JOSEBA ARREGI ARANBURU

(Coordinador)

LA SECESIÓN DE ESPAÑA

BASES PARA UN DEBATE DESDE EL PAÍS VASCO

JOSEBA ARREGI ARANBURU

LUIS CASTELLS ARTECHE

ALBERTO LÓPEZ BASAGUREN

MATÍAS MÚGICA

JOSÉ V. RODRÍGUEZ MORA

BÁRBARA RUIZ BALZOLA

JOSÉ M.ª RUIZ SOROA

Índice

Autores

Introducción

A modo de agradecimiento

Capítulo I. ¿Es posible regular la secesión aquí y ahora?

I. Introducción

II. El derecho de autodeterminación

III. El «derecho a decidir»

IV. La secesión como demanda política a la que la democracia debe poder atender

V. Los parámetros de tratamiento del asunto

VI. ¿Cómo encajar la regulación de la secesión en el vigente Estado de Derecho español?

VII. Conclusiones

VIII. Bibliografía

Capítulo II. Estado democrático y secesión de territorios. Un análisis comparado sobre el tratamiento democrático de las reclamaciones secesionistas

I. Introducción

II. ¿Derecho a la secesión? la indivisibilidad del Estado como paradigma en las democracias liberales

III. ¿Derecho de autodeterminación? Derecho Internacional, autodeterminación externa y dominación colonial

IV. ¿Una excepción en el Derecho Internacional?: el reconocimiento de la independencia de Kosovo y el Dictamen Consultivo del TIJ

V. ¿El desarrollo de un nuevo paradigma? Principio democrático y voluntad secesionista: el caso de Quebec en Canadá

VI. ¿Reafirmando el paradigma canadiense? la reclamación de independencia de Escocia

VII. Conclusiones

VIII. Nota bibliográfica

Capítulo III. Independencia y permanencia en la Unión Europea: Consideraciones jurídicas… y coda política

I. Introducción

II. Consideraciones preliminares

1. La formación de Estados según el Derecho Internacional

2. La sucesión de Estados

III. El argumento de la «separación y sucesión» o «sucesión por separación»

IV. La tesis de la «ampliación interna»

V. ¿Una vía de acceso rápido a la UE?: La solución ad hoc

VI. A modo de coda: una llamada al orden

Capítulo IV. 1918: El fin del Imperio Austrohúngaro y la Doctrina Wilson de las nacionalidades

I. Introducción

II. Ejemplos concretos

III. Breve resumen histórico

IV. Leyes básicas del Imperio, los Compromisos, las Leyes electorales y la regulación lingüística

V. Las consecuencias de la derrota y la doctrina Wilson

1. Los catorce puntos del presidente Wilson

2. Las disposiciones de los tratados de la Conferencia de París

VI. El resultado

VII. Conclusión

VIII. Bibliografía

Capítulo V. Euskadi-España en su perspectiva histórica

I. El régimen foral y la mitología

II. Españoles a la par que vascos (1779-1876)

III. El empuje identitario. La pertenencia cuestionada (1876-1939)

IV. Tiempo de silencio, tiempo de esperanza (de la dictadura a la democracia, 1939-…)

Capítulo VI. Efectos comerciales de la independencia del País Vasco

I. La cercanía con el resto de España

II. Las (muy escasas) transferencias fiscales entre el país vasco y el resto de España

III. Un modelo de comercio

IV. Cualificaciones un poco técnicas

V. Portugal como vara de medir

VI. Calibración del modelo

VII. Ejercicios contrafactuales

VIII. Comparación de los resultados con la literatura

IX. Conclusiones

Capítulo VII. Lengua y secesión. política lingüística y futuro en el País Vasco

I. El presente

1. Sobre política lingüística en la CAV

2. Crítica del concepto de (re)euskaldunización

3. El balance: ¿resucita el euskera?

4. El euskera tradicional

II. El futuro, la secesión

1. La necesidad comunicativa

2. La libertad, la sociedad abierta

3. Profecías

Apéndice

Créditos

AUTORES

JOSEBA ARREGI ARANBURU, Doctor en Teología y doctor en Sociología. Exprofesor de la EHU/UPV y exconsejero del Gobierno Vasco.

LUIS CASTELLS ARTECHE, Catedrático de Historia Contemporánea UPV.

ALBERTO LÓPEZ BASAGUREN, Catedrático de Derecho Constitucional UPV.

MATÍAS MÚGICA, Licenciado en Filología Clásica por la Complutense y Editor del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra.

JOSÉ V. RODRÍGUEZ MORA, Profesor de Economía en la Universidad de Edimburgo.

BÁRBARA RUIZ BALZOLA, Master en Derecho Europeo Universidad Carlos III y Master en Relaciones Internacionales IBEI, Barcelona.

JOSÉ M.ª RUIZ SOROA, Doctor en Derecho.

INTRODUCCIÓN

JOSEBA ARREGI ARANBURU

APOLOGÍA DEL DEBATE ARGUMENTADO

No es extraño escuchar desde hace algún tiempo el comentario de que uno de los graves problemas que afectan a la cultura política española es el de la falta de seriedad del debate político. Parece que el nivel y el estilo de las tertulias radiofónicas y televisivas se ha trasladado a todos los ámbitos: se grita, se proclaman confesiones subjetivas, se elevan o se cavan trincheras, se dogmatiza, se construyen enemigos, se abusa de las palabras para fijar una imagen del adversario político descalificándolo con el mismo nombre, y todo ello sin argumentar, para no tener que razonar y tratar de construir un espacio objetivo en el que sea posible la búsqueda de la verdad.

La política democrática vive de y gracias a las instituciones, pero también de y gracias a la cultura democrática que se elabora en la sociedad y que la impregna. Es verdad que en las sociedades que nacieron democráticas como la de Estados Unidos se discute si el Tribunal Supremo puede ser activo o no en la interpretación del texto constitucional, pero lo cierto es que, como escribe el constitucionalista alemán Peter Häberle, la Constitución es el texto, el contexto y la comunidad libre de intérpretes. Es decir: las constituciones son vivas y sólo si son vivas pueden tener futuro. Para ello es preciso que el debate de los problemas que afectan a cuestiones constitucionales no sólo sea posible, sino que se lleve a cabo de forma argumentada, procurando conjugar la idea de que la constituciones nacen para perdurar en el tiempo, de que no son juguetes al albur de las circunstancias, sino que al contrario, sirven para dotar de estructura jurídico-política a esas circunstancias cambiantes, con la discusión sobre lo necesario para mantenerla viva.

La mayoría de las constituciones provienen de momentos directamente posteriores a guerras, civiles o internacionales, a revoluciones, a procesos de independización de países, y por esta razón las constituciones son esfuerzos por sustentar y dar forma a la comunidad política sobre la base de acuerdos fundamentales entre distintas formas de ver e imaginar esas sociedades. Las constituciones constituyen, definen, construyen comunidad política. Establecen el hilo rojo de reconocimiento de una gran mayoría de ciudadanos con la comunidad política. Esto sirve a dichas sociedades para tener una garantía de duración en el tiempo. Pero las constituciones no pueden obrar milagros ni impedir locuras, ni ser obstáculo a procesos que pongan en cuestión las bases mismas de la constitución de la comunidad política.

Lo peor que puede suceder a una constitución es que se encuentre sin mecanismos ni instrumentos para hacer frente a situaciones cambiantes por el paso del tiempo, o por los cambios estructurales que se producen en las misma sociedades constituidas en comunidades políticas. Los procedimientos de reforma responden a la necesidad de responder a los cambios de los tiempos y de las circunstancias sin que el núcleo democrático de las constituciones sea anulado.

Puede darse el caso de tener que responder no sólo a un cambio de circunstancias, sino a un cuestionamiento de alguna de las bases de la comunidad política. También en este caso, lo peor que le puede suceder a una constitución es encontrarse sin instrumentos para dar una salida legal a la situación crítica, instrumentos que estén en acuerdo con los principios de la constitución.

En España los nacionalismos periféricos, tanto el vasco como el catalán, han planteado permanentemente una distancia respecto a las bases de la comunidad política que es España. Aceptaban los respectivos Estatutos de Autonomía, pero se negaban a entender que ello significara aceptación alguna de la Constitución, especialmente en lo que a la geografía cubierta por la Constitución se refiere. Ese distanciamiento hacia la Constitución se ha ido haciendo más patente con el paso del tiempo, y en ambos casos se han dado pasos para, por medio de una supuesta reforma de los respectivos Estatutos de Autonomía, reformar la Constitución en el sentido de que se hiciera posible la desagregación geográfica bien de Euskadi, bien de Cataluña, de la geografía implicada en la Constitución española.

Ante este reto, las instituciones del Estado han optado por resignarse a formular una simple negativa, diciendo que esa pretensión no tiene cabida en la Constitución, pensando que es la única forma de defender ésta.

La tesis que pretende formular el libro que presentamos es la contraria: la Constitución española puede y merece tener una mejor defensa. Y esa defensa consiste en dotar al Estado español de instrumentos legales que, sin poner en duda la residencia de la soberanía en el conjunto del pueblo español, permita conocer la dimensión real del cuestionamiento de la Constitución a través de un procedimiento legal de consulta, procedimiento en el que la dirección y la autoridad, en todos los aspectos significativos, queden en mano de las instituciones que representan al conjunto, es decir, el parlamento español y el gobierno central.

Esta tesis se plantea desde la lealtad a la Constitución, desde el convencimiento de que la repetición de la negativa daña más a la Constitución misma que a quienes la ponen en cuestión. La tesis se plantea desde el convencimiento razonado de que es la mejor forma de defender y consolidar la Constitución, renovando la lealtad hacia ella. La clarificación no puede dañar a nadie. Lo que daña a la Constitución, al conjunto diseñado y fundamentado en ella es la ambigüedad permanente de si existe o no un cuestionamiento de la misma con dimensión suficiente para ser tomado en serio, el mantenimiento de un cuestionamiento cuyo dimensión se desconoce, que unos tratan de minimizar mientras que otros lo maximizan, pero unos y otros sin respaldo en la respuesta con garantías mínimas de los ciudadanos implicados.

Tienen razón quienes piensan que si de un cuestionamiento de la Constitución se trata, de la disgregación del espacio constitucional mismo, todos los que se acogen a esa Constitución debieran ser oídos. La exigencia de que el proceso de clarificación esté dirigido y controlado por la representación institucional de ese conjunto responde precisamente a ese argumento de la necesaria participación de todos los ciudadanos españoles en una cuestión que afecta a todos. Y también responde a ello que, si a través de la clarificación que propone la tesis de este libro, se constata una dimensión más que significativa de la voluntad de secesión de una parte, el resto de ciudadanos españoles tendrán que ser llamados a refrendar el nuevo espacio geográfico de la Constitución española.

Pero lo peor que le puede suceder a ésta, como ya ha quedado dicho, es un cuestionamiento permanente sin que se sepa cuál es su dimensión y su significado. Como se ha solido decir de la muerte de Dios en la cultura moderna, que Dios ha muerto la muerte de mil insignificancias, algo parecido sucedería con la Constitución española, que de tanto ser cuestionada pudiera terminar perdiendo su significado.

Ahora bien, el libro que presentamos no se reduce a plantear y argumentar la tesis citada (Ruiz Soroa). Su pretensión es mucho más amplia, respondiendo a la misma lógica de claridad: no tiene ningún sentido argumentar a favor de una Ley de Claridad, si al mismo tiempo no se hace el esfuerzo de colocar la tesis en un contexto de comprensión que le dote de significado. Por esta razón a la tesis le acompaña, primero, un estudio sobre la afirmación de indivisibilidad del espacio constitucional en las constituciones democráticas, un análisis del proceso canadiense en relación a la cuestión de Quebec y de Escocia, y lo que ha sucedido en relación a Kosovo (López Basaguren). La claridad exige, en segundo lugar, plantear con rotundidad la posibilidad o la imposibilidad de permanencia del territorio segregado de España en la Unión Europea —ninguna— (Ruiz Balzola). Hemos creído necesario añadir, en tercer lugar, un análisis de lo que sucedió con la aplicación de la doctrina Wilson tras la primera guerra mundial, el principio de las nacionalidades, análisis que muestra que en lugar de resolver los problemas, se reprodujeron en otra escala más pequeña, pero también más virulenta, los problemas que se querían superar (Joseba Arregi).

Lo que sucede hoy no es algo desconectado de la historia precedente, una historia que muchas veces se mitifica para hacer creer que el espacio constitucional español carece de raíces históricas suficientes. A esta cuestión le responde, en quinto lugar, el capítulo de Castells Arteche dedicado a analizar las relaciones de lo que hoy se llama Euskadi con España, una relación de imbricación permanente. Pero no solamente importa clarificar la historia, sino también, en la medida de lo posible, el futuro. Asunto al que le dedica Rodríguez Mora, en sexto lugar, el capítulo dedicado a lo que sucedería con la economía vasca en caso de secesión, basándose en estudios comparativos y en fórmulas elaboradas y ampliamente aceptadas en el mundo académico sobre las consecuencias económicas de relacionarse desde la separación con mercados que hasta ese momento han sido interiores.

Y el libro termina, en séptimo lugar, con un capítulo dedicado a una cuestión que de alguna forma resume toda la cuestión de la secesión, pues los nacionalismos periféricos se basan principalmente en la diferencia etnolingüística para fundamentar su derecho a un Estado propio. Pues bien: ¿qué pasaría en una Euskadi independiente con el euskera y con el castellano? Es una cuestión de una importancia eminente porque en ella se juegan algunos de los principios constitucionales más importantes y que, directamente al menos, poco tienen que ver con la cuestión geográfica, es decir con el derecho fundamental a la libertad, también de lengua en los casos de varias lenguas oficiales. Matías Múgica lo atiende con solvencia y agilidad.

De esta forma la tesis de que es necesario abrir caminos legales para dar salida al problema que tiene planteado el sistema constitucional español, al servicio de su consolidación, queda encuadrada y clarificada en un determinado sentido —que la secesión no puede ser razonada con argumentos suficientes— con el resto de trabajos que conforman el libro.

Este esfuerzo arranca de unas jornadas celebradas en Zarautz y organizadas por la Fundación Mario Onaindía. Estoy seguro de que Mario hubiera gozado con todos y cada uno de los capítulos de este libro que, creo, incide en el camino de libertad que fue el periplo vital del propio Mario, la guía de su evolución política que fue una singladura hacia una libertad cada vez mayor. Como coordinador del libro, mi agradecimiento a la Fundación Mario Onaindía por haberme permitido participar en este proyecto, que entiendo como un homenaje a alguien a quien tuve la suerte de conocer y tratar.

A MODO DE AGRADECIMIENTO

El presente trabajo ha supuesto uno de los mayores retos de los planteados hasta ahora por la FUNDACIÓN MARIO ONAINDIA.

La complejidad del tratamiento que requiere el tema solamente se podía resolver de una manera: abordándolo desde una perspectiva académica e intelectual, rigurosa y seria.

Este ha sido el compromiso de la MOF compartido, claro está, por todos los autores que han participado en el proyecto de cuyo resultado estamos muy satisfechos.

MARIO ONAINDIA FUNDAZIOA nació, entre otros fines, con la pretensión de dar continuidad a su tarea, a sus inquietudes intelectuales, políticas y éticas.

Y es aquí donde adquiere toda su justificación el trabajo que presentamos.

Mario solía decir que la política no es una línea, ni recta ni curva, sino más bien un espacio, un lugar donde poder enfrentar las ideas y debatirlas pues nadie, por sí solo, puede asegurar tener la llave del futuro.

Esa ha sido la pretensión de este trabajo. Aportar ideas, reflexiones para pensar y debatir, para discutirlas, matizarlas o enriquecerlas. Y al mismo tiempo, enriquecer también la política y la democracia.

Si lo hemos logrado ha sido gracias al interés y al compromiso de todos y cada uno de los autores y al esfuerzo destacado del coordinador del proyecto, Joseba Arregi. A todos ellos agradecemos su colaboración.

También a la Diputación de Araba/Álava por haber apoyado nuestra idea y haber confiado en nuestro proyecto.

MARIO ONAINDIA FUNDAZIOA /
FUNDACIÓN MARIO ONAINDIA

CAPÍTULO I

¿ES POSIBLE REGULAR LA SECESIÓN AQUÍ Y AHORA?

JOSÉ M.ª RUIZ SOROA

I. INTRODUCCIÓN

Escribía Francisco Laporta hace ya unos cuantos años que cuando se habla de autodeterminación entre nosotros, los españoles, en realidad no se está hablando de eso, sino de otra cosa. Y esa cosa es precisamente la secesión. Y añadía el ilustre filósofo del Derecho que probablemente se arrojaría bastante más luz sobre la cuestión si utilizásemos los términos con propiedad, en lugar de dejarnos llevar por las palabras más vistosas y resonantes, como es ésa de la «autodeterminación».

Claro está que casi nadie, y menos la política real, ha seguido su consejo, puesto que seguimos hoy y ahora, casi quince años después, con el hecho de que los nacionalismos independentistas plantean su reclamación como si fuera una de ejercicio del derecho de autodeterminación internacionalmente reconocido y sancionado, en lugar de cómo lo que es, como una demanda de secesión o separación de parte de la población territorializada de un Estado por respecto a su conjunto. Así la planteó el llamado Plan Ibarretxe en el País Vasco, y así también la ha fundamentado más recientemente el nacionalismo catalán, por mucho que últimamente haya decidido recurrir al nebuloso falso concepto del «derecho a decidir».

A pesar de lo cual, y aún temiendo que estas palabras caigan en el mismo vacío de incomprensión en el que cayeron las de mi ilustre predecesor en esta tarea, sigo considerando que es necesario tratar las reivindicaciones independentistas con una mínima precisión conceptual y terminológica, una precisión que permita deslindar de qué estamos hablando y cuál es su tratamiento correcto en la teoría democrática y constitucional. Una precisión que, además, haga posible un debate político de mínima altura y calidad en torno a las cuestiones que envuelve. Y para ello, a mi juicio, es necesario distinguir entre:

1. El derecho de autodeterminación.

2. Ese llamado «derecho a decidir».

3. La secesión como demanda democrática legítima.

4. La posibilidad y conveniencia de regularla dentro de nuestro marco jurídico constitucional.

II. EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN

El derecho de autodeterminación de los pueblos, en virtud del cual éstos pueden determinar libremente su condición política y su gobierno, viene establecido por diversas disposiciones y pactos internacionales emanados de Naciones Unidas desde la década de los sesenta del siglo pasado, de manera que puede considerarse hoy como parte componente y vinculante del acervo del Derecho Internacional Público. Sin ánimo de exclusividad, podrían citarse al respecto las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas 1514 y 1541, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1965, la Resolución de 1970 sobre los Principios del Derecho Internacional y, últimamente, la Declaración de Viena sobre Derechos Humanos de 25 de junio de 1993.

Es frecuente que el «derecho de autodeterminación» internacionalmente establecido por todo este conjunto normativo sea invocado, precisamente, como el título que justificaría y ampararía un presunto «derecho de secesión» de las minorías nacionales territorializadas existentes en un Estado concreto, de manera que —según esta opinión— el derecho de los pueblos a la autodeterminación se manifestaría en concreto como el derecho a la independencia de los pueblos dotados de rasgos nacionales propios por respecto al Estado en que viven. Sería entonces como una especie de derecho de carácter absoluto e incondicional, es decir, que existiría y sería aplicable con independencia de que el Estado al que se refiriera en concreto fuera colonial ó no, fuera democrático o autoritario. Una comprensión del derecho de autodeterminación abstracta y descontextualizada.

Pues bien, una tal interpretación, por difundida que se encuentre entre nosotros, es patentemente incorrecta y sólo puede sostenerse si se ignoran deliberadamente los claros términos en que las citadas normas internacionales establecen el derecho en cuestión. Baste al efecto la lectura completa del artículo 2.º de la Declaración de Viena de 1993:

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Habida cuenta de la situación particular de los pueblos sometidos a dominación colonial o a otras formas de dominación u ocupación extranjeras, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce el derecho de los pueblos a adoptar cualquier medida legítima, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, encaminada a realizar su derecho inalienable a la libre determinación. La Conferencia considera que la denegación del derecho a la libre determinación constituye una violación de los derechos humanos y subraya la importancia de la realización efectiva de este derecho.

Con arreglo a la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, nada de lo anterior se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción alguna.

Analicemos un poco: el párrafo primero de este precepto establece sí que todos los pueblos poseen el derecho de libre determinación, cuyo contenido concreta el propio precepto en el derecho a determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. A primera vista, tal declaración pudiera entenderse en el sentido de que concede a todo «pueblo» la posibilidad de decidir si quiere ser independiente de un Estado o no. Ésta es la interpretación estándar de los nacionalistas y de muchos que no lo son. Y no es correcta. No lo es, porque el párrafo tercero del mismo precepto advierte de que ese derecho de autodeterminación del párrafo primero en ningún caso autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de aquellos Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de igualdad de derechos y estén dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio sin distinción alguna.

Tomando en consideración los términos completos que componen este precepto, tanto los de su primer párrafo como los del tercero, cabe una primera interpretación que lleva derecho al absurdo: la de que, en un mismo precepto, la Comunidad Internacional estaría estableciendo el derecho de los pueblos a la independencia como principio básico para luego, en un segundo paso, convertirlo en algo ilusorio o puramente formal al negarlo en el caso de los pueblos integrados en un Estado democrático. El precepto sería entonces algo así como una burla o sarcasmo: los pueblos poseen el derecho de autodeterminación pero no pueden ejercitarlo en democracia, sino sólo en situaciones coloniales o de ocupación por un Estado extranjero.

O bien, cabe otra interpretación, una que no convierte la norma en una burla sarcástica: la de que el derecho de autodeterminación del párrafo primero no tiene nada que ver con un supuesto «derecho a la independencia», sino que enuncia otra cosa muy distinta, lo que pudiéramos denominar «el derecho de todos los pueblos al gobierno democrático», es decir, el derecho a la democracia política. En concreto, el derecho a estar dotados de un sistema de gobierno que garantice efectivamente el cumplimiento del principio de libertad e igualdad ciudadanas y no discrimine de manera alguna entre ciudadanos en función de su nacionalidad, clase, cultura o raza. Si tal situación se produce, estamos por definición ante un Estado democrático, y ello conlleva que se trata de un pueblo o pueblos «ya autodeterminados», en el sentido de que están dotados de un gobierno democrático. El derecho de autodeterminación está en ese caso agotado (cumplido) y no puede entenderse en ningún caso como un derecho que posea una virtualidad adicional, la de justificar la independencia o secesión. El Derecho Internacional se preocupa de aclararlo: la autodeterminación se agota en su ejercicio interno, y sólo cuando existe una situación colonial (pueblos distintos y separados) o de ocupación extranjera mediante la fuerza puede entenderse que la autodeterminación lleva a la independencia.

Esta interpretación es la asentada desde hace muchos años en la doctrina y en la práctica internacionales: no se trata de que el derecho de autodeterminación se vea recortado por un límite pragmático o prudencial, el del respeto a la integridad de los Estados existentes, sino que se trata de otra cosa: se trata de que ese derecho no tiene relación alguna con la reivindicación de una hipotética secesión o independencia en un Estado existente que se rija internamente de manera democrática. Al Derecho Internacional Público le interesan y le afectan las situaciones de colonialismo o de subyugación extranjera porque esas situaciones afectan a la paz mundial y a los derechos humanos. Por el contrario, las aspiraciones secesionistas de la población de parte de un Estado democrático son una cuestión interna de ese Estado que debe resolverse dentro de él sin injerencia ni intervención de la Comunidad Internacional porque, precisamente, carecen de cualquier conexión con el principio de autodeterminación de los pueblos.

Y es conveniente observar, aunque sea de manera ilustrativa y tangencial, que la práctica internacional generalmente observada ha sido la de no reconocer en ningún caso la validez internacional de una secesión de facto ocurrida dentro de un Estado sin el previo consenso y aceptación de ese mismo Estado (casos de Katanga, Biafra, Chipre, República Federativa de Yugoslavia o Kosovo). Dicho de otra forma, para poder ser internacionalmente reconocida la secesión debe ser bilateralmente consensuada, nunca unilateral.

De todo lo anterior se sigue, en términos más políticos, que afirmar que el pueblo catalán o el vasco, o el extremeño, o el español, gozan del derecho de autodeterminación es una obviedad. ¡Claro está que poseen ese derecho! Lo dice con toda claridad el Derecho Internacional. Lo que sucede es que se derecho no tiene nada que ver con el de secesionarse o independizarse, sino sólo con el de ser gobernados de manera democrática.

III. EL «DERECHO A DECIDIR»

Lo que entre nosotros se enuncia enfáticamente en la praxis política como «derecho a decidir», y que justificaría según sus proponentes el derecho de cualquier comunidad nacional o regional a decidir, por sí misma y ella sola, su forma concreta de integrarse en el Estado de referencia, o bien decidir su salida de ese Estado (su no integración) es ante todo y sobre todo una idea borrosa. Parece obvia por la sencillez de su formulación (un remedo de la idea intuitiva de que «todos tenemos el derecho a decidir nuestra vida»), pero en realidad constituye una falacia lógica y democrática. Lo cual es totalmente congruente si tenemos en cuenta lo genérico e inconcreto de su propio planteamiento. En efecto, hablar de «derecho a decidir» sin precisar al mismo tiempo cuál es el contenido concreto de la decisión a tomar de que se está hablando es tanto como plantear el asunto en unos términos tan genéricos que hacen imposible su análisis y refutación.

Esto se ve claro cuando se habla del «derecho a decidir» de los ciudadanos individualmente considerados dentro de un Estado democrático. ¿Poseen un tal derecho? La respuesta es que mientras no determinemos previamente el contenido de la decisión a adoptar de que se trate no es posible pronunciarse sobre si existe o no un tal derecho, de manera que ante la formulación de si existe o no un «derecho a decidir» inconcreto y general la única respuesta posible es: depende del contenido. Los ciudadanos tienen derecho a decidir ciertas cosas, no otras. Así de sencillo.

Quienes manejan en el debate público el trampaconcepto del «derecho a decidir» lo usan, en ocasiones, como si fuera un corolario obligado del principio democrático liberal que establece que el fundamento de la obligación política de obediencia al poder público —al gobierno— es el consentimiento de los gobernados. Vienen a decir que si es el consentimiento del pueblo el que legitima al gobierno, y sucede que parte de la ciudadanía de un país no considera legítimo a su gobierno, esa parte tendría derecho en democracia a separarse para buscar un gobierno particular al que sí pudiera prestar su consentimiento. Para esta opinión, el derecho a separarse no sería, en último término, sino un corolario del principio democrático de autogobierno.

El razonamiento es aparentemente convincente, pero sólo aparentemente: pues envuelve aporías insuperables. La más relevante es la de que para determinar cuál es en concreto ese conjunto de ciudadanos que poseerían el derecho a consentir o no consentir al gobierno (cuál es «el pueblo») hay que introducir en la cadena argumentativa un dato empírico adicional que no es posible justificar democráticamente, sino que deriva de la contingencia histórica libremente interpretada: el criterio de que sólo unos entes denominados «naciones» pueden constituir ese conjunto de ciudadanos titulares del derecho a consentir o decidir. Pero, y aquí se abandonan las reglas del juego democrático, la existencia de esos conjuntos no puede en sí misma ser puesta a discusión ni decisión en ningún caso, porque es un hecho bruto que viene impuesto por la naturaleza o por la historia. Es decir, que en un razonamiento soi dissant puramente democrático se introduce un dato de hecho que la democracia no puede explicar, y que sólo los nacionalistas aceptan como dogma de fe revelado.

¿Por qué no puede justificarse democráticamente? Entre otras cosas porque el ámbito del demos es indecidible por mayoría. Y si esto no se entiende a la primera, baste utilizar el ejemplo que ponía hace tiempo Robert Dahl: unos afirman que el pueblo X es parte del más amplio pueblo Y; otros defienden que el pueblo X es distinto del pueblo Y. Pues bien, ¿cómo se decidiría democráticamente si el pueblo X es parte del pueblo Y o es un pueblo distinto? ¿Mediante referéndum? Bien, pero ¿de quiénes? ¿De todos los ciudadanos de Y, o sólo de los de X? ¿Quién y cómo toma esa decisión crucial de quiénes son los que votan, decisión que es la que va a determinar el resultado? Seamos serios, la democracia puede decidirlo casi todo, salvo la amplitud del concreto demos que la practica, porque ese es un dato previo al inicio del proceso democrático.

Por otra parte, la aplicación del principio del consentimiento, llevada a su extremo, conduce a la anarquía por el inevitable carácter recursivo que posee: si todos poseen el derecho a decidir (a consentir con el gobierno en que han nacido, o a buscarse otro si no les agrada), los primeros que lo poseen son los individuos mismos, de manera que son esos individuos quienes podrían ejercerlo, decidiendo en cualquier momento si permanecen o se apartan de la sociedad democrática en que habitan. O los segmentos sociales que antes se llamaban «las clases». O los grupos religiosos. Y así. Algo falla en el razonamiento cuando conduce a la disolución social si se sigue fielmente. En el fondo, plantear el «derecho a decidir» como una realidad política irrestricta es tanto como aceptar que el «contrato social» es un hecho real que puede renovarse cada día, cuando en propiedad es sólo una «idea de razón», una metáfora. Las personas no poseen —en virtud del principio liberal del consentimiento— el derecho de ingresar o no ingresar en la sociedad política en que han nacido. Éste es un hecho previo a su capacidad política de consentir.

Otra forma en que se utiliza —abusivamente— esa borrosa idea del «derecho a decidir» es la de entremezclar los posibles objetos de decisión para llegar a un totum revolutum en que casi todo se explica. Por ejemplo, se confunde la posibilidad hipotética de un supuesto «derecho a salir de un Estado» (la secesión) con la posibilidad de decidir la manera concreta de «estar dentro de ese Estado». De forma que, admitido como dato indiscutible que un pueblo o nación concreto tiene derecho a salir del Estado español, tendría también el derecho (¡unilateral!) a definir la forma en que acepta quedarse (federal, confederal o mediopensionista): pues, como se sabe en Derecho, quien puede lo más puede lo menos. La desmesura del planteamiento es patente y muestra, una vez más, que no se puede tratar del «derecho a decidir» en términos genéricos y sin precisar previamente el objeto concreto de la decisión a tomar, so pena de quedarnos en un limbo prelógico y predemocrático.

Conclusión inevitable de los dos previos esfuerzos de clarificación conceptual y terminológica: la secesión o independencia de una parte personal y territorial de un Estado es una cuestión que, en primer lugar, no tiene nada que ver con el «derecho de autodeterminación» (luego no es un derecho reconocido en el Derecho Internacional); y, en segundo, no es un derecho que pueda derivarse sin más del principio democrático liberal del gobierno por consentimiento. La democracia como sistema de gobierno de una sociedad política no lleva sin más a un supuesto derecho de los miembros de esa sociedad —sean los individuos, sean los colectivos que formen— a separarse de esa sociedad y formar una nueva.

Y no es que tal separación no pueda reivindicarse legítimamente —ésa es otra cuestión— lo que aquí se dice es que no es un derecho. En tanto que la autodeterminación traduce en términos jurídicos la pretensión de unos ciudadanos de elegir por quién ser gobernados y cómo ser gobernados legítimamente (el «derecho a la democracia»), la secesión no es sino la aspiración legítima de unos ciudadanos de elegir con quién quieren vivir y con quién no dentro de un determinado ámbito territorial. La primera es un derecho, en teoría democrática liberal y también de acuerdo al Derecho Internacional. La segunda, la de aspirar a secesionarse, es sólo una pretensión. Lo único que el Derecho Internacional, a través de la práctica secular de la Comunidad Internacional, dice sobre esta pretensión es que se trata de una cuestión interna y que sólo la secesión pacífica y consensuada puede llegar a tener un reconocimiento internacional.

Lo cual, sin embargo, no cierra en absoluto la cuestión desde un punto de vista democrático, porque precisamente ese ámbito interno al que hemos remitido la querella de la secesión es el ámbito propio para el ejercicio de la democracia como método de encauzar los problemas, y porque la afirmación de que «los pueblos» no ostentan un «derecho» a la «independencia» —que creemos haber demostrado— no significa en absoluto que los ciudadanos de un Estado democrático no tengan derechos al respecto. Tal como lo expresa con ironía Francesc de Carreras, no se trata tanto del fantasmagórico «derecho a decidir», sino del más humilde «derecho a salir del embrollo» a donde nos conduce el tabú legalista.

IV. LA SECESIÓN COMO DEMANDA POLÍTICA A LA QUE LA DEMOCRACIA DEBE PODER ATENDER

La pretensión social existente en parte de la población de un país de lograr una situación final de secesión por respecto al Estado existente, naturalmente siempre que sea sostenida en el tiempo y de naturaleza pacífica, es una demanda perfectamente legítima en términos democráticos, por desagradable e incómoda que resulte al sistema político nacional afectado. En definitiva, no se trata sino de una petición de parte de la ciudadanía para modificar la arquitectura constitucional de ese país en un punto que no está en absoluto substraído al ámbito de «lo decidible» en democracia: en ésta, sólo las reglas básicas mismas de la democracia como sistema están excluidas de la posibilidad de modificación. Pero el ámbito personal y territorial en que la democracia se realiza es un dato empírico e histórico que no está excluido del debate y del cambio.

La Constitución española admite expresamente la posibilidad de su modificación a través de los procedimientos establecidos en los artículos 166 a 169, sin que las menciones a la indisolubilidad de la nación del artículo 2.º estén excluidas de esa posibilidad de modificación, puesto que la modificación del Título Preliminar donde se encuentra el artículo 2.º está expressis verbis admitida. Más aún, según nuestro Tribunal Constitucional, no existe en nuestro sistema constitucional ningún núcleo normativo esencial insusceptible de reforma. Y aunque no se comparta esta tesis, y se considere que los elementos esenciales del principio de autogobierno democrático de una sociedad no son reformables por propia definición, no parece que esa limitación pueda llegar a extenderse a los preceptos que establecen el ámbito personal y territorial del Estado español.

Cuestión distinta son las exigencias políticas y procedimentales que debieran aplicarse para una modificación de este calibre, que se comentarán más adelante.

Y es que el valor substantivo de la democracia como método de encauzamiento y solución de los problemas se impone necesariamente incluso en una cuestión incómoda como ésta. Es claro, ya lo hemos señalado, que no existe un «derecho a la secesión» por parte de «pueblo» o «nación» algunos dentro de un Estado democrático; también lo es que la simple expresión mayoritaria de una voluntad secesionista en un hipotético referéndum no es argumento suficiente para justificar o crear ese pretendido derecho unilateral, como el Dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 1999 (tan citado como mal comprendido) ha establecido. Es cierto que la democracia como sistema político no se agota sólo en la regla de la mayoría, sino que incluye también el respeto a los valores del Estado de Derecho, al pluralismo y al principio de negociación de las cuestiones que afectan al conjunto nacional. Pensar lo contrario es tener una comprensión muy pobre de la democracia como sistema de gobierno.

Pero, dicho esto, lo que sí existe en toda democracia es un derecho de la ciudadanía a que todas las demandas razonables puedan ser escuchadas y tramitadas a través de métodos de composición que atiendan a todos los principios en juego. No un «derecho a la secesión», pero sí un «derecho a plantear la demanda de secesión» y un «derecho a obtener una respuesta democráticamente fundamentada». O, en otros términos, no se trata propiamente del «derecho de autodeterminación de los pueblos», sino más exactamente del «derecho de autodeterminación de los ciudadanos».

Como el Tribunal Supremo de Canadá ha tenido a bien recordar (en un Dictamen que expresamente manifiesta su voluntad de ser didáctico) la Constitución de un país no es sólo su texto formal, sino todo el sistema de reglas y principios que rigen el ejercicio del poder constituyente, de los que ha señalado como fundamentales (para Canadá) los siguientes cuatro: el federalismo, la democracia, el constitucionalismo y la primacía del Derecho. Y es dentro de esos principios donde se debe tratar una demanda ciudadana.

Por eso precisamente, el mantenimiento de la secesión como una cuestión tabú que no sería siquiera abordable en democracia constituye en sí mismo una anomalía democrática injustificable. E incurre en esta anomalía no sólo quien mantiene una oposición rígida a abordar discursivamente ese asunto alegando sin más que «va contra la Constitución que un día pactamos», sino también quien pretende refugiarse en el argumento de que según la propia Constitución su reforma requiere unas determinadas supermayorías que los nacionalistas no alcanzan. O bien que la reforma exige el voto de todo el pueblo español, no sólo el de una parte de él, un argumento que se oye bastante últimamente ante las pretensiones del nacionalismo catalán y que, aunque es constitucionalmente correcto, es políticamente incompleto e insuficiente.

Argumentos de este tipo resultan un tanto cínicos, pues la democracia no sólo exige que existan cauces de tratamiento de las demandas sociales sino también que esos cauces estén al alcance de las minorías que sustentan esas demandas. De lo contrario, las demandas de tipo nacionalista nunca podrían ser atendidas.

Además de por exigencia democrática, la demanda secesionista debe ser afrontada en sus propios términos por otra razón: la de legitimar permanente al sistema constitucional español. Naturalmente que la Constitución no necesita ser sometida a una reválida de legitimación todos los días, o ante cualquier demanda coyuntural; pero cuando la impugnación de su legitimidad en lo referente a la estructura territorial del Estado es sostenida y firme, debe considerarse muy seriamente la conveniencia de someter esa legitimidad al juicio mayoritario. En último término, no puede defenderse la bondad de la unión de la nación española en un solo Estado si no se está dispuesto al mismo tiempo a ponerla a votación. Porque es precisamente la previsión de su reforma o de su substitución lo que legitima en último término el orden constitucional., del mismo modo que es sólo la existencia de auténticas oportunidades políticas para la oposición la que legitima el ejercicio del poder por el partido en el gobierno.

Cuando se plantea por parte de la ciudadanía una demanda concreta y sostenida de independencia, el sistema democrático debe ser capaz de reaccionar si quiere mantener su legitimidad de ejercicio. Y la primera reacción debe ser la de poder aclarar si existe o no un soporte ciudadano cualitativa y cuantitativamente mayoritario de esa demanda. Saber lo que quieren los catalanes o los vascos. No se trata de que decidan nada, sino de saber lo que quieren. No es difícil captar la diferencia.

Contra esta posibilidad se han argüido dos presuntas «reglas de oro» que, según algunos, deberían guiar nuestra conducta para evitar el error que supondría algo como lo que aquí se propone, es decir, lo que se ha llamado «regular la posibilidad de la secesión»:

a) La primera, la de que admitir y regular un expediente secesionista no hará sino incentivar la demanda de secesión y, al final, provocarla; mejor por ello no admitirlo nunca (admitirlo sería una especie de self fulfilling prophecy): la pendiente resbaladiza.

b) La segunda, la de que admitir la posibilidad procedimental de una secesión es tanto como «ceder» a las pretensiones nacionalistas y tratar de lo que ellos quieren tratar: discutir de algo es ya ceder, se dice.

Ambas ideas son, en el fondo, una versión más sofisticada del «tabú» primordial que domina la mente de la clase política española. Admitir y regular una posible secesión no supone un acicate para su realización, sino probablemente lo contrario, puesto que pone al nacionalismo ante sus propias responsabilidades y le obliga a sopesar cuidadosamente sus propuestas y a no hacer un uso táctico de la cuestión. Y, desde luego, no se trata de «ceder» ante pretensión alguna: baste caer en la cuenta de que los nacionalistas son los primeros que rechazarían de entrada una regulación estatal clara y directa del fenómeno secesionista, porque tal posibilidad no conviene a su estrategia. Lo que exacerba el sentimiento secesionista es la negativa cerrada a testar su realidad que practica el Estado. La invitación a ese test no lo exacerba, sino que le obliga a ser realista.

Conviene insistir, por otro lado, en que en lo que aquí se propone no está pensado para que se lleven a efecto un poco a voleo convocatorias referendatarias sobre la unidad del país, sino precisamente para lo contrario: para que, precisamente por ser posibles, no sean necesarias. Pero por ser posibles, no por estar prohibidas.

V. LOS PARÁMETROS DE TRATAMIENTO DEL ASUNTO

La secesión democrática de una parte de un Estado sólo puede ser tal si se encauza a través de un procedimiento bilateral y negociado, un proceso en el que el resultado final no está garantizado de antemano, pero que incluye ineludiblemente, entre otros pasos necesarios, la comprobación referendataria de la existencia de una clara voluntad de secesión en la población afectada. Esto es, en esencia, lo que dijo el Tribunal Supremo canadiense.

Desde un punto de vista político, la gran ventaja de «la vía de la claridad» abierta por ese Dictamen es la de situar la cuestión en unos términos acusadamente procedimentales, es decir, en el hecho de que huye deliberadamente de cualquier planteamiento esencialista o nacional-trascendente, y centra más sencillamente la cuestión en torno a los requisitos o trámites que un proceso de secesión debe reunir a lo largo de su tramitación para poder ser homologado. Homologado desde dos puntos de vista: el de la teoría democrática, por un lado, y el del Derecho Internacional, por otro. Puesto que ya hemos señalado que la práctica asentada entre los Estados soberanos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es la de no aceptar como válida y reconocible una secesión unilateral o impuesta por un acto de fuerza.

En torno a la secesión nacional dentro de un Estado democrático existe hoy en día un verdadero acervo de conocimiento y de principios generalmente aceptados y difícilmente cuestionables que podemos resumir en la forma siguiente:

1.º La secesión es un recurso final o ultimum subsidium para solucionar un problema que se ha demostrado intratable por medio de los usuales expedientes de tipo federal y de protección de minorías. Todo Estado existente, si es democrático, goza de una presunción de legitimidad a favor de su conservación (en ellos se basa el orden internacional actual) y, por ello, son los secesionistas quienes pechan con la carga de probar la indispensabilidad de la secesión.

2.º La secesión no puede en ningún caso generar una pérdida de calidad democrática del sistema político, por lo que quienes pretenden la secesión deberán garantizar de manera convincente —incluso ante instancias internacionales— que en el futuro Estado secesionado se respetarán los derechos de las minorías tanto como los suyos fueron respetados en el anterior sistema, cuando menos.

3.º La gravedad y seriedad del expediente secesionista exige que sólo pueda ser admitida una demanda en tal sentido si es formulada de manera clara, sostenida en el tiempo y —sobre todo— no condicional. Debe eliminarse cualquier posibilidad de uso estratégico de la demanda de secesión para conseguir un estatus político concreto distinto de la independencia.

4.º La comprobación de la voluntad secesionista de la población afectada debe arrojar, sin ningún género de dudas, la constatación de una voluntad mayoritaria clara a favor de la secesión. Como el Tribunal Supremo canadiense ha precisado, la claridad es un requisito que afecta a la calidad de la voluntad expresada, y no meramente cuantitativo. Lo que significa que la claridad de planteamientos debe extenderse a la formulación de la pregunta, a la concreción terminante y patente de las consecuencias del voto en uno y otro sentido, a la exclusión de vías intermedias o alternativas, al proceso público de discusión y a la amplitud de la voluntad misma (mayoría cualificada).

5.º La voluntad expresada por la población de una región secesionista deberá ser objeto de consideración subterritorializada cuando el país o región que pretende la secesión se componga de subunidades políticamente reconocibles y activas, tales como provincias o regiones con existencia política propia —no meramente administrativa— (regla uti possidetis).

6.º Las partes afectadas están comprometidas a negociar de buena fe todas las cuestiones que plantee la posible secesión, desde su procedimiento hasta sus consecuencias sobre el reparto de bienes y derechos afectados así como el régimen aplicable a las personas más directamente concernidas. No hay garantía alguna de que el proceso lleve de facto a la secesión o a la conservación de la unidad, sino sólo una obligación de negociar de buena fe.

Intentemos, entonces, trasladar todo este acervo de principios a la situación de España, aquí y ahora, para intentar deducir alguna consecuencia pragmática.

VI. ¿CÓMO ENCAJAR LA REGULACIÓN DE LA SECESIÓN EN EL VIGENTE ESTADO DE DERECHO ESPAÑOL?

Es curioso señalar que desde una perspectiva estrictamente formal, bien podría argüirse que ningún precepto de la Constitución establece expresamente cuál es la amplitud concreta de esa «unidad» del pueblo/territorio de España. Podría señalarse incluso que la posibilidad de establecerlo nominatim fue rechazada durante su discusión, por lo que la secesión no exigiría como tal la modificación constitucional. Y si no, podría argumentarse, dígannos, ¿qué artículo concreto de la CE habría que reformar como consecuencia de la secesión de parte de España? Desde esta perspectiva literal, la secesión no se opondría a la Constitución y, por ello, no exigiría su reforma.

Ahora bien, y con independencia de otras dificultades interpretativas obvias si atendemos al espíritu del texto, esta interpretación tan literal de la Constitución choca con lo afirmado en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de diciembre de 2008 sobre la «Ley de Consulta» vasca, que en su Fundamento 4.º establece expresamente que la aparición de un sujeto político soberano distinto del que hoy por hoy constituye la nación española supone «una redefinición del orden constituido por la voluntad de esa nación, y su cauce no puede ser otro que el de la revisión formal de la CE por la vía del artículo 168, es decir, con la doble participación de las Cortes Generales en cuanto representan al pueblo español (art. 66.1 CE) y del propio titular de la soberanía, directamente, a través del preceptivo referéndum de ratificación (art. 168.3.º)».

Por tanto, es obligado arrancar del principio de que la secesión choca frontalmente con la Constitución porque en ésta sólo existe un soberano, mientras que la secesión implica la aparición de otro distinto. Consiguientemente, la secesión exige su reforma fuerte para poder llevarse a cabo. Hay una radical contradicción entre la Constitución española vigente y la secesión de parte del Estado, desde el momento en que aquella se fundamenta en la unidad indisoluble de la nación. Podría por ello pensarse, en una primera aproximación al asunto, que cualquier regulación normativa del fenómeno secesionista exigiría con carácter previo una reforma fuerte de la Constitución para evitar que, de otra forma, tal regulación fuera considerada patentemente inconstitucional.

No faltan, incluso, quienes arguyen que incluso planteada como un caso de reforma constitucional, no cabe la secesión porque la existencia del «pueblo español» tal como históricamente quedó constitucionalizado en 1978 es un auténtico «límite implícito al poder de reforma constitucional», de manera que no cabría la secesión ni siquiera planteada por la vía de la reforma del artículo 168. Este argumento diría algo así como que cambiar la naturaleza del pueblo soberano mismo no es cambiar la Constitución, sino cambiar de Constitución, y para ello hace falta un nuevo pacto del poder constituyente. Es decir, afirma que el artículo 2 de la Constitución no crea la unidad de la nación española, sino que se fundamenta sobre ella, de manera que esa unidad sería un hecho previo a la Constitución que ésta no puede modificar.

Ahora bien, esta postura, además de estar fundada en una consideración del pueblo español como entidad ahistórica y trascendental (típicamente nacionalista, por cierto), contradice de nuevo lo afirmado por el Tribunal Constitucional, tanto con carácter general (cuando afirma que no existen en la CE núcleos normativos insusceptibles de reforma), como en concreto, cuando afirma en la Sentencia de 11 de diciembre de 2008 respecto a la posibilidad de la secesión vasca implícita en la «Ley de Consulta»: la afirmación de que una tal demanda es en sí misma legítima siempre que «no se recurra a las vías de hecho».

Admitida entonces en un plano teórico la posibilidad de una reforma constitucional para que opere la secesión de parte del territorio, lo cierto es que plantearse la reforma previa de la Constitución como exigencia para admitir la secesión dejaría en la práctica nulo margen de operatividad a la propuesta de regularla, puesto que resulta inimaginable un consenso político suficiente como para iniciar y culminar un tan duro y complicado proceso de reforma como el que regula el artículo 168. En definitiva, la secesión requeriría con carácter previo el acuerdo supermayoritario de los partidos políticos nacionales y el voto favorable en referéndum de todos los españoles.

¿Entonces? Creo que la salida a este dilema consiste en no caer en el error de poner el carro delante de los bueyes y, por tanto, no plantearse una reforma fuerte de la Constitución cuando ni siquiera existe la constancia real de que exista una voluntad secesionista suficiente en parte alguna de España. En otras palabras, la única postura prudente y lógica es pensar que la reforma constitucional debe ser en cualquier caso la estación término o de llegada de un proceso reglado de secesión, y que nunca debería establecerse como el punto de partida del mismo so pena de hacerlo imposible (o de condenarlo a la ilegalidad y la consiguiente tensión que ello provoca).

Otra cosa sería si la posibilidad de una secesión se hubiera constitucionalizado en su momento, pero sobre esa hipótesis no merece la pena gastar ninguna atención. Tenemos una Constitución a la que, como a la inmensa mayoría de las Constituciones vigentes, le repugna la secesión de una parte del pueblo constituyente. Lo dijo Kelsen, para cualquier Estado la secesión es una auténtica revolución, y las revoluciones no suelen estar reguladas.

Pues bien, si la secesión es por sí misma inconstitucional, entonces la única forma de regularla positivamente sin incurrir en tacha de inconstitucionalidad es la de tratarla desde el punto de vista normativo como se trataría un supuesto procedimental previo a la puesta en marcha del proceso de reforma constitucional del artículo 166 CE enfocado sobre un caso muy concreto, para el caso particular de una reforma que afecte a la unidad nacional. Esta regulación no infringiría la Constitución, sino que precisamente la respetaría y se adecuaría a sus exigencias, porque se limitaría a establecer en qué casos y con qué requisitos sería adecuado poner en marcha el proceso de reforma constitucionalmente reglado para este concreto supuesto.

En definitiva, se trataría de establecer con carácter general por el Parlamento español algo así como una «Ley reguladora de los trámites previos necesarios para poner en marcha la iniciativa de reforma constitucional en los supuestos que afecten a la unidad nacional», una norma que no estaría en contra de la Constitución sino precisamente incardinada en ella como desarrollo normativo de un supuesto particular de posible reforma. Si la Constitución ha previsto y regulado su propia reforma, nada impide al legislador ordinario regular los trámites previos necesarios para iniciar ese proceso de reforma.

Recordemos a este efecto que, en buena teoría democrática liberal, la Constitución es un límite para la actividad normativa del legislador ordinario (lo que no puede éste sobrepasar), pero no limita su libertad en lo no prohibido (F. Rubio Llorente). En otras palabras, que el legislador ordinario tiene plena legitimidad constitucional para regular aquello que la Constitución no prohíbe expresamente. Por ejemplo, y dado que éste es el punto que parece haber suscitado más debate en la opinión últimamente, el Gobierno nacional puede una vez obtenida la autorización del Parlamento convocar un referéndum consultivo de parte de la ciudadanía española (catalanes, vascos, etc.) para conocer su opinión y deseo sobre una cuestión como la posibilidad de secesión de su región. Que el artículo 92 de la Constitución prevea sólo el referéndum de «todos los ciudadanos» no es argumento contra esta posibilidad, porque lo importante es que no prohíbe en absoluto el referéndum «de parte de esos ciudadanos».

Es claro que esta Ley debería ser discutida y negociada entre todas las instancias institucionales del Estado, así como los diversos actores políticos, muy especialmente con aquellos susceptibles de ser sujetos activos de un proceso de secesión. Pero sin olvidar, al así proceder, que se trata de una cuestión de alcance general, que es el sistema político español el que regula su propia modificación.

A grandes rasgos, el contenido de esta Ley procedimental podría ajustarse a los siguientes pasos:

1. Iniciativa: cualquier Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma podría dirigirse al Gobierno de la nación notificándole su voluntad de solicitar la puesta en marcha de un proceso previo de verificación de la posibilidad de secesión para su Comunidad. Parece lógico establecer que esta decisión debería haber sido adoptada por una mayoría reforzada de la Cámara autonómica y no por una mayoría simple.

2. Tramitación: recibida la solicitud y constatada su adecuación legal, el Gobierno daría traslado de la misma a una Comisión ad hoc del Congreso en la que se integrarían varios miembros de la Asamblea autonómica y que sería la competente para discutir y aprobar los siguientes pasos.

3. Constatación de la existencia de una voluntad clara: la Comisión discutiría y acordaría los términos para que se verificase mediante una consulta referendataria la voluntad de la población de la Comunidad Autónoma afectada, estableciendo una propuesta de calendario y los términos exactos de la pregunta que se sometería a referéndum, y solicitando del Gobierno de la nación la convocatoria de la consulta según dispone el artículo 92 CE.

4. Fórmula de la pregunta: la pregunta a someter no podría ser condicional ni incluir más de una alternativa simple entre la unión o la secesión. Hay que tener en cuenta que cualquier pregunta que integra más de dos posibilidades de respuesta, como demostró ya en su día Condorcet, no permite conocer con claridad la opción realmente preferida por la ciudadanía salvo que se efectúen varias votaciones binarias sucesivas emparejando dos a dos las opciones, lo cual es impracticable en el caso estudiado. Por eso es obligado el referéndum con respuesta binaria.

5. Mayoría: para poder seguir el trámite, la pregunta a favor de la secesión debería ser respondida afirmativamente por la mayoría del censo electoral de la Comunidad, entendiéndose en otro caso rechazada. Se trata de una mayoría reforzada, puesto que toma como universo al censo electoral y no a los votantes efectivos, pero nadie podría objetar sensatamente que una tal mayoría no es la mínima exigible en una decisión de tanta trascendencia como ésta.

6. Mayorías territorialmente distintas: si en la Comunidad Autónoma en que se vote existieran entidades territoriales componentes de relevancia política estructural según su Estatuto, y no se alcanzase la mayoría afirmativa requerida en alguna de ellas, tales entidades quedarían excluidas desde ese momento del proceso iniciado, que se limitaría a las entidades restantes. Por ejemplo, en el caso vasco esto supondría respetar la voluntad mayoritaria de los alaveses por respecto al conjunto, dado que los territorios forales son entidades de relevancia política estructural en un sistema cuasiconfederal como es el vasco. No lo son los municipios o las cuadrillas, pero sí las tres Provincias (hoy llamadas «Territorios»).

7. Vacatio: en caso de no aprobarse la pregunta sometida a referéndum por la citada mayoría, no podrá proponerse una nueva iniciativa de verificación por la misma Comunidad Autónoma hasta pasado un plazo de veinte años

8. Obligación de negociar: constada la voluntad mayoritaria afirmativa en los términos anteriores, se iniciaría un proceso de discusión y negociación en el seno de la Comisión del Congreso para llegar a acuerdos sobre las condiciones de la secesión, el reparto de derechos, obligaciones y patrimonios, las garantías de trato democrático a las minorías nacionales y culturales, el régimen transitorio, etc. No existe garantía de que se alcance el acuerdo final, pero sí existe obligación de negociar y de hacerlo de buena fe.

9. Reforma constitucional: en caso de llegarse a un acuerdo, éste sería sometido a la consideración del Congreso para su ratificación y para que se iniciase el proceso formal de reforma constitucional en lo preciso para poder llevarla a efecto, incluyendo el pronunciamiento en referéndum de todos los ciudadanos españoles.

Una Ley como ésta no infringiría principio constitucional alguno: de acuerdo con ella, en efecto, sería el sujeto de la soberanía según la Constitución, es decir el pueblo español, el que dirigiría y controlaría en todo momento el proceso, y de su voluntad dependería la culminación del mismo. No habría, en tal sentido, merma alguna de soberanía ni desapoderamiento de las instituciones básicas del Estado —las Cortes Generales y el Gobierno— con respecto al ejercicio de sus poderes constitucionales. La victoria del «sí» —en su caso— en el referéndum de constatación de la voluntad popular parcial no sería jurídicamente el título legitimador de la secesión (menos aún crearía un «derecho» a la misma), sino que sería sólo la condición previa, aunque políticamente determinante, para impulsar un proceso de reforma constitucional que se ajustaría a lo dispuesto en ella expresamente.

De esta forma, todo el proceso sería a la vez respetuoso tanto con el Estado de Derecho español como, al tiempo, con el principio democrático.

VII. CONCLUSIONES

1.ª La secesión no constituye un «derecho» (ni «derecho moral», ni «derecho positivo») de pueblo o grupo alguno dentro de un Estado democrático, sino sólo una demanda ciudadana que debe poder ser atendida y respondida razonablemente por cualquier sistema democrático.

2.ª Las tensiones secesionistas dentro de un Estado democrático están mejor tratadas desde el punto de vista de la eficacia y la legitimidad del sistema cuando se establece un procedimiento legal para verificar su fuerza y, eventualmente, encauzar la consecuente secesión, que cuando se les da una negativa rotunda a su mismo planteamiento.

3.ª La secesión de una parte de España es una posibilidad constitucional, pero para realizarse dentro del vigente Estado de Derecho, exigiría una reforma de la Constitución por el procedimiento agravado del artículo 167, lo cual supone una enorme dificultad práctica si se intenta abordar directamente.

4.ª Sin embargo, la posibilidad de una secesión de una parte de España podría regularse de una manera más razonable y pragmática si el foco normativo se pone en el procedimiento previo de verificación de la voluntad secesionista y trámites de la consiguiente negociación de la separación, diseñados como pasos previos para la puesta en marcha del proceso del artículo 167.

5.ª Esta regulación positiva tendría probablemente como efecto la reconversión de las tensiones secesionistas en demandas más razonables y reflexivas, obligando a todos los actores a asumir escenarios de responsabilidad que evitarían el uso interesado de tales peticiones e, indirectamente, consolidaría a la larga el sistema autonómico de vocación federal.

6.ª En todo caso, la regulación de la secesión como posibilidad real actuaría como una fuente de relegitimación democrática del sistema político español. El peor error que puede cometer una política unionista en cualquier país afectado por tensiones secesionistas es el de identificar apriorísticamente la idea de referéndum con la idea de independencia, y por ello asumir el referéndum como una amenaza. Una consulta de los deseos ciudadanos es también una posibilidad a favor de la unión.

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CAPÍTULO II

ESTADO DEMOCRÁTICO Y SECESIÓN DE TERRITORIOS. UN ANÁLISIS COMPARADO SOBRE EL TRATAMIENTO DEMOCRÁTICO DE LAS RECLAMACIONES SECESIONISTAS

ALBERTO LÓPEZ BASAGUREN*

I. INTRODUCCIÓN

La presentación y desarrollo del conocido como Plan Ibarretxe en el País Vasco, primero, y el desarrollo de la reclamación de la celebración de un referéndum por la independencia —y, directamente, la reclamación independentista— en Cataluña, después, ha hecho que se plantee en España el debate sobre la existencia o inexistencia de un derecho de autodeterminación o de secesión de los territorios integrados en un Estado con sentimiento de identidad política diferenciada; es decir, naciones o, por usar el término de uso común en Europa, minorías nacionales integradas en un Estado del que constituyen una parte minoritaria. En este debate ha venido resonando, más o menos lejanamente, el proceso de reclamación independentista en Quebec. Pero han sido la reclamación independentista del SNP (Partido Nacional Escocés) a partir de su victoria electoral en las elecciones al Parlamento escocés en 2011 por mayoría absoluta, la exigencia de un referéndum sobre la independencia y, finalmente, el Acuerdo de Edimburgo, de 15 de octubre de 2012, entre el Prime Minister británico, David Cameron, y el First Minister escocés, Alex Salmond, para la celebración de un referéndum en Escocia antes de finalizar 2014, los que han puesto esta cuestión en plena actualidad en Europa, con una cercanía para España de la que, a pesar de todo, carecía el precedente quebequés-canadiense.

El análisis de la forma en que los sistemas democráticos, las democracias liberales, por utilizar la terminología habitual en el mundo anglosajón que se ha consolidado en el mundo académico, afrontan las pretensiones secesionistas resulta fundamental pues, en general, los movimientos nacionalistas que propugnan la secesión suelen reclamar la titularidad de un derecho que, sin embargo, las democracias liberales rechazan como tal. En este sentido, los movimientos nacionalistas que, en España, propugnan, abierta o larvadamente, la pretensión secesionista suelen fundamentar su reclamación en la titularidad, en su condición de nación, del derecho de autodeterminación proclamado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), que se materializaría como un derecho a la secesión. El plan Ibarretxe es ejemplificativo, en este sentido, al referirse expresamente a él como fundamento de su pretensión.

De la misma forma, quienes pretenden la secesión señalan que su inconstitucionalidad se debe en España a la existencia del artículo 2 de la Constitución en el que se afirma «la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». En este sentido, quienes propugnan la secesión suelen sostener que en España no es posible constitucionalmente lo que otros sistemas democráticos aceptan con naturalidad.

Finalmente, en los últimos años, a partir, fundamentalmente, de los vericuetos por los que fue discurriendo el plan Ibarretxe, se ha extendido una idea-fuerza que ha hecho gran fortuna en el terreno de las reclamaciones de soberanía en el ámbito de lo que, utilizando la terminología consolidada en amplios sectores académicos anglosajones, denominaremos «naciones sub-estatales»: el «derecho a decidir». Nuevamente, en este terreno, se sostiene que se trata de un derecho negado en el sistema democrático español, frente a su aceptación en los sistemas democráticos de nuestro entorno.

Se trata de objeciones al sistema democrático español de un enorme calado, pues significa que éste se situaría en unos parámetros radicalmente alejados de las democracias liberales de nuestro entorno, negando derechos que son comúnmente aceptados en ellas. Estas objeciones hacen indispensable un análisis de la forma en que las democracias liberales, que son un referente ineludible para nosotros, afrontan retos similares de reclamación de la secesión de territorios integrados en ellas.

Los estudios comparados tienen una gran tradición y sirven de referencia para analizar instituciones y regulaciones de otros sistemas constitucionales. En el mundo actual la interrelación, la influencia recíproca entre sistemas democráticos trasciende la pura perspectiva comparatista. Cuando un sistema democrático, al afrontar un problema, logra articular una respuesta asentada sobre sólidos fundamentos de acuerdo a los principios constitucional-democráticos, está marcando el camino a los demás sistemas democráticos que se enfrentan ante una cuestión similar, les está interpelando a adoptar una solución que responda cuando menos con igual solidez a los principios que subyacen a las Constituciones democráticas. Es lo que el constitucionalista canadiense Sujit CHOUDHRY ha denominado dialogical method entre sistemas constitucionales al referirse a su idea de migración de las ideas constitucionales. Un sistema democrático, cuando se enfrenta a un problema al que debe dar una respuesta constitucional, está impelido a dialogar con la respuesta formulada en aquellos sistemas constitucionales que han sido capaces de dar una respuesta sólidamente asentada en los fundamentos del sistema democrático. Eso no quiere decir que deba copiar, sin más, aquella solución y que cada sistema constitucional no tenga singularidades que afecten a la solución que cada sistema adopta. Pero tendrá que responder, desde la singularidad y peculiaridades de su sistema constitucional, a las cuestiones que le interpelan desde los sistemas constitucionales que han dado respuesta a problemas similares y confrontarse con los fundamentos en que aquellas se asientan, justificando adecuadamente, en su caso, respuestas que vayan en direcciones diferentes.

En este sentido, al afrontar desde la Constitución española la cuestión de las reclamaciones secesionistas, estamos obligados a confrontarnos con las respuestas dadas en los sistemas que configuran el paradigma constitucional vigente en el mundo democrático, al objeto de analizar si el sistema español responde a parámetros similares o si, por el contrario, se trata de respuestas que no tienen encaje posible en él y cuáles son las razones, los argumentos constitucionales que justifican separarse de aquéllas de forma sólidamente fundamentada en principios democráticos. En caso contrario, la legitimidad democrática de las respuestas que se ofrezcan se verá seriamente afectada; es decir, quedará seriamente dañada la legiti midad democrática del sistema constitucional español. Porque es la legi timidad democrática del sistema constitucional español la que está en juego en ese proceso.

En el análisis de la forma en que las democracias liberales afrontan las reclamaciones secesionistas se va a contemplar una evolución desde la forma en que se afrontarán estas reclamaciones en dos casos muy significativos que tienen lugar en el siglo XIX y principios del siglo XX y la forma en que se están abordando en las democracias actuales. Y se va a tratar de exponer la importancia de las transformaciones producidas. Pero, al mismo tiempo, se va a contemplar que existen más hilos de continuidad de los que aparentemente pueden parecer desde una visión más o menos superficial. Se trata, por una parte, de los casos de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) —secesión de los Estados del Sur— y de Reino Unido —independencia de Irlanda— y, por otra parte, de los recientes ejemplos de Canadá (Quebec) y Reino Unido, nuevamente, con la reclamación de independencia de Escocia.

II. ¿DERECHO A LA SECESIÓN? LA INDIVISIBILIDAD DEL ESTADO COMO PARADIGMA EN LAS DEMOCRACIAS LIBERALES

La Constitución española, en su artículo 2, recoge la indisolubilidad del Estado de una forma ciertamente ampulosa y redundante. Pero, al establecer que la unidad del Estado es indisoluble sigue la regla general en las democracias liberales, con independencia de cuál sea la forma de expresarlo. En efecto, en las Constituciones de nuestro entorno, se recoge el principio de unidad e indisolubilidad del Estado en unos términos similares; es el caso de las Constituciones de Francia (art. 1: «La France est une République indivisible»), Italia (art. 5.1: «La Repubblica, una e indivisibile…») y Portugal (art. 3.1: «A soberanía, una e indivisível…»; art. 5.3: «O Estado não aliena qualquer parte do territorio português ou dos direitos de soberanía que sobre ele exerce, sem prejuizo da rectificação de fronteiras»).

El carácter indisoluble de la unidad en los sistemas constitucionales democráticos, sin embargo, no se limita a aquellos, como los citados, que en su Constitución incluyen una cláusula expresa de indisolubilidad, sino que se trata de un elemento consustancial a los sistemas constitucionales, existente, por tanto, de forma implícita, incluso cuando no exista una cláusula constitucional que lo afirme de forma expresa. Esta es una característica que recorre la historia del constitucionalismo desde sus mismos orígenes hasta la actualidad. Un principio que caracteriza, incluso, a los sistemas federales que se construyeron sobre el mito de la soberanía originaria de los territorios que integran la Federación.

Es el caso de los EEUU que, sin duda, han representado el paradigma tradicional de la negación del derecho a la secesión de territorios en los sistemas federales. La Guerra civil norteamericana (1861-1865) expresa la ausencia de un derecho de secesión de los Estados una vez incorporados a la Federación y el derecho de la Federación a oponerse a cualquier pretensión secesionista incluso por la fuerza, por las armas.

La negación radical del derecho de secesión de los Estados en EEUU tiene una especial significación por el hecho de que representan el sistema inaugural del federalismo moderno de integración de Estados a los que se reconoce soberanía originaria. Pero esa soberanía originaria de los Estados desaparece en el momento en que deciden, libremente, incorporarse a la Unión. La oposición del Presidente A. Lincoln a las distintas declaraciones de secesión de los Estados del Sur, creando los Estados Confederados, quien se opone a la interpretación del derecho de los Estados que se unieron libremente a la Federación a separarse libremente de ella, lo expresa con meridiana claridad. Y el Tribunal Supremo (TS) de los Estados Unidos lo precisó con igual claridad. En el asunto Texas v. White (1869), relativo a la validez de los bonos emitidos por el Gobierno (confederado) de Texas durante la guerra civil, el TS afirmó que la Constitución

in all its provisions, looks to an indestructible Union composed of indestructible States. When, therefore, Texas became one of the United States, she entered into an indissoluble relation. All the obligations of perpetual union, and all the guaranties of republican government in the Union, attached at once to the State. The act which consummated her admission into the Union was something more than a compact; it was the incorporation of a new member into the political body. And it was final. The union between Texas and the other States was as complete, as perpetual, and as indissoluble as the union between the original States. There was no place for reconsideration or revocation, except through revolution or through consent of the States [pp. 725-726; cursivas añadidas].

La Unión es «indestructible», integrada por Estados «indestructibles»; y cuando uno de ellos se incorpora a la Unión se incorpora a una «relación indisoluble»; la incorporación a la Unión es más que un acuerdo, es la «incorporación a un cuerpo político», que es definitiva; una Unión completa, perpetua e indisoluble, que no puede ser objeto de reconsideración salvo a través de la revolución o a través del consentimiento de los demás Estados.

Parece necesario llamar la atención, en esta argumentación realizada por el TS, sobre la referencia al consenso de los demás Estados como (única) vía posible para la secesión. Como se verá más adelante, ello va a permitir establecer un vínculo entre el paradigma constitucional tradicional negatorio del derecho a la secesión con la evolución del paradigma democrático que se viene desarrollando en las últimas, especialmente a partir del Dictamen del TS de Canadá respecto a la secesión de Quebec.

