujó a los militares a exigir un desarrollo planificado.

A principios del decenio de 1960, un documento del CAEM declaró: «La triste y deprimente realidad es que en Perú el poder real no lo tiene el brazo ejecutivo, legislativo, judicial o electoral del gobierno, sino los grandes terratenientes, los exportadores, los banqueros y las compañías norteamericanas». La conclusión obvia era que la «nacionalización» y la reorganización de la producción se habían hecho indispensables para mejorar el potencial del país y que era necesario planificar la economía con el fin de garantizar la soberanía nacional.

Hacia los últimos años cincuenta, el ejército experimentó una serie de cambios organizativos cuyo objeto era racionalizar el aparato militar. Uno de los rasgos clave de esta reorganización fue el fortalecimiento del servicio de inteligencia militar, que amplió sus funciones tradicionales después de analizar las guerras de Argelia y Vietnam, la revolución cubana y la construcción del estado de Israel y sus conflictos con los países vecinos. Al mismo tiempo, en los asuntos internos prestó especial atención al movimiento social en las ciudades y en las zonas rurales. El estudio de estas situaciones, junto con los análisis académicos de la insurgencia y la contrainsurgencia efectuados por Estados Unidos, llevó a la conclusión de que la defensa nacional debía verse no sólo como un problema exterior, sino también como un asunto interior. Mientras se consideraba a Estados Unidos el encargado de contener la amenaza soviética en un nivel internacional, el ejército peruano tenía que ocuparse de los países que limitaban con Perú —Chile y Ecuador— y la posible creación de centros subversivos con ayuda de la URSS, los cuales, con el pretexto de la injusticia, podían tratar de atacar la retaguardia del «mundo libre».

Los servicios de inteligencia sacaron la conclusión de que las causas del movimiento social eran que grandes extensiones de tierra pertenecían a un número relativamente pequeño de familias, la pobreza entre los campesinos, el paro en las ciudades, la falta de participación y la alienación política. Así pues, no sólo estaba el país demasiado subdesarrollado para participar en una «guerra total», sino que, además, la población no tenía ninguna identidad «nacional». Tal como señaló un oficial, el país tenía 10 millones de habitantes, pero muy pocos peruanos. Esta diagnosis requería que el ejército participara activamente en la tarea de cambiar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Sólo entonces se identificaría ésta con la nación, concedería legitimidad al estado y opondría resistencia a la subversión.

De esta manera se creó en los altos mandos del ejército una conciencia nacionalista y reformista que era parecida a la postura de El Comercio, la Iglesia y los nuevos partidos reformistas y se oponía a la coexistencia entre el APRA y el bloque oligárquico.

La redefinición de las funciones de los militares se aceleró a finales de los años cincuenta cuando el panorama político se vio dominado por una lucha abierta de carácter nacionalista y antioligárquico. Representantes de los nuevos partidos reformistas atacaron a la International Petroleum Company (IPC) con el pleno apoyo de El Comercio por explotar ilegalmente los recursos nacionales. (La embajada de Estados Unidos y la IPC, en coordinación con otras compañías norteamericanas, organizaron por medio de La Prensa una campaña contra las tendencias reformistas, a las que asociaron con el comunismo). Al mismo tiempo, surgió un poderoso movimiento campesino que ocupó tierras que eran propiedad de la Cerro de Pasco Copper Corporation en la sierra central, a la vez que se declaraban en huelga los trabajadores de las plantaciones costeras de la Grace Corporation. A principios de los años sesenta, una movilización campesina en Cuzco, capitaneada por Hugo Blanco, conmocionó a todo el país y empujó a La Prensa a lanzar una violenta campaña anticomunista y antirreformista con la que pretendía que el ejército se encargara de la tarea de reprimir a los campesinos en particular y a todos los movimientos sociales en general. El ejército, aunque desmanteló el movimiento campesino, estaba cada vez más convencido de que iba a producirse una movilización generalizada y violenta a menos que se hiciera un intento de resolver los problemas sociales del país.

LAS ELECCIONES DE 1962-1963 Y LA PRIMERA PRESIDENCIA DE BELAÚNDE TERRY, 1963-1968

Seis candidatos concurrieron a las elecciones presidenciales de 1962. Los más importantes eran Haya de la Torre (APRA), en su primer intento de ganar la presidencia desde 1931, el ex dictador general Manuel Odría (Unión Nacional Odriísta, UNO) y Fernando Belaúnde Terry (AP). Fue la primera lucha electoral abierta e intensa que tenía lugar desde hacía muchos años. Todos los candidatos se proclamaron dispuestos a promover importantes cambios sociales. Asimismo, Belaúnde Terry insistió en la necesidad de reajustar las condiciones para la entrada de capital extranjero en Perú y, en particular, nacionalizar la IPC, el símbolo de la reivindicación nacionalista.

Ante una posible victoria de Haya de la Torre, que contaba con el apoyo manifiesto del embajador de Estados Unidos, El Comercio emprendió una intensa campaña dirigida al ejército en la que denunciaba la naturaleza fraudulenta de las elecciones debida a la ayuda que el gobierno prestaba al APRA al amparo del pacto de «coexistencia». Aunque ninguno de los candidatos obtuvo el tercio de los votos requeridos, Haya de la Torre ganó los comicios por un escaso margen y el APRA disponía de suficiente fuerza en el Congreso para darle la presidencia. El alto mando militar dejó claro que no permitiría que Haya de la Torre tomara posesión del cargo, por lo que se vio obligado a dar su apoyo a Odría. Pero éste era ahora igualmente inaceptable a ojos de los militares. El 18 de julio de 1962, unos días antes de que terminara el mandato del presidente Prado, los militares le depusieron e instauraron el primer gobierno militar «institucional» de Perú y América Latina.

La junta militar intentó poner en práctica la nueva filosofía del ejército y proclamó su autonomía respecto de las fuerzas oligárquicas: llevó a cabo una reforma agraria en La Convención (Cuzco), el centro de la mayor movilización campesina; creó el Instituto Nacional de Planificación, cuyo objetivo era organizar el desarrollo económico, y anunció la inminente nacionalización de la IPC. Al mismo tiempo, las fuerzas armadas intentaron desmovilizar el movimiento social encarcelando a centenares de sus líderes y confinando a obreros, campesinos, empleados, estudiantes, intelectuales, periodistas y políticos en campos de prisioneros.

Durante el año en que gobernó la junta, la oligarquía y el APRA, el gobierno de Estados Unidos y el nuevo movimiento izquierdista expresaron francamente oposición a su «nasserismo». El aislamiento del gobierno y la división que esto produjo, en especial la amenaza norteamericana de poner fin a la ayuda militar, le obligaron a convocar elecciones en junio de 1963. No obstante, la autonomía declarada de los militares respecto de la sociedad cambió las alianzas políticas que se daba por sentado que formarían los grupos principales. El bloque oligárquico y las compañías estadounidenses ya no podían confiar en que el ejército salvaguardase sus intereses como antes. Los grupos reformistas, sin embargo, descubrieron que podían organizar la «revolución desde arriba» con la ayuda de los militares. Estos, por su parte, se dieron cuenta de que, si volvían a hacerse con el gobierno, deberían tomar medidas mucho más radicales para destruir a los grupos dominantes y obtener así el apoyo de las clases baja y media.

En las elecciones de 1963, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y otros pequeños grupos reformistas formaron una alianza con AP que permitió a Belaúnde Terry obtener una victoria por escaso margen sobre Haya de la Torre y Odría y que fue recibida con euforia por muchos sectores de la sociedad, la Iglesia y las fuerzas armadas. Los campesinos decidieron hacer ellos mismos la reforma agraria y ocuparon grandes propiedades; los obreros organizados protagonizaron una oleada de huelgas con el fin de mejorar su nivel de vida; los estudiantes se organizaron en la «Cooperación Popular» y miles de ellos acudieron a ayudar a los campesinos en el «desarrollo comunitario», lo que permitió a AP penetrar políticamente en el campo; el gobierno pidió a expertos, profesionales e intelectuales que ayudaran a lograr «la conquista de Perú por los peruanos», tal como dijo el presidente Belaúnde Terry. Después de seis meses en el gobierno, Belaúnde Terry convocó elecciones municipales, las primeras en cincuenta años, y la alianza AP-PDC hizo avances considerables. Todo parecía prometer que las esperanzas reformistas se harían realidad y se satisfarían las necesidades de los campesinos, los obreros, la clase media y la nueva clase empresarial.

El proyecto reformista, sin embargo, se encontró ante un obstáculo formidable —que acabó siendo insuperable— debido a la resistencia de la coalición oligárquica. Además, el APRA y la UNO tenían mayoría en el Congreso, mientras que la alianza del gobierno ocupaba el segundo lugar, y al presidente Belaúnde Terry le costó formar alianzas y negociar apoyo congresual a su gobierno. Desde el principio, Manuel Seoane, principal líder del APRA después de Haya de la Torre, junto con varios líderes de AP, hizo hincapié en la necesidad de un acuerdo entre las dos organizaciones, que tenían programas políticos parecidos y juntas representaban el 70 por 100 del electorado. Las barreras internas y externas que impedían una alianza entre AP y el APRA eran, sin embargo, importantes. Si AP se unía a los apristas, tenía que contar con que se vería rechazada por el ejército y El Comercio. Además, el sector radical del partido creía que los líderes apristas se habían «vendido» a la oligarquía y al imperialismo. Desde el punto de vista del APRA, AP era un competidor desleal que había hecho causa común con sus enemigos tradicionales, el ejército y El Comercio, con el fin de bloquear la elección de Haya de la Torre a la presidencia; asimismo, los apristas creían que los acciopopulistas pretendían robarles sus banderas tradicionales y sus activistas. Finalmente, Haya de la Torre se negaba a reconocer a Belaúnde Terry como líder de un movimiento de masas capaz de competir con él.

Así pues, la cooperación política entre los partidos reformistas, el APRA y AP, y el establecimiento de relaciones constructivas entre los brazos ejecutivo y legislativo no se materializaron, lo cual dificultó la consolidación del régimen democrático. En vez de ello, el APRA se alió con el odriísmo, su antiguo enemigo, y formó la «Coalición» que llegaría a controlar el Congreso siguiendo el pacto de «coexistencia» que el APRA había formado con el bloque oligárquico durante el gobierno Prado. Esta alineación nueva provocó otra escisión en el APRA: los líderes de sus juventudes se unieron a los nuevos grupos reformistas y a los grupos embrionarios de la izquierda. A partir de ahora, las nuevas generaciones de las clases obrera y media ya no verían al APRA como un partido revolucionario, o siquiera reformista, y empezaron a abrazar las posturas radicales de la izquierda.

El resultado de la formación de la Coalición fue crear en el Congreso un obstáculo permanente para las propuestas reformistas del ejecutivo, especialmente la Ley de Reforma Agraria y la resolución del asunto de la IPC. La capacidad del Congreso para bloquear las iniciativas del ejecutivo se derivaba de los poderes que le concedió la constitución de 1933: tenía derecho a aprobar y modificar las medidas financieras y a censurar a los ministros y la coalición APRA-UNO usó y abusó de estos poderes durante el gobierno de Belaúnde Terry. Como consecuencia, durante un período de cinco años Belaúnde Terry nombró 178 ministros, 94 de los cuales fueron reemplazados, lo cual alteró seriamente la composición de seis gabinetes. La constitución negaba al presidente la facultad de convocar nuevas elecciones, que tal vez hubieran cambiado la distribución de la representación en la legislatura; ni siquiera tenía el derecho al veto.

Belaúnde Terry se encontró encadenado a la voluntad de la Coalición, que creó una estrategia cuya meta era la rendición incondicional del ejecutivo. El presidente, de hecho, no tenía ninguna alternativa viable. Cerrar la legislatura —el primer poder, como lo llamaba Haya de la Torre— con ayuda militar, tal como sugerían algunos líderes de AP y oficiales del ejército, hubiera significado infringir la ley y ser prisionero del ejército. La otra posibilidad —movilizar a las masas con el fin de obligar a la Coalición a ceder, tal como exigían los líderes radicales jóvenes de su partido— era inaceptable para las fuerzas armadas y El Comercio, porque hubiera provocado desorden e impedido que se llevaran a cabo reformas graduales «desde arriba». En todo caso, semejantes métodos eran contrarios al carácter y el estilo legalistas y aristocráticos de Belaúnde Terry.

Era claro, pues, que el gobierno no podía satisfacer las exigencias del campesinado, así como las de las clases obrera y media. La solución que quedaba era reprimir las exigencias de cambios estructurales y, al mismo tiempo, incrementar el gasto público. De hecho, el gobierno Belaúnde Terry recurrió a reprimir los movimientos obreros y campesinos que se estaban formando fuera de la máquina del partido y la esfera de influencia del APRA, con lo cual reforzó las tendencias izquierdistas radicales entre los estudiantes universitarios, que en 1965 organizaron cuatro focos en un intento fallido de imitar la campaña revolucionaria cubana.

Sin embargo, tanto el Congreso como el ejecutivo aprobaron por separado gastos sociales cada vez mayores, contra la virulenta oposición de La Prensa, subrayando así la independencia de las fuerzas políticas de la Coalición respecto de las clases poseedoras de propiedades. El gobierno de Belaúnde Terry empezó gastando el 11,5 por 100 del PIB, uno de los porcentajes más bajos de América Latina, pero en 1968 la cifra ya alcanzaba el 16 por 100, una de las más altas de la región, especialmente en educación, lo que permitió un crecimiento sin precedentes del número de estudiantes. Entre 1965 y 1967, el déficit presupuestario creció en una media anual del 95 por 100, comparado con el de 1964, porque la Coalición se opuso sistemáticamente a las reformas fiscales. Al mismo tiempo, se decretaron nuevas exenciones de impuestos a favor de la sustitución de las importaciones y se potenció el empleo urbano, lo cual fomentó la emigración de campesinos a las ciudades y fortaleció el carácter agudamente regresivo del sistema fiscal y la distribución de la renta, lo que hizo que Perú fuese una excepción incluso en América Latina.

Asimismo, el volumen de las exportaciones, que había empezado a crecer en los años cincuenta, se estancó en 1965 como consecuencia de la retirada de la inversión norteamericana. Uno de los motivos centrales de las campañas electorales de 1962 y 1963 fue la nacionalización de la IPC, que Belaúnde había prometido resolver en los tres primeros meses de su mandato. La respuesta del gobierno de Estados Unidos consistió en recortar la ayuda que concedía de acuerdo con el programa Alianza para el Progreso y bloquear las inversiones públicas y privadas de capital norteamericano hasta que fuera posible llegar a un acuerdo que la compañía considerase ventajoso. Mientras tanto, a pesar de las airadas protestas de los exportadores, el tipo de cambio se mantuvo igual en un esfuerzo por apoyar el desarrollo industrial y los precios subvencionados de los alimentos, con lo que se causó un nuevo empeoramiento de las condiciones de los campesinos, que se vieron empujados hacia las zonas urbanas. A su vez esto provocó un aumento de las importaciones que el gobierno financió aumentando su deuda exterior de 235 a 680 millones de dólares entre 1963 y 1968; mientras que en 1965 la deuda representaba el 8 por 100 del valor total de las exportaciones, en 1967 ya había alcanzado el 18 por 100.

En 1967 el gobierno se vio obligado a declarar una devaluación del 44 por 100, con lo que causó confusión general y empañó su credibilidad, toda vez que Belaúnde Terry había asegurado repetidas veces al país que no recurriría a la devaluación (que, según dijo, sena una «traición a nuestro país»). Dos meses después el gobierno perdió un escaño en el departamento de Lima ante la Coalición en unas elecciones parciales en las que el candidato de la izquierda obtuvo el 17 por 100 de los votos en unos momentos en que los sindicatos obreros se estaban separando de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), que era controlada por los apristas, y el Partido Comunista había empezado a controlarlos en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

A medida que el gobierno Belaúnde Terry y el sistema político en conjunto iban perdiendo su legitimidad dentro de AP y entre los grupos reformistas, crecía la tendencia a considerar que el sistema parlamentario democrático era una barrera que impedía llevar a cabo cambios estructurales, que sólo serían posibles mediante la acción revolucionaria, o, más bien, la instauración de un gobierno «fuerte» que no se viera coartado por las restricciones parlamentarias. Así pues, en cuanto la derrota de la guerrilla se hizo evidente, las perspectivas de cambio quedaron asociadas con un gobierno militar capaz de radicalizar las medidas tomadas durante el período 1962-1963.

Las crisis económicas, la creciente tendencia de los obreros, los campesinos, los estudiantes y los intelectuales a unirse en un frente izquierdista y la amenaza de injerencia aprista en las fuerzas armadas causaban preocupación en el seno del ejército por la pérdida de su autonomía y la desintegración política general. Además, la decisión de la fuerza aérea de comprar cazas a reacción modernos de fabricación francesa, dado que Estados Unidos se negaba a vender estos aviones a Perú aunque ya los había vendido a Chile, dio origen a nuevas tensiones e incrementó el nacionalismo de las fuerzas armadas.

La aprensión de los militares se agudizó a causa de sucesivas crisis ministeriales, la última de las cuales se produjo en junio de 1968 y sería el acontecimiento decisivo en la caída del gobierno Belaúnde Terry y del dominio de la oligarquía. Sometido a una presión insólita, el presidente recurrió a un gabinete compuesto por «independientes» con la aprobación de Haya de la Torre, que, después de cinco años de obstrucción, ahora se separó del odriísmo e hizo causa común con AP para otorgar al nuevo gabinete «poderes extraordinarios» durante un período de sesenta días. El problema de la gobernabilidad obligó tanto a Belaúnde Terry como a Haya de la Torre a adoptar esta postura arriesgada.

Tal como se había previsto en 1963, el acuerdo entre el ejecutivo y el APRA provocó un marcado realineamiento de las alianzas políticas. El grupo de Odría se escindió y una de las facciones, apoyada por La Prensa, atacó al nuevo gobierno mientras que la directiva de AP también se separaba de Belaúnde Terry y hacía causa común con El Comercio y el ejército para rechazar este pacto «infame».

Como resultado de los poderes extraordinarios que recibió de la nueva mayoría en el Congreso, Manuel Ulloa, el ministro de Economía, pudo elaborar un programa de «ajuste estructural» y una serie de reformas económicas que enfurecieron a los poseedores de tierra y capital. Impuso reformas fiscales que la oposición había denegado durante los anteriores cinco años, restringió la actividad extranjera en la banca, reforzó el papel del estado y de los industriales peruanos en las compañías que se consideraban estratégicas para la economía del país y «nacionalizó» el Banco Central, que hasta ahora había sido controlado por el capital privado. El ministro también intentó controlar y reducir los gastos militares, con lo que encolerizó al alto mando.

Manuel Ulloa refinanció la deuda exterior y logró que el capital norteamericano financiara una inversión de muchos millones de dólares en explotación minera que aseguraría la recuperación del crecimiento de las exportaciones. Esta medida reflejó un acuerdo con la IPC, que en julio de 1968 modificó de pronto su oposición inflexible a las condiciones que el presidente había propuesto cinco años antes. En su mensaje a la nación, Belaúnde Terry anunció que se había resuelto el problema entre el estado y la IPC y prometió a los líderes del Congreso y a los jefes militares que la IPC devolvería los pozos de petróleo que tenía en su poder. En medio de tantos fracasos, esto pareció ser el principio, aunque tardío, de logros gubernamentales concretos.

Sin embargo, una serie de escándalos políticos pronto causó la caída del gobierno. La promesa firmada por el presidente disponía que la IPC devolviese los pozos de petróleo semiagotados que había explotado ilegalmente durante más de cincuenta años y por los cuales debía unos 200 millones de dólares, según algunas fuentes, o 600 millones de dólares, según otras. A cambio de este traspaso, el gobierno accedió a remitir las deudas de la compañía. Además, la refinería seguiría en poder de la IPC, con la condición de que fuese ampliada y renovada. Asimismo, la compañía continuaría ejerciendo su monopolio sobre la gasolina durante un período de cuarenta años, con la opción de renovar la concesión para otros cuarenta años, es decir, hasta el año 2048. El gobierno también concedió a la compañía un millón de hectáreas de tierra selvática para la exploración y la explotación petrolera. Al hacerse público el acuerdo, fue repudiado unánimemente y su efecto fue el de incrementar las exigencias nacionalistas y reformistas de una solución drástica y definitiva del problema de la IPC así como de los problemas que causaban las compañías extranjeras.

Además, unos días después de que se firmara el «Acta de Talara», el director de la State Petroleum Company denunció públicamente que se había retirado la página 11 del acuerdo, que estipulaba el precio que la IPC tenía que pagar por el petróleo a la compañía propiedad del estado. Esta noticia acabó con un gobierno cuya situación ya era precaria. El APRA se negó a aceptar el acuerdo y abandonó a Belaúnde Terry a su suerte. El Comercio lanzó un ataque furioso contra el gobierno y pidió al ejército que se hiciera cargo de la situación. A finales de septiembre, el gabinete se vio obligado a dimitir y sólo después de varios intentos pudo el presidente formar un nuevo gobierno el 2 de octubre. Al día siguiente, un golpe militar que se estaba gestando desde febrero depuso sin ninguna dificultad a un presidente que había perdido toda apariencia de apoyo público, y puso fin —«sin pena ni gloria»— al último experimento dirigido a transformar el régimen oligárquico empleando medios institucionales. Ahora era claro que sería necesario cambiar el sistema político con el fin de introducir cambios estructurales en la sociedad y la economía.

GOBIERNO MILITAR Y «REVOLUCIÓN DESDE ARRIBA», 1968-1975

La incapacidad del gobierno Belaúnde Terry para reformar la estructura social y política de Perú y la aparición de una nueva ideología reformista en el alto mando militar contribuyeron al golpe de estado del 3 de octubre de 1968 y a la formación del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas bajo el liderazgo del general Juan Velasco Alvarado. Los que dirigieron la toma del poder por parte de los militares estaban decididos a tener presentes las lecciones del efímero experimento de 1962-1963 así como del fracaso de Belaúnde Terry. En primer lugar, las fuerzas armadas se convirtieron en pilares autónomos del estado y monopolizaron las actividades gubernamentales e intentaron transformar la política en un proceso puramente administrativo con el asesoramiento de expertos técnicos e intelectuales decepcionados por los partidos políticos y el sistema parlamentario. En segundo lugar, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas decretó una serie de cambios de naturaleza claramente autoritaria, nacionalista y antioligárquica que sacudieron los cimientos de la sociedad. Antes de que transcurrieran seis días desde la toma de posesión, los militares se hicieron cargo del complejo petrolero IPC y dieron comienzo a una serie de nacionalizaciones que transformaron al estado en el principal agente financiero de Perú; la producción de minerales e hidrocarburos, la electricidad, los transportes, la pesca y el comercio exterior pasaron a manos del estado.

En junio de 1969, el gobierno decretó una reforma agraria radical que eliminó el decaído sector rural de la oligarquía y fomentó la formación de varios tipos de cooperativas agrícolas que beneficiaban a una cuarta parte de la población agraria. Esta reforma fue muy bien acogida en el país, así como en el extranjero, porque concordaba con las proposiciones de la Alianza para el Progreso. De manera paralela a estos cambios drásticos en la distribución de la propiedad, el estado creó la «comunidad del trabajo», que permitiría a los obreros participar en la dirección y los beneficios de sus respectivas compañías y preveía un aumento sin precedentes del número de sindicatos reconocidos oficialmente. El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas también tomó varias iniciativas nuevas en política exterior. Desde el principio esta política se caracterizó por el «tercermundismo» y la «no alineación» y tuvo por objetivo reducir la dependencia exterior de Perú respecto del gobierno de Estados Unidos y las compañías privadas. A tal efecto, el gobierno militar apoyó firmemente la integración económica regional en el Pacto Andino y los acuerdos que regulaban el capital extranjero; y fomentó la diversificación de los mercados y las fuentes de financiación y apoyo del país. Se desmarcó del bloqueo de Cuba por parte de los norteamericanos, estableció relaciones con China y amplió el comercio con el bloque socialista. En 1975, alrededor del 20 por 100 de las exportaciones peruanas iban a destinadas a estos países. Al mismo tiempo, el gobierno de los militares logró evitar un enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos y con el capital internacional.

Así, en 1974 los dos gobiernos firmaron acuerdos por los que Estados Unidos concedía un empréstito a Perú para que pudiera pagar la nacionalización de compañías norteamericanas, y el capital estadounidense pudo participar en la explotación del petróleo y el cobre. De la misma manera, Perú obtuvo empréstitos de bancos privados.

La tan esperada reforma estructural nacionalista desplazó al bloque oligárquico tradicional del poder y preparó el terreno para el avance del capitalismo nacional y del estado peruano, que, después de haber sido uno de los menos intervencionistas de América Latina, adquirió rápidamente gran importancia en la economía del país.

El gobierno intentó elaborar un modelo de desarrollo original que no fuese «ni capitalista ni comunista», con la esperanza de eliminar el conflicto social y aumentar el sentido solidario de la sociedad. El gobierno propagó enérgicamente su ideología, que era obra de intelectuales que habían pertenecido al APRA y a la izquierda y atacaba las bases del antiguo régimen al tiempo que reconocía la legitimidad de las exigencias de las clases baja y media. En ese sentido, se proclamaban a sí mismos abanderados de la «segunda independencia» de Perú, decían ser cristianos, socialistas, humanistas, «libertarios» y «pluralistas» y afirmaban su «originalidad y autonomía conceptual». Más adelante redactaron el «Plan Inca», en el cual presentaban las acciones del gobierno como parte de un proyecto que supuestamente habían preparado los militares antes de hacerse con el poder.

Tanto las reformas como la ideología del gobierno al principio causaron sorpresa, luego llamaron la atención y finalmente fueron bien acogidas por las masas. Al mismo tiempo, el bloque soviético y los gobiernos y las organizaciones izquierdistas y nacionalistas de América Latina y Europa las apoyaron. Los militares persiguieron y deportaron a un reducido grupo de funcionarios del gobierno anterior, pero cuidaron de no reprimir a los partidos políticos ni a los sindicatos, con el fin de evitar un enfrentamiento con estos sectores organizados, que, como en 1962, hubieran podido tratar de aislar al régimen. En vez de ello, los militares y sus asesores intentaron sistemáticamente humillar a los líderes de AP y el APRA, acusándoles de haber «vendido» sus ideales por razones políticas personales.

El gobierno esperaba socavar de esta manera las bases del apoyo a los partidos y facilitar la cooptación de sus electores, lo cual culminaría con un desplazamiento masivo de la lealtad de la población políticamente activa. Dicho de otro modo, los militares planeaban un proceso de integración masiva en el aparato estatal de las clases sociales que venían entrando en la vida política nacional desde 1930, especialmente los intelectuales y los líderes de las organizaciones de masas. Pero en contra de las expectativas de los estrategas político-militares, las reformas estructurales y la ideología radical del régimen alentaron la participación activa de nuevos sectores del campesinado y las clases obrera y media en la vida política del país. Fiel a su carácter militar, sin embargo, el régimen no aprovechó la posibilidad de establecer mecanismos políticos para la mediación, la negociación y el arbitraje con el objeto de controlar y, andando el tiempo, absorber el movimiento de masas que se estaba formando. En vez de ello, trató de silenciar el activismo político recurriendo de forma creciente a la represión física.

El movimiento sindical, que en los últimos años sesenta había empezado a distanciarse del APRA en términos tanto organizativos como ideológicos, cayó bajo la influencia del Partido Comunista (PC) por medio de la CGTP. Estas organizaciones, que el gobierno toleraba siempre y cuando le prestaran su «apoyo crítico», controlaban las presiones sociales mediante la obtención de ventajas sectoriales para sus afiliados —como la CTP aprista había hecho en otro tiempo— y continuaron aislando al APRA, que, tal como dijo Haya de la Torre, seguía en una «fase de esperar a ver qué pasa». Sin embargo, ni el control del PC sobre los líderes de la CGTP ni el respaldo que el gobierno obtuvo de la URSS, China, Cuba y varios movimientos progresistas de América Latina ayudaron a frenar las huelgas, marchas y protestas de las organizaciones de masas o los numerosos grupos izquierdistas. A pesar de sus filiaciones maoístas o castristas, estos grupos apoyaban a los movimientos de campesinos, obreros, estudiantes, maestros, empleados y vecinos en su lucha en pos del cumplimiento total de las nuevas leyes del gobierno, la radicalización del alcance de las mismas y la eliminación de su carácter autoritario y burocrático-militar. La convergencia de las diversas organizaciones políticas de la izquierda con la protesta urbana y los movimientos campesinos fomentó la aparición de cauces de participación de las masas que eran nuevos, importantes e independientes de la CGTP y el PC. Las acusaciones de ser «ultraizquierdistas» o de ser «cómplices de la contrarrevolución» que los funcionarios del gobierno y el PC lanzaban contra los líderes de estos movimientos y de la «nueva» izquierda tenían poco o ningún efecto.

La aparición de un movimiento de masas independiente del gobierno militar y en conflicto con él empujó al régimen a acceder, aunque muy a regañadientes, a la propuesta de un grupo de sus asesores políticos de fomentar un «Sistema Nacional de Movilización Social» o SINAMOS (acrónimo que significaba también «sin amos») que preparase el terreno para la promoción de una «democracia social de plena participación». Este sistema se compondría de organizaciones que abarcarían diferentes «sectores» de la población hacia los que encauzarían los programas oficiales y las exigencias populares. La idea de formar un «partido revolucionario» que representase a diferentes sectores de la sociedad, como el PRI mexicano, fue rechazada. Hubiese invalidado el carácter estrictamente militar del gobierno y estimulado a los militares a tomar parte en actividades de partido, lo cual hubiera puesto en peligro la integración institucional. Además, los militares, así como sus asesores civiles, eran contrarios a los partidos porque estas organizaciones «expropiaban el poder del pueblo». La incorporación política de la sociedad en el estado se conseguiría mediante su integración de manera corporativista.

Así pues, entre 1971 y 1975 el régimen creó y reconoció a diversas organizaciones de campesinos, obreros, estudiantes y vecinos cuya finalidad era captar sectores políticamente estratégicos de la población y lograr que cooperasen en la tarea de alcanzar las metas de la revolución militar. Sin embargo, este proyecto corporativista fracasó rotundamente debido a la resistencia y la oposición, así como el antagonismo, que despertó entre los funcionarios y los burócratas. La manera burocrática en que estas organizaciones dirigían la relación entre la autoridad del estado y los diferentes sectores de la sociedad y los limitados beneficios políticos que estos sectores obtenían de la relación, que les negaba la representación, intensificaron la desconfianza y la hostilidad que la población mostraba tradicionalmente ante el estado y en particular ante los militares, razón por la cual los obreros se opusieron con eficacia a los intentos oficiales de marginar o invalidar sus propias organizaciones independientes. Además, varias de las organizaciones que se crearon bajo el SINAMOS lograron liberarse de las directrices oficiales y se unieron a los movimientos sociales independientes.

Los esfuerzos de estas organizaciones y de la izquierda por conseguir la autonomía y la representación política en el nivel decisorio provocaron diferentes respuestas políticas por parte de los patrocinadores del SINAMOS, los funcionarios del estado y el aparato militar, especialmente el servicio de inteligencia. La rivalidad burocrática, las diferencias ideológicas y las sospechas de presencia de «infiltrados» dieron origen a una compleja red de contradicciones que impidieron que el estado cumpliese su compromiso declarado con el SINAMOS, que, a causa de ello, no llegó a ser una estructura viable, ya fuese para poner en práctica los programas del gobierno o para proporcionar apoyo social al régimen.

En el otro extremo de la sociedad, tanto los capitalistas como las empresas extranjeras se sentían amenazados seriamente, aunque el gobierno insistiera en obtener su colaboración y les concediese créditos baratos, exenciones fiscales y otros beneficios. Los cambios en la posesión de propiedades, la «comunidad del trabajo», el aparente respaldo del gobierno a la expansión de los movimientos sindicales y campesinos con el apoyo del PC, la retórica cuasi socialista oficial, que incluía el apoyo a la «democracia económica» y tomar Yugoslavia como modelo, todas estas cosas fueron repudiadas como manifestaciones de una dictadura arbitraria con algo de comunismo que sólo podía corregirse con la retirada de los militares a sus funciones tradicionales. A pesar de los beneficios económicos que se les proporcionaron, los capitalistas se abstuvieron de colaborar con el gobierno en su proyecto económico.

El monopolio que los militares estaban decididos a mantener sobre las actividades estatales y políticas y la energía que aplicaban a la tarea de conformar el país de acuerdo con su propia voluntad iban acompañados de una política económica que pretendió inútilmente satisfacer intereses sociales opuestos. La política económica en general y los cambios en la posesión de propiedades en particular tenían como fin fomentar la industrialización para sustituir las importaciones. El gobierno mantuvo los tipos de cambio en un nivel que causó un aumento espectacular de las importaciones, mientras que el valor de los ingresos de exportación permaneció estable gracias a una subida importante de los precios internacionales de los minerales que compensó la caída del volumen de las exportaciones. El crecimiento de la demanda interior fue reforzado por las subidas salariales, que alcanzaron un máximo histórico en 1974, por la duplicación del número de empleados públicos y por el incremento del gasto público. Como el sector privado se abstenía de invertir, el gobierno fomentó un gran programa de inversión de capital que en la mayoría de los casos sólo podía producir rendimiento a largo plazo. Parte del incremento del gasto fue para fines militares. Las fuerzas armadas peruanas se sintieron amenazadas seriamente por el golpe militar de 1973 en Chile y pusieron en marcha un costoso programa de compra de armas, principalmente en el mercado soviético, con lo que crearon nuevas dificultades en sus relaciones con el gobierno estadounidense. Entre 1970 y 1974 las compras militares representaron el 4 por 100 del PIB, mientras que entre 1975 y 1978 la media había subido hasta el 6 por 100, una de las cifras más altas de América Latina.

A pesar del bloqueo financiero que impuso Estados Unidos durante los primeros años del gobierno militar, estas inversiones y el creciente gasto en el consumo público fueron posibles gracias a las facilidades de crédito del mercado de eurodólares estimuladas por las esperanzas de encontrar nuevos e importantes yacimientos de petróleo. En 1974, el 45 por 100 de los gastos corrientes se financiaron con la deuda exterior. Con el fin de sostener el plan económico que favorecía a la población urbana organizada, el gobierno militar continuó la política tradicional consistente en subvencionar las importaciones de carburante y alimentos, al mismo tiempo que mantenía el control sobre los precios de los productos agrícolas nacionales. Estas medidas aceleraron el crecimiento del déficit fiscal y la caída de las rentas de los campesinos, que ya eran bajas, perpetuando así el proceso de pauperización de la población rural e intensificando la oleada continua de movilización política. Al empezar 1974, la política del régimen había creado problemas económicos cada vez más graves. Con el fin de combatirlos un grupo escogido de tecnócratas trató de «ajustar» los precios, restringir las importaciones y reducir las compras de armas, pero la propuesta fue rechazada por Velasco Alvarado, que estaba enfermo y decidió persistir con la política establecida confiando en que, en una carrera contra el tiempo, se encontraría petróleo y se resolverían estas dificultades temporales. Además, sus medidas económica iban dirigidas a conseguir el apoyo de las masas al gobierno y a realinear el «frente interior» en previsión de un hipotético enfrentamiento con tropas chilenas.

En estas circunstancias, las clases baja y media, cada vez mejor organizadas, presentaron listas de exigencias apremiantes, y por primera vez algunas de ellas estaban relacionadas con asuntos regionales. Aunque estas peticiones fueron reprimidas de manera selectiva o se hizo caso omiso de ellas, el gobierno ideó iniciativas nuevas y radicales tales como la creación de un sector de la «propiedad social». Este «sector» debía introducir la propiedad colectiva en la industria con la ayuda de fondos públicos, ampliando así el alcance del Plan Inca. Esta última propuesta originó una reacción vehemente de los capitalistas, que utilizaron los medios de comunicación para lanzar una campaña contra la política económica del gobierno, la cual, según arguyeron, conduciría a un régimen comunista totalitario. En junio de 1974 el general Velasco Alvarado, pese a la oposición de miembros importantes del gobierno, respondió confiscando los medios de comunicación. Cuando la marina se opuso abiertamente a estas medidas, Velasco Alvarado retiró a varios de sus oficiales de alta graduación.

Esta situación produjo el primer cisma político grave tanto en el gobierno como en las fuerzas armadas. Se hizo evidente que Velasco Alvarado y el grupo que le rodeaba estaban decididos a actuar sin tener en cuenta los intereses de la institución militar. La ofensiva que se lanzó contra la prensa puso de manifiesto el carácter cada vez más personalista del gobierno militar: Velasco Alvarado nombraba para los puestos más elevados del gobierno y el ejército a hombres que estaban comprometidos con él personalmente, lo cual iba en contra de las disposiciones institucionales de acuerdo con las cuales se había instituido el régimen. La división política de las fuerzas armadas se agravó cuando la policía se sumó a la oleada de huelgas en febrero de 1975 y exigió tanto aumentos salariales como la inclusión de sus comandantes en el gobierno como brazo independiente de las fuerzas armadas[1]. La ausencia de los «guardianes del orden» de las calles de Lima provocó disturbios y saqueos generalizados —con acusaciones de involucración del APRA— que no cesaron hasta que intervinieron tanques del ejército. Ahora era evidente que la revolución peruana no tenía ningún defensor excepto la división acorazada y la prensa expropiada. La confiscación de los periódicos y de las emisoras de radio y televisión había silenciado la oposición de los capitalistas y los partidos tradicionales, cuya voz política fue reemplazada por medios de información que cubrían los «parámetros ideológicos de la revolución peruana». Los periódicos se entregaron a personas que representaban diferentes intereses dentro del gobierno, patrocinados por diferentes generales del régimen. La competencia se limitó a la presentación de interpretaciones diferentes del significado y el alcance de la revolución. Sin embargo, la existencia de intereses diferentes en el gobierno, incluidos algunos que se inclinaban por la radicalización del proceso revolucionario y, por tanto, pretendían obtener el apoyo de las masas, causó la expansión de la cobertura periodística de las exigencias sociales. Y algunos de los medios empezaron a adoptar perspectivas políticas que eran relativamente independientes de los puntos de vista del gobierno e incluso de los de las fuerzas armadas, lo cual fomentó aún más el crecimiento de varios movimientos sociales, y en especial de las organizaciones obreras capitaneadas por el PC y los maoístas. El grupo de Velasco Alvarado decidió que había llegado el momento de silenciar y reprimir la protesta social. Por un lado, creó el Movimiento Laboral Revolucionario (MLR). Por el otro, en agosto de 1975 deportó a treinta líderes del movimiento sindical, líderes de partidos de izquierda y periodistas de la oposición. La fricción entre el estado y la sociedad había alcanzado niveles sin precedentes. En ese momento, el general Velasco Alvarado, sin consultar con nadie, decidió de pronto expropiar una compañía minera estadounidense en un intento de compensar su imagen cada vez más impopular y como nueva expresión del carácter revolucionario del gobierno. Además, Velasco Alvarado tomó esta medida a pesar de que en 1974 su ministro de Asuntos Exteriores y el Departamento de Estado norteamericano habían firmado un acuerdo por el que se consideraba resuelto el asunto de la compensación que debía pagarse a las compañías norteamericanas que Perú había nacionalizado. Velasco Alvarado provocó así otra disputa internacional que no le ayudó a resolver sus problemas internos. Por otra parte, un acuerdo entre los presidentes de los gobiernos militares de Chile y Bolivia, Augusto Pinochet y Hugo Bánzer, respectivamente, sobre el acceso de Bolivia al mar aumentó la tensión en las relaciones entre estos gobiernos y Perú, y estuvo a punto de provocar una guerra con Chile en agosto de 1975, en una situación interior de desorden social y divisiones entre los militares que recordaban 1879 y el desastre subsiguiente.

La solución de estos problemas exigía el fin del personalismo y las improvisaciones de Velasco Alvarado y ajustes inmediatos de la política interior y exterior. A finales de agosto, después de unas ceremonias militares relacionadas con la guerra del Pacífico, los jefes de las regiones militares depusieron al general Velasco Alvarado y nombraron jefe del estado al ministro de la Guerra, Francisco Morales Bermúdez. En su primer discurso Morales Bermúdez proclamó la instauración de la «segunda fase» de la revolución peruana, en la cual el alto mando militar recuperaría su liderazgo en el gobierno y adaptaría las reformas económicas basándose en la experiencia adquirida en los últimos siete años.

LA «SEGUNDA FASE» DEL GOBIERNO MILITAR Y LA TRANSICIÓN AL GOBIERNO CIVIL, 1975-1980

La «segunda fase» de la revolución militar empezó con el traspaso del control del estado a la junta militar, que se componía de los jefes de las fuerzas armadas. La junta procuró legitimarse ante la institución militar manteniendo informada a la oficialidad, consultando con ella los problemas que se le planteaban al gobierno y tratando de armonizar los puntos de vista diferentes. La nueva estructura del gobierno redujo el poder del jefe del estado y aisló a los miembros del grupo militar y sus asesores ideológicos que habían capitaneado la revolución al principio, hasta el extremo de hacer caso omiso de su condición de delegados de las fuerzas armadas. Asimismo, la reorganización del gobierno permitió al alto mando reafirmar los motivos originales de su revolución y concentrarse en problemas relacionados con la defensa y la seguridad nacional, especialmente al agudizarse la posibilidad de un ataque chileno. A este efecto, el nuevo gobierno llegó a ser más representativo de las fuerzas armadas y menos de la sociedad en general.

La destitución de Velasco Alvarado hizo concebir esperanzas en todos los círculos sociales. Los capitalistas y los partidos políticos pensaron que señalaba el final de la era de la arbitrariedad y el principio de una vuelta al gobierno constitucional. Las organizaciones de clase baja y los grupos izquierdistas también profirieron un suspiro de alivio, toda vez que el cambio de gobierno fue seguido del desmantelamiento del MLR, el regreso de los deportados y el fin de la censura de los periódicos y las revistas de la oposición. Así pues, el gobierno de la segunda fase empezó con aceptación unánime.

Estar expectativas diferentes reflejaban el «pluralismo» que existía dentro del nuevo gobierno. Si Velasco Alvarado había creado una imagen fuerte de sí mismo, la del «indiscutido e indiscutible jefe de la revolución», tal como la presentaba la propaganda oficial, la imagen de Morales Bermúdez era la de un hombre débil que titubeaba entre los diferentes intereses que existían en el seno del régimen. Esto se reflejó en la manera en que el gobierno abordó diversos problemas graves, tales como la crisis económica, la oposición a la política gubernamental y la necesidad de los militares de armarse ante lo que percibían como la amenaza chilena.

La oposición de las masas que heredó el gobierno de Morales Bermúdez se agravó al ponerse en práctica dos «paquetes» de reajuste económico durante los seis primeros meses de 1975. El gobierno respondió echando mano de la retórica oficial de la «primera fase», pero resultó obvio que era insuficiente para aplacar los sentimientos contra él, especialmente entre los obreros urbanos, los empleados públicos y los parados que vivían en los barrios de chabolas, cuyos ingresos siguieron cayendo. Por consiguiente, el PC y la CGTP, cuyos líderes insistieron una y otra vez en la necesidad de apoyar a los sectores «progresistas» del gobierno y la revolución militar durante esta crisis económica, no pudieron refrenar la protesta.

El gobierno, a su vez, acentuó su política de «represión selectiva», pero dejó abiertos cauces de comunicación y negociación con el fin de evitar un enfrentamiento y un aislamiento francos y totales. Al mismo tiempo, la segunda fase señaló la apertura del gobierno a los intereses capitalistas y al APRA al intentar el régimen establecer alianzas que contrarrestaran la fuerza del movimiento de masas y granjearan apoyo a un programa de recuperación económica. En sus primeros pasos hacia la liberalización, el régimen permitió a los capitalistas y los partidos políticos denunciar los errores y «excesos» de la primera fase, especialmente el consentimiento y la «politización» del movimiento sindical como factores centrales de la crisis económica y política del país. Además, permitió que estas fuerzas exigieran una purga de los elementos de la primera fase que seguían en el gobierno, la restauración de la libertad de prensa, la reducción del papel económico del estado y la ampliación del papel del mercado. Esto es, la vuelta del país al gobierno constitucional debía ir acompañada del restablecimiento de una economía liberal como requisito previo a la recuperación económica y la subsiguiente despolitización.

En enero de 1976, en conjunción con el primero de un total de nueve «paquetes» económicos que impuso el gobierno de la segunda fase, el régimen deportó a un grupo de generales que habían ocupado puestos clave en el gobierno de Velasco Alvarado por denunciar el carácter «contrarrevolucionario» del nuevo régimen. El mes siguiente, sin embargo, y en contra de todas las expectativas, el general Jorge Fernández Maldonado, que desde 1968 era una de las figuras radicales más destacadas, fue ascendido a comandante en jefe del ejército y por esta razón fue nombrado ministro de la Guerra y primer ministro. Pero en vez del cambio radical de postura que tantos esperaban y que había suscitado esperanzas y temores en diferentes sectores de la sociedad, el gobierno destituyó a los directores de designación estatal de los medios de comunicación que habían mantenido cierto nivel de autonomía. Y a finales de marzo de 1976, en un mensaje que envió por radio al país, Morales Bermúdez pidió a la población que hiciese un sacrificio «temporal» y aceptara una tregua política con el fin de evitar una dictadura militar como las del Cono Sur. Al cabo de un mes, pronunció un discurso en Trujillo, ciudad natal de Haya de la Torre y base principal del APRA, en el que pidió que se olvidaran los viejos conflictos y la animadversión entre el APRA y el ejército y propuso que se llegara a un acuerdo político en vista de que ambas organizaciones tenían una perspectiva nacionalista.

La larga espera del líder del APRA parecía haber sido fructífera en la medida en que el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas admitía finalmente su aislamiento político, reconocía a Haya de la Torre como portavoz de la sociedad y le invitaba a contribuir a un consenso político. Morales Bermúdez buscaba el apoyo del APRA y aislaba y dividía a la oposición, tanto la de derechas como la de izquierdas. Haya de la Torre, por su parte, contestó afirmando que la «sinfonía inacabada» que ofrecía Morales Bermúdez podría completarse sólo si se celebraban elecciones generales y el país volvía al gobierno constitucional. Este diálogo señaló la reaparición de la política de partidos en el país, y el mensaje de Haya de la Torre sirvió para obtener el apoyo de individuos y grupos que estaban a favor de una vuelta a la democracia y daban al viejo político una importancia renovada que iba más allá de su propio partido. Poco después, Belaúnde Terry regresó del exilio y añadió su voz a la de Haya de la Torre. El rechazo de cada nuevo paso que daban Morales Bermúdez y Fernández Maldonado para encontrar alguien con quien pudieran negociar una tregua y establecer un consenso entre los militares y las fuerzas políticas tendió a reforzar a elementos derechistas del gobierno, que se inclinaban a entrar en una «tercera fase». Pensaban que esto acabaría con la indecisión de Morales Bermúdez al verse ante la izquierda y las persistentes protestas de masas bajo la forma de huelgas, marchas y ocupaciones de tierras. Su modelo era la dictadura militar de Argentina.

En marzo de 1976 el régimen decidió dar los primeros pasos hacia la resolución de sus problemas con la banca internacional y afrontar el creciente déficit de la balanza de pagos por medio de la obtención de empréstitos internacionales. Los principales bancos estadounidenses enviaron una comisión que exigió que el gobierno tomase medidas radicales: declarar una devaluación del 44 por 100, poner fin a los controles de precios, abrir el país a las inversiones extranjeras, hacer cambios en la legislación laboral y volver al sistema de propiedad privada en los sectores que ahora monopolizaba el estado. Además, se exigió a Perú que pagara las deudas que tenía pendientes con los bancos en cuestión y que aceptase la supervisión fiscal por parte de una comisión que nombrarían los bancos.

En abril de 1976 el gobierno declaró que todas las huelgas en los sectores que producían ingresos en divisas extranjeras —especialmente la minería y la pesca— eran ilegales a tenor de una disposición jurídica que databa de 1913. Esta medida fomentó la unificación de los sindicatos y los grupos izquierdistas con el propósito de convocar una huelga general. La respuesta del gobierno fue declarar el estado de emergencia nacional e imponer el toque de queda —medidas que estuvieron en vigor durante once meses— y cerrar los periódicos y emisoras de radio independientes que habían reaparecido desde que se iniciara la política de liberalización. Con estas medidas, se intensificó la represión contra los obreros, los campesinos y las organizaciones estudiantiles asociadas con la izquierda. En junio el gobierno impuso una segunda serie de medidas económicas que exigía la banca internacional en un intento de resolver el problema del servicio de la deuda de Perú, que ascendía a 4.000 millones de dólares.

En julio de 1976 el régimen tuvo que hacer frente a un desafío importante cuando el general Carlos Bobbio dirigió un levantamiento militar en Lima y exigió la dimisión del general Fernández Maldonado y de otros generales velasquistas de la primera fase que seguían en el gobierno, así como la definición de un nuevo rumbo político que beneficiase a los militares, esto es, una firme decisión de aplastar la resistencia social instaurando una situación de guerra de emergencia al mismo tiempo que se preparaba el traspaso del poder a un gobierno civil. La respuesta del mando militar fue destituir tanto a los generales rebeldes como a los oficiales velasquistas. A resultas de ello, el liderazgo político del régimen adquirió un carácter más sistemático en sus esfuerzos por reprimir la oposición popular e imponer sus condiciones a los capitalistas y los partidos políticos.

Mientras tanto la izquierda y el movimiento social continuaron creciendo por medio de la proliferación de organizaciones, protestas, mitines, manifestaciones, publicaciones y concentraciones que reforzaron la conciencia de que la «sociedad civil» estaba en total desacuerdo con el gobierno. Los capitalistas y los partidos políticos no dejaban escapar ninguna oportunidad de exigir una vuelta al gobierno constitucional y acusaban a los militares de crear un clima de lucha de clases que podía culminar en una situación incontrolable. Ante una oposición tan formidable, el general Morales Bermúdez trató de resucitar la agotada retórica revolucionaria de la primera fase del régimen, que ya no convencía a nadie de la izquierda, al tiempo que intentaba calmar a los capitalistas y granjearse su apoyo a la recuperación económica modificando la legislación relativa a las comunidades de trabajo y a la estabilidad del empleo. Devolvió la industria pesquera a la empresa privada y autorizó que se levantase la prohibición de la prensa independiente que había accedido a hacer un «pacto entre caballeros» con el gobierno.

La promesa del gobierno de cumplir los requisitos de los bancos norteamericanos se tradujo en un empréstito de 400 millones de dólares para aliviar sus problemas financieros más apremiantes. Poco después, sin embargo, la noticia de que Perú había comprado aviones militares soviéticos hizo que los bancos insistieran en la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de reanudar las negociaciones, y el gobierno se vio obligado a acatar esta exigencia en noviembre de 1976. Como hubiera podido esperarse, el FMI insistió en una política de choque que fue rechazada tanto por los funcionarios del Banco Central como por el alto mando militar. Los primeros propusieron una política gradual de estabilización que redujera los «costes sociales y políticos» serios en que se incurriría en caso contrario.

La posición del régimen no hubiera podido ser más difícil. El país se encontraba ante la posibilidad de tener que declararse incapaz de satisfacer sus obligaciones internacionales, mientras los conflictos sociales aumentaban tan rápidamente que ni siquiera el estado de emergencia podía seguir garantizando el orden público elemental. Los peligros que nacían de las luchas intestinas en el régimen y las presiones que sobre éste ejercían tanto la oposición nacional como los bancos internacionales amenazaban con destruir el precario orden institucional. Por consiguiente, los conflictos entre los jefes de las fuerzas armadas sobre cómo había que hacer frente a la oposición y la crisis económica general fueron en aumento. Había oficiales que proponían una solución represiva y autoritaria «a la argentina», mientras que otros tendían a una renovada iniciativa populista. Las divisiones en el seno de las fuerzas armadas, su aislamiento y el rechazo general que su gobierno dejaron indicaron de forma absolutamente clara que su situación era ahora insostenible.

En este contexto, Morales Bermúdez propuso una solución institucional que permitiría la transición al gobierno civil y la retirada de las fuerzas armadas del conflicto político, lo cual les permitiría concentrarse en problemas relacionados con la defensa. La propuesta obtuvo el apoyo de una mayoría de la oficialidad y en febrero de 1977 el gobierno presentó el Plan Túpac Amaru, que afirmaba que en una fecha aún no concretada se celebrarían elecciones para una asamblea constituyente que redactaría una nueva carta para legitimar las reformas dictadas por el gobierno militar. En junio de 1977 la esposa del presidente Cárter visitó Perú y dejó claro que el gobierno de Estados Unidos apoyaría a los militares peruanos sólo si tomaban medidas para restaurar la democracia política y seguían una política económica prudente.

En estas circunstancias nuevas, se reanudaron las conversaciones, aunque de forma cauta y reservada, entre el gobierno, el APRA y el Partido Popular Cristiano (PPC). El objetivo de estas negociaciones era determinar los mecanismos del traspaso del poder. Belaúnde Terry, sin embargo, insistió tercamente en que se convocaran de inmediato elecciones generales. En vista de la negativa de Belaúnde Terry a aceptar las condiciones de quienes le habían depuesto en el golpe de 1968, era claro que los militares buscarían un pacto válido sólo con el APRA de Haya de la Torre, que, tal como diría Morales Bermúdez, era capaz de controlar las exigencias de las masas y establecer así algún entendimiento entre el estado y la sociedad. Esta facultad del APRA, que hasta el momento había sido la razón principal de la oposición que encontraba en los militares, se veía ahora como una virtud. Además, el APRA compartía la intención del gobierno de revisar las reformas que se habían introducido desde 1968 en lugar de abolirías. Mientras los partidos y los capitalistas concentraban sus exigencias en el retorno a la democracia, el movimiento obrero y los líderes de la izquierda movilizaron a la población y presionaron al gobierno para que aboliese el creciente número de medidas económicas que perjudicaban a las clases baja y media. Así pues, debido a la naturaleza «burguesa» del problema de la democracia, la izquierda se desentendió totalmente de él. A ojos de los líderes políticos de la izquierda, el país estaba pasando por una fase prerrevolucionaria que culminaría en un nuevo orden político opuesto a la dominación basada en la clase social, en resumen, el socialismo. El APRA y el PPC, por tanto, monopolizaron la campaña a favor de la democracia política y recibieron el apoyo de amplios sectores de la sociedad que estaban cansados del autoritarismo militar y de la confusión económica y política.

Sin embargo, la expectativa de un traspaso inmediato del poder político a un gobierno civil resultó prematura. El gobierno trató de aplazarlo, con el fin de tener tiempo para continuar el rearme y a la vez que la economía seguía recuperándose, lo cual permitiría a las fuerzas armadas retirase con una imagen de «misión cumplida».

En mayo de 1977 el ministro de Economía dimitió al encontrarse con que las autoridades eran reacias a atenerse a un rígido plan de estabilización y fue reemplazado por Walter Piazza, destacado hombre de negocios. Piazza abrió el régimen al sector privado y prometió fanfarronamente una pronta recuperación económica como resultado de un tercer «paquete» de medidas de «reajuste» recomendadas en su totalidad por el FMI. Sin embargo, al cabo de un mes ya resultaba evidente que Piazza era incapaz de disciplinar a los ministros militares; al igual que su predecesor, no pudo reducir las compras de material militar ni racionalizar los presupuestos de los ministerios.

Por más que estos asuntos fueran importantes, no tardarían en verse empequeñecidos por la movilización de las masas, que ahora alcanzó una escala que alteró todo el panorama político. Tanto en Lima como en el interior, la incidencia de huelgas y protestas localizadas venía creciendo desde hacía algún tiempo. Como consecuencia de las medidas económicas que impuso Piazza, estos movimientos aislados habían adquirido fuerza rápidamente y su culminación había sido la huelga general del 19 de julio de 1977, cuyos organizadores fueron diversos sindicatos y fuerzas izquierdistas. La huelga contó con el apoyo tácito del APRA e incluso de sectores del mundo empresarial, aunque utilizaron la movilización de los obreros como pretexto para acusar a los militares de permitir que los sindicatos y la izquierda paralizaran el país en unos momentos de grave crisis económica. La primera reacción del gobierno fue decretar que los patronos podían despedir a los obreros que habían capitaneado la huelga o participado en ella, y dictó una disposición jurídica que eliminaba la estabilidad del empleo. Los capitalistas se aprovecharon alegremente de ello para librarse de activistas sindicales y echaron a la calle a cerca de cinco mil obreros, mientras los obreros pasaban a la defensiva en circunstancias de paro creciente.

Después de sancionar este importante resurgimiento de la autoridad empresarial con la aprobación del APRA, el gobierno convocó debidamente elecciones para una asamblea constituyente en mayo de 1978.

La convocatoria de elecciones alentó la movilización política, la rivalidad entre los partidos y la división de los que se oponían al gobierno militar. Al principio, pareció que la iniciativa de los militares se vería saboteada por la abstención de Belaúnde Terry y los grupos izquierdistas. Pero el acceso que se dio a los partidos políticos a los medios de comunicación controlados por el gobierno, los debates entre viejas y nuevas figuras políticas con diferentes puntos de vista y programas para resolver los problemas del país y la proliferación de revistas hicieron que la población se interesara de forma creciente por las elecciones y las formas constitucionales de representación política.

Bajo Luis Bedoya Reyes, el PPC se presentó como representante de probada eficacia y capacitado del mundo empresarial. Debido a la importancia que daba al restablecimiento del orden, así como a las medidas económicas de estilo «pinochetista» que abrazó siguiendo los consejos de los «Chicago boys»[*], Bedoya adquirió una imagen decididamente derechista. En el otro extremo, los grupos izquierdistas competían intensamente unos con otros, proponiendo soluciones que iban desde el retomo al camino nacionalista-populista de la primera fase de la revolución militar hasta la sovietización tanto del ejército como de los medios de producción. Entre estos dos polos, Haya de la Torre se presentaba como foco de conciliación, como político dispuesto a buscar fórmulas de coexistencia entre civiles y militares basándose en una carta constitucional que intensificaría el papel del estado en la tarea de integrar los diferentes intereses sociales. Además, Haya de la Torre aceptaba la condiciones de los militares para el traspaso del poder y limitaba el debate a las fórmulas jurídicas del nuevo orden constitucional a la vez que aplazaba la resolución de los problemas económicos y sociales. A este efecto, llegó a aliarse con el gobierno, aislando a los sindicatos y a la izquierda. Con todo, esta alianza seguía teniendo deficiencias graves en la medida en que carecía de una política para la estabilización económica. El gobierno sólo había conseguido debilitar el frente oposicionista, y, aunque ya no era el único que acusaba al movimiento de masas y a la izquierda de querer desbaratar la transición a la democracia, esto no fue suficiente para que en el seno de la alianza política hubiera acuerdo sobre cómo había que gestionar una economía sumamente inestable.

Después de una serie de conversaciones entre el general Morales Bermüdez y el Departamento del Tesoro norteamericano, Estados Unidos accedió a negociar con el FMI para ayudar a restablecer sus relaciones con Perú con la condición de que el gobierno peruano cumpliera su promesa de dar los pasos necesarios para efectuar una transición política. El resultado fue la firma de un acuerdo con el FMI en octubre de 1977 en el cual el gobierno de Lima prometía tomar medidas estabilizadoras y empezar a pagar su deuda exterior. A cambio de ello, el FMI concedió un crédito de 100 millones de dólares al gobierno militar[2].

En enero de 1978 el gobierno dictó el cuarto «paquete» de medidas, que también provocó la movilización de las masas y malestar general, incluido un llamamiento a la huelga general en señal de protesta por este ataque contra los medios de vida de las masas, así como para exigir la readmisión de los obreros que habían sido despedidos a raíz de la huelga general de 1977. Sin embargo, en vista del aumento de la tensión militar en la frontera con Ecuador, la huelga general de dos días, que recibió amplio apoyo, se aplazó hasta febrero. Aquel mismo mes, el representante del FMI encargado de verificar las cuentas nacionales abandonó el país, indignado, y declaró no sólo que el gobierno no había cumplido sus obligaciones sino que, además, había amañado las cifras con el propósito deliberado de engañar al FMI. En realidad, como el país estaba en vísperas de elecciones, el gobierno había considerado desaconsejable reducir el gasto público a los niveles que exigía el FMI, toda vez que hubieran causado una fuerte recesión y la radicalización de las fuerzas sociales y políticas.

La situación económica continuó empeorando hasta tal extremo que se consideró muy probable que el gobierno tuviera que reconocerse incapaz de satisfacer sus obligaciones internacionales e interrumpir el pago de sus deudas. Unas semanas antes de las elecciones de mayo, cuando, de hecho, el Tesoro estaba al borde de la bancarrota, una delegación integrada por el ministro de Asuntos Exteriores, hombres de negocios y funcionarios públicos se trasladó a Washington para reanudar las negociaciones con el FMI. Como consecuencia de este encuentro, se preparó un acuerdo provisional que fue obra de Javier Silva y Manuel Moreyra, que más adelante serían nombrados ministro de Economía y presidente del Banco Central, respectivamente. Pero antes de aceptar sus cargos, exigieron que el gobierno Morales Bermúdez impusiera otro «paquete» de medidas, el quinto, como prueba de su intención de estabilizar la economía.

Las nuevas medidas de ajuste de mayo de 1978 fueron las que tuvieron más efecto desde las que se impusieran en julio de 1976, y provocaron otra huelga general de dos días, el 22 y el 23 de mayo, que se siguió en todo el país.

El gobierno respondió deportando a un grupo de líderes sindicales, periodistas y políticos —algunos de los cuales eran candidatos a la asamblea constituyente— a Argentina. Además, aplazó las elecciones hasta el 18 de junio. El APRA y el PPC justificaron las nuevas medidas económicas como necesarias para estabilizar el país después de los «excesos» y los errores que habían cometido Velasco Alvarado y «sus aliados, los comunistas».

A pesar de los acontecimientos turbulentos que tuvieron lugar entre mayo y junio de 1978, y en un clima de crecientes conflictos sociales y políticos, se celebraron las elecciones de las que debían salir los cien representantes que redactarían la nueva constitución que reemplazaría la de 1933. Las elecciones ilustraron los cambios políticos que se habían producido en el país desde 1968: el APRA obtuvo el 35 por 100 de los votos y el PPC, que captó al sector de la clase media que de forma natural apoyaba a AP, obtuvo el 24 por 100. Las diferentes organizaciones izquierdistas mostraron una fuerza insólita y obtuvieron un total de alrededor del 30 por 100, mientras que los «partidos» de Odría y Prado desaparecieron del mapa político.

En cuanto se conocieron los primeros resultados, la junta militar declaró que reconocería la voluntad del pueblo. A pesar de su tradicional animosidad hacia el APRA, el ejército pensó que en las circunstancias del momento el partido era un sucesor apropiado de las fuerzas armadas. Haya de la Torre fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente porque había obtenido el mayor número de votos y pretendía limitar sus actividades a la formulación del nuevo documento constitucional, tratando de llegar a acuerdos con lo que llamaba la «izquierda responsable». La izquierda, sin embargo, se negó a colaborar con Haya de la Torre o con el APRA y a limitar su trabajo a redactar la constitución; en vez de ello, fomentó los debates en torno a los múltiples problemas sociales nacidos de la crisis económica. Además, algunos grupos izquierdistas exigieron que se hiciera caso omiso de la junta militar, creando así una situación de «poder dual». La mayoría rechazó sistemáticamente esta postura y sumó su voz a la del gobierno para acusar a la izquierda de tratar de interrumpir el incipiente proceso legal con una oleada de huelgas cuyo objetivo era «agravar las contradicciones» y dar mayor impulso a la supuesta situación revolucionaria. Por tanto, al redactar la nueva constitución, el APRA se encontró a merced del PPC.

En vista de que la asamblea constituyente no avanzaba debido a los problemas que planteaba la izquierda, su presidente decidió encargar la redacción de la constitución a varias comisiones cuyas propuestas se debatirían en sesiones plenarias específicas. En realidad, esta división de la labor parlamentaria silenció las exigencias y las acusaciones que hacía la izquierda, pero empañó la imagen pública de la asamblea y permitió que los representantes izquierdistas se aprovecharan de su inmunidad parlamentaria y fomentasen la movilización de las organizaciones sociales. En contra de las esperanzas del gobierno y sus aliados, la asamblea no fue una palestra apropiada para las luchas políticas que se estaban librando fuera de ella. A causa de su dependencia del PPC el APRA tuvo que minimizar el papel económico del estado, lo cual acabó con las esperanzas que Haya de la Torre acariciaba desde hacía muchos años de formar una organización corporativista llamada el «Congreso Económico Nacional». Sin embargo, el APRA contó con el respaldo de la izquierda en sus esfuerzos a favor de la estabilidad del empleo y el derecho a la huelga, el sufragio universal y el apoyo a los derechos humanos como principios constitucionales. El resultado final fue un sistema semi-presidencial, porque concedió privilegios «ejecutivos» al Congreso y privilegios «legislativos» al ejecutivo.

En julio de 1979, una vez terminada la labor de la asamblea constituyente, su presidente, Luis Alberto Sánchez, que había reemplazado a Haya de la Torre por estar éste enfermo, pidió que el gobierno convocara elecciones generales inmediatamente y que la nueva constitución entrara en vigor. El gobierno militar rechazó ambas peticiones y sugirió que la Junta Electoral Nacional necesitaba varios meses para inscribir a los electores analfabetos y para revisar el registro. Las elecciones se fijaron para mayo de 1980; el nuevo gobierno tomaría posesión en julio y se encargaría de introducir la constitución. Mientras tanto, los militares seguirían gobernando al amparo del Estatuto de 1968 y se negaron a aprobar cuatro de las cláusulas de transición, una de las cuales estaba relacionada con los derechos humanos. Asimismo, el gobierno pidió a la asamblea que modificara algunos de párrafos de la constitución que limitaban la jurisdicción militar sobre el orden social. La asamblea rechazó por unanimidad esta solicitud. Con la firma de la constitución por Haya de la Torre en su lecho de muerte y la negativa de los representantes izquierdistas a firmarla, las obligaciones de la asamblea terminaron en un clima de tensión. Las frustraciones manifiestas de los miembros del APRA y del PPC por un lado y las de los militares por el otro suscitaron temores de que todavía pudiera suspenderse el traspaso del poder al gobierno civil.

El aplazamiento de las elecciones y la disolución de la asamblea constituyente plantearon un interrrogante: ¿qué pasos había que dar ahora hacia la transición? Sánchez propuso que se creara una comisión multipartidaria que se encargara de negociar con los militares. Pero Bedoya Reyes del PPC y Armando Villanueva del APRA rechazaron esta idea porque, según arguyeron, Sánchez trataba de aprovecharse de ella para fines personales. Los militares también hicieron oídos sordos a la propuesta de Sánchez, toda vez que querían seguir controlando la transición política hasta que se celebraran las elecciones. Los elementos del gobierno partidartios del APRA, encabezados por Morales Bermúdez, querían dar a Villanueva tiempo para obtener la candidatura presidencial antes de la inminente defunción de Haya de la Torre, porque, como sucesor de éste, apoyaría la consolidación de reformas e instauraría un régimen «socialdemócrata» que encauzaría las exigencias populares y limitaría el papel de la izquierda. En opinión de los oficiales anti-apristas concentrados en la marina y la fuerza aérea, Bedoya Reyes y Belaúnde Terry también necesitaban tiempo para permitir que los conflictos internos del APRA salieran a la luz después de la muerte de Haya de la Torre y para presentarse como clara alternativa de poder. Finalmente, los militares juzgaron necesario aplazar las elecciones hasta julio de 1980, no sólo para conmemorar el centenario de la guerra del Pacífico y permanecer alertas ante cualquier provocación de Chile, sino también porque albergaban la esperanza de que la recuperación económica borrara la mala imagen que tenían los militares y frenase los avances políticos sin precedentes que había hecho la izquierda.

Entre mayo de 1978 y julio de 1980, Silva Ruete y Moreyra decretaron cuatro «paquetes» de ajuste económico que estimularon la recuperación de los beneficios a expensas de los salarios, a la vez que la subida de los precios internacionales de los minerales permitía al Tesoro recuperar niveles importantes de reservas de divisas extranjeras. La aplicación de esta política económica y su aparente éxito permitieron al gobierno reprogramar el pago de la deuda exterior. No obstante, la inflación y la recesión continuaron haciendo estragos en la mediana industria y rebajando el nivel de vida de los obreros así como de la clase media, lo cual culminó en huelgas generales en enero y julio de 1979. Ante estas presiones, el equipo económico adoptó una política de incrementos salariales diferenciales en diversos sectores laborales en un intento de complementar su «represión selectiva» de destacados políticos de la izquierda y del movimiento obrero. El descontento generalizado con la política económica se introdujo en la campaña electoral, en espera de la instauración de un régimen democrático del que pudiera esperarse que diera satisfacción a las necesidades desatendidas de las clases baja y media.

Además de la oposición de las masas. Silva Ruete y Moreyra tuvieron que afrontar presiones continuas desde dentro del gobierno y las fuerzas armadas, que en varias ocasiones parecieron a punto de abandonar su plan monetarista. En primer lugar, tuvieron que vérselas con los generales y los almirantes que andaban continuamente a la rebatiña por fondos, ya que estaban decididos a incrementar los gastos de defensa en vista de que había dólares en las cámaras acorazadas del Banco Central. En segundo lugar, algunas autoridades militares pensaban que las medidas drásticas que tomaron Silva Ruete y Moreyra tenían por único objeto hacer frente a una situación de emergencia. Así pues, tan pronto como se hubo resuelto el problema de la «diferencia externa», el ministro de Industria propuso una política «heterodoxa» para reactivar la demanda interior por medio de la intervención del estado con el objeto de atacar la inflación y el creciente problema del paro, demostrando así la persistencia de orientaciones reformistas y nacionalistas en el ejército y el gobierno. Esta lucha política también se resolvió a favor de Silva Ruete y Moreyra gracias al apoyo que recibieron de las finanzas internacionales y gracias también a que cuando amenazaron con dimitir si no se aceptaban sus propuestas sobre la gestión de la economía, fue el ministro de Industria quien dejó el gobierno. Silva Ruete y Moreyra insistieron en el vínculo que había entre la democracia y la creación de una economía de mercado. En este clima sumamente inestable y conflictivo, Morales Bermúdez, Silva Ruete y Moreyra lograron superar los obstáculos que rodeaban a las elecciones y el traspaso del gobierno a los civiles.

LAS ELECCIONES DE 1980 Y LA SEGUNDA PRESIDENCIA DE BELAÚNDE TERRY, 1980-1985

Unos días después de la disolución de la asamblea constituyente, murió Víctor Raúl Haya de la Torre. Las fuerzas armadas le confirieron los más altos honores y el general Morales Bermúdez le condecoró a título póstumo con la más alta orden del país, todo lo cual representó una de las ironías de la historia. Con la muerte de Haya de la Torre, el APRA perdió al único de sus líderes que era capaz de influir en amplios sectores de la sociedad. Debido a la estructura vertical del partido y al culto a la personalidad de Haya de la Torre, los líderes apristas que quedaron no eran más que «satélites que orbitaban en tomo al astro, iluminados por su luz y su fuerza», tal como se afirmó en las exequias. Así pues, el hombre que había forjado y preservado la unidad del partido de masas más importante como si fuera de su propiedad dejó un legado difícil de preservar. Antes de su muerte, habían aflorado a la superficie conflictos internos de carácter personal e ideológico y no existían mecanismos institucionales para resolverlos. Tal como comentó uno de los «satélites», el partido se encontraba ante el problema de pasar «de la monarquía absoluta a una república».

Unos días después del entierro de Haya de la Torre, el mando aprista se reunió para elegir su candidato a la presidencia. Armando Villanueva derrotó a Andrés Townsend gracias a su control de la máquina del partido y al apoyo de los líderes de la juventud radical. Townsend, que había reunido a su alrededor un grupo de expertos de edad poseedores de habilidades parlamentarias, y que no ocultaba su disposición a pactar con los capitalistas, se mostró reacio a aceptar los resultados, anunciando con ello las futuras divisiones del hasta entonces monolítico Partido Aprista. Con la esperanza de salvar la imagen cada vez más degradada del partido, así como su precaria unidad, en víspera de las elecciones, Villanueva hizo que Townsend aceptara la candidatura al cargo de primer vicepresidente y escogió a Luis Negreiros, líder obrero de la impopular burocracia aprista que dirigía la Confederación de Trabajadores del Perú, como candidato a segundo vicepresidente. El APRA lanzó una campaña que costó muchos millones de dólares para presentar a Villanueva como heredero de Haya de la Torre y hombre capaz de resolver los problemas sociales empleando medios democráticos que haría de mediador entre los intereses de las diferentes clases y entre los intereses nacionales y extranjeros, y que, además, reajustaría y reorganizaría las reformas que había introducido el gobierno militar. Esta imagen contrastaba con la que había tenido durante años, tanto dentro como fuera del partido, y que sus adversarios se esforzaron por resucitar, toda vez que Villanueva había forjado su carrera en estrecha asociación con las «tropas de asalto» del APRA, los llamados «búfalos». El lema que el partido había escogido para la campaña electoral, «Armando es fuerte», que supuestamente le presentaba como un líder capaz de llevar a cabo la reorganización que el país necesitaba, resultó contraproducente para el hombre que había utilizado de forma habitual la fuerza para hacer callar a sus adversarios. Otro aspecto que perjudicó su imagen, especialmente en relación con la conmemoración del centenario de la guerra del Pacífico, fue que la esposa de Villanueva era de erigen chileno. Para muchos era impensable que una «primera dama» tuviera vínculos con el enemigo tradicional del país.

Luis Bedoya Reyes y el PPC entraron en la lucha electoral compitiendo ferozmente con el APRA, pero tratando también de adentrarse en el territorio electoral de Belaúnde Terry. Bedoya Reyes confirmó la imagen que había proyectado en 1978, presentándose como un líder que gestionaría los asuntos del estado con un equipo capacitado de expertos utilizando para ello un duro estilo gerencial sin ser presa de la indecisión y la debilidad que mostrara Belaúde Terry durante su mandato. En contraste, Fernando Belaúnde Terry, candidato de AP, llevó a cabo su campaña mientras visitaba el interior del país, llamando la atención sobre la labor que se había hecho durante su presidencia pero que había estado suspendida durante los últimos diez años. Se presentaba como hombre con talento para las obras públicas que comprendía los problemas y el potencial de la sociedad rural y provincial del país. Pero su virtud principal era que concedía una importancia especial a una actitud pluralista en términos de «trabaja y deja trabajar» que era contraria a la imagen intolerante e inflexible que proyectaban sus adversarios. A este efecto, se forjó una imagen de auténtico «caballero», benévolo y capaz de responder de forma razonable y positiva a las diferentes peticiones de diversos grupos de intereses sociales. Al mismo tiempo, Belaúnde Terry recalcó su independencia de los militares negándose a aceptar sus condiciones para participar en la asamblea constituyente aunque también hacía hincapié en su apoyo a la profesionalización y la modernización de las fuerzas armadas —que le habían derrocado once años antes— mostrando su «gallardía» al tratarlas con imparcialidad.

Los izquierdistas organizaron manifestaciones contra la dictadura militar por su carácter represivo y denunciaron la colusión de los «partidos burgueses» con los militares, acusándolos de albergar la esperanza de prolongar la dictadura capitalista bajo el disfraz seudodemocrático. Aunque participaran en las elecciones «por razones tácticas», seguían creyendo, con Mao, que el poder salía de las armas de fuego. No supieron presentar una opción convincente ni pudieron presentar un bloque unido. Los esfuerzos por formar una alianza electoral consistieron en encuentros interminables entre los líderes de los grupos marxistas, cristianos y velasquistas para hablar de dos asuntos. El primero y más importante se refería al número de candidatos que debía tener cada organización y el lugar que se les debía asignar en la lista unificada de la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI) con el fin de aumentar al máximo sus probabilidades de ganar las elecciones. Pero su incapacidad para transigir y formar acuerdos parciales —rasgo característico del sistema político— les impidió llegar a un acuerdo general. Por tanto, el segundo asunto, el programa mínimo que la ARI debía presentar al electorado, pasó a ser superfluo y la izquierda participó en los comicios dividida en cinco listas.

Contra todas las expectativas, Belaúnde Terry obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de 1980 con el 45 por 100 de los votos. El APRA, que había obtenido el 35 por 100 en 1978, vio su parte reducida al 27 por 100; la parte del PPC descendió del 24 al 15 por 100; y la izquierda, que había obtenido un total combinado de alrededor del 30 por 100 en 1978, sufrió una derrota espectacular, ya que sólo obtuvo el 14 por 100. El desplazamiento de grandes sectores de la población del APRA en 1978 a AP en 1980 se debió a la muerte de Haya de la Torre y a su rechazo de la imagen y el comportamiento coactivos y sectarios de Villanueva; la reducción de los votos de Bedoya Reyes podía explicarse basándose en su estrecha identificiación con un gobierno que defendía exclusivamente los intereses de la clase alta. Los que habían votado a la izquierda en 1978 y trasladado su preferencia a Belaúnde Terry en 1980 reaccionaron a la incapacidad de los líderes de las diversas facciones para formular una política alternativa eficaz. Con Belaúnde Terry eligieron el «mal menor» como medio de bloquear al APRA, al que se temía por su puesta capacidad para tramar la destrucción del movimiento de masas que la izquierda controlaba.

Tan pronto como se conocieron los resultados de las elecciones, un proceso de moderación y cooperación que era único en la historia política de Perú empezó a tomar forma y pareció señalar el comienzo de un proceso de consolidación democrática del país. Los militares aceptaron la voluntad del pueblo, aunque habían votado al hombre al que depusieran doce años antes, y crearon comisiones integradas por representantes de los viejos y los nuevos gobiernos con el fin de coordinar la formación de equipos ministeriales. Los partidos políticos reconocieron públicamente los resultados de las elecciones y se brindaron a apoyar la consolidación del régimen constitucional. Belaúnde invitó al APRA y al PPC a participar en el gobierno, con la esperanza de atraer un apoyo social de base amplia. Villanueva y el APRA, escarmentados por su derrota electoral y la disensión interna, se brindaron a formar una «leal oposición» al gobierno. El PPC aceptó la propuesta de formar una coalición con AP que estableció una mayoría en ambas cámaras del Congreso. Varios sindicatos y organizaciones de campesinos y de chabolistas asociadas con la izquierda fueron recibidos por el presidente electo, que, junto con sus futuros ministros, se ofreció a satisfacer sus peticiones. Delegaciones regionales, profesionales y obreras desfilaron ante Belaúnde Terry para ofrecerle su colaboración.

El problema más difícil tenía que ver con las relaciones futuras entre el ejecutivo y las fuerzas armadas. A pesar de que el presidente del mando general de las fuerzas armadas era Rafael Hoyos Rubio, el hombre que había sido responsable personalmente de expulsar a Belaúnde Terry del palacio presidencial en 1968, se acordó no cambiar las estructuras de mando, con lo cual se respetó el orden interno de la organización militar. A cambio de ello, los ministerios de los tres brazos de las fuerzas armadas se asignaron a oficiales retirados que había sido leales al gobierno al producirse el golpe de 1968.

El 28 de julio de 1980 el general Morales Bermúdez se despojó de sus poderes y Fernando Belaúnde Terry tomó posesión de su cargo de presidente. Parecía haber empezado un capítulo nuevo de la historia de Perú. La crisis del régimen oligárquico se había resuelto en parte con las reformas del gobierno militar, que había fomentado un proceso de relativa democratización social siguiendo una vía autoritaria. Ahora, con el traspaso del poder a un presidente civil y elegido, era cuestión de completar el ciclo y democratizar la política y el estado.

Con la alianza entre Belaúnde Terry y Bedoya Reyes —líderes de AP y del PPC, respectivamente— el gobierno obtuvo el control del Congreso y pudo seguir una política económica diametralmente opuesta a lo que el presidente había propuesto en su campaña electoral, a saber: que su gobierno pondría en marcha una política de expansión económica y crearía un millón de puestos de trabajo, cuyos recursos se encauzarían principalmente hacia las provincias del país. Como los precios de sus exportaciones habían subido entre 1978 y 1980, parecía que Perú podría resolver el problema de la balanza de pagos y que, por tanto, el nuevo gobierno estaría en condiciones de renovar los acuerdos con la banca internacional y atender al servicio de su deuda exterior. Sin embargo, el nuevo gobierno decidió seguir el programa de ajuste que había estado en vigor durante los dos últimos años del régimen militar. Esto, junto con las repercusiones de la recesión mundial de 1982, tuvo un efecto devastador en la economía peruana y las condiciones de vida del pueblo.

Entre 1980 y 1985, mientras la deuda exterior de Perú crecía de 6.000 millones a 10.500 millones de dólares, el PIB descendió en un 11,3 por 100. El paro, que era del 8 por 100 en 1980, alcanzó el 18 por 100 cinco años más tarde, paralelamente a un crecimiento explosivo del subempleo y del llamado sector no estructurado. La tasa anual de inflación —44 por 100 durante el período 1975-1979— aumentó hasta alcanzar una media del 66 por 100 durante los dos primeros años del gobierno democrático y, después de subir hasta el 110 por 100 en 1984, alcanzó el 250 por 100 en el último año del gobierno. Los salarios reales cayeron en un 31 por 100 y la renta per cápita media descendió hasta los niveles de 1960. Los índices de bienestar social, que ya eran muy bajos en comparación con los de otros países latinoamericanos, siguieron cayendo y acabaron alcanzando ni veles críticos. Mientras el 50 por 100 de la población se veía reducido a la extrema pobreza, la concentración de riqueza en manos de unos pocos, que siempre se había considerado excesiva, alcanzó un nivel sin precedentes. Medidas que en el Cono Sur no se habían tomado hasta después de que el movimiento de masas fuera derrotado por una brutal dictadura militar las tomó en Perú un gobierno democrático recién elegido.

Como si fuera un señor feudal, Fernando Belaúnde Terry restableció las tradicionales prácticas políticas del favoritismo y el patronazgo, a pesar de las expectativas de que democratizase la política. Delegó en sus leales amigos y parientes la tarea de administrar la economía y seleccionar expertos cuya experiencia y prestigio internacional aseguraran la aplicación de medidas de estilo liberal y, por ende, el respaldo de los gobiernos y los organismos financieros norteamericanos y europeos. De esta manera, se desvinculó de las responsabilidades políticas de la gestión económica. Al amparo de la nueva constitución, el primer ministro, Manuel Ulloa, que había sido ministro de Economía durante la última fase del primer gobierno Belaúnde Terry, promulgó 240 decretos cuya finalidad era reorganizar la economía y que la mayoría legislativa ratificó sin ningún debate y sin tener en cuenta a la oposición ni a la opinión pública. No sólo se excluyó a los legisladores provinciales de AP de la toma de decisiones relativas a la política económica, sino que, además, los tecnócratas encargados de formular y aplicar dicha política no debían lealtad al partido y a sus líderes provinciales ni se identificaban con sus intereses sociales y políticos. Lo peor de todo era que no concedían ninguna importancia a las consecuencias políticas de sus medidas, que beneficiaban los intereses de las grandes empresas, centradas en Lima, pero impedían el desarrollo regional —otra de las promesas rotas de Belaúnde Terry— que afectaba a las bases sociales de AP.

Así pues, nació en el seno de AP el antagonismo entre los «limeños» y los «provinciales». Belaúnde trató de resolverlo por medio de una «división del trabajo» en la cual Ulloa y sus «Chicago boys» dictaban medidas macroeconómicas, mientras otros controlaban el patronazgo, lo cual les permitía ampliar sus redes clientelistas, con el consiguiente aumento del gasto público y de la corrupción. Además, como el propio Belaúnde Terry se negaba de forma persistente a abandonar su grandioso proyecto de obras públicas, su política de estabilización fracasó a finales de 1982.

Desde el principio mismo, las medidas de ajuste económico provocaron una reacción hostil por parte de las clases baja y media, y pronto se hicieron eco de ella los industriales. La sorpresa de los primeros momentos no tardó en dar paso a la protesta y los acalorados debates públicos, con la participación activa de un amplio espectro de políticos, sindicalistas, profesionales, intelectuales y hombres de negocios, al tiempo que la renovada movilización sindical conducía a cuatro huelgas generales. Sin embargo, nada de todo esto logró que el gobierno cambiara de postura. Debido a su control personal de los representantes de AP, al apoyo del PPC y al de los medios de comunicación —que el presidente había devuelto a sus antiguos propietarios—, Belaúnde Terry dominaba la situación. Ulloa y su equipo se apoyaban en los medios de comunicación, tanto los peruanos como los internacionales, así como en el sistema bancario internacional, para desacreditar y ridiculizar a la oposición, que a menudo no era coherente ni consecuente en sus críticas. Al mismo tiempo, el gobierno consiguió convencer a la gente de que sus acciones, aunque impopulares, eran necesarias y las únicas opciones factibles ante el desastroso legado de doce años de gobierno militar.

La arrogancia tecnocrática del gobierno Ulloa se reveló por medio del desdén que mostraba para con las opiniones y las preocupaciones de la «inepta» e «ignorante» oposición, desdén que se convirtió en uno de los rasgos característicos del régimen: el rechazo categórico del descontento, la crítica y la oposición que se manifestaban mediante el incremento del número de huelgas y los resultados de las encuestas de opinión, muchas de las cuales habían sido encargadas por el propio gobierno.

En 1982, la recesión mundial agravó el efecto de la política económica: los precios de las materias primas bajaron tanto que el valor de los ingresos de exportación de Perú quedó reducido al 50 por 100 del nivel de 1979. Esta situación provocó fuerte oposición en AP y en la sociedad en general y finalmente Ulloa se vio obligado a dimitir. El año siguiente Perú resultó muy afectado por los efectos combinados de la continua recesión mundial, la devastación que causó El Niño y la política económica del gobierno, que provocaron una caída del 12 por 100 del PIB. Belaúnde Terry trató de echar la culpa a factores externos y a las fuerzas de la naturaleza, pero estas cosas sólo fueron responsables del 5 por 100 del descenso. Fue entonces cuando Pablo Macera, conocido y prestigioso intelectual, declaró que Perú estaba pasando por la peor crisis de su historia después de la derrota que sufriera en la guerra del Pacífico. El gobierno Belaúnde Terry perdió todo asomo de coherencia y fue rebotando de una crisis a otra hasta que finalmente produjo una tasa de inflación de tres cifras.

En las elecciones municipales de 1983, venció Alfonso Barrantes, que encabezaba la lista de la recién creada Izquierda Unida (IU) y se convirtió en el primer alcalde marxista de Lima, lo cual fue una demostración del rechazo generalizado de la política de Belaúnde Terry y de la creciente unificación política de la izquierda. El presidente, sin embargo, continuó comportándose, según comentó un periodista, como si su victoria electoral significara que le habían dado un cheque en blanco para utilizarlo de forma indiscriminada, sin tener que dar ninguna explicación a los votantes. La propuesta de Alfonso Grados Bertorini, el ministro de Trabajo, de hacer un pacto entre el capital, el trabajo y el estado resultó inútil, ya que los tecnócratas no estaban dispuestos a reconocer las expectativas de la población en general. De hecho, era claro que el estado había pasado a representar al FMI y los intereses de las clases poseedoras de propiedades más que al conjunto de la sociedad. Las perspectivas de un pacto social entre los diferentes actores sociales y fuerzas políticas, que había ocupado uno de los primeros puestos en el programa para la consolidación de la democracia, empezó a desvanecerse rápidamente. Aunque el creciente conflicto en el seno de la sociedad y entre ésta y el estado aún no sobrepasaba los cauces institucionales, había indicios claros de que esto podía ocurrir.

Las huelgas laborales, que habían sido un factor clave en la transición a la democracia a finales del decenio de 1970, ya no eran eficaces. La ley de estabilidad del empleo que decretara el general Velasco Alvarado había sido debilitada por Morales Bermúdez en respuesta a las exigencias de la patronal y perdió todo significado bajo Belaúnde Terry. Mientras la demanda interna caía en un 17 por 100, la industria trataba de adaptarse a la nueva situación despidiendo a obreros y recurriendo a otros temporales y a subcontratistas, lo cual causó un crecimiento insólito del sector «no estructurado». La organización sindical resultó erosionada y la fuerza laboral, fragmentada. Mientras tanto, la radicalización de los obreros se hacía cada vez más visible, como demostraban la continua oleada de huelgas ilegales, la toma de fábricas por parte de sus obreros, la ocupación de iglesias y lugares públicos, la huelgas de hambre y los enfrentamientos violentos con la policía. Los empleados públicos, no sólo el personal administrativo sino también profesionales tales como médicos, enfermeras e incluso policías, fueron igualmente a la huelga, que en algunos casos duraba meses. Esta tendencia consolidó una cultura política que se basaba cada vez más en el ejercicio de presión violenta como única forma de obtener resultados. Además, había un claro incremento en diversas actividades extrajurídicas e ilegales —delincuencia y tráfico de drogas—, otra indicación de que el estado era incapaz de responder a las exigencias sociales. La probabilidad de un golpe militar que pusiera fin a esta situación de ingobernabilidad, como hubiera ocurrido tradicionalmente, disminuyó a causa de factores nuevos que complicaron el panorama político, especialmente la aparición y el crecimiento de Sendero Luminoso (SL).

Fundado en 1970 por un profesor universitario maoísta, Abimael Guzmán, el grupo llamado Sendero Luminoso empezó sus acciones terroristas el día de las elecciones de 1980 en un poblado de Ayacucho. Al principio se le dio poca importancia, pero el asesinato de policías y autoridades locales en Ayacucho pronto demostró que el grupo estaba decidido a hacer realidad los objetivos revolucionarios que la izquierda había propuesto en los años setenta. Desde el primer momento resultó evidente a ojos de todos los actores políticos que la estrategia de Sendero Luminoso iba dirigida a provocar un golpe que eliminase los cauces institucionales de participación y representación democráticas. Las fuerzas armadas, sin embargo, sacaron la conclusión de que cualquier intervención política directa para derrocar el orden constitucional y empezar una campaña generalizada de represión era contraria a sus propios intereses. Todavía estaban frescas las frustraciones y divisiones institucionales que causara su participación en el gobierno. Además, el clima internacional era desfavorable a los gobiernos autoritarios y represivos y la citada intervención hubiera fomentado la polarización política y, finalmente, el desencadenamiento de una guerra civil, lo cual era precisamente lo que pretendían los grupos insurrectos. Así pues, las fuerzas armadas aceptaron a regañadientes que sus acciones represivas se limitaran de conformidad con la ley.

No obstante, las crecientes actividades terroristas contra las autoridades, y en especial contra la policía y las fuerzas armadas, produjeron una reacción que distanció a los militares de la izquierda, la Iglesia y la población campesina. En diciembre de 1982, cuando ya era evidente que Sendero Luminoso no era sencillamente una banda de delincuentes comunes, sino un grupo militar y político muy unido que estaba comprometido con la destrucción del sistema político, el presidente declaró Ayacucho «zona de emergencia» y la puso bajo el control político de las fuerzas armadas. En diciembre de 1984, el presidente ya había autorizado al mando de las fuerzas armadas a llevar a cabo operaciones antisubversivas en todo el país, con lo cual quedó completada su abdicación del poder a favor de los militares en este terreno crítico.

La campaña de represión que emprendió el ejército contra el campesinado y los supuestos cómplices de la subversión suscitó acusaciones y protestas vehementes por parte de los representantes de la izquierda, la Iglesia, las organizaciones internacionales y nacionales pro derechos humanos, las organizaciones de masas y los medios de comunicación, especialmente después de que varios periodistas fueran asesinados. La campaña culminó en un amplio debate nacional en torno a los derechos humanos, que a partir de aquel momento se convirtieron en un tema político central y abarcaron asuntos relacionados con el racismo y la tradicional explotación étnica y social de los campesinos indígenas del país. Esto redujo la autonomía de los militares al exponer sus operaciones al examen público, a pesar del apoyo de Belaúnde Terry, sus aliados en el Congreso y parte de los medios de comunicación.

Sin embargo, las relaciones entre el gobierno y las fuerzas armadas se hicieron cada vez más conflictivas, en parte porque Belaúnde Terry logró evitar un enfrentamiento militar con Ecuador en 1981 al ocupar el ejército de dicho país territorio peruano situado junto a la frontera común, pero, más importante aún, debido a las diferencias en materia de estrategia antisubversiva. Los militares opinaban que la seguridad nacional sólo era posible por medio de la participación social y el desarrollo económico. A largo plazo, sólo cuando el campesinado rechazara a los insurgentes y aceptase el imperio de la ley sería posible aislar a Sendero Luminoso y destruirlo políticamente. Mientras tanto, las fuerzas armadas tenían que continuar la guerra contra la insurgencia, ocultando los hechos a los líderes políticos e impidiendo que los medios de comunicación y las organizaciones políticas informasen de lo que ocurría en la zona de emergencia.

La necesidad que veían los militares de mejorar las condiciones de vida de los campesinos de la sierra para que fuesen partidarios del orden constitucional creó una nueva esfera de tensión política que la oposición —el APRA e IU— explotó, contribuyendo con ello a erosionar más la legitimidad de Belaúnde Terry. En 1984 estalló un conflicto declarado con el comandante de la zona de emergencia, el general Félix Huaman Ceuteno, al quejarse éste de no haber recibido los fondos que le habían prometido para ayudar a la población y de que, por tanto, los militares no podían combatir al enemigo. Al mismo tiempo, los militares siguieron mostrando su descontento con la política económica del gobierno. El resultado fue un mar de contradicciones internas y acción ineficaz por parte del gobierno, cuya legitimidad siguió descendiendo. Creció la desmoralización pública y los cambios de ministros aumentaron de forma espectacular.

La movilización de los partidos políticos para las elecciones presidenciales de 1985 hizo concebir esperanzas de que el vencedor pudiera poner fin al desorden y el terrorismo, aunque había ahora muchas razones para dudar de la eficacia de un gobierno democrático en Perú. Cada vez eran más los pobres y los jóvenes que se alejaban del sistema político y buscaban una solución en el radicalismo y las ideologías mesiánicas. Pero la presencia fuerte y creciente de los izquierdistas y la Iglesia en las organizaciones de clase baja y media —entre los campesinos, los obreros urbanos, los parados, los estudiantes, los profesionales y los intelectuales—, las únicas que eran capaces de enfrentarse políticamente a Sendero Luminoso, hicieron nacer esperanzas de nuevas vías de desarrollo político. En este contexto, la reestructuración de IU y la renovación del APRA abrieron una vía política para los que buscaban una alternativa democrática al gobierno Belaúnde Terry.

LAS ELECCIONES DE 1985 Y LA PRESIDENCIA DE GARCÍA, 1985-1990

En las elecciones de 1985 el interés se concentró en dos frentes políticos, IU y el APRA, y en dos figuras nuevas que habían redefinido la representación de los intereses políticos de las clases media y baja del país: Alfonso Barrantes de IU y Alan García del APRA.

Las diversas elecciones generales celebradas desde 1978 habían creado condiciones favorables para que los líderes nacionales, regionales y locales de IU movilizaran a la población y ampliasen su influencia en diferentes niveles del estado y la sociedad. Los grupos de la ultraizquierda, entre ellos Sendero Luminoso, que se caracterizaban por su falta de influencia o de raíces en las organizaciones de masas, acusaron a IU de «reformismo» y «electoralismo». Pero IU se negó a «agudizar las contradicciones», hasta el extremo de arriesgarse a cometer un suicidio político. Si bien continuó oponiéndose al gobierno de Belaúnde Terry y a las acciones de los militares, IU había permanecido fiel a las reglas y procedimientos democráticos para garantizar su supervivencia y la posibilidad de crecer. Además, el peligro de que IU fuera acusada de complicidad con los subversivos y, por tanto, fuese objeto represión contribuyó al cambio de su retórica tradicional y a su rechazo de la insurgencia. Y la precaria integración de IU fue también un factor decisivo en el fortalecimiento de su postura democrática, a pesar de las intenciones de algunos de sus miembros. IU se había fundado con el objeto de unificar los intereses políticos electorales y más generales de los líderes de diversos grupos —moscovitas, maoístas, guevaristas, cristianos— cuyo tamaño e importancia variaban, y se centró en el papel fundamental de Alfonso Barrantes, la única persona capaz de unirlos. Sin embargo, no tardaron en aflorar a la superficie conflictos entre los líderes de los partidos y Barrantes, dado que la popularidad personal de éste, que aumentó después de ser elegido alcalde de Lima, le dio nuevos y mayores recursos políticos y le hizo más independiente de ellos. Así pues, las lealtades de partido y de índole personal obstaculizaron la integración de los diferentes grupos de la izquierda, que continuó resintiéndose de la fragmentación política y de las dudas sobre su capacidad para gobernar.

La derrota del APRA en las elecciones de 1980 había reavivado el conflicto pendiente sobre su ideología y su liderazgo. El autoritarismo de Haya de la Torre, la oposición del APRA a los cambios políticos que habían tenido lugar entre mediados de los años cincuenta y mediados de los setenta y el hecho de que el partido no prestara atención a nuevas exigencias sociales habían obrado en detrimento de la captación de miembros. Desde los años sesenta el APRA había tenido que afrontar la competencia que le hacían con fortuna los sindicatos obreros y las organizaciones de chabolistas y campesinos de la izquierda. Además, había sufrido golpes ideológicos durante la fase revolucionaria del gobierno militar y se había distanciado de los universitarios, los maestros y los nuevos intelectuales, que se sentían asfixiados por la gerontocracia del partido y su caduca máquina política, que era incapaz de adaptarse a las nuevas corrientes que invadían el país. En estas circunstancias difíciles, más de un crítico del partido había predicho la decadencia definitiva del APRA.

Con Haya de la Torre muerto y condecorado a título póstumo como patriarca nacional, su legado tuvo poca utilidad para Armando Villanueva en las elecciones de 1980, y Villanueva no logró resolver las divisiones entre el ala conservadora y el ala nacionalista-populista orientada a las masas. Después de 1980, sin embargo, el joven activista Alan García, que había ocupado puestos importantes en los últimos años del liderazgo de Haya de la Torre y se había distinguido liderando la oposición aprista al gobierno Belaúnde Terry, intentó unir y renovar el APRA. El primer paso consistió en celebrar elecciones internas y para ello se establecieron procedimientos que, por primera vez, garantizarían la participación democrática de los miembros del partido. García fue elegido secretario general del APRA después de hacer una campaña nacional que fue más allá de los límites del partido. Mientras los demás partidos seguían anclados en anacrónicas pautas de liderazgo que recordaban las que cabía encontrar en los partidos de «notables», sectores considerables de las clases media y baja que habían abandonado el partido volvieron a verlo como representante de sus intereses. El APRA recuperó terreno tanto en la sociedad en general como en política, en un momento en que el presidente Belaúnde Terry lo estaba perdiendo con rapidez. La campaña del partido también dio a Alan García una fama nacional que más adelante le ayudó a conseguir que le nombrasen candidato del APRA a la presidencia en las elecciones de 1985. García se esforzó por borrar la imagen sectaria del partido que había sido la causa de la derrota de 1980. Incluyó en su programa asuntos que interesaban a la nación en general, al tiempo que resucitaba la retórica nacionalista-populista que Haya de la Torre había empleado en los años treinta. Forjó vínculos con figuras prestigiosas de diferentes círculos sociales, empresariales, profesionales, militares e intelectuales y evitó enfrentamientos que pudieran reavivar sentimientos anti-apristas. García estrechó los lazos entre los líderes y las bases del partido y amplió considerablemente la base social del mismo, proyectando una imagen de líder nacional.

Dos fenómenos fueron decisivos para definir la orientación y el estilo de García como candidato y, más adelante, como presidente: la victoria de Alfonso Barrantes c IU en las elecciones municipales de Lima en 1983 y la reaparición de la insurgencia de Sendero Luminoso. Barrantes logró resolver los problemas que causaban las continuas tensiones internas de IU apelando directamente a las masas y defendiendo la causa de los pobres de Lima, centrándose de manera especial en los emigrantes jóvenes llegados de la sierra. Utilizó una amplia gama de símbolos sociales y políticos que hacían pensar en el apogeo de la carrera de Haya de la Torre. García se vio obligado a responder a este desafío al tiempo que ofrecía una solución del problema de Sendero Luminoso, que, según su interpretación, era fruto de una larga historia de explotación social y regional y de discriminación étnico-racial contra la población andina. Así pues, con el fin de ganar las elecciones, tuvo que identificarse con las masas pobres tanto de la ciudad como del campo, especialmente de la sierra, y expresar sus intereses. Como reconoció él mismo, el APRA nunca había tenido realmente en cuenta a la población indígena de los Andes y durante decenios había sido incapaz de superar su sesgo pro urbano, costero y «criollo».

Sin embargo, en contraste con Barrantes y la izquierda. García se daba cuenta de que concentrarse exclusivamente en los pobres y distanciarse de la clase media y del mundo empresarial daría por resultado un mayor aislamiento del APRA. Su lema —«Mi compromiso es con todos los peruanos»— ponía de relieve su objetivo, que era integrar a diferentes intereses sociales en una plataforma «nacionalista, de amplia base y democrática» para hacer frente al enemigo común: el FMI y sus exigencias de ajustes recesivos y del pago de la deuda exterior. García rechazaba de plano el lema conservador tan querido de la gerontocracia aprista, «la política es el arte de lo posible», que aconsejaba prudencia, discreción y transigencia. En vez de ello, insistía en que había llegado el momento de demostrar la «voluntad política» de transformar radicalmente la realidad peruana y cambiar la pauta del desarrollo centralista y burocrático que había caracterizado la historia del país durante los últimos treinta años. García insistía en que los cambios que se harían bajo su juvenil liderazgo beneficiarían por igual a todo el mundo, sin hacer daño a nadie. El mensaje tuvo un efecto terapéutico; las diferentes clases sociales vieron a García como un líder que inspiraba confianza, optimismo y la certeza de un futuro seguro que daría marcha atrás a la desmoralización y la alienación política de los años de Belaúnde Terry. Los persistentes ataques terroristas y asesinatos perpetrados por Sendero Luminoso hicieron más apremiante la búsqueda de una solución política de los conflictos sociales de Perú. La participación masiva de votantes en las elecciones de 1985 constituyó, de hecho, una decisiva derrota política para Sendero Luminoso, que había instado a los peruanos a abstenerse de votar.

García y el APRA ganaron las elecciones de 1985 con el 53 por 100 de los votos emitidos, que incluían el apoyo de los votantes del sur de la sierra y de los barrios de chabolas de las ciudades. Barrantes e IU obtuvieron el 25 por 100 de los votos. Estos dos grupos políticos, que en conjunto habían obtenido casi cuatro quintas partes de los votos, estaban en condiciones de pensar en una amplia alianza basada en las masas y poseedora de una fuerza sin precedentes. En cuanto a los otros partidos, el candidato de AP, Javier Alva Orlandini, obtuvo sólo el 7 por 100 —comparado con el 45 por 100 que Belaúnde Terry había obtenido en 1980— y Luis Bedoya, que se había presentado en nombre del PPC, sólo el 12 por 100. Esta reducción a sólo el 19 por 100 del número de votos a favor de la derecha ilustró de forma clara el cambio que se había producido en el pensamiento del electorado.

La victoria de García en las elecciones reflejó la eficacia de su táctica de presentar el APRA como una fuerza que representaba a clases sociales y regiones diferentes. Como consecuencia de esta victoria, la naturaleza del gobierno la determinaría en gran medida la voluntad de Alan García: se convirtió en un gobierno «alanista» en lugar de aprista. Como presidente de la república y luego de su partido, García decretó varias medidas ambiciosas de claro matiz populista que contribuyeron a que su popularidad alcanzase niveles notables durante su primer año en el poder. Su constante comunicación directa con las masas urbanas —los «balconazos»—, así como con la población rural, y sus denuncias de la burocracia estatal como por causar desigualdad social y explotación iban acompañadas de una intensiva intervención personal en prácticamente todos los problemas del país al margen de los cauces administrativos establecidos.

Para responder al aumento de la inflación, la especulación económica y la recesión en la industria manufacturera, se redactó un plan «nacionalista» y «antiimperialista» que era contrario a las recomendaciones de las organizaciones internacionales. El elemento nacionalista consistía en una «heterodoxia» de clara intención distributiva en términos de empleo, rentas y subvenciones, y la prestación de apoyo indiscriminado a la industria; esto permitió incrementar el crecimiento del PIB en un 8,5 por 100 en 1986 y un 9 por 100 en 1987 al tiempo que se reducía la inflación. La orientación antiimperialista del plan se concentró en denunciar la explotación del Tercer Mundo por parte de los países desarrollados en términos del pago de la deuda exterior, que estaba convirtiendo a estos países en exportadores netos de capital. Distanciándose de la propuesta de Fidel Castro, que consistía en sencillamente rechazar la deuda, García decidió pagar sólo el equivalente del 10 por 100 de los ingresos de exportación.

Ambos aspectos del plan empeoraron las relaciones de Perú con las instituciones de crédito y los bancos privados internacionales. De forma simultánea, García relanzó una política exterior orientada al Tercer Mundo y dio su firme apoyo al gobierno sandinista de Nicaragua y a la iniciativa Contadora para la negociación de un acuerdo de paz en América Central. Al mismo tiempo, García atacó el tráfico de drogas, entre otros motivos para compensar su política antinorteamericana. También reestructuró los cuerpos de policía, contra los que se hacían muchas acusaciones de corrupción, y tomó la insólita medida de jubilar a militares de alta graduación que habían participado en el encubrimiento de los asesinatos de campesinos en zonas de emergencia, con lo cual reafirmó los poderes constitucionales del presidente como comandante supremo de las fuerzas armadas.

Estas medidas fueron muy bien recibidas por el pueblo y obligaron a la oposición a aceptarlas, aunque a regañadientes, o, al menos, a guardar silencio. Después de la deslucida actuación del gobierno Belaúnde Terry, el dinamismo de García alentó las esperanzas de diferentes sectores de cambiar el orden social empleando cauces democráticos. Sin embargo, el voluntarismo del presidente y su estilo de caudillo populista pronto causaron alienación y provocaron enfrentamientos, primero con IU y luego con la máquina del partido del propio APRA. Siguió a estos problemas un agudo conflicto con el mundo empresarial y la clase media. Después de dos años en el cargo, la imagen de García como pluralista y conciliador era confusa.

En junio de 1986, la muerte violenta de 250 presos acusados de terrorismo señaló la intensificación de la violación de los derechos humanos que había empezado a crecer durante el mandato de Belaúnde Terry. Pero aunque un tribunal militar juzgó a unos cuantos policías, los representantes del APRA en el Congreso se alinearon con el presidente y, de forma temporal, con las fuerzas armadas. El retraso en nombrar una comisión investigadora del Senado, que no empezó a actuar hasta un año después, enfureció a la izquierda. Luego, en la campaña para las elecciones municipales de 1986, García apoyó con fuerza a los candidatos apristas, rompiendo así una tradición presidencial de abstención de las campañas locales y causando una derrota por escaso margen de la izquierda en Lima. Mientras tanto, García emprendió negociaciones secretas con los principales líderes de los grandes grupos capitalistas, los llamados doce apóstoles, pasando por encima de las organizaciones oficiales del mundo empresarial. El objeto de las negociaciones era garantizar las concesiones hechas a los grandes intereses del capital con el fin de aumentar la eficacia de la política económica heterodoxa. Por su parte, los «apóstoles» aprovecharon el tipo de cambio favorable que les concedió el gobierno para exportar capital, con lo cual agotaron las reservas de divisas extranjeras del país. Los obreros, cuyos ingresos no habían mejorado, manifestaron su descontento tanto con el reparto de sacrificios como con su exclusión de las negociaciones entre el presidente y las grandes empresas.

García había neutralizado a la derecha —AP y el PPC— pero exacerbado el conflicto con los partidos de izquierdas y sus electores. Esto fue la causa de una huelga general que la CGTP convocó en mayo de 1987 y que salió relativamente bien y fue seguida de varias huelgas parciales, sobre todo en los servicios públicos. Además, los líderes de IU y sus cuadros políticos más radicalizados exigieron a Alfonso Barrantes que impugnara la validez de los resultados de las elecciones de 1986; que liderase una campaña contra la dudosa actuación del gobierno en las elecciones; que pusiera fin a sus conversaciones con García, que se estaban celebrando subrepticiamente y sin consulta previa; y que se enfrentara abiertamente al APRA y al presidente. Sin embargo, Barrantes se negó a hacer lo que le pedían y sus repetidas ausencias de las reuniones del comité ejecutivo de IU limitaron la eficacia de la oposición del comité y acabaron paralizándolo. Su negativa a impugnar los resultados de las elecciones, aunque le habían sido desfavorables, y su persistente adhesión a las reglas y procedimientos establecidos desataron una furiosa oposición en algunos grupos de IU y le empujaron a renunciar al liderazgo, aunque su popularidad personal no sufrió merma alguna. A partir de entonces, IU experimentó una prolongada crisis que culminó en una escisión en enero de 1989 con motivo de su primera convención nacional. Al mismo tiempo, Sendero Luminoso estaba intensificando sus ataques, que ya no iban dirigidos exclusivamente contra las autoridades públicas, sino que incluían también el asesinato de líderes políticos de la izquierda, miembros de sindicatos obreros y de organizaciones de campesinos y profesores de universidad.

Una enmienda constitucional a favor de la reelección del presidente para un segundo mandato provocó una revuelta contra García en el seno del APRA, porque bloqueaba la aparición de nuevos candidatos y sus clientelas respectivas y porque también provocó oposición popular hasta tal punto que puso en peligro el futuro del partido, que, en opinión de un ministro, iba a gobernar el país durante los siguientes cincuenta años. Por estas razones la enmienda constitucional fue rechazada.

Este enfrentamiento evidenció que la máquina del partido estaba descontenta con la manifiesta falta de interés del presidente y su negativa a escuchar sus opiniones y recomendaciones sobre numerosas iniciativas políticas. Este descontento también era fruto de las estrechas relaciones de García con Barrantes y los «doce apóstoles», sobre las cuales nunca había consultado con los líderes del partido. Al mismo tiempo, se derivaba del hecho de no proporcionar a los activistas, que llevaban decenios esperando pacientemente esta oportunidad, un número suficiente de puestos ejecutivos; estos puestos se asignaban con frecuencia a «los amigos de Alan», que no siempre tenían las necesarias credenciales apristas. El estilo y el comportamiento populistas de García eran propicios a la formación de alianzas políticas a su alrededor, sin prestar atención a los intereses burocráticos de la máquina del partido, que García consideraba un estorbo, o incluso un obstáculo, para su proyecto «nacional, popular y democrático». Los viejos líderes apristas, por su parte, reaccionaron criticando abiertamente la independencia cada vez mayor del joven presidente.

La gravedad de las tensiones que se habían acumulado entre García y sus seguidores y la máquina del partido se vio claramente cuando Luis Alva Castro, segundo vicepresidente, primer ministro y ministro de Economía, decidió renunciar a sus puestos en el gabinete y presentar su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados para luego presentarse como candidato a la presidencia de la república en 1990. El rechazo de esta iniciativa por parte de García paralizó la administración pública durante la primera mitad de 1987 y causó un retraso indefinido en el ajuste de la política económica heterodoxa, lo cual hizo reaparecer la inflación. Estos factores fueron decisivos para provocar la disminución de la popularidad de García así como de su capacidad para determinar el rumbo de los acontecimientos. El presidente se vio finalmente obligado a aceptar la renuncia de Luis Alva a los puestos que seguía ocupando nominalmente en el gabinete. También tuvo que aceptar que Alva lograra ser nombrado candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados con el respaldo de la mayoría del APRA en el Congreso. En julio de 1987 García no tuvo más remedio que nombrar un nuevo gabinete cuyo primer ministro era un miembro de la máquina del partido que pretendía reanudar las negociaciones con el FMI y hacer frente a la crisis económica que se avecinaba.

En un momento que parecía el principio de su eliminación del centro del poder político, García decidió llevar a cabo una típica huida hacia adelante. En su mensaje presidencial del 28 de julio de 1987, se dirigió al Congreso con una propuesta —de la que no se había hablado en el gobierno ni con el partido— para la nacionalización de los bancos privados. La propuesta se basaba en que, a pesar del tipo de cambio subvencionado, la reducción de los tipos de interés, los incentivos relacionados con el impuesto sobre la renta y otras facilidades, los grandes grupos capitalistas no sólo no habían invertido sus crecientes beneficios, sino que, además, habían intensificado la huida de capital, con el consiguiente aumento de los males económicos del país. En este sentido García arguyó que romper los «circuitos financieros» era una condición previa necesaria para la consolidación democrática de la sociedad peruana.

La inesperada presentación de semejante propuesta provocó un terremoto político. Por un lado, García estaba rompiendo sus vínculos con el mundo empresarial y los líderes conservadores del partido, mientras, por el otro, trataba de restaurar les vínculos con sus bases radicales y forzaba a la izquierda y sus electores sociales a agruparse a su alrededor. Era un juego peligroso porque rompía coaliciones sociales y políticas con la intención de realinearlas alrededor de él mismo. Obtuvo una respuesta rápida y decidida de AP, el PPC y las grandes empresas, que emprendieron una vasta ofensiva de relaciones públicas. La ofensiva les granjeó el apoyo de sectores considerables de la clase media, los intelectuales y los profesionales a una contraplataforma liberal y antiestatista cuya finalidad era evitar una supuesta caída del país en el totalitarismo. Sus principales promotores y movilizadores fueron Hernando de Soto y Mario Vargas Llosa[3].

Ante esta oposición, el presidente hizo una campaña solitaria en defensa de la nacionalización del sistema financiero. Sin embargo, fue silenciada de forma sistemática por los medios de comunicación, que a su vez lanzaron ataques incesantes contra García y exigieron su dimisión. Luis Bedoya Reyes llegó al extremo de pedir la intervención de las fuerzas armadas.

Los empleados de banca, cuyos líderes habían pertenecido tradicionalmente a la izquierda y que venían exigiendo la nacionalización del sector bancario desde la época de Velasco Al varado, se alinearon con los banqueros y obstaculizaron la puesta en práctica de las medidas de García. Su postura recibió el respaldo de importantes grupos profesionales e intelectuales que defendían el sector privado y atacaban la intervención del estado en la economía y la sociedad. La propuesta del presidente, pues, suscitó la primera reacción políticamente organizada de la historia contra el papel redistributivo del estado que las clases baja y media venían exigiendo desde el decenio de 1960.

La oposición liberal recabó apoyo de la población en general y en especial de los sectores más pobres, que eran los que soportaban los peores efectos de la inflación. Se presentó como opción democrática que aspiraba a reforzar la libertad —es decir, el mercado— contra el «colectivismo», el «estatismo» y el comunismo.

Los líderes del APRA se vieron pillados por sorpresa. La confusión política que había provocado García sembró la incertidumbre en el partido y amenazó con relegarlo de nuevo a la marginalidad política que tanto había luchado por superar durante los anteriores sesenta años. Sin embargo, las circunstancias obligaron al aparato del APRA a ponerse de parte de García, aunque con manifiesta desgana y expresando el desagrado que le infundía el estilo personalista de su presidencia. Con todo, si bien la mayoría aprista de la Cámara de Diputados aprobó rápidamente la ley, el debate en el Senado se alargó varios meses, con lo que condenó la iniciativa presidencial al fracaso[4].

Los repetidos intentos populistas de Alan García de reunir a su alrededor a diferentes fuerzas políticas y actores sociales no sólo no habían tenido éxito durante los dos primeros años de su presidencia, sino que, además, en realidad habían creado nuevas fuentes de conflictos y fragmentación política. A partir de julio de 1987, la crisis política causada por la propuesta de nacionalizar el sector financiero se combinó con otros factores económicos y políticos para crear una proliferación de fuerzas centrífugas que fomentaban la desintegración del estado y la sociedad, proceso que varios comentaristas denominaron la «libanización» de Perú. Aunque a finales de 1986 ya era evidente que las medidas económicas heterodoxas del gobierno habían perdido su eficacia, durante los dos años siguientes el presidente persistió en su gestión personalista y errática de la economía. El efecto en la producción y la renta fue desastroso: entre 1987 y 1989, el PIB cayó en un 15 por 100 y la media de los sueldos y salarios reales, en un 60 por 100. Mientras tanto, la tasa de inflación subió hasta el 100 por 100 en 1987, el 1.000 por 100 en 1988 y el 2.500 por 100 en 1989. En junio, octubre y diciembre de 1987 el intento gubernamental de fijar los precios y los salarios resultó inadecuado. Se tomaron nuevas medidas en marzo, mayo, junio y agosto de 1988. Un «paquetazo» en septiembre («Septiembre Negro») no dio como resultado la estabilización y la recuperación de la economía que se habían prometido. Estas medidas y sus resultados motivaron muchas manifestaciones y huelgas prolongadas en sectores tales como la salud pública, la educación, la judicatura, la agricultura, las comunicaciones y la minería y la pesca, así como movimientos regionales. Sin embargo, a diferencia de anteriores movimientos de protesta, estas movilizaciones no estuvieron interrelacionadas, lo cual revelaba hasta qué punto tantas luchas infructuosas habían debilitado los esfuerzos de las confederaciones sindicales por lograr la centralización política de las exigencias de las clases baja y media.

Los resultados de la política económica de García también causaron disensiones internas en el APRA y durante la convención del partido en diciembre de 1988 dieron pábulo a fuertes críticas cuyo resultado fue cierta remodelación del gabinete. Miembros veteranos del APRA desplazaron al grupo de «amigos de Alan», los cuales, en opinión del partido, tenían la culpa de la política económica. Además, algunos aliados tanto del APRA como de García retiraron su apoyo y se pasaron a la oposición. Los capitalistas, cuyo representante político era ahora el Movimiento Libertad —más adelante se llamaría el Frente Democrático— lanzaron una serie de fuertes ataques contra el presidente con la intención de obligarle a dimitir y crear una situación cercana a una crisis constitucional. En la región de Cuzco, la oposición hizo causa común con el APRA y los miembros izquierdistas de las dos cámaras del Congreso con el fin de impedir que las compañías extranjeras invirtiesen en la explotación del gas natural; los contratos de pesca con la Unión Soviética fueron muy discutidos; y las nuevas propuestas presidenciales para la regionalización del país, que se habían presentado con la esperanza de desviar el centro del programa político, corrían el riesgo de ser rechazadas o, en el mejor de los casos, modificadas. Cuando Perú fue declarado «no elegible» por las instituciones financieras internacionales y existía el peligro de que fuera expulsado del FMI y del Banco Mundial por incumplimiento de pago de su deuda exterior, la política nacionalista y tercermundista de García se vino abajo definitivamente. Aunque a regañadientes, García tuvo que reanudar las negociaciones con estas organizaciones con el objeto de obtener los fondos que el país necesitaba para su «reintegración» en el sistema económico internacional. En resumen, a partir de julio de 1987 la vida política se volvió sumamente compleja y controvertida y García se vio cada vez más aislado, su credibilidad reducida en una medida sin precedentes; según distintas encuestas de opinión, había gozado del apoyo de casi el 90 por 100 de la población durante los primeros meses de su mandato, pero la cifra era ahora inferior al 10 por 100.

El aspecto novedoso y peligroso de esta situación era que el fracaso de García y del APRA planteó por primera vez la cuestión de la «gobernabilidad» de Perú. Las instituciones democráticas del país habían demostrado que eran incapaces de resolver el antiguo problema de la construcción de la nación. Ejemplo de esto era el distanciamiento de la «clase política» de los problemas y los requisitos de la sociedad. La población contemplaba la política y a los políticos con creciente desdén, lo cual favorecía a los «independientes» y al movimiento que lideraba Vargas Llosa. Al mismo tiempo, la subversión persistía y se intensificaba, como demostró el creciente número de asesinatos no sólo de funcionarios estatales, policías y miembros de las fuerzas armadas, sino también de campesinos que no obedecían las órdenes de Sendero Luminoso. La organización terrorista prosiguió su campaña destruyendo cooperativas, matando el ganado, asesinando a líderes sindicales e izquierdistas, así como a técnicos nacionales y extranjeros, y cortando con regularidad el suministro de electricidad a las principales ciudades del país, Lima incluida. Esta ofensiva se hizo más intensa en vísperas de las elecciones municipales de 1989, cuando Sendero Luminoso incrementó las amenazas y los asesinatos de candidatos y funcionarios locales de diferentes filiaciones políticas en las zonas de emergencia —Ayacucho, Huancavelica, Huanuco, Pasco— y fuera de ellas, creando vacíos de poder con la intención de erigirse en la fuerza ocupante indiscutida. A pesar de los reveses que sufrió, Sendero Luminoso demostró repetidas veces que era capaz de recuperarse y continuó captando a gente joven. Los más numerosos entre los jóvenes eran los hijos e hijas educados de los «mistis» y los emigrantes procedentes de las tierras altas de la sierra que se sentían distanciados de un sistema político que veían justificadamente como denegador de sus necesidades económicas, culturales y políticas. Después de hacerse con el control de extensas zonas rurales y de muchos centros urbanos de las tierras altas del sur y el centro de la sierra, donde la policía y las fuerzas armadas se vieron obligadas a retirarse a sus cuarteles de las ciudades principales, Sendero Luminoso decretó «huelgas armadas» en varias ciudades del sur de la sierra. Estas huelgas lograron intimidar a las autoridades y a la población en general. Más adelante Sendero Luminoso se aventuró a penetrar en las zonas costeras, pero los resultados que obtuvo en ellas fueron desiguales.

En 1983 el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) había aparecido como otra fuerza dedicada a la lucha armada. Sus miembros procedían de la población joven de las ciudades y la costa, así como de la izquierda y del APRA. El movimiento tenía cierto parecido estratégico y programático con las guerrillas de los años sesenta, mientras que Sendero Luminoso seguía más de cerca el ejemplo de Mao. La rivalidad entre los dos movimientos por el liderazgo de la revolución y los recursos económicos que se obtenían produciendo y comercializando coca provocó choques sangrientos[5].

La política antisubversiva de Alan García sufrió pronto un fracaso al rechazar Sendero Luminoso su propuesta de sostener conversaciones. La posibilidad de negociar disminuyó aún más con la muerte violenta de presos en 1986, de la cual se responsabilizó al presidente y a su ministro del Interior en el informe de la minoría del Senado que elaboraron representantes de la izquierda. García sufrió un segundo revés cuando se supo que un ex aprista, miembro de una familia vinculada históricamente al partido y antiguo amigo del presidente que había compartido su vida bohemia en París, era uno de los comandantes del MRTA. A consecuencia de ello, la política antisubversiva quedó bajo el firme control del alto mando militar, lo cual exacerbó las violaciones de los derechos humanos. Como resultado de la subversión y de los esfuerzos por contrarrestarla, aproximadamente dieciocho mil personas perdieron la vida en los años ochenta. Además, era de conocimiento público que los «escuadrones de la muerte» —que llevaban el nombre de Comando Rodrigo Franco en homenaje a un activista del APRA asesinado por Sendero Luminoso— tenían su origen en el ministerio del Interior. Estos grupos actuaban paralelamente a los grupos subversivos, aterrorizando las zonas de emergencia y agudizando la desestabilización y la destrucción de las organizaciones sociales y las instituciones del estado.

El desmoronamiento del estado y la sociedad se reflejó en disputas por cuestión de competencias entre instituciones gubernamentales y dentro de ellas y entre el ejército y la policía. Se hacía evidente en la tensiones permanentes en el seno de las fuerzas armadas y de la policía en relación con su presupuesto, que fue la causa de que la policía se declarara en huelga en más de una ocasión. Era visible en el incesante avance de la delincuencia, que ponía en peligro el movimiento de personas y mercancías en el país, y en la creciente corrupción de la judicatura, la policía y el ejército en relación con el tráfico de drogas, el contrabando y la subversión. (Se formularon acusaciones incluso contra altos cargos del estado). La crisis se agudizó debido a la impunidad de oficiales acusados de cometer asesinatos o de ser responsables de «desapariciones» y debido también a la deserción de soldados y policías que se negaban a arriesgar la vida en la lucha contra la subversión, así como a causa del gran número de oficiales militares que pidieron la jubilación. La bancarrota económica del estado llevó aparejado el desmantelamiento de toda una serie de servicios tales como la seguridad social, los servicios postales, la salud pública, la educación y los transportes públicos además de la continua interrupción del suministro eléctrico que causaban los ataques terroristas. El resultado fue la emigración de centenares de miles de peruanos de diferentes orígenes sociales.

A pesar de este desastroso estado de cosas, se celebraron elecciones municipales en noviembre de 1989 y las elecciones generales de abril de 1990 dieron pábulo a nuevas —aunque tímidas— esperanzas de tener un gobierno capaz de encontrar soluciones sólidas y democráticas de las diversas crisis que soportaba el país. Aunque la «clase política» y la organización del estado eran objeto de numerosas críticas, amplios sectores siguieron demostrando su compromiso con la democracia, toda vez que no había otra opción salvo un incremento de la violencia a causa de la subversión o de un golpe de estado por parte de los militares, o de ambas cosas. Al mismo tiempo, antes de los comicios tuvieron lugar varias realineaciones políticas. El APRA estaba desacreditado no sólo a causa de su desastroso historial en el gobierno, sino también de las acusaciones generalizadas de favoritismo y corrupción que se hacían tanto dentro como fuera del partido. Luis Alva Castro, el candidato del APRA a la presidencia, intentó al principio sostener que todo había ido bien cuando era primer ministro y ministro de Economía, con lo cual echaba indirectamente a García la culpa de los desastres subsiguientes. Pero la campaña del presidente en defensa de sus medidas y atacando a sus adversarios provocó acusaciones de que estaba haciendo una campaña política como si él mismo fuera un candidato, y esto empequeñeció el papel de Alva Castro.

En el caso de IU, las tensiones entre Barrantes, los sectores más radicales y los moderados estallaron en la primera convención nacional en enero de 1989, que se había organizado para institucionalizar la alianza. Sin embargo, estas divisiones habían estado presentes desde que los partidos que constituían la alianza se unieran en 1980 para fines electorales y ya habían sido objeto de debate público durante casi un año. La disputa que se suscitó en la convención fue entre los grupos que postulaban la necesidad de organizar un «ala armada» para defenderse del terrorismo de estado y Barrantes y otros, que mantenían que IU debía llevar a cabo una «lucha por la revolución democrática». El PC y los cristianos radicales —que habían hecho causa común en el Movimiento de Afirmación al Socialismo (MAS)— se encontraron atrapados en un tira y afloja entre los diferentes intereses, pero finalmente optaron por Henry Pease, miembro del MAS, como su candidato a la presidencia, a la vez que los grupos que se oponían se retiraron y fusionaron, primero en Acuerdo Socialista y más tarde en Izquierda Socialista, con Alfonso Barrera como su candidato presidencial. Sin embargo, el aumento de las acciones terroristas, incluso contra los grupos radicales, junto con las repercusiones de acontecimientos internacionales como, por ejemplo, la matanza de la Plaza de Tiananmen, la perestroika en la Unión Soviética y la caída del gobierno comunista en la Europa del este, sumió a IU en la confusión ideológica y reforzó las corrientes moderadas, «socialdemócratas» que había en su seno.

En acusado contraste con las tendencias a la desintegración en el APRA y la izquierda, Vargas Llosa logró integrar AP y el PPC y su propio Movimiento Liberal en el Frente Democrático (FREDEMO). No lo consiguió sin dificultad. De hecho, los obstáculos que pusieron los líderes de estos partidos —Belaúnde Terry y Bedoya Reyes— incluso le empujaron a renunciar a la candidatura presidencial en junio de 1989. Con todo, el ultimátum hizo que los partidos aceptaran las condiciones de Vargas Llosa y le reconocieran como líder indiscutido del FREDEMO, al tiempo que se reservaban el derecho tanto de nombrar sus respectivos candidatos al cargo de vicepresidente como a tener preferencia en la designación de candidatos para las elecciones al Congreso. El resultado fue que el frente captó nuevos afiliados entre los pequeños grupos políticos y algunos individuos muy conocidos. El programa neoliberal de Vargas Llosa —liberalización del mercado, privatización, apertura de la economía a las inversiones extranjeras— pasó rápidamente a dominar el panorama político del país. Este éxito se debió sobre todo al renombre internacional de Vargas Llosa como escritor y ensayista liberal, lo cual le ayudó a obtener apoyo entre las organizaciones empresariales nacionales e internacionales y en los medios de comunicación; esto le permitió hacer una campaña costosa y cada vez más estridente con la ayuda de conocidas y eficaces agencias internacionales de relaciones públicas. Además, se granjeó el respaldo de la nueva escuela liberal intelectual que estaba conquistando terreno en Perú como consecuencia del derrumbamiento del populismo peruano así como de la crisis del marxismo en todo el mundo. La capacidad de Vargas Llosa para movilizar a los sectores de ingresos elevados y a las masas se hizo evidente después de la victoria de los «independientes» en las elecciones municipales de noviembre de 1989. También reflejaba el anhelo de encontrar un «salvador» que iniciase una nueva era.

Sin embargo, era probable que la «transparente» postura liberal que Vargas Llosa adoptó con el fin de obtener un mandato electoral inequívoco provocase un nuevo terremoto que socavara los cimientos de la sociedad, que eran muy frágiles. Si bien no parecía haber posibilidades inminentes de reconstrucción, existían temores generales de que se abrieran las compuertas y se desbordara la violencia que había sido contenida hasta ahora. Fuera cual fuese el resultado de las elecciones presidenciales de 1990, el gobierno entrante se encontraría ante una situación crítica que le obligaría a tomar medidas radicales[6].

Capítulo 3
BOLIVIA, 1930-c. 1990

Cabría ver la historia de Bolivia como la de una élite bastante pequeña (o un racimo de élites políticas, económicas y burocráticas) cuyos miembros frecuentemente se tuteaban y cuyas alianzas y divisiones a menudo tenían tanto que ver con la vida privada como con la pública. Se podía pertenecer a la élite por proceder de determinada familia, por medio de la educación o gracias al éxito obtenido en una profesión entre las que formaban un grupo limitado (y esencialmente urbano), pero no era necesario que los méritos fuesen especialmente grandes para excluir a la gran mayoría de la población. Hablar y escribir español con soltura, tener acceso a una población y un medio de vida que fuera lo bastante seguro como para dejar un margen por encima de la subsistencia individual eran requisitos que descalificaban a la gran mayoría de los varones adultos, o al menos lo fueron hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX.

No obstante, los asuntos internos de estas élites a veces eran complejísimos y despertaban mucha pasión, al tiempo que sus divisiones podían tener consecuencias para el conjunto de la población (como ocurrió cuando la Revolución Federal de 1898, conflicto armado entre conservadores y liberales —o quizás entre las élites de La Paz y Sucre, respectivamente— que empujó a las masas campesinas del altiplano hacia la acción colectiva a gran escala). Las élites bolivianas en modo alguno eran homogéneas o siquiera coherentes. Las características geográficas del país, las tendencias centrípetas de su pauta de desarrollo económico (simbolizadas apropiadamente por la orientación externa de su sistema ferroviario) y el carácter colonial de su estructura social fueron factores que impidieron que apareciese una élite socialmente unificada y contribuyeron a que su historia «tradicional» fuese compleja e inestable.

Sin embargo, el medio siglo que arrancó de 1940 se vio dominado por una serie de convulsiones sociales que difícilmente pueden abarcarse ni, desde luego, explicarse de modo apropiado en una crónica que se base en las preocupaciones de las élites bolivianas.

A lo largo de estos cincuenta años la estructura social de Bolivia se transformó hasta quedar casi irreconocible. Quizá el cambio más fundamental fue la consolidación de un estado-nación, con unas relaciones mucho más densas y más complejas entre los diferentes grupos sociales y lingüísticos, clases y regiones que constituían la sociedad civil boliviana. Esta consolidación no fue un proceso totalmente espontáneo. De hecho, se fomentó activamente (a veces casi desesperadamente) desde arriba. Muchas de las actividades del gobierno que los comentaristas y los historiadores han tratado de clasificar como «socialistas», «corporativistas», «fascistas» o «revolucionarias» pueden interpretarse de manera óptima como esfuerzos por crear un moderno estado-nación en Bolivia antes de que fuera demasiado tarde. La derrota en la guerra del Chaco (1935) cristalizó el temor a que, a menos que se acelerara el proceso de construcción de la nación, las tendencias dinámicas de los países vecinos causarían la desintegración definitiva de este estado tapón rodeado de tierra y empobrecido. El resultado final de los diversos esfuerzos gubernamentales fue crear una sociedad más unificada desde el punto de vista geográfico, con una mayor participación popular y un mayor sentido de la identidad nacional. Durante medio siglo Bolivia adquirió una red de mercados mucho más integrada, una población activa más homogénea y móvil y un aparato estatal mucho mayor y más complejo, de configuración esencialmente militar. Aunque este proceso no había producido lo que podríamos llamar «un estado-nación moderno» antes de 1980, es evidente que el «nacionalismo» desempeñó un papel dominante en la tarea de dar forma a la sociedad boliviana a partir de 1930 y que actuó con la fuerza suficiente para causar una transformación profunda.

Durante este período, sólo brevemente y con gran esfuerzo adquirieron las élites bolivianas cierto grado de unidad y solidez contra los desafíos que siempre les lanzaban implícitamente las aspiraciones insatisfechas de la gran mayoría de la población: la población activa rural, en su mayor parte analfabeta y a menudo de habla no española; la población activa «proletaria» en los campos mineros de las tierra altas; los pequeños comerciantes de las ciudades y los pueblos; y grupos laborales más nuevos que también se encontraban viviendo en condiciones económicas sumamente precarias: maestros de escuela, trabajadores del transporte, pequeños burócratas, etcétera. Para las élites, la unidad y la solidez requerían la voluntad no sólo de reprimir las amenazas de los movimientos de masas desde abajo, sino también de disciplinar a los miembros de las propias élites que se identificaran con algún movimiento partidario del cambio o que creyesen que su posición podía avanzar por medio de la movilización de las masas. Pero semejante unidad de la élite contra las amenazas reales o imaginarias desde abajo sólo se logró breve y parcialmente, en 1931-1932, en la primera parte de la segunda guerra mundial (1940-1942) y quizá en el período anterior a la Revolución Nacional (1949-1951). Una estrategia de ciega represión no logró evitar la Revolución Nacional de 1952, que se convirtió en el derrumbamiento total de la autoridad de la élite e inevitablemente preparó el camino para un cataclismo social de proporciones trascendentales, un cataclismo que pronto resultó incómodamente radical e incontrolable para muchos de sus instigadores. La fase de máxima radicalización no duró más de cuatro años (1952-1956) y dejó al país económicamente vulnerable y políticamente desorientado. Pieza a pieza, los líderes del movimiento revolucionario intentaron juntar los elementos de un nuevo orden político que expresara y a la vez contuviera las aspiraciones de las nuevas fuerzas sociales que habían cobrado afición al poder tras lo ocurrido en 1952. Pero aunque muchos ingredientes se parecían (quizá incluso imitaban) a los que tan eficazmente se habían utilizado en la fórmula mexicana para «institucionalizar» una revolución social, resultó imposible combinarlos en las proporciones idóneas. La coalición revolucionaria se desintegró rápidamente en los comienzos del decenio de 1960, y esto preparó el camino para la restauración en 1964 tanto del gobierno militar como de la dominación política por parte de las minorías más privilegiadas. Posteriormente, podría decirse que el período comprendido entre 1974 y 1977 fue de unidad de la élite, unidad sostenida y relativamente provechosa, asociada con una intensificación de la disciplina política y una feroz exclusión de la mayoría de las presiones procedentes de abajo. El golpe militar de julio de 1980 y la consiguiente anulación temporal de la política electoral parecieron representar otra reafirmación, todavía más feroz, de la política exclusivista, que terminó en la bancarrota. El contenido antidemocrático de estos episodios se hizo progresivamente más explícito en cada uno de ellos a partir de 1964. Sin embargo, después de 1980 la derecha extrema y la izquierda radical quedaron profundamente desacreditadas, y el resultado fue la reaparición de una serie de partidos más centristas que competirían por el apoyo electoral desde una masa de súbditos que, aunque inseguros y desilusionados, ya no se veían excluidos de forma total. De hecho, la vuelta a la democracia en 1982 permitió a los líderes políticos del decenio de 1950 organizar una repetición en el de 1980.

EL DECENIO DE 1930

Transcurrieron exactamente diez años entre el derrocamiento del Partido Liberal en junio de 1920 y la caída, en junio de 1930, del presidente Hernán Siles, que, aduciendo como pretextos la crisis económica producida por la depresión mundial y la necesidad de evitar una guerra en el Chaco, intentó ampliar su permanencia en el poder más allá del límite constitucional. Durante aquel decenio turbulento, nuevos e importantes grupos políticos habían entrado en la escena política, a la vez que exóticas corrientes ideológicas tales como el marxismo y el fascismo habían empezado a surtir efecto en los círculos ilustrados. La Patiño Mines & Enterprises habían subido de su anterior condición de compañía minera boliviana notablemente próspera a una posición que le permitía ejercer el dominio estratégico del mercado mundial del estaño. Los esfuerzos colonizadores rivales de los bolivianos y los paraguayos en el hinterland del Chaco habían llegado finalmente a la etapa de contacto y, por ende, de conflicto. Los intentos de idear un sistema de gobierno que garantizase la estabilidad política y la expansión económica sin volver a las condiciones de antes de 1920, es decir, a la oligarquía liberal y a la supremacía de la compañía minera, habían fracasado, justamente cuando el sistema económico liberal mismo entraba en crisis. Estas consideraciones son indispensables para juzgar la revolución de 1930 y la presidencia constitucional de Daniel Salamanca (1931-1934) que salió de ella.

En opinión de la mayoría de los contemporáneos, la revolución fue organizada por una alianza muy amplia de grupos políticos que se unieron para bloquear al presidente Siles y su partido en su intento de burlar la prohibición constitucional de la reelección inmediata. Aunque los liberales obtuvieron una proporción inesperadamente grande de escaños en el Congreso elegido en enero de 1931, y volvieron a ocupar posiciones clave tales como la presidencia del Banco Central, otros grupos también obtuvieron ventajas importantes: los estudiantes, que habían desempeñado un papel destacado en las manifestaciones callejeras de junio de 1930, obtuvieron una garantía constitucional de autonomía universitaria en el referéndum de 1931; los maestros fueron liberados de los controles políticos; y la prensa ya no estaría sometida a la censura ni a la manipulación oficial. La piedra angular del nuevo régimen iba a ser el respeto estricto de las normas constitucionales, de tal modo que ningún grupo o interés estuviera en una posición que le permitiese dominar a los demás, como había tendido a ocurrir en el decenio de 1920. Al menos esta era la retórica de los primeros tiempos[1], y posiblemente la convicción de los adictos al nuevo régimen. Pero no es así como se juzgó de forma retrospectiva. El propio presidente Siles nunca logró efectuar una reaparición en el mundo de la política, pero entre los nacionalistas más agresivos de la siguiente generación había unos cuantos jóvenes que adquirieron experiencia política bajo el gobierno de Siles en las postrimerías del decenio de 1920. Y fue uno de los hijos del propio presidente (Hernán Siles Suazo, presidente en 1956-1960 y 1982-1985) quien organizó la insurrección revolucionaria de abril de 1952 y, en cierto sentido, con ello volvió al revés el veredicto de junio de 1930, considerado ahora como un triunfo de la reacción.

Es indudable que el golpe de 1930 fue favorable a los intereses de Patiño y fue acogido con los brazos abiertos por los terratenientes, los burócratas y los oligarcas liberales, todos los cuales veían la necesidad de reafirmar la disciplina social en una sociedad semicolonial que se encontraba ante una aguda crisis económica. Los oficiales del ejército también vieron en 1930 una oportunidad de incrementar el prestigio y la cohesión del estamento militar después de los trastornos del decenio de 1920. En junio de 1930 el ejército instauró una Junta Militar de transición y nombró oficiales como prefectos; también ejerció influencia en las elecciones que se celebraron luego, marginando al popular ex presidente Bautista Saavedra y reforzando el antiguo orden. No hay que subestimar la medida en que los intereses dominantes se habían sentido amenazados por los experimentos políticos del decenio de 1920; ahora se les ofrecía la ocasión de restablecer el equilibrio. Con la perspectiva de severos recortes del presupuesto, debió de resultarles obvio que la unidad era necesaria, incluso antes de que se percataran de la profundidad del descontento social que la depresión ocasionaría o percibiesen la inminencia de una guerra prolongada en el exterior. Así pues, a pesar de las reformas constitucionales del principio, los primeros años del decenio de 1930 fueron de represión social.

No obstante, la idea de que el gobierno Salamanca representaba el triunfo de la reacción debe matizarse en dos sentidos. Las actitudes de su predecesor ante las diversas propuestas de reforma social sólo pueden calificarse de ambiguas: y los rasgos reaccionarios de la administración del propio Salamanca deben juzgarse en el contexto de crisis internas e internacionales casi sin precedentes. Su reputación de reaccionario radical nacía del temor obsesivo a la disolución social que expresó a partir de 1931. En realidad, Salamanca era un terrateniente provincial chapado a la antigua, aferrado a una versión legalista de las doctrinas liberales, a quien las circunstancias obligaron a recurrir sobre todo al «palo» a falta de «pan».

Las repercusiones de la crisis económica fueron desiguales en un sistema de producción que se había integrado de modo tan tardío e imperfecto en la economía mundial[2]. Careciendo el país de costas marítimas y de ríos navegables, los ferrocarriles eran casi el único medio de comunicación en un territorio inmenso y poblado de forma muy desigual. Con una población de más de 2,5 millones en un territorio cuya extensión era el doble de la de Francia, en 1929 Bolivia tenía menos de 1.200 automóviles, menos de 1.000 camiones, 54 autobuses y sólo 6 aeroplanos. La ruta ferroviaria del Pacífico había confirmado la primacía urbana de La Paz con su hinterland productivo y había condenado a la capital oficial, Sucre, a la insignificancia y la decadencia. Los valles densamente poblados de Cochabamba y algunos de los asentamientos barridos por el viento de Potosí también estaban estrechamente vinculados a los mercados mundiales, pero en 1931 se acabó el dinero antes de que pudiera terminarse un enlace ferroviario con la ciudad de Santa Cruz, en las tierras bajas. (Algunos afirmarían más adelante que Bolivia hubiera ganado la guerra del Chaco de haber dado fruto este proyecto). Incluso entre la población urbana, las lealtades regionales eran un obstáculo serio para la formación de un sentimiento popular de «nacionalidad». La mayoría rural, que estaba clasificada oficialmente como «india» y era tratada en consecuencia, seguía sin dominar el español y carecía aún de medios de transporte mecanizados; sus horizontes continuaban siendo ineludiblemente limitados.

No obstante, en los cuarenta años transcurridos desde la inauguración del primer ferrocarril un proceso sostenido de «modernización» económica había afectado profundamente a un sector grande de la población del altiplano. Como es natural, las gentes que estaban más estrechamente relacionadas con la economía internacional fueron las que más acusaron los efectos de la depresión. Es probable que la región que resultó afectada más severamente fuese Oruro, terminal de ferrocarril y centro minero, donde las autoridades pronto se vieron abrumadas por las exigencias de los parados. Estos problemas se habían vuelto irresolubles incluso antes de que Salamanca tomara posesión del cargo, pues no sólo estaban las empresas mineras bolivianas despidiendo trabajadores, sino que, además, la industria del nitrato de Chile estaba entrando en la fase final de la caída. Los trenes procedentes de la costa iban llenos de trabajadores bolivianos empobrecidos y sus familias, que habían sido expulsados de la zona del nitrato y volvían a su país natal, del que a menudo llevaban ausentes más de un decenio. A mediados de 1932 la desesperación ya se había extendido mucho más porque el descenso de la recaudación tributaria, la restricción crediticia y la disminución de las asignaciones de moneda extranjera por medio del sistema de cupos de importación añadieron muchos empleados públicos, pequeños empresarios y comerciantes a las filas de los indigentes. Tampoco los terratenientes y los propietarios de minas se libraron de las repercusiones de la recesión. El vicecónsul británico en Cochabamba informó de que muchos terratenientes acostumbrados a vender sus superávits agrícolas a los mineros no habían podido atender al servicio de sus hipotecas y que los bancos, en algunos casos, estaban vendiendo fincas adquiridas por incumplimiento de pago a campesinos y pequeños comerciantes, tras dividirlas en parcelas pequeñas[3].

En el centro de la crisis económica estaban los problemas del sector minero. El estaño había desplazado a la plata como principal producto de exportación de Bolivia a comienzos del siglo. Representó más del 72 por 100 de todas las ganancias de exportación en el decenio de 1920, coeficiente que se mantuvo más o menos constante hasta el final de la guerra de Corea (después de la cual la supremacía del estaño descendió poco a poco y finalmente quedó en menos de la mitad a comienzos del decenio de 1970). Durante por lo menos medio siglo, pues, el estaño fue el principal producto de exportación de Bolivia; otros productos que también ganaban cantidades significativas de moneda extranjera —minerales tales como la plata, el oro, el volframio y el antimonio— los obtenían principalmente las mismas empresas que controlaban el sector del estaño. En 1929-1933 (antes de que el New Deal norteamericano elevara los precios del oro y la plata) el estaño constituía el 75 por 100 de las exportaciones de Bolivia, y el 68 por 100 era enviado al Reino Unido, donde Simón I. Patiño, el mayor productor de estaño de Bolivia, poseía una fundición. Aunque las estadísticas deben tratarse con cautela, parece probable que en 1929 la producción de estaño de Bolivia alcanzara un punto máximo que nunca se repetiría: más de 47.000 toneladas largas, poco menos de una cuarta parte de la producción mundial. En 1933 la producción había descendido hasta quedarse en 14.400 toneladas largas, un poco por debajo de una sexta parte del total mundial. En lo que se refiere al valor en dólares, el golpe fue más fuerte, pues en 1932 los precios mundiales del estaño eran menos de la mitad de los niveles alcanzados en el apogeo de la demanda de guerra en 1918. En junio de 1929, cuatro meses antes del hundimiento de Wall Street, los productores más importantes ya estaban lo bastante preocupados a causa de los niveles sin precedentes de existencias de estaño sin vender como para formar una asociación internacional cuyo propósito era reducir la oferta excesiva financiando las existencias acumuladas o limitando la producción. Se ha argüido que la causa de la mayoría de los problemas no fue tanto una expansión excesiva de la producción como un rápido descenso del consumo, descenso que se concentró mucho en los Estados Unidos[4]. Fuera o no cierto que habían efectuado una expansión excesiva antes de 1929, los productores bolivianos quedaron muy expuestos al caer los precios. A diferencia de la minería de aluvión que predominaba en Malaya, los bolivianos dependían de minas subterráneas que parecían mucho más vulnerables al agotamiento rápido o a la subida de los costes. El biógrafo de Patino llega al extremo de sugerir que a finales de 1929:

parecía que la historia fuera a repetirse y que la minería del estaño boliviana, justo cuando había alcanzado su desarrollo pleno, correría la misma suerte que sus industrias del caucho y la quinina y decaería hasta casi desaparecer… los costes de producción en el Oriente en 1930 eran de unas 70 libras esterlinas por tonelada pura más baratos que en Bolivia[5].

