Varios Autores

LOS GRANDES ENIGMAS DE LA ESPAÑA CONTEMPORANEA 05

Presentados por JAIME JEREZ

con la colaboración de

Marcos Sanz Agüero,

Rafael Burgaleta,

Rodolfo Eimers y

Ángeles Toharia

Introducción

Los acontecimientos españoles siguen la marcha inevitable señalada por los determinantes históricos. En los últimos cien años se registra en España un fenómeno que toma caracteres de le/ matemática: Ninguna situación liberal o progresista («de izquierdas», diríamos hoy) consiguen mantenerse en el poder por más de dos años: los «mal llamados años» que siguieron al levantamiento de Riego en Cabezas de San Juan, el año 1820; la administración de Mendizábal, en 1835; la regencia de Espartero, en 1841; su nuevo gobierno, en 1851, crearían una tradición que, salvo la excepción representada por el movimiento de 1868 (cuyas secuelas se prolongarían hasta 1874), se mantendría hasta el advenimiento del estallido terrible de 1936. El clásico movimiento pendular que regía los vaivenes de la política española, hubiera permitido predecir el acceso al poder, en 1933, de un gobierno reaccionario, después del bienio azañista. Advino, en efecto, el «tándem» Lerroux-Gil Robles, el cual, con su miopía y torpeza políticas, en vez de ser un muro de contención opuesto a lo que algunos espíritus clarividentes predecían como inevitable (a lo que parecía obligarles su etiqueta de «conservadores»), no hicieron sino coadyuvar a que los acontecimientos se precipitasen.

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Una fisura, en apariencia irreparable por los medios ordinarios, va deteriorando, cada vez más ancha y profunda, la estructura socio-política del país. La tensión entre las fuerzas antagonistas llegaría al punto de ruptura, en julio de 1936. Pero los términos del fatal conflicto habían quedado ya definitivamente configurados casi dos años antes, en el otoño de 1934. Las dos pesadillas de la política hispana en los tres primeros decenios del siglo, el separatismo catalán y la nunca resuelta «cuestión social», dejarían de ser, en el Octubre Rojo, meros peligros potenciales, para convertirse en realidades tangibles. A partir de aquellos sucesos, quedarían los campos delimitados y definidos sus objetivos. Hoy está de moda el término «guerra fría». Puede afirmarse que, desde el ardiente sarpullido del Octubre Rojo de 1934 hasta la tremenda explosión de julio de 1936, España vivió en estado de fría guerra civil.

Todos aquellos hechos que vienen a demostrar el estado de descomposición a que ha llegado un pueblo, resultan aciagos; máxime si acarrean efusión de sangre. Pero en octubre de 1934, mientras los sucesos de Asturias alcanzaban caracteres de trágica grandeza, en el movimiento catalán se registraban ciertos visos de farsa cómica: Las hondas fuerzas sociales que removían el subsuelo nacional demostraban su auténtica pujanza; el separatismo catalán, lo mucho que siempre hubo en él de artificiosa lucubración literaria.

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¿Cómo reaccionaron los gobernantes del «Bienio Negro» ante la seria premonición de los sucesos de Octubre? Gil Robles y su C.E.D.A., arbitrando remedios de urgencia, sólo eficaces a breve plazo. Los secuaces de Lerroux, empecinándose hasta las corvas en un lodazal de inmoralidades que harían inviable para el futuro cualquier solución política de centro-derecha que pudiera servir de valladar a la revolución amenazante. Herencia de aquel lamentable período es una palabra: «Estraperlo».

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Las jóvenes generaciones, situadas un poco de espaldas a la Guerra Civil (al igual que los jóvenes alemanes, franceses o británicos muestran poco interés por la Segunda Guerra Mundial), desconocen las circunstancias y clima que concurrieron en los sucesos más importantes de toda la Historia española contemporánea. En el sereno ambiente de los tiempos de paz, no resultan explicables ciertos hechos que se producen, como naturales flores del mal, en una situación de guerra (mucho más si ésta es civil). En la monografía que dedicamos a la muerte de García Lorca intentamos simbolizar en el gran poeta desaparecido a todas las víctimas inocentes de nuestra Guerra Civil, caídas más bien por influencia de un hado maléfico que por la voluntad de los hombres.

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En la zona nacional se llegaría muy pronto a una perfecta unidad en el mando, en las tácticas y en los objetivos de la guerra. La retaguardia republicana se presentó, en cambio, a lo largo de los tres años de lucha, como un mosaico de tendencias, muchas veces contrapuestas. Las radios y periódicos hacían continuos llamamientos a la unidad; prueba evidente de que la unidad era precisamente lo que más se notaba a faltar. Entre las facciones había dos niños terribles: los anarquistas y los neo-trotskistas del P.O.U.M. El Partido Comunista, cada vez más influyente, no sentía gran simpatía por los anarquistas; pero el propio peso específico de éstos los defendían de las zancadillas y acechanzas que pudieran intentar los stalinistas españoles. El P.O.U.M., en cambio, era un grupo minoritario; y además, las consignas de Moscú eran terminantes: había que terminar, por todos los medios, con el rebrote del supuesto trotskismo español. Su jefe, Andrés Nin, sería la víctima de una «purga» realizada de acuerdo con los clásicos métodos concebidos por la mente tenebrosa del implacable «padrecito» Stalin.

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Con las cuatro monografías incluidas en el presente volumen, cerramos nuestra serie de GRANDES ENIGMAS DE LA ESPAÑA CONTEMPORANEA. Los acontecimientos ocurridos después de la Guerra Civil aún no son Historia. Todavía forman parte de nuestra vida cotidiana.

Jaime JEREZ

Octubre de 1934:

Cataluña y Asturias

Habían transcurrido algo más de tres años desde que la IIª República española, la en un principio esplendorosa y limpia «niña bonita», se instaurase en una España que aún no había perdido la esperanza de encontrarse a sí misma. Aquella llegada, a la par temida y soñada, supuso el hallazgo de un camino cuasi revolucionario, ya que, a pesar del carácter burgués de la llamada conjunción republicano-socialista, el nuevo régimen significaba, de fado, la incorporación al poder de las clases medias, históricamente ignoradas en el seno de una monarquía oligárquica y caciquil. La almohada política que vino a ser el Pacto de San Sebastián, aseguró el cambio de régimen sin quebrantos. Pero la entusiástica República heredaba una España difícil; y, por lo demás, el relevóse efectuaba en una encrucijada internacional sobremanera erizada de problemas. Tras la prosperidad de los años veinte, preludio de la crisis económica, el mundo se ensombreció con el «crack» del 29. La España de 1931 venía, pues, a ser también partícipe de un desastre a nivel mundial. El acuciante problema social; la durante tanto tiempo demorada reforma agraria; la cuestión de los nacionalismos catalán y vasco, se erigían, ante los ojos de unos políticos embriagados de futuro, como altísimos valladares a franquear. Las derechas, asustadas y tímidas en los momentos iniciales, fueron paulatinamente recobrándose. La Confederación Española de Derechas Autónomas (C.E.D.A.), de la mano de un político recién nacido a la vida pública, José María Gil Robles, había acabado por convertirse en la minoría más potente del Parlamento, tras de unas elecciones de 1933, a las cuales las izquierdas se presentaron dormidas, presas del fraccionamiento y aun de la desgana.

El año 1934 es, como 1898, como 1909, como 1917, como 1924 y 1931, una fecha de la España contemporánea que sólo se puede definir recurriendo a una expresión muy manoseada: crisis nacional. Una crisis que antecede a otra de mucho más trágico y doloroso recuerdo: 1936, No en balde, Octubre de 1934 representa el primer intento realmente sincronizado de una revolución social en España. Las claves histórico-políticas del llamado «Octubre Rojo» hay que buscarlas en la alianza radicalcedista que protagoniza el «bienio negro», y en la actitud del Partido Socialista que había derivado, desde el reformismo parlamentarista de sus fundadores hasta la posición revolucionaria de los hombres que llevaban su dirección en 1934. Los puntos «anecdóticos» de la crisis se sitúan geográficamente en Asturias, por un lado, y Cataluña por otro. Revolución desde abajo en el primer caso; desde arriba en el segundo.

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El tema del nacionalismo catalán en su génesis y evolución hasta llegar a 1931, ha sido tratado en otro lugar, de modo que no es necesario volver sobre él [1]. La llegada de la República supuso un giro de ciento ochenta grados en el planteamiento de la histórica cuestión. Francisco Maciá, un antiguo coronel de infantería, idealista como un Don Quijote y dotado de un carisma público en Cataluña que rebasaba todos los límites de lo concebible, implantó, en 1931, el gobierno de la Generalidad, nombrando, incluso, ministros. Toda vez que lo convenido en San Sebastián era la convocatoria de unas Cortes Constituyentes que decidieran respecto de la autonomía, el hecho consumado llevó a una serie prolongada de desavenencias entre el Gobierno Central y Maciá, que, tras algunos incidentes, lograron resolverse felizmente [2]. En 1933, el «Avi» Maciá dejaba el mundo de los vivos y Luis Companys le sucedía en la presidencia de la Generalidad.

Companys se hallaba, por aquel entonces, en la cúspide de su madurez política. Antiguo pasante de Layret, defensor, él también, de los anarquistas barceloneses, deportado en más de una ocasión, conocedor activo de los entresijos de la vida sindical y política de la Ciudad Condal, Companys, hombre de confianza de Maciá, había organizado en 1920 a los «rabassaires», masas agrarias hasta entonces apolíticas, y a las que el líder llevó, de modo definitivo, por los caminos de un radical izquierdismo. La postura de la Esquerra (rebasada, en las elecciones de 1933 por la Lliga, su adversaria conservadora; hecho éste debido primordial mente a la abstención anarquista) con respecto al problema agrario estaba clara: Companys necesitaba defender los intereses de sus amigos «rabassaires», que constituían una fuerza política muy a tener en cuenta. Con este fin, el gobierno de la Generalidad promulgó, el 22 de febrero de 1934, la Ley de Contratos de Cultivo. Esta ley vendría a ser el caballo de batalla de una polémica entre Cataluña y el Gobierno Central, y el pretexto que desencadenó la fugaz experiencia revolucionaria del Octubre catalán. La historia de este pleito constituye la génesis y la causa directa de lo acontecido más tarde; se trata de unos hechos escasos de interés, tan monótonos como el legajo de un pleito judicial, pero sobremanera significativos; porque, en última instancia, vienen a ser como un espejo donde se refleja fielmente el estado de la política española, sus tendencias, sus antagonismos, sus enfrentamientos, con todo el colorido verbal de un parlamentarismo que, por su desprecio a las fórmulas de cortesía, nos recuerda las explosivas sesiones de la Convención revolucionaria francesa de los años 1793.

Los «rabassaires» no eran, como alguien ha dicho, pequeños propietarios rivales. Se trataba de un tipo especial de aparceros, cuyas relaciones con el propietario se hallaban reguladas por una costumbre ancestral: Los productos de la cosecha se repartían de acuerdo con los pactos convenidos, pero, desde algún tiempo atrás, la situación de los arrendatarios se había tornado difícil, La razón de ello es harto sencilla: la vigencia del contrato se basaba en el período de vida de las cepas («rabassas»);; el régimen contractual entre arrendatario / propietario estipulaba que las tierras regresaban a manos de sus dueños cuando las tres cuartas partes de las cepas hubiesen dejado de producir. En el lenguaje propio de los rabassaires «rabassa morta» significaba el fin del contrato. Expertos en el cuidado de sus intereses, los campesinos habían logrado verdaderos prodigios con la vida de las cepas, prolongándola, en la mayoría de los casos, a la inusitada edad de cincuenta años. Aquella sazonada experiencia proporcionaba un tranquilizador margen de seguridad a los cultivadores, al tiempo que la dilatada vida productiva de las cepas les compensaba por los años de trabajo sin fruto que precisaban las viñas, para alcanzar la cota de su madurez, y durante los cuales todos los gastos corrían sin otra compensación que una esperanza de beneficios para el futuro, por cuenta del arrendatario.

La terrible plaga de filoxera, sobrevenida en el último tercio del siglo XIX, cambió aquel estado de cosas. Las antiguas cepas hubieron de ser sustituidas por plantas de nuevo tipo, que requerían minuciosos cuidados e injertos, y cuyo período normal de vida se venía a cifrar, pese a los esfuerzos desesperados de los «rabassaires», en veinticinco años. Ello significaba más gastos y un tiempo mucho más corto para amortizarlos. Pero las fórmulas contractuales permanecieron estancadas. Mientras los precios en el mercado de vinos se mantuvieron altos, la situación de los «rabassaires» se mantuvo soportable; pero por los años veinte la cotización descendió de golpe. Es el momento en que surge la figura de Companys, que logra vencer las instintivas tendencias individualistas del payés catalán y organizar un bien articulado movimiento cooperativista, que en muchos casos logró dominar las fluctuaciones en el mercado de vinos, mediante una inteligente política de compra e inmovilización de los excedentes vinícolas.

Con el tiempo, aquellas cooperativas se convertirían en la poderosa «Unió de Rabassaires» [3].

Companys, ya en los tiempos que antecedieron inmediatamente a la proclamación de la República, logró atraer a los «rabassaires» a sus filas: a cambio de votos, la Esquerra se comprometía a defender los intereses campesinos. El pacto distaba mucho de significar una alianza en rigor; los rabassaires no profesaban una actitud política uniforme; muchos de ellos se hallaban afiliados como miembros activos de la C.N.T, y a la U.G.T., e incluso los había de marcada tendencia derechista y tradicionalista; pero en ellos (rasgo muy catalán) los intereses materiales se sobreponían a las ideas.

Tras el fracaso de la Esquerra en las elecciones de noviembre de 1933 (la Lliga llevó al Parlamento de Madrid 23 diputados, contra 19 «esquerristas»), la izquierda catalana logró rehacer sus fuerzas. Hay que tener en cuenta que en la Cámara local de Barcelona, frente a una mayoría de setenta y tantos representantes «esquerristas», la oposición estaba representada por una media docena escasa de diputados «Higueros» (que además, se retiraron del Salón de Sesiones como acto de protesta cuando el gobierno de la Generalidad presentó su proyecto de Ley de Contratos de Cultivo). La situación jurídica de los arrendatarios había llegado a su punto más crítico, y para la Esquerra era llegado el momento de pagar la factura. En tales circunstancias, el 22 de febrero de 1934, el Parlamento catalán aprueba la referida Ley de Contratos de Cultivo. Las bases de dicha ley eran, en resumen, las siguientes:

1° El plazo de los contratos de arrendamiento no podría ser nunca inferior a seis años, prorrogables de año en año, salvo expresa renuncia del cultivador.

2° El propietario sólo podría desahuciar al aparcero por falta de pago, por deficiencias en el cultivo de las tierras o en el caso de que él, o sus familiares, decidieran explotarlas por si mismos.

3° El propietario quedaba obligado a pagar al cultivador, al término del contrato, las mejoras hechas en la finca.

4° La transferencia de la propiedad no sería causa de interrupción del contrato.

5º Quedaba establecida la revisión periódica en las condiciones del arrendamiento, a petición de cualquiera de las partes.

6° El arrendatario tendría derecho a comprar la tierra después de dieciocho años de cultivarla, así como el tanteo y retracto si el propietario vendía la finca.

7° La «rabassa morta», de causa rescisoria, se convertía en censo enfitéutico, redimible a voluntad del rabassaire.

8° Quedaba constituido el tribunal arbitral paritario, formado por representantes de los propietarios y de los cultivadores.

La aprobación de la ley originó un movimiento de reacción en cadena, entre las dos derechas catalanistas y los propietarios adscritos al Instituto Agrícola de San Isidro. La ley, que tan claramente favorecía los intereses de los rabassaires, levantaba una tempestad de protesta. Se argüía que la ley había sido catapultada por Companys con fines «artificiales» y «políticos», y se la consideraba un a modo de cartel de desafío lanzado provocativamente a las barbas de los terratenientes. Según los portavoces de los dueños de la tierra: «un alud vandálico e inmoral trata de destruir los derechos de la propiedad». Los hacendados, que no habían logrado contra la irrefrenable Esquerra evitar la aprobación del proyecto en el Parlamento catalán, hubieron de recurrir al Gobierno Central, como último eslabón en su resistencia y primero en el proceso crítico-jurídico. En realidad, vistas las cosas con ponderación y desde el punto de mira de los tiempos actuales, debe reconocerse que la ley no revestía visos excesivamente revolucionarios: el fallo del Tribunal resultaba, pues, fácilmente previsible. Ya resultaban sospechosas las modificaciones introducidas en la composición del Tribunal de Garantías, poco antes de que éste se dispusiera a fallar en la cuestión de competencias interpuesta por el Gobierno: Don Lorenzo Gallardo era nombrado Fiscal de la República sustituyendo al menos derechista Antonio Marsá.

El l.° de junio se reúne el Tribunal en la Sala de Plenos del Supremo. Reina un ambiente de palpitante expectación. La crítica situación del gobierno Samper confiere al trance —ya de por sí impregnado de una fuerte carga emocional, como desde tiempo atrás todas las cuestiones referentes a Cataluña— una importancia decisiva. La Generalidad, por boca del jurista Amadeo Hurtado, se opone al recurso, estimando que había sido presentado fuera de plazo. Pero la primera escaramuza se cierra para la Generalidad de Cataluña con un saldo negativo: el día 5, el Tribunal de Garantías Constitucionales acuerda, por 18 votos contra 5, «considerar interpuesto dentro del plazo legal el recurso del Gobierno».

Tres días después, el Tribunal dicta el fallo definitivo: «Este Tribunal debe declarar y declara nula esta ley y todos los actos de ejecución de la misma.»

¿Cuáles eran las razones de derecho que justificaban la sentencia? Como se sabe, la base del pleito, desde la posición gubernamental, estribaba en delimitar el alcance del artículo 15 de la Constitución. En pocas palabras, la pregunta venía a ser esta: ¿Tenía Cataluña, como región autónoma, y según el texto constitucional, derecho a votar una ley como la de Contratos de Cultivo? El Tribunal de Garantías estimaba que no, porque «la Ley de Cultivos corresponde a las materias reservadas al Estado español por el artículo 15 de la Constitución». Y ello, en virtud de que «la legislación social se atribuye al Estado sin reservas en la Constitución, y la nueva ley tiene un carácter marcadamente social». Cataluña, por su parte, argüía que la ley referíase a un punto de Derecho Civil, y que, por lo tanto, se hallaba plenamente capacitada para dictar normas en relación con él. El problema estaba rodeado, en su aspecto jurídico, de cierta penumbra. Pero las apariencias legales no hacían sino enmascarar un conflicto más hondo: Si se negaba a Cataluña la libertad de legislar sobre sus propios y circunstanciales problemas, el Estatuto se convertía en una inoperante mascarada. Wenceslao Fernández Flórez, nada sospechoso de simpatías hacia la Generalidad, pero siempre tan incisivo y agudo, podría escribir a este respecto: «La primera verdad en este asunto es que, otorgada la autonomía a una región, no es posible negarle el derecho a legislar sobre sus problemas peculiares específicos, que son el acento de su carácter y que tienen una fuerza esencial poderosa, como la de aquella que se refiere a la propiedad de la tierra.»

La respuesta negativa del Tribunal colocaba a la Esquerra frente a un grave dilema: aceptar que los propietarios, contrariados en sus intereses, pudieran hacer valer sus influencias sobre un Gobierno Central de clara tendencia derechista, o inflamar las pasiones, emocionalizar el conflicto hasta los más extremosos límites. La primera opción resultaba imposible; ¿cómo ceder ante la presión ejercida por los miembros del Instituto Agrícola de San Isidro, y ante el apoyo que a éstos prestaba el Gobierno Samper? Lo único que entraba dentro de la lógica era recoger el guante. Ello llevaba implícito abandonar la vía de una negociación, más o menos contemporizadora. Y tal intransigencia significaba, a su vez, provocar una situación pre-revolucionaria.

¿Tardaría mucho Barcelona en responder, siquiera fuese verbalmente, a la decisión del Tribunal? Poco se hizo esperar la contestación. Aquel mismo día, Luis Companys pedía, desde las antenas de Radio Barcelona, confianza y orden: «Tened confianza en el Gobierno de Cataluña. La consigna de hoy es orden y serenidad, disciplina!» Los periódicos publicaban dibujos ilustrativos de la recién nacida tensión; vienen a ser alegorías de un posible enfrentamiento, daros símbolos de una honda hostilidad: El pueblo, envuelto en una bandera catalana, hoces y guadañas en mano, avanza, implacablemente resuelto, hacia su «liberación». Todo aquello no resultaba nuevo bajo el sol español.

La crónica de los meses que se sucedan en adelante constituirá la historia de una frustración: la frustración de un posible entendimiento entre el contemporizador Samper, aprisionado por sus compromisos con la derecha, y una Esquerra apegada, desde el primero hasta casi el último día, a sus iniciales argumentos.

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Ricardo Samper encarnó en el conflicto el áspero papel de árbitro. Y lo hizo con una paciencia, e incluso con una ingenuidad sorprendentes. Ya desde los primeros días proclamó a los cuatro vientos su confianza en hallar una fórmula conciliatoria. Estas fueron sus palabras: «Si el Parlamento catalán vuelve a examinar la ley y la modifica en alguno de sus extremos, se habrá logrado una solución favorable para todos.» ¿Cómo resultaba posible volver sobre aspectos de la ley, cuando lo que en realidad se había discutido —la capacidad o incapacidad de la Generalidad para dictarla— se hallaba muy por encima de su contenido? Ello constituía una contradicción que no tardaría en ser revelada por el mismo Companys.

A los pocos días, aparece en escena otro protagonista: el Parlamento catalán. Reunido en pleno, pero ausente la oposición de la Lliga, vota una ley calcada de la anterior. El ambiente se iba cargando. Aquel día, los rabassaires, formados a la puerta del Parlamento en multitud vociferante, blandían sus hoces con aire combativo, mientras entonaban las estrofas de «Els Segadors». En el salón de sesiones reinaba el ambiente de los días históricos. Companys, convertido en la figura central, concluyó su intervención en medio de un entusiasmo delirante. Poseían sus palabras la tangible seguridad de quien se siente respaldado por las multitudes enardecidas. «Si el Parlamento catalán —dijo—, ratifica la actitud de su Gobierno, éste hará cumplir la ley. Y si no la aprueba, dimitiremos. Nuestro pueblo, en vista de lo que ocurre, ha dicho: ¡basta! Se nos plantea el problema de si las libertades de Cataluña pueden correr peligro porque se haya apoderado de la política de la República todo lo viejo y podrido que había en la vida española.» Aquello no era sino la expresión de! fundado temor de las izquierdas ante el asalto a «su» República. En medio de aquel miedo, se atacaba frontalmente a los representantes legales de la propia República. Cataluña, una vez más, se alzaba en pie de guerra. Y en tal ocasión, su levantamiento, más que una defensa de sus derechos, —por demás harto problemáticos—, significaba el primer gesto de rebeldía contra lo que luego, cuando entró la C.E.D.A. en el poder, llamaría Miguel Maura «la República desfigurada».

La Esquerra, con la vía libre tras la retirada de los diputados de la Lliga, aprobó en el Parlamento catalán la nueva ley, que se asemejaba a la anterior al igual que se parecen dos gotas de agua entre sí. La decisión había sido unánime. Aquella toma de posición era ratificada en Madrid aquel mismo día 12. Santaló, portavoz de los diputados de la Esquerra, anuncia en el Congreso su retirada inmediata. Con palabras, sin duda estudiadas, traza esquemáticamente las líneas del futuro: «Si no se ha colmado vuestra resistencia para la lucha, se ha colmado nuestra paciencia para seguir en estos escaños, que abandonamos a satisfacción de nuestros electores y de nuestra conciencia.» El frente, pues, había modificado su posición: La batalla proseguirá, pues, no ya en el espacio cerrado del Congreso, sino en la calle. José Antonio Aguirre, hermano en la lucha, dados los parecidos intereses regionales, se solidariza con los catalanes y, en nombre de la minoría vasca, abandona también el Congreso. Frente a la nueva situación, Samper permanecía inalterable en sus argumentos, en su búsqueda de una concordia, con un empeño que ya parecía ingenuo: «... Si dos no riñen cuando uno no quiere —fue su respuesta—, nosotros, amorosamente, anhelamos soluciones que corten toda violencia, en bien de Cataluña y de todo el país.» ¿Hasta qué punto esta actitud, en cierto sentido elogiable, de Samper, respondía a la de las fuerzas políticas que apoyaban su permanencia en el poder? Poco tardarán los hechos en responder por sí mismos a esta pregunta. Samper, encariñado siempre con la idea de llegar a un «modus vivendi», propone otra vez que el Parlamento catalán vote una nueva ley, que cubra las apariencias, pero que no cambie nada sustancial en el régimen agrario catalán. Entretanto, las minorías catalana y vasca llegan a Barcelona, donde son recibidas en medio de delirante apoteosis. La impresionante manifestación venía a constituir un irrefutable testimonio de que gran parte de Cataluña, tocada en su fibra sensible, se hallaba dispuesta a ir muy lejos en el camino de sus intenciones. Samper, ignorante siempre de que el barómetro político amenazaba temporal, sigue nadando entre dos aguas: el día 13, reúne a los jefes de las minorías para pedirles consejo y opinión. De poco le sirve: La Generalidad, como un caballo desbocado, rebasa todas las previsiones: Su Boletín Oficial publica el día 15 la «nueva» —por llamarla de algún modo— Ley de Contratos de Cultivo.

Samper —espíritu obstinado el suyo— no se rinde: aún espera negociar. Companys, sagaz, descubre la contradicción «in terminis» del juego que con tan buena voluntad practica el político radical. Y de este modo lo expresa: «El fallo del Tribunal de Garantías prohíbe que legislemos sobre las materias discutidas. ¿Cómo entonces el señor Samper espera que el Parlamento catalán vote una nueva ley corregida de los defectos que, a su entender, tiene la ley impugnada? Al pretender eso nos incita a cometer un nuevo acto ilegal, según el criterio suyo. Por lo visto, PASARIA por esta nueva LEGALIDAD con tal de que se amoldase a sus conveniencias.» Y concluía: «¡Todo esto es absurdo!»

Samper, preso en la misma necesidad de sofocar el conflicto, se tambalea en el poder. El tema de la famosa ley es obsesión de las derechas, para quienes cualquier fórmula conciliatoria, producto de la cesión gubernamental, equivale a una traición. Máxima preocupación del Jefe de Gobierno es que la cuestión no llegue a salir a debate parlamentario. Ello, estima, resultaría imprudente— lo patriótico es esperar con serenidad a que se aplaquen los ánimos. Pero Calvo Sotelo, que ha regresado de su destierro, estima urgente la necesidad de tratar el tema de agotar parlamentariamente las derivaciones del asunto! «Lo patriótico es hablar.» El debate público se hace irremediable; no caben ya más dilaciones. En él, como en un prisma óptico perfecto, se reflejará una auténtica imagen de cada una de las facciones políticas. El examen pormenorizado de las distintas posiciones políticas, arroja sobre la cuestión un poderoso foco de luz.

En primer lugar la C.E.D.A... Toda vez que al Gobierno érale necesario el apoyo cedista para mantenerse en el poder, resultaba sobremanera importante el estado de opinión que reinaba respecto al problema en la Confederación Española de Derechas Autónomas. Gil Robles, su jefe, la resumió en estas concisas palabras: «Primero: cumplimiento de la sentencia; después, cumplimiento de la Constitución y del Estatuto. Para eso, todo lo que el Gobierno necesite; fuera de eso no podremos darles nuestros votos, porque con ello no se vendría a hacer otra cosa que favorecer una maniobra ya derrotada en sus últimos reductos.» El asunto estaba claro: ¿Podría Samper seguir en la jefatura del Gobierno, no ya sin el apoyo sino ante la hostilidad abierta de una C.E.D.A. cuya potencialidad y prestigio entre las clases conservadoras crecía como la espuma? ¿Acabaría la oposición de Gil Robles constituyendo una muralla demasiado alta para el bienintencionado y poco realista político que era Ricardo Samper?

En la izquierda, los socialistas, por boca de Indalecio Prieto, proclamaban una actitud opuesta y desafiante: «Vemos con simpatía la actitud de Cataluña y de sus órganos... El Gobierno, que ha planteado el problema, no tiene autoridad para resolverlo. Incesantemente echaréis fuera de la República a Cataluña. Pero Cataluña no estará sola, estaremos nosotros con ella.»

A ellos se unía, implícitamente, Manuel Azaña, para quien Cataluña venía a ser «el último baluarte que le queda a la República». Y, en consecuencia, su problema, la autonomía, también el primer problema español. No pensaba de igual modo el financiero Antonio Goicoechea, en cuya opinión, al Gobierno se le planteaba la siguiente disyuntiva: «... Optar por la unidad nacional, o, dimitiendo el Estado su soberanía más allá del Ebro, preferir la disgregación de España.»

Samper mantenía en medio de la polémica una postura pretendidamente serena. «¿Puede reaccionar el poder público —se preguntaba— movido sólo por motivaciones de amor propio? ¡No!... Debe hacerlo movido por la ponderación y el sentido jurídico.» Luego, repetía su incansable cantinela: Calma, serenidad, sosiego...: «El Gobierno ha creído necesario —dirá— no obrar con prisa sobre tejidos inflamados, y espera que su serenidad trascienda a todos los demás.» En la tesis de Samper estaba probablemente toda la base programática de su gobierno, su peculiar modo de comprender la realidad nacional: «El problema consiste, primero, en cumplir la sentencia. Pero, ¿a quién incumbe la ejecución del fallo del Tribunal de Garantías? No creo que sea al Gobierno. A éste le incumbe acatar la sentencia y cooperar a su cumplimiento. ¿Cómo, en este caso concreto? Primero: considerando nula la ley. Segundo: haciendo así justicia a sus representantes. Tercero: amparando a los particulares frente a ella. Cuarto: castigando a los órganos que tratan de aplicarla. Todo esto, ¿cuándo? EL GOBIERNO NO TIENE PRISA, PORQUE A SU JUICIO NO TENERLA ES CONTRIBUIR A LA SOLUCION.»

¿Durante cuánto tiempo podría Samper demorar una solución al conflicto? La impaciencia de las derechas, de un lado, la rabiosa actitud del socialismo de otro, y el nuevo y amenazador resurgir de la emocionalidad catalana, temido por Cambó, no hacían presagiar una espera tranquila. Samper habría de ser rápido en su gestión pacificadora. Porque corría el riesgo de no poder contentar ni a unos ni a otros.

Gil Robles se mostraba cauto, porque, como ha confesado más tarde, temía que, de provocar una crisis, Alcalá Zamora le ofreciera la Jefatura del Gobierno. El riesgo de recoger la amarga herencia en circunstancias adversas —sin posible mayoría parlamentaria— era algo que le aterraba. El día 27, Samper sacaba a la luz un anteproyecto de ley donde solicitaba de las Cortes «la autorización que prescribe el artículo 61 de la Constitución, a fin de que el Gobierno pueda dictar los decretos-leyes que sean necesarios para la efectividad de los proyectos de la Constitución y del Estatuto, con relación al ejercicio de las facultades que incumben a la región autónoma». ¿Se trataba con ello de llegar a una nueva forma de arbitraje, que permitiese a la Generalidad llevar a cabo su política agraria? Samper decide de improviso pedir a la Cámara un voto de confianza y la clausura de las Cortes. El debate se inició el día 2, alcanzando una virulencia que le haría desembocar en las agresiones personales. Un socialista, Criado, no supo reprimir su exaltación y, dirigiéndose a los parlamentarios de la C.E.D.A. los llamó «farsantes» y «canallas». Oriol, cedista sevillano, abandonó su escaño y se fue, furibundo, hacia Criado, exigiéndole que retirara sus palabras. Prieto, pistola en mano, saltó como un león a separarles. Los cedistas acudieron en socorro de su compañero, y por unos minutos la sala quedó convertida en acalorado campo de batalla. Santiago Alba, el presidente de la Cámara, hubo de suspender la sesión. Al final, serenados ya los revueltos ánimos, se votó la confianza a Samper por ciento noventa y un votos contra sesenta y dos.

Junio había quedado atrás. El calor estival sofocaría provisionalmente las urgencias, sin duda apremiantes, de la cosa pública. El verano significaba un mero paréntesis. Porque el horizonte no se mostraba, ni mucho menos, despejado; pero el ardiente y áspero problema catalán parecía entrar, aunque sólo momentáneamente, en una fase de «receso», como dicen los portorriqueños dobla— dores de programas de televisión.

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Cataluña mantenía, entretanto, su insistente actitud de rebeldía. Contemplaba, con cierto aire de espectadores al margen del conflicto, las estériles y continuas polémicas de la capital, y, con despreocupado semblante, seguía su propio camino. El 2 de julio entraría la ley en vigor, siempre y cuando el Gobierno Central no se opusiera por la fuerza. Unos días antes, la Federación de Rabassaires se había dirigido a sus miembros en los siguientes términos: «Respetad hasta el último grano y el último céntimo de aquellos propietarios que acepten lo que disponga la ley votada por el Parlamento catalán, o sea que (...) si no tenéis conflicto respecto a la última cosecha, habéis de pagar el cincuenta por ciento de lo que pagabais... Rabassaires, ahora más que nunca, mucha disciplina, y siempre a nuestras órdenes.» Por su parte, Samper prosigue sus gestiones en busca de una solución pacificadora: el 14 de julio hace llegar, por mediación de Sbert, representante de la Generalitat en el Tribunal de Garantías Constitucionales, un oficio a Companys invitándole «a que se abstenga de aplicar la ley del 12 de junio último, MIENTRAS NO SE ACOMODE FIELMENTE A LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION Y AL ESTATUTO». El amable tono del oficio y la elegancia de su tramitación satisfacen a la Generalidad, cuyo Consejo envía a Samper una respuesta que abre, por primera vez desde el pleito, un horizonte de esperanza: «... (El Consejo) ha tomado el acuerdo de extremar la atención y solicitud al confeccionar el Reglamento que ha de regir la Ley de Cultivos y ha de permitir aplicarla y garantizar así que se adapte fielmente a las leyes básicas de la República».

Todo parece indicar que los esfuerzos de Samper han logrado, por fin, llegar a buen puerto. El Reglamento anexo a la ley constituye la primera auténtica posibilidad de entendimiento entre el inseguro Gobierno y la Cataluña rebelde. El Parlamento catalán aprueba, el día 20 el «Reglamento para la aplicación de la Ley de Cultivos» que, como es de suponer, no modifica el espíritu del texto legal en discusión. ¿Darían el fruto apetecido las componendas de Samper? La primera incógnita que, en rigor había que despejar, era saber si los que pusieron en entre dicho la ley harían otro tanto con el Reglamento a ella adherido. En tal sentido, resulta significativa la opinión de José Cirera Voltá, presidente del Comité de Defensa de la Propiedad agrícola de Cataluña: «Es una burla que hace la Generalidad al Gobierno», tras cuyas palabras exigía que se impusiese «el cumplimiento estricto de la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, de acuerdo con el mandato imperativo que entraña el voto de confianza de las Cortes».

Samper sabía ya del aluvión de protestas que se le vendría encima. Cabía esperar que fuera la C.E.D.A. el primero y más decisivo oponente de sus ardides veraniegos. Gil Robles regresa en agosto de su viaje de novios, con la sensación del que ha sido traicionado, y, apenas de vuelta en Madrid, se entrevista con Martínez de Velasco, jefe de la minoría agraria. Gil Robles rememora, treinta y cinco años después, la desastrosa impresión que le produjo el ambiente nacional, tras su periplo europeo posnupcial: «Me encontré una situación de franca alarma», dice. Y más adelante: «A nuestro juicio, y así se hizo público en una nota oficiosa, la actitud del Gobierno distaba mucho de responder al compromiso adquirido en la sesión última del Parlamento. Era preciso, pues, que la C.E.D.A., al reanudarse la vida de las Cortes, mantuviera con más energía que nunca su posición programática, cualesquiera que fuesen las consecuencias, sin que ello quisiera decir que no nos halláramos dispuestos a facilitar al Presidente de la República, SIN AMBICIONES DE NINGUNA CLASE, todas las soluciones posibles que recogieran lealmente el espíritu nacional manifestado en las urnas, en las elecciones del 19 de noviembre.» Sin duda, el señor Gil Robles podría recordara la perfección fragmentos de discursos suyos totalmente inequívocos, que no reflejan similar estado de ánimo. Como ejemplo, reproduciremos aquí un párrafo de una conferencia suya, pronunciada el 7 de abril de 1934: «Vamos a conquistar el Poder. ¿Con este régimen?... Con el que sea; con lo que sea y como sea.»

Pero volvamos a la cuestión. La C.E.D.A., pues, anuncia a los cuatro vientos, retira el voto de confianza al Gobierno Samper. Junto a la C.E.D.A., se halla la minoría agraria, que, por boca de su jefe, Martínez de Velasco, se apresura a declarar que el Gobierno, en la solución del conflicto, no debe separarse un ápice de lo que marca la legalidad.

Por Madrid corren rumores de una inminente crisis. No se trataba de fuegos de artificio sin fundamento, sino que respondían a la interna lógica de los hechos: el Gobierno se mantenía gracias al apoyo cedista; sin la C.E.D.A., venía a ser como un galeón incapaz de permanecer airosamente a flote en medio del furioso vendaval. Samper hubo de salir al paso de los insistentes rumores, y a últimos de agosto pedía del Presidente de la República la reconfirmación de su mandato. «Una crisis en estos momentos —argumentó—, produciría graves trastornos a la República. El Gobierno, que ya recibió la confianza del Parlamento, sólo necesita la del Presidente de la República. No hay verdadero motivo para que el Gobierno dimita.» Alcalá Zamora no sería obstáculo: de siempre se había opuesto a las más que probables intenciones de Gil Robles de hacerse con el poder. Con todos sus actos, había demostrado su deseo de mantener al jefe cedista fuera del Gobierno. De modo que la ratificación de su confianza se convertía en un mero trámite. Pero, pese a contar con el apoyo presidencial, las dificultades de Samper para continuar su tarea habían aumentado considerablemente. Agosto quedaba atrás. Densos nubarrones amenazaban con una implacable tormenta el ámbito político español. El mes de septiembre sería, sin lugar a dudas, un mes crítico en la vida política del atormentado pueblo español.

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En septiembre, a medida que declina el agobiante calor va creciendo la tensión política. Todo el mes viene a ser como un confuso y desordenado prólogo al estallido eje octubre. Es lo que tantas veces se ha venido a llamar en España «una situación pre-revolucionaria». A medida que las fuerzas toman posiciones, el paso de los días va des cubriendo el inevitable choque.

Para el día 2 tenían anunciada una reunión los parlamentarios vascos y catalanes. El tema de la autonomía está al rojo vivo. El día 8 de septiembre, el Instituto Agrícola de San Isidro tiene preparada en Madrid una Asamblea General. El hecho levanta insólita expectación. Todo el mundo, en ambos campos, tiene puestos los ojos en lo que puede acontecer el día 8 en el Monumental: Cinema madrileño. Companys eleva su tono y afirma «que está dispuesto a dejar la Presidencia de la Generalidad para hacer la revolución en la calle». El pleito de la Ley de Cultivos sigue en pie, ineluctable. El día 12, el Parla, mentó catalán se reúne a fin de aprobar definitivamente* el ya famoso Reglamento, convertido desde ahora en el auténtico caballo de batalla del conflicto.

Cataluña vive, durante los primeros días de septiembre, horas de tensión. Los propietarios que piensan asistir a la madrileña Asamblea del día 8, hacen sus maletas. Han sido dispuestos trenes especiales y se espera que se desplacen a la capital veinte mil personas. Pero Dencás, consejero de Gobernación y futuro protagonista de la triste noche del 6 de octubre, impide la salida de los convoyes, pretextando hondas razones de orden público. Pistola en mano, grupos de jóvenes «escamots» [4] dan rienda suelta a su exaltación gritando «mueras» contra el fascismo. A pesar de todo, no se puede evitar que muchos de los expedicionarios lleguen a la capital. El Partido Socialista, cuya actitud de solidaridad con Cataluña en esta hora difícil es de todos conocida, decide declarar una huelga general en Madrid para los días 8 y 9. ¿Podrá llevarse a cabo, en aquel clima de abierta hostilidad, la Asamblea del Instituto? ¿Logrará la Casa del Pueblo boicotear la reunión del Monumental? El Gobierno, siguiendo la táctica del avestruz, deja que los acontecimientos sigan su curso. Los propietarios catalanes que se habían desplazado en ferrocarril (al fin salieron siete, de los diez trenes previstos) y los que hicieron el viaje utilizando sus propios automóviles, encontraron a su llegada un clima muy poco acogedor. En la estación, los taxistas se niegan a conducirles a sus hoteles. Maleta en mano, tuvieron que llegar a pie hasta sus alojamientos. Pero no terminaban con ello sus cuitas: en el camino, muchos de ellos serían apedreados por grupos apostados en las esquinas.

Al amanecer del día 8, Madrid se halla prácticamente paralizado. La huelga cuajó de manera rotunda, pese a que el Bloque Patronal, solidarizado con el Instituto de San Isidro, había amenazado con un dock out», Madrid, en huelga, es un Madrid insólito. La escasa gente que se ve por las calles en las primeras horas de la mañana marcha con un semblante más hosco que de costumbre; la bullanga se ha esfumado y la ciudad adquiere inusitado aire de seriedad. La vida normal se ha detenido repentinamente: No han salido a la venta más periódicos de la mañana que ABC y El Debate; pero no se oyen los gritos de los voceadores: Los quioscos han cerrado, y son jóvenes de Acción Popular, bastante atemorizados, los que venden la prensa. El Gobierno organiza con premura las actividades imprescindibles, para evitar que el ritmo vital de la ciudad no se estanque. Algunos disparos que suenan desperdigados, ponen en el aire su nota trágica. Se dice que un guardia de Seguridad ha caído muerto, a las 7dela mañana, frente a la plaza de toros de Tetuán.

El ambiente no puede ser más contrario a la celebración de la anunciada Asamblea. Sin embargo, ésta se lleva a efecto. Una ingente multitud se arremolina a las puertas del Monumental y los asistentes penetran en el local en medio de una lluvia de pedradas. En el salón toman la palabra los señores Travería, Bofarull, Tarragó, Santa Cruz, Anguera de Sojo... Pero, quien realmente protagonizó la sesión, fue Gil Robles. El jefe de la C.E.D.A como era de esperar, reitera su intransigente postura’ «No habrá fórmulas, ni valdrán habilidades —dijo—, sin el cumplimiento neto de lo que ha sentenciado el Tribunal de Garantías.» El día concluyó cargado de optimismo para una Patronal «harta de prudencia» y deseosa de no ser tildada de cobarde.

Gil Robles —no cabía ya duda alguna— estaba decidido a terminar con el débil Gobierno Samper. El día 9 pronunciaba —febril actividad la suya— un nuevo discurso en la histórica cueva de Covadonga.

En señal de protesta por el acto, los Sindicatos asturianos declararon la huelga general. Pocas veces, en la historia contemporánea española, habían dado gala las organizaciones obreras de tan perfecta sincronización, de tan cuajada coherencia. El Socialista del 10 de septiembre saludaba, con no disimulado optimismo, el hecho, de la siguiente forma: «Sin afectación o hipérbole lo decimos. La clase obrera madrileña demostró ayer nuevamente que no se la vence con facilidad. Más: que está dispuesta a vencer. Debemos estar orgullosos todos los asalariados de la jornada última. Orgullosos, satisfechos y convencidos estamos de que, por el camino de la valentía y del acuerdo entre los partidos obreros, se nos abrirán pronto los caminos de la victoria. Y como en Madrid, en toda España, camaradas. ¡Adelante con las banderas en alto!»

España se ha ido convirtiendo en un polvorín, presto a estallar en cuanto se presentase la ocasión propicia. El Partido Socialista avanza de un modo paulatino en la agresividad de sus proclamas, de sus artículos de prensa, de lo que declaran sus cabezas rectoras. En todas las manifestaciones verbales o escritas del Partido, se puede advertir una cada día menos sostenida amenaza contra aquella República conservadora. Una República que ya es cualquier cosa menos «su» República. Las huelgas generales en Asturias y Madrid vienen a ser como el ensayo general de una violenta función que, de seguir por aquel camino, resulta inevitable. Samper se mantiene tambaleante en la Jefatura, sin perder su increíble imperturbabilidad. La crisis ha dejado de ser una simple palabra, es ya una realidad manifiesta. Con una C.E.D.A. levantada, con una revolución que se masca en la calle, con una Cataluña decidida a proseguir en su rebeldía, sólo falta para que quede despejada la incógnita, el transcurso del tiempo. El día 12, el Parlamento catalán aprueba el Reglamento: «Sólo ha cambiado —comenta Companys—, en la nueva situación, la estructura de las Comisiones arbitrales, que se convierten en organismos del tipo de los jurados Mixtos, bajo la presidencia de un funcionario de la Administración de Justicia.»

Un nuevo hecho viene a corroborar el sentido irreversible del inmediato acontecer: El día 11 se descubre en un pueblecito asturiano, San Esteban de Pravia, un alijo de armas. Procedían, al parecer, del vapor Turquesa que fondeó en la costa al amparo de la oscuridad nocturna. El barco era propiedad de Horacio Echevarrieta, conocido industrial republicano; el mismo que en 1924 había pagado el rescate de los prisioneros de las trágicas jornadas de Annual. El asunto no estaba del todo claro, pero existían razones de peso para sospechar la decisiva intervención de algunos socialistas, que preparaban algo muy serio en la inquieta tierra asturiana. Los temores a una revolución cobraban, tras el «affaire» Turquesa, los visos de una tangible realidad. A los pocos días, y para confirmarlos, se descubre en la Ciudad Universitaria madrileña un nuevo depósito de armas. Este segundo toque de atención decide al Gobierno a tomar enérgicas medidas: el día 23 es declarado en todo el territorio nacional el estado de alarma. Cataluña —o por lo menos, cierto sector catalán— también prepara la prueba de fuego que todos sitúan en el mes de octubre; un octubre cargado de in— certidumbres.

El día 27 de septiembre ocurre lo inevitable: Samper, que quiso empecinadamente agotar hasta el último cartucho, se ve obligado a pensar en la dimisión.

La crisis se erige en protagonista de los últimos días septembrinos; crisis que provoca una fulminante reacción dialéctica en cadena. Porque, en última instancia «crisis» significaba, nadie podía llamarse a engaño, la entrada de la C.E.D.A. en el Gobierno. Y en el otro campo los portavoces no se habían mordido la lengua: Un ministerio con «cedistas» era equivalente a «revolución».

El mismo día 27, El Socialista no puede manifestarse más explícito: «... Las nubes van cargadas camino de octubre; repetimos lo que dijimos hace unos meses; ¡Atención al disco rojo! El mes próximo puede ser nuestro Octubre. Nos aguardan jornadas duras. La responsabilidad del proletariado español y de sus cabezas directoras es enorme. TENEMOS NUESTRO EJERCITO A LA ESPERA DE SER MOVILIZADO. Y también nuestros planes de socialización.» La entrada de la C.E.D.A. en el Gobierno sería la inequívoca señal para el estallido que abriese las puertas de la revolución.

El primero de octubre reina en el Parlamento un nerviosismo y una tensión sin precedentes. Los días inmediatamente anteriores, la C.E.D.A. había retirado a Samper su confianza. El partido radical hizo pública una nota en la que afirmaba no prestaría su apoyo a ningún gobierno a cuya cabeza no figurase Alejandro Lerroux, su indiscutido y legendario jefe. Con tales premisas, resultaba fácil adivinar la composición del futuro Gabinete: el setentón Lerroux en la Jefatura, un grueso de ministros radicales, un bloque no muy numeroso de cedistas y algún que otro independiente. En el hemiciclo, Samper mostraba todo el aspecto de un hombre desencantado. El bueno de don Ricardo seguía pensando que su relevo no era necesario. El debate parlamentario resultó gris, escaso de vigor dialéctico, carente de todo brillo. Gil Robles explicó, en una intervención prudente, los motivos que justificaban la dimisión de Samper: «Se ha demostrado —dijo al final de su discurso— que es precisa una rectificación y que Su Señoría no es el indicado para hacerla.» Samper abandonaba el banco azul perplejo y abatido. La herencia que dejaba al jefe de su partido no era precisamente un dulce fruto: La coalición radical-cedista traería consigo el episodio más sangriento que, hasta 1936, ocurriera en la vida republicana. La C.E.D.A. había atravesado su Rubicón.