A partir del momento de la integración se crea un conjunto de obligaciones mutuas, de la Federación con los Estados y de éstos con el conjunto de la Federación, que van fortaleciéndose y profundizando a medida que transcurre el tiempo. Lazos que no pueden ser destejidos o rotos por la decisión unilateral de ninguno de los integrantes de la Federación. Por eso, las modificaciones de la Constitución (Amendments) sólo exigen, para entrar en vigor, la ratificación por las Asambleas Legislativas de tres cuartas partes de los Estados, y no la unanimidad (Art. V. Constitution of the United States). Y las reformas constitucionales así aprobadas se imponen a todos los Estados, incluidos a aquellos que no las hayan ratificado a través de su Asamblea Legislativa. En este sentido, se puede decir que existe un general consenso académico en el sentido de que la Constitución norteamericana, tal y como fue escrita e interpretada por los founders de la República creó una fuerte unión nacional con un potencialmente poderoso gobierno nacional y no una limitada confederación, aunque, tras los años iniciales, especialmente a partir de 1835, la interpretación de los founders fuese sustituida por la defensa de los state-rights, tal y como defendía John C. Calhoun en su discurso sobre el derecho de veto de los Estados [«Discurso sobre el poder de veto (28 de febrero de 1842)]» (Daniel J. Elazar).

En el federalismo clásico, por tanto, el paradigma constitucional niega radicalmente el derecho de secesión de los territorios que integran la Federación.

Lo mismo ocurre en otra democracia significativa por su referencia como modelo: el Reino Unido. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX el Reino Unido tuvo que afrontar las reclamaciones irlandesas. Y fracasó en dotar a Irlanda, cuando todavía podía haber sido una solución, de un sistema de Home Rule. Los sucesivos Gobiernos de William E. Gladstone fueron incapaces de que el Parlamento aprobase los sucesivos proyectos de Home Rule presentados (1886 y 1893). Cuando el Gobierno liberal, ya fallecido Gladstone, logra finalmente que se apruebe la Government of Ireland Act 1914, gracias a que las previsiones de la Parliament Act habían reducido el veto de la Cámara de los Lores a un valor puramente temporal, el estallido de la gran guerra suspende su entrada en vigor. Y, cuando tras el fin de la guerra, se aprueba la Government of Ireland Act 1920, ya era demasiado tarde. La evolución de los acontecimientos en Irlanda llevó a la declaración unilateral de la independencia por parte de los nacionalistas irlandeses. Una independencia que tuvieron que imponer por la fuerza, tras la guerra anglo-irlandesa o Irish Independence War. El Reino Unido aceptó la nueva situación a través del Anglo-Irish Treaty (1922), por el que se creaba el Irish Free State, que pronto se convertiría en República de Irlanda.

Como ya se ha adelantado, el caso canadiense y la forma de afrontar la pretensión secesionista de Quebec va a transformar profundamente el paradigma tradicional representado por estos dos casos. Pero, precisamente, en este aspecto, el caso canadiense representa una reafirmación del principio constitucional de indisolubilidad de la unidad del Estado, aunque no esté establecido de forma explícita en el texto constitucional. En efecto, el TS de Canadá cuando tuvo que afrontar esta cuestión en el Dictamen (Reference) sobre la secesión de Quebec (1998), estableció la inexistencia de un derecho a la secesión unilateral de Quebec en el ámbito de la Constitución canadiense: la secesión, afirma el TS, requeriría una previa reforma constitucional que la permitiese de forma expresa; lo que significa la necesidad de lograr previamente la concurrencia de distintas voluntades políticas que, máxime en una Federación, exige una exitosa reforma constitucional. La profunda significación de esta afirmación del TS canadiense se pone de relieve si tenemos en cuenta dos elementos. En primer lugar, el TS precisa que la secesión unilateral de un territorio es contraria a la Constitución y que sólo es posible previa reforma de la Constitución, a pesar de que la Constitución no contenga ninguna cláusula relativa a la indivisibilidad de Canadá. Lo que pone en cuestión la opinión de quienes, en España, atribuyen ese efecto a la literalidad del artículo 2 de la Constitución. Y, además, en segundo lugar, el TS de Canadá estableció la necesidad de una reforma constitucional que expresamente estableciese la secesión de una parte del territorio canadiense después de que hubiesen fracasado los dos intentos de reforma constitucional (el Acuerdo de Lago Meech —1987— y el Acuerdo de Charlottetown —1992—), impulsados, precisamente, para tratar de satisfacer las reclamaciones de Quebec y superar el expediente de su oposición a la patriation de la Constitución en 1982, con la aprobación de la Carta canadiense de Derechos y Libertades. Es decir, cuando ya se había demostrado en la práctica que la reforma de la Constitución iba a resultar en Canadá, en el futuro, una tarea enormemente difícil, que iba a exigir un amplísimo consenso en distintos niveles: consenso casi unánime de las provincias, entre sí, y en las provincias, de las fuerzas políticas representadas en sus legislaturas y del electorado, por una parte, y de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento federal y de la ciudadanía canadiense en su conjunto, por otro. Una conjunción múltiple de consensos que ha llevado a considerar que la Constitución canadiense se ha vuelto casi imposible de reformar en la práctica.

A la luz de lo que se acaba de ver, parece indudable que la indivisibilidad del Estado es un elemento ineludible del paradigma constitucional de las democracias liberales, con independencia de que en el texto constitucional se establezca expresamente una cláusula de indivisibilidad o no. Por tanto, en las democracias liberales no existe un derecho a la secesión de los territorios que integran el Estado. El encaje constitucional de la secesión sólo puede ser explícito a través de la reforma de la Constitución, cualesquiera que sean las exigencias o dificultades formales que esa reforma lleve aparejadas. La secesión sólo puede ser aceptable constitucionalmente si se produce la compleja concurrencia de voluntades que la reforma constitucional presupone. Complejidad especialmente extrema en los sistemas federales en los que la reforma exige la simultánea concurrencia de voluntades políticas de distinta naturaleza y extensión. Es en este contexto en el que las consideraciones del TS de Canadá acerca de la legitimidad de las diferentes posturas en esa confrontación política, a la que más adelante se hará referencia, adquieren su profundo significado en un proceso de debate democrático.

El derecho de autodeterminación, en supuestos como los que a nosotros nos ocupan, se materializa en el ámbito interno, en el seno de una sociedad democrática, en el que esas comunidades encuentran vías de participación y de representación y en el que su identidad puede manifestarse. A ello se hará referencia más adelante, al tratar de la protección de las minorías nacionales en Europa.

III. ¿DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN? DERECHO INTERNACIONAL, AUTODETERMINACIÓN EXTERNA Y DOMINACIÓN COLONIAL

Las reclamaciones de soberanía para territorios integrados en democracias liberales que han tenido lugar en los últimos tiempos han solido recurrir casi siempre (Escocia es, quizás, una relativa excepción) a una alegada titularidad del derecho de autodeterminación. Entre nosotros, es el caso del plan Ibarretxe, cuyo «derecho a decidir» tenia, entre otros fundamentos, el «derecho a la libre determinación de los pueblos reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales», como sostuvo el entonces lehendakari en la sesión del Parlamento Vasco de 27 de septiembre de 2002, cuando presentó su plan. En este sentido, Ibarretxe utilizaba el mismo argumento que ya habían utilizado las fuerzas políticas que reclamaban la soberanía de Quebec. El mismo argumento es utilizado mayoritariamente por quienes reclaman la independencia de Cataluña.

En efecto, el derecho de autodeterminación de los pueblos es proclamado en los textos jurídicos básicos, fundamentales, de Derecho internacional posteriores a 1945. Sin duda, los más importantes, en este sentido, son la Carta de las Naciones Unidas —artículos 1 y 55— (1945) y los dos Pactos Internacionales de derechos —artículo 1, en cada uno de ellos— (1966).

La precisión del significado jurídico del derecho de autodeterminación así proclamado en estos textos internacionales no es algo que quede al libre albedrío de cualquiera que sienta el deseo de interpretarlo. La determinación de su contenido jurídico no es de libre disposición. De la misma forma que los sistemas jurídicos nacionales tienen órganos específicos para determinar el contenido de sus normas jurídicas, también la sociedad internacional los tiene, aunque, por las especiales características de esta sociedad —cuyos sujetos son, fundamentalmente, los Estados— frente a las sociedades articuladas políticamente en el Estado, esos órganos sean, fundamentalmente, las propias organizaciones internacionales productoras de los textos jurídicos y, sólo de forma un tanto limitada y peculiar, en una medida muy inferior a lo que es característico en el Estado, los tribunales, especialmente, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ).

La ONU, en este sentido, ha interpretado con una claridad nítida el significado del derecho de autodeterminación, precisando que ese derecho habilita a un pueblo a —entre otras opciones— constituirse como Estado soberano, independiente, únicamente en los supuestos de dominación colonial u otro tipo de dominación externa. Es lo que se conoce como «autodeterminación externa». Hay unanimidad académica en el sentido de que el Derecho internacional sólo reconoce el derecho a la soberanía como derecho a la creación de un Estado independiente en los supuestos coloniales o de dominación externa.

En efecto, los instrumentos internacionales fundamentales que se han citado han sido objeto de numerosas decisiones por parte de los órganos de UN. Es básica, en este sentido, por su carácter general, la Declaración 2625 (XXV), sobre los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General el 24 de octubre de 1970. Esta Declaración hace expresa referencia al derecho a la libre determinación de los pueblos y precisa que la aplicación de ese principio obliga a todos los Estados miembros de la comunidad internacional a: «a) fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados y; b) poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo debidamente en cuenta la opinión de los pueblos de que se trate; y teniendo presente que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación del principio, así como una denegación de los derechos humanos fundamentales y es contraria a la Carta». El ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos puede concretarse en el «establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida» por ese pueblo. El respeto del ejercicio de ese «derecho a libre determinación, a la libertad y a la independencia» por parte de «los pueblos antes aludidos» es una obligación de todos los Estados miembros de la sociedad internacional.

Esta Declaración suponía la reiteración, de forma más general y acabada, de los términos en que la misma Asamblea General había formulado el derecho a la libre determinación de los pueblos en la Declaración 1514 (XV) sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, aprobada el 14 de diciembre de 1960. El derecho a la «independencia completa» se predica para los «pueblos dependientes», los pueblos en situación de dominación colonial. Esta Declaración que ha tenido una de sus manifestaciones recientes más importantes en la Resolución 53/68, de la misma Asamblea General, aprobada el 3 de diciembre de 1998, que trata de concluir la tarea establecida en aquella Declaración.

Esta idea se refirma, finalmente, en un documento de gran importancia: la Declaración de Viena y Programa de Acción aprobado en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de la ONU, de 25 de junio de 1993. En esta Declaración se reafirma el derecho a la libre determinación de los pueblos «tomando en cuenta la particular situación de los pueblos bajo dominación exterior, colonial o de otro tipo». Derecho de autodeterminación que «no significará autorización o impulso de ninguna acción dirigida a desmembrar o afectar, de forma total o parcial, la integridad territorial o la unidad política de ningún Estado soberano e independiente que actúe de acuerdo con los principios de igualdad de derechos y de autodeterminación de los pueblos y que, en consecuencia, disponga de un gobierno representativo del conjunto de los ciudadanos pertenecientes a su territorio sin distinción de ningún tipo». Es lo que se conoce como la saving clause o cláusula de salvaguarda o de excepción, que se asienta en la Declaración 2625 (XXV). Esto significaría, como sostiene S. Cassese, que, en la medida en que la desmembración territorial no se excluye totalmente, lógicamente quedaría admitida. Es decir, aunque no afirmaba positivamente el derecho a la secesión dejaba abierta la posibilidad de que grupos minoritarios que veían vulnerados los derechos humanos dentro del Estado pudiesen ver reconocido el derecho a la secesión. Aunque esta opinión ha sido calificada por otros autores como «falacia lógica» (D. L. Horowitz), ésta será la vía por la que avanzará el caso de Kosovo, aunque con muchas limitaciones y cautelas, como se verá más adelante.

La interpretación del derecho de autodeterminación en estos términos es consecuencia de la necesidad de compatibilizar el derecho a la libre determinación con el principio de integridad territorial de los Estados, que es un principio básico, constitutivo, especialmente, de la sociedad internacional en el orden mundial establecido tras el final de la segunda guerra mundial. Un principio que, como se verá más adelante, también es esencial en el sistema europeo de protección de las minorías nacionales y en el sistema de cooperación y seguridad en Europa articulado en torno a la OSCE.

Esta misma interpretación es la que acogió el TS de Canadá en el Dictamen sobre la secesión de Quebec, al ser preguntado sobre la titularidad por parte de Quebec de un derecho a la libre determinación de acuerdo a lo dispuesto en los instrumentos de Derecho internacional. Y, como ya se ha dicho, es una interpretación unánimemente compartida en el ámbito académico en el campo del Derecho internacional.

En estas condiciones, sostener que Quebec, Euskadi o Cataluña son titulares del derecho a la autodeterminación proclamado en los instrumentos internacionales, en el sentido de que ello les otorgaría el derecho a decidir su propio status político, incluida, su constitución como Estado independiente, en caso de que así lo decidiesen sus ciudadanos, es una interpretación puramente voluntarista, que carece de fundamento en el Derecho internacional vigente. En el caso de Quebec, en torno al referéndum de 1995 todavía podía ser relativamente explicable que se sostuviese esa interpretación; no lo es, sin embargo, en la actualidad, cuando la cuestión ha sido debatida hasta la saciedad y aclarada con nitidez. Sin embargo, nos encontramos con que se sigue insistiendo en que Euskadi o Cataluña son titulares del derecho a la autodeterminación proclamado en los instrumentos de Derecho internacional. Puede sostenerse que el derecho de autodeterminación debiera ser entendido de forma diferente; pero no puede sostenerse que las sociedades de esos territorios «son» titulares del derecho de autodeterminación.

IV. ¿UNA EXCEPCIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL?: EL RECONOCIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DE KOSOVO Y EL DICTAMEN CONSULTIVO DEL TIJ

En la historia reciente de Europa se han producido dos acontecimientos que han tenido gran trascendencia en la configuración del mapa europeo: la liquidación del bloque soviético y la explosión de los Balcanes. Como consecuencia de ellos, el número de Estados en Europa se ha multiplicado de forma importante, aunque no todos los que lo pretenden han logrado ser reconocidos por la comunidad internacional, con lo que su existencia es fundamentalmente fallida. Entre las cuestiones que se han planteado en torno a este proceso, la independencia de Kosovo destaca por su trascendencia en relación con la cuestión que es objeto de análisis en estas páginas. Destaca tanto por la forma en que se han desarrollado los hechos, convirtiéndose en un caso de referencia en la relación entre derecho de autodeterminación y principio de integridad territorial de los Estados, como por el hecho de que en este asunto se ha pronunciado el TIJ a través de un Dictamen Consultivo, requerido por la Asamblea General de las UN.

Kosovo, antigua provincia autónoma integrada en la República yugoslava de Serbia, con una población casi únicamente de etnia albanesa, vio suspendida su autonomía por las autoridades serbias en 1989. Los representantes de Kosovo declararon unilateralmente la independencia, abriéndose un periodo de actuaciones terroristas por parte de sectores kosovares y actuaciones represivas por parte de las autoridades serbias, creando una importante crisis humanitaria. La intervención militar de la OTAN contra Serbia llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas —tras varias Resoluciones anteriores del mismo órgano, incumplidas por Serbia— a aprobar la Resolución 1244 (1999), de 10 de junio, relativa a Kosovo, poniendo a esta provincia bajo administración civil y militar de la ONU y pidiendo al Secretario General que nombrase un Representante Especial para Kosovo. Aunque la Resolución reafirmaba el principio de la integridad territorial de la República Serbia, señalaba que esa administración internacional de Kosovo tendría como objetivo «el establecimiento de una autonomía y un autogobierno sustanciales» en la provincia; todo ello, en espera de una solución definitiva. En 2006, el Representante Especial (el antiguo Presidente de Finlandia, Martti Ahtisaari) presenta su propuesta de arreglo definitivo, pero las negociaciones con la República de Serbia fracasan, lo que lleva al representante Especial a proponer la independencia de Kosovo como la única alternativa viable. Serbia rechazó esta propuesta y tras fracasar nuevas negociaciones, los representantes de Kosovo declararon la independencia de la provincia el 17 de febrero de 2008. En octubre del mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó al TIJ que emitiese un Dictamen Consultivo sobre la cuestión de si la declaración unilateral de independencia por parte de las autoridades provisionales de Kosovo había sido realizada de acuerdo al Derecho internacional.

La exposición sucinta de los acontecimientos en los que se inscribe el Dictamen Consultivo del TIJ es de una importancia trascendental para tener plena conciencia de la situación absolutamente excepcional vivida por Kosovo en el plano internacional; tanto desde el punto de vista del trato dado por Serbia a la población de Kosovo, como la intervención excepcional de la comunidad internacional en ese terreno.

El TIJ emitió su Dictamen Consultivo el 22 de julio de 2010. Por diez votos frente a cuatro manifestó que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violaba el Derecho internacional. El Dictamen ha recibido una crítica prácticamente generalizada en el ámbito académico del Derecho internacional. La doctrina jurídica esperaba que el TIJ se sintiese obligado a afrontar la cuestión clave de los límites entre el principio de integridad territorial de los Estados y el derecho de autodeterminación. Una gran mayoría de la doctrina académica considera que, por las circunstancias que concurrían en este asunto, el caso de Kosovo era la ocasión para aclarar los límites de la saving clause presente en la Declaración 2625 (XXV) de la AGNU, sobre las relaciones de amistad (Friendly Relations), y en la Declaración de Viena y Programa de Acción (1993), que justificarían una remedial secession (o secesión como remedio). Se considera, en este sentido, que las graves vulneraciones de los derechos humanos sufridas por la población kosovar, con la crisis humanitaria que provocó, y la inexistencia de un gobierno representativo de la población del territorio, sin distinción de ningún tipo, que había justificado una intervención absolutamente excepcional, con un carácter incisivo totalmente inusual, justificaban la interpretación de que, en el caso de Kosovo concurrían las circunstancias exigidas para la aplicación de aquella cláusula.

Pero el TIJ eludió afrontar esta cuestión. Interpretó que la consulta planteada por la AGNU se limitaba a pedir opinión sobre si la declaración de independencia había sido realizada de acuerdo a las normas de Derecho internacional, lo que no le exigía aclarar si Kosovo, en las circunstancias que concurrían, tenía un derecho a la autodeterminación externa, es decir, a la secesión, a una remedial secession, ni sobre las consecuencias que derivarían de esa declaración, ni sobre la legalidad internacional del reconocimiento de Kosovo por los Estados que así lo habían hecho.

Limitada la cuestión a interpretar en estos términos, el TIJ considera que el Derecho internacional no contiene regulación alguna sobre las declaraciones unilaterales de independencia y que el Consejo de Seguridad de UN solamente ha puesto en entredicho declaraciones unilaterales de independencia cuando han llevado aparejados actos de fuerza. Por otra parte, considera que ni el Representante Especial del SGNU para Kosovo, que podía anular los actos de las autoridades provisionales, ni el CSNU manifestaron objeción alguna a esa declaración de independencia. En estas condiciones, la declaración unilateral de independencia no fue contraria al Derecho internacional, pues una tal declaración no está prohibida por el mismo, acogiendo tácitamente la doctrina establecida por el Tribunal Permanente de Justicia Internacional en el asunto SS Lotus (1927) en el sentido de que está permitido todo lo que no está prohibido. El carácter no contrario al Derecho internacional de la declaración unilateral de independencia no prejuzga, sin embargo, las consecuencias jurídicas de la misma, ni la legitimidad o no del reconocimiento de Kosovo como Estado independiente por parte de los Estados de la comunidad internacional.

Una curiosa forma de eludir por parte del TIJ los problemas reales que se planteaban en este asunto. Ello ha llevado a la doctrina internacionalista a preguntarse si, realmente, el Derecho internacional tenía algo que decir sobre la legalidad de la declaración de independencia de Kosovo o a caracterizar el Dictamen Consultivo como lo que el TIJ dice cuando no tiene nada que decir.

Aunque el TIJ eludiese la cuestión crucial de si Kosovo, dadas las circunstancias que concurrían, tenía derecho a la autodeterminación externa, como derecho de secesión, en cuanto remedial secession, en la medida en que concurrían las circunstancias requeridas por la saving clause o cláusula de excepción de los límites del derecho de autodeterminación en relación con el principio de integridad territorial de los estados, existe un consenso casi unánime en el sentido de que, efectivamente, el caso de Kosovo constituía un supuesto de aplicabilidad de aquella cláusula. Y así lo habían ido poniendo de relieve las actuaciones realizadas por la comunidad internacional y sus organizaciones en el largo periodo que precedió a la declaración unilateral de independencia.

V. ¿EL DESARROLLO DE UN NUEVO PARADIGMA? PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y VOLUNTAD SECESIONISTA: EL CASO DE QUEBEC EN CANADÁ

El proceso de reclamación de la soberanía en Quebec ha tenido un largo recorrido, desde su inicio en torno al proceso de patriation de la Constitución por parte de Canadá, incorporando a la British North America Act 1867 (BNA) la Carta canadiense de Derechos y Libertades, de 1982. En lo que aquí interesa, hay que hacer referencia, por encima de todo, a la doctrina establecida por el TS de Canadá en el ya citado Dictamen (Reference) sobre la secesión de Quebec (1998). Esta doctrina tiene una trascendencia extraordinaria, en la medida en que va a desarrollar un nuevo paradigma en la forma de afrontar las reclamaciones secesionistas en las democracias liberales que, aunque mantiene elementos de base inalterables respecto a lo que ha sido el paradigma tradicional, va a incorporar modificaciones de importancia.

En 1995 se realizó en Quebec el segundo referéndum sobre la soberanía. Mientras que en 1980 el resultado en contra de la pretensión del Parti quebecois había sido relativamente holgado, en 1995 el electorado rechazó la propuesta soberanista por un margen extraordinariamente estrecho: escasos cincuenta y cinco mil votos de diferencia. Sobre unos cinco millones de electores inscritos, se registró una participación prácticamente del 93,5 por 100, votando a favor el 49,42 por 100 (2.308.360 electores) y en contra el 50,58 por 100 de quienes ejercieron el derecho de voto (2.362.648 electores).

Los resultados del referéndum tuvieron un gran impacto. Los soberanistas creyeron, por una parte, que la victoria que habían tocado con la punta de los dedos no se haría esperar; pero al mismo tiempo, empezaron a comprender que los peligros para sus pretensiones estaban, sobre todo, dentro del propio Quebec. Por su parte, los federalistas respiraron aliviados, pero conmocionados por la fortaleza de los votos soberanistas y por la pretensión de los soberanistas de optar por una secesión unilateral de Quebec en el supuesto de que obtuviesen el respaldo de la mayoría del electorado en la provincia. En esa situación, el Gobierno federal de Jean CHRÉTIEN (liberal) —al que se acababa de incorporar Stéphane DION como Ministro de Relaciones Intergubernamentales— decidió plantear una consulta al Tribunal Supremo —a lo que le habilita la sección 53 de la Supreme Court Act— acerca de si Quebec tiene derecho a una secesión unilateral de Canadá. Consulta a la que el TS responde a través del Reference sobre la secesión de Quebec, de 20 de agosto de 1998.

La construcción doctrinal que realiza el TS en este Reference —o Renvoi— va a sentar las bases de un nuevo paradigma en la forma de afrontar en los sistemas democráticos federales las pretensiones secesionistas de territorios integrados dentro de la Federación, frente al representado por la Guerra civil norteamericana o el proceso de independencia de Irlanda en Reino Unido. La construcción argumental que realiza el TS canadiense realmente merece la atención que se le ha prestado y la importancia que se le reconoce en el ámbito del Derecho Constitucional comparado. A mi juicio, su gran importancia, radica en que, como ha señalado Sujit Choudhry, «proporciona un relato que advierte sobre los límites del diseño constitucional y su capacidad para afrontar la amenaza de secesión por parte de las naciones minoritarias al margen de la legalidad».

El Gobierno federal plantea al TS tres preguntas relacionadas entre sí. Pregunta, en primer lugar, si la Asamblea nacional de Quebec o su gobierno pueden llevar a cabo la secesión de Canadá de forma unilateral; en segundo lugar, si el Derecho internacional otorga al Parlamento o al Gobierno de Quebec ese derecho a la secesión unilateral, por ser Quebec titular, en ese ámbito, de un derecho a la autodeterminación; y, en tercer lugar, en caso de existir contradicción entre el Derecho interno y el internacional sobre la capacidad del Parlamento o del Gobierno de Quebec para decidir la secesión unilateral de Canadá, cuál de ellos tendría preferencia.

Ya se ha visto que el TS responde negativamente a la cuestión relativa a la pretendida titularidad por parte de Quebec de un derecho a la autodeterminación al amparo del Derecho internacional. Y se ha visto, igualmente, que, de la misma forma, responde negativamente a la posibilidad de que, de acuerdo a la Constitución de Canadá, Quebec declare unilateralmente la independencia. La independencia de un territorio es contraria a la Constitución y sólo puede realizarse legalmente si es previo acuerdo de reforma de la Constitución en que expresamente se acoja la independencia del territorio.

Afirmado este principio, la cuestión radica en si en él concluye todo lo que desde la Constitución se puede (y se debe) decir sobre la secesión de un territorio o si, por decirlo de alguna forma, ése no es sino un punto de partida del tratamiento de esta cuestión. El TS de Canadá consideró que ahí no terminaba el tratamiento constitucional del asunto que se le planteó, sino que era necesario ir más allá. Esa necesidad de ir más allá de la constatación de que la Constitución no acoge —rechaza— la posibilidad de secesión venía impuesta, a juicio del TS, por la necesidad de que el principio de legalidad constitucional quedase reforzado por el principio de legitimidad democrática.

Lo primero que hay que subrayar en este nuevo paradigma que se desarrolla en Canadá es que la negación de la titularidad del derecho de autodeterminación al amparo del Derecho internacional supone que nos encontramos ante una cuestión que, desde el punto de vista jurídico, es una cuestión de Derecho interno.

En este terreno, el TS de Canadá comienza considerando que la Constitución «es más que un texto escrito», de forma que abarca todo el sistema de normas y principios que gobiernan el ejercicio de la autoridad constitucional (par. 148). Ello no significa una invitación a eludir el texto escrito de la Constitución, cuya primacía se reafirma, como garantía de certeza legal y de su carácter predecible; pero obliga a eludir una lectura superficial de unas determinadas disposiciones del texto escrito de la Constitución que puede ser engañosa. El TS considera que una respuesta correcta a las cuestiones planteadas sólo puede construirse sobre el análisis de los principios que informan y sobre los que se construye el texto constitucional escrito (par. 49), que constituyen su alma, su elemento vital (lifeblood) (par. 51), cuyo respeto permite a la Constitución seguir siendo un sistema vivo (a living tree) (par. 52). El TS identifica, en este sentido, cuatro principios que subyacen a la Constitución escrita: democracia, federalismo, constitucionalismo y legalidad (rule of law) y protección de las minorías. Interpretar cabalmente el significado de la Constitución en este ámbito exige, a juicio del TS, un análisis profundo de estos principios.

Esta precisión sobre el juego simultáneo y complementario de cada uno de los cuatro principios constitucionales enunciados es de gran importancia, en la medida en que los defensores del derecho de Quebec a la secesión unilateral lo construían sobre una consideración omnímoda, ilimitada y todopoderosa del principio democrático como decisión de la mayoría de una determinada comunidad.

El TS de Canadá afirma que el principio democrático no puede ser reducido a una pura cuestión de «voluntad de la mayoría»; aún menos si se trata de la voluntad de la mayoría en un concreto territorio provincial. Considera que sería un grave error identificar legitimidad democrática únicamente con la «voluntad soberana» o regla de la mayoría, excluyendo otros principios constitucionales (par. 67). Sobre esta base desmonta la idea de que democráticamente Canadá no podía oponerse a la voluntad mayoritaria del electorado de Quebec manifestada en referéndum. El TS afirma que ese argumento, que llevaría a eludir legítimamente lo establecido en la Constitución por medio de un voto mayoritario en un referéndum provincial, es «superficialmente persuasivo», en la medida en que apela a algunos de los principios que subyacen la legitimidad de la Constitución misma, como la democracia y el autogobierno. Pero inmediatamente precisa que se trata de un argumento inconsistente, porque «malinterpreta el significado de la soberanía popular y la esencia de la democracia constitucional» (par. 75). Los canadienses, afirma el TS, nunca han aceptado que el suyo sea un sistema fundado en la simple regla de la mayoría, sino que su idea de democracia es mucho más rica, en conjunción con los otros principios constitucionales señalados (federalismo, constitucionalismo y derechos de las minorías). Por tanto, el principio de la voluntad democrática del pueblo de una provincia debe compatibilizarse, en primer lugar, con el carácter vinculante de las normas constitucionales. Es decir, aquella voluntad democrática no puede llevar a eludir las normas imperativas de la Constitución, sino que deberá acomodarse a ella a través de su reforma, de la reforma de la Constitución. Unas normas constitucionales que, afirma el TS, ciertamente son reformables, «pero únicamente a través de un proceso de negociación que asegure que es una oportunidad para que los derechos de todas las partes definidos constitucionalmente sean respetados y conciliados entre sí» (par. 76).

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el principio democrático debe conjugarse, igualmente, con el principio federal, lo que significa la convivencia de diferentes mayorías, en las diferentes provincias y a escala federal, todas igualmente legítimas; ninguna de ellas es más legítima que las demás como expresión de la voluntad democrática. La función del federalismo, en este sentido, es «permitir a los ciudadanos participar de forma concurrente en diferentes colectividades y perseguir objetivos en ambos niveles, provincial y federal»; porque el federalismo es el «mecanismo por el que la diversidad puede ser conciliada con la unidad».

En este sentido, a juicio del TS de Canadá, el principio democrático exige que la voluntad de la población de un territorio a favor de la secesión no pueda ser irrelevante para el conjunto del país siempre que cumpla determinadas condiciones que vienen exigidas, precisamente, por ese mismo principio. Así, este principio exige que la manifestación de la voluntad secesionista sea expresada de forma clara e indiscutible, tanto desde el punto de vista de la mayoría que la manifiesta como por la forma de expresarla, de forma directa, sin ambages, sin circunloquios, sin condicionantes o sin aparecer agazapada tras propuestas de negociación; es decir, que sea manifestada expresamente como voluntad de secesión, sin mezclarla con otras cuestiones relativas a la organización interna del Estado o al estatus del territorio en su seno. Cuando se manifiesta a través de un referéndum, esa voluntad debe expresarse con una mayoría clara («a “clear” majority as a qualitative evaluation») en respuesta a una pregunta clara. El resultado del referéndum, para ser asumido como una expresión de la voluntad democrática «debe estar libre de ambigüedad, tanto en relación a la pregunta planteada como al respaldo logrado» (par. 87).

La clara y expresa manifestación de voluntad secesionista, sin embargo, no es más que la expresión de una voluntad; carece de efectividad por sí misma, dado que no existe un derecho a la secesión ni un derecho de autodeterminación de los territorios internos. Y, además, el referéndum, por su carácter consultivo, no tiene efectos jurídicos directos.

Las consecuencias que impone el principio democrático vienen limitadas por el principio de constitucionalidad y de legalidad (rule of law), por lo que no puede tener consecuencias que no estén previstas en la Constitución y en las leyes. Es por eso por lo que sólo previa reforma constitucional puede acabar materializándose la voluntad de secesión de un territorio con su nacimiento como Estado independiente. Pero, al mismo tiempo, como se ha visto, el rule of law, el respeto a la legalidad no puede hacer que la manifestación de voluntad por parte de la población sea irrelevante.

En esas condiciones, el TS considera que el principio democrático impone a las partes una obligación de negociar con lealtad a los principios constitucionales. Las exigencias derivadas de esos mismos principios marcarán los derroteros de la negociación y sus resultados. La negociación tendrá como objetivo tratar de llegar a un acuerdo sobre una reforma constitucional que haga posible la secesión del territorio cuya población ha manifestado su voluntad en ese sentido en los términos indicados; es decir, hay que negociar la reforma de la Constitución. Pero esa negociación no puede consistir, puramente, en precisar, como dice el TS de Canadá, «los detalles logísticos de la secesión» (par. 90), como suelen pretender los partidarios de la secesión. Ello supondría aceptar una primacía absoluta del principio democrático, vaciando de contenido los demás principios constitucionales. Ni la voluntad favorable a la secesión de la población del territorio ni sus intereses son los únicos relevantes en la negociación; se trata de una negociación en todo el sentido de la palabra. Como precisa el TS, los representantes del territorio que pretende la secesión no pueden pretender disponer del derecho de dictar a las demás partes los términos de la secesión, porque ello no sería en absoluto una negociación; estaríamos ante el ejercicio del derecho de autodeterminación. Y, además, añade, desde un punto de vista práctico, sería infantil suponer que el objetivo sustancial de la secesión pueda ser fácilmente diferenciable de los detalles prácticos de la secesión: «the devil would be in the details» —el diablo puede esconderse en los detalles— (par. 91). Ninguna negociación será efectiva, concluye el Tribunal, si su resultado último —la secesión— se establece como «un derecho legal absoluto» a materializarlo en la Constitución; una conclusión ineludible de ese tenor «destruiría realmente la obligación de negociar, vaciándola de contenido» (par. 91). Pero, de la misma forma, a juicio del TS, tampoco la defensa de la legalidad puede hacerse desde una posición inamovible, insensible a los argumentos favorables a la secesión (par. 95). Es decir, se trata de una negociación en la que el resultado no puede estar determinado de antemano en ningún sentido.

La construcción hermenéutica realizada por el TS de Canadá se asienta sobre la convicción de que en un sistema democrático, por una parte, no es posible hacer nada que no sea conforme al principio de legalidad, que sea contrario a la legalidad; y, por otra, que la legalidad debe ser capaz de superar el test de legitimidad democrática siempre que ello sea necesario. Y que esa relación entre legalidad y legitimidad democrática sólo puede canalizarse a través del diálogo democrático, en el que la legitimidad de cada posición estará permanentemente puesta a prueba por su adecuación a las exigencias de los principios que subyacen a la Constitución. Actitud que asume un «significado constitucional de primer orden» (par. 94) y de la que dependerá la legitimidad de cada posición negociadora hasta el punto de que la falta de conformidad a ellos pondrá seriamente en riesgo la legitimidad de la afirmación de los derechos de esa parte y quizás el proceso de negociación en su conjunto; es decir, tanto de quienes pretenden imponer la aceptación de la secesión al margen del principio de legalidad, como de quienes pretenden imponer el principio de legalidad al margen de la legitimidad democrática: «Quienes con toda legitimidad insisten en la importancia de respetar el principio de legalidad no pueden, al mismo tiempo, eludir la necesidad de actuar en conformidad con los principios y valores constitucionales, contribuyendo al mantenimiento y la promoción de un entorno en el que pueda prosperar el principio de legalidad» (par. 95).

Creo, ciertamente, que con esa construcción hermenéutica el TS de Canadá ha acertado a situar el debate en el corazón del sistema constitucional democrático. Los territorios integrados en un Estado democrático carecen del derecho de autodeterminación. Y tampoco son titulares de un derecho a la secesión, porque el principio de indisolubilidad del Estado es consustancial a las Constituciones democráticas. Pero si una comunidad expresa su voluntad de secesión y esa manifestación de voluntad tiene todas las garantías democráticas de ser una clara y fiable expresión de una voluntad claramente mayoritaria de esa sociedad, un sistema democrático no puede permanecer indiferente ante esa manifestación de voluntad. En esa situación, debe afrontarse la negociación para afrontar una reforma de la Constitución que, en su caso, prevea expresamente la secesión del territorio, porque, como dice el TS de Canadá, la Constitución no es una «camisa de fuerza» (straitjacket) (par. 105). Pero la reforma de la Constitución exige la confluencia de distintas voluntades democráticas, todas ellas igualmente legítimas en el ámbito respectivo que les corresponde. Máxime en un sistema federal, en el que la voluntad de un territorio determinado integrado en la Federación debe encajar con la voluntad de la ciudadanía del conjunto de la Federación: pues la reforma constitucional es una cuestión que afecta al conjunto. En esta negociación cada una de las partes se juega la legitimidad —es decir, la sostenibilidad democrática— de sus posiciones en el respeto de los principios que subyacen a la Constitución que sus pretensiones —y las razones en que se fundamentan— pongan de manifiesto.

La legitimidad de las posiciones respectivas en la negociación de la reforma constitucional es crucial no sólo de cara a la legitimidad de unas y otras en el ámbito político interno. Además de ese aspecto, hay un aspecto que, en la mayor parte de los casos, pueden terminar siendo trascendental: la legitimidad de las respectivas posiciones ante la comunidad internacional. Una legitimidad que tiene una importancia determinante y que puede ser decisiva en el supuesto de que, fracasadas las negociaciones, los representantes del territorio que pretende la secesión declarasen la independencia de forma unilateral. Este aspecto de la legitimidad ante la comunidad internacional adquiere una importancia especial en el ámbito de la UE.

La reconstrucción de las exigencias que derivan de una Constitución democrática realizada por el TS de Canadá, como vemos, tienen importantes puntos de continuidad con la negación de un derecho a la secesión tradicional en las democracias liberales, aunque, a partir de ahí transforma profundamente la forma de afrontar la voluntad de secesión. En cualquier caso, hay que recordar que, a pesar de que esas diferencias son trascendentales, su elemento de base —la secesión por consenso de las distintas partes— ya estaba presente en el paradigma tradicional norteamericano, expresado por su TS en el asunto Texas v. White, que se ha citado, en el que, hay que recordar, se afirmaba que la secesión sólo era posible mediante la «revolución», es decir, por la fuerza, como ocurrió en el caso de Irlanda, o mediante el «consentimiento de los Estados». Los fundamentos básicos permanecen inalterados, pero cambia tan profundamente el procedimiento de afrontar las reclamaciones secesionistas que los resultados pueden terminar siendo profundamente distintos.

VI. ¿REAFIRMANDO EL PARADIGMA CANADIENSE? LA RECLAMACIÓN DE INDEPENDENCIA DE ESCOCIA

El nuevo paradigma constitucional democrático para afrontar las reclamaciones secesionistas desarrollado en Canadá ha tenido un nuevo impulso en Reino Unido, en relación con la reclamación secesionista de Escocia. Este hecho tiene una gran trascendencia, en la medida en que pone de relieve la forma radicalmente diferente en que Reino Unido afronta estas reclamaciones frente a la forma en que afrontó el asunto irlandés en el periodo a caballo entre los siglos XIX y XX. En este sentido, el proceso seguido en Reino Unido en los últimos dos años en relación a las pretensiones independentistas del nacionalismo escocés ha vuelto a poner de relieve el acierto del TS de Canadá al hacer la lectura de las exigencias que derivan de un sistema democrático.

El Gobierno británico ha encarado el debate planteado por el Gobierno escocés del SNP (Scottish National Party) al mostrar su intención de convocar un referéndum en Escocia sobre la independencia en unos términos que responden, sustancialmente a los mismos parámetros que el paradigma canadiense, adaptado, ciertamente, a las peculiaridades constitucionales británicas, que, frente a Canadá, carece de una Constitución codificada, configurada como norma suprema, de forma que son nulas las leyes del Parlamento que son contrarias a ella. En RU sigue primando lo que tradicionalmente se conoce como «soberanía parlamentaria», que no es sino la supremacía de la ley, sin límites constitucionales formales.

En las elecciones al Parlamento escocés celebradas en mayo de 2011, el Partido Nacional Escocés (SNP) obtuvo, por primera vez, mayoría absoluta, permitiéndole formar un gobierno con sólido apoyo parlamentario. El SNP se presentó a las elecciones con un programa electoral en el que incluía su compromiso de realizar un referéndum por la independencia de Escocia durante la legislatura en caso de que obtuviese una mayoría parlamentaria suficiente. Este ha sido un elemento trascendental en el desarrollo del proceso hacia la realización de un referéndum sobre la independencia de Escocia en 2014: la mayoría electoral lograda por el SNP debía ser interpretada como un mandato del electorado que le legitimaba para perseguir su realización, dado que formaba parte de la propuesta con la que se presentó a las elecciones.

En realidad, el programa electoral del SNP (Manifesto 2011) incluía, simultáneamente, la propuesta independentista y la mejora de la autonomía escocesa (regulada en la Scotland Act 1998). Reclamaba para Escocia la asunción de la completa responsabilidad en materia financiera, mejorando, desarrollando la autonomía de Escocia, reclamando que la totalidad de los impuestos recaudados en Escocia permanezcan en Escocia.

Tras la constitución en Escocia del Gobierno mayoritario del SNP, el primer ministro (First Minister) escocés, Alex Salmond, empezó a defender la capacidad de su Gobierno para convocar el referéndum por la independencia, afirmando, a principios de 2012, que el mismo se celebraría en el otoño de 2014. Este anuncio provocó un fuerte debate acerca de la capacidad —o falta de ella— del Parlamento escocés para convocar un referéndum con ese contenido. La cuestión se centraba en la delimitación de las competencias de Escocia que establece la Scotland Act 1998 —el Estatuto de autonomía de Escocia—. De acuerdo con lo precisado en la Section —artículo— 29, el Parlamento escocés no puede aprobar leyes en cuestiones relativas a las materias exclusivas (reserved matters) del Reino Unido; y, de acuerdo con el Anexo (Schedule) 5, a la que remite, la Constitución es una materia reservada a Reino Unido; y, dentro de ese ámbito, entre otros, concretamente «la unión de los Reinos de Escocia y de Inglaterra» —que se aprobó mediante las Union Acts 1707 por parte de los Parlamentos respectivos—.

A pesar de la claridad con que la Schedule —Anexo— 5 establece el carácter de materia reservada, en la que, en consecuencia, Escocia carece de competencia, se produjo un debate acerca de la capacidad del gobierno escocés para convocar un referéndum sobre la independencia. La mayor parte de los constitucionalistas sostenía, con esos fundamentos, la falta de competencia del gobierno escocés. Algunos constitucionalistas, fundamentalmente escoceses, defendían que, a pesar de ser una materia reservada, el Gobierno escocés podía convocar el referéndum con la exclusiva finalidad de conocer la opinión del electorado de Escocia, aun sin carácter vinculante. Pero ésta es una distinción que no encaja adecuadamente en la estructura constitucional británica. Como sostienen la inmensa mayoría de los constitucionalistas británicos, el sistema constitucional británico no acepta el referéndum con facilidad, como consecuencia del principio tradicional de soberanía parlamentaria; pero si el referéndum tiene lugar, la idea de contraponer referéndums vinculantes (binding) y no vinculantes (not binding), carece de sentido en la concepción política de la Constitución vigente en Reino Unido. Otra cosa es cómo materializar, en su caso, la opinión manifestada en referéndum por el electorado, lo que, en ocasiones, puede no estar exento de complicaciones, como en el caso de la hipotética independencia de Escocia.

En ese debate el Gobierno británico ha impuesto el rule of law o principio de legalidad. Frente a la pretensión del Gobierno escocés de su capacidad (competencia) para convocar por sí mismo el referéndum, el Gobierno británico fue capaz de imponer, con la fuerza de sus argumentos, que el Parlamento escocés carecía de competencia legal para convocar un referéndum semejante a la luz de la Scotland Act 1998 —el «Estatuto de autonomía» de Escocia, por decirlo en términos españoles— única fuente de competencias de las instituciones escocesas.

Sin embargo, de acuerdo con la Section 30 de la Scotland Act 1998, el Gobierno británico, con el consentimiento del Parlamento, puede dictar una Order in Council autorizando al Parlamento escocés a ejercer competencias incluidas entre las reserved matters. Sólo por esta vía podía el Parlamento escocés convocar legalmente el referéndum que pretendía el Gobierno del SNP. Lo que significaba que la determinación de las condiciones y características del referéndum también debían ser establecidas por el Gobierno británico. Estas eran las condiciones que permitirían cumplir la primera exigencia del hipotético referéndum: que tuviese una clara base legal.

Puestas las cosas en estos términos, el esfuerzo del Gobierno escocés se concentró en lograr un acuerdo con el Gobierno de Reino Unido para que, a través de una Order in Council —legislación delegada— de la Section 30 de la Scotland Act 1998, le autorizase a realizar el referéndum sobre la independencia. Por esta vía se llegó al «Acuerdo de Edimburgo» (Edinburgh Agreement) entre el Gobierno británico y el Gobierno escocés, para realizar un referéndum sobre la independencia de Escocia, suscrito por el Prime Minister británico D. Cameron y el First Minister de Escocia A. Salmond, el 15 de octubre de 2012. Este Acuerdo no se puede entender sin tener en cuenta el significado que en el sistema político británico tiene el aval electoral mayoritario a un SNP que incluía en su programa electoral el compromiso de realizar el referéndum sobre la independencia.

En ese Acuerdo los dos Gobiernos se comprometen a trabajar juntos para que se celebre un referéndum sobre la independencia de Escocia de forma que cumpla los siguientes requisitos: que tenga una clara base legal; que sea regulado por ley del Parlamento escocés; que se realice de forma que logre la confianza de los Parlamentos, los Gobiernos y el pueblo; que ofrezca una prueba fiable (fair test) y una expresión concluyente (decisive expression) de la opinión del pueblo de Escocia y un resultado que todos respeten.

El acuerdo supone, en primer lugar, la aceptación por parte del Gobierno británico de atribuir al Parlamento escocés la competencia para convocar un referéndum sobre la independencia de Escocia, a través de una Order in Council de la Section 30 de la Scotland Act 1998, que requeriría la previa aprobación de los Parlamentos de Reino Unido y de Escocia. El referéndum tendría que realizarse antes de finalizar 2014, pero sin que pueda coincidir con ninguna otra consulta convocada por el Parlamento escocés. Un referéndum cuya convocatoria corresponde al Parlamento escocés, que deberá aprobar la correspondiente ley a propuesta del Gobierno escocés. Una ley que debe fijar la fecha del referéndum, los electores con derecho a voto (franchise), la pregunta, las normas reguladoras de la financiación de la campaña y las demás normas de conducta en relación con el referéndum.

En este sentido, ambos Gobiernos coinciden en que el referéndum «debe satisfacer los más altos niveles de limpieza (fairness), transparencia y buenas prácticas (propriety)», y conducirse de acuerdo al asesoramiento y a la opinión de expertos independientes. A estos efectos, el Acuerdo precisa que el referéndum deberá desarrollarse de acuerdo a lo previsto en la legislación británica sobre partidos políticos, elecciones y referéndums (Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, identificada como PPERA). El Acuerdo precisa la controvertida cuestión de la pregunta señalando que «debe ser imparcial —o limpia— (fair), fácil de entender y capaz de producir un resultado que sea aceptado y que infunda confianza». Y el referéndum debe constar de una sola pregunta. Corresponde al Parlamento escocés determinarla, en la Ley de convocatoria del referéndum, pero estará «sometida al control de la Electoral Commission».

Esta es una cuestión que el Acuerdo precisa más detalladamente, en el sentido de que, de acuerdo con las previsiones contenidas en PPERA, el Gobierno escocés deberá remitir a la Electoral Commission la pregunta que proponga para el referéndum y cualquier otra declaración relativa a ella a los efectos de que controle su comprensibilidad, pudiendo personarse ante ella cualquier parte interesada. La Electoral Commission emitirá un informe que será depositado ante el Parlamento escocés. El Gobierno escocés podrá responder a cualquier informe realizado por ella. A la Electoral Commission se le atribuyen, en relación con el referéndum escocés, las mismas funciones que le corresponden de acuerdo a PPERA en cualquier referéndum en Reino Unido, con la excepción del funcionamiento de los colegios electorales y el anuncio de los resultados, que quedarán a cargo del Gobierno escocés. Estas funciones son, fundamentalmente, opinar sobre la literalidad de la pregunta, el registro de quienes intervienen en la campaña, la identificación de las organizaciones que dirigen la campaña, la regulación de los gastos y donaciones para la campaña, la publicidad e informar sobre el desarrollo del proceso referendario.

El Acuerdo establece, además, las normas reguladoras de la campaña (medios de comunicación, representantes públicos, financiación de la campaña, etc.) con el objeto de garantizar la limpieza del referéndum. Por último, el Acuerdo atribuye al Parlamento escocés la capacidad de determinar la extensión del derecho de voto en el referéndum, lo que se relaciona con la propuesta de extender el derecho de voto en el mismo a las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. Se trata de una cuestión todavía a debate, pero el Gobierno británico acepta que sea el Parlamento escocés quien decida sobre esa cuestión. Junto a ello, el Acuerdo establece que se garantizará el derecho de voto de todos aquellos que lo tienen en las elecciones escocesas, lo que incluye a todos los británicos, irlandeses, ciudadanos de la Commonwealth y de la UE residentes en Escocia (aunque sigue siendo un problema, como consecuencia de la jurisprudencia del TEDH, el voto de quienes cumplen pena de prisión).

El Acuerdo no ha significado, sin embargo, la aceptación por el Gobierno británico de todas las pretensiones del Gobierno escocés sobre las características y condiciones de la convocatoria del referéndum. Por el contrario, el Gobierno británico, impuso las exigencias que creía indispensables para que el referéndum, además de tener una clara base legal, se realizase de forma capaz de lograr la confianza de los Parlamentos, los Gobiernos y el pueblo, que ofreciese una prueba fiable (fair test) y una expresión concluyente (decisive expression) de la opinión del pueblo de Escocia y un resultado que mereciese el respeto de todos. Condiciones que, fundamentalmente, se han concretado en el rechazo de la pretensión del Gobierno escocés de convocar un referéndum con varias preguntas, una relativa a la independencia y otra —u otras— relativa(s) a la mejora de la autonomía de la que dispone Escocia (la conocida como devo-max o devo-plus, en sus dos versiones diferentes), imponiendo una sola pregunta directa y claramente referida a la independencia de Escocia.

En relación con la cuestión trascendental de la pregunta, el Edinburgh Agreement establece que la competencia para informar la pregunta corresponde a la Electoral Commission de Reino Unido, órgano que ya se ha pronunciado sobre la propuesta planteada por el Gobierno escocés, obligando a cambiarla. La pregunta que pretendía proponer el Gobierno escocés era la siguiente: «Do you agree that Scotland should be an independent country?» —«¿Está de acuerdo en que Escocia sea un país independiente?»—. La Electoral Commission ha considerado que plantear una pregunta en los términos «Do you agree…» —«¿Está de acuerdo…?»— incita, a la luz de los estudios realizados, a una respuesta positiva, por lo que propuso que la pregunta fuese, simplemente, «Should Scotland be an independent country?» —«Debe ser Escocia un país independiente?»—. El Gobierno escocés aceptó inmediatamente la recomendación.

El eco de la claridad a la que se refirió el TS de Canadá en el Quebec Secession Reference es nítido. Sin embargo, es llamativo que el objetivo de que el referéndum sea un fair test de la voluntad del electorado de Escocia, de forma que pueda ser aceptado como una decisive expression de esa voluntad, no recoja requisitos formales que vayan en la dirección de la «clear majority as a qualitative evaluation» a la que se refirió el TS de Canadá. En principio, el referéndum se decidirá por mayoría simple, sin ningún requisito especial, aunque la validez política de la mayoría se dilucidará, sin duda, en el proceso de negociación, en el que la fortaleza de la posición del Gobierno escocés, en el hipotético caso de una victoria favorable a la independencia, dependerá del porcentaje de participación en el referéndum y de la mayoría que se obtenga.

Además, en el proceso que se viene desarrollando tras la firma del Acuerdo de Edimburgo, el significado del referéndum se concreta en unos términos similares a los precisados por el TS de Canadá. En el supuesto de que la mayoría del electorado de Escocia manifestase su voluntad de que Escocia sea un país independiente el Gobierno británico garantiza unas negociaciones leales con el Gobierno escocés para ver sí —y cómo— es posible la independencia de Escocia. Pero ello sólo será posible si las partes llegan a un acuerdo en ese sentido. Y el Gobierno británico advierte que en ellas ya sólo tendrá la obligación de salvaguardar los intereses del «RU restante» (Remainder UK —RUK—).

En este sentido, el Gobierno británico ha emitido ya —hasta el momento— seis Informes —la serie Scotland Analysis— sobre los intereses de Reino Unido en unas hipotéticas negociaciones sobre la independencia de Escocia y la situación en que, a su juicio, quedaría una hipotética Escocia independiente. Informes que se refieren a las implicaciones de la independencia de Escocia, con especial referencia a la cuestión de la UE, a la divisa monetaria, a los servicios financieros y banca, a las cuestiones macroeconómicas y fiscales, a los negocios y marco microeconómico y, finalmente, a la defensa. Todavía se esperan más informes y antes de fin de año se espera el documento del Gobierno escocés en defensa de la independencia (el case for independence).

Hay cuestiones que no han aparecido todavía —o que lo han hecho de forma relativamente tímida—, pero que, al igual que en Quebec, pueden acabar siendo muy importantes en una negociación tras una hipotética mayoría favorable a la independencia en el referéndum, cual es la de la protección de las minorías internas o la de las zonas territoriales que, en su caso, no deseen permanecer dentro de una Escocia independiente. Hay que tener en cuenta que, por una parte, todo el sur de Escocia es, desde el punto de vista electoral, una zona que vota reiteradamente a partidos contrarios a la independencia; o que en las islas exteriores (Orkney, Shetland y Outer Hebrides o Western Isles), han empezado a manifestarse opiniones de los líderes de las instituciones locales (Councils) reclamando su propia Home Rule (Our Islands, Our Future), en la hipótesis de una Escocia independiente.

VII. CONCLUSIONES

En las democracias liberales no existe, jurídicamente, un derecho a la secesión de territorios, cualquiera que sea la naturaleza o calificación que reciba o se atribuya a la comunidad que lo integra; es decir, sea o no sea considerada como «nación» o «minoría nacional». La indisolubilidad del Estado es una regla tan enraizada en las democracias liberales que se ha considerado, de forma generalizada, que esa regla existe aún en ausencia de una expresa norma constitucional que lo establezca de forma explícita. Frente a lo que en muchas ocasiones se ha dicho, la indisolubilidad del Estado en la Constitución española no es consecuencia de lo dispuesto en el artículo 2; la indisolubilidad de Estado persistiría aunque no existiese una norma similar. Esta idea se puso de manifiesto en el Dictamen (Reference) del TS de Canadá sobre la secesión de Quebec, en el que se afirma ese principio, a pesar de que la Constitución canadiense no tiene ninguna disposición que afirme explícitamente esa indisolubilidad.

La guerra civil norteamericana ha sido considerada, tradicionalmente, el paradigma clásico de rechazo de la secesión en los sistemas democráticos, muy especialmente, en los sistemas federales. El sistema federal estaba legitimado a oponerse a la secesión incluso por la fuerza. Otro ejemplo a tener en cuenta es el de la independencia de Irlanda respecto al Reino Unido.

Las comunidades integradas en el seno de un Estado democrático tampoco son titulares del derecho de autodeterminación al amparo del Derecho internacional. Esta es una afirmación que también realizo el TS de Canadá en el mismo Dictamen en relación con Quebec. La interpretación realizada en este sentido por el alto tribunal canadiense en la que reconstruía la configuración del derecho de los pueblos a la autodeterminación en el Derecho internacional es unánimemente compartida en la doctrina jurídica académica. El derecho a la autodeterminación tal y como ha sido precisado por los organismos internacionales —que son los que tienen capacidad jurídica para determinar el contenido de las normas internacionales— han limitado el derecho de autodeterminación como «autodeterminación externa» —es decir, como capacidad, entre otras opciones, de crear un nuevo Estado independiente en la sociedad internacional— a los supuestos de situaciones de dominación colonial u otro tipo de dominación u ocupación externa. Fuera de esos supuestos, la autodeterminación de los pueblos se materializa en el ámbito interno del Estado en el que se integran. Eso es así porque uno de los principios constitutivos de la sociedad internacional es, precisamente, el principio de integridad territorial de los Estados.

El derecho internacional solamente deja abierta una posibilidad: los supuestos en que se vulneran los derechos humanos de los integrantes de un pueblo en esa condición y no se garantiza la existencia de unas instituciones que sean representativas del conjunto de los ciudadanos, sin discriminación. Es lo que se ha llamado la remedial secession o secesión como remedio, de acuerdo a la conocida como la saving clause o cláusula de salvaguarda o de garantía. Aunque se trata de una cláusula discutida, esta es la vía por la que se ha materializado la independencia de Kosovo. Aunque se trata de una interpretación que debe ser deducida de los hechos, aunque no ha tenido un reconocimiento formal expreso, como supuesto que se inserta en la saving clause, dado que el TIJ, en su Opinión consultiva sobre este asunto eludió interpretar esa cláusula y el contenido que, de acuerdo a ella, asume el derecho de autodeterminación en relación con el principio de integridad territorial de los Estados. Actitud del TIJ que ha recibido una crítica casi generalizada en el ámbito académico, pero que muestra suficientemente que el caso de Kosovo es una auténtica excepción, como se desprende de las actuaciones absolutamente excepcionales realizadas por las organizaciones de la sociedad internacional en el asunto.

El proceso de reclamación de la soberanía por parte de Quebec, en Canadá, sin embargo, ha desarrollado aquel paradigma clásico. Los sistemas democráticos han evolucionado, los tiempos son otros y ese cambio se ha puesto de manifiesto en la forma en que, como expreso el TS de Canadá, una democracia liberal debe afrontar una reclamación de secesión de un territorio que forma parte del Estado.

Aunque el presupuesto de partida es el mismo que en el paradigma tradicional —exclusión constitucional de un derecho a la secesión—, el TS canadiense interpretó que la secesión exigiría una reforma de la Constitución que acogiese de forma explícita la hipótesis de secesión de un territorio. Y, a estos efectos, considera que, por exigencia del principio democrático, en una democracia liberal no puede ser indiferente la manifestación de voluntad en sentido secesionista por la población de una parte determinada del territorio del Estado, siempre que esa manifestación de voluntad cumpla las exigencias de la claridad. Pero, al mismo tiempo, considera que el principio democrático está limitado por las exigencias de otros principios constitucionales: rule of law o principio de legalidad y constitucionalidad, federalismo y respeto de las minorías. La interrelación entre todos estos principios exige que aquella clara manifestación de voluntad en sentido secesionista aboque a un proceso de negociación entre las partes para desbrozar la posibilidad de reforma constitucional acogiendo la secesión del territorio. Un proceso que, por una parte, como consecuencia del principio de legalidad, está subordinado a las exigencias constitucionales para su reforma; pero por otra, como consecuencia del principio democrático, exige ser conducido con lealtad, lo que obliga a las partes respectivas a aceptar realmente la posibilidad de la secesión o de su imposibilidad; un proceso de negociación que, finalmente, debe desarrollarse respetando los principios constitucionales de federalismo y respeto a las minorías. El cumplimiento de estas exigencias dotará de mayor o menor legitimidad a las posiciones de cada una de las partes. Lo que tiene mucha importancia en una democracia liberal, que exige la legitimidad democrática de la legalidad y de las distintas pretensiones políticas en el marco de un proceso de deliberación democrática.

La cuestión de la legitimidad de las distintas posiciones en el seno del proceso negociador tiene una gran trascendencia, en primer lugar, en el ámbito democrático interno, en la medida en que resultaran democráticamente más o menos sostenibles de acuerdo a la mayor o menor vinculación a los principio constitucionales que subyacen al texto constitucional. Y, en segundo lugar, tendrán una gran trascendencia en el ámbito internacional, frente a los Estados de la comunidad internacional, ante los que será más o menos sostenible, por una parte, la negativa, en su caso, del Estado a la secesión del territorio o, en la otra vertiente, la declaración, en su caso, de la independencia unilateral por parte de los representantes políticos del territorio que la pretende. Esta última vertiente puede adquirir una relevancia trascendental en el caso europeo, en los supuestos en que afecte a Estados integrados en la UE.

Este nuevo paradigma desarrollado en Canadá ha encontrado nueva concreción en el caso de la reclamación de independencia de Escocia en el Reino Unido; ejemplo especialmente significativo por comparación con la forma en que Reino Unido se enfrentó a la pretensión de independencia de Irlanda. Esta reafirmación viene a suponer un importante impulso a la confirmación de ese nuevo paradigma en las democracias liberales.

Pensar, en los tiempos actuales, que un sistema democrático puede eludir la comparación con los modelos desarrollados en otros sistemas democráticos de su entorno es, en mi opinión, una ilusión.

VIII. NOTA BIBLIOGRÁFICA

Para facilitar la lectura del texto por personas externas al mundo académico, se ha optado por eludir las citas a pie de página. En cualquier caso, para el lector interesado, en esta nota bibliográfica se precisan las fuentes utilizadas en la redacción de este texto.

La cita inicial de Sujit CHODHRY se refiere a su trabajo «Migration as a new metaphor in comparative constitutional law», en Sujit CHOUDHRY (ed.): The Migration of Constitutional Ideas, Cambridge UP, Cambridge, 2006, esp. pp. 19 ss.

La cita a Daniel J. ELAZAR es a su trabajo «Civil War and the Preservation of American Federalism», en Publius. The Journal of Federalism, vol. 1 (1971), 1, 51-53.

El discurso de John C. CALHOUN puede encontrase ahora traducido en Libertad y unión. La teoría de la Confederación, CEPC, Madrid, 2010 (trad. de Ascensión ELVIRA PERALES y estudio introductorio de Carlos CLOSA MONTERO), pp. 355 ss.

Un planteamiento general sobre cuestiones relativas al fracaso en el Reino Unido de los planteamientos de Home Rule para Irlanda, frente al ejemplo representado por Canadá y la forma de afrontar el reto de la reclamación de independencia por parte de Quebec, puede verse en mi texto «Reforma del estado autonómico e inclusión de los nacionalismos», accesible en el sitio web de la Fundación Manuel Giménez Abad (http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2012/20120920_ot_lopez_basaguren_a_es_o.pdf)

Sobre el derecho de autodeterminación en el Derecho internacional puede verse Sabino Cassese: Self-determination of Peoples: A Legal Appraisal, Cambridge UP, Cambridge, 1995, así como Marcelo G. Kohen (ed.): Secession. International Law Perspectives, Cambridge UP, Cambridge, 2012. La cita de D. L. Horowitz se refiere a su «A Right to Secede?», en Stephen Marcelo & Allen Buchanan (eds.): Secession and Self-Determination, New York UP, 2003.

Sobre la referencia al derecho de autodeterminación en el plan Ibarretxe puede verse mi trabajo «Trasformazioni dello Stato autonomico e riforma dello Statuto del Paese Basco: tra rottura e “accomodamento a volontà”», en GAMBINO, Silvio (ed.): Regionalismo e Statuti. Le riforme in Spagna e in Italia, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 171-217, así como «The Parliament of the Basque Country and the National Issue: The Weaknesses of a Strong Identity», en Parliaments of Autonomous Nations, Québec, 2013 (en prensa).

El Dictamen u Opinión Consultiva del TIJ sobre Kosovo es International Court of Justice: Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (Advisory Opinion), 22 July 2010.

Sobre la independencia de Kosovo y el Dictamen Consultivo del TIJ hay una bibliografía amplísima. Puede verse el número monográfico de la revista Leiden Journal of International Law, 24, 1, 2011, con trabajos de Marc WELLER: «Modesty Can Be a Virtue: Judicial Economy in the ICJ Kosovo Opinion»; Anne PETERS: «Does Kosovo Lies in the Loto-Land of Freedom?»; Ralph WILDE: «Self-Determination, Secession and the Dispute Settlement after the Kosovo Advisory Opinion»; Theodore CHRISTAKIS: «The ICJ Advisory Opinion on Kosovo: Has International Law Something to Say about Secession?»; Marcelo C. KOHEN y Katherine DEL MAR: «The Kosovo Advisory Opinion and the UNSCR 1244 (1999): A Declaration of “Independence from International Law”?»; Olivier CORTEN: «Territorial Integrity Narrowly Interpreted: Reasserting the Classical Inter-State Paradigm of International Law». Véase también, sobre esta misma cuestión, William WATSON: «When in the Course of Human Events: Kosovo’s Independence and the Law of Secession», en 17 Tul. J. Int’l & Comp. L. 267 2008-2009, pp.267 ss.

En lo que se refiere a Canadá, el Dictamen del TS de Canadá sobre la secesión de Quebec es el Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217.

Sobre Canadá en relación con la cuestión de Quebec he escrito ya, precedentemente, en «Stéphane Dion y las verdades silenciadas de la experiencia canadiense», estudio introductorio a la edición española de la obra de Stéphane DION: La política de la claridad. Discursos y escritos sobre la unidad canadiense, Alianza, Madrid, 2005, pp. 11-23; «De Québec al País Vasco: la construcción de la idea nacionalista», en Foreign Policy (edición española), n.º 32, abril-mayo 2009, pp. 51-55; «Los referendos de secesión de Quebec y la doctrina del Tribunal Supremo de Canadá», en Viabilidad de la participación política directa: referéndum y consultas populares, Comuniter, Zaragoza (en prensa). Especialmente en este último trabajo puede verse también el rechazo de Quebec a la patriation de la Constitución y a la Carta canadiense de derechos y libertades, con amplias referencias bibliográficas. La cita de Sujit Choudhry sobre el significado del Dictamen del TS de Canadá para los demás sistemas constitucionales es a su trabajo «Does the world need more Canada? The politics of the canadian model in constitutional politics and political theory», International Journal of Constitutional Law, 5, 2007, 606-638.

En relación con el proceso seguido en Reino Unido respecto a la reclamación de independencia de Escocia, el Edinburgh Agreement, de 15 de octubre de 2012, está accessible en http://www.scotland.gov.uk/Resource/0040/00404789.pdf. La serie Scotland Analysis, publicada por el Gobierno del Reino Unido, que, hasta la fecha, comprende seis Informes, se encuentra accessible en el sitio web de la Scotland Office del Gobierno del RU (https://www.gov.uk/government/organisations/scotland-office/series/scotland-analysis). Los informes de la Electoral Commission están accesibles en su sitio web (http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/upcoming-elections-and-referendums/scottish-referendum).

Sobre el tema de Escocia he escrito ya en «Escocia y el referéndum por la independencia: algunas enseñanzas», en Cuadernos de Alzate, n.os 46-47, 2013.

* Grupo de Investigación del Sistema Vasco IT743-13. Este trabajo ha sido realizado en el ámbito del Proyecto de Investigación DER 2010-20850, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

CAPÍTULO III

INDEPENDENCIA Y PERMANENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA: CONSIDERACIONES JURÍDICAS… Y CODA POLÍTICA

BÁRBARA RUIZ BALZOLA

I. INTRODUCCIÓN

El objeto de este Capítulo es analizar las normas jurídicas aplicables al supuesto de que un territorio de un Estado miembro de la Unión Europea decida escindirse de él y al mismo tiempo permanecer (o ingresar) en la Unión Europea. Como punto de partida, es necesario señalar que no existen precedentes que nos aporten una solución clara y certera a dicha hipótesis; aunque sí existen algunos análisis teóricos que examinan los principales elementos que habrían de tenerse en cuenta en caso de producirse la secesión de un territorio de un Estado miembro de la UE. Sin embargo, hasta la fecha, no ha tenido lugar ningún caso de estas características, por lo que hasta cierto punto estamos en el terreno de la especulación.

Lo que aquí se pretende es analizar este escenario desde una óptica estrictamente jurídica, aún a sabiendas de que la solución a dicha problemática, casi con toda probabilidad, pasará por la negociación política. No obstante, y teniendo en cuenta el debate suscitado a raíz de las declaraciones de diversos líderes nacionalistas, parece necesario despejar primero las distintas incógnitas jurídicas planteadas como consecuencia de las aspiraciones europeas de los partidos independentistas para luego adentrarnos en lo que no es sino pura especulación política.

Distintos partidos políticos europeos de ideología nacionalista: el partido nacionalista escocés «SNP», los nacionalistas catalanes «CiU» y «ERC» y los vascos «PNV» y EH-Bildu, han expresado en diversos foros su creencia de que, una vez lograda la independencia, estos nuevos Estados (Escocia, Cataluña o País Vasco) permanecerían automáticamente en la UE. Para ello, se apoyan fundamentalmente en dos líneas argumentales:

— Por un lado se arguye la tesis de la sucesión por separación fundamentalmente desarrollada en Escocia debido a sus peculiaridades constitucionales, pero que también ha encontrado cierto predicamento en Cataluña. Quienes la postulan defienden que, conforme a las normas de Derecho Internacional en materia de sucesión de Estados, tras la hipotética independencia de Escocia (o Cataluña) nacerían dos nuevas entidades estatales iguales, ambas sucesoras y herederas de las obligaciones internacionales del Reino Unido (o del Reino de España), incluyendo la pertenencia a Organizaciones Internacionales como la UE.

— Dadas las muchas objeciones que se le pueden plantear a la tesis anterior, en Cataluña se ha venido elaborando la doctrina de la ampliación interna cuya tesis central es la de que una Cataluña independiente, precisamente por haber sido un territorio parte de la Unión, sería también automáticamente un Estado miembro de la UE al ganar la independencia. Esta tesis se centra en la singularidad de la Unión Europea como organización internacional, en el principio de la democracia y en el estatuto de ciudadanía europea e invoca el excepcionalismo pragmático que ha guiado a las instituciones europeas en otros casos. La consecuencia de la independencia, por tanto, no sería la pérdida de su condición de miembro de la Unión Europea, sino más bien se trataría de un supuesto excepcional que, aunque exigiría llevar a cabo las modificaciones pertinentes en los Tratados, no entrañaría la necesidad de pasar por un largo y complicado proceso de adhesión formal.