En realidad, Bolivia continuaría siendo un importante exportador de estaño durante otro medio siglo, pero hay algunos motivos para pensar que es posible que los magnates de la minería temieran sinceramente un pronto y total derrumbamiento de sus empresas bolivianas incluso antes de que la depresión mundial causara una alarma generalizada. Dewett C. Deringer, el norteamericano que dirigía la planta de Patiño en Cataví, escribió más adelante:

Poco después de organizarse la Patiño Mines, en 1924, la empresa neoyorquina Yateman and Barry calculó que su probable duración sería de cinco años… En 1927, con el agotamiento de las masas de mineral que entonces eran comerciales —3 por 100 de contenido— la empresa efectuó una fuerte inversión de capital [que le permitió] incrementar la producción basándose en minerales con un contenido medio de estaño del 2,25 por 100… nadie en su sano juicio hubiera previsto en 1929 que las masas de mineral con un contenido de estaño del 0,8 por 100 serían alguna vez comerciales[6].

Capitaneadas por Patiño y con el pleno respaldo del gobierno boliviano, las compañías mineras del estaño mundiales respondieron a la disminución de la demanda imponiendo restricciones cada vez más severas a la producción, que a partir de marzo de 1931 se hicieron cumplir por medio de un organismo internacional, la semigubernamental Tin Producers Association. Mientras que las compañías más importantes obtuvieron generalmente partes satisfactorias de los cupos de producción asignados oficialmente, además de tener la fuerza financiera suficiente para soportar un período de grandes pérdidas, los pequeños empresarios mineros de Bolivia no fueron tan afortunados. La mayor prueba de resistencia empezó a mediados de 1932, momento en que la asociación fijó cupos de producción de sólo el 33 por 100 de los niveles alcanzados en 1929, reducción que se mantuvo hasta finales de 1933. A principios de 1933 el precio del estaño había vuelto a alcanzar el nivel de finales de 1929, y el resultado fue que los intereses privados que financiaban existencias reguladoras de estaño obtuvieron saneados beneficios. Sin embargo, tanto productores como consumidores sufrieron a causa de las disciplinas que impuso el cártel y contribuyeron al nacimiento del clima de opinión hostil en el cual funcionarían las minas de Patiño a partir de entonces. Durante su presidencia, Salamanca cruzó correspondencia con Simón Patiño, que se encontraba en Europa, con el fin de que le ayudase a obtener material militar y le aconsejase en asuntos financieros. El 16 de mayo de 1933 el presidente escribió a Patiño agradeciéndole sus «esfuerzos osados y arriesgados por mantener y hacer subir el precio del estaño». Sin embargo, una semana más tarde Salamanca añadió la siguiente advertencia: «He observado que al menor pretexto una gigantesca oleada de celos amenaza con tragarse la industria minera»[7]. De hecho, después de la presidencia de Salamanca, la conducta de los gobiernos bolivianos en relación con la industria minera empezó a cambiar de forma acentuada. Al propio Patiño esto le pareció muy injusto, toda vez que estaba orgulloso de sus hazañas patrióticas, que habían consistido en expulsar el capital chileno y ayudar al esfuerzo de guerra. No era extraño, con todo, si se tiene en cuenta que las principales empresas mineras (apodadas ahora «la rosca» o «el superestado minero») salieron bien paradas de la crisis de comienzos del decenio de 1930, así como el contraste entre su prosperidad y el empobrecimiento general de los productores, empleados y trabajadores cuya base estaba en Bolivia.

La crisis financiera y económica no hizo sino contribuir a una crisis social y política mucho más generalizada que ya existía en forma embrionaria antes de 1929 y que se exarcebó mucho a causa de la guerra del Chaco: tres años de lucha desesperada cuya culminación fue una derrota amarga y humillante. Aunque las corrientes radicales de antes de 1930, las que, citando a Tristán Marof, tenían por objetivo dar «tierras al indio, minas al estado», carecían de un centro organizador, eran dispersas en lo social y confusas en lo ideológico, su potencial explosivo era evidente a ojos tanto de los militantes de izquierdas como de los defensores del estado de cosas. En 1931 tanto Salamanca como la élite económica veían con gran alarma las consecuencias de la crisis económica y también los efectos perturbadores que las experiencias de cambio político violento podían tener en el pensamiento de las masas. Sin embargo, aunque el presidente y su gabinete de partido único (el Partido Republicano Genuino) experimentaron fricciones continuas con el resurgente Partido Liberal (que tenía la mayoría en el Congreso, controlaba el Banco Central y defendía los intereses de la propiedad y las doctrinas económicas del laissez faire), se podía contar con que ambos grupos se unirían contra el líder político que más apoyo encontraba entre la baja clase media y los pobres sin derecho al voto: el ex presidente Saavedra. En marzo de 1932 Saavedra, deseando vivamente mantener su posición en un momento en que aumentaban las huelgas y las protestas de la clase baja, cambió el programa de su partido, el Republicano, y añadió «Socialista» a su denominación.

Sin embargo, para la posición política de Salamanca era mayor la amenaza de la creciente belicosidad en las relaciones con Paraguay. Durante treinta años en la oposición, Salamanca se había presentado como el más intransigente defensor de los derechos territoriales de la nación, pero después de dieciocho meses en el poder, tuvo que reconocer que «una sola mirada superficial a nuestra “situación económica” indicaba que sería una locura… provocar perturbaciones internacionales». Durante la mayor parte del tiempo, sin embargo, Salamanca continuó hablando en términos belicosos, quizá bajo la influencia del miedo de que su viejo rival Saavedra le denunciara por «apaciguamiento»[8]. A decir verdad, cuando entró en guerra a mediados de 1932, Salamanca había perdido virtualmente todo el espacio para maniobrar; tenía que alcanzar el éxito internacional o reconocer la quiebra de su política y el derrumbamiento de su autoridad.

Parece que la guerra no fue, sin embargo, planeada deliberadamente para distraer la atención de la depresión o de las dificultades políticas del presidente. Fue más bien la culminación de un proceso de ocupaciones de tierras con el respaldo de los militares que durante una generación o más había amenazado con terminar provocando una guerra. El terreno en litigio estaba muy lejos, era inhóspito y, como se vería en su momento, de escaso valor económico, aunque es posible que las esperanzas de encontrar petróleo influyeran en algunas decisiones políticas[9]. La raíz del conflicto estaba en que las repúblicas rivales habían adoptado mucho tiempo antes actitudes mutuamente incompatibles ante los principios que debían gobernar la demarcación de las fronteras entre ellas. Bolivia, con su población más numerosa y sus fuerzas armadas más formidables, no tuvo suficientemente en cuenta las enormes desventajas geográficas que impedirían hacer una guerra ofensiva. Pero una vez los líderes políticos y militares del país se hubieron inducido a engaño unos a otros e instalado un fortín estratégico en un punto que antes ocupaban los paraguayos, y una vez les hubieron arrebatado el fortín (a mediados de julio de 1932), las únicas opciones que quedaban eran recurrir a la diplomacia desde una posición de debilidad o tomar represalias en serio que le valdrían a Bolivia la etiqueta de agresora. Los asuntos se presentaron de forma muy distinta a una opinión pública que estaba mal informada y era hipersensible después de las pérdidas territoriales de 1879 (en beneficio de Chile) y de 1899 (en beneficio de Brasil). Paraguay había lanzado un ataque no provocado que exigía una respuesta firme. Salamanca propagó personalmente esta versión, mientras que el mando militar, que, en opinión del presidente, había contribuido en gran medida a meterle en el atolladero, se encontraba de pronto ante lo que ello significaba y buscaba alguna forma de salir del apuro. No quedaba ninguna posibilidad de retirarse dignamente, de manera que el presidente optó por seguir adelante, sin tener ya la seguridad de alcanzar la victoria, pero, al parecer, apostando por la regeneración nacional por medio del sufrimiento.

Después de tres años de lucha encarnizada contra un enemigo más pequeño y supuestamente más débil, los bolivianos se habían visto expulsados del Chaco y obligados a aceptar una suspensión de las hostilidades (junio de 1935) que significó conceder a Paraguay el control de aproximadamente una quinta parte de la región que antes reclamaba la república[10]. La tercera pérdida sucesiva de territorio por parte de Bolivia fue, con mucho, la más costosa en lo que se refiere tanto a material militar como a bajas humanas. Durante la guerra más de 200.000 hombres habían servido en las fuerzas armadas bolivianas, cifra que representaba una proporción considerable de los varones en edad de casarse que tenía la nación. Más de 50.000 murieron, más a causa de las enfermedades, el hambre y la deshidratación que en los campos de batalla. Aunque en los últimos meses antes del cese de las hostilidades Bolivia obligó a los paraguayos a retirarse de sus posiciones más avanzadas, las estadísticas de prisioneros de guerra revelaron de forma bien clara el resultado global de la lucha. Bolivia tenía unos 2.500 prisioneros paraguayos, mientras que Paraguay había hecho alrededor de 23.000 prisioneros de guerra entre los bolivianos. Incluso después de que La Paz pagara medio millón de dólares por la liberación de los soldados prisioneros, Asunción siguió controlando la principal carretera internacional que comunicaba Bolivia con Argentina y hasta finales de 1937 utilizó este control para negociar el tratado de paz definitivo. Si bien los combates cesaron en junio de 1935, transcurrieron otros tres años antes de que se restableciera oficialmente la paz y pudieran aplicarse todas las energías nacionales a la tarea de reconstrucción. A decir verdad, durante todo el año 1937 y parte de 1938 Bolivia puso en práctica un costoso programa de rearme, y en mayo de 1938 volvía a tener unos efectivos militares que se cifraban en 35.000 o 40.000 hombres, número muy superior al nivel acordado. Sólo la amenaza inminente de la reanudación de la guerra, esta vez en mayor escala, convenció finalmente a Paraguay y a sus patrocinadores porteños[11] de la necesidad de ratificar, en julio de 1938, un tratado de paz que, sin embargo, no contenía más que mejoras marginales en la postura boliviana. Así pues, el conflicto del Chaco dominó todas las demás consideraciones no durante tres años solamente, sino durante seis, o, en un sentido aún más amplio, durante todo el decenio comprendido entre 1928 y 1938.

Después de semejante desastre, lo más importante para los gobiernos sucesivos fue desviar la responsabilidad de sí mismos y reprimir o cooptar a sus críticos. Ninguno de los experimentos que después de la guerra se hicieron con el «socialismo militar», la nacionalización, el «corporativismo» o incluso las formas de gobierno constitucionales pueden entenderse sin tener en cuenta este motivo.

El golpe militar que en noviembre de 1934 puso fin a la carrera del presidente Salamanca fue sintomático de gran parte de lo que vendría después. Detenido por el alto mando rebelde, el amargado Salamanca comentó sardónicamente que era la primera operación militar que dicho alto mando ejecutaba con eficacia. La confirmación de que esta mala opinión que tenía de los militares era generalizada se produjo cuando en julio de 1935 el alto mando frenó el proceso de desmovilización debido al temor que le inspiraba el ambiente de motín que se observaba en muchas unidades. Aunque los militares ejercían un control interno suficiente para protegerse de un ataque frontal motivado por el desastre, carecían de la unidad y el prestigio que les hubieran permitido formar un régimen estable. En consecuencia, una sucesión de gobiernos basados en el estamento militar fue dando tumbos de una política a otra, tratando primeramente de adquirir fuerza por medio de una alianza con los tradicionales adversarios políticos de Salamanca, buscándola luego en el renaciente movimiento obrero, después en un aumento de los sentimientos nacionalistas contra la Standard Oil y, finalmente, en un intento de imputar a la industria minera la culpa del desastre.

Al estallar la segunda guerra mundial, ya se habían probado todos estos recursos con un éxito sólo pasajero. La amargura causada por la derrota aún no había sido exorcizada del todo, y no se había establecido ninguna relación firme entre los gobiernos de base militar y las diversas formas nuevas de movimiento popular que habían aparecido después de la guerra del Chaco, especialmente los Veteranos, el primer movimiento moderno que hizo acto de presencia en las zonas rurales de toda Bolivia. Tampoco el coste de la guerra se había repartido de manera aceptable entre los diversos sectores económicos. La guerra hinchó el gasto público y aceleró el cambio que ya se estaba produciendo, a causa de la depresión, del liberalismo económico al intervencionismo. La inflación y la depreciación monetaria resultantes de ello adquirieron un ímpetu que durante muchos años continuaría alimentando los conflictos distributivos y erosionando la base de un posible acuerdo político. Sobre todo, la industria minera requería nuevas garantías y condiciones de explotación menos onerosas o los futuros gobiernos bolivianos tendrían que afrontar las consecuencias de la descapitalización progresiva. Hasta finales del decenio de 1930 el asunto del Chaco ocultó estos problemas subyacentes. Durante gran parte del decenio de 1940 quedaron disimulados por los trastornos que causó la segunda guerra mundial, que hizo que la atención se centrara en asegurar el suministro de minerales estratégicos, trajo una bonanza temporal para las compañías mineras y despertó la paranoia general sobre influencias nazis reales e inventadas. Con todo, estos procesos esencialmente internos, fuentes de inestabilidad social todavía pendientes de solución, persistirían mientras las sacudidas causadas por la guerra externa iban desvaneciéndose. Exacerbadas por la guerra del Chaco (aunque ya existían en forma embrionaria antes de que la lucha contra Paraguay se hiciera incontenible), se las considera con razón la causa principal de la Revolución Nacional de 1952.

Los años 1935-1939 representan un período relativamente compacto en el cual pueden observarse estos problemas no resueltos. El Partido Liberal en realidad nunca había dado carta blanca a Salamanca para que dirigiese la guerra. Los hombres nombrados por el partido estaban en mayoría en el Congreso, dirigían el Banco Central y uno de ellos ocupaba la vicepresidencia. José Luis Tejada Sorzano, el vicepresidente, contribuyó a que se produjeran sucesivas crisis del gabinete que mermaron la autoridad ejecutiva de Salamanca. Cuando el alto mando detuvo al presidente en noviembre de 1934, Tejada se hizo cargo de la presidencia y dispuso que su mandato y el del Congreso durasen hasta agosto de 1936 con el pretexto de mantener la continuidad en la última fase de la guerra y en las negociaciones de paz. Para su partido y para los intereses empresariales asociados con él, las mayores prioridades eran poner fin a la contienda, desmovilizar las fuerzas armadas y crear de nuevo, con la mayor rapidez posible, las bases económicas y jurídicas para volver al anterior estado de cosas. Pero Tejada Sorzano se encontraba a la cabeza de un gobierno de facto que era precario y su partido no podía ni disociarse de la guerra de un modo que resultase convincente ni ofrecer al país beneficios tangibles de la paz. Nada tenía que ofrecer a los militares excepto un descenso de su graduación y un retomo a los malos y antiguos rituales de la política de partido.

No obstante, el alto mando titubeó antes de romper por completo con las formas constitucionales, cuya restauración había sido el propósito del golpe de 1930. Hasta que los sindicalistas de La Paz tomaron la iniciativa y convocaron una huelga general con el fin de recuperar los ingresos reales que los trabajadores habían perdido durante la depresión y la guerra, no se vieron empujados los militares a tomar el poder abiertamente. El presidente declaró ilegal la huelga y sometió a los huelguistas a la ley marcial, pero estas medidas produjeron una tensión mayor de lo que podía soportar la frágil estructura del constitucionalismo boliviano. El 17 de mayo de 1936 se vio obligado a dimitir y los huelguistas se apresuraron a firmar la paz con la nueva junta militar (primera asunción explícita del poder por parte de las fuerzas armadas desde 1880). Al frente de la Junta se encontraba el coronel David Toro, cuya hoja de servicios en la guerra del Chaco dejaba algo que desear pero que había sido ministro del Interior durante las últimas semanas de la presidencia de Siles. En más de un sentido, pues, iba a darse la vuelta al veredicto de 1930.

Toro sólo estuvo catorce meses en el poder, pero durante este tiempo se pusieron en marcha numerosas iniciativas que prefigurarían el futuro. Su primera tarea consistió en hacer un trato con las organizaciones obreras que habían ayudado a llevarle al poder. En junio de 1936 se creó un departamento del trabajo; en diciembre se celebró el primer congreso de una nueva confederación del trabajo, la Confederación Sindical de Trabajadores Bolivianos (CSTB); y en febrero de 1937 la Junta decretó que por lo menos el 85 por 100 de la nómina de todas las empresas tenía que ser para trabajadores de nacionalidad boliviana. Durante el mes siguiente se nacionalizó la Standard Oil y se decretaron tasas mínimas de sueldos y salarios. Estas medidas deberían haber generado un gran aumento del apoyo político, al menos a corto plazo, aunque agravaron los problemas del gobierno a largo plazo. Sin embargo, Toro inspiraba tanta desconfianza, que el 13 de julio de 1937, no hubo resistencia cuando los militares le retiraron su apoyo y nombraron sucesor suyo al teniente coronel Germán Busch, de treinta y cinco años de edad. El gobierno militar seguía siendo impopular, el ejército todavía estaba dividido y grupos tan dispares como los grandes propietarios de minas, los estudiantes y los socialistas republicanos del ex presidente Saavedra celebraron la partida de Toro. El movimiento obrero guardaba poca lealtad al presidente saliente y los nacionalistas se apresuraron a desviar su atención del astuto y cínico Toro al inexperto e idealista Busch. Un factor que contribuyó a la facilidad de la transición de Toro a Busch fue la esperanza de que Bolivia estuviera gobernada ahora por un auténtico héroe de guerra, un hombre cuyas credenciales de populismo eran al menos tan respetables como las de su antiguo mentor y ahora rival.

Busch permaneció en el poder durante poco más de dos años antes de su muerte (al parecer, se suicidó) en agosto de 1939. Los mitos que a partir de entonces rodearon su figura reflejaban tanto su trágica muerte como su trágica vida, y fueron un arma potente para movilizar a la opinión nacionalista contra la oligarquía minera. Su escasa educación y sus terribles experiencias bélicas le dieron poca preparación para las tareas de gobierno. Sin embargo, logró atraerse un apoyo popular que le era desesperadamente necesario: las clases bajas, los activistas obreros, los ex soldados y los maestros de escuela rurales respondieron a sus llamamientos como no responderían a los de nadie más. Mientras vivió, los oficiales de alta graduación, los patronos, los terratenientes y los políticos normales y corrientes disimularon sus dudas y trabajaron en pos de sus propios objetivos, mediante la aparente colaboración con el gobierno Busch. Pero las dudas y la confusión del propio Busch salían con frecuencia a la superficie y se expresaban por medio de denuncias sorprendentes y amenazas arbitrarias de recurrir a la fuerza militar para castigar a quienes incurrían en su desaprobación.

La situación económica con que se encontró el nuevo presidente hubiera alarmado a un estadista mucho más experto. En los Estados Unidos había empezado otra recesión, menos seria que la de 1930-1932 pero desmoralizadora, al descender vertiginosamente la demanda de minerales, y los trastornos posteriores al Chaco hicieron que los propietarios de minas bolivianos no pudiesen cumplir siquiera los cupos que les había asignado el cártel internacional. Se anunciaba la perspectiva de una reducción del cupo nacional que significaría una disminución de las ganancias de divisas durante muchos años. Así pues, las compañías cuyos activos se hallaban por completo dentro de Bolivia intensificaron sus presiones contra la Patiño Mines, principal culpable de la insuficiencia de la producción, el elemento más poderoso del cártel y la empresa más protegida contra los fenómenos adversos en Bolivia debido a sus recursos internacionales. Al parecer, Aramayo y Hochschild, que ocupaban el segundo y el tercer puesto en orden de importancia entre los propietarios de minas, llegaron al extremo de financiar un intento de restauración del coronel Toro. Por si no bastaban estos problemas, el esfuerzo por rearmarse creó más dificultades, que a su vez se vieron complicadas por los conflictos con la Standard Oil y los obligacionistas norteamericanos a causa de las solicitudes de compensaciones. En el plano interior, los ex soldados y los prisioneros que habían regresado del cautiverio empezaban a gastar los ingresos que se les habían acumulado durante la guerra, a la vez que los aumentos salariales concedidos por Toro también se abrían paso en la economía. Por consiguiente, la inflación se aceleró, la hacienda pública continuó sumida en el desorden y un tipo de cambio sobrevalorado estimuló la fuga de capitales.

Las dificultades económicas afectaron a la población de manera desigual. Los mayores perdedores, en términos de ingresos reales, fueron probablemente los cholos urbanos, que carecían de propiedades reales o de relaciones con el comercio exterior para defenderse de la depreciación de la moneda[12]. (Entre el final de la guerra del Chaco y el comienzo de la segunda guerra mundial el boliviano se depreció cuatro veces, lo cual proporcionó un foco de resentimiento contra los magnates de la minería). Al mismo tiempo, partes de la población rural, por ejemplo en el valle de Cochabamba, puede que, de hecho, se beneficiaran del incremento de la demanda urbana de alimentos básicos, de los pagos de transferencia y de las campañas gubernamentales que fomentaban la educación de los campesinos. También tuvo lugar cierta industrialización substitutiva de las importaciones y se crearon empresas nuevas (que producían jabón, bujías, medias, sombreros, conservas alimenticias y licores) que dependían de la protección y el favoritismo del gobierno.

Por un lado, pues, las compañías mineras, los propietarios de bienes raíces y las grandes casas comerciales necesitaban restaurar la influencia de la que tradicionalmente habían gozado en el seno de los gobiernos bolivianos y tenían la esperanza de poder convencer a Busch para que viese las cosas como ellos. Por otro lado, iban saliendo nuevas organizaciones y nuevos intereses sociales que competían con ellos en pos de influencia. Estas fuerzas nuevas no eran necesariamente muy cohesivas ni tenían unos objetivos claros, pero podían afirmar que eran más auténticamente nacionales y patrióticas que los grupos de mayor ambigüedad que ellas a los que se consideraba responsables de la derrota en el Chaco. Esta se convirtió en la fórmula que utilizaría Busch para gobernar. Fueran cuales fuesen las contradicciones de su historial, el ataque que en junio de 1939 lanzó contra las compañías mineras y su muerte violenta le aseguraron el primer lugar en el panteón del nacionalismo revolucionario de Bolivia. Aunque el joven presidente había restaurado primero la Constitución, que le eligió para la presidencia durante un mandato constitucional de cuatro años (1938-1942), estas medidas quedaron substituidas en abril de 1939 al proclamar la dictadura. Cuando se vio que la confirmación de la paz y la ratificación de un código progresista del trabajo no eran suficientes para dar estabilidad a su gobierno, Busch tomó todo el poder en sus manos. Utilizó esta concentración de autoridad ejecutiva para promulgar un decreto que exigía que la industria minera depositara todos sus beneficios en moneda extranjera en el Banco Central, al que puso bajo el control del estado, con exclusión de los accionistas privados. Se afirmó que un gobierno parlamentario o de tipo colegiado no hubiera generado tales leyes. Sólo un dictador heroico podía vencer el obstruccionismo del «superestado minero» y encauzar todas las divisas extranjeras de Bolivia a través de las instituciones del gobierno nacional. De esta manera podrían vigilarse la defraudación fiscal y la fuga de capitales y emplear la riqueza del país en el desarrollo nacional en vez de en el enriquecimiento de extranjeros. Las compañías mineras respondieron suspendiendo las exportaciones hasta que se aclarasen los términos del decreto. Tenían objeciones de principio, pero fue suficiente hacer hincapié en el carácter poco práctico del decreto del 7 de junio. Redactado sin consultar, se comprobó que era imposible ponerlo en práctica, testimonio de la falta de habilidad administrativa del dictador así como de su heroísmo. La muerte de Busch en agosto dramatizó este callejón sin salida. Al finalizar el decenio de 1930, habían cristalizado dos formas irreconciliables de ver la realidad boliviana: la de los propietarios de minas y la de los revolucionarios nacionales. Cada bando podía movilizar a numerosos aliados en apoyo de sus puntos de vista. El decenio de 1940 se vería dominado por este enfrentamiento.

1939-1946

Del mismo modo que la guerra del Chaco dio forma a la mayoría de los principales acontecimientos del decenio de 1930, también la segunda guerra mundial, a pesar de la lejanía geográfica de Bolivia, influyó mucho en la evolución interna del país entre 1939 y 1946. Los conflictos políticos de Bolivia se juzgaban a través del prisma de las alineaciones internacionales, lo cual significaba equiparar a los incipientes nacionalistas con las potencias del Eje, a los marxistas con la URSS y a la derecha tradicional con la democracia anglo-norteamericana. El año 1946 fue testigo de la culminación de esta tendencia, con los marxistas y los conservadores aliándose contra los nacionalistas en una copia de los acontecimientos internacionales de 1945 al «liberar» Bolivia del supuesto nazismo. Aunque agolpamientos políticos que debían sus orígenes principalmente a factores internos tomaron partido en el conflicto mundial, se inspiraron en los modelos ideológicos enfrentados y vieron las peripecias de la guerra reflejadas en las suyas propias, era fácil exagerar la fuerza de estas influencias internacionales. En realidad, los tres agrupamientos principales que cristalizaron en fuerzas organizadas durante la contienda tenían sus orígenes en circunstancias locales y sus rivalidades continuaron durante mucho tiempo después de la victoria aliada. De hecho, no transcurriría mucho antes de que los «nazis» fueran clasificados de nuevo como revolucionarios comunistas, después de lo cual los «demócratas» pasarían a la nueva clasificación de terretenientes feudales cuya única preocupación era oponer resistencia a la reforma agraria.

El gobierno británico fue el que se mostró más sensible a las influencias alemanas en Bolivia y al peligro de que las actividades de una «quinta columna» en dicho país pudieran interrumpir el abastecimiento de mineral de estaño a las fundiciones de Liverpool. (En 1945 Bolivia ya suministraba alrededor de la mitad de la producción total de estaño del mundo y este metal era esencial para fines bélicos). Varios meses antes de que Busch proclamara su dictadura, el embajador británico ya hacía advertencias sobre la influencia de «un grupito británico que ha vivido mucho tiempo en Alemania y han quedado todos profundamente impresionados por el régimen nazi… se rumorea [que] el ministro alemán está prestando ayuda y consejo»[13]. El embajador incluyó el nombre del general Carlos Quintanilla, que pasó a ser el presidente interino después del suicidio de Busch. Sin embargo, la conducta de Quintanilla en el poder no fue desfavorable a los intereses británicos y norteamericanos. Al contrario, su máxima prioridad era obtener créditos de los Estados Unidos, ya que temía que, sin ellos, habría graves escaseces de alimentos en las ciudades. «Más por necesidad económica que por haber cambiado sus ideas», como explicó el embajador norteamericano, se esforzó por recuperar la confianza de los intereses extranjeros rescindiendo el decreto de junio de 1939 e invitando a un abogado de Patiño a presentar propuestas de reforma de las leyes sobre minería[14].

El sucesor constitucional de Quintanilla, el general Enrique Peñaranda, elegido en marzo de 1940, tenía mejor reputación desde el punto de vista de los propietarios de minas y los aliados. No obstante, la influencia alemana siguió preocupando mucho a los ingleses en particular y en 1941 el servicio de información británico llegó al extremo de inventar un mensaje falso supuestamente enviado desde Alemania que implicaba a destacados bolivianos (entre ellos a Víctor Paz Estenssoro, el líder del recién formado Movimiento Nacional Revolucionario o MNR) en un presunto complot nazi para hacerse con el poder[15]. La preocupación del ministerio de Asuntos Exteriores británico por las posibles actividades nazis en Bolivia persistió durante toda la presidencia de Peñaranda. Por más que el jefe del estado diera seguridades de lealtad, Londres seguía convencido de que debajo de la superficie había corrientes favorables a los nazis y el golpe nacionalista de diciembre de 1943 se juzgó al instante bajo esta luz. La preparación de los oficiales bolivianos por instructores alemanes e italianos daba mucho pábulo a las sospechas. Otro factor fue puesto de relieve en un informe enviado a Londres en octubre de 1942 en el que se identificaba Cochabamba como la capital lógica para Bolivia y también como centro principal de la actividad nazi. «Los alemanes se encontraban como en su casa allí… la conexión militar (toda vez que la mayoría de las autoridades provinciales eran oficiales del ejército) y la red aérea se aprovecharon al máximo y se edificó una dominación político-comercial estrecha y bien organizada de casi toda la parte oriental de Bolivia con Cochabamba como centro de la trama»[16]. El mayor Gualberto Villarroel, que se convirtió en presidente a resultas del golpe de diciembre de 1943, era cochabambino.

Sin embargo, el movimiento nacionalista de Bolivia distaba mucho de ser fruto directo de la influencia del Eje. De hecho, Berlín se interesó sólo de lejos por los asuntos bolivianos, y la influencia favorable al Eje que llegaba a Bolivia se filtraba principalmente a través de Argentina, que tenía sus propios objetivos. Vistas las cosas desde el altiplano, era posible creer que Alemania e Italia habían encontrado una fórmula para la reconstrucción nacional después de la caída del liberalismo que también era aplicable a la Bolivia de después de la guerra del Chaco. Oficiales de alta graduación como Peñaranda, que hablaban de democracia y se encargaban de que Bolivia avanzara por el sendero trazado por los aliados, eran vistos con malos ojos por sus inferiores. La siguiente generación de oficiales había servido en primera línea durante el conflicto del Chaco y sus sociedades secretas (como la de Villarroel, que se llamaba Razón de Patria o RADEPA) mostraban cierto parecido con las SS y con el Grupo Obra de Unificación (GOU) de Perón. Una imitación similar de la España de Franco dio a luz la Falange Partido Socialista en 1938. Y en 1942 el MNR se presentó en público con una declaración de principios políticos de estilo nazi en unos momentos en que parecía que Hitler iba a ganar la guerra en Europa. Pero la fuerza motriz del nacionalismo salía de otra parte: la hostilidad dirigida contra la llamada «rosca» de grandes compañías mineras, que sacaba beneficios de atar a Bolivia con la mayor fuerza posible al esfuerzo bélico aliado. Las luchas nacionalistas contra el poder de los propietarios de minas se combinaron con la competencia con los marxistas del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) en pos del apoyo de los trabajadores e hicieron que algunos de estos grupos se radicalizaran progresivamente, en especial el movimiento encabezado por Paz Estenssoro, cuya eficacia iba en aumento.

El PIR, desde luego, recibía inspiración de la Unión Soviética, pero no estaba sometido a mucho control por parte del Comintem. Las principales influencias internacionales en el marxismo boliviano se filtraban a través de la izquierda chilena, y, dado que este era el período de la táctica del Frente Popular, los marxistas bolivianos también probaron con este método. Habían establecido posiciones en los movimientos estudiantil y obrero y, de hecho, habían disfrutado del patronazgo del estado (al menos en los ministerios de Trabajo y Educación) durante un breve tiempo bajo la presidencia de Toro. No obstante, su oposición a la guerra del Chaco había creado enemistades profundas. En tiempos de Busch se habían prohibido todas las actividades comunistas y anarquistas, pero en las elecciones de 1940 el PIR había logrado presentar a última hora un candidato a la presidencia, José Antonio Arze. Unico candidato civil en un país cansado de militarismo, Arze obtuvo casi el 19 por 100 de los votos, con un porcentaje mucho mayor en los principales departamentos mineros, Oruro y Potosí. El PIR tomó la iniciativa y organizó sindicatos en los campos mineros, pero esta ventaja se vio erosionada en 1942, año en que el MNR se mostró más eficaz, como paladín de los trabajadores de las minas en el Congreso, que sus rivales marxistas. Los problemas que los tácticos del PIR tuvieron que afrontar en ese momento suelen pasarse por alto. Las compañías mineras estaban viviendo momentos de bonanza gracias a la insaciable demanda de minerales estratégicos por parte de los aliados, y los beneficios de dicha bonanza no llegaban a los trabajadores. Al contrario, los obreros de las minas sufrían las consecuencias del hacinamiento, la inflación y la intensificación de la disciplina laboral a causa de la crisis que creó la guerra. Todo esto apuntaba hacia una campaña de activismo obrero, pero el PIR pensaba que no debía hacerse nada que perjudicase el esfuerzo bélico, toda vez que ahora estaba en juego la supervivencia de la Unión Soviética. Asimismo, los líderes del PIR, que debieron de temer que la intensificación del conflicto social provocase otra dictadura militar, que sería ventajosa para los nacionalistas pero sin ningún interés para la izquierda marxista disidente, quizá más próximos a las aspiraciones de los trabajadores bolivianos, adquirieron una influencia significativa y establecieron una tradición de trotskismo más difícil de extirpar que en cualquier otra parte de América Latina.

Se dice generalmente que al gobierno Peñaranda lo destruyó su complicidad con la matanza de Cataví en 1942, en la cual las tropas mataron a trabajadores que protestaban contra la empresa Patiño Mines. En efecto, este episodio perjudicó seriamente al gobierno, pero transcurrió otro año antes de que fuera derribado. Este año proporcionó más tiempo para acumular pruebas de que las oportunidades económicas que la guerra presentaba no se utilizaban en beneficio del país. Las principales impresiones que dio la presidencia de Peñaranda fueron de servilismo ante los propietarios de minas (que estaban prosperando gracias a la guerra) y los aliados (la Standard Oil fue compensada generosamente y los Estados Unidos firmaron un contrato en virtud del cual comprarían la totalidad del estaño, el volframio y la quinina de Bolivia a precios fijos y relativamente favorables) y de cinismo y brutalidad en su trato con la disidencia nacional. También dio más tiempo para que las facciones rivales en el seno del estamento militar se organizaran con vistas a la expiración del mandato de cuatro años de Peñaranda.

Hasta el golpe del 20 de diciembre de 1943 el MNR no fue más que un agrupamiento muy pequeño de universitarios de clase media y ex combatientes del Chaco limitado a las cuatro o cinco ciudades más importantes. El liderazgo en el Congreso lo proporcionaban un puñado de diputados de La Paz y un solo diputado de Tarija: su jefe, Paz Estenssoro. El programa del partido en junio de 1942 era de tono nacionalista, de contenido poco concreto y, según se reconoció en aquel tiempo, de inspiración nacionalsocialista. El periódico asociado La Calle ya era un instrumento eficaz de agitación que dirigía sus ataques contra las arrogantes compañías mineras. Pero aunque esto daba al partido una base de convocatoria un poco más amplia que la que constituían sus miembros sin más, el movimiento seguía siendo incipiente. Es casi seguro que el mejor estudio que tenemos de los primeros años del MNR se muestra demasiado generoso al decir que el número de afiliados en 1943 era «no superior a unos cuanto miles»[17]. Parece que unos cuantos centenares de afiliados y unos cuantos miles de votantes o lectores de prensa era el límite de los efectivos del partido antes de que obtuviera acceso a la maquinaria del estado. Este acceso se consiguió por medio de las hábiles maniobras y los buenos contactos militares de los líderes del partido más que por medio del apoyo de las masas.

Sin duda alguna Paz Estenssoro reforzó el apoyo que recibía su partido gracias a su enérgica condena de la subordinación del gobierno Peñaranda a las compañías mineras en el debate que en agosto de 1943 se celebró en el Congreso con motivo de la matanza de Cataví. Su discurso incluyó también una llamada al ejército para que se distanciase de la «rosca» minera y se volviera de cara al pueblo. Paralelamente a este llamamiento público, se sostuvieron negociaciones privadas que culminaron con la alianza del MNR con la logia militar secreta RADEPA, capitaneada por Villarroel. Estos contactos debieron de incrementar mucho la confianza de Paz Estenssoro, ya que en noviembre de 1943, seis semanas antes del golpe, anunció virtualmente «la revolución» por anticipado. Hablando de las próximas elecciones se dirigió al Congreso de la manera siguiente:

En las próximas elecciones presidenciales no será posible repetir el fraude de 1940… Pero hay muchas señales de que se está erigiendo un aparato de fraude electoral… si la clase gobernante, en lugar de resolver problemas sociales, refuerza las defensas de los privilegiados, y trata por medio de la violencia y el fraude de mantenerse en el poder… inevitablemente, la acción revolucionaria triunfará[18].

Al igual que el gobierno militar que subió al poder en Argentina en 1943, el régimen de Villarroel no fue bien comprendido en su tiempo, y, al examinarlo de modo retrospectivo, también se expone a ser mal interpretado debido a los mitos que se forjaron luego sobre el período. El golpe, que iba dirigido principalmente contra las compañías mineras, tuvo lugar la víspera del primer aniversario de la matanza de Cataví. Incluso antes de que Villarroel accediera al poder, el gobierno boliviano recibía fuertes presiones para que actuase con mayor eficacia en defensa de los trabajadores de las minas del país. Estas presiones procedían tanto de la opinión nacional como (especialmente después del desastre de Pearl Harbor y de la interrupción del suministro de estaño desde el Lejano Oriente) de los Estados Unidos bajo la forma de una misión encabezada por el juez Cavert Magruder que en febrero de 1943 investigó las condiciones de las minas, tras lo cual la Junta de Guerra Económica de los Estados Unidos añadió cláusulas laborales en sus contratos de compra de minerales de Bolivia y se nombró un agregado laboral para la embajada norteamericana en La Paz. A pesar de ello, el gobierno de los Estados Unidos no vio con buenos ojos la subida al poder del gobierno de Villarroel, ya que lo consideraba una extensión de la influencia del Eje y de la peronista que podía poner en peligro el abastecimiento de materias primas que tenían importancia estratégica para la guerra. Las compañías mineras también conservaron un poco de influencia en Washington (especialmente en la oficina de Minas de los Estados Unidos, donde se encontraban muchos ingenieros que habían trabajado en Bolivia). Ante la hostilidad internacional, debido a la cual tardó seis meses en ser reconocido, y la resistencia interna de los propietarios de minas, el gobierno Villarroel se vio empujado de modo ineludible a movilizar nuevas bases de apoyo popular. Como es natural, un punto clave de esta estrategia lo ocuparon los trabajadores de las minas, que se encontraban ahora en el apogeo de su fuerza numérica y mejor situados que en cualquier otro momento desde la primera guerra mundial para ejercer presión económica en defensa de sus condiciones de vida, que habían empeorado debido a la inflación, el hacinamiento y las escaseces que acompañaban a la guerra. La fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos (FSTMB) en junio de 1944 debe verse en el contexto de esta situación nacional, tan excepcional en sus características políticas, económicas y sociales. Naturalmente, las semejanzas con el peronismo llaman la atención, pero en Bolivia fue un partido político aliado con los militares, el MNR, el que tomó la iniciativa y movilizó a las masas, en vez de tomarla un conspirador militar, como en el caso de Perón.

Bajo Villarroel pasó a primer plano una cohorte de oficiales militares que habían experimentado los sufrimientos de la lucha en primera línea durante la guerra del Chaco y que, por consiguiente, habían adquirido una sensación de solidaridad dirigida hacia dentro y de desconfianza dirigida hacia fuera. Su hostilidad apuntaba a los oficiales de alta graduación como Peñaranda, que habían dado las órdenes de guerra pero se habían librado de las consecuencias y de quienes se creía que se habían «vendido» a compañías mineras vinculadas al imperialismo extranjero. Al parecer, tampoco sentían simpatía por la clase terrateniente, que tenía descuidados y oprimidos a los campesinos, lo cual significaba que los reclutas del ejército estaban mal preparados. De hecho, aunque los conflictos con los propietarios de minas fueron los que más llamaron la atención del público, las fricciones del gobierno Villarroel con los terratenientes fueron un factor importante en lo que se refiere a determinar su suerte. En realidad, las actitudes de los militares ante el campesinado eran muy condescendientes y, en el mejor de los casos, paternalistas, y las únicas y tímidas propuestas de reforma agraria procedieron de los partidarios políticos civiles en vez de las fuerzas armadas. No obstante, las élites rurales se sintieron provocadas hasta el extremo de efectuar una movilización sin precedentes contra el gobierno militar. El Congreso Indio de 1945 y la abolición oficial de los servicios laborales no remunerados se consideraron con mucha razón amenazas muy serias al orden social en el campo. Los movimientos campesinos encabezados por civiles eran relativamente manejables, pero las cosas cambiaron cuando pareció que los militares que ocupaban cargos públicos de carácter local iban a usurpar las funciones de las élites rurales. Volver a dar a los militares un papel más tradicional se convirtió en un asunto muy urgente, y la clase hacendada de Bolivia aún poseía los recursos sociales (entre ellos la presencia de algunos de sus miembros en el cuerpo de oficiales mismo) que hacían falta para tomar represalias contra la RADEPA y aislar a la camarilla de Villarroel. Desde este punto de vista, el repudio a escala mundial del «nazismo» en 1945 proporcionó un útil disfraz para un contraataque cuya base era clasista.

Seria engañoso, con todo, atribuir un propósito muy claro a los nacionalistas militares de 1943-1946. Incluso en lo referente a los asuntos rurales, sus posturas eran en su mayor parte confusas y reactivas, aunque es claro que eran conscientes hasta cierto punto de que se trataba de un terreno en el que la jerarquía y la disciplina podían producir resultados eficaces. En relación con las fuerzas sociales ajenas al campesinado y los movimientos políticos, pronto se metieron en honduras. El nacionalismo y el antiimperialismo les empujaban a adoptar posturas contrarias a las compañías mineras y favorables a la ampliación del control del estado. Pero para poner en práctica su política necesitaban formar alianzas y valerse de intermediarios, y esto resultaba muy difícil. No veían con claridad qué tipo de relación debían buscar con los Estados Unidos y durante un tiempo vacilaron sin saber qué actitud había que adoptar ante el marxista PIR. Al final se encontraron con que les atacaban encarnizadamente ambos grupos. (En marzo de 1946 el presidente Villarroel dijo a los norteamericanos que «su programa consistía en socavar la posición del comunismo concediendo a la clase trabajadora las mismas cosas que les ofrecía el comunismo»[19]. Cuatro meses después el gobierno de los Estados Unidos aprobó su derrocamiento, igual que hicieron los comunistas).

Al mismo tiempo, los nacionalistas militares trabajaban incómodamente con sus aliados civiles del MNR y empezaron a recelar al ver que la movilización de los trabajadores de las minas servía para reforzar y radicalizar el partido. En modo alguno estaba claro que el gobierno de los militares fuese a permanecer aliado con el MNR, y tampoco podía este partido confiar en que su influencia en los círculos oficiales le garantizase resultados favorables en las elecciones. Del mismo modo que el gobierno Villarroel necesitaba alguna forma de movilización popular como refuerzo contra sus enemigos internos y externos, también el MNR tenía necesidad de demostrar el apoyo con que contaba para conservar su influencia con el régimen militar. Así pues, las elecciones para el Congreso de junio de 1944 fueron una verdadera prueba de fuerza política tan importante a su manera como las elecciones en las democracias consolidadas. De acuerdo con el sistema electoral vigente en aquel tiempo, los trabajadores de las minas constituían una proporción decisiva del electorado, y fue el MNR el que consiguió, mediante una campaña vigorosa y posiblemente incluso demagógica, conquistar la gran mayoría del apoyo de dichos trabajadores[20]. El congreso fundacional de la FSTMB celebrado en Huanuni el 10 de junio, con la asistencia de delegados de veintitrés sindicatos que decían representar entre 45.000 y 60.000 mineros, fue la culminación de la campaña electoral del MNR. La FSTMB se identificaba claramente con el MNR y era vista en consecuencia por el PIR y los sindicatos que éste controlaba.

El resultado de la campaña electoral consistió esencialmente en fortalecer el dominio del gobierno nacional por parte del MNR, aun cuando los líderes del MNR habían dejado el gabinete por ser éste el precio que pidieron los Estados Unidos a cambio de su reconocimiento. El resultado también intensificó la hostilidad y la resistencia de su rival en la pugna en pos del apoyo de la clase trabajadora, el PIR, especialmente dado que su líder, Arze, había sufrido heridas graves en un intento de asesinato la semana después de las elecciones. Para colmo de desgracias, miembros de la RADEPA secuestraron a Mauricio Hochschild a finales de julio y sólo a regañadientes lo soltaron una quincena después, presionados por el presidente.

Al fracasar un intento de contrarrevolución el 19 de noviembre, miembros de la RADEPA ejecutaron a varios dignatarios implicados en el complot. El escándalo consiguiente desmoralizó y desacreditó tanto al gobierno Villarroel, que algunos líderes del MNR se opusieron a la propuesta de que su partido prestara apoyo al gobierno ingresando de nuevo en el gabinete. Paz Estenssoro, sin embargo, impuso una sola condición, que Villarroel aceptó: que se activase finalmente el decreto de Busch de junio de 1939 que exigía que las compañías mineras entregaran el 100 por 100 de las divisas extranjeras obtenidas de la exportación al Banco Central. Con este compromiso, el 1 de enero de 1945 el MNR entró nuevamente a formar parte del gobierno, al que infundió un nuevo elemento de competencia política. Entre los nombramientos que se hicieron estuvo el de Germán Monroy Block como ministro de Trabajo, la primera vez que un miembro del partido ocupaba este puesto.

Como es natural, la movilización de los trabajadores de las minas despertó la intensa hostilidad de los propietarios de las mismas. La Compagnie Aramayo des Mines en Bolivie (CAMB) arguyó que los sindicatos empleaban la violencia y que el régimen había hecho subir el coste de los beneficios sociales hasta alcanzar el 58,7 por 100 del salario medio del trabajador de las minas, que un trabajador cobraba más cuando percibía el subsidio de enfermedad que cuando trabajaba[21]. La influencia que las compañías mineras ejercían en la opinión pública en las ciudades se deduce del hecho de que la circulación de la prensa diaria en La Paz se cifrara en un total de cien mil ejemplares, de los cuales más de ochenta mil se dividían entre los periódicos enemigos de Villarroel: La Razón (propiedad de Carlos Víctor Aramayo), El Diario (en el cual Patiño tenía la mayoría de las acciones) y Última Hora (vinculado a Mauricio Hochschild). Del principal periódico favorable al gobierno, La Calle, se vendían únicamente unos ocho mil ejemplares[22].

El gobierno Villarroel, por lo tanto, se veía enzarzado en una lucha desigual contra una «anti-patria» capitaneada por los magnates de la minería, que utilizaban la acusación de «nazismo» para hacer propaganda negra debajo de la cual se ocultaban sus estrechos motivos económicos. Después de introducir el sindicalismo libre en los campos mineros, después de confiscar las propiedades de ciudadanos del Eje y de enviar a gran número de destacados residentes alemanes y japoneses a campos de internamiento en los Estados Unidos, después de soportar continuos ataques de la prensa de los poderosos, después de proporcionar diligentemente a los aliados todas las materias primas estratégicas que el país podía producir a unos precios que la mayoría de los bolivianos consideraban políticos, y después de desempeñar un papel activo en la creación de las Naciones Unidas, ¿cómo podía un observador imparcial seguir clasificando al gobierno boliviano como «nazi»? En 1946, sin embargo, había pocos observadores imparciales cuando la acusación era la de simpatizar con potencias derrotadas. Y, en honor a la verdad, en el régimen de Villarroel (y en el MNR) había muchos elementos cuyo entusiasmo privado por Hitler era muy superior a sus actos públicos, y mientras el gobierno en conjunto se encaminaba hacia la destrucción, su capacidad de defenderse se vio perjudicada fatalmente por su reputación de «pro nazi».

A finales de 1945 tanto Argentina como Brasil habían sufrido cataclismos políticos a causa de las presiones para que se efectuara una realineación de fuerzas en la posguerra. En Bolivia, en cambio, el gobierno se volvió más rígido y la oposición, más inflamada. Los problemas aumentaron en Washington, donde la llegada de la paz significó un cambio drástico en la demanda de minerales estratégicos. Para el gobierno de los Estados Unidos la compra de estaño a un precio fijo ya no era una necesidad militar; al contrario, ahora parecía un acto de caridad. El embajador de Villarroel en Washington, Víctor Andrade, creía que los propietarios de minas, junto con el subsecretario de Estado, Spruille Braden, se valían de las negociaciones para tratar de debilitar o derrocar al régimen[23]. Con todo, la principal aportación de Washington a la destrucción de Villarroel fue un efecto secundario de la campaña contraproducente de Braden cuyo objetivo era Perón. El 13 de febrero de 1946, dos semanas antes de las elecciones democráticas que elevarían a Perón a la presidencia de Argentina, el departamento de Estado publicó un libro azul que calificaba a Perón y a sus colaboradores de cómplices de los nazis, les acusaba de crear un estado totalitario en Argentina y de representar una amenaza para los países vecinos. La segunda parte del libro azul implicaba públicamente a Paz Estenssoro (a la sazón ministro de Hacienda además de jefe de MNR) en el complot nazi-argentino. Al parecer, la falsificación británica de 1941 se había tomado al pie de la letra. Un memorándum del departamento de Estado con fecha 12 de febrero de 1946 comentaba del modo siguiente este aspecto del libro azul:

Sobre la reacción que habrá en Bolivia ante la publicación de esta información sólo cabe especular. Se sugieren las tres posibilidades siguientes:

1. El derrocamiento del gobierno Villarroel por una revolución.

2. El régimen actual integrado por el ejército y el MNR continuará en el poder mediante la transformación de la junta en una «fortaleza» dispuesta a enfrentarse a todos en «una batalla a muerte» y preparada pará reprimir toda oposición a ella empleando todos los medios a su disposición, inclusive la violencia y el derramamiento de sangre.

3. La reforma del gobierno… con el eliminación del MNR…[24].

Llegado el momento, la amenaza de una revolución produjo cierto grado de reconciliación táctica entre el MNR y el ejército, por lo que el resultado inmediato se acercó bastante a la segunda posibilidad. Sin embargo, la «fortaleza» no tenía una construcción muy sólida y las medidas de represión que se tomaron no hicieron más que intensificar las pasiones de la oposición. Se fundó el Frente Democrático Anti-Fascista (FDA) como organización bajo la cual se unían adversarios del régimen de la izquierda a la derecha; el FDA boicoteó las elecciones de mayo de 1946. En junio, el FDA desafió al régimen a confiscar La Razón y Ultima Hora, y organizó una serie de revueltas y huelgas que culminaron con una revolución violenta el 20 de julio. Al día siguiente una chusma callejera irrumpió en el palacio presidencial y el cadáver de Villarroel fue colgado de un farol en la plaza Murillo, al parecer, en un intento de imitar la muerte de Mussolini. Esta fue la última, y quizá la menos digna, victoria de los aliados en la segunda guerra mundial.

1946-1952

Después de los traumáticos acontecimientos de julio de 1946, resultaba difícil creer que pudiera haber una abrumadora «inversión de los veredictos» en menos de seis años. Aun suponiendo que la estructura socioeconómica de Bolivia hiciese que una revolución popular fuera ineludible en el futuro próximo (creencia verosímil pero no muy extendida al empezar el sexenio de 1946-1952), distaba mucho de ser obvio que los restos en fuga del MNR pudieran poseer todavía la aptitud o los recursos, y no hablemos de la inclinación, para desempeñar eficazmente el papel de líderes. Asimismo, las tendencias políticas que se observaban en las otras repúblicas andinas eran profundamente desalentadoras para los radicales bolivianos: el gobierno de Chile se volvió contra la izquierda en 1947; el principal reformador social de Colombia, Jorge Eliécer Gaitán, fue asesinado en abril de 1948, lo que estuvo a punto de provocar una guerra civil; y en Perú y Venezuela los partidos reformistas se verían desplazados por reaccionarias dictaduras militares aquel mismo año. Sin embargo, al día siguiente del derrocamiento de Villarroel no se veían señales de que la vida política de Bolivia estuviese a punto de adquirir un carácter hondamente reaccionario. Al contrario, la primera etapa del sexenio pareció ofrecer una perspectiva de liberalización.

Seis meses transcurrieron entre la caída de Villarroel y la elección, en enero de 1947, de un gobierno constitucional bajo la presidencia de Enrique Hertzog con Mamerto Urriolagoitia como vicepresidente. Durante aquellos seis meses se efectuó una drástica purga del ejército, se produjo una segunda ronda de linchamientos y se agudizaron las contradicciones en el seno del FDA. El marxista PIR fue el grupo que pareció tener una influencia cada vez mayor durante aquellos primeros meses, pero ya se veían señales de que su ventaja no duraría mucho. Al principio los norteamericanos contemplaron el PIR con cierta simpatía, pero ésta se evaporó rápidamente al intensificarse la guerra fría. El PIR contaba con numerosos seguidores entre los obreros organizados (fuera de las minas) y los estudiantes, y dado que de momento los militares estaban demasiado desacreditados para mantener el orden público, las milicias organizadas por el PIR controlaban las calles y se tomaban venganza. Pero, al igual que los partidos comunistas de la Europa occidental, el PIR se abstenía de aspirar al poder total, puesto que juzgaba que tenía necesidad de la tolerancia de Washington y de la cooperación de todas las fuerzas democráticas (es decir, contrarias al Eje). El apoyo de los Estados Unidos tenía especial importancia para las nuevas autoridades, toda vez que sólo Washington podía proporcionar las importaciones de trigo que se necesitaban para evitar los disturbios que podía provocar la falta de pan después de que Perón reaccionara a la revolución de julio de 1946 cortando el abastecimiento de trigo argentino. Por consiguiente, con el MNR puesto fuera de la ley y el PIR bloqueado, los propietarios de minas y los terratenientes de Bolivia aprovecharon la oportunidad para dar marcha atrás a las reformas sociales de Villarroel. Antes de que transcurrieran dos años, los norteamericanos se lamentarían de la inestabilidad social de Bolivia, pero sin reconocer hasta qué punto la política de comisión y omisión del propio Washington había creado semejantes condiciones. Ninguna Bolivia amistosa y estable fue posible después de que la guerra fría indujera a los Estados Unidos a hacer en primer lugar una guerra ideológica contra el MNR y a emprender luego una segunda (y en términos locales contradictoria) ofensiva contra la única fuente importante de liderazgo político que quedaba, el PIR, y menos aún cuando se estaban anulando una serie de reformas sociales tentativas que deberían haberse llevado a cabo mucho antes.

Los requisitos de las compañías mineras eran incompatibles con toda resolución política que no fuese autoritaria. Si querían sobrevivir en las condiciones de la posguerra, las minas de propiedad privada tendrían que revocar las ganancias salariales y organizativas que la FSTMB había hecho desde 1944. Los trabajadores de las minas no habían apoyado la revolución de julio de 1946, y sus organizaciones permanecieron intactas durante la fase democrática del sexenio. De hecho, se habían radicalizado a causa del derrocamiento de Villarroel, que con cierta razón atribuían a las maquinaciones de los magnates mineros y del gobierno de los Estados Unidos. Los ingenieros de minas norteamericanos empezaron a quejarse de amenazas a su seguridad física, a la vez que los trabajadores de las minas amenazaban con ocupar toda empresa cuyos propietarios trataran de cerrar. Este choque de intereses económicos en unos momentos en que los sindicatos también se oponían en el terreno político fue la causa de episodios de enfrentamiento violento, especialmente en Potosí en enero de 1947 y en Cataví en mayo y septiembre de 1949.

Desde el punto de vista de los propietarios de minas parecía haber poderosas razones económicas para rescindir las reformas sindicales y fiscales que efectuara el gobierno Villarroel-Paz. El final de la guerra significó tanto una disminución de la demanda de minerales estratégicos como la restauración del suministro por parte de los competidores de Bolivia en el Lejano Oriente, cuyos costes eran bajos. Para que la industria más importante de Bolivia tuviera algún porvenir en estas nuevas circunstancias, habría que proceder a una despiadada reducción de costes, al cierre de las unidades que no fuesen viables o que estuviesen agotadas y a la puesta en práctica de un importante programa de nuevas inversiones. Pero las principales empresas mineras de Bolivia eran de alcance internacional. Simón Patino murió en Nueva York en 1947 y podía contarse con que sus sucesores invertirían dondequiera que la tasa de rendimiento pareciera más alta y más segura. A menos que las autoridades bolivianas pudieran proporcionar incentivos y garantías que no fuesen inferiores a las existentes en, pongamos por caso, Canadá, la Patino Mines sencillamente «exprimiría» su inversión en Bolivia hasta dejarla seca. Incluso Hochschild tenía la opción de explotar sus propiedades mineras en Chile, y en 1948 el gobierno de Santiago parecía ofrecer a los inversionistas muchas más seguridades que las autoridades de La Paz.

De hecho, los gobiernos del sexenio se mostraron más ambivalentes ante la «rosca» minera de lo que induce a suponer la propaganda del MNR. Durante 1947 el PIR siguió teniendo mucha influencia y albergó la vana esperanza de persuadir a los trabajadores de las minas de que abandonaran su obediencia al supuestamente «nazi» MNR. Andando el tiempo, el PIR se vio obligado a repudiar a su ministro de Trabajo al condonar éste un plan de la dirección de la Patino cuyo propósito era despedir a todos sus empleados y volver a contratar sólo a los que no fuesen alborotadores. Con el principal partido de izquierdas desacreditado de este modo y empujado luego hacia la oposición, el gobierno Hertzog se vio tachado de simple agente de las compañías mineras, pero no era así como el gabinete o la dirección de las minas percibía su relación. Al intensificarse la ofensiva política del MNR y eliminar la guerra fría la presión internacional para que se mantuviera una fachada democrática, las compañías mineras centraron sus esperanzas en la instauración de un gobierno duro que estuviese dispuesto a tomar medidas eficaces contra la subversión, la agitación obrera y lo que, a su modo de ver, eran reformas irreparables. Por consiguiente, en 1949 acogieron con alegría el traspaso forzoso del poder del cauto Hertzog a su agresivo vicepresidente, Urriolagoitia. Sin embargo, este cambio no hizo más que agravar la polarización política y la inseguridad sin proporcionar el apoyo físico y económico que las empresas juzgaban necesario. El 5 de septiembre de 1949, Dewett C. Deringer, director general de la Patino en Bolivia escribió a la oficina central para ponerla al corriente de la repercusión de un intento de levantamiento del MNR ocurrido a finales de agosto, que provocó una semana de virtual guerra civil en todo el país antes de que el gobierno volviera a imponer su control. En Cataví la violencia causó «100-200» muertos, «desorganización y destruyó la moral». Con el fin de recuperarse de este cataclismo:

Como medida se recomienda que para la labor policial se forme una nueva «guardia de élite» integrada por hombres jóvenes y capacitados, adiestrándolos concienzudamente en los métodos modernos para controlar a la chusma. Para este adiestramiento, podían traerse dos o más expertos del FBI o de otra organización policial muy conocida (o de ambas). Un regimiento de primera clase debería y debe apostarse en un radio de tres o cuatro kilómetros de los campos mineros de la compañía, aunque sólo debe entrar en acción a petición del comandante de la «guardia de élite» o de la dirección. Si no se toma ninguna medida de esta clase, el personal de alta dirección, así extranjero como nacional, no se quedará… Todo esto será muy costoso para la compañía y habrá cierta inversión de capital para el alojamiento de la tropa[25].

Los latifundistas bolivianos también insistieron en la necesidad de reforzar la disciplina y abandonar las reformas de Villarroel. Aunque según el censo agrícola de 1950, dos tercios de toda la tierra cultivada estaban divididos en unidades de doscientas hectáreas y pico, cabría argüir que las cifras indican que probablemente menos de la mitad de la tierra cultivada era, de hecho, propiedad de hacendados, y que en la práctica una proporción significativa de dicha tierra tal vez se escapaba al control de los terratenientes. En todo caso, es indiscutible que las comunidades indígenas conservaban títulos de propiedad de más de una cuarta parte de la tierra cultivada y ejercían un grado significativo de influencia sobre el aprovechamiento de más tierra. Desde el punto de vista de la política nacional, sin embargo, los que contaban eran los varios miles de familias latifundistas cuyo control limitado sobre una sociedad rural compleja y extraña era, a pesar de todo, suficiente para darles privilegios económicos, autoridad política local y una posición dominante dentro de la restringida élite boliviana. Estas familias estaban estrechamente relacionadas con la abogacía, el clero (que en aquel tiempo era todavía uno de los pilares de la reacción) y la oficialidad del ejército. Se consideraban a sí mismas una élite católica señorial en un país que estaba poblado en gran parte por indios ignorantes y potencialmente peligrosos. En el seno de la clase terrateniente podían hacerse muchas distinciones, desde luego. Una minoría de terratenientes muy importantes sabía que se encontraba en una posición sumamente expuesta, mientras que muchos propietarios más modestos albergaban la esperanza de ganar algo en el caso de producirse una victoria del MNR. (Los pequeños terratenientes constituían una parte significativa en la composición del MNR en Cochabamba, por ejemplo). A decir verdad, los terratenientes que eran miembros del MNR en el este obtuvieron importantes ventajas económicas para sí mismos después de la revolución, toda vez que se amplió el crédito barato y en su región eran pocos los campesinos que reclamaban tierra. No obstante, como clase, representada por la Sociedad Rural Boliviana, los terratenientes de Bolivia constituían uno de los obstáculos mayores para llevar a cabo la reforma gradual y, por ende, una de las mayores provocaciones al cataclismo radical. Hasta el benévolo paternalismo y los intentos vacilantes de extender la educación rural básica que hizo Villarroel se consideraban amenazas mortales que se cernían sobre el dominio de esta reducida clase privilegiada.

Una gran oleada de agitación campesina en 1947 fue fruto, al parecer, de la retirada de las modestas reformas de Villarroel, y en lo sucesivo toda señal de protesta rural fue recibida con castigos ejemplares. Desde el principio mismo de un régimen supuestamente «democrático» la opinión de que «los indios tienen derechos» tendía a ser considera pura subversión. (De modo parecido, para esta élite fue casi impensable respetar el resultado de las elecciones de mayo de 1951, simplemente porque la mayoría de los electores habían sido lo bastante irresponsables como para votar al MNR, el cual, de resultas de compartir la persecución, había adquirido por fin seguidores entre los campesinos). Esta mentalidad de «búnker» en los círculos latifundistas también influía en las actitudes de muchos de los miembros de la clase alta urbana y de la oficialidad del ejército, y coincidía con los intereses y la perspectiva de la alta dirección de las minas. Explica cómo un régimen fundado en nombre de la democracia y el constitucionalismo evolucionó hasta transformarse en una dictadura militar tan aislada, incompetente y desacreditada, que provocó una revolución popular y fue víctima de ella.

Los diversos elementos que se unieron para hacer la revolución de abril de 1952 empezaron en forma de corrientes de resistencia que en gran parte no estaban coordinadas y que afloraron a la superficie en momentos diferentes del sexenio. La agitación rural se calmó después de 1947, aunque las tensiones latentes nunca desaparecieron, y volvieron a aparecer rápidamente tras el derrumbamiento del antiguo orden en las ciudades[26]. Después de la derrota en la guerra civil de 1949, una quietud parecida afectó a la FSTMB, aunque, como muchos de ellos tenían voto, sus miembros contribuyeron mucho a infligir una derrota por sorpresa al régimen en las elecciones presidenciales de mayo de 1951. La clase trabajadora urbana (cuyos líderes eran en gran parte marxistas) padeció una dura represión en mayo de 1950 a raíz de la huelga general en La Paz, después de la cual la guerra de Corea garantizó la continuación del hostigamiento político. Los políticos reformistas y radicales, así como sus aliados de la clase media, vieron cómo su momento de triunfo electoral les era robado el 16 de mayo de 1951 cuando el presidente saliente, Urriolagoitia, respondió a la inesperada victoria electoral del MNR el 6 de mayo cerrando el Congreso y entregando el poder a las fuerzas armadas «con el fin de preservar la democracia y el futuro de las instituciones republicanas». La nueva Junta prometió preservar «nuestras instituciones democristianas», bloquear las fuerzas «sovietizantes» y «controlar los recursos del subsuelo». Su proyecto inicial de convocar una asamblea constituyente no tardó en ser abandonado, y en marzo de 1952 el presidente Hugo Ballivián ya prometía al ejército reprimir todas las manifestaciones de la política de partidos.

La instauración de la Junta Militar en 1951 y la polarización consiguiente que culminó con la revolución de abril de 1952 tenían cierto parecido superficial con la revolución de 1946, pero el contexto político era muy diferente. Varios grupos que podrían haber hecho una revolución no la hicieron. En primer lugar, el PIR ya no estaba en condiciones de asumir el liderazgo de un movimiento insurreccional radical. La guerra fría, a la que siguió la guerra de Corea, se combinó con los errores de liderazgo para destruir el partido a todos los efectos. Por ejemplo, cuando en 1950 la Iglesia católica anunció la excomunión de los comunistas, el PIR se escindió en dos grupos: los que procedieron a fundar el Partido Comunista Boliviano (PCB) y los que inclinaron la cabeza, que fueron la mayoría. En las elecciones de 1951, con la amenaza de que tal vez se enviarían soldados bolivianos a Corea, el incipiente PCB apoyó a Víctor Paz Estenssoro, con lo cual debilitó el atractivo del candidato del PIR, que quedó en sexto lugar. No obstante, el PIR tenía seguidores en el movimiento obrero, incluido el estratégico sindicato ferroviario, cuyo líder, según se dice, retrasó hasta las 6 de la mañana del 9 de abril de 1952, el día de la revolución, el momento de jurar obediencia al MNR. Los trotskistas del Partido Obrero Revolucionario (POR) fueron siempre una fuerza más débil, pero, al menos durante un tiempo, después de 1946 habían obtenido el apoyo del líder de los mineros, Juan Lechín. En abril de 1952, sin embargo, Lechín hizo la revolución con sus antiguos protectores del MNR. En estos momentos el POR estaba demasiado ocupado con la agitación de la Cuarta Internacional en Europa para desempeñar un papel decisivo.

Otro candidato al poder en esta etapa era el ministro de Trabajo de la Junta, el teniente coronel Sergio Sánchez, que trataba de imitar a Perón y dirigía su propia campaña de conspirador. Sánchez se encontraba en Cataví ayudando a los marxistas a restaurar su sindicato cuando estalló la revolución, y cuando la lucha se volvió encarnizada, los líderes sindicales tuvieron que protegerle de las iras de los afiliados. A los falangistas se les dio la oportunidad de participar en la insurrección del 9 de abril, aun cuando al principio habían cooperado con la Junta Militar. Por razones que todavía no están claras, Oscar Unzaga de la Vega, el líder del movimiento, tomó la trascendental decisión de no comprometer sus fuerzas. Es posible que pensara que la FSB recibiría una recompensa insuficiente del MNR; en todo caso, más tarde se dijo que había avisado al alto mando del ejército de la conspiración que se estaba tramando. Posteriormente Unzaga condujo su partido a la oposición radical a la Revolución Nacional, que duró hasta que él y sus colaboradores más allegados fueron muertos en un levantamiento fallido en 1959, uno de los diversos intentos que hizo la FSB de eliminar al MNR por la fuerza durante los primeros años de la revolución.

El general Antonio Seleme, ministro del Interior de la derrocada Junta Militar, bien pudiera haberse convertido en presidente en abril de 1952 si la rebelión se hubiera desarrollado de acuerdo con el plan, que dependía de un golpe inicial contra Ballivián capitaneado por la policía bajo el mando de Seleme. No fue hasta después de que la mayoría del estamento militar decidiese no participar en la revuelta que Seleme se desanimó y la fuerzas civiles más radicales asumieron el control del movimiento[27]. Para comprender por qué el MNR disponía de un apoyo civil tan decidido es necesario tener en cuenta los efectos de seis años de lucha encarnizada (incluidos la llamada «Matanza Blanca», esto es, el despido en masa de trabajadores de las minas que simpatizaban con el movimiento en 1947, y la dolorosa derrota que sufrió el partido en la guerra civil de 1949) que había transformado su base social y radicalizado a sus afiliados. Asimismo, Seleme cometió un grave error al juzgar el clima reinante entre los militares, que era de intenso faccionalismo y desmoralización. La derrota del Chaco había sido seguida de extensas y traumáticas purgas políticas en 1946 y 1949, de tal manera que una oficialidad que proclamaba su compromiso con la democracia se había visto implicada en una dictadura militar sin dirección. Ni siquiera las clases propietarias expresaban confianza en la Junta, y, en el plano internacional, ésta se encontraba aislada de Washington a causa de una disputa sobre las condiciones de las ventas de minerales durante la guerra de Corea.

Diversas conspiraciones se unieron el 9 de abril de 1952 para poner en marcha la revolución. Según algunas crónicas, todas ellas fueron coordinadas por el subjefe del MNR, Hernán Siles, que junto con Lechín dirigió la insurrección civil de tres días en La Paz. (Víctor Paz Estenssoro permaneció en su exilio de Buenos Aires). La situación dio varios giros antes de que los revolucionarios alcanzaran el triunfo. De hecho, el ejército hubiera podido aplastarlos en el segundo día de la revolución, ya que los rebeldes habían agotado las municiones. El factor decisivo esta vez —a diferencia de en 1949— fue el hecho de que el alto mando del ejército perdiera el control de La Paz, donde la policía apoyó a Seleme y sólo los cadetes del Colegio Militar (a los que habían prohibido participar en enfrentamientos anteriores como, por ejemplo, el de 1946) hicieron algún esfuerzo militar sostenido. Los reclutas carecían de preparación y a menudo sencillamente desertaban para reunirse con sus familias en La Paz. Las fuerzas regulares encontraron una resistencia decidida por parte de francotiradores, trabajadores de las fábricas y un destacamento de mineros. Tres días y otras tantas noches de luchas callejeras, en las cuales murieron unas 1.500 personas, llevaron al MNR y a Víctor Paz Estenssoro al poder.

LA REVOLUCIÓN NACIONAL, 1952-1964

La Revolución Nacional de abril de 1952 se ha visto eclipsada por las posteriores revoluciones sociales habidas en Cuba y Nicaragua y por las revoluciones democráticas y más victoriosas de Colombia y Venezuela. Incluso antes de finales del decenio de 1950 era frecuente que se subestimara su importancia, por haber tenido lugar en un país rodeado de tierra y pobre como es Bolivia (al que no se consideraba un «modelo» potencial para los estados vecinos); porque a menudo se consideraba que sus líderes estaban manchados por asociaciones fascistas o marxistas (o ambas a la vez); porque en muy pocos años el régimen pasó a depender mucho de la ayuda norteamericana; y porque todo esto tuvo lugar en el apogeo de la guerra fría, sobre el trasfondo de Corea, Dien Bien Phu, el «Macartismo» y el éxito de la operación de la CIA en Guatemala. No obstante, abril de 1952 fue un gran cataclismo, el acontecimiento decisivo en la historia de Bolivia independiente y un fenómeno sumamente significativo en la lucha de América Latina por la participación de las masas en la política y por la modernización socioeconómica.

La analogía más obvia es con la revolución mexicana, que sin duda fue importante fuente de inspiración para el MNR. (México envió consejeros para que ayudasen a efectuar la reforma agraria y a administrar la compañía petrolera del estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos [YPFB], y en junio de 1964 el presidente Paz Estenssoro cometió un desliz al afirmar que «la revolución se ha institucionalizado, como en México»). Pero las medidas que se adoptaron en 19521953 eran mucho más drásticas que las reformas legales y constitucionales que Madero concibió para México en 1910. Mientras que en México se impuso el ejército constitucionalista y los «batallones rojos» se disolvieron en un movimiento sindical controlado por el estado, las fuerzas armadas bolivianas fueron objeto de una purga, confinadas en sus cuarteles y desarmadas en medida considerable al tiempo que florecían las milicias de trabajadores y campesinos. Puede que las minas nacionalizadas de Bolivia presenten algún parecido con la nacionalización del petróleo mexicano en 1938, pero en este caso la propiedad estatal fue acompañada de la instauración de los llamados «Controles Obreros», que eran más radicales que cualquier intento de Cárdenas en este sentido. La escala del intervencionismo económico que se intentó en Bolivia entre 1952 y 1956 no tuvo precedentes en América Latina hasta el que se emprendió en Cuba en el decenio de 1960, y lo mismo cabe decir de la extensa reforma agraria, que se llevó a cabo un decenio antes de que la Alianza para el Progreso legitimase las iniciativas de este tipo. En los estudios recientes se ha tendido a hacer hincapié en las limitaciones y las deformaciones de la reforma agraria boliviana, así como a contrastar las intenciones del programa de reforma con las realidades de su ejecución. Pero no debería olvidarse que en 1953 sólo México, la URSS y China habían intentado algo de esta clase, algo que en todos los casos había costado mucho derramamiento de sangre y prolongadas luchas internas. El gobierno guatemalteco estaba a punto de ser aplastado, al menos en parte debido a su compromiso con una reforma agraria mucho más moderada. Terratenientes y capitalistas de países vecinos tales como Perú y Chile reaccionaron a la revolución boliviana con tanto horror y desagrado como siempre han expresado los grupos parecidos ante las revoluciones sociales, ya fuera en Francia, en México o en América Central.

A diferencia de los de México y Cuba, los revolucionarios bolivianos no consolidaron su poder en un régimen permanente («institucionalizado»). Debido a ello, los conflictos que dividieron a los líderes revolucionarios se airearon de forma menos encubierta y pocas cosas permanecen ocultas en lo que se refiere a las contradicciones y las deficiencias de los cuatros gobiernos sucesivos del MNR. Al igual que los regímenes más «atrincherados», la Revolución Nacional creó una mitología legitimadora, pero ésta no perduró en el caso de Bolivia, donde los acontecimientos posteriores obligaron a los principales líderes del MNR a repudiar (o al menos reinterpretar radicalmente) algunas de sus anteriores doctrinas ideológicas. Pero incluso sin consolidar su poder, institucionalizar su régimen o crear una mitología legitimadora, los líderes revolucionarios de Bolivia surtieron un efecto tan profundo en su sociedad, que al cabo de un tercio de siglo los conflictos y las obediencias políticas seguían girando alrededor de las mismas personalidades clave (Paz Estenssoro, Siles Zuazo y Juan Lechín) y consistían en repeticiones deformadas de los dramas del período 1952-1964.

La historiografía habitual de la Revolución contiene un grado importante de verdad[28]. Entre 1952 y 1956 se tomaron abundantes medidas cuyo efecto acumulativo equivalió a una profunda transformación social. Visto de forma aislada, puede que el sufragio universal (que dio el derecho de votar a analfabetos, mujeres e incluso soldados) no sea tan significativo, pero en Bolivia fue impulsado por la movilización de las masas en unos momentos en que la nacionalización afectaba a casi todas las empresas principales del sector privado, y en que las armas se redistribuían del ejército a la policía y de ambos a milicias obreras y campesinas de organización popular. El primer mandato presidencial de Paz Estenssoro fue la época heroica de la Revolución Nacional y marcó la conciencia nacional como no la había marcado ni volvería a marcarla ningún otro período de gobierno.

No obstante, examinando el período con casi cuarenta años de perspectiva, cabe ver que muchas de las verdades de la historiografía tradicional eran extremadamente selectivas. Si las minas de estaño no se hubieran nacionalizado en octubre de 1952, es seguro que los propietarios privados hubieran reaccionado a la revolución y al final de la guerra de Corea con despidos en masa y la retirada de capital. Si no se hubiera promulgado una ley de reforma agraria en agosto de 1953, la mayoría de los terratenientes se hubiesen visto igualmente desposeídos por iniciativas locales extrajurídicas. Cuatro años de gobierno de facto siguieron a la introducción del sufragio universal, y cuando finalmente se celebraron elecciones en 1956 el objeto de las mismas era más ratificar que regular el régimen del MNR. Aunque el MNR salió como el único partido gobernante, el propietario exclusivo de la Revolución, esta fórmula oculta más de lo que revela. La dirección del partido, su composición, su estrategia y su «derecho a gobernar» eran asuntos relativamente pendientes de solución en abril de 1952, y continuaron siendo objeto de polémica durante los siguientes doce años.

Víctor Paz Estenssoro había sido designado jefe desde la fundación del partido en 1941 y se había presentado como candidato del mismo a la presidencia en 1951. Entre 1952 y 1956 fomentó cierto culto a la personalidad, y después de volver al poder en 1960 se convenció a sí mismo, y convenció a muchos, de que el partido era su vehículo personal. Pero lo cierto es que su autoridad dentro del movimiento fue siempre condicional, y a veces incluso precaria[29]. Cuando Paz Estenssoro volvió del exilio en Argentina y asumió la presidencia (para un mandato de cuatro años) el 15 de abril de 1952, fue porque su vicepresidente, que había organizado la Revolución y nombrado al primer gabinete, se resistió a las presiones en sentido contrario y optó por esperar su tumo al amparo de la Constitución. (Fue Siles y no Paz Estenssoro el primer presidente elegido por sufragio universal). Durante sus seis años en el exilio, muchos antiguos aliados habían abandonado el partido y éste había adquirido un número mucho mayor de nuevos afiliados. No se sabe con seguridad hasta qué punto era fuerte la lealtad al nuevo presidente que sentían los que se habían afiliado al partido y quizá sufrido persecución durante la estancia de Paz Estenssoro en el extranjero. (A decir verdad, con la desaparición del PIR muchos de los recién llegados al MNR procedían de sindicatos que antes habían denunciado a Paz Estenssoro por nazi). En el seno del MNR cristalizaron inmediatamente facciones rivales sobre todo en la izquierda, donde los sindicatos obreros se unieron en la Central Obrera Boliviana (COB) para crear otro foco de poder bien estructurado dentro del partido gobernante. Bajo su líder, Juan Lechín (que no debía ninguna lealtad especial a Paz Estenssoro que, de hecho, no había visto cumplido su deseo de ser candidato a la vicepresidencia con él en 1951), la COB incluso obtuvo el derecho a nombrar y destituir a tres miembros del gabinete del nuevo presidente.

Durante el primer año de la Revolución, el partido estuvo dividido entre Paz Estenssoro y Lechín sobre si debía reabrirse el Colegio Militar; y Lechín, héroe de las batallas callejeras de 1952, tenía el respaldo de milicias armadas que podían dar más peso a sus argumentos. El partido también se encontraba profundamente dividido ante otros asuntos críticos: la rapidez con que debían requisarse las principales minas, si había que pagar compensaciones a sus dueños y el papel que había que dar a los sindicatos en la gestión de las mismas; si había que acelerar o frenar un proceso parcialmente espontáneo de revolución agraria; qué puentes había que tender con los Estados Unidos; si convenía otorgar nuevas concesiones para extraer petróleo a compañías extranjeras; y, tal vez lo más importante de todo, qué medidas había que tomar para hacer frente a una crisis económica cada vez más severa.

En 1945-1946 Paz Estenssoro había servido a Villarroel en calidad de ortodoxo ministro de Hacienda y había equilibrado el presupuesto, frenado el crédito, contenido la inflación y es muy posible que, a consecuencia de ello, contribuyera a despertar el descontento social que había sido una de las causas de la destrucción del gobierno. A partir de 1952 mostró gran interés por los asuntos económicos, pero durante la primera fase de la Revolución dio prioridad a la tarea de consolidar el apoyo popular y a llevar a cabo reformas drásticas. Hasta más adelante no concebirá medidas impopulares destinadas a hacer economías que hábilmente legó a su sucesor, Siles. La redistribución de activos forzosamente tenía que producir cierto grado de perturbación de la economía, y los revolucionarios no podían sino esperar que durante algún tiempo se les plantearan dificultades de producción mientras hacían experimentos con una nueva estructura de propiedad y administración. No cabe duda de que muchos de ellos (aunque no necesariamente el propio Paz Estenssoro) tenían una idea exagerada de las ganancias que se obtendrían de «capturar el superávit» que antes se llevaban las compañías apodadas «las Tres Grandes» y la oligarquía asociada con ellas. En la práctica, la nueva empresa minera del estado, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), adquirió activos que ya estaban muy consumidos. Asimismo, al terminar la guerra de Corea, la demanda mundial de estaño y volframio entró en una fase de depresión que duraría casi hasta el final de doce años de permanencia del MNR en el poder. Habida cuenta de este contexto general, cabe argüir que durante algunos años las minas nacionalizadas dieron un rendimiento relativamente bueno y generaron un superávit que en gran parte despilfarraron otras empresas estatales, en particular la corporación petrolera del estado, la YPFB (que invirtió 100 millones de dólares en exploraciones improductivas), y la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), sociedad de cartera estatal que se dedicaba principalmente a efectuar operaciones mal supervisadas en las tierras bajas del este. Parece ser que en aquel entonces pocos bolivianos comprendían las complejas y encubiertas transferencias de recursos que tuvieron lugar en aquellos años de tipos de cambio artificiales, escaseces severas, crédito subvencionado y amenazas de hiperinflación. Examinando el asunto con una perspectiva maquiavélica, puede que Víctor Paz Estenssoro juzgase que las minas tenían poco futuro, pero que el equilibrio de las fuerzas políticas impidiese reconocer francamente este hecho, toda vez que era claro que entrañaba un período de trastornos económicos con los recursos asignados de nuevo de forma encubierta por medio de un intervencionalismo inflacionario hasta que la nueva estructura de poder quedase consolidada. En vista de lo desorganizada que estaba la Administración pública boliviana incluso antes de la Revolución, no es extraño que este intento de subsistir la iniciativa privada de la empresa pública topase con agudos problemas de ineficiencia y corrupción. (El chiste que decía que el MNR había democratizado la corrupción reflejaba una verdad amarga). Aunque la izquierda podía presentar argumentos sólidos a favor de los logros revolucionarios del movimiento obrero y a favor del nuevo sistema de participación de los trabajadores en la dirección, en la práctica estos cambios contribuyeron todavía más a que disminuyesen las oportunidades de efectuar una buena gestión del ampliado patrimonio del estado. Aunque quizá no fueron los principales responsables de la crisis económica de 1955-1956, los sindicatos obreros fueron los principales perjudicados por el hecho de que la citada crisis se produjera después de que ellos vieran satisfechas la mayor parte de sus exigencias. Desde luego, en 1956 Lechín parecía incapaz de encontrar una política económica de izquierda que fuese viable.

A pesar de esta profunda crisis económica, el régimen del MNR logró cierto grado de consolidación política en el primer mandato de Paz Estenssoro. Durante casi cuatro años (hasta la amnistía del 1 de abril de 1956) el MNR gobernó en calidad de arbitrario régimen de facto. No había Congreso alguno (aparte de la COB) ni gobierno local (exceptuando las milicias del partido y las sindicales). En enero de 1953 la primera revuelta seria (cuyo supuesto objetivo era liberar a Paz Estenssoro de la dependencia de «los comunistas») fue recibida con una dura represión por la policía de seguridad del MNR, llamada Control Político. Quizá el momento crítico de esta fase explícitamente «dictatorial» de la Revolución llegó en 1955 cuando tanto el MNR como la COB trataron de «intervenir» en las universidades y se encontraron con una resistencia inesperadamente fuerte y de amplia base. (También es posible que el violento derrocamiento de Perón en la vecina Argentina en 1955 hiciera reflexionar a los líderes del MNR sobre la forma de estabilizar su régimen). En todo caso, el presidente Paz Estenssoro dio comienzo a la «etapa institucional» del régimen en agosto de 1956, aunque continuó haciendo hincapié en el cambio socioeconómico más que en las elecciones como fuente esencial de la legitimidad de la Revolución. Dijo lo siguiente al primer Congreso boliviano elegido por sufragio universal: «La lucha política está polarizada entre el MNR, el representante legítimo de la Revolución, de la gran mayoría nacional, fruto de la actual necesidad histórica, y las fuerzas de la reacción encamadas en una agresiva vanguardia oligárquica cuyo objetivo es restaurar la dominación de los terratenientes y las minas»[30].

Al igual que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, es claro que el MNR preveía una serie ininterrumpida de victorias electorales durante un futuro indefinido. No reconocía ninguna limitación democrática o constitucional que pudiera anular la legitimidad revolucionaria y, por tanto, lo único que ofrecía a la oposición era la escueta posibilidad de escoger entre una ineficaz representación nominal y la conspiración violenta. Los falangistas valoraron de la manera siguiente el código electoral de 1956: «De este modo el analfabetismo del campo arrolló el verdadero espíritu de ciudadanía arraigado en las ciudades y las capitales de provincia. Donde la obediencia india es ciega todo se arregló con papeletas de votación de colores especiales»[31]. Entre 1956 y 1964 el MNR obtuvo una y otra vez alrededor del 85 por 100 de los votos en elecciones que sus adversarios tacharon de fraudulentas. En el otro lado de la línea divisoria política, comunistas y trotskistas se encontraban con el problema de que muchas de sus medidas políticas, e incluso sus formas de organización preferidas, se las estaba robando un movimiento revolucionario cuyos líderes ellos sabían que eran profundamente hostiles a buen número de sus ideas más queridas. Por supuesto, dentro de la dirección nacional del victorioso MNR había gran diversidad de puntos de vista y aspiraciones. Lo que hizo que el gobierno permaneciese unido durante doce años no fue tanto una ideología compartida como el hecho de compartir el interés en monopolizar el poder político y la voluntad de improvisar de forma implacable para alcanzar tal objetivo.

La COB, cuya columna vertebral era la FSTMB, proporcionaba el eje ideológico y organizativo de la facción radical del MNR, que abarcaba los sindicatos obreros, las organizaciones campesinas y los activistas estudiantiles y que reclamaba la autoridad sobre los «ministros obreros» y las milicias obreras.[32] Juan Lechín fue el secretario general de la COB desde su creación en abril de 1952 hasta 1987, y durante más de treinta años la suerte política de la organización estuvo atada de forma inextricable a la carrera personal del propio Lechín. Hasta 1957 la COB floreció a medida que su programa iba adquiriendo influencia dentro del MNR y ocupando el espacio vacío creado por la falta de un Congreso elegido. Sin embargo, incluso en su mejor época eran visibles algunos defectos críticos. Durante 1953, al saber que Paz Estenssoro se encontraba bajo una seria amenaza de la derecha y se mostraba dispuesto a aceptar muchas sugerencias de la izquierda, Lechín adoptó una actitud más favorable a cooperar. Se echó atrás en lo referente al cierre del Colegio Militar, aunque la COB intentó crear su propia milicia obrera nacional, que colaboró, a menudo con dificultad, con el control político del coronel Claudio San Román y con los milicianos pagados de las fuerzas paramilitares del MNR. Según la bien informada crónica del general Gary Prado, después de evacuar consultas con el presidente Paz Estenssoro, el alto mando del ejército decidió enviar oficiales de alta graduación en calidad de consejeros que en la práctica era frecuente que ejercieran control sobre los milicianos[33]. Estos oficiales fueron acogidos con entusiasmo por la COB; de esta manera se evitó el peligro de que los milicianos se convirtieran en un ejército paralelo. Según el testimonio del propio Paz Estenssoro, la amenaza que representaban los ministros obreros también era relativamente pequeña, y no era la causa menor de ello el hecho de que Lechín (cuando formaba parte del gabinete) pareciese incapaz de atender al trabajo administrativo o a la planificación sistemática. A pesar del tono de su discurso, Lechín no era ningún Lenin, y durante la fase heroica de la revolución quedó hechizado por el jefe del MNR.

La fragilidad de la base en que se apoyaba el poder de Lechín se hizo visible en cuanto Siles se hizo cargo de la presidencia después de las elecciones de 1956. El aliado íntimo de Lechín, Nuflo Chávez Ortiz, fue elegido vicepresidente. Como ministro de Asuntos Campesinos, Chávez había fomentado la reforma agraria radical y se le consideraba el líder del campesinado, del mismo modo que Lechín capitaneaba a los obreros. Pero el presidente Siles pronto maquinó la dimisión de su vicepresidente en circunstancias que demostraron que los beneficiarios de la reforma agraria debían lealtad al gobierno en vez de a un político individual. A la corta, esto benefició a Siles, que logró que el campesinado se alejara de la COB y luego procedió a lanzar un ataque, que al principio dio buenos resultados, contra el apoyo obrero con que contaba Lechín. Pero la influencia de Lechín sobre la COB resultó más tenaz que la que Chávez ejercía sobre el campesinado, y más adelante Paz Estenssoro acudió en socorro de Lechín y le ofreció la vicepresidencia en 1960 con la condición de que la izquierda le respaldara. A la larga, estas rivalidades entre los principales vencedores de 1952 enseñaron al ejército a apartar al campesinado por completo del MNR, además de demostrar que era posible derrotar a una COB aislada.

En todas las elecciones que se celebraron entre 1956 y 1966, el campesinado, que acababa de recibir el derecho de sufragio, votó de forma masiva y, al parecer, sin reservas a favor del candidato que contaba con la aprobación oficial o que ya estaba en el poder. A pesar de un intento de veto que hizo el ala derecha del MNR, Lechín se benefició de este apoyo como candidato a la vicepresidencia con Paz Estenssoro en 1960. (Lo mismo ocurrió en el otro extremo del espectro político con el general René Barrientos en 1966, aun cuando había derrocado a los autores de la Ley de Reforma Agraria de 1953). Hasta una generación después de este cataclismo en la tenencia de la tierra no empezaron los votantes rurales a dividir su lealtad entre partidos rivales y a votar en gran número a los candidatos de la oposición.

Del mismo modo que durante muchos años los estudiosos de la revolución mexicana se encontraron bajo la influencia indebida de la lucha agraria excepcionalmente intensa y eficaz de Zapata en Morelos, también es posible que en las generalizaciones relativas a Bolivia hayan influido en exceso los procesos sumamente visibles, pero nada representativos, de movilización campesina en los valles vecinos de Cochabamba. En realidad existía una gran heterogeneidad regional. En algunos lugares, la dominación de los terratenientes se derrumbó rápidamente con la desaparición del ejército reaccionario; en otras partes los terratenientes retuvieron considerable poder local a pesar de la hostilidad del MNR. Entre uno y otro extremo hubo casos importantes de acomodación selectiva entre las autoridades y algunos elementos de la élite rural. Pero en general los latifundistas como clase ya se habían visto expulsados del campo al promulgarse la Ley de Reforma Agraria. A menudo transcurrió mucho tiempo antes de que los beneficiarios de facto de la redistribución de la tierra recibieran sus títulos individuales. (Hasta la subida de Barrientos al poder en 1964, cada documento requería la firma personal del presidente). Hasta finales del decenio de 1960 no disminuyó realmente el temor a la dominación de los terratenientes expresada por medio de la contrarrevolución. Mientras tanto, los beneficiarios campesinos tuvieron muchos motivos para mantener la solidaridad, la defensa colectiva y la autoprotección por medio de sus sindicatos, creados y controlados por el MNR. Quienquiera que estuviese en el gobierno tenía acceso a esta maquinaria para la entrega de votos a cambio de favores locales, con la única condición de que se mantuviera el compromiso de combatir la contrarrevolución.

Con el tiempo se distribuyó legalmente, por medio de la reforma agraria, alrededor de una cuarta parte de la tierra cultivable de Bolivia. El sistema de sindicatos también daba cabida a muchos productores rurales que no recibieron tierra redistribuida pero que contaban con que sus líderes locales protegieran sus propiedades prerrevolucionarias durante un período de gran inseguridad. Por medio de los sindicatos no se encauzaba solamente la tenencia de la tierra, sino también el acceso al mercado, la provisión de créditos y la administración de justicia en las localidades. En algunos casos los sindicatos proporcionaban a las comunidades «indias» los medios —que deberían haber recibido mucho antes— de defenderse de los opresores mestizos de las poblaciones cercanas. Fuesen cuales fueren las circunstancias locales, estas medidas provocaron un cambio drástico del equilibrio de fuerzas en la política nacional. Según un estudio:

El campesinado se convirtió en sujeto de su propia historia, capaz de imponer sus propias condiciones al estado para participar en la nueva estructura de poder. Este acto casi voluntario de lealtad al nuevo estado, lejos de ser consecuencia mecánica de la parcelación de los terrenos de los campesinos, debería verse más bien como la aceptación y la defensa de una manera de inserción en el sistema de mercado y la estructura de poder que luego no podría desmontar fácilmente ni siquiera el estado mismo[34].

La aparición y luego la limitación de nuevas fuerzas sociales de la izquierda (la COB y el campesinado) se reflejaron en el aparente eclipse y la subsiguiente reorganización de las antiguas fuentes de poder social. Las principales empresas mineras pasaron a manos del estado. Y en 1953 eran ya pocos los miembros de la tradicional clase terrateniente que no veían ningún peligro en viajar a sus fincas, prescindiendo de cuáles fueran sus derechos legales. Durante el primer año de la Revolución se purgaron y reorganizaron drásticamente las fuerzas armadas; a partir de mediados de 1953 se permitió que los oficiales se afiliaran al MNR, y en lo sucesivo ser miembro de una «célula militar» del partido gobernante se convirtió en una vía segura hacia el ascenso (como comprendieron bien los generales Ovando y Barrientos, por ejemplo). Inmediatamente después de la Revolución, La Razón, el periódico de Aramayo, fue cerrado permanentemente, y en noviembre de 1953 Los Tiempos de Cochabamba fue cerrado después de que llevara a cabo una feroz campaña de retaguardia contra la reforma agraria. (A las clases medias, sin embargo, todavía les estaba permitido leer periódicos prudentemente conservadores como El Diario, que substituyó a La Razón al frente de la prensa de La Paz). Los partidos tradicionales de la derecha perdieron toda su razón de ser y, por consiguiente, los activistas contrarrevolucionarios acudieron en tropel a la FSB, que demostró ser la fuerza que tenían en las ciudades en las elecciones de 1956 a pesar de haber actuado en la clandestinidad durante gran parte del período anterior.

Como su nombre da a entender, lo que interesaba principalmente a la Falange no era la política electoral, a pesar del apoyo abrumador que recibía de la clase media urbana, y no era la razón menos importante de ello el hecho de que la combinación del sufragio universal y la reforma agraria radical diera al MNR una ventaja insuperable en todo enfrentamiento puramente electoral. Los falangistas utilizaban las oportunidades electorales para fomentar su oposición conspirativa de modo muy parecido a lo que el MNR había hecho después de 1946. Esta fase de sus actividades tuvo una culminación sangrienta en 1958 (año en que se hicieron con el liderazgo de un movimiento regionalista radical en Santa Cruz, que luego fue sofocado por el ejército reforzado por milicias campesinas que se trajeron de las tierras altas) y en 1959 (momento en que la mayoría del alto mando del partido, incluido su líder y fundador Unzaga de la Vega, fue aniquilada durante una conspiración en La Paz). A partir de entonces, los falangistas generalmente evitaron enfrentarse de manera abierta con las autoridades constituidas (y especialmente con el ejército), pero hasta finales del decenio de 1970 continuaron siendo una importante fuerza política que era profundamente hostil a mucha de las consecuencias de la Revolución, y en particular dispuesta a utilizar los métodos más violentos para reprimir el radicalismo obrero y campesino («indio»).

La Falange expresaba la desesperación —el trauma psicológico— que la fase radical de la revolución supuso para gran parte de los «estratos intermedios» de la sociedad, y sus precarios privilegios fueron arrollados por la movilización de quienes estaban aún peor que ellas, en un momento de inseguridad económica muy grave. Había también un componente racial en esta reacción, lo cual tal vez explique por qué los habitantes supuestamente «blancos» de las tierras bajas del este se sintieron atraídos de forma especial hacia el movimiento, como les ocurrió también a los pequeños opresores de los indios que vivían en pequeñas poblaciones mestizas de las provincias. De hecho, la revolución planteó profundas cuestiones de identidad nacional y personal que iban más allá de la simple distribución de recursos materiales. Tuvo una importancia más que folclórica para muchas personas que se aboliera la segregación de los autobuses y los cines en las ciudades, o que el presidente Paz Estenssoro ordenara a sus ministros que disimulasen su disgusto y bailaran con las cholas del mercado central. Aunque las manifestaciones culturales de la Revolución fueron escasas y aunque continuaron existiendo enormes desigualdades sociales, sería un error quitar importancia a las barreras que se derribaron. Sin duda alguna, muchos seguidores de la Falange vieron en esto una pérdida irreparable que les dejaba sin ningún futuro.

En la segunda mitad de los doce años de gobierno del MNR, otras fuerzas empezaron gradualmente a unirse en la derecha, fuerzas que armonizaban más con el nuevo orden y que, por consiguiente, tenían más posibilidades de amoldarlo a sus necesidades. En las elecciones de 1960, por ejemplo, el Partido Revolucionario Auténtico (PRA), facción disidente del MNR que se oponía a la vicepresidencia de Lechín y al resurgir de la COB, desplazó brevemente a la Falange como mayor partido de la oposición y obtuvo el 14,1 por 100 de los votos nacionales a la vez que cosechaba resultados sorprendentes en los departamentos de Cochabamba y Oruro. Fuera del ruedo electoral se estaban formando alineaciones más importantes. Un nuevo estrato de propietarios de minas empezó a prosperar con la ayuda del gobierno y de la AID norteamericana; volvió a formarse una burguesía agrícola regional que al principio se basó en la preparación de azúcar y arroz en el este (Oriente); y reapareció la banca privada. Todo esto fue la consecuencia del notable éxito del programa de estabilización de 1956 que, con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de los Estados Unidos, detuvo bruscamente la inflación, hizo que retrocedieran los controles del estado y restauró la estabilidad del tipo de cambio.

Desde 1958 hasta 1972 la moneda boliviana estuvo vinculada al dólar y fue convertible libremente. Fue el período más largo de estabilidad monetaria y liberalismo económico que conoció el país. Sin embargo, la transición de un modelo de gestión económica a otro estuvo llena de riesgos y dificultades. Que fuera posible se debió exclusivamente a que el presidente Paz Estenssoro logró neutralizar a la oposición interna y consolidar una fuerte relación con Washington durante su primer mandato; y a su vez esto fue posible sólo gracias a la autoridad que el presidente obtuvo de la fase radical de su gobierno. Además de estas condiciones previas, el cambio también requirió toda la habilidad, todo el cinismo y la entrega total del presidente saliente.

De hecho, en 1956, con la inflación desbordada y el sistema de racionalizamiento sumido en el caos, el revolucionario Paz Estenssoro ya había vuelto a su condición anterior y una vez más era un sobrio economista. La dependencia extrema de la ayuda norteamericana (sin la cual es muy probable que hubiera habido una plaga de hambre en La Paz en 1955) aceleró indudablemente esta transformación y facilitó la tarea de convencer al partido en su conjunto de la necesidad de la misma. Pero, a la vista de toda su carrera, no es difícil comprender que, en todo caso, este cambio de dirección habría sido la decisión personal de Paz Estenssoro. La primera señal fue la decisión en 1955 de invitar a las compañías petroleras norteamericanas a explorar allí donde la YPFB había fracasado, lo cual significó dar permiso a consejeros norteamericanos para que redactaran el llamado Davenport Code en inglés y convertir luego la traducción española en leyes sin someterla a debate. El plan de estabilización drásticamente antiestatista de 1956 que preparó el FMI se negoció cuando Paz Estenssoro era aún presidente, aunque desde el punto de vista de éste tenía el gran mérito de obligar a su sucesor, Hernán Siles, a cargar con todas las pesadas responsabilidades que su puesta en práctica llevaba aparejadas.

Al principio la gran dependencia del MNR respecto de la ayuda norteamericana consistió en recibir socorro de urgencia, quizá con el fin de evitar el comunismo o el peronismo (o ambas cosas) y posiblemente también estuvo motivado por el deseo de demostrar que, a pesar de lo ocurrido en Guatemala, Washington era capaz de apoyar el cambio social de carácter revolucionario. Pero la reconstrucción de un ejército tradicional pasó a ser un objetivo explícito de los norteamericanos mucho antes del plan de estabilización de 1956. Desde el primer día Washington vio con consternación a Lechín y sus milicias obreras (no sólo por abstractas razones ideológicas, sino también porque algunos ingenieros de minas estadounidenses murieron a manos de los mineros durante la guerra civil de 1949). Después de 1956 los objetivos del impulso económico norteamericano fueron reducir el tamaño y la capacidad organizativa de la fuerza laboral de la COMIBOL y a la vez incrementar el tamaño, la potencia de fuego y la autonomía de las fuerzas armadas. Que esta política diera fruto fue sólo cosa de tiempo y en 1964 el ejército invadió los campos mineros y volvió a someterlos al control militar a partir de entonces. En resumen, a pesar de las interminables garantías en el sentido de que no habría una intervención en los asuntos de la política interna, uno de los efectos duraderos de la ayuda estadounidense fue reforzar a las facciones «termidorianas» (este es el adjetivo más apropiado para ellas) y aislar y desarmar a los radicales. Quizá esto contribuyó a determinar la suerte del régimen del MNR más que cualquier proceso interno de realineación de la derecha. Influyó poderosamente —aunque no las determinara— en las decisiones estratégicas de los líderes del partido.

En toda valoración de las virtudes y los defectos de la administración Siles (1956-1960) debe tenerse en cuenta el hecho de que hasta 1957 hubo gran escasez de alimentos en las ciudades. En circunstancias de hiperinflación e incertidumbre sobre la conveniencia de la Revolución, muchos beneficiarios de la reforma agraria quizá optaran sencillamente por comer mejor y no comerciar. El éxito sorprendente del programa de estabilización puede atribuirse en gran medida a los beneficios diferidos de la reforma agraria, junto con la mejora de las comunicaciones con el este. A partir de 1957 el abastecimiento de las ciudades a precios en su mayor parte no subvencionados también mejoró. Es claro que este factor ayudó al MNR a apartar al campesinado (que ahora estaba a favor del régimen) de la COB (que se encontraba cada vez más aislada como abanderada de la oposición izquierdista).

Con la perspectiva del tiempo (y conociendo la segunda presidencia de Siles en 1982-1985), el período 1956-1960 presenta mejor aspecto del que parecía tener en aquel momento. En circunstancias económicas muy adversas y bajo la fuerte presión de varios grupos estratégicos, Siles puso en práctica un plan de estabilización y la reforma agraria y rechazó fuertes ataques tanto de la COB como de la Falange. Gobernó recurriendo a la represión menos que su predecesor y toleró un grado importante de hostigamiento desde el seno de su propio partido, entre otras cosas la elección de un sucesor que no era en absoluto de su agrado.

Cuando Paz Estenssoro volvió a la presidencia en 1960 no tenía ninguna intención de seguir otra vez lo que, a su modo de ver, era la fallida política económica de 1952-1956. Lechín fue elegido vicepresidente suyo y recibió el encargo de preparar un plan económico de diez años. Pero un nuevo enfrentamiento con la izquierda obrera por cuestiones centrales de la gestión económica era casi inevitable. Puede que al principio la ayuda a las empresas públicas y la reforma agraria prometidas por la Alianza para el Progreso hicieran concebir esperanzas de que podría evitarse el conflicto, pero con la presentación del «Plan Triangular» en 1961 para rehabilitar a la COMIBOL, las tensiones subterráneas volvieron a aflorar a la superficie con violencia. Del mismo modo que había actuado despiadadamente con la derecha en 1952-1956, Paz Estenssoro actuó ahora con energía para vencer la resistencia a sus planes económicos por parte de la izquierda (pauta que repetiría en 1971-1972 y en su cuarto mandato presidencial, que comenzó en 1985). En 1964 (al igual que en 1946) tuvo que hacer frente a una serie de enemigos tanto de la izquierda como de la derecha, unidos solamente por la decisión de destruir su poder personal. El golpe militar de noviembre de 1964 sólo puede entenderse en relación con la descomposición del MNR después de la «fase heroica» de la revolución. Mientras que en México el PRI pudo desviar ambos tipos de amenaza, el MNR sucumbió antes de que hubieran transcurrido doce años. En un nivel superficial puede decirse que la decisión de Paz Estenssoro de volver para un segundo mandato en 1960-1964, así como su decisión, todavía más grave, de purgar el partido y cambiar la Constitución con el fin de sucederse a sí mismo en el poder en 1964, explica en gran parte el contraste. Con todo, el fundador del MNR optó por presentarse a la reelección a modo de respuesta a contradicciones profundamente arraigadas dentro del movimiento que había creado. Estas contradicciones tenían que ver con el nacionalismo político, la revolución social y la gestión de la economía. La mejor explicación de por qué decidió personalizar el poder dentro del MNR y asegurarse así la propia reelección en 1964 es probablemente que sólo recurriendo a estos medios podía contar con que sus nuevas medidas económicas continuaran hasta lograr resultados. (Más adelante, en una rara expresión de autocrítica, comentó lo siguiente sobre este período; «Tal vez caí un poco en el error del desarrollismo»)[35].

Así pues, los asuntos relacionados con la gestión de la economía desempeñaron un papel crítico en la desintegración del régimen del MNR, pero no lo explican todo. La revolución social de comienzos del decenio de 1950 desató fuerzas nuevas que luego resultaron muy difíciles de dominar. A partir de mediados de los años sesenta se hizo obvio que la represión militar sería un componente importante de la respuesta del estado boliviano. Entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, a medida que fracasaban otras estrategias de gestión, estrategias más políticas, el MNR cedió gradualmente la hegemonía política a las fuerzas armadas reorganizadas. El nombramiento del general de la fuerza aérea René Barrientos como candidato a la vicepresidencia (y, por ende, segundo líder del MNR) con Paz Estenssoro en las elecciones de 1964 representó la culminación de este proceso. Sin embargo, hay otra parte de la historia que tiene como mínimo igual importancia. Aunque los Estados Unidos crearon fuertes incentivos económicos para que las fuerzas armadas suprimieran el radicalismo de los mineros, el MNR no fue un simple instrumento pasivo para poner en práctica esta política. Una serie de líderes del partido —Paz Estenssoro, Siles y Walter Guevara Arze— aplicaron su ingenio a la tarea de contener o desviar la agitación obrera sin recurrir a los militares. Si las minas hubieran planteado sólo el problema del desorden, es muy posible que el MNR hubiese podido seguir dominando la situación. Fue la necesidad de controlar al campesinado de Cochabamba y a los políticos regionalistas de Santa Cruz lo que empujó al MNR a desplegar la fuerza militar para resolver problemas políticos. El estallido de una guerra virtual entre milicias campesinas rivales en el valle de Cochabamba en 1959-1960 causó a la primera imposición de control militar a los supuestos beneficiarios de la revolución; el general Barrientos, que era cochabambino y hablaba la lengua quechua, recibía su fuerza electoral de una base campesina que el MNR le había entregado en bandeja. El «Pacto Militar-Campesino», que sería el puntal del gobierno de los militares durante una docena de años después de la caída del MNR, debía su origen a esta experiencia en Cochabamba, donde las fuerzas armadas adquirieron la facultad de excluir a los civiles indeseables de una zona rural densamente poblada y de reorganizar los sindicatos de campesinos de acuerdo con las instrucciones procedentes del cuartel local.

Así pues, el régimen del MNR se derrumbó a causa de asuntos relacionados tanto con la gestión de la economía como con el control social. El tercer factor que contribuyó a ello es más intangible pero de igual importancia. Por su ideología y su mística el MNR era un movimiento de orgullo y regeneración nacionales. Sus pretensiones nacionalistas le daban una ventaja crítica frente a los revolucionarios marxistas y le permitían reunir una coalición muy amplia de intereses potencialmente antagónicos. En la fase heroica de la revolución el MNR todavía pudo sacar partido de la afirmación nacionalista a pesar de que se vio obligado a efectuar transacciones que algunos consideraron indignas con el FMI, la Gulf Oil y el Pentágono. La revolución cubana significó un punto decisivo de este proceso. A partir de 1959 Fidel Castro eclipsó a los tibios radicales de Bolivia, y a partir de 1961 las presiones de Washington para que Bolivia se disociara del ejemplo cubano destruyó la mística nacionalista y revolucionaria del MNR. Resultó obvio que fueron las presiones norteamericanas las que empujaron a Bolivia a mostrarse conforme con que se expulsara a Cuba de la Organización de Estados Americanos en 1963. Fueran cuales fuesen los otros factores que indujeron al presidente Paz Estenssoro como candidato a la vicepresidencia, muchos bolivianos lo consideraron otro paso dictado por Washington. (El vicepresidente Lechín, según se cree, había recibido la promesa de que el partido le nombraría candidato a la presidencia en 1964, pero, también según se cree, los Estados Unidos lo vetaron debido a su simpatía por Cuba). Hay algunos indicios de que en aquellos momentos incluso el presidente Paz Estenssoro consideraba que una mayoría de su gabinete no era digna de confianza porque estaba al servicio de los norteamericanos en general y de la Gulf Oil en particular. Un movimiento nacionalista y revolucionario que de modo tan patente era incapaz de defender la autonomía nacional casi forzosamente tenía que fragmentarse en sus partes constituyentes y antagónicas.

En 1964, ante una provocación irresistible, Juan Lechín no tuvo más remedio que separase y fundar su propio partido —el Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional (PRIN)—, tras lo cual se unió a sus antiguos enemigos de la derecha del MNR, Siles y Guevara Arze, para provocar la caída de Paz Estenssoro, que había sido reelegido en agosto de aquel año. Paz Estenssoro, por su parte, se vio obligado a depender cada vez más de sus aliados militares. Era, sin embargo, una solución insostenible. En noviembre de 1964 a la oficialidad del ejército ya no le era útil seguir aparentando subordinación a un partido civil que se había destruido a sí mismo. A principios de aquel mes el aparatoso Barrientos se sublevó y una vez hubo recibido el apoyo del calculador comandante del ejército, Alfredo Ovando, el destino del MNR quedó decidido.

GOBIERNO MILITAR, 1964-1978

El régimen de Barrientos (1964-1969) ha sido calificado de diversas maneras contradictorias, cada una de las cuales contiene cierto grado de verdad. Por haber recibido el apoyo de muchos campesinos (especialmente en Cochabamba, su departamento natal), que veían en él una garantía contra la anulación de la reforma agraria del MNR, se ha dicho que el general de la fuerza aérea era un «bonapartista» típico. A las principales figuras de la administración Paz Estenssoro —incluido el general Ovando, que siguió en su puesto de jefe del ejército durante la presidencia de Barrientos— la etiqueta de «bonapartista» les parecería pomposa en vista de la patente incapacidad del nuevo gobernante para desempeñar un cargo elevado. (Barrientos había parecido una opción segura para la vicepresidencia. Después de su primer mandato presidencial, Paz Estenssoro —al igual que Perón— prefirió vicepresidentes que no resultaran convincentes como posibles sucesores suyos). Por apoyarse mucho en el reconstituido estamento militar, fuertemente respaldado por la embajada de los Estados Unidos, y esforzarse en tranquilizar a los capitalistas nacionales y extranjeros, también se ha visto en Barrientos un representativo entreguista militar latinoamericano del estilo de Batista. (Cabe que Che Guevara se sintiera indebidamente impresionado por esta analogía antes de emprender su fallida campaña guerrillera de 1966-1967).

Barrientos había recibido instrucción militar en la zona del Canal y en Texas y fue el piloto del avión en el que Paz Estenssoro regresó del exilio en 1952. Cuando en agosto de 1961 el presidente Paz Estenssoro declaró Santa Cruz zona militar, la sección del MNR que había allí fue puesta bajo el control de un funcionario nombrado por el partido nacional, a saber: el general René Barrientes. Si bien ocupó este puesto durante un par de semanas solamente, y a pesar de que sus afirmaciones públicas rozaban el analfabetismo, el joven general fue considerado un gran éxito y posteriormente se le encomendó una misión parecida en Cochabamba. La instauración del control militar en una región donde la organización campesina era fuerte sentó la pauta de lo que posteriormente se extendería por todo el país. En cada departamento el comandante de la guarnición se convirtió en la figura clave en lo que se refería a determinar a cuál de los líderes campesinos rivales reconocerían las autoridades y cuánta libertad de movimientos se concedería a las organizaciones de campesinos.

Por tanto, cuando un debilitado presidente Paz Estenssoro se inclinó ante las presiones de los militares y aceptó a Barrientes como candidato a la vicepresidencia en marzo de 1964, el general ya contaba con mucho respaldo de los norteamericanos, del seno del partido, de dos ciudades importantes donde había situado a protegidos suyos y de remotas zonas rurales donde el presupuesto de acción cívica le había comprado seguidores[36]. Paz Estenssoro debió de darse cuenta del peligro, pero había debilitado tanto a su partido, que poco podía hacer; según parece, albergaba la esperanza de que el ejército no tomara parte en una conspiración que pudiera dar un poder desproporcionado al jefe de la fuerza aérea. Llegado el momento, muchos de los más importantes ex líderes del MNR se esforzaron por obstruir su campaña electoral, y al no conseguir derrotar a Paz Estenssoro en las urnas, procedieron a conspirar contra él en las guarniciones. La agitación que organizó una amplia coalición de elementos separados de la alianza original del MNR, entre los que había sindicatos obreros y activistas estudiantiles, fue lo que provocó la caída de los pocos que todavía eran leales al presidente Paz Estenssoro. El líder de la fuerza aérea, Barrientes, y el renuente comandante del ejército, el general Ovando, hicieron un pacto para compartir el poder y con ello eliminaron el último obstáculo en el que es posible que confiara Paz Estenssoro: la rivalidad entre las distintas ramas de las fuerzas armadas.

Aunque la COB había ayudado indirectamente al golpe de noviembre de 1964, las organizaciones obreras pronto considerarían que el gobierno Barrientes era el más implacable y represivo desde antes de la Revolución. Lechín y sus seguidores habían sido muy hostigados por los pazestenssoristas desde 1961 y esperaban beneficiarse de la abolición del Control Político y de la excarcelación de líderes sindicales después del golpe. Aunque las milicias campesinas que quedaban fueron domesticadas rápidamente por el nuevo régimen militar, los obreros retuvieron sus armas y su autonomía organizativa, especialmente en las minas. En consecuencia, hubo empate durante los primeros seis meses, hasta que el régimen de Barrientes se sintió lo bastante seguro como para imponer a los mineros la misma fórmula que había neutralizado a los campesinos. En mayo de 1965 Lechín fue detenido y deportado, y la huelga general que ello provocó fue sofocada rápidamente. Los líderes sindicales fueron despedidos en masa y los niveles salariales se «racionalizaron» drásticamente a la baja. Se apostaron destacamentos militares en la totalidad de los principales campos mineros y los comandantes locales recibieron poderes ilimitados de control político. Este sistema (que recordaba la propuesta Deringer de 1949) se mantuvo vigente durante más de tres años, en el transcurso de los cuales tuvieron lugar varias matanzas en las minas.

La unidad militar era esencial para este propósito, de manera que el general Ovando, en su calidad de comandante del ejército, se unió a Barrientes en una presidencia conjunta. El coronel Juan Lechín Suárez, que era medio hermano de Juan Lechín, fue puesto al frente de la COMIBOL. De hecho, los militares invadieron todos los niveles de la Administración pública y dejaron pocos puestos remunerativos para los colaboradores civiles. En enero de 1966 el régimen ya se sentía lo suficientemente consolidado como para convocar elecciones, y Barrientes cedió todas las fundaciones presidenciales a Ovando durante seis meses mientras él se embarcaba en una vigorosa campaña de maniobras electorales y viajes de placer pagados con fondos públicos.

Las elecciones de 1966 ratificaron de forma abrumadora la toma del poder por parte de Barrientes y fueron calificadas por observadores razonablemente independientes de quizá las más libres y más representativas de la historia de Bolivia (proposición defendible, pero menos convincente de lo que parece). Barrientes derrotó rotundamente a un envejecido adversario falangista, con escasa resistencia de algunos grupos disidentes del MNR o de una izquierda dividida. Después de su victoria Barrientes contó entre sus colaboradores ministeriales con distinguidas figuras del MNR y el PIR, junto con futuros políticos militares que iban de Juan José Torres de la izquierda a Hugo Bánzer de la derecha.

Así pues, en el apogeo de su breve carrera el general Barrientes había sido más listo, al parecer, que sus rivales más brillantes, había vencido la amenaza del principal exponente latinoamericano de la guerra de guerrillas (Che Guevara) y parecía a punto de consolidar un aparato político y paramilitar de tipio personalista que le liberaría de la dependencia de sus fuentes de apoyo originales. Luego, sencillamente, en abril de 1969 murió al estrellarse su helicóptero. Con él murió toda su fórmula política y su único legado consistió en gran número de hijos ilegítimos y algunos escándalos relativos a sobornos pagados por la Gulf Oil, sospechosos negocios de armamentos y la presencia intrusiva de la CIA en los escalones más elevados del gobierno.

El régimen del MNR se había desintegrado debido a sus propios defectos internos. Fue incapaz de resolver los conflictos sociales que él mismo había desencadenado, sin recurrir a la represión. Padecía profundas divisiones internas en lo relativo a la política que debía seguirse, las cuales se vieron complicadas por las fuertes presiones de los Estados Unidos y por la incapacidad de resolver pacíficamente el problema de la sucesión. Cada uno de estos problemas obligó al gobierno a aumentar su dependencia del sector militar del partido. Las células del partido que se crearon en las fuerzas armadas no frenaron la autoridad de los oficiales de alta graduación, sino que más bien la fortalecieron. La afiliación al partido gobernante confería varios privilegios que se repartían de arriba abajo. Así, líderes militares como el general Ovando y el general Barrientos se convirtieron en promotores activos de la organización del partido en el seno de las fuerzas armadas. El partido les permitía adquirir importancia en toda la institución sin amenazar la jerarquía militar. Asimismo, como miembros destacados del partido del gobierno, habían adquirido acceso privilegiado a las autoridades civiles y licencia para establecer comunicación con organizaciones civiles de su localidad que, de no ser por ello, hubieran parecido fuera de la esfera apropiada de los oficiales de alta graduación. De hecho, al intensificarse las divisiones de índole facciosa dentro del MNR, los líderes del partido empezaron a depender cada vez más de la sección militar de su organización para restaurar el control central cuando las secciones locales del partido cedían a la tentación de disidir. Además, los cambios sociales que provocó el MNR redujeron diversos obstáculos que antes se alzaban en el camino hacia un eficaz control militar de la vida nacional. Por ejemplo, de forma bastante parecida al PRI mexicano, el MNR había creado una retórica nacionalista que justificaba la represión tanto de la «extrema izquierda» como de la «extrema derecha» al tiempo que desviaba la atención del contenido de su política real, que no era totalmente nacionalista. Los oficiales de alta graduación aprendieron las técnicas necesarias desde el interior del MNR. Posteriormente se apropiaron de ellas para utilizarlas como instrumento del gobierno de los militares. Del mismo modo, ampliando el papel de la burocracia e incrementando el control estatal de la gestión económica, el MNR forjó instrumentos de patronazgo político que también estarían a disposición de los regímenes militares que le sucedieron.

En cierto sentido, Barrientos fue el legatario fortuito del fracaso del MNR y se vio obligado a gobernar reuniendo los fragmentos que quedaron después de derrumbarse el experimento. No emprendió ninguna tarea coherente que consistiese en dar marcha atrás a la anterior filosofía de gobierno (los falangistas que abogaban por dicha tarea se convirtieron en una oposición tolerada dentro de su régimen), y tampoco —como él mismo trató de argüir— intentó restaurar los propósitos originales de la Revolución. Su gobierno abrazó la Administración Johnson del mismo modo que Paz Estenssoro había abrazado la de Kennedy, pero los Estados Unidos ya no fomentaba la visión reformista de la Alianza para el Progreso. Lo único que pedía Washington a sus protegidos militares de La Paz era anticomunismo y buen gobierno interno, mientras que una política coherente para la época posrevolucionaria hubiera tenido que abordar numerosos asuntos internos de los que la embajada estadounidense era incapaz de ocuparse.

Aunque el pacto militar-campesino, que era la piedra angular de la política de Barrientos en relación con el orden interno, se inspiró un poco en las doctrinas norteamericanas contra la insurgencia, era esencialmente otra concepción «movimientista» que se había escapado del control de sus inventores. De modo parecido, el uso de la fuerza militar para aplastar el sindicato de mineros puede atribuirse en parte a las presiones que los Estados Unidos, es decir, los que proporcionaban ayuda, venían ejerciendo desde 1956, pero también esto fue simplemente la culminación de tendencias que venían gestándose en el seno de la dirección del MNR desde la reapertura del Colegio Militar y desde que las milicias de la COB fueran desalojadas de sus posiciones de dominación urbana a mediados del decenio de 1950. La corrupción y el gangsterismo que acompañaron a esta presidencia no eran ajenos al precedente régimen del MNR; eran más inevitables en una Administración que carecía de una justificación suprema para su existencia y cuya supervivencia dependía de la acomodación de camarillas y facciones mutuamente antagónicas. Con la izquierda boliviana en desorden y con la política de partidos tradicional limitada a un puñado de las ciudades más grandes, no era difícil que un régimen así «ganara» unas elecciones «limpias» a satisfacción de los observadores extranjeros pro norteamericanos.

Pero otros observadores extranjeros, unos observadores de credo ideológico diferente, sacaron conclusiones muy distintas de la constitucionalización de la dictadura militar. Che Guevara llegó clandestinamente a Bolivia en octubre de 1966. La existencia de su pequeña guerrilla se supo en abril de 1967, y en octubre ya había sido aplastada. El célebre revolucionario argentino-cubano fue hecho prisionero y ejecutado por unidades del ejército boliviano que se hallaban bajo la estrecha supervisión de «consejeros» de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Guevara nunca consiguió salir del terreno sumamente aislado e inhóspito entre Cochabamba y Santa Cruz donde empezaron las operaciones, casi no recibió apoyo de los campesinos y el número de hombres bajo su mando nunca pasó de cincuenta (dieciocho de los cuales eran cubanos). El PCB, que era pro Moscú, puso un mínimo de recursos a la disposición de la quijotesca aventura. El resto de la izquierda boliviana se vio marginada y no pudo ofrecer apoyo digno de tenerse en cuenta. Como es natural, el episodio llamó la atención de la prensa a escala mundial y tuvo repercusiones extensas en el seno del régimen militar.

Puede que la campaña de la guerrilla de 1967 terminase con un fracaso espectacular y perfectamente previsible, pero el análisis de la política boliviana en que se basó no era tan erróneo como a menudo se supone. Las expectativas populares despertadas en el decenio de 1950 no habían sido satisfechas ni olvidadas en 1967; habían sido meramente reprimidas. El reparto del botín entre los militares era demasiado reciente para haber creado una estructura sólida de intereses comprometidos con la supervivencia del régimen, especialmente si se tiene en cuenta que la oficialidad de las fuerzas armadas acababa de empezar a recuperarse de las humillaciones sufridas en el decenio de 1930 y comienzos de 1950. Aunque los propietarios de minas privadas y los exportadores de productos agrícolas empezaban a prosperar una vez más, Bolivia seguía careciendo de algo que pudiera denominarse «burguesía nacional» y, en consecuencia, la embajada de los Estados Unidos se encontraba efectuando de modo casi directo numerosas tareas administrativas y ejecutivas. Por tanto, de todas las verdades parciales que se propone como interpretaciones del régimen de Barrientos, la analogía con Batista probablemente es la más acertada. Sin embargo, se trataba del Batista joven y, por ende, los que le desafiaron corrieron la suerte de Guiteras más que la de Fidel Castro.

Después de la muerte de Guevara, el gobierno Barrientos se comportó de una forma cada vez más irregular. Estudiantes radicalizados declararon la universidad de La Paz «territorio libre» y otros siguieron su ejemplo, llevando los encarnizados conflictos políticos al corazón de las ciudades. Una clase entera de activistas estudiantiles bolivianos imitó la aventura de la guerrilla del Che en la campaña Treponte en 1970 y corrió la misma suerte. Los oficiales jóvenes, al verse postergados por Barrientos a la hora de conceder ascensos, empezaron a mostrarse descontentos ante los privilegios que el presidente había concedido a la Gulf Oil y expresaron su disgusto cuando el ministro del Interior huyó a Cuba y reveló la profunda penetración de la CIA en el gobierno. Un golpe militar antinorteamericano en el vecino Perú, en octubre de 1968, les ofreció un modelo político y empezaron a presionar al jefe del ejército, Ovando, para que lo adoptase. Barrientos respondió reclutando una fuerza paramilitar que sólo respondería ante él. En lo sucesivo, las fuerzas armadas se encontraron cada vez más divididas entre la naciente candidatura presidencial de Ovando (iban a celebrarse nuevas elecciones en 1970 y la Constitución de 1966 prohibía la reelección) y la creciente decisión de Barrientos de no abandonar al poder.

La muerte de Barrientos (que probablemente fue accidental pero, debido al momento en que se produjo, forzosamente despertó sospechas cuya falsedad no ha podido demostrarse) señaló el comienzo de un ciclo de inestabilidad de dos años y medio durante el cual hubo dos intentos importantes —a cargo de los generales Ovando y Torres— de reunir los fragmentos que habían quedado tras la desintegración del MNR. Ambos intentos fracasaron debido a una mezcla de desunión interna y resistencia feroz, lo cual preparó el camino para un período sostenido de gobierno autoritario de derechas bajo el liderazgo del coronel Hugo Bánzer.

La presidencia del general Ovando duró sólo poco más de un año (1969-1970). Ovando pretendía instaurar una variante militar de la revolución populista, por lo que procedió a nacionalizar la Gulf Oil y a quitarse de encima la excesiva injerencia norteamericana que había caracterizado la Administración de su predecesor. Obviamente, el ejemplo que el experimento de Velasco dio en Perú fue un estímulo, pero Ovando venía preparando una fórmula por el estilo virtualmente desde la caída de Paz Estenssoro (cuyo derrocamiento siempre lamentó). La fórmula tenía numerosos antecedentes en la historia de Bolivia, pero todos ellos databan de antes de la Revolución de 1952. La tarea de reconstituir este tipo de gobierno después de los experimentos más radicales del decenio de 1950 era mucho más difícil que la que se hizo en Perú, donde a Velasco le costó poco burlar a la totalidad de sus críticos de izquierda. Ovando, en cambio, se encontró desde el principio mismo con la necesidad de frenar un proceso que amenazaba con escaparse de sus manos para pasar a las de radicales más intransigentes. Lo menos que podía hacer para demostrar sus credenciales progresistas era retirar el ejército de las minas y autorizar el retomo de los exiliados y la restauración de la COB. Pero después de tomar estas medidas, se encontró ante una serie de exigencias que amenazaban la base de su poder. ¿Se investigarían hasta el fondo los crímenes del régimen de Barrientos? ¿Se anularían los pactos corruptos y se castigaría a quienes los habían perpetrado? Más que la simple rectificación de lo hecho en el pasado, lo que exigían sus críticos radicales eran seguridades para el futuro, y no sólo promesas personales o garantías sobre el papel. Nada salvo una vuelta a la distribución del poder tal como existiera a mediados de los años cincuenta podía apaciguarlos; pero la posición de Ovando en el seno del estamento militar (y su capacidad de negociación con la derecha civil) dependía de que pudiera defender la mayoría de los intereses creados que databan del decenio de 1960. Pronto se vio que este número de equilibrismo era imposible y, por tanto, el alto mando militar le retiró su apoyo y se lo dio a una junta conservadora cuyo objetivo era restaurar el orden.

El mes de octubre de 1970 era un momento poco propicio para intentar semejante experimento. Los esfuerzos del general Juan Carlos Onganía en la misma dirección acababan de llevar a Argentina al borde de la guerra civil, del cual los militares se habían apartado con gran pérdida de prestigio; el «experimento peruano» seguía cobrando ímpetu; en Chile acababan de elegir a Allende; y el prestigio de los Estados Unidos se encontraba en un punto bajo debido a la guerra de Vietnam. Asimismo, en La Paz, facciones importantes de la administración Ovando preferían hacer causa común con la renaciente izquierda civil a aceptar calladamente una restauración del «barrientismo». Con su ineptitud al elegir el momento y sus malas tácticas la derecha proporcionó la oportunidad justamente para lo que más deseaba evitar: un gobierno militar débil y en gran parte prisionero de la izquierda radical.

Quizá sea demasiado caritativo atribuir a la Administración del general Torres, que duró diez meses, una serie coherente de principios, toda vez que desde los primeros momentos dedicó casi todas sus energías a la hercúlea tarea de sobrevivir. No obstante, tanto sus partidarios como sus adversarios veían con mucha claridad el tipo de régimen que nacería si Torres lograba estabilizar su posición. El lenguaje, el personal, los métodos de movilización: todo ello recordaba las experiencias de mediados de los años cincuenta, con la añadidura de un elemento que los conservadores juzgaban aún más alarmante y que aportaban los radicales estudiantiles que se inspiraban en Che Guevara. La Administración Torres toleró la Asamblea del Pueblo (que en esencia era la COB con disfraz legislativo), que pedía la formación de milicias populares y pretendía recuperar el entusiasmo popular que otrora fuese el patrimonio del MNR sin utilizar a los líderes históricos del partido (exceptuando a Lechín) como intermediarios.

En aquellos momentos la totalidad de los principales funcionarios del MNR llevaban seis años completos alejados del poder y, no habiendo un botín que pudiera repartirse, la influencia que ejercían sobre sus seguidores disminuía rápidamente. Para los optimistas de la izquierda, así como para los que valoraban más la ideología que la política de partidos, parecía existir la oportunidad de volver a los mejores tiempos de la Revolución, sin el estorbo de los cínicos y oportunistas líderes del MNR. Pero en realidad siempre fue quijotesco imaginar que el prestigio de abril de 1952 podía recuperarse y convertirse en la base de un régimen nuevo a despecho de las figuras de aquella Revolución que seguían vivas. La única forma en que quizá Torres hubiera logrado estabilizar su posición era pactando con Paz Estenssoro o Siles. Tal vez en aquellos momentos el precio no habría sido exorbitante. No se escogió ninguna de tales opciones, sin embargo, en parte debido a las objeciones ideológicas de la izquierda, pero, sobre todo, por el temor de que cuando un viejo zorro como Paz Estenssoro volviese a tener un punto de apoyo en el aparato del estado todos los demás correrían la suerte de los proverbiales pollos.

Llegado el momento, fueron los enemigos de Torres quienes se arriesgaron a hacer un pacto con Víctor Paz Estenssoro. En agosto de 1971, con el apoyo de Brasil, de los falangistas y de los nuevos ricos del este, el coronel Bánzer empezó un levantamiento contra el «comunismo» que pronto contó con el apoyo del grueso del estamento militar y del ala «histórica» del MNR. La facción de Siles no tomó parte en la sublevación, con la esperanza de que al menos se demostrara la veracidad de su afirmación de que el lugar de Paz Estenssoro estaba en la derecha mientras que a ella, recientemente bautizada de nuevo con el nombre de MNR de la izquierda, había que incluirla en la izquierda. Para los radicales del período de Torres la derrota de agosto de 1971 fue una experiencia terrible que anunció, en pequeña escala, la suerte que correrían los seguidores de Allende en Chile dos años después. Los partidarios de Siles habían contado con que los militares se escindirían y que las masas se sublevarían, como en 1952, o al menos en 1970. Pero a esas alturas la mayoría de los militares estaban dispuestos a abandonar a Torres, y la presión popular que tal vez hubiera contrarrestado esta tendencia no tenía la fuerza suficiente. Visto de forma retrospectiva, no es difícil explicar por qué tan pocos oficiales estaban dispuestos a proporcionar armas a los civiles, ni por qué los partidarios civiles se mostraron relativamente reacios a participar en una lucha desigual[37]. Además de todas las razones que aducen habitualmente los izquierdistas al hablar de este asunto, la razón «nacionalista» que dio Paz Lstenssoro para excusar el hecho de alinearse con la derecha probablemente merece cierta atención. En el mejor de los casos, según arguyó, la izquierda podía tener en su poder el altiplano y depender del apoyo de Santiago. Con Brasil respaldando una rebelión muy arraigada en el este, el resultado sería la partición («polonización») o incluso una guerra internacional. Paz Estenssoro afirmó que éste era el peligro que todos los patriotas debían evitar.

Cuando Hugo Bánzer llegó a La Paz, pocos observadores imaginaron que el suyo sería el mandato continuo más largo de todos los presidentes bolivianos del siglo XX, ni que gozaría de notable estabilidad política y prosperidad económica. Asimismo, sólo las personas versadas en las complejidades de los bajos fondos bolivianos podían prever el estilo «paraguayo» que acompañara a esta apariencia de éxito, con la complicidad de las altas esferas en la producción y exportación de narcóticos ilegales (cocaína derivada de la hoja de coca del país) empequeñeciendo todos los demás aspectos de la vida pública. Al final, este legado funesto de la Administración Bánzer fue más fuerte que sus realizaciones positivas, que se presentaron copo un barniz «modernizador» y «tecnocrático».

En el régimen de Bánzer pueden distinguirse tres fases. En el período que va de 1971 a 1974 el gobierno se definió y consolidó de modo gradual; los años 19741976 señalaron el apogeo del éxito autoritario de Bánzer; mientras que 1976-1978 fue un período en el que tuvo lugar un proceso de descomposición sorprendentemente rápido. El resultado de esto último fue otro período prolongado de indefinición e inestabilidad acortado finalmente por el golpe del general García Meza en julio de 1980, con el que comenzó un período de «todo el poder para los traficantes de drogas». Cuando el gobierno constitucional se restauró finalmente con la vuelta de Hernán Siles al poder en septiembre de 1982, los daños que sufría la base económica y social del país ya eran casi irreparables.

El coronel Bánzer no era una figura pública destacada cuando accedió al poder. Su padre era un consejero militar alemán que había tomado la nacionalidad boliviana a la vez que adquiría tierra y compromisos familiares en Santa Cruz. Teniente cuando la Revolución de 1952, Bánzer fue de los pocos que se libraron de las purgas y, en vez de ser castigado, fue enviado a la zona del Canal para recibir más instrucción. Sirvió bajo Barrientos en calidad de ministro de Educación, cargo en el que no se distinguió, y en 1971 ya había ascendido al puesto de comandante del Colegio Militar. Atrapado en una torpe conspiración contra Torres, fue exiliado a Argentina, donde de forma natural se vio envuelto en sucesivas negociaciones para la creación de un frente antimarxista. El gran avance llegó cuando en junio de 1971 Paz Estenssoro se juntó con sus antiguos enemigos de la Falange para formar un frente contra Torres. Bánzer se hallaba en condiciones de hacer una aportación doble gracias a sus relaciones con la oligarquía de Santa Cruz y su antigüedad en la institución militar. Aun así, tardó cierto tiempo en alcanzar el liderazgo después de la expulsión de Torres. Al principio fue miembro de un triunvirato y hasta diciembre de 1971 no logró vencer decisivamente a su rival en el ministerio del Interior. Su presidencia comenzó con un acuerdo para compartir el poder que concedía ministerios clave a los dos partidos civiles aliados en la conspiración. Bánzer prometió celebrar elecciones en 1972 y respetar la autonomía profesional de los militares (es decir, no comportarse como Barrientos). La mayor parte de la represión urbana en los primeros tiempos la llevaron a cabo «movimientistas» y falangistas en lugar del ejército.

Después de la tarea relativamente fácil de suprimir a la izquierda, que se terminó con rapidez, el presidente Bánzer se encontró ante otra mucho más complicada y lenta, a saber: vencer por medio de maniobras a los partidarios de Paz Estenssoro, lo cual era esencial para consolidar su poder e imponer sus propias prioridades. Paz Estenssoro y sus seguidores habían permanecido alejados del poder durante siete años y, empujados por la desesperación, habían ofrecido sus servicios a la conspiración de Bánzer con condiciones muy modestas. Tras recibir un tercio de los cargos en el reparto, albergaban la esperanza de que su habilidad superior y su capacidad para movilizar el apoyo popular les permitirían vencer a la facción militar dominante y tomar la iniciativa estratégica. Pero el ejército, después de olvidar pronto la promesa de convocar elecciones, les negó firmemente el acceso al campesinado, donde en otro tiempo habían tenido el mayor número de seguidores, por lo que su campaña de movilización quedó limitada en gran parte a las ciudades. Por ejemplo, en febrero de 1972 se anunció que Paz Estenssoro visitaría Cochabamba con el propósito de renovar la comunicación con sus antiguos partidarios. Al oír la noticia, la Federación Campesina de Cochabamba celebró una reunión especial en la cual ratificó el Pacto militar-campesino y ordenó a sus partidarios que boicotearan la visita del hombre que había firmado la Ley de Reforma Agraria. La reunión fue patrocinada por el coordinador agrario del pacto, el coronel Víctor Lora, y se celebró en la base aérea militar, que se encontraba bajo su mando. Paz Estenssoro captó la indirecta y abandonó todo intento de buscar apoyo entre los campesinos.

La atención se centró en el ministerio de Trabajo, donde el MNR intentó recuperar la popularidad que antaño tuviera en el movimiento obrero. Pero al partido le resultó imposible hacer que se olvidara su complicidad de la Administración pro patronal y antiobrera de Bánzer, especialmente después de la devaluación de octubre de 1972, que supuso una reducción del 10 por ciento de los ingresos reales del asalariado medio. Esta devaluación fue un golpe especialmente duro para la popularidad del MNR —que tenía a su cargo los ministerios económicos—, ya que puso fin a catorce años de estabilidad monetaria. Así pues, los esfuerzos del partido pronto se concentraron en la Administración pública, que se encontraba en un momento de expansión rápida, aunque en este campo, por supuesto, el presidente Bánzer estaba bien para utilizar su control del patronazgo con el fin de vencer por medio de maniobras a los líderes del partido. Los «paceños» se escandalizaron al ver el número de puestos públicos que se asignaban a «cruceños» (que a menudo no eran aptos para ocuparlos). Pronto se hizo obvio que con sus credenciales «revolucionarias» desacreditadas y una amenaza cerniéndose sobre su liderazgo del MNR, Paz Estenssoro no podía permitirse mantener su partido en el gobierno y arrastrar el odio de dos períodos de austeridad económica sucesivos. Se había visto obligado a sancionar la devaluación de 1972, pero anunció la retirada del MNR del gobierno cuando en noviembre de 1973 vio que los acontecimientos de la vecina Chile habían reforzado la confianza de la derecha y que otra serie de impopulares aumentos de precios era inminente. Sin embargo, la retirada no era fácil para los ministros del MNR y para los afiliados que habían obtenido empleos en la Administración en virtud de su pertenencia al partido. Así pues, cuando Paz Estenssoro se exilió en enero de 1974, los restos de su partido se aferraron a sus privilegios burocráticos y renunciaron a su autonomía. El aliado más peligroso a la izquierda de Bánzer había quedado completamente neutralizado.

En enero de 1974 Bánzer autorizó grandes aumentos de los precios del arroz, el azúcar y otros productos de las tierras bajas, al tiempo que los precios de los productos de Cochabamba no sufrían ningún cambio. La medida dio origen a una protesta regionalista que abarcó tanto a los trabajadores urbanos como a los rurales, pero para los campesinos de Cochabamba representó una experiencia nueva soportar lo más fuerte de la represión. Hubo una innecesaria demostración de fuerza y más de cien campesinos resultaron muertos. El Pacto militar-campesino sobrevivió oficialmente, pero después de la matanza Bánzer ya no podía confiar en que dicho pacto le diese una victoria electoral fácil, como la que obtuviera Barrientes en 1966.

En 1974, sin embargo, ya se cernía una amenaza electoral sobre Bánzer. Los presidentes constitucionales traspasan el poder después de cuatro años, y en Bolivia siempre se ha esperado de los gobernantes especiales que abandonen el poder o legitimen su gobierno después de un lapso de tiempo más corto. En 1974 se creía en la posibilidad de que no tardaran en celebrarse elecciones y, como mínimo, hubiera cierta redistribución de prebendas con el fin de que los que contaban con apoyo estratégico pudieran promover su carrera, sus ideales o ambas cosas. Varios líderes militares creían estar tan bien preparados para desempeñar la presidencia como Bánzer; y, aun cuando renunciaran a la presa suprema, su apoyo era ahora suficientemente importante como para venderse a buen precio. Los comandantes regionales del ejército que se hallaban «bien atrincherados» podían ejercer mucha influencia en el acceso de los candidatos a los votantes campesinos de sus zonas durante el período preelectoral. Debido a todo ello, la simple insinuación de que iban a celebrarse elecciones producían gran agitación política en todo el estamento militar.

Como candidato del régimen en el poder, con el control de los sindicatos campesinos, probablemente Bánzer hubiera logrado que lo reeligieran a pesar de la oposición tanto del MNR como de la FSB, pero la campaña hubiese sido arriesgada y costosa. Aún peor era el precedente que Barrientos había sentado en 1966: que un presidente en el poder que se presentara a las elecciones para obtener un segundo mandato dejase el cargo durante los seis meses de la campaña, lo cual significaba ceder temporalmente posiciones cruciales a un rival en potencia. Durante la mayor parte de 1974 Bánzer vaciló ante este obstáculo. Estuvo a punto de ser depuesto cuando en junio de 1974 algunos oficiales jóvenes se aliaron con un segmento del MNR y trataron de imponer una «vuelta a los cuarteles», con la esperanza de que ello preservara la solidaridad militar y permitiese una campaña electoral relativamente abierta. Los conspiradores estuvieron cerca de alcanzar su objetivo, pero luego aceptaron una componenda que dio a Bánzer tiempo para organizar su vuelta subiendo la paga de los oficiales y cabildeando en las guarniciones. Finalmente logró convencer a suficientes oficiales de que cualquier intento de constitucionalizar el régimen pondría en peligro todo lo que el país había ganado desde los puntos de vista político y económico, al tiempo que expondría a los militares a un proceso de descomposición interna como la dura prueba que habían vivido tres años antes. En noviembre de 1974 se cancelaron repentinamente las elecciones previstas, se instauró un gabinete compuesto sólo por militares y se suspendieron virtualmente todos los partidos políticos, sindicatos y la mayoría de las demás asociaciones de intereses. Los militares procedieron a gobernar ellos solos.

El general Hugo Bánzer carecía del atractivo demagógico de Barrientos y del talento administrativo de Ovando, sus principales predecesores en el cargo. Hombre de visión limitada y de no mucha autoridad natural, su éxito no debe atribuirse exclusivamente a la suerte y a sus explosiones intermitentes de fuerte e imprevisible agresividad, sino que también se debió a los importantes intereses económicos a los que sirvió, especialmente en el este y a los sagaces consejeros que atrajo a su lado. Además, entre 1971 y 1976 el producto interior bruto (PIB) boliviano creció en una tasa anual media del 5,7 por 100, a la vez que florecía el sector del comercio exterior. Algunos incluso hablaron del «milagro económico» boliviano, aunque, en realidad, la mejora fue desigual y relativa. Después de 1976 los resultados económicos esperaron y la producción de petróleo cayó al tiempo que disminuía rápidamente el excedente de que se disponía para la exportación.

Durante el período intermedio del gobierno de Bánzer (desde el «autogolpe» de noviembre de 1974 hasta noviembre de 1977) el poder estuvo concentrado en realidad en la presidencia y en el círculo inmediato de tecnócratas y socios comerciales del líder. Durante estos tres años Bánzer presidió un gabinete exclusivamente militar y gobernó sin la colaboración de partidos políticos organizados. No obstante, por debajo del nivel del gabinete había muchos menos oficiales que ocuparan puestos dotados de autoridad de los que hubiera en el decenio de 1960; muchos civiles contratados inicialmente por mediación de sus partidos políticos se quedaron para servir al régimen. Durante este período los intereses comerciales privados, que no habían tenido muchos medios directos de expresión política durante el período de gobierno del MNR y de movilización de las masas, adquirieron ahora confianza en sí mismos, y capacidad para actuar de forma colectiva. Hasta cierto punto, pues, sería conecto argüir que la élite propietaria que formaba parte de la población civil había desplazado a los partidos políticos. Mientras que entre 1964 y 1974 sucesivos regímenes militares dependieron de los partidos civiles aliados con ellos para estabilizar su poder y dar una dirección coherente a su política, de noviembre de 1974 a 1977 ese papel lo asumió de forma más directa el mundo empresarial, cuya prosperidad iba en aumento. Pero incluso en el apogeo de la dictadura de Bánzer, el mundo de los negocios de Bolivia distaba mucho de ser homogéneo, y mucho menos hegemónico. Los intereses de los propietarios de minas privados eran significativamente distintos de los intereses de los terratenientes del este o de los de la banca, que estaba creciendo rápidamente. Asimismo, el mayor aumento de la prosperidad se registró en partes del sector público de la economía, especialmente en la empresa YPFB. Por consiguiente, la «propiedad privada» continuó siendo en gran parte un concepto abstracto que se refería a un número relativamente pequeño de individuos que tenían propiedades, cada uno de los cuales podía tener la impresión de deber su seguridad y su prosperidad a un clan o facción político. En resumen, el mundo de los negocios bolivianos todavía era capaz de actuar sólo como socio subordinado del régimen autoritario. No era fuerte por sí mismo ni perspicaz, sino que simplemente florecía en comparación con los otros sectores de la sociedad a los que la represión sistemática desorganizaba.

En la pauta que se creó durante la toma del poder por parte de Bánzer, la protesta popular fue reprimida repetidamente (los trabajadores de las fábricas de La Paz en octubre de 1972; los campesinos de Cochabamba en enero de 1974; los mineros de las tierras altas en junio de 1976), aunque ninguno de estos triunfos aparentes proporciono al régimen nuevas bases sociales ni bloqueó de forma decisiva las corrientes subterráneas de oposición. La base de legitimación ideológica del régimen también era inestable. Las promesas de democratización que se hicieron en los primeros momentos se mezclaron luego con la retórica de un estado que se basaba en la seguridad nacional anticomunista; más adelante Bánzer dio mayor importancia a la unidad nacional para garantizar el desarrollo económico.