* * *

Llegados a este punto, y antes de iniciar la crónica trágica de la Revolución de Octubre, es preciso hacer un alto sosegado, enfocar el objetivo sobre la vida política española, y preguntarse: ¿Cuál era la situación real española en octubre de 1934? ¿Cuáles las fuerzas vivas que se enfrentaban en el seno de la vida política nacional? ¿Cuáles los condicionamientos que movían los hilos, a veces casi invisibles, de su actuación pública? ¿Por qué pudo estallar la Revolución? ¿A qué motivaciones socio-políticas respondía la violenta sacudida asturiana?

Los dos extremos dialécticos en que se polariza la raíz del conflicto se sitúan, al margen de otras posibles y más sutiles matizaciones, en el Partido Socialista y la C.E.D.A. Veamos, por separado, y en su interrelación circunstancial, lo que ambas organizaciones representan en la realidad política de aquel octubre de 1934.

La historia del Partido Socialista español viene a seguir, a grandes rasgos, una trayectoria prácticamente recta y uniforme, torcida en 1934. Fundado el P.S.O.E. (Partido Socialista Obrero Español) por Pablo Iglesias, un tipógrafo que abandonó las filas anarquistas a los pocos años de cuajar en el suelo español el bakumnismo, su trayectoria ideológica se había mantenido siempre fiel a los principios socialistas europeos, esto es, al viejo reformismo parlamentario finisecular. Mucho tardó el Socialismo español en poder entrar en el juego de las Cámaras legislativas. En 1910, Pablo Iglesias ganó la investidura de diputado, y así permanecieron las cosas hasta 1917. La huelga general revolucionaria de aquel año —donde por primera vez en la historia del obrerismo español actuaron unidos anarquismo y socialismo— trajo como consecuencia que el P.S.O.E. llegase a ver elegidos a cinco diputados salidos de sus filas. Los nuevos padres de la Patria socialista fu®, ron precisamente tos miembros del Comité de Huelga detenidos y condenados a prisión perpetua, y que tuvieron que ser liberados para que pudiesen ocupar sus es, caños en la Cámara: Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Andrés Saborit, a más del viejo Pablo Iglesias. El socialismo, y con él su central sindical la U.G.T., seguía pensando en la posibilidad de luchar contra el sistema, desde dentro de él, en oposición politica de igual a igual. En ello se diferenciaban radicalmente del anarquismo cenetista, cuyo rasgo característico radicaba en el apoliticismo y en la sistemática negación a entrar en la maquinaria del orden constituido. El socialismo se convirtió, así, en un partido político más, con todas las notas diferenciales que se quiera. Pero, eso sí; a diferencia de todos los demás partidos, era un partido político de masas, dotado de una organización y una coherencia teórico-práctica imposibles de hallar en ningún otro. El anarquismo era toda una concepción del mundo, una cosmogonía, en el sentido más radical del término; el socialismo era, en España, un partido. El hombre anarquista era un ser replegado en su verdad y entregado a ella, del mismo modo que un religioso vive entregado a Dios: una especie de místico laico, volcado sobre su Idea, mártir y fanático a un tiempo, enfermo de absoluto. El socialista acrisolaba virtudes más «humanas»: ascetismo y honradez. Confiaba en su partido del mismo modo que lo haría cualquier otro, aunque su militancia fuese, sin duda, más arriesgada y desprendida. De este modo el socialismo se realizó al compás de la vida política y se modificó con su evolución. La divergencia, con respecto al anarquismo catalán, ahondó aún más el politicismo socialista, hasta el punto de que en la hora decisiva de la Dictadura, uno de sus miembros más relevantes, Largo Caballero, pudo colaborar con Primo de Rivera, hecho éste que produjo una cierta tensión en el seno del partido.

Llegada la República del 14 de abril, el Partido Socialista irrumpió de forma definitiva en la vida política.

Protagonistas del pacto de San Sebastián, tres de sus hombres (Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos) ocuparon sendas carteras en el Gobierno Provisional, al tiempo que otros, como Besteiro (Presidente de las Cortes), se veían designados para puestos públicos importantes, Unido al republicanismo de izquierda, el socialismo llevó la mitad del peso gubernamental durante los dos primeros años de vida de la IIª República: El primer bienio republicano estuvo protagonizado por la conjunción republicano-socialista. Pero, hechos tales como la sangrienta represión de Casas Viejas, situaban al Partido Socialista en una difícil y problemática coyuntura. Como es de suponer, en su participación activa en el Poder, los hombres socialistas no pudieron desprenderse de los compromisos y quedaron vinculados a las decisiones de éste: Al participar en una política, se mantiene una política, quiérase o no. Para el socialismo, aquella situación significaba un duro desprestigio del que, de una u otra forma, le era absolutamente preciso zafarse cuanto antes. Para un partido obrero, la tacha de burgués y colaboracionista llegaba indefectible. Por otro lado, durante la permanencia socialista en los Gobiernos de Azaña, nada o muy poco se había hecho en pro de la tan traída y llevada, como necesaria, Reforma Agraria. ¿Qué hacía, pues, en la órbita del Poder, un partido socialista incapaz de sacar adelante la reforma del agro, y que, a mayor abundamiento, colaboraba en una violenta represión contra el proletariado? La pregunta tiene, sin duda, mucho de demagógica, mas no es ocioso plantearla, en tanto que estaba en muchas mentes españolas allá por el año 1933. Las elecciones de noviembre fueron un rudo golpe contra las izquierdas, contra el socialismo y, en lógica consecuencia, contra la República del 14 de abril de 1931, que tantas esperanzas levantara en una España deseosa de cambiar el rumbo de su Historia. Los socialistas, sin duda para desvirtuar las acusaciones de aburguesamiento, se presentaron solos a las elecciones de 1933. Aquella decisión resultó, a la postre, contraproducente, porque no logró despejar las nubes que se cernían sobre el P.S.O.E, y contribuyó a que, tras las elecciones, la República mudara su rostro hasta adquirir ir reconocíbles rasgos. Las izquierdas republicanas fueron estrepitosamente derrotadas, y el Partido Socialista vio descender su número de diputados de 116 a 58; justo la mitad. Por su parte, el número de diputados derechistas pasaba de 42 a 207, El año 1934 presentaba perfiles poco halagüeños para los republicanos izquierdistas.

El paréntesis radical que el profesor Seco denomina «rectificando del primer bienio» viene a suponer un giro de ciento ochenta grados del socialismo, no sólo con relación a su anterior actitud republicana, sino también con respecto a toda la historia de sus vicisitudes. El reformismo —que había concluido su ciclo en la fase de colaboración con la burguesía de izquierdas— es dejado a un lado, tras casi cincuenta años de actividad pública. El ala moderada del Partido Socialista, en la que militan Julián Besteiro, Trifón Gómez y Andrés Saborit, y es llamada «besteirismo», acaba perdiendo su partida dialéctica frente al ala radical, encabezada en 1934 por Largo Caballero, en pleno proceso de bolchevización. Esta crisis, de decisiva importancia, es conocida con el nombre de «crisis de Torrelodones», por ser en este pueblo madrileño donde se fraguó el cambio fundamental en la dirección del Partido. Indalecio Prieto, a caballo entre ambos extremos, escogió, en aras de la disciplina, la vía revolucionaría: Sería Prieto el gran animador de la Revolución de Octubre. Resulta apasionante espigar en los discursos de Prieto y Largo Caballero de aquel período, o releyendo los artículos editoriales de El Socialista, cómo el partido avanza poco a poco, cada vez más agresivo y ferozmente, hacia la teoría del cataclismo, como único remedio a los males nacionales. La postura se halla explícitamente definida en un párrafo que se publicaba en el periódico marxista el 11 de marzo de 1934: «El cataclismo puede y debe ser el renacimiento de la España grande en la que venimos soñando, y cuyo rescate nos hemos propuesto.» La única vía posible que le restaba al socialismo, si quería borrar la imagen de su pacto con las fuerzas burguesas, era la de postular una revolución social auténtica. Aquel habla sido el terrible fallo de la triunfante República: no llevar a cabo una revolución social paralela a la política. Los socialistas no habían logrado, durante su estancia en el poder, portarse como tales, y la República, «su» República durante dos años, había sido cualquier cosa menos una República social. Los socialistas se sometían, después del triunfo electoral derechista, a un severo proceso de autocrítica, con el urgente afán de corregirse. Largo Caballero, sin excesivo pudor, podía exclamar en 1934: «Voy tan sólo a recordar que nosotros, socialistas, hemos sido tan leales que, después de poner toda nuestra fuerza organizada al servicio de la Revolución, hemos contribuido, un poco a regañadientes, pero con la lealtad a que estábamos obligados, a que el Parlamento aprobase toda la legislación coactiva y restrictiva que hay hoy en España.» La estrategia, la táctica, habían de cambiar indefectiblemente.

Esta es, globalmente considerada, la clave fundamental para entender la fracasada revolución de octubre de 1934. La señal para llevar adelante la insurrección nacional que produjera «el cataclismo» era la entrada de la C.E.D.A. en el Gobierno. Pero, ¿cuáles eran las intenciones de la Confederación Nacional de Derechas Autónomas? ¿Qué representaba Gil Robles en la vida política española de 1930?

Se ha debatido mucho, y sin duda seguirá discutiéndose durante mucho tiempo, a la luz de las Memorias de Gil Robles, en torno a la postura de la C.E.D.A. en la II* República, su real o ficticia sinceridad republicana, la personalidad y proyectos de su líder... La C.E.D.A., como se sabe, vino a ser el producto de la unión del partido de Acción Popular con la Derecha Regional Valenciana. Demócratas cristianos, su intención se cifraba en llegar a constituir un partido análogo al Católico alemán. Sus orígenes se remontaban a los días inaugurales de la República, aunque por entonces fuese otro su nombre: «Acción Nacional». Fue éste un partido proyectado y fundado por Ángel Herrera Oria, a raíz del cambio de situación política. El 17 de noviembre de 1931 alcanzaba la jefatura José María Gil Robles, hijo de un catedrático de Derecho, que desde hacía poco frecuentaba las oficinas de El Debate, órgano periodístico de don Ángel Herrera, y luego plataforma pública del Cedismo. En Gil Robles, desconocido hasta entonces, político de autoritaria oratoria, recayeron todas las esperanzas de las derechas moderadas españolas, en una de las horas más decisivas de su historia. En los dos años del «bienio Azaña», la C.E.D.A. y Gil Robles se mantuvieron en una prudente expectativa, organizándose para cuando llegara el momento de su acceso al poder. Impresionado por la reciente experiencia austríaca, Gil Robles soñaba con ser una especie de Dollfuss español, e implantar en España un régimen similar al populismo corporativista de Austria. Acción Nacional trocó su nombre por el de Acción Popular y, al unirse, en octubre de 1932 con la Derecha Regional Valenciana, nació la célebre Confederación Nacional de Derechas Autónomas (C.E.D.A.). El partido se nutría de las pequeñas asociaciones católicas desperdigadas por toda España y de un buen número de propietarios, ricos o medios, de las regiones castellana y levantina, algunos de los cuales se hallaban fuertemente ligados a las empresas bancarias, como Ignacio Villalonga. La C.E.D.A., como partido confesional que era, propugnaba una lucha abierta contra la legislación laicista de los inicios republicanos y, en la línea de los principios católicos, defendía la propiedad privada y la familia. Sus perfiles ideológicos estaban, pues, claramente definidos.

Pero el más grave problema que suscitaba la coalición de derechas venía a ser su postura ante el régimen republicano como tal. La C.E.D.A. nunca manifestó públicamente su adhesión, y el hecho despertaba gran indignación entre las izquierdas españolas. Tras los tristes sucesos de Casas Viejas, Gil Robles comprendió que cabía la esperanza de que la C.E.D.A. llegase a conquistar una mayoría parlamentaria. Decidió entonces presentarse a las elecciones de noviembre de 1933, unido al bloque tradicionalista y a ciertos sectores monárquicos; los resultados no pudieron ser más halagüeños para sus aspiraciones: El «intruso» se hallaba en el umbral del Poder. Disponiendo en el Parlamento de una minoría importante, el Partido Radical, puesto en la tesitura de decidir entre la derecha y la izquierda, se quedó significativamente con la C.E.D.A., lo que suponía de facto que los radicales habrían de gratificar a sus aliados. Gil Robles, pues, fuera del Poder, influía en el Poder. ¿Cuáles eran sus planes respecto del cercano futuro? No es preciso llevar demasiado lejos las especulaciones, para llegar a la conclusión de que la C.E.D.A. basaba sus cálculos en el desgaste oficial, para llegar luego a la dirección del país. Gil Robles definía su posición a don Alejandro Lerroux: «No tuvimos parte alguna en el advenimiento de la República; sinceramente hay que reconocer que la vimos venir con dolor y temor, pero, una vez establecida como situación de hecho, nuestra posición no podía ser más que una: acatamiento leal al Poder público, dándole todas las facilidades que fueran precisas para su misión fundamental.»

La postura cedista suscita polémica: ¿fue noble o no? José Luis Aranguren, tan católico como los propios ce— distas, escribe en 1967: «Si examinamos las respuestas de los grandes canalizadores políticos, los partidos de la República, advertimos que ninguna de ellas fue adecuada. Comenzando por la derecha, la de la C.E.D.A. puede ser calificada de muy desacertada. Dado el "pathos" suscitado y la identificación, justa o no, pero vigente en el momento de la DEMOCRACIA con la REPUBLICA, había que ponerse dentro o fuera de ésta, pero inequívocamente; dicho de otro modo, había que continuar siendo monárquico, o aceptar la posición de ’’ralliement" de Alcalá Zamora y Maura. Moverse en la ambigüedad era hacerse sospechoso a todos, monárquicos y republicanos, era moverse entre dos aguas, sin la imaginación suficiente, por otra parte, para ofrecer al país otra opción más decisiva que la de Monarquía o República (...). Pero ¿cómo iba a ofrecer una opción de tipo progresivo un partido, no sólo esencialmente conservador, sino cuya clientela politica genuina estaba formada por las viejas clases medias agrarias de Castilla y León, es decir, por un sector social estable entonces —hoy no—, y escasamente dinámico, necesitado de una reforma mental colectiva, sin porvenir?» Por otro lado, un inteligente historiador extranjero, Raimond Carr, ha escrito en su agudísima y, en general, acertada Español «Gil Robles podía haber sido un Parnell español y reducir el Gobierno a la impotencia, acudiendo a una obstrucción sistemática; su apoyo ’’desde fuera” al Gobierno de Lerroux demostró su bona fides republicana.» Sin ánimo, por nuestra parte, de plantear una polémica, no nos parece satisfactoria la tesis de Carr. En primer lugar, porque tal obstrucción hubiera sido para Gil Robles y la C.E.D.A. contraproducente. ¿Qué habría conseguido con ello Gil Robles? Su apoyo al Gobierno Lerroux demostraba, por otra parte, antes que su buena fe republicana, lo hábil de su táctica política. En realidad, lo único que pretendía Gil Robles era que Lerroux llegase a quemarse, preparando con ello el camino en línea recta hacia el poder para la C.E.D.A. Su apoyo era una «maniobra», el fruto de una meditada estrategia. Pronto llegaría la hora de las exigencias. Por lo demás, en aquellos momentos, Gil Robles mantenía contactos secretos con Alfonso XIII (probablemente ni él mismo sabía si su mente albergaba la idea de una restauración monárquica).

El recuerdo de los recientes sucesos austríacos, en el curso de los cuales el canciller Dollfuss había eliminado las fuerzas socialistas, y la situación general de la política europea, con un Hitler instalado en Alemania y con el fantasma del fascismo gravitando sobre el viejo continente, quitaban el sueño al Partido Socialista, cuyos hombres veían en Gil Robles al perfecto contrarrevolucionario, cuyo pretendido posibilismo era la máscara de sus ideas totalitarias: Sí la tan temida C.E.D.A. llegase a gobernar, ¿no pudiera ocurrir lo mismo que en Austria? ¿Qué diferencia —se preguntaban los socialistas— existía entre Gil Robles y Dollfuss? Era necesario atacar antes de ver destruida la organización socialista, intentar una revolución proletaria / social que vigorizase al marxismo y borrase la indecorosa imagen de un partido aliado a la burguesía. Tal revolución debía ser, pues, estrictamente proletaria. El gran problema planteado, a nivel interno, estribaba en llegar a una conclusión respecto de si se daban las condiciones objetivas propicias, o había que esperar aún hasta llegar a una madurez mayor. Decidir sobre una u otra actitud vino a ser la tarea fundamental del partido socialista, hasta poco antes de caer el tambaleante gobierno de Ricardo Samper. Indalecio Prieto seguía pensando que la revolución era de todo punto inviable, y desconfiaba de su éxito. Largo Caballero, desencantado por los resultados de la cooperación republicano-socialista, propugnaba la solución de fuerza. Al fin, prevaleció el criterio extremista («maximalista», podríamos decir, a imagen de lo que ocurriera en el seno del partido socialdemócrata ruso, cuando, a comienzos del siglo, ocurrió en él una crisis muy parecida). Triunfó la tesis de Largo, y Prieto, como el primero, se adhirió a ella incondicional mente. La disciplina que reinaba en el partido socialista sobreponíase a las opiniones personales.

La Revolución de Octubre fue fruto del temor del socialismo a una eventual acción derechista. Señal, pretexto y causa mediata: la entrada de la C.E.D.A. en el poder. En absoluto fue una reacción espontánea de la masa popular, pues la espontaneidad era privilegio casi exclusivo del anarquismo, y la «base» socialista, jamás, en la ya larga historia del partido, se había opuesto a la línea reformista. Vino a ser un plan forjado en las altas esferas del partido, aquél que desencadenó la primera auténtica revolución proletaria española.

* * *

Todavía no era conocida la composición del Gabinete que, presidido por don Alejandro Lerroux, vendría a sustituir al de Samper, compuesto enteramente por radicales. Se sabía, sí, que la C.E.D.A. participaría en él, pero se especulaba respecto de nombres y figuras «ministrables». La C.E.D.A. era, en aquel momento, el partido de máxima representación en el Congreso, y por lo tanto, su acceso al poder venía a constituir un trámite lógico, Pero el Presidente de la República hacía cuanto estaba en su mano para impedirlo, porque aquello, en su opinión, significaba «entregar» tal animadversión por parte de las izquierdas (cosa que don Niceto procuraba evitar por todos los medios, porque era contemporizador por naturaleza, y, además, politicón hasta la médula, iba ya cubileteando planes para cuando se agotase su septenato presidencial). Alcalá Zamora, ante lo que resultaba inevitable, trataba de limitar la participación de la C.E.D.A. en el Gobierno, a una sola cartera. Gil Robles cuenta en sus Memorias los avatares de aquella elección de ministros cedistas. Se había pensado que Agricultura lo ocupase Luis Lucía (presidente de la Derecha Regional Valenciana); pero a Lerroux no le parecía conveniente, ya que, tras la regresiva gestión anterior de Cirilo del Río, podría pensar la opinión en un nuevo paso atrás. Problema hubo también con la designación de la cartera de Trabajo; pero al fin, el miembro propuesto por la C.E.D.A., Anguera de Sojo, fue admitido para el desempeño del cargo. El día 4 quedaba constituido el Gobierno. Agrupados en torno a la legendaria figura de Lerroux, coexistían en él siete ministros radicales, tres cedistas (Anguera de Sojo en Trabajo, Jiménez Fernández en Agricultura y Rafael Aizpún en Justicia), un republicano independiente (Villalobos) y un agrario (Cif). El Gabinete constituía, al decir de Gil Robles, «un gran triunfo moral de las derechas».

Alejandro Lerroux, al siguiente día, explicaba las razones personales que le indujeron a consentir el pacto que abriría el «bienio negro»: «Ha querido el Destino que quien no tuvo sino una línea recta en defensa de sus Ideales (?), al término de su vida tenga que convivir con elementos que están distanciados de aquéllos. ¿Es esto un sacrificio? Pues sí; lo es. Es un nuevo sacrificio que ofrendo a la Patria y a la República.» Y luego elogiaba la actitud de sus «amigos» de la C.E.D.A. «Yo no he recibido de esos elementos a los que aludo sino muestras de lealtad, apoyo y consideración. Ahora mismo, en esta crisis que se ha presentado en circunstancias muy difíciles, esa conducta se ha exteriorizado en todos los momentos sin exigencias ni imperativos, reducidas al mínimo las reclamaciones que pudieran hacerse. Tengo que proclamarlo, porque aunque de diferentes ideologías, nos mueve el mismo afán, que es la afirmación de la República, el bien de la Patria y la consolidación de las instituciones republicanas.» El optimismo del «sacrificado» Lerroux, convencido (?) de que obrando así «republicanizaba» la C.E.D.A., no era compartido por las izquierdas del país. Todas las facciones del nuevo Gobierno, desde Maura, «derechista de izquierdas», hasta Azaña, acogieron la noticia cual si se tratase de un desafío, un reto a la República que las izquierdas habían traído al mundo. El Heraldo de Madrid publicaba el día 5 un editorial que puede muy bien considerarse resumen de todas las posturas republicanas ante la coalición radical-cedista: «... La República del 14 de abril se ha perdido tal vez para siempre. La que hoy inicia su vida no nos interesa. Puede llamarse República, o Monarquía, o como más le convenga. Se puede aspirar al rescate de lo que todavía alienta; pero a nuestra República la conceptuamos ya exánime.»

Allí donde hubiese un auténtico republicano (o por lo menos que a sí mismo se considerase tal, con un evidente espíritu discriminatorio) alentaba la indignación. Los partidos republicanos se alzaban como caballos encabritados para denunciar, cada uno desde su ángulo, el inapelable acontecimiento. Miguel Maura, jefe del Partido Republicano conservador, daba a la publicidad una nota que finalizaba así: «A nadie sorprenda, pues, que declaremos desde ahora nuestra esencial incompatibilidad con esta REPUBLICA DESFIGURADA, antesala de una reacción anticivil y antidemocrática, y que rompamos toda solidaridad o trato con los órganos de un régimen DESLEAL A SI MISMO y a quienes por él lucharon victoriosamente.» Unión Republicana, cuya jefatura ostentaba el disidente radical Diego Martínez Barrio (que pocos meses antes, seguido por una treintena de diputados, se había separado de don Alejandro, como protesta contra su conservadurismo a ultranza), decía por su parte:... La constitución del gobierno que acaba de formarse, integrado, entre otro«por un grupo político cuyo pretendido republicanismo no ha recibido la sanción del voto popular, hace que nos apartemos de toda colaboración y rompamos toda solidaridad con los órganos del régimen.» Y la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, proclamaba asimismo que «el hecho monstruoso de entregar el Gobierno de la República a sus enemigos, es una traición», y que, por lo tanto, «el partido interrumpía toda solidaridad con las instituciones actuales del régimen» y afirmaba «su decisión de acudir a todos los medios en defensa de la República».

El problema quedaba, en líneas generales, perfectamente planteado: El Partido Socialista entablaría la batalla a través de la revolución: pero de ella —dado su estricto carácter proletario— estarían excluidos, de facto, los partidos republicanos tildados de burgueses. El papel de éstos, triunfante el movimiento, debía quedar relegado a una suerte de oposición teórico-moral, sin efectividad en la práctica. Desde hacía tiempo se venía advirtiendo con bombo y platillos, por parte de los órganos públicos del socialismo, que octubre podía ser el temible y soñado Octubre Rojo. La señal estaba dada, y la revolución a las puertas de una España en crisis. El día 5 se decretó la huelga general en todo el país. La C.N.T., remisa en los comienzos, apoyó, por fin, el paro. El fantasma revolucionario se cernía inexorablemente sobre el horizonte.

* * *

España parecía, el día 5, un inmenso reloj al que se hubiese acabado la cuerda. La capital de la nación y del socialismo acudió a la cita revolucionaria con más timidez de la prevista: aislados tiroteos en algunos rincones, barullo incoherente, chispas que prendían de un modo desordenado. En ciertos puntos, las milicias socialistas y los Guardias de Asalto se enfrentaron en peleas callejeras, que daban más bien la sensación de trifulca popular que de revolución formal. Se frustró, con relativa facilidad, un intento de asalto a un cuartel; en algún momento se intensificó el tiroteo en torno al Ministerio de la Gobernación. Al fin y a la postre, no hubo un auténtico movimiento subversivo; todo se redujo al más estéril e inoperante «paqueo».

En otros puntos del territorio nacional, la temida insurrección se apagó, como un fuego de artificio, apenas iniciada. La mecha sólo prendió con fuerza en los dos focos más temidos por el Gobierno: Asturias y Barcelona. De ahora en adelante, la crónica de los hechos se polarizará en torno a dichos dos puntos geográficos clave.

La situación de Asturias revestía caracteres de gravedad excepcional. Mas, por el momento, fijaremos nuestra atención en Cataluña, donde el estallido, tan fulgurante como fugaz, se reduce a los hechos ocurridos en el breve período de dos noches.

* * *

El día 6, Alejandro Lerroux se dirigía al país haciendo gala de un optimismo envidiable: «...El movimiento queda circunscrito a Asturias y a Cataluña. En Asturias, el Ejército está controlando la situación, y en el curso de mañana quedará restablecida la normalidad. En Cataluña, el Presidente de la Generalidad, olvidando todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su autoridad, se ha permitido proclamar el Estat Catalá.» Lerroux concluía: «Ante esta situación, el Gobierno de la República ha tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país.»

¿Qué había ocurrido en Barcelona? ¿Cómo se había llegado a tal situación? ¿Cuáles eran los factores determinantes? ¿Quiénes los hombres-clave? Desentrañar el significado auténtico de la noche triste y fatídica del 6 de octubre en Barcelona resulta tarea sumamente difícil y sobre la cual la Historia no ha pronunciado todavía la última palabra. ¿Cuál fue la actitud de Companys? ¿Cual la del discutido José Dencás, consejero, a la sazón, Gobernación? ¿Y la de Domingo Batet, Capitán General de Cataluña?...

Como sabemos, el debatido pleito de la Ley de Contratos de Cultivos, había creado en Cataluña una situación sumamente tensa y comprometida para la Esquerra, dueña por entonces del Gobierno de la Generalidad. Pero la Esquerra no constituía un bloque homogéneo y compacto.

El tratadista Brenan distingue, dentro de la Esquerra varias facciones o grupos bien delimitados:

a) La pequeña burguesía republicana, cuya cabeza visible era Luis Companys.

b) El grupo separatista del «Estat Catalá», formado por jóvenes nacionalistas, encabezado por Dencás y Badía.

c) El Partido Socialista catalán, «pequeño grupo compuesto de trabajadores, estrechamente vinculados al movimiento cooperativista».

d) Los «rabassaires».

Estos cuatro grupos podían, en definitiva, reducirse a los dos primeros. Todo el quid político del octubre catalán estriba en captar el significado auténtico de la relación Dencás-Companys. En el «Estat Catalá», fundado por Maciá, se congregaban los más jóvenes y exaltados catalanistas. Sus rasgos distintivos venían a ser: un nacionalismo llevado a los últimos extremos, odio implacable a la C.N.T.-F.A.I., y la «dialéctica de las pistolas». En el sentido más real del término, se trataba de un fascismo de izquierdas, similar, en muchos aspectos parciales, sobre todo en cuanto a las tácticas empleadas, a la organización de activistas incorporados al Sindicato Libre. Si objetivo político era la independencia total de Cataluña, la formación de un autoritario Estado Catalán, apoyado en un fascismo de nuevo cuño, pero tan exclusivista y violento como el hitleriano. Poseían una fuerza de choque, militarizada y severa: los «escamots», escuadras juveniles que se manifestaban en forma vociferante y agresiva, y a las cuales, para que nada faltase, se había provisto, incluso, de llamativos uniformes verdes [5]. ¿Cuál podía ser la actitud de Companys ante el «Estat Catala» de Dencás? ¡Difícil posición la suya! Aunque distanciado de su ideología, romper sistemáticamente con ellos suponía romper la coherencia de la Esquerra, resquebrajar sus cimientos. Companys, cuyo exceso de verbalismo le llevaba a cometer supinas imprudencias, nadó, mientras pudo, entre dos aguas, tratando de contener la suicida fiebre separatista de los muchachos de Dencás. Pero su comportamiento en la tarde del 6 de octubre denota que las circunstancias le desbordaron por completo: presionado desde uno u otro lado, no pudo evitar aquel paso inútil e innecesario que fue la proclamación del Estado Catalán. Más sigamos puntualmente el ritmo frenético de los acontecimientos.

La mañana del día 5 transcurrió muy agitada en Barcelona. Numerosos grupos iban de un lado para otro como suele acontecer en víspera de grandes crisis. Companys, todavía no decidido, pedía serenidad a unos y a otros. A las cinco de la tarde, el presidente de la Generalidad se dirigió por radio a los ciudadanos: «La Generalidad se hace cargo de sus responsabilidades y de su deber, y en cada momento marcará la pauta de los acontecimientos, contando para ello con la asistencia y disciplina del pueblo que, en todo momento, debe conservarse para la mejor eficiencia en la defensa de las libertades de Cataluña y de las esencias democráticas de la República.» El llamamiento a la calma de Companys no sería escuchado. Algunos jóvenes miembros de la Alianza Obrera-organizada por Largo Caballero, a fin de llegar a un «frente único» obrero, pero en la cual no se había integrado la poderosa C.N.T.— y los aludidos «escamots», patrullan por ciudad armados con fusiles. El movimiento había sido preparado minuciosamente por Dencás en todo lo que a aspecto material se refiere, (según testimonio posterior del propio protagonista). Companys, ante aquella situación, lanza una nueva proclama radiada, en la que recomienda otra vez calma y serenidad, orden y concierto Pero la violencia había mostrado ya su terrible semblante Barcelona se desliza por la pendiente revolucionaria (o seudorrevolucionaria?) a un ritmo irrefrenable, Llega la noche del día 5, cargada de tristes presagios.

Amanece la decisiva jornada del 6. La radio difunde las noticias que llegan de Asturias. Sigamos el hilo de los acontecimientos llevados por la mano experta del gran; periodista Gaziel.

«Las cosas van empeorando durante la mañana. En las calles circula mucha menos gente que ayer. El paro prosigue y se intensifica por orden gubernativa. A las doce y cuarto (...) oigo inesperadamente, por el aparato de radio, que el consejero de Gobernación, señor Dencás, anuncia la salida a la calle de los somatenes adictos a la Esquerra para que garanticen, dice, el orden público contra la F.A.I. ¿Contra la F.A.I.? Quedo pensando qué habrá en el fondo de esa extraña orden.»

El entonces todopoderoso Dencás había dispuesto, en efecto, marginar del movimiento al anarquismo barcelonés. Una revolución —o incluso cualquier algarada de cierta importancia— resultaba en Barcelona práctica— mente imposible, sin la anuencia y colaboración de la C.N.T.-F.A.I. No contar con ella, e incluso amenazarla, significaba un craso error, renunciar a un concurso que, si se pensaba ir en serio a la revolución, era imprescindible. La oposición de Dencás al anarquismo condenaba e! movimiento por anticipado. La C.N.T. se inhibió, y andando el tiempo, atacaría la insurrección tildándola de infantil, separatista y ajena a los intereses obreros. ¿Qué revolución podía ser aquella que se llevase a cabo a espaldas de los más revolucionarios entre los barceloneses? Como se sabe, el cenetismo andaba muy alejado de la ideología catalanista a la que desde tiempo inmemorial había catalogado de «burguesa». El hecho de que Dencás excluyese a la C.N.T.-F.A.I. sólo resulta comprensible, si se toma en cuenta que el Consejero de Gobernación era, en realidad, un retrógrado metido a revolucionario, y, además, hombre de mente poco lúcida y ordenada. El auténtico conductor de hombres que piensa llegar al poder por las vías de la subversión, sabe que la fuerza que levanta la palanca de los movimientos insurreccionales es la masa informe (las «secciones» en la Revolución francesa, los soldados y marinos desertores en la rusa), que utiliza en tanto precisa de ella para escalar las cimas del poder, o convencido de que, alcanzadas aquéllas, podrá domeñar y destruir a los mismos que le han encumbrado (aunque con frecuencia ocurra lo contrario). Pero Dencás no era un revolucionario, y mucho menos conductor de hombres (su famosa huida por la alcantarilla en el instante crucial lo demostró sobradamente).

Gaziel, refiriéndose a lo que ocurría en el Palacio de la Generalidad a mediodía del crítico 6 de octubre, dice: «Dencás —me aseguran— ha desbordado a Companys (que, según dicen, no se enteró de la salida a la calle del somatén armado hasta que ya estaba hecha), pero Badía está desbordando a Dencás y es el verdadero dueño del momento.»

Badía, ex jefe de los servicios policíacos de la Generalidad, campaba por sus respetos dando rienda suelta a una desordenada y absurda actuación, de desatada y enfebrecida violencia verbal, pero carente de todo sólido fundamento. Barcelona, salvo los que se aprestaban a luchar en la calle, es una ciudad muda, cubierta por el manto de pavor, a que su dilatada historia ya la tiene habituada. La radio repite machaconamente que Luis Companys piensa dirigirse al pueblo, desde el balcón de la Generalidad, a las ocho de la tarde. Rebasado el Presidente, y en cierto modo vencido por la facción Dencás, todo el mundo se pregunta cuál será el motivo de aquella tan cacaread proclama. Volvamos a Gaziel para que sea su pluma quien f nos relate el histórico momento:

«No se hacen esperar mucho. Conectan con el propio balcón de la Generalidad. La silenciosa estancia donde yo escucho se inunda de un bronco rumor, como de hervidero humano. Es el gentío apiñado en la plaza de la República. Miro al paisaje, aguardando. La masa de la ciudad lejana aparece inmóvil, serena, bajo la noche en calma. Parece mentira que de aquel fondo plácido pueda brotar ese rumor de ardiente marejada. Se oyen pasos. Alguien se acerca al balcón. Es él: El Presidente: Companys. Una estrepitosa ovación saluda su presencia ante el pueblo. Alguien le habla al lado, en voz baja, entono vivo, como si le azuzara. Y la voz característica del Presidente, con su acento leridano, se alza en medio de un silencio imponente: “Catalans...” Habla fuerte, habla tan claro, tan firme, que seguramente está leyendo lo que dice. Y sus palabras son como otros tantos relámpagos.»

El discurso de Companys viene a ser el punto culminante de esta primera y fugaz fase de esperanza para los rebeldes. Después, en una curva descendente, los sucesos van adquiriendo un cariz violento y caótico.

«¡Catalanes! La hora es grande y gloriosa. El espíritu ¡ del presidente Maciá, restaurador de la Generalidad, nos acompaña. Cada uno en su lugar y la República en el corazón de todos. ¡Viva la República y viva la Libertad!»

Companys, entre los abrazos entusiastas de los hombres que te rodean, pronuncia su célebre alea jacta est; «¡já está fet! Ja veurem com acabará, i a véure si ara també direu que no soc catalanista.» [6]. El sucesor de Maciá actuaba como podía esperarse del que alardeaba de ser el relevo que había tomado la antorcha encendida por «el Avi». Lo que venía a significar que Companys se precipitaba por la pendiente de Dencás. En esto consistía; su grande y terrible dilema: Para no aparecer ante los ojos de los catalanistas como indigno testamentario de Maciá, veíase obligado a seguir las directrices de un Dencás frenético e insensato; el peso de la herencia venció al sentido político de Companys. Los testimonios recogidos por el historiador Ricardo de la Cierva parecen demostrar que resultó decisivo, en la toma de posición del presidente de la Generalidad, el diálogo que éste mantuvo con Dencás, en ocasión de un Consejo celebrado en la tarde del día 6. Hasta entonces, Companys, a pesar de tener preparado ya el discurso, andaba todavía dubitativo y receloso.

El general Batet, jefe de la División Orgánica (nombre que la República diera a las antiguas Capitanías Generales), tras escuchar a través del teléfono la versión de los hechos que le diera el propio Companys, pide una hora para reflexionar. Inmediatamente pide conferencia con Madrid y recibe de Lerroux la orden de declarar el estado de guerra.

A las ocho y media de la noche, Juan Tauler, Consejero de Trabajo de la Generalidad, hace entrega a Domingo Batet de la siguiente orden de Companys: «Excmo. Señor: Como presidente del Gobierno de Cataluña requiero a V. E. para que, con las fuerzas que manda, se ponga a mis órdenes para servir a la República Federal que acabo de proclamar.»

Batet vuelve a pedir tiempo. Pero cursa la orden de que una compañía salga a la calle para proclamar el bando que declara el estado de guerra. Quien pudo suponer que Batet, republicano, con un historial casi revolucionario —había participado de modo activo en todas las maniobras contra la Dictadura— secundaría la sublevación, se equivocó de medio a medio. Domingo Batet prefirió seguir en aquella hora difícil el camino de la legalidad.

La conducta del general Batet fue posteriormente tildada de débil, aduciéndose que su postura fue determinada por la presión ejercida en él por algunos jóvenes oficiales. Pero se sabe hoy que Domingo Batet, pocas fechas antes de la «noche triste», manifestó al Consejero de Obras Públicas de la Generalidad algo parecido a lo siguiente:

«Desearía, señor Consejero, que me hiciera el favor de decirle al Presidente que yo estaré a su lado para defender la República y las instituciones legales. Dígale que es catalán y republicano. Pero que no se deje llevar a cometer una tontería, que tenga en mano a los exaltado Podría llegar un momento en que yo, en cumplimento de mi deber, aún sintiéndolo mucho, hubiera de enfrentarme a él. Advierta al Presidente que no deseo que produzca un levantamiento contra la Ley, PORQUE LO REPRIMIRE EN UNAS HORAS, y adviértale que no deseo que así ocurra.»

Batet, amigo personal de Companys y de muchos miembros de la Esquerra, obró lealmente. Si Dencás se hacía ilusiones, si, incluso, se las hacía Companys, ellos sotos se fabricaron su esperanza. También pensó el doctor Dencás que la Guardia Civil y la Comandancia de Asalto se adherirían a su causa. Cuando topó con la realidad ya tenía perdida la batalla.

¿A qué hora publicó Batet el bando que declaraban estado de guerra? Todo parece indicar que poco antes de las nueve de la noche, cuando los consejeros de la Generalidad se disponían, ignorantes de su decisión, a cenar tranquilamente. Una hora después daría comienzo la «noche terrible», «la trágica noche que los catalanes no podremos olvidar jamás» (Gaziel). La «noche triste» de Cataluña.

* * *

He aquí, en esquema, las fuerzas que se oponían:

Del lado rebelde:

a) Juventudes del Estat Catalá, capitaneadas por Badía. Dos mil muchachos impreparados y llenos de una incoherente y neurótica exaltación.

b) Las huestes milicianas de Alianza Obrera (sin la C.N.T.-F.A.I.), acaudilladas por Joaquín Maurín. No se conoce a ciencia cierta su número: se calcula en unos ochocientos hombres pésimamente armados.

c) Los «rabassaíres», que se esperaba llegasen del campo.

c) Los Mozos de Escuadra de la Generalidad, al mando del comandante Pérez Farrás y del capitán Escofet. Aunque no sobrepasaban la cifra de trescientos hombres, constituían la única fuerza profesional y digna de ser tenida en cuenta.

Mas para los sublevados, el problema mayor era el planteado a nivel de dirección. Dencás tenía un auténtico «complejo de protagonista»: llegó, incluso, a ordenar que fuesen interceptados los dos automóviles en que viajaban Maurín y otros dirigentes de Alianza Obrera. El separatismo exclusivista del doctor Dencás fue lo que, en definitiva, dio su carácter al levantamiento.

Del lado gubernamental se disponían a combatir:

a) Dos regimientos de la Brigada de Infantería.

b) Dos regimientos de la Brigada de Artillería ligera.

c) Dos regimientos de Cazadores de Caballería. Prendidos todavía a una incógnita, que tardaría muy poco en despejarse, se hallaban todavía las fuerzas de la Guardia Civil y la Comandancia de Asalto: A la media hora de proclamarse el estado de guerra, ambas fuerzas se ponían al servicio de Batet. Dencás y Badía cambiaban, entretanto, su burgués traje de calle por una mussoliniana vestimenta de combate. Miguel Badía marcha presuroso hacia el edificio de la Jefatura de Policía, en la Vía Layetana, donde permanecerá toda la noche. El teléfono pone a los improvisados cuarteles «revolucionarios» en ininterrumpida y febril comunicación. El doctor Dencás monopoliza la radio. «Mi trinchera —decía— es el micrófono.» Y ante el micrófono se pasó toda la noche desplegando una incansable, pero estéril, actividad verbal.

Los combates alcanzaron proporciones serias cuando Batet ordenó tomar el edificio del C.A.D.C.I. (Centro Autónomo de Dependientes del Comercio y de la Industria) [7], defendido por algunos miembros del Partido Proletario Catalán, mandados por su dirigente Jaime Compte, que murió junto con dos de sus subordinados; entre los atacantes, un soldado perdió la vida. La batalla se prolongó hasta las cuatro de la mañana, hora en que, desesperados y hartos de aguardar los refuerzos prometidas por Dencás, los defensores se dieron a la fuga, entre gritos de «Son uns fills de.,,». Las baterías empleadas p0r Batet desmoralizaron totalmente a los rebeldes. Ante los cañonazos que, en honor a la verdad, retumbaron en muy pocas ocasiones, se revelaba en toda su trágica realidad lo débil e incoherente de los planes forjados por el tartarinesco Dencás.

Avanzada ya la noche, había concluido una sesión celebrada en el Ayuntamiento en la que los consejeros municipales votaron por mayoría su «adhesión al presidente y al Gobierno de Cataluña», cuando tiene lugar el choque entre los comandantes Fernández Unzué y Pérez Farras, adicto uno y sublevado el otro. Tras un corto cambio de palabras entre ambos jefes, y, al parecer, antes de que el diálogo finalizase, los Mozos de Escuadra dispararon contra el piquete al mando de Unzué. Acto seguido, Pérez Farras se encerró con sus Mozos de Escuadra en el Palacio de la Generalidad, dispuesto a proteger al Gobierno catalán. Ya instalado, pide refuerzos al doctor Dencás, quien, desde Gobernación, dirigía el cada vez más desmayado movimiento. Pérez Farrás —cuya figura alcanzará enorme notoriedad en la hora difícil de las responsabilidades— tenía tras de sí un contradictorio pasado. Acérrimo centralista (se dice que abofeteó a Marcelino Domingo en 1917) en los años juveniles, su personalidad confusa sólo puede explicarse a la luz de un autoritarismo sicológico llevado a sus últimas consecuencias.

Frente al comandante sublevado, Unzué organizó un sereno plan ofensivo que tardó poco en dar sus frutos; principalmente, porque los refuerzos prometidos por Dencás nunca llegarían al Palacio de la Generalidad. El fuego de las baterías de Unzué contra la fachada del Palacio sonó ronco e insistente hasta bien entrada la madrugada.

Batet dirigía la operación, pausada y ordenadamente, pero, desde Madrid, llegaban hasta él preguntas sobre la marcha de los sucesos, qué revelaban una inquietud sin fundamento, pero justificada. Batet procuraba tranquilizar a las autoridades de Madrid, argumentando que la situación iba evolucionando favorablemente, y que él deseaba reducir el número de bajas al mínimo.

Dencás, incapaz ya de cualquier iniciativa, se hallaba en los umbrales del delirio. Ninguna de las peticiones de auxilio que llegaban a él podía ser atendida. Colgado del micrófono, no cesaba en su extenuante monólogo; parecía haber enloquecido. Gaziel anota en su nerviosa crónica de los sucesos: «Llegó un momento, ya a altas horas de la noche, en que el Consejero parecía poseído materialmente de una suerte de delirium tremens revolucionario. Llamaba a los catalanes, llamaba a los demás españoles, llamaba a las sombras de la noche, y las llamaba en castellano, con voces embarulladas y febricitantes. Una vez, acabó dando un gran "¡Viva España!”, y en torno a ese grito resonaron nerviosos aplausos.» Ocurría ello a las cuatro de la mañana, cuando todo estaba perdido para un Dencás, cuya enajenación alcanzaba, con aquel grito, el más claro de sus límites.

A las seis de la mañana, Companys, con las esperanzas deshechas, llama por teléfono a Batet para comunicarle su rendición y asumir toda la responsabilidad por lo acaecido. Batet pone una sola condición: que Companys anuncie por radio su capitulación. El presidente de la Generalidad lo hace inmediatamente. Acto seguido, el jefe de la División Orgánica de Cataluña telegrafía a Madrid, donde aguardan impacientes la noticia:

«General jefe IVª División a Ministro de Guerra. Este momento, seis horas, treinta minutos. Presidente de la Generalidad solicitó cese hostilidades, entregándose incondicional mente mi autoridad. Yo me complazco comunicarlo V. E. conocimiento y satisfacción, haciendo presente brillante comportamiento todas fuerzas a mis órdenes, si bien a costa de sensibles bajas, que comunicaré oportunamente.»

El balance de victimas por el lado gubernamental arrojaba las cifras de cuatro muertos (un capitán, un sargento un cabo y un artillero) y veintiséis heridos. Respecto del bando sublevado, no se tienen datos exactos, aunque el número de bajas debió ser sensiblemente igual.

En la Plaza de San Jaime (o Plaza de la República) la Guardia Civil detuvo a la Generalidad en pleno, con Luis Companys a la cabeza, al alcalde Pí y Suñer y a los Consejeros que dieron su voto en apoyo del Presidente, ni Miguel Badía ni José Dencás se hallaban presentes. Badía se mantuvo en su puesto hasta las ocho de la mañana y luego se dio a la fuga. El doctor Dencás, ante lo inevitable, huyó desde Gobernación por una alcantarilla. Después, gracias a ciertas complicidades, logró cruzar la frontera francesa.

La Policía buscaba con afán a Manuel Azaña, y por fin logró detenerlo el día 8 en casa del doctor Gubern. Azaña, que se hallaba en Barcelona a causa del fallecimiento del ex ministro de Hacienda, Jaime Carner, tuvo preocupado durante toda la noche a Lerroux, que le creía cerebro del movimiento. Hoy se sabe que Azaña no participó, de un modo activo, en la sublevación; incluso se opuso a ella desde el primer instante; el propio Luis Companys así lo manifestó en sus declaraciones. La incógnita del comportamiento de Manuel Azaña en aquella triste jornada catalana, está despejada desde hace ya mucho tiempo.

El general Batet dio cuenta del final de la sedición con palabra emocionada y noble:

«Catalanes y españoles: breve ha sido la jornada de esta noche. Esta misma Radio Barcelona, que durante toda la noche ha estado dando noticias falsas, os dice ahora, por mi boca, la verdad. Después de mucho rato de tiroteo entre las fuerzas de la República y los elementos adictos a la Generalidad, que pudo emplear otros procedimientos en defensa de ideales que no deben apoyarse en la fuerza, el Gobierno de la Generalidad telefoneó al Estado Mayor de la División, diciendo que comprendía era inútil continuar la resistencia y ofreciendo rendirse. Como los rebeldes me habían aislado, se empleó algún tiempo en dar a la fuerza de mi mando las órdenes oportunas, y por eso la lucha ha continuado más tiempo del necesario. Es lastimoso lo ocurrido. Yo lo siento como catalán, primero, y como español, después. En un régimen de democracia, que tiene abiertos todos los caminos para todas las aspiraciones que se encuadran en el Derecho, ¿qué necesidad tenían de acudir a la violencia, de traer tan graves trastornos a la región que ellos dicen amar, y que yo amo más que ellos?

»Mis labios, que no se han manchado nunca con la mentira, os dirán la verdad.

»Nosotros somos dueños en absoluto de la situación. Claro es que, al igual que después de las luchas civiles quedaban partidas sueltas por los campos, andan ahora, por las azoteas, los que pudiéramos llamar "pacos’', que disparan para sembrar la alarma, quizá más que para herir. Pero esos "pacos” vivirán lo que vosotros queráis que vivan; pues en cuanto se señale por esta Comandancia la presencia de ellos en una casa, acudirá la fuerza pública para someterlos.