Como veremos, desde una óptica estrictamente jurídica, la situación es mucho más compleja y controvertida y su posible resolución dista mucho de ser tan sencilla. Sin embargo, por razones obvias, la cuestión de la pertenencia en la UE se ha convertido en un asunto central en las campañas soberanistas impulsadas en Escocia y Cataluña. Los líderes de los principales partidos nacionalistas, prescindiendo deliberadamente de introducir en el debate la complejidad del asunto, se han apresurado en asegurar a sus electores que, de lograr la independencia, no habría impedimento alguno para permanecer en la UE.

En Euskadi, a día de hoy, no asistimos al debate legal y político que se ha venido desarrollando en otras partes. Es cierto que como consecuencia del llamado plan Ibarretxe se puso en circulación la idea de que la constitución de un hipotético Estado vasco independiente del Estado español supondría la permanencia de aquél en la UE. Pero los círculos del soberanismo vasco no han desarrollado ninguna línea doctrinal concreta, al menos no de manera explícita. Aunque si atendemos a algunos pronunciamientos del PNV y de EH-Bildu en la materia, parece lógico pensar que, caso de plantearse abiertamente la celebración de un referéndum de independencia en el País Vasco, la cuestión de la permanencia en la UE se defendería echando mano de las mismas tesis planteadas en Cataluña1.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El punto de partida del presente análisis es que, a priori, corresponde examinar la cuestión que se plantea desde una óptica estrictamente jurídica. Por ello, es necesario, en primer lugar, aclarar ciertos conceptos de Derecho Internacional estrechamente relacionados con el tema que se aborda.

1. LA FORMACIÓN DE ESTADOS SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL

De acuerdo con el Derecho Internacional, se puede considerar que un Estado nace cuando cumple con los elementos del territorio, la población, el gobierno y la independencia. Éstos son los requisitos que se plasman en el artículo 1.º de la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933.

Además, cuando se forma un nuevo Estado es de vital importancia el hecho de que sea reconocido por otros países. Aunque es cierto que la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás, sí es un prerrequisito para entablar relaciones diplomáticas en la esfera internacional y, por ello, un acto de gran trascendencia para la vida futura del nuevo Estado.

2. LA SUCESIÓN DE ESTADOS

Se entiende por «sucesión de Estados» la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio»2. En el ámbito internacional, la sucesión de un Estado por otro puede generar una gran inseguridad jurídica, pues existen toda una serie de cuestiones legales que necesitan ser resueltas: ¿está el Estado sucesor obligado por los Tratados internacionales suscritos por el predecesor?, ¿cuál de los dos Estados (sucesor o predecesor) mantendrá la personalidad jurídica en las Organizaciones Internacionales? Por ello, cuando surge un nuevo Estado tras una modificación territorial es necesario determinar en primer lugar si es un ente totalmente separado de su predecesor o, por el contrario, es su continuación con una forma jurídica diferente.

La sucesión de Estados es una de las áreas más complejas del Derecho Internacional Público. Muchas de sus normas se han desarrollado como respuesta específica ante cambios políticos, frente a los cuales la comunidad internacional no siempre ha respondido de manera coherente, sino atendiendo a las particularidades del caso en concreto3. Por ello, la diversidad de las soluciones adoptadas hace difícil explicar esta práctica ateniéndose a un principio fundamental de sucesión que ofrezca soluciones concretas para cada situación.

Existen diversas hipótesis bajo las que se puede presentar el fenómeno de la sucesión de Estados, a saber, la transferencia de parte de un territorio (cesión), la unificación, la separación (secesión) y la disolución.

— La cesión se produce cuando una parte del territorio de un Estado, o cuando cualquier territorio de cuyas relaciones internacionales sea responsable un Estado y que no forme parte del territorio de ese Estado, pase a ser parte del territorio de otro.

— La unificación supone la unión de dos o más Estados (Estados predecesores) para formar un nuevo sujeto de Derecho Internacional (Estado sucesor), entendiéndose que la personalidad de cada predecesor se extingue. Un supuesto parecido (y asimilable en cuanto a sus efectos jurídicos a los ojos de la Convención) es el caso en el que un Estado se una a otro que preserve su personalidad internacional (fenómeno de absorción).

— La secesión ocurre cuando parte o partes del territorio de un Estado se separan, dando lugar a la formación de uno o varios Estados sucesores, subsistiendo el Estado predecesor.

— La disolución se produce cuando un Estado se extingue y, como Estado predecesor, da lugar a dos o más Estados sucesores.

De acuerdo con la práctica internacional, cada uno de estos supuestos puede comportar diferentes consecuencias jurídicas. En unos casos, se ha considerado que el nuevo Estado nacía libre de las obligaciones y derechos emanantes de los tratados ratificados por su predecesor (principio de la «tabla rasa») y, en otros casos, se ha decidido transmitir de forma automática los derechos y obligaciones convencionales del Estado predecesor a su sucesor o sucesores (principio de continuidad). Asimismo, la cuestión de qué Estado hereda la calidad de Estado miembro en las Organizaciones Internacionales ha variado según el supuesto de modificación territorial que se tratase. Y la diversidad de las soluciones adoptadas hace difícil explicar esta práctica ateniéndose a un principio fundamental de sucesión que ofrezca soluciones concretas para cada situación.

En definitiva, no existe una teoría determinada que abarque todos los supuestos de sucesión de Estados, sino algunos principios de Derecho Internacional consuetudinario y dos Convenciones que han tratado, no sin muchos problemas, como veremos, de regular la cuestión: la Convención de Viena de 1978 sobre la sucesión de Estados en materia de Tratados y la de 1983 sobre la Sucesión de Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado.

En cuanto al Ordenamiento Jurídico Comunitario, no existe ninguna previsión en los Tratados de la UE que contemple qué hacer en caso de producirse una secesión; es decir, no hay mecanismo jurídico específico que poner en marcha en el caso de que un territorio escindido de un Estado miembro de la UE buscase permanecer en la misma como un nuevo Estado. Y, aunque en el pasado, se hayan producido modificaciones territoriales en algunos países de la UE (Dinamarca y Groenlandia, Francia y Argelia o Alemania), todos estos cambios territoriales constituyen supuestos distintos a la secesión. Con todo, sí constituyen referentes que nos ofrecen ciertas pautas a la hora de analizar la posible resolución de un proceso de secesión en el interior de la UE.

Ante esta laguna legal, han surgido dos tesis que postulan que en el caso de que un Estado se independizase de un Estado miembro pasaría a formar parte automáticamente de la Unión. En los siguientes epígrafes se exponen y analizan sus principales postulados.

III. EL ARGUMENTO DE LA «SEPARACIÓN Y SUCESIÓN» O «SUCESIÓN POR SEPARACIÓN»

El debate surgido a propósito de la celebración de un referéndum de independencia en Escocia a finales de 2014 ha provocado la aparición de diversas opiniones que vienen a intentar, todas ellas, defender la permanencia automática de Escocia en la UE caso de que una mayoría de la población se pronunciase favorable a la independencia.

El argumento más popular es el de la separación y sucesión o sucesión por separación, que parte de la premisa de que una hipotética independencia de Escocia comportaría la disolución del Reino Unido. Quienes postulan esta tesis retroceden 300 años hasta la firma de las Acts of Union en 1707 y defienden que la independencia de Escocia resucitaría los dos reinos que en esa fecha se unieron y, por tanto, conllevaría la desaparición del Reino Unido tal y como hoy lo conocemos.

Las consecuencias jurídicas de dicha disolución, esgrimen estos analistas, provocarían que los dos nuevos Estados heredasen la condición de Estado miembro de la UE que ostentaba antes el Reino Unido. Es decir, las obligaciones y derechos convencionales que el Estado predecesor asumió vendrían a hacerse extensivas a una Escocia independiente y al Estado matriz (Reino Unido sin Escocia) sin necesidad de negociaciones, procesos de adhesión o periodos transitorios. A favor del argumento de la sucesión por separación se ha aducido además que idéntica conclusión se alcanza si se aplica el Derecho Internacional vigente en la materia, esto es, la Convención de Viena de 1978 sobre la sucesión de Estados en materia de Tratados.

Lo que esta tesis viene a sostener en último término es que cualquier fenómeno de separación o secesión dentro de la UE (escocés, vasco o catalán) provocaría la disolución del Estado miembro original en varios fragmentos que automáticamente heredarían la calidad de Estado miembro de la UE que ostentaba el predecesor. Por ello y con arreglo a las normas internacionales, dado que ese Estado originario firmó en su día la adhesión a la UE tanto la parte separada como la matriz heredarían idéntica posición. Es decir, operaría una suerte de transferencia automática de los derechos y obligaciones convencionales del Estado predecesor a los sucesores, incluyendo la pertenencia a Organizaciones Internacionales.

Sin embargo, desde una perspectiva internacional dicha tesis es del todo incorrecta por varias razones4. En primer lugar, el argumento de la sucesión por separación ignora deliberadamente que la práctica internacional reciente en casos de separación o secesión ha sido otra. De dicha práctica además pueden extraerse una serie de indicadores o factores que clarifican la actitud de la Comunidad Internacional en estos casos. En segundo lugar, la Convención de Viena de 1978 no refuerza el argumento postulado sino que lo descarta pues sus previsiones no alcanzan, como veremos, a la sucesión en la pertenencia a Organizaciones Internacionales.

La mayoría de casos de separación o secesión producidos en el siglo pasado no provocaron la desaparición del Estado matriz tal y como la tesis de la sucesión por separación sugiere. El examen de los precedentes muestra que en estos casos se tendió a aplicar la presunción de continuidad en las obligaciones convencionales y en la pertenencia a Organizaciones Internacionales al Estado matriz incluso tras sufrir una drástica modificación territorial. No existe ningún ejemplo de separación en la práctica internacional reciente en que el territorio secesionado haya heredado de manera automática la pertenencia a Organizaciones Internacionales que ostentaba el Estado predecesor. Por el contrario, en todos los casos examinados, fue el Estado matriz quien retuvo la calidad de miembro de las Organizaciones Internacionales.

Son ilustrativos en este sentido los casos de Reino Unido/Irlanda (1922), la partición de la India británica (1947), Malasia/Singapur (1965), Pakistán/Bangladesh (1971-1972), la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1990-1991), Etiopía/Eritrea (1993), Serbia/Montenegro (2006) y Sudán/Sudán del Sur (2011).

Merece especial atención el caso de la independencia de Irlanda en 1922 pues es el precedente específicamente aplicable al caso escocés. A pesar de la existencia de una Act of Union aprobada en 1800-1801, la independencia de veintiséis Condados irlandeses y posterior formación del Estado Libre Irlandés nunca fue considerada como un supuesto de disolución del Estado preexistente, sino únicamente la reformulación de su nombre. Por ello, el Reino Unido mantuvo su personalidad jurídica internacional y su calidad de miembro en los organismos internacionales (si bien en aquel entonces no de gran trascendencia) y fue Irlanda quien hubo de negociar su entrada en las principales Organizaciones Internacionales.

Otro ejemplo que ilustra claramente la tendencia a aplicar al Estado matriz la continuidad automática en la pertenencia a Organizaciones Internacionales y no al Estado independizado es el de la separación de Singapur de Malasia en 1965. En este caso, Malasia retuvo su personalidad jurídica internacional y mantuvo su calidad de miembro de las Naciones Unidas, mientras que Singapur fue admitido como nuevo Estado tras solicitar su ingreso.

La desintegración de la Unión Soviética y la independencia de la mayoría de sus antiguas Repúblicas constituyentes tampoco alteraron en nada esta práctica. Así, tras un periodo de incertidumbre, la membresía de la URSS en el Consejo de Seguridad y todos los demás organismos de la ONU fueron continuadas por la Federación Rusa. Los otros Estados independientes creados a partir de las ex Repúblicas Soviéticas lo aceptaron y fueron a su vez admitidos en las Naciones Unidas tras pasar por el correspondiente proceso de ingreso.

Tampoco en casos de secesión unilateral (posteriormente aceptada por el Estado matriz) la práctica internacional ha variado. A este respecto, vale la pena mencionar los ejemplos de Sudán y Eritrea. En ambos casos, tras años de guerra, se celebró un referéndum que refrendó la independencia. Tanto Sudán como Etiopía continuaron su pertenencia a las Naciones Unidas, mientras que Sudán del Sur y Eritrea fueron admitidos posteriormente.

En cuanto a los casos de disolución, los dos precedentes históricos más recientes son también contrarios a la idea de la sucesión automática en la pertenencia a Organizaciones Internacionales.

A) El primero de ellos es el de la disolución de Checoslovaquia en 1992-1993. Éste es un caso de disolución pacífica y rápida5 que muestra mejor que ningún otro la importancia de las negociaciones a la hora de predeterminar los efectos de una independencia6. Con la disolución del Estado checoslovaco, nacieron dos Estados completamente nuevos, la República Checa y la República Eslovaca, ninguno de los cuales reclamó la identidad del Estado predecesor ni la pertenencia que aquel ostentaba en los organismos internacionales de los que era miembro. Por ello, ambos Estados solicitaron el ingreso en diversas Organizaciones Internacionales y fueron admitidos en las Naciones Unidas en 1993. Cabe resaltar además que no se celebró referéndum alguno, sino que la separación fue impulsada por el acuerdo entre los dos partidos políticos más importantes de Checoslovaquia y aprobada por ley por el Parlamento Federal checoslovaco. Es cierto que un importante cuerpo de Tratados sobrevivió a la extinción de Checoslovaquia, pero ello no hubiera sido posible sin el acuerdo previo entre ambas repúblicas. Un indicativo de la escala de estas negociaciones son los más de 2000 acuerdos en diferentes materias que ambas partes firmaron7. Y aunque la disolución se produjo legalmente sólo seis meses después de la firma del acuerdo de separación, muchos de los problemas más relevantes no se resolvieron hasta el año 2000.

B) Un segundo ejemplo reciente de disolución, esta vez no pacífica, es la partición de la República Federal Socialista de Yugoslavia (RFSY) en cinco Estados entre 1991 y 1992. La República Federal de Yugoslavia (RFY) (integrada por Serbia y Montenegro) reclamó ser el sucesor legal de la disuelta RFSY. Sin embargo, los cuatro Estados restantes nacidos tras la disolución así como la mayoría de la Comunidad Internacional rechazaron esta demanda. No obstante, fue una cuestión controvertida y el estatus de la RFY en algunos Organismos Internacionales, como las Naciones Unidas, siguió siendo objeto de controversia. La situación se clarificó en el año 2000 cuando fue admitida como un nuevo Estado miembro en las Naciones Unidas. Es claro que en este caso la actitud de la Comunidad Internacional de no reconocer la a la RFY como heredera de la extinta RFYS tuvo que ver con la propia guerra que se desencadenó en Yugoslavia. Por un lado, reconocer a la RFY como heredera de la RFYS hubiera supuesto caracterizar implícitamente el conflicto yugoslavo como el de una guerra civil, con las consiguientes ventajas legales y políticas para el Estado entonces dirigido por Milosevic. En este sentido, es probable que la decisión de las Naciones Unidas de no reconocer a la RFY como heredero de la República Socialista también estuviera guiada por un deseo de sanción. Si bien todas estas últimas consideraciones son irrelevantes para el caso que aquí estamos tratando, el ejemplo de la ex Yugoslavia es ilustrativo de la importancia que tiene en el caso de la aparición de nuevos Estados el factor del reconocimiento por la Comunidad Internacional y las Organizaciones Internacionales, en especial, las Naciones Unidas.

Por otro lado, el examen de todos estos precedentes nos permite además extraer una serie de indicadores que operan a favor de la presunción de continuidad del Estado matriz tras la secesión de parte o partes de su territorio. Esto es, una serie de elementos comunes cuya concurrencia nos ayuda a determinar cuál es el Estado que hereda la personalidad jurídica del Estado matriz.

— En la mayoría de los casos de secesión recientes el Estado, por así decirlo, «continuador» es aquel que retuvo la mayoría del territorio y población8. En este mismo sentido, el mantenimiento de la mayoría de las instituciones de gobierno también influiría favorablemente. Así, un País Vasco independiente representaría el 5,2 por 100 de la población del Estado matriz, esto es, el Reino de España9.

— En todos los precedentes examinados, el reconocimiento internacional jugó un papel esencial a la hora de aplicar una presunción de continuidad del Estado matriz tras la secesión de parte de su territorio. Parece probable que, en caso de producirse la independencia, la Comunidad Internacional otorgaría dicha presunción al resto de España.

— Un último y no menos importante factor sería el del consentimiento. En los pocos casos recientes de disolución negociada de un Estado existía acuerdo y consentimiento entre las partes interesadas10. Es del todo insostenible predicar que un Estado podría dejar de existir porque esa es la voluntad de la parte secesionada del mismo. Tampoco la comunidad internacional aceptaría la disolución (pacífica) de un Estado y la creación de dos (o más) nuevos Estados si alguna de las entidades resultantes no estuviera de acuerdo y reclamara continuar manteniendo la misma personalidad jurídica internacional11. Como señala Ignacio Molina «un territorio que se independiza no tienen poder para, además, destruir al Estado original como entidad legal»12.

El segundo problema del argumento de la secesión por separación, además de las objeciones planteadas anteriormente, es que se apoya equivocadamente en las normas internacionales sobre sucesión, es decir, la Convención de 1978, para sostener que en un supuesto de separación o disolución de un Estado las partes resultantes heredarán de forma automática la pertenencia a Organizaciones Internacionales que ostentaba el Estado predecesor.

a) En primer lugar, la Convención de 1978 no se aplica en caso de que existan reglas especiales sobre la sucesión en el tratado constitutivo de una organización internacional. El artículo 4 de la Convención es determinante al respecto:

Tratados constitutivos de Organizaciones Internacionales y tratados adoptados en el ámbito de una organización internacional:

Artículo 4. La presente Convención se aplicará a los efectos de la sucesión de Estados respecto de:

a) Todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización internacional, sin perjuicio de las normas relativas a la adquisición de la calidad de miembro y sin perjuicio de cualquier otra norma pertinente de la organización;

b) Todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional, sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la organización (cursivas nuestras).

Tal y como Happold apunta, no se puede afirmar que la Convención de Viena de 1978 permita suceder al territorio secesionado en la condición de miembro de Organizaciones Internacionales de las que el Estado predecesor es miembro13. A esta misma conclusión se llega si se atiende al Informe que la Comisión de Derecho Internacional preparó sobre el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados que sirvió de fundamento para la posterior redacción y aprobación de la Convención de Viena de 197814. Así, con respecto al artículo 4, la Comisión comenta lo siguiente:

En muchas organizaciones, la adquisición de la calidad de miembro, cuando no se trate de miembros originarios, está sujeta a un proceso formal de admisión. Cuando ocurre así, la práctica parece haber establecido actualmente el principio de que un nuevo Estado no tiene derecho automáticamente a convertirse en parte en el tratado constitutivo y en miembro de la organización como Estado sucesor por el simple hecho de que en la fecha de la sucesión el tratado fuera aplicable a su territorio y éste se encontrara dentro del ámbito de la organización.

En el caso específico de las Naciones Unidas la Comisión menciona que

Los nuevos Estados se han considerado, pues, con derecho a adquirir la calidad de Miembro de las Naciones Unidas sólo por admisión y no por sucesión. La misma práctica se ha seguido con respecto a la adquisición de la calidad de miembro de los organismos especializados y de muchas otras organizaciones.

Y, a renglón seguido añade que

La práctica de excluir la sucesión es más clara en los casos en que la calidad de miembro de la organización depende de un procedimiento formal de admisión, pero no se limita a estos casos.

Por todo ello, y siendo la Unión Europea una Organización Internacional que cuenta con un procedimiento formal de adhesión (art. 49 del Tratado de la UE) y de retirada (art. 50 del Tratado de la UE) es evidente entonces que habría que estar a lo que sus propias reglas prevean para la cuestión de la sucesión de un territorio escindido de un Estado miembro. Como más adelante se analiza, la ausencia de previsión alguna en los Tratados respecto a este último supuesto dificulta la tarea. Algunos analistas argumentan que, ante este vacío legislativo, lo correcto sería acudir al Derecho Consuetudinario Internacional y a los principios que establece la Convención de Viena de 197815. Sin embargo, y aun admitiendo que dicha remisión fuera correcta, como acabamos de ver, ni la Convención ni la práctica internacional confirman el tan alegado principio de continuidad automática del Estado independizado en las Organizaciones Internacionales.

b) En segundo lugar, la Convención de Viena de 1978 no ha sido ratificada por España. Es más, sólo ha sido ratificada por cinco Estados miembros de la UE; que son países de Europa del Este afectados en mayor o menor medida por los procesos de desintegración de Estados tras la Guerra Fría16. Por ello, es más que dudoso sostener que dicha Convención sería de aplicación a un caso como el que aquí analizamos.

c) Por último, es cierto que entre las consecuencias jurídicas que la Convención de Viena de 1978 contempla en materia de sucesión de Tratados se incluye el principio de continuidad17. En efecto, el artículo 34 prevé que, salvo otro acuerdo entre las partes interesadas, cuando una parte o partes del territorio de un Estado se separen para formar uno o varios Estados, continúe o no existiendo el Estado predecesor, todo Tratado que estuviera en vigor en la fecha de la sucesión de Estados respecto de la totalidad del territorio del Estado predecesor continua en vigor respecto de cada Estado sucesor formado. Se ha aducido que una interpretación literal de dicho artículo confirma las posibilidades de sucesión de un territorio secesionado (catalán, vasco o escocés) en la UE18.

Pero lo cierto es que esta doctrina no es pacífica ni responde a una realidad histórica consolidada19. Ni siquiera es claro que la regla del artículo 34 sea una norma de Derecho Consuetudinario Internacional20. Así, en muchos casos, el principio de continuidad que establece el artículo 34 lejos de operar de manera automática se ha hecho depender de acuerdos posteriores entre las partes interesadas21. En todo caso, no hay que olvidar que el artículo 9 de la Convención impide específicamente que el Estado sucesor «herede» las obligaciones o los derechos derivados de tratados en vigor respecto del Estado predecesor por el solo hecho de que haya formulado una declaración unilateral en la que se prevea el mantenimiento en vigor de los tratados respecto de su territorio22.

Es más, el precedente de Argelia, uno de los escasos precedentes de modificación territorial dentro de la UE, vendría a descartar definitivamente la tesis de la sucesión por separación. En efecto, la independencia de la antigua colonia no significó que Francia pasase a ser un Estado diferente al que había firmado su pertenencia a la UE. En otras palabras, el Estado francés no desapareció, simplemente sufrió una modificación territorial que hubo de ser reflejada en los tratados correspondientes. Muchos objetan a este precedente el hecho de que Argelia no quería seguir formando parte de la UE, pero de lo que se trata más bien es de aclarar si cualquier independencia de un territorio que forma parte de un Estado miembro supone la disolución de este último y, por consiguiente, la continuidad automática en la pertenencia en la UE de los Estados sucesores. Si en la práctica esta premisa no se cumple (y España continúa siendo España a pesar de la independencia del País Vasco o Cataluña) es indiferente entonces discutir las consecuencias de la desaparición del Estado matriz. Y el ejemplo de Argelia revela con claridad meridiana que la independencia de un territorio que formaba parte integral de un Estado miembro no determina la desaparición o disolución de este último.

En conclusión, y a la vista de todas las objeciones planteadas, el argumento de la sucesión por separación resulta insuficiente y «doctrinalmente inconsistente»23. Como hemos visto, en la mayoría de casos de secesión producidos en el último siglo se ha aplicado al Estado matriz la continuidad automática en la pertenencia a las Organizaciones Internacionales. No hay motivo alguno que haga sospechar que una hipotética independencia del País Vasco sería tratada de diferente manera. Además, existen varios factores que operarían a favor de la presunción de continuidad de España («el resto de España») tras la secesión del País Vasco: la población, territorio, instituciones y el reconocimiento internacional. Además, parece de recibo suponer que, llegado el caso, una hipotética independencia del País Vasco sería llevada a cabo mediante un proceso de negociación entre ambas partes. Sin duda, en ese marco, España expresaría su voluntad de mantener su personalidad jurídica internacional y pertenencia a Organizaciones Internacionales. Desde una perspectiva internacional, no existiría ninguna razón obvia por la cual otros Estados u Organizaciones Internacionales pudieran oponerse a la continuidad de España si ésta así lo reclama y, desde el plano interno, resulta del todo insostenible pretender que España («el resto de España») podría dejar de existir porque esa fuese la voluntad del País Vasco.

El recurso al Derecho Internacional consuetudinario y a la Convención de Viena de 1978 tampoco avala la idea de la sucesión por separación para territorios secesionados en la UE. Como hemos visto, se pueden mencionar varias objeciones fundamentales como son: a) que la Convención de Viena no ha sido ratificada por España; b) que, la Convención no se aplica cuando existan normas especiales relativas a la sucesión en los Tratados constitutivos de Organizaciones Internacionales; c) que, si bien es cierto que la Convención de 1978 contempla el principio de continuidad en materia de sucesión de tratados en algunos supuestos (art. 34), esta regla no es pacífica ni parece ser una norma de Derecho Internacional consuetudinario; y d) que en todo caso, en su artículo 9 la Convención de 1978 impide específicamente que el Estado sucesor «suceda automáticamente al Estado predecesor en los Tratados por el solo hecho de que haya formulado una declaración unilateral.

IV. LA TESIS DE LA «AMPLIACIÓN INTERNA»24

Las dudas existentes respecto a la validez jurídica de la tesis escocesa de la sucesión por separación han provocado que diversos sectores doctrinales catalanes hayan articulado una segunda línea argumental que justificaría la continuidad automática en la UE de un territorio secesionado de un Estado miembro25. Esta tesis alternativa deja de lado la perspectiva internacional anteriormente analizada y se centra casi exclusivamente en los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario.

La premisa es que dado que Cataluña ya es en la actualidad territorio europeo, no tendría por qué solicitar su admisión como Estado miembro si triunfa el sí en el referéndum de independencia. Se aduce en su defensa que los fundamentos legales y políticos de dicha pretensión se encuentran precisamente en criterios propios del Derecho comunitario:

a) En primer lugar, la UE es una Organización Internacional sui generis diferente de otras Organizaciones Internacionales. Esta singularidad se manifiesta en la existencia de elementos propios de sistemas federales, en el expreso reconocimiento de principios democráticos (art. 4.2 Tratado de la UE) y en el reconocimiento expreso de derechos subjetivos y obligaciones, incluyendo un catálogo de Derechos Fundamentales y un estatuto de ciudadanía propio. Por otro lado, la UE ha ido reconociendo progresivamente el papel de las entidades sub-nacionales o regionales dentro de la UE; les ha otorgado progresivamente más poder como una manera de situar a estas realidades políticas dentro del esquema europeo. Por ello, es lícito pensar que la UE otorgará una solución satisfactoria en caso de independencia de un territorio de un Estado miembro.

b) El silencio de los Tratados sobre el supuesto de que un territorio de un Estado miembro decida escindirse y permanecer en la UE no debe interpretarse como un obstáculo a la idea de la continuidad automática. Por el contrario, dado que los Tratados no regulan este supuesto, cabe asumir que «todo lo que no está prohibido es posible». Además, señalan los defensores de la ampliación interna que, aunque no existen precedentes similares, la UE ya ha gestionado procesos de modificación territorial de Estados miembros con cierta flexibilidad y pragmatismo adoptando soluciones legales ad hoc para estos supuestos que tampoco estaban previstos en los Tratados (por ejemplo Groenlandia y la reunificación alemana).

c) Cualquier Estado que desee ingresar en la UE debe cumplir con una serie de requisitos que verifiquen que está en condiciones de aplicar toda la legislación comunitaria. En este sentido, un territorio secesionado de un Estado miembro ya cumpliría con el acervo comunitario. Esta indudable ventaja vendría a reforzar su permanencia automática en el seno de la UE.

d) En esta misma línea, la UE no puede ignorar los derechos adquiridos como ciudadanos por las personas residentes en los territorios secesionados durante los años previos a la independencia. Si bien es cierto que la ciudadanía de la UE está inexorablemente ligada a la nacionalidad de un Estado miembro (art. 20 del Tratado de Funcionamiento de la UE, en adelante, TFUE), al tratarse de derechos muy trascendentes, una interpretación rígida de este precepto sancionaría injustamente a los ciudadanos del territorio secesionado. Se invoca a favor de este argumento la línea jurisprudencial adoptada por el Tribunal de Justicia de la UE.

e) Los tratados regulan expresamente el supuesto de salida voluntaria de la Unión (art. 50 TFUE), pero no contemplan la posibilidad de expulsar a un Estado. Por ello, no cabría que un territorio secesionado que expresa su voluntad de seguir formando parte de la UE fuese obligado a una salida no voluntaria o expulsión.

A continuación, pasamos a analizar cada uno de estos argumentos:

a) La Unión Europea como Organización Internacional sui generis

Es cierto que la UE es una Organización Internacional singular: la supranacionalidad le imprime un carácter original que la distingue definitivamente del resto de Organizaciones Internacionales. Paulatinamente, el proceso de integración europeo ha puesto en tela de juicio la relación entre Estado y nación. Por un lado, el proyecto europeo socava la competencia de los Estados en diversas áreas (moneda, el mercado y su regulación o la seguridad externa), les somete al escrutinio y decisiones de instituciones supranacionales, y redefine la noción de ciudadanía. De tal manera que obliga a reflexionar y a desmitificar el concepto clásico de soberanía.

Además, la experiencia europea demuestra que es posible gobernar eficazmente sociedades plurales y heterogéneas articulando órganos y relaciones que superan los propios Estados. Por ejemplo, la UE ha creado nuevos cauces de acción política para las minorías nacionales, en especial, a través de su participación en el Parlamento Europeo (la Alianza Libre Europea) y en el Comité de las Regiones. Desde esta perspectiva, parece que la reivindicación principal de los movimientos nacionalistas independentistas, la de constituir un Estado propio, es incompatible con los fines y objetivos que persigue el propio proceso de integración europeo. En otras palabras, la tendencia lógica del proceso de integración sería la opuesta, la de diluir progresivamente la soberanía estatal en favor de instituciones supranacionales, superando la tradicional conexión entre territorio e identidad.

La tesis de la ampliación interna apela a los aspectos federales y democráticos presentes en el proceso de construcción europeo para dar cabida a su demanda. Es cierto que cuestiones comunitarias relativas al reparto de competencias, reglas institucionales u ordenamiento jurídico guardan enormes paralelismos con experiencias federales. Con todo, «estos innegables rasgos federales de la Unión Europea no deberían conducir a pasar por alto que, en aspectos de importancia no secundaria, los Estados miembros siguen detentando importantes atributos inherentes a la idea misma de Estado independiente»26. Y esto es así porque, aun a pesar de que el proceso de integración haya transformando paulatinamente a los Estados, no por ello han dejado éstos de ser los principales actores del proceso.

Desde esta perspectiva conviene enjuiciar la problemática de la secesión dentro de la UE. En tanto que firmantes de los Tratados son los Estados quienes forman parte jurídicamente de la UE. Por ello, la Unión está obligada a respetar «las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional» (artículo 4.2 del Tratado de la UE). Y a pesar de que se hayan articulado vías de participación para los gobiernos regionales y locales, la UE no les concede ningún tipo de personalidad jurídica por encima de los Estados miembro27. Es decir, «no existen territorios miembros de la UE, sino tan sólo y únicamente Estados»28.

b) La ausencia de regulación en los Tratados

Es cierto que los Tratados no contemplan expresamente el supuesto de que un territorio de un Estado miembro decida escindirse y permanecer en la UE, pero es más que cuestionable afirmar que tal ausencia de regulación confirma la posibilidad de la ampliación interna.

En primer lugar, cualquier adhesión de un nuevo miembro a la UE requiere de una modificación formal de los Tratados y toda modificación requiere una decisión por unanimidad de los Estados miembros y las instituciones europeas: Parlamento Europeo, Comisión Europea, Consejo y Consejo Europeo (art. 48 del Tratado de la UE). Además, la adhesión a la UE requiere de un proceso formal (art. 49 del Tratado de la UE) en el que las instituciones europeas y demás Estados miembros validan, por etapas, la idoneidad del país candidato para ingresar en la UE. Posteriormente, se celebra un Tratado de adhesión que necesita de la ratificación en todos los Parlamentos nacionales (y la aprobación por referéndum en algunos).

Incluso aceptando hipotéticamente que no se requiriese este proceso formal de adhesión para el territorio secesionado y se articulase un proceso ad hoc, es innegable que su adhesión obligaría a la reforma de las normas básicas de funcionamiento de la UE en cuanto que se estaría sumando un nuevo Estado miembro. También el Estado de origen se vería implicado en este proceso, por cuanto habría que renegociar las condiciones de su posición como Estado miembro dentro de la UE. Por ejemplo, sería necesario redefinir el número de diputados en el Parlamento Europeo o el número de votos correspondientes en el Consejo, también habría que renegociar el reparto de representación en otros organismos comunitarios, la aplicación de las políticas comunitarias, la participación en los fondos y mecanismos financieros. Y ello implicaría tanto al Estado matriz como al nuevo Estado independizado.

Por ello, aun cuando se articulase una fórmula más flexible de adhesión, ésta requeriría de un proceso de negociación que descarta la posible ampliación interna sin la unanimidad de todas las partes involucradas. Ésta parece la única interpretación posible si además se atiende a las declaraciones realizadas por parte de algunos responsables de las instituciones europeas:

— En 2004, el entonces presidente de la Comisión Europea Romano Prodi declaró en el Parlamento Europeo que «si una parte de un territorio de un Estado miembro se independizase del mismo, los Tratados dejarían de ser aplicables en ese nuevo Estado». Si desease continuar siendo miembro de la UE, el nuevo Estado podría presentar su solicitud y lograr su ingreso en la UE siempre que sea «aceptado por el Consejo por unanimidad»29.

— Su sucesor José Manuel Barroso dio una respuesta similar en una entrevista concedida a los medios de comunicación británicos:

It (Joining the European Union) is a procedure of international law. A state has to be a democracy first of all and that state has to apply to become a member of the European Union and all the other Member States have to give their consent. A new state, if it wants to join the European Union, has to apply to become a member of the European Union like any state30.

Esto no significa necesariamente que no se pueda ajustar el mecanismo de adhesión atendiendo a la singularidad del caso (por ejemplo, con un procedimiento de transición lo más corto y favorable posible para el nuevo Estado secesionado). Pero, en todo caso, esta decisión corresponde al terreno de la política31, desde un punto de vista estrictamente jurídico, el proceso de adhesión a la UE es el que los Tratados regulan; no existe otro. Y en definitiva, una resolución favorable para el territorio secesionado necesitaría del impulso político de la Unión Europea (en especial de la Comisión Europea), de la actitud positiva de los restantes Estados miembros (no ejerciendo su derecho de veto) y el apoyo del Estado de origen.

d) El cumplimiento del acervo comunitario

A la vista de las objeciones planteadas, parece que el fundamento legal de la tesis de la ampliación interna es más que discutible. No obstante, es cierto que la singularidad del supuesto, la de un territorio que ya formaba parte de la Unión y cumplía con el acervo comunitario, podría merecer una consideración especial que justificase evitar la aplicación automática del artículo 49 del Tratado de la UE32.

En efecto, un territorio como Cataluña o el País Vasco estaría, a priori, en condiciones de aplicar toda la legislación comunitaria y de aceptar los objetivos de la unión política, económica y monetaria. Es evidente que se trata de una ventaja enorme y habrá de ser valorada como tal a efectos de articular un proceso de adhesión rápido. Pero, a pesar de ello, el cumplimiento del acervo comunitario no garantiza automáticamente la adhesión o, dicho de otra manera, no permite sortear un procedimiento que requiere de la unanimidad de los Estados miembros y las Instituciones Europeas.

Las condiciones de la adhesión, y las adaptaciones de los Tratados y de las instituciones que dicha adhesión entrañe, son objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el país solicitante. Por ello se exige unanimidad al inicio de las negociaciones para la adhesión33 y al terminarlas. En efecto, la adhesión culmina mediante la celebración de un acuerdo, el Tratado de adhesión, que está sujeto a la ratificación del conjunto de los Estados miembros y del futuro Estado miembro. Eso implica normalmente al Gobierno de cada Estado miembro y a su Parlamento y puede llegar a suponer la celebración de un referéndum si la adhesión del nuevo Estado fuera controvertida.

Por lo que se refiere a los requisitos necesarios para el ingreso es evidente que el grado de preparación de un país candidato cuyo territorio ya ha formado parte de la Unión es enorme. Pero eso no elude la necesidad de pasar por un proceso de verificación que no sólo incluye el cumplimiento del acervo comunitario, sino diversos criterios que pueden entrañar «una valoración estrictamente política34». Así, todo país que desee ingresar en la UE debe respetar los criterios de adhesión, o criterios de Copenhague35. En concreto, se trata de:

— Criterios políticos: la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías.

— Criterios económicos: la existencia de una economía de mercado viable, la capacidad para hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado en el seno de la UE.

— La capacidad de asumir las obligaciones como miembro que se derivan del Derecho y de las políticas de la UE (el acervo comunitario), incluida la adhesión a los objetivos de la Unión política, económica y monetaria.

— Haber creado las condiciones para su integración mediante la adaptación de sus estructuras administrativas.

Durante las negociaciones de adhesión los Estados miembros, con ayuda de la Comisión Europea, verifican que el candidato cumple con los requisitos36. Este proceso se divide en 35 capítulos que abarcan áreas diferentes de la política europea y la apertura y cierre de cada capítulo requiere, de nuevo, de unanimidad del Consejo37.

Así pues, aunque el cumplimiento del acquis communautaire puede sí justificar un proceso de reingreso del nuevo Estado en la UE más flexible, pero en ningún caso garantiza la adhesión automática al margen de lo dispuesto en los Tratados38. En tanto que nuevo Estado con unas instituciones y estructuras propias, un País Vasco independiente no podría escapar al escrutinio por parte de las Instituciones Europeas de dicha configuración jurídico-política. No menos importante sería la cuestión de los derechos de las minorías o el del régimen lingüístico adoptado por cuanto habría de respetar estrictamente los principios y valores del ordenamiento comunitario39 además de que podrían constituir un foco de tensiones con el resto de España que, recordemos, siempre mantendría su derecho de veto.

e) Los derechos adquiridos por los ciudadanos

En 1992, el Tratado de la Unión Europea creó una ciudadanía europea reforzando la participación de los ciudadanos en el proceso de integración europeo. Los derechos que lleva aparejada la ciudadanía de la Unión pueden agruparse en torno a cuatro categorías:

— La libre circulación y residencia en el territorio de la Unión Europea.

— El derecho a ser elector y elegido en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia.

— La protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, si el país de origen no está representado en un tercer país.

— El derecho de petición ante el Parlamento Europeo, y el derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo europeo.

La ciudadanía europea está íntimamente ligada a la nacional. De la lectura del artículo 20 TFUE se desprende expresamente que es necesario disponer previamente de la nacionalidad de un Estado miembro para ser ciudadano de la Unión. Así:

1. Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla.

Por ello, la salida de un territorio que previamente formaba parte de la Unión significaría la pérdida por parte de su población de los derechos adquiridos durante los años previos bajo su condición de ciudadanos europeos. Los defensores de la tesis de la ampliación interna arguyen sin embargo que, en la práctica, esto representaría un castigo de la UE a parte de sus ciudadanos por el simple motivo de haber tomado la decisión democrática de formar un nuevo Estado manifestando inequívocamente su voluntad de permanecer en la UE40.

Se aduce que el respeto al principio democrático, uno de los valores comunes sobre los que se basa la Unión Europea (art. 2 del Tratado de la UE), requiere que la Unión proteja las decisiones adoptadas democráticamente por la mayoría de los ciudadanos de cualquier parte de su territorio41. Además, la Unión debe garantizar la continuidad en la aplicación de la legislación comunitaria en el nuevo Estado y especialmente en los derechos y obligaciones garantizados a sus ciudadanos. En este sentido, se invoca la primacía y aplicabilidad directa del Derecho comunitario incluyendo estos derechos adquiridos por los ciudadanos de la Unión, aun cuando estos hayan dejado de ser nacionales de un Estado miembro. En último término, lo que se viene a defender es que la cuestión de la permanencia en la UE habría de resolverse al margen de las normas de Derecho Internacional público —que sólo reconocen a los Estados como sujetos de obligaciones y derechos— recurriendo en su lugar al Derecho comunitario que obliga a considerar la cuestión desde la perspectiva de los derechos individuales42.

Además, se dice, ésta sería la línea jurisprudencial iniciada por el Tribunal de Justicia de la UE en el caso «Rottman contra Bavaria»43 cuando estableció que si bien las condiciones de pérdida o retirada de la nacionalidad es un área de competencia de los Estados miembros, en la medida en que afecta a los derechos conferidos y protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, debe ser compatible con los principios del Derecho comunitario. Tesis que también apunta la posterior sentencia del TJUE dictada en el caso «Ruiz Zambrano contra Office National de l’emploi» donde afirma que «el artículo 20 TFUE se opone a medidas nacionales que tengan por efecto privar a los ciudadanos de la Unión del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto de ciudadano de la Unión»44.

Por tanto, siguiendo esta jurisprudencia, parece que, llegado el caso en que el Tribunal de Justicia de la UE entendiera de este asunto, podría guiarse por una interpretación flexible del Ordenamiento Jurídico Comunitario a fin de evitar lesiones injustas y garantizar la protección de los individuos. En ese sentido, se ha alegado que el Tribunal de Justicia podría resolver que tanto el territorio secesionado como el Estado matriz heredaran la condición de Estado miembro del Estado predecesor invocando la primacía del Derecho comunitario sobre el internacional y el interno45.

No obstante, como acertadamente señala Ignacio Molina «es impensable que el Tribunal de Luxemburgo ignorase la propia estructura lógica de los Tratados —de la que los Estados son las únicas partes contratantes— y afirmara, sin base legal alguna, que habría automatismo del territorio secesionado para convertirse en Estado miembro como consecuencia de que sus ciudadanos puedan seguir disfrutando de algunos derechos»46.

Es más, otras Instituciones Europeas, como la Comisión, ya se han pronunciado en sentido negativo al ser cuestionados sobre la posibilidad de garantizar la continuidad de la ciudadanía europea para los ciudadanos de un nuevo Estado surgido por un proceso de secesión. Así la Comisión Europea explicó, tras la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) presentada por Reagrupament47, que «de acuerdo con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), sólo las personas que tengan nacionalidad de un Estado miembro son ciudadanos de la UE, y advirtió de que «la ciudadanía de la UE es complementaria, pero no sustitutiva, de la ciudadanía nacional»48.

El propio Jose Manuel Durao Barroso se ha pronunciado en idéntico sentido ante el Parlamento Europeo declarando que «la ciudadanía europea, es complementaria pero no sustituye a la nacional» y subrayando que «en el hipotético caso de una secesión de una parte de un Estado miembro, la solución tendría que encontrarse y negociarse dentro del ordenamiento legal internacional49».

Este mismo parece ser el sentido que los Estados quisieron otorgar al artículo 20 TFUE si se atiende a la Declaración del Consejo Europeo de Birmingham que, tras la firma del Tratado de Maastricht (que introdujo, como hemos visto, el estatuto de ciudadanía europea) precisó que: «[...] la ciudadanía de la Unión otorga a nuestros ciudadanos más derechos y más protección, sin suplantar en modo alguno su ciudadanía nacional»50.

Por tanto, parece que la solución a la problemática de los derechos adquiridos tendría que solventarse en el marco de un proceso de negociaciones que implicase a las partes interesadas. Podría, de esta manera, evitarse situaciones indeseadas, pero aún y cuando llegue a articularse alguna medida transitoria que reconozca esos derechos, eso no concede al Estado independizado la pertenencia automática a la UE.

f) La expulsión de un Estado miembro frente a la salida voluntaria de la UE

La salida voluntaria de la UE, esto es, el supuesto de que un Estado miembro desee retirarse de la Unión, viene regulado por el artículo 50 del Tratado de la UE que establece para ello un procedimiento específico que culmina con la firma de un acuerdo entre la Unión y ese Estado y que contiene la forma de la retirada teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras. Por el contrario, no existe ninguna previsión en los Tratados acerca de la salida no voluntaria o expulsión de un Estado miembro. Ni siquiera en casos de violaciones de los valores de la Unión por parte de un Estado miembro los Tratados prevén la expulsión sino tan sólo la suspensión de los derechos de dicho Estado (art. 7 del Tratado de la UE).

Es por esto que, quienes postulan la tesis de la ampliación interna, argumentan que el único principio que recogen los Tratados respecto de la salida de un Estado miembro de la Unión es el de que ésta ha de ser voluntaria. No cabría por tanto, la salida de un Estado que ha manifestado inequívocamente su deseo de permanecer en la Unión. En otras palabras, la falta de previsión expresa de este supuesto en los Tratados permitiría invocar una presunción de permanencia en la Unión a favor de aquellos territorios que se escindan de un Estado miembro. Sin embargo, cabe cuestionarse si es legítimo «apelar a lo que es derecho de los Estados miembros [el principio de que la salida sólo puede ser voluntaria] —y que ha sido negociado por ellos en los tratados para su propia protección— por parte de quien ha deseado libremente dejar de pertenecer a uno»51.

Se cita con frecuencia el ejemplo de Groenlandia como muestra de que no existe la posibilidad de expulsión automática de un Estado de la Unión, puesto que la salida de Groenlandia de la entonces Comunidad Económica Europea fue negociada y no se produjo de manera automática. Además, en ese momento, no se había introducido todavía el mecanismo que prevé el artículo 50 del Tratado de la UE, lo que vendría a reforzar aún más dicho argumento, esto es, que la práctica que siempre ha guiado a la Unión es la de la salida de la UE ha de ser voluntaria. Sin embargo, aunque este caso guarda ciertos paralelismos con el que aquí nos ocupa, se trata de un supuesto inverso: el de una parte de un Estado miembro que decide no seguir siendo parte de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE)52.

En efecto, Groenlandia, región autónoma perteneciente a Dinamarca, se decidió celebrar un referéndum en 1982 acerca de la permanencia en la CEE que obtuvo un resultado mayoritario a favor de la salida. Esta retirada no fue automática, sino que tuvo que negociarse y no culminó hasta 1985. Pero Groenlandia continuó formando parte de Dinamarca, no se independizó de la misma. Además, las negociaciones que se llevaron a cabo para facilitar la salida de Groenlandia de la UE también buscaban concederle el estatuto aplicable a los países y territorios de ultramar (PTU) asociados a la Comunidad Europea.

Lo que el precedente de Groenlandia sí muestra es que las Instituciones europeas, en particular la Comisión, y los Estados miembros son muy capaces de responder pragmática y flexiblemente a supuestos excepcionales para los que no existe una base legal expresa en los Tratados. De ahí que algunos autores como Sinclair señalen que cuando se trata de pronosticar las posibilidades que tendría un territorio secesionado de un Estado miembro de permanecer en la UE, la respuesta no está en el precedente de Groenlandia sino en la posición política que el resto de Estados miembros mantienen ante la idoneidad de dicho evento53.

V. ¿UNA VÍA DE ACCESO RÁPIDO A LA UE?: LA SOLUCIÓN AD HOC

Tal como hemos visto y, desde una óptica estrictamente jurídica, no existe el derecho automático de un Estado independizado de un Estado miembro a permanecer en la UE. Los postulados que tanto la tesis de la sucesión por separación como la de la ampliación interna invocan para defender ese alegado derecho de permanencia son doctrinalmente inexactos e inconsistentes. Aunque es cierto que los Tratados no contemplan expresamente el supuesto de que un territorio de un Estado miembro decida escindirse y permanecer en la UE, lo que el Ordenamiento Comunitario sí ha regulado es un proceso de adhesión, el del artículo 49 del Tratado de la UE, que requiere unanimidad y articula un complicado trayecto para el Estado solicitante54.

No obstante, existen motivos de calado para pensar que, de existir voluntad de consenso entre todas las partes implicadas, podría adoptarse una fórmula más flexible y favorable para el Estado independizado. De otra manera se estaría priorizando una interpretación rígida de los Tratados y obviando las consecuencias negativas sobre un territorio y unos ciudadanos parte de la Unión hasta ese momento y que desean seguir siéndolo.

En este sentido, se apela al excepcionalismo pragmático que la UE ha demostrado practicar en otras ocasiones para demandar la adopción de un mecanismo más flexible55. Algunos autores aluden a la posibilidad de articular un procedimiento simplificado de acceso que tendría lugar de manera simultánea a la independencia. Es decir, desde la celebración del referéndum hasta la declaración formal de independencia se llevarían a cabo las negociaciones necesarias para que el nuevo Estado accediera a la UE desde el primer día de su existencia. De esta manera se evitaría que el territorio secesionado quedase fuera de la UE y que tuviera que solicitar posteriormente su ingreso. Así, en el marco de esas negociaciones se prepararían las modificaciones pertinentes de los Tratados, que serían aprobadas por las Instituciones Europeas y los demás Estados miembros y entrarían en vigor a partir de la declaración de independencia56.

Parece que la creación de este procedimiento ad hoc se justificaría además por los precedentes de Groenlandia y la unificación de Alemania. Respecto a esta última, se alega que en este caso las Instituciones Europeas crearon un procedimiento específico que posibilitó el ingreso automático en la UE de un territorio que no estaba en el espacio europeo (la República Democrática Alemana). Sin embargo, es necesario señalar que la incorporación de la RDA no implicó un cambio en los Tratados, pues se consideró que el Estado Miembro continuaba siendo el mismo. Es decir, la reunificación alemana no conllevó el ingreso de ningún nuevo Estado en la UE, sino tan sólo la ampliación del territorio de uno de sus Estados miembro. Por ello, no fue necesario celebrar ninguna Conferencia Intergubernamental para aprobar la modificación de los Tratados. Las Instituciones Europeas pactaron con Alemania la introducción de una serie de normas transitorias para la aplicación del acervo comunitario aprobadas rápidamente por el Parlamento y el Consejo de Ministros57.

Aun con las objeciones planteadas, parece que el precedente alemán (al igual que el de Groenlandia) es ilustrativo de la capacidad de la UE para acordar y decidir procedimientos ad hoc cuando las circunstancias así lo requieren y siempre como resultado del diálogo y del acuerdo político. El pragmatismo del que pueden hacer gala las instituciones europeas no elude la necesidad de obtener la máxima voluntad política posible entre todas las partes implicadas. En este camino, será de especial relevancia la posición política que otros Estados miembros adopten frente a la cuestión de la integridad territorial. En este mismo sentido, la posición y actitud del Estado de origen será determinante. La forma que tome el propio proceso de independencia a nivel interno (dialogado, pacífico, transparente, etc.) sentará las bases del posterior proceso de adhesión a la UE.

VI. A MODO DE CODA: UNA LLAMADA AL ORDEN

El debate suscitado en torno a la independencia de Escocia y Cataluña ha generado todo tipo de opiniones respecto de su salida o permanencia en la UE. En nuestro país, quienes se oponen a la independencia tienden a exagerar las dificultades que tendrían una Cataluña o País Vasco independiente para reingresar en la Unión. Los nacionalistas, por su parte, minimizan la problemática preocupados por la influencia que esta cuestión pueda tener sobre sus electores. Sin embargo, es imprescindible abordar el tema con mayor objetividad y facilitar a la opinión pública información clara y precisa acerca de las consecuencias jurídicas exactas que la independencia conllevaría. En estos momentos, se echa de menos una actitud proactiva por parte de los líderes políticos que permita calmar y ordenar el debate.

Sólo basta echar un vistazo al exterior para encontrarse con un valioso ejemplo, el del Reino Unido, cuyo Gobierno ha publicado hasta la fecha cinco informes acerca de las implicaciones que la independencia de Escocia tendría en diferentes ámbitos de la vida de sus ciudadanos58.

No resulta exagerado decir que la sana discusión es un buen indicador de la salud democrática de un país. Por ello, creemos que corresponde tanto al gobierno español como al vasco o catalán, proporcionar los elementos necesarios para desarrollar un debate informado. No hacerlo supone privilegiar los discursos más radicales y alarmistas que, en uno u otro sentido, apelan a un patriotismo infantil y demagogo. Sin duda, la ciudadanía merece más y mejor información antes de pronunciarse sobre una cuestión tan relevante como lo es la de la independencia.

1 «El PNV pregunta a la Comisión Europea cómo afrontaría una secesión en el seno de la Unión», El Correo, 14/09/2012, Disponible en web: http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120914/politica/pregunta-comision-europea-como-20120914.html [Consultado en 8 de octubre de 2013].

«Lohitzune Txarola aspira a una Euskal Herria independiente dentro de la UE», Forum Europa, Tribuna Euskadi, 13/06/2013, Disponible en web: http://www.nuevaeconomiaforum.org/noticias/lohitzune-txarola-aspira-una-euskal-herria-independiente-dentro-de-la-ue [Consultado en 8 de octubre de 2013].

2 Artículo 2.1.b) de la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de Tratados (1978). Opinión n.º 1 de la Comisión de Arbitraje de la Conferencia de Yugoslavia, «Comisión Badinter», International Law Report, vol. 92, 1993.

3 SHAW, M., International Law, 8.ª ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 676.

4 También lo es desde el punto de vista del ordenamiento constitucional británico. Véase al respecto: HM GOVERNMENT, Scotland Analysis: Devolutions and the implications of Scottish Independence, 2013. Disponible en web: https://www.gov.uk/government/publications/scotland-analysis-devolution-and-the-implications-of-scottish-independence [Consultado en 8 de octubre de 2013].

5 La disolución efectiva se produjo sólo seis meses después del acuerdo de separación.

6 CRAWFORD, J. y BOYLE, A., «Opinion: Referendum on the Independence of Scotland - International Law Aspects», en HM GOVERNMENT, Scotland Analysis: Devolutions and the implications of Scottish Independence, 2013, Anexo A, p. 84. Disponible en web: https://www.gov.uk/government/publications/scotland-analysis-devolution-and-the-implications-of-scottish-independence [Consultado en 8 de octubre de 2013].

7 SINCLAIR, D., Issues around Scottish Independence, The Constitutional Unit, Londres, 1999, p. 9.

8 La única excepción la encontramos en el caso de Pakistán Occidental, cuyo territorio era mayor pero su población menor que la de Bangladesh en el momento de su secesión. Sin embargo, cabe señalar que la diferencia poblacional era relativamente menor y que el gobierno central estaba localizado en Pakistán Occidental.

9 De acuerdo con los datos del Censo de Población y Viviendas del 2011 del Instituto Nacional de Estadística, la población española alcanzó los 46.815.916 habitantes a 1 de noviembre de 2011. En esa misma fecha, el País Vasco contaba con 2.185.393 habitantes.

10 Es el caso de la disolución de Checoslovaquia.

11 Éste es el argumento que desarrollan CRAWFORD, J. y BOYLE, A., op. cit., p. 83, respecto a la posible independencia de Escocia y la continuidad del Reino Unido. Estos profesores subrayan que no existiría ninguna razón obvia por la cual otros Estados u Organizaciones Internacionales podrían oponerse a la continuidad del Reino Unido si éste así lo reclamara.

12 MOLINA, I., op. cit., p. 4.

13 HAPPOLD, M., «“Independence”: in or out of Europe? An Independent Scotland and the European Union», International and Comparative Law Quarterly, 2000, vol. 49, pp. 15-34.

14 Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 26.º período de sesiones 6 de mayo-26 de julio de 1974, UN Doc. A/9610/Rev.1, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, vol. II, primera parte, pp. 177-181.

15 En concreto, ABAT I NINET, A., Catalunya Independent en el si de la Unió Europea: un informe sobre la viabilitat del procés d’ampliació interna a la UE, Cercle d’Estudis Sobiranistes, 2009. Disponible en web: http://www.cercleestudissobiranistes.cat/files/pdf/contDinamicos/informe_CES_ampliacio_interna.pdf [Consultado en 8 de octubre de 2013].

16 La Convención de Viena de 1978 fue adoptada el 22 de agosto de 1978 y entró en vigor el 6 de noviembre de 1996, cuando logró la ratificación de al menos 15 Estados. A fecha 14 de agosto de 2012, la Convención ha sido ratificada por 19 Estados y 22 Estados son parte a la misma (Angola, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Chile, Costa de Marfil, Croacia, Chipre, República Checa, República Democrática del Congo, Dominica, Ecuador, Egipto, Estonia, Etiopía, Estado de la Ciudad del Vaticano, Irak, Liberia, Madagascar, Montenegro, Marruecos, Níger, Pakistán, Paraguay, Perú, Polonia, Moldavia, Senegal, Serbia, República de las Seychelles, Eslovaquia, Eslovenia, San Vicente y las Granadinas, Sudán, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Túnez, Ucrania, Uruguay. Puede observarse el largo periodo de tiempo que tomó lograr la ratificación y que los Estados que han ratificado la Convención son, en general, pequeños Estados la mayoría de ellos involucrados históricamente en la sucesión de Estados. Sólo cinco Estados miembros de la Unión Europea la han ratificado.

17 El principio opuesto sería el de «tabla rasa» que supone considerar al Estado sucesor libre de las obligaciones y derechos emanantes de los tratados ratificados por su predecesor.

18 ABAT I NINET, A., op. cit., p. 15.

19 SHAW, M., International Law, 8.ª ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 980.

20 HAPPOLD, M., op. cit., pp. 15-34.

21 Lo comenta Andaluz Vegacenteno, H., en relación al Tratado sobre el establecimiento de la unidad alemana de 1990 entre las Repúblicas Federal y Democrática de Alemania y la vigencia de los tratados hispano-checoslovacos. En ambos casos, la continuidad de los tratados internacionales suscritos por el Estado predecesor se hizo depender de consultas y acuerdos posteriores con las partes contratantes. ANDALUZ VEGACENTENO, H., «El Derecho de la Sucesión de Estados», en Revista Colombiana de Derecho Internacional, n.º 9, mayo de 2007, pp. 395-452. Disponible en web: http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/11_andaluz_000.pdf [Consultado en: 30 de septiembre de 2013].

22 MOLINA, I., «Independentismo e integración europea: la imposible adhesión automática a la UE de un territorio secesionado», Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), 80/2012 [en línea], 22/11/2012, Disponible en web: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/europa/ari80-molina_ue_escocia_catalunya [Consultado en: 30 de septiembre de 2013].

23 LÓPEZ CASTILLO, A., «Autodeterminación soberanista e integración europea: España 2014», en Cuadernos de Alzate, 2013, n.os 46-47, p. 154.

24 Para la elaboración de este apartado he seguido el artículo de MOLINA, I., op. cit., pp. 4-10, sobre la cuestión por su excelente concreción y análisis.

25 En concreto, MATAS I DALMASES, J., GONZÁLEZ BONDÍA, A., JARIA Y MANZANO, J., ROMÁN Y MARTÍN, L., L’ampliació interna de la Unió Europea: Anàlisi de les conseqûències juridicopolítiques per a la Unió Europea en cas de secessió o dissolució d’un Estat membre, Fundació Josep Irla, 2010, y ABAT I NINET, A., Catalunya Independent en el si de la Unió Europea: un informe sobre la viabilitat del procés d’ampliació interna a la UE, Cercle d’Estudis Sobiranistes, 2009. Disponible en web: http://www.cercleestudissobiranistes.cat/files/pdf/contDinamicos/informe_CES_ampliacio_interna.pdf [Consultado en 8 de octubre de 2013].

26 DÍEZ-PICAZO, L. M., Constitucionalismo de la Unión Europea, Cívitas, Madrid, 2002, pp. 167-168.

27 En este sentido, los artículos 4.2 y 5.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE mencionan específicamente, y por primera vez, los gobiernos regionales y locales.

28 ORTEGA, A. y AREILZA, J. M., «Escisión y Permanencia en la UE. Aproximación a un marco teórico sin precedentes», en Revista Claves de Razón Práctica, n.º 100, marzo 2002.

29 Respuesta de Romano Prodi en nombre de la Comisión Europea a la Pregunta Parlamentaria formulada por la MEP Eluned Morgan, 1 de marzo de 2004 (2004) OJ C84E/422.

30 «Scottish Independence: EC President José Manuel Barroso on new states membership», BBC News, 12 de septiembre de 2012, Disponible en: www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-19567650 [Consultado en: 8 de octubre de 2013]. Similar respuesta por parte de Barroso la encontramos en la carta dirigida a la Cámara de los Lores inglesa el 10 de diciembre de 2012: «the EU is founded on the Treaties which apply only to the Member States who have agreed and ratified them. If part of the territory of a Member State would cease to be part of that state because it were to become a new independent state, the Treaties would no longer apply to that territory. In other words, a new independent state would, by the fact of its independence, become a third country with respect to the EU and the Treaties would no longer apply on its territory». Se puede consultar en http://www.scotsman.com/news/politics/top-stories/in-full-jose-manuel-barroso-s-letter-on-eu-membership-1-2684237.

31 En este sentido, la postura y los intereses de todos los actores implicados será determinante a la hora de regular la forma de adhesión de un territorio secesionado. THORP, A. y THOMPSON, G., «Scotland, Independence and the EU», House of Commons Library, November 2011.

32 Como señala Ignacio Molina «la aplicación automática del artículo 49 para un posible reingreso del nuevo Estado en la organización podría ser interpretada como un exceso formalista». MOLINA, I., op. cit., p. 7.

33 El Estado que solicitar el ingreso como miembro en la Unión debe dirigir su solicitud al Consejo quien, antes de tomar su decisión, debe consultar a la Comisión y pedir un dictamen conforme al Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría absoluta de los miembros que lo componen. El Consejo se pronunciará entonces por unanimidad.

34 MOLINA, I., op. cit., p. 7.

35 Estos criterios fueron definidos en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993 y completados en el Consejo Europeo de Madrid de 1995.

36 Las negociaciones se desarrollan en el marco de conferencias intergubernamentales bilaterales.

37 Las negociaciones se cierran cuando el país candidato cumple los criterios de referencia definidos para el cierre del capítulo, y cuando acepta el proyecto de posición común de la UE elaborado por la Comisión y adoptado, de nuevo, por unanimidad por el Consejo.

38 En este sentido se pronuncia también MOLINA, I. (op. cit., p. 7) al descartar la existencia de un supuesto derecho de adhesión a la UE. Apelando al análisis de los trabajos de la Convención o de las dos últimas conferencias intergubernamentales que redactaron el Tratado constitucional y el de Lisboa el autor explica que los Estados miembros descartaron «explicitar en el Tratado los llamados “criterios de Copenhague” […] entre otras cosas para evitar una hipotética intervención del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en un posible pleito sobre la ampliación».

39 Todo Estado que desee ser miembro de la UE debe respetar los valores establecidos en el artículo 2 del Tratado de la UE y, a tal efecto, las instituciones europeas verificarán la compatibilidad de su configuración institucional y política con los mismos. Así, el artículo 2 establece que «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». Cabe señalar, por comparación, que el llamado «Plan Ibarretxe», tal como fue aprobado por la mayoría nacionalista del Parlamento Vasco, negaba expresamente que en el País Vasco existieran minorías nacionales de algún tipo.

40 MATAS I DALMASES, J., GONZÁLEZ BONDÍA, A., JARIA Y MANZANO, J., ROMÁN Y MARTÍN, L., op. cit., p. 41.

41 Ibíd., p. 49.

42 O’NEILL, A., «Written evidence submitted by Aidan O’Neill QC», The Referendum on Separation for Scotland, Scottish Affair Committee, UK Parliament, mayo 2012. Disponible en web: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmscotaf/1608/1608we16.htm, [Consultado en: 8 de octubre de 2013].

43 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de marzo de 2010, caso Janko Rottmann contra Freistaat Bayern, TJCE/2010/46.

44 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de marzo de 2011, caso Gerardo Ruiz Zambrano contra Office National de l’emploi (ONEM), TCJE/2011/44.

45 O’NEILL, A., op. cit., p. 7.

46 MOLINA, I., op. cit., p. 8.

47 Bruselas, 30.05.2012, C (2012)3689 final, SG-Greffe (2012) D/8977.

48 La Comisión denegó el registro de la ICE porque «está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta relativa a un acto jurídico para los fines de aplicación de los Tratados».

49 Respuesta Parlamentaria de J. M. Barroso en nombre de la Comisión, 28 de agosto de 2012. Disponible en web: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012 007453&language=EN [Consultado en: 8 de octubre de 2013].

50 Consejo Europeo de Birmingham, 16 de octubre de 1992, Conclusiones de la Presidencia, European Council - DOC/92/6 16/10/1992.

51 MOLINA, I., op. cit., p. 9.

52 ORTEGA, A. y AREILZA, J. M. describen éste y otros precedentes de modificación territorial dentro de la UE de manera detallada en su artículo «Escisión y Permanencia en la UE. Aproximación a un marco teórico sin precedentes», op. cit., pp. 1-5.

53 SINCLAIR, D., op. cit., p. 16.

54 A este respecto es muy ilustrativa la imagen de los 1.960 peldaños que un Estado que desee ser miembro de la UE necesita superar descrita por Torreblanca, I. El proceso de adhesión estaría así plagado de «puntos de veto», es decir, diversas instancias en las que diferentes actores tendrían el derecho de bloquear la adopción de una decisión. TORREBLANCA, I., «1.960 escalones», El País, 1 de noviembre de 2012. Disponible en web: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/01/actualidad/1351792140_055619.html [Consultado en: 8 de octubre de 2013].

55 ABAT I NINET, A., op. cit., p.10.

56 AVERY, G., «The Foreign Policy Implications of and for a separate Scotland», Foreign Affairs, UK Parliament, 2012. Ésta parece ser además la postura del SPD escocés, quien ha anunciado su intención de abrir un período de negociaciones de 16 meses entre la celebración del referéndum (previsto para finales del 2014) y la declaración formal de independencia, en caso de apoyo mayoritario a la independencia.

57 Así, Alemania conservó su mismo número de votos en el Consejo y sus dos comisarios si bien más tarde, con la reforma introducida por el Tratado de Maastricht en 1992, se introdujeron los cambios necesarios para reflejar el nuevo peso de Alemania en la UE.

58 Algunos ya los hemos citado anteriormente (véase CRAWFORD, J. y BOYLE, A., 2013). Abarcan temas tan trascendentales como la posición constitucional de una Escocia independiente, el futuro del Banco de Inglaterra y la divisa en dicho escenario, los productos financieros y el negocio bancario, el marco microeconómico y empresarial y el análisis fiscal y macroeconómico. Todos accesibles en: https://www.gov.uk/government/organisations/scotland-office/series/scotland-analysis

CAPÍTULO IV

1918: EL FIN DEL IMPERIO AUSTROHÚNGARO Y LA DOCTRINA WILSON DE LAS NACIONALIDADES

JOSEBA ARREGI ARANBURU

I. INTRODUCCIÓN

Este estudio se elabora en el contexto de la discusión acerca de la posibilidad jurídica de regular la secesión en el sistema constitucional español. No se trata, pues, de un estudio exhaustivo de lo que significó la doctrina Wilson en los años posteriores a la finalización de la Primera Guerra Mundial, ni de la historia del centro y del este de Europa en los decenios posteriores a dicha fecha, ni de una historia del imperio Austrohúngaro, aunque fuera limitada al siglo XIX. Pero todos estos temas deberán ser tenidos en cuenta, aunque no se trate de analizar exhaustivamente ninguna de estas cuestiones. Todas ellas interesan desde la perspectiva que constituye el eje central del libro: la posibilidad de regular la secesión en un espacio constitucional democrático como es el español.

Y los temas citados interesan porque la historia de los decenios posterio res a 1918, prácticamente hasta la finalización de la segunda guerra mundial, estuvieron marcados por la aplicación de la doctrina Wilson —fun damentalmente en lo que se refiere a la aplicación del principio de la autonomía de las nacionalidades como principio de pacificación de relaciones consideradas como conflictivas en aquel momento—, y por ello pueden ser un espejo que muestre lo que pudiera suceder como resultado de la aplicación del mismo principio en nuestro días y en nuestra sociedad.

La referencia al centro y al este de Europa es, quizá una referencia geográfica demasiado indefinida. Alguien puede pensar que se debiera añadir el sureste de Europa —los Balcanes— a esa delimitación. Pero la limitación al centro y este de Europa viene dada porque es el espacio ocupado por la entidad política llamada imperio Austrohúngaro, o monarquía dual, aunque la misma Primera Guerra Mundial fuera iniciada a causa del movimiento nacionalista serbio en Bosnia-Herzegovina, en aquel momento ocupada primero y anexionada pocos años antes por el imperio austrohúngaro y anexada a Hungría. Es decir: el sureste de Europa está presente en lo que acontece en el imperio austrohúngaro y en sus problemas, y a través de Serbia lo están tanto el imperio otomano y el imperio ruso, como lo está por otro lado el imperio germánico creado por Bismarck en base al reino de Prusia, y la Italia unida en los años sesenta del siglo XIX, con lo que el centro y el este de Europa también posee referencias occidentales de peso.