Hasta el «autogolpe» de noviembre de 1974, por medio del cual Bánzer consolidó su poder personal, contenía flagrantes contradicciones. Por un lado, organizaciones representativas fueron declaradas ilegales, los partidos políticos quedaron suspendidos, los líderes obreros elegidos fueron substituidos por «coordinadores» nombrados por el gobierno y éste incluso previo la militarización de los ciudadanos que trabajaban en ocupaciones «estratégicas». Por otro lado, no se abjuró totalmente de las convenciones constitucionales que ya existían. Así, Bánzer aún reconocía la limitación de un mandato fijo y sencillamente cambió la fecha del comienzo de agosto de 1971 a noviembre de 1974. De nuevo prometió que convocaría elecciones al finalizar su mandato, que ahora sería en 1980. Entre 1974 y 1976 incluso este grado de dictadura parecía relativamente benévolo en comparación con los desastres políticos y económicos que aquejaban a varios países vecinos, pero a partir de 1976, a medida que los resultados económicos fueron disminuyendo, el contraste entre Bolivia y sus vecinos perdió la capacidad de impresionar.

1978-1989

En noviembre de 1977, el embarcarse en un proceso de transición electoral, el presidente Bánzer no pensaba en una posible derrota. Era una improvisación más y no ofrecía más peligro que muchas de las medidas que había tomado antes con buenos resultados. Sin duda las exigencias populares de cambio habían aumentado y también el marco internacional había cambiado de diversas maneras que requerían una adaptación, especialmente a consecuencia de la victoria de Jimmy Cárter en las elecciones norteamericanas. Es probable que el ímpetu decisivo del cambio saliera de los sondeos de opinión que Bánzer llevó a cabo en las principales guarniciones del ejército, única forma real de consulta política que a la sazón estaba permitida. El foco visible de interés era la pretensión boliviana de tener una salida al Pacífico. Durante un tiempo Bánzer se había beneficiado de este asunto al restaurar las relaciones diplomáticas con Santiago e iniciar negociaciones con Pinochet para un intercambio de territorios, pero los chilenos habían maniobrado hábilmente y tratado de echar a Perú la culpa del posible fracaso si las negociaciones no llegaban a buen término antes del centenario de la guerra del Pacífico (1979). A medida que este plazo simbólico se acercaba sin que hubiesen perspectivas de ganancias demostrables obtenidas de su política, Bánzer parecía un tanto vulnerable ante sus críticos militares y civiles. Una apertura democrática de acuerdo con las condiciones del propio Bánzer privaría a estos disidentes de la excusa para conspirar y tal vez permitiría al gobierno desviar posibles decepciones en el asunto de la costa del Pacífico del ejecutivo y dirigirlas hacia una serie de partidos políticos que se pelearan entre sí y fueran ineficaces.

En aquel momento este cálculo pareció bastante verosímil incluso a los principales estrategas de la oposición. Con el Pacto militar-campesino todavía vigente y el ministerio de Trabajo ejerciendo más o menos el control de los trabajadores organizados, sólo la Iglesia y el incipiente movimiento defensor de los derechos humanos (ninguno de los cuales parecía un adversario muy temible) conservaban capacidad de organización autónoma. Parecía que Bánzer podría celebrar elecciones en condiciones muy favorables y que muy posiblemente conseguiría prolongar su influencia personal «constitucionalizando» su gobierno. Después de todo, era lo que el general Barrientes había hecho en 1966; transformar una Junta en la cual el propio Bánzer había servido al principio. Probablemente la confianza del presidente en su estrategia se apoyaba en un conocimiento incompleto de los agravios de la oposición, error de percepción que aqueja con frecuencia a los gobernantes cuando niegan a sus rivales todo medio abierto de expresarse.

El hecho de que el candidato con menos influencia entre los militares resultara el más fortalecido por los comicios confiere cierto peso a lo que afirmaba la oposición sobre la eficacia de la resistencia, si no durante la dictadura, sí durante el preludio de las elecciones. Hernán Siles Zuazo (presidente de 1956 a 1960) se había opuesto desde el principio al golpe que dio Bánzer en agosto de 1971. Su campaña electoral de 1978 reunió el apoyo de los estudiantes, los obreros y los campesinos alrededor de una coalición que abarcaba desde sacerdotes progresistas hasta sindicalistas comunistas y cuyo programa era inconfundiblemente antimilitarista. Quizá el elemento más dinámico de la coalición lo aportaba el Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR), que fue fundado en 1971 y luego captó numerosos seguidores entre los estudiantes y los jóvenes en general. El MIR afirmaba ser heredero de la Revolución de 1952 y condenaba a los líderes civiles de mayor edad (como Paz Estenssoro, por ejemplo) que se habían comprometido con los militares a cambio de un fragmento de patronazgo. Este partido empleaba un lenguaje radical y proporcionaba activistas entusiastas, pero sus líderes eran en la práctica bastante pragmáticos y capaces de atraer a algunos militares y empresarios significativos. Otra fuerza nueva y vigorosa de la izquierda, el Partido Socialista de Marcelo Quiroga Santa Cruz, hablaba el mismo lenguaje pero se mostraba menos inclinado a las componendas.

A pesar del manifestado fraude electoral, Siles recibió oficialmente el 24,6 por 100 de los votos y obtuvo resultados especialmente buenos en el altiplano, sobre todo en La Paz y en las zonas mineras. A Paz Estenssoro se le atribuyó el 10,8 por 100 de los votos y al candidato oficial —el ex ministro del Interior general Juan Pereda Asbún—, un 50 por 100 sospechosamente exacto (justamente la cifra necesaria para obtener la victoria total en la primera ronda). El aumento del apoyo a Siles fue en gran parte la expresión de la fuerte hostilidad a la dictadura que se sentía en las zonas obreras y consecuencia de la eficaz organización efectuada por la coalición Unión Democrática y Popular (UDP), tanto en las zonas urbanas como entre la población campesina de lengua aymara que vivía alrededor del lago Titicaca. Una mayoría del electorado seguían formándola cultivadores rurales, la mayor parte de los cuales se habían beneficiado de la reforma agraria veinticinco años antes.

Tanto Paz Estenssoro como Siles podían reivindicar el mérito del reparto de tierra efectuado en el decenio de 1950. Pero desde la muerte del general Barrientos ningún candidato militar había podido presentarse como benefactor ante el campesinado. Una joven generación de organizadores campesinos más educados había surgido desde entonces y había comprobado que los militares no atendían bien a las complejas necesidades del sector rural después de la reforma. Una vez se hubieron creado de nuevo sindicatos obreros independientes en las ciudades, el ejemplo de organizaciones autónomas que derrocaban a los líderes protegidos por el gobierno no tardó en propagarse al campo, y entonces empezó a cerrarse la grieta que desde hacía veinte años existía entre las organizaciones obreras y las campesinas. Así, en 1978 el control que ejercían los militares sobre el voto rural era mucho más tenue que el existente cuando las anteriores elecciones, las de 1966, y la campaña electoral causó una crisis para el ya desacreditado Pacto militar-campesino. En pocas palabras, las elecciones de 1978 mermaron la disciplina militar, disolvieron el Pacto militar-campesino y crearon un clima de incertidumbre por el éxito político. Lo que empezó como liberalización «controlada» se descontroló cuando exigencias sociales que llevaban mucho tiempo reprimidas afloraron a la superficie y el régimen autoritario se escindió en facciones que luchaban entre sí.

Al anunciarse los resultados de las elecciones, llovieron las denuncias de fraude. El proceso electoral se había puesto en marcha para fomentar la unidad nacional contra Chile y desviar las quejas de los defensores de los derechos humanos. En vez de lograr los resultados previstos, había agravado la desunión interna y confirmado algunos de los peores temores de los críticos internacionales del régimen. El general Bánzer y el general Pereda trataban de echarse mutuamente la culpa del desastre. Pereda pidió que se anulase su propia elección, con la esperanza de inténtalo de nuevo y obtener resultados menos viciados. Siles se proclamó a sí mismo presidente electo. Bánzer declaró que cuando su mandato terminara el 6 de agosto, entregaría el poder a las fuerzas armadas, dada la falta de un claro mandato electoral. El 21 de julio de 1978, con el apoyo de Santa Cruz, el tradicional baluarte de Bánzer, Pereda tomó el poder y prometió nuevas elecciones en el plazo de seis meses.

Durante el interregno de dos años que empezó entonces, las facciones civiles rivales intensificaron sus intentos de ganarse el apoyo de los militares, sucesivos generales trataron de sujetar las riendas del poder y otras dos elecciones no consiguieron producir un gobierno constitucional estable. Los militares se encontraron con que no podían resolver sus problemas internos suprimiendo una vez más la vida política civil. Los grupos políticos civiles no podían formar un frente unido contra los militares, debido, al menos en parte, a que carecían de un veredicto electoral que midiese el peso verdadero de cada partido frente a sus rivales. Una serie de precarios gobiernos interinos tuvieron que hacer frente a una cascada de exigencias sociales que habían permanecido reprimidas durante la dictadura. No se trataba sólo de exigencias económicas de las organizaciones independientes de campesinos, obreros y estudiantes, sino también de exigencias políticas de libertad y de justicia por parte de la Iglesia y del movimiento defensor de los derechos humanos, que también pedían que se investigaran los crímenes y los abusos del pasado. Los hombres de negocios se encontraron con que la falta de autoridad gubernamental perjudicaba la gestión ordenada de la economía. La mafia de los narcóticos, que ya estaba bien situada durante el gobierno de Bánzer, intensificó sus actividades políticas y criminales y aumentó su capacidad paramilitar.

Se celebraron elecciones relativamente limpias en julio de 1979, pero los resultados fueron inconcluyentes y discutidos. En las elecciones presidenciales, Siles aventajó oficialmente a Paz Estenssoro, pero sólo por 1.500 votos, y Bánzer quedó en un respetable tercer puesto (Siles, 528.700; Paz Estenssoro, 527.000; Bánzer, 218.600). Esta vez el candidato socialista, Marcelo Quiroga, que había conquistado apoyo denunciando los crímenes del régimen de Bánzer, saltó hasta el cuarto puesto con más de 100.000 votos y cinco diputados, fuerza significativa a la izquierda de la UDP de Siles. Dado que ningún candidato reunía más del 50 por 100 del voto popular, el problema tuvo que pasar al recién elegido Congreso. Pero allí el idiosincrático sistema electoral dio a Paz Estenssoro 64 votos y a Siles sólo 46, mientras que para ser elegido presidente se requerían 73. Cada uno de los dos finalistas denunció el fraude electoral cometido por su rival, pero probablemente Siles tenía más motivos para quejarse. El 16 de julio de 1979 Siles volvió a proclamarse a sí mismo presidente electo. El Congreso, sin embargo, no eligió a ninguno de los dos candidatos y, después de nueve días de humillante empate, los dos competidores principales tuvieron que buscar una solución intermedia y dieron su apoyo conjunto a Walter Guevara Arze, el presidente del Senado, que fue elegido para un año hasta que se celebraran nuevas elecciones.

El hecho de que las segundas elecciones presidenciales que se celebraban en Bolivia en menos de dos años no produjeran una coalición civil de base amplia ni una victoria indiscutible para un partido puso en peligro el proceso de democratización. El Partido Socialista utilizó su representación en el Congreso para introducir una serie de acusaciones bien documentadas contra la Administración Bánzer por corrupción, violaciones de los derechos humanos e incluso traición (esta última relacionada con las negociaciones con Chile). En noviembre de 1979 el ejército respondió con un golpe y el cierre temporal del Congreso, pero ante la decidida resistencia popular y la oposición de los Estados Unidos, tuvo que retirarse a los cuarteles al cabo de dieciséis días. Así pues, había un clima muy tenso cuando en julio de 1980 se hizo un tercer intento de terminar el proceso oficial de democratización.

Las elecciones de junio de 1980 resolvieron la incertidumbre sobre qué fragmentos del antiguo MNR habían retenido el mayor apoyo popular durante la dictadura de Bánzer. Siles, respaldado por Lechín y la izquierda obrera y aliado con el MIR, generó más apoyo que Paz Estenssoro, que ahora se distanció de forma inequívoca de toda conspiración militar contra el naciente régimen democrático. Así, los que habían sido los blancos del golpe de agosto de 1971 que diera el poder a Bánzer aparecieron ahora como los vencedores del proceso de redemocratización. Pero este resultado era intolerable a ojos de una poderosa facción de las fuerzas armadas que contaba con el respaldo de la mayoría de los «nuevos ricos» que habían prosperado durante los años de Bánzer.

El 17 de julio de 1980 el general Luis García Meza tomó el poder, cerró el Congreso y emprendió una campaña de violencia estatal claramente inspirada en el Cono Sur. Por ejemplo, el líder socialista, Marcelo Quiroga, fue brutalmente asesinado. Los militares habían aprendido la lección de sus anteriores intentos infructuosos de desbaratar el proceso democratizador, en especial la efímera dictadura de noviembre de 1979. Esta vez se necesitaba mucha violencia para acabar con las expectativas nacidas de las elecciones y vencer la resistencia exacerbada. Después de esperar tanto tiempo antes de intervenir, y después de dar a sus víctimas el apoyo moral de una victoria en las elecciones, las fuerzas armadas tuvieron que actuar con una ferocidad desenfrenada. Lo que dio ímpetu a este ataque no fue tanto el temor por la supervivencia de su institución (que, en todo caso, se veía más amenazada por la proliferación de fuerzas paramilitares que por la izquierda) ni algún profundo compromiso ideológico, como la perspectiva de que la oficialidad se enriqueciera ilícitamente participando de forma decidida en el comercio de narcóticos.

Quizá sirva para dar una idea de la índole del régimen de García Meza señalar el papel clave que desempeñó Klaus Barbie (el agente de la Gestapo que durante la segunda guerra mundial se ganó el apodo de «el carnicero de Lyon»)[38]. El principio que debía gobernar la actuación de García Meza se dictó en una reunión celebrada en el ministerio del Interior en las postrimerías de 1980 en la cual, siguiendo el consejo de Barbie, el ministro (que estaba emparentado con Roberto Suárez, uno de los «Cinco Grandes» magnates de la droga y patrono de Barbie) mostró una lista de los 140 pequeños traficantes de Santa Cruz a los que había que «suprimir», ninguno de los «Cinco Grandes» constaba en la lista[39]. Además de a Barbie, García Meza tenía empleados a neofascistas italianos que habían perpetrado el atentado con bomba en la estación de Bolonia en octubre de 1980, y recibía fondos de la organización del reverendo Moon.

La economía de la cocaína quedó explicada de modo claro en un informe del ejército boliviano redactado en diciembre de 1980:

Incluso antes de iniciar la campaña de concentración de la producción, se podían recaudar, sin dificultad, alrededor de 200 millones de dólares al año, basándose en un impuesto de 2.000 dólares por kilo, que todos los exportadores estaban dispuestos a pagar, a modo de impuesto único. Si podemos garantizar todo el proceso industrial y la supresión de los intermediarios, sin perjuicio de los intereses de los productores campesinos de la hoja, esta suma podría subir hasta los 600 millones de dólares anuales[40].

Los doce meses siguientes fueron más perjudiciales para la economía, la organización política y la sociedad boliviana que cualquier otro período transcurrido desde la guerra del Chaco. A diferencia del gobierno Bánzer, la dictadura de García Meza no tenía ningún atractivo para los hombres que se dedicaban a hacer negocios ilícitos y pronto perdió el apoyo incluso de los exportadores agrícolas de las tierras bajas que cultivaban productos normales. La oposición de los campesinos, los obreros, los estudiantes y la clase media era intensa y la única forma de frenarla era recurriendo continuamente a la violencia. La Iglesia y los comités cívicos regionales pasaron a un lugar destacado por ser los únicos cauces «tolerados» de la oposición. En el extranjero, la imagen del régimen era tan repugnante, que su estridente anticomunismo no obtuvo ninguna respuesta, ni siquiera de la Administración Reagan, a la vez que pronto se acabaría el apoyo que Argentina diera al principio. Con el tiempo las fuerzas armadas se percataron de que tendrían que efectuar a regañadientes la restauración del gobierno civil. Para apaciguar el desasosiego de los militares, García Meza prometió que abandonaría el poder al cumplirse el primer aniversario de su golpe; al no respetar dicha promesa, una nueva rebelión militar le obligó a dimitir. A mediados de 1981 el Banco Central se había quedado sin dólares y el crédito exterior del gobierno ya estaba agotado. La salida de García Meza abrió el camino a la restauración de las relaciones con Washington, pero la caída de las finanzas públicas y la destrucción del orden público hicieron que los militares quedasen demasiado débiles para resistir las presiones internas y externas a favor de la demorada subida al poder del gobierno elegido en junio de 1980.

Así pues, en octubre de 1982 Hernán Siles volvió a la presidencia por segunda vez. En teoría estaba previsto que cumpliera el mandato de cuatro años para el que le habían elegido en 1980, pero con un retraso de dos años, su gobierno debería haber concluido en 1986. A la práctica, presidió un período de confusión política y desintegración económica tan serias, que suerte tuvo de llegar al final incluso de un mandato abreviado de tres años.

La relativa prosperidad económica del decenio de 1970 quedó anulada brutalmente después de 1979. En 1980 la renta per cápita de Bolivia ya era la más baja de América Latina (con exclusión de Haití). Entre 1980 y 1986 la renta per cápita cayó en un catastrófico 27 por 100, casi el doble del porcentaje registrado en la república más afectada después de Bolivia y cuatro veces el correspondiente al conjunto de América Latina. La producción del sector minero se redujo casi a la mitad y lo mismo ocurrió con el valor en dólares de las exportaciones (registradas legalmente). En 1985 la inflación alcanzó un punto máximo al cifrarse en mucho más del 10.000 por 100. Resumiendo, Bolivia sufrió otro desastre económico, por lo menos comparable con los efectos de la depresión mundial. Entre las múltiples causas cabe citar la frágil herencia del período de Bánzer; dos años de desmoralización e inseguridad durante el intento de volver a la democracia; doce meses de pillaje oficialmente tolerado bajo García Meza; las repercusiones de la crisis de la deuda latinoamericana después de 1982; y las desastrosas debilidad y mala gestión que caracterizaron la segunda presidencia de Siles.

En 1982, al igual que en 1956, Siles accedió al poder en circunstancias de gran dificultad económica. Su díscola coalición carecía de mayoría en el Congreso. La industria del estaño se hallaba agotada y descapitalizada, y los intentos de fijar el precio mundial que hacía el país productor no daban buenos resultados. El gas natural se había convertido en el principal producto (legal) de exportación de Bolivia, pero era entregado por medio de un oleoducto a Argentina, que agotó sus reservas de moneda fuerte durante el conflicto del Atlántico Sur. En el transcurso de los anteriores dos años de gobierno militar, diez misiones del FMI habían visitado Bolivia y se habían ido sin llegar a ningún acuerdo. El peso estaba muy sobrevalorado y el déficit fiscal se había disparado hasta alcanzar el mayor nivel de todos los tiempos, sin que los militares hicieran ningún intento significativo de controlar la crisis económica, cuya intensidad iba en aumento. Justo antes de que Siles volviera a entrar en el palacio presidencial, México agotó sus reservas de moneda extranjera y provocó con ello una crisis de la deuda cuyas repercusiones alcanzaron a toda América Latina. Además, en 1983 la vulnerable agricultura de Bolivia fue devastada por el efecto de El Niño, que provocó una sequía desastrosa en el oeste e inundaciones en el este.

El apoyo que el gobierno Siles recibía en el interior procedía de una alianza poco firme de demócratas e izquierdistas, entre los que se encontraba el grueso del movimiento obrero (a cuyo frente seguía Lechín, el antiguo rival de Siles), que había sufrido represión a manos de los militares y que, naturalmente, esperaba cierto grado de indemnización por parte de un gobierno constitucional. El pequeño PCB ocupaba cargos ministeriales, lo cual alarmaba a algunos elementos externos. El movimiento obrero exigía la cogestión de las minas del estado (la mayoría de ellas en quiebra), y los sindicatos campesinos siguieron su ejemplo y exigieron que se les diera voz y voto en la gestión de los organismos públicos en las zonas rurales. Estas exigencias fueron respaldadas con huelgas y el bloqueo de las carreteras que se usaban para abastecer las ciudades. Estas formas de ejercer presión se basaban en la suposición (realista) de que Siles no querría o no podría recurrir a la policía o a los militares para volver a imponer el orden. Hacia el final de su gobierno, la COB convocó dos huelgas generales con el propósito de obligarle a dejar el poder. Aun así, Siles intentó repetidas veces estabilizar la economía (hubo seis intentos entre noviembre de 1982 y agosto de 1985, todos los cuales fracasaron), pero sólo consiguió enemistarse con todas las fuerzas heterogéneas que se habían reunido temporalmente en torno a su bandera. Hubo siete ministros de Hacienda y siete presidentes del Banco Central en un período de treinta y tres meses. Entre las medidas que peor sentaron cabe citar la conversión obligatoria de los depósitos bancarios en dólares en moneda nacional, cuya depreciación iba en aumento (lo cual le valió la hostilidad eterna de la clase media de las ciudades y del sector financiero); la compra de alimentos a precios absurdamente bajos a los productores rurales (lo que supuso requisar bienes salariales para el movimiento obrero pero le indispuso fatalmente con secciones del campesinado); y repetidas capitulaciones ante grupos organizados, lo cual surtió el efecto de discriminar en contra de los trabajadores autónomos y el inmenso sector «extraoficial» de la economía urbana. Casi toda la población económicamente activa sufrió a causa de la incapacidad gubernamental de frenar la inflación, que se aceleró y de una tasa anual de más del 100 por 100 en 1982 pasó a otra superior al 1.000 por 100 en 1984 y a más del 10.000 por 100 en 1985. Los acreedores extranjeros de Bolivia se vieron afectados por la decisión que se tomó a mediados de 1984 (debido a las presiones de la COB) de interrumpir los pagos en concepto de servicio de la deuda y la respuesta que ello provocó vino a debilitar aún más la economía. Solamente la economía de la cocaína, que se basaba en el dólar, continuó funcionando de manera más o menos normal. Inevitablemente, los militares se aprovecharon de la situación desesperada en que se encontraba el gobierno Siles.

Fue el ex presidente Bánzer quien cristalizó la exigencia de que Siles renunciara al cargo un año antes de lo previsto si no quería que lo echaran de él utilizando la fuerza. A mediados de 1984 Bánzer exigió la dimisión del presidente alegando que el hecho de que Bolivia no pagara intereses sobre la deuda exterior constituía una violación de los tratados internacionales y podía provocar un bloqueo económico. Poco después Siles fue secuestrado y retenido durante un breve tiempo por una unidad militar, lo cual subrayó la fragilidad de su posición y redujo la moral de sus partidarios. Incapaz de controlar la economía y con sus dos rivales principales, Bánzer y Paz Estenssoro, convergiendo contra él, Siles optó por aceptar una propuesta inspirada por la Iglesia y adelantar en un año las elecciones previstas (que ahora se celebrarían en junio de 1985).

En las elecciones de 1980 la coalición que respaldaba a Siles había obtenido el 34 por 100 de los votos, en comparación con menos del 18 por 100 para Paz Estenssoro y menos del 15 por 100 para Bánzer. En 1985 el vicepresidente saliente, Jaime Paz Zamora, fue el único que superó con cierta dignidad el naufragio del gobierno Siles. Su partido, que ahora hacía campaña por separado con el nombre de MIR, recibió el 8,9 por 100 de los votos, lo cual lo dejaba muy por detrás de Bánzer (28,6 por 100) o Paz Estenssoro (26,4 por 100). (Los diversos fragmentos que se identifican con la Administración Siles obtuvieron sólo el 16 por 100 entre todos). Sin embargo, los partidos derrotados conservaban apoyo suficiente en el nuevo Congreso para bloquear la esperanza que albergaba el general Bánzer de volver a la presidencia. Para ello se colocaron detrás de Paz Estenssoro, que accedió a la presidencia por cuarta vez, a la edad de setenta y siete años. Paz Estenssoro pronto llegó a un acuerdo con sus socios más naturales, la derecha, con los cuales compartió las prebendas del poder al amparo de un «pacto para la democracia» que no se deshizo hasta la víspera de las elecciones de 1989. Después de las elecciones municipales de diciembre de 1987, un MIR desprovisto de radicalismo apareció como fuerza principal de la izquierda, y cuando el veterano Paz Estenssoro hubo cumplido su mandato de cuatro años, en agosto de 1989 Jaime Paz logró vencer con sus maniobras al MNR. Conquistó la presidencia (pese a quedar en el tercer puesto con el 21 por 100 del voto popular) gracias a una alianza muy restrictiva con el partido de Bánzer, que obtuvo para sí la mayoría de los puestos clave del gabinete.

Estos acontecimientos políticos fueron acompañados de Considerables transformaciones económicas, sociales e ideológicas. Cuando Paz Estenssoro volvió al poder en agosto de 1985, se produjo una inversión de los papeles que los dos fundadores del MNR interpretaran en el decenio de 1950. La segunda vez, Siles había hecho el papel de radical y Paz Estenssoro, el de conservador. Introdujo una política draconiana de austeridad y liberalización económicas que, como mínimo, eliminó la inflación, aunque el coste en términos de actividad económica fue muy alto. Sin embargo, la sucesión de desastres económicos aún no había terminado: a los dos meses de asumir el cargo el precio mundial del estaño cayó de verdad, y en el año siguiente Argentina anunció una severa reducción de la compra del otro producto de exportación lícito de Bolivia, el gas natural. (Bolivia había dejado de ser exportadora significativa de petróleo a finales del decenio de 1970). Al parecer, la única opción para el futuro consistía en diversificar la exportación y exportar productos no tradicionales, lo cual representaba una tarea hercúlea habida cuenta de la ubicación y los recursos de Bolivia, así como de los efectos de la crisis de la deuda, que se hacía sentir en toda la región.

Antes incluso de la reducción del precio del estaño a la mitad (que garantizaba la eliminación de la COMIBOL como empresa minera importante, con el despido de dos tercios del número de obreros que le quedaba y un éxodo enorme desde los principales campos mineros), el presidente Paz Estenssoro había promulgado un decreto de estabilización sumamente inexorable y audaz. Repúblicas vecinas tales como Argentina, Brasil y Perú se encontraban en el proceso de introducción de planes de estabilidad heterodoxos, pero el método que empleó Bolivia fue rigurosamente ortodoxo. Puede que en aquel momento pareciera una estrategia atávica, pero cuatro años después Bolivia, cuyos precios eran estables, recibió alabanzas del secretario de Estado norteamericano Baker, mientras que las otras tres repúblicas tenían una inflación de cuatro o cinco cifras. Entre los rasgos distintivos del programa de agosto de 1985 hay que señalar la puesta en práctica de una disciplina fiscal estricta, el amplio alcance de las disposiciones para la liberalización del mercado, la fijación del tipo de cambio en un nivel generalmente realista con libre convertibilidad y una infusión de moneda extranjera. Los acreedores externos proporcionaron ayuda significativa. (Se permitió que Bolivia «comprara» gran parte de su deuda exterior a un 11 por 100 del valor nominal). Se mantuvo la restricción de la política monetaria y aunque la economía se estabilizó, fue en un nivel muy bajo, con poco espacio visible para la reactivación.

Sería un error suponer que el éxito del último gobierno de Paz Estenssoro se debió exclusivamente a la popularidad de que gozaba entre la derecha privilegiada. En particular, deben tenerse en cuenta los puntos de vista de la mayoría campesina. Dado que la inflación había significado graves pérdidas y trastornos, la vuelta de la estabilidad de los precios y de la libertad del mercado representó un gran alivio para los productores rurales así como para muchos integrantes del «sector informado» urbano.

Un acontecimiento sumamente significativo fue el abandono de la escena política por parte de las tres figuras más destacadas que se identificaban con la Revolución de 1952. En 1985 Siles dejó la presidencia con más dignidad que su padre en 1930, pero sin dejar un residuo mayor de influencia política. En julio de 1987 el séptimo congreso de la COB (reducida ahora a una sombra de lo que fuera antes) destituyó a Juan Lechín del cargo de secretario ejecutivo que había desempeñado sin interrupción durante treinta y cinco años. En agosto de 1989 Paz Estenssoro traspasó la presidencia a su sucesor seleccionado constitucionalmente (pariente lejano y quizá imitador, pero, en todo caso, de una generación muy diferente y líder de un partido rival). Paz Estenssoro había cumplido un total de tres mandatos presidenciales completos y uno incompleto, lo cual le convertía en el líder político más duradero desde la creación de Bolivia. A la historia corresponderá la tarea de juzgar si su último mandato fue su mejor hora o su mayor traición.

El gobierno de 1985-1989 puso en duda muchos conceptos previos sobre la política y la sociedad bolivianas. El veredicto inicial de muchos observadores externos fue que en un contexto muy poco prometedor se apuntó un éxito notable en su empeño de implantar el liberalismo económico y la democracia política. Las paradojas fueron sorprendentes: el azote de los magnates del estaño desmanteló la empresa minera estatal que el mismo Paz Estenssoro había creado y volvió a dar el timón de la economía a las empresas mineras privadas; el autor nacionalista de la reforma agraria más extensa de América del Sur invitó a fuerzas de los Estados Unidos a suprimir la producción de la única cosecha que era verdaderamente rentable para los pequeños propietarios; el supuesto nazi (o peronista, o incluso nazi-comunista) había consolidado las instituciones democráticas de Bolivia y presidido un pacífico traspaso del poder a sus adversarios elegidos; el más extravagante cultivador del populismo y la financiación deficitaria puso en práctica la política antiinflacionaria que tuvo un éxito más inmediato en América Latina después de la crisis de la deuda. Lo que parecía unificar estas paradojas era el reconocimiento de que a principios del decenio de 1980 las anteriores fórmulas para resolver los problemas de Bolivia ya habían fracasado de forma manifiesta. Los fracasos catastróficos tanto de la Administración García Meza como de la de Siles dejaron lugar para pocas ilusiones. La desarticulación de todas las opciones abrió el camino para un nuevo principio neoliberal. Paz Estenssoro tenía el prestigio, la experiencia y la voluntad que se necesitaban para avanzar por este camino, del mismo modo que en períodos anteriores había llevado hasta el máximo las posibilidades inherentes a algunas estrategias de gobierno muy distintas.

CONCLUSIÓN

En 1930 la economía boliviana se hallaba estructurada esencialmente alrededor de la producción de mineral de estaño para el mercado mundial. No se explotó ninguna mina nueva e importante después de 1930 y las que funcionaban en aquel momento fueron depreciándose poco a poco hasta que finalmente, al caer el precio mundial del estaño en las postrimerías de 1985, la tradicional economía de extracción de mineral de estaño en las tierras altas de Bolivia sufrió una contracción espectacular de la que parece poco probable que llegue a recuperarse. Otras actividades económicas pasaron a ocupar un lugar más destacado, aunque ninguna de ellas era lo bastante fuerte y duradera como para substituir permanentemente al estaño como principal producto de exportación. El algodón, el azúcar, el petróleo, el gas y finalmente la cocaína florecieron durante períodos breves, pero ninguno de estos productos podía considerarse una base segura para la reconstrucción nacional. La crisis de los primeros años treinta que volvió a aflorar a la superficie en los años cincuenta y luego reapareció de forma aguda a mediados de los ochenta giraba en torno a la posible desaparición de la actividad económica central sobre la cual se había edificado el estado boliviano. Si no se encontraba una opción coherente, la supervivencia de Bolivia como nación viable estaría en duda. Todas las principales iniciativas políticas y económicas que tomaron los gobiernos bolivianos durante el último medio siglo deben interpretarse teniendo esto en cuenta. En muchos aspectos, Bolivia hizo progresos impresionantes hacia la modernización económica. La población se redistribuyó de una manera que mejoró mucho la pauta de ocupación del territorio; se transformaron las comunicaciones; el capital humano y material de la nación mejoró radicalmente. A pesar de todo, Bolivia necesitaba encontrar un lugar seguro y provechoso en la división internacional del trabajo. En 1989 las estimaciones más favorables decían que la economía recibía anualmente alrededor de 200 millones de dólares norteamericanos de las exportaciones ilegales de cocaína en comparación con unos 600 millones obtenidos de todas las exportaciones legales.

La crónica política que hemos hecho en el presente capítulo ha seguido inevitablemente las trayectorias de un reducido número de individuos y de unos cuantos grupos sectoriales estratégicos. De modo intermitente, en coyunturas críticas, grupos sociales mucho más amplios y más difusos han hecho su aparición en escena (por ejemplo, el campesinado en el momento de la reforma agraria), pero no hemos intentado hacer un estudio sistemático de su evolución, a la vez que la textura variable de las relaciones entre las «élites» y las «masas» ha quedado excluida del análisis. Las estructuras jerárquicas que existían en 1930 eran extremadamente rígidas y restrictivas. La mayoría abrumadora de la población la formaban cultivadores rurales que no sabían leer ni escribir y ni siquiera poseían un buen dominio de la lengua española hablada. Sus horizontes geográficos eran limitadísimos, las élites dominantes los estigmatizaban como seres inferiores desde el punto de vista racial y si se desplazaban a los centros urbanos, encontraban en ellos varias formas de humillación ritual (segregación de los asientos en autobuses y cines, etcétera) que subrayan su subordinación hereditaria. Con titubeos durante la guerra del Chaco y el decenio de 1940, y luego de forma más manifiesta a partir de 1952, estas barreras rígidas fueron desmanteladas. Aunque hubo un retroceso constante en la política nacional desde mediados del decenio de 1950, en un nivel más subterráneo se produjo un aumento ininterrumpido de la confianza, la capacidad organizativa y el derecho socialmente reconocido al respeto en amplios sectores de las «clases populares». En consecuencia, la textura y la calidad de las relaciones entre élites y masas se vio modificada por efectos que acumulativamente fueron muy profundos.

Finalmente, ¿qué balance puede hacerse en relación con el proceso subyacente de «edificación nacional» en Bolivia desde el decenio de 1930 hasta el de 1980?

Las disputas por cuestión de fronteras ya no entrañaban un gran peligro de guerra, pero la intrusión de ciudadanos brasileños en las tierras despobladas de la cuenca del Amazonas seguía amenazando con una posible desmembración territorial. La polarización ideológica dentro de Bolivia había provocado en repetidas ocasiones la intervención externa en sus asuntos internos (por ejemplo, en 1946, 1956, 1967 y 1971), y la posibilidad de que hubiera nuevos episodios era todavía muy grande. De hecho, en 1967 una fuerza guerrillera internacional escogió Bolivia como el «eslabón más débil» de la línea de defensa que el Pentágono tenía en América del Sur, y en 1971 seguía sin ser descabellado el temor de que Bolivia fuera objeto de un reparto entre sus vecinos más fuertes. La falta de un «sector principal» rentable de la economía ilícita permitió, a comienzos de los años ochenta, que representantes de la mafia de la droga se hicieran con el poder del estado, con todos los riesgos que ello suponía para la reputación nacional y, por consiguiente, la seguridad de la república. En 1986 el presidente Paz Estenssoro dio virtualmente carta blanca a las autoridades norteamericanas para que emprendiesen operaciones de carácter casi militar para luchar contra el mundo de la droga en ciertas zonas aisladas. Finalmente, por supuesto, al igual que otros países latinoamericanos, el estado boliviano cayó virtualmente en la insolvencia en el decenio de 1980 (como ya había caído en 1932).

En la otra vertiente del asunto, estaban en juego numerosos procesos menos visibles pero que a la larga tal vez eran más decisivos. La educación es un buen ejemplo de ello. Sólo 52.000 niños bolivianos recibían educación primaria en 1910, e incluso en 1952 el total había ascendido hasta únicamente 131.000. En 1981, sin embargo, 45.000 maestros de escuela primaria se encargaban de la educación de más de un millón de niños. En vísperas de la revolución nacional, una breve educación primaria podía adquirirse generalmente sólo en los centros urbanos, e incluso en las principales ciudades no la recibía un tercio de los que tenían derecho a ella. (Los niños «indios» en particular se encontraban desatendidos). En 1981, el 86 por 100 de todos los niños entre seis y trece años de edad recibían educación primaria, y el 34 por 100 de todos los que tenían entre catorce y diecisiete años recibían educación secundaria. Inevitablemente, el sentido de comunidad nacional se vio reforzado de modo inmenso por esta transformación, y la lengua oficial, la española, y la cultura racional-legal habían hecho avances irreversibles. Así pues, la próxima generación de bolivianos estará mucho mejor preparada que sus padres, y no digamos sus abuelos, para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones de ciudadanos de una nación moderna.

Casi igualmente significativa fue la aparición de un sistema extenso de transporte y comunicaciones. En 1929 virtualmente los únicos medios que existían eran los ferrocarriles y la red telefónica, que servían a una minoría muy restringida desde los puntos de vista geográfico y social. (Había sólo 6 aviones comerciales en Bolivia en 1929, junto con 54 autobuses, 980 camiones, 1.150 automóviles y 2.652 teléfonos). En 1982 había ya varios millones de aparatos de radio, 400.000 televisores, 160.000 teléfonos y 70.000 automóviles particulares, junto con un extenso sistema de transporte por carretera y por aire. Así pues, Bolivia había dejado de consistir en una serie de comunidades parroquiales aisladas con una movilidad y un intercambio de información muy limitados (había incluso puestos de aduanas en las fronteras entre departamentos) para transformarse en una sociedad nacional con un sistema de comunicación amplio y relativamente eficiente y una considerable facilidad de movilidad interna. Podrían darse más ejemplos en campos tales como el registro electoral, el servicio militar y la ampliación de los modernos derechos de propiedad. Obviamente, en todos estos campos de «integración nacional» y «modernización» continuaba habiendo enormes deficiencias, y el proceso de avance había sufrido numerosísimos conflictos y era desigual. A pesar de ello, habían estado en juego procesos muy poderosos durante el medio siglo transcurrido desde 1930. Parecía sumamente probable que continuaran en juego y su efecto acumulativo fue proporcionar la base social y material para la aparición de un estado-nación moderno y posiblemente incluso para una democracia liberal de tipo más o menos tradicional (si realmente es posible consolidarla en circunstancias de escasez y desigualdad agudas).

Sin embargo, el proceso de construcción nacional desde 1930 (y más especialmente desde 1950) ha sido dolorosísimo y ha sufrido desviaciones y reveses. Con el fin de frenar y controlar todas estas dificultades, periódicamente se imponían formas severas de disciplina social, y un sistema estatal autoritario y burocrático extendió su soberanía. Períodos intermitentes de relativa libertad resultaron efímeros y caóticos[41]. Debido a ello, persistió en la sociedad boliviana un motivo fundamental de disputa. ¿Qué clases, regiones, partidos o grupos étnicos debían ser los principales beneficiarios de la reconstrucción nacional, y qué intereses debían sacrificarse durante la misma? Para muchos elementos de la sociedad boliviana, probablemente para una mayoría del pueblo, las respuestas a estos interrogantes eran claramente desalentadoras. Por consiguiente, continuó siendo formidable la tarea de obtener la cooperación y el apoyo social necesarios para la dirección racional de un proceso que (dirigido o no) seguía mostrando un tremendo impulso de avance.

Segunda parte
COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA

Capítulo 4
COLOMBIA, 1930-1958

La consolidación de Colombia como estado-nación ha encontrado un obstáculo grave en la configuración geográfica del país, cuyo principal rasgo topográfico es la cordillera de los Andes, dividida en tres, la cordillera central, que está separada de la occidental por el río Cauca y de la oriental por el río Magdalena. La llanura de la costa del Pacífico que se extiende desde el Panamá hasta la frontera de Ecuador aparece cubierta de selvas espesas, lo que ha impedido terminar la conexión entre Panamá y Colombia por medio de la carretera Panamericana. (En cambio, el litoral del Caribe, en el norte, es más abierto y goza de un clima más favorable). Los Llanos Orientales se extienden desde el pie de la cordillera oriental hacia el sur y el este y llegan hasta las fronteras con Venezuela y Brasil; en la selva amazónica se encuentran las fronteras con Brasil, Perú y Ecuador, aunque con este último país se comparten los Andes. El paisaje quebrado de los Andes colombiano contiene una amplia variedad de altitudes y relieves, y, dado que la temperatura depende de la altitud más que de la estación del año, Colombia se divide convencionalmente en el «país cálido» (por debajo de los 800 metros sobre el nivel del mar), el «país templado» (entre 800 y 1.800 metros) y el «país frío» (entre 1.800 y 3.000 metros).

Difícilmente puede exagerarse la importancia de los obstáculos con que chocó el desarrollo económico a causa de las malas comunicaciones. Las dificultades técnicas y el elevado coste de la construcción y del mantenimiento resultante sólo permitieron construir una red limitada de ferrocarriles antes de 1930. De hecho, Bogotá y Medellín no tuvieron conexión ferroviaria directa con la costa del Caribe hasta las postrimerías del decenio de 1950. Así pues, la navegación por el Magdalena fue siempre importantísima para la prosperidad del país. (El presidente Mariano Ospina Pérez, a finales de los años cuarenta, incluyó el nivel de las aguas de dicho río en la información que necesitaba todos los días). La terminación del Ferrocarril del Pacífico hasta el puerto de Buenaventura en 1914 fue muy bien acogida por los intereses del oeste del país como forma de sustituir el transporte fluvial por el Magdalena, pero el nuevo puerto resultó insalubre, congestionado y desorganizado. Un plan de transportes elaborado en 1931 preveía una transición ambiciosa de la construcción de ferrocarriles orientada a la exportación a un sistema de carreteras que comunicaría los mercados nacionales. Sin embargo, sus objetivos no se cumplieron hasta el decenio de 1950, momento en que pudo contarse con la financiación por parte del Banco Mundial. El advenimiento de la aviación redujo hasta cierto punto las dificultades que ocasionaban tan anticuado sistema de transporte por río y ferrocarril. En 1932 la compañía aérea alemana SCADTA, fundada en 1920, ya explotaba un servicio que cubría unos 5.500 kilómetros y evitaba la necesidad de hacer un viaje por tierra que duraba dos semanas desde Bogotá hasta Pasto, la capital del departamento más meridional, y también la ardua ruta (que incluía caminos de herradura) que comunicaba Bogotá y Cúcuta, la capital de Norte de Santander.

Debido al clima, a los medios de transporte y a la relativa ausencia de enfermedades, la población colombiana se hallaba muy concentrada en la región andina y en la costa del Caribe. La población total, que era de 7,9 millones de personas en 1928, según un censo poco digno de confianza, creció hasta alcanzar 8,4 millones en 1938 y 11,6 millones en 1951. Estaba formada de modo predominante por mestizos (personas de raza mixta). Es probable que los indios representaran menos del 2 por 100 de la población total a comienzos del decenio de 1940. Las tribus indias supervivientes y no asimiladas vivían lejos de la influencia del estado, en regiones periféricas inmensas y escasamente pobladas, que sucesivos concordatos con el Vaticano designaron como territorios misionales, donde las tareas de administración, de justicia y de asistencia se confiaban a órdenes religiosas. Algunas tribus indias, como los motilones de la región denominada La Guajira, se resistieron tenazmente a que las incorporasen en una cultura más amplia. La mayoría de los descendientes de los esclavos negros habían quedado absorbidos en la sociedad y se hallaban sometidos a una continua mezcla interracial. En lugares lejanos como la costa del Pacífico, existían aún pequeños asentamientos de negros que se dedicaban a comerciar en pequeña escala con los grandes puertos y a veces, subiendo por los ríos, con tribus indias de Chocó. La inmigración de europeos se vio frenada generalmente por el clima, el terreno y la pobreza de Colombia. Unos 2.300 republicanos españoles (quizá la cifra fuera mayor) buscaron refugio en el país y se afincaron en él a finales de los años treinta; sin embargo, su aportación a las profesiones y al comercio fue desproporcionada en comparación con su número.

Era también una población predominantemente rural. El proceso de urbanización de Colombia fue lento hasta las postrimerías de los años cuarenta; en 1951, todavía sólo el 25 por 100 de la población vivía en ciudades de más de 10.000 habitantes (en comparación con el 15 por 100 en 1938). La distribución espacial de la población urbana era más equilibrada que en la mayoría de los países latinoamericanos. Cuatro ciudades presidían economías regionales bien definidas: la capital, Bogotá, en el centro-este, Medellín en Antioquia, Cali en Valle del Cauca y Barranquilla en la costa del Caribe. Según los censos de 1938 y 1964, la población de las cuatro ciudades principales era la siguiente:

|  | Población en miles
Ciudad | 1938 | 1964
Bogotá | 330 | 1.697
Medellín | 168 | 777
Barranquilla | 152 | 521
Cali | 102 | 813

En una economía abrumadoramente agrícola el sector del café era el dominante. Colombia era en 1930 el segundo productor de café del mundo y el primer productor de «suaves» de gran calidad que los consumidores distinguían fácilmente del producto brasileño. Las exportaciones habían aumentado de modo ininterrumpido desde un millón de sacos de 60 kilos de café en 1913 hasta aproximadamente tres millones en 1930. A pesar de la depresión mundial y de los precios bajos, el número de sacos siguió aumentando hasta los cuatro millones que se vendieron en 1937, los cinco millones de 1943 y los más de seis millones de la cosecha de 1953, que superó todas las marcas. Los empresarios colombianos penetraron en el mercado internacional creando una red de intermediarios cuyas actividades fueron completadas, a partir de 1927, por la Federación Nacional de Cafeteros (FEDECAFE), que estableció en las zonas productoras de café una presencia más vigorosa que la del Estado. FEDECAFÉ fomentó la producción destinada a la exportación por medio de campañas destinadas a asegurar la calidad del producto, mejorar su almacenaje y elevar la calidad de las condiciones de trabajo y la educación agraria en las localidades que producían café.

Antes de 1930 el foco principal de la producción de café se desplazó de Cundinamarca y los Santanderes a Antioquia, Caldas y Quindío, lo cual vino a subrayar la persistencia y la capacidad competitiva de la producción campesina. Sin embargo, los conflictos entre trabajadores rurales, aparceros, arrendatarios y pequeños propietarios impidieron la acción colectiva eficaz contra los grandes terratenientes y comerciantes. La historiografía revisionista ha puesto en entredicho el mito de la frontera democrática en la región de Antioquia. Lejos de fomentar una sociedad igualitaria en la cual los pobres de las zonas rurales se convirtieron en pequeños cultivadores de café que disfrutaban de acceso a tierras y de una modesta prosperidad, la pauta predominante en la expansión de la frontera durante la primera mitad del siglo XX permitió a las élites regionales incrementar el valor de las propiedades y adueñarse del control de la elaboración y la comercialización del café.

Las laderas de clima intermedio de los Andes, la región que representaba el núcleo de la economía, daba productos agrícolas que tenían fácil salida además de café: maíz, alubias, yuca, sisal, plátanos y cítricos. El «país frío» situado más arriba producía trigo, cebada, patatas, maíz, manzanas y alubias. Y el «país cálido» situado más abajo era propicio al cultivo de arroz, algodón, caña de azúcar, sésamo, cacao, maíz, bananas, tabaco y fruta tropical. Con todo, ningún producto representaba una amenaza para la primacía del café. Y la agricultura colombiana siguió caracterizándose por la subutilización de las tierras apropiadas para el cultivo, los altos niveles de concentración de tierras en los valles y las llanuras más fértiles, el atraso tecnológico y los bajos niveles de productividad.

En 1930 Colombia ya ocupaba el cuarto lugar entre los países más industrializados de América Latina. Los beneficios del café se reinvertían en la incipiente industrialización, en los transportes y en la construcción urbana, especialmente en Medellín, desde donde pequeñas cantidades de manufactura de poca calidad se distribuían en un mercado de pequeños propietarios agrícolas y consumidores urbanos. La importancia de Medellín como centro de fabricación se vio amenazada de modo creciente por la de Bogotá y, en los años cincuenta, por la de Cali. La parte que correspondía a las manufacturas en el producto interior bruto (PIB) subió el 7 por 100 en 1925 al 14 por 100 en 1950. Un proceso de substitución de las importaciones se hizo evidente en la caída de la parte que los artículos de consumo perecederos tenían en las importaciones: del 30 por 100 en 1930 al 9 por 100 en 1940 y al 3 por 100 en 1950. No obstante, entre 1930 y 1950 el desarrollo industrial mostró unos rasgos claramente anticuados: baja productividad, pequeñas unidades de trabajo y tecnología sencilla. Había pocas fábricas modernas y la mayoría de las unidades de fabricación consistían en talleres familiares que daban empleo a una elevada proporción de mujeres.

Con todo, el país poseía considerables recursos minerales y energéticos. El oro, la plata, las esmeraldas y el platino eran importantes. Colombia también era productora de petróleo, y a veces autosuficiente. Y aunque apenas se exploraron en los años treinta, el país poseía grandes reservas de carbón y un potencial apreciable en lo que se refería a la energía hidroeléctrica. De hecho, Colombia gozaba de la base de recursos mejor diversificada de la América del Sur española: el problema no era la falta de recursos. El decenio de 1920 había presenciado la gradual incorporación de Colombia a la órbita comercial, financiera y diplomática de los Estados Unidos. En 1932 el volumen del comercio colombiano con los Estados Unidos ya ocupaba el segundo lugar en orden de importancia de América del Sur. Mientras que las inversiones británicas habían descendido de 55 millones de dólares norteamericanos en 1923 a 42 millones en 1930, en este último año los Estados Unidos tenían bonos del estado colombiano por valor de más de 170 millones de dólares, a la vez que 130 millones de dólares en inversiones directas, especialmente en petróleo, empresas de servicios públicos y bananas. De vez en cuando había manifestaciones de nacionalismo económico en relación con las industrias petrolera y bananera, donde la inversión norteamericana era mayor que en otras industrias. En el caso del petróleo, el nacionalismo se manifestó por vez primera en 1927 por medio del debate en torno a diversificar las fuentes de inversiones extranjeras y las propuestas de introducir un proyecto de ley de participación en los beneficios, con el fin de que la Tropical Oil, que tenía su base en Barrancabermeja, no disfrutara del monopolio de la producción y la refinación. La situación en la industria bananera era distinta. Después de la brutal represión en 1928 de una huelga de trabajadores en las fincas bananeras de la United Fruit cerca de Santa Marta, el sector bananero había entrado en crisis. La demanda se vio afectada por las medidas que se tomaron en Europa para proteger los productos coloniales, a la vez que las malas cosechas y las disputas laborales surtían efectos negativos en la oferta. La United Fruit chocó con los cultivadores independientes a causa de los precios, las compras y el acceso al transporte fluvial. La xenofobia, con todo, no se sostuvo porque la penetración extranjera había durado poco y sus repercusiones habían sido poco profundas en la mayoría de las regiones. A partir de entonces, el lenguaje del nacionalismo económico se utilizó de modo pragmático para sacar el máximo provecho de la incorporación en el sistema económico internacional y no con el fin de retirarse de él.

Los ingresos obtenidos por medio del comercio exterior y los fondos procedentes de la indemnización por Panamá, parte de los cuales sirvieron para fundar el Banco Central tomando por modelo el Banco de la Reserva Federal norteamericano, se habían combinado en los años veinte para dar vigor a un estado ineficiente y a menudo corrupto. Surgió en Bogotá un grupo reducido que era partidario de la centralización, pero los recursos para consolidar un estado central como el mexicano, o siquiera para poder intervenir mucho en la política regional, eran insuficientes. A falta de una primacía urbana clara, las presiones descentralizadoras continuaron siendo fuertes y el gobierno regional disfrutaba de mucha discreción en campos tales como la obtención de empréstitos exteriores, el orden público y las obras públicas. Mientras tanto, el regionalismo prosperó basándose en los recuerdos de la arbitrariedad y la mala gestión en el centro. El reducido ejército estaba mal pertrechado debido a que el gasto per cápita destinado a él era bajo, por lo que su influencia era escasa, y el cuerpo de policía nacional era apenas embrionario. Asimismo, Bogotá y el departamento que la rodeaba, Cundinamarca, nunca lograron dominar la política colombiana del mismo modo que Buenos Aires, la ciudad y la provincia, dominaban la Argentina, toda vez que nunca representaron una mayoría electoral. No obstante, la élite nacional sí absorbió fragmentos de las élites regionales en el decenio de 1920 debido a que la mejora de los transportes erosionó gradualmente las barreras que impedían formar un mercado nacional. El predominio de un eje integrado por Bogotá con Antioquia y Caldas quedó asegurado, ya que los grupos de intereses de los sectores y las regiones empezaron a coincidir; FEDECAFE fue la primera y más pronunciada manifestación de este proceso.

Tradicionalmente se ha calificado la política colombiana de oligárquica. Existía en el seno de la oligarquía un consenso a favor del gobierno civil, la democracia semirrepresentativa y algunas oportunidades limitadas para que miembros capacitados de la clase media ingresaran en el pequeño círculo que negociaba las grandes decisiones. En 1930 los dos partidos políticos principales eran todavía los conservadores y los liberales. La tenacidad de los dos partidos se debía principalmente a su eclecticismo ideológico y a la capacidad de atraer partidarios de todas las regiones y clases sociales. Ambos partidos se legitimaban a sí mismos basándose en episodios heroicos del siglo XIX: los conservadores invocaban la Constitución de 1886 como garantía de prosperidad y estabilidad, mientras los liberales recordaban experimentos radicales de los decenios de 1860 y 1870 como ejemplos de creatividad y vitalidad. El funcionamiento a escala nacional de ambos partidos estaba garantizado por una prensa permanente, así nacional como regional, y complejas redes de organización de los partidos. Aparte de estos dos, el único partido que en 1930 comenzó una existencia duradera fue el pequeño Partido Comunista, que había surgido de la agitación del decenio de 1920. A resultas de la preponderancia del pequeño propietario en la sociedad rural, el limitado crecimiento urbano y la falta de inmigración europea en masa, la amenaza política a la oligarquía colombiana desde abajo era relativamente débil.

DEPRESIÓN Y COALICIÓN, 1930-1934

Antes de la crisis económica de principio del decenio de 1930, Colombia había vivido dos decenios de crecimiento inducido por las exportaciones. Entre 1925 y 1929 el crecimiento de las exportaciones fue especialmente impresionante; el volumen de las exportaciones de café creció en un 10 por 100 anual entre 19151918 y 1930-1933. La depresión mundial puso fin a este auge, que Alfonso López Pumarejo, futuro presidente liberal, llamó «la danza de los millones».

El crecimiento de los años veinte había sido un arma de dos filos. Si bien estabilizó el sistema político, desestabilizó el Partido Conservador, que llevaba medio siglo en el poder, al fomentar el faccionalismo, debido a que los ingresos del gobierno, aun habiendo aumentado, eran insuficientes para satisfacer las exigencias de todos los aspirantes al poder y al patronazgo. El presidente Miguel Abadía Méndez no consiguió reconciliar a las facciones conservadoras y tampoco hizo frente a un ministro de la Guerra que utilizó incidentes aislados de agitación revolucionaria y de incipiente radicalismo sindical para sembrar la alarma ante una supuesta revolución. Una serie de leyes represivas como las que precedieron a la guerra de los Mil Días (1899-1902) despertaron temores de guerra civil o de golpe militar que daría entrada a una dictadura como la de Juan Vicente Gómez en Venezuela. El trato brutal que se dispensó a los trabajadores en huelga de los sectores petrolero y bananero dio origen a protestas en el Congreso y a manifestaciones multiclasistas que inmovilizaron a un gobierno que ya estaba desacreditado. Las encarnizadas luchas intestinas, intensificadas por la corrupción administrativa, culminaron en una pugna por la sucesión entre dos facciones y candidatos conservadores en la campaña para las elecciones presidenciales de 1930.

Una nueva generación de liberales, hombres demasiado jóvenes para haber combatido en las guerras civiles de comienzos de siglo, aprovechó la oportunidad que les brindaban la división y la desmoralización de los conservadores, así como la crisis económica, para formar una alianza de base amplia. Ex combatientes de la guerra de los Mil Días y supervivientes de la derrota electoral de 1922, hombres de negocios excluidos del patronazgo de los conservadores, progresistas de la nueva generación, algunos campesinos independientes, artesanos y trabajadores urbanos se unieron para apoyar la candidatura bipartidista de la Concentración Nacional de Enrique Olaya Herrera. Con un programa que se caracterizaba por una visión optimista del porvenir de Colombia como nación en vías de industrializarse, con una fuerza laboral que se beneficiaba de las mejoras de la educación y la higiene públicas, pero carente de compromisos concretos sobre lo que pensaba hacer, Olaya derrotó a ambos candidatos conservadores. Algunos conservadores de clase alta, especialmente en Medellín, se reunieron alrededor de Olaya con el fin de restaurar la unidad en el seno de la clase gobernante, asegurar la continuidad de las buenas relaciones con Washington y anticiparse a cualquier golpe predatorio que pudiera ser fruto de la reducción de las asignaciones militares.

Olaya apaciguó a los conservadores, que estaban en mayoría en el Congreso, con una coalición en la cual recibieron tanto ministerios como el gobierno de algunos departamentos. El presidente ordenó que el secretario de gobierno de cada departamento perteneciera a un partido diferente de aquel en que militara el gobernador, que cada alcalde perteneciera al partido mayoritario en su municipio y que los jefes de policía de los departamentos fuesen profesionales sin raíces locales, y puso cuidado en no enemistarse con la Iglesia metropolitana, la cual, desacreditada por su imprudente injerencia en la campaña presidencial de 1930, se apartó temporalmente de la participación activa en la política. Estas medidas facilitaron la transición del gobierno conservador a otro liberal en Bogotá, a pesar del potencial para la agitación organizada que representaban los burócratas sin empleo y los artesanos que protestaban contra «el gobierno del hambre».

En otras partes los conflictos fueron feroces. En el departamento caribeño de Bolívar, por ejemplo, cuando en 1931 se celebraron las elecciones de mitad de mandato, los conservadores utilizaron con tanta eficacia viejas listas de registro para privar a sus adversarios del derecho de voto, que los liberales del lugar sacaron la conclusión de que era inútil que el gobierno central mediase siquiera. En los departamentos productores de café donde predominaban las propiedades pequeñas —Antioquia y Caldas— los productores de café se protegieron de los peores efectos de la depresión cultivando cosechas de subsistencia, pero en las ciudades de Medellín y Manizales no hubo sólo pugnas (especialmente en los ferrocarriles), sino que hubo también disturbios y huelgas. En los Santanderes y en el oeste de Boyacá, departamentos más pobres que los otros cuya característica principal era la autosuficiencia agraria, en 1930-1931 se reavivaron antiguas rencillas familiares y municipales entre liberales y conservadores que no habían dado señales de vida desde las elecciones presidenciales de 1922, y ambos partidos recurrieron al fraude y a la violencia, exacerbada por la parcialidad de la policía, con el fin de adquirir ventaja en las elecciones de mitad de mandato.

En otras partes del campo la crisis de 1931-1932 provocó invasiones de tierras y la posterior recuperación de las mismas en las zonas agrícolas más comercializadas: las zonas cafeteras de Sumapaz, Quindío, Huila y el norte de Valle; la zona ganadera de Sinú; y la bananera de las proximidades de Santa Marta. En las regiones productoras de café donde predominaban los grandes terratenientes —Tolima y el oeste de Cundinamarca— tres grupos políticos trataron de encauzar los agravios rurales: el unirismo (del UNIR, esto es la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria), movimiento de protesta capitaneado por el abogado radical Jorge Eliécer Gaitán, tenía aspiraciones imprecisas aunque ambiciosas en el campo del bienestar social, entre las que cabe señalar la promulgación de leyes sobre el salario mínimo y el derecho a una pensión después de veinte años de trabajo; el Partido Comunista fomentaba la formación de grupos de autodefensa para enfrentarse a los terratenientes; y también se fundó un partido nacional agrario, aunque nunca llegó a cobrar ímpetu.

El gobierno era objeto de presiones crecientes para que interviniese en el campo, donde las consecuencias de la depresión mundial se veían agravadas por la pérdida de confianza en la seguridad de la propiedad, lo cual provocó una caída de los valores de la tierra y de las inversiones rurales. A su vez esto amenazaba tanto los niveles de producción como la estabilidad de los bancos que eran los acreedores hipotecarios de las fincas. Olaya respondió ampliando los poderes ministeriales de revisión y arbitraje judiciales y poniendo en marcha una política de parcelación cuyo objetivo era tranquilizar a los bancos, los terratenientes y los ocupantes ilegales. El radicalismo de los campesinos disminuyó cuando los ocupantes ilegales y los peones rurales obtuvieron pequeñas propiedades por medio de la parcelación, la compra directa de los terratenientes y la colonización patrocinada por el gobierno. Jueces agrarios se encargaron de comprar fincas para subdividirlas y repartirlas entre once mil campesinos, principalmente en el oeste de Cundinamarca y el este de Tolima.

Olaya también hizo concesiones a los trabajadores urbanos. Considerando al presidente Abadía responsable de la agitación obrera a finales de los años veinte por haber abdicado del papel de árbitro, Olaya reconoció sindicatos, introdujo el derecho a la huelga y reforzó la oficina del Trabajo fundada en 1924. A pesar de ello, a partir de las postrimerías de 1933 hubo una oleada de huelgas en el sector público —entre los trabajadores portuarios de Barranquilla, los trabajadores fluviales del Magdalena y los trabajadores de los ferrocarriles del Pacífico, el Nordeste y Antioquia— y en 1934 las huelgas se propagaron al sector privado y afectaron a la fábrica de cerveza Germania y la fábrica de vidrio Fenicia de Bogotá.

La prudente estrategia de Olaya para la recuperación económica tenía por objetivo crear las condiciones que hicieran posible una nueva inyección de capital norteamericano que, junto con un poco de capital nacional reinvertido en la sustitución de importaciones permitiría recuperar el ritmo de crecimiento económico. El presidente estuvo decidido desde el principio a disipar los temores a una renovación del descontrol en la petición de empréstitos y del despilfarro de los años veinte, para lo cual cortó por completo la financiación central de los proyectos de obras públicas de los departamentos e impuso la responsabilidad central de los tratos con compañías extranjeras. Distanciándose de los nacionalistas económicos, Olaya arguyó que los proyectos nacionalistas sobre el petróleo de finales de los años veinte no podían ponerse en práctica durante la depresión, pues en aquellos momentos no existían otras fuentes de inversión extranjeras, la riqueza del petróleo ayudaba a sostener una posición relativamente fuerte de la moneda colombiana y los precios del café eran inestables. El gobierno se apresuró a promulgar leyes que concedían condiciones ventajosas a las compañías petroleras con la esperanza —que luego no se cumpliría— de que utilizaran su influencia en los bancos estadounidenses para que éstos concedieran nuevos créditos. En el período comprendido entre agosto de 1930 y septiembre de 1931 recomendó la segunda misión Kemmerer para reducir la demanda agregada y restringir el gasto público. Se adoptaron medidas fiscales cuya finalidad específica era proteger a ciertas industrias, tales como la de textiles de algodón. Esta política de contracción general tenía tres rasgos principales: el mantenimiento del patrón oro, la adhesión incondicional a las obligaciones de la deuda exterior asumidas durante el decenio de 1920 y la búsqueda de financiación a corto plazo tanto para aliviar las presiones que soportaba la cuenta de capital como para sostener proyectos de obras públicas seleccionados, todo lo cual tendía a agravar la crisis. La caída de los precios de la propiedad inmueble y la deflación crearon problemas para el sector bancario y para los deudores, y el incremento del paro en las zonas donde se suspendieron proyectos de obras públicas dio origen a protestas sociales. Mientras tanto, las reservas del Banco Central cayeron en un 80 por 100 entre 1929 y 1931, lo cual empujó a Olaya a cambiar de política. En septiembre de 1931 el gobierno aceptó el déficit fiscal, emitió moneda para financiar obras públicas que creasen empleo, intervino en las deudas privadas con aparente desventaja para los bancos e impuso restricciones cambiarías más rigurosas para mitigar la presión de las importaciones y poner coto al mercado negro de «dólares del café». También decidió suspender los pagos de capital a la cuenta de la deuda exterior y atender sólo a los intereses de algunos empréstitos. Los incrementos arancelarios hicieron subir los derechos sobre productos de importación de gran volumen y bajo precio como, por ejemplo, los textiles, campo en el que tanto los productores nacionales como los norteamericanos se vieron amenazados brevemente por la competencia de los japoneses. Mientras tanto, una reforma fiscal dispuso la creación, por primera vez en Colombia, del impuesto sobre la renta e impuestos progresivos sobre donaciones y herencias.

En 1932 dejó de seguirse la política ortodoxa. Se abandonó el patrón oro; se declaró una moratoria sobre la deuda exterior; se introdujeron restricciones cambiarías a los bancos y las compañías de oro; se incrementaron la deuda interna y el déficit presupuestario; y se restringieron las importaciones de alimentos. Finalmente, se ajustó el tipo de cambio a las presiones del mercado, lo cual produjo una devaluación real del 40 por 100 en 1933. Los efectos fueron inmediatos: el comercio exterior se equilibró al recuperarse las exportaciones de café y contraerse el volumen de las importaciones. Asimismo, la devaluación, y no la protección, fomentó el crecimiento de la industria.

La recuperación económica se vio amenazada durante un tiempo por una guerra con Perú (1932-1933) que provocaron los peruanos al apoderarse de territorio en litigio en Leticia, en la región del Amazonas. Sin embargo, la guerra resultó útil para Olaya. La influencia política de los civiles quedó confirmada por el buen fin del acuerdo diplomático a que se llegó con la ayuda de la Sociedad de Naciones, a la vez que la falta de una victoria militar contra Perú perjudicó el prestigio del ejército, reveló su falta de preparación para la guerra en las selvas tropicales y permitió a Olaya reducir la influencia de los conservadores aumentando el número de oficiales. El gobierno obtuvo un «empréstito patriótico» que incrementó tanto los gastos militares como la generación de empleo en el sur y el oeste, lo cual mitigó la agitación social, alivió la crisis fiscal y facilitó la deflación.

LÓPEZ Y LA REVOLUCIÓN EN MARCHA, 1934-1938

Los liberales utilizaron de forma calculada el patronazgo y la coacción en las circunscripciones marginales para ganar las elecciones al Congreso de 1933, en las que obtuvieron todos los departamentos excepto Antioquia, Caldas y Nariño. Animados por su primera mayoría desde hacía cincuenta años, los líderes del partido abandonaron la política de coalición y presentaron la candidatura partidista de Alfonso López Pumarejo para la presidencia en 1934.

López era demasiado joven para haber luchado en las guerras civiles. Era un hombre de negocios sin educación universitaria pero tenía experiencia en la banca, en el negocio del café, en la gestión política y en la diplomacia. Había adquirido renombre a escala nacional con una crítica iconoclasta de la política económica de los conservadores a finales de los años veinte, su participación en las elecciones de 1930 y el acuerdo de paz con Perú. López representaba a los grupos urbanos que se habían beneficiado de la prosperidad del decenio de 1920 y que, al ser testigos de la aplicación de una política anticuada en el país, habían empezado a sentir admiración ante los experimentos que otras democracias liberales llevaban a cabo para hacer frente a las consecuencias de la depresión: el New Deal en los Estados Unidos y la Segunda República en España. También reflejaba la consolidación de una clase alta nacional que sustituía a las élites regionales que rivalizaban entre sí y de la que formaba parte un núcleo de políticos que estaban bien situados en Bogotá para encargarse de las negociaciones entre los intereses regionales y los sectoriales.

López proclamó una «revolución en marcha» y ofreció un amplio programa reformista y social dentro del marco de una democracia liberal con una mayor participación política. Su programa se basaba en la existencia de un gobierno que respetara las leyes y de una oposición leal, condiciones que en decenios anteriores sólo se habían dado de forma irregular. El candidato liberal confiaba en que la continuación del crecimiento hiciese que los intereses propietarios aceptaran una reforma fiscal progresiva que sirviese para financiar la ampliación del estado central. Pretendía poner fin a los crecientes conflictos de clase por medio de una mayor intervención del estado. La reforma constitucional que propuso tenía por objeto tranquilizar a los que temían una vuelta a la política de federalismo y laissez faire que el partido liberal siguiera en el siglo XIX, así como satisfacer las exigencias de los militantes del partido que veían en la Constitución de 1886 el baluarte del conservadurismo y una barrera que impedía efectuar cambios institucionales.

La reforma de la educación se alzaba en el centro del programa social de los liberales. Convencido de que el monopolio virtual de la educación que ejercía la Iglesia era un factor importante del atraso económico, López intentó ganarse el apoyo de los votantes de las ciudades con promesas de ampliar el sistema de escuelas laicas de enseñanza primaria y de modernizar la Universidad Nacional. Parte de la izquierda liberal quería aplicar al sector público experimentos con el plan de estudios y los métodos pedagógicos que en el decenio de 1920 sólo se habían efectuado en establecimientos innovadores del sector privado, tales como el Gimnasio Moderno y la Universidad Libre. Existía la opinión generalizada de que había que recuperar la educación para ponerla al servicio de fines nacionales.

López también propuso la ampliación del voto masculino y albergaba la esperanza de que una distribución inteligente de los beneficios del patronazgo le granjeara el apoyo de quienes recibieran por primera vez el derecho de votar. Además, los liberales prometieron leyes agrarias que redistribuirían entre los sin tierra las partes de los latifundios que no se cultivaban, política visiblemente dirigida a consolidar el voto liberal entre una nueva clase de agricultores campesinos independientes, a aumentar la producción agrícola y la productividad y a estabilizar los precios de los alimentos para los consumidores urbanos.

El Partido Conservador, desorientado, llevó a cabo una oposición simplemente de trámite y no pudo competir con el candidato, el programa, la organización y el control del patronazgo de los liberales, por lo que acusó a éstos de hacer trampas con las fronteras de las circunscripciones y se abstuvo de concurrir a las elecciones presidenciales para ahorrarse una derrota humillante. López tomó posesión del cargo y en agosto de 1934 empezó a poner en práctica su audaz programa.

El mundo del trabajo en las ciudades planteaba problemas de difícil solución. A pesar del paro urbano que causaba la depresión, persistía la migración del campo a las ciudades y la población de éstas aumentaba sin parar —la de Bogotá aumentó en un 4,3 por 100 anual entre 1918 y 1938; la de Medellín, en un 3,7 por 100, la de Cali, en un 4,2 por 100; la de Barranquilla, en un 4,4 por 100—, por lo que en 1938 había entre 340.000 y 370.000 artesanos, entre 80.000 y 100.000 trabajadores de fábrica y 46.000 en el ramo del transporte. La mayor tolerancia de la organización del trabajo fue acompañada de rivalidad en pos de influencia sobre el trabajo entre el ala radical del Partido Liberal, los comunistas y los «uniristas», lo que poco a poco fue reencauzando la agitación desarticulada que socialistas y anarquistas protagonizaran en el decenio de 1920. La izquierda liberal hizo progresos entre los trabajadores ferroviarios; los comunistas, en los sectores cervecero y de la construcción; el «unirismo», en los sectores de la energía eléctrica, los textiles y la repostería en Bogotá.

El gobierno de López alarmó sectores de las clases propietarias al no defenderlos automáticamente contra una oleada de huelgas entre los trabajadores del transporte, la construcción, la elaboración de cerveza y la industria textil en 19341935, así como al apoyar algunas demandas de mejoras de los salarios y las condiciones de trabajo. Es claro que López y su ministro de la Gobernación, Alberto Lleras Camargo calculaban que, en primer lugar, reforzando la maquinaria de arbitraje y conciliación, aumentarían el poder intervencionista del estado central; que, en segundo lugar, mediante el arbitraje a favor de grupos seleccionados de trabajadores consolidarían un grupo permanente de votantes «lopistas»; y que, en tercer lugar, financiando los congresos y otras actividades de una nueva confederación del trabajo, podrían evitar la aparición de un movimiento obrero autónomo que representara una amenaza grave para el estado y la clase gobernante. De hecho, estaban cortejando a una «aristocracia del trabajo», así como asegurando el privilegio relativo de una minoría de trabajadores bien organizados y capaces de expresar con claridad lo que querían. Se fundó una confederación libre de trabajadores, la Confederación Sindical Colombiana (CSC), que en 1938 fue rebautizada con el nombre de Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).

El gobierno no tenía una estrategia coherente para afrontar los problemas agrarios. Improvisó con menos éxito, quizá porque sus líderes estaban menos familiarizados con los problemas rurales, quizá porque eran más intransigentes o quizá porque la influencia del estado era demasiado restringida. La Administración López conservó las prácticas de conciliación que aplicara Olaya y aprobó la formación de ligas de campesinos en el oeste de Cundinamarca y Tolima; se adoptó un método parecido para las plantaciones de caña de azúcar del valle del Cauca, donde la rápida proletarización ocurrida en el decenio anterior fue acompañada de conflictos entre la patronal y el trabajo.

La política agraria «olayista» ya había amortiguado la mayor parte del radicalismo campesino. La Ley 200 de 1936 intentó ahora garantizar la producción rural y tranquilizar tanto a los grandes terratenientes como a los colonos. Aunque la ley dejó en paz el sistema de latifundios y, de hecho, legitimó la usurpación de tierras públicas durante el siglo XIX, protegió a los colonos del desposeimiento. El gobierno expresó interés en crear granjas familiares (y, de hecho, disfrutó del apoyo electoral de elementos del campesinado), pero no tomó ninguna iniciativa significativa para parcelar los latifundios. Tampoco puso obstáculos a la proletarización de terrazgueros y aparceros. La Ley 200 definió la utilización de la tierra, en vez de su distribución, como prioridad y estipuló que cualquier propiedad que no se explotara al cumplirse un decenio de la entrada en vigor de dicha ley volvería al dominio público.

El atractivo multiclasista de la revolución en marcha no ocultaba que su tendencia era generalmente favorable al empresariado. En la segunda mitad del decenio de 1930 la industria manufacturera creció a un ritmo que no tenía precedentes y que nunca se repetiría —el 12,6 por 100 anual— a resultas de las oportunidades excepcionales que creó la crisis mundial. La inversión nacional se vio complementada cuando algunos capitalistas extranjeros aprovecharon las condiciones de elevada rentabilidad, aranceles altos y salarios bajos. El crecimiento industrial y la iniciativa no fueron efecto directo de una política planificada, sino consecuencias involuntarias y fortuitas de medidas cuya finalidad era reforzar la balanza de pagos, restaurar las finanzas públicas y reavivar la producción nacional de alimentos. La reforma fiscal de 1935 y las leyes sobre el crédito de López a veces se han interpretado mal como medidas dirigidas de modo específico al sector industrial. No deben sacarse conclusiones erróneas sobre los objetivos pro industriales de la política económica basándose en la industrialización de los decenios de 1930 y 1940.

El lenguaje intervencionalista y populista de López ha convencido a muchos observadores de que en los años treinta subió al poder una burguesía industrial progresista que se oponía al sector dedicado a las exportaciones e importaciones agrícolas. Es una creencia sin fundamento. En cuanto se detectaron señales claras de recuperación, el gobierno López optó por liberalizar la economía. Pese a ser intervencionista declarado en cuestiones fiscales, agrarias y laborales, López era más librecambista que proteccionista, como quedó claro al tomar la decisión de desmantelar los controles de cambios en 1935. Las nuevas inversiones extranjeras fueron liberadas de las restricciones a las remesas de beneficios y de la obligación de vender el 15 por 100 de sus acciones de conformidad con el tipo de cambio, y estas medidas fomentaron nuevas inversiones por parte de las compañías petroleras y bananeras que poseían fondos bloqueados en pesos y anteriormente no habían tenido ningún incentivo para proceder a la expansión.

La revolución en marcha dejó la retórica pro norteamericana que había predominado hasta entonces. Colombia participó con entusiasmo en la Sociedad de Naciones y el primer gobierno López intentó diversificar los vínculos exteriores: la proporción de exportaciones de café a países diferentes a los Estados Unidos subió del 8 por 100 en 1925-1929 al 24 por 100 en 1935-1939. Y entre 1935 y 1938 se estableció un lucrativo comercio con Alemania basado en marcos de compensación. Por lo demás, con todo, la penetración económica estadounidense se hizo más fuerte y más amplia. Bancos norteamericanos se encargaron de financiar el comercio exterior. El tratado comercial de 1935 fue ventajoso para los Estados Unidos en nuevos campos de la exportación de productos manufacturados —productos químicos, metalúrgicos, automóviles y camiones— a cambio de la entrada de café libre de derechos en el citado país. Aquel mismo año más de la mitad de las importaciones colombianas procedían de los Estados Unidos. La industria petrolera seguía dominada por compañías norteamericanas, y en 1936 una serie de leyes nuevas aclararon la posición de las mismas y reactivaron la inversión cuando las condiciones en el mercado mundial fueron propicias. La compañía Pan American World Airways se hizo con el control de la SCADTA, que era de propiedad alemana, y el capital estadounidense penetró en las empresas de servicios públicos, principalmente en las de energía eléctrica. La transición de la construcción de ferrocarriles a la de carreteras favoreció los intereses norteamericanos, ya que proporcionó oportunidades para firmar contratos de ingeniería, además de aumentar los mercados para los fabricantes norteamericanos de automóviles y camiones en un país cuyo índice de utilización de los ferrocarriles era uno de los más bajos de América Latina.

El único punto de fricción fue el sector bananero. López aprovechó astutamente un conflicto con la United Fruit, al que se dio mucha publicidad, para mostrar sus credenciales como nacionalista económico. Cuando la compañía Magdalena Fruit, subsidiaria de la United Fruit, intentó hacer caso omiso de las leyes que restringían el número de extranjeros en las nóminas, el gobierno respondió introduciendo propuestas para que el control del estado abarcase también la producción y la comercialización y para permitir la expropiación en aras del interés público. Sin embargo, poco se beneficiaron de ello los productores independientes de bananas y la disputa seguía sin resolverse en 1939, momento en que quedó congelada a causa de la crisis del transporte marítimo que causó la segunda guerra mundial. La campaña del departamento de Estado norteamericano cuya finalidad era mitigar la imagen negativa de la United Fruit consiguió, como mínimo, evitar que la reputación de dicha compañía perjudicara a otras empresas norteamericanas.

El atrevido programa legislativo de la Administración liberal dio nueva vida a la oposición. El proyecto de reforma constitucional de López volvió a unir al Partido Conservador, que vio en él un instrumento para perpetuar el liberalismo en el poder, e infundió nuevos ánimos a los jerarcas de la Iglesia, que interpretaron que la decisión de eliminar el nombre de Dios del preámbulo de la Constitución era una amenaza a la condición privilegiada de la Iglesia. El conflicto eclesiástico se intensificó a causa de la reforma de la educación, que fue acogida como un ataque directo contra la influencia que la Iglesia ejercía en ella. A nivel local, los curas párrocos y los conservadores se unieron para condenar el nombramiento de ateos y socialistas como maestros e inspectores de escuelas, la educación mixta y el ofrecimiento de oportunidades de recibir educación a las mujeres así como la publicación de materiales supuestamente pornográficos por parte del ministerio de Educación. Tanto el clero secular como las órdenes religiosas revisaron sus sistemas de escuelas primarias y secundarias, y se inauguraron universidades confesionales en Bogotá y Medellín como respuesta de la Iglesia a las iniciativas seculares. Mientras tanto, las leyes fiscales y agrarias chocaron con la resistencia empecinada de los intereses propietarios en ambos partidos; y la Ley 200 de 1936 fue amplia y erróneamente interpretada como un ataque a los derechos de propiedad.

El torpe intento que hizo el régimen liberal de introducir a FEDECAFE en el sistema de patronazgo del estado fue objeto de críticas bipartidistas procedentes del sector del café, que estaba decidido a preservar la neutralidad del grupo de presión y cierto grado de autonomía respecto a la intervención del estado. Hubo ataques contra el conjunto de la política cafetera, especialmente por parte de la figura más destacada de la industria, Mariano Ospina Pérez. Contra los argumentos del gobierno a favor de un acuerdo con Brasil que fijara los precios y restringiera las ventas mientras los mercados fueran inseguros, Ospina alegó que la demanda de «suaves» colombianos se hallaba en expansión y no estaba relacionada con el exceso de producción en Brasil. Andando el tiempo se llegó a un acuerdo con Brasil para fijar los precios, y FEDECAFÉ hizo compras importantes de excedentes de café, hasta que agotó sus fondos y, en 1937, se vio obligada a romper el acuerdo.

Sin estar aún segura de la lealtad de los oficiales del ejército, la revolución en marcha emprendió una reforma militar cuya finalidad era elevar la competencia técnica del ejército en el caso de otro enfrentamiento con Perú. También llevó a cabo una reforma de la policía para asegurarse un apoyo armado en caso de que la oposición recurriese a la violencia. Sin embargo, la decisión de aumentar el poder del cuerpo de la policía nacional, que desde 1933 estaba integrado por liberales leales, y convertirlo en una fuerza paramilitar al estilo chileno enfureció a los oficiales del ejército, a quienes seguía escociendo la revelación, durante la guerra de Leticia, de la poca seriedad de su supuesto profesionalismo. En abril de 1936 hubo un intento de golpe de Estado a cargo de una minoría de oficiales con cierta connivencia de los conservadores que no dio resultado debido a la rápida actuación del gobierno y a la chapucería de los conspiradores, aunque sí consiguió que se hicieran algunos cambios de política.

El gobierno liberal absorbió a gran variedad de liberales individualistas y colectivistas, anticlericales radicales y unos cuantos socialistas evolucionistas. El «unirismo», después de obtener menos de 4.000 votos frente a los 447.000 del partido Liberal en las elecciones de 1935 para el Congreso, fue cooptado poco a poco por el partido gobernante. El Partido Comunista quedó dividido cuando en 1935 el Cominterm decidió formar alianzas frentepopulistas con partidos democráticos de signo burgués para hacer frente al fascismo. Abogando por una alianza frentepopulista con los capitalistas por encontrarse Colombia en el umbral de una etapa «burguesa-democrática», los líderes comunistas opusieron poca resistencia a la única condición que Lleras Camargo puso para la formación de un frente popular: que los sindicatos comunistas solicitaran el reconocimiento judicial y repudiasen las ocupaciones de fábricas. El Partido Liberal era claramente el socio principal en el pacto. Los límites de la influencia política del Partido Comunista los demostraron los resultados que su candidato obtuvo en las elecciones presidenciales de 1934 (apenas 1.000 votos) y la falta de repercusión de una huelga nacional de trabajadores del café convocada durante la recolección en agosto del mismo año. Aunque nunca fue institucionalizado, el frente popular tenía una realidad tangible que podía verse en las manifestaciones públicas conjuntas, en la financiación gubernamental de congresos sindicales (Medellín, 1936; Cali, 1938) y en la decisión de imponer un modelo de democracia parlamentaria a la CTC, cuyo comité ejecutivo estaría formado por ocho liberales, cuatro comunistas, tres socialistas y un anarcosindicalista.

El descontento entre ciertos sectores empresariales que tenían la impresión de que el gobierno no los apoyaba instintivamente contra el trabajo organizado fue la causa de que se fundara la Acción Patriótica Económica Nacional (APEN), que exigió a la Administración que gobernase explícitamente a favor del sector privado, así como la vuelta al liberalismo no intervencionista. Sin embargo, el foco principal de la oposición siguió siendo el Partido Conservador, que en aquellos momentos estaba reavivando Laureano Gómez Castro, hombre que no tenía nada que ver con el desastre electoral de 1930 y que en otro tiempo había sido amigo de López. Notable orador en el Congreso y en los mítines públicos, Gómez presentaba la época de predominio conservador de antes de 1930 como un período de moderación y orden con sentido, y acusaba a la república liberal de experimentación temeraria que recordaba la anarquía de los decenios de 1860 y 1870. Criticaba la timidez de sus colegas conservadores y fundó un nuevo periódico bogotano, El Siglo, para hacer frente al prestigioso diario liberal El Tiempo, que era propiedad de Eduardo Santos. Gómez probó nuevas técnicas de oposición —campañas en masa de recogida de firmas y manifestaciones públicas— con el fin de sostener el interés del público y ganar adeptos en el electorado amplio. También fomentó las relaciones con clérigos ultramontanos y con las élites provinciales, en quienes sembró la inquietud diciéndoles que un gobierno «sovietizante» representaba una amenaza para la santa propiedad y agrandaba las disparidades entre la ciudad y el medio rural, de tal modo que las ciudades, que eran predominantemente liberales, gozarían de forma desproporcionada de los beneficios de la recuperación económica y, por ende, arrebatarían la mano de obra —y los votantes— del campo, donde predominaban los conservadores. Gómez apeló a los sentimientos católicos denunciando al ministro de Educación, Darío Echandía, por francmasón, y condenando a los inspectores de escuelas diciendo que eran cruzados del ateísmo que representaban al Partido Liberal y al gobierno central, en vez de ser especialistas en educación. En el plano internacional, la tendencia al colectivismo liberal en la revolución en marcha se comparaba a menudo con la Segunda República española y el New Deal; Colombia terminaría «entre México y Rusia».

El empleo de la coacción electoral por parte de algunos caciques regionales liberales como Carlos Barrera Uribe en Caldas, las discrepancias partidistas en la inscripción electoral, la censura de radio y los actos de violencia contra periódicos regionales de signo conservador fueron factores que estimularon el crecimiento de grupos de jóvenes derechistas que movieron al Partido Conservador en una dirección autoritaria. Gómez, que se presentaba como árbitro entre las facciones autoritaria y democrática del partido, persuadió a los conservadores a abstenerse de participar en las elecciones de la mitad del mandato, tal vez con la esperanza de que la falta de una oposición en el Congreso provocase la fragmentación del Partido Liberal. También predicó la no cooperación y la oposición pasiva siguiendo el ejemplo de Gandhi.

El enfrentamiento alcanzó su apogeo en agosto de 1935 durante una manifestación de católicos con motivo del congreso eucarístico celebrado en Medellín, foco del compromiso religioso de las masas. Alentado por el ejemplo de la derecha en España e irritado por las provocaciones anticlericales en la ciudad, el clero conservador, a cuya cabeza se hallaba el obispo auxiliar de Bogotá, Juan Manuel González Arbeláez, recurrió al lenguaje insurreccional en los discursos que dirigía por radio a toda la nación. Los choques intermitentes entre un clericalismo dogmático y un laicismo doctrinario amenazaban con dar paso a un conflicto civil más generalizado y dañino que la rebelión de los cristeros en México. El gobierno se apresuró a tender la mano a los elementos más acomodaticios de la Iglesia metropolitana, encabezados por el arzobispo primado, Ismael Perdomo, que seguía la política de Pío XI, consistente en hacer concesiones a los liberales en un mundo donde las principales amenazas que se cernían sobre el catolicismo procedían del comunismo y del nazismo. Al mismo tiempo, los conservadores de las clases altas, temiendo que la inestabilidad política amenazara la recuperación económica, opusieron resistencia a las zalamerías del clero y ejercieron una influencia moderadora en los militantes locales. Así pues, los conflictos políticos se amortiguaron desde el centro.

En 1937 la revolución en marcha ya había perdido su ímpetu reformista. Atrapado entre las presiones de los activistas radicales y el imperativo de obtener mayorías para que sus leyes fueran aprobadas en un Congreso dominado por los intereses propietarios, el gobierno estaba preocupadísimo a causa de los problemas de la supervivencia cotidiana. El equilibrio de poder dentro del Partido Liberal pasó de los reformistas a los consolidadores al frente de los cuales, después de la muerte de Olaya en 1937, se encontraba Eduardo Santos, que tranquilizó a una clase alta alarmada por las técnicas populistas de López y Gómez. Santos insistió en la disciplina de la maquinaria del partido, recalcó el ascendiente indiscutido del sector privado y rechazó el frente popular alegando que dividía al Partido Liberal y lo desviaba hacia la izquierda. Obligado a ponerse a la defensiva por una breve caída del precio del café en 1937, el gobierno optó por consolidar el apoyo de los empresarios a costa de su base popular. La tendencia de la política laboral favorecía ahora a los patronos. Se abandonaron algunas reformas, otras no recibieron la aprobación del Congreso y se disolvió la APEN, pues ya no tenía razón de ser.

En 1938 se amplió la política de liberalización económica. Las compañías extranjeras gozaban ahora de libertad para remitir beneficios, ganancias e intereses sobre los fondos traídos del extranjero; y se mitigaron las leyes relativas a las exportaciones de oro y a las divisas extranjeras. Se suspendieron algunas de las restricciones que pesaban sobre los importadores y los exportadores y se modificó el tipo de cambio para ponerlo en línea con las oscilaciones del precio del café, que había descendido en un 30 por 100 entre 1934 y 1935. Las tensiones entre el estado y FEDECAFÉ se resolvieron mediante un nuevo acuerdo en virtud del cual FEDECAFÉ disfrutaría de influencia en la política cambiaría y en la diplomacia del café a la vez que el estado desempeñaría un papel más importante en las decisiones de FEDECAFÉ. La permanencia de esta relación quedó asegurada al aceptar el estado la preeminencia del café y también por la continuidad de la dirección de FEDECAFÉ —Manuel Mejía fue su director de 1937 a 1957, y su sucesor, Arturo Gómez Jaramillo, lo fue de 1957 a 1980—, que evitó la burocratización y el sectarismo político.

El principal efecto de los gobiernos Olaya y López fue persuadir a algunos sectores de la clase alta de que era posible alcanzar el desarrollo sin recurrir al autoritarismo. Algunos sectores de dicha clase se convencieron de que la resolución de las disputas mediante la negociación y las concesiones recíprocas, y las nuevas prácticas de gestión política eran más apropiadas a las circunstancias de Colombia que la coacción. Al mismo tiempo, López, que poseía una eficaz y original capacidad de comunicación, dio el tono de la política más personalizada que habría entre mediados de los años treinta y principios de los cincuenta, período durante el cual una serie de caudillos civiles dominantes, tanto liberales como conservadores, competirían entre sí por conquistar al electorado de masas. Puede que una minoría de conservadores añorase la época comprendida entre 1910 y 1930 por su auténtica moderación democrática en marcha como los años en que sus aspiraciones recibieron expresión en el seno del gobierno por primera vez, aun cuando sólo se hicieran realidad de forma incompleta.

Ahora predominaba un lenguaje de intervención y arbitraje. De hecho la primera Administración López despertó las expectativas populares de un estado que tuviera la obligación de redistribuir la riqueza entre las clases y dentro de ellas, además de capacidad de funcionar como mecanismo para la distribución de la renta. Sin embargo, los límites de la intervención del estado eran muy claros: en muchos sentidos, el gobierno era el socio menor del sector privado, donde predominaba una ideología de liberalismo económico; la inversión en el sector público era baja en comparación con las pautas mexicanas o brasileñas; y existían aún, intactos, algunos feudos locales que avergonzaban a los demócratas auténticos. Ejemplo claro de los límites del reformismo liberal eran los problemas del campo. A corto plazo, la estabilidad rural era incierta. En 1938-1939 las tensiones entre las comunidades indígenas y los ganaderos de Cauca, Huila y Tolima, por ejemplo, fueron acentuadas. La paz temporal entre los rancheros invasores y las pequeñas bolsas de resistencia india que aún existían sólo se logró mediante el reconocimiento defacto de los resguardos que se restauraron en Ortega y en partes de Chaparral. A largo plazo, la política liberal agudizó las divisiones al crear un problema consistente en el acceso diferencial a los recursos productivos. Para los colonos fue un agravio ver que, a diferencia de los ganaderos, tenían poco acceso a las nuevas facilidades crediticias rurales; la distancia entre los ingresos de los campesinos prósperos y los peones rurales se hizo mayor; y, debido a las leyes sobre las herencias, las granjas pequeñas que se habían creado en el decenio de 1930 fueron subdivididas en minifundios que no tenían ningún futuro. Los agudos problemas del decenio de 1930 se agravaron debido a una decisión que se tomó en 1944 para modificar la Ley 200 de 1936 con el fin de suspender indefinidamente la cláusula que hacía referencia a la utilización de la tierra. Empezaban a cobrar forma las condiciones que darían origen a la violencia de la posguerra.

En algunas cosas importantes, los dirigentes de la revolución en marcha cometieron errores de cálculo. No acertaron a traducir el lenguaje democrático en realidades: el partidismo conservador fue substituido por el partidismo liberal; la tolerancia y el respeto mutuo eran cualidades que no podían imponerse a los jefes regionales. El gobierno se equivocó al juzgar la tenacidad de los vínculos heredados en las localidades, y no acertó a comprender las consecuencias que en éstas tenían las decisiones políticas nacionales. El intento de sostener una coalición multiclasista fracasó al renegociarse las decisiones políticas dentro de un círculo limitado, el cual, al recuperar la iniciativa que pareciera perdida en 1935-1936, venció por medio de maniobras al ala radical de ambos partidos tradicionales. En consecuencia, la protesta tanto de la izquierda como de la derecha no pudo expresarse con eficacia y el resentimiento causado por la no satisfacción de las expectativas despertadas en los años treinta perduró hasta entrado el decenio de 1940.

EL LIBERALISMO EN RETIRADA, 1938-1946

Eduardo Santos era el epítome de un tipo de liberalismo prudente que resultaba tan aceptable para las clases propietarias conservadoras que éstas no presentaron ningún candidato rival en las elecciones presidenciales de 1938, si bien en los departamentos occidentales se consideró brevemente la candidatura de Ospina Pérez. La reivindicación del liderazgo del régimen liberal por parte de Santos se basó en haber organizado el renacimiento del partido en 1929-1930 y encontró escasa oposición. Santos buscaba el consenso cultivando cuidadosamente las relaciones con los caciques liberales e identificándose con las aspiraciones profesionales de la clase media urbana. Se hizo un esfuerzo significativo por reformar la política interior, en especial por parte del enérgico ministro de Hacienda, Carlos Lleras Restrepo. El ejemplar comportamiento electoral de la Administración persuadió a los conservadores a participar en las elecciones de mitad del mandato en 1939. Sin embargo, no lograron una recuperación significativa, lo cual se debió a que las clases propietarias conservadoras se encontraban neutralizadas por las medidas y a la vez veían con malos ojos el intento que hacía Laureano Gómez de agudizar la marchita distinción entre los partidos provocando una respuesta intransigente de los «godos» a incidentes aislados de violencia instigada por la policía.

Las opciones de la Administración Santos disminuyeron inmediatamente al estallar la segunda guerra mundial. Los ingresos del estado cayeron al cerrarse los mercados europeos. La economía pasó a depender mucho de las exportaciones de café al mercado estadounidense y de una amplia variedad de manufacturas importadas de los Estados Unidos; el compromiso ideológico coincidió con los intereses del sector de la exportación para hacer del régimen de Santos el más firme partidario de los aliados en América Latina.

A finales del decenio de 1930 la economía colombiana gozaba de la recuperación de los efectos de la depresión y esta recuperación tenía sus bases en la buena gestión y en la expansión de las exportaciones de café. Durante la guerra, el crecimiento del PIB descendió ligeramente a causa de la crisis agrícola, las restricciones a los gastos en obras públicas y a la contratación de la producción de petróleo después de 1942. Al mismo tiempo, el aislamiento causado por la guerra empujó a tomar medidas para asegurar la continuidad del proceso de sustitución de importaciones. Se mejoraron los controles cambiarios y se aplicaron varios sistemas —licencias de importación, clasificación de mercancías, tipos de cambio diferenciales, asignación de divisas extranjeras— con el objeto de restringir las importaciones de bienes de consumo final. Con la creación del Instituto de Fomento Industrial (IFI) por iniciativa de Carlos Lleras en 1940 el estado se convirtió en inversionista industrial en las ramas básicas y complementarias de la industria que los inversionistas privados no consideraban atractivas debido al coste inicial, al riesgo y a la lentitud con que maduraba la inversión. Las tasas de inflación moderadas —el 12 por 100 anual entre 1940 y 1950— brindaron un entorno apropiado para acumular capital industrial. Y había ya tendencia a la concentración. Según el censo industrial de 1945, entre más de 7.000 establecimientos industriales, 120 unidades grandes representaban un capital desembolsado de aproximadamente 550 millones de dólares norteamericanos; el 43,6 por 100 del total de la inversión en textiles se hallaba localizado en dos compañías de Medellín, Coltejer y Fabricato; el 77 por 100 de la inversión en la elaboración de tabaco en Coltabaco; y el 61 por 100 de la producción de bebidas en la fábrica de cerveza Bavaria de Bogotá.

La pérdida de ímpetu reformista y una caída en el partidismo rutinario señalaron el final de la república liberal y el principio de un renacimiento conservador. Al reducirse las opciones políticas, el debate se hizo cada vez más personalista. El contraste entre el estilo franco y sincero de López y la personalidad introspectiva de Santos ayudó al primero a obtener la candidatura presidencial de los liberales para las elecciones de 1942. Los conservadores, que aún eran clara minoría, confiaron en una alianza con liberales «antilopistas», cuyo candidato se apoyaba en un programa que apenas se distinguía del de López. Este último ganó en una lid que fue violenta. El nuevo gabinete se hallaba dominado por hombres de negocios y profesionales que habían prosperado al recuperarse el país de la depresión y estaba organizado de tal modo que sólo se hizo una concesión significativa a la masa liberal: el nombramiento de Jorge Eliécer Gaitán, alcalde de Bogotá en el primer gobierno López y ministro de Educación bajo Santos, para el cargo de ministro de Trabajo.

Una vez elegido, López tuvo que enfrentarse otra vez a Gómez. Éste desenterró las técnicas de la política de enfrentamiento que habían obstaculizado la revolución en marcha, sacó partido del encogimiento de la base del patronazgo liberal e hizo campañas, tanto en el Congreso como en la prensa, contra la corrupción en las altas esferas. Se valió de las propuestas de reforma del concordato con el Vaticano para reconstruir sus vínculos con el bajo clero. Gómez acusó al gobierno de traicionar las susceptibilidades católicas de la nación y de aprovechar las circunstancias bélicas para negar al papa Pío XII información sobre la opinión colombiana. Al mismo tiempo, Gómez adoptó una postura internacional agresiva con el claro objetivo de atraer a hombres de negocios y pequeños productores que se beneficiaban poco de la conexión con los Estados Unidos y miraban con hostilidad los privilegios concedidos al sector de la exportación. Despertando recuerdos dormidos de la pérdida de Panamá, acusó a los Estados Unidos de utilizar la guerra para intensificar su penetración económica en América Latina y arguyó que una pobreza autónoma era preferible a la degradación cultural y el materialismo de los vínculos estrechos con las potencias «anglosajonas». Un ataque indirecto a la nueva práctica de formar empresas conjuntas entre el capital norteamericano y los fabricantes nacionales situados principalmente en Medellín tenía por objeto desacreditar a López y enfurecer a los intereses propietarios conservadores de Antioquia, que no acababan de decidirse a aprobar la política «laureanista». Gómez alarmó a los liberales y a los aliados forjando vínculos con la legación española, dando espacio a periodistas franquistas en su periódico y participando de vez en cuando en rituales falangistas.

Gómez también buscaba aliados en la oficialidad del ejército. Preocupados por la falta de preparación del ejército en el caso de que América Latina se convirtiera en uno de los teatros de la guerra, los oficiales estaban furiosos a causa de la preferencia clara de López por el cuerpo de policía, por su injerencia en los ascensos y por sus amenazas de reducir el ejército a la condición de simple accesorio de la policía. Los oficiales también se sentían aislados del Congreso, que diez años antes aún contenía ex combatientes de la guerra de los Mil Días que representaban a los militares, cosa que nadie hacía ahora. Estas frustraciones culminaron en un fallido intento de golpe de Estado en 1944, durante el cual soldados disidentes tuvieron a López secuestrado brevemente en Pasto y Darío Echandía, que asumió temporalmente la presidencia, declaró el estado de sitio. Durante los posteriores consejos de guerra no se descubrieron pruebas de participación directa del clero o de civiles en la intentona, aunque sí se hallaron indicios de una conspiración militar a escala nacional. El golpe fallido reveló la marcada división que existía entre los conservadores que poseían propiedades y que se pusieron al lado de López empujados por el miedo a la inestabilidad política y los «godos», que pensaban en algún confuso plan de acción armada. La pasada incitación a la violencia proporcionó a los liberales un pretexto para tener a Gómez detenido durante un breve tiempo y para cerrar su periódico durante varios meses.

El inseguro régimen liberal se sostenía gracias al apoyo del Congreso. Pero a medida que fueron agudizándose los problemas económicos causados por la guerra, empezó a resultar obvio que lo único que podía hacer el gobierno para mitigar el descontento popular, tanto en las ciudades como en el campo, era gravar con impuestos precisamente a los grupos de cuyo apoyo dependía para seguir en el Congreso. Sus fracasos estimularon el crecimiento de la oposición en la izquierda. Los comunistas, a los que todavía se toleraba mientras la Unión Soviética y los Estados Unidos combatían en el mismo bando, hicieron progresos entre los sindicalistas y alcanzaron el mayor éxito electoral de su historia entre 1943 y 1945. Pero el principal beneficiario fue Gaitán, que, después de captar partidarios en Bogotá durante sus tiempos de alcalde y entre los líderes obreros cuando era ministro de Trabajo, creó un movimiento personalista dentro del Partido Liberal. Calculando que podía ejercer más influencia dentro del partido que fuera de él, Gaitán cortejó a los elementos principalmente urbanos que se habían distanciado de las maquinarias políticas «íopista» y «santista» y que tenían la sensación de que los gobiernos liberales habían defraudado sus expectativas radicales.

La disposición del gobierno a utilizar el ejército y la policía contra los huelguistas le enemistó con los sindicalistas combativos. Sin embargo, el movimiento hacia la autonomía sindical no adquirió ímpetu debido a los conflictos entre facciones liberales y entre los liberales y los comunistas y a pesar del patronazgo y la coacción del gobierno. Al mismo tiempo, un segmento derechista de la clase alta puso en marcha una «cruzada anticomunista» con el apoyo de la Iglesia católica; y la fragmentación en el seno de la CTC alentó a la Iglesia a fomentar la colaboración entre las clases por medio de la formación de sindicatos católicos que intensificaron aún más la rivalidad entre los que buscaban el apoyo de la clase obrera. Los sindicatos católicos que había en las fábricas textiles de Medellín eran fuertes y constituían la base para una nueva confederación sindical católica, la Unión de Trabajadores Colombianos (UTC), fundada por los jesuitas en 1946 para hacer frente a la CTC. Los «gaitanistas» también dieron vueltas a la idea de fundar una confederación rival.

Durante el período 1944-1945 la prensa liberal no titubeaba en acusar a los líderes conservadores de ser criptofascistas. Y, de hecho, los argumentos «laureanistas» en el sentido de que las instituciones liberales estaban anticuadas y la democracia liberal era una patraña daban verosimilitud a la acusación. Las ideas corporativas atraían a grupos que consideraban que el parlamentarismo era un engaño detrás del cual se escondía la preservación de los privilegios oligárquicos mediante cínicas negociaciones. Convencido de que la temperatura política sólo podía bajar si la disputa entre Gómez y López dejaba de ocupar el centro del debate, este último dimitió en agosto de 1945. Le sucedió el presidente en funciones, Alberto Lleras Camargo, ministro destacado en ambas Administraciones de López, que reformó el gabinete para dar cabida a tres ministros conservadores.

Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre un solo candidato para las elecciones presidenciales de 1946, los liberales presentaron dos —Gaitán y Gabriel Turbay—, ninguno de los cuales contaba con la aprobación de López, Santos o El Tiempo. Los conservadores cubrieron sus apuestas. Temiendo la posibilidad de que los liberales recurrieran a la guerra civil si Gómez era elegido presidente, los «laureanistas» decidieron confundir a sus adversarios primero respaldando a Gaitán y luego, en el último momento, apoyando la candidatura de Mariano Ospina Pérez con su lista de candidatos de dos partidos. La victoria de Ospina, aceptable a los ojos de la clase alta de ambos partidos principales, convenció a muchos liberales, que habían tenido el poder durante un decenio y medio, de que Gómez finalmente había sido más listo que ellos.

LA COALICIÓN, EL BOGOTAZO Y LOS PRINCIPIOS DE LA VIOLENCIA, 1946-1950

Al principio Mariano Ospina tranquilizó a las élites comerciales siguiendo una política que estaba concebida para aprovechar las nuevas posibilidades que ofrecía la recuperación de la economía internacional en la posguerra. Se ganó la aprobación del mundo de los negocios con, por ejemplo, medidas destinadas a incrementar la generación de energía eléctrica, una política monetaria prudente pensada para frenar la inflación y la negociación de líneas de crédito especial del Export-Import Bank con el objeto de promover la agricultura comercial. Y, recordando los éxitos económicos y la estabilidad política del gobierno de coalición de otro hombre de negocios antioqueño, el presidente Carlos E. Restrepo (19101914), Ospina formó un gabinete de Unión Nacional en el que había tanto liberales como conservadores.

La coalición de la Unión Nacional no sólo no gustó a las clases media baja y trabajadora de las ciudades, sino que no satisfizo a los militantes locales de los dos partidos principales. Los conservadores que aspiraban a desempeñar algún cargo, cuyo representante era Guillermo León Valencia, exigían un régimen partidista, aun cuando el control del ejecutivo por los conservadores no abarcaba el Congreso ni la mayoría de las asambleas de departamento. Alegando que el fraude electoral era el único factor que durante más de un decenio había garantizado una mayoría liberal en algunos departamentos (Boyacá, norte de Santander y Nariño), los conservadores partidistas trataron de desplazar a los liberales en las elecciones de mitad del mandato, proceso que se vio acelerado por el nombramiento de policías conservadores y la destitución de sus colegas liberales en los departamentos donde la coacción y el impedimento forzoso de la inscripción más fácilmente podían influir en las pautas de voto. Así pues, la primera fase (1946-1948) de lo que se llamaría «la violencia» empezó en los departamentos orientales de Boyacá y los Santanderes, con las prebendas políticas como principal objeto de la disputa. El conflicto armado alcanzó su mayor virulencia en los municipios donde ninguno de los partidos dominaba de modo claro. Los intelectuales bogotanos contemplaron con ojos fatigados esta oleada de violencia: confirmaba sus estereotipos de los departamentos orientales y se supuso que era efímera. Una vez que el gobierno de coalición estuviera instalado firmemente en el poder, y una vez vengada la violencia liberal de los años treinta, la violencia conservadora disminuiría.

La población de Bogotá, que era predominantemente liberal, se sentía cada vez más distanciada del gobierno. Ospina, que carecía de aptitudes de orador, no logró persuadir a los liberales bogotanos de sus intenciones conciliatorias. Los paliativos consistentes en medidas sociales —por ejemplo, los pasos hacia la creación de un sistema de seguridad social y las propuestas modestas destinadas a fomentar la participación de los empleados en los beneficios de las empresas— no convencieron a los liberales, que vieron en ellos instrumentos para crear una clientela conservadora en las ciudades. Asimismo, hasta estas medidas tentativas se vieron sometidas a largas demoras en un Congreso dominado por las clases propietarias.

Después de las elecciones presidenciales, Jorge Eliécer Gaitán, se hizo con el liderazgo del Partido Liberal que aún era mayoritario en el Congreso. Gaitán era una figura conocida en toda la nación desde 1928, momento en que había encabezado a los miembros del Congreso que criticaron la matanza en la zona bananera después de investigar personalmente los agravios de los habitantes de las proximidades de Santa Marta. Hombre de modestos orígenes bogotanos, la carrera política de Gaitán había sido irregular. Su distancimiento del «unirismo» y su reingreso en el Partido Liberal principal estuvieron rodeados de acusaciones de oportunismo, y su permanencia en la alcaldía de Bogotá terminó prematuramente a causa de una huelga de taxistas que le acusaban de autoritarismo. El paso de Gaitán por el ministerio de Educación terminó bruscamente cuando sus propuestas de reforma centralista fueron derrotadas por una coalición de intereses regionales en el Congreso. Su historial en el ministerio de Trabajo durante la presidencia de López fue poco distinguido.

En 1946-1948, sin embargo, Gaitán supo captar el estado anímico del pueblo. Hombre de figura imponente, era un orador eficaz con un gran sentido de la teatralidad y la espectacularidad, atractivo para algunos campesinos conservadores y miembros de la clase media además de para las masas liberales. Gozaba de mucha fama como caudillo civil en Bogotá, los departamentos orientales y la costa del Caribe. A diferencia de los comunistas, Gaitán empleaba un lenguaje comprensible y hablaba de la reconquista del poder y la reivindicación de derechos perdidos. Su afirmación de que el hambre no era ni liberal ni conservadora tenía un atractivo indiscutiblemente bipartidista. También atraía mucho apoyo político femenino, aunque el sufragio de la mujer no se introdujo hasta 1957. En los llamados «viernes culturales», que se transmitían por radio a toda la nación, Gaitán denunciaba a la «oligarquía, tanto liberal como conservadora», por ser parasitaria, engendrar desorden y socavar el ideal liberal de la armonía social. Sólo cuando un pueblo virtuoso recuperase el poder se restauraría el orden. Por medio de una estrecha identificación con los agravios populares causados por la inflación, los bajos salarios, la inseguridad laboral, el paro, la obtención de beneficios excesivos gracias a la escasez de alimentos y la especulación con propiedades urbanas, Gaitán edificó una amplia base de apoyo que abarcaba desde modestos hombres de negocios hasta vendedores de lotería y comerciantes de los mercados. Por medio de una red que había formado en sus tiempos de ministro de Trabajo también atrajo a las organizaciones obreras y para defenderse de las acusaciones de sus rivales comunistas en el sentido de que era un «fascista social», les acusó de servilismo ante la oligarquía. Y aunque no era antinorteamericano, Gaitán imitó la táctica que Gómez usara contra López y dio una sacudida a la Administración Ospina con una campaña de revelaciones y difamación contra los ministros que representaban a empresas exportadoras, que eran abogados de compañías petroleras o clientes de bancos estadounidenses.

El «gaitanismo», que nunca fue una expresión clara de política de clase, vino a demostrar las dificultades con que chocaba la movilización populista en un país donde la industrialización substitutiva de las importaciones era limitada y estaba asociada con los intereses arraigados. Una alianza populista del trabajo organizado, la clase media urbana, los industriales y los militares progresistas no era viable. El trabajo organizado no era lo suficientemente importante; la clase media urbana estaba atada a la clase gobernante por medio del empleo; los industriales eran beneficiarios de la política económica liberal; y no existía un estamento militar progresista. Y como los votantes rurales seguían siendo una mayoría electoral, toda alianza populista necesitaba contar con un nutrido componente rural para conquistar el poder por la vía electoral. Gaitán no controlaba la red informal de caciques liberales, no dispuso del citado componente hasta 1947. Al mismo tiempo, rechazó la toma violenta del poder, a pesar del ejemplo del golpe de Estado en Venezuela por una coalición liberal-radical —la Acción Democrática, capitaneada por Rómulo Betancourt— en octubre de 1945.

Por su parte, Laureano Gómez reanudó su ataque contra el poder centralizado y la riqueza metropolitana, y formó una contraalianza de campesinos, grandes terratenientes ajenos al sector de la exportación, pequeños hombres de negocios de las ciudades provinciales, caciques y clérigos conservadores, y buscadores de cargos que se habían visto excluidos de los beneficios del liberalismo y del acceso privilegiado al estado. Los grupos dominantes se alarmaron ante la posibilidad de un pacto entre Gómez y Gaitán. Ospina intentó devolver la estabilidad al sistema político cooptando a Gaitán. Fracasó en su empeño porque Gaitán insistió en que él era responsable ante el pueblo y no ante el presidente. Con todo, la posición del propio Gaitán se veía amenazada. Algunos de sus partidarios empezaban a poner en entredicho su sinceridad, y cuando se convirtió en jefe único del partido, se dijo que tenía menos tiempo para atender a los dirigentes populares. Mientras tanto, el tono elevado del debate político entre los grupos centristas volvió a encender la competencia entre los partidos en las localidades; y cada uno de los partidos de la capital aprovechó la violencia política que existía fuera de Bogotá para demostrar el sectarismo incorregible de su rival.

En 1947 Colombia navegaba a la deriva, camino de convertirse en un país ingobernable. Ambos partidos contribuyeron a desestabilizar el orden político. Los liberales, incluido Gaitán, alternaban de forma imprevisible la oposición rotunda al gobierno con los ofrecimientos de cooperación a cambio de garantías. Los conservadores usaban un lenguaje provocador: el ministro de Gobernación habló de defender las instituciones democráticas «a sangre y fuego»; Gómez advirtió que la guerra civil era inminente. Y los líderes liberales finalmente se retiraron de la coalición gobernante como gesto de protesta contra las irregularidades habidas en las elecciones de la mitad del mandato.

En abril de 1948, cuando se estaba celebrando en Bogotá la Novena Conferencia Internacional de los Estados Americanos, la política colombiana hizo explosión. El descontento popular, alimentado por la inflación, por el hacinamiento urbano exacerbado por la llegada de refugiados boyacenses y santandereanos que huían de la violencia y por la hostilidad que despertaba el gasto conspicuo del gobierno en proyectos destinados a acrecentar su prestigio, fue encauzado por Gaitán hacia una serie de manifestaciones callejeras disciplinadas. Su «Plan Gaitán», que incluía la redistribución de la tierra y una mayor regulación de los bancos por parte del estado, fue recibido con aplausos por el pueblo y con hostilidad por el Congreso. Cuando el día 9 de abril Gaitán fue asesinado en una calle céntrica, su muerte provocó levantamientos espontáneos en Bogotá y en varios centros provinciales. La multitud asaltó, saqueó y arrasó los objetivos tradicionales: licorerías y joyerías, iglesias, conventos, el ministerio de Educación y el edificio de El Siglo, aunque respetó los bancos y embajadas extranjeros. La composición social de la multitud era diversa; sus líderes eran políticos de barrio, periodistas radicales y policías liberales. Pero la insurrección no adquirió forma ni ímpetu, aunque la guarnición de Bogotá no llegaba a los mil soldados. Tanto en Bogotá como en otras ciudades importantes pronto degeneró en simple pillaje. Sin embargo, en las ciudades más pequeñas —Ibagué y Barrancabermeja, por ejemplo— la multitud liberal improvisó juntas revolucionarias siguiendo precedentes del siglo XIX, y se formaron milicias de comerciantes y artesanos, aunque éstas se disolvieron al establecerse treguas con las autoridades locales. Y el 9 de abril no fue un suceso exclusivamente urbano: tuvieron lugar algunas invasiones de tierras, por ejemplo, en el oeste de Cundinamarca y Tolima.

Ospina nunca perdió el apoyo de los militares. Rechazando tanto las propuestas de Gómez en el sentido de que le sucediera una junta militar de urgencia como los intentos liberales de substituirle por Santos, el primer «designado», Ospina anunció su propósito de restaurar el gobierno de coalición e invitó a Echandía, líder natural del Partido Liberal al morir Gaitán, a ocupar el puesto de ministro de la Gobernación. Los liberales oficiales, que gozaban de una base de apoyo más cohesiva que los líderes gaitanistas que les acusaban de traición, pusieron fin al bogotazo. Una calma tensa se restauró en la capital después de la llegada de refuerzos militares de Boyacá. Y los militares sofocaron brutalmente la insurrección de Cali, Medellín y otras partes. Sin embargo, del martirio de Gaitán y del 9 de abril surgió un mito poderoso que tendría una influencia profunda en la nueva facción insurreccional de los liberales que cobró forma en 1949.

Las razones de la muerte de Gaitán no están claras. La identidad del asesino no ha quedado demostrada más allá de toda duda, y sigue siendo muy probable que ningún grupo o líder político fuera responsable del asesinato. El gobierno Ospina, respaldado por los líderes de ambos partidos principales, echó la culpa de la insurrección a los comunistas, a pesar de indicios claros de que no estaban preparados para sacar provecho de ella. Y después de una breve pausa a mediados de 1948, los conservadores reanudaron el intento de dividir y desmoralizar a los liberales y a la CTC tachando de comunistas y compañeros de viaje a los activistas de la masa. El 9 de abril trajo así la guerra fría a Colombia: los conservadores persiguieron a los comunistas y «comunista» se convirtió en un término despectivo tan útil para aplicárselo a los liberales como la palabra «fascista» lo había sido para denunciar a los conservadores durante la segunda guerra mundial.

Desmantelar la CTC fue fácil. La frágil unidad se rompió interrumpiendo la financiación, limitando el acceso de los sindicatos a los ministros y utilizando la fuerza contra los militantes pertenecientes a los sindicatos de base. Al gobierno le resultó fácil sacar partido de las divisiones entre los trabajadores, incluidas las rivalidades entre los sindicatos liberales oficiales, gaitanistas, comunistas y católicos, y aprovechó también el abandono de los trabajadores rurales por parte de los sindicatos de base urbana. Los trabajadores del estratégico sector de la exportación —especialmente los trabajadores portuarios, ferroviarios y fluviales— tenían tradiciones más combativas; los artesanos, los trabajadores de los servicios de los sectores privado y público (por ejemplo, los taxistas bogotanos) habían formado el núcleo del ala moderada de la CTC desde 1938; y los trabajadores de las fábricas y los sindicatos de Medellín apenas habían estado representados. El gobierno Ospina aprovechó la falta de una tradición insurreccional entre los sindicalistas: en 1938 habían sido aliados de los industriales; en 1941 las aspiraciones de los sindicatos se habían subordinado a los objetivos inmediatos de un frente antifascista; y el 9 de abril había demostrado de forma concluyente que el trabajo organizado no era una fuerza insurreccional.

Un optimismo prudente recibió la suspensión del estado de sitio por parte de Ospina en octubre de 1948, pero a partir de enero de 1949 una serie de acontecimientos nacionales culminó en la ruptura de las relaciones normales entre los partidos principales. El renacimiento del Partido Liberal se frustró porque los líderes oficiales fueron incapaces de imponer disciplina a los radicales que exigían la acción directa y que formaron los Comandos de Izquierda. La reanudación de la violencia en Bocayá en abril precedió a la destitución por parte de Ospina de los gobernadores liberales de los departamentos en mayo, lo cual, a su vez, precipitó la retirada de los ministros liberales del gabinete de coalición. Con la esperanza de conquistar o neutralizar a los votantes católicos liberales y a los dueños de pequeñas propiedades, los periódicos conservadores acusaron a los liberales de criptocomunistas; la prensa liberal respondió denunciando a los conservadores por destruir las libertades civiles y erigir un estado autoritario. Si bien los liberales obtuvieron una victoria clara en las elecciones para el Congreso celebradas en junio de 1949, los conservadores ganaron terreno, en parte porque usaron subvenciones centrales para aplicar presión a los maleables departamentos pobres y circunscripciones marginales. Luego, en septiembre, el fin de la convivencia entre los partidos a nivel nacional quedó simbolizado por el asesinato en el Congreso de un representante liberal perpetrado por un conservador. La proclamación de Echandía y Gómez como candidatos presidenciales en octubre fue seguida de una decisión de la mayoría liberal en el Congreso de iniciar los trámites para destituir a Ospina. La respuesta de éste en noviembre consistió en declarar el estado de sitio, cerrar el Congreso e imponer la censura de prensa. Ospina había abandonado los intentos de conciliación.

El enfrentamiento en el centro significó que el gobierno no pudo ejercer una mediación eficaz en el nivel local; la autonomía de que gozaban los jefes regionales aumentó al perder autoridad las organizaciones de ambos partidos centrales. La policía se encontraba en la vanguardia sectaria, a menudo confabulada con el clero; y las grandes concentraciones de policías conservadores empujaban a los liberales radicales de las regiones periféricas hacia la violencia, que ellos justificaban invocando una tradición de insurrecciones contra el gobierno arbitrario. El ejército también desempeñaba un papel partidista y el gobierno lo usaba cada vez más para sofocar la violencia en los municipios donde los activistas liberales consideraban que tanto el gobierno central como el regional ejercían una dictadura ilegítima. Aunque la disidencia liberal en el conjunto de oficiales se hizo evidente en una unidad de la fuerza aérea en Villavicencio en 1949, la ineficacia del ejército a la hora de reimponer el orden se reflejó en la proliferación de grupos privados de sicarios que se dedicaban a sembrar el terror en el valle del Cauca.

Los líderes de ambos partidos continuaron racionalizando la violencia de sus seguidores aludiendo a que sus adversarios cometían excesos mayores, y ambos grupos interpretaban los intentos conciliadores como muestras de oportunismo. A pesar de todo, no se produjo un golpe militar. Entre los oficiales las tradiciones constitucionales eran más fuertes que las de conspiración. Además, Ospina había mejorado generosamente la paga, las pensiones y otros beneficios de los militares. Una de las razones para no formar una junta militar durante el 9 de abril había sido que no existían suficientes líderes militares competentes para encabezar tanto el gobierno como el ejército. Sin embargo, el riesgo de guerra civil aumentó cuando el asesinato del hermano de Echandía incitó a los líderes liberales a retirar la candidatura de éste y declarar la abstención en masa en los comicios. No volvería a haber un candidato liberal a la presidencia hasta 1958; el Congreso permanecería cerrado hasta 1959; y el estado de sitio duraría un decenio.

Unas elecciones ganadas sin oposición en noviembre de 1949 permitieron a Laureano Gómez tomar posesión del cargo en 1950. Sin embargo, una mezcla de autoritarismo rígido y de incapacidad para poner fin a la violencia le hizo perder partidarios entre las clases propietarias, los militares y muchos conservadores, y, como veremos, su gobierno cayó en 1953 a causa de un golpe militar que contaba con el respaldo de liberales y conservadores «ospinistas». Capitaneado por el general Gustavo Rojas Pinilla, el nuevo régimen militar prometió poner fin a la violencia y abandonar el autoritarismo. Pese a ello, a medida que fue arraigando, el régimen se indispuso con sus partidarios del principio y provocó una nueva oleada de violencia, parte de ella instigada por «laureanistas». En 1957 un segundo golpe llevó a la restauración del gobierno civil y la estabilidad política. Esto, sin embargo, no fue posible hasta después de que se introdujeran formas más depuradas de política de coalición, en las cuales interpretarían un papel todas las principales facciones conservadoras y liberales.

LA VIOLENCIA

La violencia colombiana de los quince años que siguieron al fin de la segunda guerra mundial se consideró en América Latina como un ejemplo único de descomposición política, a la vez que sus casos de delincuencia, trastornos de la personalidad y otros rasgos patológicos nutrían el periodismo sensacionalista. Sin embargo, ¿qué fue la «violencia»? ¿Por qué se produjo y luego se repitió? El término «violencia» es en sí mismo impreciso. En Colombia ha ganado aceptación porque es amorfo e imparcial. La violencia, que muchos percibieron como una tragedia sin explicación racional, tenía sus raíces, según novelistas y ensayistas, en «odios hereditarios» entre familias, clanes y partidos cuyo origen estaba en el siglo XIX. La identificación con un partido se hereda en lugar de escogerse. Así pues, abandonar el partido significaba traicionar al grupo familiar; y defender al partido empleando medios violentos era no sólo justificable, sino que, en determinadas circunstancias, era también algo que exigía el honor. Calificada con frecuencia de guerra civil no declarada entre campesinos liberales y conservadores, la violencia no se caracterizó, como anteriores guerras civiles, por enfrentamientos militares directos entre bandas armadas que representaban a los partidos. Estos enfrentamientos se produjeron raras veces. La pauta principal de la violencia consistía en matanzas o emboscadas a las que seguían operaciones punitivas que incluían la destrucción de viviendas campesinas, cosechas y maquinaria, el robo de ganado y los asesinatos.

En su primera fase (1946-1948) las prebendas políticas eran lo principal y los departamentos orientales de Boyacá y los Santanderes fueron el escenario de la lucha, como hemos visto. Una segunda fase de violencia siguió al 9 de abril y fue especialmente intensa en 1949-1950. En 1949 ya resultaba obvio que la violencia no era temporal ni podía contenerse en los departamentos orientales, como muchos habían creído. Se extendió a los departamentos occidentales, especialmente a Tolima y Caldas, y a los Llanos Orientales. También se propagó a las grandes poblaciones y las ciudades pequeñas. Más militantes liberales se habían unido a los guerrilleros durante la segunda mitad de 1948 a consecuencia de la supresión de la CTC, así como de los despidos en masa tanto en el sector público como en el privado: los ingenios de caña de azúcar de Valle y los pozos de petróleo de Barrancabermeja. Las filas de los descontentos crecieron aún más con el ingreso en ellas de empleados liberales de los ferrocarriles, que habían recibido los mejores beneficios al alcance del trabajo organizado en el decenio de 1930. Para el ex alcalde de Barrancabermeja, Rafael Rangel, la resistencia armada no era más que la continuación por otros medios de la lucha sindical y gaitanista.

Una facción insurreccional entre los liberales cobró forma en los Llanos Orientales y Tolima y creció al unirse a ella refugiados procedentes de Boyacá. Este grupo estaba reñido con la facción partidaria de la paz encabezada por el Directorio Nacional Liberal en lo que se refería a la eficacia y la legitimidad de la actividad de la guerrilla, pero en los Llanos Orientales logró formar una guerrilla que se financiaba por medio de impuestos sobre el ganado: el 10 por 100 de propiedad de liberales y el 20 por 100 de propiedad de conservadores. Posteriormente, los militares y los guerrilleros acordaron varias treguas relativas al ganado para evitar la devastación de la economía regional.

A mediados de 1952 había optimismo en la Administración Gómez, que creía que la violencia terminaría pronto. El ejército empezaba a superar su falta de experiencia en las operaciones contra la guerrilla y lanzó un ataque combinado por aire, tierra y río contras los guerrilleros de los Llanos. Sin embargo, la violencia se hizo endémica por primera vez en algunas zonas productoras de café del oeste, y dos veces al año el derramamiento de sangre y el robo acompañaban la recolección y la comercialización de la cosecha. La amnistía que el gobierno militar de Rojas Pinilla decretó en agosto de 1953 volvió a despertar el optimismo. Muchos guerrilleros liberales, sobre todo en los Llanos, confiaban más en el ejército que los conservadores y depusieron las armas. Otros, especialmente en Tolima, se unieron a los comunistas. A pesar de todo, la violencia se reanudó en 1955-1956 y esta vez se formaron guerrillas conservadoras para luchar contra el régimen militar. La coalición liberal-conservadora de 1958 tenía por finalidad resolver el problema de la violencia. Muchos guerrilleros depusieron las armas durante la transición al gobierno civil. Pero otros, considerando que la coalición era una traición, no reconocieron la fórmula de paz a la que llegaron los líderes de los partidos oficiales y prolongaron la lucha. La violencia concluyó oficialmente en 1964, pero para entonces ya se había fundido con un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de coalición y los guerrilleros revolucionarios.

Durante su primera fase la violencia fue principalmente política. La intensa competición en pos de cargos públicos se agudizó a causa de la expansión continua del electorado y el encauzamiento de prestaciones estatales hacia grupos cuyas lealtades partidarias eran necesario consolidar. Otros factores que agravaron el conflicto fueron la utilización del ejército en un papel partidista y aparentemente neutral como defensor del «orden público»; la parcialidad de la prensa, de los cuerpos de policía y de gran parte del clero provincial y local; la fragilidad y la insensibilidad de las estructuras de poder locales y del sistema judicial; y la disminución del control que las maquinarias de los partidos centrales ejercían sobre las circunscripciones provinciales. En 1948-1949 la lucha sectaria culminó en una crisis de la autoridad y de las formas acostumbradas de comportamiento político, transformando tensiones locales hasta entonces limitadas en conflictos declarados. En algunos sentidos, el estado se derrumbó; en otros, abdicó de sus funciones, transfirió a grupos privados facultades tales como la de policía, con lo cual alentó a grupos rivales a crear estrategias de autodefensa. El acceso al estado continuó siendo importantísimo para los empresarios pequeños y grandes que necesitaban créditos, exenciones fiscales o relativas a las importaciones, apoyo policial o militar o respaldo judicial. A pesar de ello, en partes importantes de por lo menos seis departamentos y en la mayoría de los Llanos Orientales, no hubo una presencia física del estado durante gran parte del período comprendido entre 1949 y 1953.

A principios del decenio de 1950, el carácter de la violencia había cambiado y ahora presentaba muchas de las características de la protesta campesina. En los decenios de 1920 y 1930 los colonos habían recibido del estado la promesa de que se les trataría de forma comprensiva en los conflictos entre ellos mismos y con los empresarios rurales. Sin embargo, la promesa no se estaba cumpliendo. Este agravio se hizo sentir con mucha fuerza en las zonas pioneras: el sur de Tolima, Urabá, el valle del Magdalena, la Macarena, Caquetá y parte del Chocó. Terrazgueros y aparceros estaban furiosos porque se les había negado el reconocimiento de las mejoras que habían hecho en la tierra después de las leyes agrarias de 1936 y por haber perdido en beneficio de los abogados sus derechos a reclamar tierra desahuciada por no poder pagar los honorarios profesionales. Al mismo tiempo, la expansión de la agricultura comercial en la posguerra aumentó las tensiones entre terratenientes, terrazgueros y aparceros que competían por el control de la tierra y la mano de obra, y entre patronos rurales y trabajadores sin tierra por el control y el acceso a tierra y agua. Así, en algunas partes de Tolima la violencia estaba relacionada con la recuperación de haciendas parceladas por terratenientes tradicionales que ambicionaban convertirse en empresarios agrícolas modernos y con la puesta en marcha de una contraofensiva cuyo objetivo era proletarizar al campesinado.

La situación empeoró a causa de una estrategia económica nacional que concentraba de modo desproporcionado las ganancias obtenidas del crecimiento en los niveles regional y local en manos de grandes comerciantes a costa de los comerciantes pequeños y en manos de los comerciantes a expensas de los productores y los trabajadores asalariados. También desempeñó un papel importante la migración del campo al campo y del campo a la ciudad. La violencia fue especialmente pronunciada en las fronteras colonizadas recientemente y en regiones de crecimiento rápido tales como el Quindío, donde la competencia entre movimientos regionales rivales de emigrantes del campo al campo se combinó con la ruptura de relaciones entre los campesinos locales y sus protectores políticos cuando éstos huyeron a las ciudades. El aumento de las poblaciones flotantes integradas por emigrantes sin empleo que podían emplearse como delincuentes se vio completado por las relaciones extraoficiales que se forjaron entre guerrilleros y aparceros en relación con el acceso a empleos agrarios.

La inacción del estado explica en parte por qué la violencia se prolongó tanto. La suposición predominante de que el estado no tenía que cumplir funciones de arbitraje —sólo la función de mantener el orden público— intensificó la violencia en Sumapaz y en el sur de Tolima. El gobierno Gómez mostró un interés insuficiente por la violencia hasta que ésta afectó a las regiones productoras de café en 1952, momento en que su ímpetu ya era irreversible. Sin embargo, la opresión que ejercían la policía chulavita en Boyacá y los grupos llamados «pájaros» que sembraban el terror en Valle era indicio de cierto grado de toma de decisiones locales con independencia del gobierno central. En el Quindío, la tolerancia oficial se hizo extensiva a los bandidos que estaban estrechamente relacionados con los que tenían poder extraoficial. Y las agrupaciones de guerrilleros se sostenían frecuentemente con las donaciones voluntarias de políticos y hacendados, así como con las exacciones forzosas y el pillaje en las regiones donde predominaba el partido contrario.

Los guerrilleros quindianos se ganaron la cooperación de los campesinos porque éstos no recibían protección del estado. En Tolima y Caldas, por ejemplo, los guerrilleros sacaron provecho de la furia que cundió entre los campesinos al ver el aumento de la participación de los terratenientes en la cosecha de café, en especial entre 1952 y 1954. Después de la bonanza de 1954, la identificación clasista entre guerrilleros y población rural fue en aumento porque más jefes de banda eran hijos de pequeños propietarios y jornaleros. De igual manera, los militares, que en teoría eran el instrumento del gobierno central para reprimir la violencia, no siempre eran actores neutrales. Introducidas para restaurar la presencia del estado y apartar a los campesinos de los guerrilleros quindianos, algunas secciones militares cayeron en la trampa de los sistemas locales de caciquismo y se interesaron principalmente por su propia supervivencia al tiempo que disfrutaban de una agradable coexistencia con los guerrilleros. Esto también ocurrió en algunas partes del este de Boyacá, donde los guerrilleros gozaban de períodos de inmunidad en zonas libres de ataques, en las cuales podían reagruparse antes de concentrar su fuerza contra la policía conservadora. Nunca se explicaron los grandes gastos militares en aviones y otras armas caras que no eran apropiadas para la guerra contra la guerrilla a mediados del decenio de 1950.

La violencia duró mucho tiempo, pero en ningún momento pareció probable que la guerrilla fuese a derrotar a los militares o siquiera a tomar alguna importante capital de departamento. La razón principal de esto residía en que muchos guerrilleros no se habían propuesto ganar una guerra nacional. Muchos recurrieron a la violencia en busca de remedio a agravios determinados. Una vez alcanzados estos objetivos y libres de la opresión militar, ya no hacía falta continuar la acción armada y tenía lugar la reinserción a la vida civil. Otros guerrilleros tenían sólo objetivos locales. Además, el teatro de la guerra no era apropiado para una ofensiva contra el poder del estado central. La fuerza de guerrilleros más numerosa se encontraba en los Llanos Orientales, que estaban bien situados para absorber fugitivos —miembros de la policía liberal tras su disolución, desertores del ejército, líderes agrarios— y ofrecían la posibilidad de refugiarse en Venezuela, pero no constituían una buena base para alcanzar una victoria militar total.

Los guerrilleros chocaron con grandes dificultades para coordinar la acción en esa zona inmensa. Entre 1946 y 1949 la resistencia armada al gobierno central estuvo localizada principalmente en tres zonas: Tolima, los Llanos Orientales y Barrancabermeja, lejos tanto de Bogotá como unas de otras. Posteriormente, el problema de la coordinación se acentuó al propagarse la oposición armada a partes de Antioquia, Cundinamarca y Santander. Asimismo, el proyecto de formar un movimiento guerrillero coordinado a escala nacional fracasó desde el principio, en 1952, a causa de las rivalidades personales, las diferencias ideológicas y la exclusión de los tolimenses del debate. Las diferencias entre gaitanistas y comunistas por cuestiones de ideología y estrategia se agudizaron a causa de los vínculos estrechos que los primeros tenían con comerciantes, terratenientes y manipuladores del poder liberal. De igual modo, el gobierno consiguió disolver algunos pactos entre guerrilleros ofreciendo la amnistía y la rehabilitación.

Algunos han considerado que los industriales y el ramo de la construcción en las ciudades se beneficiaron de la violencia porque ésta aceleró la migración a la ciudad, abarató la mano de obra y estimuló la actividad constructora. Pese a ello, no hay pruebas de que estos grupos instigaran o practicaran la violencia. En el nivel local, entre Los beneficiarios de la violencia se encontraban los fonderos rurales y los comerciantes urbanos, que se enriquecieron comprando a precio reducido artículos robados, café incluido, y revendiéndolos en el mercado legítimo. Otros que prosperaron fueron los mayordomos de fincas y los profesionales de las poblaciones pequeñas que disponían de riqueza líquida suficiente para comprar propiedades cuando sus dueños, intimidados, migraban a otra parte y los valores de las propiedades caían. La reventa de propiedades consolidadas al producirse la reactivación del mercado de tierra dio a estos grupos capital suficiente para migrar a las grandes ciudades, donde se dedicaron a ocupaciones respetables y compraron casas en los barrios residenciales. No obstante, la estructura del poder rural permaneció invariable. El individualismo de los campesinos impidió la acción colectiva y las estrategias de autodefensa comunal fueron raras. Nuevos jefes substituyeron a los de antes y los caciques compitieron por controlar el nuevo patronazgo que el gobierno dispensó en las regiones violentas a partir de mediados del decenio de 1950.

Vistas las cosas con la perspectiva de la política menos partidista del Frente Nacional a partir de 1958, es fácil quedarse corto al estimar el papel de la ideología en la violencia. Existía entre los guerrilleros comunistas de los Llanos un claro compromiso revolucionario con el derrocamiento del estado capitalista. En el Quindío, en cambio, semejante visión no predominaba. En el Quindío los guerrilleros gaitanistas luchaban por la puesta en práctica de la ideología liberal: asegurar la propiedad, restaurar los derechos perdidos, garantizar la justicia. Era relativamente fácil reincorporar a la vida civil a los guerrilleros que combatían principalmente por las libertades civiles y por asegurar la propiedad.

El estudio de la violencia está en mantillas. Ninguna explicación única de sus orígenes y su dinámica será suficiente. En particular, es necesario prestar más atención a las circunstancias locales; ninguna interpretación explica de forma apropiada por qué la violencia duró más en algunas localidades que en otras ni por qué las variaciones de su intensidad estaban tan localizadas. No existe ningún estudio satisfactorio de una región como la costa de Atlántico ni de un municipio que se viera libre de violencia. Tampoco hay ninguno que examine una localidad poco afectada por la violencia en su período supuestamente clásico pero que se viera turbada seriamente por la agitación agraria a finales del decenio de 1960.

GÓMEZ Y LA «REVOLUCIÓN EN ORDEN», 1950-1953

Laureano Gómez tomó el poder en 1950 lanzando un desafío a las suposiciones liberales sobre la condición y el alcance de la autoridad gubernamental y abogando por el desmantelamiento del estado liberal. Inspirado por regímenes conservadores de antes de 1930 y por experimentos ibéricos de signo derechistas, Gómez proclamó una contrarrevolución austera en la cual el presente estaría anclado firmemente en el pasado a la vez que se reafirmarían apreciados valores de jerarquía, estabilidad y religión. En este mismo tono anunció una reforma constitucional que reforzaría el poder ejecutivo con una presidencia de seis años. Se substituiría el Congreso por una asamblea constituyente cuyos miembros se elegirían según un privilegio basado en la familia, con el complemento de representantes nombrados de la Iglesia, el estamento militar, las profesiones y los principales grupos de intereses. Se impondrían restricciones a las organizaciones religiosas no católicas. Sin embargo, la política económica de Gómez apenas se distinguía de la de su predecesor, Ospina. El gobierno recibió con prudente satisfacción el informe de una misión del Banco Mundial encabezada por Lauchlin Currie que recomendaba medidas que dieran la mayor importancia al desarrollo infraestructural en las regiones donde tuviese lugar un crecimiento de las exportaciones.

Gómez, que demostró tener más talento y sentirse más cómodo en la oposición que en el poder, no acertó a ver que su gobierno carecía de los medios necesarios para imponer una solución autoritaria a la oposición liberal. Gómez tampoco vio que su esfuerzo por volver a crear una sociedad jerárquica no era compatible con una estrategia de crecimiento capitalista que disolvía las formas tradicionales; se aisló de quienes le habían votado como señal de protesta contra las medidas que favorecían las regiones donde se registraba un crecimiento de las exportaciones. Por consiguiente, el gobierno Gómez se encontró aislado desde el primer momento. Estaba alejado de la élite y la población liberales de Bogotá y por medio de la censura se aisló de las fuentes de información y crítica, y el resultado fue que se encontró peor preparado que sus predecesores para valorar los efectos de su política en las localidades.

Gómez adoptó una actitud incondicional a favor de los Estados Unidos, probablemente para disipar, entre los burócratas norteamericanos liberales, las sospechas de que seguía albergando simpatías falangistas, pero también para satisfacer los intereses propietarios que aplaudían su autoritarismo pero ejercían presión sobre él para evitar una ruptura con los Estados Unidos que pudiera representar una amenaza para el comercio y las inversiones. Despojándose de sus antiguas inhibiciones relativas al capitalismo de puertas abiertas, promulgó leyes sobre las inversiones extranjeras que Washington consideró las más favorables del continente. La Administración Gómez fue el único gobierno latinoamericano que aprovechó la oportunidad para mandar tropas (unos tres mil hombres, alrededor del 20 por 100 del ejército) a la guerra de Corea. Fue un gesto que confirmó su decidido anticomunismo ante los ojos de Washington, que permitió a Gómez enviar a los militares liberales y políticamente neutrales al extranjero y que garantizó la continuidad del abastecimiento de material militar. Algunos elementos del ejército acogieron con alegría la oportunidad de dejar las operaciones en el país y de poner a prueba su profesionalismo luchando contra hombres que no eran compatriotas suyos.

Los liberales se pusieron firmemente a la defensiva. Las discrepancias con el gobierno ya no podían debatirse dentro de un marco de referencias y conceptos compartidos. No obstante, algunos líderes políticos especialmente López, procuraron mantener abiertas algunas líneas de comunicación. (El ex presidente fue en misión extraoficial a los Llanos para conferenciar con los guerrilleros liberales). Las suspicacias mutuas eran tan omnipresentes, que no fue posible ningún acomodamiento. Tanto los liberales como algunos conservadores «ospinistas» afirmaban que el gobierno envolvía su propia conveniencia en un lenguaje de elevado tono moral y utilizaba la censura para ocultar los disparates y la inacción.

En 1952 el gobierno pudo gozar de un leve respiro al dejar Gómez la presidencia debido a su mala salud. Le substituyó un presidente interino, Roberto Urdaneta Arbeláez, aristócrata con experiencia diplomática y ministerial que había, servido a presidentes tanto conservadores como liberales. Sin embargo, el cambio de jefe de gobierno no anunció ningún cambio importante de política. Urdaneta, que había sido el arquitecto de la cruzada anticomunista de 1945, tenía una respuesta fija para toda forma de descontento popular: percibirla y tratarla como una operación de orden público.

En 1953 el estancamiento político había reducido peligrosamente la ya de por sí pequeña base de poder del régimen. Los intereses propietarios se alejaban progresivamente del gobierno al no cumplir éste la promesa de bajar los impuestos, así como a causa de la propagación de la violencia a los departamentos productores de café y del favoritismo en la distribución de obras públicas. El gobierno no supo crearse una masa de partidarios entre los obreros urbanos y se distanció de los sindicatos católicos, a los que consideraba «ospinistas». Mientras tanto, las limitaciones de la Iglesia como aliada eran cada vez más evidentes. La parcialidad local en la violencia la había privado de gran parte de su influencia; y el nuevo primado mostró más interés por unir de nuevo a la Iglesia, modernizar la estructura parroquial y mantener los niveles de ordenación que por apuntalar a un gobierno que se tambaleaba.

Después de un breve respiro del tumulto de 1949-1950, el ejército se molestó a causa de la reanudación de la violencia en 1951-1952 y de los intentos oficiales de involucrar a los militares en conflictos sectarios. Los oficiales, cada vez más expuestos a los contactos con civiles, se percataron de la medida en que la supervivencia del gobierno dependía de su lealtad y con el tiempo considerarían que la actitud inflexible de Gómez era el principal obstáculo que impedía la reconciliación. El conjunto de los oficiales tenía sus propios agravios, tanto a largo como a corto plazo. La sensación de humillación acumulada y causada por los partidos civiles a lo largo de dos decenios se mezcló con el enojo que sintieron al ver la tolerancia oficial ante la violencia privada y el papel que se asignaba al ejército en la preservación del orden en el país.

Dos acontecimientos unieron la oposición difusa y no coordinada al régimen y precipitaron el golpe incruento de junio de 1953: la plena reanudación de la presidencia por parte de Gómez y su decisión de bloquear las ambiciones del general Gustavo Rojas Pinilla, que quería ser ministro de la Guerra.

ROJAS PINILLA Y EL GOBIERNO MILITAR, 1953-1957

El régimen del general Rojas Pinilla accedió al poder en medio de una oleada de euforia reforzada por el elevado precio del café y con la aprobación de todos los sectores de la clase alta, exceptuando la facción laureanista, bien entendido que era simplemente de transición. Los liberales, aliviados al ver que se había evitado la amenaza de hegemonía laureanista, toleraron la composición abrumadoramente conservadora de la burocracia y aceptaron una suspensión de la política de partidos con el apoyo de los ospinistas. Así pues, el gobierno Rojas Pinilla gozaba de una amplia base de aceptación, pero no de apoyo; su legitimidad se basaba en su capacidad de reprimir la violencia y fomentar el consenso. El golpe fue bien recibido por los Estados Unidos, porque resolvió una crisis en la cual el clima político para las inversiones extranjeras no era sano y porque puso en el poder a un líder al que se consideraba moderado (a diferencia de Pérez Jiménez en Venezuela) y al que se conocía por su hoja de servicio como comandante en jefe en la guerra de Corea. Por lo tanto, Colombia pudo contar con la simpatía norteamericana al amparo del Programa de Ayuda Mutua y fue el primer país latinoamericano que compró aviones a reacción estadounidenses para su fuerza aérea.

Rojas Pinilla tenía una estrategia clara para poner fin a la violencia. A diferencia de Gómez, reconoció que la violencia era resultado en parte de agravios sociales y económicos y puso en marcha un programa de asistencia social bajo los auspicios de la llamada Oficina de Rehabilitación y Asistencia, que proporcionaba préstamos de reasentamiento, examinaba las solicitudes de restauración de propiedades supuestamente perdidas a causa de confiscaciones ilegales y emprendió una serie de mejoras en las regiones de la violencia. Se ofreció una amnistía a los líderes de la guerrilla y varios de ellos la aceptaron. Los éxitos que al principio se apuntaron las medidas destinadas a reducir la violencia prolongaron la euforia que rodeó al golpe.

Sin embargo, en 1955 el régimen de Rojas Pinilla ya recibía críticas. Aunque la élite civil lo percibía como un recurso provisional, era claro que el presidente pensaba de otro modo. Con la ayuda de su enérgica hija, María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, Rojas Pinilla fundó nuevas instituciones de patronazgo, entre las que destacaba la Secretaría Nacional de Asistencia Social y Protección Infantil (SENDAS), con el fin de asegurarse una base de poder civil. Utilizando recursos de la FAO, de la CARE y de la UNICEF, la SENDAS organizó un programa de distribución de alimentos, asistencia médica y rehabilitación de las víctimas de la violencia. Los rojistas organizaron la «Tercera Fuerza», que, según sus partidarios, era esencial para superar una tradición de disputas entre liberales y conservadores, pero que sus críticos veían como el embrión de un partido oficial. Tomando prestado el lenguaje del justicialismo argentino, los rojistas organizaron una nueva confederación sindical, la Confederación Nacional de Trabajo (CNT), que se afilió a la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos (ATLAS), a cuya cabeza estaban los peronistas, al tiempo que reprimían las actividades de la CTC y la UTC. Rojas Pinilla utilizaba un lenguaje antioligárquico que se hacía eco del de Gaitán y presentó su gobierno como el benefactor de la baja clase media y la clase trabajadora de las ciudades. Esto, junto con la entrada en el régimen de socialistas y ex gaitanistas que pretendían radicalizarlo desde dentro, alarmó a la clase alta. Los industriales se enfadaron a causa de los torpes intentos de incrementar los impuestos directos e imponerles aumentos salariales con el fin de contar con el apoyo de la clase trabajadora; los terratenientes vieron con preocupación un vacío en la política agraria, y los banqueros privados acogieron mal la creación de dos bancos públicos que amenazaban su posición. Los líderes conservadores y liberales contemplaban con suspicacia las medidas potencialmente populares, como, por ejemplo, la inauguración del Banco Popular en 1956, cuya finalidad era proporcionar hipotecas para sectores de la baja clase media y la clase trabajadora urbanas. Las clases altas se alarmaron al ver los incrementos del endeudamiento exterior para atender al gasto público.