»El Presidente del Consejo me ha encargado que felicite en su nombre, por su comportamiento, a la guarnición de Barcelona. Yo, que les he visto de cerca, puedo hacerlo con más justicia que nadie, y decir que con jefes y oficiales que tienen este concepto de la disciplina y el mando, y con soldados que saben obedecer como los nuestros, el Derecho y la democracia subsistirán siempre, porque somos nosotros los que los defendemos, y no los que con estas palabras siempre en la boca se alían con los enemigos del orden y la sociedad.

»Y para terminar: Llevemos nuestro corazón a lo alto de la Patria y digamos que por ella, por Cataluña, por la República, estamos dispuestos a entregar, no ya nuestra vida, sino, lo que es más importante: nuestro sacrificio de cada día.»

Al día siguiente llegaban a Cataluña tres destructores una escuadrilla de aviones, una Bandera del Tercio, y I un Batallón de Cazadores. Innecesarios refuerzos para el combate que tan sólo había durado unas horas. Los idealizados «rabassaires», que Dencás pensaba utilizar como fuerza de choque que hiciera saltar en añicos la Cataluña de 1934, se quedaron en sus predios y masías: para el insensato campesino catalán, una cosa es manifestarse tras de unas banderas «de las cuatro barras» o verdirrojas (la enseña «rabassaire») y otra muy distinta liarse a tiros con el Ejército. Los hombres del Tercio, mientras desfilaban por las avenidas de una ciudad todavía no recuperada del susto, cantaban:

«¿Dónde están los rabassaires, que miro y no los encuentro?...»

¿Qué papel tuvo realmente Dencás en el estallido? ¿Qué se proponía? ¿Cuáles fueron —o pudieron ser— las últimas razones de su desatinado proceder?

Las respuestas que se han dado a los porqués de las malandanzas del pintoresco doctor Dencás, en el Octubre catalán, son tan múltiples como el color político de los que las formularon. ¿Aspiraba José Dencás a instauraren Cataluña una especie de estado separatista-fascista? ¿Acaso era un agente provocador, un nuevo agitador a sueldo de las derechas anticatalanistas? Brenan, cuyos acertados puntos de vista son notorios, afirma: «Aunque España es un país donde las más absurdas combinaciones de cobardía y de fanatismo son posibles, la única explicación RACIONAL sobre la conducta de Dencás, es la de que fue un agente provocador a sueldo de los reaccionarios españoles.» El comportamiento de Dencás en aquella noche no puede, indudablemente, ser juzgado por la vía racional; para explicar el absurdo, muchas veces hay que recurrir al absurdo. Durante toda la noche, anduvo prometiendo refuerzos a los que luchaban (si lucha puede llamarse a simples amagos). Pero, sin embargo, cosa paradójica, ordenó a sus «escamots» que no abandonasen sus puntos de concentración (el cine Coliseum era el más importante).

Fue él quien arrastró a Compañas por el camino de la insensatez, pero en la hora final de las responsabilidades, huyó por una alcantarilla. A falta de una prueba tajante con que demostrar las motivaciones de su actuación confusa, incoherente e irracional, hay que limitarse a meras suposiciones. La Historia no llegará jamás a saber si aquella noche triste de Cataluña fue el amargo fruto de un loco separatista, o de un despreciable provocador.

* * *

Octubre de 1934 y Asturias forman, en realidad, una indisoluble unidad. Revolución de octubre equivale a decir «Asturias»; Octubre Rojo significa, en realidad, Revolución asturiana de 1934. La revolución tenía previsto un alcance nacional, pero tan sólo en la zona asturiana el movimiento alcanzó la profundidad que los cerebros del Partido Socialista habían planeado para todo el territorio del país. En Asturias, cuya estrella revolucionaria brilló ya en las jornadas de 1917, se sobrepasaron los límites calculados en un frío esquema pre-revolucionario. La feroz sublevación asturiana, la tenaz resistencia de los mineros, crearon en su torno un mito de tremenda fuerza simbólica. El Octubre Rojo vino a ser la primera demostración del «Frente Unico» obrero, la primera intentona seria y auténtica de revolución social en España, de revolución desde abajo.

La campaña de Asturias aparece, desde su espectacular estallido hasta su extinción, una curva que representa las siguientes fases: la explosión, la llegada de López Ochoa, la rendición de los revolucionarios. Tres etapas claramente definidas que es preciso historiar en su exacto acaecer, pues no en balde la explosión asturiana de 1934 es, al decir de un eminente historiador británico, «la primera batalla de la guerra civil».

* * *

Es indudable que» para el Gobierno, el alzamiento revolucionario no fue un hecho inesperado: el asunto Turquí hubo de ser un grave aviso. Y las soflamas de la prensa socialista se referían continuamente a un octubre liberador en que, de una vez y para siempre, tendría lugar lata traída y llevada revolución. La preparación del movimiento casi era exhibida, si no con detalle, por lo menos con indisimulado alarde: La revolución era exhibida casi a la luz del día. Por otro lado, Asturias ofrecía, más que ninguna otra región española, la posibilidad de ser el centro geográfico de la insurrección. Aunque los mineros asturianos eran tal vez, los obreros mejor pagados de España, su reconocido talante socialista, su cohesión y su espíritu de solídaridad constituían la mejor garantía para el P.S.O.E No era secreto para nadie que el socialismo asturiano era el más sólido y organizado de España. Sus huelgas eran ejemplo de tesón y coherencia. Además, las facciones anarquistas asturianas se hallaban muy lejos del «fascismo» terrorista; el sensato sindicalismo de Peiró, heredero del organizador espíritu de los fundadores (Seguí, Pestaña, etc.), tenía en Asturias su más sólida base. La más palpable prueba de tal aserto es que Asturias se adhirió a la A.O. (Alianza Obrera), catapultada por Largo Caballero en 1933.

El Partido Comunista, tercera fuerza en discordia, enarbolaba como consigna el «frente único», esperando sacar de su táctica el máximo provecho para su expansión por la piel de toro. La intervención que, cada una de estas tres facciones, tuvieron en la revolución asturiana de octubre es la única incógnita que se plantea en el análisis histórico de aquel movimiento. Una incógnita, por otro lado, que hace tiempo se halla prácticamente despejada y resuelta.

La larga resistencia asturiana fue consecuencia del orden j «revolucionario» que supieron imponer los dirigentes del movimiento: Tres Comités, político, militar y administrativo actuaban como poder ejecutivo, aunque, lógica— j mente, el Comité militar constituía el eje alrededor del i cual giraban los otros dos. Dicho Comité militar tenía

como tarea la formación de un Ejército Rojo, que llegó a contar, según datos oficiales, con cerca de treinta mil hombres, distribuidos en multitud de células revolucionarias, cada una encabezada por un jefe con mando sobre quince o treinta milicianos, según los casos. La revolución jamás fio en la espontaneidad: desde Ramón González peña, «el generalísimo» —como él mismo gustaba llamarse—, al último de los combatientes, existía una honda jerarquización funcional: jefes de sector, elegidos en mérito a su pasado historial obrerista, técnicos militares (como Francisco Martínez Dutor, verdadero cerebro de la estrategia rebelde), etc...

Los hechos se inician con una puntualidad rigurosa: las cero horas del día 5 de octubre de 1934. Señal: una explosión, una traca estruendosa, similar a la que solía dar comienzo en la cuenca minera a las fiestas populares. El eco de los estampidos se difundió por toda la zona de Mieres. Los disciplinados socialistas mierenses, como un solo hombre, siguiendo al pie de la letra las instrucciones recibidas, se dispusieron a «conquistar la capitalidad revolucionaria» (De La Cierva). Poco tardarían sus coordinados esfuerzos en dar el fruto apetecido. La resistencia opuesta por la Guardia Civil en sus cuarteles rurales, se derrumbó antes del mediodía. El concejo de Mieres se había convertido en baluarte y capital de la Revolución.

Tras Mieres, Langreo. El socialista Belarmino Tomás, que a las dos semanas firmaría con López Ochoa el acuerdo de rendición, da la orden de ataque a los cuarteles de la zona, que van cayendo en manos de los revolucionarios. El comportamiento de las fuerzas gubernamentales ante el asalto en tromba de las fuerzas rojas debe calificarse de desigual: en Ciaño, la Guardia Civil defiende con bravura la casa-cuartel, alentada en su lucha por la esposa del cabo-comandante, que muere junto a su marido, heroica y estérilmente. La otra cara de la moneda está representada por el teniente Torrens, que ordena la inmediata rendición en toda la línea del valle de Aller.

Después de una jornada de continuos éxitos, los sublevados ven abrirse ante sus ojos la esperanza de una rápida victoria. Sólo un contratiempo táctico —que no una derrota— empaña el balance de la feliz explosión inicial el «generalísimo» González Peña tiene que renunciar a proseguir su marcha sobre Oviedo. El plan no podía ser más sugestivo: coger por sorpresa la capital y tomarla con ayuda de los elementos obreros de la villa. Razón del fracaso: no se pudo consumar la unión de la columna de González Peña con las fuerzas procedentes de la capital; el «generalísimo» quedó detenido en el túnel de San Lázaro, donde pasaría la noche.

Entretanto, en Madrid, el Gobierno, al cual llegaban confusas las catastróficas noticias, decide declarar el estado de guerra en Oviedo. Son las ocho de la mañana del día 5 de octubre. Don Fernando Blanco, gobernador civil, resigna el mando en el coronel Navarro, quien se dispone a organizar la defensa de la ciudad amenazada. Poco tardan en llegar los refuerzos urgentemente solicitados: el mismo día 5, dos Compañías del Batallón de Cazadores, enviadas de Gijón y una de Asalto, procedente de Burgos, pasan a engrosar el escaso contingente de tropas ovetenses. La batalla, larga y pesada, da comienzo.

Las primeras escaramuzas entre ambos enemigos, tiene color revolucionario. Entre las fuerzas rojas reina un optimismo comprensible. A las doce se repliegan hacia Oviedo las acobardadas unidades del Gobierno. Los hombres de Dutor, magnífico estratega, se apiñan en torno al cementerio de El Salvador. La moneda está en el aire.

¿Qué ocurría, entretanto, en el resto de Asturias? Los acontecimientos registraban el día 5 el siguiente balance:

A) En Oviedo, las dos columnas rojas preparan concienzudamente el definitivo asalto a la ciudad por doble vía: González Peña, detenido en Paniceres (a donde llegan de continuo nuevos voluntarios), planea entrar por el barrio obrero de Buenavista; Dutor, apostado en El Salvador, intentará hacer lo propio por San Lázaro, al sur de la ciudad. En la madrugada del día 6 se iniciará el ataque.

B) En la cuenca minera, veintitrés cuarteles de la

Guardia Civil están en manos de los obreros. Sólo resiste encorajinado y a la desesperada, el de Sama, a pesar de que su asedio es duro y terrible.

C) En Gijón, el teniente coronel Moriones declara el estado de guerra a las dos de la tarde. Obligado a enviar a Oviedo dos de sus compañías, le restan poco más de trescientos hombres.

D) En La Felguera (ciudad cuyos obreros, unos dos mil aproximadamente, se hallan afiliados a la C.N.T.) se ha dado a la Guardia Civil, para que se rinda, un plazo que debe terminar a las seis de la tarde. Ante la respuesta negativa de la Benemérita, comienza el asedio, que durará hasta entrada la noche. Salvo dos guardias muertos, los demás lograron ponerse a salvo.

E) En la ruta de Pajares, reducto clave de cara a una posible extensión del conflicto, la situación se encuentra estabilizada. El Gobierno ha dado orden de que saliese, desde León, una columna formada por el 3er Regimiento de Infantería y una sección del 12°. Cortado el camino al ser volado el puente de los Fierros, las fuerzas gubernamentales, abandonando sus camiones, intentan el descenso a pie del terrible puerto.

Las perspectivas para el día 6 estaban claras para los revolucionarios: atacar Oviedo y apoderarse de las armas almacenadas en la fábrica de Trubia. El asalto a Trubia era muy temido por el Gobierno de Madrid, que se las veía y deseaba en la búsqueda de medios para reducir la insurrección.

Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, escribiría más tarde: «Decidí que resultaba necesario apelar a las unidades que España mantiene para su defensa y cuyo oficio es luchar y morir en el cumplimiento de su deber.» El general Franco, nombrado asesor técnico del Estado Mayor para la campaña asturiana, desempeñó desde el Ministerio un papel sobremanera más destacado que el que, por la relativa importancia del cargo, se podría pensar. Fue, en realidad, el coordinador táctico de todas las fuerzas del Gobierno.

El día 6, a las ocho de la mañana, se reanuda la ofensiva revolucionaria sobre Oviedo. Y, según los planes, en el, frentes simultáneos: Noroeste y Sur de la capital. Dutor ha pensado un avance lento y paulatino, a base de pelotones guerrilleros formados por tres fusileros y tres dinamiteros. Los mineros, pese a la enérgica defensa de las compañías regulares, logran llegar hasta el Ayuntamiento que toman sin gran dificultad. En el edificio instalan cuartel general. El arrojo y valentía del grupo de Dutor estimula a los hombres de González Peña, que se adentran por el barrio de Buenavista y ocupan el Hospital Provincial Luego, prosiguiendo su penetración, se apoderan de los conventos de las dominicas, carmelitas y teresianas. El comportamiento de los revolucionarios con las monjas fue en todo momento respetuoso, como demuestra el testimonio posterior de algunas de ellas. Escuchemos, como mero botón de muestra, lo que dice Aureliano cié Llano, cronista de la revolución poco sospechoso de simpatizar con los extremistas, recogiendo las manifestaciones de la madre Florentina, superiora de las dominicanas: «Se presentaron a ellos (los revolucionarios) vestidas con su hábito blanco, las veinticinco monjas que había.

»— No se asusten ustedes, señoras —les dijo el jefe del grupo: ni a ustedes ni a las alumnas les pasará nada; nosotros buscamos curas; ¿hay aquí alguno?

»— No, señor.

»Registraron el convento y, como no encontraron lo que buscaban, las dejaron tranquilas.»

Por su parte, la madre superiora de las adoratrices declara: «Cuando entraron aquí los revolucionarios sólo había veinticinco alumnas; hablaron con nosotras, pero no pasaron del portal ni nos molestaron. Un día nos trajeron pan, que buena falta nos hacía.»

La marcha de los revolucionarios por los barrios populares es acogida con delirante entusiasmo por las mujeres, que materialmente se arrojaban en sus brazos, entre vítores y gritos de jolgorio. Corre como un denso rumor, por tos sectores de la ciudad todavía en manos de tos gubernamentales, la abultada noticia de aquella entrada triunfal. Un militar testimonia el susto que en los medios ovetenses produjo la inédita estrategia de guerrilla urbana utilizada por los hombres de Dutor. Eran menos de dos mil, pero semejaban «una multitud de romeros» descendiendo de los montes. Navarro organiza la defensa en tres frentes: el sector Central, al mando del comandante militar; el sector Pelayo, mandado, de hecho, por los comandantes Vallespín y Yuste Irola; y el sector Naranco, con el capitán Arnott como animador de la defensa.

Pero la nota culminante del día viene dada por los acontecimientos que se desarrollan en la fábrica de armas de Trubia, a 17 kilómetros de Oviedo. Los obreros, en número de I 400, hicieron su entrada por la mañana, con la puntualidad normal, y como si nada imprevisto hubiese de acontecer. Dos horas más tarde, y con la misma puntual unanimidad, se rebelan. Los oficiales que intentaron resistir fueron reducidos en pocos minutos. El botín es cuantioso: un cañón «Schneider» del 15,5, nueve «Schneider» de montaña del 10,5, uno del 7,5, dieciocho del 4, también de montaña, del tipo «Ramírez Arellano». Estas piezas ligeras se prestan magníficamente a la táctica revolucionaria: escaso peso (190 kilos), frecuencia de tiro (15 disparos por minuto) y alcance de 5 kilómetros.

Trubia, la baza decisiva de la jornada, disimulaba con su brillo revolucionario las trágicas horas de Sama, el punto quizá más tensamente dramático de toda la contienda. El asedio a Sama, en todo el día 5, había resultado terrible. Pero las fuerzas del capitán Nart lograron resistir. En la mañana del día 6, los revolucionarios redoblaron su ímpetu ofensivo y Nart se vio obligado a ordenar una salida a la desesperada, que concluyó en una carnicería que constituye la mayor vergüenza para la revolución asturiana, en la que no abundaron los episodios de salvajismo. Prisioneros la mayoría de los guardias, veintidós de ellos fueron fusilados sobre el terreno. Nart perecería también a manos de los milicianos.

Aquel día 6 resulta pródigo en sustancia ideológica.

En Mieres, capital de la revolución y centro del socialismo militante astur, foco decisivo de la revuelta de octubre el Comité provincial declara nada menos que «abolió el dinero. No en balde se trataba de una revolución social-proletaria y no de un simple levantamiento armad. En La Felguera, núcleo del cenetismo, los revoltosos llegan mucho más lejos: junto al dinero, se declara suprimida la propiedad privada. «La revolución social ha triunfado La Felguera —decía la primera proclama del Comité tras la victoria—. Nuestro deber es organizar la distribución y el consumo en la forma debida. Rogamos al pueblo sensatez y cordura. Hay un Comité de distribución al cual se debe dirigir todo aquel encargado de cubrir las necesidades de su hogar...» La zona minera, en su totalidad había quedado en poder de los revolucionarios. El ataque ahora se cifraba en torno al triángulo Oviedo. Gijón-Avilés. De ninguna de estas tres ciudades llegaron a posesionarse los revolucionarios.

Gijón era, sin duda, el más sólido baluarte que restaba en poder del Gobierno. El teniente coronel Moriones había logrado levantar una infranqueable barrera contra la que chocaban, infructuosos, los esfuerzos de los revolucionarios del célebre barrio de Cimadevilla. A primeras horas de la mañana, Moriones recibe un despacho gubernamental autorizándole a distribuir armas entre los ciudadanos que las habían solicitado. La ayuda de la población civil resultó, tanto moral como materialmente, inestimable.

Para finalizar el esquema de la situación en aquel día 6, resta echar una ojeada a un núcleo esencial: el llamado frente de Campomanes. Sabemos ya de las peripecias que hubo de pasar la columna enviada por el Gobierno desde León. Tras el descenso de Pajares, casi a las cinco de la mañana, la tropa enfila sus pasos hacia la villa de Campomanes. Los accesos al pueblo son ardorosamente defendidos por los revolucionarios, que no ceden hasta mediodía. A dicha hora toma el mando el comandante militar leonés, general Bosch. A partir de aquel momento la «columna Bosch» se convertirá en uno de los protagonistas colectivos más importantes del conflicto. Bosch inicia el avance a todo lo largo del abrupto valle del río Lena. Apenas comenzada la marcha, los soldados tienen que detenerse en Vega del Rey. El terreno se presta como pocos a una emboscada. Casi cercados, los hombres de Bosch ofrecen un blanco ideal a los revolucionarios apostados en las alturas del valle. Los obreros del Comité de Lena han ocupado el convento de Santa Cristina, y polarizan desde allí sus ataques. Bosch se halla en un verdadero callejón sin salida, en una tremenda encerrona, en una ratonera. Los sublevados asturianos esperan conseguir en el valle del Lena una victoria resonante.

Ahora, por el momento, dejaremos a los revolucionarios con sus esperanzas e inquietudes para trasladarnos a Madrid, donde un Gobierno angustiado se debate en busca de una solución definitiva y eficaz, en una contienda que, según todos los visos, derivará en franca y declarada campaña militar.

* * *

A las doce de la mañana del día 6 de octubre, ardiendo Asturias en airada rebeldía y preparándose Barcelona para su noche triste, en Madrid (un Madrid tímidamente protestatario), se reúne el Consejo de Ministros para tratar de dar con el remedio capaz de curar todos aquellos repentinos «males». Se acuerda confiar el mando de las operaciones a un militar republicano de reconocido prestigio, adversario que fue (como Batet), de la Dictadura de Primo de Rivera. López Ochoa era uno de esos jefes en quienes se aliaba la ideología liberal con un talante vital arriesgado, ordenado, recto e inteligente. Fueran cuales fueran las causas que pesaron en el Consejo para llegar a tal decisión, ésta constituía un acierto político: López Ochoa representaba el tipo de militar republicano por convicción y, por lo tanto, no cabían en su tomo sospechas. Además, garantizaba, de cara a los revolucionarios, un comportamiento moderado.

Eduardo López Ochoa, general en jefe de la campaña. Vaquero, ministro de Gobernación; Hidalgo, ministro de la Guerra; Masquelet, jefe del Estado Mayor Central y Franco, asesor técnico, se reúnen, a la una de la tarde en la Subsecretaría de Guerra: López Ochoa ha de tomar el mando de la capital cercada. Con toda premura, el general dispone su viaje, vía Lugo. Hidalgo le despide con estas históricas palabras: «Vaya usted con Dios, general, y vaya tranquilo, pues su hijita Libertad (nacida hacía sólo dos meses) no se quedará sin padre, pase lo que pase.» El desplazamiento de López Ochoa, en avión, no puede resultar más rápido. He aquí el itinerario: cuatro de la tarde, Getafe— seis de la tarde, León; nueve de la noche, Lugo. Desde allí espera tomar contacto con las fuerzas gubernamentales Ha comenzado desde aquel momento la segunda fase militar de la campaña asturiana. López Ochoa tiene ante sí, inmensa en la noche gallega, la responsabilidad de enderezar una situación hasta entonces adversa, frente a unos revolucionarios que, cargados de fe, ven con optimismo cómo Cataluña se levanta también contra la «provocación ce— dista».

* * *

El día 7 es todavía una jornada angustiosa para el Gobierno. Pero de una angustia mitigada, que presagia ya días mejores. Los frentes de Oviedo y Campomanes son el eje alrededor del cual gira el no decaído ímpetu obrerista. En Oviedo, la estrella de Dutor resplandece en toda su brillantez: es el auténtico cerebro que dicta la táctica y vigila su cumplimiento. El ataque a la capital se identifica en esta fase con los disparos de la artillería revolucionaria, instalada en el Naranco. Los oficiales y técnicos de Trubia, prisioneros de los revoltosos, se niegan a dirigir los disparos sobre la ciudad; ello hace más peligroso, si cabe, para la población civil, el impreciso fuego de los mineros. Dos cañonazos alcanzan la torre de la Catedral, y a las cuatro de la madrugada comienza el asalto; a las nueve de la mañana el combate alcanza proporciones impresionantes. La artillería sigue martilleando la Catedral. Temiendo que los mineros proyecten un ataque contra el templo, el comandante Caballero se instala en él con veinte hombres. La lucha resulta encarnizada en torno a la Comandancia de Carabineros, que cae en poder de los revolucionarios tras una imprudente y desesperada salida de sus defensores. Los pocos supervivientes son conducidos a Mieres, donde se les trata correctamente. Oviedo parece a punto de derrumbarse ante el ardor revolucionario. Cortada el agua y la luz, su situación se hace a cada segundo más patética. Abandonado el depósito de dinamita de Monjova en manos rebeldes, el optimismo entre los sublevados alcanza su punto culminante.

El frente de Oviedo presentaba el día 7 de octubre un claro y rotundo color rojo.

Gijón constituía, en cambio, una infranqueable muralla. Había desembarcado en los muelles de El Muse! el Regimiento n.° 29 de El Ferrol, llegado a bordo del crucero Libertad. El teniente coronel Moriones domina totalmente la situación, bien apoyado por la artillería de grueso calibre del Libertad, que dispara contra el barrio de Cimadevilla. La plaza, salvo que suceda un imprevisto desgraciado, puede considerarse a salvo. No pasaba lo mismo con la columna del general Bosch, encajonada en el valle del Lena, y que pasaba por una coyuntura dramática. Los habitantes del valle y los recién llegados mierenses traían de cabeza al general leonés, incapaz de conseguir el enlace de Campomanes, e inmovilizado en su ruta hacia Pola de Lena.

López Ochoa significaba el único rayo de esperanza para la suerte de Oviedo. A las siete de la mañana, tras una noche prácticamente en vela, el general en jefe logra establecer contacto con su columna. Los veinte camiones cargados de tropa recorren los setenta kilómetros que separan Ribadeo de Luarca, en menos de dos horas. López Ochoa, tras un breve alto en la bella playa de Luarca, sigue hacia Salas, a donde liega entrada la mañana. De Salas a Grado, veintidós kilómetros de áspero y rudo camino, la columna emplea cuatro horas: Oviedo está ya cerca. El general considera la situación: Recordando las tácticas napoleónicas, viene a concluir que, a veces el camino más corto entre dos puntos, no es, militarmente hablando, la línea recta. El desfiladero de Peñaflor, repleto de revolucionarios, los ecos de un insistente y monótono cañoneo, aconsejan prudencia. Y las tropas, tras del largo viaje, están cansadas.

Durante la jornada del 7, la zona minera se halla en plena apoteosis revolucionaria. Mieres, socialista, y Felguera, anarquista, trabajan día y noche fabricando municiones y explosivos. Sólo hay una tara: el pillaje, triste secuela de las revoluciones. En la «capital» rebelde se discute la viabilidad de una «marcha sobre Madrid». Tras largos debates se vota en contra: España está menos pendiente de Asturias que Asturias de España. Y las noticias que llegan del resto del país no son en modo alguno halagüeñas. Los asturianos están solos, con su revolución a cuestas, en una lucha, cuyo final puede barruntarse, incluso, en los momentos de máxima euforia. Barcelona se ha rendido, y la noticia causa en los rebeldes el efecto de un jarro de agua fría. Pese a todo, Asturias proseguía tenazmente su batalla.

La angustiosa situación del Oviedo gubernamental apenas varía el día 8. Y eso que, a primeras horas de la mañana, dieciocho aviones de reconocimiento y doce de bombardeo sobrevuelan el cielo de la ciudad, lanzando sobre los barrios obreros alguna que otra bomba. Aquel día nace una consigna que había de dar mucho juego en el inmediato futuro y que ostentan con enormes letras los camiones revolucionarios: U.H.P. (Unios, Hermanos Proletarios). Una serie sucesiva de escaramuzas agravan la ya desoladora situación de la ciudad. Primero, la Guardia Civil abandona, por orden del coronel Díaz Carmona, el cuartel cercano al de Pelayo, que ocupan de inmediato los sublevados por el sargento Vázquez, en la Fábrica de Armas de la Vega. En el ataque, un muchacho de dieciséis años se acerca en varias ocasiones hasta la verja y arroja cartuchos de dinamita a los que prende fuego con su cigarrillo «En una de éstas me matan», dijo, y a los pocos momentos caía destrozado. A las ocho de la tarde, los gubernamentales abandonan la Fábrica. La salida de los defensores pasa desapercibida para los obreros, que no penetran en el edificio hasta las seis de la mañana del día siguiente. He aquí el botín: 21 115 fusiles, 281 fusiles ametralladores y numerosas ametralladoras pesadas. Animados por aquel éxito, los milicianos rojos incendian la Delegación de Hacienda, el palacio de Santo Domingo y el palacio episcopal. Allí cerca tiene lugar el triste episodio de la calle de Santa Ana, donde «el Pichilatu» dirigió la evacuación de los vecinos. Jesús Arguelles —que así se llamaba «el Pichilatu»— fue uno de los cuatro cuya sentencia capital fue cumplida en los meses siguientes.

Pero si la situación de Oviedo podía calificarse de angustiosa, la de la columna Bosch era más desesperada todavía. El asedio a Vega del Rey, en donde Bosch se hallaba encerrado, persiste encorajinado y tenaz. El día 8 se une a las filas revolucionarias Manuel Grossi, comunista disidente, autor de uno de los relatos más completos sobre los acontecimientos de aquellos días. A Grossi se añade un militar profesional, el teniente Torrens, que, prisionero, ofrece sus servicios a los mineros. Los conocimientos tácticos de Torrens, aunque a nivel de mando subalterno, resultan preciosos para los revolucionarios. Torrens acaba por convertirse en el jefe absoluto del «frente» de Campomanes. Bosch soporta como puede la intensificación de los ataques; confía en la llegada de refuerzos, y no se equivoca: a las doce de la noche de aquel día, el 14° Regimiento de Artillería Ligera consigue, tras descender el peligroso Pajares, establecer contacto con la columna Bosch. Mas con ello no quedan despejados, ni con mucho, la tensión y el dramatismo en el llamado «frente de Campomanes».

¿Qué ha sido, entretanto, de López Ochoa? El día 8 resulta una jornada de paréntesis: pero las decisiones que durante la misma toma López Ochoa rendirán pronto fruto. Astuta e inteligentemente, el general varía su rumbo. He aquí el nuevo y sorprendente itinerario Pravia, Soto del Barco, Piedras Blancas, hasta las cercanía de Avilés. Allí acampa y pasa la noche. El audaz golpe de vista y la seguridad de movimientos que demuestra el general republicano, hace que cunda la inquietud en los valles sublevados: López Ochoa da la impresión de un jefe seguro de la victoria. Pero las espadas siguen todavía en alto. Sólo en Gijón se halla despejado el horizonte para las fuerzas del Gobierno.

El día 9, con el poderoso armamento hallado en la Fábrica de la Vega, los revolucionarios se aprestan, embriagados de optimismo, a lanzar un nuevo ataque contra la capital. Una espesa niebla cubre el cielo en torno de la ciudad y la aviación no puede operar. El momento es propicio para llevar a cabo una poderosa intentona. No se andan remisos los obreros: el Banco de España, la Diputación, el Hotel Inglés, van cayendo como fruta madura.

Al Gobierno Civil llega el siguiente y lacónico ultimátum:

«Si las fuerzas no se rinden, serán quemadas dentro del edificio.»

Los revolucionarios se apoderan de los fondos del Banco de España (18 millones de pesetas). González Peña, convencido de que aquel acto de gigantesco pillaje resultaba inevitable, acabó por autorizarlo. Nunca llegó a saberse quién, a fin de cuentas, se benefició con el producto del latrocinio. Posiblemente, las cajas de algún partido extremista.

Preocupados por el creciente pillaje que manchaba «la pureza» de su revolución, el Comité Provincial de Mieres publicó aquel mismo día 9 un bando que rezaba así:

«Hacemos saber:

»Que el Comité Revolucionario, como intérprete de la voluntad popular, y velando por los intereses de la Revolución, se dispone a tomar con la energía necesaria todas las medidas conducentes a encauzar el curso del movimiento. A tal efecto, disponemos:

»1.• El cese radical de todo acto de pillaje, previniendo que todo individuo que sea cogido en un acto de esta naturaleza, será pasado por las armas.

»2.° Todo individuo que posea armas debe presentarse inmediatamente ante el Comité a identificar su personalidad. A quien se coja con armas en su domicilio o en la calle, sin la correspondiente declaración, será juzgado severísimamente.

»3.° A todo el que tenga en su domicilio artículos producto del pillaje, o cantidades de los mismos que sean producto de ocultaciones, se le conmina a hacer entrega de los mismos inmediatamente. El que así no lo haga, se atendrá a las consecuencias naturales, como enemigo de la Revolución.

»4.° Todos los víveres existentes, así como artículos de vestir, quedan confiscados.

»5.° Se ruega la presentación inmediata ante este Comité de todos los miembros pertenecientes a los Comités directivos de las organizaciones obreras de la localidad, para normalizar la distribución y consumo de víveres y artículos de vestir.

»6.° Los miembros de los Partidos y Juventudes obreras de la localidad deben presentarse inmediatamente, con su correspondiente carnet, para constituir la Guardia Roja, que ha de velar por el orden y la buena marcha de la Revolución.

»En Oviedo, a 9 de octubre de 1934. El Comité Revolucionario.»

En Campomanes, con la llegada de los que acuden en auxilio de Bosch, vuelve a circular entre los gubernamentales una palabra ya olvidada: «esperanza». Una esperanza que se proyecta hacia el futuro en forma vigorosa. La lucha va tomando un carácter más equilibrado. Pero a Bosch no parece acompañarle el acierto. Sí a López Ochoa, quien aquella mañana entra en una villa de Avilés desierta. Luego prosigue su avance hasta Veranes. Por su parte, las tropas enviadas desde África, se hallan a sólo unas horas de Gijón. La campaña de Asturias entra en una nueva fase de su proceso militar o, mejor dicho, en el prólogo de una nueva fase. López Ochoa y las fuerzas africanas son los determinantes del cambio. Los acontecimientos del día 10 resultarán decisivos,

* * *

López Ochoa se acerca; para los sublevados resulta ¡m. prescindible aumentar el ímpetu de su acción ofensiva' si quieren hacerse definitivamente con la ciudad. El día 10 presenta todos los caracteres de una última oportunidad, del último cartucho que hay que quemar a la desesperada. Una posición, muy debilitada, se opone aún al avance revolucionario: el cuartel Pelayo. En él concentran los sublevados todo su ardor durante aquella fundamental jornada. El Palayo resiste a duras penas, y al llegar la noche la situación sigue estacionaria. Lo cual venía a significar que la revolución iba perdiendo su energía cinética. Los incendios, por doble partida, ponen en la capital su funesta rúbrica: mientras los ciudadanos ovetenses, opuestos a la revolución, incendian el edificio del diario socialista Avance, los obreros hacen lo propio con el Palacio de la Audiencia.

En Gijón se ha extinguido por completo la fugaz y tímida llama revolucionaria. En las dársenas de El Musel se ¡hallan los navíos de la Escuadra: el acorazado Jaime I, los cruceros Cervero y Cervantes, y el destructor Churruca. ¡Los legionarios han puesto ya pie en tierra asturiana. Mientras Bosch sigue inalterable e inalterado en Vega del Rey, López Ochoa se halla ya en las cercanías de Oviedo, y en la madrugada ha entablado combate con los sublevados. A las ocho de la mañana, el general republicano se encuentra solamente a nueve kilómetros de Oviedo. Hace alto, por temor a la espesísima niebla, y algunas horas más tarde prosigue su camino. A dos kilómetros de la capital entabla de nuevo batalla, pero no logra penetrar en la ciudad. Queda detenido en la Carredoria, maquinando el plan de ataque para el día siguiente.

Ya se hallan en Gijón las tropas de África, y entre los revolucionarios cunde la desmoralización. Pese a lo duro de su lucha, no han logrado alcanzar los objetivos propuestos: Gijón se les ha evaporado entre las manos. Oviedo resiste, y López Ochoa encuéntrase a sólo dos kilómetros. En Campomanes, el frente se halla estabilizado. Los mineros leoneses han sido detenidos en su avance y el circuito de expansión, gallego por un lado y castellano por otro, ha sido cortado de raíz. Sólo la cuenca minera sigue dominada por los revolucionarios.

González Peña propone interrumpir el inútil combate. Mas los comunistas se empeñan en continuar resistiendo. Aquella decisión, cara a la propaganda, resultó, para sus patrocinadores, una gran victoria. El comunismo supo aprovechar la ocasión que la revolución le brindaba: convertirla en un mito y hacerlo suyo, apresarlo en sus manos mediante un combate al estilo espartano, cuando ya se habían perdido las últimas esperanzas de victoria.

El día 11 López Ochoa entra en el cuartel de Pelayo. Resulta inútil la táctica del sargento Vázquez, quien, como último recurso, dispone que sus milicianos se parapeten tras de los prisioneros. La entrada de Eduardo López Ochoa en la capital ha sido descrita por el propio general con encendidas palabras. Un entusiasmo delirante le acompañó en su paso. Los ovetenses adictos al Gobierno respiraron aliviados tras el permanente susto de casi una semana al borde siempre de caer en un difícil y prolongado ejercicio de equilibrio inestable. Siguiendo los pasos a López Ochoa, Yagüe salía por la mañana de Gijón y llegaba a las tres y media de la tarde a la Carredoria, donde pernoctaría.

En Vega del Rey se despeja la situación agobiante de la columna Bosch cuando aparecen nuevas tropas gubernamentales, aunque la llegada del célebre sargento Vázquez, para dirigir en aquel sector las actividades rebeldes, causa en los sublevados un último rebrote de esperanzas. Sin embargo, el optimismo de días antes ha desaparecido total mente. El Comité de Mieres se desbanda.

González Peña se retira a las montañas y otro socialista de pro, Teodomiro Menéndez, se convierte en el nuevo director de una orquesta revolucionaria que desafina can vez más. Los comunistas pretenden tomar el relevo creando nuevos comités. Los socialistas van de Mieres a Sama, con su pretendida capitalidad a cuestas. La campaña entra en su tercera y última fase, en el triste episodio de retirada y la entrega, del avance gubernamental progresivo e irreversible.

* * *

Ha transcurrido una semana desde la violenta explosión cuando en la campaña se produce un giro de 180 grados La poderosa organización revolucionaria se esfuma y desmorona. Es la huida, con el caos a la zaga. Sólo los comunistas, que buscan denodadamente convertirse en los héroes de un mítico martirio, siguen resistiendo. Los aviones lanzan sobre las calles de Oviedo octavillas imperativas: «Si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la rebelión y entregado las armas... Después iremos contra vosotros hasta destruiros sin tregua ni perdón.» Todas estas palabras no son sino el evidente reflejo de un cambio, tras la pesadilla de una semana angustiosa. Yagüe, al frente de tres mil soldados del Tercio, llega a las cinco de la tarde al cuartel de Pelayo. Su marcha desde Gijón hasta la capital ha constituido un paseo militar. Media hora después, López Ochoa y Yagüe se entrevistan en el Gobierno Civil. «Más vale un mal general que dos buenos», había dicho Napoleón. Despejado el peligro, podía temerse que las rencillas echaran por tierra todo lo ganado. López Ochoa no era muy partidario de los «africanos». Los «africanos» no veían con buenos ojos al masón convencido que era su General en Jefe. Yagüe se muestra receloso y manifiesta su deseo de recibir órdenes solamente desde Madrid. Al final, todo queda reducido a una enconada discusión que, afortunadamente, no acarrea consecuencias lamentables.

* * *

En Gijón reina completa calma, y, regularmente, siguen llegando a El Musel nuevos navíos de tropas africanas. Vega del Rey no es ya el trágico escenario de hace unos días. El peligro revolucionario se esfuma. Los rebeldes, en desesperación de causa, han extraviado la brújula y se pierden en impotentes maniobras que ponen a la luz su desconcierto. Los incendios se multiplican como muestra de la desesperanzada reacción final. Son los últimos estertores de la Revolución.

El coronel Aranda pone la decisiva rúbrica en evitación de un posible rebrote del conflicto, o su extensión, mediante el trazado de un sistema defensivo, en arco de círculo, que cubría ciento cincuenta kilómetros desde Galicia hasta Palencia. A partir de aquel momento, la campaña podría darse prácticamente por acabada. Sólo los heroísmos individuales podrían prolongarla. Fuegos de artificio, militarmente hablando, tales heroísmos tomarían la forma de una feroz resistencia. Algunos casos resultaban ejemplo admirable del clásico heroísmo hispano; así, el gesto de una muchacha de dieciséis años, Aida Lafuente, comunista, que siguió disparando su ametralladora en la iglesia de San Pedro de los Arcos, contra toda una compañía mora, hasta caer acribillada. Aquí es oportuno señalar que tal tipo de femeniles heroínas se dieron repetidamente a lo largo de la revolución asturiana.

La crónica de los días que siguieron resulta el monótono relato de un desmoronamiento salpicado de anécdotas irrelevantes. ¿Para qué hablar de la inútil resistencia del barrio de San Lázaro, último y solitario bastión de los rebeldes? ¿Qué decir de Sama, convertida en capital de una revolución, que en realidad había dejado ya de serlo? Ni siquiera las divergencias surgidas entre López Ochoa y Yagüe tendrían mayor transcendencia. Tampoco merece un exhaustivo comentario la estabilización del frente de Campomanes, donde el general Balmes había sustituido, por orden gubernamental, al poco imaginativo Bosch. El día 17 marca el final de las operaciones llevadas a cabo por la columna Yagüe. Desde Sama, los mineros escuchan los ecos del himno legionario, entonado con la voz firme y agresiva de unos hombres que se sienten victoriosos. Para las tropas del Tercio, habituadas a menesteres mucho más duros, la campaña resultó casi un mero trámite. Desde la conquista de Oviedo no quedaba ninguna duda por despejar. Franco lo expresó con claridad en el diario ABC— «Mi impresión es que una vez ocupado Oviedo, los del más objetivos a cubrir irán cayendo sucesivamente. Puede, pues, darse por resuelto este episodio de |a rebelión de Asturias.» Y así fue. Sucesiva e inexorablemente quedó sofocado el pavoroso incendio. De nada servirían los optimismos absurdos de que hacía gala el Comité de Sama, que a partir del día 16 controlaban los comunistas. Tras denunciar «los procedimientos asesinos» que empleaban en la lucha las fuerzas enemigas, se pretendía mantener en pie un ímpetu ya extinto. El líder socialista Belarmino Tomás fue mucho más realista; según él, perdida la batalla, lo más honesto era claudicar en honrosas condiciones.

El día 18, Tomás y López Ochoa llegan a un acuerdo. Las bases del pacto eran bien sencillas: deposición de armas, cese de hostilidades y no intervención de las tropas moras en las operaciones de pacificación. El general republicano dice que, según se acordó, «las tropas moras no entrarían en los pueblos, pero marcharían a retaguardia de las columnas que a la mañana siguiente emprenderían su avance para ocupar la cuenca; pero que si se ejecutaba la menor agresión, que si sonaba un solo tiro, pasarían a la vanguardia, entrando a sangre y fuego en los poblados mineros». En Sama, Belarmino Tomás notifica, mediante una proclama, el final de la contienda:

«A todos los trabajadores.

»El día 5 del mes en curso comenzó la insurrección gloriosa del proletariado contra la burguesía, y después de probada la capacidad revolucionaria de las masas obreras para los objetivos de gobierno, ofreciendo alternativas de ataque y defensa ponderadas, estimamos necesaria una tregua en la lucha, en evitación de mayores males.

Por ello, reunidos todos los Comités revolucionarios con el provincial, se acordó la vuelta a la normalidad, encareciéndoos a todos os reintegréis de forma ordenada, consciente y serena, al trabajo.

»Esta retirada nuestra, camaradas, la consideramos honrosa por inevitable. La diferencia de medios de lucha, cuando nosotros hemos rendido tributo de ideales y hombría en el teatro de la guerra, y el enemigo cuenta con elementos modernos de combate, nos llevó por ética revolucionaria a adoptar esta actitud extrema. Es un alto en el camino, un paréntesis, un descanso reparador después de tanto ’’surmenage”. Nosotros, camaradas, os recordamos esta frase histórica: "Al proletariado se le puede derrotar, pero jamás vencer."

»¡Todos al trabajo y a continuar luchando por el triunfo! 18 de octubre de 1934.»

Asturias, tras quince días de lucha solitaria, finalizaba su experiencia revolucionaria de octubre, el primer esfuerzo de revolución proletaria en la Historia española. El provisional balance de las jornadas lo establecía Aurelio de Llano en las siguientes cifras:

Fuerzas leales: 256 muertos y 639 heridos.

Paisanos: 940 muertos y I 499 heridos.

* * *

Sofocado el fuego revolucionario, España toda quedó marcada, de un modo indeleble, por la impronta de la trágica quincena de Asturias. Octubre de 1934 se convertiría en fecha decisiva de nuestra Historia, frontera inexorable que separa el pasado del futuro, con el presente como línea divisoria. Ante aquella sangrante realidad, toda postura de abstención resultaba imposible. No cabían términos medios: o se estaba con Octubre o contra Octubre. Para las derechas, Octubre significaba un aviso premonitorio. La C.E.D.A. hizo de aquellos días bandera, y comprendió su postura en el siguiente slogan: «Contra la revolución y sus cómplices.» Pero las derechas, consideradas en bloque, no demostraron gran perspicacia. Buscando culpables, no encontraron sino fantasmas: el fantasma de la masonería, el fantasma de Manuel Azaña (personalidad política que les causaba terror auténtico) Azaña no participó en el alzamiento catalán y en cuanto a la masonería, muchos de sus más ínclitos miembros participaron activamente en la represión gubernamental. La segunda parte de la historia comienza cuando aun se combate ferozmente en Asturias. El día 12 de octubre un Consejo de Guerra dicta sentencia capital contra el comandante Pérez Farrás, los capitanes Escofet y Gabel y el teniente coronel Ricart. La condena pasa primero por el Consejo de Ministros y de ahí al Tribunal Supremo, que la devuelve a los pocos días con un informe positivo. El Gabinete se halla dispuesto a cumplirla. Sólo se opone el Presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora. La C.E.D.A. se muestra inflexible. El día 15, la mujer de Pérez Farrás (la famosa cantante Elisabeth Coemans), visita al jefe cedista José María Gil Robles. Este con una sangre fría incomprensible, rememora treinta y cuatro años más tarde su respuesta. La Historia debe guardar como un tesoro estas palabras: «Nunca olvidaré el sacrificio doloroso que me impone el deber (¿qué deber?) de este momento. NO PUEDO HACER NADA POR SU MARIDO. LOS MINISTROS DE ACCION POPULAR VOTARAN POR LA SENTENCIA.» Frente a todos se alza don Niceto. El 18 de octubre se celebra un nuevo Consejo de Ministros. El Presidente de la República, haciendo gala de un tacto político encomiable, aduce S razones de peso en favor del indulto: «Todo debe arrostrarse —dice—, antes que dejar correr sangre catalana, vertida por un delito político, pues la Historia nos enseña cuán grande es el poder sentimental de los mártires en los movimientos secesionistas.» Y luego pone el dedo en la llaga señalando implacable a la C.E.D.A.: «Tampoco podemos adoptar una resolución extrema, en contraste con benevolencias aplicadas a rebeldías recientes y reaccionarías. DEBE INDULTARSE A PEREZ FARRAS, PORQUE TAMBIEN SE INDULTO A SANJURJO.»

Entretanto, la llama asturiana se apaga. Pero la victoria no trajo el olvido de los resentimientos. La C.E.D.A. mantiene su postura irrevocablemente. Indultar a Pérez Farrás, ¿acaso no sería un mal precedente con respecto a la sublevación de Asturias? Gil Robles explica, muchos años después, y con toda tranquilidad, el temor al «mal ejemplo». Por fin, el último día de octubre, los indecisos radicales ceden. Los ministros cedistas se quedan solos, y los militares catalanes se salvan de la última pena. Mas, por entonces, el tema asturiano llena las páginas de los diarios, los debates públicos y privados. ¿Cuál era la auténtica verdad de Asturias?

El día 16 de octubre se dictan en Gijón dieciséis penas de muerte. Las cárceles se hallan abarrotadas de presos. Nunca llegarán a conocerse las cifras exactas. Algunos historiadores o cronistas elevan el número hasta 40000 para toda España. Probablemente sea exagerada. Sopesando entre unas y otras opiniones, puede llegarse a una cantidad intermedia: de 15.000 a 20.000 presos. En cualquier caso, el número resulta insólito e impresionante.

El «terror rojo» descrito con desmedido lujo de detalles por los escritores de derecha, no resiste a una investigación seria. Bastante hicieron los mineros asturianos para que fuese necesario incurrir en exageraciones. El furor revolucionario se polarizó, de modo preferente, en los curas («buscamos curas», se oía a menudo en los asaltos), en los guardias que se negaron a entregarse y en algún que otro cacique local. En Sama, como hemos indicado en otro lugar, fueron fusilados veintiséis guardias; en La Veguina, ocho hermanos de la Doctrina Cristiana; en Mieres, el ingeniero Rafael de Riego y el presidente de Acción Popular. A esta trágica relación es preciso añadir el cura de Valdecuna, el párroco de La Rebolleda y el cura ecónomo de San Esteban, de Oviedo. No se agota con ello la lista de víctimas, que posiblemente rebasase la cifra de cincuenta. En oposición a tales salvajadas, abunda el testimonio de prisioneros que hablan del buen trato que recibieron de los rebeldes. El respeto a las religiosa, según ellas mismas han relatado luego, fue unánime.

Tratando del tema de la represión, los escritores izquierdistas incurrieron, quizá, en las mismas exageraciones y faltas de ecuanimidad que sus colegas de derecha cuando hablaban del «terror rojo». La campaña, orquestada por los partidos y periódicos de izquierdas en torno a la represión asturiana, tuvo una figura central; el periodista Luis de Sirval, muerto en circunstancias, por lo menos, sospechosas. Sirval presumía de haber sido testigo presencial de algunos hechos lamentables.