II. EJEMPLOS CONCRETOS

Para visualizar la realidad de lo que políticamente se denomina imperio austrohúngaro pueden valer algunas referencias concretas. Son escritores nacidos en el imperio Austrohúngaro Rilke y Kafka, ambos nacidos en Praga y escritores en lengua alemana, Moses Rosenkranz y Paul Celan, ambos nacidos en Bukowina (Rutenia) y también escritores en alemán, el primero mayor que el segundo, Joseph Roth (autor de La Marcha Radetzky, novela imprescindible para entender el final del imperio Austrohúngaro, nacido en Galizia, sur de Polonia), Manes Sperber, escritor judío en alemán, nacido también en la Galizia polaca, en un pueblo perteneciente al imperio austrohúngaro entonces y a Ucrania hoy en día, y ya fuera del imperio pero perteneciente al sureste fronterizo del imperio, Elias Canetti, nacido en Bulgaria, judío sefardí, también escritor en alemán.

Podemos fijarnos en uno de los menos conocidos para nosotros, Moses Rosenkranz. Nació en 1903 en Berhometh, Bukowina. Creció plurilingüe —yidish, ruteno, alemán, polaco y rumano—. Acudió a escuelas ucranianas, polacas, checas, alemanas y rumanas. Como escritor se decantó por la lengua alemana, si bien cambió su nombre de pila, Edmund, por el de Moses a causa del antisemitismo de un maestro. Como la Bukowina pasó a ser rumana tras 1918, se convirtió en rumano, fue perseguido por los fascistas rumanos, pasó por varios campos de trabajo, y tras la segunda guerra mundial fue detenido y enviado al Gulag soviético. En una de sus poesías, titulada Bukowina 1940-1941, escribe:

No enemistados en naciones / Podían vivir antaño en tus fronteras,

Bukowina, pueblos / Completándose en el servicio de la vida.

Hoy, movilizados por banderas / Incluso separados por banderitas eclesiales.

Crecen, entre vosotros, unidos antaño en paz, / Colinas sobre los muertos.

Y la pobre tierra alabada, llegada / Hasta vosotros como lugar de piedad

Hoy muere de hambre, señalada / En el cenagal del infierno.

(traducción propia)

Moses Rosenkranz exprime en esta poesía la destrucción de la convivencia multiétnica y plurilingüe por la construcción de naciones enemistadas por nuevas fronteras, una convivencia que, especialmente en la memoria de los judíos —Rosenkranz habla del orgullo de su padre por ser ciudadano del imperio— era fruto de la entidad política imperio austrohúngaro.

Continuando con este ejemplo concreto, Bukowina, entre el centro, el sur y el este de Europa, estaba habitado en 1910 por, aproximadamente, un 34 por 100 de rumanos, un 38 por 100 de ucranianos y un 27 por 100 de otros —polacos, alemanes, judíos—. Para una población de menos de 800.000 habitantes en ese año, en su espacio se hablaban, al menos, cinco lenguas: rumano, ucraniano, polaco, alemán y yidish.

Bukowina es un buen ejemplo de la estructura poblacional y lingüística del imperio austrohúngaro, no solamente porque certifica la realidad multiétnica y plurilingüe del imperio, sino porque pone de manifiesto algo más importante: la realidad de que los espacios geográficos homogéneos respecto a la etnia y la lengua no eran una regla con algunas pocas excepciones, sino, más bien, todo lo contrario.

III. BREVE RESUMEN HISTÓRICO

El comienzo de la historia del imperio Austrohúngaro se encuentra en los territorios —suizos y del sur de Alemania— de la dinastía Babenberg, que pronto pasará a ser la dinastía de los Habsburgo. Éstos irán consolidando lo que más tarde serán llamados territorios hereditarios que serán la base de la monarquía. Afirma Robert A. Kann que a lo largo de la historia, los Habsburgo no practicaron una política de guerra expansionista, sino más bien defensiva e inteligente, basada en las alianzas matrimoniales y en el aprovechamiento de las circunstancias históricas. De esta forma los reyes de Austria llegaron a ser reyes de Bohemia y de Hungría.

En los aspectos políticos principales, la historia de la monarquía de los Habsburgo se desarrolla en línea con el resto de monarquías europeas: los problemas de la necesaria afirmación de su poder frente al poder estamentario, especialmente cuando necesitaba recurrir a los estamentos para financiar las guerras, puesto que los recursos necesarios para ello debían ser aprobados por el estamento de los nobles, lo que les otorgaba a éstos un poder considerable frente al poder monárquico, especialmente en los casos de Bohemia y Hungría, en los que el cetro real que ostentaban los Habsburgo era un cetro de elección y no legitimado por la herencia.

La reforma protestante afectó a la dinastía de los Habsburgo de doble manera: por una parte como el trono que representaba al imperio —en la figura de Carlos I de España y V de Alemania—, y por otra por los avatares en sus propios territorios. Los nobles, como en el resto de Europa, jugaron la baza de la elección de religión en función de lo que dicha elección les podía aportar en su lucha contra la consolidación del poder real.

Una de las consecuencias de la reforma protestante para el imperio austrohúngaro fue la separación del destino de la dinastía: por un lado quedaron España y sus posesiones, en Europa o en ultramar, y por otra Austria-Hungría y sus posesiones en el centro y el este de Europa, aunque más tarde, por alianza matrimonial la dinastía pase a ser de Habsburgo-Lorena y se haga con los territorios de los Países Bajos de la hoy Bélgica. La reforma protestante, utilizada por Matías, hermano del monarca austrohúngaro, puso en riesgo la monarquía dual al hacerse elegir por los nobles húngaros como rey de Hungría. Tras la muerte de éste, todo volvió por sus fueros.

La tendencia a transformar las monarquías europeas en monarquías absolutas e ilustradas, con sus tendencias a la centralización administrativa, también tuvieron su reflejo en el imperio austrohúngaro, sobre todo en tiempos de la reina María Teresa —a pesar de la oposición de los nobles húngaros— y de su hijo José. A estos esfuerzos les precedió, sin embargo, un doble acontecimiento que hizo posible ese esfuerzo de centralización y racionalización administrativa: como consecuencia indirecta y no previsible de la guerra de los treinta años, guerra que supuso el fin de las guerras de religión en Europa, la corona de Bohemia dejó de ser electiva y pasó a ser hereditaria de los Habsburgo. Y como consecuencia de la victoria de Austria-Hungría contra los asedios de los otomanos, el reino de Hungría —los nobles húngaros habían cedido varias veces a la tentación de aliarse con los otomanos para debilitar el poder del emperador— también pasa a ser de electivo a hereditario de los Habsburgo.

La resistencia de los estamentos nobiliarios, sin embargo, obligan a los sucesores del emperador José a volver a negociar con los nobles húngaros algunos de sus privilegios.

Tras la victoria sobre las tropas napoleónicas, se establece la época del equilibrio entre los grandes poderes en Europa y la alianza de los tres imperios, Rusia, Austro-Hungría y Alemania, se restablece por un tiempo la legitimidad del Antiguo Régimen, aunque la memoria de la revolución francesa y de sus valores de centralización, reforma de la administración y eliminación de los privilegios de los nobles se mantiene en espacios geográficos, y sobre todo sociales, europeos.

Por eso, el destino del imperio austrohúngaro empieza a encaminarse a su etapa final a partir de la revolución liberal de 1848, etapa en la que ya a finales de siglo surgirá la pregunta de si dicho imperio no es el segundo hombre débil de Europa, siendo el primero el imperio otomano, en clara regresión. Las revoluciones liberales de 1848 tienen una doble dimensión manifiesta, y abren la puerta a una tercera dimensión que se pondrá de manifiesto más tarde. La doble dimensión manifiesta es que se trata de impulsar las reformas que permitan establecer estructuras de poder que respondan a los principios de la Ilustración —principios políticos y económicos—, pero también de impulsar los anhelos de las nacionalidades incluidas en entidades políticas supraétnicas.

Los checos buscarán su afirmación específica dentro del imperio, sumando Bohemia y Moravia —reino de Bohemia— a Eslovaquia, incluida en el reino magiar, y a Silesia, aunque ésta pasará por momentos de dominación alemana. Al inicio del movimiento checo en la mente de sus dirigentes rondará la idea del paneslavismo, idea que será abandonada definitivamente más tarde.

Hungría, que buscará la aplicación de los principios de la revolución de 1848, lo hará sobre todo en el campo económico y en la creación de infraestructuras de comunicación, también lo hará en lo que respecta a su relación con Austria dentro de al monarquía dual, pero no lo hará, sin embargo, en lo que afecta a las poblaciones no magiares incluidas en su reino. Más bien al contrario: su política, sobre todo a partir de esa época, será una política de magyarización forzada de todos los territorios bajo su poder, sin ceder los nobles ni un ápice de su dominio sobre los labradores.

Conviene indicar que los territorios del imperio austrohúngaro se dividían en la denominada Cisleithania, que comprendía los territorios hereditarios de los Habsburgo más la corona de Bohemia y la Bukowina, y en la Trasleithania, constituida por los territorios propios de la corona de Hungría, que comprendía a Hungría, más la Galizia polaca, más el reino de Croacia-Eslavonia y la Transilvania rumana.

Valga como ejemplo el problema surgido entre Croacia-Eslavonia y Hungría respecto a la lengua oficial en el Parlamento común de Budapest —Croacia-Eslavonia tenía su propio parlamento que podía establecer leyes siempre que no entraran en contradicción con las leyes de Hungría—: hasta mediados del siglo XIX aproximadamente esa lengua oficial había sido el latín, y los magyares buscaban cambiarla por el magyar, a lo que se oponían los croatas.

Algo parecido sucederá más tarde cuando los húngaros encuentren una razón poderosa para enfrentarse a Austria al intentar el emperador establecer el alemán como única lengua de mando en el ejército imperial.

A partir de las revoluciones de 1848 comienzan a surgir movimientos protonacionalistas en Chequia, en Hungría y en Croacia, movimientos cuya dirección no está todavía clara en sus comienzos, ni mucho menos, aparte de la autoafirmación étnica, por varias razones: esos movimientos se producen en las élites educadas y no están relacionadas directamente con el destino de los paisanos y de los artesanos e incipientes trabajadores; el entorno internacional, es decir, los intereses de Rusia, de Alemania y de Italia por hacerse con territorios de su interés aprovechándose de las reclamaciones nacionalistas (aunque, por el otro lado, el intento de proclamar una república húngara contó con las simpatías de EEUU, aunque el intento duró poco tiempo); el posicionamiento ante la cuestión de las nacionalidades de los incipientes partidos socialistas.

Al hablar del inicio de los movimientos protonacionalistas no se ha mencionado a los alemanes. Los alemanes vivieron su propia revolución de 1848, conocida como la reunión de la Iglesia de San Pablo —la Pauluskirche— en Fráncfort. A esa reunión asistió también una representación del emperador austrohúngaro. Una de las cuestiones más vivamente debatidas en esa reunión fue la de la base sobre la que había de construirse la unidad alemana. Sobre la mesa estaban dos propuestas distintas: la gran Alemania, sobre la base de Austria, y la pequeña Alemania sobre la base de Prusia. La cuestión de la multietnicidad del imperio austrohúngaro planteaba problemas para una Alemania grande si ello acarreaba la renuncia por parte de Austria y del emperador de sus posesiones y títulos no germánicos. —Es conocido que a dicha reunión asistió, como observador enviado por el rey de Prusia, Bismarck, quien extrajo la conclusión de que los liberales alemanes no tenían, aparte de ideas y palabras, fuerza alguna para decidir la cuestión en una dirección o en otra. Él se encargaría de materializar, en provecho de la monarquía prusiana, la solución de la Alemania pequeña—.

Lo que pone de manifiesto este debate y la imposibilidad de dar salida a una Alemania grande en base a Austria es que los germanos dentro del imperio austrohúngaro empezaron a verse a sí mismos como una nacionalidad más, con los mismos derechos de las demás nacionalidades. Es cierto que el alemán era algo así como la lengua franca del imperio en su conjunto, la lengua de la administración, la lengua de comunicación en el ejército, la lengua de las elites, la lengua de la cultura.

Pero el comienzo de los movimientos protonacionalistas se centraba, entre otras cosas, en la reclamación de las lenguas minoritarias —minoritarias en el imperio, aunque mayoritarias en algunos territorios, si bien con matices importantes como se verá a continuación— para su uso en las escuelas, en la administración, en especial en la relación con los ciudadanos, y muy en especial en la reclamación de universidades en las lenguas étnicas. Frente a todo ello fue creciendo en las zonas germánicas del imperio la conciencia de nacionalidad equiparable a las demás del imperio, con la connotación de pertenecer a una etnia que sí tenía un estado —incluso un imperio casi exclusivamente germánico: Prusia en un comienzo y a partir de la política decidida de Bismarck, la Alemania unida a partir de la década de 1860—.

Esta situación derivada de las revoluciones liberales de mediados del siglo XIX obligará al imperio y a sus gobernantes a establecer una serie de leyes y/o constituciones que tratarán de responder a las necesidades de la administración general del imperio, a dar respuesta a las reclamaciones de checos, húngaros y croatas, a implantar, por convencimiento o por funcionalidad antinacionalista, sistemas electorales que avanzaran hacia el voto universal masculino superando la representación estamental, y a regular el uso en los distintos ámbitos de las lenguas étnicas.

IV. LEYES BÁSICAS DEL IMPERIO, LOS COMPROMISOS, LAS LEYES ELECTORALES Y LA REGULACIÓN LINGÜÍSTICA

El año 1848 obtiene el imperio Austrohúngaro la primera constitución, que fue otorgada, a la que le sigue el mismo año el proyecto Kremiser, ciudad de Moravia en la que se vuelve a reunir el parlamento imperial, en noviembre. En dicho proyecto, elaborado a partir de julio, se pueden ver las distintas tesis que se mantenían en torno a las nacionalidades. Este proyecto no entró en vigor nunca.

En 1849 el imperio vuelve al absolutismo y se promulga una Constitución de nuevo otorgada (la constitución Stadion). En octubre de 1860 se da un intento de renovación liberal con el llamado Oktober Diplom (Diploma de Octubre) y con la Patente de Febrero (1861), aunque en 1865 se produce la suspensión de la Constitución (véase Francisco Sosa Wagner, Igor Sosa Mayor, El Estado fragmentado, Modelo austro-húngaro y brote de naciones en España, 2007, p. 54). Todas estas idas y venidas constitucionales se producen en el contexto de varias guerras en las que se ve involucrado el imperio con Francia, Italia y Prusia de las que sale con la pérdida de Lombardía y de Silesia.

La derrota de Ölmutz contra Prusia en 1866 tuvo como consecuencia por un lado el conjunto de leyes, siete, que formaban una nueva Constitución liberal, en vigor hasta el final del imperio, y el llamado Compromiso de Austria con Hungría. El presupuesto básico del Compromiso era el reconocimiento de la asociación de dos Estados independientes con iguales derechos, compartiendo un mismo rey, como emperador de Austria y rey de Hungría. Esto no significaba sólo una unión personal sino una unión real.

La unión entre dos Estados soberanos lo era en muchas cuestiones, pero no en todas, y por ello no constituía un tratado internacional. No se trataba de una federación ni de una confederación. No había un estado por encima de los dos Estados miembros como en una federación, ni eran éstos plenamente soberanos como en una confederación. Ni las versiones austríaca y húngara del Compromiso estaban integradas en las leyes constitucionales de ambos Estados de forma completamente igual. En otras palabras, el Compromiso representaba una estructura política sui generis. Aunque no sea en términos legales, en sentido figurativo se puede seguir hablando de un imperio Habsburgo (Robert A. Kann, A History of the Habsburg Empire, 1526-1918, 1974, p. 333). Este compromiso no satisfizo ni a los alemanes, ni a los polacos, ni a los checos, ni a los rumanos.

En 1868 se firma el Compromiso de Hungría con Croacia/Eslavonia, cuya finalidad no era tanto la búsqueda de la unión de los eslavos del Sur, sino la afirmación y el reconocimiento de la supremacía croata católica en el ámbito sur-eslavo sometido al poder del imperio.

Interesa subrayar que, a medida que a rebufo de las revoluciones liberales de 1848 se van produciendo cambios constitucionales en el conjunto del imperio o en las partes que lo constituyen, cada uno de los arreglos que se van consiguiendo implica la creación de otros problemas de igual magnitud. Es comprensible que la solución adoptada para Hungría sea resentida por los checos al no ver reconocida su herencia como reino en la misma medida que a Hungría. Por otro lado la Hungría que es reconocida como Estado en el Compromiso es una Hungría que abarca a Croacia y Eslavonia, a parte del sur de Polonia (Galizia), y la Transilvania.

Por esta razón es preciso apuntar, aunque sea brevemente, a otros dos grupos de medidas y de leyes que tratan de resolver los problemas de las nacionalidades integradas en el imperio, aunque cada uno de los grupos obedece a intereses diferentes. Se trata de un lado a las leyes lingüísticas, y por otro a las leyes electorales: las primeras tratan de reconocer la existencia de distintas lenguas, mientras que por medio de las leyes electorales se pretende, en algunos casos al menos, frenar los ímpetus de los nacionalismos mayoritarios.

El problema principal del problema de las nacionalidades en el imperio era la cuestión de la lengua en los espacios de nacionalidad mixta. Y el problema se planteaba en tres dimensiones: en la escuela, en la comunicación entre los ciudadanos y la administración y los procedimientos judiciales, y en la comunicación entre las distintas agencias gubernamentales.

Existía una práctica apoyada por los tribunales de que en las escuelas de primaria y secundaria las lenguas minoritarias que supusieran el 20 por 100 en cualquier área, tuvieran derecho a escuelas en su lengua, o al menos a clases en su lengua materna. El caso de la educación superior conllevaba mayores problemas. Hubo problemas con la oposición «alemana nacional» para establecer clases paralelas en esloveno en Cilli, Estiria del sur, y la oposición alemana impidió el establecimiento de una facultad de derecho en italiano en Innsbruck el año 1904.

Por otra parte, el año 1882 se pudo dividir sin problemas la Universidad Alemana de Praga en dos instituciones, una alemana y otra checa, y la división de los consejos escolares se produjo en 1890. La universidad polaca en Lwów fue instaurando cátedras en ruteno, y la universidad croata de Zagreb se estableció en 1874, siendo punto de atracción para los eslavos del sur ciudadanos del imperio. Escribe el ya citado Robert A. Kann: Núcleos problemáticos en las áreas mixtas de nacionalidad eran las tierras hereditarias con la población más avanzada culturalmente, en particular Bohemia con sus tres quintos a dos quintos de relación entre checos y alemanes (op. cit., p. 439) (este mismo autor da en la nota 30 a pie de página de la que se acaba de citar, las siguientes cifras: Según el censo oficial de Austria de 1910, en Bohemia vivía un 63,2 por 100 de checos y un 36,8 por 100 de alemanes, en Moravia un 71,8/ de checos y un 27,6 por 100 de alemanes, y en Silesia un 43,9 por 100 de alemanes, un 31,7 por 100 de polacos, y un 24,3 por 100 de checos).

El problema se agrava cuando se avanza hacia la microgeografía, pues dentro de esos porcentajes globales para Bohemia, Moravia y Silesia se pueden encontrar zonas en las que la prevalencia alemana sea muy clara, otros en los que la prevalencia checa sea casi total, y todo otro tipo de mezclas. Ello se ve reflejado en los conceptos de lengua del país y lengua usual del país. Según una orden de 1880, los actos administrativos tenían que guiarse por la lengua en la que se había iniciado la acción. Los alemanes, empero, estimaban que el segundo concepto, rechazado de plano por los checos, era el que debía dominar en cualquier zona de Bohemia o Moravia, especialmente, por supuesto, en los que el alemán era mayoritario. Los checos reclamaron que, por razones históricas, el checo debía ser la lengua oficial del país, pero no estaban por la labor de reconocer en Silesia ni el alemán, ni el polaco como lengua oficial, sino sólo el checo.

Gobiernos austríacos se constituían y caían con tremenda facilidad con la intención de arreglar el problema lingüístico o por no haberlo conseguido. Ya se ha indicado anteriormente que a partir de la revolución liberal de 1848 en Hungría, su gobierno impulsó un proceso de fuerte magiarización en todas las zonas bajo su poder, fueran o no étnicamente magiares. Ya se ha hecho referencia a que, a pesar del Compromiso de 1867, en los años 1888-1889 se produjeron graves problemas por el intento de la imperial ley general de defensa de imponer el alemán como lengua de comunicación en el ejército. Quienes más sufrieron la intensa política de magiarización fueron los eslovacos, quienes optaron en un principio por aumentar su representación en el parlamento húngaro, pero que fueron seducidos cada vez más por la llamada del líder checo Masaryk para optar por una república checoslovaca avanzada ya la primera guerra mundial.

Pero también el resto de grupos nacionales sufrieron la política de magiarización: mucho lo sufrieron los ruteno-polacos, también los rumanos de Transilvania, y los que menos los alemanes, muchos de ellos bien situados en la élite administrativa, económica y cultural que se movía en lengua alemana, aunque sí lo sufrieron los alemanes emigrados tardíamente al sur de Hungría como campesinos.

—Emil Niederhauser da la siguiente composición étnica de Hungría para el año 1910: 54,5 por 100 magiares, 10,4 por 100 alemanes, 10,7 por 100 eslovacos, 16,1 por 100 rumanos, 3 por 100 eslovenos y 3,6 por 100 judíos y otros, The National Question in Hungary, en Mikulas Teich/Ray Porter (eds.), The National Question in Europe in Historical Context, 1993, p. 258—.

Otro grupo importante de leyes y decisiones políticas en relación al problema de las nacionalidades es el que afecta a la elección de los parlamentarios tanto en Austria como en Hungría. En el caso de Austria y a partir de la introducción de la elección directa, aunque no igual y universal, de los parlamentarios, éstos dejaron de ser delegados de las dietas o estamentos para pasar a ser elegidos directamente por los votantes. Pero el sistema no era universal ni igual: eran elegidos directamente por curias —grandes propietarios de tierras, cámaras de comercio, ciudades, comunidades rurales—, y la pertenencia a estas curias como votante dependía de la propiedad de tierras o de la contribución.

De esta forma quedaban eliminados los trabajadores a sueldo, tanto rurales como urbanos, y una buena parte de agricultores y artesanos (Robert A. Kann, op. cit., pp. 424-425). Gracias a las presiones populares, la tendencia hacia una reforma electoral cada vez más universal e igual no abandonó el debate público. Un primer esfuerzo llevado a cabo el año 1893 iba dirigido a mantener las cuatro curias, pero dando a las dos últimas un carácter más universal, limitándola sólo por la alfabetización y cierta capacidad de contribución fiscal, esperando de su introducción un freno a las pretensiones nacionalistas impulsadas mayormente por las clases medias y cultas.

El año 1896, fue introducida una reforma del proceso electoral parecida pero corregida por una quinta compuesta por todos los ciudadanos. Esta quinta curia podía elegir 72 diputados a añadir a los 353 existentes, aunque con la salvedad de que algunos miembros de las otras curias tenían la posibilidad de votar también en esta curia. Incluso ahora, escribe Robert A. Kann, cinco millones y medio de votantes en esta nueva curia podían elegir sólo 72 diputados, en comparación con los 85 elegidos por unos 5.000 grandes propietarios de tierras en la primera curia y 21 diputados por el limitado número de miembros de las cámaras de comercio. Aproximadamente 400.000 votantes propietarios en las ciudades elegían a 118 diputados y casi 1.500.000 votantes en las comunidades rurales 129 (op. cit., p. 425).

Los verdaderos ganadores de estas reformas electorales resultaron de la conjunción de las fuerzas impulsoras del progreso social con las que buscaban un mejor equilibrio entre las nacionalidades. Los alemanes, cuya preponderancia en el parlamento se basaba menos en privilegios de nacionalidad que en su estatus económico, como los polacos, perdieron algo de representación, al igual que los rumanos, y los serbios y croatas de Austria. Los mayores ganadores fueron los eslovacos y los rutenos. A pesar de todo, los cambios de representación, y de poder, en el parlamento provinieron más de los cambios sociales que de la atención a la representación de las nacionalidades.

Al canciller que comenzó con la primera propuesta de reforma electoral, Taaffe, se le atribuye el dicho de que el secreto de la gobernabilidad en Austria se debía a la capacidad de mantener a todos los grupos nacionales en una soportable situación de insatisfacción. Los últimos gobiernos de Austria fueron cayendo a causa del problema lingüístico entre alemanes y checos en Bohemia, problema que ya se ha presentado anteriormente.

La cuestión de la ley electoral jugó también un papel importante en Hungría. El Compromiso de Austria y Hungría siempre fue considerado por muchos húngaros como una cesión inaceptable y muchos consideraron que era un Compromiso no entre Austria y Hungría, sino entre Austria y las élites de poder y la nobleza terrateniente de Hungría. El ya citado conflicto lingüístico que afectaba a la lengua de mando en el ejército, que debía ser el alemán, soliviantaba aún más los ánimos de los insatisfechos con el Compromiso.

La ida y venida de distintos gobiernos no conseguía ni solucionar el problema de la Ley de Defensa, ni satisfacer a los críticos, cada vez más abiertamente independentistas.

Las elecciones de 1905 supusieron una derrota del gobierno. La oposición parlamentaria ganó 229 escaños, de los cuales 159 correspondían al partido por la Independencia. El anterior gobierno se mantuvo, a pesar de todo, en el poder. En 1906 el parlamento fue disuelto. De todas estas batallas quien salió ganador fue la corona gracias a la presentación de una ley de reforma electoral para el parlamento húngaro concediendo el voto universal e igual. La aprobación de esta ley hubiera dado la casi mayoría a las nacionalidades, y junto con la izquierda social, la mayoría. Esta victoria de los pequeños campesinos y de los trabajadores no podía ser aceptada ni por los poderes reales magiares, ni por la corona.

Ello puso de manifiesto que la coalición magiar de independientes e izquierda, apoyada silenciosamente por los liberales, no estaba por la labor de promover e impulsar la revolución de las masas. Escribe Kann: Al mismo tiempo, la crisis dejó claro que el establishment magiar, dividido en cuestiones políticas, pero unido en defensa de los privilegios sociales, era suficientemente fuerte para bloquear cambios políticos y sociales radicales. El statu quo continuó, con pequeños cambios, hasta que en el otoño de 1918 se produjo una verdadera situación revolucionaria (op. cit., p. 457).

En los últimos párrafos se ha intentado subrayar el papel que desempeñaron los proyectos de reforma electoral, más allá de su bondad intrínseca, como elemento de impulso o contención de las aspiraciones nacionalistas tanto en Austria como en Hungría.

Ya se ha mencionado el hecho de que el despertar de las nacionalidades en el interior del imperio austrohúngaro significó la toma de conciencia de los germanos de constituir también un grupo nacional, toma de conciencia que acompañó a su pérdida de hegemonía en la dirección del imperio por medio de la lengua administrativa, de la cultura y de la educación superior con la representación del partido liberal. Esta pérdida y toma de conciencia dio paso a la formación de un partido político, los Cristiano-sociales, que, en buena medida recogían la insatisfacción con la nueva situación y con la incapacidad de los liberales tradicionales de dar respuesta a ella.

A lo largo del siglo XIX la identidad de los austríacos alemanes era profundamente ambigua: eran austríacos y también alemanes. En la medida en que iban perdiendo la hegemonía del poder político y cultural en el imperio y comenzaban a verse como un grupo nacional más en medio de otros muchos grupos nacionales, la ambigüedad fue tomando tintes más dramáticos en el sentido de que volvía a plantearse para ellos la pregunta de los liberales alemanes unidos en la Iglesia de san Pablo en Fránc fort, en 1848: el destino de Alemania como una Gran Alemania en base a Austria, o de una pequeña Alemania en base a Prusia. Esta alternativa se vuelve acuciante dentro de la ambigüedad.

Dos referencias importantes al respecto. En primer lugar, la propuesta de Friedrich Naumann, pastor protestante interesado en ofrecer un programa alternativo al socialismo a favor de los trabajadores y de las capas humildes de la población, publicó en 1915, por lo tanto ya en la guerra, un libro titulado Mitteleuropa, Europa central. En dicho libro abogaba por construir en el centro de Europa y de cara a las propuestas eslavas que buscaban distintos niveles de unión, y del paneslavismo, un fuerte poder alemán que integrara a Alemania y a Austria, una unión en la que fuera Alemania la que llevara la voz cantante, con una unión aduanera y una fuerza militar conjunta.

Esta propuesta de Naumann fue bien vista por la derecha alemana, pero también por la derecha moderada alemana y magiar —Naumann proponía continuar con la política de magiarización, con la idea de que ello suponía un freno a las aspiraciones eslavas—, e incluso por el socialista del ala derecha Karl Renner y por el izquierdista magiar Oscar Jászi (Kann, op. cit., p. 500).

Aunque los austríacos alemanes fueron los únicos en mantener la fidelidad al imperio hasta el final, la idea de una unión con Alemania estaba en el aire, como sentimiento, como aspiración y como proyecto político. Todo lo que quedaba del viejo modo de pensar era la identificación con el Germanismo. Y esto, naturalmente, se convirtió en tanto más intenso cuanto la búsqueda de compensación intelectual y apoyo moral ante la derrota de 1918 iba en aumento (Ernst Bruckmüller, The national identity of the Austrians, en Mikulas Teich/Roy Porter, op. cit., p. 219).

En un resumen del problema de las nacionalidades en el imperio austrohúngaro no puede faltar una referencia a la posición de la izquierda socialista. El ya citado Karl Renner fue el que quizá más seriamente pensó sobre el tema, llegando a proponer una solución basada en la autonomía personal a la hora de garantizar la pertenencia a una nacionalidad y los derechos subsiguientes, en lugar de referirlo al territorio. Otto Bauer, por otro lado, sin poner nunca en cuestión el imperio austrohúngaro como unidad política, abogaba por una federalización del imperio, reconociendo siempre los derechos de minoría de los grupos étnicos que quedaran en territorio de otra mayoría étnica y/o lingüística.

Fueron los socialistas los que vieron con claridad que los problemas sociales no estaban desvinculados de los problemas de las nacionalidades. Ello condujo a que el socialismo austríaco se vio divido al surgir un partido socialista checo, aunque los sindicatos de Moravia permanecieron unidos a los austríacos —como se puede leer en Robin Okey, Eastern Europe 1740-1985, Feudalism to Communism, 1986, en la que afirma que el nacionalismo se convirtió en funcional cuando fue capaz de crear redes sociales. La ruptura de la socialdemocracia checa con la austríaca es un ejemplo de ello, mientras que la unión mantenida por los sindicatos de Moravia con los austríacos es señal de su falta, p. 142—.

A pesar de todo, y al comienzo de la guerra en 1914, y, al menos durante los dos primeros años de la misma, la lealtad hacia el imperio fue mayoritaria en todos los países, grupos, partidos y nacionalidades que conformaban el imperio austrohúngaro. Croacia-Eslavonia seguía planteando una estructura trial para el imperio, de forma que ella fuera la tercera componente añadida a la dualidad de Austria y Hungría, y en su defecto impulsaba una solución sub-trial. Ya se ha mencionado que Hungría optó, tras la jugada que supuso la amenaza del emperador de introducir en sus territorios húngaros el voto general e igual, por el estatus quo del Compromiso, y en lo que afecta a Bohemia valgan estas palabras de Mark Mazower en su Dark Continent: Europe’s Twentieth Century, 1998: […] pocos checos o eslavos del sur pensaron en términos de independencia total hasta muy tarde en el tiempo, p. 45.

Un último apunte que ayude a entender lo que sucedió al final de la guerra: Robert A. Kann se pregunta si la disolución del imperio en 1918 fue causada por razones internas o externas, o por ambas. En caso de alternativa, este autor apuesta por las razones internas, aunque cree que las externas no son descartables, especialmente en lo que afecta a la actividad de los exiliados nacionalistas en EEUU, en especial los checos, que en su opinión influyeron en la opinión pública liberal en aquel país, influjo, se puede añadir, que explica en parte la apuesta que haría Woodrow Wilson por la autodeterminación de las nacionalidades en su conocido Plan de 14 puntos. Añade Kann que la opinión de los exiliados checos era crítica, a su juicio injustamente, con los parlamentarios checos en Viena, quienes, cuando después del intermedio absolutista vuelve a reunirse el parlamento, piden la transformación del imperio en un estado federal multinacional en el que la Chequia austríaca y la Eslovaquia húngara formaran un estado de los federados, e incluso en 1918, en la declaración de Epifanía, en la que pedían la aplicación del derecho de autodeterminación, pero sin romper todos los puentes a un futuro dentro del imperio Habsburgo (op. cit., p. 502). En cualquier caso este autor opina que el imperio, atacando a Serbia en 1914, cometió suicidio por miedo a la muerte segura (op. cit., p. 519).

Se puede cerrar este apartado con la cita de Odon von Hörvath —autor de Cuentos de los Bosques de Viena— aportada por Mark Mazower en la obra citada: Si me pregunta cuál es mi país natal, contesto: nací en Fiume, crecí en Belgrado, Budapest, Pressburg, Viena y Munich, y tengo pasaporte húngaro; pero no tengo patria. Soy una mezcla típica de la antigua Austro-Hungría: al mismo tiempo magiar, croata, alemán y checo, mi país es Hungría, mi lengua materna el alemán (citado por Mark Mazower, op. cit., p. 43).

Estadísticas oficiales de nacionalidad en porcentajes en 1910.

Austria Cisleithania: alemanes 35,6 por 100, checos (incluidos eslovacos) 23 por 100, polacos 17,8 por 100, rutenos 12,6 por 100, serbocroatas 2,7 por 100, rumanos 1,0 por 100.

En las tierra de la corona húngara, incluida Croacia-Eslavonia: magiares 48,1 por 100, alemanes 9,8 por 100, eslovacos 9,4 por 100, rumanos 14,1 por 100, rutenos 2,3 por 100, croatas 8,8 por 100, serbios 5,3 por 100.

En Bosnia Herzegovina, ocupada por Austria (1878) y anexionada en 1907: croatas 21 por 100, serbios 42 por 100 y musulmanes 34 por 100.

Totales en el imperio: alemanes 23,9 por 100, magiares 20,2 por 100, checos 12,6 por 100, eslovacos (estimación) 3,8 por 100, croatas 5,3 por 100 y serbios 3,8 por 100 (tomado de Robert A. Kann, op. cit., p. 607).

V. LAS CONSECUENCIAS DE LA DERROTA Y LA DOCTRINA WILSON

La primera guerra mundial terminó en el otoño de 1918. Los aliados prepararon, sólo entre ellos mismos y sin incluir a los vencidos, la Conferencia de París, 1919, en la que se aprobaron los tratados que acompañarían al armisticio, en especial la comisión de los cuatro formado por Wilson, Lloyd George, Clemenceau y Orlando. Sus decisiones fueron presentadas a los vencidos. No se puede afirmar que los vencedores impusieran, cada uno de ellos, todo lo que pretendía, pues sus opiniones estaban divididas, pero los vencidos no tuvieron nada más que hacer que aceptar lo que se les ofrecía —hay que dejar de lado la paz separada firmada por Alemania y el gobierno soviético, muy necesitado de terminar la guerra. Se trata del acuerdo de Brest-Litvosk, que entregó buena parte del este de Europa a Alemania, siendo con ello un antecedente de lo que ocurriría en estas tierras a partir de 1941, con la ocupación nazi, llevando a cabo así el sueño de la Mitteleuropa que se ha citado antes, pero sin respeto alguno para las nacionalidades—.

Los tratados que se produjeron en la Conferencia de París fueron lo siguientes:

— Tratado de Versalles, de los aliados con Alemania.

— Tratado de Saint-Germain-en-Laye, entre las potencias aliadas y Austria.

— Tratado de Neully, entre las potencias aliadas y Bulgaria.

— Tratado de Trianon, entre la Triple Entente y Hungría.

— Tratado de Sèvres, entre los aliados y el imperio Otomano.

Lo que estipulan estos tratados, además de obligar a Alemania y a Austria-Hungría a reconocer su responsabilidad exclusiva en la guerra, es una adjudicación de territorios de los países perdedores, básicamente en Europa, pero también en ultramar, bien a los vencedores o a nuevos países que nacen de la mano de la aplicación de los principios de Wilson, en especial del principio de la autonomía de las nacionalidades. Estos acuerdos tienen como resultado un nuevo mapa de Europa que durará en parte hasta la segunda guerra mundial y sus consecuencias.

1. LOS CATORCE PUNTOS DEL PRESIDENTE WILSON

Reciben el nombre de Catorce Puntos una serie de propuestas que realizó el presidente de EEUU Wilson el 8 de enero de 1918. Se trataba de propuestas para acabar la guerra y para garantizar que en el futuro no hubiera más guerras, eliminando para ello lo que suponía que eran las razones de las mismas, y proponiendo la creación de un órgano internacional que velara por el cumplimiento de estas propuestas.

No se puede olvidar que estas propuestas eran también una respuesta a la oferta de paz de Trotski, aceptada por las potencias centrales —Alemania y Austria/Hungría— para evitar ante la población de estos países la sensación de que los bolcheviques estaban por la paz, pero no así los aliados de la llamada triple entente.

Las medidas económicas incorporadas a estas propuestas tienen que ver con la libertad de comercio y navegación, con la posibilidad de que cada país pueda contar con recursos suficientes para su bienestar, pero también con el restablecimiento de Bélgica, con la evacuación de todo el territorio ruso y del territorio de Rumanía, Serbia y Montenegro, y la reducción de ejércitos y armamento. Además, prevén la creación de la Sociedad de Naciones como lugar de encuentro de todos para garantizar la convivencia en paz.

Pero en los puntos se introduce la idea de que los países colonizados pueden defender sus derechos y pedir la autodeterminación, que el imperio otomano debe respetar las nacionalidades incluidas en su imperio y que los pueblos del imperio austrohúngaro tienen derecho a la autonomía, como reza el punto 10. Este punto, ya antes del fin de la guerra y después, fue interpretado como expresando el derecho de autodeterminación para las nacionalidades del imperio austrohúngaro, y no como simple autonomía dentro del imperio.

— El 4 de octubre de 1918, tras la ruptura del frente de guerra de Bulgaria, se produjo un último esfuerzo diplomático por parte de Austria y Alemania, ofreciendo la aceptación de los catorce puntos del presidente Wilson, pero interpretando el punto diez en su literalidad de autonomía. Cuando Wilson, el 18 de octubre de 1918 rechaza esta oferta refiriéndose a que la autonomía en lugar de la autodeterminación nacional se había convertido en algo ya anacrónico, la sentencia de muerte del imperio que estaba pendiente fue, por decirlo de esta manera, oficialmente pronunciada (Robert A. Kann, op. cit., p. 481).

Conviene detenerse un momento en este punto diez del plan del presidente Wilson. Se trata de promover la autonomía-autodeterminación de las nacionalidades integradas en el imperio austrohúngaro, lo que implica que para este presidente una, al menos, de las causas de la guerra se hallaba en el hecho de que estas nacionalidades no pudieran ejercer dicho derecho dentro de la estructura política del imperio. Y es cierto que la chispa que encendió la guerra está, al parecer, en relación directa con esa idea: jóvenes serbios asesinan al archiduque heredero del imperio en Sarajevo, capital de Bosnia Herzegovina. Este territorio, perteneciente al imperio otomano, había sido ocupado por Austria en 1867, y formalmente anexionado, en contra del derecho internacional entonces vigente, en 1907. En Serbia se había producido un cambio de dinastía, habiendo pasado el poder a una línea que miraba menos hacia el Occidente y más hacia Rusia. Serbia buscaba el predominio y el liderazgo en el conjunto de los eslavos del sur, pero Croacia-Eslavonia tenía sus propios intereses dentro del imperio. La estructura poblacional, como ya se ha indicado, estaba compuesta por croatas, serbios y musulmanes, y si bien los serbios eran el sector mayoritario, de ninguna manera llegaban a superar la mitad de la población (42 por 100).

La torpeza de la reacción austríaca exigiendo de Serbia actos inconstitucionales, la falta de preparativos efectivos para una intervención rápida contra Belgrado, la reacción de Italia declarándose neutral recurriendo al artículo VII del tratado de la Triple Alianza —que exigía un completo cambio de impresiones antes de cualquier declaración de guerra y la posibilidad de la neutralidad en caso de una guerra de agresión como entendía Italia que era la de Austria contra Serbia—, con la consecuencia de la reclamación de territorios austríacos en los Balcanes, algo que Austria no podía aceptar por miedo a efectos dominó en otras partes del imperio, hizo que la cuestión de las nacionalidades fuera in crescendo a lo largo de la guerra, situación que fue aprovechada por los nacionalistas y sus exiliados, cada vez menos interesados en lo que pasaba en Viena, mientras que, al fallar a causa de la guerra el granero de Ucrania, el hambre hacía mella en la población doméstica. Todo ello subrayaba la estrecha ligazón de la guerra con la cuestión de las nacionalidades (Robert A. Kann, op. cit., pp. 468 ss.).

— Austria declaró la guerra a Serbia el 28 de julio, a Rusia el 6 de agosto, la declaración de guerra de la Gran Bretaña y de Francia a Austria se produce el 12 de agosto. La declaración de guerra de Bélgica no se produce hasta el 28 de agosto. Berchtold, ministro austrohúngaro de Asuntos Exteriores —esperaba evidentemente evitar una ruptura formal con los poderes occidentales, al igual del comportamiento de Alemania respecto a Italia después de que ésta declarara la guerra a Austria en mayo de 1915 (Robert A. Kann, op. cit., p. 479, nota 1)—.

De esta forma el imperio se fue diluyendo a lo largo de la guerra, proceso que se acrecentó en los dos últimos años, a causa de los problemas internos de cohesión, de la falta de integración de un Estado nacional, de la falta de gobierno centralizado propio a un Estado nacional. No fue tanto la derrota militar como tal, sino esta debilidad interna la que contribuyó a su derrota. No se puede olvidar que en Hitler y en sus seguidores nazis la idea de que ni Alemania ni Austria habían sido realmente derrotadas en el frente del este en la primera guerra mundial era una fuerte convicción.

Es sostenible, pues, que el presidente Wilson vinculara el origen de la guerra a la cuestión de las nacionalidades en el imperio austrohúngaro. Pero es necesario subrayar que dicha cuestión era una cuestión que afectaban más a unas que a otras nacionalidades. En realidad, en su aplicación se detecta la importancia que jugaron Chequia, como Checoslovaquia bajo el liderazgo de Masaryk, Polonia bajo el liderazgo de Pilsudsky y la satisfacción a Italia a causa del tratado de este país con las potencias occidentales, y a Francia, por un lado, y por otro la necesidad de castigar a Austria y a Hungría, más, por supuesto, a Alemania, fuera del imperio austrohúngaro. Ello pone de manifiesto que no se trataba de buscar una verdadera solución al problema de todas las nacionalidades, como se verá más tarde. El caso de Polonia es un buen ejemplo. Mark Mazower, en la obra ya citada, analiza cómo los británicos, sobre todo, impulsados por los ucranianos y judíos y con la memoria aún reciente del reparto de los territorios europeos del derrotado imperio otomano entre Serbia, Bulgaria y Grecia, sintieron la necesidad de imponer a la nueva Polonia que surgía de los tratados de la Conferencia de Paz de París, normas para la protección de las minorías que quedaron en su territorio.

También es importante ver la razón de los movimientos hacia la unidad política fuera del imperio de los eslavos del sur y la razón de la radicalización de las reclamaciones territoriales de Italia frente a Austria. El 26 de abril de 1915 Italia firmó en Londres un pacto secreto con los poderes de la Entente (Kann, op. cit., p. 471) en el que entre otras cosas se establecía que si Italia entraba en la guerra junto a los poderes occidentales en las cuatro semanas siguientes, sería compensada con el Trentino, con Goricia, Gradisca, Istria, Trieste, las islas del litoral de Dalmacia más importantes y la parte sur de Dalmacia. Este acuerdo secreto fue conocido algo más tarde por los croatas, lo que les impulsó a dejar de lado su idea de buscar una solución trial dentro del imperio y buscar la unidad con los serbios —los serbios, croatas y eslovenos proclamaron en Corfú, el 20 de julio de 1917, su futura unión—. Al mismo tiempo, sin embargo, la razón de que Italia buscara las compensaciones territoriales en los Balcanes tenían la razón de ser de defenderse ante futuras pretensiones expansionistas de Yugoslavia.

2. LAS DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS DE LA CONFERENCIA DE PARÍS

Como ya se ha indicado, los tratados elaborados en la Conferencia de París en 1919 contienen un buen número de intercambios territoriales en Europa y en ultramar, algo bien conocido de todas las guerras tradicionales. Comenzando con el tratado de Versalles que afecta a Alemania, y que, aunque no entre directamente en la cuestión de nacionalidades del imperio austrohúngaro, en sus consecuencias estará directamente relacionado con ese problema, este tratado establece la devolución de Alsacia y Lorena a Francia, territorios que habían pasado a Alemania después de la derrota de Francia en 1870.

También establece la devolución a Dinamarca de la SonderJutlandia si un plebiscito de toda la población de Schleswig-Holstein así lo decidiera: es sólo la población de la SonderJutlandia la que decide volver a Dinamarca —buena parte del resto de Schleswig-Holstein había sido ganado para Alemania por Bismarck en el proceso de unificación alemana en la década de los sesenta del siglo XIX—.

La provincia de Posen y la Prusia Occidental, con las que se había hecho Alemania en las particiones de Polonia, se devuelven a Polonia. Alemania pierde Silesia a favor de Checoslovaquia y de Polonia a pesar de que el 60 por 100 de la población prefería seguir en Alemania. Pierde dos ciudades a favor de Bélgica, partes de Prusia del Sur, como Masuria, a favor de Polonia, el Sarre queda bajo mandato de la Sociedad de Naciones, al igual que la ciudad de Danzig en Prusia oriental. —Aquí se ve que la finalidad de la Conferencia de París, además de aplicar el principio de las nacionalidades del presidente Wilson, era también la de cortar por lo sano las aspiraciones de Alemania de erigirse en país hegemónico en la Europa central y del este, poniendo en peligro el dogma que había imperado en Europa, dogma centrado en el equilibrio entre los grandes poderes—.

Alemania perdió prácticamente todas sus colonias en ultramar.

Según el tratado Saint-Germain-en-Laye, Austria tuvo que reconocer la independencia de Hungría y la del nuevo Estado de Checoslovaquia compuesto por Bohemia, Moravia, Eslovaquia —hasta ese momento parte de la corona húngara— y parte de Silesia. Asimismo se le obligaba a reconocer el nuevo Estado independiente de Yugoslavia, con Serbia —ya hasta entonces reino independiente—, Croacia, Eslovenia, parte de Dalmacia, Bosnia y Herzegovina, y la Voivodina húngara. Hungría perdió la Transilvania, parte del Bánato y la Bukowina a favor de Rumanía, algo que no fue efectivo hasta la firma del tratado de Trianón en 1920 a causa de que los gobernantes húngaros no estaban dispuestos a aceptar el trazado de la nueva frontera, lo que les llevó a la dimisión, ocasión aprovechada para proclamar la república comunista de Hungría que comenzó una guerra para recuperar territorios, hasta que los aliados occidentales volvieron a colocar en el poder al almirante Horthy, y trazar las fronteras definitivas de Hungría en dicho tratado.

También perdió el Burgenland a favor de Austria. Polonia se anexionó Galizia, e Italia se hizo con el Trentino, Trieste, Tirol del Sur e Istria, pero Gran Bretaña se opuso a cumplir todo lo previsto en el tratado secreto de Londres y se negó a permitir la anexión de Dalmacia por Italia, algo que quedó en la memoria de los italianos como un profundo resentimiento.

A todas estas cuestiones territoriales se le añadió la prohibición de que Austria pudiera unirse a Alemania sin el permiso de la Sociedad de Naciones.

En el tratado de Neully entre los aliados y Bulgaria se obligó a ésta a reconocer el nuevo Estado de Yugoslavia, a pagar una indemnización de 400 millones de dólares, además de asumir la pérdida de una franja de territorio occidental a favor de Yugoslavia y la cesión de Tracia a Grecia.

Fue el tratado de Trianon el que estableció las fronteras definitivas de Hungría tras el ínterim revolucionario, consolidando el pase de Transilvania a Rumanía, de parte de Rutenia a Checoslovaquia y recibiendo algunas ciudades, como Peçs, que habían sido cedidas a Yugoslavia.

No es de interés entrar en el tratado de Sèvres entre los aliados y el imperio otomano puesto que la mayoría de decisiones afectan a territorios que no son de interés para el análisis de estas páginas, si se deja de lado el traspaso de Tracia a Grecia que ya se ha visto el hablar del tratado de Neully entre los aliados y Bulgaria.

Este breve recuento de las decisiones territoriales adoptadas en el seno de la Conferencia de París para certificar el fin de la guerra y sus consecuencias pone de manifiesto que de lo que se trató principalmente fue de cambiar territorios de un estado a otro, además de crear nuevas entidades políticas como Checoslovaquia y Yugoslavia, y restaurar antiguas como Polonia. Las nuevas entidades políticas no respondían al principio de apoyar la autonomía o la autodeterminación de las nacionalidades, sino de impulsar las pretensiones nacionalistas de algunas nacionalidades bien colocadas tanto dentro del imperio austrohúngaro como en el exilio, sobre todo en Francia, Gran Bretaña y, especialmente, en los EEUU de América.

Muestra de ello es que, por un lado, doce millones de alemanes quedan fuera de Alemania o de Austria. El nuevo estado de Checoslovaquia, además de incorporar Eslovaquia, una nacionalidad históricamente vinculada a la corona húngara, incorpora también parte de Silesia, donde la población alemana y polaca era superior a la checa, y parte de Rutenia —los rutenos reclamaron la constitución de un nuevo Estado propio que incluyera la Bukowina y la Galizia del este, reclamación que fue rechazada por los poderes aliados. Es sólo entonces cuando deciden en plebiscito incorporarse al nuevo Estado de Checoslovaquia, rompiendo los tradicionales vínculos con Hungría a causa de la política belicista de Bela Kun, gobernante comunista en el ínterim entre la derrota y el tratado de Trianon—. Es decir, no se crea un nuevo Estado nacional, sino plenamente multinacional, David Turnock, Eastern Europe, An Historical Geography 1815-1945, 2001, p. 222).

Ya se ha hecho referencia a las previsiones de algunos aliados, especialmente de Gran Bretaña, en lo que se refiere a la necesidad de imponer a la nueva Polonia medidas para la protección de las minorías, lo que significa que algunas nacionalidades incluidas en la nueva Polonia no fueron agraciadas con el derecho de autodeterminación. Yugoslavia podía ser considerada una nacionalidad basada en la misma etnia y en la misma lengua, básicamente, el serbocroata —aunque no el esloveno—. Pero esta misma lengua no era fundamento de una misma cultura, dividida tradicionalmente en partes de orientación occidental y otras de orientación oriental, reflejadas además en las religiones, en el alfabeto y en la distinta memoria histórica.

Las fronteras de Hungría, tras el tratado de Trianon de 1920, hicieron de ella casi un Estado nacional homogéneo pues dentro de ellas prácticamente sólo habitaban magiares, un 92 por 100. A pesar de ello, en opinión de David Turnock, o.c. p. 299, la política de magiarización no varió ni un ápice en relación a los decenios precedentes. Llama la atención el argumento para esa continuidad: si la política de asimilación hubiera sido forzada aún más cuando todavía se estaba a tiempo, no se hubiera producido el desmembramiento de Hungría. La nueva Hungría del tratado de Trianon había pasado, dejando fuera a Croacia, de 282.000 km2 a 93.000. Como escribe el ya citado Emil Niederhauser: Puesto que era imposible trazar fronteras étnicas precisas en parte alguna, aproximadamente 3 millones de magiares se encontraron a sí mismos en medio de anteriores nacionalidades bajo la soberanía de estados extranjeros… La mayoría de los magiares vivían en un extenso cinturón al otro lado de la frontera (op. cit., p. 263).

La afirmación que contiene la frase anterior —ya que era imposible trazar fronteras étnicas precisas— es todo un indicativo claro de la realidad sobre la que se pretendía aplicar el principio de autodeterminación de los pueblos: el hecho de que en muchos territorios vivían entremezcladas distintas nacionalidades y era imposible separarlas geográficamente sin dañar a unos o a otros, o a todos de una manera o de otra.

Rumanía, que también fue en parte ocupada por las tropas austrohúngaras, fue una de las grandes ganadoras del tratado de Trianon: recibió, como se ha visto la Transilvania de Hungría, parte de Besarabia de Rusia, la Bukowina de Rutenia o Ucrania. Pero con todo ello el reino de Rumanía se transformó en un estado multiétnico, pues en él vivían magiares, alemanes y rutenos además de rumanos.

VI. EL RESULTADO

Después del breve resumen que se ha ofrecido en los párrafos anteriores sobre la aplicación del programa del presidente Wilson para que las nacionalidades integradas en el Imperio Austrohúngaro, causa de la primera guerra mundial en su opinión, pudieran constituir estados-nacionales propios, es posible afirmar que más que un nuevo mapa de Europa central y del este asentado sobre el principio de las nacionalidades como sujetos de nuevos estados nacionales, lo que se produce es una multiplicación de estados multinacionales por un lado —Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Italia— y, por otro lado, y en consecuencia de lo anterior, la continuación de la existencia de poblaciones étnicamente distintas a las mayoritarias en esos nuevos estados, y que tenían, casi todos, su referencia estatal fuera del ámbito en el que quedaron tras los tratados de la Conferencia de París.

Incluso el nuevo Estado yugoeslavo no es ninguna excepción a lo afirmado, pues Eslovenia, si bien perteneciente a las etnias eslavas del sur, cuenta con una lengua que, aunque emparentada a algunos dialectos croatas, se encuentra alejado de otros. Además, en este caso, como lo demostrará la historia posterior, se dan diferencias profundas que aunque normalmente no se caracterizan como diferencias étnicas, sí son diferencias culturales de enormes consecuencias: la orientación radicalmente oriental de Serbia, tradicional y acentuada tras la llegada al poder de la dinastía Karadjorjevic, y la orientación occidental de Croacia/Eslavonia y de Eslovenia por otro lado.

Nuevos estados multiétnicos —supuestamente la causa de la guerra— por un lado, y poblaciones étnicas fuera de su territorio estatal es la consecuencia de la aplicación del principio de autodeterminación wilsoniano, además de haber sido negado este mismo principio a los rutenos y a los habitantes de Silesia, por ejemplo. A estas dos consecuencias hay que añadir la pervivencia del sueño de pertenecer a una única nación y a un único estado de estas poblaciones que quedan bajo la soberanía de estados extranjeros.

Es cierto que el imperio austrohúngaro se había convertido en el segundo hombre enfermo de Europa, después del imperio otomano. Es cierto que la era de los imperios tocaba a su fin: el ruso había caído presa de la revolución bolchevique, el imperio otomano, además de perder prácticamente toda su presencia en el continente europeo —en la guerra de los Balcanes de 1912 contra Bulgaria, Grecia y Serbia—, estaba en puertas de su transformación en república laica de la mano de Atatürk, y sólo quedaba el austrohúngaro, debilitado interiormente por el ascenso de los movimientos nacionalistas. Para buena parte del pensamiento y de la política liberal de aquellos años, el liberalismo exigía el derecho de los ciudadanos a un buen gobierno, a un gobierno que pudieran reconocer como suyo, lo que implicaba que los distintos pueblos y nacionalidades tuvieran derecho a un gobierno. Pero también es cierto que según historiadores como Tony Judt y Timothy Snyder (Tony Judt, with Timothy Snyder, Thinking the Twentieth Cenury, 2012), el conocimiento del centro y sobre todo del este de Europa era una asignatura pendiente para la mayoría de ellos. Con el desconocimiento iba en paralelo cierto desprecio por su retraso cultural. Incluso el comportamiento de Alemania y Austria-Hungría en la misma guerra (lo que vale también para la segunda guerra mundial) era casi de respeto para con sus enemigos occidentales, mientras que era despreciativo para con los orientales.

Es evidente que todos esos acontecimientos tuvieron lugar en un momento en el que las tendencias a la formación de estados nacionales —palabra compuesta en la que el segundo término, nación, se entiende en sentido etnocultural—, tendencia a la que la realidad del imperio austrohúngaro con todo el peso, en el sentido literal del término, de la historia no podía oponer nada. Como lo expresa perfectamente Robert A. Kann, la declaración de guerra a Serbia por parte de Austria es el suicidio por miedo a la muerte que es inevitable.

Pero es necesario señalar que esta tendencia a la formación de Estados nacionales tiene dos ejemplos sobresalientes en Europa, con muy importantes consecuencias. Alemania llega a conseguir su unidad, y llegar a ser, por lo tanto, Estado nacional como los demás, a lo largo de la década de 1860 de la mano del canciller prusiano Bismarck, a través de varias guerras —contra el reino de Hannover, contra Dinamarca, contra Austria— y a través de la Unión Aduanera con el resto de territorios alemanes —dejando fuera a Austria, en contra de lo que habían soñado muchos liberales alemanes en la Iglesia San Pablo de Fráncfort el año 1848—.

Esta unificación de Alemania se manifestó con toda su fuerza nacionalista en la guerra franco-prusiana, la primera guerra europea en realidad según algunos historiadores, que terminó con la derrota de Sedán para los franceses y con la pérdida de Alsacia y Lorena. Esa fuerza nacionalista no se limita a Europa, sino que se extiende a la conquista de colonias, sobre todo en África —se cuenta que en una discusión sobre la idoneidad de contar con esas colonias de ultramar, Max Weber profirió las siguientes palabras: «¿Para qué hemos hecho la unificación de Alemania si no podemos tener colonias?»—.

La unidad de Italia también se produce en la segunda mitad del siglo XIX, reivindicando territorios contra Austria, consiguiendo la recuperación de Lombardía, y conquistando colonias en África. Ya se ha indicado su pacto secreto de Londres con los aliados para hacerse con territorios en los Balcanes, provocando la unión de los eslavos del sur, aunque la reclamación de esos territorios estaba justificado a la inversa por el miedo a la preponderancia de la nueva, futura Yugoslavia.

Lo que interesa subrayar es que sobre la ola del nacionalismo sobre la que se constituyen estos dos nuevos Estados unificados, Alemania e Italia, la misma ola que inspira el principio de las nacionalidades de Wilson, surgen, antes de la desaparición del imperio austríaco, dos fuerzas nacionales de enorme empuje en Europa, una totalmente central y la otra con grandes intereses territoriales en partes del imperio que va a desparecer y cuya desaparición impulsa a conciencia. Helmuth Plessner, filósofo alemán, se pregunta en una de sus obras, Die verspätete Nation/La nación tardía, qué es lo que explica que el fascismo, que se extiende por toda Europa en el tiempo entre ambas guerras mundiales, solamente llega al gobierno en España, Alemania e Italia. Y su respuesta es que en los tres casos falta la coincidencia en el tiempo entre la revolución industrial y liberal y la formación del Estado nacional. En el caso de España, porque su formación como Estado nacional es demasiado temprana y sobre una base no correcta —a finales del siglo XV y sobre la unidad en la fe católica—, mientras que en los otros dos casos, Alemania e Italia, se debía a un retraso en la formación de la unidad nacional, es decir, que ambos son ejemplos claros de naciones tardías, lo que explicaría que el fascismo encontrara el camino al poder.

Lo cierto es que el camino que va desde la conquista de la unidad nacional, muy impulsada por los liberales en Italia, más dirigida desde la cancillería de Prusia en el caso de Alemania, se puede trazar un camino al menos no inconsecuente hasta la llegada al poder de los fascistas y de los nazis. Y ese camino no es inconsecuente, primero, por el tipo de nacionalismos que está en su inicio, puesto que, aun en el caso de los liberales, es un nacionalismo conformado sobre la fusión de la idea liberal de la nación política y la idea de la nación etnocultural de los románticos. En segundo lugar porque la unidad nacional vive del irredentismo respecto a supuestos nacionales en sentido etnocultural que no quedan incluidos en la primera unidad nacional conseguida. En tercer lugar, porque la aplicación en la práctica del principio de las nacionalidades de Wilson no soluciona ese irredentismo, sino que parece hacerlo irreversible, lo que implica mantener vivo el fuego de la aspiración a una unión más total, más completa.

No se trata de dejar de lado otras razones que ayudan a explicar el acceso de los fascismos al poder en Alemania e Italia, e incluso en España. Las razones de humillación por el tratado de Versalles en Alemania, las indemnizaciones a pagar a los vencedores, las limitaciones para su desarrollo económico, la crisis bursátil y consiguiente crisis financiera de 1929, la retirada de los créditos americanos de Alemania y el hundimiento de las clases medias, la incapacidad de los políticos de los últimos gobiernos de Weimar de responder adecuadamente a dicha crisis: todo ello es también cierto.

Pero no menos cierto es que tanto Mussolini como Hitler eran soldados resentidos de la Primera Guerra Mundial, que muchos italianos consideraban que se les había robado el fruto de su esfuerzo militar al negarse los aliados a cumplir lo estipulado en el tratado de Londres, que Hitler creía que Alemania no había sido derrotada en el frente del Este, que ambos consideraban que muchos compatriotas suyos que, en virtud de una adecuada aplicación del principio de autodeterminación debían ser bien alemanes, bien italianos por pertenecer a estos Estados, no lo eran y reclamaban lo que los nazis denominaban como la vuelta a la casa-imperio, Heim ins Reich, y que todo ello, en condiciones de crisis económica, abría una puerta fácil para quien estuviera dispuesto a proponer soluciones fáciles por la fuerza.

Es decir: que la aplicación del principio de las nacionalidades como principio de autodeterminación tras la derrota de las fuerzas centrales, Alemania y Austria-Hungría, pudo ser utilizada unos años más tarde como el argumento para no aceptar esa misma aplicación. Y si la razón de ser del principio de las nacionalidades era la de evitar guerras futuras y propiciar la convivencia de la realidad multiétnica del centro y del este de Europa, ni se pudieron evitar las guerras, ni la convivencia multiétnica quedó garantizada por la aplicación de ese principio, sino que la reclamación de otra aplicación de ese principio fue una de las razones para la vuelta a las hostilidades veinte años más tarde.

Porque el principio de autodeterminación puede ser interpretado en el sentido en el que lo hacían los catorce puntos de Wilson, pero esa interpretación no podía ir en contra del otro significado de la autodeterminación, cual es la de que los ciudadanos tienen derecho a un buen gobierno en el que ellos mismos participen. Y es en esta dirección en la que también hay que preguntar qué tipos de gobierno se dieron en los nuevos países surgidos de la Conferencia de París.

En el caso de Austria ya se ha hecho mención a que, a pesar del principio de las nacionalidades y a que la unión de Austria —de la Austria residual— con Alemania fue votada mayoritariamente por los austríacos, el tratado de Versalles lo prohibía. El deseo de esta unión seguía, sin embargo, viva —contaba, como se ha visto anteriormente, con planteamientos en esa línea desde el momento en que los germanos se ven como un grupo nacional más dentro del imperio, como se ha visto en su momento— y en 1934 los nazis austríacos tratan de forzarla por medio de un golpe de estado, en el que es asesinado el canciller Dollfuss. El golpe fracasa, pero la presión continúa, y el canciller derechista Schussnigg se ve obligado a convocar un referéndum sobre la unión, algo que decae, puesto que Hitler había hecho la unión en la práctica forzando la Anschluss por la ocupación militar de Austria.

Hungría alcanza la independencia completa de Austria en 1918, y tras una revolución socialista que dura cinco meses los aliados imponen un gobierno liderado por el almirante Horthy, quien trató de equiparar el gobierno comunista de Bela Kun con el liberalismo, con lo cual éste quedó seriamente desacreditado. En 1920 se implanta una dictadura que adquiere tendencias cada vez más fascistas. El resentimiento porque una parte importante de la población magiar se encuentra fuera de sus fronteras no decrece, sino que va, al contrario, en ascenso.

La nueva Yugoslavia, nacida en parte gracias a que Eslovenia y Croacia se sintieron impulsadas a buscar la unión con Serbia ante las reclamaciones territoriales de Italia, especialmente respecto a Dalmacia, fue reconocida en el Congreso de nacionalidades oprimidas en Roma, en 1918. En ese momento, y para evitar soliviantar los ánimos de los italianos, los eslavos del sur renunciaron a fijar las fronteras internacionales, pero también renunciaron a fijar una estructura federal del nuevo Estado, lo que condujo a un Estado centralizado, que los eslovenos y croatas veían, y no sin razón, como una gran Serbia además condujo al establecimiento de una dictadura monárquica el año 1929 (Robert A. Kann, op. cit., p. 519): El pilar básico en el que se apoyaba dicha transformación —del reino de Serbia en Estado yugoslavo— era la percepción de que el reino yugoslavo era la continuación natural y sin dolor de la tradición estatal serbia: había un monarca serbio en el trono, una dominación política serbia en la vida política, y una pluralidad serbia [Marko Bulatovic, Struggling with Yugoslavism: Dilemmas of Interwar Serb Political Thought, p. 258, en John Lampe and Mark Mazower (eds.), Ideologies and National Identities, 2004].

Rumanía es uno de los países ganadores en la derrota de Austria-Hungría. Recibe compensaciones territoriales en todo el norte, tanto hacia el oeste como hacia el este. Se transforma en un Estado multinacional —las minorías nacionales constituían el 28 por 100 de la población—. Pero no sólo eso: es un Estado en el que el parafascismo y el fascismo propiamente dicho encuentran un suelo fértil, un suelo además estrechamente conectado con el nacionalismo. Aunque Rumanía sea un país ganador, el sentimiento de haber conseguido la gran Rumanía unificada va unido al sentimiento de estar los rumanos sometidos al dominio comercial y cultural de las élites minoritarias. De esta doble sensación nace la necesidad de nacionalizar la nación, la nación debía ser de los rumanos, y puesto que las minorías étnicas estaban, cada una de ellas, caracterizadas por una determinada religión, la nación debía ser de los rumanos ortodoxos.

En este esfuerzo por nacionalizar la nación se unen un misticismo religioso, la idealización de lo rural, la tendencia al carisma personal y la búsqueda de una Rumanía pura y purificada. El líder de este movimiento, Corneliu Zelea Codreanu, consigue unir distintas tendencias en la Liga del Arcángel San Miguel, a la que pertenece la Guardia de Hierro. Prominentes intelectuales como Cioran y Mircea Eliade eran activos apoyos de esta Guardia de Hierro. Eliade… era un admirador y seguidor de Nae Ionescu, el más influyente de los pensadores de entreguerras que fueron atraídos por el misticismo regeneracionista de los fascistas rumanos (Tony Judt, Reappraisals, 2008, p. 257).

El gobierno rumano después de 1918 era una monarquía liberal, con sufragio universal —algo que no agradaba a los fascistas porque daba demasiados derechos a las minorías—, y el año 1938, el rey Carol II, tras un relativo éxito de la Liga del Arcángel San Miguel, aproximadamente el 15 por 100 de los votos, quiso atraerlos al gobierno. Cuando la operación no da resultado, el mismo Carol II asume poderes autoritarios para gobernar en una especie de autogolpe de estado [véase Constantin Iordachi, Charisma, Religion and Ideology, Rumania’s Interwar Legion of the Archangel Michael, en John Lampe and Mark Mazower (eds.), op. cit., pp. 19 ss.].

Ya se ha citado en su momento las reservas de los políticos británicos al restaurar el Estado de Polonia, y su esfuerzo por incluir normas de respeto de las minorías en la decisión. A pesar de todo se produjeron varias guerras entre Polonia y las minorías o los Estados fronterizos que contaban con minorías polacas. En primer lugar, los rutenos optan en plebiscito, como ya se ha indicado anteriormente, por un Estado propio que los aliados deniegan. Se produce una guerra polaco-ucraniana, en virtud de la cual la Ucrania occidental queda anexionada a Polonia, anexión reconocida en 1923 por la Sociedad de Naciones.

A continuación se produce la guerra polaco-soviética: los ucranianos esperan el apoyo polaco ante las pretensiones soviéticas en pago por la anexión de la Ucrania occidental. La guerra termina con la creación de la Ucrania soviética y la aceptación por Polonia de las fronteras establecidas. Se produce también una guerra polaco-checa a causa de territorios de Silesia habitados por polacos, en 1919, que terminó con un arreglo fronterizo, y con Lituania en 1920, que ganó Polonia.

En 1932 Polonia firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, y otro pacto de no agresión con la Alemania nazi en 1934, pacto anulado por Hitler al negarse Polonia a devolver la Ciudad libre de Danzig (bajo administración de la Sociedad de Naciones) en 1939. No puede dejar de ser citado que Polonia era un país con fuertes sentimientos antisemitas.