En el nivel local tanto los liberales como los conservadores presionaban cada vez más para que se creara una oposición organizada. Pero no fue posible debido al legado de rencor que existía entre los partidos tradicionales y dentro de cada uno de ellos, la ausencia de la mayoría de sus líderes más prestigiosos, que estaban en el extranjero, y la descomposición de sus maquinarias respectivas. Además, los intereses propietarios eran reacios a desestabilizar un régimen que no les gustaba mientras los precios del café continuaran siendo altos. En consecuencia, la oposición era capitaneada por los medios de comunicación y por la Iglesia. La suspensión de El Siglo fue aceptada por todos menos por los laureanistas, pero el cierre de El Tiempo unió a los magnates de la prensa con otros intereses propietarios y anunció una oleada de revulsión internacional contra el régimen orquestada por la prensa. En el seno de la Iglesia, elementos moderados decididos a preservar las identidades independientes de la Iglesia y del Partido Conservador se unieron de nuevo con elementos ultramontanos para apoyar la condena del justicialismo por parte del primado y criticar atrevidamente al régimen en las publicaciones de la Iglesia. La Iglesia se convirtió en el punto donde se reunía la oposición, incluidos los anticlericales.

Dos acontecimientos unieron a los que se oponían al régimen: una demostración de brutalidad extrema por parte de la policía en la plaza de toros de Bogotá en presencia de María Eugenia y su esposo y un ataque de la policía contra la casa que en Cali tenía un destacado conservador, Guillermo León Valencia, y que demostró que ningún miembro de la clase alta era inmune a la persecución oficial. La mala gestión, el enriquecimiento propio de los que formaban el círculo de Rojas Pinilla y el recrudecimiento de la violencia aceleraron la caída del régimen. El comportamiento irregular del gobierno, que oscilaba entre la coacción y las concesiones, y su falta de pericia fuera del campo de las obras públicas empujaron a los liberales y a los ospinistas a emprender una campaña de oposición por medio de folletos clandestinos. Al hacerse clara la naturaleza de la oposición civil y adquirir ímpetu un movimiento cívico, en el seno de las fuerzas armadas empezaron a oírse ruidos sordos relacionados con la política que se seguía ante la violencia. El descontento de los militares aumentó a causa de la costumbre de ascender a los oficiales basándose en su lealtad personal en vez de sus méritos. En las postrimerías de 1956 lo único que hacía el régimen era vivir de un día a otro; había en él rasgos populistas que se parecían superficialmente al peronismo, pero carecía de recursos para consolidar una base de apoyo siguiendo el modelo peronista o para emprender la recomposición del orden político.

La ruptura de la cohesión institucional en el ejército culminó en 1957 con la renuncia de Rojas Pinilla y una junta integrada por cinco hombres (la pentarquía) se hizo con el poder. La Junta, encabezada por el general Gabriel París, proclamó la transición inmediata del gobierno de un solo hombre al de los militares como institución y dio a conocer un programa para restaurar un régimen civil. Sostenida por créditos del Export-Import Bank y un empréstito bancario privado con la condición de que se restaurara el gobierno civil, la Junta interina resistió un intento de golpe. Se restauró el derecho a formar partidos políticos; se anunció la fecha de las elecciones presidenciales; y se dieron los primeros pasos para desmantelar la dictadura y prepararse la transición al gobierno civil.

LA TRANSICIÓN AL GOBIERNO CIVIL, 1957-1958

Un amplio espectro de la opinión contempló con ojos aprensivos la transición de 1957-1958. Desde 1942 todos los gobiernos habían encontrado graves problemas simplemente para sobrevivir. En siete años habían fracasado dos experimentos cuyo objetivo era hacer frente a la violencia. Después de interpretar la consolidación del gobierno civil en los decenios de 1930 y 1940 como señal de la madurez del país y tributo a sus propias habilidades de gestión, la clase alta había perdido la propia estima en la crisis de los años cincuenta. La violencia endémica en algunas localidades dio origen a una forma de pesimismo cultural y a la opinión de que Colombia era ingobernable.

Hacía ya tiempo que se habían esfumado las fantasías del decenio de 1920 en las que una «Colombia petrolera» desplazaba a México como primer productor de petróleo en América Latina. Colombia continuó dependiendo del café. Gozaba de importantes beneficios nacidos del sistema de cuotas internacionales, los cuales, tras su comienzo en 1940 como experimento durante la guerra, adquirieron carácter permanente después del segundo conflicto mundial. Pero la producción de café se había estabilizado y quizá incluso se encontraba estancada en el decenio de 1950.

Colombia carecía de un estado capaz de satisfacer sus requisitos de desarrollo económico y de afrontar la difícil tarea de presidir la transición de una sociedad predominantemente rural a otra predominantemente urbana. Se habían descuidado aspectos importantes del bienestar público. Las condiciones sanitarias eran notoriamente defectuosas. En 1942 FEDECAFÉ puso en marcha un programa a largo plazo para mejorar dichas condiciones en las viviendas rurales, pero el programa estaba destinado exclusivamente a las zonas productoras de café. En el capítulo de la educación el panorama era un poco mejor. El Instituto Colombiano de la Especialización Técnica al Extranjero (ICETEX), que proporcionaba fondos para que los profesionales colombianos se prepararan en el extranjero, obtuvo el apoyo de industriales de Medellín y, andando el tiempo, se consideraría un modelo para los países del «Tercer Mundo». Los niveles de alfabetización subieron cuando en 1947 se decidió obligar a los propietarios a abrir escuelas modestas. La Iglesia, con el apoyo de la UNESCO y utilizando la Acción Popular, hizo experimentos de educación por radio desde un transmisor situado en la población de Sutatenza en Boyacá; y quizá dos tercios de las parroquias rurales fomentaban en 1959 un programa de alfabetización controlado por los párrocos. Sin embargo, los logros totales de la educación fueron desiguales.

El terreno para las elecciones de 1958 se preparó en dos reuniones de ex presidentes, el conservador Laureano Gómez y el liberal Alberto Lleras Camargo. La declaración de Benidorm (1956) estableció el principio de cooperación entre los partidos. El histórico Pacto de Sitges (1957) dispuso que, fueran cuales fuesen los resultados de las elecciones, los dos partidos compartirían el poder de forma equitativa y este sistema de convivencia institucionalizada se mantendría durante dieciséis años. Lleras Camargo fue seleccionado como primer candidato presidencial de la nueva coalición llamada «Frente Nacional»; no sólo poseía experiencia presidencial, sino que no había tenido nada que ver con los conflictos ocurridos entre 1947 y 1953 y, por ende, era la única figura que podía atraerse la lealtad de ambas facciones de los conservadores, la ospinista y la laureanista. La buena voluntad para con el nuevo gobierno de coalición civil que subió al poder en 1958 se manifestó en un plebiscito en el cual el 90 por 100 de los votantes dio su aprobación al nuevo sistema. Pero muchos colombianos dudaban de la capacidad de supervivencia de la coalición, y aún más de que pudiera lograr la deseada combinación de estabilidad política, desarrollo económico y cambio social.

Capítulo 5
COLOMBIA, 1958-c. 1990[*]

Con un crecimiento demográfico de 17,5 millones de habitantes en 1964 a 22,3 millones en 1973 y 28,6 millones en 1985, se calculaba que Colombia alcanzaría a Argentina en el decenio de 1990 y recuperaría la posición que ocupara en el siglo XIX como el país más populoso de América Latina después de Brasil y México. Entre 1951 y 1964 el país tuvo una de las más altas tasas mundiales de incremento demográfico: el 3,5 por 100 anual. A partir de 1965 la tasa disminuyó, en gran parte a consecuencia de un acentuado descenso de las tasas de natalidad (del 40 por 1000 en 1960 al 20 por 1000 en 1974). A comienzos del decenio de 1980 la tasa anual había caído hasta situarse por debajo del 2 por 100.

Esta reducción del ritmo de crecimiento de la población puede asociarse con la urbanización y con la mejora de la alfabetización. En el decenio de 1980 la fecundidad urbana había descendido hasta quedar en sólo el 55 por 100 del nivel que existía en el campo y en parte cabía atribuirla a medidas explícitas de control de la natalidad que, pese al poder de la Iglesia, se habían adoptado a partir de finales del decenio de 1960. Entre 1973 y 1985 la proporción de colombianos de menos de quince años de edad cayó del 43 al 33 por 100. No obstante, el crecimiento del grupo de menores de cinco años fue del 4 por 100 anual y, combinado con el 4,4 por 100 anual de incremento de personas de entre cinco y catorce años, ejerció fuertes presiones sobre los servicios sanitarios, educativos y de vivienda durante los años sesenta y setenta.

A partir del decenio de 1950 la pauta de migración interna experimentó un cambio gradual y los Llanos Orientales, la región amazónica y la costa del Caribe se convirtieron en los nuevos puntos de destino. Hasta mediados del siglo los principales movimientos migratorios fueron de unas zonas rurales a otras; pero, en parte a causa de la violencia, fueron aumentando las migraciones del campo a las ciudades a medida que la agricultura comercial, al igual que la agricultura campesina, fue saturándose de mano de obra a partir de mediados del decenio de 1960. Al mismo tiempo, se formó un subproletariado agrícola itinerante al beneficiarse la agricultura comercial del crecimiento de las exportaciones, de los impuestos industriales y del crecimiento del sector campesino que producía cultivos alimentarios para el consumo interior. Este subproletariado se componía de familias trabajadoras sin tierra que recorrían las zonas rurales en busca de trabajo en las principales recolecciones —de café, algodón, caña de azúcar, bananas, arroz y, en el decenio de 1980, flores— y durante el «tiempo muerto» vivían en los barrios más pobres de las ciudades secundarias. La migración interna era complementada por la emigración a Venezuela, los Estados Unidos y Ecuador. Colombia perdía trabajadores jóvenes y especializados en particular, ya que éstos emigraban.

Después de la segunda guerra mundial la agricultura comercial fue la principal beneficiaría de las primeras medidas que se tomaron en firme para sustituir con productos nacionales los insumos agrícolas importados para la industria (tales como algodón, tabaco y sésamo) y para estimular la producción de alimentos como el arroz, el maíz y las patatas para el consumo urbano. Y a partir de 1960 se idearon nuevas medidas para fomentar la exportación de bananas, carne de vacuno y, más adelante, flores. Estas medidas iban desde créditos subvencionados para los agricultores y la difusión de la tecnología agrícola hasta la disminución de las restricciones, entre 1950 y 1964, que pesaban sobre las importaciones de fertilizantes. El gobierno, mientras tanto, impuso a la industria la obligación de comprar cupos fijos de algunos productos agrícolas, tales como el algodón y el cacao, especialmente cuando los precios internacionales eran más bajos que los nacionales. Aunque la tendencia general era a hacer hincapié en el uso de la tierra en vez de en su distribución, en 1961 y 1976 se introdujeron planes reformistas. El primero de ellos, la Ley de Reforma Social Agraria, fue en gran medida el resultado de compromisos contraídos al amparo de la Alianza para el Progreso; y el segundo, el Desarrollo Rural Integral (DRI), estaba vinculado a un empréstito que concedió el Banco Mundial para detener la pauperización de los minifundios. A partir del decenio de 1950 floreció una agricultura capitalista relativamente moderna que gozaba de una elevada productividad de la tierra y el trabajo; y la extensión de tierra cultivada aumentó en un promedio anual del 2,1 por 100 entre 1950 y 1975. Sin embargo, los empresarios agrarios tomaron a mal los elevados costes de los impuestos agrícolas procedentes de industrias protegidas, tales como fertilizantes, insecticidas, maquinaria agrícola y piensos compuestos para el ganado. Con el fin de responder a este agravio, el estado asumió el monopolio de la importación de productos agrícolas y sólo permitía importarlos para cubrir déficits.

En el decenio de 1960 tuvo lugar la transición de la agricultura tradicional a técnicas intensivas de producción en las principales zonas cafeteras de la cordillera central; y en el decenio de 1970 se utilizaron mejores prácticas de cultivo, fertilizante y variedades botánicas. Colombia consolidó su posición de segunda productora mundial. El café seguía representando la mitad de los ingresos de las exportaciones a comienzos del decenio de 1980, pero la parte que le correspondía continuó disminuyendo. El peso del café en la producción agrícola total fluctuó considerablemente a partir de 1960, cayó a mitad del decenio de 1970 y se recuperó un poco antes de estancarse a mediados de los ochenta. Otros diez cultivos incrementaron su participación en el producto agrícola total: del 10 por 100 en 1950-1952 al 34 por 100 en 1978-1980. El crecimiento y la diversificación de la agricultura fueron posibles porque se cultivaron las tierras situadas junto a las nuevas fronteras, al tiempo que se utilizaban intensivamente, por primera vez, tierras improductivas en las altiplanicies de Bogotá, Ubaté, Chiquinquirá y Sogamoso. Sin embargo, el 60 por 100 de las tierras que empezaron a explotarse entre 1950 y 1975 estaban dedicadas a la ganadería extensiva, que generaba poco empleo.

En 1965 existía un claro dualismo entre los sectores campesino y capitalista de la agricultura. En el sector capitalista se concentraban la tierra de mejor calidad, el crédito y la tecnología y los sistemas de regadío modernos; se aprovechaba la mano de obra campesina, la cual, empujada por el estancamiento de la producción y el crecimiento demográfico, buscaba trabajo estacional en la recolección de las cosechas comerciales. Y la agricultura capitalista respondía de forma positiva a las iniciativas oficiales, incrementando la proporción de insumos agrícolas nacionales para la industria y, a partir de 1960, generando un excedente exportable. En cambio, la producción per cápita de alimentos, exceptuando el maíz, permaneció estancada o incluso descendió. Las explotaciones campesinas (por ejemplo, en alubias, yuca y patatas) con tecnología rudimentaria continuaban representando el 60 por 100 de la producción de alimentos en 1975 sin ir más lejos; y el aumento de la extensión de tierra dedicada a cultivos campesinos fue insignificante entre 1960 y 1985. El valor de la producción de los ocho alimentos principales de la dieta colombiana descendió como proporción del total de la producción agrícola y ganadera del 78 por 100 en 1955-1957 al 60 por 100 en 19841986. Así pues, los elevados precios de los alimentos se debían en gran parte a la producción ineficiente, a que no, se satisfacía la creciente demanda y al deficiente sistema de comercialización.

La urbanización avanzaba rápidamente. La población de Bogotá aumentó de 1,70 millones en 1964 a la cifra estimada de 4,21 millones en 1985, fecha en la que ya había otras tres ciudades de más de un millón de habitantes: Medellín (2,10 millones), Cali (1,65 millones) y Barranquilla (1,12 millones). Alrededor del 85 por 100 del total de las manufacturas se concentraba en estas cuatro ciudades. En el período 1951-1973 Bogotá registró la tasa de expansión más rápida y atrajo a una parte desproporcionada de la moderna industria manufacturera, de la infraestructura física y social y de los servicios financieros y administrativos. A pesar de ello, poco podía hablarse de primacía urbana; en el decenio de 1970 Bogotá representaba alrededor del 12 por 100 de la población total y en 1985, alrededor del 15 por 100. La tasa global de crecimiento demográfico urbano era muy alta, oscilando entre el 5 y el 8 por 100 en el período 1950-1980. Algunas ciudades de tamaño mediano, es decir, las que tenían 30.000 habitantes en 1960, crecieron entre un 10 y un 12 por 100 y se transformaron en focos importantes de intercambio y mano de obra que hacían de puntos intermedios de las «migraciones en etapas» del campo a las ciudades grandes. Algunas ciudades medianas experimentaron un crecimiento asombroso, como Cúcuta e Ipiales, situadas en las fronteras con Venezuela y Ecuador, respectivamente, y Valledupar, Montería, Villavicencio, Florencia y Apartado en zonas de frontera agraria interior. También hubo urbanización en zonas agrícolas con gran intensidad de mano de obra y elevada productividad, tales como la franja cafetera que va de Manizales a Sevilla y Calcedonia y las plantaciones de caña de azúcar del valle del Cauca.

El crecimiento del sector manufacturero moderno con industrias nuevas (metalurgia, petroquímica, automóviles, papel y artículos eléctricos) que apareció después de 1958 fue acompañado de un descenso de algunas ramas del sector artesanal, tales como la confección y los muebles. Otras, sin embargo, retuvieron su participación en el mercado a la vez que incrementaban la que les correspondía en el empleo y competían eficazmente con el sector fabril; en 1970 se calculaba que el 60 por 100 de los empleados en el sector de las manufactura en las cuatro ciudades principales todavía trabajaban en talleres. Un sector de servicios cada vez más diverso creció más aprisa que el sector manufacturero, con un aumento especialmente pronunciado en el empleo en el comercio, las finanzas y los seguros. De hecho, entre 1964 y 1985 la parte del sector de servicios en el total de la población económicamente activa subió alrededor del 30 al 45 por 100, a la vez que la del sector primario caía del 47 al 34 por 100.

Cuando las oportunidades de empleo en las manufacturas no lograron seguir el ritmo del crecimiento demográfico urbano, gran parte de la población improvisó y recurrió a la construcción urbana, la venta ambulante, el servicio doméstico, la prostitución y la delincuencia. En el decenio de 1970 un numeroso sector informal de bajos ingresos, empleo precario, difícil acceso a los servicios de salud y elevado nivel de analfabetismo ya representaba una proporción total de la fuerza laboral urbana mayor que la que estaba empleada en la industria manufacturera, el transporte, el comercio oficial y la construcción combinados. El sector informal —en el que apenas penetraron las organizaciones sindicales y que en 1984 se calculó oficialmente que representaba el 55 por 100 de los trabajadores en las diez ciudades más grandes— quedaba fuera del alcance de las leyes de seguridad social y sólo podía expresar su protesta por medio de las elecciones, las invasiones de tierras, las huelgas ciudadanas y otras manifestaciones públicas. Hasta el decenio de 1980 los gobiernos trataron los problemas del sector informal o bien como cuestiones de orden público o como asuntos electorales a los que había que responder con medidas pragmáticas cuyo objetivo fuera aumentar los niveles de ingresos y educación. Todos los gobiernos se comprometieron oficialmente a planificar las ciudades, pero el principal factor determinante de la política urbana seguían siendo las fuerzas principales del mercado —factores demográficos y económicos de carácter autónomo— y no la intervención del estado y el municipio. En los años sesenta y setenta las promesas de facilitar viviendas de bajo coste a los pobres de las ciudades se vieron anuladas por una concentración de inversiones en los barrios residenciales de las clases alta y media alta. Esta pauta fue reforzada por los criterios principales a que se atenían los organismos internacionales para conceder empréstitos, de forma específica la gestión eficaz de los recursos y la capacidad del deudor para pagar el crédito.

Al igual que otros países latinoamericanos, Colombia tomó medidas encaminadas a sustituir las importaciones y, más adelante, a producir para la exportación. Hasta 1967 la protección arancelaria fue el principal componente explícito de la política de industrialización, complementado por medidas tales como la sobrevaloración del peso para las importaciones, los créditos subvencionados y los cupos y licencias de importación. Después de 1967 la política cambiaría pasó a ser el rasgo principal de la estrategia de industrialización, aunque tanto los empresarios como los sindicatos consiguieron impedir una revocación total del proteccionismo. Durante todo el período, el estado desempeñó un papel significativo en la industrialización. Líneas de crédito especiales y la reforma fiscal de 1960 contribuyeron a la fase de sustitución de bienes de producción y bienes de capital que empezó en las postrimerías del decenio de 1950, y el Instituto de Fomento Industrial (IFI), que estaba controlado por el estado, interpretó un papel decisivo en la puesta en marcha de industrias básicas y pesadas, especialmente del acero y petroquímicas.

No obstante, los empresarios industriales se mostraron muy prudentes. Atentos a la competencia de las importaciones y recelosos ante posibles crisis de la balanza de pagos, mantuvieron inactiva la capacidad instalada e inventarios altos, los cuales fueron posibles gracias al intenso proteccionismo y al carácter casi monopolístico de la industria fabril desde sus orígenes. Las medidas de control cambiario fomentaron una transferencia neta de fondos del café a las manufacturas, lo cual abarató el capital para la industria y favoreció la tendencia a la intensidad de capital. Así pues, la tasa de crecimiento anual del empleo industrial fue decepcionante: el 43 por 100 de 1960 a 1975 y luego de menos del 1 por 100 entre 1975 y 1985, cifras inferiores al crecimiento de la población económicamente activa y muy por debajo de las de la oferta de mano de obra urbana.

Un elevado nivel de protección estimuló la afluencia de capital de las empresas manufactureras transnacionales, basadas principalmente en los Estados Unidos. De hecho, la industria de propiedad transnacional fue la principal beneficiaría de las medidas de fomento de la exportación que formaban parte del Plan Vallejo (1959), la introducción de certificados tributarios en 1967 y las leyes para la integración de las regiones andinas (1968) que ofrecían incentivos fiscales, subvenciones cambiarías y crediticias y preferencias arancelarias a las exportaciones de manufacturas. La empresa transnacional invirtió en los principales ramos de la industria manufacturera, pero su aportación al empleo fue pequeña y los resultados generales de las manufacturas para la exportación fueron decepcionantes. Aunque en los años setenta Colombia ocupaba el cuarto lugar entre los países industrializados en América Latina, en 1980 era el séptimo receptor de inversiones, sólo un 83 por 100 fue a la industria manufacturera; el 90 por 100 correspondió a la minería y al petróleo y el 13 por 100 a la banca. La resistencia de empresarios y trabajadores urbanos al abandono de las medidas de protección industrial contribuyó a frenar la tasa de crecimiento de la industria, especialmente entre 1975 y 1984. Pero otros factores explicaban la acentuada reducción de la tasa de crecimiento de la industria textil y de las industrias de bienes de producción y de capital. Entre ellos se contaban la política neoliberal que adoptó el gobierno López Michelsen (1974-1983) y los auges de la marihuana y la cocaína. Otros factores fueron la relativa sobrevaloración del peso, el incremento de los tipos de interés nacionales y un aumento de los precios de los alimentos que redujo la demanda de bienes de consumo duraderos. Asimismo, las medidas de ajuste que se tomaron en los países desarrollados contribuyeron mucho a esta recesión de las manufacturas, junto con los cambios de los tipos de interés del dólar y una grave crisis económica en los mercados andinos de manufacturas colombianas: Venezuela, Ecuador y, en menor medida, Perú.

El acuerdo histórico entre los liberales y los conservadores en 1958 para establecer un «Frente Nacional» y mantenerlo durante dieciséis años se basó en dos principios, la paridad y la alternancia, y quedó formalizado en una reforma constitucional. Liberales y conservadores tenían garantizada una parte igual del poder político. Un presidente liberal y otro conservador se alternarían en el gobierno y estarían acompañados de un ministro de Gobernación conservador y un ministro de Asuntos Exteriores liberal, y viceversa. Los puestos en el gabinete se dividirían a medias y la cartera de Defensa sería para un miembro de las fuerzas armadas. Los gobernadores de los departamentos también los escogería el presidente de conformidad con los dos principios citados y se les darían instrucciones para que los aplicaran con rigor en los niveles departamental y municipal. Se restauraron una presidencia electiva y un Congreso bicameral y se estableció un electorado masivo integrado por ambos sexos. La reelección inmediata de los presidentes estaba prohibida por la Constitución y de esta manera se estableció la rotación regular de quienes ejercieron el cargo, todos ellos civiles. El poder ejecutivo, aunque acrecentado por la profesionalización parcial de los altos cargos del funcionariado y por el frecuente recurso al estado de sitio, siguió estando circunscrito por la falta de un grupo permanente y disciplinado de partidarios en el Congreso. Los presidentes tenían que trabajar continuamente para crear nuevas combinaciones de votos con el fin de lograr que se aprobaran las leyes, muchas de las cuales requerían una mayoría de dos tercios en el Congreso. A pesar de ello, la influencia del Congreso era menor que en los decenios de 1930 y 1940 y a mediados de los años setenta existía ya una pronunciada desazón popular causada por el hecho de que el ejecutivo no tuviera que responder ante nadie y también por la ineficacia del Congreso, su incapacidad de introducir leyes, examinar atentamente los planes de desarrollo o de interrogar a los ministros. El vacío que dejó un Congreso ineficaz lo llenaron foros especiales y negociaciones extraoficiales en la cumbre de líderes de partido y ex presidentes que no tenían ninguna existencia constitucional. También perjudicó la eficiencia el requisito constitucional de que el Congreso seleccionara tanto al procurador (general) como al contralor (interventor) en el partido que no fuera el del presidente.

Este era un sistema cuyo funcionamiento resultaba muy costoso. La paridad en la Administración pública sólo pudo conseguirse ampliándola para dar cabida en ella a los liberales en vez de destituir conservadores. La alternancia negaba al electorado la oportunidad de votar a los candidatos que fueran de su preferencia. Y todos los gobiernos tuvieron una existencia fortuita. A pesar de la continuidad subyacente en la política económica, los sucesivos gobiernos se comportaron como si fueran de transición y lucharan día tras día por la supervivencia. La oposición se encontró restringida. El más importante de los movimientos de oposición, la Alianza Nacional Popular (ANAPO), encabezada por el general Rojas Pinilla, se vio obligado por la Constitución de 1958 a definir a sus candidatos como liberales o conservadores. Debido a ello, se presentaban como liberales anapistas o conservadores anapistas. A pesar de esta limitación, la ANAPO adquirió ímpetu en los años sesenta, representó una amenaza seria en 1969-1972 y se apagó a finales de los setenta. El Partido Comunista y otros grupos izquierdistas causaron poca impresión. Con las dificultades que representaban las deficiencias de su liderazgo y su organización, la opresión esporádica de que eran objeto, la financiación insuficiente y la destrucción de las organizaciones populares durante la violencia, el Partido Comunista tuvo que hacer frente al desafío de efímeras facciones izquierdistas cuya función principal era dividir a la izquierda y cuya influencia no acostumbraba a ir más allá de un fragmento de la intelectualidad, de los líderes obreros y de pequeños grupos de trabajadores rurales y mineros. La naturaleza restrictiva del gobierno de coalición y el fracaso de la izquierda democrática son factores importantes para explicar el atractivo y la durabilidad de las organizaciones de guerrilleros. Colombia fue el único país de América Latina donde tales organizaciones han existido de forma continua desde 1949.

La transición a la política competitiva fue vista favorablemente por reformistas que consideraban que el bipartidismo era una forma de frenar el cambio político. Pero la transición se vio frenada por los conservadores, que hicieron advertencias sobre el retomo a la violencia entre los partidos. Debido a que era probable que el gobierno de partido único significase la relegación del Partido Conservador a la oposición, en 1957-1958 Gómez insistió en que el sistema de coaliciones durase dieciséis años, mientras que los liberales querían que durase doce. En unas negociaciones en la cumbre celebradas en 1967, Ospina insistió en que el poder se compartiera continuamente. La reforma constitucional de 1968 dispuso que la paridad legislativa terminara en los niveles departamental y municipal en 1974 y que la paridad burocrática en el ejecutivo durara hasta 1978. De haber preyalecido los conservadores, probablemente se hubiera continuado compartiendo el poder ejecutivo hasta 1978 e incluso después. De hecho, las elecciones competitivas para la presidencia se restauraron en 1974 debido a la creciente preocupación que causaban los índices de abstención, que eran señal o bien de apatía ante la coalición o de que ésta no había acertado a ofrecer una auténtica opción política a los votantes.

El gobierno de coalición ahogó el debate franco. A resultas de ello, problemas importantes como, por ejemplo, los defectos de los sistemas judicial y policial se agudizaron debido a la falta de un debate público. El control de los medios de información más poderosos por parte de los líderes de los partidos y la práctica de la autocensura hicieron que las frustraciones se volviesen más hondas. La serie de posibilidades que ofrecía el sistema político era muy limitada para los grupos nuevos surgidos de los sectores populares. En Colombia eran los partidos políticos, y no el estado, los encargados de cumplir la función de incorporar a los sectores populares; pero los líderes regionales de los partidos tenían pocos incentivos para incorporarlos. Lo que preocupaba a los líderes regionales era conservar el apoyo de electorados reducidos que eran lo bastante grandes como para obtener mayorías electorales mediante un flujo continuo de patronazgo. El gobierno de coalición consiguió poner fin a la violencia entre los partidos tradicionales en 1964, pero a estas alturas la violencia ya estaba adquiriendo una forma nueva de base clasista.

El régimen del Frente Nacional se consolidó debido a la inexistencia de agudas diferencias entre los partidos en lo que se refería a la política económica. A partir del decenio de 1950 los partidos compartieron un moderado nacionalismo económico que se manifestó en la formación y la línea de conducta de empresas públicas tales como la compañía petrolera Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) —creada al expirar en 1952 la concesión privada De Mares que tenía la Tropical Oil—, el complejo de fabricación de hierro y acero Acerías Paz del Río en Boyacá y la Flota Mercante Grancolombiana, ninguna de las cuales se planificó como monopolio del estado. Ambos partidos políticos tardaron en aprender que las empresas de este tipo suponen requisitos de escala que superan los límites del mercado nacional y que no son competitivas en el plano internacional. Se absorbió de forma más plena la lección de otro proyecto del IFI, las Forjas de Colombia, que a partir de mediados del decenio de 1960 fue el principal proveedor de fundiciones para la industria metalúrgica. Imbuidos de la mentalidad industrialista y estatista asociada con la Comisión Económica para América Latina de la ONU (ECLA/CEPAL), tanto conservadores como liberales se entusiasmaron con la planificación y la política agrícola quedó relegada a segundo término en sus prioridades económicas excepto durante un breve período a finales de los años sesenta. Al mismo tiempo, tanto los conservadores como los liberales adoptaron una actitud generalmente complaciente ante las empresas petroleras extranjeras. Su prioridad era asegurar que los precios fuesen bajos, principalmente porque el petróleo y los productos derivados del mismo eran importantísimos tanto para la industria como para el transporte en un país donde los elevados costes de este último frenaban el crecimiento del mercado interior. En el caso del carbón se seguían las mismas líneas generales; y en la política fiscal imperaba el consenso entre los dos partidos.

El régimen de Rojas Pinilla (1953-1957) fue como una advertencia permanente a la élite civil de los riesgos de la descomposición interna, aunque la oficialidad del ejército no quedó desacreditada, toda vez que la dictadura había sido relativamente benigna. A partir de 1958 una clase alta bastante homogénea incluyó a los militares en el consenso gobernante. Absteniéndose de fomentar la rivalidad entre las diversas ramas de las fuerzas armadas y evitando hacer cosas que provocaran un enfrentamiento entre civiles y militares, la coalición también resolvió el problema de las rencillas entre los militares y la policía insistiendo en la superioridad del ejército al tiempo que procuraba que hubiera miembros de los dos partidos en la policía nacional y mejoraba su paga, sus condiciones y su tecnología.

A pesar de ello, de vez en cuando el faccionalismo que existía en el seno del ejército afloraba a la superficie. Los oficiales partidarios de aplicar remedios exclusivamente represivos a los problemas de la violencia rural y urbana chocaban con los que preferían un método conjunto cívico-militar que incluyera reformas sociales y económicas. Los gobiernos de coalición recompensaban la lealtad a la solución bipartidista con la seguridad del empleo, con la mejora de la paga, las pensiones y los beneficios marginales y el apoyo a la búsqueda de un mayor profesionalismo, cuestiones que unían al conjunto de oficiales. Y los gobiernos civiles respondían a las presiones favorables al aumento de los presupuestos militares para hacer frente a la insurgencia de la guerrilla, resistirse a la influencia de la revolución cubana y estar preparados para un posible conflicto con Venezuela a causa del petróleo marítimo o de la emigración colombiana ilegal. También contribuyó a garantizar la lealtad de los militares el funcionamiento del estado de sitio. Esta medida era un instrumento flexible que podía aplicarse en los niveles nacionales, departamental o municipal y permitía al presidente y al gabinete gobernar por decreto sin consultar con el Congreso. Al amparo del estado de sitio se impuso la justicia militar junto con la censura y restricciones de las libertades de palabra, de reunión y de movimiento. Aunque el frecuente recurso al estado de sitio tranquilizaba a algunos soldados que decían que las limitaciones jurídicas les impedían reducir la violencia, algunos oficiales expresaron su alarma ante el hecho de que la élite civil utilizara el estado de sitio para desviar hacia el ejército la responsabilidad de su mala gestión.

La escala y la intensidad de la intervención de los militares en la política colombiana no podían compararse con las que se daban en el Cono Sur. Esto se debía en parte a la elasticidad del sistema civil y a la fuerza de los sentimientos constitucionales en el ejército. Pero también era debido a que surgieron pocos pretextos para apoderarse del control total. Los partidos de izquierdas no eran fuertes, los niveles de movilización obrera eran bajos, no había hiperinflación y el sector privado no quería poner en peligro los beneficios obtenidos de la coalición buscando alianzas con oficiales disidentes.

La coalición del Frente Nacional permitió un renacer del sindicalismo. La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), despojada de su ala radical, renació en 1958-1959 sin alarmar a los intereses del capital; y la progresiva laicización de la Unión de Trabajadores Colombianos (UTC) significó que los liberales dejaron de temerla como potencial milicia clerical. El primer gobierno del Frente Nacional, encabezado por Lleras Camargo, hizo concesiones limitadas a los trabajadores urbanos, pero también introdujo un reglamento que daba a las principales confederaciones escaso papel en las negociaciones salariales y, pocos recursos para ayudar a los sindicatos afiliados a ellas. Debido a ello quizá, en 1975 sólo el 17 por 100 de los trabajadores asalariados estaban afiliados a algún sindicato. Incluso en los sectores más sindicalizados —las manufacturas, los servicios públicos y los transportes—, las tasas de afiliación no superaban el 40 por 100. Este bajo nivel cabía atribuirlo tanto al lento crecimiento de un proletariado urbano como al carácter modesto de la inflación: el 8 por 100 anual entre 1950 y 1960; el 10 por 100 entre 1960 y 1970. En los decenios de 1970 y 1980 el crecimiento del sindicalismo legítimo se vio obstaculizado por el tamaño del sector informal, la imposibilidad de captar afiliados en las zonas que eran escenarios de la guerra de guerrilla, la intimidación derechista y la disensión interior en los sindicatos. A pesar de la inflación en los años setenta que superó el 20 por 100 anual, y la depresión de los salarios reales, la CTC y la UTC no consiguieron atraer a los trabajadores; eran claros instrumentos de la gestión estatal en vez de dar cuerpo a auténticas aspiraciones de la clase trabajadora. En el decenio de 1970 crecieron nuevas confederaciones sindicales que mostraban una actitud más combativa, a la vez que el aumento de la inflación influía en el número, la intensidad y la duración de las huelgas. Los mayores índices de militancia se daban entre los trabajadores del sector público, en campos de actividad económica estratégica —por ejemplo, la industria del petróleo— que se encontraban geográficamente aisladas, de tal modo que los trabajadores sentían una intensa correspondencia entre el lugar de trabajo y la comunidad. Los sindicatos de trabajadores urbanos y de los grupos de clase media —maestros de escuela, empleados de banca, médicos— se volvieron más combativos y recurrieron a diversas formas de protesta, la más importante y violenta de las cuales fue la huelga cívica (el «paro cívico») provocada por los incrementos de las tarifas de los servicios básicos (agua, electricidad y transporte). Pero, en su mayor parte, debido a la debilidad sindical, la hostilidad de los patronos privados se centró en la legislación laboral, especialmente las deficiencias de los tribunales de arbitraje vinculante que se crearon en 1966, en lugar de en el activismo sindical. No obstante, los líderes sindicales empezaron a hablar más enérgicamente de una amplia variedad de asuntos. En el decenio de 1960 se habían limitado a las negociaciones colectivas en las empresas, pero a principios de 1970 comenzaron a expresar opiniones sobre la política macroeconómica y social y sobre los servicios públicos, y a finales del mismo decenio empezaron a tomar parte en el debate sobre la política industrial, la financiera y la del comercio exterior (aunque no sobre la agraria y la fiscal).

Los grupos de intereses, especialmente la Federación Nacional de Cafeteros (FEDECAFÉ) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), desempeñaron un papel central dentro de un estado liberal pragmático que absorbía rasgos del keynesianismo y el corporativismo. El sector privado fue incorporado por medio de los consejos de administración de los bancos públicos, las comisiones que determinaban la política monetaria y cambiaría, la de comercio exterior, la de precios y la salarial. Los grupos de intereses eran partidarios de la planificación en campos tales como el crédito y los incentivos fiscales, pero no lo eran cuando significaba más intervención. La influencia de estos grupos durante todo el período varió según los sectores, el tamaño, la región y el nivel de competencia técnica. Aunque en el período posterior a 1958 se registró el crecimiento de la empresa y la intervención estatales, junto con la planificación económica y la aparición de una élite tecnocrática, la eficiencia continuó viéndose perjudicada por la corrupción y por un sesgo más amplio a favor de los grupos de intereses poderosos, lo cual desacreditó al estado. Luego, en el decenio de 1980, la crisis del estado se volvió endémica. De hecho, tanto la eficacia como la legitimidad del estado quedaron en entredicho debido al problema de la inseguridad, que fue fruto del tráfico de narcóticos, la actividad de la guerrilla, la violencia paramilitar y la delincuencia organizada. El conjunto de estos factores mermó la administración de justicia y puso de relieve la falta de un moderno sistema policial.

La parcialidad a favor de las asociaciones de productores fue objeto de ásperos ataques por parte de fuerzas situadas fuera del Frente Nacional, en particular a partir de los primeros años setenta. Sin embargo, tales movimientos no lograron unirse durante períodos más o menos largos y el régimen del Frente Nacional y el sistema estatal que nació de él resultaron ser especialmente estables a pesar de que no supieron poner fin a la violencia social y política. Esto no fue menos característico de los años ochenta que de los cincuenta y como tal atenúa toda celebración de la capacidad de resistencia de las formas de gobierno constitucionales durante unos años en que la mayoría de los demás países latinoamericanos sufrieron regímenes dictatoriales. Desde luego, el mantenimiento del gobierno civil en tales circunstancias puede explicarse en parte basándose en las buenas relaciones que la élite gobernante sostenía con Washington, así como en el hecho de que Colombia ocupaba un lugar poco relevante en la escena internacional y producía pocas mercancías estratégicas. Con todo, ni la falta de intervención externa ni la política favorable de los Estados Unidos y de los organismos económicos multilaterales explican las peculiaridades de la trayectoria política del país. Esta se vio determinada principalmente por la capacidad del acuerdo de coalición de 1958 de seguir cumpliendo los pactos de los sectores dominantes y de superar una serie de amenazas que se cernieron sobre el orden social.

LA CONSOLIDACIÓN DE LA COALICIÓN DEL FRENTE NACIONAL, 1958-1966

El gobierno de coalición de Lleras Camargo (1958-1962) disfrutó de una variedad de opciones más amplia que las coaliciones de 1930 y 1946 y consiguió reducir el nivel de rivalidad entre los partidos. Sin embargo, el Frente Nacional también avivó el faccionalismo, ya que la rivalidad se desvió ahora hacia las pugnas por obtener una mayoría de los cargos asignados a cada partido. De hecho, en el momento de formarse, la coalición se vio amenazada tanto por el faccionalismo en el seno del Partido Conservador —una facción minoritaria que se resistía a perder lo ganado desde 1946 había presentado un candidato disidente contra Lleras Camargo— como por la disensión entre los liberales. Los liberales que abandonaron su partido crearon el Movimiento de Recuperación Liberal (MRL), que luego fue rebautizado con el nombre de Movimiento Revolucionario Liberal a causa del entusiasmo que inspiraba la revolución cubana. Al frente del MRL se encontraba el hijo del presidente Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Michelsen, que se ganó partidarios con consignas tales como «Pasajeros de la revolución, favor pasar a bordo». Observando la influencia de la revolución cubana en la generación joven, la nueva organización se dedicó a cortejar a los liberales que eran hostiles a la coalición con sus antiguos adversarios y adoptó una política más radical —y ambigua en su actitud ante la propiedad— que la del gobierno. Alcanzando el apogeo de su influencia en 1962, el MRL (disuelto en 1967) absorbió a algunos líderes guerrilleros y de bandidos en la corriente principal de la política y preservó la mística liberal ante la política de coalición del Frente Nacional.

El gobierno Lleras Camargo concentró sus iniciativas en los campos donde era más fácil obtener el consenso de la élite. Transformó un consejo asesor de la planificación fundado en 1949 en un departamento de planificación de gran alcance que amplió el acceso a la información económica, mejoró la toma de decisiones e hizo de mediador ante el capital extranjero y los organismos internacionales. El gobierno introdujo un programa coherente de colonización, transporte y empleo en las regiones donde la violencia era más grave. Durante un tiempo la violencia disminuyó, pero nacieron nuevas frustraciones entre los campesinos que, al reclamar sus propiedades, se encontraron con pleitos ineficientes y costosos. Esto engendró más conflictos y el gobierno Lleras Camargo respondió a ellos acelerando los planes de una modesta reforma agraria que sería administrada por un nuevo organismo, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA). El objetivo del INCORA consistía en restaurar la estabilidad rural y ampliar el abastecimiento de alimentos a las ciudades acelerando la distribución de tierras públicas en zonas de colonización y redistribuyendo la tierra en los latifundios improductivos, consolidando minifundios en unidades viables y extendiendo el crédito rural por medio de un nuevo banco cooperativo. Era un programa poco ambicioso, pero la derecha lo criticó por considerarlo un ataque a la santidad de la propiedad privada y la izquierda porque lo juzgó insuficiente y demagógico.

El gobierno también procuró pacificar el campo por medio de la Acción Comunal (AC), que patrocinaba programas comunitarios de ayuda propia basados en los recursos locales y reforzados con fondos nacionales e internacionales reunidos por los organismos centrales. La AC permitió a la coalición convencer a los Estados Unidos de su compromiso con una ideología de mejoramiento por medio del esfuerzo propio, así como consolidar los vínculos con élites municipales cuyo apoyo tenía a raya al radicalismo campesino. Pero cualquier beneficio de la AC que llegara al campesinado era estrictamente modesto. Que los campesinos continuaban sintiéndose descontentos lo demostraban las invasiones de tierras que a veces eran organizadas por la izquierda y a menudo por activistas defraudados de la Federación Agraria Nacional (FANAL), organización campesina centrista fundada en 1946, afiliada a la UTC y relacionada con los conservadores.

La tendencia global de la política de Lleras Camargo mereció la aprobación de los Estados Unidos, que cortejó a la coalición por considerarla un gobierno reformista y democrático. (Durante el decenio de 1960 Colombia ocuparía el segundo lugar entre los países latinoamericanos que recibieron ayuda económica de los Estados Unidos y el quinto lugar entre los que recibieron ayuda militar). El gobierno Lleras Camargo fue el primero de América Latina que respondió a la Alianza para el Progreso y puso en marcha un plan de desarrollo de diez años (1961-1970) que se ajustaba a los requisitos estadounidenses: reforma agraria, orden fiscal, estabilidad monetaria e instrumentos de control apropiados. Lleras, que compartía el liberalismo exuberante de la administración Kennedy, acogió con los brazos abiertos a los equipos norteamericanos que llegaron para cooperar con los organismos nacionales, y Colombia fue presentada como ejemplo de los beneficios de la Alianza.

En 1962 la coalición ya había recogido los frutos de la impaciencia que la ideología inspiraba a los pragmáticos, de la disposición a hacer hincapié en los puntos de interés común entre los partidos y de una prudente política de crecimiento inducido por las exportaciones combinado con el incremento de las inversiones extranjeras y cierta expansión de las manufacturas. Los conservadores se deshicieron de los residuos de identificación con el franquismo y en su lugar adoptaron un lenguaje democristiano más aceptable, y se resignaron a cierto grado de cambio social patrocinado por el estado y con la utilización de la ayuda exterior para promover objetivos relacionados con la seguridad. Mientras tanto, los líderes liberales contenían las aspiraciones radicales dentro del partido y limitaban la influencia de los sindicatos. Así pues, la coalición fue lo bastante firme como para asegurar la transición del poder de un presidente liberal y otro conservador.

En 1962 Guillermo León Valencia ganó las elecciones presidenciales como candidato del Frente Nacional con 1.636.000 votos contra los 626.000 que obtuvo el MRL y los 309.000 de una candidatura formada por conservadores disidentes. Valencia siguió más o menos la misma política que Lleras Camargo. Hábil en el acomodamiento, desplegó un dominio de los pequeños detalles políticos que reconcilió a las facciones conservadoras rivales. Sin embargo, no demostró poseer el mismo talento para la gestión económica. Una mezcla de recesión industrial, inflación (un aumento del 18 por 100 en el índice del coste de la vida para los trabajadores bogotanos en la primera mitad de 1963) y paro creciente anunció un incremento de la agitación urbana y una radicalización de las confederaciones sindicales. Temeroso de que la clase media urbana abandonara la coalición, Valencia aplastó decisivamente una serie de huelgas. Esta brutalidad inesperada hizo que los sindicatos se pusieran a la defensiva y tranquilizó a la clase alta, que apoyó una reorganización de los ministerios y entes económicos del estado. Las asociaciones de productores asumieron un papel indispensable en la mediación entre los intereses contrapuestos y alcanzaron un consenso que mitigó el golpe de un programa de estabilización y una devaluación.

La principal amenaza que se cernía sobre el gobierno de coalición provino de la Alianza Popular (ANAPO), formada en 1961 por el ex presidente Rojas Pinilla. Presentándose como político civil deseoso de ser elegido constitucionalmente, Rojas Pinilla tranquilizó al gobierno distanciándose de las conspiraciones militares. La ANAPO atrajo tanto a conservadores como a liberales desencantados con el Frente Nacional. En el decenio de 1960 obtuvo más votos conservadores que liberales, tanto porque Rojas Pinilla, en sus tiempos de presidente, había dado entrada a pocos liberales en la burocracia, como porque los liberales disidentes todavía se sentían atraídos hacia el MRL. Entre 1962 y 1970 la ANAPO edificó una organización eficiente, con una compleja red de organizaciones de barrio, por medio de la venta de carnets de afiliado, concentraciones de masas y escuelas de formación del partido. La ANAPO incluso importó un sistema CARDEX de los Estados Unidos para seguir los movimientos de sus miembros y amplió su capacidad de presentar listas electorales de siete departamentos en 1964 a dieciocho en 1970.

La ANAPO se presentó como portavoz de los desposeídos y se puso a construir una coalición de base amplia unida de todos los excluidos del poder. Su éxito fue notable entre los jóvenes y la clase media baja de las ciudades, a quienes prometió oportunidades de avanzar profesionalmente. Hizo la corte a quienes se habían beneficiado del patronazgo rojista entre 1953 y 1957, a pequeños negociantes que pasaban apuros por falta de créditos, y a un amplio espectro de la sociedad que veía con alarma cómo la inflación iba erosionando sus pequeños ahorros. Abarcaba gentes de diversos orígenes sociales que criticaban al gobierno: habitantes de los barrios bajos y migrantes del campo; maestros de escuela, que a menudo pasaban largos períodos sin cobrar; terratenientes costeños que se quejaban de favoritismo oficial para con los departamentos andinos; sacerdotes radicales e intelectuales socialistas de Bogotá, que querían empujar a la ANAPO hacia la izquierda, y conservadores clericales de Boyacá, que querían virar hacia la derecha. La ANAPO se convirtió así en el rival principal de la coalición gobernante antes de 1966, fecha en que una de sus figuras poco importantes obtuvo un impresionante 28 por 100 de los votos en las elecciones presidenciales. Sometida al hostigamiento local hasta 1966, a nivel nacional la ANAPO era tratada con prudente tolerancia, porque el Frente Nacional estaba seguro de poder derrotarla y porque su existencia era útil por confirmar la legitimidad democrática del régimen.

Una segunda amenaza eran las guerrillas rurales. Algunas de ellas, fundadas como grupos de defensa propia durante la violencia, habían depuesto las armas después de que les prometieran que se reconocerían sus agravios con la restauración de la «normalidad». Otras existían aún y argüían que el pacto entre liberales y conservadores traicionaba sus compromisos ideológicos y sus intereses de clase. Sin embargo, no representaban una amenaza seria para la supervivencia del gobierno porque padecían una financiación deficiente, fragmentación geográfica y rivalidades internas. Las guerrillas sólo llegaron a tener influencia transitoria en varias zonas dispersas, aunque instauraron el control permanente en las «repúblicas independientes» de Marquetalia, El Pato, Riochiquito y Guayabeno, que los propios guerrilleros calificaban de «zonas de autodefensa campesina». Estos logros fueron útiles para generar publicidad internacional para su causa, pero también agotaron sus limitados recursos. Una campaña del ejército para demoler las «repúblicas independientes» y poner fin al «desembarco de la soberanía nacional» culminó en un ataque por aire y por tierra contra Marquetalia en 1964-1965.

La respuesta del Partido Comunista a la actividad de las guerrillas fue ambigua. La rivalidad entre los líderes pro soviéticos y los pro chinos fue la causa de que fracasaran los intentos de aumentar su influencia, y el Décimo Congreso del Partido (1965) estaba demasiado preocupado por el cisma del Comunismo Internacional para sacar provecho de las crisis nacionales. Una de las facciones, que temía perder el apoyo soviético, defendió la tesis de que aún no habían cristalizado las condiciones para la lucha armada a cargo del proletariado urbano. Pero una facción rival pretendía afianzar los lazos con las guerrillas, porque temía que, de no hacerlo, el partido se quedase sin un eficaz movimiento juvenil. Después del encuentro de partidos comunistas latinoamericanos celebrado en La Habana en 1964, la postura oficial del partido consistió en adoptar «dos caminos simultáneos hacia el socialismo», el uso de todas las formas de lucha, violentas o legales, contra la burguesía. No obstante, algunos líderes de las guerrillas vieron en este cambio de actitud una muestra de inconsecuencia y oportunismo y atacaron la falta de compromiso revolucionario del partido, cuyas vacilaciones, según arguyeron, llenaban de confusión a las masas potencialmente revolucionarias y obstaculizaban la acción eficaz. Mientras tanto, la coalición gobernante permitía frecuentemente que el partido actuase sin disimulo, ya que así podía vigilar de cerca las actividades comunistas, desacreditaba las afirmaciones de los comunistas en el sentido de que eran perseguidos y dejaba que el partido malgastara recursos en un semanario cuyos efectos quedaban circunscritos a los ya convencidos.

Una tercera amenaza para el gobierno Valencia salió del seno del estamento militar. Las relaciones entre civiles y militares se hicieron tensas cuando se eligió al general Alfredo Ruiz Novoa para que ocupase el puesto de ministro de Guerra. Los oficiales de alta graduación se enfadaron al ver que Valencia rompía el precedente y seleccionaba un oficial que sólo ocupaba el tercer lugar en la jerarquía militar, a la vez que la corriente autoritaria se mostraba hostil al «Plan Lazo» que Ruiz presentó en 1963, ya que incluía programas de desarrollo civil en la campaña contra los insurgentes. Ruiz pensaba crear unidades ofensivas semiautónomas y grupos móviles que se encargaran de recoger y analizar información y adquiriesen un conocimiento íntimo del terreno antes de atacar a los rebeldes. La acción militar iba seguida luego de acción civil con el fin de asegurarse del apoyo de los campesinos: la distribución de alimentos, la construcción de carreteras y escuelas y el abastecimiento de agua potable, la asistencia médica y otras cosas, en las cuales la organización caritativa CARE jugó un papel importante.

Ruiz, por su parte, se enemistó con varios segmentos de la élite civil al condenar su resistencia a los cambios estructurales, acusarles de explotar a la clase trabajadora urbana y pedir un papel más amplio para los militares en el conjunto de la sociedad. Irritó a sus colegas del gabinete insistiendo públicamente en que se acelerase la reforma agraria con el fin de fortalecer los programas de acción cívico-militar y obligar a los terratenientes a dedicar tierra de ganadería extensiva a la producción intensiva de alimentos. Convencido de que las fuerzas armadas poseían habilidades tecnológicas y de gestión que escaseaba en el dominio civil, Ruiz presentó el ejército como «punta de lanza» de un programa de desarrollo.

Estas iniciativas unieron a la derecha civil, que arguyó que Ruiz no perseguía resueltamente a las guerrillas, con los liberales progresistas, que opinaban que el general era una amenaza para la candidatura de Lleras Restrepo en 1966. Sin embargo, hasta 1966, cuando se vio empujado a enfrentarse personalmente con Ruiz por haber simpatizado en público con una huelga de la UTC, Valencia destituyó a Ruiz en medio de rumores de inminente golpe de estado.

Menores eran los problemas que planteaba la agitación estudiantil, que tuvo lugar con un trasfondo de rápida expansión universitaria. Los recursos no consiguieron seguir el ritmo de crecimiento de la población estudiantil: entre 1945 y 1968 el número de matriculados se multiplicó por nueve y alcanzó los 28.000 en 1968. La proporción de estudiantes que asistían a la Universidad Nacional cayó del 46 por 100 en 1939 al 19 por 100 en 1968, lo cual causó alarma por ser señal de una tendencia a privatizar la educación superior, ya que el contenido de la enseñanza de las universidades privadas estaba más de acuerdo con las necesidades de desarrollo, o al menos eso se creía y, por ende, con los empleos remunerativos para los títulos. Los asuntos internos —autonomía, cogobierno, política de admisiones y reforma del plan de estudios— se debatieron febrilmente junto con otras cuestiones nacionales. Algunos profesores recordaban a Mariátegui y al movimiento reformista de las universidades del decenio de 1920, en el cual había destacado el líder liberal Carlos Lleras Restrepo. Pero los estudiantes del decenio de 1960 estaban más radicalizados por obra de los activistas locales y los ejemplos internacionales del momento, especialmente la revolución cubana y los sucesos de 1968 en París y Ciudad de México. A veces la protesta daba paso a la violencia y la única forma de sofocar ésta era cerrando la Universidad Nacional durante largos períodos. El radicalismo de los estudiantes no adquirió un ímpetu sostenido, ya que la composición del estudiantado cambiaba de modo constante y el vanguardismo ultraizquierdista imperante proclamaba una alianza entre estudiantes, trabajadores y campesinos que estaba divorciada de la realidad. A corto plazo, el activismo estudiantil persuadió a los partidos políticos de redoblar sus esfuerzos para reclutar seguidores. Más adelante los titulados activistas de los años sesenta pondrían su experiencia al servicio de movimientos cívicos.

Otro motivo de preocupaciones para el gobierno era el Frente Unido, grupo izquierdista católico integrado por estudiantes, sindicatos y jóvenes profesionales laicos. Entre sus líderes se contaba el carismático sacerdote de clase alta Camilo Torres, que era capellán de la Universidad Nacional y cofundador de su departamento de sociología. Partidario del control de la natalidad, del divorcio y de la expropiación sin compensación, se llevó luego una desilusión con el gradualismo reformista y aceptó la idea de que el marxismo y la violencia revolucionaria eran imperativos cristianos. Esta decisión precipitó su «separación» oficial de la Iglesia por parte del cardenal Luis Concha, que condenó sus argumentos afirmando que la Iglesia podía tomar parte en una revolución sólo en el caso de que existiera una tiranía absoluta. En 1967 Torres fue muerto cuando combatía al lado de las guerrilla revolucionarias en Santander.

La Iglesia, que en 1958 vio reafirmado su privilegiado estatuto constitucional, tendía a la neutralidad política (excepto en casos especiales como el divorcio y la anticoncepción) y a la promoción de la labor asistencial, en conjunción con organizaciones de caridad católicas e internacionales y organismos de beneficencia como, por ejemplo, CARITAS. Sin embargo, los obispos eran atacados por apoyar el estado de cosas por una minoría ruidosa de clérigos jóvenes que, bajo la influencia de la democracia cristiana, el Concilio Vaticano Segundo y la revolución cubana, instaban a adoptar actitudes vigorosas ante los problemas sociales y económicos. Educados a menudo en las ciencias sociales en Europa (especialmente en Lovaina) y en los Estados Unidos, estos clérigos rechazaban el planteamiento jurídico de la Universidad Gregoriana y la teología conservadora que aplaudía los méritos de la resignación y la colaboración entre las clases. En vez de ello, creían que el conflicto de clases era necesario para remediar las desigualdades de riqueza contrarias a la enseñanza católica. Los sacerdotes radicales argüían que la secularización podría detenerse sólo si la Iglesia se situaba de todo corazón en la vanguardia del cambio social y entablaba el diálogo con los marxistas y el diálogo ecuménico con los protestantes.

A pesar del desafío de estos clérigos, los obispos conservadores siguieron constituyendo una mayoría imbatible, retuvieron en su poder el control del Secretariado Permanente de la Conferencia Episcopal Colombiana, que publicaba cartas pastorales con destino al consumo nacional y buscaron nuevas formas de gestión para estar más al alcance de los laicos. Negando el acceso a los púlpitos a líderes radicales internacionales como Dom Helder Cámara, arzobispo de Recife, los líderes conservadores bendijeron la expulsión de sacerdotes extranjeros radicales y se esforzaron por reducir al mínimo los efectos de los rasgos radicales de la Segunda Conferencia General de Obispos Latinoamericanos (Conferencia Episcopal Latinoamericana —CELAM) celebrada en Medellín en 1968. Cuando los obispos colombianos se reagruparon y se colocaron en la vanguardia continental de la contraofensiva conservadora que culminó en la ascendencia derechista en la tercera conferencia de la CELAM, celebrada en Puebla en 1979, muchos clérigos radicales abandonaron la Iglesia para dedicarse a ocupaciones laicas.

REFORMA Y RESISTENCIA, 1966-1974

En las elecciones de 1966 el Frente Nacional, cuyo candidato, Carlos Lleras Restrepo, primo de Lleras Camargo, obtuvo 1.639.000 votos contra los 519.000 del candidato anapista, los 352.000 del MRL y los 334.000 de un conservador disidente. Lleras Restrepo, que era sólo el segundo presidente liberal desde 1946, restauró el ímpetu del Frente Nacional con un programa ambicioso que combinaba la búsqueda del crecimiento económico con concesiones al bienestar social y ampliaba la participación política. Recurriendo a su experiencia en la política nacional y regional, en el comercio del café, en la banca y en el periodismo, y adaptando un estilo fuertemente presidencial, Lleras Restrepo ensanchó el alcance de los «entes descentralizados» del estado, aisló algunas decisiones de política económica de la política de partidos y aumentó la capacidad del estado en la planificación, la regulación y la inversión con el fin de satisfacer los requisitos de eficiencia exigida por los organismos. En 1968 Lleras introdujo una reforma constitucional que daba al ejecutivo mayor poder para configurar las leyes relativas al gasto público, las exenciones fiscales, la provisión de servicios públicos y los planes de obras públicas. También permitía al presidente intervenir en el Banco Central y en el manejo de los ahorros y las inversiones privadas; y le autorizaba a decretar una «emergencia económica» durante un máximo de noventa días al año en el transcurso de los cuales el ejecutivo tendría poderes especiales. La reforma también incluía medidas para reanudar la competencia política y la instauración de un papel definido más claramente para la presidencia y el Congreso en las cuestiones económicas.

Lleras Restrepo dio prioridad a la tarea de estabilizar la política cambiada, que había sido errática desde mediados del decenio de 1950 hasta 1967. La crisis de la balanza de pagos en 1957 había empujado a los organismos internacionales de crédito y a poderosos grupos nacionales como FEDECAFE y los exportadores privados de café a presionar para que se llevara a cabo una devaluación. Sin embargo, tanto entonces como más adelante esa respuesta chocó con la resistencia de alianzas especiales de importadores, industriales (que ejercieron presión por medio de la ANDI, la Federación de Metalúrgicos —FEDEMETAL— y otros grupos de intereses) y, por razones de prestigio, sectores del gobierno, la oposición, los sindicatos y otras secciones de la opinión pública. La importancia del precio del café para la economía nacional fue la causa de que el problema de encontrar el equilibrio entre los intereses de los exportadores, los importadores y el estado se planteara repetidamente, no sólo en términos de gestión económica, sino también en relación con el mantenimiento de la estabilidad política.

El Decreto de Ley 444 de 1967 adoptó el «tipo de cambio móvil» como mecanismo para evitar la devaluación drástica. Por medio de la manipulación administrativa de los controles de la importación y un sistema de tipos de cambio múltiples para diferentes categorías de insumos importados, Lleras Restrepo logró efectuar una devaluación oculta, por lo que el prestigio de su gobierno no resultó perjudicado. Aunque la importancia que se concedió al decreto en aquellos momentos fue un poco exagerada, no cabe duda de que permitió una gestión más estable y una reorientación de la política para fomentar nuevas exportaciones a dos mercados principales, los Estados Unidos y los países andinos. En el decenio de 1970 la relativa estabilidad del tipo de cambio, el control monetario y la recuperación del sector del café sostuvieron un superávit de la cuenta de capital y una gran liquidez. Sin embargo, el Decreto Ley 444 por sí solo no era suficiente para garantizar que las exportaciones colombianas pudiesen cosechar los beneficios de un crecimiento del comercio internacional; de hecho, la parte del mismo correspondiente a Colombia descendió.

Lleras Restrepo volvió a abrir el debate en torno a la política agraria debido a que la reforma muy limitada de 1961 y el fomento de las peticiones pacíficas no habían logrado poner fin a la violencia en muchas zonas agrícolas. Había violencia en regiones de migración reciente como Caquetá y el Magdalena medio, donde los migrantes que pretendían restaurar una economía campesina se encontraron con latifundios en expansión; y era evidente en los departamentos andinos, donde grupos estables de campesinos pedían que los respaldaran con créditos, precios y ayuda en la comercialización, y los peones sin tierra querían transformarse en campesinos. Los conflictos violentos eran frecuentes en las zonas de latifundismo arraigado —algunas partes de la costa del Caribe y los Llanos Orientales— donde los hacendados chocaban con los campesinos arrendatarios y los cosecheros estacionales que subsistían con lo que cultivaban, decididos a acabar con el poder de los terratenientes cuando eran amenazados con el desahucio. Igualmente afectadas estaban las zonas de capitalismo agrario, tales como las fértiles llanuras de las tierras bajas del valle del Cauca, Huila, Tolima y otras partes de la costa del Caribe, donde los choques relacionados con los salarios, las condiciones de trabajo y la seguridad del empleo empujaron a los trabajadores rurales a buscar acceso a tierras para transformarse en campesinos.

Arguyendo que estos conflictos demostraban la urgente necesidad de tomar medidas profundas, Lleras Restrepo insistió aún más que en la reforma de 1961 en que se redistribuyera la tierra que trabajaba los aparceros y los terrazgueros. Respaldaba la «vía campesina», es decir, la creencia de que la producción y la productividad agrícolas podían elevarse estimulando la formación de un sector dinámico integrado por pequeños agricultores a expensas del estancado sector de los grandes terratenientes. A esta insistencia en la redistribución la acompañó el énfasis en la diversificación agraria, que pretendía reducir las importaciones de artículos alimenticios, y en la promoción por parte del estado de las organizaciones campesinas de base. A partir de 1967 estas organizaciones se unieron en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), cuyo objetivo era desviar la protesta campesina hacia cauces pacíficos y asegurar el flujo de información entre el gobierno y el campesinado. En 1970 ya se decía que la ANUC contaba más de 1,5 millones de afiliados y llegaba al 30 por 100 de la población rural, en particular a los colonos y los peones sin tierra de las regiones donde había más violencia. Promotores de la División de Organización Campesina del ministerio de Agricultura organizaban seminarios para instruir a los campesinos en los derechos sobre la tierra, fomentar el espíritu de independencia contra los gamonales y alentar las resistencia a las injusticias.

Por primera vez en la historia de Colombia los hacendados temieron una revolución social lanzada por un movimiento agrarista de alcance nacional. Por consiguiente, actuaron con resolución contra la medida de Lleras Restrepo y sus partidarios. La reforma provocó una oleada de desahucios por parte de los grandes terratenientes y chocó con la resistencia de una alianza de liberales y conservadores de derechas en el Congreso. FEDECAFÉ exigió para el sector del café inmunidad de lo que, según ella, eran los efectos destabilizadores que la redistribución de la tierra surtiría en la producción destinada a exportarse. De igual manera, la reforma agraria fue diluida desde el principio y desde el interior del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), en cuya dirección había representantes de grupos agrarios comprometidos con los grandes terratenientes: la Sociedad de Agricultores de Colofonia (SAC) y la Federación de Ganaderos (FEDE-GAN). Asimismo, el INCORA no estuvo a la altura de las tareas que el presidente le impuso. No tenía los fondos ni la competencia —agrimensores suficientes, buenos estudios catastrales, datos meteorológicos apropiados, estudios del suelo o información estadística sobre el volumen y el valor de la producción agrícola— que eran necesarios para funcionar bien.

Durante la presidencia de Lleras Restrepo un programa significativo de industrialización y consolidación del mercado nacional fue completado con propuestas para crear un mercado común integrado por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. El Pacto Andino (sin Venezuela hasta 1973) se firmó en 1968 y tenía su base en Lima. El objetivo principal del pacto era promover el desarrollo capitalista patrocinado por el estado mediante el intercambio regional de mercancías (el comercio con otros países andinos representaba sólo una pequeña proporción del comercio exterior total de cada uno de los países miembros al firmarse el pacto) y reafirmar cierto grado de autonomía económica nacional por medio de regulaciones que filtrasen las inversiones extranjeras. Arguyendo que Colombia se beneficiaría de la expansión del comercio con sus socios andinos porque disfrutaba de una posición delantera en la industria regional, los defensores del mercado común hacían hincapié en el potencial para el crecimiento nacional en campos tales como la petroquímica y las materias primas para fabricar fibras artificiales. También afirmaban que el pacto andino contenía un marco eficaz tanto para vigilar como para regular las inversiones extranjeras (especialmente la Decisión 24, que ordenaba a los países miembros que adquiriesen gradualmente la participación mayoritaria en las empresas extranjeras) y la promoción de empresas conjuntas con transnacionales que hicieran posible la importación de tecnología sin abrogar el control económico nacional. También se argüía que la negociación coordinada por parte de un grupo de países era más eficaz que la que pudiera llevar a cabo un solo país con poderosas compañías transnacionales. Los que criticaban el pacto argumentaron que el crecimiento del comercio regional que predecían sus defensores no se hizo realidad, en parte debido a los problemas que causó la variedad de productos y en parte porque el mercado todavía era demasiado pequeño para que fueran posibles las economías de escala significativas y los niveles eficientes de producción. Otros fueron más allá en sus críticas y afirmaron que el crecimiento limitado del comercio que podía atribuirse al pacto hubiera podido conseguirse por medio de acuerdos bilaterales de cooperación sin la carga de una burocracia costosa (y que quizá no respondía a nadie). A su juicio, los principales beneficiarios del pacto eran las empresas afiliadas y subsidiarias de las compañías transnacionales, las cuales, contando con mayores recursos de capital y un conocimiento mejor de la región en su conjunto que la empresa nacional, podían aprovecharse directamente de la rebaja de los impuestos de importación. Hasta los partidarios fervorosos del pacto reconocían que su eficacia se había visto reducida por los choques ideológicos y por las diferencias entre sus miembros acerca de las prioridades y el ritmo de la puesta en práctica de decisiones de la mayor importancia.

A pesar del desagrado que les inspiraban sus medidas más radicales, las clases alta y media apoyaban en general a Lleras Restrepo. Aprobaban la dureza con la que hacía frente a la agitación laboral en las ciudades, su actitud en modo alguno complaciente ante el activismo estudiantil, su exigencia de un alto nivel técnico de los ministros y los altos cargos y la imposición del toque de queda cuando los disturbios urbanos alcanzaron un punto máximo en 1970, justo después de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, el gobierno no tuvo en cuenta el grado de resistencia que el programa de reforma encontraría dentro de la maquinaria del estado bipartidista; y si bien contó con los efectos obstructivos de la inercia en los niveles intermedios de la Administración pública y se valió de nuevas instituciones para dejar a un lado las estructuras locales, creó nuevas incertidumbres en relación con el lugar donde residían el poder y la responsabilidad en las localidades. Al perder confianza en sí mismo, el gobierno se vio sacudido por las campañas que se hicieron en el Congreso para denunciar la inmoralidad pública, especialmente en el ministerio de Agricultura. La escala del descontento popular se reflejó en los avances anapistas en los principales consejos municipales al celebrarse las elecciones de mitad del mandato, la creciente influencia anapista en la AC, y la huelga general de 1969, que fracasó sólo porque el gobierno aprovechó hábilmente una desavenencia entre la UTC y la CTC.

La ANAPO se benefició de las dificultades que encontró Lleras Restrepo. La imprecisión programática fue útil para la ANAPO, que ajustó su llamamiento a las necesidades populares inmediatas sin verse restringida por la ideología. Se formó una coalición en torno a la figura de Rojas Pinilla y su programa —el «Decálogo»—, que era en parte radical (participación de los empleados en los beneficios de las empresas, un programa de viviendas de bajo coste en las ciudades y una reforma fiscal progresiva) y en parte conservador (oposición explícita a las medidas de control de natalidad y al proyecto de ley de divorcio, y propuestas de reforma agraria de menor alcance que las de Lleras). Es probable que la falta de un periódico nacional fuese una ventaja, toda vez que las divisiones entre los anapistas no se airearon en público y la ANAPO pudo presentarse como la víctima de la opresión oligárquica.

El programa que presentó Lleras Restrepo fue el primero de la historia de Colombia que se basaba en una valoración minuciosa y extensa de los problemas nacionales. Sin embargo, no pudo ponerse en práctica en los cuatro años de duración de un gobierno de coalición, en el cual intereses hostiles a la política del gobierno participaban en la formulación y la ejecución de la misma. Lleras Restrepo fue criticado porque casi provocó el derrumbamiento de la coalición al no hacer de la búsqueda del consenso su objetivo prioritario.

El candidato oficial del Frente Nacional en 1970, el conservador Misael Pastrana Borrero, se enfrentó a dos adversarios que atraían votos conservadores: Rojas Pinilla y Evaristo Sourdis, poderosa figura costeña que obtuvo muchos votos antibogotanos. A pesar de una campaña cara que, entre otras cosas, utilizó mucho la televisión, Pastrana casi fue derrotado y ganó por sólo 41.000 votos de un total de 4 millones. En una campaña dirigida por su hija María Eugenia, Rojas Pinilla sacó provecho del descontento popular ante el fracaso de la política llerista para igualar la retórica redistributiva con la realidad. El margen de la derrota electoral fue tan pequeño, que hubo que efectuar un recuento, después del cual incluso los adversarios de Rojas Pinilla reconocían en privado su creencia de que el fraude en el último momento había sido la única causa de la victoria del Frente Nacional. Un grupo de militares anapistas trató de dar un golpe que Lleras contrarrestó con rapidez, posiblemente en coordinación con Rojas Pinilla, presentándose como un paladín de la paz que evitó una guerra civil justificable disuadiendo a los que proponían un levantamiento popular.

Pastrana, director de una importante empresa textil transnacional, era un protegido del presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950) y estaba muy relacionado con los Estados Unidos porque había sido embajador en Washington. Los liberales consideraban que Pastrana era aceptable, en parte porque era un administrador con experiencia que había orquestado hábilmente la reforma constitucional en su paso por el Congreso en 1968 y en parte porque quería promover los intereses capitalistas con independencia de su afiliación política más que asegurar una victoria conservadora en 1974 (fecha en que expirarían los acuerdos entre los dos partidos). Pastrana también puso cuidado en retener la retórica reformista de Lleras. La sustancia de la política, sin embargo, cambió de forma considerablemente. La elección de altos cargos por parte del nuevo presidente anunció que se reduciría la intervención del estado en el sector privado y se aumentaría la representación de los intereses privados en el gobierno. Pastrana no dio marcha atrás a la política llerista, pero la atenuó. Para desempeñar altos cargos nombró a hombres que sentían escaso entusiasmo por las reformas que tenían la obligación de ejecutar y con ello tuvo la seguridad de que el programa reformista perdería ímpetu. Después de dar a una medida tiempo suficiente para que fracasara, el ministro correspondiente anunciaba la retirada de la misma.

La política agraria es el campo en que esta pauta fue más conspicua. A partir de 1970-1972 la estrategia de la «vía terrateniente» sustituyó a la «vía campesina», por medio de la cual el estado había asumido el papel de guía en la agricultura, movilizando el apoyo de los campesinos a una estrategia que hacía hincapié en la redistribución y pasando a los grandes terratenientes algunos de los costes del desarrollo. En cambio, la «vía terrateniente» asignó ahora la responsabilidad del crecimiento agrario a grandes capitalistas agrarios e hizo al estado responsable del control corporativista de un campesinado cada vez más organizado por medio de la cooptación de sus elementos más prósperos.

Desde el primer momento la reforma agraria se vio debilitada por la exclusión de los campesinos y los pequeños productores de la toma de decisiones. Podían aprovechar temporalmente las diferencias en el seno de la alianza llerista, pero su capacidad de negociación fue severamente restringida. Cuando el punto máximo de la redistribución de tierras se alcanzó, en 1969-1971, el sector industrial de la alianza llerista desertó. Empezaba a resultar claro que la modernización agraria era posible sin redistribución de tierras al incrementar su producción y su productividad los grandes terratenientes, con lo cual demostraron que no constituían el obstáculo al crecimiento capitalista que los burócratas reformistas afirmaban que eran. El éxito de la contraofensiva de los terratenientes lo consolidó el Pacto de Chicoral en 1972, en el cual la burocracia reformista capituló ante una alianza de diputados del Congreso y terratenientes.

Radicalizada al ver que no se ponía en práctica la reforma, una ANUC más politizada se escindió en dos alas: la Línea Armenia, la más conservadora, y la Línea Sincelejo, la más radical. La Línea Armenia de la ANUC mantuvo la posición general de la alianza llerista; pero la Línea Sincelejo se convirtió en el foco del radicalismo rural y organizó ocupaciones de tierras (especialmente en los latifundios de las regiones del Caribe y del Alto Magdalena), huelgas cívicas y boicots de consumidores, campañas de desobediencia civil, y concertó las presiones con la colaboración de clérigos comprensivos y burócratas descontentos del INCORA destinadas a acelerar la redistribución de tierras. Blanco de la hostilidad de los medios de comunicación —especialmente cuando su marcha sobre Bogotá en 1972— y de acusaciones rituales de ser una fuerza comunista y subversiva, la ANUC perdió sus subvenciones oficiales y se vio excluida de las negociaciones importantes sobre política agraria. El patronazgo, mientras tanto, se encauzó por medio de la AC, cuyos fondos satisfacían necesidades básicas tales como escuelas y electrificación y se usaron para fragmentar el movimiento campesino más amplio. De cerca de 22.000 juntas de la AC que existían en 1978, casi la mitad fueron creadas después de 1970.

La Línea Sincelejo de la ANUC nunca recuperó su vitalidad y la oleada de activismo campesino perdió fuerza. No cobró forma un movimiento agrarista poderoso. Es probable que la razón más importante de ello fuera la diversidad interna de la ANUC, que impedía una conciencia de clase coherente. Colonos, pequeños comerciantes rurales, peones asalariados que trabajaban en grandes empresas agrícolas, minifundistas y peones sin tierra no tenían intereses y prioridades comunes. El activismo de algunos de ellos disminuyó al ver parcialmente satisfechas sus demandas; el de otros se agotó a causa de las oportunidades de migrar a Venezuela y a las fronteras de la marihuana. Las divisiones ideológicas también influyeron. Los pequeños agricultores vieron con malos ojos la posibilidad de efectuar inmediatamente en Colombia una copia exacta de la revolución china, y de los trotskistas, que carecían de apoyo obrero pero abogaban por una alianza revolucionaria de campesinos y obreros.

El cambio de la política agraria y, andando el tiempo, el fin de la redistribución de tierras en 1972 resultaron aceptables para la SAC y las federaciones patronales. Oponiéndose con vehemencia a las propuestas de 1969 para la tributación progresiva de la tierra, la SAC había enfrentado la amenaza de la vía campesina modernizándose. El gobierno promovió con entusiasmo la «revolución verde», con préstamos a bajo interés de la AID para comprar fertilizantes, semillas y tractores, préstamos que serían el complemento de los fondos privados y públicos locales. Aunque encontró el obstáculo de los efectos inflacionarios de la crisis del petróleo en 1973 en los fertilizantes e insecticidas basados en dicho producto y esenciales para los nuevos híbridos de maíz y trigo de gran rendimiento, la «revolución verde» se apuntó algunos éxitos, especialmente en la producción de arroz. Defendidos desde 1947 por la Federación de Arroceros, los productores de arroz en la costa del Caribe y en los Llanos respondieron tanto a los incentivos para usar maquinaria y herbicida como a los programas de sostenimiento de los precios pasando a cultivar nuevas variedades y doblando el rendimiento medio de la tierra entre 1965 y 1975. Los precios del arroz cayeron de forma considerable en relación con los precios de otros artículos alimenticios, y el arroz sustituiría a las alubias en términos de la ingestión calorífica en la dieta colombiana.

La Administración Pastrana propuso una importante reforma redistributiva. Fue en el campo de la política urbana, que se había visto descuidado durante el debate en torno a la reforma agraria. Observando cómo la ANAPO se había beneficiado de los defectuosos servicios urbanos, de la concentración de las inversiones en la construcción de casas en los prósperos distritos residenciales de clase alta y media alta y la intensificación del antagonismo de clase, el ministro de Desarrollo del gobierno Pastrana, redactó un ambicioso programa de reforma urbana para usarlo como instrumento para legitimar de nuevo la coalición del Frente Nacional. Su plan consistía en reencauzar créditos hacia la construcción de viviendas baratas para los grupos de renta baja, reducir los alquileres urbanos, eliminar la especulación con el suelo urbano y evitar que continuase la expansión de las grandes ciudades, para lo cual el estado patrocinaría el crecimiento de ciudades medianas. Valencia anunció nuevos impuestos y reglas cuyo fin era redistribuir la riqueza, hacer que ésta pasara de los terratenientes urbanos a los pobres, y rectificar las deficiencias de los servicios urbanos, así como un incremento del papel del estado en la planificación y provisión de viviendas para los grupos de renta media y baja. Esto cayó mal en el sector privado e impulsó la formación de una nueva alianza de la construcción urbana y los terratenientes con el sector financiero. Valencia fue expulsado.

Este plan de reforma fue sustituido por las «Cuatro Estrategias» ideadas por Lauchin Currie, jefe de la misión del Banco Mundial de hacía más de dos decenios, que reafirmaba la primacía del sector privado. Atrevido e impresionante desde el punto de vista técnico, el programa era acentuadamente conservador en sus efectos. Arguyendo que había que acelerar la migración del campo a la ciudad con el fin de aumentar la proporción de la población dedicada a actividades productivas, Currie identificaba la construcción urbana y la agricultura destinada a la exportación como los principales sectores de crecimiento. Insistió en que su objetivo global no era la provisión de viviendas de bajo coste, sino la expansión de la demanda mediante la movilización y la redirección de los recursos financieros hacia la construcción urbana e instó a crear un fondo de ahorros y préstamos para la construcción con tipos de interés ajustable. En 1974 funcionaba ya en Bogotá la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC). Este sistema dio origen a un auge de la construcción y un incremento del empleo, pero también tuvo consecuencias inflacionarias, desvió créditos de la industria a la construcción, estimuló la migración del campo a la ciudad, dio demasiada importancia a la construcción urbana y pasó por alto los «embotellamientos» que se registraban en el ramo de la construcción.

El reformismo de Lleras Restrepo había obligado a la guerrilla a ponerse a la defensiva. Decidido a aclarar todavía más la distinción entre la izquierda evolucionista y la izquierda revolucionaria, el presidente dijo que la relación comercial permanente con la Unión Soviética dependía de que Moscú ejerciera su influencia para cortar los vínculos entre el Partido Comunista y la guerrilla. Debido a ello, muchos dieron por sentado que existía una conexión entre la restauración de las relaciones diplomáticas soviético-colombianas, la ruptura entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Partido Comunista y el hecho de que en 1967 los comunistas cambiaran su política y afirmaran que no existía ninguna situación revolucionaria en Colombia. Asimismo, a finales del decenio de 1960 los guerrilleros menospreciaron el profesionalismo del ejército colombiano, que a esas alturas tenía ya mucha práctica en la guerra interna, los problemas que planteaba el mantenimiento de líneas de abastecimiento de un lado a otro de los Andes y las dificultades de ganarse la buena voluntad permanente del campesinado.

La contraofensiva conservadora bajo Pastrana reavivó la actividad de la guerrilla. Mientras que a principios del decenio de 1940 alzarse en armas y echarse al monte se consideraba una costumbre caída en desuso, propia del siglo XIX, sin lugar en un orden político donde el cambio podía efectuarse democráticamente, a principios de los años sesenta la frustración producida por el bipartidismo era tan profunda, que, a pesar de los escasos resultados obtenidos después de veinte años de acción armada, unirse a los guerrilleros no se consideraba totalmente irracional. De hecho, subsistían cuatro grupos guerrilleros que diferían en sus respectivas ideologías, estrategias y tácticas. El mayor y más poderoso eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), capitaneadas por Manuel Marulanda («Tirofijo»). Existía la creencia general de que las FARC, que habían unido a grupos dispersos de guerrilleros y bandidos de la violencia de mediados del decenio de 1960 y ahora estaban integradas en gran parte por campesinos, se hallaban bajo la égida de comunistas pro soviéticos. El Ejército Popular de Liberación (EPL), grupo maoísta más pequeño que las FARC, se componía principalmente de profesionales jóvenes, estudiantes y peones asalariados rurales. El ELN, grupo castrista fundado en Cuba en 1963-1964, lo formaban sobre todo profesionales jóvenes y estudiantes y abogaba por las doctrinas del foquismo popularizadas por Ernesto Che Guevara; a este grupo pertenecía Camilo Torres cuando murió en combate en 1967. (El ELN adquiriría notoriedad más adelante al lanzar 124 ataques contra instalaciones petroleras de propiedad nacional e internacional sólo en 19851987). Un cuarto grupo, el Movimiento 19 de abril (M-19), nació de la indignación que causó en los anapistas su derrota «fraudulenta» en las elecciones de 1970 y se presentaba como ala armada de la ANAPO, que lo repudió. El M-19 llevó a cabo acciones espectaculares, tales como el robo de cinco mil fusiles de un arsenal del ejército y la toma de la embajada de la República Dominicana durante una recepción a la que asistían el embajador de los Estados Unidos y el nuncio pontificio. Lanzadas con el fin de desmoralizar al ejército y perjudicar su prestigio, estas acciones contribuyeron a reforzar la capacidad de resistencia del conjunto de la guerrilla, que sobrevivió a un nuevo ataque contra las «repúblicas independientes» en 1973. Y en verdad que la capacidad de aguante de la guerrilla era notable; durante gran parte del decenio de 1970 Colombia fue el único país sudamericano donde hubo organizaciones guerrilleras en activo.

Los guerrilleros se ganaron mucho apoyo de los campesinos y los trabajadores rurales, especialmente a finales de los años setenta, en la nueva zona bananera de Urabá, por ejemplo, a consecuencia del duro régimen de trabajo; en Arauca, debido a que la nueva riqueza producida por el petróleo de la región no llegaba a los sectores populares; y en el medio Magdalena, a causa de las arcaicas relaciones laborales. Pero este apoyo no se observaba en todos los campos de las operaciones de la guerrilla, y las visiones de una sociedad nueva se estropearon cuando la violencia se volvió indiscriminada y perdió atractivo la idea romántica de la belleza de una muerte juvenil en la lucha armada. Los pequeños agricultores y sus aliados se vieron obligados a formar sus propias milicias, en algunas de las cuales, en el oeste de Boyacá, por ejemplo, se infiltraron los escuadrones de la muerte derechistas a mediados del decenio de 1980. A estas alturas ya era claro que algunas de las organizaciones de guerrilleros cometían abusos contra los derechos humanos, al mismo tiempo que movilizaban a la opinión internacional para que protestase contra los abusos de esta clase que cometían los militares. El resultado fue que para sobrevivir empezaron a depender cada vez más de la violencia, así como de la amenaza de violencia, en vez del apoyo popular.

Los objetivos de la guerrilla a menudo no eran claros. Algunos guerrilleros hablaban de transformación revolucionaria y otros, de incorporación y participación en un orden reformado. Una organización guerrillera mostraba poco interés por lo que fuese más allá de reafirmar y conservar el control de determinadas partes del territorio; otra proclamaba su decisión de derrotar a las empresas extranjeras y a sus aliados nacionales. Así pues, el gobierno respondía de un modo confuso, hasta caprichoso, y a veces denunciaba a los guerrilleros por subversivos y delincuentes y les aplicaba el código penal, y otras veces los trataba como a un ejército regular con el cual debían celebrarse conversaciones y establecer treguas. Estas ambigüedades animaban a algunas organizaciones de guerrilleros a reclamar para sí la condición de beligerantes internacionales basándose en que ocupaban de forma permanente determinada porción del territorio nacional. En el decenio de 1980 las posiciones de esta índole eran reforzadas a veces por elementos de la izquierda no violenta que argüían que la guerra de guerrillas era justificable cuando se hacía contra una «dictadura disimulada».

La influencia de la ANAPO alcanzó su apogeo en 1970-1971, cuando llegó a alcanzar el 35,2 por 100 de los votos y el movimiento conquistó todos los ayuntamientos de las principales ciudades. Confiando excesivamente en sí mismo, el movimiento declaró su transformación en partido con Rojas Pinilla como líder y María Eugenia en el puesto de directora nacional. Sin embargo, el apoyo a los anapistas descendió a partir de 1971; su porcentaje de los votos ya nunca superó el 19 por 100 y en 1976 cayó hasta quedar en un 4 por 100. Ningún factor es suficiente por sí mismo para explicar este descenso. Desde luego, el oportunismo de muchos antiguos anapistas y las tácticas de Pastrana contribuyeron en gran medida a erosionar el apoyo que recibía el partido. El presidente sedujo a algunas secciones de la dirección intermedia con gestos de patronazgo que redujeron los fondos anapistas (porque los candidatos y los cargos anapistas estaban obligados a efectuar aportaciones monetarias) y mermaron la confianza de sus seguidores. Pastrana también encauzó recursos estatales hacia gobiernos departamentales controlados por liberales y conservadores en vez de hacerlo hacia los ayuntamientos dominados por anapistas, lo cual defraudó las expectativas de las bases del partido.

Sin embargo, la causa principal de la decadencia anapista fue la falta de organización y de programa. A la ejecutiva nacional de la ANAPO le estaban negadas la influencia y la capacidad de tomar decisiones y sus miembros eran nombrados y destituidos a voluntad por Rojas Pinilla. Un triunvirato extraoficial integrado por Rojas Pinilla, María Eugenia y el esposo de ésta, Samuel Moreno de Díaz, tomaba todas las decisiones importantes y nombraba a los miembros de los órganos ejecutivos y a los candidatos a las listas legislativas. Hubo un cambio en la composición de la dirección del partido, que de una elevada incidencia de militares retirados a mediados del decenio de 1960 pasó al predominio de los civiles a comienzos de 1970, pero este cambio no fue acompañado de una ampliación de los procesos consultivos. Una elevada proporción de mujeres en la dirección intermedia a principios de los setenta reflejó tanto el poder de María Eugenia como el hecho de que Rojas Pinilla había introducido el sufragio femenino. Pero esto no fue suficiente para satisfacer las exigencias de los colaboradores del partido, que estaban molestos al ver que la influencia sobre la formulación de su política sólo era posible por medio de las relaciones privadas con el triunvirato y que no se estaba preparando una nueva generación de líderes. Estos sentimientos se agudizaron cuando en 1974 Rojas Pinilla decidió nombrar a María Eugenia candidata a la presidencia.

El paso del poder a María Eugenia aceleró las defecciones. Nunca tan popular como su padre, algunos activistas no la aceptaron por motivos sexistas y, además, María Eugenia se enemistó con la derecha anapista en algunos departamentos clave —Valle y Antioquia— al respaldar una tendencia del partido hacia la izquierda instigada por la intelectualidad bogotana. La decisión de delegar la tarea de redactar el programa de 1974 a un intelectual socialista, Antonio García, fragmentó la ANAPO. Calculando que un programa más radical era esencial para defenderse de la amenaza tanto de López Michelsen, el candidato del Frente Nacional, como de los grupos de izquierdas, María Eugenia desestimó la oposición de la derecha anapista a las promesas que daban cuerpo a anteriores alusiones al socialismo a la colombiana. Mientras los radicales se quejaban de falta de democratización, la derecha anapista expresaba su desacuerdo con los compromisos con la distribución radical de tierras, la nacionalización de los bancos de propiedad extranjera y los programas de participación en los beneficios para los empleados del sector privado.

Los efectos a largo plazo de la ANAPO fueron considerables. Los resultados que obtuvo en las elecciones presidenciales de 1970 demostraron que la oposición podía derrotar a la coalición gobernante de acuerdo con sus propias condiciones. La ANAPO amplió el electorado y aceleró la erosión de los apegos hereditarios a los partidos (especialmente entre los migrantes del campo a la ciudad) al proporcionar una etapa de transición para los votantes conservadores del decenio de 1960 que votaron a los «anapistas» en 1970 y a los liberales en 1974, y para los electores liberales que votaron a los «anapistas» en 1970 (y quizá de nuevo en 1974) y a los conservadores en 1978.

Aunque breve, la existencia de un tercer partido no sólo afectó el nivel de abstención en las elecciones, sino que, además, alentó a sectores del electorado a considerar la posibilidad de votar de manera táctica. Entre 1966 y 1974 la tasa de abstención descendió del 65,3 al 46,1 por 100, lo cual induce a pensar que una parte significativa de la población adulta encontró por primera vez algún motivo para participar en el sistema político. De igual modo, hay datos que hacen pensar que la fuerza de las lealtades hereditarias a tal o cual partido sufrió cierta erosión, a la vez que el apoyo a las dos fuerzas principales pasaba a depender en gran medida de la política y el historial de las mismas. Quizá esto no tuvo una importancia decisiva mientras el acuerdo de coalición estuvo en vigor, pero en 1958 se había decidido que expirase en 1974. Tanto por esta razón como porque el Partido Comunista consiguió agrupar a varias organizaciones radicales detrás del candidato de la Unión Nacional de Oposición (UNO), la elecciones de aquel año prometían revestir especial importancia.

HACIA LA REANUDACIÓN DE LA POLÍTICA COMPETITIVA, 1974-1990

Antes de las elecciones de 1974, los liberales y los conservadores empezaron un largo proceso de consulta con el objeto de encontrar una fórmula que preservara la estabilidad que la coalición del Frente Nacional había dado pero que, al mismo tiempo, permitiera una apertura política. Los socios coalicionistas acordaron que tuviera lugar una transición hacia la competición «abierta», en la cual tanto los liberales como los conservadores propondrían candidatos oficiales a la presidencia pero el vencedor estaría obligado a seguir, los principios de paridad y asignar la mitad de los puestos gubernamentales al otro partido. Los liberales presentaron a Alfonso López Michelsen; los conservadores, a Alvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez.

Arguyendo que durante medio siglo Colombia había promovido continuamente el sector moderno de la economía a expensas del resto, López Michelsen prometió cerrar la brecha entre las regiones y las clases introduciendo una reforma fiscal que disminuyera la diferencia entre los ingresos de los ricos y los de los pobres. Habló de una distribución más equitativa de las inversiones públicas y de redistribuir la riqueza entre las regiones. Identificándose con la Internacional Socialista, López Michelsen se presentó como socialdemócrata. En cambio, Gómez Hurtado, que iba detrás del voto de los empresarios, al principio hizo suyo un modelo parecido al que adoptaran los militares brasileños después de 1964, pero empezó a dar muestras de vacilación cuando los votantes de clase media retrocedieron ante el autoritarismo de tipo brasileño. Mientras tanto, la primera mujer que aspiró seriamente a la presidencia de un país latinoamericano, María Eugenia Rojas, entró en liza con un programa radical de redistribución. El número de personas que emitieron su voto fue de 5,2 millones, el doble del de 1962 y 1966. En total, el 56,2 por 100 de los votantes optaron por López, el 31,4 por 100 por Gómez, el 9,4 por 100 por María Eugenia y el 2,6 por 100 por el candidato de la UNO, Echaverry Mejía.

Aunque López Michelsen obtuvo una victoria arrolladora —que a veces se atribuyó al buen papel que hizo en la televisión— y pudo afirmar que el suyo era un «mandato claro», el nuevo gobierno dio muestras de una acentuada indecisión. Aunque prometía una reforma radical y parecía optar por una estrategia llerista que hacía hincapié en la redistribución y en un estado más eficiente, López resolvió el debate de política económica en el seno de la clase alta a favor de la opción neoliberal, adoptando una política monetaria restrictiva con el fin de contrarrestar la inflación generada por una inesperada bonanza cafetera. Habló tanto de la «revolución verde» como de una reforma agraria radical e intentó que ésta resultara aceptable para los intereses hacendados recalcando su importancia para la campaña contra los insurgentes; pero asignó al INCORA recursos que no eran suficientes ni para las propuestas más modestas y dividió el instituto en dos instituciones débiles. López concedió reconocimiento legal a dos confederaciones sindicales que estaban fuera de la ley —la Confederación Sindical de Trabajadores (CSTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT)—, pero esta medida fue ambigua y dividió dos confederaciones sindicales en cuatro e hizo que la CSTC y la CGT fueran más manejables desde el punto de vista político. López, que criticaba a la UPAC, arguyó que la extensión de la indexación de las hipotecas a los beneficios de los seguros de vida, y extraoficialmente a los salarios y los precios, recalentaba la economía y fomentaba una mentalidad inflacionaria. Pero su gobierno no desmanteló el sistema de la UPAC porque temía ofender a una poderosa coalición de bancos, depositantes, el ramo de la construcción y sus proveedores y trabajadores; en vez de ello, López Michelsen redujo la indexación a niveles situados por debajo de la inflación y sujetó los ahorros al impuesto sobre las ganancias del capital.

Una tenue capa de reformismo no consiguió ocultar la falta de cambios radicales. El problema apremiante de los migrantes colombianos que residían en Venezuela se dejó sin resolver, y la tan anunciada reforma fiscal se vio obstaculizada en cada una de sus etapas por los retrasos en los organismos gubernamentales, los cambios de parecer, la oposición y los subterfugios del Congreso. Concebida para fomentar la equidad, la reforma incrementó la carga que soportaban los más ricos al aumentar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y crear un impuesto sobre las ganancias del capital, pero no hizo nada por reducir la carga que soportaban los grupos de ingresos inferiores. Es cierto que dio por resultado un aumento de la recaudación tributaria —antes de 1974 el tipo impositivo real representaba el 9,0 por 100 del producto interior bruto (PIB); en 1975, había subido hasta quedar en alrededor el 10,5 por 100—, pero la medida en que este aumento se traducía en una transferencia neta a favor de los pobres dependía de las pautas del gasto público. Los escasos datos de que disponemos inducen a pensar que la posición relativa de los trabajadores que cobraban salarios bajos, especialmente en la agricultura, descendió. No se reunieron recursos suficientes para financiar un ambicioso Plan de Nutrición y un programa de DRI y, por consiguiente, fue necesario echar mano de empréstitos externos para financiarlos.

La única reforma redistribucionista eficaz que se llevó a cabo —la puesta en práctica de la Decisión 24 del Pacto Andino, en virtud de la cual el 51 por 100 de los bancos internacionales tenía que ser de propiedad nacional— ayudó a los capitalistas del país a expensas del capital internacional. Esto formaba parte de un desplazamiento hacia una mayor independencia de la política exterior, incluida su vertiente económica, que también se observó en el apoyo prestado a la campaña del general Ornar Torrijos para quitar el control del Canal de Panamá de manos de los Estados Unidos y en el respaldo, aunque fuera tibio, a la lucha sandinista contra la tiranía de Somoza en Nicaragua. En 1976 Colombia renunció a la ayuda norteamericana con el fin de que fuera destinada a países más necesitados.

La tendencia principal de la política económica era a favorecer a la gran empresa nacional en el sector privado reduciendo el gasto público. Una doctrinaria dependencia monetarista de las fuerzas del mercado se vio matizada por la aceptación de la necesidad de que el estado fomentara el desarrollo. Este objetivo no se alcanzaría mediante la expansión masiva del sector público, sino que lo que había que hacer era garantizar condiciones que resultaran atractivas para el capital extranjero y frenar la devaluación del tipo de cambio con el fin de evitar que sufrieran daños las perspectivas de las exportaciones menores. Impresionado por los ejemplos de Japón, Taiwan y Corea del Sur, el gobierno de López Michelsen habló de transformar Colombia en el «Japón de América del Sur». Sin embargo, la analogía con el Extremo Oriente no estaba justificada. El impulso hacia una industrialización rápida disminuyó a causa de dos factores: a saber, la fuerza de la agricultura colombiana y la suposición errónea de que una reducción de los aranceles produciría automáticamente un sector manufacturero capaz de competir en el plano internacional. Dado que la agricultura de exportación competía vigorosamente con la industria en pos de capital, mano de obra y apoyo infraestructural, el gobierno no pudo obtener un consenso para la industrialización, especialmente mientras el precio del café fue alto e incluso el sector de contrabando estuvo fomentando una significativa diversificación agraria. Asimismo, el fracaso del intento de crear una industrialización «imprescindible» fue acompañado de otro: el del intento de reducir el gasto público. El crecimiento continuo, que fue posible gracias a una bonanza del contrabando que compensó el alza de los precios del petróleo y de los productos manufacturados de importación, quitó validez al argumento según el cual los niveles del gasto público refrenaban la iniciativa privada. A pesar de ello, se tomaron medidas impopulares para eliminar una subvención al trigo, incrementar el impuesto sobre las ventas y desmantelar los controles de precios. Se eliminó la regulación de los precios, pero los salarios siguieron estando controlados.

En estas circunstancias los sindicatos adquirieron una unidad y una independencia que no tenían precedentes. Las huelgas generales de 1965, 1969 y 1971 y un acentuado incremento de la incidencia de huelgas durante las postrimerías del decenio de 1960 no habían formado la base para un crecimiento permanente de la militancia. A principios de los años setenta habían disminuido las huelgas debido a la mejora del aparato de arbitraje y a la presión del estado a favor de los contratos colectivos. La UTC y la CTC seguían formando parte del sistema de patronazgo oficial, que fue reforzado con fondos procedentes de la AID y del American Institute for the Development of Free Trade Unions, organismos que abogaban por la mejora incremental que buscaba un descenso del componente político del activismo laboral.

En los años sesenta hubo un importante desplazamiento de la lealtad, que se alejó de la UTC y la CTC para aproximarse a la CSTC y la CGT, así como a los nuevos sindicatos independientes. La CSTC se había separado de la CTC en 1964 y luego había crecido a expensas de la misma. Bajo influencia comunista y empujada por la falta de reconocimiento legal antes de 1974, la CSTC se vio obligada a hacerse pasar por un grupo de sindicatos «independientes» cuando trataba con el gobierno y la judicatura. La CGT se fundó en 1970 y también reflejaba la influencia de los marxistas. Los sindicatos afiliados a la CSTC e independientes protagonizaron más huelgas que los que estaban afiliados a la UTC y a la CTC. Esto no se debió sólo a que su autonomía y su orientación izquierdistas eran mayores, sino también al hecho de que los sindicatos de la CTC y la UTC estaban concentrados en industrias «avanzadas» capaces de ofrecer mejores incrementos salariales.

Así pues, la agitación urbana fue en aumento bajo López Michelsen. Las huelgas alcanzaron un nuevo punto máximo en 1975; entre junio de 1976 y junio de 1977 hubo más agitación, alimentada por la tasa de inflación más alta de la historia de Colombia después de la guerra de los mil días (1899-1902) —el 42 por 100— después de seis años de erosión continua de los salarios reales urbanos en comparación con el incremento continuo de los mismos que se observara entre 1965 y 1971. En las acciones de protesta urbana empezaron a participar cada vez más sectores desencantados de la clase media, especialmente empleados del sector público, que trataron de unir la protesta sindical en los lugares de trabajo con la protesta popular en los barrios. Una serie de acciones de los médicos y los trabajadores de la medicina, los maestros de escuela, los empleados de los bancos y los ferrocarriles dieron ímpetu a una huelga general en 1976 que ningún sindicato quiso condenar. Las cuatro confederaciones sindicales más importantes se unieron por primera vez y el gobierno cometió un error de cálculo al responder con despidos que prolongaron el enfrentamiento e intensificaron la decisión de los empleados del sector público de obtener el reconocimiento de su derecho a la huelga. El gobierno calculó que el activismo se evaporaría al carecer de un medio de expresión; pero las numerosas bajas lo reforzaron y en 1978 el número de huelgas fue el más elevado en el período comprendido entre 1958 y 1981. La iniciativa de 1976 con vistas a resolver las disputas entre el estado, los patronos y las organizaciones laborales por medio del Consejo Nacional de Salarios fracasó a causa de una facción de patronos que se enfurecieron al rechazar el gobierno la resolución propuesta de que las disputas se resolvieran en las empresas y preferir en su lugar un sistema de arbitraje nacional con el objetivo de mejorar su atractivo electoral ante los trabajadores.

La iniciativa pasó ahora a los militares fortalecidos por las denuncias de corrupción civil que sacudieron al gobierno y al Congreso. La élite civil se escandalizó ante el hecho sin precedentes de que treinta y tres generales y almirantes exigieran públicamente que se tomaran medidas de excepción con el fin de mejorar la seguridad interna y conceder nuevos poderes a las fuerzas armadas, y también que se atacara a la judicatura y a los medios de información por atacar al estamento militar. Una explosión de violencia criminal —asesinatos, secuestros, atracos a bancos y gangsterismo relacionado con el contrabando— proporcionó motivos para que la policía y los militares adoptasen tácticas más duras contra todas las formas de «subversión». Se afirmó —sin llegar a probarlo de forma fehaciente— que una conspiración general amenazaba las instituciones nacionales, lo cual sirvió de pretexto para celebrar una conferencia nacional de seguridad en 1975, en la cual los adversarios del ministro de Guerra de los dos partidos principales arguyeron que se estaba haciendo borrosa la distinción entre la protesta legítima y el terrorismo y que ello aceleraba el movimiento hacia el autoritarismo de derechas y a la vez ayudaba al terrorismo porque radicalizaba la oposición no violenta.

El asesinato del inspector general de las fuerzas armadas en 1975 unió a la oficialidad de las mismas, pero no se produjo el golpe que tantos predecían. Luego, entre 1975 y 1977, el propio estamento militar se vio dividido por revelaciones escandalosas: las reverberaciones en Colombia del escándalo de los aviones Lockheed más las supuestas comisiones ilegales que acompañaron a las ventas de fusiles fabricados en la Alemania Occidental y aviones Mirage fabricados en Francia. Asimismo, era posible demostrar la falsedad de las afirmaciones de haber derrotado definitivamente a la guerrilla rural. En 1975 se acusó a los militares de abdicar de sus responsabilidades en Magdalena y César y permitir que grupos de terratenientes armados persiguieran a los activistas de la ANUC que aún se encontraban allí y crear «repúblicas independientes» en las cuales no era aplicable la autoridad de la ley colombiana. Y con el avance inconfundible hacia lo que una parte cada vez mayor de la opinión pública consideraba una «dictadura civil», los temores civiles de que las facciones autoritarias del ejército estuvieran utilizando el régimen de estado de sitio para imponer dictaduras de nivel local que podían propagarse a todo el país encontraron eco en los oficiales constitucionalistas.

Aumentó la crítica de numerosos sectores de las clases media y trabajadora al ver que López Michelsen parecía gobernar por cuenta de las compañías transnacionales y de las grandes empresas nacionales. El estado había tenido una estrecha relación con la formación de «conglomerados» empresariales que empezó en el decenio de 1960. En algunos casos la fusión de empresas de propiedad nacional se llevó a cabo mediante la integración vertical y el control de las empresas; produjo insumos que garantizaran la cadena productiva; en otros, la integración horizontal, mediante la absorción de empresas rivales; y en otra serie de casos, como medio de compartir los costes de tecnología importada que resultaba cara. En 1978 el poder económico ya residía en veinticuatro conglomerados: doce «superconglomerados», cuatro empresas familiares y ocho empresas nacidas de grupos financieros, que financiaban el sector industrial y cada vez más tomaban su control. La falta de restricciones a las grandes empresas y la estrecha identificación de los gobiernos con el sector financiero entre 1974 y 1982 despertaron la enemistad de las pequeñas empresas, especialmente las afiliadas a la Asociación Colombiana Popular de Industrias (ACOPI), que en 1979 representaba alrededor de diez mil pequeños negocios y se quejaba repetidamente del carácter discriminatorio de la política de concesión de empréstitos así como de la facilidad con que las grandes empresas tenían acceso al gobierno.

Otros motivos de las protestas de la clase media eran la tolerancia oficial de la evasión de impuestos por parte de la clase alta, la complicidad en la corrupción y las irregularidades financieras en los niveles más elevados del gobierno. Semejante descontento se hacía más intenso a causa de la poca sensibilidad con que las protestas en el sector público eran tratadas por un gobierno que suponía erróneamente que existía aún una deferencia residual entre la clase media urbana. Así, López Michelsen menospreció la escala de la oposición en el sector de la salud en 1976, año en que la ira de los profesionales ante la financiación insuficiente del sistema de salud pública culminó con la ocupación del mayor hospital de Bogotá por parte de miembros de la facultad de medicina de la Universidad Nacional. Su acción fue complementada por una huelga de empleados del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) y doctores y trabajadores encargados de la asistencia médica para la empresa privada. El gobierno, que fue el causante de la huelga al cambiar la condición de los empleados del ICSS al convertirlos en funcionarios públicos —cambio que los privó del derecho a la huelga—, declaró que la acción de los huelguistas era ilegal, pero lo único que consiguió fue intensificarla y ampliar su alcance. El gobierno entró así en un enfrentamiento declarado con un grupo bien organizado e influyente que demostró el potencial que tenía la clase media urbana para organizarse de forma autónoma y eficaz.

En Cali, la protesta urbana adquirió forma institucional en el Movimiento Cívico, que se fundó en 1977 con el objetivo principal de poner fin a las irregularidades en la Administración pública. Contando con el apoyo de miembros de los partidos tradicionales y, al parecer, independiente de ellos, el Movimiento Cívico fue una respuesta al hecho de que el gobierno no satisficiese las expectativas que había creado con su retórica. Capitaneado frecuentemente por profesionales —abogados, arquitectos, economistas— que tenían experiencia de la AC y estaban desilusionados a causa de su ineficacia, el movimiento se valió de la prensa, la radio, las manifestaciones públicas y los comités de barrio que organizaban la inscripción electoral y los mítines públicos para concurrir a las elecciones municipales de 1978, en las que obtuvo resultados impresionantes: el 34,9 por 100 de los votos.

El Movimiento Cívico reflejaba tendencias más amplias, de toda la nación. Una creciente sensación de abandono urbano se hacía evidente en la frustración que experimentaban los ciudadanos al ver que no se ponía remedio al problema de la vivienda, que no se instalaban servicios apropiados y tampoco se establecía el reconocimiento legal de los títulos de propiedad. Mientras que entre 1958 y 1970 hubo dieciséis huelgas ciudadanas y entre enero de 1971 y septiembre de 1977 hubo setenta y dos, sólo en los nueve meses comprendidos entre septiembre de 1977 y mayo de 1978 hubo cincuenta. Estas huelgas no tenían lugar únicamente en las grandes ciudades, sino también en las poblaciones satélite que se encontraban en expansión desde hacia poco, como, por ejemplo, Barbosa, cerca de Medellín, y Yumbo, cerca de Cali, así como en ciudades pequeñas tales como Barrancabermeja y Florencia. Los sindicatos no estaban siempre a la cabeza de las protestas ciudadanas, aunque la CSTC desempeñó un papel activo en la preparación de la Huelga Ciudadana Nacional en las cuatro ciudades principales en septiembre de 1977.

Fueron los movimientos cívicos y no los partidos de la oposición quienes supieron captar el estado anímico del país a mediados del decenio de 1970. La ANAPO había perdido la mayor parte de su fuerza, La coacción selectiva había impedido que el Partido Comunista edificara una base de poder en los barrios obreros de Bogotá. (El campo donde la actividad comunista dio mejores resultados fue la CSTC). La izquierda estaba fragmentada (en 1975-1976 al menos cinco facciones competían por el apoyo de la clase trabajadora), carecía de líderes eficaces y daba muestras de debilidad. El principal portavoz de la intelectualidad izquierdista no violenta era el periódico Alternativa, patrocinado por el novelista Gabriel García Márquez, del cual nació el movimiento Firmes, cuyo objetivo era la unión en torno a un solo candidato presidencial de la izquierda.

A finales del decenio de 1970 una nueva amenaza se cernió sobre las instituciones democráticas debido al ascenso de los narcotraficantes. Surgida de la tradición del contrabando de esmeraldas y de la bonanza de la marihuana en los años sesenta y setenta, la mafia de la droga adquirió fuerza en las postrimerías del decenio. Cuando la producción de cocaína desplazó al cultivo de la marihuana en Colombia —debido a que cada vez se cultivaba más marihuana en los Estados Unidos—, el cártel de Medellín impuso su supremacía en la producción y la elaboración en América del Sur, y luego, en 1978-1979, se hizo con el control de la distribución del producto en los Estados Unidos después de la victoria en la «guerra de la cocaína» en el sur de Florida. Los atractivos de la cocaína eran sus precios elevados y la facilidad con que se transportaba en avión, y la ciudad de Medellín ofrecía una tradición empresarial además de la posibilidad de reclutar químicos industriales bien preparados. Poco a poco fue construyéndose un negocio integrado verticalmente y multinacional dotado de medios complejos que iban desde modernos sistemas de regadío en las zonas fronterizas hasta la utilización de expertos en el manejo de aparatos electrónicos para seguir la vigilancia del gobierno. La recesión industrial que vivió la ciudad en los años ochenta dio al cártel de Medellín la oportunidad de introducirse en pequeñas industrias. El cártel también se dedicó a la agricultura como parte de su proceso de diversificación y representó una amenaza para los terratenientes tradicionales, algunos de los cuales se resistieron a hacer negocio con él, aunque otros se comprometieron en unos momentos en que los beneficios míe producía la economía legítima eran bajos. El cártel instauró un creciente régimen de terror en algunas partes de la ciudad, en particular por medio de Muerte a Secuestradores (MAS), grupo de asesinos profesionales que se fundó en 1981 con el propósito de exterminar a secuestradores y guerrilleros.

En 1978 los principales partidos daban la impresión de haberse osificado y de depender de la protección de mecanismos constitucionales de índole artificial. Sin embargo, en las elecciones de aquel año abandonaron la costumbre de presentar candidatos conjuntos y se enzarzaron en una competencia más franca que les dio nueva vida a la vez que ponía en duda la creencia de que los liberales eran invencibles. Los principales candidatos a la presidencia eran Julio César Turbay Ayala (liberal) y Belisario Betancur (conservador, aunque se presentó como nacional con el apoyo de María Eugenia Rojas). Turbay había vencido a Lleras Restrepo en la pugna por la candidatura liberal aprovechando sus vínculos con caciques regionales a los que el gobierno Lleras Restrepo había excluido casi por completo del proceso de toma de decisiones de interés nacional. Sin embargo, los liberales se encontraban ante una amenaza poco habitual como era la candidatura del general Alvaro Valencia Tovar, reformista y uno de los pocos oficiales de alta graduación cuyo nombre era conocido de todos, lo cual se debía a su novela Uisheda (1969), en la que había argüido de forma vehemente que la violencia sólo podía resolverse por medio del cambio económico y social.

Turbay era un político profesional de orígenes modestos cuya experiencia en la dirección de la maquinaria liberal era más amplia que la de cualquiera de sus rivales. Su poder personal se hizo evidente en 1974, momento en que él solo seleccionó a López Michelsen como candidato presidencial con preferencia a Lleras Restrepo. Relacionado estrechamente con los principales grupos financieros, en especial con el Grupo Grancolombiano, Turbay revitalizó el aparato liberal y-proclamó una «cruzada contra la inseguridad». Obtuvo 2.504.000 votos en una competición muy reñida con Betancur, que cosechó 2.357.000, incluidos los votos de protesta de anapistas y liberales descontentos. Tres candidatos de izquierdas consiguieron el 2,4 por 100 de los votos y Valencia Tovar, el 1,3 por 100. Betancur, cuyos lazos con los antiguos conservadores eran débiles, concurrió con un eficaz programa «por encima de los partidos» que en general se consideró más progresista que el de Turbay. En Bogotá, que había gozado de una tradición ininterrumpida de dominación liberal desde el decenio de 1930, ganaron los conservadores. Era claro que en las ciudades comenzaban a ofrecerse nuevas posibilidades electorales. Sin embargo, un índice de abstención del 51,9 por 100 vino a indicar la escala del descontento de los votantes.

El cambio de presidente anunció cambios en la política económica, sobre todo en lo que se refería a la relación entre los sectores privado y público. El Plan de Integración Nacional (PIN) prometió una descentralización extensa pero ocultó el verdadero propósito del gobierno, que consistía en usar el estado para afianzar el poder de los jefes regionales liberales, los intereses ganaderos y los grandes conglomerados financieros, que eran los principales beneficiarios de la ley fiscal que en 1979 dio marcha atrás a los componentes progresistas de la ley de 1974. La indiferencia oficial ante la recesión que padecía el sector industrial enfureció tanto a los industriales, que en 1981 chocaron con el gobierno. El punto muerto entre las dos partes no desapareció hasta que la CSTC y la CGT convocaron una huelga. Un programa modificado de Desarrollo Rural Integrado (DRI) en las zonas no cafeteras tenía por clara finalidad acelerar el proceso de proletarización y fragmentación de los habitantes de las zonas rurales encauzando los beneficios hacia el 3 por 100 que representaban los campesinos más ricos. Una serie de concesiones a los campesinos acomodados y de paliativos para los que no tenían tierra y los semiproletariados completó el proceso de desmovilización del campesinado que había empezado en 1970-1971. Las posibilidades para la lucha rural eran mucho más exiguas en 1979 que en 1969.

Las relaciones entre civiles y militares no experimentaron ningún cambio importante. En 1978 se redactó un nuevo estatuto de seguridad en el cual muchos delitos pasaron de la jurisdicción civil a la militar y se restringió la libertad de los medios de información en lo que se refería a dar cuenta de las perturbaciones del «orden público», todo lo cual confirmó los temores de que las doctrinas de la «seguridad nacional» se estuvieran aplicando en Colombia. Hubo oposición por parte de los abogados y de los jefes locales, alarmados al ver que los militares erosionarían su influencia. La oposición cristalizó en varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, la más activa de las cuales era el Comité de la Defensa de los Presos Políticos, y en un foro para la preservación de los citados derechos, al frente del cual se encontraba un ex ministro conservador de Asuntos Exteriores, Alfredo Vásquez Carrizosa, que afirmó que el gobierno estaba imponiendo un sistema de «fascismo dependiente».

Turbay tuvo una relación larga y cordial con las fuerzas armadas. Había mediado entre la oficialidad de las mismas y los dos partidos políticos durante el régimen de transición (1957-1958), y había patrocinado varias propuestas en el Congreso para subir los salarios de los militares. Al tomar posesión del cargo, Turbay dio su pleno apoyo a los elementos autoritarios de las fuerzas armadas y aseguró que eran víctimas de una campaña difamatoria. Aprobó una reorganización de los militares y de la policía que satisfizo la mayoría de las exigencias institucionales, incluido el levantamiento de las restricciones a las campañas contra los terroristas y los traficantes de drogas. Hablando en una reunión de comandantes militares latinoamericanos celebrada en Bogotá en 1978, Turbay empleó un lenguaje que hacía pensar en la derecha militar del Cono Sur, y aludió a la urgencia de la cooperación internacional contra la subversión nacional por parte de «mercenarios supranacionales». Una «ofensiva sin restricciones» anunciada por el ministro de la Guerra fue seguida de una oleada de detenciones de artistas, intelectuales y otros ciudadanos.

Los guerrilleros respondieron con una ofensiva singularmente audaz. Al espectacular robo de armas de 1979 siguió en 1980 la ocupación por el M-19 de la embajada de la República Dominicana durante una recepción diplomática. La forma de resolver la ocupación de la embajada benefició la reputación tanto de Turbay, que fue alabado por su paciencia durante la crisis y por la supervivencia de todos los rehenes, como de Vásquez Carrizosa, que fue aclamado por su hábil mediación entre el gobierno y los guerrilleros. Mientras tanto, el M-19 resultó debilitado por la publicidad que se dio a las fisuras ideológicas internas que se hicieron visibles durante las negociaciones. Después de la ocupación, los militares lanzaron una operación combinada del ejército y la fuerza aérea contra la guerrilla en ocho departamentos, a raíz de la cual se reavivaron las acusaciones de asesinatos, torturas, encarcelamientos arbitrarios y, en Caquetá, tácticas de búsqueda y destrucción. A partir de 1978 la forma en que se llevaron a cabo los consejos de guerra de supuestos miembros de las FARC y del M-19 impulsó a los grupos defensores de los derechos humanos a dar a conocer numerosas violaciones de los procedimientos normales, entre ellas el desplazamiento forzoso de Neiva de los campesinos huilenses. Los argumentos de los activistas de los derechos humanos fueron reforzados por las deserciones de soldados que protestaban contra la tortura y por el hecho de que el fiscal militar reconoció durante un consejo de guerra que las confesiones de presuntos miembros de las FARC se habían obtenido por medio de la tortura.

La oposición no violenta adquirió fuerza. Arguyendo que las medidas autoritarias sólo servían para fortalecer a la guerrilla, los líderes de la CTC condenaron la negativa del gobierno a considerar un posible diálogo y ejercieron presión para que se aboliera el estatuto de seguridad y se levantara el estado de sitio. Lleras Restrepo dijo que había pruebas irrefutables de que las fuerzas armadas practicaban la tortura y Echandía, el octogenario ex presidente liberal, afirmó que las tradiciones democráticas se veían amenazadas por la complicidad de los liberales en los abusos cometidos por los militares y denunció al ministro de la Guerra, el general Camacho Ley va, al que acusó de «dictador».

Las inquietudes de los civiles, intensificadas por la utilización generalizada de armas y la proliferación de las agencias de seguridad privadas, parecieron verse confirmadas cuando las fuerzas armadas no actuaron con firmeza contra un grupo terrorista de derechas, el Escuadrón de la Muerte, que amenazó con tomar medidas draconianas contra los guerrilleros, los abogados de izquierdas y los periodistas. Algunos elementos de la élite gobernante, impacientándose al ver que los militares carecían de una solución definitiva al «problema de la guerrilla», habían condonado al hostigamiento de las clases media y trabajadora de las ciudades y del campesinado. Estos elementos tuvieron un desagradable despertar y pudieron percatarse de su propia vulnerabilidad cuando el presidente del Senado fue atacado por la policía. La disensión interna de los militares se sumó a las críticas civiles. Observando que el número de frentes de la guerrilla se había multiplicado desde 1970 a pesar de las leyes de seguridad, que el estatuto de seguridad se utilizaba para sofocar la oposición legítima y que el gobierno no había hecho caso de los intentos de las FARC de llegar a una solución política, el general retirado José Joaquín Matallana exigió que se avanzara hacia el socialismo por ser éste el único medio de resolver la violencia. En aquellos momentos tanto el clima nacional como el internacional parecían favorecer un acercamiento. Turbay envió al Congreso un proyecto de ley de amnistía que parecía comprometerle con un acuerdo negociado con los guerrilleros, además de estar pensado para agudizar las divisiones entre los rebeldes y apaciguar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y a los aliados de las mismas. Las citadas organizaciones dijeron que el proyecto de ley era inaceptable y que se trataba simplemente de una maniobra de relaciones públicas. También lo juzgó inaceptable el M-19, que arguyó que sus garantías eran insuficientes, y Camacho Leyva, que adujo que la máxima prioridad en la guerra contra los guerrilleros debía ser mejorar la financiación de los servicios militares de información.

En 1982 ya resultaba evidente que un electorado cada vez más volátil estaba preparado para un cambio de dirección de la política. Belisario Betancur, conservador de humildes orígenes antioqueños, volvió a presentarse a las elecciones, esta vez contra Alfonso López Michelsen, que representaba al Partido Liberal oficial. Una tercera figura, Luis Carlos Galán, del ala llerista del partido, hizo una campaña basada en un programa del «nuevo liberalismo» a favor de la pureza moral y una cruzada contra el tráfico de drogas y la corrupción. Después de una campaña «populista» en la que prometió crear viviendas de bajo coste e incrementar el acceso a la educación superior, Betancur ganó por 3.155.000 votos contra los 2.749.000 de López Michelsen y los 751.000 de Galán. El gran aumento de la participación indicó que muchos votantes creían que les estaban ofreciendo una oportunidad auténtica de elegir. La victoria de Betancur se atribuyó de modo general a que los votantes urbanos partidarios del liberalismo tradicional quisieron protestar contra la escasa atención que dos gobiernos liberales sucesivos habían prestado a sus necesidades y para ello votaron a los conservadores o se abstuvieron. Betancur prometió que rompería con las tendencias autoritarias de años anteriores y con la dirección del gobierno en beneficio de las grandes empresas y los caciques.

En 1982 el nuevo presidente tomó una medida audaz consistente en presentar al congreso un proyecto de ley de amnistía antes de empezar a negociar con los guerrilleros. Ofreciendo una tregua que prometía algunas concesiones a cambio de la reabsorción de los guerrilleros en el seno de la política legítima, la iniciativa de Betancur era de mayor alcance que cualquiera de las amnistías, suspensiones de las hostilidades y perdones ofrecidos desde 1953. Sin embargo, el proceso de paz se vio obstaculizado por varias cuestiones que seguían estando pendientes de resolverse. ¿Una comisión de paz sin capacidad ejecutiva era apropiada para llevar negociaciones? ¿Era conveniente excluir a los militares de las negociaciones? ¿Podían los líderes de la guerrilla garantizar que sus seguidores cumplirían lo acordado? ¿Los ex guerrilleros que fueran reasimilados en la vida civil se verían sometidos a las represalias de los militares o los paramilitares? ¿Las negociaciones de paz entorpecían la guerra de los militares contra los guerrilleros? Sin duda los oficiales del ejército opinaron que sí cuando en beneficio de las negociaciones de paz el ejército recibió la orden de retirarse de una zona de exclusión en Yarumillas en el momento en que estaba a punto de alcanzar una victoria decisiva. La mayoría de la más importante de las organizaciones de guerrilleros, las FARC, que afirmaba operar en veintitrés frentes, no aceptó la amnistía hasta dieciocho meses después de decretarse. Las negociaciones con el M-19 fueron aún más complejas y no se firmó una tregua hasta agosto de 1984. Esto dio paso a cierto optimismo porque significaba que todas las organizaciones de guerrilleros se hallaban embarcadas en negociaciones de paz. Sin embargo, el proceso creó mucha tensión en las relaciones entre los grupos de la guerrilla, especialmente cuando algunos militares rompieron la tregua para tomar represalias contra antiguos guerrilleros. La estrategia de Betancur también creó tirantez en las relaciones entre las alas civil y militar del gobierno, toda vez que la oficialidad de las fuerzas armadas dudaba que una tregua con guerrilleros indisciplinados fuese a durar mucho. Mientras ambos partidos vacilaban en un Congreso dominado por los liberales, Betancur, utilizando su indudable popularidad personal, sostuvo la iniciativa de paz, incluso cuando el M-19 declaró que su tregua ya no estaba en vigor. Una serie de choques cada vez más sangrientos entre militares y guerrilleros, en los cuales no había prisioneros ni heridos, indicó el grado de exasperación que existía en ambos bandos. Mientras el conflicto violento llegaba a las zonas urbanas, incluidos los distritos residenciales de la clase media en Cali y los barrios obreros de Cali y Bogotá, el gobierno fue blanco de duras críticas; de partidarios suyos que argüían que el proceso de paz estaba mal dirigido, de adversarios que afirmaban que reforzaba a los guerrilleros y de militares que estaban convencidos de que el gobierno impedía hacer la guerra de forma eficaz. Los militares aparecían cada vez más alejados de la población civil, furiosos a causa de los ataques contra vecindarios enteros de Cali, ante las migraciones forzosas de campesinos en Valle y ante el hecho de que los generales no tomaran medidas disciplinarias cuando el procurador acusó a algunos oficiales y suboficiales de estar relacionados con el MAS.

En noviembre de 1985 el M-19 se apoderó del edificio del Palacio de Justicia en Bogotá, que era la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. El ministro de Guerra, el general Miguel Vega Uribe, ordenó un contraataque. Este suceso sacudió a la nación, hizo que se desvanecieran las esperanzas depositadas en el proceso de paz y que surgiera el espectro de una total descomposición política. Hubo numerosos muertos, entre ellos la mitad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. La crisis tuvo muchas repercusiones. Betancur se hizo responsable del comportamiento del ejército, pero sus adversarios preguntaron si éste había actuado en realidad siguiendo sus instrucciones. La judicatura y los abogados se mostraron exasperados porque el gobierno se había negado a negociar con los guerrilleros ocupantes a pesar de una petición del presidente de la Corte Suprema de Justicia y ahora se enfrentaron directamente con las fuerzas armadas. El M-19 había subestimado la fragilidad de la posición de Betancur y, habiendo destruido las esperanzas de llegar a un acuerdo, quedó ahora completamente desacreditado ante los ojos del público. La moral de la nación se vio entonces atacada finalmente por la primera erupción del volcán Nevado del Ruiz desde hacía 140 años, que sepultó la población de Armero, Tolima (25.000 habitantes).

Muchos colombianos estaban convencidos de que las instituciones democráticas se derrumbarían, pero resultaron lo bastante fuertes como para sobrevivir a la batalla del Palacio de Justicia. La fragilidad del estado quedó al descubierto y se empezó a dudar de la estrategia de Betancur, pero ninguna otra era aceptable públicamente. Algunos ex guerrilleros de las FARC entraron en la política legítima, como miembros de una nueva coalición de socialistas y comunistas, la Unión Patriótica (UP), que obtuvo ocho escaños en el Congreso de 1986, tenía representación en cincuenta consejos municipales y veintidós diputados en las asambleas departamentales, a la vez que en algunas circunscripciones presentó listas conjuntas con los liberales reformistas.

Un descenso del crecimiento de la economía agravó la desmoralización nacida del conflicto político. Después de dos decenios de fuerte crecimiento —una media anual de más del 6 por 100 entre 1960 y 1981—, Colombia registró sólo un 1 por 100 en 1982. Solamente los sectores de la construcción y la minería obtuvieron mejores resultados; la industria manufacturera se hallaba en absoluta decadencia, causada por la recesión mundial, la contracción de los mercados de Venezuela y Ecuador, un incremento de los tipos de interés provocado por una restrictiva política monetaria cuya finalidad era controlar la inflación y un incremento de los empréstitos externos. Betancur heredó una deuda exterior total de alrededor de 12,5 mil millones de dólares norteamericanos, que en gran parte consistía en empréstitos de interés fijo a largo plazo concedidos por los organismos internacionales. Los déficits presupuestarios se multiplicaron; el paro industrial creció; los pequeños ahorradores resultaron perjudicados por la quiebra de importantes bancos privados en medio de escándalos; y todo el sector financiero entró en crisis. Un gobierno comprometido con la liberalización del comercio exterior y las inversiones se vio obligado a tratar de reestructurar la deuda interior y nacionalizar bancos tambaleantes que habían estado demasiado expuestos a las presiones de los conglomerados, de los cuales no eran más que una parte, y que habían confiado una gran proporción de sus carteras a subsidiarias que tenían su sede en Panamá y no estaban bien reguladas. La tasa de inflación del 27,5 por 100 que se registró en 1981 hubiera sido considerada un gran logro por muchos gobiernos latinoamericanos, pero en Colombia cayó como una humillación nacional. Mientras tanto, los rasgos negativos del auge del contrabando de drogas fueron en aumento; los beneficios que recibió la economía de la expansión de la frontera, el incremento del empleo e importantes ingresos no declarados se vieron erosionados progresivamente por la adicción a las drogas en el país, el gangsterismo, los elevados costes de la vigilancia, la excesiva fragilidad del sistema bancario, la inflación y el descenso de las inversiones en actividades no especulativas. La industria fabril continuó debilitada. Las exportaciones de artículos manufacturados se contrajeron a consecuencia del empeoramiento de la competitividad y de la caída de la demanda dentro del Pacto Andino.

A la agricultura no le fue tan mal, pese a las quejas de los agricultores por las reducciones del gasto público en el sector desde mediados del decenio de 1970 y por el incremento de los tipos de interés. Se contaba con que Colombia no tardaría en ser autosuficiente en alimentos. Y se hizo un esfuerzo por diversificar las exportaciones. Se vendieron bananas a China, cacao y carne de vacuno a los países del Caribe. Los acuerdos de intercambio con la Europa oriental —por ejemplo, café a cambio de taxis con Rumania— pasaron a ser frecuentes. El sector del café propiamente dicho conservó su capacidad de resistencia, pero los conflictos dentro del mismo culminaron en la secesión de la Unión Cafeteros Colombianos (UCC) de FEDECAFÉ. La UCC, que representaba a productores pequeños y medianos, alegó que FEDECAFÉ discriminaba a favor de los grandes productores, aplicaba un sistema de fijación de precios que era injusto, mostraba poco celo en la lucha contra la roya del café y tomaba medidas inadecuadas para la diversificación de cultivos. La industria del algodón, mientras tanto, estaba más sana en Colombia que en cualquier otro país latinoamericano.

Se obtuvo un éxito muy grande en el sector de la energía, lo cual fue consecuencia de la liquidación de inversiones que se habían efectuado durante el decenio anterior, de cambios en el marco legislativo y de incrementos de la productividad que a su vez eran consecuencia de los cambios de los precios internacionales. El descenso de la producción de petróleo se compensó explotando yacimientos en los Llanos Orientales y el valle del Magdalena, y en 1983 se logró la autosuficiencia, con un pequeño excedente para la exportación. Se anunciaron nuevos proyectos en el campo de la energía hidroeléctrica y estaba previsto que entre 1986 y 1990 entraran en funcionamiento trece centrales nuevas. Pero los cambios más espectaculares tuvieron lugar en el carbón, que en 1986 representaba el 40 por 100 de los recursos energéticos conocidos de la nación. Colombia, que poseía el 38 por 100 de los recursos latinoamericanos comprobados, principalmente en El Cerrejón, puso en marcha dos nuevas explotaciones a gran escala, con participación de capital público nacional y capital privado, así como de compañías internacionales, especialmente la Exxon. Él sector del carbón debía alcanzar la capacidad máxima antes de 1990 y esta capacidad se estimaba que representaría el 10 por 100 de la producción mundial; pero la caída del precio internacional del petróleo provocó una crisis en el proyecto de El Cerrejón y moderó un optimismo que ya había disminuido a causa de las dudas sobre el contrato «de asociación» firmado en 1980 entre una subsidaria de la Exxon y la compañía carbonera del estado colombiano CARBOCOL (Carbones de Colombia). El gobierno colombiano había empezado las negociaciones partiendo de una posición de debilidad de los recursos de carbón, de inexperiencia en el empleo de los métodos contables de las compañías transnacionales y de ignorancia de las prácticas comerciales y las condiciones de concesión en otras partes. Se había elegido una empresa conjunta con preferencia a una empresa paraestatal, principalmente porque el gobierno estaba en desventaja debido a un grave problema con el flujo de efectivo y a la falta de confianza en las habilidades de gestión de los colombianos.

Después de la crisis de 1984 y la «vigilancia intensificada», Colombia recibió un certificado de buena conducta del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1985 por haber pagado puntualmente el interés y el capital de su deuda exterior, virtualmente el único caso en el continente. Colombia obtuvo un importante empréstito, que motivó un exceso de peticiones de suscripción en 1986, pero tuvo que pagar por él un precio consistente en un programa de austeridad del cual formaban parte reducciones del gasto público, aumentos de los impuestos e incrementos de las tarifas de las empresas de servicios públicos.

La fuerza que tenía Colombia en comparación con otros países del norte de América Latina le permitió abandonar su actitud discreta en los asuntos del hemisferio. En 1983-1984 Betancur se erigió en principal portavoz tanto del grupo Contadora en América Central como de las naciones deudoras de América Latina, y convocó una reunión de los países de la región en Cartagena con vistas a levantar el proteccionismo norteamericano e instaurar un vínculo entre las ganancias obtenidas de la exportación y los pagos de la deuda exterior. Uno de los objetivos principales de este cambio se basaba en la creencia de que si se seguía una política exterior más independiente que eliminara a Nicaragua como posible protectora de los grupos guerrilleros nacionales, aumentarían las probabilidades de incorporar estos grupos en el sistema político. La afiliación al Movimiento No Alineado se basó en la suposición de que la mejor manera de servir a los intereses nacionales consistía en alejar a Colombia de la Administración Reagan. En 1985 las limitaciones que pesaban sobre la autonomía en el terreno de la política exterior ya eran más evidentes. La falta de acción concertada entre las grandes economías latinoamericanas, la recesión interior y el hecho de que el resurgir económico de los Estados Unidos no hubiera engendrado crecimiento en Colombia se combinaron para debilitar la posición de Betancur. La autonomía en política económica se vio reducida por la imposición de medidas de austeridad parecidas a las del FMI y la supuesta entrega de la política agraria al Banco Mundial, que exigió una subida de los tipos de interés y la liberación de las restricciones a la importación como condiciones para un empréstito. El resultado fue que el gobierno Betancur perdió tanto fuerza para negociar en el exterior como prestigio en el interior.

El Partido Liberal, que había vuelto a unirse, sacó provecho de estos factores y obtuvo una clara mayoría en las elecciones de 1986, en las cuales la participación de 7.230.000 votantes demostró que habían tenido cierto éxito los esfuerzos que se hicieran por legitimar el sistema político. El candidato liberal, Virgilio Barco, obtuvo 4.124.000 votos frente a los 2.536.000 del candidato conservador, Alvaro Gómez Hurtado, y los 312.000 (4,4 por 100 de los votos emitidos) de Jaime Pardo Leal, candidato de la izquierda UP.

En el momento en que el presidente Barco tomó posesión de su cargo la vida colombiana se hallaba sumida en un pesimismo que sólo en parte alivió el pacífico traspaso del poder de un presidente de un partido al de otro. La opinión pública se escandalizó ante las nuevas dimensiones de la violencia política: el 49 por 100 de los civiles y el 58 por 100 de los militares que habían perdido la vida entre 1973 y 1986 fueron muertos en 1985-1986; el 70 por 100 de los actos terroristas tuvieron lugar en el mismo período. Barco, al igual que Betancur, hizo frente a la violencia con una política dual consistente en apertura democrática y métodos militares y policiales.

La consolidación de la democracia no fue posible debido a los numerosos problemas institucionales y estructurales que existían en la mayoría de los organismos del estado. El hábito de establecer compromisos cerrados por arriba en un largo período del gobierno de coalición había debilitado el sistema de frenos y equilibrios entre el ejecutivo, el Congreso y el poder judicial. El gobierno entrante se encontró con un Congreso cuyos miembros estaban tan acostumbrados a una cómoda coexistencia, y tan inmersos en las tareas de repartir prebendas que nunca habían adquirido la competencia necesaria para introducir leyes complejas o revisar con eficacia las propuestas que les hacía el ejecutivo. El estatuto constitucional de la Corte Suprema de Justicia seguía siendo incierto: institución dócil e ineficaz durante la mayor parte de los años de coalición, dio muestras de cierta independencia del ejecutivo a partir de finales de los años setenta. Debajo de la Corte Suprema de Justicia yacía un sistema judicial moribundo, perjudicado por tribunales bloqueados y pleitos inútiles, y privado de confianza popular. Además, el sistema jurídico se veía debilitado por un exceso de abogados, muchos de los cuales eran fruto de un crecimiento descontrolado de facultades privadas y de mala calidad durante los años setenta y ochenta, para los cuales el propósito principal de la práctica de la abogacía era retrasar en vez de facilitar.

También el sistema de partidos contenía rasgos ambiguos y anticuados que impedían el funcionamiento eficaz de una democracia moderna. El Partido Liberal continuaba siendo notoriamente indisciplinado y estaba profundamente dividido en facciones. Por un lado, era el instrumento de sus patrocinadores y había diluido y dejado de poner en práctica numerosos programas de reformas bien intencionadas, al tiempo que concedían algunos paliativos al pueblo. Por el otro lado, muchos activistas locales —a menudo profesionales modestos y pequeños comerciantes— y sus aliados, que seguían viéndolo como una fuerza potencial para efectuar cambios radicales. Contrastando con ello, los conservadores rechazaban la apertura democrática y afirmaban que era un medio de camuflar la ambición de los subalternos de Barco, que consistía en restaurar la hegemonía liberal de los años treinta y principios de los cuarenta. Arguyendo que una apertura democrática era inoportuna en un momento en que hacía falta un frente unido contra el terrorismo y que un gobierno de coalición representaba mejor a la nación que el de un solo partido, los conservadores veían en una versión revisada del Frente Nacional la única garantía de seguir teniendo en las manos una gran tajada de patronazgo. Sus adversarios liberales respondían a este argumento diciendo que un período demasiado largo de gobierno de coalición había perjudicado los intereses nacionales.

La consecuencia de este debate fue una tensión no resuelta entre los principales partidos que el M-19 se esforzó por agravar secuestrando a líderes conservadores: primero a Andrés Pastrana, hijo del antiguo presidente y en ese momento candidato a la alcaldía de Bogotá, y luego a Alvaro Gómez. El Partido Liberal continuó gobernando solo, pero los conservadores intentaron influir en la política del gobierno en vez de formular otra política; y las diferencias en materia de política económica —sobre la deuda, contra la inflación, sobre los tipos de cambio y los presupuestos equilibrados— siguieron siendo cuestión de matices que ponían de relieve las divisiones que existían en el seno de los partidos en vez de las cuestiones de sustancia que los unían. De hecho, ninguno de los dos partidos tradicionales estaba preparado para un marco de política abierta y competitiva en el que un gobierno responsable se combinara con una oposición leal. Eficaces en sus papeles tradicionales de cauces del clientelísmo y máquinas para la lucha electoral que movilizaban a votantes cautivos, ambos demostraron ser incapaces, además, de introducir nuevas fuerzas populares en el campo de batalla electoral.

La UP se propuso llenar este vacío. Algunos ministros del gobierno reconocieron que las cifras sobre el voto que se hicieron públicas no indicaban las dimensiones reales del apoyo popular a la UP y que su efecto se vio seriamente reducido por la guerra sucia que llevaba a cabo la extrema derecha, que asesinó a varios centenares de activistas de la UP entre 1985 y 1989, entre ellos al líder nacional Pardo Leal, cuyo sucesor fue Bernardo Jaramillo. Algunos líderes de la UP tuvieron que exiliarse; otros volvieron a unirse a los guerrilleros. El fuerte compromiso con el viejo Partido Comunista y las FARC era probablemente la única protección con que contaban algunos líderes de la UP contra la amenaza de violencia derechista, pero también es probable que perjudicase las esperanzas de la UP de avanzar con firmeza en el campo electoral. En el nivel nacional, la verdadera amenaza para el estado de cosas no era la UP sola sino formando nuevas alianzas con elementos reformistas de los principales partidos que vencieran por medio de maniobras a las facciones reaccionarias y lograsen la aprobación y la puesta en práctica de reformas que se habían visto frustradas desde el decenio de 1960. En el nivel local, en 1987-1988 la UP ya estaba formando alianzas pragmáticas con reformistas de otros partidos y, ya fuera sola o coaligada, representaba una amenaza importante para el control que ejercían los jefes rurales y sus aliados en algunas zonas de frontera interior. Preocupada por la supervivencia, así electoral como física, la UP tardó en formular una política propia cuidadosamente planificada.

El funcionamiento de la democracia colombiana se vio comprometido por la calidad deficiente de la Administración pública y sus conexiones con el sector privado. Después de tres decenios de compromiso retórico con la profesionalización del funcionariado, lo que predominaba en el pensamiento del gobierno era el imperativo de recompensar a los clientes políticos. Un reducido funcionariado de carrera (13.000 personas), principalmente en el gobierno central y el cuerpo diplomático, era eficaz, en especial en la administración de la deuda pública. Pero el resto de la burocracia (700.000 personas) era ineficaz; y una serie de instituciones especializadas que se habían creado en el decenio de 1960 habían perdido gran parte del ímpetu e independencia del principio. Grupos políticos, profesionales y de productores seguían considerando que algunos segmentos de la burocracia eran recursos privados que había que tomar y defender cual fortalezas. Con frecuencia, al sector privado le interesaba conservar una Administración pública débil y desafiar las reglas del estado; en muchos aspectos, el estado seguía siendo el socio menor del sector privado, a la vez que los partidos tradicionales eran su ala política.

A decir verdad, la legitimidad del estado se hallaba en juego. El estado perdió credibilidad al entregar la iniciativa del socorro en los casos de desastres naturales a la Iglesia, a las administraciones locales y a filántropos particulares, así como al dejar las funciones del orden público a compañías privadas de vigilantes, las cuales crecieron más deprisa que los cuerpos de policía oficiales. Barco, siguiendo a Betancur, quiso reconciliarse con grandes sectores del electorado que se habían alejado del estado y para ello puso en marcha un audaz programa de reformas municipales y descentralización que se hacía eco de algunos rasgos del federalismo del siglo XIX. Las leyes para la elección popular de los alcaldes pretendían fomentar la participación y la responsabilidad de las masas; y lo mismo puede decirse de una política de descentralización fiscal que pretendía detener una tendencia de medio siglo o más a la concentración de ingresos tributarios en el gobierno central a expensas de las administraciones locales. La administración municipal en Bogotá y Medellín tenía la capacidad necesaria para asumir nuevas responsabilidades; pero seguía habiendo muchas dudas sobre las consecuencias de devolver poder y recursos a numerosos municipios pobres. Faltaba por ver si los nuevos recursos locales intensificarían la oposición democrática a los caciques o si éstos se apropiarían de ellos.

El fortalecimiento del orden democrático dependía en parte de la política económica. Los elementos del sector privado que criticaban al gobierno se quejaron de que las ortodoxias liberales del estado minimalista que facilitaban la empresa privada eran infringidas con demasiada frecuencia, que el estado no acertaba a crear un clima favorable a elevados niveles de crecimiento sostenido del sector privado y, de hecho, que los éxitos del citado sector se habían logrado en gran parte a pesar del estado. El historial de la industrialización de Colombia salía mal parado si se comparaba con el de países que acababan de industrializarse en el Lejano Oriente; sin embargo, atendiendo a lo que era normal en América Latina, había motivos para sentir un optimismo prudente en relación con el historial económico de Colombia, incluso en el apartado de la industria. Colombia nunca experimentó tasas de crecimiento negativas; y en 1986-1987 el principal problema relacionado con la deuda al que tuvo que hacer frente Barco fue disociar Colombia del estereotipo que los banqueros internacionales tenían de América Latina, es decir, que era un riesgo del crédito. Colombia se había librado del proteccionismo sin restricciones y de los grandes déficits fiscales que acompañaban a los regímenes populistas. También había evitado los excesos de las estrategias neoliberales extremas: la brusca eliminación de subvenciones estatales, devaluaciones masivas, la compresión brutal de los salarios, los ataques indiscriminados contra los aranceles y la zambullida de la desindustrialización.

La política social era igualmente fundamental para la consolidación de la democracia. El gobierno había sacrificado los objetivos de redistribución en aras de los requisitos de acumulación de los capitalistas y ello había significado continuar descuidando la política social. Siempre escasa de recursos, la política social se vio perjudicada por los frecuentes cambios de ministro, por los bajos niveles de profesionalismo burocrático y por las tradiciones de conflictos dañinos: huelgas de maestros, cierres de universidades y enfrentamientos en el sector hospitalario. Durante tres decenios la política social había sido el campo más inestable; la formulación de estrategias a largo plazo se sacrificó en aras de las exigencias de compromisos a corto plazo. Los fracasos más serios se registraron en la provisión de servicios en las ciudades intermedias y las poblaciones pequeñas; y fue en ellas donde la crisis se hizo endémica y los movimientos de protesta florecieron con el mayor vigor. En el decenio de 1960 los gobiernos habían afirmado de modo convincente que la innovación de la política social debía diferirse porque Colombia era un país pobre con una elevada tasa de crecimiento demográfico que ejercía mucha presión sobre unos recursos. A finales de los años ochenta este argumento ya no convencía a nadie: Colombia gozaba de un nivel intermedio de riqueza; la tasa de crecimiento demográfico cayó hasta quedar en una cifra razonable en 1986: el 1,8 por 100. Betancur había perdido popularidad buscando los fondos necesarios para apuntalar bancos mal administrados al tiempo que abandonaba medidas urgentes de política social. Barco pareció reconocer la importancia de la política social para que los grupos populares se reconciliaran con el estado: anunció una reorganización a gran escala del sistema de seguridad social y parecía decidido a cumplir su promesa de eliminar la pobreza absoluta. Pese a ello, su historial global en materia de asuntos sociales fue irregular, los logros fueron limitados y a finales del decenio de 1980 había pocos indicios de ruptura con el pasado.

