John Lynch abre este quinto volumen de la Historia de América Latina con un análisis sobre los orígenes de la independencia hispanoamericana, al que siguen otros capítulos, a cargo de Timothy Anna, David Bushnell, Frank Moya Pons y Leslie Bethell, sobre las guerras y revoluciones por medio de la cuales las colonias obtuvieron su independencia. Sobre Cuba, que seguía siendo colonia española, trata Hugh Thomas, mientras que Leslie Bethell y D. A. G. Waddell estudian, respectivamente, el papel de la Iglesia en la independencia latinoamericana y las relaciones internacionales de ésta.

AA. VV.

La independencia

Historia de América Latina - 5

ePub r1.1

Titivillus 11.01.2022

Título original: The Cambridge History of Latin America III. From Independence to c. 1870

AA. VV., 1985

Por

LESLIE BETHELL, catedrático de historia de América Latina, Universidad de Londres

TIMOTHY ANNA, catedrático de historia, Universidad de Manitoba

DAVID BUSHNELL, catedrático de historia, Universidad de Florida en Gainesville

JOHN LYNCH, catedrático emérito de historia de América Latina, Universidad de Londres

FRANK MOYA PONS, Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, Santo Domingo

HUGH THOMAS, Londres

D. A. G. WADDELL, catedrático de historia moderna, Universidad de Stirling

Traducción: Àngels Solà

Diseño de cubierta: Enric Satué

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

PREFACIO

Los primeros cuatro volúmenes de la Historia de América Latina de Cambridge se ocupan principalmente de los aspectos económicos, sociales, políticos, intelectuales y culturales de los tres siglos de gobierno colonial español y (en el caso de Brasil) portugués, comprendidos entre el «descubrimiento», la invasión, la conquista y la colonización del «Nuevo Mundo» por los europeos, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, y la víspera de la independencia latinoamericana en las postrimerías del XVIII y principios del XIX.

Los volúmenes quinto y sexto examinan el fracaso y el derrocamiento del régimen colonial que tuvieron lugar en toda América Latina (a excepción de Cuba y Puerto Rico) durante el primer cuarto del siglo XIX, y la historia económica, social y política durante el medio siglo posterior a la independencia (entre aproximadamente 1820 y 1870).

En el quinto volumen, titulado La independencia, se exploran, en el primer capítulo, los orígenes de la independencia hispanoamericana. Le siguen dos capítulos (uno sobre México y América Central, y otro sobre América del Sur) que hablan de las revoluciones y las guerras por medio de las cuales Hispanoamérica se independizó de España —al mismo tiempo que se fragmentaba en más de una docena de repúblicas— y también prestan atención a las estructuras políticas, económicas y sociales de los nuevos estados hispanoamericanos. Los dos capítulos siguientes tratan del Caribe: el primero sobre Haití, la antigua colonia francesa de Saint-Domingue, que en 1804 se convirtió en la primera república latinoamericana independiente, y de Santo Domingo, que obtuvo su independencia de España sólo para que Haití la ocupase durante casi un cuarto de siglo antes de pasar a ser también una república independiente (la República Dominicana); el segundo capítulo está dedicado a Cuba, la cual, con Puerto Rico, siguió siendo una colonia española. Sobre Brasil, que se separó de Portugal de forma relativamente pacífica y mantuvo su unidad como imperio independiente, se habla en un capítulo aparte. Finalmente, dos capítulos más estudian el papel de la Iglesia católica en la independencia de América Latina y las relaciones internacionales de ésta.

El medio siglo que siguió a la independencia fue un período de crecimiento relativamente modesto para las economías latinoamericanas, que estaban orientadas a la exportación. Muchas de ellas se recuperaron de la destrucción y los trastornos causados por las guerras de independencia, y la mayoría de ellas tardaron en incorporarse al nuevo orden económico internacional dominado por Gran Bretaña. En parte como consecuencia de ello, fue un período en que sólo hubo cambios sociales limitados, a excepción quizá de la abolición de la esclavitud en muchos países (aunque no en Cuba y Brasil, lo cual es significativo). Y fue un período de violentos conflictos políticos, inestabilidad y caudillismo, al menos en las repúblicas hispanoamericanas (con la notable excepción de Chile). La frágil estabilidad política —así como la unidad— de Brasil se vio seriamente amenazada en el decenio de 1830, pero superó la crisis y se consolidó durante los decenios de mediados de siglo. Fue durante el período posterior a la independencia cuando México perdió la mitad de su territorio a resultas de la secesión de Texas (1836) y la guerra con los Estados Unidos (1846-1848). Además de varios conflictos de relativamente poca importancia, al finalizar el período hubo dos grandes guerras entre estados latinoamericanos: la guerra de Paraguay (1865-1870) entre Brasil, Argentina y Uruguay (la Triple Alianza) por un lado y, por el otro, Paraguay, que fue aplastado; y la guerra del Pacífico (1879-1883) entre Chile y una alianza de Perú y Bolivia, guerra que permitió a Chile ampliar su territorio nacional en un tercio.

El sexto volumen, América Latina independiente, 1820-1870, se divide en dos partes: Hispanoamérica y Brasil. La primera contiene capítulos generales que se ocupan de la economía y la sociedad, así como de la política hispanoamericana después de la independencia, a los que siguen seis capítulos que examinan individualmente países o grupos de países hispanoamericanos: México; América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica); Venezuela, Colombia y Ecuador; Perú y Bolivia; Chile; y las repúblicas del Río de la Plata (Argentina, Uruguay y Paraguay). La segunda parte está formada por dos capítulos relativos al imperio brasileño de 1822 a 1870.

La mayoría de los historiadores que colaboran en estos dos volúmenes —seis británicos, cuatro norteamericanos (tres de los Estados Unidos y uno de Canadá) y cinco latinoamericanos (concretamente de República Dominicana, México, Argentina, Perú y Brasil)— también leyeron y comentaron los capítulos de sus colegas. En este sentido, sin embargo, estoy agradecido de forma especial a David Bushnell, José Murilo de Carvalho, Simon Collier, Malcolm Deas, Richard Graham, Tulio Halperín Donghi y Frank Safford. Asimismo, Emília Viotti da Costa efectuó una valoración crítica de los capítulos referentes a Brasil. Como en el caso de los cuatro volúmenes ya publicados, los que tratan de América Latina en el período colonial, estoy en deuda, sobre todo, con mi colega John Lynch por los consejos que tan generosamente me ofreció. También he recibido mucho aliento de R. A. Humphreys, que fue el primero en introducirme en los problemas —y las satisfacciones— de la historia latinoamericana, hace ya casi treinta años.

Elizabeth Wetton, de la Cambridge University Press, se encargó de preparar la edición original de estos volúmenes. De nuevo debo reconocer mi deuda con Josep Fontana y Gonzalo Pontón, y agradecerles su dedicación y empeño en la buena marcha de la presente edición castellana.

LESLIE BETHELL

Capítulo 1
LOS ORÍGENES DE LA INDEPENDENCIA
HISPANOAMERICANA

España era una metrópoli antigua, pero sin desarrollar. A fines del siglo XVIII, después de tres siglos de dominio imperial, Hispanoamérica aún encontraba en su madre patria un reflejo de sí misma, ya que si las colonias exportaban materias primas, lo mismo hacía España; si las colonias dependían de una marina mercante extranjera, lo mismo sucedía en España; si las colonias eran dominadas por una élite señorial, sin tendencia al ahorro y a la inversión, lo mismo ocurría en España. Pero, por otro lado, las dos economías diferían en una actividad, ya que las colonias producían metales preciosos y la metrópoli no. Sin embargo, a pesar de existir esta excepcional división del trabajo, ésta no beneficiaba directamente a España. He aquí un caso extraño en la historia moderna: una economía colonial dependiente de una metrópoli subdesarrollada.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la España borbónica hizo balance de sí misma y buscó la manera de modernizar su economía, sociedad e instituciones. La ideología reformista era de inspiración ecléctica y se planteaba objetivos pragmáticos; el punto de arranque de las reformas se estableció en la propia situación española, especialmente en lo referente a la disminución de la productividad. Las soluciones se buscaron en diferentes escuelas de pensamiento; así, las ideas de los fisiócratas se invocaban para establecer la primacía de la agricultura y el papel del Estado; el mercantilismo, para justificar una explotación más eficaz de los recursos de las colonias; el liberalismo económico, para erradicar las restricciones comerciales e industriales. La Ilustración también ejerció su influencia, pero ésta se dio no tanto en el campo de nuevas ideas políticas o filosóficas como en la preferencia por la razón y la experimentación, entendidas como opuestas a la autoridad y la tradición. Si bien estas tendencias divergentes pudieron existir conjuntamente en la mente de los intelectuales, ayudan a explicar la inconsistencia de las formulaciones políticas, así como que la modernidad luchara al lado de la tradición.

El deseo principal consistía más en reformar las estructuras existentes que en establecer otras nuevas, y el principal objetivo económico residía más en mejorar la agricultura que en promover la industria. El gran crecimiento demográfico del siglo XVIII presionó sobre la tierra. El número de españoles aumentó un 57 por 100, pasando de los 7,6 millones de principios de siglo a los 12 de 1808. La creciente demanda de productos agrícolas, tanto en España como en el mercado internacional, hizo subir los precios y las ganancias de los propietarios. Al mismo tiempo, el crecimiento de la población rural originó una gran demanda de tierra, y las rentas empezaron a subir incluso en mayor grado que los precios. Ahora más que nunca, resultaba de vital importancia mejorar las técnicas, comercializar la producción y abatir los obstáculos que impedían el crecimiento. La ley de granos de 1765 abolió la tasa sobre éstos, permitiendo el libre comercio de cereales en España y su exportación, excepto en tiempos de escasez. En 1788, los propietarios obtuvieron el derecho a cercar sus tierras y a arar tierras de pasto. Hubo una distribución limitada de tierras de patrimonio real, municipales y eclesiásticas. Por otro lado, las regulaciones del comercio libre, desde 1765, hicieron desaparecer las peores restricciones que pesaban sobre el comercio con la América española.

Las mejoras económicas no conllevaron un gran cambio social. Entre los reformadores gubernamentales que deseaban aumentar la producción de alimentos, los propietarios —sobre todo miembros de la nobleza y del clero—, que querían maximalizar sus ingresos, y los exportadores, que buscaban nuevos mercados, existían intereses coincidentes. Pero apenas se dejaba entrever una incipiente clase media. Los comerciantes eran activos en el comercio de ultramar, mientras que en algunas provincias de la Península surgían nuevos fabricantes. En Cataluña se había desarrollado una moderna industria algodonera y lanera que exportaba a América vía Cádiz y estaba buscando unos puntos de salida más directos. Los comerciantes y los manufactureros querían liberalizar el comercio aún más, y esperaban encontrar en América los mercados que no se podían asegurar en España. De hecho, se anticiparon al comercio libre y se aprovecharon de él. España, sin embargo, perdió la oportunidad de efectuar un cambio fundamental en el siglo XVIII y terminó por abandonar el camino de la modernización. Parecía que los castellanos no deseaban acumular capital para invertirlo en la industria, ni tan siquiera en el fomento de la industria popular (las industrias artesanales, tan queridas por algunos reformadores), y preferían en cambio adquirir más tierra e importar productos suntuarios. Los proyectos de reforma agraria se vieron frustrados por la apatía del gobierno y la oposición de poderosos intereses; los ingresos agrícolas permanecieron bajos y de este modo obstaculizaron el desarrollo de un mercado nacional necesario para la industria. La infraestructura se encontraba asimismo en franca obsolescencia. Hacia 1790 el sistema de transportes era incapaz de cubrir la demanda existente o de satisfacer las necesidades de una población creciente; el transporte fue un grave obstáculo que impidió el crecimiento económico de Castilla y la privó de desarrollar su propia industria o bien de convertirse en un mercado para la industria de otras regiones. Cataluña y otras zonas marítimas encontraban más fácilmente mercados y fuentes de materias primas en el exterior, por vía marítima, que en Castilla por tierra. Por último, a excepción de las ciudades catalanas y de unos cuantos puertos del norte de España, la organización mercantil era débil. A pesar del soporte del Estado, la trayectoria de la mayoría de las compañías comerciales era poco impresionante, padeciendo como padecían falta de capital y lentitud de las transacciones, especialmente las que se hacían con América. La infraestructura comercial estaba tan atrasada que, aunque España producía suficiente grano, las regiones costeras a menudo tenían que importarlo, mien tras que también se perdían las ocasiones de poderlo exportar: «no hablemos de los 60.000 barriles de harina que por lo menos necesita la isla de Cuba y que podían y debían enviarse de España, lucrándose nuestra agricultura de más de 20.000.000 de reales que sacan anualmente de aquella colonia los anglo-americanos por este artículo».[1]

Es verdad que en la segunda mitad del siglo XVIII existió una cierta recuperación económica en la que la industria catalana y el comercio colonial tuvieron su propio peso. Pero España continuó teniendo una economía esencialmente agraria, y el comercio exterior fue considerado sobre todo como salida de productos agrícolas. En última instancia, las medidas modernizadoras del reinado de Carlos III (1759-1788) se concibieron para revitalizar el sector tradicional de la economía y pusieron en evidencia más que nunca que el mundo hispánico no estaba construido sobre la división de trabajo entre la metrópoli y las colonias, sino sobre ominosas similitudes. Las viejas estructuras sobrevivieron y el movimiento reformista se colapso en medio del pánico producido por la Revolución francesa y la consiguiente reacción durante el reinado de Carlos IV (1788-1808). El éxito de la monarquía absoluta dependía entre otras cosas del carácter del monarca. Bajo Carlos IV la monarquía perdió toda credibilidad como gestora de la reforma. Los hombres de gobierno dieron paso a los cortesanos y la designación de Manuel Godoy significó un retorno a las prácticas de los últimos Habsburgo; el nuevo primer secretario fue un valido clásico, que no debía su situación a ninguna cualidad personal, sino tan sólo al favor real. Godoy trató a América como si fuera exclusivamente una fuente proveedora de metales preciosos y a sus gentes como simples contribuyentes.

Entretanto, si Hispanoamérica no podía tener en España a un abastecedor industrial y a un socio comercial, existía otra alternativa. Durante el siglo XVIII la economía británica estaba efectuando un cambio revolucionario, y de 1780 a 1800, cuando la Revolución industrial se torna realmente efectiva, experimentó un crecimiento comercial sin precedentes que se basaba principalmente en la producción fabril de tejidos. Fue entonces cuando la industria algodonera del Lancashire conoció su gran expansión, mientras la producción de hierro y acero mostraba también una importante tasa de crecimiento. Francia, el primer país en seguir el ejemplo de Gran Bretaña, aún se encontraba rezagada en cuanto a productividad y la distancia aún se acrecentó más, a partir de 1789, durante la guerra y el bloqueo. En este momento, Gran Bretaña no tenía virtualmente rival. Se exportaba una proporción sustancial —posiblemente en torno a un tercio— de toda la producción industrial. Hacia 1805, la industria algodonera exportaba el 66 por 100 de su producción total, la lanera el 35 por 100 y el hierro y el acero el 23,6 por 100. A lo largo del siglo XVIII el comercio británico había ido contando de forma creciente con el mercado colonial. Mientras que a principios de siglo el 78 por 100 de las exportaciones británicas se dirigían a Europa, a finales del mismo los mercados protegidos de las potencias europeas rivales de la Gran Bretaña absorbían tan sólo el 30 por 100, Norteamérica otro 30 por 100 y el 40 por 100 restante se dirigía a «todas las partes del mundo», lo que en realidad significa hacia el imperio británico, especialmente a las Indias Occidentales (25 por 100), incluidas las colonias americanas de España. De hecho, la única limitación existente en la expansión de las exportaciones británicas en los mercados coloniales era el poder adquisitivo de sus clientes, y éste dependía de lo que ellos podían ganar con sus exportaciones a Gran Bretaña. Si bien la América española sólo generaba una limitada gama de productos exportables a Inglaterra, disponía de un medio de intercambio vital: la plata. En consecuencia, Gran Bretaña apreciaba su comercio con la América española y buscó el medio de expandirlo, ya fuera a través del comercio de reexportación desde España, ya fuera a través de las redes de contrabando existentes en las Indias Occidentales y el Atlántico sur.

Estos factores, desde luego, no significaron una política británica de carácter imperialista en Hispanoamérica, ni un propósito de expulsar de ella a España por la fuerza. El gobierno británico no tenía proyectos ni de conquista ni de liberación. A pesar de las presiones ejercidas por los exiliados hispanoamericanos y de las incitaciones de los interesados comerciantes, Gran Bretaña se mantuvo al margen. El argumento comercial esgrimido para forzar su intervención en Hispanoamérica no fue considerado suficiente como para justificar la lucha por abrir nuevos mercados. Hasta la crisis de los años 1806-1807, cuando parecía que el continente europeo quedaría cerrado a las exportaciones británicas, las salidas existentes se consideraban adecuadas. El mercado hispanoamericano, aunque era valioso y lo suficientemente importante como para que se incrementara hasta donde fuera posible, nunca fue tan vital como para exigir su incorporación al imperio británico. Sin embargo, el mercado se había mostrado vulnerable a la penetración británica y los consumidores se mostraron dispuestos. Durante los años de guerra con España, especialmente después de 1796, cuando la flota británica bloqueó Cádiz, las exportaciones británicas cubrieron la consiguiente escasez en las colonias españolas. El contraste entre Gran Bretaña y España, entre crecimiento y estancamiento, entre potencia y debilidad, ejerció un poderoso efecto en la conciencia de los hispanoamericanos. Además, existía otro componente psicológico: si una potencia mundial como Gran Bretaña podía perder la mayor parte de su imperio americano, ¿con qué derecho perduraba el de España?

El imperio español en América descansaba en el equilibrio de poder entre varios grupos: la administración, la Iglesia y la élite local. La administración ostentaba el poder político, pero su poder militar era escaso y asentaba su autoridad en la soberanía de la corona y en sus propias funciones burocráticas. La soberanía secular estaba reforzada por la de la Iglesia, cuya misión religiosa se apoyaba en el poder jurisdiccional y económico. Pero el mayor poder económico estaba en manos de las élites, propietarios rurales y urbanos, que englobaban a una minoría de peninsulares y a un mayor número de criollos. En el siglo XVIII, las oligarquías locales, basadas en importantes intereses territoriales, mineros y mercantiles, y en los estrechos lazos de amistad y de alianza con la burocracia colonial, con el círculo del virrey y con los jueces de la audiencia, así como en un fuerte sentido de identidad regional, estaban bien establecidas a lo largo de toda América. La debilidad del gobierno real y su necesidad de recursos permitieron a estos grupos desarrollar efectivas formas de resistencia frente al distante gobierno imperial. Se compraban oficios y se realizaban tratos informales. Al ceder ante las presiones y al tratar de evitar los conflictos la burocracia tradicional reflejaba dicha situación, y de hecho se convertía no en el agente del centralismo imperial, sino en un intermediario entre la corona española y sus súbditos americanos; venía a ser más bien una delegación burocrática que el instrumento de un Estado centralista. Los Borbones encontraron esta situación del todo inaceptable.

La política borbónica alteró la relación existente entre los principales grupos de poder. La propia administración fue la primera en perturbar el equilibrio. El absolutismo ilustrado fortaleció la posición del Estado a expensas del sector privado y terminó por deshacerse de la clase dominante local. Los Borbones revisaron detenidamente el gobierno imperial, centralizaron el control y modernizaron la burocracia; se crearon nuevos virreinatos y otras unidades administrativas; se designaron nuevos funcionarios, los intendentes, y se introdujeron nuevos métodos de gobierno. Éstos consistían en parte en planes administrativos y fiscales, que implicaban al tiempo una supervisión más estrecha de la población americana. Lo que la metrópoli concibió como un desarrollo racional las élites locales lo interpretaron como un ataque a los intereses locales. Por ejemplo, los intendentes sustituyeron a los alcaldes mayores y a los corregidores, funcionarios que tenían una larga experiencia en conciliar intereses encontrados. No obtenían sus ingresos de un sueldo, sino a través de actividades mercantiles, tales como comerciar con los indios que tenían bajo su jurisdicción, avanzar capital y crédito, proporcionar instrumentos de trabajo y materias primas y ejercer un monopolio económico en su distrito. Sus avaladores financieros —los comerciantes especuladores de las colonias— garantizaban unos ingresos y gastos a los funcionarios entrantes, quienes así forzaban a los indios a tomar préstamos en metálico y en suministros para que cultivaran productos exportables o simplemente para que consumieran productos adicionales. En esto consistía el conocido «repartimiento de comercio», y a través de él se satisfacían distintos grupos de intereses. Los indios se veían forzados a producir y a consumir, los funcionarios reales recibían un salario, los comerciantes obtenían productos agrarios exportables y la corona se ahorraba los sueldos. Sin embargo, el precio le resultaba caro en otros aspectos, pues suponía abandonar el control imperial frente a las presiones locales. Esta práctica estaba muy extendida en México, y en Perú influyó en la gestación de la rebelión indígena de 1780.

Los reformadores españoles decretaron la abolición de todo el sistema en nombre de una administración racional y humana. La Ordenanza de Intendentes (1784 en Perú, 1786 en México), instrumento básico de la reforma borbónica, acabó con los repartimientos y sustituyó a los corregidores y a los alcaldes mayores por los intendentes, que eran asistidos por subdelegados en los pueblos de indios. La nueva legislación introdujo funcionarios remunerados y garantizó a los indios el derecho a comerciar y a trabajar como quisieran. La reforma administrativa no funcionó como se esperaba. Los intereses coloniales, tanto los de los peninsulares como los de los criollos, consideraron paralizante la nueva política y se resentían de la inusitada intervención de la metrópoli. La abolición de los repartimientos constituía una amenaza no sólo para comerciantes y terratenientes, sino también para los indios mismos, poco acostumbrados a utilizar dinero en un mercado libre y dependientes del crédito para la adquisición de ganado y de mercancías. ¿Cómo se podría ahora incorporar a los indios a la economía? Los capitalistas privados dudaron en introducirse en el lugar que antes ocupaban los funcionarios y avanzar crédito porque temían que fuese ilegal. Así pues, hubo confusión y la producción y el comercio salieron perjudicados. Algunos esperaban la supresión de las intendencias y la reposición de los repartimientos. Otros se tomaron la ley por su cuenta. En México y Perú, reapareció el repartimiento, ya que los subdelegados querían redondear sus ingresos, los propietarios deseaban ejercer control sobre la mano de obra y a los comerciantes les interesaba restablecer los viejos mercados. Después de un corto trasiego, la política de los Borbones fue saboteada en las colonias mismas; las élites locales respondieron de forma negativa al nuevo absolutismo y pronto tendrían que decidir si querían hacerse con el poder político a fin de evitar nuevas medidas legislativas ilustradas.

Los Borbones del mismo modo que fortalecieron la administración, debilitaron la Iglesia. En 1767 expulsaron de América a los jesuitas; unos 2.500 individuos, la mayoría de ellos americanos, tuvieron que marchar de su propia tierra, así como de sus misiones. La expulsión fue un ataque a la parcial independencia que tenían los jesuitas y a la vez una reafirmación del control imperial. Porque en América los jesuitas gozaban de gran libertad; en Paraguay tenían un enclave fortificado; sus haciendas y otras formas de propiedad les confería un poder económico independiente, que se fue incrementando gracias a sus éxitos en diferentes actividades empresariales. A largo plazo, los hispanoamericanos fueron ambivalentes respecto a la expulsión. Por una parte, los bienes de los jesuitas, expropiados en 1767, sus extensas tierras y sus ricas haciendas, fueron vendidos a la gente más rica de las colonias, es decir, a las familias criollas que contaban con suficiente numerario como para participar en las subastas. Sin embargo, de una forma más inmediata, los hispanoamericanos consideraron la expulsión como un acto de despotismo, un ataque directo contra sus compatriotas y a sus propios países. De los 680 jesuitas expulsados de México, cerca de 450 eran mexicanos; de los aproximadamente 360 expulsados de Chile, cerca del 58 por 100 eran chilenos, mientras que el 25 por 100 eran españoles y el resto procedía de distintos puntos de Europa y de América. Su exilio de por vida provocó gran resentimiento no sólo entre ellos, sino también entre sus familias y los simpatizantes que dejaron atrás.

«Todo privilegio es odioso», dijo el conde de Campomanes. Cuestión esencial de la política borbónica fue su oposición a las corporaciones que poseían privilegios especiales dentro del Estado. La encarnación del privilegio era la Iglesia, cuyos fueros le daban inmunidad frente a la jurisdicción civil y cuya riqueza la convirtió en la principal fuente de inversión de capitales en la América española. El poder de la Iglesia, aunque no su doctrina, fue uno de los blancos principales de los reformistas borbónicos. Buscaron la manera de poner al clero bajo la jurisdicción de los tribunales seculares y a lo largo del intento recortaron de forma creciente la inmunidad eclesiástica. Después, cuando las defensas de la Iglesia se debilitaron, quisieron poner sus manos sobre sus propiedades, ante lo que el clero reaccionó vigorosamente. Si bien no se enfrentó al regalismo borbónico, se resintió amargamente de la violación de sus privilegios personales. Resistió ante la política borbónica y en muchas ocasiones recibió el apoyo de laicos piadosos. El bajo clero, cuyo fuero constituía virtualmente su única ventaja material, fue el más afectado y de entre sus filas, particularmente en México, se reclutarían muchos de los oficiales insurgentes y jefes de la guerrilla.

El ejército constituía otro foco de poder y privilegios. España no disponía de los medios para mantener grandes guarniciones de tropas peninsulares en América y se apoyaba principalmente en milicias de americanos, reforzadas por unas pocas unidades peninsulares. A partir de 1760 se creó una nueva milicia y la carga de la defensa la soportaron abiertamente las economías y las tropas de las colonias. Pero las reformas borbónicas tenían a menudo consecuencias contradictorias: para estimular el reclutamiento, se confería a los miembros de la milicia el fuero militar, un estatus que daba a los criollos, y hasta cierto punto incluso a las castas, los privilegios y las inmunidades de que ya disfrutaban los militares españoles, particularmente la protección de una ley militar, en detrimento de la jurisdicción civil. Por otra parte, puesto que la defensa del imperio estaba siendo encomendada cada vez más a la milicia colonial y era dirigida en muchas ocasiones por oficiales criollos, España creó un arma que en última instancia podía volverse contra ella. Incluso antes de que se llegara a esta situación, la milicia creó problemas de seguridad interna.

En Perú, al estallar la rebelión indígena de 1780, la milicia local se limitó inicialmente a observar el movimiento, y luego fue severamente derrotada. Puesto que su eficacia y su lealtad eran dudosas, las autoridades decidieron que era un riesgo demasiado grande emplear una milicia constituida por tropas mestizas y oficiales criollos —muchos de los cuales tenían sus propias quejas contra la política borbónica— en una campaña de contrainsurgencia dirigida hacia indios y mestizos. Para aplastar la rebelión, se enviaron desde la costa unidades del ejército regular, dirigidas por peninsulares y compuestas en gran medida por negros y mulatos apoyados por conscriptos indígenas leales. A raíz de la rebelión, España adoptó una serie de medidas para reforzar el control imperial. Se redujo el papel de la milicia y la responsabilidad de la defensa recayó de nuevo en el ejército regular. Los oficiales de alto rango, tanto en las unidades regulares como en la milicia, eran ahora españoles. Por otro lado, se restringió el fuero militar, sobre todo en el caso de los no blancos. Con ello se evitó que la milicia llegara a ser una organización independiente y los criollos se vieron detenidos en su carrera de promoción militar. Todo ello fue fuente de resentimientos que de momento no se manifestaron abiertamente, dada la peculiar estructura social del Perú. El miedo a las masas indias y mestizas fue un poderoso acicate a la lealtad entre los criollos y una potente razón para aceptar el dominio de los blancos aun cuando éstos fueran peninsulares.

En México también se registró una reacción contra la participación de los criollos en las tareas de defensa. A fines del siglo XVIII el virrey Revillagigedo estimó que era una locura distribuir armas a los indígenas, negros y castas, y expresó sus dudas respecto a las verdaderas lealtades de los oficiales criollos. En el fondo, los peninsulares desconfiaban de los americanos, razón suficiente como para explicar el reducido número de criollos que pudo ingresar en las jerarquías militares, incluso en los períodos en que España no podía darse el lujo de enviar oficiales desde Europa. La lección aprendida por los mexicanos fue que tanto el acceso a las promociones militares como en la administración comenzaba a ser cada vez más restringido. Aparentemente, la hostilidad oficial contra las instituciones y privilegios corporativos coincidió con una fuerte reacción contra la participación criolla en el gobierno.

En otras regiones del imperio las crecientes necesidades defensivas probaron ser más fuertes que los prejuicios imperiales contra los americanos. Durante el siglo XVIII España reorganizó las guarniciones de las Américas, estableciendo batallones fijos, que reforzarían las guarniciones locales en tiempos de guerra; un elemento significativo fue la estipulación de que el ejército debía estar compuesto predominantemente por peninsulares, con no más de un 20 por 100 de criollos. Esta nueva regla se aplicó en La Habana y en Cartagena, mientras en Santo Domingo y Puerto Rico el límite fue extendido a un 50 por 100. Las dificultades que presentaba en otras regiones de las Indias el reclutamiento de españoles y su posterior transporte parecen haber limitado estas restricciones a los puertos nombrados. Sin embargo, a pesar de las restricciones, la americanización de las jerarquías militares continuó teniendo lugar. En 1789, de los 87 oficiales en el regimiento de Infantería de La Habana, 51 eran criollos. Aunque José de Gálvez, ministro de Indias, discriminó contra los criollos para fortalecer la autoridad real, especialmente en Nueva Granada y en Perú, la americanización del ejército regular de las colonias probó ser un proceso irreversible. No fue estimado como un riesgo demasiado excesivo. El nuevo imperialismo no estaba basado en la militarización masiva para contener un enemigo interno. La corona todavía hacía descansar su poder sobre su antigua legitimidad y sobre el sistema administrativo colonial.

Al mismo tiempo que limitaban los privilegios en América, los Borbones ejercían un mayor control económico, obligando a las economías locales a trabajar directamente para España y enviar a la metrópoli el excedente de producción y los ingresos que durante años se habían retenido en las colonias. Desde la década de 1750 se hicieron grandes esfuerzos para incrementar los ingresos imperiales. Sobre todo pesaron dos medidas: por un lado se crearon monopolios sobre un número creciente de mercancías, como el tabaco, el aguardiente, la pólvora, la sal y otros productos de consumo; por otro, el gobierno se hizo cargo de nuevo de la administración directa de las contribuciones, cuyo cobro tradicionalmente se arrendaba. Las temidas alcabalas, o impuesto que se cobraba sobre todas las ventas, continuaron obstruyendo todas las transacciones, y ahora su tasa se elevó en algunos casos del 4 al 6 por 100, mientras que su percepción ahora se hizo más rigurosa. Los nuevos ingresos normalmente no se gastaban en América ni en trabajos ni servicios públicos. Rápidamente se convertían en metálico que se enviaba a España, desproveyendo de dinero a las economías locales. En México, los ingresos reales pasaron de los 3 millones de pesos de 1712 a los 14 millones anuales de finales de siglo. Seis de estos millones iban a Madrid como ganancias netas del erario. En los años buenos, los ingresos que proporcionaban las colonias podían representar el 20 por 100 de los ingresos del erario español. Éstos, sin embargo, descendieron casi a cero en los años de guerra con Inglaterra, sobre todo en los años de 1797 a 1802 y de 1805 a 1808, si bien incluso entonces la corona aún obtenía indirectamente ingresos de América, al vender letras de cambio y licencias para que los comerciantes neutrales —y a veces incluso los enemigos— pudieran comerciar con las colonias.

A los americanos no se les consultó acerca de la política exterior española, aunque tuvieron que subvencionarla a través de impuestos crecientes y de la escasez provocada por la guerra. Además de las quejas generales de todos los consumidores, cada sector económico tenía sus agravios particulares. Los sectores mineros de México y Perú entregaron sumas importantes en concepto de quinto real, de los impuestos de guerra sobre la plata, de imposiciones sobre el refinado y la acuñación, de los derechos sobre el aprovisionamiento de mercurio y pólvora (que era controlado por el Estado), por no mencionar los préstamos de guerra y otras contribuciones extraordinarias. Además, a partir de 1796, cuando la guerra con Gran Bretaña impidió el abastecimiento de mercurio desde España, los mineros sufrieron graves pérdidas. Entonces, se consideró que las condiciones inherentes al dominio español eran un obstáculo a la productividad y al beneficio. Pero, con todo, como la minería tenía un valor extraordinario para España, ésta la favoreció. Desde 1775 el Estado contribuyó a que el costo del producto descendiera, al reducir a la mitad el precio del mercurio y de la pólvora, al eximir de alcabalas a los equipamientos y a las materias primas, al extender las facilidades del crédito y, en general, al mejorar la infraestructura de la industria. Otros sectores productivos no recibieron un trato tan privilegiado. Los intereses agrícolas, por su parte, presentaban otra serie de quejas. Los estancieros se lamentaban de los numerosos impuestos que existían en las transacciones ganaderas y las alcabalas que pesaban sobre la compra y venta de toda clase de animales; los productores de azúcar y aguardientes se quejaban de los altos impuestos; y los consumidores, tanto los peninsulares como los criollos y las castas, protestaban por las contribuciones existentes sobre los productos de uso cotidiano. Aunque las cargas impositivas no convertían a sus víctimas necesariamente en revolucionarios ni hacían que exigieran la independencia, engendraban de todos modos un clima de resentimiento y el deseo de establecer cierto grado de autonomía local. Desde aproximadamente 1765 la resistencia a los impuestos imperiales fue constante y a veces violenta. Y como desde 1779, con motivo de la guerra con Gran Bretaña (1779-1783), España empezó a apretar las tuercas aún más, la oposición se hizo más desafiante. En Perú, en 1780 los desórdenes criollos quedaron superados por la rebelión indígena; por otro lado, en Nueva Granada, en 1781, los criollos y los mestizos sorprendieron a las autoridades por la violencia de sus protestas.[2] Desde 1796, a causa de una nueva guerra en Europa, las exigencias contributivas no se detuvieron, y desde 1804 se elevaron aún más. Se pidieron donaciones a las ricas familias, en México ascendieron a sumas que oscilaban entre 50.000 y 300.000 pesos, y en el Perú, a sumas algo menores. Se exigieron préstamos a los fondos de las pensiones militares y a otros fondos públicos, a los de los consulados y a los de los cabildos. Sin duda, algunas de estas donaciones expresaban el patriotismo de peninsulares y funcionarios ricos, pero otras fueron forzadas y ofensivas. El mayor agravio fue el causado por el decreto del 26 de diciembre de 1804, la llamada «consolidación de vales reales», mediante la cual se ordenaba la confiscación de los fondos de caridad que existían en América y su remisión a España.

Al ser aplicado a México, el decreto atacó donde más le dolía al patrimonio de la Iglesia. La Iglesia disponía de grandes recursos de capital. En particular, las capellanías y las obras pías poseían una gran reserva financiera acumulada a lo largo de los siglos gracias a los legados de los creyentes. Al poner en activo estos capitales, la Iglesia actuaba como una institución financiera, avanzando dinero a los comerciantes y a los propietarios o a cualquier persona que deseara obtener un préstamo hipotecario para poder comprar una propiedad o para cualquier otra cosa, a cambio de pagar un interés anual del 5 por 100. La principal riqueza de la Iglesia en México consistía en capital, más que en bienes raíces, y el capital de la Iglesia era el principal motor de la economía mexicana. Con la aplicación del decreto, las capellanías y las obras pías perdieron muchos de sus caudales; esto afectó no sólo a la Iglesia, sino también a los intereses económicos de mucha gente que contaba con los fondos de la Iglesia para obtener capital y crédito. Entre ellos había nobles hacendados y pequeños rancheros, propietarios urbanos y rurales, mineros y comerciantes, es decir, toda una variedad de tipos sociales, tanto españoles como criollos. Quizá el peor perjuicio lo sufrieron un gran número de pequeños y medianos propietarios que no pudieron reunir el dinero con suficiente rapidez y se vieron obligados a vender sus bienes en unas condiciones altamente desfavorables. Algunos terratenientes importantes tuvieron dificultades para poder devolver el dinero, y por ello a algunos se les confiscaron y subastaron sus bienes. El clero se enojó, especialmente el bajo clero, que a menudo vivía de los intereses que generaba el capital prestado. El obispo Manuel Abad y Queipo, que estimaba en 44,5 millones de pesos el valor total del capital de la Iglesia invertido o cargado en la economía mexicana —los dos tercios de todo el capital invertido—, hizo conocer al gobierno que la resistencia sería muy fuerte. Se desplazó personalmente a Madrid para pedir al gobierno que lo reconsiderara; Manuel Godoy, el primer ministro de Carlos IV, no le dio ninguna respuesta satisfactoria, pero a causa de las circunstancias —la inmediata invasión de la península por Napoleón— el odiado decreto fue suspendido, primero por la iniciativa del virrey (agosto de 1808) y después de modo formal por la Junta Suprema de Sevilla (4 de enero de 1809). Mientras, se habían enviado a España unos 10 millones de pesos y los funcionarios que los recaudaron, incluido el virrey, se repartieron la cantidad de 500.000 pesos en concepto de comisión. La confiscación de la riqueza de la Iglesia fue el epítome de la política colonial española en la última década del imperio. Si bien los efectos de tal medida no condujeron a la catástrofe y la rebelión, de todos modos resultaron nefastos para España. Esta medida atolondrada e ignorante alertó a la Iglesia, ofendió a los propietarios y dio lugar a una crisis de confianza. Constituyó un ejemplo supremo de mal gobierno, mostró la corrupción existente entre la burocracia española en México y el mal uso del dinero mexicano en España. La imposición rompió la unidad de los peninsulares en México y puso a algunos españoles en contra de la administración. Para los mexicanos, el ver cómo el capital mexicano se sustraía de su economía y se enviaba a España para financiar una política exterior en la que no podían decir nada ni tampoco tenían ningún interés, constituyó la última prueba de su dependencia. La expropiación unió a ricos y pobres, españoles y criollos, en su oposición a la interferencia imperial y en busca de un mayor control sobre sus propios asuntos. Además, se produjo en un momento en que la creciente demanda de impuestos ya no podía justificarse como una medida que gravaba una productividad creciente o un comercio en expansión.

Los reformadores borbónicos quisieron ejercer una presión fiscal creciente sobre una economía controlada y en expansión. Al principio reorganizaron el comercio colonial para rescatarlo de las manos de los extranjeros y para asegurar los retornos en beneficio exclusivo de España. Su ideal era exportar productos españoles en barcos nacionales a un mercado imperial. Entre 1765 y 1776 desmantelaron la vieja estructura del comercio transatlántico y abandonaron antiguas reglas y restricciones. Bajaron las tarifas, abolieron el monopolio de Cádiz, abrieron comunicaciones directas entre los puertos de la península y las islas del Caribe y el continente, y autorizaron el comercio entre las colonias. Se fue extendiendo un comercio libre y protegido entre España y América, que en 1778 se aplicó a Buenos Aires, Chile y Perú, y en 1789 a Venezuela y México. En las obras de la época se dejaba bien claro que el propósito del comercio libre era el desarrollo de España, y no el de América; se estaba intentando atar más estrechamente la economía de las colonias a la metrópoli. Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de los economistas españoles más liberales, ensalzó el decreto de 1778 porque daba mayores oportunidades a la agricultura y a la industria españolas en un mercado cuya existencia se justificaba por el hecho de ser consumidor de productos españoles: «Las colonias son útiles en cuanto ofrecen un seguro consumo al sobrante de la industria de la metrópoli».[3]

Un pacto colonial de esta clase hacía que un 80 por 100 del valor de las importaciones procedentes de América consistiera en metales preciosos y el resto en materias primas comercializables, y por ello no se permitió industrias manufactureras en las colonias, a excepción de los molinos azucareros. De acuerdo con este criterio, el comercio libre era un éxito. Los decretos por sí mismos no podían crear evidentemente el crecimiento económico. En cierto grado, el comercio libre simplemente siguió y dio expresión legal a tendencias preexistentes en la economía atlántica. Pero, cualquiera que fuera la causa principal, no hay duda de que la agricultura y la industria españolas experimentaron cierta revitalización en este período, que se reflejó en la expansión del comercio exterior. El tráfico marítimo aumentó en un 86 por 100, de los 1.272 navíos de 1710-1747 se pasó a los 2.365 de 1748-1778. Las importaciones de oro y plata, tanto públicas como privadas, se elevaron de los 152 millones de pesos de 1717-1738 a los 439 millones de 1747-1778, lo que representa un aumento del 188 por 100; por otro lado, los metales preciosos llegaron a representar al menos el 76 por 100 de las importaciones totales desde las colonias. Cádiz, que contaba con la ventaja de poseer más mercados en América, continuaba dominando dicho comercio. Es cierto que las exportaciones catalanas a América, que habían ayudado a preparar el terreno para la implantación del comercio libre, aún se beneficiaron más con su aplicación, y el comercio colonial, así como las manufacturas, de Barcelona experimentaron un crecimiento mayor que antes.

Cádiz, sin embargo, continuaba siendo el principal puerto de España; sus exportaciones a América ascendían firmemente: en el período de 1778-1796 sumaron el 76 por 100 de todas las exportaciones españolas a América; Barcelona ocupaba el segundo lugar con algo así como el 10 por 100 del total. Esta fue la época de oro del comercio gaditano y un momento de nuevo crecimiento para España. El porcentaje del valor anual de las exportaciones de España a América en los años de 1782-1796 era un 400 por 100 superior al de 1778.

Incluso en estos años existían signos de mal agüero. La mayoría de las exportaciones españolas a América eran productos agrícolas: aceite de oliva, vino y aguardiente, harina, frutos secos. Incluso más de un 40 por 100 de todo lo que exportaba Barcelona, el centro industrial de España, eran productos agrarios, sobre todo vinos y aguardientes, mientras que sus exportaciones industriales eran exclusivamente textiles; todas estas mercancías se producían también en América y podían haberse desarrollado más allí. Las exportaciones españoles, más que complementar a los productos americanos, competían con ellos, y el comercio libre no hizo nada para sincronizar las dos economías. Al contrario, fue concebido para estimular la agricultura, que era el sector dominante de la economía española. El vacío en la industria que dejó España fue llenado por los extranjeros, quienes aún dominaban el comercio transatlántico. Existen evidencias de que después de mediados de siglo, 1757-1776, el mayor peso de las exportaciones industriales (71,84 por 100) sobre las agrarias (28,16 por 100) había aumentado al compararlo con las cifras del período de 1720-1751 (54,43 y 45,5 por 100 respectivamente); una parte sustancial de este incremento, sin embargo, debe atribuirse al peso de los productos extranjeros. Gran parte del comercio de Cádiz con América consistía en la reexportación de productos extranjeros. En 1778, éstos alcanzaban el 62 por 100 de las exportaciones a América registradas, y también estaban a la cabeza en 1784, 1785 y en 1787. Más tarde, la proporción de productos nacionales (aún predominantemente agrarios) fue cada año mayor, excepto en 1791, y hacia 1794 la correlación se había invertido. Pero estas mejoras se vieron contrarrestadas por el contrabando y por la penetración extranjera en América; además, cerca del 75 por 100 de todos los barcos que participaban en el comercio colonial eran de origen extranjero.

España continuó siendo una cuasimetrópoli, apenas más desarrollada que sus colonias. Pero ¿qué hizo el comercio libre en favor de Hispanoamérica? Sin duda estimuló algunos sectores de la producción colonial. Las rutas comerciales tradicionales de América se ensancharon y las exportaciones americanas a España se multiplicaron a partir de 1782. Aumentó la cantidad de cueros de Buenos Aires, de cacao y otros productos de Venezuela y de azúcar de Cuba. En México estaba apareciendo una nueva clase comercial y los inmigrantes llegados de España empezaron a competir con los antiguos monopolistas. A pesar de la oposición de los intereses tradicionales existentes en Ciudad de México, se establecieron nuevos consulados en Veracruz y Guadalajara (1795). Las presiones a favor del crecimiento y el desarrollo se volvieron más apremiantes: los informes de los consulados llamaban la atención sobre los recursos sin explotar del país y pedían que hubiera más comercio, mayor producción local, mayores opciones, capacidad de elección y precios más bajos. Ello no significaba reclamar la independencia, pero los consulados expresaban unos sentimientos comunes de frustración ante los obstáculos que frenaban el desarrollo y su insatisfacción por el monopolio comercial español. Tal como escribió el secretario del consulado de Veracruz en 1817, «entre los motivos ciertos o figurados de que se han valido los rebeldes para haber encendido la tea de la insurrección, uno de ellos ha sido la queja de estar sujetos a escasez y a precios subidos los géneros y efectos nacionales y extranjeros cuando quieren remitirlos los negociantes de la península».[4] De todas maneras, el comercio libre dejó intacto el monopolio. Las colonias aún estaban excluidas del acceso directo a los mercados internacionales a excepción de las vías que abría el contrabando. Aún padecían tributos discriminatorios o incluso prohibiciones sin reserva en beneficio de los productos españoles. El nuevo impulso del comercio español pronto saturó estos limitados mercados y el problema de las colonias fue ganar lo suficiente para pagar las importaciones en aumento. Las bancarrotas fueron frecuentes, la industria local decayó; incluso productos agrícolas como el vino y el aguardiente fueron objeto de competencia en los puertos, y los metales preciosos desaparecieron en esta lucha desigual.

La metrópoli no contaba con los medios o no tenía interés en ofrecer los diversos factores de producción necesarios para el desarrollo, para invertir en el crecimiento y para coordinar la economía imperial. Ello era así no sólo en una colonia desatendida como Nueva Granada, sino también en una economía minera como Perú, donde la agricultura decaía por falta de mano de obra, capital y medios de transporte, donde la población dependía del grano de Chile, y donde solamente sus recursos mineros la salvaban de un estancamiento completo. Además, la metrópoli estaba interesada primordialmente en su propio comercio con las colonias y no promocionó de forma consistente el comercio intercolonial. El imperio español continuaba siendo una economía no integrada, en la que la metrópoli trataba con una serie de partes separadas a menudo a costa de la totalidad. El mundo hispánico se caracterizaba por la rivalidad y no por la integración; así existía la oposición de Chile contra Perú, la de Lima contra el Río de la Plata, la de Montevideo contra Buenos Aires, anticipando, como colonias, las divisiones de las futuras naciones.

El papel de América continuó siendo el mismo: consumir las exportaciones españolas y producir minerales y algunos productos tropicales. En estos términos, el comercio libre necesariamente iba ligado al incremento de la dependencia, volviendo a una concepción primitiva de las colonias y a una dura división del trabajo después de un largo período en que la inercia o quizás el consenso habían permitido cierto grado de desarrollo autónomo. Ahora, la afluencia de productos manufacturados perjudicó a las industrias locales, que a menudo eran incapaces de competir con importaciones de menor precio y de mejor calidad. Las industrias textiles de Puebla y Querétaro, los obrajes de Cuzco y Tucumán, fueron zarandeados por esta competencia europea paralizadora. Las exportaciones de Guayaquil, proveedora tradicional de textiles para distintas partes de América, cayeron de las 440 balas de 1768 a las 157 de 1788. Desde esta época, la industria textil de Quito entró en decadencia, desplazada de Perú y de otros mercados por las importaciones más baratas de Europa. El arzobispo Antonio Caballero y Góngora, virrey de Nueva Granada (1782-1789), informó con satisfacción de la decadencia de los tejidos de Quito, al observar que la agricultura y la minería eran «más conforme[s] al instituto de las Colonias», mientras que la industria sólo proporcionaba «las manufacturas que deben recibir de la Metrópoli».[5] El hecho de que España no pudiera producir ella misma todas las manufacturas que necesitaban sus colonias, no invalidaba, según las mentes dirigentes de España, su política. Después de todo, en España existía un pequeño sector industrial celoso de sus intereses; por otro lado, los comerciantes españoles aún podían beneficiarse de la reexportación de los productos procedentes del extranjero. Además se consideraba más importante mantener la dependencia que mitigar sus consecuencias. Entre los hombres de estado y los funcionarios españoles existía la convicción de que la dependencia económica era una precondición de la subordinación política y que el crecimiento de las manufacturas en las colonias conduciría a la autosuficiencia y a la autonomía. En aras de las concepciones del imperio, los funcionarios a menudo daban la espalda a la realidad. Antonio de Narváez y la Torre, gobernador de Santa Marta, informaba en 1778 que había considerado si era conveniente crear establecimientos de manufacturas algodoneras, dada la abundante provisión local de materia prima de la mejor calidad, pero lo había desestimado teniendo en cuenta el interés del sistema por que «América provea a España los materiales que la fertilidad, y extensión inmensa de este país produce, y España se los redistribuya en manufacturas, que la industria y aplicación de sus artífices trabaja, para emplear así a todos con respeto a la naturaleza de ambos países, y mantener las conexiones, vínculos y dependencias recíprocas de una y otra parte de la Monarquía».[6] Los manufactureros españoles vigilaban constantemente que no se infringiera esta norma. En particular Cataluña, faltándole una salida en la estancada y aislada España interior, necesitaba el mercado americano, que era un importante consumidor de sus tejidos y de otros productos y un abastecedor de algodón en rama. Los talleres textiles de México y Puebla producían lo suficiente como para preocupar a los manufactureros de Barcelona; éstos se quejaban frecuentemente del efecto de la competencia local sobre sus exportaciones y esperaban de la corona que «se expidiesen las más eficaces órdenes para que se destruyesen desde luego las fábricas de tejidos y pintados establecidas en aquellas colonias».[7]

Se trataba de un conflicto directo de intereses y era previsible cuál sería la respuesta del gobierno imperial. A la real orden de 28 de noviembre de 1800, que prohibía el establecimiento de manufacturas en las colonias, siguió la de 30 de octubre de 1801 relativa «al exceso notado en el establecimiento en aquel Reyno de Fábricas y artefactos contrarios a los que prosperan en España y tienen por principal objeto el surtido de nuestras Américas». El gobierno dijo que no podía permitir la expansión de los establecimientos industriales ni tan siquiera durante la guerra, porque quitaba fuerza de trabajo a las esenciales tareas de la minería de oro y plata y a la producción de frutos coloniales. El funcionariado recibió órdenes de recontar el número de talleres de su distrito y de «procurar la destrucción de ellos por los medios que estime más conveniente aunque sea tomándolos por cuenta de la Real Hacienda y so calor de hacerlo para fomentarlos».[8] Pero los tiempos estaban cambiando, y desde 1796-1802, cuando la guerra con Gran Bretaña aisló a las colonias de la metrópoli, los manufactureros textiles locales consiguieron empezar o bien renovar sus actividades; a partir de 1804 la guerra aún ofreció mejores oportunidades. Juan López de Cancelada dijo en Cádiz, en 1811, que «cada una de las guerras que hemos tenido con la nación inglesa ha sido un motivo de incremento en las manufacturas de Nueva España», y ejemplificó la situación con el caso de los establecimientos textiles del catalán Francisco Iglesias en México, quien empleó a más de 2.000 trabajadores.[9] Los fabricantes españoles se opusieron a este proceso con todas sus fuerzas.

Ahora las colonias servían a España más que nunca con sus minas, plantaciones y estancias, pero incluso desarrollando estas funciones que el régimen colonial establecía estaban sujetas a una presión creciente. En el curso del siglo XVIII, la producción de plata mexicana se elevó continuamente desde los 5 millones de pesos de 1702 a los 18 millones en el boom de la década de 1770, y al máximo de 27 millones en 1804. En esta época, México proporcionaba el 67 por 100 de toda la plata producida en América, una posición a la que había llegado gracias a la conjunción de una serie de circunstancias: fértiles bonanzas, mejoras tecnológicas, consolidación de las minas en manos de grandes propietarios, reducción de los costos de producción a causa de las concesiones fiscales. También por entonces, desde los años de 1780, la industria recibió grandes inyecciones de capital comercial, un hecho derivado del mismo comercio libre. Nuevos comerciantes entraron en el sector, con menos capital pero con mayor espíritu empresarial. Como la competencia redujo los beneficios, los viejos monopolistas empezaron a extraer sus capitales del comercio transatlántico y buscaron inversiones más rentables, incluida la minería, con ventajosos resultados para la economía y para ellos mismos. México en este campo tuvo un éxito excepcional. En el Alto Perú no todo iba bien en la minería, pero Potosí sobrevivió y continuó produciendo algunos excedentes para España. La producción de plata tendió a incrementarse a partir de la década de 1730, y la producción anual se duplicó entre 1740 y 1800, gracias a la creciente explotación del trabajo indio forzado. A finales del siglo XVIII, el Bajo Perú aumentó su producción de plata, conociendo un boom que, comparado con el de México, era modesto pero que resultó vital para el comercio exterior de la colonia. La plata registrada se elevó de los 246.000 marcos de 1777 al máximo de 637.000 marcos en 1799 (un marco valía 8 pesos 4 reales) y mantuvo un alto nivel de producción hasta 1812; durante este período se avanzó en las técnicas de drenar las minas; ello, junto con la llegada de capital de Potosí, el aprovisionamiento de mano de obra libre y el apoyo del tribunal de minería, contribuyó a elevar la producción.

El último ciclo minero colonial, aunque fue importante para las colonias, no estuvo enteramente al servicio de los intereses coloniales. En primer lugar, la metrópoli recibía de las colonias presiones cada vez más acuciantes para mantener en pie el vital aprovisionamiento de mercurio y equipamientos, algo que, de forma patente, era imposible cubrir durante la guerra; por ello se vio a España como un obstáculo al crecimiento. En segundo lugar, en una de las grandes ironías de la historia española colonial, el apogeo de la gran producción de plata coincidió con la destrucción del poderío naval español, y por lo tanto de su comercio colonial. Desde 1796, España y sus comerciantes vieron, sin poderlo remediar, cómo los productos procedentes del imperio iban a parar a manos de otros, cómo los ingresos de la bonanza minera se exponían al peligro de merodeadores extranjeros o bien cómo se reducían debido a la participación de los comerciantes extranjeros.

En la agricultura, al igual que en la minería, era imposible conciliar los intereses de España con los de América. Los terratenientes criollos buscaban mayores salidas a sus exportaciones de las que España permitía. En Venezuela, los grandes propietarios, productores de cacao, índigo, tabaco, café, algodón y cueros, se sentían permanentemente frustrados por el control español sobre el comercio de importación y de exportación. Incluso después del comercio libre, la nueva generación de comerciantes, ya fueran españoles o venezolanos inclinados hacia España, ejercían un monopolio estrangulador sobre la economía venezolana, al pagar precios bajos en las exportaciones y al imponer precios altos en las importaciones. Los terratenientes y los consumidores criollos exigían un comercio mayor con los extranjeros, denunciaban a los comerciantes españoles como «opresores», se oponían a la idea de que el comercio existía «para el sólo beneficio de la metrópoli», y se movilizaron en contra de lo que ellos llamaron, en 1797, «el espíritu de monopolio de que están animados, aquel mismo bajo el cual ha estado encadenada, ha gemido y gime tristemente esta Provincia».[10] En el Río de la Plata, el comercio libre también conllevó que más comerciantes españoles controlaran el comercio de Buenos Aires, algunas veces en connivencia con agentes locales. Pero en la década de 1790 tuvieron que hacer frente al desafío de los independientes comerciantes porteños que exportaban cueros, empleaban su propio capital y barcos, y ofrecían mejores precios a los estancieros.

Estos intereses requerían la libertad de comerciar directamente con todos los países y de exportar los productos del país sin restricciones. En 1809 presionaron para obtener la apertura del puerto al comercio británico, a lo que los españoles, tanto los catalanes como los otros peninsulares, se opusieron con fuerza. Aquí también existía un conflicto irreconciliable de intereses. Pero incluso dentro de los intereses económicos de la colonia no existía una visión homogénea o unitaria de la independencia; el creciente regionalismo, en una provincia que pedía protección para los productos locales y otra que quería la libertad de comercio, creaba sus propias divisiones. Aun así, todavía se hizo más fuerte la convicción, fuera cual fuere la respuesta a estos problemas, de que sólo podrían ser resueltos a través de decisiones autónomas.

La función de España como imperio y la dependencia de América fueron puestos a prueba por última vez durante la larga guerra que hubo con Gran Bretaña desde 1796. En abril de 1797, tras la victoria sobre la flota española en el cabo de San Vicente, el almirante Nelson colocó a un escuadrón británico frente al puerto de Cádiz e impuso un bloqueo total. Al mismo tiempo, la armada real británica bloqueó los puertos hispanoamericanos y atacó a los barcos españoles en el mar. Las consecuencias fueron nefastas. El comercio gaditano a América, que ya se encontraba en recesión desde 1793, quedó ahora completamente paralizado. En Veracruz las importaciones españolas descendieron de los 6.549.000 pesos de 1796 a los 520.000 pesos de 1797, y las exportaciones de los 7.304.000 pesos a los 238.000, mientras que los precios de diversos productos europeos se encarecieron un 100 por 100. Desde toda América, los consulados informaban de la extrema escasez de bienes de consumo y de las provisiones más vitales. Y mientras los intereses americanos presionaban para que se permitiera la actividad de los abastecedores extranjeros, los comerciantes de Cádiz insistían en que se mantuviera el monopolio. Mientras España consideraba el dilema, perdió la batalla. La Habana simplemente abrió su puerto a los norteamericanos y a otros barcos de países neutrales. España se vio obligada entonces a permitir lo mismo a todos los que había en Hispanoamérica o bien se arriesgaba a perder el control, y los ingresos. Como medida de emergencia se emitió un decreto (18 de noviembre de 1797) que permitía el comercio legal y cargado de impuestos con Hispanoamérica en navíos neutrales o, como lo formulaba el decreto: «en Buques nacionales o extranjeros desde los Puertos de las Potencias neutrales, o desde los de España, con retorno preciso a los últimos».[11] El objetivo era hacer de los neutrales un instrumento de comercio con las colonias para eludir mejor el bloqueo inglés y cubrir la falta de barcos españoles. De hecho se convirtieron virtualmente en los únicos transportistas, en la única vía que conectaba las colonias españolas con sus mercados y provisiones. El resultado de esta práctica es tan revelador como el de la paralización previa. Bajo el comercio neutral las importaciones a Veracruz ascendieron de los 1.799.000 pesos de 1798 a los 5.510.400 de 1799, y las exportaciones de los 2.230.400 a los 6.311.500.

Estas concesiones hechas en tiempo de guerra se dieron a regañadientes y se revocaron rápidamente. El gobierno español temía perder el control en beneficio del comercio y de la industria del enemigo, puesto que durante este período el comercio colonial quedó casi completamente en manos de los extranjeros, incluso de ingleses en forma indirecta, cuyos productos fueron introducidos por los neutrales. Así, España se quedó con las cargas del imperio pero sin ninguno de los beneficios. Naturalmente los comerciantes de Cádiz y de Barcelona se quejaron y, a pesar de las protestas de las colonias, la autorización fue revocada el 20 de abril de 1799. La medida resultó aún más perjudicial para España, ya que no se hizo caso de la revocación, y colonias como Cuba, Venezuela y Guatemala continuaron comerciando con los neutrales. Los barcos españoles ni tan sólo podían hacer la ruta, tal era el dominio británico sobre el mar: de los 22 barcos que salieron de Cádiz en los doce meses que siguieron a la orden de abril de 1799, sólo 3 llegaron a su destino. Fueron los barcos neutrales los que salvaron el comercio colonial y también fueron los que obtuvieron beneficios. Este comercio también resultó beneficioso para las colonias, ya que así se proveyeron de productos importados mejores y la demanda de exportaciones recibió un nuevo impulso. El gobierno español prohibió de nuevo el comercio con neutrales por el decreto de 18 de julio de 1800, pero para entonces América se había habituado a tratar directamente con sus clientes y proveedores, y el comercio con los extranjeros ya era imparable. Como la guerra continuaba, España tuvo que aceptar la realidad. En 1801 se dio un permiso especial a Cuba y a Venezuela para comerciar con los neutrales. Para reservarse un puesto a sí misma, España se limitó a vender licencias a diferentes compañías europeas y norteamericanas, y también españolas, para que comerciaran con Veracruz, La Habana, Venezuela y el Río de la Plata; parte de su carga eran manufacturas inglesas, navegaban con las licencias británica y española y llevaban retornos en oro, plata o productos coloniales a España, a los puertos neutrales o incluso a Inglaterra.

El monopolio comercial español concluyó de hecho en el período de 1797-1801, adelantando la independencia económica de las colonias. En 1801, las exportaciones coloniales de Cádiz descendieron al 49 por 100 de las de 1799 y las importaciones lo hicieron en un 63,24 por 100. Entretanto, el comercio de los Estados Unidos con las colonias españolas alcanzó unas cifras espectaculares: las exportaciones se elevaron de los 1.389.219 dólares de 1795 a los 8.437.659 de 1801, y las importaciones de los 1.739.138 dólares a los 12.799.888. Es cierto que la paz de Amiens de 1802 permitió que España restableciera su comunicación con las colonias y que los comerciantes llegaran de nuevo a los puertos y mercados de América. Hubo un resurgimiento comercial, y en los años de 1802-1804 Cádiz se recobró, aunque el 54 por 100 de sus exportaciones a América lo constituían productos extranjeros. Pero era imposible restaurar el viejo monopolio: las colonias ahora tenían establecidos unos fuertes vínculos comerciales con los extranjeros, especialmente con los Estados Unidos, y se dieron cuenta de las obvias ventajas que durante tanto tiempo se les habían negado. La nueva guerra con Gran Bretaña lo puso en evidencia.

Los últimos restos del poderío naval español fueron barridos. El 5 de octubre de 1804, anticipándose a la guerra formal con España, unas fragatas británicas interceptaron una gran flota que transportaba metales preciosos desde el Río de la Plata, hundieron uno de los barcos españoles y capturaron otros tres que conducían cerca de 4,7 millones de pesos. Al año siguiente, en Trafalgar, se completó el desastre; sin una flota transatlántica, España quedaba aislada de América. Las importaciones de productos coloniales y de metales preciosos descendieron, y en 1805 las exportaciones gaditanas bajaron a un 85 por 100 de las de 1804. Al desmoronarse el mundo hispánico, las colonias empezaron a protestar, ya que sus exportaciones quedaban bloqueadas y se devaluaban, y las importaciones eran escasas y caras. Y de nuevo otros países corrieron a sustituir a España. La decadencia del comercio americano de España coincidió con el desesperado intento británico de compensar el bloqueo de los mercados europeos efectuado por Napoleón en el continente. Así pues, la situación favorecía de nuevo la expansión del contrabando inglés, que proporcionaba beneficios y a la vez la fuerza para la guerra, demostrando a las colonias, según advirtió un funcionario español, cómo «los ingleses sacan de nuestras mismas posesiones el dinero que les da la fuerza con que nos destruyen».[12] Para España sólo existía un medio de contrarrestar el contrabando, y éste era la admisión del comercio con neutrales; así, en 1805 se autorizó de nuevo este tipo de comercio, pero esta vez sin la obligación de regresar a España. Ahora la metrópoli quedaba virtualmente eliminada del Atlántico. Desde 1805 los barcos neutrales dominaron el comercio de Veracruz, contribuyendo con el 60,53 por 100 del total de las importaciones de 1807 y con el 95,11 por 100 de las exportaciones (más del 80 por 100 era plata). El 1806 no entró ni un solo barco español en La Habana, y el comercio cubano era efectuado por los neutrales, por colonias extranjeras y por las colonias españolas. En 1807, la metrópoli no recibió ni un solo cargamento de metales preciosos.

En España los efectos de la guerra resultaron un desastre nacional. Una gran proporción de sus productos agrícolas, junto con las manufacturas, se vieron privados de un mercado vital, y mientras esto provocaba la recesión del sector agrícola, cerca de un tercio de la producción textil se hundió. Tanto la industria como los consumidores padecieron la escasez de materias primas coloniales, y por otro lado, la no llegada de metales preciosos zarandeó tanto al Estado como a los comerciantes. La corona tuvo que buscar nuevas fuentes de ingresos: desde 1799 intentó ahorrar en la administración y exigió una contribución anual de 300 millones de reales; se lanzaron nuevas emisiones de bonos estatales, se pidieron impuestos de importación más altos y finalmente se decretó la fatal consolidación de vales. El futuro de España como potencia imperial estaba ahora totalmente en duda. El monopolio económico se perdió irremediablemente. Lo único que quedaba era el control político y éste también estaba sujeto a una creciente tensión.

El 27 de junio de 1806, una fuerza expedicionaria británica procedente del cabo de Buena Esperanza ocupó Buenos Aires. Los invasores calcularon correctamente que tenían poco que temer del virrey español y de sus fuerzas, pero subestimaron el deseo y la habilidad de la población de Buenos Aires para defenderse a sí misma. Un ejército local, incrementado con voluntarios y dirigido por Santiago Liniers (un oficial francés al servicio de España), atacó a los británicos el 12 de agosto y los obligó a capitular. La original expedición no había sido autorizada, pero el gobierno británico cayó en la tentación de querer que continuara y le envió refuerzos que se apoderaron de Montevideo el 3 de febrero de 1807. De nuevo la reacción local fue decisiva. El incompetente virrey fue depuesto por la audiencia y Liniers fue nombrado capitán general. Las milicias criollas fueron desplegadas de nuevo y los invasores les cedieron la ventaja. Cruzando el Río de la Plata desde Montevideo, los británicos avanzaron hasta el centro de Buenos Aires. Allí fueron atrapados por los defensores, capitularon y accedieron a marcharse.

La invasión británica de Buenos Aires enseñó varias lecciones. Quedó bien claro que los americanos no querían pasar de un poder imperial a otro. Esto, sin embargo, no era nada reconfortante para España. También se puso en evidencia la inoperancia de las defensas coloniales y se humilló a la administración. La destitución del virrey fue un suceso sin precedentes y que tenía un significado revolucionario. Fueron los habitantes, y no las fuerzas militares españolas, quienes defendieron la colonia. Los criollos particularmente probaron el poder, se dieron cuenta de su fuerza y adquirieron un nuevo sentido de identidad, incluso el de la nacionalidad. Así, la debilidad de España en América llevó a los criollos a la política.

En la segunda mitad del siglo XVIII, las nuevas oportunidades existentes en la administración colonial y en el comercio llevaron a un creciente número de españoles a América. Algunos buscaron empleo en la nueva burocracia y otros siguieron la ruta del comercio libre. Esparciéndose por todos lados desde el norte de España, los inmigrantes llegaron a conformar una exitosa clase de empresarios, activos en el comercio y la minería, que constantemente eran reforzados con nuevos recién llegados de la península, donde el crecimiento de la población presionaba fuertemente sobre la tierra y el empleo, generando una justificación adicional para la existencia del imperio. Los americanos se sentían víctimas de una invasión, de una nueva colonización, de un nuevo asalto español sobre el comercio y los cargos públicos. Además, la situación demográfica estaba del lado de los criollos. Hacia 1800, según Alexander von Humboldt, en Hispanoamérica, en una población total de 16,9 millones de habitantes, sólo había 3,2 millones de blancos, y de ellos sólo 150.000 eran peninsulares. De hecho, el número real de peninsulares aún era más bajo, unos 30.000, y en todo caso no superaban los 40.000 en toda la América española. Incluso en México, el área de mayor inmigración, sólo existían cerca de 14.000 peninsulares en una población total de 6 millones, de los que 1 millón eran blancos. Esta minoría no podía esperar mantener el poder político de forma indefinida. A pesar de la creciente inmigración, la tendencia demográfica estaba en contra de ellos. La independencia poseía una inevitabilidad demográfica, y en este sentido simplemente representaba la expulsión de una minoría por una mayoría. Pero además de las cifras había algo más.

Todos los españoles podían ser iguales ante la ley, ya fueran peninsulares o criollos. Pero la ley no lo era todo. Esencialmente, España desconfiaba de los americanos en puestos de responsabilidad política; los peninsulares aún eran preferidos en los cargos más altos de la burocracia y en el comercio transatlántico. Algunos criollos, propietarios de tierra y quizá de minas, eran lo suficientemente ricos como para ser considerados miembros de la élite al lado de los españoles. Pero la mayoría sólo tenían unos ingresos moderados. Algunos eran hacendados que se enfrentaban a hipotecas y a los gastos de su mantenimiento; otros eran administradores de haciendas o de minas, o bien eran hombres de negocios de alcance local; había quien se ganaba la vida con el ejercicio de una profesión liberal, algunos criollos pobres se encontraban entre los rangos superiores de las clases populares, donde se mezclaban con los mestizos y los mulatos a través del matrimonio y de la movilidad social. La primera generación de americanos se sentía bajo una gran presión porque continuamente eran desafiados por una nueva ola de inmigrantes y, al estar más cerca de los europeos, eran más agudamente conscientes de las desventajas que pesaban sobre ellos. Para los criollos, la obtención de una plaza de funcionario constituía una necesidad y no un honor. Ellos no sólo deseaban igualdad de oportunidades con los peninsulares o una mayoría de nombramientos, sino que lo deseaban por encima de todo en sus propias regiones; miraban a los criollos de los otros países como a extranjeros; éstos apenas eran mejor recibidos que los peninsulares. Durante la primera mitad del siglo XVIII las necesidades financieras de la corona dieron lugar a la venta de cargos a los criollos, y así su presencia en las audiencias se hizo corriente y a veces predominante. En el período de 1687-1750 sobre un total de 311 miembros de audiencias, 138 —un 44 por 100— eran criollos. En la década de 1760 la mayoría de los oidores, de las audiencias de Lima, Santiago y México eran criollos. Las implicaciones que de ello se derivaban para el gobierno imperial eran obvias. La mayoría de los oidores criollos estaban conectados por lazos de amistad o de interés con la élite de los terratenientes, y las audiencias se habían convertido en un dominio seguro de las familias ricas y poderosas de la región, así que la venta de cargos dio lugar a una especie de representación criolla.

El gobierno imperial salió de su largo compromiso con los americanos y desde 1750 empezó a reafirmar su autoridad, reduciendo la participación criolla tanto en la Iglesia como en la administración, y a romper las relaciones existentes entre los funcionarios y las familias poderosas a nivel local. Los más altos cargos eclesiásticos se reservaron de nuevo para los europeos. Entre los nuevos intendentes era raro encontrar a un criollo. Un creciente número de los funcionarios financieros de mayor rango fueron designados desde la península. Los oficiales criollos que había en el ejército fueron sustituidos en algunos casos por españoles. El objetivo de la nueva política era desamericanizar el gobierno de América, y esto se consiguió. Se acabó con la venta de los cargos de la audiencia, se redujo el número de puestos ocupados por los criollos y a partir de entonces raramente fueron designados para ocupar puestos en sus zonas de origen. En los años de 1751 a 1808, de los 266 nombramientos que hubo en las audiencias americanas sólo 62 (el 23 por 100) recayeron sobre criollos, en contra de los 200 (el 75 por 100) consignados a españoles. En 1808 de los 99 individuos que ocupaban los tribunales coloniales sólo 6 criollos habían sido destinados a su propio distrito de origen, mientras que 19 lo fueron fuera.

La conciencia de las diferencias existentes entre criollos y peninsulares se acrecentó con el nuevo imperialismo. Tal como observó Alexander von Humboldt: «el europeo más miserable, sin educación y sin cultivo intelectual, se cree superior a los blancos nacidos en el Nuevo continente».[13] Desde el Río de la Plata, Félix de Azara informaba que la animadversión mutua era tan grande que a menudo existía entre padre e hijo, entre marido y mujer. En México, Lucas Alamán estaba convencido de que este antagonismo, nacido de la elección preferente de españoles para ocupar los cargos y las oportunidades, fue la «causa» de la revolución de independencia.

La historiografía moderna no está tan segura. Se dice que las élites coloniales, como empresarios que invertían en la agricultura, la minería y el comercio, tendieron a fusionar a los grupos peninsulares y criollos, como lo hacía su asociación en las actividades urbanas y rurales. A pesar de la política borbónica, aún existía una conexión estrecha entre las familias con poder local y los funcionarios. En Chile la élite criolla estaba totalmente integrada dentro de grupos de parentesco y políticos y prefirió manipular la administración más que enfrentarse a ella. En Perú existían grupos oligárquicos interrelacionados de terratenientes, comerciantes, funcionarios municipales y burócratas, en los que los peninsulares y los criollos se fundían en una clase dominante de blancos. En México la nobleza —cerca de unas cincuentas familias— combinaba una variedad de funciones y de cargos. Un grupo hizo su fortuna en el comercio exterior, invirtió los beneficios en minas y plantaciones y actuó primordialmente en el sector exportador. Éste lo formaban principalmente peninsulares. Otro grupo, compuesto en su mayoría por criollos, se dedicaba a la minería y a la agricultura abastecedora del sector minero. Todos ellos derrochaban grandes sumas en gastos suntuarios, en ganar un estatus militar y en hacer donaciones a la Iglesia. Preferían cooperar con la burocracia imperial a través de las redes matrimoniales y de interés antes que enfrentarse a ella. Al final se encontraron con que su influencia tenía un límite, que España aún interfería el desarrollo de México, que gravaba su riqueza y que sólo les dejaba intervenir en el gobierno local. Si bien esto les alejó de la política borbónica, no necesariamente les hacía partidarios de la independencia. En toda América, las guerras de independencia fueron guerras civiles, entre defensores y oponentes de España, y hubo criollos tanto en un lado como en el otro. En este sentido, las funciones, los intereses y el parentesco se entrevén como más importantes que la dicotomía criollo-peninsular y ésta se considera menos significativa. El argumento es un útil correctivo a la hipérbole, pero no es toda la historia.

La evidencia de la antipatía existente entre criollos y españoles es demasiado específica para negarla y demasiado extendida para ignorarla. La rivalidad formaba parte de la tensión social de la época. Los contemporáneos hablaban de ella, los viajeros la comentaban y los funcionarios quedaban impresionados por ella. La burocracia española era consciente de la división, y lo mismo sucedía con los americanos. En 1781, los comuneros de Nueva Granada pidieron que los funcionarios fueran «criollos nacidos en este reino» e insistían en que «en los empleos de primera, segunda y tercera plana hayan de ser antepuestos y privilegiados los nacionales de esta América a los europeos».[14]

En México hubo un entretejido grupo de inmigrantes peninsulares que se había enriquecido en el comercio, en las finanzas y en la minería y cuyos miembros algunas veces se casaron con alguna fortuna local. Sus herederos, criollos, a menudo perdían las fortunas familiares al invertir en tierra, donde los bajos beneficios, las hipotecas y la dispendiosa forma de vida acababan por frustrar sus expectativas, dando lugar a un resentimiento que, aunque irracional, no por ello dejaba de ser menos real. En Venezuela, la aristocracia criolla, los mantuanos, eran un poderoso grupo de terratenientes, funcionarios y miembros del cabildo que aprovecharon la expansión comercial bajo los Borbones para incrementar sus exportaciones de cacao y otros productos. Pero el crecimiento económico les amenazaba tanto como les favorecía, ya que los comerciantes monopolísticos españoles en Venezuela estrecharon su control sobre el comercio de importación y exportación. Además, la expansión llevó a la colonia enjambres de nuevos inmigrantes: vascos, catalanes y sobre todo canarios, hombres pobres pero ambiciosos que pronto controlaron el eje del comercio venezolano con España y en el interior se convirtieron en propietarios de almacenes, tiendas y bodegones. Sin duda que el antagonismo entre los terratenientes y los comerciantes se podía describir como el existente entre productores y compradores sin tener que invocar al argumento de criollos versus peninsulares. Pero también es cierto que los comerciantes dependían de España para mantener su monopolio. El bloqueo británico les permitió estrujar aún más a los productores criollos, ofreciéndoles para las exportaciones los precios mínimos mientras que los de las importaciones los encarecieron al máximo. Por esta razón, se opusieron con firmeza al comercio neutral, como si, se quejaban los productores venezolanos en 1798, «nuestras leyes relativas al comercio hayan sido establecidas para sólo el beneficio de la metrópoli».[15]

Además, los nuevos peninsulares invadían los espacios políticos de la aristocracia venezolana. En 1770 la corona estableció que los españoles europeos tenían tanto derecho como los americanos a ostentar un puesto oficial en Venezuela. Con el respaldo de la corona, los peninsulares entraron a compartir los cabildos con los venezolanos y dominaron la recién creada audiencia. En Venezuela, como en cualquier parte, en las últimas décadas del imperio se produjo una reacción española en contra del dominio criollo; allí los puestos también eran buscados por los criollos, no como un honor sino como un medio de ejercer el control político y de defender sus privilegios tradicionales. Los últimos Borbones, al favorecer a los españoles frente a los criollos, al utilizar América como un premio para los españoles, agudizaron las divisiones existentes e incrementaron el descontento de los criollos.

Si los criollos tenían un ojo puesto sobre sus amos, tenían el otro sobre sus sirvientes. Los criollos eran muy conscientes de la presión social existente desde abajo y se esforzaron por mantener a distancia a la gente de color. El prejuicio racial creó en los americanos una actitud ambivalente hacia España. Los peninsulares eran blancos puros, aunque fueran pobres inmigrantes. Los americanos eran más o menos blancos, incluso los más ricos eran conscientes de la mezcla racial existente, y estaban preocupados por demostrar su blancura aunque fuera necesario ir a los tribunales. La cuestión racial se complicaba con los aspectos sociales, económicos y culturales, y la supremacía blanca no fue discutida; tras estas barreras defensivas estaban los indios, los mestizos, los negros libres, los mulatos y los esclavos. En algunas partes de la América española la revuelta de los esclavos fue tan temida que los criollos no abandonarían la protección del gobierno imperial, o bien no se atrevieron a abandonar las filas de los blancos dominantes. Además, por otro lado, la política borbónica dio mayores oportunidades de movilidad social. Los pardos —negros libres y mulatos— fueron admitidos en la milicia. También pudieron comprar su blancura legal con las cédulas de gracias al sacar. La ley del 10 de febrero de 1795 ofrecía a los pardos la dispensa del estado de infame: los solicitantes que la obtuvieron fueron autorizados a recibir una educación, a casarse con un blanco, a tener cargos públicos y a entrar en el sacerdocio. De este modo el gobierno imperial reconocía al creciente número de pardos y buscaba la manera de mitigar la tensa situación social existente al hacer desaparecer las mayores formas de discriminación. El resultado fue que las líneas entre los blancos y las castas se diluyeron y el hacer posible que algunos de los que no eran claramente indios o negros fueran considerados como españoles, tanto social como culturalmente. Pero los blancos reaccionaron vivamente ante estas concesiones. El crecimiento demográfico de las castas en el curso del siglo XVIII, junto con la creciente movilidad social, alarmaron a los blancos y alimentaron en ellos una nueva conciencia de raza y la determinación de mantener la discriminación. Ello pudo observarse en el Río de la Plata, en Nueva Granada y en otras partes de América. Pero fue Venezuela, con su economía de plantación, la fuerza de trabajo esclava y los numerosos pardos —que en conjunto formaban el 61 por 100 de la población—, la que tomó el liderazgo en el rechazo de la política social de los Borbones y creó el clima para la futura revolución.

Los blancos de Venezuela no constituían una clase homogénea. En la parte superior de la escala social estaba la aristocracia de la tierra y de la burocracia, propietarios de esclavos, productores de la riqueza de la colonia, y comandantes de la milicia colonial. En medio se encontraba un grupo de funcionarios y clérigos de menor categoría. Y debajo de todo estaban los blancos de orilla, blancos marginados tales como tenderos y pequeños comerciantes, artesanos, marineros y personal de los servicios y los transportes; muchos de ellos eran considerados pardos, con los que a menudo se casaban. La mayoría de los peninsulares y canarios residentes en Venezuela pertenecían a esta clase de blancos pobres; parte del antagonismo de los criollos hacia los peninsulares bien puede deberse al resentimiento de los terratenientes patricios hacia los inmigrantes comunes a quienes consideraban de origen muy bajo. Pero los peninsulares eran blancos puros, mientras muchos criollos no lo eran. Este hecho simplemente acentuó de forma notoria la susceptibilidad respecto a la raza e hizo aumentar los recelos criollos hacia los pardos, los indios y los esclavos. La política imperial los enojó porque la consideraban demasiado indulgente respecto a los pardos y los esclavos. La élite criolla se opuso tercamente al avance de la gente de color, protestó por la venta de los certificados de blancura y se resistió a la extensión de la educación popular y al ingreso de los pardos en la universidad. Entre otras cosas, se vieron afectados por la pérdida de la fuerza de trabajo en un período de expansión de la hacienda y de crecimiento de las exportaciones. En tanto que los pardos se establecieron como artesanos, agricultores independientes, o criadores de ganado en los llanos, los terratenientes blancos intentaron mantenerlos subordinados y sujetos al peonaje. Ellos también vieron un riesgo en el aumento de los pardos y se manifestaron, aunque sin éxito, en contra de su presencia en la milicia. Consideraban inaceptable «que los vecinos y naturales Blancos de esta Provincia admitan por individuos de su clase para alternar con él a un Mulato descendiente de sus propios esclavos»; y argumentaron que la creación de milicias de pardos ofrecía a la gente de color un instrumento de revolución sin mejorar con ello sustancialmente la defensa imperial.[16] El horror a la agitación esclava y a la revuelta hicieron que estos presentimientos empeoraran. De nuevo, la aristocracia criolla se quejaba de que la metrópoli le había abandonado. El 31 de mayo de 1789 el gobierno español publicó una nueva ley sobre esclavos que codificaba la legislación, clarificaba los derechos de los esclavos y los deberes de los amos y buscaba proporcionar mejores condiciones en la vida y el trabajo de los esclavos. Pero los propietarios criollos rechazaron la intervención estatal entre amo y esclavo y se opusieron tenazmente a este decreto sobre la base de que los esclavos eran propensos al vicio y a la independencia y de que su trabajo era esencial para el funcionamiento de la economía. En Venezuela —como en toda el área del Caribe español—los plantadores se opusieron a la nueva ley y lograron su abolición en 1794. Los criollos eran hombres asustados: temían una guerra de castas promovida por las doctrinas de la Revolución francesa y la violencia contagiosa de Saint-Domingue. En otras partes de América las tensiones raciales tomaron la forma de confrontaciones directas entre la élite blanca y las masas indias, y en estos casos los criollos también tomaron medidas para autodefenderse. En Perú formaban parte de una minoría muy reducida. En una población de 1.115.207 (1795), el 58 por 100 eran indios, el 22 por 100 mestizos, el 8 por 100 pardos y esclavos, y el 12 por 100 eran blancos. Esta minoría, si bien controlaba la vida económica y política del país, nunca podía olvidar las masas indias que la rodeaba ni ignorar la sucesión de rebeliones contra los funcionarios reales y la opresión de los blancos. En Perú, los criollos no podían poner en duda la resolución española de mantener subordinados a los indios; pero después del gran levantamiento de Tupac Amaru se dieron cuenta del modo en que ellos mismos eran postergados del sistema de seguridad y cómo sus milicias eran desmovilizadas. En México la situación social también era explosiva; los blancos siempre eran conscientes de la indignación contenida de los indios y de las castas, de la creciente falta de respeto a la ley entre las clases más bajas, para cuyo control eran frecuentes los despliegues de fuerzas militares y de la milicia. Alamán describió a los indios mexicanos como «una nación enteramente separada; ellos consideraban como extranjeros a todo lo que no era ellos mismos, y como no obstante sus privilegios eran vejados por todas las demás clases sociales, a todas las miraban con igual odio y desconfianza». En 1799, Manuel Abad y Queipo, obispo electo de Michoacán, señaló las profundas grietas de la sociedad mexicana donde entre los indios y los españoles «resulta… aquella oposición de intereses y de afectos que es regular entre los que nada tienen y los que lo tienen todo, entre los dependientes y los señores».[17] Tradicionalmente la élite esperaba que España la defendiera; los propietarios, ante las amenazas de los jornaleros y los trabajadores y de la violencia nacida de la pobreza y la delincuencia, dependían de las autoridades españolas. La ira contenida de las masas mexicanas explotó en 1810 en una violenta revolución social que mostró a los criollos lo que ya habían sospechado: que en último término ellos mismos eran los guardianes del orden social y de la herencia colonial. Dada su superioridad numérica entre los blancos, lo tenían que ser. Si bien existió una «reacción española» en las últimas décadas del dominio imperial, también hubo un contragolpe criollo. Los criollos perdieron la confianza en el gobierno español y empezaron a poner en duda la voluntad de España de defenderlos. Se les planteó el dilema con urgencia, cogidos como estaban entre el gobierno colonial y la masa de la gente. El gobierno hacía poco que había reducido su influencia política mientras las clases populares estaban amenazando su hegemonía social. En estas circunstancias, cuando la monarquía se derrumbó en 1808, los criollos no podían permitir que el vacío político se mantuviera así, y que sus vidas y bienes quedaran sin protección. Tenían que actuar rápidamente para anticiparse a la rebelión popular, convencidos como estaban de que si ellos no se aprovechaban de la situación, lo harían otros sectores sociales más peligrosos.

Las grietas de la economía colonial y las tensiones de la sociedad colonial se mostraron con claridad en el motín y la rebelión. De alguna manera se trataban de simples respuestas a la política borbónica. El desarrollo de la economía colonial y el crecimiento de los ingresos públicos, dos objetivos perfectamente compatibles a los ojos de los reformadores españoles, eran sentidos por los americanos como una contradicción básica dentro de la política imperial. La política borbónica respecto a los indios también resultaba contradictoria —para los indios si no para la corona—, desgajada como estaba entre el deseo de protegerlos de los abusos y la explotación excesiva que padecían y como contribuyentes y abastecedores de mano de obra. Los instrumentos del cambio también eran juzgados desde distintos puntos de vista. El avance del Estado borbónico, el fin del gobierno descentralizado y de la participación criolla eran considerados por las autoridades españolas como condición previa para poder ejercer el control y dar lugar a la recuperación. Pero para los criollos significaba que en lugar de las tradicionales negociaciones que se establecían con los virreyes, quienes aceptaban compromisos entre la ley y el pueblo, la nueva burocracia ejecutaba órdenes no negociables que provenían de un Estado centralizado; esto para los criollos no constituía un avance. Los movimientos de protesta eran, por consiguiente, una oposición abierta a las innovaciones del gobierno; motines antifiscales y levantamientos en contra de abusos específicos ocurrían dentro del marco de las instituciones y de la sociedad coloniales y no intentaron desafiarlas. Pero las apariencias engañan.

Las rebeliones mostraron la existencia de profundas tensiones sociales y raciales, conflictos e inestabilidad, que habían permanecido aletargadas a lo largo del siglo XVIII y que estallaron de repente cuando la presión fiscal y otros agravios dieron lugar a la alianza de distintos grupos sociales contra la administración y ofrecieron a los sectores más bajos la oportunidad de sublevarse. Aunque no eran auténticas revoluciones sociales, pusieron de relieve conflictos sociales velados hasta entonces. Esto es lo que puede verse en la reacción de los dirigentes criollos. Después de haberse implicado en lo que era una simple agitación antifiscal, generalmente veían el peligro de una protesta más violenta desde abajo, dirigida no sólo contra las autoridades administrativas sino también contra todos los opresores. Los criollos entonces se unían a las fuerzas de la ley y el orden para suprimir a los rebeldes sociales. La tipología de las rebeliones fue diversa. Los dos primeros movimientos, el de los comuneros del Paraguay (1721-1735) y la rebelión de Venezuela (1749-1752), aislados tanto cronológica como espacialmente de los otros, indicaron la existencia de un incipiente despertar regional y de la conciencia de que los intereses de América eran diferentes a los de los españoles. Por otro lado, la revuelta de Quito de 1765 fue una protesta urbana y popular; se trató de un violento movimiento antifiscal en un área con una industria en decadencia, el cual puso de manifiesto el latente conflicto entre los españoles y los americanos y, tal como informó el virrey de Nueva Granada, demostró que los criollos «sentían odio a las rentas, a los europeos, que es el escollo contra el que por emulación más se combate, y a cuanto es sujeción».[18] Los recaudadores de impuestos se volvieron más exigentes en tiempos de guerra, y lo fueron no sólo para obtener ingresos para la defensa del imperio, sino también para financiar las operaciones bélicas de España en Europa o en cualquier parte. La guerra de 1779-1783 entre España y la Gran Bretaña pesó fuertemente sobre las colonias, puesto que la metrópoli se empeñó en extraer aún mayores beneficios de ellas; el resentimiento se convirtió en rebelión, y pronto las provincias andinas del imperio se sumergieron en una crisis.

En 1781, en Nueva Granada estalló un movimiento que constituyó una secuencia modelo de las innovaciones borbónicas, de la resistencia colonial y del absolutismo renovado. La principal causa del ultraje la constituía el proceder del regente y visitador general, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, cuyos implacables métodos e inflexibles demandas contrastaban enormemente con el tradicional procedimiento del regateo y el compromiso. Aumentó las alcabalas sobre las ventas en un 4 por 100, reintegró la percepción de impuestos por la administración (sustrayéndola de los arrendatarios) y reimplantó un impuesto en desuso para la defensa naval. También reorganizó los monopolios del tabaco y el alcohol, aumentando los precios de su consumo y, en el caso del tabaco, restringió la producción a las áreas que lo producían de mayor calidad. Estas cargas recayeron sobre una economía estancada, una población pobre y, ante todo, sobre los numerosos pequeños agricultores. Después de una serie de protestas y de disturbios, el 16 de marzo de 1781 estalló una seria rebelión que tenía como centro Socorro y San Gil. Los rebeldes se negaron a pagar los impuestos, atacaron los almacenes del gobierno, expulsaron a las autoridades españolas y, en nombre del común, nombraron a sus dirigentes. El máximo era Juan Francisco Berbeo, un hacendado de modesta posición y con cierta experiencia militar. Pronto, un movimiento que había empezado siendo popular y predominantemente mestizo pasó al control de una élite criolla de propietarios y funcionarios, que se sumaron a ella con cierta vacilación a fin de controlar lo que no habían podido prevenir. Los comuneros fueron una fuerza poderosa, al menos en número; un grupo de varios centenares se dirigieron a Bogotá juntamente con un contingente de indios. Hubieran podido asaltar la capital e imponer el reino del terror sobre los españoles y los criollos, pero Berbeo y sus allegados no eran revolucionarios y el lema de su movimiento era tradicional: «Viva el rey y muera el mal gobierno». La tiranía a la que se oponían era la de los funcionarios españoles, pero no se enfrentaban a la estructura de la sociedad colonial. Además, Berbeo y los demás criollos contuvieron a las fuerzas rebeldes y prefirieron negociar con el arzobispo Caballero y Góngora e indirectamente con la élite de Bogotá. Esta era la salida tradicional y el resultado fue un compromiso, las llamadas capitulaciones de Zipaquirá (8 de junio de 1781). Por éstas, se suprimieron el monopolio del tabaco y varios impuestos, se restringió y redujo la alcabala del 4 al 2 por 100, se establecieron ciertas reformas administrativas que favorecían al autogobierno local, se prometió a los americanos un mayor acceso a los cargos y se mejoraron las condiciones de los indios. Las capitulaciones fueron negociadas por dos hombres, Berbeo y Caballero, convencidos de que era necesario hacer alguna concesión para evitar una revolución más violenta. Berbeo fue nombrado corregidor de Socorro pensando que el movimiento se había terminado. Pero ¿había concluido en realidad?

Todos los sectores sociales de la colonia tenían alguna queja contra la política real y en un principio la revuelta lo reflejó. El movimiento comunero fue el resultado de la alianza temporal entre el patriciado y la plebe, entre los blancos y la gente de color, que se oponían a la opresión burocrática y a las innovaciones fiscales. Los dirigentes eran propietarios agrícolas y comerciantes de nivel medio que encabezaron la revuelta para controlarla y conducirla según sus intereses. La aristocracia criolla de Bogotá también era algo así como aliada; como todo el mundo, tenía agravios a causa de los impuestos. Además tenía un interés particular en cierto artículo de las capitulaciones, uno que tenía poco que ver con los motivos del común, concretamente el que hacía referencia a los cargos: «hayan de ser antepuestos y privilegiados los nacionales de esta América a los europeos».[19] Esto satisfizo a la élite criolla, por lo que se preparó para hacer causa común con las autoridades si la insurrección iba más lejos. Porque existían también otras víctimas y otras injusticias. Los indios también participaron en la revuelta: en Santa Fe y Tunja pidieron la restitución de sus tierras y en los llanos de Casanare se levantaron en contra de las autoridades españolas, el clero y los blancos. En todas partes se negaron a pagar el tributo. Los ciudadanos de Bogotá sentían más terror de los indios que se encontraban fuera de las murallas que de los comuneros. Los indios, encolerizados por la invasión de sus tierras comunales (resguardos), no eran aliados fáciles de los hacendados criollos y de los mestizos deseosos de tierra, algunos de los cuales se habían aprovechado de los poblamientos de los indios y de la subasta de sus tierras. Aunque las capitulaciones aseguraron una reducción de los tributos y la restauración de los resguardos, intencionadamente establecían que los indios tenían el derecho de poseer y vender la tierra, lo cual más bien constituía una ganancia para los criollos y los mestizos, compradores potenciales, que para las comunidades indias. Pero los indios no eran los únicos comuneros que se sentían frustrados. La rebelión también había creado esperanzas entre los pobres y desposeídos de la colonia. Aunque también querían la abolición de los monopolios, lo que significaba productos de consumo más baratos y libertad de producción, su móvil era el odio de los pobres contra los ricos, de los que nada tenían contra los que lo poseían todo. En la región de Antioquia, los mestizos, los mulatos y gente de otras castas se amotinaron, y los esclavos se enfrentaron a sus dueños y pidieron la libertad. En el mismo epicentro de la rebelión emergió un dirigente que representaba a los socialmente oprimidos. José Antonio Galán, un hombre del pueblo, quizás un mulato o un mestizo, vio las capitulaciones como una traición, un recurso para evitar que los comuneros entraran en Bogotá. Retomó los aspectos más radicales del movimiento e hizo con ellos, si no una revolución auténtica, sí una protesta con un llamamiento más decidido a los sectores sociales más bajos, a las castas y quizás a los esclavos.

Los criollos se sintieron atropellados y colaboraron con las autoridades para suprimir esta evolución desautorizada de su movimiento. Los antiguos dirigentes comuneros persiguieron a Galán, «el Tupac Amaru de nuestro reyno» —así le designaban ahora—, y le impidieron que organizara una segunda marcha sobre Bogotá. Tal como informó un funcionario, «los mismos capitanes del Socorro que, en la prontitud, unión y celo con que proceden a sosegar inquietudes con los nuestros, bien muestran su fidelidad, obediencia y amor al rey, y que sólo aspiraban a libertarse de opresiones y de las tenacidades del regente».[20] Así los dirigentes de los comuneros fueron exonerados. Galán y sus seguidores, en cambio, fueron brutalmente ejecutados, constituyendo un aviso para los criollos y un ejemplo para la población. A raíz de la rebelión se redujeron los impuestos a los niveles anteriores pero se mantuvieron los monopolios y, si bien el régimen fiscal se ablandó, conservó el mismo objetivo y los ingresos reales continuaron subiendo. Más adelante el movimiento comunero fue considerado una oportunidad perdida en el camino hacia la independencia. Sin embargo, en el momento en que acontecía la insurrección, ni los comuneros ni sus oponentes lo vieron como un movimiento de independencia. Las autoridades utilizaron el tema de la subversión social y los criollos demostraron que temían a las masas más que a España y que preferían la dependencia a la revolución.

En toda la América española pasaba lo mismo. El movimiento comunero se esparció por Venezuela, donde puso de manifiesto la existencia de divisiones similares en la sociedad colonial y donde fracasó en un aislamiento parecido. De hecho, se trató de otra revuelta antifiscal y antimonopolista; como tal abarcó a todos los sectores de la sociedad que estaba resentida por el incremento de la presión imperial ejercida por la nueva intendencia y por la política opresora del intendente, José de Abalos. Tal como observó el capitán general de los comuneros, Juan José García de Hevia, «Los ricos y los pobres, los nobles y la gente común, todos se quejan». Pero no todos reaccionaron de la misma manera. La reacción más violenta fue la insurrección armada de la gente corriente de las provincias andinas: los pequeños labradores, los artesanos y vendedores al por menor, los trabajadores urbanos y rurales, a los que a veces se unieron los indios. Los caudillos del movimiento, que procedían de estratos sociales superiores, creían que podrían beneficiarse de las capitulaciones tal como lo consiguieron los criollos de Nueva Granada. Pero la mayoría de la gente acomodada se mantuvo al margen. Los ricos criollos de Maracaibo se interesaban más por el comercio, por la expansión de la producción y de las exportaciones, que por los agravios padecidos por la pobre gente del interior. Y cuando finalmente se enteraron de lo que ocurría con los comuneros, los condenaron y se ofrecieron para colaborar en la represión incluso «con sus propias personas».[21] El capitán general de Venezuela alabó ante el gobierno a la aristocracia criolla por su «espíritu de lealtad y amor al rey» y por su oposición a las exigencias de la población. En efecto, los criollos preferían España a la anarquía. De hecho, la misma estructura social existente constituía la última línea defensiva española.

Esto aún se sintió más vivamente en Perú, donde los diferentes mundos de los blancos y de los indios coexistían en una proximidad poco tranquila. Sin embargo, en Perú la rebelión no era solamente india. En las ciudades existía otro tipo de movimiento, una insurrección que desde enero de 1780 se expandía como una infección y que se dirigía contra las aduanas interiores, las crecientes alcabalas y en contra de otras formas de presión fiscal. Aunque desde las ciudades y las sierras vecinas los indios se juntaban por cientos a la protesta, era más significativa la participación de los criollos pobres, de los mestizos, cholos y otras castas, que estaban resentidos por la extensión de las contribuciones sobre ellos. Los centros principales del movimiento eran Cuzco, Arequipa, La Paz y Cochabamba. Los sublevados de La Paz apelaron por el establecimiento de una unidad al estilo de la que se había creado en las colonias inglesas de América del Norte, dignas «de memoria y nuestra envidia».[22] Pero el descontento criollo no era de la misma clase que el de los indios, y la revuelta antifiscal fue sobrepasada por la rebelión india, así que la mayoría de los criollos se retrotrajeron o alejaron de los movimientos urbanos. Este fue el caso de Oruro, donde, en 1781, una revuelta dirigida por criollos fue superada numéricamente por la alianza establecida entre los indios y los cholos, hasta que los criollos se pasaron al lado de las autoridades españolas para defenderse de ellos y expulsarlos de la ciudad.

Las quejas de los indios eran más serias y sus causas eran más profundas, procediendo como procedían de la tiranía de los corregidores (que respecto a los indios eran a la vez sus funcionarios, jueces y comerciantes), con su inflexible demanda de tributos, contribuciones y diezmos, con el reparto, o imposición de bienes que obligaban a consumir, y con el sistema de la mita que suponía, sobre todo en las minas de Potosí, la inhumana exigencia de mano de obra forzada. Entre las diferentes medidas borbónicas, particularmente dos —el incremento de la alcabala del 4 al 6 por 100 y el establecimiento de aduanas interiores para asegurarse la recaudación— pesaban duramente sobre los indios, los comerciantes y asimismo sobre los consumidores, y sirvieron para enajenar el apoyo de los grupos medios de la sociedad india y para estimular la aparición de cabecillas rebeldes. Perú, a lo largo del siglo XVIII, fue escenario de periódicas sublevaciones indias que culminaron en la conducida por José Gabriel Tupac Amaru, un educado cacique que era descendiente de la familia real inca. En la década de 1770 Tupac Amaru empezó una movilización pacífica para obtener reformas; la inició buscando justicia ante los tribunales españoles. Cuando no obtuvo ningún resultado, y como el visitador general José Antonio de Areche apretó el dogal aún más al Perú indio, condujo a sus seguidores a una insurrección violenta, con ataques a los corregidores, saqueo de los obrajes y ocupación de los pueblos. El movimiento empezó en Cuzco en noviembre de 1780 y pronto se extendió por el sur de Perú, y en un segundo momento, en una fase más radical, se propagó por los territorios aymara del Alto Perú. La extensa red familiar de Tupac Amaru y sus conexiones con el comercio y el transporte regional confirieron al movimiento una dirección coherente, una fuente de reclutamiento y una continuidad del liderazgo. Pero el mayor ímpetu provino de la misma causa.

Tupac Amaru declaró la guerra a muerte contra todos los españoles; su objetivo era «que no haya más corregidores en adelante, como también con totalidad se quiten alcabalas, mitas en Potosí, aduanas y otras muchas introducciones perniciosas». Se esforzó por dar a su movimiento un carácter amplio, haciendo un llamamiento general sin tener en cuenta las divisiones sociales. Convocó a los criollos a juntarse con los indios «destruyendo a los europeos», y se declaró a favor de «el amparo, protección y conservación de todos los españoles criollos, de los mestizos, zambos e indios, y su tranquilidad, por ser todos paisanos y compatriotas, como nacidos en nuestras tierras, y de un mismo origen de los naturales, y de haber padecido todos igualmente dichas opresiones y tiranías de los europeos».[23] El intento de lograr la alianza con los criollos fracasó. La política social de Tupac Amaru era demasiado revolucionaria para satisfacer a alguien más que a los desposeídos. Atacó el trabajo forzado y prometió la libertad de los esclavos, o al menos de aquellos que entraran a formar parte de su ejército. Buscó la manera de destruir los obrajes y los repartimientos de comercio, mientras sus seguidores atacaban las ciudades blancas y sus habitantes de forma indiscriminada. Espantados por la magnitud de la rebelión, los criollos hicieron causa común con los españoles para defender su herencia. La Iglesia y el Estado, los criollos y los europeos, todos los que formaban parte del orden establecido, cerraron filas en contra de Tupac Amaru y después de una violenta lucha en la que murieron 100.000 personas, la mayoría indios, el movimiento fracasó. Los dirigentes indios fueron brutalmente ejecutados, sus seguidores abatidos; hacia enero de 1782, después de una conmoción corta pero seria, los españoles recuperaron el control. Se ponían en vigor unas pocas reformas de las instituciones —los intendentes sustituyeron a los corregidores y se abolieron los repartimientos—, pero debe entenderse que estas medidas fueron dictadas más bien para fortalecer el poder imperial que para asegurar el bienestar de los indios.

¿Aspiraba Tupac Amaru a la independencia? Las autoridades españolas lo aseguraban, y simpatizantes suyos en otras partes de América le vieron como rey de Perú. Indudablemente se hizo más radical una vez que estalló la rebelión, pero que pretendiera la independencia es otra cosa. Las pruebas documentales son muy poco claras y a veces incluso son sospechosas. De todos modos, la libertad respecto a España era sólo una parte de su programa. La auténtica revolución era contra los privilegios de los blancos, ya fueran criollos o españoles, y su deseo final era acabar con el sometimiento de los indios. Se trataba esencialmente de objetivos de carácter social. En cuanto a la independencia, era poco probable que una rebelión india pudiera haber tenido las ideas, la organización y los recursos militares necesarios para tal causa. Además, entre los indios faltó solidaridad. Durante el levantamiento de Tupac Amaru, al menos 20 caciques, ya fuera por motivos de rivalidad personal y tribal o bien porque ya se encontraban insertos en el sistema español, mantuvieron leal a la corona a su gente y en algunos casos se integraron en las fuerzas realistas. A las revueltas indias les faltó otro ingrediente para obtener la independencia: la dirección criolla. Los criollos estaban inmersos en la estructura económica existente, y ésta se basaba en el trabajo indio en las minas, en las haciendas y en los obrajes. Y, pocos como eran, dudaron en ponerse a la cabeza de un movimiento que podían no ser capaces de controlar. La independencia, cuando llegó, se hizo sobre términos diferentes.

Las rebeliones del siglo XVIII no fueron propiamente hablando «antecedentes» de la independencia. Es verdad que las autoridades españolas las denunciaron como subversivas, ya fuera por miedo o con propósitos propagandísticos. El intendente Abalos arguyo que la raíz de todas las rebeliones de 1780-1781 no estaba en las imposiciones «sino en la desafección de estos naturales a la España y en el vehemente deseo de la independencia».[24] Esto era más de lo que los propios rebeldes pensaban. Apelaban más a utopías sobre al pasado, a una época dorada precarolina en la que la centralización burocrática y la opresión impositiva eran desconocidas. Sin embargo, aunque los insurrectos no formularon ninguna idea de independencia, colaboraron en crear un clima de opinión que los presentaba como un reto fundamental al sistema tradicional. Probaron que en efecto la fórmula «Viva el rey y muera el mal gobierno» era obsoleta; como medio de protesta ya no podía seguir siendo realista, desacreditada como estaba por los mismos Borbones, cuya política centralizadora invalidaba la vieja distinción entre el rey y el gobierno, e hizo a la corona francamente responsable de los actos de sus servidores. Además, las revueltas hicieron más patente el hecho de que el nuevo gobierno venía de fuera. En este sentido, constituyeron una etapa más avanzada del desarrollo o en la toma de conciencia de las colonias, signo de incipiente nacionalismo, defensa dramática de una identidad y de unos intereses claramente diferentes de los de la metrópoli. Los comuneros manifestaron que Nueva Granada era su país, que éste pertenecía a quien había nacido y vivía allí, y que estos propietarios naturales se veían amenazados por los españoles intrusos. También la rebelión en Perú expresó un sentido de nacionalidad.

Tupac Amaru habló de paisanos, de compatriotas, señalando a los peruanos como distintos de los españoles europeos. En su proclama del 16 de noviembre de 1780, en que ofreció la libertad a los esclavos, hizo un llamamiento a la «Gente Peruana» para que le ayudasen en su enfrentamiento con la «Gente Europea», para el «bien común de este reyno».[25] La «Gente Peruana», a quien también llamaba gente nacional, comprendía a los blancos, mestizos e indios, todos los que habían nacido en Perú, dado que eran distintos de los extranjeros. Estas ideas fueron un resultado natural de la experiencia colonial. Sin embargo, no eran representativas del movimiento indio en su conjunto.

El incipiente nacionalismo tuvo una poderosa influencia, pero no fue india. El manifiesto de Tupac Amaru más bien expresaba conceptos criollos que indios: eran ideas de un dirigente precoz, no las de un indio propiamente dicho. Los indios, así como otros elementos marginalizados de la sociedad colonial, podían tener bien poco, si es que tenían algo, de sentido de identidad nacional, y sus relaciones más cercanas eran con la hacienda, la comunidad o la administración local, y no con una entidad mayor. Las expectativas de los criollos, por otro lado, reflejaban la existencia de una percepción más profunda, de un sentido de identidad en desarrollo, de la convicción de que ellos eran americanos y no españoles. Este protosentimiento de nacionalidad era más subversivo ante la soberanía española y mejor conductor a la independencia que las peticiones específicas de reforma y cambio. Al mismo tiempo que los americanos empezaban a repudiar la nacionalidad española, estaban también tomando conciencia de las diferencias que había entre ellos, porque incluso en el estado prenacional las diferentes colonias rivalizaban entre ellas en cuanto a sus recursos y a sus pretensiones. América era un continente demasiado vasto y un concepto demasiado vago como para atraer lealtades individuales. Los hombres eran en primer lugar mexicanos, venezolanos, peruanos, chilenos, y era en su propio país y no en América donde encontraban su hogar nacional. Estos países se definían por su historia, por sus fronteras administrativas y por los contornos físicos que los demarcaban, no sólo ante España sino también entre sí. Este era el ámbito donde estaban establecidas las sociedades americanas, cada una de ellas única, y sus economías, todas con intereses diferentes.

¿De qué fuentes se alimentaba esta conciencia nacional? Los americanos estaban redescubriendo su tierra, gracias a una original literatura americana. Los escritores criollos de México, Perú y Chile expresaban y nutrían un nuevo despertar de patria y un mayor sentido de exclusivismo, porque tal como señaló el Mercurio Peruano: «Más nos interesa el saber lo que pasa en nuestra nación».[26] Entre los primeros que dieron expresión cultural al americanismo se encuentran los jesuitas criollos que fueron expulsados de su tierra en 1767, los cuales en el exilio se convirtieron en los precursores del nacionalismo americano. El jesuita peruano Juan Pablo Viscardo fue un ardiente abogado de la independencia, a favor de cuya causa publicó en 1799 Lettre aux Espagnols-Américains. «El Nuevo Mundo —escribió Viscardo— es nuestra patria, su historia es la nuestra, y es en ella que debemos examinar nuestra situación presente, para determinarnos, por ella, a tomar el partido necesario a la conservación de nuestros derechos propios, y de nuestros succesores».[27] La obra de Viscardo fue un llamamiento a la actuación revolucionaria. Sin embargo, la mayoría de los jesuitas exiliados tenían otro objetivo: escribían para hacer desaparecer la ignorancia que los europeos tenían sobre sus países; describieron la naturaleza y la historia de sus lugares de procedencia, sus recursos y sus bienes, dando lugar tanto a estudios de erudición como de literatura. Aunque no se trataba aún de una literatura nacional, contenía un ingrediente esencial del nacionalismo: la conciencia del pasado histórico de la patria. Pero el sentido auténtico de los trabajos de los jesuitas no radicó en su directa influencia —sólo unos pocos se publicaron en español durante su vida—, sino en el hecho de que expresaron el pensamiento menos articulado de otros americanos. Cuando los criollos expresaron ellos mismos su patriotismo, lo hicieron de un modo más optimista que el de los exiliados. El período de la preindependencia vio el nacimiento de una literatura de identidad en la que los americanos glorificaban sus países, exaltaban sus recursos y valoraban a sus gentes. A la vez que enseñaban a sus compatriotas cuál era su patrimonio, les mostraban cuáles eran las cualidades americanas para ocupar cargos y, de hecho, las que tenían para poder autogobernarse. Los mismos términos utilizados —patria, tierra, nación, nuestra América, nosotros los americanos— creaban confianza a fuerza de repetirlos. Aunque se trataba de un nacionalismo cultural más que político y que no era incompatible con la unidad del imperio, preparó a la gente para la independencia, al recordarles que América tenía recursos independientes y que los tenían en sus manos.