Queda un último grupo a citar: los judíos. Se podía haber hecho referencia a este grupo étnico importante al hablar de las distintas etnias y de la compleja composición poblacional del conjunto del imperio austrohúngaro, así como de cada una de las unidades del mismo. Pero el hecho de que las nacionalidades eran recontadas en función de la lengua materna y teniendo en cuenta que muchos judíos eran judíos asimilados y estaban en posesión de la lengua alemana, y que otros muchos tenían como lengua materna el yidish, lengua que no era reconocida por la administración del imperio, no es nada fácil dar datos mínimamente constatados.

Por otro lado en los años centrales en los que se va produciendo el problema de las nacionalidades y su intento de solución por medio del principio wilsoniano, se producen fenómenos de industrialización en todo el imperio, con la consecuencia de la migración hacia las ciudades más industrializadas, migraciones que se dan en general de la población rural de espacios empobrecidos hacia núcleos urbanos más industrializados. En estas migraciones la participación de los judíos orientales desempeñan un papel muy importante.

El auge del nacionalismo también se apodera de este grupo étnico hasta el punto de que es en Viena y de la mano de Theodor Herzl donde, a finales del siglo XIX, surge el proyecto del sionismo que trata de dotar al pueblo judío de un territorio en el que poder constituirse como Estado nacional. No es cuestión de analizar lo que implica la ideología sionista y en qué consiste este proyecto. Pero sí es importante subrayar varias cuestiones: la primera es que existía una profunda división entre los judíos asimilados de la parte occidental del imperio, judíos pertenecientes a las élites educadas, culturales, económicas e incluso administrativas, y los judíos campesinos, artesanos y en general pobres de las zonas más orientales del imperio, de las zona conocidas como shetl. En la propia Viena, hogar de tantos judíos asimilados y pertenecientes a la élite, se produce la inmigración de miles y miles de judíos pobres que llegaban a la estación Joseph, la llegada de los trenes provenientes del este.

Es el escritor judío Joseph Roth el que defiende a estos judíos ante las reservas de los asimilados y del resto de élites del imperio, y quien escribe que si alguna etnia tiene derecho a reclamar ser nación esa es la judía, aunque cree que a nadie le sirve mucho ese derecho, ni el de los judíos ni el de las demás etnias. Y canta a estos judíos del este y su migración en su Juden auf Wanderschaft/Judíos en camino. Muchos judíos, sobre todo del este, se quedan a partir de 1918 con la sensación de haber perdido la estructura jurídico-política que les garantizaba su libertad y sus derechos. Por eso se puede afirmar que fueron los judíos, especialmente los del este, quienes más leales permanecieron al imperio. Pero lo perdieron en 1918, quedando sólo con un sueño territorial en África, con su proyecto de socialismo comunitario rural, y sobre todo con su exposición a los fascismos crecientes en el centro y este de Europa en su búsqueda de chivos expiatorios para las impurezas y las crisis que azotaban a sus respectivas sociedades.

VII. CONCLUSIÓN

Si la aplicación de la doctrina Wilson a los restos del imperio austrohúngaro, con el espíritu de apoyar la libertad y el derecho de las nacionalidades que eran el problema de dicho imperio, en busca de la eliminación de, al menos, una de las causas de la guerra, termina creando estados supuestamente nacionales, es decir, correspondientes a una etnia cultural, pero en realidad multinacionales, multiplicando así el problema, y creando fuertes minorías nacionales ansiando en términos literales la repatriación, pero no personal, sino territorial, negando el derecho de autodeterminación a etnias sin respaldo ni interés internacional, y sin poder impedir que en la mayoría de los Estados surgieran gobiernos como mínimo de derechas que rechazaban la tradición liberal, pasando por gobiernos dictatoriales, hasta gobiernos abiertamente fascistas, con un aumento del fascismo en todo el centro y este de Europa, al mismo tiempo que un aumento del antisemitismo, más la pervivencia de pequeñas guerras, se puede considerar que representó un fracaso en toda regla.

Quizá sea demasiado fácil afirmar desde la perspectiva actual que si la meta perseguida por los catorce puntos de Wilson, entre ellos el principio de la autonomía de las nacionalidades, era evitar otra gran guerra como fue denominada la primera mundial, la Segunda Guerra Mundial con todas sus atrocidades supone un desmentido rotundo. Pero el repaso de las realidades estatonacionales surgidas de los tratados que conforman la Conferencia de Paz de París y que aplican la doctrina Wilson constata una realidad que fracasó en su intento de pacificar las relaciones entre las distintas etnias que, entremezcladas, habitaban los territorios del imperio austrohúngaro, y que dejaron encendida, o incluso encendieron la mecha que en dos décadas incendiaría de nuevo Europa.

Escribe Tony Judt en su importante obra Postwar, A History of Europe since 1945, 2005: Al final de la Primera Guerra Mundial fueron las fronteras las que fueron inventadas y ajustadas, mientras que la población, mayoritariamente, fue dejada en el lugar que habitaban. Después de 1945 lo que sucedió fue más bien lo contrario: con una excepción importante, las fronteras quedaron básicamente donde estaban y en su lugar fueron las gentes las que tuvieron que moverse. Hubo un sentimiento entre los líderes políticos occidentales de que la Liga de Naciones, y las cláusulas relativas a las minorías de los tratados de Versalles habían fracasado y que sería un error intentar resucitarlas (p. 27). La excepción a la que hace referencia es, por supuesto, Polonia, que perdió a favor de la Unión Soviética aproximadamente 178.000 km2 en el este y recibió, quitándoselos a Alemania, 103.000 km2 en el oeste.

De esta forma, a través de la limpieza étnica, se hizo más realidad el sueño de Wilson de Estados nacionales limpios. Prácticamente todos los países del centro y del este de Europa quedaron sin población judía, algo buscado e impulsado hasta los hornos crematorios por los nazis alemanes. 13 millones de alemanes fueron expulsados de sus territorios tradicionales. Un millón de polacos huyeron o fueron expulsados de lo que es hoy Ucrania, medio millón de ucranianos se fueron de Polonia a la Unión Soviética entre octubre de 1944 y junio de 1946. Bulgaria transfirió 160.000 turcos a Turquía, Checoslovaquia cambió 120.000 eslovacos que vivían en Hungría por un equivalente número de húngaros que vivían en Eslovaquia. 400.000 personas del sur de Yugoslavia fueron llevados al norte para ocupar el lugar de 600.000 alemanes e italianos deportados (datos tomados de Tony Judt, op. cit., pp. 24-25).

Sin limpieza étnica no es posible la existencia de poblaciones homogéneas, que parece la condición previa de la existencia de los Estados nacionales, entendiendo por nación la nación etnocultural del romanticismo, que pretendía crear la doctrina Wilson. Como recuerda el ya citado Mark Mazower, citando a Lord Acton, Haciendo que el Estado y la Nación se correspondan el uno a la otra en teoría (la nacionalidad) reduce prácticamente a todas las demás nacionalidades a una condición de sometimiento dentro de sus fronteras… y, por lo tanto, según el grado de civilización y de humanismo en ese cuerpo dominante que reclama para sí todos los derechos de la comunidad, las razas inferiores son exterminadas, o reducidas a esclavitud, o declaradas fuera de la ley, o colocadas en una situación de dependencia (Lord Acton, 1862, citado en Mark Mazower, op. cit., p. 40).

Aunque sigamos pensando normalmente en categorías de Estados nacionales, la prueba de la democracia radica en someter el poder en cualquier caso al imperio del derecho, de forma que no pueda haber en un estado de derecho, en una Constitución democrática, dominación de una nacionalidad sobre otras más o menos minoritarias, porque ninguna nacionalidad o nación etnocultural pueda ocupar todo el espacio del Estado, no puede agotar el espacio del Estado de derecho. Las constituciones democráticas, como alternativa al fracasado intento de aplicar la doctrina wilsoniana de la autodeterminación de las nacionalidades, obligan a los Estados de derecho a ser espacios abiertos, obligando a abrir una diferencia entre cualquier nación etnocultural o nacionalidad y el Estado de derecho mismo. Sólo la constitución de un espacio abierto en ese sentido, creando diferencia entre Estado de derecho y cualquier nacionalidad en su interior, puede ser garantía de respeto a los derechos de las minorías.

En este sentido se puede dar por buena la idea del historiador Charles Till, Las revoluciones europeas 1545-1945, cuando dice que después de la desaparición de los imperios otomano, austrohúngaro, alemán y soviético, ahora los países del centro y del este de Europa han entrado en el imperio de la Unión Europea, aunque la forma de entender esta entrada se entienda de forma menos crítica que la que parece darle Tilly: la pertenencia al espacio de derecho de la Unión Europea es la mejor garantía que pueda haber para que todas las minorías etnoculturales y nacionales puedan ver respetados sus derechos y sus libertades. Esta garantía depende de la cultura constitucional democrática que, sin negar el valor y la realidad de las concreciones y diferencias lingüísticas, culturales, de tradición y de sentimiento de pertenencia, los ubica bajo el imperativo del derecho.

En este sentido, la garantía de los derechos y libertades de las minorías no dependen, como lo muestra el análisis que se ha llevado a cabo, de ningún derecho de autodeterminación, pues su aplicación tras la derrota del imperio austro-húngaro en 1918 siguiendo la doctrina del presidente Wilson sólo propició la homogeneización de los espacios minoritarios en función de la mayoría lingüística y cultural en esos espacios, creando nuevas situaciones de falta de respeto a nuevas minorías en nuevos espacios.

A Rutenia-Bukowina se le niega simplemente el derecho, no se atiende por parte de Checoslovaquia la voluntad mayoritaria de los habitantes alemanes de Silesia, imponiéndoles la nueva homogeneidad checoslovaca, Hungría continua de forma forzada la magiarización de todo su territorio, Rumanía rumaniza a todas las minorías a marchas forzadas, abriendo además la puerta al fascismo, al igual que Hungría. Italia crea nuevos problemas con los tiroleses del sur de habla alemana, y también abre la puerta al fascismo, y en la nueva Yugoslavia Serbia se alza como poder hegemónico. Nuevas hegemonías y nuevas homogeneidades arruinan la apuesta por la defensa de las minorías, consiguiendo lo contrario de lo pretendido por el principio de autodeterminación establecido en los catorce puntos de la doctrina del presidente Wilson.

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CAPÍTULO V

EUSKADI-ESPAÑA EN SU PERSPECTIVA HISTÓRICA

LUIS CASTELLS ARTECHE

I. EL RÉGIMEN FORAL Y LA MITOLOGÍA

A la hora de estudiar la relación Euskadi-España desde el ángulo histórico, hay que empezar por enfatizar en la necesidad de situar ese vínculo en sus propios términos históricos, evitando emplear categorías y concepciones actuales. Bien es verdad que, como señalaba Croce, es difícil que en los juicios históricos no se introduzcan valoraciones surgidas desde la contemporaneidad, pero si queremos entender los procesos históricos es imprescindible sumergirnos en la época histórica que se trate y estudiarla desde sus propias claves, desde sus conceptos y su lenguaje para hacerla inteligible. Un ejemplo rotundo de esa mala historia, o por mejor, de pseudo-historia, es esa visión que hace de Euskadi un ente ontológico, que ha existido a lo largo del tiempo, independientemente de cómo vivieran los sujetos su identidad. Por tanto, deberá prestarse atención a los términos con los que definimos las cosas habida cuenta de la capacidad performativa que éstos tienen. Hablar de Euskadi, por ejemplo, para el siglo XVIII o XIX, es introducir un hecho político-identitario, una identidad, que era totalmente ajena a los ciudadanos que entonces habitaban las provincias vascas. Conviene recordar no sólo que Euskadi fue un neologismo inventado por Sabino Arana a fines del siglo XIX, sino que el término País Vasco-Navarro empezó a utilizarse a fines del siglo XVIII y el del País Vasco fue más tardío, lo mismo que el término vasco, cuya difusión sólo se produce en el siglo XIX1.

Situado bajo esta perspectiva, el primer aspecto que sobresale en esa relación entre el territorio vasco y España, es la persistencia a lo largo del tiempo de un régimen privativo en estas provincias, el foral, que reportaba indudables beneficios a los habitantes del País y a sus elites. Era un sistema que tenía su origen en la constitución medieval de las hermandades, y que dotaba a cada provincia de una significativa capacidad de autoadministración. En la España de la época moderna, no era un régimen exclusivo de los vascos, sino que respondía a la estructura que estableció la monarquía de los Austrias a través de un proceso de agregación de los distintos territorios en el que se respetaban las peculiaridades de cada caso. Era un modelo de soberanía fragmentada, en la que había una división entre el poder encarnado en la monarquía y los poderes provinciales, celosos del mantenimiento de sus propias jurisdicciones y competencias2. Reflejaba, pues, una vía de encaje de la monarquía española que debía integrar dominios tan distintos como los americanos, generándose en esos reinos y territorios (Cataluña, Vizcaya, Ámerica…) relatos históricos que buscaban tanto oponerse a la absorción imperial como explicar su manera de estar en la monarquía, presentándose como repúblicas adheridas voluntariamente a la corona3.

Era un modelo de estado compuesto basado en un complejo equilibrio de poderes, que resultó alterado con la llegada de los Borbones a principios del siglo XVIII. Con éstos se manifestó una voluntad de centralización cuya primera expresión fue la abolición de los fueros de la Corona de Aragón, quedando, sin embargo, vigentes los de las provincias vascas y Navarra, que se erigieron así en el único territorio en la monarquía hispánica con una legislación privativa. De este modo hasta 1876 las provincias vascas, junto a Navarra, mantuvieron un régimen especial que les concedió una amplia capacidad de autogobierno en materia tanto fiscal como administrativa, con un sistema de organización propio en cada provincia vertebrado a través de sus instituciones de carácter provincial (Diputaciones forales, Juntas Generales). Era un sistema beneficioso para los distintos grupos sociales vascos, con una legislación que permitía, por ejemplo, disponer de aduanas interiores entre las provincias vascas y la corona española (norma vigente hasta 1841), estar exentos de contribuir al servicio de armas, o no contribuir a la Hacienda central.

Esta aceptación de facto de la peculiaridad de estas provincias en la organización interna de la monarquía hispánica, facilitaba su integración en la misma y muestra de ello fue el intenso compromiso de las elites vascas con la corona española y con las actividades que ésta desarrolló a lo largo de estos siglos. Es conocida la destacable presencia de vascos en la corte ejerciendo la función de secretarios, escribanos…, y no lo es menos su participación en las actividades militares ocupando cargos de máxima responsabilidad, o en el comercio, o su aportación a la conquista de América bien en la milicia, bien como misioneros, etc.

Todo ello vino acompañado por la elaboración de un corpus doctrinal por parte de los publicistas vascos que tenía un doble propósito: por un lado, la de sostener la singularidad de las provincias vascas dotándoles de un argumentario sólido, a la par que mostrar su decidida voluntad de compromiso con el proyecto que encarnaba la monarquía hispánica. De este modo durante la Edad Moderna y más específicamente en los siglos XVI y XVII, autores vascos elaboraron un tipo de relato de la trayectoria del País desde unas bases mitológicas, que tuvo una honda y larga repercusión. Los Garibay, Zaldivia, Poza, construyeron un complejo mitológico fuerte de corte histórico, que sirvió como soporte para argumentar la peculiaridad foral de estas provincias4. Como señala Juaristi5, los autores referidos readaptaron mitos ya formulados sobre el origen de España y lo hicieron en un doble sentido: situaron a los vascos (vizcaínos o cántabros, en la terminología de la época) como los primeros pobladores de la península, como sus habitantes originarios; pero además lo hicieron dotándoles de la condición de pueblo bíblico, de pueblo elegido, en tanto que eran descendientes de Noé a través de su nieto Tubal, primer rey de España6. Este primer mito (el tubalismo o vascoiberismo) fue agrandado con un segundo, el vascocantabrismo, según el cual los habitantes de este territorio constituían un pueblo bravo e indómito, que no había sido conquistado por ningún otro, lo que le permitió mantener su naturaleza prístina, no contaminada, su pureza racial. Esa limpieza de sangre se mantuvo en el tiempo gracias a la no convivencia con el «otro», a su exclusión. Zaldivia escribía a este respecto que convida mucho a esta gente (por los vascones) la estima que hacen de su limpieza y linajes de que se precian hasta los rústicos y pastores, en especial se jactan mucho de haber siempre sido apartados de herejías, con judíos, moros ni otros infieles nunca mezclados y haber siempre guardado el puro nombre cristiano7. De estas bases derivaba el principio de la hidalguía universal de los vascos, su general condición nobiliaria, que tantas perplejidades debía causar a los lugareños de otras tierras en el acontecer cotidiano8, pero que era ostentado con orgullo por los naturales de estas provincias.

Era un relato en el que se hacía una explícita afirmación hispana en la medida que los vascos eran representados como los primeros españoles, los originarios, pero a la par tales formulaciones tenían un claro componente etnicista desde el momento que se sostenía que eran ellos los auténticos españoles, los que reunían unos ingredientes específicos como grupo, que les hacían ser superiores a los de los restantes pueblos que luego fueron asentándose en la península y formando parte de España. Los vascos eran así los cristianos viejos. Se incurría de este modo en una contraposición étnica entre los vascos y los otros9, y como, su consecuencia, en una contraposición valorativa. Era la génesis de un sentimiento de diferencia, del particularismo, pero sin que de aquí se infiriera una suerte de choque de sentimientos patrióticos. Por el contrario, como subrayara Caro Baroja, había en estos autores una fuerte adhesión a la corona española, a la que manifestaban la voluntad explícita de servir10, a la par que esa etnicidad no conllevaba idea alguna sobre una posible unidad política11. Otra cosa distinta es la considerable operatividad que tales argumentos tuvieron a la hora de defender los intereses de estas provincias, su indudable calado social y su perduración en el tiempo. El dato de la dilatada extensión temporal de esta constelación mítica ha llamado la atención a diferentes autores, hasta el punto de que no sólo está presente en buena parte del pensamiento fuerista del siglo XIX, sino que, en opinión de Aranzadi, se convirtió en la fuente ideológica nutricia del nacionalismo vasco12, que adoptó el esqueleto de tales mitos (el rechazo al otro, la pureza de sangre, la soberanía originaria, etc.) a la hora de fundamentar su proyecto racista y segregacionista.

II. ESPAÑOLES A LA PAR QUE VASCOS (1779-1876)

Situémonos ya en los comienzos de la contemporaneidad, en torno a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, en cuyo período podemos localizar tres tipos de discursos acerca de cómo se entendía ese vínculo con España, que se exponen en obras de juristas, lingüistas, economistas, políticos, historiadores… que, por supuesto, nos hablan de lo que se pensaba desde una elite formada por publicistas, sin que podamos entrar a valorar los sentimientos del pueblo llano.

La primera de tales posturas tuvo un carácter más «españolista», centrada en la preocupación e interés por la situación económica y social de España atrasada frente al Continente. En este grupo se sitúan los ilustrados vascos más consecuentes (Rentería, Heros, Ignacio Aguirre, Manuel de Aguirre, S. M. Burgoa…), que vivieron esa situación negativa de España en cuanto a la industria, comercio, agricultura, educación… como propia, lamentándola y pensando que el progreso de las manufacturas promovido desde el Estado y los cambios desde el poder, conducirían de nuevo a España a ser un país reconocido internacionalmente.

Una postura diáfana fue la sostenida por uno de los autores de mayor alcance de aquel tiempo, Valentín de Foronda, un reformador de ideas avanzadas13, con un escrito que, no por casualidad, fue publicado anónimamente y en Burdeos14. En él se trazaba una imagen elogiosa de la España de Carlos III, que al entender de Foronda sería un país gobernado por sabios ilustrados, lo que contrastaba con el País Vasco, estigmatizado por ser dirigido en cada provincia por un conjunto de aldeanos ineptos que se reunían en Juntas Generales plebeyas para ordenar a los caballeros (o sea la clase ilustrada) lo que tenían que hacer. Se aspiraba a que los vascos fueran «españoles» con todas las consecuencias, abandonando sus ridículos fueros medievales y sus aduanas, haciéndose eco además de los estereotipos negativos sobre los vascos, empleados con frecuencia en la literatura española moderna (bárbaros, ignorantes, fanáticos en su defensa de los fueros, etc.), pero inusitados en un autor del País15. Con su apuesta por el traslado de las aduanas interiores que lastraban los intercambios comerciales con el mercado español, estaba anunciando la principal reclamación que formulará el liberalismo antifuerista de la burguesía comercial vasca de principios de siglo XIX16.

Había, en efecto, una corriente de fondo en el País Vasco alentada tanto por razones ideológicas como económicas que era muy crítica con el régimen foral y que se mostraba partidaria de una mayor integración en España. El descontento lo encarnaban, sobre todo, las clases medias urbanas de las capitales provinciales, absolutamente disconformes con el predominio que ejercían los notables rurales en las instituciones provinciales. El choque era doble pues tenía un contenido ideológico al contraponerse el liberalismo de los burgueses urbanos frente al tradicionalismo hegemónico en los ámbitos rurales, a la vez que existía una fuerte discrepancia de carácter económico en torno a la libertad de comercio y a la legislación foral que contemplaba esta materia. Uno de los momentos en los que se manifestó más nítidamente ese enfrentamiento fue al comienzo de la década de los treinta, cuando la ciudad de San Sebastián reclamó en las Juntas Generales de la provincia la españolización del comercio con el traslado de las aduanas interiores a la frontera, y que así estas provincias dejaran de ser zonas de libre cambio17. El rechazo de esta iniciativa no hizo sino enconar las relaciones entre San Sebastián y la Provincia, hasta el punto de retirarse aquélla de las Juntas Generales, en 1834, a dónde no volvería hasta trece años después, y a plantearse, en 1840, desvincularse de la provincia e incorporarse a Navarra pues ésta aceptaba la traslación de las aduanas18.

Fue un sector con una influencia socialmente limitada, confinada a las poblaciones urbanas más habitadas y su opinión tuvo un escaso eco en el resto del País. En ello pesó su componente ideológico liberal ilustrado, que les llevó simpatizar con los franceses primero en la Guerra de la Convención (1793-1795), después en la de la Independencia, para posteriormente significarse por su apoyo a la experiencia del Trienio Liberal (1820-1823), frente al rechazo de la mayor parte de la población. Resultaba así una opción minoritaria, que en momentos políticamente claves optaban por el bando «traidor», el que era ajeno al sentir mayoritario de las gentes, lo que les inhabilitaba socialmente en el medio rural. No obstante, este sector protagonizó asimismo un giro fundamental: lograda su reivindicación primordial, el traslado de las aduanas en 1841, se sumó a la empresa que se asumió como común en el País Vasco: mantener su régimen foral, que beneficiaba a partir de esa medida a los distintos grupos económicos.

Hubo durante el siglo XIX una segunda postura que se caracterizaba por su tono posibilista, en la que se combinaba la defensa de la peculiaridad vasca, de sus fueros, con su vínculo con la nación española. Expresaba una corriente gestada desde fines del siglo XVIII que logró asentar una potente línea de pensamiento proponiendo una determinada manera de comprender el estar en España. Era un relato centrado en torno a las ideas de que una supuesta pobreza del territorio y la acrisolada lealtad monárquica de los vascongados, merecía un tratamiento especial, que pasaba por el mantenimiento de sus Fueros. La permanencia del régimen foral era considerada como un elemento crucial para los intereses del País Vasco, y a cambio de su vigencia se ofrecía la adhesión incondicional de estas provincias a la corona y, con una proyección más oportunista, a la opción ideológica dominante. De esta forma, el estar en España se canalizaba a través de un discurso foralista con resonancias absolutistas hasta 1833, para después buscar su encaje constitucional, dentro de un tono liberal moderado y muy conservador, que fue el hegemónico durante todo este tiempo y que encarnaba de modo ejemplar Pedro Egaña, uno de los más emblemáticos representantes de los sectores dominantes del País Vasco y que, entre otros cargos, fue ministro con Isabel II.

Llamativamente, esta línea de pensamiento reproducía la mitografía referida de la época moderna, que continuaba siendo el artefacto argumental sustantivo para exponer la diferencia de estas provincias. Se contemplaba así a España desde el arcaico vasco-iberismo, formulado a partir de una opción en la que se hacía expresa la condición de los vascos como sus más firmes y valiosos valedores19. Era una posición que arraigó no sólo entre los propios moderados, sino también entre los progresistas, los republicanos… vascos que se acogieron a la ancha sombra del fuero y que hicieron suyas tales ideas, si bien otorgando interpretaciones contrapuestas del régimen foral, ejemplo de tradición y conservadurismo para los moderados, modelo de democracia y libertad para los segundos. De este modo, los publicistas vascos de la época asumieron esa narración que resaltaba los estrechos lazos de estas provincias con el resto de la nación, el papel destacado que habían desempeñado los naturales del lugar en la formación de España y en las gestas históricas más significativas, además de su compromiso permanente con las tareas de la monarquía hispánica. Pero la cosa no se quedaba aquí, sino que se persistía en presentar a los habitantes de las provincias vascas como a los auténticos españoles, como sus primitivos habitantes, que habían cuidado de guardar la pureza de la raza y mantenido la esencia de su espíritu originario20.

El vínculo que durante la etapa isabelina existió entre los gobiernos de Madrid y los grupos dominantes en el País Vasco venía reforzado por la estrecha sintonía política que mantenían: al fin y al cabo, en un lugar y en otro, estaban los moderados al frente de las instituciones, y compartían la convicción sobre la bondad de un sistema restrictivo y conservador. En esta línea, P. Egaña destacaba que merced a su régimen foral el País Vasco era el dique más sólido contra las ideas revolucionarias y de cambio21, en tanto que para los gobiernos moderados el sistema foral representaba la síntesis u utopía conservadora con la que ellos soñaban22. Paralelamente, entre esos años 1840-1870 hubo una idealización del País Vasco por parte del pensamiento moderado español, resultando de esa connivencia interesada que el régimen foral se mantuvo hasta 1876, constituyendo una excepción en el principio de la unidad constitucional aplicado en el resto del territorio nacional tras la desaparición de la monarquía atlántica23. Se compartía entre las elites vascas y españolas la representación de este pueblo como el macizo étnico de la nación24. Con la guerra carlista tal cosa cambió.

Ahora bien, al propio tiempo la conciencia de la provisionalidad del régimen foral motivó que se hiciera un mayor hincapié en la otra parte del discurso, aquella que remarcaba la singularidad y peculiaridad de estas provincias. Por esta vía fue germinando en el País Vasco una vigorosa cultura foral25 que hizo del particularismo ahora ya vasco y no sólo provincial, seña de identidad y elemento de unión26. Fue así un período en el que cobró aliento un discurso de tonos etnoregionalistas, sin que ello implicara, como hemos dicho, ningún tipo de desafección o lejanía a la nación española. Se produjo de este modo una convivencia de diferentes lealtades en las elites vascas (la nacional española, la regional vascongada, la provincial), pero sin que la fidelidad primordial hacia la nación española, hacia lo que se consideraba la patria común, fuera cuestionada. No existía un juego de identidades contrarias, sino que en todo caso se entendían como complementarias y compartidas, como diversas capas que se superponían27, lo que suponía que se produjera una cohabitación de identidades no competitivas y de patriotismos múltiples28. Según decía un autor de la época, había una gradación de afecciones, que empezando por lo más básico y pasando por la provincia, acababa en la nación (o en la corona por emplear la terminología moderada del periodo29). No era todavía el tiempo de una pertenencia única y absoluta sino de identificaciones complejas. Esa convivencia de patriotismos diversos (español-vascongado) se manifestó con intensidad con ocasión de la Guerra de África (1859-1860), que contó con la «voluntaria» colaboración de estas provincias, las cuales se vieron en la necesidad de poner en pie y enviar unos Tercios vascongados. Pues bien, en esta circunstancia tan significativa, los principales sucesos acaecidos en la guerra fueron celebrados por la población vasca a través de una simbología que aunaba lo nacional y lo autóctono, lo español y lo foral-vascongado-provincial30.

En este contexto, y especialmente en los momentos de disputa a cuenta de la viabilidad del régimen foral, no era infrecuente el uso por parte de los grupos vascos de vocablos como independencia o nacionalidad bascongada, pero sin que de tal cosa se dedujera un planteamiento segregador o pre-nacionalista. Simplemente con tales términos aludían a la autonomía histórica de estas provincias y a la manera de gestionarla, a la peculiar forma de estar en la nación española31.

Existía en cualquier caso una pulsión etnicista en esta corriente de pensamiento que tuvo una proyección más extrema en lo que podemos considerar cómo la tercera interpretación que sobre España se produjo durante este período. Fue una corriente defensiva que reaccionó ante las arremetidas que a fines del siglo XVIII recibió el edificio foral, primero desde el ámbito hacendístico y después, ya con Godoy, contra el corpus historicista sobre el que se sostenía dicho régimen. La respuesta vino tanto desde el frente filológico (Astarloa, Erro, e incluso Moguel), como desde el histórico-jurídico (Aranguren, Zamacola, Novia Salcedo), siendo común a casi todos ellos su condición absolutista y reaccionaria, con la excepción de Zamacola que encarnaba un liberalismo muy templado.

Este sector sostuvo como núcleo duro de su argumentación la afirmación de la independencia histórica de las naciones bascas (Zamacola) o de las Provincias Bascongadas (Novia Salcedo), que habían mantenido tal condición a lo largo de la historia, rigiéndose y gobernándose por sus usos y costumbres. Era el reencuentro con la patria eterna, sin que tal hecho tuviera contenido nacional alguno32. Según dicha interpretación, durante la antigüedad estas provincias o naciones existían como tales estados separados, para posteriormente, ya a fines de la edad media, producirse su incorporación a la Corona de Castilla, bien de forma voluntaria bien por confluencia sanguínea, pero manteniendo en cualquier caso su condición de separadas y distintas33. El soporte que hacía factible esta singular circunstancia era la posesión y persistencia de su propia constitución política34, los fueros. Como ya se ha indicado, no existía en tal formulación más que una voluntad de remarcar la capacidad de gobierno y autonomía de estas provincias35, y hacer frente así a los embates que se produjeron durante aquel período (fines del siglo XVIII y primer tercio del XIX) contra el sistema foral. Por otro lado, la entidad y fundamentación intelectual de las críticas que a los principales topoi fueristas se dirigieron desde las instancias gubernativas o académicas españolas, exigieron a la parte vasca un mayor rigor, lo que supuso que algunos de estos autores evitaran determinados mitemas, como el de Túbal, difícilmente sostenibles en un debate exigente.

No obstante, permaneció el núcleo doctrinal de la vieja mitografía que adquirió en esta coyuntura un nuevo brío y que venía a subrayar la radical diferencia entre los Bascongados y los restantes españoles: mientras los primeros nunca habían sido invadidos ni dominados por otros pueblos o imperios, la trayectoria de los segundos venía marcada por una sucesión de conquistas: fenicios, romanos, godos, árabes… Habían sido, pues, un colectivo históricamente dominado y mezclado con otras razas. De esta circunstancia los autores más romántico-etnicistas (Zamacola, Astarloa) deducían lo que para ellos era lo más sustantivo: los bascongados han mantenido su pureza, su carácter no contaminado, adoptando además medidas para evitar la entrada del otro con el fin de que no perviertan las costumbres puras y religiosas de sus habitantes36. Así frente a la mezcolanza de los demás, los únicos que se mantenían en su estado primigenio, los representantes de los íberos originarios, eran los bascongados, de manera que este dichoso pais conserva hasta ahora algunos restos de aquellas sabias leyes y costumbres con que vivieron los españoles antes de que conocieran la plaga de los conquistadores37. En suma, los bascongados representaban un reducto que había procurado y logrado conservar su pureza de sangre38, su naturaleza original, que era lo que les otorgaba su condición de nobleza universal.

Era un relato en el que se jugaba con el contraste y en el que los vascos emergían como una comunidad perfecta, siendo expresión de ello la lengua propia, el vascuence. En algunos de estos autores (Zamacola, Astarloa) es perceptible la influencia del romanticismo alemán, de la búsqueda del Volkgeist, y conforme a ello la lengua pasaba a desempeñar una función capital, de manera que según el carácter que ésta tuviera, el país en cuestión tendría una u otra personalidad. Pues bien, en este caso se estimaba, en consonancia con lo dicho, que el Bascuence no sólo fue la primera que se habló en España, sino que fue formada por el mismo Dios39. Si a esto le añadimos la idea del monoteísmo-cristianismo primitivo de los vascos, ahora retomada40, el círculo de la virtud se cierra, y el contraste con los otros españoles se acentuaba, a la vez que se iba forjando la asociación de euskaldún (vascohablante) con fededún (creyente).

Una posición más extrema, a la par que marginal y atípica por muchos motivos, fue la del escritor vasco-francés Chaho, que a la altura de 1836 sostenía que los vascos no se sentían españoles, interpretando bajo este paraguas la guerra carlista como una lucha de los vascos por su independencia y contra España (Castilla). No dejaba de ser una posición extravagante y que en aquel momento no tuvo recorrido.

En cualquier caso, desde esta tercera interpretación no es extraño tras lo dicho que se viera a la España coetánea como una hija matricida41, que negaba su esencia ibera para someterse a modas extranjeras (especialmente francesas) profundamente antiespañolas. La degeneración del contacto con otros pueblos ya feudales (como los godos), ya perdidos por el lujo (como los romanos), ya anticristianos y poco amigos del trabajo y con poca fidelidad a la palabra dada (como los árabes), había corrompido a España, que en realidad era vista como Castilla y poco más. Apenas había estereotipos sobre Cataluña que sería un país moderno y ordenado (considerada como hija de Francia, profundamente odiada por los vascos), sobre Aragón presentado como un territorio de origen vascón que habría perdido todos sus atributos originales desde el episodio del Justicia, sobre los gallegos y astures originalmente puros, pero de singular servilismo creciente… Todos los estereotipos negativos posibles, incluidos el de ver a Castilla dominada por la tristeza, por el declive…, eran aplicados sin piedad ante ese matricidio acelerado que contrastaba con sabios europeos como Herder que habían visto en la lengua, tradiciones, etc. vascas un elemento admirable de la cultura europea. Todo ello nacía de la postura que veía en la España de los Borbones posteriores a Fernando VI una senda opuesta a la seguida bajo los Austrias y Felipe V, que habrían entendido perfectamente como la supuesta Cantabria original —o sea el País Vasco—, único territorio salvado de la ocupación romana por la valentía de sus habitantes, era el ejemplo donde mirarse.

En el período posterior, el de la monarquía isabelina, este tipo de planteamientos perdieron vigor y calado: como se ha dicho, fue la etapa del entendimiento y de la puesta en práctica de un fuerismo flexible y pragmático, que evitaba adoptar posiciones que pudieran alterar el statu quo. Hay que esperar a la década de 1860 para que reapareciera el etnicismo más beligerante. Ello tuvo que ver no con las críticas de los progresistas españoles que clamaban contra el fuero y contra unos vascos que, a su entender, sentían más en clave bascongada que española42, sino debido primero a la cuestión religiosa suscitada tras el reconocimiento del nuevo Reino de Italia por el gobierno español, y, sobre todo, tras la revolución de septiembre de 1868. Cobró en esa coyuntura un nuevo impulso un tipo de discurso que expresaba, por ejemplo, el periódico neocatólico Euscalduna en los finales de los sesenta: de España sólo viene la irreligión, las malas costumbres, la Revolución… Se formulaban agravios del tipo de que nos han quitado los viejos maestros que hablaban en euskera para imponernos maestros castellanos, o bien nos han puesto unos ayuntamientos que no reflejan la tradición vascongada. Se difundía, en fin, una visión de España como atrasada, envidiosa, poblada de vascófobos, de resultas de lo cual se perfilaba la idea de un País Vasco pacífico agredido desde fuera por España. Como su envés, y ya con la guerra carlista, se modifica también la imagen que desde España se difunde de los vascos: ahora pasan a ser montaraces, bárbaros, crueles, ignorantes. El patriotismo español se sirvió del estereotipo que entonces se edificó del vasco como trabucaire y narcisista para agitar y conmover, para hacer pedagogía y socializar un discurso nacionalista43.

En ese contexto reapareció una interpretación radical de la diferencia, que encarnaba, por ejemplo, Arístides de Artiñano, el cual retomó el discurso de su maestro, Novia Salcedo, para ir más allá pues planteaba no sólo la independencia política y social de esta apartada tierra, sino la posibilidad de la secesión y de la libre elección de su destino44. Algunos autores han visto en Artiñano una suerte de prenacionalista, pero pensamos que no hay tal, sino que tales formulaciones son recursos retóricos45 con los que reflejar el rotundo rechazo a la revolución y a la política de libertad religiosa. Lo que se perfila en este momento de una manera nítida es la utilización de la singularidad étnica vasca como escudo, como valladar, frente a la libertad y a la tolerancia religiosa; la asociación del País vascongado con postulados reaccionarios (el lema Dios y Fueros), cuya vulneración por fuerzas exteriores (España) legitimaba cualquier tipo de respuesta. Expresado en términos más prácticos, la opción que formulaba Artiñano era clara: frente a la anarquía y a la irreligiosidad imperantes en el resto de la nación, sólo cabía la alternativa del carlismo, que representaba la auténtica España, la de la unidad católica, la de la fidelidad a sus esencias mantenida en su época de esplendor imperial.

III. EL EMPUJE IDENTITARIO. LA PERTENENCIA CUESTIONADA (1876-1939)

Con la finalización de la guerra carlista, nos introducimos en una nueva etapa con unos rasgos propios y definidos, marcada por la aparición de la sociedad de masas, una de cuyas manifestaciones fue la de un mayor «acercamiento» y proximidad comunicativa entre el País Vasco y el resto de España. Durante este período y de modo más significativo a partir del último tercio del siglo XIX, el proceso de nacionalización de la sociedad vasca se intensificó auspiciado por el desarrollo social y con él de los medios de comunicación, de transporte, etc., que supusieron que la sociedad vasca y española vivieran más entrelazadas la una con la otra, que hubiera un mayor conocimiento y penetración.

Pues bien, los ciudadanos del País Vasco se sumaron en su gran mayoría con comodidad, sin estridencias y de una forma natural a ese vivir en España. Como señalaba Pío Baroja a la altura de 1918, yo no veo en las provincias vascongadas —y lo siento— un espíritu distinto al mal espíritu español. En San Sebastián como en Bilbao, en Vitoria como en Pamplona se celebran las frases churriguerescas de Maura, los malos chistes de Romanones y los gorgoritos de don Melquiades […]46.

Dentro de este contexto de una gradual homogeneización de la sociedad española, se generaron importantes transformaciones en todos los planos de la sociedad vasca, que afectaron de una forma notable a la idea que de España se tenía en el País Vasco. Si con anterioridad, y desde los distintos matices explicados, no se cuestionaba la pertenencia a España, a partir de este momento necesariamente tenemos que referirnos a visiones muy contrapuestas. La tantas veces aludida por la historiografía pluralidad y diversidad que se fue extendiendo en la sociedad vasca durante la Restauración, tuvo, como una de sus manifestaciones más llamativas, las opiniones contrapuestas que surgieron en torno a España y los españoles, de forma que la «cuestión España» pasó a convertirse en uno de los principales referentes en la sociedad vasca y objeto de propuestas muy dispares.

Tal circunstancia no se manifestó durante los primeros años de la Restauración, cuya etapa inicial vino marcada por la abolición del régimen foral en 1876, que causó una honda conmoción en el País Vasco. Se produjo en la sociedad vasca una reacción en clave victimista y de queja hacia la nación española y, conforme a ello, se registró un recrudecimiento de un sentimiento fuerista y de agravio por lo que se estimaba un comportamiento desleal del Estado hacia estas provincias. No pasó a mayores tal reacción, ni derivó hacia sentimientos antiespañolistas. Transcurridos los primeros momentos, la doble lealtad continuó siendo un sentimiento mayoritario en la sociedad vasca, sin que preocupasen excesivamente las cuestiones identitarias: ser español y vasco o vizcaíno o guipuzcoano o alavés era todo uno. Además, Cánovas atajó la posibilidad de que ese sentimiento victimista se ahondara y tomara una forma política, y para ello promovió un régimen específico para estas provincias, el Concierto Económico, con el que selló un pacto de alcance con la burguesía vasca y, más señaladamente, con la más poderosa de todas ellas, la vizcaína.

Igualmente un profundo impacto tuvo la favorable política económica que para los intereses vascos implantó el Gobierno y que supuso un espaldarazo para la industria del País Vasco, sellando la sintonía entre la burguesía vasca y el Estado. La industria vasca tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa necesitaba para su desarrollo que se le pusiera a salvo de la competencia exterior y que se reservara el mercado nacional a su pro duc ción. Por ello, en la última década del siglo XIX el empresariado vasco desarrolló, junto a otras burguesías periféricas, una intensa campaña de carácter proteccionista destinada a presionar al Gobierno para que adoptara medidas en tal sentido. Con este fin constituyó organizaciones patronales, organizó mítines, se involucró activamente en la vida pública siendo elegidos diputados al Congreso destacados industriales con el fin de presionar de forma más efectiva, logrando sus objetivos a través de los aranceles de 1891 y 1906, o tras conseguir el fracaso de tratados de comercio (en 1896). En el curso de esta campaña se formuló por estos industriales lo que puede considerarse como un pensamiento nacionalista español, reclamando la nacionalización del mercado interior y la restricción de la competencia exterior como un acto patriótico que debía servir para el impulso de la producción nacional47. Al fin y al cabo, la protección al trabajo nacional era el nervio que permitía el sostenimiento mismo de la nación48.

La quiebra de este panorama ocurrió en el último decenio del XIX no sólo por la aparición del nacionalismo vasco, sino por las propias características que le infundió Sabino Arana. La afirmación identitaria que trajo el nacionalismo vasco se produjo sobre la base de la negación rotunda del «otro», de manera que el proyecto aranista se sustentó, como uno de sus vértices, en el contundente rechazo de España y los españoles. El dilema pasaba del cómo estar al ser, de la manera de estar integrados en España a no ser España. Arana construyó un imaginario fuerte, sin matices, en el que como uno de sus ingredientes sustanciales se presentaba a España como la encarnación del mal, la esencia y el ejemplo de lo que entendía que era la nación más degradada y abyecta de Europa49, la más raquítica y enclenque50. Arana recogió toda aquella publicística anterior que convenía a su construcción identitaria, y muy particularmente el conjunto de mitos expuestos y esa filosofía que hacía de la pureza histórica de la raza bascongada uno de sus baluartes, para, dándoles una interpretación extrema, acabar predicando abiertamente el odio hacia España y a sus habitantes, la ruptura de cualquier lazo con ella y la voluntad de levantar una sociedad étnicamente homogénea51. En esta línea propugnaba la estigmatización de los inmigrantes y su delimitación social con el término maketo, apelativo que servía para demonizar a todos los españoles52, con los cuales se debía evitar todo posible contacto. Era un antiespañolismo primario, con un fundamento racista que Arana lo graduaba en los apellidos, un maniqueísmo sencillo de buenos (los auténticos vascos) y malos (los españoles), que adoptó diversas formas y prácticas, y que sus seguidores asumieron en la confianza de quién adopta una religión consistente.

No obstante, el PNV pronto dulcificó el mensaje aranista, suavizando el discurso y eliminando sus aristas más xenófobas y agresivas. Bajo la influencia de un potente empresario como Sota, se abrió paso en el nacionalismo mayoritario una posición más pragmática, de corte autonomista, cuyo referente era el modelo de la Lliga Catalanista, lo que suponía aceptar el marco jurídico español, las instituciones que lo representaban y la voluntad de ajustarse a la legalidad53. Era un giro en un sentido moderado, que le permitió una mayor inserción social y obtener, en los años 1917-1918, excelentes resultados electorales en Vizcaya. Un ejemplo de ese nuevo tiempo del nacionalismo fue la revista Hermes, impulsada por gentes del partido, y caracterizada por su pluralidad y calidad54. No obstante, quedó lo sustancial del ideario sabiniano, permaneció su cosmovisión, que en el caso que tratamos implicaba el rotundo rechazo hacia España y la consideración de que los vascos eran distintos, lo que en este imaginario venía a querer decir mejores que los españoles.

En cualquier caso, conviene puntualizar que durante este período el nacionalismo fue una opción minoritaria y sólo un sector reducido de la sociedad vasca la hizo suya. Por el contrario, lo predominante durante estos años en el País Vasco continuó siendo la persistencia de la empatía con la nación española, a la par que la aparición tanto de un españolismo más explícito entre ciertos sectores, como de una mayor percepción entre la población en general de «ser» España, de «sentirse» parte de España.

Tal circunstancia se expresó en varios planos.

En primer lugar, en el de la vida cotidiana, en donde como consecuencia del creciente proceso de nacionalización antes referido, se fueron asumiendo con normalidad aquellas expresiones comunes a la nación y que, además, eran consideradas como algunos de sus rasgos distintivos. Diferentes formatos de sociabilidad y de ocio reflejaban como se compartían esos espacios y, así, por ejemplo, las plazas de toros fueron el espectáculo por antonomasia en aquella incipiente sociedad vasca de masas; o los teatros y cabarets con sus espectáculos de zarzuela, baile flamenco y demás estaban asimismo concurridísimos; o la «nueva» prensa daba cabida y privilegiaba lo que acaecía en el conjunto de España, difundiendo en la cotidianidad un ámbito informativo nacional.

En otro plano distinto ese vínculo con España también se manifestó en el ámbito político y cultural. No en vano los partidos nacionales fueron los que contaron con un mayor soporte electoral durante estos años en el País Vasco, y hubo que esperar a la II República para que el nacionalismo vasco emergiera como una fuerza con capacidad para disputar la hegemonía política a las formaciones estatales.

En el terreno intelectual hubo un potente movimiento protagonizado por pensadores vascos en clave de identidad con España y de reflexión sobre ella. No hace falta abundar sobre la importancia que en el 98 tuvieron personalidades como Unamuno, Maeztu, Zuloaga y otros tantos, y su aportación al tema de España como problema. Sus reflexiones sobre España no las elaboraron como vascos, sino simplemente como gentes que formaban parte de la nación y que contribuían al espacio común del debate55.

Aunque de índole distinta, existió también una importante corriente intelectual de corte regeneracionista, la cual disfrutó de un notable predicamento entre grupos varios de la sociedad vasca, que incluía desde monárquicos liberales o conservadores hasta republicanos, y que era una canalización del movimiento proteccionista antes aludido. Su propuesta básicamente consistía en considerar que Cataluña y el País Vasco tenían la misión nacional de promover la modernización de España, de erigirse en el núcleo que expandiera el espíritu empresarial e innovador al resto de la nación56. En su versión más vasquista o regionalista, se consideraba que dichas provincias eran las más civilizadas, las más capacitadas para promover el progreso y el bienestar de la patria57, jugándose con un cierto sentimiento de preeminencia, con un cierto ánimo imperial sobre el resto de España en la medida en que ésta debía ser conquistada por la mentalidad empresarial de Cataluña y del País Vasco. En cualquier caso tal postura no implicaba un rechazo o lejanía hacia España; muy al contrario, tales posturas se formulaban desde una honda preocupación por la nación española, desde una intensa identificación con ella, hasta el punto de que entre tales personas encontramos a figuras sobre las cuales se sostuvo un expreso nacionalismo españolista, caso de los Balparda o Salaverría58.

Y es que desde comienzos de siglo fue germinando tanto en el plano intelectual como político un «españolismo» formulado, que se reafirmó como reacción al nacimiento del nacionalismo vasco. Era un «españolismo» formulado, como uno de sus pilares, desde la derecha, desde la gran burguesía vizcaína, pero con que el que sintonizaban otras capas sociales y políticas, desde el liberalismo hasta el socialismo, que reaccionaban ante la virulencia del ataque de los seguidores de Arana. Ese «españolismo», encarnado por intelectuales como Maeztu, Alzola o el ya referido Salaverría, reivindicaba la hispanidad, entendiendo que España era hija de Vasconia y, por lo tanto, ésta era el núcleo de la nación y los vascos los genuinamente españoles. Era la idea tantas veces aparecida, ahora adaptada al debate sobre los nacionalismos, y alentó un nacionalismo españolista, un sentimiento de orgullo patriótico, con el objetivo de integrar a los vascos en la nación común, que inspiraría posteriormente a la dictadura de Primo de Rivera o a la de Franco59.

La República trajo consigo un intenso debate acerca de la organización del Estado, lo que supuso que cada sector hiciera más explícito el tipo de vínculo que deseaba mantener con el resto de la nación. La derecha españolista se mostró contraria a cualquier innovación en la vertebración del Estado, rechazando, por tanto, el sistema autonómico y con él la posible creación de un cuerpo político vasco. El apoyo que recibió la opción estatutaria por parte del tradicionalismo durante el primer bienio, con el conocido como Estatuto de Estella, respondía en buena medida a una estrategia cuyo objeto fundamental era socavar a la Republica, resultando el Estatuto un instrumento eficaz para este fin. Era, otra vez, la utilización de la peculiaridad vasca como dique frente a la democracia.

Por su parte, la izquierda culminó la evolución ya anunciada y mostró una clara vocación autonomista, convirtiéndose en uno de los pilares que hizo posible la consecución del autogobierno para Euskadi, independientemente de que existiera o no una demanda socialmente extendida en tal sentido60. Se recogía por este sector esa sensibilidad fuerista-autonomista de contenido liberal que había recorrido la historia contemporánea del País Vasco, entendiendo que la vía estatutaria era la más adecuada para todas las partes cara a un encaje satisfactorio de estas provincias en España.

El nacionalismo vasco siguió durante el periodo republicano una trayectoria oscilante, que le llevó en la primera etapa a aliarse con las fuerzas más derechistas contrarias a la República, para acabar situándose en favor de ésta. A pesar de este giro, que reflejaba también una inflexión ideológica en una dirección democrática-liberal, no se reflejaron cambios significativos en el punto que aquí nos interesa: aunque ya no se manejaban los exabruptos de Arana, se mantenía el rechazo al «otro» como forma de autoidentificación, la consideración de Euskadi como una nación oprimida por España, que de esta forma era presentada como un cuerpo homogéneo que, sin distinción de ideologías, oprimía a los vascos61.

Esa lejanía respecto a la nación española por parte del nacionalismo vasco, se puso dramáticamente de manifiesto durante la guerra civil, que fue también una guerra civil entre vascos. Al PNV le costó tomar una decisión sobre el bando a optar, hubo sectores en Álava y Guipúzcoa que se incorporaron a los sublevados, en tanto que la posición del partido a favor de la República hubo de vencer resistencias de algunos dirigentes partidarios de una declaración de neutralidad pues consideraban que era una guerra entre españoles. M. de Irujo desempeñó un importante papel en esta implicación del PNV con la República, y él mismo fue el primer nacionalista vasco que formó parte del gobierno republicano como ministro. No obstante, el curso de la guerra puso de manifiesto que la implicación del nacionalismo vasco no era con los valores que sostenía la República, sino que entendían el conflicto como una lucha por la libertad de Euskadi frente al españolismo faccioso. Por parte del PNV permaneció el desapego hacia la República en tanto que representación de una nación ajena y la voluntad de caminar separadamente, por lo que no es de extrañar que caído Bilbao en manos de los sublevados, se cumpliese el vaticino de Azaña62, y los batallones nacionalistas decidieran deponer las armas en lo que en el imaginario nacionalista es conocido como Pacto de Santoña. Era una actitud de lejanía que se reflejaba elocuentemente en su versión más radical en esta evocación de Telesforo Monzón, que en ese momento ocupaba un alto cargo en La Junta de Defensa de Guipúzcoa en representación del PNV, cuando escribía:

Te acuerdas de la llegada de aquellos mutillas (chicos en euskera: N. del A.) euskaldunes navarros a los que habíamos hecho prisioneros? Cuándo yo te dije «Manuel, mis aliados son éstos y no aquéllos» señalando a los pequeñarras fachudos de Trintxerpe que les injuriaban al pasar63.

En definitiva, perdida Euskadi, ya no había motivos para continuar el combate; desde la lógica de buena parte del nacionalismo vasco, ésa ya no era su guerra.

IV. TIEMPO DE SILENCIO, TIEMPO DE ESPERANZA (DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA, 1939-…)

El franquismo fue un período de profundísimas consecuencias en lo que afecta a la identificación de los vascos con España, dejando además un legado que marcó intensamente los años posteriores a la muerte del dictador y que incluso se proyecta hasta nuestros días. El fuerte componente nacionalista español y centralista del régimen, canalizado a través de las formas represivas propias del sistema, generaron una imagen distorsionada pero socialmente extendida, que vinculaba a la nación española y a sus símbolos con la dictadura. De ello se aprovecharon las formaciones nacionalistas para extender ese antiespañolismo primario que hemos referido de Sabino Arana y lograr que, con muy distintas intensidades y características, adquiriera un cierto calado social.

Al mismo tiempo, fue una etapa en la que el País Vasco se consolidó como uno de los centros neurálgicos de la economía española, a través de un potentísimo desarrollo industrial que generó un incremento sustancial de su riqueza. Hubo medidas gubernamentales que perjudicaron a la economía vasca, como, por ejemplo, la abolición de los Conciertos Económicos en Vizcaya y Guipúzcoa como castigo por su posición favorable a la República en la Guerra Civil, aunque continuaron vigentes en Álava y Navarra, siendo en ambas provincias un importante instrumento para su desarrollo económico. No obstante, la pauta que siguió la política económica del régimen fue la de favorecer de manera notable a la industria vasca tanto en el período autárquico (1939-1959), como en la etapa liberalizadora posterior. La economía vasca despuntó tempranamente tras la guerra civil, y ese crecimiento se sostuvo de modo continuado durante toda esta etapa hasta la crisis de 1973, amparado en una política proteccionista e intervencionista del gobierno, que reservó el mercado nacional a la industria vasca y favoreció sus exportaciones64. Fruto de ello fue la muy favorable evolución de la renta disponible, de forma que ya en 1955 Vizcaya y Guipúzcoa ocupaban las primeras posiciones entre las provincias españolas en renta per cápita, siendo Álava la quinta, mientras que en 1971, eran las tres provincias las que ocupaban los tres primeros lugares en este índice65.

Esa política económica favorable que se aplicó durante el franquismo se sostenía sobre la estrecha vinculación entre la alta burguesía industrial vasca y el régimen. Resulta a este respecto especialmente llamativa la considerable participación de vascos en los gobiernos de Franco, siendo la cuarta región española en cuanto al número total de ministros, y tercera si lo ponderamos en relación a la población, debiéndose tener en cuenta además que la primera era Navarra. Si nos referimos a la época contemporánea, sólo con Fernando VII habían representado los ministros vascos un porcentaje ponderado tan elevado. Asimismo, durante el franquismo se produjo la presencia destacadísima de un lobby vasco entre las elites sociales españolas, con la universidad de Deusto como antesala en la que esos grupos se formaban. Era un sector que se integró plenamente en la vida de Madrid, considerándoles como una parte más de la alta sociedad capitalina66.

Para situar esta vinculación conviene reiterar que frente a lo que en ocasiones se expone desde una «romántica» interpretación, el País Vasco volvió a estar dividido con el régimen de Franco. Como ya ocurriera durante la guerra civil, ahora también la sociedad vasca se fragmentó y hubo un sector de la población que participó en el consenso pasivo hacia la dictadura, entendiendo el término consenso en el sentido que le otorga De Felice de no oponerse a la política del régimen sin que ello implicara asumir su ideario o participar en la vida política (eran lo que en la terminología de la época se denominaba de la «situación»)67. Pero además de este consentimiento68 hacia el régimen, hubo asimismo un vigoroso núcleo de vascos que le apoyó tanto doctrinalmente como en el ejercicio político. Eran los herederos de ese pensamiento españolista que hemos comentado que nació en la segunda parte de la Restauración y que tenía su principal baluarte en la burguesía vizcaína. Fueron los Sánchez Mazas, Lequerica, Areilza, Bilbao, Oriol, Arrese…, que suministraron ideología y personal político relevante al régimen franquista. Un núcleo de la suficiente entidad como para permitir a Sánchez Mazas fabular con la idea de que las dos legiones decisivas en la lucha contra separatistas y rojos habían sido la militar, en África, y la civil en Vizcaya69, o como para que Salvador de Madariaga pudiera sostener que todo el mundo sabe que el régimen actual franquista que padece España es más vasco que castellano70.

Aunque no sea habitual que se mencione, conviene hacer una referencia a la creación vasca del concepto de Hispanidad que desde R. de Maeztu se asigna a un sacerdote integrista vasco (Monseñor Vizcarra Arana) a quien el publicista vitoriano conoce en Argentina71, si bien hay que matizar que el término venía ya empleándose con anterioridad. Desde aquel país el clérigo difunde la Hispanidad como una concepción por la que la contribución más decisiva del País Vasco a España fue hecha en el nuevo mundo a través de la labor de misioneros, conquistadores, marinos, militares…, en la que sería la gran aportación patria a la Humanidad. Asimismo, la expansión del Instituto de Cultura Hispánica debió no poco a prohombres vascos del franquismo, bien que para mediados de los años sesenta, personajes como Castiella, Areilza, etc., aludían al 12 de octubre como una oportunidad para que una España en pleno progreso económico actuara como intermediario privilegiado entre Europa e Iberoamérica, olvidándose de arcaísmos.

En lo que se refiere a la oposición y en concreto al PNV, este partido adoptó durante la etapa posterior a la guerra una postura oscilante en el terreno político, que transitó de su automarginación en lo que atañía a no sumarse a los organismos unitarios de la oposición española dado su desapego hacia la nación española, a participar en ellos a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, formando parte activa en diversas instituciones u organizaciones que se crearon a tal efecto. El peso y la influencia del lehendakari Aguirre, apoyado por Irujo, fue determinante en la adopción de esta línea intervencionista y de colaboración con las fuerzas españolas de oposición72, y que en el permanente debate que se dio en el PNV entre frente nacional de los nacionalistas o unión vasca de las distintas fuerzas políticas, se optase por esta segunda línea, aunque no sin una fuerte contestación interna que llevaba a tildar como españolista la política de la dirección73. No obstante, el giro tenía una función instrumental pues la doctrina permanecía, subsistiendo en el imaginario nacionalista la antítesis excluyente España-Euskadi. Se continuaba sintiendo reticencias hacia lo español, seguía apareciendo la idea de la reclamación soberanista como seña irrenunciable, a la vez que —cual Jano bifronte— desarrollaba una práctica política pragmática y posibilista, en esa calculada ambigüedad del PNV74.

Una vuelta de tuerca más en ese antiespañolismo se produjo con la aparición de ETA, que conectó con el discurso originario de Sabino de odio hacia España, así como con la consideración de Euskadi como país ocupado75, y lo transmitió a la sociedad vasca de los años sesenta. Krutwig fue quien teorizó esta nueva expresión, otorgándole una pátina teórica de nuevo cuño, considerando la lucha de Vasconia como una lucha colonial y abriendo la puerta a la violencia. Promovió, pues, la reformulación en unos nuevos términos de la contraposición Euskadi-España, expresada con una renovada radicalidad y en la que se alentaba la violencia como la vía adecuada para responder a la ocupación militar de las fuerzas armadas, a la opresión española que sufría el pueblo vasco76. El discurso era en clave sabiniana, cambiando el soporte racista por el étnico-lingüístico, pero en cualquier caso era dicotómico: el objetivo de España era la aniquilación de Euskadi, su renacionalización, partiéndose de que España era el enemigo secular de Vasconia. Victimismo y angustia por la hipotética extinción nacional se revelaron ingredientes sustanciales a la hora de popularizar un discurso entre unos sectores ya predispuestos a asumirlo. Fue la generación fundacional de ETA (Txillardegi, Etxebarrieta) la que recogió esos principios e hizo de su antiespañolismo el vector principal sobre el que se construyó ETA, entendiendo que la lucha básicamente era contra España y no contra Franco, pues éste no dejaba de ser un factor accidental. Como señalaba con contundencia, a la altura de 1970, uno de sus dirigentes, poco dado a las sutilezas teóricas: nosotros no somos antifranquistas, somos antiespañoles77, enunciando un principio que era asumido por la banda en su conjunto. Era un mensaje sin matices y ramplón, que con sus variaciones mantuvo la descabellada idea de una Euskadi ocupada por el imperialismo español, pero que, sin embargo, la dura represión que ejercía la dictadura la hizo viable a ojos de algunos sectores y facilitó que calara entre las bases sociales del nacionalismo vasco78. En este sentido, el franquismo resultó determinante para que ETA pudiera cuajar, pues la coerción y la represión sistemática en la que el régimen se sustentaba, generó el clima ideal para que la violencia que encarnaba la banda fuera justificada como una reacción legítima.

El importantísimo desarrollo económico que registró el País Vasco a partir de los cincuenta-sesenta implicó una segunda oleada de inmigrantes de otras áreas de España, atraídos por la prosperidad de esta zona. La población registró un aumento espectacular, pasándose de 1.061.240 personas en 1950 a los 1.878.636 habitantes veinte años más tarde. Un porcentaje sustancial de ese incremento fue debido a la inmigración (casi el 50 por 100), de manera que en esos veinte años el País Vasco registró un saldo migratorio neto de 407.764 personas, lo que supuso que, en 1970, casi el 40 por 100 de la población que vivía en las distintas provincias vascas hubieran nacido fuera de ellas79.

Esta segunda gran transformación que se produjo en el País Vasco tras la habida a principios de siglo, facilitó la pervivencia de sentimientos reactivos y de rechazo hacia el colectivo más visible —y más frágil— que encarnaba el cambio de la sociedad: el inmigrante. Al término de maketo, se incorporaron otros nuevos como coreano, manchurriano, paralelo 38, formando una precisa terminología denigratoria, con la que se rebajaba al venido de fuera como fuerza de trabajo80. Al igual que ocurriera en el período antes comentado de la Restauración, su uso estaba extendido entre la población autóctona, no era exclusivo de los nacionalistas, y era también empleado por capas que no se sentían como tales. Era una manera de los nativos de reflejar orgullo por su condición de tales, y manifestar un sentimiento de supuesta superioridad y de displicencia hacia el inmigrante81. Un buen documento literario que narra la situación del trabajador foráneo en ese tiempo es, por ejemplo, la novela de R. Guerra Garrido, Cacereño82.

Pero no es menos cierto que el inmigrante recibió un tratamiento ideológico por parte del nacionalismo radical, que en esa recuperación de Sabino, continuó otorgándole una función política de primer orden tanto hacia fuera como hacia adentro. Externamente porque era la visualización de la colonización que decían que ejercía España83; internamente porque servía como elemento de cohesión en la comunidad vasca amenazada ante la invasión exterior. Según explicaba la figura intelectual más influyente de ETA de aquel tiempo, Txillardegi, el inmigrante representaba una suerte de quinta columna eficaz contra nuestra liberación84, en tanto que Krutwig seguía estableciendo una superioridad etno-cultural de los vascos sobre la población inmigrante. Uno de los teóricos de la ETA de los sesenta, José Antonio Etxebarrieta, continuaba pensando en la inmigración en términos de colectivo impulsado por el franquismo con objetivos desnacionalizadores85, estimando, por tanto, que el proletariado inmigrante constituye parte del aparato opresor, por lo que cabía exigirles una prueba de su no colaboración con ese aparato para ser considerados como integrantes del pueblo vasco86. Desde otra perspectiva, el nacionalismo moderado adoptaba una posición menos beligerante hacia este colectivo, pero también consideraba su presencia perjudicial para los intereses nacionales de Euskadi y se le reclamaba su integración, esto es, que se convirtiera en un vasco más, lo que para algunos podía lograrse a través del aprendizaje del euskera87. Se abría, pues, una vía distinta a la expuesta por Arana: ya no todos los inmigrantes eran maketos, cabía la posibilidad de su integración, pero ello pasaba por su incorporación al ideario nacionalista. Sólo en tal caso serían considerados vascos y, por tanto, aceptados.

Y es que paralelamente se fue apuntalando entre el nacionalismo radical —pero también entre sectores populares de la comunidad nacionalista en general— la idea estrecha y sectaria de lo vasco asimilado a lo nacionalista, mientras que en un sentido contrario, el apelativo español o españolista se convertía en una forma de insulto, un término con el que se demonizaba a los que se dirigía. Los partidos vascos de oposición de ámbito estatal, fueran de la izquierda tradicional o de la extrema izquierda, eran, por tanto, considerados desde el ámbito nacionalista radical no sólo ajenos al País, sino combatidos sañudamente porque representaban una vía más de desnacionalización. Krutwig se expresaba así en su correspondencia: […] si no fuera trágico por la mala entraña que tienen los españoles frente a todo lo vasco (tanto falangistas como gentes del PSOE que al fin de cuentas son primos hermanos y aliados seguros cuándo se presenta el problema vasco) […]88. Expresiones parecidas podemos encontrar en un Telesforo Monzón en el camino hacia lo que él denominaba su etismo, su confluencia con ETA89.

Se fue socializando en esta comunidad una intensa aversión hacia lo español, se fue gestando un caldo de cultivo de odio hacia todo aquello que era considerado como una representación de España, que facilitará a ETA situar en sus macabras dianas a todo aquello que no fuese adicto al ideario nacionalista. Se recogía el mensaje sabiniano —y aun si se quiere de Astarloa90— del estereotipo del español como sinónimo de lo nocivo y pernicioso, del mal en suma, propiciando un proceso de deshumanización sobre ese amplio y difuso colectivo que hará más fácil el uso del fuego purificador91.

Aquel contexto marcado por la radicalidad, supuso la práctica desaparición de una cultura liberal, cívica y españolista que se había forjado durante los años de la Restauración. No sólo era una cuestión derivada de la imposibilidad de su expresión social, sino que esa simbiosis que efectuó el régimen entre franquismo-España incidió en un paulatino descrédito de todo aquello que tuviera relación con la nación española y sus símbolos. Ello no fue obstáculo para que apareciera una generación de encuentro en la sociedad vasca, en la que se localizaban gentes como Azaola, Mitxelena, Caro Baroja, Santamaria, Arocena, Arteche, etc., liberales vasquistas, que desde distintas posiciones preconizaron valores de convivencia y comprensión, así como de superación de un enfrentamiento vivido en términos de Euskadi versus España. Posiblemente fue Azaola quién más destacó a la hora de ofrecer alternativas futuras, sosteniendo una solución regional para España en clave descentralizadora, que en el caso del País Vasco pasaba por una actualización del patrón foral como base de su organización interna92.

La llegada de la democracia fue el momento en el que el nacionalismo apareció por vez primera como la opción hegemónica en el País Vasco. Ello no fue así en un principio pues en las primeras elecciones democráticas celebradas en junio de 1977 los partidos de ámbito nacional superaron a los nacionalistas93, lo que permitió que el primer órgano preautonómico vasco, el Consejo General Vasco, fuera presidido por el socialista Ramón Rubial. No obstante, y tras el indicativo dato de la elevada abstención que se registró en el País Vasco con motivo del referéndum constitucional (55 por 100; diciembre de 1978), fueron las siguientes elecciones generales, las de marzo de 1979, las que expresaron el cambio de tendencia. Con ellas se produjo la consolidación del PNV como primera fuerza política, pero también supusieron la debacle del PSE y la fuerte irrupción de la marca política de ETA, HB, que obtuvo el 15 por 100 de los votos. Habría que recurrir a análisis pluricausales a la hora de explicar las razones de ese predominio relativo del nacionalismo que por motivos de espacio aquí no podemos acometer, pero cuando menos señalar dos aspectos: en primer lugar, la ya señalada incidencia reactiva que originó el franquismo en la sociedad vasca y el rechazo hacia el mundo simbólico que representaba. El franquismo favoreció en la sociedad vasca la identificación entre nacionalismo vasco y oposición al sistema, y de hecho en aquellos momentos de ruptura con el régimen anterior, la alusión a España o tenía una connotación negativa o era evitada94. Fueron unas condiciones favorables para el nacionalismo vasco, que logró socializar su visión y con ella el desapego hacia España entre un sector amplio de la población, de manera que la repulsa a España se convirtió en el factor que hacía posible la fratría nacionalista.

Pero, en segundo lugar, no cabe obviar el impacto disuasorio que tuvo ETA a la hora de lastrar la vida democrática en Euskadi, colocando a la sociedad civil no nacionalista en unas severas condiciones de restricción de las libertades. No es casual que en la única provincia en la que la UCD no presentó candidatura en las primeras elecciones democráticas fuera Guipúzcoa, o que AP lo hiciera embozada bajo las siglas GU. La presión terrorista limitó las posibilidades de expresión de las formaciones y opiniones de los no nacionalistas, e hizo que las reglas del juego resultaran desiguales.

