AUTORES

JUAN AVILÉS es catedrático de historia contemporánea de la UNED. Entre sus publicaciones destacan Pasión y farsa: franceses y británicos ante la Guerra Civil española (1994), La fe que vino de Rusia: la revolución bolchevique y los españoles, 1917-1931 (1999), Pasionaria (2005). Ha publicado numerosos artículos sobre temas de actualidad, especialmente sobre el terrorismo internacional.

DAVID CASASSAS es economista y doctor en sociología por la Universidad de Barcelona; investigador del «Grup de Recerca en Ètica Econòmicosocial, ciutadania i sociologia» (GREECS) de la misma universidad; es autor de diversos estudios sobre teoría social y filosofía moral y política.

JORDI CASASSAS es catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Barcelona y director de CERCLES. Revista d’història cultural; ha publicado numerosos estudios sobre la historia política, social, institucional y cultural del área catalana. Su última obra es El temps de la nació. Estudis sobre el problema polític de les identitats (2005).

ÁNGEL DUARTE es catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Girona. Sus investigaciones han versado sobre las culturas políticas, en particular la republicana, en la España de la segunda mitad del siglo XIX.

JUAN CARLOS PEREIRA es catedrático de historia contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Defensa Nacional y Altos Estudios Internacionales y actual presidente de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales; entre muchos otros es autor de Historia de las relaciones internacionales contemporáneas (2001) y La política exterior de España, 1800-2003 (2003).

SANTIAGO RIERA es doctor ingeniero industrial y en historia; actualmente es profesor de historia de la ciencia y de la técnica de la Universidad de Barcelona. Entre sus obras destacan Síntesis de la ciencia catalana (1983), Dels velers als vapors (1994). Recientemente ha publicado diversos ensayos sobre temática científica.

ISMAEL SAZ es catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Valencia. Ha publicado numerosos trabajos sobre fascismo, franquismo y relaciones internacionales. Entre ellos figuran Fascistas en España (en colaboración con J.Tusell), Mussolini contra la II.ª República y los recientes España contra España. Los nacionalismos franquistas y Fascismo y franquismo.

PRESENTACIÓN

JORDI CASASSAS

Este libro nace con la vocación explícita de ser un manual general del periodo contemporáneo. Ello significa que debe centrarse en la exposición ordenada de los hechos, pero que, al mismo tiempo, debe intentar ofrecer las claves que permitan entender el significado de dicho periodo en su conjunto, destacando, dentro de su marco general, aquellos fenómenos que los historiadores acostumbran a considerar como más importantes (y la prelación ya significa avanzar una primera explicación de los mismos).

Presentar un libro colectivo obliga en cierto modo a explicitar unos a priori que los diversos autores compartían (con el más-menos que comporta toda aventura intelectual) a la hora de ponerse a escribir y que se tradujeron en el primer esquema de trabajo. En el fondo, buena parte del valor de esta obra dependerá de la sintonía que los diversos autores transmitan a la hora de reflejar unas parecidas inquietudes como historiadores y, al tratarse de un manual, una similar valoración de sus respectivas experiencias como docentes y como profesionales.

En relación a esta última faceta, no creo alejarme del sentir común al reflejar una cierta alarma ante el exagerado y creciente peso del «presentismo» que invade la enseñanza universitaria de la historia contemporánea. De hecho, se trata de una tendencia que, en confluencia con una incontrolable y creciente utilización de las denominadas «nuevas tecnologías», y con la supeditación que a menudo aparece respecto las exigencias políticas inmediatas o del mercado, puede volverse en contra de los posibles beneficios de esta situación reciente, propia de las modernas sociedades de la información y del conocimiento.