El diputado radical socialista, Félix Gordón Ordax realizó una detenida investigación, a resultas de la cual publicó un «requerimiento a la opinión» en el cual pone de manifiesto muchos casos de abuso de autoridad y aun de sevicia y muerte de prisioneros. Posiblemente, hay mucho de cierto en el escrito de Gordón. Como tanto de verdad había en el denunciado «terror rojo». Los hombres no son ángeles, y resulta inevitable que la barbarie Harnéala barbarie.

A últimos de diciembre, Fernando de los Ríos visitó, en compañía del doctor Negrín, el escenario asturiano, para comprobar de cerca lo sucedido y ponerse al habla con el líder revolucionario Teodomiro Menéndez, que hacía poco había intentado suicidarse en la cárcel, tras dos meses y medio de absoluta incomunicación. Las noticias que trae el jurista granadino no pueden ser más desoladoras: quejas de más de dos mil presos de Oviedo y Astorga. ¿Y las torturas? En la capital asturiana se hablaba en voz baja del convento de las Adoratrices, y de lo que se murmuraba ocurría tras de sus muros. Diego Hidalgo salía al paso de los relatos aduciendo que dos procedimientos contrarios al derecho de gentes, los despojos y pillajes, eran tópicos novelescos».

¿Otra «leyenda negra» del estilo Ferrer (pero ésta forjada por los propios españoles) como pretendía Ramiro de Maeztu? En torno al asunto de la represión no queda hoy más que sombras. Ningún debate parlamentario llegó a iluminar el oscuro escenario. Todo quedó en parciales testimonios, que, como en un juego de charadas, cada uno interpretaba de acuerdo con sus ideas preconcebidas, unos dicen que fueron dos mil las victimas de la acción represiva; otros que quinientos. Seguramente las cifras reales no llegarían al centenar. Los cabecillas, los personajes con un nombre, fueron indultados, siguiendo el «mal ejemplo» de Pérez Farrás. Teodomiro Menéndez fue condenado a muerte y a pagar una indemnización de cien millones de pesetas. El «generalísimo» González Peña, también a la pena capital y a doscientos millones de indemnización. El empeño de la C.E.D.A. porque se cumpliesen las sentencias resultó también infructuoso. El indulto acabó por llegar ante una Europa que otra vez agitaba la bandera de la Leyenda Negra.

Sólo se consumaron cuatro sentencias: el sargento Diego Vázquez, Jesús Argüelles el «Pichilatu», José Guerra Pardo y José Naredo.

* * *

Que la revolución de Asturias fue promovida, alentada y dirigida por el socialismo, constituye un postulado histórico: una verdad de la que es preciso partir como base firme y segura. Fue el partido socialista quien la inspiró, en un intento desesperado de librarse del sambenito reformista. Socialistas fueron quienes dirigieron, protagonizaron, comenzaron y concluyeron el movimiento. La revolución fue típicamente socialista: metódica, organizada y sistemática. De haber sido el anarquismo su mentor, hubiera sido dominada con idéntica facilidad a como Batet descuartizó el separatismo de Dencás en Cataluña.

La Revolución de Asturias fue, asimismo, la primera revolución proletaria española dominada por el Frente Unico Obrero: el anarquismo y el comunismo, fuerzas menores en el Principado, se unieron al socialismo. Los comunistas, ortodoxos o trotskistas, eran muy pocos: sus figuras descollantes eran el disidente Grossi y el ortodoxo Ambou. En cuanto al anarquismo, sólo La Felguera donde se implanto el comunismo libertario, y los suburbios gijoneses, eran estricta y mayoritariamente ácrata uno solo de sus hombres, José María Martínez, lució en combate con talla de dirigente. Francisco Martínez Dutor el hombre clave de la estrategia; Ramón González Peña el carismático caudillo; Teodomiro Menéndez, el inspirador en los días prológales; Belarmino Tomo el amo y señor de Langreo, y compromisario de la rendición, todos eran socialistas militantes con un largo historial político.

Los comunistas, escasos en número, pero hábiles y arriesgados en las horas decisivas y propagandísticas del final de la contienda, pretendieron arramblar con la dirección, en una suerte de suicidio muy inteligente, qUe les ponía a un paso de conquistar lo que en aquellos momentos era más importante que una imposible victoria el mito. La Historia oficial del partido comunista español resulta, en este sentido, sumamente significativa, y viene a resumir el Octubre Asturiano en la siguiente tesis: La Historia del movimiento obrero español se divide en dos períodos: antes y después de Octubre de 1934; antes se hizo sin el comunismo, después se basará en el comunismo.

En realidad, las mejores propagandistas del comunismo vinieron a ser unas derechas españolas de increíble miopía. Ellas proclamaron y lanzaron el slogan de que Octubre había sido un mes esencialmente comunista. ¿Qué más podían desear los propios comunistas?

La derecha vio abrirse ante sí, después de octubre, una posibilidad política sin precedentes, que alegre y despreocupadamente desaprovechó. Pudo realizar en la estructura social los cambios que el pueblo reclamaba y que durante la égida izquierdista se insinuaba tímidamente.

Al fin y al cabo, resulta lógico: terminada la pesadilla, y tras la revolución, ¿qué otra cosa podía venir sino la contrarrevolución?

Marcos SANZ AGÜERO

El hampa en el gobierno

Rememorando la cínica frase pronunciada por Fouché, al tener conocimiento de la muerte por fusilamiento del duque de Enghien, podría decirse que la inútil matanza de Casas Viejas «fue peor que un crimen; fue una equivocación». La tragedia que acabó con el clan del «Seisdedos», el 12 de enero de 1933, inició la descomposición del conglomerado republicano-socialista que gobernaba España desde el 15 de diciembre de 1931.

En efecto, fue a partir de entonces que a Manuel Azaña comenzó a faltarle el apoyo del Cuerpo legislativo. La izquierda republicana no solamente era objeto de las iras anarquistas, sino también se estaba convirtiendo en aliado incómodo para los mismos socialistas. ¿Cómo podían éstos presentarse ante las masas obreras del brazo de quienes habían sumergido en sangre el movimiento libertario del pueblo gaditano? Los grupos de derechas, convertidos paradójicamente en vengadores de las víctimas de Casas Viejas, encontraban en aquella matanza un argumento decisivo para desautorizar a un gobierno que pretendía ser socialmente avanzado.

Disueltas las Cortes, por decreto presidencial de 9 de octubre, y celebradas las elecciones para el nuevo Parlamento el 29 de noviembre, el panorama político de la República cambió totalmente. Las derechas se presentaron a los comicios formando un frente unido, en tanto que los grupos de izquierdas se desintegraban y los anarquistas lanzaban su consigna fulminante: «No votad.» Al abstenerse un 32,5 por ciento del cuerpo electoral, se calcula que el boicot anarquista privó a las izquierdas de un millón y medio de votos. En estas circunstancias, las elecciones de 1933, presididas por Martínez Barrio, supusieron el triunfo de las fuerzas conservadoras, en gran parte hostiles a la misma institución republicana.

La Unión de Derechas obtuvo en las nuevas Cortes 217 escaños, de los cuales más de un centenar correspondían a la C.E.D.A. Los partidos del centro disponían de 163 diputados, de los cuales 104 pertenecían a la facción radica* Y las izquierdas veían su número reducido a 93 diputados entre los que se contaban alrededor de 60 socialistas.

Si el Presidente de la República quería ser fiel a la voluntad popular y a las tendencias políticas que predominaban en la nueva Cámara, debía transmitir el encargo de formar Gobierno a una figura representativa, capaz de presidir una alianza de centro-derecha. Don Alejandro Lerroux sería el personaje central de la nueva etapa republicana.

Las fuerzas conservadoras que accedían al poder, aunque triunfantes en las elecciones, carecían de cohesión estable. Era preciso aglutinar a tendencias tan dispares como los radicales, de vieja tradición anticlerical, y los «demócratas cristianos» de la C.E.D.A., como los republicanos conservadores de Miguel Maura, y los monárquicos que creían llegada la horade una nueva restauración borbónica. Don Niceto Alcalá Zamora debía jugar la difícil baza de hacer posible la formación de un gobierno capaz de obtener la aprobación de las Cortes, sin que en él entrasen los enemigos de la República y, sobre todo, sin que su conservadurismo desencadenase una reacción violenta de la izquierda revolucionaria.

Ya el Gabinete de Martínez Barrio, antes de entregar el poder a Lerroux, tuvo que hacer frente a una revolución anarquista que costó al país un centenar de muertos. En esas circunstancias, ceder la presidencia del Gobierno a una figura excesivamente derechista, podía resultar suicida. Por paradójico e injusto que pudiera parecerle al señor Gil Robles, cabeza visible de la Unión de Derechas, Alcalá Zamora actuó prudentemente, al buscar apoyo en el partido radical y en su jefe, Alejandro Lerroux. Es cierto que la experiencia habría de terminar en un rotundo fracaso; pero no es menos cierto que España, dividida y enconada por los extremismos, presentaba un haz sumamente limitado de soluciones viables.

* * *

La designación de Lerroux y de su partido, para dirigir el gobierno de la nave republicana por nuevas singladuras, desagradó, como era lógico, a izquierdas y derechas. La figura del antiguo Emperador del Paralelo gozaba de tanta popularidad como de universal desconfianza.

Hijo de un veterinario del Ejército, Lerroux había cristalizado, en la primera década del siglo, los ideales tumultuosos de la baja clase media española, hondamente defraudada por el fracaso de la Revolución de 1868. El movimiento de «los jóvenes bárbaros», que Lerroux capitaneaba en Barcelona por los años inmediatamente anteriores a la Semana Trágica, era tan extremista como sospechoso. Extremista por sus diatribas, desaforadas hasta la ingenuidad: «Jóvenes bárbaros —escribía en La Rebeldía de l.° de septiembre de 1906—, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura: destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres, para virilizar la especie. Romped los archivos de la propiedad y haced hogueras con sus papeles, para purificar la infame organización social. Penetrad en sus humildes corazones y levantad legiones de proletarios, de manera que el mundo tiemble ante sus nuevos jueces. No os detengáis ante los altares ni ante las tumbas... Luchad, matad, morid.» Pero resultaba todavía más sospechoso que extremista, puesto que los gobiernos de Madrid, así conservadores como liberales, mostraban, ante sus mítines y algaradas, la más benévola tolerancia. El enigma planteado por tal contradicción parece hoy resuelto: Si bien revolucionarios rayando en el nihilismo, republicanos y ferozmente anticlericales, Lerroux y sus «jóvenes bárbaros» eran hostiles al creciente movimiento del regionalismo catalán. Sus miembros no se reclutaban entre la plácida burguesía, honrada, ordenada y trabajadora, pero hostiles al centralismo de Madrid, sino entre la masa de emigrantes, explotada y desesperada, que no entendía de bucólicos regionalismos, sino de miseria y hambre. Insensatamente, los gobiernos de la Monarquía utilizaron a los «jóvenes bárbaros» como fuerza de choque frente al separatismo. Vano intento...

La Semana Trágica de 1909 supuso el hundimiento dél prestigio político del joven Lerroux. Gerald Brenan lo expresa gráficamente en El laberinto español:

«A lo largo de seis años, Lerroux había estado incitando al populacho al saqueo, al incendio y al derramamiento de sangre. Ahora, que había llegado el momento, tanto él como sus compañeros radicales desaparecieron de la escena; pero sus secuaces más jóvenes, los ’’jóvenes bárbaros” como se llamaban a sí mismos, marcharon adelante. El resultado fue cinco días de motín, durante los cuales, los jefes obreros perdieron el control de sus hombres, y veintidós iglesias y treinta y cuatro conventos fueron incendiados. Hubo muertes de frailes, profanaciones de tumbas, y extrañas y macabras escenas por las calles, en las que ciertos individuos bailaban con las momias de las monjas desenterradas.»

Tras aquellos días de horror, el Gobierno de la Monarquía no encontró mejor salida que la de una represión severa. Francisco Ferrer fue fusilado, mientras que Lerroux, providencialmente ausente, regresaba a España sin que nadie le molestase, y se decidía por una actitud política, en lo sucesivo, más conservadora. En consecuencia, las fuerzas revolucionarias de Barcelona, desilusionadas por la defección de su líder, se alinearon junto a quienes por lo menos, sabían morir al pie de sus ideales: los anarquistas.

Resultaría injusto, sin embargo, confinar la figura política de Alejandro Lerroux en la imagen de sus devaneos juveniles, por trágicas que, al fin y a la postre, resultasen sus derivaciones. Hasta 1931, Lerroux fue aglutinando en torno a su persona un partido —el radical—, sincera— mente republicano, que podía considerarse heredero de las tradiciones liberales decimonónicas. Buen orador, Lerroux podía presentar el doble mérito de sus largos años al servicio de la causa republicana, y de su actitud progresivamente conservadora en el plano social, especialmente apta para tranquilizar a la pequeña burguesía (e, incluso, a la no tan pequeña). A la caída de la Monarquía, los radicales de Lerroux tenían de radicales solamente el nombre. Su programa guardaba como reliquias del pasado el anticlericalismo trasnochado y una constante inquina contra las órdenes religiosas, dedicadas a la enseñanza. Lamentablemente, el tiempo se encargó de demostrar que otra nota característica de algunos miembros de la facción de Lerroux era una considerable afición por las inmoralidades administrativas [8].

La figura de Lerroux, en definitiva, a pesar de su tradición revolucionaria, tenía muy poco que ver con la nueva España que soñaban los hombres que, en 1931, trajeron la República. Su republicanismo, pasado de rosca, había sido dura pero certeramente criticado por Baroja: «Nunca he creído que el partido republicano fuese a hacer la revolución. Nunca lo he considerado como un organismo de progreso y de cultura, ni he podido convencerme de que sus hombres tengan alguna superioridad ética sobre los caciques monárquicos que van devorando a España.» Miguel Maura, en su interesante libro Así cayó Alfonso XIII, rememora la desconfianza profunda que inspiraba la figura del jefe radical a los firmantes del Pacto de San Sebastián:

«Pronto supe, sin embargo, que para los republicanos no incondicionales de Lerroux, es decir, para las figuras relevantes del republicanismo (y no hay que decir que, también, para los socialistas), éste era hombre sumamente peligroso, de quien no cabía fiarse... Lerroux había vivido siempre del milagro, que dejaba de serlo para quienes conocían sus relaciones con los ministros de la Gobernación y con los fondos secretos de este Ministerio... Nuestro hombre era el garbanzo negro de la República; pero a la vez, reconocíamos que su popularidad entre la del partido era tan considerable, que no resultaba fácil edificar algo sólido sin su concurso, e imposible hacerlo contra él. Llegó esta desconfianza a formar parte del subconsciente de todos y cada uno de nosotros. Al punto de que, cuando se trató de designar los miembros del Comité, en la reunión de San Sebastián, nadie pensó en incluir a Lerroux. Prácticamente, actuábamos sin contar con él aun cuando fuese citado a las reuniones que celebrábamos en mi casa o en el Ateneo.»

La pregunta surge inevitablemente: ¿Cómo fue posible que esta figura superada, reliquia de una decadencia política que la República pretendía destruir, fuese designado, nada menos que cinco veces, para ocupar la jefatura del Gobierno? ¿Cómo era posible, además, que Lerroux fuese objeto de veneración y homenaje, que su persona apareciera siempre rodeada como de un halo que la hacía intangible?

La respuesta no es difícil: con su pasado y su presente, con su anticlericalismo y con su carencia absoluta de programas social mente avanzados, Lerroux y los radicales representaban, en 1933, la única fuerza considerable del centrismo republicano, de aquella masa constituida por empleados, pequeños propietarios rurales, comerciantes y empresarios, sinceros republicanos, pero temerosos de la violenta tendencia reformadora de las izquierdas. La misma pobreza de su programa político hacía, de los radicales, un grupo especialmente apto para ejercer, dentro del juego de partidos, una influencia decisiva, según se inclinara hacia la derecha o hacia la izquierda. En 1933, las dos grandes fuerzas que protagonizaban la escena política española eran, en realidad, la C.E.D.A. y tos socialistas. Sin embargo, ninguna de ellas poseían un número de escaños que les permitiera gobernar sin recurrir a coaliciones. La situación intermedia de los radicales por los años treinta era, con pequeñas diferencias, semejante a la del pequeño partido liberal alemán de nuestros días, cuando, tras las últimas elecciones para el Bundestag, demócratas cristianos y social demócratas de la República Federal Alemana han entonado sus cantos de sirena a los liberales, en orden a una futura coalición parlamentaria.

Así, el 28 de diciembre de 1933, pasaba la República Española a ser gobernada por una figura —la de Lerroux— y por un partido —el radical— en los que nadie veía una solución definitiva. Se trataba simplemente de un remedio transitorio, de un compás de espera, aceptado táctica— mente, mientras las fuerzas de uno y otro bando tomaban aliento para un enfrentamiento definitivo.

Contemplada la crítica situación por la que atravesaba en aquel entonces la República, con una perspectiva de treinta años, parece indudable que el equilibrio, tan ansiosamente buscado por Alcalá Zamora, solamente habría podido lograrse mediante un fuerte partido de centro. Ese partido, que hubiera tenido que ser radical en algo más que en el nombre, no existió nunca. Tal vez, porque semejantes partidos suelen ser el fruto de las revoluciones burguesas, y un movimiento de tal naturaleza, como cosa plenamente lograda, no se había dado en España. Por si fuera poco, la obligada alianza con las derechas restó posibilidades de éxito a la facción de Lerroux. En marzo de 1934, Martínez Barrio se separa de los radicales, para constituir un grupo político propio: la Unión Republicana. A partir de aquel momento, la tendencia derechista del Gobierno se acentúa. Incluso las figuras más sensatas del grupo cedista, como Giménez Fernández y Luis Lucía, fueron pronto barridas por el sector ultramontano de aquella pretendida democracia cristiana. Los poderosos grupos económicos que habían costeado la formidable campaña electoral de Gil Robles, no recataban su impaciencia por recibir los dividendos políticos del capital Invertido.

Es en esta coyuntura política donde conviene encuadrar los escándalos financieros que jalonaron los últimos del bienio radical-cedista. Los oscuros negocios de algunas personalidades radicales, cuya exposición y comento es el objeto del presente trabajo, contribuyeron al decrédito definitivo de la solución centro-derecha. Este decrédito preparó el advenimiento del Frente Popular su secuela inmediata, inevitable: la guerra civil.

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Cuando el 16 de septiembre de 1935 don Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República Española, inició el cotidiano despacho de los asuntos rutinarios, tropezó con un documento insólito. Es, en efecto, insólito, que |j Jefe de Estado de una nación reciba, personalmente, la comunicación de una querella tramitada por un tribunal de otro país. En el expediente de marras quedaba implicado buen número de personajes públicos, detentadores de cargos políticos de primera línea. En un abultado sobre, dirigido a «Su Excelencia el señor Alcalá Zamora, Presidente de la República de España», se contenía todo el legajo de la acusación que un extranjero, Daniel Strauss, había presentado ante un tribunal de La Haya, por daños y perjuicios infligidos al querellante por parte de varios miembros destacados del partido radical. La denuncia iba fechada el 5 de septiembre de 1935.

Naturalmente, lo que preocupó desde el primer momento a don Niceto no fueron los daños y perjuicios inferidos a Daniel Strauss. Lo realmente grave era que, tanto de la denuncia como de los documentos acusatorios, parecía deducirse la existencia clara de un delito de cohecho, del que difícilmente se libraba el jefe de la minoría radical, y a la sazón Presidente del Gobierno, don Alejandro Lerroux.

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Todo comenzó a finales del año 1933, con la venida a España del tai Strauss. Era éste un judío de origen holandés, aunque nacionalizado en Méjico, empresario de juegos de azar en Niza. Junto con su socio y amigo Perl, Strauss había inventado una ruleta eléctrica que bautizaron, uniendo los apellidos de ambos, con el enrevesado nombre de «straperlo». Fundamentalmente consistía en un aparato que introducía algunas modificaciones especiales a la ruleta tradicional. Tenía solamente trece números, con lo que, a primera vista, parecía ofrecer al punto mayores probabilidades, y se hallaba movida por un sistema eléctrico regulado mediante un complicado mecanismo de relojería. Estas modificaciones permitían, al menos así lo subrayaban sus inventores, liberar al «straperlo» del ignominioso calificativo de «juego de azar», introduciéndolo en el ámbito, menos arriesgado, de los «juegos de sociedad». En efecto, la bola de la nueva ruleta iba cayendo sucesivamente en números relacionados entre sí; por lo que, más que la suerte, influía en el resultado de la jugada la vista, la rapidez en el cálculo, el poder retentivo y la serenidad del jugador.

Es fácil comprender hasta qué punto el «straperlo» permitía ganancias cuantiosas a la banca, si ésta era llevada por «croupiers» especialmente entrenados en el cálculo. De hecho, la primera demostración de la nueva ruleta, realizada en el Casino de la playa de Scheveningen, produjo tales beneficios a Strauss y Perl, que las autoridades les expulsaron de Holanda.

Ya tenemos a Strauss y a su ruleta instalados en España, y más concretamente, en Barcelona. El aventurero holandés se puso a buscar padrinos para la criatura, y creyó encontrarlos entre los políticos de la Esquerra Catalana. En efecto: en Sitges conoció a varios de ellos y consiguió instalar allí una ruleta experimental, cuyo funcionamiento examinó el mismo Companys. La oferta de Strauss era tentadora: un fuerte porcentaje de las ganadas ingresaría en las arcas de la Generalidad de Cataluña. Pero Companys no se dejó convencer; el anhelado permiso fue denegado. Strauss tendría que buscar protección en otras latitudes.

La nueva meta del infatigable holandés fue Madrid.

Joaquín Gasa, promotor de boxeo, facilitó a Strauss, el 15 de mayo de 1934, una entrevista con varias personalidades del partido radical. Eran éstas: don Juan Pich y Pon, subsecretario de Marina; Aurelio Lerroux, hijo adoptivo de don Alejandro, y Miguel Galante, Delegado del Estado en la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid Zaragoza y Alicante (M.Z.A.). Ante ellos se hizo una de«mostración del «straperlo», en una sala del Hotel Ritz de Madrid.

La reacción de los figurones radicales fue más benévola que la de Companys y sus compañeros de la Esquerra Aurelio Lerroux se comprometió a obtener la necesaria autorización, valiéndose de la influencia de su padre adoptivo con el entonces ministro de Gobernación, Rafael Salazar Alonso. Según la versión que de los hechos daba Strauss en su famosa denuncia, Juan Pich y Pon se encargaría de distribuir determinada suma entre el ministro Salazar Alonso y el subsecretario de Gobernación, Eduardo Benzo. A Miguel Galante se le encargaba la tarea de convencer a Valdivia, Director General de Seguridad, que también había examinado el aparato. Valdivia nombró dos comisiones, una técnica y otra jurídica, para que emitieran dictamen sobre el aparato en cuestión. El periodista Santiago Vinardell fue el instrumento utilizado por Strauss y sus aliados para enviar cierta suma al presidente de una de las comisiones, quien la rechazó. Sin embargo, el dictamen de ambas comisiones fue favorable.

Los obstáculos más graves parecían allanados. Entre los interesados se formalizó un contrato privado en el que, conforme al criterio de Pich y Pon, se establecía el reparto de los eventuales beneficios.

Sólo faltaba el definitivo beneplácito del subsecretario, don Eduardo Benzo y, en último término, del ministro de Gobernación. Nuevo traslado del «straperlo»: esta vez al despacho del señor Benzo. Allí acude el propio ministro Salazar Alonso para examinar la ruleta. Luego de que los valedores de Strauss han hecho el artículo, Salazar Alonso declara que no tiene inconveniente alguno en dar su aprobación; pero antes quiere obtener el consentimiento del jefe del Gobierno. Este no era Lerroux, que había dimitido el 26 de abril, sino otra personalidad radical: don Ricardo Samper. Aurelio Lerroux se comprometió a obtener aquel consentimiento, merced a los buenos oficios de Sigfrido Blasco, diputado radical, que también cobraría sus servicios.

Tras una serie de peripecias protagonizadas por Aurelio Lerroux, que solicitó de Strauss el importe de varios relojes de oro para obsequiar a los favorecedores —entre ellos al ministro de la Gobernación— llegó a manos del aventurero holandés la ansiada autorización.

¿En qué consistía el documento? Don Rafael Salazar Alonso, con fecha de 25 de agosto, había estampado un «conforme» al pie del dictamen favorable de las comisiones de la Dirección General de Seguridad. Pero en (a carta que Eduardo Benzo enviaba a Strauss el 29 de agosto, parece que se incluía una autorización ministerial, sin firma ni sello. Conforme a ella, el judío mejicano-holandés quedaba autorizado, por vía de ensayo, a instalar el juego de salón denominado «straperlo».

Strauss había elegido ya lugar para la experiencia: el Casino de San Sebastián. Incluso, antes de poseer la autorización gubernativa, se había preocupado de disponer los salones destinados al juego, encargando la fabricación en Alemania de las mesas necesarias; tan convencido estaba de que los buenos oficios de Aurelio Lerroux darían resultado positivo. A última hora, sin embargo, surgió una dificultad insospechada. El gobernador civil de Guipúzcoa, señor Muga, al recibir la instancia de Strauss, acompañada de la autorización ministerial del 25 de agosto, extrañó no haber recibido notificación oficial de la misma, en asunto tan delicado. Telefoneó a Madrid pidiendo comunicación con el ministerio. Pedro Salazar Alonso estaba ausente y habló con don Eduardo Benzo. Este fe ordenó que, «por no existir impedimento alguno», autorizara el funcionamiento del «straperlo». Venciendo sus últimas repugnancias, el señor Muga firmaba la autorización el 10 de septiembre. Ignoraba que el propio Ministro había, en realidad, denegado el permiso por una Orden ministerial firmada el 3 de septiembre.

Contrató Daniel Strauss a quince «croupiers» de Holanda, costeó una gran campaña de publicidad, y el 12 de septiembre tenía todo preparado para la inauguración A las seis y media de la tarde, los salones del Gran Casino se abrían al juego.

Los acontecimientos se precipitaron. No todo el mundo estaba en San Sebastián tan entusiasmado como el bueno de Strauss. El diario madrileño La Voz, publicaba la noticia el mismo día 12 con los siguientes titulares: «Una vergüenza intolerable. Ha sido autorizado el juego en San Sebastián.» Fue a través de tal titular cómo el Ministro de la Gobernación tuvo conocimiento de lo que ocurría. La orden telefónica de Salazar Alonso fue terminante: «Suspenda el juego inmediatamente.» Es preciso reconocer que el gobernador de Guipúzcoa no pecó en esta ocasión de remiso: Tres horas escasas llevaban los puntos arriesgando su dinero, cuando penetraban en el Casino el Comisario jefe y varios agentes de Policía que, pistola en mano, disolvieron la timba. Salazar Alonso hizo difundir una circular en la que era recordado a todos los gobernadores civiles que la ruleta y todos sus sustitutivos se hallaban absolutamente prohibidos.

La triste experiencia de San Sebastián hubiera tal vez desanimado el espíritu arriesgado de Strauss. Pero allí estaba Aurelio Lerroux para mantener en alto su moral. En efecto, los compadres se decidieron a probar nuevamente fortuna en el Hotel Formentor, de Mallorca. En aquellos años, la situación del turismo mallorquín no era tan boyante como en nuestros días. El dueño del lujoso establecimiento mallorquín, señor Ensenat, estaba dispuesto a no regatear medios para convertir a la isla en un centro turístico de primer orden. Pensando que el «straperlo» podía constituir un buen aliciente, el industrial mallorquín estableció contacto con Strauss y Aurelio Lerroux. En esta ocasión, los trámites se llevaron a cabo con más sigilo y eficacia. El Gobierno Samper había caído el l.° de octubre de 1934 y, tres días más tarde, Alejandro Lerroux formaba nuevo gobierno, con participación de la C.E.D.A. El 5 de octubre estallaba la revolución, y al amparo del desorden provocado por el levantamiento de las izquierdas, el «straperlo» comenzó a funcionar en el Hotel Formentor. Un periódico balear quiso dar la voz de alarma, pero la censura se lo impidió. Los caminos que Strauss utilizó para obtener la nueva autorización fueron semejantes a los empleados en el caso de San Sebastián: cuantiosos gastos para ganar voluntades y allanar obstáculos.

El ministro de la Gobernación de aquel tercer Gobierno Lerroux era el radical Vaquero Cantillo. A él se dirigió José María Gil Robles, cuando el diputado cedista por Baleares, señor Zaforteza, le comunicó que en Palma llevaba una semana funcionando la ruleta de Strauss. El ministro ordenó la inmediata suspensión del juego, pero se resistió a sustituir al gobernador civil, aduciendo que posiblemente Strauss y compañía hubiesen sorprendido su buena fe.

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Don Niceto Alcalá Zamora disponíase, aquel 16 de septiembre de 1935, a levantar el telón para el último acto de la tragicomedia del «straperlo».

En el escrito que leía el sorprendido Presidente de la República, Strauss se consideraba gravemente perjudicado en sus intereses, y suplicaba del señor Alcalá Zamora el que, haciendo valer su autoridad, le ayudase a recibir una compensación que le resarciese, por lo menos en parte, de los daños sufridos. Descontando 75.000 pesetas que Aurelio Lerroux le había devuelto, estimaba Strauss los perjuicios causados en la cantidad de 85.000 florines holandeses, como importe de las sumas entregadas a distintas personalidades. El delicado Strauss renunciaba, generosamente, a otro tipo de indemnizaciones por «daños morales». Debe observar el lector que, en tan sórdido asunto, incluso las cifras que se manejaban eran mezquinas.

Se ha reprochado al Presidente de la República el había utilizado la acusación de Strauss como arma política contra Lerroux. Es cierto que desde un punto de vista jurídico» el alegato del aventurero holandés presentaba muy vulnerables aspectos; pero la copiosa documentación que se acompañaba ponía en evidencia unos hechos, cuya veracidad fue comprobada por la comisión parlamentaria encargada del asunto, y que si no presentaba ciertamente una gravedad excesiva, tampoco podía decirse que fuesen «cosa de niños», teniendo en cuenta la situación política de por aquel entonces. Basta simplemente recordar que Rafael Salazar Alonso, seriamente comprometido en el escándalo del «straperlo», era considerado por las izquierdas como «un símbolo de la tiranía capitalista». Este calificativo lo había ganado merced a su actitud como Ministro de Gobernación, en el Gabinete Samper.

El Presidente de la República notificó a Lerroux la acusación de Strauss, el mismo día 16 de septiembre. Alcalá Zamora estudió luego, con más detención, el expediente, y volvió a hablar del tema con don Alejandro, dos días después. La actitud del patriarca del partido radical, que a la sazón era jefe del Gobierno, fue digna y altiva, rechazando con desprecio lo que él consideraba una sarta de calumnias, encaminadas a desprestigiarle. Es más: reveló al Presidente que en el mes de julio anterior, Daniel Strauss había pretendido hacerle objeto de un chantaje. El holandés se comprometía a echar tierra al asunto del «straperlo» y a las graves inculpaciones que podían recaer sobre el hijo adoptivo de don Alejandro, si éste le entregaba unos cuantos centenares de miles de francos. Las exculpaciones de Lerroux no tranquilizaron el ánimo del Presidente de la República, que hizo ver a Lerroux el riesgo que corría, si cualquier parlamentario de la oposición llegase a tener conocimiento del asunto y lo aireaba en las Cortes. Lerroux replicó que nunca le habían asustado los escándalos parlamentarios. El tiempo se encargaría de demostrar al viejo político que, en esta ocasión, había medido mal sus fuerzas.

Por lo demás, se imponía un compás de espera. La crisis del quinto Gobierno Lerroux estaba ya decretada, y tenía lugar el 20 de septiembre; el asunto del «estraperlo» seguía siendo conocido, tan sólo, por un reducido número de personas. El nuevo Gobierno, presidido esta vez por don Joaquín Chapaprieta, dio cabida en su seno a Lerroux, como ministro de Estado. A los pocos días, el Presidente de la República hacía saber a Chapaprieta que obraba en su poder una denuncia que podía tener graves repercusiones políticas.

El 11 de octubre, cierto abogado holandés pedía, en una carta, la devolución de los documentos enviados a Alcalá Zamora, en el caso de que no hubieran merecido la atención del ilustre destinatario. Al día siguiente, el Presidente de la República se reunía con Chapaprieta, José María Gil Robles (Ministro de la Guerra) y Martínez de Velasco(Ministro de Agricultura e Industria) para poner en su conocimiento la existencia de una grave acusación contra ciertas personalidades del partido radical.

En un principio se pensó en tramitar el asunto con absoluta rectitud, mas procurando que no trascendieran los hechos hasta la opinión pública. Los acontecimientos, sin embargo, tomarían muy grave cariz. En efecto; para el día 20 de octubre habíase anunciado un gigantesco mitin de todas las fuerzas de izquierda en Madrid. En la reunión hablaría don Manuel Azaña, y en ella iban a intervenir representantes de todas las organizaciones que luego se integrarían en el Frente Popular. Parecía obvio que, si Azaña tenía noticia del asunto del «straperlo», lo sacara a la coalición gubernamental. Para adelantarse a la maniobra de las izquierdas, propuso Gil Robles la publicación de una nota en la prensa. El texto fue aprobado por los ministros y confirmado por el Presidente de la República: «Ha llegado oficialmente a poder del Gobierno una denuncia, suscrita por un extranjero, cuya personalidad no consta de modo auténtico en España, en la que se formulan acusaciones contra determinadas personas por supuestas irregularidades cometidas con ocasión del ejercicio de funciones públicas. El Gobierno ha trasladado, d» oficio, esta denuncia, al fiscal, con el propósito de que Se practique la más amplia y escrupulosa investigación.»

Gil Robles dice que fue motivado por la publicación de la nota gubernamental; el semanario comunista L'Hora de Palma de Mallorca, hizo alusión a ciertas súplicas del propio Lerroux; el hecho es que Azaña no aludió en el mitin monstruo al «straperlo». Casi cuatrocientas mil personas asistieron a la concentración izquierdista. Muchas de ellas esperaban ansiosas la escandalosa denuncia pero Azaña calló. Inauguraba, de este modo, la prudente política de «verlas venir» que siguieron las izquierdas a lo irgo del asunto «straperlo».

El Gobierno había capeado un primer temporal; pero era preciso prevenir otro más peligroso: la discusión del «affaire» en las Cortes. El diputado lerrouxista Pérez Madrigal se adelantó a los planes de la oposición planteando por sí mismo el debate en torno al «straperlo». Era el 22 de octubre. En el centro de la discusión se hallaba, en realidad, la figura de don Alejandro Lerroux, por cuanto que personas muy afectas a él estaban inculpadas. Comprendiéndolo así, el jefe del partido radical tomó la palabra para defender la tesis de que todo era una trama indigna, urdida por sus enemigos políticos. En apoyo de su afirmación leyó públicamente dos cartas.

La primera de ellas, fotocopiada, llevaba la firma de Daniel Strauss iba dirigida al general mejicano don Martín Luis Guzmán y decía así:

«La Haya (Holanda), junio, 30 de 1935. Muy señor mío y paisano: Me permito escribirle estas letras para conseguir su dirección en España, pues le interesará muchísimo. Se trata de las gestiones hechas por el actual Gobierno, respecto a la concesión que me diese para el juego en San Sebastián y Mallorca. El asunto es de suma importancia, sobre todo para Azaña, y por lo mismo quisiera ponerme de acuerdo con usted. Suplicóle me mande su dirección y le comunicaré todo, muy interesante. Así es que no deje de enviarme su dirección por vuelta de correo. Suyo afectísimo amigo y seguro servidor, Daniel Strauss.»

La segunda carta, leída por Lerroux directamente en su original, era la respuesta de don Martín Luis Guzmán: «San Sebastián, 15 de julio de 1935. Estimado señor Strauss: Con algún retraso recibo aquí su carta del día 7. La otra a que se refiere usted, la dirigida a las oficinas de un periódico, nunca me ha llegado. Mucho interés político tiene, en verdad, el asunto que me propone, y nosotros lo acogeríamos desde luego, a condición de quedara nuestro arbitrio la elección del momento en que sea oportuno hacer uso de la información. Si está usted de acuerdo con esto, fijaremos enseguida los detalles de la entrevista de que me habla. Martín Luis Guzmán.»

El debate prosiguió durante cuatro horas. Las izquierdas no parecían mostrar ningún interés en el asunto; los monárquicos, en cambio, atacaban con violencia. Aquellas actitudes contrapuestas desvirtuaban las afirmaciones de Lerroux, cuando éste pretendía que todo el caso se basaba en una confabulación de la minoría izquierdista. Finalmente, se tomó, por unanimidad, el acuerdo de nombrar una comisión parlamentaria, que investigase el asunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de las Cortes. La Comisión quedó formada en la misma noche del 22 de octubre por los siguientes diputados: Radicales: Arrázola, Martínez Moya y Pareja Yébenes; C.E.D.A.: Esparza, Barros de Lis, Adánez, Piñán y Beca; Agrarios: Cid y Taboada; Liberales demócratas: Muñoz de Diego; Lliga: Gabarró; Esquerra: Rubió; Izquierda republicana: Sánchez Albornoz; Unión republicana: Lara; Conservadores: Arranz; Renovación española: Fuentes Pila; Tradicionalistas: Lamamié de Clairac; Nacionalistas vascos: Landaburu; Independiente: Ruiz Valdepeñas; Republicanos independientes: Iglesias Corral. Fue nombrado Presidente de la Comisión don Gregorio Arranz. Al día siguiente, 23 de octubre, la Comisión investigadora se hizo cargo del expediente.

Es indiscutible la rapidez y eficacia con que los diputados que constituían la Comisión actuaron. Se confrontaron los documentos adjuntos a la denuncia de Daniel Strauss con los datos que obraban en el Ministerio de Gobernación y en la Dirección General de Seguridad. Después de tal comprobación, se dedujo que los documentos eran auténticos. A las sesenta horas de haberse hecho cargo del asunto «straperlo», es decir, el 26 de octubre, la comisión emitió su dictamen:

«Demostrada la autenticidad de los documentos que han podido ser comprobados, no está desprovista de veracidad la relación de hechos que, de ser ciertos, revestirían carácter delictivo. Entiende la Comisión que debe hacerse una investigación a fondo, por los órganos judiciales pertinentes, porque existe la convicción moral de que la conducta y modos de actuar, en el desempeño de las funciones públicas, de los que han intervenido en ellas, no se acomodan a las normas de austeridad y ética que en la gestión y dirección de los asuntos públicos son postulados indeclinables.»

El juicio de la Comisión fue, por tanto, severo, y en virtud de él quedaban implicadas las siguientes personalidades: Don Juan Pich y Pon, Gobernador General de Cataluña: don Rafael Salazar Alonso, Alcalde de Madrid; don José Valdivia, Director General de Seguridad; don Eduardo Benzo, ex-subsecretario de Gobernación; don Sigfrido Blasco, diputado del partido radical; don Miguel Galante, delegado del Estado en la compañía M.Z.A.; don Aurelio Lerroux, delegado del Estado en la Compañía Telefónica Nacional de España; don Santiago Vinardell, jefe de la Oficina Española de Turismo en París.

El dictamen suponía, no solamente un grave reparo a la honestidad de las personas implicadas, sino que llevaba consigo algo más grave: el desprestigio del ya quebrantado partido radical. El Consejo de Ministros, en su reunión del 28 de octubre, acordó la destitución del Gobernador General de Cataluña, señor Pich y Pon, del jefe de la Oficina de Turismo en París, señor Vinardell, de los delegados estatales en la M.Z.A. y en la Telefónica, señores Galante y Lerroux y del señor Valdivia, que desempeñaba un cargo en el Parque de Intendencia. Don Rafael Salazar Alonso, Ministro de Gobernación que había mantenido contactos con la pandilla del «straperlo», dimitió su cargo de alcalde de Madrid el 19 de octubre. El ministro de Estado, don Alejandro Lerroux, y el de Instrucción Pública, señor Rocha, se comprometieron a dimitir, después del debate parlamentario que había de tener lugar en aquella misma tarde.

La defensa que de su actuación hicieron en las Cortes los señores Lerroux y Salazar Alonso fue muy pobre. La Cámara votó, a la vista del dictamen de la Comisión, la exculpación del antiguo ministro de Gobernación por el escaso margen de 140 bolas blancas, contra 137 negras. El diputado radical, Sigfrido Blasco, quedó, en cambio, inculpado, por 190 bolas negras, contra 70 blancas. El resto de los comprometidos fueron, asimismo, considerados culpables por 176 bolas negras, contra 14 blancas.

«¿Quién ha dicho que las colectividades no delinquen? —exclamó José Antonio Primo de Rivera al intervenir en el debate parlamentario de aquella tarde—. El "straperlo” no es ni más ni menos que la descalificación de todo un partido político. Ese partido es el que acaudilla el señor Lerroux.» Gil Robles dice que cuando el fundador de la Falange cruzó por delante del banco azul, el patriarca radical le dirigió una durísima mirada.

El escándalo trascendió, como no podía por menos de suceder, del ámbito parlamentario. Aireado por la prensa de la oposición, exagerada su importancia por los comentarios de las tertulias políticas y de las conversaciones cafeteriles, el «straperlo» pasó a convertirse en un símbolo de toda inmoralidad tejida o amparada por las esferas gubernamentales. La categoría de las personas implicadas, el cariz de «bajos fondos» que caracterizaba al asunto, y las sospechas que circulaban respecto a otros manejos de los prohombres radicales, encendieron la indignación popular. El partido de don Alejandro Lerroux se hundía, amenazando arrastrar a las derechas en su caída. Por aquellos días, el falangista Sindicato Español Universitaria difundía un panfleto que reflejaba exactamente el general estado de ánimo:

«Estudiantes: La España que elevamos en nuestras horas revolucionarias, ha venido a caer en esta atmósfera podrida del asunto del juego. Otra vez está nuestro puesto en la calle, para gritar la vergüenza y el asco de nuestra juventud contra la política miserable, que trata de ahogar en inmundicia la revolución española. ¡Arriba España!»

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Como consecuencia del escándalo del «straperlo» el 29 de octubre, Chapaprieta reorganiza su Gobierno! Aceptadas las dimisiones de los señores Lerroux y Rocha, entran en el Gabinete otros dos políticos radicales: Don Luis Bardají, que ocupó la cartera de Instrucción Pública, y don Juan Usabiaga, encargado del ministerio de Agricultura, Industria y Comercio; el señor Martínez de Velasco pasaba al Ministerio de Estado. Don Alejandro Lerroux no volvería ya nunca más a ocupar el banco azul. Con todo, sus sinsabores no habían terminado.

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Es posible que al lector de hoy le parezca desproporcionado el escándalo parlamentario y callejero que produjo en la España de entonces el asunto del «straperlo». Resulta evidente que, antes y después del «bienio» radical-cedista, se tramaron en los ministerios españoles asuntos de mayor entidad económica y de inmoralidad más subida que el provocado por la ruleta de Daniel Strauss. Pero la trascendencia del «straperlo» no radicó tanto en la importancia del acontecimiento en sí mismo cuanto en las circunstancias de inestabilidad política que lo rodearon. La coyuntura resultaba tan delicada, que el menor incidente era capaz de dar al traste con una coalición de partidos absolutamente antinatural, y que sólo a fuerza de renuncias y componendas se mantenía. Es justo reconocer que, en medio del escándalo, las Cortes de la República se sometieron a una autocrítica poco frecuente en la vida política española: La Comisión parlamentaria se comportó honradamente, a pesar de que muchos de los diputados que la integraban se hallaban unidos a las personalidades inculpadas, por intereses de partido o de acción política común.

Las izquierdas aparecen a lo largo de todo el debate como regocijadas espectadoras. Apenas intervienen en el juego parlamentario, aunque azuzan las pasiones en la calle, donde el futuro Frente Popular se sentía más fuerte y con más audiencia que en las Cortes.

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Pretender, como afirmó Lerroux y como insinúa Gil Robles, que todo el «affaire» era simple fruto de un oscuro contubernio forjado por Alcalá Zamora y las fuerzas de izquierda, en concreto Azaña y Prieto, es intentar cazar brujas donde no hay más que sombras y buscar gigantes alanceando molinos. Los hechos narrados en la acusación de Strauss fueron comprobados por una Comisión imparcial, en la que las izquierdas se hallaban en absoluta minoría. Que la oposición aireó y utilizó la extraordinaria baza que caía en sus manos, es indudable. Muy probablemente, Lerroux o sus aliados de la C.E.D.A. hubieran hecho lo propio si los protagonistas del escándalo hubiesen sido miembros de la Izquierda Republicana o del Partido Socialista. Desgraciadamente para la alianza centro-derecha, las cosas habían ocurrido a la inversa: un hombre de izquierdas, Companys, dijo rotundamente «no» a Strauss y unos prohombres radicales dijeron «sí». Estos son los datos históricos. Todo lo demás son supuestos o hipótesis que no se han podido demostrar.

¿Qué decir de las cartas leídas por Lerroux ante las Cortes del 22 de octubre? Aunque admitamos su autenticidad, es menester reconocer que solamente prueban que un hombre desaprensivo como Strauss había ofrecido sus servicios a Azaña, mediante los buenos oficios del mejicano Martín Luis Guzmán. Pero en modo alguno quedaba probado que el futuro Presidente de la República pensase intervenir en aquel complot de baja estofa. Lo mismo puede decirse de Indalecio Prieto.

El escándalo del «straperlo», no solamente dejó mal parado al partido radical frente a la oposición, sino que sembró la desconfianza en el seno de la débil coalición centro-derecha. Los radicales acusaban a los cedistas de haberles regateado el apoyo en las Cortes, e incluso, alguno llegó a insinuar que era el partido de Gil Robles quien se movía entre bastidores para desprestigiar a los hombres de Lerroux y alzarse con un gobierno francamente de derechas. Los miembros de la C.E.D.A. reprochaban, a su vez, a los radicales, su inmoralidad, y se consideraban víctimas inocentes de unos desafueros en los que no habían tenido arte ni parte.

Pero fueron los monárquicos quienes, con la clara visión política que les caracterizaba, creyeron llegada la ocasión de hacer su agosto, con motivo del «straperlo». Ellos fueron los más implacables acusadores de Lerroux, en un intento de terminar con el acuerdo «contra natura» de las derechas con los radicales. Los monárquicos creían que la disolución de dicho acuerdo redundaría en beneficio de las fuerzas conservadoras. El tiempo se encargó de demostrar, trágicamente, lo lejos que estaban de la realidad.

El balance del «straperlo» fue, políticamente hablando, negativo a los ojos del pueblo sencillo, quien, deslumbrado por el aspecto escandaloso del asunto, no percibió el honesto espíritu de autocrítica que mostraron los propios gobernantes. Esta actitud era destacada en un manifiesto que suscribían los más importantes intelectuales del momento: Unamuno, Baroja, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez...

«Los órganos del Estado —decían— se han hecho cargo del asunto, han funcionado normalmente. Las Cortes, con serenidad y diligencia, han pasado el tanto de culpa a los Tribunales y han sancionado las faltas de moral pública en el desempeño de los cargos políticos... Pero el más elemental sentido de moral pública no puede admitir que el otro partido dirigente, tolerante y valedor del anterior, por interés político, se beneficie de una acción que él no ha iniciado, sino que se ha visto obligado a secundar, y se erija ahora en juez para determinarla, según sus conveniencias, e incluso elija, atendiendo a sus intereses políticos, hasta el nombre de los culpables.» Como vemos, los intelectuales no parecían dispuestos a consentir que la C.E.D.A. se beneficiara con tos frutos del escándalo.

Estas afirmaciones, que Gil Robles califica de «ciego fanatismo» —adjetivos que, tejos de agraviar a las ilustres personalidades aludidas, se vuelven contra el que los formula— no carecían de verosimilitud, por cuanto que, de no modificarse la situación política, el debilitamiento del partido radical implicaría un aumento en la influencia ministerial de la C.E.D.A.

Con todo, a pesar de las esperanzas de monárquicos y cedistas, el «straperlo» beneficiaría solamente a las izquierdas. Alcalá Zamora seguía firmemente dispuesto a impedir una excesiva presión conservadora en el Gobierno y, sobre todo, a no permitir la presencia de Gil Robles en la cabecera del banco azul.

