A través de las entrevistas realizadas por el periodista Miguel Ángel Noceda, este libro se adentra en los entresijos de la economía española de la democracia y trata de desvelar sus claves y su evolución con tres de los ministros de Economía más importantes desde la Transición: Carlos Solchaga, Pedro Solbes y Luis de Guindos. A Solchaga le tocó culminar la entrada en la Comunidad Europea (luego Unión Europea), Pedro Solbes condujo la economía para cumplir los criterios de Maastricht que había firmado Solchaga y que llevarían a la unión monetaria, y Luis de Guindos se ha enfrentado a la crisis financiera mundial.

INTRODUCCIÓN

DE LOS PACTOS DE LA MONCLOA
A LA SALIDA DE LA CRISIS

El 25 de octubre de 2017 se cumplen cuarenta años de la firma de los Pactos de la Moncloa (fueron dos, denominados «Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía» y «Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política»), que significaron un avance definitivo en la transición española hacia la democracia tras la dictadura de Franco, principal objetivo para, posteriormente, dar paso a la modernización del país. En ellos se implicaron los principales partidos políticos, que acababan de crearse o legalizarse, con el apoyo de los sindicatos, que no estuvieron en la firma pero se hallaban implícitamente representados por los partidos de izquierda (PSOE y PCE), y las asociaciones empresariales. Se firmaron en el Palacio de la Moncloa, que se había convertido en la sede del Gobierno, para después ser ratificados en el Congreso de los Diputados dos días después y en el Senado el 11 de noviembre de 1977.

En aquel año España tenía unas ganas locas de democracia, pero se encontraba terriblemente zarandeada por la crisis económica mundial que hacía que el diagnóstico de la economía española fuera de extrema gravedad. Cuatro años antes, el encarecimiento de los precios del petróleo tras la guerra del Yon Kippur entre árabes e israelíes —llevó el precio del barril de crudo de 1,63 a 14 dólares en doce meses— había impactado en todas las economías y, en el caso español, había dejado el país al descubierto. Salieron a relucir todos los problemas y el «milagro» franquista se desvaneció irremisiblemente. Los políticos que se bregaban en el empeño de modernizar el país y los partidos de izquierda, recién instalados en la vida nacional, se encontraron con un miedo atroz a que la crisis arruinara el proceso de transición que había comenzado tras el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno por parte del rey Juan Carlos.

Los datos fundamentales de la economía resultaron no ser tan reales como aseguraban las cifras oficiales. El déficit público (en torno al 2 % del PIB) no era demasiado alarmante, pero no contemplaba el déficit encubierto de numerosos organismos autónomos, empresas públicas y otras industrias que posteriormente tuvieron que pasar por la reconversión; había una gran inflación «oculta» o reprimida por la hoy desaparecida Junta Superior de Precios y habían vuelto muchos emigrantes, en parte atraídos por la apertura política, pero principalmente porque la crisis del petróleo también hacía mella en los países en los que habían estado contratados.

En 1977, el Producto Interior Bruto (PIB) era de 9,1 billones de pesetas de entonces (unos 11.500 millones de euros), con un PIB por habitante equivalente a 3.000 dólares (ahora supera los 14.000 dólares). El crecimiento en términos reales era del 2,8 % y parecía sólido, pero el consumo privado —fuerza principal de la economía— era menor: en torno al 1,5 %. Cuarenta años después, el PIB español supera los 1,1 billones de euros. El euro sustituyó a la vieja peseta y a otras divisas europeas desde 2002 tras los acuerdos de Maastricht de 1992, que dieron lugar a los principales avances de una Europa integrada de la que España formaba parte desde 1986.

Lo peor se reflejaba en los precios al consumo. La inflación se disparó: en algunos momentos a lo largo de aquel año llegó a superar el 30 %, si bien 1977 acabó con un 26,4 % de aumento. El Banco de España, encargado de controlar los precios mediante la política monetaria, tenía entonces una actitud muy laxa, lo que, en definitiva, financiaba el crecimiento de la inflación. Los tipos de interés para créditos personales superaban el 10 %, aunque no tardarían en rebasar el 20 % poco después.

Apareció entonces otro de los graves problemas estructurales de la economía española —que no ha podido evitarse salvo en algunos periodos muy limitados, como en 2007, que se situó por debajo del 9 %— durante estos cuarenta años transcurridos: el desempleo. En 1973, según la Encuesta de Población Activa (EPA), los parados rondaban los 325.000, cifra que, de repente, se duplicó hasta llegar a los 627.990 en diciembre de 1976. Un año después ya eran 760.060 y superaban el millón cuando terminaba el año 1978. La tasa de paro sobre la población activa era, a finales de 1977, de 5,69 %; en el momento de escribir estas páginas es del 18,6 %, y en estos últimos años ha alcanzado el récord al superar el 27 %.

La población, por lo demás, era joven. El boom de nacimientos de los últimos años cincuenta y primeros sesenta hizo que en el momento de las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977, el 25 % de los habitantes de España tuviera menos de 18 años (ahora ese porcentaje es menor del 15 %). Además, el peso del sector primario seguía siendo muy alto. De los 12,5 millones de trabajadores ocupados que había en 1977 (hoy son más de 16 millones), 2,5 lo estaban en agricultura (ahora hay menos de un millón). Más de 5,3 millones trabajaban en el sector servicios, mientras que en la actualidad lo hacen más de 10 millones. El turismo, la primera industria nacional, trajo a España a 34 millones de visitantes, más o menos la mitad de los que recalaron en 2016: 75 millones.

El tejido empresarial era una mezcla de monopolios y oligopolios, controlados en su mayor parte por el capital público. Era una economía enormemente intervencionista y muy rígida que no tenía capacidad competitiva. La decisión del Gobierno de Adolfo Suárez, que había fundado Unión de Centro Democrático (UCD) a partir de varios grupos impulsados en su mayor parte por políticos que habían sido dirigentes durante el franquismo (el propio Suárez había sido ministro secretario general del Movimiento), de devaluar la peseta casi un 20 % era un síntoma claro de la crítica situación que vivía el país.

Todo estaba roto o medio roto. Con los precios desbocados y la estructura social resquebrajada no cabía otra salida que buscar un gran acuerdo nacional con la participación de todas las fuerzas sociales. Tras las elecciones del 15-J, Suárez nombró a Enrique Fuentes Quintana vicepresidente del área económica y a Fernando Abril Martorell del área política. Se puso en marcha toda la maquinaria para corregir las grandes lacras que lastraban la economía española: la inflación, el desempleo y el fuerte déficit exterior, que superaba los 11.000 millones de dólares. De este modo comenzaban a rodar los Pactos de la Moncloa.

Se trataba de involucrar a todos: a los partidos de izquierda (el PCE había sido legalizado en el Sábado Santo de 1977), a los sindicatos, recién salidos de las catacumbas, y a los empresarios, que acababan de constituir la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La idea era acordar un ajuste general para luego abordar una Constitución para todos, según dijo José Luis Leal en unas declaraciones a El País. Leal, que era entonces director general de Política Económica, formó el equipo que redactó el documento técnico base para los Pactos junto a Manuel Lagares, subsecretario de Economía; Luis Ángel Rojo, director del Servicio de Estudios del Banco de España, y Blas Calzada, director general de Estadística.

El documento técnico debía pasar por la aprobación política, y Fernando Abril se encargaría de negociar con los partidos de la oposición. Primero se reunió con Santiago Carrillo, secretario general del PCE, hecho que no gustó demasiado al PSOE, que tras las elecciones generales tenía serias expectativas de alcanzar el poder en un corto espacio de tiempo. Quizá por ello mostró bastantes reticencias a dar su respaldo, aunque finalmente Felipe González accedió a firmar los Pactos. El riesgo de descarrilamiento era evidente, porque los ingresos no iban bien, la balanza exterior mostraba un enorme déficit y las cifras de desempleo alcanzaban récords históricos.

Los firmantes fueron Adolfo Suárez en nombre del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo (por UCD), Felipe González (por el PSOE), Santiago Carrillo (por el PCE), Enrique Tierno Galván (por el PSP), Josep Maria Triginer (por la Federación Catalana del PSOE), Joan Reventós (por Convergencia Socialista de Cataluña), Juan Ajuriaguerra (por el PNV) y Miquel Roca (por Convergència i Unió). Manuel Fraga (por Alianza Popular) no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico.

Los sindicatos y las asociaciones empresariales no estuvieron en aquella histórica foto de la firma en La Moncloa, pues se prefirió que los Pactos tuvieran la rúbrica política de las fuerzas representadas en el Parlamento. Eso no quería decir que las organizaciones sindicales (Nicolás Redondo lideraba la Unión General de Trabajadores, UGT, y Marcelino Camacho, Comisiones Obreras, CC OO) y la patronal CEOE quedaran al margen. Entre otras decisiones importantes, los sindicatos aceptaron un aumento salarial del 22 % (20 puntos más dos de deslizamiento), cuando, como hemos dicho, la inflación acabó ese año en el 26,4 %, y que se reconociera el despido libre para un máximo del 5 % de las plantillas. No resultaba muy explicable que los sueldos subieran menos que la inflación, lo que motivó que Camacho dijera aquello de «las matemáticas de la burguesía», pero los sindicatos firmaron y tuvieron que soportar que más de un militante les arrojara el carné a la cara. Aun así, su apoyo fue fundamental para consolidar la Transición.

Con el sistema franquista de impuestos indirectos, la presión fiscal no suponía más que el 22 % del PIB, por lo que los Pactos debían abordar también la implantación de un sistema fiscal moderno, del que se encargó Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda (años más tarde sería ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González). Junto a Fuentes Quintana, creó el modelo actual de IRPF.

Los Pactos de la Moncloa supusieron un cambio fundamental que sirvió, más allá del consenso político y de la corrección de algunos desequilibrios, para sanear la economía y sentar las bases para acercarse a Europa y conseguir el posterior crecimiento. La cirugía resultó eficaz en la inflación, que se redujo drásticamente hasta el 16,5 %, y se empezó a contener tanto el déficit público como el exterior. Sin embargo, el aumento del paro no pudo evitarse.

En materia política, los Pactos permitieron modificar las restricciones de la libertad de prensa, quedando prohibida la censura previa, y un cambio de la legislación sobre secretos oficiales. Asimismo se aprobaron los derechos de asociación política, de reunión y la libertad de expresión, tipificando los delitos correspondientes por la violación de los mismos. Se creó el delito de tortura; se reconoció la asistencia letrada a los detenidos; se despenalizó el adulterio y el amancebamiento; se derogó la estructura del Movimiento Nacional, así como otras medidas sobre la restricción de la jurisdicción penal militar…

Los Pactos de la Moncloa fueron, con sus luces y sus sombras, el arreón definitivo para consolidar la democracia en España, aunque hubo algunos peligros difíciles de sortear, como el intento del golpe de Estado del 23F de 1981. Pero, para entonces, la democracia ya había cogido carrera y era difícil detener el deseo de una mayoría abrumadora que quería libertad. Después de la firma de aquellos Pactos comenzó una labor inagotable de modernización que mezclaba la política con la economía. Los Gobiernos de UCD, cogidos por alfileres y formados por una sopa de letras de distinto origen y condición, hicieron lo que pudieron para modernizar la economía.

Por entonces, los empresarios, que empezaban a estar organizados en la patronal CEOE y en las patronales sectoriales y regionales, también entraban en acción, con el catalán Carlos Ferrer Salat y el palentino José María Cuevas, que luego estaría 23 años al frente de la organización. Y aunque el saldo, visto cuarenta años después, es positivo, no siempre se actuó de manera constructiva, si bien es cierto que en aquellos años se empezó a cocer un caldo de cultivo para el entendimiento entre los agentes sociales que ha ido mejorando con los años.

La amalgama que había dado lugar a UCD se acercaba a su desintegración, dando lugar a la victoria del PSOE, que llegó en octubre de 1982 con una abrumadora mayoría de 202 escaños sobre 350. Los socialistas, liderados por Felipe González, tuvieron una de sus primeras actuaciones polémicas en la expropiación de Rumasa, un holding de más de 300 empresas (entre ellas, 18 bancos) al que su fundador y presidente, José María Ruiz-Mateos, había llevado al abismo. Otra fue la intervención en Banca Catalana, dirigida por Jordi Pujol, que luego sería presidente de la Generalitat de Cataluña y que, a la hora de escribir estas líneas, está involucrado en un caso de posible corrupción por el origen de su fortuna.

Fueron decisiones que marcaron la impronta del nuevo Gobierno, que no estaba dispuesto a dejarse llevar por determinismos de un lado o de otro. En ese sentido, el Ejecutivo socialista imprimió un ritmo imparable a una reconversión industrial que se había dilatado en exceso durante los Gobiernos de UCD, pese a las críticas que eso supuso desde la izquierda.

Era necesario cumplir los compromisos para entrar en las Comunidades Europeas (CE), que luego se llamaría Unión Europea, y la modernización del tejido productivo era una de las exigencias. Como también lo era liberalizar los mercados y prepararlos para competir en una economía más globalizada. A esto respondió el denominado «decreto Boyer» (Miguel Boyer, muerto en septiembre de 2014, fue el primer ministro de Economía de Felipe González entre 1982 y 1985, cuando dimitió tras exigir más margen de maniobra y una Vicepresidencia económica) sobre arrendamientos y libertad comercial, así como otras medidas en las que se volcó la Administración poniendo a cientos de funcionarios a la tarea.

Tras la entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE), la modernización continuó con la desaparición de los antiguos monopolios; con la privatización de las empresas públicas, dando lugar a la creación de los grandes grupos industriales españoles; con la constitución de los organismos reguladores; con la autonomía del Banco de España; con la reestructuración financiera, que caería por su propio peso por la necesidad de los bancos de ganar tamaño para competir y que se aceleró tras la opa del Banco de Bilbao sobre Banesto y la inmediatamente posterior guerra del pasivo lanzada por el Banco Santander, que cambió el statu quo del sistema; con la intervención de Banesto tras cinco años de gestión errática de Mario Conde; con las devaluaciones de la peseta tras la crisis del Sistema Monetario Europeo (SME)… y, definitivamente, con los Tratados de Maastricht para la creación de la moneda única, que exigieron un esfuerzo importante para reducir el déficit, la deuda y la inflación. Al final, España cumplió y formó parte, desde el primer momento, del club del euro. Esta parte final del proceso la dirigió el PP, que había ganado las elecciones de 1996, con José María Aznar a la cabeza, tras trece largos años de Gobierno socialista.

Era una transformación radical que marcaba también el cambio de siglo y el inicio de un mundo distinto dominado por la tecnología, que ya se había instalado, mientras la economía vivía uno de los ciclos de bonanza más largos y esplendorosos de su historia. Parecía que aquello nunca se iba a acabar, lo que dio lugar a numerosos excesos macroeconómicos, centrados principalmente en la burbuja tecnológica y en la inmobiliaria, que depués estallaría provocando un derrumbe de enormes dimensiones.

La vuelta al poder del PSOE en 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, no logró frenar esos excesos, aunque instauró una política social que el país reclamaba desde hacía tiempo y que permitió dar un notable paso adelante. Pero en 2008, cuando todo el mundo estaba ya contaminado por el escándalo de las subprime estadounidenses, estalló la crisis que daría lugar a una recesión sin parangón en España. Ya en 2011, con un nuevo Gobierno del PP dirigido por Mariano Rajoy, se logró impedir que el país fuera intervenido, pero a costa de muchos sacrificios. Entre otras medidas, fue necesario abordar la reestructuración del sector financiero, lo que dio lugar a la transformación de las cajas de ahorros en bancos tras un proceso de fusiones sin precedentes.

TRES TESTIGOS, TRES ETAPAS

De todas esas etapas, ocupando diferentes cargos y responsabilidades, han sido testigos Carlos Solchaga, Pedro Solbes y Luis de Guindos, que protagonizan este libro, cuyo origen parte de la entrevista conjunta que tuvimos para el diario El País con motivo del 30 aniversario del suplemento Negocios. En este caso, han sido entrevistas por separado a los tres protagonistas, realizadas en distintas fases, que se han transcrito literalmente. Con posterioridad fueron revisadas para realizar las correcciones y modificaciones necesarias. Se apreciará una diferencia entre la extensión de las declaraciones de Carlos Solchaga y Pedro Solbes frente a las de Luis de Guindos. Mientras las de los dos exministros socialistas se extienden a lo largo de los cuarenta años, el actual titular de Economía prefirió no entrar demasiado en los primeros años por no haberlos vivido de cerca y no contar con conocimientos directos de los mismos. Cada uno, en periodos distintos, ha dirigido los destinos de la economía de España como ministros del ramo. Y cada uno ha tenido diferentes problemas a los que enfrentarse. Solchaga, que antes de ser ministro de Economía y Hacienda (1985-1993) lo fue de Industria (1982-1985), vivió la reconversión industrial, la recta final para la entrada en la Comunidad Económica Europea, con toda la adaptación y modernización que esto suponía, y los Tratados de Maastritch que llevaron a la moneda única; a Solbes, que fue uno de los componentes del equipo negociador que preparó la entrada en la CEE desde los años de la Transición, le tocó afrontar como ministro de Economía y Hacienda (1993-1996) los primeros pasos de cumplimiento de los compromisos que se acordaron en la ciudad holandesa para incorporarse al euro y, en una segunda etapa, tras haber ocupado la Comisaría para Asuntos Económicos y Monetarios europea (1999-2004), tuvo que vadear la crisis otra vez como vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda (2004-2009); y De Guindos, que recibió el encargo de Mariano Rajoy para ocuparse del Ministerio de Economía y Competitividad cuando el PP regresó al poder en 2011, y en la siguiente legislatura, con el añadido de Industria (2016), tuvo que enfrentarse a la crisis internacional y a un rescate que logró evitar.

Los tres tienen obra publicada (Carlos Solchaga escribió El final de la edad dorada, 1997; Solbes, Recuerdos, 2013; y De Guindos, España amenazada, 2016) en la que cuentan su experiencia al frente del departamento. Entre los tres suman más de 21 años dirigiendo el Ministerio de Economía (ocho de Solchaga, otros ocho de Solbes y los cinco largos que lleva De Guindos), es decir, más de la mitad de los últimos cuarenta años de democracia. Desde que se firmaron los Pactos de la Moncloa, han ocupado el cargo (a veces, como en la actualidad, sin Hacienda) Enrique Fuentes Quintana, Fernando Abril Martorell, José Luis Leal, Juan Antonio García Díez (los cuatro durante los Gobiernos de UCD), Miguel Boyer, Carlos Solchaga, Pedro Solbes (en los Gobiernos de Felipe González), Rodrigo Rato (con Aznar), el propio Pedro Solbes, Elena Salgado (en la etapa de Zapatero) y De Guindos, con Rajoy.

Los tres dejan testimonio en estas páginas de sus experiencias ante los hitos que han marcado la historia económica de España durante este periodo. Experiencias diferentes por sus responsabilidades y edad, más coincidente en el caso de Solchaga y Solbes, que ya estaban activos antes de que muriera Franco (de ahí que el caso de De Guindos, más joven, tenga menos despliegue en la primera mitad). Con esas salvedades, las reflexiones se extienden desde antes de la firma de los Pactos de la Moncloa hasta la reciente crisis, pasando por las negociaciones para la incorporación a la Comunidad Económica Europea, la reconversión industrial, la relación con los sindicatos y la patronal, la reforma financiera, los acuerdos de Maastricht para la moneda única y su posterior instauración, los cambios de Gobiernos, las burbujas tecnológica e inmobiliaria, sus relaciones con los diferentes protagonistas que han ido pasando por la pasarela política y económica del país, los escándalos que se han ido sucediendo (expropiación de Rumasa, caso Banca Catalana, intervención de Banesto, caso Ibercorp, caso Bankia, caso Rato…), las políticas implantadas en los distintos periodos y las prioridades de sus respectivos Gobiernos.

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA

CARLOS SOLCHAGA

Carlos Solchaga Catalán (Tafalla, Navarra, 1944) había destacado como portavoz del grupo parlamentario de los Socialistas Vascos en temas económicos con motivo de la moción de censura del PSOE al presidente Adolfo Suárez en 1980. Había llegado al Parlamento ese mismo año como diputado por Álava tras la renuncia del número uno de la lista (Solchaga iba como número dos y no salió). En octubre de 1982, cuando los socialistas barrieron en las elecciones, ya fue como número uno por Navarra, provincia por la que renovó escaño en las siguientes elecciones, hasta las de 1993, inclusive.

Solchaga ingresó en el PSOE en 1974 y cuatro años más tarde pasó a formar parte de la Ejecutiva del partido en Euskadi tras haber participado en la elaboración del Estatuto vasco. Durante ese periodo fue consejero de Comercio en el Consejo General Vasco, el órgano preautonómico del País Vasco, bajo la presidencia de Carlos Garaikoetxea.

Antes de entrar en política, Solchaga, economista licenciado en la Universidad Complutense de Madrid y con estudios de postgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), trabajó en el Banco de España, donde ocupó la jefatura de la sección de Balanza de Pagos y Economía Internacional, y fue subdirector de Estudios del INI y director de Estudios del antiguo Banco de Vizcaya (posteriormente integrado en el BBV y BBVA).

Cuando Felipe González formó Gobierno, encomendó a Solchaga la cartera de Industria. Como titular de este ministerio, sus decisiones más importantes fueron la reconversión industrial y la expropiación de Rumasa, en la que participó junto al ministro de Economía, y amigo, Miguel Boyer, a quien sustituyó el 4 de julio de 1985 tras la espantada de este al no lograr ser nombrado vicepresidente, tal como había pedido a González. Solchaga continuó en el cargo hasta 1993, y durante ese periodo, entre otras actuaciones, dirigió las privatizaciones, la desmonopolización, la reconversión financiera y las negociaciones para la moneda única. También vivió el enfrentamiento con UGT, el sindicato hermano, que venía larvado desde las medidas para la reconversión industrial y que estalló con la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Considerado uno de los líderes de los renovadores dentro del PSOE, también tuvo enfrentamientos internos con los guerristas.

Tras las elecciones de 1993 ya no formó parte del Gobierno y pasó a dirigir el Grupo Parlamentario socialista, cargo del que dimitió cuando se conoció que el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, no había pagado sus impuestos. Tras dejar la política fundó el despacho Solchaga Recio & Asociados, dedicado al asesoramiento económico internacional, junto a José Aureliano Recio, que fue consejero de Fomento y Turismo del Gobierno andaluz con José Rodríguez de la Borbolla como presidente autonómico. No obstante, siguió durante un tiempo como miembro del comité federal del PSOE. En su faceta privada, fue presidente del consejo editorial del Grupo Expansión y asesor del Grupo Prisa.

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LA ECONOMÍA FRANQUISTA Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

En parte por preferencia política y en parte como consecuencia de las condiciones imperantes en la economía mundial entre 1939 y 1946, el franquismo adoptó unos principios inspiradores sobre el futuro económico del país bastante nefastos, puesto que estaban basados en la autarquía y, por tanto, en el cierre de la economía nacional al resto del mundo. Se pensaba que de esta forma se aseguraba una estrategia autónoma. El franquismo —como tanto le gustaba decir a Manuel Fraga del Gobierno socialista— solamente acertaba cuando rectificaba. Y no fue más que una rectificación en toda regla el Plan de Estabilización de 1959 y las sucesivas aperturas que en política arancelaria y de intercambio internacional, después de la entrada de España en el Fondo Monetario Internacional [FMI] y en el Banco Mundial, les siguieron en las siguientes décadas.

Dentro de ellas, tuvo mucha importancia, y quizá se le ha dado poca, la negociación inteligente que se hizo del Tratado de 1970 con la Comunidad Económica Europea [CEE], porque en él la CEE seguramente valoró en poco la capacidad industrial que se había creado en España, que ya era muy competitiva como consecuencia de los bajos salarios. Ello permitió que al final de los años sesenta y principios de los setenta España tuviera tasas de crecimiento muy significativas. De manera que cuando murió Franco, en 1975, la economía se había industrializado de una forma muy considerable, aunque no precisamente en las líneas donde existían ventajas comparativas, al no estar abierta a la competencia extranjera, sino un poco en todas las líneas. En algunas de ellas, las inversiones habían sido un error y había que eliminarlas.

Por otro lado, cuando murió Franco, la economía española estaba encarando una situación cada vez más complicada como consecuencia de la subida de los precios del petróleo y su impacto tanto sobre la balanza de pagos, por el precio de las importaciones más altas y la recesión que había producido a nivel mundial, que disminuía nuestras exportaciones, como por el hecho de que en España simultáneamente se produjeron dos fenómenos que hicieron que la situación fuera cada vez más difícil. Por un lado, la incertidumbre política: no se sabía cómo iba a ser la transición después de Franco, lo que se refleja claramente en las inversiones (de hecho, la formación bruta de capital fijo entró en tasas negativas que perduraron hasta 1985, una década entera de disminución de la inversión). Por otro, hay un aumento de las exigencias salariales y de las horas de huelga, porque al margen de cualquiera que sea la situación económica, los sindicatos y, en general, el movimiento obrero cree que es el momento de poner en marcha una serie de presiones para restaurar la libertad sindical y la libertad de huelga. En conjunto, esto desemboca en un aumento rápido de los precios y de la inflación (el IPC pasa desde el 15 % en 1974 hasta el 24 % en 1977, cuando se firman los Pactos de la Moncloa, y aunque a partir de ahí el IPC vuelve a caer, permanece con cifras de dos dígitos hasta 1984).

A consecuencia de todo ello se produce también una crisis de la balanza de pagos que sitúa el déficit por cuenta corriente entre el 3,7 % y el 4 % del PIB hasta 1977, lo que lleva a una situación totalmente inestable desde todos los puntos de vista: la inflación está a punto de irse de las manos, no disminuye la presión sindical sobre los salarios y el valor de la peseta va cayendo en sucesivas devaluaciones. Después de la devaluación de 1978 se recupera el equilibrio exterior, pero con la subida de los precios del petróleo en 1979 y 1980 por la revolución iraní vuelve a desaparecer otra vez. Es decir, el país está en una situación extremadamente difícil en la que la incertidumbre política tiene un feed back negativo sobre el crecimiento económico y, al mismo tiempo, pone en duda la posibilidad de establecer un crecimiento estable sin el cual es imposible que la situación política llegue a estabilizarse.

La economía española, que tenía cerca del 50 % del PIB en la agricultura al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando muere Franco ya es la de una sociedad industrial y de servicios, aun cuando las infraestructuras eran todavía pobres y el sistema financiero estaba muy intervenido. Se había configurado, además, una condición básica para la estabilidad política: se habían creado unas extensas clases medias, que no habían existido apenas en la época de la República y que, desde luego, no habían existido en todo el siglo XIX. Estas transformaciones tuvieron lugar durante el franquismo y a partir de ellas comienza el desarrollo económico y social a la muerte de Franco.

Durante el franquismo fue significativa la llegada de los tecnócratas al poder, porque consideraron que una España cerrada al exterior no podía durar eternamente y por sus ideas de reducción del arancel o sobre la modernización de la Administración pública. Tuvieron el valor de rectificar el rumbo general de la política, hacerla más homologable, lo que pasaba por el visto bueno del Banco Mundial y del FMI, y también del GATT (ahora Organización Mundial del Comercio).

Mientras tanto, el desarrollo y la industrialización se habían producido en una atmósfera enrarecida de protección. Casi todo lo que se había transformado en España estaba cogido con alfileres. El desarrollo bancario, que había sido muy importante, funcionaba porque a los bancos se les garantizaba el beneficio, se les decía cuál debía ser el tipo de interés para remunerar los depósitos, se les decía cuáles eran los tipos de activo y se aseguraba que entre los dos hubiera una diferencia suficiente para que pudieran ganar dinero con seguridad. Al final del periodo se vio que los bancos, en cuanto entraban en situaciones de mayor competencia o se embarcaban en políticas equivocadas de inversión en sectores difíciles, como el inmobiliario, estaban sostenidos sobre pies de barro.

Otro tanto pasó con la mayor parte de la industria pesada. El régimen quiso extender la industrialización y la construcción naval en Cádiz y en Galicia, por ejemplo, dos zonas claramente retrasadas; que siguiera adelante, como si fuera competitiva, la minería del carbón en Asturias y León… Y se comprobó que tan pronto como se abría la puerta a la competencia internacional, o se planteaba, como en 1973, la subida unilateral del precio de la energía, todo podía caerse. Y, de hecho, estuvo a punto de caerse completamente, por lo que hubo que aplicar una política muy importante de intervención estatal en apoyo de la industria en los años de la transición política a la democracia.

LOS PACTOS DE LA MONCLOA

Ante una situación de pérdida de valor de la moneda, de balanza de pagos deficitaria y de una inflación que estaba a punto de convertirse en hiperinflación (se llegó a tasas del 30 % anuales), había dos posibilidades. Una era un Gobierno fuerte, con una sociedad solidaria y unas instituciones democráticas que decidieran apoyar un plan de ajuste brutal. Pero eso no era lo que existía en España, porque el Gobierno de UCD, con 167 diputados, no tenía la fortaleza necesaria ni las ideas claras sobre cómo llevarlo a cabo. Lo que la gente quería era pasar de la falta de libertad sindical a tener sindicatos libres, de la falta del derecho de huelga a la aplicación del derecho de huelga, de un sistema paternalista de protección de trabajadores al Estatuto de los Trabajadores y la Ley Básica de Empleo. Los ciudadanos eran claramente partidarios de pasar de un statu quo a otro, pero sin pensar en las dificultades para financiar ese cambio en plena crisis económica.

En ausencia de ese clima y de un Gobierno poderoso, la alternativa para hacer frente a la inflación galopante y a la crisis total de la balanza de pagos era la búsqueda de lo que en la época se llamaba el acuerdo social entre los sindicatos y la patronal, y de estos con el Gobierno correspondiente. Sin embargo, en España se daba la peculiaridad de que no se sabía cuál era el peso específico de los sindicatos, puesto que nunca se habían celebrado unas elecciones sindicales. Los sindicatos, por tanto, se vieron obligados a confiar en los partidos próximos a ellos ideológicamente para que les representasen en la negociación y firma del pacto social que se produjo entre las principales fuerzas parlamentarias y el Gobierno.

Todo ese caldo de cultivo condujo a los Pactos de la Moncloa, cuya importancia a veces ha sido sobrestimada, pero que tuvieron, sobre todo, dos consecuencias muy positivas. La primera, que al modificar los criterios para la negociación salarial y tomar como índice relevante para fijar los salarios la inflación prevista para el año y no la del año anterior, se redujeron las tendencias inflacionistas y, en dos años, se pudo bajar en siete u ocho puntos la tasa de inflación. Y la segunda, que los partidos de izquierda exigieron como contrapartida al sacrificio salarial un aumento de la presión fiscal y, sobre todo, cambios en la distribución de la carga tributaria a través de la reforma fiscal que se aprobó en 1978 y que se negoció mano a mano entre PSOE y UCD.

Las principales cabezas en el área de la política económica en la Administración eran personas del Banco de España y del Ministerio de Comercio, con Juan Antonio García Díez [ministro de Economía con UCD] y su equipo, muchos de ellos técnicos comerciales, por un lado, y Enrique Fuentes Quintana y Francisco Fernández Ordóñez, por otro. Cosa distinta es que el Gobierno de la UCD no dispusiera de la fuerza suficiente para aplicar los puntos de vista de estos dirigentes, que, por lo demás, tampoco pertenecían al área más conservadora, sino que más bien se situaban entre posiciones liberales y socialdemócratas.

La labor de Fuentes Quintana fue muy positiva porque ayudó mucho, tanto al Gobierno como a la oposición, a centrarse en los problemas fundamentales del momento. Su labor como gestor estuvo limitada porque su pasión por la política era también limitada y, claro, en política económica cuentan dos cosas: una estar bien orientado y otra tener la fuerza y el respaldo político suficientes, sobre todo en un periodo con tantas perturbaciones e incertidumbres en la segunda parte de los años setenta. Sin embargo, el esquema básico de la reforma fiscal fue el que Fuentes Quintana y su equipo habían estudiado. El impulso de los Pactos de la Moncloa es fundamentalmente inspiración suya sobre Adolfo Suárez [presidente del Gobierno]. A lo que hay que añadir la capacidad de este para persuadir a Ramón Tamames, Santiago Carrillo y al PCE, y, de esta manera, obligar al PSOE, tanto si le gustaba como si no, a entrar en el pacto. Enrique Fuentes tuvo la virtud de decir lo que pensaba y ponerlo en marcha. En cuanto encontró puntos de resistencia importantes se fue. Y lo comprendo. Por eso hacía hincapié en la distinción entre lo que podría ser su efectividad como vicepresidente económico y como gran gurú de la economía de España.

Lo que no sé es si se fue demasiado pronto. Cada cual debe juzgar si, al irse, forma parte del problema o de la solución. Si se llega a la conclusión de que, con las fuerzas que uno tiene, empecinarse en determinadas cosas no hace sino enredar el problema en vez de solucionarlo, lo mejor es marcharse. En todo caso, para evitar ponerse en esa tesitura, hay que tener visión política para situarte en el camino y buscar aliados. Esto último Fuentes Quintana ni lo tuvo en cuenta ni lo valoró, quizá porque su temperamento era otro. Su papel se parece a esa cabeza respetada por todos [Mario Monti] que en Italia se buscó después de la crisis del Gobierno de Berlusconi. En todo caso, su figura fue importante, porque, aparte de persuadir a la UCD de que la única salida era la del pacto social, su propio nombre sirvió para convocar a la gente. Él estaba más allá de las discrepancias de partido y era un hombre muy respetado por todo el arco político español. En ese sentido fue una figura providencial en aquel momento, pero su aportación a los Pactos de La Moncloa y, sobre todo, a la posterior implementación de los mismos se vio limitada por sus características personales y su poca afición a la política. A él le gustaba más ser un asesor áulico.

Fernando Abril Martorell sí era político y, de hecho, sabía mucho menos de economía que Fuentes u otros, como Luis Ángel Rojo o Mariano Rubio. Pero lo que tenía era un gran instinto para conectar con las fuerzas sociales. Era el tipo de persona que trataba de minimizar el coste político de cualquier conflicto, lo que entonces exigía el reconocimiento de los derechos sindicales, que él tradujo en un apoyo casi descarado a la UGT frente a CC OO. Su sentido pragmático le llevó a tomar decisiones en las que, por ejemplo, para evitar un problema en un pueblo de Castellón [Vall d’Uixó], nacionalizó la empresa que había allí, que se llamaba Calzados Segarra. Era imaginativo y audaz; pero yo creo que, en general, su papel fue positivo.

Además, hizo otra cosa: ayudar a que funcionaran aquellos Gobiernos tan variopintos que hubo de formar Suárez con personas de ideologías muy diferentes, muchas de las cuales se creían con un nivel intelectual superior al del presidente, lo cual, dicho sea de paso, nunca se ha demostrado. Abril Martorell ayudó a mantener el equilibrio entre los diversos grupos, y la prueba es que la caída en picado de Suárez se produjo cuando él dejó la Vicepresidencia del Gobierno. A Abril hay que agradecerle tanto su esfuerzo para negociar la Constitución como el ir resolviendo los problemas del día a día, aunque no exhibiera una idea clara o un diseño global sobre cuál iba a ser el resultado, con el objetivo de seguir avanzando en el proceso de transformación hacia la democracia.

En cuanto a Juan Antonio García Díez y José Luis Leal, hay que decir que los dos son magníficos economistas, pero con grandes diferencias. Leal siempre fue el hombre en el que se apoyó Abril, y tenía un perfil político más bajo. García Díez, cuando pasó a Economía y luego a la Vicepresidencia con Leopoldo Calvo-Sotelo, era una persona con más capacidad de acción y más ambición política. El problema fue que se encontró con la crisis de UCD y quizá no supo dónde situarse. Es posible que si se hubiera unido al grupo de Francisco Fernández Ordóñez habría seguido en el Parlamento. Lo que es seguro es que lo que más le gustó en su vida fue la política. Trató de volver a ella con Miquel Roca [Operación Reformista] en 1986, pero no lo logró. En cuanto a los socialistas que tenían magníficas relaciones con la gente del Banco de España, como Luis Ángel Rojo y Mariano Rubio, auténticos inspiradores de la política económica y los principales líderes en esta materia, mostraron su relevancia con la llegada del PSOE al Gobierno.

LA TORMENTA PERFECTA

Con la llegada de la crisis industrial al final del franquismo no solo se redujo la demanda interior, sino que, además, el precio de los inmuebles cayó rápidamente, dando lugar a una crisis inmobiliaria que se ha descrito pocas veces y que, como la de principios del siglo XXI, afectó a numerosos bancos. La combinación de la crisis industrial, la pérdida de valor de las inversiones industriales de la gran banca y del valor inmobiliario de la banca pequeña y mediana condujo a una crisis del sistema de crédito cuyo coste todavía no ha sido evaluado. El colofón a este proceso —además de poner en grave riesgo a bancos como el Hispano, el Urquijo, el Central y el Banesto— fue la intervención del grupo Rumasa por parte del Gobierno socialista en 1983. La dirección de este grupo privado actuó siguiendo unas pautas parecidas a como habían actuado los Gobiernos hasta 1982 con la crisis industrial, emprendiendo una huida hacia adelante prestando dinero a empresas que estaban prácticamente en quiebra dentro del propio grupo, lo que dio lugar a una situación de total insolvencia.

No era la tormenta perfecta, pero se parecía bastante. Es decir, el país perdía competitividad por la elevada inflación de precios y salarios, y, al mismo tiempo, tenía un problema de balanza de pagos y de inestabilidad cambiaria muy grave. Por otro lado, no existía ninguna perspectiva para mejorar la inversión, porque la estabilidad política no estaba en modo alguno garantizada, como se demostró en el intento del golpe de Estado del 23 de febrero 1981. Y en medio de todo eso, el paro seguía creciendo de manera alarmante. Solamente en 1982, con un Gobierno como el socialista, que logró un respaldo muy importante tras las elecciones del 28 de octubre, se pudo hacer frente a esa difícil situación económica con alguna posibilidad de éxito.

Se hizo, y esto es muy importante, como parte del proceso que debía culminar con la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, proceso que ya habían avanzado los Gobiernos de la UCD. Las decisiones del Gobierno permitieron llevar a cabo una serie de transformaciones para hacer frente a la situación interna del país y prepararlo para una nueva en la que los niveles de protección efectiva, tanto de los bienes industriales como de una gran parte de los agrarios (no de todos, porque la política agraria comunitaria es más bien proteccionista), serían mucho menores respecto a la competencia internacional. Para reducir la inflación era aconsejable una política monetaria mucho más dura, que fue la que llevó a cabo Miguel Boyer [ministro de Economía del primer Gobierno socialista] y una política fiscal que, en realidad, no fue tanto de ajuste stricto sensu como de mantenimiento del déficit. El saldo de las Administraciones Públicas, que ya había alcanzado el 2,3 % del PIB en 1980, cuando llegamos nosotros en 1982 estaba en el 5,8 %. En el periodo 1982-1986 siguió en esos mismos niveles. Fue a partir de 1986 cuando cayó de manera significativa.

En su conjunto, la política macroeconómica del Gobierno socialista conjugó una política fiscal que, por lo menos, no aumentó el déficit, pero tampoco lo redujo considerablemente, y una política monetaria que elevó los tipos de interés de manera muy considerable y que hizo bastante por bajar la inflación (el IPC se redujo del 14,4 % en 1982 al 8,8 % en 1985). La balanza de pagos, después de la devaluación de 1982, nada más tomar posesión del Gobierno, pasó a una situación de superávit que duró hasta aproximadamente 1988. Así pues, desde aquellos momentos la economía se fue modernizando, se mejoró el manejo del ajuste macroeconómico y, al mismo tiempo, hasta la entrada en la UE, se mejoraron considerablemente los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores, sentándose las bases de un Estado de Bienestar moderno al mismo tiempo.

Con todo, hay que decir que en los años anteriores a 1983, tanto la UCD, en el gobierno, como el principal partido de la oposición, que era el PSOE, subordinaron los objetivos de la política económica a los de la consolidación del régimen democrático. Como consecuencia de ello, el proceso de ajuste de la balanza de pagos y de la inflación fue mucho más lento de lo que en condiciones políticas normales podría y debería haber sido. Asimismo, en lugar de enfrentarse a la enorme crisis industrial que se produjo por la subida del precio de la energía, lo que se hizo fue recurrir a la socialización de las pérdidas nacionalizando empresas que, al entrar en quiebra, pasaron a formar parte del Instituto Nacional de Industria (INI) o del conjunto de empresas que Hacienda tiene en la Dirección General de Patrimonio del Estado.

2
LA LLEGADA DE LOS SOCIALISTAS AL PODER

Cuando llegamos [los socialistas] al Gobierno en 1982, vimos que, en parte como consecuencia de la recesión de 1980-1981, que se produjo por la nueva subida de los precios del petróleo (de 15 a más de 40 dólares el barril), por la revolución iraní y, en parte, por la notable insuficiencia de medios informáticos de la Hacienda pública, los ingresos del Estado no crecían y que la reforma fiscal pactada unos años antes iba a fracasar. Para evitarlo fue fundamental proporcionar al fisco nuevos instrumentos. Las inversiones en informática fueron muy importantes, pero también se persiguió, a través de signos externos de riqueza, a sectores de actividad sobre los cuales teníamos la convicción de que existía un mayor desconocimiento y, por tanto, una mayor elusión de los deberes fiscales. Y también se modernizó el catastro, que con el tiempo pasó a ser digno de ese nombre.

En definitiva, se fueron creando instrumentos que hicieron que la reforma fiscal de los años setenta fuera verdaderamente eficaz. Después de muchas mejoras legales y procedimentales, el proceso de modernización de la Hacienda pública se culminó con la creación de la Agencia Tributaria, en 1992, durante mi mandato como ministro. Ciertamente, hay aspectos que se siguen escapando del conocimiento del fisco: puedes encontrar regiones en las que el IVA rinde menos en relación al comercio; hay determinadas actividades difíciles de gravar, como los pequeños servicios, y está la elusión fiscal de las grandes fortunas, que tiene que ver con los paraísos fiscales y las cajas de seguridad. Pero esos diez años transcurridos entre 1983 y 1992 transformaron la Hacienda española y la convirtieron en un instrumento moderno y eficaz.

En lo que se refiere al uso de la política fiscal, lo que algunos creían que era un discurso único vimos que se podía matizar de muchas maneras, aunque no siempre acertadas. Yo, por ejemplo, estaba convencido —y así lo pedí muchas veces desde la oposición— de que podíamos hacer una política fiscal más expansiva para compensar la exigencia de reducir salarios y para bajar la inflación dentro del esquema del pacto social. Sin embargo, el Gobierno [de UCD] se mostraba muy renuente a esto, en parte porque tenía más información que yo (cuando has estado en el Gobierno te das cuenta de que la diferencia entre la información que tienes en el Gobierno y la que tienes en la oposición es abismal). La información demostraba que los déficits eran mayores que los que se publicaban, cosa que descubrió Miguel Boyer cuando llegó a Hacienda. Cuando ellos decían que 1982 se saldaría con un déficit del 3,1 % del PIB apareció uno del 6 % (ahora en las estadísticas aparece que es el 5,8 %); es decir, el doble, lo que, desde luego, planteaba un problema.

En segundo lugar, UCD tenía miedo de que los que estábamos a favor de políticas expansivas nos pasáramos de la raya cediendo al populismo. Ahí se centró, en gran medida, la discusión sobre la orientación de la política fiscal entre 1980 y 1982. No obstante, debo reconocer que aquel fue un periodo de debates económicos como pocas veces se han oído en las Cortes españolas, esto es, muy interesantes, quizá con insuficiente información en algunos aspectos, pero, en líneas generales, dirigidos a lograr objetivos concretos y sensatos.

Con una política fiscal poco agresiva en relación con la reducción del déficit, ¿cuál era el problema que cada vez evolucionaba peor en la época de Boyer? El de la financiación. Entonces en España no había emisiones corrientes más o menos recurrentes de deuda pública. Se hacían, ciertamente, emisiones de pagarés por parte del Banco de España, pero con el objetivo exclusivo de hacer política de open market y regular así la base monetaria del sistema. No era tanto que el Tesoro obtuviera financiación, sino que el Tesoro emitía, el Banco de España colocaba los títulos a la banca y les drenaba liquidez. Si en un momento determinado quería dar más liquidez, les compraba los títulos que tenían. La financiación del Tesoro, con un déficit que había crecido del 1 % al 7 % del PIB en una década, se debía hacer a través de la llamada «cuenta corriente del Tesoro» en el Banco de España, que en lugar de ser una cuenta corriente se había convertido en una cuenta de crédito (cada vez que el Tesoro necesitaba dinero, giraba contra la cuenta del Banco de España, que estaba siempre en números rojos). Al aumentar el dinero que salía al sistema mediante ese procedimiento se incrementaba la base monetaria: los bancos tenían más dinero y, como consecuencia, crecía el crédito y, al hacerlo, agravaban la situación de inflación haciendo que los precios subieran.

Cada vez que el Banco de España se veía obligado a prestar dinero al Tesoro debía neutralizarlo para que no aumentara la inflación. ¿Y cómo lo hacía? En aquella época, en la banca y las cajas de ahorro existían coeficientes de inversión obligatorios. Uno era el de caja o el de liquidez: siempre que se prestaba dinero al Tesoro, el Banco de España aumentaba un poquito el coeficiente de caja, de manera que la caja que daba a los bancos a través del préstamo al Tesoro no pasaba al crédito, porque obligatoriamente tenía que quedarse en el Banco de España como un depósito. Por otra parte, no se pagaban intereses por estos depósitos obligatorios, lo que los convertía en un instrumento de control muy atractivo para el Banco de España y muy costoso para los bancos y las cajas.