El nuevo americanismo tuvo un poder más fuerte que la Ilustración. Las ideas de los philosophes franceses, su crítica a las instituciones sociales, políticas y religiosas contemporáneas y su concepto de la libertad humana no eran desconocidos en el mundo hispánico, aunque no contaban con una aceptación universal, y la mayoría de la gente continuaba siendo de convicción católica y fiel a la monarquía absoluta. La versión española de la Ilustración estaba purgada de contenido ideológico y quedó reducida a un programa de modernización dentro del orden establecido. Aplicada a América, por un lado significaba convertir a la economía imperial en una fuente de riqueza y poder más fructífera y, por otro, mejorar los medios de control. «De poner en sus debidos valores mis rentas reales», así era como Carlos III calificaba su política colonial en 1776, y eso tenía poco que ver con la Ilustración. Y si en la propia España los cambios que tuvieron lugar después de 1765 fueron solamente marginales, en Hispanoamérica los valores y las estructuras permanecieron igualmente sin cambiar. En este contexto se puede cuestionar si el término «Ilustración» o incluso «reforma» son apropiados para describir la política imperial española o a su entorno ideológico en el período de 1765-1810. Desde luego había un sentido en el que la modernización estaba en deuda con el pensamiento del siglo XVIII: el valor concedido al conocimiento útil, los intentos de mejorar la producción a través de las ciencias aplicadas, la creencia en la benéfica influencia del Estado, eran todas reflexiones de su tiempo. Tal como el arzobispo y virrey Caballero y Góngora explicaba a su sucesor, era necesario sustituir las especulaciones infructuosas por ciencias útiles y exactas, y en un reino como Nueva Granada, que tenía productos para explotar, carreteras que construir, minas y marismas para drenar, había más necesidad de gente preparada para observar y medir que para filosofar. Una modernización de este tipo tenía más que ver con la tecnología que con la política. En realidad, la «Ilustración» española en América fue poco más que un programa de imperialismo renovado.

Sin embargo, la América española pudo conocer la nueva filosofía directamente de sus fuentes originales en Inglaterra, Francia y Alemania, ya que la literatura de la Ilustración circulaba con relativa libertad. En México existía un público para las obras de Newton, Locke y Adam Smith, para Descartes, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Condillac y D’Alembert. Los lectores se encontraban entre los oficiales de alta graduación, entre los comerciantes y los individuos de los sectores profesionales, entre el personal de las universidades y los eclesiásticos. En Perú había un grupo de intelectuales, algunos de ellos salidos del real colegio de San Carlos, miembros de la Sociedad Económica y colaboradores del Mercurio Peruano, que admiraban los escritos de Locke, Descartes y Voltaire, y estaban familiarizados con las ideas del contrato social, la primacía de la razón y el culto a la libertad. ¿Pero qué significaba todo ello? La Ilustración de ningún modo era universal en América, ni tampoco sobrevivió intacta una vez que se implantó allí, puesto que su expansión, mermada por el conservadurismo y limitada por la tradición, fue escasa. Cronológicamente su impacto fue tardío. Las revoluciones de 1780-1781 tenían muy poco, si es que algo tenían, del pensamiento de la Ilustración; fue entre entonces y 1810 cuando empezó a enraizar. Su difusión se incrementó en la década de 1790: en México la Inquisición empezó a reaccionar, alarmada menos por la heterodoxia religiosa que por el contenido político de la nueva filosofía a la que se miraba como sediciosa, «contraria a la quietud de los estados y reynos», llena de «principios generales sobre la igualdad y libertad de todos los hombres», y en algunos casos un medio de obtener noticias de «la espantosa revolución de Francia que tantos daños ha causado».[28] En general, sin embargo, la Ilustración inspiró en sus discípulos criollos, más que una filosofía de la liberación, una actitud independiente ante las ideas e instituciones recibidas, significó una preferencia por la razón frente a la autoridad, por el experimento frente a la tradición, por la ciencia frente a la especulación. Sin duda estas fueron influencias constantes en la América española, pero por el momento fueron agentes de reforma y no de destrucción.

Pero aun así había cierto número de criollos que miraban más allá de la reforma, hacia la revolución. Francisco de Miranda, que había leído los trabajos de los philosophes mientras seguía su carrera militar en España en la década de 1770, transformó la ideología en activismo. Lo mismo hizo Simón Bolívar, cuya educación liberal, amplias lecturas y extensos viajes por Europa le abrieron la mente a nuevos horizontes, en particular al ejemplo político inglés y al pensamiento de la Ilustración. Hobbes y Locke, los enciclopedistas y los philosophes, especialmente Montesquieu, Voltaire y Rousseau, todos le dejaron una honda huella y le imprimieron el gusto por la razón, la libertad y el orden que le duró toda la vida. En el Río de la Plata, Manuel Belgrano leyó extensamente la nueva filosofía. Mariano Moreno, que se formó en la Universidad de Chuquisaca junto con otros revolucionarios, era un admirador entusiasta de Rousseau, cuyo Contrato social editó en 1810 «para instrucción de los jóvenes americanos».

En Nueva Granada un grupo de criollos educados, políticamente más avanzados que los comuneros, constituyeron un núcleo de oposición radical al régimen español. Pedro Fermín de Vargas condujo la Ilustración hasta la subversión. En 1791 abandonó Zipaquirá, de donde era corregidor, para ir al extranjero en busca de ayuda para sus propósitos revolucionarios. Manifestó ante el gobierno británico que los americanos y los indios eran tratados como extranjeros y esclavos en su propio país y se encontraban al borde de la insurrección: «la población del país es suficiente para aspirar a la Independencia y el Nuevo Reyno de Granada es hoy como un hijo mayor que necesita emanciparse».[29] Para poder financiar su viaje vendió sus libros a Antonio Nariño, un joven y rico criollo de Bogotá. En 1793 Nariño imprimió en su propia imprenta una traducción del francés de la «Declaración de los Derechos del Hombre», un documento que ya había sido prohibido en América por la Inquisición de Cartagena. La edición de cien ejemplares fue destruida apenas salió de la imprenta, y su editor exiliado por traidor. Nariño era amigo de Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, médico y abogado mestizo de Quito, discípulo también de la Ilustración. En una serie de publicaciones satíricas, Espejo criticó con rudeza los defectos de la economía quiteña, denunciando el dominio español como su causa principal. En 1795 también él fue encarcelado acusado de subversión. Aunque las autoridades españolas trataron esta oposición criolla como si fuera una conspiración, de hecho los sucesos de 1793-1795 fueron actos de propaganda más que de revolución y se hallaban limitados a la élite. Su importancia radica en que mostraron la influencia de la Revolución francesa, pero no contaban con una base firme.

La conspiración de Manuel Gual y José María España fue más seria, ya que pensó establecer una república independiente en Venezuela. A los dos venezolanos se les unió un exiliado español, Juan Bautista Picornell, lector de Rousseau y de los enciclopedistas y un decidido republicano. Habiendo reclutado pardos y blancos pobres, trabajadores y pequeños propietarios, la conspiración estalló en La Guaira en julio de 1797 haciendo un llamamiento a la igualdad y a la libertad, a la armonía entre las clases, la abolición del tributo indio y de la esclavitud de los negros, y el establecimiento de la libertad de comercio. Los conspiradores atacaban «el mal gobierno colonial», e invocaron el ejemplo de las colonias inglesas de Norteamérica. La fórmula de los levantamientos anteriores, «viva el rey y muera el mal gobierno», fue rechazada como contradictoria. O el rey sabía lo que hacía su gobierno y lo autorizaba, o no lo sabía y faltaba a su deber. Ellos querían una república, nada menos; pero obtuvieron una débil respuesta. Los propietarios criollos colaboraron con las autoridades para suprimir a los hombres de La Guaira, ofreciendo sus servicios al capitán general «no sólo con nuestras personas y haciendas, sino también formar en el momento compañías armadas a nuestra costa». El movimiento quedó condenado al fracaso a causa de su radicalismo.

Estos hombres fueron auténticos precursores de la independencia, aunque constituían una minoría y mantenían una posición por delante de la que tenía la opinión pública. Los criollos tenían muchas objeciones frente el régimen colonial, pero eran más de carácter pragmático que ideológico; en última instancia, la amenaza más grande al poder español vino de los intereses americanos y no de las ideas europeas. La distinción puede ser sin embargo irreal. El pensamiento de la Ilustración formaba parte del conjunto de factores que a la vez eran un impulso, un medio y una justificación de la revolución venidera. Si bien la Ilustración no fue una «causa» aislada de la independencia, es parte de su historia; proveyó algunas de las ideas que la informaron y constituyó un ingrediente esencial del liberalismo hispanoamericano en el período de la postindependencia. Durante las guerras de independencia y también después de ellas, hombres de intereses económicos y de posición social idénticos frecuentemente adoptaron sus principios políticos opuestos. Las ideas tenían su propia fuerza y las convicciones su propia persuasión.

Las revoluciones de América del Norte y Francia condujeron la Ilustración a la vida política. En torno a 1810 la influencia de los Estados Unidos se ejercía por su misma existencia; el cercano ejemplo de libertad y de republicanismo se mantuvo como una activa fuente de inspiración en Hispanoamérica, la cual aún no tenía motivos de recelo respecto a la política de su poderoso vecino.

Ya en 1777 el Dr. José Ignacio Moreno, primero rector de la Universidad Central de Venezuela y después participante en la conspiración de 1797, tenía una versión en español de la proclamación del Congreso Continental (1774-1775). Los trabajos de Tom Paine, los discursos de John Adams, Jefferson y Washington circulaban por el continente suramericano. Varios de los precursores y dirigentes de la independencia visitaron los Estados Unidos y vieron en directo el funcionamiento de las instituciones libres. Fue en Nueva York, en 1748, donde Francisco de Miranda concibió la idea de «la libertad y la independencia de todo el continente hispanoamericano». Bolívar tuvo un respeto permanente por Washington y admiraba, aunque no de modo acrítico, el progreso de los Estados Unidos, «el trono de la libertad y el asilo de las virtudes», tal como él decía. El comercio estadounidense con la América española fue una vía no sólo de colocar productos y servicios, sino también para introducir libros e ideas. Comerciantes de los Estados Unidos, cuyos principios liberales coincidían con su interés en la expansión de un mercado no monopolista, introdujeron en el área copias, traducidas al español, de la Constitución Federal y de la Declaración de Independencia. Después de 1810, los hispanoamericanos buscarían en la experiencia republicana de sus vecinos del norte una guía de los derechos a la vida, a la libertad y a la felicidad. Las constituciones de Venezuela, de México y de otros países se moldearían según la de los Estados Unidos y muchos de los nuevos líderes —aunque no Bolívar— estarían profundamente influidos por el federalismo norteamericano.

El modelo de revolución que ofrecía Francia contó con menos adeptos. En 1799 Miranda dijo al respecto: «Dos grandes exemplos tenemos delante de los ojos: la Revolución Americana y la Francesa. Imitemos discretamente la primera; evitemos con sumo cuidado los fatales efectos de la segunda».[30] Las primeras impresiones habían levantado las más grandes esperanzas. Manuel Belgrano en su autobiografía describió la respuesta de los jóvenes intelectuales —él se encontraba entonces en España— ante los sucesos de 1789: «se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y sólo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la Naturaleza le habían concedido».[31] El gobierno español intentó evitar la llegada de noticias y propaganda francesas impidiendo su entrada, pero una oleada de literatura revolucionaria en España y América derribó las barreras. Algunos la leyeron por curiosidad. Otros encontraron en ella su soporte espiritual, abrazaron los principios de la libertad y aplaudieron los derechos del hombre. La igualdad era otra cosa. Situados como estaban entre los españoles y las masas, los criollos querían más igualdad para ellos y menos para las clases inferiores. A medida que la Revolución francesa se volvía más radical y que cada vez se conocía mejor, atraía menos a la aristocracia criolla. La vieron como un monstruo de democracia extrema y anarquía, que, si era admitida en América, destruiría el mundo de privilegio que disfrutaban. No se trataba de un peligro remoto.

En 1791 la colonia francesa en el Caribe, Saint-Domingue, se vio envuelta en una revuelta esclava de grandes dimensiones. Saint-Domingue era todo un prototipo, puesto que era la colonia más productiva del Nuevo Mundo, dedicada únicamente a exportar azúcar y café a la metrópoli. Por esta razón Francia tenía allí un destacamento militar y funcionarios, una economía de plantación y una fuerza de trabajo esclava que estaba controlada por la violencia. La situación social siempre era explosiva, no sólo por la despiadada explotación ejercida sobre medio millón de esclavos y el sistema de degradación padecido por la gente de color libre, sino también a causa de las divisiones existentes dentro de la minoría blanca. Con este panorama de desintegración en que los grands blancs se enfrentaban a los petits blancs, los blancos a los mulatos, los mulatos a los negros, Saint-Domingue era el microcosmos de la América colonial. La Revolución de 1789 actuó de disolvente instantáneo, produjo diferentes respuestas a la oportunidad de libertad e igualdad que se presentaba y liberó las tensiones sociales y raciales tanto tiempo reprimidas. Al conocer que la raza dominante se hallaba dividida, los esclavos se rebelaron en agosto de 1791, atacaron las plantaciones y a sus propietarios y comenzaron una larga y feroz lucha por la abolición de la esclavitud y por la independencia respecto a Francia. La política francesa se movió entre la abolición decretada por la Asamblea Nacional y el intento de Napoleón de recuperar la isla y reintroducir la esclavitud. Al final Francia tuvo que admitir su fracaso y el 1 de enero de 1804 los generales negros y mulatos proclamaron el nuevo estado de Haití, la primera república negra de América.

Haití, observada por los dirigentes y los dirigidos con creciente horror, constituyó un ejemplo y un aviso para la América española. Los criollos ahora podían ver los resultados inevitables producidos por la falta de unidad en la metrópoli, por la pérdida de energía por parte de las autoridades y por la pérdida del control por parte de la clase dirigente colonial. Haití no sólo representaba la independencia sino la revolución, no sólo la libertad sino también la igualdad. El nuevo régimen exterminó sistemáticamente a los blancos que quedaban e impidió que cualquier blanco se volviera a establecer como propietario; se reconocía como haitiano a cualquier negro y mulato descendiente de africano nacido en otras colonias, fuera esclavo o libre, y se les invitó a desertar; por otro lado, declaró la guerra al comercio de esclavos. Estas medidas sociales y raciales convirtieron a Haití en un enemigo ante los ojos de los regímenes coloniales y esclavistas de América, que inmediatamente tomaron medidas para protegerse; nadie lo hizo de manera más vigorosa que España, que en el curso de la revolución haitiana había perdido la colonia vecina de Santo Domingo. En noviembre de 1791, dentro de los tres meses que siguieron al estallido, se avisó a las autoridades coloniales españolas para que adoptaran medidas defensivas para prevenir el contagio. A los haitianos negros se les negó la entrada en las colonias españolas e incluso se sospechaba de los refugiados blancos procedentes de la isla.

Venezuela fue considerada como particularmente vulnerable a la penetración, dada su proximidad y su propia historia de protestas, resistencia y fugas de esclavos a lo largo de todo el siglo XVIII. Algunos negros y mulatos de las Antillas francesas, huyendo de la contraofensiva de Napoleón, llegaron a la costa este venezolana, vía Trinidad, constituyendo, a los ojos del gobierno, una quinta columna. Alarmados por el avance de sus propios pardos, los criollos de Venezuela reaccionaron duramente. La Audiencia de Caracas buscó la manera de proteger la esclavitud frente a las doctrinas revolucionarias francesas, «capaces de causar perjudiciales impresiones en las gentes sencillas, especialmente en los esclavos que en sólo esta Provincia pasan de cien mil». Había pruebas recientes de ello: en 1795 una revuelta de negros y de pardos convulsionó Coro, el centro de la industria de la caña de azúcar y la base de la aristocracia blanca extremadamente consciente de su raza y de su clase. El movimiento estaba dirigido por José Leonardo Chirino y José Caridad González, unos negros libres que habían viajado por el Caribe y conocían los sucesos de Francia y de Haití. Movilizaron a los esclavos y trabajadores de color; unos 300 se levantaron en mayo de 1795 y proclamaron «la ley de los franceses, la República, la libertad de los esclavos y la supresión de los impuestos de alcabalas y demás que se cobraban a la sazón».[32] Los rebeldes ocuparon las haciendas, saquearon las propiedades, mataron a los terratenientes y asaltaron la ciudad de Coro, pero quedaron aislados, fueron aplastados fácilmente y algunos fueron fusilados sin juicio previo. La revolución haitiana tuvo aún más consecuencias. En mayo de 1799 una expedición corsaria de Puerto Príncipe quiso colaborar con una rebelión en Maracaibo, donde 200 hombres de la milicia parda querían matar a los blancos, establecer «el sistema de la libertad y de la igualdad» y crear una república negra como Haití, empezando por abolir la esclavitud. También fracasó, pero constituye otro ejemplo de que la lucha latente y constante de los negros contra los blancos caracterizó los últimos años del régimen colonial.

Los revolucionarios hispanoamericanos querían mantenerse a distancia de la revolución haitiana. Miranda en particular estaba preocupado por el efecto que podría tener sobre su reputación en Inglaterra: «Le confieso que tanto como deseo la libertad y la independencia del Nuevo Mundo, otro tanto temo la anarquía y el sistema revolucionario. No quiera Dios que estos hermanos países tengan la suerte de Saint-Domingue, teatro de sangre y crímenes, so pretexto de establecer la libertad; antes valiera que se quedaran un siglo más abajo la opresión bárbara e imbécil de España».[33] Miranda consideró que le era vital alcanzar Venezuela antes de que lo hicieran los haitianos, y en 1806 condujo una pequeña expedición a su patria. Desafortunadamente para su reputación, para reagruparse se paró en Haití donde se le dijo que no se contentarían con exhortar a los criollos para que se levantaran, sino que querían «cortar las cabezas de todos sus enemigos y prender fuego en todas partes», y desde donde corrió el rumor de que pensaba recurrir a haitianos negros.[34] De hecho, Miranda, como otros criollos, era conservador en cuestiones sociales y no tenía intención de incitar a una guerra racial. Pero el daño ya estaba hecho. En Coro, primero fue recibido por un silencio sepulcral y después por la oposición de los terratenientes criollos, que le denunciaron como «hereje» y «traidor».

Si el caso de Haití constituyó un aviso, también fue un ejemplo. Los hispanoamericanos pronto tendrían que enfrentarse a la crisis de la metrópoli y a la quiebra del control imperial. Entonces tendrían que llenar el vacío político y agarrarse a la independencia, no para crear otro Haití sino para evitar que sucediera lo que allí sucedió.

La crisis se produjo en 1808, como culminación de dos décadas de depresión y guerra. Las reformas borbónicas en España quedaron interrumpidas por el impacto de la Revolución francesa, que llevó a los atemorizados ministros a la reacción y al desconcertado rey a los brazos de Manuel Godoy. Al descender la calidad de los dirigentes, desde los niveles de Carlos III y sus ministros reformadores a los de Carlos IV y al favorito de la corte, el gobierno se redujo al simple patronato en el interior y al clientelismo en el exterior. Además, los españoles sufrieron grandes adversidades. La crisis agraria de 1803 produjo una gran escasez, hambre y mortalidad, lo que prueba lo poco que hicieron los Borbones para mejorar la agricultura, el comercio y las comunicaciones. Entretanto, a pesar de los esfuerzos por mantener la independencia nacional, el gobierno no tuvo ni la visión ni los recursos necesarios para resolver los urgentes problemas de la política extranjera. La alianza francesa no salvó a España, sino que acentuó su debilidad, prolongó sus guerras y expuso su comercio colonial a un ataque inglés. Los visitantes de la América española que llegaron entonces a España estaban horrorizados de lo que veían: la que antes había sido una poderosa metrópoli se había debilitado hasta el punto de derrumbarse y de agradecer ser un satélite de Francia. Ahora más que nunca se dieron cuenta de que los asuntos españoles no eran sus asuntos y de que en América «nosotros no tenemos necesidad sino guardar neutralidad y seremos felices», como dijo Servando Teresa de Mier. Pero lo peor aún tenía que llegar. En 1807-1808, cuando Napoleón decidió reducir a España totalmente a su voluntad e invadió la península, el gobierno borbónico se hallaba dividido y el país se encontraba sin defensas ante el ataque. En marzo de 1808 una revolución palaciega obligó a Carlos IV a exonerar a Godoy y a abdicar en favor de su hijo Fernando. Los franceses ocuparon Madrid y Napoleón indujo a Carlos y a Fernando VII a desplazarse a Bayona para discutir. Allí, el 5 de mayo de 1808, obligó a ambos a abdicar y al mes siguiente proclamó a José Bonaparte rey de España y de las Indias.

En España el pueblo se levantó y empezó a luchar por su independencia. A finales de mayo de 1808 las juntas provinciales habían organizado la resistencia ante el invasor y en septiembre se formó una Junta Central que invocaba el nombre del rey. Ésta quería unificar la oposición frente a Francia y, en enero de 1809, publicó un decreto estableciendo que los dominios de América no eran colonias sino que eran una parte integrante de la monarquía española.

En América estos sucesos crearon una crisis de legitimidad política y de poder. Tradicionalmente la autoridad había estado en manos del rey; las leyes se obedecían porque eran las leyes del rey, pero ahora no había rey a quien obedecer. Esta situación también planteó la cuestión de la estructura del poder y de su distribución entre los funcionarios imperiales y la clase dominante local. Los criollos tenían que decidir cuál era el mejor medio para preservar su herencia y mantener su control. La América española no podía seguir siendo una colonia si no tenía metrópoli, ni una monarquía si no tenía un rey.

Capítulo 2
LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
Y AMÉRICA CENTRAL

En vísperas de la lucha por la independencia, el virreinato de Nueva España (México) comprendía una vasta área que se extendía desde el Caribe hasta el Pacífico y desde la frontera de Guatemala y Chiapas hasta las provincias internas del este y del oeste, incluyendo el territorio que más tarde se incorporó al suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica. El virreinato, que en 1814 tenía una población de 6.122.000 habitantes (en 1810 los Estados Unidos tenía 7.240.000), contenía más del tercio de la población total del imperio español de ultramar. Ciudad de México, la capital del virreinato, era la mayor ciudad tanto de América del Norte como del Sur; con sus 168.811 habitantes en 1811 era, después de Madrid, la segunda mayor ciudad del imperio.

Además, Nueva España también era, con mucha diferencia, la colonia más rica de España. De 1800 a 1809, su comercio desde el importante puerto de Veracruz ascendió a una media anual de 27,9 millones de pesos y en la década de 1811 a 1820 a la de 18 millones entre importaciones y exportaciones. En 1800, la producción total de la colonia en bienes y servicios se elevaba aproximadamente a 240 millones de pesos, más o menos 40 pesos per cápita. En aquel tiempo, ello equivalía sólo a la mitad de la renta per cápita de los Estados Unidos, pero era considerablemente superior a la que tenía cualquiera de las colonias americanas de España o Portugal. La agricultura y la ganadería, que ocupaban aproximadamente el 80 por 100 de la fuerza de trabajo total, producían cerca del 39 por 100 de la riqueza nacional; las manufacturas y la industria doméstica rural proporcionaban cerca del 23 por 100 del producto total; el comercio ascendía al 17 por 100, la minería al 10 y el restante 11 por 100 procedía de los transportes, gastos del gobierno y varios. Esta actividad económica producía grandes ingresos, directamente e indirectamente, a la corona española. Entre el 9 y el 10 por 100 del producto total de Nueva España (cerca de 24 millones de pesos) se ingresaba en el tesoro real o en las arcas eclesiásticas, y de éste cerca de la mitad (12 millones de pesos) salía de la colonia hacia la península. El resto servía para mantener el régimen virreinal y para los donativos anuales (situados) que servían para mantener a su costa la administración y la defensa de las islas caribeñas, las Floridas, Luisiana y otros territorios. Además, España imponía una serie de restricciones económicas sobre el comercio de Nueva España, las más importantes de las cuales eran la prohibición de comerciar con puertos extranjeros, la existencia de monopolios reales sobre el tabaco, la pólvora, el mercurio, el papel sellado y ciertos otros productos, y un gran número de impuestos que debían pagarse, tanto para exportar productos mexicanos como para importar productos españoles o extranjeros procedentes de España. Así, los productos coloniales que se exportaban a mercados extranjeros desde España pagaban una tasa del 15 al 17 por 100, mientras que los productos extranjeros en tránsito hacia las colonias la pagaban del 36,5 por 100. España reexportaba al menos el 90 por 100 de los metales preciosos y de los productos agrícolas que recibía de Nueva España. Se ha calculado que el pago de tales gravámenes y la existencia de las restricciones comerciales costaron a Nueva España unos 17,3 millones de pesos anuales en los últimos 20 años del régimen colonial, o bien 2,88 pesos por persona, lo que viene a representar el 7,2 por 100 del ingreso colonial total. Ello supone una carga casi 35 veces mayor que la impuesta por los británicos sobre las trece colonias de Norteamérica en los últimos años anteriores a la independencia de los Estados Unidos.[1]

El conocimiento de estos datos lo debemos a investigaciones recientes; desde luego, sólo eran vagamente percibidos por los mexicanos al final del período colonial. Pero si bien el control económico y los monopolios ejercidos por los españoles constituían el motivo principal de protesta en la colonia, las restricciones sociales y administrativas impuestas por los españoles eran igualmente importantes. Cada uno de los tres grandes grupos étnicos —blancos, mestizos e indios— tenía un estatus legal y costumbres distintas; también tenía diferentes obligaciones fiscales, así como derechos civiles y prerrogativas sociales y económicas también distintos. Los indios constituían el 60 por 100 de la población, las castas el 22 por 100 y los blancos el 18. Por otro lado, entre los blancos también existían peligrosas diferencias: españoles nacidos en América (criollos) que alcanzaban el 17,8 por 100 de la población y los llamados europeos (conocidos en México como «gachupines») que sólo eran unos 15.000, o sea el 0,2 por 100 de toda la población. El reducido grupo de peninsulares constituía la élite administrativa de la colonia debido a que ocupaban los cargos gubernamentales y militares más altos. Los europeos ascendían a cerca de 7.500 militares, 6.000 funcionarios y comerciantes y 1.500 eclesiásticos. En la colonia sólo había unas cuantas mujeres europeas —unas 217 en Ciudad de México según el observador alemán Alexander von Humboldt— lo que daba lugar a que los inmigrantes europeos tendieran a casarse con las hijas de las familias criollas ricas. Esta élite europea controlaba el gobierno, el ejército, la Iglesia y la mayor parte del comercio exterior, así como la producción vinícola y textil del país.

En la escala social les seguían los mineros, los comerciantes y los propietarios agrarios, la mayoría de los cuales eran criollos y constituían la «élite natural» de México. Algunos de ellos tenían títulos nobiliarios españoles, pero aun así quedaban excluidos de participar plenamente en el poder político. También se enfrentaban a la pérdida de sus fortunas al ser absorbidos por los inmigrantes españoles a través de la vía matrimonial, o bien debido al estancamiento económico o a las inversiones desafortunadas, o incluso a alguna decisión imperial, tal como ocurrió en 1804 con el decreto de consolidación de vales; éste, hasta que fue anulado en 1808, hizo tambalear la posición de todos los propietarios, al obligarles a liquidar las hipotecas que habían contraído con la Iglesia y cuyo producto debía ser transferido a España para sufragar las guerras europeas. La élite criolla mexicana, aunque altamente favorecida, estaba muy inquieta por el futuro de su país y por su estatus dentro de él.

Mucho más abajo de la escala social se encontraban los abogados y otros criollos con estudios que ocupaban los cargos gubernamentales y eclesiásticos inferiores. Sin embargo, en 1811 la mayoría —el 65 por 100— de las 555 a 600 plazas que tenía aproximadamente el cuerpo de funcionarios virreinales en Ciudad de México eran ocupadas por criollos, mientras que el 35 por 100 restante lo ostentaban los europeos. Pero, salvo raras excepciones, los nacidos en España ocupaban las posiciones más altas y los mexicanos quedaban relegados a las más bajas.[2] En 1808, en la Audiencia de Ciudad de México había doce peninsulares y cinco criollos (sólo tres habían nacido en dicha demarcación), en la de Guatemala la relación era de seis europeos y un criollo, y en la de Guadalajara, la de cuatro europeos y tres criollos. De igual manera, mientras los criollos predominaban entre los componentes de los capítulos catedralicios de todo el país, sólo un obispo era criollo en el momento de la independencia. Igualmente se sentían frustrados los pequeños comerciantes, los hacendados de posición media, los mineros menos ricos y —lo que fue de creciente importancia después de 1810— los oficiales inferiores de la milicia criolla, los cuales se apresuraron a ascender en la escala social gracias al rápido crecimiento de ésta. Todo este conjunto de individuos formaba lo que puede denominarse burguesía. Y aunque eran unos privilegiados comparados con la gran mayoría de la población, se sentían discriminados cuando se comparaban con los peninsulares o con la élite criolla. El elemento que más pesaba en la aparición de la tensión política entre los blancos quizá fuera la conciencia que tenía esta burguesía —que crecía rápidamente en tamaño a causa del crecimiento económico de Nueva España a finales del siglo XVIII— de la imposibilidad de promocionarse económica y socialmente. Además esta burguesía era consciente de la situación política, en particular aquellos de sus miembros que estaban de acuerdo con las ideas defendidas por los filósofos de la Ilustración. Algunos incluso estaban de acuerdo con la Historia antigua de México escrita por el jesuita exiliado Francisco Clavijero y con los trabajos de otros ideólogos criollos, es decir, con el mexicanismo en su forma incipiente. Durante las guerras de independencia estas ideas, gracias a autores tales como fray Servando Teresa de Mier y Carlos María Bustamante, se transformarían en una clara formulación de nacionalismo antiespañol.

Las castas y los indios juntos sumaban el 82 por 100 de la población y estaban segregados de las clases privilegiadas tanto por la legislación y las costumbres como por su pobreza. Estaban excluidos por la ley de los cargos públicos y eclesiásticos, teóricamente tenían prohibido vivir en los mismos barrios que los europeos en una misma población y quedaban apartados de los beneficios de una posible movilidad social, ya que se les prohibía el ingreso en ciertas profesiones. Eran los trabajadores y proveedores de la sociedad, sometidos a una opresión que las paternales leyes reales no llegaban a aligerar. Los indios, y los mestizos que vivían con ellos, estaban sujetos al pago de un tributo y a unos códigos legislativos especiales. Una o dos veces en cada generación las epidemias se llevaban entre el 10 y el 50 por 100 de los pobres en las ciudades y un número incontable en las zonas rurales. Estas epidemias a menudo acompañaban al descenso de la producción agrícola, que originaba una subida en espiral de los precios de los productos básicos y provocaba desempleo masivo, emigración a las ciudades y explosiones de malestar social. Las estadísticas muestran que durante las dos últimas décadas anteriores a la independencia el precio del maíz se encareció, lo que a su vez indica un serio deterioro de las condiciones de vida de los pobres. En 1790 el maíz se vendía entre 16 y 21 reales la fanega y en 1811 se vendía a 36 reales. Una crisis de subsistencia muy dura barrió México de 1808 a 1811 y actuó de detonante en la rebelión de las masas populares de 1810. Cerca de la mitad de los ingresos per cápita de los pobres se gastaba en la adquisición de maíz. Constantemente vivían al borde de la supervivencia. El sistema económico colonial, extractivo, mercantilista y basado en nuevas normas neofeudales de control de la mano de obra, garantizaba la opresión continua de las masas en las haciendas, en las minas y en los obrajes. Además, las distinciones étnicas que establecía la ley española —que continuarían hasta después de la independencia, a la cabeza de una legislación que a menudo era contradictoria— eran la principal causa, no sólo del malestar político de las clases bajas de Nueva España sino también de la ineficacia económica y del subdesarrollo, que dejaron a México un legado de capacidades humanas no desarrolladas. En algunas zonas donde había una oferta de mano de obra reducida, como eran los centros mineros o los territorios ganaderos del norte, las distinciones étnicas se habían diluido, pero en la mayor parte de Nueva España la sobreabundancia de mano de obra hizo que la discriminación continuara existiendo. Las rebeliones que empezaron en 1810 tratarían de corregir algunos de estos abusos y al menos fueron una especie de respuesta de los indios y las castas a su opresión.

Aunque los levantamientos de las clases más bajas en 1810 y después —particularmente bajo la dirección de dos de los grandes héroes de la independencia, Miguel Hidalgo y José María Morelos— fueron una característica particular de las luchas por la independencia mexicana, ni en México ni en ningún otro lugar de América Latina fueron las clases populares las que determinaron la llegada de la independencia ni la forma política que adoptaron los nuevos estados. Las insurrecciones de las clases bajas sirvieron para retrasar e incluso oscurecer la principal aspiración de la disidencia mexicana, expresada en el criollismo, es decir la voluntad de los criollos blancos, de las clases media y alta, y de las élites blancas ligadas a México por razón de residencia, propiedad o parentesco, si no por el nacimiento, de lograr el control de la economía y del Estado. Aunque Hidalgo proclamó la independencia en nombre de Fernando VII, y Morelos la proclamó en contra de Fernando VII, la burguesía y la élite mexicanas inicialmente aspiraron a la autonomía dentro del imperio.

Los intelectuales criollos gradualmente tomaron conciencia de su diferencia al conocer la gran historia de México anterior a la conquista, tal como la interpretaba con orgullo Clavijero, al considerarse ellos mismos como los auténticos herederos de los aztecas o de los primeros conquistadores que pensaban habían sido desplazados por los administradores reales, y al creer fervorosamente que la aparición en México de la Virgen de Guadalupe constituía una señal del destino divino sobre todas las cosas mexicanas. De este modo, los criollos se identificaban como americanos, es decir que se reconocían como distintos de los peninsulares y con objetivos políticos diferentes. En resumen, se habían concienciado de su propio papel como sujetos colonizados. Entretanto, los miembros de la élite autóctona, incluso aunque no hubieran adoptado las ideas del neoaztequismo y del protomexicanismo, tenían serias quejas contra el régimen imperial, que culminaron con el decreto de Consolidación en 1804. Por primera vez desde las Leyes Nuevas de 1542 la élite se daba cuenta de que un acto arbitrario de España podía hacer tambalear su existencia. Sin embargo, aun así, ni la élite ni la clase media criollas aspiraron a una independencia completa, porque temían a las masas y porque para poder mantener el orden social dependían de las tradiciones de la Iglesia y el Estado. Pero aspiraban a la autonomía. Dos destacados observadores contemporáneos, el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, y Alexander von Humboldt, percibieron claramente muestras de esto, aunque los dos tendieron a subrayar el conflicto político de los criollos frente a los españoles.

La alianza que se estaba estableciendo entre la burguesía criolla y la élite de propietarios se deshizo al sucumbir España ante la invasión napoleónica en 1808. La caída de Carlos IV y de su primer ministro Manuel Godoy, la ascensión de Fernando VII, inmediatamente seguida de la usurpación del trono por parte de José —el hermano de Napoleón— y el encarcelamiento de Fernando VII en Francia pusieron en duda la primacía del soberano, que era la base fundamental del régimen político español. La noticia de la ascensión al trono de Fernando VII llegó a Ciudad de México el 9 de junio de 1808 y el 16 de julio la de su destronamiento por Napoleón. Los dos meses siguientes fueron testimonio de una crisis única en la colonia. Las juntas provinciales se extendieron por España y compitieron entre ellas para obtener el reconocimiento de México. La de Oviedo, que había recibido una primera promesa de ayuda de los ingleses en su lucha común contra Francia, y la de Sevilla enviaron comisionados a México. Las autoridades de la ciudad no pudieron decidir de forma inmediata cuál de las dos era la legítima. La Audiencia y la minoría absolutista peninsular de la capital se opusieron al reconocimiento de cualquiera de las autoproclamadas juntas y sostuvieron que México debía mantener a los funcionarios reales en sus funciones hasta que se creara un gobierno legítimo en España. Bajo la dirección de dos de sus miembros, José Primo de Verdad y Juan Francisco Azcárate, e influidos por el pensador radical Melchor de Talamantes, un fraile del Perú, el cabildo (consejo municipal) de Ciudad de México, que en gran medida representaba a los criollos, decidió pedir el 15 de julio al virrey, José de Iturrigaray, que asumiera el control directo del gobierno en nombre de Fernando VII y de los representantes de la gente. El argumento central del cabildo era que, en caso de ausencia o de incapacidad del rey, «reside la soberanía representada en todo el Reyno y las clases que lo forman; y con más particularidad en los Tribunales Superiores que lo goviernan, administran justicia, y en los cuerpos que llevan la voz pública».[3] De esta manera el cabildo pedía al virrey que reconociera la soberanía de la nación y que en un futuro próximo convocara una asamblea representativa de las ciudades de Nueva España. Ello constituía un llamamiento a la creación de un gobierno autónomo tras tres siglos de absolutismo. Los principales defensores de este plan —además de Azcárate, Primo de Verdad y Talamantes— fueron prominentes criollos, tales como el marqués de Uluapa, el marqués de Rayas, el conde de Medina, el conde de Regla y Jacobo de Villaurrutia, un miembro de la Audiencia. Sus principales opositores eran la mayoría de los miembros de la Audiencia y los hacendados, comerciantes y mineros peninsulares. Quizá la propuesta criolla hubiera tenido escaso resultado de no ser por el hecho de que el virrey Iturrigaray dio muestras de favorecer, o al menos de no oponerse, a la idea. Convocó a los representantes de las principales corporaciones en la capital para discutir el futuro gobierno de Nueva España. El bando absolutista decidió que la única manera de evitar el peligro de encaminar a Nueva España hacia la revolución con la connivencia del virrey era deponerlo.

Legalmente, ante la ausencia del monarca y el deseo de varias juntas españolas de ostentar la autoridad en su nombre, la propuesta criolla (mexicana) no constituía una traición. Era un llamamiento para restaurar la autoridad de los cabildos que, según la consideración de los criollos, era donde radicaba la autoridad en México después de producirse la conquista española. Ni Azcárate ni Primo de Verdad, autores de la propuesta, se cuestionaban la autoridad suprema del rey. Primo de Verdad argumentó que «la autoridad le viene al rey de Dios, pero no de modo inmediato, sino a través del pueblo». Azcárate por su parte declaraba que existía un pacto entre la nación y el rey; en ausencia de éste la nación asumía la soberanía, pero cuando el rey regresara, el ejercicio directo de la autoridad por parte del pueblo debería cesar automáticamente.[4] Sin embargo, los absolutistas veían esta posición como una gran traición, porque alteraba profundamente el dominio español. Lo esencial del caso giraba en torno a si México era o no una colonial Los autonomistas, que rechazaban la idea de que su país fuera una colonia, argumentaron que constituía uno de los reinos que componían la monarquía española. Al igual que las provincias y reinos de la península, México podía crear una junta provisional para gobernar en nombre del rey mientras durara la crisis. Los absolutistas sostenían que Nueva España no era un reino como los de la península y que cualquier propuesta de establecer una autonomía regional era ilegal. Para ellos, México tenía que preservarse como abastecedor de metales a la madre patria, que ahora se enfrentaba a su posible extinción ante la conquista extranjera. La Audiencia pensaba que el proyecto de convocar una asamblea de ciudades contenía cierta similitud con los Estados Generales franceses de 1789. Existían dos sutiles criterios al respecto, y los mexicanos lo sabían, más aún cuando las provincias de España ya estaban haciendo lo que se proponía en México. El gobierno que pronto se crearía en España proclamaría a México (junto con los demás territorios de ultramar) como una parte de la monarquía igual a las otras, aunque la política española requería que no lo fuera.

A instancias de Iturrigaray, entre agosto y septiembre de 1808 tuvieron lugar un total de cuatro encuentros de personalidades significativas de la capital (pero nunca se convocó la asamblea de las ciudades). La cuestión principal que se debatió fue a cuál de las dos principales juntas españolas se reconocía; al final, no se reconoció a ninguna por falta de acuerdo. La principal consecuencia de los encuentros fue que los peninsulares se convencieron de que el virrey al atender a los criollos se había comprometido en los planes de éstos, y por ello, bajo el liderazgo de un hacendado y comerciante peninsular conservador, Gabriel de Yermo, tramaron un complot para derribar al virrey. Con la ayuda de la Audiencia y del arzobispo, Yermo y un grupo de peninsulares miembros del consulado, que quizá sumaban unos trescientos entre todos, penetraron en el palacio virreinal en la mañana del 16 de septiembre de 1808 y arrestaron al virrey. En las horas siguientes, los conspiradores detuvieron a los defensores más prominentes de la idea del gobierno provisional: Talamantes, Azcárate, Primo de Verdad y otros criollos. Primo de Verdad murió a los pocos días de estar bajo custodia; Talamantes murió de fiebre amarilla en la prisión de Veracruz en 1809, convirtiéndose ambos en los primeros mártires del criollismo. El virrey Iturrigaray fue expulsado de su cargo por obra de la Audiencia y fue sustituido por el octogenario general de campo retirado Pedro de Garibay, que los peninsulares pensaban utilizar como una marioneta.

A partir de este momento era imposible que Nueva España pudiera seguir el camino hacia el establecimiento de un gobierno provisional criollo y hacia la independencia tal como había ocurrido en la mayor parte de las colonias continentales de América del Sur en el período de 1808 a 1810. Los autonomistas criollos habían sido desplazados por el hábil golpe de un puñado de poderosos conservadores. Ninguna reforma administrativa o de otro tipo fue emprendida bajo el mando del nuevo virrey, ni por su sucesor, el arzobispo Francisco Xavier Lizana y Beaumont, que ocupó el cargo desde el mes de julio de 1809 hasta mayo de 1810, ni por la Audiencia que durante un corto tiempo gobernó en nombre del virrey desde mayo a septiembre de 1810. Medidas tales como la creación en España de un órgano central de gobierno —la Junta Central—, la declaración por parte de ésta de la igualdad de los americanos y su convocatoria de Cortes para congregar a los representantes de la nación incluyendo a los americanos, satisfacieron bien poco a los mexicanos ya que los gobernantes de Ciudad de México de 1808 a 1810 fueron muy ineptos, no resolvieron el problema del descontento de los criollos y de las clases bajas y en cambio se concentraron en combatir el muy reducido peligro que suponían los agentes franceses que habían sido enviados a América. El extraordinario e ilegal acto de derribar al virrey que habían efectuado los peninsulares absolutistas debilitó mucho la autoridad legítima de España. Servando Teresa de Mier en su libro Historia de la revolución de Nueva España (1813) sostenía que la expulsión de Iturrigaray justificó la independencia americana, porque el golpe destruyó el pacto social que había atado México a los reyes de España. Esta cuestión puede entrar en el campo de la filosofía, pero para los oprimidos de Nueva España el golpe de fuerza no fue sino otra muestra del creciente despotismo de España. La supresión del impulso autonomista en 1808 exacerbó el descontento de los mexicanos y motivó el levantamiento de 1810. En mayo de aquel año, el obispo de Michoacán, Abad y Queipo, advirtió que estaba próxima a estallar una insurrección social de masas, y en septiembre, sólo dos días después de la llegada a Ciudad de México del nuevo virrey, Francisco Xavier Venegas, empezaba la revolución.

En el rico centro agrícola de Querétaro, en la intendencia de Guanajuato, un grupo de ricos criollos que incluía a Ignacio Allende, un oficial de caballería e hijo de un rico comerciante, a Juan de Aldama, un oficial de milicias, a Mariano Abasolo, otro oficial de milicias, y a Miguel Domínguez, el corregidor criollo de Querétaro, que era el conspirador de más alto rango, se concertaban para derribar a los españoles absolutistas y a su Audiencia. Allende y Abasolo habían participado antes en la conspiración organizada por los oficiales José Mariano Michelena y José María García Obeso en la ciudad de Valladolid, que había sido sofocada en la víspera del día señalado, el 21 de diciembre de 1809. En el verano de 1810 los conspiradores de Querétaro consiguieron el apoyo de Miguel Hidalgo y Costilla, un cura inconformista y amante de la buena vida, párroco de la pequeña ciudad de Dolores, quien pronto se convirtió en dirigente de la conspiración. Hidalgo, un criollo de brillantes conocimientos académicos, se había dedicado a estudiar los textos de la Ilustración y las organizaciones comunitarias para mejorar las condiciones de vida de los indios y los mestizos de su parroquia. A partir de unos intereses básicamente seculares, se había dedicado durante años a debatir y examinar los problemas sociales y políticos del país y contaba con un gran número de seguidores tanto criollos como indios. Los conspiradores tramaron una insurrección de masas basada en los indios quienes, ellos pensaban, les seguirían para arrebatar las riquezas y las propiedades de los gachupines, mientras respetarían las de los criollos blancos.

La intendencia de Guanajuato, que comprendía la mayor parte de la región denominada el Bajío, fue el escenario de la actividad conspirativa a causa de su peculiar configuración social. Era una región desarrollada y opulenta, y por tanto existía una aguda presión social. Su economía se basaba esencialmente en la minería, la cual estimuló el desarrollo de la agricultura y las manufacturas que cubrían sus necesidades. Más de la mitad de los indios y de los individuos pertenecientes a las diversas castas de la región vivían al margen de las comunidades tradicionales y trabajaban como mano de obra libre en las minas y las haciendas; tenían mayor movilidad social y mejores expectativas que los individuos sujetos a tributaciones que vivían en regiones menos desarrolladas. La riqueza existente en el Bajío hizo a esta región menos dependiente de Ciudad de México; además, sus influyentes criollos sentían la discriminación política de forma más intensa. El desarrollo estaba limitado por una anticuada y corporativista estructura económica que provocaba un gran descontento entre los indios, los mestizos y los criollos. Así, de entre las distintas regiones de México, el Bajío señaló el camino de la conspiración revolucionaria. Las sequías de 1808 y 1809 y las consecuencias de las hambrunas de 1810 y 1811 dieron lugar a grandes padecimientos entre los campesinos, al cierre de algunas minas debido a la imposibilidad de alimentar a las mulas, así como al despido de mineros y a un explosivo malestar social. La destitución de Iturrigaray y dos años de gobierno español inepto habían cerrado cualquier posibilidad de un cambio moderado. Fue en el Bajío donde estalló la ira contenida y la miseria que no perdonaba.

La rebelión debía comenzar a principios de octubre, pero en las dos primeras semanas de septiembre las autoridades realistas se enteraron por diversas fuentes del levantamiento proyectado y prendieron al corregidor Domínguez en Querétaro. Cuando las noticias de que el plan había sido descubierto llegaron a oídos de Hidalgo en su casa de Dolores, éste decidió comenzar la revuelta al momento. Así, en la mañana del 16 de septiembre de 1810 Hidalgo lanzó su «Grito de Dolores», incitando a los indios y mestizos que afluían al mercado del domingo para que se unieran a él y se levantaran en defensa de la religión, se sustrayeran del yugo de la dominación española (representada particularmente por los responsables de la destitución de Iturrigaray de su cargo), y pusieran fin a los tributos y otros signos degradantes de subordinación. La revolución empezó en nombre de Fernando VII, y la Virgen de Guadalupe —el símbolo máximo de la piedad mexicana— fue proclamada guardiana y protectora de la rebelión. Más tarde, Hidalgo incorporaría otros elementos a este vago programa. Pedía la independencia, la abolición de la esclavitud y la devolución de la tierra a las comunidades indígenas. Entretanto, nunca prohibió el saqueo a sus seguidores y de hecho los animó a desposeer a los españoles.

La revuelta se extendió con una furia explosiva a través de la intendencia de Guanajuato, ya que la población se levantó espontáneamente en lo que pronto se convirtió en una violenta guerra de desquite contra los blancos, tanto peninsulares como criollos, a quienes los indios identificaban como sus opresores. En el primer día de la revuelta, los rebeldes tomaron la ciudad de San Miguel el Grande, dos días después entraban en la rica ciudad de Celaya, y el 23 de septiembre, una fuerza de unas 23.000 personas, desarmadas pero entusiastas, llegó a la ciudad de Guanajuato, la capital de la intendencia. El 28 de septiembre los insurgentes asaltaron la alhóndiga —que era como una fortaleza donde los europeos y los criollos se habían refugiado—, mataron a sus defensores y saquearon la ciudad durante dos días. La destrucción de Guanajuato se convirtió en el símbolo de la ferocidad de los rebeldes que los realistas pudieron usar convenientemente en su propaganda. A principios de octubre los rebeldes alcanzaban la cifra de 60.000 y el 17 de octubre tomaron la ciudad de Valladolid, el centro diocesano donde Hidalgo había estudiado. Estimulados por su rápida victoria planearon caer sobre la capital del virreinato, Ciudad de México, esperando que con el rápido golpe libertarían a toda la colonia.

Aunque la revuelta de Hidalgo proclamaba la independencia como meta, era poco clara en sus objetivos, le faltaba un programa definido y un dirigente firme. Hidalgo, al llamar a los indios y a las castas oprimidos a la revuelta violenta, había despertado unas fuerzas que era incapaz de controlar y apenas de entender. Los europeos y los criollos de Nueva España vieron la revuelta como un levantamiento indio, un equivalente mexicano de la rebelión de Tupac Amaru en Perú en 1780. Después de la matanza de Guanajuato, parecía evidente que no se trataba de un movimiento en contra de la opresión política, sino de una guerra racial dirigida contra todos los blancos y propietarios. De este modo, aunque sus dirigentes eran criollos, el levantamiento de Hidalgo no consiguió el apoyo de otros criollos. Incluso los supervivientes del movimiento autonomista de 1808, como Juan Francisco Azcárate, condenaron públicamente la revuelta. El cabildo de Ciudad de México, que anteriormente había sido un centro de quejas criollas contra el monopolio ejercido por los europeos en el funcionariado y el comercio, ofreció todo su apoyo al gobierno virreinal. La Iglesia respondió con interdicciones, condenas inquisitoriales y propaganda en contra de los rebeldes. El virrey Venegas replicó anunciando públicamente duros castigos contra quienes ayudaran a los rebeldes y reorganizando una milicia local de 22.000 hombres y una tropa de 10.000 veteranos. Nombró al brigadier Félix María Calleja, un peninsular, comandante del nuevo ejército del centro, esperando ganarse la ayuda criolla gracias a los 21 años de experiencia de Calleja, a sus contactos personales en México y a su gran habilidad. A fin de conservar o de recuperar la lealtad de los indios y los mestizos, el 5 de octubre decretó la abolición del tributo, una decisión que pronto también adoptaron las Cortes españolas. La campaña de propaganda realista era amplia y largamente convincente incluso para las clases más bajas de la región central del país, puesto que los rebeldes eran una amenaza para toda la población.

El 28 de octubre, Hidalgo y sus seguidores, que ahora alcanzaban la cifra de 80.000 individuos, se presentaron ante Ciudad de México. El día 30, los rebeldes fueron atacados por una pequeña fuerza realista en el paso de montaña llamado Monte de las Cruces. Los no adiestrados rebeldes se enfrentaron por primera vez a una disciplinada fuerza de soldados realistas y, aunque por su número pudieron ganar y hacer retroceder a los realistas, fue una victoria pírrica. Hidalgo perdió a más de 2.000 hombres en la batalla, pero lo más importante fue que unos 40.000, la mitad de su tropa, desertaron. El sueño de una victoria inmediata se desvaneció. El ejército de Hidalgo continuó acampado fuera de la ciudad durante tres días mientras pedía la capitulación del virrey, pero el 2 de noviembre los rebeldes se dirigieron hacia Querétaro, evitando el peligro de un desastre total y a la vez perdiendo su mejor oportunidad de victoria. El 7 de noviembre las fuerzas rebeldes se enfrentaron al ejército de Calleja cerca del pueblo de Aculco y allí sufrieron una desastrosa derrota que significó el final de su corto pero terrible levantamiento. A consecuencia de ello, Hidalgo y Allende dividieron sus fuerzas; el primero fue a Valladolid y después a Guadalajara, y el segundo a Guanajuato. En Valladolid y Guadalajara, Hidalgo ordenó o permitió la ejecución sumaria de más de 400 europeos, revelando así un espíritu de venganza que anteriormente no había tenido. Las atrocidades fueron resultado del apercibimiento de Hidalgo de que su movimiento estaba fracasando rápidamente. Cuando Allende fue expulsado de su baluarte de Guanajuato el 24 de noviembre, la muchedumbre mató a 138 prisioneros europeos. El general Calleja tomó represalias después de entrar en la ciudad, como también hizo el comandante realista, José de la Cruz, entre los pueblos al este de Querétaro. Se ha calculado que en la revuelta de Hidalgo se asesinó a 2.000 de los 15.000 españoles europeos que había en Nueva España. Además también se asesinaron criollos, lo que prueba que los indios no establecían diferencias entre sus opresores blancos.

Hidalgo y sus oficiales pasaron el mes de diciembre de 1810 y la primera mitad de enero de 1811 en Guadalajara reorganizando su devastado ejército. Hacia mediados de enero habían conseguido de nuevo una fuerza de 80.000 hombres. Los no armados y no adiestrados campesinos se lanzaron contra el principal ejército de Calleja en el puente de Calderón, en las afueras de Guadalajara, el 17 de enero. Los rebeldes conocieron su derrota más importante y los dirigentes huyeron. Durante su desorganizado repliegue a las comparativamente seguras tierras del norte, Hidalgo fue desposeído del mando militar por sus propios lugartenientes. Hacia mediados del mes de marzo el general Calleja había conseguido controlar las zonas central y oriental de México. Habiendo avanzado aún más al norte, Hidalgo y sus oficiales fueron capturados en Coahuila a finales de marzo. Conducidos a la ciudad de Chihuahua, fueron juzgados y ejecutados. Hidalgo dio algunas muestras de lamentar el hecho de haber dirigido el levantamiento y se dice que antes de su muerte firmó un documento abjurando de la revolución. Fue fusilado el 30 de julio, y su cabeza cortada, junto a las de otros tres jefes rebeldes, llevada a Guanajuato donde durante los diez años siguientes fue exhibida en la esquina de la alhóndiga municipal, el escenario de la mayor matanza cometida por los rebeldes.

El México moderno considera a Hidalgo como «el padre de la independencia» y es respetado como uno de los mayores héroes nacionales. El día del Grito de Dolores, el 16 de septiembre, es el día de la independencia de México, a pesar de que la revuelta de Hidalgo sólo duró tres meses y su impacto sobre la lucha por la independencia fue altamente contraproducente. Sumió al centro del país en un baño de sangre y destrucción, empujó a los criollos a alinearse en el bando realista a fin de defender sus vidas y bienes y ahogó el objetivo inicial de autonomía en un mar de sangre. Hidalgo perdió el control de su levantamiento y permitió o condonó el salvajismo extremo. La mayor debilidad del levantamiento radicó en su falta de objetivos claros y en el terror que provocó entre los criollos, que hubieran podido apoyar un movimiento de reforma política menos destructivo. El general Calleja en 1811 lo reconoció así cuando escribió: «Este vasto reino se apoya con demasiada fuerza en una metrópoli insustancial; sus nativos y hasta los mismos europeos están convencidos de las ventajas que tendría un gobierno independiente; y si la insurrección absurda de Hidalgo se hubiera apoyado sobre esta base, me parece que habría encontrado muy poca oposición».[5]

El recuerdo de la sangrienta revuelta de Hidalgo hizo que algunos adeptos potenciales no se sumaran a los rebeldes. Cuando la rebelión aún no se había apagado, el general Calleja escribió al virrey: «La insurrección está todavía muy lejos de calmar; ella retoña como la hidra a proporción que se cortan sus cabezas».[6] La dirección del movimiento pasó a manos del sacerdote José María Morelos y de Ignacio Rayón, quienes continuaron conduciendo a las tropas insurgentes que quedaban en el Bajío. También existía una serie de dirigentes rebeldes de menor importancia, algunos de los cuales eran unos esforzados patriotas y otros eran poco más que jefes de bandidos. Morelos, un dirigente mucho más grande y un guerrero con más técnica que Hidalgo, fue reconocido como el principal jefe de la insurrección después de que el prestigio de Rayón se hundiera en la batalla de Zitácuaro el mes de enero de 1812. Hijo de una pobre familia mestiza de Michoacán, Morelos fue arriero de joven. Mejoró su posición al estudiar en la universidad, se hizo cura y fue destinado a servir en pobres parroquias indias de Michoacán. Más cercano a los indios incluso que Hidalgo, Morelos se sumó a la rebelión en las primeras semanas. Designado por Hidalgo para implantar la revolución en la costa sur, creó un pequeño y manejable ejército que constituyó la principal amenaza para los realistas hasta 1815. Morelos también avanzó más al clarificar los objetivos sociales y políticos de la rebelión que habían quedado tan vagos en Hidalgo. Su programa consistía en la independencia (declarada en 1813), en un sistema de gobierno parlamentario y en una serie de reformas sociales que incluía la abolición del tributo, de la esclavitud, del sistema de castas y de las barreras legales que impedían el ascenso de la gente de extracción social más baja, así como en la introducción de un impuesto sobre los ingresos. Siendo como era el más nacionalista de los jefes rebeldes, no aceptó la pretensión de mantener la lealtad a la soberanía del rey y enarboló el símbolo de la Virgen de Guadalupe con un contenido patriótico más profundo. También fue partidario de distribuir las tierras entre los que las trabajaban y en un controvertido documento aparece haciendo un llamamiento para que se confiscaran y redistribuyeran todas las propiedades pertenecientes a sus enemigos, los ricos. Moderó su revolución social al proclamar la primacía absoluta de la Iglesia católica y el derecho de ésta a percibir los diezmos, y expresó su respeto por la propiedad privada. Al hacer manifiestos más moderados buscaba abiertamente el apoyo de los criollos pero, al igual que Hidalgo, tampoco lo obtuvo.

El general Calleja casi terminó con la rebelión de Morelos en la primavera de 1812, cuando sitió a las fuerzas rebeldes durante 72 días en la ciudad de Cuautla Amilpa, donde Morelos se había instalado para preparar un asalto a Ciudad de México. Pero Morelos y su ejército evacuaron el lugar el primero de mayo, aunque con muchas bajas, y así el ejército insurgente no fue aplastado. En noviembre de 1812 Morelos se rehízo y capturó la importante ciudad sureña de Oaxaca con lo que obtuvo el control de gran parte del sur, llegando así a la cumbre de su poder. Después, durante todo el verano de 1813, se dedicó a intentar la toma de Acapulco, lo que al final consiguió, si bien resultó de poca utilidad. Tras su ocupación, efectuada a finales de verano, la fortuna militar de Morelos empezó a declinar. Salió de Acapulco para organizar un congreso convocado en Chilpancingo según le sugirieron sus consejeros políticos civiles. El congreso de Chilpancingo empezó sus sesiones el 14 de septiembre de 1813 e inmediatamente confirió a Morelos el poder ejecutivo. La verdadera tarea del congreso fue la de establecer algún tipo de gobierno formal con el que poder solicitar el reconocimiento a los gobiernos extranjeros. Los consejeros civiles de Morelos consiguieron que lo aceptara, así como consiguieron hacer desaparecer la sospecha de que él estaba estableciendo una dictadura militar. El 6 de noviembre de 1813 el congreso proclamó la independencia. Después de la declaración de la independencia, el poder militar de Morelos declinó rápidamente. En diciembre de 1813 no pudo tomar la ciudad de Valladolid, en la que pensaba instalar la capital insurgente. El 5 de enero de 1814, su retraído ejército sufrió otra seria derrota en Puruarán y uno de sus lugartenientes, Mariano Matamoros, fue capturado y ejecutado. Al mismo tiempo, el pequeño congreso de Chilpancingo se escindió por disputas internas cuando Ignacio Rayón no aceptó la autoridad suprema de Morelos. En enero el congreso fue obligado a abandonar Chilpancingo y se convirtió en una institución itinerante. El 22 de enero Morelos entregó el poder ejecutivo al congreso y también perdió el mando militar. El congreso depositó el poder militar en manos de Ignacio Rayón, José María Cos y Juan Nepomuceno Rosains. Mientras tanto, la ciudad de Oaxaca volvió a manos de los4 realistas y otro lugarteniente importante, Hermenegildo Galeana, murió en una escaramuza. Por último, en verano de 1814 el congreso se instaló en Apatzingán, y allí, en octubre, por influencia en particular de Carlos María Bustamante, Andrés Quintana Roo e Ignacio Rayón, se proclamó una constitución formal con la intención de ganarse el apoyo de los elementos liberales de México, al haberse producido la restauración absolutista en España. La influencia de Morelos en la constitución fue poco importante, aunque, como entonces era miembro del congreso, fue uno de los firmantes. La constitución de Apatzingán, al crear un ejecutivo tricéfalo y al prohibir que cualquier funcionario gubernamental ostentara algún cargo militar, constituyó una reacción contra el anterior mandato único de Morelos. Sin embargo, la constitución no obtuvo el impacto esperado, porque los rebeldes no tenían suficiente acceso a la prensa para difundirla ampliamente. En cambio su distribución se convirtió en un arma para la propaganda realista que mencionaba la constitución condenándola.

El congreso insurgente pasó la mayor parte de 1815 huyendo de un lugar a otro para escapar de las fuerzas realistas y su seguridad cada vez fue más incierta. En septiembre de 1815 el congreso decidió trasladarse a la costa este, lo que exigió que todo el gobierno insurgente viajara a través de territorio realista. Morelos se encargó de defenderlo mientras se trasladaba, pero el 5 de noviembre un destacamento realista de 600 hombres capturó a los rebeldes. Morelos defendió a los diputados cuando huían en total confusión pero él mismo fue capturado. Fue enviado a Ciudad de México, donde se le juzgó y se le declaró culpable. Al tratarse de un cura también fue juzgado por la Inquisición y fue formalmente degradado por un tribunal archidiocesano. El 22 de diciembre de 1815 fue conducido a la pequeña población de San Cristóbal Ecatépec, al norte de Ciudad de México, donde fue fusilado por un pelotón de ejecución.

La revuelta de Morelos, más sostenida por mestizos que por indios, fue dirigida con técnica militar y contó con una organización y unos objetivos políticos superiores a los que había tenido el incontrolado levantamiento de Hidalgo. Morelos logró algunas victorias importantes, clarificó los objetivos de la revolución, patrocinó una declaración de independencia, creó un congreso para regularizar su gobierno, dirigió la guerra a través de ejércitos revolucionarios auténticamente organizados y entrenados, y demostró un excepcional talento y una desinteresada dedicación a la causa. Al igual que Hidalgo, también abogó por reformas sociales que eran demasiado radicales para una gran parte de la población políticamente activa. A la vez que dirigía activamente el movimiento, tuvo que enfrentarse no sólo al reto de otros ambiciosos cabecillas rebeldes que se oponían a su liderazgo —en especial Rayón—, sino también a una oposición realista reorganizada y más fuerte. Después de septiembre de 1810, los realistas no pudieron ser cogidos por sorpresa tal como había sucedido con Hidalgo.

La dirección realista del virrey Venegas y de su jefe militar y sucesor, Calleja, quizá fue más brillante que ninguna otra anteriormente conocida en Nueva España, a pesar de que los dos hombres se pelearon duramente durante el período de mandato de Venegas, principalmente a causa de la pretensión de Calleja de erradicar a los insurrectos rápidamente y mediante medidas militares extremas. Venegas estaba íntimamente asociado con la facción de los comerciantes peninsulares de Ciudad de México desde cuando llegó como virrey desde su anterior cargo de gobernador de Cádiz, ciudad que aún era el principal centro del comercio español con América. Los comerciantes de Cádiz dominaban el gobierno de la Regencia y las Cortes que se convocaron en dicha ciudad en 1810. Por lo tanto, había buenas razones para que los criollos sospecharan de Venegas, pero su triunfo como victorioso oficial en la guerra de Independencia contra Napoleón (particularmente su participación en la gran victoria española de Bailen), así como su honrada y correcta conducta como virrey desde 1810, le hicieron ganarse el apoyo de la temerosa élite criolla. Detuvo el desprestigio en que había caído el cargo de virrey, originado durante los dos años y medio del interregno bajo Garibay y Lizana de 1808 a 1810. Sin embargo, un error que los criollos nunca le perdonarían —aunque él sólo estaba actuando conforme las órdenes del gobierno de Cádiz— fue que otorgara recompensas y honores, en cuanto llegó a Ciudad de México, a Gabriel de Yermo y a otros prominentes participantes en la caída del virrey Iturrigaray. En esto demostró tener la misma insensibilidad hacia los sentimientos locales por la que España era conocida. En el futuro, los diputados criollos a las Cortes españolas atribuirían el deseo de independencia de los mexicanos a esta impolítica oferta de recompensas hecha a los enemigos absolutistas de Iturrigaray. Algunos rebeldes surgidos de las filas de las milicias regionales harían la misma observación, dada su permanente lealtad a Iturrigaray, quien había reconocido las milicias y las había favorecido con nuevas distinciones.

Fue el gobierno virreinal el que afrontó las rebeliones de Nueva España. Aunque representaba a España y era leal a la madre patria, el régimen virreinal resolvió por su cuenta la mayor parte de las cuestiones militares, políticas y económicas, constituyó los ejércitos, elevó los ingresos fiscales, lanzó campañas de propaganda, organizó milicias, reclutó tropas e incluso desdeñó o incumplió las reales órdenes consideradas inconvenientes o inapropiadas que llegaban de España. Ésta jamás hizo mucho por su parte en la lucha y en cambio, en general, fueron los mexicanos los que se enfrentaron a los mexicanos. Las tropas realistas que se enfrentaron a Hidalgo eran en su 95 por 100 mexicanas. De la fuerza militar total de 32.000 hombres que había en Nueva España antes de la guerra, la tropa veterana española sólo sumaba 10.620 soldados. De 1812 a 1817, 8.448 hombres llegaron a México en diferentes cuerpos expedicionarios de la península para sumarse a la fuerza militar, que hacia 1820 ascendía a más de 85.000 hombres, pero la espina dorsal de las fuerzas realistas continuaban siendo los criollos y los mestizos. No se podía prever, porque un bando fuera superior a otro, cómo terminaría la guerra de la independencia; esta fue una guerra en la que el país se dividió en posiciones diferentes y cuyo resultado podía haber sido otro; en definitiva se trató de una guerra civil revolucionaria.

El virrey Venegas reorganizó el régimen virreinal en distintos aspectos y lo puso en pie de guerra. Esta no fue una tarea fácil para un régimen que había sido cogido por sorpresa por el Grito de Dolores de Hidalgo, pero después de tres meses los realistas demostraron que las revueltas podían ser contenidas. A raíz del Grito de Dolores, Venegas había reorganizado las tropas veteranas en 12 comandancias regionales —Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz, Valladolid, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Sonora, Durango y Mérida— y en ejércitos como el de Calleja que actuaba en el centro, y los puso bajo el mando de expertos oficiales españoles y criollos de alto rango. Inmediatamente también creó nuevas unidades de milicias locales y completó las listas de los regimientos provinciales y de las milicias municipales. En abril de 1811 entró en funcionamiento la conscripción para completar estos batallones; ello produjo escasez de mano de obra en los gremios, colegios, oficinas gubernamentales e incluso en la universidad. Los estudiantes de la Real y Pontificia Universidad de México se enrolaron en los Batallones Patrióticos y el edificio principal de esta institución fue ocupado para albergar a uno de los regimientos, lo que comportó la práctica disolución de la universidad. En agosto de 1811 la policía hizo listas de conscriptos y empezaron las levas directas entre los artesanos y los individuos pertenecientes a la clase baja urbana. Parece ser que incluso los indios que pagaban tributo y que anteriormente estaban exentos del servicio de armas también fueron enrolados. El virrey se vio constantemente presionado por el general Calleja, que no sólo tenía el apoyo de los ultrarrealistas y peninsulares sino también de algunos criollos. Calleja recomendó encarecidamente que se hiciera la conscripción de todos los europeos, a lo que el virrey se negó, y acusó a los españoles que vivían en México de negarse a luchar. En mayo de 1812 la disputa entre Venegas y Calleja era del dominio público. Después del costoso asedio de Calleja a Morelos en Cuautla Amilpas, que sólo fue un éxito parcial, el virrey Venegas juzgó que la oposición pública de Calleja era una amenaza y desmanteló el ejército del centro. Entonces el general Calleja pasó a residir en Ciudad de México, donde estaba rodeado tanto de ultrarrealistas como de criollos liberales que intentaban atraerle a su causa. Estos partidarios tan dispares pidieron insistentemente al poder central español que Venegas fuera reemplazado por Calleja.

Mientras tanto, el virrey Venegas organizó unas técnicas auténticamente contrarrevolucionarias que resultaron ser eficaces para vigilar y controlar a la población civil. Dos complots que tuvieron lugar a principios de 1811 le llevaron a implantar una especie de ley marcial en la capital y en las principales ciudades. En abril de 1811, el descubrimiento de una conjura para raptar al virrey y forzarle a ordenar la liberación de Hidalgo —que había sido capturado en Coahuila— reveló la existencia de un grupo de sospechosos entre los dirigentes criollos de la capital. Una segunda conspiración, descubierta en agosto de 1811, condujo al arrestó y a la ejecución de cierto número de conspiradores. También estaban implicados algunos religiosos, lo que dio lugar a disputas entre los poderes civil y eclesiástico respecto a quién competía juzgarlos por traición. Venegas finalmente aceptó que los frailes implicados se pudieran exiliar. La sospecha que tenía el virrey sobre las simpatías del clero, junto con la complicidad de cierto número de religiosos de los rangos más bajos en la dirección de la insurrección, le llevaron, el 25 de junio de 1812, a publicar su famoso decreto de «sangre y fuego» que abolía cualquier inmunidad especial para los eclesiásticos que fueran culpables de traición. Autorizó a los comandantes realistas a juzgar a todos los clérigos insurrectos en los campos de batalla. Esta orden, que constituía una gran afrenta a la tradicional inmunidad de los clérigos y que sorprendió tanto en España como en México, no se hizo efectiva ni en Ciudad de México ni en Guadalajara pero sí que se aplicó en los demás sitios. El complot de agosto de 1811 hizo que Venegas creara una nueva Junta de Policía y de Seguridad Pública en Ciudad de México que suprimió y absorbió un organismo que con un nombre similar había sido creado en 1809. La Junta de Seguridad se ocupaba de los sistemas de pasaportes y de policía, lo cual otorgaba a la nueva fuerza policíaca el poder de oír casos e imponer penas en sus propios juzgados de distrito. El sistema de policía perduró hasta que desde España se ordenó su abolición en 1813, mientras que el sistema de pasaportes se mantuvo a lo largo de toda la guerra de independencia.

Para poder pagar la incrementada actividad militar, el gobierno virreinal inicialmente recurrió a pedir a la gente donaciones y préstamos voluntarios. Hasta 1812 este sistema proporcionó grandes contribuciones a los europeos y los criollos ricos, pero en el mes de febrero de este año se instituyó el primer préstamo de guerra forzoso. El virrey Venegas impuso unas tasas especiales sobre los alimentos y un impuesto del 10 por 100 sobre los edificios y las residencias privadas. El virrey Calleja estableció otras. Una de ellas, la llamada «contribución directa forzada», era una especie de impuesto sobre los ingresos que se aplicaba con una escala gradual sobre los ingresos superiores a 300 pesos anuales. Otros impuestos nuevos implantados por Calleja consistieron en gravar los carruajes y los caballos, en aumentar los impuestos sobre las ventas y en establecer nuevas exacciones sobre los granos y otros productos básicos. Finalmente, en 1815 Calleja planeó la que quizá sea la más extraña de sus nuevas exacciones: una lotería obligatoria. Aparentemente retiró su proyecto de lotería debido al descontento popular, y al parecer ésta sólo se impuso a los empleados públicos.

La implantación de estos nuevos sistemas corrió paralela a una gran desorganización de los aprovisionamientos y de los ingresos a causa de las rebeliones, lo que hizo aumentar enormemente el precio de los alimentos y originó una inmensa deuda virreinal que ascendió a 49 millones de pesos en 1813 y a 80 en 1816. Aunque las nuevas contribuciones permitieron al gobierno realista salvarse del colapso financiero, también fueron la causa de que la producción decayera, de que no se establecieran empresas privadas, de que aumentaran los precios y se redujeran los beneficios de las actividades productivas y de limitar los fondos privados disponibles para emprender la recuperación de las minas y de la agricultura. Las diputaciones mineras (secciones regionales del Tribunal de Minería) estaban obligadas a pagar el mantenimiento de las tropas acuarteladas en los centros mineros y donde se organizasen expediciones para enviar plata y oro en convoyes fuertemente custodiados. Los propietarios de minas y los trabajadores abandonaron los centros mineros, el capital desapareció de la industria, el crédito era inexistente y el aprovisionamiento de mercurio (necesario para la extracción de la plata) permaneció en un nivel muy bajo y a un precio muy alto. Como consecuencia, la acuñación de oro y plata descendió de la media anual de los 22,5 millones de pesos de la década de 1800-1809 a una media de 11,3 millones anuales en la década siguiente, es decir, un descenso de casi el 50 por 100. De la primera a la segunda década del siglo las exportaciones e importaciones de la colonia se redujeron a un tercio. Según los contemporáneos, la producción agrícola y el rendimiento de la industria autóctona también decayeron fuertemente. Todo ello se debía tanto a la política fiscal del gobierno y a las exacciones realistas como a los diversos efectos de la misma guerra.

España continuó manteniendo su exclusividad comercial en Hispanoamérica, lo cual política y económicamente resultó perjudicial. Los británicos estaban ansiosos por obtener un permiso para poder introducirse legalmente en el mercado mexicano, pero todos los intentos que hicieron para llegar a un acuerdo formal con España —como por ejemplo, a través de la mediación británica en la insurrección a cambio de permitirles comerciar— terminaron en nada. El poder central español rehusó una oferta británica de mediar en el problema mexicano sobre la base de que ningún gobierno rebelde controlara esta región, aunque de 1811 a 1820 mantuvo negociaciones periódicas con los ingleses para que hicieran de mediadores en Buenos Aires y en Nueva Granada. Por una cosa u otra siempre se frustraron estos intentos, mientras que España mantuvo su monopolio comercial hasta mucho después de que los barcos españoles hubieran virtualmente desaparecido del Pacífico y del Atlántico sur. El comercio directo con México vía Cuba continuó existiendo, pero en un nivel bajo. Al revés que Perú, México nunca quedó fuera del alcance de la marina española y, como consecuencia de ello, el comercio extranjero que existía se mantuvo.

En tiempos de Calleja, que pasó a ser virrey el 4 de marzo de 1813, los reclutamientos y los impuestos continuaron aumentando hasta mediados de dicho año, cuando Nueva España pasó a ser gobernada por un régimen militar, aunque no se le llamó así. Fue también el período de mayor peligro para el régimen realista, porque la rebelión de Morelos estaba en su cénit. Además, las epidemias arrasaron las ciudades de México, Puebla y Veracruz; la de 1813 en Ciudad de México acabó con la vida de 20.000 personas, es decir una octava parte de la población. Por otro lado, la confusión política provocada por la proclamación de la constitución española de 1812 complicó enormemente el trabajo de restaurar el orden y de reconquistar el territorio.

Pero quizá el mayor desafío que tuvo que afrontar el gobierno virreinal de Nueva España, juntamente con las insurrecciones, fue el programa de reforma liberal de las Cortes españolas que gobernaron España y las Indias desde septiembre de 1810 hasta la restauración de Fernando VII en mayo de 1814. Las disposiciones de las Cortes incluían la abolición de la tributación de los indios y de la Inquisición, la igualdad para los súbditos de las colonias, la supresión de los poderes de las órdenes religiosas y la implantación de la libertad de prensa. En 1812, las Cortes culminaron su programa de reformas con la promulgación de una constitución escrita, la primera en la historia de España y el principal precedente no sólo de las futuras constituciones españolas sino también de la primera constitución republicana de México (1824). La constitución, promulgada en Cádiz en marzo de 1812 y que fue formalmente proclamada en México en el mes de septiembre, convirtió a España en una monarquía constitucional en la que el papel del rey se reducía a ser quien ostentara el poder ejecutivo. Las Cortes y el rey (o durante su cautiverio, la Regencia que le representaba) constituían los poderes legislativo y ejecutivo del sistema; si el rey regresaba de su cautiverio en Francia se le exigiría que aceptase la constitución antes de que pudiera recuperar su corona. A los virreyes y a los gobernadores se les convirtió en «jefes políticos» de su territorio. Se debían elegir diputaciones provinciales a fin de que compartieran el poder con aquéllos y, por otro lado, los consejos municipales hereditarios debían ser sustituidos por ayuntamientos constituidos mediante elecciones. Técnicamente, el virrey de Nueva España quedaba desposeído de la jurisdicción sobre aquellas partes del virreinato que ya tuvieran sus propios capitanes generales: las provincias internas del este y del oeste, Nueva Galicia y Yucatán. Las audiencias quedaban reducidas a juzgados.

Los criollos de México respondieron con entusiasmo a la convocatoria de las Cortes y enviaron a Cádiz a cierto número de distinguidos diputados. En 1811, los representantes mexicanos se habían convertido en líderes de los diputados americanos en las Cortes. Algunos de ellos, entre los cuales sobresalían Miguel Guridi y Alcocer (Tlaxcala), José Miguel Ramos Arizpe (Coahuila) y José Miguel Gordoa (Zacatecas), jugaron un papel muy activo al solicitar que en la constitución se establecieran más disposiciones liberales. Sin embargo, otros diputados mexicanos, especialmente Antonio Joaquín Pérez (Puebla) y José Cayetano de Foncerrada (Michoacán), se encontraban entre las filas de los conservadores más prominentes.

El 1 de agosto de 1811 trece diputados mexicanos firmaron una representación presentada a las Cortes por todas; las delegaciones americanas que exponía las causas de las luchas por la independencia y abogaba por encontrar soluciones. Respecto al caso particular de México, los diputados alegaban que la insurrección de Hidalgo fue motivada por la expulsión de Iturrigaray por obra de una facción de europeos que después fueron recompensados por el virrey Venegas. Cada colonia de ultramar, declararon, debería tener un gobierno separado bajo la soberanía del rey, una especie de federación de estados autónomos. Desde luego, la propuesta no fue aceptada por las Cortes porque, aunque estaban controladas por los liberales, éstas radicaban en la ciudad de Cádiz y los ingresos para la supervivencia de España procedían virtualmente del monopolio ostentado por sus comerciantes. A pesar de su liberalismo, las Cortes resultaron ser europeas en su orientación y continuaron considerando los territorios de ultramar como una fuente de ingresos. Los diputados mexicanos también participaron en una representación a las Cortes firmada por todos los miembros americanos y asiáticos que contenía once peticiones básicas de reforma para los territorios de ultramar. Tales demandas incluían: la representación proporcional igual en las Cortes, el comercio libre con el extranjero, la supresión de todos los monopolios estatales y privados, la libre producción de mercurio, la igualdad de derechos de los americanos en los cargos oficiales, la distribución de la mitad de los puestos administrativos de cada territorio a sus naturales y la restauración de los jesuitas en América; ninguna de ellas fue concedida por las Cortes.

En México, los absolutistas vieron las Cortes como la mayor amenaza al poder español, porque espoleaba el resurgimiento político de los criollos. En consecuencia, el virrey Venegas adoptó la política de seleccionar la aplicación de las reformas de las Cortes y de obstruir otras, práctica que después fue proseguida por el virrey Calleja. El primer decreto de las Cortes que provocó la ira del virrey fue el establecimiento de la libertad de prensa, promulgado en noviembre de 1810 y que fue conocido en Ciudad de México en enero de 1811. Declaraba que con la excepción de las publicaciones de contenido religioso, todas las personas eran libres de publicar sus ideas políticas sin aprobación previa de las autoridades estatales. Convencido de que, dada la situación de México, este decreto impulsaría la rebelión, Venegas simplemente rehusó ponerlo en práctica. Persistió en esta actitud durante dos años sin hacer ninguna declaración pública al respecto sino que simplemente lo desdeñó. Buscó el consejo de la jerarquía eclesiástica y de los políticos importantes, y una mayoría de ellos le aconsejó la no observación de la ley. Por ello, tanto los criollos de México como los que se hallaban en España se quejaron. En Cádiz, Ramos Arizpe, diputado a Cortes, dirigió la lucha para conseguir que el virrey ordenara la aplicación de la ley de prensa. El cabildo de Ciudad de México se quejó de la demora de Venegas, calificando sus actuaciones de despóticas. Todo fue en vano, puesto que la libertad de prensa en México no fue aplicada hasta la promulgación de la constitución en septiembre de 1812. Ninguna autoridad, ni tan siquiera las Cortes, tenía el poder de obligar al virrey a que pusiera en práctica la ley.

Al proclamarse la constitución liberal en México los disidentes mexicanos se regocijaron pensando que les permitiría tener más peso en las decisiones locales. La libertad de prensa, una de las mayores disposiciones de la constitución, no se pudo frenar por más tiempo y automáticamente entró en vigor. Entre los periodistas que aparecieron criticando al sistema español se encontraban Carlos María Bustamante, que publicó el periódico El Juguetillo, y José Joaquín Fernández de Lizardi, que publicó El Pensador Mexicano. De momento ninguno de los dos fue declarado rebelde, aunque ambos eran unos comentaristas muy críticos. Después de tres meses de funcionamiento de la ley de prensa, el virrey Venegas decidió que ya había visto bastante. El 5 de diciembre de 1812 suspendió el artículo 371 de la constitución —el de la libertad de prensa— después de haber consultado con la Audiencia. Cuando en marzo de 1813 Calleja fue nombrado virrey mantuvo la suspensión, aunque en su primera declaración pública como virrey prometió aplicar la constitución en su totalidad. Hasta junio de 1814 no dio a conocer que pensaba mantener la libertad de prensa en suspenso, a fin de impedir la expansión de la insurrección. Los diputados a Cortes y los consejos municipales exigieron de nuevo que se cumpliera la ley, pero nada pudo hacer cambiar la decisión del virrey. Bustamante corrió a esconderse y abiertamente declaró su apoyo a los rebeldes, y Fernández de Lizardi fue encarcelado.

La política de los dos virreyes respecto a las elecciones previstas por la constitución fue igualmente absolutista. El 29 de noviembre de 1812 tuvieron lugar en Ciudad de México las primeras votaciones parroquiales para seleccionar el grupo de electores que debería elegir al nuevo ayuntamiento. Todos los electores escogidos eran criollos, y algunos de ellos apoyaban a los rebeldes. Un grupo de adeptos secretos a la independencia, Los Guadalupes, escribieron a Morelos que ello significaba el fin del gobierno de los gachupines. El 14 de diciembre el virrey Venegas, alegando que había habido muchas arbitrariedades, anuló las elecciones y ordenó que en Ciudad de México se conservara el ayuntamiento que ya existía. Fue un golpe de fuerza del virrey contra el cual los criollos no disponían de ningún recurso. De hecho, se habían cometido unas pocas irregularidades y Venegas se inclinó por una política bastante autoritaria. Calleja, cuando fue virrey, fue menos torpe; desarrolló una política de estudiados olvidos de los principios constitucionales pero sin provocar, con acciones arbitrarias contra ellos, las protestas de los moderados. Así pues, ordenó que se completara la interrumpida elección del ayuntamiento y en abril de 1813 los electores eligieron un nuevo cabildo compuesto totalmente, por criollos de quienes el virrey decía que tres cuartas partes simpatizaban con los rebeldes. A continuación siguieron las elecciones de diputados provinciales y a Cortes. Además, desde el momento de su ascenso hasta la abolición de la constitución al año siguiente, Calleja intervino en las elecciones locales intentando influir en su resultado o, más hábilmente, negándose a someterse al consejo de los cuerpos electos. Aunque ya no tenía el título de virrey, actuaba como si lo fuera. Las Cortes no le censuraron por ello, porque a fines de 1813 un comité de éstas aconsejó que en México se estableciera un régimen militar a fin de contener el movimiento de Morelos. Calleja no necesitaba de tal apoyo puesto que, de hecho, ya actuaba como si fuera la cabeza de un régimen dictatorial. Las sospechas que Calleja tenía respecto al cabildo constitucional de Ciudad de México fueron confirmadas cuando se encontraron documentos de los rebeldes que descubrían la complicidad de algunos de sus miembros, los cuales ayudaban a varios insurgentes. La Audiencia insistió en que todos sus componentes abogaban por la independencia. Frecuentemente, Calleja se quejaba de que sus intentos de juzgar a algunos sospechosos eran obstruidos por los procedimientos constitucionales. Hasta después de la restauración del rey absoluto, no se sintió capaz de proceder en contra de los criollos liberales y constitucionalistas que sospechaba eran traidores. En 1815, después de abolirse la constitución, Calleja arrestó a un grupo de prominentes dirigentes criollos de Ciudad de México, que incluía a cuatro antiguos regidores y a tres hombres que habían sido elegidos como representantes a Cortes, pero a quienes se impidió ocupar sus puestos.

En 1814, el descontento se hallaba muy extendido. Los ultrarrealistas continuaban considerando las Cortes y la constitución de 1812 como la mayor amenaza para el mantenimiento del poder real. En una carta al gobierno español, Calleja anunció que él y la Audiencia habían acordado que continuaría actuando como virrey, es decir, no sólo como jefe superior político, sino como representante personal del monarca, y que actuaría como tal. Entretanto, la mayoría de los criollos llegaron a la conclusión de que las Cortes eran tan imperialistas como los gobiernos anteriores y de que la constitución no había comportado la mejora de su estatus.

En marzo de 1814, fracasado el dominio francés en España, Fernando VII, después de seis años de cautiverio en Francia, fue puesto en libertad por Napoleón y regresó a España. El 4 de mayo, en Valencia lanzó un largo manifiesto aboliendo la constitución de 1812 y todos los actos de las Cortes de Cádiz. El golpe de fuerza real se conoció en México el mes de agosto, y se festejó con júbilo la restauración del absolutismo por parte de las autoridades reales. (Los rebeldes encabezados por Morelos respondieron con la promulgación de su constitución de Apatzingán, con la cual pensaban que iban a ganarse el apoyo de los criollos liberales). A fines de 1814 una serie de decretos restauraron el sistema de gobierno con las características de 1808. Los órganos electivos fueron abolidos, se restablecieron los consejos municipales hereditarios y las audiencias, y el virrey y los capitanes generales fueron restablecidos en su plena autoridad. En 1815, incluso la Inquisición y los jesuitas fueron reinstaurados.

Además de sentar un importante precedente del constitucionalismo posterior, la principal función de las Cortes de 1810-1814 fue la de ser un foro donde se expusieron los agravios americanos contra el Antiguo Régimen. Pocos diputados mexicanos pudieron evitar el sentirse afectados por los debates de las Cortes y por las maniobras políticas en la embriagadora atmósfera de la libre y radical España. La mayoría de los mexicanos que allí estuvieron de 1810 a 1814 regresaron de nuevo en 1820, cuando se restableció la constitución, y algunos de los diputados del período de 1820-1823 después fueron ministros y figuras importantes de los primeros gobiernos independientes de México.

La gran convulsión que sufrió el imperio español de 1808 a 1814 también tuvo repercusión en el reino de Guatemala (América Central). Gobernado desde la ciudad de Guatemala por un capitán general presidente y una Audiencia, el reino de Guatemala comprendía Guatemala, Chiapas (que tras la independencia se integró en México), El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. (Panamá era la provincia más septentrional del virreinato de Nueva Granada y, por lo tanto, estaba relacionada con América del Sur en el momento de la independencia, y formó parte de la república de Gran Colombia). En 1786 se habían creado intendencias en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Chiapas; Costa Rica era una aislada zona de la intendencia de Nicaragua; Guatemala permaneció fuera del sistema de intendencias y estuvo bajo la administración directa del capitán general que residía en la capital. La implantación del sistema de intendencias sirvió para acentuar el sentimiento de identidad diferenciada que profesaban las partes que constituían el reino, en particular en El Salvador y Nicaragua. Al comenzar el siglo XIX, América Central tenía entre uno y cuatro millones de habitantes, de los que más de la mitad eran indios. La mayoría del resto eran ladinos, es decir, mestizos o mulatos en diverso grado y mezcla. Al igual que en Nueva España, un puñado de blancos dominaban el gobierno y la economía y de estos los europeos de nacimientos constituían un reducido número. En Guatemala también se había conocido el impacto de las ideas ilustradas a finales del siglo XVIII, en particular en la Universidad de San Carlos, cuyos graduados constituyeron la mayoría de los dirigentes criollos. En 1796 la élite criolla fundó un centro de carácter reformador, la Sociedad Económica de Amigos del País, que, aunque fue suprimida de 1800 a 1811, difundió sin embargo nuevas ideas. El abogado hondureño José Cecilio del Valle, el plantador y comerciante salvadoreño Juan Bautista Irisarri y los editores Alejandro Ramírez y Simón Bergaño y Villegas, así como Ignacio Beteta, editor de la Gaceta de Guatemala, son los representantes de este grupo reformista.

La élite centroamericana no habló de independencia política; sólo aspiraba al desarrollo del comercio, la navegación y la agricultura. El levantamiento de Hidalgo en México causó una extendida alarma entre esta clase, así como entre los administradores reales. A Antonio González Mollinedo y Saravia, que fue el 34.º presidente de la Audiencia de Guatemala de 1801 a 1811, se le ordenó desde México que colaborara para suprimir la rebelión de 1811, lo que le valió perder la vida cuando fue capturado por los rebeldes. Fue sucedido por José de Bustamante y Guerra (1811-1818), que siguió la misma política que el virrey Calleja. Bustamante quedó igualmente en una posición curiosa, puesto que tuvo que gobernar bajo la constitución de 1812, a la que personalmente se oponía. Al igual que Venegas y Calleja, sólo puso en práctica la letra de la constitución pero no su espíritu. También obstruyó la aplicación de la libertad de prensa, al intervenir en las elecciones y al intentar ahogar la iniciativa política de los consejos municipales electos y de las diputaciones provinciales. Pospuso la apertura de las dos diputaciones provinciales hasta finales de 1813. La constitución provocó nuevas diferencias entre liberales y conservadores y condujo al mismo tipo de fermentación política que en México. Dio un gran empuje al desarrollo del espíritu federalista en América Central. Se restauró la Sociedad Económica, que previamente había sido suspendida; se crearon dos diputaciones provinciales en la ciudad de Guatemala y en León, lo que motivó la elección de consejos municipales en las ciudades más grandes y condujo al establecimiento de una nueva universidad en León. Los diputados de Centroamérica participaron activamente en los debates de las Cortes, en las que generalmente se les vio como colegas de los diputados mexicanos. El diputado centroamericano más prominente fue Antonio Larrazábal, quien en 1811, siguiendo las instrucciones del cabildo de la ciudad de Guatemala, presentó una lista de peticiones de carácter liberal, que comprendía la implantación del liberalismo político, que los cargos fueran electos y representativos, la reducción de las restricciones comerciales, incentivos para la producción y la creación de instituciones educativas, libertad de prensa y creación de una Junta Central Superior de América Central. Otros diputados centroamericanos, como Florencio Castillo (Costa Rica), José Ignacio Ávila (San Salvador), Manuel de Micheo y José Cleto Montiel (Guatemala), y Mariano Robles y Fernando Antonio Dávila (Chiapas), sobre todo, solicitaron encarecidamente que en sus provincias, durante tanto tiempo abandonadas, se hicieran mejoras en el sistema portuario, vial y fluvial y en todo lo concerniente a la infraestructura necesaria para el futuro desarrollo interno; también pidieron que se fundaran nuevas universidades y seminarios. En gran medida, los deseos de los diputados criollos estaban al servicio de los intereses de la élite criolla pero, al igual que la mayoría de los diputados americanos, se expresaban en términos liberales y altruistas. Entretanto, el gobierno de Bustamante se puso del lado de los intereses mercantiles pro españoles, los manufactureros textiles y los pequeños propietarios, en contra de los intereses de la élite criolla. De este modo, en el período de las Cortes, hubo un primer intento de establecer partidos políticos en Guatemala, puesto que la rica élite criolla se encontró con que sus intereses eran opuestos a los del grupo de los europeos pro gubernamentales y al de los criollos más pobres. El enfrentamiento se centró en el monopolio colonial español, porque Bustamante quiso detener la entrada de baratos tejidos de algodón ingleses desde el enclave británico de Belice, situado en la costa este de Guatemala. Los líderes del aristocrático grupo criollo eran miembros de la familia Aycinena. Aunque no eran favorables a la independencia, los Aycinena eran defensores entusiastas de la constitución y José de Aycinena, antiguo intendente de San Salvador, llegó a ser miembro del constitucional Consejo de Estado de España en 1812; con ello, fue el primer guatemalteco que alcanzó una posición tan elevada.

Aunque en Centroamérica no existieron levantamientos en masa, la efervescencia del período de las Cortes ayudó a que se produjeran cuatro rebeliones o conspiraciones de poca dimensión. La primera de las insurrecciones se produjo en el mes de noviembre de 1811 en San Salvador, cuando se solicitó un obispado independiente; la segunda tuvo lugar en Granada en diciembre de 1811, debido al resentimiento causado por el predominio político de León y por la mala gestión del intendente; la tercera estalló de nuevo en San Salvador en enero de 1814, inspirada por el levantamiento de Morelos. Manuel José de Arce, que más tarde sería el primer presidente de la república federal de Centroamérica, fue la figura central de las dos rebeliones salvadoreñas. La conspiración más importante tuvo lugar en la ciudad de Guatemala en diciembre de 1813, organizada en torno de la orden religiosa de los bethlemitas, pero fue descubierta antes de que estuviera preparada. Todas estas insurrecciones fueron rápidamente aplastadas por el gobierno de Bustamante.

Bustamante celebró la abolición de las Cortes y la constitución con la misma alegría que Calleja, o quizá aún más, puesto que las Cortes habían ordenado su sustitución a principios de 1814. Inmediatamente después de conocido el hecho, empezó una persecución sistemática de los criollos liberales del grupo de Aycinena y del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala; de hecho, de todos los que habían aprobado las instrucciones del cabildo a Larrazábal en 1810. A partir de sus consejos, el rey acordó destituir del cargo a todos los firmantes. En España, Larrazábal fue encarcelado por la reacción absolutista. Hasta 1817, a los Aycinena y a otros individuos se les negó el pleno ejercicio de ciudadanía, fueron expulsados del ayuntamiento, fueron hostigados a través de la exigencia de impuestos atrasados y se les negó la protección del gobierno. Todo ello incrementó aún más sus quejas contra el capitán general y el monopolio de los comerciantes que ahora estaban ascendiendo. Incluso la Gaceta de Guatemala dejó de publicarse en 1816. Gradualmente, empezó a formarse una alianza entre los dirigentes de las familias criollas y los letrados pobres y los miembros de profesiones liberales, criollos a quienes se negaba un empleo a causa de sus ideas políticas o de su lugar de nacimiento. Esta alianza entre las «primeras familias» y los criollos pobres aspirantes a un empleo llevaría a Guatemala a la independencia en 1821. Sin embargo, durante todo el tiempo en que Bustamante ocupó el cargo en Guatemala, dicha alianza estuvo bajo un estrecho control y políticamente fue inactiva.

En 1818, las incesantes quejas de la facción Aycinena, manifestadas frecuentemente en su correspondencia con los comerciantes españoles aliados suyos en la península y por José de Aycinena, que entonces formaba parte del Consejo de Indias, tuvieron su efecto, y Bustamante fue reemplazado como presidente de la Audiencia y como capitán general por Carlos Urrutia y Montoya, un militar de mayor edad y de maneras apacibles. Incluso antes de que Urrutia abandonara su puesto anterior en Santo Domingo, le rodearon los miembros de la aristocracia criolla; cuando llegó a ciudad de Guatemala ya estaba bajo su influencia. Urrutia adoptó una política comercial que pensó evitaría el contrabando, pero que en realidad favoreció a la élite criolla que pedía un comercio más abierto. En 1819 autorizó el comercio con la posesión británica de Belice. Redujo la defensa costera establecida por Bustamante contra los contrabandistas, lo que no sólo impulsó un mayor contrabando, sino las primeras correrías en las aguas de Centroamérica de los corsarios que representaban a los gobiernos rebeldes de Buenos Aires y Nueva Granada. Además, cuando en 1820 se proclamó la constitución, mostró simpatía por ella.

Es notable que, tanto en Guatemala como en México, la administración implantada después de la supresión de las primeras revueltas fue mucho menos exigente políticamente que antes, con lo que inadvertidamente impulsó una nueva actividad política entre los criollos disidentes. Después de la abolición de la constitución, el virrey Calleja juró en Nueva España que terminaría con la revuelta aunque tuviese que ir él mismo a la cabeza del ejército, devastando a fuego y sangre. Por ello, durante la mayor parte de finales de 1814 y principios de 1815 hizo un gran esfuerzo para acabar con la insurrección. Lo consiguió, hasta tal punto que tras la captura y muerte de Morelos, la rebelión cesó de forma gradual quedando en pie de guerra unos pocos dirigentes, como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero con apenas seguidores, o a lo sumo formando pequeñas partidas que se dedicaban principalmente a robar ganado y a asaltar; de hecho, no representaban una amenaza al régimen. Sin embargo, los oficiales realistas temían que las guerrillas hubieran pasado a la clandestinidad; dada la rapidez del levantamiento de 1820 y 1821, parece que estos temores estaban fundados. Sin embargo, cuando el 16 de septiembre de 1816 Calleja traspasó el mando a su sucesor, dejó detrás suyo una revolución aplastada y desacreditada, un ejército amplio y bien adiestrado, una hacienda organizada con nuevos impuestos que proveían ingresos, un comercio reorganizado bajo la protección de convoyes y un sistema de correos regular. Según el historiador conservador Lucas Alamán si España no hubiera perdido su dominio sobre estos territorios a causa de sucesos posteriores, Calleja debería haber sido reconocido como el reconquistador de Nueva España y un segundo Hernán Cortés.[7] Después de 27 años de residir y servir en Nueva España, Calleja abandonó México recomendando encarecidamente a su sucesor que continuara con sus métodos para pacificar el país.

El nuevo virrey, Juan Ruiz de Apodaca, pensó a finales de 1816 que la mejor política a seguir era la de conciliación; ofreció una amnistía esperando que fuera posible volver a unas relaciones políticas normales entre las clases sociales y entre México y la madre patria. La oferta de amnistía presentada por Apodaca para los antiguos rebeldes fue aceptada rápidamente por algunos centenares de ellos. Hasta 1820, la única amenaza rebelde importante que tuvo que afrontar Apodaca fue el intento frustrado emprendido en 1817 por Javier Mina, un liberal español que con un cuerpo expedicionario desembarcó en la costa para luchar por la independencia. Mina fue capturado y ejecutado. Otra preocupación del régimen fue la aparente amenaza de guerra con los Estados Unidos, a causa de la demora en las negociaciones de 1817 y 1819 para tratar la cesión de las Floridas. En 1816 Apodaca, como capitán general de Cuba, recibió la orden de que dispusiera la flota en pie de guerra; como virrey de México, incluso, quedó más implicado en el asunto. La posibilidad de una agresión norteamericana contra las provincias internas orientales o contra Cuba era un peligro real. Hacía tiempo que la expansión estadounidense en Texas se consideraba como una amenaza, y el general Calleja, antes de ser virrey, había propuesto un proyecto de asentar militares y granjeros mexicanos en este disputado territorio. El tratado de Florida quedó concluido en 1819; en él los Estados Unidos reconocieron una frontera definitiva, considerada por España, dada su debilidad, como una gran concesión. A pesar de estas complicaciones internacionales, la situación interior de México se había estabilizado con rapidez. Apodaca pudo contemplar con orgullo el restablecimiento gradual del comercio, la reapertura de largos trayectos de correo inutilizados, el desplazamiento de convoyes regulares de plata a través del territorio antes insurgente e incluso la reapertura de minas de plata abandonadas.

España pudo restablecer su control sobre Nueva España pero no recuperó ni toda la dimensión ni el prestigio de su antigua autoridad. En efecto, el prestigio de la corona había quedado mortalmente herido por el largo período de gobierno de Godoy, por el destronamiento de Carlos IV a manos de su hijo Fernando, por la usurpación napoleónica, por las Cortes y por el intransigente absolutismo de Fernando VII. Sin embargo, la idea monárquica continuó siendo atractiva, hasta el punto de basar en ella el pacto que llevaría la independencia a México, Yucatán y América Central. El modelo de las repúblicas francesa y estadounidense, ambas agresoras reales o potenciales de los intereses vitales de los españoles y de los hispanoamericanos, era suficiente para que los individuos políticamente más moderados tuvieran miedo de los proyectos republicanos. Por otra parte, la élite de las colonias continuaba reconociendo en el sistema monárquico la esencial unidad de intereses frente a otras alternativas que se les presentaran. Lo que se necesitaba era un sistema que a la vez rompiera la dependencia colonial respecto a España y también garantizara cierto grado de estabilidad social y de protección a la propiedad, así como el progreso para los aspirantes a cargos. Se necesitaba una propuesta moderada de independencia, diferente a las que Hidalgo, Morelos u otros rebeldes de la primera época habían ofrecido. También se necesitaba un catalizador que empujara a la élite y a la burguesía a sumarse al proyecto.

Este elemento catalizador resultó ser la revolución española de enero a marzo de 1820, que estalló cuando una gran fuerza expedicionaria (aproximadamente de 14.000 hombres), concentrada en Cádiz bajo el mando del antiguo virrey Calleja (ahora capitán general de Andalucía), que esperaba la orden de embarcarse para intentar la reconquista del Río de la Plata, se levantó en contra del régimen absolutista de Fernando VII. A lo largo de toda España, otras unidades del ejército se sumaron a la revuelta. Aunque originada por viejas quejas militares tras la desmovilización después de 1814 de un gran número de militares, la revolución de 1820 obtuvo pronto el apoyo de los grupos liberales emergentes en la península. La apoyaron elementos tan dispares como las logias masónicas, los llamados doceañistas o liberales gaditanos de 1812, los exaltados o radicales extremos, los afrancesados exiliados, antiguos colaboradores del régimen francés de 1808-1814, y otros sectores hostiles al despótico absolutismo de Fernando VII, que estaban a favor de la renovación. Sin coincidir en casi nada, el movimiento de oposición se coaligó bajo el lema del restablecimiento de la constitución de 1812, que de hecho constituyó el principal objetivo político. El rey asustado, sin apoyo militar, no tuvo otra opción que acceder a ello y se situó él mismo bajo el control de las Cortes liberales.

La revolución de 1820 y el fracaso de la expedición a América garantizó de hecho la independencia del Río de la Plata y Chile, mientras que el virrey del Perú, al que se le negaron refuerzos realistas, previo la caída de la colonia más leal a España. En otras partes de Europa, la revolución española también dio nueva vida a los elementos disidentes opuestos al decrépito absolutismo, y por poco tiempo se erigieron sistemas constitucionales hechos a imagen del de España en Portugal y Nápoles, los dos reinos más estrechamente ligados a aquella monarquía por relaciones dinásticas. De este modo, puede decirse que los efectos de la revolución española se extendieron por Europa y América.

La restauración de la constitución en España en nombre del rey y con su aprobación, aunque fuera forzada, significó que, a diferencia de 1812, se implantara en su totalidad. Tal como requería la constitución, el rey por primera vez presidió el poder ejecutivo. Durante los tres años siguientes España conoció frecuentes crisis parlamentarias puesto que Fernando, haciendo uso de todas sus prerrogativas constitucionales, elegía ministros y capitanes generales, buscando el enfrentamiento directo con los liberales tanto moderados como radicales. En el llamado Trienio Liberal se nombraron y cayeron diversos gobiernos, mientras el imperio, o lo que quedaba de él, estaba paralizado por la inestabilidad política. Finalmente, a principios de 1823, un ejército francés enviado por el rey Borbón Luis XVIII para «rescatar» a Fernando, invadió el territorio español y liquidó el régimen liberal. El gobierno huyó a Sevilla, llevándose a Fernando VII como virtual prisionero. Las fuerzas francesas, los llamados «100.000 hijos de San Luis», fueron recibidas como libertadoras por parte de los realistas en diferentes zonas. En junio de 1813, los liberales huyeron de Sevilla a Cádiz llevando de nuevo al rey con ellos; algunos individuos incluso pensaron en un regicidio. Asediados durante dos meses en el puerto de Cádiz, bastión tradicional del liberalismo español, los constitucionalistas se rindieron al fin y Fernando, por segunda vez, fue restaurado en el pleno ejercicio de sus poderes. El resto de su reinado, 1823-1833, es denominado «la década ominosa», en la que el rey implantó un «terror blanco» sobre la península, ejecutando y encarcelando a los dirigentes liberales; con ello se repitió, de forma más dura, la reacción de 1814.

La revolución española de 1820 tuvo importantes consecuencias políticas tanto en México como en el resto del imperio español. En junio de 1820, la constitución de 1812 recuperó su vigencia y a mediados de agosto se eligieron los concejos municipales, las diputaciones provinciales y los diputados a Cortes. Para desempeñar los cargos se eligió a representantes de la élite y la burguesía criollas, todos ellos partidarios de la autonomía. El virrey Apodaca no puso impedimentos a las elecciones locales, al contrario de lo que habían hecho sus predecesores, y cooperó activamente en poner en práctica la constitución. En una proclama publicada en México en julio, el rey pidió públicamente excusas por su derogación de la constitución en 1814, admitió que se había equivocado y rogó a sus súbditos que no esgrimieran su error contra él. Este tipo de proclamación sólo podía destruir la fe en la corona que habían tenido los americanos.

En México (y América Central), la reimplantación de la constitución constituyó la última evidencia de la irrelevancia del rey y de la metrópoli; y ello dio paso a los actos finales de la independencia. Éstos no fueron, como han dicho algunos historiadores, el resultado del conservadurismo contrarrevolucionario de la élite, porque los mexicanos en general apoyaron el restablecimiento de la constitución tal como habían hecho en 1812. Más bien fue la inestabilidad política, es decir, la existencia en el régimen político español de una tensión continua entre al Antiguo Régimen y el sistema liberal, lo que enseñó a los mexicanos que el control imperial español ahora era irrelevante para ellos y sus intereses. Continuaron apoyando la constitución; sin embargo, algunos se pasaron al independentismo sólo porque parecía ser el único medio posible de asegurar los derechos que les concedía la constitución y de protegerse del despotismo virreinal que recortaba gradualmente sus prerrogativas. Cuando México, América Central y Yucatán eligieron la independencia lo hicieron porque la constitución de Cádiz quedaba garantizada en el programa de la independencia. Ahora, en México, habían vencido quienes abogaban por las reformas moderadas y la monarquía constitucional. Estos objetivos eran conservadores si se los compara con los anhelos radicales de las revoluciones de Hidalgo y Morelos, pero no eran reaccionarios. México ya había rechazado el radicalismo de las revoluciones indias o mestizas. La élite y la burguesía observaban cómo las Cortes restauradas, aunque habían adoptado un programa de cambio radical en la política peninsular y en la estructura económica, aún no habían hecho nada para dar respuesta a las reivindicaciones de los americanos: las Cortes aún no reconocían las demandas americanas de autonomía y de comercio libre. Las Cortes aún no aceptaban la representación de los americanos en iguales términos que los españoles, ya que para fines electorales no se contaba a los descendientes de africanos. Así pues, los mexicanos apoyaban más la constitución que las Cortes, ya que el gobierno liberal continuó siendo un gobierno imperialista.

El desacuerdo con las decisiones de las Cortes se acentuó cuando se dictaron las sustanciales reformas que concernían al estatus del clero y los militares, aunque no fueron aplicadas inmediatamente en México. En septiembre de 1820, las Cortes decretaron la supresión de las órdenes monásticas y establecieron restricciones para el crecimiento de los mendicantes, la supresión de los jesuitas, la prohibición de la propiedad vinculada y la de que las instituciones civiles y eclesiásticas pudieran adquirir más bienes raíces, la abolición del fuero eclesiástico (inmunidad frente a los procesos civiles) y del fuero militar para los oficiales de las milicias que sirvieran en América. Se trataba de reformas importantes, y tanto el clero como los milicianos se opusieron decididamente a ellas. Por ejemplo, la milicia había crecido hasta tal punto —22.000 hombres en la milicia provincial y 44.000 en la milicia urbana—que su poder se extendía por todo el país y sus oficiales pasaron a ejercer el control de la política regional y local. Sin embargo, las Cortes decretaron que la milicia estuviera subordinada a juntas civiles elegidas localmente y a los cabildos; incluso separaron al jefe político local de la dirección de las tropas, a menos que se le hubiera conferido también el rango de capitán general. El descontento generado por estas medidas fortaleció a los independentistas, que así obtuvieron el apoyo de los grupos que previamente habían defendido con mayor fuerza el régimen colonial.