Alejandro Lerroux resultó el gran vencido en el «affaire» de Strauss. La situación del anciano resultaba trágica, ya que nadie le pudo probar complicidad alguna en los hechos delictivos de su hijo adoptivo Aurelio. Obligado a salir del Gobierno, prácticamente hubo de declinar la jefatura del partido radical. El asunto Nombela pondría nuevamente en entredicho, y con mayor gravedad, el buen nombre del veterano político, que un día fuera considerado como «Patriarca de la República».

¿Hubo un complot urdido por Alcalá Zamora? Ya hemos indicado que Lerroux así lo creyó, y el mismo Gil Robles no deja de insinuarlo veladamente. Lo más que puede decirse es que el Presidente de la República no vio con malos ojos la debilitación de la alianza radical-cedista en los últimos meses de 1935. Su realismo político le hacía ver con claridad, hasta qué punto los Gobiernos de centro, derecha se mostraban incapaces de calmar la insatisfacción de las clases populares y, particularmente, del mundo obrero. En muchos aspectos parecía que la única meta de los ministerios formados por radicales, cedistas y agrarios era retrotraer la situación social de España al momento histórico anterior a 1931. Los intentos de reforma agraria de Giménez Fernández fueron sistemáticamente boicoteados por los sectores «ultras» de la Unión de Derechas. Cuando un economista de la categoría de Chapaprieta intentó, al llegar a la jefatura del Gobierno, imponer una política de austeridad, encontró una oposición decidida entre los propios miembros de su Gabinete, presionados por las grandes fortunas del país. Es cierto que los radicales, en determinados momentos —como sucedió con ocasión de las responsabilidades por la revolución de Octubre— suavizaron las exigencias vindicativas de las derechas. Pero no es menos cierto que su liberalismo económico les ponía una venda en los ojos a la hora de contemplar la calamitosa situación social de España.

* * *

Si el «straperlo» minó las fuerzas radicales, el asunto Nombela terminó de hundirlas en el descrédito. El nuevo escándalo financiero no fue promovido por un sujeto de la catadura de Daniel Strauss, sino por un militar honorable, don Antonio Nombela, con una hoja de servicios intachable y condecorado con la Laureada de San Fernando. El fue quien, precisamente para defender su honor en entredicho, levantó el dedo acusador contra la ya desacreditada organización política de don Alejandro.

Todo lo que el escándalo del «straperlo» tiene, hasta cierto punto, de ameno y «sabroso», como perteneciente a una picaresca apta para dar tela que cortar a los mentideros madrileños, lo tiene la cuestión Nombela de árido y oscuro. Tai vez por ello, aunque la gravedad del latrocinio intentado y de la injusticia cometida fueran mayores en este segundo escándalo, y aunque la implicación de don Alejandro Lerroux resultaba más inmediata y menos disculpable, la indignación popular no alcanzó el mismo grado de intensidad.

Las ralees del nuevo escándalo se retrotraían a los años de la Dictadura de Primo de Rivera, en el tiempo, y se extendían hasta las lejanas y casi olvidadas tierras de la Guinea Española. Un hombre de negocios, catalán, el señor Tayá, había creado una empresa naviera, la «África Occidental», que se proponía explotar los servicios de comunicación marítima entre Fernando Poo y los territorios de Guinea Continental. Una Real Orden del 7 de septiembre de 1929 rescindía el contrato que el Gobierno había suscrito con la referida empresa, concediéndole el monopolio de dichos servicios coloniales. Se inició entonces un trámite burocrático interminable.

En efecto, el señor Tayá interpuso recurso en nombre de «África Occidental» ante el Tribunal Supremo y éste declaró nula la rescisión del contrato, siendo necesario, en consecuencia, indemnizar a la sociedad perjudicada.

En estos trámites se consumieron los últimos años de la Monarquía. El advenimiento de la República impuso un compás de espera. Don Niceto Alcalá Zamora, como jefe del Gobierno Provisional, ordenó que se suspendiera la ejecución del pago de 524 000 pesetas, propuesto por la Dirección de Colonias, como indemnización al señor Tayá. Alcalá Zamora exigió que el asunto pasase al Consejo de Estado. Las vicisitudes del expediente continuaron: una Orden presidencial del 10 de febrero de 1932, que confirmaba la rescisión del contrato, decidida por la Dictadura, fue revocada por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Procedía, por tanto, rehabilitar la indemnización al señor Tayá.

A consecuencia de aquella sentencia, la Dirección de Colonias solicitó, el 16 de mayo de 1935, la designación de un funcionario de Hacienda para instruir el expediente que determinase la cuantía de la indemnización a percibir por el señor Tayá. Aquélla quedó fijada en 3 033 318 pesetas, con cargo a los fondos del Tesoro Colonial, aunque el funcionario actuante señalaba el imperativo legal pasar el asunto a informe del Consejo de Estado, antes de considerar firme la conclusión del expediente. El 23 de mayo aceptó el Gobierno la resolución, pero el Presidente de la República insistió en que se tuviese en cuenta la opinión del alto organismo consultivo.

Y en efecto, volvieron a surgir dificultades. El, Consejo de Estado impugnó, con fecha de 29 de junio, la resolución propuesta por el funcionario instructor señor Maríni De acuerdo con tal impugnación, el importe de la cantidad a pagar se había de determinar a tenor de los daños y perjuicios ocasionados a la compañía; pero ésta tenía que justificar documental mente su existencia. Además, la cantidad propuesta debía obtenerse, no del Tesoro Colonial, sino de un crédito extraordinario regularmente aprobado por las Cortes.

* * *

El Tesoro Colonial, del que pretendían extraer los tres millones y pico de la indemnización al señor Tayá, estaba constituido por remanentes de diversas partidas presupuestarias pendientes de aplicación; su custodia estaba confiada a la Inspección General de Colonias, creada por Decreto de 26 de junio de 1934 como organismo técnico asesor dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Para el puesto de Inspector General fue nombrado don Antonio Nombela. El Tesoro Colonial, depositado en el Banco de España, estaba únicamente destinado a financiar obras públicas de reconocida necesidad para las Colonias. Por lo tanto, resultaba totalmente inadecuado disponer de aquellos fondos a efectos de indemnizar a un particular, sin beneficio alguno para las propias Colonias.

Los argumentos contrarios al pago inmediato de la indemnización resultaban irrebatibles, y tanto más extraña, en consecuencia, la actitud de don Alejandro Lerroux, jefe del Gobierno por aquel entonces, cuando, el 9 de julio, manifestó en Consejo de Ministros que la Subsecretaría de la Presidencia no estaba de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado y sí con la propuesta del funcionario señor Marín, inclinándose, por lo tanto, al pago de la indemnización, extrayéndola de los fondos del Tesoro Colonial. Era Subsecretario de la Presidencia el señor Moreno Calvo, del partido radical.

Para dirimir la cuestión, acordó el Consejo de Ministros nombrar una comisión, que formaron don Joaquín Chapaprieta, a la sazón Ministro de Hacienda; don Antonio Royo Villanova, ministro de Marina, y don José María Gil Robles, ministro de la Guerra.

Conforme a la versión que de los hechos ha dado este último, únicamente Royo Villanova llegó a examinar con detención el expediente. En el Consejo de Ministros del 11 de julio, Royo se manifestó de acuerdo con el dictamen del instructor y contrario al Consejo de Estado. Los señores Chapaprieta y Gil Robles, aduciendo que no se les había dado tiempo material para la lectura del expediente, se negaron a dar la conformidad alo propuesto por su compañero. El Consejo de Ministros, finalmente, no se pronunció en uno u otro sentido.

La tempestad comenzó a gestarse el día siguiente. En efecto, el 12 de julio de 1935, Moreno Calvo, Subsecretario de la Presidencia, convocaba en su despacho a don Antonio Nombela, le hacía entrega del expediente no aprobado por el Consejo de Ministros, y al mismo tiempo una orden por escrito, en la cual, recogiendo las conclusiones del funcionario instructor, y haciéndolas pasar por acuerdo del Consejo de Ministros, se le conminaba para que al día siguiente tuviese dispuesta la cantidad de 3.033.318 pesetas, para efectuar el pago.

A don Antonio Nombela no le simpatizaba demasiado el Subsecretario Moreno Calvo. El propio Nombela explica las razones que justificaban su desconfianza, en un largo alegato publicado no ha mucho en varios artículos del diario madrileño Arriba, bajo el título genérico de «Carta abierta de Antonio Nombela a José María Gil Robles;

»Días después de la instalación del nuevo Gobierno ocurrió un hecho que no hice público entonces, por |j natural discreción y respeto a la persona que había intervenido en él. Fui llamado a Palacio por el Presidente de la República. El objeto de requerir mi presencia, según me manifestó, fue ponerme sobre aviso respecto a la clase de personajes que habían entrado en el local de la Presidencia y sus anejos (sabido era que la Inspección General de Colonias se encontraba en el mismo edificio v dependía de la misma) y sobre sus seguras apetencias. Me añadió que tenía referencias de mi probidad, y qué por lo menos, en cuanto se refiriese a Colonias, sabía sería el valladar que firmemente se opusiese a cuantos desmanes se pretendiesen realizar. De ninguna forma debía dimitir, aunque, ante mi actitud, tal deseasen; y, por último, que supiese que él siempre se encontraría moralmente respaldando mi honrado proceder.»

Las palabras de Alcalá Zamora debían resonar en los oídos del señor Nombela cuando en aquella mañana del 12 de julio de 1935 tenía frente a él a una de aquellas figurillas contra las que le había prevenido el Presidente de la República. Por añadidura, al leer la orden que acababa de entregársele, Nombela observó que faltaba un requisito fundamental para su validez: la firma del secretario del Consejo de Ministros. Así se lo hizo notar al señor Moreno Calvo.

No disimuló éste su disgusto. Mandó a don Antonio Nombela que se retirase y a los pocos momentos le llamó nuevamente. Esta vez le puso ante sus ojos una nueva orden, firmada de puño y letra del Presidente del Consejo de Ministros, don Alejandro Lerroux. En su parte dispositiva decía así: «Que oído el Consejo de Estado y de conformidad con el Consejo de Ministros, esta Presidencia se ha servido resolver que procede abonar a "África Occidental, S. A.” la suma de 3 033 318 pesetas, y cuyo pago deberá efectuarse, en parte, con cargo al presupuesto de Colonias vigente y, en parte, al Tesoro Colonial.»

El Inspector de Colonias salió vencido del despacho del Subsecretario, pero no convencido. Aparte de la ilegalidad que había sorprendido en la primera orden de pago, le habían hecho desconfiar, tanto la forma inadecuada de solicitar fondos del Tesoro Colonial, como la expresión satisfecha de don Guillermo Moreno Calvo a) apremiarle para que el pago fuese realizado «inmediatamente».

El señor Nombela comunicó sus dudas a don Ángel Manzaneque, Gobernador de las Posesiones españolas de Guinea. Aquel mismo día 12 de julio, por la tarde, durante la sesión del Congreso, el diputado cedista José Rojas Marcos tuvo noticia de lo sucedido en el edificio de la Presidencia unas horas antes. No les fue posible entrevistarse personalmente con Gil Robles, pero sí comunicarle sus sospechas por medio de un tercero. El Ministro de la Guerra ordenó a Nombela, por recado verbal, que no autorizase ningún libramiento, en relación con el ya famoso asunto «África Occidental, S. A.».

Al día siguiente, don José María Gil Robles visitó al Jefe del Gobierno y le pidió el expediente para examinarlo. Lerroux se lo entregó y dictó una resolución dejando en suspenso el acuerdo anterior, es decir, la orden de pago.

Vuelto el caso a ser visto en Consejo de Ministros, se pusieron de manifiesto las irregularidades de que se hallaba plagado el expediente. Et día 16 quedaba sin efecto la orden de pago recibida con anterioridad por el señor Nombela. El Presidente de la República felicitó al Gobierno por la correcta terminación del asunto.

* * *

Hasta el momento, nada de lo sucedido parecía tener mayor trascendencia, por cuanto, si realmente había existido determinado acuerdo entre los señores Taya y Moreno Calvo, con el beneplácito de Lerroux, la diligencia de don Antonio Nombela había evitado que secón— sumase un disimulado latrocinio. El Consejo de Ministros había ratificado la actitud prudente del Inspector General de Colonias, y el mismo Presidente de la República se mostraba solidario con su determinación.

Pero entonces surge lo inaudito: Con fecha 16 de julio, aparece en La Gaceta un acuerdo de la Presidencia del Gobierno disponiendo el cese inmediato del Inspector General de Colonias, don Antonio Nombela, y del Secretario General, don José Antonio de Castro. La destitución, amén de ser irregular —como el mismo Gil Robles señala— tenía todo el sabor de una venganza innoble, llevada a cabo a instancias del señor Moreno Calvo.

La injusticia eran tan manifiesta, que los dos funcionarios depuestos decidieron salir por sus fueros, pidiendo se les formase expediente, para dilucidar lo correcto o impropio de su proceder.

El 26 de julio, el diputado independiente señor Cano López, solicitaba en las Cortes una aclaración acerca de aquellas destituciones en los siguientes términos:

«Lo cierto es que el 18 de este mes aparecen en La Gaceta dos órdenes, comunicadas de la Presidencia del Consejo, destituyendo fulminantemente a dos funcionarios que son ejemplares, designados en época del señor Samper para Inspector General de Colonias y Secretario de dicha inspección. El cese, como digo, fue fulminante y coincidió con la decisión del Consejo, negando la indemnización pretendida. Pero hay más: los ceses no fueron por Decreto, sino por Ordenes comunicadas déla Presidencia del Consejo, a pesar de que los señores Nombela y Castro fueron designados por Decretos del 19 de agosto de 1934, con la firma del señor Samper, autorizada con la del Presidente de la República, y es evidente que una Orden no puede revocar un Decreto. A causa de esta destitución, todo el mundo ha achacado a esos funcionarios intervenciones inmorales en el asunto de que se trata, por el hecho de haber sido objeto de un castigo tan enérgico. Desea saber el orador el motivo de esta destitución, pues si no tiene relación con la indemnización de "África Occidental, S. A.”, sobra el discurso; pero todo hace pensar que han sido destituidos, precisamente, por la resolución adoptada por el Consejo de Ministros.»

El alegato de Cano López ponía de manifiesto la injusticia cometida en una forma tan paladina, que habría de resultar prácticamente imposible responder satisfactoriamente al mismo desde el banco azul. Por otra parte, aquellos ministros, en el colmo de la inconsciencia, parecían ajenos totalmente a la tormenta que se les venía encima. El señor Samper habló en la sesión de aquel día para reivindicar el buen nombre del señor Nombela, en tanto que Gil Robles intentaba capear el temporal con evasivas.

Realmente, resulta inexplicable la actitud del Ministro de la Guerra. Habiendo sido él quien verbal mente prohibió a don Antonio Nombela el pago de la cantidad ordenada por la Presidencia del Gobierno, y convencido de que en el expediente de «África Occidental, S. A.» se habían cometido enormes irregularidades no movió un dedo para reivindicar la fama de los funcionarios destituidos. Estos, hartos de contemporizaciones, y dispuestos a llevar el asunto hasta sus últimas implicaciones, decidieron actuar sin falsos respetos, por nada ni para nadie. Un nuevo y gravísimo escándalo se perfilaba en el horizonte.

Sin embargo, transcurrieron en relativa calma los últimos meses del verano y primeros del otoñó de 1935. Entretenidas las altas esferas con la crisis del Gobierno Lerroux —20 de septiembre— y asustadas luego por él escándalo verbenero del «straperlo», nadie parecía acordarse de aquellos dos infelices ex-funcionarios de Colonias.

* * *

Apenas habla conseguido el Gobierno de Chapaprieta reponerse, hasta cierto punto, del desprestigio que sobre algunos de sus miembros gravitaba, con motivo de las malandanzas de Daniel Strauss, cuando en la Cámara estalla la nueva bomba. El 28 de noviembre, don Antonio Nombela y don José Antonio de Castro entregaban al Presidente de Cortes, don Santiago Alba, un escrito en el que solicitaban, de modo terminante, la reivindicación de sus nombres y conductas. Del documento, que pormenorizaba todos los incidentes del asunto Tayá, se deducían graves acusaciones contra don Alejandro Lerroux, contra Guillermo Moreno Calvo e, incluso, contra el mismo José María Gil Robles, el cual, si no resultaba directamente complicado en el asunto, aparecía, por lo menos, como complaciente colaborador en el desafuero cometido.

Las palabras con que el entonces Ministro de la Guerra y jefe de la C.E.D.A. califica el alegato del señor Nombela son duras:

«En realidad, su farragoso escrito no era más que la simple pieza de un vasto engranaje montado para inutilizar políticamente a la C.E.D.A., en sincronización perfecta con el juicio absolutorio del señor Largo Caballero, por supuestas actividades revolucionarias en octubre de 1934, que por aquellos mismos días se desarrollaba ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No importaba, por lo visto, la índole moral de los procedimientos. Para mejor contribuir a la maniobra de nuestro descrédito público, no tuvo ningún reparo el señor Nombela en faltar de la manera más descarada a la verdad.»

Estas consideraciones, y otras semejantes, plasmadas por Gil Robles en su obra No fue posible la paz, dieron opción a que, transcurridos más de treinta años, nuevamente se pusiera sobre el tapete la «cuestión Nombela», al salir al paso el ex Inspector General de Colonias en la Carta abierta de Antonio Nombela a José María Gil Robles, que publicó el periódico Arriba en la primavera de 1968, de ciertas manifestaciones consideradas calumniosas por el interesado. En efecto, algunas afirmaciones del jefe cedista resultan, por lo menos, sorprendentes: El «falaz» alegato de Nombela fue, según Gil Robles, el producto de una conspiración de aquél con Alcalá Zamora, y en último término con los socialistas. Peregrina tesis, e inaceptable, si se tiene en cuenta que el documento había sido redactado por el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, a quien, como abogado, había recurrido Nombela en demanda de asesoramiento legal. Nuevamente nos encontramos con la tradicional actitud de «caza de brujas» —tan frecuente en la vida política y religiosa de España— para explicar hechos y sucesos que no son sino producto de los propios errores o debilidades.

Aun cuando se acepte, siguiendo los razonamientos y puntos de vista del señor Gil Robles, que la pieza de acusación entregada por don Antonio Nombela al Presidente de las Cortes podía contener algunas afirmaciones discutibles, resulta indudable que, dentro de sus líneas generales, se atenía a la realidad de los hechos. Es más: si, dejando a un lado el texto acusatorio, nos atenemos a la versión que Gil Robles nos ofrece, se presentan como indiscutibles los siguientes hechos:

Primero: El entonces Jefe del Gobierno, Alejandro Lerroux, había dado curso a un expediente de indemnización, que no había sido aprobado por el Consejo de Ministros.

Segundo: El señor Moreno Calvo, Subsecretario de la Presidencia, ordenó el pago de la referida indemnización, mediante un documento que bordeaba el delito de falsedad.

Tercero: Al negarse a extender el libramiento solicitado, don Antonio Nombela había cumplido órdenes verbales de don José María Gil Robles.

Cuarto: La destitución de los señores Nombela y Castro fue una «venganza» tramada por el señor Moreno Calvo, con la colaboración de don Alejandro Lerroux.

Quinto: Esta destitución fue ilegal en su forma, amén de injusta en sus motivaciones.

Sexto: Los ministros del Gabinete echaron tierra al asunto.

Estos puntos están fuera de toda duda. Concedamos a

Gil Robles que los hombres de la C.E.D.A. no estuvieron implicados en el asunto. En cualquier caso, no se les puede considerar exentos de responsabilidad, como encubrí, dores de una injusticia.

En poder de don Santiago Alba la denuncia del señor Nombela, el nuevo escándalo se fraguó con rapidez vertiginosa. El precedente «straperlo» estaba reciente, de modo que al plantearse la discusión en las Cortes el día 29 de noviembre, se decidió, para llegar al deslinde de responsabilidades, nombrar una segunda Comisión parlamentaria. Aquella misma tarde quedó constituida por tos siguientes diputados:

C.E.D.A: Barros de Lis, Cuarteto, Sánchez Miranda, Moreno Navarrete y Hermida. Radicales: Pareja Yébenes, Arrazoía, Martínez Moya y, como suplente, Sierra Rustarazo. Agrarios: Igual y Díaz Ambrona. Unión Republicana: Recasens Siches. Conservadores: Arranz. Renovación Española: Fuentes Pila. Comunión Tradicionalista: Romualdo de Toledo. Demócratas: Muñoz de Diego. Izquierda Republicana: Marco Miranda. Lliga: Reig. Izquierda independiente: Fernández Castillejo. Independiente: O’Shea. Esquerra Catalana: Mairal, y Nacionalistas vascos: Careaga. La presidencia de la Comisión estuvo desempeñada, al igual que en el caso del «straperlo», por don Gregorio Arranz.

La Comisión trabajó con eficacia, en medio del alboroto promovido por la prensa. José Antonio Primo de Rivera se expresaba con estas palabras, en un artículo aparecido en el semanario Arriba del 5 de diciembre:

«Según nuestras leyes, cuando el Estado es condenado a devolver dinero en cantidad que pase de 300 000 pesetas, tiene que aprobarse en las Cortes un crédito extraordinario. ¿Se hizo esto en el caso denunciado por el señor Nombela? Ni por asomo. ¿No había, en la Presidencia del Consejo de Ministros, un sabroso Tesoro Colonial del que podían sustraerse tres millones y pico, sin más que poner a un cheque dos firmas? ¡Pues a hacerlo, que así se sirve a tos amigos! Y la orden de pago fue dada. Sólo que, por desgracia, para que se cumpliese, tenía que pasar por las manos de un intachable oficial del Ejército, Caballero de San Fernando, que se llama don Antonio Nombela.

Y este señor, no solamente se negó en redondo a dar paso al "galápago", sino que puso en alarma a otros ministros y magistrados de altísima jerarquía, provocó una nueva deliberación del Consejo, y dio lugar a que el primer acuerdo se revocase y los intereses del Tesoro quedaran a salvo. El Presidente del Consejo, en justo reconocimiento al servicio ejemplar prestado por el señor Nombela, le destituyó fulminantemente.»

Es fácil comprender que, dentro de este ambiente, tan directamente hostil a la figura de Lerroux, la tarea de la Comisión no tuviese que resultar fácil. Los pareceres de los distintos miembros que la integraban presentaban hondas divergencias. Empeñados los radicales en salvar a toda costa el honor de su jefe, situaron a los cedistas en una posición incómoda, pues la evidencia de la culpabilidad era tal, que el mismo Gil Robles reconoce que «... nos hallábamos todos convencidos de que había sido víctima (Lerroux) de su propia debilidad, casi de tipo senil». Al final, triunfó en el seno de la Comisión una fórmula de medias tintas. Conforme a ella, se deducía la culpabilidad del Subsecretario de la Presidencia. Moreno Calvo y la debilidad de don Alejandro Lerroux, en su actuación como Presidente del Consejo de Ministros, al dejarse influir, en el desempeño de su cargo, por personas de dudosa moralidad. Una decisión tan benévola indignó al presidente de la Comisión, don Gregorio Arranz, que dimitió de su cargo, por no permitirle su conciencia patrocinar semejante dictamen.

Las conclusiones de la Comisión parlamentaria fueron dadas a conocer el 5 de diciembre, y su discusión en las Cortes quedó señalada para el día 7 por la tarde.

El escándalo parlamentario que se produjo en la sesión del 7 de diciembre superó ampliamente todas las previsiones. Lerroux, que llegó a las Cortes pletórico de optimismo, se derrumbó, conforme la discusión parlamentaria iba elevando su tono. Hasta el punto de que a las nueve y media se ausentó de la Cámara y no volvió a aparecer. Gil Robles relata gráficamente la confusión de aquellas horas:

«La agitación en salones y pasillos iba en aumento. Los propios diputados radicales, desmoralizados y confusos, enviaban recados a su jefe y amenazaban con tomar decisiones violentas. El ex ministro, señor Hidalgo, reconocía que eran para ellos unos momentos "lamentables”. Alrededor de las doce y media, los señores Guerra del Río y Arrazola decidieron marchar al domicilio del señor Lerroux, para rogarle que acudiera al Parlamento* pero se encontraron con que ya se había acostado. Difundida rápidamente la noticia, se reunieron los diputados radicales en uno de los salones del Congreso, para tratar de la postura adoptada por su jefe, con la remota esperanza de verle todavía llegar a la Cámara. Por fin, a las tres de la madrugada, se supo que no estaba dispuesto a moverse de casa. Hasta la mañana siguiente no justificaría su ausencia, diciendo que había preferido no intervenir en el debate, para no verse obligado a romper con la C.E.D.A. y quebrantar la política del bloque. Algunos días más tarde, comentó conmigo que se marchó asqueado por el espectáculo de la Cámara. "Mi honor —afirmó— está por encima de la ignominia cometida.” Lo cierto es que, según confesión hecha a un amigo íntimo, abandonó su escaño, deshecho moral mente, para evitar el trance amargo y doloroso de enfrentarse con una votación infamante.»

La franca huida de Lerroux dio al traste con las pocas esperanzas que podía albergar el Gobierno de salir con bien del escándalo. Los ministros de la C.E.D.A. pudieron demostrar su inocencia en el asunto del señor Nombela; pero con ello no podían, evidentemente, evitar el desprestigio de la coalición gubernamental.

A pesar de todo, la responsabilidad política de don Alejandro Lerroux se vio salvada, en la votación celebrada en la madrugada del día 8, por 119 bolas blancas frente a 60 negras. En una segunda votación, don Guillermo Moreno Calvo fue reconocido culpable, por 116 bolas negras frente a 48 blancas. Luego se puso a votación una propuesta de reposición en sus cargos de los señores Nombela y Castro. El resultado fue sorprendente: 110 votos en contra y 40 a favor.

El escándalo estaba consumado y el desprestigio del Gobierno también. En la mañana del 9 de diciembre, el presidente del Gobierno, don Joaquín Chapaprieta, presentaba la dimisión al Presidente de la República. Se podía considerar que la alianza centro-derecha, que gobernó a lo largo de dos años, había pasado a mejor vida. Terminaba ciertamente el «bienio negro» e iba a comenzar una dolorosa etapa «roja», no tanto por las ideas políticas, cuanto por la sangre de los españoles, llevados a la matanza por obra y gracia de la celtibérica incapacidad para el diálogo.

* * *

Caería en falta de notable miopía política quien considerase los escándalos del «straperlo» y Nombela como algo que tiene solamente un valor anecdótico. No debe exagerarse tampoco su importancia calificándolos de acontecimientos que decidieron el cambio en la dirección de la política republicana. Su trascendencia está en función de la coyuntura en que acaecieron.

Es justo reconocer que la gestión de los gobiernos radical-cedistas no resultaba cómoda para sus promotores. Se les combatía desde la izquierda, exasperada por una política social conservadora y palmariamente injusta y discriminatoria. Se les combatía desde la derecha, partidaria del boicot a la República e, incluso, del golpe de estado. Los radicales de Lerroux y los cedistas de Gil Robles solamente hubieran podido gobernar, dando pruebas evidentes de interés, de honradez y de eficacia en el servicio al pueblo. Durante el bienio derechista, resulta evidente que la política española se liberó de determinados sectarismos, propios de la «adolescencia republicana», pero volvió al complicado y estéril juego de camarillas, pequeños intereses y egoísmos de clase. Basta releer el de Sesiones de las Cortes para comprobar el tiempo precioso que se perdía en discusiones bizantinas, en interrupciones innecesarias, en el constante boicot de cualquier proyecto de ley que pudiera herir los intereses económicos de la coalición gobernante. Un historiador, tan ajeno a los juicios extremos, como Ricardo de la Cierva, califica duramente aquella experiencia política; «Entre tanta turbulencia y tanta tristeza —escribe en su Historia de la Guerra Civil española— cae el telón sobre el bienio negro, y termina la contradictoria época de aquellas Cortes estériles que, como comenta genialmente un pensador marxista, Gabriel Mario de Coca, "nacieron como contrarrevolucionarias, cuando no existía el necesario antecedente revolucionario que justificase su denominación".»

Con un gobierno fuerte, es decir, asentado sobre una coalición de partidos que representase a la mayoría real de la nación, y celoso por realizar los deseos de aquella mayoría, los escándalos del año 1935 sí hubieran quedado reducidos a meras anécdotas. Pero los gobiernos del bienio radical-cedista carecían de tales requisitos elementales. Las discrepancias entre los dos bloques coaligados, acentuadas a partir del asunto «straperlo», se enconaron de tal modo a raíz del escándalo Nombela, que la alianza se desvanecía sin posible remedio.

Cuando don José María Gil Robles relata los acontecimientos acaecidos en aquel calamitoso otoño de 1935, sus afanes se dirigen, sobre todo, a dejar a salvo la honestidad de los cedistas. Probablemente, su repetida protesta de honorabilidad es fundada. Pero si la C.E.D.A. no contribuyó con la inmoralidad de sus hombres a la gestación de los referidos escándalos, no deja por ello de ser ajena a las repercusiones políticas que trajeron consigo. Aquellos asuntos, tejidos en las camarillas de unas gentes sin es— escrúpulos, dieron la puntilla a una orientación política que agonizaba. Y la C.E.D.A. no podía pretender ser inocente de aquella agonía.

Antes de pasar a juzgar la responsabilidad de don Alejandro Lerroux en estos escandalosos asuntos, conviene aludir al misterio de una posible conspiración. 8 suponer que tanto el «affaire» del «straperlo» como la denuncia del señor Nombela no fueron sino hábiles maniobras, fue una sospecha que inmediatamente germinó en las mentes de los políticos directamente afectados. ¿Hubo realmente conspiración? En caso afirmativo, ¿de quién y contra quién?

A la primera pregunta no puede contestarse con un «sí» terminante, pero tampoco con un «no» rotundo. Si se entiende por conspiración el que los escándalos fueran montados sobre la base de unos hechos inexistentes, sobre supercherías inventadas, evidentemente no hubo tal conspiración. Las Comisiones parlamentarias, formadas en su mayoría —recuérdese bien— por diputados pertenecientes a la coalición gubernamental, o simpatizantes de ella, reconocieron la presencia de unos hechos delictivos. Lo que pudiera haber de fantástico o de ridículo en el relato de Strauss, o de exagerado en las acusaciones de don Antonio Nombela, no afectaba a la sustancia de los hechos. Pudo, sin embargo, haber conspiración o maniobra política en cuanto que los escándalos, conocidos desde mucho tiempo antes por determinadas personas, fueron descubiertos y aireados cuando lo juzgaron conveniente determinados grupos; no antes ni después.

Pero, si en realidad existió esta maniobra, ¿cuál fue la mano escondida que montó el tinglado? La cuestión sigue hoy tan oscura como en aquel agitado otoño de 1935. Lerroux afirma en sus Memorias que se trató de una doble zancadilla de Alcalá Zamora contra el partido radical y, especialmente, contra su jefe. Gil Robles, que culpa igualmente al Presidente de la República, considera que el escándalo del «straperlo» fue orientado contra los radicales, en tanto que el asunto de la indemnización a la Sociedad «África Occidental» iba más bien contra la C.E.D.A. Algunos radicales pensaron que las maquinaciones fueron organizadas por el mismo Gil Robles, deseoso de librarse de sus compromisos con los centristas. En meses que precedieron al derrumbamiento de la Segunda República, lo viciado del ambiente se prestaba a toda cías# de suspicacias y recelos.

¿Fue, en realidad, don Niceto Alcalá Zamora, quien movió en la sombra los hilos de la conspiración? n₀ parece verosímil. Aunque personalmente no sintiera demasiada simpatía por la figura de Lerroux, su propia política no le permitía prescindir fácilmente del partido radical. La solución ideal que el Presidente de la República agitaba constantemente en su cabeza, era la formación de un partido centrista, fuerte y con hombres preparados. Los radicales, con todas sus calamidades, representaban la única organización política de centro con posibilidades en las Cortes. Era ciertamente muy poca cosa, pero era algo; es decir, siempre mejor que nada. Buena prueba de su preferencia por los radicales fue el hecho de que don Niceto encargara cinco veces la formación de un Gobierno a don Alejandro Lerroux, en tanto que sistemáticamente se resistió a confiar el mismo encargo a José María Gil Robles.

Ello no quiere decir que Alcalá Zamora, al igual que cualquier español con cierta lucidez, no estuviera convencido de lo inútil que resultaba la alianza radical-cedista, y quisiese terminar con ella para ensayar alguna otra combinación política, libre, tanto de las presiones oligárquicas de la C.E.D.A., como de las inmoralidades administrativas de los radicales.

Tampoco parece probable que fuese Gil Robles, directamente o por medio de tercera persona interpuesta, quien tejiera unos entramados que acabarían por asfixiar su misma vida política. Es cierto que algunos miembros de la C.E.D.A. no mostraron excesivo interés en auxiliar a sus compañeros de la coalición. Pero la verdad es que, desde las quebrantadas posiciones que ocupaban ambos partidos, resultaba muy difícil una defensa racional.

Tanto cedistas como radicales, sobrevaloraban sus propias fuerzas. Hoy resulta casi cómico pensar que, ante una realidad social que cada vez les era más ajena, radicales y cedistas pensasen, allá por 1935» que llegarían a gobernar solos. El partido radical estaba definitivamente muerto. En cuanto la C.E.D.A., obstruidos sus intentos de llegar al poder, por el veto sistemático de Alcalá Zambra, se presentarían a las elecciones de 1936 alumbrados por los siniestros fulgores del fracaso. «Estos son mis poderes» diría Gil Robles en su famoso lema propagandístico. Las urnas se encargaron de demostrar que aquellos poderes no impresionaban a nadie.

* * *

A la hora de juzgar el grado en que don Alejandro Lerroux estuvo implicado en los escándalos provocados por los radicales, no resulta fácil emitir un juicio ecuánime. Que Lerroux fue un político hábil, está fuera de toda duda. Mas tampoco puede ponerse en duda que su pasado, más de señorito demagogo que de verdadero revolucionario, pesó de manera fatal sobre toda su actuación posterior. Anteriormente aludimos a la desconfianza de que le hicieron objeto, republicanos y socialistas, en vísperas del Pacto de San Sebastián. Esta desconfianza no hizo sino aumentar y generalizarse conforme intentaban medrar, al amparo del partido radical, aventureros, calaveras y estafadores de altos o bajos vuelos.

Pocos testimonios tan elocuentes, en lo referente a la calidad moral de algunos de los seguidores de Lerroux como el que refiere Miguel Maura —hombre políticamente no muy alejado de don Alejandro— en su obra Así cayó Alfonso XIII: «En el verano de 1933, Lerroux comunicó a Maura su deseo de mantener una entrevista personal con él. Se encontraba el jefe radical en su residencia de San Rafael. Allí acudió Miguel Maura para encontrarse con la noticia de que Lerroux deseaba contar con su colaboración para un futuro Gobierno, ya que juzgaba inminente la disolución de las Cortes y la caída de la coalición republicano-socialista: "El poder se me viene encima —dijo Lerroux— y he querido decirle que desearía contar con usted como mi hombre de confianza, como un segundo d» a bordo, desde el primer instante. Mi política, bien |₀ sabe usted, estará exenta de todo extremismo. Vamos a centrar la República, gobernando para todos los españoles— lo que usted y yo predicamos en los mítines. Esto, y sólo esto, es lo que pretendo. Quiero contar con usted desde ahora. Será usted mi hombre de confianza.” La propuesta no podía ser más sensata ni más atrayente para un republicano conservador como Maura. Sin embargo, su con* testación fue rotundamente negativa:

»Siento decirle, don Alejandro, que yo no puedo colaborar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana con usted en ningún Gobierno. Y quiero decirle, desde el principio, que no es precisamente por usted, sino por la gente que le rodea, que es totalmente indeseable y acabará perdiéndole a usted.»

A las palabras, casi proféticas, de Miguel Maura, don Alejandro contestó evasivamente: «Yo tengo amigos de siempre, que serán mejores o peores, pero que han sido fieles compañeros de luchas y de fatigas en los años heroicos, y que ahora he de recompensar y atender... ¿Que algunos han cometido pecadillos en otros tiempos? ¡Qué le vamos a hacer!»

La escena que siguió a la despedida de ambos políticos no tiene desperdicio, de acuerdo con el relato que, de la misma, nos hace Miguel Maura:

«Su secretario (de Lerroux), el mismo que había venido a avisarme, me preguntó si podía acompañarme, porque debía bajar al pueblo, que está camino de la que fue mi casa. Accedí, como es lógico. Y apenas habíamos recorrido cien metros cuando mi acompañante me propuso:

»— Don Miguel, usted es muy amigo de Casares Quiroga, ¿verdad?

»— Sí, ¿por qué?

»— Hay un negocio formidable en estos momentos, en Gobernación, y podría usted ganarse limpiamente un montón de pesetas... Se trata de una subasta...

—Perdone usted —le interrumpo—, he olvidado decirle a don Alejandro algo importantísimo. Vamos a volver —y, sin más, di rápidamente la vuelta al coche.

»Entro, con el secretario de marras, que sube a llamar a Lerroux, quien, por lo visto, habla comenzado su siesta tardía. Baja, al fin, en bata. Me encierro con él en su despacho y le digo:

»— Don Alejandro, perdone que le haya reventado la siesta. Pero es decisivo lo que tengo que decirle. Hace menos de un cuarto de hora que nos hemos separado. Pues bien, su secretario ha tenido tiempo bastante para proponerme un "formidable negocio" con no sé qué cosas del Ministerio de la Gobernación, en el que yo podría ganar limpiamente no sé cuánto. ¿Ve usted, don Alejandro, la razón de mi negativa? ¡Como ése, los tiene usted a docenas a su alrededor!

»— ¡Estos chicos! ¡Estos chicos! ¡Me deja usted asombrado!... Voy a tirarle de las orejas. ¡Qué torpeza!

»— Adiós, don Alejandro. Perdone otra vez y comprenda.

»Dos meses después (no al cabo de unos días, como afirmaba él) cayó el Gobierno Azaña y subió Lerroux al Poder, el 12 de septiembre.»

Después de este relato, concluye Miguel Maura: «Ni con él ni con ninguna de sus criaturas, despegadas del seno radical por los tirones de don Niceto, para zurcir delicadas situaciones, colaboré; ni colaboró mi partido, modesto pero inmaculado.»

La imagen que de don Alejandro Lerroux nos ofrecen las líneas trazadas por el que fue ministro de la Gobernación en el Gobierno Provisional, es sumamente significativa. El anciano político aparece como un abuelo bonachón, a quien sus nietos le han salido «ranas». Comprende y disculpa sus calaveradas, pero adopta posturas grandilocuentes cuando de un modo u otro se pretende hacerle responsable por las trapisondas de sus seguidores.

El tiempo se encargaría de demostrar a Lerroux que los «pecadillos» de sus amigos no quedarían relegados al pasado, sino que rebrotarían con más fuerza que nunca en cuanto los radicales subieran al Poder.

José María Gil Robles, que tan de cerca hubo de colaborar con miembros de la camarilla de Lerroux, nos ofrece del grupo radical una visión muy afín a la de Maura:

«Existía, por de pronto, un sector cuya excesiva laxitud moral en el ejercicio de la administración pública, hubo de chocar frecuentemente con un partido como el nuestro en el que se rendía culto a la probidad más acrisolada. Aun sin los ataques de que fue objeto más tarde, en materia de moralidad administrativa, el partido radical estaba llamado a desaparecer.

»Dándose cuenta de ello, los diputados radicales se aferraban a los puestos públicos como a su única tabla de salvación. Expertos conocedores de la fuerza que en España tiene el favor oficial, recabaron siempre para sí el mayor número de puestos, desde los cuales fuera posible mantener una clientela política que amenazaba desertar a cada momento.»

Con todo, admitiendo en Lerroux debilidades imperdonables, no sería justo resumir su actividad política diciendo que fue el hombre del manifiesto de «los jóvenes bárbaros» y del «straperlo». Su figura política, sumamente compleja, exige un estudio serio, amplio y desapasionado. Han pasado más de sesenta años desde que Lerroux escribió aquella desdichada frase alusiva a la futura y conveniente maternidad de las novicias, en su manifiesto de 1906. Sin embargo, todavía hoy día se saca a colación el famoso dicho en los colegios femeninos, como muestra del grado de degeneración a que puede llegar la especie humana: tal vez sin advertir que, hoy en día, la frasecita produce más hilaridad que espanto.

Don Alejandro Lerroux fue víctima, más que de los desafueros verbales cometidos en su época de Emperador del Paralelo, de las amistades que entonces contrajo, y de las que nunca se supo desprender. Y fue una lástima, porque bajo muchos aspectos, Lerroux vio claro donde la mayoría, bajo los efectos de una miopía partidista, veían borroso o deformado. Su actitud serena y contemporizadora, tan afín a la de un Alcalá Zamora, un Migue) Maura o un Pórtela Valladares, era la única que hubiera podido restablecer el equilibrio en aquella España rota. Más que honradez, le faltó fuerza, una ideología clara, una formación intelectual realmente sólida. En cambio, le sobraron amigos.

Después del asunto Nombela, José Antonio Primo de Rivera arremetió duramente contra el jefe radical: «Pero, ¿es que vamos a decir, todavía una vez más, que don Alejandro Lerroux no delinque? Llegó lo del "straperlo" y apareció su hijo adoptivo, una especie de cuerpo mixto civil y militar que le rodea, el Subsecretario de la Gobernación, todos... El, incólume. Llega este asunto y tenemos al Subsecretario de la Presidencia y quién sabe si al juez instructor; él, incólume. ¡Señores! Ya es hora de que concluyamos con esta especie de juego de personajes de vieja farsa italiana. El señor Lerroux no delinque nunca; pero en las inmediaciones del señor Lerroux hay siempre para delinquir, o un hijo adoptivo, o un cuarto cívico— militar confuso, o un ministro medio tonto, o un subsecretario propicio. Siempre se encuentra a esos en los alrededores del señor Lerroux, para que se lleven el peso a las horas de las condenaciones.»

El hundimiento de Lerroux y su partido significó, al mismo tiempo, el derrumbamiento de la clase media más politizada. Una clase media que, aunque pueda parecer paradójico, sería la víctima principal de la guerra civil, que la escindió brutalmente, haciéndole pagar trágicamente su fracaso. Jean Bécarud en su obra La Segunda República Española, lo subraya certeramente:

«Mientras que la facción más moderada de la burguesía liberal se unía, por temor a una subversión social, con ciertas derechas radicalmente antiparlamentarias y ancladas en el más rígido conservadurismo, los elementos de izquierdas de esa burguesía, ante las amenazas de la desconsideración política reaccionaria de los años 1933-35, se vieron rechazados hacia la extrema izquierda, con la que se vieron precisados a pactar con el fin de asegurarse su supervivencia electoral. Disociadas de este modo, clases medias confirmaban su impotencia para realizar los objetivos de evolución razonada que parecían haber*» fijado en 1931. En los dos bloques que se enfrentaban, el campo quedaba libre para los extremistas.»

Desaparecido el partido radical, desprestigiada para las derechas la figura política de José María Gil Robles, las elecciones de febrero del 36 enfrentaron a dos bloques incapaces de convivir, incapaces de dialogar e incapaces sobre todo, de perder. A partir de julio, el español medio asistió asombrado a una tragedia que le sorprendía, tanto, al menos, como al resto de las naciones civilizadas. Las dos Españas de los famosos versos de Machado se atacaban con ferocidad inaudita. Hombres que, hasta la víspera, se habían sentado a las mesas de un mismo club, o en las terrazas de un mismo café, se entregaron a una orgía de sangre. Los hombres caían ante los pelotones de fusilamiento, en virtud de una orden firmada por el compañero de colegio o de academia.

Los protagonistas de los famosos «affaires» de 1935 desaparecieron abismados en la tragedia. Como única huella de los tristes acontecimientos de aquel otoño quedó, ya españolizada, la palabra «estraperlo», que se utilizarla para designar al mercado negro de los años de posguerra.

La Historia es, en muchas ocasiones, despiadada con los hombres. España, como la Castilla del proverbio medieval, «face los ornes e los desface». Y nunca tal vez la capacidad creadora y destructora de los españoles fue tan inmisericorde como durante la Segunda República. Nunca como entonces estuvo el país tan cerca y tan lejos de su verdadero destino como pueblo. Lerroux, Gil Robles, Alcalá Zamora, Azaña, Prieto, fueron unos hombres hechos y deshechos por España, que aguardan todavía el juicio sereno, desapasionado, objetivo de las generaciones futuras, injusto sería hacer recaer sobre ellos el triste fin de nuestra segunda experiencia republicana.

Rafael BURGALETA

La muerte de un poeta

Desde febrero a julio de 1936, la mayoría de los españoles vivieron en la ignorancia de las terribles experiencias que les tenía deparadas el genio del futuro. Aquellos que sufren de una enfermedad incurable, nunca llegan a convencerse de que su destino está fatalmente decidido. ¿Quién, al visitar a un amigo marcado ya por la Parca, no se ha sentido penosamente impresionado al escuchar al desventurado hacer proyectos para unos tiempos que ya no podrá vivir? Los antiguos decían que los dioses «ciegan a los que quieren perder». Los cristianos, suavizando la misma idea, afirman que la Divina Providencia puso una venda en nuestros ojos, para evitar que las escenas del futuro puedan amargar la relativa serenidad de nuestro presente. Los españoles, los muchos honestos ciudadanos para quienes lo más importante no era la política, sino sus propias vidas: los pequeños dolores y satisfacciones cotidianos, la hija que se casa, el niño que crece delicado, el negocio que sale o no sale, no se daban cuenta de las fuerzas telúricas que bajo sus pies, se agitaban y que, al final, brotarían a la superficie en forma de tremenda explosión volcánica.

El triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero había llegado en su punto, como traído por un imperativo histórico. Duro despertar para las clases conservadoras, que confiaban, enajenadas por una propaganda monstruosa, en obtener la mayoría absoluta en el Parlamento («¡A por los trescientos!», era el slogan difundido por la C.E.D.A. de Gil Robles). Las lluvias de aquella beoda, inmoral y miope política centro-derecha del «bienio negro», había traído los lodos del fracaso electoral. Con una derecha estupefacta y una izquierda entusiasmada, pero que parecía ignorar cómo tenía que administrar el triunfo, se abría para España el casi recién estrenado año de 1936, repleto de interrogantes, aunque no todos presagiasen malandanzas. Para unos, recuperada la «República del 14 de abril», abríase para España una era de venturas (léanse los editoriales que por aquello«días publicaban los periódicos Política, El Socialista y Mundo Obrero. Otros se limitaban a preguntarse qué significaría para el país aquel cambio radical de dirección en el Poder. Quienes, por sus convicciones políticas hubieran podido sentirse inclinados a ejercer de profetas agoreros, por el momento guardaban silencio, esperando sin duda, que muy pronto los acontecimientos dieran una base a sus vaticinios. El semanario Arriba, portavoz de Falange Española y de las J.O.N.S., insertaba un artículo de José Antonio, en el cual, el joven caudillo, analizando la situación planteada por el triunfo izquierdista, indicaba que no se debía negar el pan y la sal a los nuevos gobernantes, y aconsejaba a éstos (en realidad sus más acérrimos enemigos), que no perdiesen la ocasión de llevar a efecto la revolución auténtica que necesitaba el país. Llegaba, incluso, si no a ofrecer su colaboración directa (la disparidad de posturas políticas lo hacían imposible), sí a brindar una neutralidad benévola, si el camino de las reformas, tan necesarias, discurría por cauces nacionales y patrióticos. Pero José Antonio Primo de Rivera terminaba su escrito, expresando sus dudas respecto de la eficacia legislativa y gubernativa del nuevo Poder.