Con todo ello, parece apreciarse un uso creciente de las generalidades a-críticas, de las grandes imprecisiones, así como la desaparición de la perspectiva histórica global que debe acompañar todo quehacer del historiador. A nadie se le esconden los peligros derivados de la tensión periodística a la que todos nos hallamos sometidos. A cada momento aparecen hechos decisivos, «acontecimientos del siglo», etc. Por la naturaleza relativizadora de su mismo trabajo, al historiador le corresponde recordar que tan solo el paso del tiempo puede insinuar algo tan taxativo; de acontecimientos cuya influencia se prolongue más allá de un lustro existen muy pocos; los que influyen a más de una generación son realmente excepcionales.

Seguimos creyendo que el conocimiento ordenado y ponderado de los hechos es inseparable del conocimiento histórico y permite visiones más equilibradas y críticas de las cosas, al tiempo que nos confiere la verdadera libertad de análisis. Somos conscientes del alcance que durante las décadas centrales del siglo XX tuvo el paso del intelectual al doctrinario (con todos los extremos que ello conllevó). Pero aun en esta situación, que a estas alturas resulta ya tan cargante, la exposición universitaria nunca debería estar concebida para agradar a una determinada situación o escuela.

Claro está que no se trata de rechazar de plano esta historia que denominamos del «tiempo presente», del «mundo actual», etc., y que a menudo disputa sus fronteras con el periodismo, la politología, la antropología o la sociología (y si no hubiésemos perdido su conocimiento, incluso con la filosofía). La participación de los historiadores en esta tarea de inmersión sincrética e interdisciplinaria en el presente, dará cuanto menos como resultado una mejor ordenación de los temas, así como de la verdadera avalancha de la información de que disponemos hoy en día. De esta forma, el historiador futuro encontrará un camino ya desbrozado; al mismo tiempo, dispondrá de muchos elementos para comprender las distintas valoraciones que se han ido realizando de su objeto de estudio.

De hecho, y por definición, la historia constituye un proceso que se abre al presente y, con ello, al futuro. Esta tendencia no depende exclusivamente de la movilidad propia que genera el transcurrir del tiempo físico, sino que también refleja una movilidad de tipo cultural, de una gran carga subjetiva: los hechos del pasado no paran de transformarse ante la mirada de los tiempos que le suceden. Claro está que ningún futuro podrá cambiar la realidad del pasado, pero sí —y la circunstancia no es nada desdeñable— la imagen histórica que se tiene de él. Una deformación extrema de ello la observamos en aquellos análisis que parten de diversos apriorismos (doctrinales o metodológicos, por lo común) y que han presentado una tendencia innata a considerar su presente como la «coronación de todos los tiempos», en aquel convencimiento de que la historia humana transcurre del menos al más y del que se burlaba el gran historiador suizo Jacob Burckhardt al atribuirles la afirmación «de que todo lo anterior solo ha existido en función de nosotros».

Lo cierto es que no podemos olvidar, con Federico Chabod (otro de los destacados que reflexionó en profundidad a la hora de publicar sus cursos universitarios), que los problemas que se plantean los grandes historiadores están íntimamente relacionados con las preocupaciones de su presente. Sus grandes interrogantes nacen de su propia consciencia, mientras buscan en el pasado algún tipo de respuesta. También como tantos otros, el mencionado historiador italiano no puede por menos que constatar como, una tras otra, todas las generaciones retoman el estudio de los mismos temas, periodos o personajes del pasado, compartiendo la convicción de que son los que han influido decisivamente en el transcurso de la Historia.

En consecuencia, ninguno de los grandes problemas de la Historia puede considerarse definitivamente cerrado o resuelto, sin que este relativismo signifique que la subjetividad extrema impida el trabajo riguroso del historiador (puesto que es en el procedimiento y método de análisis donde debe buscarse su rigor científico). Del nivel de la sensibilidad intelectual del historiador va a depender cómo interroga al proceso histórico, redescubriendo sus líneas de continuidad, los cambios relevantes (revolucionarios o no), los grandes ejes y su inevitable localización territorial (ningún manual puede leerse sin la compañía de un Atlas histórico o simplemente geográfico), así como la localización de aquellos momentos de especial densidad histórica que tanto nos ayudan a explicar los comportamientos individuales y colectivos.

