Entrega n.º 24 de la colección Cuadernos Historia 16 dedicado a los comuneros.

AA. VV.

Los comuneros

Cuadernos Historia 16 - 024

ePub r1.0

Titivillus 14.10.2021

Título original: Los comuneros

AA. VV., 1985

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

¿La ultima revuelta medieval?

Por Julio Valdeón

Catedrático de Historia Medieval. Universidad de Valladolid

LA rebelión, en tiempos de Carlos V, de los Comuneros de Castilla y su vencimiento final en la batalla de Villalar, cobran en nuestros días un relieve inusitado, debido básicamente a su revalorización por las corrientes regionalistas castellano-leonesas. Villalar, considerado como el sepulcro de las libertades de Castilla y León, ha adquirido así el valor de un símbolo. De esta manera ha resurgido la aureola semilegendaria con la que ya en el pasado siglo se rodeó al movimiento de las Comunidades, cuando, contemplado a la luz de la ideología liberal, fue interpretado como el primer alzamiento popular de los tiempos modernos que reivindicaba la conquista de las libertades.

Sin entrar en la polémica sobre el significado del movimiento de las Comunidades nos interesa llamar la atención sobre un aspecto que, a nuestro juicio, puede aportar nueva luz para la comprensión de la famosa rebelión y que, no obstante, ha pasado un tanto desapercibido. Se trata del enfoque del fenómeno comunero desde la perspectiva de sus precedentes, entendiendo por tales no sólo las circunstancias concretas de los años anteriores a la revuelta, sino los rasgos fundamentales que definían a la sociedad del reino castellano-leonés, cuyas transformaciones en el periodo transcurrido entre la instalación de los Trastámaras en el trono y el reinado de los Reyes Católicos fueron ciertamente decisivas.

De acuerdo con su cronología la rebelión comunera se sitúa, si nos atenernos a la tradicional división por edades de la historia, en la denominada Edad Moderna. Este dato, aparentemente inocuo, tiene mucha importancia. Al fijarse una barrera demasiado rígida entre la Edad Media y la Moderna los acontecimientos acaecidos después de los Reyes Católicos se han interpretado comúnmente en función de los que se suponían caracteres definitorios de los nuevos tiempos (el estado moderno, la burguesía, el capitalismo, etc.). Esta ruptura entre tiempos medievales y modernidad ha tenido quizá su expresión más genuina, al aplicarla a la historia de España, en el contraste establecido entre la época de Enrique IV, en la que campaban a sus anchas las distintas facciones de la levantisca nobleza, y la de los Reyes Católicos, paladines del moderno estado centralizado y fustigadores de los poderosos. Así las cosas difícilmente podían buscarse conexiones entre el fenómeno comunero y la problemática del reino de Castilla de la segunda mitad del siglo XV, una vez que entre ambas épocas, aunque poco distantes en el tiempo, se había colocado una muralla prácticamente infranqueable.

Las transformaciones de los siglos XIV y XV

Sin negar la especifidad del movimiento de las Comunidades de Castilla, como respuesta inmediata a una serie de problemas particulares de los años finales de la segunda década del siglo XVI, entendemos que su encuadre debe de efectuarse en el conjunto de las transformaciones que se produjeron en el reino castellano-leonés en los siglos XIV y XV, o más exactamente en el periodo que siguió al establecimiento de la dinastía Trastámara en 1369.

Los Reyes Católicos (por Alonso de Mena, 1632. Relicario del altar de la Capilla real de Granada).

a) Desde el punto de vista de la estructura social el rasgo más sobresaliente fue el fortalecimiento de la alta nobleza, o, por decirlo con palabras de B. Clavero, la consolidación de la propiedad territorial feudal. Un puñado de linajes, vinculados a la nueva dinastía, ascendieron a la rica-hombría, terminando por constituir, junto a las viejas familias que sobrevivieron a las crisis del siglo XIV, una cerrada aristocracia, poseedora de ricos y extensos estados señoriales. Los sucesivos monarcas de la dinastía Trastámara, pero en primer lugar Enrique II y Enrique IV, concedieron a manos llenas a sus partidarios tierras, villas y rentas. Desde Galicia hasta Andalucía todo el mapa de la corona de Castilla se pobló de señoríos nobiliarios. La cuenca del Duero, baluarte tradicional del realengo, no escapó a las apetencias de la nobleza feudal, siendo escenario del florecimiento de linajes tan destacados como los Enríquez (en torno a Medina de Rioseco), los Pimentel (alrededor de Benavente), los Velasco (en tierras burgalesas), los Manrique (en tierras de Palencia), etc. Gracias a la institución del mayorazgo, configurada de forma definitiva a fines del siglo XIV, los grandes patrimonios de la alta nobleza podían transmitirse indivisos a sus sucesores. Este proceso señorializador del reino castellano-leonés, desarrollado a lo largo de los siglos XIV y XV, fue el punto de partida de la configuración de unas estructuras sociales que, con ligeros retoques, tuvieron continuidad hasta principios del siglo XIX, cuando la legislación liberal acabó con las supervivencias del Antiguo Régimen.

Ceremonia de la coronación de un rey castellano (Libro de las coronaciones de los Reyes de España, siglo XIV, Biblioteca de El Escorial).

b) Otro rasgo característico de la época que analizamos fue el indudable fortalecimiento de la monarquía y de sus órganos de gobierno. De la época trastamarista data la creación de la Audiencia y del Consejo Real o el perfeccionamiento de las instituciones fiscales. Ahora bien, ¿cómo puede compaginarse este proceso de creciente centralización monárquica con el señalado anteriormente de robustecimiento de la alta nobleza? ¿No sostuvieron la nobleza y la monarquía un combate agotador en los siglos finales del Medievo? L. Suárez, el principal estudioso de este enfrentamiento, ha señalado que al final ambos contendientes resultaron beneficiados: «La pugna permitió, por curiosa paradoja, el fortalecimiento económico y social de la nobleza de forma tal que, al fin de ella, el rey pudo recobrar su poder absoluto en el orden político». Ambos rivales salieron triunfantes, según nuestro punto de vista, no por la presencia de factores aleatorios ni por curiosas paradojas, sino porque sus diferencias eran mucho más superficiales de lo que se supone. En realidad los reyes y la alta nobleza defendían, en lo fundamental, los mismos intereses y sustentaban idénticas opiniones sobre la estructura de la sociedad. La expansión de la nobleza y la consolidación de sus intereses económicos y sociales requerían el fortalecimiento de la monarquía, aceptada como la fuente básica del poder político y de la jurisdicción. La culminación de este proceso tendría lugar con los Reyes Católicos, forjadores de un «estado feudal centralizado».

c) Al analizar las coordenadas básicas del reino castellano-leonés en la Baja Edad Media es preciso referirse al desarrollo de las ciudades y del comercio. Hay que observar antes de nada que a fines de la Edad Media la estricta delimitación entre ciudad y campo no era nada fácil de establecer. Muchos núcleos de población, aunque tenían consideración de villas o de ciudades, eran esencialmente centros de actividad rural, a lo sumo con una función de mercados regionales. Villas como Benavente, Toro o Sepúlveda, por acudir a ejemplos de la Meseta norte, estaban marcados de un fuerte ruralismo. Pero en cambio otros núcleos destacaban por su vitalidad mercantil o artesanal o por sus funciones político-administrativas. En el primer caso, y limitándonos a la Meseta, cabe recordar a Burgos, punto de partida de uno de los principales polos de la actividad económica de la época, y a Medina del Campo, famosa por sus ferias internacionales, así como a Segovia o Cuenca, notables por su industria textil. Toledo, Salamanca o Valladolid son ejemplos ilustrativos de ciudades con funciones prioritarias de tipo intelectual o político. ¿Qué repercusiones tuvo en el plano social esta expansión de la vida urbana en la Castilla bajomedieval? Con frecuencia se ha establecido la equivalencia: crecimiento de las ciudades - desarrollo de la burguesía. Pero hay que ser muy prudentes al manejar estos conceptos. Las investigaciones recientes han demostrado que en las ciudades del reino castellano-leonés, por lo menos desde fines del siglo XIV, el control político de los concejos se hallaba en un grupo muy reducido de personas, las cuales a su vez pertenecían, por lo general, a linajes de la pequeña nobleza local. J. A. Bonachia ha demostrado cómo en Burgos los cargos concejiles estaban monopolizados en el siglo XV por una serie de familias de la pequeña nobleza ciudadana (los Prestines, Camargo, Villegas, Santa María, Maluenda…). Los sectores dedicados con preferencia al comercio o la banca no constituían un grupo aparte de los anteriores, sino que estaban íntimamente ligados con ellos. Había, por lo tanto, una estrecha vinculación entre el poder político y el económico. Los hombres de negocios de la época, lejos de tener conciencia de que constituían el germen de una clase social contradictoria con la nobleza, intentaban acercarse al modo de vida de ésta, siendo su aspiración la inversión en tierras y la adquisición de un titulo (es lo que algunos autores han bautizado como traición de la burguesía).

La conflictividad social

La clave para la interpretación de los conflictos sociales que se desencadenaron en la corona de Castilla desde mediados del siglo XIV se encuentra en la expansión incontenible de la nobleza feudal y la reacción que frente a ella se suscitó. Nada más lejos de la realidad que imaginar que la caída de un territorio bajo dependencia señorial suponía el sometimiento de sus habitantes a una situación de tiranía. En muchas ocasiones los señores feudales pusieron en práctica medidas que resultaban beneficiosas para sus vasallos. Con objeto de atraer pobladores los nobles podían eximir a los campesinos que acudiesen a su llamamiento del pago de ciertos tributos por un determinado número de años. Incluso a la hora de administrar justicia el nuevo señor podía ser más ecuánime que los tribunales vigentes en la época de pertenencia al realengo. Esto explica la emigración hacia tierras de señorío de muchos campesinos establecidos en zonas de realengo.

Medina de Rioseco (Foto D. S.). Enrique II de Castilla

Enrique II de Castilla.

Pero en cualquier caso, el fortalecimiento del poder de la alta nobleza se hacia en detrimento de otros sectores sociales que resultaban claramente perjudicados. Sin duda alguna la contradicción antagónica por excelencia de aquella sociedad era la que existía entre la nobleza feudal y el campesinado, pues del trabajo de este último extraía aquélla las rentas que le permitían preservar su condición hegemónica como clase social. Pero el campesinado era muy heterogéneo en su composición y difícilmente podía tener conciencia de su situación real en la estructura social. En cambio podía ser más directo el choque de la alta nobleza con las oligarquías de caballeros locales que controlaban los regimientos municipales. De ahí que la posición de la pequeña nobleza resultara oscilante, pues mientras unas veces actuaba como simple clientela de los grandes, en otras ocasiones, para evitar ser absorbida por los poderosos, se ponía al frente de las masas populares.