Así pues, en México había un extendido descontento respecto al régimen español; y fue posible manifestarlo abiertamente, porque Apodaca restauró el derecho constitucional de la libertad de prensa. Sin embargo, la inclinación por la independencia no era una contrarrevolución orientada a evitar la implantación de las reformas de las Cortes. Incluso algunas de las reformas impulsadas por las Cortes a finales de 1820, y que no fueron enteramente aplicadas en México a causa del estallido de la nueva insurrección, entraron en vigor después de la independencia. Algunas de ellas fueron la abolición de la Inquisición, de los jesuitas y de las órdenes hospitalarias y la confiscación de sus bienes, la confiscación de las propiedades de las misiones de Filipinas y de la Cruzada de Jerusalén y de las fundaciones piadosas que pagaban rentas a los exiliados, y la abolición de las propiedades vinculadas. El primer gobierno independiente fue más lejos que las Cortes al establecer medidas como la supresión de las diferencias raciales entre los ciudadanos, el derecho de todos los ciudadanos a los cargos gubernamentales y la abolición de la esclavitud. Después de la independencia, incluso algunos oficiales ofrecieron voluntariamente renunciar a su fuero militar. La prueba más importante de que las fuerzas independentistas mexicanas no se oponían a la constitución es el hecho de que el programa sobre el que se estableció la independencia, el plan de Iguala, confirmaba la constitución y se mantuvo en vigor hasta abril de 1823. Después de la independencia, México decretó que todas las leyes españolas promulgadas entre la restauración de las Cortes y la proclamación del plan de Iguala (que incluiría las leyes de septiembre de 1820, dirigidas contra los fueros, las órdenes religiosas y los vínculos) tenían vigencia.

La independencia tuvo lugar porque el restaurado régimen constitucional mostró que el ethos del imperio español basado en la alianza «de la corona y el altar» estaba muerto, y porque el liberalismo constitucionalista español mantenía los territorios americanos bajo dependencia colonial. Ello les reafirmó en todas sus viejas quejas contra el dominio español, las cuales, si bien habían sido válidas bajo el absolutismo, ahora se resentían más, bajo el liberalismo. Además, los enfrentamientos políticos que tenían lugar en la península entre moderados y radicales —liberales y conservadores— hacían temer en México que la constitución pudiera peligrar allí y, por tanto, era necesario emprender alguna acción drástica para conservarla en México. Dado el clima de opinión, los mexicanos sólo necesitaban que hubiera un programa político atractivo para ponerse del lado de la independencia.

El plan político, que por primera vez hizo de la independencia una alternativa posible, fue obra de Agustín de Iturbide y quedó expuesto en el plan de Iguala que se publicó con la aprobación del insurgente Vicente Guerrero; se proclamó el 24 de febrero de 1821. Iturbide impulsó una nueva rebelión contra España en un acto de calculada traición a su juramento de lealtad. Durante años había sido oficial realista, comandante de importantes fuerzas contra los primeros rebeldes mexicanos; participó en la caída de Morelos y de Hidalgo. Separado del cargo en 1816 por supuesto abuso de poder y por conducta indebida, fue repuesto en él por el virrey Apodaca, quien, en 1820, le encargó dirigir el ejército realista del sur con la misión de aplastar a Guerrero que aún se mantenía en actividad allí. En diciembre de 1820 se había convertido a la causa de la independencia, movido, según parece, por la misma cólera que sintieron otros oficiales criollos que habían participado en la persecución de Hidalgo y Morelos, y que también embargó a las tropas en la misma península, ante la falta de recompensas por sus anteriores servicios. Fernando VII rehusó cualquier tipo de reconocimiento o recompensa tanto a las tropas americanas como a las españolas, y ello le costó una insurrección en la metrópoli y otra en ultramar en 1820-1821.

Según los términos planteados en el plan de Iguala, Nueva España se convertía en una monarquía católica independiente, gobernada por la constitución de Cádiz mientras no se promulgara una nueva constitución mexicana. Fernando VII sería invitado a asumir el trono como emperador; si él rehusaba, se propondría a continuación lo mismo a sus dos hermanos. Se convocarían Cortes mexicanas y en el ínterin se crearía una Junta Suprema provisional seguida de una regencia. El nuevo gobierno garantizaba los privilegios de la Iglesia católica, el establecimiento de la independencia y la unión de los españoles y los americanos. Estas tres garantías se expresaron en los términos de «Religión, Independencia y Unión» y estarían protegidas por el ejército de las Tres Garantías (el «Ejército Trigarante»), compuesto por miembros de los antiguos ejércitos, tanto rebelde como realista, que habían jurado su adhesión al plan. Se respetarían todas las personas y propiedades, se mantendrían los privilegios del clero y se reconocerían sus cargos a todo el personal gubernamental, eclesiástico y militar si aceptaba dicho plan. Como gesto final ante los no comprometidos, el plan de Iguala incluso se refería elogiosamente a España como una heroica y magnánima madre patria. Tal como se establecía en él, la composición de la Junta incluía tanto a realistas como a rebeldes y se propuso al virrey que fuera su presidente (él rehusó); sus miembros fueron prelados, nobles, oficiales, miembros del ayuntamiento, profesores y jueces de la Audiencia.

En el plan de Iguala, Iturbide, al garantizar la estabilidad económica y política, la implantación de una monarquía constitucional y el mantenimiento de los privilegios de la élite, a la vez que prometía la independencia y la igualdad, estableció el compromiso político que hizo posible la independencia. Ofreció algo a todo el mundo. La élite inmediatamente reconoció que el plan de Iguala le era ventajoso, y que cubría las aspiraciones de 1808. El clero y los militares estaban entusiasmados, desde el momento en que se les garantizaba que su estado no empeoraba y se abría la esperanza de un rápido ascenso. Por otro lado, los esforzados rebeldes podían ahora hacer causa común con sus antiguos oponentes, al reconocer que ahora se podía conseguir la independencia y que, aunque el nuevo Estado no fuera una república tal como querían unos pocos, al menos sería reformista. El plan forjó una nueva, aunque temporal, alianza de las fuerzas políticas, frente a la cual el sistema imperial español no podría mantenerse. Después de once años de lucha y de confusión, en México había consenso. A su vez, América Central y Yucatán responderían de una manera similar al plan de Iguala.

El régimen virreinal se hundió siete meses después de la publicación del plan de Iguala. La nueva insurrección cogió de sorpresa a los realistas peninsulares, pero de todas maneras poco podían hacer para oponerse. Días después, Iturbide anunció al virrey Apodaca que el plan de Iguala barrería el país y así ocurrió. Los rebeldes amnistiados se pusieron al lado de Iturbide, las tropas realistas desertaron a su favor, los criollos respondieron a su llamamiento con entusiasmo y, guarnición tras guarnición, capitularon sin disparar un tiro. En junio sus tropas se apoderaron del rico Bajío, el corazón de la insurgencia de Hidalgo. En Ciudad de México, el plan de Iguala se distribuyó ampliamente, y entonces las tropas se pasaron de bando en número considerable. El virrey Apodaca, forzado por sus oficiales, suspendió varias garantías constitucionales básicas a fin de poder resistir ante los rebeldes. Al hacerlo, aún descontentó más a los criollos, que reconocieron que Iturbide garantizaba la constitución de Cádiz, mientras que el virrey se oponía a ella. Sobre estas bases, el consejo municipal de Ciudad de México, por ejemplo, anunció públicamente que se negaba a apoyar al régimen realista. A finales de junio los rebeldes controlaban la guarnición de la mayoría de las principales ciudades. En julio y agosto, la mayor parte de las otras se pasaron de bando, quedando en manos de los realistas sólo el control de Ciudad de México y Veracruz. El 5 de julio de 1821 un motín de tropas peninsulares depuso al virrey Apodaca a causa de su poca habilidad para aplastar la rebelión de Iturbide, y le sustituyó por Francisco Novella, subinspector general del cuerpo de artillería, en un último intento infructuoso contra el movimiento de independencia.

A fines de julio llegó a Veracruz el hombre que las Cortes acababan de designar como capitán general de Nueva España: el liberal y antiguo ministro de la Guerra Juan O’Donojú. Admitiendo un hecho consumado, pidió entrevistarse con Iturbide; éste aceptó. Como lugar de encuentro se eligió la población de Córdoba, cerca de Veracruz. Allí, el 24 de agosto, Iturbide y O’Donojú firmaron el tratado de Córdoba con el que éste, reconociendo la futilidad de la resistencia, de forma unilateral y sin el permiso de España, convino la independencia del imperio mexicano y encabezó las fuerzas reales como capitán general, induciéndolas a capitular. Los dos hombres y el Ejército Trigarante se dirigieron a las afueras de Ciudad de México, donde el 13 de septiembre Novella se rindió a O’Donojú, completándose así el relativamente incruento levantamiento de Iturbide y el proceso de independencia. Iturbide esperó el día de su 38.º cumpleaños, el 27 de septiembre, antes de hacer su entrada triunfal en Ciudad de México como jefe del nuevo régimen. Pasó a ser presidente de la regencia del imperio mexicano, que según la ideología oficial, no aceptada por algunos de los elementos políticos existentes, representaba el restablecimiento del imperio mexicano original, subyugado por España en 1521.

En Yucatán el restablecimiento de la constitución de 1820 también fue recibido con gran júbilo por los criollos reformistas y autonomistas, que controlaban los consejos municipales de Mérida y Campeche y las diputaciones provinciales, y entre el grupo de liberales de la Sociedad de San Juan. En junio de 1820, hicieron que el octogenario capitán general, Miguel de Castro Araoz, que ostentaba el poder desde 1815, dimitiera a favor del coronel Mariano Carrillo, que era liberal y masón. A su vez, Carrillo sustituyó al presidente de la diputación provincial por Juan Rivas Vertiz, que era un realista constitucionalista moderado. Ello provocó un conflicto abierto con los reformadores más radicales, que terminó en enero de 1821 con la llegada del nuevo capitán general designado por Madrid, Juan María Echeverri. En una fecha tan tardía como agosto de 1821, Echeverri dijo que la mayoría de los yucatecos no estaban a favor de la independencia, a pesar de lo avanzada que estaba la insurrección de Iturbide en México. Entretanto, la poderosa diputación provincial, sin hacer caso de las repetidas órdenes reales que recibía de Ciudad de México y de España, había empezado a desmontar el monopolio del tabaco y a proseguir sus intercambios, francamente ilícitos, que mantenía desde hacía seis años con Jamaica. Como pensaban que bajo el régimen liberal habían obtenido algo, los yucatecos fueron unos observadores pasivos de las últimas fases de la insurgencia de Iturbide. Cuando quedó interrumpida la comunicación con Ciudad de México, despacharon las cuestiones civiles, judiciales y fiscales con las autoridades realistas de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, Iturbide no podía ser obviado tan fácilmente: en agosto, fuerzas del Ejército Trigarante eran calurosamente recibidas por la población de Tabasco. Después de conocerse que O’Donojú había firmado el tratado de Córdoba, la diputación provincial propuso que se celebrara un encuentro de las principales personalidades en Mérida el 15 de septiembre. En él se proclamó la independencia de Yucatán respecto a España, aunque el comandante español, Echeverri, permaneció como jefe del ejecutivo; se reconocería al gobierno de Iturbide si garantizaba las libertades civiles establecidas por la constitución española. Con la promesa de México (en el plan de Iguala) de que se conservaría la constitución española hasta que no se hubiera proclamado una constitución mexicana, Yucatán se sumó en noviembre a la independencia del Imperio Mexicano, en el que encabezaría la propuesta de establecer una constitución federalista. Los funcionarios españoles, incluido el capitán general Echeverri, dejaron entonces la zona. En Yucatán, al igual que el México, el elemento esencial de la independencia fue el mantenimiento de la constitución de Cádiz, mientras Iturbide lo garantizara.

La situación en Centroamérica era muy parecida, pero algo más compleja. Allí, el restablecimiento de la constitución en 1820 dio lugar a una recuperación instantánea del constitucionalismo y a la aparición de las primeras facciones políticas abiertas. El grupo más radical lo formaban la oligarquía de los Aycinena y los elementos de la clase media; una alianza que surgió de la oposición al gobierno de Bustamante. Su voz se difundía a través del periódico El Editor Constitucional, editado por Pedro Molina. Un grupo más moderado, representado por José Cecilio del Valle, disponía de El Amigo de la Patria. El enfrentamiento giraba en torno al libre comercio, que defendían los comerciantes criollos más poderosos, mientras que los peor situados se oponían a él. Los productos extranjeros, especialmente los tejidos ingleses, reducían la producción a domicilio de los pequeños artesanos, que vendían a los pequeños tenderos. Las elecciones para la constitución del cabildo de la ciudad de Guatemala y de la diputación provincial, celebradas a finales de 1820, fueron muy disputadas, aunque en última instancia nadie se impuso con claridad. Además, la instauración de la constitución avivó el regionalismo centroamericano, ya que la aceptación de Madrid en mayo de 1821 de que podían establecerse diputaciones provinciales en cada intendencia provocó que, por ejemplo, Honduras y Chiapas aspiraran a tener un gobierno propio. Al igual que en México, los centroamericanos rechazaron el anticlericalismo de las Cortes (particularmente la abolición de la orden bethlemita, que había sido fundada en Guatemala) y la discriminación evidente de los intereses americanos por parte de las Cortes. En los últimos meses anteriores a la independencia, la lealtad a España se desintegró rápidamente.

En marzo de 1821, el capitán general Urrutia, al estar enfermo, delegó su autoridad en Gabino Gaínza, inspector general del Ejército, que hacía poco acababa de llegar de Chile. Un mes más tarde llegaron las noticias del plan de Iguala, y Guatemala, al igual que Yucatán, debía decidir de qué lado se ponía. La cuestión se hizo inevitable cuando Chiapas, a finales de agosto, decidió suscribirse al plan; al hacerlo transfirió para siempre su lealtad de Guatemala a México. Tal como ocurrió en Yucatán, en la capital se convocó una reunión de las principales autoridades el mismo día del encuentro yucateco, el 15 de septiembre de 1821. Mientras que Molina abogaba activamente por la independencia, el periódico de Valle se adhirió a mantener la lealtad a España. La entrevista resultó muy agitada y al final algunos moderados, de forma muy reacia, aceptaron la independencia a fin de evitar una posible guerra civil. Se proclamó la independencia —documento redactado por Valle— por veintitrés votos contra siete. Al igual que en Yucatán, el gobierno continuó siendo virtualmente el mismo, con la inclusión del oficial español, Gaínza, que ostentó el poder ejecutivo. Al igual que en México y Yucatán, la independencia debía basarse en los preceptos de la constitución de 1812.

Las otras provincias de América Central fueron forzadas por la actuación de la ciudad de Guatemala a tomar su propia decisión sobre la cuestión de la independencia y también, lo que era asimismo muy importante, si iban a continuar formando parte de Guatemala o bien sí querían separarse. Para decidir el futuro se eligieron unas juntas. En San Salvador, donde se tenía mucho miedo, tanto a la anexión a México como a Guatemala, la Junta, dirigida por los liberales José Matías Delgado y Manuel José de Arce, declaró el 29 de septiembre la independencia de la intendencia de El Salvador. En Nicaragua, donde se temía lo mismo, la diputación provincial de León, el 28 de septiembre, proclamó su independencia de España y de Guatemala. Nicaragua, que controlaba Costa Rica como parte de su intendencia, aplicó su declaración de independencia también allí, pero los consejos municipales costarricenses se reunieron aparte y proclamaron su independencia de España, deponiendo al gobernador español el 1 de noviembre. Mientras tanto, en Honduras se declaró la independencia, pero se produjo una abierta escisión sobre si debían integrarse en Guatemala o en México; la ciudad de Tegucigalpa estaba a favor de Guatemala y la ciudad de Comayagua de la de México.

La confusión centroamericana fue resuelta, al menos de forma temporal, cuando en un intento de influir sobre los indecisos para que se sumaran al imperio mexicano, Iturbide amenazó con enviar tropas mexicanas a América Central. Gabino, Gaínza, que anteriormente se había opuesto a la anexión de Centroamérica por México, invitó ahora a las ciudades centroamericanas a que establecieran cabildos abiertos para discutir sobre la incorporación de todo el antiguo reino de Guatemala en el imperio mexicano. Aunque las votaciones fueron a menudo irregulares, hubo una gran mayoría, dirigida por comerciantes conservadores y gente importante —como Mariano Aycinena y su sobrino, Juan José, marqués de Aycinena, el arzobispo Ramón Casaus de Guatemala, y el obispo Nicolás García Jerez de Nicaragua—a favor de este movimiento. El 29 de diciembre, las ciudades de Guatemala y de Quezaltenango se unieron a México, y el 9 de enero de 1822 Gaínza anunció la adhesión de toda América Central a México. Sin embargo, la unión era inaceptable para algunos centroamericanos, especialmente para los salvadoreños Delgado y Arce, En junio de 1822, un pequeño ejército mexicano bajo la dirección del general brigadier Vicente Filisola llegó a América Central y en el primer mes de 1823 dominó El Salvador por la fuerza. Poco después, el mismo imperio mexicano se derrumbó.

Iturbide había sido el jefe del ejecutivo y el presidente de la Regencia del nuevo Imperio Mexicano. Una vez que quedó claro que España no reconocería la independencia mexicana, no se iba a permitir que un miembro de la dinastía ocupara el trono; dada la situación se produjo la elección de Iturbide como emperador. El ejército se declaró a favor de su candidatura y el Congreso le eligió el 19 de mayo de 1822. Adoptó el título de Agustín I. En poco tiempo perdió el apoyo de la mayor parte de la población y, después de que disolviera el Congreso en octubre de 1822, empezó una rebelión bajo la dirección de dos generales, Guadalupe Victoria (que pronto sería el primer presidente de la república) y Antonio López de Santa Anna (que sería presidente varias veces). En febrero de 1823, la oposición se unió en el plan de Casa Mata; en él se solicitaba la convocatoria de un nuevo congreso y mayor autoridad decisoria de los gobiernos provinciales. En marzo el emperador abdicó. Después de haber vivido un año en Italia y en Inglaterra, Iturbide volvió a México en julio de 1824; fue encarcelado y ejecutado en el estado de Tamaulipas. La breve carrera imperial de Iturbide hizo que su fama quedara ensombrecida en la historiografía mexicana; pero no debería olvidarse que, gracias a su dirección y a los pactos que estableció en el plan de Iguala, hizo posible la independencia.

La caída de Iturbide terminó con los lazos que habían unido América Central a México durante algo más de un año. Cuando se disponía a salir de Guatemala el 29 de marzo de 1823, el general Filisola avisó a las provincias para que enviaran diputados al congreso centroamericano. Del antiguo reino de Guatemala, sólo Chiapas quedó unida a México. El 1 de julio las restantes provincias proclamaron la independencia de América Central bajo el gobierno de una junta provisional. En México, la caída del imperio de Iturbide llevó a la creación en 1824 de una república federal basada en una nueva constitución, parcialmente inspirada en la española de 1812. Al abandonar el centralismo México y América Central y al establecer en sus regímenes republicanos federalistas derechos para los estados y el autogobierno regional, se logró finalmente el objetivo largamente soñado por varias regiones: el de la autonomía local.

Al terminar el proceso de independencia, México y América Central mostraban las cicatrices de la larga lucha. Se calcula que la pérdida de vidas humanas durante las guerras de independencia fue del 10 por 100, es decir, unas 600.000 personas. El ingreso per cápita cayó de los 35-40 pesos de 1810 a los 25-30 pesos de 1821; durante los últimos años de la lucha por la independencia, disminuyó incluso el consumo de alimentos per cápita. La producción minera se redujo a menos de un cuarto de la de antes como resultado del abandono de las minas y su consiguiente inundación o deterioro, de la salida de capitales y del colapso de los métodos coloniales de extracción, del aprovisionamiento de mercurio y de refinado. La producción agrícola descendió a la mitad de su antiguo nivel, a causa de la desorganización del país, de la muerte o la marcha de los hacendados, de la desaparición de los capitales y de la destrucción de las granjas, animales y maquinaria. La producción industrial se redujo a dos terceras partes. Al conservarse las leyes españolas que restringían el comercio y al perpetuarse el sistema de trabajo basado en la etnia y el neofeudalismo, la economía quedó rezagada y se ensanchó la brecha entre el antiguo virreinato y los países en rápido desarrollo del Atlántico Norte. Las importaciones británicas y estadounidenses llenaron el vacío dejado por la desaparición del comercio español; las manufacturas mexicanas y centroamericanas eran incapaces de competir con las importadas. Las exportaciones —metales preciosos, cochinilla, índigo, vainilla, algodón y cueros— eran de un valor mucho menor que las importaciones. La debilidad financiera de México y de América Central hicieron fracasar los proyectos de desarrollo. En 1824, México negoció con banqueros británicos el primer empréstito de una serie posterior. En América Central, el primer empréstito se contrató en 1825, también con bancos británicos; su objetivo esencial era el de aumentar los ingresos del gobierno hasta que pudiera ponerse en funcionamiento una estructura fiscal revisada, pero también para impulsar la construcción de un canal interoceánico que atravesaría Nicaragua. A finales de 1825, los estados de Costa Rica y Honduras intentaron negociar sus propios empréstitos con una firma británica, pero los proyectos fueron vetados por la ciudad de Guatemala. En México y Centroamérica, la pérdida de confianza, la inseguridad y la incertidumbre operaron pronto en contra de la recuperación económica. En la región proliferaron el militarismo incontrolable, los movimientos regionalistas que el poder central no podía contener, el bandolerismo y la violencia política, efectos todos ellos de la lucha por la independencia. Los problemas sociales y económicos no se podían solucionar en medio de la inestabilidad política y de las luchas civiles que continuaron durante muchas décadas. Todos los otros problemas que heredaron los nuevos estados —la fuga de capitales cuando se fueron los españoles, la decadencia de la minería, de la industria y de la agricultura, las grandes deudas—quizá hubieran podido resolverse si hubiera existido un acuerdo sobre qué sistema político debían adoptar los estados. Los logros de Iturbide y del plan de Iguala fueron inmensos —el final de tres siglos de dominación española después de haber fracasado las revoluciones de Hidalgo y Morelos— pero también limitados, porque ahora México y América Central debían empezar el proceso de rehacer sus estructuras políticas, económicas y sociales.

Capítulo 3
LA INDEPENDENCIA DE LA AMÉRICA
DEL SUR ESPAÑOLA

La crisis de la monarquía española de 1808, que dejó al país sin un gobierno con una legitimidad aceptada por todos, tuvo un profundo impacto en las colonias americanas, desde Nueva España hasta el Río de la Plata. A posteriori, puede observarse hasta qué punto aquélla impulsó las fuerzas, entonces activas, que acabaron por producir la secesión de las colonias continentales de España. Sin embargo, la independencia, que contaba con pocos defensores, sólo pareció en aquel momento una respuesta más a la crisis. Los hispanoamericanos pudieron escoger entre aceptar el dominio de José Bonaparte o jurar obediencia a las autoridades provisionales creadas por las juntas peninsulares que dirigían la resistencia frente a los franceses. Asimismo, también pudieron optar por jurar obediencia a Carlota, la hermana de Fernando VII, que se había refugiado en Río de Janeiro con su marido Dom João, príncipe regente de Portugal, y que desde allí se ofreció para gobernar temporalmente en nombre de su real hermano. Por otro lado, también pudieron establecer juntas para gobernar en nombre del cautivo Fernando, tal como hicieron las provincias españolas. En primera instancia, esta última alternativa comportaba de hecho la autonomía dentro de la monarquía común, pero a la larga resultó ser una situación transitoria antes de obtener la separación total de España. Con anterioridad a 1810, en ningún lugar se estableció con éxito la autonomía, pero eso no es razón suficiente para considerar este año como el del comienzo del movimiento de independencia; simplemente, significa que hasta 1810 los autonomistas perdieron todas las batallas.

En la madre patria, y entre los colaboradores de José I, había hispanoamericanos, como el recién nombrado director del Jardín Botánico de Madrid y futuro vicepresidente provisional de Gran Colombia, Francisco Antonio Zea. Sin embargo, en las colonias, los supuestos reformadores que a veces dieron la bienvenida a los contactos con Francia, se pusieron al lado del bando autonomista, y aquellos que, preocupados sólo por defender sus intereses materiales, pensaban apoyar al posible triunfador, a duras penas podían esperar una victoria napoleónica en el lado americano del océano: no existía en las cercanías ningún ejército francés; en cambio, navegaba la marina británica. Además, en la América española también se rechazaban las cosas francesas, sentimiento que los excesos revolucionarios había difundido entre los españoles y que la intervención francesa en España había reforzado. De ahí que las intrigas bonapartistas progresaran poco. A lo sumo, ciertos oficiales de alta graduación jugaron brevemente con la idea de reconocer a José I, pero siempre fueron disuadidos por la firme hostilidad de la población de las colonias y por el apercibimiento de que el hecho de poner en duda la legitimidad dinástica podía fácilmente poner en peligro la subordinación de las colonias a España, con lo que su propia posición peligraba. En el Río de la Plata fue donde la opción bonapartista pareció tener más posibilidades. Allí, la crisis provocada por las invasiones británicas (1806-1807) había catapultado a un oficial de origen francés, Santiago Liniers, a una posición dirigente, que le permitió actuar como virrey. Según era de esperar, una comisión napoleónica le visitó en agosto de 1808, pero no existe ninguna evidencia de que se prestara a servir a Francia. De todos modos, los propios franceses pronto reconocieron que la América española era una causa perdida para José Bonaparte; pasaron entonces a estimular los movimientos de independencia, aunque el gobierno de París nunca estuvo en posición de poder intervenir mucho en la situación colonial.

El Río de la Plata también pareció ofrecer las mejores esperanzas de triunfo a la alternativa carlotista, pero al final tampoco se impuso. Carlota se encontraba en Río, bien situada cerca de Buenos Aires, que durante los últimos años del dominio español fue uno de los centros coloniales más inmersos en la fermentación política existente. Las invasiones británicas pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de España, y dieron lugar a que los criollos, que llevaron el peso de la lucha contra los atacantes británicos, adquirieran una acrecentada conciencia de su importancia. Además, al ser un centro comercial marítimo, Buenos Aires estaba abierta a influencias externas, tanto intelectuales como económicas, y el hecho de que los productos de exportación que le procuraba su inmediato hinterland consistieran en voluminosos artículos procedentes de la explotación ganadera hizo que tanto los propietarios territoriales como los comerciantes fueran muy conscientes de las potenciales ventajas que reportaría la implantación de una mayor libertad comercial. En efecto, por varias razones, se estaba extendiendo el sentimiento de que el Río de la Plata merecía tener un mayor peso en el manejo de sus asuntos; a primera vista, la presencia de la hermana de Fernando VII en Brasil ofrecía un medio para llevar a cabo este deseo. Al aceptar el plan de Carlota para gobernar las colonias españolas, un grupo de hombres de negocios y de profesionales criollos, que incluía a futuros dirigentes de la lucha por la independencia como Manuel Belgrano y Juan José Castelli, esperaban establecer una monarquía ilustrada en el Nuevo Mundo, en la que ellos y otros como ellos, podrían disfrutar de un auténtico instrumento de poder. Carlota también contaba con simpatizantes en otros medios. Pero, de hecho, tampoco en Buenos Aires el carlotismo no representó otra cosa que una complicación más en una situación de por sí confusa. En parte, su fracaso se debió a que su llamamiento quedó mitigado, porque se temía que Carlota actuara como agente de los portugueses. Y por otro lado, porque Carlota era irascible y absolutista, mientras que los criollos que la apoyaban deseaban un nuevo orden basado en el reformismo moderado y contemporizador. A medida que sus contradicciones se fueron poniendo de manifiesto, decayó el entusiasmo por ella.

La solución carlotista en Buenos Aires atrajo a un grupo de reformistas criollos sólo porque la burocracia real existente prefirió ignorar sus, teóricamente, bastante respetables pretensiones y someterse directamente a la autoridad de la Junta Central de Sevilla (organismo creado por los sectores patriotas en la España no ocupada, que se atribuyó la soberanía en ausencia de Fernando VII). La decisión de esta Junta de gobernar basándose en la soberanía popular fue revolucionaria, aunque apelara a precedentes medievales; su iniciativa, más tarde, fue imitada en las colonias americanas, por juntas no menos revolucionarias. Pero, por lo menos, se estableció la Junta Central en la madre patria. La aceptación de su autoridad no desorganizó los canales habituales de mando, y ello, combinado con el auténtico entusiasmo que levantó la Junta al dirigir la lucha contra los franceses, le aseguró la lealtad de virtualmente todos los oficiales de alto rango en las colonias y de la mayor parte de los que se hallaban en la península, ocuparan o no un cargo oficial. La Junta también contó con la instintiva lealtad de una gran parte de la población nacida en la colonia. Sin embargo, su pretensión de gobernar le fue disputada por otra opción que aducía que, en la situación existente de emergencia, las provincias americanas tenían tanto derecho como las españolas para constituir instituciones de gobierno. Esta tesis encontró adeptos por todas partes, aunque su número e importancia variaron mucho de un lugar a otro.

El Río de la Plata fue el escenario de dos de los primeros movimientos juntistas, aunque no fueron típicos. La junta establecida en Montevideo en septiembre de 1808 estaba encabezada por el gobernador español, y su propósito era conseguir que lo que ahora es Uruguay pudiera escaparse del control, no de la Junta de Sevilla, sino de Liniers, a quien sus opositores acusaban de tener inclinaciones bonapartistas. La junta se autodisolvió tan pronto Liniers fue sustituido, desde Sevilla, por un peninsular de confianza, Baltasar Hidalgo de Cisneros. Mientras existió, la junta de Montevideo contó con un amplio apoyo local, básicamente porque apeló a los sentimientos de rivalidad política y comercial con Buenos Aires.

El intento de crear una junta en Buenos Aires el 1 de enero de 1809 fue igualmente dirigido contra Liniers. Uno de sus primeros instigadores fue Martín de Álzaga, el rico comerciante peninsular que había convocado al cabildo para oponerse a las invasiones británicas y que aún dirigía una importante fracción de la política local. Se trataba de un grupo constituido por individuos nacidos en España, pero que por entonces también incluía a criollos tan notables como Mariano Moreno, el abogado que después dirigió el ala más radical de la revolución del Río de la Plata. Aunque Álzaga fue acusado incluso de republicanismo por sus enemigos, el único deseo claro de este grupo fue el de deshacerse de Liniers, ya fuera por razones personales, por sospechar de su lealtad, o para iniciar el camino de las innovaciones políticas. El intento de golpe quedó frustrado con bastante facilidad, ya que Liniers contó con el apoyo de la burocracia virreinal y de la milicia criolla, que estaba satisfecha con la posición que había alcanzado bajo la protección del virrey. Sin embargo, los perdedores tuvieron la satisfacción al cabo de un año de ver que Liniers era desplazado por el nuevo virrey, Cisneros. Éste resultó ser un administrador prudente y flexible, como demostró en noviembre de 1809 al aceptar la solicitud de abrir el puerto de Buenos Aires al comercio con Gran Bretaña, que entonces era aliada de España.

En 1808, en Caracas, la capital de la capitanía general de Venezuela, también hubo un intento menos ambiguo de establecer una junta gobernativa, pero que también fracasó. Al igual que en Buenos Aires, allí existían casas de comercio españolas que trabajaban con Cádiz y que, por lo tanto, se oponían a la liberalización del comercio. Sin embargo, en Venezuela, la influencia y la opinión local estaban aún más decididamente a favor de la libertad de comercio con el mundo exterior. Aquí, el grupo dominante de la sociedad lo constituía «una burguesía agraria y comercial» —usando las palabras de Germán Carrera Damas—,[1] conocida popularmente bajo el nombre de «mantuanos». Dentro de esta «burguesía» no existía una separación claramente funcional entre propietarios y comerciantes. En un campo o en los dos, esta gente, que dependía de la producción y de la exportación del cacao y otros productos de las plantaciones, era perfectamente consciente de que el sistema comercial español, a pesar de excepciones y aperturas temporales, era un impedimento para que continuara el crecimiento y la prosperidad. Al mismo tiempo, Caracas y el cinturón de plantaciones del centro-norte venezolano, al igual que Buenos Aires, estaban fácilmente al alcance de toda clase de influencias externas, tanto de Europa como de (en este caso) las Antillas no españolas y de los Estados Unidos.

Venezuela también había padecido su invasión en 1806, pero el invasor no fue una potencia extranjera sino el conspirador venezolano y agitador revolucionario Francisco de Miranda. Esta vez, tanto los mantuanos como la población se unieron en torno a las autoridades españolas contra Miranda, cuyo llamamiento a la independencia parecía demasiado radical. El miedo a una insurrección al estilo haitiano de los esclavos y de los pardos libres, que conjuntamente sumaban más de la mitad de la población de Venezuela, explica la cautela de la clase alta criolla. Al mismo tiempo, el miedo a las masas fue una importante razón para no dejar el mantenimiento del orden en manos de los representantes de un gobierno español debilitado y aparentemente indigno de confianza, que en varias ocasiones ya se había mostrado demasiado inclinado a satisfacer las aspiraciones de los pardos.

Por ello, en Caracas, los sucesos españoles de 1808 causaron a la vez una gran alarma y crearon el sentimiento de que la ocasión era propicia. El capitán general, Juan de Casas, estaba aparentemente inclinado a aceptar la alternativa bonapartista, hasta que vio cómo la llegada de una misión francesa a Venezuela fue recibida con hostilidad popular. Dio a entender entonces que podría apoyar el establecimiento de una junta de gobierno provisional en Caracas, pero pronto decidió que no necesitaba ir tan lejos. Así, cuando en noviembre un distinguido grupo de demandantes, que incluía dos condes y un marqués, propuso formalmente la constitución de una junta, Casas contestó con una serie de arrestos y confinamientos, pero nadie fue castigado severamente. En su actuación, el capitán general ensayó una alianza que se repitió después: antes de actuar contra los mantuanos descontentos, se aseguró de que contaba con el apoyo de los pardos y de que las unidades de la milicia parda estuvieran alertas. Aunque esto no puso fin a los proyectos de los criollos, las autoridades españolas que estaban en Venezuela consiguieron sobrevivir a otros intentos similares hasta abril de 1810.

Los juntistas del Alto Perú (la actual Bolivia) tuvieron mejor suerte, al menos momentáneamente. En la capital colonial de Chuquisaca (hoy Sucre), se estableció en mayo de 1809 una especie de junta; otra en La Paz se constituyó dos meses más tarde. La primera, fue el resultado inmediato de una disputa dentro de la burocracia colonial, concretamente entre el presidente de Charcas (que se había mostrado interesado en la opción carlotista, aunque formalmente no se adhirió) y los jueces de la audiencia. Los individuos que participaron a título personal eran peninsulares, que fundamentalmente intentaban mantener las relaciones tradicionales entre las colonias y España, pero que eran incapaces de acordar cuál era el mejor medio para conseguirlo. La situación estalló el 25 y el 26 de mayo de 1809, cuando la audiencia depuso al presidente y asumió los poderes de éste, comprometiéndose a someterse a Fernando VII. Era algo muy distinto a las juntas gubernativas compuestas por naturales de la región, pero el movimiento contó con el soporte pleno de un pequeño grupo de individuos que ejercían profesiones liberales, incluyendo al argentino Bernardo de Monteagudo, que fue después la mano derecha del libertador San Martín; y cuyo objetivo secreto era el de establecer alguna clase de autonomía americana. Estos hombres hicieron lo que pudieron para precipitar la crisis; ahora querían extender el clima de agitación a través del resto del Alto Perú.

La repercusión más importante tuvo lugar en La Paz, donde el 16 de julio el cabildo municipal depuso al intendente y al obispo, acusándoles de una vaga traición a Fernando VII. Poco después surgió una junta tuitiva presidida por el mestizo y aspirante a abogado Pedro Domingo Murillo. En su proclama apeló a un «sistema nuevo de gobierno» basado en intereses puramente americanos, y a la vez se lamentó de la pasada opresión ejercida sobre «estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía».[2] En este o en otros documentos oficiales del movimiento de La Paz no había nada que de forma inequívoca evidenciara que no se quería mantener la lealtad al cautivo Fernando, pero la petición de un autogobierno efectivo estaba presente y no quedaba circunscrita, ni indirectamente ni de otra manera, a una emergencia transitoria. A todo esto, los revolucionarios habían sobrepasado el límite de lo permitido. No menos perturbadores eran sus llamamientos a remediar la situación de los indios y su abierta llamada de apoyo a las masas indias y mestizas. Este llamamiento tuvo amplia repercusión, aunque no siempre de forma favorable a la revolución. Los criollos recordaban la revuelta de Túpac Amaru, dirigida en el Alto Perú por Túpac Catari, y la mayoría de ellos no quería correr el riesgo de que otra vez se repitiera la misma situación.

El aparente radicalismo de la junta de La Paz no sólo provocó la división entre sus adherentes iniciales, sino que fortaleció la oposición de los que nunca habían simpatizado con ella. Sin embargo el rechazo más fuerte provino de un elemento exterior, el presidente de Cuzco, José Manuel de Goyeneche. Nacido en Perú, Goyeneche estaba totalmente identificado con la causa de la Junta Central española, al igual que el ultraconservador y excepcionalmente hábil virrey de Perú, José Fernando de Abascal y Sousa. Ni en Cuzco ni en el resto de Perú se había producido aún un rechazo importante al statu quo político existente, como mostraba la continuada obediencia existente, fueran quienes fueran las autoridades que estuvieran gobernando en nombre de Fernando VII en España. Con anterioridad se habían dado muestras de descontento, e incluso de un incipiente nacionalismo peruano entre los intelectuales criollos, pero tales sentimientos, al igual que en el Alto Perú, quedaron ahogados por el miedo a que reavivaran el malestar indio y por el inherente conservadurismo de su élite criolla, cuyas glorias pasadas estaban directamente relacionadas con la privilegiada situación que tenía Perú dentro del sistema imperial. Aunque Perú había perdido peso, tanto político como económico, a resultas de las reformas y la reorganización imperiales de la segunda mitad del siglo XVIII, no habría que extraer la conclusión de que los nuevos cambios resultarían mejores. El relativo estancamiento de la colonia hizo, sobre todo a la clase alta de Lima, más dependiente de los empleos y los favores que otorgaba el Estado español, lo cual reforzó su actitud de cautela. Los indios, que constituían la mayoría de la población, sentían la misma desconfianza hacia los criollos, como éstos la sentían ante ellos, y la mayoría de sus dirigentes naturales habían sido eliminados o intimidados, o simplemente habían pasado a colaborar con los gobernantes. De ahí que las altas autoridades pudieran dedicar una gran atención a la represión de los desórdenes ocurridos en las jurisdicciones vecinas. No pasó mucho tiempo antes que Goyeneche, con el importante apoyo del virrey Abascal, se dirigiera a La Paz a la cabeza de una fuerza militar, reducida pero disciplinada y bien equipada. En octubre de 1810, su simple aproximación fue suficiente para desmoralizar a los revolucionarios, entre los cuales había contradicciones. No fueron necesarios muchos disparos. Se capturó a los jefes principales, que fueron debidamente castigados; Murillo fue uno de los ajusticiados. Mientras tanto, en Chuquisaca la audiencia había consolidado su posición, pero pronto cambió de actitud y se avino a someterse al nuevo presidente de Charcas, provisionalmente designado por el virrey Cisneros desde Buenos Aires.

Antes de que concluyera la revolución de La Paz, estalló otro movimiento en Quito, en el que las reivindicaciones de los revolucionarios eran menos radicales que las de La Paz, pero también menos ambiguas que las de Chuquisaca. Comenzó en diciembre de 1808, cuando un grupo de quiteños conducidos por el marqués de Selva Alegre, rico propietario y antiguo patrón de uno de los principales intelectuales ecuatorianos, precursor de la independencia, Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, planearon oponerse a la ocupación de España. Se sospechó de ellos, y se les arrestó, pero quedaron en libertad por falta de pruebas. En agosto de 1809, habiéndose ganado a la guarnición, los conspiradores arrestaron al presidente de Quito, el conde Ruiz de Castilla, e implantaron una junta de gobierno presidida por Selva Alegre, aunque parece ser que no tomó parte en la última acción; el obispo de Quito, que casualmente era natural de Nueva Granada, fue el vicepresidente. Otros notables criollos aprobaron la junta, la cual juró velar por la auténtica religión y los derechos del monarca legítimo, Fernando VII.

No existe ningún indicio de que el marqués, el obispo o cualquier otra de las personalidades significativas de la nobleza o del clero de Quito fueran sinceras al declararse leales a Fernando. Quito, que contaba con una clase alta bastante presuntuosa, separada de las masas indias y mestizas por un profundo abismo social y aislada geográficamente de los centros por donde discurrían las corrientes intelectuales, no era un lugar apropiado para iniciar una acción revolucionaria. Se puede suponer, sin embargo, que la misma presuntuosidad de la aristocracia de Quito, incluido Selva Alegre, que no era el único en ostentar un título español, les hizo conscientes de su capacidad y de su derecho a jugar un papel más importante en el manejo de sus propios asuntos. Por otro lado, la decadencia económica que experimentaba la Sierra ecuatoriana, que entre otras cosas reflejaba las desfavorables consecuencias de las reformas comerciales de la monarquía borbónica en la manufactura textil local, sirvió para provocar el descontento. Bajo tales circunstancias, la fórmula ofrecida por la junta —la transferencia del poder a manos de la gente del país con una alteración mínima del orden tradicional —tuvo su lógica.

Entre los dirigentes de la rebelión de Quito que socialmente eran menos prominentes, pero que en realidad hicieron la mayor parte del trabajo, había algunos con proyectos que iban mucho más lejos, posiblemente la implantación de una república. El movimiento contenía elementos potenciales de tensión comparables a los que se habían visto en La Paz, incluso más serios. Por otro lado, al igual también que en el Alto Perú, no faltaba una oposición exterior. La junta proclamó su soberanía en toda el área de la presidencia de Quito, pero las provincias de Cuenca y Guayaquil, normalmente recelosas de la capital y que se encontraban firmemente bajo el control de sus gobernadores españoles, se negaron a aceptarla. Naturalmente, el virrey del Perú, Abascal, no estaba más dispuesto a tolerar la junta de Quito que la de La Paz, y el virrey de Nueva Granada, Antonio Amar y Borbón, a cuya jurisdicción pertenecía Quito, también les amenazó.

Sin embargo, el virrey Amar tuvo primero que enfrentarse al proyecto de establecer una junta en Bogotá, su propia ciudad,[3] a la que la junta de Quito había invitado a seguir su ejemplo. Aunque al final consiguió acabar con el movimiento, se entretuvo demasiado como para poder actuar con efectividad contra Quito. A Abascal no le sucedió lo mismo, pero las fuerzas contrarrevolucionarias que envió nunca tuvieron un encuentro importante. En octubre de 1809, antes de que llegaran a la ciudad, la junta de Quito se desintegró y Ruiz de Castilla reasumió su cargo de presidente. Hay que subrayar que Selva Alegre había dimitido con anterioridad; él y otros líderes aristocráticos han sido acusados por una corriente de historiadores de haber sido desleales al movimiento que dirigían. Este cargo no se ha podido probar, pero se hizo evidente la timidez y la falta de auténticos compromisos revolucionarios de la junta.[4]

La derrota de las juntas de La Paz y Quito no resolvió el problema creado por la falta de titular en el trono. Por otro lado, los sucesos acaecidos en España plantearon problemas de nuevo. Las victorias francesas hicieron desaparecer la mayoría de los centros de resistencia española, incluida Sevilla. La Junta Central se refugió en Cádiz, donde se disolvió a finales de enero de 1810, para dar paso a un consejo de Regencia, una de cuyas tareas fue la de preparar la apertura de las Cortes con presencia de representantes de todos los territorios del imperio español. El traspaso de poderes de la Junta a la Regencia no provocó problemas, a excepción del hecho de que el nuevo órgano de gobierno debía ser reconocido por las autoridades del Nuevo Mundo; ello planteó automáticamente de nuevo la cuestión del status de las colonias. Y lo que es más importante, ahora parecía que existían más razones que nunca para dudar de que en España se pudiera restablecer en una fecha previsible la completa independencia nacional y la estabilidad política. El resultado de todo ello fue la reaparición del deseo de los criollos de tomar sus asuntos en sus manos y la aparición de una cierta incertidumbre entre los defensores del sistema existente.

La primera actuación importante tuvo lugar en Caracas, no tanto porque allí existiera con anterioridad un clima de agitación (aunque se había descubierto otra «conspiración» algunas semanas antes), sino porque Venezuela era la colonia continental más cercana a Europa, y por ello la primera en tener noticias de la situación de España. El 19 de abril de 1810, un grupo de criollos prominentes depuso al capitán general y estableció una junta. Teóricamente, gobernaría en nombre de Fernando VII, fórmula que los revolucionarios juraron mantener con diferentes grados de sinceridad; pero explícitamente negó que el nuevo Consejo de Regencia constituido en España tuviera legalmente autoridad en América. No hubo al respecto una oposición abierta por parte de las autoridades civiles o militares. La mayoría de las principales capitales de provincia de la capitanía general de Venezuela hicieron lo mismo, y crearon sus propias juntas, que eran semiautónomas pero aceptaban la primacía de la de Caracas. Coro y Maracaibo fueron las únicas excepciones en la zona occidental y Guayana en la oriental; éstas se mantuvieron leales a Cádiz. Además, en la periferia de Venezuela, la posibilidad de sustraerse a la autoridad de Caracas añadió un aliciente más a la opción realista.

Los sucesos de España, y ahora los de Venezuela, tuvieron una inquietante repercusión en Nueva Granada. El virrey Amar reconoció rápidamente al Consejo de Regencia, pero una fracción importante de criollos estaba más convencida que nunca de querer gobernarse mediante juntas americanas. Como la capital estaba aislada en el interior andino, ésta, a diferencia de Caracas, no llevó la iniciativa del movimiento. El primer paso se dio en Cartagena, en la costa, donde el 22 de mayo el cabildo designó a dos personas para que compartieran el poder con el gobernador provincial, en lo que puede considerarse una cuasi-junta. Pamplona y Socorro crearon las suyas en la primera mitad de julio, y Bogotá hizo lo mismo el 20 de julio de 1810, al crear una junta gubernativa de la que inicialmente el virrey Amar, que esta vez había cedido pacíficamente a la presión criolla, fue nombrado presidente. Pero como, en los días siguientes, toda clase de gente se benefició del cambio de régimen —se arreglaron cuentas con oficiales impopulares, algunos de los cuales fueron encarcelados— se dudó de la autenticidad de la actitud del virrey. El 25 de julio fue expulsado de la junta, lo que se hizo aún en nombre de la lealtad al rey Fernando. A la vez, las noticias que llegaban de Bogotá desencadenaron más agitación y el establecimiento de juntas en otros puntos de Nueva Granada. Por otro lado, ayudaron a que estallara una nueva crisis en Quito, donde el 22 de septiembre se instaló una segunda junta; a su cabeza se designó al presidente Ruiz de Castilla, quien conservó este cargo por más tiempo que Amar en la de Bogotá; aquélla incluía también a criollos prominentes y a veteranos supervivientes del movimiento de 1809, como el obispo de Quito y el marqués de Selva Alegre.

En el otro extremo de Suramérica, los sucesos acaecidos en España produjeron otra serie de respuestas revolucionarias. La más importante fue la «revolución de mayo», que se desarrolló en Buenos Aires, donde el virrey Cisneros aceptó de mala gana convocar un cabildo abierto; éste, el 22 de mayo de 1810 se autorizó a sí mismo para crear una junta, que se estableció a los dos días y nombró presidente al virrey. Sin embargo, antes de que pudiera funcionar, estallaron las protestas, dirigidas por jefes de la milicia criolla e individuos de diferentes grupos de profesiones liberales que, desde 1808, habían visto en la crisis de la monarquía española la oportunidad de llevar a término cambios en la colonia. Vencieron de forma bastante fácil. Así pues, el 25 de mayo se instaló una junta que no incluía al virrey, presidida por el coronel Cornelio Saavedra, un comerciante nacido en el Alto Perú, pero que hacía tiempo que se había establecido en Buenos Aires; la base de su poder radicaba en las unidades de milicia formadas para contener las invasiones británicas de 1806 y 1807. La junta juró lealtad a Fernando, aunque no al Consejo de Regencia, e intentó imponer su autoridad al resto del virreinato.

Se ha debatido hasta qué punto los hechos que condujeron al establecimiento de la junta de Buenos Aires reflejan auténticas corrientes de opinión popular. Los historiadores que consideran que la revolución de mayo fue el resultado de la intervención de una minoría están sin duda en lo cierto, pero critican lo que en realidad es obvio e inevitable. Es verdad que la mayoría de los habitantes de Buenos Aires no tomaron parte en el proceso, que nunca fueron consultados por los que lo llevaron adelante; tampoco puede negarse que muchos se opusieron a él, fueron indiferentes o dudaron en comprometerse. Sin embargo, tal como apunta Tulio Halperín Donghi, las organizaciones de la milicia que tomaron parte en ella encuadraban a buena parte de la población masculina activa y la revolución fue aceptada por amplios sectores de la población, que desde las invasiones británicas estaba convencida de la brillante misión que esperaba a Buenos Aires y de las capacidades que ésta tenía.[5] Más problemática era la actitud del resto del virreinato, donde las diferencias económicas y culturales, junto con una serie de rivalidades locales, incluyendo las que había contra Buenos Aires, imposibilitaron una adhesión unánime al nuevo régimen. El llamamiento de la junta para que se la reconociera fue atendido por aquellas partes del virreinato que en la actualidad forman la República Argentina, aunque algunas veces se hizo con dudas o a la fuerza. Por otro lado, Montevideo, que en 1808 había establecido su propia junta enfrentada a Buenos Aires, ahora confesó estar satisfecha con el Consejo de Regencia; de nuevo, la rivalidad comercial y política con la capital del virreinato fue un factor decisivo en este enfrentamiento. Paraguay también se puso de su lado, no tanto por su incondicional lealtad a España como por su propio resentimiento por la subordinación política y económica que sufría respecto a Buenos Aires. Lo mismo ocurrió al principio en el Alto Perú, donde los revolucionarios de 1809 aún no se habían recuperado de la represión de Goyeneche, si es que aún estaban vivos; y los civiles y los oficiales militares estaban alerta para prevenir nuevas insurrecciones.

Perú fue otra vez el baluarte realista; y demostró serlo al hacer una renovada serie de declaraciones de adhesión a cualquier tipo de autoridad que en España aún ostentara cualquier legitimidad, y al hacer nuevos donativos al virrey Abascal para que fueran utilizados en la defensa de la causa imperial. Sin embargo, el capitán general de Chile, con cierto retraso, consideró que era mejor seguir el ejemplo de Buenos Aires. Escasamente poblado, aislado y caracterizado por tener una sociedad agraria estática, en la que unas pocas familias aristocráticas ejercían una influencia casi absoluta, Chile no jugó un papel de vanguardia en el debate político e intelectual. Uno de los pocos precursores chilenos de la independencia, fray Camilo Henríquez, señaló más tarde que sólo unos seis chilenos podían leer libros en francés y que ninguno podía hacerlo en inglés, con el resultado de que «las obras filosóficas liberales les eran tan desconocidas como la geografía y las matemáticas. Ni sabían qué era la libertad, ni la deseaban».[6] Sin duda, Henríquez exageraba. Y aunque entre los historiadores hay grandes desacuerdos sobre el alcance del importante descontento (incluso sobre si éste llegó a existir) que hubiera en Chile a causa de los reglamentos comerciales, no hay duda de que los chilenos estaban inmersos en un proceso de concienciación al menos protonacionalista. La primera reacción al producirse la crisis española de 1808 fue proclamar su lealtad a Fernando VII, pero rápidamente aumentaron las dudas respecto a la conveniencia de continuar subordinados a las autoridades de la península, así como las relativas a no establecer una junta en Chile; ello ocurrió casi con la misma rapidez con que crecieron las tensiones existentes entre los criollos y los peninsulares. En julio de 1810, la audiencia intentó reducir dichas tensiones deponiendo al arbitrario e impopular capitán general, para sustituirlo por un criollo noble de avanzada edad. Sin embargo, la solución sólo resultó satisfactoria temporalmente. El 18 de septiembre, un cabildo abierto celebrado en Santiago dio finalmente a Chile su propia junta gubernativa.

En la historiografía tradicional de la independencia hispanoamericana, predomina la opinión que considera las juntas de 1810 y los movimientos a que dieron lugar como parte integral del mismo proceso revolucionario que en el mundo occidental produjo la revolución angloamericana de 1776 y la Revolución francesa de 1789. Está muy asumido que las ideas liberalizadoras de la Ilustración, así como la influencia de los dos ejemplos mencionados, fueron causas necesarias, si bien no suficientes, de todo lo que ocurrió. Esta interpretación ha sido ampliamente debatida por escritores conservadores, que señalan que la ideología de los patriotas hispanoamericanos se encuentra en el pensamiento tradicional hispánico. El que se cita más frecuentemente es el jesuita Francisco Suárez (1548-1617), conocido sobre todo por rechazar el principio del derecho divino de los reyes y por su tesis de que el poder civil procede de Dios a través del pueblo. Así pues, el derecho de los americanos a crear sus propios órganos de gobierno al producirse la crisis de la monarquía absoluta podría justificarse tanto refiriéndose a Suárez, como a Jefferson o Rousseau. De hecho, el nombre de Suárez sólo es notable por no aparecer en la propaganda de los revolucionarios. Una familiarización anterior con las enseñanzas de su escuela podría haber facilitado la aceptación de los pensadores franceses y anglosajones, sin embargo, a quien se menciona más es a estos últimos, al lado de los inevitables griegos y romanos, así como también se citan los argumentos jurídicos usados en la propia España para defender la legalidad de la implantación de un nuevo gobierno de iniciativa popular tras el destronamiento de Fernando.[7] Indudablemente son más sólidos los argumentos que subrayan la rivalidad entre criollos y peninsulares, o la incidencia de las presiones económicas internas y externas, que la influencia de la ideología política en los sucesos latinoamericanos. De todas maneras, las ideas, si no otra cosa, fueron armas; sobre ello, cabe decir que la elección de las armas estableció no pocos lazos entre la revolución de Hispanoamérica y las corrientes liberal-democráticas emergentes en la Europa occidental y los Estados Unidos.

Las juntas criollas de 1810 compartieron con el régimen antinapoleónico español no sólo muchos argumentos que sirvieron para justificar su existencia, sino también una profesión común de lealtad a Fernando VII. Sin embargo, fuera sincera o no dicha lealtad, las juntas no podían esperar colaboración, ni de las autoridades existentes en España ni de los oficiales leales que aún conservaban el poder en América. Los primeros no estaban por el momento en situación de poder hacer mucho ante la proliferación de juntas; los últimos a veces lo estuvieron. Además, cabe señalarlo, al principio, aun cuando la invasión francesa de España hubiera constituido una oportunidad para los criollos revolucionarios, la situación internacional no permitía esperar que las potencias extranjeras intervinieran en su ayuda, como ocurrió en el caso de la revolución norteamericana. Fuera de su país, los nuevos gobiernos contaban con simpatías, de modo especial en los Estados Unidos, donde cualquier movimiento autonómico hispanoamericano era considerado una aduladora imitación de su propio ejemplo. Aun así, hay que tener en cuenta que el grado de simpatía varió, y en ningún caso condujo necesariamente a acciones concretas.

En Angloamérica, el público burgués y protestante, imbuido de la Leyenda Negra, era algo escéptico acerca del desarrollo de la América española, y esperaba bien poca cosa de ella. Así, por ejemplo, John Adams dijo que la idea de que se pudieran establecer gobiernos libres en América del Sur era tan absurda como intentar «establecer democracias entre los pájaros, las fieras y los peces».[8] Obviamente, ello no era razón para querer que las colonias continuaran bajo el dominio de la monarquía española, que tenía una gran parte de culpa de la falta de virtudes cívicas entre sus habitantes; además, con el tiempo, algunos portavoces angloamericanos desplegaron gran entusiasmo por la causa hispanoamericana. Otros les vendieron provisiones y ofrecieron servicios. No obstante, la política oficial fue cautelosamente neutral, lo que comportó que incluso las actividades privadas con los revolucionarios fueran objeto de restricciones legales y de sanciones intermitentes. A fin de cuentas, hacia 1810 los Estados Unidos se habían enzarzado en una viva controversia con Gran Bretaña acerca de los derechos de los neutrales entre otras cosas, y cuando se llegó a la guerra, en 1812, el gobierno de Washington aún estuvo menos inclinado a abandonar la neutralidad en Hispanoamérica. Mejor dicho, sólo quería intervenir en lo que concernía a sus fronteras sureña y occidental, donde sus propios ciudadanos estaban ocupando territorios españoles. La esperanza de que se pudiera adquirir Florida y Texas mediante una negociación fue otra razón más por la que los Estados Unidos evitaron un enfrentamiento abierto con España.

En Europa, donde todos vivían inmersos en las guerras contra Napoleón, Gran Bretaña era la única posible fuente de ayuda para los revolucionarios; incluso allí, las circunstancias no eran las ideales. Los intransigentes torys lamentaban lo que estaba ocurriendo en la América española y sólo los liberales radicales y algunos círculos mercantiles sentían simpatía por la revolución. La política oficial era otra vez ambivalente: cualquier debilitamiento de los lazos entre las colonias y España abría la oportunidad de comerciar abiertamente con aquéllas, pero España era aliada en la lucha contra Napoleón. Además, la idea de revolución no se debía ensalzar. Por ello, la solución perfecta desde el punto de vista británico era la independencia de facto de Hispanoamérica dentro de un marco poco claro de lealtad a la monarquía española. Así, mientras los comerciantes —con pleno conocimiento y apoyo del gobierno británico— empezaron a comerciar con cualquier puerto que estuviera en manos de los revolucionarios, los agentes oficiales aconsejaban discretamente a los hispanoamericanos que no rompieran todos los lazos con la madre patria. Estos consejos a los rebeldes se complementaban apremiando a España para que adoptara una actitud conciliadora; por otro lado, casi desde el principio, Gran Bretaña se ofreció para mediar en la solución del conflicto.

Venezuela (donde a lo largo de los años de la independencia la lucha se libró con más intensidad que en ningún otro punto de la América española) fue el primer país con un gobierno revolucionario establecido en 1810 que tuvo que enfrentarse a un gran desafío. Una de las causas era estrictamente geográfica: al ser la colonia continental más cercana a España y al estar frente a las Antillas españolas, estaba peligrosamente expuesta a un ataque. El hecho de que Nueva Granada, en su parte occidental, estuviera en buena parte en manos patriotas la protegía, y Nueva Granada ayudó a los insurgentes venezolanos a que se recuperaran de su primera derrota. En cambio, el segundo colapso de Venezuela allanó el camino para la reconquista de Nueva Granada. La rápida evolución del movimiento revolucionario en Venezuela —el primer país de Hispanoamérica que declaró la independencia— fue un factor, entre otros, que dio lugar al estallido de un gran conflicto. La junta de Caracas no hizo nada por arrancar la «máscara de Fernando», pero envió misiones a Gran Bretaña y a los Estados Unidos para presentar su caso y buscar ayuda. También adoptó de forma rápida medidas como abrir los puertos a los barcos de los países amigos y neutrales, prohibir el comercio de esclavos y abolir la alcabala que gravaba los productos básicos. Aunque intentó satisfacer a la vez a los exportadores y a los importadores, a los británicos y a las masas populares, de hecho su propia orientación social se puso claramente de manifiesto en los términos con los que convocó la elección de un primer congreso venezolano. Sólo los varones adultos que trabajaban por su cuenta, o que tenían propiedades valoradas al menos en 2.000 pesos, tenían derecho a votar; ello excluía automáticamente a la inmensa mayoría.

Antes de que se reuniera el congreso (marzo de 1811), la revolución creó otro cuerpo deliberante: la Sociedad Patriótica de Caracas, donde estaba el ala más activa de la burguesía comercial y agraria, así como los representantes de otros grupos sociales, incluidos los pardos. Pronto se convirtió en un foro para algunos, como el joven Simón Bolívar —uno de los más ricos plantadores de cacao—, que no confiaban en que España introdujera cambios en el sistema colonial, incluso en el hipotético caso de que Napoleón fuese vencido. Cuando el conspirador Miranda regresó de Inglaterra en diciembre de 1810, este tipo de consideraciones (y la Sociedad Patriótica) ganaron un nuevo portavoz. La llegada de Miranda despertó el recelo de los criollos más moderados, pero la idea de independencia total avanzó. Al final, el congreso declaró formalmente la independencia el 5 de julio de 1811.

Después, el congreso procedió a redactar la constitución liberal de la «Primera República» de Venezuela, que se promulgó oficialmente en diciembre del mismo año. Un hecho a destacar es su estructura federal, por lo que las provincias en que había estado dividida la antigua colonia de Venezuela conservaban la autonomía en lo referente a sus asuntos internos, pero se unían en una federación para las cuestiones de interés común. Bolívar, en la crítica que más tarde hizo a este federalismo, lo consideró como una de las teorías poco prácticas que ciertos «buenos visionarios… imaginándose repúblicas aéreas»,[9] intentaron imponer en un país no preparado para ello, lo que lo llevó al borde de la ruina. En realidad, la república que inspiró a los que hicieron la constitución no era ni fantástica ni imaginaria: era la de los Estados Unidos, que Bolívar también admiraba, pero que a causa de diferencias culturales e históricas no consideró que fuera un modelo apropiado para Venezuela. Tampoco Miranda quiso seguirla; ambos prefirieron un Estado más centralizado. Sin embargo, no fue sólo el ejemplo de los Estados Unidos lo que motivó que una mayoría de diputados votaran al federalismo. Después de todo, Venezuela, como unidad política que tenía aproximadamente el tamaño y la línea fronteriza de ahora, sólo nació como tal al crearse la capitanía general en 1777, y Caracas aún no había tenido tiempo para vencer las fuertes tendencias particularistas de las otras provincias. Además, las diferencias regionales que realmente existían en la estructura social y económica y en la composición étnica —por ejemplo, entre el cinturón de plantaciones tropicales con esclavos que rodeaba Caracas, las escasamente pobladas y abiertas dehesas de la cuenca del Orinoco y las tierras altas de occidente, cuyos lazos más próximos se establecían con los Andes de Nueva Granada— de alguna manera hacían que el federalismo no fuera intrínsecamente más artificial que la estructura unitaria.

La constitución de 1811 también establecía la igualdad jurídica de todos los hombres sin diferencias de raza, una cuestión que levantó una gran polémica pero que pareció el corolario ineludible de las doctrinas políticas que los padres fundadores defendieron, al menos, de palabra. Se esperaba que gustara a los pardos y apenas ponía en peligro el dominio de la élite criolla, ya que la misma constitución continuaba manteniendo la ocupación y la propiedad como condición indispensable para votar. El reformismo del congreso venezolano también se reflejó en el artículo de la constitución que suprimía los fueros del clero y de los militares. Aún no se aceptaba la tolerancia religiosa, bien porque por principio fuera objecionable o porque meramente se considerase que era demasiado pronto para establecerla, pero fue abiertamente discutida, y esto en sí mismo ya tuvo un efecto perturbador.

Las guerras de independencia en América del Sur española: escenario del norte

Sin embargo, en Venezuela había quien —tanto gente del país como europeos—pensaba que las cosas habían ido demasiado lejos y durante julio y agosto de 1811 ya tuvo lugar una contrarrevolución en Valencia. Fue aplastada con dificultad, pero el nuevo régimen fue incapaz de efectuar una acción decisiva contra los enclaves realistas de Maracaibo y Coro. En marzo de 1812, después de la llegada de refuerzos desde la colonia española de Puerto Rico, un pequeño ejército bajo las órdenes del capitán naval de origen canario, Domingo de Monteverde, empezó a avanzar desde Coro contra el territorio de los patriotas. Monteverde no había avanzado mucho cuando recibió la ayuda de la naturaleza: el 26 de marzo un terremoto destruyó gran parte de Caracas y otras poblaciones que estaban en manos de los republicanos, pero apenas afectó al territorio ocupado por los leales al rey. Para la gente quedó bien clara cuál era la preferencia divina y ello tuvo un efecto inimaginable en la moral de los patriotas. Además, el desastre causó pérdidas económicas y extendió la desorganización entre las filas de los patriotas.

Las continuas tensiones sociales y raciales contribuyeron a ir ennegreciendo el panorama. La abolición de la trata de esclavos y la otorgación de la igualdad formal a los pardos libres cambiaron de hecho poco la estructura de la sociedad. La clase alta criolla, que gracias a la revolución había adquirido virtualmente el monopolio del poder político, lo usaba para defender sus intereses. La esclavitud perduró y se cazaba a los esclavos fugitivos. Se redactaron unas ordenanzas para los llanos con objeto de imponer el sistema de propiedad privada tanto sobre los pastos como sobre el ganado cimarrón en perjuicio de los indisciplinados y no blancos llaneros, quienes quedarían reducidos al estatus de peones sujetos a reglamentos. Los llaneros respondieron a la llamada de los líderes de la guerrilla realista, mientras que en otros puntos de Venezuela los esclavos se levantaron contra sus amos en nombre del rey.

El nombramiento de Miranda como jefe supremo con poderes dictatoriales el 23 de abril de 1812 no fue suficiente para contener la marea. Es verdad que contaba con un historial de militar, pero el problema real no era la falta de tales profesionales, y muchos desconfiaban de él. Monteverde continuó avanzando y, el 6 de julio, después de un levantamiento de los prisioneros realistas, Simón Bolívar tuvo que abandonar la estratégica fortaleza de Puerto Cabello y Miranda capituló el 25 del mismo mes. Un grupo de sus antiguos subordinados, Bolívar entre ellos, que sospechaba de sus motivos para rendirse, le impidieron que escapara. Encarcelado por Monteverde, Miranda, a pesar de los términos de su rendición, fue enviado prisionero a España donde murió en 1816.

A finales de 1812, Bolívar estaba en Nueva Granada, donde lo que los historiadores colombianos llaman la «Patria Boba» estaba en plena efervescencia. Su presunta bobería consistía en gran parte en una situación extrema de falta de unidad interna. En Nueva Granada, la dificultad de comunicación y los contrastes sociales y culturales entre las regiones eran incluso más acusados que en Venezuela, y la misma capital —la más pequeña y la menos impresionante de las sedes de gobierno virreinales— sólo era accesible desde la costa a través de un inconfortable viaje por el río Magdalena y después por los caminos andinos. En las tierras altas cercanas a Bogotá alternaban grandes propiedades territoriales con minifundios y los resguardos (propiedades comunales de las poblaciones indias) que quedaban, los cuales difícilmente conservaban su integridad ante la presión de los criollos y los mestizos. Socorro, en el noroeste, aún era un centro importante de industrias artesanales —tejidos en particular— y en la provincia noroccidental de Antioquia, al igual que en las tierras bajas del Pacífico, se producía el oro que constituía el único producto importante de exportación de Nueva Granada. Panamá, aunque políticamente estaba subordinada a Nueva Granada, casi no tenía contactos con las otras provincias; por otro lado, Cartagena, que era el punto de enlace comercial entre el interior y el exterior, constituía un mundo cultural aparte con una reducida clase alta blanca que dominaba a una mayoría que tenía un notorio componente racial afrocaribeño.

Las rivalidades políticas y de otro tipo entre las provincias fueron tales que hasta noviembre de 1811 no se pudieron crear las Provincias Unidas de Nueva Granada. Esta federación fue más débil que la de Venezuela, es más, no todas las provincias se unieron a ella. La ausencia más importante fue la de la misma Bogotá que ahora era el centro del estado de Cundinamarca. A su cabeza, con poderes semidictatoriales, se encontraba el «precursor» Antonio Nariño, quien al comenzar la lucha por la independencia estaba encarcelado en Cartagena pero que regresó a su nativa Bogotá y allí se encargó del gobierno de Cundinamarca. Nariño afirmó que en Nueva Granada la causa revolucionaria sólo podía establecerse sobre una firme base militar y política. Mantuvo a Cundinamarca separada de las Provincias Unidas arguyendo que la forma de unión era demasiado débil, y de esta manera se debilitaba más todavía. A principios de 1812 el antagonismo entre Cundinamarca y las Provincias Unidas degeneró en hostilidades armadas que prosiguieron hasta casi el final de la «Patria Boba».

Algunas otras regiones de Nueva Granada quisieron no tener nada que ver con ninguno de los dos bandos y siguieron siendo leales al Consejo de Regencia establecido en España. Este fue el caso de Panamá, que permaneció al margen de la lucha hasta que una década más tarde Lima se declaró a favor de la independencia. También fue el de Santa Marta, una rival tradicional de la patriótica Cartagena, que en 1810 por poco tiempo se sumó a la revolución, pero que cambió de lado antes de terminar el año. Otro caso fue el de Pasto en el lejano sur, aislada cultural y económicamente en sus muy intrincadas montañas y fanáticamente anclada en su propia variedad de catolicismo popular. Popayán, al norte de Pasto, era un área disputada por las fuerzas realistas y las revolucionarias que iba y venía de unas manos a otras. Nariño, tras haber establecido una alianza temporal con las Provincias Unidas, en septiembre de 1813 salió de Bogotá con un pequeño ejército con la esperanza de recuperar Popayán y poder seguir hasta Pasto. Pudo recuperar Popayán pero fue hecho prisionero no muy lejos de su último objetivo. (Enviado a prisión a España como Miranda, Nariño sobrevivió y pudo regresar a su país). Las operaciones militares ya fueran a favor o en contra de la revolución quedaron limitadas a estos y a otros escenarios regionales y no fueron decisivas. Además, nunca distrajeron a los patriotas de sus propias disputas.

Aunque Nueva Granada no logró alcanzar la unidad, sus provincias acabaron por proclamar abiertamente su independencia, si bien lo hicieron por regiones. Cartagena lo hizo el 11 de noviembre de 1811. Teniendo el mayor puerto del área, Cartagena dispuso sobre bases regulares el establecimiento del comercio con países que no fueran España y abolió el comercio de esclavos. Igualmente abolió la Inquisición que había tenido en Cartagena uno de los tres principales puntales coloniales. Cierto número de provincias dispusieron el reparto de los resguardos entre los indios de forma individual. Aunque se dijo que se otorgaba a los indios el beneficio de la propiedad privada, la liquidación de los resguardos abriría la posibilidad de que fueran adquiridos por los no indios. A los indios les daba lo mismo que las nuevas autoridades no tuvieran auténtica oportunidad de aplicar la disposición. En 1814, Antioquia adoptó una ley de vientre libre, que garantizaba la libertad jurídica de todos los niños que desde entonces nacieran de una esclava. Esta medida fue mucho más lejos que cualquiera tomada en Venezuela y hay que subrayar el hecho de que se trataba de una provincia cuya población esclava era importante, si bien es cierto que la rentabilidad de la esclavitud en las minas de oro de Antioquia había decaído.[10] No obstante en esta legislación antiesclavista, por lo general los intereses sociales propugnados por los líderes revolucionarios de Nueva Granada eran similares a aquellos que tuvo la Primera República venezolana. Si la revolución de Nueva Granada no se vio amenazada por ningún conflicto grave social y racial, en gran parte se debió a que las tensiones subyacentes no habían madurado —por falta de un proceso de cambios socioeconómicos rápidos a diferencia de lo ocurrido en Venezuela a finales del período colonial— y a que el carácter discontinuo de la lucha por la independencia dejó menos sitio a la participación popular.

En Venezuela, durante un tiempo, pareció como si Monteverde pudiera restaurar el régimen colonial sobre una base sólida, pero al combinar la conciliación con las retribuciones, ni destruyó a los enemigos de España ni se los ganó de verdad. Un ejemplo típico de ello lo constituye el trato que dio a Simón Bolívar: sus propiedades fueron confiscadas junto con las de otros muchos, pero lo liberó y le permitió que se fuera de la colonia. Más tarde, Monteverde se enfrentó con algunos de sus propios partidarios por el hecho de que sólo aceptó simbólicamente la constitución de 1812 (adoptada por las Cortes de Cádiz y que se intentó que sirviera de base para unir a los españoles europeos y americanos bajo una monarquía liberal constitucional), así como por su tendencia a rodearse de tenderos y ex tenderos mediocres, en particular de origen canario como él.

En enero de 1813 empezaron a mejorar las perspectivas revolucionarias cuando Santiago Marino, que se había refugiado en Trinidad, invadió la zona oriental de Venezuela donde se hizo fuerte. Unos pocos meses después, habiendo obtenido la ayuda de las Provincias Unidas de Nueva Granada, Bolívar lanzó otro ataque desde occidente, y en la llamada Campaña Admirable de 1813 avanzó rápidamente hacia Caracas, donde entró triunfalmente el 6 de agosto. El 15 de junio en Trujillo, en mitad de la campaña, Bolívar declaró su «guerra a muerte» contra todos los peninsulares que no se adhirieran a la revolución, y por otro lado amnistió a los realistas criollos, incluso aquellos que se habían levantado en armas. Con ello, Bolívar quería polarizar la situación entre españoles y americanos con lo que obligaría a los primeros a sumarse a los insurgentes o a abandonar Venezuela y haría que los segundos se declararan más firmemente a favor de la independencia. No está nada claro hasta qué punto se cumplieron estos propósitos, aparte de incitar a ambos bandos a las mayores atrocidades, pero expresaban fielmente el pensamiento de Bolívar sobre el modo de abordar la guerra en esta nueva fase. Bolívar, cabeza de facto de la revolución, gracias al brillante éxito de su Campaña Admirable, se abstuvo de reinstaurar la constitución de 1811. La Segunda República fue una dictadura militar en todos los sentidos.

De esta manera Bolívar quería evitar la debilidad política que en su concepto había provocado la caída de la Primera República. Los conflictos sociales y raciales también habían contribuido a la destrucción de la Primera República, y él no tenía solución para ellos. Los pardos desaprobaban la dirección revolucionaria. Además, a pesar de la reconquista de Caracas efectuada por Bolívar, algunas fortalezas quedaron en manos de los realistas que amenazaban a la restaurada república por sus flancos, mientras que el renacimiento de la actividad de la guerrilla realista la roía por dentro. El pequeño comerciante español y ex contrabandista, José Tomás Boves, fue el jefe de guerrilla más victorioso; organizó a los pardos de quienes recibió una lealtad incondicional, en parte porque toleró los excesos de todo tipo que cometieron contra otros blancos. Más tarde alentó a sus hombres prometiéndoles las propiedades de los patriotas criollos. Considerar a Boves como el realizador de una sistemática política de igualdad social e incluso como un «reformador agrario» parece más que discutible.[11] En cambio, lo que no se puede negar es la eficacia de Boves y de otros dirigentes de las guerrillas populares realistas. Aunque también sufrió derrotas, el 15 de junio de 1814 Boves consiguió aplastar a las fuerzas conjuntas de Bolívar y Marino en la batalla de La Puerta, lo que una vez más obligó a éstos a evacuar Caracas. Boves murió algo más tarde, dentro del mismo año, en una operación de limpieza en la zona oriental de Venezuela, pero por entonces la Segunda República ya no existía.

Bolívar de nuevo se fue a Nueva Granada, que había cambiado bien poco desde que salió de ella en 1813. Los enclaves realistas continuaban sin rendirse, y los centralistas y los federalistas aún estaban peleándose. Al conquistar Bogotá en diciembre de 1814, ayudó a poner el último argumento a favor de los federalistas, no porque compartiera sus principios, sino porque tenía una deuda contraída con ellos por la ayuda que las Provincias Unidas le habían otorgado en 1813. Comisionado para que hiciera algo acerca de la realista Santa Marta, pronto se vio atrapado en un enfrentamiento con la patriota Cartagena y poco después disgustado se fue a las Antillas a proyectar un nuevo plan de acción. Por ello, cuando llegó el desastre final él estaba ausente de Nueva Granada.

La derrota del ejército de Napoleón en España en 1813 y la restauración de Fernando VII en el trono español en los primeros meses del siguiente año colocaron a España en una posición mejor para tratar la rebelión de las colonias americanas. A pesar de sus promesas iniciales, el rey abolió la obra constitucional que los liberales españoles habían establecido durante su ausencia, y en su lugar implantó un gobierno tan absolutista como pudo. Él y sus ministros también plantearon una amplia serie de propuestas para la «pacificación de las Indias» que incluían el proyecto de hacer concesiones comerciales o de otro tipo a las colonias, una represión más eficaz y la aceptación de un mediador (en principio, Gran Bretaña). De la confusión creada por los proyectos contradictorios, nunca surgió una política coherente, pero, a principios de 1815, se puso en camino una de las mayores fuerzas expedicionarias. Consistía en más de 10.000 hombres bien equipados y fue la más grande que España envió durante la lucha para recuperar el control de sus colonias americanas. El experimentado soldado profesional Pablo Morillo fue su comandante y Venezuela fue su primer objetivo. Se eligió Venezuela antes que al Río de la Plata, el enclave preferido por los comerciantes de Cádiz que tenían los ojos puestos en el mercado de Buenos Aires, porque era más asequible y porque desde allí se podía acceder rápidamente a otros puntos estratégicos. Una vez que la expedición hubiera consolidado el control realista de Venezuela, se atacaría a Nueva Granada, y todas las tropas que no se necesitaran en el norte de Suramérica se enviarían a Perú (vía Panamá) o a Nueva España.

Aunque a su llegada (abril de 1815) Morillo se encontró con que Boves y los suyos ya se habían encargado de los insurgentes venezolanos, intentó establecer un gobierno militar en la región. Penetró en Nueva Granada, por el lado de Santa Marta, con un ejército de 5.000 hombres; primero se dirigió a Cartagena que el 6 de diciembre se rindió, no a causa de un asalto sino de hambre. A continuación las fuerzas de Morillo penetraron en el interior y en mayo de 1816 ocuparon Bogotá. En la lucha, los desorganizados patriotas de Nueva Granada demostraron no estar a la altura de los invasores; pero Morillo no era nada inclinado a la indulgencia y con ejecuciones masivas, empezando con la de fuera de las murallas de Cartagena y continuando con la que siguió a la caída de Bogotá, acabó con la mayor parte de los altos dirigentes y con varios inspiradores menores de la «Patria Boba». Sólo unos pocos, con buenas relaciones o suerte, sobrevivieron padeciendo castigos menores, y otros escaparon a los llanos orientales de Nueva Granada donde se sumaron a los fugitivos procedentes del hundimiento de la Venezuela patriota. A finales de 1816 la mayor parte del virreinato de Nueva Granada, incluyendo Quito, estaba sin problemas en manos realistas.

Hasta 1810, los sucesos de Quito habían tenido escasa relación directa con los del resto del virreinato. Pero Quito no se podía aislar del centro del poder realista en el Perú. Así, su segundo gobierno independiente, organizado en septiembre de 1810, fue destruido por un ejército enviado por el virrey Abascal desde Perú, tal como ya había ocurrido en 1809. Este segundo gobierno sobrevivió más tiempo —unos dos años— y en este período mantuvo enfrentamientos no decisivos con la ultrarrealista Pasto en el norte y con Cuenca y Guayaquil en el sur, las cuales otra vez, como en 1809, rehusaron seguir la dirección de la capital. En Quito se produjeron algunos enfrentamientos entre facciones de la nobleza local y se llegó al punto de que se autoproclamó monarquía constitucional independiente. No llegó a hacer mucho más.

La revolución del Río de la Plata nunca sucumbió ante la conquista o la contrarrevolución, pero quedó inmersa en crisis, tanto de orden interno como externo, que parecían no tener fin. Como ya hemos visto, la revolución empezó en mayo de 1810 con el establecimiento de una junta gubernativa en Buenos Aires dirigida por el líder de la milicia criolla, Cornelio Saavedra. Sin embargo, inicialmente, ante la ausencia de un dirigente que reuniera la altura militar y política de Miranda o Bolívar, Mariano Moreno, uno de los dos secretarios de la junta, fue la personalidad más influyente, a quien tanto sus admiradores radicales como sus detractores conservadores calificaban de «jacobino».

El radicalismo de la revolución del Río de la Plata en su primera fase no introdujo grandes innovaciones legislativas o institucionales. Así, por ejemplo, por lo que se refiere a la apertura del puerto al comercio con los extranjeros, la junta sólo confirmó y reformuló la disposición que el virrey Cisneros había tomado antes como medida provisional. La junta declaró la igualdad de los indios y los descendientes de españoles, pero es notable la omisión de una mención de igualdad de los pardos.[12] En la propia Buenos Aires, la retórica del igualitarismo sirvió principalmente para incitar el fervor popular y combatir los privilegios reales o imaginarios de los peninsulares, quienes empezaron a ser discriminados en los cargos públicos y en el sistema impositivo.

Los españoles y otros individuos sospechosos de deslealtad al orden revolucionario padecieron algo más que la discriminación. Los jueces de la Audiencia fueron enviados al exilio por suponerse que habían dicho que la junta debía reconocer el Consejo de Regencia establecido en España, y en su lugar se creó un nuevo tribunal supremo. Un trato aún más duro se aplicó en agosto de 1810 a los implicados en el primer intento contrarrevolucionario abierto. Tuvo lugar en Córdoba, donde las declaraciones de la junta de Buenos Aires entraron en contradicción con los fuertes sentimientos realistas que allí existían. Entre los instigadores de la oposición cordobesa se encontraba el héroe de la defensa de Buenos Aires contra los ingleses, Santiago Liniers, que se había retirado allí al ser destituido como virrey en 1809. La respuesta de la junta fue rápida y ejemplar, encontrándose Moreno entre los que insistieron en que no se debía tener ningún tipo de compasión. A pesar de los servicios prestados en el pasado, Liniers fue fusilado junto con otros jefes supuestamente en rebeldía.

El papel personal de Moreno fue más claro y directo en el campo de la propaganda revolucionaria. Encargado del periódico oficial de la junta, Gaceta de Buenos Aires, utilizó sus páginas para preparar a la opinión pública para que aceptara otros cambios cuando llegara el momento oportuno. Los artículos que escribió defendían implícitamente el gobierno republicano y la independencia. La más impresionante de sus publicaciones fue la que hizo del Contrato social de Rousseau. A pesar de que omitió los pasajes sobre la religión, la obra no fue bien recibida por los católicos o por aquellos que creían que la revolución estaba yendo demasiado de prisa.

En las provincias interiores, sobre todo, existían dudas sobre la marcha de la revolución. Aunque pronto fue evidente que las zonas más extremas del virreinato deberían someterse a la autoridad de Buenos Aires por la fuerza —y Moreno fue de los que lo aceptó con agrado— en lo que actualmente constituye Argentina, el nuevo gobierno pactó tranquilamente con las oligarquías locales, o al menos con parte de ellas. Así sucedió que la misma gente, o la misma clase de gente, que bajo el Antiguo Régimen dominaron la sociedad colonial continuaron haciéndolo bajo el nuevo, y entre ella hubo pocos que buscasen algo más radical que ejercer ellos mismos una mayor influencia. Se sintieron algo incómodos con la ejecución de Liniers o con la publicación de la obra de Rousseau, y cuando sus representantes empezaron a llegar a Buenos Aires para ocupar plazas en la junta tal como se les había prometido, se convirtieron en una clara amenaza para Mariano Moreno y sus colaboradores más inmediatos. Moreno buscó la manera de posponer su toma de posesión, pero incluso en Buenos Aires había quien recelaba del curso que seguía la revolución. Este era el caso del presidente de la junta, Cornelio Saavedra, que aún controlaba el aparato militar y que acabó por tomar partido por los delegados provinciales. Cuando a mediados de diciembre se les admitió en la junta, Moreno aceptó la derrota y dimitió. En compensación, se le encargó una misión diplomática en Europa, y este primer caso de exilio político resultó efectivo de una manera poco corriente porque el desplazado secretario de la junta murió durante el viaje y fue enterrado en el mar.

Con la salida de Moreno no terminó el conflicto entre morenistas, saavedristas y otras facciones o subfacciones. La composición de la junta gubernativa experimentó más cambios, y a finales de 1811 ésta se disolvió, siendo sustituida por el Primer Triunvirato que más tarde dio paso al Segundo Triunvirato —y, en los primeros meses de 1814, a un Directorio Supremo. Las diferentes facciones revolucionarias no se preocuparon sólo de obtener y conservar el poder, sino que, como veremos, se enfrentaron a sus enemigos declarados del Alto Perú y Montevideo, aunque fluctuó su celo en combatirlos. En abril de 1812 se prohibió la trata de esclavos que era una medida progresiva, si bien no radical, que agradó a los británicos. En el mismo año, con otra medida se quiso fomentar la llegada de inmigrantes, pero en la práctica los principales inmigrantes fueron británicos y otros comerciantes extranjeros, que, gracias a sus buenas conexiones con el exterior y al uso de métodos innovadores, pronto controlaron una parte muy importante del comercio de importación y exportación. La influencia británica, que era más fuerte y directa en el Río de la Plata que en el resto de Hispanoamérica, también contribuyó a que las autoridades patrióticas conservaran «la máscara de Fernando» en vez de proclamar abiertamente la independencia. Ello se debió a que a Gran Bretaña le resultaba más fácil representar el doble papel de aliada de España contra Napoleón en Europa y de amiga de las colonias rebeldes de España si los rioplantenses hacían ver que eran leales al rey cautivo.

Algunos censuraron que no se declarara la independencia; entre ellos estaban los morenistas supervivientes que formaban la espina dorsal de la Sociedad Patriótica, organizada en enero de 1812 a fin de exigir que se persiguieran más activamente los objetivos revolucionarios. Los propósitos y, de alguna manera, la composición de la Sociedad Patriótica coincidían con los de la logia Lautaro, una sociedad secreta organizada sobre bases semimasónicas. Entre los fundadores de la logia se encontraba el que sería el héroe nacional argentino, José de San Martín, que hacía poco había regresado de la madre patria donde había servido en el ejército español como oficial de carrera. Con su participación en la logia Lautaro, y a través de ella, se tipificó la aparición en el escenario político de una nueva fuerza política: el ejército regular, cuyos oficiales, más que ser militares de carrera como él mismo, en su mayoría se habían improvisado desde el principio de la revolución y sirvieron de contrapeso a la milicia urbana básicamente saavedrista. En cualquier caso, la unión de los herederos políticos de Moreno con San Martín y otros jefes militares relacionados con la logia Lautaro resultó demasiado fuerte para los saavedristas que controlaban el Primer Triunvirato, el cual fue derribado en octubre de 1812. El Segundo Triunvirato que lo reemplazó fue un instrumento en manos de la logia y lo mismo ocurrió con la Asamblea General Constituyente que en enero de 1813 empezó a funcionar en Buenos Aires como primer congreso nacional.

Las guerras de independencia en América del Sur española: escenario central

Tal como sugiere el título oficial de la Asamblea, ésta debió elaborar una constitución con la que regir el virreinato que ahora pasaba a denominarse Provincias Unidas del Río de la Plata. De hecho nunca lo hizo y tampoco llegó a declarar la independencia, pero al adoptar una bandera, una moneda y un himno, hizo una declaración simbólica de soberanía nacional. También promulgó una ambiciosa serie de reformas que incluía la ley de vientre libre —como primera medida para emprender la abolición gradual de la esclavitud—, así como también la abolición de la tortura y de los títulos nobiliarios, la prohibición de vincular bienes y otras muchas medidas. Además existió una primera tanda de anticlericalismo. La abolición de la debilitada y ampliamente desacreditada Inquisición no fue en realidad muy controvertida, pero la prohibición de que cualquier persona menor de 30 años pudiera hacer votos fue un serio golpe a las órdenes religiosas, que en definitiva es lo que se quería que fuera. En agosto de 1813, el decreto que prohibía que se bautizara a los niños con agua fría, aunque se trataba de algo aparentemente trivial, puso de manifiesto que existía una corriente de cuestionamiento de las tradicionales prácticas religiosas. Es seguro que el programa legislativo de la Asamblea tuvo poco impacto sobre las estructuras básicas de la sociedad puesto que los títulos y las vinculaciones no existían o sólo eran importantes en las provincias del Alto Perú, y el principio del nacimiento en libertad tuvo de inmediato un efecto menor sobre la esclavitud que la práctica —cada vez más corriente— de confiscar esclavos para el servicio militar, a cambio de lo cual quedaban libres si sobrevivían. Aun así, la amplitud y los matices que tuvo este programa se compaginan perfectamente con el sabor algo jacobino del nombre que se ha dado a esta reunión —Asamblea del Año XIII— en la tradición argentina. Tal como señala el himno nacional que ésta adoptó:

Oíd, mortales, el grito sagrado:

Libertad, Libertad, Libertad;

oíd el ruido de las rotas cadenas,

ved en trono a la noble igualdad.

De entre las áreas periféricas del virreinato del Río de la Plata, los patriotas argentinos, por una buena razón, primero se fijaron en el Alto Perú. Ahí se encontraba la plata de Potosí, cuyo comercio era sumamente importante para los intermediarios comerciales así como para los cobradores de impuestos de Buenos Aires. El levantamiento regional de 1809 y sus violentas consecuencias hicieron pensar que un ejército libertador podría ser bien recibido. Por ello, una formación militar ascendió con dificultad hasta el Alto Perú. Estaba dirigida por el comisario político Juan José Castelli, un abogado, miembro de la junta de Buenos Aires y aliado de Mariano Moreno, que compartió el anhelo de este último de extender la revolución hasta los límites más extremos del virreinato. El ejército revolucionario consiguió una decisiva victoria en la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810 y entró en Potosí poco después. En otros lugares, incluyendo Chuquisaca y La Paz, los patriotas locales tomaron el poder y rápidamente establecieron lazos con ellos.

Las cosas habían ido bien, así que Castelli y sus colaboradores se envalentonaron hasta el punto de olvidar cualquier medida de precaución. No sólo fueron implacablemente duros con los realistas vencidos, sino que tiranizaron a aquellos que de forma espontánea aprobaron su llegada. Escandalizaron a la gente devota con demostraciones públicas de librepensamiento. Buscaron el apoyo de los indios y por ello destacaron la declaración de igualdad jurídica, lo cual en un área de abundante población india tuvo tanto un sentido práctico como ideológico, pero la medida no siempre fue apreciada por los blancos o los mestizos. En términos militares los argentinos no resultaron ser un auténtico contrincante para el experimentado comandante realista, José Manuel de Goyeneche, quien, al igual que en 1809, vino del Perú a restaurar el orden. El 20 de junio de 1811, aplastó a los patriotas en Huaqui, cerca del lago Titicaca. En la larga retirada que siguió, los argentinos fueron acosados por la gente que habían ido a liberar y la retirada no terminó hasta que los victoriosos realistas penetraron casi hasta Tucumán.

En 1813, los patriotas argentinos pudieron reemprender la iniciativa y de nuevo marcharon hacia el Alto Perú como libertadores. Esta vez iban dirigidos por Manuel Belgrano, que como comandante militar era un auténtico autodidacta, pero era prudente y metódico y evitó el peor de los errores cometidos anteriormente. Hacia mediados de mayo, estaba en Potosí y en todas partes causó una buena impresión hasta que en noviembre de 1813, poco antes de su propia retirada, trató de dinamitar la Casa de la Moneda de Potosí. Su derrota final se debió simplemente a la superioridad militar de las fuerzas que se enfrentaron a él, que ahora estaban bajo la dirección del general español Joaquín de Pezuela. Otro ejército invasor también fue derrotado por Pezuela en 1815. Después, los patriotas argentinos se interesaron por otros puntos, dejando que la resistencia en el Alto Perú quedara en manos de las numerosas partidas de guerrilleros que se habían empezado a formar en 1809 y que nunca se extinguieron totalmente. Éstas reclutaron a las masas indias (tal como todos hicieron en este escenario militar), pero normalmente fueron dirigidas por mestizos o criollos de origen no aristocrático. Abundaron las partidas en los valles altos justo debajo del altiplano, donde se erigieron y desaparecieron una serie de republiquetas. Aunque después de 1816 era muy reducida, la guerrilla constituyó el movimiento de independencia de lo que actualmente constituye Bolivia hasta la llegada, en 1825, de un ejército libertador procedente de una dirección distinta y sorprendente: Perú (véase más adelante).

Aunque los gobernantes de Buenos Aires no se dieron cabal cuenta de ello, al dejar el Alto Perú en manos de unas partidas locales, dejaron que de hecho la región se escapara de su dominio. Por otro lado, la separación de facto de Paraguay se produjo incluso antes. Cuando Paraguay vaciló en reconocer la junta de mayo de 1810, se organizó y envió una expedición bajo el mando de Manuel Belgrano (quien más tarde fue derrotado en el Alto Perú). A principios de 1811, fue vencido por dos veces por las fuerzas de la milicia paraguaya. Una vez que Belgrano fue expulsado, los paraguayos establecieron su propia junta, en mayo de 1811, mediante un golpe incruento. Abrieron negociaciones con Buenos Aires con el objetivo de encontrar algunas bases de cooperación, pero en la práctica Paraguay siguió su propio camino, independiente de Madrid y de Buenos Aires. Hacia finales de 1813, sucumbió a la firme dictadura personal de José Gaspar Rodríguez de Francia, un intelectual criollo que escogió gobernar con el apoyo de las masas mestizas que hablaban guaraní. Francia desconfió de Buenos Aires y acabó por aislar Paraguay no tanto de los contactos comerciales sino de los contagiosos desórdenes políticos de Argentina.[13] Si Francia logró todo esto, fue porque Buenos Aires tenía problemas más grandes y urgentes de que preocuparse antes que de la insubordinación de Paraguay.

Uno de los problemas que eclipsaron los que había entre Paraguay y los porteños (habitantes de Buenos Aires) fue la situación de Montevideo y su región, el actual Uruguay. Allí, el primer golpe contra el dominio español fue asestado a principios de 1811 por José Gervasio Artigas, vástago de una familia de Montevideo que tenía importantes intereses rurales y un historial de cargos públicos. Artigas enarboló la bandera de la rebelión en el campo, donde su relación con los gauchos, ocupantes de tierras y propietarios medios le proporcionó un gran número de seguidores. Al principio reconoció la supremacía de la junta de Buenos Aires; sin embargo, no fue un adherente incondicional porque tenía la idea de establecer una confederación de provincias autónomas del Río de la Plata, mientras que los gobiernos que sucesivamente mandaban en Buenos Aires rechazaban tal proyecto. Artigas también se sintió perjudicado por lo que él consideraba la falta de una auténtica voluntad, por parte de Buenos Aires, de liberar su provincia, como lo demostraba el hecho de que el gobierno porteño quisiera establecer una tregua tanto con los españoles —aún atrincherados en Montevideo— como con los portugueses, que entrevieron la ocasión de volver a poner el pie en el Río de la Plata y en 1811 enviaron una fuerza «pacificadora». Los portugueses abandonaron su intento al año siguiente, pero sólo porque los ingleses consideraron que era una complicación innecesaria y presionaron para que abandonaran la idea. Al final, en 1814, un ejército de Buenos Aires consiguió la rendición de Montevideo, pero entonces ya se habían roto de forma definitiva las relaciones con Artigas, y éste estaba convirtiéndose en líder de los federalistas antiporteños de las provincias del llamado Litoral, que discurría a lo largo del río Paraná. Obligado a enfrentarse a Artigas y a otros disidentes —sin contar con el problema del Alto Perú—, el gobierno de Buenos Aires fue incapaz de vencer a Artigas y en febrero de 1815 finalmente le cedió Montevideo.

Una vez al mando de toda la Banda Oriental, Artigas se ocupó de organizaría bajo su control y en reconstruir su economía destruida por la guerra. En la cuestión agraria introdujo una de las medidas más interesantes y originales del período de la independencia. Tuvo que hacer frente al problema de los rebaños diezmados y de las vastas extensiones de tierra abandonadas por sus propietarios. Lo solucionó con la confiscación sin compensación de las tierras pertenecientes a los «malos europeos y peores americanos» que habían emigrado (en bastantes casos a Buenos Aires) y proceder a su redistribución, dando prioridad a «los negros libres, los sambos de esta clase, los indios, y los criollos pobres».[14] Artigas, en función de estas disposiciones que tanto reflejan una inclinación populista en las cuestiones sociales como la propia convicción de que el medio más rápido de volver a hacer productivas las tierras era el de otorgarlas a los pequeños granjeros y rancheros que podían explotarlas directamente, ha sido considerado como el primer gran reformador agrario de Suramérica. Pero Artigas nunca tuvo tiempo de llevar a la práctica su programa, puesto que en 1816 tuvo que hacer frente a una nueva invasión portuguesa desde Brasil. Esta vez los ingleses no intervinieron y aún menos los porteños. Además, los invasores obtuvieron el apoyo de un gran número de uruguayos que no estaban contentos con el populismo agrario de Artigas y/o estaban convencidos de que la causa de éste estaba perdida. Hacia principios de 1820, toda la Banda Oriental estaba bajo control portugués.

En la segunda mitad de la década de la revolución del Río de la Plata eran más modestos los propósitos y las obras del gobierno revolucionario, lo que en parte al menos reflejaba la existencia de un amplio descontento ante lo que se había hecho ya. Fuera de Buenos Aires, tal descontento procedía de la desaprobación de los conservadores de las innovaciones revolucionarias y del resentimiento local ante el centralizador poder político. En el mismo Buenos Aires, la mayoría de la clase alta —siempre temiendo identificarse demasiado con el nuevo régimen— estaba harta de préstamos forzosos y de otras exacciones, cansada de la inestabilidad política, y miraba con cierto desdén a los líderes civiles y militares que desde 1810 habían convertido la «carrera de la revolución» en una vocación personal de dedicación exclusiva.[15]

Tanto en la capital como en el interior, los fracasos de los dirigentes frente a los enemigos externos fueron otra fuente de descontento. Además, por esta época, en la América española la causa de la insurrección estaba llegando a su punto más bajo, mientras que la derrota de Napoleón en Europa anunciaba una contrarrevolución, una de cuyas muchas facetas fue la restauración de un agresivamente reaccionario Fernando VII en el trono español. Entonces, no faltaban motivos para contener los impulsos revolucionarios del Río de la Plata. El cambio de que se trata fue facilitado por la expulsión, en abril de 1815, del director supremo Carlos María de Alvear, que había sido uno de los fundadores de la logia Lautaro. Aunque Alvear más tarde apoyaría un desesperado intento de reconciliación con España —o si ello fracasaba, de ser un protectorado británico—, por entonces aún era un heredero de la tradición activista de Moreno. Por otro lado, en el interior del país era considerado como un representante de la clase de dominación porteña más odiosa, y por ahí empezó la oposición contra su autoridad. Sin embargo, el movimiento se extendió a Buenos Aires, donde gran parte del ejército, que previamente estaba al lado de Alvear sirviéndole de firme puntal, ahora se volvió en su contra.

Alvear fue sustituido primero por un director interino y después por otro. Entretanto, en marzo de 1816, se eligió y reunió el nuevo congreso constituyente en Tucumán —cuyo sitio fue una clara concesión ante el descontento de las provincias. El congreso de Tucumán fue mucho más conservador que la Asamblea del Año XIII, y no solamente porque casi la mitad de sus miembros fueran religiosos. Finalmente declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero no se trató de un signo de militancia revolucionaria sino del reconocimiento práctico del hecho de que, al reinstaurarse el absolutismo en España, era absurdo continuar proclamando su lealtad a Fernando. Sin embargo, los mismos diputados que declararon la independencia eran en su mayoría favorables a la implantación de un sistema monárquico constitucional como forma de gobierno de la nueva nación. Algunos pensaron que lo más conveniente era encontrar un heredero apropiado de los antiguos emperadores incas y coronarle rey de las Provincias del Río de la Plata, y casarle, quizá, con una princesa portuguesa a fin de aumentar la protección del nuevo Estado. Otros preferían un príncipe europeo, y en los siguientes años se hicieron sondeos en Europa para ver a quién se podía reclutar. No se encontró ningún pretendiente, pero el mismo esfuerzo se ajustó al estado actual de los ánimos. Lo mismo puede decirse de la renuencia del nuevo congreso a reasumir el trabajo de reforma tan querido por sus predecesores.

En mayo de 1816 el congreso de Tucumán eligió a uno de sus miembros, Juan Martín de Pueyrredón, como director supremo, el cual mostró tan poco interés en las innovaciones liberales como el congreso. También colaboró estrechamente con el congreso cuando en 1817 se trasladó a Buenos Aires y allí empezó a elaborar una constitución que se terminó en 1819. Esta primera estructura completa de gobierno era altamente centralista (había un poder ejecutivo nacional que directamente nombraba a todos los gobernadores provinciales) y también conservadora (estableció un sufragio restringido y un parlamento semicorporativo). Aunque era un régimen republicano, fácilmente podía convertirse en una monarquía si se presentaba la ocasión. Sin embargo, por entonces el monarquismo había empezado a decaer, así que los continuos esfuerzos para encontrar a un monarca no favorecieron la popularidad de Pueyrredón y del congreso; y tampoco les favoreció su pasividad ante la ocupación portuguesa de Uruguay. Al mismo tiempo, el centralismo de la nueva constitución levantó una gran oposición en las otras provincias. Enfrentado a una creciente disconformidad general, en junio de 1819 Pueyrredón dimitió como director supremo, pero su sucesor aún resultó más incapaz de contener la marea. A principios de 1820, el gobierno directorial y el congreso nacional se disolvieron y la nación argentina, ahora independiente, volvió a caer en un estado de anárquica desunión.

En el panorama general de la independencia de la América española, la administración de Pueyrredón se recuerda principalmente por el apoyo que dio a las expediciones militares de José de San Martín, aunque abandonó a Artigas a su suerte. Hijo de un oficial español instalado en Argentina, San Martín obtuvo algunas distinciones como oficial español. Sin embargo, una combinación de sentimientos liberales y de lealtad a su tierra que dejó cuando era adolescente le llevaron de nuevo a América en 1812, donde no sólo se comprometió con la política revolucionaria a través de la logia Lautaro, sino que dedicó todas sus energías y talento a la construcción de un cuerpo militar más eficaz. Cuando hacía dos años que estaba en su patria, recibió el mando del Ejército del Norte con la tarea de defender las provincias libres del Río de la Plata de los realistas que actuaban desde el Alto Perú y para invadir, si era posible, estas fortalezas andinas. San Martín no vio con buenos ojos el encargo porque había llegado a la conclusión de que la estrategia militar de la revolución de Buenos Aires desde 1810 que tenía por meta principal la conquista del Alto Perú era equivocada. Era verdad que el Alto Perú estaba jurídicamente atado a Buenos Aires y que se encontraba en la ruta más directa a Lima, el centro neurálgico de la resistencia realista de toda América del Sur, pero la experiencia había demostrado la dificultad de conquistarlo —y conservarlo— desde el sur. San Martín pensó que el mejor camino para llegar a Lima era atravesar Chile —donde por entonces el gobierno patriota estaba acorralado por el ejército que había enviado en contra suya el virrey de Perú— y desde allí llegar por mar hasta la costa peruana. Tal como los hechos se encargaron de demostrar fue una estrategia lógica. Además creía que la toma de Lima comportaría indirectamente la entrega del resto de Perú, tanto el Alto como el Bajo, lo que resultó ser una suposición bastante menos acertada.

Una vez que hubo preparado su traslado a Mendoza, como intendente de Cuyo, San Martín emprendió su misión en el momento en que el régimen patriota chileno estaba deshaciéndose al otro lado de los Andes. Esto no le hizo cambiar de planes puesto que pensó que Chile aún estaba en condiciones de dar más apoyo a un ejército libertador que el Alto Perú. Estableció buenas relaciones de trabajo con Pueyrredón; también estuvo decididamente de acuerdo con la proclamación de la independencia y apoyó la idea de establecer una monarquía constitucional. Pero, sobre todo, acopió reclutas y provisiones. Los refugiados chilenos fueron una fuente de reclutamiento; otra la constituyeron los esclavos de la región, la mayoría de los cuales acabó en el Ejército de los Andes de San Martín.[16] Pueyrredón le envió más esclavos, de modo que cuando emprendió la marcha la mitad de su infantería estaba formada por negros. En Mendoza se establecieron talleres para hacer pólvora e incluso artillería. A principios de 1817 todo estaba a punto. Un ejército compuesto por unos 5.500 hombres se puso en camino hacia Chile, a través de seis pasos andinos, en movimientos cuidadosamente preparados para alarmar y confundir lo más posible al enemigo.

El Chile que San Martín iba a liberar a principios de 1817 estaba atrapado en una contrarrevolución realista que había terminado con la «Patria Vieja» chilena, el experimento de autogobierno iniciado en septiembre de 1810 con el establecimiento en Santiago de una primera junta gubernativa. Hasta su desaparición en 1814, la «Patria Vieja» había tenido que enfrentarse a conflictos casi continuos entre grupos regionales y políticos opuestos. Existía a la vez un proceso paralelo de radicalización o «profundización» de la revolución, pero más a nivel de retórica que de programas concretos.

La original junta chilena acordó disposiciones tales como la apertura de los puertos al comercio internacional y la convocatoria de elecciones al congreso, que empezó a funcionar en julio de 1811. La figura dominante de la junta, si es que tenía una, era Juan Martínez de Rozas, pero pronto tuvo problemas con la mayoría del congreso y reaccionó retirándose a Concepción, el principal puerto y núcleo de población del sur de Chile que a la vez también era su propia principal base de apoyo. Allí creó una junta provincial separada y cismática. Su puesto en Santiago fue cubierto por el exponente más notable del activismo revolucionario de la «Patria Vieja», José Miguel Carrera. Aunque él, como la mayoría de los participantes en la vida política, pertenecía a una familia aristocrática, Carrera cultivaba un estilo popular en política, postulando francamente un apoyo no aristocrático, y, como antiguo oficial criollo del ejército español que hacía poco que había regresado de España, contaba con una amplia reputación y apoyo entre las fuerzas militares del nuevo régimen. Esta combinación de buenas conexiones familiares, atractivo popular y apoyo militar se mostró durante un tiempo invencible.

Lo primero que hizo Carrera fue depurar al congreso de sus elementos más conservadores, abriendo así el camino de la adopción de cierto número de medidas, progresistas, entre las cuales había la ley de vientre libre. Antes de que terminara 1811, había disuelto el congreso por completo erigiéndose en dictador, y como tal presidió innovaciones tales como la adopción de una bandera nacional y el establecimiento de la primera imprenta en Chile. Pero no implantó ninguna reforma que pudiera ser estructural: incluso la ley de vientre libre fue más bien simbólica en Chile, un país donde había pocos esclavos, la mayoría de los cuales vivían en las ciudades y eran servidores domésticos. Sin duda, fue más importante la introducción de la imprenta, lo que conllevó el nacimiento del periodismo político e hizo que la minoría que sabía leer y escribir conociera un abanico más amplio de opciones políticas, entre ellas el republicanismo y la que defendía la separación total de España. Es cierto que la preferencia personal de Carrera, al igual que la de Rozas, era la independencia, pero nunca se presentó el momento oportuno para declararla. Sin embargo, a pesar de compartir el mismo objetivo Rozas y Carrera no se avinieron. En julio de 1812, un levantamiento local derrocó la junta de Concepción, después de lo cual Carrera obligó a Rozas a exiliarse.

Carrera no pudo acabar tan pronto con un adversario aún más temible: el virrey Abascal de Perú, que a principios de 1813 envió una pequeña fuerza expedicionaria a Chile. Además, mientras Carrera estaba dirigiendo una batalla indecisa contra los invasores, la junta que había creado para que gobernara en Santiago durante su ausencia lo destituyó y lo sustituyó por el hombre que se convertiría en su mayor rival, Bernardo O’Higgins. Hijo de un capitán general de Chile y virrey de Perú, Ambrosio O’Higgins, el nuevo dirigente patriota había sido educado en parte en Inglaterra y allí había recibido la influencia de Francisco de Miranda a favor de la independencia de la América española. Tanto en su estilo como en su temperamento, pero no en sus objetivos finales, era más conservador que Carrera. O’Higgins asumió el mando supremo, pero no tuvo más éxito que Carrera ante el ejército procedente de Perú (ahora muy reforzado) y en mayo de 1814 aceptó una tregua que permitía a Chile disfrutar de una autonomía limitada bajo el dominio español, aunque la tregua no se ratificó nunca de manera formal. En julio del mismo año, Carrera efectuó otro golpe para restablecer su dictadura, abriendo un círculo de conflictos de aniquilación mutua que debilitaron aún más a los patriotas y así contribuyó a la derrota aplastante qué sufrieron en manos de los realistas en la batalla de Rancagua, a unos 80 kilómetros al sur de Santiago, el 1 y 2 de octubre de 1814. Rancagua comportó el colapso de la «Vieja Patria». Carrera, O’Higgins y otros muchos se dirigieron a Mendoza y se refugiaron en Argentina, mientras que la restauración del imperio español impuso una dura represión a aquellos que se quedaron atrás. Algunos insurrectos fueron ejecutados, otros fueron confinados a las remotas islas de Juan Fernández, y muchos perdieron sus propiedades al serles confiscadas. Pero la extensión de la represión estimuló la resistencia en guerrillas y aseguró a San Martín un caluroso recibimiento cuando descendió a Chile a principios de 1817.

San Martín se enfrentó a sus enemigos el 12 de febrero en Chacabuco, a medio camino entre Santiago y los principales pasos que habían cruzado desde Mendoza; había reunido aproximadamente a 3.500 hombres en diferentes cuerpos de su Ejército de los Andes, incluyendo a un número sustancial de chilenos. Carrera no se encontraba entre ellos, porque San Martín había tenido prontamente la impresión de que era problemático y poco digno de confianza, mientras que O’Higgins se ganó su confianza y llegó a ser el colaborador más inmediato del líder argentino. O’Higgins dirigió una de las dos divisiones patrióticas en Chacabuco y casi perdió la batalla porque lanzó un ataque frontal antes de que otra división completara su movimiento.[17] Sin embargo, al final los patriotas ganaron y entraron en Santiago sin otra oposición. Allí una improvisada asamblea ofreció el gobierno de Chile a San Martín, el cual inmediatamente lo declinó en favor de O’Higgins.