En este contexto, las opciones no nacionalistas tuvieron un incierto deambular a la hora de hacer frente al nacionalismo y de fijar su posición en temas que se relacionasen con la identidad española, manteniendo en estas cuestiones una postura defensiva y timorata, que les llevó a asumir parte de la liturgia nacionalista. No chocaba en aquel contexto que partidos estatales moderados o de izquierda templada se pronunciasen en favor de la libertad nacional que, decían, se había negado históricamente a este territorio95, o que se asumiese el principio de autodeterminación96. Se reproducían clichés elaborados durante el franquismo por la oposición, sin valorar el impacto y consecuencias que tales fórmulas podían aparejar en la democracia. En particular, la inmadurez de la izquierda vasca no nacionalista y su asunción vergonzante de la idea de España, abonaron el terreno para el despliegue social del nacionalismo97. Es cierto que por parte del PSE y PCE se fueron puliendo determinadas posturas propias del mundo nacionalista, pero ello fue tras una etapa en la que como reconoce un dirigente socialista, la posición del partido fue de contemporización ideológica con el nacionalismo98.

Habrán de pasar unos cuántos años para que las formaciones no nacionalistas rectifiquen, se despojen de ese legado que venía del franquismo y asuman públicamente con naturalidad su vínculo y cercanía con España. Ello, no obstante, fue tras la aceptación de una serie de símbolos y postulados propios de la comunidad nacionalista: la bandera, el himno, el nombre, la organización territorial... De alguna forma latía la idea, además, de que con esta política de concesiones se iba a rebajar el perfil reivindicativo de las formaciones nacionalistas, suposición que se ha demostrado errónea.

Dentro del nacionalismo se ha producido durante esta etapa una graduación del antiespañolismo conforme a los cambios registrados en la sociedad. En el caso de ETA, este sentimiento siguió apareciendo de forma descarnada en su versión sabiniana, como un odio primario hacia la nación española y a sus símbolos, constituyendo un ingrediente sustancial a la hora de elegir a las víctimas de sus asesinatos99. La llegada de la democracia, en 1977, supuso un incremento sustancial de sus acciones terroristas, asesinando durante el trienio 1978-1980 a 246 personas, casi el 30 por 100 de los asesinatos cometidos por ETA a lo largo de su trayectoria. El objetivo era claro: impedir la consolidación de la democracia, y para ello escogieron como víctimas preferentes a los que ellos entendían que encarnaban más nítidamente la nación española: militares, policía armada y guardias civiles, funcionarios, gentes vinculadas a formaciones políticas de ámbito nacional fueran o no vascos de origen… Se cerraba la evolución ya apuntada en esta comunidad, y la consideración de vasco/español venía dada no por el lugar de nacimiento o trabajo, sino por la adscripción ideológica: vasco era el nacionalista, español el que no lo era100. La paulatina consolidación de la transición generó en el mundo de ETA una vuelta de tuerca en su búsqueda de cohesionar a su comunidad, de encerrarse en sí misma con objeto de hacerse impermeable a cualquier influencia externa, para lo que puso en pie una poderosa construcción simbólica que combinaba el martirologio, la exaltación de la violencia y un contundente rechazo de los «otros»101.

Entre su base electoral había arraigado esa convicción acerca del carácter colonizado de Euskadi en tanto que nación invadida. En estos sectores permanecía una imagen fantaseada de la realidad según la cual la xenofobia y el racismo son la ideología constituyente de la nación española, cuyo objetivo era la devastación de Euskal Herria, que de este modo estaría sufriendo un auténtico etnocidio por parte de España. Construcción delirante, inventada, pero que adornada con esos rasgos de victimismo, agonía, exaltación del héroe que caracterizaban a la comunidad de los violentos, se mostraba operativa cara a cohesionar a su comunidad102.

Estos pronunciamientos en clave de negación rotunda y agresiva del «otro» fueron chocando con una sociedad vasca que ha cambiado de forma acusada durante los últimos años y en la que un valor como el bienestar económico se sitúa, para muchas personas, por encima de adhesiones emocionales, mientras que los referentes identitarios se viven con mayor laxitud y con menos rigidez. La sociedad vasca es hoy en día híbrida, formada por gentes provenientes de distintos lugares, como lo muestra el hecho de que a la altura de 1991, sólo un 39 por 100 de la población sea originaria de segunda generación (padres e hijos nacidos en el País Vasco), o bien de que el 54 por 100 de la población no tiene ninguno de sus dos apellidos vascos103. Esos nuevos rasgos son más perceptibles entre las nuevas generaciones, buena parte de las cuales no participa de valores absolutos, o no vive su identidad de forma intensa o agónica, o centrada en torno a valores políticos.

Sobre estas bases, resulta lógico que expresiones xenófobas antes comentadas —coreano, etc.— hayan desaparecido de la jerga cotidiana del País Vasco. A la mezcolanza étnica que se ha dado en el País Vasco, su une una saludable corrección política que impiden el uso público de este tipo de expresiones. Ello no es obstáculo para que con una sorprendente frecuencia se sigan encontrando pronunciamientos que nos remiten al pasado y al orgullo de una supuesta limpieza de sangre, empleando, por ejemplo, el apellido castellano del oponente a manera de insulto (López más que López104), o como medio con el que se supone se le degrada. Tales comportamientos son propios —aunque no exclusivos— de sectores de la comunidad nacionalista, en la que todavía es posible encontrar reacciones atávicas como increpar e interrumpir a la que fuera consejera socialista de educación del Gobierno Vasco al grito de Maketa gogoan zaitez etxera105.

Por mucho que algunos, de aquí y de allá, se empeñen en vincular vasco a nacionalista y frente a ciertos estereotipos interesados, la sociedad vasca se nos presenta hoy en día plural y heterogénea, moderada, poco o relativamente ideologizada, con un limitado interés por la política106 y disfrutando de una apreciable calidad de vida107. Las encuestas más recientes reflejan un panorama social más matizado que el que se pueda deducir de los resultados electorales: un 29 por 100 de la población vasca está en desacuerdo con la independencia de este territorio, por un 25 por 100 que es favorable. Más llamativo resulta el equilibrio que hay entre la población que se declara nacionalista y la que no, estando prácticamente repartido al 50 por 100 el porcentaje entre unos y otros108. Todo ello ha hecho posible que la violencia terrorista fuera perdiendo sustento social, hasta resultar un anacronismo en una comunidad que disfruta de un alto nivel económico y amplias libertades. Precisamente el fin de las acciones armadas de ETA ha permitido un incremento electoral del nacionalismo, y que paradójicamente se revitalicen reivindicaciones segregacionistas.

Y es que en el mundo abertzale persiste ese poso de hostilidad hacia España, si bien con notables diferencias en una comunidad que también es muy diversa. En cualquier caso, en la necesidad de consolidar la propia identidad grupal, el nacionalismo vasco requiere de la metáfora España asociada a una imagen negativa con la que consolidar el nosotros frente al ellos. Es una actitud de la que no escapa el nacionalismo democrático y dentro de él el PNV. El Good bye Spain es un sentimiento latente en su militancia, que asoma en determinadas coyunturas, tras el que se esconde el ideal soberanista, auténtica alma del Partido independientemente de la estrategia más pragmática o más rupturista que se ponga en juego. En el nacionalismo vasco en general, tanto en su versión moderada asociada al PNV, como, sobre todo, en la más radical vinculada a la izquierda abertzale, hay una tentación etnicista y excluyente, una patrimonialización de lo vasco, presente tanto en parte de sus dirigentes como en su base social, que se alimenta de la idea del rechazo a la nación española. Ello se manifiesta, por ejemplo, entre los líderes del PNV con la metáfora de la previsora hormiga (Euskadi) frente a la imprudente cigarra (España)109, o entre sus cuadros, uno de los cuales consideraba que la informalidad empresarial es debida a técnicas de venta francesas o españolas, nunca vascas…110.

No obstante, las transformaciones operadas en la sociedad vasca en el sentido de su mayor complejidad étnica y una notable calidad de vida, ha supuesto que el rechazo a España se manifieste de forma más liviana y a través de una argumentación más pragmática. Significativamente, tanto el PNV como la izquierda abertzale, se han unido a la hora de acuñar lo que Ruiz Soroa denomina una metáfora creativa111, que consiste en el cliché de que España es un lastre para Euskadi. Así lo exponen Urkullu o Egibar112 por el PNV, pero también dirigentes del abertzalismo radical como Txelui Moreno113, o lo menciona también ETA114. Finalmente las apelaciones al egoísmo colectivo o al nacionalismo económico hacen coincidir a las diferentes versiones nacionalistas, ofreciendo un argumento sensible en momentos de zozobra económica.

No va a resultar, en cualquier caso, sencillo ese soltar amarras pues el vínculo histórico que ha existido entre el País Vasco y el resto de España ha sido muy estrecho115. Basta con repasar la participación de los vascos en la sociedad española, su influyente intervención en distintos ámbitos artísticos, en el pensamiento, en la ciencia, en el deporte…, a lo largo del siglo XX para poder convenir que la España contemporánea, con sus defectos y virtudes, es obra de nosotros, de los vascos, tanto o más que cualquier otro pueblo de la Península […] Lo vasco […] ha contribuido y contribuye en forma decisiva a perfilar en sus rasgos actuales el cuerpo y el alma de España116. Los nombres de los Baroja, Unamuno, Martín Santos, Celaya, Blas de Otero, en la creación literaria; de Zaragueta, Zubiri, Savater en la filosofía; de Guridi, Luis de Pablo, en la música; de Zuloaga, Arteta, Chillida, en las artes plásticas; de J. Caro Baroja, Artola, Fusi en la historia; de los Ybarra, Sánchez Asiaín en el sector financiero; de J. Entrecanales, Oriol en el mundo empresarial; de Zarra, Arconada, Alonso en fútbol; de N. y R. Urgoiti, Gabilondo en el ámbito del periodismo; de Bastida, Anasagasti, Aizpurúa, Fullaondo en arquitectura; de Alex de la Iglesia, Elías Querejeta, Imanol Arias en el cine… son algunas de las referencias que reflejan ese entrelazamiento y forman parte de una cultura compartida, a la par que son expresión de esa voluntad histórica de buena parte de los vascos de no levantar muros y no permanecer aislados, siguiendo el consejo unamuniano de todo para todos. Posiblemente la cuestión todavía estribe en asumir que el País Vasco sólo se puede construir sobre la base de aceptar las identificaciones diversas y dinámicas que decía J. Caro Baroja117 que existen en su seno, y en reconocer la bondad de la mezcla frente a la búsqueda de la singularidad.

1 ZABALTZA, X., Mater Vasconia, Hiria, San Sebastián, 2005, pp. 17 ss.

2 RUIZ SOROA, J. M., «El bacalao y las españas», Diario Vasco, 4 de junio de 2012.

3 PORTILLO, J. M., «¿Es la historia lo menos nacional que tenemos?», en Revista de Libros, diciembre de 2013.

4 AZURMENDI, M., Y se limpie aquella tierra, Taurus, Madrid, 2000, pp. 22 ss.

5 El bosque originario, Taurus, Madrid, 2000, pp. 123 ss.

6 Quiénes hayan sido los primeros habitadores de la Cantabria y mandándola, se puede bien colegir […] tratando de la venida de Túbal, hijo de Jafet y nieto de Noé a España […] afirma que él y sus compañías que se llamaron tubales pararon en los montes Pirineos […] y poblaron por allí cerca alrededor algunos pueblos y en Navarra y Vascos. MARTÍNEZ DE ZALDIVIA, J., Suma de cosas cantábricas y guipuzcoanas, obra escrita hacia 1654, Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián, 1945, p. 9.

7 Ibíd., p. 25.

8 Así lo refleja Cervantes en su conocido enfrentamiento entre Don Quijote y un vizcaíno, escudero para más señas, pero que hace gala de su condición de hidalgo. Véase el capítulo VIII.

9 ARANZADI, J., Milenarismo vasco, Taurus, Madrid, 1982, pp. 469 ss.

10 Nuestro don Esteban de Garibay «sentía» lo particular, este vasquismo, con el mismo grado de pasión con que sentía algo considerado como más general, ya que no universal: su monarquismo. CARO BAROJA, J., Los vascos y la historia a través de Garibay, Caro Raggio, Madrid, 2002, p. 232. No en vano, Garibay fue cronista de la corte, y con respecto a Felipe II mantuvo una vocación áulica al decir del historiador F. Arocena.

11 Ibíd., p. 236. Del mismo autor, El laberinto vasco, Txertoa, San Sebastián, pp. 135-136.

12 ARANZADI, J., El escudo de Arquíloco, Antonio Machado Libros, Madrid, 2001, vol. 2, p. 26.

13 ORTIZ DE ORRUÑO, J. M., «Contra el olvido. Apuntes biográficos de tres liberales vascos», en Estatuto, Constitución y libertades cívicas, Ciudadanía y Libertad, Vitoria, 2004, pp. 89-114.

14 Cartas escritas por Mr. de Fer al autor del Correo de Europa en el que le da noticias de lo que ha observado en España, Louis Boudrie, Burdeos, 1783.

15 Refiriéndose a Álava, señala los que componen la junta (General), como son la mayor parte labradores, y que por consiguiente no pueden estar iniciados en los verdaderos principios de la política […]. Pero este modo de pensar es mucha «Theología» para los que no saben manejar sino el arado […], p. 37. Más tarde, estos naturales (por los vizcaínos) manifiestan el mismo entusiasmo, y fanatismo, que los Guipuzcoanos, y los Alabeses, quando se trata de la limitación de sus queridos fueros. Ibíd., p. 74.

16 ORTIZ DE ORRUÑO, J. M., «Valentín de Foronda (1751-1821). La trayectoria vital de un ilustrado alavés», en La historia de Álava a través de sus personajes, Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Vitoria-Gasteiz, 2003, pp. 93 ss.

17 La Provincia meditará sobre la situación especialísima de esta desgraciada Ciudad, y nos prestará su cooperación. En otro caso si la unidad que hermana a los pueblos de Guipuzcoa se disuelve, la responsabilidad será […] de quien haya roto los lazos de fraternidad. Conjuramos de nuevo a la Junta (a) la plantificación de un nuevo sistema que nos haga entrar en la gran familia Española sin dejar de ser Guipuzcoanos. Escrito titulado Exposición del Ayuntamiento y Comercio de la M.N. y M. L. ciudad de San Sebastián a la Junta General, San Sebastián, ¿1831?, p. 8.

18 MUGICA, J., Carlistas, moderados y progresistas, Biblioteca Vascongada de Amigos del País, San Sebastián, 1959, pp. 13 ss.

19 En una fecha tan tardía como 1876 y con ocasión de los debates sobre la abolición foral, se decía por un diputado vasco: En el suelo vascongado no se ha verificado ninguna invasión […]; que en mi país se conservan […] el carácter y la raza física de sus habitantes, que no pueden confundirse con ninguna otra, y cuyas condiciones fisionómicas y constitutivas son las que los escritores atribuyen a los primitivos íberos. Pero, sobre todo, lo que allí se conserva inalterable y puro, es el idioma. Discurso de B. M. de MORAZA en el Congreso de los Diputados el 13 de julio de 1876 y recogido en el volumen Discursos de Benigno de Moraza en defensa de los Fueros Vascongados, Diputación Foral de Álava, Vitoria, 1976, p. 13.

20 En un texto de las Diputaciones vascas, de junio de 1876, atribuido a Antonio Trueba, se decía cómo los estudios […] han demostrado que la raza euskara conserva los mismos caracteres fisonómicos y constitutivos que los antiguos historiadores atribuyen a los aborígenes de España. Más tarde, adentrados en la historia, se expone que en el interior de la Península el soldado vasco aparece siempre en la vanguardia de los ejércitos de la reconquista, como en las Navas de Tolosa, […] el pueblo de que aquel soldado proviene, eterno centinela de la nacionalidad española, para acabar considerando a las libertades vascongadas como las últimas libertades españolas.

21 Las instituciones vascongadas son el único monumento casi íntegro que la Península Ibérica abriga hoy de sus épocas más gloriosas […] Ellas son también […] el pedestal más sólido en que pudiera apoyarse la defensa de la patria, y de sus instituciones seculares […]. EGAÑA, P., Breves apuntes en defensa de las libertades vascongadas, Imprenta de Juan E. Delmás, Bilbao, 1870, p. 15.

22 PÉREZ NÚÑEZ, J., La Diputación foral de Vizcaya. El régimen foral en la construcción del Estado liberal (1808-1868), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996, pp. 643-644.

23 PORTILLO, J. M., Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispánica, Marcial Pons, Madrid, 2006.

24 MOLINA, F., «Del martirio a la santificación de España», en Claves de la Razón Práctica, n.º 160, marzo 2006, pp. 66-71.

25 PORTILLO, J. M. y VIEJO, J., Francisco de Aranguren y Sobrado, Estudio Introductorio, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1994. ORTIZ DE ORRUÑO, J. M., «El fuerismo republicano (1868-1874)», en Los liberales. Fuerismo y Liberalismo en el País Vasco (1808-1876), Fundación Sancho el Sabio, Vitoria, 2002, p. 375.

26 Sobre este punto, una referencia que compendia anteriores trabajos suyos: RUBIO, C., La identidad vasca en el siglo XIX. Discursos y agentes sociales, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003.

27 Rebatía P. de Egaña en el senado, en 1864, a otro parlamentario, Sánchez Silva, frecuente fustigador del régimen foral, en lo siguientes términos: Gritaba y espeluznábase S. S. ayer o antes de ayer y decía: «Señores, ¿por qué no se han de llamar españoles? ¿Por qué se han de llamar vascongados? ¿Por qué se han de llamar alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos?» ¡Ceguedad, pura ceguedad de pasión! Pues qué, Sr. Sánchez Silva, ¿quita lo uno a lo otro? Porque S. S. sea español, ¿deja de ser andaluz? […] Pues lo mismo nos llamamos nosotros; nos llamamos vascongados porque no queremos renegar de nuestro nombre de pila; pero eso no quita que siendo vascongados seamos tan españoles como S. S. y como el mejor español. DE EGAÑA, P., Egaña y su discurso del senado. 1864, Biblioteca Bascongada, Bilbao, 1898, pp. 82-83.

28 El fuerismo fue, pues, el discurso que españolizó a los vascos en el siglo del nacionalismo mediante un relato de identidad sustentado en la compatibilidad esencial entre lo vasco y lo español, lo provincial y lo nacional […].MOLINA, F., La tierra del martirio español. El País Vasco y España en el siglo del nacionalismo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, p. 104. Este autor pone el énfasis en la función del fuero como difusor de la identidad española.

29 Si el provincialismo es un vicio (que no lo creo), es vicio común de todas las sociedades, por bien constituidas que estén. El hombre, por más que digan los utopistas, ante todas las cosas se ama a sí mismo, ama luego a su familia, a su lugar, a su provincia, y al reino al que pertenece; y los legisladores que conozcan bien los resortes ocultos del corazón humano sabrán siempre sacar partido de esta misma gradación de afecciones para cimentar el bien público […]. DE EGAÑA, J., Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral de las Provincias Vascongadas, reedición a cargo de AYERBE, R. M., Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 1996, p. 84.

30 Véanse los excelentes trabajos de CAJAL, A., «La guerra de África (1859-1860) y las expresiones patrióticas en el País Vasco», en ESTEBAN M. y DE LA CALLE, L., Procesos de nacionalización en la España contemporánea, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2010, pp. 261 ss., y «Discrepancias entre las tres «Provincias Hermanas»: el reclutamiento de los Tercios Vascongados para la Guerra de África (1859-1860)», en Sancho el Sabio, n.º 35, 2012, pp. 67-84.

31 Con ocasión de que el moderado Pedro Egaña utilizase el término nacionalidad en el Senado, puntualiza: claro es que al hablar en la época y momento en que se ha hablado de la nacionalidad, este señor Senador conocerá muy bien que siendo aquellas provincias parte de España, no había de hablar de una nacionalidad distinta de la española; pero como dentro de esta gran nacionalidad hay una organización especial que vive dentro de ella con su vida aparte [...]; de todas maneras si a S. S. no le parece conveniente la de «nacionalidad», la reemplazaré desde luego con la de «organización especial». DE EGAÑA, P., Egaña y su discurso..., pp. 7 y 8.

32 MOLINA, F., «La disputada cronología de la nacionalidad: fuerismo, identidad vasca y nación en el siglo XIX», en Historia Contemporánea, n.º 30, 2005, pp. 219-246.

33 NOVIA SALCEDO, P., Defensa histórica del Señorío de Vizcaya y provincias de Álava y Guipuzcoa, obra acabada en 1829, pero publicada en 1851. La edición moderna es de Editorial Amigos del Libro Vasco, Bilbao, 1987, 4 vols., vol. II, p. 397.

34 ARANGUREN SOBRADO, F., «Demostración del sentido verdadero de las autoridades de que se vale el doctor don Juan Antonio Llorente», en Francisco Aranguren…, pp. 437, 443. Es una edición actualizada de dos textos, escritos por Aranguren el primero en 1807 y el segundo entre 1817 y 1819.

35 La independencia de un estado no consiste en no tener superior, no consiste en esta o aquella forma de regirse y gobernarse, sino en que este superior y, en que esta o aquella forma de gobierno, sea propia y privativa suya, y no dimanada del gobierno de otro estado. NOVIA SALCEDO, P., Defensa histórica..., vol. II, p. 397.

36 ZAMACOLA, J. A., Historia de las Naciones Bascas, obra escrita en 1818. Se ha consultado la edición reciente de Editorial de Amigos del Libro Vasco, Bilbao, 1983, 2 vols., tomo II, p. 89.

37 ZAMACOLA, J. A., ibíd., p. 118.

38 Se admiten con efecto a la vecindad a los de fuera siempre que acrediten su nobleza, pero no por eso se despacha la vizcainía a favor de sus descendientes aunque hayan nacido en Vizcaya […] La vizcainía sólo se despacha a los vizcainos originarios que acreditan solemnemente esta cualidad en juicio […]. ARAGUREN SOBRADO, F., ibíd., p. 303.

39 ASTARLOA, P. P., Apología de la lengua Bascongada, obra escrita en 1803 y reeditada por Editorial Amigos del Libro Vasco, Bilbao, 1988, p. 6. Más tarde continúa: […] se hará ver por la extraordinaria perfección del Bascuence ser la única lengua digna de ser comunicada por Dios al primer hombre.

40 Véase ERRO, J. B., Alfabeto de la lengua primitiva de España, Madrid, 1806, pp. 59 y 129.

41 ASTARLOA, J. J., ibíd., p. 11.

42 Ilustrativos a este respecto son los discursos de Sánchez Silva, especialmente en el Senado en junio de 1864. Puede verse un análisis en PÉREZ NÚÑEZ, J., «Autonomía y nacionalidad vasca. El debate sobre los Fueros vascos en el Senado en 1864», Studia Histórica, vol. XII, 1994.

43 MOLINA, F., ibíd., pp. 241-242.

44 […] los vizcaínos pueden y deben elegir libre e independientemente su Señor, sin estar obligados a acatar y obedecer al que España elija o se le imponga. Y más tarde: […] y Vizcaya como Estado independiente puede usar de su soberanía dentro de su derecho, por nadie negado. ARTIÑANO, A., Jaungoicoa eta foruac. La causa vascongada ante la revolución española, Vitoria, 1869, pp. 60 y 63.

45 En el mismo folleto escribe: no es posible una autonomía absoluta y radical del País vascongado, porque su escasez de medios, traería una absorción más o menos pronta por otros Estados vecinos y poderosos. Ibíd, p. 69. Sobre Artíñano, GRACIA CÁRCAMO, J., «Antes y después del nacionalismo: Arístides de Artiñano, una vida consagrada a través de su obra histórico-jurídico-política, a la “Santa causa foral” (1840-1911)», en Notitia Vasconiae: revista de derecho histórico de Vasconia, n.º 1, 2002, pp. 361-410.

46 BAROJA, P., Momentum Catastrophicum, Caro Ragio, Madrid, 2004, p. 58.

47 MONTERO, M., La construcción del País Vasco contemporáneo, Txertoa, San Sebastián, 1993, pp. 169 ss.

48 GOITIA, F., La Voz de Guipúzcoa, 29 de diciembre de 1890.

49 ARANA, S., «El 25 de octubre de 1839», Bizkaitarra, 31 de octubre de 1894.

50 ARANA, S., «Bizkaya en 1893», Bizkaitarra, 8 de junio de 1893.

51 Un enfoque más general en ELORZA, A., «Totalismo y totalitarismos», en Claves de la Razón Práctica, n.º 202, mayo 2010, pp. 22 ss.

52 «Maketo» es no solamente el castellano liberal, sino todos los castellanos en igual grado: y no solamente el castellano, sino también, y con la misma cantidad de maketismo, todos los españoles. ARANA, S., «La prensa local», Bizkaitarra, 24 de febrero de 1895.

53 Decía así el principal ideólogo en ese momento del nacionalismo: […] arranca de un gravísimo error, del error de entender que el gran objetivo nacionalista, el fin sustancial de la acción patriota es la libertad o independencia política del pueblo vasco. Esto es una falsedad, contra la que nos revolvemos por razones que surgen de la entraña del nacionalismo […] Afirmar, amparar, robustecer la personalidad nacional vasca, en trance de muerte, […], ése es el objetivo nacionalista. «Kizkitza», «Motivos de exaltación, Euzkadi, 28 de febrero de 1917.

54 La ETA más nacionalista de los años sesenta-setenta se identificaba con el PNV ortodoxamente sabiniano, y consideraba que con el giro aquí apuntado y con la intervención que en este momento se produjo del PNV en la política española, se traicionaba el ideal nacionalista. Esta interpretación fue debida a uno de sus principales ideólogos: José Antonio Etxebarrieta.

55 STORM, E., «Painting Regional Identities: Nationalism in the Arts, France, Germany and Spain, 1880-1914», European History Quaterly, 39, 2009, pp. 557 ss. The Culture of Regionalism. Art, architecture and international exhibitions in France, Germany and Spain, 1890-1939, Manchester University Press, Manchester, 2010.

56 DE BALPARDA, G., Historia Crítica de Vizcaya y sus fueros, Bilbao, 1924, tomo I, p. 342.

57 GOITIA, F., «Separatismo y Autonomismo», La Voz de Guipúzcoa, 5 de agosto de 1904.

58 Se distingue el capital bilbaíno por su generoso impulso expansivo, por su fuerza invasora, por su audacia emprendedora de estirpe yanki y moderna. Es el capitalismo de España que se ha puesto más al compás de las corrientes mundiales; el menos tacaño, el que se lanzó a las empresas grandes […]. SALAVERRÍA, J. M., «Los ricos en Bilbao», ABC, 7 de octubre de 1916.

59 SALAVERRÍA, J. M., La Afirmación española. Estudios sobre el pesimismo español y los nuevos tiempos, Gustavo Gili, Barcelona, 1917.

60 La demanda autonomista […] surgió no como expresión de una demanda popular, sino como una solución transversal de la clase política a la debilidad de la democracia liberal […]. MOLINA, F., «La autonomía de la política. El problema vasco y los proyectos de autogobierno durante la Segunda República (1931-1936)», en La Autonomía Vasca en la España Contemporánea (1808-2008), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 245.

61 Ciertamente, el poder real que ostentaba en sus sienes la corona de España venía mermando poco a poco la libertad de este sueño, libertad que fue y era independencia, soberanía que sólo al pueblo correspondía porque de él era originariamente […] ¿Disfruta las libertades que fueron suyas en los tiempos medios y aun modernos? No. Hoy en día se encuentra en perfecto estado de sometimiento, Euzkadi no es dueña de su alma, Euzkadi no es dueña de sus movimientos, Euzkadi es un pueblo oprimido […] Y en esta situación dice nuestra patria: «Soy una nacionalidad perfecta y, como tal, debo ser libre». Conferencia pronunciada por AGUIRRE, J. A., «Los derechos de Euzkadi a la independencia», Euzkadi, 23 de abril de 1933. Se puede consultar en http://www.lehendakariagirre.eu/pdf/Conferencias/488_1.pdf

62 Y temo aún otra cosa: Caído Bilbao es verosímil que los nacionalistas arrojen las armas, cuándo no se pasen al enemigo. Los nacionalistas no se baten por la causa de la República ni por la causa de España, a la que aborrecen, sino por su autonomía y semiindependencia. AZAÑA, M., Obras Completas, Ediciones Oasis, México, 1968, tomo IV, p. 608.

63 Luego sigue: Al poco rato de estar yo hablando con los navarros en euskera, volviste tú: «Mira, Telesforo, es terrible pero estos mismos chicos […] al entrar en Gipuzkoa se han cargado a una docena de abertzales» «Pues chico, recuerdo que te contesté, que le vamos a hacer […] adelante». Carta de Monzón, T., a Manuel de Irujo, febrero de 1976, Sociedad de Estudios Vascos, Fondo Manuel Irujo. Obviamente, se está refiriendo a los requetés navarros que tomaron Guipúzcoa, mientras que con Trinxerpe se refiere a una población cercana a San Sebastián integrada básicamente por inmigrantes y que en ese momento optaba por la izquierda y por la República.

64 La política liberalizadora emprendida por el gobierno resultó en el caso de la industria vasca desvirtuada a través del arancel de 1960 y de sucesivas barreras arancelarias establecidas a partir de 1963. GARCIA CRESPO. M. y otros, La economía vasca durante el franquismo, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1981.

65 A partir de 1973 hay un descenso continuado en términos proporcionales de la renta per cápita, de manera que en 1987 Álava ocupaba el cuarto lugar, Guipúzcoa el noveno y Vizcaya el undécimo. CARRERAS, A. y otros, Estadísticas históricas de España. Siglos XIX y XX, Banco Exterior, Madrid, 1989, p. 567.

66 CUENCA, J. M. y MIRANDA, S., El Poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998), Actas, Madrid, 1998, pp. 44 ss.

67 Durante tres largos meses Donostia […] rebosaba españolidad. La gente de la calle vitoreaba y aplaudía al «invicto Caudillo salvador de España», que venía de recibir el respaldo de los Estados Unidos. Pocas caras impasibles o molestas a su paso […]. Intelectuales orgánicos como José María Pemán o Francisco García Sánchiz llenaban, fuera ya de temporada, el teatro Victoria Eugenia […]. ESTORNÉS ZUBIZARRETA, I., Cómo pudo pasarnos esto. Crónica de una chica de los sesenta, Erein, San Sebastián, 2013, p. 69.

68 Es el término que propone Ana Cabana en lugar de consenso. «De imposible consenso. Actitudes de consentimiento hacia el franquismo en el mundo rural (1940-1960)», Historia Social, n.º 71, 2011, pp. 89-107.

69 Sigue el texto: Vizcaya fue como la África espiritual y política para los cadetes espirituales de una España reconquistada. SÁNCHEZ MAZAS, R., «Prólogo» a YBARRA, J., Política Nacional en Vizcaya, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1948, p. VII.

70 MADARIAGA, S., De la angustia a la libertad. Memorias de un federalista, Espasa Calpe, Madrid, 1977, véanse pp. 342 y 522. Recogiendo este argumento en un artículo de El Correo Español-El Pueblo Vasco, de 1968, se decía: El régimen actual [por el franquista] es esencialmente vasco: vascas las dos principales provincias que se alzaron contra la República […]; vascos fueron los preparadores del Movimiento Nacional (Maeztu, Goicoechea, Sangróniz, etc.) y si contemplamos el nomenclator de políticos que nos han gobernado desde aquellas fechas, observamos una interminable lista de nombres vascos (Bilbao, Castiella, Careaga, Arístegui, Bengoa, etc.), de dónde puede deducirse que si los vascos estamos oprimidos quienes nos oprimen son tan vascos como nosotros mismos. Citado en ONAINDIA, M., Guía para orientarse en el laberinto vasco, Temas de Hoy, Madrid, 2000, p. 135.

71 Fue mi gran amigo D. Ramiro de Maeztu uno de los primeros que me atribuyeron la creación del vocablo «Hispanidad» en su libro Defensa de la Hispanidad, publicado a principios de 1934. […]. Por las razones que luego indicaré no me satisfacía el nombre de Día de la Raza, que iba adquiriendo cada vez mayor difusión. Era necesario encontrar otro nombre que pudiera reemplazarlo con ventaja. Y no hallé otro mejor que el de «Hispanidad», prescindiendo de su anticuada significación gramatical y remozándola con dos acepciones nuevas, que describía yo así en una revista de Buenos Aires […]: «Estoy convencido —decía en ella— de que no existe palabra que pueda sustituir a “Hispanidad” [...] para denominar con un solo vocablo a todos los pueblos de origen hispano y a las cualidades que los distinguen de los demás». DE VIZCARRA, Z., «Origen del nombre, concepto y fiesta de la Hispanidad», El Español, 7 de octubre de 1944.

72 El lehendakari Aguirre finalizaba así su intervención en el Congreso Mundial Vasco de 1956: Seamos generosos con todos. No seamos egoístas, luchando sólo por nuestra libertad; luchemos por la nuestra, como he dicho, y luchemos por la de España, que necesita nuestra ayuda urgente e inmediata. AGUIRRE, J. A., Veinte años de gestión del Gobierno Vasco (1936-1956), Leopoldo Zugaza, Durango, reed., 1978.

73 MEES, L., El profeta pragmático. Aguirre, el primer lehendakari (1939-1960), Alberdania, Irún, 2006, pp. 338 ss.

74 DE PABLO, S. y MEES, L., El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, Crítica, Barcelona, 2005.

75 JAUREGUI, G., Ideología y estrategia política de ETA. Análisis de su evolución entre 1959 y 1969, Siglo XXI, Madrid, 1981.

76 KRUTWIG, F., La nueva Vasconia, Ediciones Vascas, San Sebastián, 1979 (la obra es de 1963), p. 332. En otra parte dice: Lo único que no es cierto es que fuera la última acometida, pues mientras haya españoles a nuestro lado, siempre tendremos enemigos contra quienes estaremos obligados a tomar las armas, así como contra los francos. p. 295.

77 ETXABE, J. J., recogido en UNZUETA, P., Los nietos de la ira, El País Aguilar, Madrid, 1988, p. 91. Otro de los teóricos de la ETA de los sesenta, José Luis Álvarez Emparanza, Txillardegi, corroboraba que Euskadi es hoy un pueblo ocupado por un ejército extranjero. Ibíd., p. 124.

78 Es la tesis ya clásica de JAUREGUI, G., Ideología y estrategia política de ETA…

79 En concreto en el caso de Álava era el 41,1 por 100, en Guipúzcoa el 35 por 100 y en Vizcaya el 39,6 por 100. Datos proporcionados por SANZ MARCOTEGUI, A. y MIKELARENA PEÑA, F., «Evolución de la población y cambios demográficos», en Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, pp. 149 ss.

80 Me narraba un amigo acerca de su infancia: A mi me han llamado muchas veces (no dos ni tres) «coreano» en la plaza de Ibarra (localidad guipuzcoana cercana a Tolosa) y no tantas, pero sí más graves, «manchurriano», que era el grado máximo y se aplicaba directamente a los de orígenes extremeño-andaluces. A los que éramos castellano-leoneses y resultado de cruce de vasca con coreano, normalmente, les bastaba. Pero si queríamos organizar el equipo o decidir a qué zona íbamos a coger cerezas y nos poníamos tercos […] ¡manchurriano que te va! Testimonio de LÓPEZ, J. M., 9 de abril del 2009.

81 Claro que, en un sentido contrario, también se localizaban frecuentes situaciones en las que se hacía mofa de euskoparlantes originarios por emplear un defectuoso castellano.

82 En la novela, en una conversación en la que se señala el diferente origen regional de los inmigrantes, un personaje concluye, sin embargo, pues que todos somos cacereños. En Bilbao se creen que somos coreanos, pero no, están equivocados, los de aquí, los guipuzcoanos, sí que son listos y saben de dónde somos. Todos cacereños, no falla, haz una gamberrada, verás como cien tíos te insultan al mismo tiempo, ¡cacereño!, p. 53.

83 La política de expoliación colonialista viene siendo practicada por España y por Francia de forma muy ladina en Vasconia […] Las Vascongadas y Navarra ofrecen el blanco en las flechas que la ira hispánica lanza para herir y dominar a Vasconia […]. Los vascones descastados y desnacionalizados, no sólo han contribuido a la degeneración de su tierra, sino que han sido los mayores enemigos de la patria. Prestaron su fuerza al imperialismo español. KRUTWIG, F., op. cit., p. 177.

84 ÁLVAREZ EMPARANZA, J. L. en un informe al comité ejecutivo de ETA, 26 de noviembre de 1965. Citado en FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, G. y LÓPEZ, R., «¿Enemigos interiores o nuevos aliados? El nacionalismo vasco radical antes los inmigrantes», Alcores, n.º 10, 2010, pp. 193-217.

85 UNZUETA, P., «Epílogo», La historia de ETA, Temas de Hoy, Madrid, 2000, p. 447.

86 UNZUETA, P., Los nietos..., op. cit., p. 169. Véase el texto redactado por Etxebarrieta para la revista de la banda en 1967, p. 169.

87 A los inmigrantes no les pedimos que arrinconen lo suyo, sino que, ya que han venido aquí, acepten lo nuestro, que se propongan aprender el vascuence. BIKENDI, I., «Emigranteak eta gu», Zeruko Argia, n.º 235, 1967, p. 7, en ESTORNÉS, I., «Una polémica sobre el vascuence en tiempo de silencio», Cuadernos de Alzate, n.º 42, 2010, p. 107.

88 En otra carta, explicaba que los expulsados de ETA en 1970 lo habían sido porque representaban esa vergonzosa españolada que se había infiltrado en ETA, pues sus tesis eran ya no MARXISTAS SINO EN PRIMER LUGAR ESPAÑOLISTAS IMPERIALISTAS ANTIVASCAS. Correspondencia de Krutwig, F. con M. Irujo en los años 1970-1971, Sociedad de Estudios Vascos, Fondo Manuel Irujo.

89 Estás seguro que el imperialismo español que pretende implantar sobre nuestra Patria una nueva dictadura, esta vez de signo proletario […] Carta de Monzón, T. a Manuel de Irujo, 9 de julio de 1971, Sociedad de Estudios Vascos, Fondo Manuel Irujo.

90 Juaristi señala la influencia que las tesis de Astarloa ejercieron sobre Sabino Arana («Las fuentes ocultas del romanticismo vasco», en Cuadernos de Alzate, n.º 7, 1987, pp. 86-105).

91 Desde una perspectiva distinta de la historia, VARELA REY, A., Legitimación de la violencia a través de la identidad y la ideología: el caso de ETA, copia ciclostilada, Curso 2009-2010, Máster en Intervención Psicosocial, Universitat de Barcelona.

92 SOLOZÁBAL, J. J., «El pensamiento político de José Miguel de Azaola», Cuadernos de Alzate, n.º 43, 2010, pp. 39-57.

93 La suma de PSE, UCD, AP, PCE y DCV llegaba al 53,64 por 100 de los votos emitidos, en tanto que la de las formaciones nacionalistas PNV, EE, ESB, se quedaba en el 39 por 100.

94 Esta sensación de pueblo agredido en el seno de una comunidad estatal totalmente centralizada ha generado en ciertos sectores vascos la animadversión hacia «lo español», en la que se confunde al pueblo español con quienes ejercían autoritariamente el poder en contra de ese mismo pueblo. Muy ciegos han sido nuestros pasados gobernantes para no comprender que la opresión de los pueblos siempre opera como elemento dinamizador de la identidad diferenciada de los mismos […]. BENEGAS, J. M., Diario 16, 22 de enero de 1977.

95 Nosotros como socialistas vascos pensamos que sólo la revolución socialista liberará al pueblo de Euskadi de la opresión nacional y capitalista […]. «Tribuna Libre», Euskadi Socialista, órgano del Comité Central de Partido Socialista de Euskadi, en MICCICHÉ, A., Euskadi socialista. El PSE-PSOE y la transición en el País Vasco (1976-1980), Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 2009, p. 65. Lo de la reclamación de la libertad nacional también la Democracia Cristiana Vasca (DCV), La Voz de Guipúzcoa, 11 de junio de 1977.

96 Caso del partido socialista en los congresos de 1974 y 1976.

97 No resulta fácil de entender [...] el entusiasmo filonacionalista —con respecto a los nacionalismos periféricos— que los partidos de izquierda estatal demostraron en la década de los setenta. Lo cierto es que entonces, tanto el PSOE como el PCE, […] defendieron posiciones inmantenibles a la vuelta de muy pocos años. DE BLAS, A., «El problema nacional-regional español en la transición», en La transición democrática española, Editorial Sistema, Madrid, 1989, p. 589.

98 EGUIGUREN, J., El socialismo y la izquierda vasca, 1886-1994, Pablo Iglesias, Madrid, 1994, p. 104. Con referencia a esta cuestión, Txiki Benegas, más virtuoso, habla de ciertas veleidades por parte del partido socialista. En «Presentación», MICCICHÉ, A., Euskadi socialist..., ob. cit., p. IX.

99 Aunque sea una estimación meramente indicativa, significar que de los 857 asesinatos cometidos por ETA entre 1960 y 1984, el 21 por 100 de las victimas habían nacido en el País Vasco y el 76 por 100 en el resto de España. Datos extraídos de ALONSO, R., y otros, Vidas rotas. Historia de hombres, mujeres y niños víctimas de ETA, Espasa, Madrid, 2010. Quede bien entendido que para ETA las victimas nacidas en Euskadi no eran vascas.

100 LÓPEZ, R. y FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, G., «Los criterios de exclusión étnica del nacionalismo vasco radical: de la raza a la ideología pasando por la lengua», Cuadernos de Alzate, n.º 44, 2011, pp. 9-31.

101 Sobre la evolución del mundo de ETA en este momento, UGARTE, J., «Gobernando con el Estatuto de Guernica. Euskadi, 1979-2008», en La Autonomía Vasca…, ob. cit., p. 366.

102 Las referencias extraídas de ESPARZA ZABALEGUI, J. M., Cien razones por las que dejé de ser español, Txalaparta, Tafalla, 2009. Esparza es el editor de dicha editorial.

103 ARANDA AZNAR, J., «La mezcla del pueblo vasco», en Empiria, n.º 1, 1998, pp. 135 y 144.

104 Era lo que pretendía ser un insulto de un concejal del PNV a otro del PSE en una refriega municipal en febrero de 1983.

105 Maketa vete a casa. Incidentes ocurridos en la fiesta de las ikastolas de Bizkaia en Bermeo. El Correo.com, 31 de mayo del 2010.

106 En el Sociómetro Vasco, n.º 44, de noviembre de 2010, elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, el porcentaje de los poco y nada interesados en política en la CAV representaba el 78 por 100; en Cataluña era el 51 por 100. El Euskobarómetro, de la misma fecha y debido al Departamento de Ciencia Política de la UPV/EHU, sitúa el desinterés en el 69 por 100 (p. 30).

107 En 2010 el País Vasco estaba a la cabeza del PIB per cápita de las comunidades españolas, con 31.314 euros por habitante, por encima de Navarra (29.982) y Madrid (29.963), y muy lejos de las últimas, Andalucía (17.405) y Extremadura (16.828). http://www.ine.es/prensa/np645.pdf. Desde 2007 es la comunidad con el PIB per cápita más elevado.

108 Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, Sociómetro Vasco, n.º 53, noviembre 2013, pp. 41 ss.

109 Declaraciones del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao. El Correo, 20 de mayo de 2010

110 Indicar que el autor de semejante idea fue imputado por espionaje y corrupción, acusación de la que fue absuelto. Decía así: No llego a entender que una empresa erradicada [sic] en Euskal Herria pueda ser tan informal. […] Está claro que su empresa obedece a técnicas de venta francesas o españolas, nunca vascas, ya que los vascos no actuamos como usted. Es un correo electrónico de Aitor Tellería, recogido en el sumario de las investigaciones en curso. El País, edición vasca, 30 de enero del 2011.

111 RUIZ SOROA, J. M., «¿Lastre o zaborra?», El Diario Vasco, 25 de septiembre de 2011.

112 ¿Se puede decir que España es una rémora para la economía de Euskadi? Yo digo categóricamente que sí. […] y eso es lo que le está sucediendo a la economía española ¡Porque es la economía del suflé, del suflé! EGIBAR, J., Intervención la sesión del Parlamento Vasco del 27 de septiembre de 2008, p. 116. Posteriormente reiterará este mismo eslogan en diferentes ocasiones.

113 E-noticies, 27 de octubre del 2011.

114 Los dirigentes de la banda señalan en una entrevista a Gara: Y eso está estrechamente vinculado con el reconocimiento de Euskal Herria y del derecho a decidir. Incluso más en este momento en el que, desde el punto de vista económico, la dependencia respecto a España y Francia se está convirtiendo en un lastre. 11 de noviembre del 2011.

115 Sobre esta circunstancia llamaba la atención un nacionalista heterodoxo como J. Sarriá que a comienzos del siglo XX señalaba que «la vinculación española ha sido larga y profunda. No tiene nada de extraño que haya impreso su huella fuertemente», en Ideología del nacionalismo vasco, E. Verdes, Bilbao, 1918, p. 47.

116 AZAOLA, J. M., Vasconia y su destino. Los vascos ayer y hoy, Revista de Occidente, Madrid, 2 vols., tomo 2, p. 345.

117 CARO BAROJA, J., «Sobre la identidad vasca», en El laberinto vasco, ob. cit., pp. 11 ss.

CAPÍTULO VI

EFECTOS COMERCIALES DE LA INDEPENDENCIA DEL PAÍS VASCO

JOSÉ V. RODRÍGUEZ MORA

De un tiempo a esta parte se ha agitado mucho el tema de la independencia de entidades sub-nacionales parte (a día de hoy) de Estados miembros de la Unión Europea (Escocia, Cataluña, País Vasco); parece que ahora va en serio. Consecuentemente los posibles efectos económicos de tal independencia se han convertido en tema de considerable interés.

Se aducen principalmente dos tipos de efectos económicos: fiscales y comerciales.

Los efectos fiscales son los más obvios, tanto desde un punto de vista argumental (cómo explicarlos) como desde un punto de vista empírico (cómo medirlos). Si a día de hoy existen obligaciones fiscales entre los ciudadanos del País Vasco para con los del resto de España, estas obligaciones quedarán completamente anuladas si tras la independencia el País Vasco saliese de la Unión Europea, y enormemente disminuidas en caso de mantenerse en la Unión. Así, en la medida en que los Estados establecen políticas redistributivas, las regiones relativamente ricas tenderían a ganar con su independencia y la disgregación del Estado, pues dejarían de pagar a las más pobres.

Los efectos comerciales son más sutiles. Provienen del hecho de que las fricciones al comercio no son sólo los aranceles y los costes de transporte. Son mucho más. No todo el mundo comercia con todo el mundo con la misma facilidad. Se comercia más con quien se está físicamente cerca, donde existe un marco regulatorio común, donde se hablan idiomas mutuamente inteligibles, donde hay población emigrada e inmigrada, o donde los consumidores tienen gustos parecidos. Todo lo que dificulta estas relaciones es equivalente a poner fricciones comerciales. Es razonable esperar que si dos economías comparten un Estado tiendan a compartir experiencias comunes. Gustos y regulación se hacen similares, y el comercio entre ellas fluye más. Si por el contrario, y debido a los motivos que sean, se decide concertada o unilateralmente que se conviertan en dos Estados distintos, es previsible que diverjan. Que el conjunto de experiencias comunes disminuya, y con él la facilidad para interrelacionarse económicamente con el otro lado. Todo esto sin que haya animadversiones, ni boicots, ni nada parecido. El simple devenir de relaciones entre Estados cercanos. Incluso entre Estados que son «mejores amigos».

A esto se le llama a menudo «efecto frontera», y sus consecuencias para una economía como la vasca se antojan devastadoras. Como explicaremos más adelante la economía vasca está enormemente integrada en la del resto de España. Mucho más de lo que ningún par de países de Europa están integrados entre sí. Esto es porque las fricciones comerciales entre el País Vasco y el resto de España son mucho más bajas de las que hay entre cualquier par de países de Europa.

Lo razonable es esperar que tras la independencia, si el País Vasco y «Lo-que-quede-de-España» se convierten en países «normales» de la Unión Europea, sus relaciones comerciales (y las fricciones comerciales entre ellos) se vuelvan también «normales». Pero esto implica en la práctica un enorme aumento de las fricciones comerciales a las que se enfrentarían las empresas y los ciudadanos vascos (y en menor medida del resto de España). La consecuencia lógica de esto es una dislocación del comercio, una pérdida de productividad de las empresas vascas y una substancial pérdida de renta y bienestar para los ciudadanos del País Vasco.

Hay dos problemas a la hora de medir y cuantificar estos efectos. El primero es determinar cuánto es razonable esperar que aumenten las fricciones comerciales tras la independencia, y consecuentemente cómo se verá afectado el comercio. El segundo es traducir estos cambios en el comercio a cambios en bienestar y renta.

El objetivo de este breve ensayo es articular nuestra propuesta para medir estos efectos e implementarlo para el estudio de una eventual independencia del País Vasco; incluyendo una medida de los cambios fiscales que ello conllevaría. Pretende ser una exposición no técnica del tema y accesible a no especialistas. Para una exposición detallada (y mucho más técnica) del modelo véase el artículo «The Costs of Independence: An Application to The Basque Country» de David Comerford, Nicholas Myers y José V. Rodríguez Mora, WP de la Universidad de Edinburgo (2013), accesible en https://dl.dropboxusercontent.com/u/5123809/Basque_Writeup.pdf.

Nuestros resultados indican que lo previsible es que los costes de la independencia del País Vasco sean substanciales. De hecho mucho mayores que en el caso catalán. Y esto por dos motivos. Primero porque las ganancias fiscales de la independencia del País Vasco son necesariamente mínimas (y quizás incluso negativas) debido a que el sistema del Cupo ha resultado en que la redistribución para con el resto de España es mínima. Segundo porque la economía vasca está más integrada y es más dependiente de la del resto de España que la catalana. Con la misma metodología Cataluña tendría una pérdida de renta en el nuevo estado estacionario de alrededor del 3 por 100, mientras que en el País Vasco esta pérdida sería del orden del 10 por 100.

I. LA CERCANÍA CON EL RESTO DE ESPAÑA

Lo primero es darnos cuenta de que lo razonable es esperar que la independencia conlleve cambios sustanciales en las relaciones comerciales del País Vasco. El País Vasco comercia mucho, y lo que comercia lo hace sobre todo con el resto de España. Las exportaciones al resto de España representan un 37 por 100 del PIB regional, y las importaciones el 45 por 100. Con el resto del mundo el comercio también es importante, aunque menos. Las exportaciones al resto del mundo son un 28 por 100 del PIB regional, y las importaciones un 26 por 100. Ningún socio comercial del País Vasco es comparable en importancia al resto de España. El siguiente gráfico1 muestra las relaciones comerciales del País Vasco con sus principales socios (incluyendo el resto de España). Obviamente, la relación con el resto de España es excepcional.

Ahora bien, podría pensarse que eso es lo que hacen todos (o al menos algunos) de los países pequeños, concentrar su comercio con un solo país. Si eso fuera lo normal, no habría por qué preocuparse. En caso de independencia, el País Vasco podría plausiblemente seguir comerciando igual que antes: sobre todo con el resto de España. El problema es que cuando miramos a nuestro alrededor es imposible encontrar a un país que tenga una estructura de comercio internacional similar a la que a día de hoy tiene el País Vasco. Ni de lejos.

El gráfico siguiente muestra un índice de Herfinthal2 de concentración del comercio exterior para todos los países de la Unión Europea, y el que tendría el País Vasco en el caso hipotético de ser un país independiente que mantuviese las mismas relaciones comerciales con el resto del mundo (incluido el resto de España) que tiene a día de hoy. El País Vasco concentra su comercio con el resto de España muchísimo más de lo que uno esperaría que comerciarían dos buenos vecinos. De hecho, si el País Vasco fuese un país independiente y mantuviese las relaciones comerciales que tiene ahora, sería un caso único. Un bicho raro. Sencillamente, no hay en nuestro entorno ningún país que concentre tantísimo su comercio con otro como lo concentra el País Vasco con el resto de España. Pero es que, además, el país con el que concentra su comercio el País Vasco es más bien pequeño. Lo repito, no hay nada comparable a esta «excepcionalidad» en la relación entre países. Es una abominación. Simplemente, no existen países así.

¿A qué se debe esta relación tan íntima? ¿Por qué se comercia tantísimo con el resto de España?

Me parece casi obvio que la respuesta tiene que ver con que, en términos efectivos, hay muchas menos fricciones comerciales con el resto de España que con cualquier sitio del resto del mundo. Además, parece razonable pensar que el motivo por el que hay tan pocas fricciones debe tener algo que ver con el hecho de que son parte del mismo país. Que ésa es la causa por la que las relaciones personales y económicas entre los ciudadanos del País Vasco y el resto de España son muy fluidas. Muchísimo más fluidas, muchísimo más intensas y muchísimo más exclusivas que entre los ciudadanos de cualquier par de países de Europa.

Son las relaciones que hay entre ciudadanos del mismo país. Entre personas que comparten cultura y espacios comunes. Que se entienden con facilidad. Que tienen muchos amigos y conocidos en el otro lugar. Puntos de contacto y encuentro.

Las empresas vascas no son discriminadas en la adjudicación de contratos públicos en el resto de España, y es de imaginar que hay un equivalente viceversa. Los consumidores extremeños no consideran que un producto vasco sea más ajeno que uno madrileño. Los empresarios vascos acuden a las mismas ferias comerciales que los del resto de España. Los parámetros de consumo de los vascos son muy similares a los del resto de los españoles, lo que hace que un empresario que sepa vender a los vascos... sabrá vender en el resto de España. Un empresario vasco sabe mejor que uno sueco cómo hacer para que la regulación española le favorezca. A qué puertas hay que llamar, qué mensajes enviar. De hecho es auto-evidente que el regulador español tiene en la cabeza el bienestar de los vascos (como consumidores, pero también como trabajadores y empresarios), por lo que (sólo por eso) es mucho más probable que el regulador sea mucho más sensible a sus intereses. Además, la población fluye entre el País Vasco y el resto de España con mucha más fluidez que con cualquier otro sitio. Todo esto conlleva cercanías. Espacios comunes. Facilidad de intercambio. Comercio.

Obviamente, las empresas vascas no comercian muy principalmente con empresas del resto de España porque les fuercen. Ni por hacerle un favor a esa pobre gente del Sur. No. Sencillamente, saben vender y comprar en Madrid mejor que en París; y en Logroño mejor que en Hendaya. Si ganasen más dinero comprando y vendiendo en Francia, sin duda que lo harían. Las empresas no son ONGs, lo que quieren es ganar dinero. Ganan más dinero comprando y vendiendo en España que en Francia, o en cualquier otro sitio. ¿Por qué? pues por todo lo que hemos dicho antes: afinidades, espacios comunes, gente que se conoce y entiende. Cercanías.

Naturalmente, es de esperar que en el caso hipotético de que se produjese la independencia, muchas de estas cosas cambiarían. Sería de ilusos esperar que la adjudicación de contratos públicos no se viese afectada. Ni parece razonable imaginar que la actitud de los consumidores del resto de España vis-a-vis los productos vascos se mantendría inalterada. Sería simplemente imbécil asumir que la actitud del regulador en Madrid hacia las empresas vascas no fuera a sufrir un cambio radical. Lo razonable es imaginar que esos espacios comunes se achicarán, que los intercambios serán menos comunes. Que en lo económico, como en lo sentimental, habrá más fricciones. Más distancias.

Sé que hay quien dirá que estas cercanías no tienen por qué cambiar. Que no habrá animosidades, y que por lo tanto, no habrá «boicots». Que seremos tan amigos. Cuando dicen esto, el argumento pseudo-económico que viene a continuación es del tipo: si a una empresa de Logroño le vale la pena comerciar con una empresa vasca, tras la independencia lo seguirá haciendo. La empresa de Logroño no es una ONG tampoco. No funciona por motivos patrióticos, sino comerciales. Si compra a la empresa vasca es porque la empresa vasca es la que le vende el mejor producto al mejor precio, y nada tiene por qué cambiar tras la independencia (dándose por asumida la permanencia en la Unión Europea y el Euro).

La falacia está en asumir que el entorno no cambia. Primero, porque hay cambios en regulación, y cambios en voluntades y querencias. Segundo, porque los horizontes vitales es bien probable que cambien a medio plazo.

La empresa riojana podría tener como cliente al gobierno de su comunidad, que quizás la presionase para comprar de un proveedor local. O la regulación sobre las características del producto en cuestión podría cambiar, y una empresa de Valladolid (que casualmente ha estado hablando con un Secretario de Estado) comienza a fabricar un producto que le es más idóneo a la empresa riojana.

Pero quizás no, quizás el empresario riojano estudió en Bilbao, y tiene amigos allí, y entiende el País Vasco, y se entiende con la gente de allá; y ya está él a gusto con comerciar con ellos por mucho que ahora sean extranjeros. Pero su hijo... ¡Ay!, a su hijo no le apetece estudiar en el extranjero. Prefiere ir a Valladolid, que los chavales de allí han visto los mismos programas en la tele que él, que con ellos se entiende mejor. Hace amigos allí, y conoce y se entiende con la gente de ahí. Y consecuentemente, cuando se haga cargo de la empresa, dentro de 20 añitos quizás, será más tendente a comprar en Valladolid.

¿Que cómo sé yo que va a pasar esto? Pues porque pasa en todos lados. Porque es lo que pasa entre países normales. Mírese otra vez el gráfico, por favor. Con la independencia y el paso del tiempo las especiales afinidades que a día de hoy hay, deben morir... por los mismos motivos por los que mueren en todas partes.

Debo confesar que cuando oigo eso de que nada va a cambiar, me quedo perplejo. Si no va a cambiar nada. ¿Para qué la independencia? Uno diría que un nacionalista que quiere la independencia querrá poner políticas nacionales. En todo caso me parece correcto imaginar que los que desean la independencia, la desean para tener un país «normal», no un bicho raro. Y es de Perogrullo que los países normales no tienen las relaciones comerciales que tiene el País Vasco con el resto de España. Ni concentran su comercio tantísimo ni tienen con ningún otro país la cercanía (la falta de fricciones comerciales) que el País Vasco tiene hoy para con el resto de España. Decir que lo que se quiere es ser independiente, pero un bicho raro... es algo que yo no he oído aún defender a ningún partidario de la independencia. No creo que fuese posible; pero incluso si lo es, no creo que sea el objetivo de nadie.

Nuestro ejercicio pretende ver qué le pasaría a la economía vasca en la eventualidad de que la independencia se materializase bajo la hipótesis de que tras acceder a ella el País Vasco se convertiría en un país normal, no un bicho raro. Obviamente para ello tendremos que hacer un ejercicio contrafactual. De lo que se trata es encontrar uno razonablemente inteligente que nos permita evaluar qué deberíamos esperar que pase. Si usted no cree que tras la independencia nada va a cambiar, en tal caso usted ya ha hecho su ejercicio contrafactual. Ahora bien, usted debería ser consciente de que está asumiendo que el País Vasco independiente será un país muy raro. Casi marciano.

II. LAS (MUY ESCASAS) TRANSFERENCIAS FISCALES ENTRE EL PAÍS VASCO Y EL RESTO DE ESPAÑA

Para ser sinceros, en la relación entre el País Vasco y el resto de España hay un aspecto que sí que parece marciano. Me refiero, obviamente, al «Concierto-Cupo». Se trata del mecanismo, constitucional, por el que el País Vasco y Navarra están fuera del sistema impositivo que afecta al resto de los españoles. No soy quien para entrar en detalles sobre el cómo y el porqué del Cupo. Además, gracias a Dios, se escapa de lo que nos planteamos hacer aquí. Valga sólo remarcar que las peculiaridades del sistema fiscal vasco y, en particular, su implementación durante los últimos 20 o 30 años han resultado en que una Comunidad Autónoma relativamente rica no contribuye al fondo común en la misma magnitud que otras Comunidades con similar renta.

De acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales la transferencia neta desde el País Vasco al resto de España en el año 2005 fue del 0,6 por 100 del PIB vasco, estimada bajo la metodología del «flujo-beneficio» (que imputa como beneficio para un ciudadano vasco la parte alícuota de algunos gastos efectuados en beneficio de estos ciudadanos fuera del País Vasco, como el Ejército, o el Tribunal Supremo), lo que representaba 16 euros por habitante. Para hacernos una idea Cataluña y Madrid (ambas Comunidades substancialmente más pobres que el País Vasco) pagaban respectivamente 155 y 240 euros netos por habitante. Independientemente de si la metodología correcta es la de «flujo-beneficio» o la de «flujo-costes» (que contabiliza sólo los gastos en el País Vasco, no en beneficio de ciudadanos vascos, aumentando el coste para catalanes o vascos relativo a madrileños), lo que es claro es que el País Vasco está completamente fuera del sistema redistributivo de rentas que los españoles se han dado a sí mismos. Siendo (relativamente) ricos, los ciudadanos del País Vasco no comparten su relativo bienestar con ciudadanos de otras partes de España, mientras que los ciudadanos de otras Comunidades Autónomas sí lo hacen. De hecho lo hacen los ciudadanos de todas las otras Comunidades Autónomas excepto, claro está, Navarra.

No es éste el lugar para entrar en el (difícil) debate de si es justo o en el (seguramente menos difícil) de si es razonable. Ni de si es en sí el Cupo como sistema, o su implementación lo que ha provocado las diferencias. El hecho es que estas diferencias existen, y hacen que el debate de los efectos económicos de la independencia sea muy distinto para el País Vasco o para Cataluña.

En Cataluña el argumento pro-independencia ha devenido de un tiempo a esta parte en algo principalmente económico. Al menos desde el punto de vista de la propaganda: «Espanya ens roba». España como el pariente gandul que vive de tus esfuerzos. Es un argumento similar al de la Liga Norte italiana, al «Roma ladrona». Un argumento cargado de estereotipos y lleno de prejuicios, pero que vende.

Éste es el fondo del argumento, un fondo que me da la sensación que es aplicable también al País Vasco, porque es bien sabido (y siempre viene bien recordar) que una nación es poco más que un conjunto de personas que comparten la falsa ilusión de un pasado común y el desdén y menosprecio por un vecino también común.

La diferencia entre Cataluña y el País Vasco es que el nacionalismo catalán aduce números. Dice, con razón, que Cataluña paga más impuestos de los que recibe. Y dicen, sin razón, que eso prueba todo lo anterior (el desdén, el «Espanya ens roba»). La segunda parte del argumento es falaz, pero eso no le quita tranca a la historieta, que en manos de vendedores de humo se convierte en un excelente instrumento de propaganda. Las balanzas fiscales son un chollo para el nacionalismo catalán (posiblemente por los mismos motivos por los que uno no encuentra balanzas fiscales en Francia, o Italia, o esencialmente en ningún país comparable al nuestro).

En los números hay mucho ruido, y en la forma de presentarlos hay muchísimo teatro; pero que el saldo fiscal de Cataluña es substancialmente negativo no es debatible. Los números oscilan entre un 6 por 100 usando la metodología de «flujo-beneficio» al 8-9 por 100 usando el llamado «flujo-costes». Tal y como lo venden los encantadores de serpientes, es un montante de aúpa. Si Cataluña se hace independiente (y nada más cambia), cada catalán ganaría dos mil y pico euros al año, para siempre jamás. No es moco de pavo. No.

Imagino que en este sentido los nacionalistas vascos deben mirar al nacionalismo catalán con envidia. Desde el País Vasco no se puede aducir esto como un beneficio de la independencia. De hecho, desde el punto de vista del País Vasco es muy difícil empezar a contabilizar beneficios económicos de la independencia, porque desde un punto de vista del comercio sólo vamos a contabilizar costes.

Ahora bien, me parece que el hecho de que sólo sean costes no le quita interés al asunto. Tal y como yo lo veo, y siendo economicista, una persona nacionalista no debería plantearse cuánto gana con la independencia, sino cuánto le va a costar. Creo que la pregunta razonable es ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por la independencia? Si usted tiene respuesta a esa pregunta en lo que sigue intentaremos ayudarle a decidir si es suficiente.

III. UN MODELO DE COMERCIO

Nuestra forma de actuar es la siguiente: primero cogemos el modelo estándar de comercio entre países desarrollados y nos preguntamos qué implicaciones tiene para determinar las fricciones entre el País Vasco y el resto de España. Después hacemos lo mismo entre España y el país con menos fricciones comerciales con España, que resulta que es Portugal. Por último usamos la distancia que obtenemos entre Portugal y España para realizar un ejercicio contrafactual: qué le pasaría a la economía vasca si tuviese las mismas fricciones con España que tiene Portugal. También realizamos el ejercicio contrafactual de anular las transferencias fiscales entre el País Vasco y el resto de España, aunque como hemos visto los efectos de eso son necesariamente muy pequeños.

Calibramos un modelo de Hopenhayn-Melitz con tres economías: el País Vasco, el resto de España y el resto del mundo. En este tipo de modelos las empresas difieren en su productividad, y la distribución de empresas es endógena. Esto es, depende de las circunstancias que afectan al mercado. Hay economías con empresas que son mejores en términos medios, y economías con empresas peores. La distribución de empresas (si son buenas o malas) depende entre otras cosas del grado de apertura de la economía.

La productividad de una empresa se determina (en el modelo, claro) el día que nace. Esta productividad es una extracción de una distribución de probabilidad (que asumimos constante e igual en todos los países). La distribución es la misma en todas partes, pero la distribución de calidades de las empresas no lo es, porque una vez observan su productividad éstas necesitan tomar dos decisiones: i) si vale la pena continuar existiendo y, en caso afirmativo, ii) en qué mercados va a vender.

Qué decide hacer la empresa depende de tres factores: a) por supuesto, de la productividad de la empresa; pero también b) de los costes laborales en su lugar de producción (ya que a mayores salarios, más complicado es tener beneficios, y es mejor cerrar a tener pérdidas) y de c) de la demanda de sus productos tanto en el mercado interior como en el exterior. En particular la demanda de sus productos en el exterior depende de las fricciones comerciales (a más fricciones, menos demanda, claro).

El resultado de todo esto es que hay distintos niveles mínimos de productividad para determinar si vale la pena existir, y para decidir si vale la pena vender en un mercado exterior. Esto tiene dos implicaciones de especial interés:

En primer lugar, una empresa con baja productividad tiene más probabilidades de subsistir en una economía con salarios bajos. Esto hace que si los salarios fuesen mayores, la productividad media de las empresas tendería a ser también mayor (pero no se olvide usted que el salario es endógeno y que si los salarios se fijaran artificialmente altos, habría mejores empresas, porque las malas no podrían sobrevivir, pero también que habría más desempleo y menos PIB per cápita... los salarios se determinan en el modelo en conjunto con todo lo demás).

En segundo lugar, entre las empresas a las que les vale la pena seguir existiendo (es decir, con la productividad lo suficientemente alta) es más probable que se exporte a un cierto mercado cuanto menores sean las fricciones comerciales con ese mercado y cuanto mayor sea la productividad de la empresa. Por ello, quizás no sorprendentemente, en estos modelos i) las empresas que exportan son las más productivas y ii) se exporta e importa más entre países que tienen menos fricciones comerciales.

La consecuencia de todo esto es la característica definitoria de este tipo de modelos. En ellos el comercio internacional no es bueno sólo porque aumenta la variedad de bienes a disposición de los consumidores (que es lo que hace bueno al comercio en modelos como el de Krugman), sino que la facilidad para el comercio internacional (esto es, que las fricciones comerciales sean bajas) tiene efectos positivos para la economía porque mejora la productividad media de las empresas. Esto es, mejora la selección de empresas. En la práctica tener fricciones comerciales escasas es similar a tener más competencia entre las empresas, lo que conlleva que a las mediocres les cuesta más subsistir.

El mecanismo es el siguiente. Las empresas tienen en realidad dos características que las definen, su productividad y el país donde producen. Con la misma productividad una empresa local tiene una ventaja vis-a-vis una empresa que es exactamente igual, excepto en el hecho de ser foránea. Cuanto mayores son las fricciones, mayor es la ventaja de la empresa local. Una empresa local que es mediocre queda igualada en el mercado local, con una empresa foránea de mucha mayor productividad; y cuanto mayor son las fricciones comerciales, mayor es la productividad que necesita tener una empresa extranjera para tener la misma efectividad en el mercado local que la (mediocre) empresa autóctona. Por supuesto esto va en las dos direcciones. Una empresa local muy eficiente puede tener enormes problemas para vender en el exterior, mientras que una empresa extranjera muy mediocre puede tenerlo mucho mejor en su mercado si está protegida por fricciones comerciales suficientemente altas.

Así las cosas, el resultado de aumentar las fricciones es el de hacer más relevante el «de dónde» es una empresa y menos relevante el «qué sabe hacer». Específicamente, si aumentan las fricciones las empresas muy competitivas (que son las que exportan), exportan menos. Esto hace que disminuyan la demanda de trabajo. Esto a su vez hace que los salarios tiendan a ser más baratos. Y esto a su vez hace que empresas menos productivas a quienes antes (con salarios altos) no les valía la pena producir, ahora puedan sobrevivir. En los dos países los salarios son más bajos, y todo suma de forma correcta, porque las productividades de las empresas son más también más bajas. La productividad es más baja, y consecuentemente el nivel de vida (los salarios) son también más bajos.