Esto siguió así… hasta que nos encontramos con que el coeficiente de caja de la banca estaba en el 20 %. ¿Hasta cuándo podía seguir la cosa? Cuando yo llegué al ministerio en julio de 1985 me encontré con que era imprescindible empezar a emitir letras del Tesoro y otros títulos a plazo más largo, aunque eso supusiera encarecer el coste financiero de la deuda. Era difícil irrumpir en el mercado a largo plazo cuando no se tenían antecedentes, pero si se veía que se funcionaba bien en las letras a tres y seis meses, y hasta un año, y que pagabas el tipo de interés que exigía el mercado, se creaba la confianza y se generaba el nuevo mercado de la deuda pública.

A través del sistema electrónico de compras de títulos del Estado empezamos a crear ese sistema. Eso no quiere decir que se resolvieran todos los problemas, o que el déficit no siguiera teniendo un componente inflacionario, pero, en la medida en que existía una deuda, primero el Gobierno, al tener que pagarla, estaba desincentivado a tener déficit, y segundo, el Banco de España siempre tenía la posibilidad de comprar o vender y, de esa manera, regular la base monetaria del sistema sin que el coeficiente de caja o de liquidez creciera de forma indefinida hasta el escenario improbable de ser el 100 % de los depósitos. Lo cierto es que la implantación de la deuda pública con tipos de interés de mercado trajo consigo la total liberalización de las reglas de funcionamiento del sistema bancario español.

LOS CASOS RUMASA Y BANCA CATALANA

Pero antes de explicar ese proceso conviene detenerse en la crisis bancaria de los años setenta y primeros de los ochenta. Un cambio drástico en la situación de demanda de inmuebles como el que se provocó a finales de los setenta con la caída vertiginosa de los precios produjo una crisis inmobiliaria poco conocida y que, como la de principios del siglo XXI, afectó a la situación de los bancos. Fue una crisis que se originó como consecuencia de una concentración de malos activos en una serie de instituciones y, en efecto, algunas entidades empezaron a caer a partir de 1972-1973. Yo diría que hubo tres grupos de entidades. Por un lado, estaban los bancos regionales pequeños del norte de España, alguno de los cuales los acabó comprando el grupo Rumasa, mientras que otros fueron intervenidos, pero no representaban mucho dentro del sistema. Luego estaban los grandes bancos (con la excepción del Bilbao y Santander, que empezaron a vender sus inversiones industriales en la medida en que se podían vender en aquella época), que con la pérdida de valor de gran parte de su balance comenzaron a pasarlo muy mal. Primero, el Hispano Americano, que estaba detrás de Unión Explosivos Río Tinto, entonces el holding privado más importante de España, que se hallaba prácticamente en quiebra. El Hispano tenía además al Banco Urquijo —el banco de inversiones que hacía las operaciones más sofisticadas—, que también entró en crisis. Banesto, que había sido como una caja de ahorros gigantesca, comenzó a pasarlo mal por una serie de malas inversiones (Tierras de Almería, la compra del Banco Coca, etc.), así como el Central, que también entró en un periodo de crisis. Los bancos vascos (Bilbao y Vizcaya) se salvaron —no sin dificultades—, lo mismo que el Banco Santander. Estos formaban el tercer grupo de entidades.

Es decir, los tres bancos más grandes (Central, Banesto e Hispano Americano) estaban en dificultades. Eso es lo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno en 1982, y la situación obligaba a tener cuidado al tomar medidas de restricción financiera, no fuera a ser que las entidades se cayeran. De hecho, a una de ellas, el Hispano, lo acabó interviniendo el Banco de España, con el visto bueno del Gobierno, colocando en 1985 a Claudio Boada de presidente, después de enviar una carta sugiriéndolo a su consejo de administración. Poco después, José María López de Letona entró de manera semejante en Banesto. Es decir, nos vimos en la obligación de intervenir discretamente dos bancos. En aquella época, la definición de créditos en mora era mucho menos exigente que la que ahora se practica y, por tanto, en la medida en que parecía que se renovaban y pagaban parte de los tipos de interés, se consideraba que el activo estaba funcionando con normalidad. En realidad, no era verdad, y esto se acabó reflejando en las cuentas de resultados. Finalmente, estaba el grupo Rumasa de José María Ruiz-Mateos, quien, como ya he mencionado, se había quedado, y por muy poco dinero, con una serie de pequeños bancos regionales, además del Banco Atlántico, que se encargaban de financiar el grupo empresarial.

En la campaña electoral de 1982, cuando llegamos al poder, de acuerdo con el Gobierno de UCD y el Banco de España, el PSOE se comprometió a no utilizar electoralmente dos temas: Banca Catalana y Rumasa. Al Banco de España le preocupaba que, si se creaba mucho alboroto, se pudiera dificultar la posibilidad de intervenir de una manera ordenada esas entidades. Finalmente, en menos de un año hubo que intervenir los dos grupos, explicando que no lo hacíamos porque éramos socialistas partidarios de nacionalizar la banca, sino por razones de solvencia financiera y para salvaguardar puestos de trabajo. De hecho, tan pronto como fuera posible, dijimos desde el Gobierno que ambos grupos se revenderían. Pero ¿cómo revender en plena reconversión y con España fuera de la Unión Europea un muerto semejante? Por supuesto, tardamos en hacerlo, y, además, costó mucho dinero. Pero no había alternativa, pues su quiebra —la de Rumasa sobre todo— habría supuesto un riesgo sistémico.

Así que no sacamos en campaña ninguno de los dos temas. El Banco de España estaba extremadamente preocupado, ya que sus actas de inspección, a las que Ruiz-Mateos y su equipo ponían todo tipo de dificultades, señalaban situaciones graves de solvencia y liquidez. Aquellos fueron los años de los «arturos»[como se conocía a los auditores de Arthur Andersen]. Por primera vez en España, para obtener una subvención u otra ayuda pública el Estado y las instituciones públicas en general exigían que se presentase una auditoría, que entonces escaseaban. Hay que tener en cuenta que las empresas apenas salían al mercado de capitales, por lo que ¿para qué se iba a necesitar una? Se le pidió precisamente una auditoría al grupo Rumasa en su totalidad y este se resistió. Entonces fue cuando Miguel Boyer reaccionó amenazando con aplicar la ley. Se produjo una tensión que duró uno o dos días, hasta que el Gobierno, malgré lui (porque no había ninguna gana de meterse en esta operación, entre otras cosas porque sabíamos que iba a tener connotaciones negativas entre los españoles, que podían pensar que la intervención era una frivolidad ideológica, como Alianza Popular trató de difundir, y porque, además, te echabas encima un grupo de trescientas o más empresas), decidió la intervención persuadido de que no había otra alternativa.

En aquel momento —febrero de 1983—, el Gobierno puso el énfasis en dos cosas. La primera, transmitir la idea de que era una intervención pública con socialización de pérdidas, pero que las empresas que pudieran sobrevivir habrían de ser devueltas al sector privado, como se hizo en general con procedimientos cada vez más complicados. La segunda, la convicción de que, mientras se producía esto, había un grupo de decenas de miles de trabajadores directa o indirectamente relacionados con unas cuentas que eran una máquina de producir pérdidas. Yo, como ministro de Industria, señalé que bastante tenía con lo que tenía en materia de industrias y empresas en crisis, y por ello la Rumasa intervenida, con todas sus empresas, pasó a depender del Patrimonio del Estado, donde estaba Javier del Moral como director, y donde se puso a Ruiz-Ogarrio, que venía de la siderurgia, para que empezara a poner orden en todo aquello.

En cuanto a Rumasa, lo primero era conocer lo que pasaba. El propio decreto de intervención recogía que podrían aparecer nuevas inversiones y deudas desconocidas. Además, estaba la Rumasa exterior, que solo conocíamos parcialmente dónde estaba. Desde el punto de vista de la administración general de la crisis industrial y financiera, esto supuso un problema adicional, porque no teníamos los equipos suficientes para hacerle frente. La parte de los bancos del grupo se fue al Fondo de Garantía de Depósitos y nos quedamos más tranquilos, pero todo lo que era la Rumasa industrial y la exterior suponía un problema administrativo de cuidado, que se sumó a las dificultades que teníamos relacionadas con la modernización de la Administración y la Hacienda públicas, además de las provenientes de la reconversión industrial.

Si el Gobierno hubiera podido elegir, quizás habría intervenido unas semanas más tarde, pero de lo que no hay duda es de que la intervención era inevitable. El grupo era un agujero sin fondo y Ruiz-Mateos no reconocía el problema. Evidentemente, la pregunta que se le hizo a Boyer [«señor ministro, ¿qué pasa con Rumasa?», inquirió el periodista Mariano Guindal en una rueda de prensa»] fue el disparadero, pero, seguramente, si esa pregunta no se hubiera producido ese día se habría hecho después. Se había llegado a una situación en la que, o bien Ruiz-Mateos y su grupo contaban todo lo que había pasado allí a través de una auditoría reconocida y publicable, o bien no quedaba más remedio que recurrir al ejercicio de la autoridad. Lo que no podía suceder era que un Gobierno recién llegado diera la impresión de que se podían burlar de él.

Yo no descarto, aunque reconozco que es una hipótesis arriesgada, que en aquel momento Ruiz-Mateos, que creía tener grandes enemigos en la derecha y en los viejos financieros de toda la vida, creyera que, si se lo jugaba todo con un nuevo Gobierno del PSOE, que podía tener menos prejuicios contra él, acabaría liberándose. Lo que era imposible, porque, si tienes una quiebra, tienes una quiebra. Aun así, no descarto que estuviera dispuesto a aguantar el órdago para ver si, finalmente, nos hacía sus cómplices. El Consejo de Ministros en el que se decidió la intervención fue muy largo, pero al final se hizo lo único que se podía hacer. Desde entonces, un porcentaje muy considerable del tiempo de Miguel Boyer fue a parar a la administración de Rumasa y a su privatización posterior.

Banca Catalana era un tema parecido, pero mucho más circunscrito. Era una banca pequeña que, sencillamente, había sido utilizada por los que la dirigieron, en concreto por el señor [Jordi] Pujol, para objetivos que no eran el de prestar dinero de manera beneficiosa. Me imagino su sorpresa cuando, en medio en sus ensoñaciones sobre crear la gran industria catalana, se le vino encima la crisis del petróleo. Pero mientras en el «caso Rumasa» no podías saber hasta dónde llegaban los problemas de mala administración, en Banca Catalana, desde el principio, la intervención del Banco de España hablaba de malas prácticas y de prácticas en contra de los intereses de la entidad. Lo que situó al Gobierno ante la siguiente tesitura: si no hago caso de lo que sé estoy incumpliendo el Código Penal, que me obliga a dar cuenta al fiscal del hecho constitutivo del delito.

Cuando se planteó esta cuestión, pocas semanas después de Rumasa, en el Consejo de Ministros prevaleció la tesis de que había que dar información al fiscal. Y cuando el caso llegó a los fiscales [Carlos] Jiménez Villarejo y [José María] Mena, el escándalo político ya estaba armado. Lo sabíamos perfectamente; éramos conscientes de que la única interpretación que iban a hacer los catalanistas (entonces todavía no se decían independentistas, solo catalanistas) sería la de la persecución política. Pero la única alternativa que teníamos para que no nos acusaran de anticatalanismo era convertirnos en cómplices. De manera que hubo que dar cuenta al fiscal e intervenir Banca Catalana. Algún día se aclarará cómo los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyeron lo que concluyeron [en 1986, la mayoría de magistrados votó en contra de procesar a Pujol al estimar que no había indicios racionales de criminalidad en su actuación, y en 1990 la Audiencia de Barcelona decidió el sobreseimiento del sumario aun reconociendo «una gestión imprudente e, incluso, desastrosa»]. Porque, en realidad, la situación de Banca Catalana permitía sospechar, desde todos los puntos de vista, que estaba plagada de irregularidades y actuaciones perseguibles.

LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL

Uno de los puntos más relevantes de la política económica del Gobierno socialista fue el de la política industrial, centrada en la reconversión de sectores enteros de actividad. La reconversión industrial empezó con UCD, y lo hizo con cierta timidez, pero, sobre todo, con bastante desconfianza por parte de los trabajadores. Si yo, como ministro, decía a la UGT que sobraban trabajadores en tal o cual sector, les podría sentar mal, pero no desconfiarían de mi palabra o no creerían que lo hacía para hacer un favor a alguien. Cuando eso lo decían mis antecesores en el ministerio, seguramente sí dudaban. De manera que uno de los problemas básicos para proceder a los acuerdos que llevarían a una reconversión pactada consistía en eliminar la desconfianza. Yo creo que ese fue un argumento que nosotros utilizamos mucho en la campaña electoral. Es decir, las reformas no se pueden hacer sin los sindicatos, y estos nunca darán su visto bueno a nadie que no sea un Gobierno en el que ideológicamente confíen.

A partir de ahí pusimos en marcha las políticas. Por supuesto, hubo numerosos debates en el Gobierno. El Ministerio de Hacienda pensaba que la reconversión era muy cara, como es natural (su trabajo era detener el gasto que supondrían las zonas de urgente reindustrialización, los fondos de promoción de empleo, etc.). Era dinero, porque, como decía por lo bajini José Luis Corcuera, los trabajadores afectados eran los «aristócratas del proletariado». Mientras muchos se quedaban sin trabajo y sin apenas protección, estos conseguían unas condiciones que ya hubieran querido otros.

Después de no pocas dificultades y de enfrentamientos con los sindicatos, a mediados de 1985, en el 80 % de los sectores importantes ya estaba en marcha una reconversión. Por fortuna, fue entonces cuando empezó a notarse el impacto positivo de la entrada en la UE, del aumento de la inversión y de la nueva demanda de bienes de equipo. La formación bruta de capital fijo comenzó a crecer en 1985 después de años de estancamiento. Todo eso ayudó a que los sectores que estaban saliendo del ajuste de la reconversión vieran otro horizonte. Con la entrada en la CEE, hubo también quienes quisieron comprar algunas de estas empresas, con lo que se integraron en estructuras productivas mucho más sólidas.

La reconversión fue dura, porque era muy visible. La primera batalla fue Altos Hornos del Mediterráneo, en Sagunto (Valencia), que era una ciudad mediana donde todo el mundo vivía de ellos. Nosotros éramos un Gobierno nuevo que había ganado las elecciones autonómicas recientemente en la Comunidad Valenciana con Joan Lerma, y tuvimos que soportar grandes presiones para detener el cierre. Había que resistirlo, como hubo que resistir la huelga de Aceriales en el País Vasco por la transformación de los aceros especiales, o, más adelante, las huelgas del sector de la construcción naval.

Eran batallas muy concretas en las que, además, había vanguardias obreras muy preparadas. Y lucha callejera. Es decir, veías un Gobierno socialista echando a obreros de sus puestos de trabajo y utilizando a la Policía contra los que trataban de hacer sabotaje industrial, que de todo hubo. En ese sentido, fue una política muy incómoda y una prueba constante para las buenas relaciones entre el Gobierno y los sindicatos, particularmente para UGT. Si el sindicato era sensato y pactaba, entonces Comisiones Obreras se distanciaba y decía que UGT era una correa de transmisión del Gobierno socialista que sacaba ventaja en las elecciones sindicales. Si, por el contrario, UGT no pactaba, se generaba un ambiente de lucha y hostilidad contra el PSOE, que fue lo que finalmente se produjo con el enfrentamiento de Nicolás Redondo [secretario general de UGT], no tanto contra mí, que también, sino contra Felipe González.

Aquel proceso también trajo consigo otras consecuencias. Una fue la reforma de la empresa pública, iniciada con un discurso muy comentado que di, allá por 1984, en el que critiqué al INI, en una reunión con todos los presidentes de las empresas del grupo en el Parador de Sigüenza. Fue la constatación de que había un Gobierno que, más allá de su signo ideológico, sabía que debía hacer frente a los problemas. Esto supuso una buena inversión política. Los graves problemas de la industria en general y de la empresa pública en particular los convertimos en un activo político.

Pero no era eso lo único que me preocupaba en el Ministerio de Industria. No era solo que el principal grupo privado (Explosivos Río Tinto) estuviera quebrado, que la siderurgia estuviera destrozada, el aluminio arruinado… Junto a todo esto había una crisis de la que nadie hablaba: la del sector eléctrico. En los años setenta, este sector había hecho unas previsiones gigantescas de crecimiento de la demanda energética que se contradijeron tan pronto como subió el precio de la energía y empezó la recesión industrial. Pero para entonces, sin embargo, ya se habían metido las empresas eléctricas españolas en un programa de construcción de doce centrales nucleares financiadas con deuda. El caso es que, cuando llegué al Ministerio de Industria y Energía, tan solo una empresa estaba en buen estado, la pública Endesa, que tenía un contrato para venderles a las demás empresas la energía producida por ella de forma obligatoria. El problema era cómo detener el programa nuclear, no porque en el Partido Socialista hubiera un sesgo antinuclear (que existía, aunque yo no lo compartiera), sino porque, sencillamente, continuar con el programa de inversiones suponía la quiebra, puesto que el endeudamiento que habría cuando se pudieran poner en servicio las nuevas centrales, pasados quince años, era simplemente insostenible, y no se podía resolver con las nuevas previsiones mucho más bajas de crecimiento de la demanda de electricidad.

Aquí llevamos a cabo una reconversión mucho más discreta, aunque, en realidad, nos estábamos jugando mucho más dinero que en la siderurgia o en la construcción naval. Para ello hicimos un pacto de tres puntos con el sector. El primero fue racionalizar el sistema de la red de alta tensión mediante la creación de la empresa Red Eléctrica de España. Para que la cosa fuera lo menos dolorosa posible, no propusimos nacionalizar los activos de transporte de las compañías, sino que decidimos que fueran estas quienes aportaran los activos de transporte junto con los de Endesa y otras empresas públicas para constituir la nueva empresa de transporte de la electricidad. Al final, como la aportación privada era mayor que la pública, se hizo una compra-venta de activos para que el 51 % de la nueva empresa fuera propiedad del Estado. Se formó así una empresa mixta con un delegado del Gobierno, además del presidente. El segundo punto del acuerdo fue el parón nuclear, para el cual tuvimos que seleccionar qué inversiones nucleares se detenían y cuáles no. Y el tercero, como contrapartida de seguridad, una política de tarifas razonable (a la que a veces se opuso Boyer por razones obvias, aunque él era consciente de que si las empresas no tenían beneficios, no darían dividendos, y si no daban dividendos, no colocarían capital ni serían capaces de obtener financiación ajena).

Así conseguimos salvar la situación, aunque para cerrar el círculo hubo que añadir el intercambio de activos entre las empresas. Había algunas empresas cuyos activos, después del parón de las inversiones nucleares, se quedaban pequeños y con un nivel de deuda muy grande. Había que intercambiar también pasivos y, aun así, una de las empresas, Fecsa [Fuerzas Eléctricas de Cataluña], se cayó en el camino. Hubo que buscar una solución ad hoc. Con el trascurso del tiempo vimos que habíamos acertado y salvado al sector de una socialización que hubiera sido un desastre. Por otro lado, con un precio de la energía realista, los nuevos procesos que se introdujeron tanto en la industria como en los servicios fueron ahorradores de energía. Apoyamos desde el ministerio la eficiencia energética, impulsando el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDEA). Esto, junto con la creación de Enresa [Empresa Nacional de Residuos] para resolver el asunto de los residuos nucleares, sentó las bases para la transformación y salvación financiera del sistema eléctrico, que luego exigió muchos e importantes adelantos, así como combinaciones de empresas ya en la época de Claudio Aranzadi como ministro de Industria. Pero la quiebra y la nacionalización de este sector se evitó en aquella época, lo que nos permitía mirar 1986 con cierta tranquilidad al entrar en la Comunidad Económica Europea.

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TENSIONES ENTRE PSOE Y UGT

Al mismo tiempo que se ponían en marcha políticas de reconversión industrial se fue gestando un fenómeno para el que difícilmente estaban maduros ni el Partido Socialista ni los militantes de UGT. Me refiero a la «autonomización» de las dos organizaciones. La idea de la fraternidad socialista de las organizaciones PSOE y UGT era buena para la retórica, pero cada organización defendía cuestiones distintas. La diferencia se hallaba en la naturaleza de sus propios objetivos. Cuando un partido está en el poder tiene que gobernar para todos, y si cree que debe gobernar solo para los proletarios y, en concreto, obedeciendo los objetivos que tienen los proletarios que se encuadran en el sindicato próximo, se equivoca profundamente y la gente lo rechaza. A su vez, el sindicato no puede decir que, como los compañeros que están en el Gobierno son amigos, debemos hacer lo que ellos dicen. En definitiva, descubrimos que teníamos dinámicas y objetivos distintos que acabaron en la conflagración de 1988, con la huelga general de mayor éxito en Europa desde 1950.

De alguna manera, la experiencia constituyó un proceso de madurez y crecimiento de las instituciones y de las formas de Gobierno, separando el papel de los sindicatos y de los partidos políticos, sobre todo cuando están en el Gobierno, y, al mismo tiempo, garantizando que las formas de Gobierno están por encima de las inclinaciones ideológicas. Los Gobiernos tienen la responsabilidad de hacer frente a las necesidades generales, aunque en la forma de hacerlo se puedan introducir luego las preferencias ideológicas de cada uno.

En la familia socialista existían necesariamente dos concepciones sobre lo que significaba llegar al poder y la utilización de este en la transformación social del país. Estaban los que creían que llegar al poder no significaba necesariamente dar la vuelta a la tortilla, pero sí empezar a legislar pensando en la base proletaria del país y despreciando (o apreciando menos) la importancia de los desequilibrios macroeconómicos o la idea de que las empresas tuvieran beneficios para que pudieran crear empleo, etc. Desde ese punto de vista, parecía que lo lógico con un Gobierno socialista era reducir la jornada de trabajo, subir rápidamente los salarios y aumentar impuestos y cotizaciones sociales sin temor a los efectos negativos sobre la inversión y el propio empleo. Era una visión de Gobierno de clase, enraizada en las tradiciones de los partidos socialdemócratas y, en general, de todos los partidos de izquierdas desde finales del siglo XIX.

Pero también había otra visión más moderna, o más moderada, o una combinación de ambas, según la cual el poder no era algo que se hubiera conquistado para siempre, pues la historia había demostrado que con la nueva llegada al poder la situación no se transformaba de manera irreversible, sino que, por el contrario, el poder era una situación de carácter transitorio en la que, naturalmente, se debían empujar las ideas y los valores propios de la socialdemocracia, pero había que gobernar teniendo en cuenta los intereses de todos. De esta manera, Felipe González, que estaba mucho más próximo a esta visión, impulsó una dinámica de Gobierno que entraba en conflicto con la visión más de clase y más propia del sindicato y de una gran parte de las bases e incluso de los cuadros del PSOE.

Felipe González, por lo demás, solía repetir una reflexión que aplicaba constantemente y que decía que la izquierda, con frecuencia, había pensado mucho en mantenerse pura en la búsqueda del poder y, sin embargo, había renunciado a él durante la mayor parte de la historia precisamente por esa pureza ideológica. Y, de hecho, cuando llegó al poder, como ocurrió en España en los años treinta, cometió dos errores: no tomó en consideración ni la importancia que la sociedad (y no solamente la burguesía y la clase poseedora) da al orden público ni la que da al orden económico y sus equilibrios. De ahí concluía que, como consecuencia de estos dos fallos, la izquierda siempre había perdido la oportunidad de mantenerse en el poder el tiempo suficiente para transformar la estructura social del país. Su opinión era que había que caminar despacio en la transformación para hacer compatibles estos equilibrios, tanto del orden público como los macroeconómicos con las transformaciones sociales.

Como consecuencia de todo esto se fueron generando cada vez mayores contradicciones entre la visión de lo que debía hacer el Gobierno y lo que hacía desde el punto de vista de los sindicatos. Además, estaban las políticas concretas. Tres puntos fueron los que separaron poco a poco al partido del sindicato. Primero, la política macroeconómica, que primero encabezó Miguel Boyer. Fue una política de disciplina fiscal ante el déficit público del 6 % del PIB, que era más del doble de lo que se había venido manejando y, por tanto, más difícilmente digerible. Además, su financiación a través de la cuenta del Banco de España llevaba a la expulsión del crédito al sector privado por la financiación del sector público, lo que impedía desarrollar la economía privada y asegurar la recuperación económica. De manera que esa política de ajuste macroeconómico, que pasaba también por congelar en términos reales los salarios —si era posible, mediante la concertación—, por situar tipos de interés altos y por implementar una política fiscal moderadamente restrictiva entraba en conflicto con el deseo de aumento del gasto público tanto en bienestar social como en subida de los salarios de los trabajadores que reclamaban los sindicatos.

El segundo punto de fricción fue la propia reconversión industrial. Mucha gente del PSOE decía que estábamos haciendo el trabajo feo que la derecha no se había atrevido a hacer, salvando los intereses de la burguesía en la industria a costa de echar a trabajadores o reducir plantillas. Sin embargo, éramos conscientes de que solo de esa manera conseguiríamos salvar la industria e integrarnos con éxito en el Mercado Común.

Y el tercero lo constituyeron las propias transformaciones en las regulaciones laborales y, fundamentalmente, las relacionadas con el sistema público de pensiones. Las reformas de pensiones que llevó adelante el ministro Joaquín Almunia [titular de Trabajo durante el primer Gobierno de Felipe González] con el respaldo total del Ejecutivo fueron el primer foco de enfrentamiento claro con UGT y, de hecho, tras la Ley de Pensiones de 1985, Nicolás Redondo dejó su escaño en señal de protesta, creando un fuerte enfrentamiento dentro del PSOE.

Durante todo este proceso (1982-1987) cabe decir que el papel de la CEOE [Confederación Española de Organizaciones Empresariales] fue prácticamente irrelevante. Ni hicieron gala de defender una posición liberal ni fueron capaces de hacer frente a las presiones sindicales.

LA HUELGA GENERAL DE 1988

A partir de ahí, con la «autonomización» de las estrategias del PSOE, por un lado, y de la UGT, por otro, las dos organizaciones podían seguir siendo hermanas y compartir una gran parte de su visión ideológica del mundo, aunque lo cierto es que éramos dos organizaciones distintas con objetivos diferentes. Esto desembocó, conforme las tensiones se fueron acumulando y las discrepancias entre el Gobierno y el sindicato (incluso entre Felipe González y Nicolás Redondo) se fueron haciendo más intensas, en la huelga general de 1988, tras numerosos enfrentamientos entre el Gobierno y los sindicatos y la radicalización creciente de Nicolás Redondo y la cúpula de la UGT, de la que José Luis Corcuera había salido en 1987.

En pleno auge de la economía española, con la inversión creciendo en tasas de dos dígitos y creándose empleo de manera significativa, había que buscar una razón seria para declarar una huelga general. En cambio, se utilizaron dos excusas. La primera, la ruptura por parte de UGT del acuerdo que había alcanzado conmigo y con la CEOE de que en 1987, cuando desaparecía el efecto sobre la inflación de la introducción del IVA del año anterior, los salarios deberían crecer un 5 %. Como ocurrió que, después del pacto, llegó la campaña de las elecciones sindicales, en la que UGT perdía terreno, Nicolás Redondo deshizo el acuerdo sin reconocer nunca que este se había producido (Redondo había llegado a dicho acuerdo con José María Cuevas, presidente de la CEOE, Manolo Chaves, ministro de Trabajo, y yo mismo) y comenzó a pedir mayores subidas de salarios. Esto llevó a una confrontación dialéctica que se vio con claridad en un debate televisivo en el que nos enfrentamos Nicolás y yo, mientras las otras dos partes, Marcelino Camacho [secretario general de CC OO] y José María Cuevas asistían en silencio entre asombrados y satisfechos.

La segunda excusa fue la idea, en gran medida promovida dentro del PSOE por José Luis Corcuera, del Plan de Empleo Juvenil. A la UGT le pareció que el PSOE trataba de entrar en el terreno del empleo, que era propio de los sindicatos. Eso y el hecho de que Corcuera hubiera salido de la Ejecutiva de UGT claramente enfrentado con Redondo y que estuviera haciendo este trabajo con Benegas y [Francisco Fernández] Marugán en el PSOE, llevó también a la convocatoria de la huelga general de 1988. El Gobierno fue incapaz de prever el gran seguimiento que tuvo la jornada de protesta y no se preparó para una eventualidad de semejante magnitud.

A su éxito también contribuyeron las fuerzas conservadoras, porque tanto la CEOE como Alianza Popular [en 1989 se transformaría en el actual Partido Popular] hicieron todo lo posible para que la huelga saliera adelante, convencidos de que sería un golpe al Gobierno, para que aprendiera, pero que no supondría un cambio en los equilibrios de poder. Es decir, estaban seguros de que después de la huelga se volvería a una situación normal, aunque con un Gobierno humillado y debilitado, como, en efecto, ocurrió. Es preciso reconocer que a partir de entonces aumentaron las críticas sobre la orientación de la política económica y la política en general del PSOE. No cambió mucho, sin embargo, la orientación del Gobierno, pero a costa del mal sabor de boca, del disgusto evidente al saber que lo que queríamos hacer iría contra la UGT y, en gran medida, contra los sindicatos.

Esto generó una situación de enfrentamiento permanente con los sindicatos entre diciembre de 1988 y finales de 1994. Es por esas fechas, con la nueva recesión de 1992-1994, cuando los sindicatos comienzan a ser conscientes del fundamento de la argumentación del Gobierno a propósito de la importancia de la competitividad en una España que ya estaba integrada en un mercado mucho más abierto. Todo ese conjunto de circunstancias, que formaban parte del proceso de globalización, término que entonces comenzó a ponerse de moda, les hizo ser más conscientes —pese a que no era lo que más les gustaba— de que los niveles a los que se fijaban los salarios no eran irrelevantes para conseguir el crecimiento del empleo y de la producción. Así fueron cambiando las actitudes de los sindicatos, lentamente, sí, pero hay que reconocer que en el periodo de Gobierno del PP de Aznar los sindicatos fueron mucho más dúctiles y se mostraron más dispuestos y preparados para discutir de lo que lo estuvieron en nuestra época. La evolución de los sindicatos ha pasado por diversas etapas, pero, ciertamente, yo diría que fue la experiencia de la recesión de 1993 lo que cambió para siempre su actitud. También influyeron historias personales. Es cierto que a Redondo le sucedió Cándido Méndez, y a Antonio Gutiérrez [que había sucedido a Marcelino Camacho], José María Fidalgo, y estos cambios fueron muy significativos.

El enfrentamiento entre el PSOE y UGT fue una historia personalmente dura, porque muchos de nosotros nos vimos rechazados por quienes nos querían situar en otras trincheras. Eso me dijo Nicolás Redondo en aquel debate de TVE que mencionaba anteriormente: «Carlos, tú estás en la trinchera equivocada». Sin embargo, yo pensaba que la única manera de construir un Estado de Bienestar sólido que asegurase la igualdad de oportunidades de las clases menos poseedoras consistía en administrar económicamente bien, en tener una economía cada vez más competitiva, y que las otras eran salidas en falso. Ni podías hacer un Estado de Bienestar con cargo al déficit porque antes o después tendrías que pagar el exceso de deuda, ni tampoco podías crecer de manera indefinida aumentando los salarios y perdiendo competitividad. Había que hacerlo dentro de un orden para no perder ni la capacidad de crecimiento ni los recursos necesarios para construir un Estado de Bienestar, que era, en última instancia, la principal tarea de la socialdemocracia. Según Norberto Bobbio, en aquella época, si algo caracterizaba al socialismo en las sociedades modernas y avanzadas era su deseo de igualdad, pero no una igualdad de principio, no una igualdad que no tomara en consideración los esfuerzos y méritos de los ciudadanos, sino una igualdad que, además, creara el conjunto de incentivos y apoyos necesarios para que la gente pudiera mejorar al tiempo que desarrollaba el sentimiento de fraternidad y de solidaridad con los demás.

Mucho antes de que se produjera la ruptura de las buenas relaciones dentro de la vieja familia socialista, los que estaban más apegados a la tradición sindicalista y de izquierda marxista —lo que históricamente había sido el alma largocaballerista del PSOE—, mucho más utópica y bastante menos realista que la representada en los años treinta por Indalecio Prieto, se sentían defraudados con la orientación del Gobierno de Felipe González, que estaba más cerca de las instituciones liberales sin dejar de ser socialista (o siendo socialistas, como le gustaba decir a Prieto, a fuer de ser liberales).

Esas dos almas del PSOE entraron cada vez más en conflicto, y si la dinámica del Gobierno llevó a que, aparentemente, ganara la más pragmática y moderada, el partido nunca ha sido capaz de dejar de lado la antigua. Y eso se puede ver ahora mismo, cuando las tendencias populistas que todavía reverberan en el partido, con el temor a la competencia de nuevas fuerzas políticas, indican hasta qué punto en el PSOE la vieja alma largocaballerista sigue viva y cómo, de alguna manera, el mensaje socialdemócrata no ha calado hasta el final, ni mucho menos.

LA CUESTIÓN DE ALFONSO GUERRA

Cuando este debate entre el Gobierno socialista y la UGT se encontraba en plena efervescencia surgió un escándalo que afectaba al vicepresidente del Gobierno. La cuestión de Alfonso Guerra admite al menos dos versiones. Una es la que él construye, que consiste en que el PSOE se está alejando de su espíritu, de su alma largocaballerista, que cada día gobierna más para los intereses de la derecha y que la política económica en concreto se inclina ante los intereses de los bancos y de las grandes familias, considerando menos los intereses de los trabajadores. Como consecuencia de todo esto, Alfonso Guerra dice que cada vez se siente más ajeno al Gobierno del que forma parte.

La otra es más de andar por casa, pero no menos relevante. Guerra tenía una manera muy particular de ejercer el poder. No era un hombre que se caracterizara por tener una gran visión del Estado ni de lo que debía ser la política de España y lo que había que transformar, pero sí tenía un sentido muy acusado de la estética izquierdista y siempre tendía a situarse con los que no tenían (los «descamisados» de Perón, o los sans-culottes). Dentro de esos parámetros, él actuaba con cierto despotismo en su área de Gobierno, procurando que su poder no disminuyera y que los ministros supieran claramente que si él no estaba de acuerdo era muy difícil llevar a cabo algunos de sus propósitos, e influyendo, al mismo tiempo, en el partido para que este siguiera apoyando las políticas del Gobierno. En este último aspecto, el papel que desempeñó Alfonso Guerra fue muy importante, como pudimos comprobar cuando abandonó el Gobierno, y la relación entre el partido y el Gobierno se hizo cada vez más complicada.

Es en este contexto cuando a Alfonso Guerra se le presenta un problema difícil de explicar: la actuación de su hermano Juan en Andalucía. Su hermano ocupaba un despacho en la Delegación del Gobierno en Andalucía sin ser funcionario ni tener cargo alguno, que supongo que debía de estar reservado para Alfonso, un despacho de respeto, como si estuviera incluso por encima del delegado del Gobierno en Andalucía. En ese despacho, aparentemente, traficaba pequeñas influencias en nombre de no se sabe quién, porque no lo hacía en nombre del partido ni de Alfonso, que yo no creo que sacara de allí ningún beneficio personal. Era simplemente una exhibición de poder que saltó por los aires por unas declaraciones de un alcalde. Poco a poco fueron apareciendo datos que desvelaban irregularidades y situaciones ilegales. Y esto fue lo que, en última instancia y después de muchas vacilaciones por parte de Felipe González, obligó a dimitir a Alfonso Guerra más de un año después, lo que supuso un coste político elevado para el PSOE y para el Gobierno.

De cara al Congreso de 1990, yo avisé de estos peligros en mis contactos ocasionales con muchos de los dirigentes del PSOE, que entonces empezaron a llamarse «renovadores» conforme se fueron alejando del liderazgo guerrista dentro del partido (yo era, dentro del Gobierno, lo contrario a Guerra). Les anuncié que Alfonso saldría del Gobierno porque en un país de Europa occidental no podía sostenerse un vicepresidente cuyo hermano seguramente acabaría en la cárcel. «Va a salir antes o después, pero va a refugiarse en el partido, y si lo hace, nuestro problema será cómo garantizamos un funcionamiento normal entre Gobierno y partido, porque este puede poner muchas trabas al funcionamiento del Gobierno, y no solo desde Ferraz, sino también desde el grupo parlamentario», les dije. En el grupo parlamentario, Alfonso tenía una influencia decisiva, no solo a través de la gente que lo dirigía, sino, además, por la confección de las listas electorales, tarea que llevaba veinte años realizando.

La mayoría no quiso verlo, pero la verdad es que, a partir de 1991, con la salida de Guerra, las relaciones entre partido y Gobierno se hicieron mucho más complicadas, lo que dio lugar a descoordinaciones y contradicciones. Por ejemplo, si Mario Conde veía que tenía dificultades con el Gobierno, particularmente conmigo, o con el Banco de España en un proyecto como el lanzamiento de la Corporación Bancaria, iba a ver a Txiki Benegas o a Alfonso Guerra y les invitaba a unas jornadas que se celebraban en Moscú, pongamos por caso.

Yo dejé el Gobierno en 1993, después de hablar con Felipe y decirle que, tras haber sido el hombre de la reconversión y luego el del crecimiento económico de 1986 a 1991, ahora, cuando estábamos en plena recesión, no podía ser quien recondujera la economía. Por eso le dije que era lógico que abandonara el Gobierno y le pedí su apoyo para ser jefe del grupo parlamentario, que era el último reducto del poder que le quedaba a Guerra. Y, entonces, con el apoyo de Felipe, de los renovadores y de algunos otros —pese a que no me tenían mucho aprecio ni había muchas ganas de apoyarme— fui elegido jefe del grupo. Se puede decir que es ahí, y en el siguiente congreso de Andalucía, cuando los guerristas pierden su cuota de poder, cuando se inicia la decadencia del guerrismo y cuando la batalla entre las dos almas del partido parece carecer de referentes. Esto se hizo aún más claro cuando abandoné la actividad política diaria y dimití en 1994 por el escándalo de la ocultación de Mariano Rubio de su verdadero patrimonio mientras fue gobernador del Banco de España con el fin de eludir el pago de impuestos. Se trataba de un asunto concreto que yo no podía conocer, pero me pareció que lo mejor era dejar mi acta de diputado para aliviar la presión que había sobre el Gobierno en aquellos momentos.

Cualquiera que asistiera a los Consejos de Ministros podrá decir que Guerra siempre perdió los debates en los que criticaba la política económica de Boyer o la mía. Lo suyo consistía en dar testimonio de su posición siempre con un impresionante componente estético. Desde el mismo momento en que vio cuáles eran las orientaciones del Gobierno de Felipe González dijo aquello de «yo estoy de oyente». En definitiva, creo que su condicionamiento fue relativamente pequeño, aunque su papel era muy importante, porque era el demiurgo de la relación entre el Gobierno y el PSOE. Se encargaba de que las políticas públicas se pudieran trasladar al partido y de que este funcionara de manera disciplinada. En ese papel era absolutamente crucial. Era un político de raza, una de esas personas que, aunque se hubiera construido una imagen falsa de sí mismo, tuvo el valor de mantenerla hasta el final. Nunca descuidaba lo que podía ser un aspecto contradictorio en sus posiciones. Si había dicho una cosa, se atenía a ella.

Desde entonces el PSOE no se ha decantado ni de un lado ni de otro. La verdad es que durante los años siguientes fue evidente que predominó la visión socialdemócrata y moderada, con Joaquín Almunia a la cabeza, aunque ya empezó a ser discutida por parte de José Borrell. Pero Borrell también fue un intento fracasado por razones que no vienen al caso.

Y se llega así a la situación del año 2000, tras el fracaso electoral de Almunia y la llegada del equipo de Rodríguez Zapatero. Confieso que, a partir de ese momento, me resulta muy difícil seguir la huella del debate ideológico en el partido. El PSOE hace gala de defender posiciones más blandas y populistas, en lo que podíamos llamar un debate posmoderno, en el sentido de que se fija mucho menos en la igualdad de los ciudadanos, en los derechos de los más pobres y en la situación de los que están peor, y mucho más en cuestiones identitarias de aquellos colectivos cuya situación también se ha visto dificultada, como el de las mujeres en general, los gays, las mujeres maltratadas… Son asuntos importantes, pues es necesario entender que, además de la explotación de clase, también ha existido la explotación de género o el maltrato a los homosexuales. Pero, al final, estos temas pueden hacerte olvidar lo fundamental, que es garantizar la igualdad de los ciudadanos y la eliminación de las desigualdades económicas y sociales.

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ESTADO DE BIENESTAR Y CRECIMIENTO (1986-1991)

De vuelta a las cuestiones de Gobierno quedaban cosas por señalar en el ámbito de las políticas económicas sectoriales. Por ejemplo, al llegar nosotros al Gobierno, la política agrícola se volvió también más exigente, se redujeron las subvenciones indiscriminadas y se racionalizaron las ayudas. Es gracioso, porque muchas de ellas se volvieron a restaurar cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, porque su política agrícola era más proteccionista que la nuestra. También se hizo preciso reformar la financiación agraria, porque la mayor parte de las cooperativas rurales estaban en quiebra y hubo que ponerlas bajo el paraguas del Banco de Crédito Agrícola, que presidía José Barea, para sanearlas.

Existía en el país un retraso evidente en materia de telecomunicaciones. Tan pronto como la demanda empezó a crecer —porque la economía salía de la crisis— nos encontramos con una demanda represada de líneas telefónicas y con todo el mundo quejándose del mal servicio. Pero lo que es evidente es que las telecomunicaciones se habían desarrollado poco, y sabíamos que se trataba de un sector que sería crucial en el futuro. Lo mismo pasaba con las grandes infraestructuras del transporte, donde solo se pudieron hacer grandes inversiones a partir de 1988-1989.

La Administración del Estado mejoró durante ese periodo de una manera relativamente razonable, aunque no experimentó la transformación que buscábamos. Se notó mucho el cambio en la Administración Tributaria, en todo el sistema de ayudas, en la conexión entre los subsidios, las auditorías de cuentas y los estados fiscales. Todo ello formaba parte de una reforma de la Administración importante que tuvo un impacto económico significativo.

Se produjo la extensión total del segundo nivel de enseñanza y un incremento explosivo de los institutos —debido a la estructura de edad de la población—, aumento que ya había tenido lugar en las escuelas de primaria durante los años setenta. La situación se resolvió bien y, en líneas generales, la educación tuvo un impacto positivo en la época de José María Maravall [ministro de Educación en el primer Gobierno de Felipe González]. Y, a través de una ley que presentamos a medias Maravall y yo, como ministro de Industria, se sentaron las bases de lo que podría ser el marco legal adecuado para apoyar la inversión en investigación y desarrollo. Era lo primero que se hacía en España en esta materia. Y se produjo también un enorme salto adelante en el sistema de ingresos de la Seguridad Social tras las fuertes inversiones informáticas, así como una modernización del sistema público de pensiones, hasta la creación, ya en 1992, de las pensiones no contributivas y su integración en el sistema general. El Ministerio de Trabajo se modernizó, aunque dentro de los constreñimientos que imponía una legislación laboral excesivamente rígida.

Todo esto constituyó una mejora significativa que estaba ya muy avanzada cuando, en 1986, entramos en la Comunidad Económica Europea. Lo que se encontraba menos avanzado, en comparación, y en parte porque hubo que hacer un esfuerzo de restricción de los costes laborales, era lo que podríamos llamar el Estado de Bienestar. Me acuerdo de una carta que envié al presidente González desde el Ministerio de Hacienda allá por 1987 diciéndole que estábamos en condiciones de tener un Estado de Bienestar homologable con los europeos en dos o tres años. Con menos medios, porque éramos menos ricos, pero con una panoplia de servicios y un nivel de calidad relativamente semejante. Y la verdad es que desde el primer momento se hizo lo imposible por ir extendiendo la cobertura sanitaria, que, a partir de 1986, ya estaba universalizada; y se empezó a mejorar el sistema de pensiones públicas, aunque esto nos llevó a un enfrentamiento con la UGT, porque el sindicato creía que se estaban reduciendo cuando, en realidad, lo que estábamos haciendo era garantizar su supervivencia. También se mejoró, aunque quizá con menos acierto de lo que nos habría gustado, la protección del seguro de desempleo…

De manera que, entre 1986 y 1991, se sentaron las bases del Estado de Bienestar, y, a partir de ellas, ha habido mejoras, adaptaciones y ampliaciones. Lo más significativo fue la creación de las pensiones no contributivas, medida que resolvía un problema para los que no tenían ningún tipo de pensión y que se veían obligados a vivir casi de la beneficencia, y la Ley de Dependencia, que todavía no se ha desarrollado totalmente. Estos son los dos grandes cambios que hicieron que el sistema de pensiones públicas pasara de atender únicamente las necesidades de los cotizantes de la Seguridad Social a atender a todos los ciudadanos. Pero siempre con el viejo problema de unos desarrollos demográficos extremadamente inquietantes que ponen en peligro el sostenimiento del sistema de pensiones públicas y que plantean la necesidad —que yo creo sensata— de que cualquier pensión que esté por encima de una cantidad razonable se deba hacer a través de planes privados. Es evidente que no se puede mantener el 80 % del salario en forma de pensión en el caso de las personas con un nivel elevado de ingresos sencillamente porque no hay dinero para ello.