Que las izquierdas se habían visto sorprendidas, hasta cierto punto, por su propio triunfo, resulta evidente. Caliente aún la victoria en las urnas, se producían ya las primeras fisuras. Los portavoces del anarcosindicalismo (Solidaridad Obrera en Barcelona, Castilla Libre en Madrid) se apresuraron a poner los puntos sobre las íes: Que no se hiciera ilusiones el nuevo Gobierno; si los dirigentes cenetistas habían dado «in extremis» orden a sus afiliados de votar en favor del Frente Popular (aquella orden fue difundida el mismo día 16 de febrero, avanzada ya la tarde), se propusieron exclusivamente no permitir un triunfo derechista, que ya se mascaba en el ambiente; pero que sólo hasta dicho punto llegaba la esporádica alianza: la C.N.T., frente a cualquier Gobierno, de derechas o de izquierdas, seguía fiel a sus consignas de apoliticismo, de acción directa y de revolución hacia el comunismo libertario.

Pero más graves resultaban las grietas aparecidas en el seno del propio Frente Popular. Parecía como si las distintas tendencias integradas en la coalición vencedora se avergonzasen unas de otras: Los republicanos (Izquierda y Unión Republicana) propusieron al Partido Socialista la constitución de un Gobierno que viniese a resucitar la famosa conjunción republicano-socialista, que ostentó el poder en los dos primeros años del nuevo Régimen. Los socialistas replicaron que, de constituirse un gobierno de coalición, tenía que ser fiel trasunto del Frente Popular, con ministros republicanos, socialistas y comunistas. Bien sabían los socialistas que los republicanos no estaban dispuestos a someterse a tal exigencia. El partido stalinista, en plena euforia de sonrisas y tácticas dulzonas, hizo saber que a todo se acomodaba: cualquier gobierno, con comunistas o no en su seno, podía contar incondicionalmente con los votos de su minoría parlamentaria.

El resultado final de tales dimes y diretes fue un gobierno constituido exclusivamente por republicanos, minoritario, por lo tanto, cuya permanencia en el Poder dependía de la buena voluntad de socialistas y comunistas. Un gobierno que no disponía de libertad de acción, mediatizado por las fuerzas políticas situadas a su izquierda, y que, para conquistar su cotidiana benevolencia, en ocasiones se mostraba más rabiosamente izquierdista que aquéllas.

Desde febrero a julio de 1936, hubo dos de tales gobiernos de monocolor republicano: presidido el primero por Manuel Azaña, y el segundo por José Casares Quiroga, cuando Azaña fue proclamado Presidente de la República, en el mes de abril, después de que el parlamento frente— populista hubo depuesto a don Niceto Alcalá Zamora [9]. La situación quedaba establecida de este modo: Los republicanos en el Gobierno, desgastándose con el ejercí ció de un poder débil y mediatizado. En el Parlamento, socialistas y comunistas, apuntalando con sus votos al endeble Gobierno (mientras éste se plegara a su voluntad) pero usando y abusando de la libertad de acción que procuraba su falta de responsabilidades gubernamentales— anunciando la revolución roja para un inmediato futuro y moviendo en la calle a sus masas y milicias más o menos uniformadas: ¿Quién no recuerda, de entre los que vivieron aquellos tiempos, los desfiles, de hombres, mujeres —e incluso niños— con el puño en alto, pañuelo rojo al cuello, y los cantos del «chiribi», con amenazadoras letras alusivas a los «carcas» y «fachas»?

* * *

Entretanto, la situación político-social del país se iba deteriorando rápidamente. En las ciudades, los conflictos obreros y las huelgas se sucedían o se superponían unos a otros (en Madrid, la huelga de los obreros de la construcción había llegado a convertirse en un mal endémico; en el campo, las diferencias entre patronos y asalariados las resolvían éstos pura y llanamente con la ocupación de las fincas). Naturalmente, no podía faltar el incendio de algún que otro edificio religioso. Y el Gobierno dejaba simplemente hacer, sordo a los consejos y ciego a las admoniciones, cada vez más irritadas, de la oposición, ya que si se mostraba enérgico con los perturbadores, podían enfadarse sus aliados de la izquierda, y perder, por lo tanto, el apoyo parlamentario que aquéllos le prestaban.

A tal situación, que de difícil se iba convirtiendo en caótica, ponía su contrapunto el trágico restallar de las pistolas. Si un día la víctima era un obrero de la U.G.T., a las pocas jornadas caía un patrono o un muchacho de la Falange o de la Acción Católica. Ya era una irrefrenable.

* * *

Pero a todo se acostumbra el hombre ¡incluso a vivir en zona de seísmos catastróficos o con un volcán a sus pies. En un mes de julio, destinado a ser el más trágico de la Historia patria, el español medio, aquel que no llevaba pañuelo rojo al cuello, que no vestía camisa de algún color, se preocupaba por el veraneo (si podía pagarlo), o por lo difícil que resultaba llenar la cesta de la compra, si se tenía la desgracia de ser mujer, y mujer de un obrero al que su sindicato hubiese obligado a declararse en huelga.

Así, cuando los acontecimientos se precipitaron en alud por una pendiente ineluctable, la reacción general fue de atonía o de sorpresa. Incluso, cuando la larga cadena de atentados y represalias llegó, el 13 de julio, a su punto culminante: ¡Había sido asesinado José Calvo Sotelo, jefe de la oposición nacionalista! Después de un instante de general estupor, parecía que la vida pugnaba por recuperar su ritmo normal, dentro de la anormalidad. El día en que tenía lugar el sepelio del protomártir (con sus manifestaciones, contramanifestaciones, y más víctimas), el madrileño de la clase media seguía preocupado por no haber conseguido plaza en el tren que debía llevarte con su familia a una playa del Norte o iba y venía de Madrid al pueblo serrano de su más modesto veraneo. Y lo que ocurría en la capital se repetía, con pequeñas diferencias, en todas las ciudades importantes de la Península [10].

* * *

Federico barcia Lorca, además de un gran poeta que iba en camino de convertirse en un dramaturgo era un gitano aburguesado, amante de los placeres n ofrece la vida, opuesto del todo, tanto en su físico com en su carácter, al tipo del clásico artista bohemio de los años veinte. Al igual que suele ocurrir a los temperamentos creadores, su mundo interior contaba mucho más que las circunstancias que le rodeaban. De modo que no resulta extraño el comprobar cómo, para García Lorca y para su ritmo de vida, muy poco significaron los inquietantes hechos que venían sucediéndose a lo largo de los meses inmediatamente anteriores a julio de 1936. p0r otra parte, Lorca, un poco arbitrariamente, había sido «encasillado» entre los poetas «progresistas», en la línea de Jorge Guillén, Salinas, Alberti... Por razón puramente cronológica, posiblemente. Y, quizá, también, porque sus módulos poéticos no se conformaban con las normas del clasicismo. Pero el hecho es que, artísticamente inconformista, en el fondo de su carácter latía un tremendo «bon vivant», un burgués, en definitiva. Y, por otra parte, amigo de todos y de todo, las mismas cordiales relaciones mantenía con la pléyade de creadores «progresistas», que con el grupo conocido posteriormente por el apelativo de «poetas de la Falange»: Rosales, Panero, Foxá...

En cualquier caso, mimado de las izquierdas, poco tenía que temer García Lorca de los «chíribis». Así que en los primeros meses de 1936, siguió sus actividades normales de artista plenamente logrado y de «public relations» de sí mismo. En lo cual, aparte de todo, en poco se diferenciaba del común de los españoles, afanado cada cual en su quehacer, mientras en el subsuelo iban madurando las uvas de la ira:

A mediados de abril, precisamente el día 18, mientras el país andaba preocupado por el relevo en la Presidencia de la República, Lorca oficia en un homenaje que se da a Luis Cemuda, en un restaurante de la madrileña calle de Botoneras. Durante el mismo mes, publica su libro, de versos Primeras canciones (colección de sus poemas, es por razones que hoy resultan obvias, el crucero americano Mame. Habla cumplido, pues, a su muerte, los treinta y ocho años). Era su padre lo que llaman en Andalucía un «labrador»: es decir, un hacendado rico, que administra directamente algunas de sus heredades, y otras las tiene cedidas en arrendamiento (pero, desde luego, sin cansarse personalmente, pese a su nombre, ni en uno ni en otro caso, tras de la yunta o con el azadón en la mano). Su madre, Vicenta Lorca, era maestra de escuela. Probable— mente, se trató del clásico caso de la maestrita que llega al pueblo y se casa con un «señorito» de la localidad. El padre era de raigambre gitana. Los Benamejí, los Camborios, los Heredia, y demás personajes del Cancionero, fueron gentes reales y parientes más o menos cercanos de García Lorca.

El matrimonio tuvo tres hijos más, aparte aquél que tenía que conquistar la fama: Francisco, Conchita e Isabel (estas últimas, las hoy conocidas «hermanas de García Lorca»).

García Lorca fue un niño delicado: a los dos meses estuvo ya en las puertas de la muerte. Luego, pegado a las faldas de su madre, aprende los primeros rudimentos de lectura. Su vida de colegial debuta en Almería, donde sus padres lo han mandado, pero al poco tiempo tiene que volver a Granada, porque el clima marítimo del puerto almeriense no le sienta bien. En el colegio granadino del Sagrado Corazón de Jesús sigue los cursos del Bachillerato, el «grado», que llaman en Andalucía, y que termina recién cumplidos los quince años.

Al año siguiente, en 1914 (resulta curiosa la coincidencia de fechas que se da entre los hechos en la vida privada de Lorca y los grandes acontecimientos de la Historia), el joven estudiante se matricula en las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho de la Universidad granadina. Allí tiene por profesor a don Fernando de los Ríos, que luego sería ministro de la Segunda República. Condiscípulos suyos, y amigos, son Melchor Fernández Almagro, el futuro historiador y publicista, y Gallego Burín, que ocuparía puestos destacados en la Administración española después del triunfo nacionalista en la Guerra Civil. Por aquel entonces, el muchacho siente despertarse su vena de artista: dedica más tiempo al estudio de la guitarra y del piano que al Digesto y a los Diálogos de Platón.

De sus años universitarios en Granada datan sus iniciales pinitos literarios, sus primeras poesías (inéditas, por lo menos en las versiones primitivas), y también el trabajo que será su «bautismo de imprenta»: un artículo de circunstancias, que publica en 1917, con motivo del centenario de Zorrilla, el Boletín del Centro Artístico de Granada. En aquel mismo año toma contacto con una España, distinta a la Andalucía oriental que le es familiar. En un viaje de estudios, junto con sus compañeros universitarios, recorre Castilla la Vieja, el Reino de León y Galicia. Al año siguiente publica su primer libro: Impresiones y paisajes, en el que se recogen los resultados subjetivos de aquella primera experiencia viajera.

En la primavera de 1919 (otra coincidencia: es el año de la Paz de Versalles), García Lorca marcha a Madrid, donde pasará todos los inviernos, hasta el año 1928. Se aloja en la Residencia de Estudiantes. Sus primeras nuevas amistades, en la capital, son Luis Buñuel, Eduardo Marquina, Juan Ramón Jiménez, el matrimonio Martínez Sierra... En 1920 estrena su primera obra teatral: El Maleficio de la mariposa, en el teatro «Eslava», que dirige Gregorio Martínez Sierra.

Un año de tristes recuerdos para España, 1921 (Annual, Monte Arruit...), es crucial en la actividad poética de Lorca: en Madrid aparece su primer libro de versos, Libro de poemas. Adolfo Salazar, crítico literario de El Sol, saluda el orto del nuevo astro en un artículo que titula Un poeta nuevo. Aquel mismo año, Juan Ramón Jiménez, en su revista Indice, publica algunos de sus poemas.

En 1923, Lorca da sus primeros pasos como director de escena (actividad en la que destacaría unos años más tarde, con su teatro universitario ambulante «La Barraca»).

El 5 de enero, con motivo de la festividad de Reyes, pre para una función infantil conjuntamente con Manuel Falla. El programa de la fiesta, además de dos cuentos escenificados originales de Lorca, incluía Los habladores con un fondo musical de Strawinsky, y el Auto de los Reyé¡ Magos, con acotaciones musicales de Pedrell y Roméu instrumentadas por Falla. Aquel año se licencia en Derecho por la Universidad de Granada. En Madrid, el joven autor y poeta recibe el espaldarazo de la fama: Melchor Fernández Almagro escribiría en la revista España un artículo que titula El mundo lírico de García Lorca.

García Lorca termina su Mariana Pineda en 1925. Los primeros en conocer la nueva obra son los hermanos Salvador y Ana María Dalí, a quienes Lorca se la lee en Cadaqués. Producto de aquella nueva amistad es la Oda a Salvador Dalí, que publica la Revista de Occidente, en abril de 1926.

En 1927, la editorial «Litoral», de Málaga, publica el libro Canciones, con poemas lorquianos de los años 1921 a 1924. Los nombres que aparecen en las dedicatorias de los poemas constituyen un pequeño catálogo de «V.l.P.» (Very Important People): Fernández Almagro, Guillén, Salinas, Halffter, Buñuel, Dalí, de los Ríos, Alberti, etc. El 24 de junio, Margarita Xirgu estrena en el teatro «Goya» de Barcelona el drama Mariana Pineda, con decorados de Salvador Dalí. El siguiente 12 de octubre, la obra es presentada en Madrid, también por Margarita Xirgu.

En 1928, García Lorca realiza su primero, único y fracasado intento periodístico. Funda en Granada la revista Gallo. El primer número se agotó en dos días; el segundo fracasó ruidosamente (para que el lector se de una idea de lo que era la revista, mencionaremos que aquel segundo número incluía un «manifiesto antiartístico catalán», que firmaban Salvador Dalí y Sebastián Gasch y una «novillada poética», a cargo de los vates-diestros López Banús, Gómez Arboleya y Francisco Cirre). El tercer número de Gallo no llegó a publicarse.

Pero sí se publicó, aquel mismo año, el Primer romancero gitano, con poemas compuestos en los años 1924 a 1927, y editado por la Revista de Occidente. En las dedicatorias, los nombres importantes de rigor: García Lorca cuidaba bien su promoción y relaciones políticas.

El de 1929 resulta un año viajero para García Lorca: marcha a Nueva York, pasando antes por París y Londres. En la Columbia University sigue, durante el verano, un curso para estudiantes extranjeros. En los Estados Unidos hace amistad con Federico de Onís (de la Columbia University) y con León Felipe (de la Cornell University). El 16 de diciembre se dio en el Instituto de España, de Nueva York, una fiesta en honor de Antonia Mercé (La Argentina). En ella, García Lorca leyó algunas composiciones del Poema del cante jondo.

Federico García Lorca seguirá en Nueva York hasta la primavera del año siguiente. Reanuda su amistad con Dámaso Alonso (por entonces profesor visitante del Hunter College), con Ignacio Sánchez Mejías, y conoce a Andrés Segovia. Para «La Argentina» armoniza alguna de sus canciones; entre ellas, la famosísima de Los cuatro muleros. Cuando sale de Nueva York tiene casi terminada su obra La zapatera prodigiosa. Después de algunos meses de estancia en Cuba, regresa a España, donde, el 24 de diciembre, Margarita Xírgu estrena, en el teatro «Español», de Madrid, y en su versión breve, la indicada Zapatera prodigiosa.

En el año 1931, que vería la instauración de la Segunda República Española, falla la coincidencia de los sucesos históricos con algún hecho de importancia en la vida del poeta. El de 1931 resulta un año lorquiano poco de destacar: publica el Poema del cante jondo y trabaja en el Amor de Don Perlimplín. Al año siguiente dirige y funda el teatro universitario «La Barraca», que divulga por los pueblos españoles a nuestros clásicos. Uno de sus ayudantes es Modesto Higueras, luego notorio falangista y director durante muchos años del Teatro Universitario del S.E.U.

En 1933 se inicia la gran apoteosis teatral de García

Lorca. El 8 de marzo de aquel año, la compañía de Josefina Díaz de Artigas estrena Bodas de Sangre en el teatro «Beatriz» de Madrid. Un mes después, el 5 de abril, nuevo estreno: El Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín En el otoño de aquel mismo año, emprende viaje hacia América del Sur, que se prolongará hasta la primavera de 1934. Los países visitados son Argentina, Uruguay y Brasil. En Buenos Aires, Lola Membrives presenta Bodas de sangre, Mariana Pineda y La zapatera prodigiosa (en su versión ampliada). El éxito es de clamor.

El año 1934, aparte la triunfal gira por América del Sur registra únicamente dos hechos destacables en la vida de Lorca:

En el verano fallece su entrañable amigo Ignacio Sánchez Mejías.

La vida de aquel hombre, coronada por una muerte trágica, es de las que, de haber ocurrido en otra época, le hubieran convertido en una figura de leyenda. Hijo de una familia sevillana perteneciente a la mejor sociedad, abandonó sus estudios para dedicarse al toreo. En la segunda década del siglo, ser torero no significaba lo mismo que hoy: en cuanto a popularidad, el diestro de por entonces llevaba todas las de ganar al de hoy. Comparados con los ídolos coletudos de la segunda década de nuestro siglo (los toreros se adornaban con una coleta verdadera, de auténtico pelo); «El Cordobés», incluso el infortunado «Manolete», hacen figura de personajes insignificantes. El torero de por aquel entonces vivía en perenne olor de multitudes, masculinas y femeninas (para establecer un módulo válido de semejanza habría que compararlo, en todo caso, a un Raphael o a un Serrat); pero, en contrapartida, ganaba mucho menos dinero (aún habida cuenta de todas las devaluaciones de la peseta), y desde luego, su profesión resultaba mucho menos distinguida que hoy. Ignacio Sánchez Mejías, no dispuso, pues, de las protecciones y ayudas familiares que hoy allanan el camino del torero que pudiéramos llamar «de cuota». Ignacio supo de saltar las bardas de un cortijo para torear los morlacos a la luz de la luna; de las crueles capeas y de asaltar un huerto de árboles frutales para poder llenar la panza. Pero triunfó plenamente. Hasta el punto que, después de la muerte de Joselito, en Talavera, el año 1920, durante varias temporadas actuó en competencia con el coloso Belmonte, y muchas veces le ganó la batalla en el ruedo. Avanzados ya los años veinte, Sánchez Mejías se retiró de la tauromaquia, dispuesto a disfrutar de los caudales ganados a fuerza de sudores y de sangre. Pero, para un tipo de romance, el descanso es pelear. Hombre cultísimo, Sánchez Mejías se metió en las líneas escénicas; incluso llegó a estrenar alguna obra con relativo éxito, pero con más honra que provecho. Luego, una vida a logran señor, y, sobre todo, el capricho de ser el «caballo blanco» de un club de fútbol sevillano, le llevaron a casi una total ruina. En plena madurez, falto de facultades físicas, volvió a los toros para remediar su precaria situación. El final de su aventura postrera fue la muerte, a consecuencia de una horrenda cogida que sufrió en la manchega plaza de Manzanares.

Pero a Sánchez Mejías le aguardaba una gloria póstuma y eterna: el haber inspirado una de las páginas poéticas más desgarradoras de nuestro y de todos los siglos: el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca.

En las postrimerías del año, el 29 de diciembre, Margarita Xirgu estrena Yerma en el teatro «Español», de Madrid. Un éxito artístico apoteótico, que las pasiones políticas convirtieron en escándalo mayor, contra la voluntad del propio Federico.

Yerma está en el opuesto polo de lo que suele ser una obra de circunstancias. No es más que un intensísimo drama rural, cuyo lenguaje poético alcanza sublimes cumbres de expresión y fuerza. Ahora bien: en Yerma no se oculta que las madres paren a sus hijos y que el hombre desea a la mujer con ancestrales fuerzas biológicas. Más no era el poético naturalismo de Lorca la piedra de escándalo verdadera: En el Gobierno estaban los reaccionarios de la C.E.D.A. El dramaturgo que las derechas hablan adoptado por suyo, José María Pemán, acababa de obtener Oír éxito resonante con su Divino Impaciente. Resultaba intolerable que el autor favorito de las izquierdas obtuviera un éxito más grande aún que el del escritor mimado por las derechas. Pero las protestas de los «reventadores» (muchachos pertenecientes a las J.A.P. —Juventudes Acción Popular-) hubieron de amainar, un día tras otro ante la unánime repulsa de un público entregado total— mente al hechizo del lenguaje lorquiano. Incluso, muchos que penetraban en el teatro con aviesas intenciones, acababan por unirse a la general ovación.

En enero de 1935, los entusiastas proyectan un banquete en homenaje de García Lorca. El poeta, temeroso de que rebroten las pasiones políticas, disuade a sus admiradores. Entonces, la plana mayor de la intelectualidad progresista española envía una nota de adhesión personal al autor de Yerma. Firman el escrito Victorio Macho, Juan Ramón Jiménez, Casona, Valle-lnclán, etc. El 18 de marzo es estrenada en el teatro «Coliseum», de Madrid, la versión ampliada de La zapatera prodigiosa, presentada el año anterior en Buenos Aires, pero que todavía no era conocida por los españoles. En aquella ocasión, Lorca prometió leer, en fecha próxima, su Doña Rosita o el lenguaje de las flores.

Pero la tan esperada lectura se demoraría. Por fin tuvo lugar en el pequeño teatro «Stadium», de Barcelona, ante la compañía de Margarita Xirgu. En septiembre fue la lectura, y el estreno el día 13 de diciembre, en el barcelonés teatro «Principal Palace».

Aquel sería el último gran éxito teatral de García Lorca en vida. Lo que hizo en el año 1936 ha sido relatado en otro lugar.

* * *

García Lorca saldría de Madrid para Granada, donde le había dado cita su trágico destino, el 16 de julio de 1936.

Al día siguiente se levantaba en armas el Ejército de Marruecos. Luego, durante casi tres años, los Cuatro Jinetes del Apocalipsis recorrerían en desbocada carrera los asolados campos de España.

En los inicios de la contienda civil hispana, muchas veces el fiel de la balanza se mantuvo tan vacilante, que la decisión final, favorable a uno u otro bando, dependió casi exclusivamente de un hecho casual o del arranque de valor o decisión de un solo individuo. El que la flota quedara, en su casi totalidad, bajo el control del Gobierno, dependió tan sólo de que un radiotelegrafista del Ministerio de Marina interceptase, casualmente, un mensaje cruzado entre dos unidades navales que se disponían a levantarse.

Y luego, el inverosímil paso a través del Estrecho de aquel Convoy de la Victoria, con las fuerzas de la Legión y Regulares, que asegurarían el éxito del levantamiento en Sevilla-y luego no pararían hasta las puertas de Madrid—, tuvo mucho que ver con la actuación del antes mencionado radiotelegrafista. Informado el Ministro de Marina (Giral) de que los mandos de los buques se disponían a levantar bandera de rebelión, hizo cursar orden por radio, a las dotaciones de todas las unidades para que aquéllas, por sus propios medios, redujeran «a los oficiales rebeldes». La marinería entendió la orden a su modo, fusilando a sus jefes y oficiales, e incluso librándose de ellos por el expeditivo sistema de arrojar al mar a los desventurados [11]. De modo que las unidades de la flota española quedaron convertidas en otros tantos Acorazados Potemkin, en los que daba órdenes un estado mayor compuesto por contramaestres, cocineros y ayudantes de máquinas. No resulta extraño, por lo tanto, que, disponiendo la escuadra gubernamental de una superioridad aplastante, frente a las escasísimas fuerzas navales sublevadas, abandonaran a toda máquina las aguas del Estrecho en cuanto se divisó en el horizonte alguno de los escasos bombarderos «Savoia» que habían tomado tierra en los aeródromos marroquíes en los días que siguieron al inicio del levantamiento [12].

Pero si en los comienzos de la Guerra Civil intervinieron factores que deben considerarse providenciales hay que destacar entre ellos la actuación del general Queipo de Llano, en Sevilla. Jefe de carácter romántico y de valor temerario, era considerado por el Gobierno de Madrid como plenamente «adicto». Luego se sublevaría en Sevilla, teniendo que afrontar las más adversas circunstancias. El grueso de las fuerzas del Ejército estaba constituido por un regimiento, cuyo coronel era republicano y cuyos efectivos reales, por causa de permisos y ausencias, era de ciento treinta hombres. La Guardia Civil se mantenía indecisa, y la Guardia de Asalto francamente hostil al movimiento.

A pesar de todo, Queipo de Llano se sublevó, convenció a las escasísimas fuerzas de que podía disponer, y plantó cara, en un gesto audaz, a las masas obreras del barrio de Triana, totalmente dominadas por la F.A.I. y por los comunistas (José Díaz, Secretario General del Partido, era sevillano), y que tenían, prácticamente, bajo su control, a toda la ciudad. A fuerza de valor temerario y de propalar optimistas infundíos por la radio (en el primer experimento de «guerra sicológica» que ha conocido el mundo), Queipo de Llano, prácticamente cercado en su puesto de mando, logró resistir hasta la llegada de los primeros contingentes del Ejército marroquí, primero en cuentagotas, mediante un remedo de «puente aéreo», y luego, ya en forma masiva, los procedentes del Convoy de la Victoria, que aseguraron la situación.

Entretanto, la situación no podía ser más fluida en el resto de Andalucía. El campo se hallaba, en su totalidad, no dominado por el Gobierno, sino en manos de unas bandas vandálicas, que vengaban en los «señoritos» y curas su hambre secular y el paternal régimen de jornales de seis reales, durante tres meses al año. En las capitales, podía hablarse de una victoria del Gobierno «por puntos». Sevilla y Cádiz se hallaban, firmemente controladas por los nacionalistas. En Almería, Málaga, Huelva y Jaén, la sublevación había fracasado (en Jaén ni siquiera llegó a intentarse). Córdoba y Granada constituían dos enclaves sublevados, en territorio republicano. Córdoba llegó a verse prácticamente cercada, e incluso con sus barrios periféricos ocupados por los mineros de Peñarroya y por fuerzas del Ejército adictas al Gobierno, puestas al mando del general Miaja (las radios gubernamentales anunciaron, incluso, con toda buena fe, la rendición de la ciudad de los Califas). Granada, por su parte, rodeada por el Norte, Levante y Sur, de territorio gubernamental, cuándo al fin los nacionales de Sevilla y Córdoba lograron establecer un «hinterland» en torno a las dos capitales, mantuvo con ellos una especie de sutil cordón umbilical a lo largo del valle del Genil.

De no haberse mantenido Queipo de Llano casi milagrosamente en Sevilla, su caída hubiese acarreado la de Córdoba y la de Granada. Imposibilitado el Ejército marroquí de tomar contacto con las fuerzas de la zona Norte, donde había triunfado el levantamiento (Galicia, Castilla la Vieja y Navarra), la suerte del conflicto español hubiera sido otra, y posiblemente también la de Europa; puesto que los historiadores que analizan los hechos ocurridos en las últimas décadas, van llegando a la conclusión de que la Guerra Civil española fue un supuesto necesario para el subsiguiente conflicto bélico mundial.

* * *

A partir del 17 de julio hubo tres días indecisos en Granada, y durante los cuales, el fiel de la balanza pudo caer hacia cualquiera de los dos lados. Cuando llegaron las primeras noticias relativas al levantamiento del Ejército marroquí, el gobernador militar de la plaza, general Campins, totalmente afecto al Gobierno, dirigió a los oficiales de la guarnición una soflama, en la que ponía como no digan dueñas, de traidores para arriba, a los militares sublevados en Marruecos. Entretanto, las organizaciones sindicales (en Granada la U.G.T. disponía de superioridad aplastante) movilizaban sus fuerzas y hacían el recuento de las mismas. La calle de Reyes Católicos, Bibirrambla la Gran Vía, se habían convertido en hervideros. Los trabajadores llegaban en oleadas, de los barrios humildes del Sacromonte y Albaicín, se manifestaban, y pedían armas para «derrotar a los fascistas».

Este era el ambiente granadino que a su llegada, el 17 de julio, encontró García Lorca. Posiblemente, sus hábitos de señorito le hicieran ver con mayor simpatía aquellos supuestos «fascistas» que las alharaquientas y desgreñadas masas que los amenazaban.

Por fin, el 20 de julio, se resolvió aquella situación de inestable equilibrio: los obreros, en la calle, reclamando armas, y en los cuarteles, la oficialidad negándose a obedecer al general Campins, que apoyaba las demandas de los trabajadores. Desde Madrid, el general Pozas telefoneaba pidiendo a Campins que reprimiera «aun echando mano de los medios más drásticos», cualquier atisbo de sublevación. En la llamada de Pozas resultaba evidente su alusión al socorrido remedio de «armar al pueblo». Pero, entretanto, los oficiales de Granada mantenían bien ocultas sus verdaderas intenciones. Seguían acuartelados, aparentemente a las órdenes del Gobernador militar republicano, pero, eso sí: dispuestos a no entregar al populacho ni un cartucho, y, desde luego, a obedecer el primer llamamiento que les viniera del coronel Muñoz o del coronel León, jefes de los Regimientos de Artillería e Infantería, y a la vez, cabezas del proyectado movimiento en Granada.

Aquella mañana, los acontecimientos se precipitarían en torno del confiado Campins. Personado en el cuartel de Artillería para recabar de los oficiales que mostrasen su fidelidad a la República, encontróse con que un simple capitán le lanzaba en pleno rostro un restallante «¡traidor¡». Cuando et indignado Campins ordenó al sedicioso que se considerase arrestado, los compañeros de éste replicaron que quien se hallaba en situación de arresto era el propio Gobernador militar, salvo que inmediatamente firmase la declaración del Estado de Guerra. Pidió Campins que le permitieran comunicar telefónicamente con el cuartel de Infantería, con la Guardia Civil y con la de Asalto. No se opusieron los artilleros, ya que daban por supuesta la contestación. En efecto, todas las fuerzas apoyaban el movimiento. En vista de lo cual, Campins accedió a lo que sus, hasta entonces, subordinados, le pedían: Quedó declarado el estado de sitio, pero la siguiente orden ya no la daría quien dejaría en aquel momento de ser Gobernador militar de Granada. Su sustituto, el coronel Muñoz, dispuso el encarcelamiento del general y que la tropa saliese a la calle.

El Ejército encontró escasa o nula resistencia. La multitud que se manifestaba frente al Ayuntamiento se dispersó en cuanto aparecieron en las bocacalles los primeros uniformes. El Gobernador civil republicano se entregó, sin intentar siquiera un gesto de resistencia. A los sublevados, la operación no pudo resultarles menos costosa: un soldado muerto.

Al anochecer, en todos los barrios granadinos del centro se había restablecido la calma. Sólo en la inmediata colina del Albaicín proseguía la resistencia. El dominar a los últimos defensores de la República significó para el Ejército cinco días de lucha, aunque no excesivamente intensa.

* * *

A treinta años de distancia, cuando las generaciones que no vivieron la Guerra Civil escuchan a los testigos presenciales, o a los comentaristas, referirse a la dureza con que se trataba, en ambos bandos, al enemigo actual o en potencia, extrañan que sus propios padres hubiesen podido verse implicados en la lucha, aunque no hubieran participado en ella directamente. Entonces viene lo de mirar por encima del hombro a sus mayores que «hicieron la guerra», a sentirse moralmente superiores, como si la bondad y la maldad colectivas fuese cuestión de generaciones. Hoy, la perspectiva del tiempo ha dado a los actores en la con> tienda civil una más justa visión de los hechos que protagonizaron. Unos y otros, los del bando rojo y los del bando azul, reconocen los propios defectos y las virtudes del contrario. Calló la propaganda y habla la justicia. A las sarcásticas expresiones de los inmediatos años de posguerra, ha sucedido la frase que a nadie choca ni ofende de «los españoles que, a un lado y otro de la línea de fuego, soñaban una España mejor y luchaban por ella». Por otra parte los jóvenes, que si algo conocen de la Guerra Civil es por lo poco que sobre la misma leyeron, al juzgar con severidad los excesos, no tienen en cuenta el contexto del drama. Los hermanos que luchaban hacíanlo para imponer sus ideas; pero también para garantizar su supervivencia física como colectividad, como clase, o, simplemente, como individuos. No era un duelo a primera sangre, sino un combate que todos sabían a muerte. De ahí que aquellos mismos que hubieron de actuar procuren olvidar unos hechos fatales, en los que intervino, en mayor grado, la trágica coyuntura histórica que la voluntad de los hombres. Por eso, en nuestros días, los excombatientes del Ejército republicano, en el exilio o vueltos al hogar patrio, lamentan tantos hechos vituperables acontecidos en su retaguardia. Por eso puede hablarse hoy de la muerte de García Lorca.

El escritor inglés Hugh Thomas habla de la muerte del poeta, en una obra que ha tenido amplia difusión en España. Del libro en su versión castellana, de la que se han agotado en nuestro país varias ediciones, entresacamos los siguientes párrafos:

«Pero, entre todas estas muertes, la más imperdonable fue la de Federico García Lorca, el poeta español más grande de su época. Aunque, personalmente, jamás fue miembro de ningún partido político, su cuñado era el alcaide socialista de Granada, y tenía bastantes conocidos entre los intelectuales de izquierdas. Después de la victoria del alzamiento en Granada, ciudad en la que había nacido, y en la que estaba pasando una breve temporada, García Lorca se refugió en casa de un poeta y amigo, Luis Rosales, cuyo hermano era falangista. Pero, a pesar de esta aparente protección, fue detenido y fusilado. Nunca se ha sabido exactamente cómo murió, ni el lugar donde descansan sus restos. Lo único cierto es que yace en alguna fosa común de cualquier zona perdida de la provincia de Granada.

»Brenan estuvo en España en 1950, buscando la tumba del poeta, y creyó haberla encontrado en Viznar, junto a la finca andaluza del duque de Wellington. Una teoría respecto a la muerte del poeta afirma que fue asesinado, como Marlowe, en una reyerta, mientras contemplaba a un grupo de gitanos, a los que tan maravillosamente había descrito en sus versos. Las investigaciones de Brenan han quedado confirmadas, en general, por otras obras como: Claude Couffon, Cómo murió García Lorca (en La Nueva Democracia, Nueva York, julio, 1953); Jean Chabrol, J'ai trouvé les assasslns de Lorca (París, 1957); Rivas Cherif, Poesía y drama del gran Federico (Excelsior, Méjico, 7-1-57), y Vázquez Ocaña, García Lorca: vida, cántico y muerte (Méjico, 1957). De acuerdo con este último, el poeta no fue asesinado hasta el 18 de agosto. No se ha de descartar del todo la posibilidad del asesinato de García Lorca como consecuencia de la venganza de algún vulgar poeta.

* * *

Como puede bien observarse, en la obra de Thomas, la muerte del poeta queda sumida en la más impenetrable oscuridad. El propio Brenan, que tantos enigmas de la Historia contemporánea española tiene resueltos, tampoco ha llegado a construir una teoría plausible sobre los hechos y circunstancias que concurrieron en la muerte de García Lorca.

La desaparición de un artista, cuando se halla en la plenitud de su fuerza creadora, es una pérdida irreparable, no solamente para sus coterráneos, no sólo para todos los hombres de su época; es una tragedia de carácter universal. Por esto, García Lorca se ha convertido en un símbolo, en la víctima por excelencia, lo cual no deja de ser injusto para tantos otros millares de víctimas, tan inocentes como el poeta. Si en la presente monografía nos hemos extendido, quizá con exceso, en la parte que dedicamos a las notas biográficas del poeta-dramaturgo ha sido para dejar bien destacados dos hechos: lo que para el Arte universal representó su desaparición, recién cumplidos los treinta y ocho años, cuando más podía esperarse de su genio, y lo injusto de su trágico destino. Porque García Lorca nunca fue político, y es más: si llegó a ser encasillado como «escritor progresista», fue por un empeño de la sociedad que le rodeaba, más que por su propia voluntad.

Transcurridos más de treinta años después de la tragedia, la desaparición del poeta sigue resultando un misterio.

Ninguna de las explicaciones que han querido darse, resulta satisfactoria. ¿La Guardia Civil? Explicación tan mal intencionada como falaz. Poco se preocupan los hombres de la Benemérita por los versos. Por otra parte, García Lorca era gitano de raza. Bastaría este detalle para desvirtuar la tendenciosa calumnia. Para el guardia civil, el gitano es un niño travieso, al que hay que corregir, y tener atado corto; pero que admite sus extrañas reacciones, sea un robo de gallinas o un crimen con derramamiento de sangre, como algo natural e inevitable, como la tez negra en las gentes de color y el tino comercial en las de raza judía. ¿El resultado de uno de aquellos celos o inquinas, tan frecuentes entre la gente de letras, convertidos en arma mortal en el enajenante clima que reinaba en España por los inicios del conflicto? En todo caso, se trata de hipótesis subjetivas y que, de tener fundamento, nunca podrán ser demostradas.

Lo que sí resulta evidente, está demostrado, y es un hecho (un hecho que la propaganda contraria mantuvo cuidadosamente oculto), es que García Lorca halló protección y ayuda entre aquellos mismos a quienes se achacó su muerte. García Lorca no era de la madera con que están hechos los héroes. Su sensibilidad, casi femenil, le convertía en uno de esos hombres cuya reacción primaria en circunstancias críticas es la del miedo. De ahí el cuidado que siempre puso en no adoptar posiciones políticas extremas. Las circunstancias y el medio ambiente parecían empeñados en presentarle como a hombre de izquierdas, y él procuraba ser lo menos izquierdista posible. Sin duda, García Lorca se daba perfecta cuenta del peligro que su vida corría en Granada. Y por ello consideró que resultaba buen refugio la casa de su amigo y colega, el poeta Luis Rosales, íntimo de José Antonio Primo de Rivera y cuyo hermano era falangista de acción, y había intervenido activamente en la génesis del levantamiento nacional en Granada.

En cuanto al día en que cayó el poeta, se supone que fue el 19 de agosto, exactamente un mes después de iniciado el movimiento nacional. Respecto al sitio de la ejecución, no existe ninguna certeza. Al autor de las presentes líneas le han sido mostrados en Granada, «por testigos presenciales», tres escenarios distintos. El lugar de su enterramiento resulta otro enigma inescrutable. Probablemente, sus huesos descansan mezclados, en alguna fosa común, con los de otras víctimas de aquellos luctuosos días; quizá los de los obreros que lucharon en el barrio del Albaicín.

* * *

La prensa de la zona republicana dio, en los tres años de la guerra, infinitas y contradictorias versiones del modo cómo, cuándo, y en manos de quiénes murió García Lorca. Raro era el fugitivo que alcanzaba las líneas republicanas por el impreciso frente andaluz (más que un verdadero frente resultaba una extensa zona de nadie) que no trajese su propia versión. La propia diversidad desautoriza tales relatos, que nos abstenemos, por lo tanto, de mencionar.

Existe, sin embargo, una versión muy poco conocida, que consideramos necesario recoger, debido a la autoridad de los labios que la formularon. Sin embargo, no dejaremos de señalar las graves contradicciones que se observan en esta relación de los hechos.

Quien habla es el eximio novelista Ramón Pérez de Ayala, embajador que fue de la República Española en Londres (más admirable por sus dotes de estilista que por su respeto a la verdad. Baste recordar el escándalo que produjo por los años treinta su parcial y tendenciosa pieza dramática A.M.D.G.). Refugiado en Buenos Aires después de acabada la Guerra Civil, afirmó ante unos amigos que él había logrado conocer todas las circunstancias que incidieron en la muerte del poeta:

«García Lorca, que, con sus vinculaciones con la izquierda, se había refugiado, temeroso, en casa de su gran amigo el poeta falangista Luis Rosales, apenas abandonaba su cobijo. Cuando lo hacía, solía ser observado por los nacionalistas, que miraban con recelo a Federico. Parece que en una de tales salidas fue preguntado respecto a dónde iba. Lorca contestó que a entregar unas cartas para sus amigos y familiares que habían quedado en la zona republicana, y que un mensajero de confianza se había ofrecido a llevar. Aceptaron la versión con cierta incredulidad. Días después, por la emisora de Madrid se escuchó la voz de Rafael Alberti, que dedicó un entrañable recuerdo al "gran poeta republicano Federico García Lorca, que se encontraba prisionero de los traidores rebeldes, pero que no había perdido la fe en el triunfo, y en prueba de ello, había enviado a sus amigos de Madrid unos versos, que acto seguido iba a leer ante el micrófono”. En efecto, Alberti dio lectura a unos versos tremendos, en los que se insultaba con los vocablos más soeces a los militares sublevados, poesía que resultaba evidente no había sido escrita por Lorca, siempre correcto y elegante de expresión. Tenían aquellos versos, por el contrarío, la factura de Alberti. Este terminó su actuación agradeciendo a Lorca el envío de los versos y haciendo votos por su pronta liberación.

»Parece que los falangistas que desde la zona granadina escucharon la emisión, se encolerizaron contra García Lorca, considerándose burlados por él, cuando les dijo que se disponía a enviar unas cartas a los amigos y familiares de Madrid, cuando en realidad, y por lo escuchado, lo que había hecho era facilitar material de propaganda, avalado con su nombre prestigioso, a los republicanos. La supuesta actitud de Lorca desencadenó la iracundia de quienes le dieron muerte, en un entrevero que nunca pudo, con certeza, aclararse.

»Más tarde, amigos comunes de Alberti y Federico reprocharon al primero el haber atribuido a Lorca unos versos que no había escrito, y que habían equivalido a su condena a muerte. Alberti se disculpó, afirmando, que con su maniobra sólo había querido evitar que los nacionalistas utilizaran a Federico para su propaganda, adelantándose él a comprometerlo públicamente con la causa republicana...»

En la versión de Pérez de Ayala se observan dos contradicciones de bulto, una sicológica y otra de carácter histórico.

Error sicológico: García Lorca era un pusilánime. Es probable que en su refugio granadino se sintiera más inclinado a la causa republicana que a la nacionalista. Fácil es imaginarlo pendiente de las emisiones radiadas desde Madrid, donde había dejado a su familia y a tantos amigos. Es de suponer, por lo tanto, que no hubiese ignorado los malos versos de circunstancias, que Alberti había colgado de su persona como un sambenito, y un sambenito mortal. García Lorca era un pusilánime, repetimos. Forzosamente había de darse cuenta de las terribles consecuencias que para él podía tener la cruel jugarreta de Alberti. Pero García Lorca tenía valedores, y valedores eficaces. Era natural que se hubiese justificado, que por todos los medios hubiera procurado desvirtuar los hechos, en vez de guardar silencio, para morir como un héroe o resignado como una res que llevan al desolladero.

Error histórico: Cuando se produjo el alzamiento, Rafael Alberti se hallaba en Ibiza, donde, por ser harto conocidas sus ideas comunistas, procuró pasar desapercibido, hasta que la isla fue conquistada por la expedición, entre trágica y pintoresca, del capitán Bayo. Ahora bien: la presencia de Alberti en Ibiza es un hecho incontrovertible. Y también la fecha en que las heterogéneas fuerzas de Bayo desembarcaron en la isla: el 15 de agosto. Ergo.,.: si Alberti se hallaba en Ibiza el 15 de agosto, ¿cómo pudo actuar en la emisora de Madrid antes de los días 18 ó 19, supuestas fechas en que murió García Lorca? Quien haya conocido el estado comatoso de los transportes en zona republicana, máxime habiendo un tramo de recorrido marítimo, deducirá que los hechos pudieron ocurrir como Pérez de Ayala los relata, sólo en el caso de que Alberti hubiese tenido el don de la ubicuidad.

* * *

En conclusión: No es posible dilucidar el misterio de las circunstancias que rodearon la muerte de Federico García Lorca; pero queda por formular un enigma de mucha mayor trascendencia: ¿cuántas obras admirables, muertas antes de nacer, se llevó a la tumba el poeta?

Rodolfo EIMERS

Mayo de 1937: Andrés Nin

Un espectador superficial que hubiese asistido a la defensa de Madrid frente a los asaltos nacionalistas, del 8de noviembre de 1936 al 9 de enero de 1937, podría creer que, bajo el lema «No pasarán», se congregaba una fuerza compacta y uniforme. Las tropas, las milicias obreras y las recién llegadas Brigadas Internacionales, ofrecieron una resistencia obstinada frente a los soldados de Dávila y Varela. Una oleada de entusiasmo sacudió al territorio republicano. El peligro inminente se había dominado.

Los bombardeos a la capital y los relatos exagerados por Queipo de Llano, del negro porvenir que aguardaba a los defensores de Madrid, no consiguieron minar la voluntad de las tropas republicanas, aun lucharon, cometiendo errores tácticos irreparables, fruto de la indisciplina y del desorden. Aquella mezcla de indignación y desesperación, centuplicó el esfuerzo de las milicias republicanas. Además, el paso aguerrido y el aparato militar de las Brigadas internacionales les hizo tomar conciencia deque la República no estaba sola frente al Ejército enemigo. Por vez primera, éste se veía frenado en su brillante conquista, y el comandante Castejón, jefe de una columna asaltante, que resultó gravemente herido, declaró con pesimismo al periodista norteamericano John Whitaker: «Nosotros, que iniciamos la rebelión, ahora estamos siendo derrotados.»

Frenado el primer impulso, para las tropas nacionalistas se esfumaron las esperanzas de una conquista fulgurante de Madrid. A finales de diciembre, los republicanos, aunque inferiores en artillería —95 cañones frente a 172—, tenían en las trincheras de Madrid 44.000 hombres contra poco más de 20.000 nacionales.

Sin embargo, aquel entusiasmo sólo había aplazado, relegándolo a segundo término, el drama político que se incubaba en la retaguardia del Frente Popular. Así como en el sector nacional no se reparó en medios para unificar voluntades y partidos, concentrando el esfuerzo colectivo hacia la victoria militar, en la zona republicana, por el contrario, continuó desarrollándose la vida política; una vida política, desde luego, rabiosamente extremista. El Alzamiento y la pérdida inmediata de una gran parte del territorio, supuso un grave trauma para la República. Pero ni siquiera un estado de cosas cercano al colapso logró imponer en la retaguardia republicana una unidad real: en todo caso, un alivio momentáneo de las divisiones inherentes al Frente Popular.

La alianza, en efecto, que, junto con los desaciertos del «bienio negro», llevó a las izquierdas al gobierno en 1936, era efímera. En la coalición frentepopulista se intentó aunar toda una gama de actitudes políticas, desde el centro izquierda de la burguesía liberal, hasta los comunistas y anarquistas. La descomposición de este Frente Popular, apenas logrado el triunfo electoral, resultaba inevitable: los Gobiernos se vieron impotentes para controlar el extremismo de quienes consideraban que había llegado la hora de la revolución proletaria.

* * *

El 18 de julio tuvo, como efecto inmediato, la caída del Gobierno Casares Quiroga y la formación de un nuevo Gabinete, presidido por Martínez Barrio, que inmediatamente se puso en contacto con el general Mola, buscando un acuerdo que pusiera fin a lo que se consideraba un simple pronunciamiento militar. El mismo 19 de julio, el Presidente del Gobierno y el nuevo ministro de la Guerra, general Miaja, hablaron con Mola por teléfono. Por un momento, se abrigó la esperanza de un acuerdo pacífico. Bien es verdad que las versiones de aquella conferencia telefónica entre Madrid y Pamplona varían, conforme procedan de fuente nacionalista o republicana. Aquel mismo 19 de julio dimitía el Gabinete moderado de Martínez Barrio, dejando paso a un Gobierno plenamente izquierdista, presidido por don José Giral Pereira.

El nuevo Gobierno no encontró otra alternativa que acceder a la petición socialista de armar a los obreros para aplastar la rebelión «fascista». Las nuevas milicias revolucionarias dieron bien pronto muestras de un valor fuera de toda duda, y de una indisciplina que hacía estéril tal derroche de energías.

La principal preocupación del Gobierno Giral fue poner algún orden en aquel caos, y convertir las milicias populares en un verdadero ejército. Al comenzar la guerra, ninguna persona responsable del bando republicano creía posible una victoria de los sublevados. Incluso, en el lado nacionalista, existían serias dudas. El embajador alemán en Madrid informaba a su Gobierno el 25 de julio: «Los miembros de la milicia roja están llenos de fervor combativo y fanático, y luchan con excepcional valor, lo que provoca las correspondientes bajas. Estas, sin embargo, son fácilmente cubiertas con la masa de la población, mientras los rebeldes, que tienen sólo sus tropas, carecen de tales reservas. Si no ocurre algo imprevisible, es difícil esperar que triunfe la revuelta militar, pero la lucha seguirá probablemente por algún tiempo.» Los tres primeros meses de guerra demostraron cuán errado estaba en sus apreciaciones el embajador Schwedenmann.