Los asuntos relacionados con los derechos humanos y la «guerra sucia» de la extrema derecha continuaron exacerbando las tensiones entre civiles y militares. Amnistía Internacional informó de que en el primer trimestre de 1986 fueron asesinados 350 líderes de la UP. La mayoría cayó en ejecuciones extrajudiciales perpetradas por escuadrones de la muerte en Cali durante el período 1985-1986 procedían, sin embargo, de las filas de los pobres de las ciudades: ocupantes ilegales de tierras vacantes, prostitutas, mendigos, homosexuales y personas que recogían basura para reciclarla. Amnistía Internacional también hizo hincapié en que las autoridades civiles no eran informadas de las detenciones que practicaban las fuerzas armadas y no tenían expedientes de los prisioneros de los militares. El ministerio de Defensa protestó diciendo que los organismos defensores de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, no mencionaban los crímenes cometidos por los guerrilleros y añadió que las fuerzas armadas no tenían conexión alguna con las actividades de grupos paramilitares. Sin embargo, dos quejas en particular empezaron a permanecer: a saber, que algunos oficiales jóvenes habían cometido abusos de los derechos humanos y que los generales no siempre habían cumplido celosamente con su obligación constitucional de descubrir a los culpables. Sin embargo, Americas Watch no encontró pruebas de complicidad del alto mando en las desapariciones y en las ejecuciones extrajudiciales. El estamento militar, que no era una institución impopular en las grandes ciudades a principios de los años setenta, había perdido gran parte de la estima del público. Un amplio espectro de la opinión civil se alarmó al ver que los oficiales del ejército se comportaban de forma creciente como si fueran una casta, puso objeciones a que las fuerzas armadas controlaran la información relativa al orden público y a que utilizaran la desinformación, y las acusó de organizar a veces campañas contra la guerrilla que en realidad eran contraofensivas cuyos objetivos eran el campesinado y los trabajadores rurales.

Era claro que al gobierno Barco iba a costarle mucho reafirmar la autoridad de los políticos sobre las fuerzas armadas. Hay que reconocer, con todo, que la escala del problema no era tan grande como en el Cono Sur. Los militares colombianos no habían descendido a la represión criminal e indiscriminada que podía verse en Chile y en Argentina; la complicidad directa del ala civil del gobierno en las violaciones dé los derechos humanos no estaba probada; y, a diferencia de las dictaduras de Pinochet y Videla, los gobiernos Betancur y Barco no eran regímenes que motejaran a los activistas de los derechos humanos de subversivos y pisotearan el derecho a disentir. A pesar de ello, era necesario poner límites al poder de los militares. Una forma práctica de alcanzar tal objetivo era elevar la competencia del cuerpo nacional de policía y ampliar sus responsabilidades. Esto fue lo que hizo Barco en 1988-1989 cuando escogió a la policía nacional para que encabezase la campaña contra los terroristas de la droga. Otra posibilidad consistía en encargarse de que los militares no disfrutaran de la facultad de ejercer el veto en el dominio civil. Las conexiones de algunos oficiales en activo y otros retirados con las milicias privadas («grupos de autodefensa») —reconocidas legalmente en circunstancias concretas desde 1965— se hicieron públicas cuando en 1988-1989 salieron a la luz los vínculos que existían entre los magnates de la droga, las milicias privadas, los paramilitares de derechas, algunos oficiales militares y mercenarios extranjeros (británicos e israelíes), especialmente en el Medio Magdalena. Estas revelaciones impulsaron al gobierno a prohibir las milicias privadas en 1989.

En 1986 había muchos motivos para sentirse pesimista en lo que se refería a la probabilidad de que la Administración Barco llegara a un acuerdo negociado y duradero con la guerrilla. Esta actuaba ahora en calidad de protectora de minorías étnicas como, por ejemplo, los amerindios de algunas partes del Cauca; de defensora de los derechos de los pequeños agricultores, los ocupantes ilegales y los trabajadores rurales en las regiones donde imperaban los grandes terratenientes y los administradores absentistas (Sucre, Córdoba, el Medio Magdalena, la nueva zona bananera de Turbó); de portavoz de los pobres urbanos en las zonas industriales deprimidas, como Yumbo, la ciudad satélite de Cali; y de paladín de los barrios de chabolas desprovistos de servicios públicos esenciales. Sin embargo, había algunas razones para el optimismo en la búsqueda de la paz. El clima internacional era favorable a una política de paz: ni la Unión Soviética ni China patrocinaban fuerzas guerrilleras en América del Sur; los guerrilleros se habían reintegrado sin problemas a la vida civil en Venezuela; y la cooperación de Fidel Castro fue decisiva para obtener la liberación de Andrés Pastrana en 1988. También a escala nacional había un clima diferente. La credibilidad de los guerrilleros ante el público, que ya había disminuido seriamente, sufrió un nuevo golpe al revelarse la contradicción que existía entre su retórica pro democrática y la falta de democracia en su organización interna y su forma de comportarse con el campesinado. Y el creciente profesionalismo de las operaciones de la guerrilla, que fue posible gracias a las armas modernas que obtuvo en el mercado internacional de armamento por medio de una efímera alianza con los magnates de la droga, no se tradujo en una serie de importantes victorias militares. El arsenal ideológico de los guerrilleros estaba más influenciado por las circunstancias locales que por modelos externos. Y la importancia que el M-19 y las FARC concedían a las tradiciones radicales de Colombia, que impulsaban a alzarse en armas para promover la participación democrática y proteger las pequeñas propiedades y los trabajadores rurales contra las coaliciones autoritarias de los caciques y los grandes terratenientes, no estaba totalmente en desacuerdo con los objetivos subyacentes del gobierno en su política de descentralización y reforma municipal. Y los dos bandos insistían en la necesidad de crear nuevas estructuras de poder local, lo cual proporcionaba al menos un lenguaje común y una base para negociar que ofrecía posibilidades de encontrar fórmulas conciliatorias. Las fuerzas armadas se mostraban recelosas: con demasiada frecuencia habían sido el blanco directo de los ataques de los guerrilleros. Sin embargo, no había indicios que probaran las aseveraciones de que las doctrinas de la seguridad nacional hubieran quedado muy arraigadas en los oficiales.

Los procesos de paz seguían estando llenos de dificultades. Existía el problema de decidir quién debía tomar parte en las negociaciones. Si bien estaba decidido a hacer que el ejército participara en ellas, ya que su exclusión por Betancur había creado dudas sobre si el ejército quería que la fórmula de paz de dicho presidente durase, Barco rechazó el ofrecimiento de mediación que hizo la Iglesia, alegando que las negociaciones podían adolecer de una confusión innecesaria si había demasiados participantes. Otro problema era que los guerrilleros usaran la disposición del gobierno a negociar como prueba de que eran una fuerza legítima que tenía derecho a influir en la política. Asimismo, el gobierno debía tener en cuenta los diversos intereses que estaban empeñados en paralizar las medidas de paz: los comerciantes de armas cortas, las empresas de vigilantes privados, los especuladores con tierras y, sobre todo, los magnates de los narcóticos, que actuaban libremente mientras el gobierno desplegaba sus recursos en otra parte. Un acuerdo negociado con el M-19 en 1989 hizo nacer esperanzas prudentes de que hubiera pasado lo peor de la descomposición política y social. Pero algunas dudas que venían de antiguo no desaparecieron: si los líderes de la guerrilla podrían persuadir a sus hombres de los méritos del acuerdo; si los guerrilleros estaban dispuestos a volver a la vida civil normal y si los paramilitares se lo permitirían; y si las clases propietarias querrían respaldar un acuerdo pagando los impuestos necesarios para financiar reformas de gran alcance que dieran a los pobres urbanos y rurales un interés permanente en el orden político y alentarles a cortar sus vínculos con los que hacían uso de la violencia.

En 1987 ya se veía claramente que los principales defensores de la violencia eran los terroristas de la droga. Durante los primeros años ochenta algunas secciones del estado y de los intereses propietarios legítimos no se habían percatado del todo de la amenaza de los traficantes de drogas, ya que las mafias de la droga, a diferencia de los guerrilleros, no representaban un peligro directo para la propiedad como tal. El negocio de la marihuana no había amenazado seriamente las instituciones políticas y judiciales y, aunque provocara violencia esporádica, no había dado origen a una violencia endémica y a la profesionalización del asesinato. La producción de coca, en cambio, transformó la naturaleza del conflicto en las zonas de colonización donde la falta de una presencia constante del estado dejó un vacío en el cual los guerrilleros y los ejércitos privados de signo derechista compitieron por el poder. El carácter de la coca como mercancía ilegal, especulativa y muy productiva complicó los enfrentamientos motivados por la propiedad de la tierra y los derechos de aguas y de apacentamiento. La policía y la prensa investigaron las pruebas irrefutables de que existían conexiones entre las mafias de la droga y los paramilitares de la derecha extrema. El cártel de Medellín reinvirtió los beneficios en regiones de violencia rural —zonas de Córdoba y Sucre, por ejemplo— donde el conflicto entre los ocupantes ilegales y los terratenientes había hecho bajar los valores de la tierra. El cártel utilizó luego la potencia de fuego de los paramilitares contra los guerrilleros aliados con los ocupantes ilegales y asesinó a los campesinos sospechosos de colaborar con la guerrilla. Betancur había rechazado un ofrecimiento de tregua de los líderes de la mafia en 1984, y Barco, haciendo una distinción entre la violencia de los guerrilleros, que él consideraba negociable, y la de los terroristas de la droga, que él juzgaba no negociable, se resistió a las presiones del ex presidente López, algunos miembros del Congreso y algunos intereses propietarios legítimos, especialmente en Medellín y Cali, para que celebrara conversaciones con los líderes de la mafia. Barco, al igual que Betancur, exigió que se reforzaran las leyes internacionales contra los contrabandistas de drogas y rechazó las propuestas de ir más allá del imperio de la ley en la lucha interior contra los magnates.

Despreciando abiertamente la ley, las mafias representaban una clara amenaza para la consolidación de la democracia. Las estrategias de sobornos, intimidación y asesinato que tenían por objeto subvertir la autoridad del estado y sus instituciones y reducir los medios de información a una débil sumisión encontraron respuestas ambiguas: resistencia valerosa por parte de algunos políticos, jueces, periodistas y otros profesionales, y una actitud contemporizadora, acomodaticia, por parte de otros. Al decidir que la extradición a los Estados Unidos era inconstitucional, la Corte Suprema de Justicia sembró la alarma del público porque indujo a pensar que incluso los miembros de esta institución estaban sometidos al soborno y la intimidación. Destacados narcotraficantes como, por ejemplo, Pablo Escobar, el «pivote» de Medellín, combinaban la violencia con la política populista. Para ganarse el apoyo del público, Escobar y sus lugartenientes se presentaban como constructores de la nación, héroes populares, benefactores de los pobres y, sobre todo, empresarios innovadores que generaban empleo al aprovechar las tentadoras oportunidades que el capitalismo liberal les ofrecía. Los «extraditables» utilizaban los comentarios directos ante los medios de información y los comunicados de prensa tanto para identificarse con las tradiciones provinciales de desafío al gobierno central como para presentarse como víctimas nacionalistas de la injerencia imperialista y de aquel abuso de los derechos humanos que era la extradición. La amenaza militar que representaban los cárteles de Medellín y Cali fue haciéndose más y más visible: un ejército privado cuyo brazo más perfeccionado era el MAS, un campo de instrucción dirigido de acuerdo con las normas militares, el control de escuadrones de asesinos profesionales y patrullas de mercenarios que los terratenientes de derechas podían alquilar.

La amenaza económica no era menos profunda. La subida de los costes militares y de la policía amenazaba los programas sociales y la planificación económica. La base estadística de la política económica era defectuosa porque el gobierno no podía determinar con exactitud el valor total de las exportaciones y las importaciones. De hecho, toda la planificación corría peligro a causa del flujo incontrolado de narcodólares: la política contra la inflación, debido al efecto de dichos dólares en el valor de la propiedad, los artículos y los servicios; la política monetaria, a resultas del crecimiento de Ta masa monetaria; la política crediticia, a causa del incremento de las tasas al contraerse el volumen de dinero para empréstitos legítimos; la política bancaria, debido a las amenazas a la integridad de las instituciones; la política fiscal, por efecto de la expansión del fraude; la balanza de pagos, como consecuencia de la utilización para el cultivo de narcóticos de tierra y mano de obra que antes se usaban para cultivar alimentos, lo cual obligaba a incrementar las importaciones de artículos alimenticios.

En 1988 ya era claro que el gobierno disfrutaba de ciertas ventajas en la lucha contra los terroristas de la droga. Las investigaciones de la prensa demostraron que las organizaciones de los magnates de la droga tenían una estructura ligera. Además, los líderes de los narcotraficantes estaban divididos entre, por un lado, los que sólo pretendían ejercer en el gobierno la misma influencia que FEDECAFE tenía sobre el café y, por el otro lado, los que ambicionaban adueñarse aún más al estallar un conflicto largo y sangriento entre los cárteles de Medellín y Cali cuyo origen fue la lucha por el control de las rutas comerciales a los Estados Unidos. La opinión pública quería que se pusiera fin a la violencia y a la delincuencia. En 1989 un desmoralizado gobierno recuperó mucho prestigio y confianza en sí mismo gracias al lanzamiento de una campaña policial bien coordinada contra las plantas de elaboración de cocaína y los campos de instrucción de los paramilitares al servicio de los terroristas de la droga. Los extraditables respondieron asesinando a Luis Carlos Galán, enemigo declarado de los cárteles que, según los sondeos de opinión, hubiera sido el principal candidato a la presidencia en las elecciones de 1990. El asesinato brindó a Barco la oportunidad de conseguir un consenso nacional contra los narcotraficantes y también impulsó a redoblar los esfuerzos diplomáticos en pos de respaldo internacional para una cruzada contra ellos. El cártel de Medellín declaró «la guerra» al gobierno. Irónicamente, el número de asesinatos descendió durante los primeros meses de la «guerra»; pero al cabo de unos meses, en el mismo 1989, la policía nacional se apuntó un éxito notable: la muerte en un enfrentamiento armado del más notorio de los extraditables después de Escobar: Rodríguez Gacha. No obstante, las dificultades que se alzaban ante el gobierno parecían casi insuperables. La eliminación de los cultivos de coca no se hacía al mismo ritmo que la expansión de los mismos. Cuando las fuerzas del gobierno destruyeron las instalaciones donde se elaboraba la cocaína, los magnates de la droga se limitaron a sustituirlas por otras en pequeña escala y móviles.

Mientras tanto, las democracias occidentales fueron generosas a la hora de colmar de elogios a los colombianos por sus esfuerzos, pero no lo fueron a la hora de prestarles ayuda. Mientras los gobiernos occidentales presionaban para que se eliminasen los cultivos, la demanda de drogas en los mercados occidentales iba en aumento. La segunda Administración Reagan, que estaba dividida por las disputas burocráticas y por la incoherencia de sus líderes, dio muestras de una tolerancia y una satisfacción de sí misma asombrosas. Exagerando el valor disuasivo de la extradición, emprendió una atolondrada campaña diplomática cuyo principal efecto fue ganarse la enemistad de muchos simpatizantes latinoamericanos. La revelación de conexiones dudosas entre la CIA, el cártel de Medellín, el general panameño Manuel Noriega, el lavado de dólares y la financiación de los rebeldes de la Contra en Nicaragua dañó la reputación de Washington entre los demócratas colombianos. No fue mejor la actuación de los países de la Comunidad Económica Europea. Poco hicieron para responder a Colombia cuando ésta pidió que la ayudaran con los programas de sustitución de cultivos, que controlasen los movimientos de los productos químicos que se usaban para la transformación de la coca en cocaína o que mejorasen el flujo de información entre gobiernos. Sólo después de declararse la «guerra» entre el gobierno y los cárteles les ofrecieron un poco de ayuda Gran Bretaña, España e Italia. A pesar de ello, era difícil no sacar la conclusión de que los primeros programas de ayuda europea, al igual que los que la entrante administración Bush anunció a son de trompeta, eran demasiado limitados para surtir un efecto serio y estaban pensados para tranquilizar al electorado en los países donantes.

En mayo de 1990 se celebraron elecciones presidenciales en un clima de profundo pesimismo. En marzo de aquel mismo año la extrema derecha había asesinado al candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, y en abril, al del M-19, el ex líder de la guerrilla Carlos Pizarra. Estos dos asesinatos demostraron de forma concluyente que la principal amenaza para el orden político procedía de la extrema derecha y sus aliados del cártel de Medellín. El clima de intimidación fue la causa principal de la escasa participación en las elecciones en comparación con las de 1986; de hecho, la UP, 1.051 de cuyos activistas habían sido asesinados desde 1985, se abstuvo en señal de protesta contra la falta de garantías. El juvenil candidato liberal, César Gaviria Trujillo, ganó por un margen amplio en unos comicios libres. Había cortejado a los votantes de clase media haciendo campaña como heredero de Galán en la cruzada contra los magnates de la droga y la corrupción, pero también había hecho concesiones a grupos bien situados con el fin de recibir el apoyo de la maquinaria del partido. El Partido Conservador, dividido entre dos candidatos, obtuvo malos resultados. De forma menos previsible, el candidato que el M-19 presentó en el último momento para sustituir al líder asesinado, Antonio Navarro Wolff, logró ganar el 13 por 100 del total de votos.

Gaviria estaba comprometido con el fortalecimiento de las instituciones, en especial la judicatura, que en gran parte de la Colombia central estaba paralizada por las alianzas entre intereses locales y comerciantes de drogas. Su gobierno también heredó un compromiso con una Constitución nueva. Gaviria hizo una nueva y audaz oferta de paz a las FARC, al ELN y al EPL: a saber, estarían representados en la asamblea constituyente si antes deponían las armas. El gobierno entrante prometió continuidad en la política económica, especialmente en las medidas contra la inflación, pero puso un acento nuevo en los planes de privatización y en una apertura a la economía mundial. Y la audaz elección de Navarro Wolff para el cargo de ministro de Sanidad sugirió nuevas perspectivas en el capítulo de política social. Este polémico nombramiento dio al M-19 la oportunidad de sacar provecho del lamentable historial que en el campo de la política social tenían los partidos que habían gobernado desde 1970 y quizá también para transformarse en un duradero partido socialdemócrata. Lo que parecía un indicio real de apertura democrática fue muy bien acogido por la mayor parte del espectro político. Sin embargo, había buenos motivos para ser cautos. El optimismo relativo a la asamblea constituyente servio entibiado por los temores a que los partidos tradicionales se apoderasen de ella. La muerte de Jacobo Arenas, el inflexible líder de las FARC, despertó las esperanzas de que las principales organizaciones guerrilleras se realinearan bajo un mando conjunto que facilitara las negociaciones. Pero la perspectiva de una coordinación más estrecha entre los diversos grupos de guerrilleros también despertó temores de que ello intensificara su fuerza militar y su capacidad para las negociaciones políticas. Por su parte, la extrema derecha no mostró ningún entusiasmo por la disminución de las tensiones. Y parecía probable que el gobierno sólo lograse contener la amenaza del terrorismo de la droga, en vez de derrotarlo. También la política económica inspiraba aprensión. Pocas oportunidades nuevas se le ofrecían a Colombia en una economía mundial estancada. Además, incluso un énfasis no doctrinario en la privatización parecía poco apropiado en un país cuyo sector público era uno de los más débiles de América Latina y donde los intereses privados, especialmente en las regiones, trataban al gobierno como a un recurso privado. Nuevas revelaciones de incompetencia e irregularidades en la Administración pública agudizaron la frustración; los organismos del gobierno eran palpablemente incapaces de hacer que se cumplieran las medidas progresistas en muchas regiones y localidades. Era poco probable que la buena voluntad pública que acompañó al gobierno Gaviria al acceder al cargo fuese a durar mucho tiempo.

Al entrar en el decenio de 1990, el sistema político colombiano poseía méritos indudables. Había sobrevivido a los ataques procedentes de los extremos políticos y encamaban las aspiraciones a la participación democrática, aunque las tendencias hacia la consolidación de la democracia distaran mucho de ser irreversibles. Los científicos políticos debatían en torno a dónde había que situar a Colombia en una escala que iba de la democracia al autoritarismo; pero su debate no era satisfactorio, en gran parte porque las variaciones regionales y locales de la eficacia de las instituciones, las oportunidades de participación, la concentración y la dispersión del poder, el ejercicio de la responsabilidad y la costumbre de rendir cuentas obstaculizaban las generalizaciones fructíferas.

Un observador optimista podría señalar que a partir de 1930 hubo más años de gobierno civil que en cualquier otro país de América del Sur. El marco de instituciones y procedimientos democráticos no debía establecerse, sino reforzarse en 1990. Se estaban consiguiendo los principios de una apertura democrática y poco a poco iban aflojándose los controles oligárquicos. Había una esperanza más realista que antes de que una izquierda democrática pudiese adquirir importancia permanente en la política colombiana. Los recelos sobre los militares se desvanecieron en parte al ejercer Barco su prerrogativa de destituir a los ministros de la Guerra que rompieran públicamente con él; y la preocupación por el historial de derechos humanos del gobierno fue mitigada en parte con el nombramiento de un consejero presidencial sobre tales derechos y la franqueza con que los ministros civiles hablaban del problema. La élite gobernante mostró cierta flexibilidad ante las amenazas crecientes y aprobó, con escaso entusiasmo, los esfuerzos más enérgicos que se hicieron en el continente por llegar a acuerdos de paz con los guerrilleros. Y, sobre todo, el estado había demostrado elasticidad al absorber la crisis y con ello había anulado todas las predicciones apocalípticas. Colombia también había gozado de un crecimiento modesto y sostenido en el decenio de 1980: una media anual de 2,3 por 100 fue la que se registró entre 1980 y 1985, y del 4,7 por 100 entre 1985 y 1988. Así pues, capeó la crisis económica de los años ochenta mejor que muchos de sus vecinos. Incluso en los puntos mínimos de la actividad económica durante la recesión siguieron poniéndose en marcha importantes proyectos nuevos. Es cierto que el potencial productivo chocó frecuentemente con obstáculos, pero las tendencias hacia el ahorro y la inversión habían sido reales de modo constante. Y se había consolidado un poderoso sector privado, el cual estaba imbuido de una ideología económica pragmática liberal. La fuerza creciente de la economía del país se reflejó en una reducción del coeficiente de exportaciones (la parte de las exportaciones en el PIB) del 28 por 100 en 1930 al 20 por 100 en 1950 y de nuevo al 136 por 100 en 1986. Algunos niveles asistenciales habían mejorado: el 48 por 100 de los colombianos adultos eran analfabetos en 1938 en comparación con el 27 por 100 en 1973 y el 12 por 100 en 1985. Mientras tanto, entre 1950 y 1975 el presupuesto de la sanidad pública se multiplicó por diez, y el número de médicos y camas de hospital se sextuplicó. En el sector urbano la mortalidad infantil cayó del 40 por 1000 en 1955 al 17 por 1000 en 1970.

Un observador pesimista podría recalcar que un gobierno civil casi continuo durante ochenta años no había logrado convertir las promesas de libertades civiles, justicia social y satisfacción de las necesidades básicas en una realidad para todos los ciudadanos. Planes bienintencionados para extender el ejercicio de la democracia fracasaron porque los reformistas comprometidos que había en el gobierno central no acertaron a formar alianzas duraderas y eficaces con las fuerzas que en las localidades presionaban a favor de la intensificación de la democracia. Los resultados electorales de los socialistas democráticos todavía eran débiles y continuaba siendo posible que los líderes de la UP fueran cooptados por los partidos tradicionales, víctimas de asesinatos impulsados por la venganza o que volvieran a unirse a la guerrilla. Las fuerzas armadas continuaban disfrutando de gran autonomía política, y se habían rechazado propuestas de la izquierda democrática y del centro-izquierda para que se nombrara a un civil ministro de Defensa. No se frenaron los atropellos de los derechos humanos, y los militares, según se decía, estaban más interesados en mejorar su imagen que en modificar su comportamiento. Tal como reconoció el presidente Barco, una democracia ampliada exigía que se pusiera fin al presidencialismo y, en particular, a la tradición en virtud de la cual la continuidad de la política se veía turbada cuando cada gobierno entrante rompía ostentosamente con los objetivos de su predecesor y afirmaba su carácter distinto en la retórica y la práctica políticas. Mientras tanto, el ritmo vacilante de la iniciativa reformista favoreció los designios de intereses oligárquicos que demostraron tenacidad en, por ejemplo, su control de los medios de información y de la distribución de patronazgo, a la que se sumó una capacidad impresionante para realinearse y reafirmarse ante circunstancias nuevas. Colombia seguía mostrando grandes desigualdades en la propiedad de la tierra, la riqueza y la renta. Varios estudios indican que el proceso de concentración de la renta rural y urbana que había tenido lugar entre 1930 y 1950 se acentuó después de esta última fecha, aun cuando el número de beneficiarios se ampliara e incluyese a las nuevas clases medias. También había indicios de un empeoramiento de las condiciones de vida en los medios rurales. En 1978 la CEPAL estimó que el 54 por 100 de la población rural y el 36 por 100 de la urbana se encontraban por debajo del umbral de pobreza absoluta y que el 23 por 100 de la población rural y el 14 por 100 de la urbana se encontraban por debajo del umbral de indigencia. En 1988, el 67 por 100 de la población rural se encontraba por debajo del umbral de indigencia. Los grupos de ingresos bajos, especialmente en las zonas rurales, continuaron siendo víctimas de un sesgo regresivo en el gasto público. Así, incluso en los períodos de prosperidad los planes construidos durante fases de euforia poco justificada se desmoronaron como castillos de naipes; y, en armonía con la arraigada idiosincrasia nacional, los períodos de bonanza no daban pábulo al optimismo sino que reforzaban una arraigada visión pesimista de la sociedad colombiana.

Capítulo 6
ECUADOR DESDE 1930

1. ANTECEDENTES

El sostenido incremento de las exportaciones cacaoteras y del comercio de importación que se dio a finales del siglo XIX trajeron consigo un proceso de acumulación significativo de capital, al mismo tiempo que más estrechas vinculaciones con el mercado mundial. En el interior de la oligarquía costeña se consolidó una fracción de comerciantes y banqueros, diferenciada de los propietarios rurales. Ese grupo, al que podemos llamar con propiedad burguesía comercial fue el sector que logró la dirección política con la «Revolución Liberal» (1895-1912)[1]. Es importante, empero, destacar que otros sectores, especialmente populares también formaron parte del proceso[2].

Esta fue una etapa de consolidación del estado nacional en el Ecuador. Ello supuso, por una parte, un programa orientado a la integración económica de las regiones mediante obras como el ferrocarril Guayaquil-Quito, y por otra parte la transformación político-ideológica de mayores proporciones registrada en el país. El estado recobró el control sobre amplias esferas de la sociedad civil, la regulación del contrato matrimonial, la beneficencia, etcétera, fueron violentamente arrebatadas de manos clericales y confiadas a una nueva burocracia secular. Del mismo modo, la Iglesia fue despojada de una buena parte de sus latifundios, mediante la llamada «Ley de Manos Muertas».

La Revolución Liberal, significó un gran salto. El predominio político e ideológico de la clase latifundista aliada al clero fue desmontado por la burguesía y sus aliados, cuyos mecanismos de dominación y reproducción ideológica suponían el establecimiento, al menos en principio, de ciertas garantías y de libertad de conciencia y educación. Pero la revolución halló sus límites en los de su principal protagonista. Es decir que estuvo determinada por los intereses de la burguesía que ni necesitaba arremeter contra la estructura latifundista de la sierra, ni podía abolir el poder tradicional terrateniente.

Derrocadas pero no destruidas en su base económica fundamental, las fuerzas del latifundismo cerraron filas alrededor de la Iglesia católica, afectadas en sus más caros intereses. De este modo, el conflicto político de la época se dio entre el estado liberal, que expresaba los intereses de la burguesía y consolidaba su poder gracias al soporte del ejército y grupos medios, y la Iglesia católica, manejada por el clero y el latifundismo tradicional.

Las transformaciones implantadas por el liberalismo (separación de la Iglesia y del estado, educación laica, libertades de conciencia y culto, etcétera) fueron innovaciones político-ideológicas orientadas a consolidar mecanismos de reproducción del capitalismo en ascenso. Con ellas la burguesía comercial aseguró su control del estado, garantizando condiciones favorables a la integración de los mercados internos y a la vinculación cada vez más estrecha con el capital monopólico internacional. Con ello se acentuaba la situación dependiente del país. Creadas estas condiciones, el impulso ascendente de la Revolución Liberal, se volvió peligrosa para las estructuras de dominación. La muerte del Alfaro en 1912 coincide con una campaña de los sectores oligárquicos por frenar su impulso.

Luego de la fase revolucionaria, la etapa 1912-1925 fue de predominio de la oligarquía liberal. Sin embargo, este mismo período fue incubando las condiciones que determinaron su caída. Primero se dio la violencia en el medio rural de la costa, luego, ya en los años veinte, estalló la agitación urbana. Los grupos medios que habían crecido alrededor de la burocracia y el comercio menor, pugnaron por una cuota de poder. Las organizaciones obrero-artesanales, cuyo desarrollo a principios de siglo fue grande, intentaban reivindicar orgánicamente sus derechos. Por lo demás la crisis bélica europea y fundamentalmente el triunfo de la revolución soviética, fueron el marco externo de la influencia político-ideológica.

La segunda Administración de Leónidas Plaza, iniciada en 1912, dio la tónica general del período. Logró un cese de hostilidades con la Iglesia, a cambio de estabilizar las reformas sin ir más allá. Buscó un consenso de oligarquías, haciendo incluso importantes concesiones al latifundismo serrano. Entregó, cada vez más sin mediaciones, el control directo del poder político a la todopoderosa banca guayaquileña, especialmente al Banco Comercial y Agrícola. Plaza y su sucesor, Baquerizo Moreno, tuvieron que afrontar la insurrección montonera de Carlos Concha, abanderado de lo que podría calificarse como el «alfarismo de izquierda», que movilizó durante más de cuatro años al campesinado de las provincias de Esmeraldas y Manabí.

A inicios del siglo XX se dieron significativos cambios en el sistema político y en la estructura de poder de Ecuador. También el sistema bancario y financiero experimentó un gran crecimiento, con el consiguiente robustecimiento de la burguesía comercial y bancaria como clase dirigente. Esas transformaciones, sin embargo, no alteraron inmediatamente ni en forma significativa la situación agraria y la profunda diversidad regional del país.

En el campo costeño, especialmente en las áreas de producción de cacao destinado al mercado externo, las relaciones de «sembraduría», de claro carácter precapitalista continuaron predominando[3]. En unas pocas plantaciones y en dos ingenios azucareros establecidos en años anteriores, las relaciones salariales comenzaron a imponerse. Ese tránsito a formas de producción más modernas en todo el espacio económico de la costa sería lento, extendiéndose hasta la segunda mitad del siglo XX. También el crecimiento de la industria se retardaría sensiblemente. En Guayaquil, a principios de siglo, el incremento de las importaciones cubrió la demanda de manufacturas y se establecieron solamente unas cuantas factorías pequeñas de carácter complementario al negocio importador.

En la sierra, en donde hasta más allá de la mitad del siglo, se concentraría la mayor parte de la población del Ecuador, la revolución liberal tuvo gran impacto político e ideológico, pero la tradicional aristocracia latifundista, aunque perdió el control del estado, mantuvo por largo tiempo su predominio económico e ideológico regional, asentado sobre la estructura de la hacienda tradicional. La mayoría de la fuerza de trabajo, especialmente indígena, se concentraba en el sector rural y se mantenía sujeta al latifundio por lazos de tipo servil. El llamado «concertaje», un mecanismo de tipo compulsivo para mantener sujeto a la hacienda al indio, fue legalmente abolido en 1918[4]. La transformación de la hacienda en empresa predominantemente capitalista, sin embargo, sería un hecho generalizado tan sólo en la segunda mitad del siglo. Aunque la producción artesanal serrana sufrió un duro impacto con el incremento del comercio de importación, resistió este embate y se mantuvo por décadas como rúbrica importante de la producción para el mercado interno.

El ferrocarril Guayaquil-Quito, que unía las dos principales ciudades del país, logró normalizar las relaciones entre los dos principales centros y las dos regiones del país, pero no trajo consigo incremento inmediato del intercambio de productos. El Ecuador se mantendría fuertemente regionalizado, con sierra y costa escasamente articuladas y con un funcionamiento económico y social diverso.

Hacia 1880 la sierra tenía algo más de tres veces la población de la costa. Cincuenta años más tarde la población había ya variado a una relación de dos a uno, favorable aún al altiplano[5]. En general, la población del país podría calcularse para principios de siglo en un millón y medio de habitantes. Cifras más exactas, sin embargo, son difíciles de ofrecer por la ausencia de datos fiables.

Desde los inicios de los años veinte comenzó un período de larga y sostenida crisis de la economía ecuatoriana que se extendería durante casi tres décadas. Una rápida contracción del mercado internacional del cacao y la consecuente caída de sus precios, provocadas por la recesión de posguerra, precipitaron el colapso de la producción de la fruta. Las plantaciones fueron asoladas por enfermedades y plagas que destruyeron enormes cantidades de plantas de cacao. En algo más de dos años, entre 1920 y 1923, el volumen total de las exportaciones del Ecuador, que había llegado a los 20 millones de dólares anuales, se redujo a menos de la mitad de esa cifra. La moneda nacional fue rápidamente devaluada, las divisas extranjeras subieron, los precios internos se elevaron vertiginosamente.

Con la caída del auge cacaotero, vino también la crisis del sistema político que se había asentado sobre él. La alianza consolidada por la burguesía comercial y bancaria de Guayaquil comenzó a desmoronarse bajo la presión de las nuevas circunstancias. Los terratenientes cacaoteros de la costa se enfrentaron a los exportadores de la fruta. Los latifundistas serranos rompieron el «alto al fuego» mantenido por más de una década para exigir una mayor cuota de poder. En el interior de la propia burguesía se agudizaron las tensiones entre facciones y grupos. De este modo, los gobiernos del así llamado «liberalismo plutocrático» instalado en 1912 perdieron vertiginosamente su base de sustentación política.

Pero a la crisis interna de la dirección política de la burguesía se sumó también un cuestionamiento «desde abajo». En efecto, dos nuevos sectores sociales aparecieron en la escena política de la época. Por una parte, los grupos medios, golpeados por la crisis económica, trataron de hallar nuevos mecanismos de presión y nuevas fórmulas de expresión ideológica. Por otra parte, los sectores populares, que sufrieron directamente el impacto del colapso del modelo exportador, irrumpieron en forma violenta en la escena política. En noviembre de 1922, la incipiente clase obrera ecuatoriana tuvo su «bautismo de sangre». Una huelga protagonizada por los trabajadores de las empresas de servicios y algunas fábricas de Guayaquil, a los que se sumaron desempleados, campesinos migrantes y artesanos, fue ferozmente reprimida por el gobierno liberal, con un saldo de centenares de muertos[6].

Los desajustes socioeconómicos se tradujeron en varios intentos de reagrupamiento de las fuerzas políticas. Con las reformas implantadas por la Revolución Liberal se había abierto la posibilidad de constitución de los modernos partidos políticos en el Ecuador, que justamente aparecieron en la década de los veinte. Síntoma de la pérdida de fuerza del liberalismo «plutocrático» gobernante fue la reunión de la Asamblea Nacional que reconstituyó el Partido Liberal en 1923, formulando un programa con algunos elementos «socialistas». Por su parte, tras el fracaso de una revuelta armada en 1924, los notables del latifundismo serrano, reorganizaron en 1925 el Partido Conservador ecuatoriano, que desde entonces contó con una sólida estructura verticalmente controlada y con un planteamiento ideológico que recogía las viejas reivindicaciones de la lucha Iglesia-Estado y los nuevos planteamientos de la «cuestión social» católica.

La crisis económica de la burguesía devino también crisis ideológica. El discurso laico anteclerical, si bien mantuvo su vigencia, fue desbordado por las nuevas demandas de los grupos medios y populares. De ahí que fuera consolidándose una ideología de corte socialista que justamente expresaba a esos sectores. En 1926 se fundó el Partido Socialista ecuatoriano, que soportó desde el principio serias tensiones internas, que desembocaron en la división y la constitución en 1931, el Partido Comunista del Ecuador, que pasó a formar parte de la Segunda Internacional.

El gobierno liberal plutocrático, debilitado como estaba, terminó el 9 de julio de 1925, derribado por un golpe de estado de los militares jóvenes que se definían como «socialistas». El movimiento «juliano» (llamado así por la fecha de la revuelta) no logró, sin embargo, implantar ningún cambio revolucionario, limitándose básicamente a establecer mecanismos de control estatal sobre el sistema financiero y a modernizar algunas áreas del aparato burocrático. De este modo, se logró disminuir el poder político de la burguesía comercial, y se robusteció la participación del latifundismo serrano y algunos sectores del costeño en la dirección de la economía y la política del país. Al mismo tiempo, se implantaron algunos beneficios para la burocracia, como elevación de sueldos y garantías de protección social, que favorecían a los sectores medios, a los que justamente se debían los protagonistas del movimiento reformista, los militares «julianos».

Tras la disolución varias juntas de gobierno provisional, las fuerzas armadas entregaron el mando del país al doctor Isidro Ayora, quien ejerció la dictadura desde 1926. En este período se llevaron a cabo las principales reformas administrativas, tales como la creación del Banco Central, la Contraloría, Superintendencia de Bancos y Dirección de Aduanas. También en esta época se dictaron algunas medidas encaminadas a promover el desarrollo de la industria, que sólo lograron un limitado incremento de la manufactura en la sierra, al tiempo que despertaron resistencia en el comercio de Guayaquil. En 1928 se reunió una Asamblea Constituyente que dictó la Constitución número 13 de la historia nacional. En ella se establecieron algunas garantías de tipo social, además del derecho al voto femenino. Al fin, Ayora fue elegido presidente constitucional.

La relativa estabilidad política lograda desde 1926 hasta 1930 fue efecto del equilibrio de fuerzas conseguido tras las reformas fiscales y cierta recuperación de las exportaciones. Pero esa situación no iba a durar largo tiempo. Sujeta como estaba la economía ecuatoriana a los flujos y reflujos del sistema capitalista internacional, sus períodos de recesión iban a impactar duramente en su funcionamiento interno.

2. LA DÉCADA DE LOS TREINTA

La recesión mundial de 1929-1932 tuvo consecuencias devastadoras sobre la economía ecuatoriana[7]. En pocos meses los precios de los productos de exportación y el volumen del comercio exterior se redujeron a cifras nunca antes alcanzadas en lo que iba de siglo. En 1933 el valor de las exportaciones apenas superó los cuatro millones de sucres. Los negocios se paralizaron, varias casas comerciales y bancos quebraron, la escasez de recursos fiscales llegó a límites desconocidos. Los sectores más directamente vinculados al mercado mundial sufrieron más el impacto de la crisis, pero ésta sacudió el conjunto del sistema económico nacional. Una revisión del descenso de los precios de los productos de exportación en el puerto de Guayaquil durante el período da una idea de las proporciones de la crisis:

Precios promedio del cacao, café y arroz en el mercado de Guayaquil
(en sucres por quintal)

Años | Cacao | Café | Arroz
1927 | 68,85 | 81,33 | 20,42
1928 | 53,31 | 88,25 | 14,13
1929 | 56,48 | 77,42 | 17,25
1930 | 51,04 | 42,54 | 16,83
1931 | 38,58 | 32,33 | 10,10
1932 | 30,83 | 48,92 | 8,69
1933 | 35,25 | 38,15 | 10,81
1934 | 50,20 | 70,70 | 18,50

FUENTE: Boletín del Banco Central del Ecuador.

ELABORACIÓN: Luis A. Carbo, Historia monetaria y cambiaria del Ecuador, 1978.

A los bajos precios debe añadirse también la acción de las enfermedades, que continuaron deteriorando las plantaciones afectadas ya desde hacía una década. Se ha estudiado muy poco el carácter de la crisis pero es evidente que la incidencia del factor externo fue sumamente grande, como lo afirma Wilson Miño:

La crisis de 1931 reveló con toda profundidad el carácter dependiente del Ecuador y su imposibilidad estructural de emprender automáticamente el camino del desarrollo económico. El Ecuador de la década de los años treinta era predominantemente agrícola y basado en el sistema de hacienda. La hacienda tradicional era la principal forma de organización productiva y subordinaba al conjunto de la población campesina a sus intereses. El funcionamiento del sistema de hacienda no garantizaba al campesinado un nivel de vida suficiente como para que esa población tuviera un poder de consumo importante, tanto de la producción agrícola como de la producción industrial. La demanda de las ciudades era incipiente como para absorber toda la producción hacendataria, junto a eso la producción cerealera tenía competencia extranjera, especialmente en el caso del trigo. Además, no existía una política agraria de colonización y de expropiación de tierras incultas que posibilitara una mayor producción y un mayor consumo. En ese sentido, las estructuras económica y social determinaban que el áparato productivo se orientara hacia el mercado internacional.[8]

Los sucesivos gobiernos del período intentaron afrontar la crisis con tibias medidas de tipo monetario que seguían al pie de la letra las líneas de política económica trazadas por el profesor Kemmerer al diseñar pocos años antes la reforma bancaria y fiscal del país. En especial se aferraron al mantenimiento del patrón oro, considerado como la piedra angular del sistema[9]. Pese a que cada vez se dio mayor presión sobre las autoridades monetarias, éstas mantuvieron la vigencia del patrón oro en los momentos más duros de la crisis. Sólo lo suprimieron en 1932, después de que así procediera la mayoría de los países, entre ellos Gran Bretaña. El Ecuador perdió la impresionante suma de 2.042.091 de sucres de sus reservas por fuga de oro[10]. Se acentuó, como se verá luego, la secuencia devaluatoria iniciada a principios de los veinte.

Semejante catástrofe para la economía tuvo profundas consecuencias en la lucha social y política. Los terratenientes costeños sufrieron un nuevo golpe, justo cuando parecía convalecer el mercado externo. Los salarios de los trabajadores de las plantaciones se redujeron y muchos de ellos fueron lanzados a la desocupación. En cuanto a la burguesía comercial de Guayaquil, no pudo esta vez aplicar inmediatamente los tradicionales «remedios» como la devaluación y la rebaja de aranceles. Las reformas «julianas» le habían privado de los mecanismos estatales de control monetario.

El latifundismo serrano, aunque golpeado también por la crisis, encontró en la debilidad de sus tradicionales oponentes la coyuntura para lanzarse a la reconquista del poder político perdido con la Revolución Liberal. Así lo hizo movilizando fundamentalmente a las bases artesanales de la zona andina y a grupos de pequeños productores campesinos, también afectados por la recesión. Pero si la burguesía comercial y bancaria de Guayaquil había perdido la dirección política, retuvo capacidad suficiente para bloquear cualquier intento de los grupos terratenientes tanto serranos como del litoral, para captar el control del estado. Esta situación se mantuvo durante varios años. De este modo, la participación política de los grupos medios adquirió cierta autonomía y se expresó en los planteamientos contestatarios de las tendencias socialistas. En suma, como dice Agustín Cueva:

La depresión económica produjo, pues, una exacerbamiento de todas las contradicciones sociales, que se tradujo en una crisis de hegemonía de vastas proporciones. Por eso en la década de los treinta se sucedieron en el mando nada menos que diecisiete gobernantes, y en un solo año, 1932, desfilaron por el palacio presidencial cinco mandatarios y el Ecuador sufrió una cruenta guerra civil[11].

El gobierno de Ayora no pudo dar una respuesta a la crisis económica. La entrega del monopolio de la fabricación de fósforos a una empresa sueca fue el motivo que levantó a la oposición. Tras varios días de agitación callejera y movimientos de cuartel, el presidente terminó por renunciar en agosto de 1931, entregando el poder al coronel Luis Larrea Alba que confesaba ser de tendencia socialista, y sólo pudo sostenerse en el mando escasas semanas. La oposición lo obligó a abandonarlo en beneficio del doctor Alfredo Baquerizo Moreno, último presidente del Senado, hombre de la vieja «plutocracia» guayaquileña que ejerció la presidencia entre 1916 y 1920. Baquerizo convocó elecciones; mientras tanto, tomó algunas medidas de política económica, como la suspensión del patrón oro, la inconvertibilidad de la moneda, la incautación de giros y el arreglo de varios préstamos para el funcionamiento del Fisco.

En la campaña electoral se reveló la fuerza alcanzada por el latifundismo tradicional serrano. Una de sus más destacadas figuras, Neftalí Bonifaz, fue candidato a la presidencia con el respaldo de las fuerzas conservadoras, de varios liberales «moderados» y sobre todo, con la activa movilización de la «Coalición Obrera Nacional», una organización compuesta básicamente de artesanos de la sierra, constituida a partir de los grupos gremiales.

En las elecciones el gobierno no pudo ejercer el tradicional «fraude» con que triunfaban los liberales. Ganó entonces Bonifaz con amplio margen. Sin embargo, los meses que mediaron hasta la toma de posesión oficial del nuevo presidente, fueron de gran agitación. Al fin, la oposición anticonservadora logró mayoría en el Congreso, reunido en agosto de 1932, y descalificó al presidente electo, a quien se acusó de haber declarado en varias ocasiones ser de nacionalidad peruana. Entonces, la Coalición Obrera Nacional, apoyada por la guarnición de Quito, se lanzó a defender a Bonifaz y obligó a Baquerizo a dejar el mando. La mayoría del ejército, acantonado en provincias, fue entonces movilizado hacia la capital. Allí se dio uno de los encuentros bélicos más sangrientos de la historia, «La Guerra de los Cuatro Días» (29 de agosto a 1.º de septiembre)[12]. El resultado fue un arreglo que llevó al poder a Alberto Guerrero Martínez, último presidente del Senado con el compromiso de convocar a elecciones.

En estas nuevas elecciones, la «vieja guardia» liberal reeditó sus tradicionales métodos de control del sufragio. De este modo fue electo Juan de Dios Martínez Mera. Pero el éxito del fraude electoral sólo fue parcial porque el nuevo presidente no logró alcanzar mayoría en el Congreso. Fue así como se inició una batalla entre los poderes del estado. La mayoría de diputados y senadores bloqueó sistemáticamente la acción del ejecutivo, derribando a sus ministros mediante el uso de un curioso mecanismo constitucional, el llamado «voto de desconfianza». Al cabo de varios meses de ver caer cotidianamente gabinete tras gabinete, y de soportar una oposición popular cada vez más agresiva, Martínez Mera dejó el poder en manos de Abelardo Montalvo.

En las elecciones de ese año 1933 triunfó fácilmente José María Velasco Ibarra, máxima figura de la oposición parlamentaria contra el gobierno de Martínez Mera. Alcanzó más de cuarenta mil votos, contra once mil de su opositor socialista. Los liberales no pudieron siquiera participar en la elección. Velasco había sido elegido diputado por los partidarios de Bonifaz. Antes de ello, llevó una vida de intelectual y periodista. También, tenía una formación tradicional católica, pero él se llamaba liberal. Su planteamiento político apuntaba justamente a una superación del debate clerical-liberal. Empero, su base electoral fundamental fue la del Partido Conservador, que apoyó su candidatura.[13]

Pero Velasco Ibarra fue más allá del conservadurismo tradicional. Su figura de caudillo logró aglutinar fuerzas, especialmente sectores populares y medios que los políticos de la aristocracia terrateniente no pudieron movilizar. Más aún, Velasco fue el vehículo político de una alianza del latifundismo serrano con sectores terratenientes de la costa que abandonaron el viejo liberalismo.

Con el triunfo nació el «velasquismo», sin duda el fenómeno político más notable del siglo XX en la política ecuatoriana. Hay mucho que investigar y se debate aún bastante sobre su naturaleza; sin embargo, parece ir quedando claro que no se trata de un movimiento «populista» con los rasgos que este tipo de realidades han tenido en otros lugares de América Latina. El velasquismo puede más bien ser considerado como una típica fórmula caudillista que expresa una alianza oligárquica contradictoria surgida de la necesidad de controlar la movilización de los sectores populares[14]. Desde luego, el velasquismo no se constituyó como una fuerza organizada. Aunque la figura de Velasco y parte de su clientela política fueran las mismas a lo largo de cuarenta años de su vida pública, cada una de las elecciones en que participó debe ser considerada como una realidad distinta, tanto por su composición social, como por las circunstancias imperantes.

Al frente del país en 1934, Velasco Ibarra comenzó un gobierno activo, bastante desorganizado, que se orientó fundamentalmente a la construcción de obras públicas. Pero no logró completar un año en la presidencia de la República. En el Congreso de 1935, la oposición parlamentaria orquestada por la burguesía liberal aliada a sectores pequeñoburgueses de tendencias socialistas, logró bloquear la acción gubernamental. Cuando Velasco intentó solucionar el impase proclamándose dictador, el ejército lo derrocó.

Los jefes militares respaldaron en el poder al último ministro de gobierno, Antonio Pons, quien, sin embargo, no quiso convocar elecciones, argumentando que eso equivaldría a entregar el mando de la República a los conservadores. Prefirió devolver el poder al ejército, que designó en 1936 dictador a Federico Páez. En una primera etapa de su Administración, Páez manifestó que gobernaría con ideas socialistas y, en efecto, nombró a varios ministros de esa orientación. Algunas reformas monetarias y laborales se llevaron a cabo. Sin embargo, cuando el socialismo hizo presión para profundizar el proceso, el dictador dio marcha atrás e inició una dura persecución contra la izquierda y las organizaciones obreras.

La dictadura de Páez se ha hecho tristemente célebre en la historia nacional por la emisión de la llamada Ley de Seguridad Social que suprimió las principales garantías y puso los destierros, torturas y otras formas de represión a la orden del día. Al mismo tiempo, el gobierno derogó varias de las regulaciones cambiarías y monetarias. En pocos días el sucre había llegado a superar la barrera de 14 por dólar norteamericano. El momento de regresión de la dictadura fue aprovechado por la Iglesia católica y varios de sus aliados latifundistas para firmar el «Modus Vivendi», acuerdo internacional entre el Ecuador y el Vaticano, en virtud del cual, la Iglesia volvía a ser persona jurídica en el país; se la indemnizaba por los bienes nacionalizados por la Revolución Liberal, se la autorizaba a adquirir nuevos bienes, y se le garantizaba el funcionamiento de sus instituciones educativas.

Páez fue derrocado en octubre de 1937 por el general Alberto Enríquez Gallo, que ejerció la dictadura hasta agosto de 1938. En ese breve tiempo, Enríquez llevó adelante un gobierno de corte progresista. Abolió las leyes represivas anteriores; emitió el Código de Trabajo y algunas leyes complementarias; dio amplias garantías para la actividad política, y limitó los privilegios de las compañías extranjeras. El plan político de este gobierno, y particularmente su obra más importante, la emisión del Código de Trabajo, fueron un triunfo de las corrientes socialistas cuya influencia había ido creciendo a lo largo de la década de los treinta. El crecimiento del socialismo resultaba «peligroso» para los grupos dominantes tradicionales, que empezaron desde entonces a buscar seriamente una forma de detener su avance[15].

Enríquez entregó el poder a una Asamblea Constituyente convocada por él y elegida mediante un procedimiento inusual: cada representación provincial debía incluir conservadores, liberales y socialistas en igual proporción. De este modo se formó un cuerpo legislativo en el que ningún grupo político tuvo mayoría. De ahí que las decisiones fueran extremadamente conflictivas. En especial lo fue la elección de presidente de la República. Al fin, tras larguísimas negociaciones, fue designado para esas funciones el doctor Aurelio Mosquera Narváez, quien sucedió a Manuel María Borrero, que había desempeñado por breve tiempo la presidencia provisional.

Mosquera, que había sido director del Partido Liberal, fue elegido con votos socialistas; pero desde el primer momento se enfrentó con la Asamblea que le nombró, especialmente con su ala izquierda. Al fin optó por disolver la Asamblea y proclamarse dictador con apoyo del ejército. Esta vez no se optó por el camino tradicional de una nueva Constituyente para volver a la constitucionalidad. Un arreglo entre notables liberales y conservadores para «parchear» la Constitución proclamada en 1906 fue legalizado a posteriori por un Congreso electo bajo el control del dictador. La influencia alcanzada por los sectores medios de tendencia socialista y el nivel de agitación a que habían llegado los grupos populares fueron motivo suficiente para que los partidos «históricos» que expresaban el poder de las viejas oligarquías, abandonaran su centenario enfrentamiento para conjurar al «peligro izquierdista».

Durante sus meses de dictadura, Mosquera Narváez atacó duramente a las universidades y en general al sistema educativo; reprimió varias huelgas, y entregó una importante cuota de poder a los conservadores. Una vez reunido el Congreso que «constitucionalizó» su gobierno, fueron abolidas varias de las reformas adoptadas en tiempo del general Enríquez. En noviembre de 1939 el presidente murió repentinamente, precipitándose una nueva interinidad. Se encargó del poder el presidente del Senado, Carlos Arroyo del Río, máxima figura del liberalismo y uno de los más importantes abogados de los intereses extranjeros en el país.

Si la década de los treinta fue quizá la más agitada de la Historia del Ecuador, fue también un momento de gran desarrollo de la cultura y el inicio de un auge en este campo que se extendió hasta la década de los cincuenta. Ya durante los años veinte se habían iniciado incipientes estudios sociológicos en el país[16]. Había surgido también una tendencia indigenista que se dio igualmente en México y los países andinos[17]. En medio de la crisis y la inestabilidad política de los treinta, bajo influencia del pensamiento y la acción de la izquierda socialista, se dio un gran boom de la cultura contestataria.

La literatura, dominada por la denuncia de la situación social de las mayorías de trabajadores y campesinos tuvo un gran desarrollo con la obra de Fernando Chávez, Pablo Palacio, Jorge Icaza, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, Angel F. Rojas, Alfredo Pareja, Enrique Terán José de la Cuadra. Esa fue la «generación de los treinta»[18]. La lírica tuvo grandes exponentes como Jorge Carrera Andrade. En el ensayo descollaron Benjamín Carrión y Leopoldo Benítez Vinueza, cuya obra Ecuador, drama y paradoja es un verdadero clásico. En la plástica destacaron artistas como Mideros, un católico tradicional, y Egas, Galecio y Tejada, quienes sobresalieron en un realismo social que llegó a su mayor auge en décadas siguientes con la obra de Kingman y Guayasamín.

En los años veinte, treinta y siguientes se dio también un vigoroso resurgimiento del pensamiento católico tradicional, que fue enfrentado por una tendencia dominante de profundización de las conquistas del estado laico en la educación y la cultura. Esta tendencia se expresó en convergencia del liberalismo con la izquierda en ciertas luchas políticas e ideológicas.

3. DEL «ARROYISMO» AL SEGUNDO «VELASQUISMO», 1939-1947

Como Arroyo del Río quiso lanzar su candidatura a la presidencia de la República, dejó el poder al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés F. Córdova, no sin antes haber «arreglado» su elección por el acostumbrado método del fraude. Así fue como en enero de 1940 fue «elegido» presidente contra el candidato conservador Jacinto Jijón y Caamaño y contra Velasco Ibarra, que había vuelto del exilio voluntario para terciar en las elecciones. Hubo protestas contra el atropello del procedimiento, pero fueron reprimidas. Arroyo del Río se hizo con el poder en septiembre de 1940.

Arroyo del Río fue desde el comienzo un gobernante impopular. Intentó por ello consolidarse mediante una oferta de participación de los conservadores en su gabinete. Estos, pese a que habían denunciado el «fraude electoral», terminaron por aceptar dos ministerios. Se dice que la presión del Nuncio papal fue decisiva en esta actitud, tomada para «conjurar el peligro izquierdista». La cartera de Relaciones Exteriores fue ocupada en virtud del arreglo por Julio Tobar Donoso, una de las más brillantes figuras de la extrema derecha, a quien los hechos subsiguientes iban a volver tristemente célebre. Tobar no era nuevo en su puesto. Lo había ocupado ya pocos años antes. En realidad, conservadores y afines habían manejado las relaciones exteriores del país ya por algún tiempo.

El conflicto internacional estalló a menos de un año de inaugurado el gobierno «arroyista». En 1941, tras varios incidentes de frontera, el ejército peruano invadió el territorio nacional y ocupó varias regiones limítrofes. Los soldados ecuatorianos, superados en proporción de diez a uno, fueron vencidos en el campo de batalla. Los actos heroicos no cambiaron el ineludible resultado. En poco tiempo, la derrota ecuatoriana era total. Desde la época de la independencia, Ecuador y Perú habían venido disputando una vasta porción territorial de la hoya amazónica. Durante más de cien años se dieron diversos intentos de arreglos y se registraron también algunos enfrentamientos armados. Durante los años treinta, las relaciones entre los dos países se deterioraron notablemente y en varias ocasiones pareció que la guerra era inminente. Bloqueadas las salidas diplomáticas, el Perú aprovechó una coyuntura en que la atención continental estaba fijada en la guerra mundial, y optó por una salida de fuerza.

El gobierno de Arroyo del Río intentó consolidar la «unidad nacional» para hacer frente a la amenaza externa. Logró un cese de la oposición política interna y consiguió también movilizar hombres y recursos en apoyo de las fuerzas armadas. Pero el Ecuador era un país sumamente débil frente al poder militar peruano. Aún más, consciente de la extensión de su impopularidad, la Administración arroyista evitó entregar armas al pueblo, cuya reacción temía. Los mejores recursos bélicos del país no fueron movilizados hacia la frontera, sino que permanecieron dedicados a la represión interna. El cuerpo de cabineros, una organización de policía militarizada bien adiestrada y dotada de moderno equipo, continuó «defendiendo el orden interno» mientras escasos soldados, mal armados y casi sin jefes resistían en el frente sur.

La situación de guerra se mantuvo varios meses, hasta enero de 1942, cuando se reunió en Río de Janeiro la Conferencia Interamericana. La Asamblea tenía por objeto hacer un frente común en tomo de los Estados Unidos cuya entrada en la guerra mundial había sido precipitada por el ataque japonés a Pearl Harbor. La guerra peruana-ecuatoriana fue allí un tema de tercer orden, pero al fin, sin que se hubiera podido siquiera discutir el asunto, la delegación ecuatoriana fue obligada a suscribir un «Protocolo de Paz, Amistad y Límites» con el vecino del sur. En nombre de la «unidad continental», el país tuvo que aceptar la renuncia a 200.000 kilómetros cuadrados de territorio, que había venido reclamando por más de un siglo.

El ministro Tobar dijo que no tenía otra salida que firmar el documento, que luego fue ratificado por un Congreso de mayoría «arroyista». De este modo, los viejos adversarios liberal y conservador sellaron conjuntamente esa entrega del territorio nacional que había sido manipulada por ellos a lo largo de un centenario enfrentamiento oligárquico. Desde luego, detrás de la «solución» de Río de Janeiro, también se escondían los intereses económicos internacionales en conflicto, aunque de la «guerra petrolera» oculta que se libró detrás de las armas ecuatorianas y peruanas de entonces hemos logrado saber con claridad tan sólo varias décadas después[19].

Pasado el enfrentamiento internacional, el gobierno de Arroyo del Río continuó en el poder. Realizó varias obras públicas y un sistemático trabajo de reorganización fiscal, que en el momento incluso llegó a producir una elevación de la reserva monetaria y un superávit presupuestario. Este «éxito» de la política económica oficial, si quiere llamárselo así, descansó sin embargo, sobre condiciones evidentes de deterioro del nivel de vida del pueblo ecuatoriano. Los efectos traídos por la guerra mundial, un descenso obligado de las importaciones y una elevación de la exportación, no trajeron consigo, como en otros lugares de América, un proceso significativo de transformación del capital comercial financiero en capital productivo. Las condiciones económicas favorables sólo provocaron una consolidación del poder de la burguesía comercial a la vez que trajeron consigo un proceso acelerado de inflación y elevación drástica de los precios internos. Los salarios y remuneraciones permanecieron, en cambio, virtualmente estancados.

La respuesta del gobierno de Arroyo a la oposición popular en aumento, fue incrementar las medidas represivas. Los carabineros y los cuerpos de seguridad oficiales mantuvieron un clima de terror, legalizado mediante el ejercicio de facultades virtualmente dictatoriales que el gobierno recibió del Congreso y mantuvo prácticamente todo el tiempo. Cuando en 1944 Arroyo quiso imponer como sucesor a un liberal de su confianza, la rebelión popular estalló. Tras varios incidentes, el 28 de mayo de ese año, el pueblo de Guayaquil, respaldado por una parte de la guarnición militar de Puerto se lanzó a la insurrección que en pocas horas cubrió todo el territorio del país. El arroyismo se derrumbó.

El movimiento político que se puso a la cabeza de ésta que es sin duda una de las más vigorosas explosiones populares de la historia ecuatoriana, fue ADE (Alianza Democrática Ecuatorial). Allí se habían congregado socialistas, comunistas y dirigentes populares, junto a conservadores, liberales disidentes y varios independientes. ADE llamó para que se hiciera cargo del poder a Velasco Ibarra, el «Gran Ausente», que se había transformado en la figura máxima de oposición viviendo en el exilio.

El caudillo capitalizó el rechazo contra Arroyo y las aspiraciones populares de reforma radical. Declaró que «tenía el corazón a la izquierda» y dio una cuota de poder en la Administración pública a socialistas y comunistas. La izquierda entonces creyó posible radicalizar el proceso a través de su presencia burocrática y del apoyo de Velasco que era el líder al que seguían las masas. En este tiempo se fundaron y consolidaron algunas organizaciones democráticas y populares, la más importante de ellas, la CTE (Confederación de Trabajadores del Ecuador) controlada desde su nacimiento por la izquierda. Esta central sindical surgía como respuesta al robustecimiento de los mecanismos de dirección sindical de la derecha que años antes, en 1938, había organizado la CEDOC, Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos.

Pero Velasco no iba a permitir la radicalización de la «Gloriosa Revolución de Mayo». En realidad, no llegó a tomar ninguna medida reformista importante, limitándose a sancionar a algunos funcionarios del pasado régimen. La heterogeneidad del apoyo político al movimiento le permitió un manejo cada vez más personal de la situación. «Ustedes no me pueden dar —decía— una revolución en el mundo que haya sido tan original como ésta en la cual se han dado la mano el fraile con el comunista»[20]. Así las cosas, en poco tiempo Velasco estaba ya en campaña de freno de la izquierda y las organizaciones populares.

En 1945 se reunió la Asamblea Constituyente que iba a reorganizar el país. En ella, las fuerzas de la izquierda lograron una presencia significativa. De ahí que, aunque Velasco fue confirmado en el poder primero como presidente interino y luego como definitivo, los enfrentamientos con el gobierno se multiplicaran. La Constitución dictada ese año tuvo una marcada influencia socialista, fundamentalmente en sus declaraciones doctrinales. En ella se consagraron varias garantías sociales y laborales. Al mismo tiempo, se establecieron una serie de mecanismos de control del poder legislativo sobre el ejecutivo, como una «Comisión Legislativa Permanente» y un «Tribunal de Garantías Constitucionales».

El enfrentamiento de Velasco Ibarra con la Constituyente a la que el caudillo calificó de «comité político de extrema izquierda» reflejaba el proceso de agudización de las tensiones entre el velasquismo y las organizaciones populares. El gobierno tuvo que usar varias veces la represión para enfrentar los actos de protesta contra el empeoramiento de las condiciones de vida. Al fin, en marzo de 1946, Velasco Ibarra, apoyado por los conservadores y mediante la hábil participación de su ministro de Gobierno, Carlos Guevara Moreno, dio un golpe de estado que suspendió la vigencia de la Constitución y lo transformó nuevamente en dictador. Los políticos de izquierda fueron perseguidos y varios de sus periódicos clausurados.

En agosto de 1946 se reunió una nueva Asamblea Constituyente, en cuya elección participaron casi exclusivamente conservadores y velasquistas. Con la derecha en mayoría, en la nueva Constitución dictada ese mismo año, se suspendieron varios postulados consagrados en la anterior; pero la derecha no pudo a estas alturas del siglo, dar marcha atrás y desmantelar el Estado Laico, vigente ya desde hacía más de cincuenta años. La nueva constitución, sin embargo, logró organizar el estado y siguió por casi veinte años. La alianza clerical conservadora no pudo, en estas circunstancias, ganar el poder. Velasco logró imponerse primero como presidente interino y luego como definitivo.

Pero la consolidación del gobierno a la derecha no detuvo el deterioro de la situación económica. Entre 1946 y 1947 el alza acelerada de precios se agudizó. La crisis fiscal se ahondó cada vez más. La agitación e inestabilidad política continuaron. En agosto de 1947, el ministro de Defensa dio un golpe de estado contra Velasco que, derrocado una vez más marchó al exilio. Pero el nuevo dictador no pudo mantenerse en el poder, antes de una semana fue depuesto por las propias fuerzas armadas. El vicepresidente de la república Mariano Suárez Veintimilla, militante conservador, se hizo entonces cargo del poder como presidente constitucional, con el compromiso de convocar al Congreso y renunciar ante él. Así sucedió en poco tiempo. El Congreso reunido en septiembre del mismo año, nombró a Carlos Julio Arosemena Tola, banquero guayaquileño, para concluir el período presidencial de Velasco que debía terminar en 1948.

4. UNA ETAPA DE ESTABILIDAD, 1948-1960

En 1947 se cerró el ciclo turbulento de la historia ecuatoriana, dando paso a una nueva etapa de estabilidad, a la que cierta tradición interpretativa ha identificado con el «boom del banano». Esta caracterización empero, simplifica la realidad de un proceso muy complejo en que se dan transformaciones más importantes que un aumento de las exportaciones; pero no cabe duda de que uno de los elementos de ese proceso es justamente la elevación del país al rango de primer exportador de bananas del mundo[21].

En efecto, desde 1946 se registró una apreciable elevación de las exportaciones de bananas. En 1942-1944 éstas eran alrededor de quince mil toneladas, con un valor promedio de dos millones de sucres anuales. Al final de la década de los cincuenta, se exportaban más de 850.000 toneladas, con un valor que superaba ya los seiscientos millones de sucres. El precio por racimo se elevó también sustancialmente de 3,51 sucres en 1944 a 16,11 sucres en 1950 y 18,46 sucres en 1952. Aunque también otras exportaciones tradicionales como café y cacao experimentaron significativos incrementos, en menos de diez años, la banana representaba más de la mitad del valor total de las exportaciones del país.

Semejantes incrementos no podían deberse, como a veces se sugiere, al momentáneo descenso de la producción bananera centroamericana, que obligó a los monopolios norteamericanos que la controlaban a buscar centros temporales de abastecimientos. Aunque es verdad que las plagas y tifones provocaron en esos años un descenso de la producción centroamericana, la presencia del auge bananero en el Ecuador se debe a una política más consistente y a largo plazo de las compañías comercializadoras internacionales de la fruta, y a un esfuerzo significativo y expreso del Estado ecuatoriano por favorecer sus cultivos y exportaciones[22].

Al contrario de lo sucedido con el cacao, producido fundamentalmente por enormes latifundios, el banano se cultiva básicamente en medianas y pequeñas propiedades. Las grandes plantaciones, de propiedad de terratenientes nacionales o de las grandes compañías extranjeras comercializadoras de bananas, producían en esos años solamente un 20 por 100 de la producción exportada[23]. Los productores agrícolas tradicionales fueron, en consecuencia desplazados por los pequeños y medianos productores que incorporaron a la producción vastas zonas de la costa interna. La participación del estado en la concesión de créditos de asistencia técnica y construcción de carreteras y otras obras de infraestructura, fue uno de los fundamentos básicos de este modelo de expansión agrícola. También en las relaciones productivas se produjeron cambios. Las antiguas formas precapitalistas que prevalecieron en el latifundio cacaotero, dieron paso a la difusión formas salariales tanto en las grandes plantaciones como en las medianas y pequeñas «fincas».

Pero si la presencia del capital extranjero en el control directo de la producción bananera era proporcionalmente reducida, su dominio de la comercialización de la fruta era total. Cinco compañías extranjeras manejaban más del 80 por 100 de la exportación del banano. De éstas, sólo tres tenían plantaciones propias, pero también en este caso la mayor parte del producto exportado procedía de otros productores. Aunque las actividades de cosecha, transporte y embarque estaban también mayoritariamente en manos nacionales, el monopolio de las empresas extranjeras sobre las vías de comercialización internacional, les permitía retener un margen del 54,7 por 100 del precio de exportación, quedando apenas un 27,6 por 100 para el productor, y el 17,17 por 100 para la comercialización interna[24].

El auge bananero significó, en consecuencia, una mayor integración del país al sistema capitalista internacional y su dependencia directa del cártel internacional del banano. Al mismo tiempo, el control doméstico de la producción de la fruta, trajo consigo el robustecimiento de los sectores medios en la esfera productiva y la burocracia estatal. La elevación de las exportaciones permitió un enorme crecimiento de las importaciones y el consecuente fortalecimiento del sector comercial. En cuanto a la sierra, el auge bananero contribuyó a la aceleración de un proceso ya registrado en décadas anteriores de descomposición del sistema tradicional hacendatario y transición de las relaciones serviles a nuevas formas de producción de corte capitalista. La transferencia de población de la sierra hacia la costa fue muy significativa. En 1950 esta última tenía ya el 40 por 100 de la población nacional. En los años subsiguientes, la costa pasaría a ser la zona más poblada del país. Pero también se dio un proceso migratorio dentro de cada una de las regiones. Las áreas rurales alimentaron un enorme crecimiento poblacional de las ciudades, algunas de las cuales, en especial en la costa, duplicaron el número de sus habitantes en pocos años[25].

Como se ve, el crecimiento económico de la década de los cincuenta se asentaba sobre un modelo volcado al mercado externo. Sin embargo, el auge económico significó también una ampliación del mercado interno, un incipiente desarrollo de la industria sustitutiva de importaciones. Con vacilaciones y retrocesos, este desarrollo fue desde entonces favorecido por el estado, que estableció un sistema institucional de promoción de la industria, uno de cuyos elementos fundamentales fue la Ley de Fomento Industrial promulgada en 1957. Este crecimiento de la industria no tuvo, empero, características autónomas porque se daba bajo condiciones de dependencia del sistema capitalista internacional y porque sus protagonistas «no fueron grupos sociales autónomos con motivaciones y finalidades propias, sino representantes de varias facciones dominantes tradicionales y nuevas, contados inversionistas que mantenían situaciones de poder e intereses comunes en sectores como el agrario, financiero, comercial»[26].

Está pues claro que la estabilización del sistema registrado en esta etapa no puede adjudicarse mecánicamente al boom bananero, sino que obedece a un reordenamiento de las fuerzas sociales fruto de un avance del capitalismo en la formación social ecuatoriana. Esto supuso un fortalecimiento de la burguesía comercial y financiera, al tiempo de una transformación de la vieja clase terrateniente en una burguesía de corte más moderno. Este proceso no se dio exclusivamente en la costa, sino que se extendió también a ciertos grupos latifundistas de orientación modernizante de la sierra. De este modo, las pugnas entre las clases dominantes comenzaron a desplazarse del eje regional de la sierra-costa, para ir dándose más bien aparte entre diversos sectores de la burguesía. Por otro lado, también los grupos medios experimentaron un cambio en su comportamiento social. Asentados en la burocracia, en el comercio o las profesiones liberales; integrados a los beneficios de la «bonanza» dejaron de ser grupos radicales de las décadas anteriores para transformarse en agentes activos de consolidación del sistema. La propia clase obrera ecuatoriana tuvo un descenso de su nivel de combatividad, cediendo a las expectativas creadas por el auge económico. Éste, sin embargo, no llegó para los grupos semiproletarios que iban creciendo en las urbes, fundamentalmente en Guayaquil. Fueron justamente esos grupos los que protagonizaron la oposición al modelo en marcha.

Aunque se ha sugerido ya en párrafos anteriores, es preciso destacar más explícitamente que el crecimiento económico producido en el período, así como las transformaciones registradas en los sectores sociales se dieron dentro de un marco en que el estado iba asumiendo ya nuevos papeles como agente dinamizador de ciertos procesos. En efecto, no se limitó a garantizar la estabilidad monetaria, muy notable por cierto, o a construir carreteras y otras obras de infraestructura, sino que comenzó a mantener una serie de dependencias técnicas destinadas a la planificación económica, al control centralizado de los servicios básicos, o a la promoción dirigida de inversiones. Esta fue la época en que comenzaron a proliferar las visitas de las misiones técnicas extranjeras, estudios especializados y contratos de asesoramiento a organismos internacionales.

El reordenamiento de las fuerzas sociales a que se hace referencia, se proyectó en la escena política con el debilitamiento del Partido Conservador y la derecha tradicional. La pérdida por parte de la sierra se su predominio poblacional sobre la costa, junto al proceso de crecimiento urbano acelerado, despojaron a los conservadores y al clero del control de la mayoría del electorado que en décadas anteriores estaba abrumadoramente ubicado en las zonas rurales del callejón interandino. Entonces, «la burguesía liberal no tuvo inconveniente en aceptar las reglas de su propio juego»[27]. No le hizo falta desde entonces recurrir al fraude para entrar con posibilidades en la contienda electoral. De ese modo, el régimen constitucional pudo funcionar dentro de un marco de estabilidad y continuidad pese a los cambios del régimen. Ya que ni siquiera el triunfo de la derecha iba a significar una vuelta atrás de las conquistas liberales.

Paradójicamente, la pérdida del control de la mayoría del electorado permitió al Partido Conservador una elevación de su cuota de poder, especialmente a nivel global y parlamentario. A lo largo de todo el período los conservadores tuvieron más miembros en el Congreso y más municipios y consejos provinciales que ningún otro partido. Empero, las fuerzas sociales que lo sustentaban estaban cambiando. La vieja oligarquía latifundista iba tomándose en burguesía agraria; sus tradicionales bases artesanales se descomponían y perdían aceleradamente combatibilidad y organización. Dentro de las filas conservadoras se abrían fisuras entre sectores que movilizaron a las bases populares, grupos de estilo más definidamente oligárquico con un discurso modernizante. Fruto de estas diferencias fue la fundación del Movimiento Social Cristiano, que, a pesar de su nombre y ciertas declaraciones de corte demócrata cristiano, fue un grupo político elitista de derecha. Su líder, Camilo Ponce, llegó al poder en 1956 con respaldo conservador.

Por otra parte, también de las filas de la derecha se desprendió otro grupo filofalangista denominado ARNE (Acción Revolucionaria Nacional ecuatoriana) que captó a varias generaciones de jóvenes católicos de extradición media. ARNE fue durante varias décadas el grupo más agresivo de la derecha y un eficaz instrumento paraestatal de represión de la izquierda y las organizaciones obreras.

El Partido Liberal no llegó al poder en este período, pero aunque nunca un liberal ejerció la presidencia de la República, ésta fue una época en que el liberalismo logró un efectivo control de la esfera ideológica nacional. Por decirlo así, el «espíritu» del liberalismo caracterizó al período. Tan cierto es esto, como que el Partido Liberal se transformó en el eje del Frente Democrático, una alianza política de defensa del Estado Laico, al que se integraron también las fuerzas de izquierda.

El Partido Socialista ecuatoriano pasó de la agresiva posición contestataria de las décadas anteriores a la participación dentro del sistema e incluso a la presencia burocrática. Esto reflejaba el cambio en la ubicación de su base social fundamental; los grupos medios. Sin embargo, el sector más radical del partido vinculado a la clase obrera, fue constituyéndose en una nueva alternativa que en pocos años se escindió para formar el Partido Socialista Revolucionario. En cuanto al Partido Comunista, si bien se mantuvo sólido en el período, no registró ningún crecimiento significativo, y llegó a renunciar a su estrategia revolucionaria para dar paso a alianzas con el liberalismo que le llevaron a jugar las cartas de la democracia representativa.

La izquierda, cuyas bases sociales estaban en la intelectualidad media y en el incipiente proletario, no logró representar los intereses de los sectores semiproletarios urbanos, producto de la acelerada migración de campesinos a las ciudades más grandes especialmente a Guayaquil. Esos grupos fueron movilizados en diversas coyunturas por el velasquismo que volvió al poder gracias a las alianzas oligárquicas que respaldaban su «empresa electoral», o por CFP (Concentración de Fuerzas Populares), movimiento político de corte populista que se organizó bajo el liderazgo de Carlos Guevara Moreno. La CFP, que tuvo su principal respaldo electoral en Guayaquil, cuya municipalidad ganó varias veces, se constituyó en la fuerza más agresiva de la oposición. Desde las calles o desde la representación parlamentaria, fue la pesadilla de los gobiernos del período.

En las elecciones generales de 1948 triunfó Galo Plaza Lasso, que había sido candidato del Movimiento Cívico Ecuatoriano, una alianza de moderados que logró canalizar la mayoría de la votación liberal e incluso algún respaldo entre los tradicionales votantes de la derecha. Plaza, un hacendado serrano de tendencia modernizante, hijo del presidente liberal de principios de siglo, era la figura ideal para esa plataforma de compromiso que logró derrotar con escaso margen al candidato conservador, Manuel Elicio Flor, y con amplia diferencia al candidato oficial del liberalismo, general Enríquez (el dictador de 1938).

Plaza, que tenía numerosas relaciones en los Estados Unidos, era un personaje bien capacitado para conducir un proceso de modernización refleja y de intensificación de las relaciones del país con los centros monopólicos, especialmente de Norteamérica[28]. A pocos meses de iniciado su gobierno, comenzaron a visitar el país varias misiones técnicas extranjeras que asesorarían las políticas económicas del presidente. Entre ellas, hay que destacar la misión del Fondo Monetario Internacional que llegó en 1949.

El gobierno implantó varios planes de fomento de la producción, especialmente de banano, apoyó con recursos crediticios internos y externos, realizó algunas obras públicas complementarias y llevó adelante varios estudios técnicos destinados a incrementar la producción y mejorar los servicios; también dio estabilidad a los miembros del servicio público, y llevó adelante varias actividades de respaldo técnico como el Primer Censo Nacional de 1950. La Administración Plaza tuvo, al mismo tiempo, que afrontar la tarea de reconstrucción de una extensa zona ubicada en el centro del país, especialmente la ciudad de Ambato, que fue destruida por un terremoto en 1949.

A poco tiempo de iniciado su gobierno, Plaza consiguió el apoyo parlamentario liberal. Asimismo, logró neutralizar la eventual oposición conservadora. De este modo, pudo contar con un respaldo relativamente sólido para su proyecto político. El respaldo al gobierno se consolidó en 1951, cuando tras dos años de oposición, el Partido Socialista pasó a colaborar integrándose al Gabinete. Este hecho trajo consigo, a medio plazo, la división de ese partido. Pero si Plaza logró mantener cierta estabilidad política, no pudo, en cambio, sofocar la virulenta oposición del populista CFP, cuyas bases más importantes estaban en Guayaquil. Varios de sus dirigentes, entre ellos el líder máximo, Carlos Guevara Moreno, fueron condenados a prisión por períodos de más de un año, lo cual no logró sino consolidar su popularidad.

En las elecciones de 1952, el repudio al «placismo» se expresó en el ínfimo respaldo logrado por las candidaturas que intentaron heredar su programa político. Ese año, ganó una vez más Velasco Ibarra, quien había sido apoyado por sus ya tradicionales «empresarios», por CFP, ARNE y por una ala del Partido Conservador. El rival más serio que le siguió en votos fue el candidato oficial conservador Ruperto Alarcón.

Velasco se distanció muy rápidamente de la CFP y consolidó su respaldo político mediante un acuerdo con la derecha tradicional, que sumó fuerzas al velasquismo. Durante todo su gobierno se mantuvo el apoyo del Partido Conservador, ARNE y el Movimiento Social Cristiano, cuyo líder, Camilo Ponce, fue el «hombre fuerte» del régimen, como ministro de Gobierno. En la oposición, en cambio, se encontraron liberales, socialistas, comunistas y «cefepistas». El énfasis fundamental de esta Administración fue la multiplicación enorme y desordenada de obras públicas, especialmente de vías de comunicación y establecimientos educativos.

La de 1956 fue una elección muy disputada. La ganó por estrecho margen Camilo Ponce, candidato de la derecha unificada, a quien respaldó decididamente Velasco Ibarra desde el poder. El principal derrotado fue Raúl Clemente Huerta, candidato del Frente Democrático Nacional (integrado por liberales, socialistas y otros grupos de izquierda). Aunque la derecha tradicional había triunfado, su votación representaba sólo algo más del treinta por ciento del total del sufragio. Ponce fue consciente de ello y no intentó, como se había temido, una drástica regresión que afectaría las conquistas establecidas por el Estado Laico. El gobierno social cristiano tomó más bien unas líneas de corte liberal e intentó, además, equilibrar las influencias de las oligarquías regionales de la sierra y de la costa[29]. El viejo latifundismo serrano y la Iglesia católica tuvieron, es verdad su cuota de poder, pero eso no pudo desbordar las reglas del juego impuestas por ese acuerdo tácito entre las clases dominantes, usufractuarias de la «estabilidad política» imperante. De ahí que, a pesar de la virulencia de la oposición de algunos grupos liberales, socialistas y comunistas, unidas al CFP y al velasquismo, del que se alejó Ponce apenas instalado en el poder, el régimen constitucional no estuviera nunca seriamente amenazado.

Pero la ausencia de un golpe de estado exitoso, no significaba que se estuviera dando en el Ecuador la «Paz Social» que pregonaban sus gobernantes. En efecto, el modelo desarrollista inaugurado por Plaza y mantenido en los gobiernos de sus sucesores no podía superar las contradicciones básicas en la sociedad ecuatoriana. Desde 1955 comenzó a registrarse un descenso en el valor de las exportaciones y esas contradicciones fueron volviéndose más visibles. Al final de la década la situación se tomó más crítica, sobre todo para los sectores populares de Guayaquil. En los primeros días de junio de 1959, estallaron varias manifestaciones de protesta en el puerto principal que desembocaron en algunos actos de vandalismo y robo. El gobierno respondió ante esto con la represión brutal e indiscriminada. Por lo menos mil muertos fueron el saldo operativo militar dispuesto por las autoridades que ordenaron «tirar a matar» contra las masas. Éste y otros actos de protesta violenta, duramente reprimidos eran síntomas que la «estabilidad democrática» tocaba su fin.

5. LOS SESENTA

Ecuador inició los años sesenta con la ruptura de ese paréntesis de estabilidad de la etapa previa. La crisis económica que se gestaba desde años anteriores estalló en 1960 con su correspondiente secuela de consecuencias políticas. Las exportaciones de productos tropicales sufrieron un rápido descenso. Las empresas exportadoras extranjeras abandonaron el país y se convirtieron en competidoras, cerrándole el mercado norteamericano. El déficit de la balanza de pagos aumentó inconteniblemente; la moneda nacional descendió frente a las divisas extranjeras; los precios, que en la década anterior se habían mantenido relativamente estables, experimentaron alzas rápidas y significativas. La agitación y la protesta no se hicieron esperar.

La nueva crisis del modelo exportador no era pasajera; reflejaba el agotamiento de las estructuras tradicionales. De ahí que a lo largo del período se ensayaran varias propuestas de reforma y modernización. Todas ellas intentaban por una parte la racionalización de las relaciones en el campo mediante la reforma de la hacienda tradicional, y por otra, el desarrollo del sector industrial. La década de los sesenta fue, en consecuencia, la de la reforma agraria y la de un atrevido crecimiento de la industria sustitutiva de importaciones.

A inicios de la década de los sesenta comenzaron a abrirse en el país plantas industriales. Concomitantemente se produjo una transferencia cada vez más significativa de capital al sector manufacturero, el cual tuvo en el período la tasa de crecimiento comparativo más alta. Mientras en 1962 el volumen de crédito otorgado a la industria apenas llegaba a los 572 millones de sucres, en 1969 esa cifra ascendía ya a 2.111 millones de sucres[30]. Lo cual entre otras cosas, revela también el desarrollo que iba alcanzando el sistema financiero. Se crearon Bolsas de valores en Quito y Guayaquil, se establecieron o ampliaron corporaciones financieras privadas, bancos y otros organismos de crédito.

Pero el crecimiento de la industria y del sistema financiero se dio en condiciones de profundización de la dependencia. En efecto, la burguesía industrial no llegó siquiera a plantearse un proyecto de desarrollo autónomo, sino que aceptó conscientemente un modelo de desarrollo asociado, que trajo consigo una creciente desnacionalización del sistema económico, en especial de sus sectores más dinámicos. En la segunda mitad de la década, la afluencia de capital extranjero al país llegó a niveles nunca imaginados. En pocos años una alta proporción de las grandes empresas estaban ya en manos extranjeras, incluso varias firmas establecidas y manejadas por nacionales a lo largo de varias décadas.

Todas estas transformaciones, se operaron en condiciones en que el estado se vio obligado a profundizar su proceso de modernización, y a dar mayor solidez a su incipiente función promotora y empresarial. Por otra parte, también los cambios registrados en la década estaban referidos al panorama internacional y especialmente latinoamericano. El impacto de la Revolución Cubana y la contraofensiva norteamericana que aquélla desató tuvieron enorme influencia en los acontecimientos de este agitado período, tal como se observará más adelante.

Entre 1960 y los inicios de los setenta se registró un aumento muy significativo de la movilización política de las masas. La lucha campesina por la reforma agraria se intensificó; el movimiento obrero recobró su combatividad de pasadas décadas; el movimiento estudiantil experimentó una masiva politización controlada por la izquierda. Sin embargo, aunque se dio en efecto un robustecimiento de la izquierda, el Partido Socialista se dividió y perdió fuerza[31]. El Partido Comunista sufrió una escisión entre los sectores vinculados a la Unión Soviética y la República Popular de China. La derecha experimentó una radicalización ante la «amenaza castrista». En un primer momento, la Iglesia católica cumplió un papel muy activo al movilizar a las fuerzas reaccionarias. Avanzada ya la década, dentro de la misma Iglesia aparecieron grupos abiertos con posiciones progresistas influidas por las nuevas orientaciones del Concilio Vaticano II y del episcopado latinoamericano.

En las elecciones de 1960, Velasco Ibarra triunfó en forma aplastante, obteniendo una votación similar a la de todos los candidatos juntos. El viejo caudillo explotó esta vez el descontento popular y el creciente sentimiento antiyanqui para atacar furiosamente a su principal opositor, el ex presidente Galo Plaza, candidato del Partido Liberal y del ala derecha del socialismo. Velasco logró también acaparar una parte de la votación tradicional del Partido Conservador y captar el respaldo de las bases costeñas de CFP que apoyaron en esta ocasión la candidatura de Antonio Parra, representante de la izquierda unida, que obtuvo una reducida votación.

Pero el triunfo velasquista fue efímero, Velasco no fue más allá de las palabras nacionalistas y antioligárquicas. La crisis económica se agudizó y el gobierno no encontró para ella otra salida que una devaluación monetaria estéril que trajo enormes ganancias a los especuladores. Por ello, junto a la reiterada denuncia de corrupción administrativa y enfrentamientos parlamentarios muy duros, se dio también una ola de huelgas obreras, sectoriales y estudiantiles. Todo esto se complicó con un distanciamiento surgido entre el presidente de la República y el vicepresidente Carlos Julio Arosemena, quien apareció públicamente como simpatizante de la izquierda, especialmente tras un viaje oficial a la URSS.

Velasco iba perdiendo rápidamente el control de la situación. Sin embargo, pudo mantenerse en el poder por un tiempo. El robustecimiento de la izquierda, en especial de una organización estudiantil, URJE (Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana) hacían temer a la derecha un gobierno presidido por Arosemena. Empero, la corriente de agitación antivelasquista llegó a su clímax en octubre y noviembre de 1961. Entonces, las fuerzas armadas separaron del poder a Velasco y, tras cierta duda, lo entregaron al vicepresidente de la República Arosemena intentó llevar adelante un gobierno de corte progresista, respaldado en un «Gabinete de Concentración» integrado por varias fuerzas políticas. Respetó las garantías constitucionales en el plano interno, y mantuvo una posición de cierta independencia frente a las presiones de Estados Unidos por el bloqueo de la revolución cubana. Un gobierno así distaba mucho de ser revolucionario, pero se reveló lo suficientemente «peligroso» como para que la derecha y los intereses norteamericanos le declararan la guerra. Paulatinamente fue haciendo concesiones a la oposición, pero ésta exigía de Arosemena una radicalización represiva que el presidente se negó a aceptar. La derecha, asesorada y financiada por la CIA, organizó una campaña nacional cuyo objetivo visible era la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba[32]. La Iglesia católica fue el instrumento más eficiente de esa movilización. El clero manipuló las devociones populares, los organismos eclesiásticos, la prensa y otros medios de comunicación para radicalizar la campaña. Grupos de extrema derecha vinculados a la jerarquía católica llegaron incluso a realizar atentados terroristas contra dirigentes religioso para adjudicárselos a la izquierda. El país vivió momentos de historia anticomunista, abiertamente alimentada por los grupos dominantes.

La izquierda, sin embargo, era mucho menos fuerte de lo que la campaña clero-CIA llevaba a suponer. En realidad, ante la agresividad de la derecha había muy poco que hacer, aparte de defenderse precariamente. El gobierno, terminó por ceder y rompió relaciones con Cuba. Esta medida se consideró, empero, insuficiente. De modo que los agentes norteamericanos prepararon activamente el golpe añadiendo ahora a su campaña el ataque personal al presidente de la República. Así fue como en julio de 1963, una Junta de gobierno integrado por cuatro jefes de las fuerzas armadas, asumió el poder, rompiendo la Constitución[33].

El nuevo gobierno militar, por un lado inició una dura campaña represiva contra la izquierda, y por otro, llevó también adelante varios programas de tipo reformista. Su plan político se inscribió, en consecuencia, dentro del marco de la campaña norteamericana destinada al aislamiento de la revolución socialista de Cuba, y la promoción de ciertos cambios modernizantes que contribuyeron a desmovilizar a las masas y quebrar los movimientos de liberación nacional en América Latina. La derecha dio una entusiasta bienvenida al golpe militar e intentó ejercer influencia decisiva sobre el gobierno. Su capacidad de presión política, sin embargo, tuvo que ser compartida con grupos de nuevos profesionales y «especialistas en desarrollo» que dieron a la nueva Admistración un marcado sesgo tecnocrático.

En efecto, la Administración se caracterizó no solamente por el gran peso de los organismos técnicos y de planificación en las decisiones gubernamentales, sino también por un esfuerzo por modernizar la burocracia y ampliarla con la creación de nuevas oficinas de asesoramiento y promoción del desarrollo. De este modo, los sectores medios, en otra época virulentos contestatarios del sistema, fueron un soporte fundamental del régimen. «La pequeña burguesía ecuatoriana estaba satisfecha y comprometida en una empresa “técnica”; no sólo se sentía libre de culpa y responsabilidad política, sino que, además, tenía la impresión de haberse modernizado, puesto al día»[34].

El eje fundamental del programa de la Junta Militar fue el impulso a la ampliación del mercado interno, y al crecimiento de la industria sustitutiva de importación. Así fue como se crearon algunos organismos que canalizaron la inversión del sector fabril, y se emitieron varias leyes de tipo proteccionista. Paralelamente a todo ello, se promulgó la Ley de Reforma Agraria, cuyo fin era la supresión de los rasgos serviles en las relaciones prevalecientes en el agro serrano. La reforma no produjo cambio significativo en la estructura de tenencia de tierra, pero fue el golpe de gracia para la hacienda tradicional, que dio paso aceleradamente a la moderna empresa agrícola.

Los terratenientes recibieron la Ley Agraria con resistencia, pero no consiguieron pararla. En cambio, lograron creciente influencia en los órganos que ejecutaban la reforma. Al mismo tiempo muchos propietarios agrícolas especularon a gran escala con el precio de la tierra y transfirieron sus inversiones al sector urbano. Por su parte, el campesinado halló una coyuntura para ampliar y robustecer su organización y plataforma de lucha. Todo ello, empero, se produjo contra la empresa política de un gobierno temeroso de la agitación, que no quiso apoyarse para la reforma en la movilización de las organizaciones de trabajadores agrícolas.

A los dos años de gobierno, y cuando ya comenzaba a plantearse en los círculos políticos la necesidad del «retorno» al régimen constitucional, la Junta Militar intentó dar un paso adelante en sus planes proteccionistas elevando los aranceles de aduana en términos favorables a la producción nacional. Esto provocó una violenta reacción del comercio importador, especialmente de Guayaquil, que se lanzó a la conspiración abierta. A esto se juntó la creciente oposición del movimiento estudiantil. Los militares habían intentado una reforma universitaria dirigida por expertos norteamericanos, pero eso no detuvo la politización de las organizaciones del estudiantado.

En los primeros meses de 1966, la oposición creció enormemente. Las huelgas paralizaron el país. El gobierno intentó consolidarse con un acto de fuerza y ordenó la ocupación militar de la Universidad Central, «operativo» que se llevó adelante con brutalidad. Este acto precipitó la caída de la Junta, que dejó el poder a finales de marzo. Inmediatamente una «junta de notables» reunida en Quito bajo la dirección de las tradicionales figuras políticas, encargó el poder a Clemente Yerovi, destacado exponente de la élite gauyaquileña. Los dirigentes estudiantiles y militares de izquierda que protagonizaron la caída de la dictadura no pudieron luego sino ser espectadores sin influencia en la designación del sucesor.

Yerovi formó un gobierno de «concentración nacional», con equilibrio entre los partidos políticos tradicionales. Desde luego, dejó sin efecto las reformas arancelarias de la pasada dictadura. Bajo este régimen se constituyó el «Grupo Andino» de integración suprarregional[35]. El presidente Yerovi se mantuvo en el poder sólo el tiempo necesario para la elección de una Asamblea Nacional Constituyente que se reunió a fines de 1966.

Esta nueva Asamblea Constituyente demostró que no sólo se había dado un «retomo» al régimen legal, sino también al funcionamiento de las viejas fórmulas políticas. Sus integrantes, que en su gran mayoría representaban a los grupos tradicionales y a las fuerzas de presión corporativa, como terratenientes, comerciantes, banqueros, etcétera, se agruparon en dos «frentes» de «derecha» e «izquierda», alrededor del conservadurismo y el liberalismo. El que ninguno de los dos tuviera una clara mayoría hizo que fuera elegido presidente de la República Otto Arosemena Gómez, representante guayaquileño, pero aliado de los conservadores y los partidarios de Camilo Ponce Enríquez.

La Asamblea se desenvolvió en un ambiente de gran virulencia contra la dictadura militar pasada. Se discutieron sanciones contra los integrantes de la Junta, contra los responsables del asalto a la Universidad; se denunciaron además actos de violación de la soberanía nacional, como enormes concesiones petroleras a empresas extranjeras y la renuncia reservada, ante gestiones norteamericanas, de la tesis de que el Ecuador consideraba como suyas 200 millas del mar territorial aledaño. Todo lo cual no impidió que el nuevo gobierno repitiera contratos petroleros desfavorables al país, y sobre todo, se hiciera una oscura concesión para la explotación de gas en el golfo de Guayaquil.

La Constitución número dieciséis de la historia fue proclamada en 1967 y Arosemena confirmado en el gobierno hasta agosto de 1968. En las elecciones de ese año volvió a lanzarse la candidatura de Velasco Ibarra, que en esa oportunidad triunfó con escaso margen contra Andrés F. Córdova, viejo político liberal y Camilo Ponce Enríquez, candidato de la derecha.

Velasco, que había explotado una vez más el deseo popular de reforma, no logró, como había ofrecido al inicio del gobierno, «liquidar a la oligarquía en seis meses». Al contrario, aunque se tomaron medidas modernizantes, el poder político se concretaba cada vez más en manos de los tradicionales grupos de poder económico. A las protestas populares la Administración respondió con actos represivos. Las organizaciones estudiantiles, especialmente universitarias, se movilizaron casi diariamente, manteniendo un permanente clima de agitación. La oposición no venía solamente de la izquierda marxista tradicional, sino también de grupos cristianos radicalizados que se habían vinculado al socialismo. Varios de sus dirigentes, entre ellos los curas progresistas, se transformaron en víctimas del quinto velasquismo.

A mediados de 1970 la situación llegó a un límite. Cuando la Corte Suprema deliberaba sobre una decisión presidencial de crear nuevos impuestos, Velasco Ibarra se declaró dictador con respaldo de las fuerzas armadas. Al mismo tiempo anunció que entregaría el poder a quien fuera elegido en 1972. Hasta entonces la Constitución estaba suspendida en su vigencia. El «autogolpe» de Velasco no expresaba solamente la necesidad de sofocar la agitación venida «desde abajo», sino que era también un síntoma de conflicto de poder en el interior de los sectores dominantes. Dentro de la burguesía ecuatoriana se fortalecían nuevos grupos que presionaban por una redistribución de las cuotas de influencia vigentes. En estas circunstancias se explicaba, por ejemplo, el respaldo de la dictadura velasquista a la decisión tomada por los países del Pacto Andino de limitar las inversiones de capital extranjero en el área[36].

Con la cercanía de las elecciones de 1972, la inestabilidad política se agudizó. El Gobierno no pudo hallar un sucesor idóneo con posibilidad de triunfo. En la oposición, la candidatura de Asaad Bucaram, ex alcalde de Guayaquil y máximo líder de CFP crecía notablemente. Desde las esferas del gobierno se combatió duramente a Bucaram, acusándolo de haber nacido en el Líbano, de donde procedía su familia. En realidad su figura de dirigente populista de vocabulario y desplantes antioligárquicos, preocupaba no sólo a la derecha, sino a amplios sectores medios y a los militares. Pocos meses antes de las elecciones anunciadas y cuando parecía que el triunfo de Bucaran era inevitable, las fuerzas armadas derrocaron a Velasco, nombrando como dictador al general Guillermo Rodríguez Lara.

6. EL AUGE PETROLERO, 1972-1978

Cuando en 1972 se inició la nueva dictadura militar, el país había entrado ya en un período de aceleradas y profundas transformaciones, que se dieron en medio de condiciones de bonanza económica prácticamente inéditas en su historia. El Ecuador comenzó a exportar el petróleo extraído de los yacimientos de la región amazónica, justamente en aquella época en que se produjo una rápida y sostenida elevación del precio internacional del hidrocarburo. De menos de US$ 3,00 por barril en 1972, en menos de cinco años se llegó a pagar más de US$ 30,00 por barril. Ello significó un insospechado incremento de los ingresos fiscales; un fortalecimiento del estado, y una bonanza económica manifestada a varios niveles, con su esperable secuela de agudizamiento de la dependencia internacional y los desequilibrios a medio plazo. Ese fue también el período de lo que podríamos llamar «estabilidad dictatorial», ya que se dio entonces el lapso de dictadura continua más largo de la historia del Ecuador (siete años).

Uno de los rasgos más sobresalientes del período fue la aceleración del proceso de crecimiento urbano. Las ciudades, que en 1950 albergaban al 28 por 100 de la población, en 1974 llegaban ya a representar el 42 por 100 de esa población[37]. Las urbes crecieron a costa de la migración desde el campo. Todo ello era consecuencia de las transformaciones del sector agrícola que, sin embargo, no experimentó los ritmos de crecimiento económico de otros sectores de la economía. La modernización de las haciendas que se transformaban en empresas agrícolas, y la aplicación formal de una reforma agraria que hizo proliferar al minifundio (reducidas extensiones de tierras entregadas a los campesinos sin crédito ni asistencia técnica) trajeron como consecuencia el abandono del campo hacia las ciudades de grandes contingentes de fuerza de trabajo y la baja de la producción agrícola, especialmente de los tradicionales productos destinados al mercado interno. Los precios de los alimentos se elevaron en proporciones sin precedentes. Inclusive llegó un momento en que hubo necesidad de importar maíz, el producto por excelencia de área andina.

El enorme crecimiento de la industria contrasta con la depresión del sector agrícola durante la década. Ese crecimiento industrial fue expresamente favorecido por políticas estatales de fomento y por la canalización hacia el sector de capitales públicos y privados provenientes de la exportación petrolera. Pero, aunque el período llegó a su mayor auge, el modelo de desarrollo industrial por sustitución de importaciones fue rápidamente encontrando sus límites. En primer lugar, el tipo de manufacturas que se producían, estaba orientado a un reducidísimo mercado de sectores medios y altos lo cual no permitía la producción a gran escala y provocaba la subutilización de la capacidad instalada. En segundo lugar, la mayoría de las industrias no absorbían en su crecimiento contingentes significativos de mano de obra, lo cual agudizaba progresivamente el problema ocupacional en las ciudades, en donde la mayoría de los trabajadores estaban subempleados.

Quizá cabría mencionar la industria de la construcción que, en efecto, lograba absorber una proporción significativa de mano de obra migrante no calificada. Sin embargo, un elevadísimo porcentaje de esa construcción estaba destinada no a la vivienda popular, sino a los sectores medios y dominantes de la sociedad.

El crecimiento de la industria trajo consigo un robustecimiento de la burguesía manufacturera, que desde entonces se transformó en uno de los núcleos determinantes de decisión económica y política. Esta burguesía, como ya se anotó anteriormente, creció asociada y sin contradicciones de mayor alcance, con el capital extranjero, cuyo ritmo de penetración también se aceleró. De las treinta empresas más grandes del país en 1976, catorce eran de propiedad de capitales transnacionales[38]. El panorama industrial de la década (y la tendencia se mantiene hasta hoy) refleja pues, una alta proporción de control de capital extranjero, así como una elevada concentración de capital y tecnología en centros productivos altamente rentables, que no absorben en su crecimiento proporciones significativas de mano de obra. Son la pequeña industria y la artesanía, sectores de menor capacidad de acumulación y rentabilidad, los que absorben a la gran mayoría de la mano de obra manufacturera.

Otro rasgo fundamental del crecimiento económico de los setenta fue la expansión del sistema financiero. Numerosos bancos y otras instituciones de crédito como compañías financieras, de seguros, etcétera, se crearon o ampliaron su capital. También en esa área los niveles de concentración se acentuaron, a tal punto que se estima que 32 personas poseían casi la mitad de capital bancario privado del país[39].

También el comercio exterior ecuatoriano experimentó notables transformaciones en la década. Si hasta el inicio de los setenta, los productos tropicales (bananas, café, cacao principalmente) representaban alrededor de un 80 por 100 de las exportaciones, diez años más tarde, esos productos apenas llegaban a un 14 por 100. El petróleo cubría el 60 por 100 y los productos industrializados, especialmente elaborados de cacao, un 21 por 100 de las ventas al exterior[40]. Simultáneamente, el nivel de las importaciones creció también, no sólo en equipo industrial, manufacturas y artículos suntuarios, sino también en productos de consumo masivo como alimentos, trigo y leche entre otros.

Esta serie de transformaciones estuvo acompañada por un cambio significativo en el papel del estado que, de rol liberal que favorecía a las viejas oligarquías exportadoras, pasó a un franco intervencionismo. Esto no solamente debido a los altísimos ingresos que recibía por la exportación petrolera sino por la política hidrocarburífera de corte nacionalista que obligó al capital extranjero a negociar directamente con el estado las condiciones de su control del sector petrolero. Esto dio al estado posibilidades de incrementar su autonomía relativa, y generó los recursos necesarios para la ampliación del sector público. Y al hablar de éste no hay que referirse solamente a la burocracia (que creció muy significativamente) sino también al robustecimiento o creación de instituciones o empresas estatales en el área de servicios, comercialización, crédito y banca, transporte e incluso la producción industrial.

A pesar del ritmo de crecimiento impuesto por el auge petrolero, o más bien a causa de éste, la economía nacional se vio abocada a enfrentar efectos negativos con el agudizamiento de la inflación, la baja del poder adquisitivo de la moneda nacional, incontrolada alza de precios y crecimiento rápido del endeudamiento externo, tanto del propio estado como de la empresa privada. Esto se hizo patente fundamentalmente en la segunda mitad de la década, cuando el ritmo de elevación de ingresos petrolíferos disminuyó. Entonces el «endeudamiento agresivo» se volvió política oficial, del gobierno y práctica común de las empresas.

En las aceleradas transformaciones de los setenta se puso de relieve una contradicción cada vez más evidente entre el poder político y el poder económico, que venía incubándose ya desde las décadas anteriores. El fortalecimiento del sector manufacturero-fabril de la economía trajo aparejada una fisura. Acrecentado notoriamente su poder económico, la burguesía industrial seguía siendo «socio menor» de una estructura oligárquica de control político, que no daba muestras de estar decidida a romper, «no se sabe si por debilidad ideológico-política, por ataduras económicas innegables o por efecto del desarrollo potencial de las contradicciones sociales verticales»[41].

En todo caso, este fenómeno se reflejó también en las organizaciones políticas. Los viejos frentes de derecha e izquierda organizados alrededor del conservadurismo y el liberalismo cayeron en pedazos, y nueva fuerzas políticas aparecieron en la escena. Estas organizaciones no sólo constituyen un nuevo «centro» político, sino que representan un salto de modernización y organización frente a los viejos partidos de clientela oligárquica. Por otra parte, al tiempo que la mayoría de las fuerzas de izquierda se aglutinaron en su frente amplio, se fue acentuando a largo de la década un proceso de unificación de las diversas organizaciones laborales del país.

Superando la disputa confesional, las centrales sindicales ecuatorianas fueron gestando una plataforma común de lucha que tras la realización de varias huelgas nacionales fue la base para la constitución del FUT, Frente Unitario de los Trabajadores.

Al principio, en febrero de 1972, el general Guillermo Rodríguez Lara, definió a su gobierno como «revolucionario nacionalista». Semanas después concretó esa definición en un documento denominado «Filosofía y Plan de Acción del Gobierno Revolucionario y Nacionalista del Ecuador». De acuerdo a sus declaraciones, el gobierno intentaba atacar enérgicamente el subdesarrollo nacional y elevar el nivel de vida de los sectores populares mediante las reformas agraria, fiscal y administrativa, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, la creación de fuentes de trabajo en las actividades productivas, etcétera[42]. La toma del poder y el plan político, se insistía, eran una responsabilidad institucional de las fuerzas armadas. Eso también significaba que todas las tendencias de su interior tendrían una cuota de poder. Pero en un primer momento, los militares de orientación aperturista lograron la iniciativa frente a los sectores de derecha. En ello, aparte de las condiciones internas imperantes, había influido el ejemplo de la «Revolución Peruana» entonces en marcha.

Apoyado en esa correlación de fuerzas y en el impulso del cambio de gobierno, Rodríguez Lara llevó adelante varias reformas, algunas de ellas de corte francamente progresista[43]. Casi Todas ellas se concentraron en el frente petrolero. Las concesiones a compañías extranjeras fueron revisadas y establecidas condiciones más ventajosas para el país. Se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), ente oficial dedicado a actividades de prospección, explotación y comercialización del petróleo y sus derivados. Se inició la construcción de una refinería estatal. El gobierno adquirió un porcentaje en las acciones del Consorcio Texaco-Gulf, y dispuso la reversión al estado de las concesiones de la Anglo Ecuatorian Oil Fields Co. A estas medidas impulsadas por el ministro de Energía de régimen, almirante Gustavo Jarrín Ampudia, hay que añadir la decisión de ingreso del Ecuador en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y el impulso a la creación de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).

En el frente agrario, el gobierno intentó acelerar el proceso de reforma y entrega de tierras a los campesinos. Al mismo tiempo, destinó enormes volúmenes de crédito a los agricultores para modernización de sus unidades productivas, garantizándoles que no iban a ser intervenidos si estaban apropiadamente cultivadas. Pero esta iniciativa topó con la resistencia de los grupos terratenientes que, no sin haber usado hasta el abuso el crédito estatal, resistieron las reformas hasta detenerlas en un primer momento; para lograr un brusco retroceso más tarde. En donde el gobierno tuvo un éxito mayor fue en el establecimiento de una empresa estatal destinada al almacenamiento y comercialización de productos agrícolas (ENAC), y otra destinada a la distribución de artículos de primera necesidad (EMPROVIT). Estas medidas, sin embargo, no pudieron contrarrestar la inflación y el alza de precios.

La dictadura militar tomó una serie de medidas que favorecían el desarrollo industrial, como la suspensión de ciertas importaciones; regulación del crédito privado; canalización del crédito estatal a ese sector, y realización de grandes obras de infraestructura de valor estratégico. Al mismo tiempo respaldó decididamente la vigencia del Acuerdo de Integración Subregional Andina, respetando la decisión que limitaba el ingreso de capital extranjero.

Pasados los dos primeros años de gobierno, el ritmo de incremento de los ingresos estatales declinó. Entonces, las presiones externas, las de las compañías extranjeras y la oposición interna de varios frentes llevó al régimen a un viraje que en 1975 hacía ver lejanos los propósitos reformistas. Las «cámaras de producción» arreciaron su campaña contra el gobierno, acusándolo de «estatismo», «comunismo solapado», intento de «destrucción de la empresa privada». Los blancos favoritos del ataque habían sido hombres de tendencia progresista del régimen. El ministro Jarrín de Energía fue separado de sus funciones ya en 1974.

A la oposición de los grupos de presión económica, hay que añadir el reclamo de vuelta al régimen constitucional que venía de la dirección de los partidos políticos. Divididos en su interior y sin capacidad de protesta durante los primeros años, los partidos encontraron en 1975 un gobierno desgastado y entrampado en sus propias contradicciones que era más vulnerable cada vez a la presión porque terminara la dictadura. Varios dirigentes políticos fueron expulsados del país o confinados en la región amazónica.

En el segundo semestre de 1975, el gobierno decidió subir en un 60 por 100 los impuestos de la mayoría de las exportaciones. La razón inmediata a la medida era elevar con ello los ingresos fiscales y nivelar el déficit presupuestario, pero existía también la evidente intención de favorecer el desarrollo de la industria nacional. Pero mientras los industriales no asumieron la defensa del régimen, los grupos comerciales lanzaron contra él todo su poder. En esa coyuntura, un grupo de militares con contactos en la embajada chilena, intentó derrocar a Rodríguez. El presidente logró mantenerse tras un enfrentamiento, pero su gobierno comenzaba a caer.

En este momento de viraje a la derecha del régimen y de agudizamiento de la situación económica de los grupos populares, las organizaciones laborales unidas lanzaron una campaña por el alza salarial y el cumplimiento de las ofertas reformistas. El 13 de noviembre de 1975 se llevó a cabo una huelga general unitaria en todo el país.[44] Semanas después se realizaron movilizaciones campesinas exigiendo la aplicación de la Reforma Agraria. Pero el general Rodríguez no tuvo ni intención ni tiempo de cumplir con las demandas populares. En enero de 1976 fue reemplazado por una Junta de Gobierno compuesta por los jefes de las fuerzas armadas[45].

El así llamado Consejo Supremo de Gobierno se propuso como política fundamental la entrega del poder a los civiles. Pero se formuló un programa paso a paso en el cual los militares retuvieron el control de la situación hasta la inauguración de un nuevo régimen. Incluso lograron mantener una cuota de poder constitucionalmente establecida para el futuro.

Con el nuevo gobierno los postulados reformistas fueron dejados de lado. La Reforma Agraria se paralizó, y se emitió una Ley de Fomento Agropecuario que garantizaba a los empresarios rurales la inviolabilidad de sus tierras. En el plano petrolero, se acentuó la dependencia de las empresas norteamericanas. Aunque la política económica se manejó con sagacidad, el reflujo general no pudo evitarse. El alza de precios y la congelación de salarios provocó gran agitación entre los grupos populares. Estos movimientos se enfrentaron con enérgicas medidas de represión. La más notable de ellas la matanza masiva de los trabajadores del ingenio estatal AZTRA el 17 de octubre de 1977[46].

En cuanto a la vuelta al régimen civil, el gobierno, atendiendo a la presión de los elementos progresistas de las fuerzas armadas, y para poner en vigencia el «retomo controlado» ideó un sistema distinto a la tradicional convocatoria de una asamblea constituyente. Se le denominó «Reestructuración Jurídica del Estado». En primer lugar convocó a un «diálogo» con las fuerzas políticas y sociales; luego nombró varias comisiones para preparar proyectos de Constitución y Ley de Partidos; al fin sometió a referéndum dos proyectos constitucionales. El de corte más progresista fue adoptado por una amplia mayoría de votos.

Al integrar las comisiones, el gobierno procuró que en ellas estuvieran representadas las nuevas fuerzas del espectro político. Con ello demostraba sensibilidad sobre un fenómeno que se estaba produciendo. Los viejos frentes políticos formados alrededor del conservadurismo y liberalismo se vinieron abajo. Las alas modernizantes de los viejos partidos se constituyeron en organizaciones aparte. El propio eje divisorio entre «derecha» o «izquierda» se desplazó. La línea demarcatoria ya no era la disputa sobre la confesionalidad del estado, sino nuevas posturas sobre la intervención del estado en la economía, los límites de la propiedad, etcétera.

Fue así como se fue concretando un nuevo panorama político. Cada vez más identificados con la derecha quedaban el Partido Conservador, el Social Cristiano, el Liberal y otros grupos menores. En el centro se consolidaron los nuevos partidos reformistas en crecimiento; Izquierda Democrática, fruto de una decisión del liberalismo, y Democracia Popular, formada por la fusión del Partido Demócrata Cristiano y el «conservadurismo progresista». Las fuerzas populistas del CFP, dirigido por Bucaram, y el Frente Radical Alfarista FRA (surgido de otra escisión liberal) se habían robustecido en la oposición a la dictadura. Las organizaciones y grupos de izquierda lograron una plataforma de unidad dentro del FADI, Frente Amplio de Izquierda, que duró poco. El maoísmo, por su parte constituyó el Movimiento Popular Democrático.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se realizó en julio de 1978, el binomio de CFP y Democracia Popular triunfó contra la mayoría de las expectativas. Jaime Roídos Aguilera, nombrado candidato de CFP ante una prohibición legal que impedía hacerlo al líder Assad Bucaram, estuvo acompañado por Osvaldo Hurtado Larrea, antiguo dirigente de la Democracia Cristiana, Sixto Durán Bailón candidato de la derecha quedó en segundo lugar y Raúl Clemente Huerta, representante del liberalismo y otros sectores de la derecha, ocupó el tercer lugar.

El sorpresivo triunfo del binomio cuyo eslogan era «la fuerza del cambio» echó abajo algunos cálculos del «retomo controlado». En varias oportunidades antes de la realización de la segunda vuelta electoral se intentaron varios mecanismos para impedir el traspaso del poder y propiciar la continuación de la dictadura. Pero al fin se realizaron las nuevas votaciones y Roldós-Hurtado fueron masivamente confirmados. El 10 de agosto de 1979 se puso en vigencia la Constitución y el Consejo de Gobierno entregó el poder a Jaime Roídos.

7. LAS CONTRADICCIONES DE FIN DE SIGLO

Cuando en 1979 se inició en Ecuador la etapa de vigencia constitucional, el auge económico de los setenta había pasado. El ritmo de crecimiento había decaído, pero el país tenía hidrocarburos para exportar y alta capacidad de endeudamiento. Eso detuvo la crisis, pero ésta se presentó en los primeros años de la década de los ochenta, y se ha mantenido y agravado hasta el nuevo siglo. En un marco de creciente globalización, los ochenta fueron para muchos países del mundo, y para América Latina en particular, años de caída de los precios de sus productos de exportación, alta inflación, incremento de la desocupación y el subempleo, baja de las inversiones, y elevación de la deuda externa. Los gobiernos, influenciados por tendencias neoliberales de derecha, dominantes en los países del primer mundo, enfrentaron esa realidad con medidas de ajuste económico y renegociación del endeudamiento externo, lo cual ha tenido grandes costos sociales[47].

La tasa de crecimiento del producto interno bruto entró en una tendencia de decrecimiento; 6,6 por 100 en 1978, 4,9 por 100 en 1980, 1,4 por 100 en 1982, y en 1983 se registró una tasa negativa. En los años subsiguientes, que se registraron a veces tasas positivas, su promedio no rebasó el 2 por 100. Los ingresos petroleros disminuyeron por el aumento de consumo interno y la baja de precios. También, en términos generales, la exportación de productos industriales descendió y, con la apertura económica prevaleciente, se incrementaron las importaciones de bienes de consumo, en tanto que bajaron las importaciones de bienes de capital. Al mismo tiempo, las exportaciones tradicionales de banano, cacao y café se recuperaron. Se sumaron a éstas, las de camarones, flores y otros productos primarios no tradicionales, que al reactivar algunas áreas de la economía, han definido un proceso de vuelta a un modelo asentado sobre las exportaciones de productos primarios.

Con la baja de los ingresos estatales sobrevino una crónica crisis presupuestaria, alimentada por la elevación sostenida del gasto público. La proporción de recursos destinados a inversión, sin embargo, descendió de un 20 por 100 en 1980 a apenas un 11,8 por 100 en 1986. En años siguientes la situación ha empeorado, puesto que se han dedicado cada vez menos recursos a los servicios y la inversión social, en tanto que los déficits fiscales han ido creciendo. Un área como la educación, que a inicios de los ochenta recibía más de un 25 por 100 del presupuesto, ha llegado a recibir menos del 10 por 100 a fines de los noventa. A lo largo de la última etapa la proporción más elevada del presupuesto del estado se ha destinado al pago de la deuda externa[48].

En las pasadas décadas, el monto de la deuda externa del país ha ido creciendo significativamente, hasta colocarse sobre 16.000 millones de dólares al final de los noventa. El estado ha negociado créditos internacionales para realizar programas de desarrollo, pero también se ha endeudado para gastos corrientes. Por su parte, desde los años del «endeudamiento agresivo» también los grupos de banqueros, comerciantes y grandes propietarios, adquirieron una abultada deuda externa que luego fue absorbida por el estado y pagada con recursos públicos. La crisis vino acompañada de una espiral inflacionaria sin precedentes. La inflación había sido de un 4 por 100 anual promedio en los sesenta. En los setenta se elevó al 12 por 100. En los ochenta el promedio fue superior al 50 por 100, llegando en un momento a bordear el 100 por 100. En los años finales del siglo, la situación se volvió incontrolable, llegando el cambio a los 25.000 sucres por dólar.

Los sucesivos gobiernos han enfrentado la crisis con medidas de ajuste sugeridas por las instituciones financieras internacionales, especialmente por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se han elevado los precios de los combustibles y los servicios públicos, se han eliminado subsidios a los productos de primera necesidad, se han decretado sucesivas devaluaciones de diversa modalidad que, en un momento de aguda crisis^bancaria devinieron en la «dolarización», es decir, el abandono de la moneda nacional y la adopción del dólar de Estados Unidos[49]. También se han liberado las importaciones y se han dado grandes ventajas a los importadores. Se ha producido una creciente tendencia a desregular la economía y a privatizar las empresas estatales, dejando cada vez más áreas en manos del capital privado. Dentro del marco de las políticas del FMI se han ensayado varias modalidades de ajuste, sin que su aplicación haya tenido una continuidad como para ver sus resultados[50]. Sus efectos en la economía de la mayoría de la población y los costos sociales de la aplicación del modelo, han sido enormes.

El efecto más visible y duradero de la crisis y de las políticas de ajuste ha sido el descenso de nivel de vida de la mayoría de los ecuatorianos. Los precios se han elevado en proporciones inéditas, en tanto que el nivel de las remuneraciones se ha mantenido muy por debajo de esas cifras. La inflación y la baja de los ingresos reales han lanzado a mayor número de ecuatorianos a los niveles de miseria. La pobreza se ha extendido, copando hasta los sectores medios, también golpeados por la crisis. Los niveles de desnutrición han aumentado y han surgido enfermedades que ya se consideraban erradicadas. Pese a los sacrificios realizados, la crisis no ha podido ser doblegada.

Con la crisis y las medidas de ajuste se ha dado un proceso de acumulación del poder económico. Mientras el descenso del nivel de vida ha sido la norma para la mayoría, se han consolidado grupos monopólicos muy poderosos, articulados en la banca y el comercio exterior. Los bancos, empero, a pesar de haber acumulado grandes volúmenes de capital, han enfrentado situaciones de deterioro que han llevado a varios de ellos a la liquidación o a ser salvados con la intervención del estado[51]. Durante los años noventa hubo una secuencia de quiebras bancarias dolosas en las que los principales dueños de algunas instituciones financieras se apropiaron de los depósitos del público y abandonaron el país, dejándole al estado el pago de sus obligaciones financieras y a gran cantidad de ecuatorianos en la miseria.

El descontento y la movilización social han surgido como resultado del peso de la crisis sobre la población. Durante los años setenta y parte de los ochenta, los protagonistas fundamentales de las protestas fueron los trabajadores organizados en el FUT. Su impulso, empero, decreció en las décadas posteriores, en las que se dio, en cambio, un significativo crecimiento de la organización de los pueblos indígenas. Durante los noventa varios levantamientos no solo lograron el reconocimiento de los derechos colectivos indígenas, sino que enfrentaron vigorosamente la aplicación de medidas de ajuste económico y la privatización de las empresas públicas.

Cuando se inició la etapa de vigencia constitucional con el triunfo abrumador del reformismo sobre la derecha, muchos pensaron que se inauguraba un predominio electoral del «centro», y que en el futuro se turnarían en el poder las alternativas reformistas. Luego de dos décadas de vigencia, sin embargo, el reformismo se estaba agotando. En medio de la aguda crisis económica y la consiguiente protesta social, los sectores reformistas se vieron forzados a renunciar a su proyecto. Fueron incapaces de afrontar la crisis con los cambios que habían venido planteando y, en un marco internacional dominado por el neoliberalismo conservador, que tuvo profundas consecuencias en el mundo y desde luego en América Latina, el ascenso del reformismo en Ecuador llegó a su límite y dio paso al predominio político e ideológico de la derecha y su programa neoliberal.

Los grupos de poder lograron que el «centro» renunciara a sus propuestas de cambio, poniéndolos a competir por expresar mejor sus intereses. El paso por el gobierno de la DP (1981-1984) y la ID (1988-1992) patentizaron este agotamiento del reformismo[52]. Por su parte, las élites económicas, articulando un discurso modernizador antiestatista, han conseguido también rehacer un frente político de derecha con capacidad de ganar elecciones, que agrupa a los representantes del empresariado y el capital extranjero. El empobrecimiento general y las presiones regionales, empero, han obligado a la derecha a combinar su discurso y prácticas políticas con las del populismo. La costa y Guayaquil, la ciudad más poblada del país, se han convertido en el campo de enfrentamiento del Partido Social Cristiano y el Partido Roldosista, depositario de la tradición populista.

El ascenso del neoliberalismo y la caída de la URSS y los regímenes de Europa Oriental, han sido el marco internacional de un reflujo de la izquierda ecuatoriana. Frente al hecho, las tendencias maoístas han sostenido invariables posturas estalinistas. Otros sectores han cedido a la presión por abandonar principios revolucionarios. Por su parte, dos vertientes históricas, el Partido Socialista y el FADI, se han fusionado buscando el replanteamiento de sus propuestas políticas, a la luz de sus principios y de las nuevas realidades. Como consecuencia de la creciente capacidad de movilización indígena, se ha gestado el movimiento político «Pachacutick», que se ubica también en la izquierda.

Durante los años de vigencia constitucional se ha propiciado el robustecimiento de las estructuras partidarias, pero, al mismo tiempo, se ha incrementado la separación entre el sistema político y la sociedad civil. La institución en donde se ha expresado con mayor fuerza esta separación es el Congreso, cuyo nivel de representatividad ha ido decreciendo y cuyo enfrentamiento crónico con el ejecutivo se ha resuelto con una creciente pérdida del ámbito de sus competencias. En medio de esta realidad, la corrupción y el deterioro han afectado severamente a otras instituciones como el sistema judicial y la policía, protagonistas de varios escándalos en sucesivos gobiernos. La brecha entre la sociedad y el estado no ha podido llenarse con la regulación legal de los partidos políticos. Han surgido entonces múltiples formas de expresión de lo social, como el propio fenómeno populista y los movimientos de expresión regional y local, que han logrado importante presencia política. Pero lo más destacado de los últimos tiempos es el surgimiento de nuevas formas de expresión de movimientos sociales, que han ido tomando cuerpo en el país[53]. Su acción ha sido destacada, aunque en la mayoría de los casos su participación política se ha entrampado en lo electoral.

Al empobrecimiento general, el crecimiento de la corrupción y la inestabilidad del escenario político, se ha sumado un deterioro de la seguridad pública en todo el país. Aun en zonas tradicionalmente muy seguras, los asaltos, secuestros y robos se han multiplicado. La pobreza ha influido notablemente en esta situación, así como también la agudización del conflicto interno en la vecina Colombia, cuya situación de violencia se ha vuelto un problema regional.

El Ecuador finaliza el siglo XX cuando ha sobrepasado los doce millones de habitantes. La mayoría de ellos vive en la costa, aunque la sierra conserva una alta proporción. La Amazonia y Galápagos tienen una población mucho menor, pero su territorio está saturado. Ecuador es el país de Sudamérica con más alto crecimiento poblacional. Las ciudades han crecido significativamente en las últimas décadas. Guayaquil sobrepasa los dos millones y Quito el millón y medio. Debido al crecimiento de otras ciudades, desde hace tiempo la mayoría de la población del país es urbana. Todo ello ha profundizado varios problemas y ha generado otros nuevos, al mismo tiempo que ha cambiado ciertos rasgos de la lucha social y la identidad cultural.

Al filo del milenio, la sociedad ecuatoriana ha sufrido cambios. La lucha de los pueblos indígenas y negros por su reconocimiento dentro del Ecuador diverso, ha promovido el cambio en la concepción de la nación mestiza uniforme. Las demandas regionales y locales tienen nuevo vigor, planteando la descentralización. Los movimientos de reivindicación de la mujer han ganado espacio. Los grupos ecologistas, como otros que emergen de la sociedad civil, han encontrado eco en el escenario social y político del Ecuador. Luego de un reflujo, las organizaciones de trabajadores han comenzado a retomar su protagonismo, y las de los pobladores urbanos y campesinos mestizos o «montuvios» se están revitalizando. En los grupos medios hay una búsqueda de nuevas identidades. En sectores representativos de empresarios hay también actitudes renovadas, por la concertación social[54].

Ecuador, como los demás países latinoamericanos, vive un período de transición que puede dar origen a una sociedad distinta en el marco de una transformación mundial. Esto ha traído consigo muchas incertidumbres y desafíos. Parece que en medio de la crisis se abre paso un nuevo proyecto nacional que integra la diversidad del país y no concibe su unidad como uniformidad[55]. A lo largo de las últimas décadas se ha mantenido la vigencia del régimen constitucional. Sin embargo, el sistema político sigue cuestionado y la pobreza creciente es el obstáculo más visible para la consolidación de la democracia. El país ha sido admitido en la Organización Mundial de Comercio (OMC). El proceso de integración andina en que está comprometido el Ecuador ha tenido ciertos avances, pero va muy lento y las políticas de negociación bilateral con las potencias del primer mundo se imponen en ciertas coyunturas[56].

8. SECUENCIA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Jaime Roídos inició su administración en 1979 con dificultades para la «fuerza del cambio». Su equipo de gobierno era muy heterogéneo y la oposición se agudizó con su distanciamiento del CFP. Su líder, Assad Bucaram, ante la voluntad de Roídos de dirigir personalmente el gobierno, formó una mayoría parlamentaria con la derecha tradicional, que bloqueó la acción del ejecutivo e inició una «pugna de poderes» que sería recurrente en los años futuros. Roídos intentó acudir a un plebiscito para derrotar a la oposición, pero la iniciativa fue bloqueada. El gobierno no tenía una base social sólida. Al fin logró dividir al CFP y organizar una mayoría parlamentaria con apoyo de la ID y otros sectores del centro.

La pugna paralizó la acción gubernamental y legislativa. En medio del conflicto se aprobó una duplicación del salario mínimo vital, la elevación de las remuneraciones y el establecimiento de la semana laboral de cuarenta horas. El Plan de Desarrollo, pieza clave para las reformas, fue duramente combatido por «estatizante» y desde el principio se vio que tendría escasa aplicación. En las relaciones exteriores, en cambio, el presidente Roídos logró éxitos al mantener una política internacional independiente y tercermundista, el país ingresó a los no alineados, apoyó la lucha contra la dictadura de Nicaragua y el desarrollo de la integración andina. Los presidentes de la subregión, reunidos en Riobamba en 1980, aprobaron una «Carta de Conducta» de perfiles progresistas.

En enero de 1981, en la cordillera del Cóndor se produjo un serio incidente armado con el Perú, detenido por la acción internacional[57]. El gobierno logró el consenso interno para enfrentar la situación, pero tuvo que hacer concesiones en su postura progresista internacional. Al mismo tiempo, para equilibrar los enormes gastos realizados y nivelar el presupuesto, tuvo que acudir a elevaciones de impuestos y de precios, que lo volvieron impopular. Pocos meses después, el 24 de mayo de 1981, el presidente, su esposa y su comitiva morían en un accidente aéreo.

Tras la muerte del presidente Roídos se hizo cargo del poder el vicepresidente Hurtado. León Roídos, hermano de fallecido mandatario, fue electo vicepresidente por el Congreso. Hurtado dio mayor homogeneidad y coherencia al gobierno, aunque la línea reformista se volvió más tímida, sobre todo cuando tuvo que enfrentar la crisis económica. Desde 1982, los precios petroleros y el valor de las exportaciones bajaron sustancialmente, el déficit fiscal se elevó no solo por los gastos ocasionados durante el conflicto con el Perú, sino por el incremento acelerado del gasto público. La situación se complicó más aún cuando, entre 1982 y 1983, varias provincias de la costa sufrieron grandes inundaciones que causaron ingentes pérdidas.

El gobierno enfrentó la crisis mediante medidas sugeridas por el FMI, como la devaluación gradual, aumentos de precios a los combustibles y los servicios básicos, rebajas de subsidios a los productos de primera necesidad, virtual congelamiento de remuneraciones. Se dieron «incentivos» a los exportadores y se resolvió la «sucretización», un arreglo mediante el cual el estado asumió el pago de la deuda externa privada[58]. Pero estas medidas no aplacaron a sus beneficiarios. Los gremios empresariales arreciaron su ataque al gobierno, acusándolo de estatizante y enemigo de la producción. Los resultados de las políticas económicas levantaron una ola de protesta popular orquestada por el FUT, que llevó adelante sucesivas huelgas nacionales que paralizaron el país y hasta pusieron en riesgo la estabilidad del gobierno, pero no lograron que cambiara sus políticas[59].

Atacado desde varios frentes, con una base política y social reducida, el gobierno de Hurtado logró conseguir apoyo de varios partidos (PD, CFP, ID) y concluyó su mandato, aunque no logró impedir algunas derrotas parlamentarias que le infligió la derecha. Sin intentar ya una reforma estructural, el gobierno no renunció a ciertos programas de desarrollo como electrificación rural, alfabetización, incremento de la educación, establecimiento de la educación bilingüe para indígenas y del Seguro Campesino. El presidente Hurtado realizó algunas giras internacionales y planteó abiertamente la necesidad de un arreglo negociado del conflicto con el Perú. Al final de su mandato tuvo un destacado papel al promover una iniciativa latinoamericana de enfrentamiento conjunto de la deuda externa y la crisis.

En oposición a los gobiernos anteriores, la derecha logró reagruparse alrededor del Frente de Reconstrucción Nacional (una alianza de socialcristianos, conservadores y liberales) cuyo candidato, León Febres Cordero, un empresario y político vinculado a los más poderosos grupos económicos del país, triunfó en la elección de 1994 sobre Rodrigo Borja (ID) con propuestas de liberalización de la economía, bajo el eslogan de corte populista «pan, techo y empleo».

El gobierno profundizó las medidas de ajuste del anterior y tomó otras que intentaban dinamizar la economía en base a la reducción del gasto público, supresión de subsidios a artículos y servicios básicos, búsqueda de «precios reales» y fomento de las exportaciones tradicionales. Realizó varias devaluaciones y alzas de precios, congeló las remuneraciones y amplió las ventajas económicas y fiscales de los agroexportadores. Las medidas trajeron una reactivación de algunas áreas de la economía pero provocaron alzas de precios, mayor concentración de la riqueza e inflación récord. Una indiscriminada apertura a la inversión extranjera no tuvo eco y agudizó la especulación, alentada también por una extensión de la «sucretización» de la deuda externa privada. En el segundo año de gobierno mejoraron algunos índices económicos y se dinamizó la producción agrícola costeña, pero el descontento popular aumentó. El presidente lo enfrentó con la fuerza y sucesivos actos de violación constitucional. Se opuso al Congreso, controlado por la oposición, y desconoció sus decisiones; allanó la Corte Suprema; reprimió violentamente las acciones del FUT, y llevó adelante una guerra de aniquilación del movimiento insurreccional «Alfaro Vive Carajo». La represión estuvo marcada por la violación de los derechos humanos[60].

Febres Cordero recibió la visita del Papa en 1985, y realizó una sorpresiva visita a Cuba. Pero el eje de su política internacional fue el alineamiento con la administración Reagan y el FMI. Su gobierno transcurrió en medio del aislamiento internacional y la renuncia a posturas integracionistas y de solidaridad regional. El gobierno, incluso, autorizó la acción de soldados norteamericanos en territorio nacional.

Las denuncias sobre corrupción gubernamental proliferaron. Como reacción a una de ellas, la sublevación militar encabezada por el general Frank Vargas Pazzos conmovió al régimen[61]. En las elecciones parlamentarias de 1986 y el plebiscito convocado conjuntamente, el gobierno fue derrotado. Luego de un enfrentamiento con el Congreso, el presidente fue secuestrado en una base militar y obligado a cumplir una amnistía para Vargas. Los conflictos continuaron. El vicepresidente Blasco Peñaherrera se enfrentó al régimen y confirmó denuncias de corrupción[62].

El gobierno mantuvo su política económica y en 1986 la profundizó, pero al año siguiente un terremoto dañó el oleoducto y suspendió por seis meses las exportaciones petroleras. En esta situación se aplicó un plan de emergencia que trajo mayores dificultades a los sectores populares y enfrentó al régimen con algunos de los poderosos grupos económicos que eran su sustento. Al concluir el gobierno, la inflación se disparó de nuevo, y los precios y el desempleo subieron sin que la oferta de «pan, techo y empleo» se hubiera cumplido. En todo caso, el gobierno había logrado una reactivación de la producción agrícola en la costa y había realizado una amplia obra pública, sobre todo en Guayaquil. Ello le daría al PSC una base electoral regional muy sólida.

En 1988 triunfó Rodrigo Borja frente al líder populista Abdalá Bucaram. Su partido, Izquierda Democrática, aliada en el Congreso con la DP y el FADI, logró una mayoría que le permitió un sólido control parlamentario, el manejo de la Corte Suprema y los demás altos organismos del estado, alentando de este modo la expectativa de cumplir sus planteamientos reformistas y la oferta electoral de «pagar la deuda social».

Desde su inicio, el nuevo gobierno cambió el estilo arbitrario del anterior y fue respetuoso del sistema constitucional, tratando de mejorar la situación interna de derechos humanos[63]. En el campo económico, en cambio, mantuvo las grandes líneas, aunque evitó políticas de «choque», volviendo al «gradualismo» de las devaluaciones y alzas de precios. En cuatro años, en los que se tomaron duras medidas económicas, no se lograron resultados significativos en la reducción de la inflación y las alzas de precios. No se revitalizó la economía, ni se logró renegociar la deuda externa, pese a que para ello se exigieron grandes sacrificios a los ecuatorianos.

El gobierno realizó una reforma fiscal y desarrolló programas como la Campaña de alfabetización, pero no emprendió un cambio del sistema educativo y redujo el apoyo estatal a la cultura. Pese a su control parlamentario, no realizó las reformas sociales que había ofrecido. Mas bien hizo cambios legales que dieron amplias facilidades al capital extranjero, sin modernizar el régimen laboral, pero suprimiendo derechos de los trabajadores, contra cuyas organizaciones lanzó una campaña de desprestigio. El gobierno abrió un diálogo con el movimiento indígena y reconoció en principio varios de sus derechos, delimitando el territorio de algunos pueblos indios de la Amazonia. Este paso significativo de corte progresista, contrastó con una virtual paralización de la reforma agraria en la sierra y la costa.

El descontento social se agudizó a los dos años de gobierno. El papel más dinámico fue asumido por el movimiento indígena. En junio de 1990 se realizó un levantamiento. Poco después, la ID sufrió una fuerte derrota en las elecciones intermedias. Con una correlación desfavorable de fuerzas en el Congreso y sin haber logrado estabilizar la economía, el gobierno intentó buscar apoyo en los grupos de presión económica, repitiendo políticas de ajuste y cambios legales sugeridos por el FMI para acelerar la liberalización. A esto se sumaron varios escándalos de corrupción[64]. Borja terminó su gobierno en medio de expectativas frustradas de cambio y protesta popular.

En el campo internacional, el gobierno de Borja logró superar el aislamiento que había caracterizado a su predecesor y consiguió un espacio en varios foros internacionales. Debe mencionarse especialmente el esfuerzo para superar el desacuerdo territorial con el Perú. En todo ello cumplió un papel muy destacado el canciller Diego Cordovez[65]. El Presiente planteó ante las Naciones Unidas una propuesta de arbitraje del conflicto con el Perú, cuyo presidente, Alberto Fujimori, visitó Ecuador en 1992. Se abrió así una nueva etapa de relación con el país vecino.

En las elecciones de 1992, la derecha se presentó dividida, pero logró triunfar. Sixto Durán Ballén, disidente del Partido Social Cristiano que en la coyuntura electoral formó el PUR, se impuso en la segunda vuelta al candidato oficial del PSC Jaime Nebot Saadi. El plan del nuevo gobierno se basó en una propuesta de modernización, entendida como «reducción del estado», y la aplicación de políticas de ajuste que eliminaron los subsidios y elevaron precios, entre ellos los de los combustibles. El gobierno logró reducir en varios miles el número de los servidores públicos, mantener una política monetaria estable, bajar la inflación, y efectuar algunas privatizaciones. Se empeñó en una renegociación de la deuda externa en el marco del «Plan Brandy» y realizó varias obras públicas, sobre todo en el aspecto vial. En su administración debió afrontar el desastre ocasionado por un derrumbe que afectó a las provincias de Azuay y Cañar.

La política económica tuvo altos costos sociales, que se expresaron en nuevas caídas de los niveles de vida y el consiguiente descontento popular. El gobierno impulsó varias reformas constitucionales y legales, entre ellas la liberalización del control de la banca, que trajo luego graves consecuencias al país. Pero su intento de extender las privatizaciones, sobre todo a la seguridad social, se enfrentó a la oposición de la mayoría, expresada en dos consultas populares. Se dio un masivo rechazo de la opinión pública a la corrupción, especialmente cuando una acusación de mal manejo de gastos reservados provocó el enjuiciamiento, la renuncia y abandono del país del vicepresidente de la República Alberto Dahik, considerado el organizador de las reformas económicas.

En enero de 1995 el Perú atacó destacamentos ecuatorianos en la cabecera del río Cenepa, al sur de la Amazonia. El país reaccionó con unidad y madurez ante el hecho. El presidente Durán Ballén tuvo una actitud firme pero abierta a un arreglo pacífico, que se expresó en el reconocimiento de la vigencia del Protocolo de Río de Janeiro. Las fuerzas armadas obtuvieron un significativo éxito al defender el territorio[66]. Luego de unas semanas de enfrentamiento se suscribió un acuerdo de paz. Inmediatamente se dio inicio a un proceso de negociaciones para un arreglo definitivo.

En las elecciones de 1996 triunfó el candidato populista Abdalá Bucaram (PRE), frente al favorito Jaime Nebot (PSC), representante de la derecha. El nuevo gobierno se posesionó en agosto. Anunció algunas reformas monetarias como la «convertibilidad» de la moneda nacional frente al dólar y formuló planes de vivienda y educación que tenían el sello populista. La política económica mantuvo cierta estabilidad pero las reformas no alcanzaron a realizarse. Desde el inicio de su gestión, Bucaram agudizó los conflictos regionales: exagerando su estilo informal y arbitrario, se enfrentó a sectores empresariales, laborales, indígenas y grupos medios, que acusándolo de numerosos actos de corrupción y abuso, llevaron adelante una acción de protesta el 5 de febrero de 1997, que lo separó del poder.

El Congreso designó como presidente interino a Fabián Alarcón, que asumió el mando luego de unos días de confusión[67]. En pocas semanas, Alarcón fue ratificado en su mandato en una consulta popular, que resolvió también la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que habían demandado algunos sectores. El presidente dirigió el país hasta agosto de 1998, sin un proyecto a largo plazo, y en medio de circunstancias difíciles, como una aguda crisis fiscal provocada por la baja de los precios internacionales del petróleo, que causó el descenso drástico de los ingresos públicos; una serie de acusaciones de corrupción que determinaron la renuncia y abandono del país del ministro de Gobierno César Verduga; y una compleja negociación internacional del desacuerdo territorial con el Perú, en la que se lograron importantes avances.

La Asamblea Nacional Constituyente fue elegida a fines de 1997 y en los primeros meses del año siguiente realizó una reforma integral de la Constitución. Con mayoría de derecha, la Asamblea aprobó una carta fundamental de corte privatista que redujo el papel del estado en la economía. Al mismo tiempo limitó la representación política. Por otro lado, recogió las demandas de reconocimiento de la diversidad del país, de los derechos indígenas y afroecuatorianos, de las mujeres, niños y otros sectores sociales; amplió la ciudadanía a todos los ecuatorianos; reformó el Congreso, la forma de aprobación del presupuesto del estado, la educación y la seguridad social, entre otros puntos[68]. Aunque el presidente Alarcón se opuso a su publicación, la Constitución así aprobada entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, día en que se posesionó el nuevo presidente Jamil Mahuad.

Mahuad, candidato de la DP, apoyado por el PSC, había logrado un estrecho triunfo frente a Alvaro Novoa, un magnate candidatizado por el PRE. El nuevo presidente inició su administración con un conjunto de medidas económicas que anunciaban una política de corte privatizador. Mahuad condujo la parte final de la negociación y logró concretar un arreglo de la paz con el Perú, suscrito en Brasilia en octubre de 1998. Los acuerdos ratificaron la frontera establecida en 1942 y establecieron las bases para el comercio, la navegación y la integración fronteriza[69].

Se inició de este modo una nueva etapa en la historia internacional del Ecuador y en sus relaciones con el vecino del sur. En el ámbito interno, empero, la situación se fue deteriorando rápidamente. A una creciente actitud de inoperancia del presidente se sumaron una postura errática en la conducción económica y política, y un compromiso con poderosos intereses bancarios que habían financiado la multimillonaria campaña electoral de Mahuad. La inflación y los precios se elevaron sin control. El presidente optó por cerrar obligatoriamente la banca y congeló los depósitos, lo cual perjudicó a una inmensa cantidad de ecuatorianos. Se dijo que había tomado esta medida para favorecer a sus banqueros patrocinadores. Acusado de inepto y corrupto, Mahuad enfrentó una movilización popular liderada por las organizaciones indígenas y un intento de golpe protagonizado por grupos militares. En medio de la agitación y un intento de asumir plenos poderes, fue derrocado el 21 de enero de 2000 y sustituido por el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano. En sus últimos días en el poder, como un recurso para evitar su caída, Mahuad decretó la «dolarización», es decir, la adopción de la moneda de Estados Unidos. Ecuador terminaba así el siglo XX en medio de una crisis generalizada y de grandes interrogantes sobre su futuro.

Capítulo 7
VENEZUELA, 1930-c. 1990

El desarrollo político, económico y social de Venezuela en el siglo XX ha sido un caso único en América Latina. En 1900, Venezuela era un país pobre y dominado por los caudillos que se extendía a orillas del mar Caribe. La agricultura de exportación basada en el café y el cacao producía un poco de riqueza modesta para la clase integrada por los plantadores, pero ni de los hacendados andinos ni de los de la costa podía decirse que constituyeran una élite modernizadora nacional. Debido a las comunicaciones deficientes y a las economías rurales basadas en las regiones, las lealtades nacionales continuaban siendo débiles. Además, las guerras civiles del siglo XIX habían acabado con las esperanzas de prosperidad económica, integración nacional e incluso estabilidad política a medida que sucesivas camarillas político-militares y regionales accedían al poder en Caracas.

El crecimiento económico se aceleró hacia finales del siglo pasado y comienzos del actual. Bajo la dictadura del caudillo tachirense Cipriano Castro (1899-1908) las compañías extranjeras intensificaron la explotación del asfalto; y a partir de 1914, bajo la dictadura de otro caudillo de Táchira, Juan Vicente Gómez (1908-1935), la economía de Venezuela comenzó a experimentar una singular transformación con el descubrimiento de ricos yacimientos de petróleo en la provincia occidental de Zulia y en la región costera del este. Sin embargo, los efectos de la industria petrolera en el país no se harían evidentes del todo hasta después de la muerte de Gómez. Además, la vida política cambió poco antes de 1936, exceptuando la expansión del empleo al servicio del gobierno y un fortalecimiento muy modesto del gobierno central. Las pautas económicas y la estructura de clases también registraron sólo cambios leves. Muchos de los compinches de Gómez entraron a formar parte de la élite mediante la venta de concesiones a compañías petroleras extranjeras, y surgió una clase media más numerosa y más rica a medida que profesionales venezolanos encontraron empleo en las citadas compañías y en el creciente sector público. El capital nuevo desdeñó las inversiones tradicionales en la agricultura de exportación y prefirió el comercio, los servicios, la construcción y la especulación sobre el suelo urbano, pauta que daría forma a la política de desarrollo durante decenios tras la muerte de Gómez. Se fundaron unas cuantas industrias manufactureras —mucho más tarde y en menor número que en Argentina, Brasil o México—, pero el capital venezolano no se sintió atraído hacia la industria productiva hasta los decenios de 1940 y 1950.

La petición de Arturo Uslar Pietri de que el gobierno «siembre el petróleo» (o, mejor dicho, los ingresos producidos por el petróleo) era visionaria pero hueca. Venezuela cayó fácilmente en la pauta de intercambiar los ingresos producidos por el petróleo por alimentos y artículos de consumo importados.

Más visible que los empresarios industriales, un pequeño proletariado formado por trabajadores del petróleo apareció en el decenio de 1920 e interpretó en la política nacional un papel que no guardaba proporción con su tamaño. Una serie de huelgas en los campos petrolíferos de Zulia en 1925 indicaron la aparición de un nuevo aliado para los estudiantes y los reformadores militares cuyas protestas e intento de golpe en 1928 pusieron a prueba la fuerza de la dictadura. Cierta influencia comunista se hizo evidente en la agitación del decenio de 1920, pero los estudiantes, trabajadores, oficiales jóvenes y caudillos exiliados no abrazaron en sus conspiraciones ningún programa que diferenciase sus esfuerzos de anteriores intentos fallidos de derribar al dictador. El gobierno puso a los sindicatos obreros fuera de la ley, y las compañías petroleras aislaron y dominaron fácilmente a la fuerza laboral. La cárcel y el exilio sofocaron la oposición política por parte de intelectuales y militares. Muchos de los adversarios de Gómez se dieron cuenta de que el final estaba cerca y eligieron una táctica que comportaba poco riesgo y consistía en esperar hasta que el viejo y enfermo caudillo muriese.