En lo que se refiere al crecimiento, hay que señalar que desde el primer momento la economía española empezó a recibir todos los beneficios derivados de la entrada en la Comunidad Europea, que fue acompañada, además, de una fuerte aceleración del crecimiento en toda Europa. La formación bruta de capital fijo pasó a tasas positivas acompañada de un aumento muy elevado del consumo desde 1987 hasta el final de la década. Todo ello facilitó la puesta en marcha de diversas modernizaciones en todos los frentes. La industria comenzó a tener unos números rojos mucho más pequeños como consecuencia de los reajustes de la reconversión industrial y, aunque muy lentamente, también fueron apareciendo nuevas industrias. Tuvo lugar una inversión internacional muy importante en España durante el periodo en el que todavía yo estaba en el Ministerio de Industria [1982-1985] por parte de ATT en Tres Cantos.

Pero fue a partir de 1986 cuando comenzaron las grandes inversiones, unas veces aumentando la capacidad de producción existente, otras mediante la simple compra por parte de firmas extranjeras de industrias españolas. Esto último liberaba dinero a los antiguos propietarios, que lo podían dedicar a otras industrias o, como suele ocurrir en España, a comprar en el mercado inmobiliario. Pero, entre unas cosas y otras, se atrajo mucho más dinero que se invirtió en el país, por lo que, hasta 1992, el PIB aumentó de forma espectacular. Tanto que llegó un momento en que, por las elevadas tasas de crecimiento de la inversión y del consumo, se produjo un gap entre el crecimiento de la demanda interna y el PIB de hasta tres y cuatro puntos, lo que significaba que la balanza de pagos había entrado en una situación de déficit, que llegó a su máximo en 1989 y se mantuvo en niveles altos en los primeros años noventa.

Junto a este fuerte crecimiento y a la mejora de la situación económica, llegó también el momento en que la homologación de España con Europa avanzaba a un mayor ritmo gracias a la modernización de sectores e instituciones. De hecho, en algunos casos, como en los procesos de desmonopolización, que se aceleraron con la entrada en la CEE, nosotros íbamos prácticamente al paso, en materia de tráfico aéreo, telecomunicaciones etc., de otros países comunitarios y más adelantados que algunos.

En el aspecto financiero, como ya he comentado, la creación del mercado de deuda pública —con indudable éxito— supuso un desafío para la captación de depósitos por parte de la banca. En un momento en el que las tendencias de la competencia internacional constituían otra amenaza para el sistema bancario español, la situación acabó desembocando en una serie de modificaciones estructurales tanto de los mercados de capitales como de las normas y la estructura de la industria bancaria. La creación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con su sistema de liquidación, y la desaparición de los agentes de cambio y Bolsa, y su sustitución por agencias y sociedades de valores, fueron las primeras reformas en profundidad. A estas le siguieron un conjunto de modificaciones en la normativa financiera dirigidas a mejorar el sistema de supervisión e intervención de entidades financieras por parte del Banco de España. En 1992, con la Ley de Autonomía del Banco de España que presentó el Gobierno en las Cortes, culminó el mayor proceso de transformación del sistema financiero español.

Desde el ministerio estudiamos con interés la experiencia de países como Australia y Nueva Zelanda, que estaban transformando las agencias para vigilar la competencia e informar sobre fusiones, o sobre las ayudas estatales, así como el desarrollo de oficinas presupuestarias. Con estas experiencias en la cabeza, propuse a Miguel Ángel Fernández Ordóñez para presidir el Tribunal de Defensa de la Competencia, que era un órgano que existía desde hacía tiempo pero que apenas había tenido relevancia hasta aquel momento. Fernández Ordóñez hizo los primeros informes sobre sectores de actividad en los servicios regulados (notarios, colegios profesionales, etc.), que luego, con la creación de las comisiones de Competencia, Energía, Telecomunicaciones, mejoraron —y lo siguen haciendo— la trasparencia en el ejercicio de la libre competencia de los mercados y la calidad en la regulación de los mismos.

La existencia de agencias, que deben ser públicas en el sentido de que persiguen intereses públicos, pero, al mismo tiempo, tienen que estar alejadas de la Administración, ya que pueden juzgar también los actos administrativos, resulta bastante compleja. No era fácil meterlas en el corazón de una Administración interventora —agresivamente interventora— como era la española. De manera que los propios ministerios que se veían afectados se resistieron a su creación. Todavía estamos en el proceso de mejora de las instituciones, de su transparencia y de su funcionamiento. En ese sentido, a raíz de esta última crisis ha sido muy importante la creación de la supervisora de las cuentas fiscales, la AIReF [Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal], que debería servir de base para crear una auténtica oficina presupuestaria en el seno del Parlamento.

Son también destacables las medidas de carácter precautorio y macroeconómico sobre la concentración de riesgos en la banca, o sobre la escalada de los precios de los activos que se han aprobado también a consecuencia de la crisis financiera en estos últimos años. Todo eso viene bien y ayuda a mejorar la calidad de la dirección de la política económica y a tratar de prever y precaverse frente a fenómenos indeseables.

Finalmente, con la creación de la Agencia Tributaria en 1992 culminó un largo y fructífero proceso de organización de una Administración fiscal seria y moderna. Cuando llegué al Ministerio de Hacienda en 1985, los declarantes del impuesto sobre la renta eran algo más de seis millones; cuando me fui superaban los 13 millones.

LA REFORMA FINANCIERA

Conforme se producía este despliegue normativo, propuse a Felipe González privatizar la banca pública, cuya utilidad era escasa y cuyos inconvenientes eran múltiples. Para ello formamos un conglomerado, con el Banco Exterior a la cabeza, de todas las instituciones del crédito oficial, transformando el ICO y reduciéndolo a una agencia oficial de crédito para ciertas operaciones. Todas las demás instituciones pasaron a formar parte de un banco que luego habría de llamarse Argentaria y que, una vez en Bolsa, permitió más adelante un proceso de privatización que puse en marcha antes de dejar el ministerio.

En los primeros años noventa, el Estado sacó a Bolsa paquetes accionariales tanto de Argentaria como de Repsol y Endesa en una decisión política de reducción de los grupos de empresas públicas del INI y de la Dirección General del Patrimonio. Beneficiándose de que en la época se estaban produciendo procesos privatizadores en los mismos sectores en Latinoamérica, estas antiguas empresas públicas, o predominantemente públicas, aprovecharon la ocasión para invertir en los correspondientes sectores en Argentina, Chile, Brasil o México, como también hacen los principales bancos, generando así las primeras empresas multinacionales de la historia de España, tanto financieras como no financieras.

Pero bastante antes de que se produjera esta metamorfosis de grandes empresas públicas en actores internacionales en un mundo crecientemente globalizado, hubo que hacer cambios importantes en las normas y reglas del juego que ordenaban el sector bancario y las finanzas públicas y privadas de España. Ya me he referido a ellos, pero desearía detenerme un poco más para explicarlos con mayor detalle.

Todo empezó al poco de llegar yo al Ministerio de Hacienda. Había necesidad de buscar nuevos canales de financiación del Tesoro mediante la emisión de deuda pública. La fuente de financiación del Banco de España no podía seguir funcionando si no era con grave daño para la financiación privada necesaria para la recuperación económica que se había iniciado al calor de la entrada en la CEE.

Empezamos con la creación de letras del Tesoro y otros títulos, que deberían emitirse a un tipo de interés de mercado, lo que implicaba una competencia brutal en la captación de pasivos con la banca. Si la letra del Tesoro a tres meses pagaba un 10 % anual, el banco que deseara mantener un depósito en la banca a tres meses, debería pagar lo mismo, lo que era imposible legalmente, ya que los tipos de interés no estaban liberalizados. La única manera de conseguirlo consistía en cambiar la legislación para liberalizar los tipos de interés del pasivo. El problema era que, si liberalizábamos los tipos de interés del pasivo, había que hacerlo también con los de los créditos en el activo bancario para evitar que los bancos entraran en pérdidas.

De este modo, a partir de las primeras emisiones de deuda pública, en lugar de tener una banca con los tipos de interés de pasivo y activo regimentados, y que ganaba dinero por las buenas, hubo que crear una banca que analizara riesgos y que debía saber elegir activos en condiciones de competencia para asegurar resultados.

Como consecuencia de esta nueva situación y de la preocupación sobre si, dentro de Europa, con los movimientos de capital totalmente libres, la banca española podría resistir la enorme competencia internacional, empezó a transformarse la estructura de la industria bancaria en España. Era una idea que desde hacía tiempo venía madurando, entre otros, el presidente del Banco de Bilbao, José Ángel Sánchez Asiaín, y que frecuentemente la exponía al Gobierno. Cuando decidió pasar de las ideas a los hechos, Sánchez Asiaín fue a ver al presidente González para comunicarle que lanzaría una opa sobre Banesto. El presidente le dijo que viniera a verme a mí, y yo le pregunté si el Banco de España estaba informado. Le dije que si al Banco de España le parecía bien, yo no me opondría. De hecho, el Gobierno hizo público su respaldo a la operación, que, por falta de decisión de sus iniciadores, fracasó ante la resistencia de Mario Conde, que se situó al frente de los antiguos consejeros de Banesto que echaron a López de Letona durante el proceso.

Si alguna ventaja tuvo el hecho de que la opa que lanzó el Banco de Bilbao sobre Banesto en 1987 fuera controvertida, y tema de primera página de los periódicos durante meses, fue que hizo ver a los responsables de las instituciones bancarias que la situación había cambiado de manera irreversible. Que, como dijo con cierta gracia Pedro Toledo [presidente que fue luego del Banco de Vizcaya], «aquí, u opas o te opan». Y esto produjo nuevos movimientos en todos los ámbitos, y por parte de diversos actores, unas veces por inquietudes confesables y otras no tanto. Por ejemplo, «los Albertos» [los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer] deseaban meterse, junto a los kuwaitíes [KIO], en el capital y en el consejo del Banco Central. Eso llevó a Alfonso Escámez [presidente del Central] a buscar un pacto con Banesto y Conde para alcanzar un acuerdo defensivo, que no llegó a producirse porque la razón que tenían para unirse uno y otro era la de huir de los problemas de sus propias instituciones y protegerse frente a la opinión negativa que tenía el Banco de España de ellas, y no tanto estudiar una auténtica estrategia de consolidación.

El proceso de fusiones pasó por muchos vericuetos desde una perspectiva histórica. Hubo, en mi opinión, tres fases. La primera se inició con el intento de compra del Banesto por el Bilbao, que fracasó, pero puso en marcha todo el asunto. No pasaron más que seis meses y se produjo la fusión Bilbao-
Vizcaya como alternativa, así como el intento ya citado entre el Central y Banesto, que terminó en nada. La segunda fase se inició con la citada creación de Argentaria por parte del Gobierno en 1991. Al poco tiempo, se llegó a un acuerdo de fusión entre los bancos Hispano y Central, inquietos porque Argentaria era un banco casi del tamaño del Bilbao-Vizcaya. Banesto, por su parte, cada vez estaba más solo y más incómodo. Santander también quería hacer algo, pero no veía cómo… Y le llegó la oportunidad en la tercera fase, que se inició en 1993-1994, con la intervención de Banesto por el Banco de España y la subasta para ver quién se lo quedaba. Esta la ganó el Banco Santander. A partir de ahí, hay cuatro grupos bancarios importantes: el público Argentaria, el BBV, el Central-Hispano y el Santander-Banesto. Las últimas modificaciones llevaron al Santander a integrarse en el Central-Hispano y al BBV a quedarse con Argentaria, pero esto ya ocurrió con el Partido Popular en el Gobierno.

Tras el fracaso de la opa del Bilbao sobre Banesto, cuando Mario Conde se había quedado como presidente de este último, un día me comunicó que a una serie de personas —y sabía que yo les tenía aprecio, porque era próximas al PSOE [Paulina Beato, Juan Belloso y Antonio Torrero], además de muy buenos profesionales— las iba a incorporar al Consejo de Administración. Me alegró saberlo, pero la noticia no me tranquilizó nada, porque los informes del Banco de España sobre la entidad seguían siendo preocupantes. Banesto arrastraba problemas importantes que Conde trataba de resolver por la vía de generar dinero con la revalorización de activos en lugar de enfrentarse a ellos. ¿Cómo se genera dinero de la nada? Pues cogiendo los activos apuntados en libros a precio de compra y poniéndolos a precio de mercado. Esto solo se puede hacer vendiéndolos y pagando las correspondientes plusvalías. Pero si no quieres venderlos ni tampoco pagar impuestos, la solución es venderlos artificiosamente a una corporación del banco creada para tal efecto (la Corporación Industrial Banesto). El nuevo traslado permitía que lo que estaba valorado a 100 figurara ahora a 300, con 200 de beneficios. Pero, en realidad, no se había hecho nada por resolver los problemas del banco. Lo que había que hacer era ajustar los costes, sanear la inversión en Tierras de Almería, y el balance del Banco Coca… Eso es lo que Conde debía resolver.

De cualquier manera, Conde, con el proyecto de la Corporación en la agenda, presionó por todas las vías que encontró, porque esa era su manera de entender las cosas, para que se aprobaran desde Hacienda unas fuertes exenciones fiscales que hicieran rentable la operación de traslado de los activos a la Corporación. Porque, si no se consideraban exentas las plusvalías que se producían por trasladar una inversión del activo del banco al activo de la Corporación, él no ganaba lo previsto, puesto que Hacienda le exigía un porcentaje muy elevado de esas plusvalías. Conde deseaba una exención total. Yo le dije que no podía ser, porque el fisco no podía renunciar a gravar esos beneficios, aparte de que yo no creía mucho en esa Corporación. Pero tampoco deseaba dar la impresión de que me oponía por razones personales. A la vista de que no convenció al Banco de España y de que yo no estaba por la labor de darle todo lo que pedía, Conde optó por tratar de ganarse aliados en el PSOE. Visita en La Moncloa al vicepresidente Alfonso Guerra, habla en Ferraz con Txiki Benegas [secretario de Organización del PSOE] y hace lo posible y lo imposible por crear un cerco de presión en torno a mí.

Al final la cosa se resolvió con un porcentaje exento mucho menor de lo que pedía. ¿Es posible que fuera lo que él tenía en la cabeza y por eso pedía más? Puede ser. A mí me pareció que era bastante razonable dividir las plusvalías de manera que la mitad estuvieran exentas y la otra mitad tributaran, como se había hecho en operaciones parecidas anteriormente. ¿Qué pasó? Que la operación al final se quedó en casi nada, porque la segunda parte consistía en sacar la Corporación a Bolsa, que era cuando se hacía caja, y se encontró con una Bolsa que, después de la crisis de 1991 y el estallido de la Guerra del Golfo, no prestaba ya una buena acogida a esas operaciones.

5
MAASTRICHT Y EL CAMINO HACIA EL EURO

Los primeros noventa son los años que conducen directamente a Maastricht. En aquella época, el papel de España en la orientación de las decisiones intraeuropeas era ciertamente importante. Felipe González fue quien consiguió la creación de los fondos de cohesión, como compensación al establecimiento de la moneda única y al esfuerzo que suponía para los países más pobres y menos competitivos. En los siguientes quince años, a España esto le supuso una cantidad gigantesca de recursos. Aunque esté mal decirlo, yo mismo tuve una influencia considerable en la configuración del euro y en parte del Tratado de Maastricht, con la ayuda de Pedro Pérez, secretario de Estado de Economía, y de Manuel Conthe, director del Tesoro. El papel de España en la CEE de los doce era apreciado y seriamente respetado. La llegada del Gobierno de Aznar y sus aproximaciones al eje atlántico (Estados Unidos-Reino Unido) cambiaron significativamente esta situación, sobre todo con el inicio de la Guerra de Irak.

Fueron años en los que se nos miraba de manera muy positiva en la UE, y nosotros aprovechábamos esto para tratar de influir pensando tanto en los intereses de la Unión como en los nuestros. Mientras se avanzaba hacia Maastricht, empezaron a surgir dudas y dificultades en el proyecto de la Unión Económica y Monetaria que no tenían tanto que ver con la dialéctica del proceso como con los cambios que se estaban produciendo en las circunstancias externas. En primer lugar, estaba el cambio en la coyuntura económica internacional como consecuencia de la recesión que se inició en Estados Unidos después de la Guerra del Golfo, en 1991-1992. No duró mucho, pero fue una recesión relativamente profunda que acabó con la presidencia de George Bush padre y facilitó la llegada de Bill Clinton en 1993 («Es la economía, estúpido»).

Otro cambio, mucho más importante y relevante para nosotros, fue el proceso de reunificación de Alemania. La reunificación fue un gran logro histórico presidido por un hombre, Helmut Kohl, que fue un historiador. A pesar de ser un conservador serio partidario de los equilibrios económicos, Kohl creía que con la caída del muro de Berlín había llegado el momento de unificar un país que había sido dividido tras la Segunda Guerra Mundial. Y, por tanto, las consideraciones económicas —por muy importantes que fueran— debían subordinarse al gran objetivo histórico.

Esto supuso, primero, que había que dar contrapartidas a los alemanes orientales para atraerlos al nuevo Estado. Por ello, se estableció una relación de cambio del marco alemán oriental con el occidental de uno a uno, lo que era un disparate económico, ya que, en los mercados, la cotización era de uno a cuatro o de uno a cinco. En segundo lugar, hubo que mandar grandes cantidades de recursos al Este para rehacer toda la industria, que estaba achatarrada. En tercer lugar, había que crear infraestructuras. En aquella Alemania Democrática no existían autopistas y los teléfonos eran un bien de lujo, por lo que era urgente crear toda una red de transportes y telecomunicaciones modernos. Y, finalmente, como la industria estaba arruinada y la gente se quedaba sin empleo, se planteaba la alternativa de, o bien dejar que los alemanes orientales se trasladaran a la parte occidental a buscar trabajo, o bien establecer un generoso subsidio de desempleo para el que, como es natural, nadie había cotizado, con el fin de que se quedaran en sus lugares de origen.

En resumidas cuentas, todo suponía un aumento gigantesco del gasto público, parte del cual se ocultó a través de la creación de la empresa de transformación económica, la Treuhand, a la que permitieron hacer sus cuentas aparte del Presupuesto con el objetivo de llegar a un equilibrio en diez años. La otra parte del esfuerzo integrador, sin embargo, fueron gastos presupuestarios inmediatos, como las inversiones públicas necesarias o las subvenciones del desempleo. La consecuencia fue que Alemania entró en un déficit público importante y, con ayuda del inflado tipo de cambio del marco oriental, en un proceso de inflación. Por primera vez en la segunda parte del siglo XX, Alemania tenía una inflación más alta que España y que la media europea.

Finalmente, todo ello llevó a la subida de los tipos de interés por parte del Bundesbank [Banco Central Alemán], lo que tuvo dos efectos. El primero fue que la recesión, que en cierta medida ya se estaba contagiando desde Estados Unidos a Europa, con la subida de los tipos de interés alemanes se profundizó dentro de Europa, y eso empezó a crear problemas. La segunda fue que los nuevos tipos de interés indujeron un tipo más alto de cambio del marco alemán y, de acuerdo con los compromisos del SME [Sistema Monetario Europeo], arrastró los tipos de cambio frente al dólar de todos los demás socios. Ahí es cuando se vio que algunos estábamos desnudos. Porque Alemania sí podía soportar un tipo de cambio más alto, pues tenía una balanza de pagos muy favorable, pero quienes teníamos déficit por cuenta corriente (Inglaterra, Italia, España…), no podíamos. Era imposible creer que la peseta se apreciara frente al dólar en esas condiciones. En consecuencia, al no avenirse los alemanes a subir el tipo de cambio frente al SME o a bajar los tipos de interés, empezaron a producirse las devaluaciones en cadena y con ello vino la debacle general del SME.

Cuando, a finales de 1991, se firmó Maastricht, los firmantes conocíamos cuál era el horizonte de una sola política monetaria y los problemas que podía plantear su coexistencia con la multiplicidad de Haciendas nacionales, aunque ninguno pensábamos que pudiera llegarse a las contradicciones a las que hemos llegado con la crisis financiera actual. Si a mí me dicen en la época —y yo creo que a cualquiera en Europa— que un país de la Unión Monetaria iba a tener un problema de repudio de su propia deuda, habría contestado que estaba hablando de situaciones inimaginables, de cosas que no podían ser. Pero sí pudieron ser, como vimos en el caso de Grecia. Entonces era impensable que pudiéramos llegar a una situación en la que un país avanzado, como los que formaban parte de la membresía de la Unión Monetaria, pudiera tener ese problema y hubiera que evocar, para hacer coincidir bien los intereses fiscales y los monetarios, la idea de la mutualización de la deuda de los distintos países o la creación de una deuda global europea.

Sin embargo, dentro de esas limitaciones, yo diría que en 1992, cuando se aprobó el Tratado de Maastricht, España era un país cuyo sector financiero funcionaba tan bien como cualquiera de la CEE, desde el punto de vista de la estructura de mercado y de las instituciones y regulaciones en el ámbito estatal. Aunque claramente estaba por detrás, por ejemplo, del Reino Unido, estaba mejor que Francia y Alemania en muchos sentidos, tan bien como Holanda y mucho mejor que Italia. España era un país que se había modernizado en este y otros sentidos. Y, además, se había aproximado también en la renta per cápita, que pasó de ser el 70 %, en 1985, al 85 % de la media de los Doce en 1992. La España que firmó el Acuerdo de Maastricht era un país que, evidentemente, había ido mejorando el nivel de vida y transformado sus instituciones, que eran perfectamente homologables a las de los países de la CEE, y, en mucho casos, más modernas y funcionaban mejor en ciertos aspectos, quizá porque se habían diseñado más tarde.

CRISIS DEL SISTEMA MONETARIO EUROPEO (SME) Y DEVALUACIONES

En estas circunstancias, en el otoño de 1992 comenzaron las devaluaciones de las diversas monedas —incluida la peseta— como consecuencia de los graves problemas que quedaron al descubierto con la tensión que generó el proceso de unificación de Alemania. En octubre de 1992, me llamó Norman Lamont, que era el canciller del Exchequer británico [Ministerio de Hacienda], para decirme que ya no podía aguantar el cambio de la libra esterlina ante la especulación bajista del mercado. Le pregunté si iba a pedir un realineamiento de los cambios y me respondió: «No, Carlos, no me has entendido, digo que dejamos el Sistema Monetario Europeo». La primera impresión era que, si no aguantaba la libra, la peseta saldría también del SME. Italia retiró la lira —no tuvo ninguna duda—, pero nosotros estábamos convencidos de que el problema se resolvería con más integración política y económica en Europa y no con menos. Así que nos quedamos.

Más tarde [Carlo Azeglio] Ciampi [que fue gobernador del Banco de Italia, además de ministro de Hacienda y presidente del Consejo de Ministros de Italia] me reconoció: «¡Qué inteligentes fueron ustedes quedándose! Usted no sabe lo que es ahora en Italia convencer a la gente de las cosas que hay que hacer para volver». Claro que no lo hicieron, y volvieron por la puerta de atrás, porque Italia es demasiado grande como para dejarla fuera de la Unión Monetaria, pero siguieron sin resolver sus problemas, que hoy todavía les persiguen.

Pero lo cierto es que teníamos una situación desbordada con aquellos tipos de cambio fijos que no había quien los mantuviera en el corto plazo. Al final, ¿qué pasó? Pues que lo que no subió el marco frente a los demás lo fuimos bajando todos frente al marco. Como en Diez negritos, fuimos muriendo uno tras otro hasta que todos devaluamos frente al marco, con la excepción de Francia, porque, por acuerdo de los dos Gobiernos, el Bundesbank sostuvo el franco francés con un apoyo crediticio ilimitado al Banco de Francia.

España, a pesar de las devaluaciones, siguió siendo, sin embargo, un país perfectamente respetable. Nadie pensó entonces que fuera el enfermo de Europa para el que se había acabado toda la confianza, como ocurrió entre 2011 y 2013. El trato que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy con la Comisión Europea y la desconfianza generalizada no se dieron en 1993-1994. Es verdad que aquella crisis tuvo menor entidad, pero nadie pensó que España arrastrara un problema particular; nadie pensó que hubiera cosas inconfesables en nuestras finanzas ni que España se hubiera beneficiado de manera extraordinaria o hubiera administrado de manera imprudente una situación de vientos favorables. No, no pasó nada de todo eso, lo que es muy satisfactorio, porque fue uno de esos casos en que vimos que, ciertamente, nos tocó la crisis como a otros países de Europa, pero que también la estábamos superando como ellos.

De hecho, entre las devaluaciones, que supusieron la mayor parte del ajuste, más el decretazo que iniciamos con el gasto de la Seguridad Social y que luego continuó Juan Antonio Griñán [ministro de Trabajo entre 1993 y 1996] cuando yo ya estaba fuera del Gobierno, estaban sentadas las bases de la siguiente recuperación, que se fue produciendo poco a poco, y en la que, vigilando seriamente también el gasto público, el aumento de ingresos del Estado (como pasó entre 1985 y 1991) permitió bajar el déficit, que llegó a ser del 7 % en 1994-1995, hasta el 1 % en 1999.

Las devaluaciones, que en el caso de España estaban justificadas por el crecimiento excesivo de la demanda, entre 1987 y 1991, se hicieron más fuertes como consecuencia del proceso de unificación de Alemania, que podría haberse resuelto en cierta medida con una revaluación del marco.

La combinación de la pérdida de credibilidad de la peseta a través del proceso de devaluaciones, exagerada por la falta de cooperación alemana, hizo que la recesión, que ya se había trasladado a Europa, fuera aún más profunda y que volviera a crecer el desempleo. De manera que este pasó del 13 % en 1990 al 19,6 % en 1994, al final de la recesión, según las cifras del INE [Instituto Nacional de Estadística]. Es decir, la tasa de desempleo aumentó prácticamente un 50 %.

Pero es interesante señalar que, en la época —y después de comprobar que todas las monedas acabaron devaluándose frente al marco, porque era inevitable que así ocurriera, y algunas hasta tres veces (como la peseta), mientras que la lira y la libra se quedaron fuera del SME—, la conclusión que sacaron los europeos de aquella crisis no fue que nos habíamos adelantado a nuestro tiempo en Maastricht haciendo la Unión Monetaria, sino todo lo contrario; es decir, que lo que debía hacerse era acelerar el proceso de creación del euro porque los problemas de devaluaciones competitivas que estábamos teniendo no sucederían con una moneda única. La otra cara de esta decisión era que, cuando hubiera diferencias competitivas entre países, la forma de corregir los desequilibrios debería ser a través de devaluaciones internas, que es algo que solamente hemos comprobado en toda su dureza en la recesión última.

RECUPERACIÓN E IMPULSO

A finales de 1994, la economía en Europa empezó a tirar al tiempo que Estados Unidos recuperaba tasas de crecimiento importantes. Y en la medida en que tanto los montos de deuda pública como el déficit de algunos países (particularmente de España) empezaron a ser compatibles con los llamados criterios de Maastricht y se vislumbró que España podría estar desde el primer momento en la Unión Monetaria Europea, comenzó a producirse algo que, sin duda, fue el factor de desarrollo más importante de los últimos treinta años, tan importante o más que lo que representó la entrada en la UE en 1986 y que se concretó en la bajada sistemática de tipos de interés y su alineación con los alemanes, con una prima de riesgo tendente a cero.

Lo cierto es que el conjunto de las devaluaciones, el reajuste a través del famoso decretazo del gasto de la Seguridad Social, sobre todo en desempleo, y las negociaciones salariales, por primera vez mucho más realistas (es decir, teniendo en cuenta el problema que representaba la pérdida de competitividad que nos había llevado a las sucesivas devaluaciones), crearon la situación a partir de la cual la economía española podía comenzar a recuperarse, cosa que se produjo desde 1995. Se llevó a cabo una política fiscal que permitió que el déficit público se fuera acercando al 3 %, que era el umbral de Maastricht. Tan pronto como esto ocurrió y la inflación se moderaba, se dieron las condiciones para que España pudiese entrar en la Unión Monetaria desde el inicio, como yo había apostado siempre.

Antes de que se llegara a la última fase de unión monetaria, en 1999, con la creación del euro, los mercados daban por descontado que España formaría parte de ella.

Todo ello condujo a una situación muy confortable, con tipos de interés muy bajos y, al mismo tiempo, una ratio de deuda pública/PIB que disminuía. Esto resultaba totalmente novedoso en el país por tres cosas. La primera, porque las expectativas de inflación se redujeron y se acordaron salarios más bajos (a lo largo de este periodo, desde 1993 hasta ahora, la remuneración por asalariado en términos reales, dicho sea de paso, no ha crecido nada). En segundo lugar, por primera vez se tenía la sensación de que existía una moneda fuerte, el euro, muy identificada con el marco alemán, y desapareció el problema de la inestabilidad cambiaria de la historia moderna de España, que hacía que siempre se tuviera que pagar una prima en los tipos de interés. Y la tercera era que, como consecuencia de la desaparición de esa prima y de la bajada de la inflación, los tipos de interés descendieron a niveles que hacían extremadamente barata la financiación de cualquier inversión.

Esto produjo un impulso impresionante de la inversión, hasta el punto de que la formación bruta de capital fijo llegara a representar el 30 % del PIB, la mitad del cual estaba relacionada con las obras públicas y la vivienda (es decir, la construcción), pero la otra mitad, que no es nada despreciable, con la inversión de bienes de equipo de todo tipo (tanto en la industria como en los servicios o en la agricultura). Se produjo así una situación que permitía por primera vez un periodo muy largo de crecimiento económico sin apenas fluctuaciones cíclicas.

Fue una época interesante porque esto no pasó solo en España. La estabilidad cambiaria sobre esquemas flexibles a nivel mundial era mucho mayor de lo que había sido en las tres últimas décadas, desde la quiebra de Breton Woods, e incluso algunos llegaron a soñar con la idea de que se habían acabado los ciclos económicos y las crisis financieras.

Todo esto se tradujo también en un aumento enorme de la riqueza de los españoles, que es lo que impulsaría la economía a lo largo del periodo que va de 1996 a 2007. La falta de recesiones significativas durante ese tiempo fue tan importante que la gente, como he señalado, incluso llegó a acariciar la idea de que el ciclo económico como tal había desaparecido. Si había desaparecido el ciclo, que generalmente viene explicado como consecuencia de las fluctuaciones de la demanda, entonces es que el crecimiento económico se explicaba exclusivamente por los factores de oferta. Es decir, el crecimiento de la población, el crecimiento del capital, el desarrollo tecnológico y la eliminación de los factores estructurales que dificultaban el crecimiento, ya sea por la reforma del mercado de trabajo, la introducción de mayor competencia en los mercados de bienes o cualquier otro factor, como la mejora en las instituciones de Gobierno o de la supervisión de los bancos y otros sectores regulados.

España vivió unos años extraordinariamente positivos, con el viento a favor. Pero también en esos años comenzó a producirse una acumulación de desequilibrios. Los primeros fueron los crecimientos de la demanda interna, muy superiores a los de la producción. La inversión llegó a alcanzar el 30 % del PIB en 2005, mientras que el ahorro se situó entre el 20 % y el 22 %. Este desequilibrio, que no es sino la otra cara del déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente, llevó a una situación financiera delicada que en cierta medida pasó desapercibida, ya que se pensó que el déficit por cuenta corriente de España
—que con la peseta llevaba, tarde o temprano, a su devaluación— ahora con la moneda compartida no tenía por qué ser así, ya que la debilidad o fortaleza del euro dependería del déficit de la eurozona.

La situación se fue prolongando y se fueron acumulando unos déficits brutales, aumentando así la deuda de España con el resto del mundo. La mayor parte de la financiación se produjo mediante la emisión de pasivos bancarios que suscribían los otros bancos de Europa y del resto del mundo, y aumentaban el activo de la banca española a unos niveles claramente amenazantes, sobre todo cuando tras la crisis de las llamadas hipotecas subprime de Estados Unidos la desconfianza entre los bancos se extendió, y cesó el flujo de financiación interbancario, del que se había hecho totalmente dependiente la banca española. Para entonces, al menos el 40 % de los activos de la banca no estaban respaldados por depósitos de su clientela, sino por créditos de otros bancos o por suscripciones de títulos emitidos por la banca contra diversas garantías.

6
LOS EXCESOS MACROECONÓMICOS Y LA CRISIS FINANCIERA

Esa situación trajo consigo una acumulación de problemas que en un momento determinado estalló, sin que nadie pudiera decir —ni entonces ni después— que ya lo había advertido. Se rompe por donde se suele romper cuando existe un exceso de inversión sobre el ahorro general o cuando la demanda de fondos prestables es mayor que la oferta, porque esa situación lleva a un incremento exagerado de los activos bancarios, activos que no todos son tan seguros como debieran. Y, al mismo tiempo, empresas y familias llegan a unos niveles desmesurados de endeudamiento en relación con su capacidad de generar renta para hacerles frente.

Después de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, se extendió una desconfianza generalizada en la solvencia de los bancos europeos que habían podido adquirir los títulos que tenían a las subprime como respaldo. La banca española tenía una posición muy débil debido al crecimiento de las hipotecas, muchas de ellas no muy seguras, sobre todo las que respaldaban los excesivos riesgos en promoción inmobiliaria y financiación de suelos. Tan pronto como se puso en duda la posibilidad de refinanciar esos créditos, la propia banca tuvo que liquidar sus activos, con lo que empezaron a caer los precios de los inmuebles, produciendo un cierto pánico, así como se redujo al mínimo la actividad de la construcción a lo largo de la gran recesión.

Cuando se leen las memorias de los responsables de la Reserva Federal [banco central de Estados Unidos] de la época, se constata que eran perfectamente conscientes de que no todos los riesgos de la financiación de la compra de vivienda por la extensión de las subprime eran de una calidad suficiente. Si seguían tolerándolo era porque la adquisición de viviendas por parte de los más pobres estaba dotando, a través de la extensión de la propiedad de la vivienda, de una solidez a la clase media y a la economía muy importante. Esta era la tesis de Alan Greenspan [presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006], que era perfectamente consciente de que hasta el 50 % de los préstamos hipotecarios del país eran subprime o de categoría inferior a lo que debería ser normal.

En el caso de España, las entidades que se encontraban en peores condiciones eran las cajas de ahorros y, entre los bancos, los que trabajaban exclusivamente en el territorio nacional más que los que lo hacían en diversos mercados. No obstante, los mercados internacionales pensaban que toda la banca española estaba al borde de la quiebra en 2010-2011. Pero, antes de entrar en el manejo de la crisis bancaria y la gran recesión en España, creo que se impone hacer un juicio de la política económica desde 1996, cuando llega el PP por primera vez al poder, y esas fechas de 2010-2011.

El Gobierno del PP, a lo largo del periodo 1996-2004, aprovechó bien la situación favorable de crecimiento, aunque no introdujo grandes cambios ni transformaciones significativas. De hecho, hizo un simulacro de reforma del mercado de trabajo que no resolvió nada. Pero es verdad que, como administró con prudencia los nuevos ingresos tributarios que provenían del crecimiento y redujo el déficit y la ratio de deuda sobre el PIB. Llevó a cabo una administración razonable, pero sin hacer ninguna transformación social significativa, como cabe esperar, por otro lado, de un partido conservador. En ese sentido se notó que el proceso de avance, tanto en la remuneración media por empleado como en el gasto social que había habido hasta 1993-1994, se detuvo totalmente.

En general, el sector privado del país avanzó de manera más bien eufórica, pero acumulando el problema de la inflación diferencial con el resto de Europa y un déficit de balanza de pagos que en 2004 ya era del 5,6 % y que durante el primer año del Gobierno del PSOE de Zapatero era del 7,5 %. Es decir, se perdió competitividad, y era el enorme crecimiento de la inversión, sobre todo en construcción, el que explicaba el crecimiento económico. Al mismo tiempo, la inversión pública en ferrocarriles, aeropuertos y autopistas de peaje adquirió visos faraónicos que generaron problemas en el futuro.

Es preciso reconocer que fueron años de crecimiento, pero no de transformación social, como sí lo habían sido los años socialistas. La sociedad no se hizo, en mi opinión, ni más justa ni más moderna. Al contrario, en materia de educación y de desarrollo de derechos civiles, así como en política exterior, España pasó a ocupar un lugar importante entre los países más conservadores.

Esto es lo que heredó el PSOE cuando llegó al Gobierno en 2004. Un Gobierno socialista en el que competían dos puntos de vista sobre lo que había que hacer. El de Hacienda, que buscaba con la mayor discreción bajar el déficit, y el de los demás, que consistía en aumentar el gasto público, cosa que consiguieron en la mayoría de los casos. Rozando a veces el populismo, con políticas del Estado de Bienestar ambiciosas pero para las que no había recursos, o como el indiscriminado cheque al nacimiento, cuando esa nunca había sido una política socialista, o con una política exterior de gastos que financiaba organismos internacionales como si fuéramos ricos y diéramos dinero para todo a cambio de nada, o de propuestas insustanciales, como la Alianza de Civilizaciones.

Es cierto que, dentro de la política exterior, rectificamos un grave error político del PP, que fue transformar lo que siempre había sido nuestra posición europeísta en una atlantista, próxima a Reino Unido y Estados Unidos, que nos llevó a las Azores [reunión entre los presidentes de Estados Unidos y los primeros ministros de Reino Unido, Portugal y España] y, de ahí, a la Guerra de Irak. Eso lo recondujo, no sé si bien o mal, José Luis Rodríguez Zapatero, pero esta rectificación no supuso recuperar el papel importante en Europa que le habría correspondido a España y que, de haber seguido la política de nuestros tiempos, habría alcanzado. El presidente Rodríguez Zapatero prefirió impulsar iniciativas como la Alianza de las Civilizaciones, cuyo principal aliado, y esto es un poco sarcástico, fue alguien como Erdogan [presidente de Turquía]. Con esto quiero decir que se podía haber corregido mejor el déficit público, no a costa de reducir gastos sociales en los primeros años, pues no era preciso, sino con una política exterior más inteligente y menos despilfarradora, atemperando el ritmo al que se podrían producir determinados cambios en las políticas sociales y atendiendo con mayor cuidado a los problemas que se podrían generar en las finanzas de las Comunidades Autónomas.

Al mismo tiempo, es evidente que desde 2004 empezó a cambiar la forma de hacer política. Es decir, la acción política abandona los procesos, las ideas, los proyectos y los debates y se convierte en algo más de fotos, gestos, alineamientos… Es esa época posmoderna en la que, obsesionados por la corrección política de los colectivos «víctimas», todo el mundo quiere quedar bien con todo el mundo, corriendo el riesgo de olvidarse de los grandes problemas generales para dedicarse a los de las minorías, que tienen el valor que tienen, y que no es poco, pero se difumina así el debate político de la nación, como ocurre con la nefasta forma en que tanto el Gobierno como el PP llevan el tema del nuevo Estatuto de Cataluña. Y así, entre aquellas alegrías económicas y este debate político inane, se llegaba a 2010, cuando ya era indispensable por parte del Gobierno de Zapatero reconocer una situación de crisis económica brutal ante la que había reaccionado mal, enfrentándose a ella de manera insuficiente y cayendo en análisis voluntaristas.

Cuando el G-20 se reunió a finales de 2008 y principios de 2009, reconoció que la confianza en el sistema bancario y los propios tipos de interés, ya bajos, habían limitado en gran medida el campo de actuación de la política monetaria. Por otro lado, aunque había desequilibrios de la balanza de pagos, no era la situación de los cambios a nivel mundial el principal problema de esta crisis, y el G-20 llegó a la conclusión de que la mejor manera de luchar contra ella consistía en hacer una política fiscal más expansiva. Esto lo siguieron pede litere Reino Unido y Estados Unidos y, en alguna medida, aunque sin éxito, Japón. Pero no tanto Europa. En España, el Gobierno, confiado en el bajo nivel de nuestra deuda (34-35 % del PIB) también apostó fuertemente por la política fiscal expansiva, que, conociendo la enorme elasticidad de los ingresos tributarios y de las cotizaciones sociales conforme a la marcha de la actividad económica, a algunos nos pareció muy arriesgada.

Aquel plan de Zapatero de inversión en infraestructuras, muchas de las cuales no eran necesarias y en algunos casos probablemente inconvenientes, junto con la enorme caída de los ingresos fiscales, nos llevó en dos años a una situación de deterioro del saldo de las cuentas públicas, pasando del 2 % de superávit a más del 11 % de déficit. Eso produjo una situación imposible de manejar, porque ¿cuáles son las perspectivas de un país en el que ha bajado siete u ocho puntos del PIB la recaudación y ha aumentado el gasto en tres o cuatro puntos? Las propias autoridades norteamericanas avisaron a Zapatero del peligro y le conminaron, junto con el BCE, a cambiar la orientación del tratamiento de la crisis, lo que condujo a las medidas de ajuste de mayo de 2010. Entre ellas, la reforma de la edad de jubilación, que fue una de las cosas buenas que hizo aquel Gobierno, la congelación del gasto público y los salarios de funcionarios, y una serie de medidas extremadamente impopulares. Por otra parte, al no reconocer la situación de grave crisis, el país no se había preparado para afrontarla, y ni el propio Zapatero, cuando se subió a la tribuna para defender sus medidas, dijo que fuera un plan que le gustase defender. De modo que se desató una gran desconfianza hacia el Gobierno y una impopularidad creciente que desembocó en los resultados electorales de 2011, que fueron el justo castigo a la incapacidad de un Gobierno para hacer frente con coraje a una situación crítica.

Si en el ámbito del desarrollo de los derechos ciudadanos (matrimonio gay, Ley del Aborto, Ley de Dependencia), el segundo periodo del PSOE en el poder es importante, desde el punto de vista económico los resultados son más pobres. Seguramente habrían sido mejores de no haberse desatado la crisis, pero, en cualquier caso, aunque la crisis no hubiera adquirido la profundidad que adquirió, los problemas que teníamos en casa (en particular, el del exceso de crecimiento de los activos bancarios financiados, no por los depósitos recurrentes, sino por la apelación a los mercados de financiación internacionales, más la acumulación de déficit de balanza de pagos y la pérdida de competitividad) también habrían exigido un ajuste brutal en la economía española. Este se impuso a partir de 2010, y en una segunda versión corregida y aumentada como consecuencia de que ya estábamos vigilados y en una situación de monitorización internacional en el año 2012, lo reconozca o no el Gobierno del PP.

VIEJOS DEMONIOS

Con la crisis, España se encuentra una vez más con sus viejos demonios. Por un lado, tiene una inflación por encima de la media del área euro, a la que pertenece, que ya no puede corregirse mediante devaluaciones como se hizo a final de los años setenta, en 1982 o en 1992-1993, porque ya no existe la peseta. Antes al contrario, nuestra moneda, el euro, se está fortaleciendo frente al dólar, la libra y el yen, cuando nosotros en España hemos perdido competitividad porque nuestra inflación y nuestros costes llevan una década creciendo por encima de los de nuestros competidores, y si queremos corregirlo ahora, tendrá que ser por la vía de la reducción de los costes laborales unitarios.

Cuando se trata de corregir ese problema y, al mismo tiempo, el déficit público se ha disparado por la caída de los ingresos públicos en plena recesión y a consecuencia del error inicial de un gasto público exagerado (como hizo el Gobierno de Zapatero), aparece un segundo problema: el desempleo, que crece de manera extraordinaria. Entonces te das cuenta de que el viejo problema sigue ahí con nosotros. Ocurre que el mercado de trabajo no es flexible. A pesar de que, evidentemente, los salarios no crecen como crecían antes, la flexibilidad no es suficiente para evitar el aumento del desempleo. Un aumento que es el más grande de toda la serie histórica: se pasa de una tasa del 8,2 % a una próxima al 27 % en siete años, algo que no se había visto nunca. Es una señal evidente de que continúa habiendo un problema estructural muy grave que se manifiesta cuando aparece una recesión económica. La reducción de la actividad económica en España en los primeros años de la gran recesión no es superior a la de Alemania u otros países vecinos, pero el impacto sobre el paro es dos y tres veces mayor.

El uso poco equilibrado de la política fiscal en el periodo 2008-2010 lleva a un aumento del endeudamiento, cuando se partía de una de las mejores posiciones de Europa en esta materia. En consecuencia, se hace imprescindible la combinación de una política de ajustes del gasto público y de los ingresos, aunque se hace poco en estos últimos, junto a una de transformaciones estructurales, la principal de las cuales es, sin duda, la reforma del mercado de trabajo, sobre la cual se puede decir que su impacto está siendo claramente positivo, así como el saneamiento de la situación de la banca, donde la morosidad llega a tasas superiores al 15 % y en la que la mayor parte de las cajas de ahorro entran en quiebra.

Una de las cosas que hace el Gobierno de Rajoy de manera políticamente eficaz es que, en lugar de aceptar que el país pase a ser controlado por la troika [Comisión Europea, BCE y FMI], como Grecia o Portugal, pide que le dejen solucionarlo a él, pero con una cuenta aparte para resolver la crisis bancaria. Obtiene para ello hasta 100.000 millones de euros de crédito, una cantidad obviamente desmesurada. Visto desde fuera, uno tiene la impresión de que al Gobierno de Rajoy, convencido de que todas las desgracias que pasan en España se las van a anotar los ciudadanos al Gobierno anterior, no le importa exagerar ni el coste de la crisis de Bankia ni las necesidades financieras para hacer frente al salvamento del conjunto del sistema bancario.