Constituye una verdadera obviedad recordar que la periodización representa —a menudo de una forma incluso inconsciente y difusa— uno de los ejercicios más propios y característicos de los historiadores. Todo historiador sabe a la perfección que en ello estriba uno de los posicionamientos más sofisticados de su práctica profesional y por ello, muy a menudo, las grandes polémicas entre historiadores se han centrado en el establecimiento y justificación de una cronología, de una fecha simbólica o representativa de tal o cual corriente, de un lapso de tiempo que pueda considerarse frontera. Y lo cierto es que la reflexión sobre el tiempo no resulta nada fácil.

El siglo XX se inició, precisamente, con la reivindicación de la complejidad y la subjetividad del tiempo (magistralmente noveladas por Marcel Proust o James Joyce). Hasta entonces, el tiempo había sido tratado de una forma fundamentalmente lineal: podemos recordar el caso verdaderamente peregrino de aquel obispo anglicano que a mediados del Ochocientos y coincidiendo con la difusión de las teorías darwinianas utilizó el método genealógico para fechar el origen del mundo, resultándole su inicio el 28 de octubre del 4004 antes de Cristo. Al paso del tiempo físico o matemático, desde el arranque del novecientos se le uniría la consideración del tiempo vital o natural (estacional, etc.), del tiempo personal (dilatándose o encogiéndose según momentos o estados de ánimo), del económico y el profesional, del social, del cultural y político, etc. El establecimiento de una determinada periodización no puede sujetarse exclusivamente a las exigencias del método (ya lo vimos en el caso extremo del obispo anglicano); debe tener presente, además, toda esta complejidad, subjetividad y tensión que se explica siempre por relación a las características de cada periodo histórico.

Todas estas reflexiones referidas a la complejidad del tiempo histórico y a la periodización se complican extraordinariamente a medida que ampliamos el espacio cultural-geográfico a estudiar. La tendencia a la mundialización, inherente a la dinámica contemporánea, representa la progresiva incorporación de continentes y civilizaciones que nunca se han regido por el calendario cristiano occidental, y de culturas cuya valoración del paso del tiempo dista mucho de la europea: millones de musulmanes o de chinos, pongamos por caso, viven referidos a un calendario absolutamente distinto al de Occidente. Hasta que a partir de 1900 no se inició el proceso de imposición de una hora oficial y de los husos horarios que permitían establecer la hora mundial, el «localismo temporal» fue la norma.

Todo manual de Historia, provisional por definición, tiene el deber de avisar al lector-estudiante que las periodizaciones cerradas son válidas tan solo desde una perspectiva didáctica. A medida que profundizamos e incorporamos más información para contrastar en nuestros análisis, más se resienten los compartimientos estancos y las tipologías que constituyen y sustentan las periodizaciones. Pero lo cierto es que la docencia implica la referencia, si se quiere algo estereotipada, a una cronología y a unos periodos.

En la línea de la que utilizamos en la actualidad, el precedente inicial de la periodización histórica lo hallamos en los cursos de «Historia y elocuencia» que realizaba Christopher Keller en la Universidad inglesa de Halle a fines del siglo XVII (y que terminó por publicar en un libro de un éxito más que notable). Fue él quien introdujo la distinción entre la historia «antiqua», el «medii aevi» y la historia «nova». Keller (conocido como Cellarius), de hecho lo que hacía era recoger y sistematizar un clima cultural, aparecido unos dos siglos antes, en el que se «descubría» lo medieval desde la «revolución» humanista; pero el éxito de su propuesta no hace sino indicar su potencial docente.