A pesar del triunfo de San Martín en Chacabuco aún quedaban fuerzas enemigas en el centro de Chile, las cuales, reforzadas desde Perú, le infligieron una importante derrota en Cancha Rayada en marzo de 1818. Pero el 5 de abril San Martín ganó otra victoria en Maipó, justo en las afueras de Santiago, que fue decisiva. Los realistas, conservando un pie en el sur de Chile y en la isla de Chiloé, montaron una guerrilla que perduró durante años. También conservaron la importante fortaleza de Valdivia en la costa del sur, pero sus supuestas invulnerables defensas fueron destruidas en febrero de 1820 por el aventurero inglés lord Cochrane, quien había aceptado dirigir las pequeñas pero crecientes fuerzas navales chilenas. La eliminación de aquel enclave enemigo fue un detalle que se preparó con cuidado antes de que San Martín se embarcara para cubrir la segunda etapa de su plan estratégico, que consistía en liberar Perú.

Otro prerrequisito básico para poder llevar a buen término la campaña peruana, era el establecimiento de un gobierno efectivo en el Chile liberado y desde aquí asegurarse el suministro de material, teniendo en cuenta que los argentinos —inmersos en problemas internos— eran incapaces de ofrecer ayuda. O’Higgins logró lo que se propuso: controló el aparato administrativo abandonado por los realistas, recaudó contribuciones y se apropió de los fondos del enemigo, e impuso vigorosamente su propia autoridad sobre todas las oposiciones que aparecieron en el campo patriota. El grupo de Carrera no era realmente un problema, porque tanto José Miguel como dos hermanos más aún estaban en Argentina, donde se entrometieron en los asuntos argentinos con vistas a volver a apoderarse de Chile. (En cambio fueron ejecutados por los argentinos). En todo caso, el gobierno chileno funcionó lo suficientemente bien como para poder satisfacer las más urgentes demandas de San Martín. La expedición, que partió el 20 de agosto y entre barcos de guerra y de transporte disponía de 23 unidades, fue financiada y equipada principalmente por los chilenos y representó un impresionante despliegue de energía y recursos, por parte del régimen de O’Higgins. El jefe de la flota, Cochrane, y la mayoría de los altos oficiales de la marina eran en realidad mercenarios extranjeros, pero a bordo había más chilenos que de cualquier otra nacionalidad. El éxito de la expedición se describirá más adelante.

El gobierno de O’Higgins finalmente declaró la independencia chilena en febrero de 1818, cuando el acto ya estaba un poco fuera de tiempo. Aún más desafiantes fueron, en el contexto chileno, ciertas reformas que adoptó O’Higgins tales como la prohibición de vincular propiedades y la abolición de los títulos hereditarios. Estas medidas fueron tomadas más o menos de forma rutinaria en la mayor parte de América Latina durante el período de la independencia, de modo que el hecho de que en Chile crearan importantes resentimientos da a entender cuál fue el grado de resistencia al cambio en la sociedad chilena. Al mismo tiempo, los chilenos más liberales que hubieran podido recibir favorablemente ciertas cautelosas innovaciones sociales, a menudo se quejaban del sistema político autoritario de O’Higgins y de su excesiva confianza en el impopular consejero, José Antonio Rodríguez Aldea, un ex realista. O’Higgins introdujo una especie de constitución en 1818 pero que le daba muchos poderes, limitados por un senado consultivo cuyos miembros habían sido nombrados por él mismo. Este senado pudo bloquear la aplicación del decreto sobre las vinculaciones, pero no satisfacía realmente los criterios del constitucionalismo liberal. O’Higgins permitió que la constitución de 1818 fuera sustituida por una carta de rasgos más convencionalmente republicanos en 1822. Sin embargo manipuló las elecciones para elegir la asamblea que la debía esbozar y sus disposiciones parecían calculadas para asegurarle su ya casi indefinida continuación en el cargo. De este modo no acalló todo el descontento existente en contra del sistema político, lo que junto con el prolongado resentimiento existente por la política socioeconómica de O’Higgins y su inhabilidad para apaciguar la resistencia realista del sur produjeron una serie de agitaciones y conspiraciones a finales de 1822 y principios de 1823. O’Higgins aceptó la derrota y cedió el poder el 28 de enero de 1823.

La participación de las fuerzas peruanas en la supresión de la «Patria Vieja» de Chile constituye una muestra del papel jugado por Perú como principal base del poder realista en la América del Sur española a lo largo de la mayor parte de la lucha por la independencia. Quito y el Alto Perú habían sido reconquistados (y por más de una vez) con anterioridad desde el mismo baluarte de la lealtad. El papel de Perú se explica tanto por la debilidad del impulso revolucionario del mismo Perú como por el éxito del virrey José de Abascal en crear su fuerza militar. Abascal hizo todo lo posible para engrandecer y fortalecer las fuerzas regulares; amplió considerablemente la milicia peruana, cuyo nivel de entrenamiento y equipamiento dejaba algo que desear, pero que él con claridad entrevió que era el medio de obtener un rápido y masivo aumento de la tropa. Hacia 1816, sobre el papel, las fuerzas totales del ejército y de la milicia estaban por encima de los 70.000 hombres, de los cuales la mayor parte procedían de la milicia. La fuerza efectiva era algo menor, pero lo mismo ocurría con los posibles adversarios. Naturalmente, la importancia militar de Perú se relacionaba con su posición central, que hacía más fácil al virrey enviar refuerzos al norte, este o sur —según fuera necesario— a los realistas sitiados. Su decisión de enviarlos incluso a las zonas que estaban dentro de la jurisdicción de los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata significa que Lima recobraba algo de lo perdido en la reorganización administrativa del siglo XVIII.

Ello fue un motivo de satisfacción para los criollos peruanos, cuyo apoyo, o por lo menos su paciencia, era esencial. El hecho de que Perú fuera realista también significaba que podía beneficiarse de la constitución liberal española de 1812, elegir los miembros de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales, y disfrutar de una relativa libertad de prensa y de otras concesiones al espíritu de los tiempos. Perú, al contar con la presencia de ocho diputados elegidos —sin mencionar a otros peruanos residentes en España que provisionalmente participaron en el parlamento español en espera de que llegaran los diputados procedentes de Perú—, incluso llegó a desempeñar un papel importante en las Cortes de Cádiz; por otro lado, un peruano fue presidente de dicho organismo. Todo ello también agradó a la mayoría de los criollos cultos, a pesar de que el nuevo régimen peninsular no otorgó a las colonias americanas la misma representación que al resto del territorio español y de una u otra manera minaba la fe de los que habían esperado que los abusos coloniales se solucionarían a través de una política imperial de reforma.

El interludio liberal no gustó al ultraconservador Abascal, que proclamó la constitución sin entusiasmo y la aplicó a regañadientes. Cuando en 1814 Fernando recuperó el trono y abolió la constitución, al virrey le sobró tiempo para restaurar el absolutismo en la colonia. Por otra parte, los peruanos descubrieron que, con o sin constitución, su papel de defensores de la integridad del imperio era costoso y que se pagaba con impuestos y contribuciones especiales; y esto no gustaba ni a los liberales ni a los absolutistas. Incluso en Perú algunos individuos se pronunciaron a favor de la causa revolucionaria, por lo que la administración virreinal nunca pudo dedicarse totalmente a controlar los levantamientos que tenían lugar más allá de las fronteras de Perú. De vez en cuando hubo conatos de conspiraciones, reales o imaginarias, en la misma Lima, aunque todas resultaron infructuosas, y se produjeron desórdenes de escasa duración en diferentes puntos de las provincias. Algunos de éstos fueron repercusiones de los periódicos avances de la actividad insurgente del Alto Perú (como en Tacna en 1811 y 1813), mientras que el de Huánuco, en 1812, empezó siendo una protesta india contra ciertos abusos concretos pero acabó adquiriendo un importante carácter político porque los indios fueron apoyados por los criollos descontentos. Desde luego, no se debió a una casualidad que los movimientos de oposición más importantes se produjeran en las zonas un poco alejadas, sino que se debió al hecho de estar más lejos de la vigilancia de Abascal y al resentimiento que había por estar sujetos política y económicamente a Lima.

El levantamiento de Cuzco de 1814 fue el más importante de los que tuvieron lugar en provincias. Empezó siendo una protesta de los criollos y los mestizos en contra del arbitrario poder de la audiencia de Cuzco e, indirectamente, de la hegemonía de Lima; rápidamente estableció un nuevo gobierno, al que incluso el obispo apoyó. Los rebeldes además atrajeron al viejo y oportunista cacique, Mateo García Pumacahua, que hacía años había luchado al lado del régimen colonial en contra de Tupac Amaru y más recientemente contra los insurgentes del Alto Perú. Fue una valiosa adquisición porque los revolucionarios de Cuzco deberían enfrentarse a la implacable hostilidad de Abascal, y Pumacahua podía conseguir que la población india de la región se sumara a su causa. Pero mientras se incorporaban más indios, más criollos abrigaban segundos pensamientos y aunque el movimiento se extendió a La Paz y a Arequipa, al final fue aplastado. Desde el principio sus objetivos habían sido algo ambiguos puesto que los deseos de los dirigentes iban desde las mejoras personales y el ajuste de agravios específicos hasta la consecución de la independencia total. En los años siguientes al colapso de la rebelión de Cuzco (1814-1816), los disturbios en la sierra y las alarmas en Lima disminuyeron, al mismo tiempo que los movimientos de independencia en otras colonias daban paso a la reconquista realista o bien iniciaban un período de relativa quietud.

Abascal regresó a España en 1816, confiando Perú —a salvo en manos realistas—al nuevo virrey, Joaquín de la Pezuela, que era otro experimentado oficial. Sin embargo, las arcas del tesoro estaban casi vacías y la producción de plata —la única actividad que escapó de la general decadencia económica del último período colonial— había sido duramente perjudicada por las inundaciones y los desórdenes de los años de guerra, incluyendo la interrupción del aprovisionamiento del mercurio español usado para reducir el mineral. Militarmente, después de la derrota de Napoleón, Perú recibió algunos refuerzos modestos de tropas regulares españolas, pero algunos oficiales eran criptoliberales de modo que su presencia no fortaleció la unidad. Entretanto, mientras el movimiento de independencia en todas partes nuevamente ganaba ímpetu —sobre todo en Chile, después de 1817—, aumentaron las presiones financieras y de otro tipo sobre Perú en un momento en que los convencidos realistas se estaban cansando de tanto luchar. La independencia de Chile supuso otras complicaciones como la interrupción del aprovisionamiento de trigo chileno y la pérdida del mercado chileno del tabaco que era dominado por los productores de la costa norte peruana, mientras que los barcos con bandera chilena empezaron a atacar los puertos peruanos y los barcos españoles. Así, apenas sorprende que cada vez hubiera más peruanos que empezaran a pensar en las ventajas de cambiar de bando. Para decidirse no fueron con prisas, pero la llegada de San Martín, en septiembre de 1820, al final forzó la situación y creó la ocasión propicia.

El libertador argentino desembarcó con 4.500 hombres en Pisco, a unos 200 kilómetros al sur de Lima, y después se dirigió a Huacho, a una distancia ligeramente menor al norte de la capital. En ambos lugares siguió una política de cautelosa espera ya que sabía que se había producido la revolución española de 1820, la cual no sólo acabó con la posibilidad de que las tropas realistas que aún estaban en América del Sur recibieran refuerzos, sino que significó la llegada de un nuevo gobierno que procedió a reinstaurar la constitución e intentó buscar una solución al conflicto colonial. San Martín aprovechó todas las oportunidades —y existieron varias—de poder discutir con el otro bando, y en el curso de ellas mencionó la posibilidad de acordar el fin de la guerra a base de erigir una monarquía independiente bajo un príncipe de la familia real española. Aunque San Martín más tarde dijo que la propuesta tan sólo había sido una estratagema negociadora, no hay duda de que a él le hubiera gustado ver cómo se implantaba un sistema monárquico. Pero, al final, estas negociaciones no tuvieron ningún resultado práctico; además, en medio de ellas la dirección española en Perú sufrió un repentino cambio, cuando un golpe militar depuso a Pezuela como virrey sustituyéndole por José de la Serna.

Mientras se estudiaban las posibilidades de una negociación de paz, San Martín pensó que con su llegada los peruanos se animarían a declarar su independencia, evitándose así la necesidad de emprender una acción ofensiva a gran escala. Efectivamente, recibió una favorable acogida en su cabeza de puente y, a finales de 1820, una serie de ciudades costeras del norte se integraron espontáneamente en el bando patriota. Por otro lado, se produjo un rebrote de la resistencia guerrillera en la sierra central. Sin embargo, Lima no cambió de bando. No fue hasta que las autoridades españolas por decisión propia salieron de Lima hacia las tierras altas andinas en julio de 1821 que San Martín pudo entrar en la capital sin encontrar resistencia, y el 28 de julio proclamaba formalmente que Perú era una nación independiente. Como a su lado no había un equivalente peruano a O’Higgins, se avino a ser su jefe provisional, con el título de protector.

La evacuación realista de Lima se debió no sólo al sentimiento de que los sucesos se iban volviendo contra ellos, sino a la valoración acertada de que la base humana y los recursos económicos de Perú no debían buscarse en la parasitaria capital sino principalmente en la sierra. Allí los ejércitos del rey se fortalecerían. Por su parte, en Lima San Martín vio que era difícil mantener un gobierno, un ejército y una población civil de 50.000 habitantes si estaba desconectado de la sierra. Tuvo que exigir nuevas contribuciones que fueron tan poco populares como las del régimen anterior. Por razones financieras y políticas inició un duro programa de expulsar a los españoles peninsulares que no abrazaran activamente al nuevo régimen y a confiscar sus bienes. Con ello se enfrentó a una gran parte de la élite criolla de Lima, que en general no sentía tener ningún compromiso con la causa patriota y que se encontraba unida por múltiples lazos familiares o de otro tipo con los españoles. Los limeños acusaron de la «persecución» de los españoles al principal colaborador de San Martín en el nuevo régimen, el revolucionario argentino Bernardo de Monteagudo, pero, inevitablemente, la propia popularidad de San Martín salió afectada. Monteagudo ofendió a los eclesiásticos más conservadores al dictar medidas tales como la de establecer una edad mínima para los votos eclesiásticos, y a los poderosos propietarios de los valles costeros por llevarse a los esclavos al servicio militar y por establecer el principio de vientre libre. Otra serie de decretos aboliendo el tributo indio, el trabajo forzoso de los indios, e incluso el uso del término «indio», tuvieron un escaso resultado práctico porque la mayor parte de la población india se encontraba en áreas controladas por los españoles; además, agradaron bien poco a los criollos peruanos. Por otro lado, al igual que había pasado con O’Higgins en Chile, las reformas liberales de San Martín en Perú se combinaban con un proyecto político —en este caso, el apoyo de San Martín a la monarquía como una forma posible de gobierno independiente— que tendía a enajenarle el apoyo de algunas de las personas que deberían haber sido las más receptivas a aquéllas.

Mientras tanto, San Martín continuó a toda costa evitando problemas con el enemigo. Mantenía contacto con la guerrilla de la sierra pero ni la ayudó ni emprendió ninguna acción por su parte, esperando que el tiempo actuara en su favor, aunque la falta de una base de recursos satisfactoria y la creciente desafección de Lima fueron motivos para dudar de que fuera a ocurrir así. Hay dos hechos que sugieren que el mismo San Martín tenía dudas al respecto: las ganas con que fue a Guayaquil, en julio de 1822, para conferenciar con su colega norteño Simón Bolívar y poco después su prisa en abandonar el teatro peruano y dejar la liberación de Perú (y el Alto Perú) en manos de Bolívar.

El impase que existía en Perú se rompió con la entrada de las fuerzas del norte de Suramérica, donde la causa de la independencia se había ido recobrando gradualmente desde 1816, su punto más bajo. El principal artífice de esta recuperación fue Bolívar, que se había ido a las Antillas antes de que se produjera el colapso final de Nueva Granada. Primero se estableció en Jamaica, donde publicó su «Carta de Jamaica» (septiembre de 1815), en la que, además de repetir sus críticas a las instituciones adoptadas por los regímenes patriotas anteriores, manifestó su inquebrantable fe en la victoria final. A continuación se fue a Haití, donde consiguió el apoyo del presidente Pétion y el de un cierto número de comerciantes extranjeros. Habiéndose aprovisionado de nuevo en Haití con hombres, barcos y equipo militar, organizó una expedición a la costa oriental de Venezuela en mayo de 1816, en el mismo mes en que el general Pablo Morillo reconquistaba Bogotá. No consiguió su propósito y en septiembre volvía a estar en Haití, pero, después de haber reorganizado sus fuerzas, regresó a Venezuela el 28 de diciembre. Ya nunca más abandonó Suramérica.

De hecho, en Venezuela las condiciones para que se produjera una recuperación de la causa patriota cada vez eran más favorables. El movimiento nunca había desaparecido del todo, porque siempre existieron guerrillas insurgentes en un lugar u otro y particularmente fueron importantes en los Llanos, que había sido uno de los principales puntos de reclutamiento de Boves en su acción contra la Segunda República. En la región de Apure, José Antonio Páez con un grupo de seguidores llaneros estaba extendiendo sus operaciones contra los realistas. No es sorprendente que cada vez más los llaneros (y los venezolanos de clase baja en general) estuvieran dispuestos a juntarse a los patriotas. El triunfo de los realistas significó que ellos ahora habían pasado a ser el botín más tentador. También empezaban a ser el blanco de los antagonismos de clase y raciales, porque la llegada de Morillo a principios de 1815 —para tomar el mando de lo que Boves y otros populares jefes de guerrilla habían recuperado para el rey— fue sólo un primer escalón hacia el restablecimiento de una estructura político-militar formal. Los oficiales y los burócratas de carrera, peninsulares o criollos, se pusieron ahora por delante de los cabecillas al estilo de Boves y de sus pardos, quienes se sintieron ofendidos. Además, tampoco faltaron conflictos entre los oficiales militares y los burócratas realistas, producidos en gran parte por la resistencia de estos últimos a someterse a los poderes absolutos que Morillo había recibido de Madrid y que, durante su estancia en Nueva Granada (de donde no regresó hasta diciembre de 1816), dejó en manos de un oficial inflexible. Todo esto debilitó la causa realista; también la debilitó la total falta de recursos existente en Venezuela —después de media década de duros enfrentamientos— para poder sostener a una efectiva administración civil o la maquinaria militar que aún se necesitaba para contener a los insurgentes.

Ello no quiere decir que la tarea de Bolívar fuera fácil. Cuando regresó a finales de 1816, consiguió establecer contacto con algunos dispersos grupos de patriotas que aún estaban activos en el noreste de Venezuela y no dejó de hostilizar al enemigo. Al mismo tiempo, también había nuevas desavenencias en el campo patriota, en particular entre Bolívar y el general Santiago Marino, que asimismo había regresado de las Antillas y que no toleró el liderazgo de Bolívar en la región que había sido su campo de acción personal. Para evitar, en parte, la fricción con Marino, Bolívar trasladó sus operaciones hacia el Orinoco, donde el 17 de julio de 1817 los patriotas obtuvieron una señalada victoria al tomar la ciudad de Angostura. Este puerto fluvial se convirtió de facto en la capital de las dos veces renacida república venezolana. Podían acceder a él barcos procedentes del océano y ello constituía un valioso lazo con el mundo exterior; también representaba fáciles comunicaciones con existentes o futuros reductos patriotas que estuvieran en los llanos de Venezuela o de Nueva Granada a los que se podía llegar a través del Orinoco y sus afluentes.

Bolívar usó la ruta del Orinoco para establecer contacto con Páez y otros insurgentes. En enero de 1818 visitó al jefe llanero, obteniendo de él el reconocimiento (por cierto no plenamente incondicional) de su dirección suprema, y a través de Páez conquistó el apoyo de los llaneros. En octubre de 1817, Bolívar en un decreto ya había prometido la división de las propiedades de los enemigos entre los soldados y los oficiales, siguiendo una escala descendente por rangos; con ello tanto ratificaba como extendía las promesas que informalmente había hecho Páez. Bolívar ensanchó las bases de su apoyo por otros medios, como fue incorporando la emancipación de los esclavos entre sus objetivos (tal como había estado haciendo desde su primer regreso a Venezuela en 1816), y promocionando también a los militares pardos. La abolición sólo se aplicó de forma inmediata a los que entraban en el servicio militar, pero se compaginó perfectamente con la especie de populismo militar que ahora Bolívar estaba llevando a cabo, como también sus esfuerzos para llevar adelante las promesas criollas de igualdad de los pardos, aunque a este respecto había todavía ciertos límites. El general Manuel Piar, el pardo de más alto rango, fue ejecutado bajo la acusación de conspirar cuando intentó levantar de nuevo a su grupo racial contra Bolívar. Naturalmente, los individuos que pertenecían a la misma clase que Bolívar detentaron el mayor número de altos mandos, así como casi todos los puestos de responsabilidad en el gobierno civil de Angostura. Pero Bolívar no quiso que de nuevo se considerase que la causa republicana buscaba únicamente el encumbramiento de una reducida élite criolla.

El Libertador tuvo menos éxito cuando en 1818 intentó salir de los Llanos invadiendo los Andes venezolanos. En las montañas, su caballería llanera no resultó ser una buena rival de la veterana infantería de Morillo. Pero, del mismo modo, Morillo no pudo vencer a Bolívar y a Páez en la llanura. Bolívar esperaba que quizá la balanza se inclinaría a su favor con la ayuda de unos pocos voluntarios europeos —la mayoría de ellos veteranos de las guerras napoleónicas que estaban aburridos o sin empleo—, que empezaron a llegar a través del puerto de Angostura junto con diferentes suministros militares que los agentes republicanos habían conseguido en el exterior. Sin embargo, Bolívar no se contentó con estar sólo ocupado con los preparativos militares. También convocó a elecciones para un congreso con sede en Angostura que pusiera al régimen republicano sobre bases legales más regulares. Esto respondía a otro aspecto de la política que entonces Bolívar llevaba a término, y que consistía en ganarse la confianza y la colaboración de los patriotas civiles de tendencia liberal constitucionalista, a los que había culpado del fracaso de la Primera República. El 15 de febrero de 1819, en alocución de apertura del congreso, el llamado Discurso de Angostura, Bolívar subrayó, siguiendo a Montesquieu, la necesidad de adaptar las instituciones al entorno particular en que se encontraban, y esbozó cuál era el de la América española en estos fríos términos: «Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder ni virtud…».[18] Según Bolívar, de ello se extraía la conclusión de que el gobierno apropiado para un lugar como Venezuela, aunque fuera aparentemente republicano, debería ser uno en que los desordenados instintos del pueblo llano estuvieran controlados por la existencia de un sufragio restringido, un ejecutivo poderoso y un senado hereditario; además, existiría un «poder moral», compuesto por ciudadanos eminentes, que se ocuparía de promover la educación y las buenas costumbres. Era un sistema profundamente conservador que resumía los rasgos duraderos del pensamiento político de Bolívar. El mismo discurso contenía una nueva referencia a la abolición de la esclavitud y al efectivo cumplimiento de la prima a los soldados, disposiciones que sugieren que el conservadurismo de Bolívar era flexible y relativamente ilustrado. El discurso terminaba con un llamamiento a la unión de Venezuela y Nueva Granada.

El congreso de Angostura adoptó una constitución que incorporaba algunas ideas políticas de Bolívar, aunque no todas, y decidió dejar la cuestión de la esclavitud para más tarde. Mientras tanto, el Libertador ya se había lanzado a la más espectacular de todas sus campañas militares, que le llevó desde los llanos venezolanos al corazón de Nueva Granada. Esta estrategia significó dejar Caracas durante algún tiempo más en manos de Morillo, pero aprovechó el hecho de que en Nueva Granada el enemigo era militarmente más débil y que el sentir popular les era favorable a los patriotas. La ola de ejecuciones, exilios y confiscaciones que siguieron a la reconquista de Morillo de 1815-1816 hizo que la causa española no se granjeara las simpatías de la clase alta criolla, mientras que las crecientes imposiciones contributivas, los reclutamientos arbitrarios y las levas de mano de obra crearon el resentimiento en otros grupos sociales. La guerrilla se había extendido por diferentes puntos, aunque aún no ponía en peligro al régimen español. Desde el colapso de la «Patria Boba», la provincia de Casanare, en los llanos de Nueva Granada, había sido un refugio para los republicanos, y Bolívar (que apenas tenía en cuenta la frontera entre Nueva Granada y Venezuela) comisionó a uno de estos hombres, al ex estudiante de leyes y ahora general, Francisco de Paula Santander, para que allí crease una base avanzada de operaciones. El éxito de la misión de Santander fue otra de las razones para que Bolívar se desplazase al oeste.

Aun así existieron unos obstáculos impresionantes. A la dificultad de cruzar las inundadas llanuras de Casanare durante la época de lluvias, siguió la de subir por las estribaciones orientales de los Andes colombianos hasta los 3.900 metros de altitud del páramo de Pisba antes de descender a una serie de valles más hospitalarios de la sierra. Los llaneros, acostumbrados a un clima caluroso, no pudieron soportar el frío, y los legionarios británicos no fueron mejores cuando se quedaron sin zapatos. Pero el ejército de Bolívar hizo la travesía y empezó a recibir nuevos reclutas y provisiones mientras se enfrentaba a destacamentos avanzados del ejército realista dirigido por José María Barreiro. El enfrentamiento más importante tuvo lugar el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá, al sur de Tunja en el camino de Bogotá. El combate duró dos horas y no intervinieron muchos hombres —entre los de Bolívar y los de Barreiro no había más de 5.000 soldados aproximadamente, con cierta preponderancia de los republicanos—, pero se trató de una clara victoria. El ejército realista fue destruido y el mismo Barreiro fue hecho prisionero; tres días más tarde Bolívar entró en Bogotá sin encontrar oposición. Como la autoridad española simplemente se derrumbó en la mayor parte del centro de Nueva Granada, los patriotas obtuvieron una reserva segura de recursos humanos y materiales, así como un renovado ímpetu que les permitió no sólo completar la liberación de Nueva Granada, sino dirigirse a los Andes venezolanos y más tarde enfrentarse a las plazas fuertes realistas de Quito y Perú.

La creación de lo que los historiadores llaman la Gran Colombia —pero que en su día simplemente se llamó Colombia— fue otra consecuencia de la victoria de Boyacá. La unión de todos los territorios del virreinato de Nueva Granada en una sola nación fue proclamada por el congreso de Angostura, el 17 de diciembre de 1819; esta decisión se avenía no sólo con los deseos expresos de Bolívar, sino con la situación existente: con unas fuerzas militares provenientes de Venezuela y Nueva Granada sin distinción, Bolívar iba de una a la otra, forjando una unidad militar que sólo necesitaba recibir forma y legitimidad políticas. Si el congreso de Angostura era la institución apropiada para conferir dicha legitimidad es otra cuestión, puesto que en él sólo había unos pocos representantes de Nueva Granada y ninguno de la presidencia de Quito, que aún se encontraba totalmente bajo el dominio español. Pero allí donde entraban los ejércitos de Bolívar se aceptaba su decisión. El congreso de Angostura también adoptó una especie de gobierno provisional, pendiente de la elección del congreso constituyente de Gran Colombia, que finalmente se congregó en Cúcuta, en la frontera entre Venezuela y Nueva Granada, en mayo de 1821.

Desde la liberación del centro de Nueva Granada en 1819 hasta la apertura del congreso de Cúcuta, se produjeron pocas operaciones militares espectaculares, pero se consolidó el dominio republicano en los territorios en manos de los patriotas y se enfriaron las ganas de luchar del enemigo. La derrota de Boyacá fue malísima para la moral realista; después siguió el levantamiento español de 1820 que de nuevo envolvió a la madre patria en una gran confusión. La insurrección española de 1820 restauró el régimen liberal, y el general Morillo, bajo nuevas instrucciones, propuso a Bolívar un armisticio que se proclamó en Trujiílo (el mismo lugar donde Bolívar en 1813 había decretado su «guerra a muerte») el 26 de noviembre de 1820. Aunque el gobierno español deseaba que esto fuera un paso para terminar la guerra sobre la base de la reconciliación de los españoles y los americanos, el hecho de que España tratara a los rebeldes como beligerantes e iguales en la práctica fue una aceptación de su propia debilidad. El mismo Morillo hizo la tregua con verdaderas reservas y poco después depuso el mando. Cuando su sucesor, Miguel de la Torre, decidió poner fin al armisticio como protesta porque los patriotas incitaban las crecientes deserciones realistas, Bolívar no dio ninguna muestra de estar contrariado sino que lanzó su última gran campaña sobre el territorio venezolano. Ésta culminó en la batalla de Carabobo, al sur de Valencia, el 24 de junio de 1821. El número de los contendientes, entre ambos lados, fue aproximadamente el doble del de Boyacá, pero el resultado fue idéntico. El ejército de La Torre fue destruido, Caracas fue liberada por última vez unos días más tarde, y con excepción de unos cuantos reductos finales Venezuela quedaba ahora libre del dominio español.

Bolívar obtuvo otra clase de éxito cuando el congreso constituyente de Gran Colombia, en una sesión que tuvo lugar a la vez que se producía la batalla de Carabobo, reafirmó el acta de unión de Angostura —a pesar de la continuada ausencia de representantes ecuatorianos— y adoptó una constitución rigurosamente centralista para la nueva república. Así pues, se rechazaron las demandas federalistas que Bolívar consideraba responsables de la debilidad de los primeros regímenes patriotas. Por lo demás, la constitución contenía unas muestras convencionales de republicanismo liberal, tales como la separación de poderes, las garantías de los derechos individuales y diversas aportaciones de los modelos angloamericano y europeos. A pesar de la otorgación expresa de «facultades extraordinarias» al poder ejecutivo que debían usarse en caso de emergencia —un recurso casi universal en las constituciones hispanoamericanas tanto de los primeros tiempos como de más tarde—, las amplias atribuciones conferidas al legislativo fueron motivo de preocupación para Bolívar, quien por esta y otras razones consideraba que la constitución de Gran Colombia había ido demasiado lejos en su liberalismo. Es más, el congreso de Cúcuta se encargó de emprender otras reformas básicas, que generalmente eran de orientación liberal. Una de ellas fue la del principio de vientre libre, que liberaba a todos los niños que en el futuro nacieran de madres esclavas, aunque debían trabajar para el amo de su madre hasta la edad de dieciocho años. Con esta medida se extendió a toda la república el sistema adoptado en Antioquia en 1814 y significó la realización, aunque limitada, de las promesas de Bolívar de poner fin a la esclavitud. (También contenía una provisión de crear unos fondos especiales para comprar la libertad de los esclavos que habían tenido la mala suerte de haber nacido antes de que se promulgara la ley, pero, en la práctica, no más de un puñado de esclavos obtuvieron la libertad por este medio). Otra «reforma» de la «Patria Boba» de Nueva Granada que fue reimplantada en Cúcuta y que se aplicó a toda la república fue la división de las tierras comunales de los indios (resguardos), pero de hecho esta disposición continuó siendo apenas algo más que un principio político. Una nueva medida, que iba a suscitar controversias, fue la ley que ordenó la supresión de todos los conventos masculinos que tuvieran menos de 8 miembros y la confiscación de sus bienes que debían emplearse para la educación pública secundaria. Fue la primera señal auténtica de anticlericalismo liberal, y, aunque fueron las escuelas las beneficiarías de la confiscación, la medida no agradó totalmente a los frailes ni a sus simpatizantes.

El mismo congreso constituyente de Cúcuta eligió al primer presidente y al vicepresidente de la Gran Colombia. Para la presidencia la única elección posible era la del mismo Bolívar; de modo que los diputados simplemente le confirmaron en la suprema autoridad que ya detentaba. La selección del vicepresidente no era tan clara. Francisco de Paula Santander resultó ganador después de una dura contienda con Antonio Nariño, cuyo reciente retorno de su cautividad fue otra de las consecuencias de la revolución liberal española. El triunfo de Santander se debió al reconocimiento de su eficiente trabajo como jefe de la administración regional de Nueva Granada, cargo que le fue confiado por Bolívar en 1819, mientras que los pasados servicios de Nariño quedaron oscurecidos por los rencores aún existentes de sus enemigos personales y políticos.

El vicepresidente Santander pronto quedó a cargo del gobierno como jefe en activo del poder ejecutivo, puesto que Bolívar no tenía ninguna intención de sentarse en su despacho de Bogotá mientras aún existían tropas españolas que combatir. El istmo de Panamá (que siempre contó con adeptos a la revolución pero que estaba aislado de los principales centros de actividad patriótica, y que, a causa de su importancia estratégica, nunca se encontraba sin guarnición española) fue un objetivo prioritario. Ahora Bolívar consideró su liberación como la primera etapa antes de llegar a Ecuador, donde Guayaquil había acabado con la dominación española gracias a su revolución que tuvo lugar en octubre de 1820, si bien la sierra continuaba siendo realista; de ahí, finalmente se podría llegar a Perú. Sin embargo, no fue necesario emprender la invasión que se había preparado porque el 28 de noviembre de 1821 Panamá se sublevó. La gente del istmo proclamó su independencia y al mismo tiempo se integró a la Gran Colombia —por propia iniciativa, tal como en la actualidad precisan los panameños. (El hecho de que no existiera otra alternativa posible naturalmente pesó en su decisión). Sin embargo, aun antes de que la ruta de Panamá quedara abierta a las tropas patriotas, Bolívar había enviado a su lugarteniente de más confianza, Antonio José de Sucre, con una pequeña fuerza auxiliar para que reforzara la independiente Guayaquil y al mismo tiempo para que preparara el camino a fin de que se integrara a Gran Colombia. El primer intento de Sucre de subir a la sierra ecuatoriana fue un fracaso, pero en 1822 emprendió con Bolívar una campaña de dos frentes contra Quito: mientras el Libertador se abría camino a través del sur de Nueva Granada, donde Pasto continuaba siendo fanáticamente realista, Sucre penetraba en el interior desde Guayaquil. La batalla de Bombona que libró Bolívar el 7 de abril ha sido calificada tanto de victoria como de derrota, y de cualquier forma fue muy costosa, pero sirvió para distraer a los realistas mientras Sucre llevaba adelante la parte del plan que le correspondía. Con una ayuda adicional de fuerzas argentino-chileno-peruanas proporcionadas por San Martín, el 24 de mayo ganó la decisiva batalla de Pichincha en una ladera que dominaba Quito. El resultado fue la rendición de las autoridades españolas de Quito e, indirectamente, también de las de Pasto, aunque los pastusos mantuvieron una larga guerra de guerrilla antes de que la región fuera pacificada definitivamente.

Otra consecuencia de Pichincha fue la incorporación de lo que actualmente es Ecuador dentro de Gran Colombia. En Quito se hizo de manera automática. En cambio, en Guayaquil la situación fue más compleja, pues los peruanistas, los colombianistas y el grupo autonomista se disputaban el control de la situación. Estos últimos quizá eran los más fuertes localmente, pero Guayaquil ya había conferido la dirección de sus fuerzas militares a Sucre, y Bolívar, habiendo obtenido Quito, no pensaba permitir que su punto de salida al mar pudiera decidir por su cuenta. Cuando, el 31 de julio de 1822, Guayaquil formalmente votó su integración a Colombia, simplemente ratificaba un hecho consumado.

El futuro de Guayaquil ya no quedaba en duda cuando San Martín se entrevistó con Bolívar en la ciudad portuaria cuatro días antes, en una conferencia —que no se anotó palabra por palabra— que hasta nuestros días continúa siendo polémica, principalmente entre los historiadores venezolanos y argentinos. El principal punto de controversia se centra sobre la ayuda militar que San Martín pudo haber pedido a Bolívar para completar la liberación de Perú y la respuesta dada por Bolívar. Según la versión más aceptada, San Martín subrayó la necesidad de actuar conjuntamente para desalojar a los realistas de las plazas fuertes que aún les quedaban, e incluso se ofreció para servir bajo el mando de Bolívar; se dice que Bolívar no quiso colaborar por lo que San Martín optó por alejarse del escenario peruano y dejar la gloria a su adversario norteño. Los venezolanos presentan a San Martín como algo indiferente a la presencia de fuerzas realistas en Perú (lo que parece poco probable), mientras correctamente señalan que Bolívar sí envió refuerzos. Queda bien claro que en Perú no había sitio para ambos libertadores. San Martín, que se dio cuenta de que su propia eficacia estaba en decadencia, decidió retirarse, dimitió de todos sus poderes el 20 de septiembre y se dirigió a lo que acabaría siendo su autoimpuesto exilio en Europa.

Remanentes de las fuerzas expedicionarias chileno-argentinas de San Martín permanecieron en Perú cuando él se marchó, pero ni Chile ni Argentina contribuyeron de un modo significativo en la lucha por la independencia peruana. Ambos países estaban demasiado pendientes de sus propios asuntos y no tenían inconveniente si la Gran Colombia, que de hecho ya estaba lo suficientemente bien preparada, quería asumir la carga. La dirección del país estaba en manos del vicepresidente Santander, un hombre que parecía gozar con los detalles de la administración, y bajo el mando del cual el aparato de gobierno funcionó bien más o menos. Santander estableció una buena relación de trabajo con el poder legislativo, que gozaba de una sustancial independencia pero que generalmente al final hacía lo que él quería; así no le resultó demasiado difícil vivir en consonancia con el título de «el hombre de las leyes», que le confirió Bolívar. En algunos sectores no se estaba de acuerdo con la política del gobierno —puesto que Santander y sus colaboradores continuaron por el camino de las reformas liberales establecido por el congreso de Cúcuta—y también existían latentes conflictos regionales entre Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Pero, por el momento, todo esto derivó en una viva controversia periodística y en unos debates en el congreso antes de romper el orden civil; y en realidad el prestigio de Bolívar en el país era más alto que nunca. Por consiguiente, él pudo atender la llamada de Perú sin tener miedo a que estallara un problema grave en el interior del país.

La llamada no tardó mucho en llegar. Perú no disponía de un líder que pudiera ocupar la plaza de San Martín: en el mejor caso existía José de la Riva-Agüero, un limeño aristócrata que, a diferencia de la mayoría de su clase, durante años había sido un partidario de la independencia y que llegó a ser presidente con la ayuda de un golpe militar. Riva-Agüero, aunque había abrazado la causa patriótica sobre todo por razones oportunistas, desarrolló una gran actividad en levantar y reorganizar las fuerzas. Sin embargo, pasó la mayor parte del tiempo peleándose con el congreso peruano, y en realidad ni uno ni otro estaban en situación de poder liberar la sierra, que aún estaba dominada por los realistas, y terminar así la guerra. Por lo tanto, había muchos motivos para traer a alguien que tuviera hombres bajo sus órdenes, una reputación de triunfos y que no estuviera enredado en otros asuntos peruanos. El congreso añadió su invitación oficial a las otras súplicas que Bolívar había ido recibiendo; finalmente el 1 de septiembre de 1823 éste desembarcó en El Callao. Bolívar trató por un lado de cooperar con el congreso y con el nuevo poder ejecutivo, que los legisladores habían establecido en oposición a Riva-Agüero, pero por otro lado hacía proposiciones a este último, quien pronto se hizo políticamente vulnerable al entablar negociaciones políticas, no necesariamente traicioneras, con los españoles. Entonces Riva-Agüero fue convenientemente destituido por algunos de sus antiguos seguidores. Bolívar empezó a establecer una base militar en el norte de Perú, y abiertamente tomó el poder político en sus manos después del motín de febrero de 1824 que por unos días hizo que El Callao e, indirectamente, Lima cayeran de nuevo en poder de los realistas. Consiguió el poder tras atemorizar al congreso, el cual así le otorgó poderes dictatoriales.

A mediados de 1824, Bolívar estaba a punto para emprender la ofensiva final. Yendo hacia el sur a través de la sierra y con la ayuda de las guerrillas patrióticas, ganó una primera victoria importante en Junín el 6 de agosto. Aunque sólo se trató de una breve colisión de la caballería, entre sus consecuencias directas e indirectas cabe contar la evacuación definitiva de Lima por parte de los realistas. La campaña de 1824 culminó en la batalla de Ayacucho, que fue librada el 9 de diciembre por Sucre, puesto que Bolívar estaba en Lima. Fue el último gran acontecimiento de la guerra: Sucre aplastó o capturó a los 7.000 hombres armados que conducía el virrey José de la Serna. Después de esto, apenas hubo resistencia a excepción del Alto Perú, y a principios de abril de 1825 esta resistencia fue finalmente eliminada gracias a la invasión de Sucre y a las continuas deserciones realistas. Cuando, el 23 de enero de 1826, un pequeño destacamento español que aún estaba defendiendo la fortaleza de El Callao se sumó a la rendición, de hecho concluyó la guerra en Suramérica.

Lo que no aclaró la derrota de los realistas fue cuál sería la situación futura del Alto Perú, que ahora era independiente de España —e ¿independiente de qué más? Antes de la guerra, formaba parte del virreinato del Río de la Plata, pero también existían válidas razones, tanto culturales como económicas e históricas, para pensar en unirlo a Perú. Sin embargo, entre la pequeña minoría de los habitantes con conciencia política —aquellos que se encargarían de la nueva administración fuera la que fuera— predominaba el sentimiento de constituir una república separada. Bolívar se esforzó en retrasar la decisión, pero, cuando en agosto de 1825 la asamblea altoperuana convocada por Sucre declaró la plena independencia, aceptó la decisión, especialmente cuando los diputados votaron denominarla República Bolívar (que pronto se cambió por Bolivia) y le invitaron a que redactara una constitución para ella.

El texto que Bolívar escribió a petición de la asamblea representó otro de sus intentos de combinar la apariencia y algunos de los principios del republicanismo liberal con las salvaguardas contra el desorden en expansión que según él amenazaba los logros de los libertadores hispanoamericanos. En relación a esto, él no sólo pensaba en la falta de unidad del Río de la Plata y los problemas de Perú, Chile y México, sino en la evolución de Gran Colombia, que en apariencia se mantenía tranquila pero en la que desde hacía poco se estaba oyendo un creciente coro de quejas. Algunas mostraban el descontento de los grupos que habían sido perjudicados por las medidas del congreso constituyente o de los congresos posteriores, tales como los frailes y los propietarios de esclavos, para no mencionar a los manufactureros textiles de la sierra ecuatoriana, que padecían la falta de una política aduanera claramente proteccionista, y los muchos ricos ciudadanos que no sólo evadían los impuestos sino que además censuraban el infructuoso esfuerzo de introducir una contribución directa. Otras quejas se referían al desagrado de los venezolanos y ecuatorianos por cualquier tipo de gobierno que residiera en Bogotá, mientras que otras procedían de los errores en gran parte inevitables que se cometieron al organizar el nuevo gobierno. Se tendía a culpar al vicepresidente Santander de la situación y existía la extendida opinión, que vino a compartir Bolívar, de que una principal fuente de dificultades procedía de los intentos de los innovadores liberales de cambiar tanto en tan poco tiempo.

Bolívar llegó a la conclusión de que era necesario enderezar la balanza a favor de la estabilidad y la autoridad; y la constitución boliviana fue la solución que dio. La característica más importante de la constitución fue la existencia de un presidente vitalicio que tenía el derecho de nombrar a su sucesor; venía a ser como un monarca constitucional cuyos poderes legales estaban estrictamente definidos pero que a la vez tenía un muy amplio potencial de influencia personal. Este invento se complementaba con un complejo congreso de tres cámaras; una —la Cámara de Censores— era una reinstauración del «poder moral» propuesto por Bolívar en 1819 en Angostura, pero no reimplantó la idea de un senado hereditario. El tono general de la constitución era una mezcla apenas convincente de cesarismo y aristocraticismo. Puede ser que Bolívar tuviera razón al creer que la influencia del constitucionalismo liberal de origen francés o anglosajón hizo que los forjadores de las primeras instituciones de América Latina independiente se equivocaran a menudo, pero él nunca ofreció una alternativa satisfactoria.

El Bolivia se aceptó la nueva constitución, pero sin mucho entusiasmo. Sucre responsablemente aceptó ser el primer presidente, aunque puntualizó que no tenía la intención de serlo durante toda su vida. Antes de que terminara el año, la constitución también se adoptó en Perú, aún con menos entusiasmo, y con algunas dudas acerca de la legalidad del procedimiento empleado. Así se daban los primeros pasos hacia el sueño del Libertador de reunir a Bolivia, Perú y Gran Colombia en una Confederación de los Andes, en la que tanto la confederación como cada país adoptarían de alguna manera la panacea constitucional por él elaborada. Cuando, a finales de 1826, se fue de mala gana de Perú y Bolivia para ir a Gran Colombia, uno de los motivos que le forzaron a hacerlo fue el de ayudar a inclinar la opinión colombiana en favor de este proyecto. Sin embargo, era mucho más importante resolver la rápida deterioración de la situación política interna. Desde abril, Venezuela, bajo José Antonio Páez, estaba en rebelión abierta, y ello había animado a los ecuatorianos a asumir una actitud de oposición más sistemática frente a la administración de Santander. Bolívar no excluyó la posibilidad de que la crisis fuera la mejor oportunidad para imponer su nuevo sistema político, pero en realidad resultó ser el principio del fin de la propia Gran Colombia. No sólo ocurrió esto, sino que unos pocos meses después de su salida de Lima, en Perú tuvo lugar una reacción nacional y liberal que comportó la caída del poder de sus amigos peruanos y la revocación allí de su constitución boliviana.

La idea de Bolívar de crear una Confederación Andina pronto se abandonó por falta de apoyo, y lo mismo sucedió, después de sus esfuerzos, con su intento de fomentar la formación de una liga o alianza de todos los nuevos estados hispanoamericanos. Este último proyecto, Bolívar ya lo había propuesto claramente en su Carta de Jamaica en 1815 y lo iba repitiendo regularmente. Bolívar descartó claramente la posibilidad de establecer un solo gran Estado-nación, ya que, como él mismo vio, seria difícil de manejarlo por razones geográficas y a causa además de los conflictivos intereses o sentimientos regionales de identidad diferenciada que existían. Entre las antiguas colonias españolas había pocos antagonismos por intereses económicos, debido en parte a que tenían más contacto con Europa o los Estados Unidos que entre ellas mismas. Pero esta falta de contacto, que no evitaba ocasionales fricciones sobre cuestiones como la tarifa peruana sobre el grano chileno, o la pretensión de Buenos Aires de controlar el comercio y las vías de comunicación a través del río Paraná con Paraguay —Buenos Aires por entonces ni tan sólo reconocía la autonomía de Paraguay—, no favorecía el logro de una unidad mayor. La rivalidad política de las capitales de las antiguas colonias —cada una de ellas inevitablemente estaría inquieta bajo la hegemonía de cualquier otra— tampoco era nada favorable. Además, incluso antes de que se iniciara el movimiento de independencia, las diferentes partes que constituían el imperio español habían avanzado hacia el desarrollo de una conciencia protonacional que se basaba en un sentimiento de diferenciación no sólo respecto a la madre patria, sino entre ellas mismas. El alcance continental de la lucha sostenida en la América del Sur española creó a veces nuevos lazos entre ellas, como fue el caso de los soldados venezolanos que se casaron y establecieron en Ecuador a donde sus campañas les había llevado, o el del enriquecimiento del hablar de Caracas con nuevas expresiones aprendidas en Perú.[19] En cambio, en Perú la influencia militar, proveniente no sólo del norte de Suramérica sino del Río de la Plata y Chile, generó una mezcla de gratitud y de fobia antiextranjera que creó problemas primero a San Martín y después a Bolívar, actitud que más o menos se repitió en todos lados; demasiado a menudo los libertadores de un día pasaban a ser considerados conquistadores al siguiente. El resentimiento de Nueva Granada por el predominio de los venezolanos —especialmente venezolanos de sectores sociales bajos— entre los líderes militares de Gran Colombia parece que fue uno de los factores que contribuyeron a que fracasara el experimento de unión. Bolívar, aunque conocía bien las dificultades que existían para la consecución de una unión mayor, esperaba ver establecidos entre las unidades territoriales independientes al menos algunos acuerdos permanentes de consulta y cooperación. Esencialmente pensaba en la creación de una liga hispanoamericana, puesto que enfatizaba la importancia de la homogeneidad histórica y cultural. Por esto, invariablemente excluyó a los Estados Unidos y a Haití de su concepto de sistema interamericano, y no estaba del todo seguro de lo que debía hacerse acerca de Brasil, que declaró su independencia de Portugal en 1822. Bolívar incluso dudaba sobre el caso de Argentina, que era hispanoamericana pero que se hallaba dominada por una egoísta élite porteña, cuya falta de sentimiento genuinamente americano había preocupado con anterioridad a San Martín. Así y todo, en diciembre de 1824, en la víspera de la batalla de Ayacucho, Bolívar decidió que ya era hora de convertir los sueños en realidad. Desde Lima convocó la primera asamblea de estados americanos que se celebraría en Panamá, y, a pesar de las dudas, invitó a Buenos Aires. No invitó a Brasil ni a los Estados Unidos, pero esperaba que Gran Bretaña —un país que culturalmente no era menos extraño, pero que era el socio comercial principal de Hispanoamérica y la potencia política y económica dominante— protegería su proyecto. Más tarde, el gobierno de Santanter en Gran Colombia invitó a los Estados Unidos y Brasil, pero ello tuvo poca importancia. Uno de los delegados estadounidenses murió en el camino, y el otro no pudo salir con el tiempo suficiente para llegar a las sesiones (celebradas en los meses de junio y julio de 1826), pero tampoco se perdió mucho. De los estados latinoamericanos, sólo estaban presentes México, la Federación Centroamericana, Gran Colombia y Perú, pero el acuerdo que se estableció de alianza perpetua y de cooperación militar y de otro tipo sólo fue ratificado por Gran Colombia. El intento de continuar las sesiones más tarde en Tacubaya, México, aún tuvo resultados menos concretos.

Es verdad que hay que considerar el congreso de Panamá como un precedente de la colaboración interamericana que funcionó más tarde, pero por entonces sólo puso de manifiesto la falta de condiciones para que se formara tal colaboración. Las nuevas naciones no sólo estaban atrapadas en problemas domésticos que parecían casi irresolubles, sino que en realidad era muy poco lo que podían hacer conjuntamente y que no pudieran hacer solas con igual grado de eficacia (o de ineficacia). Una vez asegurado el triunfo de la lucha por la independencia —aunque España aún no había admitido su derrota—, apenas había razón para crear una unidad militar contra la madre patria; además, la posibilidad, que nunca había sido demasiado seria, de que otros poderes europeos pudieran intervenir al lado de España se había disipado porque los ingleses desaprobaban tales planes. Los mismos ingleses estaban sólo interesados en la penetración económica que los dirigentes de los nuevos países estaban generalmente dispuestos a recibir. Tampoco existió ningún proyecto serio de presentar un frente unido para negociar con los ingleses en busca de unas condiciones comerciales o de inversión mejores. Para empezar, la posición de las ex colonias devastadas por la guerra frente al poder comercial e industrial era demasiado débil. En teoría, una alianza defensiva hispanoamericana hubiera servido de algo frente al expansionismo de los Estados Unidos o de Brasil, pero es difícil creer que hubiera servido de algo, por ejemplo, a Argentina en su guerra de 1825-1828 con Brasil por la Banda Oriental (que comportó la creación del Estado de Uruguay), o a México en su guerra con los Estados Unidos dos décadas más tarde.

La creación de varias nuevas naciones hispanoamericanas no fue, desde luego, el único resultado de la larga lucha por la independencia. Se perdieron muchas vidas y se destruyeron muchas propiedades, y también se produjeron ciertos cambios, para mejor o peor, en el aspecto social. El impacto demográfico de las guerras fue muy importante en Venezuela, un área donde la lucha no sólo fue especialmente dura sino continua. Es verdad que investigaciones recientes, al sugerir que al final del período podía haber más o menos tantos habitantes —unos 800.000— como al principio,[20] ponen en duda la conclusión de aquellos historiadores que sostienen que Venezuela, como consecuencia de la guerra, padeció un acusado descenso neto de población. La pérdida del incremento natural tampoco se debió solamente, tal como podría suponerse, a las muertes en el campo de batalla y a las represalias y contrarrepresalias de la «guerra a muerte». En Venezuela, al igual que en el resto de Hispanoamérica, los bandos contrincantes no fueron capaces de que un gran contingente de hombres combatiera al mismo tiempo, y «la guerra a muerte» nunca se aplicó a rajatabla. Al igual que en la mayoría de los conflictos bélicos, los dos ejércitos y la población civil padecieron pérdidas sustanciales tanto por enfermedad como por acciones militares, y se produjeron pérdidas adicionales por emigración voluntaria o forzada. La mayoría de los patriotas que huyeron, después volvieron: algunos exiliados realistas también regresaron, pero parece ser que la mayoría de ellos no volvió.

Paraguay presentó el caso opuesto al de Venezuela; allí las pérdidas humanas fueron insignificantes. Por otro lado hay que tener en cuenta que el impacto demográfico fue desigual no simplemente en términos regionales. También ha quedado desacreditada la idea en un tiempo ampliamente aceptada de que la falta de población negra en la Argentina se debe a que los esclavos y los pardos libres se incorporaron de forma sistemática a la guerra de independencia y que o murieron en el campo de batalla o no regresaron del destino a donde San Martín los había llevado, pero puede contener algo de verdad, al menos para el caso de la región de Cuyo.[21] (Por el contrario, en Gran Colombia Bolívar justificó el reclutamiento de esclavos precisamente con el argumento de mantener el equilibrio racial al hacer que los negros sufrieran su parte proporcional de bajas)[22]. El ejemplo más claro del diferente grado de impacto de la guerra en los grupos sociales fue el de la emigración de la minoría de los peninsulares, cuya posición se vio seriamente mermada aunque no desaparecieron del todo. La salida de los españoles peninsulares (y la de los criollos realistas) tuvo por supuesto una repercusión económica además de demográfica. Los bienes raíces no se podían sacar del país y en gran medida fueron confiscados y sirvieron para financiar los nuevos gobiernos y recompensar a los patriotas que se lo merecían; pero el dinero en metálico fue extraído con mayor facilidad. La salida de capitales junto con el enfrentamiento de San Martín con los comerciantes españoles de Lima crearon serios problemas a él y a los gobiernos que le siguieron, pero fundamentalmente ha atraído la atención a causa de su rapidez y dimensiones. No se trató de un caso único.

Otra fuente de descapitalización fue la llegada de los comerciantes ingleses y extranjeros que en gran manera sustituyeron a los españoles; los productos que introdujeron encontraron más demanda que nunca en los recientemente abiertos puertos de Hispanoamérica y no se podían pagar con las ganancias obtenidas con las exportaciones. La necesidad de pagar las importaciones con capital activo —incluyendo las monedas en circulación— fue tanto mayor debido al impacto de la misma contienda sobre las actividades productivas. Aunque Belgrano fracasó en su intento de destruir la casa de la moneda de Potosí, en diferentes momentos del conflicto las instalaciones mineras del Alto y el Bajo Perú fueron gravemente perjudicadas a resultas de los sabotajes y de las negligencias involuntarias. De igual manera, las manadas y los rebaños desde Uruguay hasta Colombia fueron diezmados al ser utilizados para la alimentación y el transporte de los ejércitos que pasaban sin preocuparse de conservar las crías para el futuro. Aun así, el ganado vacuno, los caballos y otros animales no se extinguieron totalmente y con el tiempo recuperaron su número y lo hicieron de forma más rápida y ciertamente mucho más barata antes de que las minas inundadas pudieran ser puestas de nuevo en funcionamiento, o de que se reparara la maquinaria estropeada. Para la agricultura de subsistencia —el medio de supervivencia de la mayor parte de los hispanoamericanos— el tiempo mínimo de recuperación de los campos abandonados y de las cosechas holladas fue incluso más corto. El daño sufrido por la agricultura de plantación fue más complejo porque aquí la pérdida de capital y la desorganización de la mano de obra plantearon problemas especiales. Las fincas de cacao de Venezuela y las plantaciones azucareras y de otros productos comerciales de los valles costeros de Perú fueron especialmente perjudicadas por el reclutamiento de esclavos para el servicio militar.

En el panorama económico había unos pocos sectores prometedores, sobre todo era el caso de la actividad ganadera de Buenos Aires debido a la creciente demanda de los países industrializados de cueros y otros productos derivados de los despojos animales y a la extensión de los saladeros (plantas de salar y conservar carne). Estos establecimientos habían aparecido en la costa de Uruguay a finales del siglo XVIII y durante el período de la independencia se instalaron en otros puntos del Río de la Plata. Todas las exportaciones derivadas de la ganadería se veían naturalmente favorecidas por la creciente facilidad de comerciar con los puertos extranjeros, y Buenos Aires en particular se benefició del hecho de que las operaciones militares afectaran mucho más a Uruguay. Sin embargo, en el conjunto de Hispanoamérica el modesto éxito de la historia rural de Buenos Aires fue un fenómeno especial, si no único. Al mismo tiempo, el efecto negativo de la guerra sobre diferentes actividades tradicionales no fue compensado por la aparición de nuevas actividades. Es verdad que aumentó la demanda de algunos productos artesanales como las telas para los uniformes y que se levantaron un cierto número de fundiciones de metal, talleres de pólvora y otras «industrias de guerra», pero las repercusiones económicas y tecnológicas de la demanda generada por la guerra parece que no fueron ni profundas ni duraderas. En realidad, la demanda de implementos de guerra fue cubierta en parte con importaciones, resultando de ello una mayor pérdida de capital y una acumulación de deuda extranjera.

Inevitablemente, la guerra creó nuevas necesidades financieras tanto a las autoridades patriotas como a las realistas, las cuales no podían ser cubiertas con las contribuciones ordinarias. Además del efecto que sobre las rentas fiscales ejerce cualquier trastorno de la producción a causa de la guerra, los monopolios estatales padecieron la desviación del capital operante hacia gastos militares o extras. En 1827, en Venezuela los beneficios del monopolio del tabaco apenas ascendían a una cuarta parte del nivel anterior a la guerra. Además, en tiempos de guerra ciertas imposiciones fueron más difíciles de recaudar, mientras que otras, como el tributo, se abolieron —aunque la disposición no siempre se llevó a la práctica. Sólo los derechos de aduana mostraron una tendencia a aumentar, particularmente en un puerto como Buenos Aires que estuvo siempre bajo control patriota y cuyo entorno inmediato gozaba de una relativa vitalidad económica. Pero por todos lados la situación fue de déficit, que se cubrió, entre otros medios, a través de «contribuciones extraordinarias» y préstamos forzosos. En 1817, en Chile los préstamos internos voluntarios o involuntarios llegaron a sumar más de la mitad de los ingresos del gobierno. Se trató de una proporción poco corriente, pero el recurso a los préstamos fue universal. El hecho de que los comerciantes extranjeros residentes en Hispanoamérica se encontraban entre los prestamistas diluye la línea divisoria entre la deuda interna y la externa, a la que recurrían los agentes patriotas en el extranjero al comprar a crédito y con otras operaciones financieras a corto plazo, incluso antes de que los nuevos gobiernos estuvieran lo suficientemente bien consolidados para que fueran tenidos en cuenta en el mercado europeo de bonos.

Los primeros préstamos extranjeros importantes se concedieron en 1822; el gobierno chileno de O’Higgins obtuvo 1.000.000 de libras, Perú obtuvo 1.200.000 y Gran Colombia 2.000.000. (En 1824 Gran Colombia obtuvo otro préstamo de 4.750.000 libras, y en 1825 Perú otro de 616.000). Naturalmente, los gobiernos en cuestión no recibieron el valor total de los préstamos y la mayor parte de lo que restó de ellos tras la consolidación de anteriores obligaciones sirvió para comprar efectos militares que a veces ya no se necesitaban hacia la época de la compra. Muy pronto dejaron de pagarse los préstamos, con el resultado de que el financiamiento de las guerras de independencia dejó un legado de complicaciones diplomáticas que tardaron muchos años en solucionarse. Tales problemas no sólo se tuvieron con los acreedores europeos, sino que también existieron entre las diferentes repúblicas que esperaban reparaciones económicas por los servicios prestados para liberar a otras. Así, Gran Colombia reclamaba una «deuda de guerra» a Perú, que a su vez reclamaba otra a Bolivia.

Las deudas internas de guerra también fueron un problema para los nuevos gobiernos, y, por otro lado, igualmente importante fue el impacto, de distinto grado, del sistema en que se obtuvo el dinero. Los préstamos forzosos siempre afectaron más a aquellos individuos cuyos bienes eran líquidos, sobre todo si tales personas políticamente eran hostiles al régimen, como fue el caso de los comerciantes peninsulares en territorio patriota o el de los comerciantes patriotas durante cualquier restauración del dominio español. Aquellos cuyos bienes consistían en tierras gozaron de cierta protección relativa frente a los préstamos forzosos y quedaron en mejor situación —a menos de que provocaran la confiscación de sus bienes. La Iglesia fue una perdedora neta ante las medidas financieras revolucionarias. Proporcionó préstamos, voluntaria o forzosamente, a los contendientes, y vio como se reducían sus ingresos decimales tanto en su volumen como porque, de forma repetida, el Estado los retenía para fines militares.

Este no fue el único problema que tuvo que afrontar el clero, cuya influencia sobre la opinión popular hizo que tanto los patriotas como los realistas quisieran manipularlo, no sólo por razones financieras sino también por razones políticas. La posición del papado en Hispanoamérica, al haberse mantenido fiel a su tradicional alianza con la corona española y al haber condenado a los revolucionarios hasta que la victoria de éstos fue segura, inevitablemente se debilitó. El clero peninsular, sobrerrepresentado en los altos niveles de la administración eclesiástica, también tendió a ser realista. Por otro lado, el clero local parece que se alineó a favor o en contra de la independencia siguiendo la tónica general de los que no eran eclesiásticos. Si, como en Pasto, todo el mundo era realista, los curas apenas eran una excepción. Pero si, en algún lugar, la élite criolla era predominantemente patriota, los criollos que habían optado por la carrera eclesiástica adoptaban la misma actitud que aquélla. Así, la gaceta oficial de Gran Colombia estaba dentro de la exageración permitida cuando se refirió a «este clero sobre cuyo patriotismo se ha edificado el trono de la libertad de la patria».[23] A pesar de ello, la intransigencia del papado creó problemas a la Iglesia a lo largo del territorio republicano al interrumpir la Cadena normal de transmisión de la autoridad eclesiástica. Así, por ejemplo, resultó imposible reemplazar canónicamente a los obispos que se morían o se exiliaban. La primera muestra inequívoca de que el papado estaba dispuesto a reconocer el nuevo orden político impuesto en Hispanoamérica tuvo lugar en 1827; sucedió con motivo del nombramiento de obispos para las vacantes de las diócesis de Gran Colombia a partir de una lista de nombres previamente aprobada por el vicepresidente Santander.

A la larga, la incomunicación con Roma fue menos grave que el principio de las reformas anticlericales. La abolición de la Inquisición —efectuada en todas partes durante estos años— fue sobre todo un gesto simbólico y con ella automáticamente no se eliminaron las restricciones existentes sobre las creencias religiosas heterodoxas; como máximo auguró una vigilancia más laxa. Para la Iglesia fue más ominoso que los nuevos regímenes limitaran las profesiones religiosas y suprimieran las casas religiosas más pequeñas, de lo que ya se han dado más arriba ejemplos aislados de diferentes partes de Hispanoamérica. Se podrían citar otras medidas similares y todas ellas no eran sino los primeros intentos de restringir la influencia eclesiástica. Sin embargo, en realidad, apenas era necesario limitar las profesiones con la ley, ya que durante el período revolucionario se produjo un declive espontáneo de vocaciones religiosas de todo tipo. Ello presumiblemente reflejaba, en parte, la influencia de las corrientes de pensamiento secularizador e irreligioso que llegaban de fuera, de lo que los portavoces tradicionalistas se quejaban amargamente; también reflejaba la decadencia del atractivo de las carreras eclesiásticas frente a la aparición de otras nuevas en diversos campos.

Es bien conocido el hecho de que los militares estaban creciendo en número e importancia con relación al clero (y a casi todo el mundo). Mientras duró la guerra de independencia las razones de ello son bien evidentes; por otro lado, el hecho de que los militares continuaran jugando un papel muy importante después de la independencia tiene mucho que ver con la debilidad de las instituciones de gobierno civil de las nuevas naciones. De hecho, sin embargo, el estamento militar sufrió cambios tanto cualitativos como cuantitativos. Cuando la lucha se estaba extendiendo, los ejércitos crecieron y la clase alta criolla no pudo proporcionar todos los oficiales que se necesitaban. Así, mientras que durante el período colonial las unidades de las milicias pardas normalmente fueron dirigidas por blancos, durante las guerras de independencia un buen número de pardos se elevaron a los rangos superiores e incluso empezaron a dirigir a los que no eran pardos. A muchos de los criollos de la clase más baja y a los mestizos les resultó aún más fácil ascender en el rango militar sobre las bases de una demostrada habilidad. Un ejemplo de ello lo ofrece el jefe de los llaneros, José Antonio Páez, quien, de extracción bastante modesta, se elevó al más alto rango militar y también se convirtió en la principal figura política de Venezuela, al menos durante la ausencia de Bolívar. En pago de sus servicios por la independencia obtuvo tierras que le convirtieron en uno de los hombres más ricos del país. No obtuvo (y en realidad no lo buscó) un estatus social que le igualara a los miembros supervivientes de la élite mantuana, pero se ganó su respeto.

Se podrían encontrar más ejemplos parecidos al de Páez tanto en Venezuela como en otras partes de Hispanoamérica. Sin embargo, todos estos casos sólo representan la existencia de una relativa mayor facilidad en el ascenso social de ciertos individuos más que un cambio en la estructura social. La confiscación y redistribución de las propiedades de los enemigos, que fue el mecanismo que pudo haber implantado el mayor cambio estructural posible, en realidad no tuvo semejante efecto. Sólo Artigas en Uruguay proclamó claramente la división de grandes propiedades entre pequeños y medianos propietarios, pero sus medidas agrarias quedaron truncadas. El decreto de 1817 de Bolívar es más característico al respecto; establecía que las grandes propiedades confiscadas se conservarían intactas y sólo preveía que los pequeños peticionarios, si querían, pudieran conjuntamente recibir una sola propiedad, pero, ante la desilusión de Bolívar, esta última disposición fue casi inoperativa. Como regla general, nuevos latifundistas sustituyeron a los antiguos, y sólo los viejos latifundistas que a la vez fueron buenos patriotas consiguieron aumentar sus propiedades. La concentración de la propiedad existente sobre las mejores tierras de cultivo y de pasto no fue modificada de manera significativa.

Las consecuencias inmediatas de las medidas que se referían a la esclavitud también fueron limitadas. Aunque la institución no fue abolida totalmente, perdió importancia a causa del reclutamiento de esclavos para el servicio militar, de la abolición de la trata negrera y de la introducción en la mayoría de los países —a excepción del Paraguay y del Uruguay ocupado por los brasileños— del principio de vientre libre, todo ello sin mencionar que la confusión creada por la guerra ofreció a los esclavos múltiples oportunidades de huir. En Venezuela la población esclava disminuyó casi un tercio durante los años de lucha, y en otras regiones el descenso aún fue mayor. Sin embargo, en la mayor parte de la América española la mano de obra esclava había tenido una importancia económica limitada, y donde había sido importante, como ocurrió en el centro-norte de Venezuela, los libertos se convirtieron en proletarios rurales o en una población flotante de ocupantes de tierra y de vagabundos. El miedo manifestado por los grupos sociales más elevados ante los posibles disturbios de los ex esclavos refleja un cierto debilitamiento de los controles sociales tradicionales, pero los hechos probaron que tales temores eran exagerados.

El golpe recibido por la esclavitud, aun así, debe considerarse como la «reforma social» más importante de los años de la independencia, pero no produjo una redistribución del poder económico, y lo mismo se puede decir de otras innovaciones sociales y económicas que o bien fueron decretadas por los nuevos gobiernos, o bien se produjeron como resultado natural, no intencionado, de la lucha. En Hispanoamérica, los principales medios de producción continuaron en manos de la clase alta criolla, que como consecuencia de la independencia ahora también detentaba el poder político. Ello significó que a partir de entonces las decisiones políticas se harían según los intereses nacionales y no según los metropolitanos, o mejor dicho, según los intereses nacionales tal como los interpretaba la minoría dominante. Pero esto no evitó la continuación —aunque sí hubo algunos cambios—de la dependencia económica exterior porque los intereses de esta minoría dominante iban frecuentemente ligados a la producción y exportación de productos básicos. Por el contrario, significó la desaparición de las limitaciones legales, inherentes al sistema imperial español, que impedían una incorporación plena en el mercado mundial. Fuera de algunos casos excepcionales, la incorporación de otros grupos sociales en las decisiones nacionales tendría que esperar aún bastante tiempo.

Capítulo 4
LA INDEPENDENCIA DE HAITÍ
Y SANTO DOMINGO[1]

A finales del siglo XVIII, la colonia francesa de Saint-Domingue —el tercio occidental de La Española— era la colonia más productiva de las Antillas. También era la que tenía los problemas económicos y sociales más complejos. La base de la economía de Saint-Domingue era el azúcar, aunque también se producía algo de café, algodón e índigo. La producción de azúcar se inició a fines del siglo XVII, después de que Francia ocupara algunas partes de la isla que era reclamada en su integridad por España. A lo largo del siglo XVIII, los plantadores franceses lograron superar la producción total de todas las colonias británicas de las Antillas. A finales de siglo los franceses, cuyos costes de producción eran considerablemente más reducidos que los de las plantaciones británicas, pudieron competir con los ingleses en el mercado europeo del azúcar. Sus avances aún fueron mayores después de la independencia de las colonias británicas de América del Norte que, una vez libres del monopolio colonial, empezaron a surtirse en las colonias francesas de las Indias Occidentales, especialmente en Saint-Domingue. Precisamente desde 1783, cuando concluyó la guerra de Independencia norteamericana, se aceleró la ya impresionante tasa de crecimiento de la colonia francesa, y la producción de azúcar llegó a niveles nunca alcanzados anteriormente.

Para cubrir la necesidad de mano de obra, los plantadores de Saint-Domingue, que eran predominantemente blancos, estuvieron importando un promedio de unos 30.000 esclavos africanos anuales en los años que precedieron a la Revolución francesa. En un principio, el negocio de aprovisionamiento de esclavos negros para las plantaciones azucareras de Saint-Domingue estuvo en manos de las compañías monopolistas creadas por el gobierno francés en la segunda mitad del siglo XVII. Pero posteriormente los plantadores se rebelaron contra esas compañías y sus monopolios, y ambos fueron abolidos; entonces el comercio de esclavos cayó en manos de comerciantes radicados en los más importantes puertos de Francia, que luego utilizaron sus capitales acumulados en la trata para financiar buena parte del crecimiento de Saint-Domingue. Entre 1783 y 1789, por ejemplo, los comerciantes de Burdeos invirtieron en esta colonia francesa unos 100 millones de libras tornesas para aumentar la producción azucarera y de otras materias primas, para hacer frente a la demanda del mercado de los Estados Unidos. Las relaciones de los comerciantes y financieros franceses con los plantadores de Saint-Domingue nunca fueron del todo satisfactorias, debido a que los plantadores, aunque prósperos, cada vez dependían más de los capitalistas metropolitanos. En París, varios de los plantadores descontentos se organizaron en el famoso club Massiac, que conspiró para obtener cierto grado de autonomía política para Saint-Domingue y la liberalización de su comercio. Así pues, puede decirse que en 1789 existía un espíritu de verdadera desafección por parte de los grandes plantadores blancos, los granas blancs, de Saint-Domingue hacia el sistema colonial francés.

Otro sector de la sociedad —el de los affranchis, o gente de color libre (en su mayoría mulatos, si bien también había algún negro)— aún era más desafecto al sistema colonial francés. Durante la década de 1780 la población de color se había más que doblado; alcanzó la cifra de 28.000 individuos en el momento de la Revolución francesa. Algunos eran propietarios de tierra y de esclavos y controlaban una tercera parte de las plantaciones (y de los esclavos) de la colonia. Padecían los recelos de los 40.000 blancos —administradores, soldados, comerciantes y plantadores, pero también tenderos y artesanos (los petits blancs)— que no podían tolerar que los descendientes de los esclavos alcanzaran una posición preeminente en la economía y sociedad coloniales. Una serie de leyes discriminatorias dictadas con el propósito de detener el proceso de ascensión económico y social de los affranchis fueron puestas en vigor por los blancos a lo largo del siglo XVIII. El resultado fue una larga historia de enemistad entre los dos grupos. A fin de defender sus derechos, los mulatos que vivían en París organizaron la Société des Amis des Noirs, que alcanzó un notable prestigio entre los grupos burgueses más liberales de Francia. Así que en 1789, cuando empezó la revolución, existía ya una estrecha amistad entre algunos importantes dirigentes revolucionarios y los representantes de los mulatos ricos de Saint-Domingue, quienes ofrecieron 6.000.000 de libras tornesas para ayudar al nuevo gobierno a pagar la deuda pública, uno de los detonantes de la revolución. A cambio de esta ayuda pensaban obtener de la Asamblea Nacional un decreto que les reconociera como ciudadanos con todos los derechos.

Pese a esta deuda política, la burguesía francesa vaciló mucho antes de asegurar cualquier concesión a los affranchis de Saint-Domingue, pensando que posteriormente se les pediría que emanciparan al casi medio millón de esclavos negros, que constituían entre el 85 y el 90 por 100 de la población. La abolición de la esclavitud significaría necesariamente la ruina de la colonia, y con ello la ruina de la burguesía comercial e industrial francesa, cuyo poder derivaba precisamente de la dominación colonial.

La Sociedad de los Amigos de los Negros, que pese a su nombre sólo representaba los intereses de los mulatos, envió a dos de sus miembros a Inglaterra en busca de ayuda. Después regresaron a Saint-Domingue, con la idea de obtener por las armas lo que se les negaba con la continuada negativa de Francia a reconocer sus derechos. Vincent Ogé, el principal enviado de la Sociedad, desembarcó en Saint-Domingue en octubre de 1790. Junto con su hermano y otro mulato llamado Jean-Baptiste Chavannes, trataron de organizar un movimiento armado, que fracasó. La revuelta fue reprimida y Ogé y Chavannes fueron capturados y ahorcados por las autoridades francesas.

Saint-Domingue, 1794

Sin embargo, ahora la isla se encontraba en un estado de intensa efervescencia revolucionaria. Todo el mundo hablaba de las libertades de la revolución en Francia y del ejemplo de los Estados Unidos. Los grands blancs buscaban su autonomía. Los mulatos, enardecidos por las muertes de Ogé y Chavannes, buscaban la igualdad con los blancos, y eventualmente su independencia. Lo que ninguno pensaba o decía era que los esclavos negros tenían derechos o los merecían. Pero, día tras día éstos oían los debates de sus amos. En las grandes casas, en las plantaciones, en los pueblos, en los mercados, los esclavos tomaban conciencia de su condición y de las posibilidades que se les abrían de escapar de ella, tal como lo había preconizado el legendario rebelde François Macandal en 1758. Poco a poco los esclavos se organizaron y en agosto de 1791 estalló una revuelta en las plantaciones del norte de Saint-Domingue, revuelta que no se detendría en los años siguientes.

Amenazados en sus intereses por la revuelta de sus esclavos, los propietarios blancos y mulatos formaron un frente común, a fin de defender sus propiedades, apoyados por las bayonetas francesas. Y, cuando descubrieron que los británicos tenían intención de intervenir militarmente en Saint-Domingue —a fin de beneficiarse del movimiento y de privar a Francia de su colonia antillana más importante—, acudieron en busca de la ayuda extranjera. Sin embargo, el acercamiento entre blancos y mulatos no podía ser duradero. A finales de 1791, el gobierno francés envió en vano a Saint-Domingue una comisión civil de alto nivel: la alianza formal entre blancos y mulatos que organizó esta comisión pronto se deshizo a causa del profundo odio mutuo entre ambos grupos.

Los campos empezaron entonces a definirse. Los esclavos negros rebelados encontraron un aliado en los españoles de Santo Domingo, cuyas autoridades veían ahora la oportunidad de recuperar los territorios perdidos hacía más de un siglo en la parte occidental de la isla, pero que a pesar de la «política de tolerancia» posterior a 1700 nunca habían cedido formalmente a Francia. Los mulatos fueron ganados por el gobierno revolucionario francés al dictar éste, el 4 de marzo de 1792, el esperado decreto que reconocía la igualdad de los mulatos con los blancos. Por su parte, los grands blancs buscaron el apoyo inglés, y solicitaron a las autoridades de Jamaica tropas para ayudarlos contra los negros y para reforzar su posición frente a los mulatos. En medio de esta tormentosa situación llegó una segunda comisión civil francesa conducida por el jacobino antiblanco Leger-Félicité Sonthonax, acompañado de 6.000 soldados con el propósito de imponer orden en la colonia.

Pero imponer el orden era ahora la tarea más difícil, puesto que lo que comenzó como una revuelta de esclavos se había convertido ya en una guerra civil —de mulatos contra blancos y de plantadores contra las autoridades centrales— y en una guerra internacional con la participación de España, Inglaterra y Francia. Los desacuerdos entre los jefes militares franceses y los comisionados civiles sólo sirvieron para entorpecer las decisiones, y favorecieron el avance español por la frontera con un ejército compuesto por negros sublevados y milicias criollas de Santo Domingo, y para estimular el desembarco de tropas inglesas desde Jamaica por el sur de Saint-Domingue. Los franceses hubieran sido derrotados si Sonthonax no se hubiera excedido en sus poderes nominales, tomando, el 29 de abril de 1793, la astuta decisión de decretar la abolición de la esclavitud en Saint-Domingue. Hizo un llamamiento a los negros rebelados, ahora hombres libres, para que se incorporaran al ejército y aplastaran la intervención militar inglesa que apoyaba a los plantadores esclavistas blancos.

Esta jugada dio un gran resultado. Uno de los principales caudillos revolucionarios negros, llamado Toussaint Louverture, un antiguo creóle esclavo doméstico, aceptó la proclama y se pasó al lado francés con unos 4.000 hombres. Los demás negros que no se acogieron al decreto Sonthonax permanecieron al servicio militar de los españoles. Los mulatos, por su parte, también se dividieron. Algunos apoyaron al gobierno francés, aunque estuvieron disconformes con la abolición de la esclavitud. Otros apoyaron a los grands blancs aliados de los ingleses.

Territorio ocupado por Toussaint, 1794-1801

El esfuerzo militar francés se vio ampliamente favorecido por el apoyo de los generales negros y mulatos, y en especial de Toussaint, que se convirtió en el indiscutible dirigente de las fuerzas francesas en Saint-Domingue; en 1796 obtuvo el grado de general de brigada y en 1797 el de general de división. Los españoles fueron obligados a retroceder a su propio territorio, perdiendo importantes zonas ganaderas que abastecían anteriormente a Saint-Domingue. Los ingleses, tras una guerra que duró unos 5 años y costó la pérdida de más de 25.000 hombres, fueron finalmente obligados a marcharse. Los ingleses abandonaron la isla en abril de 1798, después de la misión de un enviado especial británico, el general Maitland; éste firmó con Toussaint un tratado secreto, por el cual los ingleses renunciaban a su presencia militar a cambio de ciertas concesiones comerciales. En el curso de las negociaciones, Maitland insinuó a Toussaint que se declarara independiente bajo la protección de Inglaterra. Pero Toussaint decidió no aceptar la proposición y, en parte debido a las sospechas sobre las intenciones de los mulatos, prefirió seguir gobernando la colonia en nombre de Francia. El gobernador francés, el general Laveaux, y los demás oficiales franceses aceptaron la autoridad de Toussaint.

Sin embargo, los mulatos no se sometieron al mando de Toussaint, el negro ex esclavo. Querían establecer un gobierno propio. En febrero de 1799 el general mulato, André Rigaud, y sus seguidores se rebelaron contra Toussaint en el sur; estalló la guerra civil. Al final, la superioridad numérica de los negros y la brillante dirección militar de Toussaint resultaron decisivas, y en agosto de 1800 los mulatos fueron derrotados.

Entretanto, Toussaint procedió a la reorganización de la colonia y a la restauración de su anterior prosperidad económica. Mantuvo el sistema de plantación; devolvió las propiedades a sus legítimos dueños; obligó a los ex esclavos a volver a sus trabajos habituales bajo el pretexto de suprimir la vagancia. También estableció relaciones con los Estados Unidos que empezaron a proporcionarle armamento, alimentos y otras mercancías a cambio de productos coloniales. El 12 de octubre de 1800, Toussaint, que ahora era gobernador general y comandante en jefe de Saint-Domingue, estableció unas leyes para regular la producción agrícola. Los esclavos de 1789 debían trabajar en las plantaciones, pero ahora lo hacían como asalariados. Una cuarta parte de la producción iría a parar a manos de los trabajadores, la mitad debía ser entregada al Tesoro Público, mientras que el cuarto restante quedaría en manos del propietario. Cuando los propietarios vieron que tendrían que compartir la producción de sus plantaciones con sus antiguos esclavos, lanzaron una intensa campaña de propaganda contra Toussaint en Cuba, Estados Unidos y Europa. En Francia, Napoleón Bonaparte, otro hombre producto de la Revolución francesa al igual que Toussaint, recogió estas quejas y se propuso devolver la colonia de Saint-Domingue a su antiguo estatus. Representaba los intereses de la burguesía que le había ayudado a tomar el poder y que estaba ansiosa por acceder a la riqueza de Saint-Domingue, que producía dos tercios del ingreso colonial francés. Así pues, Napoleón decidió reinstaurar el control absoluto de la colonia.

Por medio de un tratado firmado en Basiiea (junio de 1795), España se había visto obligada a ceder la parte española de La Española a Francia a cambio de la devolución de los territorios perdidos en Europa. Pero el gobierno francés insistió en que la colonia de Santo Domingo sólo debía ser entregada a un ejército francés compuesto de soldados blancos, de manera que la rebelión de los esclavos no pasara a la parte española. La prosecución de la guerra en Europa nunca había permitido la salida de tal ejército, pero ahora Napoleón proyectaba enviar una fuerza a Santo Domingo y usarla como medio para desalojar a Toussaint del poder de Saint-Domingue. Sin embargo, Toussaint se adelantó a las tropas francesas invadiendo él mismo la parte oriental de la isla. El 26 de febrero de 1801 llegó a la vieja ciudad de Santo Domingo ante la consternación de todos los residentes españoles y la de los muchos refugiados franceses que habían huido de la revolucionaria Saint-Domingue y que se habían concentrado en la ciudad. Toussaint procedió a unificar las dos partes de la isla. Nombró oficiales que recorrieran la antigua colonia española y dispuso medidas orientadas a transformar su economía, que dependía casi completamente de la ganadería, en una basada en el cultivo de productos de exportación. Después volvió a la parte occidental de la isla para reemprender allí la reconstrucción. Napoleón, que hacía poco que había comprado Luisiana a España, se negó a aceptar el nuevo orden establecido en La Española y envió una gran fuerza invasora para reimponer el control metropolitano en Saint-Domingue y en Santo Domingo.

El 29 de enero de 1802, la mitad de la flota francesa llegó a Samaná, una de las bahías de la parte oriental de la isla. La otra mitad apareció en Cap-Français el 3 de febrero. Entonces empezaron las operaciones; las fuerzas francesas fueron divididas para atacar por diferentes frentes. Una parte marchó directamente sobre la ciudad de Santo Domingo, que fue tomada con pocas dificultades; otras fuerzas desembarcaron en otros puntos de la mitad española de la isla. Parte de la flota atacó Puerto Príncipe, mientras que el grueso de las fuerzas expedicionarias, bajo la dirección directa del general Víctor Emmanuel Leclerc —que se había llevado consigo a su esposa, Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón—, tomó la ciudad de Cap-Français, aunque sólo lo hizo tras vencer serias dificultades. El 7 de junio, Toussaint fue traicionado y cayó en manos de los franceses; al año siguiente murió cautivo en Francia. Sin embargo, por entonces, los negros y los mulatos se habían unido bajo la dirección de Jean-Jacques Dessalines, un antiguo esclavo y lugarteniente de Toussaint, para emprender la última y sangrienta etapa en la carrera por la independencia.

Los franceses —58.000 hombres— estuvieron intentando someter a sus antiguos esclavos durante 21 meses. Los mismos hombres habían triunfado arrolladoramente en Italia y Egipto. Sin embargo, esta vez no pudieron alcanzar la victoria; los negros y mulatos de Saint-Domingue contaron con la ayuda de un poderoso aliado: la fiebre amarilla. Según los datos militares franceses, unos 50.250 soldados perdieron la vida en esta campaña, que terminó en 1804 con la rendición y la huida de los supervivientes que, desde la muerte de Leclerc acaecida a finales de diciembre de 1803, estaban bajo el mando del desesperado general Rochambeau. El 1 de enero de 1804 Dessalines y otros victoriosos generales negros proclamaron la independencia de Haití (un nombre amerindio de La Española). Francia había perdido su colonia más rica. Los propietarios de esclavos de los Estados Unidos, el Caribe, la América española y Brasil se sintieron mucho menos seguros; los esclavos se sentían más esperanzados en todos los lugares. Haití fue el primer Estado independiente de América Latina y la primera república negra del mundo.

El gobernador de Santo Domingo, don Joaquín García y Moreno, había soportado desde 1795 una larga serie de calamidades, para mantener funcionando una colonia que ya no pertenecía a España, pero que Francia se negaba a ocupar hasta reunir fuerzas suficientes. No disponía de dinero, puesto que la actividad naval inglesa en el Caribe no permitía que llegara ningún ingreso regular —el «situado»— desde México. Tuvo que enfrentarse a un arzobispo cuya única idea era emigrar lo antes posible junto con el resto del clero secular, a fin de no tener que convivir con los anticlericales franceses o con los esclavos rebeldes. Estaba acosado por miles de familias españolas imposibilitadas de emigrar por falta de embarcaciones, pero que no obstante afluían cada día al puerto de Santo Domingo con sus bienes y sus esclavos, recargando aún más el mercado local al pedir alimentos y artículos de primera necesidad que sencillamente no existían.

La cesión de Santo Domingo a Francia en 1795 por medio del tratado de Basilea ha sido considerada generalmente como uno de los grandes traumas de la historia de la nación dominicana, pues interrumpió el orden colonial español y sumergió al país en una turbulenta corriente de revoluciones, guerras e invasiones que lo llevaron a la ruina y lo apartaron del curso general de las demás colonias hispanoamericanas. La noticia de que la colonia española había sido cedida a Francia fue recibida en Santo Domingo en octubre de 1795. Aquellos que no quisieran avenirse a la nueva situación disponían de un año para irse a Cuba, Puerto Rico o Venezuela, donde se les darían facilidades para adquirir nuevas propiedades.

Durante más de un siglo, la población de Santo Domingo había tenido que luchar por su supervivencia contra la penetración y la usurpación de los franceses en el occidente de la isla. Desde los primeros días de la revuelta de los esclavos en Saint-Domingue sus esfuerzos bélicos habían sido encaminados a expulsar a los franceses de la isla. Saber ahora que sus nuevos gobernantes serían franceses era algo intolerable para la mayoría de los dominicanos, intensamente proespañoles. Por eso mucha gente tomó la decisión de emigrar; se calcula que entre 1795 y 1810 unas 125.000 personas salieron de la parte española de la isla, lo cual redujo la población a un tercio de la que tenía antes de la Revolución francesa.

Durante la breve ocupación de las tropas de Toussaint del territorio dominicano (1801-1802), la emigración de familias españolas se aceleró, pues la población se encontraba atemorizada por las noticias de los horrores de la revolución, propagadas por los refugiados franceses en Santo Domingo. Además, Toussaint quiso transformar el sistema agrícola y laboral tradicional dominicano, basado en la ganadería y el uso extensivo de la tierra, con utilización de pocos esclavos (menos de 15.000) que trabajaban como mayorales y capataces de hatos. Toussaint se daba cuenta de que la famosa indolencia de los habitantes de la parte oriental de la isla —tan comentada por muchos viajeros franceses del siglo XVIII— se debía a los condicionamientos de la economía ganadera, que había sido el sostén de la colonia española desde hacía casi tres siglos. Pretendió transformar un territorio dedicado a la crianza de ganado, sin más agricultura que la de subsistencia, en una colonia agrícola donde la tierra estuviera explotada intensivamente con cultivos orientados hacia la exportación, según el modelo francés de plantaciones capitalistas desarrollado en Saint-Domingue en el siglo XVIII. Sin embargo, la gran invasión francesa al mando de Leclerc frustró todos sus planes, como anuló la abolición de la esclavitud que decretó al llegar a Santo Domingo en enero de 1801. Los propietarios del sector español pensaron que era preferible apoyar a las fuerzas francesas que

Napoleón había enviado para reimplantar la esclavitud que ser gobernados por los comandantes militares negros de Saint-Domingue dirigidos por Paul Louverture, el hermano de Toussaint. Por ello, para expulsar a los haitianos, los dominicanos colaboraron con las tropas francesas de Leclerc. Pero los dominicanos lo pagaron caro, pues una vez terminada la guerra que culminó con la proclamación de la independencia de Haití en 1804, Dessalines y su estado mayor se prepararon para castigar a los enemigos de la revolución en la parte española y para expulsar a los franceses que se habían concentrado en Santo Domingo.

Pasó más de un año antes de que se efectuara la invasión de Dessalines, pues éste necesitaba consolidar su liderazgo y organizar el nuevo Estado antes de lanzarse a una nueva campaña militar. Pero un decreto del jefe de las tropas francesas en Santo Domingo, el general Jean Louis Ferrand, autorizando a los que quisieran cruzar la frontera para cazar esclavos para sus plantaciones, sirvió de detonante para la invasión en febrero de 1805. Un ejército haitiano avanzó por el norte y otro por la costa sur de la isla hacia la ciudad de Santo Domingo. El 8 de marzo de 1805 comenzó el sitio de la plaza, que quedó rodeada por más de 21.000 haitianos; el cerco duró tres semanas. La ciudad se salvó de caer en manos haitianas gracias a la desesperada defensa desde las murallas que opusieron franceses y españoles y gracias, también, a la aparición el 26 de marzo de una escuadra francesa que venía hostigando las posesiones británicas de las Antillas menores; que Dessalines interpretó que intentaban una nueva invasión de Haití.

Los haitianos levantaron el sitio y se retiraron por los pueblos del interior; saquearon los poblados de Monte Plata, Cotuí y La Vega, y pasaron a cuchillo a los habitantes de las ciudades de Mocoa y Santiago. Dejaron tras de sí campos devastados, ciudades incendiadas e iglesias reducidas a cenizas. En Mocoa sólo dos personas salvaron la vida, gracias a haber quedado atrapadas bajo los cadáveres en la iglesia, donde se llevó a cabo la matanza principal. Esta hecatombe tendría importantes consecuencias en las relaciones de los pueblos dominicano y haitiano muchos años más tarde. A la vez, estimuló una emigración atropellada y masiva, pues los dominicanos llegaron a la conclusión de que su debilidad militar los llevaría a caer en manos de los haitianos tarde o temprano y que terminarían sufriendo un destino similar al de los franceses del otro lado de la isla.

Los que se quedaron siguieron sintiéndose inseguros; ello contrarrestó enormemente los grandes esfuerzos que hicieron los franceses durante los tres años siguientes para reconstruir el país y mejorar su economía. Sin embargo, se restableció el comercio de ganado entre los dominicanos y los haitianos, pues Haití no producía suficiente carne para alimentar a su población y debía comprarla en Santo Domingo. Gracias en parte a ello, hubo un período de tranquilidad. El gobierno militar francés, convencido de que los sentimientos hispánicos de la población seguían vivos, instituyó un régimen paternal que respetó los usos y costumbres tradicionales.

La relativa armonía existente entre los franceses y los dominicanos se quebró en 1808, en primer lugar a causa de la orden del gobernador Ferrand que prohibía a los habitantes de la colonia vender ganado a los haitianos, y en segundo lugar por una razón más importante: la invasión de España por parte de Napoleón. Los levantamientos populares contra los franceses que tuvieron lugar en Madrid el 2 de mayo de 1808 pronto fueron conocidos en las Antillas, sobre todo entre los dominicanos que vivían exiliados en Puerto Rico, donde un rico terrateniente llamado Juan Sánchez Ramírez obtuvo el apoyo del gobernador para expulsar a los franceses de Santo Domingo. Ya en julio se sabía en San Juan de Puerto Rico que una junta de gobierno había sustituido al depuesto Fernando VII y que en nombre de España había declarado la guerra a Francia.

Sánchez Ramírez regresó a Santo Domingo, y durante los meses de julio a noviembre de 1808 se dedicó a preparar una conspiración y a organizar un ejército de unos 2.000 hombres. El 7 de noviembre de 1808 se enfrentó a 600 soldados en la parte oriental del país. En la famosa batalla de La Sabana de Palo Hincado los franceses fueron aniquilados y el gobernador perdió la vida. Tan pronto como la noticia de la derrota llegó a Santo Domingo, los franceses pusieron la ciudad en pie de guerra para resistir el ataque que esperaban que sobrevendría. Pero las tropas de Sánchez Ramírez no fueron capaces de tomar la plaza y el cerco se prolongó durante 8 meses. Entretanto los ingleses de Jamaica estaban en contacto con los españoles de Puerto Rico y tan pronto comenzó el cerco bloquearon el puerto de Santo Domingo.

Cuando los franceses, derrotados por el hambre y las penurias, decidieron rendirse a las fuerzas navales inglesas en julio de 1809, los dominicanos —que habían luchado contra los franceses durante casi todo un año— recibieron un fuerte golpe al ver que la capital de su país no se entregaba a ellos sino a los ingleses. Los ingleses sólo se avinieron a evacuar la ciudad tras una difícil negociación, pero no sin antes llevarse las campanas de las iglesias y las mejores armas de las fortificaciones. También obligaron a las nuevas autoridades locales a entregarles enormes partidas de caoba en pago de su bloqueo naval. Y, por si esto no fuera suficiente, los dominicanos tuvieron que comprometerse a permitir a los barcos británicos el libre acceso a la colonia y a conceder a las importaciones británicas un trato igual al que recibían los productos y las manufacturas españoles.

Irónicamente, los dominicanos habían librado esta guerra contra los franceses para restaurar el dominio español en Santo Domingo en el momento en que todo el resto de la América española se preparaba para rechazar el colonialismo español. Además, la llamada guerra de Reconquista (1808-1809), que siguió a las dos invasiones de los haitianos (1801 y 1805), dejó al país totalmente devastado. La crisis económica fue total. El ganado que había sido la base de su riqueza en el siglo XVIII fue consumido por los ejércitos en pugna. A pesar de los muchos esfuerzos que se hicieron, la ganadería nunca volvió a alcanzar en el siglo XIX los niveles de exportación del siglo XVIII. La agricultura de subsistencia era ahora la principal actividad, y las únicas ocupaciones que producían algún dinero quedaron reducidas a la tala y la exportación de la madera de caoba, en la parte sur del país, y al cultivo y exportación de tabaco en el norte. Las exportaciones se redujeron a unas pocas docenas de toneladas de tabaco, varios miles de cueros, algo de caoba y un poco de mieles de caña y aguardiente al año. Las importaciones se limitaron a los productos estrictamente necesarios para una población empobrecida que no superaba los 75.000 habitantes, menos del 30 por 100 de la que había tenido quince años antes.

En Haití, la independencia al principio no alteró la política económica de Toussaint, consiste en conservar intactas las antiguas plantaciones con sus trabajadores permanentemente adscritos a la tierra. Durante la guerra, la mayor parte de los blancos que aún quedaban fueron asesinados; Dessalines confiscó inmediatamente sus plantaciones y prohibió que los blancos pudieran tener propiedades en Haití. En abril de 1804, anuló todas las operaciones de venta y donaciones de tierra que se habían hecho en los años anteriores a 1803. A los que habían sido esclavos se les prohibió abandonar las plantaciones si no tenían un permiso del gobierno. La medida fue impopular, porque significó que la nueva situación servil en que los antiguos esclavos habían caído se mantendría indefinidamente.

Dessalines se estaba haciendo cada vez más impopular entre las masas negras, a las que su gobierno trataba de alejar de sus lealtades tribales para integrarlas en un Estado nacional. Hay que recordar que la mayoría de la población haitiana en el momento de la independencia había nacido en África (bozales) o había nacido en el Nuevo Mundo de padres africanos (creóle), y que a la más mínima libertad buscaban reconstruir sus grupos primarios asociándose con personas con antecedentes lingüísticos o tribales similares. Además, entre los mulatos, Dessalines era impopular desde el principio no sólo a causa de su color, sino a causa de su política de confiscar tierras. En octubre de 1806 fue asesinado por sus enemigos que arrojaron su cuerpo a la calle en donde fue destrozado por las turbas. Pero durante los dos años que gobernó, las confiscaciones de tierras de Dessalines fueron tan efectivas que en el momento de su muerte la mayor parte de las tierras —se calculó entonces que constituían entre los dos tercios y las nueve décimas partes del territorio haitiano— estaban en manos del Estado.

Las pugnas entre negros y mulatos dividieron Haití a la muerte de Dessalines en dos unidades antagónicas e independientes a partir de 1807. En el norte, el general negro Henri Christophe continuó la política de su predecesor, Toussaint, intentando conservar intactas las plantaciones y su fuerza de trabajo. Pero imprimió un nuevo sello a la política en vistas a aumentar la productividad agrícola —y de las exportaciones— y a fortalecer la prosperidad del Estado. La solución de Christophe fue la de permitir que sus generales y oficiales más importantes arrendaran o administraran las plantaciones con la obligación de mantenerlas produciendo como se acostumbraba al tiempo que entregaban un cuarto del producto al Estado y ofrecían otro cuarto en pago de salarios a los trabajadores, conservando ellos el 50 por 100 restante. En 1811 Christophe reorganizó su Estado, convirtiéndolo en un reino. Sus jefes en armas —quienes ya se beneficiaban de sus donaciones de tierras— ahora también tenían la oportunidad de adquirir numerosos títulos de nobleza, cuyas listas y enumeraciones se hicieron famosas por las narraciones de viajeros ingleses a Haití durante el reinado espectacular de Christophe. El mando de Christophe, al crear una corte y una aristocracia africanas a imitación de las cortes europeas existentes, hizo de Haití uno de los experimentos políticos más originales del siglo XIX en América Latina. Las maravillas arquitectónicas que Christophe creó son justamente famosas. Construyó el palacio de Sans Souci, en Milot, para albergar y mostrar el formalismo y el ceremonial de su corte; para defender a su reino de un posible ataque francés, que siempre pensó que volvería a llegar por su capital, el antiguo Cap-Français, edificó la gran fortaleza de La Citadelle, en La Ferriére, que se puede considerar como una de las maravillas del mundo.

Christophe consiguió restituir la productividad de las antiguas plantaciones en el norte de Haití y mantener en alto nivel las exportaciones. Mientras, la mayor parte de la población campesina quedaba atada al trabajo agrícola y el ejército se ocupaba de la supervisión de la población para que los esclavos liberados no se dedicaran a ocios improductivos. Christophe y su élite de negros y mulatos estaban decididos a evitar que el reino de Haití conociera el tipo de cambios radicales que se estaban llevando a cabo desde la muerte de Dessalines en el oeste y el sur, donde en 1807 los generales —la mayoría eran antiguos affranchis— que resistieron a la llamada de Christophe habían establecido una república que tenía como presidente al general mulato Alexander Pétion.

En la república, el gobierno había empezado a vender tierras del Estado a ciertos individuos y más tarde a distribuir parcelas —cuyas dimensiones eran mayores según el rango— a los oficiales y demás hombres del ejército. Con esta medida, Pétion convirtió en propietarios a todos los miembros de su ejército, tanto mulatos como negros, y se ganó automáticamente su lealtad. Además había restituido a sus antiguos propietarios mulatos las grandes plantaciones que Dessalines había confiscado y de este modo se aseguró el apoyo de este grupo. Al repartir tierras entre el ejército, Pétion creía que así aseguraba la república de cualquier invasión que pudiera venir del norte y garantizaba la paz interior. Ya en 1809 la mayor parte de la tierra del sur y el oeste de Haití había vuelto a manos privadas y era explotada por trabajadores libres, liberados de la vigilancia de los inspectores de cultivos de los tiempos de Dessalines.

El resultado inmediato de esta política de parcelación de las tierras de la república de Haití fue que la mayoría de los nuevos propietarios de los pequeños predios abandonaron la agricultura de exportación —especialmente el cultivo de la caña de azúcar, el coco o el índigo que necesitaban un complejo sistema de preparación y de comercialización— en favor de una agricultura de subsistencia. A consecuencia de ello, la producción para la exportación —que proporcionaba la principal fuente de ingresos del Estado— empezó a decaer gradualmente a medida que las antiguas plantaciones fueron dando paso a pequeñas propiedades. Sólo se cultivaba lo que se necesitaba para alimentar a la familia, o bien no se cultivaba nada puesto que nadie obligaba a nadie a cultivar la tierra. Otro resultado fue que como ahora todo el mundo poseía tierra nadie quería trabajar para los grandes terratenientes que aún quedaban y que querían mantener unidades suficientemente grandes para cultivar caña de azúcar, café, algodón o cacao.

La caña de azúcar fue el cultivo que resultó más perjudicado. Así, cuando Pétion murió en 1818, la producción de azúcar había caído a un poco menos de dos millones de libras anuales frente a los sesenta millones producidos en tiempos de Toussaint. El índigo, que requería una gran cantidad de mano de obra, dejó de cultivarse totalmente y el algodón bajó al 5 por 100 de la producción original que antes alcanzaba los cinco millones de libras. En este proceso de decadencia solamente el café logró evitar la ruina total de la república, pues el ritmo de decrecimiento de la producción fue mucho más lento y todavía en 1818 se cosechaba un tercio de la producción original.

En 1818, Pétion fue sucedido como presidente de la república por su secretario y ministro, el general Jean-Pierre Boyer. Dos años más tarde, en octubre de 1820, el rey del norte, Henri Christophe, sufrió una apoplejía mientras asistía a un servicio divino. Su enfermedad dio pábulo a una conspiración entre sus propios hombres, cansados ya de su absolutismo y de los enormes trabajos que el rey había impuesto sobre toda la población para concluir La Citadelle. Al descubrir la conspiración, Christophe se sintió inválido y traicionado y se suicidó poco antes de que las masas, amotinadas, incendiaran su palacio de Sans Souci. Los rebeldes norteños llamaron a Boyer, quien avanzó con su ejército y ocupó la ciudad de Cap-Haitien (antiguamente Cap-Français y que entonces se llamaba Cap-Henri) a finales de octubre de 1820.

Entonces se pusieron claramente en evidencia las grandes diferencias de rendimiento de los dos estados al poder confrontar los dos diferentes regímenes económicos existentes en el norte y el sur de Haití, ya que Boyer ocupó el tesoro de Christophe y encontró acumulado en oro unos ciento cincuenta millones de francos (cuarenta y cinco millones de gourdes haitianos). Mientras Pétion había creado un campesinado libre y propietario pero había debilitado el Estado, Christophe había enriquecido su Estado pero las masas habían quedado sujetas al peonaje. Boyer reunificó Haití y aumentó su popularidad entre las masas negras del norte al disponer la distribución entre ellas de todas las tierras y plantaciones disponibles, de la misma manera que Pétion había hecho en el sur de Haití en años anteriores, esto es, dando lotes proporcionales a cada cual según su rango entre los oficiales del ejército, los soldados y los simples trabajadores. Los resultados económicos de estas medidas fueron los mismos que en el sur y el oeste.

Mientras Boyer ejecutaba su política en el norte de Haití, también ponía sus ojos en la parte oriental de la isla. Allí, doce años de administración española no habían sido suficientes para rescatarla de la miseria en que había quedado al terminar la guerra de la Reconquista y en donde ya había quien estaba pensando en la emancipación política tal como estaba ocurriendo con las demás colonias españolas en el continente americano. El movimiento de independencia ya se empezó a gestar durante la guerra de 1808-1809. Algunos criollos fueron atraídos por la atractiva idea de crear un Estado independiente tal como habían hecho los haitianos en 1804. Otros habían sido influenciados por el movimiento de independencia de Caracas de abril de 1810, cuyas noticias llegaron a Santo Domingo a través de la Gaceta de Caracas. Ello dio lugar a varias rebeliones militares, una de ellas conocida como la Rebelión de los Italianos debido al origen de sus principales líderes. Unos cuatro meses más tarde otra rebelión, de distinta naturaleza, fue encabezada por cuatro sargentos de origen francés que quisieron dar un golpe de Estado para restituir la colonia a Francia. Sin embargo, la más interesante de todas estas revueltas fracasadas fue la que encabezó un grupo de negros de los alrededores de la ciudad de Santo Domingo, en agosto de 1812, algunos libres y otros esclavos, que se proponían levantar a toda la gente de color de la colonia, siguiendo el modelo haitiano —matando a todos los blancos.

Sin embargo la sociedad dominicana de principios del siglo XIX era muy diferente a la de Haití. Los mulatos libres —cuya autopercepción racial los hacía considerarse más cerca de los españoles que de los antiguos esclavos de quienes descendían— y los blancos pobres constituían el grueso de una pequeña población que no pasaba de 75.000 personas, a quienes el sistema de propiedad de los siglos anteriores había permitido un proceso de nivelación social que había relegado el problema racial a una cuestión insignificante. En los veinte años que siguieron a la Revolución francesa Santo Domingo se había empobrecido mucho debido a la guerra y se había despoblado debido a la emigración. Lo importante era no ser totalmente negro, o al menos lo suficientemente no negro como para no ser confundido con un esclavo o un haitiano. Los mulatos haitianos habían adquirido un estatus social bastante cercano al de la gente blanca, aunque no del todo igual. Y por ello, andando el tiempo, surgió el término «blanco de la tierra» que significaba dominicano-español o criollo de Santo Domingo identificado ideológicamente con el español. Como en otras partes del Caribe, los mulatos dominicanos no querían ni remotamente ser considerados negros y por eso las diversas rebeliones de esclavos o negros que tuvieron lugar tanto en el siglo XVIII como esta última de 1812 no contaron con el apoyo de la población.

Al mismo tiempo, la lealtad de los dominicanos hacia Fernando VII tras su restauración en 1814 pronto empezó a disminuir. La ayuda que habían esperado recibir de la madre patria no fue mucho mayor que el subsidio que les enviaban desde la caja de La Habana y que nunca ascendió a más de 100.000 pesos anuales. Este dinero, que no era ni la tercera parte de los gastos de la antigua colonia en los años, anteriores a la Revolución francesa, apenas alcanzó para alimentar y vestir a la tropa, la cual cada vez estuvo más inquieta al ver que no llegaban las gratificaciones que las autoridades de Madrid habían prometido a todos los que lucharan contra los franceses. Los otros habitantes de Santo Domingo se tuvieron que conformar con vegetar económicamente dependiendo de un escuálido comercio de caoba, tabaco y cueros con algunas islas antillanas, particularmente Curaçao y Santo Tomás.

Jean-Pierre Boyer, el presidente de Haití, sabía todo eso. Sabía, por ejemplo, que había grupos que estaban a favor de la unión con Haití con la esperanza de acrecentar el comercio de ganado entre ambas partes de la isla. En 1820, se rumoreaba que algunos vecinos de la ciudad de Santo Domingo, estimulados por los acontecimientos de otras partes de América, planeaban un golpe de Estado para proclamar la independencia. En ese mismo año circuló por Santo Domingo un manifiesto subversivo escrito e impreso en Caracas y dirigido a los dominicanos para impulsarlos a la insurrección. Las comunicaciones con Venezuela eran frecuentes y los militares, burócratas y comerciantes también estaban disgustados por la incapacidad de España para sacarlos de su miseria. Las conspiraciones que surgieron sólo servirían a los planes de los gobernantes haitianos que nunca, desde los tiempos de Toussaint, habían perdido de vista el objetivo de unificar totalmente la isla bajo un solo gobierno. Durante años Henri Christophe estuvo tratando de convencer a los habitantes del norte de Santo Domingo para que se unieran a su reino, pero los recuerdos de las matanzas de Dessalines, en las cuales el mismo Christophe y sus tropas habían tomado parte activa, impedían cualquier acuerdo en este sentido. Sin embargo, ahora había un gobierno liberal en Haití presidido por un mulato que prometía eliminar los impuestos al comercio de ganado. Por otro lado, dado que el descontento contra España era casi general en Santo Domingo, el terreno para la unión estaba abonado.

Lo que decidió a Boyer a actuar fueron las noticias de que un grupo de aventureros franceses organizaba una flota en Martinica para invadir nuevamente Haití y recuperar las plantaciones que los blancos habían perdido hacía veinte años. El plan de estos aventureros era atacar y ocupar la debilitada parte española y entonces pedir al gobierno francés que enviara tropas con las que poder recuperar Saint-Domingue. La guarnición de Santo Domingo no era lo suficientemente fuerte para resistir un ataque desde el exterior. Además, los haitianos sospechaban que España podía ayudar a Francia a recuperar su antigua colonia.