Tal exageración pública en la dimensión de la herencia recibida profundiza enormemente la desconfianza hacia España, eleva la prima de riesgo mucho más de lo estrictamente necesario y pone al país en una situación muy delicada durante un largo periodo de tiempo. Lo mismo puede decirse del ataque frontal del Gobierno Rajoy a la política practicada por el Banco de España, que a lo largo de todo el primer mandato (2011-2015) sigue vivo. Porque no solo puede decirse que la relación entre el Ministerio de Economía y el Banco de España no haya sido óptima en esos cuatro años, sino que ha rozado lo inaceptable.

Poco a poco la situación va mejorando, y no me cabe la menor duda de que, para esta mejora, una de las variables críticas ha sido la reforma laboral. Sobre ella se ha discutido bastante, pero es evidente que, cuando se miran las cifras de desempleo en relación con las de actividad, no hay ningún país en Europa, y quizá en el mundo, en el que el aumento del desempleo sea tan sensible a la desaceleración económica como lo es España. Eso quiere decir que hay algo que impide que los precios se flexibilicen lo suficiente como para que el ajuste se haga en parte vía precios y en parte vía cantidad de personas u horas empleadas.

A mí me parece que las grandes líneas de la reforma laboral (la reducción del coste del despido, la eliminación de permiso gubernativo para los ERE, la menor vigencia de los convenios, la desaparición de la ultraactividad de los mismos y el cambio general en las actitudes de trabajadores y sindicatos, que conducen necesariamente a un recorte de los salarios reales) tienen una influencia decisiva para crear empleo y reducir el paro después de que este hubiera llegado a niveles del 27 %.

Sobre la veracidad de las cifras de desempleo en nuestro país habría bastante que hablar. En todos los países existe economía sumergida y, por tanto, las tasas de desempleo suelen estar sesgadas al alza. Pero si uno recorre España puede constatar in situ que hay provincias en las que no hay un 40 % de desempleo, como dicen las estadísticas. Cosa distinta es cómo se ganan la vida los supuestos desempleados y también lo es hasta qué punto el entramado empresarial vive de compartir los costes del factor trabajo con el Instituto Nacional de Empleo o mediante la eliminación de un IVA que con demasiada frecuencia no se paga.

Los últimos años han sido testigos de una reducción muy considerable de las cifras de desempleo, aunque los fenómenos sociales son demasiado complejos como para atribuirlos a una sola causa. Es decir, no habría sido así si la economía no hubiera crecido a más del 3 % en 2015 y 2016, ni tampoco si no se hubiera dado la circunstancia de la caída del precio del petróleo, o si los tipos de interés no estuvieran tan bajos. Todo eso es verdad, pero hemos vivido épocas en las que la economía ha crecido igual y el aumento del empleo era bastante más pequeño que ahora. Haber conseguido acoplar otra vez el crecimiento de la economía con el de las horas trabajadas y el del empleo significa que el nuevo marco legal no es negativo y alguna influencia ha debido de tener, porque con el antiguo se producían crecimientos del empleo mucho más pequeños.

La gente critica, y con razón, que muchas de las nuevas contrataciones son precarias. Sobre la precariedad del empleo, sin embargo, influyen también varios fenómenos. Por ejemplo, habría que ver hasta qué punto en los países modernos no existe, para bien o para mal, un componente muy grande de trabajo de carácter temporal o a tiempo parcial. Está disminuyendo, por otra parte, el empleo en la industria, donde parece razonable concentrar la fuerza del trabajo en los mismos horarios fijando turnos. Cuando murió Franco, el empleo en la industria representaba el 28 % del total, y ahora solo es del 14 %. Mientras, en los servicios ocurre al contrario, pues son actividades que a veces están sujetas a la temporalidad y que no siempre requieren la misma concentración especial de gente. Estamos yendo hacia una situación en la que las exigencias de las funciones de producción van a estar a favor de dedicaciones parciales de la jornada y de situaciones laborales de mayor precariedad.

Al mismo tiempo, mucha gente ha alcanzado un nivel de vida tal que desea compatibilizar su trabajo con otras dedicaciones, particularmente con la familia. Cuando tienes en cuenta todo esto es muy posible que el trabajo a tiempo parcial vaya a ocupar un espacio mayor y que haya muchos menos contratos de esos que supuestamente duraban toda la vida laboral. A esto ayuda que, en los servicios, el componente humano cada vez es menos importante y está siendo sustituido por instrumentos mecánicos y telemáticos. A mí no me sorprendería mucho que ese empleo que llamamos precario se manifieste de otra manera en otros países. La cuestión de la precariedad tiene que ver con las características de la forma en que se organiza el trabajo en las nuevas líneas de actividad frente a la industria y a algunas actividades tradicionales de los servicios, como la Administración Pública.

EL DEBATE SOBRE EL MODELO DE CRECIMIENTO

Me interesa señalar el tema de la desindustrialización, en el que a veces algunos fuimos acusados de ser insensibles. Aun ahora, en los programas de los partidos políticos aparece como objetivo la reindustrialización de España y el cambio del modelo productivo. Es una batalla absolutamente absurda, entre otras cosas porque el nuevo modelo productivo, cualquiera que este sea, estará más ligado al desarrollo de los servicios. Con la industria pasan dos cosas importantísimas que afectan a su peso tanto en el valor añadido de la nación como en el empleo. La primera tiene que ver con el avance tecnológico, que es mucho mayor que el que se produce en las actividades primarias y en la mayor parte de los servicios. Como consecuencia del aumento de la productividad, se producen los efectos de la caída del precio relativo de los bienes industriales. Esto se puede ver, por ejemplo, en la caída en el precio de los televisores de plasma, que no se produce en las frutas u otros alimentos, o en las comisiones bancarias, por poner casos claros. Por tanto, aunque estés produciendo muchísimos más televisores, las estadísticas mostrarán que el valor añadido es menor, porque el precio medio, en comparación con otros bienes, va bajando secularmente. Es una de las razones por las cuales el valor añadido de la industria cae. El empleo también baja por la misma razón: porque la innovación, la robotización y la digitalización llevan a una sustitución de trabajo por capital. Tratar de cambiar esto es casi imposible. No hace falta ser un visionario para saber que una parte de la industria va a estar en manos de máquinas.

Por tanto, esa especie de nostalgia por la industria, parecida a la que tenían los fisiócratas por la agricultura cuando creían que lo único que creaba valor era la naturaleza y el trabajo en el campo, no tiene ningún sentido. Y tratar de reindustrializar el país creyendo que por ahí se promueve un nuevo patrón o un modelo de desarrollo es una de esas tonterías que de repente a todo el mundo le gusta, pero que no significan nada. No ha habido una desindustrialización. La cantidad de bienes industriales que se produce ahora es mucho mayor, su calidad es mucho más elevada, y el acceso a los mismos por la población también. Pero sí ha habido una reducción, que todavía no ha acabado, en la participación de la industria en el PIB y en el empleo. Y no solo en España, sino en todos los países avanzados.

La segunda cosa que llama la atención en estas reflexiones sobre el modelo de crecimiento es la condena que se produce cada equis tiempo sobre la actividad de la construcción. La construcción no es mala. En España, si uno contempla los últimos cuarenta años, se observan ciclos, como cabía esperar. Lo razonable, según las estadísticas, es que la construcción en un país que se moderniza y está en crecimiento, represente entre el 5 % y el 10 % del PIB. En unas épocas pesará más y en otras menos. No hay nada de malo en la construcción; donde sí lo hay es en los excesos, en los procesos de burbuja, cuando alguien adquiere casas que todavía no existen financiando la compra con dinero que todavía no tiene. Queremos un país en el que la construcción sea normal y su actividad oscile menos. Nuestro país, por lo demás, no es diferente de otros donde la especulación en el mercado inmobiliario es también importante.

Finalmente, una tendencia imposible de evitar es la de que nos dirigimos hacia una sociedad de servicios (públicos, personales, de mercado, etc.) que va a ser cada vez más normal en las naciones avanzadas. Una vez garantizado el aprovisionamiento, tanto de alimentos como, en general, de bienes materiales de todo tipo para ir viviendo de la manera más cómoda, reduciendo al mismo tiempo la incidencia de los trabajos más penosos y la penuria en las cosas indispensables —que ya les hubiera gustado constatar a los utópicos del siglo XIX—, la economía se dirigirá fundamentalmente al desarrollo del conocimiento y la extensión de los servicios. Es por ahí por donde la cultura se irá orientando. Ya sabemos que ni el crecimiento de la tecnología ni la orientación de la cultura son neutrales, sino que resultan, entre otras cosas, de las relaciones de poder. Naturalmente, la influencia de los más poderosos no hay que despreciarla, pero tampoco puede imponerse en contra de la racionalidad o de la marcha imparable de la acumulación de conocimiento o de los deseos generales de la población. Las cosas seguirán creciendo con el aumento del conocimiento, y los españoles tendremos mayor participación en ese nuevo mundo en la medida en que tengamos ciudadanos más educados (de ahí la importancia permanente de la inversión en educación).

Por otro lado, seguirán siendo fundamentales las discusiones sobre cómo queremos que se distribuya la producción que nace de todo eso. Si el conocimiento está extendido, es probable que las distribuciones tanto de la renta como de la riqueza tengan más que ver con los merecimientos de los ciudadanos y, en consecuencia, estén más abiertas a la ascensión social. Y, probablemente, tendremos una sociedad más justa.

Después de Keynes, la macroeconomía recién inventada, por decirlo así, centró su atención fundamentalmente en el crecimiento de la demanda de bienes y servicios. Si la demanda crecía mucho, por encima del potencial productivo del país, también lo hacía el empleo, pero, al mismo tiempo, podía producirse una tensión en los precios y una tendencia a empeorar la balanza de pagos. Esta fue durante muchos años la visión general predominante y, como consecuencia, la política económica estudiaba qué había que hacer para garantizar un crecimiento razonable sin crisis o grandes fluctuaciones de la demanda efectiva. Por eso, casi todos los bancos centrales modernos, cuando se les ha dado autonomía, se han puesto como objetivo evitar que la inflación sobrepase un determinado nivel anual que signifique un descarrilamiento en el equilibrio entre oferta y demanda. Lo que las diversas crisis financieras han demostrado —y esta última de manera particular— es que, además de los peligros de inflación de los precios de los bienes corrientes de consumo e inversión, están los que se esconden detrás de la subida exagerada de la valoración de los activos mobiliarios (acciones, etc.) e inmobiliarios. El crecimiento continuado del precio de los activos en los balances de la banca, cuando, terminada la ola especulativa, pinchan, puede llevar a las instituciones a una situación de insolvencia, que luego se traslada de unas a otras creando un riesgo sistémico que amenaza la estabilidad del sistema de pagos.

Esto es lo que ha aconsejado recientemente desarrollar una nueva línea de análisis de la situación económica y financiera que recibe el nombre de «supervisión macroprudencial». Es la gran enseñanza que, quizá de una vez por todas, estamos adquiriendo desde la última crisis. No basta con que el sector real de la economía tenga niveles de inflación bajos, lo que daría la señal de que se crece equilibradamente. Hay que mirar también, junto a los precios de los bienes y los servicios corrientes, los de los activos. Muchos de estos activos son comprados con cargo a crédito, de manera que, cuando los precios, después de subir de forma excesiva, se precipitan bruscamente, dejan detrás todo un paquete financiero que puede llevar a la quiebra a quien ha concedido muchos préstamos para la adquisición de los mismos, sean estos títulos mobiliarios o bienes raíces.

Yo creo que la supervisión macroprudencial va a ser mucho más activa a partir de ahora, y no solo sobre el balance de los bancos, sino también sobre las otras entidades ya que en los procesos de financiación participan otros agentes, como los fondos de inversión, hedge funds o fondos de cobertura y muchas otras entidades financieras. ¿Hay otros activos que puedan también ser arriesgados? Desde luego, está la deuda pública. Hasta ahora, al menos en los países adelantados, la deuda se consideraba prácticamente de riesgo cero, o eso creían las autoridades en Basilea. La experiencia de los últimos tiempos ha demostrado que puede haber países de la UE que entren en crisis y que podrían, llegado el caso, repudiar la deuda y exigir un recorte de su valor.

También puede haber excesos de endeudamiento en las empresas. No necesariamente en un sector preciso. Puede haber crecimientos muy rápidos al calor de las buenas coyunturas que luego no se sabe si se podrán sostener y, por tanto, si las empresas endeudadas van a ser capaces de generar el flujo de caja para atender la deuda con la que han financiado su crecimiento. Al final, todos los riesgos se traducen en el exceso de financiación que puede poner en peligro la solvencia de una entidad y que puede transmitirse en cadena hacia atrás. Seguramente, en la medida en la que se tenga un enfoque que pueda prevenir esos problemas, disminuiremos las probabilidades de nuevas crisis financieras.

La experiencia histórica es que, cuando se enfrentan a una grave crisis, los Gobiernos se olvidan de sus prejuicios ideológicos. Si es menester para un Ejecutivo ultraconservador y antiinflacionista hacer una política monetaria mucho más expansiva porque el desempleo crece mucho, lo acabará haciendo. Después de la Gran Depresión del siglo pasado, las fluctuaciones en la tasa de crecimiento del PIB desde la Segunda Guerra Mundial hasta la última crisis habían sido mucho menores que las que se habían vivido antes de 1945. Algunos dirán que el coste fue tener una inflación mayor. Es posible que sea así, pero por lo menos se evitó que las crisis, por razones de demanda, tuvieran los efectos perturbadores que habían tenido en el pasado. En la medida en la que esta visión keynesiana nos llevó a vigilar la evolución de la demanda, se pudo reducir seriamente el coste de las fluctuaciones. Quizá, también, esta nueva cultura de supervisar el precio de los activos y la concentración de riesgos en los intermediarios financieros pueda evitar muchos de los costes de las grandes crisis financieras.

Los grandes momentos de crisis no tienen lugar cuando la demanda de bienes de consumo o de bienes industriales cae incluso en grandes porcentajes; se han producido cuando la recesión ha ido precedida de crisis bancarias. Es entonces cuando de verdad se han producido situaciones dramáticas. Eso es lo que seguiremos tratando de evitar, no sé si con éxito o sin él, pero hoy somos bastante más conscientes de cómo se producen las crisis y de cuáles son las medidas que deberíamos tomar para evitar que se produzcan. Deberíamos corregir la tendencia muy humana de creer que las crisis se producían antes y que ya no volverán a ocurrir. Sí puede haber crisis, y es necesario ser conscientes de ello e introducir factores correctores preventivos que aumenten la sensibilidad de los administradores para tomar determinadas medidas.

LA REFORMA DE LAS CAJAS DE AHORROS

La reforma financiera de las cajas de ahorros no fue la consecuencia de una decisión política, sino que fue impuesta por la realidad, ya que las cajas cometieron errores muy graves. Hay que decir, por otro lado, que uno de los servicios que las cajas prestaron en los últimos años fue garantizar un elevado nivel de competencia en los mercados financieros a nivel regional, donde tenían una fuerte implantación. Después de todo, los grandes bancos del país no eran tan importantes muchas veces como la caja local o provincial. Sin embargo, cometieron una serie de errores que fueron acumulándose hasta acabar en el desastre que todos conocemos. A ello ha podido contribuir que, como las cajas no tenían que responder ante unos accionistas de sus resultados, tampoco hacían mucho esfuerzo por controlar sus costes y riesgos. Cuando se comparaban las ratios de eficiencia o los costes de sus trabajadores con los de la banca, las cajas eran mucho menos eficientes.

Un segundo aspecto que las debilitó fue la manera inadecuada con que abordaron su proceso de crecimiento. Cuando, en 1989, liberé a las cajas de tener reducidas sus actividades al ámbito local en el que estaban definidas, hubo un enorme proceso de crecimiento de oficinas en otras regiones sin tener en consideración el coste-beneficio de las mismas.

En tercer lugar, con el crecimiento de sus depósitos durante un tiempo, las cajas carentes de una cultura de gestión libre de activos prestaron esos fondos a los bancos en el mercado interbancario. En un momento determinado, sin embargo, a finales del siglo pasado, empezó a desarrollarse la burbuja inmobiliaria. Entonces, las cajas se metieron en un negocio del que solo sabían del crédito hipotecario a familias y pequeñas empresas, pero extendieron su actividad a la financiación y, a veces, al desarrollo directo de la promoción urbanística y a la compra y preurbanización del suelo. Todo esto lo hicieron con una estructura de fondos propios muy insuficiente en general, ya que, aunque en mis tiempos también cambié la ley para que las cajas pudieran crear las participaciones de capital (cuotas participativas), las cajas de ahorros nunca quisieron hacerlo por una razón meramente política: si creaban las cuotas participativas, se parecerían a las sociedades anónimas y ya no mandarían ni las Comunidades Autónomas ni las autoridades locales, porque no podrían hacer caso omiso de los participacionistas.

Y de ahí viene la última debilidad, que es la tentación de las autoridades autonómicas y locales de manipular las cajas de ahorros para tener, a través de ellas, una especie de presupuesto bis. Todo esto les llevó a enfrentar la crisis con un mal balance y sin los recursos necesarios para hacer frente a los riesgos muy elevados en que habían incurrido. Cuando las cosas se pusieron mal, se fueron la mayoría al garete, y se inició, con resultados más bien mediocres, el proceso de consolidación de las cajas y su transformación en bancos, proceso en el que todavía estamos.

Cuando uno mira hacia el futuro me parece prácticamente inevitable que siga la consolidación a nivel europeo y, en consecuencia, también en los mercados nacionales residuales. Es probable que haya una época de reducción de los márgenes financieros en los próximos años. Conforme caen los márgenes financieros, la única manera de mantener beneficios aceptables consiste en reducir considerablemente los costes. Siempre se ha conocido que la mejor excusa para reducir costes es una fusión. El resultado final de una fusión es que se puede gestionar la suma de los activos de las entidades fusionadas con muchos menos trabajadores y menos oficinas, con lo que mejoran las ratios de eficiencia. Como, previsiblemente, estos márgenes financieros pequeños van estar con nosotros un tiempo, la presión para las fusiones en España va a ser importante y la propia autoridad monetaria no solo las verá bien, sino que seguramente las alentará.

Ha sido criticada la gestión de este proceso de consolidación de las cajas de ahorros por parte del Banco de España. La autoridad se encontró con una situación que, quizá, la desorientó inicialmente. España no tenía el contagio de la banca europea respecto a lo que estaba pasando en el mercado americano. Eso es verdad, pero quizá no valoraron que aquí teníamos nuestras propias subprime, que era la gran concentración de riesgos de las cajas de ahorros, sobre todo, pero también de algunos bancos en el mercado inmobiliario. Los bancos, a nivel mundial, empezaron a sospechar unos de otros por su posible contaminación de malos créditos, y los mercados de financiación interbancaria (bonos de otros bancos, titulaciones de crédito o cédulas hipotecarias) desaparecieron. Y tan pronto como eso pasó, quienes dependían de ello empezaron a vender activos para hacer frente a sus necesidades de liquidez, lo que condujo a la caída de precios de los activos. El Banco de España no valoró suficientemente los riesgos que representaba el esquema de financiación de la banca al iniciarse la crisis y secarse los mercados interbancarios. Además, quizá dieron demasiada importancia a la reputación del sistema bancario español y del propio Banco de España. La reputación española, en materia tanto de supervisión como de saneamiento del sistema financiero, era de las mejores a nivel mundial. Y trataron a toda costa de preservar ese valor. Pero eso no se puede hacer negando la mayor, es decir, negando que las cajas tuvieran problemas.

También es cierto que, cuando desde el Banco de España se propusieron fusiones entre cajas de ahorros, se encontraron sistemáticamente con una enorme resistencia política de todas las Comunidades Autónomas, llegando incluso a la desobediencia, como pasó en el proyecto de fusión de las cajas gallegas.

7
LOS RETOS

Estos son algunos de los hitos de la historia económica de las últimas décadas en nuestro país, pero ¿qué significaron todos estos acontecimientos, auges y recesiones, crisis y modernizaciones para los españoles? Muchas cosas, desde luego. Por ejemplo, en los treinta años que van desde la muerte de Franco hasta 2007, el PIB per cápita se multiplicó por más de dos, pasando de 11.533 euros constantes a más de 24.000. Para hacernos una idea de lo que esto significa basta con decir que si algo así se repitiera en el siguiente tercio del siglo, el PIB percápita se multiplicaría por cuatro y, cuando se cumplieran cien años, por ocho. Pero, además, la renta de que disponen los españoles ahora les permite adquirir una panoplia de bienes mucho mejores que los que había antes: aparatos electrónicos que no existían en 1975, mejores y más seguros automóviles, teléfonos inteligentes, mejores servicios médicos, vuelos baratos que incrementan la posibilidad de viajar y tantas otras cosas que mejoran el bienestar y que las cifras del PIB no pueden recoger.

Es decir, treinta años con esa tasa de crecimiento, acompañado del progreso tecnológico que siempre va asociado a los mercados en competencia, significa un cambio drástico en la vida de los ciudadanos. Hay muy pocos periodos en la historia de España donde esto se haya producido con tanta intensidad, quizá ninguno. Ahora llevamos diez años de estancamiento en el PIB, aunque hayan seguido apareciendo nuevos bienes y servicios. Todas estas cosas que han mejorado el nivel de bienestar se han visto desgraciadamente mermadas por la disminución de los bienes de consumo de carácter público en estos años de ajuste a causa de la crisis. Como consecuencia de los esfuerzos por reducir el gasto público, se ha deteriorado en cantidad y en calidad la prestación de servicios educativos, de salud y asistenciales, y el incremento del desempleo ha empujado a muchas familias a traspasar la línea de pobreza.

Esto ha ocurrido también en otros países avanzados que en el pasado tuvieron historias de éxito con la reciente crisis financiera y la gran recesión. Además, la recuperación económica de los países avanzados después de los peores momentos de la crisis, tan poco brillante en comparación con otras fases del pasado, ha llevado a mucha gente a considerar si las perspectivas del crecimiento económico en los países industriales han empeorado de manera irreversible. Quizá el primero en hablar de esto ha sido Larry Summers, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, cuando planteó la posibilidad de que quizá nos encontramos en un mundo de oportunidades de inversión cada vez menores y con tendencia al estancamiento. La última vez que se hizo referencia a la teoría del estancamiento fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando los keynesianos dijeron que era posible que se entrara en un mundo con escasas oportunidades de inversión y con unas tasas de retorno de las inversiones tan bajas que solo con tipos de interés negativos se podría asegurar una inversión mínima. Por eso, las tasas negativas de interés actuales evocan inmediatamente la posibilidad de que estamos en una situación de trampa de liquidez o estancamiento secular.

¿En los próximos años seguirá habiendo un crecimiento en España y en otros países avanzados tan decepcionante? Aparte de que, naturalmente, nadie lo sabe, lo cierto es que en el crecimiento a largo plazo los factores de oferta son más importantes que los de demanda. Es decir, son el capital y el trabajo, y lo que hay en torno a ellos, hasta el I+D, lo que permite la incorporación del progreso tecnológico a las funciones de producción a la hora de explicar el desarrollo a largo plazo.

Aunque no tendremos una población que vaya a crecer mucho (a no ser que sea por la vía de la inmigración), mi impresión es que el papel que le queda por desempeñar al capital y al progreso tecnológico en España es muy importante. Es posible que, antes o después, veamos una cierta recuperación de la población. Dicho de otra manera, yo creo que todavía no hay razones para pensar en un estancamiento secular en nuestro país. Bien es verdad que tendríamos que reconsiderar lo anterior si el estancamiento se produjera entre los países más importantes del mundo. Pero este efecto también está limitado por el crecimiento de los países emergentes, que, a su vez, tendrán un feed-back positivo en el de los países más avanzados, y por el crecimiento, una vez más, del progreso tecnológico.

No soy de los que ven ese estancamiento secular como la hipótesis más previsible; sin embargo, sí creo que estos diez años perdidos desde el punto de vista del crecimiento y las perspectivas todavía dudosas de recuperación de la economía mundial pueden hacer que la tasa media de crecimiento en el tercio de siglo que empieza en torno a 2010 sea menor que la que se produjo en el inmediatamente anterior, y que esa proyección para 2075 de que la renta per cápita sea ocho veces mayor que un siglo antes a lo mejor se queda en la mitad, que tampoco estaría nada mal.

Determinados retos tienen que ver con la visión del mundo que prevalezca. Veo con preocupación, desde finales del siglo pasado, el renacimiento en oleadas recurrentes, desde el desarrollo del capitalismo mercantil, de tendencias al proteccionismo, al cierre económico, a negarse a la apertura de nuestras economías y nuestras sociedades. Desde finales del siglo XX, con las manifestaciones antiglobalización y el descrédito de las agencias internacionales (sobre todo del FMI y, en menor medida, de la OCDE y del Banco Mundial), estamos asistiendo a una de esas oleadas de desconfianza, algunas justificadas, pero otras artificiosas. La llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos supone la mayor amenaza en este sentido. Me preocupa esta dirección porque siempre he pensado que la humanidad ha tendido a desarrollarse en los momentos en que los países, las sociedades y las civilizaciones han abierto sus fronteras tanto al conocimiento como al intercambio de bienes y servicios. Siempre existe la tentación de cerrar la economía y echar la culpa de todo lo que pasa a los refugiados, a los emigrantes o a los bajos salarios de los países emergentes. Cuando esto se dice desde la izquierda, se cubre bajo el manto del dumping social, y cuando es desde la derecha, se dice que esos países hacen trampas.

Será muy importante que sigamos apostando por la globalización y por las economías y las sociedades abiertas, y no solo en el sentido popperiano, sino en el de compartir experiencias con los demás. Esta es una cuestión crucial. Entender que, de alguna manera, estar abiertos a los vientos de la competencia y no renunciar a las cosas buenas que podríamos consumir o usar es un buen principio para actuar.

Un segundo aspecto que me preocupa tiene que ver con la adquisición del conocimiento, en el que hay dos frentes, uno relacionado con la demanda y otro con la oferta. Del lado de la demanda, me preocupa ver que el interés de las familias y de los ciudadanos por la adquisición de conocimiento no tiene el carácter prioritario que sería deseable para ellos y para el país. Dicho de otro modo: muchos de mi generación proveníamos de familias modestas que estaban persuadidas de que, si llegábamos a obtener un título universitario o si teníamos más años de escolarización, tendríamos acceso a una sociedad y a un nivel de vida mejores que los que habían tenido nuestros padres. Hoy no está muy claro que la demanda que hay detrás de los servicios de educación conecte el desarrollo personal y social con la mejora del aprendizaje.

Es posible también que la gente esté dolida ante el hecho de que las perspectivas de mejora del nivel de vida, a juzgar por lo que ha pasado en los últimos treinta años en las clases medias y modestas, sean hoy mucho peores de lo que fueron entonces. Los ciudadanos no están del todo convencidos de que simplemente por el desarrollo tecnológico y la adquisición de conocimiento sus hijos vayan a vivir mejor que ellos. Ha habido cierta desilusión, un desengaño colectivo, que lleva a valorar en menos de lo que debiéramos la importancia del conocimiento.

Luego están los aspectos relacionados con la oferta. El papel del sector público en este terreno no puede ni debe ser neutral. El Estado debería asegurar un acceso generalizado a la educación. Hemos tenido una educación primaria en manos del sector público, porque no estaba el sector privado tan interesado en desarrollarla como lo estaba en la secundaria. Se ha creado así una estructura que no puede desaparecer de la noche a la mañana, como tampoco se pueden cambiar fácilmente las características de nuestras universidades. Pero se debe tratar de garantizar que exista una oferta pública educativa suficiente y, además, que exista un nivel de apoyo para familias modestas que asegure que no se pierdan talentos por falta de capacidad financiera. En este sentido, todo lo que se haga es poco. Y hay que hacerlo sin perder de vista la exigencia en los resultados. Esa tendencia, según la cual los alumnos deben aprobar todos los cursos, lo hagan bien o mal, no tiene fundamento y a veces oculta ciertos intereses corporativos de los enseñantes que no quieren pasar por las exigencias que representan unos niveles rigurosos de educación.

Esto me lleva a una tercera cuestión. Además de los planes de educación y de la oferta de recursos educativos, el Estado tiene la obligación de asegurar, mediante la inspección, un nivel medio suficiente de los pedagogos y de los planes educativos. Esto nos permitirá ser una sociedad cada vez más inteligente a la hora de elegir nuestros destinos colectivos. Sin buenos profesores, sin educadores vocacionales y apreciados socialmente nunca mejoraremos suficientemente nuestro nivel educativo.

Por otro lado, la empresa debe tener una visión que supere lo local. El tamaño debe ser más grande en según qué cosas. En la exportación de bienes, sí, pero no necesariamente en servicios. Es verdad que existen tendencias hacia la consolidación de los mercados mediante adquisiciones después de crecer desde abajo. Pero antes o después se puede plantear un problema. La tendencia a la gran concentración de riqueza puede tener efectos muy negativos en la competencia y, por esa vía, en la innovación y el desarrollo. Al final, lo más importante para la innovación son los incentivos. ¿Por qué la innovación ha funcionado en las sociedades libres y no en las sociedades mal llamadas «socialistas»? Porque el mercado, a través de la competencia, incorpora incentivos para la innovación. Algunas empresas son espectaculares y descubren un nuevo mundo; otras son pequeñitas. Pero unas y otras se van acumulando y el resultado es que el nivel medio de productividad es mucho mayor según pasan los años.

PEDRO SOLBES

Pedro Solbes Mira (Pinoso, Alicante, 1942) llegó al Ministerio de Economía y Hacienda en sustitución de Carlos Solchaga el 13 de julio de 1993, fecha en la que dejó el cargo de ministro de Agricultura en el Gobierno anterior (1991-1993). Licenciado en Derecho, doctor en Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y técnico comercial del Estado, así como diplomado en Economía Europea por la Universidad Libre de Bruselas, desde 1968 ocupó distintas responsabilidades en la Administración, aunque su faceta profesional se desarrolló principalmente en las relaciones con Europa como uno de los técnicos que formó parte de los equipos negociadores de la incorporación de España en la CE. Tras ese periodo fue nombrado secretario de Estado para Relaciones con las Comunidades Europeas con Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Asuntos Exteriores.

Fue esa etapa de acercamiento a Europa una de las más importantes de la carrera de Solbes, que la vivió como protagonista y que la intensificó años más tarde cuando se ocupó de la responsabilidad de comisario de Asuntos Económicos y Monetarios (entre 1999 y 2004), justo en el periodo en el que se produjo la instauración del euro (1 de enero de 2002).

Como ministro de Economía y Hacienda en el último Gobierno de Felipe González, Solbes condujo la economía para cumplir los criterios de Maastricht que había firmado Solchaga y que llevarían a la unión monetaria dejando el camino allanado para el siguiente periodo del PP. Durante el mandato del PP entre 1996 y 2004, años en que el responsable del departamento fue Rodrigo Rato, Solbes fue diputado por Alicante, puesto que dejó en 1999 para irse a Bruselas al citado cargo de comisario.

Tras ganar el PSOE en 2004, volvió a España reclamado por José Luis Rodríguez Zapatero para volver al departamento de Economía y Hacienda en su Gobierno, además de vicepresidente, cargos que dejó en julio de 2009, siendo sustituido por Elena Salgado. Esa etapa comenzó con la economía creciendo como nunca (el PIB alcanzó una media por encima del 3 % y el desempleo se redujo hasta algo menos del 8 % en 2007) y acabó con el impacto de la crisis.

Solbes ha vivido, en su larga trayectoria de más de 41 años al servicio de la Administración española y desde distintas responsabilidades, los últimos años del franquismo y la Transición, las negociaciones para la incorporación a la Unión Europea (entonces CE) y el proceso de adaptación, el camino a la moneda única y la definitiva instauración del euro, las diversas crisis económicas (la del petróleo en los años setenta, la de los noventa y su posterior recuperación, a la que colaboró como ministro, y la de la primera década del siglo XX, la más dura de la historia española y mundial), empresariales (expropiación de Rumasa, intervención de Banesto, intento de control del BBVA por Sacyr, la opa sobre Iberdrola…) y políticas (la demolición de UCD; el distanciamiento PSOE-UGT; el annus horribilis de 1994, en el que se encadenaron la citada intervención de Banesto, la detención de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, y Luis Roldán, director general de la Guardia Civil), y ha sido testigo del paso de muchos protagonistas (para bien y para mal) de la vida política y económica del país.

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LA MODERNIZACIÓN ECONÓMICA DURANTE LA TRANSICIÓN

El Plan de Estabilización de 1959 fue el primer intento de modernización del país, pero es verdad que la apertura comercial que se puso en marcha entonces se frenó bastante como consecuencia de las presiones internas y de que empezó a verse la posibilidad de adherirnos a la Unión Europea (entonces Comunidades Europeas). Era la época en que en la Administración económica se preguntaba qué iba a suceder con el país después de Franco. Y había cierta discusión sobre si se debería entrar en el Mercado Común y seguir así el modelo europeo, o tener más margen de maniobra y apostar por América Latina y las preferencias generalizadas. Yo me encontraba entre la poca gente que, dentro del Ministerio de Comercio, era muy favorable a ingresar en las Comunidades Europeas.

Desde el punto de vista económico, era apostar a hacer una transición de una economía cerrada a una abierta de acuerdo a un diseño propio que podíamos inventar, o hacerla de acuerdo con una plantilla (la de la Comunidad Europea) que, lógicamente, tenía sus problemas prácticos, pero que había demostrado su eficacia en Europa. Durante el franquismo, los tecnócratas habían intentado modernizar el país en algunos campos. Es clarísimo, por ejemplo, todo el paquete de leyes administrativas del periodo de Laureano López Rodó [responsable de los Planes de Desarrollo] o la actuación de Alberto Ullastres [ministro de Comercio] tras el Plan de Estabilización, para modernizar el comercio exterior y hacerlo más eficiente. Aunque la apertura del comercio exterior avanzaba de forma muy lenta. En el Ministerio de Comercio, en el que yo entro, todavía existían licencias de importación y exportación, aunque se concedieran con mayor facilidad, y se mantenía un régimen de control de cambios, lo que denotaba que estábamos en una economía aislada. El sistema fiscal estaba bastante anticuado y las posibilidades de financiación del Estado eran muy limitadas.

Hubo un momento determinante, con la crisis del petróleo de 1973, en el que reaccionamos en contra de todo lo que se hacía en Europa, y en lugar de tomar decisiones más restrictivas, jugamos a crear una cierta expansión. Aquellos años hubo crecimiento en el país, pero tuvo que ver con el boom turístico.

Al final, la decisión de adherirse a Europa se tomó más por razones políticas que económicas y, desde el primer momento del cambio político, Europa se convirtió en el objetivo. Un objetivo que, desde luego, tenía sus dificultades políticas y económicas. En ese periodo [de 1973 a 1978] vivo en Bruselas y trabajo como consejero comercial de la Misión de España ante las Comunidades Europeas (CE) con el embajador Ullastres. Frente a la tesis de las CE, cuando murió Franco se decidió paralizar la renegociación del acuerdo de 1970 e intentar apostar por negociar la adhesión. El acuerdo de 1970, que nos favorecía enormemente en nuestros intercambios comerciales con Europa, era una apuesta muy clara por parte de Europa de ayudarnos a mejorar nuestro sector industrial (no se tocaba para nada el sector agrícola), por lo que los responsables comunitarios defendieron una renegociación del Tratado antes de iniciar las negociaciones sobre la adhesión. Esta disparidad de posiciones respondía a razones económicas, pero también políticas (dudas sobre la consolidación de la transición política).

El proceso, además, coincidió con un complicado momento en Europa, como fue la demanda del Reino Unido de reducir su financiación a las CE y la preocupación francesa por mantener la Política Agrícola Común (PAC) con una financiación específica. Ese fue, al final, el gran paso que dio Alemania: aceptó aprobar una financiación que permitía llegar a un acuerdo con Francia sobre una PAC reformada, y que el Reino Unido recibiera un «cheque» que reducía su aportación financiera. Cumplidas esas condiciones y finalizado el acuerdo con Grecia, mesa de pruebas para futuras adhesiones, en especial en la agricultura, el tema español se desbloqueó.

APERTURA DEMOCRÁTICA: LOS PACTOS DE LA MONCLOA

Durante la Transición, después de la muerte de Franco, la preocupación de los países de la Comunidad Europea era si de verdad existía en España la voluntad política necesaria para dar el paso a la democracia, lo que constituía un elemento esencial para la adhesión. A veces se presenta la negociación de adhesión como si en el periodo de UCD no se hubiera hecho nada y en el del PSOE se aceleró. No. Yo creo que hubo una coincidencia de tiempos. En el periodo de UCD se hizo lo que se podía hacer, que era la preparación técnica de todas las negociaciones, y la negociación de los capítulos menos controvertidos (aunque se pactó entonces ya la introducción del IVA y la supresión de las compensaciones fiscales en frontera), y, evidentemente, en el periodo posterior se consiguió terminar las negociaciones, que, sobre todo, se desbloquearon como consecuencia del pacto agrícola-financiero de Fontainebleau y, a nivel interno, por el hecho de que ya se había aprobado la Constitución de 1978. Desde ese momento ya pudieron plantearse las cosas de otra forma.

Cuando se firmaron los Pactos de la Moncloa yo estaba en Bruselas como consejero comercial de la embajada de España, por lo que los valoré, sobre todo, como parte de ese proceso preparatorio de entrada en las Comunidades Europeas. Fue enormemente positivo, porque el mensaje que se transmitió a Europa era que estábamos dispuestos a tomarnos las cosas en serio. Viví aquellos momentos más como espectador, pero éramos todos conscientes de su transcendencia en cuanto al simbolismo y en cuanto al contenido. Suponía un paso clave para todo el proceso de negociación. Se mostró que podíamos seguir adelante. Desde el punto de vista de Bruselas, se consideraba como un elemento preparatorio positivo, pero quedaba el problema de la apuesta política.

Los Pactos de la Moncloa fueron el elemento preparatorio necesario para empezar a adaptarnos a ser miembros de la Comunidad Europea. Fueron la base para salir de una economía cerrada y entrar en una abierta. Desde el Plan de Estabilización de 1959 se había avanzado poco en la liberalización de la economía, con la Transición en marcha y las reticencias de las CE a nuestra demanda de adhesión el debate era si avanzar de forma autónoma o esperar y ceder los cambios necesarios como parte de la negociación. Nunca compartí la segunda tesis, aunque era evidente que no se debía avanzar en la liberalización industrial sin conocer los elementos claves de la integración agrícola.

La idea de no ceder nada hasta el final era compartida por todos los grupos de presión, que no querían hacer nada y pretendían alargar los procesos lo máximo posible. Por ejemplo, las famosas posiciones de la patronal CEOE [Confederación Española de Organizaciones Empresariales], que siempre necesitaba seis años más para cualquier cosa: necesitaba seis años desde el momento en que se empezaba la negociación y seguía necesitándolos cuando se terminaron. Pero sí fue un cambio fundamental, aunque, visto desde Europa, no era el único elemento. Era importante porque mostraba capacidad para gestionar la economía del país con un acuerdo de los grupos políticos, pero lo que de verdad preocupaba era si la consolidación de la democracia seguía adelante.

El gran impulsor de los pactos fue Enrique Fuentes Quintana [vicepresidente segundo y ministro de Economía en el primer Gobierno de UCD], que fue quien tuvo en la cabeza las ideas y coordinó todo. Por supuesto, no se podría haber hecho sin el impulso de Adolfo Suárez y la cooperación del resto de grupos políticos. En ese periodo yo no tenía una especial implicación con la política. Pero seguí aquellos meses desde Bruselas como funcionario de Comercio y, dentro de Comercio, el hombre clave durante aquellos años era Juan Antonio García Díez, olvidado estos años, pero muy importante en aquel proceso de cambio.

CAMINANDO HACIA EUROPA

De vuelta a España me integré en el equipo que formó Leopoldo Calvo-Sotelo en la Trinidad para negociar la adhesión. Entonces, el potencial agrícola español era una preocupación generalizada por el coste financiero que podía implicar y por la concurrencia que pudiera suponer con regiones hortofrutícolas europeas, sobre todo francesas, lo que podría acabar vetando las negociaciones de adhesión y provocando un retraso sine die. Por eso, Bruselas quería darse prisa en que se produjera el desarme arancelario industrial por parte de España y retrasar la negociación agrícola, mientras España mantenía la posición contraria. Yo me ocupé de ciertos capítulos económicos y comerciales, como las ayudas públicas, y el de Canarias.

Dejé la Trinidad a mediados de 1979 y pasé a ser director general de Política Comercial en el Ministerio de Comercio con García Díez. Volvía a mis orígenes, pero con el departamento muy preocupado por los cambios que la liberalización comercial exigía para entrar en Europa y por el traslado de competencias a las Comunidades Autónomas. Fue un periodo de reflexión sobre el futuro del comercio exterior, pero también de acción, de viajar mucho por el mundo, de hacer acuerdos bilaterales, de expandir las exportaciones y de apostar por nuevos mercados, y en el que tuvo mucho impacto la nueva crisis del petróleo de 1979. Yo seguí vinculado a las negociaciones de adhesión como representante de Comercio en las reuniones que afectaban al ministerio (política comercial y arancelaria especialmente).

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1982: LA VICTORIA SOCIALISTA

Con todo, el contexto económico era muy complicado. Eran años difíciles, porque aún no se había digerido el impacto de la crisis del petróleo de 1973. A pesar de los esfuerzos que se hicieron para negociar con los sindicatos y en ganar competitividad, la situación era muy compleja. De hecho, cuando llegó el primer Gobierno socialista [en 1982], hubo que tomar una serie de medidas radicales para enderezar la economía tras la caída de actividad de aquellos años. La victoria socialista significó un gran cambio político, pero, una vez que el modelo elegido fue continuar con el objetivo de entrar en la Comunidad Europea y teníamos plazos fijos, las cosas quedaron más claras.

Felipe González nombró a Miguel Boyer ministro de Economía y Hacienda. Yo, entonces, tras la etapa con García Díez, pensaba volver a mi posición como funcionario en Madrid o en el exterior. Pero, a las tres semanas de formarse el Gobierno socialista, me llamó Boyer para ser secretario general técnico de Economía y Hacienda. No tenía previsto incorporarme a ese departamento porque no era mi mundo (el mío era Comercio), y acabé ahí porque falló la persona inicialmente prevista. Lo estuve dudando y al final dije que sí.

La sensación que tengo de ese periodo es que existía mucha preocupación por la situación económica en general. Sobre las negociaciones, el debate se centraba en si se estaba negociando un buen acuerdo o no, olvidándose del tema fundamental: que lo importante del Tratado de Adhesión era entrar, el resto era «paisaje». No era, ni más ni menos, que cumplir los periodos transitorios y aplicarlos de forma que los ajustes se realizaran en un tiempo razonable. Estaba claro que teníamos que aceptar un sistema de apertura económica en el marco de las CE, lo que significaba desmantelar el sistema de protección comercial que teníamos, que frente a los países miembros desaparecieran los derechos arancelarios a la importación y los ajustes fiscales en fronteras, que nos daban unas ventajas importantes, pero también implicaba aceptar progresivamente todas las obligaciones de las CE en los acuerdos internacionales negociados (preferenciales o no).

Fui uno de los miembros del equipo de negociación (Carlos Westendorp, Juan Badosa, Óscar Fanjul, Carlos Tió, Jordi Carbonell, Álvaro Espina, y en Trinidad: Fernando Mansito y Vicente Parajón y algún otro) y el único que había estado desde el inicio, aunque con diferentes responsabilidades: en el periodo de UCD me ocupé del comercio exterior, después me dediqué a los temas financieros y fiscales y, sobre todo, a la negociación agrícola, que Boyer tenía especial interés que siguiéramos con detalle. Y tenía cierta experiencia porque había estado cinco años en Valencia como subdelegado del Ministerio de Comercio, dedicado al mundo de la exportación agrícola. Eso tuvo como consecuencia que acabara, pasados los años y contra todo pronóstico, como ministro de Agricultura.

Entonces quedó definido el marco de nuestra futura economía: se concretaron las reconversiones industriales, el modelo económico de una economía de mercado abierta al exterior, la desaparición de los ajustes fiscales en frontera y se mantuvieron algunas ayudas del Estado a sectores como la siderurgia y el carbón que todavía pervivían en otros países europeos.

La negociación con Europa se planteó como se planteaban los acuerdos comerciales, desde el punto de vista del debate público, cuando la realidad era otra. La negociación de la adhesión no era esa; consistía en aceptar el sistema comunitario, sin modificaciones en el modelo y abrir periodos transitorios. Era difícil explicar a los ciudadanos cómo funcionaba, ya que su visión estaba muy condicionada por la idea previa que se habían hecho del acuerdo de 1970 planteado por las CE para ayudar a que mejorase el país, y querían recuperar parte de las ventajas del desarrollo conseguido, por lo que tenía que ser desequilibrado a su favor para compensar el esfuerzo que habían hecho antes.

De ahí que todo el debate se centrara en la duración de los periodos transitorios y si, al final, había un periodo transitorio para todo o no lo había. Se concedió un periodo medio de siete años, aunque es verdad que, en la industria, la aproximación mayor se produjo en los tres primeros, y en la agricultura en los tres finales. Incluso hubo un esquema diferente con dos visiones (los defensores de un sistema agrícola tradicional, en el que nosotros teníamos problemas, y los defensores de los productos mediterráneos, en el que éramos más dinámicos). Al final se fueron ajustando las cosas.

Entre los temas que no se resolvieron antes de la firma figuraba la obligación de que España hiciera frente al porcentaje del denominado «peso del pasado financiero» y, en el ámbito agrícola, la cuantía de la cuota de la leche, el régimen excesivo de transición de las frutas y hortalizas y el transitorio para los excedentes de la producción de vino y la ayuda al olivar, que fueron fuentes de problemas hasta su solución final. También quedó por cerrar la negociación de la cuota pesquera, que se resolvería con la nueva política pesquera común años después.