Desde mediados del siglo XIV se pueden señalar en la corona de Castilla movimientos diversos de resistencia al dominio señorial. Son casos aislados, sin conexión entre si, y con una tipología muy variada. Por lo general esos movimientos se desarrollaron en concejos de cierta importancia y con una larga tradición de pertenencia al realengo. He aquí algunos ejemplos de lo sucedido en tierras de la Meseta norte. En 1371 los vecinos de Paredes de Nava dieron muerte a su señor, Felipe de Castro, el cual había pretendido cobrar a sus vasallos un tributo no especificado.

En 1394 la villa de Sepúlveda se negó a aceptar el señorío de Leonor de Navarra y si dos años más tarde cambió de parecer fue después de que su señora aceptara que su dominio se ejercería en tanto que hija del rey, sin que la villa perdiera su condición de realenga.

En 1395 los vecinos de Agreda, caballeros y peones, impidieron con las armas en la mano la entrada en la villa de Juan Hurtado de Mendoza, mayordomo mayor de Enrique III de Castilla, que le había hecho esa donación. En 1400 el concejo de Benavente envió al rey de Castilla un memorial de quejas por la actuación de su señor, Juan Alfonso Pimentel, noble de origen portugués asentado en la Meseta después de Aljubarrota.

En la cuenca del Duero los más destacados los protagonizaron Agreda y Sepúlveda. Agreda se opuso en 1472 a entrar en la órbita del conde de Medinaceli, Luis de la Cerda, a quien había otorgado la villa el rey de Castilla. Por su parte Sepúlveda hizo lo propio cuando fue donada al marqués de Villena, Juan Pacheco,

Desde otro punto de vista un análisis atento de los cuadernos de Cortes de la época revela una actitud manifiesta de hostilidad contra la expansión señorial por parte de los procuradores del tercer estado. Especialmente enérgicas fueron sus peticiones en las Cortes de Ocaña de 1469. Después de señalar que la concesión inmoderada de mercedes por parte de los reyes a los ricos hombres «va bien aconpannado de lágrimas e querellas e maldiçiones de aquellos que por esta causa se fallan despojados de lo suyo», los procuradores de las ciudades hacían prácticamente un llamamiento a la rebelión antiseñorial, pues solicitaban de Enrique IV que enviara cartas para que todas las ciudades, villas y lugares concedidos a la nobleza en los últimos años «por si mismos e por su propia autoridad se puedan algar por vuestra alteza e por la corona rreal de vuestros rreynos, e que asy alçados queden e finquen por de vuestro patrimonio o corona rreal e que puedan tomar e ocupar las fortalezas e castillos de los tales logares para la dicha corona rreal, e que para esto puedan llamar e ayuntar gentes e valedores e quitar qualquier rresistençia, si rresistençia alguna les fuere fecha».

Aparte del interés indudable del párrafo hay que poner de relieve que la propuesta fue hecha por los procuradores de las escasas ciudades que tenían representación en Cortes. Esos procuradores, aunque hablaban en nombre del tercer estado, en verdad eran portavoces de los intereses de los caballeros dominantes en las ciudades, cuando no pertenecían ellos mismos a esas oligarquías locales. Se pone, por tanto, de manifiesto una contradicción importante entre las ciudades y la alta nobleza. Las ciudades lucharon con todos los medios a su alcance para evitar una desmembración de sus términos, que por lo general se efectuaba en beneficio de los poderosos. Recordemos la actuación de Badajoz frente a los Suárez de Figueroa a fines del siglo XIV, de Córdoba frente a Gutiérrez de Sotomayor a mediados del siglo XV, de Segovia frente a Andrés Cabrera en tiempos de los Reyes Católicos o de Toledo frente a los zarpazos señoriales de la segunda mitad del siglo XV.

Un papel muy importante en la lucha antiseñorial podían jugarlo las Hermandades. Este tipo de asociaciones, de muy variada tipología, tuvo un gran auge en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV. Básicamente eran instituciones promovidas por los concejos para asegurar el orden y la justicia, pero también para defender sus privilegios. De ahí que en su seno actuaran tanto los caballeros e hidalgos de las ciudades como las gentes del común. No obstante en el siglo XV las Hermandades fueron un cauce idóneo para la cristalización de una actitud de hostilidad abierta contra los grandes magnates.

En el País Vasco las Hermandades, organizadas por los habitantes de las villas para defenderse de las banderias de los poderosos, enfilaron sus baterías contra los parientes mayores, el grupo dominante de la nobleza de la región. En 1442 los hermanos de Alava, según Pérez de Guzmán, «comenzaron a derribar algunas casas de cavalleros».

En tiempos de Enrique IV de Castilla, entre los años 1464 y 1468, el movimiento de las Hermandades tomó gran auge en el conjunto del reino. Su propósito esencial era garantizar la paz y defender el patrimonio real, pero entre los asociados prendió de tal forma el espíritu antiseñorial que Galindez de Carvajal no duda en afirmar: «los populares… pensaron con la hermandad sojuzgar totalmente a los nobles». Pero donde la potencialidad antinobiliaria del movimiento de las Hermandades se puso más claramente de relieve fue en Galicia. Allí, en 1467, el movimiento irmandiño fue el punto de partida de una revuelta generalizada de signo antifeudal, en la que participaron gentes del campo, habitantes de las ciudades, clérigos diversos e incluso, en calidad de dirigentes, algunos miembros de la propia nobleza.

¿Ultima revuelta medieval?

Somos conscientes de que la presentación de las Comunidades de Castilla como laúltima revuelta medieval no es, en el fondo, sino un mero juego retórico. ¿Añade algo a la comprensión del fenómeno su adjetivación como medieval o como moderno? Es evidente que no. Ahora bien, con el titulo que encabeza este apartado se quiere dar a entender que el movimiento de las Comunidades, si bien respondía a una serie de motivaciones especificas del momento, recogía, tanto en el significado de fondo que subyacía a la revuelta como en muchas de las formas que adoptó, numerosos elementos que se habían manifestado en los conflictos sociales de los siglos XIV y XV.

1) Uno de los hilos argumentales básicos de las Comunidades es la actitud antiseñorial, entendida como oposición a la expansión continuada de los ricos hombres y a la merma del patrimonio real. El carácter antiseñorial de la revuelta, puesto lúcidamente de manifiesto por J. I. Gutiérrez Nieto, afectaba por supuesto a extensos territorios que habían caído en la época trastamarista bajo la órbita de la alta nobleza, pero también prendió con fuerza en las ciudades de realengo. La presencia al frente del alzamiento comunero de sectores de la nobleza ciudadana recogía la tradición de los dos siglos anteriores, en los cuales esos mismos sectores sociales habían defendido con ahínco los patrimonios municipales frente a las apetencias señoriales, habían elevado a las Cortes peticiones en un claro sentido antiseñorial e incluso habían dirigido la resistencia armada de algunas villas que se opusieron a la entrada en ellas de los señores feudales.

Portal de Carlos V y murallas de Toledo (Foto D. S.).

Zapateros del siglo XIV (por Arnau Bassa, Retablo de San Marcos, Catedral de Manresa).

Las villas y ciudades reunían, en principio, condiciones más apropiadas para convertirse en elementos aglutinantes de cualquier movimiento de resistencia o de rebelión, como se comprobó en la revuelta irmandiña. En ellas había unos grupos dirigentes que, por su condición de caballeros, podían ponerse al frente de los amotinados. Pero al mismo tiempo en las ciudades había amplios sectores de pobres y miserables, lo que constituía un espléndido caldo de cultivo para una detonación social. El simple contraste entre el grupo dominante de las ciudades, los caballeros patricios, y la masa popular de artesanos, pequeños comerciantes y menestrales, podía desembocar en conflictos internos. Ejemplos de este tipo de enfrentamiento se habían dado con demasiada frecuencia en los siglos XIV y XV, siendo quizá uno de los últimos el de Salamanca de 1467, cuando entre los miembros de la Hermandad se produjo una escisión y, según la versión de Alonso Flórez, «se levantaron caballeros hidalgos contra el pueblo». Situaciones similares se produjeron en el desarrollo del movimiento comunero, lo que explica la fluidez en la actitud de la nobleza ciudadana, que unas veces aparece al frente de la revuelta y otras se presenta como la victima principal de los estragos de la plebe.

Los estudiosos de las Comunidades han señalado la importancia del enfrentamiento entre manufactureros y exportadores de lanas, ejemplificándolo a través de la distinta actitud de los pañeros de Segovia, favorables a la revuelta, y los mercaderes de Burgos, contrarios a la misma. Sin entrar en la validez o no de esta apreciación cabe señalar que la pugna arrancaba de atrás. La ofensiva contra la exportación masiva de lanas había cristalizado en la famosa petición hecha por los procuradores de las ciudades (portavoces, sin duda, de los intereses de los pañeros de Castilla) en las Cortes de Madrigal de 1438.

Otro campo en el que se pueden encontrar vestigios de la tradición medieval es el relativo a la actitud del clero. Al igual que en muchos levantamientos populares de fines de la Edad Media, desde la revuelta del campesinado inglés de 1381 hasta los irmandiños, hubo elementos del bajo clero que se pusieron de parte de la rebelión. Recordemos al célebre fray Alonso de Medina, calificado de atizador del incendio, Pero en el transcurso de la revuelta fueron cada vez menos los miembros del clero que continuaron con los comuneros. La inmensa mayoría de los cabildos que inicialmente habían dado muestras de simpatía hacia el movimiento terminaron por abandonar su causa. En otro orden de cosas la rebelión comunera estuvo precedida de una agitación antifiscal, lo que también la asemejaba a la mayoría de las revueltas populares europeas de los siglos XIV y XV.

El sentido mismo de exaltación de lo «común» que subyace en el movimiento comunero tenía amplias resonancias medievales. «A voz de común» se habían producido levantamientos populares durante la minoridad de Alfonso XI, según dice la crónica de aquel monarca. En unas tierras en donde las tradiciones comunitarias estaban tan fuertemente arraigadas nada tiene de extraño que se reforzaran los lazos de solidaridad en el momento en que la expansión de la nobleza y la centralización de la monarquía estaban a punto de borrar las huellas del pasado. En conclusión puede afirmarse que en la rebelión comunera se condensaron multitud de elementos que hundían sus raíces en el pasado, y que podían sintetizarse en la resistencia contra la consolidación de unas estructuras cuyos dos polos básicos eran la nobleza feudal fortalecida y la monarquía centralizada.

2) En opinión de J. Pérez en el movimiento de las Comunidades no hay que ver una lucha de clases, sino un conflicto de intereses. Esta afirmación, desde nuestro punto de vista, requiere alguna matización. Es evidente que en la rebelión comunera predominaba la complejidad, pues en ella participaron grupos muy heterogéneos, con intereses a veces contradictorios entre si. Separar rígidamente a los grupos sociales de la época de acuerdo con el bando en que luchaban es imposible, pues nobles, clérigos, mercaderes, menestrales y campesinos los había en los dos campos. Pero esto fue general en todos los conflictos sociales de la Edad Media, y ello no es óbice para poder delinear, más allá de la presencia concreta de gentes de una misma clase social en uno u otro bando, las lineas maestras del enfrentamiento. ¿Acaso no se dio esa heterogeneidad en el movimiento irmandiño, con una actitud oscilante de la pequeña nobleza, y, sin embargo, podemos calificar al mismo, en su sentido global, de revuelta antifeudal?