Como es lógico, a nosotros no nos corresponde realizar una periodización generalista como la indicada. Con todo, el hecho de circunscribirnos al periodo denominado contemporáneo (la actual historia «nova», donde debemos hallar aquello de lo que somos tributarios directos) no nos exime de un comentario acerca de la cronología que establecemos como frontera de estudio, tanto la inicial como la final. Esta explicación se hace más necesaria, si cabe, cuando enseguida se aprecia que no hemos optado por aquella cronología más tradicional, que hace arrancar el periodo contemporáneo de la doble revolución (la política liberal y la económica industrial) de fines del siglo XVIII. De la misma forma ocurre con la cronología final, en la que no respetamos la separación académica más al uso, que diferencia lo contemporáneo de lo actual.

Contrariamente, el presente manual ha optado por centrar su atención en el periodo que transcurre entre 1848 (esto es, mediados del siglo XIX) y nuestros días (aunque el tratamiento que se da al periodo 1990 hasta hoy sea de un carácter más ensayístico que descriptivo). Así pues, lo que se aborda es el estudio del siglo XX considerado en su dimensión más «larga» (así pues, lejos del punto de vista de «siglo corto» que propuso E.H. Hobsbawm): nos resulta imposible olvidar que desde la democracia o el populismo político a la fotografía, a la estadística o incluso a la bicicleta, casi todo lo que determina nuestra forma de vida actual se puso en marcha ya en la segunda mitad del siglo XIX.

Podría optarse por el punto de vista de Geoffrey Barraclough, cuando en su renombrada Guía de la historia contemporánea (1.ª edición inglesa de 1964) situaba el punto de inflexión donde daba comienzo lo realmente contemporáneo en coincidencia con la desaparición política de Bismarck, hacia 1890. En este momento histórico, dicho historiador argumentaba que era cuando los problemas que interesaban a su generación en el momento de escribir su libro, habían adquirido por primera vez una «fisonomía clara».

Paradójicamente, unas décadas más tarde creo que la frontera la debemos retrotraer a mediados de aquella misma centuria. No vamos a pretender, ahora, enmendar la plana a todos los que han situado una frontera decisiva en el periodo que se abre con el fin de la Segunda Guerra Mundial. El origen de muchos de los conflictos actuales debe buscarse en la remodelación del mapa mundial diseñado en aquella posguerra y en el proceso descolonizador que llevó aparejado.

Pero una cosa es situar el origen inmediato de algunos conflictos y otra bien distinta es disponer de los elementos básicos que nos permitirán entender el significado de los temas de fondo, de las tendencias de largo alcance, de los ejes persistentes en las políticas exteriores, de la tensión (incluso la pasión) que se pone en la utilización de los grandes conceptos, etc. Creo que debemos valorar, ahora más que nunca, la aportación de Pierre Renouvin al estudio de las relaciones internacionales. Cuando en su libro Les origines immediates de la Guerre (1925) introdujo el estudio de la cultura y la sociología políticas, de la demografía o de la economía y la técnica en la historia diplomática, pudo hablar de aquellas «fuerzas profundas» que determinan las decisiones de los estados y que a menudo se justifican con el inquietante concepto de la «razón de Estado».

Si nos fijamos en los grandes temas que configuran nuestro presente creo que fácilmente podremos ponernos de acuerdo en que su origen o su justificación más directa no lo debemos situar ni en 1945 ni en 1890, sino, precisamente, en la segunda mitad del Ochocientos. Claro está que también entonces podría argumentarse que se están utilizando temas, tendencias y conceptos generados en la segunda mitad del siglo XVIII; pero por este camino deberíamos retrotraer nuestro análisis, cuanto menos, a la crisis bajo medieval y está claro que no es el caso.