EL FINAL DE LA DICTADURA DE GÓMEZ, 1930-1935

Gómez había dictado las reglas bajo las cuales las compañías petroleras debían actuar en Venezuela. Sus objetivos eran concentrar en sus propias manos las decisiones referentes al petróleo —y las oportunidades de enriquecerse por medio de la corrupción—, elevar al máximo los ingresos que se obtenían de dichas compañías y procurar que éstas no dominasen las comunidades locales hasta el extremo de que él, Gómez, sufriera las consecuencias de una violenta reacción política. El viejo caudillo, a quien los nacionalistas criticaban a menudo por haber concedido demasiadas cosas a las compañías extranjeras tenía pocas opciones realistas. En una nación pobre y políticamente inerte, Gómez no podía movilizar ni un ejército fuerte ni una población numerosa y organizada para reducir su vulnerabilidad ante las compañías. Estas mantenían su fuerza mediante el ejemplo de su retirada de México como repuesta al nacionalismo revolucionario de dicho país, así como reduciendo la explotación y la producción en 1930, al empezar la depresión, y advirtiendo que las exportaciones venezolanas estaban expuestas a los efectos de los aranceles o los cupos que señalara el Congreso de los Estados Unidos. Por tanto, las compañías parecían tener todos los triunfos en la mano y Gómez sentó un precedente al responder de forma cautelosa y mesurada.

Era mucho lo que estaba en juego tanto para Venezuela como para los gomecistas. La producción aumentó de 63 millones de barriles en 1927 a 323 millones en 1945. En 1930 Venezuela ya tenía más de 107 compañías trabajando en su territorio y era el mayor exportador de petróleo del mundo. En aquel mismo año, Gómez liquidó con orgullo la totalidad de la deuda externa de la nación, sólo veintiocho años después de que el incumplimiento del pago diera lugar al bloqueo conjunto del país por parte de alemanes, ingleses e italianos. Las tres grandes compañías —Roy al Dutch Shell, Gulf y Standard Oil— controlaban el 98 por 100 del mercado de exportación. Aunque Gómez favorecía a los norteamericanos, también alentaba a los inversionistas británicos y holandeses, convencido de que la competencia daría a la nación mayor autonomía. (Sin embargo, la segunda guerra mundial redujo en gran medida las posibilidades de conservar tal equilibrio entre las compañías, y en el decenio de 1940 una sola compañía norteamericana, la Standard Oil por medio de su subsidiaria Creóle Petroleum Company, producía ya más de la mitad del petróleo de Venezuela).

Entre 1930 y 1934 la depresión obligó a efectuar grandes reducciones en la producción de petróleo. Sin embargo, el gobierno Gómez fortaleció la divisa (el bolívar) en 1934 y pudo incrementar los ingresos a la vez que la producción empezaba a aumentar de nuevo poco después. En 1945 el petróleo ya aportaba el 54,2 por 100 de los ingresos públicos, pero durante la mayoría de los años de Gómez los ingresos aduaneros —la fuente tradicional de los ingresos de los estados latinoamericanos— representaron alrededor de la mitad. Tal como señaló el ministro de Desarrollo, Gumersindo Torres, Venezuela perdió más ingresos a causa del privilegio que tenían las compañías para importar artículos sin pagar derechos de lo que ganó con los impuestos y derechos de explotación obtenidos del petróleo. La importancia del comercio, el debilitamiento del sector de la agricultura de exportación (que representó menos del 12 por 100 del valor de las exportaciones de Venezuela después de 1932) y las necesidades de las compañías petroleras contribuyeron a que virtualmente no se pidiera protección arancelaria para la industria o para las exportaciones agrícolas.

Gómez dio mucha autonomía a las compañías petroleras extranjeras. Abogados de las compañías petroleras estadounidenses habían redactado las leyes de 1922 al amparo de las cuales gozaban de impuestos y derechos de explotación relativamente bajos, soportaban menos presiones para que comenzaran la explotación rápidamente, estaban libres de la supervisión del Congreso venezolano y no había limitaciones a la cantidad de tierra que podía tener una sola compañía. Así pues, Venezuela no regateó mucho al negociar con las compañías, pero, a pesar de ello, la nación tuvo entre 1913 y 1947 una tasa de rendimiento más elevada que la de los países del Oriente Medio[1].

Aunque con frecuencia toleró los excesos de las compañías, a veces Gómez lanzaba advertencias veladas que los extranjeros hacían bien en tener en cuenta. Por ejemplo, los habitantes de los poblados situados alrededor del lago Maracaibo se quejaron de que las perforaciones, rápidas y descuidadas que se hacían en la región en busca de petróleo, contaminaban el lago, además de aumentar los riesgos de incendio con la consiguiente amenaza para las vidas y las propiedades; en 1928 un incendio destruyó buena parte de la población de Lagunillas, que estaba construida parcialmente a orillas del lago. Los habitantes del lugar presentaron una reclamación contra las compañías responsables de lo ocurrido y éstas, presionadas por el gobierno, accedieron a pagar parte de los daños; a partir de entonces el gobierno vigilaría tímidamente las condiciones de trabajo y de vida alrededor del lago. En 1931, Torres, el ministro de Desarrollo, facturó a las compañías las cantidades que éstas habían dejado de pagar a la nación desde 1927 mediante la falsedad en sus declaraciones de costes. Las protestas de las compañías obligaron a Torres a dimitir, pero es posible que las compañías, recelando de las actitudes nacionalistas como las desplegadas en México, captaran la indirecta en el sentido de que no debían abusar excesivamente de la hospitalidad de la nación.

Los beneficios de la explotación del petróleo no se repartieron de manera amplia. El gobierno proporcionó pocos servicios aun cuando hubo un moderado alejamiento del laissez-faire durante la depresión. Un estado central más rico atrajo migrantes rurales y profesionales de clase media a Caracas en busca de empleos del gobierno y en los proyectos de obras públicas. También había habido migración de trabajadores a las regiones productoras de petróleo, pero la industria petrolera empleaba sólo al 1,2 por 100 de la fuerza laboral nacional. Las compañías extranjeras importaban frecuentemente trabajadores de las Antillas en vez de emplear trabajadores venezolanos. Además, las compañías importaban libremente artículos de consumo para venderlos en sus economatos, con lo cual limitaban las posibilidades de los comerciantes del país.

El petróleo llegó a dominar la economía venezolana tan rápidamente, y en un momento tan crítico, que otros sectores económicos, en especial la agricultura de exportación, casi desaparecieron. Los agricultores se quejaban de que tenían que competir tanto con las compañías extranjeras como con el comercio urbano para encontrar trabajadores. Es probable que los elevados costes de producción alimentados por altos tipos de interés hicieran más daño a los exportadores, y los plantadores contribuyeran a las dificultades de éstos con su resistencia a modernizar o a invertir en la mejora de ferrocarriles y puertos. La producción de café venezolano había permanecido estancada de 1914 a 1933, aunque el alza de los precios del decenio de 1920 ocultó parcialmente este hecho hasta que la depresión destruyó los tradicionales mercados del cacao y el café en Europa. El golpe definitivo para los ya debilitados agricultores se produjo en 1934, al elevar el gobierno el valor del bolívar en relación con el dólar. Esta medida incrementó los ingresos que el estado obtenía de las exportaciones de petróleo, pero puso fin a la posición competitiva del café venezolano en el extranjero. El gobierno trató de ayudar a los agricultores con subvenciones y créditos agrícolas, pero los programas correspondientes fueron mal administrados. Plantadores astutos se aprovecharon de la situación para trasladar su capital al comercio, al suelo urbano o a los contratos de obras públicas, donde se obtenían beneficios más rápidamente y con mayor facilidad.

Aunque las estadísticas que abarcan este período son pocas y no inspiran confianza, parece cierto que durante^ decenio de 1930 empezaron a fundarse algunas industrias pequeñas —alimentación, textiles, materiales para la construcción— a pesar del elevado coste de la mano de obra, la falta de una élite empresarial con experiencia, el mantenimiento de una divisa fuerte y un mercado abierto para los artículos importados. No obstante, estos pocos y débiles industriales tuvieron todavía menos éxito que los capitalistas rurales en sus intentos de ganarse la comprensión o la protección de los gomecistas.

Respondiendo a la depresión, dos instituciones gubernamentales nuevas —el Banco Agrícola y Pecuario (BAP) y el Banco Obrero— proporcionaron al gobierno un papel mayor en la economía. Sin embargo, se acusó al BAP de enriquecer a los plantadores sin fomentar la agricultura porque estos agricultores tendían a invertir sus empréstitos en las ciudades. Al mismo tiempo, el Banco Obrero beneficiaba a los contratistas que utilizaban los créditos para construir viviendas de bajo coste y venderlas luego a precios hinchados a los trabajadores. Gómez no veía ninguna necesidad de proporcionar créditos a los industriales.

Después de la crisis política de 1928-1929, los últimos años de Gómez fueron relativamente estables y el dictador permitió que el doctor Juan Bautista Pérez, que era caraqueño, asumiese la presidencia de 1929 a 1931. Esto alarmó a algunos de sus colegas tachirenses del ejército, que organizaron una conspiración para substituir a Pérez por algún tachirense más digno de confianza que pudiera proteger los intereses regionales después de la muerte de Gómez. A mediados de 1931 Gómez descubrió el complot y lo hizo fracasar asumiendo de nuevo la presidencia. Aunque era tachirense hasta la médula —nunca se sintió cómodo en Caracas y se negó a vivir allí—, Gómez, al igual que la mayoría de los presidentes del siglo XIX, finalmente se había puesto al lado de «los doctores» de Caracas. Las redes regionales de patronos y clientes se convirtieron de modo creciente en una forma más de sobrevivir, y prosperar, en Caracas en lugar de ser un vehículo al servicio de los intereses regionales.

Cuando el dictador alcanzó la edad de setenta y seis años en 1935, la atención nacional ya estaba centrada en el asunto de la sucesión. ¿Su primo Eustaquio Gómez continuaría el dominio de la presidencia por parte del clan o el ministro de la Guerra, el tachirense Eleazar López Contreras, aliado de Cipriano Castro y de Gómez en 1899, lograría apoderarse de la presa para sí mismo? López Contreras, que tenía un título de filosofía y letras de la escuela de enseñanza secundaria de Táchira, demostró poseer talento militar natural y ascendió rápidamente en el ejército. Luego venció las suspicacias iniciales de Gómez, que le consideraba excesivamente allegado a Castro, y consolidó su posición bajo la nueva dictadura. En 1928, siendo comandante de la guarnición de Caracas, López Contreras sofocó eficientemente la conspiración de los cadetes militares con un mínimo derramamiento de sangre y encarceló o exilió a los cabecillas. Su propio hijo de veintiún años, que se había unido a la conspiración contra Gómez, no disfrutó de ningún favor especial y cumplió condena de cárcel antes de exiliarse. A pesar de todo, Gómez y la vieja guardia de Táchira criticaron a López Contreras por lo que, a su modo de ver, era la escasa dureza de las represalias y lo desterraron a los Andes, donde permaneció hasta 1931, momento en que fue nombrado ministro de la Guerra y la Marina. Aunque no tenía ningún título de la escuela militar, López Contreras intentó modernizar el ejército nacional que Gómez había formado. Visitó Europa, varios países latinoamericanos y los Estados Unidos con el objeto de estudiar la organización y formación militares. En el seno del ejército, López Contreras se movía entre los conservadores generales de Táchira y los impacientes oficiales jóvenes que querían combinar las novedades en los capítulos de material, tácticas y organización con un papel más enérgico y más nacionalista para las fuerzas armadas. López Contreras disfrutaba de cierto apoyo entre los civiles, que le consideraban más culto y razonable que muchos de sus ignorantes colegas de Táchira. Después del largo reinado de Gómez, muchos civiles temían que la ausencia de un césar democrático, como Laureano Vallenilla Lanz había llamado a Gómez, permitiera que el tejido social se disolviese, lo que provocaría la vuelta de los conflictos y la inseguridad del siglo XIX. Incluso moderados que despreciaban la corrupción, la falta de libertad política y la imagen provinciana de la dictadura de Gómez recelaban de los cambios rápidos. A falta de partidos políticos organizados —exceptuando el clandestino Partido Comunista— o de instituciones políticas civiles, muchos estaban dispuestos a aceptar a López Contreras como presidente mientras fuera capaz de mantener el orden y proporcionar una transición a una forma de gobierno constitucional. Así pues, al morir Gómez, el 17 de diciembre de 1935, el Consejo de Ministro nombró a López Contreras presidente interino, «elección» que el Congreso ratificó el 2 de enero de 1936.

LA TRANSICIÓN POSGOMECISTA, 1936-1945

López Contreras no vaciló en recurrir al ejército y a la policía para controlar las manifestaciones populares que estallaron en enero de 1936 al asumir él la presidencia. Al mismo tiempo, dio un paso sin precedentes al prometer una serie de reformas sociales, económicas y políticas que recibirían el nombre colectivo de «el Programa de Febrero». En lo sucesivo, el gobierno asumiría oficialmente la responsabilidad del desarrollo económico y del bienestar y la salud de sus ciudadanos. Nuevos grupos económicos y sociales —el trabajo, los profesionales, los industriales— vieron la posibilidad de que existiese un gobierno que por primera vez respondiera a sus necesidades. Asimismo, de forma muy parecida a su contemporáneo Lázaro Cárdenas, presidente de México, López Contreras se impuso la obligación de visitar todos los puntos del país y fue el primer presidente venezolano que usó eficazmente la radio para obtener apoyo a un programa nacional. López Contreras trató de instaurar un sistema político más abierto, aunque creía que un gobierno plenamente democrático sólo podría introducirse de forma gradual. Primero había que «enseñar» al pueblo venezolano a confiar en los líderes moderados y a dar la espalda a los demagogos y agitadores. López Contreras, por tanto, seguía compartiendo la opinión de que la presidencia tenía que ser capaz de manipular el sistema político y consideraba que la política competitiva daba pábulo a la destrucción y el despilfarro. En 1937 el presidente declaró ilegal la actividad política abierta, mandó a sus adversarios políticos al exilio y se desdijo de algunas de las promesas más radicales del Programa de Febrero. Sin embargo, no volvió a los excesos de la represión de Gómez y permitió reducir el mandato presidencial de siete a cinco años en la Constitución de 1936, a la vez que anunciaba que entregaría el poder en 1941.

Al parecer, López Contreras acarició la idea de permitir que un civil le sucediera por medio de elecciones directas. Pero su propio conservadurismo natural y las protestas de sus colegas militares de Táchira le persuadieron para seguir una senda más segura y designar como sucesor suyo al ministro de la Guerra, el general Isaías Medina Angarita. El novelista Rómulo Gallegos proporcionó la oposición simbólica en la «elección», en la cual el Congreso votó abrumadoramente a favor de Medina Angarita.

Medina Angarita pertenecía a una generación más joven de militares de Táchira y había pasado la mayor parte de su vida adulta en Caracas. Había mantenido una lealtad invariable tanto a Gómez como a López Contreras y afirmado que no tenía ambiciones ni intereses políticos hasta que López Contreras le había nombrado ministro de la Guerra en 1936. Medina Angarita, que fue uno de los primeros en sacar un título de la Academia Militar de Caracas, era más popular entre los oficiales jóvenes y más profesionales que entre los viejos colegas tachirenses de Castro y Gómez, que estaban preocupados porque le consideraban excesivamente blando. De hecho, Medina Angarita amplió las iniciativas económicas y sociales de López Contreras y llegó al extremo de aprobar su modesto programa de seguridad social por medio del Instituto de Seguro Social. Bajo su presidencia hubo en Venezuela más actividad política que en cualquier otro momento desde las postrimerías del siglo XIX. A diferencia de López Contreras, Medina Angarita formó un partido oficial de gobierno, el Partido Democrático Venezolano, y permitió que otros partidos, entre ellos el de los comunistas, actuaran sin disimulo. De acuerdo con la táctica del frente popular que el Comité aprobó a partir de mediados de los años treinta, muchos comunistas cooperaron con un gobierno que era muy respetado porque no tenía presos políticos y daba muestras de notable imparcialidad en su programa y en sus actos.

Tanto López Contreras como Medina Angarita adoptaron una actitud más firme al tratar con las compañías petroleras extranjeras. Manifestaciones, huelgas e incendios provocados en los campos petrolíferos después de la muerte de Gómez en 1935 indicaron que el nacionalismo popular iba en aumento. La nacionalización del petróleo mexicano en 1938 y el estallido de la segunda guerra mundial reforzaron la posición de López Contreras al revisar las leyes sobre el petróleo. En 1938 una nueva ley dio al gobierno mayor autoridad para supervisar la industria del petróleo y el derecho a ingresos más elevados. Por regla general, las compañías hacían caso omiso de dichas leyes, pero Medina Angarita incrementó la presión promulgando nuevas leyes fiscales en 1942. Un año después promulgó una nueva ley del petróleo que anuló toda la legislación previa. La nueva ley requería que las compañías petroleras compartieran los beneficios a partes iguales con la nación, para lo cual se incrementaron los impuestos de explotación iniciales y los royalties. También puso fin a la exención arancelaria de las compañías y fomentó la refinación nacional. Dado que el departamento de Estado norteamericano instaba a los países del hemisferio a cooperar durante la guerra, las compañías aceptaron las nuevas leyes a cambio de una mayor seguridad para sus concesiones. Recibieron garantías de que se rebajarían los aranceles con el fin de no frenar las importaciones, de que el gobierno abandonaría la investigación de un asunto de títulos que estaba en litigio y de que se prorrogarían las concesiones que debían expirar en el decenio de 1960. La ley del petróleo promulgada en 1943, con pequeñas revisiones posteriores, siguió en vigor hasta la nacionalización de la industria petrolera en 1976. Algunos de los adversarios de Medina Angarita, entre ellos miembros del partido que acababa de formarse con el nombre de Acción Democrática (AD), criticaron la ley de 1943 por no ir lo suficientemente lejos. Las leyes, sin embargo, eran menos importantes que la intención y la capacidad gubernamentales de hacerlas cumplir. En las circunstancias de los primeros años cuarenta, con pocos expertos nacionales en petróleo, el gobierno venezolano siguió estando en desventaja al tratar con las compañías, prescindiendo de la nueva legislación.

El aumento de los ingresos que producían las compañías petroleras permitió a las Administraciones López Contreras y Medina Angarita ampliar el papel del estado en la dirección de la economía, a pesar de la tenacidad de los principios del laissez faire, y, en particular, desviar dichos ingresos hacia otras actividades productivas, en especial la agricultura. López Contreras anunció el primer plan trienal de desarrollo de Venezuela en 1938 y creó dos ministerios nuevos que pasaron a formar parte del gabinete: el de Agricultura y Ganadería y el de Trabajo y Comunicaciones. Un banco nuevo, el Industrial, se encargó de proporcionar créditos para la industria, a la vez que la Oficina Nacional de Cambios regulaba los tipos de cambio y el Banco Central de Venezuela supervisaba la política fiscal y monetaria. A pesar de todo, Venezuela seguía siendo demasiado pobre, su población seguía estando demasiado incapacitada en el campo laboral, y sus líderes seguían siendo demasiado inexpertos para poder dictar las condiciones del desarrollo de la nación y el papel del país en el sistema económico mundial.

Durante la depresión el gobierno venezolano había fomentado el desarrollo interno y proporcionado algunos puestos de trabajo por medio de grandes desembolsos en concepto de obras públicas. Gómez dio el primer paso importante hacia la construcción de un moderno sistema de carreteras al ordenar que se construyera la Carretera Transandina, que comunicaba los estados andinos de Caracas. (Gómez también se percató de las ventajas militares de un sistema de carreteras nacionales que le permitiese sofocar las rebeliones regionales). López Contreras y Medina Angarita dieron prioridad a comunicar los campos petrolíferos con los puertos y los citados campos y las ciudades provinciales con Caracas. La mayoría de las nuevas carreteras conducían a Caracas y la convertían en un «cuello de botella» por el cual tenía que pasar gran parte del transporte del este al oeste del país, lo que reforzaba la ciudad como centro de la nación. También se utilizaba cada vez más el transporte aéreo para conectar la capital con las provincias más alejadas y el gobierno invirtió en unas líneas aéreas nacionales, Aereopostal.

En el momento de fallecer Gómez, la población de Venezuela era escasa, rural, en gran parte mestiza y concentrada a lo largo del pasillo costero y en los estados andinos. Durante el período colonial pocas cosas habían atraído a los europeos a Venezuela: no existía una numerosa población india que pudiera utilizarse como mano de obra y tampoco se encontraban en el país minerales preciosos. La situación no había cambiado mucho en el siglo XIX, excepción hecha de la intensificación de la densidad demográfica a lo largo de la costa septentrional. Existían pequeños enclaves de población indígena en el inexplorado lejano sur y en el delta del Orinoco. (Los indios guajiros y motilones asentados alrededor del largo Maracaibo se encontraron sometidos a una creciente presión externa después del decenio de 1920, pero demostraron ser muy resistentes). La zona costera que va de Caracas a Campano, en el este, retuvo una huella cultural claramente afrovenezolana que derivaba de los esclavos importados a la región durante el período colonial para que trabajasen en las plantaciones y las minas de sal de la península de Araya. La distribución de la población empezó a cambiar a principios del siglo XX cuando los campos petrolíferos y la construcción y el comercio urbanos atrajeron a más campesinos hacia las ciudades y hacia el lago Maracaibo. La urbanización adquirió velocidad: la población que vivía en ciudades de más de 100.000 habitantes aumentó a 313.352 almas en 1936 a 405.000 en 1946 (y a 1.697.000 en 1958). Al mismo tiempo, la dominación de Caracas aumentó al crecer el número de sus habitantes de 203.342 en 1936 a 495.064 en 1950 (786.863 en 1961).

La salud empezó a mejorar en el decenio comprendido entre la muerte de Gómez y la revolución de 1945. Con la nueva riqueza producida por el petróleo, los servicios médicos que las compañías petroleras proporcionaban a sus trabajadores, los avances científicos en la guerra contra las enfermedades tropicales y los modestos programas que pusieron en marcha los gobiernos López Contreras y Medina Angarita, la incidencia de la malaria comenzó a disminuir. La esperanza de vida era tan sólo de 38 años en 1936, pero subió hasta 43,2 años en 1941,53,9 en 1950 y 60,9 en 1961. Mientras tanto, la población creció de 2.479.525 personas en 1920 a 3.364.347 en 1936, 5.034.838 en 1950 y 7.523.999 en 1961, y cabe señalar que el crecimiento posterior a 1945 reflejaba una considerable afluencia de inmigrantes europeos: italianos, portugueses y españoles.

La vida de las mujeres también empezó a cambiar. En 1936 reclamaban el sufragio femenino organizaciones como la Agrupación Cultural Femenina, la Acción Femenina y la Asociación Venezolana de Mujeres. Las mujeres conquistaron el derecho a votar en las elecciones municipales en 1942, pero el sufragio universal no llegó hasta 1947. Algunas mujeres participaron en grupos de protesta por el encarcelamiento de estudiantes en 1928 y otras más numerosas, tomaron parte en las actividades estudiantiles y políticas en los años treinta. El ritmo creciente de la organización política impulsó a las mujeres a salir a la calle, efecto que también tuvieron las nuevas posibilidades de empleo que acompañaron a la expansión de la industria del petróleo, de la burocracia gubernamental y del comercio urbano. Por supuesto, hacía ya tiempo que las mujeres trabajadoras de las zonas rurales y urbanas formaban parte de la población activa, ya que con frecuencia eran el único sostén de sus hijos. La inseguridad del empleo, la pobreza general y la debilidad de la Iglesia católica significaban que relativamente pocas parejas venezolanas solemnizaban su unión con un matrimonio legítimo. Sólo el 24,4 por 100 de la población de más de quince años de edad estaba casado en 1941. La tendencia continuó ascendiendo en los decenios siguientes, pero continuó siendo baja, aunque las estadísticas matrimoniales no indican nada, desde luego, sobre la estabilidad de las uniones consensuales. El creciente número de matrimonios, la creación de instituciones gubernamentales y privadas para proteger a los niños abandonados y la mejora de las oportunidades de empleo para las mujeres (así como para los hombres) puede que contribuyeran a aumentar un poco las condiciones estables para los niños.

El crecimiento de una clase trabajadora industrial representó el mayor desafío al sistema creado por Gómez, cuya base era rural. El movimiento obrero había tardado en convertirse en una fuerza política tanto porque había poca industria como porque sucesivas dictaduras a partir de 1899 habían prohibido la organización del trabajo por considerarlo «comunista». Así, en las huelgas ocurridas en los campos de petróleo en 1925 no se habían distinguido líderes ni habían tenido objetivos claros. La primera huelga seria de trabajadores del petróleo no ocurrió hasta 1936. El presidente López Contreras hizo varios gestos conciliatorios dirigidos a los trabajadores pero puso algunos sindicatos fuera de la ley y decretó el final de la huelga de diciembre 1936 - enero 1937 antes de que se hubieran satisfecho las exigencias de los trabajadores. Los sindicatos siguieron siendo vulnerables a la coacción del gobierno hasta después de la segunda guerra mundial, y de nuevo durante la dictadura de Pérez Jiménez, pero es claro que a partir de 1936 el gobierno se vio obligado a tenerlos en cuenta. Aunque apoyó las exigencias de los trabajadores más que López Contreras, Medina Angarita suspendió el Segundo Congreso de los Trabajadores en marzo de 1944 y canceló el reconocimiento de algunos sindicatos, aparentemente porque los delegados habían expresado su apoyo al Partido Comunista. La medida debilitó al movimiento obrero organizado al tiempo que reforzaba a la AD, que era la principal influencia no comunista entre los trabajadores. La AD también tomó la iniciativa en la organización de los trabajadores rurales, descuidados en gran parte por los comunistas. La afiliación campesina a los sindicatos subió de 482 personas en 1936 a 6.279 en 1945.

Sucesivos gobiernos mostraron mayor flexibilidad ante las asociaciones de empleados administrativos y comerciantes. Grupos nuevos surgidos en los años treinta y cuarenta siguieron el ejemplo de los abogados, médicos, dentistas, farmacéuticos e ingenieros que habían formado asociaciones profesionales a principios del siglo XX, y en el decenio que siguió a la desaparición de Gómez nacieron asociaciones de maestros, periodistas y empleados públicos. Organizaciones formadas por escritores y por estudiantes surtieron un efecto superior al que cabía esperar de su importancia numérica, aunque fueron objeto de mayor hostigamiento por parte del gobierno que los grupos profesionales. La primera convención nacional de las Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción se celebró en 1944 y sirvió para unir a las asociaciones comerciales e industriales que ya existían, además de convertirse en la precursora de Fedecámaras.

La creciente clase media era servida por nuevos programas de radio, nuevos periódico, como por ejemplo, El Nacional, y nuevas revistas literarias tales como Cultura Venezolana y El Morrocoy Azul. Mientras que estos órganos nuevos estaban dirigidos y eran escritos por venezolanos, las cadenas editoriales y las agencias de noticias extranjeras llegaron a ejercer una gran influencia después de la segunda guerra mundial. Novelistas venezolanos como Rómulo Gallegos (Doña Bárbara, 1929), Ramón Díaz Sánchez (Mene, 1936) y Miguel Otero Silva (Fiebre, 1939) llamaron la atención sobre los problemas rurales, la persecución de que eran víctima obreros y estudiantes y la arrogancia de las compañías petroleras extranjeras. Es significativo que no todos los extranjeros, ni siquiera los que tenían que ver con las compañías petroleras, sufriesen a manos de estos escritores. La literatura y la vida política venezolanas expresaron una atracción común hacia una alianza entre clases distintas que, con la ayuda responsable del capital extranjero, trabajase para reformar las tradicionales estructuras políticas, económicas y sociales. Pero el creciente radicalismo de los trabajadores después de 1935 contribuyó a confirmar la percepción de que dictadores y comerciantes extranjeros habían formado una alianza que no era lo que más convenía a la nación.

López Contreras y Medina Angarita presidieron una prudente política exterior, aunque fue una política más sensible al desarrollo en todo el mundo de lo que había sido la de Gómez. Venezuela había ingresado en la Sociedad de Naciones en 1920 y participado activamente en la Unión Panamericana desde el momento de fundarse la misma. Sin embargo, Gómez creía que algunas organizaciones internacionales —en especial la Oficina Internacional del Trabajo— intervenían demasiado en los asuntos internos de las naciones, y no veía ninguna ventaja en aumentar el papel internacional de Venezuela. En 1936 Venezuela se retiró de la Sociedad de Naciones cuando ésta entró en crisis debido a la invasión de Etiopía. Las relaciones con los Estados Unidos adquirieron más importancia al responder Washington a las amenazas del fascismo europeo fomentando la cooperación en el hemisferio.

A pesar de su actitud más nacionalista ante las compañías petroleras, López Contreras y Medina recibieron la aprobación de los Estados Unidos porque evitaron los excesos de la dictadura de Gómez. Venezuela también se benefició de la mayor flexibilidad de la política latinoamericana del presidente Franklin Delano Roosevelt, cuya política de «Buen vecino» instaba a las empresas norteamericanas a «darles una participación» y proporcionaba asesoramiento económico y préstamos para la agricultura, el comercio y los proyectos de obras públicas. Se benefició todavía más cuando el departamento de Estado norteamericano instó a las compañías petroleras estadounidenses a negociar de buena fe con Venezuela sobre las nuevas leyes de 1943 referentes al petróleo.

La negociación de un nuevo tratado comercial con los Estados Unidos entre 1936 y 1939 puso de relieve los límites de la autonomía venezolana. El gobierno de Caracas buscaba un tratado que limitara cuidadosamente las importaciones extranjeras y estimulara las exportaciones venezolanas ajenas al petróleo. El ministro de Asuntos Exteriores, Esteban Gil Borges, propuso que el petróleo se excluyera por completo del tratado y arguyó que las concesiones comerciales correspondientes al petróleo no beneficiaban a Venezuela, sino a las compañías extranjeras y a las refinerías de Curasao. Sin embargo, la propuesta de instaurar cierto grado de proteccionismo era contraria al plan norteamericano, que pretendía impulsar sus exportaciones mediante una serie de medidas librecambistas y cláusulas de nación más favorecida en los acuerdos comerciales. Debido a las presiones de las compañías petroleras y a las amenazas en el sentido de que el Congreso de los Estados Unidos pensaba complacer a los proveedores nacionales imponiendo cupos a la importación de petróleo extranjero, los venezolanos se dieron por vencidos y aceptaron el borrador del tratado que proponían los Estados Unidos. La falta de una clase industrial fuerte y los temores a que se produjese una interrupción del comercio en el caso de que hubiera una guerra no les dejaron muchas posibilidades de elegir. El acuerdo virtualmente aseguraba a los productos norteamericanos la libre entrada en el mercado venezolano, reducía los ingresos arancelarios, aumentaba la dependencia respecto de las exportaciones de petróleo y empujaba inexorablemente a Venezuela hacia la órbita económica de los Estados Unidos. También limitaba la puesta en práctica de una eficaz política de substitución de las importaciones durante el período crítico en que otras naciones latinoamericanas comenzaron la expansión de su capacidad industrial.

La preocupación por la defensa del hemisferio y el reconocimiento de la vulnerabilidad militar de Venezuela reforzaron los vínculos políticos y militares con los Estados Unidos. Poco antes de Pearl Harbor, Caracas rompió sus relaciones con las potencias del Eje, pero siguió siendo técnicamente neutral con el fin de evitar ataques por parte de los alemanes. Causó gran conmoción la pérdida de vidas venezolanas cuando un submarino alemán hundió varios petroleros ante la costa de la península de Paraguaná en 1942. Venezuela declaró finalmente la guerra en 1945 con el objeto de tener derecho a participar en la fundación de las Naciones Unidas.

Las necesidades de la guerra fomentaron el aumento de la conciencia nacional y de la definición y la defensa de las fronteras de la nación. En 1941 se firmó un tratado en virtud del cual la frontera con Colombia quedaba fijada en la península de Guajira, aunque Venezuela denunciaría más adelante este tratado diciendo que perjudicaba sus intereses nacionales. Durante la contienda, Medina sostuvo que la defensa del golfo de Venezuela era responsabilidad exclusiva del país. En 1942, Gran Bretaña y Venezuela firmaron el Tratado del Golfo de Paria, que delimitaba las fronteras marítimas y las plataformas submarinas entre Trinidad y Venezuela.

Las circunstancias excepcionales de la guerra y la necesidad de defender tanto los recursos estratégicos como el territorio nacional aumentaron la importancia de las fuerzas armadas. Gómez había dado algunos pasos hacía la centralización y la profesionalización de las fuerzas armadas al inaugurar la Academia Militar en 1910 y eliminar paulatinamente a todos los demás caudillos regionales. Sin embargo, el papel principal de los militares bajo Gómez fue de ámbito nacional y consistió en sofocar las revueltas internas y espiar a los enemigos del dictador. La profesionalización se vio obstaculizada por el favoritismo de Gómez para con los tachirenses a la hora de conceder ascensos y beneficios. A partir de 1935 la educación y la preparación mejoraron y varios oficiales jóvenes y prometedores estudiaron en Perú, Francia y los Estados Unidos. Debido a la influencia de sus colegas peruanos y argentinos, que tenían un concepto más alto de la misión nacional, y del ambiente marcial generalizado que se respiraba en Europa, los oficiales jóvenes empezaron a sentirse descontentos de su posición en Venezuela. Aspiraban a un sistema político y económico moderno en el cual unas fuerzas armadas profesionales y bien preparadas desempeñarían un papel más destacado. En 1942 un grupo de oficiales jóvenes fundó una logia militar secreta, la Unión Patriótica Militar (UPM). Este grupo de conspiradores creció rápidamente bajo el liderazgo de Marcos Pérez Jiménez, Martín Márquez Añez, Mario Ricardo Vargas, Julio César Vargas y Carlos Delgado Chalbaud, director académico de la Academia Militar.

Al mismo tiempo, se había formado una oposición política de carácter civil cuyos orígenes estaban en la revuelta estudiantil de 1928. El encarcelamiento y el exilio de los líderes estudiantiles dieron comienzo a la educación política de la generación de venezolanos que dominarían la nación desde el decenio de 1940 hasta el de 1980. Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Ricardo Montilla, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Miguel Otero Silva, Juan Bautista Fuenmayor y otros se exiliaron después de que Gómez los excarcelara. Conscientes de su ignorancia política, los jóvenes exiliados se dedicaron activamente a leer, debatir y cruzar correspondencia en un esfuerzo por comprobar la historia de su nación e idear un sistema político apropiado.

No todos los rebeldes de 1928 sacaron la misma conclusión política. Algunos, como el novelista Miguel Otero Silva y Juan Bautista Fuenmayor, se sintieron atraídos con más fuerza por el comunismo. Exiliados venezolanos formaron partidos comunistas en el extranjero o se afiliaron a los que ya existían en los países donde se habían refugiado y en 1931 se fundó un Partido Comunista clandestino en la propia Venezuela. El Partido Comunista venezolano tenía lazos con la Oficina Antillana de la Tercera Internacional, pero no funcionó eficazmente durante la dictadura. La rigidez del Comitem y la creencia dogmática de que América Latina no interpretaría un papel importante en la revolución mundial fueron las causas de que los líderes internacionales menospreciaran la organización en la región.

Aliados al principio con algunos de los adversarios más tradicionales de Gómez, tales como José Rafael Pocaterra, Rómulo Betancourt y sus amigos empezaron a formular un claro programa de reforma política. Entre 1928 y 1936 combinaron elementos del marxismo con influencias recibidas de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) peruana y las doctrinas de la revolución mexicana. En 1931 hicieron público el Plan de Barranquilla, que era un programa liberal y populista destinado a obtener el apoyo de los trabajadores y los campesinos venezolanos además de los exiliados liberales de talante más tradicional.

Betancourt dio luego un giro hacia la izquierda al colaborar con el Partido Comunista de Costa Rica entre 1932 y 1936. Sin embargo, cuando volvió a Venezuela en 1936 ya estaba convencido de que el comunismo no era apropiado para Venezuela o de que provocaría represalias de las compañías petroleras y el gobierno de los Estados Unidos. Posteriormente se mostraría enemigo irreconciliable del comunismo[2].

Los adversarios del sistema Gómez-López Contreras se unieron brevemente en 1936, pero no lograron formar una alianza duradera. En mayo de 1936 estudiantes católicos conservadores capitaneados por Rafael Caldera rompieron con la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) encabezada por Jóvito Villalba debido a sus ataques contra la Iglesia. Caldera formó un grupo rival, la Unión Nacional Estudiantil (UNE), en tomo al cual gravitaba una serie de grupos políticos cuya organización era poco compacta. La Iglesia católica nunca había sido fuerte en Venezuela y el presidente Antonio Guzmán Blanco le había asestado varios golpes duros a finales del siglo XIX. A pesar de ello, las escuelas católicas habían desempeñado un papel importante en la educación de la élite venezolana, con la cual los portavoces de la Iglesia solían estar de acuerdo en lo que se refería a los peligros del comunismo internacional en general y de los venezolanos jóvenes y exaltados que criticaban a la Iglesia o representaban una amenaza para su misión educativa en particular.

La izquierda comunista y la no comunista continuaron colaborando y en octubre de 1936 formaron el Partido Democrático Nacional (PDN). Los aliados de Betancourt recelaban de los comunistas, pero siguieron cooperando con ellos, públicamente hasta que López Contreras puso a las asociaciones izquierdistas fuera de la ley en 1937 y clandestinamente durante algún tiempo a partir de entonces. Los asuntos exteriores también dividieron a los diversos grupos, ya que Betancourt y los comunistas eran partidarios de la República española mientras que los colegas de Caldera lo eran del general Francisco Franco. De estas asociaciones políticas del decenio de 1930 saldrían los principales partidos políticos de la Venezuela moderna: la AD de Betancourt, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) de Gustavo y Eduardo Machado, el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) de Caldera y la Unión Republicana Democrática (URD) de Villaba. La organización clandestina activa, especialmente en el caso de la AD de Betancourt, permitió que los movimientos sobreviviesen e incluso crecieran, hasta que Medina levantó la prohibición que pesaba sobre la actividad política.

En septiembre de 1941 se fundó AD —cuyos orígenes se remontaban al movimiento estudiantil de 1928, el Plan de Barranquilla, la FEV y el PDN— como partido político legal. Sus líderes demostraron poseer habilidad organizando a los campesinos rurales y los trabajadores industriales, y también se atrajeron a la creciente clase media profesional. Cuando el presidente Medina disolvió el Congreso Obrero Nacional —que se hallaba bajo la influencia de los comunistas— en 1944, la AD ocupó su lugar y llegó a dominar al trabajo organizado. Era el único de los partidos existentes en 1945 que se había negado a colaborar con Medina y que, además, insistía en que se efectuaran reformas políticas de signo liberal tales como la elección directa del sucesor de Medina. Con todo, incluso en 1945 la AD era indudablemente un partido minoritario impetuoso y carente de experiencia. La mayoría de los venezolanos apoyaban a Medina y su régimen tolerante. Los grupos más inquietos y peligrosos parecían ser los antiguos gomecistas y los lopecistas, que se quejaban de la actividad sin precedentes de las organizaciones de izquierdas y distaban mucho de haber perdido la esperanza de volver al poder.

EL TRIENIO, 1945-1948

Los venezolanos continúan debatiendo en torno a si el movimiento armado que apeó al presidente Medina Angarita de su cargo el 18 de octubre de 1945 fue necesario o merece el nombre de «revolución». Medina había hablado de su sucesor preferido, Diógenes Escalante, el embajador de Venezuela en Washington, con los líderes de la AD, que creían que Escalante intensificaría las reformas de Medina y permitiría que se celebrasen elecciones presidenciales directas al concluir su mandato. Así pues, aprobaron la decisión de Medina. Por desgracia, Escalante cayó enfermo de gravedad antes de que el Congreso pudiera elegirle y la AD no se fiaba del hombre al que Medina había designado para que le substituyera. Se produjo una crisis de sucesión y corrieron rumores de que el ex presidente López Contreras pensaba ponerse a la cabeza de un golpe militar para reconquistar el poder.

Los manipuladores del poder en 1945 resultaron ser los jóvenes oficiales de la Unión Patriótica Militar. Cansados de Medina y preocupados por la posibilidad de que López Contreras volviese al poder, también veían con malos ojos a los viejos generales gomecistas que representaban un obstáculo para sus ambiciones, tanto personales como nacionales. Muchos de los oficiales jóvenes coincidían con los reformadores civiles en pensar que las esferas militares y política del gobierno debían estar rigurosamente separadas. Buscaron un grupo civil que pudiera unirse a ellos en su conspiración y darles más legitimidad de la que obtendrían de una rebelión cuartelera y compartir el poder. Dado que el único partido independiente de Medina, López Contreras y los comunistas era la AD, Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbaud, Luis Felipe Llovera Paéz y sus compañeros concertaron un encuentro con los líderes de la AD para proponerles una alianza. Mientras la solución intermedia que representaba Escalante siguió siendo posible el grupo de Betancourt rechazó estas propuestas. Posteriormente, sin embargo, y a pesar de las suspicacias que Pérez Jiménez despertaba en Betancourt, la AD decidió unirse a los oficiales jóvenes. Esta decisión tendría repercusiones importantes en la política venezolana durante los cuarenta años siguientes. La participación en el golpe proporcionó al partido una tradición «revolucionaria» que, al igual que en el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano, le permitiría presentarse como el partido de la revolución. A diferencia de los revolucionarios mexicanos, sin embargo, la AD derribó al gobierno más liberal que Venezuela había visto hasta entonces y lo derribó en calidad de socio subordinado de una conspiración militar.

El golpe propiamente dicho no llegó a ser dramático. El 17 de octubre, el gobierno Medina descubrió la conspiración y detuvo a Pérez Jiménez. La detención provocó la revuelta y Medina no opuso resistencia. Con cierta sorpresa, el 18 de octubre, los conspiradores se encontraron instalados en el despacho presidencial del palacio de Miradores tratando de formar gobierno. Rómulo Betancourt se convirtió en presidente interino y miembro de la AD y otros civiles ocuparon todos los puestos del gabinete menos dos: el mayor Carlos Delgado Chalbaud se convirtió en ministro de Defensa y el capitán Mario Vargas se puso al frente del Ministerio de Comunicaciones.

Durante tres años —que en la historia política de Venezuela se conocen por el nombre de «el trienio»— las fuerzas armadas hicieron honor al compromiso que habían contraído y permitieron que gobernasen los civiles. Betancourt desempeñó el cargo de presidente interino hasta que en 1948 le substituyó Rómulo Gallegos, que había sido elegido en diciembre de 1947. La AD obtuvo más del 70 por 100 de los votos en las cuatro elecciones que tuvieron lugar en octubre de 1946 y mayo de 1948 (para la Asamblea Constituyente, el Congreso, la presidencia y los concejos municipales). Los otros dos principales partidos no comunistas no se inscribieron oficialmente hasta 1946. Rafael Caldera dirigía el partido demócrata cristiano, bautizado con el nombre de Comité de Organización Política Electoral Independiente, y un líder estudiantil de 1936, Jóvito Villaba, dirigía la URD. De aquí que la AD —y Rómulo Betancourt— reivindicase la mayor parte del mérito y recibiera la mayor parte de la culpa de las medidas que se tomaron durante el trienio.

La AD procedió rápidamente a organizar a sus aliados y constituyentes y a poner en práctica el programa político que había formulado desde 1928. Siguiendo los ejemplos del APRA peruano, el PRI mexicano, el leninismo y su propia experiencia clandestina del decenio de 1930, los líderes de la AD creían que la clave del éxito consistía en un partido político disciplinado. Estaban decididos a no dejar un solo distrito o municipio sin su sede de la AD. De los aproximadamente 80.000 afiliados que tenía en 1941, el partido llegó a contar con casi medio millón en 1948. Se convirtió en el primer partido verdaderamente nacional de Venezuela; su éxito eliminó virtualmente a los partidos regionales e impidió, hasta cierto punto, la eficaz expresión política de los intereses de las regiones.

La AD también se esforzó por influir en las principales asociaciones obreras y profesionales, así como por dirigirlas. El adeco Ramón Quijada fundó y capitaneó la Federación Campesina Venezolana y simpatizantes de la AD dominaban la Confederación de Trabajadores de Venezuela, fundada en 1947 con el fin de poner los sindicatos urbanos y rurales bajo el control de la AD. La expansión del gobierno y de los servicios, en especial de la educación, proporcionó empleos y patronazgo que sirvieron para atraer el apoyo de los nacientes sectores intermedios. La AD dio a las mujeres el derecho a votar en las elecciones nacionales por primera vez y a cambio recibió el apoyo de muchas de ellas.

La nueva Constitución venezolana de 1947, aunque pronto sería derogada, creó la estructura de una filosofía política que volvería a cobrar vida en la Constitución de 1961. (Entre ellas hubo otra, la de 1953, que se hizo eco de la revisión que en 1945 se efectuara de la de 1936). Garantizaba la libertad política, los derechos laborales y civiles y obligaba al gobierno a tomar medidas para promover el desarrollo económico y el bienestar social. Conservaba un elemento de federalismo, toda vez que se dejaron poderes residuales a los estados, pero los nuevos poderes del gobierno central reducían generalmente los estados a la condición de divisiones administrativas con poca autonomía. El preámbulo de la Constitución afirmaba que Venezuela sería gobernada por un sistema democrático. Por primera vez los votantes podían elegir al presidente y a los miembros de las dos cámaras del Congreso por medio del sufragio directo y universal. Los ciudadanos también tenían derecho a la educación, a la seguridad social y a la salud. El estado imponía límites a la libertad económica individual: el gobierno podía «dictar medidas económicas con el objeto de planificar, racionalizar y potenciar la producción, así como reglamentar la circulación y el consumo de la riqueza, con el fin de conseguir el desarrollo de la economía nacional»[3]. Durante el trienio, sin embargo, el capital privado, tanto nacional como extranjero, fue invitado a ayudar a desarrollar la economía de la nación. El estado interpretó un papel directo en el desarrollo económico sólo en los casos de infraestructura y los servicios (carreteras, electricidad en algunas regiones) o en sectores clave tales como la refinación de petróleo o cuando la respuesta del capital privado no era suficiente.

Aunque su retórica era nacionalista, el gobierno del trienio no adoptó una actitud agresiva ante las compañías petroleras. El control nacional de la industria del petróleo era un objetivo a largo plazo, pero los líderes de la AD reconocieron que Venezuela dependía excesivamente del petróleo para arriesgarse a hacerse cargo de la industria en los años cuarenta. Todos los otros planes de desarrollo exigían el flujo ininterrumpido y creciente de los ingresos que producía el petróleo. El gobierno de la AD anunció que la nación no vendería más concesiones a extranjeros, pero dejó claro que las concesiones que ya existían serían tratadas de forma justa. En efecto, actualizó la estrategia de bajo riesgo que pusiera en marcha Juan Vicente Gómez, pero sin desviarse de ella. Las leyes de 1943 sobre el petróleo siguieron estando en vigor, pero el ministro de Desarrollo, Juan Pablo Pérez Alfonso, logró un incremento de la parte de los beneficios que correspondía a la nación, que pasó a ser del 50 por 100. Refinar más petróleo en Venezuela se convirtió en un objetivo clave de la AD. Las compañías petroleras habían construido refinerías inmensas en las Antillas Holandesas, enfrente de la costa venezolana, y en 1945 las tres refinerías venezolanas, que eran pequeñas, trataban solamente alrededor del 10 por 100 del petróleo crudo de la nación. EN 1947 el aumento de la capacidad significó que la nación pronto podría doblar la cantidad de petróleo que se refinaba en ella y aumentar tanto los puestos de trabajo como la producción industrial.

La Corporación Venezolanade Fomento (CVF) se creó para proporcionar crédito y ayuda técnica para el desarrollo económico, especialmente en determinados campos de servicios básicos y productos de consumo. Los líderes de la AD invitaron a las compañías petroleras a ayudar a «sembrar el petróleo» en el desarrollo industrial venezolano. Mediante la intercesión de Betancourt con Nelson Rockefeller de la Standard Oil (la Creóle en Venezuela), la compañía petrolera y el gobierno crearon conjuntamente la Venezuela Basic Economy Corporation (VBEC), que complementó la inversión de la CVF, especialmente en hoteles y otros servicios turísticos, el comercio y los proyectos de nutrición rurales. Las compañías norteamericanas dieron gran importancia a su papel en lo referente a que una parte mayor de la riqueza producida por el petróleo se quedara en el país, pero muchas de las inversiones en artículos de consumo y servicios favorecían a los extranjeros. Por ejemplo, la cadena de supermercados de Rockefeller (CADA) creó un nuevo y gran mercado para los productos alimenticios preparados en los Estados Unidos. El complejo del hierro y el acero que se pensaba construir en Guayana se convirtió en la joya de la corona de la política de industrialización. En ella participarían subsidiarias de la U. S. Steel y de la Bethlehem Steel, el estado venezolano e inversionistas particulares venezolanos. Sin embargo, como se trataba de un proyecto a largo plazo, el trienio propiamente dicho fue testigo de escaso progreso en Guayana. Además, los inversionistas venezolanos temían el riesgo. El capital estatal y el capital extranjero interpretaron el papel principal en este campo.

La AD no se consideraba a sí misma un partido obrero y procuró poner obstáculos a un movimiento obrero autónomo que pudiera representar una amenaza para el gobierno. Durante el trienio se redistribuyó la renta nacional entre las clases trabajadoras, pero la nivelación de los beneficios en 1948 sugiere un debilitamiento de los sectores populares que formaban parte de la alianza multiclasista. Raúl Leoni, el ministro de Trabajo, apoyó las exigencias de los trabajadores hasta ciertos límites solamente. En febrero de 1948 obligó a los trabajadores del petróleo a aceptar un contrato colectivo de tres años que proporcionaba salarios y beneficios generosos. Cuando los salarios reales descendieron un 6 por 100 en los primeros seis meses de 1948, el compromiso de los trabajadores con dicho contrato moderó significativamente las ganancias que se habían obtenido en 1946 y 1947. En 1948, el presidente Gallegos ordenó a los trabajadores de los petroleros que estaban en huelga que volvieran al trabajo porque su huelga perjudicaba la economía nacional.

La política exterior ocupaba un lugar secundario entre las preocupaciones nacionales, pero era más agresiva que hasta entonces y más ideológica. Alentado por la aparición de nuevos gobiernos democráticos al terminar la segunda guerra mundial, Betancourt condenó enérgicamente a los dictadores y los gobiernos que impedían la celebración de auténticas elecciones populares. Venezuela rompió sus relaciones con la España de Franco y retiró a sus embajadores ante los gobiernos dictatoriales de Anastasio Somoza en Nicaragua y Rafael Trujillo en la República Dominicana. Las relaciones con los Estados Unidos generalmente fueron buenas —el presidente Gallegos y su esposa visitaron la nación norteamericana en julio de 1948—, pero Betancourt siguió denunciando la dominación de Puerto Rico por los estadounidenses como residuo del colonialismo.

Todas las iniciativas de la AD despertaron cierta preocupación entre los tradicionalistas venezolanos y otros aspirantes al poder político. Betancourt y sus seguidores eran presentados como arribistas de clase baja cuyos primeros actos podían ser moderados pero que a la larga no eran dignos de confianza. El partidismo activo de la AD causaba desconfianza y algunos sospechaban que Betancourt pretendía que la AD monopolizara la actividad política como el PRI hiciera en México. Habían transcurrido sólo unos cuantos años desde la época del anticomunismo visceral de los gomecistas y algunos venezolanos persistían en identificar los programas de la AD con el comunismo. Los críticos se concentraban principalmente en tres cosas. En primer lugar, el proyecto de ley para una moderada reforma agraria chocó con una oposición enfurecida, más por la clientela campesina que creaba la AD que por la amenaza que representaba para una estructura agraria que ya se había demostrado que era insuficientemente productiva. Algunos predijeron que la ascensión de una alianza obrero-campesina bien organizada permitiría a la AD poner en práctica un programa todavía más radical. En segundo lugar, el decreto de 1946 que incrementaba la regulación estatal de la educación pública y privada provocó la feroz oposición de la Iglesia y los educadores católicos. La Iglesia no era una institución fuerte por derecho propio, pero fortalecía y legitimaba a otros adversarios conservadores del gobierno de Betancourt. Debido a las huelgas estudiantiles, la oposición del Congreso y la tendencia de Betancourt a buscar fórmulas conciliatorias, se eliminaron algunas de las cláusulas más censurables de la Ley de Educación de 1948, pero el daño político ya estaba hecho. Einalmente, la campaña de la AD contra la corrupción administrativa del pasado dio pábulo a una encarnizada polémica. En 1946, el gobierno fundó el Tribunal de Responsabilidades Administrativa, que confiscó las propiedades de quienes habían ocupado puestos importantes en gobiernos anteriores y no podían explicar de forma satisfactoria las fuentes de su riqueza. Muchos venezolanos se tomaron los procesos como ataques vengativos contra hombres honorables tales como Arturo Uslar Pietri y Eleazar López Contreras. Betancourt hizo caso de las numerosas protestas y permitió la devolución de algunas propiedades, pero la AD promulgó una ley contra el enriquecimiento ilícito que en lo sucesivo se emplearía para procesar a los burócratas corruptos.

En 1948, en un entorno de novedosa libertad de prensa y de falta de trabas al debate y la actividad política, la AD tuvo que hacer frente a ataques procedentes de todos los lados. Los oficiales jóvenes que habían invitado a la AD a asumir el poder en 1945 deploraban las constantes divisiones y críticas del trienio. Algunos —el más conspicuo de los cuales era Marcos Pérez Jiménez— temían que Betancourt tuviera el propósito de fortalecer el partido a expensas de las fuerzas armadas. Aunque algunos oficiales desconfiaban más de Betancourt que de Gallegos, el nuevo presidente se mostró menos dispuesto a aplacarlos de lo que quizá se hubiera mostrado Betancourt. Los conspiradores militares presentaron una lista de exigencias a Gallegos en noviembre de 1948, pero el presidente se negó a tenerlas en cuentas. Avisado que se estaba tramando una conspiración, Gallegos no acertó a desbaratarla deteniendo a los cabecillas, entre los que se encontraba el ministro de Defensa, Carlos Delgado Chalbaud. Aunque Betancourt hizo un llamamiento a los trabajadores del petróleo para que se declararan en huelga en apoyo del gobierno, su intervención se produjo cuando ya era demasiado tarde. El 24 de noviembre, Pérez Jiménez, Delgado Chalbaud y sus colegas detuvieron al presidente y a los otros ministros del gabinete. Delgado Chalbaud pasó a presidir una Junta Militar de la cual también formaban parte Pérez Jiménez y Luis Felipe Páez. El experimento trienal de reforma democrática había terminado súbitamente.

DICTADURA, 1948-1958

Muchos venezolanos, cansados de la agitación y de la incertidumbre del trienio, acogieron con los brazos abiertos el golpe militar del 24 de noviembre de 1948. El COPEI y la URD creyeron que podrían hacerse con la iniciativa política después de que la AD fuera puesta al margen de la legalidad. La Iglesia albergaba la esperanza de obtener un papel independiente en la educación y de reforzar su papel de árbitro moral de la sociedad. Los terratenientes contaban con recuperar las tierras que les habían confiscado para la reforma agraria o a modo de castigo por la corrupción. Las compañías petroleras esperaban con ilusión el momento de adquirir nuevas concesiones y de que se aflojaran las rigurosas leyes fiscales. Algunos capitalistas querían que el gobierno subvencionara el crecimiento económico sin hacer concesión alguna al trabajo. Las fuerzas armadas, como es natural, esperaban recibir material más moderno y desempeñar un papel importante en el desarrollo nacional.

Todos los grupos políticos querían aumentar al máximo los ingresos nacionales que producía el petróleo y promover un rápido crecimiento económico. Desde el descubrimiento del petróleo, la mayor parte de la rivalidad política en Venezuela giraba alrededor de una pregunta: ¿Quién debía decidir de qué modo la riqueza obtenida del petróleo se distribuiría dentro del país? Además, había cuatro asuntos que estaban por resolver y que tenían una importancia crítica porque se referían a la forma en que Venezuela entraría en el sistema capitalista: ¿Qué modelo económico conseguiría el máximo desarrollo económico? ¿Qué participación debían tener los inversionistas extranjeros? ¿Qué sectores de la población venezolana debían recibir los principales beneficios? ¿Con qué fuerza debía dictar el gobierno las respuestas a las otras preguntas? La coalición formada por la AD y los militares había propuesto una solución intermedia al gusto de todos. Había escogido el desarrollo capitalista con las inversiones extranjeras y había insistido en que todos los sectores de la sociedad recibieran algunos beneficios, lo cual, en realidad, significaba una ganancia modesta para la clase trabajadora. El estado invertía directamente en el capital humano, pero sólo indirectamente en la economía. Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez y sus aliados cambiaron algunas partes de la fórmula y al elegir se mostraron más astutos que el gobierno de coalición. Encauzaron los beneficios principalmente hacia la burguesía —nacional y extranjera— y se encargaron de que los del trabajo permaneciesen constantes. Asimismo, decidieron que el estado invirtiese directamente en algunas actividades económicas y sólo indirectamente en capital humano, suponiendo que invirtiese en él.

Delgado Chalbaud, en su calidad de presidente de la Junta, no echó a andar inmediatamente en esta nueva dirección. Pareció darse por satisfecho poniendo fuera de la ley algunos sindicatos obreros, a la AD y al Partido Comunista, con lo cual devolvió al país la tranquilidad superficial del sistema gomecista de antes de 1945. Y expresó su disposición a celebrar elecciones y volver al gobierno civil en cuanto quedase restaurado el orden. Se le consideraba en general un militar inteligente y moderado que había recibido una amplia educación durante los años que pasara en Francia. Los partidarios de la AD, huelga decirlo, le tenían por un oportunista y un traidor, y algunos de sus colegas militares opinaban que era demasiado blando. En noviembre de 1950 resultó muerto durante un torpe intento de secuestrarle. El secuestrador, Rafael Simón Urbina, fue muerto por quienes le apresaron y la investigación que se llevó a cabo posteriormente nunca llegó a revelar quiénes habían sido los instigadores. La opinión pública señaló a Marcos Pérez Jiménez como el beneficiario más obvio. Después de un intervalo decente en el cual un civil fue el jefe titular de la Junta, Pérez Jiménez se convirtió en presidente a raíz de unas elecciones amañadas que se celebraron en 1952 y cuyo vencedor fue probablemente Jóvito Villaba, el líder y candidato de la URD. La AD y el Partido Comunista continuaron estando fuera de la ley. Al ver defraudadas sus esperanzas políticas, algunos líderes políticos de la URD y del COPEI se exiliaron, si bien los dos partidos continuaron siendo legales —aunque inactivos— durante el resto de la dictadura.

El ministro del Interior en el gobierno Pérez. Jiménez era Laureano Vallenilla Lanz, hijo del apologista de Gómez que llevaba el mismo nombre y había escrito el libro Cesarismo democrático. Vallenilla Lanz mantuvo una rigurosa censura de prensa y amenazó a los adversarios políticos con la policía, la llamada Seguridad Nacional, cuyo jefe era Pedro Estrada. El gobierno proscribió u hostigó a los sindicatos obreros y campesinos. Inmigrantes italianos, españoles y portugueses substituían gustosamente a los trabajadores venezolanos que se mostraban recalcitrantes. A pesar de ello, ni siquiera estas medidas dieron al gobierno la confianza necesaria para celebrar elecciones competitivas. Cuando llegó el momento de renovar el mandato «constitucional» de Pérez Jiménez en 1957, Vallenilla Lanz organizó un plebiscito sencillo en el cual los votantes —incluidos los extranjeros que llevaran más de dos años residiendo en el país— pudieran indicar si deseaban que Pérez Jiménez continuase en el cargo. Después de casi un decenio, la perspectiva de que el gobierno autoritario continuase resultaba menos atractiva para los venezolanos que en 1948, pero Pérez Jiménez ganó el plebiscito.

El voto extranjero en el plebiscito de 1957 reflejó una serie de cambios ante los cuales los venezolanos se mostraban ambivalentes. Aunque hacía ya mucho tiempo que Venezuela intentaba atraer inmigrantes europeos, el país no empezó a resultar atractivo a ojos de los extranjeros hasta el descubrimiento del petróleo, la limitada modernización económica y política y el estado en que quedó Europa después de la segunda guerra mundial. Después de 1945 llegó a Venezuela una avalancha de italianos, españoles y portugueses (además de ciudadanos de la vecina Colombia), y el porcentaje de extranjeros pasó del 1,3 por 100 de la población en 1941 al 7 por 100 en 1961. La mayoría de ellos, como era de esperar, se estableció en las ciudades, principalmente en Caracas y encontró empleo en la construcción, el comercio y los servicios. Algunos de los más afortunados trajeron capital consigo, o lo obtuvieron rápidamente, y compraron sus propios negocios. Bajo la dictadura de Pérez Jiménez, unos cuantos contratistas de obras extranjeros se hicieron fabulosamente ricos. Los ciudadanos estadounidenses, aunque nunca fueron significativos desde el punto de vista numérico, se hicieron más visibles al abandonar los campos de petróleo para trasladarse a las ciudades con la intención de aprovechar las nuevas oportunidades que se ofrecían a su capital y sus servicios. Probablemente los ingenieros, contables, directores de empresa, vendedores e inversionistas norteamericanos influyeron más que los europeos en la cultura venezolana. La «norteamericanización» se hizo más profunda a medida que los venezolanos de clase media compraban «tickets» para asistir a partidos de béisbol, bebían güiski, comían hamburguesas, leían Selecciones (Readers Digest) y Life, veían películas hechas en los Estados Unidos y estudiaban inglés en el Centro Venezolano-Americano.

En general, los comerciantes veían con buenos ojos el papel que los extranjeros desempeñaban en el incremento de las ventas de productos de consumo. Los abastos (tiendas de comestibles) y los supermercados de propiedad extranjera atendían a los inmigrantes y a los venezolanos de clase media que creían que los productos extranjeros eran mejores y más baratos que los del país. Los industriales encontraron menos motivos para alegrarse al cambiar los gustos de Venezuela. El capitalista criollo Alejandro Hernández se quejó de que los comercios se negaban a tener existencias de sus tomates en conserva y otros productos, pero el gobierno Pérez Jiménez no ofreció ayuda alguna. Aunque la sociedad venezolana raras veces había dado muestras de xenofobia, crecía la sensación de que el dictador favorecía indebidamente a los extranjeros.

Al principio, muchos hombres de negocios se habían sentido complacidos con las líneas generales del «Nuevo Ideal Nacional», como llamaba Pérez Jiménez a su programa de desarrollo. La construcción de carreteras y la modernización de los puertos, el dragado de la barra que había en la entrada del lago Maracaibo, las obras públicas urbanas y el complejo del hierro y el acero en Guayana contribuyeron a mejorar la infraestructura nacional y espolearon la economía. La industrialización aumentó de forma espectacular, aunque el comercio, la construcción y la banca continuaron dominando. El descontento creció a medida que el Nuevo Ideal Nacional fue tomando forma. Los inversionistas extranjeros participaban libremente en al auge económico, a veces desplazando a los capitalistas venezolanos en actividades lucrativas como, por ejemplo, la construcción urbana. El gobierno conservó la propiedad de los principales complejos industriales —el acero y la petroquímica, por ejemplo—, lo cual irritaba a quienes creían que el estado no debía competir con el sector privado.

Bajo este sistema relativamente abierto la expansión de la industria pronto perdió velocidad, especialmente cuando empezaron a disminuir los ingresos obtenidos del petróleo. Los aranceles seguían siendo bajos, los beneficios podían repatriarse con facilidad y aumentaron las importaciones de productos extranjeros. Los industriales venezolanos exigieron la revisión del tratado comercial de 1939 con los Estados Unidos al objeto de proteger la producción nacional. En 1952, un tratado nuevo continuó permitiendo la existencia de un mercado virtualmente abierto y puso de relieve la permanente debilidad de la burguesía industrial. Los hinchados presupuestos correspondientes a las obras públicas apenas compensaban esto: dieciséis empresas obtuvieron el grueso de los contratos entre 1948 y 1958, y sólo cuatro de ellas no estaban relacionadas estrechamente con miembros del gobierno. El presidente Pérez Jiménez era socio comanditario en varias empresas contratistas y amasó su enorme fortuna personal por medio de comisiones y sobornos. Incluso los empresarios que gracias a su buena suerte o a sus buenas relaciones obtenían contratos del gobierno recibieron con desagrado las presiones para que tuvieran proyectos listos para inaugurar el 2 de diciembre, aniversario de la elección de Pérez Jiménez. En 1957, al descender los ingresos producidos por el petróleo, el gobierno Pérez Jiménez tardaba tanto en pagar a los contratistas, que éstos sufrían graves problemas de liquidez. La evidencia de que existía corrupción administrativa, así como mala gestión, convenció a algunos empresarios de que nunca llegarían a cobrar.

Ni el tráfico de influencias ni la corrupción eran fenómenos nuevos en Venezuela. Además, cabía argüir que la política de Gómez consistente en «compartir la riqueza» con una parte de la élite facilitaba tanto la estabilidad política como la concentración del capital de inversión. De hecho, el capital pasó de la agricultura al comercio, el desarrollo urbano y las industrias de la construcción. Con mentalidad empresarial y ayuda del gobierno, los beneficiarios del favoritismo de los decenios de 1940 y 1950 podrían haber reinvertido su capital en la siguiente fase del desarrollo económico: la expansión industrial. Sin embargo, la mayoría de ellos mantuvo prudentemente su capital en los mismos sectores lucrativos —y generalmente no productivos— de la economía y malgastó el excedente en la importación de artículos de lujo y en el consumo ostentoso. Los capitalistas más clarividentes sí reinvirtieron en la industria, pero siguieron necesitando créditos y protección gubernamental para que sus negocios fueran bien.

Los nacionalistas también atacaron a Pérez Jiménez por despilfarrar el capital de la nación vendiendo nuevas concesiones petroleras a compañías extranjeras en el período 1955-1956. El favoritismo para con las empresas extranjeras ni tan sólo sirvió para granjearse consideración especial en el mercado estadounidense. Después de la crisis de Suez, los precios del petróleo descendieron y los productores de petróleo independientes que había en los Estados Unidos presionaron con el objeto de que se impusieran cupos o restricciones a la importación de petróleo extranjero. Los cupos no se impusieron durante el gobierno de Pérez Jiménez, pero el gobierno norteamericano instó a las compañías a limitar las importaciones voluntariamente. El auge económico del Nuevo Ideal Nacional había dependido en gran medida de la venta de nuevas concesiones y de los ingresos obtenidos del petróleo. Se vislumbraba un futuro de estancamiento y recesión si no se tomaban medidas encaminadas a diversificar la economía.

Los trabajadores se beneficiaron un poco al principio gracias a la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en el ramo de la construcción. Sin embargo, también a ellos les disgustaban los plazos de conclusión de las obras para el 2 de diciembre porque significaban que el paro aumentaba después de la citada fecha. También miraban con malos ojos a los inmigrantes extranjeros que obtenían muchos de los puestos de trabajo del ramo de la construcción en Caracas. En 1953, la mayor parte de la actividad legal de los sindicatos ya había sido puesto fuera de la ley, el gobierno cerró las sedes de los sindicatos e incautó sus fondos y propiedades. Los débiles esfuerzos de Pérez Jiménez por formar una confederación obrera controlada por el gobierno fracasaron, y proyectos monumentales como, por ejemplo, Los Caracas, colonia vacacional para trabajadores situado en la costa del Caribe, no lograron ocultar el descenso de los salarios reales. El resentimiento se acumuló entre los trabajadores que podían recordar tanto la organización clandestina de antes de 1945 como la influencia de que habían gozado durante el trienio.

La Iglesia también empezó a volverse contra la dictadura, lo cual se debió en no poca medida a la mayor preocupación del papa Pío XII por la justicia social y a una moderación de la cruzada anticomunista. La educación católica se benefició un poco bajo la dictadura, en especial porque muchas escuelas públicas y universidades fueron cerradas esporádicamente para responder a las protestas de los estudiantes. La Iglesia y un grupo de particulares fundaron una universidad privada nueva y prestigiosa en Caracas, la Universidad Católica Andrés Bello, cuya dirección estaba en manos de los jesuitas. En 1957, sin embargo, el excesivo celo de los censores de Vallenilla Lanz provocó un conflicto con la Iglesia. Monseñor Rafael Arias hizo pública una carta pastoral en mayo de dicho año en la que criticaba indirectamente al régimen de Pérez Jiménez por su falta de responsabilidad social y señalaba el descenso del nivel de vida de la clase trabajadora. El periódico La Religión publicó varios artículos de fondo que atacaban el materialismo y la insensibilidad del gobierno. Vallenilla Lanz trató de censurar los artículos o respondió con fiereza a ellos en la columna que publicaba con seudónimo en El Heraldo. Hubo sacerdotes que se relacionaron con el movimiento clandestino contra Pérez Jiménez y varios de ellos fueron detenidos.

En el capítulo de la política exterior, el gobierno Pérez Jiménez estuvo especialmente pegado a otros gobiernos militares del hemisferio tales como el de Juan Perón en Argentina y el de Manuel Odría en Perú. Restauró las relaciones diplomáticas con la España de Franco y mitigó las tensiones que durante el trienio habían surgido entre Venezuela y la Nicaragua de Somoza y la República Dominicana de Trujólo. Pérez Jiménez tuvo especial orgullo en hacer de anfitrión de la Conferencia Interamericana de 1954 y en cooperar en los esfuerzos norteamericanos por aislar y derrocar al gobierno reformista de Jacobo Arbenz en Guatemala. El estrechamiento de las relaciones con las misiones militares estadounidenses y la Junta de Defensa Interamericana también expresó la percepción geopolítica de Pérez Jiménez en el sentido de que era inevitable la alianza con los Estados Unidos en la lucha contra el comunismo. Menos efusivas fueron las relacionas de Pérez Jiménez con los gobiernos democráticos de America Latina. En 1957 Chile rompió las relaciones diplomáticas con Venezuela debido a los malos tratos que un ciudadano chileno recibió de la Seguridad Nacional Venezolana, y Argentina cortó las relaciones con la nación que concedió honor y asilo a Perón después de que éste fuera derribado en 1955.

El 1957, hasta las fuerzas armadas ya estaban descontentas con el gobierno de Pérez Jiménez, a pesar de los elevados presupuestos militares y de la construcción de un impresionante club de oficiales. Algunas facciones de las fuerzas armadas tenían una firme vocación democrática; otras criticaban la falta de nacionalismo en la política económica de Pérez Jiménez. Un sector significativo de la oficialidad de las fuerzas armadas temía que el creciente movimiento clandestino de oposición civil —que a partir de junio de 1957 fue coordinado por una junta patriótica— no pudiera ser contenido para siempre por los actos arbitrarios de la Seguridad Nacional, cuya influencia también suponía un desafío implícito a las fuerzas armadas. Hasta algunos de los defensores de Pérez Jiménez habían acogido mal su creciente aislamiento respecto de los militares, el aumento de su dependencia de civiles como Vallenilla Lanz y la manifiesta corrupción del régimen. Sólo una reducida camarilla de favoritos de Pérez Jiménez compartían los sobornos y las comisiones obtenidos de los contratos de defensa. El 1 de enero de 1958 una revuelta militar que no tuvo éxito sirvió para que los civiles tuvieran noticia del descontento de los militares. Un movimiento unido de militares y civiles, ayudado por una serie de levantamientos en los barrios de Caracas, finalmente obligó a Pérez Jiménez y sus compinches a huir del país el 23 de enero. El almirante Wolfgang Larrazábal asumió la dirección de una Junta que prometió convocar elecciones, las cuales acabarían programándose para el 5 de diciembre.

Los que intentaron asegurarse de que la marcha de Pérez Jiménez fuera sólo un cambio aparente fueron los primeros en sufrir en la subsiguiente lucha por la dominación. Moderados y radicales, con la presión complementaria de manifestaciones callejeras, obligaron a los dos oficiales más estrechamente identificados con Pérez Jiménez a abandonar la Junta de gobierno unos cuantos días después de la huida del dictador. En mayo también obligaron al industrial Eugenio Mendoza y al ingeniero Blas Lamberti a marcharse, aunque no antes de que el llamado Gabinete del Oligarca se encargara del pago de los 1.400 millones de dólares norteamericanos en concepto de deuda flotante a corto plazo que tanto había preocupado a los hombres de negocios en 1957. La asociación con Pérez Jiménez había perjudicado tanto a los conservadores, que no pudieron hacer ningún intento de conservar el poder para ellos solos, ya fuera por la fuerza o por medio de elecciones.

Al principio, las cosas les fueron poco mejor a los comunistas pese a su heroica participación en la lucha clandestina contra la dictadura, su número creciente y su popularidad en los barrios. Más adelante, muchos de ellos pensarían que se les había escapado la oportunidad de subir al poder encabezando un levantamiento popular en enero de 1958[4]. Es poco probable, sin embargo, que las fuerzas armadas hubieran permitido el triunfo de una revolución manifiestamente comunista. El partido también carecía de fuerza electoral; no tenía ningún candidato con la estatura y la experiencia de Betancourt. Los comunistas, que buscaban la legalidad y la unidad nacional, optaron pragmáticamente por navegar siguiendo la estela del almirante Wolfgang Larrazábal, el cual, a pesar de su asociación con el régimen de Pérez Jiménez, se ganó mucha popularidad durante el año que permaneció en el poder.

Larrazábal reforzó el atractivo que tenía para las masas con el Plan de Emergencia, que creó puestos de trabajo y subsidios para los trabajadores y suspendió el pago de alquileres en las viviendas del gobierno. Miles de personas abandonaron el campo para trasladarse a la ciudad y compartir esta largueza, con lo cual acentuaron los problemas urbanos, pero también proporcionaron apoyo político para Larrazábal. El almirante no titubeó en respaldar la celebración de elecciones abiertas y libres y dio comienzo a un proceso destinado a limpiar las fuerzas armadas de elementos desleales y antidemocráticos. También instó a la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito (CIEI) a empezar a investigar y castigar a los perezjimenistas que fueran culpables de corrupción administrativa. Reconociendo la necesidad de efectuar una reforma administrativa, puso en marcha la Comisión de Administración Pública (CAP) y creó la Oficina de Coordinación y Planificación (Cordiplan), que se encargaría de trazar planes económicos y sociales para la nación. Finalmente, decretó que las principales compañías petroleras pagasen impuestos más altos y que a partir de ese momento el estado recibiese cerca del 65 por 100 de los beneficios del petróleo. Larrazábal se interesaba poco por las maniobras políticas y, llegado el momento, tampoco fue capaz de conservar el poder político en sus manos. Pero consiguió llevar a buen puerto una delicada transición política.

La AD, el COPEI y la URD poseían los líderes con más experiencia y ello les dio una ventaja inicial cuando llegó el momento de organizar a los sectores obreros y populares. Después de pagar el precio de su debilidad en 1948, estaban decididos a construir un sistema abierto, democrático. La euforia producida por haber derrotado finalmente a la dictadura fomentó el deseo de continuar la unidad del movimiento clandestino y ocultó algunas de las diferencias que existían entre los grupos que lo formaban.

La AD en particular ocupaba una posición ventajosa para dominar la compleja situación política. Jóvenes adecos habían colaborado estrechamente con los líderes comunistas en la lucha contra Pérez Jiménez mientras los líderes de mayor edad de la AD, tales como Rómulo Betancourt, permanecían exiliados en el extranjero. La estrategia de Betancourt en 1958 fue en gran parte la causa del carácter singular de la democracia venezolana durante los treinta años siguientes. A partir de finales de 1957 Betancourt celebró en Nueva York una serie de entrevistas con Jóvito Villaba, Rafael Caldera, empresarios y líderes obreros con el fin de acordar una tregua política y presentar un candidato de unidad para las primeras elecciones presidenciales que se celebrasen después de la caída de la dictadura. Cuando los tres partidos —la AD, el COPEI y la URD— no lograron ponerse de acuerdo sobre un candidato común antes de octubre de 1958, Betancourt, Caldera y Villaba se entrevistaron en el domicilio del segundo para firmar un pacto de caballeros en el sentido de que su rivalidad política no se apartaría de las reglas de la rivalidad democrática. Este acuerdo, llamado el Pacto de Punto Fijo, excluía de forma explícita a los comunistas y enviaba una señal conciliatoria a los hombres de negocios y a los Estados Unidos. En vísperas de las elecciones de diciembre de 1958, los líderes de los tres partidos principales volvieron a verse para firmar una confirmación pública del pacto y sancionar un programa político común mínimo. Villaba permaneció en el pacto, aunque su URD se unió a los comunistas para apoyar la candidatura de Larrazábal. Betancourt consiguió la victoria con el 49 por 100 de los votos; Larrazábal quedó en segundo lugar con el 35 por 100; Caldera sólo obtuvo el 16 por 100.

Las elecciones de diciembre de 1958 —que se celebraron bajo la constitución perezjimenista de 1953 para evitar otro gobierno interino mientras se redactaba una Constitución nueva— confirmaron tanto las habilidades de Rómulo Betancourt como las condiciones del Pacto de Punto Fijo. Sin embargo, los estrategas de la AD se sintieron preocupados al ver que su partido sólo quedaba en cuarto lugar en Caracas; un partido con sus orígenes en la Venezuela rural del decenio de 1930 tendría que cambiar para adaptarse a la nación que iba cobrando forma de modo creciente, una nación más moderna, urbana.

LA ACCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PODER, 1959-1969

Desde los primeros años del decenio de 1930, cuando el régimen de Gómez se estaba desmoronando, el gran incremento de los ingresos producidos por el petróleo, los comienzos de los sistemas modernos de transportes y comunicaciones, la industrialización, la urbanización, las mejoras de la alfabetización y de la sanidad pública y la significativa inmigración de extranjeros durante la posguerra habían dejado huella en el tejido socioeconómico y en la cultura política de Venezuela. A pesar de ello, las cifras correspondientes a la distribución de la renta indicaban que perduraba la tradicional estructura de la sociedad: a principios de los años sesenta, la mitad de la población recibía sólo el 14,3 por 100 de la renta total de la nación. Los gobiernos se encontraban ante la difícil tarea de proporcionar no sólo crecimiento económico y estabilidad política, sino también justicia social. Al igual que el gobierno del trienio, los gobiernos democráticos de después de 1958 intentaron hacer juegos malabares y alcanzar los tres objetivos sin favorecer indebidamente a uno de ellos con preferencia a los otros, aunque la voz del mundo empresarial, que ahora era más fuerte que trece años antes, favorecía de forma casi imperceptible pero inevitable los objetivos político y económico.

Rómulo Betancourt y la AD, con la cooperación del COPEI y, en menor medida, de la URD construyeron los cimientos para el gobierno democrático entre 1959 y 1963. Exiliado durante el decenio de gobierno militar, Betancourt continuó estudiando, planificando y consolidando lazos con otros demócratas en el Caribe y en los Estados Unidos. Sintetizó sus puntos de vista sobre la relación entre la dictadura, el petróleo y el desarrollo social de la nación en el libro Venezuela: política y petróleo, publicado en 1956. Elegido presidente a la edad de 51 años, continuó creyendo que la estabilidad democrática y la capacidad de llevar a término reformas sociales y económicas dependían de un partido político muy disciplinado y multiclasista. En una nación donde el trabajo organizado era relativamente débil y donde una élite oligopólica se hallaba estrechamente aliada con el capital extranjero, la estrategia populista seguía siendo la más fuerte de las opciones reformistas. Sin embargo, la lección del golpe de 1948 había sido que la reforma populista no podía llevarse a cabo si las fuerzas armadas y la burguesía se oponían a ella.

De la experiencia de 1945-1948 Betancourt había aprendido otras dos lecciones que guiarían su estrategia en el decenio de 1960. En primer lugar, el gobierno del trienio se había visto debilitado por su partidismo intransigente, que había provocado los feroces ataques de los demás partidos políticos contra la AD. En vista de ello, en 1958 Betancourt rechazó toda idea de que la AD gobernase sola. Según lo acordado en el Pacto de Punto Fijo, los ataques partidistas se mantendrían dentro de ciertos límites a cambio de la garantía de que los principales partidos compartirían la influencia y el patronazgo. El segundo principio era más controvertido. Betancourt creía que el gobierno Gallegos había caído en 1948 debido a que el presidente no había sido lo bastante duro como para encarcelar o exiliar a los conspiradores. Betancourt no pensaba cometer el mismo error y afirmó que un gobierno democrático a veces tenía que usar medios no democráticos para sobrevivir. Suspendió las garantías constitucionales, puso fuera de la ley a los partidos políticos sospechosos y autorizó a la policía y a las fuerzas armadas a tomar medidas severas, si hacía falta, para eliminar la amenaza de la guerrilla que surgió como secuela de la revolución cubana. (Fidel Castro llegó al poder menos de un mes después de las elecciones venezolanas).

Betancourt hizo que tanto líderes obreros y campesinos como hombres de negocios entraran a formar parte de su sistema irregular de pactos, patronazgo… y coacción. Aisló y atacó a los que no le inspiraban confianza: el PCV, los miembros jóvenes de la AD que pedían cambios sociales más rápidos basados en el modelo cubano, los implacables hombres de negocios «antinacionales» que se negaban a cooperar, los golpistas de las fuerzas armadas que conspiraban contra él. Aunque durante el trienio se había mostrado más dispuesto a regatear y negociar de lo que reconocían sus adversarios, ahora convirtió la componenda política en un verdadero arte. En particular, Betancourt fomentó la alianza con Rafael Caldera del COPEI. (Irónicamente, la coalición permitió a Caldera potenciar el COPEI y sus propias ambiciones presidenciales a expensas de las aspiraciones políticas de algunos de los colegas de Betancourt en la AD: Domingo Alberto Rangel, Raúl Ramos Giménez y más adelante Luis Beltrán Prieto Figueroa). Al hacer uso del patronazgo, el personalismo y la cooperación con partidos no comunistas, Betancourt aprovechó diestramente las condiciones nacionales y consiguió proporcionar estabilidad. Sin embargo, esa estabilidad se apoyaba en la expectativa de que los ingresos producidos por el petróleo continuaran creciendo y de que el gobierno pudiese proporcionar algunos beneficios para todos los grupos económicos. Si no se lograba garantizar el incremento ininterrumpido de la renta pública, la estrategia populista se vería sometida a graves tensiones.

Betancourt se valió tanto de los incentivos como de las amenazas para vencer por medio de maniobras a los recalcitrantes. El nuevo cuerpo nacional de policía —que llevaba el nombre de Dirección General de Policía (Digepol)— sustituyó a la odiada Seguridad Nacional, pero a veces empleaba métodos tan arbitrarios como los de su predecesora. El gobierno trató de ganarse el apoyo de los campesinos con un proyecto de reforma agraria que repartiría entre los sin tierra la que se les había quitado a los perezjimenistas. No obstante, Betancourt ordenó a la Guardia Nacional que expulsara a los campesinos de las tierras rurales de que se hubieran apoderado sin la autorización de los burócratas encargados de aplicar la reforma agraria. Los conspiradores militares y civiles fueron tratados con severidad. En abril de 1960, Jesús María Castro León capitaneó una revuelta conservadora que fue sofocada rápidamente, al igual que un levantamiento militar de carácter reaccionario que se produjo en febrero de 1961. En 1960 el dictador dominicano Rafael Trujillo respaldó un intento de asesinar a Betancourt, a resultas del cual el presidente sufrió quemaduras graves y uno de sus ayudantes resultó muerto. Betancourt ejerció presiones sobre la Organización de Estados Americanos y logró que impusiera sanciones a Trujillo. Apareció luego una nueva amenaza encamada por la campaña de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), de inspiración marxista-cubana. En mayo de 1962 elementos izquierdistas y el batallón de infantería de marina de Campano protagonizaron una revuelta que el gobierno sofocó causando numerosas bajas; las garantías constitucionales fueron suspendidas y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el PCV fueron declarados ilegales. Una segunda revuelta militar de signo izquierdista tuvo lugar en Puerto Cabello en junio de 1962. Mientras se intensificaban las tensiones internacionales a causa de la crisis de los misiles de Cuba en octubre de aquel mismo año, Betancourt reiteró su política de «disparar primero y preguntar después» en relación con los presuntos subversivos. Las semejanzas entre los métodos de Trujillo y Castro, la guerra fría y los intentos de derribar al gobierno de la AD confirmaron la creencia de Betancourt de que sólo era posible confiar en los gobiernos democráticos. La combinación de circunstancias también le indujeron a acercarse más tanto a los Estados Unidos como a sus propias fuerzas armadas como aliados indispensables.

Las fuerzas armadas venezolanas fueron fieles a su papel profesional y apolítico a partir de 1958. Adquirieron tanto categoría como experiencia en la campaña contra la guerrilla en el decenio de 1960. Los militares en servicio activo no podían votar en las elecciones nacionales y los ascensos reflejaban generalmente la capacidad en vez de las afiliaciones políticas. A pesar de todo, Betancourt y sus sucesores prestaron mucha atención a las opiniones de los militares. Oficiales de las fuerzas armadas, así en activo como retirados, intervinieron con muchísima energía en el debate político, especialmente cuando surgían problemas relacionados con las fronteras.

Betancourt y sus aliados democráticos libraron una batalla menos violenta pero de igual importancia cuyo objetivo era ligar los grupos obreros y campesinos al gobierno así como controlar a los pobres de los barrios urbanos. El patronazgo gubernamental —subvenciones a los sindicatos, créditos agrarios, puestos de trabajo y servicios tales como el agua corriente y la electricidad— se convirtieron en sus armas preferidas. Los grupos y líderes que se negaban a aceptar la disciplina política se encontraban aislados del apoyo del gobierno y a veces sus huelgas o sus sindicatos eran declarados ilegales. Los sindicatos que cooperaban, en cambio, gozaban de toda la largueza del gobierno, que, con una pequeña participación del COPEI, dominaba la CTV, que acababa de ser reorganizada, y la Federación Campesina Venezolana. Los líderes del PCV, la URD y el MIR fueron obligados a abandonar la CTV en noviembre de 1961 y la izquierda formó entonces una organización rival, la Central Unica de Trabajadores de Venezuela (CUTV). Por ser una federación «no oficial» la CUTV padeció las mismas represalias del gobierno que sufrieron los líderes políticos de izquierdas. Cuando Ramón Quijada, líder campesino de la AD, se impaciento ante la lentitud con que avanzaba la reforma agraria y se desplazó más hacia la izquierda, él y sus aliados fueron expulsados de la federación patrocinada por el gobierno.

El PCV y el MIR al principio disfrutaron de una ventaja entre los pobres de las ciudades, con los cuales habían trabajado antes de la caída de Pérez Jiménez, y la influencia de la AD en los barrios se debilitó todavía más al cancelar Betancourt el Plan de Emergencia en agosto de 1959. Cuando los miristas jóvenes dejaron la AD, el partido perdió los militantes que tenían la relación más estrecha con los barrios. De 1959 a 1962, la AD y el COPEI establecieron simultáneamente una fuerte presencia policial en los barrios y encauzaron todo el patronazgo o los servicios a través de los leales a ellos. Los marxistas ayudaron sin darse cuenta a la estrategia del gobierno cuando recurrieron al terrorismo. Muchos pobres de las ciudades perdieron amigos y vecinos a causa de los ataques terroristas contra policías y soldados.

Las asociaciones empresariales seguían siendo virtualmente los únicos grupos de presión independientes que tenían importancia. Fedecámaras, fundada en 1944, tenía entre sus afiliados a comerciantes, industriales y agricultores. Con el fin de limitar los cismas dentro del grupo, Fedecámaras procuró defender el papel del sector privado en general en vez de tomar medidas de interés específico para un solo sector. La federación se resistió a que sus elecciones internas se politizaran siguiendo las líneas ideológicas de los diversos partidos como había ocurrido en el caso de los grupos obreros y campesinos. El aliado de Betancourt, Alejandro Hernández, presidente de Fedecámaras de 1958 a 1960, trató de dirigir el grupo hacia una alianza más estrecha con el gobierno, pero finalmente fue vencido por los partidarios de seguir interpretando un papel independiente. Hernández y sus seguidores se retiraron de Fedecámaras y se afiliaron a Pro-Venezuela, grupo fundado en 1958 por industriales que querían fomentar una política destinada a substituir las importaciones. Esta división no reflejaba sólo diferencias políticas, sino también la lucha entre los sectores industrial y comercial de la élite empresarial. La AD se dio cuenta de que Pro-Venezuela era el más nacionalista de los dos grupos y criticó a Fedecámaras por aliarse con compañías multinacionales.

La sustancia de la política de la AD derivaba del programa original del partido en los años cuarenta y del reconocimiento de que las circunstancias habían cambiado desde entonces. Los principales objetivos del programa político de Betancourt eran tres: la libertad política y la creación de instituciones liberales; la mejora de la sanidad, la educación y el bienestar; y el crecimiento económico diversificado, al cual se llegaría estimulando la industrialización destinada a substituir las importaciones. Sin embargo, la situación económica a finales del decenio de 1950 no era favorable a un programa tan ambicioso. La dictadura había dejado un gran déficit presupuestario y la fuga de capitales se agudizó a causa de la incierta situación política. Durante la permanencia de Betancourt en el cargo, la tasa oficial de desempleo se cifró en un promedio del 12 por 100. Los peores años fueron 1959-1961, y el equipo de Betancourt contrató empréstitos extranjeros, redujo las consignaciones del gobierno, disminuyó dos veces los salarios gubernamentales en un 10 por 100 e impuso el control de cambios. La AD propuso efectuar una devaluación del bolívar, pero la medida resultó tan impopular entre los demás partidos políticos —y entre los importadores—, que no se puso en práctica. Después de 1961 el gobierno financió varios proyectos de construcción de carácter expansionista que proporcionaron puestos de trabajo y fueron una ayuda para la economía, pero no tomó ninguna medida significativa con el fin de cambiar la estructura económica.

El ministro de Minas, Juan Pablo Pérez Alfonzo, ocupó un lugar destacado en el gabinete de Betancourt. Puso los cimientos para que, andando el tiempo, Venezuela llegara a controlar la industria nacional del petróleo y puso en práctica una política agresiva en relación con el petróleo en el plano internacional. Los Estados Unidos habían impuesto restricciones obligatorias a la importación de petróleo extranjero en la primavera de 1959. Pérez Alfonzo protestó y ejerció presiones para que se instaurase un sistema preferencial para los productores del hemisferio occidental, pero fue inútil. Más afortunado fue su intento de persuadir a otros países exportadores de petróleo de los méritos de una asociación internacional de productores. En 1959 Pérez Alfonzo asistió al Primer Congreso Arabe del Petróleo en El Cairo y expuso en él sus ideas para crear tal organización, pero las naciones árabes no prestaron atención a su propuesta hasta el fuerte descenso de los precios del petróleo que se registró en agosto de 1960. En septiembre del mismo año, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela formaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que creció hasta tener doce miembros con derecho a voto en 1973. La alianza no respondió inmediatamente a las esperanzas de Pérez Alfonzo, toda vez que el objetivo de las naciones árabes era aumentar los ingresos, mientras que Venezuela consideraba más importante establecer un control mayor sobre la industria.

En el ámbito interior, Pérez Alfonzo aplicó la ley fiscal de diciembre de 1958, que había incrementado la participación del país en los beneficios del petróleo hasta aproximadamente el 65 por 100 del total. La Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) se formó en 1960 con el objeto de que se encargara de buscar, extraer, refinar, transportar y comercializar petróleo así como de adquirir participaciones en otras compañías. Sin embargo, la CVP fue poco más que un campo de formación para venezolanos durante el primer decenio de su existencia.

A pesar de la lentitud con que empezó a ponerse en práctica, la política nacional relativa al petróleo tuvo más éxito y fue más coherente que la planificación económica general o la política industrial. La fuerza de las compañías petroleras multinacionales y sus aliados venezolanos, la tradición de una moneda fuerte y la libre remisión de beneficios y el tratado comercial de 1952 con los Estados Unidos hicieron que resultara políticamente difícil erigir auténticas barreras arancelarias para proteger las industrias venezolanas. El gobierno de la AD abandonó su política industrial agresiva y proporcionó créditos y estímulo a varias empresas públicas y mixtas. La CVF asumió la principal responsabilidad de promover la industria. Otra organización, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), encauzó fondos estatales y privados hacia el importante complejo del hierro y el acero de las cercanías de Ciudad Guayana. Los inversionistas privados del lugar acogieron con alegría al proyecto Guayana, del cual habían sido excluidos por Pérez Jiménez, pero en el decenio de 1960 pocos tenían el capital o la inclinación que se necesitaba para desempeñar un papel de cierta importancia en una empresa tan grande. Unos cuantos empresarios se enriquecieron, pero las nuevas industrias con intensidad de capital proporcionaron pocos puestos de trabajo nuevos para la creciente fuerza laboral venezolana. Las compañías multinacionales que se asociaron con el capital del país crearon varias plantas industriales nuevas en Venezuela. Muchas de ellas, tales como las plantas de montaje de automóviles, siguieron dependiendo mucho de los componentes importados. Así pues, Venezuela experimentó sólo un crecimiento industrial muy modesto antes de que finalizaran los años sesenta.

A pesar del programa de reforma agraria, la agricultura continuaba sin poder alimentar a la población ni proporcionar unos ingresos apropiados para la mayoría de las familias rurales. Más de 100.000 familias sin tierras recibieron tierras del gobierno. El programa de reforma agraria causó relativamente pocos conflictos, ya que casi la mitad de las tierras que se distribuyeron (2,6 millones de hectáreas en 1959-1965) eran públicas, a la vez que gran parte de la tierra privada procedía de perezjimenistas exiliados o de compras no disputadas. Se registró un aumento de la producción agrícola, de la extensión total de tierras dedicadas al cultivo y de la renta per cápita de las personas que se dedicaban a la agricultura. Pese a ello, en 1965 la renta per cápita anual de las personas empleadas en la agricultura era de alrededor de una cuarta parte de la media nacional. Problemas administrativos y jurídicos limitaron los buenos resultados de la reforma agraria. En 1966 pocos de los beneficiarios habían recibido sus títulos de propiedad; el reparto de tierras favoreció a los grupos de campesinos situados cerca de las carreteras y los servicios y pasó por alto a los que vivían en regiones más alejadas; y el crédito concedido por el BAP fue mal administrado.

El gobierno Betancourt dedicó recursos significativos a la educación, la sanidad pública, el abastecimiento público de agua, la electricidad, las carreteras rurales, la vivienda, la asistencia a la infancia y su nutrición y esparcimiento. La diferencia estadística entre el nivel de vida en las ciudades y en el campo continuó siendo significativa, pero disminuyó un poco. Estos programas sociales tuvieron la ventaja complementaria de proporcionar puestos de trabajo para los fieles partidarios de la AD y el COPEI, y, como señalaron los críticos, los loables objetivos y los avances tangibles de la reforma se vieron restringidos por la ineficiencia y la politización de la Administración pública.

Pocos acusaron al propio Betancourt de beneficiarse de su cargo y el presidente intentó seguir el precedente del trienio y castigar la corrupción administrativa. El mayor éxito simbólico de su campaña en este sentido fue la petición de que se extraditara a Marcos Pérez Jiménez para que compareciera a juicio por peculado ante el Tribunal Supremo de Venezuela. Los tribunales también juzgaron a otros perezjimenistas por corrupción y violación de los derechos humanos, además de confiscar sus propiedades. El efecto ejemplar del juicio de Pérez Jiménez quedó un poco desdibujado cuando los líderes de la AD y el COPEI se resistieron a que fueran juzgados sus propios colegas que se habían enriquecido gracias a sus cargos públicos después de 1958. Arguyeron que denunciar públicamente los casos de corrupción existentes en el sistema democrático debilitaría la confianza en dicho sistema. Resultaba difícil resolver el problema de extirpar la corrupción al tiempo que se construía un sistema político que dependía en gran medida del patronazgo y del clientelismo.

Algunos venezolanos percibieron una diferencia entre la corrupción de los años cincuenta y la de los sesenta. Bajo Pérez Jiménez, el presidente y unos cuantos favoritos suyos se convirtieron en millonarios y derrocharon los fondos en un ruinoso consumo privado. Bajo los gobiernos democráticos del decenio de 1960, los altos cargos fueron generalmente honrados, pero funcionarios de media y de baja categoría y políticos se aprovecharon del aumento de las oportunidades de beneficiarse de sus cargos. La situación no llegó a estar tan generalizada como la famosa «mordida» mexicana, pero la «democratización» del tráfico de influencias fue una forma de distribuir más ampliamente la riqueza nacional obtenida del petróleo. Si no salía de ciertos límites, tal «corrupción» era tolerable.

Tratando de extender la política exterior más allá del ámbito determinado por la industria petrolera, Betancourt decidió ingresar en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), pero acabó cediendo ante las objeciones de los sectores poderosos del mundillo empresarial vinculados al capital y las importaciones extranjeras. Una alianza ideológica provocó menos reparos que una económica, y Betancourt pudo reavivar su antigua idea de formar una unión de gobiernos democráticos de América. Pidió a los líderes del hemisferio que negaran el reconocimiento a los gobiernos de facto, política que con el tiempo se conocería por el nombre de Doctrina Betancourt. Sin embargo, exceptuando los casos de Trujillo y Castro, las naciones americanas se opusieron a los argumentos de Betancourt alegando que constituían una intervención injustificada en los asuntos internos de las naciones. Las sanciones que se aplicaron contra Trujillo y Castro, por otra parte, respondían menos a la naturaleza de facto de sus respectivos gobiernos que al hecho de que patrocinasen la subversión o el asesinato en los países vecinos.

La antipatía que Fidel Castro despertaba en Betancourt era tanto personal como ideológica. Desde su primer encuentro en Caracas el 24 de enero de 1959, poco antes de que Betancourt tomara posesión de su cargo y justo después de la victoria de Castro sobre las fuerzas de Batista en Cuba, Betancourt se mostró frío con él. Le disgustaban la retórica expansiva y el ensoberbecimiento de Castro y presentía que éste era un competidor peligroso en la búsqueda de influencia en América Latina. Unos cuantos meses después la ejecución de algunos funcionarios de Batista confirmó la primera impresión negativa de Betancourt. Venezuela rompió las relaciones diplomáticas con Cuba en noviembre de 1961, antes de que la guerra de guerrillas empezara en territorio venezolano. En enero de 1962 Betancourt votó a favor de la resolución de expulsar a Cuba de la OEA, y en noviembre de 1963 el presidente venezolano pidió a la OEA que impusiera sanciones a Cuba debido al apoyo que prestaba a los guerrilleros de las FALN en Venezuela.

La independencia de antiguas colonias británicas en el Caribe también empujó a Venezuela a participar de modo más activo en la política de la región. Caracas denunció la decisión arbitral de 1899 que había establecido la frontera con la Guayana británica cerca de la desembocadura del río Orinoco. Venezuela arguyó que el tribunal de arbitraje había cedido ante las presiones británicas y que la verdadera frontera tenía que ser el río Esequibo. La nueva frontera, si se instauraba, proporcionaría a Venezuela aproximadamente tres quintas partes del territorio de la Guayana independiente. Las relaciones con Trinidad y Tobago también eran malas debido a que la nación recién independizada defendió sus derechos de pesca en el golfo de Paria y solicitó que Venezuela anulara el arancel del 30 por 100 que aplicaba a las importaciones de artículos de Trinidad.

Betancourt tenía la intención de presidir unas elecciones ordenadas y democráticas en 1963, pero su propio partido se había visto debilitado por las actividades de los guerrilleros y por dos divisiones internas. En primer lugar, Domingo Alberto Rangel, Américo Martín y sus aliados lanzaron un desafío a Betancourt y la vieja guardia de la AD. Muchos adecos jóvenes que habían participado activamente al lado del PCV en la lucha clandestina contra Pérez Jiménez admiraban a Fidel Castro. También ponían objeciones al fuerte dominio que Betancourt ejercía sobre el partido y a sus esfuerzos por complacer al sector empresarial. Cuando Betancourt obligó a Rangel, Martín y otros a dejar la AD en marzo de 1960, los expulsados reorganizaron el MIR, que en 1962 ya se había unido a la lucha armada para derribar su gobierno. Otra división de la AD tuvo lugar en enero de 1962 cuando Raúl Ramos Giménez intentó infructuosamente aflojar el control de la vieja guardia sobre el aparato del partido. Los problemas eran en este caso más personales que ideológicos o generacionales, ya que lo que pretendía Ramos Giménez era que le nombrasen candidato presidencial de la AD para 1963. El grupo de Ramos Giménez adoptó el nombre de AD-ARS (más adelante AD en Oposición) y continuó presentando candidatos en las elecciones.

Las dos divisiones debilitaron el dominio del partido sobre las organizaciones obreras, campesinas y de barrio. Betancourt impidió que el MIR y el PCV obtuvieran apoyo popular sólo cuando puso a los dos partidos fuera de la ley después del levantamiento de 1962 en Carúpano. En 1963 las FALN prosiguieron su guerra de guerrillas y empezaron una campaña de terrorismo urbano en un intento de impedir que tuvieran lugar las elecciones de diciembre. Los líderes del MIR y del PCV hicieron un llamamiento a la población para pedirle que se abstuviera de votar. Las elecciones pusieron a prueba el dominio del escenario político por parte de la AD y amenazaban con poner bruscamente fin al experimento democrático.

El candidato de la AD, Raúl Leoni, se ganó el apoyo del ala obrera del partido porque había sido ministro de Trabajo durante el trienio. Aunque Leoni gozaba de mucha estima por formar parte de la generación fundadora de la AD, Betancourt había sido reacio a apoyar su candidatura debido a la oposición de los líderes del COPEL Afortunadamente para la AD, había otros seis candidatos a la presidencia y la población venezolana rechazó tanto la violencia de los guerrilleros como la táctica de la abstención. Más del 91 por 100 de los votantes inscritos en el registro acudieron a las urnas. Leoni ganó el 32,8 por 100 de los votos, lo cual representó un descenso del 16,3 por 100 de los votos que Betancourt obtuviera en 1958. Esta vez Caldera quedó en segundo lugar con el 20 por 100 y, de forma bastante sorprendente, el novelista e intelectual Arturo Uslar Pietri, que se presentó con un programa que rechazaba la política de partidos, quedó en cuarto lugar con el 16 por 100, a menos de un punto porcentual del candidato que quedó en tercer puesto, Jóvito Villalba.

Rómulo Betancourt vivió en Suiza durante el gobierno de Leoni. Su sucesor estaba menos comprometido en mantener la coalición con el COPEI y trató de formar una alianza en el Congreso con Jóvito Villalba de la URD y Arturo Uslar Pietri del Frente Nacional Democrático (FND). En el Congreso la cooperación era mínima, pero había más espacio para maniobrar a medida que la amenaza de la guerrilla iba disminuyendo. Mientras que en 1964 había dieciséis grupos de guerrilleros en activo, en 1968 ya sólo había tres. La izquierda sacó la conclusión de que había cometido un grave error al creer que Venezuela estaba preparada para una revolución de estilo cubano. No obstante, el terrorismo, los asesinatos políticos y los secuestros igualmente políticos continuaron y Leoni suspendió las garantías constitucionales varias veces, aunque menos extensamente que Betancourt antes que él. También continuaron los excesos cometidos por la policía y el ejército. El profesor Alberto Lovera, miembro del PCV, fue la víctima más celebre: detenido por la Digepol en 1965, fue torturado, cargado de cadenas y arrojado al mar. La AD toleró las denuncias de la prensa y el Congreso, pero los culpables no fueron identificados y no se llevó a cabo ninguna limpieza interior de la Digepol.

Las dos crisis principales que tuvo que afrontar Leoni estuvieron relacionadas con las compañías petroleras y Fedecámaras y con los izquierdistas de la Universidad Central de Venezuela. En 1966 el ministro de Minas, Manuel Pérez Guerrero, anunció que iba a efectuarse una revisión del sistema tributario general que incrementaría los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las sociedades. Los impuestos venezolanos estaban entre los más bajos del mundo: sólo el 2,2 por 100 sobre la renta de las personas físicas y el 16,3 por 100 sobre las empresas medianas. (Los impuestos equiparables en México eran el 8,5 y el 44,7 por 100 respectivamente). A pesar de ello, las compañías y el sector privado opusieron resistencia. Las compañías petroleras redujeron la producción hasta situarla en la tasa más baja desde hacía un decenio, y Fedecámaras recabó ayuda del banquero Pedro Tinoco, Jr., y de Arturo Uslar Pietri para que defendieran sus intereses. Leoni y Pérez Guerrero utilizaron hábilmente una estrategia basada en el «divide y vencerás» y en septiembre de 1966 pudieron resolver los problemas en privado con las compañías petroleras. La oposición local se desmoronó entonces, toda vez que se apoyaba en terreno menos firme al resistirse a los modestos incrementos de sus propias tasas impositivas. Las compañías petroleras lograron que se acordase una tregua a corto plazo, pero ello significó que tuvieron que traicionar a sus aliados más fuertes en Venezuela. La oposición de Fedecámaras y de las empresas a la reglamentación de las compañías, e incluso a la nacionalización, se debilitó considerablemente después de 1966.

Leoni consiguió resolver la mayoría de los conflictos con la Iglesia y el COPEI relativos a la educación, pero los conflictos con la izquierda sobre el gobierno de la Universidad Central de Venezuela eran intensos. Los estudiantes organizaron protestas contra una regla de 1964 que limitaba el número de veces que un estudiante podía repetir curso antes de que la universidad le obligara a dejarlo. El 14 de diciembre de 1966 el gobierno envió las fuerzas armadas a ocupar la universidad, violando así su autonomía, y en 1967 la institución cerró a causa de las huelgas y la violencia. En las negociaciones, el gobierno se benefició de una división entre el PCV y el MIR en la universidad. El PCV, fiel a su decisión de volver a la actividad política legal, optó por negociar y vincular más estrechamente los problemas estudiantiles, la negativa de los estudiantes a presentarse a los exámenes y la resistencia violenta. La persistencia de Leoni y las elecciones estudiantiles que dieron ventaja al PCV en 1968 finalmente trajeron una paz cautelosa a la principal universidad del país. El conflicto entre la autonomía universitaria y el control gubernamental quedó sin resolver.

Leoni no patrocinó ninguna iniciativa importante en el campo de la política exterior. La Conferencia de la ONU sobre Derecho Marítimo, que celebró su reunión inicial en Caracas en 1968, aumentó el interés por los recursos y los límites marinos. Venezuela, que era consciente de que las reservas de petróleo iban disminuyendo y pensaba en el costoso programa de desarrollo económico y social, esperaba que los mares proporcionaran una nueva bonanza. Las relaciones con las naciones vecinas se volvieron más tensas cuando el perfeccionamiento de la tecnología que permitía buscar petróleo ante las costas intensificó la posibilidad de efectuar hallazgos espectaculares ante el litoral venezolano. En 1966 Venezuela y Gran Bretaña firmaron un acuerdo en Ginebra que suspendió las reinvindicaciones del territorio de Guayana mientras una comisión venezolano-guayanesa trataba de resolver la disputa. Sin embargo, en 1968 Venezuela infringió el espíritu del acuerdo de Ginebra al reinvindicar los mares territoriales y la plataforma continental del territorio en litigio, con lo cual pretendía parar las concesiones petroleras que Guayana había hecho en la zona. Las reinvindicaciones petroleras también perturbaron las relaciones con Colombia, que en 1966 otorgó concesiones para la exploración en el golfo de Venezuela a varias compañías. Caracas denunció las concesiones tachándolas de ilegales y afirmó la soberanía exclusiva sobre el golfo y las plataformas. Los incidentes fueron el principio de una larga serie de negociaciones sobre límites cuya resolución fue excepcionalmente difícil. La afirmación nacionalista del control del territorio fronterizo y en disputa resultó popular entre los venezolanos en general y las fuerzas armadas en particular.

Las elecciones de 1968 y las maniobras que las precedieron afirmaron la creciente consolidación del sistema y representaron un punto decisivo. La AD experimentó una escisión nueva más perjudicial cuando el popular miembro fundador Luis Beltrán Prieto Figueroa formó el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) después de que Betancourt y la vieja guardia se valieran de su control de la maquinaria del partido para negarle el nombramiento como candidato del mismo. Betancourt consideraba a su viejo amigo demasiado radical y pensó que Gonzalo Barrios, que también era de la generación de 1928, resultaría más aceptable a ojos del COPEI y el mundo empresarial. Un protegido de Betancourt que había sido ministro del Interior durante su presidencia, Carlos Andrés Pérez, se convirtió en secretario general del partido y trabajó con ahínco para reducir al mínimo los efectos de la división. Llegado el momento, Barrios atrajo más votos de los que Raúl Leoni consiguiera en 1963. Sin embargo, las elecciones de 1968 las ganó por un margen estrecho Rafael Caldera del COPEI.

Al igual que la AD, el COPEI había experimentado divisiones generacionales e ideológicas durante los diez años de democracia transcurridos desde 1958, pero, a diferencia de la AD, había evitado las escisiones declaradas. Los democristianos se habían ganado el respeto popular, habían mejorado su organización y se habían alejado del conservadurismo doctrinario de los años treinta y cuarenta. El COPEI no presentaba ahora ninguna diferencia ideológica o programática importante respecto de la AD. El ala izquierda del partido, centrada en la Juventud Revolucionaria Copeyana (JRC), buscó inspiración en el ala izquierda del partido de la Democracia Cristiana de Chile capitaneada por Radomiro Tomic. Luis Herrera Campins arguyó que el partido debía mostrar más preocupación por la justicia social y menos por el capitalismo, la protección de la propiedad y la retórica anticomunista. Caldera y sus aliados no amordazaron ni expulsaron a los disidentes, aunque unos cuantos de ellos abandonaron el partido. A medida que 1968 iba acercándose, el deseo de alcanzar la victoria mitigó las diferencias ideológicas y Caldera adoptó una estrategia conciliatoria en su campaña, prometió la amnistía a los guerrilleros de izquierdas y visitó los barrios pobres además de charlar con matronas acaudalas en las tardes de «café con Caldera». Su estrecha victoria (1.075.375 votos frente a los 1.044.081 de Barrios, lo que equivale a apenas un 2 por 100 de los votos) podría atribuirse a su hábil campaña y al buen aprovechamiento de sus apariciones en la televisión, así como a la escisión de la AD y a cierto grado de reacción contraria al continuismo de la AD.

Jóvito Villalba de la URD había sido una fuerza en la política durante tanto tiempo como Betancourt y más que Caldera. Sin embargo, su liderazgo idiosincrático y personalista no pudo colocar a la URD a corta distancia de la AD o del COPEI. Su coalición oportunista con el FND de Uslar Pietri y con Larrazábal detrás de la candidatura de Miguel Ángel Burelli Rivas alcanzó sólo un tercer lugar. Dos partidos pequeños representaron la vuelta simultánea a la política legal de los comunistas y de Pérez Jiménez. Resintiéndose todavía de la destrucción de su organización y de la pérdida de simpatía entre el público causada por la campaña de la guerrilla, la Unión Para Avanzar (el frente legalmente reconocido del PCV) obtuvo sólo el 2,8 por 100 de los votos legislativos nacionales. El partido perezjimecista, la Cruzada Cívica Nacionalista (CCN), obtuvo mejores resultados: el 11,1 por 100 de los votos nacionales y el 26,6 por 100 de los emitidos en Caracas, y Pérez Jiménez fue elegido para el Senado. El juicio del antiguo dictador por peculado acababa de concluir en agosto de 1968 y el Tribunal Supremo le había declarado culpable de delitos financieros de poca monta. Fue puesto en libertad inmediatamente y fijó su residencia en España toda vez que había pasado más tiempo en prisión durante su juicio del que pedía la sentencia. La elección de Pérez Jiménez para el Senado, sin embargo, fue anulada basándose en un detalle técnico: no se había inscrito en el registro de votantes. (En 1973 el Senado aprobó una enmienda constitucional que prohibía a toda persona que hubiera sido declarada culpable de alguna fechoría administrativa desempeñar cargos políticos de carácter nacional. La prohibición iba dirigida específicamente a Pérez Jiménez y a todo intento que pudiera hacer de sacar provecho del descontento con el gobierno democrático).

EL COPEI EN EL PODER, 1969-1974

La modesta mayoría de Rafael Caldera proporcionó un mandato inestable para lo que él le gustaba llamar «el cambio», y el nuevo presidente lo pasó mal durante su primer año en el cargo. Quería una Administración que pudiese reflejar los puntos de vista políticos del COPEI y por ello no incluyó en su gabinete a ningún miembro de la AD, y en el Congreso formó alianzas cambiantes con los partidos políticos pequeños. Los líderes de la AD se atuvieron al acuerdo entre caballeros llamado Pacto de Punto Fijo, pero su falta de experiencia como oposición leal y su decisión de volver al poder les empujó a mostrarse desafiantes. Caldera se encontró ante una oposición implacable hasta 1970, año en que la AD y el COPEI llegaron a un acuerdo para una cooperación limitada en el Congreso. Los estrategas de la AD creían que llegar a un acuerdo con Caldera era preferible a permitir que el MEP de Prieto Figueroa ganará más terreno a expensas suyas.

Los ambiciosos esfuerzos de Caldera en el campo de la reforma administrativa no consiguieron cambiar el sistema de patronazgo político. En 1967 se aprobó una ley sobre el funcionariado y la CAP intentó, con resultados diversos, dar marcha atrás a la concentración de riqueza y toma de decisiones en Caracas. La CAP, bajo la dirección de Alian Randolph Brewer-Carías, patrocinó una ley de 1969 que dividió la nación en ocho regiones económicas y estimuló la formación de nuevas corporaciones de desarrollo, tales como la Corporación de los Andes, que invertirían fondos en las regiones alejadas. El gobierno también creó oficinas regionales de algunos ministerios e institutos nacionales. Brewer-Carías hubiese ido todavía más lejos para restaurar la autonomía fiscal y política de los municipios; arguyó que las elecciones municipales debían celebrarse aparte de las nacionales y que los representantes de los distritos debían ser responsables ante éstos en lugar de ante sus partidos. Caldera, al igual que Betancourt, creía que el sistema de patronazgo nacional que servía de apoyo a los dos partidos principales era crucial para la supervivencia de la democracia venezolana y se negó a experimentar con la propuesta radical de Brewer-Carías. Mientras las oficinas regionales sólo se superpusieran a la estructura administrativa que ya existía, no habría un cambio verdadero… exceptuando, desde luego, la provisión de más puestos de trabajo y patronazgo para los aliados políticos.

El programa del gobierno «puro» del COPEI de Caldera se diferenciaba poco en su sustancia de los programas de los anteriores gobiernos de la AD. La iniciativa que más llamaba la atención era un cambio de la política exterior bajo la dirección del ministro de Asuntos Exteriores, Arístides Calvani, que más adelante sería líder del movimiento internacional de la Democracia Cristiana. Calvani anunció que Venezuela caminaría a partir de ese momento por el camino de la no intervención y el pluralismo ideológico en América. Caracas estableció relaciones diplomáticas con los gobiernos de facto de Panamá, Argentina, Perú y Bolivia y con los gobiernos comunistas de Hungría (1969) y la Unión Soviética (1970). También empezó a tener relaciones comerciales con China y aumentó los contactos con Cuba. Calvani firmó un pacto bilateral contra los secuestros de aviones con Cuba y ejerció presiones sobre la OEA para que levantara las sanciones que se habían impuesto a dicho país. Al tiempo que aligeraba las tensiones con Cuba, Caldera proyectó la influencia de Venezuela de modo más enérgico hacia el Caribe. Caracas ingresó en el Banco de Desarrollo del Caribe y aumentaron las inversiones venezolanas, así privadas como públicas, en la región. Para desempeñar el papel de vecino importante y deseoso de ayudar, Venezuela tuvo que moderar su disputa con Guayana y el Protocolo de Puerto de España decretó en 1970 la suspensión durante diez años de la disputa en tomo al territorio de Esequibo.

La atención de Caldera a las relaciones con países en vías de desarrollo y su giro hacia el pluralismo ideológico acompañaron un enfriamiento de las relaciones con los Estados Unidos. En 1971 Venezuela denunció el tratado comercial con los Estados Unidos como paso previo al ingreso en el Mercado Común Andino, pero el acuerdo comercial recíproco que sustituyó a dicho tratado no alteró seriamente la relación comercial entre Venezuela y los Estados Unidos. El destino intervino para suavizar un poco las relaciones cuando la crisis del Oriente Medio en 1973 cortó el suministro de petróleo árabe a los Estados Unidos y la interdependencia de las dos naciones se intensificó.

Caldera no cambió la política general relativa al petróleo que iniciaran las Administraciones de la AD. La subida de los precios después de 1970 reforzó la confianza nacional. Se hablaba de nacionalización, pero, en todo caso, Venezuela podía contar con tomar posesión de la mayoría de las participaciones extranjeras en la industria del gas natural y requirió a las compañías petroleras extranjeras a depositar una fianza equivalente al 10 por 100 del valor de sus inversiones con el fin de garantizar el buen estado de sus propiedades al llegar el momento de devolverlas.

En el campo de la política nacional, la preferencia de Caldera por la conciliación amplió de forma implícita el Pacto de Punto Fijo. Cuando los guerrilleros abandonaron la lucha armada y volvieron a la actividad legal, los partidos políticos marxistas aceptaron tácitamente las reglas del juego. El PCV, que había recuperado la existencia legal en 1969, se dividió en 1971 y los disidentes formaron el Movimiento al Socialismo (MAS). En 1973, a tiempo para las elecciones presidenciales, el MIR también volvió a la actividad legal. La tendencia hacía juego con la marcha de los acontecimientos en el hemisferio, ya que en 1970 la victoria electoral de Salvador Allende en Chile alentó a los partidos de izquierdas a adoptar la táctica de la «vía pacífica».

El mundo empresarial, la Iglesia y las fuerzas armadas de Venezuela también presionaron —pacíficamente— con el objeto de incrementar su influencia dentro del sistema. Los intereses empresariales, cuyo representante más visible era Fedecámaras, en modo alguno ganaron todas las batallas, pero continuaron siendo una fuerza que los dos partidos principales debían tener en cuenta. Caldera les causó una amarga decepción al decidir el ingreso de Venezuela en el Mercado Común Andino. Fedecámaras, confirmado sus lazos con los intereses comerciales y multinacionales, había argüido que las condiciones de entrada en el Pacto Andino harían que disminuyesen las inversiones en el país, causarían problemas con el acuerdo comercial entre Venezuela y los Estados Unidos, incrementarían los costes de la mano de obra venezolana e importarían la inflación junto con la nueva estructura arancelaria. Caldera, sin embargo, consideraba que los acuerdos económicos regionales eran algo provechoso y también pensaba que la unión podía frenar el expansionismo económico y político en Brasil. Venezuela ingresó en el Pacto en febrero de 1973. Un estudio efectuado aquel mismo año indicó que sólo el 38,3 por 100 de los líderes de las asociaciones empresariales opinaban que sus intereses estaban «representados» o «bien representados» en la política pública. Otro estudio realizado en el mismo año, con todo, reveló que los venezolanos en general opinaban que los quince años de democracia habían ayudado a los intereses económicos poderosos más que a la población en general[5].

Caldera no tuvo que hacer frente a ninguna conspiración militar, pero la AD y el COPEI seguían rivalizando por adquirir influencias en el seno de las fuerzas armadas. Muchos oficiales, orgullosos de su victoria en la lucha contra la guerrilla y del realce de su misión de defensores de la seguridad nacional, pusieron objeciones a la politización de los ascensos y nombramientos. Algunos oficiales consideraban que Caldera se había basado en criterios políticos en vez de militares al nombrar al general Martín García Villasmil para el puesto de ministro de Defensa. Caldera advirtió que no correspondía a los oficiales criticar públicamente las decisiones políticas y en 1969 el presidente acusó a algunos de sus adversarios militares de conspirar contra el gobierno y ordenó su encarcelamiento. (García Villasmil probó suerte en política al retirarse del servicio activo y concurrir —sin éxito— a las elecciones presidenciales de 1973). Así pues, la dirección del COPEI siguió con buena fortuna la iniciativa de la AD y consolidó el control de las fuerzas armadas por parte de los civiles.

La Iglesia, los barrios y los universitarios resultaron más difíciles de controlar. A pesar de sus raíces y su filosofía católicas, el COPEI chocó con la disensión de la Iglesia. La llamada a favor de la justicia social que salió de la Conferencia de Obispos Latinoamericanos celebrada en Medellín en 1968 también encontró eco en Venezuela. Algunos sacerdotes extranjeros criticaron la pobreza y la miseria que hallaron en los barrios urbanos. En 1970 el gobierno Caldera expulso a un sacerdote belga, el padre Francisco Wuytack, por organizar una manifestación no autorizada con el fin de protestar contra el desempleo y la pobreza. La jerarquía de la Iglesia venezolana apoyó la medida del gobierno, pero los sacerdotes jóvenes y los estudiantes denunciaron al gobierno y defendieron al padre Wuytack.

Los populosos barrios de Caracas también desafiaron directamente al gobierno a cumplir sus promesas de justicia social y a frenar la creciente tasa de delincuencia urbana. Un cuerpo de policía mal preparado y mal pagado, la insuficiencia de recursos y las disputas partidistas contribuyeron a limitar el éxito de Caldera. El presidente sustituyó a la muy criticada Digepol por un nuevo cuerpo nacional de policía, la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención del Estado (DISIP). A principios de 1970 empezó con apoyo popular una enérgica ofensiva policial contra la delincuencia en las ciudades, la Operación Vanguardia. Sin embargo, los excesos de la policía pronto causaron críticas y, finalmente, la interrupción del programa. Caldera también atacó las causas de la delincuencia de los barrios y mejoró los servicios públicos a la vez que instauraba un programa de viviendas de bajo coste inspirado en el de la Democracia Cristiana de Chile. Pero el programa del COPEI no disponía de fondos suficientes para surtir efectos que pudieran medirse, y la AD, que deseaba vivamente proteger su propia ventaja política en los barrios, contribuyó aún más a debilitar la iniciativa.

A Caldera le costó poner coto a la agitación universitaria. Los estudiantes y el profesorado protestaban contra la guerra del Vietnam y contra los esfuerzos del gobierno venezolano por controlar las universidades. En 1970 la AD y el COPEI colaboraron en una ley de reforma de las universidades que circunscribía la autonomía universitaria, definía de forma más rigurosa quién era estudiante regular con derecho de voto y limitaba la permanencia de las autoridades universitarias en sus cargos. Manifestaciones de estudiantes y profesores en la Universidad Central de Venezuela empujaron a Caldera a ordenar a la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana que cerraran la institución. Las protestas se extendieron a los institutos de segunda enseñanza de Caracas, que el gobierno también cerró, y a otras universidades nacionales. Todo el mundo estaba de acuerdo en que las universidades sufrían serias deficiencias educacionales, pero muchos también observaron que la AD y el COPEI se mostraban tan ansiosos como Gómez de destruir las fuentes autónomas e independientes de críticas. El gobierno proporcionó su modelo de universidad pública ideal cuando inauguró la Universidad Simón Bolívar (USB) en 1970 en las afueras de Caracas. La USB, llamada la «universidad del futuro», exigía unos requisitos más rigurosos para matricularse en ella, se concentraba en los campos científicos y técnicos y limitaba estrictamente la actividad política de los estudiantes y los profesores.

En 1973, después de quince años de gobierno democrático, Venezuela ya había hecho grandes avances en la institucionalización política y el crecimiento económico. El PNB había aumentado más del doble en dólares constantes entre 1958 y 1972. En 1971 el PNB había subido hasta alcanzar un nivel en que sólo era inferior al de Argentina y en el plazo de unos cuantos años sería el más alto de América Latina. La población venezolana estaba más alfabetizada, mejor alimentada y gozaba de mejor salud, aparte de vivir más tiempo, que en 1958. El número de aparatos de televisión había aumentado de 250.000 en 1961 a 822.000 en 1970, lo, cual era indicio tanto de riqueza como de la propagación de los medios de difusión.

Desde el decenio de 1930 los venezolanos progresistas habían querido «sembrar el petróleo», es decir, invertir los ingresos obtenidos del petróleo, de tal modo que una economía diversificada y una población de clase media pudieran entrar con confianza en la época posterior al petróleo. Pero el tiempo se estaba agotando. Las reservas de petróleo habían quedado reducidas a la cantidad suficiente sólo para once años en 1973. Entre 1958 y 1973 únicamente se había registrado un leve crecimiento de los ingresos proporcionados por este hidrocarburo. La posición relativa de Venezuela como exportadora de un producto primario había descendido a causa del comienzo de la producción de los yacimientos ricos del norte de Africa y el Oriente Medio. Al cabo de poco tiempo la producción de Alaska, México y el Mar del Norte sobrecargaría aún más el mercado.

Los gobiernos democráticos no habían hecho que Venezuela dependiese menos del petróleo… y de los Estados Unidos. El valor de las exportaciones no tradicionales y de las exportaciones de mineral de hierro creció con mayor rapidez que el de las exportaciones de petróleo, pero proporcionó sólo una pequeña parte de las ganancias obtenidas de las exportaciones. Los Estados Unidos seguían siendo el mercado para más del 50 por 100 de las exportaciones venezolanas, principalmente petróleo, y suministraban más del 50 por 100 de las importaciones de Venezuela. Las medidas modestas con que se había querido fomentar la industrialización sólo habían cambiado ligeramente los artículos que importaba Venezuela; además de los artículos de consumo, los derechos arancelarios bajos o inexistentes estimulaban la compra de bienes de capital y maquinaria pesada para las industrias con intensidad de capital. La deuda exterior no había sido un factor en la historia fiscal de Venezuela desde que Gómez la había liquidado en 1930. Pero la deficiencia resultante de las deudas de la dictadura de Pérez Jiménez, los ingresos estáticos producidos por el petróleo y los costes de la industrialización patrocinada por el gobierno y del patronazgo político causaron un incremento de la deuda exterior de 1.168 millones a 8.434 millones de bolívares entre 1958 y 1973. La fortaleza de la moneda venezolana, ligada a las exportaciones de petróleo y al dólar norteamericano, no varió y se siguieron fomentando las importaciones con preferencia a las exportaciones.

La distribución de la renta continuó siendo desigual tanto en términos sociales como entre las regiones. Los venezolanos que residían en las ciudades y en las zonas petrolíferas gozaban de rentas superiores a las del campo. En 1972, el 86 por 100 de toda la renta ganada fue a parar a las ciudades, donde residía el 73,1 por 100 de la población nacional. Un estudio que se hizo a finales de los años sesenta descubrió que en las ciudades de más de 25.000 habitantes el 57,41 por 100 de las familias ganaban menos de 1.000 bolívares al mes. La cifra salía bien librada de la comparación con el 89,22 por 100 de las familias rurales que entraban en la misma categoría, pero no daba muchos motivos para sentirse optimista en lo que se refería a la expansión de la clase media urbana.

La AD y el COPEI habían dependido mucho de los crecientes recursos petroleros y del supuesto de que las subvenciones a los industriales acabarían proporcionando más puestos de trabajo y más renta para los pobres. Sin embargo, el desarrollo económico con intensidad de capital no pudo absorber el gran número de trabajadores que carecían de preparación. Seguían importándose extranjeros en calidad de consultores y mano de obra especializada en los complejos del acero y petroquímicos. La paradoja que suponía la simultaneidad del desempleo y de la escasez de mano de obra contribuyó a que un porcentaje menor de la renta nacional fuese a parar a los trabajadores y empleados asalariados. En 1958 los trabajadores recibieron el 54,5 por 100 de la renta nacional, pero en 1973 recibieron únicamente el 46,4 por 100. Al mismo tiempo, la renta en la agricultura era sólo una cuarta parte de la del sector industrial, una sexta parte de la del sector comercial y una decimotercera parte de la del sector petrolero.

Al acercarse las elecciones de 1973, Rómulo Betancourt decidió no concurrir a ellas de nuevo, convenció a la vieja guardia de la AD de que había llegado el momento de entregar el liderazgo a una generación nueva y logró que se nombrara candidato a su protegido Carlos Andrés Pérez. Aunque mucho más joven que los fundadores de su partido, Pérez había sido miembro activo de la AD desde la adolescencia en el decenio de 1940 y ministro del Interior bajo Betancourt, período durante el cual se había ganado el odio de la izquierda por perseguir implacablemente a los grupos estudiantiles y guerrilleros. Después de la derrota electoral de la AD en 1968, Pérez se había dedicado a reconstruir la organización del partido, así como a tratar de reducir al mínimo los efectos de la defección de Prieto y los mepistas.

El COPEI también experimentó algunas tensiones de índole generacional, pero Rafael Caldera consiguió que se nombrara candidato al veterano Lorenzo Fernández, que era leal pero bastante soso. No renunció públicamente a ninguna de las cosas que Caldera había hecho como presidente y le resultó difícil conquistar a los que se habían enemistado con Caldera. El mundo empresarial recibió con disgusto el sorprendente nacionalismo de Caldera, así como sus propuestas de llegar a un acuerdo con la izquierda, a la vez que la izquierda vio con malos ojos que reconociese al general Augusto Pinochet poco después del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende en Chile en septiembre de 1973.

Otros partidos presentaron candidatos, pero ninguno supuso una amenaza real para los dos partidos principales. Todos ellos carecían de una organización nacional fuerte. Y tampoco acertaron a resolver el difícil asunto del programa político: ¿Cómo podía un programa político prometer más de lo que prometían los partidos principales sin que se le considerase peligrosamente radical o aquejado de una ingenua falta de realismo? A decir verdad, probablemente muchos de los candidatos poco importantes a la presidencia concurrieron a las elecciones sólo para atraer más votos en el Congreso o para legitimarse como opciones «populares» en el supuesto poco verosímil de que se produjera un golpe militar.

En 1973 las campañas presidenciales ya se habían convertido en un carnaval que se celebraba cada cinco años. Canciones, musiquillas, caravanas de automóviles, fiestas, pancartas y cerveza formaban parte de las campañas de estilo popular. Los principales partidos gastaban sumas desorbitadas de dinero —más por votante de las que se gastaban en los Estados Unidos— en consultores de publicidad, a menudo extranjeros, y en costosos anuncios en los medios de difusión. Carlos Andrés Pérez, que recurrió sin dudarlo un sólo instante a la tecnología y demás elementos de las campañas políticas «modernas», reforzó su imagen juvenil con corbatas llamativas, grandes patillas y «caminos» rápidos y televisados por los barrios y obtuvo una notable cifra del 48,77 por 100 de los votos. Los partidos menos importantes se encogieron hasta quedar reducidos a la insignificancia y la AD y el COPEI juntos obtuvieron el 85 por 100 de los votos con doce candidatos; los dos candidatos de izquierdas atrajeron sólo el 10 por 100. Los analistas señalaron que la división electoral entre Caracas y el resto de la nación había desaparecido virtualmente, y que los dos partidos principales habían ganado con facilidad en la capital además de en el resto del país. La mayoría de los votantes parecían más interesados en asuntos prosaicos —puestos de trabajo, la vivienda, la educación, el coste de la vida, las tasas de la delincuencia— que en algo más abstracto como eran los debates ideológicos. Estas preocupaciones favorecían a los partidos principales y los votantes podían estar convencidos de expresar su descontento con uno de dichos partidos cuando daban su voto al otro. No necesitaban buscar candidatos «extremistas» para expresar su voto de protesta.

EL AUGE DEL PETRÓLEO Y LA PRESIDENCIA
DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ, 1974-1979

Las vicisitudes de la industria del petróleo y el mercado internacional de este producto habían impuesto los límites exteriores del desarrollo de Venezuela desde el decenio de 1920. Al cabo de medio siglo, más del 90 por 100 de las ganancias de exportación —y más del 70 por 100 de los ingresos del gobierno— aún procedían de las ventas del petróleo. Una variación de un dólar norteamericano en el precio del barril de petróleo producía una variación del 2 por 100 en el presupuesto total del gobierno. El precio medio del barril de petróleo ascendió de 2,01 dólares en 1970 a 14,26 dólares en enero de 1974 y 29,40 dólares en 1982 (antes de caer hasta situarse por debajo de los 13 dólares en 1986).

El embargo del petróleo que los árabes decretaron en 1973 y los precios insólitamente altos de dicho producto brindaron al presidente Carlos Andrés Pérez la oportunidad de «sembrar el petróleo» más amplia y profundamente que en cualquier ocasión anterior. Tanto la nueva riqueza como la percepción de la misma afectaron a todos los aspectos de la vida nacional. La política exterior se volvió más asertiva y expansiva. Las regiones descuidadas del país recibieron más inversiones. Grandiosos proyectos de desarrollo público volvieron a despertar la esperanza de que Venezuela pudiese llegar a ser autosuficiente desde el punto de vista económico.

Por desgracia, ni las habilidades administrativas ni el aparato planificador del estado dieron el mismo salto que la renta. Algunos venezolanos llevaban mucho tiempo tolerando la malversación generalizada de fondos públicos mientras los culpables no exhibiesen necia y ostentosamente la riqueza que habían adquirido de aquel modo. La poca disposición a separar el funcionariado del patronazgo político había contribuido aún más a la corrupción y al tráfico de influencias. La enorme afluencia de fondos nuevos en el decenio de 1970 provocó una ola de corrupción generalizada y de desatinados empréstitos extranjeros. Compañías e institutos estatales contrajeron deudas exteriores de forma independiente, sin la aprobación del gobierno central y sin la supervisión fiscal de la distribución de los fondos. Mientras los precios del petróleo continuaron subiendo y los tipos de interés siguieron estacionarios, el reembolso de los empréstitos, incluso los que eran a corto plazo, no supuso ningún problema. Un porcentaje no determinado de la riqueza servía para financiar pisos en Miami, aviones privados, automóviles de lujo, viajes por el extranjero y cuentas bancarias. El vertiginoso aumento de la deuda nacional apareció en medio de la fiesta más grandiosa que jamás vieran los venezolanos. Nació la «Venezuela saudita» y a su lado la «danza de los millones» de Pérez Jiménez pareció relativamente austera.

Los altos precios del petróleo también hicieron posible nacionalizar sin oposición este recurso natural y otros. Los cimientos para administrar una industria nacionalizada se habían puesto en el país con la CVP y en el plano internacional con la OPEP. De todos modos, la mayoría de las concesiones iban a expirar en el plazo de diez años y las compañías multinacionales que se hallaban presentes en Venezuela no habían emprendido virtualmente ninguna exploración nueva y tampoco perforaciones ante la costa. Los venezolanos temían que esperar hasta la fecha de expiración de las concesiones les dejara con poco más que un montón de maquinaria oxidada mientras la explotación de yacimientos más nuevos y productivos en el extranjero les dejaba atrás. Muchos de los aliados más fuertes de las compañías multinacionales en Venezuela se había llevado una decepción debido a la componenda egoísta que habían hecho las compañías cuando la ley fiscal de 1966. El control nacional de la industria del petróleo prometía un nuevo nivel de independencia.

El gobierno venezolano se hizo cargo de la industria del hierro antes de ocuparse de las compañías petroleras. El 1 de enero de 1975, pancartas callejeras proclamaban «El hierro es nuestro». A pesar de la retórica nacionalista, las filiales de la U. S. Steel y de la Bethlehem Steel recibieron compensaciones generosas y Venezuela accedió a vender hierro a las compañías principales durante un período de hasta siete años al precio mínimo de 59,89 bolívares por tonelada métrica. La producción de hierro de Venezuela había crecido de 1,9 toneladas métricas en 1952 a 15,6 millones en 1976, de las cuales alrededor del 80 por 100 se exportaban. Junto al petróleo, las ganancias obtenidas de la exportación del hierro eran insignificantes, pero la expansión de la industria del acero en Guayana y de la minería del carbón en Zulia ofrecían la esperanza de crear un Ruhr venezolano en el corazón del país.

La nacionalización del petróleo también se llevó a cabo sin contratiempos, aunque con un debate nacional mayor. Pocos discutieron la generosa compensación de 1.000 millones de dólares norteamericanos que se pagó a las compañías extranjeras o la creación de una compañía nacional (PETROVEN, que más adelante pasaría a llamarse PDVSA) que se encargara de coordinar las actividades de las dieciséis filiales de las compañías internacionales. Las críticas se concentraron en el artículo 5 del acuerdo de nacionalización, que era una cláusula que autorizaba al gobierno a llegar a acuerdos con compañías extranjeras por cuestiones técnicas o de otra índole relacionadas con la industria. Juan Pablo Pérez Alfonzo y otros críticos opinaban que el artículo 5 ocultaba la intención de dejar la industria del petróleo en manos extranjeras, si bien bajo un nuevo formato. El presidente Pérez, apoyado por Betancourt, contestó a tal acusación diciendo que el gobierno debía retener la máxima flexibilidad durante la futura potenciación de la industria del petróleo. Pérez salió vencedor de la disputa y Venezuela firmó inmediatamente contratos con las compañías extranjeras en virtud de los cuales éstas proporcionarían asistencia técnica y medios de prospección y transporte para el petróleo venezolano. Es probable que las compañías mejorasen su posición financiera al cambiar los onerosos impuestos por contratos de servicio, pero Venezuela no podía evitar la compra de los servicios que no podían obtenerse de compañías nacionales.

La nacionalización acompañó a un esfuerzo importante por modernizar la industria del petróleo en Venezuela. Rafael Alfonzo Ravard, que estaba al frente de PDVSA, argumentó de modo convincente que la compañía debía permanecer al margen de la política e incluso del control del ministerio de Minas. Supervisó el comienzo de nuevas prospecciones con el fin de compensar la disminución de las reservas e invertir en nueva maquinaria industrial. En 1976 la producción de Venezuela consistía en un 35 por 100 de petróleo ligero, un 38 por 100 de petróleo medio y un 27 por 100 de petróleo crudo pesado, que era el menos valioso. El porcentaje de crudo pesado y barato continuó aumentando y se esperaba que nuevos hallazgos incrementasen las reservas del petróleo ligero, más valioso. Las reservas menos deseables de Venezuela eran la franja de alquitrán a lo largo de la orilla septentrional del río Orinoco. Iba a hacer falta tecnología nueva y costosa para recobrar petróleo aprovechable de los yacimientos del Orinoco, pero Caracas contaba con que el precio del petróleo siguiera siendo alto y en 1981 empezó a trazar planes para la explotación de aquel lugar. PDVSA también modernizó la industria de refinación de petróleo y la industria petroquímica. Las refinerías que tenía Venezuela se habían construido en una época en que había menos petróleo crudo pesado que debía refinarse y ya no podían satisfacer la demanda nacional. Se ampliaron las refinerías de Amuay, El Palito y Puerto La Cruz. La industria petroquímica, con las nuevas inversiones, tendría que esperar varios años antes de que diera beneficios.

Las nacionalizaciones fomentaron la ascensión de una nueva estrategia de desarrollo. En lugar de ver las industrias del hierro y del acero como elementos accesorios de una industrialización ajustada al mercado interno, la estrategia más amplia se concentraba en las posibilidades existentes en el mercado internacional. La consecuencia política de este ambicioso plan residía en dar menos prioridad al fomento del mercado de consumo nacional por medio de la redistribución de la renta nacional. Los políticos tendrían que afrontar el riesgo de que hubiera protestas de la gran parte de la población que pagaría indirectamente el precio de las nuevas prioridades. Utilizar el petróleo nacionalizado para subvencionar las exportaciones también hacía que la nación fuese vulnerable por partida doble: a las fluctuaciones del mercado internacional del petróleo y a las de los mercados del acero, los productos petroquímicos y otras exportaciones viables. Los costes de la estrategia de alto riesgo se hicieron más obvios cuando los precios del petróleo cayeron y la deuda exterior creció en el decenio de 1980.

La impresionante victoria electoral de 1973 dio a Carlos Andrés Pérez un colchón de apoyo del cual no había disfrutado ningún presidente anterior. En teoría, el Congreso venezolano tenía mucha influencia, pero en la práctica el sistema político era marcadamente presidencial y el papel del gobierno era todavía más débil. Los jueces, que eran nombrados por el Congreso de acuerdo con criterios políticos y para períodos limitados, presidían un sistema de tribunales cada vez más corrompido e ineficiente. Con una mayoría de la AD, Pérez obtuvo la aprobación del Congreso para gobernar por decreto sin su revisión ni la de la judicatura, y promulgó decretos desde Miradores con una velocidad deslumbrante.

Pérez no tardó en crearse enemigos debido a su estilo aparatoso. A los partidos de la oposición no les gustó que dejara a un lado el Congreso y temían que la AD, con la ayuda de la bonanza del petróleo, acabara instaurando la dominación de un partido único sobre el sistema político. Incluso Betancourt, su mentor, y gran parte de la vieja guardia de la AD desconfiaban del poderoso e idiosincrático liderazgo de Pérez. El presidente formó un gabinete con jóvenes que eran leales a él más que al partido. Aunque el propio Betancourt había ejercido siempre el control personal sobre la AD, lo había hecho para crear una organización política disciplinada que pudiese dominar tanto a los fieles del partido como a los grupos de intereses organizados. El populismo visceral de Pérez hizo caso omiso de los ancianos del partido y amenazó con acudir directamente a las masas por medio del hábil y vigoroso empleo de los medios de información.

Durante los primeros seis meses de su mandato, el tono marcadamente populista y pro obrero de Pérez irritó a los empresarios, que aprobaban la estrategia general consistente en potenciar las industrias exportadoras. Pérez ordenó que se aumentaran los sueldos y salarios de todas las personas que ganasen menos de 5.000 bolívares al mes e impuso multas fuertes en los casos de despido injustificado, pues quería evitar que aumentase el desempleo.

Sin embargo, Pérez redujo pronto su actitud pro obrera y pasó a subvencionar las exportaciones mostrándose favorable al llamado «grupo occidental» de financieros y empresarios de Maracaibo que habían subvencionado su campaña. Miembros importantes del citado grupo, Enrique Delfino, Ciro Febres Cordero y Pedro Tinoco, estaban relacionados con el Banco Hipotecario de Occidente y con la estrategia capitaneada por las exportaciones. En 1976 los incrementos de los precios y las medidas económicas que favorecían a las empresas habían reducido el nivel de vida de los trabajadores. La CTV dominada por la AD optó lealmente por no desafiar al gobierno, pero algunos sindicatos, tales como el de los mineros del hierro, que eran más independientes, protestaban de vez en cuando contra la hegemonía de la CTV y también contra medidas que tomaba el gobierno.

Debajo del populismo superficial del gobierno Pérez había un tono autoritario. Reaparecieron algunos grupos de guerrilleros y el gobierno respondió enérgicamente. En 1976 el Congreso aprobó la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, que creó el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que contaba con un secretario permanente, comisiones también permanentes y un servicio nacional de información. Los críticos dijeron que la nueva estructura imitaba el aparato de seguridad que tan popular era entre los gobiernos militares del Cono Sur. Les preocupaba la importancia que se concedía al secreto, y la falta de garantías para los derechos de los ciudadanos. En 1976 el secuestro de William Niehous, director general de la empresa Owens-Illinois de Venezuela, hizo que aumentara la presión a que se veían sometidos los izquierdistas. Casi cuatrocientas personas fueron detenidas y el líder trotskista de la Liga Socialista de Venezuela, Jorge Rodríguez, murió de un ataque al corazón mientras era interrogado por la DISIP. En 1978, la investigación del asesinato de un abogado de Caracas reveló que en el seno de la Policía Técnica Judicial (PTJ) funcionaba un escuadrón de asesinatos de élite.

La irregular combinación de populismo, autoritarismo y mejores relaciones con Cuba sembró la confusión en la izquierda venezolana. Los izquierdistas aplaudieron la presencia de antiguos miristas como Gumersindo Rodríguez en la Administración. Asimismo, el incremento del gasto en cultura —arte, películas, danzas, edición de libros— apaciguó indirectamente a los intelectuales de izquierdas, efecto que también surtió la creación de nuevas universidades y de programas de becas—. Los jóvenes venezolanos competían por las becas llamadas del Gran Mariscal de Ayacucho, que financiaban estudios universitarios en los Estados Unidos y en Europa. Este programa reflejaba la creencia de que proporcionar educación en el extranjero era menos costoso que crear nuevas universidades y nuevos programas en Venezuela con el fin de atender a la creciente población estudiantil. Además, las becas servirían para sacar algunos fondos de la recalentada economía venezolana. En mayo de 1979 ya eran más de veinte mil los estudiantes que habían recibido becas completas, y el 61 por 100 de ellos estudiaban en el extranjero, lo que contribuyó en gran medida a reducir las tensiones entre los estudiantes y el gobierno. No obstante, al volver a Venezuela, muchos estudiantes se sintieron frustrados ante algunos de los defectos nacionales que ahora veían con mayor claridad. Algunos de ellos esperaban disfrutar inmediatamente de un nivel de vida como el de las clases medias de los Estados Unidos o Europa. Pero sus ambiciones se vieron frenadas por la red de patronazgo político, que de vez en cuando discriminaba en contra de los que se habían formado en el extranjero, y por la contracción del mercado de puestos de trabajo del decenio de 1980.

Ni las universidades venezolanas ni las extranjeras podían proporcionar administradores hábiles con la rapidez suficiente para el auge económico del decenio de 1970. El crecimiento de la burocracia y la renta nacional sin precedentes sometieron a la Administración, dominada por el patronazgo, a una tensión superior a su capacidad de resistencia. La proliferación de empresas estatales autónomas agravó el problema. En 1980 el estado venezolano se enorgullecía de poseer 91 entidades administrativas, 79 empresas de propiedad estatal y 146 empresas mixtas. Entre 1960 y 1975 los gastos del gobierno central casi se multiplicaron por cuatro, pero disminuyeron del 54 al 21 por 100 del total del gasto público. Las compañías estatales, en cambio, gastaron casi veinticinco veces más en 1975 que en 1960 y sus gastos representaron el 62 por 100 del gasto público en 1975, comparado con el 23 por 100 en 1960.

Resumiendo, el hecho de no haber creado una reserva administrativa basada en el mérito y experimentada durante el decenio y medio anterior hizo inevitable que las presiones del crecimiento rápido de los últimos años setenta produjeran un aumento de la ineficiencia y la corrupción como nunca se había visto en el país. Varios escándalos sacudieron la Administración, pero muy pocos casos fueron llevados ante los tribunales, toda vez que los líderes de la AD y del COPEI continuaban creyendo que los juicios públicos mermarían la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Con el fin de crear una ilusión de limpieza pública, la vieja guardia de los dos partidos acordó que el Congreso juzgase a Carlos Andrés Pérez al finalizar éste su mandato. En 1979 el Congreso le declaró culpable del delito no encausable de fomentar un clima de corrupción política, pero le exoneró de la responsabilidad «moral y administrativa» de cualquier acusación concreta.