Plaza de Medina del Campo (Foto D. S.).

La línea argumental última de la lucha de las Comunidades apuntaba hacia una dicótoma clara entre el común y los poderosos. Así lo pusieron de relieve muchos de los protagonistas del conflicto, para quienes, aún sin tener clara conciencia de ello, no pasó desapercibido el carácter popular de la revuelta, y su hostilidad radical a los poderosos. Maldonado indica que, en general, en las ciudades de Castilla y León había dos bandos, uno el de los artesanos y la confusa multitud del pueblo, otro el de los nobles, los mercaderes y el alto clero, todos ellos opuestos a los crímenes de los plebeyos. Para Alvaro de Zúñiga los «caleros, mamposteros, sombrereros, herreros, menestrales… débiles tenderos e ignorantes labradores…, ganapanes y gente baja…, se armaron contra la nobleza y los supremos magistrados». «La hambrienta y vil plebe», se dice en otro pasaje, se lanzó «a buscar la igualdad de bienes». «Los pueblos, dice Mártir de Angleria, se levantan contra sus señores, se agregan al partido de la insubordinación, esperando mayor libertad». Y el almirante Enríquez puntualiza el concepto de libertad que tenían los rebeldes al señalar: «el fin sobre el que armaron su maldad los que revelaron el reino fue publicar libertad. Esta libertad consistía en que ni obiesse servicio ni alcabalas».

Sello de Enrique IV de Castilla (según la Historia del P. Mariana).

Todos apuntan hacia el establecimiento de una clara barrera entre el común y los poderosos, entre quienes defendían la tradición (y esto no era necesariamente retrógrado; en los levantamientos populares de la Edad Media se pedía el respeto a la costumbre y se soñaba con la vuelta a una idílica edad de oro inspirada en fuentes bíblicas) y los que estaban construyendo unas nuevas estructuras, basadas en la omnipotencia de la nobleza feudal terrateniente y en el robustecimiento del poder político de la monarquía. Pero en el desarrollo concreto de la rebelión se interferían multitud de elementos locales, de intereses personales, de mediaciones de tipo ideológico que desfiguraban el fondo del problema. Los cambios de actitud tan frecuentes, la falta de un claro proyecto de alternativa por parte de los rebeldes, la confluencia en el movimiento de intereses contradictorios entre si, lo que significaba que no había entre los comuneros unanimidad en sus objetivos, la inexistencia de una nítida conciencia de clase, todo contribuía a oscurecer la comprensión de la rebelión. Pero en esto también se parecía a las revueltas populares de la Baja Edad Media, a los irmandiños por ejemplo. Al igual que sucedió en la revuelta antifeudal de la segunda mitad del siglo XV en Galicia, dice I. Beceiro, «la heterogeneidad del frente comunero y la radicalización de los intereses de cada grupo» lo debilitaron grandemente, favoreciendo su aplastamiento final.

Tumba de Juan Pacheco, primer marqués de Villena (Monasterio del Parral).

Juana la Loca acompaña el traslado del cadáver de Felipe el Hermoso
(por Francisco Padilla, del fondo del Museo de Arte Moderno, Madrid).

Morir por la Comunidad

Por Joseph Pérez

Profesor de la Universidad de Burdeos

EL movimiento comunero —«la primera de las guerras civiles que en los tiempos modernos ensangrentó los campos de España», según frase de Cayetano Alcázar— tiene causas y características que permiten definirlo como preferentemente —aunque no exclusivamente— urbano y castellano.

Las causas, hay que buscarlas en las dificultades que conoce Castilla desde principios del siglo XVI y en los cambios políticos que supone el advenimiento de los Austrias.

El siglo XVI empieza con una serie de malas cosechas, hambres y epidemias. Los precios suben rápidamente, bajan entre 1510 y 1515 (único periodo de la centuria en que se da el fenómeno) y vuelven a subir tremendamente hasta alcanzar su punto máximo en 1521. Ante la crisis se rompe el equilibrio que los Reyes Católicos hablan logrado mantener entre las regiones del reino. El norte (Burgos, la Montaña) y Andalucía resisten más porque el comercio internacional permite mantener cierta actividad. En cambio, la parte central, en torno a Toledo y Valladolid, parece mucho más afectada: los talleres y comercios de Zamora, Segovia, Toledo, Cuenca… encuentran serias dificultades y empiezan a quejarse de los monopolios (el de los burgaleses y extranjeros, sobre todo genoveses). En sendos memoriales redactados en 1515, Pedro de Burgos, vallisoletano a pesar de su apellido, y Rodrigo de Luján, madrileño, denuncian la política económica seguida en Castilla, que lleva el país al subdesarrollo, al convertirlo en exportador de materias primas (principalmente la lana) e importador de productos elaborados en el extranjero (los paños de Flandes, por ejemplo).

La situación política, caracterizada por una serie de problemas dinásticos desde la muerte de Isabel la Católica en 1504 (incapacidad de doña Juana la Loca, heredera del trono; reinado efímero de su marido, Felipe el Hermoso; regencias de Fernando el Católico y del cardenal Cisneros) impide que los gobernantes presten a tales dificultades la debida atención. En 1516, don Carlos, nieto de los Reyes Católicos, se proclama rey de Castilla contra el parecer de Cisneros y del Consejo Real (ya que no puede ser rey en vida de su madre, doña Juana, a quien las Cortes no han querido privar de sus derechos) y en octubre de 1517 llega a la Península para hacerse cargo efectivo del gobierno. El nuevo soberano causa mala impresión: no habla castellano; viene rodeado de una corte de consejeros flamencos (entre ellos, el famoso señor de Chievres, que goza de la confianza del rey) que se reparten los oficios y beneficios sin el menor escrúpulo: el caso más escandaloso fue el nombramiento del sobrino de Chievres, un muchacho de veintiún años, como sucesor de Cisneros en el arzobispado de Toledo.

Carlos I, a los veinte años (por B. Strigel, Galería Borghese, Roma).

Iglesia de San Antolín, Tordesillas. La tradición dice que doña Juana miraba desde la ventana superior de la torre los caminos de Castilla y el correr del Duero (foto D. S.).

Pero hay más: en 1519, don Carlos es elegido emperador y decide marchar cuanto antes a Alemania. El hecho cristaliza el descontento que cunde en Castilla. El regimiento de Toledo toma entonces la iniciativa de una campaña nacional, primero contra los impuestos que la Corte pretende subir para sufragar los gastos de la coronación imperial y luego contra la misma política imperial. La campaña alcanza mayor relieve a principios de 1520 con motivo del llamamiento a Cortes. De los conventos de Salamanca sale, en febrero, un documento enviado a todas las ciudades de voz y voto en Cortes y que resume las reivindicaciones de Castilla: contra los impuestos (el servicio) que el rey quiere exigir antes de su partida: contra el imperio: Castilla no tiene por qué sacrificarse al imperio ni quiere estar sometida al imperio. Y los frailes de Salamanca concluyen con una amenaza velada: si el rey se niega a atender las justas quejas de su pueblo, las Comunidades tendrían que tomar la defensa del reino.

Don Carlos no hace caso de tales advertencias. Reúne Cortes en Santiago y en La Coruña; logra convencer con dádivas y presiones a una mayoría de procuradores que consienten en votar el servicio y se marcha, rumbo a Flandes y Alemania, dejando como regente y virrey a su antiguo preceptor, el cardenal Adriano.

El descontento llega entonces a su colmo. En varias ciudades (Segovia, Burgos, Guadalajara, Zamora, León…), se producen motines contra los procuradores que han votado el servicio, contra los corregidores, contra los arrendadores de impuestos, contra los cómplices de los flamencos… Toledo que, desde el 15 de abril, está regida por una comunidad revolucionaria, compuesta por representantes de todos los estados, dirige, el 8 de junio, una carta circular a las ciudades para que envíen sus procuradores a una Junta a fin de protestar contra el servicio y el nombramiento de un gobernador extranjero.

Castillo de Torrelobatón, última conquista comunera. Aquí comenzó la retirada que terminó en el cadalso de Villalar (foto D. S.).

La asamblea se reúne a primeros de agosto en Avila, pero queda reducida a la representación de cuatro ciudades: Toledo, Segovia, Salamanca y Toro. El Consejo Real trata de reaccionar: encarga a Fonseca, jefe del ejército real, que se apodere de los cañones que están depositados en Medina del Campo; la población se resiste a entregar unas armas que cree destinadas a combatir a Segovia; de la refriega nace un gigantesco incendio que en pocas horas destruye una parte importante de la villa. El escándalo provocado por el acontecimiento contribuye a aislar al cardenal Adriano y al Consejo Real. Muchas ciudades, que vacilaban todavía, se unen ahora a Toledo; la Junta se traslada a Tordesillas, donde a la sazón residía la reina doña Juana la Loca, y allí se reúnen, en septiembre, trece de las dieciocho ciudades que tienen voz y voto en Cortes.

La guerra

Los comuneros parecen dueños de la situación. Pero durante el otoño de 1520 las cosas evolucionan de otro modo: la aristocracia castellana, hasta entonces más bien neutral, se siente amenazada por el movimiento comunero que se extiende ahora en varios sectores del campo castellano. En el mismo momento, Carlos V nombra al condestable y al almirante de Castilla, dos de los principales magnates del país, como corregentes al lado del cardenal Adriano y hace algunas concesiones, como la renuncia del servicio votado en las Cortes de Santiago-La Coruña. Por otra parte, la Junta de Tordesillas se constituye en gobierno revolucionario; pretende dictar varias condiciones al rey que tienden a limitar seriamente sus prerrogativas. Todo ello asusta a los elementos moderados de la Junta; Burgos acaba apartándose del movimiento en octubre. El ejército real, reconstituido con la ayuda de los nobles, desaloja a los comuneros de Tordesillas, el 5 de diciembre de 1520.

La Junta —de la cual se han separado varias ciudades moderadas, a imitación de Burgos— se traslada entonces a Valladolid. Desde allí desarrolla varias acciones bélicas contra los señoríos de la Tierra de Campos y las tropas de los Grandes. A fines de febrero de 1521, el ejército comunero se apodera de Torrelobatón, fortaleza del almirante, pero no sabe explotar la victoria y, el 23 de abril de 1521, sufre una derrota total en Villalar. Toledo todavía resiste durante meses, pero tiene que someterse definitivamente el 2 de febrero de 1522.

Estos fueron los grandes rasgos de la rebelión comunera. ¿Cómo caracterizarla? Repito: principalmente —aunque no exclusivamente —como un movimiento castellano y urbano.