¿Cómo se percibe la negociación? La gente solo entendía si se entraba o no en Europa y muy poco de los tecnicismos. La valoración final de la opinión pública fue positiva. Evidentemente, los grupos que se beneficiaron nunca dijeron nada, y los que no, fueron muy críticos. Surgieron críticas en algunos sectores, como el hortofrutícola, que pedía avanzar más rápido, o el carbón y el acero, que querían más lentitud. También por parte del sector textil, a pesar de que todavía estaba sometido a un régimen especial en el GATT [Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio] y no sometido a un sistema de libre comercio.

Una de las grandes preocupaciones, de las empresas, pero también del Gobierno, fue la introducción del IVA. Significaba un cambio radical de la fiscalidad sobre el consumo pero también desaparecían los ajustes fiscales en frontera, sometidos a crítica porque eran excesivos y «favorecían» la producción nacional, es decir, había una ayuda implícita a la exportación y una protección adicional a la importación. Devolvíamos más dinero del que percibíamos y cargábamos más a la importación que los derechos arancelarios al establecer un sistema fiscal que de alguna forma era un segundo arancel.

En cuanto a la adopción del IVA, recuerdo bien que, a pesar de las reticencias de las empresas, todo el equipo negociador estaba de acuerdo en que había que ponerlo en marcha cuanto antes, aunque los responsables de Hacienda estaban muy preocupados en cómo sustituir unos impuestos conocidos y que se recaudaban muy bien por un impuesto totalmente novedoso, distinto y que no sabíamos lo que daría de sí. Resultó un sistema mucho más moderno y eficiente con unos resultados muy buenos. Ello, unido a la mejora económica, permitió una buena situación de financiación que llevó hasta la crisis de 1992-1993. En todo caso, las expectativas de una mejora de la situación en España tras el final de la negociación y la entrada en vigor del Tratado de Adhesión se cumplieron.

LA EXPROPIACIÓN DE RUMASA

La primera etapa de Miguel Boyer, en todo caso, fue difícil, con medidas económicas valientes, algunas en el mercado de trabajo y en el sistema de pensiones, que produjeron intensos debates bien conocidos con los sindicatos y provocaron la salida de Nicolás Redondo [secretario general de UGT] del Congreso de los Diputados tras enfrentarse con miembros del Gobierno [el propio Boyer y Carlos Solchaga, a la sazón ministro de Industria].

Una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno socialista fue la expropiación de Rumasa. El tema había sido heredado de UCD, pues entre los expedientes que García Díez pasó a Boyer estaba el de Rumasa, y al final se decidió expropiar. Fue un tema muy polémico por el fondo (se atribuyó por algunos a posiciones ideológicas) y porque se aplicó una ley de expropiación del periodo de la Guerra Civil. Pero había que hacer algo y era importante que se hiciera pronto.

Hubo debate en la calle y en la patronal. Pero no era una decisión adoptada por razones políticas, sino técnicas. Rumasa ya se estaba siguiendo por el Gobierno anterior y se sabía que era una cuestión sensible y delicada. La medida podría gustar más o menos, pero era necesaria. De hecho, la prontitud con que se produjo, cuando el PSOE apenas llevaba tres meses en el Gobierno, demuestra que el tema era bien conocido. El hecho de que Rumasa invirtiera en el sector financiero mediante la compra de pequeños bancos hacía más necesaria la toma de una decisión que resolviera el problema. A partir de ese momento, hubo que montar un aparato especial de la gestión de las empresas de Rumasa, lo que influyó en la vida del ministerio en los años siguientes.

MEDIDAS POLÉMICAS PERO NECESARIAS: LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL

Otro de los grandes hitos de esa época fue la reconversión industrial, que se aceleró con el PSOE desde los primeros pasos que había dado UCD con el fin de prepararse para la adhesión. Aunque tuvo un alto coste económico y de empleo, era totalmente necesaria para entrar en la Comunidad Europea en condiciones competitivas. La gran reconversión se planteó en siderurgia, y el debate con la CE se centró en varios temas, pero, sobre todo, en el cierre del tren de laminado en caliente de los Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto (Valencia), inversión decidida sobre un supuesto de crecimiento y unas previsiones de demanda a largo plazo que luego no se cumplieron. Sucedió exactamente lo contrario. Significaba poner en marcha una capacidad que ya era excedentaria en Europa, y eso no lo admitían en Bruselas.

Pero no solo fue Sagunto y la siderurgia. También se produjo en el carbón y en el sector naval. En este, la reconversión era complicada, como lo ha seguido siendo después, porque todo el sistema de subvención estaba en tela de juicio por la OCDE. Había un desplazamiento de unas zonas a otras en función del coste de la mano de obra y empezaba a producirse la competencia de los países asiáticos.

En el fondo, fue una racionalización del modelo, aunque es verdad que las presiones públicas muchas veces llevan en política a tomar las decisiones posibles y no las más racionales, y muchas veces con un coste económico significativo. Es el caso de San Fernando (Cádiz), donde se decidió hacer unos astilleros para barcos grandes cuando ya se estaban haciendo fuera de Europa a precios más competitivos y los europeos importaban los cascos de fuera. Pasó también con el textil. Aunque, como sucede con los sectores tradicionales, hay países desarrollados que consiguen mantenerlos siempre que sean capaces de crear un mayor valor añadido.

También se abordaron otras reformas necesarias, consecuencia del Tratado de Adhesión. No olvidemos que estamos hablando de las Comunidades Europeas: Comunidad Económica Europea, Comunidad Económica del Carbón y del Acero y de Euratom. No había todavía temas financieros ni monetarios. Había compromisos que se ponían en marcha automáticamente. El 1 de enero de 1986 desaparecían las licencias de importación y exportación para los países miembros de la UE y se tenía que adaptar el régimen de terceros.

EL «DECRETO BOYER» Y MI SALIDA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Al final del mandato de Boyer salió el famoso decreto que lleva su nombre sobre arrendamientos, liberalización de horarios comerciales y otras medidas. Aconteció en junio de 1985, un mes antes de su dimisión. Pero en ese momento él todavía no tenía claro que se iba a ir y estaba con ánimo de sacar adelante estos temas. Boyer estaba muy preocupado por la elaboración de los Presupuestos del Estado y quería tener la capacidad necesaria para aprobarlos y aplicarlos. Posiblemente no consiguió lo que necesitaba y decidió retirarse. En todo caso, el «decreto Boyer» fue un instrumento que supuso otro paso adicional en la modernización de nuestra economía.

La salida de Boyer se produjo precisamente en el momento en que empezaban a aclararse las cosas. Entonces había un repunte clarísimo de la economía española, que se mantuvo los años siguientes. Ese despertar estaba muy vinculado al Tratado, que aportaba ventajas importantes para la inversión en España. Con su marcha, yo volví a plantearme dejar la Administración, pero el cambio de Gobierno que se desencadenó como consecuencia de la crisis llevó a Francisco Fernández Ordóñez al Ministerio de Asuntos Exteriores. Paco, al que yo no conocía, me propuso ser secretario de Estado para las Comunidades Europeas, cargo al que no me incorporé hasta octubre. Seguí en Economía hasta entonces, ya con Solchaga como ministro.

Estando yo ya en Exteriores, comenzó el periodo en el que se hace toda la modernización financiera. Se empezó con la deuda, se suprimieron los coeficientes de inversión de los bancos, que no fue consecuencia obligada de entrar en la Comunidad, pero sí de la necesaria y completa modernización del sector financiero que se realizó en esos años.

LA ADAPTACIÓN A EUROPA

A partir de la fecha de entrada en Europa se produjo un cambio absoluto: empezaron a bajarse los derechos arancelarios, se suprimieron las cargas aduaneras y fiscales en la frontera, las restricciones a la importación y exportación de los países miembros, se adaptó el arancel frente a terceros y se puso en marcha el IVA. Yo había ido precisamente con García Díez a Comercio para poner en marcha todos estos temas, habíamos preparado los posibles cambios en los años previos, pero el detonante fue la adhesión. Pero no solo el comercio empezó a liberalizarse muy rápidamente con las CE, también afectó a nuestras relaciones exteriores, incluido el cambio de relaciones con América Latina, por la desaparición del comercio de Estado. También se liberalizaron los movimientos de capital, excepto los movimientos a corto plazo, y se sustituyó el sistema español por el comunitario en temas tan sensibles como el carbón, el acero, las ayudas públicas o la política agrícola.

En el ámbito agrícola se retiraron las restricciones a la importación y desaparecieron el sistema español de regulación de precios y el sistema de intervención, que pasaron a ser los comunitarios. Asimismo, el camino hacia el mercado interior supuso la apertura progresiva de mercados como el transporte (aéreo, ferroviario y por carretera); el energético, tanto en carburantes, con la desmonopolización de Campsa, como en electricidad, sector en el que se crea la Red Eléctrica de España (REE); el telefónico, y el del tabaco, en el que también se desmanteló el monopolio de Tabacalera.

La aplicación del Tratado de Adhesión fue una verdadera revolución, la mayor modernización de nuestra historia económica, pues se pasaba de una economía cerrada a una economía abierta. Y fue imprescindible adaptar la legislación española a la comunitaria. Mientras los reglamentos eran directamente aplicables, las directivas había que transponerlas al derecho interno. Es decir, por un lado, la Administración y el sistema judicial se encargaban de que se aplicaran los reglamentos y, por otro, el legislativo se ocupaba de convertir las directivas en legislación propia. Para ello propuse aprobar una ley de bases para poder trasladar rápidamente el derecho comunitario a la legislación española, y así se hizo.

Luego hubo que buscar a las personas que debían representar a España en Bruselas, lo que inicialmente fue difícil, porque tenían que cumplir determinados requisitos y estar dispuestos a marcharse. Al final, más de mil personas se trasladaron a las instituciones europeas.

EL ACTA ÚNICA

Ya en el momento de nuestra entrada se había puesto en marcha, a partir del Consejo Europeo de Milán de julio de 1985, al que habíamos sido invitados, la negociación del Acta Única, un tratado para alcanzar un mercado interior en 1992, que se firmó en Luxemburgo en febrero de 1986 y que significaba pasar del mercado común al mercado único, de un mercado con fronteras físicas a uno sin fronteras que suprimiera los obstáculos técnicos, fiscales y normativos. Fue un gran tratado que permitió avanzar hacia una mayor integración entre los países de la Comunidad Europea. Y supuso la llegada a España de los primeros fondos comunitarios que permitieron iniciar los nuevos programas de infraestructuras, que han condicionado nuestro gasto en esa actividad durante muchos años.

En España, a pesar de las reticencias del mundo empresarial, el Gobierno no tuvo dudas en apoyar el proceso. Preocupaba el impacto financiero y el mecanismo en la toma de decisiones. Representaba una nueva apertura industrial a cambio de ciertas ventajas agrícolas. El desarme industrial introducía mayor competencia, pero no suponía un cambio sustancial respecto a lo que ya estaba previsto hacer.

Recuerdo debates tediosos, aunque a veces apasionados, sobre las cosas más peregrinas, aunque fundamentales para aceptar que el tráfico de mercancías se pudiera liberalizar. Todo el tema del mercado interior venía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que impedía la libre circulación de productos por incumplimiento de requisitos técnicos nacionales (recuerdo el famoso debate sobre si las luces de los vehículos debían ser blancas o amarillas).

Aprobada el Acta Única, se inició el camino a la unión monetaria en la Cumbre de Hannover durante la presidencia alemana al aceptarse la creación de un Banco Central Europeo. No era una idea nueva, pero allí se impulsó. Se creó un comité de expertos, entre los que se incluyó a Miguel Boyer, que debía hacer un informe que se discutiría un año después en la Cumbre de Madrid bajo presidencia española. Aquella presidencia, además de la unión monetaria, debía tratar la dimensión social del mercado único, la reforma institucional para otorgar mayores poderes al Parlamento Europeo, el impulso de la armonización de la fiscalidad indirecta y el proyecto de una Europa audiovisual.

Solo tres años después de la integración, España y Felipe González ya habían adquirido peso en Europa. En el Consejo de Madrid se lograron muchos avances y se acordó, con el voto a favor de Margaret Thatcher, la entonces primera ministra británica, lanzar el proceso de la Unión Económica y Monetaria, que se realizaría de forma progresiva. En esos meses, Solchaga tomó la decisión de incorporar la peseta al Sistema Monetario Europeo (SME), lo que suponía un compromiso con nuestro deseo de estar en la moneda única.

Iniciado ese proceso se produjo la caída del muro de Berlín y la consecuente negociación para la reunificación de Alemania, que pasó a ser prioridad de la política alemana. La reunificación, que obviamente era irrenunciable, cambió muchas cosas. Algunas de ellas afectaban al debate sobre la integración europea y modificaba la hoja de ruta trazada en Madrid. Ahora había que preguntarse qué modelo de integración queríamos en una Europa no dividida.

Después, en la Cumbre de Roma de diciembre de 1990, se inició la negociación que culminaría en el Tratado de Maastricht y que daría lugar a la moneda única y a la creación del Banco Central Europeo (BCE) tras un calendario pautado. El Tratado, que supuso el cambio cualitativo más importante de la historia de Europa hasta ese momento, se firmó el 7 de febrero de 1992.

La aprobación del Tratado de Maastricht ya la viví como ministro de Agricultura. Los esfuerzos hechos para poner en marcha una moneda única dieron sus frutos, pese a las reticencias de Dinamarca y Reino Unido y, sobre todo, a la crisis económica de aquellos años, que retrasarían el proceso, lo que se vio reflejado en la crisis del SME (salida de la libra y la lira) y, en España, en las sucesivas devaluaciones de la peseta.

Para España, la entrada en Comunidad Europea no era el final de un camino, sino el comienzo de otro. La integración condicionó toda la política económica de los años siguientes. El proceso de cambio siguió. En el ámbito de las empresas públicas se inició la transformación en empresa pública del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH, creado en el periodo de UCD para integrar las empresas públicas relacionadas con el petróleo: prospección, refino e investigación) y la desmonopolización de Campsa con la apertura del mercado logístico a otras empresas.

En otros casos hubo venta de empresas que no tenía sentido que estuvieran en el Estado. El Instituto Nacional de Industria [INI] fue reduciendo el número de empresas, vendiendo las rentables y quedándose con las que tenían dificultades para salir al mercado (básicamente, carbón, siderurgia y naval), mientras en la Dirección General de Patrimonio se procedió a privatizar empresas como Campsa, Telefónica, Tabacalera y el Banco Exterior, entre otras.

Solchaga, además, decidió unificar toda la banca pública [Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola y Banco Hipotecario] en torno al Banco Exterior. También se produjo la fusión con Caja Postal, que dependía de Correos y, por tanto, del Ministerio de Transportes. El banco resultante acabaría denominándose Argentaria. La decisión sigue siendo polémica, ya que hay gente que opina que el control de financiación de ayuntamientos y de la vivienda debería ser a través de la banca pública. Es verdad, pero es intentar matar moscas a cañonazos. Había que modernizar el país y adaptarlo a un entorno más competitivo. No eran temas pacíficos, porque no todo el Gobierno estaba de acuerdo con que un componente del servicio público se liberalizara. No se siguió el modelo francés, sino que se adoptó otro con más papel para el mercado.

En las reformas laborales, que también se produjeron en ese periodo, yo no participé, sino que las vi desde Exteriores. Evidentemente, mi posición era favorable a una aproximación de nuestra legislación a la europea, y sigue siéndolo. Habíamos heredado del franquismo un modelo muy protector. Con la democracia se intentó mantener la protección del empleo a niveles muy altos, parecidos al periodo anterior, pero con mayores salarios, cosa que no era viable. Había que buscar un sistema más eficiente. Siempre he pensado que algo no estamos haciendo bien cuando, desde hace tantos años, tenemos una tasa tan alta de paro. La huelga general de 1988, el famoso 14-D, puso de relieve la sensibilidad de la opinión pública a estos temas. El éxito fue total. Aquel día venía de Bruselas con Fernández Ordóñez y encontramos todo como si hubiera caído una bomba nuclear.

También a finales de los ochenta se empezó a mover el sector financiero. Había habido una crisis fuerte en los años setenta, con Mariano Rubio de gobernador, y en ella cayeron varios bancos importantes. Luego se produjo la intervención de los bancos de Rumasa, un total de 18 (entre ellos el Atlántico) que hubo que repartir entre los grandes bancos, y de Banca Catalana, que también se intervino.

El proceso era inevitable. En la medida en que el país se iba abriendo al exterior parecía razonable que se hicieran cosas semejantes a los demás estados, ya que, si no estabas al día, podías perder la posición competitiva. Fue tras el lanzamiento de la opa del Banco de Bilbao sobre Banesto y la guerra del pasivo del Santander, cuando se produjo el gran cambio que trastocó todo el sector y que provocó una revolución. Otra consecuencia inevitable de la entrada en Europa.

En ese periodo, se cambió la Bolsa de Valores, se suprimieron los agentes de Cambio y Bolsa y se crearon las sociedades de valores, la CNMV [Comisión Nacional del Mercado de Valores], y se fue preparando la autonomía del Banco de España, que se culminó en mi periodo como ministro de Economía y Hacienda, sobre un anteproyecto elaborado por Carlos Solchaga y tras unos años preparando los cambios necesarios para conseguir un estatus de independencia semejante al de otros bancos centrales europeos. Hubo un cambio cualitativo que pilotó Luis Ángel Rojo desde el Banco de España.

Fueron años con tipos de interés al alza, con niveles más altos que en Europa y una importante entrada de capitales como consecuencia de la expectativa positiva que se produjo en España tras la entrada en las CE. La entrada de capital incidió al alza en el tipo de cambio de la peseta (es el periodo del give me two); en 1991 todavía recibimos el impulso de la construcción de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, y al final de la Expo, en octubre de 1992, el tono económico había cambiado. Los acontecimientos posteriores complicarían el escenario.

La crisis en Europa comenzó en 1991 coincidiendo con el «no» de daneses e ingleses al proceso de Maastricht. A nosotros nos llegó un poco más tarde, como he indicado. Al final de 1992 la situación se hizo más compleja por la crisis de divisas tras el Ecofin informal de Bath (Reino Unido), donde Alemania aceptó apoyar al franco francés, pero no a las demás monedas. La libra británica y la lira acabaron saliendo del SME (España, al estar con bandas de flotación de la peseta más amplias, tuvimos menos dificultades). A partir de ahí comenzó la gran confrontación con el Reino Unido en el tema monetario. La crisis monetaria volvió a repetirse en 1993. Hay dos devaluaciones seguidas, pero nos quedamos en el mecanismo de cambio del SME. Los franceses, que también se quedaron en el SME, también tuvieron que devaluar.

MINISTRO DE AGRICULTURA (1991-1993)

Como ministro de Agricultura tuve que adaptar el departamento a la normativa comunitaria y empezar un proceso enormemente complicado, ya que una parte fundamental de las competencias estaban en manos de las Comunidades Autónomas. Es decir, por una parte había que aplicar el modelo europeo y, por otra, coordinar a las Comunidades Autónomas para su aplicación en aquellos ámbitos que eran de su competencia. También hubo que resolver dos grandes temas pendientes del periodo anterior y relacionados con la entrada en Europa: establecer un mecanismo de financiación de las estructuras agrarias que sustituyera al anterior, que había acumulado una dimensión no financiable, e introducir las cuotas lácteas en España, tema muy sensible en términos políticos por la reducción de producción que podía suponer y su necesaria distribución territorial.

Fue la primera vez que me encontré con un gasto del presupuesto nacional que podían comprometer las autoridades autonómicas sin que dicho gasto estuviese territorializado, por lo que era imposible cumplir con el límite presupuestario previsto. Cuando llegué a Agricultura teníamos un problema de 40.000 millones de pesetas, poca cosa comparada con problemas similares que hemos visto posteriormente. Para resolver este problema pasamos del sistema de subvención ilimitada y autorizada por las Comunidades Autónomas a un sistema de préstamos.

En cuanto al segundo, el exceso de producción láctea, se pudo resolver aprovechando la reforma Mac Sharry y presentando un programa de acción que implicaba retirada de producción, incremento de cuota y no imposición de sanciones por el período transcurrido sin aplicar el sistema. Aunque la solución no fue total, permitió que posteriormente se mejorase el sistema hasta el momento de su posterior desaparición.

Los avances en el SME nos permitieron resolver los problemas derivados de tener precios más altos que los comunitarios en el momento de entrada en tres productos: azúcar, trigo y leche. Al final, nos ayudaron las devaluaciones de la peseta, porque permitieron aumentar los diferenciales entre el tipo de cambio verde y el financiero, y con subidas algo mayores que las europeas (prácticamente nulas) pudimos limar las diferencias sin tener que bajar los precios de apoyo al agricultor. Pese a todo, tuve una marcha verde contra el Ministerio.

Más difícil resultó instaurar la cuota láctea. Hubo que negociar con las Comunidades Autónomas y casar sus diferentes intereses (unas a favor de más cuota y otras a favor de reducirlas). Y también hubo que negociar con ellas el programa de modernización de las estructuras agrarias.

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MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA CON FELIPE GONZÁLEZ (1993-1996)

Siempre pensé que tendría una experiencia corta en Agricultura, y por eso me incorporé al Ministerio con el objetivo de dejarlo preparado para los nuevos tiempos en Europa. Mi intención era, una vez terminado ese mandato, cambiar de aires. En las elecciones de 1994 acompañé a Felipe González en la inauguración de la campaña electoral en Valencia. Aproveché un momento de relajo para decirle que, después de las elecciones, quería marcharme. Me contestó: «¿Y tú crees que yo no quiero irme también». Me tuve que callar, sabiendo lo que me esperaba si el PSOE ganaba, pero no muy preocupado, pues esa opción no parecía la más probable.

Después de las elecciones, que se ganaron de manera muy ajustada, y con gran irritación del PP, Felipe González encargó a Narcís Serra, al que nombró vicepresidente, hacer los primeros contactos para la formación del Gabinete. Según los rumores, Solchaga había pedido marcharse, pero se quedó. Se presentó a las elecciones, pero salió del Gobierno. González buscó un nuevo ministro de Economía y Hacienda, y supongo que me eligió porque buscaba a alguien que conociera los temas europeos. Una de sus principales preocupaciones era cumplir a tiempo los compromisos de Maastricht. Fue Serra quien me dijo que por qué no pasaba a Economía y Hacienda. Le señalé que preferiría marcharme, pero me dio una serie de razones por las que acabé aceptando, aunque siempre he sido consciente de que yo no era una persona del mundo económico puro; no era mi formación ni había sido mi dedicación en los últimos años, más centrada en los temas europeos. Y este nuevo reto me preocupaba.

La verdad es que era un periodo complicado. En aquel momento, el contexto político era atroz y la economía pasó a un segundo plano.

De julio a finales de 1993, la tensión se centraba en la preparación del presupuesto y en llegar a un acuerdo con los agentes sociales que no fue posible. España había despertado del sueño de prosperidad de 1992, zarandeada por las devaluaciones de la peseta (la última a solo una semana de las elecciones de 1993) y el «NO» de Dinamarca a la moneda única. Eso trajo consigo que las empresas redujeran las inversiones y el empleo, que bajara la actividad y que el déficit se disparara al 7 %, y la inflación, al 5 %. Todo esto obligaba a un cambio en la política económica, que ya había iniciado Solchaga, con el objetivo de corregir los tres desequilibrios básicos: paro, inflación y déficit público. Era necesario renunciar a las políticas expansivas para hacer frente a la crisis y negociar medidas para mejorar el empleo y la actividad con los agentes sociales.

La herencia de Solchaga fue buena en cuanto al enfoque y en cuanto a la dirección de las decisiones tomadas. Lo que yo hice fue adoptar decisiones mucho más restrictivas de gasto. Las primeras fueron para arreglar el desfase de cuentas como consecuencia de que los ingresos iban peor de lo previsto y de que en la Seguridad Social apareció un desfase imprevisto. Y tenía dos preocupaciones fundamentales: primera, hablar con los sindicatos de salarios y de correcciones del exceso de gasto, y segundo, controlar el gasto público global. Dentro de lo posible, creo que se tomaron las decisiones correctas. Redujimos la obra pública y un poco de todo. En mayo de 1993 se había producido la segunda devaluación de Solchaga y él ya había aprobado, antes de irse, el «decretazo» por el cual se restringían los beneficios del desempleo, que suponían un recorte importante del gasto.

También nos ayudó que en agosto tuvo lugar una crisis del SME. Fue mi primer viaje a Bruselas como ministro de Economía. De acuerdo con Rojo, planteé suprimir las bandas de fluctuación. Pero no era aceptable porque iba en contra del proceso de ir aproximando los tipos de cambio. Al final, la tesis que prevaleció fue la de ampliar la bandas de flotación del 3 % al, aproximadamente, 15 %, lo que dejó en una posición más cómoda a las diferentes monedas. Así se tranquilizó el mercado y nos dio un periodo de calma. Eso, junto a las restricciones que pusimos en marcha y que la economía empezaba a tirar, nos permitió estabilizar las cuentas.

Durante el segundo año, el debate fue con el Banco de España, porque consideraba muy expansivo el presupuesto y porque subimos el IVA un punto y, a cambio, bajamos las cotizaciones sociales. Hice algo que sigo pensando que hay que hacer en este país: bajar más la cotización empresarial que la de los trabajadores porque están muy desequilibradas y la gran aportación es la del empresario. Intenté que los sindicatos aceptaran una mejor distribución de las cotizaciones. Era una operación neutral desde el punto de partida, porque era dinero que aportarían los empresarios a los salarios y los trabajadores la aportarían como cuota adicional, pero que habría sido un buen precedente para decisiones de incrementos futuros, ya que habría supuesto una mayor corresponsabilidad social. Pero no encontré ningún eco.

Mi obsesión era recortar los Presupuestos y alcanzar con los sindicatos un pacto por el empleo que nos permitiera avanzar en cuanto a fijación de salarios razonables y modificación de las condiciones de despido para facilitar la contratación y reducir el paro con unas políticas activas de empleo más eficientes. Fueron sesiones intensas con Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez [secretarios generales de UGT y CC OO], a veces complicadas, con confrontación y muy discrepantes. Al final, el pacto no fue posible. Había un problema de fondo: la dificultad de los sindicatos para pactar cesiones de derechos individuales a corto plazo, aunque puedan tener un impacto positivo global a largo plazo. Pero yo creo que había también un problema político en el caso de UGT y, en concreto, con Nicolás Redondo, de no ceder ante el Gobierno.

No hubo acuerdo y eso llevó a una huelga, de la que apenas nos acordamos porque tuvo un impacto muy reducido. Nosotros pensábamos que era necesaria una reforma laboral y la hicimos. Por primera vez, no fue pactada. Los sindicatos no podían aceptarla porque suponía empeorar los salarios, aunque estaba justificada porque permitiría aumentar el empleo y reducir la discriminación. Pero el rechazo fue también por razones políticas, sobre todo por parte de UGT. La huelga del 27 de enero de 1994 fue la tercera contra los Gobiernos de Felipe González.

De aquella reforma se sacaron algunos temas positivos. La idea fundamental era introducir causas objetivas de despido en las relaciones laborales (con una indemnización de 20 días por año trabajado) y hacer retoques en los contratos. Si una empresa tenía dificultades, no hacía falta que quebrara para despedir a gente, pues existen causas técnicas, de producción y económicas. Además, se crearon los nuevos contratos de aprendizaje y prácticas para fomentar el empleo juvenil; se prorrogaron 18 meses los contratos de fomento de empleo que terminaban en 1994; se introdujo el contrato de relevo, y se eliminó la obligatoriedad de contratar a través del INEM, pasando a regularse por primera vez las empresas de trabajo temporal.

El problema era el despido absolutamente injustificado, y ahí tuve un fuerte debate con Pepe Griñán [ministro de Trabajo] sobre si mantener los 45 días de indemnización, lo que se convirtió en una bandera para el mundo sindical. Yo acepté que para esos casos se podían mantener los 45 días. Claro, la práctica judicial hizo una interpretación extensiva en el derecho de los trabajadores y restrictiva desde el punto de vista del empresario, con lo cual el impacto no fue tanto como el que esperábamos, pero sí valió para introducir la existencia de causas de despido clasificadas y con posibilidad de actuación.

Un tema muy importante en ese periodo fue la Ley de Autonomía del Banco de España, en la que hicieron un trabajo muy activo el secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, y el director general del Tesoro, Manuel Conthe. Partimos del trabajo adelantado por Solchaga y dimos al banco la autonomía que necesitaba por razones de política monetaria, pero también porque era fundamental para acceder a la unión monetaria. Pactamos con el PP el nombramiento de los responsables y, al final, se hizo un Banco de España muy independiente que ha funcionado bastante bien durante todo este periodo.

LA CRISIS DE BANESTO

Pero, por entonces, estalló el tema de Banesto, que no fue menor. Nos tocó intervenir el banco. Desde que había asumido el mando Mario Conde, tras la opa fallida del Banco de Bilbao, la entidad había tomado un sesgo muy agresivo que le había diferenciado de los competidores. Entre 1988 y 1992 duplicó su cartera crediticia frente a un crecimiento del 50 % de media del resto del sector y lanzó una estrategia de captación de pasivo ofreciendo tipos de interés superiores. Pero el problema era que el entorno económico empezaba a dar muestras de debilidad, lo que aumentaba los riesgos de los préstamos. Banesto tuvo que acudir al interbancario y emitir deuda subordinada para financiarse y entró en una vorágine difícil de parar.

Conde intentó arreglarlo con la colocación en Bolsa de la Corporación Industrial Banesto (formada con las empresas participadas), pero el estallido de la Guerra de Irak frustró la operación, con lo que los ingresos que esperaba no se produjeron. Eso, unido a los problemas que originaban la falta de control interno de los créditos, llevó a una situación peligrosa que ya estaba siendo investigada por la inspección del Banco de España. En marzo de 1992 había iniciado un análisis de la entidad en el que había detectado las deficiencias, motivo por el que exigió un plan para resolverlas. Banesto propuso un conjunto de medidas, como la venta de activos, la realización de saneamientos y una ampliación de capital, pero la situación no mejoró. Al contrario, continuó deteriorándose durante 1993.

En septiembre de ese año, el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, cada vez más inquieto por las noticias que le daban desde la inspección, me comentó la situación. Estábamos en contacto permanente con el Banco de España y el papel que debíamos jugar era estar informados y, si el Banco de España lo proponía y nos parecía razonable, intervenir. Y eso fue lo que al final acabamos haciendo: trasladar al presidente primero y elevar al Consejo de Ministros la propuesta de intervención planteada por el Banco de España.

El Banco de España había advertido a Banesto de la situación y estaba en negociaciones con sus responsables para arreglarla. Estimaba que, al menos, necesitaba 500.000 millones de pesetas [unos 3.000 millones de euros] para salir adelante. Pero las propuestas de Conde no suponían una solución real, como dijo Rojo en su comparecencia en el Congreso de los Diputados tras la intervención, y habrían llevado a un progresivo empeoramiento de la entidad y, lo que es peor, a arrastrar a todo el sistema financiero.

El Banco de España estaba decidido a proponer la intervención si, antes del 31 de diciembre, no se presentaba una solución válida. Pero el 28 de diciembre la situación se precipitó. Esa mañana el comité ejecutivo del Banco de España estaba reunido desde primeras horas discutiendo el tema. Empezaron a salir rumores en el mercado, supongo que difundidos por el propio Banesto, porque Conde había ido al Banco de España. El mercado empezó a estar raro y obligó a la CNMV a suspender la cotización. Luis Carlos Croissier (presidente de la CNMV) se trasladó al Banco de España expresamente para informarse. La suspensión de la cotización aceleró que se tomara la decisión de intervenir en ese momento porque el tema estaba en la calle y no se podía esperar. De hecho, yo salí del debate sobre el Presupuesto y hablé con Luis Ángel Rojo, que me dijo que había que tirar para adelante, aunque esa no era la idea inicial.

Las historias de que la decisión tenía mucha carga política son absolutamente falsas, no tienen nada que ver con la realidad. Fue un análisis técnico del Banco de España con el apoyo claro del Gobierno. Esa es la historia. Es verdad que hubo sus más y sus menos, y siempre éramos conscientes de que aquello no era neutral en la vida política del país. Es decir, que la decisión iba a tener sus implicaciones. Siempre he pensado que parte de las cosas que sucedieron al año siguiente tuvieron que ver con la intervención.

No sé si Conde se movió por otros derroteros para parar la intervención, pero conmigo nunca tuvo contactos, ni antes ni después. Pero la maquinaria ya estaba en marcha y muy poco tiempo después se presentó el plan de saneamiento de Banesto, cuyo desfase patrimonial se cuantificó en 605.000 millones de pesetas [más de 3.600 millones de euros]. Inmediatamente, se puso en marcha la subasta de venta de la entidad, que se la quedó el Santander por 313.476 millones, lo que reducía el coste de la operación a 191.500 [que se repartieron entre el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos]. Luego ya vino, en la maratoniana junta de accionistas de marzo, la acción civil de responsabilidad que se puso contra Conde y todo el consejo de administración.

ANNUS HORRIBILIS

Las cosas no quedaron ahí. Con uno de los bancos más importantes del país intervenido y una huelga general convocada para finales de enero, el comienzo del año no podía augurar nada bueno. Y así fue. Un annus horribilis. En febrero de 1994 salieron las primeras noticias del escándalo de Mariano Rubio (exgobernador del Banco de España) en Ibercorp [un entramado financiero dirigido por el exsíndico de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha, que acabó siendo intervenido por el Banco de España] por la existencia de una cuenta secreta a su nombre y por la que sería detenido por delito fiscal. La información fue un mazazo para el Gobierno, para el presidente, que lo había defendido públicamente, y, en particular, para Solchaga, que le había apoyado y que vio truncada su carrera política. También lo fue para mí.

Al mes siguiente, Luis Roldán (director general de la Guardia Civil) huyó del país tras las acusaciones de uso fraudulento de los fondos reservados. Como consecuencia, Antoni Asunción (ministro del Interior), que había apoyado a Roldán, dimitió. Antes se había producido la dimisión de su antecesor, José Luis Corcuera, por la campaña de «la patada en la puerta». Poco después estalló un nuevo problema con Vicente Albero, que me había sustituido en Agricultura, y que tuvo que dejar el cargo por su implicación también en el caso Ibercorp [en la información que se descubrió apareció que le habían pagado una indemnización con afros, activos financieros con retención en origen del 45 %, y en lugar de declararlos, los dejó opacos]. Tuvimos un mes de marzo terrorífico y, a partir de ahí, una legislatura enormemente complicada.

Para remate, también estalló el caso PSV. O sea, la suspensión de pagos de la cooperativa de viviendas promovida por UGT que dejaba en el aire los ahorros de sus 20.000 socios. Este escándalo supuso la salida de Nicolás Redondo del cargo de secretario general del sindicato, además de profundizar en su difícil relación con el PSOE y el Gobierno, al que el líder sindical acusó de retrasar una solución para debilitarle. Cosa que no era verdad, porque desde el Ministerio de Economía, pero también desde la Vicepresidencia, hicimos todo lo posible por salvar la situación dentro de los márgenes que daba la ley, aunque desde el sindicato no se quisiera entender.

Yo salí con cierto mal sabor de boca de aquel periodo, aunque, en términos generales, los resultados de aquellos cuatro años no estuvieron mal. Comenzamos la privatización de Telefónica y continuamos la de los grandes grupos. Preocupados por el futuro de las pensiones, planteamos con el ministro de Trabajo, Griñán, un gran pacto nacional para pensiones que daría lugar posteriormente al Pacto de Toledo (en este asunto recuerdo que, además de los sindicatos, también encontramos reticencias dentro del PSOE, ya que, para algunos, pactar era perder un arma electoral). Continuamos aplicando el plan de reformas estructurales, fundamentales para reducir la inflación y crear empleo. Avanzamos en la reforma de la Ley General Tributaria y dejamos las cuentas públicas bastante saneadas para que después se pudieran cumplir los compromisos de Maastricht. La economía, al terminar la legislatura, estaba bien encauzada.

LOS PRIMEROS PASOS AL EURO

La crisis económica de los primeros años noventa, el «NO» del referéndum danés y las dudas del Reino Unido dejaron en un segundo plano la construcción de la unión monetaria aprobada en Maastricht. Pero los trabajos técnicos para aplicar lo pactado en Maastricht seguían. En 1995 se abrió una ventana de oportunidad para relanzar el proceso. Tras la presidencia francesa, que se centró en otras prioridades, encaramos este tema durante la presidencia española en el segundo semestre del año, en un momento en que la situación política interna era muy difícil. Desde mayo se pedían elecciones y el rumor, después confirmado, es que no se aprobarían los Presupuestos para 1996. Pero González decidió no convocar elecciones hasta que no finalizara la presidencia española de la Unión. Esta decisión fue fundamental, pues nos permitió en la Cumbre de Madrid cambiar el nombre de «ecu» a «euro», pactar la hoja de ruta para la entrada en vigor (incluía las diferentes fases y los compromisos en cada una, la duración de las mismas, la forma para fijar los tipos de cambio, etc.) y también, como consecuencia de una petición alemana de último momento, la aceptación de un pacto de estabilidad fiscal que se definiría posteriormente. Madrid significó un paso importante para culminar el proceso. El secretario de Estado de Economía en aquel momento, Manuel Conthe, y su equipo desempeñaron un papel fundamental en aquellas semanas.

Mientras el euroescepticismo se extendía por Europa, en la Cumbre de Madrid se pasó a la tercera fase de la unión monetaria y del pesimismo al optimismo. En aquel momento pensaba que de los criterios de Maastricht solo había uno en el que teníamos dificultades reales y luego resultó ser el más fácil para todos, el de inflación. El déficit se acabaría consiguiendo y en deuda estábamos mejor que la media. Cuando se hizo la medición de esos criterios, coincidimos con un momento de baja inflación por la caída de los precios del petróleo y los cumplimos todos los países miembros con gran comodidad, de alguna forma engañándonos a nosotros mismos porque podíamos pensar que estábamos más cerca de lo que realmente estábamos en términos de competitividad. Cuando los precios del petróleo volvieron a subir, volvieron a aumentar los diferenciales y nos encontramos con unos problemas de cuenta corriente sustanciales.

En 1995, los problemas internos tuvieron su reflejo en los mercados, creando tensiones en el tipo de cambio de la peseta. Al final, de acuerdo con los procedimientos comunitarios, tuvimos que modificar el tipo central de cambio a la baja. En el debate político y en el contexto de aquellos meses se presentó como una nueva devaluación, aunque en la realidad nunca se utilizó todo el margen adicional obtenido. Y acabó favoreciéndonos cuando se fijó el tipo de cambio peseta-euro, ya que se tomaron como referencia los tipos centrales acordados.

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LOS PRIMEROS GOBIERNOS DEL PP (1996-2004)

Dadas las circunstancias en las que nos encontrábamos, acepté la invitación de presentarme a las elecciones generales como independiente en la lista del PSOE por Alicante. Nuevamente tuve dudas. No estaba afiliado al PSOE —nunca he estado afiliado a ningún partido—, pero estaba en deuda con Felipe González por la confianza que había depositado en mí y por toda la gente que me había ayudado. Pensé que debía echar una mano y era el momento.

El programa electoral del PSOE sobre economía se centraba en cumplir con Maastricht, lo que suponía mantener los ingresos para mantener el Estado de Bienestar y recortar los gastos para asegurar que el déficit no superase el 3 % del PIB en 1997 (para 1996 estaba previsto un 4,4 %). Mientras, el PP, para el que también era prioritaria la unión monetaria, proponía una bajada de impuestos que, a nuestro juicio, solo era compatible con un recorte significativo de los derechos sociales. Pero no fueron esas rebajas fiscales las que explican la fase de crecimiento de la economía española que se produjo en los años posteriores, aunque sí ayudaron a no aumentar el gasto en porcentaje del PIB.

Tuve un debate con Rodrigo Rato, que sería vicepresidente y ministro de Economía en el Gobierno de Aznar. No lo preparé adecuadamente. En lugar de centrarme en pocos temas y con mensajes precisos, quise abarcar demasiado. Para los espectadores perdí claramente el debate. Esa experiencia fue fundamental para preparar el debate que doce años más tarde, en las elecciones de 2008, tuve con Manuel Pizarro. Al final, el PP ganó, pero no se produjo la goleada que vaticinaban, por lo que tuvo que pactar con el PNV y CiU para gobernar. Y yo me incorporé al Parlamento, donde asumí la presidencia de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre la Unión Europea.

Las negociaciones con vascos y catalanes duraron bastantes semanas, mientras el Gobierno seguía en funciones. El resultado final implicaba cambios significativos respecto a las posiciones tradicionales del PP, pero al final hubo Gobierno. De lo pactado en aquellas semanas, entre los acuerdos económicos con el PNV me llamó especialmente la atención el punto sobre concertación de las rentas obtenidas por los no residentes, por las implicaciones que podía suponer para nuestras relaciones con la Unión Europea. Como es obvio, la especificidad vasca plantea con frecuencia puntos de debate con las autoridades comunitarias que pueden aumentar si se avanza en el proceso de unión fiscal.

El PP continuó en el Gobierno con los tics de la oposición, con crispación en todos los frentes. Se vio cuando el ministro de Trabajo, Javier Arenas, denunció que existían graves deficiencias en la Seguridad Social y un agujero en su financiación de 100.000 millones de pesetas. Y continuó con la famosa amnistía fiscal de los 200.000 millones «a los amigos del PSOE», presentada inicialmente por Costa pero diseñada claramente por Rato, que fue uno de los episodios más desagradables de mi vida pública. El PP trató de desprestigiar una institución como la Agencia Tributaria para conseguir sus fines y atacar a sus adversarios. Rato, que lanzó a su gente a denunciar la existencia de unos expedientes prescritos, se metió en el embrollo sin contar con toda la información y, al final, el asunto se volvió en su contra. La Comisión Parlamentaria de Investigación del tema terminó de forma muy poco brillante para el Gobierno.

Durante el primer Gobierno del PP se produjo un periodo de crecimiento rápido que se aprovechó bien. El crecimiento estuvo impulsado por importantes reformas, pero también por factores externos. Se dieron pasos adelante en la apertura de la economía. Además de acelerar el proceso de privatizaciones, entre otras medidas se adoptó la Ley del Suelo, que aumentaba su disponibilidad y, con ella, el incremento de la construcción en vivienda, favorecida por la demanda turística creciente. A esto se añadía la importante recepción de fondos comunitarios, que mejoró la agricultura e impulsó la construcción de obra pública. Hubo también importantes avances en internacionalización, en algunos casos con costes fiscales muy altos.

Y otros impactos añadidos: empezamos a tener las ventajas de cumplir con los criterios para formar parte del euro, sobre todo por tener un tipo de cambio estable y una aproximación a tipos de interés más bajos y con una liquidez abundante. Y todo ello sin contar la demanda europea generada por los gastos de la reunificación alemana o el empujón derivado de la burbuja tecnológica.

Cuando miramos la composición del PIB español en esos años, el porcentaje generado por la construcción, incluyendo infraestructura y vivienda, es muy superior a la media de los países de la Unión Europea. Ese proceso trajo consigo una inmigración significativa que implicó el aumento de la capacidad de crecimiento y generó demanda adicional en algunos tipos de actividad, incluida la vivienda. Creo recordar que cuando entró el Gobierno del PP éramos unos 39 millones de habitantes, y cuando volví de Bruselas en 2004 ya superábamos los 44 millones.

El origen del boom de la vivienda se remontaba a antes de nuestra llegada. Hay que situarlo en la época del primer Gobierno de Aznar. En ese periodo se produjo la eliminación total del control del suelo, que tuvo sus elementos positivos, pero empezamos a ver una construcción mucho más libre, con normas autonómicas puestas en tela de juicio e incluso muy debatidas. Y ese modelo fue siempre defendido por el Gobierno. [Cristóbal] Montoro, en 2004, siendo ministro de Hacienda, decía que la construcción era la sustancia misma de la economía española y que «el concepto de burbuja inmobiliaria es una especulación de la oposición, que habla insensatamente de la economía del ladrillo y olvida que la construcción es un sector fundamental para la economía del país». Y esa afirmación se hacía a dos años del crédito máximo para esta actividad. En todo caso, tiene que ver con la conjunción de una mayor demanda nacional y extranjera (mayor empleo, segundas residencias, inmigración, nuevos compradores externos por mejor comunicación, deslocalización del trabajo, desplazamiento de jubilados, etc.) y una oferta de dinero abundante y a tipos de interés más baratos. Y también la construcción no residencial financiada con fondos comunitarios que llegaban a España y que ya se había empezado a notar en el periodo anterior como consecuencia de la puesta en marcha del mercado interior.

Lógicamente, ese doble impacto incidió en todos los sectores vinculados a la construcción, incluidas las grandes empresas constructoras. En los primeros años, los fondos comunitarios se destinaron a las prioridades definidas desde hacía años y con proyectos de infraestructuras bien elaborados; después hubo que trabajar rápido para poder absorberlos con proyectos nuevos y la existencia de mayores recursos dio lugar a la competencia política por los mismos: todo el mundo quería tener el mayor número de infraestructuras y se generó la bola de la construcción. Sus defensores utilizaban los argumentos clásicos: genera empleo, paga impuestos estatales, autonómicos y locales, crea empresas competitivas que salen al exterior, etc. La economía pasa a ser dependiente de la construcción en gran medida y las grandes empresas empiezan a diversificarse e internacionalizarse, pero también entran en otros sectores de actividad.