Frente a esta nueva amenaza para la independencia haitiana, Boyer se preparó militarmente al tiempo que trataba de inducir a los habitantes de la parte oriental de la isla a levantarse finalmente contra los españoles e incorporarse a la república haitiana. En diciembre de 1820 llegaron a Santo Domingo las noticias de que había agentes de Boyer recorriendo los territorios fronterizos prometiendo grados militares, empleos y tierra a los líderes de esas regiones que secundaran sus planes. Al mismo tiempo se estaba gestando otro movimiento de independencia entre la burocracia y los mismos militares de Santo Domingo, donde ahora los criollos blancos estaban entusiasmados con los éxitos de Simón Bolívar. Estos dos movimientos —el de las regiones fronterizas en favor de Haití y el de la capital que quería la independencia— siguieron cursos paralelos pero independientes durante los años de 1820 y 1821. Finalmente, el 8 de noviembre de 1821, un grupo de partidarios de los haitianos del poblado fronterizo de Beler, encabezado por el comandante Andrés Amarantes, proclamaron la independencia y llamaron a los pueblos del norte a unirse a la república de Haití. Las noticias llegaron a oídos del líder del movimiento de la capital, don José Núñez de Cáceres, algunos días después. Durante los últimos doce años, Núñez de Cáceres había sido el principal funcionario político de la colonia después del gobernador español, de modo que tenía perfecto dominio de la maquinaria gubernamental y militar. En él se cumplía perfectamente el modelo de criollo educado y desafecto: se trataba de un hombre relegado a segundo término por otro designado desde España y que se había alejado del gobierno español por la incapacidad de éste para resolver los problemas de su clase y de su país.

Como los pronunciamientos a favor de Haití estaban preparados desde hacía tiempo en las zonas fronterizas, Núñez de Cáceres y su grupo comprendieron de inmediato que la situación estaba escapándoseles de las manos y que de no actuar con rapidez los resultados podían ser contrarios a lo que ellos buscaban: la proclamación de la independencia y la unión de Santo Domingo como Estado confederado con la Gran Colombia que Simón Bolívar trataba de forjar en esos momentos. Intrépidamente adelantaron la fecha del golpe de Estado y, contando con el apoyo de las tropas de la capital, sorprendieron al gobernador español, don Pascual Real. A las seis de la mañana del 1 de diciembre de 1821 despertaron a los habitantes de la ciudad de Santo Domingo con varios cañonazos de salva anunciándoles que a partir de ese momento quedaba abolida la dominación española en Santo Domingo y que quedaba establecido el «Estado independiente del Haití español».

La proclamación del Estado independiente del Haití español coincidió con la llegada a Santo Domingo de tres enviados del presidente Boyer que iban a comunicar a las autoridades españolas la decisión del gobierno de Haití de apoyar los movimientos independentistas fronterizos. Esto fue un golpe serio para el gobierno haitiano, amenazado como estaba por una invasión francesa desde Martinica a través de Santo Domingo ahora que no contaba con la protección militar ni diplomática de España. A principios de enero de 1822, Boyer obtuvo la autorización del senado de Haití para pasar con sus tropas a la parte oriental de la isla para defender la independencia de los pueblos fronterizos y la unificación de la isla. Para evitar derramamientos de sangre, el 11 de enero de 1822 Boyer envió una larga carta a Núñez de Cáceres con el propósito de convencerlo de la imposibilidad de mantener dos gobiernos separados e independientes en la isla.

A la vez le comunicaba que estaba avanzando con un ejército de 12.000 hombres, declarando que no se detendría ante ningún obstáculo. Núñez de Cáceres y las autoridades municipales de Santo Domingo contaban apenas con unas cuantas docenas de soldados mal alimentados y peor armados. Ante estas noticias no tuvieron otro recurso que acogerse a las condiciones del presidente Boyer y le notificaron que todos convenían en colocarse al amparo de las leyes de la república de Haití. Los líderes del movimiento de Santo Domingo habían enviado un mensajero a Caracas con el ánimo de que se entrevistara con Simón Bolívar y comunicase su decisión de anexarse a la Gran Colombia. Pero Bolívar no estaba en Caracas y el vicepresidente Páez que recibió al enviado dominicano no estaba en condiciones de tomar una decisión de tal envergadura por sí solo. Boyer llegó a Santo Domingo el 9 de febrero de 1822. Fue recibido por las autoridades civiles y eclesiásticas en la sala del Ayuntamiento y se le entregaron las llaves de la ciudad. Después todos fueron a la catedral donde se cantó un Te Deum.

Así terminó la dominación española en Santo Domingo. Y, después de una breve independencia efímera, se inició la ocupación haitiana de la parte oriental de la isla que duró 22 años y que ligó la historia de ambos pueblos, haitiano y dominicano, durante toda una generación. La dominación haitiana llevó la Revolución francesa a Santo Domingo, puesto que liquidó el antiguo régimen colonial español e instaló en toda la isla un gobierno republicano, abiertamente antimonárquico, antiesclavista, e inspirado en las ideas masónicas y liberales de entonces. Al mismo tiempo, el presidente Boyer impuso un culto político personalista apoyado en los principios de la constitución haitiana de 1816 que establecía una presidencia vitalicia. Durante estos años, Haití, una tierra pobre y aislada, fue una especie de república coronada en la que las instituciones sólo tenían vigencia en función de la voluntad del presidente, cuyo poder descansaba en el ejército.

La primera decisión pública de Boyer, una vez tomó posesión de Santo Domingo, fue decretar la abolición de la esclavitud en esta parte oriental de la isla y ofrecer tierras a todos los hombres libres para que pudieran ganar su medio de vida en libertad cultivando las propiedades donadas por el Estado.[2] Se esperaba que plantaran café, cacao, caña de azúcar, algodón, tabaco y otros productos de exportación. Sin embargo, el derecho de propiedad español en vigencia en la parte oriental desde hacía tres siglos no sólo era diferente al de Haití que provenía de la jurisprudencia francesa, sino que el sistema agrario también era completamente diferente. Desde los tiempos de Pétion, la propiedad privada de la tierra estaba garantizada en Haití por títulos de propiedad individuales otorgados por el Estado, mientras que en la parte española de la isla el sistema predominante era el de los terrenos comuneros. El régimen de tenencia era totalmente irregular, reforzado por la escasez de población, la abundancia de tierra y por su forma de explotación extensiva consistente básicamente en la crianza de ganado y el corte de madera. Así pues, al precisarse la propiedad de muchos territorios orientales, se planteó un problema. Como no se podía resolver inmediatamente, los libertos tuvieron que esperar algún tiempo antes de recibir las tierras que en enero de 1822 Boyer les había prometido de nuevo en una proclama.

Divisiones políticas de la isla, 1822-1844

Entretanto, los antiguos esclavos que quisieron emanciparse de sus amos no tuvieron más salida que incorporarse a las filas del ejército haitiano, a cuyo efecto se creó el llamado Batallón 32, que constituyó la principal fuerza militar encargada de la seguridad de la parte oriental.

Para resolver la cuestión de qué tierras de la parte española debían pertenecer al Estado para distribuirlas entre los antiguos esclavos, en junio de 1822 Boyer nombró una comisión especial. Ésta en octubre comunicó que pertenecían al Estado:

1. las propiedades pertenecientes a la corona española;

2. las propiedades de los conventos, esto es, las casas, hatos, animales, haciendas y solares que tuvieran;

3. los edificios y dependencias de los hospitales eclesiásticos con las propiedades pertenecientes a ellos;

4. los bienes de los franceses secuestrados por el gobierno español que no habían sido devueltos a sus dueños;

5. los bienes de las personas que cooperaron en la campaña de Samaná de 1808 y que emigraron en la escuadra francesa;

6. todos los censos y capellanías eclesiásticas que habían caducado por el paso del tiempo, o habían pasado a manos de la tesorería de la archidiócesis;

7. las tierras hipotecadas en beneficio de la catedral.

Boyer sometió el informe a la consideración de la cámara de diputados y del senado que lo aprobaron el 7 de noviembre de 1822. El comandante y gobernador de Santo Domingo, el general Borgellá, lo interpretó como si el proyecto hubiera adquirido fuerza de ley y entonces se dedicó a confiscar propiedades que aparentemente pertenecían a la Iglesia, pero que estaban en manos de particulares desde finales del siglo XVIII. Estos propietarios fueron despojados de sus posesiones por el gobernador haitiano para dárselas a los esclavos recientemente liberados, para venderlas a precios bajos a sus propios amigos, o para entregarlas a los militares, oficiales y funcionarios haitianos.

Para calmar la inquietud de los afectados, el 22 de enero de 1823 Boyer nombró una nueva comisión para estudiar el problema y resolver las reclamaciones de los habitantes del este cuyas propiedades habían caído en poder del Estado. Esta comisión tenía ante sí un problema gigantesco y delicado, ya que desde hacía 25 años —desde el abandono de la isla del arzobispo y las órdenes religiosas a raíz del tratado de Basilea— había una confusa situación respecto al estado de los bienes y propiedades eclesiásticos. Durante estos años, muchos dominicanos ocuparon estas tierras y edificios con el consentimiento de las autoridades civiles, y el régimen español de tenencia de tierra confería el derecho de propiedad a las ocupaciones que tenían más de veinte años.

En un nuevo intento de aclarar la situación, el 8 de febrero de 1823 Boyer expidió un decreto otorgando un plazo de cuatro meses a los propietarios residentes en la parte española que habían emigrado antes del 9 de febrero de 1822, para que pudieran regresar al país a reclamar sus bienes, exceptuando a los colaboradores de la conspiración francesa de Samaná. Los militares encargados del gobierno de la parte oriental tenían órdenes de confiscar las propiedades de los dominicanos que no hicieran uso del permiso de regresar al país. Como era de esperar, la mayor parte de los emigrantes no regresaron y sus propiedades (que no en pocos casos estaban ocupadas por sus parientes) pasaron a manos del Estado.

Transcurrido un año de la ocupación haitiana, gran parte de la población dominicana estaba muy descontenta. La política de tierras, en particular, había lesionado profundamente los intereses de los propietarios blancos. El arzobispo de Santo Domingo encabezaba la lista de los descontentos, ya que las propiedades eclesiásticas habían sido nacionalizadas; además, el 5 de enero de 1813, Boyer suspendió el pago de los sueldos del arzobispo y de otros miembros del cabildo catedralicio.

En 1823 se descubrieron varias conspiraciones proespañolas. El gobierno también tuvo que sofocar una insurrección que se produjo contra las tropas haitianas que vigilaban un grupo de trabajadores que limpiaba el camino que iba de Santiago a Puerto Plata. La mayor conspiración fue urdida en febrero de 1824, pero fue descubierta a tiempo y el gobierno condenó a muerte a cuatro de los cabecillas, que fueron ahorcados en Santo Domingo el 9 de marzo. Entonces un nuevo grupo de familias buscaron asilo en Puerto Rico antes de que se pudiera hacer algo para detenerles. Sin embargo, esta emigración favorecía los planes del gobierno de obtener la mayor cantidad de tierras posible para distribuirlas.

En julio de 1824 Boyer promulgó una ley «que determina cuáles son los bienes muebles e inmuebles, radicados en la parte oriental, que pertenecen al Estado, y regula, respecto a las personas de esa parte, el derecho de propiedad territorial conforme el modo establecido en las otras partes de la república: también fija los sueldos del alto clero del cabildo metropolitano de la catedral de Santo Domingo, y asegura la suerte de los religiosos cuyos conventos han sido suprimidos».[3]

Según el punto de vista del gobierno, bajo esta ley todos los habitantes de la república tendrían el derecho de poseer tierra propia, garantizada por el título expedido por el Estado.

Para determinar qué propiedades se incorporarían permanentemente al patrimonio del Estado —y sus límites concretos—, Boyer decidió realizar un catastro general. A fin de decidir de una vez por todas la auténtica propiedad de la tierra, Boyer encargó a sus agentes que se hicieran con los títulos de propiedad existentes en el sector español, de modo que pudieran ser redistribuidos. Por medio de este procedimiento, ofrecería a cada uno la cantidad de tierra que le correspondiera, en plena propiedad, expidiéndose nuevos títulos que reemplazarían a los antiguos.

Según la ley, ningún nuevo propietario podía tener menos de 5 carreaux, esto es, 5 hectáreas aproximadamente, unidad novedosa para los dominicanos que andando el tiempo sería llamada «boyerana». En sus nuevas propiedades, los dueños debían dedicarse a producir principalmente frutos para la exportación además de los víveres necesarios para su subsistencia. En caso de que alguno no quisiera mantener toda la unidad produciendo, quedaba en la obligación de cederla o venderla a otros propietarios. Además se prohibió criar cerdos o fundar hatos en extensiones menores de 5 boyeranas, que era la cantidad mínima necesaria para criar ganado con cierto provecho.

Dicho en pocas palabras, la ley de julio de 1824 buscaba eliminar el sistema de los terrenos comuneros, bajo el cual la propiedad territorial de la parte oriental no podía ser fiscalizada en modo alguno por el Estado, al mismo tiempo que buscaba hacer de cada habitante rural un campesino dueño del terreno que ocupaba y que estaba obligado a cultivar. Esta ley atacaba directamente el peculiar sistema de tenencia de la tierra de Santo Domingo y de ejecutarse iba a dejar a los grandes poseedores de títulos de propiedad —que tenían su origen en las mercedes de la corona española en tiempos coloniales— con sus propiedades fragmentadas y repartidas parcialmente entre sus antiguos esclavos o inmigrantes haitianos.

Como muchos de los grandes propietarios se encontraban endeudados debido a la decadencia de la economía colonial en los años anteriores, Boyer quiso halagarlos rebajando las deudas que habían contraído cuando hipotecaron sus propiedades a la Iglesia. Los bienes de la Iglesia y los fondos con los que ésta había hecho los préstamos pertenecían ahora al Estado y se declaró que el capital de los préstamos se reducía a un tercio. Para que fuera más fácil pagar esta deuda rebajada, Boyer concedió a los propietarios un plazo de tres años para cancelar sus hipotecas, reembolsando al Estado el dinero adeudado en amortizaciones semestrales.

A los religiosos, tanto de las órdenes monásticas como a los seculares adscritos a la catedral, el Estado les daría en compensación un sueldo anual de 240 pesos por persona, y al arzobispo, que resultaba ser el más perjudicado de todos, el Estado lo mantendría con unos 3.000 pesos anuales de sueldo. Pese a esto, el arzobispo nunca le perdonaría a Boyer la ruina en que dejaba a la Iglesia dominicana y siguió negándose a aceptar el sueldo asignado, manteniendo desde entonces una actitud de franca oposición hacia el gobierno haitiano.

Para sorpresa de Boyer y de los demás comandantes militares, el arzobispo no fue el único en negarse a colaborar. Fue respaldado por los campesinos que no veían por qué debían cultivar cacao, caña de azúcar y algodón, y preferían dedicarse a las actividades que desde hacía décadas habían probado ser provechosas porque eran exportables: el corte de caoba en el sur, la siembra del tabaco en el Cibao y la crianza y montería de ganado en gran parte de las tierras orientales.

Con el tiempo, le élite mulata haitiana se alarmó ante la situación de penuria creciente del Estado. En mayo de 1826, Boyer compareció ante el senado haitiano y presentó un conjunto de leyes encaminadas a reorganizar la economía agrícola de Haití sobre el principio de que el trabajo de los campesinos en las plantaciones era obligatorio y nadie podía eludirlo sin ser castigado. El código rural —nombre con el que es conocido este paquete de leyes— fue concebido para que la economía haitiana recobrara los niveles de productividad de los tiempos de Dessalines. Excepto los funcionarios del gobierno o los que tuvieran una profesión reconocida, nadie podía dejar de trabajar la tierra ni abandonar el predio donde vivía sin previa autorización del juez de paz local o del jefe militar del lugar. Ni la autorización del propietario de la plantación era suficiente para autorizar a un trabajador a pasar más de una semana fuera de ella. Una vez que un agricultor era empleado por un dueño de plantación, quedaba obligado a servirle por un mínimo de tres años; si intentaba marcharse antes, quedaba expuesto a duras penas en forma de multas, prisión o trabajos forzados. La vagancia quedaba terminantemente prohibida; para aplicar todas estas medidas y muchas otras encaminadas a ligar al agricultor al trabajo de las plantaciones, el ejército quedaba encargado de enviar soldados a cada una de las plantaciones para que vigilaran a los trabajadores. Mientras se encargaban de esta tarea, eran mantenidos por el propietario de la plantación.

En sus días, el código fue considerado como una obra maestra de la legislación haitiana pero, pese a las grandes ventajas que el gobierno haitiano veía en aplicarlo sin dilación, nunca funcionó del todo. Los trabajadores rurales haitianos simplemente lo desdeñaron. En tiempos de Christophe y Dessalines había emergido un campesinado independiente minifundista, de propietarios de pequeñas parcelas, interesados tan sólo en la agricultura de subsistencia, con intereses opuestos a los de los grandes propietarios, y, sobre todo, decididos a no servir como peones en las grandes propiedades. Además, el ejército no era un agente adecuado para apoyar a los jueces de paz en su tarea de imponer el código en el campo.

En primer lugar, no lo era porque la mayoría de los soldados eran pequeños propietarios de origen rural. En segundo lugar, porque, en 1825, un año antes de que se promulgara el código, después de largas y tortuosas negociaciones, y bajo la amenaza de un bombardeo por parte de once barcos de guerra franceses en la rada de Puerto Príncipe, el gobierno haitiano había aceptado finalmente firmar un tratado con Francia, por el cual los franceses serían indemnizados por sus pérdidas a cambio del reconocimiento francés de la independencia de Haití. Los términos eran duros, pero quitaba al ejército un peso que amenazó a una generación desde la revolución: desde la década de 1790 estaba en guardia ante una invasión francesa que llegaría cualquier día para reducir a todo el mundo otra vez a la esclavitud. La disciplina militar se relajó pronto, y los soldados empezaron a preocuparse más de sus pequeñas propiedades y de sus propias familias que de actuar como fuerza policíaca en las plantaciones. Así, cuando se promulgó el código rural, el cuerpo disciplinario que se iba a encargar de ejecutarlo estaba en decadencia. La ironía de todo esto fue que el código también había sido concebido como instrumento que elevaría la producción exportable de Haití para poder pagar a Francia los 150.000.000 de francos (pagaderos en cinco plazos iguales) que el tratado estableció como indemnización a los antiguos colonos. Ello, junto con ciertas concesiones comerciales, había sido la condición para que Francia reconociera la independencia de Haití.

El gobierno haitiano tuvo que afrontar el problema de cómo obtener el dinero para pagar el primer plazo de la indemnización francesa, ya que las arcas del tesoro haitiano estaban vacías. Entonces, Boyer contrató con un banco francés un empréstito de 30.000.000 de francos con los que pagar el primer plazo que vencía el 31 de diciembre de 1825. Al mismo tiempo, declaró el préstamo parte de la deuda nacional y promulgó una ley que establecía que las dos partes de la isla debían pagar impuestos extraordinarios.

Esta ley fue motivo de grandes disgustos entre los habitantes de la parte orienta. Las Ordonnances de Carlos X (abril de 1825) dejaban bien claro que sólo los habitantes del sector francés eran los que debían pagar los plazos anuales, pero ahora se exigía a los habitantes de la parte oriental una contribución de 458.601 gourdes anuales a fin de pagar una deuda que ellos consideraban que no les pertenecía. Con su resistencia, avivada por los enemigos políticos de Boyer, los haitianos también se negaron a abonar los impuestos para pagar la independencia que ellos creían había sido ganada por las armas durante la revolución. En su necesidad de obtener dinero en metálico, Boyer tuvo que emitir papel moneda; así se inició un proceso de devaluación que en menos de dos años depreció el gourde en un 250 por 100 y que, andando el tiempo, lo desacreditaría definitivamente en el exterior. Asimismo, a fines de 1827, Boyer se vio obligado a buscar un nuevo empréstito con un banco francés, que aprovechó las dificultades económicas de Haití para exigir intereses y comisiones altísimos. Boyer no sólo puso en bancarrota al tesoro público, sino que tuvo que afrontar una oposición bastante fuerte dentro de la élite mulata haitiana, que se consideraba humillada por los términos del tratado con Francia.

En los años siguientes, y sobre todo después de 1832, este descontento fue puesto de manifiesto en el congreso por los líderes parlamentarios de la oposición y, sobre todo, por un creciente número de abogados jóvenes, influidos por las ideas liberales existentes en la Francia de Luis Felipe, que querían cambiar el sistema de gobierno que existía en Haití desde la creación de la república. Las tensiones políticas estuvieron cada vez más acompañadas de violencia, y en agosto de 1833 el gobierno de Boyer expulsó del congreso a los dos principales líderes de la oposición, Hérard Dumesle y David Saint-Preux. Existiendo una oposición al gobierno cada vez mayor, los diputados de la oposición fueron de nuevo reelegidos para el congreso en 1837, llegando con nuevas fuerzas y nuevas líneas de ataque contra el gobierno. Ahora el estado de la economía era motivo de preocupación y en junio la comisión encargada de revisar las cuentas nacionales informó de que la producción agrícola estaba virtualmente estancada. La producción de café, que era entonces la base de la economía, había descendido alarmantemente en los últimos tres años, de 48.000.000 de libras en 1835 a 37.000.000 en 1836, y las previsiones para 1837 no eran mejores. De hecho, la producción de 1837 bajó a 31.000.000 de libras debido a la sequía que afectó al país durante casi todo el año.

Mientras tanto, en la parte oriental había crecido el sentimiento anti-haitiano a consecuencia de las medidas que adoptó el gobierno para haitianizar a la población dominicana: servicio militar obligatorio para todos los hombres de la isla; la prohibición de usar la lengua española en los documentos oficiales; la obligación de que toda la enseñanza primaria se hiciera en lengua francesa; limitaciones para celebrar las fiestas religiosas tradicionales e incluso restricciones en las peleas de gallos. En vez de renunciar a los esfuerzos para mantener la unión, en junio de 1830 Boyer ordenó que todos los símbolos y escudos de armas españoles que se encontraran en lugares públicos, iglesias y conventos fueran sustituidos por los de la república. Tal como dijo a sus jefes militares, «el interés de la república exige que la gente de la parte oriental cambie sus costumbres y su forma de vida lo antes posible a fin de adoptar los de la república para que la unión sea perfecta y para que desaparezcan todas las diferencias que existieron antiguamente».[14] Pero, por encima de todo, era la política y la legislación haitiana sobre la tenencia de tierra y la organización agraria lo que mantenía encendida la oposición en la parte oriental de la isla.

Boyer se encontró con que cuanto más presionaba a los propietarios para que entregaran sus títulos a las autoridades a fin de que pudieran delimitar la propiedad que debía corresponderles de acuerdo con la ley de 8 de julio de 1824, más decididos estaban éstos a oponer una fuerte y continuada resistencia, elevando sus protestas a través de los dominicanos prominentes ligados al gobierno haitiano. Con esta táctica pasaron los años y a Boyer se le hizo imposible incorporar a la nación otras propiedades que no fueran las que habían pertenecido a la Iglesia o habían sido confiscadas a los dominicanos ausentes que se habían negado a regresar a la isla. Pese a sus insistentes demandas, en 1834 las autoridades haitianas aún no habían conseguido que los grandes propietarios entregaran sus títulos. El 7 de abril de aquel año, Boyer dictó la resolución de conceder a los propietarios otro plazo de indulgencia para entregar los títulos de sus tierras, a fin de que éstos fueran confirmados.

Esta decisión fue de hecho un ultimátum que amenazaba con extinguir los derechos de propiedad de todos los que no cumplían con lo ordenado. Su objetivo era abolir, de una vez por todas, la organización territorial dominicana. La resolución alarmó a los grandes propietarios de Santo Domingo, quienes apelaron a las autoridades encargadas de ejecutarla. Como Boyer quería eliminar asperezas, en agosto de 1834 se vio forzado a proclamar que los usufructuarios disponían de un plazo indefinido para cumplir las disposiciones de abril; los poseedores de tierra se sintieron profundamente descontentos ante las intenciones del gobierno.

En julio de 1838 un grupo de jóvenes de Santo Domingo, algunos de ellos comerciantes o hijos de comerciantes, se reunieron en una sociedad secreta con el propósito de organizar la resistencia dominicana y separar la parte oriental de la república de Haití. Esta sociedad, conocida como La Trinitaria, era dirigida por el comerciante Juan Pablo Duarte. Por medio de una intensa campaña de propaganda, logró reunir en su seno a la mayor parte de la juventud de la ciudad de Santo Domingo, cuyas familias habían sido lesionadas en una o en otra forma por las diversas disposiciones legales o militares del gobierno haitiano. La Trinitaria aglutinó a toda la oposición dominicana contra Boyer y creó una conciencia revolucionaria nueva entre los habitantes de Santo Domingo, después de años de letargo político. Así, entre 1838 y 1842, mientras los haitianos continuaban su batalla parlamentaria para forzar a Boyer a liberalizar su régimen y mejorar las condiciones bajo las cuales se desarrollaba la economía haitiana, los dominicanos organizaron un movimiento clandestino para conseguir su independencia.

En el oeste, los opositores haitianos también se organizaron en la llamada Sociedad de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dirigida por H. Dumesle, con el propósito de derrocar al presidente Boyer. Esta sociedad de liberales haitianos efectuaba su labor revolucionaria en frecuentes banquetes celebrados en las casas de los principales dirigentes mulatos del sur y del oeste de Haití, donde la oposición a Boyer era ya una tradición y donde el liberalismo político había echado raíces muy profundas. Estos «banquetes patrióticos» se celebraban preferentemente en Jérémie y Les Cayes, que en esos momentos eran centros antigubernamentales. En ellos se exponía la mala administración del gobierno de Boyer. Sobre todo, los dirigentes de la oposición prometían a los campesinos propietarios unos mercados mucho más ventajosos para sus productos y la oportunidad de comprar productos extranjeros a precios mucho más baratos.

El 7 de mayo de 1842 un terremoto destruyó Cap-Haitien y Santiago, las dos ciudades más importantes del norte de la isla. Uno de sus efectos fue acentuar la oposición a Boyer, que fue acusado de insensible frente a las desgracias de sus ciudadanos por no haberse presentado personalmente a consolar a los afectados. En septiembre de 1842 la Sociedad de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, unificando a los dirigentes de la oposición haitiana, puso en circulación un manifiesto que denunciaba el malestar existente, atacaba duramente a Boyer y a la cámara de diputados y denunciaba la constitución de 1816, entonces vigente. El 21 de noviembre todo estaba a punto para la insurrección. Ese día, los conspiradores eligieron al general Charles Hérard aíné para dirigirles y esperaron el momento oportuno para dar el golpe.

La revuelta contra Boyer estalló el 27 de enero de 1843. El levantamiento fue bautizado con el nombre de Movimiento de la Reforma. Tal como se esperaba, inmediatamente se extendió por todo el sur del país. Boyer ordenó la movilización del ejército, pero la población del sur se negó a vender o facilitar provisiones y alimentos a las tropas gubernamentales. Esto decidió el curso de la revolución y dejó a Boyer sin medios militares para defender Puerto Príncipe. El 13 de marzo, a las ocho de la tarde, Boyer se embarcó en una goleta inglesa e inició el exilio junto a toda su familia. Renunció al poder que había ejercido durante veinticinco años y dejó el gobierno en manos de un comité del senado para que lo transfiriera a los revolucionarios.

En la tarde del 24 de marzo de 1843 la noticia del derrocamiento de Boyer llegó a Santo Domingo, donde la atmósfera ya era de agitación y conspiración. Se convirtió en la señal para que los grupos políticos de oposición se pusieran en movimiento y se lanzaran a las calles gritando vivas a la independencia y a la reforma en Santo Domingo. Después de varios incidentes y desórdenes, las autoridades afectas a Boyer capitularon y el 30 de marzo entregaron la ciudad a la Junta Popular Revolucionaria.

Durante el curso del mes de abril de 1843, a medida que las noticias e instrucciones de Santo Domingo y Puerto Príncipe fueron llegando a las diferentes localidades del este, los líderes liberales de las mismas formaron también comités o juntas populares con el propósito de defender el movimiento de reforma. Pero detrás de estas actividades había intereses políticos diversos. La caída de Boyer se había producido precisamente en un momento en que en el este existían al menos dos movimientos separatistas. Uno era el de los trinitarios y liberales dirigidos por Juan Pablo Duarte, apoyados por los Santana, una rica familia ganadera de la zona oriental del país, que buscaban la independencia sin ninguna intervención o ayuda extranjera. El otro incluía a hombres de edad, la mayoría de los cuales habían ocupado cargos administrativos durante el régimen haitiano y que querían terminar con el dominio haitiano con la ayuda de Francia, a cambio de concesiones políticas, de tasas y territoriales.

La agitación política en favor de la independencia creció rápidamente en la parte oriental y en julio de 1843 el gobierno haitiano desmanteló un complot de mucho alcance que los trinitarios habían organizado para lograr la separación. El presidente Hérard actuó rápidamente para frustrar este movimiento y con su ejército avanzó a través de las ciudades de la zona oriental. En cada una de ellas tomó medidas preventivas contra los trinitarios, expulsándoles de las juntas populares y haciendo prisioneros a los líderes que después eran mandados a Puerto Príncipe como rehenes. Este barrido militar dejó a la conspiración trinitaria en desbandada: Duarte tuvo que exiliarse y sus colegas tuvieron que actuar clandestinamente.

Mientras tanto, el grupo profrancés estaba trabajando con gran secreto en Puerto Príncipe, el verdadero centro de la actividad política. Sus principales miembros habían sido elegidos diputados de la asamblea constituyente y se aprovecharon de la oportunidad para ponerse en contacto con el cónsul francés, Pierre Levasseur, a quien apremiaron para que apoyara el viejo plan de separación de la parte oriental y la pusiera bajo la protección de Francia a cambio de la cesión a esta potencia de la estratégica península de Samaná en el noreste. Alentados por Levasseur, escogieron el 25 de abril de 1844 como fecha del golpe contra los haitianos. Sabedores de esto, los trinitarios planearon secretamente declarar la independencia dominicana para el 20 de febrero, es decir, dos meses antes que la fecha fijada por sus rivales. El 1 de enero de 1844 el grupo profrancés publicó un manifiesto, exponiendo las razones que les inducían a defender la separación de la república haitiana bajo la protección de Francia. Días después, el 16 de enero, los trinitarios a su vez prepararon su propio manifiesto incitando a los dominicanos a que se rebelaran contra los haitianos tras enumerar una serie de agravios que a su juicio los haitianos les habían infligido durante los anteriores veintidós años.

Fronteras, 1844-1861

Estos dos manifiestos venían a ser la última expresión de los sentimientos de la población oriental de Haití, que continuaba considerándose totalmente diferente de la de la parte occidental en lengua, raza, religión y costumbres. Ambos manifiestos circularon profusamente por el país exaltando los ánimos contra los haitianos a quienes sus autores acusaban de los peores crímenes. A mediados de febrero de 1844 la población oriental, particularmente la gente de la ciudad de Santo Domingo, se encontraba suficientemente sensibilizada por la propaganda separatista de ambos grupos y se disponía a dar el golpe. El de los trinitarios tuvo que ser pospuesto una semana más, pero fue consumado en la medianoche del 27 de febrero de 1844. Al día siguiente, las autoridades de Santo Domingo vieron que lo único que podían hacer era pedir permiso para marcharse.

El golpe de Santo Domingo del 27 de febrero de 1844 produjo una inmediata reacción en Haití. El gobierno del presidente Hérard no podía tolerar que en medio de una revolución, como la que él había encabezado, el país se dividiera en dos y que los recursos que iban a ser necesarios para pagar a Francia el resto de la deuda se redujeran a causa de la separación de la parte oriental. Entonces, Hérard decidió someter a los insurgentes dominicanos por la fuerza de las armas tal como había hecho en el verano anterior.

El 19 de marzo de 1844 el ejército haitiano, bajo la dirección personal del presidente Hérard, invadió la provincia oriental desde el norte y avanzó hasta Santiago, pero pronto fue obligado a retirarse tras sufrir graves pérdidas. La extendida agitación de Puerto Príncipe, particularmente por parte de los seguidores de Boyer, culminó con el derrocamiento de Hérard y su sustitución, el 2 de mayo, por el anciano general negro Philippe Guerrier.

El general Guerrier quedó entonces al frente de la situación política haitiana, pero las complicaciones que surgieron durante su gobierno fueron tantas que no tuvo la oportunidad de invadir la parte oriental de la isla. Sin embargo sí se ocupó de lanzar algunos manifiestos llamando a los dominicanos a reintegrarse de nuevo a la república de Haití. Philippe Guerrier detentó el poder de Haití apenas un año, ya que murió de edad avanzada en abril de 1845. Fue sucedido por el general Jean-Louis Pierrot, que estaba resuelto a vengar la derrota que había sufrido ante Santiago y a conservar la integridad territorial de la república.

El presidente Pierrot reorganizó inmediatamente el ejército y lo lanzó de nuevo sobre los dominicanos, pero esta segunda campaña encontró a los dominicanos mucho mejor preparados que en el año anterior. (En la etapa transcurrida entre las campañas haitianas de 1844 y 1845 emprendidas para dominar Santo Domingo, en este país el general Pedro Santana y los conservadores se habían consolidado en el poder tras derrotar a los trinitarios encabezados por Juan Pablo Duarte, quienes fueron expulsados del país en agosto y septiembre de 1844. Pedro Santana, el primer caudillo militar de la República Dominicana, fue la principal figura de la vida política durante los veinte años siguientes: presidente en 1844-1848, 1853-1856, 1858-1865). La ofensiva haitiana de 1845 fue detenida en la frontera, pero el 1 de enero de 1846 Pierrot anunció una nueva campaña para aplastar a los dominicanos, si bien la noticia fue fríamente acogida por sus oficiales y hombres. Así pues, un mes más tarde, cuando Pierrot ordenó a sus tropas que avanzaran contra la República Dominicana, el ejército haitiano se amotinó y sus soldados le destituyeron como presidente de la república.

La guerra contra los dominicanos se había hecho muy impopular en Haití; por eso el nuevo presidente, el general Jean-Baptiste Riché, no estuvo interesado en preparar otra invasión. Además, la caída de Pierrot provocó un levantamiento revolucionario entre los campesinos. La guerra civil estalló de nuevo, y durante bastante tiempo los haitianos estuvieron absorbidos por sus propios problemas.

Desde el derrocamiento de Boyer en 1843, la fuerza principal del movimiento campesino estaba en Les Cayes, al sur de Haití. Tres dirigentes campesinos negros —Jean-Jacques Acaau, D. Zamor y Jean Claude— denunciaron la hegemonía mulata en la política haitiana y pidieron primero la nacionalización y después la distribución de las tierras de los ricos. Su abigarrado ejército de soldados-campesinos iba armado con lanzas, machetes y picas; eran conocidos como los piquets. Al volver a plantear la controvertida cuestión de raza y color en la política haitiana, atemorizó a le élite mulata y reforzó la idea de que la presidencia de la república debía estar en manos de un general que fuera negro. Los políticos mulatos de Puerto Príncipe eligieron a los generales negros de más edad, Guerrier, Pierrot y Riché, para dar a entender a las masas negras que su gobierno les representaba. Pero, de hecho, los mulatos continuaron dirigiendo los hilos desde detrás del escenario. Esto fue conocido como la politique de doublure, lo que significaba una política por medio de asociados, con gobiernos de militares negros que ocupaban el escenario, con la que se lograba esconder el hecho de que éstos eran simples marionetas que actuaban según les mandaban los mulatos.

Durante algunos meses, Acaau y sus piquets estuvieron tranquilos, ya que Pierrot les había hecho algunas concesiones políticas, pero cuando Acaau vio que Riché, su enemigo político, era elegido presidente, se rebeló y Haití cayó de nuevo en la guerra civil. Los piquets fueron duramente reprimidos por el gobierno y Acaau perdió la vida. Sin embargo, esta rebelión absorbió a Haití durante dos años y distrajo la atención de los gobernantes respecto a la cuestión dominicana.

A pesar de que los haitianos fueron derrotados en la campaña de 1845, varios dirigentes dominicanos mantenían la idea de que no sería posible salvar la república de una nueva ocupación haitiana si no recibían la cooperación y la protección de una potencia extranjera. De ahí que en mayo de 1846 se enviara una misión diplomática ante los gobiernos de España, Francia e Inglaterra para negociar el reconocimiento de la independencia de la República Dominicana, y al mismo tiempo concluir un tratado de amistad y de protección con la potencia que más ventajas ofreciera. Las negociaciones emprendidas en Europa para esta misión no produjeron ningún resultado inmediato, ya que en aquellos momentos el gobierno español aún creía que podía hacer valer sus derechos sobre Santo Domingo. Por ello se negó a reconocer la independencia dominicana y a comprometer su posición estableciendo algún tipo de protectorado. Por su parte, el gobierno francés, y más tarde el gobierno inglés, sólo accedieron a nombrar cónsules para que representaran sus intereses en Santo Domingo. Mientras tanto, en Haití, el 27 de febrero de 1846, el presidente Riché murió después de estar sólo unos días en el poder y fue reemplazado por un oscuro oficial, el general Faustin Soulouque. Políticamente inexperto y analfabeto, Soulouque fue considerado un instrumento ideal por los políticos haitianos que creyeron, equivocadamente, que podrían gobernar el país a través de él. Durante los dos primeros años de la administración de Soulouque, las conspiraciones y la oposición a las que tuvo que oponerse fueron tantas que los dominicanos pudieron respirar tranquilos y pudieron dedicarse a organizar el país. Pero cuando en 1848 Francia reconoció finalmente a la República Dominicana como Estado libre e independiente mediante la firma provisional de un tratado de paz, amistad, comercio y navegación, los haitianos protestaron inmediatamente, y dijeron que el tratado era un ataque a su propia seguridad, ya que sospechaban que, bajo él, Francia había recibido el derecho de ocupar la bahía de Samaná. Además, el reconocimiento francés de la independencia dominicana reducía la posibilidad de recuperar el sector oriental. Haití, entonces, perdería los recursos que necesitaba para pagar la deuda que había contraído con Francia en 1825 a cambio del reconocimiento francés a su propia independencia. Soulouque decidió invadir el este antes de que el gobierno francés ratificara el tratado. Sin perder tiempo, el 9 de marzo de 1849, 15.000 hombres, divididos en varios cuerpos de ejército, dirigido por los más importantes oficiales haitianos, cruzaron la frontera. En una marcha arrolladura, los haitianos se fueron apoderando, uno tras otro, de todos los pueblos fronterizos hasta que el 21 de abril tuvo lugar la batalla decisiva. Entonces, sin embargo, Soulouque y sus tropas fueron derrotados y fueron obligados a retirarse apresuradamente.

Las primeras campañas de esta guerra de independencia dejaron la economía dominicana muy maltrecha y provocaron graves crisis políticas en Santo Domingo. Desde el principio los líderes políticos y militares dominicanos buscaron la ayuda de España, Gran Bretaña, Francia y de los Estados Unidos para que les defendieran de los haitianos. Tanto Francia como los Estados Unidos deseaban hacerse con la bahía y la península de Samaná, pero cada uno de ellos quería impedir que el otro lo hiciera primero. Por otro lado, el interés de Gran Bretaña era asegurarse de que ni Francia ni los Estados Unidos tomaran Samaná, y que la República Dominicana continuara siendo un país libre e independiente de injerencias extranjeras, ya que era el país que más comercio mantenía con la nueva república. (En 1850 concluyó su tratado de paz, amistad, comercio y navegación con la República Dominicana, y durante los siguientes años gracias a los esfuerzos de su cónsul, sir Robert Schomburgk, estableció allí su hegemonía comercial). Gran Bretaña sabía que si Francia o los Estados Unidos ocupaban Samaná y ejercían un protectorado, perdería las ventajas comerciales de que gozaba. Entonces, Gran Bretaña junto con los otros representantes extranjeros en Puerto Príncipe, intentó convencer a Soulouque de que firmara una tregua de diez años con los dominicanos. Aunque Soulouque sólo aceptó la tregua por dos meses, la presión diplomática que los representantes extranjeros ejercieron sobre él le impidió invadir la República Dominicana en los años siguientes, y sus operaciones militares quedaron reducidas a simples movilizaciones en el lado haitiano de la frontera. Así pues, de 1851 a 1855, Haití y la República Dominicana mantuvieron una relativa paz en sus fronteras.

La paz entre ambos países quedó amenazada cuando los dominicanos iniciaron negociaciones para establecer un tratado de amistad, comercio y navegación con los Estados Unidos, cuyas previsibles consecuencias serían la cesión o el arrendamiento de la península de Samaná a aquéllos. Se entabló la negociación a pesar de las protestas de los cónsules de Inglaterra y Francia que, al igual que los haitianos, veían con temor que los Estados Unidos extendieran su influencia militar hasta la República Dominicana. El temor de Haití era comprensible, pues la presencia de los Estados Unidos, una nación esclavista, en suelo dominicano hacía peligrar la propia independencia de Haití.

En noviembre de 1855, Soulouque —que, a imitación de Dessalines, se había proclamado emperador de Haití con el nombre de Faustino I — invadió por segunda vez la República Dominicana. Se trabaron varias batallas, las más encarnizadas de las que se produjeron en la guerra dominicano-haitiana; al final, con el emperador a su cabeza, los haitianos se retiraron hasta el otro lado de la frontera. El emperador atribuyó la derrota a la incompetencia y a la traición de sus generales, y por ello la mayoría de los más importantes fueron juzgados, sentenciados a muerte y ejecutados.

Cuando Faustino I vio que no se podría volver a unificar Santo Domingo y Haití por métodos militares, intentó una maniobra diplomática a fin de obtener lo mismo. En octubre de 1858 envió a Máxime Reybaud, el anterior cónsul de Francia en Puerto Príncipe, a Santo Domingo para proponer a los dominicanos que llegaran a un acuerdo con el gobierno haitiano y aceptaran reintegrarse en una confederación con Haití, al menos para evitar la anexión por los Estados Unidos. Si no, les atacarían con una poderosa fuerza que finalmente los obligaría a someterse.

El gobierno dominicano consideró estas proposiciones tan ofensivas que el presidente Santana y sus ministros expulsaron a Reybaud del país sin darle tan siquiera una respuesta. Sin embargo, continuaron obsesionados con la idea de que el emperador estaba planeando una nueva invasión del territorio dominicano y creyeron que no disponían de suficientes recursos para hacerle frente en una nueva campaña, ya que la economía de la nueva república estaba destrozada a consecuencia de la guerra con los haitianos.

El emperador quería efectivamente movilizar al ejército para invadir de nuevo la República Dominicana, pero los oficiales haitianos eran conscientes de la tiranía de Faustino I, ya que se habían dado cuenta de que cada vez que estallaba la guerra con los dominicanos, Faustino I había encontrado una excusa para asesinar a alguno de ellos. Así pues, a finales de diciembre de 1859, bajo el mando del general Fabre Geffrard, se organizó una conspiración y a principios de enero de 1860 el emperador fue derrocado y obligado a exiliarse. Una de las primeras cosas que hizo Geffrard al tomar el poder fue comunicar al gobierno dominicano que su gobierno no pensaba en ninguna invasión. Sin embargo, los dominicanos, después de tantos ataques, apenas se lo podían creer, así que continuaron preparándose para enfrentarse a los haitianos y emitieron gran cantidad de papel moneda para cubrir el costo de la movilización militar.

Las dificultades que afrontó el gobierno dominicano después de la última invasión de Soulouque fueron tantas y tan graves que los líderes decidieron resucitar la vieja idea de recurrir al auxilio de una potencia extranjera, preferiblemente España. La misión de Reybaud tuvo mucho que ver con esa decisión pues el presidente Santana estaba temeroso de que Haití les volviera a invadir. Santana parece ser que también estaba preocupado ante la posibilidad de que Estados Unidos aprovechara la debilidad de su gobierno para dar un golpe de mano parecido al que hacía poco tiempo habían efectuado un grupo de norteamericanos en Nicaragua. Además entonces la moral del gobierno dominicano estaba en su nivel más bajo. Aunque los haitianos habían desistido de su anterior política invasora, tal como había anunciado Geffrard, estaban invitando a los dominicanos que vivían en la zona fronteriza a que restablecieran sus relaciones comerciales con Haití. Y como el mercado haitiano resultaba tan atrayente para muchos de los habitantes de la frontera, fue muy fácil para los haitianos conseguir una respuesta favorable. Según los dominicanos de aquellos días, lo que perseguía Geffrard con ello era «haitianizar» económicamente aquellas regiones, para establecer el predominio haitiano con métodos pacíficos. En mayo de 1860, según el Ministerio de Hacienda y Comercio, el tráfico a través de la frontera había adquirido proporciones sin precedentes.

Estas y otras razones estaban en la mente del presidente Santana cuando aceptó la propuesta del general Felipe Alfau de mandar a éste a Europa como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República Dominicana. Su misión consistía en exponer a la reina Isabel II de España la desesperada situación en que se encontraba la República Dominicana y pedirle la ayuda y las armas que los dominicanos necesitaban para fortificar y mantener los puertos y los puntos costeros que los norteamericanos codiciaban, a causa de su importancia estratégica y económica. A cambio, negociaría un acuerdo que establecería un protectorado español sobre Santo Domingo para ayudar a los dominicanos a conservar su independencia respecto a Haití. El 18 de marzo de 1861, las autoridades dominicanas proclamaron solemnemente que el país se había unido de nuevo a España. Santo Domingo sería de nuevo gobernada por extranjeros, pero los dominicanos reemprenderían pronto su lucha por la independencia.

Los españoles descubrieron que el pueblo que ellos venían a gobernar no era tan hispánico como esperaban. No sólo había diferencias raciales (la mayor parte de la población de Santo Domingo era de color), sino que después de varios siglos de aislamiento colonial seguidos de 22 años de convivencia con los haitianos y de otros 17 de independencia, sus costumbres diferían mucho de las de España. De buenas a primeras, se manifestaron diferencias entre los soldados españoles y la población dominicana. Se implantó la segregación racial; el gobierno español no reconoció el grado militar de los oficiales del viejo ejército republicano; el papel moneda no fue amortizado inmediatamente; las tropas españolas maltrataron a los campesinos; el nuevo arzobispo español ofendió a la élite al perseguir las logias masónicas, perdió el afecto del clero al imponerle nuevas y estrictas reglas de conducta y descontentó a la gente al insistir en que era obligatorio casarse por la Iglesia; los nuevos jueces trajeron con ellos un sistema jurídico extraño a las costumbres locales y que entraba en conflicto con las leyes tradicionales dominicanas que, ahora, se basaban en el Code Napoleón adoptado bajo influencia haitiana; la libertad de vender tabaco, el principal producto de exportación del país, se restringió cuando las autoridades decidieron crear un monopolio que favorecía los intereses españoles; los comerciantes sufrieron la imposición de nuevas tasas de importación que beneficiaban a los barcos y productos españoles.

Todo ello creó un clima de descontento general que ya era evidente en los meses finales de 1862, cuando los oficiales españoles avisaron al gobierno de Madrid de que pronto estallaría la rebelión. Efectivamente, estalló a principios de febrero de 1863 y a mediados de año se convirtió en una gran conflagración, apoyada por el gobierno haitiano, que desde el principio había protestado contra la anexión española y había surtido de dinero, armas y víveres a los rebeldes dominicanos. Éstos consiguieron ocupar Santiago, la ciudad más importante del interior del país, y establecer un gobierno provisional que dirigió la guerra para restaurar la república.

Tras la instalación de este gobierno en Santiago, siguió una guerra total de casi dos años que le costó a España más de 10.000 bajas y unos 33 millones de pesos. Los dominicanos sufrieron la pérdida de centenares de vidas además de la ruina, otra vez, de su economía. A excepción de Santo Domingo y de algunas poblaciones cercanas a ella, todo el país se levantó en armas. La guerra de la Restauración, que comenzó siendo una rebelión de campesinos, se convirtió muy pronto en una guerra de razas y de guerrilla popular que puso en movimiento todas las energías de la nación.

La decisión de Geffrard de ayudar a los dominicanos se puede explicar fácilmente. La anexión de Santo Domingo por España puso a Haití en una situación muy expuesta, ya que ahora se veía rodeada por España, un país esclavista, cuyas posesiones en las Antillas —Cuba, Puerto Rico y ahora Santo Domingo— eran una amenaza para la independencia de Haití y para todo lo que Haití representaba. Además, la anexión había puesto en peligro la posesión de los territorios de la Llanura Central, que los haitianos habían arrebatado a los españoles en tiempos de Toussaint. Los españoles pretendían recuperarlos de acuerdo a una Real Orden de 14 de enero de 1862, y empezaron a desalojar a todos los haitianos que vivían en la zona fronteriza del país. Como esta orden proclamaba los derechos de España sobre varios poblados y territorios de Haití, lo menos que podía esperar el gobierno haitiano era que en cualquier momento se produjera una invasión española para apoderarse de una tierra que los haitianos consideraban que les pertenecía desde hacía más de 60 años. Esta amenaza a la propia seguridad de los haitianos fue un poderoso motivo para que Geffrard, sin tener en cuenta las amenazas de los españoles, diera a los dominicanos todo el apoyo que pudo.

La guerra contra los españoles concluyó en julio de 1865, cuando se restauró la independencia dominicana, si bien el país estaba devastado y desarticulado y con la mayor parte de los campesinos en armas. Durante un largo período, la República Dominicana fue un país inestable y fragmentado políticamente porque, al finalizar el conflicto, quedó dominado por docenas de caudillos militares y de jefes de guerrilla que empezaron a luchar unos contra otros. Al igual que con anterioridad a 1865, el conflicto central estaba entre los santanistas (que continuaron siendo una fuerza tras la muerte de Santana) y los baecistas (la facción político-militar en torno a Buenaventura Báez, el gran rival de Santana desde los primeros días de la república y dos veces presidente antes de que se produjera la anexión a España). Báez fue presidente durante seis años (1868-1874) y más tarde lo volvió a ser por dos años más (1876-1878), pero entre 1865 y 1879 hubo veintiún gobiernos diferentes, y no menos de cincuenta levantamientos militares, golpes de Estado y revoluciones.

Frontera entre Haití y la República Dominicana, 1874

Después de la caída del poder de Fabre Geffrard en 1867, Haití atravesó otros dos años de guerra civil. El presidente Silvain Salnave (1867-1869) —que, aunque era mulato de piel clara, recibió el apoyo de los negros pobres de las ciudades (primero en Cap-Haitien, y más tarde en la capital) y de los piquéis de La Grande Anse—luchó durante todo su mandato contra insurgentes en diferentes partes del país; cuando finalmente fue obligado a abandonar la capital, fue arrestado en la República Dominicana y entregado a los rebeldes, quienes le ejecutaron. Bajo el gobierno de Nissage Saget (1870-1874), un mulato de piel oscura, se volvió a cierta estabilidad política, pero la élite y el ejército continuaron participando en la vida política, en una lucha sin fin entre negros y mulatos. La deuda francesa se convirtió en una pesada carga para el Estado haitiano, imposibilitándole durante mucho tiempo para financiar las actividades constructivas de sus soldados y sus políticos. La propiedad de los campesinos se fragmentó más y el campesinado minifundista aún se encerró más en sí mismo. La distancia que separaba el campesinado negro de la élite mulata se hizo mayor. La hegemonía política de la élite mulata, que dominaba los centros urbanos, siguió existiendo a pesar, sin embargo, de los diferentes movimientos noiristes que conmovieron la sociedad haitiana durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero los dirigentes haitianos habían cambiado en un aspecto importante: habían reconocido finalmente sus limitaciones y abandonaron sus pretensiones de poner La Española bajo un mismo gobierno. Coexistiendo incómodamente, las dos repúblicas independientes —Haití (con una población de cerca de un millón de habitantes) en el tercio occidental y la República Dominicana (con una población de 150.000 habitantes) en los dos tercios orientales— emprendieron caminos muy distintos.

Capítulo 5
LA COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA

A mediados del siglo XVIII la colonia española de Cuba era una isla en gran parte boscosa y sólo cartografiada a medias. De ella, tanto los españoles como sus enemigos apenas conocían algo más que la zona de La Habana. Este famoso puerto había sido construido en la década de 1560, en un puerto natural del norte de la isla para que sirviera de lugar de depósito en el que la flota española del tesoro pudiera fondear con una gran escolta naval. Los escasos intrépidos viajeros que penetraron en el interior observaron que la fauna de Cuba no era peligrosa: no había serpientes, existían unos pocos reptiles grandes y no había ningún animal salvaje de gran tamaño. Se pensaba que la población indígena —taínos o siboneys— había sido absorbida o había muerto, pero en la poco frecuentada zona oriental de la isla sobrevivían algunas aldeas tainas. Algunas familias criollas tenían en parte sangre india, incluyendo a los Recio de Oquendo, una de las más importantes de la sociedad habanera.

Cerca de la mitad de la población cubana —que rondaba la cifra de 150.000 personas— vivía en la ciudad de La Habana, donde a menudo señoreaban el paludismo y la fiebre amarilla. La mayoría del resto de la población vivía en unas cuantas ciudades más, como Santiago de Cuba, que era sede arzobispal, Puerto Príncipe (hoy Camagüey), que lo era de un obispado, o en Sancti Spiritus, Trinidad, Matanzas o Mariel, ninguna de las cuales alcanzaba los 10.000 habitantes. Levantándose por encima de estas poblaciones, o cerca de ellas, había una serie de castillos e iglesias del siglo XVI. En La Habana se habían construido tres fortalezas —la Fuerza, el Morro y la Punta— para salvaguardar el puerto. Al igual que por todas partes de la América española, las comunicaciones se mantenían principalmente por vía marítima. Había pocas carreteras. Las reales atarazanas de La Habana constituían la actividad que generaba más empleos; se encontraban bajo el mando del capitán general y, a fin de asegurarse el rápido aprovisionamiento de maderas, en principio se controlaba la tala de árboles en la isla.

En Cuba, además de la reparación naval, existían unas pocas industrias —conservas de cerdo, elaboración de tasajo, curtido de pieles— orientadas a cubrir los pedidos de los convoyes que iban y venían de Veracruz y Portobelo. En el siglo XVI había existido un poco de oro en los ríos de Cuba, pero hacía mucho tiempo que se habían agotado las pepitas. En 1750 había un centenar de pequeñas plantaciones de caña de azúcar, la mayoría de las cuales se encontraban cerca de La Habana, debido a que el coste del transporte de la producción a cualquier otro puerto era prohibitivo. Como fuerza motriz disponían de algunos bueyes; probablemente producían unas 5.000 toneladas de azúcar al año, de las que sólo un 10 por 100 eran oficialmente exportadas. De modo comparativo, hay que decir que las mucho más pequeñas colonias francesas e inglesas, tales como Saint-Domingue y Jamaica, tenían cerca de 600 grandes plantaciones que podían producir 250 toneladas de azúcar cada una de ellas.

El atraso de Cuba se debía en parte a que en la isla había pocos ríos adecuados para instalar trapiches movidos por fuerza hidráulica, base de la riqueza de las otras colonias del Caribe. Y en parte también se debía al hecho de que España no constituía un gran mercado consumidor de un producto de lujo como era el azúcar.

El tabaco era el producto más rentable de Cuba. La mayor parte se convertía en rapé, pero los plantadores de tabaco habían ya establecido sus vegas en el valle del río Cuyaguateje en la parte occidental de Cuba y allí habían empezado a plantar el tabaco que más tarde dio el «puro habano», la joya de los fumadores. Hasta después de 1770 no existió en Cuba una fábrica de cigarros, porque durante generaciones los cigarros eran liados por los recolectores de tabaco in situ, o bien las hojas se enviaban a España para que con ellas, en Sevilla, se hicieran cigarros. Las fincas tabaqueras eran pequeñas, como también lo eran las que se dedicaban a producir cera, que constituía otro modesto capítulo de las exportaciones. Unos pocos ranchos en las sabanas del centro de Cuba producían cueros y carne; sin embargo, antes del desarrollo de la producción de rapé, la ganadería y los cueros habían sido los principales productos de exportación de Cuba.

Los nativos enseñaron a los españoles a cultivar patatas, ñame, yuca, calabazas, maíz y diferentes tipos de judías, aunque los colonizadores evitaban comer vegetales y preferían importar casi todo lo que comían; por ejemplo, era regla común que el pan se hiciera con trigo importado. El vino también se importaba. El pescado no gustaba mucho. El café se había empezado a cultivar en las Antillas francesas, pero aún nadie lo había introducido en Cuba, o en cualquier otra colonia española.

El mando político de Cuba estaba en manos del capitán general, que dependía del virrey de México. Pero México se encontraba a varias semanas de distancia y España, por lo menos a seis. El capitán general de La Habana también tenía que compartir responsabilidades de facto con el comandante de la flota del tesoro cuando ésta fondeaba en La Habana, cosa que ocurría durante seis semanas al año. El capitán general era la cabeza del pequeño cuerpo de expedicionarios que habían sido enviados allí por los administradores de Sevilla. La mayoría de ellos, al igual que ocurría con el capitán general, estaban mal pagados, y todos esperaban sacar ingresos adicionales a través de mecanismos de corrupción. Los tesoreros, contables, jueces, comisionados navales y oficiales del puerto de todo tipo llegaron a las colonias siendo peninsulares pobres, como lo eran los obispos y los curas, y esperaban regresar algún día a España siendo ricos. Pero muchos de ellos no regresaron; sus familias se incorporaron al grupo de los criollos, que llegaron a controlar los consejos municipales, establecieron los precios de los productos básicos, se convirtieron en agricultores y a menudo llegaron a ser comerciantes y propietarios.

Cuba, al igual que el resto de los territorios del imperio español, tenía su propia aristocracia criolla, que consistía en un puñado de familias ricas, algunas de las cuales —Recio de Oquendo, Herrera, Núñez del Castillo, Calvo de la Puerta y Beltrán de la Cruz— residían en la isla hacía generaciones. Tenían la costumbre de pasar la mayor parte del año en sus casas de la ciudad —en La Habana (o quizá en Santiago o Trinidad)—, iban a sus plantaciones o ranchos durante la siega o en las épocas de fiestas religiosas y, por regla general, nunca visitaban España o cualquier otra parte del imperio. En ello se diferenciaban bastante de los propietarios absentistas que se enriquecían en el resto del área del Caribe. En este y en otros aspectos, estos oligarcas cubanos se han de comparar más bien con sus primos de la metrópoli.

Cuba se distinguía de cualquier otra colonia caribeña no española por otros tres aspectos: en primer lugar, por el relativamente pequeño número de esclavos; en segundo, por el relativamente alto número de negros libres y mulatos; y por último, por la importancia de la vida urbana. Las plantaciones de caña de las colonias británicas y francesas, al igual que las de Portugal (Brasil), habían exigido un vasto número de esclavos; sin embargo, en Cuba al haber menos plantaciones, y al ser éstas más pequeñas, necesitaban muchos menos. En 1750, probablemente había más esclavos en las casas de La Habana, en los astilleros y en los ranchos ganaderos que en las plantaciones de caña. Los negros libres constituían al menos una tercera parte de la población negra o mulata de La Habana. Este alto porcentaje era consecuencia en parte de las leyes, que permitían a los esclavos comprar su libertad de un modo más fácil que, por ejemplo, en las colonias británicas. Y en parte se debía a la actitud de la clase dirigente, a la que gustaba emancipar a sus esclavos en su lecho de muerte, especialmente por el deseo de emancipar a sus bastardos. La estructura social y política de la isla de Cuba, al igual que en el resto del imperio español, había conllevado la creación de ciudades. En cambio, en las colonias inglesas del Caribe apenas había vida urbana y lo mismo ocurría en las de América del Norte.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Cuba se transformó en una próspera colonia azucarera debido a cuatro causas principales. En primer lugar, influyó la creación de nuevos mercados para el azúcar, tanto en España como en otros puntos, incluyendo los recientemente independizados Estados Unidos de América; en segundo lugar, la emergencia de una clase de propietarios más interesados en el desarrollo de sus tierras y en promover riqueza que en preservar su estatus; en tercer lugar, la importación de esclavos, en una escala mucho mayor que antes, desde África: y finalmente, una serie de reformas económicas de gran alcance introducidas por los ministros ilustrados del rey Carlos III, así como la desaparición de varias de las viejas restricciones que pesaban sobre el comercio. El declive gradual de otras islas del Caribe como productoras de azúcar también contribuyó a la prosperidad de Cuba. Cada vez más, inversores que no procedían del imperio español invertían capital en Cuba, tanto para su propio beneficio como para el de la isla, y así la colonia estuvo preparada para la introducción de nueva tecnología en la industria azucarera.

La ocupación de La Habana por los ingleses en 1762 fue el hecho que originó estos cambios. No se debe tener miedo en señalar la existencia de puntos de inflexión en la historia si los hechos realmente lo justifican, como ocurre en este caso. La victoria de la expedición de lord Albemarle en la zona occidental de Cuba fue, desde luego, antes que nada el final de una guerra victoriosa para Gran Bretaña. Con anterioridad, La Habana nunca había sucumbido ante un ataque extranjero. La victoria británica originó la inmediata llegada a la isla de comerciantes de todo tipo procedentes de todas partes del imperio británico —vendedores de grano, de caballos, tejidos y paños, instrumentos metálicos y equipamiento industrial menor, instrumental para la elaboración del azúcar y esclavos. Antes de 1762, el mercado cubano había estado formalmente cerrado a los extranjeros, aunque había habido mucho contrabando.

La principal consecuencia del triunfo de Albemarle fue que durante el tiempo en que los ingleses dirigieron los asuntos de La Habana se vendieron allí unos 4.000 esclavos. Esta cifra quizá equivalía a una octava parte de los esclavos que había en la isla por entonces. Bajo el régimen español, el gobierno de La Habana había rechazado anteriores intentos de introducir esclavos, alegando que tener tantos esclavos nuevos (bozales) en la isla constituiría un riesgo político. Pero, ahora, este temor aparecía como una cautela excesiva, puesto que a la llegada de esclavos no siguió ninguna gran revuelta a pesar de su repentino aumento. Cuando los ingleses abandonaron la isla después de la paz de París (1763), los esclavos permanecieron en la isla y se mantuvieron las relaciones comerciales con las Islas Británicas. Durante los dieciocho años siguientes a 1763, el número de barcos que recalaron en Cuba se elevó de 6 a 200 por año. En particular, se produjo un incremento ininterrumpido en la importación de esclavos, algunos de los cuales eran reexportados desde Jamaica. La práctica de otorgar el monopolio sobre el comercio de esclavos a compañías particulares se mantuvo durante otra generación, pero no fue observada. La presencia de los negreros británicos y norteamericanos fue un hecho permanente en el mercado cubano, y después de 1775 los comerciantes españoles empezaron a ir a África para adquirir esclavos para La Habana, algunos de los cuales eran revendidos en cualquier punto del imperio. En 1778, los españoles compraron Fernando Poo y Annobón a Portugal. En 1789, el gobierno español permitió a los comerciantes llevar al imperio tantos esclavos como quisieran, con la única regulación de que un tercio de cada cargamento fueran mujeres.

Otra consecuencia inmediata de la conquista británica fue la desaparición de la mayoría de las antiguas contribuciones españolas —almojarifazgos (productos procedentes de España), avería (barcos), alcabalas (exportaciones a España)— y de los donativos (impuestos suplementarios para cubrir solicitudes del gobierno de Madrid). Es verdad que algunas de ellas se reimplantaron temporalmente cuando los británicos se fueron, pero la mayoría de las restricciones sobre el comercio quedaron abolidas. En 1765, el derecho que tenían los españoles de comerciar en el área del Caribe se extendió a otros puertos, además del de Cádiz (inicialmente siete), lo que en realidad significó que cualquiera que quisiera comerciar con Cuba desde España lo podría hacer desde Barcelona, Málaga, Alicante, La Coruña, Santander y otros. Cuando la guerra de independencia de los Estados Unidos la actividad comercial en el imperio español fue libre. En 1771, la inestable moneda local de cobre, la «macuquina», fue reemplazada por el peso fuerte. En 1776, La Habana se convirtió en puerto libre. Además, la regulación del comercio con el imperio español, tanto en el caso de Cuba como en el de Venezuela, dejó de ser una cuestión del consejo municipal. Los intereses de la corona, en el imperio y en España, pasaron a ser administrados por un comisionado general financiero, el intendente, de gran efectividad. Él hizo posible que la corona española obtuviera mayores ingresos de un sistema impositivo más claro, logro de cualquier ideal fiscal. En la década de 1790 se dejaron de cobrar igualmente derechos sobre la importación de maquinaria para la producción de azúcar o de café. A los comerciantes extranjeros no sólo se les dejó entrar y vender en la isla, sino que se les permitió comprar propiedades; de esta manera, tanto los comerciantes británicos como los norteamericanos llegaron pronto a estar bien establecidos allí.

Francisco de Arango, un plantador y abogado que había intervenido en las Cortes de Madrid, viajó a Inglaterra con el conde de Casa Montalvo, su discípulo en cuestiones azucareras y pariente lejano, para ver cómo los comerciantes de Liverpool y Londres llevaban su negocio de esclavos y cómo los manufactureros ingleses hacían funcionar sus fábricas; ello a pesar de la predicción de que se renovaría el último contrato del monopolio de la trata de esclavos (otorgado a la firma inglesa de Baker y Dawson. A su regreso a Cuba en 1792 fundaron ambos en La Habana la Sociedad Económica de Amigos del País siguiendo el modelo de otras similares que ya existían en España y en las colonias. Esta institución promovió la discusión de cuestiones de gobierno y la recogida de información estadística y económica; indirectamente, condujo a la fundación del primer periódico de Cuba, El Papel Periódico, una hoja informativa diaria que apareció en 1793.

Arango y su generación fueron pioneros de toda clase de innovaciones. Crearon una biblioteca pública, construyeron hospitales, un manicomio y escuelas públicas (para niños blancos). En Inglaterra, Arango había visto una máquina de vapor y había quedado altamente impresionado. En 1794 hizo llevar una a Cuba por la firma Reinhold para que fuera utilizada de forma experimental en 1797, en la plantación del yerno del conde de Casa Montalvo, en Seybabo. También por primera vez se usaron con éxito trapiches hidráulicos en la parte occidental de la isla, después de que los plantadores y técnicos franceses que huyeron de la revolución haitiana hubieran introducido en Cuba la rueda hidráulica vertical. Otra innovación acaecida en los años de 1790 fue la introducción de la volvedora, que sustituyó a los esclavos que volvían a meter la caña ya comprimida en las mazas del trapiche. Se introdujo un nuevo tipo de caña —de la fuerte especie otahití de los mares del Sur, blanca—; probablemente de igual importancia fue la introducción de los mangos (efectuada por el comerciante inglés Philip Allwood, el potente y controvertido representante en La Habana de la gran firma de Liverpool dedicada al comercio de esclavos, Baker y Dawson) que complementó la pobre dieta en fruta.

Así pues, al producirse el cambio de siglo, Cuba era una parte muy prometedora del imperio español; sus plantaciones se extendían cada vez más lejos de La Habana, hasta el punto de llegar a superar a Jamaica como principal productora de azúcar del Caribe. España ofreció estímulos fiscales, tanto a los productores como a los exportadores de azúcar, así como a los que buscaban fuerza de trabajo esclava. Hacia 1800, las exportaciones cubanas de azúcar ya eran superiores a las de cueros, tabaco, aguardiente, cera, café y cacahuetes, productos que desde La Habana también eran embarcados hacía España. Así, Cuba, en la década de 1770, exportaba más de 10.000 toneladas anuales de azúcar y en la de 1790, justo antes del estallido de las guerras napoleónicas, más de 30.000. El número de plantaciones azucareras se elevó de 100 a 500, y la extensión de tierra dedicada al cultivo de la caña aumentó de unas 4.100 hectáreas hasta cerca de 82.000. En 1762 el tamaño medio de una plantación de caña en Cuba no excedía probablemente de 125 hectáreas y en los años de 1790 era casi de 300. Donde algunas viejas plantaciones azucareras apenas habían empleado una docena de esclavos, otras nuevas empleaban cien en los años noventa.

Pero, tal como sucede en cualquier proceso que comporta un incremento de la escala de operaciones, con el cambio ciertos aspectos empeoraron y hubo quien salió perdiendo. La existencia de mayores plantaciones significó que había más propietarios absentistas. Los mulatos o los libertos dejaron de poseer trapiches, tal como habían podido tenerlos antes de 1760. La existencia de más esclavos implicó que se necesitara un mayor número de alojamientos; así, los barracones sustituyeron a las cabañas; de aquí el hecho de que disminuyera el número de parcelas particulares en las que durante la primera mitad del siglo XVIII un esclavo podía tener una gallina o cultivar casabe para hacerse el pan. Los pequeños trapiches desaparecieron o sólo hicieron raspadura (azúcar basto) para los esclavos. Cada vez más era menor el número de las plantaciones de caña que eran autosuficientes; sólo unas pocas eran capaces de cultivar maíz y vegetales, de hacer azúcar, de quemar su propia leña o de alimentarse de su propio ganado. También había menos plantaciones que observaran la norma religiosa que obligaba a que todos los esclavos fueran instruidos en el cristianismo. Los nuevos ingenios se habían expandido bastante más que los nombres católicos. Los curas se hacían los ciegos cuando se trabajaba en domingo, y a menudo los esclavos eran enterrados en lugares no consagrados. En los años de 1790, los monasterios e incluso el seminario de La Habana poseían sus ingenios.

Ahora otro elemento había penetrado en la historia de Cuba —uno que nunca había estado totalmente ausente: el mercado mundial del azúcar, es decir, el interés en el azúcar de los grandes compradores extranjeros. «No veo por qué deberíamos avergonzarnos de confesarlo», escribió John Adams, «pero la melaza fue un ingrediente esencial en la independencia americana»: desde dos generaciones antes de 1775, Massachusetts había bebido el mejor ron de las Antillas y había ganado con venderlo. Jamaica no pudo satisfacer las necesidades de los comerciantes de ron de Massachusetts cuando su producción descendió al agotarse la potencialidad de su suelo, en una época en que tanto los campesinos como los propietarios no conocían los fertilizantes. Además, ya antes de la independencia, los comerciantes estadounidenses deseaban comerciar con las colonias azucareras francesas y españolas, aunque la normativa británica les prohibía hacerlo. Una muestra de la importancia que tenía el comercio cubano a ojos de los estadounidenses fue la designación de Robert Smith (el delegado en La Habana de Robert Morris, el financiero de la independencia estadounidense) como representante comercial estadounidense. La mayor parte de la creciente producción azucarera de Cuba se vendió pronto en los Estados Unidos.

Para Cuba, la revolución de Haití (Saint-Domingue) tuvo, tal vez, mayores consecuencias que la independencia estadounidense. En primer lugar, la revuelta de los esclavos hizo ascender la demanda de azúcar cubano, hasta tal punto que Arango y sus colegas se congratularon de que hubiera estallado. Los precios del azúcar se elevaron tanto que incrementaron la tendencia, ya importante, de los propietarios cubanos a convertir sus fincas en plantaciones de caña. Pero la revolución de Haití también les hizo atemorizarse ante la idea de que pudiera propagarse a su isla. Es cierto que Haití quedó comercialmente arruinada después de 1791 y esto benefició a Cuba económicamente, pero existía el peligro de que su desgracia también se pudiera extender o ser extendida a Cuba. Después de todo, algunos de los revolucionarios de la colonia francesa de Saint-Domingue habían sido jamaicanos o procedían de otros puntos de las Antillas.

En el desarrollo azucarero de Cuba pesó mucho el papel de los plantadores franceses que huyeron —los que pudieron— de Haití a Cuba y a otros puntos aún seguros del Caribe. Con ellos, se llevaron no sólo truculentas historias de asesinatos y revolución, sino también técnicas para el cultivo de la caña y el procesado del azúcar que se sumaron a las mejoras que se habían introducido hacía poco. La innovación más importante que se hizo fue, en primer lugar, la adopción del llamado «tren jamaicano»: una larga serie de calderas de cobre que se calentaban con una caldera única; así se obtenía un calentamiento de todas las calderas a una temperatura homogénea. En segundo lugar, introdujeron la rueda de eje vertical, antes mencionada. Los técnicos azucareros que habían trabajado en Haití, muchos de los cuales habían nacido en Francia, se encontraron pronto en las plantaciones más grandes de Cuba.

Sin embargo, las conexiones internacionales comportaron, además de la riqueza, la inmersión en problemas internacionales. Así, las guerras napoleónicas no sólo interrumpieron el comercio y retardaron en gran medida la introducción de máquinas de vapor en los ingenios cubanos, sino que hicieron que los plantadores adquirieran una gran experiencia financiera con las fuertes fluctuaciones del precio del azúcar. En 1807, dos terceras partes de la cosecha se quedó sin vender porque los Estados Unidos suspendieron el comercio con los beligerantes. En 1808, el colapso de la monarquía española frente a Napoleón significó que virtualmente todo el poder quedara en manos del capitán general, el marqués de Someruelos. La isla era un punto estratégico; esto motivó que el presidente Jefferson efectuara el primero de los varios intentos que hicieron los Estados Unidos de proteger la isla; dijo que los Estados Unidos preferirían que Cuba —y México— continuaran siendo de España, pero que si ésta no podía protegerse a sí misma, los Estados Unidos desearían comprar la isla. La propuesta fue rechazada, pero Jefferson continuó jugando con la idea mientras que el cabildo de La Habana, dirigido por el primo de Francisco de Arango, José de Arango, hacia diferentes insinuaciones para que los Estados Unidos se anexionaran la isla, al ver que algunos en la misma España mostraban tener peligrosas tendencias liberales, especialmente respecto a la abolición de la esclavitud.

Desde luego, las guerras napoleónicas facilitaron la independencia de América Latina. Separados de la madre patria a causa de la destrucción de la flota española en Trafalgar, enriquecidos gracias al reformismo económico borbónico durante los últimos treinta años y estimulados políticamente por las revoluciones norteamericana y francesa, los criollos empezaron a contemplar la posibilidad de obtener la autonomía política e incluso la independencia formal de España. Estas ideas, mezcladas con, o transformando, las ideas revolucionarias de Haití, también llegaron a Cuba, como lo prueba el hecho de que en 1809, un francmasón, Ramón de la Luz, organizara una de las románticas e ineficaces conspiraciones que caracterizan las novelas de Stendhal o la historia del Risorgimento italiano, a fin de alcanzar la independencia de Cuba. Sin embargo, estas ideas no prosperaron. Simplemente, porque el espectro de Haití estaba en la mente de los oligarcas del azúcar y otros cubanos. Ningún plantador en su sano juicio querría arriesgarse a entablar un enfrentamiento con España y sus guarniciones, si existiera el más remoto peligro de que la situación fuera aprovechada por dirigentes de una revuelta esclava. Es más, la junta superior de La Habana rehusó la invitación del cabildo de Caracas para tomar parte en las guerras de independencia. Por otro lado, había otras circunstancias que contenían a los cubanos. Cuba era una isla, y la lealtad de sus ciudades a España se podía mantener con unos pocos barcos de la flota, si es que España llegaba a juntarla. Además, muchos realistas se refugiaron o emigraron a Cuba desde varios puntos de la América continental, lo que fortaleció la reputación de Cuba como «la siempre isla fiel». Por último, los curas en Cuba, a diferencia de los de la América continental, eran en su mayoría españoles y no tenían intención de repetir las acciones que Hidalgo y Morelos habían emprendido en México. Además, es probable que el miedo a «un nuevo Haití» fuera lo que más refrenara a los cubanos; temor que se acrecentó aún más al descubrirse otra conspiración romántica, esta vez conducida por José Antonio Aponte, un carpintero negro, que planeaba quemar los cañaverales y los cafetales, que aparentemente conectó con correligionarios en Haití y que invocaba al dios africano Chanco para que le ayudase. Una conspiración más tardía, la de los Soles y Rayos de Bolívar, dirigida por José Francisco Lemus en la década de 1820, tuvo mayor importancia pero, como la de Aponte, también fue delatada.

Al mismo tiempo, los plantadores cubanos se vieron afectados por la decisión británica de abolir el tráfico de esclavos a nivel internacional. En 1808 se prohibió su comercio a y desde los puertos británicos. Francisco Arango y otros cubanos —mientras estaban en España en 1812 y 1813— se opusieron firmemente a cualquier concesión de este tipo, y el primer gobierno español constituido tras la restauración de Fernando VII (1814) se resistió al principio a las demandas británicas. Pero en 1817, los británicos consiguieron convencer al gobierno español de que siguiera su ejemplo, y en 1820 se abolió legalmente la trata en España a cambio del pago de 400.000 libras en concepto de compensación para los traficantes de esclavos. España aceptó también que la marina británica pudiera interceptar los barcos con esclavos y pudiera juzgar a los traficantes ante comisiones mixtas. Naturalmente, estas medidas conllevaron un incremento de la importación de esclavos durante lo que en La Habana pareció que iban a ser los últimos años de la trata. Pero la prohibición no se guardó; aunque los británicos empezaron a acostumbrar a los cubanos al intervencionismo internacional en sus cuestiones internas. La demanda de esclavos era grande y creciente, y el tráfico de esclavos sobrevivió con altibajos otros 50 años, en parte porque el gobierno de Madrid no deseaba enfrentarse a los plantadores de Cuba por apoyar la política británica a la que consideraban mojigata, hipócrita y egoísta.

En 1822, debido en parte a la interferencia británica, los plantadores cubanos empezaron a pensar otra vez en la anexión a los Estados Unidos, como nuevo Estado de la Unión. El gabinete estadounidense discutió la idea, pero disuadió a los cubanos porque prefería que la situación se mantuviera tal como estaba. Además, la mayoría de los dirigentes norteamericanos pensaban que la adhesión de Cuba a su Unión era sólo una cuestión de tiempo —de una generación como máximo—y naturalmente no deseaban que la isla fuera independiente.

En las tertulias de los cafés de La Habana a mediados de los años 1820 se discutieron ampliamente diferentes proyectos, tanto de independencia como de anexión. Pero, al final, España, tras perder su imperio americano continental, determinó conservar Cuba y Puerto Rico. Cuarenta mil soldados españoles residieron en la isla a partir de la década de 1820, los cuales, junto a una red de espías gubernamentales, lograron conservar la lealtad de la isla. Bolívar se propuso invadir Cuba si los españoles no reconocían Nueva Granada, pero los Estados Unidos no estuvieron de acuerdo con ello y al final desapareció la ocasión de hacerlo.

La docilidad política de Cuba, garantizada por la guarnición española, fue la base sobre la que se erigió, tal como se verá, un rápido incremento de la prosperidad basada en el azúcar. En los años de 1830 las contribuciones cubanas proporcionaban un sustancial ingreso a la corona española; ello permitía pagar los salarios de la mayor parte de los ministros españoles. También constituían la única garantía de pago de la deuda que el gobierno español podía ofrecer a los banqueros londinenses. Por otro lado, los capitanes generales de Cuba también sacaban provecho de que España dominara políticamente la isla, en parte gracias a los sobornos que recibían por condescender en la trata de esclavos; ello a menudo les permitía emprender ambiciosos proyectos políticos en España al retirarse. Los capitanes generales, si hubieran cumplido sus obligaciones y hubieran acometido la tarea de abolir la trata de esclavos, hubieran provocado la pérdida de la colonia, más debido a la intervención de los Estados Unidos que al estallido de un movimiento independentista autóctono. Los viejos vínculos sociales entre los criollos y los peninsulares persistían. Estándoles prohibido tomar parte en la administración (después de todo, no había política), los criollos se quejaban, pero hacían dinero. El más débil indicio de que el control español se pudiera resquebrajar o de que se pudiera producir una revuelta de esclavos daba pie a que los propietarios cubanos pensaran que llegaría el momento en que se integrarían en los Estados Unidos de América del Norte. A los plantadores, generalmente les satisfacía la decisión de los sucesivos capitanes generales de deportar a los escritores progresistas o nacionalistas y de evitar poner en vigor en Cuba los esporádicos intentos de establecer un régimen constitucional que tenían lugar en España. En los ingenios más grandes —fundados en la década de 1840— a veces hubo rebeliones de esclavos, que fueron aplastadas con tal crueldad que los mismos plantadores cubanos temían que no fuera aprobada por el gobierno de los Estados Unidos.

La idea de la anexión a la Unión arraigó en gran parte de los prominentes hacendados azucareros cubanos, encabezados por Carlos Núñez del Castillo, Miguel Aldama, Cristóbal Madán y las familias Iznaga y Drake. Su objetivo era integrarse en los Estados Unidos, a fin de asegurar el mantenimiento del régimen esclavista y salvaguardar su enriquecimiento con el azúcar; por ello, emprendieron la tarea de persuadir a la opinión pública estadounidense a favor de su punto de vista. Después de que Florida, Luisiana, Texas y más tarde (después de 1848) California y Nuevo México entraran a formar parte de la Unión, parecía que Cuba sería la próxima candidata a hacerlo. La idea también interesó a la nueva generación de políticos norteamericanos, estimulados por la nueva adquisición territorial y enardecidos por el éxito y la prosperidad generales de los Estados Unidos. Al final de la década de 1840, los escritores y los periodistas habían adoptado la tesis del llamado «destino manifiesto» —según palabras de uno de ellos—, por el que los Estados Unidos dominarían, si no conquistarían, toda América, tanto del Sur como del Norte, y se lanzó una campaña para urgir a los Estados Unidos a comprar Cuba. Era evidente que varios ricos cubanos apoyaban la idea y estaban dispuestos a llevarla a la práctica, si era necesario, con su propio dinero. «Por su posición geográfica y derecho… Cuba debe ser nuestra», escribió en 1847 el editor del New York Sun; Cuba era «el jardín del mundo».

La anexión de Cuba constituyó una cuestión importante en las elecciones presidenciales de 1848. El presidente Polk presentó una oferta formal a España para comprar Cuba por 100 millones de dólares. La propuesta se discutió a fondo en España, pero el gobierno español tuvo que rechazarla para poder mantenerse en el poder. Sin embargo, las ideas anexionistas sobrevivieron. En 1849, en Nueva Orleans se preparó una expedición de liberación acaudillada por un general rebelde español, Narciso López, que desembarcó en Cuba en 1850 con la intención de proclamar, en primer lugar, la independencia de la isla de España, y después su integración en la Unión. Se delató el proyecto, López fue capturado y sufrió pena de garrote, aunque la bandera de López —una estrella blanca sobre fondo rojo, sobrepuesta a unas rayas azules— sobrevivió para inspirar a otra generación de independentistas más genuinos.

Siguieron otras expediciones. La idea de la anexión era cada vez más fuerte entre los políticos del sur de los Estados Unidos, porque la integración de Cuba reforzaría la posición de los estados esclavistas. Durante la mayor parte de los años cincuenta, la liberación de Cuba constituía uno de los sueños de la Joven América, de los defensores de la secesión del sur, así como también la deseaban los revolucionarios románticos de Europa. Garibaldi, Mazzini y Kossuth, por ejemplo, apoyaban esta ambigua causa. Por su parte, los plantadores cubanos, incluso después de la esperanzadora declaración del capitán general Pezuela en 1853, continuaban temiendo que el abolicionismo pudiera prender en la mente de los administradores españoles.

En 1854 el presidente estadounidense Pierce hizo una nueva oferta a España para comprar Cuba, pero de nuevo fue rechazada por otro gobierno liberal de Madrid. Los plantadores cubanos estaban abatidos. Temían que el liberalismo español se contagiara de la piedad inglesa y que se permitiera el establecimiento de lo que ellos llamaban «una república africana». Se hicieron nuevos esfuerzos para atraer el interés de los Estados Unidos; si era necesario, la intervención. James Buchanan, ex secretario de Estado y embajador en Londres en 1854, creía que si España rechazaba la «razonable» oferta de los Estados Unidos sobre Cuba, los Estados Unidos tendrían «la justificación para arrebatársela». El manifiesto de Ostende, elaborado por Buchanan, Pierce, Soulé (embajador estadounidense en Madrid) y el embajador de los Estados Unidos en París, denunció los planes que llevarían a la «africanización» de Cuba. Mientras tanto, en Nueva Orleans, bajo la supervisión del gobernador de Luisiana, John Quitman, se estaba organizando una nueva expedición para conseguir la liberación de Cuba, pero sus miembros se pelearon entre sí. En 1857 James Buchanan se convirtió en presidente de los Estados Unidos; su elección se debió en gran medida a la popularidad alcanzada por el manifiesto de Ostende. Buchanan empezó a pensar en el modo de poder sobornar a los políticos españoles, a fin de obtener la venta de Cuba, aunque sin más éxito que el que habían tenido sus predecesores. En 1861 los Estados Unidos se embarcaron en la guerra de Secesión, en un momento en el que los políticos sureños aún pensaban que podrían asegurarse la perpetuación de la esclavitud gracias a la adquisición de Cuba. La derrota del Sur cerró esta posibilidad a los plantadores cubanos, así como comportó el final del comercio de esclavos. De ese modo, la guerra de Secesión norteamericana fue para Cuba el acontecimiento más importante desde 1815.

Entretanto, Cuba, a partir de las guerras napoleónicas, se había convertido en la colonia más rica del mundo (lo cual en parte explica la pequeña repercusión que psicológica o intelectualmente tuvo en España la pérdida ocurrida en 1820, de los otros territorios del imperio español). En 1860 La Habana, con una población de cerca de 200.000 habitantes, y Santiago de Cuba eran activas ciudades cosmopolitas, mientras otras ocho ciudades tenían una población superior a las 10.000 personas. Los puertos cubanos recibían 3.600 barcos cada año, la mitad de los cuales no fondeaba en La Habana. Hacia 1825 los Estados Unidos ya se habían convertido, para la colonia, en un interlocutor comercial más importante que España; los estadounidenses, tanto los comerciantes como los políticos, mostraban gran interés en la isla, invirtiendo en ella y ostentando un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones cubanas.

Durante un tiempo, el café rivalizó con el azúcar por ocupar el primer lugar de las exportaciones agrarias de Cuba. El café se había introducido en 1748, pero no se cultivó a gran escala hasta después de la revolución de Haití, que llevó a Cuba a varios experimentados cafetaleros. Algunos de ellos se establecieron en la isla y sacaron un gran provecho de la exención de impuestos que se decretó para fomentar su cultivo. Entre 1825 y 1845 las exportaciones de café de Cuba nunca descendieron de las 12.000 toneladas, y a mediados de la década de 1840 la extensión de tierra que ocupaba su cultivo era ligeramente superior a la dedicada a la caña. Pero, a pesar de los alicientes fiscales otorgados al cultivo del café, éste nunca rivalizó seriamente con el azúcar y en la década de 1850 varios cafetales se convirtieron en plantaciones de caña. La tarifa estadounidense sobre las importaciones de café establecida en 1834, los terribles huracanes de la década de 1840 y el inicio de la competencia brasileña perjudicaron los intereses cafetaleros cubanos. El café, sin embargo, continuó siendo un cultivo importante hasta el inicio de las guerras de independencia. En 1860 aún existían cerca de 1.000 cafetales, la mayoría de ellos en la zona oriental de Cuba, que producían 8.000 toneladas de café. Años después, los huracanes provocaron la ruina de varios cafetaleros que, al producir en ellos un sentimiento de abandono, reforzó el movimiento revolucionario de la región al final de la década de 1860.

El tabaco también había sido un modesto, pero consistente, rival del azúcar. En su historia, el momento de cambio se produjo en 1817, al abolirse el monopolio real de la manufactura cigarrera. Como consecuencia de ello, en 1821, la vieja fábrica real —un edificio de los años de 1770— se convirtió en hospital militar y, a partir de entonces, españoles inmigrantes, como Ramón Larrañaga y Ramón Allones, empezaron a construir talleres tabacaleros. Los cigarros cubanos eran cada vez más apreciados —aunque la mayor parte del tabaco «veguero» continuaba creciendo en la parte oriental de Cuba y no en la occidental, donde ya se sabía que se producía el mejor tabaco. Otro producto de exportación cubano era el ron; el que se vendía mejor era el de Facundo Bacardí, un catalán que inmigró en 1830 y que era millonario en los años de 1860: su producto de color ámbar pálido tenía amplia aceptación internacional.

A lo largo de todo el siglo XIX, el cultivo de la caña de azúcar continuó siendo lo más importante. En 1860, se invirtieron cerca de 185 millones de dólares en la industria azucarera. Había 1.400 ingenios y la producción casi alcanzó las 450.000 toneladas; una cuarta parte de toda la producción mundial, muy por encima de la de Jamaica, que tan sólo producía 148.000 toneladas en la década de 1850. Las máquinas de vapor procedentes de Inglaterra se habían introducido en las plantaciones durante la segunda década del siglo (se utilizaron cuatro en la cosecha de 1818); ingenios con grandes máquinas de vapor estaban produciendo cerca de 1.000 toneladas de azúcar por año, mientras que los ingenios movidos por fuerza animal (bueyes) daban un promedio de sólo 130 toneladas. Una serie de concesiones de la monarquía española había permitido la adquisición plena de toda la tierra que anteriormente la corona había otorgado en usufructo. También se obtuvo la aprobación real para arrasar los bosques en aras del interés agrícola. En las décadas de 1820 y 1830 se abrió una nueva área de cultivo de caña en la provincia de Matanzas, en la desembocadura de los ríos San Juan y Yumuri, entre la ciudad de Matanzas, Colón y Cárdenas, donde se instalaron la mayoría de las máquinas de vapor. En 1860 el ingenio cubano más grande era el San Martín, en Matanzas; pertenecía a una compañía cuyo principal inversor aparentemente era la reina madre de España. Empleaba 800 esclavos, tenía unas 400 hectáreas plantadas y producía 2.670 toneladas de azúcar cada año.

En torno a 1845, todos los grandes ingenios estaban conectados con La Habana por un ferrocarril privado, una innovación que hizo disminuir considerablemente el precio del transporte del azúcar. Cuba tuvo los primeros ferrocarriles de América Latina y el Caribe; la línea de La Habana a Bejucal se inauguró en 1837 y la de La Habana a Güines en 1838. En 1830, el coste medio de transportar una caja que contenía 3 o 4 quintales de azúcar se estimaba en 12,50 dólares, y gracias al tren descendió a 1,25 después de 1840. Los barcos de vapor también aparecieron en la década de 1830; hubo un servicio regular entre La Habana y Matanzas más o menos al mismo tiempo que otros similares se introducían en Europa; también los vapores enlazaron La Habana y Nueva Orleans en los años de 1830. Entre otras innovaciones tecnológicas introducidas a mediados del siglo XIX en Cuba cabe destacar el evaporador al vacío, que se utilizó por primera vez en 1835. Esta máquina fue inventada por Charles Derosne en París a partir de ideas de Norbert Rillieux; se trataba de una «máquina azucarera», un sistema que realizaba el procesado completo del azúcar. En 1841 el mismo Derosne lo instaló en Cuba en la plantación «La Mella», perteneciente a Wenceslao Villa-Urrutia. Su adopción significó reducir la dependencia de los azucareros respecto a la mano de obra esclava. Además, los aparatos de Derosne producían un nuevo e iridiscente azúcar blanco que tuvo mucha demanda. Finalmente, en 1850, se introdujo en Cuba una máquina centrifugadora en el ingenio «Amistad», propiedad de Joaquín de Ayestarán, que permitió obtener del jugo de la caña un azúcar claro, suelto, seco y fino, en vez de los viejos panes, cuando salía de los rodillos. Este desarrollo tecnológico incrementó la riqueza de los que podían pagarlo, pero hundió a los plantadores que aún usaban los viejos trapiches movidos por bueyes, e incluso les empujó en parte a la rebelión.

Los plantadores que disfrutaron de esta nueva riqueza eran de tres clases: en primer lugar, se trataba de los que, con un posible origen español (o vasco) reciente, tras haber hecho una fortuna en el comercio, en particular en el de esclavos, habían invertido sus beneficios en plantaciones o habían adquirido propiedades mediante el cobro de préstamos hipotecarios vencidos. A este tipo pertenecían los hombres que introdujeron las innovaciones tecnológicas del momento. Julián de Zulueta, el mayor propietario de Cuba en la década de 1860, era el más conocido de todos ellos. En segundo lugar, estaban los que ostentaban la propiedad de sus plantaciones azucareras a través de una de las donaciones de tierra que la corona española había hecho en el siglo XVIII o con anterioridad; de hecho, éstos constituían la aristocracia de la isla. Estas familias estaban estrechamente interrelacionadas y monopolizaban el gobierno municipal de La Habana desde hacía muchos años. En tercer lugar existía un grupo de extranjeros, principalmente estadounidenses, pero también británicos y franceses, algunos de los cuales se hispanizaron (o cubanizaron) tras una generación en la isla. Algunos individuos de cada una de estas categorías llegaron a ser realmente ricos a nivel internacional, obtuvieron títulos nobiliarios españoles, viajaron a Europa o a Norteamérica y construyeron hermosos palacios en La Habana, donde ellos y sus familias vivían suntuosamente. Justo Cantero, un plantador de Trinidad, construyó una casa con un baño romano con dos cabezas de querubines, una de las cuales continuamente ofrecía ginebra a los hombres y la otra agua de colonia a las mujeres.

Un aspecto importante de las actividades cubanas que hay que tener en cuenta es la gran contribución que las fortunas de allí hicieron en el desarrollo de empresas establecidas en España. No es fácil desenredar las conexiones financieras, pero la relación es clara. Juan Güell y Ferrer, por ejemplo, invirtió su capital cubano en la industria algodonera catalana. Pablo de Espalza, otro cubano millonario, fundó el Banco de Bilbao, del que fue el primer presidente. Manuel Calvo ayudó a financiar la elección del rey Amadeo de Saboya en 1870. Las listas de traficantes de esclavos incluyen a varios que, como Juan Xifré, ayudaron a financiar la primera fase de la industrialización catalana en el siglo XIX. Mientras tanto, los capitanes generales, los jueces y otros funcionarios continuaban confiando en que su estancia en Cuba les permitiera reunir una fortuna que pensaban transferir a España.

En el otro extremo de la escala social estaban los esclavos. El éxito de la economía azucarera del siglo XIX y la rápida expansión de la trata negrera supuso que, por un tiempo, se rompiera en Cuba el relativo equilibrio existente entre blancos y negros. En la primera mitad de siglo existió una sustancial mayoría de negros o mulatos, pero en la década de 1860, debido a la importante inmigración de mediados de siglo, los blancos volvieron a ser otra vez el grupo étnico mayoritario. En 1869, de una población de cerca de 1.400.000 habitantes, un 27 por 100 (360.000) eran esclavos (cuando en los años 40 eran el 44 por 100). Cerca de un tercio de los esclavos trabajaba, en mayor o menor medida, en el campo. En 1860, la mayoría de los esclavos habían sido introducidos ilegalmente en la isla; sus importadores habían contravenido las leyes contra el tráfico de esclavos de 1820 y 1845 y habían sorteado con éxito las patrullas navales británicas que perseguían la trata, de acuerdo con los tratados hispanobritánicos de 1817 y 1835. Los esclavos aún podían comprar su libertad por el viejo sistema de la coartación, es decir, comprando su libertad a plazos; quizá unos 2.000 lo hacían cada año en la década de 1850. Algunas madres podían comprar la de sus hijos por una modesta suma, pero en cambio un esclavo debía pagar su propio precio de mercado: 500 pesos más o menos en los años treinta, unos 1.000 en los sesenta. En 1860 se consideraba que cerca del 16 por 100 (240.000) de la población total eran negros, libertos o mulatos, que eran admitidos sin grandes problemas en la burocracia o en la universidad.[1]

El fracaso de la anexión a los Estados Unidos como consecuencia de la derrota del Sur en la guerra de Secesión dio lugar a que los azucareros cubanos se constituyeran en grupo de presión política dentro del sistema de gobierno español, a fin de obtener, al menos, algún beneficio de las reformas constitucionales que los comerciantes progresistas intentaban llevar a cabo en España. Algunos de los plantadores implicados eran, como Miguel Aldama, ex anexionistas, pero en su mayoría eran mucho menos ricos que los que habían favorecido la anexión, como lo manifiesta el hecho de que pocos de los individuos relacionados con este proyecto, al menos en los años sesenta, poseían ingenios que tuviesen la tecnología más avanzada. (Aldama era una excepción). Querían que se redujera el poder del capitán general, que se creara una asamblea representativa, que se estableciera un sistema impositivo que reflejara los intereses insulares y que aumentaran los poderes de los consejos municipales.

La generación de los plantadores reformadores estaba convencida de que al estallar la guerra de Secesión el comercio de esclavos se detendría pronto. En 1862 Nathaniel Gordon, capitán de un barco negrero, fue ahorcado por llevar 890 esclavos a La Habana en su barco; fue el primer castigo de tal género impuesto a un ciudadano de los Estados Unidos. En el mismo año, Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron acciones conjuntas a favor de la supresión de la trata de esclavos en Cuba. En 1866, al mismo tiempo que el gobierno español introducía una nueva legislación, el comercio de esclavos había cesado virtualmente; la última introducción de esclavos en Cuba que se conoce tuvo lugar en 1867. Algunos de los reformadores cubanos y españoles que apoyaban la abolición de la trata en Cuba pensaban, sin embargo, que la esclavitud se mantendría en la isla. Pero como ésta dependía de la importación continua de esclavos (al igual que en Brasil la población esclava nunca se llegó a reproducir de forma natural), era evidente que Cuba tendría que enfrentarse algún día a un futuro sin esclavos y que debían encontrarse fuentes alternativas de provisión de mano de obra. Algunos plantadores ya empezaban a argüir, sobre bases económicas, que de cualquier manera la contratación era preferible a la esclavitud; ello era así porque los precios de los esclavos durante los últimos veinte años se habían más que doblado. Se recurrió a gallegos, canarios, irlandeses e indios del Yucatán. Los inmigrantes que resultaron más satisfactorios fueron los chinos: unos 130.000 se introdujeron entre 1853 y 1872 en condiciones aún peores que las de los esclavos africanos, como lo demuestran los cuadros de mortalidad durante el viaje.

Los reformadores cubanos de los años sesenta mantuvieron buenas relaciones con dos capitanes generales de aquel tiempo: Francisco Serrano Domínguez (1859-1862) y Domingo Dulce y Garay (1862-1866). En 1865 se acordó que una comisión cubana fuera a Madrid a discutir la política que en el futuro se llevaría a cabo en la isla. Las elecciones del año siguiente se celebraron también por primera vez en Cuba, y si es verdad que para ser elector se debía ser propietario, hay que tener en cuenta que eran las mismas condiciones que se exigían en España. La Junta de Información de Madrid, que también incluía representantes puertorriqueños, discutió todos los aspectos de la reforma constitucional, así como el problema de la esclavitud. Los miembros cubanos creían que habían conseguido persuadir al gobierno español de la necesidad de efectuar un cambio constitucional, pero toda su labor se vino abajo cuando Madrid, en un nuevo golpe de fuerza, designó al intolerante Narváez como capitán general de la isla. Los reformadores regresaron a La Habana sin poder ofrecer ningún programa político con porvenir. La obtención de una reforma constitucional dentro del imperio español parecía una vía muerta, al igual que la anexión a la Unión.

Los reformadores cubanos que habían ido a Madrid eran demasiado educados para pensar en una rebelión independentista. Quizá estaban aún afectados por el recuerdo de las rebeliones haitianas de la década de 1790. De todas maneras, no iban a arriesgarse a provocar una crisis en la que inmediatamente perderían a sus esclavos, aunque, sin embargo, muchos pensaban en una extinción gradual de la esclavitud. Esta era también, con mayor razón, la actitud de los que eran muy ricos, los grandes señores de la Cuba decimonónica, quienes nunca habían pensado en otro cambio político que no fuera la anexión a los Estados Unidos. El pequeño número de los primeros sindicalistas, que especialmente se encontraban en los talleres tabacaleros, querían salarios más altos, mejores condiciones de trabajo y un horario más reducido, pero aún no tenían ideas claras sobre el futuro político de Cuba; sólo sabían que era una colonia española que vendía cigarros y tabaco a los Estados Unidos en gran cantidad. El único grupo de la comunidad cubana interesado en la rebelión eran los pequeños plantadores de caña y café de la zona oriental de la isla. Empobrecidos, preocupados por los grandes acontecimientos del mundo como sólo una clase plantadora provinciana puede estar, habían hecho poco dinero en las recientes cosechas, puesto que no tenían recursos para adquirir nueva maquinaria o nuevos esclavos; por otro lado, sus ingenios estaban demasiado lejos de La Habana (no había ferrocarriles ni carreteras hasta ellos) como para poder obtener con facilidad préstamos de los comerciantes habaneros. Algunos de los plantadores orientales habían anticipado la emancipación de sus esclavos, al dejarles que se ganaran un salario en tiempo de cosecha. Algunas familias tenían suficiente dinero para enviar a sus hijos a estudiar a Europa o a Estados Unidos; éstos volvían con la cabeza llena de ideas revolucionarias, molestos por las prácticas coloniales e irritados por la opresión colonial. Entre éstos, de modo particular entre los francmasones, se extendió entre 1867 y 1868 el espíritu de rebelión.

Carlos Manuel de Céspedes era un pequeño plantador azucarero de este tipo, aunque no era característico en un aspecto: gran parte de su juventud la había pasado en España, donde se implicó en actividades políticas que fracasaron. En 1868 convocó un mitin en su finca de la provincia de Oriente en la que románticamente suplicó a sus oyentes que tomasen el camino emprendido por Bolívar y San Martín en otros lugares de América Latina. Sin duda, poco hubiera conseguido el movimiento de Céspedes de no haber sido porque coincidió con un importante acontecimiento en España: estalló una revolución democrática, que supuso el derrocamiento de Isabel II, en septiembre de 1868. A continuación se produjo la rebelión de Puerto Rico. Por entonces, otro plantador cubano, Luis Figueredo, colgó a un perceptor de impuestos español en su finca e invitó a que se le denunciara como criminal. La rebelión cubana empezó cuando Céspedes liberó a sus esclavos y creó un ejército de 147 hombres en su propiedad «La Demajagua» el 10 de octubre. Su proclama, el «grito de Yara», recordaba la Declaración de Independencia estadounidense. Fue el principio de la guerra de los Diez Años (1868-1878), la primera guerra de independencia cubana.[2]

Hacia 1868 ya estaba establecido el modelo de la sociedad cubana que iba a prevalecer. La población de Cuba había adquirido la mayoría de sus características modernas: algo más de la mitad tenía origen español, algo menos de la mitad eran negros o mulatos, y además había un corto número de chinos, anglosajones, franceses y gente de otros países. Desde 1868 se ha mantenido la proporción, a pesar de la abolición de la esclavitud[3] y de la importante inmigración española que tuvo lugar en el primer cuarto del siglo XX. En la década de 1860 la industria azucarera era indudablemente la dominante; producía grandes cantidades de azúcar para un mercado mundial cada vez más voraz. Esta característica también se mantuvo. Toda la economía cubana giraba, como había hecho hasta entonces, en torno a la zafra. Pronto habría algunos cambios en la organización de la producción azucarera cubana, que se caracterizarían por un descenso del número de ingenios y un incremento de la extensión dedicada a la caña, consecuencia de la disponibilidad de acero barato con el que se construyeron líneas ferroviarias más largas y también de la competencia del azúcar de remolacha en la década de 1870. Ello provocó la decadencia de la vieja aristocracia criolla y su sustitución, a partir de 1900, por las compañías, las cuales a su vez fueron sustituidas por las fincas estatales después de 1960. Pero la posición del azúcar dentro de la economía nacional no varió mucho. Por último, dos generaciones de romántico flirteo con la idea de rebelión, en el exilio o en lugares secretos de La Habana, confirieron a la cultura nacional cubana un gran afecto (si no afectación) por el heroísmo y la revuelta.

Capítulo 6
LA INDEPENDENCIA DE BRASIL

A finales del siglo XVIII, Portugal era un país pequeño, atrasado económicamente y culturalmente aislado, en el extremo de Europa occidental, con escasos recursos naturales y con una modesta fuerza naval y militar, pero, al menos en apariencia, con una gran ventaja: un imperio mundial que se extendía por tres continentes, incluyendo la inmensa y potencialmente rica colonia de Brasil. Los territorios de Portugal en ultramar —en Asia, África y América, y sobre todo Brasil—constituían una fuente importante de rentas para la corona. Los impuestos sobre la producción, el consumo y el comercio doméstico, los monopolios del reino, las donaciones voluntarias (algunas más voluntarias que otras), y los derechos de importación y exportación, proporcionaban ingresos superiores a los que se necesitaban para administrar y sostener el imperio. Hasta donde le fue posible, Portugal mantuvo el monopolio del comercio dentro de su imperio. Y Lisboa y Oporto, además de ser los centros comerciales de los productos portugueses, servían de puerto para los bienes no portugueses que se exportaban a las colonias, así como para las importaciones de las colonias que se reexportaban al resto de Europa. Las reexportaciones brasileñas en particular —azúcar y algodón básicamente, a finales del siglo XVIII— eran esenciales para la balanza comercial de Portugal. Inglaterra, su principal socio mercantil, proveía a Portugal —e indirectamente a Brasil— de bienes manufacturados (principalmente textiles) a cambio de vinos, aceite de oliva y algodón brasileño. (El oro brasileño también fue un importante artículo del comercio anglo-portugués, legal e ilegal, durante las tres primeras cuartas partes del siglo XVIII). Inglaterra era además el garante de la independencia de Portugal y de la integridad del territorio del imperio portugués, de acuerdo con unos tratados que se remontaban a finales del siglo XIV.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII (es decir, durante los reinados de José I [1750-1777], María I [1777-1792] y desde 1792 —cuando doña María fue declarada incapaz mental— durante la regencia del príncipe João, el futuro João VI), Portugal, al igual que España bajo los Borbones, había evaluado su situación y la de su imperio. Sebastião José de Carvalho e Melo, marqués de Pombal, quien fue en realidad primer ministro, prácticamente dictador, durante todo el reinado de dom José I, y sus sucesores, en particular Martinho de Melo e Castro, secretario de Estado de la Marina y de los Territorios de Ultramar (1770-1795), y Rodrigo de Soussa Coutinho, más tarde conde de Linhares, secretario de Estado de la Marina y de los Territorios de Ultramar (1796-1801) y presidente del Tesoro Real (1801-1803), recibieron las influencias de las ideas «ilustradas» de la época, así como de su entorno político y económico. Iniciaron y pusieron en práctica una serie de medidas económicas y administrativas destinadas a superar el atraso cultural y económico de Portugal y a reducir su dependencia económica y política de Inglaterra. Se buscó modernizar la agricultura portuguesa; desarrollar las manufacturas, especialmente la industria textil; mejorar la educación; extender el comercio colonial; conservar una porción mayor de las ganancias del imperio; reducir el déficit de la balanza comercial; y, por encima de todo, incrementar los ingresos del Estado para atender los crecientes gastos gubernamentales, particularmente en defensa, tanto en Portugal como en el imperio.

Esto significó para el Brasil, en primer lugar, el establecimiento de mayores controles —y en alguna medida la centralización— de la administración. El Estado de Grão Pará e Maranhão, un Estado aparte desde 1621, se integró al ampliado Estado do Brasil en 1774 bajo un mismo virrey (cuya sede había sido trasladada de Salvador a Río de Janeiro en 1763). En la práctica, sin embargo, el virrey sólo tenía poderes restringidos fuera de la capitanía general de Río de Janeiro y sus capitanías subordinadas. Los gobernadores generales y gobernadores de las otras ocho capitanías generales —Grao Para (que incluía la capitanía subordinada de Rio Negro), Maranhão (incluyendo Piauí), Pernambuco (incluyendo Ceará, Rio Grande do Norte y Paraíba), Bahía (incluyendo Sergipe y Espirito Santo), Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, y Goiás— eran en su mayor parte directamente responsables ante Lisboa. La autoridad de los jueces de distrito y municipales de la corona (ouvidores y juízes de fora), quienes tenían funciones tanto judiciales como administrativas, fue fortalecida a expensas, por ejemplo, de los electos senados da cámara (concejos municipales). Y en particular se mejoraron los métodos para recaudar impuestos. Pero no existió nada parecido al sistema de intendencias que se introdujo en Hispanoamérica. En segundo lugar, el comercio colonial se liberalizó un poco, estrictamente dentro del marco del monopolio mercantilista. En 1766, se puso fin al sistema de frota entre Portugal, Bahía y Río de Janeiro; en 1778-1789, se suprimieron las compañías privilegiadas que se habían creado para comerciar con Grao Para y Maranhão y con Pernambuco y Paraíba en 1755 y 1759 (en reemplazo de las flotas de São Paulo y Recife); algunos de los monopolios estatales fueron abolidos. En tercer lugar, se hicieron grandes esfuerzos para estimular la producción para la exportación, con la esperanza de ampliar al mismo tiempo el mercado para las manufacturas portuguesas. (En 1785, por ejemplo, se reforzaron considerablemente las restricciones sobre las manufacturas locales, textiles en particular). Estas medidas eran algo urgentes ya que después de más de un siglo y medio de crecimiento y prosperidad basado en la agricultura de plantación —y en la minería de oro y diamante durante la primera mitad del siglo XVIII—, el tercer cuarto del siglo XVIII había sido para el Brasil un período de prolongada crisis económica. El noreste (Pernambuco y Bahía) había perdido su virtual monopolio de la producción mundial del azúcar a mediados del siglo XVII y, aunque el azúcar siguió siendo la principal cosecha comercial de Brasil, sus exportaciones se habían estancado un poco desde la década de 1680. La producción y exportaciones de oro y diamante de Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso decayeron abruptamente después de 1755.