Movimiento castellano

La rebelión tiene sus focos principales en la Meseta. Andalucía quedó siempre marginada. Ya el 15 de junio de 1520, Córdoba le escribía a Toledo que su intención era de no hallarse en junta alguna. A pesar de una propaganda intensiva, durante el verano de 1520, a pesar también de algunas tentativas locales, rápidamente sofocadas, en Sevilla y otros puntos, las ciudades andaluzas no se unen al resto del reino. Hay más: forman, en febrero de 1521, una liga, la Confederación de la Rambla, para contrarrestar los intentos comuneros al sur de la Sierra Morena.

En las provincias vascongada, la situación resulta algo confusa. El conde de Salvatierra aprovecha la oportunidad para saldar cuentas atrasadas con el poder real y otros magnates y aparenta solidarizarse con los comuneros, pero su participación no deja de conservar un carácter táctico y accidental. Galicia y Extremadura no parecen tampoco integrarse dentro de la problemática comunera. El arca geográfica de la rebelión queda perfectamente delimitada por uno de los virreyes de Carlos V, el condestable de Castilla, quien le escribe lo siguiente al monarca, en 30 de septiembre de 1520:

«Todo cuanto hay de aquí [Briviesca] a la Sierra Morena, todo está levantado». En la misma carta pone de relieve la lealtad del país vasco y de la Montaña. Meses después, el 2 de febrero de 1521, cuando la contienda alcanza su punto álgido, el condestable vuelve a insistir en lo mismo:

«Todo el daño del reino está en medio del reino. El Andalucía y reino de Granada y la mayor parte de Extremadura y reino de Galicia y Asturias y estas montañas [Burgos y el norte], todo está bueno a lo que parece».

No toda Castilla, sin embargo, se adhiere al movimiento. Durante el verano de 1520, se nota que Burgos mantiene sus reservas; sus procuradores en la Junta protestan siempre contra el tono revolucionario que Toledo y Salamanca pretenden dar a la asamblea reunida en Tordesillas. Por fin, Burgos acaba rompiendo con la Junta; a 19 de octubre, los mercaderes que dirigen la ciudad se ponen de acuerdo con el condestable y, contra la opinión de la masa popular —«los comunes»— se inclinan a favor del campo realista y de los grandes. En Burgos, los partidarios de la comunidad estuvieron siempre sometidos a la influencia de los caballeros y negociantes; allí «se hacia todo a gusto de los ricos», escribe el cronista del siglo XVI Maldonado, y los ricos no podían contemplar sin inquietud una situación que amenazaba acabar con su predominio. Por eso prefirieron unirse con la aristocracia en su lucha contra los comuneros.

En cambio, en Valladolid, la presión de los medios populares de artesanos, tenderos y pueblo menudo impide toda desviación; impone al contrario una mayor radicalización. Valladolid se convierte así en uno de los centros más dinámicos del movimiento comunero, desde el cual se presiona a la Junta para que no ceje en sus propósitos.

El ámbito geográfico de las Comunidades queda así claramente determinado con sus dos polos, sus dos capitales y centros nerviosos: Toledo y Valladolid. Dentro de este marco, todo lo que se sitúa entre aquellas dos ciudades es comunero: Segovia, Madrid, por ejemplo; lo mismo ocurre con las villas en torno al eje Valladolid-Toledo: Salamanca, Zamora, Palencia… Más allá, la influencia de la Junta va disminuyendo hasta llegar a las zonas anticomuneras que, en Castilla, empiezan en la comarca de Burgos.

No cabe duda de que el movimiento comunero expresa el malestar del centro castellano que se considera como desatendido, sacrificado. Sevilla tiene la Casa de la Contratación, el comercio con América, lleno de promesas. Burgos cuenta con los provechos del Consulado y el negocio con Flandes y la Europa del norte. El centro castellano sufre las consecuencias del desempleo, de la crisis de los primeros años del siglo: las lanas de mejor calidad se exportan al extranjero, privando así a los talleres de Segovia, Zamora, Cuenca… de la materia prima indispensable para el desarrollo de las manufacturas textiles. Las nuevas cargas tributarias impuestas por Carlos V acentúan el malestar. Se tiene la impresión de que Castilla va a convertirse en una colonia del imperio, abastecedora de recursos financieros y humanos para una política que nada tiene que ver con los verdaderos intereses del país.

La derrota de los comuneros (plumilla tomada del cuadro de Manuel Picolo y López).

Toledo, Puente de San Martín, sobre el Tajo, murallas y, al fondo, San Juan de los Reyes (foto D. S.).

De aquella inquietud tenemos dos testimonios fidedignos por ser sus autores hombres que gozaron de la confianza del monarca. Se trata de dos de los virreyes, el condestable de Castilla y el cardenal Adriano. El primero ha logrado, en los primeros días de julio de 1520, restablecer más o menos el orden en la ciudad de Burgos, pero se cree en la obligación de llamar la atención de Carlos V sobre los sentimientos exactos del pueblo. En 7 de julio, le escribe lo siguiente:

«Dicen, muy poderoso Señor, que después que Vuestra Majestad comenzó a reinar, ha mostrado poco amor y poca gana de aprovechar a estos reinos vuestros».

En los mismos días, desde Valladolid, el cardenal Adriano, al referir escrupulosamente lo que está pasando en Castilla, señala con acierto una de las principales reivindicaciones de los comuneros, dispuestos a resistir a toda dominación y a toda explotación:

«Dicen expresamente que las pecunias de Castilla se deben gastar al provecho de Castilla, y no de Alemania, Aragón, Nápoles, etcétera, y que Vuestra Majestad ha de gobernar cada una tierra con el dinero que de ella recibe».

Castillo apoyado en las murallas de Zamora. Sobre la entrada se eleva
la bandera amarillo-morada de Castilla (foto D. S.).

Murallas de Segovia, desde las que los comuneros consiguieron rechazar a Rodrigo Ronquillo (foto D. S.).

Quedan así perfectamente aclarados los pensamientos y propósitos de unos rebeldes que pretendían ante todo defender el reino contra el mismo rey, acusado de tener poca simpatía para sus súbditos y de no preocuparse en absoluto de lo que hoy llamaríamos la independencia nacional.

Revolución urbana

El campo también aprovechó las circunstancias para tratar de sacudir en varios puntos el yugo señorial, pero la revolución nació, se desarrolló y murió en las ciudades, unas ciudades que conocen desde fines del siglo XV un crecimiento demográfico y una vida económica e intelectual incuestionables. Felipe Ruiz Martín las ha clasificado de la siguiente manera, según su actividad preponderante: Burgos (unos 9.000 habitantes), Medina del Campo (20.000 habitantes), Toledo (30.000 habitantes) se dedican principalmente al comercio; Segovia (15.000 habitantes) y Cuenca a las manufacturas de paños y a la ganadería; Salamanca (13.000 habitantes) a la agricultura y a la actividad universitaria; Valladolid (38.000 habitantes), sede de la Chancillería, a las tareas burocráticas, jurídicas y administrativas, al artesanado de lujo también, como lo ha demostrado Bennassar en su libro sobre la villa.

Aquellas ciudades atraen el exceso de población rural. Del campo acuden a ellas labradores en busca de empleos y de una vida menos miserable. Pero los talleres, las casas señoriales o burguesas, los palacios y oficinas del Estado no siempre bastan a ocupar a los recién llegados; las Cortes celebradas en Valladolid, en 1518, en presencia de don Carlos que acababa de llegar a Castilla, ya han dado un grito de alarma ante la marea de mendigos, maleantes y picaros que viven en los centros urbanos, atraídos por el lujo, la vida fácil, el dinero que corre…

Este es, pues, el trasfondo social de las Comunidades: un mundo urbano, caracterizado por grandes concentraciones humanas, por lo menos para la época, por estampas de un lujo soberbio, por tremendos desniveles clasicistas entre ricos y pobres, con sus tentaciones e inquietudes. Este es el ambiente en que se mueven los personajes de la Celestina y de las novelas del ciclo celestinesco, tan de moda entonces, el ambiente del hampa que cobijan las grandes ciudades en aquella época de crecimiento demográfico y de concentración urbana. Este es también el telón de fondo en que aparecen las comunidades, con sus esperanzas y sus proyectos que pronto quedarán frustrados, a raíz de la derrota de Villalar.

Plaza de Villalar donde fueron ejecutados los comuneros. A finales del siglo XIX se erigió el obelisco en su memoria (Foto D. S.).

En el movimiento comunero cuajaron las ilusiones, las aspiraciones y las inquietudes de aquellas poblaciones urbanas y el afán por reforzar los lazos de solidaridad entre miembros de una misma nación y de una misma ciudad. Lo dice bien a las claras la misma palabra de comunidad que acabará dando su nombre a todo el episodio: se trata de fomentar la participación de todos los vecinos —castellanos y comuneros, en el sentido estricto de la palabra, es decir, hombres del común, del tercer estado— en la vida municipal por medio de juntas locales, de ayuntamientos públicos, de reuniones de barrios, en las cuales todos tienen el derecho de intervenir libremente y las decisiones deben conformarse con la voluntad general, sin que los privilegios de sangre o de fortuna tiendan a predominar.

Otros, por las mismas fechas, hablan de «la voz del pueblo, que es voz de Dios».

Estas comunidades locales así entendidas tienen, pues, tendencias marcadamente igualitarias y en ciertas ocasiones republicanas. ¿Se pensó entonces en transformar a Castilla en una federación de ciudades libres como las que existían en Italia? Hay indicios bastantes para creerlo. De todas formas, el proyecto comunero tendía a una amplia comunión social que uniría a todos los sectores de la población —caballeros, pueblo y clerecía—, acabando con las desigualdades anteriores y devolviendo a cada uno su dignidad personal: «En esto principalmente se hace [se trata] de vuestra libertad y de [la de] vuestros hijos y descendientes, y como seais tratados como hombres y súbditos, y no como esclavos», escribe la Comunidad de Valladolid, en enero de 1521, a los vecinos de Becerril y Santa María del Campo, para animarlos a unirse al movimiento. Se comprende, en estas condiciones, la resistencia de los nobles y de todos los que no quieren renunciar a sus privilegios; éstos se excluyen a si mismos de la comunidad, que los trata lógicamente como traidores y adversarios.

Lápida conmemorativa situada en el obelisco de Villalar, dedicada a la memoria de doña María Pacheco, Padilla, Bravo y Maldonado (Foto D. S.).

Entre las varias comunidades locales se establecen también lazos de hermandad y solidaridad. Porque temían que su artillería se emplease para castigar Segovia, los vecinos de Medina del Campo resistieron hasta que se quemó su villa; y porque se incendió Medina, acudieron los procuradores de casi toda Castilla a Tordesillas y uno de los primeros actos de la Junta allí congregada fue redactar una carta de hermandad en la que cada ciudad se comprometía a defender a cualquier otra que se viera amenazada.