Es verdad que cuando se fue reduciendo la financiación comunitaria empezamos a inventar fórmulas que nos permitieran seguir manteniendo la actividad y, en especial, las infraestructuras de peaje con cálculos de rentabilidad irreales. Construimos entre todos un país con un exceso de infraestructuras cuya rentabilidad económica era muy discutible. Y no es que yo opine que todo lo que hagamos tenga que tener como única razón la rentabilidad económica, pero hay que priorizar lo más eficiente aunque en algunos casos puede haber otros elementos a tener en cuenta. Había una frase, «la inversión de hoy es el gasto corriente de mañana», que le gustaba utilizar a Pepe Borrell cuando era ministro de Obras Públicas. Es decir, si ese gasto corriente corresponde a la prestación de un servicio o a la generación de unos ingresos, evidentemente tiene sentido, pero si es un gasto que no corresponde a eso, estamos tomando una mala decisión en términos de costes de oportunidad, pues dejamos de invertir en otras actividades que habrían tenido más sentido a largo plazo (pienso en la utilización de los fondos por otros países como Irlanda).

La facilidad de financiación permitió impulsar la internacionalización de empresas, que había empezado bastante antes. La presencia de Telefónica, de Repsol o de los bancos en América no es de entonces. El caso de las constructoras es distinto, aunque algunas ya estaban presentes, y con la experiencia y el reforzamiento que adquirieron en España, comenzaron a hacerse grandes fuera.

Luego está el boom tecnológico de finales de los años noventa, en el que España no lo hizo demasiado mal, seguramente porque nuestro nivel tecnológico no era tan avanzado como el de otros países y porque no habíamos adoptado demasiados riesgos. Y también porque teníamos una composición de crecimiento que iba funcionando en otros sectores y, de alguna manera, compensaba la caída por la burbuja tecnológica.

Un tema clave en estos años fue la evolución de los tipos de interés: veníamos de unos tipos altos, que se habían subido en 1995 como reacción del Banco de España por los posibles riesgos derivados de los Presupuestos de 1995 y el incremento del IVA. El Banco llevó los tipos por encima del 7 %. Con la entrada en el euro debíamos aplicar un tipo de interés único en toda la zona euro y, lógicamente, dada la posición de la zona central, más próxima al del Bundesbank que al del Banco de España. Desde la óptica española se pensaba en un tipo de referencia alrededor del 4 %, que era una cifra razonable, pero la mala situación de Alemania y sus menores tipos llevaron a que el tipo de partida fuese del 3 %, que pronto hubo que bajarlo como consecuencia precisamente de los problemas de la zona central. Esto provocó que España recibiera un doble regalo: por un lado, un tipo de cambio fijo y, por tanto, seguridad para el inversor exterior, y un tipo mucho más bajo, con lo que se abarataba la financiación. Además, los crecimientos de circulación de la moneda en Europa estaban por encima de lo que se había fijado como objetivo, lo que hizo que nuestra situación de financiación fuera muy cómoda. De hecho, nos llevó a una cierta ilusión, creíamos que estábamos en una unión monetaria de verdad. La crisis nos pondría de relieve después que no era así, sino que era una libre circulación de capitales con capacidad de aparecer y desaparecer rápidamente.

COMISARIO DE ECONOMÍA

Durante esos años como parlamentario seguí moviéndome por Europa y estando en contacto con los colegas de la zona. Pero cuando Romano Prodi fue nombrado presidente de la Comisión Europea, el Gobierno, a propuesta del PSOE, me presentó para ocupar una de las dos plazas de comisario que correspondían a España. Y Prodi me nombró comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, una de las carteras más sensibles en aquel momento. Me tocaba volver a Bruselas.

En esa etapa estuve cómodo respecto a España porque crecíamos por encima de la media, cumplíamos con las obligaciones europeas de forma razonable y no nos convertimos en azote de herejes, como algún otro de los miembros tradicionales, pero sí éramos relativamente ortodoxos. Es decir, en Bruselas, aunque conscientes de los desequilibrios económicos a los que a continuación me referiré, valorábamos positivamente lo que sucedía en España. Estaban latentes algunos temas concretos: debates por las ayudas públicas referidos a la minería del carbón, a los astilleros, a la TVE o a las ayudas fiscales para la internacionalización, o los problemas planteados por la Ley del Suelo, en especial en algunas Comunidades Autónomas.

Había países con problemas. Alemania mantenía algunos derivados de la reunificación, lo que arrastraba a Francia e Italia. Nosotros atravesábamos una posición más cómoda. La política monetaria única la manejaba el BCE bajo las premisas de lucha contra la inflación, que debía estar próxima pero no debía superar el 2 %, y el seguimiento de las magnitudes monetarias. La política fiscal, sin embargo, seguía siendo de responsabilidad nacional, aunque se habían definido unos criterios (referidos en especial al déficit y la deuda) cuyo cumplimiento era una condición sine qua non para estar en la moneda única.

En esos años negociábamos la ampliación de la UE al este. Tenía, como comisario, la responsabilidad del análisis económico de la situación de cada país. La decisión, en el fondo, fue consecuencia de la tendencia política muchísimo más profunda que se produce tras la reunificación alemana. Era evidente que a Alemania le correspondía jugar el papel más relevante en el proceso de ampliación. Esa opción política, que apoyamos todos, tenía el inconveniente de que era apostar por una Unión Europea mucho más compleja en sus contenidos y más complicada para tomar decisiones. Los factores económicos e institucionales, aun siendo relevantes, no fueron fundamentales en la toma de decisiones.

Si en ese periodo como comisario no tuve ninguna confrontación con España, sí la tuve con otros países. En la crisis franco-alemana-italiana que da lugar al enfrentamiento de la Comisión con los tres países y con el Consejo, España estaba entre los más ortodoxos, pero con una posición flexible, con Holanda. Los elementos que desde la Comisión Europea empezábamos a percibir como problemas para España en los primeros años del siglo XXI eran el déficit por cuenta corriente, la construcción, el endeudamiento del sector privado y la competitividad, porque había un diferencial de inflación permanente superior a la media europea.

LA LLEGADA DEL EURO

La introducción del euro fue el hito que más me marcó en esa etapa. Llegué cuando estaban tomadas todas las decisiones de calendario. Pero el euro era mucho más que las fechas de entrada y los billetes físicos. Era su evolución en los mercados, su cotización frente a otras monedas, la posible ampliación de la zona euro y la aplicación de los instrumentos necesarios para una adecuada gobernanza con las orientaciones de política económica y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Para muchos, la moneda única y la libertad de movimientos de capital no eran suficientes. Había que ir más lejos, pero los estados miembros y, en especial, Alemania se opusieron a ello. Se temía el coste financiero de una mayor comunitarización de responsabilidades en el sistema financiero (¿quién paga la deuda?). El ejercicio realizado en base al informe Lamfalussy, una aproximación muy técnica en momentos de relativa bonanza, resultó insuficiente. Habría que esperar a la crisis para redefinir la Unión Económica y Monetaria [UEM]. Las primeras ideas se recogen en el informe Larosière, pero será tras los debates y tensiones generadas por la crisis griega, y previos acuerdos políticos a propuesta de la Comisión y el Consejo, cuando se relance el proceso para dar verdadero contenido a la UEM. A partir de 2011, ya con mucha experiencia a las espaldas, se adoptan una serie de medidas para mejorar la supervisión y la gestión de la crisis (reforzar el pacto de estabilidad, prestar mayor atención a los desequilibrios macroeconómicos, crear un Fondo de Estabilidad Financiera que acabará convirtiéndose el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), aumentar las competencias de vigilancia y supervisión del BCE, así como su margen de actuación en política monetaria, etc.). En el conocido informe de los Cinco Presidentes, ya en 2015, se define de forma más precisa lo que se pretende: avanzar en una unión económica, en una unión financiera, en una unión fiscal y, en definitiva, en una unión política. Aún estamos lejos de conseguir una verdadera UEM, pero se ha avanzado de forma sustancial en esa dirección.

Territorialmente, se consiguió la unión monetaria que se había diseñado, es decir, sin el Reino Unido, con el problema de Suecia, que encubrió una posición política de no querer cumplir las condiciones y no entrar en la zona euro, y Dinamarca, que, a pesar de tener un régimen de excepción, intentó entrar en el último minuto y propuso un referéndum que el Gobierno danés perdió. En todo caso, se mantuvo fuera, pero en una posición de total colaboración con las instituciones de la zona euro.

España llegó al euro, en 2002, sobre la base de que había que cumplir los criterios. En Europa se tenía muy claro que era imprescindible que, por lo menos, estuvieran los países fundamentales de la zona. En el tipo de cambio, después de la crisis del Sistema Monetario Europeo [SME] de 1994, se había tomado la decisión de que hubiera una flotación del más-menos 15 %, lo que hacía que fuera casi imposible no cumplir con ese criterio. En el diferencial de inflación, en los años que se tenía que medir, cayó el precio del petróleo y eso nos favoreció mucho. Tanto que prácticamente todos lo cumplimos con comodidad.

Nos quedaba, por tanto, déficit y deuda. En déficit, habíamos hecho un esfuerzo importante en 1994. Luego lo continuó el primer Gobierno del PP, por lo que estaba razonablemente controlado por debajo del 3 % del PIB. Además, eran años de crecimiento alto en España por el dinero que recibíamos de Europa y por el tirón de la demanda externa de viviendas favorecida por la estabilidad del tipo de cambio, las facilidades hipotecarias y la mejora de las comunicaciones (vuelos baratos).

En deuda, estábamos muy cómodos. Cuando el Consejo analizó el cumplimiento de este criterio, se interpretó que la deuda debía estar por debajo del 60 % o aproximándose a esa cifra, con lo que se soslayaba el problema de dos países, Bélgica e Italia, miembros originarios de la Comunidad. El único país que no cumplía inicialmente las condiciones era Grecia. Hizo un esfuerzo durante el último año y acabó entrando, aunque durante la crisis se puso de relieve que el esfuerzo había consistido más en confundir las cifras que en obtener mejores resultados.

La introducción de las monedas y billetes resultó un éxito. Lo facilitó que se adelantaran las entregas de efectivo a las instituciones financieras y que todos los cajeros los tuvieran desde las 00:00 horas del 1 de enero de 2002. Aquella Noche Vieja fue especial para mí. La inicié en Bruselas, sacando los primeros euros en un cajero belga, y la continué en Madrid obteniendo euros españoles en Barajas.

Con el euro, nuestros desajustes se acentuaron. Si la incorporación a la UE para España era pasar del siglo XIX al XXI, la entrada en el euro fue un salto más, e incidió de forma muy positiva en la percepción sobre nuestro país en aquellos años. Yo diría que al final del franquismo teníamos demasiados tics del siglo XIX (economía cerrada) y ahora éramos tan buenos o tan malos como cualquiera de los europeos.

En la incorporación al euro, estábamos en una posición relativamente cómoda. Incluso la crisis tecnológica de los primeros años del siglo XXI prácticamente no se notó en España, salvo algunos casos aislados (Terra es, tal vez, el más relevante). En todo caso, la entrada permitió una década de bonanza en la que nos favorecieron unos precios de petróleo razonables y la bajada de los tipos de interés, así como una financiación abundante que venía de Europa.

El BCE estableció como objetivo un mix entre la inflación (próximo, pero por debajo del 2 %) y la medición de la cantidad de dinero en circulación, a la que se daba menor relevancia. La política monetaria aplicada por el BCE por la reunificación alemana también favoreció a España. Es decir, la unificación nos trajo dinero barato y casi sin límite, creando un exceso de financiación que incidiría negativamente más tarde. Además, el euro empezó a devaluarse de forma espectacular respecto al dólar y otras monedas, favoreciendo las exportaciones. Todo esto es útil para entender mejor los excesos que nos llevaron a la crisis posterior.

12
EL PRIMER GOBIERNO DE ZAPATERO (2004-2008)

En 2004, el PSOE ganó las elecciones de forma inesperada para muchos y también para mí. El país vivía en la cresta de la ola por el alto crecimiento económico, ignorando los desequilibrios y las desigualdades, y, pese al clima social originado por el rechazo a la Guerra de Irak y la falta de diálogo que había mostrado Aznar aupado en la mayoría absoluta del PP, se daba por descontada la victoria de estos. Pero los brutales atentados del 11-M acabaron por dar la vuelta a los pronósticos.

Volví a Madrid como vicepresidente económico del Gobierno a petición del nuevo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que había tenido muy poco contacto. Me costó aceptar, no entraba en mis planes ni era lo que deseaba. Tampoco lo esperaba; me parecía más lógico que ocupara ese puesto alguien de los que se habían responsabilizado del programa electoral y habían participado de una u otra forma en las elecciones. Del programa electoral compartía la idea básica de cambiar el modelo de crecimiento. Desde Bruselas veía España como un país con una buena posición de déficit y deuda pública, los dos elementos a los que se prestaba mayor atención, pero con claras debilidades en cuanto al denominado «proceso de Lisboa»; es decir, aumentar nuestra capacidad de crecimiento y nuestra productividad para aproximarnos a los resultados de mayor crecimiento de algunos países europeos, pero, sobre todo, de Estados Unidos. En los documentos de la Comisión, lógicamente se citaban también los riesgos que podía llegar a suponer el déficit por cuenta corriente, el exceso en la construcción de vivienda, la evolución del endeudamiento privado y nuestra baja productividad.

Algunos elementos me preocuparon desde el primer momento: estábamos en un Gobierno en minoría y todo debía negociarse, y ya sabía lo que eso significaba por mi experiencia anterior. Cataluña estaba gobernada por un Gobierno tripartito que lideraba el PSC y que había tenido un claro respaldo de Zapatero. Y, finalmente, se imponía un modelo de gobierno en el que el presidente deseaba contar con una visión propia en los temas económicos, diferente de la del ministro de Economía. Y no me refiero únicamente a la Oficina Económica del Presidente, que se montó con mi aceptación, pues me parecía un aliado útil en la mayoría de los casos.

No había participado en la elaboración del programa, pero, como he dicho, me gustaba la apuesta por el cambio de modelo. En cuanto a la letra pequeña, hubo lógicamente más discrepancias por la imposibilidad de financiar algunas de las propuestas, por no estar de acuerdo en la forma de implantarse (en no pocas ocasiones incidiendo en competencias autonómicas) o, simplemente, por parecerme innecesarias.

Mi prioridad era mantener bajo control el déficit y bajar la deuda —más por el problema de envejecimiento en ese momento que por otros motivos— e intentar mejorar la inflación, cuyo diferencial seguía siendo significativo con los miembros de la zona euro. La segunda prioridad era avanzar en el «proceso de Lisboa»: mejorar la capacidad productiva, lo que implicaba más trabajo, con mayor formación, mejora tecnológica y supresión de obstáculos en el mercado, pero también apostar menos por el ladrillo y más por actividades de mayor valor añadido.

Pero a otros temas también le prestábamos atención, como a la evolución de nuestro déficit por cuenta corriente y a la pérdida de competitividad de nuestra economía. El crecimiento de nuestro déficit por cuenta corriente nos mostraba que no podíamos financiar nuestra actividad con nuestros recursos y que necesitábamos endeudarnos. ¿Cómo hacerlo? El razonamiento en aquel momento era que utilizar el exceso de ahorro existente en la Unión Europea era normal en una unión monetaria. Aumentó rápidamente desde la entrada en el euro y lo siguió haciendo durante todo el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente y conmigo como ministro de Economía. España era el país que estaba tirando. La deuda pública disminuía y la privada aumentaba, pero si los actores financieros actuaban correctamente y estábamos en un espacio financiero único, no debían plantearse problemas. Con la crisis se vio claro que los actores financieros no actuaban siempre correctamente y que nunca tuvimos una unión monetaria, sino una moneda única con cierta libertad de movimientos de capital que desapareció cuando surgieron las primeras tensiones en los mercados financieros.

El segundo problema, que se deducía del déficit comercial, era la pérdida de competitividad. En el análisis que hacíamos entonces se apreciaba que la importación estaba creciendo mucho y, aunque en menor medida, también la exportación. El peso de España en el comercio internacional no se había erosionado excesivamente desde nuestra entrada en la Comunidad Europea y ello a pesar de la caída general de la UE como consecuencia del mayor peso adquirido por los países asiáticos. Mientras los países europeos sí perdieron cuota de mercado significativas, España pasó de ser el 1,8 % al 1,6 % de la exportación mundial, caída poco relevante. Eso nos hacía pensar que estábamos en una situación con excesos, pero que se podrían ir absorbiendo. La buena marcha de la exportación nos indicaba que una parte sustancial de nuestra producción seguía siendo competitiva.

¿Cómo valorar el incremento de la deuda privada? Era la consecuencia lógica de la bajada de tipos de interés y del exceso de ahorro en otras partes de Europa. Sin riesgo de tipo de cambio y exceso de ahorro en otras partes de Europa, trabajar con empresas y ciudadanos españoles era deseado por toda la banca europea.

Partíamos de una buena situación económica, con un presupuesto prácticamente en equilibrio y un alto crecimiento que nos daba un cierto margen con el que se podían financiar algunos de los compromisos del programa electoral. Ya en el primer presupuesto se apreció una fuerte presión para aumentar la inversión pública y un escenario político, al ser un gobierno en minoría, que no permitía pensar en un presupuesto inicial en equilibrio y menos aún con superávit. Esa pauta de comportamiento fue igual durante toda la legislatura.

Cuento en mis memorias [Recuerdos, cuarenta años de servicio público] que todos los Gobiernos son de coalición porque, por una parte, está el ministro de Economía y Hacienda y, por otra, todos los demás. El oficio de estos es gastar y ejecutar el presupuesto con el que cuentan. Solo tiene la responsabilidad de la visión global el ministro de Economía y Hacienda. La clave en la relación en un Gobierno radica en que el presidente debe respaldar al ministro de Economía y Hacienda en las decisiones sobre materia económica y, si no, sustituirlo. Durante estos años, en múltiples temas tuve la sensación de que ese no era el modelo, y que mi ámbito de actuación estaba limitado.

La primera legislatura de Zapatero se recuerda por los grandes avances sociales, la lucha por la igualdad, el apoyo al mundo internacional (ayuda al desarrollo) etc., y se le da menos relevancia a los temas económicos. Yo no la recuerdo exactamente así, y es difícil entender lo que sucedió sin introducir la variable económica. Los primeros temas a los que nos tocó hacer frente derivaban de la herencia del pasado y afectaban a ayudas públicas discutidas por la Comisión Europea (el futuro de TVE y la reconversión naval) y creo que a ambos se les encontró, tras no pocos esfuerzos, una solución razonable. A pesar de su relevancia no dejaban de ser temas menores. La elaboración y aprobación de los Presupuestos, al estar en minoría, resultó una tarea difícil. Pero se obtuvieron apoyos suficientes para su aprobación. Y eso que desde el primer momento decidí suprimir la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, anomalía en el sistema legislativo español que había dado lugar a numerosos excesos. Con ello, el Gobierno perdía comodidad y margen de maniobra en las negociaciones presupuestarias, pero se mejoraba la calidad legislativa. Y se aplicaron algunos de los temas del programa: se puso en marcha una reforma fiscal, aprobada al final en 2006, que permitió un IRPF con menos tramos, sin llegar al tipo único defendido con fuerza desde la Oficina Económica [ocupada por Miguel Sebastián], con un tratamiento unificado a las rentas del ahorro y un sistema más justo para los fondos de pensiones al ajustar más la fiscalidad al objetivo de complementar las pensiones públicas, y un impuesto de sociedades con tipos más bajos y un mejor trato a las pymes. Asimismo, se redujo la deducción por compra de vivienda. Es cierto que no nos atrevimos a suprimirla totalmente y optamos por hacerlo de forma progresiva.

Se mejoró también la financiación de las Comunidades Autónomas para la sanidad y se llevó a cabo una compleja negociación para definir una nueva financiación autonómica que se finalizaría en la legislatura siguiente de forma consistente con el nuevo Estatuto para Cataluña. Todos los temas, pero en especial el último, exigían un esfuerzo técnico y político enorme. Mientras tanto, desde Economía se impulsó la modernización del sector financiero, elaborando y consiguiendo la aprobación y desarrollo de las normas originadas en Bruselas, así como las de blanqueo de dinero. Y se aprobó una nueva Ley de Competencia, pactada con la oposición y con ánimo de permanencia, que luego no resultó ser tal. También se apoyó a la CNMV para el acuerdo sobre el «código Conthe», elemento modernizador de la responsabilidad societaria de las empresas.

Fue iniciativa también de Economía en 2006 el Plan de Reformas Urgentes para impulsar la productividad y mejora de la contratación pública, que afectó especialmente al sector financiero (estableciendo, entre otros temas, el régimen de comercio de las emisiones de gases de efecto invernadero), al energético y la contratación pública. Fue el precedente de los Planes Nacionales de Reformas (PNR), decididos por Bruselas, y que posteriormente, por mi decisión, pasaron a elaborarse en el gabinete económico de la Presidencia.

Pero ¿qué sucedió con otros temas y reformas? En el ámbito laboral y de pensiones dependían del diálogo social. Nunca estuve de acuerdo con la decisión de Zapatero de no hacer nada sin el acuerdo sindical, y así se lo hice saber, pues partiendo de esa premisa era difícil llegar a pactos equilibrados. En las discusiones con los sindicatos y la patronal en la época de Felipe [González], trabajábamos juntos Pepe Griñán, ministro de Trabajo, y yo. Con Zapatero, sin embargo, no aparecí nunca. Fue Jesús Caldera, ministro de Trabajo, el que se responsabilizó del diálogo social; es cierto que con apoyo de mi gente. Y en algunos de estos temas tuvimos diferencias importantes (salario mínimo, por ejemplo), pero, sobre todo, se avanzó muy poco en la modernización de las distintas facetas que afectan al mercado laboral, que debería haber ayudado a mejorar nuestra competitividad y empleo, o a la sostenibilidad de las pensiones. Y tampoco ayudó mucho la nueva cúpula de la CEOE, ni un contexto económico boyante en el que las empresas preferían aumentar salarios sin considerar la evolución de la productividad. A pesar de mi insistencia sobre aprovechar mejor la bonanza, tampoco en las pensiones se veían los problemas a largo plazo, ofuscados por la buena marcha de las cotizaciones sociales y del fondo de pensiones a corto plazo.

Otro tema polémico con Trabajo fue la Ley de Dependencia. Aceptando la bondad de poner en marcha un sistema para la dependencia, su diseño me planteaba dudas: por una parte, por ser competencia de las Comunidades Autónomas, lo que podría generar una demanda adicional de financiación imposible de aportar (¿cuántas veces cometeremos el error de establecer obligaciones de financiación para programas aplicados por las Comunidades Autónomas sin establecer límites de ningún tipo?), y, por otra, pretender que fuera un derecho subjetivo, lo que agravaba el problema. Sin recursos, al final no se podría financiar. La práctica nos ha mostrado cómo la realidad económica al final se impone.

La energía fue otro tema objeto de gran preocupación. Aquí la herencia no era buena. Recibimos un sector con un déficit de tarifa, que no era otra cosa que deudas reconocidas al sector por no haber tomado la decisión de incluirlas en su momento en la tarifa. Era un mal precedente. La apuesta por las energías renovables podía tener sentido si se hacía de forma limitada y progresiva. En el Plan Energético Nacional se estableció un tope máximo de renovables en el suministro eléctrico total, pero el sistema fijado para las concesiones de renovables (con gestión de las Comunidades Autónomas, sin establecerse límites para cada comunidad, otra vez) generó un excedente de producción y un problema con los inversores aún no resuelto. Se ha criticado que la idea de pagar las subvenciones con tarifa fue un error, pues si hubiera ido con cargo a Presupuestos se habría controlado mejor, y es posible, pero cuando tomé la decisión, el objetivo era exactamente el contrario: que solo pudieran ponerse en marcha un número limitado de instalaciones con expectativas de futuro a medio o largo plazo. En mi opinión, falló más el diseño de la aplicación que la idea. Con la financiación con tarifa, el error heredado del Gobierno anterior del déficit de tarifa se acrecentó. En definitiva, no recibimos una buena herencia, pero la empeoramos por la inadecuada puesta en marcha de unas medidas que suponían una buena apuesta de futuro.

Otro de los grandes problemas era la vivienda. Ya me he referido al impulso enorme que recibió la vivienda durante el Gobierno del PP y sus razones. Es cierto que el exceso en vivienda se vio facilitado por el crédito abundante procedente en gran medida del exterior y era una de las causas del incremento de la deuda privada con el exterior.

Además de ser uno de los desequilibrios más claros de la economía española, retiraba del mercado a las familias más modestas que no tenían acceso a un mercado con precios crecientes. Zapatero consideró que había que crear un ministerio específico para la vivienda. La idea era discutible, dado que la competencia estaba transferida a las Comunidades Autónomas y las posibilidades de actuación del Gobierno se podían ejercer sin necesidad de mayor carga administrativa, pero sirvió para que el problema estuviera más en el debate público. Se hicieron muchas cosas: programas estatales de vivienda protegida; poner suelo público a disposición de las Comunidades Autónomas para este tipo de programas; mejorar la legislación sobre viviendas protegidas, así como las condiciones para el alquiler; impulsar la entrada del sector financiero en este mercado, que culminó con la creación de las hipotecas inversas a finales de 2007 y la creación de las SOCIMI ya en 2010, o rebajar los incentivos fiscales para la compra, como ya he citado anteriormente. Mis declaraciones públicas, en más de una ocasión, sobre el exceso de viviendas iniciadas respecto a las necesidades, o contra las hipotecas a cuarenta años, no tuvieron impacto. El crédito siguió subiendo hasta 2006 y solo se estabilizó en 2007. Los precios tampoco flexionaban. Los excesos en la construcción y financiación de vivienda acabarían siendo un elemento fundamental en la crisis.

También siguieron los excesos en la construcción de infraestructuras. Ya he señalado la importancia de los fondos comunitarios en este sector y las dificultades de la herencia recibida (en 2004, nos encontramos con un AVE empezado en muchos puntos del país, o las radiales en marcha, eso sí, «con financiación privada»). Ante la cantidad de recursos recibidos, la rentabilidad económica de las inversiones fue perdiendo importancia como elemento de decisión, lo que incrementó la sensibilidad territorial al querer recibir todo el territorio el mismo trato.

Tampoco acabé satisfecho con la política de inversiones en infraestructuras de nuestro Gobierno. Con la alta sensibilidad política que alcanzó el tema, los compromisos de partida y la presión del sector, no cambiamos el rumbo. La idea de definir un plan nacional perdió todo su valor al apostar por un modelo en el que se recogía cualquier posibilidad de infraestructura futura sin tener mínimamente en cuenta la eficiencia de cada una de ellas. Siempre dejé claro que dicho plan no podía ser un elemento vinculante para la toma de decisiones financieras, dejando que cada presupuesto anual definiera las decisiones concretas de financiación.

Entre todos hemos ido a un modelo de poca eficiencia económica, aunque se le puedan ver virtudes en términos de estructuración del territorio. Y no olvidemos que «la inversión de hoy es el gasto corriente de mañana» que empezamos a conocer. El esfuerzo de Fomento para buscar dinero adicional para mayor gasto y satisfacer demandas de unos u otros territorios resultó en algunos momentos agobiante. Y tanto esfuerzo en inversión en aquel momento era innecesario por razones macroeconómicas. Gastábamos dinero en infraestructuras no imprescindibles, que recalentaban la economía, cuando el empleo había mejorado —el paro estaba en el 8 %— y seguía aumentando la construcción en vivienda.

Fueron años dorados para las constructoras, primero por los fondos comunitarios y posteriormente por los beneficios para internacionalizarse, junto a la banca y otros sectores, con el apoyo adicional de los recursos generados por la amortización del fondo de comercio, práctica que ha dado lugar a una seria confrontación con la Comisión Europea y que ha finalizado con la sentencia de la Corte de Justicia de diciembre de 2016. Y es evidente que la internacionalización es buena, entre otras razones porque, si no, seguiríamos con la industria basada en el turismo y los servicios, y que supuso un salto cualitativo para muchas empresas y sectores. Pero es verdad que fue una operación cara que mejoró muchos sectores que, lógicamente, tenían un mercado limitado en España. Pero no todo fue positivo: la utilización de los grandes beneficios de la construcción la tenemos desgraciadamente con mucha frecuencia en la prensa.

Las presiones cada año para obtener más recursos presupuestarios se centraban en otras dos prioridades que, en mi opinión, resultaban más de futuro: la inversión en tecnología y la ayuda al desarrollo. En ambos casos, la prioridad me parecía correcta para modernizar el país, pero también en ambos casos se quería ir más deprisa que las posibilidades existentes, y por eso para estos proyectos utilizamos en muchos casos no la subvención, sino la financiación, que exigía al menos la existencia de proyectos bien definidos y con posibilidad de ejecución. La idea de establecer anualmente una cifra objetivo, con independencia de la realidad, nunca me pareció una buena opción.

Del gabinete económico del presidente del Gobierno hubo dos iniciativas en la primera legislatura que me parecieron muy positivas. Una fue la atención y el esfuerzo prestado al tema tecnológico, que era un camino que teníamos que andar y tenemos que seguir andando, porque estamos todavía muy lejos de los países más avanzados. La otra fue el plan de reformas, que teníamos que hacer de acuerdo a las instrucciones de Bruselas, y que, tras la experiencia del plan de mejora de productividad elaborado en Economía, pensé que tenía más sentido que lo elaborara el gabinete de Presidencia.

LÍOS EMPRESARIALES

Una fuente de problemas fue la implicación en el cambio de los responsables en algunas empresas. Es cierto que el PP cambió y puso a personas afines en muchas empresas no privatizadas o en el momento de la privatización, pero entonces el Gobierno contaba con una participación accionarial a veces mayoritaria. Pero, con nosotros, las empresas ya estaban privatizadas y nosotros ya no disponíamos de esa baza. Yo no era favorable al cambio de presidentes por principio. Ante este problema teníamos que actuar de acuerdo a los procedimientos internacionales bien conocidos: el Gobierno podía llevar a cabo cambios en la gestión de las empresas en las que tenía participación, pero no debía inmiscuirse en la gestión de las empresas privadas aunque hubieran sido públicas. En lo que no era público no se debía entrar de ninguna forma.

En definitiva, existió una tensión derivada de tener dos visiones diferentes. Una, que era la mía, que soy tal vez demasiado abierto en el sentido de que funcione el mercado y muy poco intervencionista, solo para evitar que se reduzca la competencia. Y otra más tradicional, que es en la que estaba Presidencia, que era que el Gobierno debe tener cosas que decir sobre las empresas. Me sorprendió que la Oficina Económica del presidente estuviera en la tesis más intervencionista. A mí, algunos de aquellos episodios —el cambio del presidente en Repsol [Antonio Brufau sustituyó a Alfonso Cortina], el intento de Sacyr de controlar BBVA o la opa de Gas Natural sobre Endesa— me costaron algún que otro disgusto y muchas horas de trabajo, y me obligaron a entrar en el debate para salvaguardar al máximo la independencia de las empresas respecto al Gobierno.

En el cambio de Repsol, La Caixa me informó de sus intenciones horas antes de que su consejo de administración aprobara la operación, y mi postura fue agradecerles la información, a la que no estaban obligados por ser empresas privadas.

Del intento de control del BBVA por Sacyr fui informado por el entonces presidente de la constructora, Luis del Rivero, de sus intenciones, que me parecieron con poco sentido. Me dijo que desde Moncloa le habían mandado a hablar conmigo, por lo que me pregunté hasta qué punto Zapatero estaba al tanto, porque a mí no me había dicho nada, ni me lo dijo después. El objetivo de Sacyr era tomar el 3 % del banco y sustituir a Francisco González como presidente. Informé al gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, que se mostró —como yo imaginaba— totalmente contrario a que entraran en la banca empresas de sectores ajenos. Una de las claves para que tuviera éxito la operación era la autorización del Banco de España y que reconociera a Sacyr como inversor relevante, lo que le habría permitido entrar en el consejo y plantear el cambio de presidente.

Informé a Francisco González y le pedí que recibiera a los interesados en la inversión. No hubo acuerdo, lógicamente, pero González ya había comenzado la estrategia de defensa. Para entrar en el consejo, Sacyr necesitaba un 6,25 %, el doble de lo que tenía. Tres semanas después, la constructora desestimaba la operación.

El tercer episodio de peleas empresariales, que me llevó horas y horas y días y días de trabajo, fue la opa de Gas Natural sobre Endesa, que se produjo a la vuelta de las vacaciones de verano de 2005 y que llevó el conflicto hasta entrado 2007. Era un tema que me interesaba mucho más, pues afectaba a la competencia en un sector muy sensible para los ciudadanos y que contaba ya con pocos suministradores. Mi sensación era que podía tener sentido desde el punto de vista empresarial, porque daba lugar a un grupo energético reforzado capaz de poder competir en los mercados internacionales, además de blindarse ante cualquier intento de compra por parte de una empresa extranjera. Pero también pensaba que tendría más sentido si existía una potencia financiera detrás que respaldara la operación, porque Gas Natural era un tercio del tamaño de Endesa. El respaldo financiero existía, por parte de La Caixa, pero la ambición de sus responsables respecto a Endesa no era la misma que la de los de Gas Natural. No estaban dispuestos a echar toda la carne en el asador para que la operación saliera.

El Servicio de Defensa de la Competencia, aunque independiente, tramitaba a través de Economía sus propuestas. El asunto estaba en que si en un mercado con ya muy pocos actores se fusionaban Gas Natural y Endesa (dos de las tres eléctricas más grandes), quedaría aún más restringido. Cuando entró la eléctrica alemana E.ON en la pelea, se hizo todavía mucho más complicado, como consecuencia de los problemas internacionales que generaba en Bruselas. Imagino que E.ON era el «caballero blanco» que encontró Pizarro, presidente de Endesa, para contrarrestar la opa. Pizarro encabezó la oposición a la opa y tuvo en todo momento el respaldo del PP, que no dudó en politizarla de una forma exagerada acusando al Gobierno de estar detrás de ella y de judicializarla presentando demandas ante la Justicia.

El asunto repercutió en los diversos reguladores, incluido la CNMV. El presidente de esta, Manuel Conthe, que yo había nombrado, recordó a Pizarro el deber de pasividad de los gestores de las empresas opadas. Esto fue manejado como una injerencia del Gobierno y provocó que Pizarro blandiera un ejemplar de la Constitución anunciando que presentaba un recurso contra la CNMV ante la Audiencia Nacional.

Aprobamos la opa de Gas Natural con condiciones, pese a que el Tribunal de la Competencia había dictaminado su prohibición (no así la Comisión Nacional de la Energía [CNE], que sí la aprobó). Las condiciones garantizaban la competencia, ya que la empresa resultante no tendría una posición más fuerte que la de las dos por separado. Aceptadas las condiciones por Gas Natural, solo quedaba que la CNMV aprobara el folleto de la opa. Pero entonces apareció la opa competitiva de E.ON, que desencadenó una batalla en toda regla con implicaciones en Alemania y en Bruselas por alcanzar dimensiones comunitarias.

Todo se complicó más con la decisión de un juzgado de lo mercantil de Madrid de suspender la opa de Gas Natural y la del Supremo de suspender cautelarmente la aprobación del Consejo de Ministros. La opa de E.ON siguió su curso, y mientras la Comisión Europea la daba el placet, la CNE ponía 19 condiciones. Se cumplieron más plazos y superaron escollos, hasta que apareció una alianza muy extraña para comprar Endesa entre Enel, grupo público italiano, que se había hecho con el 9,9 % del capital de Endesa, y Acciona, que resultó ser el gran beneficiario (estaba claro que, con el tiempo, iba a terminar como terminó, con el divorcio de Enel y Acciona). Se recrudeció la batalla, esta vez con nuevos protagonistas, hasta que las partes llegaron a un acuerdo de reparto, el mismo día que Conthe dimitía tras haber visto rechazada por el consejo de la CNMV su propuesta de sancionar a Enel y Acciona.

Yo he reflexionado mucho sobre el asunto, porque cuando, tras cumplir los plazos legales de incompatibilidad, me ofrecieron ir a Enel como consejero me lo planteé con esa operación en perspectiva. Muchas veces pienso si hice bien en aceptar. Lo hice porque era ver una empresa importante por dentro y no estar tan implicado en el día a día en el tema español. Y en Enel pasé tres años muy interesantes y espero que fueran de utilidad para la empresa al aportar una visión española sobre el tema.

LAS PUERTAS GIRATORIAS

Con eso entramos en el polémico tema de las puertas giratorias. ¡Es fantástico! Yo me he pasado 41 años en la Administración pública, y cuando salgo me dicen que estoy en una puerta giratoria. No deja de tener su broma. La puerta giratoria, en todo caso, debe estar muy clara. Debe haber incompatibilidades bien definidas, las que se consideren necesarias. Pero una vez que cumples las condiciones, y las que hay en España son relativamente rígidas, no deberían existir problemas. Se puede discutir si las condiciones son las correctas o no, si se deben aumentar o no, pero no llevarlas a convertirse en imposibles. Fijadas las condiciones, y cumplidas estrictamente, creo que la posibilidad del cambio puede hacerse.

No obstante, a pesar de que hayas cumplido todas las exigencias, ¿es razonable que aceptes una oferta de empresas sobre las que han tomado decisiones en las que has participado? Es una respuesta difícil. Si participar es tomar la decisión, no habría tenido dudas en decir no. En este caso, la participación no era para tomar la decisión, sino que tenía otro cometido: hacer respetar la legalidad vigente, aunque en este caso no fuera perfecta. El comprador final de Endesa fue Enel porque fue quien más ofertó en una OPA. En su momento no tuve dudas y los comentarios posteriores no me han hecho cambiar de opinión.

Pero volvamos a la reflexión general: planteado en términos generales, el tema merece ser debatido. Yo no comparto la conclusión de amortizar a los políticos: ya no sirven para nada, solo para ir la Universidad, escribir artículos o cosas parecidas… De ese modo eliminaríamos cualquier posibilidad de que entren en política profesionales dispuestos a participar en ella aunque procedan del sector privado. Y nos veríamos abocados a un modelo de políticos profesionales que no me parece la mejor opción en la sociedad actual. Para mí está muy claro: si no se quieren puertas giratorias, o habrá gente que actúe teniendo una actividad profesional compatible para tener unos ingresos comparables a los que tenían antes, o solo podremos captar a aquellos que no tengan otro modus vivendi que la política. Pero si del debate sobre las puertas giratorias llegamos a la conclusión de que el que se dedique a la política tiene que dedicarse toda su vida a la política, creo que hacemos un mal servicio al país y a la política. Yo no soy economista, soy doctor en Ciencias Políticas y me divierte la política, y creo que tenemos unos problemas gravísimos institucionales, de Estado clientelar, que es lo que hay que suprimir.

EL ESTALLIDO DE LAS SUBPRIME

De vuelta a la situación económica, el año 2006 fue de alto crecimiento, además de significarse por ser el año de la tregua permanente de ETA y la aprobación del Estatuto de Cataluña por parte del Parlamento catalán. La crisis no se notó hasta el verano de 2007, aunque se seguía con el crecimiento, que se mantuvo hasta 2008. La economía española llevaba más de una década de crecimiento continuado. Este se debía a factores externos (como los tipos de interés, la inmigración y los fondos europeos), que se estaban agotando y habían provocado los desequilibrios ya citados: creciente déficit por cuenta corriente y alto endeudamiento, agravado por el fuerte crecimiento de la inversión de las empresas y familias que no podía financiarse solo con el ahorro nacional.

En el verano de 2007, estando de vacaciones, se dieron las primeras noticias sobre la crisis de las subprime, y empecé a preocuparme. El fin de la bonanza se empezaba a ver. Para entonces yo tenía muy claro que me iría al final de la legislatura (2008). Propuse a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretario de Estado de Hacienda, como gobernador del Banco de España (creía, y sigo pensándolo, que por su experiencia en la Administración y su preparación podía ser la persona adecuada si las cosas iban a peor), y a mi jefa de gabinete, Soledad Abad (también con una dilatada carrera en la Administración y la empresa pública), como consejera de la CNMV. Era evidente que el problema de las subprime a nivel global era un tema mayor. Pedí al Banco de España y a mi gente que analizaran las posibles repercusiones en nuestra economía. Pero a corto plazo no vimos problemas especiales para España, pues no éramos ni compradores ni emisores de subprime. Disponíamos además de las «reservas genéricas» que daban cierto margen a los bancos. Era una idea de Luis Ángel Rojo que implementó Caruana. La banca protestó en Bruselas, porque se le exigía más que a los demás bancos de otros países y pedían que les quitasen las reservas genéricas, y era una tesis que tenía defensores en la Comisión Europea.

Además, el Banco de España en las emisiones de productos complejos había obligado a que se garantizara por parte del emisor que tenía una responsabilidad del producto y, por tanto, si se metía en el paquete algo que era arriesgado, se habría evaluado con el riesgo correspondiente. La valoración positiva de la banca española era compartida en Europa. En las primeras reuniones en Bruselas, con matices, vi que la mayoría de los colegas llegaban a conclusiones parecidas. La profundidad y duración de la crisis nos mostró, sobre todo a partir de la caída de Lehman Brothers, que aunque estas mayores exigencias ayudaron, no fueron suficientes para hacer frente a la crisis que se nos vino encima a continuación.

Para entonces ya había empezado a bajar el crecimiento del crédito en vivienda (en 2006) y se había estabilizado. El problema era si llegábamos a tiempo para corregirlo dada su magnitud. En ese momento crecíamos más del 4 %, la recaudación iba bien, la actividad también, estábamos en la menor tasa de paro y en la de mayor superávit presupuestario. La tesis de Presidencia, pensando posiblemente en la proximidad de una campaña electoral, era que había que gastar el superávit, mientras que la mía era que había que bajar el gasto y aumentar el superávit. Pensaba que, si la crisis era una crisis financiera parecida a la anterior, con una deuda muy baja y aportaciones sustanciales al fondo de pensiones, estábamos en condiciones de hacerle frente.

Podía estar equivocado, pero es evidente que, si no hubiéramos partido de una deuda baja y no hubiéramos tenido el fondo de la Seguridad Social con más de 50.000 millones, la vida se nos hubiera complicado mucho más. Pero las tensiones con Presidencia y con los restantes ministerios seguían. Un ejemplo de esa visión fue la famosa iniciativa del «cheque bebé», originada en el Ministerio de Trabajo y que se pensaba financiar con fondos de la Seguridad Social. Ante la inevitabilidad de la decisión decidí incluirlo en los Presupuestos del Estado para evitar males mayores. Y, por supuesto, había que seguir haciendo carreteras y otro tipo de actuaciones a propuesta del Gobierno, de los restantes grupos parlamentarios, en especial los que apoyaban al Gobierno, y del sector privado, en especial la construcción.

La construcción prácticamente no recibía ya fondos europeos. Y era evidente que la actividad del sector constructor en España tenía que empezar a caer, porque ni era lógico ni teníamos recursos suficientes para financiarla. Pero la presión de la opinión pública, el interés de los afectados y la proximidad de una campaña electoral forzaban a seguir adelante, con la inevitable presión sobre Hacienda para obtener mayores recursos.

El problema de la construcción residencial era distinto. La construcción de vivienda se había asentado en un modelo altamente especulativo, que había hecho que los promotores se hubieran endeudado fuertemente para adquirir suelo y que las entidades financieras (bancos y cajas) entraran a fondo en la concesión de créditos, lo que, con la crisis, llevó a la desaparición de muchas de ellas. Sin embargo, nosotros tampoco corregimos esa burbuja. Las medidas que he citado resultaron totalmente insuficientes. Confiábamos equivocadamente en un comportamiento del sector financiero, ante las señales que se recibían, de reducción progresiva del crédito para esta actividad, pero no fue así, el mercado no funcionó, ni el financiero (bancos y, sobre todo, cajas) ni el real (promotores que reducen o salen de su actividad). Al final lo corregiría el mercado de forma abrupta. En mayo de 2008, las constructoras demandaban nuevas ayudas para reactivar el sector, petición que contaba con algún apoyo en el Gobierno, pero que desde Economía y Hacienda les negamos para evitar problemas mayores.

EL ESTATUT CATALÁN

No hay que olvidar que el Gobierno no tenía mayoría absoluta y que teníamos que negociarlo todo. Entramos en el poder con el tripartito catalán ya en marcha y con la promesa que Zapatero había hecho en la campaña electoral catalana de que apoyaría el Estatut catalán que viniera aprobado por el Parlamento catalán. Todo esto con un Pascual Maragall que, lógicamente, empujaba mucho. Desde el PSOE no se controló cómo se elaboraba el proyecto en Cataluña, por lo que llegó a Madrid un Estatut aprobado por el Parlament que, en lugar de considerarlo un primer borrador, tenía pretensiones de ser aprobado por el Gobierno y por el Congreso. Y no era un proyecto para aprobar directamente ni muchísimo menos. Tampoco el momento de remisión del Estatut era óptimo para un Gobierno en minoría que necesitaba contar con votos suficientes para sacar adelante los Presupuestos y mantener una razonable estabilidad. Y una parte relevante de esos posibles apoyos pertenecían a grupos que defendían claramente la aprobación del Estatut.

El Estatut catalán, en su parte económica, se saltaba varias líneas rojas constitucionales. Cuando enviaron el texto, yo reaccioné contundentemente diciendo que era inaceptable. Su tesis era que toda la recaudación se debía producir en Cataluña y que Cataluña transferiría los recursos al Gobierno central, es decir, el sistema inverso al de la financiación actual. Y esa deriva de tipo confederal no era de recibo. A parte de eso, querían una mayor participación en los ingresos y manejar una agencia tributaria catalana, que participaría en la nacional. La idea de participar en los ingresos generados por algunos impuestos era posible, pero los impuestos de naturaleza estatal (fundamentalmente IVA y sociedades) debían ser gestionados por el Estado en todo el territorio.