La política exterior de la Administración Pérez fue controvertida y a veces contradictoria. A algunos miembros de la AD no les gustaba el abandono de anteriores actitudes anticomunistas y veían con suspicacia el desplazamiento irregular hacia la izquierda. Bajo Pérez, la AD se convirtió en el mayor afiliado de la IS y sancionó con entusiasmo los intentos de aproximación al Tercer Mundo que fomentaba Willy Brandt, el ex canciller de la Alemania Occidental. Venezuela volvió a establecer relaciones diplomáticas con Cuba en diciembre de 1974 y dirigió una campaña infructuosa cuyo objetivo era lograr que la OEA levantase las sanciones contra el gobierno de Fidel Castro. El apoyo de Pérez a Ornar Torrijos durante las negociaciones del tratado del Canal de Panamá y a los guerrilleros sandinistas de Nicaragua fue una confirmación más de su política activista.

Pérez ambicionaba que se le considerase un líder internacional y del Tercer Mundo y ello le indujo a viajar al extranjero más que cualquier otro presidente e incluso visitó Moscú en 1976. Caracas desempeñó un papel destacado en los debates económicos entre el norte y el sur y en las conferencias sobre derecho marítimo. La mayor ayuda económica y las gestiones diplomáticas en los países anglófonos del Caribe fueron torpes, pero generalmente bien acogidas por los estados más pobres. Venezuela firmó un pacto con otras naciones amazónicas que preveía el desarrollo multilateral de la región. El presidente venezolano también interpretó un papel más activo en el Pacto Andino con el objetivo declarado de dar mayor sustancia política a la unión económica. Estas actividades reforzaron la percepción de la «nueva Venezuela» como país simultáneamente caribeño, andino, atlántico y amazónico.

La activa política exterior de Pérez en el Tercer Mundo y la crisis del petróleo crearon un poco de tensión con los Estados Unidos. El gobierno Pérez criticó la enmienda de la Ley de Comercio norteamericana que se aprobó en 1974 y que negaba los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias a cualquier nación perteneciente a la OPEP. La Ley de Comercio fue una represalia motivada por el embargo árabe del petróleo en 1973 y no reconoció que el petróleo venezolano había continuado llegando a los Estados Unidos durante la crisis. En 1976 los Estados Unidos levantaron la cláusula comercial discriminatoria y las relaciones mejoraron un poco.

El estilo populista de Pérez, su gestión de los recursos nacionales y las contradicciones que a veces se advertían en su política se convirtieron en temas de debate a medida que iban acercándose las elecciones presidenciales de 1978. Betancourt se había distanciado públicamente de su antiguo amigo, que se había independizado de forma tan clara. En las cuestiones de importancia, Betancourt veía con desagrado la cordialidad que se mostraba para con los gobiernos marxistas, la actitud ante el Tercer Mundo, el gasto furioso en proyectos monumentales y las acusaciones de corrupción. Betancourt y los líderes tradicionales de la AD estaban, pues, decididos a excluir a Pérez de las decisiones del partido y, como Betancourt y su candidato presidencial favorito, Luis Piñerúa, seguían controlando la mayor parte de la maquinaria del partido, Piñerúa obtuvo con facilidad el nombramiento de candidato del partido. Pérez defendió su propia Administración, pero no desafió de manera manifiesta a los líderes del partido presentando otro candidato.

La existencia de numerosos candidatos de menor importancia, entre ellos varios de La izquierda dividida, y el conflicto interior de la AD a causa del liderazgo de Pérez proporcionaron al COPEI una buena oportunidad de ganar. Luis Herrera Campins, al que se identificaba con el ala izquierda del COPEI, era el claro favorito de su partido y recibió la aprobación poco entusiasta de Rafael Caldera. Herrera Campins tenía poco carisma, pero Joseph Garth, consejero del COPEI para asuntos relacionados con los medios de difusión, consiguió presentarle como un estadista serio y digno de comparación con el impetuoso y caprichoso Pérez y el aburrido Piñerúa. Herrera Campins animó un poco su imagen con algunos aforismos populares de los llanos y salió vencedor con el 46,6 por 100 de los votos. Piñerúa obtuvo el 43,4 por 100. Una vez más los partidos de menor importancia no pudieron encontrar la fórmula que les permitiese sacudir la dominación electoral de los dos partidos principales.

LA PRESIDENCIA DE LUIS HERRERA CAMPINS, 1979-1984

Al igual que Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campins pertenecía a una nueva generación de líderes políticos. Sin embargo, la ascensión de Herrera Campins dentro del COPEI había sido menos espectacular que la de Pérez en la AD. Aunque hizo campaña a favor de Rafael Caldera durante el decenio de 1940, Herrera Campins permaneció un poco distanciado de los centros de poder del partido durante el trienio. Se hizo cargo de la dirección de la Juventud Revolucionaria Copeyana, grupo juvenil que él contribuyo a fundar en 1947, y dirigió el periódico del partido. A diferencia de muchos de los líderes del COPEI que se quedaron en Venezuela durante la dictadura de Pérez Jiménez, Herrera se exilió en 1952 después de pasar una breve temporada en la cárcel por organizar huelgas estudiantiles y denunciar la censura de prensa. Instalado en España, estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, leyó extensamente la obra de teóricos cristianos sociales como Jacques Maritain y Teilhard de Chardin. Al regresar a Venezuela en 1958, se le consideró uno de los miembros más intelectuales del COPEL En 1973 la juventud y los sectores obreros del COPEI habían apoyado su nombramiento como candidato a la presidencia, pero Caldera había logrado imponer a su colaborador Lorenzo Fernández.

Herrera Campins no empezó bien. En junio de 1979 se celebraron elecciones municipales, las primeras que tenían lugar con independencia de las presidenciales y las del Congreso. El COPEI ganó estas elecciones, pero la extensa campaña política hizo que a Herrera Campins le resultase difícil tomar ímpetu desde los primeros momentos. Tuvo problemas para formar su gabinete debido a que muchos copeyanos ya habían empezado a trazar planes con vistas a las elecciones presidenciales de 1983. Sólo dos miembros de su primer gabinete habían servido anteriormente en el gobierno: el ministro del Interior, Rafael Andrés Montes de Oca, y el de Educación, Enrique Pérez Olivares. La creación de dos ministerios nuevos decepcionó a los que querían que Herrera empezase a reducir la hinchada administración pública. Mercedes Pulido Briceño se convirtió en ministra de Estado para la Participación de la Mujer en el Desarrollo, y Luis Alberto Machado ocupó el puesto de ministro para el Desarrollo de la Inteligencia, departamento que se proponía ampliar la inteligencia humana y la capacidad analítica.

A Herrera Campins le gustaba citar la teoría cristiana social sobre temas relativos a la sociedad comunitaria y el compromiso con los pobres, y subrayaba retóricamente la falta de atención de Pérez a los gastos sociales. Sin embargo, los programas de Herrera Campins no abordaron la cuestión de la pobreza estructural y ni siquiera proporcionaron los paliativos prometidos. Los pobres sufrieron mucho a causa de la retirada de subvenciones de muchos artículos de consumo y de la imposición de aranceles a los artículos importados, entre ellos los alimentos. El 20 por 100 de inflación que se registró en 1980 fue el peor que podía recordar Venezuela. Un programa destinado a subvencionar alimentos básicos para las familias pobres nunca llegó a despegar, y la campaña destinada a proporcionar 650.000 viviendas nuevas, a la que se había dado mucha publicidad, no alcanzó el objetivo previsto. Con todo, el presidente del COPEI sí proporcionó una mejora en los servicios urbanos que se esperaba desde hacía mucho tiempo y que era un proyecto representativo que había iniciado Carlos Andrés Pérez. Algunas secciones del notable y costoso metro de Caracas se inauguraron en 1983 para proporcionar un poco de alivio a la ciudad congestionada por el tráfico. Otros servicios urbanos, no obstante, continuaron empeorando.

Al igual que antes, el gobierno del COPEI encontró más tensión con el trabajo organizado que la AD. Quejándose de la subida de los precios y del esfuerzo del gobierno por alcanzar la estabilidad salarial, las organizaciones obreras ejercieron presión para obtener mayores beneficios. De hecho, ambos partidos principales vieron cómo disminuía el control que ejercían sobre el movimiento obrero debido a la actuación de organizadores más radicales, especialmente entre los trabajadores del metal en Guayana, donde la violencia creció a causa de la rivalidad entre diversos sindicatos.

La actividad de la guerrilla, aun siendo de poca importancia, continuó provocando reacciones enérgicas de la policía y los militares. William Niehous, el ejecutivo norteamericano al que habían secuestrado en 1976, fue encontrado en un rancho abandonado en junio de 1979, liberado después de un tiroteo en el cual murieron dos de sus secuestradores y sacado apresuradamente del país. Dadas las sospechas generales que inspiraba la policía, muchos venezolanos creyeron que se había encubierto a políticos que tenían más información sobre el secuestro de la que habían revelado. A finales de 1982, el ejército lanzó un ataque por sorpresa en el este y mató a veintitrés guerrilleros que se encontraban comiendo en su campamento. Los venezolanos se sobresaltaron al conocer la importancia numérica del grupo de guerrilleros y al ver que el ejército no había podido o querido hacer prisioneros.

Herrera Campins redujo la escala de las grandiosas iniciativas de Pérez en el extranjero, pero, bajo la fuerte influencia de Arístides Calvani y de la simpatía por los democristianos, no evitó del todo los enfrentamientos internacionales. El apoyo decidido al democristiano José Napoleón Duarte en El Salvador y la frialdad ante la Nicaragua sandinista hicieron que Caracas se alineara más con las iniciativas norteamericanas en la región hasta 1982. Luego, decepcionado al ver el tibio apoyo que Washinghton había prestado a Duarte en las elecciones de 1982 y enojado ante la aprobación conjunta franco-mexicana de las negociaciones con los guerrilleros del FMLN, Herrera instó a la cooperación regional con el fin de mitigar las tensiones en América Central. Fundado en enero de 1983, el grupo Contadora (Colombia, Panamá, Venezuela y México) puede que ayudase a limitar el conflicto armado en América Central, pero no logró un acuerdo de paz duradero.

Las relaciones con Cuba empeoraron en la primavera de 1980. Varios cubanos buscaron refugio en la embajada venezolana en La Habana, pero el gobierno cubano se negó a concederles salvoconductos para que salieran del país. Fidel Castro y los portavoces venezolanos intercambiaron insultos y las relaciones continuaron siendo frías incluso después de que Castro permitiera que los cubanos abandonaran la isla, principalmente para trasladarse a los Estados Unidos. Herrera Campins, que había mirado con recelo al gobierno izquierdista de Maurice Bishop, primer ministro de Granada, y sus estrechas relaciones con Cuba, aprobó la ocupación de la isla por los norteamericanos en 1983. Las fuerzas armadas venezolanas creían que la intervención había reforzado la seguridad de la región y de Venezuela. La principal desviación respecto de la política estadounidense en América Latina ocurrió en la primavera de 1982 cuando Herrera apoyó a Argentina en el conflicto con Gran Bretaña a causa de las islas Falkland o Malvinas. Venezuela se interesó especialmente por el caso debido a su propio conflicto de fronteras con Guayana. Si Argentina hubiera logrado confirmar con las armas su reivindicación jurídica de las citadas islas, quizá Venezuela hubiera podido hacer lo mismo con el territorio de Esequibo.

La nacionalización del petróleo en 1976 había permitido a Caracas utilizar las ventas de dicho producto directamente como instrumento de la política exterior. Pérez había ofrecido petróleo a precios con descuento a los países del Caribe, había aportado sumas mayores al Banco de Desarrollo del Caribe para su reinversión en la región y se había unido a otras naciones productoras de petróleo para ayudar a países más pobres que ellas. Al igual que en otros campos, Herrera Campins redujo o abandonó estas iniciativas, en parte porque no estaba de acuerdo con los objetivos de Pérez y en parte a causa de la creciente crisis económica de Venezuela.

En efecto, los cambios que se estaban produciendo en la situación económica exigían la mayor parte de la atención de Herrera Campins. El servicio de la deuda se extendía con la subida de los tipos de interés, la estabilización de los ingresos obtenidos del petróleo y las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que se adoptaran medidas de austeridad que satisficieran a los acreedores extranjeros de Venezuela. Herrera Campins tomó una serie de medidas impopulares que eliminaron o limitaron las subvenciones del gobierno a numerosos artículos de consumo, entre ellos la gasolina. La medida más impopular fue la que tomó Herrera Campins el 18 de febrero de 1983, fecha que popularmente se conoce por el nombre de «Viernes Negro». El gobierno devaluó el bolívar y fijó un tipo de cambio controlado por él de 7,5 bolívares por dólar además de un tipo flotante. Los venezolanos que tenían deudas exteriores que debían pagar en dólares de pronto necesitaron el doble o el triple de bolívares para comprar dólares. El sector privado exigió que el gobierno subvencionara su problema cambiarlo vendiéndole dólares preferentes —o dólares a razón de 4,3 como antes o a un tipo de cambio parecido— con el fin de poder atender sus obligaciones. Sin embargo, en una ciudad llena de habladurías como Caracas, los verdaderos «vivos» habían sacado su dinero del país y lo habían puesto en bancos norteamericanos antes del día negro de la devaluación. Se había producido una virtual hemorragia de capital a finales de 1982 y comienzos de 1983.

Herrera Campins creó un organismo gubernamental —RECADI— para que estudiase las solicitudes de dólares preferentes, pero durante 1983, año de elecciones, RECADI virtualmente no hizo nada. Del mismo modo, el gobierno Herrera Campins empezó la larga renegociación de la deuda con los banqueros norteamericanos, pero se negó a contraer compromisos importantes durante la campaña electoral, ya que deseaba evitar los peligros políticos que representaba llegar a algún acuerdo con el FMI. Caracas insistió en tratar directamente con los representantes de los banqueros. Los controles fiscales habían sido tan poco rigurosos, que nadie podía afirmar con certeza cuál era el importe de la deuda exterior, pero la deuda del sector público se acercaba a los 20.000 millones de dólares mientras que el sector privado debía alrededor de 14.000 millones de dólares.

La devaluación de 1983 favoreció a unas cuantas empresas muy capitalizadas, las industrias mixtas público-privadas tales como la del acero y la petroquímica y todas las industrias que no dependieran de la importación de piezas ni de bienes de producción. Sufrieron los sectores comerciales que importaban muchos productos de consumo, las empresas pequeñas o muy endeudadas y las que eran filiales de compañías extranjeras o dependían de ellas. Incluso las industrias que habían crecido al amparo de la estrategia destinada a substituir las importaciones para atender al mercado nacional pudieron beneficiarse poco debido a que el desempleo, la inflación y el descenso del nivel real de vida para muchos causaron un estancamiento o contracción de la demanda nacional de bienes de consumo. La conciencia y las tensiones de clase, que generalmente habían quedado reducidas a un mínimo gracias a las medidas populistas basadas en la expansión de los ingresos obtenidos del petróleo que tomaron los dos partidos políticos principales, comenzaron a agudizarse.

El COPEI no controló el Congreso durante la presidencia de Herrera Campins y recibió poca cooperación de la AD, que se vio atormentada por la tensión que provocó la presidencia de Pérez. Ca muerte de su fundador y líder, Rómulo Betancourt, en septiembre de 1981 ensombreció el partido y agudizó las luchas entre los miembros de la generación joven que se disputaban el control. El estadista de la vieja guardia Gonzalo Barrios, con el apoyo decidido del sector obrero, consiguió mantener la alineación de Betancourt intacta para el nombramiento de la candidatura presidencial en 1983, que fue para Jaime Lusinchi, que obtuvo el 75 por 100 de los votos en la primaria interna del partido celebrada en enero de 1982. Esto representó una derrota para Carlos Andrés Pérez, que había instado a sus aliados a apoyar a David Morales Bello. A pesar de ellos, Pérez y sus seguidores continuaron cultivando el apoyo en el seno del partido y preparándose para otro intento de alcanzar la presidencia en 1988, año en que el propio Pérez volvería a ser elegible. La Constitución estipulaba que un presidente no podía sucederse a sí mismo, pero que un ex presidente podía presentar de nuevo su candidatura cuando hubieran transcurrido diez años desde el final de su mandato. A medida que la vieja guardia fue desapareciendo y mientras la segunda generación de líderes seguía amargamente dividida a causa de Pérez, el ala obrera del partido fue adquiriendo importancia y por primera vez un líder obrero, Manuel Peñalver, se convirtió en secretario general de la AD.

La izquierda se sentía decepcionada por los malos resultados que había obtenido en 1973 y 1978 e hizo un nuevo intento de unirse, pero no lo consiguió. La superabundancia de presidenciables parecía un obstáculo tan grande como las diferencias ideológicas. El MAS albergaba la esperanza de beneficiarse de los malos resultados de ambos partidos principales en la crisis económica y presentó como candidato a Teodoro Petkoff, su fundador y teórico. El otro partido principal de la «generación nueva» —el MIR— estaba dividido entre dos miembros fundadores y ex guerrilleros: Américo Martín y Moisés Moleiro. Martín y sus seguidores apoyaban a Petkoff, mientras que Moleiro y sus aliados daban su apoyo a una coalición izquierdista que de nuevo nombró candidato a José Vicente Rangel.

El COPEI experimentó entonces algunos de los problemas que habían atormentado a la AD en 1978; la impopularidad de Herrera Campins había alcanzado tales niveles, que el candidato del COPEI tuvo que competir con el titular de su propio partido además de con el candidato de la AD. Varios líderes de segunda generación del COPEI esperaban con impaciencia su oportunidad. Herrera Campins favoreció a su amigo y ministro del Interior Rafael Montes de Oca, pero Rafael Caldera aún ejercía mucha influencia en la maquinaria y las lealtades del COPEL Cuando insistió en presentarse otra vez, ningún otro candidato o facción osó desafiar al ex presidente, que a la sazón contaba sesenta y siete años de edad.

En la campaña electoral, a la que eclipsó el estado de la economía y de la deuda exterior, los candidatos hicieron hincapié en el estilo personal y la tradición del partido. Caldera interpretó el papel de anciano estadista cargado de experiencia y sabiduría. Como la experiencia política de Lusinchi se había limitado a servir en el Congreso, no podía desafiar a Caldera en ese terreno. En vez de ello, se concentró en una vaga promesa de poner en práctica un nuevo «pacto social» que ampliaría el pacto político llamado de Punto Fijo e instauraría una auténtica democracia social. Llegado el momento, la agradable sonrisa de Lusinchi y su aire tranquilizador de pediatra atrajeron a más votantes que la imagen, más austera, de Caldera. Alcanzó la victoria con el mayor margen que hasta entonces había visto la Venezuela democrática: el 56,8 por 100 de los votos frente al 34 por 100 de Caldera. Los partidos de izquierdas se sintieron frustrados y desmoralizados por los malos resultados que obtuvieron durante un período de severa crisis económica y aparente descontento popular con ambos partidos principales.

LA PRESIDENCIA DE JAIME LUSINCHI, 1984-1989

La decisiva victoria electoral de la AD en 1983 y la humillación sufrida por los partidos de la oposición, sumadas a la percepción nacional de la crisis, dieron a Jaime Lusinchi una gran influencia política durante la primera mitad de su presidencia. El Congreso, que estaba controlado por la AD, le permitió gobernar por decreto durante un año (1984-1985) en las cuestiones económicas. Sus comisiones tripartitas, con representación del trabajo, las empresas y los partidos políticos, crearon la ilusión de que el país tenía un gobierno que consultaba con muchos antes de tomar medidas económicas y políticas, aunque las comisiones se reunían en secreto. El gobierno Lusinchi era muy reacio a divulgar información al público… a menos que se tratara de buenas noticias. Las cifras relativas al desempleo o a la inflación, por ejemplo, tardaban en darse a conocer y se hacían menos accesibles. En 1986 se convirtió en un secreto a voces el hecho de que el gobierno había presionado a los periódicos y a las cadenas de televisión en un intento de ocultar a la atención pública las críticas y los informes desfavorables. Aunque su tono seguía siendo populista, durante la crisis económica, el gobierno se había vuelto menos sincero y abierto.

Lusinchi reanudó la renegociación de la deuda con el objetivo principal de evitar la intervención del FMI. Caracas se mantuvo a una distancia discreta de los demás deudores latinoamericanos que querían hablar de un cártel de deudores. El gobierno Lusinchi firmó un acuerdo draconiano de renegociación de la deuda de los banqueros extranjeros en febrero de 1986, comprometiéndose a dedicar entre el 30 y el 45 por 100 de la renta estatal al servicio de la deuda y la liquidación de la misma basándose en la expectativa de percibir entre 20 y 24 dólares por barril de petróleo. Cuando los precios del petróleo descendieron hasta quedar por debajo de los 15 dólares por barril, Venezuela obtuvo una modesta mitigación de las condiciones iniciales. No obstante, con la esperanza de impresionar a los banqueros e inversionistas extranjeros adoptando una actitud responsable, Venezuela se convirtió en la única nación latinoamericana en reembolsar parte del capital así como los intereses de su deuda. La estrategia no consiguió atraer capital nuevo ni mejorar la balanza comercial negativa, y en 1988 Caracas solicitó nuevos empréstitos extranjeros. Los bancos se negaron a concederlos y Venezuela no tuvo más remedio que echar mano de sus reservas internacionales para atender al servicio de la deuda.

La comisión de banqueros extranjeros había insistido en que el gobierno garantizase la deuda exterior privada. A finales de 1985 RECADI había estudiado virtualmente la totalidad de la deuda privada y la mitad de ella —unos 7.000 millones de dólares— recibió el tipo de cambio preferente, en realidad fue una subvención pública al sector privado. Circularon rumores de que miembros del gobierno y amigos suyos recibieron millones de bolívares en forma de subvenciones ilegales. Los empresarios protestaron contra el secreto que envolvía las operaciones de RECADI y muchas de sus decisiones. Proclamaron en voz alta su falta de confianza en el gobierno y se negaron a reinvertir en Venezuela los 35.000 millones de dólares que se calculaba (en 1985) que tenían depositados en bancos estadounidenses.

Después de 1982 la economía venezolana registró una tasa de crecimiento negativa y virtualmente no se hicieron nuevas inversiones. El gobierno Lusinchi combinó un programa de austeridad y la reducción del gasto público con medidas destinadas a promover las exportaciones no tradicionales. En general, la estrategia que pretendía fomentar las exportaciones favoreció a las mayores empresas industriales a las que había subvencionado por medio de derechos de importación bajos sobre los bienes de capital. Portavoces de la AD arguyeron que lo que había que subvencionar eran las exportaciones en vez de los productos para el mercado nacional, toda vez que el estancamiento de la economía y el descenso de la renta real frenaban las nuevas inversiones en las industrias de bienes de consumo. Algunos de los consejeros de Lusinchi —especialmente su primer director de la Cordiplan, Luis Raúl Matos Azocar— recomendaron una estrategia más keynesiana consistente en incrementar el gasto público con el fin de ayudar al mercado nacional de puestos de trabajo, a las industrias de bienes de consumo y al consumo nacional. Sin embargo, el consejo de Matos Azocar era contrario tanto a la creencia en el mercado libre que imperaba a la sazón como al creciente peso político de los industriales orientados a la exportación. El director de la Cordiplan se vio obligado a dimitir.

En un débil intento de avanzar hacia la privatización, Lusinchi liquidó o puso en venta algunas de las sociedades estatales. Se abolió la CVF, aunque muchas de sus filiales sencillamente fueron traspasadas a otros organismos o ministerios. Los inversionistas no acogieron con entusiasmo la oportunidad de comprar aquellas sociedades que sufrían pérdidas y el gobierno continuó siendo reacio a vender las que proporcionaban servicios básicos o las industrias pesadas que fueran potencialmente rentables (por ejemplo, las de acero y la petroquímica). Lusinehi, al igual que Pérez y Herrera Campins antes que él, no hizo esfuerzo alguno por reformar la estructura económica de la nación.

En el contexto de esta crisis económica, la estrategia de comercialización del petróleo adquirió una importancia todavía más crítica. El COPEI y la AD estaban de acuerdo en que Venezuela tenía que encontrar un mercado seguro para su petróleo por medio de la «internacionalización». En 1982, por ejemplo, PDVSA invirtió en la refinería alemana Veba Oel y accedió a proporcionar a la misma 100.000 barriles de petróleo diarios. Veba Oel comercializó el producto en Europa y pagaba a Venezuela de acuerdo con el precio del producto acabado. El acuerdo proporcionó algunas ventas seguras en el saturado mercado internacional del petróleo. La compañía venezolana firmó seguidamente acuerdos parecidos con refinerías suecas y norteamericanas. Las perspectivas económicas a largo plazo de Venezuela mejoraron considerablemente cuando en 1987 se encontraron yacimientos nuevos que doblaron con creces las reservas comprobadas de la nación, que de 26.000 millones de barriles pasaron a ser de 55.000 millones.

En el decenio de 1980, con todo, el descenso de los ingresos obtenidos del petróleo y la decisión de dar prioridad a las exportaciones sobre el mercado interior repercutieron negativamente en la promesa de crear un nuevo orden social que hiciera Lusinchi. A finales de 1985 la media mensual que una familia de cinco personas gastaba en alimentos (1.700 bolívares) superaba fácilmente el sueldo mínimo mensual para la misma familia media (1.500 bolívares). Al mismo tiempo, la tasa oficial de desempleo era del 14,5 por 100 y afectaba a profesionales además de a trabajadores no especializados. En mayo de 1985 el presidente de la CTV, Juan José Delpino, dio un sobresalto al presidente de la nación al denunciar en público su falta de interés por el mundo del trabajo, y en enero de 1986 Lusinchi concedió aumentos salariales de entre el 7,5 y el 20 por 100 a los trabajadores que ganasen 6.000 bolívares al mes o menos. Sin embargo, el gobierno anuló seguidamente los efectos del aumento al permitir la subida de los precios controlados de artículos de consumo tales como el pan, la leche y la gasolina. Las críticas que Delpino dirigía contra el gobierno dieron pábulo a las especulaciones en el sentido de que la CTV, que estaba dominada por la AD, era cada vez más independiente del partido.

Mal podía el gobierno permitir que se registraran protestas en masa o se produjera un brote de delincuencia urbana. El ministro del Interior de Lusinchi, Octavio Lepage, respondió a las quejas crecientes motivadas por la delincuencia reclutando más policías y mejorando su preparación y sus salarios. Caracas fue dividida en cuatro zonas y la tarea de patrullar en ellas la compartieron tres cuerpos policiales (la DISIP, la PTJ y la Policía Metropolitana) y la Guardia Nacional. Aunque muchos caraqueños acogieron bien estas medidas, también expresaron preocupación ante las detenciones a gran escala, que, según cálculos de Amnistía Internacional, en 1986 fueron de casi un millón de personas en la ciudad, de 3 a 4 millones de habitantes. Grupos religiosos y activistas de los derechos humanos denunciaron algunos casos de torturas y de «desaparición» no explicada de personas que se encontraban detenidas. En 1986 se descubrieron cadáveres en pozos de petróleo abandonados cerca de Maracaibo y en octubre de 1988 fuerzas especiales asesinaron a catorce pescadores desarmados en El Amparo. El Congreso investigó los dos casos. El gobierno presionó a los medios de difusión para que redujeran al mínimo las crónicas de violaciones de los derechos humanos y recibió críticas por este intento de censura. Aunque los debates públicos eran testimonio de que la libertad de expresión seguía viva en Venezuela, las tensiones económicas parecían haber puesto a prueba la tolerancia de la Administración Lusinchi.

Huelgas de profesores y estudiantes en la Universidad Central de Venezuela en octubre de 1985 y durante cinco meses en 1988 pusieron una vez más de relieve los problemas que existían en el campo de la educación. Reflejando el cambio de los tiempos, ahora los motivos no eran tanto el control político de la universidad como su financiación, el aumento de los salarios de los profesores y los empleados para que pudieran hacer frente a la subida del coste de la vida y la división de los fondos entre las diversas universidades nacionales. Quizá los problemas más apremiantes se hubieran podido resolver sin necesidad de recurrir a huelgas costosas, pero el ministro de Educación de Lusinchi parecía disfrutar con los enfrentamientos. Algunos empresarios influyentes citaron las huelgas, el despilfarro y la ineficiencia de las universidades públicas como argumentos a favor de privatizar la educación superior nacional.

Muchos de los conflictos que se suscitaron en el mundo de la educación durante la era democrática estaban concentrados en la educación superior, pero el estado también encontró dificultades para gobernar a la creciente población estudiantil de los niveles inferiores. En 1985 la tasa de analfabetismo era del 12 por 100 de una población de 16 millones de personas; el ministro de Educación calculaba que más de 2 millones de niños de entre 4 y 15 años no iban a la escuela. En un intento de corregir el problema general, el gobierno puso en marcha una importante campaña de alfabetización de adultos en 1985. El objetivo de mejorar la asistencia sanitaria retrocedió un poco durante estos años. Los presupuestos correspondientes a la sanidad pública disminuyeron y el decenio de 1980 fue testigo de un nuevo brote de malaria, enfermedad que había sido virtualmente eliminada varios decenios antes.

Aparte de las cuestiones relacionadas con el petróleo y la deuda, la Administración Lusinchi no tomó ninguna iniciativa significativa en el campo de la política exterior. Caracas mantuvo su discreta participación en el Grupo Contadora y en el Grupo de los Ocho (los cuatro países de Contadora junto con Brasil, Uruguay, Argentina y Perú), que evolucionó como órgano consultivo de alto nivel para los jefes de estado democráticos de América Latina. La negociación de las dos disputas más importantes que tenía Venezuela en relación con sus fronteras languideció y otras relaciones regionales siguieron en gran parte tal como Herrera Campins las había dejado.

Aunque resulte extraño, los venezolanos no parecían echar a Lusinchi personalmente la culpa de la inacción o los fracasos de su gobierno. Su popularidad continuada dio a la AD una ventaja de la que el partido en el poder no había gozado en las elecciones presidenciales desde 1963. Con todo, la AD casi malgastó dicha ventaja cuando su vieja guardia intentó denegarle la candidatura al ex presidente Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, Pérez se valió de sus habilidades políticas y de su atractivo populista para cortejar al mundo obrero y a la masa del partido y se convirtió en el portaestandarte en 1988.

Aún más divisiva fue la lucha por la candidatura que tuvo lugar en el seno del COPEI. Rafael Caldera, que estaba convencido de ser el único que podía derrotar a Pérez, quería que le nombrasen candidato por quinta vez, pero Eduardo Fernández, que era más joven que él, le arrebató la candidatura a su mentor. Los seguidores de Caldera se desquitaron prestando poca ayuda en la campaña de Fernández. Este, que se llamaba a sí mismo «el tigre», intercambió insultos y acusaciones con el candidato de la AD, aunque su programa era moderado y en poco difería del de la AD. Ni siquiera los partidos izquierdistas MAS y MIR, que cooperaron para apoyar a la candidatura presidencial de Teodoro Petkoff, abogaban por soluciones radicales de los problemas económicos de la nación. La primera mujer que presentó su candidatura a la presidencia, Ismenia Villaba, esposa del enfermo fundador de la URD, constituyó cierta novedad en la campaña de 1988. Pocos eran los asuntos que distinguían a los partidos y candidatos de los demás y la enérgica campaña de Pérez, unida a su imagen populista, produjo una victoria decisiva para la AD. Pérez recibió el 54,8 por 100 de los votos frente al 32,9 por 100 de Fernández y el 2 de febrero de 1989 se convirtió en el primer mandatario de la época posterior a 1958 que asumía la presidencia por segunda vez.

La larga fiesta de la campaña electoral, las festividades navideñas y la toma de posesión terminaron cuando a mediados de febrero Pérez anunció nuevas medidas de austeridad que afectarían muy especialmente a la clase trabajadora y a los pobres. El decreto provocó varios días de saqueos y disturbios en Caracas durante febrero y marzo en los cuales hubo cientos de muertos y se destruyeron propiedades por valor de millones de dólares. Los disturbios, que no tenían ningún precedente en los treinta años de gobierno democrático, sacudieron la confianza de los venezolanos en su capacidad de resistir la crisis económica sin que se produjeran graves cataclismos sociales.

Desde el decenio de 1920, el petróleo, el «excremento del diablo», había permitido que crecieran en Venezuela una clase media y un movimiento obrero organizado y fuerte, una extensa burocracia gubernamental que prestaba servicios a la vez que proporcionaba el patronazgo capaz de sostener un sistema democrático y una población cuya salud, alfabetización y renta per cápita estaban entre las más elevadas de América Latina. Desde 1958 la democracia venezolana había tenido sus raíces en el centro político y había demostrado ser uno de los sistemas políticos más fructíferos de la moderna América Latina. No obstante, había mostrado claras señales de fatiga durante los quince años de grandes fluctuaciones de los precios del petróleo transcurridos desde 1973.

Los reformistas populistas albergaban la esperanza de poder «sembrar el petróleo» más ampliamente por medio del gasto público y de la supervisión estatal de la industria petrolera y de la economía en general. La generación de 1928 tendía a ver el control o la propiedad de la industria del petróleo como el ingrediente crítico de la independencia económica. No proponían cambios estructurales y su compromiso populista con la justicia social fue erosionándose gradualmente. Desde el decenio de 1930, la estructura y la dependencia económicas de Venezuela no habían sido objeto de ningún cambio importante. El gobierno continuaba dependiendo de la exportación de petróleo para obtener gran parte de sus ingresos. Estos ingresos servían de base para empresas públicas y mixtas en el campo de la petroquímica y en el del acero, así como para unas cuantas empresas manufactureras que eran muy vulnerables a los efectos de los mercados externos y el crédito. Estas pautas económicas daban necesariamente más prioridad al crecimiento económico generado de forma externa que al desarrollo social interno. Al finalizar el decenio de 1980, el país se encontraba en una posición económica inconfundiblemente mejor, era más democrático y tenía mayor estabilidad que sesenta años antes. Pese a ello, los venezolanos seguían teniendo dudas sobre lo que sus hijos cosecharían del petróleo que se «sembró» después de la muerte de Juan Vicente Gómez.

ENSAYOS BIBLIOGRÁFICOS

1. Perú, 1930-1960

La mejor historia política general de Perú, con una bibliografía excelente, es D. P. Werlich, Peru: A Short History, Carbondale, III., 1978. Al período que va de 1930 a 1960 se le dedican capítulos en otras historias generales tales como F. B. Pike, The Modern History of Peru, Londres, 1967; R. B. Marett, Perú, Londres, 1969; H. Dobyns y P. C. Doughty, Peru: A Cultural History, Nueva York, 1976; y J. Cotler, Clases, estado y nación en el Perú, Lima, 1978. La voluminosa Historia de la República del Perú, de Jorge Basadre, no va más allá de 1933, y la mayor parte de las obras históricas peruanas relativas a los tres decenios siguientes es polémica o se presenta bajo la forma de memorias personales de figuras políticas. Las décadas del setenta y ochenta proporcionaron un nuevo conjunto de trabajos hechos por académicos extranjeros y peruanos. Para una introducción general véase R. Miller, «Introducción: Some reflections on foreign research and Peruvian history», en R. Miller ed., Region and Class in Modern Peruvian History, Liverpool, 1987, pp. 7-20.

D. M. Masterson, «The Peruvian Armed Forces in Transition, 1939-1963: The Impact of National Politics and Changing Professional Perspectives», tesis de doctorado, Universidad del Estado de Michigan, 1976, y «Soldiers, Sailors and Apristas: Conspiracy and Power Politics in Perú, 1932-1948», en J. F. Bratzel y D. M. Masterson, eds., The Underside of Latin American History, East Lansing, Mich., 1977, proporcionan excelentes análisis detallados de acontecimientos políticos y centran la atención en el papel de los militares. De la política exterior, en especial del caso de Leticia y de la guerra con Ecuador, se ocupa R. B. St John, «The End of Innocence: Peruvian Foreign Policy and the US, 1919-1942», Journal of Latin American Studies, 8, n.º 2, 1976, pp. 325-344. Sobre el papel de la Iglesia, véanse J. L. Kleiber, Religión and Revolution in Peru, 1824-1976, Notre Dame, Ind., 1977, y C. A. Astiz, «The Catholic Church in Latin American Politics: A Case Study of Peni», en D. H. Pollock y A. R. M. Ritter, eds., Latin American Prospects for the 1970s: What Kinds of Revolution?, Nueva York, 1973, pp. 131-148. Dos análisis de la estructura de clases y de la vida política peruanas escritos durante el decenio de 1960 y típicos del pensamiento normal en aquel decenio son C. A. Astiz, Pressure Groups and Power Elites in Peruvian Politics, Ithaca, N. Y., 1969, y F. Bourricaud, Power and Society in Contemporary Peru, Londres, 1970.

Una historia económica general que se concentra en los sectores modernos de la economía es R. Thorp y G. Bertram, Peru, 1890-1977: Growth and Policy in an Open Economy, Londres, 1978, partes 3.ª y 4.ª La obra precursora sobre historia económica cuantitativa de Shane Hunt apareció en varios «Discussion Papers» del Woodrow Wilson School Research Program in Economic Development, Universidad de Princeton; para las citas, véase Thorp y Bertram, Peru, 1890-1977, pp. 436-437. Aparte de sus documentos de trabajo estadísticos, Hunt ha publicado «Distribution, Growth and Economic Behaviour in Peru», en G. Ranis, ed., Government and Economic Development, New Haven, Conn., 1972, pp. 375-416; «Foreign Investment in Peru: New Rules for an Old Game», en A. Lowenthal, ed., The Peruvian Experiment: Continuity and Change under Military Rule, Princeton, N. J., 1975, pp. 302-349; y Real Wages and Economic Growth in Peru, 19001940, Boston Center for Latin American Development Studies, Discussion Paper n.º 25, 1977. Sobre la evolución de los salarios reales durante los años cuarenta y cincuenta, véase W. Warren, Inflation and Real Wages in Underdeveloped Countries: India, Peru and Turkey, Londres, 1976. Las tendencias en los años treinta se discuten en W. Derpich, J. L. Guiza y C. Israel, Lima años 30: Salarios y costo de la vida de la clase trabajadora, Lima, 1985; y D. Bruce, «La Depresión de 1930 y los ingresos», en H. Bonilla ed., Las crisis económicas en la historia del Perú, Lima, 1986, pp. 231-262. R. Hopkins, La producción agropecuaria en el Perú 1944-1969: Una aproximación estadística, Lima, 1979; y A. Figueroa, «La agricultura y el desarrollo capitalista en el Perú», en J. Iguiñiz ed., La cuestión rural en el Perú, Lima, 1983, pp. 225-234, son trabajos que amplían los estudios históricos tempranos sobre la agricultura. C. Boloña, «Perú: Estimaciones preliminares del producto nacional, 1900-1942», Apuntes, 13,1983, pp. 3-14, es una larga serie del Producto Nacional Bruto anterior a este período, apoyada por datos oficiales. F. Durand, «La industrialización en el Perú: Bibliografía», Estudios Andinos, 1981, pp. 195-246, contiene un buen número de referencias sobre la industria manufacturera. Las tendencias de los salarios y la productividad en la industria minera están reunidas por Elizabeth Dore en The Peruvian Mining Industry: Grouth, Stagnation and Crisis, Boulder, Colo., 1988. Sin embargo, resulta decepcionante que no logre cumplir con su ambicioso deseo de revelar la lógica interna del proceso laboral como alternativa a la dependencia de los modelos.

Las tendencias en la distribución de la renta durante los años cincuenta se documentan en R. C. Webb, The Distribution of Income in Peru, Universidad de Princeton, Woodrow Wilson, School Research Program in Economic Development, Discussion Paper n.º 26, Princeton, N. J., 1972, y Trends in Real Income in Peru, Universidad de Princeton, Woodrow Wilson School Research Program in Economic Development, Discussion Paper n.º 41, Princeton, N. J., 1974; y también en R. Vandendries, «Income Distribution in Peru After World War II», Journal of Developing Areas, 8, abril de 1974, pp. 421-436. Se sacaron conclusiones parecidas sobre tendencias regresivas en la distribución, basándose en datos relativos al abastecimiento de artículos alimenticios, en R. Thorp, «A Note on Food Supplies, the Distribution of Income and National Income Accounting in Peru», Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 31, n.º 4, noviembre de 1969, pp. 229-241.

El papel del capital estadounidense y los aspectos políticos de las inversiones y la ayuda extranjera durante el período se comentan en J. C. Carey, Peru and the United States, Notre Dame, Ind., 1964. Una historia útil de la filial de la Exxon que para la mayoría de los peruanos era el epítome del capital extranjero es A. J. Pinelo, The Multinational Corporation as a Force in Latín American Politics: A Case Study of the International Petroleum Company in Peru, Nueva York, 1973.

El estudio de la evolución de la sociedad rural en la sierra se apoya en gran medida en las investigaciones precursoras de J. Martínez-Alier, «Los huachilleros en las haciendas de la sierra central del Perú desde 1930», en E. Florescano, ed., Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina, Ciudad de México, 1975 (traducción inglesa: Haciendas, Plantations and Collective Farms, Londres, 1977). Véase también C. F. Ornan, «The Formation of Capitalist Society in Peru: “Dualism” and Underdevelopment», tesis de doctorado, Universidad de California, Berkeley, 1978. Florencia E. Mallon, The Defense of Community in Peru’s Central Highlands: Peasant Struggle and Capitalist Transition, 1860-1940, Princeton, N. J., 1983, contiene estudios detallados de casos en el valle de Yanamarca y una bibliografía útil sobre obras recientes que hablan de la sierra central. Los acontecimientos del norte de la sierra se describen en L. Taylor, «Main Trends in Agrarian Capitalist Development: Cajamarca, Perú, 1880-1976», tesis de doctorado, Universidad de Liverpool, 1979. La obra de T. R. Ford, Man and Land in Peru, Gainesville, Fia., 1962, es útil en lo que se refiere a la situación a principios de los años cincuenta, y la movilidad social en el sur se estudia en F. Bourricaud, Changements à Puno, París, 1960. F. L. Tullis, Lord and Peasant in Peru: A Paradigm of Political and Social Change, Cambridge, Mass., 1970, estudia algunos casos de conflictos rurales en la sierra central durante los años cuarenta. Una visión panorámica de conflictos agrarios tanto en la sierra como en la costa, sobre todo en esta última, es C. Harding, «Land Reform and Social Conflict», en A. F. Lowenthal, ed., The Peruvian Experiment: Continuity and Change under Military Rule, Princeton, N. J., 1975, pp. 220-253. Véase también, J. Deústua, «Sobre movimientos campesinos e historia regional en el Perú moderno: Un comentario bibliográfico», Revista Andina, 1, n. 1, 1983, pp. 219-240.

El conocimiento de la historia moderna de la sierra se amplió rápidamente durante el decenio de 1970, debido en parte a importantes programas de estudio sobre el terreno que llevaron a cabo antropólogos y sociólogos y en parte a la apertura de los archivos de las haciendas a raíz de la reforma agraria de 1969. Ejemplos de lo primero son B. Roberts, «The Social History of a Provincial Town: Huancayo, 1890-1972», en R. Miller, C. T. Smith y J. Fisher, eds., Social and Economic Change in Modern Perú, Universidad de Liverpool, Centre for Latin American Studies, Monograph Series n.º 6, 1976, pp. 130-197; Fiona Wilson, «Conflict between indigenous and immigrant commercial systems in the Peruvian central sierra, 1900-1940», en R. Miller ed., Region and Class in Modern Peruvian History, Liverpool, 1987, pp. 125-161; N. Long y B. Roberts, Peasant Cooperation and Capitalist Expansion in Central Peru, Austin, Tex., 1978 y Peasants and Entrepreneurs: Regional Development in the Central Highlands of Peru, Cambridge, Eng., 1984; W. F. Whyte y G. Alberti, Power, Politics and Social Change in Rural Peru, Nueva York, 1976; y B. Orlove, Alpaca, Sheep and Men: The Wool Export Economy in Southern Peru, Nueva York, 1977. La obra reciente basada en los archivos, de historiadores peruanos se ha concentrado en la ascensión de los movimientos campesinos y la crisis de la hacienda, véanse especialmente M. Burga y A. Flores Galindo, «Feudalismo andino y movimientos sociales», en J. Mejía Baca, ed., Historia del Perú, Lima, 1980, vol. 11; A. Flores Galindo, «Apuntes sobre las ocupaciones de tierra y el sindicalismo agrario: 1945-1964», Allpanchis, Cuzco, 1978; G. Renique, «Movimientos campesinos en la sociedad ganadera del centro, 1910-1950», Allpanchis, 11, 1978, pp. 129150; W. Kapsoli, Los movimientos campesinos en Cerro de Pasco, 1800-1963, Lima, 1975; M. Burga y W. Reátegui, Lanas y capital mercantil en el sur: La Casa Ricketts, 1895-1935, Lima, 1981; G. Renique, «Tendencias y características en el desarrollo de una empresa ganadera en los Andes centrales: El caso de la Sociedad Ganadera del Centro, 1910-1960», Tierra y Sociedad: Revista del Archivo del Fuero Agrario, Lima, 1, n. 1, 1978, pp. 39-59; y J. Iguiñiz ed., La cuestión rural en el Perú, Lima, 1983, especialmente el capítulo de H. Bonilla, «Estudios sobre la formación del sistema agrario peruano: Logros y perspectivas», pp. 235-260. Un estudio de acontecimientos que incluye el período 1930-1960 es P. Kamman, Movimientos campesinos en el Perú, 1900-1968: Análisis cuantitativo y cualitativo preliminar, Lima, 1982.

También es útil para la ascensión de los movimientos campesinos a mediados de siglo T. M. Davies, Iridian Integration in Peru: A Half-Century of Experience, 1900-1948, Lincoln, Neb., 1974. Véase también, G. Appleby, «Las transformaciones del sistema de mercados en Puno, 1890-1960», Análisis: Cuadernos de Investigación, Lima, n.os 8-9, 1979, pp. 55-71. El excepcional movimiento campesino del valle de La Convención se comenta en W. W. Craig, From Hacienda to Community: An Analysis of Solidarity and Social Change in Peru, Universidad de Comell, Latin American Studies Program, Dissertation series n.º 6, 1967; E. J. Hobsbawm, «La Convención Perú: A case of Neo-Feudalism», Journal of Latin American Studies, 1, n.º 1, 1969, pp. 31-50; y E. Fioravanti, Latifundio y sindicalismo agrario en el Perú, Lima, 1976.

Una buena historia provincial de Puno es D. Hazen, «The Awakening of Puno: Government Policy and the Indian Problem in Southern Peru, 1900-1955», tesis de doctorado, Universidad de Yale, 1974. Un estudio clásico del cambio social en la sierra septentrional es S. Miller, «Hacienda to Plantation in Norther Peru: The Process of Proletarianization of a Tenant Farmer Society», en J. Steward, ed., Contemporary Change in Traditional Societies, Urbana, III., 1967, pp. 133-225. El papel político de la élite de la sierra a comienzos del siglo XX se estudia en R. Miller, «The Coastal Elite and Peruvian Politics, 1895-1919», Journal of Latin American Studies, 14, n.º 2, 1982, pp. 97-120.

Las barriadas de Lima, que fueron fruto de la rápida migración del campo a las ciudades en el decenio de 1950, se describen en J. Matos Mar, «Migration and Urbanization: The Barriadas of Lima, and Example of Integration into Urban Life», en P. M. Hauser, ed., Urbanization in Latin America, Nueva York, 1961, pp. 170-190, y en D. Collier, Squatters and Oligarchs: Authoritarian Rule and Policy Change in Peru, Baltimore, 1976. (Los capítulos 4 y 5 del libro de Collier son especialmente útiles para examinar las reacciones políticas durante el período 1945-1962). Se comenta la importancia de la organización basada en el poblado de las barriadas de Lima en B. Roberts, «Urban Migration and Change in Provincial Organisation in the Central Sierras of Peru», Universidad de Manchester, en mimeógrafo, 1974. Un análisis del crecimiento de las migraciones entre las distintas regiones de Perú, basado en los censos de 1940, 1961 y 1971, se encuentra en A. Ortíz S., Migraciones internas y desarrollo desigual: Perú, 19401972, Lima, 1982.

De la modernización de la agricultura costera se ocupa C. Collin-Delavaud, «Consecuencias de la modernización de la agricultura en las haciendas de la Costa Norte del Perú», en H. Favree, ed., La hacienda en el Perú, Lima, 1967. La historia de la lucha de clases rural en la costa sigue siendo desigual; para indicaciones útiles, véase el ensayo de Harding en Lowenthal, ed., The Peruvian Experiment. Lo que más a fondo se ha estudiado es el valle de Chancay, al norte de Lima, donde se han llevado a cabo una serie de proyectos patrocinados por el Instituto de Estudios Peruanos; véase, por ejemplo, J. Matos Mar, Yanaconaje y reforma agraria en el Perú, Lima, 1976. Véanse también M. Burga, De la encomienda a la hacienda capitalista: El Valle de Jequetepec del siglo XVI al XX, Lima, 1976, y H. Rodríguez Pastor, Caqui: Estudio de una hacienda costeña, Lima, 1969. Sobre la aparición del proletariado de las plantaciones de caña de azúcar durante el periodo anterior a los años 30, véase M. J. Gonzales, Plantation Agriculture and Social Control in Northern Peru, 1875-1930, Austin, Tet., 1985; y W. Albert, «The creation of a proletariat in Peru’s Coastal plantations, 1880-1920», en B. Munslow y H. Finch eds., Proletarianisation in the Third World: Studies in the Creation of a Labour Force Under Dependent Capitalism, Londres, 1984, pp. 99120. Para el período posterior a los años treinta, véase C. Scott, «Peasants, Proletarianization and Articulation of Modes of Production: The Case of Sugar Cane Cutters in Northern Peru», Journal of Peasant Studies, 3, n.º 3, 1976, pp. 321341. Un análisis excelente de la aparición y el carácter de la institución del yanaconaje está en el apéndice de W. Albert, An Essay on the Peruvian Sugar Industry, 1880-1920, Norwich, 1976.

La oligarquía peruana se describe, con el estudio detallado de tres familias, en D. Gilbert, The Oligarchy and the Old Regime in Peru, Universidad de Cornell, Latin American Studies Program Dissertation series n.º 69, Ithaca, N. Y., 1977. Se encuentra más material para el estudio en C. Malpica, Los dueños del Perú, Lima, 1968, y A. Low, «Agro-Exporters as Entrepreneurs: Peruvian Sugar and Cotton Producers, 1890-1945», tesis de doctorado, Universidad de Oxford, 1979; y F. Portocarrero Suárez, «El imperio Prado (1890-1970): ¿Oligarquía o burguesía nacional?», Apuntes, 19, 1986, pp. 121-146. Reflexiones sobre el problema de describir a la oligarquía se encuentran en F. Bourricaud, J. Bravo Bresani, H. Favre y J. Piel, La oligarquía en el Perú, Lima, 1969, y en F. Bourricaud, Power and Society in Contemporary Perú, Londres, 1970. Cotler, Clases, estado y nación, retrata la oligarquía como clase comprometida de forma perenne por su subordinación al capital extranjero y localiza las raíces de su faccionalismo y su debilidad en su condición de jefe del personal nativo. E. V. K. Fitzgerald, The Political Economy of Peru, 1956-1978, Cambridge, 1979, estudia la autonomía relativa del estado peruano (cap. 2) y la estructura de clases y el panorama político de 1960 (cap. 3).

El auge de una facción industrial de la burguesía nacional se comenta en W. Bollinger, «The Bourgeois Revolution in Peni: A Conception of Peruvian History», Latin American Perspectives, 4, n.º 3, 1977, pp. 18-56, pero el análisis de Bollinger se ocupa principalmente de los decenios de 1960 y 1970. Algo parecido puede decirse de A. Femer, «The Dominant Class and Industrial Development in Peni», Journal of Development Studies, 15, n.º 4, 1979, pp. 268-288; La burguesía industrial en el desarrollo peruano, Lima, 1982; y F. L. M. Wils, «Agricultural and Industrial Development in Peru: Some Observations on their Interrelationship», Development and Change, 5, n.º 21, 1973-1974, pp. 76-100. En el cuarto capítulo de J. Weeks, Limits to Capitalist Development: The Industrialization of Peru, 1950-1980, Boulder, Colo., 1985, se describe a la clase dominante del periodo 1948-1968, como una gran alianza entre los intereses precapitalistas y burgueses peruanos y el capital venido del exterior, cuyos intereses manufactureros fueron subsidiarios de otras actividades hasta los años sesenta. Un intento (nada convincente) de documentar la existencia de una facción industrial de la oligarquía en decenios anteriores se encuentra en dos libros de B. Caravedo Molinari, Burguesía e industria en el Perú, 1933-1945, Lima, 1976, y Clases, lucha política y gobierno en el Perú, 1919-1930: El oncenio ante la historia —¿Se puede hablar de un período revolucionario? Agroexportadores versus industriales, el capital imperialista en el Perú, Lima, 1977. Los «grupos industriales» de capital peruano y extranjero, creados durante los últimos años cincuenta con el fin de dominar el naciente sector manufacturero, se describen en H. Espinoza Uñarte y J. Osorio, El poder económico en la industria, Lima, 1972.

La descripción del oncenio de Leguía, aunque queda fuera del período que estudiamos aquí, es importante para los debates en torno a facciones oligárquicas. Son semblanzas de Leguía como líder de la clase media en ascensión contra la oligarquía M. Capuñay, Leguía: Vida y obra del constructor del Gran Perú, Lima, 1951; H. B. Kamo, «Augusto B. Leguía: The Oligarchy and the Modernization of Peru», tesis de doctorado, Universidad de California, Los Ángeles, 1970; y G. R. Garett, «The Oncenio of Augusto B. Leguía: Middle Sector Government and Leadership in Peru», tesis de doctorado, Universidad de Nuevo México, 1973. La descripción de Leguía como líder de una facción dentro de una oligarquía dividida y precursor del régimen «autoritario y modernizador» de Benavides se encuentra en C. F. Herbold, «Developments in the Peruvian Administrative System, 1919-1930: Modern and Traditional Qualities of Authoritarian Regimes», tesis de doctorado, Universidad de Yale, 1973. Hay interpretaciones parecidas en S. Stein, Populism in Peru, Madison, Wis., 1980, cap. 3; Gilbert, The Oligarchy and the Old Regime in Peru y Werlich, A Short History.

El faccionalismo político en el seno de la oligarquía se comenta en B. Loveday, Sánchez Cerro and Peruvian Politics, 1930-1933, Universidad de Glasgow, Institute of Latin American Studies, Occasional Paper n.º 6, 1973. La escisión producida por el asunto de la devaluación se presenta, disfrazada de escisión entre la clase media y la oligarquía, en M. J. Frankman, «Export Promotion and Development Priorities in Peru, 1946-1965», tesis de doctorado, Universidad de Texas, Austin, 1968. Se habla del mismo asunto en J. Dragisic, «Peruvian Stabilization Policies, 1939-1968», tesis de doctorado, Universidad de Wisconsin, 1971, pero el análisis se ve deformado por el deseo de presentar a la oligarquía unida en este asunto.

B. Caravedo Molinari, Desarrollo desigual y lucha política en el Perú, 19481956: La burguesía arequipeña y el estado peruano, Lima, 1978, explica el activismo de Arequipa de manera que en gran parte es negativa, como reacción contra el centralismo económico y político. Para estudios que hacen hincapié en el carácter especial de la burguesía de Arequipa, véanse A. Flores Galindo, Arequipa y el sur andino: Ensayo de historia regional, siglos XVIII-XX, Lima, 1977, y A. Flores Galindo, O. Plaza y T. Ore, «Notas sobre oligarquía y capitalismo en Arequipa, 1870-1940», Congreso Peruano del Hombre y la Cultura, 3, n.o 4, 1977. La aparición en el escenario nacional de los constitucionalistas católicos de Arequipa se describe en J. L. Renique, «Los decentralistas arequipeños en la crisis del Año 1930», Allpanchis, 12, 1979, pp. 51-78; y las raíces económicas del liberalismo del sur son exploradas por N. Jacobsen, «Free trade, regional élites, and the internal market in Southern Peru, 1895-1932», en J. L. Love y N. Jacobsen eds., Guiding the Invisible Hand: Economic Liberalism and the State in Latin American History, Nueva York, 1988, pp. 145-175. Para una historia del movimiento obrero en Arequipa, véase V. Colque Valladares, Dinámica del movimiento sindical en Arequipa: 1900-1968, Lima, 1976. Para los autorretratos de tres de los líderes de los profesionales católicos de Arequipa, véanse V. A. Belaúnde, Memorias, Lima, 1960-1962, y La crisis presente, 1914-1939, Lima, 1940; J. L. Bustamante, Tres años de lucha por la democracia en el Perú, Buenos Aires, 1949; y F. Belaúnde Terry, La conquista del Perú por los peruanos, Lima, 1964. Sobre Mostajo, véase J. G. Carpió Muñoz, «Francisco Mostajo: Breve historia de un caudillo», Tarea, 5, 1981.

Toda interpretación de las raíces de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y del sanchezcerrismo debe servirse mucho de Stein, Populism in Peru y «Populism in Peru: APRA, the Formative Years», en M. L. Conniff, ed., Latin American Populism, Albuquerque, N. M., 1981, pp. 113-134. Una buena historia del APRA es L. M. North, «The Origins and Development of the Peruvian Aprista Party», tesis de doctorado, Universidad de California, Berkeley, 1973. Víctor Villanueva, que destacó en el APRA durante los años cuarenta, ha escrito varios libros sobre el partido: La sublevación del 48: Tragedia de un pueblo y un partido, Lima, 1973; El APRA en busca del poder, Lima, 1977. Una obra reciente es L. A. Sánchez, Apuntes para una biografía del APRA, 2 vols., Lima, 19781979. F. B. Pike, The Politics of the Miraculous in Peru: Haya de la Torre and the Spiritualist Tradition, Lincoln, Nebr., 1986, intenta clasificar al APRA como un movimiento milenario y ofrece un no muy halagador retrato sociológico de Haya. Se encuentra una bibliografía útil de las obras anteriores sobre el APRA en Werlich, A Short History, pp. 400-401.

En M. Lauer y otros, Frente al Perú oligárquico (1928-1968): Debate Socialista I, Lima, 1977, se presenta un debate entre destacados pensadores izquierdistas sobre la rivalidad entre el APRA y el Partido Comunista por el liderazgo del movimiento obrero. El mismo asunto se aborda, con un poco más de sustancia histórica, en C. R. Balbi, El Partido Comunista y el APRA en la crisis revolucionaria de los años treinta, Lima, 1980. Sobre el sanchezcerrismo, la fuente principal, aparte de Stein, Populism in Peru, y Loveday, Sánchez Cerro, es la obra de O. Ciccarelli, «Sánchez Cerro and the Depression in Peru», Southern Quarterly, 9, n.º 3, 1971, pp. 231-252; y Militarism, Aprismo and Violence in Peru: The Presidential Elections of 1931, Buffalo, N. Y., 1971.

Aparte de las aportaciones de D. M. Masterson («The Peruvian Armed Forces» y «Soldiers, Sailors and Apristas»), los principales tratamientos históricos de los militares peruanos son A. Gerlach, «Civil-Military Relations in Peru: 1914-1945», tesis de doctorado, Universidad de Nuevo México, 1973, y una serie de libros de V. Villanueva, El militarismo en el Perú, Lima, 1962, El CAEM y la revolución de la fuerza armada, Lima, 1972, y 100 años del ejército peruano:

Frustraciones y cambios, Lima, 1972. La ideología naciente asociada con el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) en los años cincuenta la describen L. R. Einaudi y A. C. Stepan, Latin American Institutional Development: Changing Military Perspectives in Peru and Brazil, Santa Ménica, Calif., 1971; J. Rodríguez Beruff, Los militares y el poder: Un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 1948-1968, Lima, 1983; y G. Philip, The Rise and Fall of the Peruvian Military Radicáis, 1968-1976, Universidad de Londres, Institute of Latin American Studies, Monografía n.º 9, 1978, que sugiere que los graduados del CAEM constituían el ala conservadora del estamento militar en 1968 porque el grupo de Velasco los había rebasado por la izquierda.

Una historia superficial del movimiento obrero, pero con una cronología útil, es la que da D. Sulmont, Historia del movimiento obrero peruano (1890-1977), Lima, 1977. Las dimensiones políticas del movimiento obrero se examinan en J. Payne, Labor and Politics in Peru, New Haven, Conn., 1965. El trabajo de varios autores sobre las relaciones obreras del siglo veinte es analizado críticamente en N. Haworth, «Reordering disorder: An approach to the analysis of Peruvian industrial relations», en R. Miller ed., Región and Class in Modern Peruvian History, pp. 163-177. Un estudio general del recurso a la huelga es J. Satistevan y A. Delgado, La huelga en el Perú, Lima, 1981. Un excelente tratamiento histórico del movimiento obrero, basado en los sindicatos mineros de la sierra central, es J. Laite, «Miners and National Politics in Peru, 1900-1974», Journal of Latin American Studies, 12, n.º 12, 1980, pp. 317-340. Sobre la militancia de los mineros véase A. DeWind, «From peasants to miners: The background to strikes in the mines of Peru», Science and Society, 39, n. 1, 1975, pp. 44-72.

Un análisis excelente de la hegemonía oligárquica es A. Angelí, «The Difficulties of Policy Making and Implementation in Peru», Bulletin of Latin American Research, 3, n.º 1, 1984, pp. 25-43. Un estudio anterior de la estructura social y la política es M. S. Larson y A. E. Bergman, Social Stratification in Peru, Universidad de California, Berkeley, Institute of International Studies, Serie Política de Modernización n.º 5, 1969. La persistente división triple del electorado peruano se estudia en E. Chirinos Soto, Cuenta y balance de las elecciones de 1962, Lima, 1962, y se encuentran datos en R. Roncagliolo, ¿Quién ganó? Elecciones, 1931-1981, Lima, 1980. Un análisis de la composición social de los votantes de Sánchez Cerro y Haya de la Torre en 1931 en Lima-Callao, basado en datos más bien discutibles, se da en Stein, Populism in Peru, pp. 196-197. Los comentarios sobre el cambio de las estrategias hegemónicas de la élite están dispersados por las distintas obras sobre el asunto, por ejemplo, Herbold, «Developments in the Peruvian Administrative System»; Bourricaud, Poder y sociedad en el Perú, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1989, y Cotler, Clases, estado y nación, La relación entre las tendencias económicas y la hegemonía oligárquica se comenta en J. Cotler, «The Mechanics of Internal Domination and Social Change in Peru», en I. L. Horowitz, ed., Masses in Latin America, Nueva York, 1970, y «The New Mode of Political Domination in Peru», en A. F. Lowenthal, ed., The Peruvian Experiment: Continuity and Change under Military Rule, Princeton, N. J., 1975, pp. 47-48, si bien Cotler tiende a tratar a la oligarquía como grupo homogéneo y quita importancia a sus tensiones internas.

De la caída de Leguía y de la época de Sánchez Cerro se ocupan el último volumen de G. J. Basadre, Historia de la República del Perú, Lima, 1963-1964, y las historias generales que ya hemos indicado. Un recuerdo personal de 1930 es V. Villanueva, Así cayó Leguía, Lima, 1977. La presidencia de Sánchez Cerro se analiza detalladamente en las obras de Stein, Populism in Peru; Loveday, Sánchez Cerro; Masterson, «The Peruvian Armed Forces» y O. Ciccarelli, «Sánchez Cerro and the Depression in Peru», Southern Quarterly, 9, n.º 3 (1971), pp. 231252, y Militarism, Aprismo and Violence in Peru: The Presidential Election of 1931, Buffalo, N. Y., 1971. El papel que jugó Arequipa en la junta y elecciones de 1931 se describe en B. Caravedo, «Poder central y descentralización: Perú 1931», Apuntes, 9, 1979, pp. 111-129. Las repercusiones económicas de la depresión se analizan en Thorp y Bertram, Perú, 1890-1976, 2.a parte, y en R. Thorp, ed., Latin America in the 1930s: The Role of the Periphery in World Crisis, Londres, 1984, pp. 81-116. Desde la perspectiva de Estados Unidos, las respuestas políticas están analizadas en el capítulo 6 de P. W. Drake, The Money Doctor in the Andes: The Kemmerer Missions, 1923-1933, Durham, N. C., 1989; y desde el punto de vista peruano, véase R. Cheesman, «Políticas de reactivación económica en la crisis de 1929», en H. Bonilla ed., Las crisis económicas en la historia del Perú, Lima, 1986, pp. 263-298. El no pago de la deuda externa en 1931 está visto en un amplio contexto por Barbara Stallings, «Incumplimiento de pagos vs. refinanciación: Crisis de la deuda externa peruana, 1826-1985», HISLA, Revista Latinoamericana de Historia Económica y Social, 6, 1985, pp. 59-86. La historia del sector financiero y la caída del Banco del Perú y Londres se puede ver en, A. W. Quiroz, Banqueros en conflicto: Estructura financiera y económica peruana, 1884-1930, Lima, 1989.

El cataclismo obrero de 1930 en Cerro de Pasco y la matanza de Malpaso se estudian en C. M. McArver, «Mining and Diplomacy: United States Interests at Cerro de Pasco, 1876-1930», tesis de doctorado, Universidad de Carolina del Norte, 1977, y en el capítulo 7 de A. DeWind, «Peasants Become Miners: The Evolution of Industrial Mining Systems in Peru», tesis de doctorado, Universidad de Columbia, 1977. Sobre la disputa de Leticia en 1932, véase el capítulo 5 de R. B. St John, «Peruvian Foreign Policy, 1919-1930: The Delimitation of Frontiers», tesis de doctorado, Universidad de Denver, 1970. El papel del APRA en la política del período 1930-1932 se examina, desde una perspectiva bastante partidista, en el capítulo 7 de P. F. Klaren, Modernisation, Dislocation, and Aprismo: Origins of the Peruvian Aprista Party, 1870-1932, Austin, Tex., 1973.

Para los períodos de Benavides, Prado y Bustamante, las principales fuentes especializadas (a diferencia de las historias generales) son Masterson, «The Peruvian Armed Forces»; Gilbert, The Oligarchy and the Old Regime; Villanueva, El APRA y el ejército; Pike, The Politics of the Miraculous, capítulos 8 y 9; T. M. Davies, Jr., «Perú», en M. Falcoff y F. B. Pike eds., The Spanish Civil War 1936-1939: American Hemispheric Perspectives, Lincoln, Nebr., 1982, pp. 203-243; y Caravedo, Burguesía e industria. El capítulo 3 de Caravedo contiene un análisis utilísimo de la campaña electoral de 1936. Una crónica interna de las elecciones de 1936 y sus consecuencias se encuentra en L. A. Eguiguren, El usurpador (para la historia), Lima, 1939. El papel de la derecha se encuentra en G. Portocarrero, «La oligarquía frente a la reivindicación democrática (Las opciones de la derecha en las elecciones de 1936)», Apuntes, 12, 1982, pp. 61-74.

Un renovado interés histórico por el fascismo peruano siguió a la aparición de J. I. López Soria, El pensamiento fascista (1930-1945), Lima, 1981, y terminó con dos artículos de O. Ciccarrelli: «Fascist propaganda and the Italian community in Peru during the Benavides regime, 1933-1939», Journal of Latin American Studies, 20, n. 2, 1988, pp. 361-388; y «Fascism and politics in Peru during the Benavides regime, 1933-1939: The Italian perspective», Hispanic American Historical Review, 70, n. 3, 1990, pp. 405-432. Una bibliografía comentada sobre algunos temas relevantes de la prensa en Lima, se encuentra en W. Pinto Gamboa, Sobre fascismo y literatura: La Guerra Civil española en La Prensa, El Comercio y La Crónica (1936-1939), Lima, 1983. La guerra de 1941 con Ecuador es el tema de D. H. Zook, Zarumilla-Marañon: The Ecuador-Peru Dispute, Nueva York, 1964.

La presidencia de Bustamante la recuerda él mismo en Bustamante, Tres años de lucha. El papel del APRA y el de los militares se estudian extensamente en Villanueva, La sublevación del 48 y El APRA y el ejército, y en Masterson, «The Peruvian Armed Forces». Los problemas del gobierno con la política de estabilización se examinan en R. Hayn, «Peruvian Exchange Controls, 1945-1948», Inter-American Economic Affairs, 10, primavera de 1957, pp. 47-70; Dragisic, «Peruvian Stabilization Policies»; M. J. Frankman, «Export Promotion and Developmental Priorities in Peru, 1946-1965», tesis de doctorado, Universidad de Texas, Austin, 1968; y D. F. Lomax, «Monetary Control in Peru from 1945 to 1960», tesis de doctorado, Universidad de Stanford, 1965. Las conspiraciones de la derecha oligárquica en 1948 las analizan R. Thorp, «The Klein Correspondence», en mimeógrafo, Oxford, 1974, y Gilbert, The Oligarchy and the Old Regime.

Una visión periodística pero bien informada de la presidencia de Odría se encuentra en T. Szulc, Twilight of the Tyrants, Nueva York, 1959. El experimento con los tipos de cambio flotantes en los años cincuenta lo analiza S. C. Tsiang, «An Experiment with Flexible Exchange Rates: 1950-1954», IMF Staff Papers, febrero de 1957, pp. 449-476.

2. Perú, 1960-c. 1990

Las tendencias de la economía peruana desde 1960 se analizan en R. Thorp y G. Bertram, Perú, 1890-1977: Growth and Policy in an Open Economy, Londres, 1978; E. V. K. Fitzgerald, The Political Economy of Peru, 1965-1978: Economic Development and the Restructuring of Capital, Cambridge, 1979; y Oscar Dancourt, Sobre las políticas macroeconómicas en el Perú, 1970-1984, Lima, 1986. Una reseña bibliográfica crítica de lo que se ha escrito sobre economía se encuentra en Teobaldo Pinzas, La economía peruana, 1950-1978: Un ensayo bibliográfico, Lima, 1981.

Los problemas económicos del primer gobierno de Belaúnde Terry (1963-1968) se analizan en P. P. Kuczynski, Peruvian Democracy under Economic Stress: An Account of the Belaúnde Administration, 1963-1968, Princeton, N. J., 1977. Sobre la distribución de la renta, véanse R. Webbm Government Policy and the Distribution of Income in Peru, 1963-1973, Cambridge, 1977, y Shane Hunt, «Distribution, Growth and Government: Economic Behavior in Peru», en Gustave Rainis, ed., Government and Economic Development, New Haven, Conn., 1971, pp. 375-416. Los problemas de la industrialización los han tratado M. Beaulne, Industrialización por sustitución de importaciones, 1958-1969, Lima, 1975; M. Vega Centeno, Crecimiento, industrialización y cambio técnico en el Perú, 1955-1980, Lima, 1983; J. Torres, Estructura económica de la industria en el Perú, Lima, 1975. Hay bibliografía abundante sobre problemas agrarios. Véanse J. Matos y J. M. Mejía, La reforma agraria en el Perú, Lima, 1980; E. Álvarez, Política económica y agricultura en el Perú, 1969-1979, Lima, 1983; J. M. Caballero, Economía agraria de la Sierra peruana: Antes de la reforma agraria de 1969, Lima, 1981; A. Figueroa, Capitalist Development and the Peasant Economy in Peru, Cambridge, 1984; Raúl Hopkins, Desarrollo desigual y crisis de la agricultura peruana, 1944-1969, Lima, 1981; E. González, Economía de la comunidad campesina, Lima, 1984.

Sobre la crisis económica que Perú viene soportando desde mediados del decenio de 1970 y los diferentes planes para resolverla, véanse J. González I., Perú, una economía en crisis, Lima, 1978; Crisis económica y democracia, Lima, 1980, de varios autores, que habla de las medidas que adoptó el gobierno Belaúnde Terry en 1980; y D. Carbonetto, M. de Cabellos, O. Dancourt y C. Fenon, El Perú heterodoxo: Un modelo económico, Lima, 1987, que describe el modelo que el gobierno García trató de instaurar en 1985. E. González O., ed., Economía para la democracia, Lima, 1989, es una compilación de siete conferencias desde perspectivas diferentes. También del mismo autor, véase Crisis y democracia, Lima, 1987, que presenta las bases de la crisis y las posibilidades para una solución democrática. J. Iguiñiz de la Izquierda Unida (IU) plantea las opciones que se ofrecen a las clases trabajadora y media para afrontar la crisis en «Perspectivas y opciones frente a la crisis», en Revista Pensamiento Iberoamericano, n.º 4, 1983, pp. 15-44, y «La crisis peruana actual: Esquema para una interpretación», en H. Bonilla, ed., Las crisis económicas en la historia del Perú, Lima, 1986, pp. 299-364.

En Libertad, Primer ciclo de conferencias, 2 vols., Lima, 1988, varios autores pertenecientes al Movimiento Liberal, encabezado por Mario Vargas Llosa, diagnostican desde una perspectiva neoliberal la crisis peruana y las medidas que deben tomarse para alcanzar una solución definitiva. Véanse también R. Thorp, «The Stabilisation Crisis in Peru, 1975-1978», en R. Thorp y L. Whitehead, Inflation and Stabilisation in Latin America, Londres, 1979; G. Pennano, C. Amat y León, A. Figueroa y J. Iguiñiz, Economía peruana: ¿hacia dónde!, Lima, 1981; O. Ugarteche, El estado deudor. Economía política de la deuda: Perú y Bolivia, 1968-1984, Lima, 1986; D. Kisic, De la corresponsabilidad a la moratoria: El caso de la deuda externa peruana, 1970-1986, Lima, 1987; R. Webb, «Deuda interna y ajuste financiero en el Perú», Revista de la CEPAL, agosto de 1987, pp. 55-74, que examina el período 1980-1985.

Se encuentran análisis detallados de los cambios demográficos habidos en Perú en Asociación Multidisciplinaria de Estudios de Población, Problemas poblacionales peruanos, 2 vols., Lima, 1986. Los cambios en la estructura social y la movilización social y política durante el período anterior al gobierno militar de 1968 se han examinado en F. Bourricaud, Power and Society in Contemporary Perú, Nueva York, 1967; F. Bourricaud, J. Bravo, H. Favre y J. Piel, La oligarquía en el Perú, Lima, 1969; J. Cotler, «The Mechanics of Internal Domination and Social Change in Peru», en I. L. Horowitz, ed., Masses in Latin America, Nueva York,. 1970, pp. 407-444; J. Cotler, Clases, estado y nación en el Perú, Lima, 1978; J. Matos, A. Salazar, A. Escobar y J. Bravo, Perú: hoy. Ciudad de México, 1971; A. Quijano, «Tendencies in Peruvian Development and Class Structure», en J. Petras y M. Zeitlin, eds., Latin America, Reform or Revolution?, Nueva York, 1968, pp. 289-328.

Las raíces y las pautas del movimiento campesino antes y después de la reforma agraria que los militares decretaron en 1969 las han analizado G. Alberti y Rodrigo Sánchez, Poder y conflicto social en el valle del Mantara, Lima, 1974; H. Blanco, Tierra o muerte: Las luchas campesinas en el Perú, Ciudad de México, 1974; Alberto Flores-Galindo, «Movimientos campesinos en el Perú: Balances y esquema», en R. Ames, ed., Las investigaciones en ciencias sociales en el Perú, Lima, 1979; Diego García Sayan, Toma de tierras en el Perú, Lima, 1982; H. Handelman, Struggle in the Andes: Peasant Political Mobilization in Peru, Austin, 1975; W. Kápsoli, Los movimientos campesinos en el Perú, 1879-1965, Lima, 1977; H. Neira, Los Andes: Tierra o muerte, Madrid, 1968; A. Quijano, Problema agrario y movimientos campesinos, Lima, 1979; R. Montoya, Lucha por la tierra, reformas agrarias y capitalismo en el Perú del siglo XX, Lima, 1989. Sobre la aparición del movimiento guerrillero a mediados del decenio de 1960, véase H. Béjar, Perú 1965: Una experiencia guerrillera, Lima, 1969.

La formación del movimiento obrero y los cambios sufridos por él los han estudiado C. R. Balbi, Identidad clasista en el sindicalismo: Su impacto en las fábricas, Lima, 1989; J. Parodi, Ser obrero es algo relativo… Obreros, clasismo y política, Lima, 1986, y «La desmovilización del sindicalismo industrial peruano en el segundo belaundismo», en E. Bailón, ed., Movimientos sociales y crisis: El caso peruano, Lima, 1986; E. H. Stephens, The Politics of Workers’ Participation: The Peruvian Approach in Comparative Perspective, Nueva York, 1980; D. Sulmont, Historia del movimiento obrero peruano (1890-1977), Lima, 1977; Y. Yépez del Castillo y J. Bemedo, La sindicalización en el Perú, Lima, sin fecha.

La revolución militar estimuló un debate intenso en torno a los problemas del país y los esfuerzos que el régimen militar hizo por resolverlos. Muchos de los que presentan la revolución militar bajo una luz favorable fueron funcionarios de dicho régimen. Algunos de sus escritos se encuentran en C. Franco, ed., El Perú de Velasco, 3 vols., Lima, 1983. Además, los asesores del citado régimen se esforzaron por explicar y justificar la revolución de los militares. C. Delgado, el asesor más allegado al general Velasco y autor de los discursos de éste, publicó varios libros que son colecciones de artículos polémicos: El proceso revolucionario: Testimonio de lucha, México, 1972, Testimonio de lucha, Lima, 1973, Revolución y participación, Lima, 1974, y Revolución peruana, autonomía y deslindes, Lima, 1975. Véanse también H. Béjar, La revolución en la trampa, Lima, 1974; F. Guerra, El peruano, un proceso abierto, Lima, 1975; E. J. Kerbusch, ed., Cambios estructurales en el Perú, 1968-1975, Lima, 1975. Para el punto de vista de CEPAL sobre los cambios que efectuó el gobierno militar, véase A. Pino y H. Assael, La política económica en un proceso de cambio global, Santiago, 1981.

En M. Lauer, ed., El reformismo burgués, 1968-1976, Lima, 1978, representantes de la izquierda de los años setenta hablan del gobierno Velasco. Se encuentran ensayos sobre el régimen militar en los cuales diferentes aspectos económicos y políticos se analizan desde perspectivas distintas en A. F. Lowenthal, ed., The Peruvian Experiment: Continuity and Change Under Military Rule, Princeton, N. J., 1975, y C. McClintock y A. Lowenthal, eds., The Peruvian Experiment Reconsidered, Princeton, N. J., 1983. A. Stepan, The State and Society: Perú in Comparative Perspective, Princeton, N. Y., 1978, es una reflexión teórica sobre este tipo de régimen político. H. Pease, El ocaso del poder oligárquico: Lucha política en la escena oficial, 1968-1975, Lima, 1975, y Los caminos del poder: Tres años de crisis en la escena política, Lima, 1979, examina los diversos caminos que siguió el gobierno militar. A. Quijano, Nationalism and Capitalism in Peru: A Study in Neo-Imperialism, Nueva York, 1971, examina el gobierno militar desde una perspectiva marxista.

Se encuentran estudios de la política seguida en sectores concretos durante el régimen militar en G. Alberti, L. Pasara y J. Santistevan, Estado y clase: La comunidad industrial en el Perú, Lima, 1977; D. G. Becker, The New Bourgeoisie and the Limits of Dependency: Mining, Class and Power in «Revolutionary» Peru, Princeton, N. J., 1983; D. Collier, Squatters and Oligarchs: Authoritarian Rule and Policy Change in Peru, Baltimore, 1976; Peter Cleaves y Martin J. Scúrrah, Agriculture, Bureaucracy and Military Government in Peru, Ithaca, N. Y., 1980; y C. McClintock, Peasant Cooperatives and Political Change in Peru, Princeton, N. J., 1981. Sobre los efectos redistributivos de la política de los militares, véase R. Webb y A. Figueroa, Distribución del ingreso en el Perú, Lima, 1975.

El papel que interpretaron las empresas norteamericanas en Perú se examina en C. A. Godsell, American Corporations and Peruvian Politics, Cambridge, 1974. El fenómeno de las expropiaciones lo ha abordado J. P. Einhom, Expropriation Politics, Lexington, Mass., 1974. Sobre la International Petroleum Company, véase A. Pinelo, The Multinational Corporation as a Force in Latin American Politics: A Case Study of the International Petroleum Company in Peru, Nueva York, 1973. Las relaciones entre los Estados Unidos y Perú en el momento del golpe militar se han examinado en D. Sharp, ed., U. S. Foreign Policy and Peru, Austin, Tex., 1972.

Otras fuentes importantes relativas al gobierno militar son: Velasco, la voz de la revolución: Discursos del Presidente de la República, General de División Juan Velasco Alvarado, 2 vols., Lima, 1972; C. Franco, La revolución participativa, Lima, 1975; María del Pilar Tello, ed., ¿Golpe o revolución? Hablan los militares del 68, Lima, 1983; Henry Pease y Olga Verme, Perú, 1968-1973: Cronología política, Lima, 1974; F. Guerra, Velasco: Del estado oligárquico al capitalismo de estado, Lima, 1983.

La transición política del gobierno de los militares al gobierno civil se examina en J. Cotler, «Military Intervention and Transfer of Power to Civilians in Peru», en Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead, eds., Transitions from Authoritarian Rule, vol. 2, Latin America, Baltimore, 1986, pp. 148-172; L. Abugattas, «Populism and After: The Peruvian Experience», en J. Malloy y M. Siligson, eds., Authoritarians and Democrats: Regime Transition in Latin America, Pittsburgh, Pa., 1987; L. A. Sánchez, Testimonio personal: Adiós a las armas, Lima, 1988. Se encuentran análisis de la Constitución de 1980 en E. Chirinos, La Constitución al alcance de todos, Lima, 1980; Marcial Rubio y E. Bernales, Constitución y sociedad política, Lima, 1983; E. Bemales, F. Eguiguren, C. Fernández-Maldonado y D. García Belaúnde, La Constitución: Diez años después, Lima, 1989.

Sobre problemas políticos durante el decenio de 1980, véanse A. García, El futuro diferente, Lima, 1987²; H. Bonilla y Paul W. Drake, eds., El APRA, de la ideología a la praxis, Lima, 1989; J. Cotler, ed., Para afirmar la democracia, Lima, 1987, Clases populares, crisis y democracia en América Latina, Lima, 1989, y Estrategias para el desarrollo de la democracia en el Perú y en América Latina, Lima, 1990. J. Matos, Desborde popular y crisis del estado: El nuevo rostro del Perú en la década de 1980, Lima, 1984; L. Pasara y J. Parodi, eds., Democracia, sociedad y gobierno en el Perú, Lima, 1987.

El «sector informal» ha recibido mucha atención. Véanse D. Carbonetto y otros, El sector informal urbano, Lima, 1988; P. Galin, J. Carrion y O. Castillo, Asalariados y clases populares en Lima, Lima, 1986; R. Grompone, Talleristas y vendedores ambulantes en Lima, Lima, 1985; H. de Soto, The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World, Nueva York, 1989².

Sobre los movimientos sociales urbanos, véanse A. Rodríguez y otros, De invasores a invadidos, Lima, 1973; M. Barrig, «The Difficult Equilibrium between Bread and Roses: Women’s Organizations and the Transition to Democracy in Peru», en J. Jaquette, ed., The Women’s Movement in Latin America, Boston, 1989, pp. 114-148; C. Blondet, Muchas vidas construyendo una identidad: Mujeres pobladoras de un barrio limeño, Lima, 1986; C. I. Degregori, C. Blondet y N. Lynch, Conquistadores de un nuevo mundo: De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres, Lima, 1986; J. Golte y N. Adams, Los caballos de Troya de los Invasores: Estrategias campesinas en la conquista de la Gran Lima, Lima, 1987.

Se encuentran análisis de los cambios habidos en las fuerzas armadas en L. Einaudi, The Peruvian Military: A Summary Political Analysis, Santa Mónica, Calif., 1969; L. Einaudi y A. Stepan, Latin American Institutional Development: Changing Military Perspectives in Peru and Brasil, Santa Mónica, Calif., 1971; Víctor Villanueva, El CAEM y la revolución de las fuerzas armadas, Lima, 1972; y ¿Nueva mentalidad militar en el Perú?, Lima, 1969; y P. Mauceri, Militares: Insurgencia y democratización en el Perú, 1980-1988, Lima, 1989.

Los cambios habidos en la Iglesia se examinan en G. Gutiérrez, A Theology of Liberation, Nueva York, 1971; la edición de 1988 tiene una introducción nueva y puesta al día, We Drink from Our Own Wells: The Spiritual Journey of a People, Nueva York, 1984, On Job: God-Talk and the Suffering of the Innocent, Nueva York, 1987, y Dios o el oro de las Indias, Lima, 1989. Véanse también C. R. de Inquiñiz, «Church, State and Society in Contemporary Peru, 1958-1988: A Process of Liberation», tesis de doctorado, New School for Social Research, 1989; J. Klaiber, Religion and Revolution in Peru, 1824-1976, Notre Dame, Ind., 1977; y La iglesia en el Perú: Su historia social desde la independencia, Lima, 1988; L. Pssara, Radicalización y conflicto en la Iglesia Peruana, Lima, 1986; M. G. Mcaullay, «Ideological Change and Internal Cleavages in the Peruvian Church: Change, Status Quo and the Priest: The Case of ONIS», tesis de doctorado, Universidad de Notre Dame, 1972; y M. Marsal, La transformación religiosa peruana, Lima, 1983.

Sobre la aparición y la evolución de Sendero Luminoso, véanse A. San Martín, C. Rodríguez R., F. Castelnuovo y J. Ansion, Siete Ensayos sobre la Violencia en el Perú, Lima, 1985; D. Chávez, Juventud y terrorismo: Características sociales de los condenados por terrorismo y otros delitos, Lima, 1989; C. I. Degregori, Sendero Luminoso: /. Los hondos y mortales desencuentros. II. Lucha armada y utopía autoritaria, Lima, 1987⁷, Qué difícil es ser Dios: Ideología y violencia política en Sendero Luminoso, Lima, 1989, y El nacimiento de Sendero Luminoso: Ayacucho y Huanta en 1969, Lima, 1990; H. Favre, «Sentier Lumineux et horizons obscurs», en Problemes d’Amérique Latine, n.º 72, 1984; A. Flores Galindo y N. Manrique, eds., Violencia y campesinado, Lima, 1986, pp. 17-39; C. Harding, «The Rise of Sendero Luminoso», en R. Miller, ed.. Región and Class in Modern Peru, Liverpool, 1986, pp. 179-207; B. J. Isbell, The Emerging Patterns of Peasants’ Responses to Sendero Luminoso, Nueva York, 1988; N. Manrique, «Democracia y campesinado indígena en el Perú contemporáneo», en Flores Galindo y Manrique, eds., Violencia y campesinado, pp. 5-15; C. McClintock, «Why Peasants Rebel: The Case of Peru’s Sendero Luminoso», World Politics, octubre de 1984, pp. 48-84, y «Sendero Luminoso: Peru’s Maoist Guerrillas», en Problems of Communism, septiembre-octubre de 1983, pp. 19-34; Lewis Taylor, Maoism in the Andes: Sendero Luminoso and the Contemporary Guerrilla Movement in Peru, Liverpool, 1983; y D. S. Palmer, «Rebellion in Rural Peru: The Origins and Evolution of Sendero Luminoso», Comparative Politics, 18, n.º 2, 1986, pp. 127-146. Con el fin de comprender las motivaciones y los objetivos de este grupo es indispensable estudiar El Reportaje del Siglo, que es presuntamente una entrevista con Abimael Guzmán o «Presidente Gonzalo» (El Diario, Lima, 24 de julio de 1988). Para trabajos más recientes sobre Sendero Luminoso véanse: G. Gorriti, Sendero: Historia de la guerra milenaria en el Perú, Lima, 1990; y David Scott Pamer ed., The Shining Path of Peru, Nueva York, 1992.

Sobre problemas relacionados con la violencia y los derechos humanos, véanse los informes dados a conocer por Americas Watch y Amnistía Internacional desde 1984; Instituto de Defensa Legal, Perú 1989: En la espiral de la violencia, Lima, 1989; Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y Construcción de la Paz, Violencia y democracia, Lima, 1988; J. Klaiber, ed., Violencia y crisis de valores en el Perú, Lima, 1987; R. Ames, ed., Informe al Congreso sobre los sucesos de los Penales, Lima, 1988; DESCO, Violencia política en el Perú: 19801988, Lima, 1989; Comisión Especial del Senado sobre las Causas de la Violencia y Alternativas de Pacificación en el Perú, Violencia y pacificación, Lima, 1989; y M. P. Tello, ed., Sobre el volcán: Diálogo frente a la subversión, Lima, 1989. Sobre el problema del tráfico de drogas, véase Diego García Sayan, ed., Coca, cocaína y narcotráfico, Lima, 1989. Sobre las elecciones de 1990, véanse A. Vargas Llosa, El diablo en campaña, Madrid, 1991; y C. T. Degregori y R. Grompone, Elecciones 1990: Demonios y redentores en el nuevo Perú, Lima, 1991.

3. Bolivia, 1930-c. 1990

La mejor crónica general en inglés de la política boliviana desde la revolución es James Dunkerley, Rebelión in the Veins: Political Struggle in Bolivia, 1952-1982, Londres, 1984. James M. Malloy y Eduardo Gamarra, Revolution and Reaction: Bolivia, 1964-1985, New Brunswick, N. J., 1988, también es valiosa. James M. Malloy y Richard S. Thom, eds., Beyond the Revolution: Bolivia since 1952, Pittsburgh, Pa., 1971, contiene varios ensayos que todavía tienen valor. En menor medida, también vale la pena consultar Jerry R. Ladman, ed., Modern-Day Bolivia: Legacy of the Revolution and Prospects for the Future, Tempe, Ariz., 1982. Sigue siendo una fuente clásica para el período prerrevolucionario Herbert S. Klein, Parties and Political Change in Bolivia, 1880-1952, Cambridge, 1969, que está bien hasta el decenio de 1930 y luego pierde valor. El estudio más reciente de Klein, Bolivia: The Evolution of a Multi-Ethnic Society, Oxford, 1982, presta la atención debida al período 1940-1980, aunque sin justificar su curioso subtítulo. J. Valerie Fifer, Bolivia: Land, Location and Politics since 1825, Cambridge, 1972, ofrece información valiosa sobre los antecedentes de la guerra del Chaco, pero no da explicaciones sobre las consecuencias que la ubicación de Bolivia tuvo para el período de posguerra. Otros libros pertinentes en inglés son The Legacy of Populism in Bolivia: From the MNR to Military Rule, Nueva York, 1977; Jarry W. Knudson, Bolivia: Press and Revolution, 1932-1964, Larcham, Md., 1986, que contiene mucha información valiosa, aunque el análisis no es muy sutil; Charles F. Geddes, Patino: The Tin King, Londres, 1972, escrito desde un punto de vista favorable a la compañía; Guillermo Lora, A History of the Bolivian Labour Movement (1848-1971), Cambrigde, 1977, del veterano trotskista; Víctor Andrade, My Missions for Revolutionary Bolivia, 1944-1962, Pittsburgh, Pa., 1975, de un veterano embajador en Washington; Dwight B. Heath, Charles J. Erasmus y Hans C. Buechler, Land Reform and Social Revolution in Bolivia, Nueva York, 1969; William J. McEwen, Changing Rural Society, Oxford, 1975; y Jonathan Kelley y Herbert S. Klein, Revolution and the Rebirth of Inequality: A Theory Applied to the Bolivian National Revolution, Berkeley, Calif., 1981. Carmenza Gallo, Taxes and State Power: Political Instability in Bolivia, 1900-1950, Philadelphia, 1991, ofrece una moderada y renovadora interpretación de las políticas anteriores a 1952 basada en las consecuencias fiscales del desarrollo local. George Jackson Eder, Inflation and Development in Latin America: A Case History of Inflation and Stabilization in Bolivia, Ann Arbor, Mich., 1968, es un estudio muy detallado del plan contra la inflación de 1956, que ha vuelto a cobrar actualidad en el decenio de 1980. Juan Antonio Morales, «Inflation and Stabilization in Bolivia», describe el de 1985 en Michael Bruno, Guido di Telia, Rudiger Dombusch y Stanley Fisher, eds., Inflation Stabilization: The Experience of Israel, Argentina, Brazil, Bolivia and México, Cambridge, Mass., 1988, pp. 307-357.

Entre los artículos más pertinentes en inglés, véanse John Hillman, «Bolivia and the International Tin Carter», Journal of Latin American Studies, 20, n.º 1, 1988, pp. 83-110; ídem, «Bolivia and Britsh Tin Policy, 1939-1945», Journal of Latin American Studies, 22, n.º 2, 1990, pp. 289-315; véase también, Mario de Franco y Ricardo Godoy, «The economic consequences of cocaine production in Bolivia: Historical, local and macroeconomic perspectives», Journal of Latin American Studies, 24, n. 2, 1992, pp. 375-406. Algunos artículos importantes anteriores son: Colé Blasier, «The US, Germany, and the Bolivian Revolutionaries», Hispanic American Historical Review 52, n.º 1, 1972, pp. 26-54; Andrew Pearse, «Peasants and Revolution: The Case of Bolivia», Economy and Society, 1, n.os 3 y 4, 1972; Laurence Whitehead, «Miners as Voters: The Electoral Process in Bolivia’s Mining Camps», Journal of Latin American Studies 13, n.º 2, 1981, pp. 313-346; Ricardo Godoy, «Technical and Economic Efficiency of Peasant Miners in Bolivia», Economic Development and Cultural Change, 34, n.º 1, 1985, pp. 103-120; James Wilkie, «U. S. Foreign Policy and Economic Assistance in Bolivia, 19481976», en Statistical Absract of Latin America, n.º 22, Los Ángeles, 1983; y Laurence Whitehead, «Bolivia», en Leslie Bethell e Ian Roxborough, eds., Latin America between the Second World War and the Cold War, 1944-1948, Cambridge, en preparación.

Las obras en español son mucho más numerosas, por supuesto, aunque Bolivia tiene relativamente pocos historiadores y científicos sociales. Los libros más amenos sobre historia de Bolivia (en cualquier lengua) son los del veterano activista del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Augusto Céspedes. Son también muy reveladores y razonablemente veraces, aunque inevitablemente partidistas. Su Salamanca: O el metafísica del fracaso, La Paz, 1973, presenta un tono muy crítico y debería leerse en conjunción con David Alvéstegui, Salamanca: Su gravitación sobre el destino de Bolivia, La Paz, 1962. Su El dictador suicida: 40 años de historia de Bolivia, Santiago, 1956, debería confrontarse con Herbert Klein y Ferran Gallego, «Bolivia: Génesis de una revolución: Las experiencias de reformismo militar tras la Guerra del Chaco (1936-1939)», 3 vols., tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona, 1990. Los capítulos de esta tesis dedicados al periodo 1935-1946, han sido publicados en Boletín Americanista, 36, Barcelona, enero de 1987; Ibero-Amerikanisches Archiv, 13, n. 2, 1987, y 14, n. 4, 1988; y de manera más extensa en Los Orígenes del reformismo militar en América Latina: La gestión de David Toro en Bolivia, Barcelona, 1991. No hay todavía ningún antídoto bueno para la mejor aportación histórica de Céspedes, su defensa del papel del MNR en el gobierno Villarroel, El Presidente Colgado, Buenos Aires, 1966. Otros destacados ex miembros del MNR también se han dedicado a escribir historia con buenos resultados. José Fellmann Velarde, que escribió una biografía hagiográfica de Víctor Paz Estenssoro en el decenio de 1950, produjo luego los tres volúmenes de Historia de Bolivia, cuyo tercer volumen, La Bolivianidad semi-colonial, La Paz, 1970, abarca la primera mitad del siglo XX y presta atención especial a la guerra del Chaco. Por desgracia el autor no usa notas a pie de página para documentar sus afirmaciones. Luis Antezana, Historia secreta del Movimiento Nacionalista Revolucionario, 6 vols., La Paz, 1984-1987, da detalles abundantes, pero su análisis es limitado.

René Zavaleta Mercado analiza mucho, pero da pocos detalles en su ensayo interpretativo «Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia (1932-1971)», en Pablo González Casanova, ed., América Latina: Historia de medio siglo, México, 1977, pp. 74-128. Véase también, René Zavaleta ed., Bolivia hoy, México, D. F., 1983. Una interpretación comparable la ofrece Sergio Almaraz, El poder y la caída, La Paz, 1969. Una buena historia general de la guerra del Chaco es Roberto Querezaju, Masamaclay, La Paz, 1975. Para los efectos de la crisis de 1929, véanse Laurence Whitehead, «La Gran Depresión en Bolivia», Desarrollo económico, 12, n.º 45, 1972, pp. 49-50, y Manuel E. Contreras, «Debts, Taxes, and War: The Political Economy of Bolivia c. 1920-1935», Journal of Latin American Studies, 22, 2.a parte, 1990, pp. 265-288. Útil en lo que se refiere a los militares es general Gary Prado Salmón, Poder y fuerzas armadas, 1949-1982, La Paz, 1984. Se encuentra historia política de tipo tradicional en Porfirio Díaz Machicado, Historia de Bolivia: Salamanca, La Paz, 1955, Toro, Busch, Quintanilla, La Paz, 1957, y Peñaranda, La Paz, 1958. José Luis Roca, Fisonomía del regionalismo Boliviano, La Paz, 1980, ha hecho el esfuerzo más sostenido por formular una interpretación de la historia de Bolivia basada en las interacciones regionales, en contraposición al determinismo económico y las identidades de clase o étnicas a las que concede importancia la mayoría de los no tradicionalistas. Para otra aportación a la historia regional de la revolución, véase Laurence Whitehead, «National Power and Local Power: The Case of Santa Cruz de la Sierra, Bolivia», en Francine F. Rabinowitz y Felicity M. Trueblood, eds., Latin America Urban Research, vol. 3, Beverly Hills, Calif., 1973, pp. 23-46.

Una nueva generación de historiadores y científicos sociales bolivianos ha empezado a revisar el período que va de 1930 a nuestros días. Han concentrado su atención principalmente en la historia agraria e indígena. Los fundadores fueron Jorge Dandler, El sindicalismo campesino en Bolivia, Ciudad de México, 1969, y Xavier Albo, Achacachi: Medio siglo de lucha campesina, La Paz, 1979. Véase también, Xavier Albo, «From MNRistas to Kataristas to Katari», en Steve J. Stem ed., Resistance, Rebellion and Consciousness in the Antean Peasant World, Madison, Wis., 1987. La mejor compilación es Fernando Calderón y Jorge Dandler, eds., Bolivia: La fuerza histórica del campesinado, Ginebra, 1986, y la mejor aportación de un solo autor es Silvia Rivera, Oprimidos pero no vencidos, Ginebra, 1986, que es útil para el decenio de 1940. Para un análisis comparativo sobre el componente «indígena» en la historia boliviana, peruana y mexicana, véase Florencia Mallon, «Indian communities, political cultures, and the State in Latin America, 1780-1990», en un número especial de Journal of Latin American Studies, 24 (suplemento del quinto centenario, 1992), pp. 35-53, editado por Tulio Halperín Donghi. Hay dos aportaciones interesantes de René Arze sobre la guerra del Chaco en J. P. Deler e Y. Saint-Geours, eds., Estados y naciones en los Andes, 2 vols., Lima, 1986. Dos «bolivianos honorarios» de nacionalidad británica merecen citarse aquí. Los capítulos 5 y 6 de James Dunkerley, Orígenes del poder militar en Bolivia: Historia del ejército, 1879-1935, La Paz, 1987, son dignos de atención, lo que también puede decirse del notable capítulo 5 de Tristan Platt, Estado boliviano y Ayllu andino, Lima, 1982. Sobre la industria minera existe una útil historia económica de Walter Gómez, La minería en el desarrollo económico de Bolivia, La Paz, 1978. Para recientes estudios académicos sobre la historia de los trabajadores de las minas, véase Gustavo Rodríguez Ostria, El socavón y el sindicato: Ensayos históricos sobre trabajadores mineros, siglos XIX-XX, La Paz, 1991. Sobre el talante combativo de los trabajadores de las minas, véase Laurence Whitehead, «Sobre el radicalismo de los trabajadores mineros de Bolivia», Revista Mexicana de Sociología, 42, n.º 4, 1980, pp. 1.4651.496. Sobre los Estados Unidos y la dictadura de García Meza, véase Raúl Barrios Morón, Bolivia y Estados Unidos: Democracia, derechos humanos y narcotráfico, La Paz, 1989. Varias de las colaboraciones que aparecen en René A. Mayorga, ed., Democracia a la deriva, La Paz, 1987, que es una buena introducción al estado actual de la ciencia social en Bolivia, arrojan luz sobre el fracaso del segundo gobierno Siles (1982-1985). Véanse, en particular, Miguel Urioste, «¿Concertación o hegemonía? La gestión del gobierno UDP»; Jorge Lazarte, «Co-gestión y participación: Ideología y política del movimiento obrero»; Silvia Rivera, «Autonomía y dependencia en el movimiento campesino contemporáneo»; y Carlos Escobar, «Las fuerzas armadas y el proceso democrático». Véase también, Jorge Lazarte; Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia, La Paz, 1988, junto con la revista de FLACSO, Estado y Sociedad.

4 y 5. Colombia, 1930-c. 1990

No hay ninguna historia de Colombia en un solo volumen que sea digna de confianza. Un volumen útil que da cuerpo a tendencias recientes de la historiografía es Darío Jaramillo Agudelo, comp., La nueva historia de Colombia, Bogotá, 1976. Esta obra tiene complemento en Jaime Jaramillo Uribe y otros, Manual de Historia de Colombia, vol. 3, Bogotá, 1982, y una antología contemporánea, Mario Arrubla y otros, Colombia: hoy, Bogotá, 1978.²

Sobre la política de los decenios de 1930 y 1940, véanse Daniel Pécaur, L’Ordre et la violence: Evolution sociopolitique de la Colombie entre 1930 et 1953, París, 1986; Christopher Abel, Política, Iglesia y partidos en Colombia, 1886-1953, Bogotá, 1987, y Terrance Burns Horgan, «The Liberals Come to Power, por debajo de la Ruana: A Study of the Enrique Olaya Herrera Administration, 1930-1934», tesis de doctorado, Universidad Vanderbilt, 1983. Alvaro Tirado Mejía, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1934-1938, Bogotá, 1981, es una introducción valiosa desde una perspectiva topista comprometida. Sobre la economía, tenemos Rosemary Thorp y Carlos Londoño, «The Effect of the Great Depresión on the Economies of Peru and Colombia», y José Antonio Ocampo, «The Colombian Economy in the 1930s», ambos en Rosemary Thorp, ed., Latin American in the 1930s: The Role of the Periphery in World Crisis, Londres, 1984, pp. 81-143, que debería leerse con José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro, Crisis mundial, protección e industrialización: Ensayos de historia económica colombiana, Bogotá, 1984, y Paul W. Drake, The Money Doctor in the Andes: The Kemmerer Missions, 1923-1933, Durham, N. C., 1989.

El libro más útil sobre la política colombiana desde finales de tos años cincuenta hasta mediados de tos sesenta sigue siendo Robert H. Dix, Colombia: Political Dimensions of Change, New Haven, Conn., 1967, que debería complementarse, para tos períodos más recientes, con tos ensayos —de calidad desigual— que contiene R. Albert Berry, Ronald G. Hellman y Mauricio Solaún, eds., Politics of Compromise: Coalition Government in Colombia, New Brunswick, N. J., 1980, y también Francisco Leal Buitrago, Estado y política en Colombia, Bogotá, 1984, y Robert H. Dix, The Politics of Colombia, Nueva York, 1986. Sobre la administración de Turbay el trabajo de J. J. García, Crónicas de un emirato, Bogotá, 1985, es bastante útil. La interpretación de la política reciente por parte de un socialista independiente y ex gaitanista, Antonio García, continúa siendo estimulante. Véase, en particular, Gaitán y el camino de la revolución colombiana: Responsabilidad de las clases, las generaciones y los partidos, Bogotá, 1974. Las crónicas un tanto anticuadas de Vemon Lee Fluharty, Dance of the Millions: Military Rule and the Social Revolution in Colombia, 1930-1956, Pittsburgh, Pa., 1957, y John D. Martz, Colombia: A Contemporary Political Study, Chapel Hill, N. C., 1962, todavía contienen información útil. También es valiosa Alexander Wilde, «Conversations among Gentlemen: Oligarchical Democracy in Colombia», en Juan J. Linz y Alfred Stepan, eds., The Breakdown of Democratic Regimes, Baltimore, 1978, pp. 2181, aunque hace una comparación demasiado fácil entre la democracia y la existencia de instituciones liberales. Se consigue una edición ampliada en castellano con el título, La quiebra de la democracia, Bogotá, 1982.

Algunos otros trabajos han ayudado a aclarar el carácter del gobierno militar de mediados de los años cincuenta, especialmente Silvia Galvis y Alberto Donadio, El Jefe Supremo: Rojas Pinilla en la violencia y en el poder, Bogotá, 1988; y Carlos H. Urán, Rojas y la manipulación del poder, Bogotá, 1983. Una oportuna crónica política se encuentra en Daniel Pécaut, Crónica de dos décadas de política colombiana, 1968-1988, Bogotá, 1988. Jonathan Hartlyn, Politics of Coalition Rule in Colombia, Cambridge, 1988, sintetiza de forma oportuna escritos recientes de ciencia política por parte de autores colombianos y norteamericanos, a la vez que contiene valioso material original sobre los intereses poseedores de propiedades. Hartlyn resume sus puntos de vista en «Colombia: The Politics of Violence and Accommodation», en Larry Diamond, Juan J. Linz y Seymour H. Lipset, eds., Democracy in Developing Countries, vol. 4; Latin America, Londres, 1989, pp. 291-334. Francisco Leal Buitrago ofrece un análisis oportuno, aunque un poco pesimista, de la crisis del final de los años ochenta, en «Structural crisis and the current situation in Colombia», Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 14, n. 28, 1989, pp. 33-49. El debate sobre el aumento y la consolidación de la democracia se encuentra en Patricia Vásquez de Urrutia ed., Colombia piensa la democracia, Bogotá, 1989.

No existe ningún estudio apropiado del poder ejecutivo en Colombia. Alfredo Vázquez Carrizosa, El poder presidencial en Colombia: La crisis permanente del derecho constitucional, Bogotá, 1979, es una visión estimulante de un abogado conservador de la oposición y ex ministro de Asuntos Exteriores. Para el comportamiento del Congreso, véase Francisco Leal Buitrago, Estudio del comportamiento legislativo en Colombia, 2 vols., Bogotá, 1973-1975. El poder y la composición de la «oligarquía» como concepto se tratan en James L. Payne, Patterns of Conflict in Colombia, New Haven, Conn., 1968, que es objeto de críticas mordaces de Albert O. Hirschman en «The Search for Paradigms as a Hindrance to Understanding», World Politics, 22, 1969-1970, pp. 329-343. Quién es quién en Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia con datos recopilados hasta el 30 de junio de 1952, Bogotá, 1952, sigue siendo para los historiadores una guía valiosísima, no sólo en lo que se refiere a la carrera de la clase «oligárquica», sino también de las clases profesional y empresarial. Sobre los partidos políticos, Jorge O. Meló, ed., Orígenes de los partidos políticos en Colombia, Bogotá, 1978, es útil para conocer los antecedentes. Para un análisis contemporáneo, véase Gabriel Murillo C. e Isabel Rivera Ortiz, Actividades y estructura de poder en los partidos políticos colombianos, Bogotá, 1973, que va mucho más allá del tono subjetivo y partidista que caracteriza las crónicas de activistas políticos de generaciones anteriores, como ocurre con Jorge Orlando Meló, Sobre historia y política, Bogotá, 1979, y Patricia Pinzón de Lewin, Los partidos políticos colombianos, Bogotá, 1987. Entre los mejores ejemplos de géneros anteriores pueden citarse, para los conservadores, Abel Carbonell, La quincena política, 5 vols., Bogotá, 1952, que contempla el reformismo liberal de mediados del decenio de 1930 desde la perspectiva de la oposición, y Rafael Azula Barrera, De la revolución al orden nuevo: Proceso y drama de un pueblo, Bogotá, 1956, ejemplo de conservadurismo godo perspicuo de comienzos de los años cincuenta; y, para los liberales, apología compuesta correspondiente a la Administración del período 1930-1946, Plinio Mendoza N., ed., El liberalismo en el gobierno, 3 vols., Bogotá, 1946, Carlos Lleras Restrepo, De la democracia a la dictadura, Bogotá, 1955, e ídem, Hacia la restauración democrática y el cambio social, 2 vols., Bogotá, 1964. La mejor aproximación al gaitanismo en el nivel nacional y en el de la capital es una monografía nueva y originalísima, Herbert Braun, The Assassination of Gaitán: Public Life and Urban Violence in Colombia, Madison, Wis., 1985, en conjunción con Jorge Eliecer Gaitán, Gaitán, antología de su pensamiento económico y social, Bogotá, 1968, y Los mejores discursos de Gaitán, Bogotá, 1968², así como los recuerdos populares del bogotazo en Arturo Alape, El bogotazo: Memorias de un olvido, La Habana, 1984. El gaitanismo a nivel regional puede seguirse en Gonzalo Sánchez G., Los días de la revolución: Gaitanismo y 9 de abril en provincia, Bogotá, 1983, y Carlos Eduardo Jaramillo, Ibagué: Conflictos políticos de 1930 al 9 de abril, Bogotá, 1983. Pocos políticos colombianos destacados han escrito sus memorias personales. Entre las excepciones notables se encuentran tres presidentes liberales, Alberto Lleras Camargo, Mi gente, Bogotá, 1976; Carlos Lleras Restrepo, Borradores para una historia de la República Liberal, vol. 1, Bogotá, 1975, Historia y política, Bogotá, 1980, y Crónica de mi propia vida, Bogotá, 1983; y Alfonso López Michelsen, Parábola del retorno, Bogotá, 1985; y un eminente conservador, cuya crónica de las primeras etapas de la redemocratización en Colombia a finales de los años cincuenta se encuentra en Camilo Vázquez Cobo, Pro patria El Frente Nacional, su origen y desarrollo: Memorias de Camilo Vázquez Cobo Carrizosa, Cali, sin fecha.

La mejor forma de examinar la evolución de las ideas políticas es por medio de Jaime Jaramillo Uribe, Antología del pensamiento político colombiano, 2 vols., Bogotá, 1970, la cual, para las ideas liberales, puede complementarse útilmente con la obra de un socialista cuya formación intelectual tuvo lugar durante el período del Frente Popular, Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia, vol. 2: 1915-1934, Bogotá, 1974, y Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia de 1935 a la iniciación del Frente Nacional, Bogotá, 1977. No existe ninguna obra comparable para el estudio de las ideas conservadoras, aunque James D. Henderson, Conservative Thought in Twentieth Century Latin America: The Ideas of Laureano Gómez, Athens, Ohio, 1988, leído junto con Laureano Gómez, Obras completas, Bogotá, 1984-1989, proporcionan una introducción útil a una corriente del pensamiento conservador, a la vez que Belisario Betancur, Colombia: Cara a cara, Bogotá, 1961, hace lo propio con otra. Véase también, James D. Henderson, «Proyecto de reforma constitucional conservadora de 1953 en Colombia», Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Bogotá, ns. 2324, 1985-1986, pp. 261-80. Sobre las ideas socialistas se puede consultar Gerardo Molina, Las ideas socialistas de Colombia, Bogotá, 1987, y para los escritos del líder comunista colombiano más duradero, Gilberto Vieira, véase sus Escritos políticos, Bogotá, 1975.

Los partidos y los movimientos de la oposición se estudian en Medófilo Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia, vol. 1, Bogotá, 1980; Daniel Premo, «Alianza Nacional Popular: Populism and the Politics of Social Class in Colombia, 1961-1970», tesis de doctorado, Universidad de Texas, 1972; y Richard M. Mellman, «Populist Mass Mobilization in Latin America: ANAPO», tesis de doctorado, Universidad de Columbia, 1978. Para el debate sobre el papel que desempeñó la oposición véase Patricia Pinzón de Lewin, La oposición en Colombia: Algunas bases para su discusión, Bogotá, 1986. La protesta urbana se examina más en Jaime Carrillo Bedoya, Los paros cívicos en Colombia, Medellín, 1981; Alvaro Cabrera y otros, Los movimientos cívicos, Bogotá, 1986; Gustavo Gallón Giraldo (comp.), Entre movimientos y caudillos —50 años de bipartidismo, izquierda y alternativas populares en Colombia, Bogotá, 1989; y Pedro Santana R., Los movimientos sociales en Colombia, Bogotá, 1989. Véase también Marco Palacios, El populismo en Colombia, Medellín, 1971.

Largos períodos de gobierno civil han hecho posible el crecimiento de los estudios electorales. Se encuentra una compilación valiosísima de estadísticas electorales en Colombia política: Estadísticas, 1935-1970, Bogotá, 1970. Un ejemplo temprano de análisis cuantitativo lo da Anita Weiss, Tendencias de la participación electoral en Colombia, 1935-1966, Bogotá, 1970. Entre posteriores estudios electorales de creciente virtuosismo técnico cabe señalar Rodrigo Losada y Miles Williams, «El voto presidencial en Bogotá», Boletín Mensual de Estadística, 229, agosto de 1970, pp. XV-XVIII, Judith De Campos y John F. McCamant, «Colombia Política, 1971», Boletín Mensual de Estadística, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAÑE), n.º 242, septiembre de 1971, pp. 69-128; Rodrigo Losada y Gabriel Murillo, Análisis de las elecciones de 1972 en Bogotá, Bogotá, 1973; Fernando Cepeda Ulloa y Claudia González de Lecaros, Comportamiento del voto urbano en Colombia: Una aproximación, Bogotá, 1976; Judith De Campos y José Martín, El comportamiento electoral en 1978, Cali, 1980, y Mario Latorre, Política y elecciones, Bogotá, 1980; y Rodrigo Losada y otros, Clientelismo y elecciones, Bogotá, 1984. Véase también, Oscar Delgado (comp.), La campaña por la presidencia, 1978-1982, Bogotá, 1978; Mónica Lanzetti y otros, Colombia en las urnas: ¿Qué pasó en 1986?, Bogotá, 1986; y Patricia Pinzón de Lewin, Pueblos, regiones y partidos: La regionalización electoral: Atlas electoral colombiano, Bogotá, 1989. Para una crónica más descriptiva de las prácticas electorales, consúltese Mario Latorre, Elecciones y partidos políticos en Colombia, Bogotá, 1974.

Varios estudiosos radicados en los primeros años sesenta en el recién creado Departamento de Sociología de la Universidad Nacional consideraron que una reevaluación y una desmitificación de la violencia política de los dos decenios anteriores constituían un imperativo moral. Véase Germán Guzmán Campos y otros, La violencia en Colombia: Estudio de un proceso: parte descriptiva, 2 vols., Bogotá, 1962-1964. También es valiosa para acabar con mitos influyentes la obra de un científico político, Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia, Bogotá, 1978 (traducción inglesa: Violence, Conflict and Politics in Colombia, Nueva York, 1980). Entre las obras recientes sobre la violencia destaca una monografía de Carlos Miguel Ortiz Sarmiento: Estado y subversión en Colombia: La violencia en el Quindío años 50, Bogotá, 1985. También son útiles Gonzalo Sánchez, «La violencia en Colombia: New Research, New Questions», Hispanic American Historical Review, 65, n.º 4, 1985, pp. 789-807; Sánchez y Donny Meertens, Bandoleros, gamonales y campesinos: El caso de la violencia en Colombia, Bogotá, 1985; Sánchez y Ricardo Peñaranda, comps., Pasado y presente de la violencia en Colombia, Bogotá, 1986; varios autores, Once ensayos sobre la violencia, Bogotá, 1985; Jaime Arocha, «La violencia in Monteverde, Colombia: Environmental and Economic Determinants of Homicide in a Coffee-Growing Municipio», tesis de doctorado, Universidad de Columbia, 1975; Mary Roldán, «Guerrillas, contrachusma y caudillos en Antioquia, 1949-1953», Estudios Sociales, 4, Medellín, 1989, pp. 55-86; y James D. Henderson, When Colombia Bled: A History of the «Violencia» in Tolima, University of Alabama Press, 1985. Crónicas de involucrados en J. Casas Aguilar, La violencia en los llanos orientales, Bogotá, 1987, y Eduardo Fonseca G., Los combatientes del llano, Bogotá, 1987. La violencia de los últimos años setenta y de los ochenta se considera en dos obras valiosas escritas por periodistas, Enrique Santos Calderón, La guerra por la paz, Bogotá, 1985, y Germán Hernández, La justicia en llamas, Bogotá, 1985; en Malcolm Deas, «The Troubled Course of Colombian Peacemaking», Third World Quarterly, 8, abril de 1986, pp. 639-657; y, especialmente, en Gonzalo Sánchez (coordinador), Colombia: violencia y democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno, Bogotá, 1987, y Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo, Actores en conflicto por la paz, Bogotá, 1989. Otros escritos sobre las políticas de los años 80, desde el punto de vista del ala izquierda, son; Nicolás Buenaventura, Tregua y Unión Patriótica, Bogotá, 1985; Luis C. Pérez, La guerrilla ante los jueces militares, Bogotá, 1987; Arturo Alape, La paz, la violencia: Testigos de excepción: Documento, 3.a ed., Bogotá, 1987; y Medófilo Medina, «Algunos factores de violencia en el sistema político colombiano, 1930-1986», Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, n.os 13-14, Bogotá, 1985-1986, pp. 281-297. La mejor aproximación a las políticas de los ochenta, desde la perspectiva del ala derecha, se encuentra en los escritos del general Fernando Landazábal, como, por ejemplo, Páginas de controversia, Bogotá, 1983, y El desafío, Bogotá, 1988. Sobre drogas y la violencia urbana, véase, especialmente, Alvaro Camacho Guizado, Droga y sociedad en Colombia, Bogotá, 1988, y Darío Betancourt y Martha L. García, Matones y cuadrilleros: Orígenes y evolución de la violencia en el occidente colombiano, Bogotá, 1990.

Ciertos aspectos del estamento militar se examinan en Francisco Leal Buitrago, Política e intervención militar en Colombia (con John Saxe Fernández, Militarismo en América Latina), Bogotá, sin fecha, y Richard Maullin, Soldiers, Guerrillas and Politics in Colombia, Lexington, Mass., 1973. Sobre el historial de derechos humanos de los militares en los decenios de 1970 y 1980, véanse Amnistía Internacional, Recomendaciones al gobierno colombiano de una misión de Amnesty International a la República de Colombia, Londres, 1980; Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Represión y tortura en Colombia: Informes internacionales y testimonios nacionales, Bogotá, 1980; Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Diez años de lucha: Historia y documentos, Medellín, 1981; Documentos del III Foro de los Derechos Humanos, Bogotá, 1983; un Americas Watch Report, Human Rights in Colombia as President Barco Begins, Washington, D. C., 1986; y Jaime Torres Sánchez y Fabio Barrera Tellez y otros (eds.), Colombia represión 1970-1981, 2 vols., Bogotá, 1982. Se encuentran respuestas oficiales en mensajes y memorias presidenciales del ministerio de la Guerra en el mismo período.

Para la Iglesia Católica de los años treinta y cuarenta véase, Ana María Bidegain de Urán, Iglesia, pueblo y política, 1930-1955, Bogotá, 1985. Daniel H. Levine, Religión and Politics in Latin America: The Catholic Church in Venezuela and Colombia, Princeton, N. J., 1981, proporciona una introducción a la Iglesia posterior al Concilio Vaticano II, que sigue fructíferamente una línea determinada de investigación relativa pero no invalida por completo anteriores escritos de sociólogos de la religión como Gustavo Pérez, El problema sacerdotal en Colombia, Friburgo, 1963, y Benjamin H. Haddox, Sociedad y religión en Colombia, Bogotá, 1965. Los escritos de Camilo Torres se hallan oportunamente reunidos en Camilo Torres Restrepo, Cristianismo y revolución, Ciudad de México, 1970. Hay una exploración sobre su vida en Francisco Trujillo, Camilo y el Frente Unido, Bogotá, 1987. Para un ejemplo contrastante de catolicismo franquista en Colombia, véase Miguel Angel Builes, Cartas pastorales, 3 vols., Medellín/Bogotá, 1939-1957.

La historia y la sociología de los trabajadores urbanos se han diagnosticado menos concienzudamente en Colombia que en otras partes del continente. Los tres principales estudios de los decenios de 1960 y 1970 son Miguel Urrutia Montoya, Development of the Colombian Labor Movement, New Haven, Conn., 1969, que observa bajo una luz generalmente favorable la política del Frente Nacional en relación con el trabajo organizado, Daniel Pécaut, Política y sindicalismo en Colombia, Bogotá, 1973, y Edgar Caicedo, Historia de las luchas sindicales en Colombia, Bogotá, 1974², que dan cuerpo a interpretaciones diferentes que incluyen algunas influencias marxistas. De igual valor, pero centrado en un período anterior, es Mauricio Archila Neira, Ni amos ni siervos: Memoria obrera de Bogotá y Medellín (1910-1945), Bogotá, 1990. Véanse también Charles Bergquist, Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela and Colombia, Stanford, Calif., 1986, y Guillermo Perry Rubio, Hernando Gómez Buendía y Rocío Londoño Botero, «Sindicalismo y política económica», Coyuntura económica, 12, n.º 4, 1982, pp. 174-200, y Sindicalismo y política económica, Bogotá, 1986. Véase también, Fernando López-Alves, «Explaining Confederation: Colombian unions in the 1980s», Latin American Research Review, 25, n. 2, 1990, pp. 115-133. Estas lecturas deberían complementarse con dos valiosos ensayos, Jaime Tenjo, «Aspectos cuantitativos del movimiento sindical colombiano», Cuadernos colombianos, n.º 5, 1975, pp. 1-40, y Fernán E. González, «Pasado y presente del sindicalismo colombiano», Controversia (Bogotá), n.os 3536, 1975, y sobre un tema relacionado con ello, R. Albert Berry, Real Wage Trends in Colombian Manufacturing and Construction during the Twentieth Century, Londres, Ontario, 1974, y H. Sanín y otros, «El salario real en la industria manufacturera colombiana, 1970-1980», Boletín Mensual de Estadística, 360, 1981, pp. 35-73.

Los medios de difusión han recibido escasa atención de los estudiosos, pero véanse Eduardo Ramos, «Comunication in Colombia: Economic and Social Aspects», tesis de doctorado, Universidad de Wisconsin, 1977; Reynaldo Pareja, Historia de la radio en Colombia, 1929-1980, Bogotá, 1984; y Hernando Martínez Pardo, Historia del cine colombiano, Bogotá, 1978. La historia de la educación primaria y secundaria la explora Aliñe Helg, Civiliser le peuple et former les élites: L’éducation en Colombie, 1918-1957, París, 1984; y Humberto Quiceño C., Pedagogía católica y escuela activa en Colombia, 1900-1935, Bogotá, 1988, a la vez que T. P. Shultz, Returns in Education in Bogotá, Colombia, Santa Mónica, Calif., 1968, plantea asuntos relacionados con la ciencia económica educacional. Mientras tanto Frank Safford, The Ideal of the Practical: Colombia’s Struggle to Form a Technical Elite, Austin, Tex., 1976, aborda algunas cuestiones relativas a la educación técnica, pero se refiere en su mayor parte a un período anterior.

Las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos las elucidan Germán Cavalier, La política internacional de Colombia, esp. vol. 3, Bogotá, 1959; Stephen Randall, The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Relations, 1920-1940, Toronto, 1977; y David Bushnell, Eduardo Santos and the Good Neíghbor, 1938-1942, Gainesville, Fia., 1967. Las repercusiones de la guerra civil española, provechoso tema de estudio, las repasa David Bushnell, «Colombia», en M. Falcoff y F. Pike, eds., The Spanish Civil War: American Hemispheric Perspectives, Lincoln, Neb., 1982, pp. 159-202. Se examinan aspectos de las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia en Comisión del Senado de los Estados Unidos sobre Relaciones Exteriores, Survey of the Alliance for Progress - Colombia: A Case Study, Washington, D. C., 1969, y Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Comisión Especial, Misión de Estudio de América del Sur, 9-23 de agosto de 1977, Report of the Select Committe on Narcotics Abuse and Control, 95.° Congreso, 1.a Sesión, Washington, D. C., 1977. Se examinan aspectos tanto de la política interior como de la exterior en relación con el crecimiento del tráfico de drogas después de 1978 en Bruce M. Bagley, «Colombia and the War on Drugs», Foreign Affairs, 67, n.º 1, otoño de 1988, pp. 70-92, Jaime Jaramillo, Leónidas Mora y Fernando Cubides, Colonización, coca y guerrilla, Bogotá, 1986; Journal of Inter-American Studies - World Affairs, 30, n.os 2 y 3, 1988, número especial (ed. de Bruce M. Bagley); y Juan Gabriel Tokatlián, «National Security and Drugs: Their Impact on Colombian-U. S. Relations», Journal of Inter-American Studies - World Affairs, 20, n.º 1, 1988, pp. 133-160; y Juan G. Tokatlián y Bruce M. Bagley eds., Economía y política del narcotráfico, Bogotá, 1990. Sobre otros aspectos de la política exterior reciente, véanse Marco Palacios, comp., Colombia no alineada, Bogotá, 1983, y Bruce M. Bagley y Juan Gabriel Tokatlián, «Colombian Foreign Policy in the 1980s: The Search for Leverage», Journal of Inter-American Studies - World Affairs, 27, n.º 3, 1985, pp. 27-62; y Malcolm Deas, «The Colombian peace process, 1982-1985, and its implications for Central America», en Guiseppe Di Palma y Laurence Whitehead eds., The Central American Impasse, Londres, 1986, pp. 91-110. La mejor forma de abordar las relaciones de Colombia con los organismos multilaterales es a través de Richard Maullin, The Colombian-IMF Disagreement of November-December 1966: The Interpretation of Its Place in Colombian Politics, Santa Ménica, Calif., 1967, y dos ensayos de Fernando Cepeda Ulloa, «Colombia and the World Bank», en International Legal Center, The Impac of International Organizations on Legal and Institutional Change in the Developing Countries, Nueva York, 1977, pp. 81-120, y «Colombia and the International Labour Organization», en ibid., pp. 221-254. Sobre las relaciones con Venezuela, véanse Alfredo Vásquez Carrizosa, Colombia y Venezuela, una historia atormentada, Bogotá, 1987; y Cristina Barrera (comp.), Crisis y fronteras: Relaciones fronterizas binacionales de Colombia con Venezuela y Ecuador, Bogotá, 1989. Sobre el Pacto Andino, véanse Alicia Puyana de Palacios, Integración económica entre socios desiguales: El Grupo Andino, Ciudad de México, 1983; Carlos Díaz Alejandro, The Andean Group on the Integration Process of Latin America, Stanford, Calif., 1968, y Roberto Junguito, Situación y perspectivas de la economía colombiana en relación con el proceso de integración andina, Bogotá, 1974.

Numerosos estudios de nivel regional y local aclaran asuntos políticos (y afines). Tal vez siga siendo la obra más convincente de antropólogos sociales Gerardo Reichel-Dolmatoff y Alicia Reichel-Dolmatoff, The People of Aritama, Londres, 1961, que examina un asentamiento en Sierra Nevada, en el norte de Colombia. Otros estudios a cargo de especialistas de disciplinas diferentes y posturas ideológicas distintas son Darío Fajardo, Luchas sociales y transformación en tres regiones del Tolima, 1936-1970, Medellín, 1977; Michael Taussig, «The Evolution of Rural Wage Labour in the Cauca Valley of Colombia, 1700-1970», en Kenneth Duncan y Ian Rutledge, eds., Land and Labour in Latin America, Cambridge, 1977; Rolf Knight, Sugar Plantations and Labour Patterns in the Cauca Valley, Toronto, 1972; Roberto Pineda Giraldo, El impacto de la violencia en el Tolima, Bogotá, 1966; Nathan Whitten, Black Frontiersmen: A South America Case, Cambridge, Mass., 1972; Keith Christie, «Oligarchy and Politics in Caldas, Colombia», tesis de doctorado, Universidad de Oxford, 1974, Shirley Harkness, «The Elite and the Regional Urban System of Valley, Colombia as a Reflection of Dependency», tesis de doctorado, Universidad de Cornell, 1973; Nola Reinhardt, Our Daily Bread: The Peasant Question and Family Farming in the Colombian Andes, Berkeley, 1988; y Margarita Jiménez y Sandro Sideri, Historia del desarrollo regional en Colombia, Bogotá, 1985. A estas obras deberían añadirse otras que se ocupan del sector agrario y del campesinado (véase más adelante). La política de nivel local se diagnostica de forma convincente también en novelas y relatos cortos, sobre todo en Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Buenos Aires, 1970 (traducción inglesa: One Hundred Years of Solitude, Nueva York. 1970), e ídem, El coronel no tiene quien le escriba, Buenos Aires, 1976, pero también en varias obras de otro novelista, muy conocido en Colombia pero menos en el extranjero, Eduardo Caballero Calderón, especialmente El cristo de espaldas, Bogotá, 1962.

La obra sobresaliente de historia económica sigue siendo la investigación precursora de Luis Ospina Vázquez, Industria y protección en Colombia, 1810-1930, Medellín, 1955, que va más allá de 1930. Véanse también Alvaro Tirado Mejía, Introducción a la historia económica de Colombia, Bogotá, 1971; William P. McGreevey, An Economic History of Colombia, 1845-1930, Cambridge, 1971, que también contiene material sobre el período posterior a 1930 y que recibió muchas críticas adversas debido a su frecuente utilización de afirmaciones cuya primera cláusula es contraria a los hechos, y José A. Ocampo, ed., Historia económica de Colombia, Bogotá, 1987. Hay que considerar otros trabajos como Salomón Kalmanowitz, Economía y nación: Una breve historia de Colombia, 3.a ed., Bogotá, 1988; Carlos Caballero A., 50 años de economía colombiana, Bogotá, 1987; y Jesús Antonio Bejarano, La economía colombiana en la década del 70, Bogotá, 1984. Para datos estadísticos, véase Miguel Urrutia Montoya y Mario Arrubla, eds., Compendio de estadísticas históricas de Colombia, Bogotá, 1970.

La introducción más conveniente sobre las políticas de desarrollo en Colombia desde los años 50 es, Bruce M. Bagley, «Colombia: National Front and economic development», en Robert Wesson ed., Politics, Policies and Economic Development in Latin America, Stanford, Calif., 1984. Asuntos importantes relacionados con el desarrollo se plantean en Carlos Díaz Alejandro, Foreign Trade Regimes and Economic Development: Colombia, Nueva York, 1976; Fedesarrollo, Lecturas sobre el desarrollo económico, Bogotá, 1974, y Lecturas sobre moneda y banca en Colombia, Bogotá, 1976; y R. Nelson, T. Schultz y R. Slighton, Structural Change in a Developing Economy: Colombia’s Problems and Prospects, Princeton, N. J., 1971. Para una visión socialista, véase Mario Arrubla, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, Bogotá, 1971⁵. Desde 1949 Colombia ha sido objeto de una serie de informes de misiones de asesoramiento internacionales.

Entre los más importantes están Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, The Basis of a Development Program for Colombia, Washington, D. C., 1950; Louis Lebret, Estudio sobre las condiciones del desarrollo en Colombia, Bogotá, 1958; Comisión Económica para América Latina (ONU), Analyses and Projections of Economic Development, vol. 3: The Economic Development of Colombia, 1957; Organización Internacional del Trabajo, Toward Full Employment, Ginebra, 1970; Las cuatro estrategias, Bogotá, 1972; y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Economic Growth of Colombia: Problems and Prospects, Bogotá, 1976; y José Antonio Ocampo y Manuel Ramírez, eds., El problema laboral colombiano: Informes de la Misión Chenery, 2 vols., Bogotá, 1987. Sobre estos informes arroja valiosa luz Guillermo Perry, Introducción al estudio de los planes de desarrollo para Colombia, Bogotá, 1972, y Lauchlin Currie, Evaluación de la asesoría económica a los países en desarrollo —el caso colombiano, Bogotá, 1984. Entre varios estudios de casos, véanse, por ejemplo, Eduardo Wiesner Durán, Paz del Río: Un estudio sobre sus orígenes, su financiación, su experiencia y sus relaciones con el Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento, Bogotá, 1963; F. Posada y J. de Antonio, CVC: un reto al subdesarrollo y al tradicionalismo, Bogotá, 1966, y Harvey F. Kline, The Coal of El Cerrejón - Dependent Bargaining and Colombian Policy-Making, Londres, 1987, que debería leerse junto con Roberto Forero Báez, Liliana Jaramillo de Lozano y Cecilia Vélez de Sierra (comps.), Documentos sobre El Cerrejón, Bogotá, 1985. Véanse también Hugo Palacios Mejía, La economía en el derecho constitucional colombiano, Bogotá, 1975, y proyecciones para el decenio de 1980 a partir de datos del de 1970 efectuadas por especialistas tales como Miguel Urrutia y Guillermo E. Perry R. en Fedesarrollo, La economía colombiana en la década de los ochenta, Bogotá, 1979. La mejor aproximación al impacto de la crisis de la deuda externa se encuentra en José Antonio Ocampo, «Colombia», en Rosemary Thorp y Laurence Whitehead eds., Latin American Debí and the Adjustment Crisis, Londres, 1987; y José Antonio Ocampo y Eduardo Lora, Colombia y la deuda externa: De la moratoria de los treintas a la encrucijada de los ochentas, Bogotá, 1988.

La ampliación del papel del estado en la economía se refleja en diversas monografías y artículos. La banca se examina en Banco de la República, Historia del Banco de la República, Bogotá, 1990; y Salomón Kalmanowitz y Fernando Tenjo Galarza, La crisis financiera en Colombia: Anatomía de su evolución, Bogotá, 1986; la política monetaria se menciona en Mauricio Avella Gómez, Pensamiento y política monetaria en Colombia, 1886-1945, Bogotá, 1987. Los impuestos se tratan en R. Bird, Taxation and Development: Lessons from Colombia, Cambridge, Mass., 1970, y más recientemente, Guillermo Perry, «Las reformas tributarias de 1974 y 1975 en Colombia», Coyuntura Económica, 7, n.º 3, 1977. Merecen atención el análisis y las recomendaciones que contiene R. A. Musgrave y M. Gillis, Fiscal Reform for Colombia, Cambridge, Mass., 1971. El papel del estado en la vigilancia de las inversiones extranjeras se aborda tanto en Fernando Cepeda Ulloa y Mauricio Solaún, «Political and Legal Challenges to Foreign Direct Investment in Colombia», Journal of Inter-American Studies - Worl Affairs, 15 (septiembre de 1973), pp. 77-101, como en François J. Lombard, The Foreign Investment Screening Process in LDCs: The Case of Colombia, 1967-1975, Boulder, Colo., 1979. La política cambiaría y cuestiones relacionadas con ella se aclaran en dos obras de Eduardo Wiesner Durán, Política monetaria y cambiaría en Colombia, Bogotá, 1978, y Devaluación y mecanismo de ajuste en Colombia, Bogotá, 1980. Sobre el gasto público debería consultarse M. Selowsky, Who Benefits from Government Expenditures? A Case-Study of Colombia, Fairlawn, N. J., 1979. Véanse también Carlos Lleras Restrepo, La estadística nacional - su organización - sus problemas, Bogotá, 1938, obra precursora que data de un decenio anterior y aboga por grandes mejoras en partes del aparato del estado.

La distribución de la renta se analiza en R. Albert Berry y Miguel Urrutia, Income Distribution in Colombia, New Haven, Conn., 1976, y R. Albert Berry y Ronald Soligo, eds., Economic Policy and Income Distribution in Colombia, Boulder, Colo., 1980. Cuestiones de política urbana estrechamente relacionadas con ello las exploran Harold Lubell y Douglas McCallum, Bogotá: Urban Development and Employment, Ginebra, 1968; Edgar Reveíz Roldán y otros, Poder e información: El proceso decisorio en tres casos de política regional y urbana en Colombia, Bogotá, 1977; Gabriel Murillo C., y Elizabeth B. Ungar, Política, vivienda popular y el proceso de toma de decisiones en Colombia, Bogotá, 1978; y Bruce M. Bagley, «Political Power, Public Policy and the State in Colombia: Case Studies of the Urban and Agrarian Reforms during the National Front 1958-1974», tesis de doctorado, Universidad de California, Los Angeles, 1979; y William Cartier, Urban Processes and Economic Recession: Bogotá in the 1980s, Londres, 1988. Véanse también una visión marxista de la estructura social urbana, J. F. Ocampo, Dominio de clase en la ciudad colombiana, Medellín, 1972, y un estudio reciente efectuado por geógrafos, Alan Gilbert y Peter M. Ward, Housing, the State and the Poor: Policy and Practice in Three Latin American Cities, Cambridge, 1985, que contiene material valioso sobre Bogotá.

Sobre la industrialización, véanse Albert Berry, ed., Essays on Industrialization in Colombia, Tempe, Ariz., 1983; Gabriel Poveda Ramos, ANDI y la industria en Colombia, 1944-1984: 40 años, Medellín, 1984; Miguel Urrutia y Clara Elsa Villalba, «El sector artesanal en el desarrollo económico colombiano», en Miguel Urrutia, Cincuenta años de desarrollo colombiano, Bogotá, 1979, pp. 220230; Albert Berry, «The limited role of rural smallscale manufacturing for latecomers: Some hypotheses on the Colombian experience», Journal of Latin American Studies, 19, n. 2, 1987, pp. 295-322; David Chu, The Great Depression and Industrialization in Colombia, Santa Mónica, Calif., 1977; G. Ranis, Challenges and Opportunities Posed by Asia’s Superexporters: Implications for Manufactured Exports from Latin America, Yale University Center Papers 303, New Haven, Conn., 1981, y Rhys O. Jenkins, «Latin America and the New International Division of Labour: A Critique of Some Recent Views», en Christopher Abel y Colin M. Lewis, eds., Latin America, Economic Imperialism and the State, Londres, 1985, pp. 415-429. Sobre el comercio, véase Yesid Castro y otros, El sector comercio en Colombia: Estudio actual y perspectivas, Bogotá, 1979; y Eduardo Lora y José Antonio Ocampo (coords.), El sector comercial en Colombia: Estructura y comportamiento, Bogotá, 1988. Dos campos «tradicionales» de inversión extranjera se estudian en Jorge Villegas, Petróleo, oligarquía e imperio, Bogotá, 1969, y Judy White, Historia de una ignominia: La United Fruit Company en Colombia, Bogotá, 1978, a la vez que la penetración más reciente por parte de empresas transnacionales se considera en Daniel Chudnovsky, Empresas multinacionales y ganancias monopólicas en una economía latinoamericana, Ciudad de México, 1978. Para las tendencias a la fusión y la consolidación de empresas nacionales, Superintendencias de Sociedades, Conglomerados de Sociedades en Colombia, Bogotá, 1978, es muy recomendable; y para la participación de grupos de intereses en la toma de decisiones, véase John J. Bailey, «Pluralist and Corporatist Dimensiones of Interest Representation in Colombia», en James M. Malloy, ed., Authoritarianism and Corporatism in Latin America, Pittsburgh, Pa., 1977, pp. 259-302.

La historia, la política y la sociología agrarias pueden abordarse con provecho leyendo Mario Arrubla, comp., La agricultura colombiana en el siglo XX, Bogotá, 1976, en conjunción con un volumen del decenio de 1930 que refleja una tradición de crítica social, Alejandro López, Problemas colombianos, Bogotá, sin fecha. Tendencias más recientes en las ciencias sociales se hallan de forma manifiesta en Santiago Perry, La crisis agraria en Colombia, 1950-1980, 2.a ed., Bogotá, 1985; Absalon Machado C., Políticas agrícolas en Colombia, 1900-1960, Bogotá, 1986; Jesús Antonio Bejarano A., Economía y poder: La SAC y el desarrollo agropecuario colombiano, 1971-1984, Bogotá, 1985; Darío Fajardo M., Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia, 1920-1980, Bogotá, 1983; Darío Mesa y otros, Colombia: Estructura política y agraria, Medellín, 1971; Pierre Gilhòdes, Politique et violence: La question agraire en Colombie, 1958-1971, París, 1974; y Gonzalo Cataño, ed., Colombia: Estructura política y agraria, Medellín, 1975. Catherine LeGrand ha efectuado una aportación importante en Erontier Expansión and Peasant Protest in Colombia, 1850-1936, Albuquerque, N. M., 1986, «Labour Acquisition and Social Conflict on the Colombian Frontier, 1850-1936», Journal of Latin American Studies, 16, mayo de 1984, pp. 27-49, y «Perspectives for the Historical Study of Rural Politics and the Colombian Case: An OverView», Latin American Research Review, 12, n.º 1, 1977, pp. 7-37. Marco Palacios, Cojfee in Colombia, 1850-1970: An Economic, Social and Political History, Cambridge, 1980; traducido del español, Bogotá, 1979, proporciona una introducción general a la historia del café que puede leerse provechosamente en conjunción con ECLA/FAO, Coffee in Latin America: Productivity Problems and Future Prospects, vol. 1; Colombia and El Salvador, 1958; María C. Errazuriz, Cafeteros y cafetales del Líbano, Bogotá, 1986; Mariano Arango, Rafael Aubad y Jaime Piedrahita, Bonanza de precios y transformaciones en la industria cafetera: Antioquia, 1975-1980, Medellín, 1983; Michael F. Jiménez, «Travelling far in grandfather’s car: The life-cycle of coffee states in Central Colombia: The case of Viotá, Cundinamarca, 1900-1930», Hispanic American Historical Review, 69, n. 2, 1989, pp. 185-200; Robert Beyer, «The Coffee Industry in Colombia; Origins and Major Trends 1740-1940», tesis de doctorado, Universidad de Minnesota, 1947; y B. E. Koffman, «The National Federation of Coffee-growers of Colombia», tesis de doctorado, Universidad de Virginia, 1969. Véanse también Roberto Junguito, Un modelo de respuesta a la oferta de café en Colombia, Bogotá, 1974, y, para los estimulantes recuerdos de un participante activo en la formulación de la política del café, Carlos Lleras Restrepo, Política cafetera, 1937-1978, Bogotá, 1980. Uno de los primeros estudios de la política de reforma agraria se encuentra en Alberto O. Hirchsman, Journey towards Progress: Studies of Economic Policy-Making in Latin America, Nueva York, 1963. Sobre la agricultura campesina, véase Sutti Ortiz, Uncertainties in Peasant Farming: A Colombian Case, Londres, 1973. Varios rasgos de la organización de los campesinos son objeto de atención en Hermes Tovar, El movimiento campesino en Colombia durante los siglos XIX y XX, Bogotá, 1972; Ronald Lee Hart, «The Colombian Acción Comunal Program; A Political Evaluations», tesis de doctorado, Universidad de California, Los Angeles, 1974; y Orlando Fals Borda, Peasant Society in the Colombia Andes: A Sociological Study of Saucío, Gainesville, Fia., 1957; traducción al español, Bogotá, 1967. Para comprender la organización de los campesinos en el decenio de 1970 es esencial León Zamosc, The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggle of the National Peasant Association, 1967-1981, Cambridge, 1986. Sobre la colonización durante los años 70 y 80, véanse Catherine Le Grand, «Colonization and violence in Colombia: Perspectives and debates», Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 14, n. 28, 1989, pp. 5-29; y Alfredo Molano, Siguiendo el corte, Bogotá, 1989, y Sierra adentro: Una historia oral de la colonización del Guaviare, Bogotá, 1987.

La mejor aproximación al estudio de los Amerindios en Colombia se puede hacer a través del Instituto Colombiano de Antropología, Introducción a la Colombia Amerindia, Bogotá, 1987; de la Universidad Nacional de Colombia, Colombia Amazónica, Bogotá, 1987, especialmente los ensayos de Myriam Jimeno Santoyo, Elizabeth Reichel Dussan y Pablo Leyva; y de Myriam Jimeno y Adolfo Triana Antorveza, Estado y minorías étnicas en Colombia, Bogotá, 1985.

Uno de los primeros ejemplos del interés por los indios colombianos entre los indigenistas nacionales se observa en Juan Friede, El indio en la lucha por la tierra, Bogotá, 1944, y Antonio García, El problema indígena en Colombia, Bogotá, 1944. Un estudio más reciente y contencioso del trato que los misioneros dispensaron a los indios de Sibundoy se encuentra en Víctor Daniel Bonilla, Siervos de Dios y amos de indios, Bogotá, 1968; traducción al inglés, Londres, 1972, de la traducción al francés, París, 1972. Un ejemplo de obra antropológica que considera que el estudio de las sociedades tribales indias es una necesidad urgente antes de su desaparición definitiva es G. Reichel-Dolmatoff, Desana: Simbolismo de los indios tukano del Vaupés, Bogotá, 1968. Otro trabajo de gran valor es Joanne Rappaport, The Politics of Memory, Cambridge, Eng., 1990. Sobre los Afro-Colombianos, véanse Aquiles Escalante, El negro en Colombia, Bogotá, 1964; Nina S. de Friedemann y Jaime Arocha, De sol a sol: Génesis, transformación y presencia de los negros en Colombia, Bogotá, 1986; y Nina Friedemann, Criele criele, Bogotá, 1989. Una obra que no ha recibido suficiente atención de los estudiosos pese a ser importante para los no musicólogos además de para los especialistas es George List, Music and Poetry in a Colombian Village: A Tri-Cultural Heritage, Bloomington, Ind., 1983; que examina la fusión de influencias hispánicas, amerindias y africanas en la música y el baile.