¿Cabe hablar ya de un sentimiento nacional? Maravall prefiere emplear el término menos anacrónico de protonacional para caracterizar lo que está naciendo entonces. De todas formas, no cabe duda de que las comunidades desarrollaron una fuerte corriente de solidaridad, primero dentro del recinto de las ciudades y luego entre las distintas ciudades, solidaridad que chocó con la dinastía, acusada de no tener en cuenta los verdaderos intereses de Castilla, y con la aristocracia, sólo preocupada por defender y ampliar sus privilegios, muchas veces a expensas del «patrimonio real», es decir, de la colectividad, del bien común. Dentro de esta perspectiva, era lógico que los hombres de negocios de Burgos, dominados ya por pruritos aristocráticos, se apartaran del bando comunero y contribuyeran eficazmente a su derrota.

Fragmento de la picota en la que, según la tradición, fueron colgadas las cabezas de Padilla, Bravo y Maldonado (Foto D. S.).

Así se explica el papel preponderante que desempeñaron las ciudades castellanas en el movimiento comunero. De Toledo, Madrid, Valladolid, Segovia, Salamanca, Palencia, Zamora… salieron los jefes militares (Padilla, Maldonado, Bravo) o políticos (don Pedro Laso de la Vega, el licenciado Bernardino, Alonso de Saravia…) del movimiento: de aquellas ciudades sacaron los comuneros sus milicias, sus recursos financieros, sus partidarios más entusiastas en los medios de artesanos, tenderos, operarios; allí se forjaron formas nuevas de vida política: asambleas populares (las cuadrillas de Valladolid, las parroquias de Toledo, las colaciones de Segovia, las vecindades de Burgos…) que se reunían en las iglesias y discutían los problemas candentes: los conventos y universidades (en Salamanca, Valladolid, Alcalá de Henares) dieron al movimiento sus intelectuales (letrados, abogados, escribanos, teólogos, profesores) y sus propagandistas (los frailes dominicos y franciscanos) que explicaban a los vecinos, desde el púlpito, que el reino no era del rey, sino de la comunidad.

La protesta comunera estalló en Toledo, en el verano de 1519; halló en Salamanca, en febrero del año siguiente, su programa casi definitivo; tuvo su sede en Avila, primero, luego en Tordesillas y por fin en Valladolid; murió, después de larga agonía, en Toledo, en febrero de 1522. A pesar de los ecos que despertó en importantes sectores del campo, el movimiento comunero encontró, pues, en las grandes urbes castellanas sus focos de predilección, su terreno favorito, sus partidarios más decididos.

Movimiento castellano, movimiento urbano, fue también en todos los sentidos de la palabra un movimiento popular. Bien lo comprendieron así los que, en Toledo, aclamaban al obispo Acuña como «remediador de los pobres» o los vecinos de Segovia, en aquel día de junio de 1521 en que los restos de Juan Bravo se sacaron de Villalar para ser depositados en el sepulcro de la familia: mientras pasaba la comitiva en medio de una muchedumbre impresionante, estrechamente vigilada por las tropas reales vencedoras, las muchachas del pueblo exclamaban: «Doleos de vos, pobrecitos, que éste murió por la comunidad». Quizá tengamos en este grito de dolor la más sentida definición de lo que quisieron ser las comunidades. Juan Bravo, Padilla, Maldonado, los héroes más conocidos de aquel dramático episodio de la historia de España, fueron considerados en el siglo pasado como «mártires de la libertad». El anacronismo ha sido muchas veces censurado, y con razón; lo que si se puede afirmar de ellos es que efectivamente murieron, como se gritó en Segovia, por la comunidad, es decir, por una sociedad más fraternal, más calurosa, más humana.

Murallas de Ávila (foto de D. S.).

DESPUES de que un ingenioso ensayista, a fines del siglo pasado, tuvo la ocurrencia gratuita, basándose en una confusa intuición recogida en Menéndez Pelayo, de presentar el movimiento comunero como un episodio de carácter regresivo, en sentido inverso a la modernidad que se inauguraba con el Imperio de Carlos V, tal tesis se difundió fácilmente —en Unamuno, Marañón, tantos otros—. Una interpretación así tenía a su favor aparecer como producto de un espíritu crítico muy al día.

Sin embargo, al estudiar, dentro de la perspectiva de mi plan de investigación sobre la formación del Estado moderno, la figura histórica, no biográfica, de Carlos V y el entorno ideológico-político en que se desenvolvió su reinado, tarea que abocó a mi libro de 1960[1], empecé a ver de otra manera la cuestión. Llegué a ciertas conclusiones que no encajaban bien con aquella valoración, sin duda un tanto apresurada, sobre el enfrentamiento de los comuneros castellanos con el gobierno del Emperador. En efecto, no se podía dejar de advertir que en 1519-1521, Carlos de Gante —como algún historiador ultrapirenaico le llama— se hallaba todavía inmerso en la concepción patrimonialista acerca de la naturaleza de la dominación política que recibiera como herencia familiar borgoñona.

Fernando e Isabel (detalles de la tabla La Virgen de los Reyes Católicos).

En segundo lugar, en esas fechas en que recae sobre sus hombros el Imperio —Imperio al que los españoles del momento llamarán de Alemania—, no se ha desprendido de la formulación medieval del Sacro Romano Imperio.

En tercer lugar, aun después de derrotadas tristemente las tropas comuneras y a pesar de la represión que siguió duramente al episodio de Villalar, nunca se extinguieron los ecos de una soterrada, pero no eliminada, adversión castellana a lo que Carlos V representara, de manera que quienes construyeron, con mejor o peor acierto, aunque siguiendo una línea claramente definible, el Estado moderno de base protonacional en tierras peninsulares[2], dejaron siempre de lado cualquier referencia al gobierno de Carlos V, para buscar un entronque con los Reyes Católicos, cuyo mito precisamente los comuneros se habían adelantado en levantar.

En el conjunto de una situación histórica, no se pueden cortar y separar los caracteres de los factores que en ella juegan, presentándolos como en estado puro, aislados unos de otros. Pero lo cierto es que, a poco de estudiar un cierto volumen de documentación sobre las Comunidades —comprendidos los textos ideológicos que sobre tal movimiento se produjeron en la época misma—, se llega al convencimiento de que, interpretativamente, si hay que dar la calificación de «moderno» a alguno de los bandos enfrentados en aquella crisis, creo que hay que atribuirlo al de los rebeldes comuneros. Merece la pena señalar que, desde su derrota hasta la época contemporánea (en voz baja durante los siglos XVI y XVII, con una declarada carga de oposición al régimen establecido, durante el XVIII, o con retórica que busca el contagio popular, durante el XIX), cada vez que nos encontramos con un pensamiento inspirado por una aspiración de profundo cambio político, tropezamos con un recuerdo de las Comunidades, convertidas en mito de nuestra historia revolucionaria y modernizadora.

Hostilidad social

Demos por admitido provisionalmente su carácter «moderno»: pero entonces resulta sugestivo intentar ver si ese hecho que caracterizamos como una rebeldía moderna, puede ofrecer aspectos que nos permitan, en segundo lugar, calificarlo de «revolución». Enfocar esta cuestión con un sentido histórico, ha de apartarnos tanto de la posición hipercrítica de pensar que no hay revoluciones que deban llamarse así hasta una época muy avanzada (aunque sea la fecha ilustre del «14 Juillet» francés), como del intento presentado por R. Pillorget, quien, en los movimientos insurreccionales franceses del siglo XVI, busca el modelo que en ellos subyace, en tanto que pueda estimarse válido «para todos los tiempos y para todos los países, constatación que confirma la permanencia de aspiraciones, temperamentos y comportamientos humanos»[3].

No se trata, sin embargo, de ir en busca de esas constantes de raíz cuasi biológica, suponiendo que existan. Ciertamente que en todas las sociedades conocidas se han encontrado y se encuentran grupos de individuos que rechazan el orden establecido y se lanzan a un movimiento de violencia armada, con el objeto de transformarlo. Baechler, al observarlo así, no da a estas manifestaciones de agresividad social (tal vez es mejor decir de hostilidad) —las cuales pertenecen al campo de las mutaciones sociales—, el nombre de revolución, sino que se sirve atinadamente de la expresión, más genérica y amplia, de «fenómenos revolucionarios»[4].

Pienso, desde luego, que la revolución es un modo muy especifico de presentarse esos fenómenos: un modo que se da en un periodo de la historia moderna, periodo que algunos hacen arrancar de la segunda mitad del siglo XVIII con la Revolución americana, que otros adelantan en más de un siglo, a la Revolución inglesa, y que investigaciones de los últimos años en diversos países — Nápoles, Francia, Alemania, España, etc.— tienden a poner ya de manifiesto en el siglo XVI, y aun con borrosas aunque interesantes anticipaciones fragmentarias que se vislumbran en el siglo XV. En esa linea publiqué en 1963, mi libro sobre las Comunidades poniendo el acento en su presentación conforme al tipo de una «revolución moderna», desenvolviendo la tesis que algún tiempo antes había expuesto en la Sorbona, en un curso de varios participantes sobre los «movimientos populares»[5]. Creo que el excelente libro de R. García Cárcel sobre las Germanías valencianas —a pesar de la ambigüedad del movimiento, destacada por el autor—, pone de relieve, de todos modos, la ampliación de las actitudes revolucionarias a otros reinos de la Península[6], sobre cuyo fondo conflictivo se definen los trazos de la violenta subversión castellana[7].

Esta línea de interpretación ha sido reforzada posteriormente por las investigaciones que aporta y las conclusiones que de ellas obtiene el profesor Joseph Pérez[8]. Mi obra señalaba ya algunas interesantes repercusiones entre la población del estrato bajo y la derivación incontenible de la insurrección, a pesar de la contención procurada por alguno de sus jefes, hacia francos aspectos de subversión de contenido social. Una bien trabajada tesis del profesor Gutiérrez Nieto amplió ulteriormente estos aspectos[9].

Proyecto revolucionario

Empezaré por observar que en la estructura de toda revolución se inserta, como un elemento de la misma, la presencia de lo que Sartre, en su «Critique de la raison dialectique», llama «proyecto revolucionario». Desde la base de la antropología de Ortega que ha señalado el carácter radical de la condición proyectiva de la vida humana (a diferencia de la condición reactiva del animal), esta idea podría enriquecerse y desarrollarse ampliamente. Parece incuestionable que toda sociedad que entra en el marco de la historia cuenta con un proyecto en ella vigente, el cual no es una imagen gratuita, meramente mental, sino un programa de actividades múltiples y entrelazadas, un proyecto concreto y real, del cual resulta, eso si, la imagen que la sociedad y sus individuos tienen de esa empresa común de su convivencia. Pero frente a este proyecto vigente en que se basa el orden existente, la revolución presenta un proyecto discrepante, para reemplazar al otro y que, como aquél, es, no menos, un proyecto real, operativo. Uno y otro, proyecto «establecido» y proyecto «revolucionario», tienen una común condición de proyectos colectivos[10], bien que no en el sentido de que todos les presten consenso y los acepten de la misma manera. Respecto a cada uno de ellos, el fin que se busca, el grado de adhesión que se le presta, las razones de su aceptación o repulsa, el modo de participar, etc. son diferentes.