Pombal y sus sucesores no consiguieron que la industria minera del interior se recuperara, pero en la década de 1780, en parte como resultado de sus esfuerzos, la zona costera de Brasil comenzó a gozar de un renacimiento agrícola.[1] Esta recuperación se vio reforzada a finales del siglo XVIII por la expansión constante del mercado de alimentos —el azúcar incluido— y de materias primas —especialmente algodón—, como resultado del crecimiento de la población, de la urbanización y de los inicios de la industrialización en Europa occidental. La Revolución francesa y sus consecuencias —y no en menor medida la sangrienta rebelión de los esclavos de la isla azucarera francesa de Saint-Domingue— afectaron seriamente a muchos de los competidores de Brasil y motivaron el alza mundial de precios para los productos del sector primario. Más aún, a diferencia de España —que desde 1796 hasta la crisis de 1808 estuvo efectivamente separada de sus colonias—, Portugal permaneció neutral hasta 1807 en las guerras que siguieron a la Revolución francesa y al ascenso de Napoleón, y así el comercio entre Portugal y sus colonias no se interrumpió gravemente. Las principales capitanías generales productoras de azúcar, Bahía y Pernambuco, recobraron, aunque sólo temporalmente, parte de su antigua prosperidad. También se exportaron crecientes cantidades de azúcar de la capitanía general de Río de Janeiro —donde Campos de Goitacazes y la vecindad rural de la misma capital eran los centros de producción (las exportaciones de azúcar de Río de Janeiro se duplicaron entre 1790 y 1807)— y de São Paulo. El algodón, producido ante todo en el norte (Maranhão y Ceará) y en Pernambuco pero ahora también en Río de Janeiro, se consolidó como el segundo cultivo de exportación de Brasil. Bahía siguió exportando tabaco y azúcar. Y nuevas exportaciones florecieron en diferentes partes de Brasil; por ejemplo: cacao en Para, arroz en Maranhão, Para y Río de Janeiro, trigo en Rio Grande do Sul. A finales de la década de 1790, se exportaban por primera vez significativas cantidades de café desde Río de Janeiro. (Las exportaciones de café de Río se multiplicaron por siete entre 1798 y 1807, indicio de los modestos comienzos del ciclo cafetero en la economía brasileña que duraría más de un siglo).

El crecimiento de las exportaciones agrícolas de Brasil, tanto en cantidad como en precio, durante el último cuarto del siglo XVIII, y más dramáticamente desde mediados de la década de 1790, fue la causa principal de la aparente prosperidad de Portugal a comienzos del siglo XIX. Los naturalistas alemanes, J. B. von Spix y C. F. P. von Martius, describieron a Lisboa como un escenario de «actividad y opulencia»; era, «después de Londres… la principal plaza comercial del mundo».[2] El comercio de Portugal con el resto del mundo arrojó excedentes durante todo el período 1791-1807, con la excepción de dos años, y de forma aún más notable, su comercio con Inglaterra estuvo en superávit desde 1798. Los productos brasileños, principalmente azúcar y algodón, representaban el 80 por 100 de las importaciones de las colonias portuguesas y el 60 por 100 de las exportaciones y reexportaciones de Portugal.[3] Ya en 1779 Martinho de Melo e Castro había reconocido que «sin Brasil, Portugal es una potencia insignificante». Veinticinco años más tarde la dependencia de Portugal de los recursos de Brasil era aún mayor. El crecimiento económico del Brasil entre 1780 y 1800, sin embargo, coincidió con, y fue en parte el resultado de, la Revolución industrial en Gran Bretaña y, especialmente, del desarrollo sin precedentes de las industrias británicas de textiles y siderúrgica. El creciente mercado brasileño no se surtía de bienes portugueses pero sí de manufacturas británicas, bien como antes a través de la comunidad de comerciantes británicos en Lisboa, o también, cada vez más en mayor escala, directamente de contrabando a través de los puertos brasileños, especialmente Río de Janeiro, a pesar de los esfuerzos de Portugal, con el apoyo de los comerciantes británicos residentes en Portugal, para evitar el comercio ilícito con Brasil. Desde la década de 1790, Portugal —una metrópoli subdesarrollada y dependiente— mantuvo una balanza comercial negativa con su más importante territorio de ultramar. Aquí debería añadirse que las fuerzas demográficas y económicas también se estaban moviendo en contra de Portugal. A finales del siglo XVIII, la población de Brasil (sin tener en cuenta a los indígenas que estaban fuera del control portugués) superaba los dos millones, aunque sólo el 30 por 100 eran blancos, y crecía a un ritmo superior que el de Portugal. Algunos cálculos la estimaron en 3-3,5 millones, efectivamente la población de Portugal en esta época. Evidentemente, la población de Brasil pronto sobrepasaría, si ya no lo había hecho, la de Portugal. «Una rama tan pesada», escribió Robert Southey en su Journal of a Residence in Portugal 1800-1801, «no puede aguantar tanto en un tronco tan podrido»[4].

Algunos historiadores consideran que las raíces de la conciencia nacionalista brasileña se encuentran a mediados del siglo XVII, en la derrota a los holandeses en 1654 —quienes ocuparon el noreste durante un cuarto de siglo— o aún antes, en las exploraciones de los bandeirantes de São Paulo en el interior del Brasil y los primeros conflictos con España en el Río de la Plata. Fue, sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XVIII cuando surgió en Brasil, así como en las colonias de Inglaterra y de España en el Nuevo Mundo, un sentimiento de identidad más agudo y generalizado entre algunos sectores de la oligarquía blanca americana, que en Brasil se componía principalmente de senhores de engenho (plantadores y molineros de caña de azúcar), grandes ganaderos y otros poderosos da terra, y, en menor medida, dueños de minas, comerciantes, jueces y burócratas. Una minoría de brasileños, aunque una minoría considerable, viajaba ahora a Europa donde recibían las influencias, aunque indirectamente, de un nuevo clima intelectual. Un número mayor de brasileños se educaba en Coimbra y en otras universidades europeas como Montpellier, Edimburgo y París. A pesar de los esfuerzos de la Junta de Censura en Lisboa, más y más libros se importaban a Brasil de Europa (y de Norteamérica) y pasaban a las bibliotecas privadas, algunos incluso podrían ya haberse leído. Como resultado del crecimiento económico, demográfico e intelectual de Brasil a finales del siglo XVIII, comenzaron a escucharse críticas en escala significante, primero, al sistema mercantilista y a las restricciones que imponía al comercio colonial y, por consiguiente, a la producción agrícola; en segundo lugar, a los impuestos excesivos; y por último, a la escasez y a los altos precios de los bienes manufacturados de importación. Y las exigencias de una política de liberalización más ambiciosa, que superara las medidas puestas en práctica por Pombal y sus sucesores, no se limitaron al campo económico. Unos cuantos liberales —en su mayoría intelectuales, abogados, burócratas y miembros del clero, aunque también algunos terratenientes y comerciantes— estaban dispuestos a desafiar el absolutismo portugués y a exigir por lo menos un mayor grado de autonomía política y participación brasileña en el gobierno.

Existía así en Brasil una conciencia creciente de los conflictos de interés con la metrópoli —económicos y políticos, reales y en potencia— y al mismo tiempo conciencia tanto del relativo atraso económico de Portugal vis à vis su más importante colonia como también de su debilidad política y militar. La corona portuguesa monopolizaba la legitimidad política y mantenía una importante función burocrática. Proporcionaba, sobre todo, estabilidad política y social. Su poder militar era, sin embargo, limitado. Aún en 1800, el ejército de Brasil consistía sólo en 2.000 soldados, tropas da linha o tropa paga, comparados, por ejemplo, con los 6.000 que había en Nueva España. Más aún, muchos de los oficiales eran oriundos de Brasil, miembros de prominentes familias de terratenientes y militares, y la mayoría de la soldadesca era reclutada en la colonia. Ninguna unidad completamente constituida de europeos fue acuartelada en Río hasta la década de 1760 y no existió ninguna en Bahía antes de 1818. Los oficiales de la milicia, el ejército de reserva en caso de ataque exterior o de rebelión de esclavos, eran en su mayoría terratenientes, y los soldados rasos, teóricamente, eran todos los hombres libres de una zona geográfica particular, excepto en las poblaciones principales donde la organización de la milicia se hacía de acuerdo con el color y la ocupación. La tercera formación militar, corpos de ordenanças (unidades territoriales), responsables del orden interno y del reclutamiento del ejército regular, también estaba dominada por la clase terrateniente brasileña.

El descontento por el control económico y político ejercido desde Lisboa y la hostilidad entre los nativos de Brasil y los portugueses residentes en esta colonia, quienes monopolizaban la mayoría de los altos cargos oficiales y quienes dominaban el comercio del Atlántico, adquirió, indudablamente, mayor extensión e intensidad a finales del siglo XVIII. Pero no debería exagerarse. Los brasileños mantenían lazos más estrechos con la metrópoli y tenían menos motivos de descontento que los criollos de la América española, y por muchas diferentes razones.

En primer lugar, la oligarquía brasileña estaba en su mayor parte menos firmemente arraigada. El poblamiento portugués de Brasil se había efectuado de un modo lento y gradual (en 1700, la población en las zonas de colonización no alcanzaba el medio millón de habitantes), y aunque desde luego había familias de terratenientes que podían trazar sus orígenes desde los donatários del siglo XVI, sobre todo en Bahía y Pernambuco, muchos de los principales terratenientes brasileños sólo eran brasileños de primera generación (o incluso oriundos de Portugal pero ya identificados con Brasil). En segundo lugar, el dominio colonial portugués no era ni mucho menos tan opresivo ni exclusivo como el español. Portugal era una potencia más débil con mayores limitaciones de recursos financieros, militares, y humanos. Se podía encontrar brasileños trabajando en todos los rangos medios y bajos de la burocracia, e inclusive en los cargos de magistrados de la corona y gobernado res, no sólo en Brasil sino en otras partes del imperio portugués, tales como Goa y Angola, y en el mismo Portugal habían accedido a altos puestos administrativos. En mucha mayor medida que España, Portugal gobernaba a través de una clase dominante local directamente comprometida si no en la formulación por lo menos en la puesta en práctica de las políticas; los atrincherados intereses coloniales rara vez eran desafiados. En tercer lugar, los lazos familiares y personales que existían entre los miembros de las élites portuguesa y brasileña se mantenían y reforzaban a través de una formación intelectual común —predominantemente en la Universidad de Coimbra. A diferencia de la América española, Brasil no tuvo universidades —ni siquiera imprentas— durante el período colonial. En cuarto lugar, a diferencia también de la América española (con la excepción de Cuba) donde los indígenas formaban el grueso de la mano de obra, Brasil era una sociedad esclavista. Los esclavos sumaban una tercera parte o más del total de la población y constituían el rasgo distintivo de la sociedad rural y urbana en todo Brasil. Otro 30 por 100 de la población lo constituían los mulatos y negros libres. En las zonas dedicadas a las plantaciones de monocultivo para la exportación —como en Mata de Pernambuco, el Recôncavo de Bahía, la región costeña de Maranhão y, de manera creciente hacia finales del siglo XVIII, en partes de Río de Janeiro— probablemente la mayoría de la población estaba conformada por esclavos. La minoría blanca vivía atemorizada por la amenaza de un levantamiento social y racial, y estaba dispuesta a llegar a acuerdos con la metrópoli y a aceptar el dominio colonial en aras del control social. En quinto lugar, a finales del siglo XVIII, la economía de Brasil era, como hemos visto, predominantemente agrícola y ganadera, y orientada además a la exportación. A diferencia de la mayoría de los hacendados hispanoamericanos, los senhores de engenho y demás plantadores de Brasil mantenían fuertes lazos con los comerciantes de la metrópoli, con el comercio del Atlántico y, a través de los puertos metropolitanos de Lisboa y Oporto, con los mercados europeos. Y la economía de exportación basada en la agricultura estaba creciendo durante el último cuarto del siglo XVIII, aún en auge en la década de 1790. Al mismo tiempo, los plantadores dependían del comercio transatlántico de esclavos —una empresa predominantemente portuguesa— para la obtención de mano de obra. Y, a su vez, los productores de carne, cereales, pieles, bueyes y mulas del sertão del noreste o en Rio Grande do Sul dependían fuertemente del sector de la agricultura de plantación. En comparación con las colonias españolas de América, la economía doméstica y el comercio interno eran de escala reducida. Y Brasil tenía pocas y pequeñas ciudades: en 1800 sólo Río de Janeiro y Salvador contaban con poblaciones de 50.000 habitantes. En sexto lugar, el monopolio comercial de Portugal era protegido con menos celo que el de España. Las manufacturas británicas constituían el grueso de las exportaciones portuguesas a Brasil —a través de Lisboa y, cada vez en mayor escala, también directamente.

Finalmente, el reajuste que hizo Portugal de sus relaciones políticas y económicas con sus colonias y la reorganización imperial que se llevó a cabo durante la segunda mitad del siglo XVIII no tuvieron el alcance de las reformas españolas y no significaron una amenaza directa para el statu quo ni para los intereses de la élite colonial. Por el contrario, muchos brasileños se beneficiaron del «renacimiento agrícola», de la confiscación de las propiedades de los jesuitas después de su expulsión en 1759 y de la expansión del comercio; y el crecimiento de la burocracia —y de la milicia— ofreció nuevas oportunidades para participar en los asuntos públicos. Lo cierto es que aunque Portugal y Brasil no lograron evitar del todo la «revolución democrática» y «la crisis del viejo sistema colonial» en el mundo del Atlántico durante la segunda mitad del siglo XVIII, sólo hubo dos conspiraciones significativas (escasamente tuvieron tiempo para convertirse en rebeliones) contra el dominio portugués en Brasil —la primera en Minas Gerais en 1788-1789 y la segunda en Bahía en 1798. (Otras dos conspiraciones —en Río de Janeiro [1794] y en Pernambuco [1801]— fueron desmanteladas en sus inicios).

La inconfidência mineira fue sin lugar a dudas el más serio de los movimientos antiportugueses de finales de siglo XVIII. Minas Gerais era una de las capitanías más importantes y pobladas de Brasil en la década de 1780, pero estaba sufriendo una seria recesión económica mientras se acomodaba a la caída de la industria minera desde mediados del decenio de 1750 y a la transición a una economía mixta de agricultura y ganadería. Era también una capitanía con una rica vida cultural e intelectual. Algunas de las personas más acomodadas e influyentes de la región —jueces de la corona, fazendeiros, mercaderes, recaudadores de impuestos, abogados, sacerdotes, oficiales del ejército— participaron en la conspiración. Eran en su mayoría brasileños, aunque algunos también eran portugueses. La justificación ideológica para la rebelión fue proporcionada por una generación brillante de intelectuales y poetas, muchos de los cuales habían estudiado en Coimbra y en Francia. (Una proporción extraordinariamente alta de brasileños educados en Coimbra en las décadas de 1770 y 1780 eran mineiros). La rebelión se inició como una protesta en contra de unas contribuciones fiscales crecientemente opresivas y torpemente impuestas —especialmente la recaudación atrasada del pago del quinto real sobre el oro, la derrama (un impuesto per cápita)— y por un sistema de recaudación de impuestos más eficiente y menos corrupto; pero pronto adquirió un carácter anticolonial dirigido a poner fin al dominio portugués en Minas Gerais y en Brasil. Sus líderes, inspirados en la revolución americana, soñaban con una «república tan libre y próspera como la América inglesa». La conspiración, sin embargo, fue un fracaso. Tras su descubrimiento, sus principales dirigentes fueron arrestados, juzgados, desterrados, y en el caso de Joaquim José da Silva Xavier (conocido como «Tiradentes», el Sacamuelas) condenado a la horca. Y es importante recordar que la inconfidência mineira no consiguió promover movimientos similares de independencia ni en São Paulo ni en Río de Janeiro, y muchos menos en Bahía o Pernambuco.

La conspiración que se llevó a cabo en Bahía diez años más tarde fue predominantemente urbana y dio lugar a un movimiento mucho más radical dirigido a provocar el levantamiento de los mulatos, los negros libres y los esclavos. Sus líderes eran en su mayoría artesanos (sastres en particular) y soldados. Un pequeño grupo de jóvenes brasileños, blancos y educados —de modo especial Cipriano Barata de Almeida— también estuvo involucrado en la conspiración. La influencia de la Revolución francesa fue aquí predominante. Los dirigentes de la rebelión aspiraban a la independencia política de Portugal, a un gobierno demócrata y republicano, y a la libertad de comercio, pero también propugnaban por la libertad, igualdad y fraternidad, así como por la abolición de la esclavitud y de toda forma de discriminación racial, en una capitanía donde un tercio de su población era esclava y dos terceras partes tenían origen africano. (En efecto, en la ciudad de Salvador la proporción en contra de los blancos era 5-1). La clase dominante de Bahía, sin embargo, no estaba dispuesta a escuchar las exigencias de cambios políticos. La insurrección de los affranchis (negros libres) y esclavos en Saint-Domingue había servido de severa advertencia a los dueños de esclavos en toda América de las consecuencias de la propagación de las ideas del liberalismo, las doctrinas de la igualdad y los derechos del hombre en las sociedades esclavistas —y el desafío al control metropolitano por parte de elementos revolucionarios entre la población blanca. El auge del azúcar y la generalizada prosperidad económica de la década de 1790, que por cierto fortaleció aún más su apego a la esclavitud y al comercio de esclavos, fue un poderoso incentivo adicional para que la oligarquía de Bahía tolerara las relaciones coloniales existentes. La «Rebelión de los Sastres» fue duramente reprimida con varias docenas de arrestos y castigos severos; cuatro líderes fueron ahorcados, arrastrados y descuartizados, y seis más fueron deportados al África no portuguesa.

A pesar de todo ello, las críticas al sistema colonial por parte de la élite blanca brasileña no habían amainado totalmente en la década de 1790. Los escritos económicos del obispo reformista de Pernambuco, José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho (1742-1821), por ejemplo, Memoria sobre o prego do assucar (1791), Ensaio economico sobre o commercio de Portugal e suas colonias (1794) y Discurso sobre o estado actual das minas do Brasil (1804), y las Cartas económico-políticas sobre a agricultura e comercio da Bahia de João Rodrigues de Brito (1807) son un recuerdo del considerable resentimiento que todavía existía en Brasil no sólo hacia las altas tasas de impuestos sino también hacia los privilegios y monopolios y las restricciones que pesaban sobre la producción y el comercio (especialmente relacionadas con el papel de Portugal como centro distribuidor de mercancías) en un período de expansión del mercado internacional y en los inicios de la Revolución industrial. Cualquiera que fuese la fuerza de los lazos que unían a Brasil con Portugal, existía ahora un conflicto fundamental de intereses, finalmente irreconciliable, entre colonia y metrópoli. Y para Portugal existía siempre el peligro que las exigencias de unos vínculos económicos más relajados desembocaran algún día también en exigencias de independencia política.

En esta coyuntura crítica, Portugal —a diferencia de España— tuvo la fortuna de mantenerse neutral frente a las guerras europeas, pero también le ayudó la calidad de su liderazgo político. El contraste entre Manuel Godoy —el corrupto e incompetente primer ministro de Carlos IV de España desde 1792— y dom Rodrigo de Sousa Coutinho —quien subió al poder en Portugal en 1796— difícilmente podría ser más acentuado. Sousa Coutinho tenía la determinación de oponerse a todo aquello que representaba la Revolución francesa —la conspiración de Bahía en 1798 fue, como se ha visto, firmemente reprimida— pero, por ejemplo, en su Memoria sobre os melhoramentos dos dominios na America (1798), reconoció la necesidad de un gobierno ilustrado y de reformas políticas y económicas para asegurar la continuidad de la lealtad de la oligarquía brasileña. Inglaterra ya había perdido sus colonias americanas. Francia estaba luchando para conservar Saint-Domingue. Y existían evidencias de una creciente resistencia y rebelión entre los criollos en diferentes partes de la América española. El gobierno portugués, por consiguiente, siguió tomando algunas importantes medidas de liberalización económica (los monopolios sobre la sal y la pesca de ballenas fueron abolidos en 1801) y nombrando brasileños, como Manuel Ferreira de Cámara y José Bonifacio de Andrada e Silva, en altos cargos de la administración metropolitana y colonial. Al mismo tiempo, Sousa e Coutinho fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta que las reformas sólo podrían retardar, y hasta podrían precipitar, lo inevitable. Además, las futuras relaciones de Portugal con Brasil estaban de alguna manera a merced de factores externos. Si Portugal era arrastrada a la guerra, en caso de una invasión por parte de Napoleón (y desde 1801 había indicios de que esto podría suceder), dom Rodrigo había recomendado, antes de su dimisión a finales de 1803, que en vez de correr el riesgo de perder Brasil, como resultado ya de una revolución interna o de la ocupación de una colonia rival, el príncipe regente dom João podría y debería como último recurso abandonar Portugal, trasladarse a Brasil y establecer «un gran y poderoso imperio» en Suramérica. Después de todo, Portugal no era «ni la mejor parte ni la más esencial de la monarquía».[5]

La idea de trasladar la corte portuguesa a Brasil no era novedosa. Había sido examinada en ocasiones anteriores, cuando la supervivencia de la monarquía se había encontrado en peligro, y aun en épocas menos críticas: por ejemplo, fue sugerido en 1738, por el gran estadista del siglo XVIII dom Luís da Cunha, sobre la base que Brasil contaba con mayores recursos naturales que Portugal y que Río de Janeiro estaba mejor ubicada que Lisboa para ser la metrópoli de un gran imperio comercial y marítimo. Desde luego que existió una enconada oposición a los planes de dom Rodrigo en 1803 por parte de los intereses creados en Lisboa —principalmente de los mercaderes en el comercio exterior y colonial y en menor medida de los fabricantes. Por otra parte, el gobierno británico, debido a una combinación de razones estratégicas y comerciales, estaba a favor del traslado portugués a Brasil frente a las circunstancias de una invasión francesa. Ya en 1801, lord Hawkesbury, secretario de Asuntos Exteriores británico, había dado instrucciones al embajador británico en Lisboa para que se hiciera saber que, de tomarse la decisión de irse a Brasil, Gran Bretaña estaba lista para «garantizar la expedición y coordinar con (el príncipe regente) los medios más eficaces para extender y consolidar sus dominios en Suramérica».[6]

Fue después de Tilsit (el 25 de junio de 1807) cuando Napoleón tomó finalmente la determinación de consolidar el régimen continental que había diseñado para destruir el comercio británico con Europa. El 12 de agosto de 1807, Napoleón emitió un ultimátum al ministro de Asuntos Exteriores portugués, Antonio de Araújo de Azevedo: el príncipe regente debía cerrar sus puertos a los barcos ingleses, encarcelar a los ingleses residentes en Portugal y confiscarles sus propiedades, o afrontar las consecuencias de una invasión francesa. Por un lado, si dom João cedía ante las amenazas francesas, George Canning, secretario de Asuntos Exteriores británico, a través de Percy Clinton Sydney Smythe —6.º conde de Strangford, un joven noble irlandés a cargo de la legación de Lisboa en ese momento—, amenazó con capturar y destruir la flota naval y mercantil en el Tajo (como ya había destruido en septiembre la flota danesa en Copenhague) y apoderarse de las colonias de Portugal, incluyendo Brasil, mientras que, por otro lado, Canning prometió renovar los compromisos británicos de defender la Casa de Braganza y sus dominios contra ataques externos si el príncipe regente se mantenía firme. Y mediante un acuerdo secreto de octubre de 1807, Canning ofreció protección británica en el evento de que el príncipe regente decidiera retirarse temporalmente a Brasil. Desde el punto de vista británico, esto sería lo más satisfactorio: no sólo se lograría mantener así a la corte portuguesa y la flota portuguesa, y para el efecto Brasil, lejos del alcance de Napoleón, sino que también podría esperarse que Brasil se abriera directamente al comercio británico, en un momento crítico cuando los productos británicos habían sido excluidos de Europa y se les amenazaba con excluirles de Norteamérica, y los mercaderes británicos habían sufrido recientemente lo que parecía un duro revés en el Río de la Plata (la derrota de la invasión británica de 1806-1807). Brasil era de suyo un importante mercado; también era un camino conveniente hacia Hispanoamérica.

Por algún tiempo, dom João intentó satisfacer a Napoleón mediante la adopción de unas medidas antibritánicas sin enemistarse del todo con Gran Bretaña para evitar así una alternativa agonizante. A comienzos de noviembre, sin embargo, dom João tuvo conocimiento de que el general Junot había partido de Bayona con 23.000 hombres y se dirigía hacia Portugal. El 16 de noviembre, Gran Bretaña cerró el cerco cuando una flota británica bajo el mando del almirante real sir Sidney Smith arribó al Tajo. El 23 de noviembre se recibieron noticias de que cuatro días antes el ejército francés había cruzado la frontera portuguesa con España y que sólo se encontraba ahora a cuatro días de marcha forzada de Lisboa. Al día siguiente, dom João tomó la decisión de abandonar el reino que no podía conservar a no ser como vasallo de Francia (en efecto, la supervivencia de la Casa de Braganza estaba puesta en serias dudas), y retirarse, cruzando el Atlántico, a su colonia más importante. Para la población local, la decisión de trasladar la corte a Brasil fue una cobarde deserción, una fuga desordenada e ignominiosa, un sauve-qui-peut. Es evidente que dom João se vio forzado a ello, y hubo elementos de confusión, incluso de farsa. Pero, como se ha visto, fue también una maniobra política inteligente, muy premeditada, y planeada con cuidado durante el intervalo entre el ultimátum de Napoleón y la invasión de Junot. Entre la mañana del 25 de noviembre y la tarde del 27 de noviembre, de diez a quince mil personas —el príncipe regente dom João y una docena de miembros de la familia real (incluyendo su madre, la demente reina María, su esposa la princesa Carlota Joaquina, hija de Carlos IV de España, sus hijos dom Pedro, de 9 años, y dom Miguel), los miembros del Consejo de Estado, ministros y consejeros, jueces de la corte suprema, funcionarios del Tesoro, los altos rangos del ejército y la marina, la jerarquía de la Iglesia, los miembros de la aristocracia, burócratas, profesionales y hombres de negocio, varios centenares de cortesanos, sirvientes y pegotes, una brigada armada de 1.600 hombres y una miscelánea de ciudadanos que por varios medios lograron conseguir pasaje— se embarcaron en el buque insignia Principe Real, en otros ocho navíos de línea, ocho barcos de guerra más pequeños y treinta veleros mercantes portugueses. También iba a bordo parte del tesoro real —platería, joyas, dinero contante, y toda clase de bienes muebles—, los archivos del gobierno, en efecto todos los avíos del gobierno, una imprenta y varias bibliotecas, incluyendo la Biblioteca Real de Ajuda, la que serviría de base para la Biblioteca Pública, más tarde Biblioteca Nacional, de Río de Janeiro. Tan pronto como los vientos fueron favorables, el 29 de noviembre (el día anterior a la llegada de Junot), los barcos levantaron anclas, descendieron por el Tajo e iniciaron la travesía del Atlántico hacia Brasil —escoltados por cuatro navíos de guerra británicos. Un jefe de Estado europeo, con toda su corte y con todo su gobierno, se encontraba emigrando a una de sus colonias; fue un acontecimiento único en la historia del colonialismo europeo. Aunque exagerando mucho el papel que él y el almirante sir Sidney Smith habían representado en persuadir a dom João para que se marchara (el príncipe regente ya se encontraba a bordo cuando se le ofreció el auxilio británico), lord Strangford escribió, no exento de razón, «yo le he dado a Inglaterra el derecho de establecer con Brasil la relación de soberana y súbdito, y de exigirle la obediencia que debe como precio de la protección».[7]

El viaje fue una pesadilla: la flota se dividió a causa de una tormenta; el grupo real sufrió de congestionamiento, falta de alimentación y bebida, piojos (las damas tuvieron que cortarse los cabellos), e infecciones; se improvisaron nuevos vestuarios con sábanas y mantas proporcionadas por la marina británica. Aun así, la travesía se llevó a cabo con buen éxito y el 22 de enero de 1808 la realeza fugitiva arribaba a Bahía, donde le esperaba un cálido recibimiento: fue la primera vez que un monarca reinante pisaba el Nuevo Mundo. Dom João rehusó una oferta para establecer su residencia en Salvador y después de un mes partió hacia Río de Janeiro, donde llegó el 7 de marzo y recibió otra cálida bienvenida, debería anotarse, por parte de la población local.

Cualesquiera que fuesen las conclusiones sobre la condición política y económica de Brasil, sus relaciones con la madre patria y los proyectos de su futura independencia desde de 1808, no existen dudas sobre el profundo impacto que tuvo en Brasil, y especialmente en Río de Janeiro, el arribo de la corte portuguesa. Capital del virreinato desde 1763 y con una importancia económica cada vez mayor a partir de finales del siglo XVIII, Río de Janeiro se convirtió de la noche a la mañana en la capital de un imperio mundial que se extendía hasta los confines de Goa y Macao. Entre abril y octubre de 1808, se instalaron allí las principales instituciones del Estado absolutista portugués, incluidos el Conselho de Estado, el Desembargo de Paco (la Corte Suprema), la Casa de Supplicação (Corte de Apelaciones), el Erario Real, el Conselho da Real Fazenda, la Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navigação y el Banco do Brazil. Brasil ahora era gobernada desde Río, y no desde Lisboa, aunque por supuesto el gobierno estaba en manos de la misma gente, toda portuguesa: el príncipe regente, sus ministros (en especial, dom Rodrigo de Sousa Coutinho, conde de Linhares, ahora ministro de Asuntos Exteriores y de Guerra, y con mucha diferencia el ministro más influyente hasta su muerte en 1812), el Consejo de Estado, los más altos cargos de la justicia y la burocracia. La ausencia de brasileños era significativa. Se dejó la administración provincial y local en manos de los gobernadores de capitanía y jueces nombrados por la corona (muchos de ellos brasileños), aunque la misma presencia del rey portugués y del gobierno portugués —en lugar del virrey— en Río de Janeiro aseguraron un mayor grado de centralización del poder.

«Portugal era (ahora) la colonia, Brasil la metrópoli», así resumió los eventos de 1807-1808 el historiador portugués del siglo XIX, J. P. Oliveira Martins. Los historiadores modernos de Brasil hacen referencia a estos sucesos como la metropolización de la colonia. Es evidente que la relación entre la colonia y la madre patria se había alterado sustancialmente. Estrictamente hablando, Brasil no era ya una colonia. Pero tampoco era un país independiente ni podía controlar su propio destino. Sin embargo, el traslado de la corte portuguesa a Río ha sido considerado generalmente como una de las más importantes etapas en la evolución de Brasil hacia la independencia ya que, como veremos, probó ser imposible restaurar el statu quo ante.

Quizá aún de mayor significado que el establecimiento del gobierno metropolitano en Río —porque resultaría incluso más difícil de modificar— fueron la finalización del monopolio sobre el comercio colonial, que había durado 300 años, y la eliminación de Lisboa como centro comercial de las exportaciones e importaciones brasileñas. Durante su breve estancia en Bahía —en efecto a la semana de haber llegado—, dom João había abierto los puertos de Brasil al comercio directo con las naciones amigas, por medio de la Carta Regia de 28 de enero de 1808. Esta medida la tomó siguiendo los consejos de, entre otros, Rodrigo de Sousa Coutinho, dom Fernando José de Portugal e Castro, el futuro marqués de Aguiar, un consejero de Estado quien había sido recientemente virrey (1801-1806) y que llegaría a ser ministro del Interior y ministro de Finanzas en el nuevo gobierno de Río, el conde de Ponte, gobernador de la capitanía de Bahía, quien sólo un año antes había emprendido un estudio de la opinión de los plantadores bahianos sobre la situación económica, y José de Silva Lisboa (1756-1835), futuro vizconde de Cairú, natural de Bahía y licenciado en Coimbra, un distinguido especialista en política económica y autor de Principios de Economía Política (1804), obra que había recibido la marcada influencia de los escritos de Adam Smith. El príncipe regente contaba, sin embargo, con pocas alternativas —y según algunas evidencias la apertura de los puertos era considerada como una medida de carácter temporal. Los almacenes de depósito de Bahía estaban repletos de azúcar y tabaco que de otra forma no podrían exportarse. Los puertos portugueses se encontraban cerrados como resultado de la ocupación francesa y del bloqueo británico. Además, las finanzas gubernamentales dependían del comercio exterior y de los derechos de importación. La legalización del comercio de contrabando capacitaría al gobierno para controlarlo y gravarlo con impuestos. De todas maneras, Gran Bretaña esperaba que el gobierno portugués abriese los puertos brasileños al comercio británico directo ahora que Portugal se hallaba ocupada por los franceses. Era parte del acuerdo secreto de octubre de 1807, el precio de la protección británica.

Así, casi por casualidad, dom João se identificó inmediatamente de su llegada a Brasil con los intereses de los grandes terratenientes brasileños y concedió lo que los críticos del viejo sistema colonial habían exigido con mayor afán. (En abril, dom João revocó también todos los decretos que establecían prohibiciones a las manufacturas de las colonias, en especial a la manufactura de textiles, eximió a las materias primas para la industria del pago de impuestos de importación, promocionó la invención o la introducción de nueva maquinaria y ofreció subsidios a las industrias de algodón, lana, seda y a la siderúrgica). La apertura de los puertos al comercio exterior provocó una lluvia de protestas por parte de los intereses portugueses tanto en Río como en Lisboa y, en respuesta (aunque también para facilitar la administración de las aduanas), dom João restringió el comercio exterior a cinco puertos —Belém, São Luís, Recife, Bahía y Río de Janeiro— y restringió el comercio de cabotaje brasileño y el comercio con el resto del imperio portugués a los veleros portugueses, mediante decreto del 11 de junio de 1808. También discriminó en favor de la marina mercante portuguesa al reducir los aranceles —del 24 por 100, como habían sido fijados en enero, al 16 por 100— en caso de que los bienes se transportaran en navíos portugueses. No obstante, se había establecido el principio básico de la libertad de comercio.

En la práctica, por lo menos hasta que la guerra concluyó, el comercio directo con todas las naciones amigas se identificó con Inglaterra. Tal como Canning lo había previsto, Río de Janeiro se convirtió en «un emporio para los productos británicos destinados al consumo de toda Suramérica»[8] —no sólo Brasil sino también el Río de la Plata y la costa pacífica de Hispanoamérica. Ya en agosto de 1808, entre 150 y 200 comerciantes y agentes comisionistas conformaban la floreciente comunidad inglesa en Río de Janeiro. Un comerciante que arribó allí en junio —John Luccock, socio de la firma de Lupton’s en Leeds, quien se quedó por diez años y en 1820 publicó sus Notes on Rio de Janeiro and the southern parís of Brazil, una de las primeras descripciones completas de la zona sur-central de Brasil y especialmente de la transformación económica que tuvo lugar en y alrededor de la capital en los años posteriores a 1808— encontró la ciudad «atiborrada de telas, artículos de loza y ferretería, y vestuarios (ingleses)».[9] Se ha calculado que el valor total de las exportaciones inglesas a Brasil en 1808 sumaron más de 2 millones, una cifra no igualada en diez años. El número de barcos que arribó a Río en 1808 fue cuatro veces superior que el de 1807; la mayoría de ellos británicos. Las exportaciones brasileñas de azúcar, algodón y café que siguieron creciendo después de 1808 —y los precios de los productos básicos fueron altos durante toda la duración de la guerra— eran ahora transportadas en su mayoría a Europa en barcos ingleses.

Gran Bretaña, sin embargo, no se contentó con tener un comercio de puertas abiertas con Brasil. Aspiraba también a la clase de derechos preferenciales que había disfrutado en Portugal durante siglos. Y dom João no podía rechazar ni esta ni otras exigencias: dependía por completo de las tropas y del armamento británicos para derrotar a los franceses en Portugal y de la armada inglesa para la defensa de Brasil y del imperio portugués en ultramar. Lord Strangford, quien en calidad de ministro británico había acompañado al príncipe regente a Río, consiguió finalmente que dom João firmara en febrero de 1810, después de largas negociaciones, un tratado de navegación y comercio y otro tratado de alianza y amistad. El tratado comercial estableció un arancel ad valorem máximo del 15 por 100 para los productos británicos que se importaran a Brasil —básicamente telas de algodón, paños, linos, loza y herramientas. (Un decreto de 18 de octubre de 1810 rebajó las tarifas a las importaciones portuguesas del 16 al 15 por 100, pero esta medida no pudo hacer nada para restaurar el comercio portugués con Brasil, que durante 1809-1813 descendió un 30 por 100 de los niveles alcanzados en 1800-1804. El único comercio con Brasil aún bajo el dominio portugués era el tráfico de esclavos desde el África portuguesa. Al mismo tiempo las ya baratas mercancías británicas se abarataron aún más, y socavaron así en gran medida los esfuerzos realizados después de 1808 para establecer industrias brasileñas). Huelga decir que Gran Bretaña no estableció medidas recíprocas, y no rebajó los impuestos de aduana, prácticamente prohibitivos, que pesaban sobre el azúcar y el café brasileños —aunque no sobre el algodón en rama— destinados al mercado británico. En 1810, el príncipe regente también concedió oficialmente a los comerciantes británicos el derecho a residir en Brasil y a ocuparse en las actividades de comercio, tanto mayorista como minorista. Además, el gobierno británico obtuvo el derecho de nombrar judges conservators, es decir, magistrados especiales encargados de asuntos que concerniesen a los súbditos británicos en Brasil.

De acuerdo con el artículo 10 del tratado de alianza, el príncipe regente se comprometió por primera vez internacionalmente a reducir y eventualmente acabar con el tráfico de esclavos. En abril de 1807, a las tres semanas de haberlo abolido ella misma, Gran Bretaña había invitado a Portugal a que siguiera su ejemplo —no es de sorprender que no hubiese tenido éxito. Las nuevas circunstancias de la residencia del príncipe regente en Brasil ofrecían a Gran Bretaña una oportunidad para extraer también concesiones en este campo. El príncipe regente se vio obligado a limitar, como un primer paso, el tráfico portugués de esclavos a los confines de sus propios dominios, es decir, a no permitir que los mercaderes portugueses se hicieran cargo del comercio que los británicos debían ahora abandonar, y a prometer su gradual abolición. Las presiones británicas para que se diera cumplimiento a este último compromiso serían en adelante inflexibles.

El traslado de la corte portuguesa a Río de Janeiro en 1808 no sólo abrió la economía brasileña sino que terminó asimismo con el aislamiento cultural e intelectual de Brasil. Nueva gente y nuevas ideas llegaron a Brasil. En mayo de 1808 se estableció por primera vez una imprenta en la capital (seguida de otras más en Salvador en 1811 y Recife en 1817); y comenzaron a publicarse libros y periódicos. Se inauguraron bibliotecas públicas, academias filosóficas, científicas y literarias, escuelas y teatros. Entre 1808 y 1822, además de 24.000 inmigrantes portugueses (incluidos los familiares y dependientes de quienes ya se encontraban allí), en sólo Río de Janeiro se registraron 4.234 inmigrantes extranjeros, sin contar a sus esposas, hijos y sirvientes. Había 1.500 españoles, en especial de la América española, 1.000 franceses, 600 ingleses, 100 alemanes, y el resto de otros países europeos y de Norteamérica.[10] En su mayoría eran profesionales y artesanos: médicos, músicos, farmacéuticos; sastres, zapateros, panaderos, etc. La población de Río de Janeiro se duplicó de 50.000 a 100.000 habitantes, durante el período de residencia de dom João.

El gobierno portugués en Río recibió con agrado y facilitó viajes de visita a eminentes científicos, artistas y viajeros extranjeros —los primeros desde la ocupación holandesa del noreste de Brasil en las décadas de 1630 y 1640. John Mawe, el naturalista y minerólogo inglés y autor de la obra clásica Travels in the interior of Brazil (1812), fue el primer extranjero a quien se le permitió oficialmente visitar las zonas mineras de Minas Gerais, entonces ya en notoria decadencia. Henry Koster, quien había nacido en Portugal, hijo de un comerciante de Liverpool, fue a Pernambuco en 1809 por razones de salud y fuera de sus breves visitas a su tierra permaneció allí hasta su muerte en 1820; su Travels in Brazil (1816) está considerada como una de las descripciones más penetrantes del noreste brasileño. En marzo de 1816, una misión de artistas franceses llegó a Río. Incluía al arquitecto Auguste-Henry-Victor Gradjean de Montigny, quien diseñó la Academia de Belas Artes y muchas otras edificaciones imponentes en la capital, y los pintores Jean-Baptiste Debret (1768-1848) y Nicolas-Antoine Taunay (1755-1838), cuyos dibujos y acuarelas dejaron una importante impresión del paisaje y de la vida diaria de Río en el siglo XIX, así como el compositor Sigismund von Neukomm (1778-1858), discípulo de Haydn. Otros dos franceses, Louis-François de Tollenare y el botánico Auguste de Saint-Hilaire, escribieron destacados relatos de sus viajes por diferentes partes de Brasil entre 1816 y 1822. La geografía brasileña, sus recursos naturales, flora y fauna —y los indígenas brasileños—, fueron también el objeto de estudio de un número de eminentes exploradores y científicos alemanes —en especial Barón von Eschwege, George Freyreiss, Frederick Sellow, Maximilian von Wied-Neuwied, Johann Baptist Pohl y la gran pareja del zoólogo Johann Baptist von Spix y el botánico Carl Frederick Philip von Martius— muchos de los cuales visitaron Brasil bajo el mecenazgo de la princesa Leopoldina de Habsburgo, hija del emperador de Austria, quien se había casado con el hijo mayor de dom João, dom Pedro, en 1817. Gracias a la princesa Leopoldina, también visitó Brasil el pintor austríaco Thomas Ender (1793-1875). Otro artista notable, Johann-Moritz Rugendas (1802-1858), llegó primero a Brasil en 1821 con la misión científica de Mato Grosso y Para dirigida por el conde Georg Heinrich von Langsdorff.

Generalmente se había esperado que, tras la liberación de Portugal y el fin de la guerra en Europa, el príncipe regente regresaría a Lisboa. En septiembre de 1814, lord Castlereagh, entonces secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, envió al contralmirante sir John Beresford a Río de Janeiro con dos navíos de alto bordo y una fragata para que condujeran a dom João de regreso a casa. A su arribo a fines de diciembre de 1814, Beresford puso el HMS Achules a disposición del príncipe regente para su viaje de retorno. Pero dom João había disfrutado su residencia en Brasil. No era simplemente un rey en el exilio; dom João había traído consigo todo el aparato del Estado portugués, así como a varios millares de miembros de la clase gobernante portuguesa, muchos de los cuales, aunque de ninguna manera todos, habían echado raíces en Brasil y se negaban a regresar. Frente a consejos contrapuestos, dom João se mostró indeciso, como de costumbre. Finalmente, prestó atención a Araújo de Azevedo, conde de Barca, su primer ministro (1814-1817), y decidió permanecer en Brasil. Y el 16 de diciembre de 1815 Brasil fue elevada a la categoría de reino, al igual que Portugal. Para algunos historiadores, esta fecha, y no el arribo de la corte portuguesa en 1808, marca el fin de la condición colonial de Brasil. Tres meses después, al morir su madre, el príncipe regente pasó a ser el rey João de Portugal, Brasil y Algarves. La experiencia de una monarquía dual luso-brasileña con su centro en el Nuevo Mundo estaba, sin embargo, condenada al fracaso. Dom João fue incapaz de comprometerse totalmente con Brasil. La corte y el gobierno portugueses se mantuvieron del lado de la comunidad portuguesa en Brasil y conscientes también de sus intereses, así como, en última instancia, de los propios intereses de Portugal. A la vez, las tendencias demográficas que tanto habían favorecido a Brasil a expensas de Portugal en el período anterior a 1808 se vieron reforzadas por las diferencias de sus respectivos destinos desde dicho año. Los conflictos fundamentales entre brasileños y portugueses no fueron, ni podrían ser, resueltos.

Es verdad que, por un lado, los lazos entre la corona y la élite terrateniente brasileña se habían fortalecido después de 1808, ya que ambos encontraron un interés común en el librecambio. En particular, tanto Río de Janeiro, en realidad la región sur-central en su conjunto, como Bahía bajo la gobernación «ilustrada» del conde de Arcos (1810-1818) habían visto crecer sus exportaciones de azúcar, algodón y, en el caso de Río, de café, aunque durante la posguerra los precios internacionales, especialmente del algodón (tras el crecimiento de la producción en Estados Unidos) y del azúcar (con la aceleración de la producción cubana), comenzaron a descender. Pero la política económica de la monarquía no estaba aún completamente libre de privilegios y monopolios mercantilistas irritantes, ya que dom João hacía lo que podía para proteger los intereses de los comerciantes portugueses residentes en Brasil y en Portugal. Además, los brasileños sabían en el fondo que todavía existía la posibilidad de que se restaurase su condición colonial, y se perdiesen todos los logros posteriores a 1808, si dom João tomara la decisión de regresar a Lisboa.

Del lado político, el absolutismo ilustrado había probado ser razonablemente tolerable para la élite brasileña, ya que dom João gobernaba ahora en armonía con sus intereses y promovía el crecimiento y desarrollo de Brasil, mientras que al mismo tiempo garantizaba el orden político y social. A diferencia de Hispanoamérica, donde, tras la remoción de la monarquía española por Napoleón en 1808, no había rey a quien obedecer, en Brasil no había habido crisis de legitimidad política. Y Brasil, después de todo, había conquistado igual rango político que Portugal en 1815. Además, dom João había hecho buen uso del poder de conceder títulos nobiliarios no hereditarios —barones, condes, vizcondes y marqueses— y condecoraciones de distinto grado en las cinco Ordenes de Christo, São Bento de Aviz, São Tiago, Tôrre e Espada y Nôssa Senhora de Conceiçao, tanto a los brasileños como a los portugueses continentales (y extranjeros), es decir, ofreció ascensos de rango social como recompensa a la lealtad hacia la corona. En el fondo, sin embargo, acechaban las aspiraciones políticas liberales y, aún más acérrimas, antiportuguesas. Con el gobierno portugués absolutista en Río, se sintió más de cerca el dominio metropolitano. El camino hacia alguna forma limitada de poder compartido se había cerrado. La discriminación en favor de los portugueses fue más pronunciada ahora que su número se había incrementado. La carga fiscal fue también más pesada ya que los brasileños estaban ahora obligados a mantener solos la corte y una mayor nómina burocrática y militar. Además, los brasileños se vieron llamados a pagar por las ambiciones dinásticas de dom João y de su esposa Carlota Joaquina (así como por los intereses de los estancieiros del sur de Brasil) en el Río de la Plata. Las revoluciones de independencia en Hispanoamérica, y especialmente la lucha entre Artigas y Buenos Aires, le habían ofrecido a Portugal la oportunidad de recobrar el control sobre Colonia do Sacramento, la que finalmente había sido cedida a España en 1778 tras un siglo de conflictos. Ya en 1811 tropas portuguesas habían cruzado la frontera española, pero entonces se habían retirado. En abril de 1815, lord Strangford, quien había jugado una influencia moderadora, partió de Río hacia Londres. Y pronto las tropas portuguesas que quedaron libres de la guerra en Europa comenzaron a llegar a Brasil. En junio de 1816, una flota portuguesa y 3.500 hombres zarparon de Río hacia el Río de la Plata, y en enero de 1817 el general Lecor ocupó Montevideo. (En julio de 1821, toda la Banda Oriental —hoy Uruguay— se incorporó a Brasil como la provincia Cisplatina).

Hubo otros ejemplos de sacrificios de los intereses brasileños en beneficio del Estado portugués por parte del gobierno en Río. Entre ellos, el más obvio fue el tratado comercial angloportugués, pero también los varios tratados con Inglaterra para la abolición del tráfico transatlántico de esclavos. Por algún tiempo, la armada británica malinterpretó el tratado de 1810 —que estipulaba la restricción del comercio portugués de esclavos a los territorios portugueses— mientras consideró que tal tráfico era ilegal al norte del ecuador. Así, hasta 1813, cuando se les impidió seguir haciéndolo, los barcos de guerra británicos capturaron varios buques negreros portugueses. Comerciantes de Pernambuco y Bahía, dedicados al tráfico de esclavos, sufrieron fuertes pérdidas, y los precios de los esclavos se incrementaron. En el congreso de Viena, Portugal finalmente acordó, por medio del tratado de enero de 1815, proscribir su comercio al norte del ecuador a cambio de una indemnización económica, y reiteró su decisión de poner fin gradualmente al tráfico de esclavos que, en febrero de 1815, había sido declarado «repugnante a los principios de la humanidad y a la moralidad universal» por ocho potencias (incluida Portugal). Para los propietarios de esclavos de Brasil lo peor estaba por venir. En julio de 1817, el conde de Palmella, ministro de Portugal en Londres, firmó un acuerdo adicional al tratado de 1815: se le dio a la armada británica el derecho de abordar e inspeccionar en alta mar los veleros portugueses sospechosos de tráfico ilícito al norte del ecuador, y se estipuló la creación de una comisión mixta angloportuguesa para que juzgara las capturas y liberara a los esclavos. Nuevamente Portugal prometió promulgar y hacer cumplir leyes contra el tráfico de esclavos y avanzar hacia la abolición definitiva de dicho comercio. Hubo resistencias, sin embargo, a presiones diplomáticas en búsqueda de mayores concesiones, y el tráfico de esclavos brasileño, lícito al sur del ecuador pero ilegal hacia el norte, siguió supliendo las necesidades de mano de obra de Brasil. El comercio de esclavos creció de un número anual de 15-20.000 a comienzos del siglo XIX a 30.000 por año en los comienzos de la década de 1820. No obstante, a muchos brasileños les pareció el principio del fin del tráfico y, por consiguiente, para ellos los portugueses habían agotado un interés vital brasileño.

Aunque indudablemente existió, y quizá estaba aumentando, el descontento brasileño hacia el régimen portugués, que ahora parecía haberse instalado definitivamente en Río de Janeiro, no debería exagerarse. Aún no existían fuertes demandas, ni mucho menos generalizadas, de cambios políticos. La crítica más persistente al absolutismo portugués y al sistema político impuesto en Brasil provino de Hipólito José da Costa, quien entre junio de 1808 y 1822 publicó en Londres un periódico liberal sumamente influyente —el Correiro Brasiliense. Sólo hubo una franca rebelión, y ésta se produjo tanto contra la subordinación política —y fiscal— a Río como contra el propio dominio portugués. No obstante, en marzo de 1817, una revuelta militar a la que se unieron plantadores y dueños de esclavos —cuyos ingresos económicos habían mermado a consecuencia de bajas en las exportaciones de azúcar y aldogón y los altos precios de los esclavos—, algunos comerciantes prósperos, jueces de la corona y sacerdotes, así como moradores (pequeños granjeros inquilinos y colonos), y artesanos, desembocó en la proclamación de la república de Pernambuco. La «ley orgánica» de la república incluyó la tolerancia de cultos y la «igualdad de derechos», pero defendía la propiedad y la esclavitud. La rebelión se propagó rápidamente a Algoas, Paraíba y Rio Grande do Norte. Pero después vaciló. Sufrió en buena medida divisiones internas. Gran Bretaña, tras haber asegurado la apertura de los puertos brasileños, favorecía la estabilidad y unidad de Brasil, y se negó a reconocer la nueva república. Dos navíos mercantes convertidos en barcos de guerra bloquearon Recife desde el mar. Finalmente, se congregó un ejército procedente de Bahía —que permaneció leal bajo la gobernación de Arcos— y de Río de Janeiro, y el 20 de mayo de 1817 los rebeldes se rendían. La república del noreste había durado dos meses y medio. El resto de Brasil permaneció tranquilo. Sin embargo, la revolución de 1817 había revelado la existencia de ideas liberales y nacionalistas, incluso dentro del ejército. Se trajeron ahora tropas de Portugal para guarnecer las principales ciudades y, dentro de las unidades ya existentes, por ejemplo en Bahía, los portugueses recibieron a menudo promociones por encima de los brasileños. La rápida evolución de las revoluciones de independencia en ambos extremos de la Suramérica española sirvió de advertencia a los portugueses, cuyo régimen dio señales de volverse más represivo. Thomaz A. Villa Nova Portugal (1817-1820) fue ciertamente el más reaccionario y proportugués de todos los primeros ministros de dom João durante su residencia en Brasil.

La independencia de Brasil fue precipitada, después de todo, por los acontecimientos que tuvieron lugar en Portugal en 1820-1821. El 24 de agosto de 1820, estalló en Oporto una rebelión liberal y nacionalista, seguida de otra en Lisboa el 15 de octubre. Provocadas por los militares, recibieron el apoyo de muchos sectores de la sociedad portuguesa, pero especialmente de la burguesía, profundamente insatisfecha con las condiciones económicas y políticas de Portugal tras la guerra. El monarca absolutista João VI seguía en Río de Janeiro, al parecer insensible a los problemas de Portugal; los papeles de la metrópoli y la colonia se habían invertido. Ante la continua ausencia de dom João, el gobierno de Portugal estaba en manos de un Consejo de Regencia presidido por un inglés, el mariscal Beresford, quien después de la guerra permaneció como comandante en jefe del ejército portugués. El comercio portugués con Brasil se había recuperado un poco durante el período posterior a la guerra, pero estaba aún muy lejos de los niveles alcanzados antes de 1808. Los terratenientes, fabricantes, comerciantes, exportadores, e incluso la mayoría de los portugueses —cuyo bienestar económico, como hemos visto, había dependido tanto de la posición monopólica que Portugal gozó hasta 1808 en el comercio con Brasil, y en el comercio de reexportación de los productos coloniales brasileños—, siguieron sufriendo grandes dificultades económicas (aunque la decadencia económica de Portugal no se debió del todo a la «pérdida» de Brasil). Además, sin ingresos procedentes de Brasil y sin el comercio brasileño, el presupuesto portugués estaba en déficit permanente; los funcionarios civiles y el personal militar dejaron de recibir salarios. A fines de 1820, los liberales establecieron una Junta Provisoria que gobernaría en nombre del rey, a quien se exigía su regreso inmediato a Lisboa. Se esperaba que João IV adoptara la constitución liberal española de 1812 —vigente otra vez en España tras la revolución liberal que allí tuvo lugar en enero-marzo de 1829— mientras se redactaba una nueva constitución portuguesa, para cuyo propósito se convocaron precipitadamente unas Côrtes Gerais Extraordinarias e Constituintes. De acuerdo con una orden de 22 de noviembre, las Côrtes serían elegidas —para todo el mundo portugués— sobre la base de un diputado por cada 30.000 súbditos libres. (A Brasil le adjudicaron entre 70 y 75 escaños en una asamblea de más de 200). En las varias capitanías (ahora provincias) de Brasil se establecerían juntas governativas provisionales, leales a la revolución portuguesa, destinadas a supervisar las elecciones para las Côrtes de Lisboa. Sin embargo, detrás de estas medidas liberales y antiabsolutistas se manifestaba también una decisión portuguesa de restituir la condición colonial que pesó sobre Brasil antes de 1808.

Las noticias de la revolución de los constitucionalistas liberales en Portugal provocó disturbios de importancia secundaria en muchos pueblos de Brasil. Pero, como en Portugal, fueron los militares quienes en Brasil dieron los primeros pasos significativos contra el absolutismo. El 1 de enero de 1821, las tropas portuguesas en Belém se rebelaron y establecieron una junta governativa liberal en Para, a la que posteriormente se adhirieron Maranhão (el 3 de abril) y Piauí (el 24 de mayo); la junta se declaró inmediatamente dispuesta a organizar las elecciones para las Côrtes de Lisboa. En Bahía, el 10 de febrero, una conspiración militar similar, de tropas liberales contra sus oficiales absolutistas, produjo la remoción del gobernador, el conde de Palma, y el establecimiento de una junta provisional que propugnó una constitución liberal para el Reino Unido de Portugal y Brasil. Sus participantes eran casi todos portugueses, pero contaba con el apoyo de muchos brasileños importantes, aunque fuese sólo para impedir la influencia de los liberales más radicales. También en la capital de Río de Janeiro, el 24-26 de febrero, un pronunciamiento en favor de la revolución constitucionalista y una manifestación de tropas en el Largo de Rossio (hoy la Praca Tiradentes) forzaron una reorganización ministerial y obligaron al mismísimo rey a dar su aprobación a una futura constitución liberal para Portugal y Brasil; y a decretar también, de acuerdo con las instrucciones de la junta provisoria de Lisboa, el establecimiento de juntas provinciales de gobierno, donde éstas todavía no existían, y la preparación de elecciones indirectas para las Côrtes.

Un serio conflicto político surgió, sin embargo, al exigir las Côrtes el regreso del rey a Lisboa. Una facción portuguesa en Río de Janeiro, compuesta de oficiales de alto rango del ejército, burócratas de importancia y comerciantes que dependían todavía fundamentalmente de Portugal, y estaban ansiosos de recuperar su condición monopólica, favorecía naturalmente el regreso del rey, aunque muchos de sus integrantes eran más absolutistas o antibrasileños que liberales. De otro lado, una facción o partido «brasileño» surgió ahora en oposición al regreso. Sus principales integrantes eran los grandes terratenientes a todo lo largo y ancho de Brasil, pero especialmente en las capitanías más cercanas a la capital, y los burócratas naturales de Brasil y miembros de la rama judicial. No todos los miembros del partido «brasileño», sin embargo, eran oriundos de Brasil. También participaban en aquél todos aquellos portugueses cuyas raíces e intereses se hallaban ahora en Brasil: burócratas portugueses que se habían beneficiado del establecimiento del gobierno real en Río, comerciantes portugueses que se habían adaptado a las nuevas circunstancias económicas del librecambio, particularmente aquellos dedicados al comercio minorista en mercancías extranjeras y al comercio doméstico, portugueses que habían invertido en tierras y en propiedades urbanas o que se habían casado con brasileñas, o quienes simplemente ahora preferían Brasil a Portugal. Muchos brasileños, aunque no eran de ninguna manera ni revolucionarios ni anticolonialistas, ni tampoco aún nacionalistas, estaban en favor de una constitución que redujera el poder del rey mientras incrementara su propio poder. Y aún no estaba claro que las Côrtes eran profundamente antibrasileñas. Sin embargo, interesaba a los «brasileños» defender el statu quo para conservar la igualdad política con la madre patria y la libertad económica conseguida por Brasil desde 1808, que se verían amenazadas de marcharse dom João.

La clase dominante brasileña era en su mayor parte conservadora, o a lo sumo liberal-conservadora. Aspiraba a conservar la estructura social y económica de la colonia basada en el sistema de plantación, la esclavitud y la exportación de productos agrícolas tropicales al mercado europeo. Pero también había liberales, incluso liberales radicales, y algunos revolucionarios auténticos en la ciudad de Río de Janeiro y en São Paulo, así como en Salvador y Recife. La mayoría de ellos trabajaba en las profesiones liberales —abogacía y periodismo, especialmente— o eran artesanos —sastres, barberos, mecánicos— y también pequeños comerciantes, soldados y sacerdotes. Eran blancos en su mayoría, aunque muchos eran mulatos y negros libres. Esperaban cambios profundos en la sociedad y en la política: soberanía popular, democracia e incluso una república; igualdad social y racial, hasta reforma agraria y abolición de la esclavitud. Mantenían una posición ambigua sobre si dom João debía regresar a Portugal o permanecer en Brasil.

Dom João tenía ante sí un dilema difícil: si regresaba, caería en manos de los liberales y, posiblemente, a riesgo de perder Brasil; si se quedaba, sin duda perdería Portugal. Consideró también la posibilidad de enviar a su hijo dom Pedro, ahora de 22 años de edad, a Lisboa, pero el 7 de marzo de 1821 dom João, finalmente, aceptó regresar a Portugal. Había sucumbido nuevamente ante las presiones de los militares y del conde de Palmella, un constitucionalista liberal quien, en la lucha interna por el poder en la corte, había desplazado a Thomaz Villa Nova Portugal, el primer ministro absolutista. (Gran Bretaña también presionó para que dom João regresara a Lisboa. Castlereagh insinuó que si bien Gran Bretaña estaba obligada a defender la Casa de Braganza contra ataques externos, esta obligación no se extendía al caso de revolución interna). Dom João vaciló todavía ya que la crisis política en Río de Janeiro se hizo más aguda. El 21-22 de abril hubo manifestaciones populares en la Praça do Comercio, cuando se exigieron una junta de gobierno como las de Para y Bahía y elecciones para las Côrtes. Por fin, el 26 de abril, dom João, en compañía de casi 4.000 portugueses (junto con los haberes del Tesoro y del Banco do Brasil), se embarcó rumbo a Lisboa después de 13 años de residencia en Brasil, dejando tras de sí al joven dom Pedro en Río como príncipe regente.

Los «brasileños» no tuvieron ahora alternativa sino organizarse para la defensa de los intereses brasileños en las Côrtes. Las elecciones tuvieron lugar, en su mayor parte, entre mayo y septiembre. Se destacaron por el hecho de que los elegidos eran casi todos oriundos de Brasil, incluidos varios radicales eminentes que habían participado en la revolución de 1817: por ejemplo, Cipriano Barata (Bahía), Muniz Tavares (Pernambuco), Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva (São Paulo). Entre los seis diputados elegidos por São Paulo, se encontraban, además de Antonio Carlos, el padre Diogo A. Feijó, Francisco de Paula Sousa e Melo y el Dr. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, quienes llegaron a ser distinguidos políticos liberales después de la independencia. Las elecciones —y las instrucciones dadas a los diputados elegidos— también se destacaron porque, aparentemente, la independencia para el Brasil no fue considerada como un punto serio en la agenda política.

Las Côrtes se congregaron por primera vez a fines de enero de 1821. Los siete diputados de Pernambuco fueron los primeros brasileños en llegar, el 29 de agosto; los cinco de Río arribaron entre septiembre y octubre; los de Maranhão en noviembre, los de Bahía el 17 de diciembre y los paulistas, el grupo más formidable, no lo hicieron hasta febrero y mayo de 1822. Los mineiros, por ejemplo, nunca llegaron. Mucho antes de que la mayoría de los diputados brasileños hubiesen tomado sus escaños, sin embargo, las Côrtes portuguesas habían hecho el intento fatal de retroceder el tiempo y reducir a Brasil a su antigua condición colonial. La burguesía portuguesa, en su determinación de reestablecer su hegemonía sobre Brasil y en particular de negarle a Gran Bretaña acceso directo a Brasil, no pudo darse cuenta de las dificultades del pacto colonial tras el desarrollo político, económico y demográfico de Brasil, ante todo después de 1808, y de los cambios económicos, políticos e ideológicos que habían tenido lugar en Europa y en América. Era bastante improbable que Portugal fuese la única potencia europea capaz de conservar sus colonias en el continente americano.

En abril de 1821, tras las noticias de los movimientos constitucionales en Para, Bahía y Río de Janeiro, y particularmente después del regreso de dom João (llegó a Lisboa el 4 de julio), las Côrtes, sin mayores éxitos, comenzaron a desconocer a Río de Janeiro y a entenderse directamente con los diferentes gobiernos provinciales en Brasil. También se intentó infructuosamente revocar los acuerdos comerciales con Gran Bretaña; los portugueses querían controlar las mercancías británicas desde la metrópoli e imponer mayores aranceles. Adicionalmente, en agosto se enviaron a Brasil tropas de refuerzo. Siguieron entonces las maniobras que probaron ser decisivas. El 29 de septiembre, las Côrtes manifestaron sus propósitos de gobernar Brasil, al ordenar el desmantelamiento de todas las instituciones gubernamentales establecidas en Río en 1808 y su traslado de regreso a Lisboa. Y el 1 de octubre se anunció el nombramiento de gobernadores militares para cada provincia con poderes independientes de las juntas provinciales y directamente responsables ante Lisboa. Por último, el 18 de octubre, se le ordenó al mismísimo príncipe regente regresar a casa. Tan pronto como los diputados brasileños comenzaron por fin a llegar a Lisboa, durante los últimos meses de 1821 y la primera mitad de 1822, fueron recibidos —o así lo adujeron (podría quizá argüirse que estuvieron muy celosos de su rango)— con ridiculizaciones, insultos, amenazas, y una buena dosis de abierto antagonismo. En las famosas palabras de Manoel Fernandez Thomas, uno de los líderes de la revolución liberal portuguesa, Brasil era una «térra de macacos, de negrinhos apanhados na costa da África, e de bananas». No es de sorprender que las exigencias brasileñas presentadas, por ejemplo, por António Carlos, en marzo de 1822 en los Apontamentos e Lembranças de la junta de São Paulo, de igualdad económica y política con Portugal y de órganos paralelos de gobierno, con una monarquía que quizá alternase su sede entre Lisboa y Río de Janeiro, encontraran pocas respuestas. En cualquier caso, era ya muy tarde. Los acontecimientos en Brasil estaban avanzando veloz e inexorablemente hacia una ruptura definitiva con Portugal. En octubre de 1822, siete diputados brasileños —cuatro paulistas, incluido Antonio Carlos, y tres bahianos, incluido Cipriano Barata— abandonaron ilegalmente Lisboa, primero rumbo a Londres y después a Brasil, antes de jurar fidelidad a la constitución de 1822 y pasar a ser miembros de las Côrtes ordinarias que debían reunirse por primera vez en diciembre. Y pronto les siguieron los otros diputados brasileños, muchos de ellos dispuestos a asumir posiciones políticas radicales a causa de su desafortunada experiencia en Lisboa.

Brasil había progresado mucho desde 1808 como para aceptar nada que no fuese completa igualdad en sus relaciones con la madre patria. Los decretos de fines de septiembre y comienzos de octubre, de cuyas noticias se tuvo conocimiento en Río el 11 de diciembre de 1821, fueron la demostración final de la intransigencia portuguesa y de su determinación de anular todos los cambios adelantados en las relaciones entre Portugal y Brasil desde 1808. Como consecuencia, se produjo un realineamiento significativo en las fuerzas políticas de Brasil. La facción «portuguesa» (lo que quedaba de ella tras el regreso a Lisboa de dom João) y la facción «brasileña» se dividieron final y definitivamente. Las fuerzas divergentes del partido «brasileño» en la región centro-sur —portugueses nacidos en Río de Janeiro con intereses en Brasil, brasileños tanto conservadores como liberales moderados, especialmente en São Paulo y Río de Janeiro, liberales de extrema brasileños y radicales en Río de Janeiro— cerraron filas para hacerle oposición conjunta a las Côrtes portuguesas. Como era evidente qué el rey no podía garantizar la continuidad de los acuerdos de 1808, los brasileños, cada vez más seguros de sí mismos, retiraron sus lealtades al rey João V I, que trasladaron al príncipe regente dom Pedro. En abril de 1821 se había perdido la batalla para conservar a dom João en Brasil. La clave de la futura autonomía de Brasil era ahora persuadir a dom Pedro para que se quedara. La actividad política en Río de Janeiro se intensificó durante las últimas semanas de 1821 y las primeras de 1822, cuando los políticos —y la prensa— ejercieron presión sobre el príncipe regente quien, después de algunas vacilaciones, se dejó finalmente convencer. El 9 de enero de 1822, en respuesta a una petición de 8.000 firmas presentada por José Clemente Pereira, un comerciante portugués residente por mucho tiempo en Río, liberal y presidente del Senado da Cámara de Río de Janeiro (desatendida en gran parte por dom João mientras residió allí), dom Pedro anunció que se quedaría en Brasil. (Este episodio se conoce como O Fico, del portugués ficar). La unión con Portugal todavía no se había quebrantado, pero este expresivo acto de desobediencia del príncipe regente significaba un rechazo formal de la autoridad portuguesa sobre Brasil. Días más tarde, las tropas portuguesas que se negaron a jurar lealtad a dom Pedro se vieron obligadas por quienes sí juraron —y que por lo tanto formaron el núcleo del ejército regular brasileño— a abandonar Río de Janeiro. Y en febrero, nuevas tropas procedentes de Portugal no pudieron desembarcar en Brasil. El 16 de enero, José Bonifacio de Andrada e Silva (1763-1838) —miembro de una rica familia de Santos, educado en Coimbra y quien durante 35 años, hasta 1819, había trabajado en Portugal como científico y en la administración real, y ahora a la edad de 58 años se desempeñaba como presidente de la junta provisional de São Paulo— fue nombrado jefe del nuevo gabinete «brasileño». Es cierto que los demás miembros del gabinete eran portugueses, pero su nombramiento simbolizaba los enormes cambios que ahora tenían lugar en la política brasileña.

En la correspondencia privada entre dom João y dom Pedro existen algunos indicios para pensar que el primero, al prever el curso de los acontecimientos a su regreso de Brasil a Portugal, le habría aconsejado a su hijo que se comprometiera con los brasileños para que así por lo menos la Casa de Braganza pudiese conservar las dos partes del imperio con la posibilidad de su futura reunificación. Dom Pedro, por su parte, le escribió francamente a dom João ya en Lisboa: «Portugal es hoy un Estado de cuarta categoría, lleno de necesidades y, por tanto, dependiente; Brasil lo es de primera clase e independiente».[11] Podría también interpretarse que, dada la amenaza de los liberales brasileños, dom Pedro —cuyas inclinaciones políticas eran decididamente autoritarias— decidió dirigir él mismo el proceso antes de dejarse arrollar por un movimiento que cada vez se asimilaba más a un movimiento de independencia. El momento en que la autonomía política absoluta de Portugal se convirtió en el objetivo principal de los brasileños es un tema de debate apreciable entre los historiadores. Hasta fines de 1821, cuando las intenciones de las Côrtes ya no dejaron duda alguna, la independencia había sido la ambición exclusiva de una minoría radical. Se arguye que, aún en 1822, para algunos elementos de la clase dominante brasileña y, por ejemplo, para algunos diputados brasileños —incluido el grupo de São Paulo— que en Lisboa pusieron constantemente de relieve su lealtad a la corona, la independencia, si era mencionada del todo, todavía significaba autonomía dentro de un sistema de monarquía dual y la continuidad de alguna clase de pacto con Portugal.

A comienzos de 1822, José Bonifacio era sin lugar a dudas el personaje central del proceso político en Brasil. Sus opiniones sobre temas de interés social eran extraordinariamente progresistas —estaba a favor de la abolición gradual del comercio de esclavos e incluso de la esclavitud, de la libre inmigración europea y de la reforma agraria— pero, políticamente, José Bonifacio era conservador y profundamente hostil a la democracia. Apenas triunfó la campaña para que dom Pedro se quedara en Brasil —lo que había motivado, temporal y artificialmente, la unificación del partido brasileño—, José Bonifacio se distanció de inmediato no sólo de los liberales y demócratas de extrema (les llamaba «anarquistas e demagogos»), algunos de ellos republicanos, sino también de muchos liberales más moderados y emprendió la tarea de conseguir el apoyo de los terratenientes conservadores y liberales-conservadores, burócratas de alto rango y jueces (muchos licenciados en Coimbra) y comerciantes de Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais para el establecimiento de una monarquía independiente en Brasil. Para José Bonifacio, la monarquía era el único medio de preservar el orden político y la estabilidad social —y, era de esperar, la unidad territorial— en el peligroso período de transición hacia la independencia.

El conflicto entre José Bonifacio y los liberales y radicales —como Joaquim Gonçalves Lêdo, el padre Januário da Cunha Barbosa, Domingos Alves Branco Muniz Barreto, José Clemente Pereira y Martim Francisco Ribeiro de Andrada (así como Antonio Carlos, líder de la delegación paulista en Lisboa, hermano menor de José Bonifacio)— se convirtió en la primera mitad de 1822 en una competencia entre sus respectivas logias masónicas, el Apostolado y el Gran Oriente, para ganar influencias en el joven e inexperto príncipe regente. Si la lucha por el poder tuvo un elemento ideológico, éste se concentró en el interrogante de si se debía o no convocar una asamblea constituyente. El 16 de febrero de 1822, José Bonifacio, quien se oponía fuertemente a la representación popular en una asamblea nacional por elección, persuadió a dom Pedro de que todo lo que se necesitaba era un Conselho de Procuradores da Provincia formado de homens bons y designados por medio de procedimientos tradicionales. Fue instalado el 2 de junio pero no sobrevivió. El 3 de junio, a pesar de la oposición de José Bonifacio, dom Pedro acordó convocar una asamblea constitucional. Los liberales más extremistas perdieron luego la iniciativa cuando el 19 de junio no pudieron conseguir que la eventual asamblea se conformase por medio de elecciones populares directas. (La asamblea se elegiría indirectamente, por medio de sufragio estrictamente restringido, y de todas formas no se reunió por primera vez sino hasta el 3 de mayo de 1823, para cuando ya muchos de los líderes radicales se encontraban en prisión o habían sido forzados al exilio). Mientras tanto, en mayo de 1822 se decidió que, sin la expresa aprobación del príncipe regente, no se ejecutaría ningún decreto más promulgado por las Côrtes portuguesas. En julio, ingresaron más brasileños al gabinete de José Bonifacio. Y en agosto se incrementó el número de actos de «independencia» celebrados por dom Pedro y el gobierno brasileño. La decisión final se tomó el 7 de septiembre de 1822 a orillas del río Ipiranga, no lejos de São Paulo. Allí, dom Pedro recibió los últimos despachos de Lisboa donde se revocaban sus decretos, se acusaba de traición a sus ministros y se exigía nuevamente su regreso y la absoluta subordinación de Brasil al dominio de Portugal. Simultáneamente, tanto José Bonifacio como su esposa la princesa Leopoldina le aconsejaban romper las relaciones, de una vez por todas, con Portugal. De acuerdo con un testigo (miembro del partido monárquico), en un gesto típicamente impulsivo, dom Pedro le arrebató al mensajero los despachos, los estrujó en sus manos y luego los pisoteó bajo sus talones, mientras observaba con enfado a quienes le rodeaban, «desde hoy, nuestras relaciones con ellos se han acabado. No deseo nada más del gobierno portugués y yo proclamo a Brasil independiente, para siempre, de Portugal». Y entonces, desenvainó su espada y gritó: «Viva la independencia, la libertad y la separación de Brasil». El 12 de octubre, cuando cumplía 24 años de edad, dom Pedro I fue aclamado emperador constitucional y defensor perpetuo de Brasil. Su coronación se llevó a cabo en Río de Janeiro con mucha pompa y ceremonia el 1 de diciembre de 1822.

El movimiento brasileño por la independencia de Portugal había basado su fortaleza en las más importantes provincias del centro-sur —Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais— y especialmente de la capital, Río de Janeiro. Pernambuco, donde la clase dominante brasileña era antiportuguesa pero recordaba la revolución de 1817 y los intentos de establecer una república, y donde la guarnición militar, en cualquier caso relativamente pequeña, mostró pronta disposición de trasladar su lealtad a dom Pedro, aceptó en seguida la autoridad del imperio independiente de Brasil. Las otras provincias del noreste y del norte, donde —por lo menos en las ciudades costeñas— aún existían una presencia militar portuguesa considerable, una comunidad numerosa de comerciantes portugueses y una buena dosis de sentimiento pro portugués, permanecieron leales a las Côrtes de Lisboa. Hubo rumores fantásticos de expediciones punitivas de Portugal, y de intentos de separación —como un primer paso de reconquista— del noreste y del norte del resto de Brasil. (Dichas regiones se encontraban geográficamente más cerca de Portugal, no se hallaban económicamente integradas al centro-sur y en muchos aspectos tenían históricamente mayores lazos con Lisboa que con Río de Janeiro). Para que el proceso de independencia concluyera y se consolidara, para que se evitara una prolongada guerra civil y para que se impusiera la autoridad del nuevo emperador en toda la antigua colonia portuguesa, era fundamental someter al noreste y al norte, y especialmente a Bahía, sin duda la más importante de las provincias aún bajo el control portugués.

A comienzos de 1823, Bahía sufrió una cruda división, en términos generales, entre el Recôncavo y la ciudad de Salvador. Esta división se originó por el nombramiento de Ignacio Luís Madeira de Mello, un coronel portugués y conservador, como gobernador militar de la provincia en febrero de 1822, que fue rechazado por miembros de la junta de gobierno, oficiales del ejército brasileño, senhores de engenho del Recôncavo y por radicales de extracción urbana. El movimiento de resistencia fracasó y Madeira de Mello había conseguido establecerse en el poder. En marzo arribaban a Salvador las tropas portuguesas que habían sido expulsadas de Río en enero, las que posteriormente se vieron reforzadas desde Portugal. Madeira de Mello tenía entonces en Salvador a su disposición una guarnición de 2.000 soldados del ejército regular además de una milicia de 1.500 —la mayor concentración de fuerzas militares portuguesas en Brasil. Pero primero en Santo Amaro el 22 de junio, y posteriormente en Cachoeira, los barones conservadores del azúcar en el Recôncavo se rebelaron en contra de los intentos de recolonizar Brasil. Retiraron su lealtad hacia João VI y, conjuntamente con un grupo de jueces brasileños, establecieron en Cachoeira un Consejo Interino de Gobierno, para todo Bahía, leal a dom Pedro y al gobierno de Río de Janeiro. Los revolucionarios conservadores estuvieron así en disposición de desplazar a los opositores más radicales del colonialismo portugués («demagogos y anarquistas», algunos de ellos simpatizantes con una república independiente en Bahía), mientras garantizaban la estabilidad social que se encontraba cada vez más amenazada por una serie de levantamientos de esclavos en el Recôncavo y disturbios populares en las áreas deprimidas del sur de la provincia. Las fuerzas militares brasileñas, inferiores en número, mandos y equipos, no fueron, sin embargo, suficientemente fuertes para expulsar al ejército portugués, aunque sí iniciaron el sitio de la ciudad de Salvador. Por su parte, Madeira de Mello en dos oportunidades —el 8 de noviembre de 1822 y el 6 de enero de 1823—fracasó en romper el cerco sobre Salvador. El juego estaba en tablas.

En julio de 1822, dom Pedro había nombrado al oficial francés Pierre Labatut como comandante de las fuerzas antiportuguesas en Bahía. Tras hacer el recorrido por tierra desde Recife en la última etapa de su viaje, Labatut no llegó hasta finales de octubre, pero entonces emprendió, con mucha energía y experiencia profesional, la organización de un Exercito Pacificador. Aunque el mismo Labatut fue destituido por un amotinamiento en mayo de 1823 y reemplazado como comandante por el general José Joaquim de Lima e Silva, a mediados de 1823 había logrado movilizar un ejército respetable, por lo menos en cuanto a número: 14.000 hombres (incluidos 3.000 de Río y Pernambuco). Sin embargo, Madeira y sus tropas constituían todavía una fuerza militar formidable para ser vencida. Además, una escuadra de la armada —1 navío de línea de guerra, 5 fragatas, 5 corbetas, 1 bergantín y 1 goleta— estacionada en Bahía le dio a los portugueses el dominio completo sobre el mar.

Fue en estas circunstancias cuando dom Pedro se dirigió a lord Cochrane, el futuro 10.º conde de Dundonald. Arrogante, malhumorado, atravesado, belicoso, Cochrane fue uno de los más osados y afortunados capitanes de fragata de su época. Había sido excluido de la nómina de la marina británica tras un escándalo en la Bolsa de valores en 1814, pero pocos años después comenzó una nueva carrera como mercenario, vendiendo sus servicios al mejor postor, aunque generalmente, es cierto, del lado de la libertad y de la independencia nacional. En 1818, Cochrane ya había organizado la marina chilena y, con San Martín, había jugado un papel principal en la obtención de la independencia de Chile y en la liberación de por lo menos las áreas costeñas de Perú del dominio español. Temporalmente semirretirado en su estancia en Quintera, Chile, ahora recibía la invitación de dom Pedro para estar al servicio de Brasil.

Haciendo caso omiso una vez más del British Foreign Enlistment Act de 1819, Cochrane aceptó la invitación —aunque sólo después de cierto regateo sobre el rango (finalmente se conformó con ser primer almirante y comandante en jefe) y los emolumentos (rechazó con indignación el ofrecimiento de recibir el mismo pago de un almirante portugués, que desechó como «notoriamente el peor de mundo»). Cochrane llegó a Río de Janeiro el 13 de marzo de 1823, acompañado de varios oficiales ingleses que habían servido junto a él en el Pacífico, e inmediatamente se puso a organizar un pequeño escuadrón marítimo brasileño —9 navíos en total—para bloquear Bahía, y para ello, en parte, procedió a alentar a los marineros británicos que se hallaban entonces en Río a que desertaran de sus barcos. Aparte del buque insignia, el Pedro Primeiro (anteriormente Martim Freitas, uno de los buques que salió de Lisboa en noviembre de 1807), de doble cubierta y con 74 cañones, se trataba, sin embargo, de una fuerza miserable. No obstante, más por el temor hacia la reputación de Cochrane que hacia la fuerza efectiva bajo su mando, su arribo persuadió a los portugueses de evacuar Bahía y, el 2 de julio de 1823, el general Lima e Silva, a la cabeza de un ejército brasileño, hizo su entrada en la ciudad, «sin disturbio alguno, ni actos de crueldad, ni opresión por parte de ambos bandos», informó el vicealmirante sir Thomas Hardy, comandante en jefe del escuadrón británico en Suramérica, quien, previendo amenazas a las vidas y propiedades británicas, había trasladado a Bahía, en septiembre del año anterior, el buque insignia Creole. Desde el punto de vista local, fue esencialmente una victoria para los terratenientes del Recôncavo —otra revolución conservadora.

Una vez que el convoy portugués —13 barcos de guerra y cerca de 70 veleros mercantes y de transporte con 5.000 soldados, vastas cantidades de provisiones militares y cierto número de prestantes familias portuguesas— abandonó el puerto, Cochrane lo persiguió implacablemente hasta las Canarias, hundiendo noche tras noche barcos de la retaguardia hasta reducir su número a menos de una cuarta parte. Además, la fragata brasileña Nitheroy, bajo el mando de otro inglés, John Taylor, quien había servido con Nelson en Trafalgar y que había desertado en Río para unirse a Cochrane a comienzos de año, siguió tras los restos del convoy portugués hasta la desembocadura del Tajo y quemó allí otros cuatro veleros bajo la misma artillería del Dom João VI, el orgullo de la armada portuguesa.

Mientras tanto, Cochrane había dirigido su atención a la provincia norteña de Maranhão y el 26 de julio, en buena parte con engaños, persuadió a la guarnición portuguesa en São Luís de que se rindiera. Dos días más tarde, Maranhão (conjuntamente con la antigua subcapitanía de Piauí) fue oficialmente incorporada al imperio brasileño. El 13 de agosto, el segundo comandante de Cochrane, capitán John Pascoe Grenfell, a bordo del Maranhão (antiguamente el bergantín portugués Dom Miguel), logró someter a los fieles a Portugal en Belém, nuevamente más por el despliegue que por el uso de fuerza, y en Para (junto con la antigua subcapitanía de Rio Negro), es decir, todo la Amazonia, formaba ahora parte del imperio. Las últimas tropas portuguesas en abandonar Brasil salieron de Montevideo en marzo de 1824, después de haberse unido también la provincia Cisplatina al imperio independiente de Brasil. Después de sus hazañas en el norte, Cochrane había regresado a Río de Janeiro, donde fue recibido por dom Pedro el 9 de noviembre de 1823 quien, entre otras recompensas y condecoraciones, le confirió el título de marqués de Maranhão. Aunque sin duda algo se exagera en los relatos británicos basados en su propio Narrative of Services in the Liberation of Chili, Peru and Brazil (1859), Cochrane y otros oficiales de la armada británica, en calidad absolutamente extraoficial, habían contribuido considerablemente a la causa de la independencia brasileña y, más importante, a la unidad de Brasil.[12] A mediados de 1823, la independencia brasileña de Portugal estaba fuera de toda duda, mientras simultáneamente se habían evitado la guerra civil y la desintegración territorial. El nuevo gobierno brasileño, sin embargo, estaba todavía ansioso de obtener el reconocimiento internacional de la independencia de facto de Brasil. Y ello por dos razones principales: en primer lugar, prevenir un último intento de ataque por parte de Portugal, la que una vez más —como resultados de la Vilafrancada (mayo de 1823)— estaba gobernada por un João VI absolutista, alentado, y posiblemente aconsejado por los poderes reaccionarios de la Santa Alianza en Europa, a reafirmar de todas maneras su autoridad sobre Brasil; en segundo lugar, y lo que era más importante, fortalecer la propia autoridad del emperador en Brasil contra legitimistas, separatistas y republicanos. Es evidente que la actitud de Gran Bretaña —cuya armada dominaba el Atlántico, y que tras las guerras napoleónicas había adquirido preeminencia no sólo en Europa sino en todo el mundo, además de su notoria influencia en Lisboa— sería decisiva. En julio de 1813, Felisberto Caldeira Brant Pontes (futuro marqués de Barbacena), agente de dom Pedro en Londres desde julio de 1821, escribía: «con la amistad de Inglaterra, podemos olvidarnos del resto del mundo… no será necesario mendigar más el reconocimiento de ninguna otra potencia porque todos querrán nuestra amistad».[13]

Aunque Gran Bretaña no había hecho nada para promoverla, George Canning —que como resultado del suicidio de lord Castlereagh había regresado a la secretaría de Asuntos Exteriores sólo una semana después del Grito de Ipiranga del 7 de septiembre de 1822— había estado ansioso de reconocer la independencia de Brasil tan pronto como fuera posible: existían particularmente razones de peso para ello (y, a propósito, el reconocimiento de Brasil facilitaría el reconocimiento de las nuevas repúblicas hispanoamericanas, al menos el de aquellas cuya independencia de facto de España estaba fuera de toda duda y con las que Gran Bretaña mantenía estrechos lazos comerciales). En primer lugar, Portugal se encontraba muy débil, financiera y militarmente, para reimponer su dominio. Brasil era independiente de facto —Canning así lo creía— desde el momento en que declaró su separación de Portugal, a pesar de que los portugueses se aferraran a zonas del noreste y del norte. En segundo lugar, Gran Bretaña ya había establecido relaciones con Brasil como resultado de la residencia allí de la corte portuguesa. Y Brasil era ahora el tercer mayor mercado extranjero de Gran Bretaña. Al ofrecerle una mano amiga en momentos de necesidad, Gran Bretaña consolidaría su ascendencia económica y política sobre Brasil. En tercer lugar, a diferencia de Hispanoamérica, Brasil había conservado el régimen monárquico y Canning estaba ansioso de preservarlo como un antídoto contra «los demonios de la democracia universal» del continente y como un vínculo valioso entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Y cualquier atraso innecesario en el reconocimiento del imperio brasileño podría poner en peligro las instituciones políticas de dicho país y minar su precaria unidad. (En marzo de 1824, una rebelión armada originada en Pernambuco desembocó, en efecto, en el establecimiento de una república independiente en el noreste, la Confederación del Ecuador, pero fue desmantelada seis meses después). Por último, la declaración de independencia de Brasil ofrecía a Gran Bretaña una oportunidad única para realizar progresos significativos en la solución del problema del comercio de esclavos.

En circunstancias normales, habría podido pensarse que era imposible persuadir al nuevo Brasil independiente (uno de los mayores importadores de esclavos del África al Nuevo Mundo; «el niño y campeón del comercio de esclavos, es más, el comercio de esclavos personificado», a los ojos de Wilberforce) que aboliera dicho comercio. Pero así como Gran Bretaña había logrado concesiones, aunque limitadas, de un Portugal reticente en pago por el apoyo británico durante la guerra y los años inmediatos que le sucedieron, de la misma forma Canning no tardó en darse cuenta de la ansiedad brasileña por el inmediato reconocimiento británico. En noviembre de 1822, Canning y Brant, el agente brasileño, quien desde el 12 de agosto había recibido instrucciones de dom Pedro de negociar el reconocimiento, discutieron extraoficialmente el asunto: la inmediata abolición del comercio de esclavos por parte de Brasil a cambio del inmediato reconocimiento por Gran Bretaña. Una vez hubiese sido reconocida la independencia brasileña y abolido en Brasil el comercio de esclavos, las razones de Portugal para no cumplir sus acuerdos con Gran Bretaña de abolir en una fecha futura la trata tanto al sur como al norte del ecuador —esto es, los intereses de su principal colonia, Brasil— se desplomarían. En cualquier caso, el transporte de esclavos a territorios fuera del imperio portugués había sido ya prohibido por la legislación portuguesa desde 1761, así como por recientes tratados anglo-portugueses. Además, los miembros ultra tories del gabinete y el rey Jorge IV impidieron que Canning tomara decisión alguna demasiado apresurada respecto de Brasil. A pesar del mantenimiento de la monarquía, el régimen brasileño era, después de todo, revolucionario, y la coronación de dom Pedro como emperador tenía connotaciones populares y napoleónicas. (En realidad el título provino sobre todo de la tradición liberal masónica y, a los ojos de José Bonifacio, reflejaba simplemente el tamaño de Brasil). Además, Gran Bretaña tenía que tener en consideración sus tradicionales intereses económicos y estratégicos en Portugal. Por su parte, Brant no podía acceder a la immediate abolición del comercio de esclavos. Aunque tanto dom Pedro como José Bonifacio aborrecían personalmente el tráfico de esclavos —y muchos miembros de la Asamblea Constituyente que se congregó en mayo de 1823 se opusieron a él—, no se atrevían a enajenar a los grandes terratenientes brasileños, los principales soportes de la monarquía independiente de Brasil, quienes no contaban con una fuente de mano de obra alternativa. Los peligros políticos —y económicos— que podían surgir de una abolición prematura eran mayores que los que podrían derivarse del no reconocimiento. Lo máximo que los brasileños podían ofrecer, por consiguiente, era una abolición gradual —en cuatro o cinco años— a cambio del inmediato reconocimiento británico. Mientras tanto, prometieron cumplir los tratados anglo-portugueses de 1815 y 1817 sobre la supresión de la trata al norte del ecuador. Canning, sin embargo, estaba firmemente comprometido con la política de no reconocer a ningún Estado en el Nuevo Mundo a menos que ya hubiese abolido el comercio de esclavos. «El reconocimiento —le había dicho al duque de Wellington, representante británico ante el congreso de Verona— sólo puede adquirirse mediante la franca renuncia al comercio de esclavos». Canning acordó con Wilberforce que «a Brasil hay que purgarle de impurezas antes que le demos nuestro abrazo»[14].

En septiembre de 1823, Portugal solicitó los buenos oficios de Gran Bretaña para establecer relaciones con Brasil, y Canning aceptó intermediar. Sin embargo, Canning dejó bien claro que no estaba preparado para esperar indefinidamente por el reconocimiento portugués de la independencia brasileña: de ser así se pondrían en peligro los intereses comerciales y la influencia política de Gran Bretaña en Brasil. En particular, Canning sabía que en 1825 debería renovarse el tratado comercial anglo-portugués de 1810, que había sido aceptado por el nuevo gobierno brasileño, y sería entonces imposible seguir eludiendo las negociaciones directas con Brasil. Cuanto más se aplazara el reconocimiento internacional, mayores serían las dificultades de obtener de un Brasil agradecido la contraprestación no sólo de privilegios comerciales para Gran Bretaña en Brasil, sino también la abolición del comercio brasileño de esclavos. Las conversaciones entre Brasil y Portugal, fomentadas por Gran Bretaña y Austria, se iniciaron en Londres en julio de 1824, se suspendieron en noviembre y, finalmente, se rompieron en febrero de 1825. Canning decidió entonces que para Gran Bretaña era el momento de actuar sola. Sir Charles Stuart, antiguo ministro británico en Lisboa durante la guerra peninsular y embajador en París desde 1815, fue enviado en misión especial a Río de Janeiro para negociar un tratado comercial anglo-brasileño. En el camino logró persuadir a un nuevo y más flexible gobierno portugués de aceptar lo inevitable, y recibió así poderes también para negociar en nombre de Portugal.

Stuart llegó a Río el 18 de julio y el 29 de agosto firmaba el tratado por medio del cual Portugal reconocía la independencia de Brasil.[15] A cambio, Brasil acordó pagarle a Portugal una compensación de 2 millones de libras esterlinas. Dom Pedro también prometió defender la integridad del resto del imperio portugués y de no permitir nunca que ninguna otra colonia portuguesa —por ejemplo, Luanda y Benguelea en el África portuguesa, que históricamente habían mantenido lazos estrechos con Brasil— se uniera al imperio brasileño. (En febrero de 1823, José Bonifacio ya le había expresado al chargé británico en Río, «respecto de las colonias en la costa de África, no queremos ninguna, ni en ninguna otra parte; Brasil es lo suficientemente grande y productivo para nosotros, y nosotros estamos contentos con lo que la Providencia nos ha dado»)[16]. Por otra parte, dom Pedro conservó los derechos de sucesión al trono portugués —dejando abierta la posibilidad, tal como fue la intención de Canning, de que algún día Brasil y Portugal pudiesen reunificarse pacíficamente bajo la Casa de Braganza.

Hubo que pagar un precio por los servicios prestados por Gran Bretaña por asegurar la independencia de Brasil —y por la futura amistad y apoyo de los británicos. En primer lugar, a través de todas las negociaciones desde 1822, Gran Bretaña había exigido la abolición del comercio de esclavos a cambio del reconocimiento de la independencia brasileña y, después de que Canning rechazara un tratado negociado por Stuart durante el reconocimiento portugués, finalmente se firmó un tratado en noviembre de 1826 por medio del cual el comercio brasileño de esclavos sería ilícito tres años después de la ratificación del mismo tratado (es decir, en marzo de 1830). En segundo lugar, un tratado comercial anglo-brasileño, firmado en agosto de 1827, incluyó la continuación del arancel máximo del 15 por 100 sobre las mercancías británicas importadas a Brasil y el derecho de nombrar jueces conservators encargados de atender los casos de los comerciantes británicos residentes en Brasil. Concluía así el proceso iniciado en 1808: Gran Bretaña había trasladado con buen éxito la posición económica que gozaba en Portugal, sumamente privilegiada, a Brasil.

La separación brasileña de Portugal, así como la de las colonias norteamericanas de Inglaterra y la de las hispanoamericanas de España, puede en cierta medida explicarse en términos de la crisis general —económica, política e ideológica— del viejo sistema colonial en todo el mundo del Atlántico a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. La independencia de Brasil, aun más que la de Hispanoamérica, fue también el resultado de una combinación fortuita de acontecimientos políticos y militares acaecidos en Europa durante el primer cuarto del siglo XIX y de su repercusión en el Nuevo Mundo. Es cierto que el medio siglo que antecedió a la independencia fue testigo de una mayor autoconcienciación colonial y de mayores exigencias de autodeterminación económica y política. Pero en Brasil no lo fueron tanto como en Hispanoamérica, y ello por varias razones —la naturaleza del dominio colonial portugués y de la economía colonial, el predominio aplastante de la esclavitud, los estrechos lazos entre las élites de la metrópoli y la colonia. La invasión de Portugal por Napoleón y el traslado de la corte portuguesa de Lisboa a Río en 1807-1808 puede verse como el mero aplazamiento de la confrontación final entre colonia y metrópoli, tal como estalló en Hispanoamérica tras el derrocamiento de la monarquía española por Napoleón, pero también acercó más la corona portuguesa a la oligarquía brasileña y en gran medida satisfizo agravios brasileños, económicos y aun políticos. Puede observarse que Brasil estaba avanzando gradual e inevitablemente hacia la independencia desde 1808, pero debe también reconocerse que aún en 1820 no existía en Brasil ningún deseo generalizado de separarse totalmente de Portugal. La clase dominante brasileña (que incluía muchos portugueses de nacimiento) se vio forzada a seguir el camino de la independencia por las revoluciones portuguesas de 1820, el regreso de la corte portuguesa a Lisboa en 1821 y la determinación portuguesa de revertir los logros políticos y económicos conquistados para Brasil desde 1808. Y en todo esto, José Bonifacio de Andrada e Silva, quien había pasado casi toda su vida de adulto en Portugal, jugó un papel crucial.

Una vez tomada la decisión, la independencia brasileña se estableció en forma relativamente rápida y pacífica, en contraste con Hispanoamérica donde las luchas por la independencia fueron en su mayor parte prolongadísimas y violentas. Había pocas simpatías legitimistas y, en último término, Portugal no contaba con los recursos financieros y militares para resistir. Además, Brasil, a diferencia de Hispanoamérica, no se dividió en varios estados independientes. No existía un gran sentimiento de identidad nacional en Brasil. El centro-sur, el noreste y el norte eran en gran medida mundos diferentes, con sus propias economías, separados por enormes distancias y pobres comunicaciones, aunque sin grandes barreras geográficas. Río de Janeiro y São Paulo tomaron la iniciativa en el movimiento de independencia, pero otras élites provinciales y regionales, cuyos intereses económicos, políticos y sociales coincidían, dieron su apoyo al nuevo Estado con capital en Río. La existencia en Brasil de un príncipe de la Casa de Braganza dispuesto a asumir gustoso el liderazgo del movimiento de independencia fue aquí decisivo. Dom Pedro era un símbolo de autoridad legítima y un instrumento poderoso de estabilidad política y social y de unidad nacional. El país también se mantuvo unido debido a su sistema burocrático y judicial sumamente centralizado. La «guerra de independencia» para expulsar del noreste y del norte las tropas que permanecían leales a Portugal fue corta y prácticamente incruenta, y ofreció pocas oportunidades para el afianzamiento de tendencias secesionistas, así como tampoco para la movilización de las fuerzas populares. El imperio brasileño tuvo también la buena suerte de asegurar un temprano reconocimiento internacional de su independencia.

El paso de colonia a imperio independiente se caracterizó por un grado extraordinario de continuidad política, económica y social. Pedro I y la clase dominante brasileña tomaron posesión del existente Estado portugués que, en la práctica, nunca dejó de funcionar. La economía no sufrió mayores descalabros: los patrones de comercio e inversión sí cambiaron (en particular, Gran Bretaña se convirtió en el socio comercial principal de Brasil y en su fuente de capital más importante), pero tanto el modo de producción «colonial» como el papel de Brasil en la división internacional del trabajo quedaron en gran parte intactos. No hubo una gran conmoción social: las fuerzas populares que de todas formas eran débiles —y se encontraban divididas por concepto de clase, color y condición jurídica— fueron refrenadas; no se hicieron concesiones significantes a los grupos menos privilegiados de la sociedad; por encima de todo, sobrevivió la institución de la esclavitud (aunque ahora el comercio de esclavos se encontraba amenazado). Se había efectuado una revolución conservadora. Por cuanto el liberalismo de extrema (y el republicanismo) de 1789, 1798, 1817, 1821-1823 y 1824 había sido confrontado y derrotado, se trataba de una contrarrevolución.

Sin embargo, puede decirse que en 1822-1823 la independencia brasileña era incompleta. Al emperador Pedro I pronto le granjeó el recelo de los brasileños, sobre todo por negarse a cortar los lazos con la facción portuguesa en Brasil e incluso con Portugal. Fue sólo con la abdicación de dom Pedro el 7 de abril de 1831 a favor de su hijo de cinco años nacido en Brasil, el futuro Pedro II, cuando se concluyó finalmente el proceso de separarse Brasil totalmente de Portugal.

Capítulo 7
LA IGLESIA Y LA INDEPENDENCIA
DE AMÉRICA LATINA[1]

En la independencia de Hispanoamérica (1808-1825), los dos bandos contendientes buscaron el apoyo ideológico y económico de la Iglesia católica. Desde el principio la mayor parte de la jerarquía eclesiástica apoyó la causa realista. Bajo el patronato real (que tenía su origen en las concesiones pontificias hechas a los Habsburgo en el siglo XVI, reforzadas en el XVIII por el regalismo borbónico), los obispos eran elegidos por la corona, y por ello, en cierto modo, le quedaban subordinados. La inmensa mayoría de ellos procedían de la península, se identificaban con los intereses de España y se daban cuenta de la amenaza que la revolución y la ideología liberal significaban para la preeminente posición que ocupaba la Iglesia. Los obispos de cuya lealtad a la corona se sospechaba eran devueltos a España, o definitivamente apartados de sus diócesis, como fue el caso de Narciso Coll y Prat, de Caracas, y de José Pérez y Armendáriz, de Cuzco. Además, entre la restauración absolutista de Fernando VII en 1814 y la revolución liberal española de 1820, la metrópoli proveyó 28 de las 42 diócesis americanas con nuevos obispos de incuestionable lealtad política. Sin embargo, hubo pocos casos de obispos que claramente simpatizaran con los patriotas —Antonio de San Miguel en Michoacán y José de Cuero y Caicedo en Quito— y algunos oportunistas que no tuvieron inconveniente en avenirse a la victoria de los patriotas de su región una vez llegó el momento.

El bajo clero, y de modo especial el clero secular, era predominantemente criollo y aunque se encontraba dividido, al igual que sucedía en el conjunto de la élite criolla, se sentía más inclinado a sustentar la causa de la autonomía e incluso la independencia de Hispanoamérica. Además, existía una gran diferenciación económica y social entre la masa de curas párrocos y la jerarquía eclesiástica, y había un considerable resentimiento por el virtual monopolio que los peninsulares ejercían sobre los cargos eclesiásticos más importantes. El clero parroquial, había sido también agredido por el Estado borbónico con recientes ataques sobre su principal, y a veces única, fuente de ingresos: las capellanías y otras rentas piadosas, y sobre el fuero eclesiástico que le daba inmunidad ante la jurisdicción civil. Algunos curas jugaron un papel destacado en la lucha por la independencia hispanoamericana; de forma notable este fue el caso de Miguel Hidalgo y Costilla y de José María Morelos en Nueva España, quienes con tanto acierto apelaron a la piedad popular, especialmente a la de los indios, al proclamar a la Virgen de Guadalupe patrona de la revolución hispanoamericana. En Quito, tres sacerdotes proclamaron la independencia en 1809, y en 1814 un general realista confeccionó una lista de 100 curas que se encontraban en el bando de los patriotas. En Santa Fe de Bogotá, tres sacerdotes fueron miembros de la junta de 1810 y 9 participaron en el congreso de 1811. Hacia 1815 cerca de 100 curas, incluyendo a Hidalgo y Morelos, habían sido ejecutados en México; otros más, entre seculares y regulares, habían sido excomulgados. Dieciséis religiosos firmaron la declaración de independencia del Río de la Plata y trece la de Guatemala. Se ha dicho que el clero peruano mostró menos entusiasmo por la independencia, pero 26 de los 57 diputados en el congreso de 1822 eran eclesiásticos. Al mismo tiempo, es importante advertir la existencia de un número sustancial de curas leales que continuaban predicando la obediencia a la corona. Este era el caso de las órdenes religiosas, en las que la proporción de peninsulares respecto a los criollos era más alta. Y desde luego, algunos de los individuos pertenecientes al estrato más bajo del clero estaban dispuestos a adherirse a cualquier autoridad establecida fuera la que fuera su afiliación política.

A lo largo de la mayor parte del período de revoluciones y guerras de independencia en Hispanoamérica, el papado mantuvo su alianza tradicional con la corona española y su oposición a la revolución liberal. En su encíclica Etsi longissimo (30 de enero de 1816) Pío VII conminó a los obispos y a los clérigos de Hispanoamérica a exponer cuáles eran las funestas consecuencias de la rebelión contra la autoridad legítima. Más tarde, sin embargo, el Vaticano mantuvo una posición política más neutral, en parte como respuesta a las solicitudes de Hispanoamérica y en relación a la seguridad espiritual de la fe de allí, y en parte a causa de las medidas tomadas por el gobierno liberal español después de la revolución de 1820, que culminaron con la expulsión del nuncio pontificio en enero de 1823. El papa finalmente se avino a enviar una misión papal al Río de la Plata y a Chile; entre los delegados se encontraba el futuro Pío IX (1846-1878), quien por ello fue el primer papa en visitar el Nuevo Mundo. Pero poco antes de su partida, Pío VII murió (el 28 de septiembre de 1823, el día en que Fernando VII restauró su poder absoluto en España). Bajo el papa León XII, un convencido defensor de la soberanía legítima, la actitud de Roma ante las revoluciones hispanoamericanas de independencia se endureció otra vez. Su encíclica Etsi iam diu (24 de septiembre de 1824) ofreció el respaldo del papado al monarca español y a los realistas de Hispanoamérica en el preciso momento en que estaban a punto de sufrir su derrota final. Fue un cálculo político erróneo, no extraño en la historia del papado, pero que no perjudicó permanentemente a la Iglesia. Sus problemas fueron mucho más serios.

La Iglesia católica hispanoamericana salió de la lucha por la independencia sumamente debilitada. Los lazos entre la corona y la Iglesia habían sido tan estrechos que la expulsión de la monarquía produjo una importante quiebra del prestigio de la Iglesia en toda Hispanoamérica. En primer lugar, la posición intelectual de la Iglesia estaba minada. Las mismas voces racionalistas que repudiaban la monarquía absoluta también se enfrentaban a la religión revelada, o parecían hacerlo. En la construcción de un nuevo sistema político, los líderes de la independencia buscaban una legitimidad moral a lo que estaban haciendo, y encontraron inspiración no en el pensamiento político católico, sino en la filosofía de la edad de la razón, particularmente en el utilitarismo. La influencia de Bentham en Hispanoamérica fue una amenaza específica a la Iglesia, porque dio credibilidad intelectual al republicanismo y ofreció una filosofía alternativa. La Iglesia reaccionó no con un debate intelectual, para el que estaba mal preparada, sino clamando que el Estado debía suprimir a los enemigos de la religión. Todo ello planteó la cuestión de las relaciones entre el Estado y la Iglesia.

La posición de la Iglesia frente a los nuevos gobiernos republicanos era incierta. En primer lugar, se dio la circunstancia de que algunas sedes episcopales permanecieron vacantes en el período de la transferencia de poderes, puesto que muchos obispos, comprometidos con la causa realista, escogieron o fueron obligados a regresar a España; otros murieron y no fueron reemplazados. Bajo la presión de las potencias de la Santa Alianza, Roma rehusó cooperar con los nuevos dirigentes de Hispanoamérica, todos los cuales estaban decididos, por lo menos, a ejercer sobre la Iglesia todos los derechos que previamente había gozado la corona española, especialmente el de patronato (el derecho a proponer nombres a Roma para ocupar un puesto eclesiástico de alto rango), mientras los más liberales de entre ellos estaban mostrando los primeros signos de anticlericalismo. También había cierta inercia papal, que se debía al hecho de que el papado había cambiado de titular tres veces en menos de diez años (1823-1831). En 1825, por ejemplo, el arzobispo de Arequipa, José Sebastián Goyeneche y Barrera, era el único obispo legítimo en toda el área que hoy ocupan Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La muerte del arzobispo de Guatemala y del obispo de Puebla en 1829 dejó a México y a Centroamérica sin un solo obispo. Estos son algunos de los obispados que permanecieron sin ocupar durante un largo período: México, 1824-1839; Michoacán, 1810-1831; Oaxaca, 1828-1841; Guatemala, 1830-1844; Nicaragua, 1825-1849; Caracas, 1817-1827; Bogotá, 1818-1827; Cuenca, 1814-1847; Lima, 1822-1834; Trujillo, 1821-1836; Concepción, 1817-1832; La Plata, 1816-1834; Santa Cruz, 1813-1835; Asunción, 1820-1845; Buenos Aires, 1813-1833; Córdoba, 1816-1857. Bajo el papa Gregorio XVI (1831-1846), sin embargo, gradualmente se organizaron las diócesis de diferentes países y se ocuparon varias vacantes. Empezando por Nueva Granada, en 1835, también se reestablecieron las relaciones políticas con las repúblicas hispanoamericanas. No se sabe con certeza hasta qué punto quedaron desintegradas las estructuras eclesiásticas situadas por debajo del nivel del episcopado. Algunos clérigos murieron y otros regresaron a España. En muchos lugares, la disciplina se había resquebrajado a causa del faccionalismo de las guerras y por la pérdida del contacto con Roma. Parece ser que la vocación religiosa se convirtió en menos atractiva en el período postrevolucionario; con ello la Iglesia quizás perdió el 50 por 100 del clero secular, e incluso más del regular. En México, por ejemplo, el número de seculares disminuyó de 4.229 en 1810 a 2.282 en 1834, y el de regulares de 3.112 en 1810 a 1.726 en 1831. En la provincia franciscana de Lima, el porcentaje anual de profesiones descendió del 6,9 de las tres décadas de 1771-1800 al 5,3 (1801-1810), al 2,3 (1811-1820) y a ninguna entre 1821 y 1837. Al cabo de un año de haberse proclamado la república en Bolivia, 25 de los 41 conventos del país habían cerrado sus puertas, aunque en este caso la hostil legislación de Bolívar y Sucre indudablemente jugó un papel importante.

El patrimonio económico de la Iglesia, que había sido seriamente afectado por la expulsión de los jesuitas en 1767 y por el secuestro y posterior venta de sus considerables propiedades, y que después lo fue por el decreto de Consolidación de diciembre de 1804 a causa de la apropiación que se hizo de las propiedades y capitales de la Iglesia, aún fue más perjudicado durante las guerras de independencia. Desde México hasta Buenos Aires, tanto los realistas como los patriotas, mientras proclamaban su adhesión a la fe, demandaron a la Iglesia por una serie de medidas de emergencia dinero, rentas de diezmos, edificios, tierras y rebaños, e incluso a veces objetos de culto.

Los gobiernos de las nuevas repúblicas de Hispanoamérica reconocieron el catolicismo como religión del Estado, pero al mismo tiempo aceptaron frecuentemente el principio de la tolerancia religiosa. (Además, la libertad de culto estaba a menudo garantizada por los tratados que varios estados hispanoamericanos firmaron con Inglaterra como resultado de la independencia). La Inquisición fue invariablemente abolida, aunque sólo como gesto simbólico. El protestantismo fue introducido en Hispanoamérica por los comerciantes y artesanos extranjeros, que se establecieron principalmente en las ciudades portuarias, así como por los agentes de las sociedades bíblicas. Muchos liberales, además de sustentar la supremacía del estado secular y de defender la libertad de pensamiento, deseaban reducir el poder temporal y la influencia de la Iglesia, a la que consideraban el principal obstáculo para la modernización económica, social y política de la postindependencia. La propiedad de la Iglesia, su capital, sus rentas, su influencia en la educación y sus privilegios judiciales fueron atacados. La Iglesia por su parte, al estar bajo la influencia de las ideas ultramontanas, sobre todo durante el papado de Pío IX, resistió y movilizó de modo creciente en su defensa a las fuerzas conservadoras de la sociedad hispanoamericana. Como resultado de ello, el conflicto entre el Estado liberal y la Iglesia católica se convirtió en la cuestión política central a lo largo de toda Hispanoamérica a mediados del siglo XIX y también en los años posteriores; especialmente en México, donde originó violentos enfrentamientos y una guerra civil en las décadas de 1850 y 1860.