Cuando se discute sobre la democracia, la mundialización, la relación tensa entre política y economía, las exigencias de la geopolítica, el papel revolucionario jugado por la técnica, la nueva dimensión del nacionalismo, el moderno desequilibrio norte-sur, la aparición de las políticas populistas de izquierda-derecha, el Estado y su intervencionismo extremo, sobre el papel de los intelectuales y de la cultura y muchos otros temas más, de hecho se está aludiendo a la tensión creciente de su puesta en marcha real (no teórica), la cual se había configurado en esta segunda mitad del siglo XIX europeo.

Los testimonios de ello son innumerables, hasta el punto de superar las posibilidades de un texto introductorio como este. Antes de adquirir su gran popularidad como novelista, en 1863, Jules Verne escribe su obra París en el siglo XX. El protagonista, Michel, se siente desconcertado por una sociedad futura determinada por la opresión moral y por unos índices enormes de uniformización como consecuencia de la tiranía del progreso técnico. Un par de años antes, el positivista italiano Carlo Cattaneo (que muere en 1869, sin ver apenas la «revolucionaria» apertura del canal de Suez) aún difundía su programa de modernización política en base al progreso científico y hablaba del ferrocarril como del elemento que había permitido conectar la Historia con la Geografía y abrir de este modo el proceso irreversible hacia la mundialización.

Ya fuese en su versión más literaria o en la científica, las preocupaciones se irán centrando en la evidencia de que el mundo que va tomando forma a partir de esta segunda mitad del Ochocientos va a transformar en poco tiempo la misma faz de la Tierra y las formas de vida tradicional que aún subsisten. Citemos de nuevo a J. Burckhardt y a sus «Reflexiones» sobre la historia universal (realizadas en gran parte durante los años setenta del siglo XIX), las cuales parten de un interés real por la democracia pero que terminan por reflejar una gran inquietud por la forma que está tomando la implantación real de la misma y por las consecuencias culturales, sociales o políticas que de todo ello se van a derivar. Y es precisamente la preocupación que lo hace cauto y clarividente, llegando a ver que no tardará en concretarse una gran disyuntiva entre la «democracia total» y «un despotismo absoluto y violatorio de todos los derechos», ejercido por «jefaturas militares de pretendido cariz republicano»; que «el Estado militar que se avecina va a convertirse en una gran fábrica» y que este Estado va a asumir la tutela de la cultura y orientarla «según sus propios gustos».

El presente manual, a fin de analizar esta tensa transformación (la compleja «construcción del presente») así como sus grandes manifestaciones divide este proceso histórico en cuatro grandes periodos: el primero se titula «Del triunfo del Estado-nación a la crisis de la hegemonía europea (1848-1914)»; el segundo: «La “Guerra de los Treinta Años” del siglo XX (1914-1945)»; el tercero: «El mundo bipolar y la descolonización (1945-1991)», y el cuarto y último: «La era de la globalización (de 1991 a nuestros días)».

Excepto el último de estos apartados, que por su inmediatez viene tratado de una forma algo más general, los tres primeros vienen analizados desde dos perspectivas complementarias: en un primer bloque se analizan la dinámica política y de las relaciones internacionales; a continuación, vienen desarrollados unos llamados «temas transversales», donde se concretan temas de dinámica demográfica y social, de economía, de los grandes sistemas doctrinales, de la dinámica cultural general o de la evolución (¿revolución?) técnico-científica.

PRIMERA PARTE

DEL TRIUNFO DEL ESTADO-NACIÓN A LA CRISIS DE LA HEGEMONÍA EUROPEA

(1848-1914)

DINÁMICA POLÍTICA

Y DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

ÁNGEL DUARTE

Introducción

En el París de finales de febrero de 1848 estallaba la revolución, y lo hacía con un estruendo similar a como lo había hecho en 1789. Ahora, sin embargo, los actores eran otros. Buena parte de Europa, así como el conjunto de las sociedades atlánticas, habían implementado, en mayor o menor grado, algunas de las innovaciones propias del liberalismo. El camino que quedaba por delante, en materia de progreso del constitucionalismo, de edificación de la moderna ciudadanía y de conformación del Estado contemporáneo, era, sin embargo, largo y complicado.