También con el proyecto revolucionario se exige que cuente con él un amplio grupo, capaz de una actuación pública en favor de aquél, que supere un dintel de eficaz amenaza. No puede quedarse en mera ocurrencia personal, más o menos compartida por unos cuantos, De momento, saquemos de esto la conclusión de que requiere unas ciertas motivaciones para su inserción en un ámbito social. Pues bien, en el siglo XVI castellano, las causas que se puede decir que desencadenaron desde su comienzo una considerable movilidad horizontal o territorial, unidas a otras de carácter coyuntural que provocaron un evidente crecimiento económico, demográfico, cultural, etc., especialmente en Castilla, visibles ya desde fines del siglo XV, facilitaban a su vez un aumento del indice de movilidad vertical o ascendente. Durante buena parte de este siglo renacentista se continuó, sin duda, ese aumento y ello promovió la difusión de una imagen expansiva de la sociedad coetánea[11]. Pero el incremento de esa movilidad ascendente fue de hecho mínimo, en relación al potenciamiento de las energías individuales que las múltiples experiencias del Renacimiento habían traído consigo, erosionando la construcción jerárquica de la sociedad estamental.

Guillermo de Croy, camarero mayor y favorito de Carlos I,
uno de los flamencos que más irritaron a los castellanos.

Doña Juana y Felipe el Hermoso (Historia de P. Mariana).

Esta última circunstancia dio lugar a que la nobleza que había empezado a soportar fuertes criticas, no en sus miembros singulares, sino como estamento —en relación a su función social y al modo de cumplirla— comenzara a asumir una actividad de «élite de poder» (de tipo moderno), dejando en segundo lugar su posición de estamento organizado e institucionalizado. Su incapacidad final para adaptarse a este empeño, la llevó al fracaso («la Historia es un cementerio de aristocracias», escribió Pareto) y suscitó la reflexión sobre la necesidad de fomentar unos grupos intermedios («clases moyennes», no duda en decir P. Vilar). En el comienzo de ese período están las Comunidades. Cumple así el movimiento de estas últimas con el carácter que señalaba Pareto: las revoluciones se producen con frecuencia debido a atascos en la «circulación de las élites», que cortan la corriente de la movilidad vertical y dan lugar a que se acumulen en los niveles altos del sistema vigente de dominación política individuos sin condiciones para permanecer en los mismos, a la vez que se concentran en capas inferiores de la pirámide social individuos que poseen capacidad para funciones más elevadas y que se ven impulsados por un afán ascendente a cambiar de puesto en la estratificación de la sociedad[12].

Presión social

El reconocido auge castellano de fines del siglo XV y primeras décadas del XVI dio base para esa innegable tensión de dinamismo social que los propios testimonios de la época nos transmiten. Ese crecimiento castellano es bastante anterior al descubrimiento de América e independiente de él: está bien clara su imagen, antes de que comiencen a llegar a la Península los metales preciosos de las Indias.

El hecho de haberse librado del azote de las últimas pestes, de haberse mantenido aparte de las guerras europeas y mediterráneas del último periodo medieval, de haber desarrollado por esta razón ampliamente el comercio marítimo, de haber visto incrementada la producción de cereales —la intensa actividad roturadora de tierras comienza en ese tiempo— y la producción y exportación de lanas, más —aparte de otros factores— la subida del volumen demográfico, crean en Castilla una presión social, en busca de una nueva distribución de la población en los diferentes estratos. Y a partir de esa situación, con la introducción de pruebas de nobleza y de limpieza, en tantas ocasiones, los privilegiados se proponen responder contrariamente cerrando, o estrechando al menos, los canales de acceso a estratos superiores. Las Ordenes militares, por ejemplo, introducen la exigencia de ser nobles los admitidos a ellas —con las consiguientes pruebas que requieren influencias y dinero—: y ello no porque antes entraran los pecheros, sino porque en una situación inmovilista, tradicional, no había peligro de que esto ocurriera y no era necesario precaverse; pero en las nuevas circunstancias sociales, sí.

Seguramente, las dificultades de tipo social y aun económico no hubieran impulsado por sí solas una sacudida revolucionaria como la comunera. Refiriéndose a revueltas más tardías, que otros autores han estudiado en el marco del siglo XVII, en diferentes países, R. Forster y J. P. Greene sostienen que el descontento social nunca pudo provocar por su cuenta ninguna de las cinco sublevaciones con carácter más o menos discutiblemente revolucionario, que ellos toman en consideración, las cuales, en su opinión, no son fenómenos de ruptura en el cuerpo social, sino de rivalidades entre subgrupos emplazados dentro de la misma élite[13]. No me siento conforme con esta interpretación y si la aduzco es para hacer ver que para que un movimiento presente carácter de revolución y se considere como tal, no obsta que se estime en él una limitación como la que ambos autores enuncian; pero, sobre todo me interesa hacer constar que de ello mismo se desprende que la revolución afecta al reclutamiento de la clase dominante —a lo que yo me atrevería a añadir— que lleva consigo un amplio ataque al sistema de integración social, en sus diferentes niveles.

Si efectivamente hay que distinguir entre pre-condiciones y hechos precipitantes de una revolución[14], no cabe duda de que los conflictos entre aspiraciones sociales son la amplia base de la que reciben la fuerza de su eficacia las causas desencadenantes, los radicalizan los enfrentamientos y les hacen adquirir su carácter revolucionario. Una revolución no es un momentáneo estallido, sino el proceso que le precede y le sigue. Aunque la radicalización y el despliegue de su proyección ideológica se vayan produciendo, a partir de la explosión violenta, tampoco cabe duda de que resultan ya perfectamente discernibles en aquellos condicionamientos que preceden, en su alcance, su fuerza, su contenido.

Cualquiera que, sin olvidar la imagen de la situación de auge castellano, a que antes me he referido, lea las actas de las Cortes castellanas de la segunda mitad del siglo XV, y también algunos de los escritos de critica social de la época[15], se dará cuenta del doble factor condicionante de presión social y de elaboración ideológica de aspiraciones de cambio, que forman la base del movimiento de las Comunidades, de donde procede su carácter revolucionario.

Visto así se comprende que se atribuyera a los Reyes Católicos que hubieran acertado a contener la violenta ruptura revolucionaria previsible ya en tiempos de Enrique IV y provocada con Carlos I. Aquellos supieron utilizar la energía de los grupos en fase ascendente —y esto es lo que el Almirante Enríquez le hace advertir al reciente Emperador—, mientras que esos mismos grupos creyeron encontrar, no sin fundamento, en el nuevo soberano y en su equipo gobernante, un grave obstáculo a sus impulsos de movilidad. Esto y no una gratuita xenofobia, es lo que enciende el odio a los extranjeros. Si esa hostilidad al extranjero se da es porque se ve en ellos la causa de ese taponamiento en la circulación de las élites. Por eso, desde el siglo XV se pide y en el XVI se repite machaconamente en todas las Cortes, la reserva de los puestos en la Administración y en la Iglesia a favor de los naturales del reino.

Hicieron mayor al Rey

La revolución lleva siempre consigo —ya ha quedado dicho— un proyecto revolucionario. Sorprende que en las Comunidades surjan rápidamente, desde su inicial fase en Avila a su periodo de Tordesillas, unos capítulos de peticiones en los que se contiene todo un programa de directrices de gobierno, lo cual se encuentra también expresado en cartas de unas ciudades a otras, en Cuadernos de instrucciones de ciudades a sus representantes (como las de Valladolid), en textos que comentan coetáneamente los acontecimientos. Naturalmente, el último plano a que alcanzan esas peticiones de cambio no es otro que el del poder supremo.

Pero no se trata de que pase de unas manos a otras, como en un golpe de Estado, o de un «bando» a otro, conforme al esquema de las revueltas nobiliarias precedentes (que M.ª Isabel del Val ha estudiado). Se trata de toda una manera de entender el poder. Creo que el comentario más agudo y, en su brevedad, más completo, sobre la significación de las Comunidades es el que escribió López de Gómara, años después de terminadas, cuando al dar cuenta de su comienzo en el año de 1520 y de su ulterior fracaso, escribe «hicieron mayor al Rey de lo que antes era, queriéndole abatir»[16]. Esto es, el levantamiento comunero quería corregir la marcha hacia el absolutismo en la naciente figura renacentista del príncipe soberano y en los términos de su ejercicio.

Repetido en documentos de comuneros (tal, Gonzalo de Ayora, Pedro de Alcocer), de testigos (como Juan de Maldonado o Antonio de Guevara) o de comentaristas e historiadores inmediatamente posteriores a los sucesos (entre ellos, Alonso de Santa Cruz, Prudencio de Sandoval, Antonio de Solís, etc.)[17], ese planteamiento tiene una doble repercusión, que confirma los caracteres revolucionarios del proyecto. En primer lugar, ampliación del circulo de los que participan en integrar la voluntad que ejerce el poder. Esto es propio de toda revolución —y no será incompatible en el futuro con que se acabe montando una nueva estructura elitista que continuará apelando, no obstante, a una nueva amplia capa de sustentación, tal vez mediante manifestaciones de unanimidad, manipuladas desde arriba. La posición de la Junta de Tordesillas, asumiendo todo el poder del Estado, y su autoconcepción como unas Cortes extraordinarias, que hoy llamaríamos constituyentes, así como los compromisos sobre un nuevo orden constitucional que, en sus negociaciones, se esfuerzan por arrancar al Almirante, está bien clara a este respecto.

Dos ilustraciones de la salida de Carlos I de La Coruña con destino a Gante (Biblioteca de El Escorial).

Sede obispal de Zamora, de donde salió el obispo don Antonio de Acuña, uno de los más distinguidos y polémicos comuneros (foto D. S.).

En segundo lugar, una apelación suprema a la libertad que aparece como inspiración del nuevo orden. En mi estudio de 1963, ya hice ver que apenas hay documento de los comuneros o referido a ellos, con un cierto contenido ideológico —y son muchísimos los de esta clase— que no plantee, expresándolo en singular, el tema de la libertad. Esta «libertad» tiene un carácter político, no de libertades privadas, esto es, equivale a garantía de la participación en un gobierno propio. Por eso, yo tendría muchos reparos en calificar a las Comunidades de «revolución liberal», pero no tendría demasiado inconveniente en llamarla «democrática», porque estaba más en esa linea la tradición comunal del último Medievo y porque el término se encuentra en textos de la época (principalmente, en el fundamental relato de Juan de Maldonado, contenido en su manuscrito original latino «De motu Hispaniae»).

A diferencia de lo que acontece con movimientos milenaristas o de naturaleza semejante, la revolución supone que el nuevo orden es creado o arrancado por mano de los hombres. Como se dice en el documento marxista, polémicamente revolucionario por excelencia, el mundo nuevo se gana. Es revelador, a este respecto, la carta del Almirante en la que confiesa no entender por qué los insurrectos prefieren obtener con sangre lo que pretenden, en lugar de que graciosamente les haga el Emperador unas concesiones que equivalen prácticamente a sus pretensiones[18]. Ello pone en claro, una vez más, ese plano de transformación radical del orden mismo del poder.