A principios del siglo XIX, la Iglesia católica en Brasil no tuvo la fuerza institucional ni la influencia política ni tampoco la riqueza y los privilegios judiciales que tenía en México o Perú, por ejemplo. Gracias al padroado real (que había sido reforzado por el regalismo pombalino en la segunda mitad del siglo XVIII) la corona proponía, al igual que sucedía en el episcopado español, un arzobispo (el de Salvador) y seis obispos brasileños, que así le quedaban subordinados. (Los jesuitas, los principales oponentes al regalismo en Brasil y en Hispanoamérica, habían sido expulsados en 1759). La jerarquía eclesiástica, sin embargo, incluía muchos brasileños, algunos de los cuales como José Joaquim de Cunha de Azeredo Coutinho, obispo de Pernambuco, eran prominentes defensores de los intereses de los terratenientes brasileños. En Brasil, entre la jerarquía eclesiástica y el bajo clero no existía una profunda división económica, social o ideológica. Por otra parte, Brasil —y por lo tanto también la Iglesia brasileña—, a causa del traslado de la corte portuguesa desde Lisboa a Río de Janeiro en 1807-1808, quedó aislado de los graves conflictos políticos e ideológicos que acosaron Hispanoamérica y también a la Iglesia hispanoamericana como consecuencia de la primera invasión de la península Ibérica por Napoleón y de la restauración de Fernando VII en 1814. En la crisis política de 1821-1822, la mayoría de los clérigos brasileños apoyaron a la fracción brasileña en contra de los portugueses, y en algunos casos incluso defendieron la independencia de Brasil bajo Pedro I. Desde luego, había elementos proportugueses dentro de la Iglesia, especialmente en Bahía, Piauí, Maranhão y Para, algunos de los cuales fueron deportados en 1823-1824. Existían algunos liberales, curas radicales y republicanos que jugaron un papel importante, por ejemplo, en la revolución de 1817 en Pernambuco y, lo que es aún más importante, en la república independiente, la Confederación del Ecuador establecida en el noreste en 1824 y dirigida por fray Joaquim do Amor Divino Caneca, quien tras la derrota de la Confederación fue ejecutado en enero de 1825. Los sacerdotes, la mayoría de los cuales eran liberales moderados, jugaron un papel importante en la vida política de 1820: en las llamadas juntas gobernativas (1821-1822), en las Cortes portuguesas (1821-1822), en la asamblea constituyente (1823) y en la primera legislatura (1826-1829), la cual contó con más sacerdotes (23 de los 100 diputados) que miembros de cualquier otro grupo social. Un cura paulista, Diogo Antonio Feijó, que participó en todos estos acontecimientos, llegó a ser, después de la abdicación de Pedro I, primer ministro de Justicia y regente por dos años (1835-1837).

La transición del Brasil de colonia portuguesa a imperio independiente se caracterizó por la continuidad mantenida tanto en la esfera eclesiástica como en otras esferas. La naturaleza relativamente pacífica del movimiento de independencia y el mantenimiento de la monarquía aseguraron que, al contrario de lo sucedido en Hispanoamérica, la Iglesia brasileña —su personal, su propiedad y su prestigio—saliera prácticamente indemne, aunque también en Brasil durante las primeras décadas del siglo XIX descendió el número de clérigos, seculares y sobre todo regulares, cuando las órdenes religiosas entraron en un período de decadencia. Su riqueza, privilegios e influencia continuaron siendo bastante modestos, y la Iglesia brasileña, a diferencia de la de la mayoría de las repúblicas hispanoamericanas, no fue agredida por el anticlericalismo liberal en el período que siguió a la independencia. El catolicismo continuó siendo la religión del Estado y la transferencia del padroado, especialmente del derecho a señalar los cargos en las diócesis, del rey portugués al emperador brasileño fue reconocida por León XII en la bula papal Praeclara Portugalia (1827). Dejando aparte la disputa que dejó vacante la importante sede de Río desde 1833 a 1839, en Brasil no existieron conflictos importantes entre la Iglesia y el Estado hasta que la jerarquía brasileña cayó bajo la influencia del ultramontanismo en la década de 1870.

Capítulo 8
LA POLÍTICA INTERNACIONAL Y LA
INDEPENDENCIA LATINOAMERICANA

Desde el principio, los enfrentamientos políticos y militares que se produjeron con motivo de la independencia de las naciones latinoamericanas fueron una cuestión que afectó a todo el sistema europeo y atlántico del que las colonias españolas y portuguesas formaban parte. Sin embargo, ello no constituía ninguna novedad. Desde el siglo XVI, las fabulosas riquezas de las Indias habían provocado la envidia de todas las otras naciones europeas, las cuales intentaron obtener una tajada en provecho propio y oponerse a cualquier avance de la posición de sus rivales en América. En el siglo XVIII, el Pacto de Familia firmado entre las monarquías borbónicas de España y Francia significó una amenaza para Gran Bretaña. Sin embargo, los ingleses salvaron este escollo gracias a practicar un extenso comercio clandestino con la América española, pero no intentaron anexionar a su imperio a ninguna de las colonias españolas más importantes.

La rivalidad colonial mercantilista quedó en suspenso a causa de los acontecimientos de la década de 1790. Para empezar, la Revolución francesa introdujo nuevos principios políticos en las relaciones internacionales; la revolución de esclavos de Saint-Domingue atemorizó a las colonias del Nuevo Mundo dedicadas a la economía de plantación; los disidentes criollos de la América española, entre los que destaca Francisco de Miranda, hicieron propaganda en Europa de la emancipación de las colonias americanas del dominio español. Por otro lado, la sumisión de la débil monarquía española a la política francesa —que hizo que España estuviera en guerra contra Gran Bretaña en 1796 y de nuevo, después de una breve tregua, en 1804— comportó que el gobierno británico tomara medidas contra las posesiones del imperio español. Los proyectos de conquista alternaron con planes de liberación, pero hasta 1806 se hizo bien poco en ambas direcciones, puesto que Gran Bretaña gracias al poder marítimo que ostentaba se aseguraba que ella, más que Francia, fuera la principal beneficiaría de la creciente descomposición del sistema comercial español.

Incluso en 1806, ninguna de las intervenciones británicas que tuvieron lugar en América del Sur fue el resultado de una decisión deliberada de los británicos. Puede ser que Miranda hubiera obtenido algún compromiso verbal del primer ministro británico, Pitt, antes de irse a los Estados Unidos a organizar la liberación de Venezuela, pero Pitt murió antes de que Miranda llegara a las Antillas, y, aunque el Precursor consiguió persuadir al jefe local de la marina británica para que le ayudara en su desembarco, el nuevo gabinete desaprobó esta colaboración y la única intervención autorizada fue la de ayudar en la evacuación cuando la expedición no encontró apoyo popular entre los venezolanos. De forma parecida, la invasión de Buenos Aires, emprendida por las fuerzas británicas estacionadas en Suráfrica, tampoco estaba autorizada, y el almirante responsable de la decisión de intervenir en Suramérica tuvo que presentarse ante una corte marcial. Aunque la opinión pública inglesa pedía que se conservara lo conquistado, el gobierno estaba mucho menos entusiasmado al respecto y vacilaba entre emprender ambiciosos planes de nuevas anexiones o bien devolver Buenos Aires a cambio de obtener algunos beneficios en Europa. Al final, las medidas que se tomaron para consolidar la adquisición británica fueron demasiado pocas y tardías, ya que los británicos fueron expulsados de Buenos Aires antes de que llegaran los refuerzos y, en 1807, el intento de recuperar lo perdido fue rápidamente olvidado dada la hostilidad local existente.

En 1807, la suerte que podía correr Brasil constituía un problema mucho más urgente para Gran Bretaña. Portugal estaba siendo obligada por el emperador francés a integrarse a su sistema continental y a romper sus lazos con Gran Bretaña, su aliada tradicional y su socia comercial. La corte portuguesa se encontraba frente a un grave dilema cuando el gobierno británico dejó bien claro que, si bien no podía proteger a Portugal, estaba decidido a no dejar que Brasil cayera bajo el control de Napoleón. Finalmente, después de haber estado dudando hasta que las tropas francesas estuvieron ante Lisboa, la familia real portuguesa aceptó ir a Brasil bajo la escolta naval ofrecida por los británicos —decisión que afectó profundamente el futuro de la colonia.

En 1807, Gran Bretaña también se replanteó su política en la América española a la luz de los sucesos de los años anteriores. La actitud de Buenos Aires había dejado bien claro que las colonias no aceptarían sustituir el dominio español por el inglés; por otro lado, el fracaso de Miranda había demostrado que no se debía esperar que los americanos se levantaran contra el régimen español a menos que no estuvieran impulsados por la presencia de una fuerza militar amiga. Para contrarrestar la creciente influencia francesa sobre el gobierno español —que culminó en los primeros meses de 1808 cuando Napoleón destronó a la familia real española y encumbró a su hermano al trono español—, los británicos empezaron a organizar una expedición para liberar América y a la vez iniciaron actividades políticas y propagandísticas en las colonias españolas. Sin embargo, antes de que partiera la expedición, llegaron a Gran Bretaña las noticias de la resistencia española a la usurpación bonapartista y además los patriotas españoles buscaron una alianza con los británicos a fin de enfrentarse a su común enemigo, lo cual hizo que la política británica se modificara sustancialmente. Entonces el ejército británico se dirigió a la península en vez de ir a las colonias americanas, a las que ahora Gran Bretaña ya no quería conquistar o liberar. Ahora su política consistió en inducirlas a que apoyaran totalmente a los patriotas que en la península luchaban contra los invasores franceses.

La usurpación francesa de la monarquía española fue el detonador que puso en movimiento la secesión de las colonias de España, si bien ésta tuvo complejos durante mucho tiempo. Tal como dijo un patriota mexicano, «Napoleón Bonaparte!… a ti debe América la libertad e independencia que hoy disfruta! Tu espada dio el primer golpe a la cadena que ligaba a los dos mundos».[1] Sin embargo, estas no fueron las intenciones de Napoleón. Él esperaba que las colonias aceptarían el cambio de dinastía y envió emisarios con instrucciones para que los funcionarios coloniales proclamaran a José Bonaparte como a su rey. No obstante, con la excepción de unos pocos funcionarios superiores, que debían su posición a la influencia francesa que había predominado en la corte española, en las colonias se rechazó con gran energía la usurpación francesa, y por todos lados se proclamó efusivamente la lealtad a Fernando VII, el monarca cautivo. Entonces, Francia tuvo que cambiar su táctica e intentó fomentar la independencia colonial como un medio de debilitar los esfuerzos españoles en la península. Sin embargo, la propaganda francesa tuvo escasa repercusión. Es verdad que algunos radicales hispanoamericanos adoptaron los principios revolucionarios franceses y que aventureros franceses ejercieron cierta influencia durante algún tiempo en varias provincias, pero, cuando en 1810 las colonias implantaron gobiernos autónomos, básicamente lo hicieron como respuesta al aparente peligro inminente de que Napoleón ocupara toda la península y a fin de cortar sus vínculos con un gobierno metropolitano que parecía que iba a pasar completamente bajo el control francés.

De 1808 a 1814 la política británica hacia el imperio español, al igual que la de Napoleón, estuvo subordinada a las imperiosas necesidades bélicas de la península. En 1808 necesitó poca persuasión para conseguir que funcionara la solidaridad colonial con la madre patria, su nueva aliada en la lucha contra los franceses. En cambio, la cooperación económica fue más difícil de establecer. A pesar de la insistencia británica de que era necesario compartir el comercio colonial para hacer posible que ella pudiera ayudar a la península, el gobierno español patriota se resistió a abandonar su monopolio imperial. Por ello, después de 1808 la presencia comercial británica en las colonias españolas se debió, al igual que en los años anteriores a la guerra, a las autorizaciones comerciales de ámbito local y de duración temporal que se le otorgaron, o bien a las transacciones clandestinas ilegales. Pero aun así, en algunos de los años de guerra, América Latina absorbió más de un tercio de las exportaciones británicas y así de alguna manera estaba compensando la pérdida de los mercados europeo y estadounidense.

Desde el punto de vista británico, las revoluciones de 1810 en la América española fueron un acontecimiento molesto. Gran Bretaña no podía apoyar a las colonias en su rechazo de la autoridad metropolitana porque necesitaba la cooperación del gobierno peninsular; en lucha contra Napoleón. Por otro lado, era imprudente ponerse al lado de España en contra de las colonias, puesto que ello suponía poner en peligro las futuras relaciones de Gran Bretaña con los estados nacientes si conseguían su independencia. Así, un ministro del gabinete ministerial dijo: «Creo que no debemos ni impulsar la independencia inmediata ni desalentar la posible independencia ya sea de toda o bien de una parte de la América española».[2] Gran Bretaña se mantuvo neutral entre España y sus colonias, intentando evitar ofender a cualquiera de las dos partes —durante algunos años caminó con un éxito notable por esta cuerda floja.

Al principio, Gran Bretaña mantuvo su política neutral con bastante facilidad por el hecho de que los revolucionarios hispanoamericanos actuaron en nombre de la monarquía española y continuaron reconociendo la soberanía de Fernando VII, aunque ellos desconocieron la Regencia, que alegaba que ella gobernaba en nombre del rey mientras éste fuera prisionero de Napoleón. El gobierno británico se aprovechó de estas circunstancias. Así, al tener noticias de la revolución de Venezuela sus primeras palabras fueron para indicar, en un despacho muy difundido, que la Regencia española aún estaba en guerra con los franceses y para subrayar la importancia de la unidad imperial española de cara al enemigo. Sin embargo, en un despacho secreto dejaba claro al gobernador de Curaçao (que había informado de la revolución de Caracas) que Gran Bretaña no tomaría las armas contra los venezolanos si persistían en desafiar al gobierno español, y que se fomentaría el comercio británico con Venezuela, si bien no se reconocería al nuevo régimen.

La llegada a Londres de una misión venezolana en julio de 1810 en busca del reconocimiento diplomático y de la protección militar puso a la política británica ante su primera prueba. El secretario de Asuntos Exteriores intentó evitar un enfrentamiento con España entrevistándose con los delegados de modo privado en su casa y no recibiéndoles oficialmente, pero no pudo aceptar sus demandas ni pudo convencerles de que aceptaran la autoridad de la Regencia española. Incluso este tipo de contactos con los revolucionarios levantó la ira y la sospecha del gobierno español, y, como el principal objetivo de Gran Bretaña era evitar cualquier tipo de conflicto mientras Napoleón no fuera derrotado, tuvo que andar con mucho cuidado. Así, aunque el gobierno británico por sus contactos con ambos lados sabía que no era posible la reconciliación entre España y sus colonias, hacia ver que era posible y aceptó mediar entre ambas partes quizá más para ganar tiempo que por pensar que podía tener algún éxito. La actitud de España, al no querer aceptar las posibilidades de entendimiento que ofrecía la propuesta británica de hacer concesiones constitucionales y comerciales a las colonias, tampoco era sincera respecto a la mediación ya que incluso se acariciaba la idea de recuperar algún día las colonias por la fuerza. Además, el gobierno español, establecido en Cádiz y que se encontraba bajo la influencia de los intereses mercantiles de dicha ciudad, insistió en mantener su monopolio sobre el comercio colonial, y a los ingleses les pareció que estaba más decidido a esto que a expulsar a los franceses de la península. A su vez, los españoles consideraban que la propuesta británica de liberalizar el comercio colonial se había concebido en beneficio de la propia Gran Bretaña y querían que Gran Bretaña emprendiera la supresión de las revueltas de las colonias si fracasaba la mediación. Esto Gran Bretaña no lo aceptaría nunca, porque no sólo perjudicaría su mediación y neutralidad, sino que también provocaría el resentimiento de los hispanoamericanos hacia Gran Bretaña, lo cual podría tener repercusiones a largo plazo. Dadas estas circunstancias, no hubo un acuerdo real sobre la mediación; no obstante, mientras las negociaciones anglo-españolas sobre las detalladas bases de la mediación se alargaron de 1811 a 1813, se podía evitar una brecha entre Gran Bretaña y España.

Si bien la actitud británica frente a las revoluciones hispanoamericanas estrechó las relaciones diplomáticas anglo-españolas, por otro lado hizo que las relaciones anglo-hispanoamericanas fueran muy difíciles. Los representantes enviados por los gobiernos insurgentes a Inglaterra se tenían que comunicar con el secretario de Asuntos Exteriores a través de intermediarios, incluso después de que algunos de los estados de América del Sur hubieran declarado su independencia de España. Por ejemplo, un delegado de Nueva Granada estuvo unos seis meses en Londres sin haber establecido aparentemente ningún contacto con el Foreign Office, habiéndose sólo entrevistado con dos políticos de la oposición y habiendo mantenido dos entrevistas no oficiales con un ministro del gabinete que sentía simpatía por su causa.[3] Por otro lado, Gran Bretaña tampoco envió representantes diplomáticos a América del Sur. Las comunicaciones con los gobiernos insurgentes se mantuvieron a través de los comandantes navales de los apostaderos de América del Sur y de las Antillas, y, en el caso de Venezuela y Nueva Granada, a través de los gobernadores de las colonias británicas, u ocupadas por los británicos, como Jamaica, Trinidad o Curaçao. Estos oficiales recibían instrucciones de mantenerse en una estricta neutralidad, de evitar cualquier intervención política, y de proteger los intereses comerciales británicos —en particular a los súbditos británicos y a sus propiedades, los cuales de modo creciente encontraban ocupación en América del Sur mientras que en Europa y los Estados Unidos estaban reduciéndose las actividades en los canales comerciales normales. A veces, las exigencias de la diplomacia resultaban ser un poco demasiado severas para los encargados de las secciones militares. Una muestra de ello la ofrece el caso del almirante sir Sidney Smith que sostuvo de forma demasiado calurosa la petición de la princesa Carlota, la esposa del regente de Portugal, de hacerse cargo de las colonias españolas en nombre de su hermano Fernando VII, por lo que fue retirado de Brasil por el gobierno británico; otro caso parecido es el del brigadier Layard, gobernador de Curaçao, que puso a Gran Bretaña en una posición demasiado próxima al gobierno patriota de Venezuela. Pero estas situaciones fueron excepcionales. Aunque las simpatías de la mayoría de los oficiales navales parecían haberse inclinado por los patriotas, presumiblemente a causa de sus estrechos contactos profesionales con la comunidad mercantil que favorecía los movimientos de independencia por la gran oportunidad que parecían ofrecer al acceso directo a los nuevos mercados, mientras que, en cambio, la mayoría de los gobernadores coloniales de las Antillas, conscientes de los peligros de la guerra racial que había sacudido a Saint-Domingue e inquietos ante el efecto que sobre su población esclava pudiera tener cualquier subversión del orden establecido que se produjera en el territorio español, estaba del lado de los realistas, normalmente los funcionarios británicos no se permitían que su parcialidad por uno u otro bando les llevara a acciones tales como las indiscreciones de Smith y Layard, que pudieran resultar embarazosas para su gobierno. Por ejemplo, las autoridades de Jamaica, al darse cuenta de que una expedición realista procedente de España estuvo a punto de atacar Cartagena, tanto rehusaron aceptar una oferta de los defensores de transferir el puerto al control británico como se negaron a aceptar la petición de los españoles de proporcionarles anclas y cables para su escuadra.[4] Durante los años de guerra en la península, cuando los patriotas controlaban gran parte de la Suramérica española durante la mayor parte del tiempo, la neutralidad significó a menudo sostener los derechos españoles ante la presión patriota. Pero el esfuerzo británico fue poco apreciado por los españoles que consideraban que sus aliados les debían apoyar activamente contra los rebeldes y se quejaban de que los oficiales británicos estaban «demasiado a favor de las provincias desafectas». En una detallada refutación de estas alegaciones, el Foreign Office dijo que el ejercicio de la neutralidad era una tarea bien desagradecida, señalando que «en varias ocasiones tan parcialidad se ha mostrado favorable a la causa de la vieja España hasta el punto de provocar un gran descontento entre las autoridades insurgentes».[5]

El único representante diplomático británico en aquella zona era el ministro en la corte portuguesa de Río de Janeiro, lord Strangford, quien mantuvo la influencia británica en un alto nivel hasta su marcha en 1815. Gran Bretaña consideraba que gracias a su intervención en 1807 se había conseguido que Brasil continuara en manos de los portugueses y ello debía pagarse concediendo privilegios. Éstos se concretaron en los tratados negociados por Strangford en 1810 que dieron a los productos británicos unas tarifas preferenciales y a los comerciantes británicos unos derechos legales. Al mismo tiempo los portugueses se inclinaron ante las presiones de los británicos y accedieron a restringir el comercio transatlántico de esclavos que cubría la demanda de Brasil, restricción que ya se hacía con vistas a la abolición gradual. Además, Strangford, casi inevitablemente, se vio envuelto en los asuntos de área del Río de la Plata. Antes de que tuviera lugar la revolución de 1810, ya había acordado con el virrey la apertura de Buenos Aires al comercio británico, y después pudo mantener relaciones informales con el gobierno revolucionario, que profesaba lealtad a Fernando VII, sin violar la alianza anglo-española. La situación en la Banda Oriental, al otro lado del río, fue más complicada. Montevideo permaneció leal a la Regencia española hasta 1814, pero la mayor parte de su hinterland estaba en manos de los patriotas uruguayos que se negaban a aceptar la autoridad del gobierno de Buenos Aires. Strangford intentó mantener la neutralidad británica entre estas diferentes posiciones y también evitar que los portugueses, que codiciaban la provincia colindante, se aprovecharan de la situación. En 1812, garantizó la retirada de las tropas portuguesas, que habían ido a la Banda Oriental a petición de los españoles de Montevideo, pero, después de que los realistas fueran expulsados, fue incapaz de evitar las disputas entre los patriotas uruguayos y los de Buenos Aires, lo que en 1816 dio a los portugueses la excusa de invadir la Banda Oriental para restaurar el orden. Strangford por entonces ya se había ido, pero de 1808 a 1815 contribuyó a que el nivel de las hostilidades en el área del Río de la Plata fuera menor y a incrementar el prestigio británico en América del Sur.

En aquel tiempo, Estados Unidos era el único país que estaba en posición de competir con la influencia británica en América Latina. Al no estar implicado en asuntos u obligaciones europeas, debido a la proximidad y al nacimiento de sentimientos panamericanos, y por el hecho de poseer una flota mercante muy activa que actuaba de instrumento informal de su política, en 1808 la joven federación estaba aparentemente en muy buena posición para sacar provecho de la ruptura de las cadenas imperiales. Pero de hecho, a principios del siglo XIX, Norteamérica continuaba estando integrada en el sistema político y económico atlántico, y por otro lado quedó muy afectada por las guerras napoleónicas. Ni Gran Bretaña ni Francia, pensando sólo en sus propios intereses bélicos, respetaban los derechos de los países neutrales, y, a finales de 1807, ante los repetidos insultos a la bandera norteamericana el presidente Jefferson respondió con un embargo sobre todas las exportaciones que salían de sus puertos con la esperanza de que la escasez que se produciría obligaría a los beligerantes a respetar los barcos norteamericanos: El embargo fue un fracaso porque perjudicó más a los Estados Unidos que a las potencias europeas, pero mientras persistió no hubo ninguna posibilidad de explorar nuevas oportunidades comerciales en el hemisferio occidental. Cuando en 1809 se levantó el embargo, los proveedores norteamericanos se encontraron con un mercado para sus productos agrícolas aún mejor, ya que ambos contendientes en la guerra peninsular los necesitaban. Después de las revoluciones de 1810 y del consecuente crecimiento de la influencia británica, se desplegó una gran, pero breve actividad norteamericana en América del Sur. Se enviaron algunos agentes, hubo algunos contactos con los hispanoamericanos en Washington e incluso existió cierta cooperación con la política francesa. Pero Estados Unidos tenía que subordinar las posibles ventajas de una política activa en América Latina a la necesidad de no enfrentarse con España —con la que estaban pendientes algunas cuestiones fronterizas— y de no provocar a Gran Bretaña que aún era su principal socio comercial. Al final, Ja guerra angloamericana de 1812-1815 desvió las energías de Estados Unidos del sur del continente y, aunque las fragatas norteamericanas obtuvieron ocasionales victorias sobre los barcos de guerra británicos en las aguas de América del Sur, la marina británica mantuvo el suficiente control para detener el desarrollo de las relaciones comerciales americanas hasta el final de la guerra.

En 1815, la situación de América Latina reflejaba el hecho de que la atención internacional se concentraba en las guerras europeas. En el caso de Brasil, el ataque francés a Portugal resultó decisivo en la conformación de la cooperación angloportuguesa que permitió que la colonia continuara, aparentemente de modo seguro, en manos de la monarquía portuguesa. Por otro lado, las circunstancias europeas hicieron que ni Francia ni España pudieran afirmar su control en la América española, mientras que Gran Bretaña y los Estados Unidos consideraron que lo mejor para sus intereses era abstenerse de intervenir en cualquier acción decisiva. Así, las colonias españolas pudieron decidir su propio futuro. El hecho de que éste fuera incierto hasta 1815 se debió más a conflictos internos que a la influencia europea.

Aunque en 1815 el contexto internacional cambió hasta el punto que la Europa en guerra dio paso a una Europa en paz, la cuestión de América Latina aún era considerada por los hombres de Estado europeos en términos de su impacto sobre sus intereses europeos. De éstos, el más importante fue el intento de restaurar el Antiguo Régimen después del mal recibido interludio de la Revolución francesa y de las guerras napoleónicas. El legitimismo y el absolutismo eran considerados principios seguros y el liberalismo peligroso. La reacción alcanzó un extremo oscurantismo en la España de Fernando VII, quien por un lado derogó la constitución de 1812, las medidas liberales aplicadas en la península y la participación colonial en el sistema político, y por otro lado envió un ejército a Venezuela y a Nueva Granada para sofocar la rebelión por la fuerza^

Las principales potencias europeas también mantenían principios legitimistas, pero en general, no estaban de acuerdo con las medidas represivas que se emprendían en España. Censaban que el uso de la fuerza no era efectivo, y que la represión tan sólo conduciría al triunfo de la independencia por medio de la revolución. Creían que a la vez ello induciría a los revolucionarios liberales de Europa a intentar subvertir el orden establecido, lo que las potencias aliadas intentaban conservar. Querían que España, al mismo tiempo que mantenía el principio de autoridad, hiciera concesiones a sus colonias que satisfacieran las razonables aspiraciones de éstas. Tal política además se avenía mucho con los intereses comerciales europeos. En el caso de Austria y Rusia, éstos eran casi inexistentes. Aunque Rusia había tenido ambiciosos proyectos en el Pacífico durante unos pocos años antes de 1815, éstos se habían reducido al nivel más realista y pragmático de conservar Alaska y de asegurarse las comunicaciones con ella.[6] En cambio, Prusia y otros estados alemanes del norte, así como Francia, deseaban el desarrollo de los mercados suramericanos, mientras que hacia 1815 Gran Bretaña ya tenía importantes intereses creados en América. Con el triunfo de los patriotas, el factor comercial adquirió mayor importancia. A excepción del Río de la Plata, en 1816 la causa de la independencia de América del Sur se encontraba en su punto más bajo, pero, después, las campañas de San Martín abrieron el comercio de Chile y del litoral peruano, y tras las victoriosas campañas de Bolívar en Gran Colombia y de la independencia de México en 1821 se produjo un gran crecimiento del comercio directo con Europa. Hacia 1822 América Latina absorbía casi el 10 por 100 de las exportaciones británicas, los comerciantes británicos establecían negocios de importación y exportación en diferentes puertos de Suramérica, y los comerciantes y financieros de Liverpool y Londres otorgaban cantidades apreciables de capital en crédito comercial y en préstamos a los nuevos gobiernos.

Pero aunque el gobierno británico era plenamente consciente de que se estaban desarrollando estos intereses, no parece ser que el comercio fuera la primera consideración que se tuviera en cuenta en la política exterior británica. Incluso después de la derrota de Napoleón, Castlereagh continuaba preocupado por el mantenimiento de la paz en Europa y seguía considerando a España como un elemento importante dentro de un sistema de seguridad colectiva orientado a prevenir cualquier posible reafirmación de la preponderancia francesa. Por esta razón, continuaban siendo válidos los argumentos a favor de la neutralidad británica entre España y sus colonias que había prevalecido durante la guerra. En 1814 se renovó la alianza anglo-española en un tratado que incluía la prohibición de que Gran Bretaña diera armas a los insurgentes hispanoamericanos; y en 1815, cuando España de nuevo volvió a pedir su mediación, ofreciendo unos derechos comerciales exclusivos si Gran Bretaña conseguía convencer a sus colonias de que volvieran a someterse a la autoridad española, Castlereagh contestó que Gran Bretaña no buscaba ningún tipo de privilegios especiales y que creía que la única base válida para la mediación era hacer sustanciales concesiones a los americanos. El régimen español consideraba que cualquier concesión sería interpretada por éstos como un signo de debilidad e insistía en que la mediación, consistiera en un acto de fuerza. Tal como España esperaba, Gran Bretaña lo encontró inaceptable y la no aceptación británica dio a España la excusa para buscar otras potencias europeas que le ayudaran en su lucha contra las colonias.

Al producirse la disputa con Portugal y la ocupación de la Banda Oriental, España contó con la simpatía de los países europeos continentales. El gobierno británico también estuvo de su parte y accedió a la petición española de que actuara como mediador, pero los británicos veían la disputa entre España y Portugal sobre Uruguay como algo que iba bastante separado de la existente entre España y sus colonias. Sobre esta cuestión más amplia, en agosto de 1817, Castlereagh respondió al intento español de convocar un foro europeo con un «memorándum confidencial» que contenía el punto de vista británico y proponía una mediación conjunta, basada en el armisticio, una amnistía general, la igualdad de las colonias, el libre comercio y que no se hiciera uso de la fuerza. Austria y Prusia apoyaron la propuesta británica», en parte porque vieron que alinearse con Gran Bretaña era el mejor medio de contrarrestar el peso de su poderoso vecino, Rusia, en la alianza. Entre todas las monarquías europeas, Rusia era la que sentía mayor simpatía por España pero no parece que el zar Alejandro fuera a prestar ayuda directa a Fernando VII contra las colonias, sino que más bien consideraba que se tenía que hacer concesiones. Sin embargo, divergía de los otros países al proponer que si no se aceptaban las concesiones se tendría que ejercer una presión económica mediante alguna forma de boicot; por otro lado, el 1817 vendió ocho barcos de guerra a España. Parece que esto hizo que España no aceptara el memorándum de Castlereagh y que pusiera sus esperanzas en el proyecto de una nueva expedición a América del Sur. Estos planes revinieron abajo cuando los barcos rusos resultaron inservibles y los portugueses se negaron a abandonar Montevideo, que hubiera sido la base del nuevo intento de reconquista.

En junio de 1818, España, con un ojo puesto en el congreso que iba a celebrarse en Aquisgrán, propuso una nueva base para la mediación consistente en la aceptación de la amnistía y el estado de igualdad de las colonias, pero que en cuanto a las concesiones comerciales era vaga y estipulaba que la dignidad y los derechos de la monarquía española no debían quedar comprometidos, lo cual significaba excluir cualquier solución realista. España también quería conseguir que la invitaran al congreso, pero aunque Rusia y Francia estaban de su parte, los otros países no quisieron que fuera. Sin embargo, en Aquisgrán la consideración de que no se usaría la fuerza contra los insurgentes fue casi el único punto en que las cinco potencias estuvieron de acuerdo. Francia y Rusia pensaban, en su deseo de impedir el reconocimiento de la independencia de Buenos Aires por parte de los Estados Unidos, que éstos también tenían que implicarse en los acuerdos del congreso; por otra parte, Prusia quería que estuvieran presentes representantes de Buenos Aires. Tampoco se estaba de acuerdo sobre si la mediación debería ser conducida por un comité o por el duque de Wellington, quien sólo estaba dispuesto a actuar si había un acuerdo claro, aceptado por España, sobre las bases en que debía realizarse la mediación. Rusia y Francia propusieron que si ésta fracasaba deberían interrumpirse todas las comunicaciones con los insurgentes, pero Gran Bretaña y Austria se opusieron a ello, y más tarde Castlereagh convenció al zar de que un boicot comercial era imposible. España quedó desilusionada con los resultados del congreso y a pesar de la influencia rusa en Madrid no se pudo evitar que Fernando VII rechazara la mediación en favor del uso de la fuerza. En 1819, el gobierno español preparó una expedición contra el Río de la Plata y tuvo lugar una rebelión de la tropa acantonada para tal destino, la cual desencadenó la revolución liberal de 1820.

Tras el congreso, Francia, aislada después de que el zar cambiara el punto de vista ruso sobre la coerción económica, durante un tiempo se movió por su cuenta, e irritó tanto a Gran Bretaña como a España cuando se supo que había estado intrigando con los patriotas de Buenos Aires para que un vástago de la casa real francesa fuera monarca del Río de la Plata. Tanto entre los políticos británicos como los de los otros países había el acuerdo general de que como forma de gobierno en la América española la monarquía era preferible a la república; era una idea compartida por San Martín y a veces por otros jefes patriotas, pero el establecimiento de un monarca francés o la extensión de la influencia francesa despertaba grandes celos y sospechas.

En 1819, Gran Bretaña al hacer la ley de reclutamiento militar para el exterior hizo un gesto de reparar sus relaciones con España. Fue una acción algo retrasada tras la multitud de amargas recriminaciones españolas contra las actividades desarrolladas por los agentes patriotas y sus simpatizantes británicos, que en 1817 habían empezado a reclutar tropas en Gran Bretaña e Irlanda para que sirvieran en Venezuela. Éstos también contribuyeron a que se concedieran préstamos y a que se enviara armamento, uniformes y otro material militar para ayudar a las fuerzas de Bolívar. Una proclama real de 1817 en contra del reclutamiento militar para América del Sur fue ineficaz, y el gobierno se encontró con que, a pesar de su compromiso con España —contraído en el tratado de 1814— de no permitir el envío de armas a los insurgentes, no podía evitar que se embarcara munición a un puerto neutral, como era el caso de la isla danesa de Santo Tomás en las Antillas, y que allí fuera reexpedida a Venezuela. El gobierno español continuaba quejándose y como el reclutamiento abierto constituía una flagrante violación de la profesada neutralidad británica, el gobierno se vio obligado a presentar al parlamento un proyecto de ley para hacer observar la prohibición. Esto hizo que los simpatizantes británicos de la causa insurgente tuvieran la oportunidad de propagar sus sentimientos antiespañoles, de hacer público su apoyo a la causa de la independencia y de expresar su temor de que la ley provocara la enemistad de los patriotas y de que hiciera peligrar el valioso comercio que ya se estaba desarrollando con ellos. Bien que la oposición contra la medida procedió en parte de una agitación interesada por parte de los contratistas y financieros que suministraban a los insurgentes, sin embargo la medida fue verdaderamente impopular y el gobierno tuvo que imponerla apelando a las exigencias del honor nacional. Sin embargo, cuando se puso en práctica, una legión extranjera ya estaba en Suramérica contribuyendo a las victorias de Bolívar. Además, tal como George Canning había predicho al desvincularse de una protesta contra la ley que presentó a la Cámara de los Comunes en representación de los comerciantes de su circunscripción de Liverpool, el deseo de los hispanoamericanos de hacer negocios con Gran Bretaña no se alteró.

La neutralidad que mantuvo el gobierno de los Estados Unidos también provocó que éste tuviera que enfrentarse con la opinión pública. Los barcos españoles eran apresados por barcos corsarios que llevaban nombramientos de los estados insurgentes, pero que se habían equipado en los puertos estadounidenses y que tenían tripulación también estadounidense, y ello motivó que el embajador español en Washington presentara duras quejas. En 1817, el Congreso aprobó una nueva ley que reforzaba la legislación sobre la neutralidad, pero fue difícil de aplicar porque los jurados eran reticentes a tomar decisiones en contra de la opinión pública. Por otro lado, en 1818 no se tuvo en consideración una propuesta de reconocer la independencia de Buenos Aires, en parte debido a que el gobierno no quería anticiparse a la posibilidad de que en Aquisgrán se adoptara una decisión conjunta y porque se tenían dudas de que los suramericanos quisieran tener un gobierno democrático y republicano. Además, cada vez era más necesario mantener buenas relaciones con España de quien dependían importantes intereses norteamericanos. Aunque la cesión de Florida y el establecimiento de la frontera suroeste entre los Estados Unidos y el imperio español se habían acordado de forma satisfactoria en el tratado Adams-Onís en febrero de 1819, España consiguió retrasar su ratificación dos años más, durante los cuales era vital mantener la neutralidad y evitar cualquier movimiento antiespañol que pudiera perjudicar la conclusión del acuerdo.

Hacia 1821 la situación había cambiado mucho. La revolución liberal que se había producido en España hizo desaparecer la amenaza de una nueva expedición armada que se tenía que enviar desde España y ofreció la posibilidad de que el gobierno constitucional hiciera el tipo de concesiones a las colonias que los absolutistas no habían aceptado hacer. Sin embargo, el nuevo gobierno pronto dio muestras de no tener más ganas que su predecesor de otorgar la autonomía colonial, y en el curso de 1821, cuando Venezuela finalmente fue liberada, y México y América Central y Perú declararon su independencia, se esfumó cualquier esperanza de reconciliación. Esta evolución se debió desde luego principalmente a hechos y factores internos del imperio español, pero en parte también se debió a que Gran Bretaña se opuso firmemente a que se agregara un tercer contendiente en la lucha y a que consiguió que este punto de vista prevaleciera entre las otras potencias europeas.

En 1822 el mundo empezó a adaptarse al hecho de que, aunque las fuerzas realistas aún conservaban la sierra peruana y el Alto Perú, Hispanoamérica había conseguido, en efecto, separarse de España. Estados Unidos fue el primero en reconocerlo, quizá porque no estaba limitado por las inhibiciones monárquicas y legitimistas que tenían los países europeos. En enero, el Congreso pidió información al ejecutivo y en marzo el presidente Monroe respondió, diciendo que creía que Estados Unidos debería reconocer la independencia de facto de Buenos Aires, Chile, Colombia, México y Perú. La propuesta fue aprobada por el Congreso y se aplicó en junio cuando el representante de Gran Colombia fue oficialmente recibido por el presidente, teniendo así lugar el primer acto de reconocimiento de un país suramericano en el exterior.

La decisión norteamericana tuvo rápidas repercusiones. En abril, Francisco Antonio Zea, un gran colombiano enviado a Europa, publicó un manifiesto en París dirigido a los gobiernos europeos en el que aseguraba que Colombia sólo mantendría relaciones con aquellos países que reconocieran su independencia y rompería sus relaciones comerciales con los otros. Aunque Zea no seguía instrucciones y por lo tanto su manifiesto no contaba con la aprobación de su gobierno, causó una gran alarma, particularmente entre los pequeños estados de Alemania del norte que no podían desafiar la actitud legitimista mantenida por sus poderosos vecinos, Austria y Prusia, y que veían como sus crecientes intereses económicos en Suramérica estaban amenazados por los Estados Unidos que seguían la política de Zea. Consideraciones parecidas pesaron en el gobierno británico, el cual en mayo de 1822 dio su primer paso importante hacia el reconocimiento de facto de la independencia hispanoamericana, cuando, en la revisión de una ley de navegación que entonces se estaba debatiendo en el parlamento, estableció que los barcos que enarbolaran banderas suramericanas podían entrar en los puertos británicos, y, al disponerlo, justificó su decisión refiriéndose tanto al reconocimiento estadounidense como al manifiesto de Zea.

Mientras tanto, España había elevado una dura protesta a Washington por el reconocimiento, y había pedido a los gobiernos europeos que no siguieran el ejemplo de los Estados Unidos, especialmente mientras España aún estaba negociando una reconciliación con las colonias a partir de principios liberales. Rusia, Prusia y Austria aseguraron a España que continuaban al lado del legitimismo, pero en cambio, en junio de 1822, Castlereagh, preparando otro avance de las relaciones británicas con Hispanoamérica advirtió a España que ella no podía pretender que Gran Bretaña esperara indefinidamente, y continuó señalando que: «tan gran parte del mundo no puede, sin distorsionar las relaciones de la sociedad civilizada, continuar por mucho tiempo sin algún tipo de reconocimiento y de relaciones establecidas; que el Estado que ni por sus palabras ni por sus armas puede hacer valer sus derechos sobre sus dependencias, así como tampoco puede obligarlas a obedecer y de este modo hacerse responsable de mantener sus relaciones con otras potencias, más pronto o más tarde debe prepararse para ver como estas relaciones se establecen, dada la acuciante necesidad del caso, de una manera u otra».[7]

Algunas semanas más tarde, al prepararse para el congreso de las potencias europeas que se celebraría en Verona en octubre y noviembre. Castlereagh estableció la existencia de diferentes grados de reconocimiento, que ahora veía «más como una cuestión de tiempo que de principios». Esperaba poder convencer a los otros países de actuar conjuntamente para que la situación existente de las relaciones comerciales de facto pasara a una posición de reconocimiento diplomático, considerando que el grado final del reconocimiento, el de jure, dependía de la renuncia de España a sus derechos.

Es muy dudoso que Castlereagh pudiera conseguir en Verona apoyo para su punto de vista, como tampoco lo había obtenido en Aquisgrán, pero su suicidio hizo que nunca se pusieran a prueba sus planes en esta cuestión. Ni Wellington, que fue a Verona en su lugar, y menos aún Canning, que en septiembre de 1822 le sustituyó en el Ministerio de Asuntos Exteriores, tuvieron una influencia comparable a la de él entre los estadistas europeos. Canning estaba en contra del sistema de congresos, pero mientras esta actitud le daba libertad para actuar como mejor le pareciera, a la vez reducía su posible influencia sobre las demás potencias europeas. Así, mientras se oían cuáles eran las intenciones británicas hacia Hispanoamérica —sin que obtuvieran apoyo pero tampoco objeciones—, la iniciativa del congreso la llevaron los franceses que mostraron mucho más interés por la situación de la metrópoli española que por sus colonias, y prepararon el terreno para obtener la aquiescencia europea para que una intervención militar francesa destruyera el liberalismo español y reinstaurara a Fernando VII en el pleno ejercicio de su poder.

Entretanto, Canning, al preparar el envió de cónsules británicos a los principales puertos y centros comerciales de Hispanoamérica y al mandar una fuerza naval al Caribe con el doble objetivo de cooperar con los gobiernos insurgentes contra los piratas que tenían la base en aguas coloniales españolas y de pedir la restitución de los barcos y las propiedades británicas capturados por las autoridades realistas, estaba avanzando de forma unilateral hacia el reconocimiento. Sin embargo, a finales de año, ante el inminente peligro de una invasión francesa, el gobierno español mostró una inusitada celeridad en reparar los agravios británicos y de nuevo invitó a Gran Bretaña a que mediara con las colonias. Canning suspendió las operaciones navales y pospuso el envió de los cónsules hasta que el régimen liberal español no estuviera totalmente derrotado y Fernando VII fuera repuesto como rey absoluto a consecuencia de la intervención del ejército francés —lo cual sucedió en la segunda mitad de 1823.

Así pues, la esperanza de que el reconocimiento de los nuevos estados hispanoamericanos se hiciera con rapidez durante los primeros meses en que Canning ocupó la secretaría de Asuntos Exteriores resultó vana; y lo mismo sucedió, por razones muy distintas, en el caso de Brasil. El rey de Brasil pospuso el regreso de Río de Janeiro a Lisboa hasta 1821, cuando se hizo evidente que si continuaba en Brasil el nuevo gobierno liberal de Portugal le destronaría. Un año más tarde, cuando el gobierno portugués trató de reducir Brasil a su antiguo estatus de colonia, el hijo del rey, dom Pedro, que se había quedado en Río de Janeiro como regente, se puso a la cabeza del movimiento separatista de la colonia y declaró la independencia en septiembre de 1822. Canning vio en ello la oportunidad de hacer avanzar la política británica en un punto en que él personalmente estaba mucho más comprometido que su predecesor. Se trataba de la abolición del comercio transatlántico de esclavos, del cual ahora Brasil constituía el principal mercado. El primer compromiso portugués de abolir la trata, obtenido por Gran Bretaña en 1810, fue seguido de otros acuerdos en 1815 y 1817. Canning no sólo deseaba asegurarse que el nuevo Estado de Brasil cumpliera con la promesa de la madre patria al respecto, sino que también esperaba usar la cuestión del reconocimiento británico como un elemento que obligara a Brasil a abolir totalmente la trata —disposición que ya había decidido que era indispensable para poder reconocer a cualquiera de los estados hispanoamericanos.

En noviembre de 1822, las conversaciones no oficiales sostenidas con un agente brasileño en Londres dieron a entender que Brasil podía aceptar la abolición a cambio del reconocimiento inmediato de Gran Bretaña. Canning pensó que tal decisión no debía ni interferir con las obligaciones británicas con Portugal ni perjudicar cualquier acuerdo posterior entre las coronas de Portugal y Brasil. Al señalar el representante brasileño que no tenía autoridad suficiente para concluir el acuerdo, la negociación prosiguió en Río de Janeiro; en febrero de 1823 las instrucciones que dio Canning a los negociadores, por un lado urgían a Brasil a la abolición, pero por otro no prometían el reconocimiento británico, posiblemente porque Canning ahora se dio cuenta de que su política no contaba con la aprobación del gabinete. El gobierno brasileño estaba deseoso de obtener el reconocimiento británico creyendo que al contar «com a amizade de Inglaterra poderemos zombar do resto do mundo»,[8] pero también era consciente de que los sectores económicos más fuertes del país consideraban la trata como algo vital para su prosperidad y que no estarían de acuerdo con una abolición inmediata. Por todo ello se desvaneció la posibilidad de un acuerdo rápido. Además, Canning se convenció de las ventajas que obtendría si se asociaba con Portugal en el reconocimiento de la independencia brasileña. Así pues, el impulso inicial de llegar a un acuerdo desapareció y cualquier avance efectivo quedó pospuesto por más de un año.

La invasión francesa de España empezó en abril de 1823 y en septiembre el país estaba totalmente dominado; Fernando VII quedó libre del control de los constitucionalistas y restauró el poder absoluto. La posibilidad de que a esta acción siguiera la reimplantación en América del poder español gracias a la ayuda francesa era algo que concernía tanto a los dos participantes como a los observadores. Sin embargo, aunque Francia aparentemente consideró tal posibilidad en más de una ocasión, parece ser que nunca llegó al punto de planearlo de una manera seria. A pesar de las vacilaciones y de las inconsistencias, parece que los franceses reconocieron que su principal interés en Hispanoamérica era comercial y que Francia estaría en desventaja al respecto si otros países hacían un reconocimiento oficial y establecían tratados comerciales. El compromiso de Francia con el legitimismo, que era el principio que sostenía la monarquía borbónica restablecida, hacía que no pudiera reconocer la independencia de las colonias españolas antes de que lo hiciera la madre patria. En consecuencia, la verdadera política francesa consistió entonces en persuadir a España de que aceptara lo inevitable, y por eso, desde mediados de 1823 pretendía que tras la liberación de Fernando VII se celebrara un congreso sobre América del Sur en el que la presión conjunta de las potencias europeas se dejara sentir en España.

Pero para los observadores esto de ningún modo era evidente, y no era ilógico pensar que Francia pudiera intervenir en las colonias españolas. Canning mostró creerlo así al comunicar al gobierno francés, pocos días antes de que las tropas francesas entraran en España, que la neutralidad de Gran Bretaña dependía de la presunción de que Francia no intentaría apoderarse de ninguna parte de la América española, pero no recibió ninguna señal de que su suposición fuera correcta. Se ha discutido mucho acerca de si el temor de Canning era real, o era fingido por cuestiones diplomáticas. Fuera cual fuera la verdad, este fue el contexto en que Canning, en agosto de 1823, sondeó al ministro de Estados Unidos en Londres, Richard Rush, sobre la posibilidad de declarar conjuntamente que ni Gran Bretaña ni los Estados Unidos creían que España pudiera recuperar sus colonias, que renunciaban a cualquier ambición anexionista y que se opondrían a que se transfiriera cualquier parte del imperio español a cualquier otro país. Sin embargo. Rush sólo estaba dispuesto a colaborar con Gran Bretaña si ésta se ponía en la misma línea que los Estados Unidos reconociendo la independencia de los nuevos estados, y como Canning aún no había vencido la oposición de la mayoría de sus colegas de gabinete a la política del reconocimiento, la cuestión se olvidó en septiembre.

Tras el colapso de la resistencia constitucionalista en España, Canning decidió obtener alguna información formal de las intenciones francesas. En octubre de 1823, hubo una serie de entrevistas con el embajador francés, el príncipe de Polignac, que Canning recogió en un documento conocido como el Memorándum Polignac. En estas conversaciones, los dos bandos acordaron que no cabía esperar una reimplantación de la autoridad española en las colonias y desaprobaron cualquier proyecto territorial sobre el imperio español o cualquier deseo de obtener privilegios comerciales exclusivos allí. Gran Bretaña advirtió que cualquier intento de recortar sus actividades comerciales podía provocar su reconocimiento inmediato de los nuevos estados, al igual que si se producía cualquier «interferencia extranjera ya sea por la fuerza o por amenaza»; y por su parte Francia renunció a «cualquier intento de actuar contra las colonias por medio de las armas». Además, Canning insistió en que, en vista de sus intereses especiales, Gran Bretaña podría no asistir a las conferencias sobre la América española «sobre una base igual con otros países», y añadió que los Estados Unidos deberían participar en conferencias como ésta».[9]

No puede decirse que el Memorándum Polignac evitara una intervención francesa puesto que no se planteó ninguna con seriedad; por su parte, el gobierno francés lo aceptó sin vacilar, y lo utilizó como una excusa para rehusar posteriores peticiones de otros países de que enviara fuerzas militares a la América española. Sin embargo, fue un éxito táctico de Canning y una contrariedad para Francia, ya que Polignac fue incapaz de obligar a los ingleses a que participaran en la conferencia propuesta. Así, aunque Francia consiguió convencer a Fernando VII de que convocara un encuentro, Canning se negó a participar en él y, como respuesta a la invitación española, señaló que si bien Gran Bretaña preferiría que España diera el ejemplo reconociendo la independencia, en su propio interés debía conservar la libertad de actuar según dictaran el tiempo y las circunstancias. Esta decisión fue duramente contestada por las potencias continentales, pero Canning no cambió de posición; y, además, la conferencia, que se reunió en diversas ocasiones en 1824 y 1825, fue totalmente ineficaz.

Aunque Canning pronto lamentó haber propuesto a Rush la elaboración de una declaración conjunta anglo-estadounidense, el tema no se paró aquí. Cuando el primer informe de Rush llegó a Washington, la administración norteamericana estaba en general dispuesta a aceptar la idea. Sin embargo, John Quincy Adams, el secretario de Estado, sospechó que la verdadera intención de Canning, al desaprobar conjuntamente las ambiciones territoriales, era evitar la adquisición de Cuba por parte de los Estados Unidos y también pensó que «será más cándido, así como más decoroso, confesar nuestros principios con claridad… que meternos como un cascarón de nuez tras el surco del barco de guerra británico».[10] Mientras aún se discutía el asunto, Rush informó que parecía que Canning ya no estaba interesado en él, quizás (tal como fue el caso) porque estaba arreglando sus asuntos directamente con Francia. De estas circunstancias —la sospecha de que Francia pudiera estar pensando en una intervención militar en la América española, el saber que Gran Bretaña se oponía tanto a tal intervención como a las pretensiones de estos y otros países europeos de pronunciarse sobre el destino de la América española— salieron los pasajes del mensaje presidencial al Congreso hecho en diciembre de 1823 que acabó siendo conocido como la Doctrina Monroe. Ésta subrayó la diferencia existente entre el sistema político europeo y el de América y estableció que cualquier interferencia europea que tuviera el objeto de oprimir o controlar los gobiernos independientes del hemisferio occidental sería considerada como una manifestación de enemistad a los Estados Unidos.

A las potencias europeas no les gustó que los Estados Unidos les advirtieran de que se apartaran del continente americano. Además, la promulgación de la Doctrina Monroe pareció sincronizar sospechosamente con la decisión británica de actuar independientemente de los países europeos continentales respecto a Hispanoamérica, y el mismo Canning instigó la idea de que él había inspirado la declaración estadounidense. Sin embargo, de hecho, la declaración de Monroe sobre la separación de América de Europa como un reto a la influencia de Gran Bretaña, y su política americana posterior frecuentemente reveló una obsesión por la rivalidad con los Estados Unidos.

Así que cesó la resistencia española a la invasión francesa, Canning utilizó la libertad de acción que había logrado para Inglaterra. En octubre de 1823, envió cónsules a Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso, Lima, Panamá, Cartagena, Maracaibo, La Guaira, México y Veracruz. También algunos comisionados especiales fueron a México y Colombia con instrucciones para asegurarse de que estos gobiernos habían declarado la independencia y estaban decididos a conservarla, de que controlaban su territorio y contaban con la confianza de la población, y de que habían abolido el comercio de esclavos. A comienzos de 1824, antes de disponer de informes, en el parlamento se planteó la cuestión del reconocimiento de la independencia hispanoamericana. Canning respondió publicando el Memorándum Polignac y su negativa a la invitación española a la conferencia, con lo cual dejaba bien claro que el gobierno estaba considerando el asunto; sin embargo la cuestión se planteó de nuevo en junio cuando los comerciantes y financieros londinenses apremiaron al gobierno para que reconociera inmediatamente a los nuevos estados. El comercio había continuado creciendo; ahora América Latina adquiría el 15 por 100 de las exportaciones británicas y se habían invertido algunos millones de libras en préstamos a los nuevos gobiernos y en negocios comerciales y mineros. Esta renovada actividad mercantil coincidió con un informe favorable del recién llegado cónsul en Buenos Aires, y en julio el gabinete acordó autorizar las negociaciones de un tratado comercial, que podría terminar convirtiéndose en un reconocimiento diplomático. Sin embargo, la decisión no se hizo pública por entonces y las negociaciones se retrasaron durante algunos meses en los que el gobierno provincial de Buenos Aires buscó la autoridad necesaria para poder establecer las relaciones internacionales en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Mientras tanto, los comisionados en México y Colombia informaron que estos países cumplían las características establecidas en las instrucciones recibidas, y aunque Canning no estaba satisfecho con ciertos aspectos de los informes —en particular quería que los comisionados mexicanos hubieran investigado más sobre la posibilidad de establecer allí una monarquía— encontró que ofrecían una amplia base para actuar. Al presionar al gabinete a fin de que se aviniera a reconocer a los nuevos estados hispanoamericanos —llegó incluso a amenazar con su dimisión—, parece que Canning insistió menos en la situación existente en Hispanoamérica y en la presión de los intereses económicos británicos que en la rivalidad con los Estados Unidos y, más particularmente, con Francia. El argumento final que le dio la victoria fue el rechazo del gobierno francés a contestar satisfactoriamente, cuando se le pidió que fijara la fecha de la retirada de sus tropas de España. Fue refiriéndose a esto cuando dos años más tarde en la Cámara de los Comunes, Canning hizo su famosa declaración: «Decidí que si Francia tuviese España, no debía ser España “con las Indias”. Desperté al Nuevo Mundo a su existencia para restablecer el equilibrio en el Viejo».[11] El reconocimiento británico de Hispanoamérica, desde el punto de vista de Canning, pudo haberse pensado como un desafío a los países europeos continentales y su sistema de congresos, pero también tuvo en cuenta otras cuestiones, puesto que dijo «Hispanoamérica es libre; y si nosotros no manejamos mal la situación, es inglesa».[12] El reconocimiento de los Estados Unidos llegó antes; el de su madre patria durante años no se hizo. De todas maneras, los de ambos países eran insignificantes en comparación con el reconocimiento de la nación que contaba con la marina, el comercio y la industria más avanzados del mundo. Los comisionados británicos en Colombia informaron de cómo había sido recibida allí tal noticia: «Toda la gente de Bogotá está medio loca de alegría… exclamando: “Ahora somos una nación independiente”».[13]

Aunque Estados Unidos había iniciado los pasos hacia el reconocimiento en 1822, no fue hasta 1825 cuando estableció tratados con Colombia y América Central. Gran Bretaña no tardó en hacer lo mismo. En 1825 concluyó tratados comerciales con las Provincias Unidas del Río de la Plata y con Colombia. Ello ofreció un marco de protección legal a los súbditos británicos residentes en América del Sur, eximiéndoles del servicio militar, de préstamos forzosos y de imposiciones discriminatorias, y les dio el derecho de practicar su religión protestante. Para el comercio, Gran Bretaña no buscaba un trato preferencial para sus productos, sino que simplemente pedía que no se le impusieran derechos más altos que los que se imponían a la nación más favorecida. Las bases generales de reciprocidad comercial y naval en las que Gran Bretaña insistía favorecían, como es natural, a las naciones ya existentes en contra de las nuevas; pero los suramericanos pensaron que un tratado con Gran Bretaña bien valía un sacrificio. Por otro lado, los mexicanos parece ser que tenían una exagerada consideración sobre la importancia de su país ante los ojos británicos y en sus negociaciones exigieron concesiones que eran inadmisibles para el Foreign Office. Por ello se rechazó el borrador del tratado y, antes de que se ratificara finalmente éste en 1827, hubo negociaciones en México y en Londres en las que Gran Bretaña cedió ante algunas de las objeciones mexicanas y mantuvo sus principios en los aspectos marítimos.[14]

Estas dificultades y retrasos se debieron en parte a la rivalidad con que los representantes británico y estadounidense pretendían influir en México. El ministro británico se atribuyó el mérito tanto de vencer los intentos estadounidenses de evitar la ratificación del tratado británico, como de hacer fracasar la ratificación de un tratado comercial entre México y los Estados Unidos y de minar los intentos de los Estados Unidos de liderar una liga de naciones americanas. Pero, en el desarrollo de las relaciones inglesas y norteamericanas —especialmente en lo concerniente a Colombia y México—, subyacían diferencias más importantes. En 1824, Colombia preguntó si la Doctrina Monroe implicaba un deseo por parte de los Estados Unidos de entrar a formar parte de una alianza defensiva y se le contestó que en caso de una intervención, los Estados Unidos cooperarían con las potencias europeas; y una investigación similar hecha por México en 1826 reveló que la Doctrina Monroe no implicaba ninguna obligación de los Estados Unidos hacia América Latina. En cambio, Colombia apreció la vigorosa protesta británica contra Francia, que en 1825, violando el Memorándum Polignac, ofreció una escolta naval a los refuerzos españoles enviados a Cuba.

En las relaciones de los Estados Unidos con Hispanoamérica, Cuba presentaba otro tipo de problemas. Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos no querían que la isla pasara a manos de ninguna de las otras potencias y acordaron que lo mejor sería que quedara en poder de España. Pero los Estados Unidos no estaban dispuestos a participar en un acuerdo que pudiera imposibilitar la posible futura integración de Cuba a la unión americana. Menos aún permitiría que la isla fuera liberada del dominio español por las fuerzas militares de Colombia y México, puesto que ello implicaba la posibilidad de una insurrección esclava en una zona peligrosamente cercana a los estados norteamericanos esclavistas; por esto, en 1825 los Estados Unidos advirtieron a ambos países que no atacaran Cuba. En cambio, Gran Bretaña consideraba que mientras España estuviera en guerra con los nuevos estados americanos, ellos tenían razones suficientes para invadir territorios españoles, pero señaló que el ataque a Cuba daría lugar a la intervención estadounidense, lo cual sería mal recibido por Gran Bretaña y perjudicaría a México y Colombia.

Esta sugerencia fue lanzada por Gran Bretaña y asumida por Colombia en el congreso de Panamá de 1826, en el que se puso de manifiesto tanto la claridad de los propósitos de Gran Bretaña como la ambivalencia de las actitudes de los Estados Unidos. Gran Bretaña aceptó inmediatamente la invitación de enviar un observador a este primer encuentro panamericano y tuvo pocas dificultades en ejercer su influencia y en asegurarse de que cualquier acción conjunta de las naciones hispanoamericanas no perjudicaría a los intereses británicos. En cambio, los Estados Unidos no tenían representantes. Su Congreso estaba dividido en cuanto a las relaciones económicas con Latinoamérica (donde los estados norteños veían oportunidades comerciales, los sureños sólo veían simpatías antiesclavistas y la competencia en los productos agrarios), pero estaba de acuerdo en que Latinoamérica no constituiría una excepción a la política general de los Estados Unidos en contra de las intrigas extranjeras. Aunque el Congreso decidió finalmente enviar una delegación a Panamá, lo hizo demasiado tarde, y dio muy pocas muestras de «la prometida pretensión de los Estados Unidos de encabezar una confederación de todas las Américas y de dirigirla contra Europa (incluida Gran Bretaña)» que atemorizaba a Canning.[15] A pesar del interés que Canning tenía de subrayar su existencia, la rivalidad norteamericana de hecho no parece que representara una amenaza real a la hegemonía británica en América Latina, basada tan firmemente como estaba en su supremacía económica respaldada por su poderío naval.

El avance hacia la regularización de las relaciones de Gran Bretaña y de los Estados Unidos con Hispanoamérica hizo que los demás países europeos, especialmente aquellos con intereses comerciales, se replantearan su actitud. Al hacerlo, les estorbaba su compromiso legitimista de no actuar antes de que lo hiciera España, y la obstinada resistencia de Fernando VII a reconocer la pérdida de cualquier parte de su patrimonio imperial retardó el reconocimiento español hasta después de su muerte acaecida en 1833. Ante esta situación, en 1825 Francia envió agentes comerciales con unas bases más oficiales que sus emisarios previos, y la presión posterior de su comunidad mercantil le llevó a formalizar sus servicios consulares. En 1826, en los puertos franceses se admitieron barcos con banderas hispanoamericanas y al año siguiente se firmó un acuerdo comercial con México, que más bien fue una «declaración» que un tratado, lo cual permitió a los mexicanos interpretarlo como un acto de reconocimiento y a los franceses decir que era compatible con su política de no reconocimiento. El reconocimiento de la independencia de Haití, efectuado en 1825 a cambio de una indemnización y de concesiones comerciales, fue el único acto político precoz de esta naturaleza que hizo Francia. Como Haití había sido una colonia francesa, esta medida no afectaba los derechos de otra nación, pero comportaba la aceptación de un régimen nacido de una revolución anticolonial, y por ello los legitimistas, tales como el canciller austríaco Metternich, consideraron que al hacerlo habían comprometido sus sagrados preceptos. Carlos X no hizo más concesiones y no fue hasta después de su destronamiento por la revolución de julio de 1830 que Francia aceptó el principio del reconocimiento. Después, los sucesos corrieron mucho más de prisa y en pocos años se negociaron tratados comerciales con diferentes estados hispanoamericanos, pero la actuación francesa llegó demasiado tarde para que tuviera algún peso significativo.

Durante la década de 1820, Prusia desarrollaba cada vez más vinculaciones comerciales con Hispanoamérica, las cuales no fueron ni autorizadas ni estorbadas por el gobierno. Después del reconocimiento británico, los intereses económicos (especialmente los exportadores de productos textiles, quienes apreciaban en mucho el mercado latinoamericano) presionaron a su gobierno para que jugara un papel más activo. Un intercambio de agentes comerciales con México tuvo lugar en 1826, y el año siguiente Prusia firmó un acuerdo comercial parecido al francomexicano del mismo año. Entonces los dos países negociaron un tratado de comercio, que constituyó un reconocimiento de la independencia mexicana, pero el gobierno mexicano no lo ratificó hasta 1831.

Rusia y Austria, como tenían pocos intereses económicos en Hispanoamérica, pudieron condenar cualquier trato con los nuevos estados «ilegales» y su actitud hizo que tanto Prusia como los estados alemanes más pequeños, y también los europeos más pequeños, establecieran sus relaciones con Hispanoamérica de modo muy cauteloso y secreto. El comercio con Hispanoamérica era crucial para las ciudades hanseáticas que consiguieron desarrollar sus relaciones comerciales sobre bases semioficiales, salvándose así de la ira de sus vecinos más poderosos. Los holandeses, después de haber sido denunciados por Rusia por haber reconocido a Colombia, pudieron comerciar con México por medio de un cónsul, pero dilataron la negociación del tratado hasta que fue firmado el de Prusia. Suecia fue menos afortunada ya que bajo la presión de Rusia tuvo que cancelar la venta de barcos a México. En general, puede decirse que la actitud de la mayoría de las potencia europeas retrasó el establecimiento de relaciones regulares entre los países del continente europeo y los de Hispanoamérica, pero probablemente tuvo un efecto marginal en el desarrollo del comercio que era el único interés común que ligaba a los nuevos estados con el Viejo Mundo.

Las consideraciones legitimistas que retrasaron el establecimiento de relaciones entre los países europeos e Hispanoamérica no operaron con la misma fuerza en el caso de Brasil. El hecho de que dom Pedro fuera el heredero del trono portugués así como el emperador de Brasil facilitó que se aceptara un cambio que aseguraba la continuidad monárquica bajo la misma dinastía de los Braganza. Además, comparativamente la ruptura fue rápida y pacífica y, aunque las relaciones entre Portugal y Brasil no eran amistosas, no hubo la intransigencia, envenenada por las experiencias de una larga guerra, que caracterizó las relaciones de España con Hispanoamérica. El hecho de que ya se hubieran establecido relaciones directas entre los países europeos y Brasil durante los años en que Río de Janeiro fue la sede del gobierno portugués también facilitó que se llegara a un acuerdo. Gran Bretaña tenía un particular interés en el resultado de éste, teniendo como tenía una relación especial con Portugal y dado que disfrutaba de privilegios comerciales en Brasil desde el tratado de 1810; además quería que se aboliera la trata de esclavos. Austria tenía razones dinásticas para intervenir puesto que dom Pedro estaba casado con una princesa austríaca y Metternich deseaba conciliar esta circunstancia con su ideología legitimista, y buscaba una solución intermedia entre la total separación y la completa sumisión.

La mediación anglo-austriaca entre Brasil y Portugal empezó en julio de 1824 y cuando, después de varias entrevistas no se encontró ninguna solución entre las demandas de soberanía de Portugal y la solicitud de independencia de Brasil, Canning propuso que se estableciera una monarquía federal en la que el soberano residiera en Lisboa y Río de Janeiro de forma alternativa. El gobierno portugués, bajo una fuerte influencia antibritánica, no sólo hizo una contrapropuesta inaceptable a Gran Bretaña sino que, a espaldas de las potencias mediadoras, buscó el apoyo de Brasil, Francia, Rusia y Prusia, y Canning indignado suspendió la mediación. Pero la cuestión, desde el punto de vista británico, requería cierta urgencia, ya que el tratado comercial anglo-portugués de 1810, que regulaba el comercio anglobrasileño, expiraría en 1825. Así, Canning decidió probar de resolverlo todo a la vez enviando un encargado especial, sir Charles Stuart, primero a Lisboa y después a Río de Janeiro. Stuart se benefició mucho de los cambios políticos acaecidos en Lisboa que llevaron al poder a un ministerio cercano a Gran Bretaña, del cual obtuvo la autorización de negociar la independencia brasileña en representación de la corona portuguesa sobre las bases de un ajuste financiero y de alguna forma de conservar el título real portugués en Brasil. Stuart salió de Lisboa en mayo de 1825 y, después de discutir sobre la cuestión de los títulos reales, obtuvo de Brasil el acuerdo de pagar a Portugal dos millones de libras. El acuerdo, que se firmó en julio y se ratificó en noviembre de 1825, incluía la renuncia de la madre patria, que confería la independencia de jure, y abría paso al reconocimiento incluso por parte de los legitimistas más doctrinarios. Varios países, incluyendo Austria, Francia, Prusia y las ciudades hanseáticas, fueron más allá del simple reconocimiento y entre 1826 y 1828 negociaron tratados comerciales. También lo hicieron los Estados Unidos que, aunque en 1824 habían iniciado el reconocimiento de Brasil antes de que Portugal lo hiciera, no habían podido obtener del gobierno brasileño negociaciones comerciales con anterioridad.

Gran Bretaña, que había intervenido a fondo en esta cuestión, esperaba ahora recoger el fruto de su triunfo diplomático. Sin embargo, Stuart actuó por su cuenta, sin seguir las instrucciones que le señalaban que alargara por dos años más los tratados comerciales ya existentes; en cambio, tramitó un nuevo acuerdo que incorporaba tanto una provisión para la abolición inmediata de la trata, como un tratado comercial permanente. Cuando en Londres se conoció su contenido, Canning rechazó ambos tratados puesto que no se avenían con los intereses británicos en aspectos importantes. Se envió a un nuevo comisionado que en 1826 firmó un nuevo tratado antiesclavista en el que se estableció que después de 1830 cualquier intervención brasileña en la trata fuera considerada como un acto de piratería; y en 1827 cerró un nuevo tratado comercial que conservaba la privilegiada posición británica en el comercio brasileño por otros quince años. La abolición del comercio de esclavos, impuesta por Gran Bretaña a cambio del reconocimiento, fue extremadamente impopular en Brasil y contribuyó de forma significativa a que dom Pedro perdiera el apoyo que tenía, lo que culminó con su abdicación en 1831. La caída del emperador también se debió en parte a la pérdida de la Banda Oriental, otro asunto en que Gran Bretaña también intervino. A pesar de las quejas españolas esta área había permanecido en manos portuguesas y después pasó bajo la autoridad brasileña. En 1825 las Provincias Unidas del Río de la Plata, que primero apoyaron una insurrección en el territorio y después entraron en guerra con Brasil, la reclamaron. El comercio británico sufrió las consecuencias por partida doble; por un lado, padeció el bloqueo que Brasil impuso al Río de la Plata, y, por otro, los tripulantes de sus barcos mercantes se enrolaron en las escuadras de los contendientes con la esperanza de obtener unas buenas ganancias. Finalmente, los representantes diplomáticos británicos mediaron entre los dos contendientes y en 1828 consiguieron que se otorgara la independencia de la región, naciendo así el Estado de Uruguay.

Las ventajas que se obtuvieron de los acuerdos comerciales concluidos en las décadas de 1820 y 1830 resultaron ser menos importantes de lo que se había pensado mientras se estaban persiguiendo ansiosamente en medio de la rivalidad de las otras potencias. De hecho, se había exagerado mucho sobre las posibilidades económicas inmediatas de América Latina. Durante el curso de las guerras revolucionarias y napoleónicas en Europa y de las guerras de independencia en América Latina, gran parte del comercio latinoamericano ya se había desviado de la península Ibérica hacia zonas más norteñas de Europa. Este proceso continuó después de la independencia, pero el aumento del volumen total del comercio exterior fue más bien modesto. La pobreza de la mayor parte de la población limitó la demanda de las importaciones europeas. Además como la mayor parte de la agricultura latinoamericana era de subsistencia, ello restringía la posibilidad de exportar bienes de consumo; por otro lado, las guerras arruinaron la minería argentífera que tradicionalmente había constituido el principal producto comercializable del continente. La esperanza de un rápido desarrollo, que generó un boom especulativo a principios de la década de 1820, se desvaneció en 1826 cuando los gobiernos dejaron de pagar los préstamos, las minas tuvieron pocas bonanzas, las revoluciones y las guerras civiles amenazaron a los forasteros y a sus propiedades, y cuando los políticos modernizadores e internacionalistas que en los primeros años de la independencia establecieron principios liberales y de libre comercio fueron sustituidos por políticos tradicionalistas y xenófobos que favorecieron el proteccionismo.

América Latina también retrocedió rápidamente en el campo de la diplomacia internacional. Ninguno de los países latinoamericanos, ocupados en sus propios problemas internos y en disputas fronterizas con sus vecinos, pesó en la balanza del poder político de la distante Europa. Por otro lado, en general, los países europeos tampoco plantearon sus diferencias en Latinoamérica. Hubo quizás dos excepciones al respecto; primero, las intervenciones francesas en México y en Buenos Aires en 1838, que probablemente se produjeron más por las necesidades europeas de Francia de obtener algún triunfo diplomático que por un agravio real en contra de dichos países americanos; y, en segundo lugar, la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata en la década de 1840 que parece haberse originado por el deseo de ambos países de encontrar un asunto en el que pudieran colaborar para contrarrestar sus desacuerdos en otras partes del mundo. Puede ser que Francia, que emprendió una intervención mucho más ambiciosa en México en los años de 1860, no aprendiera la lección, pero la experiencia de los de 1840 reafirmó a los británicos en la conclusión extraída de su invasión a Buenos Aires en 1806: que las naciones europeas normalmente no podían ejercer su considerable poder en términos políticos en el continente suramericano.

Que las influencias políticas exteriores eran limitadas puede ilustrarse con las relaciones de Gran Bretaña y Brasil en las décadas de 1830 y 1840. A lo largo de estos años, los británicos no pudieron obtener la abolición del comercio de esclavos, a pesar de que era lo que habían exigido como pago de su ayuda para obtener el reconocimiento internacional de Brasil. El secretario de Asuntos Exteriores británico, lord Palmerston, no logró que los brasileños modificaran el tratado anglobrasileño contrario al comercio de esclavos y que promulgaran la abolición de la trata. En 1845 expiró una de las pocas provisiones del tratado que no había sido totalmente ineficaz (el acuerdo de juzgar a los comerciantes de esclavos ante comisiones mixtas anglo-brasileñas) y Brasil no la renovó. Entonces el parlamento británico acordó el Acta de lord Aberdeen, por la que Gran Bretaña unilateralmente asumió poderes para suprimir el comercio de esclavos brasileño, y en 1850 se refirieron a ella para justificar la coerción naval que ejercían en aguas brasileñas. Este fue el principal factor que incidió en el final efectivo de la trata que tuvo lugar casi inmediatamente. Sin embargo, la abolición final también se debió en gran parte a un cambio operado en la opinión brasileña influyente al respecto y al fortalecimiento de la autoridad del gobierno brasileño, así como a su habilidad para imponer sus deseos.

Otra cuestión contenciosa fue el tratado comercial anglo-brasileño que otorgaba a los comerciantes británicos una protección especial en las cortes judiciales brasileñas y reducía las tarifas que podían imponerse a los productos británicos, es decir, sobre los del país que gozara del trato de nación más favorecida. Cuando expiró el tratado en 1842, Brasil se negó a renovarlo. La pérdida del trato preferencial era poco importante porque la comunidad mercantil británica ya no lo necesitaba más, pero sucedía que el gobierno brasileño no pensaba ni tan siquiera establecer con Gran Bretaña un nuevo acuerdo al mismo nivel que las demás naciones a menos que Gran Bretaña no hiciera concesiones, lo cual era inadmisible para ésta. Así pues, el comercio británico prosiguió pero sin disponer de un tratado regulador. Tal como ya se ha dicho: la preeminencia británica en el comercio exterior brasileño no significaba que pudiera controlar las decisiones políticas.

La anticipada rivalidad anglo-estadounidense nunca se materializó de hecho en Suramérica. Es verdad que podría considerarse que a veces ésta se expresó en la habilidad de la marina mercante norteamericana en hacer bajar los precios de los productos que llevaban los británicos, pero hay que tener en cuenta que muchos de los productos transportados en los barcos estadounidenses eran manufacturas inglesas, y que el liderazgo industrial que detentaba aseguró a Gran Bretaña el dominio del mercado hasta la segunda mitad del siglo XIX. A menudo los enviados diplomáticos de los Estados Unidos envidiaban la influencia que aparentemente ejercían sus rivales británicos, y a veces pidieron ayuda al Departamento de Estado para intentar menoscabarla. Pero Washington, desilusionada porque las nuevas naciones no establecían gobiernos democráticos según el modelo estadounidense, mostró poco interés en hacerlo.

La historia fue muy diferente en las zonas fronterizas con los Estados Unidos. Allí Gran Bretaña, a fin de contrarrestar la preeminencia de los Estados Unidos en América, apoyó a la república de Texas, una vez que ésta se separó de México en 1836. Pero una vez que Texas se integró en la unión norteamericana en 1845, Gran Bretaña no se opuso a la adquisición de California y de otros territorios del norte de México que siguió a la guerra mexicano-estadounidense de 1846-1848.

El istmo de Centroamérica fue el único punto donde de verdad existió la rivalidad anglo-estadounidense, y ello sólo a partir de 1848 tras el descubrimiento de oro en California, cuando por su papel de zona de paso al Pacífico —ya que era una vía mucho más ventajosa que las azarosas rutas de los pioneros a través de las Grandes Llanuras y las montañas Rocosas—, interesó a los Estados Unidos. Con anterioridad, los Estados Unidos se habían interesado muy poco por el área del istmo, por la extensión de los intereses británicos allí, o por los diferentes proyectos y prospecciones de abrir canales interoceánicos que habían ido apareciendo desde la independencia centroamericana. La única medida que se había tomado en torno a la zona fue la conclusión en 1846 de un tratado con Nueva Granada, que garantizaba la neutralidad del istmo de Panamá y la posesión de él por Nueva Granada. Hay que decir que la iniciativa procedió del gobierno de Bogotá que temía posibles intervenciones europeas y se ofreció a anular las cargas discriminatorias sobre el comercio estadounidense, lo cual durante años habían estado pidiendo los Estados Unidos sin éxito. Además, cuando el tratado llegó a Washington, el gobierno norteamericano pospuso su ratificación más de un año, hasta que la adquisición de California hizo que la cuestión del tránsito del istmo fuera realmente importante para los Estados Unidos.

El desarrollo de los intereses británicos en América Central antes de 1848 tenía poco que ver con los proyectos de canales o con la rivalidad estadounidense, sino que derivaba de su dominio del comercio de importación/exportación propio de las relaciones británicas con América Latina. Los habitantes de la Honduras Británica, que por un tratado disfrutaban del derecho de talar maderas en territorio español, presionaban al gobierno británico para que adquiriera plenos derechos sobre el territorio ahora que había cesado el poder español en la zona, y para que obtuviera el reconocimiento de las usurpaciones que habían ido realizando sobre las fronteras establecidas; también otros aventureros, instalados en la costa de los Mosquitos, apremiaban al gobierno para que renovara las relaciones establecidas en el siglo XVIII entre Gran Bretaña y los indios misquito, cuyo «rey» les había hecho diferentes concesiones; por otro lado, los inmigrantes británicos procedentes de las islas Caimán, que se habían establecido en Roatán y en otras Islas de la Bahía que Gran Bretaña reclamaba, pedían que el gobierno los defendiera de las pretensiones de las autoridades centroamericanas. Aunque algunos de los agentes locales británicos tenían grandes ambiciones, hay pocos indicios de que el gobierno de Londres tuviera algún plan concebido para aprovecharse de estas circunstancias a fin de crear una esfera de influencia en América Central dirigida en contra de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando en 1848, la atención estadounidense se volvió hacia el istmo, se puso de manifiesto que Gran Bretaña detentaba una posición dominante en la línea costera atlántica de América Central, incluyendo la boca del San Juan, la única terminal adecuada para abrir un canal en Nicaragua, que entonces se consideraba una ruta más viable que la de Panamá.

Se desplegó entonces un período de actividad frenética, en que los agentes británicos y norteamericanos locales compitieron para obtener ventajas diplomáticas y estratégicas en varios estados centroamericanos; en estos años los conflictos entre los funcionarios británicos y los prospectores estadounidenses en tránsito a California pudieron provocar fácilmente una ruptura anglo-estadounidense. Pero ambos gobiernos deseaban evitarla y en el tratado Clayton-Bulwer de 1850 establecieron un acuerdo por el cual ambos renunciaban a cualquier ambición territorial en América Central, garantizaban la neutralidad de las rutas de tránsito y se comprometían a colaborar en la construcción del canal. Siguió una década de discusiones sobre la interpretación y la concreción del tratado que terminó cuando Gran Bretaña aceptó marcharse de las Islas de la Bahía y del protectorado misquito y se estableció la frontera de la Honduras Británica con Guatemala. En 1860 Gran Bretaña reconoció que estas concesiones las había tenido que hacer para poder mantener sus derechos establecidos en el tratado de 1850, puesto que América Central caía cada vez más en la esfera de influencia de Washington.

Gran Bretaña, a causa de su supremacía naval, comercial e industrial, fue el país que, con gran diferencia, ejerció una mayor influencia en Latinoamérica durante el período de transición a la independencia. En la primera década del siglo XIX, su política hacia las colonias españolas osciló de la anexión, o la emancipación, a la liberalización dentro de su entramado imperial. Después de las revoluciones de 1810, declaró su neutralidad y buscó la manera de hacerla extensiva a cualquier tercera parte manifestándose contraria a cualquier intervención externa, una oposición que, dado su poderío naval, de hecho significaba una prohibición. Esto era mucho menos de lo que España podía esperar, o que las reaccionarias monarquías europeas de la Europa posnapoleónica podían haber deseado; y como la independencia parecía inevitable, las relaciones de Gran Bretaña en Europa se hicieron algo agrias y tensas. Por otro lado, con las colonias insurgentes, Gran Bretaña mantuvo una política de no reconocimiento y de reconciliación dentro de una estructura monárquica hasta mucho después de que se hubieran realmente independizado. Se aceptó de forma general que dadas las circunstancias esto era lo mejor, y Gran Bretaña estableció buenas relaciones con los nuevos estados. La política de Gran Bretaña no sólo ofreció una clara oportunidad de triunfo a las revoluciones, sino que también permitió que los intereses económicos de Gran Bretaña capitalizaran la situación desde su ya favorable posición, mientras que la política legitimista defendida por las monarquías continentales fue perjudicial para sus respectivos comerciantes y manufactureros. Aunque los Estados Unidos estaban relativamente libres de compromisos europeos, aún eran demasiado débiles para mantener una posición independiente desafiando a Europa y sólo disfrutaron de una corta ventaja sobre las otras potencias al apoyar la causa insurgente. Durante el medio siglo que siguió a la independencia de Latinoamérica, los Estados Unidos sólo se enfrentaron con las naciones europeas en las zonas más cercanas a sus fronteras. Sin embargo, la sospecha de que los Estados Unidos pudieran extenderse más allá de las que ya tenía fue un factor importante en la política de Gran Bretaña y de otros países europeos.

La contribución de otras naciones a la independencia hispanoamericana fue considerable, incluso es posible que fuera vital; pero básicamente consistió en abstenerse de impedir el avance hacia la emancipación más que en hacerla avanzar. Al no intervenir, las potencias dejaron que el resultado final se decidiera a partir de las luchas internas y del juego de los factores locales y metropolitanos, circunstancias que a su vez influyeron poderosamente sobre la forma, la condición y el carácter de las nuevas naciones cuando iniciaron su independencia.

El papel de Gran Bretaña fue más decisivo en la América portuguesa. Aunque la independencia de Brasil de ninguna manera fue inducida por Gran Bretaña, ésta contribuyó materialmente al traslado de la corte portuguesa a Suramérica, un suceso que creó las condiciones que condujeron a la emancipación. Además sus relaciones tradicionales con Portugal, consolidadas mientras la sede del imperio radicó en Río de Janeiro, permitieron que en gran medida Gran Bretaña determinara las condiciones bajo las que se logró la independencia de Brasil.

La aparición de las antiguas colonias españolas y portuguesa como naciones independientes durante el primer cuarto del siglo XIX tuvo poca incidencia sobre los asuntos del mundo durante bastante tiempo. En el siglo XIX, Latinoamérica no jugó ningún papel en las relaciones internacionales de Europa, y los países europeos se encontraron no sólo, al menos hasta la segunda mitad del siglo XIX, con que los beneficios del comercio latinoamericano eran menos espectaculares de lo que se había pensado, sino con que, además, su dominio en el comercio exterior no implicó que pudieran influir en la toma de las decisiones políticas de los nuevos estados latinoamericanos.

ENSAYOS BIBLIOGRÁFICOS

Abreviaturas

ESC | Estudios Sociales Centroamericanos
HAHR | Hispanic American Historical Review
HM | Historia Mexicana
JIAS | Journal of Inter-American Studies and World Affairs
JLAS | Journal of Latin American Studies
LARR | Latin American Research Review
TA | The Americas

1. Los orígenes de la independencia hispanoamericana

La mayoría de las recopilaciones documentales y de las fuentes narrativas informan mejor sobre el curso de la independencia que sobre sus orígenes, pero se encuentran algunos datos sobre éstos en la Biblioteca de Mayo, 17 vols., Buenos Aires, 1960-1963; Archivo del General Miranda, 24 vols., Caracas, 1929-1950; Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 82 vols., Caracas, 1960-1966; Colección documental de la independencia del Perú, 30 vols., Lima, 1971. México y el norte de América del Sur atrajeron la atención del distinguido observador contemporáneo Alexander von Humboldt, cuyos Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, ed. Juan A. Ortega y Medina, México, 1966, y Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, 5 vols., Caracas, 1956, muestran la situación de finales del período colonial. Para un ejemplo del pensamiento económico liberal en Buenos Aires, véase Manuel Belgrano, Escritos económicos, ed. Gregorio Weinberg, Buenos Aires, 1954.

Sobre el marco histórico español existe una extensa bibliografía, de la cual ésta es una pequeña selección: Gonzalo Anes, El Antiguo Régimen: Los Borbones, Madrid, 1981⁵; Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y estado en el siglo XVIII español, Madrid, 1981; Josep Fontana Lázaro, La quiebra de la monarquía absoluta 1814-1820, Barcelona, 1971; La economía española al final del Antiguo Régimen. III. Comercio y colonias, ed. Josep Fontana Lázaro, Madrid, 1982. La Ilustración puede estudiarse en Richard Herr, The eighteenth-century revolution in Spain, Princeton, 1958 (hay trad. cast.: España y la revolución del siglo XVIII, Aguilar, Madrid, 1964), y su impacto en América en R. J. Shafer, The economic societies in the Spanish world (1763-1821), Syracuse, 1958; véase también M. L. Pérez Marchand, Dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México a través de los papeles de la Inquisición, México, 1945. José Carlos Chiaramonte, ed., Pensamiento de la Ilustración. Economía y sociedad iberoamericanas en el siglo XVIII, Caracas, 1979, examina el estado de la cuestión y ofrece una selección de fuentes primarias.

Se puede hacer una aproximación a las medidas ilustradas, o del reformismo imperial, y a las respuestas americanas a partir de la obra de Stanley J. y Barbara H. Stein, The colonial heritage of Latin America, Nueva York, 1970, pp. 86-119 (hay trad. cast.: La herencia colonial de América Latina, Siglo XXI, México, 1970). La cuestión puede estudiarse con más detalle en los siguientes autores: John Lynch, Spanish Colonial Administration, 1782-1810. The intendant system in the viceroyalty of the Río de la Plata, Londres, 1958 (hay trad. cast.: Administración colonial española 1782-1810. El sistema de intendencias en el virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, 1962); J. R. Fisher, Government and society in colonial Peru. The intendent system 1784-1814, Londres, 1970; y Jacques A. Barbier, Reform and politics in Bourbon Chile, 1775-1796, Ottawa, 1980. El intento de reformar los repartimientos y de controlar los intereses locales económicos es tratado por Brian R. Hamnett, Politics and trade in southern Mexico 1750-1821, Cambridge, 1971, y por Stanley J. Stein, «Bureaucracy and business in the Spanish empire, 1759-1804: Failure of a Bourbon reform in Mexico and Peru», HAHR, 61/1 (1981), pp. 2-28. Juan Marchena Fernández, Oficiales y soldados en el ejército español en América, Sevilla, 1983, muestra la creciente «americanización» del ejército español en América, a la vez que una precisa definición de la reforma militar se encuentra en: Christon I. Archer, The army in Bourbon Mexico 1760-1810, Albuquerque, 1977 (hay trad. cast.: El ejército en el México borbónico, 1760-1810, FCE, México, 1983); León G. Campbell, The military and society in colonial Peru 1750-1810, Filadelfia, 1978; Allan J. Kuethe, Military reform and Society in New Granada, 1773-1808, Gainesville, 1978; y Cuba 1753-1815: Crown, Military and Society, Knoxville, 1986. La burocracia colonial es el tema de estudio de Susan Migden Socolow, The Bureaucrats of Buenos Aires, 1769-1810: Amor al Real Servicio, Durham, N. C., 1987. La inmunidad eclesiástica y su erosión a causa de la reforma y la revolución son estudiadas por Nancy M. Farriss, Crown and clergy in colonial Mexico 1759-1821. The crisis of ecclesiastical privilege, Londres, 1968. Los aspectos relacionados con la renovada presión fiscal son analizados por Sergio Villalobos R., Tradición y reforma en 1811, Santiago, 1961, en el caso de Chile, y en el de México por Asunción Lavrin, «The execution of the Law of Consolidación in New Spain’s economy. Aims and Results», HAHR, 53/1 (1973), pp. 27-49, y Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, «Estado borbónico y presión fiscal en la Nueva España, 1750-1821», en Antonio Annino et al., eds., America Latina: dallo Stato coloniale alio Stato nazione (1750-1940), 2 vols., Milán, 1987, I, pp. 78-97.

La reacción violenta contra las tasas y otras cargas ha sido estudiada en una serie de trabajos sobre las revueltas del siglo XVIII. Joseph Pérez, Los movimientos precursores de la emancipación en Hispanoamérica, Madrid, 1977, identifica los principales movimientos y su carácter. Segundo Moreno Yáñez, Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito, desde comienzos del siglo XVII hasta finales de la colonia, Bonn, 1976, describe la protesta india y el motín en la región de Quito (1760-1803) contra el marco de la estructura agraria. Anthony McFarlane, «Civil disorders and popular protests in late colonial New Granada», HAHR, 64/1 (1984), pp. 17-54, y «The “Rebellion of the Barrios”: urban insurrection in Bourbon Quito», HAHR, 69/2 (1989), pp. 283-330, interpreta los numerosos ejemplos de protestas populares. Las rebeliones mayores son estudiadas por Boleslao Lewin, La rebelión de Tupac Amaru y los orígenes de la emancipación americana, Buenos Aires, 1957; Alberto Flores Galindo, ed., Antología-Túpac Amaru II, Lima, 1976; Scarlett O’Phelan Godoy, Rebellions and Revolts in eighteenth century Peru and Upper Peru, Colonia, 1985; John Leddy Phelan, The people and the king. The Comunero Revolution in Colombia, 1781, Madison, 1978; Carlos E. Muñoz Oraá, Los comuneros de Venezuela, Mérida, 1971.

La problemática de las causas económicas continúa ocupando a los historiadores. El libro de Tulio Halperín Donghi, ed., El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica, Buenos Aires, 1978, contiene un conjunto de estudios de carácter socioeconómico relacionados con las crisis del orden colonial. El pensamiento español sobre el comercio colonial es el tema de Marcelo Bitar Letayf, Economistas españoles del siglo XVIII. Sus ideas sobre la libertad del comercio con Indias, Madrid, 1968, mientras política y práctica son descritas por E. Arcila Farías, El siglo ilustrado en América. Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España, Caracas, 1955; Sergio Villalobos R., El comercio y la crisis colonial. Un mito de la independencia, Santiago, 1968; y Geoffrey J. Walker, Spanish Politics and Imperial Trade, 1700-1789, Londres, 1979 (hay trad. cast.: Política española y comercio colonial, 1700-1789, Barcelona, 1979). El papel del comercio colonial en el desarrollo económico español es discutido en Jordi Nadal y Gabriel Tortella, eds., Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea. Actas del Primer Coloquio de Historia Económica de España, Barcelona, 1974. Estudios cuantitativos sobre el comercio libre y su suerte durante las guerras angloespañolas son ofrecidos por Antonio García Baquero, Cádiz y el Atlántico (1717-1778), 2 vols., Sevilla, 1976, y Comercio colonial y guerras revolucionarias, Sevilla, 1972, y por Javier Ortiz de la Tabla Ducasse, Comercio exterior de Veracruz 1778-1821, Sevilla, 1978. John Fisher, Commercial Relations Between Spain and Spanish America in the Era of Free Trade 1778-1796, Liverpool, 1985, ofrece una medida precisa del comercio de España a América bajo el comercio libre.

La situación económica en Hispanoamérica a finales del período colonial es objeto de nueva investigación. El sector minero y su posición en la estructura socioeconómica de México se estudia en: David A. Brading, Miners and merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810, Cambridge, 1971 (hay trad. cast.: Mineros y comerciantes en el México borbónico, 1763-1810, FCE, México, 1971). Para la minería en Perú, véase J. R. Fisher, Silver mines and silver miners in colonial Peru, 1776-1824, Liverpool, 1977, y para el caso del Alto Perú, Rose Marie Buechler, The mining society of Potosí 1776-1810, Universidad de Syracuse, 1981. Enrique Tandeter, «Forced and free labour in late colonial Potosí», Past and Present, 93 (1981), pp. 98-136, demuestra la importancia de la mita para la producción en Potosí. Enrique Tandeter y Nathan Wachtel, Precios y producción agraria. Potosí y Charcas en el siglo XVIII, Buenos Aires, 1983, establecen una serie de precios para el siglo XVIII y la relacionan con la economía del Alto Perú; para una investigación de conjunto sobre precios, véase Lyman L. Johnson y Enrique Tandeter, eds., Essays on the Price History of Eighteenth-Century Latin America, Albuquerque, 1990. Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810), México, 1969, examina el incremento del precio del maíz, las crisis agrarias y la miseria rural en vísperas de la insurgencia mexicana. Para estudios regionales del sector agrario, véanse: D. A. Brading, Haciendas and ranchos in the Mexican Bajío: León 1700-1860, Cambridge, 1978; Eric Van Young, Hacienda and market in eighteenth-century Mexico. The rural economy of the Guadalajara Region, 1675-1820, Berkeley, 1981. Humberto Tandrón, El real consulado de Caracas y el comercio exterior de Venezuela, Caracas, 1976, ilustra la tensión existente entre los intereses agrícolas y los comerciales y el antagonismo entre los puntos de vista venezolano y español; por otro lado, los problemas de otra economía de exportación y su área de radicación se estudian en Michael T. Hamerly, Historia social y económica de la antigua provincia de Guayaquil, 1763-1842, Guayaquil, 1973. Susan Migden Socolow, The merchants of Buenos Aires 1778-1810. Family and commerce, Cambridge, 1978, analiza la formación, papel económico y posición social de los comerciantes porteños, mientras que la poco conocida historia de los artesanos es investigada por Lyman L. Johnson, «The silversmiths of Buenos Aires: a case study in the failure of corporate social organisation», JLAS, 8/2 (1976), pp. 181-213.

La estructura social del período de la preindependencia plantea problemas de clase, de los criollos y de raza. Como explicación de las causas de la independencia, desde hace poco tiempo los historiadores tienden a subrayar el peso de los intereses económicos, las percepciones sociales y los agrupamientos políticos más que el del simple conflicto entre criollos y peninsulares. Para un examen de las clases sociales en México, véanse: David A. Brading, «Government and elite in late colonial Mexico», HAHR, 53 (1973), pp. 389-414, y Doris M. Ladd, The Mexican nobility at independence 1780-1826, Austin, 1976. Las estructuras venezolanas son expuestas por Germán Carrera Damas, La crisis de la sociedad colonial venezolana, Caracas, 1976, y por Miguel Izard, El miedo a la revolución. La lucha por la libertad en Venezuela (1777-1830), Madrid, 1979; la creciente tensión entre blancos y gente de color es descrita por Federico Brito Figueroa, Las insurrecciones de los esclavos negros en la sociedad colonial, Caracas, 1961, por Miguel Acosta Saignes, Vida de los esclavos negros en Venezuela, Caracas, 1967, y por I. Leal, «La aristocracia criolla venezolana y el código negrero de 1789», Revista de Historia, 2 (1961), pp. 61-81. Alberto Flores Galindo, Aristocracia y plebe, Lima 1760-1830, Lima, 1984, estudia la formación de una nueva élite en Perú. La influencia de la revolución de Saint-Domingue puede ser estudiada en la obra de Eleazar Córdova Bello, La independencia de Haití y su influencia en Hispanoamérica, México-Caracas, 1967. La demanda criolla de cargos y la «reacción» española son evaluadas por Mark A. Burkholder y D. S. Chandler, From impotence to authority. The Spanish crown and the American audiencias 1687-1808, Columbus, 1977.

El incipiente nacionalismo aún no ha sido estudiado de forma sistemática. J. A. de la Puente Cándamo, La idea de la comunidad peruana y el testimonio de los precursores, Lima, 1956, y Néstor Meza Villalobos, La conciencia política chilena durante la monarquía, Santiago, 1958, tratan diferentes aspectos sobre el tema, así como también lo hacen André Saint-Lu, Condition coloniale et conscience creóle au Guatemale (1524-1821), París, 1970, y David Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, 1973. John Lynch ofrece una síntesis, The Spanish American Revolutions 1808-1826, Nueva York, 1986², pp. 341-343 (hay trad. cast.: Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826, Ariel, Barcelona 1989⁵).

2. La independencia de México y América Central

La bibliografía existente sobre las luchas de independencia en México es vasta (quizás sea la más extensa de las que tienen tema mexicano). Las colecciones documentales publicadas son ricas; aquí sólo se mencionarán las más notables. El conjunto fundamental lo constituye el libro de Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de independencia de México, 6 vols., México, 1877-1882. Casi tan útiles son las siguientes: Genaro García, Documentos históricos mexicanos, 7 vols., México, 1910-1912, y El clero de México y la guerra de independencia, vol. 9 de Documentos inéditos o muy raros para la historia de México, México, 1925, y Nueva colección de documentos, 5 vols., México, 1886. Acerca de Morelos, véase Luis Castillo Ledón, Morelos, documentos inéditos y poco conocidos, México, 1927. Son igualmente importantes las historias escritas por los participantes y los observadores. El trabajo clásico es el de Lucas Alamán, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año 1808 hasta la época presente, 5 vols., México, 1849-1852. Otros trabajos muy útiles son: Carlos María Bustamante, Cuadro histórico de la revolución mexicana, 2 vols., México, 1843-1844²; Anastasio Zarecero, Memorias para la historia de las revoluciones en México, México, 1869; Servando Teresa de Mier, Historia de la revolución de Nueva España, México, 1822; José María Luis Mora, México y sus revoluciones, 3 vols., París, 1936; y Henry George Ward, México in 1827, 2 vols., Londres, 1828 (hay trad. cast.: México en 1827, FCE, México, 1981). La obra de Francisco de Paula de Arrangoiz y Berzábal, Méjico desde 1808 hasta 1867, 4 vols., Madrid, 1871, no es un escrito de primera mano y de hecho sigue la de Alamán.

Aunque ha sido un tema que siempre ha atraído a los estudiosos, los trabajos sobre los períodos tardocolonial y de la independencia en México han sido revisados recientemente. Algunos de los más significativos nuevos estudios que trazan la historia política se deben a Timothy E. Anna, The fall of the royal government in Mexico City, Lincoln, Nebraska, 1978 (hay trad. cast.: La caída del gobierno español en la Ciudad de México, FCE, México 1981), y Spain and the loss of America, Lincoln, 1983 (hay trad. cast.: España y la independencia de América, FCE, México 1986); una interpretación muy diferente se debe a Romeo Flores Caballero, La contrarrevolución en la independencia: los españoles en la vida política, social y económica de México 1804-1838, México, 1969; otros estudios del sector realista y de su resistencia a la independencia son los de Brian R. Hamnett, Revolución y contrarrevolución en México y el Perú: liberalismo, realeza y separatismo (1800-1824), México, 1978, y La política española en la época revolucionaria, México, 1985; el estudio básico sobre Hidalgo es la obra de Hugh M. Hamill, Jr., The Hidalgo Revolt: prelude to Mexican independence, Gainesville, 1966; sobre Morelos: Anna Macías, Génesis del gobierno constitucional de México, 1808-1820, México, 1973; Jaime E. Rodríguez O., The emergence of Spanish America: Vicente Rocafuerte and Spanish Americanism, 1808-1832, Berkeley, 1975 (hay trad. cast.: El nacimiento de Hispanoamérica. Vicente Rocafuerte y el hispanoamericanismo, 1808-1832, FCE, México, 1980); y Luis Villoro, El proceso ideológico de la revolución de independencia, México, 1967. El más reciente estudio sobre Iturbide es Timothy E. Anna, The Mexican Empire of Iturbide, Lincoln, Nebraska, 1990. Véase también Jaime E. Rodríguez O., ed., The independence of Mexico and the Creation of the New Nation, Los Ángeles, 1989. Los siguientes trabajos constituyen importantes nuevos estudios sobre las instituciones y la sociedad: Christon I. Archer, The army of New Spain in Bourbon Mexico, 1760-1810, Albuquerque, 1977 (hay trad. cast.: El ejército en el México borbónico (1760-1810), FCE, México), y «The army of New Spain and the Wars of Independence, 1790-1821», HAHR, 61/4 (1981), pp. 705-714; Michael P. Costeloe, Church wealth in Mexico, 1800-1856, Cambridge, 1967 (hay trad. cast.: La riqueza de la iglesia en México, 1800-1856, México), N. M. Farriss, Crown and clergy in colonial México, 1759-1821: the crisis of ecclesiastical privilege, Londres, 1968; Doris M. Ladd, The Mexican nobility at independence, 1780-1826, Austin, 1976; y Javier Ocampo, Las ideas de un día: el pueblo mexicano ante la consumación de su independencia, México, 1969. Las obras que se indican a continuación proveen un extenso y nuevo conocimiento sobre las condiciones económicas y sociales existentes a finales del período colonial en México: David A. Brading, Miners and merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810, Cambridge, 1971 (hay trad. cast.: Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), FCE, Madrid, 1975); Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810), México, 1969; Brian R. Hamnett, Politics and trade in southern Mexico, 1750-1821, Cambridge, 1971; Enrique Florescano e Isabel Gil, 1759-1808: la época de las reformas borbónicas y del crecimiento económico, México, 1974; John Tutino, «Hacienda social relations in Mexico: the Chalco region in the era of independence», HAHR, 55/3 (1975), pp. 496-528, y From insurrection to revolution in Mexico: social bases of agrarian violence, 1750-1940, Princeton, 1986. La obra de David A. Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, 1973, es quizás el estudio más meditado sobre los orígenes del criollismo. Todos estos trabajos modifican anteriores valoraciones del significado y del proceso de la independencia, clarificando especialmente cuestiones sobre las estructuras sociales, económicas y de clase.

Al mismo tiempo, una serie de trabajos anteriores, que sobre todo pertenecen a los campos de la historia narrativa e institucional, permanecen incuestionables. Esta lista comprende: Nettie Lee Benson, ed., Mexico and the Spanish Cortes, 1810-1822: eight essays, Austin, Texas, 1966, y La diputación provincial y el federalismo mexicano, México, 1955; Luis Castillo Ledón, Hidalgo, la vida del héroe, 2 vols., México, 1948-1949; Donald B. Cooper, Epidemic diseases in Mexico City, 1761-1813, Austin, Texas, 1965; Mariano Cuevas, Historia de la iglesia en México, 5 vols., El Paso, Texas, 1928; Lillian Estelle Fisher, The background of the revolution for Mexican independence, Boston, 1934, y Champion of reform, Manuel Abad y Queipo, Nueva York, 1955; Enrique Lafuente Ferrari, El virrey Iturrigaray y los orígenes de la independencia de México, Madrid, 1941; John Rydjord, Foreign interest in the independence of New Spain, Durham, N. C., 1935; William Spence Robertson, Iturbide of Mexico, Durham, N. C., 1952; Wilbert H. Timmons, Morelos de México, priest, soldier, statesman, El Paso, Texas, 1963 (hay trad. cast.: Morelos: sacerdote, soldado y estadista, FCE, México, 1983); y María del Carmen Velázquez, El estado de guerra en Nueva España, 1760-1808, México, 1950. Un importante libro de referencia respecto a los rebeldes es José María Miquel i Vergés, Diccionario de insurgentes, México, 1969. Para conocer el punto de vista de un historiador soviético, véase M. S. Al’perovich, Historia de la independencia de México, 1810-1824, México, 1967.

La historiografía centroamericana, si bien no es tan vasta y compleja como la que existe sobre la independencia mexicana, también se ha sentido atraída por la independencia y su impacto, aunque ésta se trató de un movimiento político prácticamente incruento. Algunas colecciones de documentos son útiles. Entre ellas son notables: Carlos Meléndez, Textos fundamentales de la independencia Centroamericana, San José, 1971; Rafael Heliodoro Valle, Pensamiento vivo de José Cecilio del Valle, San José, 1971², y La anexión de Centro América a México, 6 vols., México, 1924-1927. Los dos periódicos importantes que se editaron durante la independencia han sido reeditados: El Editor Constitucional de Pedro Molina, 3 vols., Guatemala, 1969, y El Amigo de la Patria de José del Valle, 2 vols., Guatemala, 1969. Constituyen destacables historias escritas en el siglo XIX: Lorenzo Montúfar, Reseña histórica de Centro América, 1 vols., Guatemala, 1878-1888, y Alejandro Marure, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centro América, Guatemala, 1837.

Ofrecen importantes estudios del trasfondo de la independencia: Óscar Benítez Porta, Secesión pacífica de Guatemala de España, Guatemala, 1973, y Jorge Mario García Laguardia, Orígenes de la democracia constitucional en Centroamerica, San José, 1971. El mejor tratamiento general hecho recientemente sobre la independencia de Centroamerica se debe a Ralph Lee Woodward, Jr., Central America: a nation divided, Nueva York, 1976, capítulo 4; esta obra también contiene la bibliografía general más completa. También son notables los capítulos sobre la independencia del libro de Franklin D. Parker, The Central American republics, Londres, 1964, y Thomas L. Karnes, The Failure of unión: Central America, 1824-1975, Tempe, 1976, ed. revisada. Las monografías más importantes son las siguientes: Andrés Townsend Ezcurra, Las Provincias Unidas de Centroamerica: Fundación de la república, Guatemala, 1958, San José, 1973, 2.ª ed. revisada; Louis E. Bumgartner, José del Valle of Central America, Durham, N. C., 1963; Mario Rodríguez, The Cádiz Experiment in Central America, 1808-1826, Berkeley, 1978, que provee el estudio más completo de la influencia del constitucionalismo liberal español, y Ralph Lee Woodward, Jr., Class privilege and economic development: the Consulado de Comercio of Guatemala, 1793-1871, Chapel Hill, N. C., 1966. Véase también Ralph Lee Woodward, «Economic and social origins of the Guatemalan parties (1773-1823)», HAHR, 45/4 (1965), pp. 544-566. Otros trabajos recientes sobre el período de la independencia dignos de mención son: Francisco Peccorini Letona, La voluntad del pueblo en la emancipación de El Salvador, San Salvador, 1972; Chester Zelaya, Nicaragua en la Independencia, San José, 1971; Ricardo Fernández Guardia, La independencia: historia de Costa Rica, San José, 1971³; Rafael Obregón, De nuestra historia patria: los primeros días de independencia, San José, 1971; y Héctor Samayoa, Ensayos sobre la independencia de Centroamerica, Guatemala, 1972. Sobre la intervención y la anexión mexicana, véase H. G. Peralta, Agustín Iturbide y Costa Rica, San José, 1968, 2.ª ed. revisada, así como Nettie Lee Benson y Charles Berry, «The Central American delegation to the First Constituent Congress of Mexico, 1822-1824», HAHR, 49/4 (1969), pp. 679-701, y Miles Wortman, «Legitimidad política y regionalismo. El Imperio Mexicano y Centroamerica», HM, 26 (1976), pp. 238-262. La separación de México y la constitución de la Federación se trata en el libro de Pedro Joaquín Chamorro y Zelaya, Historia de la Federación de la América Central, Madrid, 1951, y en el utilísimo trabajo de Alberto Herrarte, La unión de Centroamérica, San José, 1972. Véanse también los dos artículos de Gordon Kenyon, «Mexican influence in Central America», HAHR, 41/2 (1961), pp. 175-205, y «Gabino Gaínza and Central America’s Independence from Spain», TA, 12/3 (1957), pp. 241-254. Sobre la independencia del Yucatán, véase Paul Joseph Reid, «The Constitution of Cádiz and the independence of Yucatán», TA, 31/1 (1979), pp. 22-38. Existen las siguientes biografías de individuos preeminentes: César Brañas, Antonio de Larrazábal, un guatemalteco en la historia, 2 vols., Guatemala, 1966, y Enrique del Cid Fernández, Don Gabino de Gaínza y otros estudios, Guatemala 1959. El libro de Carlos Meléndez, ed., Proceres de la independencia Centroamericana, San José, 1971, aporta un conjunto de biografías de las principales figuras de la independencia.

3. La independencia de la América del Sur española

La independencia de la América del Sur española desde ha sido hace tiempo un tema preferido por los historiadores conservadores, mientras que ha atraído a bien pocos de los investigadores innovadores tanto en América Latina como en otros países. De todas formas, gracias al esfuerzo tanto de los académicos tradicionales como de los organismos oficiales, quien estudia el período cuenta con un amplio conjunto de colecciones de fuentes impresas. Éstas abarcan desde las clásicas e intrincadas Memorias del general O’Leary, Caracas, 1879-1888, de las que sólo 3 de los 32 volúmenes se dedican en realidad a las memorias del ayudante irlandés de Bolívar, Daniel F. O’Leary, hasta la creciente Colección documental de la independencia del Perú, Lima, 1971—, que es un conjunto de documentos oficiales, periódicos del momento, escritos de «ideólogos», memorias y relatos de viajes. Un buen número de periódicos también han sido reimpresos, entre los cuales los más importantes quizá sean la Gaceta de Buenos Aires, 6 vols., Buenos Aires, 1910-1915, y la Gaceta de Colombia, 5 vols., Bogotá, 1973-1975, que en cada caso perduraron aproximadamente una década. Cada país, excepto Paraguay, Bolivia y Ecuador, cuentan con una o más grandes recopilaciones de fuentes, e incluso estos últimos tienen algunas de menor entidad.