En nuestro modelo las características básicas de una economía son: su tamaño, las fricciones comerciales que mantiene con el exterior y la productividad de sus trabajadores. El tamaño lo sabemos, lo demás lo tenemos que deducir; y lo hacemos mediante un ejercicio de calibración. Esto es, calculamos cuáles tienen que ser las fricciones y las productividades para que la economía simulada por el modelo se parezca lo más posible a la economía real. Así, elegimos las fricciones y productividades para que en la economía simulada las exportaciones y las rentas per cápita en los distintos países sean las mismas que se observan en los datos3.

Permitimos que las economías se diferencien entre ellas también en la productividad intrínseca de los trabajadores, lo que incorporaría cosas como educación, infraestructuras, etc. La renta (y productividad) media viene determinada por la convolución de la productividad intrínseca de los trabajadores y la distribución de productividades de las empresas.

Nuestros ejercicios contrafactuales consisten en mover parámetros como las fricciones y el nivel de transferencias fiscales. Miramos qué predice nuestro modelo que pasaría (manteniendo el resto de parámetros en sus valores calibrados). Estos cambios afectan a la productividad media (y la renta), porque afectan a la distribución de calidades de las empresas (asumiremos siempre que la productividad intrínseca de los trabajadores permanece constante).

IV. CUALIFICACIONES UN POCO TÉCNICAS

En este punto hay que notar que en el modelo hay un par de parámetros que obtenemos de datos independientes. Lo que sigue es una digresión un tanto técnica, pero es importante. Se piden disculpas por adelantado.

El primero de estos parámetros es la elasticidad de substitución entre bienes, que en el modelo denominamos θ, y que en términos prácticos determina el grado en que el simple tamaño del mercado produce aumentos en el bienestar, como en el modelo de Krugman. La literatura económica provee de un amplio rango de estudios estimando este valor. Muchos ejercicios numéricos de modelos tipo Hopenhayn-Melitz usan un valor de la elasticidad de 3,8, que es el número que obtienen Bernard, Eaton, Jensen y Kortum (2003) con el objetivo de calibrar la distribución de tamaños y productividades de las empresas que exportan con respecto a las que no lo hacen. Este parámetro ha sido usado extensivamente [por Ghironi y Melitz (2008), Davis y Harrigan (2011) o Bernard, Redding y Schott (2007), por ejemplo]. Es por consiguiente una parametrización que no debería provocar especial controversia.

El segundo parámetro que desconocemos (al que llamamos k) determina la distribución de productividades de las empresas (antes de determinar si existe o no)4.

Una vez tenemos el valor de θ, es posible recuperar k mirando a la distribución de ingresos de las empresas (que es una amalgama de la elasticidad de substitución y la distribución de productividades). Nosotros seguimos la estrategia de Demidova (2005) a este respecto y con ello obtenemos un valor de k de 3,3. Este valor es parecido al que muchos otros autores han dado a este parámetro [por ejemplo, Davis and Harrigan (2011), Ghironi y Melitz (2005), Demidova (2005) o Felbermayr y Jung (2011)]. Es, además, un valor razonable a la luz de medidas independientes (que usan metodologías completamente distintas), como Mayer y Ottaviano (2007) que estimando una distribución de Pareto de las productividades de empresas obtienen un valor de 2,55 para Francia y 3 para Italia.

La parametrización que hacemos para k y θ son convencionales, pero aún así debemos estar razonablemente tranquilos de que produzcan implicaciones de bienestar razonables. Esto es importante porque un artículo reciente de Arkolakis, Costinot y Rodríguez-Clare (2012) demuestra que en una amplia variedad de modelos (todos los que tienen una representación en forma de ecuación de gravedad) las implicaciones de bienestar de cambiar las barreras comerciales dependen de un único parámetro, la elasticidad de las exportaciones con respecto a las fricciones comerciales en la ecuación de gravedad.

Esta elasticidad nosotros no la estimamos, sino que es una implicación directa de k y θ. Específicamente, es 1-kθ/(1- θ). Dados los parámetros que usamos implica una elasticidad del comercio a las fricciones de 3,48. Nuestro modelo implica una ecuación de gravedad, y (si no hay cambios simultáneos en las transferencias fiscales) este valor de 3,48 determina cuánto se pierde en términos de PIB por una caída dada del nivel de comercio (si hay cambios en las transferencias fiscales es un poco más complicado, pero es de ése orden de magnitud). Lo importante es observar que las estimaciones modernas de las ganancias generadas por el comercio («gains from trade» en el argot profesional) son de este orden de magnitud. Así, por ejemplo, Simonovska y Waugh (2012) estiman una elasticidad de 3,41 en modelos de Melitz del tipo que nosotros usamos.

En resumen, nuestra calibración es robusta y la parametrización que usamos es perfectamente acorde al consenso en la profesión de cuál es el efecto del comercio sobre el bienestar. Es importante matizar esto, porque uno de los argumentos más absurdos realizados por los defensores a ultranza de la independencia es que no deberíamos preocuparnos del efecto frontera porque el comercio internacional no tiene efectos sobre el bienestar. Algún economista (alguno incluso de prestigio) han escrito por ahí que no deberíamos preocuparnos porque el comercio efectivamente no importa para el bienestar, porque la elasticidad del comercio a las fricciones es mucho mayor (del orden de 8 o 9), en cuyo caso los efectos sobre el bienestar serían mínimos. Obvian decir que esas medidas son: 1) muy antiguas, 2) descartadas por la investigación reciente, y 3) implican resultados obviamente absurdos, como que si acabamos con el comercio internacional completamente, las implicaciones sobre el bienestar serían mínimas. Como no creo que los (economistas serios) que dicen estas cosas desconozcan la literatura relevante, y como no creo que puedan creer que el comercio es irrelevante, tiendo a pensar que dicen estas cosas en una calentura, tratando de defender una posición a favor de la independencia basada en el hecho de que la desean por motivos sentimentales.

Bien, hecha esta salvedad retomamos nuestro argumento. A continuación explicamos con más detalle cómo y por qué usamos Portugal como ejercicio contrafactual.

V. PORTUGAL COMO VARA DE MEDIR

Recordemos el ejercicio que hacemos:

1. Calibrar en un modelo estructural la distancia entre el País Vasco y el resto de España.

2. Calibrar entonces la distancia entre Portugal y España.

3. Sustituir la distancia del País Vasco con el resto de España por la que tiene Portugal con España; y mirar lo que les pasaría a ambos en esta economía virtual.

4. Cambiar también las transferencias fiscales (igualarlas a cero) y ver qué pasaría en la economía virtual.

Cuando calibremos el modelo, obtendremos una medida de la distancia entre el País Vasco y el resto de España. Y es razonable suponer que esta distancia será mayor tras la independencia. Ahora bien, en principio no sabemos si mucho o poco. De igual manera no sabemos en principio qué significa aumentar esa distancia en un 1 por 100. No tenemos una métrica, una vara de medir. No sabemos lo que es razonable suponer. De hecho, ésta es la dificultad del ejercicio, y de intentar predecir los efectos comerciales de la independencia.

Nuestra propuesta es usar Portugal como vara de medir. ¿Por qué Portugal? Pues porque es el país más cercano a España. El siguiente gráfico muestra los residuos de una regresión5 del comercio de España con sus socios europeos en función de su tamaño. Portugal es el país que comercia más con España por encima de lo que uno esperaría dado su tamaño.

Portugal y España comercian entre ellos muchísimo más de lo que uno esperaría por sus tamaños. Es verdad que el comercio puede ser mayor con Francia, pero con Portugal comerciamos muchísimo más dado su tamaño. De ahí que podamos decir que Portugal es más cercano. Somos mejores amigos, incluso nos votamos mutuamente en Eurovisión.

Según wikipedia el país del que España ha recibido más puntos acumulados históricamente es Portugal, que es el segundo país en recibir más puntos de España (el primero es Andorra). Así pues, portugueses y españoles nos votamos mucho, nos queremos mucho y comerciamos muchísimo.

Yo no sé qué pasará entre el País Vasco y el resto de España después de una supuesta independencia. No sé si habrá mucho amor o mucho odio. No sé si se votarán mutuamente en televisión. Por no saber no sé si estarán en el Euro o en la Unión Europea. Si estarán en bancarrota o si se habrán declarado la guerra. No sé, ni puedo saberlo.

Sin embargo sí que sé (o puedo medir) cuan cercana está España del país a quien tiene más cercanía y con quien más comercia (relativamente). Un país con un idioma casi mutuamente inteligible, donde se ve televisión española y se tiene una idea de cuáles son las fricciones comerciales con el país con el que tiene menos fricciones. Hay quien dirá que subestima los costes de la independencia, porque habría salida de la Unión Europea, y porque la parte despechada de un divorcio no está para muchas querencias. Por otro lado también habrá quien diga que no, que no hay por qué enfadarse. Que nada cambiará (y todo eso que ya he discutido antes).

Yo no sé. Pero les puedo decir a ustedes lo que pasaría si la distancia del País Vasco para con España se hace la misma que la que Portugal tiene con España. Sírvanse de ella como de vara de medir. Ajusten los resultados a sus creencias.

Y antes de hacer el ejercicio, una última salvedad. Nosotros sólo hablamos de lo que sucede en estado estacionario. No hablamos de la transición hasta tal estado. Esto es, no hacemos suposiciones sobre si durante la transición las fricciones serán mayores o menores. Y no lo hacemos porque no tenemos ni idea. Podría ser que el País Vasco acabe siendo un país normal, sí, pero durante la transición las fricciones aumenten lenta y paulatinamente. En tal caso el valor presente de los costes sería menor debido a que debemos descontar futuros eventos a un cierto tipo de interés. Claro que también podría ser que a corto plazo las fricciones comerciales y los costes de ajuste fuesen incluso mayores. Al fin y al cabo este divorcio tiene visos de no ser cordial. Si una de las partes no se quiere divorciar de ninguna de las maneras, pero la otra lo hace unilateralmente y dando un portazo, tenemos guión de drama, no de comedia; y me parece naif no esperar en el resto de España una enorme antipatía hacia lo vasco en el futuro inmediato.

Particularmente si los costes a corto plazo sobre «España» son elevados. Este es el tipo de tema por el que se rompen relaciones personales; y no digo ya comerciales, que comparadas parecen una broma. Además, el dichoso «boicot» es mucho más que plausible. Luego me parece perfectamente razonable que el proceso de ajuste fuese al revés, de más a menos. Primero odio y vísceras No dejar entrar en la UE y querer darse bofetadas. Después, poco a poco, nos ayuda el olvido. Hasta llegar a una bendita indiferencia. Y quien haya pasado por un proceso de ruptura, que haga introspección.

Con esta dinámica (primero bofetadas y boicots, luego olvido) las cosas podrían ir verdaderamente mal. Se me ocurren diez mil maneras de pegarse bofetadas económicas, empezando mañana. Y no digo nada si esto se da en un escenario de crisis fiscal generalizada, impago de deuda pública, salida (o salidas) del Euro, etc. El coste para el País Vasco se me antoja brutal, como mínimo por la caída en la demanda de quien es, por un trecho enorme, su principal socio.

Pero nada de esto lo introducimos en nuestro modelo. No somos magos, no tenemos acceso a oráculos que nos puedan explicar el futuro. Nos conformamos con pensar lo que pasaría en estado estacionario en un escenario claro y fácil de entender. Otra vez, nosotros presentamos una vara de medir. Úsela usted a su conveniencia.

VI. CALIBRACIÓN DEL MODELO

Suponemos un universo con tres economías de diferente tamaño, País Vasco (PV), resto de España (rdE) y resto del mundo (rdM). Hay cuatro parámetros que calibramos en el modelo: las distancias entre PV y el rdE entre ellas y con el resto del mundo, y una medida de la productividad relativa de los trabajadores en PV y rdE. Como hemos discutido antes, los otros parámetros o bien no necesitamos calcularlos (porque afectan multiplicativamente a todas las variables de interés) o bien conocemos su valor por trabajos anteriores de la literatura. Realizamos entonces nuestro ejercicio.

La siguiente tabla presenta los valores calibrados cuando consideramos el PV, el rdE y el rdM. Llamamos d a la distancia entre el PV y el resto de España. Los valores Dh yDj se refieren a un compuesto de la distancia de cada uno con el resto del mundo y de la demanda en el resto del mundo. Finalmente, sj es el ratio de la población efectiva (población multiplicado por eficiencia productiva) en el PV relativo al rdE.

Resto de España (h) – País Vasco (j)

Calibrated parameters

Targets

Model

Data

dR.O.Spain-Basque

1,527

Interaction h and j

0,051

0,051

Dh

0,051

Total Trade in h

0,621

0,621

Dj

0,019

Total Trade in j

1,377

1,377

sj

0,081

GDP ratio

15,245

15,245

De momento lo único que podemos aprender es que los trabajadores del País Vasco son más productivos que los del resto de España. Esto es, si sj fuera igual al ratio de la población vasca a la del resto de España, el modelo estaría prediciendo que el trabajador vasco medio es igual de productivo que el trabajador medio del resto de España en el hipotético caso de que estuviesen trabajando en empresas de igual productividad. Esto es, la productividad de los trabajadores viene determinada por su productividad intrínseca y la productividad de las empresas donde trabajan. Como sj es mayor que el ratio de poblaciones, indica que el trabajador medio del País Vasco es 1,58 veces más productivo que el trabajador español medio condicional a la empresa donde trabaja.

Es un número muy alto que refleja en parte el nivel de participación en el mercado laboral y desempleo; también que la población del País Vasco está por lo general más (y quizás mejor) educada que la media de España. Cuando hagamos nuestro ejercicio de distancia lo que no vamos a tocar es esto. Seguiremos asumiendo que los trabajadores vascos son intrínsecamente más productivos que la media de los españoles. Ahora bien, como veremos enseguida lo que el modelo predice es que caerá la productividad de las empresas vascas.

El resto de valores son poco informativos. En particular esa distancia de 1,527 no significa nada en sí misma. Para que tenga algún sentido necesitamos algo con lo que medirla. Empezamos a hacerlo a continuación. La siguiente tabla presenta el modelo calibrado para España, Portugal y el resto del mundo.

Rest of Spain (h) - Basque Country (j)

Calibrated parameters

Targets

Model

Data

dR.O.Spain-Basque

1,527

Interaction h and j

0,051

0,051

Dh

0,051

Total Trade in h

0,621

0,621

Dj

0,019

Total Trade in j

1,377

1,377

sj

0,081

GDP ratio

15,245

15,245

Lo primero que se puede observar es interesante, aunque importe poco para nuestra historia. Se trata que de la misma manera que los trabajadores vascos son más productivos que los del resto de España, los españoles son más productivos que los portugueses. En particular estos números implican que 0,84 trabajadores españoles producen lo mismo que un portugués condicionado por la calidad de la empresa donde trabajan.

Lo que sí que es relevante para nuestra historia es que la distancia de España con Portugal (2,336) es un número mucho mayor que con el País Vasco. Ahora bien, todavía no sabemos lo que esto significa. Para ello tenemos que imputar esa distancia en la calibración del País Vasco y ver qué consecuencias tendría. Ése es el ejercicio contrafactual que realizamos a continuación.

VII. EJERCICIOS CONTRAFACTUALES

La siguiente tabla nos traduce lo que implicaría para el País Vasco (referido como j) y el resto de España (referida como h) si la distancia pasara de la que les estimamos (1,527) a la que estimamos que tiene Portugal con España (2,336), y cambiando el saldo de balanzas fiscales de 0,6 por 100 a cero; pero dejando todas las otras características del País Vasco y el resto de España inmutables.

La columna (1) tiene los valores a día de hoy, la columna (2) los valores de cambiar la distancia (pero no las balanzas fiscales) y la columna (3) cuando cambian las dos cosas. Por filas, (1) y (2) tienen el PIB del País Vasco y el resto de España. La fila (3) tiene el grado de comercio entre ellos y la fila (4) el grado de comercio entre el País Vasco y el resto del mundo. Las filas (5), (6) y (7) indican el nivel mínimo de productividad para tener una empresa en el País Vasco dedicada sólo a la producción para el mercado interior, para también exportar al resto de España y para exportar al resto del mundo.

Calibración y Ejercicios Contrafactuales

(1) Base

(2) Cambio

de la distancia

(3) Cambio de distancia

y fiscal

(d = 1,527 F = 0,6%)

(d = 2,336 F =0,6%)

(d = 2,336 F = 0)

1

yj

100%

86,71%

−13,29%%

87,28%

−12,72%

2

yh

2.022,74%

2.009,60%

−0,65%

2.008,84

−0,687%

3

(Xjh+X hj) / GDPj

82,53%

25,15%

−57,38% pts.

25,18%

−57,34% pts.

.4

(XjR+X Rj) / GDPj

55,22%

73,01%

+17,8% pts.

73,14%

+17,92% pts.

5

θjj

—

—

−17,59%

—

−17,54%

6

θjh

—

—

+62,63%

—

+62,85%

7

θjR

—

—

−8,17%

—

−8,05%

Cambiar la distancia en el modelo implica una caída del PIB conjunto de España. El PIB vasco cae muchísimo, más de un 13 por 100, el del resto de España sólo un 0,65 por 100 debido a que siendo mucho más grande la nueva frontera le afecta menos: España importa mucho para el País Vasco, pero el País Vasco es mucho menos importante para el resto de España.

Nótese que, de acuerdo con el modelo, el País Vasco se abriría al resto del mundo, y se cerraría a España: el grado de apertura (exportaciones más importaciones) con el resto del mundo sube muchísimo, desde un 55 por 100 hasta un 73 por 100 del PIB (fila 4), mientras que con el resto de España baja del 82 al 25 por 100. Una barbaridad. Esto es lo que significa tener la misma cercanía que España tiene con Portugal. Una caída estremecedora de las interacciones comerciales mutuas. Por supuesto que se abre al resto del mundo, porque en algún lugar deben usarse los recursos productivos que antes se usaban en comerciar con el resto de España. Pero no se produce (ni se exporta) lo mismo. Se produce menos. Mucho menos. El motivo es que la composición de empresas en el País Vasco cambia para peor.

En la fila 6 observamos que el límite de calidad necesario para exportar al resto de España aumenta dramáticamente. Esto es una consecuencia (obvia) de que ahora es mucho más difícil exportar, luego necesitas ser mejor para poder hacerlo. El resultado es que muchas empresas buenas demandan menos trabajo, pues ya no exportan (o al menos no tanto) al resto de España. Esto conlleva una caída del salario, y esto hace que sea más fácil existir si te concentras sólo en el mercado local (vasco). De ahí que en la fila 5 observemos que el límite mínimo de calidad para tener una empresa cae un 17 por 100. Ésta es la fiesta de las empresas mediocres, y aquí está el grueso de la pérdida en bienestar observada.

Con todo, la caída de los salarios ayuda a abrirse al resto del Mundo. Esta distancia no ha cambiado, y menores salarios mejoran la «competitividad». Se vende más al exterior, pero no porque los productos de uno estén mejor valorados sino porque la caída salarial permite vender a precios más bajos. El resultado es que más empresas venden al exterior (fila 7), y las que exportan al resto del mundo, lo hacen más. Pero nótese que éste es un efecto de equilibrio general, ni mucho menos compensa la caída en las exportaciones al resto de España.

Resumiendo. No hay boicots, el País Vasco pertenece a la UE y todo sigue igual excepto que hay una frontera, aunque es la más difusa de las observadas. Suponemos que el País Vasco y lo que quede de España son mejores amigos. En tal caso la renta generada caería en el conjunto de lo que a día de hoy es España, y la haría desproporcionadamente en el País Vasco. Éste es el valor de mantener la frontera actual en vez de la de dos países que se quieren muchísimo y se votan en eurovisión.

La tercera columna incluye igualar a cero las transferencias del País Vasco al resto de España (obviando que pueda haberlas a través de la Unión Europea). En el caso de Cataluña (donde las transferencias fiscales son importantes) sería la columna interesante, pero en el caso vasco es irrelevante. La extrañísima capacidad del sistema fiscal español para blindar al contribuyente vasco de consideraciones redistributivas hacen que no importe qué hacemos con la parte fiscal... el País Vasco paga tan poco (si es que paga en términos netos), que poco puede ganar por aquí.

VIII. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA LITERATURA

Los números que nos salen son muy altos, una pérdida enorme de riqueza y productividad en el País Vasco. ¿Son razonables?

Si uno lee la propaganda (porque no tiene otro nombre) que economistas adscritos al nacionalismo hacen, nuestros números serían exageradamente altos. Ellos consideran que no hay costes asociados a la independencia. Sólo beneficios. Es un chollo. Un potosí. Tras la independencia en las calles de Barcelona o Bilbao los perros estarán atados con longanizas.

La literatura económica, sin embargo coincide esencialmente en todo con nosotros. Hay dos objetos a medir, 1) cuánto comercio se pierde por levantar barreras y 2) cuánto bienestar se pierde por perder comercio. Con respecto al segundo ya hemos visto que las ganancias asociadas al comercio implícitas en nuestro análisis son las que la literatura moderna acepta como correctas.

Con respecto al primero de estos temas (cuanto comercio se pierde) es importante aclarar que nuestros resultados no deberían aparecer en absoluto como sorprendentes. La literatura relevante es la del «efecto frontera». Si uno hace regresiones sin controlar por el comercio con terceros países, el valor del efecto frontera es altísimo. Ahora bien, Anderson y Van Wincoop en un artículo enormemente influyente demuestran que si tenemos en cuenta la relación con el resto del mundo el efecto frontera es menor. Mucho menor. Y sin embargo es aún enormemente importante. En sus cálculos, que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra metodología, la diferencia entre el comercio entre dos regiones en lugar de entre dos países es de 5 veces, que es del orden de magnitud que nosotros encontramos en nuestro estudio, aunque algo mayor. En nuestros resultados el comercio con el resto de España es «solo» 3,77 veces mayor antes que después de la independencia.

Nuestros números están en línea con los suyos porque ellos, como nosotros, tienen en cuenta que el mundo no se acaba en la frontera. Cuando las fricciones aumentan al poner una nueva frontera los recursos no se quedan inutilizados, sino que se emplean en comerciar más tanto con el resto del mundo como con el mercado interior. En nuestra economía simulada tras la independencia la economía vasca se vuelca mucho más en el resto del mundo. Sigue vendiendo muchísimo en el resto de España, porque sigue siendo la economía más cercana que tiene. Ahora bien, se trata de una economía mucho más diversificada en cuanto a quienes son sus socios. Se trata de un país normal.

IX. CONCLUSIONES

Hay muchos motivos por los que los vascos son muy cercanos a los ciudadanos del resto de España. Parece razonable esperar que esta cercanía, estas afinidades, disminuyesen tras la independencia.

Si tras una hipotética independencia el País Vasco mantuviese con el resto del mundo las relaciones comerciales que tiene a día de hoy, sería un caso único en el mundo. Esa enorme cercanía con España sería un reflejo de una extraordinaria anomalía. Sencillamente, los países de la UE no son tan cercanos entre ellos. Ninguno.

Nuestro ejercicio ha consistido en asumir que tras la independencia el País Vasco no es un bicho raro, sino un País Normal. Simulamos lo que pasaría si se mantuviese su productividad intrínseca, y la distancia que mantiene con el resto del mundo, pero la distancia que mantiene con España se convirtiese en la misma que España tiene con su socio más cercano, Portugal. En tal caso la pérdida es substancial.

Pero usted puede pensar que, bueno, tras la independencia puede que sí, que el País Vasco sea un bicho raro. Ya le digo que lo dudo, pero digamos que sí. ¿Cuán extraordinariamente anormal tiene que ser tras la independencia para que le valga la pena? La respuesta es que muchísimo. El siguiente gráfico muestra el cambio en la renta del País Vasco como consecuencia de un cambio exógeno de la distancia con el resto de España.

El motivo es que el País Vasco tiene poco que ganar. El régimen fiscal es tal que está ahora en el mejor de los mundos. Tiene los beneficios de cercanía con el resto de España sin ninguno de sus costes. Suena impensable que pudiese, bajo ninguna circunstancia, mejorar en lo económico. Incluso si tras la independencia fuese un País Marciano.

1 En el eje vertical están las exportaciones en millones de Euros. El comercio con el resto de España lo obtenemos con datos de C-intereg. Con el resto de países proviene de EUSTAT. Todos los datos son de 2007.

2 El índice de Herfinthal es la suma del cuadrado del porcentaje de comercio con cada país. Es igual a uno si sólo se comercia con un socio, e igual al inverso del número de socios si se comercia por igual con todos.

3 Estas exportaciones y rentas per cápita son lo que en lenguaje técnico se llaman «targets».

4 Es uno de los parámetros de una distribución de Pareto que es la que (por simplicidad) se asume casi siempre que sigue la distribución de productividades de las empresas.

5 Los flujos comerciales provienen de IMF DOTS. Los valores del PIB del World Bank WDI. Los gráficos ilustran la distribución de residuos de la siguiente regresión:

ln(Exportsij) = b1 + b1PIBi.

En el panel de la izquierda consideramos las exportaciones de España a cada país de EU27. En el de la derecha las de Portugal. En ambos casos la sorpresa es cuánto comercia el uno con el otro.

CAPÍTULO VII

LENGUA Y SECESIÓN. POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y FUTURO EN EL PAÍS VASCO

MATÍAS MÚGICA

en sí misma toda idea es neutra, o debería serlo; pero el hombre la anima, proyecta en ella sus llamas y sus demencias; impura, transformada en creencia, se inserta en el tiempo, adopta figura de suceso: el paso de la lógica a la epilepsia se ha consumado… Así nacen las ideologías, las doctrinas y las farsas sangrientas.

Émile CIORAN, Breviario de podredumbre.

I. EL PRESENTE

Asko maitatzen dut euskera; asko maitatzen dut nire sorterria; baina are gehiago gizonaren dignidadea.

Gabriel ARESTI

Voy a comenzar dando la razón al adversario, lo cual, como todo el mundo sabe, es el procedimiento habitual para negársela toda a continuación. Reculer pour mieux sauter, dicen los franceses, grandes practicantes del método.

Pues bien: cuando los nacionalistas, o su sector más lingüísticamente exaltado, dicen, y lo dicen a menudo1, que para asegurar la pervivencia del euskera a largo, y aun a corto, plazo es imprescindible la independencia de España, tienen probablemente razón: sin tener las manos libres, la pervivencia real (no icónica) del euskera es, en mi opinión, como en la suya, altamente problemática. Tampoco con ella, desde luego, estaría nada asegurado, y de eso hablaremos en un apartado posterior, pero al menos habría alguna posibilidad. Es cierto que los nacionalistas tienden a continuación a no detallar para qué necesitan tener las manos libres, es decir, cuáles son esos medios que ahora, debido a nuestra pertenencia a España, no pueden movilizarse y que la independencia les permitiría emplear. Y no lo dicen, claro está, porque estos medios son de tal naturaleza que confesar que se proponen emplearlos los dejaría en mal lugar; incluso, quizás, les enajenaría votos. Pero en la afirmación misma, básicamente, creo que tienen razón.

Reconocer esto, naturalmente, parece implicar una crítica a las actuales políticas lingüísticas, que según eso no servirían para gran cosa. Por eso me parece necesario, antes de considerar los posibles efectos de la secesión, que es el tema que nos trae aquí, hacer una reflexión crítica previa sobre el alcance, los objetivos, los medios (y sobre todo los límites éticos de éstos) de una política lingüística. Esto va constituir la primera parte de este trabajo.

1. SOBRE POLÍTICA LINGüÍSTICA EN LA CAV

La pregunta central de una política lingüística, como de cualquier otra, es la de su objetivo: qué se quiere conseguir.

La cuestión puede parecer superflua por evidente pero no lo es en absoluto: de hecho es algo que rara vez lo explicita nadie, ni los nacionalistas (que suelen saber, más o menos, qué se proponen en esta cuestión), ni los españolistas2 (que en mi opinión no suelen saberlo en absoluto y se dedican a reproducir y copiar, algo más diluidas, las recetas y los procedimientos establecidos por los nacionalistas).

Para empezar por un punto cómodo, creo que es fácil fijar un mínimo común denominador de lo que debe proponerse toda política lingüística en el país: un objetivo mínimo compartido por todos, nacionalistas y no nacionalistas.

Esta base común es, a mi entender, la del respeto a la minoría vascohablante tradicional: el problema del euskera, sea uno o no nacionalista, es en todo caso un problema de tratamiento de minorías en una sociedad democrática. La comunidad tradicional tiene derecho a que se le atienda, a que se practique con ella cierta discriminación positiva y a que se le proporcionen unos medios mínimos para poder mantener su peculiaridad lingüística, si es que desea hacerlo.

En esto creo que, salvo quizás algún sector infinitesimal, está de acuerdo todo el mundo, al menos en el principio, aunque sin duda luego haya fuertes discrepancias a la hora de decidir las medidas concretas que deben tomarse, las consecuencias que tiene todo esto fuera de las zonas tradicionalmente vascoparlantes, hasta qué punto debe llegar la discriminación positiva, etc. Pero el principio mismo, creo, es compartible por la gran mayoría.

Y, sin embargo, las políticas lingüísticas3 al uso en los treinta años largos de democracia, tanto las nacionalistas como, extrañamente, las de los otros, apuntan claramente más allá de este principio incontrovertible de respeto a una minoría tradicional y se proponen además o, mejor dicho, sobre todo, crear esa minoría donde no la había. El objetivo principal de los esfuerzos que se hacen en política lingüística es la (re)euskaldunización, la resucitación del euskera como lengua de uso social —no como mero conocimiento cultural— allí donde ya no se habla o su pura implantación donde no se ha hablado nunca. Esto, en mi opinión, es lo que se lleva el grueso del sudor y del presupuesto. Algo queda para la comunidad tradicional, pero comparativamente, en mi opinión, no gran cosa. Voy a insistir en esta idea porque es fundamental para todo lo que sigue.

En la cuestión del euskera importa distinguir entre dos realidades relacionadas pero claramente diferentes: por una parte, el elemento tradicional, es decir, la presencia del euskera en el país como lengua nativa de una parte de su población. Por otra, un movimiento, nacido más o menos a la par que el nacionalismo vasco, a principios de siglo, que ha compartido y comparte con este gran parte de su clientela social y de sus actores, y que pretende resucitar la lengua vasca como lengua de uso social donde ya no se habla y, en sus versiones más duras, implantarla donde nunca se ha hablado.

La primera realidad merece, creo, un respeto general y es la base de lo que antes he llamado el mínimo común denominador de la política lingüística.

Lo segundo, en mi opinión, es de otro orden: sencillamente un proyecto político, como otros tantos, que como tal no se merece ningún respeto especial ni posee ninguna legitimidad intrínseca. Que la (re)euskaldunización se cumpla o no, no es en absoluto cuestión de «derechos humanos». No: no son derechos humanos, es construcción nacional, y depende por completo de que la población decida democráticamente ir por ahí (y aun entonces, con claros límites a la injerencia política en la vida de los ciudadanos), y, en otro caso, si la mayoría social no lo considerara deseable, sería perfectamente legítimo clausurar el proyecto de (re)euskaldunización.

El problema es que esta idea básica y evidente de que la (re)euskaldunización es una opción (democrática sólo si se hace dentro de ciertos límites), pero de ninguna manera una obligación, y menos todavía una obligación moral; de que entre los derechos inalienables de las minorías se encuentra el del respeto pero no el de transformarse en mayoría, como parece ser hoy creencia general, esta idea, digo, ha sido oscurecida por los pactos políticos del inicio de la democracia (fundamentalmente el Estatuto y la Ley Básica de Normalización Lingüística), que asumieron gran parte del programa de los nacionalistas a trueque de que estos se avinieran a aceptar la legitimidad constitucional4.

Encuentro un reconocimiento explícito de que la (re)euskaldunización, en los años de los primeros consensos democráticos, no era algo que caía por su peso ni era de ningún modo de asentimiento moral obligatorio en Aberriaren alde (eta kontra)5, un texto excelente, como suyo, de Ramón Saizarbitoria, en el que (pp. 40 y 46) explica que en su opinión los euskaldunes tienen que dar las gracias a la mayoría erdaldun del país por haberse prestado a la (re)euskaldunización sin resistirse (y reconoce, de paso, que él en su momento creía todo lo contrario pero que a la postre ha cambiado de parecer).

Sin embargo, en otro lugar del mismo texto, y a mi entender en contradicción con este reconocimiento (lo cual es clara muestra de las dudas, vaivenes y vacilaciones que en esta cuestión nos asaltan a muchos), el escritor, para ilustrar las amarguras que tiene que sufrir un euskaldun en tierra de infieles a medio convertir (Álava), presenta una anécdota sucedida en un establecimiento comercial de Vitoria, donde una joven guipuzcoana se enzarza en una agria disputa porque no le atienden en euskera y al final abandona el lugar airadamente. La escena me parece extremadamente significativa porque condensa todo el enfrentamiento intelectual e institucional sobre la cuestión de la (re)euskaldunización encarnándolo con certera intuición en un enfrentamiento personal (que es, naturalmente, donde más tarde o más temprano, acaban los conflictos teóricos y doctrinales): una vascohablante se siente atropellada porque unos ciudadanos de Vitoria no acusan recibo de su obligación de aprender euskera y siguen siendo tranquilamente monolingües, sin demostrar siquiera —y quizás esto sea lo más grave— sentimiento de culpa alguno.

La escena es tan paradigmática, todos hemos visto tanto de esto (y lo vamos a ver cada vez más), que sirve muy eficazmente, y por eso la aduzco, para distinguir en esta cuestión a un bando del otro: si usted, lector, ve grave atropello en que en una mercería de Vitoria no le atiendan en euskera, es usted nacionalista, sabiéndolo o sin saberlo y está embarcado con armas y bagajes en el proyecto nacional. Si no ve, en cambio, atropello alguno en que el mercero vitoriano haga lo que le dé la gana y no lo que la joven ha decidido por su cuenta que es su obligación, usted, lector, es un reprobable españolista, y, además, en opinión de muchos, un genocida.

Para no ocultar mi opinión, yo soy claramente genocida: a mi modo de ver, sentirse atropellado porque el prójimo en su vida (por ejemplo, en su mercería) no hace lo que tú quieres, denota una actitud en potencia propincua de resbalar al autoritarismo y el totalitarismo.6

En todo caso, para la ponderación de la escena y, en general, del Proyecto de (re)euskaldunización que encarna, es muy pertinente la aguda observación de Isaiah Berlin en su Dos conceptos de la libertad (la tomo de Ruiz Soroa), según la cual la mera incapacidad de alcanzar un fin o de cumplir un deseo no supone falta de libertad política; para eso debe concurrir la circunstancia de intervención deliberada de otros seres humanos para impedirlo. De otra manera, nos podríamos sentir políticamente oprimidos incluso por nuestras limitaciones físicas o biológicas (empezando por la inteligencia)7. La supuesta limitación de la libertad del euskaldun (es decir, del pretendido derecho a «vivir en euskera» en cualquier punto de la CAV) ¿deriva de intervención deliberada del resto de la sociedad? Si no es así, si esa limitación procede de circunstancias puramente empíricas, entonces nadie puede alegar que su libertad está limitada; simplemente el euskera es una lengua poco difundida. Y eso puede no gustarle, pero opresión política no es. Y falta de libertad tampoco.

En los últimos treinta años parece que se ha colado insidiosamente en la mente de todos, probablemente debido a la falta de un discurso racional alternativo, la idea de que toda política lingüística para el País Vasco, cualquiera que sea el color del gobierno, debe incluir un plan de (re)euskaldunización, debe consistir a largo plazo en la (re)euskaldunización de todo el territorio políticamente vasco. Y ya va siendo hora de poner en tela de juicio esta idea descabellada.

Siendo este concepto absolutamente básico para la cuestión, merece la pena detenerse unos instantes en su análisis y crítica.

2. CRÍTICA DEL CONCEPTO DE (RE)EUSKALDUNIZACIÓN

En primer lugar me gustaría aclarar por qué razón coloco entre paréntesis el prefijo re- del término. Lo hago sencillamente porque para gran parte del País Vasco no se puede hablar sin mentira de reeuskaldunización, sino de euskaldunización a secas, ya que en una zona considerable del territorio políticamente vasco, históricamente nunca se ha hablado euskera. Cito a Mitxelena:

Como ya he dicho antes, en el periodo del que tenemos noticia, en los últimos dos mil años (y antes de esos dos mil años no hay forma de saber cómo eran las cosas), si consideramos la totalidad del territorio de Vasconia, esa región no ha sido nunca total y enteramente vascohablante. [...] y cuando decimos en público que la Ribera de Navarra, Cascante, por ejemplo, perdió el euskera y que ahora tenemos que reeuskaldunizarla, no estamos diciendo la verdad; por lo que sabemos y en el tiempo del que tenemos alguna noticia, en Cascante no se ha hablado euskera. Ésa es la verdad, la pura y simple verdad8.

La afirmación vale tal cual para otras zonas del país como el sur de Álava o el occidente de Vizcaya. En el mismo trabajo, Mitxelena remacha una y otra vez la misma idea:

Lo que después ha llegado a ser el País Vasco o Euskadi no ha sido enteramente vascófono en los últimos dos mil años (ibíd.: 685; traducción mía).

Y también un poco antes, en el mismo texto:

En todo este territorio no se hablaba sólo euskera: al lado de este había alguna otra lengua (ibíd.: 684; traducción mía).

Y también en otros lugares:

Podría desterrarse la idea a que todos propendemos de que los límites de la lengua vasca, aun suponiéndolos estables, coincidieron con los de la Vasconia histórica9.

Y aún antes, en Historia de la literatura vasca:

La lengua vasca no ha llegado a ser en tiempos históricos el medio de expresión total de la vida del pueblo vasco10.

Acumulo citas del ilustre lingüista para que no parezca que me agarro a una frase aislada (testis unus…), proferida quizás en un momento de obnubilación o grave crisis de fe.

Estos textos me parecen importantes porque invalidan las habituales justificaciones historicistas de la (re)euskaldunización, que en una gran parte del país no es al cabo vuelta al origen (lo cual tampoco la justificaría), sino algo bastante menos bonito: sencillamente una política de uniformización y asimilación cultural, de pasar la plancha, para decirlo en castellano. Política no muy distinta en esencia de la practicada en otro sentido en tiempos de triste recordación todavía no muy lejanos y que consiste, como aquella, en hacer encajar una población a martillazos en hormas culturales que le son ajenas en todos los sentidos menos el ideológico, para adaptarla a un prejuicio (en nuestro caso, euskara gure hizkuntza da). Curiosamente, repito, este tipo de cosas parece haber conseguido el beneplácito, o la callada resignación, de gente de la que se esperaría otra cosa pero que, no se sabe por qué, las acepta, discrepando todo lo más (y a veces ni eso) en los plazos o en el grado de violencia o presión admisible para hacer entrar a la gente en la horma (la fuerza del martillazo).

Aclarada la falsedad subyacente en tantos casos a la idea de reeuskaldunización, quiero insistir, y es más importante, en que este proyecto es específicamente nacionalista, no en el sentido de que no haya quien más o menos borrosamente lo suscriba desde otras posiciones, que lo hay (lo cual, repito, produce cierto asombro), sino en el de que, en mi opinión, está basado en valores estricta y enteramente nacionalistas y no tiene más justificación que el ansia del retorno al origen —a un origen, por supuesto, imaginario— propia del nacionalismo y su proyecto consiguiente de construir un nuevo estado.

Si un idioma no se habla, ¿por qué hay que hablarlo?11. No parece demasiado pedir a los fautores del Proyecto que den a esto una respuesta pública y a poder ser que esta no sea que porque nuestros antepasados lo hablaban (lo cual, como ya he dicho, tampoco es cierto). Sin embargo, en los dos decenios que llevo fatigando estas cuestiones, o ellas fatigándome a mí, no he oído otra respuesta bajo variados envoltorios («valor cultural», «alma de nuestra tierra», etc.), que hay que hablarlo, en resumen, porque antes se hablaba. Esta razón, desde luego, habla directamente al corazón del nacionalista, que es por definición un reaccionario12, pero uno se extraña de ver receptiva a ella en el país a gente que en pura teoría no debería serlo.

Entiéndaseme: No desprecio en absoluto las justificaciones sentimentales de las cosas; probablemente en la historia de la humanidad siempre han tenido mucha más fuerza que las otras y, por otra parte, nadie, absolutamente nadie, está libre de ellas. Critico que un movimiento político no logre, ni siquiera intente, ofrecer como justificación racional de sus propuestas para la sociedad otra cosa que una relación de sus personales pieles de gallina y escalofríos. Ese tipo de cosas, ciertamente, las experimentamos todos, pero no todos hacemos de ellas programa político, o al menos tratamos de racionalizarlo algo más a la hora de defenderlo13.

Y, sin embargo, quizás sí haya una respuesta admisible a la pregunta, sin recurrir al mencionado mantra (gure hizkuntza da), es decir, desde una perspectiva racional. La extensión del conocimiento de la lengua vasca puede ser un bien y puede merecer la pena dedicarle recursos porque mejora notablemente la cohesión social del país y aleja consecuentemente el peligro de aparición de comunidades estancas y enfrentadas, peligro que, a la vista de nuestros antecedentes, es grande. Esto sí es una respuesta digna de tomarse en cuenta y de discutirse (yo en particular no tengo nada que discutirle ni objetarle: me parece muy bien). El problema es que si este argumento de la cohesión social puede servir —y en mi opinión sirve— para justificar una política de fomento del conocimiento de la lengua14 fuera de las zonas euskaldunes, de ninguna manera justifica una política de uniformización cultural como la que tenemos en marcha, basada principalmente en la euskaldunización cuasi forzosa15 de la juventud vía inmersión lingüística escolar, política absolutamente ajena a la realidad del país y sólo comprensible por la pulsión religiosa del nacionalismo. Una política que ha robado —es la palabra justa— a toda una generación de vascos castellanohablantes el derecho elemental, tan reclamado siempre para la otra parte16, a una educación en la lengua propia, la natural, la de su familia, la de su calle, la de su ciudad, sustituida por ese extraño dialecto balbuceado de la lengua vasca17 que se ha convertido en vehículo mayoritario de nuestra enseñanza, con consecuencias académicas y personales todavía por ver.

Todavía por ver, digo, pero que quizás ya empiezan a verse. A este respecto, es significativo, por ejemplo, el muy mal resultado de la CAV en las competencias Conocimiento e interacción con el medio físico y Competencia social y ciudadana, ambas de gran contenido verbal, sobre todo la segunda (en la que el resultado, no por casualidad, fue aún peor), en la Evaluación General de Diagnóstico del año 2009, establecida para toda España por el Ministerio de Educación, resultado que tiene relación evidente18 con el hecho de que los alumnos vascos estudian en un idioma que en la mayor parte de los casos no es ni el suyo ni el de sus profesores. El Gobierno Vasco consiguió disimular el percance balbuciendo excusas incomprensibles (si no recuerdo mal, algo como el «comportamiento diferencial de los ítems traducidos», admirable perla del hablarraro psico-pedago-político al uso) y solicitando al Ministerio que los sacara de la tabla comparativa de resultados, cosa que consiguió, no sé con qué connivencias19. Todo ello para que no quedara en evidencia que la mayor parte de los alumnos vascos estudian en un idioma en el que les cuesta entender bien las cosas y con unos profesores a los que les pasa lo mismo. Y que eso, naturalmente, tiene consecuencias20.

3. EL BALANCE: ¿RESUCITA EL EUSKERA?

A la vista de toda esta inmensa y costosa acción pública que viene desarrollándose en los últimos decenios, uno no puede dejar de preguntarse si al menos está sirviendo para algo. ¿Está resucitando la lengua vasca? ¿Somos más euskaldunes que hace treinta años21? ¿Y que hace cincuenta? ¿Y que hace cien? La respuesta es difícil y depende directamente de la vara que use cada cual para medir la vitalidad de un idioma. Si nos atenemos a las estadísticas de conocimiento, sin duda lo estamos consiguiendo. Por la vía de la presión administrativa (fundamentalmente repartiendo el trabajo público en exclusiva a quienes han cotizado en la taquilla de la construcción nacional)22 y mediante la cuasi eliminación del castellano del sistema educativo público, hemos conseguido que en la V Encuesta sociolingüística, publicada en marzo de 2012, el 32 por 100 de la población vasca se declare bilingüe, frente a un 20 por 100 en 1991. Que el 32 por 100 de la población se declare algo no es lo mismo, claro, que el 32 por 100 lo sea. Hay que observar que el sistema utilizado (la autoevaluación, por teléfono), es el más inadecuado posible para temas altísimamente ideologizados como este. Cuando algo constituye, como en el actual País Vasco, el mensaje social deseable, la autoevaluación se ve irremediablemente deformada por el deseo de acercarse al ideal, de quedar bien con el entrevistador, al que al fin y al cabo se percibe como enviado de las instituciones23. En todo caso, con todos los reparos, cabe aceptar que alrededor de una tercera parte de la población vasca posee un conocimiento del euskera que, en el peor de los casos, le permite chapurrearlo.

Parece pues que, según se mire, el gasto y el esfuerzo han servido de algo.

Especialmente, como era de esperar, en la parte más joven de la población. El porcentaje de vascoparlantes se dispara en la franja de edad entre los 16 y los 24 años, es decir, en la población que ha recibido/sufrido los efectos de la (re)euskaldunización escolar: de estos, más del 60 por 100 se dicen euskaldunes en la Encuesta. Es, sin embargo, instructivo, para atemperar el entusiasmo, comparar este dato con el del porcentaje de alumnos que en 2006 hicieron en euskera el examen de la evaluación internacional PISA24. Esta prueba, el Gobierno Vasco decidió pasarla en euskera sólo a los alumnos que, en su propia estimación, eran verdaderamente vascófonos25 independientemente de cuál fuera su lengua de instrucción. De los 3.929 alumnos de todos los modelos que la hicieron, sólo 535 (13,6 por 100) fueron considerados suficientemente euskaldunes como para hacer el examen en esa lengua sin peligro de que se resintiera el resultado. Compárese la diferencia: del 60 por 100 de euskaldunes en el empíreo cielo de la autodeclaración, a menos del 14 por 100 en el fatigoso suelo de la realidad, según si el dato se requiere para darle alegremente al bombo, sin consecuencia práctica alguna, o si de él depende, como en PISA, el prestigio del sistema educativo vasco. Huelga decir que en el segundo caso es razonable esperar una actitud más realista.

Sea de ello lo que fuere, la misma encuesta revela que el aumento en el conocimiento, que en bruto lo ha habido, no ha traído parejo ni de lejos un aumento proporcional del uso. Por lo que parece, los nuevos euskaldunes de Proyecto, aunque podrían hablar euskera, siguen hablando castellano.

Por otra parte, los datos sobre uso de esta encuesta son en mi opinión aún menos fiables que los de conocimiento (a los que ya he puesto reparos). Y ello por dos razones: en primer lugar porque si la autoevaluación ya es, como he dicho, un método inaceptable para medir el conocimiento, en mi opinión lo es todavía más para medir el uso. En una cuestión tan relativa y sugestionable como si usted usa poco o mucho el euskera, el mensaje social deseable (el euskera va que chuta), tiene forzosamente que distorsionar las cosas. Todo el mundo quiere ser estupendo.

Y, en segundo lugar, y más importante, porque si los resultados han de significar algo sobre la salud civil del idioma, no todos los usos valen, sino sólo el espontáneo, el libremente decidido por el hablante. No son significativos para esto los contextos en los que impera la antes mencionada prohibición ritual de hablar castellano, es decir, la enseñanza pública y sus extensísimos aledaños, gran parte de la administración, los medios de comunicación oficiales en euskera, diversos trabajos de financiación pública relacionados con la lengua, etc. Aquí (y es un campo que ha crecido mucho en estos años) no es el ciudadano el que decide hablar euskera, sino una institución quien ha decidido que lo hable, muchas veces a cambio de un sueldo, y, por tanto, este uso mide en todo caso el nivel de presión administrativa pero no la salud real de la lengua. Como hemos aprendido con dolor en España, en los balances no se deben contabilizar activos tóxicos, so pena de falsearlo todo.

A este respecto, es interesante observar que en los censos irlandeses de 2006 y 2011, que se ocupan también de cuestiones de lengua, las preguntas sobre el uso del gaélico especifican que se refieren a su uso fuera del sistema educativo, para distinguir el uso espontáneo —que es el verdaderamente indicativo de la salud de la lengua— del inducido o forzado, que en realidad no significa gran cosa. Que esta distinción es importante se echa de ver al comparar el dato de la población irlandesa mayor de tres años que habla irlandés todos los días fuera del sistema educativo (1,8 por 100) con el que se obtiene contando también el uso en el sistema educativo (18 por 100, diez veces más). Sería muy deseable que este tipo de elementales precauciones se tomaran también para las estimaciones de uso del euskera, si lo que se busca es una apreciación justa de la realidad26.

Sea de ello lo que fuere, es claro que poca gente, una vez adquirido el documento que le permite optar al trabajo público y alejar fantasmas de discriminación, decide convertir el trabajoso idioma en lengua de uso en su vida personal27. ¿Por qué? Porque la administración, al menos en las actuales condiciones políticas, no puede obligarle a hacerlo. Puede, sí, obligarle (en fin, digamos, animarle) a aprender euskera, para lo que dispone de una variada panoplia de premios, castigos y coerciones de la que ya hemos hablado; puede incluso obligarle (animarle) a usarlo en determinados ámbitos formales-administrativos-oficiales, que es, no por casualidad, donde según la V Encuesta fundamentalmente aumenta el uso, pero no puede obligarle a hablar vasco en su vida privada (al menos mientras existan determinadas barreras a la acción pública, pero esto es el tema de la segunda parte de este trabajo). Y cuando el flamante euskaldun sale del gran foco administrativo-burocrático y recupera su vida y su libertad, el euskera, por lo común, desaparece de su boca.

Esta proliferación de euskera inducido, forzado o coaccionado, y de hablantes cuya hablancia se limita a figurar en las estadísticas (estadísticas que inmediatamente sirven para justificar más presión sobre la población —en realidad para eso se hacen—), esta construcción de un mundo oficial de cartón que a uno le parece evidentemente lamentable, despierta sin embargo grandes contentos y alegrías entre los nacionalistas, y entre algunos otros. Esto puede parecer sorprendente, pero se explica porque, aparte de otras razones menos manifiestas, de las que también voy a hablar, los nacionalistas o al menos el sector más radical y más crédulo de ellos, tienen la esperanza de que con el tiempo, y a base de extender todo lo posible la parte presionable de la vida de los ciudadanos (extensión que en las actuales condiciones políticas, sin independencia, tiene ya muy poco margen, y con esto me voy acercando al tema de la segunda parte del trabajo), con el tiempo, digo, el pidgin trabajosamente sembrado comience en un momento dado a criollizarse, es decir, a nativizarse, y que esos hablantes comiencen a usar el euskera espontáneamente, sin necesidad de vigilancia. Y es que todo esfuerzo de reeducación, que es lo que es este, tiene naturalmente por objetivo conseguir que la cosa, a partir de un momento, funcione sola; que la introyección de la figura paterna, por decirlo en términos psicoanalíticos, consiga que el reeducando cumpla con su deber sin necesidad de vigilarlo. Todo lo demás es un fracaso.

Técnicamente, es cierto que no es imposible que un pidgin se criollice28, es decir, se nativice e ingrese en el circuito de la transmisión natural de los idiomas, que es vía sexual y no vía escolar. La historia lingüística muestra casos (aunque pocos, la verdad) de lenguas segundas mal que bien adquiridas que han llegado a ser lengua materna y primera de una población. El caso paradigmático, seguido con veneración y envidia entre nosotros, es el de la revivencia del hebreo tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en mi opinión, si no se sobrepasan las actuales barreras de respeto a la vida privada de la gente, es altísimamente improbable que la población en general se pase al euskera, ni siquiera llegue nunca a hablarlo tolerablemente. Por lo general, sólo condiciones de necesidad objetiva, inexistentes en este caso, consiguen que alguien aprenda de verdad una lengua y, más aún, que cambie de lengua, no la presión administrativa, salvo que sea brutal, cosa que por ahora, aunque molesta e injusta, no es, ni lo va a ser mientras no cambien mucho las cosas.

Es difícil creer que en las actuales condiciones el euskera vaya a convertirse fuera de las zonas y medios tradicionalmente vascófonos en lengua de verdadero uso social, salvo en pequeños enclaves como lengua de gueto o de secta (administrativa u otra), endogámica y no expansiva, que es lo que se está consiguiendo. Tras más de treinta años de esfuerzos en la enseñanza de y en euskera, es evidente que la cosa rara vez pasa de ser una delgada purpurina.

Entonces —uno se pregunta— ¿qué otra razón puede justificar este inmenso, carísimo y estresantísimo reparto de epidérmica purpurina sobre la sufrida población? ¿Por qué puede parecerle a alguien un bien que los habitantes de, digamos, Oyón, Álava, aprendan el nor-nori-nork e incluso ya vayan chapurreándolo de vez en cuando? ¿Puede tener esto alguna relación con una preocupación por la pervivencia del euskera en, digamos, Lekeitio, o Asteasu? Parece evidente que en todas estas cosas debe de haber otra razón de fondo que no sea ni la cohesión social ni la pervivencia del euskera tradicional.

En mi opinión, el problema que trata de resolver el nacionalismo con esta mano de pintura sobre la población, es que en gran parte del país, si se deja a la población en paz, si se les deja ser tranquilamente lo que son (lo cual, en mi opinión, debería ser un ideal de la acción pública democrática: adaptar las políticas a la gente, y no la gente a las políticas29), la diferencia con los de Fuera (que en Oyón, por ejemplo, están a dos pasos, mucho más cerca que los de Dentro), la diferencia, digo, no se nota, sencillamente porque no existe. El proyecto de (re)euskaldunización, aunque se quede, como por ahora se queda, en el estadio de la purpurina, tiene para el nacionalista una función demarcativa muy valiosa. Sirve para delimitar el territorio, y marcar la población, y sólo en este contexto (que es el del, digamos, «replanteo»30 preliminar para la construcción de un futuro estado) cobra sentido lo que desde otras perspectivas (pervivencia del euskera tradicional, cohesión social) parece absurdo. El euskera, aunque sea en su forma más epidérmica y cosmética, es la mejor solución que han encontrado al para ellos gravísimo problema de indistinción, de falta de diferencia real entre los de Akí y los de Allí, con el que se encuentra el proyecto nacionalista.

Me interesa observar que en esta labor de diferenciación a toda costa para distinguir a los vascos de las, ¡ay!, demasiado similares poblaciones españolas limítrofes, el euskera, como es sabido, no ha sido la primera opción del nacionalismo. En realidad empezaron por los nombres. En concreto, por los apellidos. Ése fue, cuando vino la Gran Luz, el vistoso pin elegido entonces por el nacionalismo para distinguirnos de Ellos. Pero como esto en su versión más fuerte (los ocho apellidos exigidos para afiliarse al PNV) era un criterio que excluía a la práctica totalidad del target comercial de la operación, Arana, a quien siempre hizo sufrir mucho ver a los vascos básicamente tan iguales a los demás humanos, tuvo la idea genial de crear de la nada, por el procedimiento de sentarse e inventarla, una onomástica personal nacionalista de la más pura pacotilla, salida entera, nombre tras nombre, de su cabeza, vestida y armada, como Minerva de la de Júpiter31. Idea genial, digo, y no hay ni rastro de ironía en mis palabras. Fue una idea genial, que inauguró la moda de la purpurina narciso-distintiva de tanta boga entre nosotros, cuyo último vástago es este de la universalización del euskera o al menos de su sucedáneo chapurreado32.

Probablemente para el nacionalismo pacífico-burgués (práctico y realista, pues burgués) esto pueda ser suficiente. Aún en el caso de una hipotética secesión que en el futuro les diera los medios de hacer más, quizás no lo hicieran, pues teniendo ya un pin identificativo que nos distingue de los españoles, quizás no fuera tan importante llevarlo siempre en procesión; podría ser de quita y pon (incluso siempre de quita y nunca de pon), que es más o menos lo que ha acabado por suceder en Irlanda. A los efectos importantes bastaría con prendérselo sólo cuando vienen los de fuera, para que se enteren.

Jugando con una imagen grosera pero eficaz, podríamos expresarlo así: como los cánidos delimitan su territorio dibujando su perímetro mediante marcas olfativas, que por evanescentes deben ser renovadas continuamente pero que son útiles al cabo para advertir al intruso de que entra en casa ajena, así también nosotros necesitamos algo, aunque sea epidérmico, que deje claro dónde acaban Ellos y dónde empezamos Nosotros, porque si no, en el estado actual de las cosas, eso ni se ve. Y, claro, si en el futuro va a haber una frontera, tiene que notarse una diferencia, porque si no, ¿por qué la frontera?33.

4. EL EUSKERA TRADICIONAL

La segunda parte de este balance debería hablar de los efectos que tiene esta operación de ingeniería social sobre la comunidad tradicional, sobre la población que habla euskera no por decisión ideológica ni por presión administrativa, sino por herencia, porque, si me permite la expresión, es lo que les ha llovido encima.

Este núcleo tradicional, como no se cansa de decir Fishman34, es el escalón básico y crucial de toda la cuestión, la médula esencial que permite decir que un idioma está vivo y el campo básico que es imprescindible apuntalar y asegurar si queremos que todo lo demás, todos los esfuerzos en oficialidades, bilingüismos y euskaldunizaciones in partibus tengan algún sentido y no acaben por ser una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Sin esto, dice Fishman, no hay nada que hacer, y sin esto, añado yo, no hay ninguna razón de hacer nada: si un idioma no se habla, no hay ninguna razón de hablarlo. Lo único que justifica una política lingüística es la existencia de una comunidad tradicional de hablantes de euskera.

¿Qué dicen pues los datos, las estadísticas, las encuestas? También aquí, nuevamente, parece que todo va bien: la transmisión de la lengua, al parecer, se efectúa al 100 por 100: quien puede transmitirla la transmite, y aumenta el uso de la lengua al menos en los campos más formales (relaciones con la administración, etc.). ¿Y en los informales? ¿En esos campos, que suponen casi la totalidad de la comunicación humana diaria y en los que el euskera hasta hace poco era vehículo único para la comunidad tradicional? Pues aquí, no se sabe muy bien, pero caben ciertas dudas. Hay un dato que revela la citada V Encuesta que, si lo entiendo bien, debería hacernos pensar que no todo es tan halagüeño: en la mitad de los hogares con ambos padres vascófonos, dice la Encuesta, el euskera sólo se usa para hablar a los niños (y repito que, sin duda, la autoevaluación ha tenido que suavizar este resultado). Es decir que la lengua real, íntima, personal del adulto, la que rige su pensamiento y su vida afectiva, la que usa cuando nadie lo vigila, es el castellano.

El contraste entre los dos datos es llamativo: que la transmisión de la lengua se dé al 100 por 100 pero que en la mitad de esas familias sólo se use para hablar a los niños. Como bien sabemos en este país de adhesiones inquebrantables, toda unanimidad, procede siempre, en una medida u otra, de coacción; y el dato apunta al repulsivo sistema de control social que el nacionalismo ha instaurado sobre su población, y en los entornos vascohablantes más que en ninguna parte. En muchos medios del País Vasco, hoy, nadie que sepa euskera, por mal que sea, se atreve a no hablar en euskera a sus hijos, porque hacerlo lo convertiría en un apestado para la legión de comisarios y sanedrines de barrio que pululan por el país. Nótese, a este respecto, que la lengua en que hablas con tu pareja y la lengua en que hablas con tus hijos son cosas de una conspicuidad pública muy distinta, lo que explica la diferencia. En lo primero se puede ser discreto (de puertas adentro, incluso, nadie lo puede saber) pero en lo segundo no, porque si hablas a tus hijos en castellano, lo ve todo el mundo: tus amigos, tu círculo social, la gente de la calle y, sobre todo, lo ven los profesores de la escuela en euskera a la que los llevas, porque quieres o porque no hay otra cosa35. Por otra parte, hablar con tu pareja en castellano es mucho menos grave para el Proyecto que no cumplir con tu deber en la transmisión de la lengua. En lo primero, los comisarios pueden mirar para otro lado (porque, al cabo, algún respiradero hay que dejar a la gente). Lo segundo, es alta traición. No exagero: conozco muchos padres que se pasan la vida, a regañadientes, malchapurreando euskera con sus hijos porque no se atreven a plantar cara a la red de control social en la que viven, que no se lo perdonaría.

En todo caso el dato habla, sobre todo, de una realidad que cualquier persona informada y prudentemente descreída de las estadísticas36 ya sospechaba: que el lento retroceso del euskera en la minoría tradicional como lengua mental, personal, dominante en los individuos no se ha detenido. En la minoría tradicional, me temo, el euskera no desaparece de las estadísticas de conocimiento, ni tampoco de las de uso (que son muy poco fiables, como he dicho) pero sí, lo cual es mucho más grave aunque más difícil de probar, de la cabeza de las personas, cosa de la que no se pueden hacer estadísticas en el estado actual de la tecnología. En la comunidad euskaldun tradicional, ¿es hoy el euskera más o menos dominante en el pensamiento de los individuos? Ante esta pregunta, creo, mal puede hacer nadie otra cosa que dar sus impresiones personales, y pedir a todo el mundo sinceridad. Pues bien: en mi opinión, y hablo, a falta de otras fuentes fiables, por mi experiencia personal directa, el debilitamiento interno de la realidad psicológica del euskera en la comunidad tradicional sigue su curso, aunque ralentizado sin duda por las actuales políticas. Y hay que tener claro que es aquí donde se juega el futuro de la lengua y no en la euskaldunización de Somorrostro o de La Rioja alavesa.

¿Quién piensa en euskera todavía dentro del mundo euskaldun tradicional? ¿Proporcionalmente son más o menos que hace cuarenta años? ¿Y que hace cien? Nadie mínimamente informado puede contestar con optimismo a estas preguntas. Dentro de la minoría tradicional, aunque se mantenga su transmisión, el euskera en términos de realidad psicológica personal es cada vez más una segunda lengua, aunque sea la materna; y cada vez menos la lengua personal básica, la opción predeterminada, por decirlo en jerga informática. El problema, en mi opinión, está aquí, y no en los chapurreos institucionales de Laguardia o El Ciego.

Por eso creo que si lo que se busca es asegurar la existencia real, no icónica, del euskera, estamos cayendo de hoz y coz en el error que Fishman una y otra vez, con machacona y desoída insistencia37, denuncia en Reversing Language Shift, su ya citado manual de resucitadores, verdadera Biblia de la cuestión, y como ella más alabado que leído: antes de tener asegurado y consolidado en la comunidad tradicional el nivel más básico, real, coloquial, familiar, de las relaciones humanas más espontáneas, nos hemos lanzado a euskaldunizar por ejemplo Vitoria, con efecto inapreciable sobre la salud real del idioma, que se mide en otras cosas y no en boletines oficiales o formularios municipales, y provocando una dispersión y pérdida inútil de recursos38. La certera imagen que usa Fishman, si no recuerdo mal, es la del que sopla en un globo pinchado; él recomienda arreglar primero el pinchazo, que es el problema básico de la cuestión, antes de embarcarse en expediciones colonizadoras (dejando a un lado la dudosa —en mi opinión inexistente— legitimidad de la colonización).

Me parece tan claro que si lo que se busca es realmente asegurar la pervivencia del euskera como idioma real (no icónico o ritual), lo que se está haciendo no es lo que hay que hacer, que vuelvo nuevamente a la idea de que la verdadera razón del reparto de purpurina no puede ser sino su alto valor demarcativo, político. Si a ojos de muchos este gasto en maquillaje es justificable, aunque a la lengua real no le suponga gran cosa, es porque el maquillaje resulta utilísimo, en cambio, para el Proyecto Nacional, es decir, para la construcción de una diferencia cultural, epidérmica pero políticamente aprovechable, allí donde no la había, de una frontera entre poblaciones básicamente indistinguibles, frontera en un primer momento virtual pero con vocación de pasar a física en cuanto se pueda. Para que Dios, llegado el momento, pueda reconocer a los suyos, hay que ayudarle39.

Hay otra cuestión, finalmente, que no puede dejar de mencionarse en un balance de nuestra política lingüística, que son los efectos previsibles, ya no sociolingüísticos sino puramente lingüísticos sobre el euskera tradicional, que puede tener la difusión masiva de una lengua chapurreada y desnaturalizada, y el intento de nativizarla a gran escala que está en la mente del Proyecto, o al menos de parte de él. Estos efectos ya se están viendo y no cabe duda de que se van a ver cada vez más en el futuro. A este respecto, como indicio de lo que puede suceder con el euskera vernáculo en la sociedad, es una buena referencia lo que ya hoy está sucediendo en las aulas en el encuentro entre lengua tradicional y neolengua. Como dice Pello Salaburu, un niño de lengua materna vasca y buena competencia lingüística al escolarizarse en euskera en una zona no euskaldun tiene casi garantizada la degradación de su lengua por adaptación al pidgin circundante:

En una familia en la que se habla euskera (entre los padres, los padres con los hijos y los hijos entre ellos), yo me lo pensaría dos veces a la hora de escolarizar a un hijo si en el aula a la que va a ir hay muchos niños de lengua castellana, […] En ese caso, el niño trae de casa un buen euskera, pero en el aula se va a encontrar con niños que no saben euskera y que, incluso cuando lo aprendan, no lo van a hablar bien. Yo creo que el modelo que se impondrá será el de estos últimos. […] si se manda a ese niño al modelo D, se corre un riesgo, y es probable que conserve mejor su euskera si utiliza sólo el de casa40.

Esto no tiene nada de sorprendente. En todo intento de nativizar a gran escala una lengua (mal)aprendida, es la lengua tradicional la primera que se ve afectada, y no para bien.

De lo que puede suceder en estas situaciones el caso paradigmático es, nuevamente, el del hebreo moderno. El lingüista israelí Ghil’ad Zuckermann ha estudiado su génesis y evolución y ha llegado a la conclusión de que el hebreo hablado actual no puede considerarse ni genética ni tipológicamente la misma lengua que el hebreo bíblico que se trataba de resucitar; ni siquiera puede considerarse, dice, una lengua semítica propiamente dicha. El resultado de la criollización ha sido lo que él llama, para distinguirlo del hebreo, israelí: un idioma híbrido, construido combinando una forma lingüística centroeuropea (sobre todo yiddish) y un material lingüístico bruto hebreo. Dicho de otra forma: una cáscara semítica recubriendo una sustancia centroeuropea41.

Lo interesante para nuestro caso es que Zuckermann (en mi opinión con razón), cree que esto no fue así porque se hicieran mal las cosas, sino que simplemente era inevitable, ya que en estos casos la hibridación viene de la naturaleza misma del proceso:

A causa de la ubicua Causación Múltiple, no es probable que se consiga revivir un idioma que ha dejado de hablarse sin que se dé un cruce (cross-fertilization) con las lenguas maternas de los revividores. Con lo cual, lo que puede esperarse de estos esfuerzos de resucitación es una lengua genética y tipológicamente híbrida. La causación múltiple se manifiesta en el Principio de Congruencia, según el cual, si un rasgo existe en más de una de las lenguas contribuyentes, tiene muchas más posibilidades de perdurar en la lengua emergente42.

Se me dirá que Zuckermann habla de idiomas muertos y que el euskera no ha dejado de hablarse, por lo que sus observaciones no son pertinentes para nuestro caso. Esto sería, desde luego, una objeción válida si las actuaciones de nuestra política lingüística tuvieran a la lengua tradicional como objetivo principal y punto de partida y de llegada, como preconizaba Sánchez Carrión en 1987:

Un idioma para pervivir necesita un núcleo de gentes que piensen y se expresen predominantemente (o exclusivamente) desde él y es este grupo de gentes quienes deben representar para este idioma la norma o la legitimidad lingüística: la meta hacia la que los bilingües incipientes o avanzados deben apuntar43.

No me parece, sin embargo, que esto haya sido así en absoluto. El grueso del sudor y del presupuesto, como decía al principio, se lo ha llevado en mi opinión el proyecto de (re)implantación fuera de su territorio. El caso vasco, efectivamente, no es el israelí; el problema es que, pese a ello, y por razones en mi opinión de conveniencia política del nacionalismo, las cosas se están haciendo al estilo israelí, al menos demasiado al estilo israelí, es decir, como si se tratara no de revitalizar un idioma tradicional, sino de resucitar una lengua por las buenas con poca o ninguna conexión con su manifestación tradicional. De hecho, el contacto con el euskera popular de la práctica totalidad de los neohablantes es sencillamente nulo, inexistente, y, lo que es peor, cuando lo hay, como sucede en el micromundo experimental de las aulas, donde conviven euskera tradicional en minoría y neolengua en mayoría, es aquél el que se adapta a ésta (y desaparece) y no al revés. Hay grave peligro de que eso sea exactamente lo que suceda cada vez más en la sociedad vasca. Dudo de que la lengua tradicional, si las cosas siguen adelante por este camino, tenga ni la vitalidad ni el peso numérico necesarios para imponerse al chapurreado, ni siquiera para sobrevivirle.