Crear novedad

En tanto que obra humana, y, por tanto, imputable a los actores de un «santo» levantamiento popular, sólo se puede hablar de revolución a partir del momento en que se alcanza la experiencia nueva que demostró históricamente la capacidad del hombre para crear novedad. No puedo aceptar que ello arranque de las Revoluciones americana y francesa, al modo que sostiene H. Arendt. Estimo que la capacidad para la novedad, asociada a la idea de libertad, propia de la figura del hombre creador, se halla inserta frecuentemente en los orígenes de la mentalidad moderna y puede muy bien manifestarse y de hecho se manifiesta en la actuación de los primeros revolucionarios que se encuentran ya en el XVI. Pero creo, con la profesora Arendt, que «ni la violencia ni el cambio pueden servir para describir el fenómeno de la revolución: Sólo cuando el cambio se produce en el sentido de un nuevo origen, cuando la violencia es utilizada para constituir una forma completamente diferente de gobierno, para dar lugar a la formación de un cuerpo político nuevo, cuando la liberación de la opresión conduce, al menos, a la constitución de la libertad, sólo entonces podemos hablar de revolución»[19]. Sólo cambiaría, en el texto que precede, decir «conduce» por «tiende a conducir». Y añadiría que los perfiles no son tan claros antes de 1789 (tampoco lo eran ni cuando los diputados franceses entraron en los «Estados Generales» convocados por Luis XVI).

Un manifiesto y difundido contenido ideológico se pone de manifiesto desde muy pronto en los movimientos revolucionarios. No se trataba de una ideología sistemática y completa, no de un proyecto de reforma política y social, claramente elaborado; pero sí de un pensamiento inspirador que fue proyectando un replanteamiento del orden político y social: muchas veces —las más— se trataba de reinstaurar, no de innovar, lo que no quiere decir que tales movimientos no acabaran introduciendo la novedad. Forster y Greene concluyen que en todos los casos estudiados «lo que comenzó por constituir un movimiento para restaurar y preservar una herencia, forzando para ello cambios en el régimen o en el gobierno, acabó siendo una petición de alteraciones básicas en el sistema político o en la estructura constitucional»[20].

Factor protonacional

Desde Marx (en algunas conocidas páginas de los «Anales franco-alemanes») a historiadores marxistas como Decouflé o conservadores como Arendt, han señalado ese carácter de reinstauración de los movimientos revolucionarios. No sé si ello basta para hablar del carácter de «historicidad» como uno de los que ofrece el proyecto revolucionario[21]. Pero en cualquier caso, las Comunidades comienzan con un enunciado de «restauración» que se fija, desde luego, con bastante imprecisión, en el momento de los Reyes Católicos, sin que falte la apelación a algún precedente más lejano, a título legitimador —por ejemplo, a las Partidas—. Y ni que decir tiene que la subsiguiente actuación de la Junta, ejerciendo un poder soberano en tanto que Cortes populares, va mucho más allá de cualquier modelo tradicional.

Salamanca, Torre del Clavero (Foto D. S.).

Valladolid, iglesia de San Pablo (Foto D. S.).

Digo Cortes populares, en el sentido corporativo de la palabra «pueblo». Es decir, pueblo equivale al concepto político de «todos», formando cuerpo y hecho presente a través de sus representantes. La constante referencia en los documentos emitidos por la Junta a que ella representa a «todo el reino» o asume la voluntad, los intereses, los derechos, de «todo el reino», de «todo el pueblo», es, en mi entender, uno de los más definidos caracteres revolucionarios de la Junta. He recordado alguna vez que justo un proceder así era lo eminentemente revolucionario para un Donoso. Y Marx nos dirá que toda clase ascendente, con objeto de alcanzar su meta, tiene que presentar su interés como interés común de toda la sociedad[22]. Mi parecer es que responde a este planteamiento ese precoz sentimiento de una nueva forma de comunidad política, revelando ya caracteres de tipo «nacional», que se da en las Comunidádes. Ha sostenido J. H. Elliot que en las rebelaciones que alcanzan una moderna forma de «revolución» no hay que olvidar la presencia de un fermento «nacional» que se halla en evolución[23]. Propuse hace tiempo llamar «protonacional» a la forma de comunidad política que coagula en los primeros siglos modernos (XV a XVII)[24]. Y pienso que un factor protonacional se entreteje en los «proyectos» revolucionarios desde el siglo XVI, muy acentuadamente en las Comunidades. Algunos historiadores modernos han considerado esto con cierta miopía, como una manifestación negativa, retrógrada, de xenofobia, como ya he dicho. Mi opinión es que esa formulación protonacional responde, por parte de las clases ascendentes, a una pretensión de ampliación del marco de la movilidad social que resulta perfectamente coherente con lo que se ha expuesto hasta aquí.

Grupos de acción

Esa ampliación del marco, hasta comprender en él a toda la comunidad, en busca de legitimación y potenciamiento de la subversión, requiere una extensa labor de propaganda y da lugar a la aparición de la figura de los agitadores y de los grupos de acción. De lo primero es buena prueba, en la ocasión de las Comunidades, el gran número de cartas que las ciudades sublevadas expiden, con finalidad persuasiva o polémica, y cartas también entre los personajes que vivieron el drama, documentos en los que con tanta frecuencia se descubren pasajes de carácter doctrinal o ideológico. Joseph Pérez estudió el papel, a este respecto, de los frailes[25]. Los relatos de la época contienen muchas referencias interesantes sobre la presencia de tales elementos en Toledo, Segovia, Burgos (sobre esto último es inestimable como «estampa revolucionaria» el relato ya citado de Maldonado). En las «Relaciones de los pueblos de España», redactadas en la época de Felipe II, aparecen repetidos testimonios todavía en este sentido[26]. La intervención de la multitud enardecida en las jornadas más violentas —en Burgos, Medina del Campo, Segovia, Toledo, Valladolid, etc.— es un aspecto sobradamente conocido. Así también se da la comprobación que de las revoluciones hacia en general W. Pareto: «generalmente los individuos de los estratos inferiores son capitaneados por individuos de los estratos superiores»[27].

Plaza de Torrelobatón (foto D. S.).

Esto concuerda con la observación de Forster y de Greene sobre los primeros movimientos subversivos modernos, acerca de la deserción de una parte de la élite, relativamente al puesto que estamentalmente tenía asignado. Y a su vez es una comprobación de que es licito ver en las Comunidades una alteración en los canales de la movilidad social. Finalmente, aunque esto cae ya en la zona silenciosa que bordea el cuadro de la historia, hay que señalar la presencia de esa multitud simpatizante que sale gozosamente a presenciar el paso de las tropas sublevadas y a alentarlas, sobre lo que, de todos modos, alguna referencia documental queda, esa multitud que esperaba un último giro de la revolución en que fueran acogidas sus angustiadas reivindicaciones antiseñoriales.

Cronología

1517.—Llegada de don Carlos a España para hacerse cargo del trono, para el que habla sido elegido el año anterior, pese a la oposición de Cisneros y del Consejo Real (doña Juana, madre de don Carlos, vive todavía). El nuevo rey llega a España con total desconocimiento de sus peculiaridades políticas y hasta del castellano. Viaja rodeado de consejeros flamencos, entre los que destaca el señor de Chièvres, que consigue para su sobrino, Guillermo de Croy, de 21 años, el arzobispado de Toledo. El nombramiento causa profundo malestar en la sede primada.

1519.—Don Carlos es designado emperador. Llamamiento a todas las ciudades solicitando nuevos impuestos para sufragar los gastos de la coronación y de la política europea del emperador. Don Carlos decide marchar cuanto antes a Alemania.

1520.—Toledo, que se siente agraviada por el nombramiento de Guillermo de Croy, se pone a la cabeza de un movimiento general de protesta contra la política de don Carlos, especialmente por la cuestión de los nuevos impuestos. El consejo de Toledo, con Juan de Padilla al frente, se declara en abierta rebeldía. El clero toledano apoya decididamente el movimiento organizando una procesión para rogar a Dios que «iluminase el entendimiento y enderezase la voluntad del rey al buen gobierno de estos reinos».

Don Carlos, desde Galicia, donde ha reunido las Cortes en Santiago y La Coruña, requiere a Padilla y a los demás regidores de Toledo, para que respondan de su conducta. La respuesta de Padilla será un motín popular y la toma del Alcázar, así como la expulsión del corregidor de la ciudad en nombre de la «comunidad» de Toledo, constituyendo al propio tiempo una Junta de Gobierno.

Las ciudades de Castilla con voto en Cortes reciben noticias sobre la actitud de sus procuradores en Santiago y La Coruña que, bajo dádivas y presiones, han acabado votando en favor del «servicio» (impuesto), lo que provoca graves alborotos. El emperador parte para Flandes y Alemania, dejando como regente a su preceptor el cardenal Adriano, hombre débil y poco resuelto.

Juan Bravo encabeza la rebelión de Segovia, que se salda con la muerte de dos alguaciles y del procurador Rodrigo de Tordesillas, quien en las Cortes de La Coruña había votado en favor del impuesto previo soborno. El movimiento de protesta se va generalizando por las tierras castellanas: Zamora (donde destaca el obispo Antonio de Acuña), Toro, Madrid, Soria, Avila, Cuenca, Burgos, León y otras van constituyendo su respectiva comunidad en medio de un clima de atropellos y violencia y con una evidente falta de unidad en el movimiento. El cardenal regente reúne en Valladolid al Consejo de Regencia pidiendo medios para castigar a Segovia por la muerte de su procurador. Los segovianos, dirigidos por Juan Bravo, y ayudados por gente armada de Madrid y de Toledo, impiden la entrada en la ciudad a las tropas realistas, a cuyo mando se encuentra el alcalde de Corte, Rodrigo Ronquillo, famoso por su dureza.

Adriano ordena a la ciudad de Medina del Campo que entregue la artillería de la plaza para emplearla contra los segovianos. Los de Medina se niegan y el cardenal regente manda tomar la ciudad, que es incendiada el 21 de agosto. La destrucción de Medina agrava la situación y ciudades como Palencia, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Jaén, Ubeda y Baeza, que hasta entonces se hablan mantenido fieles al rey, proceden también a la formación de sus comunidades.

Los comuneros, que hasta ese momento han actuado de forma espontánea y anárquica, deciden elaborar un plan conjunto. La comunidad de Toledo envía una carta a las restantes comunidades invitándolas a enviar sus delegados a Avila. Allí constituyen la Junta Santa el 29 de julio, nombran al toledano Pedro Lasso de la Vega presidente de la misma y a Juan de Padilla capitán general de las fuerzas comuneras. La Junta Santa se declara emancipada del gobernador y de su Consejo, se incauta de las rentas reales destinándolas a sus milicias y organización. Doña Juana, retirada en Tordesillas, da autoridad y prestigio al movimiento. Aunque tarde, y debido al cariz que toman los acontecimientos, el emperador decide nombrar al almirante don Fadrique Enríquez y al condestable don Iñigo de Velasco como asociados en el gobierno al cardenal Adriano y acepta parte de las peticiones de los comuneros: suspende el cobro del impuesto votado en La Coruña, ordena que no se exporte moneda ni se otorguen cargos públicos a ningún extranjero. Don Carlos se propone, además, regresar cuanto antes a España.