Resultaba difícil organizar las milicias obreras armadas, si éstas no se sentían mandadas militarmente y gobernadas políticamente por sus propios líderes. La desconfianza de los milicianos hacia los oficiales leales al Gobierno de Madrid, era total. Consideraban que muchos de aquellos oficiales seguían fieles a la República, solamente por circunstancias geográficas, y que abandonarían a sus tropas frente al enemigo en la primera ocasión. De hecho, muchos militares aprovecharon los encuentros iniciales para pasarse al bando nacionalista [13].

Por todo ello, la situación de los jefes del Ejército republicano resultaba crítica: muchos de sus hombres los des— obedecían; se lanzaban al ataque con un valor temerario pero retrocedían presas del pánico, a veces sin causa ni motivo alguno. Defendían hasta morir posiciones sin importancia, y abandonaban puestos clave cuya defensa no hubiera presentado dificultad alguna.

Las probabilidades de una guerra larga se van perfilando. Por Decretos presidenciales del 25 y 26 de julio, quedan intervenidas las industrias de interés militar y se fijan las normas para el abastecimiento de las milicias. El 3 de agosto se promulga un nuevo Decreto, intentando ordenar las milicias en fuerzas militares. El 9 de agosto, Indalecio Prieto, a pesar de ser tachado de «pesimista», enumera en un discurso radiado las posibilidades republicanas de victoria:

«Con los recursos financieros, totalmente en manos del Gobierno; con los recursos industriales déla nación, también totalmente en poder del Gobierno, podría ascender hasta la esfera de lo legendario el valor heroico de quienes impetuosamente se han lanzado en armas contra la República, y aun así, aun cuando su heroísmo llegara a grados tales que pudiera ser cantado con toda clase de elogios por los poetas que quisieran adornar la historia de esta época triste, aun así, serían inevitablemente, inexorable, fatalmente vencidos.»

Conforme la situación empeora, el Gobierno debe hacer concesiones a la Revolución. El 23 de agosto se aprueba la propuesta de creación de los Tribunales Populares «para juzgar los delitos de rebelión y sedición, y los cometidos contra la seguridad del Estado». En el artículo segundo del Decreto se establece que «los jueces populares serán designados por los partidos que integran el Frente Popular y organizaciones sindicales afectas al mismo, atribuyéndose dos miembros a cada uno de dichos partidos y organizaciones».

Los descalabros militares continúan, y el Gobierno Giral tiene que dimitir. Azaña busca una figura que pueda, por su prestigio, atraer a los revolucionarios y hacerles entrar por los cauces de la disciplina. Se trata de vencer a la revolución asimilándola y comprometiéndola en las tareas gubernamentales. El hombre indicado parece ser Francisco Largo Caballero. Hijo de obreros, militante socialista desde su juventud, líder de la facción más izquierdista del socialismo español, podía ser la persona capaz de aglutinar en torno de sí a las fuerzas que defendían, o decían defender, a la República. Aunque no era comunista, Largo Caballero profesaba un marxismo lo suficientemente radical como para poder conectar ampliamente con Moscú y ganarse la confianza de Rusia, cuyo apoyo militar resultaba imprescindible. Los mismos anarquistas, tan reticentes cuando se trataba de aliarse con nadie, se sentían más inclinados a colaborar con Largo Caballero que con el Gobierno burgués de Giral o con los socialistas moderados de Prieto.

El 4 de septiembre de 1936, Francisco Largo Caballero formaba su Gobierno de coalición. Lo integraban cinco ministros socialistas: Álvarez del Vayo (Estado), Indalecio Prieto (Marina y Aire), Juan Negrín (Hacienda), Ángel Galarza (Gobernación) y Anastasio de Gracia (Industria y Comercio): dos comunistas: Jesús Hernández (instrucción Pública y Bellas Artes) y Vicente Uribe (Agricultura): dos representantes de Izquierda Republicana: Mariano Ruiz Funes (justicia) y José Giral (ministro sin cartera): uno de Unión Republicana: Bernardo Giner de los Ríos (Comunicaciones y Marina Mercante); uno de Esquerra Republicana: José Tomás Piera (Trabajo, Sanidad y Previsión), y un nacionalista vasco, nombrado el 24 de septiembre: Manuel Irujo y Olio (ministro sin cartera).

Al día siguiente de nombrado el nuevo Ministerio, el Gobierno declara que «por su composición, se considera representante directo de todas las fuerzas políticas que en diversos frentes, combaten por la subsistencia de la República democrática, contra la cual se alzaron en armas los facciosos... El programa ministerial se cifra esencialmente en el firme propósito de adelantar el triunfo sobre la rebelión, coordinando los esfuerzos del pueblo median* te la debida unidad de acción, a fin de hacerlos más provechosos. A ello se subordinan cualesquiera otros intereses políticos, dando de lado a diferencias ideológicas, puesto que, de momento, no puede existir otro afán que el de asegurar el aplastamiento de la insurrección» (El Socialista, 5 de septiembre de 1936).

Con todo, basta repasar la lista ministerial para percibir que una poderosa fuerza política de la España republicana no participaba en la responsabilidad del poder: los anarquistas. Esta ausencia significa evidentemente dos cosas: en primer lugar, que los anarquistas persistían en su actitud de no colaboración con el Frente Popular a nivel político; en segundo lugar, que, probablemente, no estaban dispuestos a renunciar a «diferencias ideológicas». Los anarquistas, en efecto, particularmente fuertes en Cataluña y Aragón, habían iniciado un plan de radicales reformas sociales, a las que se oponían socialistas y comunistas.

El día en que quedaba formado el Gabinete de Largo Caballero, caía Talavera de la Reina en poder de las fuerzas nacionalistas. A mediados de septiembre, los jefes militares del Alzamiento estaban convencidos de que la lucha terminaría en seis semanas: lo que sus tropas tardasen en presentarse a las puertas de Madrid. La reorganización del Ejército republicano se imponía, pues, como la más urgente necesidad. El 28 de septiembre caía Toledo y quedaba levantado el sitio del Alcázar.

Los comunistas eran los que más insistían en la necesidad de poner orden en la retaguardia gubernamental. Para conseguirlo, y para incrementar su influencia entre las nuevas fuerzas armadas republicanas, presionan a Largo Caballero para que establezca el Comisariado Político de Guerra, como medio de unificación y coordinación de las tropas. El 15 de octubre, una Orden de la Presidencia del Gobierno establece el referido Comisariado, «cuya principal misión consistirá en ejercer un control de índole político-social sobre los soldados, milicianos y demás fuerzas armadas al servicio de la República, y lograr una coordinación entre los mandos militares y las masas combatientes, encaminadas al mejor aprovechamiento de la eficiencia de las citadas fuerzas». Este control político de la actividad militar resultaba vejatorio para tos, relativamente, escasos oficiales de carrera de que podía disponer la República. Al día siguiente, 16 de octubre, Largo Caballero intentaba paliar el mal efecto producido, mediante un escrito aclaratorio. En realidad, el mando militar quedaba sometido al nuevo Comisariado, hasta el punto de que todo lo que se refiriese a municiones, armamento, vestuario, víveres, etc., era incumbencia del Comisario. La razón dada por el jefe del Gobierno para justificar tan peregrina determinación, resultaba sorprendente:«... Para mayor rapidez de las solicitudes, y también para mejor satisfacción de la masa de combatientes.»

Para el puesto de Comisario General fue nombrado Álvarez del Vayo, miembro del partido socialista, pero, en realidad, un cripto-comunista. Pronto se puso de manifiesto que el Comisariado se convertiría en instrumento al servicio de los consejeros militares rusos y en un medio eficaz para que los comunistas pudieran hacer nuevos prosélitos.

A pesar de lo crítico de la situación, en el campo republicano había quien conservaba la esperanza y el optimismo. Así, el Subsecretario de Defensa, coronel Hernández Sarabia, cuando aseguraba que el Ejército nacionalista carecía de todo: de medios materiales, de tropas, e incluso... de genio militar. El drástico juicio de Hernández Sarabia no era compartido por otros asesores militares de Largo Caballero. Madrid se preparaba afanosamente para resistir el asalto nacionalista. Se imponía una nueva reestructuración del Gobierno. El motivo resultaba evidente: urgía comprometer a los más díscolos entre aquellos que militaban en el bando republicano: los anarquistas. Hasta el momento, llevados por su tradición ideológica, se habían negado a compartir ninguna responsabilidad gubernamental. Pero los dirigentes de la C.N.T. sentíanse aterrados por las continuas derrotas de los milicianos en el frente y por los asesinatos de los llamados «incontrolables» en la retaguardia. Un intelectual anarquista, Diego Abad de Santillán, justificaba de este modo la intervención en el Gobierno: «La guerra anarquista es una entelequia; existe solamente una guerra y debemos ganarla, pero para ello tenemos que abandonar muchos de nuestros principios.» De hecho, los anarquistas habían roto anteriormente con su apoliticismo, al entrar a formar parte del Gobierno de la Generalidad, en Cataluña: el 26 de septiembre de 1936, Juan P. Fábregas aceptaba la Consejería de Economía y Juan J. Domenech la de Abastecimientos. El día 4 de noviembre, con las tropas nacionales a pocos kilómetros de Madrid, los anarcosindicalistas aceptan colaborar con el Gobierno Central.

Quedó así constituido un nuevo Gabinete. Las carteras de Estado, Marina y Aire, Hacienda, Instrucción Pública, Gobernación, Trabajo, Agricultura y Comunicaciones, quedaban en manos de ministros del Gabinete anterior. El Departamento de Sanidad quedaba separado del Ministerio de Trabajo y Previsión y su titular sería Federica Mont— seny, anarquista de la F.A.I. Igualmente, el Ministerio de Industria y Comercio quedaba escindido en dos, pasando Juan Peyró, anarquista de la C.N.T., a desempeñar la cartera de Industria y otro cenetista, Juan López Sánchez, la de Comercio. Cesaba como Ministro de Justicia Mariano Ruiz Funes, y era sustituido por otro anarquista: Juan García Oliver. El nuevo Gobierno quedaba formado, en consecuencia, por cinco socialistas, cuatro anarquistas, dos comunistas, cuatro representantes de Izquierda Republicana, uno de Unión Republicana, un nacionalista vasco y uno de la Esquerra catalana.

Por fin, se había logrado la tan anhelada colaboración de casi todas las fuerzas republicanas. Las masas obreras acuden al frente de la Ciudad Universitaria movidas, tanto, al menos, como por su amor a la República, por su instinto de conservación. Entre el fragor del combate, se constituye una Junta de Defensa, en representación del Gobierno, antes de trasladarse éste a Valencia el 8 de noviembre. Bajo la presidencia de un general, Miaja, en la junta se agrupan socialistas, comunistas, anarcosindicalistas y representantes de las Juventudes Socialistas Unificadas y de las Juventudes Libertarias.

Los militares republicanos, los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los contingentes de voluntarios extranjeros, formarían codo con codo. Durante dos meses lucharán y morirán juntos en las trincheras del frente de Madrid. Su sangre se mezclará; pero no sus ideologías. En la retaguardia republicana, pese a que ahora se cuenta con un Gobierno de coalición, persisten las tensiones sociales y políticas. En cuanto se disipe lo más agudo del peligro, las discordias aparecerán de nuevo.

* * *

A comienzos de 1937, terminada la fase de ofensiva contra Madrid, el frente militar, por el momento, queda estabilizado. Las fuerzas de la República ocupaban más de la mitad sur de España, todo Levante, Cataluña, parte de Aragón, las Vascongadas, Santander y Asturias. Como puede verse, las zonas que contaban con mayores recursos industriales estaban dominadas por el Frente Popular. La línea divisoria resultaba tan extensa y se hallaba tan desguarnecida, que un decidido contraataque republicano podía, en cualquier momento, desmoronar las defensas nacionales. El 1.° de abril de 1937, el Ejército del Gobierno republicano contaba con más de 30.0000 combatientes.

Esta era la situación militar cuando en la vida política de la retaguardia comienzan a experimentarse los síntomas de una grave descomposición, mucho más temible que las propias operaciones militares de los nacionalistas. La crisis política en el seno de la coalición republicana se centraba en el modo como respondían las distintas facciones a una pregunta fundamental: «¿Por qué y para quién luchamos en esta guerra?»

Raymond Carr, en su libro España 1808-1939, anal¡24 así el contenido del debate acerca de la naturaleza misma del conflicto bélico:

«¿Formaba parte la guerra civil de una revolución social provocada por el alzamiento militar, el cual, ex hypothesi, no debía ser derrotado mediante el sacrificio de esa misma revolución y de sus creaciones espontáneas —el mando de los comités, las columnas de milicianos y las colectivizaciones-? ¿O se trataba de una guerra para defender una forma avanzada de democracia, una guerra cuya prosecución feliz era incompatible con una revolución social a ultranza, que te enajenaría el apoyo exterior y apartaría de la República a las clases cuya preparación y lealtad mejor podían organizar la victoria? En este último supuesto no podía conseguirse la victoria, mientras los milicianos no fueran sustituidos por un ejército regular, y tos comités por un gobierno normal. Es decir, mediante un repudio consciente de las creaciones espontáneas de las jornadas revolucionarias, mediante la sustitución del entusiasmo por la organización de los comités por un gobierno regular.»

El panorama político, por otra parte, había sufrido notables transformaciones. La más importante resultaba el creciente influjo de la Unión Soviética y del Partido Comunista (con su filial catalana del P.S.U.C.: Partido Socialista Unificado de Cataluña), y la creciente impaciencia de los anarcosindicalistas por llevar su revolución colectivizados hasta las últimas consecuencias.

El miedo a una guerra mundial, los esfuerzos de Chamberlain por conservar la amistad italiana, y la poca simpatía del gobierno conservador por la España revolucionaria, suscitó la no intervención de Inglaterra. La actitud inglesa ante nuestra guerra civil quedaba fielmente reflejada en un informe enviado por el embajador alemán en Londres, en julio de 1936:

«Desde el punto de vista estrictamente relacionado con los intereses británicos, se ve aquí con ansiedad el curso de la guerra civil española y sus posibles consecuencias. Una victoria gubernamental no es deseada por amplios sectores de la población británica, porque representarla un reforzamiento del comunismo que el británico odia, aunque a menudo, desgraciadamente, lo consideren menos peligroso de lo que es. Pero, tampoco les satisface la posible victoria de los rebeldes, por lo que podría perjudicar a los intereses británicos en el Mediterráneo, ya que se teme que, un gobierno formado por los rebeldes españoles, estrecharía lazos con Italia y le proporcionaría bases para la flota italiana, quizá en las islas Baleares o en el puerto de Ceuta, que está enfrente del puerto de Gibraltar.»

Los laboristas, al igual que los conservadores, estaban obsesionados por el temor de una guerra general suscitada por el abastecimiento de armas. Las entregas francesas de armamento sólo tuvieron lugar en los primeros momentos de la guerra, y la frontera francesa se cerró, aunque no totalmente, cuando el bloqueo nacionalista hizo de la ruta pirenaica el único paso seguro para las armas soviéticas.

Por su parte, Alemania e Italia emplearon el engorroso aparato del Comité de No Intervención, como un medio para facilitar una ayuda efectiva a los nacionalistas y para bloquear la de los republicanos, sin correr el riesgo de una guerra general. Velaban por el cumplimiento de la no intervención, cuando el bando nacionalista estaba bien abastecido, y cuando no, la consideraban como algo puramente ilusorio, jugando con el deseo francés e inglés de evitar la guerra a toda costa.

En estas circunstancias, presentó al Presidente de la República Española sus cartas credenciales el primer embajador de la U.R.S.S. en España, Marcel Rosenberg. Era el 29 de agosto de 1936. El discurso del nuevo embajador no podía ser más significativo:

«Al acreditarme —dijo— cerca de V.E., señor Presidente, que encarnáis la voluntad libremente expresada por el pueblo español de vivir dentro del honor y la dignidad de sus instituciones democráticas constitucionales, el Gobierno de la Unión Soviética ha deseado que se establezcan lazos de perfecta cordialidad entre nuestros países, para contribuir así al fortalecimiento de la paz, tan necesaria a todas las naciones, y para consolidar las bases de una colaboración pacífica entre nuestros pueblos. Se perfectamente que el Gobierno de la República Española no quiere imponer a otros su propia concepción política y social, actitud que coincide completamente con la de mi Gobierno.»

Él presidente de la República le contestó en estos términos:

«Decís bien, señor Embajador, cuando subrayáis en vuestro discurso el criterio de la República Española de no pretender imponer a otros pueblos sus propias concepciones políticas y sociales, y me sirve de viva satisfacción comprobar en vuestras palabras la coincidencia que, en ese concepto, liga a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a esa misma doctrina, única que puede respetar la dignidad de todos los pueblos y hacer posible la paz fecunda entre ellos y su libre y cordial convivencia.»

No hace falta saber leer entre líneas para percibir, por debajo de las frases protocolarias, lo hipócrita de la postura que adoptaba la U.R.S.S.: ¡No intentaría cobrarse su ayuda en influjo político. Pronto se vería en lo que iban a quedar aquellas desinteresadas intenciones. EJ Gobierno de la República acepta esa ayuda, siempre que no menoscabe su independencia interna. El señor Martínez Barrio, Presidente de las Cortes, había afirmado tajantemente en su alocución radiada del l.° de agosto: «La rebelión militar no tiene enfrente a un gobierno marxista, ni a un estado marxista.» Así era en teoría: la República Española en julio de 1936 era una república burguesa.

En el gobierno Giral, que se constituyó inmediatamente después de producirse el levantamiento, no había un solo ministro comunista; ni siquiera socialista. Pero en la zona republicana se enfrentaban dos realidades: un Gobierno cuya influencia no iba más allá de los propios despachos ministeriales (algunos ministros se encontraban prácticamente asediados en sus gabinetes de trabajo, y sólo una fuerte escolta protectora impedía que resultasen víctimas del inenarrable caos que sobrevino a raíz de la operación «armar al pueblo»). Por otro lado, las organizaciones extremistas, las masas desenfrenadas que se posesionaban de los edificios y servicios públicos, y que imponían su voluntad a los aterrorizados ciudadanos pacíficos, a los que el derrumbamiento de las fuerzas del orden había dejado en total desamparo.

En 1936, el Gobierno seguirá confiando en recuperar el control de los resortes del Poder, haciendo posible conservar la República en una línea templada, como una más de las democracias occidentales, equidistante de los totalitarismos de derecha o de izquierda. Pero la dinámica revolucionaria y la radicalización de las posiciones en ambos bandos en lucha, acabó por barrer literalmente a la mayoría de los elementos moderados.

Marcel Rosenberg, antiguo representante de la Unión Soviética ante la Sociedad de las Naciones, era un experto diplomático, judío de origen, cuyo aspecto no guardaba relación alguna con la tradicional imagen del revolucionario. Su llegada había sido precedida por la de un equipo de funcionarios, cuya categoría hablaba bien a las claras de la importancia que la Unión Soviética concedía a su representación en España. Así, Antonov-Ovseenko, cónsul general en Barcelona a partir del 25 de agosto de aquel año, y que en 1917 había sido el organizador militar de la revolución de octubre en Petrogrado; el general Berzin, antiguo jefe de los servicios secretos militares soviéticos; llya Ehrenburg, corresponsal de izvestia, y Mikhail Koltsov, corresponsal de Pravda. La carta diplomática que aquellos hombres debían jugar en España era sumamente delicada: adoptar una actitud de moderación, sin traicionar la tradición revolucionaria de su país. Aquellos propósitos quedaron, como se verá, esterilizados por la actitud «colonialista» de los consejeros militares rusos y, sobre todo, por las tácticas policíacas de un personaje siniestro: Orlov.

Stalin dominaba prácticamente en la U.R.S.S. desde 1927.

El antiguo seminarista georgiano andaba muy lejos de ser un revolucionario romántico. Desarrollaba sus planes con la meticulosidad y frialdad de un jugador de ajedrez y con el realismo de un campesino. Su política exterior en aquel año de 1936, con respecto a Europa, estaba bien definida: apoyar en los países democráticos la táctica de los Frentes Populares, como fuerzas que oponer al eje Roma-Berlín. Una victoria «fascista» en España suponía un grave quebranto a sus planes. Por otra parte, el miedo de Stalin a una guerra mundial era menor que el que atenazaba a los gobiernos de Francia e Inglaterra. Stalin creía que ni Italia ni Alemania estaban preparadas para llegar a un enfrentamiento con el coloso ruso, motivado por el apoyo militar de Moscú a la República Española. Existía, con todo, un serio inconveniente para facilitar esta ayuda: el potencial económico y militar de la U.R.S.S. era muy limitado; el país apenas había podido recuperarse de la tremenda sangría que supuso la revolución, la guerra civil y el bloqueo económico a que posteriormente lo tuvieron sometido los países capitalistas. Stalin vacilaba ante el esfuerzo que suponía enviar a un país lejano hombres y material que le eran tan necesarios en el propio. Finalmente, la insistencia de los partidos comunistas europeos le hicieron decidirse. Y los primeros tanques y aviones rusos llegaron a manos del angustiado gobierno de Madrid.

Para Stalin, era evidente que lo más urgente era ganar la guerra de España y ganarla rápidamente, dejando de lado las cuestiones ideológicas y la realización de la revolución proletaria. Había que apoyar al Gobierno republicano, a pesar de su carácter burgués, y trabajar denodadamente para que de las filas gubernamentales desapareciese todo lo que había en ellas de sedicioso e indisciplinado. Era preciso reorganizar el Ejército y restablecer el orden interior.

Rosenberg y los agregados militares rusos —a excepción, tal vez, del general Berzin— cometieron, sin embargo, un error táctico funesto: intentaron «rusificar» la guerra. A nivel militar, esta rusificación consistía en llegar a la dirección única, en colaborar con los mandos españoles, pero con predominio de las decisiones rusas. A nivel político, consistía en el fortalecimiento del Partido Comunista español y en la eliminación violenta de sus enemigos más peligrosos: los anarquistas y los grupos marxistas disidentes.

El Partido Comunista español era una agrupación política insignificante al iniciarse la guerra civil. Durante la Monarquía y la República, había arrastrado una vida lánguida y su influencia no podía, en modo alguno, compararse con la de los socialistas y los anarquistas, que contaban con el apoyo de sus poderosas organizaciones sindicales.

La intervención rusa supuso un crecimiento inusitado en el ascendiente del Partido Comunista: La U.R.S.S. ofrecía ayuda militar y los comunistas proponían un programa político conservador, opuesto a los cambios sociales bruscos propugnados por los anarquistas. Muchas personas pertenecientes a la burguesía y al estamento de los pequeños propietarios agrícolas, se afiliaron a él.

El Gobierno de la República no se encontraba, a fines del verano de 1936, en condiciones de hacer remilgos ante cualquier ayuda militar, viniera de donde viniera. Si la Unión Soviética no hubiese ayudado a la República en otoño de 1936, los nacionalistas hubieran ganado la guerra en pocos meses. Los suministros soviéticos de aviones y tanques fueron vitales, en tanto que los consejeros soviéticos y las Brigadas internacionales del Comintern cooperaban en la defensa de Madrid.

Los consejeros soviéticos no fueron bien recibidos por los militares republicanos, como tampoco los restantes partidos políticos aceptaron de buen grado e! crecimiento desmesurado de los comunistas. Origen de todos los roces, eran las arrogancias y actitudes colonialistas de los militares rusos, así como los métodos policíacos repugnantes del Partido Comunista. Aquellos métodos de proceder resultaban insoportables a los españoles, que en ocasiones llegaban a rechazar consejos y orientaciones, en sí mismas acertadas, pese a su procedencia rusa. Tampoco aceptaban los militares la discriminación en el reparto de la ayuda soviética. El coronel Casado afirma en su obra Así cayó Madrid, refiriéndose a las armas rusas:

«Este armamento no se repartió equitativamente, sino que se daba, con marcada preferencia, a las unidades de milicias que organizaba el llamado Quinto Regimiento, que en realidad era donde se reorganizaban todas las unidades comunistas. Como los otros partidos y organizaciones sindicales pedían, con verdadera ansiedad, armas para sus militantes, y no las conseguían más que en muy pequeñas cantidades, nacieron, como es natural, odios y recelos entre los hombres que luchaban por la misma causa. Se aumentaron las discrepancias y se desbordó la pasión. Fueron estériles todos los esfuerzos que realizaron los dirigentes de buena voluntad y sensatez de los partidos y sindicatos, y fue aumentando el predominio de tropas y mandos del Partido Comunista.»

Como ya se ha indicado, en el campo político la actitud de los soviéticos fue sumamente realista. El 21 de diciembre de 1936 Stalin, Molotov y Voroshilov envían una carta al jefe del Gobierno, Largo Caballero, en la que se contenían estas recomendaciones:

«La revolución española se traza caminos distintos, desde muchos puntos de vista, del seguido por Rusia. Esto está determinado por la diferencia de las condiciones sociales, históricas y geográficas, y por las necesidades de la política internacional, diferentes a aquéllas de la revolución rusa. Y es posible que el camino parlamentario se mostrara en España como un medio de desarrollo revolucionario mucho más eficaz que en Rusia. Nosotros creemos que nuestra experiencia y, sobre todo, la experiencia de la guerra civil, aplicada de acuerdo a las condiciones particulares de la lucha revolucionaria española, puede tener para España una cierta importancia. Por todo esto, hemos accedido a vuestras demandas reiteradas, que nos ha transmitido oportunamente el camarada Rosenberg, al enviar un número de camaradas militares para ponerlos a vuestra disposición...

»He aquí cuatro consejos de amigos que sometemos a vuestra consideración:

»Primero: Es preciso tomar en consideración que los campesinos tienen una gran importancia en un país agrario como España. Es conveniente pensar en decretos, referentes a cuestiones agrarias e impuestos, favorables a los campesinos. Estaría bien tratar de atraer a los campesinos al Ejército, o de crear con ellos destacamentos en la retaguardia del enemigo.

»Segundo: Es preciso atraer del lado del Gobierno a la pequeña y mediana burguesía de la ciudad, o en todo caso, darles una ocasión de que tomen una posición favorable al Gobierno, protegiéndoles contra las tentativas de confiscaciones, y asegurarles, en la medida posible, la libertad de comercio porque, si no, se pasan al fascismo.

»Tercero: No es necesario apartarse de los partidos republicanos, sino al contrario, es preciso atraerlos y aproximarse al Gobierno. Es, sobre todo, necesario, asegurar al Gobierno el apoyo de Azaña y de su grupo, ayudándoles a salvar sus dificultades. Es necesario evitar que los enemigos de España la consideren una República comunista.

»Cuarto: Si encontrara la ocasión, declarará en la Prensa que el Gobierno de España respetará la propiedad y los intereses legítimos de los extranjeros. Salud fraternal. K. Voroshilov, N. Molotov, J. Stalin.»

Los términos de este escrito no podían ser más sensatos a primera vista, por cuanto reconocían la existencia en España de una poderosa burguesía que no podía ser derrotada revolucionariamente, al menos mientras durase la contienda civil. Por otra parte, las líneas citadas ponen de manifiesto que los políticos rusos deseaban evitar que aumentase la desconfianza que las democracias occidentales sentían con respecto del Gobierno republicano. Pero la posterior actuación de los comunistas no se inspiró en la sensatez aparente y en los buenos modos expresados en la carta de los dirigentes rusos.

* * *

La estabilización del frente en enero de 1937 ofreció a los rusos la ocasión de aumentar su influencia en el terreno militar y en el político. Una proyectada ofensiva republicana, proyectada por el general Asensio (no comunista) y por la cual se proponía el mando gubernamental alcanzar la frontera portuguesa, hubo de ser desechada, porque los consejeros rusos anunciaron que los tanques y aviones rusos no participarían en la operación. Los militares republicanos se sentían exasperados al comprobar que los consejeros se habían convertido en dictadores. Los milicianos pertenecientes al socialismo y al anarquismo aborrecían a los comisarios filocomunistas.

En el curso de 1937, Stalin decidió exportar a España el método de las purgas y depuraciones que, por entonces, caracterizaba la política interior rusa. Y en especial, la persecución al trotskismo.

La rama trotskista (Partido Obrero de Unificación Marxista), estaba extendido especialmente en Cataluña. Los orígenes del P.O.U.M. se remontan a los primeros tiempos del comunismo español. El año 1921 se celebró en Moscú la primera conferencia del Profintern, es decir, de la Internacional de Sindicatos Profesionales. Como delegados de la C.N.T., acudieron Andrés Nin, Joaquín Maurín, Hilario Arlandis, Jesús Ibáñez y Gastón Leval. El congreso de la C.N.T., reunido en Logroño, dio instrucciones a la delegación de Moscú para que no se adhiriese a ningún acuerdo. Pero la visión de Rusia, con su recién implantada revolución, sedujo a los delegados anarcosindicalistas. Andrés Nin se quedó en Moscú, para trabajar, primero, en el Profintern y, después, junto a Trotsky. Joaquín Maurín, Hilario Arlandis y Jesús Ibáñez volvieron a España y trataron de convencer a los dirigentes de la C.N.T. para la formación de un frente unido con el comunismo ruso. Pero Ángel Pestaña logró imponer el criterio opuesto al de tos recién llegados de Rusia. La C.N.T. no se unió a la Internacional Comunista de Moscú, sino a la nueva Internacional Anarquista reformada, la Asociación Internacional de Trabajadores (A.I.T.), con sede en Berlín.

La enemistad de anarquistas y socialistas llevó al Partido Comunista español a una situación de extrema debilidad al proclamarse la República. Después de diez años de proselitismo, el número de afiliados oscilaba entre las cifras de 3 000, según las estadísticas más favorables, y 120, según las más pesimistas. En 1931 el Partido pasó por una nueva crisis. Después de larga ausencia, Andrés Nin regresó de Rusia. La persecución de que era objeto su amigo y maestro Trotsky, le habían inducido a separarse del comunismo ruso. A su llegada a España, funda un pequeño grupo denominado Izquierda Comunista, de ciara inspiración trotskista y que arraiga exclusivamente en Cataluña. Su antiguo compañero Joaquín Maurín, se halla en una situación parecida. Su simpatía por la interpretación trotskista del marxismo hace que sea expulsado del Partido en 1931. Maurín constituye un segundo grupo marxista antiestalinista: el B.O.C. (Bloque Obrero y Campesino). En 1932, el B.O.C. había prácticamente anulado en Cataluña el Partido Comunista español.

Unidos en su oposición a la dictadura staliniana, los dos viejos amigos, Maurín y Nin, refundieron sus dos organizaciones en un nuevo partido: el P.O.U.M. Aunque muy influidos por las doctrinas de Trotsky, los miembros del P.O.U.M. no eran trotskistas en el sentido estricto de la expresión. En efecto, el mismo viejo bolchevique había desautorizado a Maurín desde su exilio en Noruega.

Maurín y Nin habían recogido de Trotsky la idea de la «revolución permanente». Este concepto, central dentro de la interpretación trotskista del marxismo, era una de las principales máximas teóricas de los socialdemócratas alemanes discípulos de Marx. Para Trotsky, la revolución no puede estar ligada a un solo país, ya que, de ser así éste la impondría a los demás pueblos impregnada de su propio nacionalismo. Sin embargo, y pese a su oposición decidida a un comunismo dictado desde Rusia, León Trotsky fue quien posibilitó la revolución bolchevique de 1917, tanto doctrinal como militarmente. En cuanto a la doctrina, porque mantuvo y justificó la tesis de que (a revolución era más factible en un país industrial mente poco desarrollado, que en los países occidentales, donde la burguesía sentíase más poderosa y más hábil para reprimir o absorber los movimientos proletarios. Militarmente, porque no solamente fue el artífice del Tratado de Brest-Litovsk en 1919, sino que forjó el Ejército Rojo, que derrotó a las fuerzas contrarrevolucionarias rusas y a las tropas intervencionistas enviadas por los países capitalistas. Aislado por la hábil política de Stalin, la enorme popularidad de Trotsky se hundió. Expulsado del Partido en 1927, fue desterrado en 1929, y sus seguidores perseguidos implacablemente.

Hostil al stalinismo y al monopolio del marxismo por Rusia, el partido de Maurín y Nin se rebelaba contra las directrices que los bolcheviques pretendían imponer a la revolución española. Ya se ha visto cómo estas directrices dictadas por la política exterior seguida por la Unión Soviética en aquellos días, se orientaban en el sentido de imponer un compás de espera a las realizaciones revolucionarias. El P.O.U.M., en cambio, adoptó, desde los primeros días de la contienda civil, una postura radicalmente revolucionaria, identificándose con la C.N.T. respecto a que la coyuntura provocada por la guerra tenía que ser aprovechada para trastocar desde su base las estructuras sociales. Después de muchas vacilaciones, el P.O.U.M. entró en la coalición frentepopulista de 1936. Se separó de ella después de las elecciones para volver a abogar, en vísperas del Alzamiento (lo Batalla, 17 de julio de 1936), por la formación de un auténtico Frente revolucionario.

Maurín y Nin eran especialmente populares en Cataluña. Al comenzar la guerra civil, contaban con unos 8 000 seguidores, y en los primeros meses de la contienda sus efectivos llegaron a multiplicarse hasta 20 000. Los afiliados del P.O.U.M. estaban mejor organizados que los anarquistas, y ello explica que, a pesar de su número reducido, tuvieran un papel preponderante en las semanas iniciales de la guerra. Muchas de las nuevas adhesiones se debían al convencimiento de que el P.O.U.M. representaba una postura intermedia entre la indisciplina de los anarquistas y la rigidez de los comunistas. El P.O.U.M. coincidía con los anarquistas en cuanto a primar la revolución respecto del esfuerzo bélico, rechazando el oportunista principio comunista: «La acción más revolucionaria en estas circunstancias es ganar la guerra», y en su reticencia por admitir la alianza con las restantes fuerzas antifascistas.

Estas características explican que el P.O.U.M. propiciara, en la Barcelona de 1937, un frente común con los anarquistas, en contra de quienes consideraban como aliados de la burguesía contrarrevolucionaria: Los comunistas y socialistas moderados.

* * *

A comienzos de aquel mismo año, el periódico del P.O.U.M., La Batalla, inició una campaña de desprestigio contra el marxismo stalinista. Los comunistas, digamos «ortodoxos», deseaban, por su parte, erradicar todo vestigio de marxismo independiente. La actitud del P.O.U.M., con respecto a la revolución proletaria y a la guerra civil, les ofrecía una disculpa admirable para presentar a los seguidores de Maurín y Nin como enemigos declarados del mando único y las demás fuerzas integradas en el Gobierno de Valencia. En consecuencia, esperaban que los socialistas y los republicanos de izquierda fuesen sus mejores aliados en la proyectada lucha contra el P.O.U.M.

En efecto, todos los partidos, salvo los anarco-poumistas, estaban unidos por la común convicción de que lo primordial era ganar la guerra, olvidando todo un tipo de diferencias. Con todo, las tácticas soviéticas, teñidas de un constante talante policíaco, las intolerables intromisiones de Orlov, iban minando el prestigio del comunismo. Incluso, algunos rusos destacados en España (por ejemplo, el asesor económico cerca del Gobierno de la República. Stachevsky, y el asesor militar Berztn), protestaron inútilmente cerca de Moscú por semejantes métodos, tan ajenos y odiosos al temperamento español.

La audacia comunista llegó a su colmo en la reunión que el Partido celebró en abril de 1937, con la intervención de destacadas figuras extranjeras. Togliatti propuso la destitución de Largo Caballero como jefe del Gobierno. Dos de los representantes españoles más destacados, José Díaz y Jesús Hernández, se opusieron violentamente a semejante medida; pero se les obligó a que aceptasen la opinión de la mayoría. Así, se llegó a la paradójica situación de que los comunistas extranjeros dictaran la línea política de la República. En la reunión se decidió que el sucesor de Largo Caballero fuese el doctor Negrín, a la sazón ministro de Hacienda. Si no fue designado Álvarez del Vayo fue porque su procomunismo era demasiado conocido, y su elección hubiera irritado a las restantes fuerzas republicanas. Prieto, por su parte, resultaba demasiado conservador, y había evolucionado últimamente en el sentido de una marcada hostilidad hacia los delegados militares y políticos de Moscú.

La situación de Largo Caballero era crítica. Sentíase harto de los comunistas y de las intromisiones rusas; en su irritación, llegó a expulsar de su despacho al embajador Rosenberg, que llegó a intentar imponerle la destitución del general Asensio Torrado, poco grato a los consejeros militares soviéticos. Por otro lado, estaba convencido de que los contactos de revolución social perjudicaban al esfuerzo bélico. En consecuencia, puso todo su empeño en cercenar las colectivizaciones que se habían iniciado (especialmente en Cataluña), disolvió los «comités antifascistas», que dictaban la ley en los pueblos, y los sustituyó por ayuntamientos regulares, designó gobernadores civiles, suspendió la nacionalización de las compañías extranjeras e intentó acabar con la dirección colectiva en las fábricas. Todas estas medidas le enajenaron las simpatías de los anarquistas y del P.O.U.M.

En la primavera de 1937, Largo Caballero se encontraba solo, quemado por los meses durante los cuales estuvo al frente del Gobierno que, al constituirse, fue llamado «de la Victoria». No resultaría demasiado difícil a los seguidores de Moscú derribarlo. La táctica que los comunistas se aprestaban a seguir, tenía tanto de hábil como de proterva: se trataba de provocar un conflicto extremista en la retaguardia, concretamente en Barcelona, donde el P.O.U.M. y los anarquistas eran más numerosos, y exigir del jefe del Gobierno la urgente necesidad de suprimir a los marxistas disidentes y alborotadores. Si Largo Caballero accedía —cosa muy poco probable—, ¡se conseguía, sin más, la desaparición de un enemigo molesto, que podía ser germen de un comunismo español antimoscovita! Si el jefe del Gobierno negábase a disolver el P.O.U.M., sería el momento de provocar una crisis ministerial para eliminar políticamente al molesto dirigente socialista. A la luz de tales intenciones comunistas, resulta sarcástica la famosa carta que los prohombres de Moscú dirigieron a Largo Caballero: «Un camarada soviético, estando en España, no puede realmente ser útil más que ateniéndose estrictamente a las funciones de consejero.»

* * *

Los sucesos del mes de mayo de 1937 en Barcelona vienen a constituir uno de los más tristes, desoladores y patéticos episodios acaecidos en la España republicana durante la guerra civil. La atomización revolucionaria, tan inevitable como dramática, abandona durante aquellas jornadas su aire teoricista y adquiere visos de feroz e inusitada violencia. Las consignas, los felices slogans, no son ya palabras muertas, sino viva realidad por la que se lucha y se muere en la calle: revolución o contrarrevolución, socialismo o democracia... Barcelona, aquella Barcelona en la que viera Federico Engels una de las ciudades europeas con mayor y más perenne tradición revolucionaria, vive de nuevo horas de angustia y luto. Es como una pequeña guerra civil dentro de la terrible guerra civil que asolaba la Península. Pero aún mucho más trágica; porque es una batalla despiadada entre compañeros.

He aquí la lista de los protagonistas principales que intervinieron en la barcelonesa primavera sangrienta de 1937; en una ciudad que parecía coronar, con un apoteosis de muertos, una larga vocación de luchas callejeras:

El comunismo internacional, o lo que es lo mismo, moscovita, dirigido por aquel universal paranoico que fue José Stalin, brazo ejecutor de una nueva Inquisición que atacaba furiosa, patética, sangrientamente, toda suerte de desviación herética levantada contra su implacable dogmatismo.

El comunismo nacional, prisionero ideológico del stalinismo, sometido —en ocasiones a regañadientes— a la rígida disciplina rusa.

El Gobierno español, cuya sede central se hallaba en Valencia, con Largo Caballero como Presidente del Consejo, el «Lenin español», cuya estrella declinaba ante la arélancha del comunismo ruso.

Los anarquistas, fieles a sus sempiternos dogmas de fe, partidarios de la revolución, que veían en la guerra no una contienda que urgía eliminar, sino la ocasión de llevar a cabo su soñada, anhelada, acariciada revolución libertaria.

El P.O.U.M., izquierda comunista, tildada de trotskista y, por lo tanto, de hereje a la escolástica staliniana, pero repudiado por el mismo Trotsky en inequívocos textos, y uno de cuyos jefes, Joaquín Maurín, había declarado que estaba ideológicamente influenciado «por Marx y Engels, por Lenin y Bujarin; muy poco por Trotsky y nada por Stalin».

El más dudoso trotskismo del P.O.U.M. le acabaría convirtiendo en figura señera de una farsa terrible y cruel, fruto de la cual será la muerte de Andrés Nln, una de sus más señeras cabezas, tras una resistencia sobrehumana a los tormentos que tantas y tantas confesiones arrancaron para Stalin en la lejana Rusia.

La rivalidad del comunismo stalinista con la izquierda marxista, por un lado, y el anarquismo por el otro, resultaba, sobre todo en Cataluña, una evidencia. El comunismo internacional vivía la borrachera fatídica de la persecución al trotskismo disidente, y España no escapaba a esta realidad global. Desde hacía tiempo, los ataques del Partido Comunista Español (P.C.E.) al Partido Obrero de Unificación Marxista (P.O.U.M.) se habían recrudecido. El objetivo fundamental que por aquellos días se había señalado el P.C.E. consistía en eliminar al P.O.U.M., exterminar su fuerza, extirpar el cáncer de la herejía. La ya manoseada excusa era el tildarlo de fascista, de disfrazado espía franquista, de oculto esbirro de la Gestapo. El lenguaje comunista adquiría tonos auténticamente provocadores y viles. He aquí un ejemplo extraído del diario valenciano Frente Rojo:

«Nosotros hemos venido acusándoles (a la "canalla" del P.O.U.M.) consecuentemente, demostrando su aventurerismo, señalándoles como a un grupo de la facción organizado a nuestra espalda. No se trata de dirección ideológica, ni siquiera repugnancia física hacia una partida de traidores, sino de algo más profundo y más vasto. Se trata de la distancia que puede haber entre quienes figuramos en la vanguardia de los intereses de nuestro pueblo y los esbirros de la Gestapo. Se trata de la junta de bandidos que el fascismo ha dejado todavía entre nosotros.» Y tras un análisis sobremanera ingenuo de la campaña del P.O.U.M., atacando el proceso contra los trotskistas rusos, concluía con aire desafiante: «Y lo que es preciso para terminar con este parapeto de bandidos, es darles el trato y hacerles justicia conforme a su condición de fascistas.»

Esto se decía el 6 de febrero de 1937. Un mes después, se celebraba el pleno del P.C.E., donde se establecían las bases programáticas a seguir por el comunismo español ortodoxo:

«Hay que luchar para acabar con la tolerancia y la falta de vigilancia de ciertas organizaciones proletarias, que establecen lazos de convivencia con el trotskismo Contrarrevolucionario, con la banda del P.O.U.M., considerándola como una facción del movimiento obrero. El trotskismo, nacional e internacional, cúbrase con el disfraz con que se cubra, se ha revelado como una organización "contrarrevolucionaria terrorista, al servicio del fascismo internacional". Hay que llevar al seno de las masas obreras, para educarlas en la lucha encarnizada y en el odio contra los enemigos, la justa posición de nuestro Partido, al negarse a participar en ningún organismo ni acto en que intervengan los trotskistas. El trotskismo es, con su verborrea altisonante y seudorrevolucionaria, el inspirador de los "incontrolables”, el que alienta la acción délos que quieren salirse de la ley democrática establecida por el Gobierno del Frente Popular, el que con sus intrigas venenosas crea dificultades en el frente y en la retaguardia, poniendo en peligro los resultados de nuestra lucha.»

El P.O.U.M., por su parte, proseguía sus sistemáticos ataques a la política stalinista y confusa del Partido Comunista. Pero su lenguaje era, sin duda, más meditado, elegante e incisivo. En un artículo publicado el 4 de abril, un mes antes de los trágicos días barceloneses, La Batalla, órgano oficial del P.O.U.M., ponía sobre el tapete la contradicción doctrinal que se manifestaba en el «comunismo oficial»:

«La degeneración teórica del comunismo "oficial” produce sorpresas justamente insospechadas. Durante los primeros tiempos de la República se agitaron, clamando por una República soviética... sin soviets. Era durante la etapa democrático-burguesa. Ahora, en plena revolución socialista, gastan sus energías en sacar avante la República democrático-burguesa.»

Esta breve contraposición de textos pone de relieve el hondo e irreversible abismo abierto entre comunismo y poumismo, a la par que la actitud retadora y violenta de los jerifaltes del Partido Comunista oficial. Un clamor denso de tragedia se extendía por Cataluña, una Cataluña que, casi en solitario, tenía que atender a la creación de una industria bélica y al abastecimiento de los soldados con los fondos de unas cosechas agrícolas que alcanzaban las cotas más altas logradas en España.

Comunismo en Cataluña significaba P.S.U.C, (Partido Socialista Unificado de Cataluña). Nacido en julio de 1936 de la fusión del stalinismo y el socialismo, y prototipo perfecto de cómo el comunismo absorbía al socialismo, como el pez grande de la fábula se comía al pequeño [14]. El P.S.U.C., unido a la Esquerra de Companys, formará el bando gubernamental en la lucha de mayo de 1937. El bando revolucionario estará constituido por poumistas y anarquistas radicales («Amigos de Durruti», Juventudes Libertarias, etc.). ¿Cuáles eran las causas mediatas del enfrentamiento, o, lo que es igual, los motivos de la coincidencia P.O.U.M.-Anarquismo en contra de la política P.S.U.C.-Esquerra?

Primero: Frente a la guerra, la revolución. No era «guerra o revolución» en disyuntiva cerrada, sino más bien una cuestión de prioridad o de simultaneidad: los faístas y el P.O.U.M. pensaban que se debía hacer la revolución social y proletaria por encima de la guerra, o al mismo tiempo que la guerra. Su «no» era un no a una guerra estrictamente militar, a una guerra sin revolución.

Segundo: La revolución proletaria sólo se podría hacer mediante la creación de soviets, al modo de la Rusia de 1917. Estos soviets vendrían a ser comités mixtos de obreros y campesinos, marginados del control estatal e, incluso, en oposición a él. Tales grupúsculos, dotados de autonomía y autocontrol, se constituirían en la base real de la revolución.

Tercero: Los anarquistas, que veían con buenos ojos la idea de los comités colectivistas (preconizados por el P.O.U.M.), estaban radicalmente en contra, tanto de la militarización como de la unificación de las fuerzas de seguridad, en un cuerpo dependiente del Gobierno de la «Generalitat».

¿Quiénes eran los «contrarrevolucionarios»? La palabra, que poseía la rara cualidad de agrandar su propio significado, la utilizaban, tanto unos como otros, para encerrar en ella todas las tácticas del adversario. Para los comunistas, el P.O.U.M. era contrarrevolucionario, porque oponíase a una revolución democrático-burguesa. En este mismo sentido —aunque, por supuesto, más solapadamente porque la fuerza del cenetismo era imprescindible— podían atacar al anarquismo. El P.O.U.M. volvía el argumento del revés. ¿Quiénes tenían razón? Los dos bandos, porque se trataba, en realidad, de dos revoluciones. Mas la postura del P.O.U.M. era lógica y la del comunismo oficial no. Porque en 1937, una revolución no podía ser otra cosa que proletaria y social. La otra, la burguesa, pertenecía, en rigor, al siglo XIX. La gran tragedia española estribó, en gran parte, en el hecho de que resultaba imposible emprender una auténtica revolución social no precedida de una revolución política. Las clases medias españolas no accedieron al Poder hasta 1931. Y en 1937 les aterraba la idea de la proletarización revolucionaria. Y ahí surgía el conflicto. Porque las masas anarquistas llevaban esperando ochenta años en la sombra de su apoliticismo, perseguidas sistemáticamente, con sus mejores cuadros dirigentes desmantelados por una continua represión gubernamental. ¿Cómo se les podía decir en 1937, cuando por primera vez en la Historia podían acariciar con los dedos el sueño que había costado tanta sangre y tanta lucha, que se debía luchar no «su» revolución burguesa que tan sistemática como despiadadamente boicotearon los propios anarquistas en el lustro de 1931-1936?

Por otro lado, la herejía poumista arrancaba del callejón sin salida en que José Stalin había metido al marxismo. La antigua tesis leninista de «el comunismo para el hombre» se trocó con aquel furibundo georgiano en la de «el hombre para el comunismo». El internacionalismo («Proletarios de todos los países, uníos») se convertía por obra y gracia de Stalin en un nacionalismo, en una rusificación. En 1927, Stalin ahogó en sangre una intentona comunista china. Y León Trotsky, el amigo íntimo de Lenin, apóstol ferviente e incansable del internacionalismo revolucionario, había tenido que abandonar Rusia, una Rusia a la que él consideraba sólo el primer paso de la revolución planeada por Carlos Marx: una revolución planetaria.