En cuanto a la agencia tributaria catalana, aceptábamos su existencia, pero no como la pata catalana de la Agencia estatal. En cualquier caso, la Agencia Tributaria estatal continuaría actuando en la gestión de los impuestos estatales. Al final, llegamos a cierto acuerdo para una actuación consorciada —podríamos decir de cooperación reforzada entre las dos Agencias—, pero había, y las sigue habiendo, razones muy potentes para mantener el modelo de la Agencia Tributaria estatal tal y como estaba.

El segundo tema, el porcentaje de ingresos que les correspondía, se podía discutir, pero el modelo se aplicaría a todas las Comunidades Autónomas. En IRPF, pensábamos que el impuesto podía ser único, pero de facto podían ser dos, aunque se recaudaran de forma conjunta. Más o menos se llegó a un acuerdo en casi todo. Los temas complicados fueron la Agencia y lo que ellos llamaban la «ordinalidad», que consistía en que Cataluña aceptaba ser contribuyente neto del sistema, pero no tanto como para que las Comunidades Autónomas receptoras de fondos recibieran más recursos per cápita que las que los aportaban. Me parecía una solución razonable. Se podía ser progresivo y pedir la colaboración de los demás en términos de ingresos, pero no hacerlo de la misma forma en términos de gastos. La idea de la «ordinalidad» al final se incluyó en la negociación final que se hizo entre Zapatero y Más.

Como es sabido, el Estatut se aprobó en el Parlamento, se aprobó por voto popular en Cataluña y se impugnó por el PP por razones de inconstitucionalidad. En su sentencia, el Constitucional declaró inconstitucionales algunos de los acuerdos pactados. Algunos siguen en vigor en otros estatutos no recurridos.

Negociar el nuevo sistema de financiación en este contexto fue complicado y todo se hizo más difícil porque el pacto de financiación autonómica heredado del PP no era transparente y público. Existían acuerdos bilaterales con cada una de las Comunidades Autónomas, de manera que unas no sabían lo que les correspondía a otras. Y cuando se hicieron públicas las cifras, se vio claro que los puntos de partida para el nuevo sistema eran distintos en cada comunidad. Al final, cuando yo ya había dejado el Gobierno, se llegó a un nuevo sistema que establecía un fondo de competitividad que permitía aproximar un poco más la financiación per cápita con independencia de la riqueza de cada Comunidad Autónoma.

13
EL SEGUNDO GOBIERNO DE ZAPATERO (2008-2011)

En 2008, tenía previsto marcharme aprovechando las nuevas elecciones, pero al final renuncié a hacerlo y me quedé, porque la desconfianza generada por las subprime aumentaba al mismo tiempo que aparecían nuevos problemas en el sistema financiero. Era difícil saber dónde estaba Estados Unidos y cuáles podían ser sus implicaciones para el resto. En septiembre de 2007 había ido a la reunión del Fondo Monetario Internacional y la conclusión que saqué de los encuentros y reuniones que tuve en Washington fue que la situación financiera mundial estaba en una encrucijada más complicada de lo que habíamos supuesto y que las subprime eran la punta del iceberg. Y era evidente que, si las cosas se complicaban, nosotros, con la dependencia financiera que teníamos del exterior, lo podíamos pasar mal.

Aunque no tenía ninguna intención de ir a las elecciones y de quedarme, si el PSOE ganaba, en el Gobierno, ante este riesgo empecé a cambiar de posición. Me quedé por vergüenza torera. Si me iba, me habrían dicho que lo hacía porque venía esta marea. Y, tal vez, mis contactos y experiencia pudieran ser útiles. Zapatero me venía presionando para que me quedara y mi respuesta había sido siempre negativa. A la vuelta del viaje, le conté mi cambio de posición y las razones. Le dije que yo era un ortodoxo en economía. Le informé del viaje y acepté inicialmente quedarme dos años y, tras su insistencia, ir a las elecciones como número dos por Madrid. Tampoco esta opción me apetecía, pero sí creí que, si las cosas se complicaban y estaba en el Parlamento, tendría más margen para hacer cosas. Le conté las ideas que tenía, pero no hubo ningún otro compromiso.

Apenas participé en la campaña, aunque sí destacó el famoso debate con Pizarro, número dos de la lista del PP por Madrid, con quien siempre había tenido buenas relaciones personales. Creo que, como presidente de Endesa, fue demasiado lejos en el asunto de la opa de Gas Natural, pero entiendo las tensiones que tenía y es cierto que no había hablado con él durante aquellos meses. Recordaba el debate que había tenido con Rato y que me salió mal, entre otras razones porque en estos debates son más importantes los mensajes que los argumentos en defensa de una u otra opción. En este caso utilicé una estrategia más de mensaje que de debate, y preparé el encuentro con todo detalle. Algunos colegas me criticaron porque había sido bastante cínico. Joaquín Leguina escribió que había sido un viejo zorro de la política y, aunque es la antítesis de lo que yo he pretendido ser en política, tal vez no le faltaba algo de razón. Pizarro no estaba acostumbrado a este tipo de encuentros y yo fui a contar los mensajes que había preparado. Tenía más experiencia en estas situaciones que él y disponía de más información. Él cargó las tintas en lo mal que estaba todo y yo en que no estábamos en recesión, como lo demostraba el hecho de que aún estábamos creciendo por encima del 3,5 %, por lo que preferí hablar de desaceleración de la economía. La palabra crisis se utilizó algunas semanas más tarde, pero ello no impidió que mediáticamente su no utilización se convirtiera en un arma arrojadiza con impacto.

El debate fue bien para mí y, en definitiva, para Zapatero. Pero tuvo como contrapartida que, a partir de ese momento, el PP prescindió de Pizarro, lo que lamenté, pues siempre le consideré una persona de gran formación y criterio con quien se podría haber pactado sobre muchas cosas, en especial en dos temas sensibles, uno que ya estaba encima de la mesa, el de la electricidad, y otro que surgió pocos meses más tarde, el de las cajas de ahorros, sector de cuya patronal (CECA) había sido presidente. He repasado lo que dijimos Pizarro y yo, y ni yo fui tan optimista ni Pizarro tan pesimista. Por ejemplo, no habló nada de vivienda. Incluso seguía la tesis de Montoro antes citada.

Después de las elecciones, estando de nuevo en Washington en una reunión del FMI, me llamó Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, para contarme la composición del nuevo Gobierno. Zapatero me había comentado su idea de nombrar a Sebastián ministro para temas de innovación. Por ello me sorprendió su nombramiento en Industria, aunque tenía de positivo que tendría que entrar a clarificar el problema de las renovables, tema que había sido de especial interés para él cuando se elaboró la regulación en 2007.

LA CRISIS FINANCIERA

En esos momentos todavía estábamos en una situación complicada, pero manejable. Las cosas empeoraron con la caída de Lehman Brothers en septiembre. El cierre de los mercados nos cogió de lleno por la exposición de nuestro sistema financiero a la construcción y, en especial, la vivienda y el consumo, financiado con ahorro excedentario de países europeos. Ya entonces había algunas instituciones financieras con dificultades, pero las cosas se complicaron sobre todo al final de 2008 y 2009, cuando la crisis impactó en Europa. Y el gran impacto se produjo tras la quiebra de Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008, después de las elecciones. Y no olvidemos que, casi al mismo tiempo (dos días más tarde), vino la caída de la aseguradora AIG [American International Group] y que el 19 de septiembre el Tesoro americano anunció un plan de compra de activos tóxicos. En octubre comenzó la nacionalización de bancos en Estados Unidos.

Las tensiones de liquidez que se percibían en España iban aumentando. Y se reaccionó con la adopción de una serie de medidas que permitieron a las empresas y a los propios bancos tener acceso al mercado: avales de garantía del Estado por 3.000 millones de euros; línea de intermediación del ICO por 2.000; creación del Fondo para Adquisición de Activos Financieros (permitía la adquisición de títulos emitidos por entidades residentes en España para aumentar sus recursos propios) y, tras un movido Ecofin en Bruselas, el incremento hasta 100.000 euros de la cantidad garantizada en los depósitos del sistema bancario. Antes de fin de año se crearían del Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo de Dinamización de la Economía y el Empleo, después incluido en el Plan E, por 11.000 millones de euros.

La crítica que se nos hizo a los que éramos responsables de la política económica en aquellos tiempos tiene un punto que reconozco por haber defendido la tesis de que los primeros que tenían interés en hacerlo bien eran las propias entidades financieras. En la práctica no fue así. Las que empezaron a tener problemas fueron las cajas de ahorros, que se estaban financiando en el mercado, estaban en el interbancario y se habían metido en construcción. No todas las cajas. Había cajas serias y cajas menos serias. Las Comunidades Autónomas, que debían vigilar su gobernanza, no lo hicieron siempre de la mejor forma posible. Pero la gestión resultó clave. Tenemos modelos de cajas excelentes, y que sobrevivieron, y otras con gestión más discutible que no aguantaron los crecientes vaivenes de la crisis y que tuvieron que fusionarse o venderse, y en algunos casos ser intervenidas. Y no ha sido un problema ideológico, sino de gestión.

En ese periodo, después de las subprime, ya había mucho contacto entre el Ministerio y el Banco de España para coordinar nuestras actuaciones. El banco, con muchísima prudencia para no transmitir un mensaje de pánico, fue trabajando sobre los posibles riesgos y las soluciones que se podían ir avanzando.

Todo estaba preparado por si era necesario actuar. Se empezó con Caja Castilla La Mancha [CCM], porque fue la primera entidad en la que se detectaron problemas. Primero se intentó resolverlos con alguna fusión. Se negoció con Unicaja, pero fracasó. Luego, cuando yo ya estaba a punto de salir, se produjo la intervención. Y empezó el proceso de reestructuración de las cajas. La intervención fue una decisión adoptada por el Gobierno a mi propuesta, y consecuencia de la petición del Banco de España. La norma que se publicó entonces ya incluía parte de los elementos que después se aprobarían para poner en marcha, unos meses más tarde, el FROB [Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria].

¿La reestructuración se hizo con retraso? ¿Se podía haber hecho antes? En mi opinión, no. El primer semestre de 2008 estuvo condicionado por el periodo electoral. Tras las elecciones, tenemos un Gobierno minoritario, por lo que era necesario contar con otros grupos, entre ellos vascos y catalanes, con claros intereses en el tema. Y con un partido en la oposición, el PP, en contra de casi todo y que era responsable de una parte sustancial de las cajas a través de los Gobiernos de varias Comunidades Autónomas, ¿era posible reestructurar sin modificar el sistema competencial, que por otra parte era constitucional, y actuar antes de que tuvieran problemas? Desde mi punto de vista, era imposible. Solo se podría actuar cuando aparecieran problemas de solvencia, que era lo que estaba establecido y, como al final, se hizo. Yo me marché en abril de 2009 tras la intervención de la CCM.

Y creo que se han minusvalorado las dificultades que a partir de ese momento tuvo el Banco de España y su gobernador, Fernández Ordóñez. Se defiende una mayor rapidez para actuar y se critican como innecesarios algunos pasos que fueron fundamentales. Todos los que dicen ahora que los SIP [Sistema Institucional de Protección] no tenían sentido, no tienen en cuenta que fueron el instrumento que permitió fusionar cajas de distintos territorios y valorar mejor las necesidades financieras para su saneamiento. Fernández Ordóñez hizo el trabajo más duro, que fue romper la resistencia de las Comunidades Autónomas para que cajas de diferentes territorios pudieran fusionarse y, en su caso, convertirse en bancos. El saneamiento que se ha producido en el sector habría sido más difícil y, sobre todo, más caro sin ese paso previo.

Después de todo lo sucedido desde entonces, mi percepción es que todavía no hemos llegado a un status quo en el sistema financiero y que no se alcanzará nunca. En realidad, no hay status quo en nada, y mucho menos en el sistema financiero. Si hay un sector que está sometido a la globalización y a la tecnología de forma clara, ese es el sistema financiero. Aunque tengamos un sector razonablemente dimensionado, afirmación que algunos discuten, y aunque posiblemente sea mejor que otros en Europa, no da garantía de que no haya cambios y mucho menos en un contexto de bajo crecimiento, con mucha liquidez, con tipos de intereses cero o negativos y con una demanda de crédito muy baja. A todo ello hay que añadir la creciente tendencia a reducir el sistema bancario tradicional. La banca debe apostar por la permanente transformación y a un ritmo rápido. En un país como España, donde la bancarización ha sido muy alta, pasar a un sistema de una menor bancarización y utilizar los mercados financieros más directamente por parte de las empresas significará el cambio de modelo de banca que hemos conocido estos años.

Pero volvamos a la crisis: a principios de 2009 se debatían dos modelos para hacerla frente: controlar el gasto centrándose en objetivos definidos o gastar más, es decir, gastar de forma generalizada para recuperar la demanda. Yo estaba en la primera tesis, que podríamos denominarla «de gastar menos», aunque defendí la mayoría de las operaciones que implicaban ayudar a la liquidez del sistema a las que me he referido (nunca me gustó la reducción generalizada de 400 euros de impuestos ni el «cheque bebé»). Y apoyé también el fondo municipal (a pesar de sus claros defectos) por un periodo reducido y controlado. Pero también defendía que se pusieran en marcha las reformas que el país necesitaba, aunque con poco apoyo en el Gobierno. ¿Quién defendía gastar más? Pues los que, siguiendo a Paul Krugman, en una situación complicada aceptaban la idea de «inyecte usted dinero, haga que funcione la máquina y eso irá adelante». En la tesis de gastar menos o gastar de otra forma estábamos los que pensamos que vivimos en la UE, que no somos Estados Unidos; que si gastas más, dado que la actividad se filtraba a otros países, no necesariamente habría un impacto positivo en nuestra economía. Y todo esto sin contar con que soy de los que cree que las normas europeas hay que cumplirlas, aunque se puedan pedir plazos para hacerlo. Mi tesis sobre el gasto no era la de Zapatero, y la reunión del G-20 en Washington en diciembre reforzó su convicción. Y creo que esa fue la diferencia que se produjo al final de todo y que me llevó a decirle a Zapatero en Navidades que me quería ir. Ser más expansivo en toda la zona euro sí tenía sentido, pero todavía no habíamos llegado a ese momento. Adelantarnos, sin definir una fecha fija para volver a la estabilidad, nos hacía más vulnerables, como nos sucedió al vernos arrastrados por la segunda recesión y la crisis griega.

Era difícil cambiar las cosas con cifras todavía positivas. Yo le había señalado a Zapatero que la economía española se enfrentaba a una profunda recesión y que lo íbamos a recoger en la revisión del Programa de Estabilidad. No teníamos margen de actuación en política fiscal, y la construcción, que había sido el motor de crecimiento, y, sobre todo, la vivienda estaban en declive. Solo quedaban las exportaciones. A finales de 2008, la economía presentaba un cuadro clínico preocupante que reflejaba los problemas ya citados, pero en un contexto global mucho peor: pérdida de competitividad desde la entrada en el euro, deterioro del saldo por cuenta corriente y un fuerte endeudamiento de familias y empresas, que superaban el 140 % y el 350 % del PIB, respectivamente.

En mi opinión, debía insistirse en las reformas estructurales y reducir el endeudamiento y el déficit exterior, lo que suponía el trasvase de ciertos sectores productivos a otros para recuperar la competitividad. También proponía medidas en el ámbito laboral y fiscal, y liberalizar totalmente el mercado del alquiler. Al final, el programa no recogió mención alguna a la reforma de las pensiones, al mercado laboral ni a la moderación salarial, y la revisión del cuadro macro preveía un caída del 1,6 % del PIB, que luego resultó mayor. Pero era suficiente como para plantear un plan de acción urgente. Sin reabrir el debate de lo que sucedió después de enviar el Programa de Estabilidad, le entregué al presidente una nota sobre lo que había que hacer y le manifesté mi deseo de marcharme si se decantaba por otras soluciones. Sin embargo, Zapatero tenía su propia visión de la crisis y su hoja de ruta no coincidía con la mía. Su respuesta fue que mis propuestas no eran aceptables, pues nos llevarían a una huelga general. En marzo de 2009 salí del Gobierno. Parte de lo que había que hacer se puso en marcha tras mi salida, y otra parte hubo que aplicarla al año siguiente cuando nos llegó el impacto de la crisis griega.

MI SALIDA DEL GOBIERNO

Mi salida se produjo cuando la crisis se consolidaba. De hecho, la recesión más profunda (caída del 3,8 % del PIB) fue ese año. Con mi salida, la idea de una fuerte expansión fiscal no tenía detractores en el Gobierno, aunque es cierto que yo ya había aceptado un cierto aumento de gasto de naturaleza temporal (en el Programa de Estabilidad que mandamos en diciembre de 2008 ya se incluía un incremento de la deuda de cerca de cuarenta puntos hasta 2013, lo que algunos consideraron demasiado arriesgado). La confluencia con el ajuste inmobiliario hizo la situación más difícil. Algunas reformas para mejorar el mercado de vivienda y la transposición de la directiva de servicios se aprobaron en ese momento. Y también se puso en marcha el FROB como instrumento para sanear el sistema financiero. El déficit final del Estado superó el 11 % del PIB, superior a lo previsto, coincidiendo con el inicio de la crisis, que comenzó a principios de año en Grecia y que nos acabaría afectando, haciendo más necesario un ajuste fiscal que se producirá en 2010. Las dificultades para resolver los problemas de Grecia contaminaron a las economías más frágiles: Irlanda, Portugal y España. En ese momento, Italia ya había pasado a una mejor posición que España en la valoración de los mercados (en abril empezó el baile sobre los rating, bajando el de España). Al final, hubo acuerdo con Grecia, y también con España, pero imponiendo un recorte fiscal de 50.000 millones para volver al 3 % de déficit en 2013. En los recortes cayeron el «cheque bebé» y la reducción fiscal de 400 euros. Se pactaron algunas reformas estructurales, entre ellas la del incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años.

En el ámbito financiero se produjo la intervención de Cajasur por el Banco de España, que, además, constató que cuatro cajas no cumplían con los test de resistencia planteada. Las dificultades aumentaron en 2011, cuando se mezclaron problemas políticos y económicos en Europa y en España. Es una nueva fase de reestructuración de las cajas, que empieza en febrero y culmina con la intervención de la CAM [Caja de Ahorros del Mediterráneo]. A finales del año, incluso algunos bancos tienen dificultades. También surgieron dificultades con la calificación de la deuda. Y todo ello en un contexto europeo difícil que nos acabará llevando a la segunda oleada de reforma de las cajas.

Para Bruselas, un compromiso no negociable era la corrección del desajuste derivado de la desviación del objetivo presupuestario, consecuencia a su vez de la caída de los ingresos, cuyo crecimiento en 2011 acabó siendo de menos del 1 %. En teoría, debía llevarse el déficit por debajo del 3 % en 2013, y en el primer semestre ya se vio que alcanzar el objetivo no era realista. En ese momento se produjo el conocido cruce de cartas entre el BCE y los Gobiernos de España e Italia. El BCE nos pedía, además, una consolidación fiscal, reformas, en especial laborales (afectaban a «reformar la negociación colectiva, abolir las cláusulas de indexación entre salarios e inflación, alentar la moderación de salarios en el sector privado, así como eliminar las restricciones al encadenamiento de contratos temporales e introducir durante un periodo limitado de tiempo una modalidad de contrato con una indemnización muy baja por despido») y sectoriales (afectaban al sector de la vivienda, a la competencia en los servicios). En su respuesta, España solicitaba que el BCE comprara deuda española «en volumen suficiente», en espera de la entrada en vigor del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera [FEEF, creado en mayo de 2010]. El BCE adquirió inicialmente 22.000 millones de deuda española.

El Gobierno fue más lejos en algún punto, como el de incluir en la Constitución el principio de estabilidad presupuestaria. La reforma de la Constitución en agosto fue seguida de la aprobación de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LEP). A mí me pareció una excelente idea y fue clave cuando el año siguiente hubo que recurrir a los fondos comunitarios. Sin embargo, no se fue tan lejos en la reforma laboral, lo que dio pie a una reforma tal vez excesiva por parte del PP pocos meses más tarde. Y digo pocos meses porque, como es sabido, el desgaste político de la reforma constitucional, unido a la reacción de una parte de la opinión pública que no entendió bien la complejidad del proceso, nos llevó a una tensión política mayor que hizo que Zapatero convocara elecciones para el 20 de noviembre de 2011.

Las elecciones dieron como resultado una mayoría absoluta del PP con 186 votos, frente a 110 del PSOE. Pero todavía el 21 de noviembre se intervino el Banco de Valencia, y en diciembre S&P rebajó la calificación de diez bancos españoles. En ese mismo mes, Rajoy anunció que los créditos dudosos en bancos y cajas habían superado en octubre los 130.000 millones de euros.

En la zona euro se estaba poniendo en marcha el FEEF, mientras que en Estados Unidos la compra de activos se hizo a partir de 2008 y la de deuda desde 2010. En el mes de enero, el FMI pronosticó un retroceso para la economía española en 2012 y 2013. La realidad confirmaría esas expectativas (con caídas del PIB del –1,6 % y el –1,7 %, respectivamente). Ya estaba clara la solución al enigma inicial de si la crisis tendría forma de «V», de «L» o de «W». La doble recesión se estaba produciendo.

14
LOS GOBIERNOS DE RAJOY (2011-)

En este periodo, tras la segunda recesión, se recuperó la economía a partir de la mitad de 2013 y llegó a crecimientos por encima del 3 % en 2015, coincidiendo con el periodo de mayor apoyo del Banco Central para impulsar el bajo tono de la económica europea. La recuperación del crecimiento ha sido posible por las medias de reforma adoptadas por el Gobierno que permiten mejorar la competitividad, fundamentalmente por la devaluación interna y la corrección de los desequilibrios. Pero también por múltiples factores externos: la caída del precio del petróleo, con sus implicaciones en la reducción de la inflación; la devaluación del euro, o las tensiones en ciertas zonas, que favorecen nuestra exportación de servicios (crisis que favorecen el turismo). Pero, sobre todo, como elemento fundamental, el apoyo del Banco Central generando liquidez abundante y a bajo coste (todavía en 2015 y 2016 se adoptaron medidas de apoyo, incluyendo la compra de valores emitidos por el sector público) y los avances en la Unión Monetaria, que ayudan a estabilizar los mercados financieros.

Es cierto que las medidas adoptadas hasta ese momento para el saneamiento financiero no eran suficientes, a pesar del largo camino andado. En 2012, los problemas se acentuaron al no cumplir los compromisos en las cuentas públicas. Y la crisis de Bankia complicó aún más las cosas. El entorno europeo tampoco ayudaba. Los rumores sobre una posible ruptura de la zona euro crecían. Y afectaban a las economías más débiles y a las más dependientes de la financiación externa. En primer lugar, Grecia, pero también España. La reacción del BCE facilitando liquidez y las operaciones monetarias de compraventa (OMC) nos ayudaron. Pero fueron clave las medidas tomadas para sanear el sector en España, incluyendo el recurso de evaluadores externos para garantizar al mercado la corrección de los datos y poner en marcha un programa de reestructuración y recapitalización.

Las relaciones entre el Gobierno y el Banco de España no estuvieron exentas de tensiones, en especial con el caso Bankia. En septiembre, se cambió al gobernador del Banco de España, pero antes hubo tensiones entre el Gobierno y el banco que no ayudaron a la estabilidad de la institución. Puede discutirse si con menos recursos y algo más de tiempo se podría haber completado el saneamiento bancario de forma más pacífica, pero se optó por la mayor rapidez y contundencia. Hubo que recurrir a fondos comunitarios, lo que suscitó el debate nominalista sobre si había rescate en España o no. La posición europea fue poner a disposición de España fondos comunitarios por un montante de hasta 100.000 millones de euros, de los que se utilizaron algo más de 40.000. En octubre de 2014 el BCE publicó los resultados del ejercicio de evaluación de las entidades de crédito significativas, que se llevó a cabo para montar el Mecanismo Único de Supervisión [en el que aprobaron todas las entidades españolas en un examen en el que se evaluaron a 123 entidades europeas, de las que suspendieron 24, entre las que estaba el español Liberbank, pero como ya había hecho una ampliación de capital le sirvió para superarlo]. La fase esencial de la crisis bancaria podía considerarse superada.

La consolidación presupuestaria en términos estructurales siguió el ritmo pactado, pero la situación se relajó en 2015, pues los procesos electorales volvieron a pesar. Hubo recorte de gastos, pero también aumento de impuestos, como el IRPF, para los contribuyentes con mayores ingresos.

Más interesantes me parecieron algunas reformas en el ámbito social y otras fuera de él. Entre las primeras cabe citar la más discutida de este periodo, que fue la reforma laboral. Sin acuerdo con los sindicatos se tomaron decisiones muy claras proempresa, como la revisión del sistema de negociación colectiva y su vigencia, así como las indemnizaciones por despido. Es cierto que en la primera legislatura de Zapatero se hizo poco en reforma laboral, y en la segunda algo más, presionados por las circunstancias, pero sin llegar a lo que el Banco Central nos solicitó. Con mayoría absoluta, el PP fue mucho más lejos de lo que los sindicatos habrían estado dispuestos a aceptar, que no era mucho, y el resultado fue que se empezó a crear empleo desde 2014, es cierto que más precario y con menor retribución, sin estar claro qué parte de esa creación de empleo es consecuencia de la reforma o consecuencia de la mejora de la situación económica. En todo caso, si no hemos sido capaces de reducir el desempleo después tantos años y seguimos con la tasa más alta de la UE, algo estamos haciendo mal, y es evidente que, en un mercado globalizado, mantener posiciones del pasado no ayuda.

La forma en que se produjo la reforma generó una reacción muy negativa y ha convertido el tema en muy crítico para otras fuerzas políticas, convirtiéndolo en un elemento fundamental en la confrontación política. Pero cualquier cambio que se pueda hacer en la reforma debería basarse no tanto en debates conceptuales como en los resultados individuales y globales conseguidos.

Otro tanto pienso sobre la reforma del sistema de pensiones. Es evidente que todos desearíamos una pensión indexada que mantenga el poder de compra, pero ¿existen recursos en el sistema? Hay demasiados estudios elaborados como para no tenerlos en cuenta. Debemos ser conscientes de las restricciones que tiene nuestro modelo, pero también de los errores de un diseño que se ha hecho por acumulación. Adelantar la entrada en vigor del retraso de la edad de jubilación, aunque doloroso, puede ser imprescindible. Alargar el cálculo de la base puede desincentivar el darse de alta en el sistema y acentuar la injusticia de los que aportan sin llegar al periodo mínimo para recibir prestaciones. La introducción de un factor de sostenibilidad es útil, pero por sí sólo no resuelve las contradicciones que tiene el actual modelo.

No estoy convencido de que la reforma en competencia fuese una buena idea. La ley anterior estaba pactada y la independencia del modelo actual no es mayor que el anterior y puede discutirse si un órgano solo es mejor que varios, pero es evidente que la especialización requerida para temas como la energía o las telecomunicaciones es difícil de conseguir en un organismo unificado. Y sí me gustan las leyes de Desindexación y de Garantía del Mercado Único, que, junto con la transposición de la directiva de servicios, deberían permitirnos un mercado al menos tan único como el europeo.

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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO

Hay muchos retos pendientes. El primer punto clave y fundamental es qué va a suceder con la Unión Europea y con el euro. Personalmente, no tengo ninguna duda de que la UE seguirá, que el euro está consolidado y que para España es esencial que sigamos siendo miembros de la UE, lo que quiere decir que habrá restricciones en nuestras decisiones políticas y económicas, y, de hecho, si avanzamos en la integración, posiblemente más que en el pasado. La experiencia de Grecia, para quien quiera tener veleidades de otro tipo, nos pone de relieve que los márgenes de actuación nacionales existen, pero hay que compatibilizarlos con los compromisos comunitarios. A partir de ahí, hay que hacer más cosas y hacer frente a los grandes problemas que tenemos.

El primer reto que nos encontramos es el empleo, y del empleo salen otros, como revisar las políticas activas y la educación. Ya he señalado mi posición: si, después de más de cuarenta años de democracia y de economía de mercado, seguimos teniendo una tasa tan alta de paro que solo baja en los momentos de mayor de crecimiento a menos del 8 %, algo estamos haciendo mal. ¿Hay un problema normativo que puede ser considerado? Pues sí, hay varios factores a tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de la temporalidad. En 1984, con la reforma de Almunia, cuando entraron los contratos temporales, se introdujo un trato diferencial entre fijos y temporales que permitió mejorar el empleo, aunque no resolvió totalmente el problema. Las reformas posteriores siguieron en la línea de un equilibrio de derechos entre trabajador y empresario. La que hicimos Griñán y yo en 1994, introdujo las causas objetivas de despido de tal forma que fuera posible un ajuste laboral por razones de modernización de la empresa, pero tampoco funcionó por la interpretación excesivamente proteccionista de los tribunales. La idea de un contrato único es atractiva, puede tener alguna dificultad para algún caso específico, pero un mix entre un contrato básico único y alguno específico muy concreto y delimitado puede ser una buena solución.

Tras la crisis, y en un mundo globalizado, tener un mercado laboral que no afecte negativamente a la competitividad de las empresas es fundamental, aunque la competitividad no depende solo del mercado laboral. La reforma que ha hecho el Gobierno de Rajoy ha sido necesaria, va en la dirección que señalo, aunque es muy agresiva y no estoy seguro de que sea razonablemente equitativa. El PP ha ido a un sistema de mayor liberalización de empleo, más barato y con menos costes. ¿Se ha resuelto el problema? Se está contratando más, sí. ¿Pero tanto más respecto al sistema de trabajo temporal anterior? Eso habrá que analizarlo y ver qué parte es inducida por el mejor contexto económico y qué parte es consecuencia de la reforma. En todo caso, el modelo actual de más empleos pero con salarios muy bajos, sin aportación al sistema de protección a medio y largo plazo (llámese pensión, llámese enfermedad), plantea problemas sociales importantes, pero también de sostenibilidad. Y soy consciente de los riesgos de la nueva sociedad hacia la que vamos en la que trabajar todo el mundo en un empleo permanente va a ser imposible. En todo caso, creo que su revisión debe hacerse con más elementos de negociación, pero intentado analizarla en términos de resultados, con menos ideología y más visión práctica respecto a lo conseguido.

Pero hay otras ideas que deberían estar en la reflexión sobre qué hemos hecho y qué tendríamos que hacer. No tiene ningún sentido que el sistema español vaya vinculado a los años de presencia en una empresa y se pierda si se cambia. Eso impide la movilidad. Pocos se van a otro empleo si no es cobrando el despido. Los austriacos lo han resuelto con la mochila personal, de tal forma que se genera una mayor movilidad entre las empresas. Tendría más sentido una acumulación de esos recursos vinculándolos a las aportaciones a pensiones. Aunque es cierto que un modelo de ese tipo implicaría un gran pacto, pues necesitaría un periodo muy largo para su puesta en marcha total.

Otros problemas derivan del sistema del convenio colectivo, que da más poder a los sindicatos, y, en teoría, protege a los trabajadores. Está bien, pero ¿se adapta a una sociedad más compleja como la actual? ¿Se puede aplicar a todas las empresas por igual? Complicado. La ultra actividad solo es lógica si el crecimiento es permanente y las condiciones siempre mejoran; en caso de crisis de empresa o de crisis global, es un problema. Hay que mejorar el equilibrio entre convenio general y el de empresa para que en las negociaciones se tomen en consideración el interés de los trabajadores, pero también las necesidades de la empresa en una sociedad globalizada.

En una economía más tecnificada, con mayor movilidad en el empleo y con cambios rápidos en la demanda de trabajo, ¿tienen sentido las políticas activas de empleo, el sistema de formación profesional o el INEM tal como hoy lo conocemos?

En cualquier caso, el problema fundamental está en que no se va a la raíz, que es la educación y la formación continuada. No educamos para los empleos que existen. Nos encontramos con la paradoja de tener muchísima gente teóricamente bien formada pero que no es capaz de trabajar y, al mismo tiempo, una demanda de trabajo de gente formada para trabajar con oferta reducida de trabajo. Y ahí llegamos a uno de los problemas más graves del país, que es el modelo educativo, que tiene que ser estable, permanente y riguroso. Evidentemente, ese modelo no puede olvidarse que el individuo debe formarse pero también prepararse para entrar y permanecer en el mercado. Ha sido uno de nuestros grandes fallos durante todo el periodo de la Transición hasta ahora: la falta de un modelo educativo razonablemente pactado y serio que no esté tan ideologizado. La educación debe desideologizarse y debe diseñarse un modelo para el futuro en una sociedad cada vez más globalizada y más abierta. Los políticos deberían dar una respuesta con mínimos aceptables para todos sobre el modelo de educación que necesitamos y queremos en el futuro.

Otro reto clave, especialmente en nuestro territorio, es el riesgo de ruptura del mercado y la eliminación de obstáculos para la creación de empresas. Mientras que en Bruselas intentamos un mercado único a nivel europeo, que tiene gran sentido económico, internamente se desarrollan especificidades territoriales que en algunos casos atentan incluso al mercado único europeo. Tenemos problemas de exceso de reglamentación, de exceso de normas a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. No es extraña la mala calificación que solemos tener en los informes sobre obstáculos a la creación de empresas (por ejemplo, en el Doing Business), derivada del exceso, y en muchos casos de la duplicación, de trámites administrativos.

Gran parte del empleo se sitúa en la pequeña y mediana empresa, pero esto no significa lo mismo en España que en Alemania. Aquí hay mucha microempresa, con gente menos formada y sin base tecnológica. Al final, recurrimos a las actividades para creación de empleo que son las más populares en España, que son las más fáciles (comercio minorista, turismo u otras actividades de servicios), que están muy bien, pero que nunca pueden dar lugar a grandes mejoras de empleo ni a grandes salarios.

La pyme que tenga capacidad de hacer algo más necesita ir formando gente. Hemos vivido un periodo muy interesante en España desde el final del franquismo hasta ahora en formación de gestores. Si se analizan las escuelas de negocio españolas, se ve que nuestros gestores son perfectamente comparables a los de cualquier otro país en la vanguardia del crecimiento. Hay muchísima gente formada magníficamente. La sensación es que, si hay alguien que tiene un proyecto, encontrar a alguien para desarrollarlo no siempre es fácil. Pero el problema ya no es tanto el no tener la idea y el proyecto, sino la dificultad para superar los obstáculos para ponerlos en marcha. Dar el salto de ser gestor a ser empresario se está dando en muchos casos, en especial en ciertos territorios, pero no tanto en otros. Ofreceríamos mejores posibilidades si tuviéramos un sistema menos rígido en cuanto al necesario equilibrio entre las necesidades públicas y la capacidad de actuar.

En las grandes empresas hemos mejorado notablemente, aunque nuestra presencia se concentra en los sectores tradicionales. Estamos muy bien en el sector financiero, en el de la construcción o en el turismo, por ejemplo. Más dificultades se plantean en otras grandes empresas que compiten en mercado abierto pero que no aportan elementos diferenciales respecto a sus competidores europeos o mundiales. Pequeñas y grandes empresas tradicionales, pero eficientes, son fundamentales para mantener el empleo, pero en el proceso que estamos viviendo no es esperable que sean demandantes de empleo adicional. La revolución digital más bien nos lleva en otra dirección.

En la primera legislatura de Zapatero se apostó mucho por la investigación y las nuevas tecnologías. Es un camino que se ha dejado parcialmente de lado por la crisis, pero habría que recuperarlo. Nuestro futuro dependerá de cuánto tenemos en tecnología de primera generación y novedosa (bioquímica, medicina, etc.).

El tercer reto es la necesidad de un sistema judicial mucho más eficiente y puesto al día. La falta de rapidez en no pocos procedimientos que abarcan el ámbito económico es clarísima.

En cuarto lugar pondría el problema demográfico. Quien piense en el modelo de país en el que hemos vivido estos años se equivoca, pues los problemas migratorios están encima de la mesa. Con la población tan envejecida que tenemos vamos a tener problemas migratorios importantes. Y es también imprescindible un pacto sobre cómo vamos a manejar esos temas. El problema derivado de nuestro modelo de pensiones hay que ir ajustándolo, pero es solo una parte, y no la más relevante, de una política global sobre los retos demográficos.

Nuestro modelo de pensiones depende del sistema de reparto. Yo soy partidario del modelo mixto que tenemos en la UE. La pensión pública es relativamente moderada, controlada por la autoridad pública, y así y todo es difícil de controlar. En la promoción de las pensiones complementarias privadas se ha tenido un éxito limitado. Las ventajas fiscales que se han concedido no se han trasladado siempre a los titulares de las pensiones. Y aunque se ha mejorado, la mala gestión financiera de muchos planes de pensión privados no ha sido una buena carta de presentación para su defensa. En algún país nórdico se ha resuelto con una gestión pública de los complementos de pensiones, pero no creo que esa fórmula sea viable en España. Por cierto, trasladar a impuestos el déficit de pensiones de la Seguridad Social tiene sentido teórico, pero no deja de hacer recaer nuevamente el pago de obligaciones de pasado en contribuyentes actuales.

Otro reto inmediato afecta al sistema financiero. A pesar de las reformas que se han hecho, no se puede bajar la guardia. La evolución tecnológica exigirá cambios radicales en el modelo de banca/financiación que hoy conocemos.

La dimensión y funcionamiento de las Administraciones Públicas necesita un repaso total. Una Administración descentralizada no tiene por qué ser una Administración más pesada que una única. Lo que no se puede tener es duplicidad de actividades. Esto plantea problemas de lealtad constitucional, de funcionamiento, de reparto de competencias, incluso de equidad fiscal entre los contribuyentes. E, incluso, de segmentación en cuanto al juego político que lleva a la adopción de posiciones no en función del interés de los representados en un territorio, sino del interés político general. Hemos pasado de un sistema centralizado a uno descentralizado, y debemos hacerlo eficiente. Cuando llegué a Agricultura empecé a recibir quejas de las Comunidades Autónomas porque seguíamos dando ayudas a la creación de cooperativas, que era una competencia transferida. Indagamos y descubrimos que teníamos a un funcionario que era el que se dedicaba a esos temas tradicionalmente. Con motivo de los traspasos competenciales, a él se le había quitado esa actividad y el presupuesto, pero como era un funcionario eficiente y trabajador se las apañó para seguir trabajando en lo mismo. Hay que dar una vuelta a la estructura de Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento.

Cuando pactamos en Bruselas la política de cohesión y el montante de los Fondos Estructurales, un amigo danés me dijo: «Qué suerte tenéis por recibir tanto dinero cuando lo tenéis todo por hacer». Bueno, el dinero llegó y ya lo hemos hecho. Ahora tenemos que vivir con nuestros propios recursos y ser mucho más exigentes para gastarlos de manera eficiente. El periodo de las grandes infraestructuras ha pasado. Ahora volvemos a la normalidad, que siempre es menos excitante. La recuperación del concepto de eficiencia económica en los nuevos proyectos me parece fundamental, aunque no todo lo que se construye debe hacerse en función de una prioridad económica (pero sí la mayoría).

Y debemos prestar ahora atención prioritaria a la educación, la formación continua, el empleo, pero también a la lucha contra la pobreza… Si no tienes un modelo potente de lucha contra la pobreza, las tensiones sociales harán que la sociedad se fracture. Es una realidad, y la solución no consiste en dar dinero a alguien, sino en montar sistemas que ayuden. La desigualdad es difícil de tolerar, pero convives con ella. La pobreza es un problema mucho mayor. Toda sociedad que evoluciona tiene tendencia a tratar mejor a los que van llegando y a olvidarse de los demás.

Y no hemos hablado de que hay que modificar el sistema de control del funcionamiento del país, que lleva a la corrupción. Necesitamos una revisión institucional del país. España tiene que pasar de ser un Estado clientelar a otro más eficiente en el que el clientelismo no funcione como lo ha hecho hasta ahora. Si la sensación de la población es que todo vale, da igual un régimen democrático que uno no democrático. Si no somos capaces de convencer a los ciudadanos de que el régimen democrático es más eficiente que cualquier otro y que, además, hay opciones válidas consistentes y sostenibles, mal andamos.

El Gobierno de Rajoy ha intentado resolver alguno de estos problemas; en otros no estamos mejor. Por ejemplo, en educación, en corrupción —a pesar de algunos esfuerzos loables— o en la cuestión territorial. Tampoco es una buena idea nombrar a miembros del poder judicial, incluido el Tribunal Constitucional, vinculados a un partido, pues generas dudas inmediatas para los que se someten a su jurisdicción. Y tampoco me parece razonable que no se respeten los plazos pactados en los nombramientos de ciertos órganos y que se fuerce a la salida de los mismos cuando el objetivo es precisamente desvincularlos del ciclo político. O que los medios públicos de información den marcha atrás en los niveles de independencia conseguidos (y pienso a nivel nacional, pero también autonómico y local). Todas esas prácticas debilitan enormemente las instituciones.

LUIS DE GUINDOS

Luis de Guindos Jurado (Madrid, 1960) fue el elegido por Mariano Rajoy para dirigir la economía del país cuando ganó las elecciones de 2011. Le nombró ministro de Economía y Competitividad, dejando desgajada Hacienda en otro departamento. En 2016, tras la formación de un nuevo Gobierno, el departamento incorporó las competencias de Industria, que así se separaban de Energía, Turismo y Agenda Digital, que quedaban en otro Ministerio de nueva creación. Sin embargo, Rajoy no creó la vicepresidencia pese a la importancia y el peso de la economía.

De Guindos pertenece al cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado, al que accedió con el número uno de su promoción. Vivió el periodo de la Transición como estudiante de bachillerato y el proceso de adhesión a las Comunidades Europeas, luego Unión Europea, en la Universidad, haciendo la carrera de Económicas y Empresariales. Se licenció por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), un prestigioso centro adscrito a la Universidad Complutense por el que han pasado muchos jóvenes economistas españoles.

Sus primeros pasos profesionales se desarrollaron en el Ministerio de Economía en los últimos años ochenta y primeros noventa, hasta que participó, como socio consejero, en los primeros años de la sociedad de valores Asesores Bursátiles (luego AB Asesores), que dejó precisamente para incorporarse a la Administración con el Gobierno del Partido Popular tras la victoria de José María Aznar en 1996 y antes de que la sociedad fuera vendida a Morgan Stanley.

Hasta 2004, Luis de Guindos fue director general de Política Económica y, después, secretario de Estado de Economía, siempre bajo el mando de Rodrigo Rato como ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno. En parte de ese mandato tuvo bajo su responsabilidad la política de Competencia y, entre otras decisiones, impuso unas férreas condiciones que frustraron la fusión de las eléctricas Endesa e Iberdrola.

En el interregno del PP volvió a la actividad privada y trabajó en diversas empresas de servicios financieros. Fue miembro del consejo asesor del banco de inversión Lehman Brothers, a nivel europeo, dirigiendo los destinos de la entidad en España y Portugal hasta su quiebra en 2008. Ello supuso que su nombramiento recibiera alguna crítica, ya que el banco estadounidense se vio involucrado en la crisis internacional. Después fue responsable en España de la firma auditora PwC (PricewaterhouseCoopers) hasta su nombramiento como ministro. También dirigió el Instituto de Empresa y fue consejero independiente de Endesa y del Banco Mare Nostrum (BMN), entidad resultante de la fusión de las cajas de Murcia, Penedés, Granada y Sa Nostra, cuyo destino tuvo que regir como ministro tras nacionalizarse la entidad.

Como responsable de la economía del país, De Guindos ha representado a España en el Eurogrupo, que aspiró a presidir en 2015, y el Ecofin (consejo de ministros de Economía y Finanzas), así como en el G-20 y en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones económicas internacionales. Desde un punto de vista interno le ha tocado abordar reformas para atajar los desequilibrios, enfrentarse a la crisis financiera y evitar el rescate de la economía española por parte de Bruselas. En ese sentido, tuvo que acelerar la reconversión de las cajas de ahorros, en general, y de Bankia, en particular, donde su antiguo jefe, Rodrigo Rato, era presidente y tuvo que presentar la dimisión al no querer estar al frente de un banco que iba a ser nacionalizado, como le adelantó De Guindos tras la reunión que mantuvo con los principales banqueros (Emilio Botín, del Santander; Francisco González, del BBVA, e Isidro Fainé, de CaixaBank) y el propio Rato. Lo curioso es que la dimisión se la presentó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y no al Banco de España ni al ministro de Economía.

Fue una etapa vertiginosa a la que después ha proseguido otra de no menos furor en la que De Guindos aspira a consolidar la recuperación. En esta etapa es en la que más centra sus reflexiones Luis de Guindos, que apenas se detiene en las primeras etapas de estos últimos cuarenta años, en los que sus vivencias fueron las de un estudiante de bachillerato y universitario.

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DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN A LA TRANSICIÓN

El Plan de Estabilización de 1959, a mi juicio, es el que marca la política económica del franquismo. Es una época de la que, evidentemente, no tengo conocimiento directo, pero, dadas las limitaciones de entonces, el plan fue muy avanzado desde el punto de vista de diseño de política económica, ya que permitió las inversiones extranjeras sin autorización hasta el 49 % y reunificó los tipos de cambio múltiples. Supuso una liberalización y dio lugar al impulso económico que está detrás de los diez años posteriores de crecimiento económico que se produjo en España. Desde el punto de vista político, permitió la supervivencia del régimen franquista por mucho tiempo, hasta cerca de veinte años más.