Los aspectos demográficos se exploraron fructíferamente en Juan Luis de Lannoy y Gustavo Pérez, Estructuras demográficas y sociales de Colombia, Friburgo, 1961, y Thomas Merrick, Recent Fertility Declines in Brazil, Colombia, México, Baltimore, 1985. Sobre la migración interna, véanse Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico, Empleo y desempleo en Colombia, Bogotá, 1968 y T. P. Shultz, Population Growth and Infernal Migration in Colombia, Santa Mónica, Calif., 1970. Las migraciones colombianas a Venezuela son objeto de una sensible valoración periodística en Gonzalo Guillén Jiménez, Los que nunca volvieron: Colombianos en Venezuela, Bogotá, 1980; y Alcides Gómez Jiménez y Luz Marina Díaz Mesa, La moderna esclavitud: Los indocumentados en Venezuela, Bogotá, 1983; así como de una valoración académica en Ramiro Cardona G., ed., El éxodo de colombianos: Un estudio de la corriente migratoria a los Estados Unidos y un intento para propiciar su retorno, Bogotá, 1980; y Gabriel Murillo Cataño, Migrant Workers in the Americas: A Comparative Study of Migration between Colombia and Venezuela and between Mexico and the United States, Series monográficas 13, Centro para Estudios Norte Americano - Mexicanos, Universidad de California, San Diego, 1984. El estudio del parentesco, la familia y la cultura oral se encuentra en su infancia en Colombia. Una notable aportación al tema es Virginia Gutiérrez de Pineda, Familia y cultura en Colombia: Tipologías, funciones y dinámica de la familia, Bogotá, 1977; Magdalena León de Leal, Mujer y capitalismo agrario, Bogotá, 1980; Elssy Bonilla C. (comp.), Mujer y familia en Colombia, Bogotá, 1985; Magdalena León, «Política agraria en Colombia y debate sobre políticas para la mujer rural», en Carmen Diana Deere y Magdalena León eds., La mujer y la política agraria en América Latina, Bogotá, 1986, pp. 43-64; Diana Medrano y otros, Mujer campesina, Bogotá, 1985; y Cecilia Muñoz V. y Martha Palacios V., El niño trabajador, Bogotá, 1980.

6. Ecuador desde 1930

Aun cuando durante los últimos quince años se ha avanzado mucho en los estudios sociales e históricos en Ecuador, sigue sin haber una nueva historia general de la república en el siglo XX. Las mejores historias escritas entre el decenio de 1930 y el de 1950 son Oscar Efrén Reyes, Breve historia general del Ecuador, Quito, 1957⁶, y Alfredo Pareja Diezcanseco, Historia del Ecuador, Quito, 1954. A ellas debe añadirse un ensayo de interpretación histórica general que es obra de Leopoldo Benítez Vinueza, Ecuador: Drama y paradoja, Ciudad de México, 1950. Una publicación colectiva que se preparó en 1980 y agrupa ensayos breves sobre diversos aspectos de la vida en el Ecuador republicano es Libro del Sesquicentenario, 4 vols., Quito, 1980-1982. Para una mirada general de Ecuador contemporáneo, véase David W. Schodt, Ecuador, an Andean Enigma, Boulder, Colo., y Londres, 1987. Entre las obras de la nueva generación de científicos sociales debe hacerse mención especial de Agustín Cueva, El proceso de dominación política en el Ecuador, Quito, 1982; edición revisada, 1988, ensayo de interpretación del desarrollo político y social del país en el siglo XX. Véase también A. Cueva, «Ecuador, 1925-1975», en Pablo González Casanova, ed., América Latina, historia de medio siglo. Ciudad de México, 1977. También se ha divulgado mucho una antología publicada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central, tres de cuyos artículos se ocupan del siglo XX: Leonardo Mejía y otros, Ecuador: Pasado y presente, Quito, 1975. Osvaldo Hurtado, El poder político en el Ecuador, Quito, 1977, traducida luego al inglés y publicada con el título de Political Power in Ecuador, Albuquerque, N. M. 1980, hace hincapié en el proceso sociopolítico desde 1950. El libro también contiene una bibliografía exhaustiva sobre Ecuador. En inglés, George Maier, «Presidential Succession in Ecuador, 1830-1970», Journal of Inter-American Studies and World Affairs (julio-octubre de 1971), pp. 479-509, es muy informativa. Finalmente, una obra colectiva en quince volúmenes, Nueva historia del Ecuador, Quito, 1988-1990, cuyo editor general es Enrique Ayala Moya, merece atención. El volumen 10, El Ecuador entre los veinte y los sesenta, y el vol. 11, El Ecuador en el último período, vienen a propósito. Los volúmenes 12 y 13 contienen ensayos de interpretación general, algunos de los cuales ponen de relieve la época republicana. Los dos volúmenes finales contienen una cronología y un apéndice documental. Los estudios electorales han llamado la atención de los especialistas en los últimos años. Véanse, por ejemplo, Vjekoslav Darlic Mardesic, Estadísticas electorales del Ecuador, 1978-1987, Quito, 1987; Juan Bernardo León, Elecciones, votos y partidos: Evolución y geografía de las preferencias electorales en el Ecuador, 1978-1986, Quito, 1987: y Amparo Menéndez Carrión, La conquista del voto en el Ecuador de Velasco a Roídos: El suburbio guayaquileño en las elecciones presidenciales del Ecuador, 1952-1978: Análisis del comportamiento electoral a nivel local en un contexto de control social, Quito, 1986.

Hay muy pocas obras nuevas que se ocupen de la política en el decenio de 1930, pero los orígenes y la naturaleza del velasquismo en los años cuarenta han dado pie a muchos debates y han generado varias publicaciones. Además de la obra de Agustín Cueva que ya hemos mencionado, merece atención Rafael Quintero, El mito del populismo en el Ecuador, Quito, 1980. George I. Blanksten, Ecuador: Constitutions and Caudillos, Berkeley, Calif., 1951, se ocupa de un tema parecido. Un curso contemporáneo valioso es El 28 de mayo de 1944: Testimonio, Guayaquil, 1984, y Silvia Vega Ugalde, «La Gloriosa», Quito, 1987.

Hay poco que sea digno de mención sobre la política en los años cincuenta y sesenta excepto una tesis inédita pero citada con frecuencia de Gonzalo Abad, El proceso de lucha por el poder en el Ecuador, Ciudad de México, 1970; John Fitch, The Military Coup d’Etat as a Political Process: Ecuador, 1948-1966, Baltimore, 1977; y una serie de artículos de Peter Pyne: «The Politics of Instability in Ecuador: The Overthrow of the President, 1961», Journal of Latin American Studies, 1, 1975, pp. 109-133; «Presidential Caesarism in Latin America: Myth or Reality? A Case Study of the Ecuatorian Executive during the presidency of José María Velasco Ibaijra, 1960-1961», Comparative Politics, 9, 1977, pp. 281304; «Legislatures and Development: The Case of Ecuador, 1960-1961», Comparative Political Studies, 9, 1976, pp. 69-72. La falta de obras que se ocupen de este período da todavía más importancia a un libro que causó una conmoción mundial cuando se publicó: Inside the Company: CIA Diary, Nueva York, 1975, en el cual Philip Agee hace afirmaciones reveladoras sobre su período en calidad de agente de la CIA en Ecuador.

Sobre el decenio de 1970, una publicación muy divulgada fue una antología integrada por varios artículos sobre economía, sociedad y política: Gerhard Drekonja y otros, eds., Ecuador hoy, Bogotá, 1978. Véase también otra colección de ensayos, Alberto Acosta y otros, eds., Ecuador hoy, Bogotá, 1978. Véase también otra colección de ensayos, Alberto Acosta y otros, eds., Ecuador: El mito del desarrollo, Quito, 1982. Un estudio valioso del período de la dictadura militar es Francisco R. Dávila Aldás, Las luchas por la hegemonía y la consolidación política de la burguesía en el Ecuador, Ciudad de México, 1984. Nelson Argones, El juego del poder: De Rodríguez Lara a Febres Cordero, Quito, 1985, se centra con gran claridad en los cambios habidos en el escenario político durante el período de más de un decenio. Nick D. Mills, Crisis, conflicto y consenso: Ecuador (1979-1984), Quito, 1984, es una valoración de los primeros gobiernos constitucionales después de la dictadura. Véanse también, Marcelo Ortíz Villacis, El control del poder: Ecuador 1966-1984, Quito, 1984; y Anita Isaacs, Military Rule and Transition in Ecuador, 1972-1992, Oxford, 1993.

En el decenio de 1980 proliferaron los libros que trataban de los acontecimientos políticos más notables del decenio. El movimiento militar que el general Vargas Pazzos capitaneó contra el gobierno de Febres Cordero fue, en particular, el tema de una docena de libros. Merecen especialmente citarse La hora del general, Quito, 1986, y Operación Taura, Quito, 1987, ambos de Gonzalo Ortiz Crespo, y John Maldonado, Taura: Lo que no se ha dicho, Quito, 1988. Una polémica entre dos presidentes que fue objeto de mucha publicidad es Blasco Peñaherrera Padilla, El viernes negro, Quito, 1988, y León Febres Cordero, Autopsia de una traición, Quito, 1989. Marco Zalamea, El régimen febrescorderista, Cuenca, 1988, presenta una visión analítica equilibrada de la Administración Febres Cordero. Enrique Ayala, Los partidos políticos en el Ecuador: Síntesis histórica, Quito, 1986, es una breve visión general. Finalmente, Patricio Moncayo, Ecuador, grietas en la dominación, Quito, 1977, H. Handelman, Ecuador: A New Political Direction, Hanover, 1979, D. P. Hanson, Political Decisión Making in Ecuador: The Influence of Business Groups, tesis de doctorado, Universidad de Michigan, 1971, y Adrián Carrazco y otros, Estado, política y democracia en el Ecuador, Quito, 1988, y el breve ensayo de David Corkill, «Democratic politics in Ecuador, 1979-1984», Bulletin of Latin American Research, 4, n. 2, 1985, pp. 63-74, son dignos de tenerse en cuenta.

No se ha hecho ningún estudio demográfico importante de Ecuador aparte de Consejo Nacional de Desarrollo/UNFP, Población y cambios sociales: Diagnóstico sociodemográfico del Ecuador, 1950-1982, Quito, 1987. Jean Paul Deler, Ecuador del espacio al estado nacional, Quito, 1987, contiene una labor importante sobre el desarrollo espacial y geográfico del país. Véanse también Lucas Achig, El proceso urbano de Quito, Quito, sin fecha, y R. F. Bromley, Development and Planning in Ecuador, Londres, 1977.

No hay ninguna historia económica general de Ecuador, pero una obra de Fernando Velasco Abad, Ecuador: Capitalismo y dependencia, Quito, 1981, que al principio fue una tesis, constituye un esfuerzo notable por bosquejar y analizar las diferentes etapas de la vida socioeconómica del país. A estas alturas ya es un clásico. Véanse también José Moneada, Capitalismo y subdesarrollo ecuatoriano en el siglo XX, Quito, 1982, y Capitalismo y neoliberalismo en el Ecuador, Quito, 1985; Luis A. Carbo, Historia monetaria y cambiaría del Ecuador, Quito, 1941, reimpreso en 1953 y 1978, contiene información y documentación abundantes. Sobre el periodo inmediatamente anterior a la depresión del decenio de 1930, véase Banco Central del Ecuador, Crisis y cambios de la economía ecuatoriana en los años veinte, Quito, 1987. Sobre las finanzas públicas en los años treinta, Linda A. Rodríguez, The Search for Public Policy: Regional Politics and Public Finance in Ecuador, 1930-1940, Berkeley, Calif., 1985, es una obra importante. Véase también Paul W. Drake, The Money Doctor in the Andes: The Kemmerer Missions, 1923-1933, Durham, N. C., 1989, cap. 4. José Samaniego, Crisis económica del Ecuador, Quito, 1988, y Rosemary Thorp y otros, Las crisis en el Ecuador, Quito, 1991, tratan de los períodos 1929-1933 y 1980-1984 en términos comparativos. Sobre la situación económica a finales de los años ochenta se han publicado muchos libros: por ejemplo, Pablo Estrella y otros, La crisis de la economía ecuatoriana, Quito, 1986; Guillermo Landazuria, El Ecuador en la encrucijada, Quito, 1987; Louis Lafeber, ed., Economía política del Ecuador: Campo, región, nación, Quito, 1985; Eduardo Santos y Marianita Mora, Ecuador: La década de los ochenta, Quito, 1987.

Los principales productos de exportación del país han sido objeto de estudios específicos. Merece especialmente mencionarse Carlos Larrea y otros, El banano en el Ecuador, Quito, 1987. De lo mucho que se ha escrito sobre la cuestión del petróleo, hay que tener especialmente en cuenta Jaime Galarza, El festín del petróleo, Cuenca, 1979, que es una denuncia. También son dignas de atención Arnaldo Booco, Auge petrolero, modernización y subdesarrollo. El Ecuador de los años sesenta, Quito, 1987; Alberto Acosta y otros, Ecuador: Petróleo y crisis, Quito, 1986; y el estudio de CEPAL, Ecuador: Desafíos y logros de la política económica en la fase de expansión petrolera, Santiago, 1978; y John D. Martz, Politics and Petroleum in Ecuador, New Brunswick, N. J., 1987. Leonardo Vicuña, Economía ecuatoriana: Problemas, tendencias y proyecciones, Guayaquil, 1980, analiza varias perspectivas.

Diversas obras se concentran en la industrialización: A. Bottomley, «Imperfect Competition in the Industrialization of Ecuador», Inter-American Economic Affairs, 29 (1965); Sabine Fisher, Estado, clase, industria, Quito, 1987; y G. Montaño y E. Wygard, Visión sobre la industria ecuatoriana, Quito, 1975. Para un estudio comparativo sobre las políticas reformistas de los años setenta y ochenta, véase Catherine M. Conaghan, Restructuring Domination: Industrialists and the State in Ecuador, Pittsburgh, Pa., 1988. Pero es el sector agrario el que ha dado origen a la más extensa producción bibliográfica de los últimos veinte años. Un estudio precursor es el informe CIDA (Comité Inter-Americano de Desarrollo Agrícola) de R. Baraona, Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola, Ecuador, Washington, D. C., 1965. Osvaldo Barsky publicó varias obras sobre la cuestión agraria en el país que más adelante se sintetizaron en un solo libro que pronto se convirtió en texto de consulta básico: La reforma agraria ecuatoriana, Quito, 1984. También merecen citarse Gustavo Cosse, Estado y agro en el Ecuador, Quito, 1984; Andrés Guerrero, Hacienda, capital y lucha de clases andina, Quito, 1983; Miguel Murmis, ed., Clase y región en el agro ecuatoriano, Quito, 1986; Luciano Martínez, La descomposición del campesinado en la Sierra ecuatoriana, Quito, 1980; y C. Quishpe y V. Piedra, El proceso de consolidación de la hacienda en el Ecuador, Cuenca, 1977. FLACSO/CEPLAES, Ecuador: Cambios en el agro serrano, Quito, 1980, fue el estímulo de un debate en torno a varios temas agrarios. Un importante estudio reciente es Fausto Jordán, El minifundio, Quito, 1988.

Algunos estudios extranjeros que merecen mencionarse son: John Brandl, ed., Chimhorazo: Life on the Haciendas of Highland Ecuador, Londres, 1976; Charles S. Blankstein y Clarence Zuvekas, «Agrarian Reform in Ecuador: An Evaluation of Past Efforts and the Development of a New Approach», Economic Development and Cultural Change, 22, 1973, pp. 73-94; Howard Handelman, Ecuatorian Agrarian Reform: The Politics of Limited Change, Hanover, N. H., 1980; David Lehman, Share-Cropping and the Capitalist Transition in Agriculture: Some Evidence from Highland Ecuador, Cambridge, 1982; Miguel Mirmir, Sizc of Units, Control of Land and Participation in Production: Some Contextual Material for the Study of Process of Capitalization of Small Producers in Carchi, Ecuador, Toronto, 1983; y León Zamosc, Peasant Struggles and Agrarian Reform: The Ecuatorian Sierra and the Colombian Atlantic Coast in Comparative Perspective, San Diego, Calif., 1990.

Junto a los estudios agrarios hay un conjunto de obras sobre los movimientos campesinos indígenas y su organización. Fernando Velasco, Reforma agraria y movimiento campesino indígena en la Sierra, Quito, 1979, es un estudio valioso. Véase también La movilización campesina antes de la reforma agraria, Quito, 1979, de Hernán Ibarra, que es también el autor de Bibliografía analítica agraria, 1900-1982, Quito, 1982. El amazonas ecuatoriano ha comenzado a recibir cierta atención. Véanse, por ejemplo, James F. Hick y otros, Ecuador’s Amazon Region: Development Issues and Opinions, Washington, D. C., 1990; Blanca Muratorio, Rucucaya y la historia social y económica del Alto Negro, 1850-1950, Quito, 1987; Dorothea S. Whitten y Norman E. Whitten, Jr., From Myth to Creation: Art from Amazonian Ecuador, Urbana-Champaign, III, 1988.

Se ha producido un incremento importante de los estudios de los pueblos indígenas: por ejemplo, Oswaldo Albornoz, Las luchas indígenas en el Ecuador, Quito, 1971; Gonzalo Rubio Orbe, Los indios ecuatorianos: Evolución histórica y política indigenista, Quito, 1987; Alicia Ibarra, Los indígenas y el estado en el Ecuador, Quito, 1987; Norman E. Whitten, Jr., Sacha Runa: Ethnicity and Adaptation of Ecuadorian Jungle Quichua, Urbana, 111., 1976; y José Sánchez Parga, La trama del poder en la comunidad andina, Quito, 1986.

Sobre el nacimiento y la evolución del movimiento obrero, véanse Pedro Saad, La CTE y su papel histórico, Guayaquil, 1974; Patricio Ycaza, Historia del movimiento obrero ecuatoriano, Quito, 1983; Iván J. Paz y Miño Cepeda, La CEDOC en la historia del movimiento obrero ecuatoriano, Quito, 1988; Lucas Aching y Triana Neira, «Movimiento obrero ecuatoriano y proceso sindical: Los orígenes, 1880-1930», Revista IDIS, Mayo de 1989; e Isabel Robalino Bolle, El sindicalismo en el Ecuador, Quito, sin fecha. Una aproximación más general es la de Hernán Ibarra, La formación del movimiento popular (1925-1936), Quito, 1984. Pero la huelga y la matanza que tuvieron lugar el 15 de noviembre de 1922 son lo que más ha llamado la atención: Elias Muñoz Vicuña, El 15 de noviembre de 1922, su importancia y sus proyecciones, Guayaquil, 1973; INFOC, El 15 de noviembre de 1922 y la fundación del socialismo relatados por sus protagonistas, 2 vols., Quito, 1982; y Patricio Martínez, Guayaquil noviembre de 1922, Quito, 1988.

Otro suceso sangriento de la historia obrera que ocurrió en 1977 es tema de Víctor Grande, La masacre de Aztra, Cuenca, 1979. Obra general que merece citarse es Marco Velasco, Insubordinación y conciencia de clase, Quito, 1983. Hay también varias publicaciones en las cuales se comenta la historia popular en relación con organizaciones izquierdistas: Manuel Agustín Aguirre, «El marxismo, la revolución y los partidos socialista y comunista en el Ecuador», en Carlos Marx Homenaje, Cuenca, 1983; Alexei Páez, El anarquismo en el Ecuador, Quito, 1986; y Leonardo Muñoz, Testimonio de lucha: Memorias sobre la historia del socialismo en el Ecuador, Quito, 1988. Hay gran cantidad de información, aunque gran parte de ella es ahora desfasada, en Osvaldo Hurtado y Joachim Herudek, La organización popular en el Ecuador, Quito, 1974.

Sobre la cultura ecuatoriana, especialmente la literatura, hay varios textos: Benjamín Camón, El nuevo relato ecuatoriano, Quito, 1958; Angel F. Rojas, La novela ecuatoriana, México, 1950; Augusto Arias, Panorama de la literatura ecuatoriana, Quito, 1956; Antonio Sacoto, La nueva novela ecuatoriana, Quito, 1981; Agustín Cueva, Lecturas y rupturas, Quito, 1986, y Fernando Tinajero, De la evasión al desencanto, Quito, 1987. Las profusamente ilustrada Historia del arte ecuatoriano, Quito, 1978, ofrece una visión amplia del tema. Una visión global del período más reciente se encuentra en Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1969-1979: Diez años de la cultura en el Ecuador, Quito, 1980. Los problemas de definición cultural, étnica y nacional que tiene el país se abordan en Ruth Moya, Ecuador: Cultura, conflicto y utopía, Quito, 1987, y Ecuador multinacional: Conciencia y cultura, Quito, 1989. Una interesante crónica hecha por un visitante que vivió en Ecuador durante los años treinta y cuarenta se encuentra en Albert B. Franklin, Ecuador: Retrato de un pueblo (1943), Buenos Aires, 1984. La referencia básica en el campo de la filosofía y la historia de las ideas es un libro de Arturo Andrés Roig, Esquemas para una historia de la filosofía ecuatoriana, Quito, 1977.

Finalmente, tres guías bibliográficas y de investigación deben mencionarse: John J. Tepaske, ed., Research Guide to Andean History, Bolivia, Chile, Ecuador and Peru, Durham, N. C., 1981, en la cual la sección que habla de Ecuador tiene una introducción de Jaime E. Rodríguez; Robert E. Norris, Guía bibliográfica para el estudio de la historia ecuatoriana, Austin, Tex., 1978, completa y bien organizada; y un volumen reciente en la World Bibliographical Series, Ecuador, vol. 101, Oxford, 1989, compilado por David Corkill, que contiene una gran bibliografía en inglés, clasificada por temas, pero muy pocos títulos en español. Véase también, Rodolfo Agoglia ed., Historiografía ecuatoriana, Quito, 1985.

7. Venezuela, 1930-c. 1990

La mejor guía bibliográfica es John Lombardi, y otros, Venezuelan History: A Comprehensive Working Bibliography, Boston, 1977. Desde 1970 la Biblioteca Nacional ha publicado de forma irregular las series Bibliografía venezolana y Anuario bibliográfico venezolano. Para la historiografía, véanse Germán Carrera Damas, Historia de la historiografía venezolana: Textos para su estudio, Caracas, 1961; Cuestiones de historiografía venezolana, Caracas, 1964, e Historiografía marxista venezolana y otros temas, Venezuela, 1967. Una útil guía cronológica es A. Arellano Moreno, Guía de historia de Venezuela, Caracas, 1977³. El Diccionario de historia de Venezuela, 3 vols., Caracas, 1990, edición a cargo de Manuel Pérez Vila y publicado por la Fundación Polar es de valor incalculable.

Han aparecido varias colecciones de fuentes impresas. La serie general más impresionante es Ramón J. Velázquez, El pensamiento político venezolano del siglo XX: Documentos para su estudio, 15 vols. hasta la fecha, Caracas, 1983-… Véase también Naudy Suárez Figueroa, Programas políticos venezolanos de la primera mitad del siglo XX, 2 vols., Caracas, 1977. Allan R. Brewer-Carías, Las constituciones de Venezuela, Madrid, 1985, analiza y reproduce los textos de todas las constituciones. José Agustín Catalá ha editado y reimpreso documentos relativos a la dictadura de Pérez Jiménez y la resistencia clandestina de la Acción Democrática (AD), sacados con frecuencia de los juicios de perezjimenistas celebrados en los años sesenta. Véanse Libro negro 1952, Caracas, 1974; Documentos para la historia de la resistencia, 4 vols., Caracas, 1969; Los crímenes de Pérez Jiménez (varios subtítulos y volúmenes), Caracas, 1971. Los jerarcas impunes del perezjimenismo (varios subtítulos y volúmenes), Caracas, 1971. José Rivas Rivas ha compilado y reproducido recortes de periódico que abarcan el período que va de 1936 a 1958 en Historia gráfica de Venezuela, 3 vols., Caracas, 1961. Se encuentran fuentes económicas y estadísticas en Banco Central de Venezuela, La economía venezolana en los últimos treinta y cinco años, Caracas, 1978; Miguel Izard, Series estadísticas para la historia de Venezuela, Mérida, 1970; y el Anuario Estadístico oficial, que viene publicándose con algunas interrupciones desde 1877.

Dos colecciones de entrevistas con figuras públicas proporcionan material valioso sobre la historia reciente. Alfredo Peña llevó a cabo varias entrevistas largas cuando las elecciones de 1978: Conversaciones con Douglas Bravo, Caracas, 1978; Conversaciones con Luis Herrera Campins, Caracas, 1978; Conversaciones con Américo Martín, Caracas, 1978; Conversaciones con José Vincente Rangel, Caracas, 1978; Conversaciones con Uslar Pietri, Caracas, 1978; Conversaciones con Luis Beltrán Prieto, Caracas, 1979; y Conversaciones con Carlos Andrés Pérez, 2 vols., Caracas, 1979. La serie Testimonios violentos, 8 vols., Caracas, 1980-1983, de Agustín Blanco Muñoz, incluye los títulos siguientes: El 23 de enero: Habla la conspiración; La lucha armada: Hablan 5 jefes; La lucha armada: Hablan 6 comandantes; La conspiración cívico-militar: Guairazo, Barcelonazo, Campanazo y Porteñazo; La izquierda revolucionaria insurge; La lucha armada: Hablan 3 comandantes de la izquierda revolucionaria; Pedro Estrada habló; Habla el general, Venezuela: Historia de una frustración; Habla D. F. Maza Zavala; Acción Democrática, Memorias de una contradicción: Habla Gumersindo Rodríguez.

Las siguientes obras de carácter general tratan de la historia de Venezuela en su totalidad o del período transcurrido desde la independencia: John V. Lombardi, Venezuela: The Searchfor Order, the Dream of Progress, Nueva York, 1982 (Hay traducción española: Venezuela. La búsqueda del orden. El sueño del progreso, Crítica, Barcelona, 1985); Guillermo Morón, A History of Venezuela, Londres, 1976; J. L. Salcedo-Bastardo, Historia Fundamental de Venezuela, Caracas, 1979; Mariano Picón Salas, Augusto Mijares y Ramón Díaz Sánchez, Venezuela independiente: Evolución política y social, 1810-1960, Caracas, 1975. El intento más ambicioso de abarcar el siglo XX es el de Juan Bautista Fuenmayor, Historia de la Venezuela política contemporánea, 1899-1960, 10 vols. hasta ahora, 1978-… Fuenmayor ha escrito un estudio en un solo volumen titulado 19281948: Veinte años de política, Caracas, 1979. Judith Ewell, Venezuela: A Century of Change, Londres, 1984, y Ramón J. Velázquez y otros, Venezuela Moderna: Medio siglo de historia, 1926-1976, Caracas, 1979², se concentran en el período posterior a Gómez.

Para la historia económica, véanse Federico Brito Figueroa, Historia económica y social de Venezuela, 2 vols., Caracas, 1966; Domingo Alberto Rangel, Capital y desarrollo, 3 vols., Caracas, 1969; Loring Alien, Venezuelan Economic Development: A Politico-Economic Analysis, Greenwich, Conn., 1977, y Sergio Aranda, La economía venezolana, México, 1977. Entre los estudios más especializados cabe citar M. Ignacio Purroy, Estado e industrialización en Venezuela, Valencia, 1982; Clemy Machado de Acedo, Elena Plaza y Emilio Pacheco, Estado y grupos económicos en Venezuela (su análisis a través de la tierra, construcción y banca), Caracas, 1981; Janet Kelly de Escobar, Empresas del estado en América Latina, Caracas, 1985; Louis E. Heaton, The Agricultural Development of Venezuela, Nueva York, 1969; y Gastón Carvallo, El hato venezolano, 1900-1980, Caracas, 1985.

Para el petróleo, véase William Sullivan y Winfield J. Burggraaff, El petróleo en Venezuela: Una bibliografía, Caracas, 1977. Sullivan y Brian S. McBeth han puesto al día y anotado la guía dirigida al público de habla inglesa: Petroleum in Venezuela: A Partially Annotated Bibliography to 1980, Boston, 1985. La obra clásica es todavía Rómulo Betancourt, Venezuela: Política y petróleo, Ciudad de México, 1956; véase también la compilación de ensayos de Betancourt en El petróleo de Venezuela, Barcelona, 1978. Otros estudios buenos son Edwin Lieuwen, Petroleum in Venezuela: A History, Berkeley, Calif., 1954, y «The Politics of Energy in Venezuela», en John D. Wirth, ed., Latin American Oil Companies and the Politics of Energy, Lincoln, Neb., 1985, pp. 189-225; Franklin Tugwell, The Politics of Oil in Venezuela, Stanford, Calif., 1975; B. S. McBeth, Juan Vicente Gómez and the Oil Companies in Venezuela, 1908-1935, Cambridge, 1983; George Philip, Oil and Politics in Latin America: Nationalist Movements and State Companies, Cambridge, 1982; James F. Petras y otros, The Nationalization of Venezuelan Oil, Nueva York, 1977; Jorge Salazar Carrillo, Oil in the Economic Development of Venezuela, Nueva York, 1976; Luis Vallenilla, Oil: The Making of a New Economic Order - Venezuelan Oil and OPEC, Nueva York, 1975; y Comisión Ideológica de RUPTURA, El imperialismo petrolero y la revolución venezolana, 2 vols., Caracas, 1977-1979. Aníbal Martínez tiene varias introducciones útiles al tema, entre ellas Gumersindo Torres, Caracas, 1980, Historia petrolera venezolana en 20 jornadas, Caracas, 1973, y Cronología del petróleo venezolano, Caracas, 1970. Los escritos de Juan Pablo Pérez Alfonzo proporcionan una guía para comprender la política del gobierno y las críticas que él le dedica: Hundiéndonos en el excremento del diablo, Caracas, 1976’, El pentágono petrolero, Caracas, 1967, Petróleo y dependencia, Caracas, 1971, y Política petrolera, Caracas, 1962.

El número de publicaciones que se ocupan de la dictadura de Gómez (19081935) va en aumento, pero hasta ahora se ha publicado poco material útil sobre las Administraciones López y Medina (1936-1945). Sobre Gómez, además de las obras antiguas pero todavía útiles de Thomas Rourke [Daniel J. Clinton], Gómez, Tyrant of the Andes, Nueva York, 1937, y John Lavin, A Halofor Gómez, Nueva York, 1954, véanse Luis Cipriano Rodríguez, Gómez: Agricultura, petróleo y dependencia, Caracas, 1983; Yolanda Segnini, La consolidación del régimen de Juan Vicente Gómez, Caracas, 1982; Domingo Alberto Rangel, Gómez el amo del poder, Caracas, 1975; la crónica novelada de Ramón J. Velázquez Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez, Caracas, 1979; Elías Pino Iturrieta, Positivismo y gomecismo, Caracas, 1978, y Arturo Sosa A., Ensayos sobre el pensamiento político positivista venezolano, Caracas, 1985. Véase también el ensayo bibliográfico 18 en Leslie Bethell, ed., The Cambridge History of Latin America, vol. 5, Cambridge, 1986. Sobre los años de López Contreras, véanse E. López Contreras, Proceso político social, 1928-1936, Caracas, 1935; Páginas para la historia militar de Venezuela, Caracas, 1945, y El triunfo de la verdad, México, 1949, entre otras obras suyas; Alfredo Tarre Murzi [Sanin], López Contreras: De la tiranía a la libertad, Caracas, 1982’, crónica novelada; y Silvia Mijares, Organizaciones políticas de 1936, Caracas, 1980. Sobre Medina, véanse su Cuatro años de democracia, Caracas, 1963; Luis Cordero Velázquez, Betancourt y la conjura militar del 45, Caracas, 1978, y Domingo Alberto Rangel, Los andinos en el poder, Caracas, 1975.

Los estudiosos han prestado cierta atención al trienio democrático (19451948) y a la dictadura de 1948-1958. Véanse, por ejemplo, Charles D. Ameringer, The Democratic Life in Exile: The Antidictatorial Struggle in the Caribbean, 1945-59, Coral Gables, Fia., 1974; Glen L. Kolb, Democracy and Dictatorship in Venezuela, 1945-1958, Hamden, Conn., 1974, y Judith Ewell, The Indictment of a Dictator: The Extradition and Trial of Marcos Pérez Jiménez, College Station, Tex., 1981. El ministro del Interior de Pérez Jiménez, Laureano Vallenilla Lanz, proporciona las más interesantes de sus apologías: Escrito de memoria, Caracas, 1967, y Razones de proscrito, Caracas, 1967. Andrés Stambouli, Crisis política: Venezuela, 1945-1958, Caracas, 1980, es una crónica equilibrada, como lo es también Manuel Rodríguez Campos, Venezuela, 1948-1958: El proceso económico y social de la dictadura, Caracas, 1983. Tres estudios hacen una crónica competente de la caída de Pérez Jiménez: Helena Plaza, El 23 de enero de 1958 y el proceso de consolidación de la democracia representativa en Venezuela, Caracas, 1978; Philip B. Taylor, Jr., The Venezuelan Golpe de Estado of 1958: The Fall of Marcos Pérez Jiménez, Washington, D. C., 1968; y Joseph Doyle, «Venezuela 1958: Transition from Dictatorship to Democracy», tesis de doctorado, Universidad George Washington, 1967.

La mayoría de las historias políticas recientes han alabado la formación de una democracia viable desde 1958 y el papel de la AD en particular. Véanse, por ejemplo, John Martz, Acción Democrática: Evolution of a Modern Political Party in Venezuela, Princeton, N. J., 1966; con Enrique Baloyra, Political Attitudes in Venezuela: Societal Cleavages and Political Opinion, Austin, Tex., 1979, y con David J. Myers, ed., Venezuela, the Democratic Experiment, Nueva York, 1977; edición revisada, 1986. Otras obras clásicas son Robert Alexander, The Venezuelan Democratic Revolution, New Brunswick, N. J., 1964; Daniel Levine, Conflict and Political Change in Venezuela, Princeton, N. J, 1973; ídem, «Venezuela since 1958: The Consolidation of Democratic Politics», en Juan J. Linz y Alfred Stepan, eds., The Breakdown of Democratic Regimes, Baltimore, 1978, pp. 82-109; David Blank, Politics in Venezuela, Boston, 1973; ídem, Venezuela: Politics in a Petroleum Republic, Nueva York, 1984; José Antonio Gil Yepes, The Challenge of Venezuelan Democracy, New Brunswick, N. J., 1981; Harrison Sabin Howard, Rómulo Gallegos y la revolución burguesa en Venezuela, Caracas, 1976, y Clemy Machado de Acedo, El positivismo en las ideas políticas de Rómulo Gallegos, Caracas, 1982. John A. Peeler compara la evolución política de Venezuela con la de otros dos países en Latin American Democracies: Colombia, Costa Rica, Venezuela, Chapel Hill, N. C., 1985.

Varios estudios recientes se han mostrado más críticos tanto con la AD como con la democracia venezolana. Véanse Moisés Moleiro, El partido del pueblo: Crónica de un fraude, Valencia, 1979²; José Silva Michelena, The Illusion of Democracy in Dependent Nations, Cambridge, Mass., 1971; ídem, con Frank Bonilla, The Failure of Elites, Cambridge, Mass., 1970; Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario, Caracas, 1976; Daniel Hellinger, «Populism and Nationalism in Venezuela: New Perspectives on Acción Democrática», Latin American Perspectives, 11, n.º 4, 1984, pp. 33-59; Terry Karl, «The Political Economy of Petrodollars: Oil and Democracy in Venezuela», tesis de doctorado, Universidad de Stanford, 1982, Aníbal Romero, Miseria del populismo: Mitos y realidades de la democracia en Venezuela, Caracas, 1986; Margarita López Maya y otros, De punto fijo al pacto social: Desarrollo y hegemonía en Venezuela, Caracas, 1989; y casi todas las monografías de Domingo Alberto Rangel.

Sobre el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), los escritos y discursos de Rafael Caldera son valiosos; véanse, por ejemplo, Ideario: La democracia cristiana en América Latina, Barcelona, 1970, y Habla el presidente, Caracas, 1969. Véase también Donald Hermán, Christian Democracy in Venezuela, Chapel Hill, N. Y., 1980. Sobre otros partidos, véanse Robert Alexander, The Communist Party of Venezuela, Stanford, Calif., 1980; Steve Ellner, «The MAS Party in Venezuela», Latin American Perspectives, 13, n.º 2, 1986, pp. 81-107, e ídem, Venezuela’s Movimiento al Socialismo: From Guerrilla Defeat to Innovative Politics, Durham, N. C., 1988. Manuel Caballero, Latin America and the Comintern, 1919-1943, Cambridge, 1986, contiene algo de información sobre los primeros tiempos del Partido Comunista de Venezuela. Manuel Vicente Magallanes, Los partidos políticos en la evolución histórica venezolana, Caracas, 1983⁵, es indispensable para ver la ascensión y la caída de numerosos partidos pequeños, además de los grandes.

Las elecciones quinquenales desde 1958 han inspirado muchos exámenes de conciencia nacionales; véanse, por ejemplo, las siguientes compilaciones de los números de aniversario de El Nacional: Venezuela 1979: Examen y futuro, Caracas, 1980, y 1984: Adónde va Venezuela?, Caracas, 1984. La excelente El caso Venezuela. Una ilusión de armonía, Caracas, 1985, edición a cargo de Moisés Naim y Ramón Piñango, viene a hacer lo mismo desde una perspectiva propia de estudiosos.

Rómulo Betancourt es la única figura importante que ha recibido mucha atención de los autores de biografías políticas. Además de los voluminosos escritos del propio Betancourt, véanse Robert Alexander, Rómulo Betancourt and the Transformation of Venezuela, New Brunswick, N. J., 1982; Alejandro Gómez, Rómulo Betancourt y el Partido Comunista de Costa Rica: 1931-1935, Caracas, 1985; Arturo Sosa A. y Eloi Lengrand en Del garibaldismo estudiantil a la izquierda criolla: Los orígenes marxistas del proyecto de A. D. (1928-1935), Caracas, 1981; Manuel Caballero, Rómulo Betancourt, Caracas, 1979; Ramón J. Velázquez, J. F. Sucre Figarella y Blas Bruni Celli, Betancourt en la historia de Venezuela del siglo XX, Caracas, 1980, y la biografía novelada escrita por Alfredo Tarre Murzi [Sanin], Rómulo, Valencia, Venezuela, 1984.

Poco se ha escrito sobre las mujeres en la política (o sobre las mujeres en general), y las mujeres que hablaron con Fania Petzoldt y Jacinta Bevilacqua para el libro Nosotras también nos jugamos la vida: Testimonios de la mujer venezolana en la lucha clandestina, 1948-1958, Caracas, 1979, expresan cierta amargura ante el hecho de que las hayan descuidado. Ángela Zago escribe unas memorias interesantes de los tiempos que pasó con la guerrilla a mediados del decenio de 1960, Aquí no ha pasado nada, Caracas, 1972, y los acres ensayos de Elisa Lemer —tales como Crónicas ginecológicas, Caracas, 1984— analizan el papel de las mujeres.

Los estudios de grupos de intereses y de grupos de presión han enriquecido el conjunto de lo publicado sobre política. Véanse Robert F. Amove, Student Alienation: A Venezuelan Study, Nueva York, 1971; Robert D. Bond, «Business Associations and Interest Politics in Venezuela: The FEDECAMARAS and the Determination of National Economic Policies», tesis de doctorado, Universidad Vanderbilt, 1975; Samuel Moneada, Los huevos de la serpiente: FEDECAMARAS por dentro, Caracas, 1985; John Duncan Powell, Political Mobilization of the Venezuelan Peasant, Cambridge, Mass., 1971, y Taitón F. Ray, The Politics of the Barrios of Venezuela, Berkeley, Calif., 1969. Sobre los militares, véanse Winfield J. Burggraaff, The Venezuelan Armed Forces in Politics, 1935-1959, Columbia, Mo., 1972: Angel Ziems, El gomecismo y la formación del ejército nacional, Caracas, 1979. Y sobre la Iglesia, véase Daniel Levine, Religión and Politics in Latin America: The Catholic Church in Venezuela and Colombia, Princeton, N. J., 1981.

La historia del movimiento obrero ha recibido mucha atención. Véanse Charles Bergquist, Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela, and Colombia, Stanford, Calif., 1986; Steve Ellner, Los partidos políticos y su disputa por el control del movimiento sindical en Venezuela, 19361948, Caracas, 1980; Julio Godio, El movimiento obrero venezolano, 1850-1980, 3 vols., Caracas, 1980; Paul Nehru Tennassee, Venezuela, los obreros petroleros y la lucha por la democracia, Caracas, 1979; Mostafa Hassan, Economic Growth and Employment Problems in Venezuela: An Analysis of an Oil-Based Economy, Nueva York, 1975; Alberto J. Pía y otros, Clase obrera, partidos y sindicatos en Venezuela, 1936-1950, Caracas, 1982; Héctor Lucena, El movimiento obrero y las relaciones laborales, Carabobo, 1981.

Han aparecido algunos estudios buenos de problemas sociales. El mejor estudio general de la población venezolana es Chi-Yi Chen y Michel Picouet, Dinámica de la población: Caso de Venezuela, Caracas, 1979. Véanse también Chi-Yi Chen, Movimientos migratorios en Venezuela, Caracas, 1968, y Susan Berglund y Humberto Hernández Calimán, Los de afuera: Un estudio analítico del proceso migratorio en Venezuela, 1936-1985, Caracas, 1985. Sobre las deficiencias de nutrición nacionales, véanse George Schuyler, Hunger in a Land of Plenty, Cambridge, Mass., 1980; Paulina Dehollain e Irene Pérez Schael, Venezuela desnutrida, Caracas, ¿1978?; y Eleanor Witte Wright, «The Political Economy of Venezuelan Food Policy, 1958-1978», tesis de doctorado, Universidad de Maryland, 1982. Jeannette Abouhamad proporciona una semblanza de los venezolanos en Los hombres de Venezuela: Sus necesidades, sus aspiraciones, Caracas, 1970. Agustín Blanco Muñoz se ocupa del conflicto de clases en Clases sociales y violencia en Venezuela, Caracas, 1976. Véanse Esteban Emilio Mosonyi, Identidad nacional y culturas populares, Caracas, 1982, y Maritza Montero, Ideología, alienación e identidad nacional, Caracas, 1984, para un estudio de la psicología y la identidad nacionales. Finalmente, Winthrop R. Wright, nos ofrece una perspectiva general sobre la idea que han tenido los venezolanos de la raza a lo largo de los años, en Café con leche: Race, Class and National Image in Venezuela, Austin, Tex., 1990.

El estudio en múltiples volúmenes que emprendió la Universidad Central de Venezuela, Estudio de Caracas, 15 vols., 1967-1972, es útil para los problemas urbanos de la capital, y Lloyd Rodman y otros, Planning Urban Growth: The Experience of the Guayana Program of Venezuela, Cambridge, Mass., 1969, describe la nueva población llamada Ciudad Guayana. Los habitantes de los barrios son objeto de atención especial en Luise Margolies, ed., The Venezuelan Peasant in Country and City, Caracas, 1979; Kenneth Karst, Murray Schwartz y Audrey Schwartz, The Evolution of Law in the Barrios of Caracas, Los Angeles, 1973; y Lisa Redfield Peatrie, The View from the Barrio, Ann Arbor, Mich., 1970. Para asuntos regionales, véanse John Friedman, Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela, Cambridge, Mass., 1966, y Allan R. Brewer-Carías y Norma Izquierdo Corser, Estudios sobre la regionalización de Venezuela, Caracas, 1977.

La historia administrativa se ha visto dominada por las voluminosas obras de Allan R. Brewer-Carías; por ejemplo, Estudios sobre la reforma administrativa, Caracas, 1980, Cambio político y reforma del estado en Venezuela, Madrid, 1975, El estado, crisis y reforma, Caracas, 1984. Roderick Graves, «Administrativo Reform in Venezuela, 1958-1963», tesis de doctorado, Universidad de Wisconsin, 1965, examina los primeros esfuerzos por aumentar la eficiencia de la burocracia gubernamental, y E. Mark Hanson analiza la administración educacional en Educational Reform and Administrative Development: The Cases of Colombia and Venezuela, Stanford, Calif., 1986.

La política exterior expansionista de Venezuela en el decenio de 1970 despertó más interés de los estudiosos en este campo. Véanse Robert Bond, ed., Contemporary Venezuela and Its Role in International Ajfairs, Nueva York, 1977; Stephen G. Rabe, The Road to OPEC: United States Relations with Venezuela, 19191976, Austin, Tex., 1982; Demetrio Boersner, Venezuela y el Caribe: Presencia cambiante, Caracas, 1978; Sheldon Liss, Diplomacy and Dependency: Venezuela, the United States, and the Americas, Salisbury, N. C., 1978; Fermín Toro Jiménez, La política de Venezuela en la conferencia ínter-Americana de consolidación de la paz: Buenos Aires, 1936, Caracas, 1977; Freddy Vivas Gallardo, Venezuela en la sociedad de las naciones, 1920-1939: Descripción y análisis de una actuación diplomática, Caracas, 1981; Aníbal Romero, ed., Seguridad, defensa y democracia en Venezuela, Caracas, 1980; Andrés Serbin, ed., Geopolítica de las relaciones de Venezuela con el Caribe, Caracas, 1983; Julio Portillo, Venezuela-Cuba, 1902-1980, Caracas, 1981; Clemy Machado de Acedo y Marisela Padrón Quero, La diplomacia de López Contreras y el tratado de reciprocidad comercial con Estados Unidos, Caracas, 1987; Instituto de Estudios Políticos, Universidad Central de Venezuela, La agenda de la política exterior de Venezuela, Caracas, 1983. Francisco J. Parra, Doctrinas de la Cancillería Venezolana: Digesto, 6 vols., Nueva York, 1952-1964, proporciona una guía útil para estudiar la política exterior de Venezuela desde la independencia.

ÍNDICE ALFABÉTICO

Abadía Méndez, Miguel, presidente colombiano, 178, 179

Academia Militar de Caracas, 306, 312

Acción Comunal (AC), de Colombia, 219-221, 228, 229, 239

Acción Democrática (AD) de Venezuela, 307, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 324 325, 335, 337, 338, 340; en el poder, 325-335, 341-347, 351-355

Acción Democrática, de Colombia, 194

Acción Femenina, de Venezuela, 309

Acción Patriótica Económica Nacional (APEN), de Colombia, 186, 188

Acción Popular, de Colombia, 207

Acción Popular (AP), de Perú, 13, 15, 18, 51, 54, 61, 68, 71, 83, 89, 97

Acción Revolucionaria Nacional Ecuatoriana (ARNE), 275, 277

Acerías Paz del Río en Boyacá, 215

Acuerdo de Integración Subregional Andina, 286

Acuerdo Socialista, del Perú, 103

Agencia Central de Inteligencia (CIA), 134, 148, 151, 255, 280

agricultura: Colombia, 175, 179, 200, 209-210, 211, 230, 236, 246; Perú, 9, 10, 11-12, 13-14, 16, 35-36; Venezuela, 301, 304, 330, 340

Agrupación Cultural Femenina, de Venezuela, 313

Aguilera Malta, Demetrio, escritor ecuatoriano, Alarcón, Fabián, presidente interino ecuatoriano, 299

Alarcón, Ruperto, conservador ecuatoriano, 277

Alemania, 36, 122; y Colombia, 184, 238

Alfaro Vive Carajo, movimiento insurreccional en Ecuador, 296

Alfaro, Eloy, 260

Alianza Democrática Ecuatorial (ADE), 271

Alianza Nacional Popular (ANAPO), de Colombia, 214, 221, 228, 230, 232, 233, 234, 240

Alianza para el Progreso: en Colombia, 210, 220; en Perú, 70

Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) peruana, 59, 60, 61, 66, 71, 77, 80-81, 83, 84, 87, 92, 93, 96, 99, 101; y Venezuela, 312

Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI), del Perú, 87

Allende Gossens, Salvador, 152, 153, 337, 340

Alternativa, periódico de Colombia, 240

Alva Castro, Luis, ministro peruano, 97-98, 102, 103

Alva Orlandini, Javier, candidato de AP peruano, 95

Amazonas, cuenca del, 29

Amazonas, región colombiana del, 209

Ambato (Ecuador), 276

American Institute for the Development of Free Trade Unions, 237

Americas Watch, 251

Amnistía Internacional: y Colombia, 251

Amuay (Venezuela), refinería de, 343

Ancón (Perú), 32, 37

Andes, 173, 175, 225

Andrade, Víctor, embajador boliviano en Washington, 127

Anglo Ecuatorian Oil Fields Co., 286

Antillas Holandesas, refinerías en las, 316

Antioquia (Colombia), 174, 175, 177, 179, 180, 181, 191, 201, 233

Apartado (Colombia), 211

Arabia Saudita, 329

Aramayo, Carlos Víctor, 117, 126

aranceles, en Venezuela, 348

Arauca (Colombia), 232

Araya, península de (Venezuela), 308

Arbenz, Jacobo, presidente de Guatemala, 323

Arenas, Jacobo, líder de las FARC, 256

Arequipa (Perú), 7, 14, 17, 37, 41, 43; dominio de, en el sur, 18, 19; y el control de Odría, 18; clase media profesional, 58; problemas de seguridad, 50; revuelta de, 26, 50, 51

Argelia, guerra de, 63

Argentina, 20, 45, 209; conflicto de las Malvinas, 349; dictadura militar, 251; relaciones

con Bolivia, 165; relaciones con Venezuela, 336

Arias, Rafael, monseñor venezolano, 322

Armero (Colombia), 245

Arosemena Gómez, Otto, presidente ecuatoriano, 282

Arosemena Tola, Carlos Julio, presidente ecuatoriano, 272, 279-280

Arroyo del Río, Carlos, presidente ecuatoriano, 269, 270

Arze, José Antonio, presidente boliviano, 121

Asociación Colombiana Popular de Industrias (ACOPI), 239

Asociación de Trabajadores Latinoamericanos (ATLAS), 205

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), 331

Asociación Nacional de Industriales (ANDI), de Colombia, 218, 225

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), de Colombia, 226, 229-230, 238

Asociación Venezolana de Mujeres, 313

Aspíllaga, familia peruana, 16

Ayacucho (Perú), 91, 101

Ayora, Isidro, presidente ecuatoriano, 263, 265

Ayulo, familia peruana, 49, 55

Baker, James, secretario de Estado, 163

balanza de pagos, en Perú, 38, 42, 54

Ballivián, Hugo, presidente boliviano, 132, 133

Banco Agrícola (Perú), 35

Banco Agrícola y Pecuario (Venezuela), 304, 330

Banco Central (Bolivia), 102, 112, 115, 118, 125-126, 162

Banco Central (Colombia), 176, 180, 224

Banco Central (Ecuador), 263

Banco Central (Perú), 27, 33, 34, 35, 44, 46-47, 55, 79; nacionalización del, 69

Banco Central (Venezuela), 308

Banco Comercial y Agrícola (Ecuador), 260

Banco de Crédito (Perú), 51

Banco de Desarrollo del Caribe, 336, 349

Banco de la Reserva Federal norteamericano, 176

Banco del Perú y Londres, 27

Banco Hipotecario de Occidente (Venezuela), 344

Banco Industrial (Venezuela), 308

Banco Mundial: y Colombia, 173, 203, 210, 231, 247; y Perú, 100

Banco Obrero (Venezuela), 304

Banco Popular Hipotecario (Colombia), 20

Bánzer, Hugo, general boliviano, 75, 148, 152, 154, 163, 164; administración de, 151, 153, 154-157, 158, 159

Baquerizo Moreno, Alfredo, presidente venezolano, 260, 266

Barbie, Klaus, agente de la Gestapo, 161 y n., 162

Barbosa (Colombia), 240

Barco, Virgilio, presidente liberal colombiano, 247-251, 252, 253, 257, 258

Barrancabermeja (Colombia), 176, 195, 198, 201, 240

Barranquilla (Colombia), 174, 179, 182, 211

Barrantes Lingan, Alfonso, alcalde de Lima, 90, 93, 94, 95, 97, 103

Barrera Uribe, Carlos, 187

Barrientos, Rene, general boliviano, 141, 145, 146, 149, 159; muerte de, 151, 159; régimen de, 140, 146, 147-148, 150, 156

Barrios Liona, Luis, 42

Barrios, Gonzalo, 334, 350

Batista, Fulgencio, 146, 150, 331

Bavaria, fábrica de cerveza de Bogotá, 190

Bedoya Reyes, Luis, jefe del PPC peruano, 81, 84, 86, 88, 99, 103

Belaúnde Terry, Fernando, 3, 13, 17, 19, 51, 65, 70, 78, 80, 86-87, 90, 94, 96, 103; presidencias de, 18, 65-68, 69, 87-90, 92

Belaúnde, Rafael, 39

Belaúnde, Víctor Andrés, 18

Beltrán, Pedro, 24, 31, 41, 48, 51, 53, 54, 55, 56

Benavides, Óscar, presidente peruano, 4, 22, 29, 36; administración, 29-33, 44, 45; muerte de, 39; y la ideología militar.

Benidorm, declaración (1956) de, 207

Benítez Vinueza, Leopoldo, escritor ecuatoriano, 269

Betancourt, Rómulo, presidente venezolano, 194, 312, 324, 325-326, 327, 340, 346; en el exilio, 324-325, 332; en el trienio, 315, 317, 318; muerte de, 350; y el gobierno democrático en Venezuela, 325-332

Betancur, Belisario, presidente colombiano, 241, 243-244, 251, 253, 254; administración, 245, 247, 248, 251

Bethlehem Steel, 317, 342

Billinghurst, Guillermo, presidente peruano, 29

Bishop, Maurice, primer ministro de Granada, 349

Blanco, Hugo, 64

Blasier, Cole, 120 n.

Bobbio, Carlos, 78

Bogotá (Colombia), 173, 174, 175; administración en, 176, 177; auge de la construcción en, 231; huelgas en, 180; levantamientos en, 195; manufacturas en, 175; población de, 174, 182, 211; universidad confesional en, 185; violencia en, 206

Bolívar (Colombia), departamento de, 178

Bonifaz, Neftalí, 266

Borja Cevallos, Rodrigo, presidente ecuatoriano, 295, 296

Borrero, Manuel María, presidente provisional ecuatoriano, 268

Boyacá (Colombia), 195, 200; violencia en, 179, 196, 201, 232

Boza, Héctor, senador peruano, 41, 48

Braden, Spruille, subsecretario de Estado, 127

Brandt, Willy, canciller alemán, 346

Brasil, 20, 45, 153, 209; relaciones con Colombia, 185

Brasilia, acuerdo de paz (1998) de, entre Perú y Ecuador, 299

Brewer-Carías, Allan Randolph, 336

Bucaram, Abdalá, líder populista ecuatoriano, 296, 298

Bucaram, Assad, líder de CFP ecuatoriano, 283, 288, 294

Buenaventura (Colombia), puerto de, 173

Burelli Rivas, Miguel Ángel, 335

Busch, Germán, teniente coronel y presidente

boliviano, 116, 117-118, 125

Bush, George, administración de, 255

Bustamante de la Fuente, Manuel, 18

Bustamante y Rivero, José Luis, presidente peruano, 14, 18, 49; administración de, 12, 38-44, 46-47, 55, 57; apoyo para, 37-38

Cáceres, Andrés Avelino, 12, 27

Cajamarca, 29

Caldas (Colombia), 175, 177, 179, 181; violencia en, 198

Caldera, Rafael, presidente venezolano, 313, 315, 325, 332, 334, 335, 336-337, 338, 340, 347, 351, 355

Cali (Colombia), 174, 175, 186; cártel de, 254; población de, 174, 182, 211; violencia en, 196

Callao (Perú), El, 14, 42; insurrección en, 22, 28, 43

Calle, La, periódico boliviano, 122, 126

Calvani, Arístides, ministro de Asuntos Exteriores venezolano, 336, 348

Camacho Leyva, general colombiano, 238, 243

Cámara, Helder, arzobispo de Recife, 224

Caquetá (Colombia), 200, 225, 242

Caracas (Venezuela), 301; control del crimen, 354; inmigrantes extranjeros en, 320, 322; metro, 348; levantamientos, 323, 347

Carbones de Colombia (CARBOCOL), 246

Cárdenas, Lázaro, presidente de México, 306

CARE, organización caritativa en Colombia, 205, 222

Caribe, costa del (Colombia), 173, 174, 194, 209, 225

Caribe, países del, 331; influencia de Venezuela en, 336, 346

CARITAS, en Colombia, 223

Carrera Andrade, Jorge, escritor ecuatoriano, 269

Carrión, Benjamín, escritor ecuatoriano, 269

Cartagena (Colombia), 247

Carter, Jimmy, presidente de Estados Unidos, 158

Carter, Rosalind, 79

Carúpano (Venezuela), 327, 332

Castro León, Jesús María, conservador venezolano, 327

Castro, Cipriano, canciller venezolano, 301

Castro, Fidel, 96, 145, 150, 252, 326, 327, 349; y Betancourt, 331; y la OEA, 346

Cataví (Bolivia), matanza de, 122, 123, 129, 132

Cauca (Colombia), 188

Cauca, valle del (Colombia), 174, 183, 197, 211, 252

Central Obrera Boliviana (COB), 136, 138, 139, 141, 144, 147, 149, 163, 166

Central Única de Trabajadores de Venezuela (CUTV), 328

Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), de Perú, 22, 23, 50, 63

Cerrejón, El (Colombia), 246

Cerro de Pasco Copper Corporation, 26, 64

César (Colombia), 238

Chaparral (Colombia), 188

Chávez Ortiz, Nuflo, 139

Chávez, Fernando, escritor ecuatoriano, 269

Chicago boys, consejos de los, en Perú, 81, 89

Chile: represión criminal en, 251; y Bolivia, 161; y Perú, 73

Chimbóte (Perú), 14, 44

China, 252; comercio con Colombia, 246

China, República Popular de, reforma agraria, 134; y Ecuador, 279; y Perú, 70, 72; y Venezuela, 3

Chiquinquirá (Colombia), 211

Chocó (Colombia), 174, 200

Ciudad Guayana, 330

Clemente Huerta, Raúl, liberal ecuatoriano, 277, 288

Coalición Obrera Nacional, de Ecuador, 266

Cochabamba, departamento de (Bolivia), 120, 142; campesinos de, 140, 145, 154, 155; represión de la protesta en, Cochabamba, valle de, 109

Comando Rodrigo Franco, del Perú, 102

Comandos de Izquierda, en Colombia, 196

Comercio, El, periódico peruano, 40, 43, 62, 64, 65, 66, 67, 69

Comisión de Administración Pública (CAP) de Venezuela, 324, 336

Comisión Económica para América Latina de la ONU (ECLA/CEPAL), 216, 258; y Perú, 62

Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito (CIEI), 324

Comité de la Defensa de los Presos Políticos, de Colombia, 242

Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), de Venezuela, 313, 315, 318, 320, 324, 325, 326, 328, 334, 346, 355; en el poder, 335-341, 347-351

Compagnie Aramayo des Mines en Bolivie (CAMB), 126

Comunidad Económica Europea: y Colombia, 255

Concentración de Fuerzas Populares (CFP), del Ecuador, 276, 277, 288, 294

Concha, Carlos, 260

Concha, Luis, cardenal colombiano, 223

Concilio Vaticano II, 63, 224, 279

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), 183, 186, 192, 196, 205, 217, 228, 237, 243

Confederación de Trabajadores de Venezuela, 315

Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), 271

Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), 68, 91, 86

Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC), 271

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), 23, 68, 71-72, 76, 97

Confederación General del Trabajo (CGT), de Colombia, 235, 237, 241

Confederación Nacional de Trabajo (CNT), de Colombia, 205

Confederación Sindical Colombiana (CSC), 183

Confederación Sindical de Trabajadores (CSTC), de Colombia, 235, 237, 240, 241

Conferencia Episcopal Colombiana, 224

Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), 224

Conferencia General de Obispos Latinoamericanos, Segunda, 224

Conferencia Interamericana (1942) en Río de Janeiro, 270

Conferencia Interamericana (1954), 323

Conferencia Internacional de los Estados Americanos (1948), en Bogotá, 195

Congreso Árabe del Petróleo en El Cairo (1959), Primer, 329

Congreso Obrero Nacional (1944), de Venezuela, 313

Consejo Nacional de Salarios de Colombia, 237

Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, de Venezuela, 344

Contadora, véase Grupo Contadora

Convención, La (Perú), 11, 12, 13, 54; reforma agraria en, 65

Convención, La, movimiento campesino peruano de, 12, 13, 54

Cordiplan, empresa venezolana, 353

Córdoba (Colombia), 252, 253

Córdova, Andrés F., presidente ecuatoriano, 269, 282

Cordovez, Diego, canciller ecuatoriano, 297

Corea del Sur, 236

Corea, guerra de, 49, 55, 110, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 203, 205

Corporación Boliviana de Fomento (CBF), 137

Corporación de los Andes, 336

Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), 286

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), 137, 143, 144, 148, 165

Corporación Venezolana de Fomento (CVF), 316, 329, 353

Corporación Venezolana de Guayana (CVG), 330

Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), 329, 342

Costa Rica, 313

Creóle Petroleum Company, 303, 316

Cruzada Cívica Nacionalista (CCN), de Venezuela, 335

Cuadra, José de la, escritor ecuatoriano, 269

Cuba; bloqueo de Estados Unidos, 70; expulsión de la OEA, 145; relaciones con Ecuador, 280; relaciones con Venezuela, 336, 345, 346, 349

Cúcuta (Colombia), 174, 211

Cueva, Agustín, 267

Cultura Venezolana, revista, 310

Cundinamarca (Colombia), 175, 177, 179; ligas campesinas, 183; violencia en, 195, 201

Curasao, refinerías de, 311

Currie, Lauchlin, 203, 231

Cuzco (Perú), 43, 64

Dahik, Alberto, vicepresidente ecuatoriano, 298

De la Riva Agüero, José, 31

Del Solar, Salvador, 31

Delfino, Enrique, 344

Delgado Chalbaud, Carlos, ministro de Defensa venezolano, 312, 314, 315, 318, 319

Delpino, Juan José, presidente de la CTV venezolana, 353

Democracia Cristiana de Chile, 334, 338

Democracia Cristiana, del Perú, 18

Deringer, Dewett C., 111, 130, 148

Desarrollo Rural Integral (DRI), de Colombia, 210, 236, 241

devaluación, en Venezuela, 349-350

Diario, El, periódico boliviano, 126, 141

Díaz Sánchez, Ramón, novelista venezolano, 310

Dien-Bien Phu, 134

Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención del Estado (DISIP), 338, 345, 354

Dirección General de Policía (Digepol), de Venezuela, 327, 333, 338

Duarte, José Napoleón, presidente salvadoreño, 348-349

Duran Bailen, Sixto, líder democratacristiano ecuatoriano, 288, 29&

Durand, familia (Perú), 12

Echandia, Darío, ministro de Educación colombiano, 187, 191, 196, 197, 243

Echeverry Mejía, Hernando, 235

Ecuador: emigración colombiana a, 210

Egas, artista ecuatoriano, 269

Eguiguren, Luis A., alcalde de Lima, 30, 32

Eisenhower, gobierno, 53

Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia, 231, 232, 256

Ejército Popular de Liberación (EPL), de Colombia, 232, 256

Elías, Ricardo Leoncio, presidente interino peruano, 26

Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), 215

EMPROVIT, empresa estatal ecuatoriana, 286

ENAC, empresa estatal ecuatoriano, 286

Enríquez Gallo, Alberto, general y presidente ecuatoriano, 268, 269, 276

Escalante, Diógenes, embajador de Venezuela en Washington, 314

Escobar, Pablo, líder del cártel de Medellín, 254

Escuadrón de la Muerte, de Colombia, 243, 251

Esequibo, territorio de, 349

Esmeraldas (Ecuador), 260

España: relaciones con Venezuela, 313, 317, 323; segunda república de, 181, 187

Estados Unidos: cultivo de marihuana en, 240; emigración colombiana hacia, 210; y Colombia, 219, 220; y Ecuador, 276, 290, 300; y Perú, 53, 65, 67, 70, 71, 75, 79, 81; y Venezuela, 310, 317, 321, 329, 336, 339, 345

Estrada, Pedro, jefe de la policía venezolana, 320

Etiopía, invasión de, 310

Export-Import Bank de los Estados Unidos, 44; y Colombia, 193, 206

exportación, economía de: Perú, 4, 5, 6, 47, 54; Venezuela, 339

FAO, 205

Febres Cordero, Ciro, 344

Febres Cordero, León, presidente ecuatoriano, 295, 296

FEDECAFE, véaseFederación Nacional de Cafeteros

Fedecámaras, en Venezuela, 328, 333, 337

Federación Agraria Nacional (FANAL), de Colombia, 220

Federación Campesina de Cochabamba, 154

Federación Campesina Venezolana, 315, 328

Federación de Arroceros, de Colombia, 230

Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV), 313

Federación de Ganaderos (FEDEGAN), de Colombia, 226

Federación de Metalúrgicos (FEDEMETAL), de Colombia, 225

Federación Nacional de Cafeteros (FEDECAFE), 175, 177, 185, 188, 207, 218, 225, 226, 246, 255

Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos (FSTMB), 123, 125, 129, 131, 138

Fernández Maldonado, Jorge, general peruano, 77, 78

Fernández, Eduardo, candidato del COPEI venezolano, 354

Fernández, Lorenzo, candidato del COPEI venezolano, 340, 347

Ferrero, Rómulo, ministro peruano, 39

Ferrocarril del Sur, en Perú, 18

ferrocarril Guayaquil-Quito, 259, 261

Firmes, movimiento en Colombia, 240

Flor, Manuel Elicio, conservador ecuatoriano, 276

Florencia (Colombia), 211, 240

Flores, Luis A., 22, 29, 31, 32

Flota Mercante Grancolombiana, 215

Fondo Monetario Internacional: y Bolivia, 142, 143, 145; y Colombia, 247; y Ecuador, 276, 290, 291, 294, 297; y Perú, 47, 53, 55, 56, 79, 80, 82, 90, 95, 98, 100; y Venezuela, 349, 350, 352

Forjas de Colombia, 216

Francia: y Colombia, 238

Franco, Francisco, general, 121, 313, 323

Frente Amplio de Izquierda (FADI), de Eícuador, 288, 292

Frente de Reconstrucción Nacional, del Ecuador, 295

Frente Democrático Anti-Fascista (FDA), en Bolivia, 127

Frente Democrático Nacional (DFN), del Perú, 37

Frente Democrático Nacional, del Ecuador, 277

Frente Nacional de Juventudes Democráticos, del Perú, 51

Frente Nacional Democrático (FND), de Venezuela, 333

Frente Nacional, del Perú, 31, 32

Frente Nacional, en Colombia, 202, 207, 213, 215, 217, 219-224, 228, 230, 234

Frente Radical Alfarista (ERA), 288

Frente Unitario de Trabajadores (FUT), del Ecuador, 285, 291, 295

Fuenmayor, Juan Bautista, 312

Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), de Venezuela, 327, 331

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 231-232, 242, 243, 244, 245, 249, 252, 256

Fujimori, Alberto, 298

Gaitán, Jorge Eliécer, ministro colombiano, 128, 179, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 205

Galán, Luis Carlos, 243, 255

Galápagos, islas, 293

Galecio, artista ecuatoriano, 269

Gallegos Lara, Joaquín, escritor ecuatoriano, 269

Gallegos, Elias, presidente venezolano, 317, 318, 326

Gallegos, Rómulo, novelista, 306, 310

García Márquez, Gabriel, 240

García Meza, Luis, general boliviano, 153, 161, 162, 163, 166

García Pérez, Alan, líder del APRA y presidente peruano, 93-104

García Villasmil, Martín, general venezolano, 338

García, Antonio, socialista colombiano, 234

Garth, Joseph, consejero del COPEI venezolano, 347

Gaviria Trujillo, César, presidente colombiano, 256, 257

Gil Borges, Esteban, ministro de Asuntos Exteriores venezolano, 311

Gil Gilbert, Enrique, escritor ecuatoriano, 269

Gildemeister, Augusto, 46, 47

Gimnasio Moderno, en Colombia, 182

Golfo de Paria, 328; tratado (1942) del, 311

golpes de estado: Perú, 41, 43-44, 51; Venezuela, 314-315, 341

Gómez Castro, Laureano, presidente colombiano, 186, 187, 190, 191, 195, 196, 197, 199; y la «revolución en orden», 202-204

Gómez Hurtado, Alvaro, conservador colombiano, 234, 235, 247

Gómez Jaramillo, Arturo, 188

Gómez, Alvaro, 248

Gómez, Eustaquio, 305

Gómez, Juan Vicente, presidente venezolano, 178, 301, 302-304, 308, 309, 310, 316, 321, 356

González Arbeláez, Juan Manuel, obispo auxiliar de Bogotá, 187

Grace Corporation, 64

Grados Bertorini, Alfonso, ministro de Trabajo peruano, 90

Gran Bretaña: compromiso en Colombia, 176, 255; guerra de las Malvinas, 349; relaciones con Ecuador, 265; relaciones con Venezuela, 311, 334, 349; y la influencia alemana en Bolivia, 119, 120

Granada, 349

Graña Garland, Francisco, director de La Prensa, 40

Grupo Andino, 281

Grupo Contadora, 96, 247, 349, 354

Grupo de los Ocho, 354

Guajira, península de, 174

Guardia Nacional de Venezuela, 327, 338, 354

Guatemala, 134, 143

Guayabeno (Colombia), 221

Guayana (Venezuela), 321

Guayana independiente, 332, 334, 342

Guayaquil (Ecuador), 263, 265, 282; bolsa de valores, 278; exportaciones desde, 264, 281; industrialización en, 261, 262; migración campesina a, 276; población de, 293; sectores populares en, 274, 278

Guayasamín, Oswaldo, pintor ecuatoriano, 269

guerra de Leticia, 185

guerra de los Mil Días (1899-1902), 178, 191

guerra entre Colombia y Perú (1932-1933), 181

Guerrero Martínez, Alberto, presidente ecuatoriano, 266

Guevara Arze, Walter, líder del MNR boliviano, 145, 146, 160

Guevara Moreno, Carlos, ministro ecuatoriano, 271, 276, 277

Guevara, Ernesto «Che», 150, 154, 234; en Bolivia, 146, 150

Gulf Oil, 146, 148, 151, 302

Guzmán Blanco, Antonio, presidente venezolano, 313

Guzmán, Abimael, fundador de Sendero Luminoso, 91

Haití, 163

Haya de la Torre, Víctor Raúl, 3, 10, 21, 23, 27, 28, 40, 42, 50, 61, 68, 72, 77, 78, 93, 94; candidatura presidencial, 31, 64, 65, 66; exilio de, 51; influencia política de, 19; muerte de, 85, 87; presidente de la Asamblea Constituyente, 83, 84

Heraldo, El, periódico venezolano, 323

Hernández Alejandro, capitalista criollo, 321, 328

Herrera Campins, Luis, presidente venezolano (1979-1984), 334, 347-351

Hertzog, Enrique, presidente boliviano, 129-130

Hitler, Adolf, 121, 126

Hochschild, Mauricio, propietario de minas, 117, 120 n., 125, 126

Hoyos Rubio, Rafael, general peruano, 88

Huaman Centeno, Félix, general peruano, 92

Huancavelica (Perú), 101

Huanuco (Perú), 101

huelgas: Perú, 39, 50-51; Colombia, 237; Venezuela, 305, 354

Huila (Colombia), 179, 188, 226

Hungría, y Venezuela, 33

Hurtado Larrea, Osvaldo, presidente ecuatoriano, 288, 294-295

Ibagué (Colombia), 195

Iea (Perú), 14

Icaza, Jorge, escritor ecuatoriano, 269

Iglesia católica: en Colombia, 192, 203, 206, 223-224, 253; en Ecuador, 259, 260, 267-268, 279, 280; en Perú, 15, 62, 64, 91; en Venezuela, 309, 313, 322, 337, 338

impuestos: Perú, 34; Venezuela, 333

industria: Colombia, 175-176, 201-202, 205, 207, 224, 241-242, 250; Perú, 6-7, 16; Venezuela, 308, 321

inflación: Colombia, 195, 217, 220, 235, 245; Perú, 37, 39; Venezuela, 348, 350

Instituto Colombiano de la Especialización Técnica al Extranjero (ICETEX), 207

Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), 219, 226, 229, 235

Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS), 239

Instituto de Fomento Industrial (IFI), de Colombia, 190, 213, 216

Instituto de Seguro Social, en Venezuela, 307

Instituto Nacional de Planificación, del Perú, 65

Internacional Socialista, 235

International Petroleum Company IPC), 30, 40, 64, 65, 66, 67, 69

Ipiales (Colombia), 211

Iquitos, rebelión de, 51

Irak, 329

Irán, 329

Israel, 63

Italia, 120, 255

Izquierda Democrática, de Ecuador, 296

Izquierda Socialista, del Perú, 103

Izquierda Unida (IU), del Perú, 90, 92, 93, 103

Japón, 236

Jaramillo, Bernardo, líder de la UP colombiana, 256

Jarrín Ampudia, Gustavo, ministro ecuatoriano, 286, 287

Jijón y Caamaño, Jacinto, conservador ecuatoriano, 269

Jiménez, Gustavo, coronel peruano, 26, 27, 29

Johnson, Lyndon B., administración de, 149

Junta de Defensa Interamericana, 323

Juventud Revolucionaria Copeyana (JRC), de Venezuela, 334, 347

Kemmerer, Edwin Walter, economista estadounidense, 33, 34, 180, 264

Kennedy, John F., administración de, 149, 220

Keynes, John Maynard, 44

Kingman, Eduardo, pintor ecuatoriano, 269

Klein, misión económica norteamericana, en Perú, 47, 54, 55

Kuwait, 329

Lagunillas (Venezuela), 303

Lamberti, Blas, ingeniero venezolano, 323

Larrazábal, Wolfgang, almirante venezolano, 323, 324, 325, 335

Larrea Alba, Luis, coronel ecuatoriano, 265

Lavalle, Hernando de, 51

Lechín Suárez, Juan, coronel, 148, 161

Lechín, Juan, líder de los mineros boliviano, 120 n., 132, 133, 135, 144; arresto y deportación, 148; partido fundado por, 146; y COB, 136, 139, 142, 147, 166

Leguía, Augusto Bemardino, presidente peruano, 10, 14, 20, 23; caída de, 25; golpe contra, 25, 30; y la ideología militar, 22

Leoni, Raúl, ministro de Trabajo venezolano, 312, 317, 332

Lepagi, Octavio, ministro del Interior venezolano, 353-354

Leticia (Colombia), 28, 29, 34

Ley de Comercio norteamericana, 346

Ley de Fomento Agropecuario, del Ecuador, 287

Ley de Manos Muertas, en Ecuador, 259

Ley de Patronato, en Perú, 11

Ley de Reforma agraria, de Perú, 11, 66

Ley de Reforma Agraria, en Ecuador, 281

Ley de Reforma Social Agraria: en Colombia, 210

Ley de Seguridad Interna, del Perú, 48

Ley de Seguridad Social, de Ecuador, 267

Ley de Yanaconaje (1947), de Perú, 14, 40

Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, de Venezuela, 344

Libertad, La (Peni), 9, 19

Life, revista, 320

Liga Nacional Democrática, del Perú, 48

Liga Socialista de Venezuela, 345

Lima (Perú), 7, 13, 14; auge de la construcción en, 25; barriadas de, 53; «cuestión indígena» en, 11; desempleo en, 8; disturbios y saqueos, 75; embajada estadounidense de; huelgas en, 41, 80; levantamiento militar en, 78; mercado urbano, 6; población, 8-9; crecimiento de, 14; programa de obras públicas, 49; y el Pacto Andino, 226

Liverpool, fundiciones de, 119

Llanos Orientales (Colombia), 200, 203, 209, 225, 246; violencia en, 198, 199, 201, 202

Lleras Camargo, Alberto, 183, 186, 192; gobierno de coalición, 207, 217, 219, 220

Lleras Restrepo, Carlos, 189, 190, 223, 224, 241, 243; administración, 225-227, 231, 241

Llosa, Alfonso, coronel peruano, 43

Llovera Páez, Luis Felipe, 314

Lockheed, escándalo de los aviones, 238

López Contreras, Eleazar, 305, 318; presidencia, 305-307, 308, 309, 314

López de Romana, Eduardo, 18

López Michelsen, Alfonso, presidente colombiano, 213, 219, 234, 235, 243; administración, 237, 238

López Pumarejo, Alfonso, presidente liberal colombiano, 177, 181, 182-183, 184-185, 187, 188, 190, 192, 194, 254; y la revolución en marcha, 181-189

Lora, Víctor, coronel boliviano, 154

Loreto (Perú), 28

Lovera, Alberto, profesor venezolano, 333

Lusinchi, Jaime, presidente venezolano, 350; presidencia (1984-1989), 351-355

Macarena (Colombia), 200

Macera, Pablo, intelectual peruano, 90

Machado, Eduardo, 313

Machado, Gustavo, 313

Machado, Luis Alberto, ministro venezolano, 348

Madero, Francisco Ignacio, presidente mexicano, 134

Magdalena (Colombia), 238

Magdalena Fruit, 184

Magdalena, río (Colombia), 173, 179, 232

Magdalena, río, 173

Magdalena, valle del (Colombia), 200, 225, 246, 252

Magruder, Calvert, juez boliviano, 123

Mahuad, Jamil, presidente ecuatoriano, 299, 300

Malaya, 111

Malpaso (Perú), 26

Malvinas, guerra de las, 349

Manabí (Ecuador), 260

Manizales (Colombia), 179, 211

Maracaibo, lago (Venezuela), 303, 308, 321, 354

Marcona (Perú), 49

Mariátegui, José Carlos, 10, 13, 23, 223

Marín, José del Carmen María, general peruano, 40, 43

Maritain, Jacques, 347

Marof, Tristán, 112

Marquetalia (Colombia), 221, 222

Márquez Añez, Martín, 312

Martín, Américo. fundador del MIR venezolano, 332, 351

Martínez Mera, Juan de Dios, 266

Marulanda, Manuel «Tirofijo», 231

Matallana, José Joaquín, general colombiano, 243

Matos Azocar, Luis Raúl, consejero de Lusinchi, 353

Medellín (Colombia), 173, 174, 186; cártel de, 240, 253, 254, 255, 256; Conferencia Episcopal Latinoamericana (1968), 224; Congreso Eucarístico en, 187; industrialización en, 175, 190, 192, 207; insurreccionen, 179, 196; población de, 174, 182, 211; sindicatos católicos en, 192; universidad confesional en, 185

Medina Angarita, Isaías, general venezolano, 306-307, 309, 310, 314-315

Mejía, Manuel, 188

Mendoza, Eugenio, industrial venezolano, 323

Mercado Común Andino, 336

Merinos Pereyra, Marcial, general peruano, 51

México, 134, 209, 269

México, Ciudad de, 223

Mideros, artista ecuatoriano, 269

Miño, Wilson, 264

Miró Quesada, Antonio, 31

Miró Quesada, Carlos, 43

Miró Quesada, familia (Perú), 24, 31, 37, 51, 52

Moleiro, Moisés, fundador del MIR venezolano, 351

Monroy Block, Germán, ministro boliviano, 126

Montagne Markholtz, Ernesto, general peruano, 33, 48

Montalvo, Abelardo, ministro ecuatoriano, 266

Montería (Colombia), 211

Montes de Oca, Rafael Andrés, ministro del

Interior venezolano, 347, 351

Montilla, Ricardo, 312

Morales Bello, David, 350

Morales Bermúdez, Francisco, general peruano, 76, 77, 78-79, 81, 85, 88, 90

Moreno de Díaz, Samuel, yerno de Rojas Pinilla, 233

Moreyra, Manuel, presidente del Banco Central peruano, 84, 85

Morrocoy Azul, El, revista venezolana, 310

Mosquera Narváez, Aurelio, presidente ecuatoriano, 268

Mostajo, Francisco, abogado peruano, 18, 49

Movimiento 19 de abril (M-19), de Colombia, 232, 242, 243, 245, 248, 252

Movimiento al Socialismo (MAS), de Venezuela, 337, 351, 355

Movimiento Cívico Ecuatoriano, 276

Movimiento Cívico, en Colombia, 239

Movimiento de Afirmación al Socialismo (MAS), del Perú, 103

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de Venezuela, 327, 328, 332, 351, 355

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), del Perú, 61

Movimiento de Recuperación Liberal (MRL), de Colombia, 219, 220, 221

Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), de Venezuela, 334, 336

Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR), de Bolivia, 159, 164-165

Movimiento Laboral Revolucionario (MLR), del Perú, 75, 76

Movimiento Liberal en el Frente Democrático (FREDEMO), del Perú, 103

Movimiento Libertad, del Perú, 100

Movimiento No Alineado, 247

Movimiento Popular Democrático, de Ecuador, 288

Movimiento Revolucionario Liberal de Colombia, 219

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), del Perú, 101, 102

Movimiento Social Cristiano, de Ecuador, 275, 277

Movimiento Social Progresista, del Perú, 61

Muerte a Secuestradores (MAS), en Colombia, 240, 244, 254

Mussolini, Benito, 127

Nacional, El, periódico venezolano, 310

Naciones Unidas, 126; y Ecuador, 297; y Venezuela, 311

Nariño (Colombia), 181, 193

Navarro Wolff, Antonio, líder del M-19, 256

Nebot Saadi, Jaime, 298

Negreiros, Luis, dirigente obrero peruano, 86

New Deal norteamericano, 110, 181, 187

Nicaragua, 247; contra en, 255, 294; gobierno sandinista de, 96; revolución social en, 134; y Venezuela, 323, 348

Niehous, William, director general de OwensIllinois, 345, 348

Noriega, Manuel, general panameño, 255

Noriega, Zenón, general peruano, 51

Novoa Bejarano, Gustavo, vicepresidente ecuatoriano, 300

Novoa, Alvaro, 299

Nuevo Ideal Nacional, programa de desarrollo venezolano, 321, 322

Odría, Manuel Arturo, general y presidente peruano, 4, 12, 14, 17, 22, 23, 40, 41, 43, 44, 48-52, 54, 55, 59, 60, 64; y Venezuela, 323

Oficina de Coordinación y Planificación (Cordiplan), de Venezuela, 324

Oficina de Rehabilitación y Asistencia, en Colombia, 205

Oficina Internacional del Trabajo: y Venezuela, 310

Oficina Nacional de Cambios, de Venezuela, 308

Olaya Herrera, Enrique, presidente colombiano, 178, 179, 180, 181, 183, 187, 188

oligarquía, en Perú, 17, 23, 31, 33, 37, 52, 53, 57-58

Onganía, Juan Carlos, general, 152

Operación Vanguardia, en Venezuela, 338

Organización de Estados Americanos (OEA), 145, 327, 331, 336, 346

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 286, 329, 342

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), 286

Organización Mundial de Comercio (OMC), del Ecuador, 293

Orinoco, río, 343

Ortega (Colombia), 188

Oruro (Bolivia), 109, 121, 142

Ospina Pérez, Mariano, presidente colombiano, 173, 185, 192, 193, 195, 196, 203, 215, 228

Otero Silva, Miguel, novelista venezolano, 310, 312

Ovando, Alfredo, general boliviano, 141, 146, 147, 151

Pachacutik, movimiento político en Ecuador, 290, 292

Pacto Andino, 70, 226-227, 236, 246, 282, 337, 346

Pacto de Chicoral (1972), de Colombia, 229

Pacto de Punto Fijo, en Venezuela, 325, 326, 335, 337, 351

Páez, Federico, presidente ecuatoriano, 267-268

Páez, Luis Felipe, 318

Palacio, Pablo, escritor ecuatoriano, 269

Palito, El (Venezuela), refinería de, 343

Pan American World Airways, 184

Panamá, 173, 176, 191, 245; y Venezuela, 336

Panamá, Canal de, 236, 346

Paraguay, 109; guerra con Bolivia, 113-114

Pardo Leal, Jaime, 247, 249

Pardo, José, 30

Pareja, Alfredo, escritor ecuatoriano, 269

París, Gabriel, general colombiano, 206

París, sucesos de mayo de 1968 en, 223

Parra, Antonio, candidato izquierdista ecuatoriano, 279

Partido Civilista, de Perú, 15, 20, 23, 24, 38

Partido Comunista Boliviano (PCB), 132, 150

Partido Comunista de Colombia, 177, 179, 186, 214, 222, 231, 234, 240, 249

Partido Comunista de Costa Rica, 313

Partido Comunista de Perú, 10, 12, 19, 26, 30, 36, 39, 48, 68, 71, 73, 75, 76

Partido Comunista de Venezuela (PCV), 312, 313, 319, 326, 327, 332, 337

Partido Comunista del Ecuador, 263, 276, 279

Partido Conservador de Colombia, 182, 186, 187, 206, 215, 219, 256

Partido Conservador Ecuatoriano, 262, 267, 275, 277, 279, 288

Partido Demócrata Cristiano (PDC), del Perú, 61, 65

Partido Democrático Nacional (PDN), de Venezuela, 313

Partido Democrático venezolano, 307

Partido Democrático, del Perú, 31

Partido Democrático-Reformista, del Perú, 24, 31

Partido Descentralista, del Perú, 31

Partido Liberal de Colombia, 182, 186, 187, 192, 193, 196, 247, 248

Partido Liberal de Ecuador, 262, 268, 288

Partido Liberal, del Perú, 31

Partido Obrero Revolucionario (POR), de Bolivia, 132

Partido Popular Cristiano (PPC), del Perú, 80, 83, 84, 87, 88

Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional (PRIN), de Bolivia, 146

Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, 72, 138, 144, 314, 317

Partido Roldosista, del Ecuador, 292

Partido Social Cristiano de Ecuador, 292, 298, 299

Partido Social Demócrata, del Perú, 30, 31

Partido Socialista de Perú, 14, 19

Partido Socialista Ecuatoriano, 263, 275-276, 292

Partido Socialista Revolucionario, de Ecuador, 276

Pasco (Perú), 101

Pasto (Colombia), 191

Pastrana Borrero, Misael, presidente colombiano, 228, 229, 231

Pastrana, Andrés, 248, 252

Patino Mines & Enterprises (Bolivia), compañía minera, 107, 117, 120 n., 122, 129

Patino, Simón I., 110, 111, 112, 129

Pato, El (Colombia), 221

Patronato de la Raza Indígena, en Perú, 10

Paz Estenssoro, Víctor, 108 n., 120, 121, 122, 127, 132, 135, 151, 154, 155, 159, 160; culto a la personalidad, 136, 144; en el exilio, 133, 136, 146; presidencias de, 133, 134, 137-138, 139, 141, 142, 144, 146, 152, 165, 166, 168; y el MNR, 125, 127, 135-136

Paz Zamora, Jaime, vicepresidente boliviano, 164, 165

Paz, La (Bolivia), 109, 114, 123, 143; huelgas en, 116, 131; insurrección en, 105, 133

PDVSA, compañía nacional venezolana, 343, 353

Pearl Harbor, ataque japonés a, 123, 270, 311

Pease, Henry, miembro del MAS peruano, 103

Peñalver, Manuel, secretario general de la AD venezolana, 351

Peñaranda, Enrique, general y presidente boliviano, 119, 120, 121, 122

Perdomo, Ismael, arzobispo primado de Bogotá, 187

Pereda Asbún, Juan, general boliviano, 159, 160

Pérez Alfonzo, Juan Pablo, ministro de Minas

venezolano, 312, 316, 329, 343

Pérez Godoy, Ricardo, general peruano, 50

Pérez Guerrero, Manuel, ministro de Minas venezolano, 333

Pérez Jiménez, Marcos, presidente venezolano, 204, 312, 314, 318; dictadura, 309, 319-322, 324, 339, 347; caída de, 323; juicio de, 330; retomo a la política, 335

Pérez Olivares, Enrique, ministro de Educación venezolano, 348

Pérez, Carlos Andrés, presidente venezolano, 334, 340, 341, 350, 355; presidencia de, 341-347, 355

Pérez, Juan Bautista, presidente venezolano, 305

Perón, Juan Domingo, 146; influencia internacional de, 138; populismo, 60; y Bolivia, 127, 128; y Venezuela, 323

Petkoff, Teodoro, fundador del MAS venezolano, 351, 355

petróleo, producción de: México, 307; Venezuela, 301-304, 316, 319, 334, 337, 339, 341, 342-343, 355-356

PETROVEN, compañía nacional venezolana, 342-343

Piazza, Walter, ministro de Economía peruano, 80

Piérola, Amadeo de, 31

Piérola, Nicolás de, presidente peruano, 12, 27

Pinochet, Augusto, 75, 251, 340

Piñerúa, Luis, 347

Pío XI, papa, 187

Pío XII, papa, 191, 322

Piura (Perú), 14, 19, 28

Pizarro, Carlos, ex líder del M-19 colombiano, 256

Plan de Barranquilla (1931), 312, 313

Plan de Desarrollo, del Perú, 294

Plan de Integración Nacional (PIN), de Colombia, 241

Plan de Nutrición, de Colombia, 236

Plan Inca, del Perú, 71, 74

Plan Lazo (1963), en Colombia, 222

Plan Túpac Amaru, del Perú, 79

Plan Vallejo (1959), en Colombia, 213

Plaza Lasso, Galo, presidente ecuatoriano, 276-278, 279

Plaza, Leónidas, presidente venezolano, 260

población: Perú, 7-8; Venezuela, 308, 309, 339

Pocaterra, José Rafael, 312

Policía Técnica Judicial (PTJ), de Venezuela, 345, 354

Ponce Enríquez, Camilo, liberal ecuatoriano, 275, 277, 282

Ponce, Manuel, general peruano, 20

Pons, Antonio, ministro ecuatoriano, 267

Portugal, Julio Ernesto, 39

Potosí (Bolivia), 109, 121

Povedo Burbano, Alfredo, Prado, familia (Perú), 4, 16, 17, 24, 31, 47, 49

Prado, Gary, general boliviano, 139

Prado, Jorge, 30

Prado, Manuel, presidente peruano, 33, 39, 44, 51, 56, 60, 65; administraciones, 4, 12, 14, 35-38, 45, 52-54, 55

Prensa, La, periódico peruano, 40, 41, 51, 60, 62, 64, 67, 68

Prieto Figueroa, Luis Beltrán, 326, 334

Producto Nacional Bruto (PNB): Perú, 6, 54; Venezuela, 339

Programa de Ayuda Mutua, 205

Puerto La Cruz (Venezuela), refinería de, 343

Puerto Rico, 317

Pulido Briceño, Mercedes, ministra venezolana, 348

Putumayo, región de, 29

Quesada Larrea, José, 33

Quijada, Ramón, líder campesino de la AD, 315, 328

Quindío, región de (Colombia), 175; violencia en, 179, 200, 202

Quintanilla, Carlos, general boliviano, 119

Quiroga Santa Cruz, Marcelo, socialista boliviano, 159, 160, 161

Quito (Ecuador), 283; bolsa de valores de, 278; población, 291, 293

Ramos Giménez, Raúl, 326, 332

Rangel, Domingo Alberto, 326, 332

Rangel, José Vicente, 351

Rangel, Rafael, alcalde de Barrancabermeja, 199

Ravard, Rafael Alfonzo, 343

Razón, La, periódico boliviano, 126, 127, 141

Reagan, Ronald, administración, 162, 247, 255, 296

RECADI, organismo gubernamental venezolano, 350, 352

Religión, La, periódico venezolano, 322

República Dominicana: embajada de la, y el M-19, 232, 242; y Venezuela, 323

Restrepo, Carlos E., presidente colombiano, 193

Revilla, Clemente, 31

Revolución Liberal, en Ecuador, 259, 261, 262, 265, 268, 275

Río de Janeiro, Protocolo de, 298

Riochiquito (Colombia), 221

Roca, Benjamín, 35

Rockefeller, Nelson, 316, 317

Rodríguez, Gumersindo, mirista venezolano, 345

Rodríguez, Jorge, líder trotskista venezolano, 345

Rodríguez Gacha, 255

Rodríguez Lara, Guillermo, general y presidente ecuatoriano, 283, 286, 287

Rodríguez Ramírez, Antonio, general peruano, 32-33, 40

Rojas de Moreno Díaz, María Eugenia, 205, 206, 228, 233-234, 235, 241

Rojas Pinilla, Gustavo, general y presidente colombiano, 198, 199, 204-206, 216; en la oposición, 214, 221, 228, 233

Rojas, Ángel F., escritor ecuatoriano, 269

Roldós Aguilera, Jaime, presidente ecuatoriano, 294

Roosevelt, Franklin Delano, 310-311

Royal Dutch Shell, 302

Ruiz Novoa, Alfredo, general y ministro colombiano, 222, 223

Rumanía: comercio con Colombia, 246

Saavedra, Bautista, presidente boliviano, 108, 112-113, 116

Salamanca, Daniel, presidente boliviano, 107, 109, 112, 113, 115, 116

Samanez Ocampo, David, presidente interino de Perú, 12, 18, 23, 26, 27, 33, 34

San Román, Claudio, coronel boliviano, 139

Sánchez Cerro, Luis M., presidente peruano, 4, 18, 20, 33, 35, 38, 43; presidencia, 13, 17, 21-22, 24, 25-29

Sánchez, Luis Alberto, presidente de la Asamblea Constituyente peruana, 84

Sánchez, Sergio, teniente coronel y ministro boliviano, 132

sanidad, servicios de, en Venezuela, 308-309, 325

Santa Cruz (Bolivia), 109, 141, 145, 146, 150, 154, 162

Santa Marta (Colombia), 176, 179, 193

Santanderes (Colombia), 179, 193, 198, 201

Santiago (Chile), 153

Santos, Eduardo, 186, 187, 189-190, 196

SCADTA, 184

Sección Popular, del Perú, 52

Sechura (Perú), desierto de, 40

Secretaría Nacional de Asistencia Social y Protección Infantil (SENDAS), en Colombia, 205

Seguridad Nacional, policía venezolana, 320, 323, 327

Selecciones de Readers Digest, 320

Seleme Vargas, Antonio, general y ministro boliviano, 132-133

Sendero Luminoso (SL), del Perú, 91, 92, 93, 95, 97, 101

Seoane, Manuel, líder del APRA, 66

Sevilla (Colombia), 211

Sierra (Ecuador), 260; crecimiento industrial, 263

Sierra (Perú), 13, 50; campesinado, 8, 9, 11-12, 56, 58; economía rural, 6-7, 9, 11, 15; escuelas, 28, 37; estructura social, 8

Siglo, El, periódico colombiano, 186, 195, 206

Siles Suazo, Hernán, presidente boliviano, 107, 133, 135, 143, 145, 146; presidencias, 108, 116, 137, 143, 153, 158, 160, 162-163

Siles, Hernando, presidente boliviano, 108

Silva Ruete, Javier, ministro de Economía peruano, 82, 84, 85

Sinú (Colombia), 179

Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), del Peni, 7273

Sitges, Pacto (1957) de, 207

Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), 226, 230

Sociedad de Naciones: y Colombia, 181, 184; y Venezuela, 310

Sociedad Rural Boliviana, 131

Sogamoso (Colombia), 211

Somoza, Anastasio, presidente de Nicaragua, 236, 317, 323

Soto, Hernando de, 98

Sourdis, Evaristo, 228

Standard Oil, 302, 303, 316

State Petroleum Company, 69

Steer, Carlos, aprista, 31, 51

Suárez Veintimilla, Mariano, vicepresidente ecuatoriano, 272

Suárez, Roberto, traficante de cocaína, 161 n., 162

Suatenza (Colombia), 207

Sucre (Bolivia), 105, 109

Sucre (Colombia), 252, 253

Sumapaz (Colombia), 179, 200

Taiwán, 236

Teilhard de Chardin, Pierre, 347

Tejada Sorzano, José Luis, vicepresidente boliviano, 115-116

Tejada, artista ecuatoriano, 269

Terán, Enrique, escritor ecuatoriano, 269

Texaco-Gulf, Consorcio, 286

Tiempo, El, periódico colombiano, 186, 192, 206

Tiempos, Los, periódico boliviano, 141

Tin Producers Association, 111

Tinoco, Pedro, Jr., banquero venezolano, 333, 344

Tobar Donoso, Julio, ministro ecuatoriano, 269, 270

Tolima (Colombia), 183, 188, 226; ligas campesinas, 179; violencia en, 195, 198, 199, 200, 201

Tomic, Radomiro, 334

Toquepala (Perú), explotaciones mineras de, 49, 54

Toro, David, presidente boliviano, 32, 116, ¡17, 121

Torres, Camilo, sacerdote colombiano, 223, 232

Torres, Gumersindo, ministro venezolano, 303

Torres, Juan José, general boliviano, 148, 151, 152, 153, 154

Torrijos, Ornar, general panameño, 236, 346

Townsend, Andrés, 86

Tribunal de Responsabilidades Administrativa, en Venezuela, 318

Trinidad: y Venezuela, 311, 332

Tropical Oil, 176, 215

Trujillo (Perú), 7, 14, 19, 33, 77

Trujillo, Rafael, presidente dominicano, 317, 323, 327, 331

Turbay Ayala, Julio César, liberal colombiano. 241, 242, 243

Turbay, Gabriel, liberal colombiano, 192

Turbó (Colombia), 252

U. S. Steel, 317, 340

Ubaté (Colombia), 211

Ulloa, Manuel, ministro peruano, 69, 89, 90

Ultima Hora, periódico boliviano, 126, 127

UNESCO: y Colombia, 207

UNICEF, 205

Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), en Colombia, 231, 235

Unión Cafeteros Colombianos (UCC), 246

Unión de Trabajadores Colombianos (UTC), 192, 205, 217, 220, 228, 237

Unión Democrática y Popular (UDP), de Bolivia, 159, 160

Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria (UNIR) de Colombia, 179, 182. 186

Unión Nacional de Oposición (UNO), de Colombia, 234, 235

Unión Nacional Estudiantil (UNE), 313

Unión Nacional Odriísta (UNO), del Perú, 64-65, 66

Unión Panamericana, 310

Unión Para Avanzar, de Venezuela, 335

Unión Patriótica (UP), de Colombia, 245, 248, 249, 251, 256, 258

Unión Patriótica Militar (UPM) de Venezuela, 312, 314

Unión República Democrática (URD) de Venezuela, 313, 318, 320, 324, 325, 335

Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana (URJE), 279

Unión Revolucionaria, de Perú, 15, 22, 29, 31, 32, 33

Unión Soviética, 252; influencia en Bolivia, 119, 121; reforma agraria, 134; relaciones con Colombia, 191, 231; relaciones con Perú, 64, 72, 100; relaciones con Venezuela, 336; y Ecuador, 279; y la segunda guerra mundial, 36

United Fruit: en Colombia, 176, 184, 185

Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, 322

Universidad Central de Venezuela, 333, 338, 354

Universidad Central del Ecuador, asalto a la, 281, 282

Universidad de San Marcos (Perú), 42

Universidad Libre, de Colombia, 182

Universidad Nacional de Colombia, 182, 223, 239

Universidad Simón Bolívar (USB), de Venezuela, 339

Unzaga de la Vega, Oscar, líder sindical boliviano, 132, 141

Urabá (Colombia), 200, 232

Urbina, Rafael Simón, 319

Urdaneta Arbeláez, Roberto, 203-204

Ureta, Eloy G., general peruano, 36, 37

Urriolagoitia, Mamerto, vicepresidente boliviano, 130, 132

Uruguay, 354

Uslar Pietri, Arturo, 302, 318, 332, 333, 335

Valencia Tovar, Alvaro, general colombiano, 241

Valencia, Guillermo León, presidente conservador colombiano, 193, 206, 220

Valencia, Jorge, ministro colombiano, 230-231

Valledupar (Colombia), 211

Vallenilla Lanz, Laureano, ministro del Interior venezolano, 305, 320, 322, 323

Vargas Llosa, Mario, 98, 101, 103-104

Vargas Pazzos, Frank, general ecuatoriano, 296

Vargas, Julio César, 312

Vargas, Mario Ricardo, capitán y ministro venezolano, 312, 315

Vásquez Carrizosa, Alfredo, ministro colombiano, 242

Vaticano: acuerdo con Ecuador, 267; concordato con Colombia, 174

Vega Uribe, Miguel, general colombiano, 245

Velasco Alvarado, Juan, general y presidente peruano, 70, 74, 75-76, 83, 90, 99, 151

Velasco Ibarra, José María, presidente ecuatoriano, 266, 267, 269, 271, 277, 279

Venezuelaz Basic Economy Corporation (VBEC), 316

Verduga, César, ministro ecuatoriano, 299

Videla, Jorge, 251

Vietnam, guerra de, 63, 152, 338

Villaba, Ismenia, 355

Villaba, Jóvito, líder estudiantil venezolano, 313, 315, 319, 325, 332, 333, 335

Villanueva, Armando, jefe del APRA peruano, 84, 86

Villanueva, Víctor, mayor peruano, 37, 42

Villarán, Manuel Vicente, 31

Villarroel, Gualberto, presidente boliviano, 121, 123, 127; gobierno de, 120, 124-125, 130, 136

Villavicencio (Colombia), 197, 211

Wuytack, Francisco, sacerdote belga, 338

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 134, 137, 143, 157

Yarumillas (Colombia), 244

Yerovi, Clemente, presidente ecuatoriano, 281

Yugoslavia, 73

Yumbo (Colombia), 240, 252

Zapata, Emiliano, 140

Zulia (Venezuela), 301, 302, 342

ÍNDICE DE MAPAS

Perú y Bolivia

Colombia, Ecuador y Venezuela

Notas

[1] R. Thorp y G. Bertram, Peru, 1890-1977: Growth and Policy in an Open Economy, Londres, 1978. <<

[2] Para una opinión contraria, véase B. Caravedo Molinari, Burguesía e industria en el Perú, 1933-1945, Lima, 1976, caps. 1 y 2. <<

[3] Thorp y Bertram, Peru, 1890-1977, p. 295. <<

[4] R. C. Webb, The Distribution of Income in Peru, Universidad de Princeton, Woodrow Wilson School Research Program in Economic Development, Discussion Paper n.º 26 (Princeton. N. J., 1972); ídem, Trends in Real Income in Peru, Universidad de Princeton, Woodrow Wilson School Research Program in Economic Development, Discussion Paper n.º 41 (Princeton, N. J., 1974); R. Vandendries, «Income Distribution in Peru after World War II», Journal of Developing Areas, 8, n.º 3 (1974), pp. 421-436; Thorp y Bertram, Peru, 1890-1977, pp. 275-278. <<

[5] Thorp y Bertram, Peru, 1890-1977, pp. 261-274; I. G. Bertram, End-Use Classification of Peruvian Imports, 1891-1972, Microfiche St Antony’s College Latin American Centre, Oxford, 1976, cuadro 6.5; Thorp y Bertram, Perú, 1890-1977, p. 407. <<

[6] C. F. Oman, «The Formation of Capitalist Society in Peru: "Dualism" and Underdevelopment», tesis de doctorado, Universidad de California, Berkeley, 1978, caps. II y 12; véase también A. DeWind, «Peasants Become Miners: The Evolution of Industrial Mining Systems in Peni», tesis de doctorado. Universidad de Columbia, 1977. F. E. Mallon, The Defense of Community in Peru’s Central Highland: Peasant Struggle and Capitalist Transition, 1860-1940, Princeton, N. J., 1983, cap. 7, data los cambios clave un poco antes y señala que el enganche, es decir, el reclutamiento de mano de obra para las minas, terminó con el decenio de 1920 y que a raíz de los despidos durante la depresión la Cerro de Pasco Corporation funcionó en un mercado bajo para la mano de obra asalariada. <<

[7] S. Stein, Populism in Perú, Madison, Wisc., 1980, cap. 3, sugiere que entre una cuarta parte y un tercio de los trabajadores migrantes que había en Lima en 1931 procedían de la sierra. Otro tercio aproximadamente procedía del lejano sur (principalmente costero). <<

[8] Censo de Lima, 1931 (Junto Pro-Desocupados de Lima), sin fecha, pp. 248-249. <<

[9] Omán, «The Formation of Capitalist Society», pp. 248-250; Mallon, The Defense of Community, pp. 144-164. <<

[10] Thorp y Bertram, Perú, 1890-1977, figura 13.1. <<

[11] Ibid., cuadro 12.1. <<

[12] Omán, «The Formation of Capitalist Society», pp. 214-215. <<

[13] Véanse, por ejemplo, W. Bollinger, «The Bourgeois Revolution in Perú: A Concepción of Peruvian History», Latín American Perspectives, 4, n.” 3 (1977), pp. 18-56; A. Femer, «The Dominant Class and Industrial Development in Perú», Journal of Development Studies, 15, n.º 4 (1979), pp. 268-288; Caravedo, Burguesía e industria. <<

[14] Citado en G. R. Garrett, «The Oncenio of Augusto B. Leguía: Middle Sector Government and Leadership in Perú», tesis de doctorado, Universidad de Nuevo México, 1973, p. 84. Los discursos antifeudales de Leguía se parecen mucho a algunos pasajes de J. C. Mariátegui, Siete ensayos sobre la realidad peruana, Lima, 1928. <<

[15] D. Gilbert, The Oligarchy and the Oíd Regime in Perú, Universidad de Comell, Latin American Studies Program Dissertation Series n.º 69, Ithaca, N. Y., 1977. <<

[16] Stein, Populism in Perú, pp. 156-157. <<

[17] C. F. Herbold, «Developments in the Peruvian Administration System, 1919-1930: Modem and Traditional Qualities of Authoritarian Regimes», tesis de doctorado, Universidad de Yale, 1973, pp. 128 y 322. <<

[18] E. Chirinos Soto, Cuenta y balance de las elecciones de 1962, Lima, 1962, pp. 46-47. <<

[19] Durante los dos años para los cuales disponemos de datos censuales, 1940 y 1962, la proporción votante de la población de veinte y más años de edad fue del 14 y el 36 por 100 respectivamente. <<

[20] Sobre esto, véase A. Angelí, «The Difficulties of Policy Making and Implementation in Perú», Bulletin of Latin American Research, 3, n.º 1 (1984), pp. 26 y 40. <<

[21] Herbold, «Developments in the Peruvian Administration System», p. 128. <<

[22] Ibid., p. 129. <<

[23] Véanse D. M. Masterson, «The Peruvian Armed Fortes in Transition, 1939-1963: The Impact of National Politics and Changing Professional Perspectives», tesis de doctorado. Universidad de Michigan State, 1976, p. 62; y V. Villanueva, El APRA en busca del poder, Lima 1975, pp. 174-175. <<

[24] H. W. Kemmerer y otros, Report on the Public Credil of Perú, Banco Central de Reserva, Lima, 1931. <<

[25] West Coast Leader, 14 de abril de 1931, p. 1. <<

[26] Ibid., 8 de septiembre de 1931, p. 30; 16 de febrero de 1932, p. 7. <<

[27] O. Ciccarelli, «Sánchez Cerro and the Depression in Perú», Southern Quarterly, 9, n.º 3 (1971), pp. 231-252. <<

[28] R. Thorp y C. Londono, «The Effect of the Great Depression on the Economics of Perú and Colombia», en R. Thorp, ed., Latín America in the 1930s: The Role of the Periphery in World Crisis, Londres, 1948, pp. 81-116. <<

[29] J. Payne, Labour and Politics in Perú, New Haven, Conn., 1965, p. 20; W. Warren, Inftation and Real Wages in Underdeveloped Countries: India, Perú and Turkey, Londres, 1976. <<

[30] Masterson, «The Peravian Armed Forces», p. 190. <<

[31] Ibid., pp. 177-178. <<

[32] J. Dragistic, «Peruvian Stabilization Policies, 1939-1968», tesis de doctorado. Universidad de Wisconsin, 1971, p. 38. <<

[33] Ibid., p. 55. <<

[34] Ibid., p. 62. <<

[35] M. J. Frankman, «Export Promotion and Development Priorities in Pera, 1946-1965», tesis de doctorado, Universidad de Texas, 1968, p. 186; R. Thorp, «The Klein Correspondence», mimeógrafo, Oxford, 1974. <<

[36] Sobre esto, véase Thorp y Bertram, Perú, 1890-1977, pp. 187-190. <<

[37] «Odría, al igual que Benavides, estaba contra los sindicatos pero no contra los trabajadores. Si bien dio a los patronos lo que equivalía a la libertad total para destruir a los sindicatos, daría sorprendentes beneficios salariales y sociales a los trabajadores» (R. B. Marett, Perú, Londres, 1969, p. 176). <<

[38] Gilbert, The Oligarchy and the Oíd Regime, pp. 248-249. <<

[39] E. V. K. Fitzgerald, The Political Economy of Perú, 1956-78, Cambridge, 1979, pp. 147-152; Thorp y Bertram, Perú, 1890-1977, pp. 288-289. <<

[40] Véase Dragisic, «Peruvian Stabilization Policies», cap. 3. <<

[41] S. C. Tsiang, «An Experiment with Flexible Exchange Rates: Perú, 1950-54», IMF Staff Papers, febrero de 1957. <<

[42] J. Santistevan y A. Delgado, La huelga en el Perú, Lima, 1981, pp. 179-181; DeWind, «Peasants Become Miners», pp. 358-360. <<

[43] Thorp y Bertram, Perú, 1890-1977, p. 205. <<

[1] Según el estatuto revolucionario que aprobaron los líderes del golpe, la junta militar que encabezaba el gobierno se componía de los comandantes supremos de los tres brazos de las fuerzas armadas, los cuales nombraban al jefe del estado. En 1970, el general Velasco Alvarado alcanzó la edad de la jubilación y hubiera tenido que dejar el gobierno, pero como líder de la revolución logró conservar su puesto. Sin embargo, no se especificaron ni la duración de su mandato ni la manera en que debía efectuarse su sucesión. Así pues, cuando enfermó en 1973 estalló una lucha declarada por la sucesión. Esta situación y la conducta aún más personalista del gobierno y las fuerzas armadas provocaron una crisis institucional cuya intensidad fue en aumento con la confiscación de los medios de comunicación y la huelga de la policía. <<

[*] Grupo de economistas adscritos a la corriente de la llamada «nueva economía» cuyo principal representante es Milton Friedman. (N. del t.) <<

[2] El gobierno Morales Bermúdez procuró «normalizar» las relaciones con Estados Unidos y quitar importancia a las que Perú sostenía con los países no alineados. La conducta internacional de Perú y los pasos que se dieron hacia el traspaso de poder despertaron el interés del gobierno Cárter porque ofrecía un modelo que representaba una alternativa a las dictaduras del Cono Sur para resolver la polarización política. Así pues, cada paso que dio el gobierno Morales Bermúdez hacia el traspaso de poder encontró una respuesta positiva de Estados Unidos por medio de incrementos de la ayuda de la AID, empréstitos gubernamentales y apoyo político. A este efecto, la embajada estadounidense en Lima tenía órdenes explícitas de rechazar las sugerencias insistentes de oficiales del ejército y distinguidos representantes de la alta burguesía de que los militares dieran un golpe que instalase en el poder un gobierno fuerte parecido a los del Cono Sur. Además, la embajada hizo saber que un gobierno nuevo que cerrase la posibilidad de un traspaso de poder sería repudiado de manera explícita por Estados Unidos, como sucedió más tarde en el caso de Bolivia. <<

[3] A comienzos del decenio de 1980, Hernando de Soto había ideado una forma neoliberal de enfocar los problemas de Peril que, hablando en términos generales, explicaba el estancamiento y las distorsiones de la economía y la sociedad atribuyéndolos al «bloqueo» del mercado por la injerencia «mercantilista» que ejercían «coaliciones distributivistas» con acceso privilegiado al estado, lo cual concordaba hasta cierto punto con el razonamiento de Mancur Olson en The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities (New Haven, Conn., 1982). Este bloqueo causó un auge en el «sector no estructurado», que comprendía los sectores pobres de la población que no estaban en condiciones de desarrollarse dentro de un marco Jurídico. De Soto expuso este enfoque en The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World (Nueva York, 1983), que, con un prefacio escrito por Mario Vargas Llosa, alcanzó gran difusión en Perú y otros países, e incluso fue citado por los presidentes Reagan y Bush.

En lo sucesivo el pueblo peruano percibió esta concepción antiestatista como «sentido común». Paradójicamente, el discurso de García contra el centralismo burocrático incrementó este efecto. Asimismo, las concepciones izquierdistas relacionadas con la perspectiva rentista de las clases poseedoras de propiedades en Perú también ayudó a popularizar estas ideas. El resultado fue el convencimiento generalizado de que sería necesario restringir la intervención económica del estado y reformar su aparato para que el desarrollo del mercado fuera posible. <<

[4] La organización juvenil del APRA, donde las tendencias radicales estaban muy extendidas, al principio apoyó decididamente a Alan García, pero al anunciar éste que el gobierno se echaba atrás después de que los banqueros se querellasen, los jóvenes militantes retiraron su apoyo. En contraste, los representantes de IU resultaron ser los defensores más eficaces y decididos de la propuesta presidencial. <<

[5] Las diferencias en la captación social, la socialización, las alianzas, las ideas revolucionarias y el marco geográfico entre Sendero Luminoso y el MRTA demostraron que la segmentación de la sociedad peruana alcanzaba incluso estos niveles. <<

[6] La primera ronda de las elecciones (8 de abril) la ganó Mario Vargas Llosa (FRE-DEMO) con el 27,6 por 100 de los votos. Un hombre ajeno a la política, Alberto Fujimori (Cambio 90), peruano de origen japonés, quedó en segundo lugar con el 24,6 por 100. Luis Alva Castro (APRA) obtuvo el 19,1 por 100; Henry Pease (Izquierda Unida), el 6,9 por 100; y Alfonso Barrantes (Izquierda Socialista), el 4 por 100. En la segunda ronda (10 de junio), Fujimori (560 por 100) derrotó a Vargas Llosa (33,9 por 100) y se convirtió en presidente de Perú. <<

[1] Aunque la mayoría de los comentaristas de la época vieron el cambio de régimen desde un punto de vista estrictamente político, el joven Víctor Paz Estenssoro fue una excepción significativa. «Hoy día —escribió el primer tecnócrata de Bolivia— los fenómenos económicos tales como la producción, el comercio exterior, etcétera, son lo que en realidad, y más allá de las causas aparentes, gobiernan la vida de las naciones». Consideraba que los parlamentos no eran apropiados para llevar a cabo las tareas nuevas de la gestión económica. Estas tareas las hacían mejor organizaciones compuestas por representantes de los principales intereses funcionales de la sociedad, los cuales, según parecía creer él, podían compartir el poder armoniosamente bajo el nuevo régimen, guiados sólo por los principios de la racionalidad económica. A su modo de ver, durante todo el decenio de 1920 Bolivia había tenido un gasto público que era superior a sus medios, de manera que la caída de los precios del estaño surtiría el saludable efecto de eliminar el 25 por 100 del gasto despilfarrador e innecesario que había creado una ilusión artificial de prosperidad. Véanse sus artículos en El Diario, La Paz, 17 de mayo y 6 de julio de 1930. <<

[2] Véase L. Whitehead, «El impacto de la Gran Depresión en Bolivia». Desarrollo Económico, n.º 12 (1972), pp. 49-80. Bolivia fue la primera república sudamericana que dejó de atender al servicio de la deuda, en diciembre de 1930, seguida de Perú en marzo de 1931 y Chile en julio de 1931. <<

[3] T. O’Connor, en British Consular Reports: Economic Conditions in Bolivia, Londres, mayo de 1931, p. 19. <<

[4] Los Estados Unidos, que casi no tenían producción propia de estaño, consumieron el 44 por 100 de la producción mundial en 1929, pero sólo el 34 por 100 en 1932. «A lo largo de los ocho años comprendidos entre 1925 y 1932 el consumo norteamericano descendió en 41.000 toneladas anuales, pero el consumo del resto del mundo disminuyó en sólo 12.000 toneladas». William Fox, The Working of a Commodity Agreement: Tin, Londres, 1974, p. 118. <<

[5] Charles F. Geddes, Patiño: The Tin King, Londres, 1972, pp. 221-225. A falta de una fundición en Bolivia, las compañías tenían que transportar gran cantidad de mineral sin valor a Europa para que allí extrajeran el estaño que contenía. Además, todas las importaciones destinadas a las minas tenían que pagar fletes onerosos. <<

[6] Deringer, carta a El Diario, La Paz, 10 de enero de 1960. Añadió que «En 1938 ciertas mejoras en el transporte nacional e internacional, más técnicas nuevas… nos permitieron mantener el volumen de la producción aunque la graduación del mineral era ahora inferior al 2 por 100… Sin embargo, en 1947 las reservas económicamente utilizables basándose en los procesos técnicos existentes apenas bastaban para otros cuatro años de producción… Contratamos los servicios de especialistas… y a finales de 1947 pudimos inventar y probar el método de la “excavación en bloque” [y otras innovaciones importantes], que nos permitió la extracción provechosa de mineral de grado LO por 100». En 1980 la media de contenido de estaño del mineral boliviano comercialmente aprovechable estaba por debajo del 0,6 por 100. <<

[7] Citado en Geddes, Patiño, pp. 255-256. Otros extractos de su correspondencia se han publicado en David Alvestequi, Salamanca, vol. 3, Buenos Aires, 1963, pp. 284-289. Para testimonios de que incluso en el gabinete Salamanca había resistencia a los privilegios de Patiño, véase también Benigno Carrasco, Hernando Siles, La Paz, 1961, pp. 312. <<

[8] Véase Herbert Klein, Parties and Political Change in Bolivia, 1880-1952, Cambridge, 1969, pp. 136 y 145. <<

[9] La Standard Oil tuvo pozos que producían en los bordes bolivianos del Chaco durante todo el decenio de 1920. Durante la guerra, los paraguayos declararon que la Standard Oil había inspirado la agresión boliviana, porque el Chaco era rico en petróleo. La Standard Oil afirmó que el Chaco no contenía nada de petróleo antes de la guerra, y que no se había encontrado ni pizca desde entonces. <<

[10] Augusto Céspedes ha dicho que la guerra del Chaco fue «una campaña colonial llevada por un país semicolonial sin el beneficio de la asistencia extranjera». En términos militares fue para Bolivia «una larga retirada de tres años que al final resultó ser estratégica porque permitió a nuestro ejército alcanzar un terreno donde tenía ventaja sobre el enemigo». El dictador suicida, Santiago, 1956, p. 127. <<

[11] Argentina tenía intereses económicos en el Chaco y necesitaba a Paraguay como aliado contra Brasil. <<

[12] Merwin Bohan [agregado comercial norteamericano en Santiago], «Economic Conditions in Bolivia», 10 de junio de 1937, U. S. National Archives, 824.50/8, Washington, D. C. <<

[13] A 9011,3 de noviembre de 1938, Public Record Office, Londres. <<

[14] 20 de septiembre de 1939, U. S. National Archives, 824.50/11, Washington, D. C. <<

[15] Colé Blasier aclaró este complot. Véase su «The U. S., Germany and the Bolivian Revolutionaries, 1941-6», Hispanic American Historical Review (febrero de 1972). El agente británico reconoció la falsificación. Véase H. Montgomery Hyde, Secret Intelligence Agent: British Espionage in America and the Creation of the O. S. S., Nueva York, 1982, pp. 159-160. Paz Estenssoro procedía de una distinguida familia conservadora de la provincia meridional de Tarija. Veterano del Chaco con título de economista, había sido empleado de la empresa Patiño Mines antes de entrar en el Congreso y apoyar a Busch. En enero de 1941 se convirtió en fundador y líder del MNR y sirvió brevemente en calidad de ministro de Economía bajo Peñaranda, antes de que la carta falsificada le atribuyese el papel de agente de los alemanes. Sus prioridades eran diversificar la economía, promover las regiones olvidadas y neutralizar «el enorme poder político de la industria minera». <<

[16] Memorándum al embajador del Reino Unido de Mr. Howell, segundo secretario de la embajada británica en La Paz, 20 de octubre de 1942, que alcanzó el nivel de secretario de Asuntos Exteriores. Howell añadió que «hay muchos elementos influyentes que son amigos de nuestra causa y responderían gustosamente a un poco de “presión” o de estímulo. Entre ellos están incluso algunos de los alemanes más respetados, además de la numerosa y rica colonia yugoslava; gran número de refugiados; una sección francófila de los bolivianos educados; y muchos bolivianos decentes… [pero]…a los palestinos y los sirios, gran proporción de los cuales son desleales e instrumento fácil para los nazis, hay que meterlos en cintura “o ya verán”» (A 1069/3017/5 P. R. O. Londres). Como ilustración de la importancia de las categorías étnicas para las alineaciones políticas internas en Bolivia, merece la pena recordar que un destacado propietario de minas, Mauricio Hochschild, era judío y procedía de Austria. Al líder de los mineros, Juan Lechín, a veces se le clasificaba como sirio. <<

[17] Christopher Mitchell, The Legacv of Populism in Bolivia: From the MNR to Military Rule, Nueva York, 1977, pp. 17-33. El secretario de organización del partido, Luis Peñaloza, en su Historia del MNR, La Paz, 1961, sugiere que los miembros eran cincuenta antes de las elecciones de 1942 y que aumentaron quizá a varios cientos durante 1943. Véase también la voluminosa pero confusa obra de Luis Antezana, Historia secreta del MNR, 6 volúmenes, La Paz, 19841987. Había tres núcleos principales: la facultad de económicas de la Universidad de La Paz, hijos de las familias de la élite de Cochabamba y la aduana de Oruro. Según un informante, la numeración de los carnets de afiliación al partido empezó por el 501. Este informante se afilió cuando el golpe era inminente y su número era el novecientos y pico. <<

[18] Víctor Paz Estenssoro, Discursos parlamentarios, La Paz, 1955, pp. 167-175. <<

[19] Cable de la embajada de los Estados Unidos fechado el 7 de marzo de 1946, U. S. National Archives 824.00/3-746, Washington, D. C. <<

[20] Laurence Whitehead, «Miners as Voters: The Electoral Process in Bolivia’s Mining Camps», Journal of Latín American Studies, 13, 2.a parte (noviembre de 1981), pp. 313-346. <<

[21] Compagnie Aramayo des Mines en Bolivie, Sinopsis de su economía en el último quinquenio (1944-8), La Paz, 1949, pp. 38-40. <<

[22] José Fellman Velarde, Víctor Paz Estenssoro, La Paz, 1955, p. 139. Véase también Jerry W. Knudson, Bolivia: Press and Revolution, 1932-64, Lanham, Md., 1986. <<

[23] Víctor Andrade, My Missions for Revolutionary Bolivia, 1944-62, Pittsburgh, 1975, pp. 56-73, 113-122. Memorándums del departamento de Estado fechados el 13 y el 23 de julio de 1946 indican que Washington estaba al menos hablando de utilizar el contrato del estaño como palanca política, tanto antes como después de la muerte de Villarroel. <<

[24] U. S. National Archives, 824.00/2-1246, Washington, D. C. El memorándum se mostraba evasivo en lo referente a la probabilidad relativa de los tres resultados. <<

[25] La embajada norteamericana expresó su aprobación y envió una copia de la carta de Deringer al departamento de Estado, 14 de septiembre de 1949, U. S. National Archives, 824.00/8-2749, Washington, D. C. <<

[26] Silvia Rivera, Oprimidos pero no vencidos, Ginebra, 1986. El capítulo 4 es una buena crónica de la agitación rural de 1947, aunque Rivera quizá insiste demasiado en la falta de convergencia entre los nacionalistas urbanos, el trabajo organizado y los rebeldes «indios». <<

[27] Para su apología véase general Antonio Seleme Vargas, Mi actuación en la junta militar de gobierno con el pronunciamiento revolucionario del 9 de abril de 1952, La Paz, 1969. Seleme alega (p. 86) que la causa del enfrentamiento entre el ejército y el pueblo fue que los falangistas le traicionaron en el último momento. Sugiere (p. 77) que Siles, el subjefe del MNR, ofendió a los falangistas ofreciéndoles sólo «dos o tres carteras» si se unían a la conspiración. Paz Estenssoro sirvió a las órdenes de Seleme en la guerra del Chaco y Lechín tenía acceso a él por medio de la red «siria». El veredicto de Seleme sobre la Junta es el siguiente: «Sin morderme la lengua, debo decir que varios miembros de la junta militar eran incompetentes» (p. 64). <<

[28] Véase, por ejemplo, Robert Alexander, The Bolivian National Revolution, New Brunswick, N. J., 1958. <<

[29] «Prefería el juego de dividir y equilibrar las fuerzas al ejercicio de la autoridad, indicio de una sutil vena de inseguridad que resultaba un tanto sorprendente en un hombre cuyo deseo de poder era tan evidente» (José Fellman Velarde, Historia de Bolivia, vol. 3: La bolivianidad semicolonial, La Paz, 1970, p. 373. Fellman era un colaborador muy allegado que antes había contribuido al «culto de la personalidad»; véase su Víctor Paz Estenssoro: El hombre y la revolución. La Paz, 1955, esp. pp. 268-270. <<

[30] Mensaje del Presidente de la República, 5 de agosto de 1956, p. 142. El electorado de 1956 era casi cinco veces mayor que el de 1951. El MNR recibió 787.202 votos y los falangistas, 130.669. Pero en las ciudades, y especialmente en las zonas de clase media, el gran número de votos que obtuvo la FSB conmocionó al partido gobernante. <<

[31] Benjamín I. Cordeiro, Tragedia en Indo-América, Córdoba, 1964, p. 286. <<

[32] Sobre el ala izquierda del MNR durante la fase radical de la revolución, véanse Guillermo Lora, A History of the Bolivian Labour Movement, Cambridge, 1977, y James Dunkerley, Rebellion in the Veins, Londres, 1984. <<

[33] Gary Prado Salmón, Poder y fuerzas armadas, 1949-1982, Cochabamba, 1984, p. 54. <<

[34] Rivera, Oprimidos pero no vencidos, pp. 104-105. Estas generalizaciones tienen el respaldo de una serie de estudios de casos regionales que hacen resaltar la diversidad. Rivera pertenece a una escuela moderna de interpretación que ve al MNR embarcado en un proyecto de base urbana y estilo liberal cuyo objetivo era «incorporar» al campesinado, sin tener en cuenta gran parte de sus tradiciones o aspiraciones. También insiste en usar la expresión «campesinado indio» para poner de relieve la separación étnica que los nacionalistas trataban de negar. Sin embargo, puede que subestime tanto la medida en que la reforma de 1952 se ajustaba a las circunstancias del valle de Cochabamba (ninguna medida era apropiada para todas las condiciones regionales) como el éxito del partido en la tarea de «incorporar» políticamente a una parte tan grande de la población «india». <<

[35] Entrevista del autor con Víctor Paz Estenssoro, Lima, 26 de junio de 1968. <<

[36] El apoyo estadounidense a los programas de acción cívica bolivianos empezó a finales de los años cincuenta con moneda local acumulada de las ventas de Alimentos para la Paz. «En 1958, con ayuda de los Estados Unidos… en varias regiones el gobierno había entregado todos los proyectos a los militares. Consistían en la construcción y el mantenimiento de carreteras… la construcción de escuelas; el desbrozo y el cultivo de tierras; la construcción de casas; el desarrollo comunitario… y la provisión de tratamiento médico y transporte aéreo para las regiones remotas». En 1965 sólo estaba previsto construir 156 escuelas al amparo de este presupuesto de ayuda cívica. Barrientes «usó la dedicación de tales escuelas como oportunidades para ganar seguidores políticos entre los campesinos» y consolidó su control personal sobre todos estos proyectos (Gary J. Ewell, «Effects of U. S. Military Aid on Military Intervention in Bolivia and Chile», tesis de doctorado, Universidad de Santa Clara, 1970, p. 18). <<

[37] Jorge Gallardo Lozada, De Torres a Bánzer, Buenos Aires, 1972, analiza detalladamente el equilibrio de fuerzas tanto en octubre de 1970 como en agosto de 1971. Gallardo era el ministro del Interior encargado de defender el régimen y estas memorias, en las que se justifica a sí mismo, se muestran bastante severas con Torres. Es claro que su gobierno vivía de tiempo prestado y que el radicalismo de Gallardo era la última tirada del jugador. <<

[38] Barbie llegó a Bolivia en 1951 y adquirió la nacionalidad boliviana (utilizando un nombre falso) en 1957. Empezó a destacar públicamente bajo el presidente Barrientos y fue empleado en calidad de «asesor de seguridad» después de que su amigo el general Bánzer se hiciera con el poder en 1971 (enseñó a los militares bolivianos, entre otras cosas, la utilización de la electricidad en los interrogatorios y la importancia de la supervisión médica para que las torturas se llevaran a cabo de forma eficiente). En 1978 se convirtió en consultor de seguridad del traficante de cocaína Roberto Suárez en su rivalidad con la mafia de la droga colombiana. Véase Magnus Linklater, Isabel Hilton y Neal Ascherson, The Nazi Legacy: Klaus Barbie and the International Fascist Connection, Nueva York, 1984, que también sigue la fluctuante relación de Barbie con los militares estadounidenses. Barbie fue expulsado de Bolivia en febrero de 1983 para que compareciese a juicio en Francia. <<

[39] Ibid., p. 289. <<

[40] Citado en ibid., p. 293. <<

[41] Para una explicación más analítica de este punto de vista, véanse Laurence Whitehead, «The State and Sectional Interests: The Bolivian Case», European Journal of Political Research, 3, n.º 2 (1975), pp. 115-146, y Jean-Pierre Lavaud, «La inestabilidad política de Bolivia» (1975-1982), en J. P. Deler e Y. Saint-Geours, eds., Estados y naciones en los Andes, vol. 2, Lima, 1986. <<

[*] Christopher Abel es el único autor del tratamiento del período posterior a 1982. <<

[1] Enrique Ayala Mora, Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana, Corporación Editora Nacional, TEHIS, Quito, 1994. <<

[2] En efecto, el campesinado de la costa había venido protagonizando varios levantamientos y acciones de desafío del régimen. También los trabajadores urbanos, artesanos y asalariados, así como grupos medios fueron actores del triunfo liberal y en algunos casos le dieron su sesgo de radicalidad (íbidem, pp. 72-74). <<

[3] La «sembraduría» era un sistema de cultivo de las grandes plantaciones de cacao. Un campesino (el «sembrador») recibía del terrateniente una «huerta» en que sembraba cacao hasta entregarle en producción al cabo de algunos años. Cf. Manuel Chiriboga, Jornaleros y granpropietarios en 134 años de exportación cacaotero, VESE, Quito, 1980. <<

[4] En realidad lo que fue suprimida es la prisión por deudas, eliminando con ello un mecanismo extraeconómico de presión para que los campesinos indígenas se mantuvieran ligados a la hacienda. <<

[5] Alvaro Sáenz, «Población y migraciones en los ciento cincuenta años de vida republicana», en Libro del Sesquicentenario, Corporación Editora Nacional, Quito, 1983, p. 102. <<

[6] Hay varios estudios sobre esta área: Elias Muñoz V., El 15 de noviembre de 1922, su importancia histórica y sus proyecciones, 3.a ed., Publicaciones Facultad de Ciencias Económicas, Guayaquil, 1973; INFOC, El 15 de noviembre de 1922, 2 vols., Corporación Editora Nacional, Quito, 1972. <<

[7] Cf. Wilson Miño, «La economía ecuatoriana de la gran recesión a la crisis bananera», en Enrique Ayala Mora (ed.), Nueva Historia de Ecuador, vol. X, Corporación Editora Nacional, Grijalbo, Quito, 1983, p, 37. <<

[8] Wilson Miño, «La crisis en el Ecuador», en Reseña Histórica de la Superintendencia de Bancos, Quito, 1984, p. 177. <<

[9] Luis A. Carbo, Historia monetaria y cambiaría del Ecuador, Banco Central del Ecuador, Quito, 1941, p. 140. <<

[10] Miño, op. cit., p. 173. <<

[11] Agustín Cueva. «Ecuador: 1925-1975», en América Latina, Historia de Medio Siglo, Siglo XXI Editores, México, 1977, p. 295. <<

[12] Agustín Cueva, «El Ecuador de 1925 a 1960», en Enrique Ayala Mora (ed.), Nueva Historia del Ecuador, vol. X, Corporación Editora Nacional, Grijalbo, Quito, 1983, p. 99. <<

[13] Rafael Quintero, El mito del populismo en el Ecuador, Ediciones Abya Yala, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 1998. <<

[14] Cf. Juan Maignascha y Lisa Morth, «Orígenes y mitos del velasquismo: lucha de clases y participación política en el Ecuador 1920-1972», en Rafael Quintero (ed.). La cuestión regional y el poder, Coporación Editora Nacional, Flacso, Cerlac, Quito, 1991, p. 89. <<

[15] Enrique Ayala, Los partidos políticos en el Ecuador. Síntesis histórica, Ediciones La Tierra, Quito, 1986. <<

[16] Una obra fundamental publicada, póstumamente, en 1918, y reeditada con posterioridad, es la de Alfredo Espinosa Tamayo, Psicología y sociología del pueblo ecuatoriano, Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano, vol. 2. Quito, Banco Central del Ecuador - Corporación Editora Nacional, 1979. <<

[17] Pió Jaramillo Alvarado, El Indio Ecuatoriano (editado en 1922-25), Quito, Corporación Editora Nacional, 1983 <<

[18] Leopoldo Benítez Vinueza, Ecuador, drama y paradoja (editado en 1950), Quito, Banco Central del Ecuador - Corporación Editora Nacional, 1988. <<

[19] Jaime Galarza, El festín del petróleo, Editorial AC, Quito, 1981. <<

[20] El 28 de mayo, balance de una revolución popular. Documentos para la Historia, Talleres Gráficos Nacionales, Quito, 1946. <<

[21] Cf. Miño Grijalva, «La economía ecuatoriana de la gran recesión a la crisis bananera», (véase nota 7), p. 61. <<

[22] Carlos Larrea, «Las empresas transnacionales y la economía ecuatoriana durante el período bananero», en Libro del Sesquicentenario, vol. III, Economía. Ecuador 1830-1890, primera parte. Corporación Editora Nacional, 1983. <<

[23] Fernando Velasco, Ecuador: subdesarrollo y dependencia. Editorial El Conejo, Quito, 1981, pp. 195-196. <<

[24] Junta Nacional de Planificación, Plan General de Desarrollo Económico y Social, tomo I, libro I, Quito, 1963, p. 68. <<

[25] Osvaldo Hurtado, El poder político en el Ecuador, Universidad Católica del Ecuador. Quito, 1977. <<

[26] José Moneada, La economía ecuatoriana en el siglo XX, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Central, Quito, 1980, p. 47. <<

[27] Agustín Cueva, El proceso de dominación política en el Ecuador, Editorial A. C. E., Quito, 1981, p. 70. <<

[28] Galo Plaza Lasso, hijo del presidente liberal Leónidas Plaza, nació en Nueva York en 1906. Fue educado en los Estados Unidos, en donde vivió largos períodos. Plaza hizo pública muchas veces su admiración por el estilo norteamericano y respaldó activamente la política exterior de los Estados Unidos. <<

[29] Agustín Cueva, «El Ecuador de 1925 a 1960», p. 118. <<

[30] Fernando Velasco, Ecuador: subdesarrollo y dependencia, p. 210. <<

[31] Ayala, Los partidos políticos en el Ecuador, síntesis histórica, p. 36. <<

[32] Philip Agge, Inside the Company: CIA Diary, Penguin Books, Ltd., Harmondsworth. 1975. <<

[33] Los miembros de la Junta Militar fueron: contralmirante Ramón Castro Jijón (presidente), general Luis Cabrera Sevilla, general Marco Gándara Enríquez y coronel Guillermo Freiré Posso. <<

[34] Agustín Cueva, Ecuador 1925 a 1975, p. 308. <<

[35] Originalmente el «Grupo Andino» estuvo formado por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Venezuela ingresó más tarde. Chile lo abandonó. <<

[36] La llamada Decisión 24 de la Junta del Acuerdo de Cartagena. <<

[37] Osvaldo Hurtado, «El proceso político contemporáneo», en Política y sociedad, Ecuador 1830-1980. Libro del Sesquicentenario, vol. I, Coporación Editora Nacional, Quito. 1980. <<

[38] José Moneada, Capitalismo y subdesarrollo ecuatoriano en el siglo XX, Quito, 1982. <<

[39] Alberto Acosta, «Rasgos dominantes del crecimiento ecuatoriano en las últimas décadas», en Ecuador: el mito del desarrollo. Editorial El Conejo, Quito, 1982, pp. 57-58. <<

[40] Iván Fernández, «Estado y clases sociales en la década del sesenta», en El mito del desarrollo, p. 68. <<

[41] Patricio Moncayo, Grietas en la dominación, Quito, 1977, p. 98. <<

[42] Gobierno del Ecuador, Filosofía y Plan de Acción del Gobierno Revolucionario y Nacionalista del Ecuador, Quito, 1972. <<

[43] Nelson Argones, El juego del poder. De Rodríguez Lara a Febres Cordero, Quito, Corporación Editora Nacional, INFOC, 1985. p. 27. <<

[44] Los miembros del Consejo fueron: almirante Alfredo Poveda Burbano (presidente), general Guillermo Duran Arcentales y brigadier Luis Leoro Franco. <<

[45] Jorge Dávila Loor, El FUT: trayectoria y perspectivas, Quito, Corporación Editora Nacional, 1995, pp 57-172. <<

[46] Víctor Granda Aguilar, La masacre de AZTRA, Cuenca, Universidad de Cuenca, 1979. <<

[47] Eduardo Santos Alvite y Mariana Mora, Ecuador, la década de los ochenta. Crisis económica y ensayo neoliberal, Quito, Corporación Editora Nacional, 1987, p. 83. <<

[48] En 1980, el 8,9 por 100 del Presupuesto General del Estado se destinaba al pago de la deuda externa. En 1987 la proporción subió al 27,3 por 100 (Alberto Acosta, La deuda eterna. Quito, Grupo de Trabajo sobre Deuda Externa y Desarrollo, 1990, p. 347). En los años finales de la década de los noventa, se ha destinado sobre el 40 por 100 del presupuesto para el pago de la deuda externa. <<

[49] En un estudio sobre las medidas de ajuste y la crisis, Ana Lucía Armijos y Marco Flores destacan este hecho, subrayando que las medidas han tenido una perspectiva muy coyuntural, sin la continuidad que permita ver sus resultados a medio plazo. Cf. Rosemary Thorp, et al.. Las crisis en el Ecuador, los treinta y los ochenta, Quito, Corporación Editora Nacional, 1991. <<

[50] Cfr. Salvador Marconi R., Macroeconomía y economía política en dolarización, Quito, UASB. ILDIS. Abya Yala, 2001. <<

[51] Durante los noventa varios bancos llegaron a situaciones de imposibilidad de pagos, debido fundamentalmente a la concentración de créditos a sus principales accionistas. En algunos casos han sobrevivido gracias a enormes sumas proporcionadas por el Banco Central y el gobierno. En otros, las quiebras han sido pagadas por el dinero público, mientras sus dueños y directivos lograron salir del país. <<

[52] Es importante anotar, sin embargo, que la DP ha expresado, aun ideológicamente, su giro neoliberal y su intención de articular una alianza de largo plazo con la derecha; en tanto que la ID, una vez fuera del poder, ha recobrado su discurso progresista. <<

[53] Simón Pachano, La sociedad imperceptible. Rosemary Thorp et al., Las crisis en el Ecuador, los treinta y los ochenta, p. 254. <<

[54] Enrique Ayala Mora, Resumen de Historia del Ecuador, Quito, Corporación Editora Nacional, 1999, p. 119 <<

[55] La reforma integral de la Constitución que se realizó en la Asamblea Constituyente en 1998, recogió muchas demandas de los sectores sociales del país y consagró el principio de la unidad en la diversidad. (Cf. República del Ecuador, Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República del Ecuador, Quito, Registro Oficial, 1998). <<

[56] Germánico Salgado Peñaherrera, El Grupo Andino de hoy, eslabón hacia la integración sudamericana, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar - Corporación Editora Nacional, 1988. <<

[57] El enfrentamiento se dio en la zona en donde la frontera no había sido delimitada por el Protocolo de Río de Janeiro. Un precario acuerdo de división de fuerzas que se había mantenido por años, se rompió con un incidente de frontera y provocó el conflicto. (Cfr. Enrique Ayala Mora, Ecuador-Perú: historia del conflicto y de la paz, Quito, Planeta, 1999). <<

[58] Por años, agentes económicos privados nacionales y extranjeros domiciliados en el Ecuador contrajeron en el exterior una abultada deuda. Cuando se produjo la acelerada devaluación, con el argumento de que había que «salvar» la economía nacional, lograron que el gobierno convirtiera esas deudas adquiridas en dólares, en deudas en sucres con intereses más bajos que los corrientes. Así se «sucretizó» la deuda privada, que pasó a formar parte de la deuda externa pública. El Banco Central se vio obligado a realizar este macrosubsídio a poderosos grupos económicos y personas con grandes riquezas, sin que se averiguara si esos fondos se invirtieron productivamente en el país, o si fueron destinados a la especulación o compra de bienes en el exterior, como sucedió en buena parte de los casos. <<

[59] El propio presidente Hurtado destaca, en una de sus obras, que los sectores empresariales le hicieron fuerte y cerrada oposición. «Todo esto —dice— a pesar de que, gracias a la “sucretización” y a la revalorización de activos acordada por mi gobierno, fueron salvados de la quiebra empresarios que se habían endeudado a corto plazo en dólares con una irresponsabilidad mayor que la del estado». Si los empresarios no debían protestar contra su gobierno, «la protesta popular conducida por el FUT, en cambio, tuvo justificables motivos sociales». (Osvaldo Hurtado, Política democrática, los últimos veinte años, Quito, Corporación Editora Nacional/FESO, 1990, pp. 136, 137). <<

[60] Se denunciaron repetidos actos de tortura, desaparición de personas e inclusive la participación de asesinos extranjeros profesionales en la represión. En ese entonces Ecuador llegó a ser por primera vez mencionado por Amnesty International como un país donde se violaban sistemáticamente los derechos humanos. <<

[61] Luego de su insurrección. Vargas fue apresado. El Congreso dictó en septiembre de 1986 una amnistía para él y para el líder del PRE, Abdalá Bucaram, a quien el régimen había enjuiciado. El gobierno no cumplió la resolución. En enero de 1987, el presidente fue secuestrado en Taura por soldados de la Fuerza Aérea, que lo obligaron en forma humillante a disponer la libertad de Vargas. De vuelta a sus funciones, Febres Cordero ordenó la prisión de sus captores. <<

[62] Cf. Blasco Peaherrera, El viernes negro. Antes y después de Taura, Quito, El Conejo/Grijalbo, 1988. <<

[63] El gobierno negoció que el movimiento «Alfaro Vive» dejara las armas, procuró eliminar procedimientos policiales de abuso y tortura, aunque en este punto sólo tuvo un éxito parcial. <<

[64] Debe aclararse, sin embargo, que las honorabilidad personal del presidente Rodrigo Borja nunca fue puesta en duda. Entre varios, quizá el caso más sonado de corrupción fue el del ministro de Finanzas Pablo Better, que luego de dejar sus funciones fue censurado por el Congreso con la votación más alta de la historia del país (Cf. Antonio Andrade Cassanello, Censura de un atraco. Juicio político a Pablo Better, ex-ministro de Finanzas, Quito, 1994). <<

[65] El gobierno afrontó una situación de enfrentamiento con el Perú, que gracias a las gestiones del presidente y del canciller Diego Cordovez devino en un clima de entendimiento que dio paso al intento de arreglo que se cristalizó al final de la década. (Cfr. Diego Cordovez, Nuestra propuesta inconclusa. Ecuador-Perú: del inmovilismo al acuerdo de Brasilia, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2000). <<

[66] Los soldados ecuatorianos, dirigidos por los generales José Gallardo y Paco Moncayo, defendieron sus posiciones ante fuerzas peruanas superiores en número. Lograron también éxitos en enfrentamientos aéreos. Durante el conflicto, la base Tiwintza en la cabecera del Cenepa, se transformó en un símbolo de la resistencia ecuatoriana (Cf. Luis Hernández, La guerra del Cenepa. Diario de un comandante. Quito, Corporación Editora Nacional, 1997). <<

[67] El mismo 5 de febrero, Alarcón, que era presidente del Congreso, fue designado presidente interino. Sin embargo, para que pudiera hacerse cargo del mando fue necesario que se cumplieran algunas formalidades, entre ellas el encargo del poder por dos días a la vicepresidenta Rosalía Arteaga. <<

[68] La Asamblea funcionó por cuatro meses. En ese tiempo, sin duda corto, reformó la mayor parte del articulado de la Constitución aprobada en 1978. La Asamblea promovió la participación de amplios grupos sociales, buena parte de cuyas demandas se recogieron en el texto constitucional. <<

[69] Los puntos controvertidos de la frontera fueron definidos por los países garantes, previa consulta a comisiones técnicas, y el compromiso de ambos países, expresado por sus respectivos congresos, de que acatarían su pronunciamiento. Los garantes dieron la razón al Perú en el punto más conflictivo. Al fijar la frontera en la cumbre de la cordillera del Cóndor, le entregaron la cabecera del rio Cenepa, aunque determinaron que el Ecuador tendría en propiedad un kilómetro cuadrado en Tiwintza. El tratado de comercio ratificó el derecho del Ecuador a la libre navegación por el Marañón y sus afluentes septentrionales y le concedió dos establecimientos comerciales en las riberas de ese río. Un tratado especial promueve la integración fronteriza y otro las medidas de confianza entre los dos países (Cf. Enrique Ayala Mora, Ecuador-Perú: historia del conflicto y de la paz, pp 33-40). <<

[1] B. S. McBeth, Juan Vicente Gómez and the Oil Companies in Venezuela, 1908-1935, Cambridge, 1983, p. 65. <<

[2] Las actividades de Betancourt con el Partido Comunista de Costa Rica han dado pábulo a polémicas. Para dos estudios recientes de esta etapa de su vida, véanse Alejandro Gómez, Rómulo Betancourt y el Partido Comunista de Costa Rica: 1931-1935, Caracas, 1985, y Arturo Sosa A. y Eloi Lengrand, Del garibaldismo estudiantil a la izquierda criolla, Caracas, 1981. <<

[3] Alian R. Brewer-Carías, Las constituciones de Venezuela, Madrid, 1985, p. 97. <<

[4] Véase la serie de libros cuya edición estuvo a cargo de Agustín Blanco Muñoz, Testimonios violentos, 8 volúmenes, Caracas, 1980-1983. <<

[5] José Antonio Gil, «Entrepreneurs and Regime Consolidation», en John Martz y David Myers, eds., Venezuela, the Democratic Exper lene e, Nueva York, 1977, p. 154; Enrique Baloyra, «Public Attitudes toward the Democratic Regime», en ibid., p. 49. <<