* * *

Las jornadas inmediatamente anteriores al mayo catalán de 1937 están cargadas, como una siniestra premonición, de ecos proféticos, en esos densos y oscuros nubarrones que dejan entrever un terrible temporal. El día 25 de abril, en Molins de Llobregat (el Molins de Rey de antes de la revolución) se descubre el cadáver del comunista Roldán Cortada. El P.S.U.C. y con él, implícitamente, las demás fuerzas de izquierda, excepto el P.O.U.M. y la C.N.T.-F.A.I, achacan su muerte a los incontrolables faístas, Hoy día, aún no se ha despejado la incógnita de su muerte. Una multiplicidad de versiones se entrecruzan, rodeando el hecho con un halo implacable de misterio, cubriéndolo con el velo de la duda. Por una parte, Roldán Cortada había sido uno de los firmantes del célebre «Manifiesto de los Treinta», que, redactado por Peyró, venía a suponer la condena de los procedimientos terroristas de la F.A.I. por parte del sector anarquista menos rabioso. En este sentido cabía pensar que aquel asesinato constituía la típica venganza anarquista contra un disidente de la ideología ácrata. Pero no paraba ahí el asunto Cortada. La víctima, comunista, parecía, sin embargo, mantener una línea de apoyo a Largo Caballero, al que, como se sabe, el comunismo trataba de marginar, siguiendo las directrices de Togliatti. Solidaridad Obrera, órgano de la C.N.T., fue el primer periódico que condenó públicamente el asesinato. El funeral de Cortada, tres horas y media de manifestación por las calles de la Barcelona proletaria, vino a ser el prólogo de los días de mayo. Fuerzas armadas del Gobierno, Policía barcelonesa, numerosos miembros del P.S.U.C., escoltaron el cadáver; se escucharon gritos provocadores contra la C.N.T., desafio ante el cual, según afirma un testigo presencial, no se mostraron indiferentes las masas cenetistas. Al día siguiente, salió hacia Molins de Llobregat (ex Molins de Rey) una expedición de castigo. A las pocas horas, el comando había traído a Barcelona, detenidos, a los más destacados anarquistas de la localidad. Fue la primera escaramuza librada por el bloque social-comunista.

En la noche del 28, se produjeron los primeros y tímidos choques entre las dos fuerzas contendientes. Barcelona, otra vez asustada espectadora, contemplaba cómo se levantaban barricadas en algunos suburbios obreros. Más nadie podía prever la inminente catástrofe. Los guardias de asalto cacheaban a cuantos anarquistas intuían sospechosos de portar armas. En Puigcerdá, los carabineros atacaron, ayudados ostensiblemente por militantes del P.S.U.C., a las milicias anarquistas, en cuyas manos se hallaba el puesto de control aduanero. En torno de la pequeña y estratégica población pirenaica de Puigcerdá, se había levantado una leyenda negra: contrabando, espionaje, evasiones... El Gobierno decidió, en consecuencia, terminar con aquel foco de desorden, y por el cual se culpaba a los anarquistas. Antonio Martín Mayor, personaje muy popular en Cataluña (y del cual se contaban múltiples irregularidades) cayó también muerto a balazos. Todas estas noticias, mezcladas con los clásicos rumores, habían creado en Barcelona un clima de intenso nerviosismo. La Batalla, tras el entierro de Cortada, había dedicado a la víctima el adjetivo fatídico: «contrarrevolucionario». El l.º de mayo, fecha jubilosa para los trabajadores, estaba cerca, y el grado de tensión crecía por momentos. Barcelona preparábase a la luz del día para la lucha. Uno y otro bando tomaban posiciones: los comunistas se hicieron fuertes en el antiguo cuartel de Atarazanas, cuyo nombre se había trocado ahora por el más sonoro de «Vorochilov»; el P.O.U.M. en el cuartel Carlos Marx, y la C.N.T. en la Cámara de Comercio.

El 1.° de mayo transcurrió con calma y sin incidentes. En La Batalla apareció un manifiesto donde se decía: «Consciente de su responsabilidad histórica, el P.O.U.M., partido de la Revolución, invita a todos los trabajadores a formar, en este Primero de Mayo, el Frente Obrero Revolucionario, por la lucha contra el enemigo común, que es el capitalismo, por el socialismo, por la destrucción de todas las instituciones burguesas y por la constitución de un gobierno obrero y campesino.» Solidaridad Obrera, tras quejarse de la implacable persecución desatada contra sus miembros, llamaba a la paz y a la concordia con palabras moderadas y pacíficas: «Hemos de deponer actitudes violentas entre hermanos, que no pueden beneficiar más que al enemigo común.» ¿Se disiparía en el horizonte el fantasma de la violencia? El texto de Solidaridad daba la impresión de que al anarquismo no le animaba ningún deseo de atizar el fuego; su actitud parecía contraria a toda suerte de absurdo exterminio fraternal. Pero, ¿qué ocurriría de producirse cualquier chispazo con visos de provocación? La candidez anarquista, que (levaba soportando desde hacía tanto tiempo la enemiga del bloque P.S.U.G-Esquerra, tenía su límite.

Poco tardó en saltar la temida chispa. Concluido, sin altercados, el primero de mayo, día mudo en el cual nadie pudo dar rienda suelta al histórico júbilo conmemorativo, Indalecio Prieto intentó hablar con el Gobierno de la Generalidad desde Valencia. La sorpresa de Prieto debió ser mayúscula cuando el operador barcelonés respondió: «Aquí no hay más que el Comité de Defensa de Barcelona.» Durante mucho tiempo se había especulado sobre la posibilidad de que la C.N.T. tuviera controladas las comunicaciones telefónicas entre las autoridades de Valencia y Barcelona. Que la Telefónica se hallaba en manos de la C.N.T. era cosa de todos sabida. Incautada desde las jornadas del 19 de julio, la situación del centro era perfectamente legal, si legal se consideraba el vigente Decreto de Colectivizaciones. La C.N.T. y la U.G.T., ésta en franca minoría, llevaban la dirección, de acuerdo con el mencionado Decreto, bajo la supervisión de un representante nombrado por el Gobierno de la Generalidad. No cabía, pues, poner reparo legal alguno al hecho en sí. Sin embargo, el día 3 de mayo, el Comisario General de Orden Público de Barcelona, Antonio Rodríguez Sala, notorio comunista, se personó en la Telefónica, con el meridiano propósito de apoderarse del edificio. Abajo, aguardaban tres camiones de guardias de Asalto. Los anarquistas, que custodiaban la primera planta, fueron desarmados. Desde el departamento de Censura, Salas telefoneó pidiendo nuevos contingentes de fuerza. El Comisario fue requerido por los anarquistas para que abandonase el edificio, pero se negó. Los acontecimientos se precipitaban de modo irremisible.

El gentío se arremolinaba en la inmediata plaza de Cataluña. Como reguero de pólvora, la noticia fue extendiéndose por toda la ciudad. Una sola y escueta palabra circulaba de boca en boca entre los cenetistas: provocación de la Policía. Los comités anarquistas del barrio se aprestaban a la defensa, levantando a insólita velocidad barricadas y más barricadas. Las Juventudes Libertarias y el P.O.U.M. se movían a ritmo vertiginoso. La ciudad tomaba un aire beligerante y temible: los grupos en armas, los comerciantes (o por mejor decir, los «comités de gerencia») cerrando sus tiendas, y los transeúntes, escondiéndose en sus casas. No quedaban dudas sobre quiénes entablaban el combate: C.N.T.-F.A.I. (aunque no en bloque) y P.O.U.M. de un lado; P.S.U.C., Esquerra y Gobierno del otro. En la noche del día 3, la ciudad aparecía como un expectante y silencioso campo de batalla.

Hay quien piensa que todo lo ocurrido en Barcelona no fue sino el fruto de un meticuloso y ordenado plan del P.S.U.C. contra el binomio anarquismo-poumismo. Sin embargo, el examen de los acontecimientos revela una innegable dosis de espontaneidad descontrolada. Cierto es que la visita de Rodríguez Sala ofrece todos los visos de una objetiva provocación, y que vino a ser la mecha que originó el incendio. ¿Fue calculada y planeada la operación Sala? El propio Sala trató de justificar su acción en la Telefónica como un incidente no provocado. «Recibí una orden —diría— firmada por Ayguadé, Consejero de Orden Público, de asegurar que el delegado del Gobierno en la Telefónica pudiese cumplir con su cometido.» Toda la gestión de Sala fue, según el propio comisario general, pacífica. He aquí su conclusión: «El delegado estaba instalado de acuerdo con las órdenes. Las fuerzas fueron retiradas. No hubo víctimas ni arrestos.» Indudablemente— esta versión no coincide con la C.N.T., que parece ajustarse más a la realidad de los hechos (desarme de los guardias anarquistas, etc.) y no es, por otra parte, la única explicación que en días sucesivos dio el bloque gubernamental.

Sin embargo, no está demostrado que la irrupción gubernamental en la Central Telefónica fuese el primer eslabón de la ofensiva comunista contra la C.N.T.-F.A.I.-P.O.U.M. Thomas, en La guerra civil española, extrae la siguiente y lógica conclusión:

«Si realmente hubieran sido ellos (los comunistas) los que prepararon el golpe, hubieran tomado muchas mas precauciones e, incluso, hubieran llevado a Barcelona hombres del frente. Pero, naturalmente, una vez que los disturbios habían comenzado, era de esperar que los comunistas intentasen sacar el máximo partido posible de lo que estaba ocurriendo, y, sobre todo, aprovechasen la oportunidad para desacreditar y terminar de hundir a sus viejos enemigos del P.O.U.M.»

En la tarde del DIA 3, los representantes de la C.N.T. visitan al Gobierno de la Generalidad, llevando consigo las bases de un acuerdo: destitución de Ayguadé, Consejero de Orden Público y de Rodríguez Sala, Comisario General; ambos puestos pasarían a ser desempeñados por militantes de la C.N.T. Companys se negó a ello. No estaba aún descartada la posibilidad de un entendimiento, pero Barcelona se hallaba ya en pie de guerra, decidida y preparada para un terrible combate fratricida.

* * *

Un testigo ocular, Luis Orr, testimonia así la situación geográfico-táctica de ambos bandos, en la mañana del día 4:

«A la mañana siguiente (martes 4) los obreros armados controlaban la mayor parte de Barcelona. El puerto, y con él la fortaleza de Montjuich, que dominaba, tanto el puerto como la ciudad, con sus cañones, fueron tomados por los anarquistas; todos los suburbios de la ciudad estaban en sus manos; las fuerzas del Gobierno, salvo algunas barricadas aisladas (...), se hallaban concentradas en el centro de la ciudad, en el área burguesa, donde podían fácilmente ser encerrados desde todos los lados, como lo fueron los rebeldes del 19 de julio de 1936.»

El «espíritu del 19 de julio» se infiltraba poderosamente en las barricadas de los revolucionarios que se veían, como en aquel día, dueños de la calle, mientras contemplaban la relativa y, tal vez estudiada, pasividad del P.S.U.C. y el temor sempiterno de los burgueses, que se encerraron a cal y canto en sus casas. La calle se convirtió de inmediato en un peligroso lugar, y circular por ella (aun en automóvil) significaba un grave riesgo para la vida de los osados.

Dominadas por los revoltosos las zonas adyacentes, sólo en el casco urbano central se escuchaba el eco fatídico de los disparos. El tiroteo, torpe pero insistente, se mantuvo, sobre todo, desde las terrazas de los edificios, donde unos y otros habían instalado sus ametralladoras. Entretanto, las gestiones para encontrar una vía pacífica de solución proseguían infructuosas. De hecho, el anarquismo se había escindido en dos mitades: los que peleaban en la calle, desde sus barricadas, se hallaban desvinculados de aquellos que, conversando con el Gobierno de la Generalidad, trataban de llegar a un entendimiento por el diálogo. Solidaridad Obrera del día 4 se expresaba en términos moderados, pidiendo a la Fuerza Pública que no disparara sus armas contra los obreros, recordándoles la fraternidad victoriosa del 19 de julio: «¿Pretendéis acaso olvidar que sois hijos de ese pueblo?» Quien no callaba sus propósitos era el P.O.U.M.; La Batalla, su órgano periodístico, publicaba el mismo día 4 un manifiesto del Comité P.O.U.M.-J.C.I. (Juventudes Comunistas Ibéricas), tal vez la mejor declaración de principios formulada por el P.O.U.M. en tos días de aquel mayo. Su considerable interés justifica la total reproducción del documento:

«La clase trabajadora, frente a los ataques de la contrarrevolución. La contrarrevolución tiene un plan. Es el que los reformistas del P.S.U.C. han llamado el Plan de la Victoria. Etapas de este plan son los hechos ocurridos últimamente. Intentos de asalto a Puigcerdá por las fuerzas de orden público. Intento de ocupación de la ciudad de Figueras. Excursión punitiva a Molins de Llobregat. Desarme de los trabajadores en plena calle. Y ayer tarde, asalto armado al edificio de la Telefónica, de la plaza de Cataluña. Provocaciones de la contrarrevolución para pulsar la capacidad de resistencia de las masas trabajadoras. Preparativos del ataque a fondo contra las conquistas de la Revolución.

»Pero la respuesta proletaria no ha podido ser más contundente. Miles de trabajadores han vuelto a la calle, arma al brazo. Las fábricas, los talleres, tos almacenes..., han parado los trabajos. Las barricadas de la libertad han vuelto a surgir en todos los lugares de la ciudad. El espíritu del 19 de julio se ha apoderado nuevamente de Barcelona. La mayoría de los pueblos de Cataluña se ha hecho eco del gesto de la capital. La clase trabajadora es fuerte, y sabrá aplastar todos los intentos de contrarrevolución.

»Hay que vivir alerta con el fusil en la mano. Hay que mantener este magnífico espíritu de resistencia y de lucha, garantía de nuestro triunfo. Y hay que evitar que la contrarrevolución vuelva a levantar la cabeza.

»Para esto:

»Dimisión de Rodríguez Salas, Comisario de Orden Público y responsable directo de estas provocaciones.»Anulación de los decretos de orden público.

»El orden público, en manos de la clase trabajadora.»Frente Obrero Revolucionario de las organizaciones que acepten el triunfo sobre el fascismo en el frente, y la victoria de la Revolución en retaguardia.

»Creación de Comités de Defensa de la Revolución en todas las barriadas, en todas las poblaciones y en todos los lugares de trabajo.

»El Comité Ejecutivo del P.O.U.M. — El Comité Ejecutivo de las J.C.I.»

Los panfletos circulaban copiosamente por las barricadas revolucionarias: «Los Amigos de Durruti» demandaban el desarme de los guardias de Asalto y la creación de una Junta Revolucionaria: los bolchevique-leninistas (P.O.U.M.) clamaban por el Poder proletario y por el armamento de la clase obrera. Las consignas, directas y escuetas rezaban así:

«Viva la unidad de acción C.N.T.-F.A.I.-P.O.U.M.» «Viva el frente revolucionario del proletariado.» «Comités de defensa revolucionaria en comercios, fábricas, barrios...»

En una palabra: creación sistemática de soviets, y poder obrero. Ambos objetivos eran las dos caras de una misma y única realidad: hacer la revolución, y luchar encarecidamente contra sus enemigos, los stalinistas aliados con el Gobierno, para quienes ganar la guerra era la finalidad primordial, y a la que debía supeditarse cualquier veleidad revolucionaria.

Barcelona, por una de esas dramáticas jugadas del Destino, se convirtió en un nuevo e inesperado 19 de julio. Partían de las azoteas disparos aislados: se registraba en las barricadas un febril movimiento; se hablaba de traición y de los días tremendos que sucederían a una calma para todos aparente y efímera. En Valencia, el Gobierno movilizaba sus fuerzas. El día 3, dado el carácter excepcional que presentaban los acontecimientos de Cataluña, se celebró un imprevisto consejo de ministros. Los representantes de la C.N.T. en el Gabinete Largo Caballero, Juan García Oliver y Federica Montseny, se ofrecieron de inmediato a intervenir como mediadores en el conflicto. Ambos, acompañados por el entonces secretario general de la C.N.T., Mariano R. Vázquez, emprendieron viaje hacia Barcelona. Los miembros del Gobierno no mantenían ante la situación planteada una actitud homogénea: Largo Caballero se oponía a cualquier intervención militar contra los trabajadores catalanes; otros ministros exigían las más drásticas medidas. Entre los rebeldes surgen voces que, a través del micrófono, claman por el inmediato cese de las recién iniciadas hostilidades: «Os llamamos a todos a deponer las armas. Pensad en nuestra gran meta común para todos... ¡Por encima de todo, unidad! Deponed las armas. Sólo un slogan: ¡Tenemos que trabajar para derrotar al fascismo!»

Mas la llamada daba toda la impresión de una voz que se levantara en el desierto. Por la tarde, llegaron a Barcelona los ministros anarquistas. García Oliver pedía, al igual que el Comité regional, el cese de aquella «lucha fratricida». «Camaradas —dijo en su alocución radiada—: por la unidad antifascista, por la unidad proletaria, por los que cayeron en la lucha, no hagáis caso de las provocaciones...» Las palabras de García Oliver, no escuchadas por los anarquistas en Barcelona, sí fueron atendidas por los batallones de la División 46, también anarquista, cuando se hallaban a punto de abandonar sus posiciones en el frente, para dirigirse a la Ciudad Condal. La División 29 del P.O.U.M., seguía, en cambio, camino de Barcelona; pero todavía encontrábase a muchos kilómetros de distancia. En la gran urbe catalana, sólo los libertarios más extremistas y el P.O.U.M. proseguían la lucha callejera. Las proclamas de «Los Amigos de Durruti», rebeldes, incluso, ante su propio Comité regional, subían de tono el día 5: no se limitaban a pedir la dimisión de Ayguadé; también el fusilamiento de todos los policías que ocuparon el edificio de la Telefónica. Aquel mismo día 5 el Gobierno de la Generalidad parecía tambalearse. Ayguadé presentaba la dimisión como Consejero de Orden Público. Los rumores arreciaban, y la calle se había convertido en una inhóspita selva, donde la muerte resultaba un fenómeno natural. Antonio Sesé, miembro del P.S.U.C. y secretario general de la U.G.T., caía víctima de un tiroteo en la calle Caspe, precisamente cuando se dirigía a tomar posesión de su cargo como nuevo Consejero de Orden Público. Dos anarquistas italianos, uno de ellos de reconocido prestigio intelectual, Camilo Berneri, también morían víctimas de la lucha. Al parecer, Berneri fue secuestrado, y luego asesinado, junto con su ayudante Barbieri, por miembros del P.S.U.C. El anarquismo perdía, poco después, otro hombre de apellido famoso: Domingo Ascaso.

Ninguno de los llamamientos a la calma hacían mella en los obreros anarquistas: tampoco la constitución del nuevo y flamante Gobierno de la Generalidad parecía despertar en ellos deseos de abandonar las armas. Un trotskista inglés, testigo presencial, cuenta que «en las barricadas, los obreros anarquistas hicieron pedazos Solidaridad Obrera y blandieron sus puños y sus pistolas hacia el edificio de la radio». Más, a pesar de la tenaz resistencia del ala radical ácrata, el movimiento se hallaba en sus últimos estertores. Las masas obreras que luchaban en las barricadas sentíanse huérfanas de dirección, ya que los dirigentes cenetistas buscaban afanosamente un entendimiento con la Generalidad, y los líderes del P.O.U.M. no parecían dispuestos a tomar la dirección de los insurrectos.

Entretanto, la posición del Gobierno se estabilizaba. Indalecio Prieto ganaba, en Valencia, la partida a Francisco Largo Caballero, quien, como se sabe, se oponía a enviar a Barcelona fuerzas militares. Cuatro mil guardias de Asalto se pusieron en camino hacia el escenario de Barcelona. La balanza se inclinaba del lado gubernamental. Las fuerzas resistentes, desalentadas, veían cómo sus ilusiones se derrumbaban hechas añicos. Los propios dirigentes cenetistas atacaban a la izquierda anarquista y tildaban a «Los Amigos de Durruti» de «agentes provocadores». El P.O.U.M. parecía ya considerar todo concluido: ni una palabra suya condenó aquel ataque del Comité Regional C.N.T. a «Los Amigos de Durruti». La Batalla del 6 de mayo publicaba una lacónica nota donde, entre otras cosas, se decía: «Habiendo sido rechazada la provocación contrarrevolucionaria, es necesario abandonar las calles. Trabajadores, volved al trabajo.»

El día 6 marca el final de la lucha callejera. Pero muchas barricadas permanecían todavía en pie, desafiantes. Los sublevados lanzaban bombas de mano contra los pocos tranvías que se habían atrevido a reanudar el servicio. Unos ataques desesperados contra ciertos edificios oficiales —Casal de la Esquerra, Conserjería de Trabajo— fueron los últimos estertores de la revuelta.

Las fuerzas C.N.T.-P.O.U.M., que habían abandonado el frente de Huesca, seguían expectantes en Lérida, mientras los guardias de Asalto salidos de Valencia, proseguían su ruta hacia Barcelona. Los sublevados se preguntaban si el Gobierno cumpliría su promesa de no llevar a la ciudad nuevos contingentes, en tanto los militantes que habían hecho alto en Lérida permaneciesen allí estacionados. Aquel mismo día 6, la C.N.T. da orden a sus milicianos que seguían ocupando los pisos altos de la Telefónica, que evacuen el edificio, el cual es inmediatamente tomado en su totalidad por las fuerzas del Gobierno. En la calle, miembros de la C.N.T. son detenidos y despojados de los carnets confedérales. A las cuatro de la tarde, el genera! Pozas se hace cargo de la Conserjería de Orden Público. La Policía dejaba de estar controlada por la Generalidad, y las tropas catalanas se integraban en el Ejército Republicano Español, con Pozas como jefe. Aquello venía a ser el final de la rebelión cenetista. A las seis de la tarde, los cuatro mil guardias de Asalto valencianos llegaban a Tor— tosa, sin que nadie les hubiese opuesto en su ruta resistencia alguna.

Esas noticias eran ignoradas por los trabajadores que quemaban en las barricadas sus últimos cartuchos. Incluso parecía observarse un recrudecimiento en la intensidad de la lucha. La C.N.T., alarmada, clamaba por el regreso a la normalidad. En tono justificatorio decía aquel día su Comité: «Una prueba de que la C.N.T. no ha querido romper ni ha roto el frente antifascista es que, cuando se formó el nuevo Gobierno de la Generalidad, el 5 de mayo, los representantes de la C.N.T. en Cataluña ofrecieron todas las facilidades, y el secretario de la C.N.T. formó parte de dicho Gobierno...» Entretanto, continuaban las detenciones y los arrestos de militantes anarquistas en las calles barcelonesas. A la vista de aquella evidencia, otra delegación de la C.N.T. aportó a la Generalidad nuevas condiciones: ambos grupos debían retirar sus hombres armados, liberar a todos los prisioneros y evitar cualquier represalia. Los cenetistas exigían, además, que no entrasen en Barcelona los guardias de Asalto, mientras no se hubiese llegado a una total pacificación. Entre los más exaltados rebeldes, hubo quienes pensaron en dirigirse a Tortosa, para enfrentarse con la columna de Asalto, mas los dirigentes de la C.N.T. desautorizaron de plano a los cabezas calientes, cuyos ánimos procuraban aplacar. En Barcelona, la lucha proseguía tan sólo impulsada por la fuerza de inercia y por el coraje de unos pocos, mientras el desaliento cundía sin remedio entre las masas. Solas, abandonadas por los dirigentes, su fuerza se esfumaba.

El viernes por la noche llegaron los guardias de Asalto valencianos, tras una sangrienta incursión por los pueblos de! cinturón barcelonés. La ciudad mudaba de nuevo su aspecto. La calle había dejado de ser un campo de batalla, las gentes comentaban la derrota obrera mientras los guardias patrullaban en grupos. El Gobierno, dueño ya de la situación, olvidaba las promesas de horas antes: no se liberó a los prisioneros y comenzaron las represalias [15]. Al día siguiente, Radio C.N.T. clamaba por la vuelta a la normalidad: «¡Fuera las barricadas! ¡Cada ciudadano ponga un adoquín en su sitio!...» Incluso, en las más trágicas circunstancias, la C.N.T. habla de dar la nota de ingenuo infantilismo. La Batalla, por su parte, protestaba y al tiempo quería justificarse: «Esto es una provocación —la llegada de los guardias—. Por una demostración de fuerza han intentado convertir nuestra victoria en una derrota... Fuimos los del P.O.U.M. quienes aconsejamos cesase la lucha, se abandonasen las calles y se volviese al trabajo: fuimos nosotros —nadie lo puede dudar— los que más contribuimos a normalizar la situación.» El Comité Regional de la C.N.T. renovaba en Solidaridad Obrera sus manifestaciones de buena voluntad colaboracionista: «Nos complacemos, por tanto, en reiterar nuestro concurso al Gobierno de la Generalidad y al nuevo delegado de Orden Público, mandado por el Gobierno Central, teniente coronel Torres, del que hemos podido comprobar la excelente disposición de ánimo con que viene a ejercer tan delicado cometido en Cataluña.»

Todo había concluido. En el nuevo Gobierno de la Generalidad, U.G.T. (social-comunistas), C.N.T. (anarquistas) y Esquerra (republicanos), participaban en igualdad de condiciones. Nada había cambiado en realidad. Quedaban atrás los días confusos en los que «los incontrolables» soñaron despiertos con edificar en Cataluña un poder obrero auténtico y absoluto. Quinientos muertos y cerca de dos mil heridos costó aquel intento de revolucionar la guerra civil, de trastocar el pequeño burgués «plan de la Victoria», lanzado a los cuatro vientos por el comunismo stalinísta. Trotsky, tal vez equivocadamente, había sostenido, desde su exilio, que una guerra civil debe ganarse antes política que militarmente. Los días angustiosos y tristes de mayo echaban por tierra la posibilidad «política». De ahora en adelante, la guerra tendría que ser, por encima de todo, «una guerra». Pero muchas cosas no podrían seguir como antes. En el frente, algunos soldados se preguntaban desolados si merecía la pena combatir, mientras morían en la retaguardia sus compañeros para defender el ideario. Una nueva historia daba comienzo: la historia de lo que luego se dará en llamar «el proceso al P.O.U.M.».

Aquella secuela del mayo barcelonés se iniciaría con la caída del Gobierno Largo Caballero.

* * *

Sofocado el fugaz incendio político que asoló a Cataluña en la primavera de 1937, la unidad republicana muestra, más a las claras que nunca, su estado de casi total resquebrajamiento. La polémica «guerra o revolución» llegó a plantearse en el seno del Consejo de Ministros. Los comunistas, que tenían ya decidido seguir un plan Togliatti (condenar al molesto Largo Caballero al ostracismo), arreciaban sus sistemáticos ataques contra el P.O.U.M. ¿Pagaba el Partido Obrero de Unificación Marxista los platos que, en realidad, habían roto los anarquistas? Exagerada parece la suposición, ya que si fueron los cenetistas quienes tomaron la iniciativa de la rebelión, el P.O.U.M. los animó, jaleó y, finalmente, luchó con ellos codo con codo. En cualquier caso, la ofensiva anti-P.O.U.M. tomaba, hora tras hora, los caracteres de una cruzada. Largo Caballero se mostraba disconforme con respecto a la eliminación del «trotskismo». Sus argumentos no podían ser más sensatos y coherentes: él, como obrero, no podía consentir la exterminación de un partido que era, a la postre, también obrero; por otra parte, las relaciones entre Largo Caballero y el Estado Mayor de «consejeros» rusos habían llegado a un grado de extrema tirantez, con motivo de la llamada «Operación Extremadura». Kulik, no se mostraba partidario de la propuesta del jefe de Gobierno: llegar a la frontera portuguesa cortando en dos la zona enemiga. Los militares rusos aducían que el plan era insensato (aunque callaban que la operación no les gustaba porque su patrocinador, el general Asensio, no era comunista). Pero el desacuerdo militar, con ser importante, no resultaba, sin embargo, decisivo: no era sino un elemento más que añadir a la crisis. La razón fundamental era la enemiga comunista contra el P.O.U.M. El 9 de mayo, José Díaz, secretario del Partido Comunista español, decía en un mitin:

«Nuestro enemigo principal es el fascismo, son los fascistas; pero los fascistas tienen agentes que trabajan para ellos. Naturalmente, si estos agentes que trabajan con ellos dijesen: "Somos fascistas y queremos trabajar con vosotros para crear dificultades”, inmediatamente serían eliminados. Por eso tienen que ponerse otro nombre... Algunos se llaman trotskistas. Es el nombre bajo el cual trabajan muchos fascistas emboscados, que hablan de revolución para sembrar el desconcierto. Y yo digo: Si esto lo saben todos, y lo sabe también el Gobierno, ¿qué hace el Gobierno que no los trata como a tales fascistas y los extermina sin consideración?»

El P.O.U.M. se defendía de los ataques verbales, reafirmándose en su postura y postulando invariablemente la toma del Poder por la clase trabajadora.

El día 15 de mayo se celebra en Valencia el que sería último consejo de Ministros del Gobierno Largo Caballero. Los miembros comunistas del Gabinete, Vicente Uribe y Jesús Hernández, plantean a las claras la «necesidad de eliminar al P.O.U.M.». Al oponerse Largo Caballero, Uribe y Hernández abandonaron la sala. Pretendió el todavía Jefe de Gobierno proseguir la reunión, pero Prieto le hizo ver que, dadas las circunstancias, lo único que restaba por hacer era comunicar al Presidente de la República la situación de crisis. Prieto, Negrín, Giral, Irujo y Álvarez del Vayo acompañaron a los comunistas en su retirada. Junto al «Lenin español» sólo quedaron los otros enemigos anarquistas y dos incondicionales: Galarza y De Gracia.

La crisis propició el que los planes comunistas se cumplieran con precisión matemática, tras un vano y casi protocolario intento de Azaña, cerca de Largo Caballero, para que éste formara nuevo Gabinete. El sucesor de Largo en la presidencia del Gobierno era Juan Negrín, un médico que todos consideraban socialista moderado, y que luego, con gran sorpresa para muchos, resultó el perfecto cripto-comunista. El Ministerio de Defensa, antes anejo a la Presidencia, quedaba en manos de Indalecio Prieto. Los anarquistas no aceptaron ninguna cartera en la nueva combinación ministerial. El día 17 de mayo, Azaña presentaba al doctor Negrín como nuevo Presidente del Gobierno.

Con Negrín en el Poder, el comunismo stalinista, libre de trabas, desencadenó su ataque final contra el «trotskismo». Un mes más tarde, la trágica farsa tiene su desenlace. El Partido Obrero de Unificación Marxista es brutalmente desmembrado. La policía ocupa su cuartel general en Barcelona, el hotel Falcón, y detiene a muchos de sus afiliados, entre ellos, naturalmente, sus más señaladas cabezas rectoras: Andrés Nin, Gorkin, Arquer, Andrade... [16]. El pueblo se entera de los hechos consumados a través de una lacónica nota difundida por el nuevo ministro de la Gobernación, Julián Zugazagoitia. En la notase habla del desmantelamiento de una red internacional de espionaje radicada en el P.O.U.M...

Mientras el hombre de la calle especulaba sobre la suerte de los poumistas «traidores a la causa republicana», el furor de la represión alcanza inusitadas proporciones.

Sin embargo, las cotidianas diatribas contra el P.O.U.M. no iban acompañadas de ninguna información respecto al destino de los arrestados. En el inquietante silencio oficial, comenzaba a correr el rumor de que Nin había sido asesinado. En los muros de la calle aparecían muchas veces pintado, en apresurados trazos, el tremendo interrogante: «¿Dónde está Nin?» En algunas ocasiones, las manos acusadoras, inscribían la indemostrable e increíble respuesta: «En Alemania.» ¿Cuál era la verdad del caso? ¿Qué suerte había corrido Andrés Nin?

En el impenetrable misterio parecía que la verdad del tenebroso asunto escapase, incluso, a los comunistas españoles. Negrín, al que llegaba el eco de las insistentes protestas, llamó a Jesús Hernández con el fin de que le aclarase la situación. Pero ni Hernández ni Uribe decían saber nada de lo acontecido: al parecer, el comunismo ruso no confiaba demasiado en sus amigos españoles. Lo único cierto era que Nin había sido detenido a mediados de junio. Lo demás, todo lo demás, pertenecía al terreno de la conjetura más o menos fundada. Al poco tiempo corrió por España un folleto, firmado por un tal Rieger, donde se daba de la muerte de Nin una inaudita versión: Nin, espía de Franco, había sido liberado de la prisión por elementos fascistas y se hallaba en... Salamanca, o en... Alemania. El pueblo empezaba a sospechar la verdad. Los anarquistas levantaban airadas protestas contra la falta de información, contra las sombras que rodeaban el secuestro. El secretario de la C.N.T., Mariano Vázquez, se quejaba en el teatro «Apolo» de Valencia:

«Nos encontramos en el caso de que con esa persecución se detiene y desaparece, porque inmediatamente se le esconde bien, para que no le de el aire, a un hombre como Nin. Con nosotros nada tiene ni ha tenido en común. Hace muchos años estuvo en nuestros medios. Nos abandonó por considerar que eran otras las doctrinas más acertadas, que eran otros caminos, y no los de las doctrinas libertarias, los que debían seguirse. Y se fue a otra organización. ¡Ah!, pero lo que nadie puede comprender, lo que no puede comprender el pueblo, es que se diga que Nin está en relación con Franco y que Nin es un fascista. Y esto debe pasar a los Tribunales y demostrarse ante el pueblo, porque Nin, para el pueblo, es un revolucionario.» En idéntico sentido se expresaba un documento oficial presentado por el Comité Nacional de la C.N.T. al Gobierno el 18 de julio. Pero el Gobierno callaba ante todas las demandas que pedían luz para el caso.

* * *

Hoy parece que la incógnita está despejada, que la oscuridad ha desaparecido en torno al paradero final de Andrés Nin. Jesús Hernández, desengañado ya del comunismo, desde su exilio mejicano, narra en su libro Yo fui un ministro de Stalin, con toda meticulosidad, la clave que parece abrir la puerta de aquel dramático enigma:

«Andrés Nin, el antiguo amigo de Lenin, de Kamenev, Zinoviev y Trotsky, fue asesinado en España por la misma mano que en Rusia había exterminado físicamente a toda la vieja guardia bolchevique. El crimen fue así:

»Orlov y su banda secuestraron a Nin con el propósito de arrancarle una confesión ’’voluntaria" en la que debía reconocer su función de espía al servicio de Franco. Expertos verdugos en la ciencia de "quebrar" a los prisioneros políticos, en obtener "espontáneas" confesiones, creyeron encontrar en la enfermiza naturaleza de Andrés Nin, el material adecuado para brindar a Stalin el éxito apetecido.

»En días sin noche, sin comienzo ni fin, en jornadas de diez, y veinte, y cuarenta horas ininterrumpidas, tuvieron lugar los interrogatorios. Quien de ello me informó tenía sobrados motivos para estar enterado. Era uno de los ayudantes de más confianza de Orlov (el mismo que había de ponerme luego en antecedentes sobre el proyecto de asesinato de Indalecio Prieto). Con Nin empezó empleando Orlov el "procedimiento seco". Un acoso implacable de horas y horas con el "confiese, declare, reconozca, le conviene, puede salvarse, es mejor para usted", alternando los consejos con las amenazas y los insultos. Es un procedimiento científico que tiende a agotar las energías mentales, a desmoralizar al detenido. La fatiga física le va venciendo, la ausencia de sueño embotándole los sentidos y la tensión nerviosa destruyéndole. Así se le va minando la voluntad, rompiéndole la entereza. Al prisionero se le tiene horas enteras de pie, sin permitirle sentarse, hasta que se desploma tronchado por el insoportable dolor de riñones. Alcanzado este punto, el cuerpo se hace espantosamente pesado y las vértebras cervicales se niegan a sostener la cabeza. Toda la espina dorsal duele como si la partieran en pedazos. Los pies se hinchan y un cansancio mortal se apodera del prisionero, que ya no tiene otro afán que el de lograr un momento de reposo, de cerrar los ojos un instante, de olvidarse que existe él y que existe el mundo. Cuando, materialmente, es imposible proseguir el interrogatorio, se suspende. El prisionero es arrastrado a su celda. Se le deja tranquilo unos minutos, los suficientes para que recobre un poco su equilibrio mental y comience a adquirir conciencia del espanto de la prolongación del interrogatorio monótono, siempre igual en las preguntas, e insensible a las respuestas que no sean de plena inculpación. Veinte o treinta minutos de descanso son suficientes. No se le concede más. Y nuevamente se reanuda la sesión. Vuelven los consejos, vuelve el tiempo sin medida, en que cada minuto es una eternidad de sufrimiento y de fatiga, de cansancio moral y físico. El prisionero acaba desplomándose con el cuerpo invertebrado. Ya no discute ni se defiende, no reflexiona; sólo quiere que le dejen dormir, descansar, sentarse. Y se suceden los días y las noches en implacable detención del tiempo. Del prisionero se va apoderando el desaliento, produciendo un desmayo en la voluntad. Sabe que es imposible salir con vida de las garras de sus mártirizadores, y su anhelo se va concentrando en un irrefrenable deseo de que le dejen vivir en paz sus últimas horas, o de que lo acaben cuanto antes. ’’¿Quieren que diga que sí? Quizá admitiendo la culpabilidad me maten de una vez." Y esta idea comienza a devorar la entereza del hombre.

»Andrés Nin resistía increíblemente. En él no se daban los síntomas de ese desplome moral y físico que llevó a ciertos destacados colaboradores de Lenin hasta una inaudita abdicación de la voluntad y firmeza revolucionarias.

»Nin no capitulaba. Su personalidad seguía incólume mientras sus verdugos se impacientaban. Decidieron abandonar el "método seco”. Ahora sería la sangre viva, la piel desgarrada, los músculos destrozados, los que pondrían a prueba la entereza y capacidad de resistencia física del hombre. Nin soportó la crueldad de la tortura y el dolor del refinado tormento. Al cabo de unos días, su figura humana se había convertido en un montón informe de carne tumefacta. Orlov, frenético, enloquecido por el temor al fracaso, que podía significar su propia liquidación, babeaba de rabia ante aquel hombre enfermizo que agonizaba sin confesar, sin comprometerse ni querer comprometer a los compañeros de Partido, que con una sola palabra suya hubieran sido llevados al paredón de ejecución, para regocijo y satisfacción del amo de todas las Rusias.

»Se extinguía la vida de Nin. En la España republicana y en el mundo entero arreciaba la campaña exigiendo noticias de su paradero y su liberación. No podía prolongarse durante mucho tiempo aquella situación. Entregarlo con vida significaba una doble bandera de escándalo. Todo el mundo hubiera tenido noticia de los espantosos tormentos físicos a que se le había sometido; y, lo que era más peligroso, Nin podía denunciar la infame trama montada por los esbirros de Stalin en España. En consecuencia, los verdugos decidieron acabar con él.

»Aquellos profesionales del crimen pensaron en la forma. ¿Rematarlo y dejarlo tirado en una cuneta? ¿Asesinarlo y enterrarle? ¿Quemarlo y aventar sus cenizas? Cualquiera de esos procedimientos acababa con Nin, pero la G.P.U. no se libraría de la responsabilidad del crimen, pues era notorio y público que era ella la autora del secuestro. Había, pues, que buscar un procedimiento que, al tiempo que liberaba a la G.P.U. de la responsabilidad de la desaparición, inculpara a Nin, demostrando su relación con el enemigo.

»La solución, al parecer, se forjó en la mente tenebrosa de un colaborador de Orlov, el comandante Carlos (Vittorio Vidal i, como se llamaba en Italia, o Arturo Sormenti y Carlos Contreras, que había hecho y se hacía llamar en Méjico y en España). El plan de Vidali Contreras era el siguiente: Simular un rapto por agentes de la Gestapo camuflados en las Brigadas Internacionales, un asalto a la cárcel de Alcalá y una nueva desaparición de Nin. Se diría que los nazis lo habían liberado, con lo cual se demostrarían los contactos que Nin tenía con el fascismo nacional e internacional. Mientras tanto, a Nin se le haría desaparecer definitivamente. Para no dejar huellas, el cadáver sería lanzado al mar. La infame tramoya era burda, pero podía dar resultado.

»Un día aparecieron atados los dos guardias que vigilaban al prisionero en la cárcel de Alcalá de Henares (dos comunistas con carnet de socialistas). Declararon que un comando formado por voluntarios de las Brigadas Internacionales (unos diez), que hablaban alemán, habían asaltado el edificio, los habían despojado de sus armas y maniatado, habían abierto la celda del prisionero, y se habían llevado a éste en un automóvil. Para dar más visos de realidad al siniestro folletín, en el suelo de la habitación de Nin se encontró tirada su cartera conteniendo una serie de documentos que demostraban sus relaciones con el servicio de espionaje alemán. Para que nada faltase, hasta se encontraron algunos billetes en marcos alemanes.

»Tres preguntas son suficientes para poner al desnudo la burda mentira de la historia inventada por la banda de Orlov.

»Si las notas que aparecían en el dorso de un plano militar (destinado al enemigo) correspondían a la caligrafía de Nin, ¿por qué no se hizo entrega del mismo a las autoridades, juntamente con las demás pruebas?

»Si Nin permaneció varios meses en poder de sus interrogadores, ¿cómo se explica que pudiera pasar inadvertida a los ojos de aquéllos la existencia de una cartera llena de pruebas de espionaje, para luego aparecer tirada en el suelo del calabozo? ¿Y, cómo a Nin no se le ocurrió destruir aquellas pruebas?

»Si la casa-prisión de Alcalá de Henares estaba tan custodiada que Garmendía, inspector general de Prisiones de Madrid, declaraba que no podía rescatar a Nin de su encierro, porque el Gobierno se negaba a facilitarle la fuerza necesaria (pues tendría que librar una batalla con los rusos), ¿cómo se explica que sólo ocho o diez hombres la hubiesen asaltado tranquilamente, sin disparar un tiro, y luego de reducir a los guardianes se llevaran al preso con toda tranquilidad?

»Por la versión de alguien que mantenía contacto directo con Orlov, pude, más tarde, reconstruir estos hechos. Pero del asesinato de Andrés Nin tuve la certidumbre plena al día siguiente de consumado el crimen. La compañera ”X" me hizo saber que había transmitido un mensaje a Moscú en el cual se decía: "Asunto A. N. resuelto por procedimiento A.”

»Las iniciales coincidían con las de Andrés Nin. El procedimiento "A”, ¿qué podía ser? La absurda versión del rapto por agentes de la Gestapo, delataba el crimen de la G.P.U. Luego, la "A" en el código de la delegación soviética significaba muerte. De no haber sido así, la delegación, esto es, Togliatti, Stepanov, Codovila, Gueré, etc., hubieran transmitido cualquier cosa menos la de "asunto resuelto”.»

Pocas dudas pueden caber respecto a que la versión de Jesús Hernández es fiel reflejo de la verdad.

* * *

Para el P.O.U.M., sólo quedaba una última y patética solución: la clandestinidad. Convertidos en víctima propiciatoria del comunismo moscovita, sus hombres hubieron de esconderse en los más apartados rincones. Un año más tarde, en el mes de octubre, se vio la causa contra los casi trescientos detenidos. Nin había resistido heroicamente el sanguinario castigo: El acusador no pudo presentar ninguna «prueba» contundente. Los testigos, por su parte, se mostraron casi unánimemente de acuerdo en cuanto a la no culpabilidad: Galarza, Irujo, Largo Caballero, Federica Montseny... Tras la macabra farsa, los miembros del P.O.U.M. eran de nuevo declarados «buenos socialistas», aunque, para cubrir las apariencias, cinco de los menos señalados recibieron penas de hasta quince años de reclusión. Mas aquella tardía reivindicación se hacía, en realidad, a un cadáver: para entonces, el P.O.U.M. ya no era sino una sombra de sí mismo: apenas conservaba el nombre.

El proceso al P.O.U.M. no fue sino la puesta en escena española de una representación rusa: Stalin purgando a los herejes. Sólo desde esta perspectiva puede deducirse la significación profunda de los episodios que se cerraron con la pasión y muerte de Andrés Nin.

Marcos SANZ AGÜERO

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04/02/2013

Notas

[1] Véase «El nacimiento del nacionalismo catalán» y «La crisis de 1917».<<

[2] Véase «Arden los conventos».<<

[3]

Por extensión, la palabra «rabassaire» vino a designar a todos los arrenda¬tarios agrícolas, no sólo a los cultivadores de viñedos. La «Unió de Rabassaires» englobó a todos los aparceros («masovers»), y no únicamente a los viticultores.<<

[4] El apelativo procede del nombre de un joven afiliado, muerto en una re* f riega callejera.<<

[5] «Estat Catalá» tenia muchos puntos de semejanza con el movimiento sepa¬ratista croata «Ustacha» dirigido por Ante Pavelich, que durante la Segunda Guerra Mundial se alineó en el bando del Eje.<<

[6] Ya esta hecho. Veremos cómo termina la cosa, y a ver si seguís diciendo que no soy catalanista.»<<

[7] Uno de los pocos sindicatos catalanes importantes no dominado por la CNT.<<

[8] Se dice que cuando Emiliano Iglesias, uno de los principales lugartenientes de Lerroux, se hizo cargo, el 14 de abril, del Gobierno Civil de Barcelona, su primer cuidado fue preguntar «dónde se guardaba el dinero».<<

[9] Para justificar la destitución del Presidente de la República, la mayoría par¬lamentaria no encontró mejor argumento sino el de que, al disolver innecesariamente las anteriores Cortes (de tan mercado matiz derechista), Alcalá Zamora...habla faltado a sus deberes constitucionales reacción en cadena, que permitía, en los dos bandos ex¬tremistas de derecha y de izquierda, alardear de un pavoroso balance de bajas: habla comenzado la era de los mártires.<<

[10] El autor de estas líneas fue testigo presencial, el 20 de julio de 1936 (24 horas después de que en Barcelona fracasara el levantamiento militar), de la siguiente escena, trágica en su aparente insignificancia: en el casino de la colonia veraniega, en un pueblo cercano a la capital catalana, se hallaban reunidos algunos señores a quienes la interrupción de loe servicios ferroviario« habían dejado aislado« en la pe¬queña localidad. Uno de los presentes comentó: «¡ Bueno! un par de días lejos del despacho no vienen mal.» El infeliz ignoraba que no podría volver a entrar en au «despacho!» hasta tres años y medio después, luego que las tropas nacionales hubieron liberado Barcelona.<<

[11] En el único buque donde los oficiales fueron respetados, el crucero Libertad. los oficiales acabaron por enviar tu adhesión al gobierno de Madrid, Fue el único barco republicano que, durante los primeros días del conflicto, tuvo una actuación eficaz en el Estrecho.<<

[12] En la Secundar Guerra Mundial quedaría demostrada la total inutilidad de los bombardeos en cota contra unidades navales.<<

[13] Muchos militares y civiles. Es clásico el caso de la Banda Municipal de Jaén, la cual, habiendo acudido al llamado frente de Granada (más que de un frente se tra¬taba de una extensa zona de nadie) para ofrecer un concierto a las milicias populares. Con su director en cabeza, y perfectamente formados, los músicos se dirigieron hacia las posiciones nacionalistas, a los acordes de la Marcha Real.<<

[14] La táctica de absorción de los socialistas mediante la unificación ha sido puesta en práctica por los soviéticos en los países dominados tras el tetón de acero, donde han proliferado los Partidos Socialistas Unificados. Partidos del Pueblo, etc., totalmente dominados por los comunistas.<<

[15] Los miembros del Comité cenetista de la Barceloneta fueron fusilados sobre terreno. Desde julio de 1936 se había distinguido por sus brutalidades, exacciones<<

[16] Joaquín Maurín le sorprendió el 18 de julio de 1936 en Galicia. Detenido por los nacionalistas, fue condenado a cadena perpetua.<<