Los últimos años de esa etapa, hasta la muerte de Franco, se complicaron porque la economía española entró en una fase de desaceleración como consecuencia de la crisis del petróleo de 1973 tras la guerra del Yom Kippur (entre árabes e israelíes). Por eso la Transición comenzó en un momento complejo y tuvo un punto culminante con los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977. No obstante, desde el punto de vista económico, a los Pactos de la Moncloa yo no les doy demasiada importancia, aunque desde el político sí tuvieron gran incidencia por lo que significaron como señal del cambio. No supusieron un giro tan importante como el del Plan de Estabilización de 1959 o como ocurrió después con las medidas que tomó Miguel Boyer (ministro de Economía y Hacienda con el Gobierno socialista entre 1982 y 1985), que fueron de naturaleza claramente liberalizadora. Más tarde se producirían otros hitos importantes, como el acuerdo de adhesión a las Comunidades Europeas de 1986, la incorporación al euro en 1999 y las medidas contra la crisis del Gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012.

EL SINUOSO CAMINO HACIA LA UE

La entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE) supuso una liberalización comercial de primer orden. España tuvo que llevar a cabo un proceso de adaptación enormemente exigente. A partir de ahí, la política económica española era ya la europea. Había que liberalizar todo, eliminar aranceles, incorporar el IVA y crear la Agencia Tributaria, entre otras medidas. También había que adaptarse a la Política Agrícola Común (PAC) y hacer la reconversión industrial. Se adoptaron medidas sectoriales que derivaron después en las privatizaciones de las empresas públicas y en la creación de los organismos de regulación de los mercados.

Creo que España hizo una buena negociación para la adhesión a la entonces CEE. De 1986 a 1992 nuestro país gozó de un crecimiento económico muy elevado, al tiempo que se avanzó mucho en la modernización de la economía. Fue un cambio tanto de la cultura económica como de la forma de hacer política económica. Hubo que moverse de acuerdo a los criterios comunitarios, aunque en política monetaria y fiscal se mantuvo la autonomía. Se empezó a trabajar por la competitividad. A lo largo de esa etapa se fueron produciendo muchos cambios como consecuencia de las medidas liberalizadoras.

Al comienzo de la década de los noventa estalló la crisis del SME (Sistema Monetario Europeo). En España, que formaba parte del sistema, se sucedieron cuatro devaluaciones de la peseta. Fue entonces cuando el Reino Unido se salió del SME, con John Major como primer ministro, y fue entonces cuando verdaderamente empezó el Brexit. También se salió la lira italiana y se produjo el «no» danés al euro.

Mientras tanto, en esos años España acumuló pérdidas de competitividad por el diferencial de inflación. En la crisis de 1992 se cometieron errores que hicieron abrir la mano desde el punto de vista presupuestario y de las políticas de renta. En realidad, desde la huelga general de 1988 (contra el Gobierno socialista) se cometieron muchos errores en política económica, lo que agravó la crisis posterior. Me refiero a errores como el de permitir un déficit público más elevado, aumentar el gasto público o desarrollar una política monetaria laxa. Aun así, esos errores no se visualizaron hasta 1992, e influyeron también los fastos de aquel año (los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla). De modo que, como ya he dicho, se produjeron las citadas devaluaciones, y en cuanto volvió un poco de disciplina de la mano de Pedro Solbes en 1993, la economía empezó a crecer muy rápido, sobre todo a partir de la llegada de José María Aznar en 1996.

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LOS GOBIERNOS DE JOSÉ MARÍA AZNAR

Las crisis del SME y las devaluaciones de la peseta facilitaron mucho la gestión económica al Gobierno de Aznar (que había ganado las elecciones de 1996), ya que la economía había conseguido muchísima competitividad precisamente gracias a dichas devaluaciones. Cuando se llevaron a cabo medidas de este tipo se produjo un primer efecto recesivo, pero posteriormente el resultado fue una ganancia de competitividad. En política económica las consecuencias de una medida se ven siempre con un décalage de dos años o un poco más.

Aznar hizo una cosa muy importante: pasó la señal de que cumpliría al pie de la letra las condiciones para incorporarse al euro y que no las negociaría. En aquel momento todo el mundo creía que Felipe González había fraguado un pacto para hacer una envolvente a los alemanes, pero Aznar dijo que cumpliría estrictamente. Por eso, el Gobierno de Aznar adoptó medidas para contener el déficit público, lo que contribuyó decisivamente a la bajada de los tipos de interés, de modo que el mercado empezó a creer que, efectivamente, España se incorporaría al euro desde el primer momento. Esto produjo un ahorro en los costes de financiación, lo que allanó el camino para que España cumpliera las condiciones necesarias para subirse al tren de la moneda única europea como socio fundador.

Aznar consiguió, en definitiva, generar esa expectativa de que España se incorporaría al euro, lo que significaba la convergencia en tipos de interés dentro de la Unión Monetaria. Esto llevó a una reducción de los tipos mucho más intensa que en otros países. En 2002, la agencia de rating Standard & Poor’s dio al Reino de España la triple A, siendo yo secretario de Estado de Economía, y hubo momentos en que nuestra prima de riesgo se situó por debajo de la de Alemania.

Esta coyuntura se aprovechó muy bien y se produjo un choque de oferta realmente positivo. Se tomó la primera medida importante en el mercado laboral, que fue la de reducir el despido con treinta y tres días de indemnización; se culminaron las privatizaciones y se tomaron medidas de liberalización en el ámbito del sector servicios. No hay que olvidar que, por ejemplo, todavía fijábamos el precio de la gasolina desde el Gobierno.

UN DECENIO DE CRECIMIENTO

La evolución económica de 1997 a 2007 constituyó un decenio de crecimiento y de transformación, aunque al final comenzó a engendrarse una burbuja inmobiliaria. Desde el punto de vista económico, el mandato de Aznar estuvo bien enfocado; mejor la primera legislatura que la segunda, aunque en esta última también se hicieron cosas acertadas. Aznar había contado con algunas ventajas de partida, como las devaluaciones de la peseta que le habían precedido, no había crisis bancaria, ni burbuja inmobiliaria, ni pérdida de competitividad… Hay que tener en cuenta que en 1999 se perdió el manejo de la política monetaria como consecuencia de la incorporación al euro. ¿Se podía haber hecho una reducción superior del déficit? La realidad es que se acercó al equilibrio.

En la segunda legislatura de Aznar el debate fue más bien político. Era el año 2002 y se discutía, sobre todo, quién le sucedería. Desde el punto de vista económico, fueron buenos años los de las dos legislaturas, aunque lo más relevante fue la incorporación al euro en 1999 y la puesta en circulación de la moneda común en 2002. Cuando el PP dejó el Gobierno en 2004 teníamos un déficit público prácticamente inexistente, la inflación estaba controlada, la economía crecía al 4 % y el déficit exterior era reducido, igual que la deuda externa, que no fue preocupante hasta 2007, cuando se disparó.

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EL PERIODO DE RODRÍGUEZ ZAPATERO

Con el Gobierno siguiente de José Luis Rodríguez Zapatero hubo algunos años buenos, entre 2004 y 2008, pero se vivía demasiado de la inercia del pasado, porque la economía española se había ajustado para cumplir los criterios de convergencia que permitieron a España incorporarse al euro. La primera legislatura fue plácida, aunque no se le prestó mucha atención a la economía. El presidente Zapatero venía, sobre todo, con una agenda social y política con mucho más peso que la económica. En las cuentas públicas no se hicieron locuras; se llegó a tener superávit presupuestario y la ratio de deuda pública se redujo, lo que dio lugar a problemas y tensiones políticas internas, porque inmediatamente se quiso gastar más. Se podía haber intentado actuar con más intensidad en el ámbito de la concesión de crédito, pero cuando se está en una burbuja es muy difícil actuar. Se vivió de la inercia, insisto, pero no se tomó ninguna decisión importante en política económica hasta 2010.

España arrastraba un problema gravísimo de competitividad, con un 10 % de déficit exterior sobre el PIB (Producto Interior Bruto) y peligrosas burbujas de crédito e inmobiliaria. Todo esto estalló, porque, además, coincidió con la crisis financiera mundial. España se encontraba inmersa en una recesión, que, en términos generales, no fue más intensa que la europea, pero sí fue peor en lo que se refiere al empleo, sacando a la luz las contradicciones del sistema laboral español. En 2009, los salarios seguían creciendo al 4 % y se estaba destruyendo mucho empleo.

Aquello no fue culpa solo del Gobierno de Zapatero. Europa dijo entonces que había margen para gastar, con lo que en España se realizó la mayor expansión fiscal en un país de la OCDE: de un superávit del 2 % se pasó a un déficit del 10 % en tres años. Pero ahí no estaba el problema. No voy a entrar en las anécdotas del plan E (ayudas a los ayuntamientos para obras públicas ejecutado por el Gobierno de Zapatero), pero si se hubieran dejado funcionar los estabilizadores automáticos del Presupuesto, a lo mejor el salto del déficit habría sido menor, hasta un 5 % o un 6 %.

Esto hizo que posteriormente la deuda se disparase, coincidiendo con una crisis de competitividad, una crisis bancaria, fiscal, laboral y, además, la del euro que originó Grecia. Ahí es cuando Bruselas dio el volantazo. Donde antes decía «gaste usted más», ahora era «que no, que no…».

MEDIDAS DE AJUSTE

El giro que el presidente Zapatero se vio obligado a dar en mayo de 2010 con las medidas de ajuste puso de relieve todas las contradicciones existentes entre los socialistas. Zapatero se dio cuenta de que tenía que cambiar y empezó a mirar la prima de riesgo. Desde el Banco de España tampoco se le ayudó mucho con ciertas maniobras, como la creación de los SIP (Sistema Institucional de Protección) y las fusiones de cajas. No se dieron cuenta de que se había larvado una crisis financiera brutal, pese a todas las alarmas que venían del exterior. Una crisis que se produjo por un incremento de la concesión de crédito por parte de un sistema financiero compuesto al 50 % por cajas de ahorros y cuya gobernanza económica era totalmente inapropiada. Hubo, además, interferencias de los Gobiernos autonómicos con competencias en materia regulatoria e implicaciones de los medios de comunicación que dificultaban la intervención desde los poderes públicos. Fue entonces cuando se produjo el pinchazo de la burbuja y los precios del sector inmobiliario empezaron a caer. Como consecuencia, la economía perdió competitividad, aumentaron los desequilibrios y nos metimos en la peor crisis de la historia de España desde la Guerra Civil.

En economía, las decisiones no producen efectos plenos de manera inmediata, sino a medio plazo en la mayoría de los casos. El Gobierno del presidente Zapatero entró en 2004 con una inercia muy buena. A partir de ahí, puede decirse que el Ejecutivo socialista se durmió en los laureles o que tomó medidas cuando ya era demasiado tarde. El entorno internacional se complicó con una crisis financiera de proporciones planetarias, y los bancos centrales tuvieron que aplicarse en la adopción de medidas de emergencia para evitar el colapso de las principales economías. Cundió la desconfianza en el sistema financiero norteamericano y europeo, lo que derivó en una crisis de deuda, porque los Gobiernos tuvieron que salir al rescate de las entidades. La economía española no se preparó en los años de bonanza para afrontar un embate de esta magnitud, sino que, por el contrario, generó sus propios problemas. Se produjo una expansión del crédito en un contexto de bajos tipos de interés, hubo mala praxis y problemas de gobernanza en una parte importante del sistema financiero español. Se generó una burbuja inmobiliaria, se agotó el margen del Presupuesto con medidas muy discutibles desde el punto de vista económico, en ocasiones por puro clientelismo político.

En definitiva, todo aquello nos llevó a la situación con la que nos encontramos en 2012, que se puede resumir en la enorme pérdida de confianza en la economía española con la que nos tocó lidiar y que nos costó mucho tiempo restaurar. Es verdad que en la anterior etapa las cifras de paro fueron buenas en un primer momento y que a nosotros nos tocó gestionar cifras récord de destrucción de empleo durante una crisis que podría asemejarse a la producida por una guerra. Pero lo cierto es que esas situaciones no se produjeron de la noche a la mañana, sino que se gestaron por políticas erróneas en años anteriores. En sentido contrario, el Gobierno de Mariano Rajoy tardó dos años por lo menos en darle la vuelta a las cifras y varios más en recuperar el nivel de renta que teníamos antes de la crisis (a mediados de 2017) y los veinte millones de ocupados (esperamos que a finales de 2019).

Reconocer la realidad es el primer paso para cambiarla, salvo que uno busque réditos políticos muy a corto plazo o se mueva por intereses distintos. Y creo que lo más complicado cuando se está en el Gobierno es tener un buen diagnóstico de la realidad y de los elementos que te pueden ayudar a tomar las decisiones correctas. En el terreno económico hay un debate sobre si es mejor realizar las reformas cuando la economía marcha razonablemente bien o llevarlas a cabo cuando no queda más remedio porque la sociedad percibe mejor que son necesarias. Nuestra historia reciente demuestra que durante el anterior Gobierno socialista se engendró un deterioro muy fuerte en un clima de casi euforia económica, y en el posterior del PP hubo que intervenir en una economía al borde de la depresión que hoy respira de una manera muy distinta. Si, al menos en los años anteriores, no se hubieran adoptado decisiones erróneas, creo que las medidas de ajuste fiscal que se aprobaron después habrían sido menos intensas. Por ejemplo, si el déficit público no hubiera sido en 2011 superior al 9,4 % —en lugar del 6 % que se nos dijo en el traspaso de poderes—, el Gobierno de Mariano Rajoy no habría tenido que saltarse su programa electoral con una subida de impuestos nada más llegar.

Igualmente, en el sector financiero creo que si se hubieran visto venir antes las burbujas de crédito e inmobiliaria y se hubiera actuado a tiempo, no habría sido necesario el rescate europeo de los bancos.

Que el mercado laboral necesitaba ajustes para bajar el paro estructural, hacerlo más flexible y más resistente era un punto de coincidencia en los ámbitos académicos y políticos incluso en las épocas buenas. Por ello creo que el Gobierno de Mariano Rajoy siempre habría abordado la reforma laboral, aunque la situación económica hubiera sido distinta. No es sostenible que en España, aún en las mejores circunstancias, siempre tengamos tasas de paro por encima de los grandes países del euro. Y no puede ser que haya zonas de España con un paro estructural de dos dígitos sea cual sea la coyuntura. Pero el caso es que la reforma laboral se llevó a cabo en un contexto de elevada tasa de paro y gran destrucción de empleo, con los buenos resultados que hemos visto después.

En definitiva, no solo se perdió competitividad, sino algo tan importante como la confianza en la política económica de España, en nuestra capacidad de respuesta y en nuestro funcionamiento como país. La competitividad es un concepto un poco más amplio, e incluso difuso, que el que se puede representar en un diferencial de precios. Esto es importante, pero no deja de ser el exponente de un mal o un buen funcionamiento de la economía. La reforma del mercado de trabajo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy nada más llegar fue clave para que las empresas recuperasen músculo al establecer un marco laboral con la flexibilidad necesaria.

Igualmente, fueron fundamentales las decisiones que se tomaron para restablecer las condiciones de financiación de la economía. Sin el ejercicio de transparencia que se hizo en los bancos y las cajas de ahorros españoles, con test de estrés dirigidos por el Banco de España, y sin el saneamiento y la reestructuración que se llevaron a cabo en el sector financiero, las empresas españolas se habrían quedado secas de financiación y sin posibilidad de emprender nuevos proyectos.

Además, a medida que se fue dando la vuelta a la situación, el sector exterior se fue consolidando, primero como una vía de escape frente a un mercado nacional deprimido y luego como el germen de una manera de producir y de hacer empresa, como un nuevo modelo económico, en definitiva. Pasamos de un déficit exterior del 10 % en la época del Gobierno socialista, al cuarto año de superávit, además de registrar cifras récord en las exportaciones. Una economía con tasas de crecimiento económico por encima del 3 %, como registramos en la actualidad, y cuyas exportaciones siguen en máximos históricos es algo más que competitiva. Es bastantes más cosas. Por ejemplo, las empresas tienen una estructura de costes adecuada, encuentran financiación para nuevos proyectos, sus productos son atractivos, tienen cuadros bien formados que saben moverse por el mundo... La competitividad es todo eso.

19
LA CRISIS FINANCIERA

La crisis financiera se ha analizado desde distintos puntos de vista con diferentes explicaciones, como pueden ser las deficiencias en la regulación o el contexto de bajos tipos de interés. En el caso de España, la crisis financiera se centró en las cajas de ahorros más que en el conjunto del sector bancario, aunque todo él resultó contaminado. Fue consecuencia del estallido de una burbuja inmobiliaria y de crédito que no se quiso o no se supo anticipar. Y fue el resultado de unas normas muy deficientes en lo que se refiere al gobierno corporativo, con una gran intromisión por parte de los Gobiernos autonómicos y malas decisiones de gestión, en especial las relativas al sector inmobiliario. El Banco de España no acertó en sus decisiones cuando quiso abordar la problemática de las cajas con fusiones, los conocidos como SIP, que no salieron bien. Se forzó la salida a Bolsa de Bankia por decisión sobre todo política, y tampoco salió bien.

El cúmulo de errores fue tan grave que pudo llevarnos al rescate e incluso a cuestionar el proyecto del euro. Desde todos los organismos internacionales se apuntó a Bankia como el punto esencial de preocupación. La cuarta entidad financiera de España tuvo que ser nacionalizada con una fuerte inyección de recursos públicos, hubo que cambiar a los gestores… En definitiva, la historia ya conocida. Arreglar el problema de Bankia significó mucho en cuanto a la recuperación de la confianza en la economía española. Fue un antes y un después.

En la primera toma de posesión que presidí en el Ministerio de Economía, a finales de 2011, anuncié que la economía española había entrado en recesión. Aún no lo reflejaban las cifras oficiales, que siempre se conocen con posterioridad, pero los indicadores adelantados y el puro olfato me decían que estábamos en tasas de crecimiento negativas. De hecho, en las revisiones posteriores del INE (Instituto Nacional de Estadística) resultó que estábamos en recesión desde el inicio de 2011. El déficit público, en lugar del 6 % que había anunciado la vicepresidenta (y ministra de Economía y Hacienda en el último Gobierno Zapatero) Elena Salgado, resultó ser superior al 9 %. El déficit exterior se acercó al 10 % del PIB en 2009, como un presagio de todo lo que vendría después, y la deuda privada había superado el 200 % del PIB. La tasa de paro rozaba el 25 %, aunque luego empeoró. Y 2012 y 2013 fueron años verdaderamente negros para el empleo en España. En el primer trimestre de 2013 la tasa de paro se fue al 27 %.

Esta es la variable más sensible al clima de confianza y verdaderamente nos costó mucho recuperar todo el deterioro que se había producido en los años anteriores. El ajuste que hubo que hacer para reconducir el déficit público lanzó el mensaje de que, desde el punto de vista de los mercados, estábamos dispuestos a tomar medidas severas, pero para el bolsillo de los ciudadanos, la subida del IRPF primero, y luego la del IVA, más la congelación del sueldo de los funcionarios no eran precisamente incentivos para el consumo o la inversión.

Hasta que todo esto se colocó en la dirección correcta pasamos 2012 y parte de 2013, con una actividad económica por los suelos y, como país en conjunto, al borde del precipicio. Cada medida que adoptábamos tenía contraindicaciones y nos exigía esfuerzos mayores, hasta que conseguimos que la espiral girase hacia arriba en lugar de profundizar en los desequilibrios, lo que no se vio con claridad hasta bien entrado 2013.

Tener un Gobierno con mayoría absoluta fue de las pocas facilidades con las que nos encontramos en aquellos momentos. Pudimos adoptar decisiones con rapidez, como requería la situación, aunque obviamente sufrimos el coste político en la primera cita electoral, al final de la X Legislatura. Es verdad también que al PSOE le pasó mayor factura —muchos votantes tenían bien identificados el origen de los problemas— con el surgimiento de una nueva fuerza, Podemos, al calor del descontento social. Después se ha visto la carencia de un proyecto sólido y creíble para España desde esta nueva izquierda y sus resultados también han perdido fuerza.

LOS PROGRAMAS «GUINDOS I» Y «GUINDOS II»

Se puede decir que no había una sola cuestión en el ámbito económico que no me preocupase. Estaba la situación de Irlanda, Grecia y Portugal, países abocados al rescate de los socios del euro, con su política económica intervenida por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (o sea, la troika), con medidas de ajuste muy duras y sin poder acudir a los mercados. Mi prioridad, y para el conjunto del Gobierno de Mariano Rajoy, fue evitar el rescate de la economía española. Todas las medidas que se adoptaron perseguían el objetivo de evitar que la troika marcara nuestro destino y dañara nuestra autoestima como país. De hecho, el llamado «rescate bancario», o el programa de asistencia financiera por 40.000 millones de euros que solicitamos a los socios europeos, fue esencial a la hora de evitar el rescate completo de nuestra economía.

Aquello supuso una especie de cortafuegos. En cuanto a las medidas concretas, fue en el primer Consejo de Ministros decisorio, a finales de 2011, cuando el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy decidió subir el IRPF mediante un gravamen complementario temporal (se retiró tres años más tarde) con una escala que llegó al 7 % para los tramos más altos. En aquel momento opiné que subir el IVA era menos dañino desde el punto de vista económico, pero se decidió subir el IRPF con argumentos más políticos. Unos meses más tarde hubo que subir el IVA y suspender la paga extra de los funcionarios, entre otras medidas, porque con el primer paquete de medidas no conseguimos reconducir la situación de manera decisiva. De hecho, en el verano de 2012 vivimos la situación de mayor peligro, ya que la prima de riesgo rebasó los 600 puntos básicos, una cota nunca vista hasta entonces.

Visto con perspectiva, las cifras demuestran que el gasto social no se vio afectado, entre otras razones porque las pensiones no sufrieron recorte alguno, y tampoco hubo una merma en la prestación por desempleo. La dinámica de ahorro de intereses respecto de lo presupuestado en las emisiones de deuda del Tesoro en la que logramos entrar dejó margen para preservar partidas sociales como pensiones y desempleo. Ahí está también la explicación al clima de paz social por el que España transitó en esa etapa convulsa para nuestra historia económica. Ninguna de las huelgas generales convocadas tuvieron éxito y el marco de convivencia no se vio esencialmente deteriorado.

Hay varias razones que explican cómo y por qué evitamos el colapso. Unas tuvieron mayor influencia que otras, pero creo que todas jugaron en positivo. El Gobierno mandó una señal clara desde el principio de que reconocería la gravedad de la crisis y tomaría las medidas necesarias para recuperar la confianza y volver al crecimiento y a la creación de empleo. Aquel mensaje lanzado por un Gobierno recién salido de las urnas con mayoría absoluta tuvo su efecto. Además, en el entorno de la zona euro, la gravedad de los problemas de España —cuarta economía europea— no era comparable en cuanto a sus efectos devastadores con la de otros países menores en tamaño, como Grecia, incluso si se hubiera llegado a un rescate. Por razones de volumen de dicho rescate y porque no nos cabía duda de que si caía España, después iba Italia.

Además, el riesgo que suponía dejar que Grecia se fuera del euro nos habría metido en un terreno desconocido y habría arrastrado a los países que en aquel momento estaban más débiles, como era nuestro caso. Lo que estábamos viviendo era un ataque al euro que empezaba por los llamados países del sur hasta acabar con todo el proyecto europeo. Las famosas palabras de Mario Draghi (presidente del BCE) en Londres —Whatever it takes—, asegurando que haría todo lo necesario para salvar el euro, sin duda tuvieron un efecto tranquilizador en los mercados. Pero creo que la decisión por parte de Alemania de no permitir una ruptura del euro con la salida de Grecia fue lo que cambió totalmente la perspectiva de los mercados respecto a la moneda única.

Mientras tanto, en España, y muy rápidamente, el Gobierno aprobó los denominados «Guindos I» y «Guindos II» (reales decretos-ley 2/2012 y 18/2012 de saneamiento del sector financiero, que impusieron nuevos requerimientos de provisiones y de capital a las entidades financieras, orientados a la cobertura del deterioro en los balances ocasionado por los activos vinculados a la actividad inmobiliaria) con medidas de saneamiento financiero y de limitación de retribuciones para las entidades financieras con ayudas públicas. Se obligó a provisionar no solo el crédito inmobiliario dañado, sino, además, el supuestamente sano, con lo que se realizó una verdadera limpia de balances. Este saneamiento se hizo en paralelo a un ejercicio de transparencia en todo el sector sin precedentes para dotarlo de credibilidad frente a los mercados. La ayuda financiera obtenida de los socios por 100.000 millones de euros (de los que se utilizaron 40.000) se condicionó a la presentación de planes de reestructuración por parte de las entidades.

Esta fue una diferencia sustancial respecto a la batería de ayudas ordenadas por el anterior Gobierno socialista, prácticamente a fondo perdido y muy condicionante a futuro. Y nos comprometimos con Europa a una reforma en profundidad de nuestra regulación financiera, en especial de los instrumentos de resolución y liquidación de entidades. Aquello fue el germen de la Unión Bancaria —que a finales de aquel año 2012 se puso en marcha en Europa— como principal instrumento para que los contribuyentes no volvieran a ser los paganos de las crisis financieras. Mi conclusión de aquella etapa es que sin un sector financiero saneado, solvente, transparente, bien gestionado, la economía española no se habría recuperado de la peor recesión de la historia moderna.

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CAMBIO DE TERCIO

Lo fundamental es que el Gobierno tomó las riendas de un país en recesión, con muchos puestos de trabajo destruidos, con fuertes desequilibrios y pérdida de competitividad. Pero ahora la situación es completamente distinta. La economía española crece a tasas por encima del 3 % y se crean cerca de medio millón de empleos al año. Tenemos superávit exterior, fluye el crédito y la economía está menos endeudada. No tenemos sobresaltos en los mercados e incluso el Tesoro se financia a tipos de interés negativos. Que la organización del Gobierno sea una u otra creo que es secundario. No existen fórmulas infalibles. En el Gobierno de Rodríguez Zapatero hubo, en efecto, una vicepresidencia económica y pasó lo que pasó. Lo importante es que exista una buena coordinación, que sí ha habido en el Gobierno de Mariano Rajoy. En cuanto a los cargos internacionales, la palabra «fracaso» me parece excesiva. Es verdad que España ha perdido peso en las instituciones europeas y, más allá de cuestiones personales y de quién ocupa tal o cual puesto, es objetivo del actual Gobierno recuperarlo.

Lo más importante es no desandar lo andado. España es aún una economía vulnerable. El Tesoro público tiene que pedir mucho dinero prestado a los inversores y nuestro nivel de deuda pública es elevado y hay que reducirlo. Entre deuda pública y privada estamos hablando de 350.000 millones de euros. Por otra parte, tenemos una tasa de paro que también hay que reducir. En ambos casos las tendencias son buenas, pero estamos en niveles demasiado altos. Por tanto, cualquier paso atrás que se dé y que se traduzca en una pérdida de confianza de los mercados o de los inversores nos puede pasar factura, porque todavía tenemos problemas que resolver.

Hay que seguir, además, mandando señales desde un Gobierno reformista que no se limita a resolver el día a día. Por ejemplo, en el mercado de trabajo debemos introducir mejoras en formación, políticas activas, etcétera, pero sin tocar el núcleo duro de la reforma laboral en lo relativo, por ejemplo, a la negociación colectiva. Está también pendiente el nuevo sistema de financiación autonómica para conseguir el equilibrio presupuestario en las comunidades en paralelo a las mejoras de financiación.

Creo que la época de los Pactos de la Moncloa ya pasó y que estamos en otra etapa, con los problemas políticos que conocemos, pero que nada tienen que ver con aquel momento de cambio profundo en España. En la actualidad tenemos un Gobierno en minoría, y para muchos de los asuntos pendientes en materia económica y otros como el de la educación, que se suelen mencionar como prioritarios, creo que debemos encontrarle el lado positivo a esa minoría. Buscar equilibrios y la estabilidad de las medidas que se pongan en marcha son propósitos muy buenos para avanzar.

Se espera que 2017 sea el año del inicio de una nueva tendencia económica tras varios años de desaceleración, con un crecimiento de la economía mundial del 3,4 %, ligeramente superior al del año anterior (3,1 %). Por un lado, se observa que las economías avanzadas han repuntado ligeramente. Entre ellas, el Fondo Monetario Internacional ha destacado el crecimiento de Estados Unidos, Reino Unido y España. Por otro lado, en las economías emergentes, aunque de manera heterogénea, se ha observado una pequeña desaceleración.

Por su parte, en la Unión Europea ha mejorado también la perspectiva de crecimiento para la zona euro: 1,7 % en 2017 y 1,8 % en 2018. Sin embargo, este escenario viene acompañado de importantes desafíos que pueden condicionar el crecimiento derivado de la normalización de la política monetaria, si bien las presiones en cuanto a la evolución del precio del petróleo son de cierta estabilidad a medio plazo.

A esto se suma el excesivo endeudamiento de la economía mundial, el más alto desde la Segunda Guerra Mundial, lo que, junto a una situación de baja productividad, supone una vulnerabilidad ante un repunte de los tipos de interés.

También existe la amenaza de un giro proteccionista que pueda debilitar los intercambios comerciales. Detrás de ello se encuentra, sin duda, el auge del populismo y de los nacionalismos. En este sentido, cualquier medida que suponga una restricción al libre comercio tendrá un impacto negativo en todos los países. Es fundamental que, en este contexto, la Unión Europea se reafirme como la zona de libre comercio, esencia de su creación y garantía de prosperidad.

Además, la incertidumbre sobre los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cuyo impacto a medio plazo todavía resulta difícil de prever, necesariamente abre un periodo de negociación muy exigente.

Por último, estamos ante un intenso calendario electoral europeo, con elecciones en países muy relevantes, lo que inevitablemente determinará el ritmo de las discusiones y de las decisiones que se tomen y tengan lugar en Europa.

En la Unión Europea hemos hecho grandes progresos en los últimos años, espoleados por la crisis económica y financiera. En concreto, hemos abordado algunas de las deficiencias de la estructura original de la Unión Económica y Monetaria, con avances en lo relativo a la Unión Bancaria. Y ahora vemos cómo nuestras políticas, nacionales y europeas, junto a los esfuerzos de nuestras sociedades, están dando sus frutos. Por eso ahora estamos en una mejor posición para afrontar los retos que nos aguardan. Pero, a pesar de todos los avances en el fortalecimiento de nuestra arquitectura económica y financiera, nuestro trabajo está todavía lejos de estar finalizado.

MEDIDAS A LARGO PLAZO

A lo largo de estos años de gran inestabilidad económica e incertidumbre, nuestro trabajo en Europa se ha centrado irremediablemente en la gestión de la crisis y en adoptar medidas específicas con cabida en los tratados existentes. Ahora debemos planificar medidas para el largo plazo. Debemos centrarnos más en los fundamentos institucionales y seguir mejorando la resistencia de nuestras economías. Debemos seguir trabajando juntos para promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo. Nuestros esfuerzos también deben centrarse en garantizar el funcionamiento eficaz y sin tropiezos de la Unión Económica y Monetaria. En muchos de nuestros países, el euro siempre ha servido de ancla para la estabilidad económica y política, y esto es algo especialmente relevante hoy en día.

Para garantizar el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria en el futuro, debemos continuar trabajando en el desarrollo de instrumentos de coordinación de las políticas fiscales y económicas. En este exigente contexto económico, es fundamental la aportación española al debate en Europa, con un decidido apoyo a la profundización del proyecto europeo, en concreto defendiendo la necesidad de una mayor integración en el ámbito financiero, fiscal y político.

Debemos continuar avanzando en la Unión Bancaria, en concreto en la implementación del Esquema Europeo de Garantía de Depósitos, fundamental para reducir los riesgos y hacer que el nivel de protección de los depositantes sea el mismo en toda la zona euro. También tenemos que profundizar en la Unión del Mercado de Capitales, que abarca a toda la Unión Europea y no solo a la zona euro, y caminar hacia una verdadera Unión Fiscal con instrumentos comunes que permitan hacer frente a eventuales shocks asimétricos, así como hacia una Unión Política con suficiente legitimidad y rendición de cuentas.

España tendrá que realizar una aportación muy importante al debate europeo acorde a su peso e importancia estratégica. Uno de los capítulos más importantes es el dedicado a la profundización de la Unión Económica y Monetaria, que incluye una perspectiva amplia, cubriendo propuestas para toda la Unión Europea. Este capítulo hace una revisión de los elementos de la primera etapa del informe de los Cinco Presidentes que quedan por implementar, y ayudará a la transición hacia la segunda etapa y última, que implica la creación de nuevas instituciones y la modificación de los Tratados de la Unión. Las propuestas incluidas en el Libro Blanco serán la base para la definición de la hoja de ruta del futuro de la Unión Europea que adoptaremos este año. La hoja de ruta será nuestra guía, durante los próximos ocho años, hacia una mejor y mayor integración de los países de la Unión Europea.

EPÍLOGO

LA TRANSICIÓN DIGITAL

La noche del martes 6 de junio de 2017 el Mecanismo Único de Resolución (MUR) decidió liquidar el Banco Popular y venderlo por un simbólico euro al Banco Santander, que se comprometía a hacer una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para soportar la entidad. Fue el final de una situación que se precipitaba sin visos de solución después de años de agonía ante la imposibilidad manifiesta de enderezarlo. Al contrario, el Popular, un banco que durante muchos años presumió de ser el más rentable del mundo, decidió hacer la huida hacia delante: compró el Banco Pastor con recursos propios y realizó dos ampliaciones de capital de 2.500 millones consecutivas. Todo con el permiso de las autoridades y sin ninguna advertencia de los auditores.

Los problemas del Popular afloraron cuando, el 7 de julio de 2008, la empresa Martinsa-Fadesa presentó un concurso de acreedores, entre los que figuraba el banco, con más de 1.000 millones enganchados. Era el estallido de la burbuja inmobiliaria y Martinsa-Fadesa, que se convirtió en la mayor suspensión de pagos de la historia en su momento; no fue el único episodio que se desencadenó en la crisis del ladrillo. Como tampoco fue el Popular la única entidad financiera que se vio involucrada en ella. La única diferencia fue que, mientras las cajas de ahorros ya estaban metidas en una reestructuración que desembocó en un proceso de fusiones, el banco se mantuvo ajeno a cualquier mandamiento del Banco de España. Y de aquellos polvos vinieron luego estos lodos. El consultor Aristóbulo de Juan, ex director general del Banco de España (de la época de José Ramón Álvarez Rendueles y Mariano Rubio como gobernadores), lo ha resumido claramente: «No se provisionaba y se descapitalizaba, y, encima, parecía que estaba prohibido intervenir».

Ahí comenzó la hecatombe del banco, circunstancia que demostró que la crisis todavía coleaba y que el sector financiero, por muchas pruebas de estrés que se hayan realizado, no estaba curado del todo. No en balde se han seguido tomando medidas de contención del crédito y del gasto desde el Banco Central Europeo (BCE). En España, que se salvó del rescate por los pelos, el organismo de financiación europeo destinó 40.000 millones de euros al saneamiento bancario, de los que se han devuelto el 16% cuando se escriben estas líneas.

Casi en las mismas fechas otros tres bancos tuvieron protagonismo. Los tres proceden de las antiguas cajas de ahorros y son fruto de la reestructuración financiera llevada a cabo. Por un lado, Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), que procedieron a una nueva fusión mediante la absorción del segundo por el primero. BMN nació tras la integración de las cajas de Murcia, Granada, Penedés y Sa Nostra y acabó controlado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras inyectar dinero público. Algo parecido ocurrió con Bankia, que había nacido por la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de ahorro más pequeñas (Canarias, Laietana, Segovia, Soria y Rioja), por lo que las dos estaban bajo el paraguas público. Por el otro lado, Unicaja, la ex caja de ahorros andaluza que se quedó con las castellanas de Salamanca, Soria y León, integradas en Ceiss, dio en el verano de 2017 el salto definitivo al parqué bursátil.

Fue un paso más en esa reestructuración del sector, tendente a reducir el número de entidades y ganar más músculo competitivo en el entorno europeo, donde también se fueron produciendo operaciones de salvamento.

Mientras tanto, la economía española iba mejorando sus cifras, hasta el punto de que el Gobierno decidió revisar sus previsiones de crecimiento para 2017 del 2,7% al 3%, al tiempo que mejoraban también las perspectivas de los próximos años. También han ido mejorando los datos de empleo, de manera que para 2017 se preveía la creación de más de 500.000 puestos de trabajo y un descenso del paro hasta menos del 18% de la población activa.

En la recuperación económica ha sido clave el turismo, su principal bastión, en el que se suceden los récords de visitantes año tras año. Esta situación, que representa la llamada primera industria de España, no deja de tener un punto negativo reflejado sobre todo en el empleo, que es temporal y sin formación, como ocurrió antes con el boom inmobiliario. Siendo estos datos de crecimiento innegables, también lo es que arrastran la lacra de la precariedad y de centrarse en puestos de muy baja formación, lo que augura un futuro desalentador para el tejido laboral español. En definitiva, España va a continuar a la cabeza, junto a Grecia, en esta clasificación europea de empleo. Esta sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la economía española. Los últimos datos sobre desigualdad desvelaron que en España, junto con Italia, Grecia, Portugal y Chipre, ha aumentado, en contraste con la mejora del resto de Europa.

El Gobierno del PP, con esas mejoras, se enfrentó a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en una situación de minoría parlamentaria, lo que le llevó a buscar el apoyo de diversos grupos para alcanzar la mayoría absoluta a cambio de compromisos programáticos (caso de Ciudadanos, con el que firmó un acuerdo de legislatura) o concretos, como los alcanzados con los nacionalistas vascos y canarios, que lograron ciertas prebendas para sus territorios.

Los resultados electorales reflejaron una España fragmentada en la que los dos partidos tradicionales que han dominado el voto desde la Transición han perdido preponderancia, dando espacio a nuevos grupos como Podemos, por la izquierda, y Ciudadanos, por el centroderecha. En esa situación han pesado sobremanera los casos de corrupción que han afectado al PP y, en menor medida, al PSOE. Casos como Gürtel, Púnica, Lezo o los ERE de Andalucía se han solapado en estos años implicando a dirigentes de los dos partidos, alguno de los cuales han acabado en prisión, entre ellos el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, estrechos colaboradores ambos de Esperanza Aguirre cuando esta era la presidenta madrileña. En la cárcel coincidieron con el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, condenado por la gestión de su grupo empresarial.

No obstante, y aunque perdió con hechuras la mayoría absoluta que disfrutaba en la anterior legislatura, el PP logró ganar las elecciones. E, incluso, mejoró los resultados en las segundas elecciones generales a las que se tuvieron que enfrentar las fuerzas políticas tras no alcanzar ningún acuerdo tras las primeras, celebradas el 20 de diciembre de 2015. Esa falta de acuerdo provocó la repetición de los comicios el 26 de junio de 2016. Pese a ello, el mapa político seguía muy dividido y se necesitaron más de tres meses de negociaciones hasta que el PSOE decidió abstenerse, lo que provocó la dimisión posterior de Pedro Sánchez de la secretaría general del partido y una escisión que hizo que tomara el control una gestora dirigida por el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández.

Pedro Sánchez recuperó la secretaría general tras unas elecciones celebradas en mayo de 2017. Era (es) la segunda oportunidad para recuperar el peso del PSOE, que tuvo consecutivamente los peores resultados de su historia en esas dos convocatorias citadas. No obstante, logró evitar el sorpasso que se vaticinaba por parte de Podemos, la formación de corte popular que se formó a raíz del movimiento 15-M de protesta callejera contra la política gubernamental y la aptitud de la oposición.

El Gobierno de Rajoy (repitieron Luis de Guindos en Economía, Cristóbal Montoro en Hacienda y Fátima Báñez en Empleo, y entró Álvaro Nadal en la nueva cartera de Energía) logró sacar adelante los PGE, pero sobre él pende la espada de Damocles de que muchas medidas (económicas, sociales y de todo tipo) sean tumbadas en el Parlamento por la suma de las fuerzas opositoras, incluido, en algunos casos, Ciudadanos. De la misma forma tiene que pactar otras por esas presiones. Es el caso del desgajamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos Autoridades Administrativas Independientes (AAI), una de Mercados y otra de Competencia, tras un acuerdo con PSOE y Ciudadanos. La decisión fue acompañada con la integración del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que también tendrá naturaleza de AAI.

En ese panorama de minoría, el Gobierno tuvo que enfrentarse a una moción de censura por parte de Podemos, frustrada, entre otras cosas, por la abstención del PSOE, y a la reprobación de Montoro, al que se le pidió la dimisión tras el varapalo que dio el Tribunal Constitucional a la amnistía fiscal que había aprobado el Gobierno cuando tenía mayoría absoluta. En estos meses pasados, Hacienda subió el impuesto de sociedades mediante la eliminación de deducciones que afectaban a las grandes corporaciones y, asimismo, endureció el régimen de pagos anticipados a cuenta del impuesto de sociedades. También bajó el IVA para espectáculos en directo.

En esa misma perspectiva de falta de apoyos parlamentarios se puede incluir el problema de la estiba y desestiba, que luego se solucionó. España tenía que adaptar la normativa del sector a la europea y planteó una reforma para liberalizar el sector que consistía en acabar con el sistema de monopolio en la contratación de estibadores portuarios, de manera que tenían que pertenecer a las SAGEP (Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios). El cambio estuvo motivado por una sentencia en contra del Tribunal de Justicia de la UE.

Mientras, persisten las quejas sobre la poca atención que recibe la inversión en innovación, en la que España tiene todavía mucho por hacer. Según el informe Cotec de 2017, la investigación y desarrollo ha seguido perdiendo peso. España es uno de los cuatro países que aún no ha recuperado los niveles de inversión de 2008. El informe de 2017 utiliza datos de 2015, pero pese a ello advierte de que los problemas de la ciencia y la tecnología no alcanzan las cotas relevantes que debieran en España. Mientras el conjunto de la Unión Europea invierte hoy un 25 % más en I+D que antes del inicio de la crisis económica, España lo hace un 10 % menos.

Esto no es una buena noticia cuando el mundo está viviendo la cuarta revolución basada en la digitalización de la economía. Primero fue la máquina de vapor; luego, la electricidad; después, las telecomunicaciones; y ahora la revolución digital. Y en cada una de ellas los cambios se han ido acelerando, son más vertiginosos y globales, lo que supone que no hay que perder el tren de la modernidad que representa porque afecta a la economía y al comportamiento de los ciudadanos.

El segundo Gobierno de Rajoy ha querido dar más preponderancia, precisamente, a este sector creando la competencia de Agenda Digital, que comparte ministerio con Energía y Turismo. El exjefe de la Oficina Económica del presidente reconoció, por un lado, que el sistema español no estaba preparado para la revolución tecnológica, y, por otro, la necesidad de crear una conciencia de la importancia de la digitalización (sobre todo, de tener más gente formada en Ciencias).

La primera pata de su ministerio, sin embargo, es la energía, que ha pasado de ser segundo plato del ministerio de Industria a esa situación. En energía España también debe apostar fuerte en renovables para cumplir con los mandamientos de la Unión Europea, que pide la descarbonización total en 2050. Eso supone reducir drásticamente el uso de carbón, gas y energía nuclear en la generación de electricidad. Por eso, el Gobierno ha agilizado las subastas de energías renovables (sobre todo, eólica y termosolar). Pero, a su vez, plantea un problema adicional sobre el futuro de las centrales nucleares, ya que la entrada de energía renovable no se puede hacer de la noche a la mañana. La vida útil de las nucleares termina en 2027 y si cierran según lo previsto supondría que 7.000 megavatios dejarían de estar a disposición. Por eso, se ha planteado ampliar esa vida útil para hacer menos agobiante el paso a las renovables.

En el sector de la energía, España ha tratado de avanzar en la interconexión tanto de gas como de electricidad con las redes europeas. Se han logrado algunos progresos, pero siguen sin satisfacerse todas las necesidades que se plantean en Europa de tener una conexión de todos los países. Esa situación ha hecho que España y, por extensión, Portugal se hayan quedado como una isla energética pese a tener ocho almacenes de gas (uno en Portugal) y dos gasoductos conectados con el Magreb, uno de los principales suministradores de Europa, que ha estado muy determinada por la evolución de los precios del petróleo, que llegaron a estar en su cota más baja en muchos años.

En el terreno laboral, se alargó la negociación colectiva entre la patronal y los sindicatos, que han vivido un proceso de relevo en sus cúpulas, con la salida de Cándido Méndez de UGT (en 2016) e Ignacio Fernández Toxo de Comisiones Obreras (en 2017). Sus sustitutos fueron Josep María Àlvarez, que ganó unas reñidas elecciones a Miguel Ángel Cilleros, y Unai Sordo. Los responsables de Cataluña y País Vasco, respectivamente, alcanzaban el liderato de ambos sindicatos, lo que no es baladí en medio del largo debate sobre la unidad territorial y el proceso secesionista que se vive en Cataluña desde hace ya varios años y que ha determinado muchas decisiones políticas y económicas de este país.

La economía de la democracia (1976-2016)

Carlos Solchaga, Pedro Solbes, Luis de Guindos, Miguel Ángel Noceda (coordinador)

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© Carlos Solchaga, 2017

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Primera edición en libro electrónico (epub): octubre de 2017

ISBN: 978-84-670-4970-1 (epub)

Conversión a libro electrónico: Safekat, S. L.