Pese a estas medidas del emperador, la Junta Santa se traslada a Tordesillas. Los jefes comuneros ordenan que nadie obedezca las órdenes del cardenal ni de su Consejo. La Junta de Tordesillas se constituye en gobierno revolucionario, imponiendo órdenes al emperador. Las ciudades más moderadas de la Junta, como Burgos, acaban por desligarse de ella. El movimiento comienza también a perder adeptos en la mayoría de las ciudades andaluzas. Granada, Cádiz, Jaén, Ubeda, Baeza, Cazorla, Baza y Ronda se oponen al movimiento comunero, firmando un compromiso de fidelidad al emperador. Las ciudades gallegas se comprometen asimismo a mantenerse fieles a don Carlos.

Batalla de Villalar, grabado de La Ilustración española y Americana.

La Junta solicita del rey de Portugal su apoyo al tiempo que tratan de sacar de Tordesillas a doña Juana. El cardenal conmina a la Junta a la paz. La Junta replica amenazando con entrar en Medina de Rioseco, cuartel general de los realistas y ahorcar a los miembros del Consejo. La guerra se hace inevitable: el 31 de octubre los regentes declaran la guerra a la Junta. El 5 de diciembre el ejército real desaloja a los comuneros de Tordesillas, que se trasladan a Valladolid. La pérdida de doña Juana resta fuerza al movimiento de las comunidades.

1521.—Desde Valladolid, el ejército comunero emprende acciones bélicas contra la nobleza. A finales de febrero, el ejército comunero, al mando de Juan de Padilla, se apodera de Torrelobatón, fortaleza del almirante de Castilla. Fue esa una pobre victoria. Los caudillos comuneros no demostraron, precisamente, mucha pericia militar y, en vez de avanzar decididamente contra Medina de Rioseco, cuya toma les hubiera dado una gran fuerza, permanecieron acantonados en Torrelobatón. La pasividad de Padilla permitió que se reforzase el Ejército Real, al tiempo que aumentaba el cansancio entre las mesnadas comuneras, en las que menudearon las deserciones para acogerse al indulto proclamado por los regentes.

El Conde de Haro, capitán de las tropas reales, avanzó a mediados de abril hacia Torrelobatón. Cuando se hallaba en Peñaflor, a unos cuatro kilómetros de las tropas comuneras, Padilla comenzó la retirada en dirección a Toro pese a su superioridad numérica. El Conde de Haro jugó entonces con toda su audacia y persiguió a los comuneros sólo con su caballería, para impedir que a Padilla se le unieran los refuerzos que ya hablan salido de Toro y Zamora.

Casa de Juan Bravo en Segovia, grabado de La Ilustración española y Americana.

El día 23 de abril el Ejército Real alcanzó al comunero junto al Puente del Fierro, a unos cinco kilómetros de Villalar. Parte de la infantería de las comunidades estaba ya dentro del pueblo. Los capitanes Bravo y Maldonado trataron de organizarla y de llevarla al combate, pero sus esfuerzos fueron inútiles. El ejército comunero ya estaba derrotado aun antes de comenzar la batalla. Finalmente, bajo una lluvia torrencial, se trabó el combate entre la caballería realista y los incondicionales de Padilla, Bravo y Maldonado. La lucha fue breve, hasta el punto de que los cronistas más puntuales sólo hablan de docena y media de bajas entre los hombres del Conde de Haro. Los comuneros tuvieron unas 500 muertes, fundamentalmente infantes acuchillados por la caballería mientras huían, y unos mil prisioneros entre los que se hallaban los tres caudillos. Al día siguiente fueron juzgados los tres jefes comuneros y, a continuación, decapitados en la plaza de Villalar.

Tras la derrota del Puente del Fierro, más conocida como de Villalar, el movimiento de las comunidades se desintegra rápidamente. Valladolid se vio forzada a capitular y luego siguieron su ejemplo: Medina del Campo, Toro, Zamora, Salamanca, Avila, y otras plazas y ciudades. Toledo, donde se refugió el obispo Acuña con sus seguidores, fue defendido durante seis meses por María Pacheco, esposa de Padilla. Al final, tras la Concordia de la Sisla, los imperiales pudieron entrar en la ciudad (25 de octubre), con lo que, pese a algunos coletazos posteriores, puede darse por concluida la sublevación de las comunidades.

1522.—El emperador regresa a España. El primero de octubre se hace pública en Valladolid una carta de perdón general del que quedan excluidos unos 200 jefes comuneros. Sólo tres de ellos serian capturados y ejecutados. Entre éstos estuvo el obispo Acuña, cuya muerte costó la excomunión al emperador.

Bibliografía

Astor, T. (ed.), Crisis en Europa, Madrid, Alianza, 1983. Bonilla, L., Las revoluciones españolas en el siglo XVI, Madrid, Guadarrama, 1973. Clark, G., La Europa moderna, México, Fondo de Cultura Económica, 1980. Chaunu, P., La España de Carlos V (2 vols.), Barcelona, Península, 1976. Chudoba, B., España y el Imperio, Madrid, Rialp, 1963. Decouflé, A., Sociología de las revoluciones, Barcelona, Oikos Tau, 1975. Domínguez Ortiz, A., Los Reyes Católicos y los Austrias, volumen III de Historia de España, Madrid, Alianza, 1974. Elliot, J. H., Revoluciones y rebeliones en la Europa moderna, Madrid, Alianza, 1972. Elliot, J. H., La España imperial, Barcelona, Vicens Vives, 1978. Grimberg, C., Descubrimientos y reformas, Barcelona, Daimón, 1984. Ibarra, E., España bajo los Austrias, Barcelona, Labor, 1979. Le Flem, J. P., y otros, La frustración de un Imperio, volumen V de Historia de España, Barcelona, Labor, 1982. Lynch, J., España bajo los Austrias, Barcelona, Península, 1973. Maravall, J. A., Las Comunidades de Castilla, Madrid, Revista de Occidente, 1970. Mauro, F., Europa en el siglo XVI. Aspectos económicos, Barcelona, Labor, 1976. Menéndez Pidal, R., Idea imperial de Carlos V, Madrid, Espasa-Calpe, 1971. Miskimin, H. A., La economía europea en el Renacimiento tardío, 1460-1600, Madrid, Cátedra, 1981. Nordmann, C., La ascensión del poderío europeo, Madrid, Edaf, 1975. Pérez, J., La revolución de las Comunidades de Castilla, Madrid, Siglo XXI, 1977.

Notas

[1] «Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento». Madrid, 1960. <<

[2] Véase mi libro «Estado moderno y mentalidad social». Madrid, 1972. <<

[3] «Le mouvement insurrectionnel comme practique poIitique dans la France du XVIe. siècle», en el volumen de varios autores «Théorie et practique politiques a la Rennaissance». París, 1977; p. 118. <<

[4] J. Baechler, «Les phenoménes revolutionaires». París, 1970. <<

[5] «Las Comunidades de Castilla, una primera revolución moderna», Madrid, ed. de la Rev. de Occidente, 1963; 2.ª ed., 1970. <<

[6] «Las Germanías de Valencia». Barcelona, 1975. Me gustaría que el autor, que posee una técnica investigadora muy actual, aplicara al tema un esquema conceptual tomado de la «Sociología de las revoluciones» que tal vez le llevara a resolver algunas de sus dudas criticas. <<

[7] Desde luego, las Germanías no son unas Comunidades propagadas o simultáneamente surgidas en Valencia, pero entre los dos movimientos hay alguna conexión, incluso de carácter ideológico, de lo que he recogido algún dato en mi libro citado en la nota 5. <<

[8] «La Révolution des Comunidades de Castille». Bordeaux, 1970. <<

[9] J. I. Gutiérrez Nieto. «Las Comunidades como movimiento antiseñorial». Barcelona, 1973. <<

[10] Decouflé. «Sociologie des révolutions». París, 1968; pág. 21. <<

[11] Véase mi estudio «La imagen expansiva de la sociedad en la conciencia castellana del siglo XVI». <<

[12] «Trattato di Sociología genérale». Florencia, 1923; t. III, págs. 259-263. En la edición parcial en castellano, bajo el titulo «Forma y equilibrio sociales». Madrid, 1967; págs. 75-76. <<

[13] Me refiero al estudio preliminar del volumen «Revoluciones y rebeliones de la Europa moderna», de J. H. Elliot y otros —trad. castellana; Madrid, 1972—, en el que establecen los dos autores citados en el texto las conclusiones que deriven de los estudios de otros especialistas sobre varios casos de rebeliones europeas en el XVII —estudios que se recogen a continuación en el mismo volumen—. Estoy convencido de que quien reflexione sobre el trabajo de L. Stone que allí se incluye, sobre la Revolución inglesa, dudará mucho en suscribir la tesis de Forster y Greene. <<

[14] L. Stone, «Theories of Revolution», World Politics. Enero, 1966, 18-2. <<

[15] Recojo algunas referencias en mi obra citada en la nota 5. Joseph Pérez ha enriquecido mucho la información sobre este aspecto. Ob. cit. <<

[16] «Annals of the Emperor Charles V» (ed. y trad. Inglesa de R. B. Merriman). Oxford, 1912, p. 201. <<

[17] Estas referencias y otras varias se recogen en mi libro y también hay que acudir ahora a la monumental obra de J. Pérez para añadir nuevos testimonios y tomar en cuenta los comentarios del autor. <<

[18] Véase en mi obra cit., págs. 163-164. <<

[19] H. Arrendt, «Sobre la revolución». Madrid, 1967; págs. 41-42. <<

[20] Ob. cit., págs. 25-26. <<

[21] Es la tesis de A. Decouflé, ob. cit., págs. 40 y sig. Luego acaba diciendo que tan solo se trata de una «souvenance floue et indéterminée», p. 56. <<

[22] «La ideología alemana» (trad. castellana). Barcelona, 1974; p. 52. <<

[23] Véase de dicho autor su excelente estudio «Revolution and Continuity in Early Modern Europe», en «Past and Present», núm. 42, 1969; págs. 35 y sigs. <<

[24] «The Origins of the Modern State», en «Cahiers d’Histoire mondiale», 1961, núm. VI-4. <<

[25] «Moines frondeurs et sermons subversifs en Castille pendant le premier séjour de Charles Quint en Espagne», en Bull. Hispanique, 1965, fase. 1-2, cuyas aportaciones aparecen incorporadas a su libro citado en la nota 8. <<

[26] Doy estas referencias en mi trabajo «El eco de las Comunidades de Castilla en las Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe II», que se publicará en el Homenaje a J. Caro Baroja. <<

[27] «Trattato…», t. III, p. 263, núm. 2058. <<