Sólo unos pocos dirigentes patriotas de primera fila dejaron escritas memorias autobiográficas, y de ellas solamente la de José Antonio Páez continúa siendo una fuente importante, aunque en verdad debe ser utilizada con cuidado: Autobiografía, 2 vols., Nueva York, 1871, 2.ª ed. revisada. De más valor son las memorias dejadas por aventureros extranjeros como el mismo O’Leary, de cuyo relato existen otras ediciones más recientes, y William Miller, quien sirvió a San Martín y a Bolívar (John Miller, ed., Memoirs of General Miller in the service of the Republic of Peru, 2 vols., Londres, 1829²). Los relatos de algunos extranjeros que no participaron en la contienda son igualmente útiles, sobre todo en lo que concierne al mundo de retaguardia de los campos de batalla o de después de las guerras en un área determinada. William Duane, A visit to Colombia in the years 1822 and 1823, by Laguayra and Caracas, over the cordillera to Bogotá, and thence by the Magdalena to Cartagena, Filadelfia, 1826, y de Charles Stuart Cochrane, Journal of a residence and travels in Colombia, during the years 1823 to 1824, 2 vols., Londres, 1825; para el de Chile: Maria Callcott, Journal of a residence in Chile during the year 1822; and a voyage from Chile to Brazil in 1823, Londres, 1824; y para el del Río de la Plata se cuenta con la obra de los hermanos John P. y William P. Robertson, Letters on South America; comprising travels on the banks of the Paraná and Rio de la Plata, 3 vols., Londres, 1843. Los principales ejemplos de este género han sido editados también en castellano.

Las obras secundarias en su conjunto son menos importantes. Los capítulos correspondientes de la obra general de John Lynch, The Spanish-American revolutions: 1808-1826, Londres, 1973 (hay trad. cast.: Las revoluciones hispanoamericanas, Barcelona, 1989⁴) ofrecen un excelente panorama; ninguna otra visión global llega a ser, con mucha diferencia, tan buena. Ni siquiera existe una biografía realmente satisfactoria de Bolívar, que pueda servir como relato general de la lucha en gran parte de América del Sur, aunque se han escrito muchas. Probablemente las más útiles sean las de Gerhard Masur, Simón Bolívar, Albuquerque, Nuevo México, 1969, revisada, y la de Salvador de Madariaga, Bolívar, Londres, 1951, si bien la primera es algo pedestre y la segunda tendenciosamente crítica. La de San Martín ha ido mejor, gracias al estudio clásico del primer historiador «científico» argentino, Bartolomé Mitre, Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana, 4 vols., Buenos Aires, 1890, 2.ª ed. revisada, y al concienzudo trabajo de especialistas argentinos tales como José Pacífico Otero, Historia del libertador José San Martín, 4 vols., Buenos Aires, 1932, y Ricardo Piccirilli, San Martín y la política de los pueblos, Buenos Aires, 1957. Existen adecuados estudios, si bien no definitivos, sobre diferentes figuras secundarias, por ejemplo: John P. Hoover, Admirable warrior: Marshal Sucre, fighter for South American independence, Detroit, 1977. Sin embargo, en general, lo que se ha escrito sobre los héroes de la independencia de modo biográfico, ya sea tendencioso o imparcial, resulta algo superficial.

Los historiadores que no han tratado de seguir a un militar de un campo de batalla a otro apenas se han referido a más de un país. Para Venezuela, la mejor obra en un volumen es sin duda la del historiador español Miguel Izard, El miedo a la revolución. La lucha por la libertad en Venezuela 1777-1830, Madrid, 1979, cuyo título revela su tesis central de que la élite criolla quería evitar a toda costa una revolución auténtica. Una estimulante breve interpretación se debe a Germán Carrera Damas, La crisis de la sociedad colonial venezolana, Caracas, 1976, pero es más apreciada por aquellos que ya tienen una percepción general del período obtenida a partir de la obra de Izard, de una biografía de Bolívar o de los competentes estudios del académico historiador venezolano Caracciolo Parra-Pérez: Marino y la independencia de Venezuela, 4 vols., Madrid, 1954-1956, e Historia de la primera república de Venezuela, 2 vols., Caracas, 1959². Las obras sobre la independencia de Colombia son menos abundantes que las obras sobre Venezuela. Sin embargo, los correspondientes volúmenes de la Historia extensa de Colombia publicada por la Academia Colombiana de Historia —en especial los volúmenes a cargo de Camilo Riaño, Historia militar; la independencia: 1810-1815, Bogotá, 1971; Guillermo Plazas Olarte, Historia militar; la independencia: 1819-1828, Bogotá, 1971, y Oswaldo Díaz Díaz, La reconquista española, 2 vols., Bogotá, 1964 y 1967— ofrecen un razonable balance de la contienda en Nueva Granada, mientras que para los años de la Gran Colombia se cuenta con la obra de David Bushnell, El régimen de Santander en la Gran Colombia, Bogotá, 1984².

En Ecuador se ha dedicado una desmesurada atención a la primera junta de Quito, y las obras disponibles sobre ésta interesan principalmente a unos pocos especialistas. Los historiadores peruanos tradicionalmente se han sentido menos atraídos por la independencia de sus vecinos de la Gran Colombia o el Río de la Plata, pero el 150.º aniversario de la independencia del Perú en 1971 ayudó a equilibrar un poco la balanza. Esta ocasión no sólo dio lugar a la colección mencionada más arriba, sino también a alguna revisión izquierdista como la de Virgilio Roel Pineda, Los libertadores, Lima, 1971, y al extenso volumen interpretativo de Jorge Basadre, El azar en la historia y sus límites, Lima, 1973. Más recientemente, Timothy Anna ha aportado The fall of the royal government of Peru, Lincoln, Nebraska, 1979, que constituye un provocativo análisis que habla bien del virrey Abascal y que confiere poco crédito a cualquier otra persona. Por su parte, los estudiosos chilenos producen regularmente buenos artículos monográficos y estudios sobre aspectos de la independencia, aunque el tema no atrae la atención de los actuales investigadores en el mismo grado que absorbió a los grandes historiadores chilenos del siglo XIX. Las dimensiones ideológicas, por ejemplo, han sido bien tratadas en Walter Hanisch Espíndola, El catecismo político-cristiano; las ideas y la época: 1810, Santiago, 1970, y Jaime Eyzaguirre, Ideario y ruta de la emancipación chilena, Santiago, 1957. El libro de Eyzaguirre, O’Higgins, Santiago, 1965, 6.ª ed. revisada, es la biografía moderna más conocida del libertador chileno. El estudio más importante sobre la independencia chilena en los últimos años es el de Simón Collier, Ideas and politics of Chilean independence, 1808-1833, Cambridge, 1967.

Los autores bolivianos, al igual que los ecuatorianos, han enfatizado con escasos sólidos resultados la experiencia juntista de 1809. El mejor relato de la independencia boliviana continúa siendo quizás el de Charles Arnade, The emergence of the Republic of Bolivia, Gainesville, Florida, 1957. Para Paraguay aún existe una menor cantidad de obras, y los escritos uruguayos sobre Artigas, aunque abundantes, son algo monótonos. Una honorable excepción la constituye el examen de la política social y agraria en la obra de Lucía Sala de Touron, Nelson de la Torre y Julio C. Rodríguez, Artigas y su revolución agraria, 1811-1820, México, 1978, que refleja su perspectiva marxista y una laboriosa investigación documental. También es destacable la obra de John Street, Artigas and the emancipation of Uruguay, Cambridge, 1959. En comparación, la independencia argentina es la que continúa recibiendo el tratamiento más adecuado. La tradición empezada por Mitre fue continuada hábilmente, en la primera mitad de este siglo, por figuras como Ricardo Levene en su Ensayo histórico sobre la Revolución de Mayo y Mariano Moreno, 3 vols., Buenos Aires, 1960⁴. Más recientemente, la literatura sobre la independencia argentina se ha enriquecido con una plétora de revisiones tanto de derechas como de izquierdas (por ejemplo, Rodolfo Puiggrós, Los caudillos de la Revolución de Mayo, Buenos Aires, 1971, 2.ª ed. revisada); con competentes tratamientos de temas de desarrollo cultural (por ejemplo, Óscar F. Urquiza Almandoz, La cultura de Buenos Aires a través de su prensaperiódica desde 1810 hasta 1820, Buenos Aires, 1972), y de política económica (por ejemplo, Sergio Bagú, El plan económico del grupo rivadaviano (1811-1827), Rosario, 1966; y por Tulio Halperín Donghi, Revolución y guerra; formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, Buenos Aires, 1972, cuyo título propone un planteamiento más amplio del que se encuentra en la mayoría de los escritos más antiguos.

Aunque el análisis de los alineamientos sociales y de los intereses económicos aún no es la tendencia dominante en los trabajos que se hacen sobre la independencia de la América española, de hecho va atrayendo un creciente número de investigadores. El trabajo pionero de Charles Griffin, Los temas sociales y económicos en la época de la Independencia, Caracas, 1962, sirve de breve introducción. Hay algunos buenos estudios especializados sobre los aspectos socioeconómicos (uno o dos han sido citados más arriba), y existe una serie de sugerentes artículos como el de Mary L. Felstiner, «Kinship politics in the Chilean independence movement», HAHR, 56/1 (1976), pp. 58-80, que comparte con Halperín Donghi el interés por los problemas del comportamiento de la élite. Los historiadores marxistas por definición se dedican a los aspectos socioeconómicos y algunos de ellos también han escrito sobre la independencia. A excepción de Germán Carrera Damas, Boves; aspectos socioeconómicos de su acción histórica, Caracas, 1968, 2.ª ed. revisada, y La crisis de la sociedad colonial venezolana (citada más arriba) de los redescubridores uruguayos del populismo agrarista de Artigas y de Manfred Kossok, «Der iberische Revolutionzyklus 1789 bis 1830: Bemerkungen zu einem Thema der vergleichenden Revolutionsgeschichte», Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, 6 (1969), pp. 211-238, principalmente han tendido a ofrecer un mecánico determinismo económico o una intención propagandística a fin de poder presentar a Bolívar y a otros héroes similares como antecedentes de las causas de hoy en día. Naturalmente, debe decirse que al respecto no les ha faltado la compañía de historiadores no marxistas. Por otro lado, a excepción de libro de Griffin, no existe una visión general de los aspectos sociales y económicos de la independencia que sobrepase las fronteras geográficas.

En cambio, las visiones de conjunto referentes a la posición de la Iglesia son más fáciles de obtener; así, Rubén Vargas Ugarte, El episcopado en los tiempos de la emancipación sudamericana, 2 vols., Buenos Aires, 1945, y Pedro Leturia, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, 3 vols., Roma, 1959-1960; ésta constituye una gran aportación a la historia de la América española y del Vaticano, de cuyos volúmenes dos están dedicados al período de la independencia. La última obra entra en el campo de las relaciones internacionales, en el que la mayor parte de las obras inevitablemente contemplan a Latinoamérica como un todo frente a las potencias extranjeras.

4. La independencia de Haití y Santo Domingo

Entre los autores coetáneos, Médéric L. E. Moreau de Saint-Méry, Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l’isle de Saint Domingue, 2 vols., Fildelfia, 1797-1798; 3 vols., París, 1958, y Bryan Edwards, An historical survey of the French colony in the island of St. Domingo, Londres, 1797, ofrecen el panorama más completo de los problemas económicos, sociales y políticos de la colonia de Saint-Domingue en los años inmediatamente anteriores a la Revolución francesa. El trabajo mejor y más amplio sobre la revolución haitiana continúa siendo el de C. L. R. James, The Black jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution, Nueva York, 1938; 1963, 2.ª ed. rev. Otros libros, aunque menos satisfactorios, son los de José L. Franco, Historia de la revolución de Haití, La Habana, 1966, y el de T. O. Ott, The Haitian Revolution, 1789-1804, Knoxville, 1973. Un libro que ahora se deja de lado a causa de su racismo es el de T. Lothrop Stoddard, The French Revolution in San Domingo, Boston, 1914; reimp., 1982, aunque aún conserva algún interés. Entre las diversas biografías sobre Toussaint Louverture, las clásicas son: Víctor Schoelcher, Vie de Toussaint-Louverture, París, 1889, y Horace Pauléus Sannon, Histoire de Toussaint-Louverture, 3 vols., Puerto Príncipe, 1920-1933. Existen relatos contrapuestos según el bando militar de la revolución. El de Alfred Nemours, Histoire militaire de la Guerre d’Indépendance de Saint-Domingue, 2 vols., París, 1925-1928, es favorable a Toussaint. Desde el punto de vista francés, existe el de Henry Poyen-Bellisle, Histoire militaire de la Revolution de Saint-Domingue, París, 1899; desde el español, el de Antonio de Monte y Tejada, Historia de Santo Domingo, vols. III y IV, Santo Domingo, 1890-1892, y desde el de los ingleses, el de sir John Fortescue, History of the British Army, vol. IV, Londres, 1906. El trabajo de David P. Geggus, Slavery, war and revolution. The British occupation of Saint-Domingue 1793-1798, Oxford, 1982, es un estudio importante.

Debido al impacto que la revolución haitiana tuvo en la parte española de la isla de Santo Domingo, hay varios trabajos más que merece la pena mencionarse, como, por ejemplo, Emilio Rodríguez Demorizi, ed., Cesión de Santo Domingo a Francia, Ciudad Trujillo, 1958, y La era de Francia en Santo Domingo, Ciudad Trujillo, 1955; Joaquín Marino Incháustegui Cabral, ed., Documentos para estudio: Marco de la época y problemas del Tratado de Basilea de 1795 en la parte española de Santo Domingo, 2 vols., Buenos Aires, 1957, y Manuel Artuño Peña Batlle, El Tratado de Basilea, Ciudad Trujillo, 1952. Las invasiones haitianas de Santo Domingo son tratadas en el libro de Emilio Rodríguez Demorizi, ed., Invasiones haitianas de 1801, 1805 y 1822, Ciudad Trujillo, 1955. Sobre los esfuerzos españoles para recuperar la parte de Santo Domingo cedida a Francia en 1795, véase el trabajo de Miguel Artola, «La guerra de reconquista de Santo Domingo 1808-1809», Revista de Indias, II (1951), pp. 447-484. Para una síntesis de este período de la historia de Santo Domingo, véase Frank Moya Pons, Historia colonial de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, 1974.

La evolución de Haití en los años que siguieron a la independencia fue descrita por diferentes visitantes ingleses y norteamericanos que estuvieron en la isla en este período. Cuatro de estos relatos continúan siendo las fuentes contemporáneas más fiables del período: Jonathan Brown, The History and Present Condition of St. Domingo, 2 vols., Filadelfia, 1837; reimpr. Londres, 1972, que contiene un amplio informe de las costumbres sociales haitianas y de la evolución del sistema político haitiano, que Brown calificó, después de examinar la situación, como «una monarquía republicana que descansa sobre sus bayonetas»; John Cadler, Brief Notices of Hayti, with its conditions, resources, and prospects, Londres, 1842; reimpr. Londres, 1972, que contiene valiosa información del gobierno de Boyer; James Franklin, The Present State of Hayti (Saint Domingo), Londres, 1828; reimpr. Londres, 1972, que es muy interesante por la valoración que hace de la evolución de la economía y la agricultura haitianas en tiempos de Pétion y de Christophe; y por último, Charles Mackenzie, Notes on Haiti, made during a residence in that republic, 2 vols., Londres, 1830; reimpr. Londres, 1972, que incluye notas que el autor recogió en Haití siendo cónsul allí (1826-1827) en las que ofrece útiles estadísticas y brillantes observaciones de las diferencias económicas y sociales existentes en las dos partes de la isla. El relato haitiano tradicional de su reciente historia de país independiente lo constituye la obra monumental de Beaubrun Ardouin, Études sur l’histoire d’Haiti, 11 vols., París, 1853-1860; Puerto Príncipe, 1958²; su consulta es indispensable para conocer el régimen de Boyer, pero no siempre es del todo segura ya que refleja el punto de vista oficial y la ideología de la élite mulata. Existen pocos trabajos recientes, pero véanse Hubert Colé, Christophe, king of Haiti, Nueva York, 1967; Leslie F. Manigat, La politique agraire du gouvernement d’Alexandre Pétion, 1807-1818, Puerto Príncipe, 1962; David Nicholls, Economic development and political autonomy. The Haitian experience, Montreal, 1974, y «Rural protest and peasant revolt in Haiti (1804-1869)», en M. Cross y A. Marks, eds., Peasants, plantations and rural communities in the Caribbean, Guilford y Leiden, 1979, pp. 29-53. Véanse también los artículos de Benoit Joachim extraídos de su tesis «Aspects fondamentaux des relations de la France avec Haiti de 1825 a 1874: le néocolonialisme a l’essai», tesis inédita, Universidad de París, 1968, sobre todo «La Reconnaisance d’Haiti par la France (1825): naissance d’un nouveau type de rapports internationaux», Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 22 (1975), pp. 369-399, «L’Indemnité colonial de Saint-Domingue et la question des repatries», Revue Historique, 246 (1971), pp. 359-376, y «Commerce et decolonisation: l’expèrience franco-haitienne au XIXe siècle», Annales: Économies, Sociétés, Civilisations, 27 (1972), pp. 1.497-1.525.

La versión tradicional dominicana del período se puede encontrar en los volúmenes II y III de José Gabriel García, Compendio de la historia de Santo Domingo, 4 vols., Santo Domingo, 1893-1906. La ocupación haitiana de Santo Domingo durante los años de gobierno de Boyer es el tema del libro de Frank Moya Pons, La dominación haitiana, 1822-1844, Santiago de los Caballeros, 1973. Moya Pons estudia el impacto político de los cambios que Boyer intentó introducir en la estructura agrícola del sector antes español y la decadencia económica de Haití debida a la política agraria de los gobiernos mulatos de estos años. Sobre la caída de Boyer y la proclamación de la independencia de la República Dominicana hay una serie de estudios actuales: Thomas Madiou, Histoire d’Haiti: années 1843-1846, 4 vols., Puerto Príncipe, 1847-1848 y 1904, y el de Romuald Lepelletier de Saint-Rémy, Saint-Domingue, étude et solution nouvelle de la question haitienne, 2 vols., París, 1846; Santo Domingo, 1978. Véase también H. Pauléus Sannon, Essai historique sur la révolution de 1843, Lescayes, Haití, 1905. Los sucesos de 1843-1844 han sido el tema de centenares de artículos en la República Dominicana, pero aún no existe una buena síntesis que tendría que resumir las aportaciones aparecidas en diferentes colecciones de documentos, sobre todo los de Emilio Rodríguez Demorizi, «La revolución de 1843: apuntes y documentos para su estudio», Boletín del Archivo General de la Nación, 25-26 (1943), y Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 2 vols., Ciudad Trujillo, 1944-1947, así como la Correspondencia de Levasseur y de otros agentes de Francia relativa a la Proclamación de la República Dominicana, 1843-1844, Ciudad Trujillo, 1944, que publicó el gobierno dominicano con motivo del centenario de la independencia.

La obra de Gustave d’Alaux, L’Empereur Solouque et son empire, París, 1856, continúa siendo la obra más útil sobre el período del gobierno haitiano de después de 1843 y sobre Faustin Souluque, pero debe usarse con cuidado ya que de hecho se informa en el trabajo de Máxime Raybaud, cónsul general de Francia en Haití. Sir Spenser Buckingham Saint John, Hayti, or the Black Republic, Londres, 1884; reimpr. 1972, contiene una clara información de la decadencia económica de Haití en la segunda mitad del siglo XIX, pero su punto de vista es totalmente antihaitiano. Emilio Rodríguez Demorizi ha publicado una larga serie de volúmenes con documentos sobre la República Dominicana y las relaciones dominicano-haitianas tras 1844, algunos de los cuales incluyen buenas introducciones; los más útiles son: Documentos para la historia de la República Dominicana, 3 vols., Ciudad Trujillo, 1944-1947; Guerra Dominico-Haitiana, Ciudad Trujillo, 1957; Antecedentes de la anexión a España, Ciudad Trujillo, 1955, y Relaciones Dominico-Españolas (1844-1859), Ciudad Trujillo, 1955. A partir de los informes de los cónsules británicos del período, Frank Moya Pons reconstruye la evolución económica de Santo Domingo en los años que siguieron a la independencia en «Datos sobre la economía dominicana durante la Primera República», Eme-Eme Estudios Dominicanos, 4 (1976). Sobre la anexión de Santo Domingo por España y la reacción haitiana, véase la obra de Ramón González Tablas, Historia de la dominación y última guerra de España en Santo Domingo, Madrid, 1870, que son las críticas memorias de guerra de este oficial del ejército español que sirvió en Santo Domingo, y las del comandante en jefe de las tropas españolas durante la «Guerra de la Restauración» de Santo Domingo, José de Gándara y Navarro, en Anexión y guerra de Santo Domingo, 2 vols., Madrid, 1884. La versión dominicana del período se debe a Gregorio Luperón, Notas autobiográficas y apuntes históricos, 1895-1896, 3 vols., Santiago de los Caballeros, 1939, obra de uno de los generales más destacados en la lucha contra los españoles. Véase también la obra de Manuel Rodríguez Objío, Gregorio Luperón e Historia de la Restauración, 2 vols., Santiago de los Caballeros, 1939, debida a otro participante en la guerra. Pedro María Archambault, Historia de la Restauración, París, 1938, ofrece un relato tradicional de la guerra. La de Jaime de Jesús Domínguez, La anexión de Santo Domingo a España, 1861-1863, Santo Domingo, 1979, es una obra más reciente y mejor que la anterior. Sobre la República Dominicana en la segunda mitad del siglo XIX, véase Harry Hoetink, El pueblo dominicano: 1850-1900. Apuntes para su sociología histórica, Santiago de los Caballeros, 1972, que examina inteligentemente los cambios sociales, económicos e institucionales que ocurrieron en estos años.

Ya sea debido al relativamente pequeño tamaño de la isla de La Española, al poco desarrollo de su historiografía, o bien a que la documentación sobre algunos períodos es aún escasa, los mejores análisis de la historia de Haití y de Santo Domingo aparecen a menudo en obras de carácter general, cuyos títulos no deben hacer pensar al lector de que se trata de estudios superficiales. Por ejemplo, la obra de James G. Leyburn, The Haitian People, New Haven, 1941; 1966, edición revisada, con una larga introducción de Sidney W. Mintz y una bibliografía puesta al día, aún no ha sido superada como la mejor introducción etnohistórica al estudio de la sociedad haitiana. Véanse también Dantés Bellegarde, La Nation haitienne, París, 1938 (versión revisada: Histoire du peuple haitien: 1492-1952, Puerto Príncipe, 1953), obra de un destacado intelectual haitiano, y T. Lepkowski, Haití, 2 vols., La Habana, 1968-1969, obra de un historiador polaco. Robert Debs Heinl, Jr. y Nancy Gordon Heinl, Written in Bloo± the story of Haitian People, 1492-1971, Nueva York, 1978, es una historia reciente de Haití con datos nuevos, pero que sin embargo está teñida de una clara antipatía hacia los políticos haitianos. Una obra aún más reciente escrita por un historiador inglés, David Nicholls, From Dessalines to Duvalier: race, colour and national independence in Haití, Cambridge, 1979, es aún más decepcionante. La historia más reciente y clara sobre la República Dominicana se debe a Frank Moya Pons, Manual de historia dominicana, Santo Domingo, 1977. Un libro excelente para este período, aunque de tono antihaitiano, y que aún ofrece una útil introducción a la historia de la república es el de Sumner Welles, Naboth’s Vineyard: the Dominican Republic, 1844-1924, 2 vols., Washington, 1966, que se publicó por primera vez en 1928 como una historia de las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Sin embargo, para una visión más sintética del tema véase Charles Callan Tansill, The United States and Santo Domingo, 1789-1873, Gloucester, Mass., 1967. Sobre las relaciones de Haití con los Estados Unidos, véanse Rayford W. Logan, The diplomatic relations of the United States with Haiti, 1776-1891, Chapel Hill, N. C., 1941, y Ludwell Lee Montague, Haití and the United States, 1714-1938, Durham, N. C., 1940. Por último, hay que mencionar dos trabajos que tratan la historia de estos dos países en paralelo: Jean Price Mars, La République d’Haiti et la République Dominicaine: les aspects divers d’un problème d’histoire, de géographie et d’ethnologie, 2 vols., Puerto Príncipe, 1953, da una interpretación fruto del resentimiento hacia los dominicanos por no haber querido continuar unidos a Haití. Rayford W. Logan, Haiti and the Dominican Republic, Londres, 1968, ofrece una interesante síntesis de lo ocurrido, pero no tiene la brillantez del trabajo anterior del mismo autor sobre las relaciones entre los Estados Unidos y Haití.

5. La colonia española de Cuba

La obra de Hugh Thomas, Cuba or the pursuit of freedom, Londres, 1971, es una historia general de Cuba desde 1762. Por otro lado, la de Raymond Carr, Spain 1808-1939, Oxford, 1966, es la mejor historia general de España de este período (hay trad. cast.: España, 1808-1936, Ariel, Barcelona, 1969; puesta al día en 1982 con el título: España, 1808-1975). El libro de Philip Foner, A history of Cuba and its relations with the U. S., 2 vols., Nueva York, 1962-1963, trata de las relaciones cubano-americanas hasta 1895 con tintes de culpabilidad. Existen dos sugestivos trabajos, obra de dos grandes pensadores cubanos: Ramiro Guerra y Sánchez, Azúcar y población en las Antillas, La Habana, 1927, reeditado muchas veces, y Fernando Ortiz, Contrapunto cubano del tabaco y el azúcar, La Habana, 1940 (existen varias reediciones; por ejemplo: Ariel, Barcelona, 1973). H. S. Aimes es el autor de A history of slavery in Cuba 1511-1868, Nueva York, 1907, un trabajo académico de un historiador norteamericano que a veces es desorientador. La sociedad de los plantadores ha sido bien analizada por Roland Ely en Cuando reinaba su majestad el azúcar: estudio histórico-sociológico de una tragedia latinoamericana, Buenos Aires, 1963, que resulta un importante trabajo de reconstrucción histórica basado en los documentos de las familias Drake y Terry; asimismo, por Franklin W. Knight, Slave society in Cuba during the nineteenth century, Madison, 1970. Véase también el artículo de Knight «Origins of wealth and the sugar revolution in Cuba, 1750-1850», HAHR, 57/2 (1977), pp. 236-253. Desde el punto de vista técnico, el mejor estudio sobre la industria azucarera es obra de Manuel Moreno Fraginals, El ingenio: complejo económico-social cubano del azúcar, La Habana, 1964; hay reediciones posteriores. La trata negrera en Cuba durante el siglo XIX, así como su abolición, han quedado convenientemente cubiertas con la obra de David Murray, Odious commerce: Britain, Spain and the abolition of the Cuban slave trade, Cambridge, 1980; por otro lado, tanto la abolición de la trata como de la esclavitud por lo que se refiere al lado español han sido analizadas por Arthur F. Corwin, Spain and the abolition of slavery in Cuba 1817-1886, Austin, 1967. Véase también Raúl Cepera Bonilla, Azúcar y abolición, La Habana, 1948 (hay ediciones posteriores, entre ellas: Crítica, Barcelona, 1976). Entre otros trabajos recientes sobre la esclavitud en Cuba, véanse: Herbert Klein, Slavery in the Americas: a comparative study of Virginia and Cuba, Chicago, 1967, que adolece del defecto de creer que las leyes españolas sobre la esclavitud significaban lo que decían; Gwendolyn Hall, Social control in slave plantation societies: a comparison of Saint Domingue and Cuba, Baltimore, 1971; Verena Martínez-Alier, Marriage, class and colour in nineteenth-century Cuba. A study of racial attitudes and sexual valúes in a slave society, Cambridge, 1974, y J. Pérez de la Riva, El Barracón. Esclavitud y capitalismo en Cuba, La Habana, 1975 (también en Crítica, Barcelona, 1978). Sobre las actitudes estadounidenses respecto a la Cuba de mediados del siglo XIX, junto al libro de Foner, véanse el de Basil Rauch, American interests in Cuba, 1848-1855, Nueva York, 1948, y el de Robert E. May, The southern dream of a Caribbean empire, 1854-1861, Baton Rouge, 1973.

6. La independencia de Brasil

La primera crónica de los sucesos del período 1808-1831, si bien se concentra en los años 1821-1831, se debe a John Armitage, History of Brazil from the arrival of the Braganza family in 1808 to the abdication of Dom Pedro the first in 1831, publicada en Londres en 1836 cuando el autor, que había ido como comerciante a Río de Janeiro en 1828, sólo contaba 29 años de edad. Concebida como la continuación de la monumental History of Brazil de Robert Southey (la primera historia general del Brasil durante el período colonial), la obra de Armitage ha sido utilizada y justamente elogiada por todos los especialistas de la época de la independencia brasileña. Entre los diferentes relatos contemporáneos quizás el más conocido y valioso sea el de Maria Graham, Journal of a Voyage to Brazil and Residence there duringpart of the years 1821, 1822, 1823, Londres, 1824. La autora residió en Brasil de septiembre de 1821 hasta marzo de 1822 y de marzo a octubre de 1823, es decir inmediatamente antes y después de la independencia. Para el período de la residencia de dom João en Brasil (1808-1821) es indispensable el libro de Luiz Gonçalves dos Santos (1767-1844), Memorias para servir a historia do Reino do Brasil (1825), 2 vols., Río de Janeiro, 1943.

La historiografía tradicional sobre la independencia brasileña está dominada por cuatro grandes estudios, que esencialmente constituyen relatos de los sucesos políticos: Francisco Adolfo de Varnhagen, Historia da Independencia do Brasil, Río de Janeiro, 1917; Manoel de Oliveira Lima, Dom João VI no Brasil 1808-1821, 1909; 3 vols., Río de Janeiro, 1945², el estudio clásico de la corte portuguesa en Río, y O Movimento da Independencia, São Paulo, 1922; y Tobías do Regó Monteiro, Historia do imperio. A elaboração da independencia, Río de Janeiro, 1927. Para la historia de Bahía, véase Braz do Amaral, Historia da independencia na Bahía, Salvador, 1923.

Caio Prado Júnior fue el primer historiador que analizó las tensiones y contradicciones internas en el proceso que condujo a la independencia brasileña. Véase, en particular, Evolução política do Brasil, São Paulo, 1933 (y varias ediciones posteriores); Formacão do Brasil, contemporáneo: Colonia, São Paulo, 1963 (hay trad. ing.: The colonial background of modern Brazil, Berkeley, 1967); y la introducción a la edición facsímil de O Tamoio, São Paulo, 1944. Son biografías importantes: Octavio Tarquínio de Souza, José Bonifacio, Río de Janeiro, 1960, y A vida do Dom Pedro I , 3 vols., Río de Janeiro, 1954.

Entre los más recientes trabajos sobre la independencia brasileña, cabe destacar: Sergio Buarque de Holanda, ed., Historia geral da civilizando Brasileira, tomo II, O Brasil Monárquico, vol. I: O processo de emancipando, São Paulo, 1962; Carlos Guilherme Mota, ed., 1822: Dimensões, São Paulo, 1972; y, sobre todo, José Honorio Rodrigues, Independencia: revolução e contrarevolucão, 5 vols., Río de Janeiro, 1975, vol. I: A evolução política; II: Economía e sociedade; III: As Jorgas armadas; IV: A lideranga nacional; V: A política internacional. Con gran diferencia, el estudio más importante y provocativo es el de Emilia Viotti da Costa, «Introdução ao estudo da emancipação política do Brasil», en Carlos Guilherme Mota, ed., Brasil em Perspectiva, São Paulo, 1968 (existe una versión inglesa revisada: «The political emancipation of Brazil», en A. J. R. Russell-Wood, ed., From colony to nation. Essays on the independence of Brazil, Baltimore, 1975). Véase también el trabajo de Emilia Viotti da Costa sobre José Bonifacio: «José Bonifacio: Mito e Historia», Anais do Musen Paulista, 21 (1967), que ha sido revisado y republicado en Mota, ed., 1822; y Viotti da Costa, Da monarquía à república: momentos decisivos, São Paulo, 1977. Sobre el movimiento de independencia en Río de Janeiro es particularmente interesante el artículo de Francisco F. Falcón e limar Rohloff de Mattos, «O processo de independencia no Rio do Janeiro», en Mota, ed., 1822.

Sobre el movimiento en Bahía, véanse: Luis Henrique Dias Tavares, A independencia do Brasil na Bahía, Río de Janeiro, 1977, y F. W. O. Morton, «The conservative revolution of independence: economy, society and politics in Bahia, 1790-1840», tesis doctoral inédita, Oxford, 1974.

Sobre las relaciones entre Portugal y Brasil y el desarrollo de Brasil a finales del siglo XVIII, véanse Mansuy-Diniz Silva, HALC, II, capítulo 5, y Alden, HALC, III, capítulo 8. A Fernando A. Nováis se debe el destacable reciente trabajo sobre el último período colonial, en particular sobre los proyectos económicos y sobre el comercio entre Brasil, Portugal e Inglaterra: Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808), São Paulo, 1979. Sobre la balanza comercial, véase también José Jobson de A. Arruda, O Brasil no comercio colonial, São Paulo, 1981. La influencia de la Ilustración en el Brasil colonial es analizada por Maria Odila da Silva, «Aspectos da ilustracão no Brasil», Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 278 (1968), pp. 105-170. Véanse también: Carlos Guilherme Mota, Atitudes de inovacão no Brasil (1789-1801), Lisboa, 1970, y E. Bradford Burns, «The intellectuals as agents of change and the independence of Brasil, 1724-1822», en Russell-Wood, ed., From colony to nation. El mejor estudio de la Inconfidencia mineira (1788-1789) se encuentra en el libro de Kenneth R. Maxwell, Conflicts and conspiracies. Brazil and Portugal 1750-1808, Cambridge, 1973. Véase también su artículo «The generation of 1790s and the idea of Luso-Brazilian empire», en Daurin Alden, ed., Colonial roots of modern Brazil, Berkeley, 1973. Existen varios estudios sobre la Inconfidencia baiana (1798): Luis Henrique Dias Tavares, Historia da sedicão intentada na Bahia em 1798: a «conspiração do alfaiates», São Paulo, 1975; Alfonso Ruy, A primeira revolução social brasileira, 1798, Salvador, 1951²; Kátia Maria de Queirós Mattoso, A presenca francesa no movimento democrático baiano de 1798, Salvador, 1969, y el capítulo IV de la citada obra de Morton, «Conservative revolution». Existe una edición moderna de las Obras económicas de José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho con una introducción de Sergio Buarque de Holanda, São Paulo, 1966. Para un comentario, véase el artículo de E. Bradford Burns, «The role of Azeredo Coutinho in the enlightenment of Brazil», HAHR, 44/2 (1964), pp. 145-160.

El traslado de la corte portuguesa de Lisboa a Río de Janeiro (1807-1808) ha sido estudiado por Alan K. Manchester, British preeminence in Brazil. Its rise and decline, Durham, N. C., 1933, cap. III; «The transfer of the Portuguese court to Rio de Janeiro», en Henry H. Keith y S. F. Edwards, eds., Conflict and continuity in Brazilian society, Columbia, S. C., 1969; y «The growth of bureaucracy in Brazil, 1808-1821», JLAS, 4/1 (1972). Sobre la apertura de los puertos brasileños al comercio extranjero existen, al lado de la obra de Manchester, British preeminence, la de Manuel Pinto de Aguiar. A abertura dos portos. Cairú e os ingleses, Salvador, 1960, y la de José Wanderly de Araújo Pinho, «A abertura dos portos — Cairú», Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 243 (abril-junio de 1959). El mejor estudio de los tratados anglo-portugueses de 1810 y de la expansión portuguesa en la Banda Oriental continúa siendo el de Manchester, British preeminence. Los primeros intentos de impulsar el crecimiento industrial de Brasil los han estudiado Nícia Vilela Luz, A luta pela industrializacão do Brasil, 1808-1930, São Paulo, 1961, y Alice P. Canabrava, «Manufacturas e industrias no período de D. João VI no Brasil», en Luis Pilla et al., Urna experiencia pioneira de intercambio cultural, Porto Alegre, 1963. Affonso d’Escragnolle Taunay ha trabajado sobre la misión artística francesa: A missão artística de 1816, Río de Janeiro, 1956; Brasilia, 1984. Sólo existe un estudio moderno sobre la revolución de Pernambuco de 1817: Carlos Guilherme Mota, Nordeste, 1817. Estruturas e argumentos, São Paulo, 1972, que se centra sobre los aspectos ideológicos del conflicto. Resulta aún útil el relato de uno de los dirigentes: Francisco Muniz Tavares, Historia da revolução de Pernambuco em 1817, Recife, 1917³. Sobre las fuerzas armadas durante este período existe, junto al volumen III del libro de Rodrigues, Independencia, el interesante estudio del caso de Bahía: F. W. O. Morton, «Military and society in Bahia, 1800-1821», JLAS, 7/2 (1975). Las Cortes portuguesas y en especial el papel de los representantes brasileños son el tema de dos artículos: George C. A. Boehrer, «The flight of the Brazilian deputies from the Cortes Gerais in Lisbon, 1822», HAHR, 40/4 (1960), pp. 497-512, y Fernando Tomaz, «Brasileiros ñas Cortes Constituintes de 1821-1822», en Mota, ed., 1822. El trabajo más reciente sobre la Asamblea Constituyente se debe a José Honorio Rodrigues, A Constituinte de 1823, Petrópolis, 1974. El tema de la continuación de la trata de esclavos y la independencia brasileña ha sido analizado por Leslie Bethell, The abolition of the Brazilian slave trade, Cambridge, 1970, caps. 1 y 2. Véase también su artículo «The independence of Brazil and the abolition of the Brazilian slave trade: Anglo-Brazilian relations 1822-1826», JLAS, 1/2 (1969). Sobre las relaciones anglo-brasileñas en general y sobre el reconocimiento británico de la independencia brasileña, el trabajo de Manchester, British preeminence, continúa siendo el mejor estudio. Pero véase también Caio de Freitas, George Canning e o Brasil, 2 vols., São Paulo, 1960.

8. La política internacional y la independencia latinoamericana

La fuente de información básica sobre las relaciones entre Gran Bretaña y Latinoamérica durante el periodo de la independencia es obra de C. K. Webster, ed., Britain and the Independence of Latin America, 1812-1830: select documents from the Foreign Office archives, 2 vols., Londres, 1938, reimpr. Nueva York, 1970, cuya introducción proporciona una valiosa panorámica de la política británica. Ésta puede seguirse con más detalle a través de sus fases sucesivas en los siguientes trabajos: J. Lynch, «British policy and Spanish America, 1783-1808», JLAS, 1 (1969); C. M. Crawley, «French and English influences in the Cortes of Cádiz, 1810-1814», Cambridge Historical Journal, 6 (1939); J. Rydjord, «British mediation between Spain and her colonies, 1811-1813», HAHR, 21 (1941); C. K. Webster, The foreign policy of Castlereagh, 1812-1815, Londres, 1931, y The foreign policy of Castlereagh 1815-1822, Londres, 1934²; D. A. G. Waddell, «British neutrality and Spanish-American independence: the problem of foreign enlistment», JLAS, 19 (1987), y «Anglo-Spanish relations and the “Pacification of America” during the “Constitutional Triennium”, 1820-1823», Anuario de Estudios Americanos, 46 (1989); y H. Temperley, The foreign policy of Canning, 1822-1827, Londres, 1925, reimpr. Londres, 1966: El folleto de Leslie Bethell, George Canning and the emancipation of Latin America, The Hispanic and Luso Brazilian Councils, Londres, 1970, presenta una breve reevaluación del papel de Canning, y el estudio de J. D. Jaramillo, Bolívar y Canning, 1822-1827: desde el Congreso de Verona hasta el Congreso de Panamá, Bogotá, 1983, analiza tanto la política británica sobre el reconocimiento como la política bolivariana hacia Gran Bretaña. El libro de W. W. Kaufmann, British policy and the independence of Latin America, 1808-1828, New Haven, 1951, reimpr. Londres, 1967, ofrece una interesante, aunque peculiar, interpretación de todo el período, basándose en fuentes impresas.

Las relaciones comerciales británicas se tratan en las siguientes obras: D. B. Goebel, «British trade to the Spanish colonies, 1796-1823», American Historical Review, 43 (1938); R. A. Humphreys, «British merchants and South American independence», Proceedings of the British Academy, 51 (1965); J. F. Rippy, «Latin America and the British investment “boom” of the 1820s», Journal of Modern History, 19 (1947); F. G. Dawson, The first Latin American debt crisis: the City of London and the 1822-1825 loan bubble, New Haven y Londres, 1990; y en la primera parte de la obra de D. C. M. Platt, Latin America and British Trade, 1806-1814, Londres, 1972. Las vinculaciones económicas se han documentado en el libro de R. A. Humphreys, ed., British consular reports on the trade and politics of Latin America, 1824-1826, Camden Society, 3.ª serie, vol. 53, Londres, 1940.

La realización a nivel local de la política británica en el hemisferio sur puede seguirse a través de la selección de despachos de los comandantes navales británicos publicados por G. S. Graham y R. A. Humphreys, eds., The Navy and South America, 1807-1823, Publications of the Navy Records Society, vol. 104, Londres, 1962. Las actividades británicas respecto a Brasil y Argentina están trazadas en los primeros capítulos de A. K. Manchester, British preeminence in Brazil: its rise and decline, Chapel Hill, N. C., 1933; reimpr. Nueva York, 1964; Leslie Bethell, The abolition of the Brazilian slave trade: Britain, Brazil and the slave trade question, 1807-1869, Cambridge, 1970; H. S. Ferns, Britain and Argentina in the nineteenth century, Oxford, 1960; y en V. B. Reber, British mercantile houses in Buenos Aires, 1810-1880, Cambridge, Mass., 1979. Y también en los siguientes artículos: J. Street, «Lord Strangford and Río de la Plata, 1808-1815», HAHR, 33 (1953); J. C. J. Metford, «The recognition by Great Britain of the United Provinces of Río de la Plata» y «The Treaty of 1825 between Great Britain and the United Provinces of Río de la Plata», Bulletin of Hispanic Studies, 29 (1952) y 30 (1953); y en D. C. M. Platt, «Foreign finance in Argentina for the first half-century of independence», JLAS, 15 (1983).

Existe poco material en inglés sobre el norte de Suramérica, con excepción de G. E. Carl, First among equals: Great Britain and Venezuela, 1810-1910, Ann Arbor, 1980, que incluye un estudio de las relaciones económicas durante el período de la independencia y los años siguientes. Sin embargo, algunos documentos procedentes de los archivos británicos han sido publicados en español en las obras de C. Parra-Pérez, ed., Documentos de las cancillerías europeas sobre la Independencia venezolana, 2 vols., Caracas, 1962, y C. L. Mendoza, Las primeras misiones diplomáticas de Venezuela, 2 vols., Caracas, 1962. Sobre las relaciones británicas a nivel local se encuentra mucha información en el libro de Carlos Pi Sunyer, El General Juan Robertson: un procer de la Independencia, Caracas, 1971, y a nivel metropolitano en Patriotas Americanos en Londres, Caracas, 1978, del mismo autor. El estudio de D. A. G. Waddell, Gran Bretaña y la Independencia de Venezuela y Colombia, Caracas, 1983, trata de los contactos entre las autoridades británicas tanto con los patriotas como con los realistas, y el libro de E. Lambert, Voluntarios británicos e irlandeses en la gesta bolivariana, Caracas, 1981, vol. 1, ofrece una narración documentada de las actividades de los legionarios británicos en las fuerzas bolivarianas hasta 1819.

Las negociaciones anglo-mexicanas han sido trazadas a partir de material archivístico mexicano en la obra de Jaime E. Rodríguez O, The emergence of Spanish America: Vicente Rocafuerte and Spanish Americanism, 1808-1832, Berkeley, 1975 (hay trad. cast.: El nacimiento de Hispanoamérica. Vicente Rocafuerte y el hispoamericanismo, 1808-1832, FCE, México, 1980); en ella se trata además de los primeros contactos de México con otros países europeos. El período anterior a 1810 es contemplado en el libro de J. Rydjord, Foreign interest in the independence of New Spain, Durham, N. C., 1935; reimpr. Nueva York, 1972.

Las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica están plenamente documentadas en W. R. Manning, ed., Diplomatic correspondence of the United States concerning the independence of the Latin-America Nations, 3 vols., Nueva York, 1925, y son trazadas de forma amplia en A. P. Whitaker, The United States and the independence of Latin America, 1800-1830, Baltimore, 1941; reimpr. Nueva York, 1962. El libro de C. C. Griffin, The United States and the disruption of the Spanish Empire, 1810-1822, Nueva York, 1937; reimpr. en 1968, es valioso para las relaciones estadounidenses con España. La obra de D. Perkins, The Monroe Doctrine 1823-1826, Cambridge, Mass., 1927, es aún el principal trabajo sobre el tema, pero el de E. R. May, The making of the Monroe Doctrine, Cambridge, Mass., 1975, pone nuevo énfasis sobre el peso de la política interior norteamericana. Las relaciones estadounidenses con algunos países en concreto pueden seguirse en: W. R. Manning, Early diplomatic relations between the United States and Mexico, Baltimore, 1916; reimpr. Nueva York, 1968; E. B. Billingsley, In defence of neutral rights: the United States navy and the wars of independence in Chile and Peru, Chapel Hill, N. C., 1967, y en los correspondientes capítulos de H. F. Peterson, Argentina and the United States, 1810-1960, Nueva York, 1964; L. F. Hill, Diplomatic relations between the United States and Brazil, Durham, N. C., 1932, reimpr. Nueva York, 1969; y en E. T. Parks, Colombia and the United States, 1765-1934, Durham, N. C., 1935, reimpr. Nueva York, 1968.

La rivalidad anglo-norteamericana a nivel local ha sido estudiada en la obra de J. F. Rippy, Rivalry of the United States and Great Britain over Latin America, 1808-1830, Baltimore, 1929, reimpr. Nueva York, 1972; y a nivel metropolitano por B. Perkins, Castlereagh and Adams: England and the United States, 1812-1823, Berkeley, 1974, y también en el agudo artículo de R. A. Humphreys, «Anglo-American rivalries and Spanish American emancipation», Transactions of the Royal Historical Society, 5.ª serie, 16 (1966). P. K. Liss, Atlantic Empires: a network of trade and revolution, 1713-1826, Baltimore, 1983, ensaya relacionar los movimientos independentistas con el desarrollo intelectual y económico del mundo atlántico, tratando tanto de los Estados Unidos y Gran Bretaña como de España e Hispanoamérica.

Hay mucho material sobre las actitudes y políticas de todas las potencias europeas en la voluminosa colección de documentos de A. Filippi, ed., Bolívar y Europa en las crónicas, el pensamiento político y la historiografía, vol. 1, Caracas, 1986.

El principal trabajo sobre la política francesa se debe a W. S. Robertson, France and Latin American independence, Baltimore, 1939, Nueva York, 1967². H. Temperley trata de un controvertido período en «French designs on Spanish America in 1820-1825», English Historical Review, 40 (1925). Las relaciones rusas han sido el tema de un reciente libro de R. H. Bartley, Imperial Russia and the struggle for Latin American independence, 1808-1828, Austin, 1978. La política de las potencias centrales europeas queda cubierta con la obra de M. Kossok, Historia de la Santa Alianza y la Emancipación de América Latina, Buenos Aires, 1968, y también queda ilustrada en la de K. W. Kórner, La independencia de la América española y la diplomacia alemana, Buenos Aires, 1968, con documentos procedentes de diversos archivos europeos. W. S. Robertson, «Metternich’s attitude towards Revolutions in Latin America», HAHR, 21 (1961), ofrece unos pocos sucesos básicos. En cuanto a la obra de J. L. Mecham, «The papacy and Spanish American independence», HAHR, 9 (1929), es un sucinto estudio del tema.

ÍNDICE ALFABÉTICO

Abad y Queipo, obispo Manuel, 11, 25, 46, 48

Abalos, José de, 29, 32

Abascal y Sousa, José Fernando de, 79, 81, 83, 93, 102, 104-106

Abasolo, Mariano, 49

Aberdeen, acta de (1845), 230

Acaau, Jean-Jacques, 148

Acapulco (México), 53

Acúleo (México), 51

Adams, John, 37, 85, 160

Adams, John Quincy, 223

Adams-Onís, tratado (1819), 219

Aguiar, marqués de, véase Portugal e Castro Agustín I, emperador de México, véase Iturbide Alamán, Lucas, 22; Historia de México, 25, 64-65

Albemarle, 3.er conde de, 157

Aldama, Juan de, 49

Aldama, Miguel, 163, 168

Alejandro I, zar de Rusia, 217, 218

Alemania, 34, 220, 227; véase también Prusia Alembert, J. le R. d’, 34

Alfau, Felipe, 151

Algoas (Brasil), 189

Alto Perú: siglo XVIII, 16, 31; lucha por la independencia, 78-80, 83, 94, 96-97, 100-101, 105, 115; véase también Bolivia

Alvear, Carlos María de, 99

Alves Branco Muniz Barreto, Domingos, 194

Allende, Ignacio, 49, 51

Allones, Ramón, 165

Allwood, Philip, 159

Amar y Borbón, Antonio, 81, 82

Amarantes, Andrés, 137

América Central antes de la independencia, véase Guatemala, reino de después de la independencia, 71-74, 117, 231-232; economía, 73-74; y Estados Unidos, 231-233; y Gran Bretaña, 74, 231-233; y México, 72-73 véase también Costa Rica; Chiapas; Guatemala; Honduras; Nicaragua; EL Salvador América española antes de la independencia, 1-40; economía, 2-5 passim, 9-10, 11-19; ejército, posición del, 7-9; grupos raciales, 20-26; Iglesia, 5, 10-11, 21; indios, 25-33 passim, 44-45; nacionalismo, extensión del, 32-39, 44, 45-46; rebeliones, 26-32, 39 lucha por la independencia, 75-123, 209-233; esclavitud, 123; Iglesia, 121-122, 204-207

véase también países individuales

Amigo de la Patria, El, 71

Andrada, Martim Francisco Ribeiro, 194

Andrada Machado e Silva, Antonio Carlos Ribeiro de, 191, 193, 194

Angola, 177

Angostura (Venezuela), 109; congreso de (1819), 109, 111

Annobón, isla (África), 158

Antioquia (Colombia), 28, 89, 90, 112

Apatzingán (México), constitución de (1814), 54, 61

Apodaca, Juan Ruiz de, 65-70 passim

Aponte, José Antonio, 162

Apure (Venezuela), 108

Aquisgrán, congreso de (1818), 217-219

Arango, Francisco de, 159, 161

Arango, José de, 161

Araújo de Azevedo, Antonio de (conde de Barca), 180, 186

Arce, Manuel José de, 63, 72

Arcos, conde de, 187, 189

Areche, José Antonio, 31

Arequipa (Perú): antes de la independencia, 30, 106; después de la independencia, 206

Argentina, 95, 99, 103, 117, 118-119, 187, 224, 225, 229

Artigas, José Gervasio, 98, 100, 123

Asunción (Paraguay), 206

Ávila, José Ignacio, 63

Ayacucho (Perú), 115, 117

Aycinena, grupo de (América Central), 63, 71

Aycinena, José de, 63, 64

Aycinena, Juan José, marqués de, 73

Aycinena, Mariano, 73

Ayestarán, Joaquín de, 164

Azara, Félix de, 22

Azcárate, Juan Francisco, 46, 47, 48, 50 aztecas, 46

Bacardí, Facundo, 165

Báez, Buenaventura, 152

Bahía (Brasil): hasta 1822, 172, 174, 176-179 passim, 182, 183-184, 187-193 passim, 196-197; 1822-c. 1850, 208; véase también Salvador

(Bahía) Bahía, islas de la, 232

Bajío, región (México), 49-50, 52, 70

Baker and Dawson, firma de, 159

Banda Oriental, véase Uruguay Barata de Almeida, Cipriano, 178, 191, 193

Barbacena, marqués de, véase Brant Pontes Barca, conde da, véase Araújo de Azevedo

Barcelona (España), 12, 15, 18

Barreiro, José María, 110

Basilea, tratado de (1795), 129, 140

Belém (Brasil), 184, 190, 198

Beler (República Dominicana), 137

Belgrano, Manuel, 35, 37, 76, 97, 119

Belice, 63, 64; véase también Honduras Británica Beltrán de la Cruz, familia (Cuba), 157

Berbeo, Juan Francisco, 27, 28

Beresford, mariscal, 189

Beresford, sir John, 186

Bergaño y Villegas, Simón, 62

Beteta, Ignacio, 62 bethlemitas, orden, 63, 72

Bogotá, Santa Fe de (Colombia), siglo XVIII, 27, 28, 29, 36; y la lucha por la independencia, 81, 82, 89, 92, 110-111, 115, 205; 1819-1830, 206, 225

Bolívar, Simón: trasfondo cultural, 35, 37; y la independencia de la América española, 86-87, 89, 91-92, 107-119 passim, 122, 123, 137, 138, 163, constituciones, 115-116

Bolivia (antiguamente Alto Perú), 115-116; Iglesia, 206; industria minera, 119; y Perú, confederación peruano-boliviana, 121

Bombona, batalla de (1822), 113

Bonaparte, José, 40, 46, 75, 211

Bonaparte, Napoleón, véase Napoleón I

Bonaparte, Paulina, 129

Boves, José Tomás, 91, 92, 108

Boyacá (Colombia), 110

Boyer, Jean-Pierre, 135, 136-146

Brant Pontes, Felisberto Caldeira (futuro marqués de Barbacena), 148, 199

Brasil antes de 1822, 171-180, 210, 207-208; corte portuguesa en (1808-1821), 98, 99, 100, 181-191; economía, 172-176; esclavitud, 185, 188; estructura demográfica y social, 176-177, véase también bajo esclavitud; nacionalismo, aumento del, 175-180; sucesos que contribuyeron a la independencia (1820-1822), 189-196 1822-c. 1850, 195-203, 228-230; esclavitud, 199-201, 208, 221-222, 229, 230; Iglesia, 207-208; y Gran Bretaña, 198-201, 202, 221, 228-229, 230-231, 233; y Uruguay, 229

Brito, João Rodrigues de, 164

Buchanan, James, 164

Buenos Aires, ciudad de (Argentina): siglo XVIII-principios del siglo XIX, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 210, y la lucha por la independencia, 64, 76, 77, 82-83, 93-100, 117, 120, 214; después de la independencia, 206, 224

Burdeos (Francia), 125

Bustamante, Carlos María, 44, 53, 60, 211

Bustamante y Guerra, José de, 62-64

Caballero y Góngora, arzobispo Antonio, 14, 28, 34

Cádiz, 2, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 54, 66; Constitución de (1812), 58-71 passim, 91, 105

Caimán, islas, 232

Cairú, vizconde de, véase Silva Lisboa Calderón, puente de (México), 51

California, 231, 232

Calov, Manuel, 167

Calvo de la Puerta, familia (Cuba), 157

Callao, El (Perú): antes de la independencia, 114, 115

Calleja, Félix María, 51-60 passim, 64-65

Cámara, Manuel Ferreira de, 180

Campeche (México), 70

Campomanes, conde de, 7

Campos (Campos de Goitacazes, Brasil), 174 canarios, inmigrantes, en Venezuela, 23, 24, 88, 91

Cancha Rayada (Chile), 103

Caneca, fray Joaquim do Amor Divino, 208

Canning, George, 180, 184, 199-201, 218-219

Cantero, Justo, 167

Cap-Français, posteriormente Cap-Haitien (Haití), 129, 134, 135, 145, 153

Carabobo (Venezuela), 111

Caracas (Venezuela): siglo XVIII, 38; y la lucha por la independencia, 77-78, 82, 86-87, 88, 91, 92, 110, 111, 117, 204; después de la independencia, 206

Cárdenas (Cuba), 166

Carlos III, rey de España, 3, 34, 40

Carlos IV, rey de España, 3, 40

Carlos X, rey de Francia, 143, 227

Carlota Joaquina (hermana de Fernando VII de España, esposa de João VI de Portugal), 75, 76, 181, 187, 213

Carrera, familia (Chile), 103

Carrera, José Miguel, 102, 103

Carrera Damas, Germán, 78

Carrillo, Mariano, 71

Cartagena (Colombia): siglo XVIII, 18, 36; y la lucha por la independencia, 82, 89-92 passim, 214; después de la independencia, 224

Carvalho e Melo, Sebastião José de, marques de Pombal, 171, 174

Casa Montalvo, conde de, 159

Casanare, provincia de (Colombia), 110

Casas, Juan de, 78

Casaus, arzobispo Ramón, 73

Castelli, Juan José, 76

Castillo, Florencio, 63

Castlereagh, vizconde (futuro 2.º marqués de Londonderry), 186, 191, 216, 217, 218, 220

Castro Araoz, Miguel de, 71

Cataluña, 2, 12, 15; inmigrantes de, en Venezuela, 23

Cayetano de Foncerrada, José, 59

Ceará (Brasil), 172, 174

Celaya (México), 50

Céspedes, Carlos Manuel de, 169

Cibao, valle (República Dominicana), 142

Cisneros, Baltasar Hidalgo de, 77, 82-83, 93

Cisplatine, provincia, véase Uruguay Clavijero, Francisco, 44, 45

Clayton-Bulwer, tratado (1850), 232

Cleto Montiel, José, 63

Club Massiac (París), 125

Coahuila (México), 51, 58

Cochabamba (Bolivia), 30

Cochrane, lord (después 10.º conde de Dundonald), 103-104, 197, 198

Coimbra, Universidad de, 175, 177, 178, 183, 193, 194

Colombia: antes de 1819, véase Nueva Granada, virreinato de; 1819-1830, véase Gran Colombia; después de 1830, véase Nueva Granada, después de 1830 (posteriormente Colombia)

Colón (Cuba), 166

Colonia do Sacramento (Uruguay), 187

Coll i Prat, obispo Narciso, 204

Comayagua (Honduras), 72 comunero, movimiento, 26-33, 39

Concepción (Chile), 101, 206

Condíllac, abad de, 34 consolidación, decreto de (1804), 10-11, 19, 44

Córdoba (Argentina), 93, 206

Córdoba (México), tratado de (1821), 70, 71

Coro (Venezuela), 39, 82, 87

Cos, José María, 53

Costa, Hipólito José da, 188

Costa Rica: lucha por la independencia, 61, 62, 72, 74; véase también América Central; Guatemala, reino de Cotuí (República Dominicana), 131

Cruz, José de la, 51

Cuautla Amilpas (México), 53

Cuba, 13, 17, 18, 19, 65, 154-170, 223, 226 agricultura, 155-161 passim, 165-167 azúcar, 157-161, 165, 166-167 esclavitud, 157, 162-163, 167-168, 169 ferrocarriles, 164 guerra de los Diez Años (1868-1878), 170 véase también La Habana Cúcuta (Colombia): congreso de (1821), 111-112, 114

Cuenca (Ecuador), provincia de, 81, 93, 206

Cuero y Caicedo, José de, 204

Cundinamarca (Colombia), 89

Cunha, dom Luís da, 180

Cunha Barbosa, padre Januário de, 194

Cunha de Azeredo Coutinho, José Joaquim da, 179, 207

Curaçao, 136, 212, 213

Cuyaguateje (Cuba), 155

Cuyo (Argentina), 101, 119

Cuzco (Perú), 14, 30, 31, 79, 105, 106, 204

Chacabuco (Chile), 103

Charcas, presidente de, 79, 80

Chavannes, Jean-Baptiste, 126

Chiapas (México), 61, 63, 72, 73; véase también América Central; Guatemala, reino de Chihuahua (México), 51

Chile siglo XVIII, 7, 12, 14, 22, 33 lucha por la independencia, 83-84, 101-106 passim, 116-117, 120, 197

Chiloé, isla (Chile), 103

Chilpancingo (México), congreso de, 53-54 chinos, en Cuba, 169, 170

Chirino, José Leonardo, 39

Christophe, Henry, rey de Haití, 133-135, 136

Chuquisaca (Bolivia), posteriormente Sucre, 35, 78, 80, 97

Dávila, Fernando Antonio, 63

Debret, Jean-Baptiste, 186

Delgado, José Matías, 72

Derosne, Charles, 166

Descartes, Rene, 34

Dessalines, Jean-Jacques, 130, 131, 133

Diderot, Denis, 34

Dolores (México), 49, 50

Domínguez, Miguel, 49

Dominicana, República (antiguamente Santo Domingo), 147

Drake, familia (Cuba), 163

Duarte, Juan Pablo, 145-148 passim

Dulce y Garay, Domingo, 169

Dumesle, Hérard, 143, 145

Dundonald, 10.º conde de, véase Cochrane Ecuador: después de la independencia, 114-117 passim; véase también Cuenca; Gran Colombia; Guayaquil; Quito Echeverri, Juan María, 71

Editor Constitucional, El, 71 ejército, actitud del, véase América española y países individuales

El Salvador: lucha por la independencia, 61, 62, 63, 72; véase también América Central; Guatemala, reino de Ender, Thomas, 186 esclavitud, véase América española; Brasil; y países individuales

Eschwege, Barón von, 186

Espalza, Pablo de, 167

España siglo XVIII, 1-3 1808-1810, 40, 46, 75, 81-82 1810-1814, 54, 57-61, 62-63, 105 1820-1823, 61, 63-68 passim, 107, 111 y América española: antes de la independencia, 1-40, lucha por la independencia, 75-123, 215, 218-223 passim, 226-227; Cuba, 154-170; Guatemala, reino de, 61-64, 67, 71-73; México, hacia la independencia, 41-42, 48-61, 64-73; República Dominicana, 148-152 passim; Santo Domingo, 38, 127, 129-130, 135-138 y Francia, 11, 40, 46, 61, 66, 210-211, 221, 222-223 y Gran Bretaña: antes de 1815, 5, 9-10, 15-20 passim, 23, 27, 57, 209-215; 1815-1825, 57, 216-223 passim y Haití, 151-152

España, José María, 36

Española, La, véase Haití; Saint-Domingue; Santo Domingo

Espirito Santo (Brasil), 172

Estados Unidos de América sistema político y judicial, influencia en Latinoamérica, 36-37 y América española: antes de la independencia, 17, 18-19, 37, 214-215, lucha por la independencia, 85, 86, 87, 117, 217-220 passim, 222-226, tras la independencia, 231-232 (consecuencias de la guerra de Secesión norteamericana, 1861-1865), 164-165, 168; América Central, 231-232; Cuba: siglo XVIII, 157, 158, 160, siglo XIX, 161-165 passim, 168, 169, 223, 226; México, 226, 231; República Dominicana, 149-150, 151 y Brasil, 201 n. 15, 229 y Florida(s), 65, 219 y Saint-Domingue, 125, 128

Faustino I, emperador de Haití, véase Soulouque Feijó, Diogo Antonio, 192, 208

Fernando VII, rey de España: 1808, 40, 45-46, 211; después de 1808, 61, 64-66passim, 69, 222, 227

Fernando Poo, isla (África), 158

Ferrand, Jean-Louis, 131 ferrocarriles, véase América española; Brasil; y países individuales

Figueredo, Luis, 170

Filisola, Vicente, 73

Florida(s), 42, 65, 219

Francia política y filosofía, influencia en América Latina: Ilustración, 34-36, 49, 62, 84; Revolución francesa (1789), 35-36, 37, 38, 125-127, 179 y América española: antes de 1815, 3, 75-76, 210-211, 1815-c. 1830, 216, 217-218, 221-227 passim, después de c. 1830, 230; Cuba, 226; México, 227; República Dominicana, 148-149, 150; Santo Domingo, 129-132 y Brasil, 174, 178, 229 y España, 11, 40, 46, 61, 66, 210-211, 220, 222-223 y Haití, 142-143, 146-147 y Portugal, 180-181, 228 y Saint-Domingue, 37-38, 124-129

Francia, José Gaspar Rodríguez, 98

Freyreiss, Georg, 186

Gaínza, Gabino, 72

Galán, José Antonio, 29

Galeana, Hermenegildo, 53

Gameiro Pessõa, Manuel Rodrigues, 201

García de Hevia, Juan José, 29

García Jerez, obispo Nicolás, 73

García Obeso, José María, 49

García Pumacahua, Mateo, 105

García y Moreno, Joaquín, 130

Garibaldi, Giuseppe, 164

Garibay, Pedro de, 48

Geffrard, Fabre, 150-153 passim

Godoy, Manuel, 3, 11, 40, 46

Goiás (Brasil), 172

Gonçalves Ledo, Joaquim, 194

González, José Caridad, 39

González Mollinedo y Saravia, Antonio, 62

Gordoa, José Miguel, 58

Gordon, Robert, 201

Goyeneche, José Manuel, 79, 97

Goyeneche y Barrera, arzobispo José Sebastián, 206

Gran Bretaña sistema político, influencia en la América española, 34-35 y América española: hasta 1815, 3, 5, 18, 85-86, 209-215, 1815-c. 1830, 117-118, 216-227 passim, después de c. 1830, 230-232 passim; América Central, 74, 231-233; Cuba, 157-159, 162, 168, 223, 226; Gran Colombia, república de, 224-225; México, 74, 224-225, 226; Nueva Granada, 213; República Dominicana, 148, 149; Río de la Plata, 20, 95, 98, 210, 214; Santo Domingo, 132; Venezuela, 210-214 passim y Brasil: hasta 1822, 171, 175, 180-189 passim, 210, 1822-c. 1850, 198-201, 202, 221-222, 228-229, 230-231, 233, véase también Portugal y España: hasta 1815, 5, 9-10, 15-20 passim, 23, 27, 57, 209-215, 1815-1825, 216-222 passim y Portugal: hasta 1820, 171, 172, 174, 177, 180-189 passim, 210, 1820-1828, 191, 192, 198-201, 221-222, 228-229 y Saint-Domingue, 127-128

Gran Colombia, república de, 111-122 passim, 137, 138, 219, 224-225; comercio exterior, 225, 226; véase también Cúcuta, congreso de Granada (Nicaragua), 63

Grandjean de Montigny, Auguste-Henri-Victor, 186

Gregorio XVI, papa, 206

Grenfell, John Pascoe, 198

Guadalajara (México): antes de la independencia, 13, 44, 51, 55

Guadalupe (México), Virgen de, 46, 50, 53

Gual, Manuel, 36

Guanajuato (México), 49-50, 51

Guatemala: lucha por la independencia, 44, 61-62, 63, 205; después de la independencia, 206, 232; véase también América Central; Guatemala, reino de Guatemala, ciudad de: y la lucha por la independencia, 61-64 passim, 71, 72

Guatemala, reino de (América Central): lucha por la independencia, 61-64,67,71-73; véase también Costa Rica; Chiapas; El Salvador; Guatemala; Honduras; Nicaragua

Guayana (Venezuela), 82

Guayaquil (Ecuador), 14, 107, 113

Guayaquil, provincia de, 81, 93

Güell y Ferrer, Juan, 167

Guerrero, Vicente, 64, 69

Guridi y Alcocer, Miguel, 58

Gutiérrez de Piñeres, Juan Francisco, 27

Haití (antes Saint-Domingue): independencia

(1804), 38-39, 130; 1804-1822, 108, 131-138 passim; después de 1822, 137-139, 142-153 passim, 227

Halperín Donghi, Tulio, 83 hanseáticos, ciudades, y Latinoamérica, 227, 229

Hardy, sir Thomas, 197

Hawkesbury, lord (segundo conde de Liverpool), 180

Henríquez, fray Camilo, 84

Hérard, Charles, 145-147

Herrera, familia (Cuba), 157

Hidalgo, revuelta de (1810-1811), 49-52, 58, 61

Hidalgo y Costilla, Miguel, 45, 49-52, 53, 55, 56, 59, 205

Hobbes, Thomas, 35

Holanda, 228

Honduras: lucha por la independencia, 61, 72, 74; véase también América Central; Guatemala, reino de Honduras Británica, 232; véase también Belice Huacho (Perú), 106

Huánuco (Perú), 105

Huaqui, batalla de (1811), 97

Humboldt, Alexander von, 20, 21, 43, 46

Iglesia, 204-208; véase también América española; Brasil; España; y lugares individuales

Iglesias, Francisco, 15

Iguala, plan de (1821), 68-71 passim indios, véase América española y países individuales

Inglaterra, véase Gran Bretaña Irisarri, Juan Bautista, 62

Isabel II, reina de España, 151

Iturbide, Agustín de (Agustín I, emperador de México), 69-73 passim; y la independencia de América Central, 71, 72, 73

Iturrigaray, José de, 46, 47-48, 54-55, 59

Iznaga, familia (Cuba), 163

Jamaica, 71, 108, 127, 158, 213-214

Jefferson Thomas, 37, 161, 215

Jérémie (Haití), 145 jesuitas: en América española, 7, 33, 44, 45, 59, 84; en Brasil, 178; en México, 61, 67, 68

João V I, rey de Portugal: como príncipe regente (1792-1816), 75, 171, 180-187; como rey (1816-1826), 187-194, 198

Jorge IV, rey de Gran Bretaña, 200

José I, rey de España, véase Bonaparte, José

José I, rey de Portugal, 171

José Bonifacio, véase Andrada Machado e Silva Jovellanos, Gaspar Melchor de, 12

Juan Fernández, islas, 103

Junín (Perú), 115

Junot, Androche, 181

Kossuth, Louis, 164

Koster, Henry, 186

La Demajagua (Cuba), 170

La Ferriére (Haití), 134, 135

La Grande Anse (Haití), 153

La Guaira (Venezuela), 36, 224

La Habana (Cuba): siglo XVIII, 17, 18, 154-161 passim; siglo XIX, 18, 19, 161-170 passim

La Paz (Bolivia), 30, 78-80, 97, 106

La Puerta, batalla de (1814), 91

La Sabana de Palo Hincado, batalla de (1808), 132

«La Trinitaria», 144-145, 146-147

La Vega (República Dominicana), 131

Labatut, Pierre, 196

Langsdorff, conde Georg Heinrich von, 186

Larrañaga, Ramón, 165

Larrazábal, Antonio, 62, 63

Lautaro, logia, 95, 99, 100

Laveaux, general, 128

Layard, brigadier, 213

Leclerc, Victor Emmanuel, 129, 131

Lecor, general, 188

Lemus, José Francisco, 162

León (Nicaragua), 62, 63, 72

León XII, papa, 205, 208

Leopoldina, princesa (esposa de Dom Pedro I), 186, 195

Les Cayes (Haití), 145, 148

Levasseur, Pierre, 146

Lima (Perú): siglo XVIII-principios del siglo XIX, 14, 21, 206; y la lucha por la independencia, 80, 90, 101, 105-107 passim, 115, 117, 119, 224; después de la independencia, 206

Lima e Silva, José Joaquim de, 196, 197

Linhares, conde de, véase Sousa Coutinho Liniers, Santiago, 20, 76, 77, 94

Lisboa, 171, 175, 177, 180-184 passim, 189

Lizana y Beaumont, arzobispo Francisco Xavier, 48, 55

Lizardi, José Joaquín Fernández de, 60

Locke, John, 34

López, Narciso, 164

López de Cancelada, Juan, 15

López Rayón, Ignacio, 52, 53, 54

Louverture, Paul, 131

Louverture, P. D. Toussaint, véase Toussaint Louverture

Luccock, John, 184

Luis XVIII, rey de Francia, 66

Luisiana (Estados Unidos), 41, 129

Lupton’s, de Leeds, firma, 184

Luz, Ramón de la, 161

Macandal, François, 126

Madán, Cristóbal, 163

Madeira de Mello, Ignacio Luís, 196

Magdalena, valle (Colombia), 89

Maipó (Chile), 103

Maitland, general, 127-128

Maracaibo (Venezuela), 29, 39, 82, 87, 224

Maranhão (Brasil): hasta 1822, 172, 174, 177, 190, 192; 1822-c. 1850, 198, 208

María I, reina de Portugal, 171, 181, 186

Mariel (Cuba), 154

Marino, Santiago, 91, 108

Martinica, 137

Martius, Carl Frederick Philip von, 174, 186

Matamoros, Mariano, 53

Matanzas (Cuba), 154, 166

Mato Grosso (Brasil): hasta 1822, 172, 186

Mawe, John, 185

Mazzini, Giuseppe, 164

Medina, conde de, 47

Melo e Castro, Martinho de, 171, 174

Mendoza (Argentina), 101, 102, 103

Mercurio Peruano, 33, 35

Mérida (México), 70

Metternich, príncipe, 227, 228

México siglo XVIII-principios del siglo XIX, 6, 8-13 passim, 20, 41-49; grupos raciales y sociales, 20, 22, 23, 25-26,42-43, 44-46; Iglesia, 7, 10-11, 44, 56; industria minera, 9, 16, 41, 49, 57, 65; industria textil, 15; nacionalismo, extensión del, 33, 35, 44, 45-46 lucha por la independencia, 25-26, 48-61, 64-73 declaración de independencia (1821), 68-71 después de la independencia, 73, 117; imperio (1821-1823), 70, 71, 72-73; y América Central, 72-73; y Estados Unidos, 226, 231; guerra con (1846-1848), 231; y Europa, 227-228; y Gran Bretaña, 224-225, 226

México, Ciudad de: siglo XVIII, 13; lucha por la independencia, 41, 44, 46, 48, 50-60 passim, 69-70; después de la independencia, 224

Michelena, Mariano José de, 49

Micheo, Manuel de, 63

Michoacán (México), 25, 52, 59; obispado de, 204, 206

Mier, fray Servando Teresa de, 40, 44, 48

Miguel, hermano de Pedro I de Brasil (Pedro IV de Portugal), 181

Milot (Haití), 133

Mina, Javier, 65

Minas Gerais (Brasil): hasta 1822, 172, 178, 186, 194, 195

Miranda, Francisco de, 35-39 passim, 78, 87, 89, 102, 209, 210

Mocoa (República Dominicana), 131

Molina, Pedro, 71

Monroe, Doctrina (1823), 224, 226

Monroe, James, 219, 224

Monte de las Cruces (México), 51

Monte Plata (República Dominicana), 131

Monteagudo, Bernardo de, 79, 107

Montesquieu, barón de, 34, 109

Monteverde, Domingo de, 88-91 passim

Montevideo (Uruguay): siglo XVIII-principios del siglo XIX, 14, 20; y la lucha por la independencia, 77, 83, 94, 98, 188, 198, 214, 217, 224

Morelos, José María, 45, 52-54, 60, 205; revuelta de (1812-1815), 52-54, 60

Moreno, José Ignacio, 37

Moreno, Mariano, 35, 93-94, 97

Morillo, Pablo, 92, 108-111 passim

Morris, Robert, 160 mosquito, protectorado (América Central), 232

Murillo, Pedro Domingo, 79, 80

Napoleón I, emperador de Francia, 40, 46, 61, 180-181, 210, 211; y Saint-Domingue, 38, 128-129

Nariflo, Antonio, 35-36, 89, 90, 112

Narváez, general, 169

Narváez y la Torre, Antonio de, 15

Nelson, almirante lord, 17

Nepomuceno Rosains, Juan, 53

Neukomm, Sigismund von, 186

Newton, sir Isaac, 34

Nicaragua: lucha por la independencia, 61-62, 72, 74; después de la independencia, 206, 232; véase también América Central; Guatemala, reino de Novella, Francisco, 70

Nueva España, véase México Nueva Galicia (México), 58

Nueva Granada virreinato de: siglo XVIII, 14, 24, 27, 34, 35, rebelión de (1781), 10, 22, 27-29, 32; lucha por la independencia, 82, 86, 89-93 passim, 110-114 passim, 117, 213 después de 1830 (posteriormente Colombia), 231 véase también Gran Colombia Nueva Orleans (Estados Unidos), 164

Nueva York, 37

Núñez de Cáceres, don José, 137, 138

Núñez del Castillo, Carlos, 163

Núñez del Castillo, familia (Cuba), 157

O’Donojú, Juan, 70, 71

O’Higgins, Ambrosio, 102

O’Higgins, Bernardo, 102-103, 104, 121

Oaxaca (México), 53, 206

Ogé, Vincent, 125-126

Oliveira Martins, J. P., 183

Oporto (Portugal), 171, 189

Orinoco, cuenca del (Venezuela), 87, 108-109

Oruro (Bolivia), 30

Ostende, manifiesto de (1854), 164

Páez, José Antonio, 108, 109, 116, 122, 138

Paine, Tom, 37

Palma, conde de, 190

Palmella, conde de, 188, 191

Palmerston, tercer vizconde de, 230

Pamplona (Colombia), 82

Panamá, 89, 90, 112, 224, 231; congreso de (1826), 117-118, 226

Para (Brasil): hasta 1822, 172, 174, 186,190, 192; 1822-c.-1870, 198, 208

Paraguay: siglo XVIII, 7, 27; lucha por la independencia, 83, 97-98, 117, 119; después de la independencia: esclavitud, 123; véase también Río de la Plata Paraíba (Brasil), 172, 189

Paraná, río, 98, 117

Pasto (Colombia), 90, 93, 113, 121

Pedro I, emperador de Brasil (Pedro IV, rey de Portugal): hasta 1822, 181, 186, 191-195, 221; 1822-1831, 195-203 passim, 228, 229

Pedro II, emperador de Brasil, 203

Pereira, José Clemente, 193, 194

Pérez, Antonio Joaquín, 59

Pérez y Armendáriz, José, 204

Pernambuco (Brasil): hasta 1822, 172, 174, 176, 177, 186, 188, 189, 192, 195, 208; 1822-c. 1850, 196, 198 n. 12, 199

Perú siglo XVIII, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 22, 25, 30-31; aumento del nacionalismo, 33, 34; rebeliones (1780), 6, 8, 10, 25, 30-32 principios del siglo XIX, 79-80, 83, 93, 102, 104-105 lucha por la independencia, 103, 104-107, 113-121 passim, 205 después de la independencia: y Bolivia, confederación peruano-boliviana, 121

Perú, Alto, véase Alto Perú; Bolivia Pétion, Alexander, 108, 134-135

Pezuela, Joaquín de la, 97, 106

Pezuela, Juan Manuel, marqués de la, 164

Piar, Manuel, 109

Piauí (Brasil): hasta 1822, 172, 190; 1822-c. 1870, 198, 208

Picornell, Juan Bautista, 36

Pichincha (Ecuador), 113

Pierce, Franklin, 164

Pierrot, Jean-Louis, 147-148

Pío VII, papa, 205

Pío IX, papa, 205, 207

Pisba (Colombia), 110

Pisco (Perú), 106

Pitt, William, el Joven, 210

Pohl, Johann Baptist, 186

Polignac, Memorándum (1823), 223-226 passim

Polignac, príncipe de, 223

Polk, James, 164

Pombal, marqués de, véase Carvalho e Melo Ponte, conde de, 183

Popayán (Colombia), 90

Portugal y Brasil: hasta 1808, 171-180, 210; 1808-1822, 189-195, 221-222, corte portuguesa en Brasil (1808-1821), 98, 99, 100, 181-191; después de 1822, 195-203, 228-229 y Uruguay, 99, 100, 188, 214, 217

Portugal, Thomaz A. Villa Nova, 189, 191

Portugal e Castro, Dom Fernando José de (último marqués de Aguiar), 183

Potosí (Bolivia), 16, 30, 96, 97, 119

Primo de Verdad, José, 46, 47, 48

Prusia, 216-217, 220, 227-228, 229

Puebla (México): antes de la independencia, 14, 15, 58, 59; después de la independencia, 206

Puerto Cabello (Venezuela), 89

Puerto Príncipe (Cuba), 154

Puerto Príncipe (Haití), 39, 129, 145-148 passim, 150

Puerto Rico, 87, 132, 140, 168 n., 170 y n. 2 y 3

Pueyrredón, Juan Martín de, 100, 101

Puntarán (México), 53

Querétaro (México), 14, 49, 51

Quezaltenango (Guatemala), 73

Quintana Roo, Andrés, 53

Quintera (Chile), 197

Quitman, John, 164

Quito, presidencia de: siglo XVIII, 14, 27, 36; lucha por la independencia, 80-81, 82, 93, 111, 113, 204, 205

Ramírez, Alejandro, 62

Ramos Arizpe, José Miguel, 58, 59

Rancagua (Chile), 102

Rayas, marqués de, 47

Real, don Pascual, 137

Recife (Brasil): hasta 1822, 172, 184, 185, 189, 191

Recio de Oquendo, familia (Cuba), 154, 157

Regla, conde de, 47

Reinhold, firma, 159

Revillagigedo, virrey, 8

Reybaud, Máxime, 150, 151

Riché, Jean-Baptiste, 148, 149

Rigaud, André, 128

Rillieux, Norbert, 166

Rio de Janeiro (Brasil): hasta 1822, 172-177 passim, 180-196 passim; 1822-c. 1850: ciudad, 196-197, 198, 201; provincia, 208

Río de la Plata: siglo XVIII-principios del siglo XIX, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 35; lucha por la independencia, 66, 76-77, 82-83, 92, 93-101, 117, 120, 205, 206, 214, 218: véase también Buenos Aires Río de la Plata, región (después de la independencia), véase Argentina; Paraguay; Uruguay Rio Grande do Norte (Brasil), 172, 189

Rio Grande do Sul (Brasil): hasta 1822, 174, 177

Rio Negro (Brasil), 172, 198

Riva-Agüero, José de la, 114

Rivas Vertiz, Juan, 71

Roatán (América Central), 232

Robles, Mariano, 63

Rochambeau, general, 129

Rodríguez Aldea, José Antonio, 104

Rousseau, Jean-Jacques, influencia en América Latina, 34, 35, 94

Rozas, Juan Martínez de, 101-102

Rugendas, Johann-Moritz, 186

Ruiz de Castilla, conde de, 80, 81, 82

Rush, Richard, 222, 223

Rusia, 216, 217, 220, 227, 228

Saavedra, Cornelio, 83, 93, 94

Saget, Nissage, 153

Saint-Domingue, 124-129; esclavitud, 38, 124-125; revuelta de esclavos (1791), 25, 37-39, 126-127, 160-161, 174, 179; véase también Haití Saint-Hilaire, Auguste de, 186

Saint-Preux, David, 143

Salnave, Silvain, 153

Salvador (Bahía, Brasil): hasta 1822, 172, 177, 178, 182, 185, 191, 196

Samaná (República Dominicana), 129, 146, 149, 150

San Cristóbal Ecatépec (México), 54

San Gil (Colombia), 27

San Martín, José de, 95, 100-101, 103, 106-107, 113, 114, 117, 119, 218

San Miguel, Antonio de, 204

San Miguel el Grande (México), 50

San Salvador (El Salvador), 72

Sancti Spiritus (Cuba), 154

Sánchez Ramírez, Juan, 132

Santa Anna, Antonio López de, 73

Santa Cruz (Bolivia), 206

Santa Cruz y Espejo, Francisco Javier Eugenio de, 36, 80

Santa Fe de Bogotá, véase Bogotá Santa Marta (Colombia), 15, 90, 92

Santana, familia (Santo Domingo), 146

Santana, Pedro, 148, 150-151, 152

Santander, Francisco de Paula, 110-116 passim, 122

Santiago (Chile): siglo XVIII, 21; y la lucha por la independencia, 84, 101-102, 103

Santiago (República Dominicana), 131, 145, 147, 152

Santiago de Cuba, 154, 157, 165

Santo Amaro (Brasil), 196

Santo Domingo, ciudad, 129-132 passim, 137, 138, 144, 146-147, 149, 152

Santo Domingo, colonia: hasta 1809, 127, 129-132, 135-136; 1809-1822, 64, 135-138; 1822-1844, 137-142, 144-145, 146-147; Iglesia, 140, 141, 142; véase también Dominicana, República

Santo Tomás, isla, 136, 218

Santos (Brasil), 193

São Luís (Maranhão, Brasil): hasta 1822, 172, 184, 1822-c. 1870, 198

São Paulo (Brasil): hasta 1822, 172, 174, 191-195 passim

Schomburgk, sir Robert, 149

Selva Alegre, marqués de, 80-82 passim

Sellow, Frederik, 186

Sergipe (Brasil), 172

Serna, José de la, 106, 115

Serrano y Domínguez, Francisco, 169

Sevilla (España), 11

Seybabo (Cuba), 159

Silva Lisboa, José de (último vizconde de Caira), 183

Silva Xavier, Joaquim José da, «Tiradentes», 178

Smith, Adam, 34, 183

Smith, almirante sir Sidney, 181, 182, 213

Smith, Robert, 160

Smythe, Percy Clinton Sydney, véase Strangford Socorro (Colombia), 27, 28, 29, 82, 89

Someruelos, marqués de, 161

Sonthonax, Leger-Félicité, 127

Soulouque, Faustin (después Faustino I, emperador de Haití), 149-151

Sousa Coutinho, Dom Rodrigo de (después conde de Linhares), 171-172, 179, 180, 182

Sousa e Melo, Francisco de, 192

Southey, Robert, 175

Spix, Johann Baptist von, 174, 186

Strangford, 6.º vizconde de (Percy Clinton Sydney Smythe), 180, 182, 184, 188, 214

Stuart, sir Charles, 200-201, 228

Suárez, Francisco, 84

Sucre (Bolivia), véase Chuquisaca Sucre, Antonio José de, 113-116 passim

Suecia, 228

Suipacha, batalla de (1810), 97

Tabasco (México), 71

Tacna (Perú), 105

Tacubaya (México), 118

Talamantes, Melchor de, 46, 48

Tamaulipas (México), 73

Taunay, Nicolas-Antoine, 186 lavares, Francisco Muniz, 191

Taylor, John, 197, 198 n.

Tegucigalpa (Honduras), 72

Texas (Estados Unidos): antes de 1845, 65, 85, 231; unión a los Estados Unidos (1845), 231

Thomas, Manoel Fernández, 192

«Tiradentes», véase Silva Xavier Tlaxcala (México), 58

Tollenare, Louis-François de, 186

Torre, Miguel de la, 111

Toussaint Louverture, Pierre Dominique, 127-129, 130-131

Trafalgar, batalla de (1805): consecuencias de la, 19

Trinidad (Cuba), 154, 157, 167

Trinidad, isla, 213

Trujillo (Perú), 206

Trujillo (Venezuela), 91, 111

Tucumán (Argentina), 14, 97; congreso de (1816-1817), 99

Tunja (Colombia), 28, 110

Tupac Amaru, José Gabriel, 25, 30-32, 33

Túpac Catari, 79

Uluapa, marqués de, 47

Urrutia y Montoya, Carlos, 64, 72

Uruguay (Banda Oriental): lucha por la independencia, 77, 98-100, 120, 123, 188, 198, 214, 217, 229; después de la independencia, 229; y Brasil, 229; véase también Montevideo; Río de la Plata Valdivia (Chile), 103

Valencia (España), 61

Valencia (Venezuela), 87

Valparaíso (Chile), 224

Valladolid (México), 49, 50, 51, 53

Valle, José Cecilio del, 62, 71

Vargas, Pedro Fermín de, 35 vascos, inmigrantes, en Venezuela, 23

Venegas, Francisco Xavier, virrey de México, 48, 50, 54-60 passim

Venezuela siglo XVIII-principios del siglo XIX: economía, 12, 13, 16, 18, 23; esclavitud, 38-39; grupos raciales, 23, 24-25; nacionalismo, extensión del, 36, 38-39; rebeliones, 27, 29-30, 39 lucha por la independencia, 77-78, 82, 86-93 passim, 108-111, 114-120 passim, 123, 210-214 passim, 218; esclavitud, 123 véase también Gran Colombia Veracruz (México): siglo XVIII-principios del siglo XIX, 13, 18, 19, 41; y la lucha por la independencia, 48, 58, 70; tras la independencia, 224

Vergueiro, Nicolau Pereira de Campos, 192

Verona, congreso de (1822), 220

Victoria, Guadalupe, 64, 73

Viena, congreso de (1815), 188

Villaurrutia, Jacobo de, 47

Villa-Urrutia, Wenceslao, 166

Viscardo, Juan Pablo, 33

Voltaire, François Marie Arouet de, 35

Washington, George, 37

Wellington, primer duque de, 217, 220

Wied-Neuwied, Maximilian von, 186

Wilberforce, William, 199, 200

Xifré, Juan, 167

Yermo, Gabriel de, 48, 55

Yucatán (México): antes de 1839, 58, 67, 70-71

Zacatecas (México), 58

Zea, Francisco Antonio, 75, 219-220

Zipaquirá (Colombia), 28, 35

Zitácuaro (México), 52

Zulueta, Julián de, 167

ÍNDICE DE MAPAS

La América española colonial c. 1800

México en vísperas de su independencia

Las guerras de independencia en la América del Sur española: el escenario del norte

Las guerras de independencia en la América del Sur española: el escenario central

Saint-Domingue, 1794

Territorio ocupado por Toussaint, 1794-1801

Divisiones políticas de la isla, 1822-1844

Fronteras, 1844-1861

Frontera entre Haití y la República Dominicana, 1874

Cuba

El Brasil colonial c. 1800 173

Notas

[1] Correo Mercantil, 25 octubre 1804, referencia en Gonzalo Anes, Las crisis agrarias en la España Moderna, Madrid, 1970, p. 312. <<

[2] Véase más adelante, pp. 26-28. <<

[3] «Dictamen sobre embarque de paños extranjeros para nuestras colonias», Obras de Jovellanos, Madrid, 1952, II, p. 71. <<

[4] Javier Ortiz de la Tabla Ducasse, Comercio exterior de Veracruz 1778-1821. Crisis de dependencia, Sevilla, 1978, p. 113. <<

[5] «Relación del estado del Nuevo Reino de Granada» (1789), José Manuel Pérez Ayala, Antonio Caballero y Góngora, virrey y arzobispo de Santa Fe 1723-1796, Bogotá, 1951, pp. 360-361. <<

[6] Sergio Elías Ortiz, ed., Escritos de dos economistas coloniales, Bogotá, 1965, pp. 25-26. <<

[7] Antonio García-Baquero, Comercio colonial y guerras revolucionarias, Sevilla, 1972, p. 83. <<

[8] Ibid., p. 84. <<

[9] Ortiz de la Tabla Ducasse, Comercio exterior de Veracruz, pp. 336-339. <<

[10] E. Arcila Farías, Economía de Venezuela, México, 1946, pp. 368-369. <<

[11] Sergio Villalobos R., El comercio y la crisis colonial, Santiago, 1968, p. 115. <<

[12] Antonio de Narváez, Cartagena, 30 de junio de 1805, Ortiz, Escritos de dos economistas coloniales, p. 112. <<

[13] Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, 4 vols., México, 19416, II, p. 117. <<

[14] John Leddy Phelan, The people and the king. The Comunero Revolution in Colombia, 1781, Madison, 1978, pp. 174, 179-180. <<

[15] Miguel Izard, El miedo a la revolución. La lucha por la libertad en Venezuela (1777-1830), Madrid, 1979, p. 127. <<

[16] Representación con fecha del 28 de noviembre de 1796, F. Brito Figueroa, Las insurrecciones de los esclavos negros en la sociedad colonial venezolana, Caracas, 1961, pp. 22-23. <<

[17] Lucas Alamán, Historia de México, 5 vols., México, 1883-1885, I, p. 67; Manuel Abad y Queipo, «Estado moral y político en que se hallaba la población del virreinato de Nueva España en 1799», José María Luis Mora, Obras sueltas, México, 1963, pp. 204-205. <<

[18] Joseph Pérez, Los movimientos precursores de la emancipación en Hispanoamérica, Madrid, 1977, p. 64. <<

[19] Phelan, The people and the king, pp. 179-180. <<

[20] Informe del 2 de junio de 1781, Archivo del General Miranda, 24 vols., Caracas, 1929-1950, XV, p. 42. <<

[21] Carlos E. Muñoz Oraá, Los comuneros de Venezuela, Mérida, 1971, pp. 136-137; Pérez, Los movimientos precursores, p. 105. <<

[22] Boleslao Lewin, La rebelión de Tupac Amaru y los orígenes de la emancipación americana, Buenos Aires, 1957, p. 151. <<

[23] Ibid., pp. 402-403, 415-416, 422-423. <<

[24] Representación a Carlos III, Caracas, 24 de septiembre de 1781, Muñoz Oraá, Los comuneros de Venezuela, p. 39. <<

[25] Colección documental de la independencia del Perú, 30 vols., Lima, 1971, II, II, p. 272. <<

[26] R. Vargas Ugarte, Historia del Perú. Virreinato (Siglo XVIII), Buenos Aires, 1957, p. 36. <<

[27] Miguel Batllori, El Abate Viscardo. Historia y mito de la intervención de los Jesuitas en la Independencia de Hispanoamérica, Caracas, 1953, Apéndice, p. VIII. <<

[28] M. L. Pérez Marchand, Dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México a través de los papeles de la Inquisición, México, 1945, pp. 122-124. <<

[29] Vargas al gobierno británico, 20 de noviembre de 1799, Archivo del General Miranda, XV, p. 388. <<

[30] Miranda a Gual, 31 de diciembre de 1799, ibid., XV, p. 404. <<

[31] Manuel Belgrano, Autobiografía, Buenos Aires, 1945, pp. 13-18. <<

[32] Pedro M. Arcaya, Insurrección de los negros en la serranía de Coro, Caracas, 1949, p. 38. <<

[33] Miranda a Turnbull, 12 de enero de 1798, Archivo del General Miranda, XV, p. 207. <<

[34] Paul Verna, Pétion y Bolívar, Caracas, 1969, p. 95. <<

[1] John H. Coatsworth, «Obstacles to economic growth in nineteenth-century México», American Historical Review, 83/1 (1978), pp. 80-100. <<

[2] Linda Arnold, «Social, economic and political status in the Mexico City central bureaucracy: 1808-1822», comunicación presentada en la V Reunión de Historiadores Mexicanos y Norteamericanos, Pátzcuaro, 1977. <<

[3] Representación de Ciudad de México al virrey Iturrigaray, 19 de julio de 1808. Archivo del Excmo. Ayuntamiento, México, Historia, en general, vol. 2.254, n.º 34. <<

[4] Luis Villoro, El proceso ideológico de la revolución de independencia, México, 1967, pp. 37-38. <<

[5] Hugh Hamill, The Hidalgo Revolt: prelude to Mexican independence, Gainesville, Florida, 1966, p. 220. <<

[6] Francisco de Paula de Arrangoiz y Berzábal, Méjico desde 1808 hasta 1867, 4 vols., Madrid, 1871, I, p. 137. <<

[7] Lucas Alamán, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, 5 vols., México, 1942, IV, p. 308. <<

[1] Germán Carrera Damas, La crisis de la sociedad colonial, Caracas, 1976, p. 80. <<

[2] Carlos Urquizo Sossa, ed., Proclama de la junta tuitiva de 1809: esclarecimiento para la historia, La Paz, 1976, pp. 144-145. <<

[3] Aunque en el período colonial se denominaba Santa Fe, durante el período de la independencia se convirtió en Santa Fe de Bogotá y más tarde pasó a llamarse Bogotá. Por conveniencia, a lo largo de todo este trabajo se utiliza este último nombre. <<

[4] Véase, por ejemplo, Michael T. Hamerly, «Selva Alegre, president oí the quiteña junta of 1809: traitor or patriot?», Hispanic American Historical Review, 48/4 (1968), pp. 642-653, y las fuentes que se citan. <<

[5] Tulio Halperín Donghi, Revolución y guerra; formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, Buenos Aires, 1972, pp. 173-174, 188 y passim. <<

[6] Raúl Silva Castro, ed., Escritos políticos de Camilo Henríquez, Santiago, 1960, p. 187. <<

[7] Sobre la frecuencia de los autores citados, cf. Juan Ángel Farini, Gaceta de Buenos Aires 1810-1821; índice general, Buenos Aires, 1963, y José Ignacio Bohórquez Colorado, «Índice de la Gaceta de Colombia», en Gaceta de Colombia, edición facsímil, Banco de la República, Bogotá, 5 vols., 1973-1975, V. <<

[8] The works of John Adams, second president of the United States, Charles Francis Adams, ed., 10 vols., Boston, Mass., 1856, X, p. 145. <<

[9] Simón Bolívar, Escritos políticos, selección e introducción de Graciela Soriano, Madrid, 1969, p. 48. <<

[10] Alvaro López Toro, Migración y cambio social en Antioquia durante el siglo XIX, Bogotá, 1970, pp. 29-30. <<

[11] Cf. Germán Carrera Damas, Boves: aspectos socioeconómicos de su acción histórica, Caracas, 19682, y Demetrio Ramos, «Sobre un aspecto de las “tácticas” de Boves», Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 51/201 (1968), pp. 69-73. Mientras que Carrera Damas refuta la tesis de la reforma agraria, Ramos la presenta otra vez de un modo más delimitado. <<

[12] Registro Nacional de la República Argentina, que comprende los documentos desde 1810 hasta 1891, 14 vols. (los tres primeros llevan el título Registro Oficial). Buenos Aires, 1879-1891, I, p. 34. El decreto citado excluye las unidades de la milicia india de las organizaciones existentes en las que se agrupaban con los pardos y ordena que se agrupen con las unidades de los blancos precisamente para subrayar su superioridad frente a los primeros y su igualdad con estos últimos. <<

[13] Véase John Hoyt Williams, «Paraguayan isolation under Dr. Francia: a re-evaluation», Hispanic American Historical Review, 52/1 (1972), pp. 103-109. <<

[14] Nelson de la Torre, Julio C. Rodríguez y Lucía Sala de Touron, La revolución agraria artiguista: 1815-1816, Montevideo, 1969, pp. 167-168. <<

[15] Halperín Donghi, Revolución y guerra, pp. 226-227, 231-236 y passim. <<

[16] José Luis Masini, La esclavitud negra en Mendoza; época independiente, Mendoza, 1962, pp. 20-23. <<

[17] Leopoldo R. Ornstein, «Revelaciones sobre la batalla de Chacabuco», Investigaciones y Ensayos, Buenos Aires, 10/1 (1971), pp. 178-207. <<

[18] Bolívar, Escritos políticos, p. 97. <<

[19] Martha Hildebrandt, La lengua de Bolívar: léxico, Caracas, 1961, pp. 189-231. <<

[20] Cf. John V. Lombardi, People and places in colonial Venezuela, Bloomington, Ind., 1976, p. 59 y passim. Lombardi no da ninguna estimación del cambio demográfico acaecido durante el período de la independencia, pero ofrece una gran cantidad de datos —aunque algunas veces tienen una validez dudosa— para algunos lugares concretos. Lo más que se puede decir es que sus cifras no apoyan la idea de una drástica caída general de la población. Véase también Miguel Izard, El miedo a la revolución. La lucha por la libertad en Venezuela (1777-1830), Madrid, 1979, pp. 43, 46, 175. <<

[21] Masini, La esclavitud negra, pp. 12-15, 59 y passim. Cf. Equipos de Investigación Histórica, Buenos Aires, su gente 1800-1830, Buenos Aires, 1976, pp. 89, 194-196, 248. <<

[22] Bolívar a Santander, 20 de abril de 1820, en Simón Bolívar, Cartas del Libertador, Vicente Lecuna, ed., 12 vols., Caracas y Nueva York, 1929-1959, vol. 2, pp. 151-152. <<

[23] Gaceta de Colombia, 9 de febrero de 1823. <<

[1] El editor agradece al Dr. David Nicholls la ayuda prestada para la preparación definitiva de este capítulo. <<

[2] Jean-Pierre Boyer, «Circulaire, en forme d’instruction, du Président d’Haiti, aux colonels Frémont, à Azua; Hogu, à Bani; Prezeau, à Seibé; et aux comandants Isnardy, à Saint-Jean; et Saladin, à Lamate, sur les devoirs de leurs charges», Santo Domingo, 11 de febrero de 1822, en Linstant de Pradine, ed., Recueil général des lois et actes du gouvernement d’Haiti, París, 1851-1865, III, pp. 448-456. Véase también, Jean Price Mars, La République d’Haiti et la République Dominicaine, Puerto Príncipe, 1953, I, pp. 198-200, y José Gabriel García, Compendio de la historia de Santo Domingo, 4 vols., Santo Domingo, 1968, II, pp. 93-94, que glosan parte de esta circular. <<

[3] Linstant de Pradine, Recueil, IV, pp. 45-50. <<

[4] J.-P. Boyer, «Proclamation, en franjáis et en espagnol, au peuple, à l’occasion de la reunión de l’Est à la République», Linstant de Pradine, Recueil, III, pp. 452-455. <<

[1] Puerto Rico, que por tres largas centurias había sido un puerto de escala y una base militar, a finales del siglo XVIII también producía azúcar. La exportación de este producto creció rápidamente a partir de la década de 1820 y alcanzó las 105.000 toneladas en 1870 (tan sólo suponía una séptima parte del azúcar que exportaba Cuba, pero por entonces era una cantidad superior a la que exportaba Brasil). Al respecto, véase Andrés Antonio Ramos, «The influence of mechanisation in the sugar system of production in Puerto Rico: 1873-1898» (tesis doctoral sin publicar, Universidad de Londres, 1977), cap. I: «The rise and development of the sugar hacienda system in Puerto Rico: 1815-1873». Puerto Rico también producía pequeñas cantidades de café y tabaco. Se formaron algunas haciendas de tamaño medio y se produjeron aisladas innovaciones tecnológicas, pero nunca llegó a tener, de forma predominante, una economía esclavista. En 1846, en su momento álgido, había unos 51.200 esclavos, que representaban el 11,5 por 100 de la población de la isla (Ramos, «The influence of mechanisation», p. 46), y en 1870 sólo ascendían a 39.000. (N. del e.). <<

[2] En 1870, la formación en Puerto Rico del partido de la Reforma Liberal (más adelante denominado Autonomista) representa la renovación de la lucha política de los hacendados, apoyados por algunos profesionales y artesanos, en contra del colonialismo español. (N. del e.). <<

[3] Durante la guerra de los Diez Años, las Cortes españolas aprobaron la ley Moret (1870), que establecía la ley de «vientre libre» y liberaba a los esclavos de más de 60 años. Por otro lado, en 1873 se abolió la esclavitud en Puerto Rico; la ley del 29 de julio de 1880 la abolió en Cuba, pero en vez de indemnizar a los propietarios de esclavos, estableció un sistema de patronato hasta 1888. Al final, el patronato se abolió el 7 de octubre de 1886 (por entonces sólo había unos 25.000 patrocinados en Cuba). Sobre la abolición de la esclavitud en Cuba, véanse: Raúl Cepero Bonilla, Azúcar y abolición, Barcelona, 19763; Arthur F. Corwin, Spain and the abolition of slavery in Cuba, 1817-1886, Austin, Texas, 1967; Franklin W. Knight, Slave society in Cuba during the nineteenth century, Madison, 1970; Rebecca J. Scott, «Gradual abolition and the dynamics of slave emancipation in Cuba, 1868-1886», Hispanic American Historical Review, 63/3 (1983), pp. 449-477, y Slave emancipation in Cuba: the transition to free labour, 1860-1899, Princeton, 1985. (N. del e.). <<

[1] Una discusión sobre la economía brasileña de la segunda mitad del siglo XVIII y, en especial, sobre «el renacimiento agrícola», puede verse en Dauril Alden, HALC, III, capítulo 8. <<

[2] Citado en Kenneth R. Maxwell, Conflicts and conspiracies. Brazil and Portugal, 1750-1808, Cambridge, 1973, p. 234. <<

[3] Sobre el comercio de Portugal (y Brasil) de finales del siglo XVIII, véanse Andrée Mansuy-Diniz Silva, HALC, II, capítulo 5, Dauril Alden, HALC, III, capítulo 8, y Fernando A. Novais, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808), São Paulo, 1979. <<

[4] Robert Southey, Journal of a residence in Portugal 1800-1801 and a visit to France 1839, Adolfo Cabral, ed., Oxford, 1960, pp. 137-139. <<

[5] Véanse Mansuy-Diniz Silva, HALC, II, capítulo 5; Maxwell, Conflicts and conspiracies, pp. 233-239; y K. R. Maxwell, «The Generation of the 1790s and the idea of Luso-Brazilian Empire», en Dauril Alden, ed., Colonial roots of modern Brazil, Berkeley, 1973. <<

[6] Citado en Maxwell, Conflicts and conspiracies, p. 235. <<

[7] Citado en Alan K. Manchester, British preeminence in Brazil. Its rise and decline, Durham, N. C., 1933, p. 67. <<

[8] Citado en Manchester, British preeminence, p. 78. <<

[9] Véase Herbert Heaton, «A merchant adventurer in Brazil, 1808-1818», Journal of Economic History, 6 (1946). <<

[10] Arquivo Nacional, Registro de Estrangeiros 1808-1822, pref. José Honorio Rodrigues, Río de Janeiro, 1960. <<

[11] Citado por Manoel da Silveira Cardozo, en J. R. Russell-Wood, ed., From colony to nation. Essays on the independence of Brazil, Baltimore, 1975, p. 207. <<

[12] De los que sirvieron con Cochrane, Grenfell llegó a ser almirante de la marina brasileña (fue el jefe supremo en la guerra contra el dictador argentino Rosas en 1851-1852) y cónsul brasileño en Liverpool (donde murió en 1868). Taylor, que también llegó a ser almirante en la marina brasileña, se casó con una brasileña y se retiró a sus cafetales cercanos a Río de Janeiro. Las relaciones de Cochrane con Brasil fueron menos afortunadas. Insatisfecho con el pago que creía que sus servicios merecían y, como siempre, en desacuerdo con sus superiores, después de haber colaborado en la liquidación de la revuelta separatista de Pernambuco de 1824, Cochrane «desertó» a bordo de la fragata Piranga y se dirigió a Spithead donde, el 16 de junio de 1825, la bandera brasileña fue saludada por primera vez en aguas británicas. Se negó a regresar a Brasil y fue expulsado de la marina brasileña. Sin embargo, con posterioridad no sólo se volvió a integrar en la marina británica —sirvió, por ejemplo, como comandante en jefe del apostadero de América del Norte y de las Indias occidentales—, sino que poco antes de su muerte (ocurrida en 1860) el gobierno del marqués de Olinda (1857-1858), deseando olvidar el pasado, le otorgó una pensión vitalicia equivalentes la mitad de los intereses que producirían las 100.000 libras que aún reclamaba del gobierno brasileño, y sus descendientes recibieron 40.000 libras. <<

[13] Citado en Manchester, British preeminence, p. 193. <<

[14] Citado en Leslie Bethell, The abolition of the Brazilian slave trade, Cambridge, 1970, p. 31. <<

[15] El reconocimiento de facto de Gran Bretaña tuvo lugar en enero de 1826 cuando Manuel Rodrigues Gameiro Pessõa fue recibido como ministro brasileño en Londres. Algo más tarde, en el mismo año, se envió a Robert Gordon a Río de Janeiro como ministro británico. Los Estados Unidos fueron los primeros, el 26 de mayo de 1824, en reconocer a Brasil. Véase Stanley E. Hilton, «The United States and Brazilian independence», en Russell-Wood, ed., From colony to nation. <<

[16] Citado en Bethell, Abolition, pp. 49-50. <<

[1] El editor agradece al doctor Josep Barriadas y al profesor Hans-Jürgen Prien que le facilitaran parte del material utilizado para la redacción de este capítulo. <<

[1] Carlos María de Bustamante, Campañas del General D. Félix María Calleja, comandante en jefe del ejército real de operaciones llamado del centro, México, 1828, p. 5. <<

[2] Memorial de lord Harrowby (1810), British Library, sección de manuscritos, ms. Add. 38360 f. 301 (Liverpool Papers). <<

[3] Véase Sergio Elías Ortiz, Doctor José María del Real, Jurisconsulto y Diplomático, Procer de la Independencia de Colombia, Bogotá, 1969. <<

[4] Douglas a Croker, 16 de junio, 7 de noviembre de 1815, Public Record Office, Londres, ADM 1/266-267; Fuller a Bathurst, 10 de junio de 1815, PRO, Londres, CO 137/149. <<

[5] Foreign Office a Wellesley, 14 de agosto de 1813, PRO, Londres, FO 72/142, f. 126. <<

[6] Véase R. H. Bartley, Imperial Russia and the struggle for Latin American independence 1808-1828, Austin, Texas, 1978. <<

[7] C. K. Webster, ed., Britain and the independence of Latin America, 1812-1830, Nueva York, 19702, II, p. 388. <<

[8] Felisberto Caldeira Brant Pontes a José Bonifacio de Andrada e Silva, 5 de julio de 1823, Arquivo Diplomático da Independência, 6 vols., Río de Janeiro, 1922-1925, vol. 1, p. 278. <<

[9] Webster, Britain and independence, II, pp. 115-120. <<

[10] Citado por H. Temperley, The foreign policy of Canning, 1822-1827, Londres, 19662, p. 123. <<

[11] Citado por Temperley, Canning, p. 381. <<

[12] Citado por W. W. Kaufmann, British policy and the independence of Latin America, 1804-1828, Londres, 19672, p. 178. <<

[13] Webster, Britain and independence, I, p. 385. <<

[14] Véase Jaime E. Rodríguez O., The emergence of Spanish America: Vicente Rocafuerte and Spanish Americanism, 1808-1832, Berkeley, 1975, pp. 129-142. <<

[15] Webster, Britain and independence, II, p. 543. <<