Todo esto se puede decir de forma más sencilla, clara y directa como gusta de hacerlo un amigo mío: «Si al final sale de esto algo, hay que ser conscientes de que será un churro»44. Y lo será —añado yo— irremediablemente, en las dos acepciones que esa palabra tiene en español: inevitablemente e irreparablemente.

Nótese, por otro lado, que decir esto, en sí, no supone tampoco ninguna demostración de que el Proyecto sea indeseable: un churro, como casi cualquier cosa, puede defenderse con buenos argumentos y habrá sin duda quien diga que prefiere un churro que un muerto. Por otra parte, el churro es o será tal sólo en la medida en que el punto de comparación siga siendo la lengua tradicional, en que se siga tomando esta como modelo de lo correcto y de lo que se desea conseguir. En el momento en que esta haya sido, digamos, «superada» y sólo quede la otra, el churro dejará por lo mismo de serlo y será, sencillamente, un nuevo estándar, quizás una nueva lengua, autónoma y, por lo tanto, tan correcta como la antigua, que es lo que, según Zuckermann, ha sucedido en Israel: que, aunque en la versión oficial hebreo moderno y clásico son sustantivamente lo mismo y sólo se distinguen en el adjetivo, en realidad son lenguas distintas, por lo que él aboga por buscarle otro nombre al segundo: israelí45.

En todo caso, de esto hay que hablar y pensar, para poder decidir si las cosas van bien encaminadas: Por el camino que llevamos, si la cosa tiene éxito, ¿es posible evitar el churro? Yo creo que no. ¿Merecería la pena ese churro? Yo creo que no. ¿Se podría concebir otra política que protegiera el euskera sin churrificarlo irremediablemente? Yo, aunque no estoy seguro, y tampoco me siento bien dotado para decir cuál debería ser ésa, creo que sí.

Pero quiero insistir sobre todo en la idea de Zuckerman antes expuesta: los tristes resultados del Proyecto no vienen en modo alguno de que las cosas se hayan hecho mal. Las cosas, en términos generales, se han hecho razonablemente bien. En esto los vascos no hemos desmentido nuestra proverbial eficacia. Es el propio enfoque del Proyecto el que implica inevitablemente este resultado lamentable, no la falta de habilidad para llevarlo a cabo, por lo que las discusiones técnicas huelgan, hay que hablar de los principios.

II. EL FUTURO, LA SECESIÓN

Tras esta prolija pero creo que necesaria revisión de las penas y las glorias de la política lingüística vasca de estos años, y sobre todo de la legitimidad, en mi opinión nula, de muchos de sus objetivos y procedimientos, es momento ya de abordar el tema que debería ser central en este trabajo, ya que así lo promete el título: las consecuencias sobre la situación lingüística de una posible secesión de España de la CAV46, secesión que hoy quizás se puede concebir como no imposible en un futuro, o al menos no tan impensable como hace algunos años, debido a la conjunción reciente de varios factores, como son la victoria nacionalista en las últimas elecciones y los nuevos vientos europeos, con un referéndum de independencia en el calendario (Escocia), que puede abrir puertas hasta ahora cerradas.

Para empezar por un punto cómodo que engarce con lo ya dicho, repito que la difusión masiva inducida por la administración de un epidérmico chapurreo vasco se justifica a ojos de los nacionalistas, por un lado por su evidente función de reservar el acceso a los ámbitos del poder y el trabajo público para sí o, en todo caso, para quienes hayan cotizado en la ventanilla de la construcción nacional (no olvidemos, además, que el proceso de euskaldunización viene siempre cargado de un intenso adoctrinamiento nacionalista, subliminal o descarado), y por otra, por el benéfico efecto de establecer una frontera virtual con España y crear donde no la había una diferencia justificativa de sus proyectos. Pero también, por la esperanza del sector más iluminado del movimiento (también el más ingenuo y por ingenuo el más radical) de que la semilengua trabajosamente difundida entre los ciudadanos mediante presión e incluso coacción, llegado un punto, pase de pidgin a lengua real, se vernacularice, si me perdonan el palabro. La esperanza, dicho de otro modo, de que la actual purpurina haga carne.

Repito también que técnicamente esto no es imposible, y que el caso paradigmático de ello es el de la revivencia del hebreo en Israel en el siglo XX, no por casualidad mirado con admiración y envidia desde el principio por los fautores de la (re)euskaldunización.

Encuentro sin embargo, en el caso israelí, ya a primera vista, varios factores de éxito que echo a faltar en el nuestro:

1. Absoluta libertad política. El estado israelí no tenía que rendir cuentas a nadie de sus políticas; tenía las manos libres para hacer lo que le pareciera, sin más límites que los que él mismo quisiera ponerse.

2. Absoluta voluntariedad de todos los actores del proceso. El estado de Israel es el primer caso conocido de un estado fundado sobre la adscripción voluntaria expresa47 de todos sus ciudadanos. Todos los ciudadanos del nuevo Estado estaban de acuerdo con el proyecto y manifestaban esa conformidad con el propio acto de emigrar.

3. Condiciones de necesidad objetiva. Aunque la lengua más extendida entre los primeros emigrantes a Israel era el yiddish, un dialecto alemán, los ciudadanos del nuevo estado no tenían ninguna lengua realmente común a todos en la que poder entenderse. En una medida u otra, gran parte de ellos tenía que cambiar obligatoriamente de lengua. La necesidad de vernacularizar una nueva lengua en la población era, en su caso, comunicativa y objetiva, además de ideológica.

No creo que necesite de mucha demostración afirmar que estos factores, aunque no sólo ellos, fueron los determinantes del éxito de la operación. También me parece evidente que estas claves no se dan en el caso vasco. Es más, no sólo no se dan, sino que de los tres factores sólo uno, el primero, es susceptible de hacerse realidad en un futuro. Los otros dos, la voluntariedad universal de los actores y el contenido en necesidad objetiva del proyecto, no es sólo que no se den ahora, sino que por la propia naturaleza de las cosas no se van a dar nunca, no pueden darse.

Antes de hablar del primer factor (la completa autonomía política, es decir, la posibilidad de superar las actuales constricciones que limitan la acción pública), que es el directamente relacionado con el tema de la secesión, permítanseme unas observaciones sobre la tercera cuestión, la referida a la necesidad objetiva como factor de éxito o fracaso en estas operaciones, cuestión también relacionada y que considero de interés.

1. LA NECESIDAD COMUNICATIVA

En situaciones normales y para el común de la gente, como he dicho, las condiciones objetivas de necesidad son el factor decisivo del aprendizaje real de una lengua y, más aún, de su uso y, más aún, del cambio personal de una lengua a otra. Un emigrante no aprende la lengua del país que lo acoge porque ninguna norma le diga que debe hacerlo (aunque la haya) ni porque su conocimiento le dé puntos en las oposiciones, sino sencillamente porque si no, no puede ni preguntar la hora en la cola del autobús. Es este tipo de perentoria necesidad objetiva el que consigue que la gente aprenda una lengua, la hable y, más aún, a la larga cambie de lengua; no las normativas funcionariales ni los puntos en las oposiciones48.

Como bien dice Ruiz Soroa, el beneficio comunicativo está en la base de la expansión y retroceso de las lenguas49.

En el caso vasco, huelga decir que la necesidad objetiva no existe: tras el tremendo esfuerzo social de la (re)euskaldunización, cuando todos hayamos aprendido euskera, o al menos algo parecido, y estemos en el anhelado punto de llegada del proceso, el número de personas con las que antes no podíamos comunicarnos y ahora en cambio podremos comunicarnos, será de exactamente cero. Vamos a adquirir todos una costosísima herramienta nueva gracias a la que vamos a poder hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. Sin despreciar el peso en estas cuestiones de las motivaciones sentimentales e ideológicas, que ciertamente puede ser muy grande, la simple consideración de este hecho enfría bastante, creo, el optimismo en la prognosis.

Pero hay más. No es sólo que el beneficio comunicativo de la operación sea nulo, sino que es sumamente negativo. Para la gran mayoría de los neohablantes, en el estadio actual de la operación, hablar euskera en vez de castellano es, comunicativamente, una tortura y una mordaza, multiplicada cuando, como suele suceder, todos los interlocutores comparten el mismo nivel de maniatamiento e impotencia. Todos los días vemos en el país escenas surrealistas, delirantes, a las que extrañamente nos hemos acostumbrado. Esta tortura sólo es soportable bajo condiciones de profunda anestesia ideológica (a la que nos tiene acostumbrados nuestra larga tradición de integrismo50) o bajo los efectos del poderoso lenitivo que constituye la seguridad laboral vitalicia.

Esta pérdida comunicativa se debe en parte, no cabe duda, a la impericia en el idioma que caracteriza al neohablante. Pero no sólo a esto. Hablando de la comunicatividad o falta de comunicatividad del euskera, no puede dejar de mencionarse un tema vidrioso y generalmente evitado por todo el mundo, pero, a mi entender necesario si de verdad queremos tener a la vista todos los elementos del problema, a saber, las limitaciones y deficiencias del euskera no ya sociológicas, sino como puro instrumento lingüístico. El problema quizás más grave del euskera es que el euskera es un problema no sólo para los malhablantes (que esto sería no decir gran cosa, porque ya se sabe), sino también para los hablantes competentes, incluso para los más competentes.

Me apresuro a citar a una autoridad antes de que me apedreen. Ibon Sarasola, en la presentación del Orotariko Euskal Hiztegia (Diccionario General Vasco), justifica de esta manera el que la lengua vehicular del gran diccionario haya sido el castellano:

Hemos utilizado el castellano como metalengua, en primer lugar por una cuestión práctica: el euskera no es todavía una lengua de cultura cómoda, y a la hora de hablar de ciertos temas cuesta verdaderamente mucho trabajo hacerlo en euskera con un rendimiento mínimo y sin chapucear demasiado. Es inútil hacer como si no supiéramos que esto es así, y la verdad, este Diccionario General ya acarreaba de por sí suficientes dificultades y quebraderos de cabeza como para añadirle una más de incierto beneficio51.

Pues bien, Sarasola aquí está hablando precisamente del problema que menciono, es decir, de la experiencia común a los que en algún momento usamos el euskera como medio de expresión de que todo es mucho más trabajoso que en castellano y de que, además, el resultado es bastante peor. Digámoslo o no, todos conocemos el amargo sabor de la impotencia.

Este estado de relativo infradesarrollo del euskera se debe sobre todo, en mi opinión, a un corsé normativo establecido sobre criterios identitario-nacionalistas, que produce que la prosa vasca estándar admita un nivel muy modesto de complejidad sintáctica, léxica y conceptual sin convertirse inmediatamente en ilegible52, que es lo que sucede con la mayor parte del inmenso corpus administrativo-oficial-subvencionado circulante, que en consecuencia acaba por engrosar al completo las filas de nuestras especialidades literarias preferidas: el vascopanada y el vascopanadie.

En mi opinión, y aquí enlazo ya con el tema central del trabajo, el estado de infradesarrollo de la lengua tiene relación directa con el narcisismo identitario del nacionalismo (que es naturalmente quien ha llevado la voz cantante en la normativización), pues este ve en ella ante todo un icono y no un instrumento, y considera más importante que sea característica que que sea útil.

De hecho, desde los primeros textos vascos extensos del siglo XVI, lo primero que han hecho todos los autores, uno detrás de otro, es retorcerle el cuello, si me permiten la expresión, a la sintaxis y orden de palabras vascos «identitarios» y crear (o, mejor, desarrollar) una sintaxis romanizante que les permitía escribir una prosa razonablemente similar en capacidad a la de las lenguas vecinas sin caer en la ilegibilidad. Ellos, claro, lo podían hacer porque carecían de toda preocupación narcisista y sólo les interesaba la capacidad instrumental de la lengua53.

Por aquí podríamos haber llegado a algún sitio. De hecho, en cierta medida, habíamos llegado, como decía Luis Villasante:

La verdad es que nuestros autores de los siglos pasados nos dejaron la prosa hecha y equipada con todo el utillaje necesario para este menester. Lo que ha sucedido es que se desautorizó a estos autores tildándolos de corruptores del idioma, de imitadores de modelos latinos, etc. […] Este corte con nuestra propia tradición ha supuesto un impasse para la lengua. Hay múltiples géneros en que nuestros viejos autores triunfaban y en los que nosotros nos encontramos en inferioridad de condiciones respecto a ellos, precisamente por haber abandonado su camino54.

Porque esta tradición, como dice Villasante, se malogró. Por un lado, la actividad literaria en euskera fue siempre demasiado débil, demasiado esporádica y demasiado inconexa como para crear un corpus y una tradición con verdadera autoridad. Y, sobre todo, a finales del siglo XIX, vino la Gran Luz, y Arana acometió su inmensa y perdurable labor de intervención cosmética sobre la lengua vasca que consistió, además de otros variados delirios que declino reseñar, en la supresión y estigmatización radical de todos los recursos acumulados durante siglos de cultivo que no fueran compatibles con una consideración narciso-identitaria de la lengua al servicio de su proyecto político. En cuestión de lengua, a partir de Arana han primado los aspectos identitarios sobre los comunicativos, la función icónico-distintiva sobre la instrumental55. Y aunque lo más delirante de su furia purificadora ha sido finalmente arrumbado, la línea de pensamiento general de Arana ha prevalecido. Y en los últimos decenios, en mi opinión, se ha intensificado.

Si nos preguntamos ahora sobre los posibles efectos de la secesión sobre la salud futura de la lengua vasca, creo altísimamente improbable que la secesión y la instauración de un nuevo Estado fueran a tener el menor efecto positivo en la superación de este grave problema instrumental. La secesión supone por necesidad un amplio predominio político de los nacionalistas en su versión más radical e intransigente, y dado que, como vengo diciendo, el que el euskera no acabe de dar el salto a ser un idioma verdaderamente desarrollado se debe ni más ni menos que al rol de sagrario que estos le atribuyen, mal puede concebirse que la secesión de España fuera a impulsar la solución del problema, porque en esta cuestión el problema, en gran parte, es el nacionalismo. La posibilidad de que con el cambio de condiciones políticas, con la llegada a la Tierra Prometida, se vea superada la esterilidad narcisista dominante en materia de lengua me parece remota porque esta actitud está grabada a fuego en la genética del movimiento y el triunfo de éste probablemente, en todo caso, la agudizará. Con lo que aún en la independencia los vascos (y los nacionalistas como todos los demás), seguiremos necesitando del castellano a la hora de la verdad como único idioma verdaderamente desarrollado disponible en el país.

Paradójicamente (en esta historia todo son paradojas), es el ingénito narcisismo nacionalista el que garantiza a corto y aún a largo plazo, por encima de los cambios políticos, la perduración del español en el país como lengua imprescindible. Porque realmente ¿alguien puede creer en serio que en el estado actual de la lengua sería posible la sustitución del castellano por el euskera?

2. LA LIBERTAD, LA SOCIEDAD ABIERTA

Llego ahora al punto central de estas reflexiones que es, como decía al principio del escrito, el de las posibilidades de acción para el euskera que en opinión de muchos nacionalistas se encuentran hoy vetadas por nuestra pertenencia a España y que la secesión les permitiría aplicar. Esto viene a coincidir también con el primero de los tres factores que he mencionado antes como clave en el éxito del caso hebreo: la libertad sin cortapisa alguna para la acción pública, sin rendir cuentas a nadie y sin más límites que los que ellos mismos quisieran ponerse.

¿Cuáles serían, pues, esos recursos hoy bloqueados y que la independencia política pondría al alcance del nacionalismo triunfante? y ¿qué efectos tendrían sobre la salud y el futuro de la lengua? Como he sugerido ya varias veces, creo que lo único realmente nuevo para la cuestión que traería la independencia sería la posibilidad de intervención coactiva directa en la intimidad de los ciudadanos. Todo lo demás, la cuasi eliminación del español de la enseñanza pública, la coacción indirecta, el ingenioso sistema de coerciones, limitaciones, premios y penalizaciones para el acceso a lo público, ya está en curso. Más allá, sólo queda entrar en la vida de la gente, en sus comportamientos privados. Para no andarme con rodeos, creo que por encima de lo que ya hoy se está haciendo, queda la deriva totalitaria, el control social.

No lo encuentro defendido explícitamente en ningún sitio, es cierto, no sé si por un resto de pudor o por miedo a las consecuencias electorales de quitarse del todo la careta (el totalitarismo, pese a todo, tiene mala prensa56), pero así parece deducirse veladamente de las declaraciones de quienes impugnan la actual ofensiva como totalmente insuficiente57 y, mucho más claramente todavía en algunos amagos de atropello, cometidos sin duda ex abundantia cordis, en los que a los nacionalistas en el poder se les ve de vez en cuando el plumero, como por ejemplo los intentos de impedir legalmente toda escolarización en castellano (incluso en la privada) protagonizados por la Consejería de Educación bajo Ánjeles Iztueta y Tontxu Campos58. Estas cosas indican por dónde podrían ir los tiros o al menos las ganas que tienen algunos de apuntar por ahí la escopeta. Realmente, la secesión, creo, nos pondría a la puerta de grandes decisiones.

En las páginas anteriores he venido presentando la tensa dinámica que ha creado la maquinaria presionadora nacionalista en la sociedad vasca entre espacios de coacción, en los que la Administración decide en qué idioma habla el ciudadano, y los de libertad, es decir, la vida privada no vigilada, en la que, al cesar la presión, cesa el euskera (fuera, naturalmente, de los medios vascófonos tradicionales, donde es lengua natural, ahí sí «propia» en sentido real y no ideológico), contraste idéntico, me interesa hacer notar, al que opera en las escuelas euskaldunizadoras, donde en el espacio de la obligación (el aula), se habla euskera (o, en fin, algo parecido) y en el de la libertad (el patio), castellano59. Me parece extremadamente interesante la comparación del mecanismo que determina el fracaso de la vasquización escolar con el que estamos viendo en la vida civil vasca. Y es que en definitiva toda esta gigantesca operación de ingeniería social se puede definir muy adecuadamente como una tentativa de ikastolización masiva de la sociedad. La ikastola (bajo sus varios nombres) es, como se sabe, la institución más querida y más lograda del nacionalismo, el santuario de las esencias y la matriz sagrada de la que emergerá la nueva Euskal Herria. Al alcanzar el poder, nada más lógico que intentar aplicar el modelo a la sociedad entera.

Nótese, además, que la comparación es exacta sobre dos planos: por un lado, porque tanto en la sociedad como en la escuela, se trata de algo más que de enseñar un contenido: se trata de educar (reeducar, en el caso de los adultos), de inculcar valores, de enseñar a vivir de otra forma; se busca una reforma, digamos, moral de la sociedad. Y, por otro, porque lo que determina el relativo fracaso de la operación es también lo mismo en los dos ámbitos: una motivación espuria e insuficiente.

El niño es un ser de una practicidad blindada que aprende exclusivamente lo que necesita y en la medida en que lo necesita: si su razón para aprender un nuevo idioma es que tiene que entender al que se ocupa de él gran parte del día y tener cierto dominio activo para comunicarse con él, aprenderá lo que necesita para hacer eso, y se plantará. Para ir más allá, debería ser sensible a estímulos ideológicos, a su deber patriótico, por ejemplo, cosa que, feliz edad, no sucede60.

Y en la ciudadanía, al cabo, el mecanismo es el mismo, ya que los adultos también han demostrado que tienden a ignorar en su comportamiento lo que no son razones de necesidad objetiva. Es cierto que siempre hay en ellos un porcentaje dispuesto a tener comportamientos ideológicos, incluso a tenerlos todo el día, como las parejas amordazadas de las que hablábamos antes, pero éstos —gracias a Dios— suelen ser relativamente pocos.

Ante este relativo fracaso61, la tentación continua del nacionalismo, si algún día tiene los medios, va a ser la de aumentar aún más el espacio, ya muy tironeado, de la coacción, y reducir aún más el de la libertad, o incluso suprimirlo totalmente. Repito que esto es, a mi entender, lo único sustantivamente nuevo y diferente que podrá aportar la independencia política a la cuestión de la lengua: la posibilidad de saltarse, todavía más, los límites democráticos a la injerencia del Estado en la vida personal del ciudadano62. La independencia permitirá cambiar libertad por euskera.

Y es que al final, de la libertad hay que hablar. Como dice Andoni Unzalu en el prólogo a la ya citada La política lingüística vasca a debate, la frustración del nacionalismo vasco ante su relativo fracaso en la euskaldunización es sencillamente la frustración ante la libertad de los demás, y la tentación ante este fracaso es limitar esa libertad: el totalitarismo.

Pero hay también otro aspecto conexo de la libertad, además del de la libertad individual, que el nacionalismo puede sentirse tentado a manipular si algún día alcanza (aún más) poder que el actual, y es el del vigente esquema de sociedad abierta, ya que esta organización social, característica de las sociedades democráticas europeas, es también un importante factor en el mantenimiento o pérdida de lenguas minoritarias.

El declive del euskera, en efecto, es en definitiva el declive de todos los rasgos culturales minoritarios —no sólo la lengua— en las sociedades abiertas modernas, es decir, aquellas en las que hay acceso libre e inmediato de todos a todos y a todo63. Es esta comunicación irrestricta de todos con todos lo que debilita los rasgos minoritarios, de toda índole, no sólo los lingüísticos, que se conservan mucho mejor en otro tipo de organización social, a saber, en sociedades más estamentales, más compartimentadas. En estas, la convivencia entre lenguas en el mismo territorio se puede producir sin desgaste apreciable de ninguna, ya que, en realidad, los grupos sociales que practican una y otra no hablan demasiado entre sí, sino que se comunican como si dijéramos por intermediarios. Quien nacía campesino en el valle de Ollo en la Navarra del siglo XVI tenía muchas posibilidades de vivir y morir allí sin haber cruzado prácticamente nunca una palabra con las clases y medios sociales que practicaban el romance.

Pero en las sociedades abiertas, como es la nuestra, esto no es así, y no se puede negar a los nacionalistas toda la razón cuando sostienen que la convivencia, si es prolongada, real e intensa (no la somera de la sociedad estamental), lleva a la asimilación. Esto es así, tienen razón, no cabe darle más vueltas. Y de ahí sacan la justificación, válida desde su punto de vista y sobre todo desde su escala de valores, para su proyecto de desconvivencia con España, para su anhelo de cortar los puentes con Ellos para poder ser de verdad Nosotros.

El problema, sin embargo, es que la convivencia que erosiona el euskera (y, como he dicho, en mi opinión esta erosión, por debajo de la zambomba estadística, no se ha detenido) no es exactamente la que tenemos con los españoles, sino la que tenemos entre los vascos, por lo que, en mi opinión, si queremos reforzar, en la comunidad tradicional, que es donde se juega la cuestión de fondo, la transmisión e interiorización básica de la lengua en los niveles más fundamentales de la familia y la comunidad inmediata, será necesario levantar en una medida u otra barreras sociales internas entre los vascos64 (tras decidir, claro, si este precio es pagable). Fishman lo dice con su habitual claridad y sinceridad (traduzco):

Sin separación sociocultural, sin el mantenimiento contumaz de unas fronteras voluntarias entre un grupo lingüístico y otro y entre una identidad cultural y otra, el futuro de la lengua minoritaria es problemático (op. cit.: 110).

De otra manera, sin barreras sociales, el precio de la sociedad abierta que es la nuestra es, en mi opinión, como en la de Fishman, el debilitamiento progresivo del euskera, al menos si no creemos (y yo no creo) en la posibilidad de euskaldunización real de la población mediante la (semi)coacción actual ni, mucho menos todavía, en la legitimidad de la coacción brutal que la secesión de España le pondría al nacionalismo vasco al alcance de la mano.

En todo caso, lo evidente es que habrá que elegir. Y el nacionalismo vasco tendrá que elegir, si llega a tener ese poder político. Elegir entre una sociedad abierta y libre, donde la perduración del euskera sea desgraciadamente incierta, y otra sometida a intervencionismo, control social e injerencia totalitaria en la vida y la intimidad de las personas, organización muy del gusto de la legión de curas y excuras que pululan entre nosotros y que, quizás, preservaría el euskera (aunque en mi opinión sin ninguna certeza, por diversas cuestiones de las que ya he hablado).

Me parece superfluo detallar cuál es mi elección personal.

3. PROFECÍAS

Llegamos con esto a la última cuestión de estas ya demasiado largas reflexiones. He dicho que habrá que elegir. Pues bien: llegado el momento, ¿qué elegirá el nacionalismo triunfante? ¿Llevará realmente a sus últimas consecuencias su proyecto de pasar la plancha sobre la población, al precio de crear una sociedad irrespirable y comisariada (situación a la que, por otra parte, como ya he dicho, nos tiene bien acostumbrados nuestra larga tradición integrista-clerical)? Realmente no lo sé, ni me siento tampoco en condiciones de ejercer la profecía, porque, en primer lugar, para contestar con cierta solvencia a la pregunta habría que conocer el nacionalismo mejor de lo que yo lo conozco, con información más interna y, diríamos, más confidencial, ya que en esta cuestión las declaraciones expresas no son de fiar: todo el mundo miente y todo el mundo se guarda cartas en la manga65. Creo, sin embargo, que pueden hacerse algunas observaciones de interés sobre elementos actualmente observables que pueden determinar el futuro.

En este trabajo he hablado del nacionalismo como de una realidad única y uniforme, siendo así que en realidad en muchas cosas no es tan homogéneo, y tampoco en esta cuestión. Tiene, desde luego, desde sus comienzos, un amplio sector fanático y totalitario, dispuesto a justificar cualquier cosa que haga avanzar sus aspiraciones, a cualquier coste moral. Esto, después de la carnicería a la que hemos asistido durante tantos años y que acaba de remitir, o al menos de amainar, no necesita, creo, demasiada demostración. Existe también, sin embargo, y también desde el principio, un nacionalismo diríamos humanista en el que se encuadran personajes como Gabriel Aresti, Luis Mitxelena, Luis Villasante y otros. Me parece interesante observar, sin embargo, que al menos en cuestión de lengua, el sector fanático-totalitario desborda claramente la divisoria nacionalismo radical/nacionalismo moderado y coloniza parte de este último. Dicho de otra forma: el humanismo, que consiste básicamente en anteponer los principios morales generales del ser humano a todas las demás exigencias66, se da, me temo, sólo en una parte, no sé si mayoritaria, de ese nacionalismo burgués y moderado, que a la postre se revela moderado más en lo concerniente a la protección de sus rentas que de los derechos del prójimo.

Será entre estas facciones y estas divergencias básicas de valores dentro del nacionalismo donde, una vez alcanzado el poder (todo el poder, quiero decir), se tomará la decisión bien de ir a por todas con atropello absoluto del que no esté de acuerdo, o bien de seguir por la senda actual de la coacción moderada (doy por absolutamente descartada la posibilidad de volver a un verdadero respeto a los derechos individuales). Y aquí, no podrá menos de haber un enfrentamiento, ya que, como es clásico en estas situaciones, la neutralización política de los Otros hará estallar las contradicciones entre los Propios. Vistos nuestros antecedentes (la horrorosa proporción de vascos —vascos nacionalistas, en concreto— que en los últimos decenios han considerado perfectamente legítimo volarle la cabeza al prójimo cuando se resistía a sus proyectos), cabe incluso la posibilidad de que este enfrentamiento resultara ser violento. En gran número de casos análogos, desde luego, lo que ha seguido inmediatamente a la independencia ha sido la guerra civil, por el antes citado fenómeno de sustitución de enemigos, y también porque, tras una carnicería como la nuestra, quien lo ha «dado todo», por decirlo en la repugnante jerga del fascismo nacionalista vasco, suele querer también, a la hora del reparto, cobrarlo todo. Pero de esto, en realidad, ¿quién sabe nada? Como digo, la profecía quizás sea mejor dejársela a Aramís Fuster u otro representante contemporáneo del oráculo de Delfos.

No cabe ignorar, por otra parte, que hay factores de muchísimo peso que, con independencia o sin ella, van a seguir sin duda actuando en sentido contrario, es decir, dificultando que el Proyecto se lleve realmente a sus últimas consecuencias. Algunos ya los he mencionado en otras partes de mi escrito: la practicidad, en primer lugar. Se reconozca o no, a todo el mundo (incluidos los hablantes nativos) le resulta más fácil hacer las cosas en castellano que en euskera, y esto, si se me permite una apreciación subjetiva, parece que en general sigue siendo así para las nuevas generaciones que han tenido el euskera (o algo parecido) como única lengua de instrucción, lo cual, como ya he dicho, parece síntoma de un grave problema de instrumento. Frente a esto, ¿qué fuerza podrá realmente tener la ideología, incluso en un lugar tan doctrinario como el País Vasco? Aunque entre nosotros el porcentaje de población dispuesto a ejercer un comportamiento encorsetado e ideológico hasta el último minuto de su día es inusitadamente alto, sigue representando, gracias a Dios, una parte relativamente pequeña de la población. La facilidad, la molicie, aunque llevan, como se sabe, a la perdición, resultan muy tentadoras y muy atractivas, y a largo plazo, me temo, tienen todas las de ganar. Como advierte Saizarbitoria67, en cuanto nos relajemos un poco, podemos recaer en el feo vicio de hablar español, que en el fondo nos gusta tanto a (casi) todos y que sobre todo nos resulta a (casi) todos tan fácil, cómodo, práctico y funcional. La cosa, dice con razón el donostiarra, está cogida con hilvanes.

Un claro indicio de la fuerza de la practicidad, y señal quizás de la que pueda tener en un futuro, es la práctica habitual en la cuestión de todos los partidos nacionalistas sin excepción (aunque con diferencias de uno a otro), práctica contradictoria con sus soflamas públicas, con sus programas políticos y, más aún, con lo que se creen con derecho a exigir a los ciudadanos. De esto, naturalmente, no hay estadísticas, pero mi impresión personal y creo que fiable, aún descontada la parte de mala voluntad que me anima, quizá grande, es que la práctica general en ellos es utilizar casi exclusivamente el castellano para hacer las cosas. Si esto es así, si ni siquiera los partidos nacionalistas se aplican el Proyecto a sí mismos, en su casa, en sus organizaciones; si su bilingüismo consiste —como consiste— en hacerlo casi todo en castellano y después, eso sí, sin falta, llamar al de Euskera o a unos profesionales que por un precio muy razonable pondrán en euskera (o en algo parecido) todo eso que se ha pensado, vivido, discutido, concebido y redactado en español; si esto hacen los nacionalistas en los espacios sociales sobre los que, ya hoy, tienen control absoluto; si a ellos mismos el euskera no les sirve, como evidentemente no les sirve, ¿qué cabe esperar que vayan a hacer a la hora de la verdad? Realmente, la desafección práctica —general, como digo— de los teóricamente entusiastas de la cosa es un mal síntoma de cara al futuro.

Esta tendencia va a ser fortísima, y no sé si la ideología y la doctrina tendrían peso suficiente para contrarrestarla. Lo dudo mucho. Y, sinceramente, no me apena. Como dice Manuel Toscano en un importante trabajo sobre la protección de lenguas en la Unión Europea, cuando los principios están radicalmente equivocados, lo mejor que puede pasar es que se queden en retórica68.

También hay que decir, ya metidos en videncias, que puede incluso concebirse que factores que hoy presionan a favor del Proyecto pierdan peso tras la hipotética secesión. Por ejemplo: la muy importante función demarcativa que, según he dicho, tiene para el proyecto nacionalista la difusión del euskera (o algo parecido), quizás perdería parte de su sentido en el nuevo estado de cosas. Cuando la frontera virtual que hoy se pretende construir mediante aspersión lingüística se convierta en frontera real, física, con barrera levadiza y guardia, el mercado de la purpurina podría hundirse. No es infrecuente, de hecho, que la obtención de la soberanía política enfríe muchos entusiasmos y reconduzca muchas cosas al terreno de la funcionalidad y la practicidad. Invirtiendo el dicho según el cual al que pierde el poder le queda la literatura, al que gana el poder muchas veces la literatura (en sentido amplio) empieza a importarle mucho menos. Cuenta Nirad Chaudhuri en su autobiografía haberle oído decir al Mahatma que en la India independiente un parlamentario no tendría por qué hablar inglés. Tras más de sesenta años de independencia, de estas intenciones no queda gran cosa, creo, y la situación del inglés en la India no parece estar seriamente amenazada69. Y es que, una vez expulsado el extranjero, la nueva distancia permite tener una visión más ponderada y fría de la lengua de ese extranjero, y este sosiego recuperado puede permitir muchas veces apreciar mejor su valor y utilidad, que, repito, son los factores que inciden directamente en la cotización de las lenguas en el mercado de los hablantes, idea nunca suficientemente subrayada.

Quiero hacer, para acabar, unas observaciones, sobre los objetivos últimos de la (re)euskaldunización, los declarados y los verdaderos. Tomo como versión oficial de lo que teóricamente se trata de alcanzar la de Patxi Baztarrika, actual viceconsejero de Política Linguística, en su libro Babel o barbarie70, muy representativo de la versión «moderada» del Proyecto: se trataría, en resumen, de llegar a una situación de bilingüismo social absoluto y equilibrado, en la que todo el mundo hablara a la perfección las dos lenguas, de suerte que las pudiera utilizar indistintamente en cualquier situación. Esto, si se me perdona la sorna, más que descripción de una situación sociolingüística es más bien un idilio bucólico-pastoril, género como se sabe de fácil deriva a lo grotesco y que quizás pueda tener por protagonistas a Tirsis y el Cabrero, pero difícilmente a una ciudadanía posible de un país posible. Nunca, en los días de la humanidad, se ha conocido una situación sociolingüística en la que toda la población, sin excepción, hable indiferentemente y con igual grado de dominio y facilidad, todo el tiempo, dos lenguas sin ningún tipo de distribución ni social ni funcional ni territorial entre ellas. Esto no es posible, simplemente porque esa sociedad se encontraría en la situación del burro de la fábula, situado a igual distancia de dos montones de avena iguales, que se muere de hambre porque no encuentra ninguna razón para decidirse por uno o por otro. No: en el mismo momento en que se alcanzara la felicidad bilingüe a la que aspira Baztarrika, si el puño administrativo relajara entonces su presión, inmediatamente recomenzaría el proceso natural de las cosas y una de las dos lenguas —no hace falta decir cuál— volvería a retroceder, ya que sería lo que de ninguna manera puede ser una lengua, como herramienta que ante todo es: un elemento funcionalmente redundante, un adorno inútil sostenido sólo por la presión y el gasto administrativos. El propio Baztarrika parece intuir en algún momento que algo chirría en su pintura del paraíso bilingüe —Babel lo llama (!)—, y aventura que, cuando lleguemos a él, habrá que pensar en dar algunos servicios sólo en castellano y otros sólo en euskera; es decir, que también entonces el Estado tendrá que seguir vigilándonos para que nadie pueda dejar de hablar ni uno ni otro idioma. Quizás podrían decretarse los lunes, miércoles y viernes días de castellano, y los martes, jueves y sábados de euskera, con un buen cuerpo de inspectores. Y el domingo, descansar, de tanto jugar a las lengüitas (le tomo la expresión a Atxaga).

La cosa es tan insostenible y el paraíso descrito adquiere tales tintes de opereta —de infernal opereta—, que, descartada la ingenuidad absoluta de quien propone estas cosas (que, bueno, quizás no sea imposible), uno no puede menos que pensar que en el fondo debe de tener otra cosa en la cabeza. De hecho, el sector más radical de los euskaldunizadores nunca se anda con estas pamemas, y afirma claramente que la única opción válida para llegar a una situación posible y estable es, a largo plazo, el monolingüismo vasco71. A mí, en realidad, esto me parece mucho más honrado que contar a la población cuentos de hadas, o de pastores, en la creencia, supongo, de que la población, cuanto más gorda se la cuentas, mejor se la traga. Idea, por desgracia, quizás no del todo inexacta.

1 Por ejemplo, Gotzon Gárate en entrevista a Berria (20-III-2005): «Uste dut euskaldunok independentzia lortuko bagenu eutsiko geniokeela euskarari. Baina, independentziarik gabe, galdu egingo da». (Pienso que el euskara se conservaría si los vascos alcanzáramos la independencia. Pero, sin independencia, se perderá.). Y también Txillardegi (Berria, 12-02-2011): «Estatu batekin, agian, euskara ez da salbatuko; baina estaturik gabe, ziur ezetz».

2 Ruiz Soroa utiliza unionistas para designar a la parte de los vascos que quiere (queremos) seguir formando parte de España; yo prefiero españolistas, aunque conozco por supuesto la carga peyorativa del término (un insulto, como se sabe).

3 Cuando hablo aquí de política lingüística, lo hago en un sentido extendido del término, lo cual es importante para entender lo que se dice. No me refiero sólo, ni siquiera principalmente, a la que lleva a cabo la Viceconsejería de Política Lingüística, sino al tratamiento general de la lengua en la política vasca, que incluye su generalización cuasi obligatoria como vehículo escolar y diversos modos de presión sobre la población que no son gestionados directamente por esa viceconsejería.

4 El trueque, como se sabe, resultó un engaño, ya que las cesiones de los españolistas, como la que nos ocupa (recuérdese que hasta UCD votó a favor de la ley), las contabilizaron los nacionalistas, en aplicación de la famosa teoría del salchichón, como ktêma es aieí, adquisición imperecedera y consolidada; y las propias, en cambio, como mero retroceso táctico, con intención de recuperar lo cedido en cuanto se pudiera (también ellos se sabían, por lo visto, lo de recular para saltar). Un mal negocio.

5 SAIZARBITORIA, R., Aberriaren alde (eta kontra), Alberdania, Irún, 1999.

6 Autoritarismo y totalitarismo del débil, del perdedor, si se quiere, pero no más disculpable por eso. Haber sido víctima (sin entrar a discutir si los euskaldunes han sido exactamente eso) no da derecho a atropellar a los demás en cuanto se coge la sartén por el mango. El caso de Israel algo nos ha enseñado de esto.

7 Por eso, porque rompe esta regla básica (la incapacidad de cumplir tus deseos no es automáticamente opresión), resulta tan cómica la escena de La vida de Brian en la que el barbudo Stan, fiero militante del Frente de Liberación de Palestina (o del Frente Palestino de Liberación, ahora no recuerdo), sube al estrado para explicar a sus camaradas la intolerable tiranía que padece ya que él lo que quiere es llamarse Loretta y tener hijos. A un compañero que le hace observar que no tiene matriz, lo fulmina: «¡Deja de oprimirme!». Sin exagerar demasiado, yo veo todos los días a mi alrededor a mucho Stan/Loretta, empezando por la joven de la escena.

8 Sobre historia de la lengua vasca, II, San Sebastián, 1988, pp. 684-685. La traducción es mía. Añado el texto original: «Guk dakigun garaian, azken bi mila urte honetan, lehen esan dudan bezala, Euskadiko eremua osorik hartzen baldin badugu, eskualde hori ez da inoiz —bi mila urte horietatik gora nik ez dakit zer gertatzen zen— osoro eta zeharo euskalduna izan. [...] guk besteren aurrean esaten dugunean Nafarroako Erriberak, Kaskantek esate baterako, euskara galdu zuela eta berreuskaldundu egin behar dugula, ez gara egiaz ari; guk dakigunez eta guk ezagutzen dugun garaian Kaskanten ez da euskaraz egin; hori da egia, egia huts hutsa [...]».

9 Sobre el pasado de la lengua vasca, San Sebastián, 1964, ahora en Sobre historia de la lengua vasca, I, p. 26.

10 Historia de la literatura vasca, San Sebastián, 1960, p. 13.

11 Fue Aurelio Arteta el que hizo esta sencilla pero demoledora pregunta en su trabajo «In principio erat verbum», Claves de Razón Práctica, 90, marzo 1999, p. 18.

12 La ley de los muertos, la obligación de fidelidad a sus gestos, sus costumbres (que no otra cosa es una lengua) y sus creencias, es la médula misma del pensamiento reaccionario. Véase una magistral defensa de la idea por un reaccionario genial —no como los nuestros—, en el ensayo de Gilbert Keith Chesterton Ortodoxia.

13 Para meterme en terreno pantanoso, me resulta evidente el nexo directo entre la sentimentalidad barata e irracional (ñoñería, para llamarla por su nombre) en que el nacionalismo ha educado a gran parte del país y el horroroso grado de violencia que hemos soportado durante más de treinta años. El pistolero nacionalista suele ser un gran sentimental (como muchos pistoleros).

14 Esto sería lo que llamaba Aina Moll el «derecho al acceso a la lengua del país», a lo cual, desde luego, yo no tengo nada que objetar. Sin embargo, este «derecho» consistía, para Aina Moll, en obligar a los castellanohablantes a aprender catalán quisieran o no; en su conjunto, la afirmación quedaba pues en el derecho a aprender catalán obligatoriamente. Me interesa denunciar este mecanismo perverso, frecuentísimo, de presentar las obligaciones que uno quiere imponer a los demás como derechos que graciosamente les concede, trampa ampliamente usada también entre nosotros y que es de un autoritarismo todavía más repugnante por paternalista.

15 Digo cuasi forzosa y creo que es así, porque los poderes públicos han hecho todo lo posible para que, aun existiendo la posibilidad teórica, en muchas zonas del país las posibilidades prácticas de educarse en castellano en la educación pública sean casi nulas. Estudiar en castellano en la CAV es hoy cada vez más cosa de la enseñanza privada. Y también porque la demanda de esta inmersión euskaldunizante se ha debido claramente a presión administrativa y a la difusión inducida de cierto sentimiento de incertidumbre ante el futuro para el que no conociera la lengua, sentimiento que ha calado hondo en la sociedad: no mandan a los niños a euskera porque estén de acuerdo con la reeuskaldunización. Los mandan a euskera porque no quieren que tengan problemas. Y a partir de cierto punto, porque ya no hay otra cosa.

16 Si hace treinta años todos (o casi) conveníamos en que era un atropello someter a enseñanza monolingüe castellana a un niño de, digamos, Arizkun, y que eso le producía un auténtico shock cultural, no entiendo por qué nos parece ahora menos atropello hacerle exactamente lo mismo a un niño de, digamos, Barakaldo o Laguardia, que se educaría tan feliz y mucho mejor en su lengua. La diferencia es que ahora el atropellado es el otro, lo cual basta para tranquilizar ciertas conciencias. Al parecer, las injusticias, cuando las cometemos nosotros, ya no lo son. Aduzco en apéndice un interesante texto de Gabriel Aresti en el que, allá por los años setenta, ya denunciaba contundentemente —en su estilo—, el plan de pasar el rodillo a todo el mundo, plan que le parecía «puro fascismo» (son sus palabras).

17 Como sabe todo el mundo, aunque no lo diga nadie, gran parte del euskera que se utiliza en la enseñanza vasca, y en el mundo neovasco en general, es, técnicamente hablando, algo muchas veces más parecido a un pidgin que a un idioma natural; copio la definición de pidgin de la Wikipedia: «Un pidgin es un código simplificado que permite una comunicación lingüística escueta, con estructuras simples y construidas azarosamente mediante convenciones, entre los grupos que lo usan. Un pidgin no es la lengua materna de ninguna comunidad, sino que se aprende o adquiere como segunda lengua». Lo singular del caso es que, contra la definición, nuestro pidgin se utiliza entre personas que comparten todas un mismo idioma materno, pero que no pueden hablarlo debido a una prohibición ritual (administrativa). El nuestro debe de ser el primer caso conocido de pidgin ideológico.

18 Evidente y reconocida. Por ejemplo en Investigación sobre la influencia de la lengua de la prueba en las evaluaciones internacionales (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, Bilbao, 2010), estudio elaborado para justificar a posteriori la decisión de aplicar la prueba PISA en castellano. La conclusión —nascitur ridiculus mus— es que los alumnos hacen peor los exámenes en una lengua que no es la suya, aunque sea la de su escolarización, porque les cuesta más entender los textos. Si les cuesta más entender los textos de los exámenes, será, digo yo, porque les cuesta más entender los textos en general, o sea que si la lengua es un lastre para el examen, lo será también para el estudio. No parece fácil escapar de esa conclusión.

19 Véase Evaluación general de diagnóstico 2009 (4.º EP). Informe de resultados, Ministerio de Educación, Madrid, 2010.

20 Estas cosas no salen nunca a la luz porque los circuitos evaluativos de castellano y euskera son totalmente independientes, incluso en pruebas generales como la Selectividad, que se hace, no sé por qué —o, quizás, sí sé por qué—, sobre textos y preguntas diferentes para uno y otro idioma. Sólo cuando alguna circunstancia externa obliga a estos circuitos a converger quedan las cosas a la vista. Las pruebas PISA, en las que se aplican a todo el mundo los mismos textos y las mismas preguntas o tareas, el Gobierno Vasco ha decidido hacerlas en castellano incluso a los alumnos escolarizados en euskera, si su lengua materna no era el euskera, para evitar que quede en evidencia el lastre de la lengua. El Gobierno de Navarra, en cambio, aplica la prueba PISA en euskera a todos los alumnos escolarizados en euskera, lo que le ha costado un bajón en los resultados de comprensión lectora en los centros de modelos D (en euskera), bajón reflejado en los resultados generales de la comunidad (aunque no demasiado ya que el modelo en euskera en Navarra representa una parte pequeña del sistema, a diferencia de la CAV, donde el castellano es residual y por lo tanto lo que suceda en euskera determina el resultado total). En la Evaluación Diagnóstica de 2009, de la que hablo, el MEC aplicó la prueba en la lengua de escolarización de cada alumno, y ahí ya no hubo escape: el resultado de la CAV fue muy malo en las competencias de gran contenido verbal (no así en Matemáticas), y hubo que salvar los muebles como se pudo. En Navarra, nuevamente, también se notó el efecto sobre los resultados.

21 Quiero decir «euskaldunago orain 30 urte baino» y no «euskaldun gehiago», que ya se ve que sí, al menos siendo laxo con el concepto.

22 No entiendo por qué este sistema —este chantaje— no se aplica a otras cosas en las que resultaría también muy eficaz, como por ejemplo a la adjudicación de vivienda pública, en la que también se podría pedir el EGA. ¿Cuál es la diferencia?

23 Esto ya se ha denunciado varias veces (Aurelio ARTETA, «Una política contra la justicia lingüística», en La política lingüística vasca a debate, Vitoria, 2008, pp. 62 ss.). Hay que tener en cuenta, además, que muchos neohablantes escolares no son conscientes ni por asomo de que su conocimiento de la lengua no va mucho más allá del chapurreo. Muchos no han tenido nunca, ni una sola vez en su vida, contacto con el euskera tradicional, por lo que para ellos euskera, sencillamente, es eso que ellos y sus profesores hablan, y según ese estándar, se consideran 100 por 100 competentes. ¿Qué contestan éstos, que son legión, cuando se les pregunta por teléfono sobre su conocimiento de la lengua?

24 Informe final de la evaluación PISA 2006, en www.isei-ivei.net, julio 2008.

25 «Con el fin de garantizar que la lengua de realización de la prueba PISA no afectara a los resultados», Informe final…, p. 13.

26 Véanse los datos en This is Ireland. Highlights from census 2011, Part 1, Central Statistics Office, Government of Ireland, 2012, p. 40. También on line en http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011pdr/.

27 En su ya citado Aberriaren alde edo kontra, Ramón Saizarbitoria habla de esas parejas del mundo del euskera que sólo se comunican con normalidad cuando riñen, ya que sólo entonces la adrenalina consigue desatar los nudos ideológicos y sacar a la superficie lo que de verdad llevan dentro: el castellano. Saizarbitoria describe esto en tono humorístico; yo no puedo dejar de percibir lo que estas escenas tienen de coste personal irreparable, de sufrimiento ideológicamente inducido, de vidas estropeadas. Imagino lo que tiene que ser vivir con esa mordaza puesta, vigilados por el ojo insomne, interiorizado, de la ideología. Estas cosas ¿a qué recuerdan?

28 Criollo, criollizar son términos de sociolingüística que designan el proceso por el que una lengua de fortuna (un pidgin) utilizada para salir del paso en situaciones en las que es imposible usar un idioma natural, se convierte en lengua primera y propia de una comunidad, se nativiza. El proceso suele llevar aparejado un intenso desarrollo gramatical y léxico del pidgin que lo iguala con los idiomas naturales.

29 Adaptar las políticas a la gente es lo que ordena el artículo 6.2 del Estatuto, que los nacionalistas desde el primer momento se han saltado a la torera (si se me perdona la españolísima expresión): «Las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta la diversidad sociolingüística del País Vasco, garantizarán el uso de ambas lenguas…». Ya me dirán ustedes dónde ha quedado esto.

30 Cf. DRAE, s.v. replantear: «Trazar en el terreno o sobre el plano de cimientos la planta de una obra ya estudiada y proyectada.»

31 Probablemente Arana hubiera preferido algo más definitivo y biológico, como añadirnos, por ejemplo, una tercera oreja, pero ante la imposibilidad, empezó por lo de los nombres.

32 La afición nacionalista a la pacotilla, en esta y otras muchas cuestiones, denota, bien mirada, una paradójica desconfianza en lo que vale la propia identidad al natural. Los nacionalistas parecen estar y haber estado siempre, desde el principio, convencidos de que sin su intervención cosmética, sin inventárselo un poco o un mucho, el país, en realidad, no vale gran cosa. Esto sorprende en un lugar tan bien provisto de rasgos de identidad absolutamente fetén, irreprochablemente distintivos y además auténticos, si bien quizás un poco moribundos, y aquí creo que toco la llaga.

33 Como ya he escrito en otro lado, la diferencia esencial entre nuestro caso y el de Cataluña es que los nacionalistas catalanes defienden lo que real y efectivamente son, en su vida diaria, mientras que el nacionalista vasco defiende más bien lo que quiere ser. En el primer caso, la frontera se quiere para proteger una diferencia; en el segundo, para crearla, muchas veces de la nada.

34 FISHMAN, J. A., Reversing language shift, Multilingual Matters Ltd, Clevedon, 1997, p. 4: «Indeed, for RSL [Reversing Language Shift] to “take hold” these “lower levels” constituting face-to-face, small-scale social life must be pursued in their own right and focused upon directly, rather than merely being thought of as obvious an inevitable by-products of “higher level” (more complex, more encompassing, more power related) processes and institutions […] initial focusing on RSL efforts per se is crucial, particularly on such efforts as can be engaged in by local communities and by their constituent families by means of their own efforts ressources and dedication.» La idea se repite passim en toda la obra.

35 Sobre la función de comisarios del Proyecto que asumen muchos enseñantes, no me resisto a contar una anécdota: un padre que lleva a su hijo a una guardería en euskera del Ayuntamiento de Pamplona, me dice que las reuniones con las educadoras empiezan siempre con un acto de contrición, en el que una de ellas, por millonésima vez, expone que esa reunión debería hacerse en euskera pero que como los padres no lo saben, tiene que hacerse en castellano. Y así, una vez rezado el Yo pecador (mejor dicho, el Tú pecador) y descargada la conciencia, comienza la reunión tranquilamente en castellano. He hablado de contrición, pero el término justo para el caso quizás sea atrición, izu-damua, la llamaban los viejos catecismos vascos: pesar procedente del temor.

36 No soy el único descreído del bombo estadístico, ni siquiera el más radical; véase Bernardo Atxaga, en una entrevista antológica de la revista Ostiela, n.º 23, abril de 2001: «Creo que los euskaldunes, según propia confesión y teniendo en cuenta que el 70 por 100 miente, no seremos más de 400.000, menos de la mitad de lo que se dice. ¿Quién es el realeuskaldun? Cualquiera que es capaz de hablar seguido 5 minutos en euskera, capaz de escribir una carta... los realeuskaldunes, según mis cálculos, seremos unos 100.000. Por tanto, hay que pensar todo el trabajo cultural teniendo en cuenta esa base, no pensar que trabajas para 700.000.» Véase en línea en castellano en http://bernardoatxaga4.blogspot.com.es/.

37 Creo que Fishman es tan machacón —que lo es mucho—, porque se sabe desoído, porque el error que comete todo el mundo es este mismo de dedicarse a las cruzadas expansivas mientras en la retaguardia se te cae la casa.

38 FISHMAN, op. cit., p. 5: «This book […] does question the advisability of such goals when the more foundational spheres —more foundational insofar as intergenerational mother tongue transmission is concerned— of family and community have not yet been safeguarded.»

39 También el Ángel Exterminador, la noche de autos, se encontró con un problema parecido de indistinción, resuelto al fin con unos brochazos de sangre de cordero sobre la puerta de los elegidos.

40 Entrevista en la web www.erabili.com (http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1046256 753/). La traducción es mía. En esta entrevista Salaburu comenta y amplía las opiniones vertidas en su libro Euskararen etxea, Alberdania, Irún, 2002.

41 La opinión de Zuckermann es polémica y tiene tanto defensores como detractores (entre sus defensores se cuenta, por ejemplo, Fishman). Sin embargo no es la más radical ni la más contundente que existe sobre el tema: otro lingüista israelí, Paul Wexler, considera el hebreo moderno directamente una lengua indoeuropea relexificada. Véase WEXLER, P., The schizoid nature of modern Hebrew: a slavic language in search of a semitic past, Otto Harrasowitz, Wiesbaden, 1990. El título lo dice todo.

42 Tomo la cita del avance que presenta el autor en su web (www.zuckermann.org) de su libro Language Revival and Multiple Causation: The Mosaic Genesis of the Israeli Language, de inminente aparición en Oxford University Press. Sus ideas, sin embargo, las ha publicado repetidas veces en distintos trabajos académicos, como, por ejemplo, «Hibridity versus revivability», Journal of Language Contact, VARIA 2 (2009), pp. 40-67, o también «A new vision for Israeli hebrew», Journal of Modern Jewish Studies, vol. 5, marzo 2006, pp. 57-71.

43 J. M. SÁNCHEZ CARRIÓN, Un futuro para nuestro pasado, San Sebastián, 1987, p. 48.

44 También se puede decir con muchas precauciones y mucha delicadeza, como lo hace Salaburu, ibíd.: «Es de suponer, en principio, que, cuando se dan unos cambios tan grandes en el uso de una lengua, eso va a dejar un coste. Es evidente que la lengua cambiará» (la traducción es mía).

45 Zuckerman hace la curiosa observación de que en los estudios bíblicos los peores estudiantes suelen ser los israelís, que intentan entender el hebreo bíblico a partir de su lengua materna, que es teóricamente la misma, lo que produce continuos errores de interpretación. Creo que algo parecido sucede también en los estudios clásicos, donde los hablantes de lenguas romances no son los mejores latinistas.

46 Digo la CAV, y no Euskal Herria, porque si el proceso es democrático, evidentemente ni el País Vasco Francés ni Navarra querrán saber nada del nuevo Estado; y si no lo es, tampoco parece probable que en ningún escenario concebible los secesionistas fueran a contar con la fuerza necesaria para anexionarlos.

47 El pacto social, el «contrato» de constitución del Estado a partir del previo estado de naturaleza es, claro, una ficción útil de la filosofía política pero no debe entenderse literalmente, como sí, en cambio, este que mencionamos, en el que los ciudadanos fundadores eran efectivamente todos voluntarios y todos, de alguna manera, firmaban un contrato.

48 La razón evidente del poco éxito en la enseñanza escolar de las lenguas (no estoy hablando ahora del euskera) es precisamente que no pueden crearse artificialmente verdaderas condiciones objetivas de necesidad para motivar el aprendizaje y activar el uso. Se suele remediar el problema mandando a los niños al extranjero.

49 La política lingüística vasca a debate, Vitoria, 2008. Y esto vale también para el retroceso del euskera, más que las persecuciones y políticas deliberadas de eliminación, aunque las haya habido. De hecho, desde el siglo XVI hasta bien entrado el XX, el retroceso territorial del euskera, al menos en Navarra, que es el caso que conozco bien, se ha producido por corrimiento, es decir, en la raya de contacto con el romance, que ha ido moviéndose paulatinamente hacia el norte. El euskera se perdía no en todas partes a la vez, sino donde en el pueblo colindante ya sólo se hablaba castellano, es decir, donde el beneficio comunicativo inmediato de hablar castellano era grande. La escuela castellanizadora, que se suele aducir como determinante de la pérdida, pudo ser un elemento coadyuvante, pero no fue decisivo, ya que en Leitza, en Ituren, etc., también había escuelas, pero allí el euskera no se perdía, simplemente porque allí, en el modo de vida tradicional, el beneficio comunicativo del castellano para la gran mayoría de la población era muy pequeño.

50 Cuando veo el sufrimiento diario que supone hoy en el país a un montón de gente vivir con una mordaza puesta que les condena a la impotencia y a la infantilización comunicativa, no puedo dejar de recordar algunas perversas costumbres del peor catolicismo, como aquellos adminículos pinchudos que se colocaban (creo que todavía existen) en algún miembro del cuerpo y producían durante horas dolor y aún heridas. Los vascos, por desgracia, veníamos bien entrenados para estas cosas.

51 «Orotariko Euskal Hiztegia aurkeztean», en Euskera, XXXIII, 2.ª época, p. 106. La traducción es mía. La dificultad añadida, de «incierto beneficio» —badaezpadako etekina—, sería, naturalmente, haber usado el euskera como lengua vehicular del diccionario.

Releyendo el texto me doy cuenta de que he dulcificado en la traducción la literalidad de las palabras de Sarasola. Lo que dice («erabat lardaskatu gabe») significa no «sin chapucear demasiado» sino «sin que salga una chapuza absoluta». Esta modulación involuntaria por mi parte denota lo hiriente que nos resulta a todos decir estas cosas en público.

52 Véase un examen sistemático y con gran conocimiento de causa del problema en el artículo de Xabier Aristegieta, no por casualidad un traductor, «Euskal testuen komunikagarritasun arazo larriak» [Los graves problemas de capacidad comunicativa de los textos vascos], en Senez, n.º 37 (2009).

53 Axular, si no recuerdo mal, dice escribir «euskararik baizen ez ziakitenentzat», es decir, movido por razones puramente comunicativas (para llegar a quien no podía llegar en romance), no para salvar el euskera.

54 VILLASANTE, L., Sintaxis de la oración compuesta, Editorial Franciscana de Aránzazu, Oñate, 1976, p. 5. Sobre el orden de palabras normativo y sus efectos véase también la opinión de Sarasola en el prólogo a la novela Piarres Adame (Euskal editoreen Elkartea, 1991, p. 27): «No me extenderé tampoco sobre el orden de palabras. Está claro que el orden de palabras altubiano que muchos hoy consideran el único correcto no se cumple en esta novela. Sin entrar a discutir la legitimidad de esas reglas, tengo que decir que la maestría narrativa le viene a Elissamburu sobre todo del orden de palabras que utiliza.» Es decir, añado yo, que la eficacia lingüística se la da el usar una sintaxis antinormativa (en su caso, prenormativa); luego, a contrario, que la ineficacia del euskera actual procede de esa normativización.

55 Ha habido, es cierto, excepciones e intentos de rectificación. La más importante fue sin duda la de Luis Villasante, que no se cansó de repetir toda su vida la vía muerta a la que la sintaxis purista-identitaria estaba llevando al euskera. Villasante sufre hoy una damnatio memoriae, entre otras cosas porque opinaba, como Aresti, que el proyecto de pasar el rodillo eusquérico a toda la población era una salvajada, opinión que el nacionalismo ha decretado impronunciable. Cfr. op. cit., p. 181: « Si antes se cometía una injusticia al escolarizar sólo en castellano a niños euskaldunes, no hagamos ahora lo mismo por el otro lado. Si los niños deben escolarizarse en su lengua materna, apliquemos el mismo principio a los niños erdaldunes, sobre todo si viven en un entorno castellanohablante». ¿Qué nacionalista se atrevería hoy a decir esto?

56 Como dijo La Rochefoucauld, la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud.

57 Véase la nota de prensa de Bildu ante los resultados de la V Encuesta en http://bildu.info/es/blog/2012/03/08/los-criterios-que-dirigen-la-politica-linguistica-no-sirven-para-garantizar-la-normalizacion-y-oficialidad-del-euskara/

58 Borrador del proyecto de ley-marco de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas oficiales y extranjeras, presentado y luego retirado a mediados de 2008, que pretendía que los centros de enseñanza (todos, públicos y privados) «deben hacer del euskera vehículo preferente» en el ámbito escolar, y «al menos el 60 por 100 de las materias no lingüísticas deberán impartirse en euskera».

59 Situación llamativamente similar a la que se daba en las escuelas en castellano de los pueblos vascos. Sólo falta el anillo.

60 La facilidad con la que el niño alcanza el nivel de euskera que necesita se explica en buena parte porque por más horrendo que sea su euskera, el profesor, que conoce perfectamente ese otro idioma que pugna por asomar bajo su «euskara», le entenderá siempre, y viceversa. En realidad, cuanto peor es su euskera, es decir, cuanto más se parece al castellano, mejor se entienden.

61 Digo relativo porque, como ya he dicho, en realidad no me parece que las cosas se hayan hecho, técnicamente, demasiado mal y que eso sea lo que explique el resultado. Más bien me parece que se han hecho bastante bien y que el sistema ha dado de sí lo que razonablemente se podía esperar de él. Fracaso ha habido sólo para quienes tenían expectativas delirantes y pensaban que los niños de Vitoria, tras recibir la mano de pintura, iban a salir del modelo D más vascófonos que los de Asteasu y no, como sucede —y era de prever que sucediera—, chapurreando a trancas y barrancas una medio lengua.

62 Claro que, según fuera la cosa, podría suceder que los límites de respeto democrático apenas garantizados ahora por España, fueran sustituidos por los que impusiera la UE. Quizás tampoco la independencia de España bastara.

63 FISHMAN, op. cit., p. 63: «Modernization and democratization lead to increased interaction between individuals from different cultures (in the neighborhood, in the playground, in education, at work, in worship, in governmental service, etc.) and, therefore, to increased impact of the strong on the weak. Modernization and democratization erode parochial cultural differences.» (La modernización y la democratización conducen a un mayor interacción entre los individuos de distintas culturas (en el vecindario, en el patio, en la escuela, en la iglesia, en los servicios públicos, etc.) y, en consecuencia, a un mayor impacto del fuerte sobre el débil. La modernización y la democratización erosionan las diferencias culturales provincianas).

64 Hace unos años, una concejal nacionalista donostiarra fue durísimamente vilipendiada por haber defendido en público que si uno quería que su hijo hablara bien euskera había que impedirle tener amigos erdaldunes. Sin embargo, yo creo que si se acepta que el euskera es el valor, por encima de todos los demás —como aceptan en mi opinión la mayor parte de los nacionalistas—, la reprobada concejala tenía toda la razón. Al final, la discusión siempre vuelve al mismo punto: qué valores considera cada uno importantes.

65 Todo el mundo, no sólo los nacionalistas. De hecho, si por algo se caracteriza toda la discusión es por la insinceridad absoluta; uno tiene la impresión continua de que nadie dice lo que de verdad piensa y de verdad quiere.

66 Recordemos las palabras de Luis Mitxelena: «Sus razones eran poderosas para uno que, como yo, se siente hombre antes que vasco y es, por encima de todo, antifascista (ya sé que esto, ahora, parece ridículo a nuestros maximalistas) y antitotalitario de toda la vida» (en IBARZÁBAL, E., Koldo Mitxelena, Erein, San Sebastián, 1977, p. 27). De Aresti basta para muestra el texto del apéndice.

67 «Me parece que si, pensando que ya somos normales, nos dejáramos ir a lo que nos pide el cuerpo —o mejor, dicho, la lengua—, y se rompieran los antiguos tabúes, por ejemplo el de no utilizar castellano en determinadas situaciones, el uso del euskera descendería peligrosamente», op. cit., p. 45. La traducción es mía.

68 «Pues si resultara, como quiero argumentar, que la retórica con la que se justifica la agenda oficial de las instituciones europeas sobre las lenguas se asienta sobre fundamentos endebles y más que discutibles, entonces lo mejor sería que careciera de consecuencias. A falta de revisión, sería deseable que las instituciones de la Unión fueran poco sinceras o inconsecuentes en el desarrollo e implementación de la nueva agenda, si ésta persigue objetivos contraproducentes o ilusorios.» TOSCANO, M., «La celebración de la diversidad lingüística. Una discusión sobre la agenda europea de lenguas», en Rafael del ÁGUILA, Sebastián ESCÁMEZ y José TUDELA (eds.), Democracia, Tolerancia y educación cívica, Siglo XXI, Madrid, 2008, pp. 303-304.

69 Un 5 por 100 de la población india tiene el inglés por lengua materna, lo cual supone más de 5 millones de personas, todas ellas pertenecientes a la capa más rica y poderosa de la sociedad. En la India, el papel del inglés está asegurado por su función de lingua franca de un territorio multilingüe, función para la que goza de la ventaja de no ser propiamente la de nadie, lo que la hace más fácil de aceptar por todas las comunidades, frente al hindi-urdú, que sería el candidato alternativo y que despierta resquemores étnicos.

70 BAZTARRIKA, P., Babel o barbarie, Alberdania, Irún, 2010.

71 Véase, por ejemplo, las contudentes opiniones al respecto del finado Txillardegi, al que se le pueden criticar muchas cosas pero no, desde luego, el andarse por las ramas ni la falta de claridad en sus opiniones. Berria 12-02-2011. La entrevista está en euskera.

APÉNDICE

Presento, traducida, una parte del artículo de Gabriel Aresti del que he sacado la cita inicial del trabajo1. Me parece significativo de una variedad del nacionalismo que he llamado humanista y que antepone el respeto al prójimo a las conveniencias patrias, variedad hoy no sé si extinta o en grave hibernación. Igualmente paradigmáticas, de todo lo contrario, son las muchas y furibundas respuestas que recibió el artículo (ver algunas en http://www.susa-literatura.com/cgi-bin/liburuok.pl?lib=best10, Eranskina), representantes de un tipo de nacionalismo que, este sí, ha llegado a nuestros días en excelente salud, aunque despojado de las consabidas letanías marxistas de la época (parece que eran bastante epidérmicas).

Desde la tierra castellana de Bilbao.

Esto no es tierra vasca, esto es tierra castellana. El otro día estuvo entre nosotros el gran escritor gallego Xesús Montero, y nos dijo: «Llegamos al convencimiento de que Bilbao es una ciudad castellana, y podemos empezar a comprender el problema vasco»2.

[…]

A día de hoy, Bilbao, Etxebarri y Barakaldo son pueblos castellanos. Aquí vivimos unos cuantos euskaldunes; tenemos que exigir escuelas en euskera para nuestros hijos (no las ikastolas burguesas que se ven por ahí), pues esa será nuestra libertad. Los que nos las nieguen se merecen un nombre fácil de adivinar. Pero abrir escuelas en euskera para los erdaldunes que hay en este laberinto urbano y obligar y forzar a que vayan a ellas los niños erdaldunes, eso es fascismo.

Aquí a veces se oye sonar al txistu, pero no muy a menudo. La música que oigo sonar por las calles a la hora en que me voy a la cama todos los sábados y domingos por la noche no es la del txistu, sino la de la gaita gallega. Por encima de la carretera de Masustegi viven no sé cuántos gallegos. Un día unos mozalbetes euskaldunes (aunque no sé si exactamente hablaban euskera), unos vascos jeltzales, le rompieron la gaita al gallego, después de darle una soberana paliza. En Ermua viven al parecer diez mil gallegos, y sólo dos mil vascos.

Amo mucho al euskera; amo mucho a mi patria; pero aún más a la dignidad humana.

Yo no me habría puesto entre las filas de los que le rompieron la gaita al gallego: yo hubiera defendido al gallego.

Por esa misma razón yo pondría escuelas gallegas para los hijos de los gallegos de Ermua. Por esa misma razón no obligaría a ir a escuelas en euskera a los niños erdaldunes de Barakaldo y Etxebarri.

Aunque para eso tenga que renegar de mi raza, de mi linaje, de mi lengua de mi pueblo y de mi gente. Porque es mi deber amar más a un hombre que no habla euskera que a una bestia salvaje que lo habla.

1 Zeruko Argia, 2-IV-1967; texto completo en línea en http://www.karlossantamaria.com/kazeta/k670402z.htm. En esta web se atribuye el texto, por error, a Karlos Santa María.

2 Texto entre comillas en castellano en el original.

Edición en formato digital: 2014

© JOSEBA ARREGI ARANBURU, LUIS CASTELLS ARTECHE, ALBERTO LÓPEZ BASAGUREN, MATÍAS MÚGICA, JOSÉ V. RODRÍGUEZ MORA, BÁRBARA RUIZ BALZOLA y JOSÉ M.ª RUIZ SOROA, 2014

© De las ilustraciones, JOSÉ IBARROLA, 2014

Diseño de cubierta: Carlos Lasarte González

© De esta edición: Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), 2014

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