A punto de alcanzar el ecuador de la centuria, la indisposición de algunos segmentos de las elites sociales de la nación, con una presencia determinante de la mediana y de la pequeña burguesía de negocios, convergía con el malestar de las masas populares. Si aquéllas estaban disgustadas por la estrechez de los límites representativos que fijaba el sistema electoral, éstas se mostraban descontentas, en particular, con las condiciones de vida y de trabajo que se veían obligadas a soportar. La suma de ambos vectores —contestación a las restricciones participativas e intranquilidad social—, facilitaba la irrupción de las multitudes urbanas en la escena pública.

En esta ocasión, los revoltosos, con una notable representación de estudiantes y de obreros en su seno, al fin y al cabo exponentes de la emergencia de la universidad liberal así como del taller y la factoría industrial, conseguían, haciendo uso como fuerza de choque de algunos batallones de la Guardia Nacional, la abdicación de Luis Felipe de Orleáns y el establecimiento de la República, la segunda de las francesas. El aliento de 14 de julio parecía recobrarse. Ahora no había, como bien sabían los combatientes emplazados tras las barricadas, Bastilla que abatir; pero sí múltiples barreras de orden político y social que derribar. No fueron, sin embargo, las jornadas parisinas el primer síntoma de que otra oleada revolucionaria recorría el continente y ponía en cuestión las bases del sistema social y de Estados establecido, en el Congreso de Viena de 1815, bajo la inspiración de Klemens de Metternich. Como mínimo cabe anotar un par de antecedentes en la impugnación del rígido conservadurismo general y de la legitimidad política de los derechos de los príncipes soberanos.

Las revueltas rurales y urbanas habían puesto de manifiesto, en los dos años anteriores y en el corazón de Europa, las dificultades asociadas al crecimiento económico y la pervivencia, como modalidad de contestación pública, de los cíclicos motines de subsistencias y contra las fiscalidades usuales en tiempos del Antiguo Régimen. Más próxima en el tiempo, un mes antes de la revolución de París, en el reino de Nápoles se había desencadenado una revuelta de matices cívicos. En la Italia meridional, los insurrectos consiguieron que Fernando II concediese, a regañadientes y con ciertas salvedades, una Constitución de características liberales que limitaba la arbitrariedad de los poderes borbónicos.

En cualquier caso, la transferencia de la centralidad de las turbaciones a la capital francesa confería a éstas otro cariz y, sin duda, mayor calado. París recuperaba, como en 1789 o en 1830, el papel de motor y foco propagador de las transformaciones institucionales en los países de su entorno. El pueblo, actor colectivo al que se otorgaba el protagonismo de las jornadas, y en quien se depositaban las esperanzas de futuro, tenía, es cierto, unos límites poco definidos aunque, en todas partes, una advocación crecientemente generalizada. A él ya se habían referido, en marzo de 1829, los cronistas que daban cuenta de los festejos que acompañaron la toma de posesión del presidente norteamericano Andrew Jackson. Una multitud entusiasta y desordenada, enérgica, presentada como vulgar en sus modos y vestimentas, irrumpe en la Casa Blanca y se mezcla, en abierto contraste y para sorpresa de muchos de ellos, con dignatarios y con diplomáticos procedentes del otro lado del Atlántico. Aquí, en los años treinta, el sacerdote liberal francés Jean-Marie Lamennais, reservará, a ese pueblo, el diseño del futuro en el opúsculo Palabras de un creyente. Y, en mayor o menor medida, el pueblo será invocado, con ilusión o con pavor, por los románticos interesados en la reforma social; entre ellos, autores tan diversos como Thomas Carlyle, Victor Hugo o Alphonse de Lamartine. En 1846, Jules Michelet aseguraba con complacencia, en su libro Le Peuple, que «el calor viene de abajo». Dos años más tarde ese sujeto colorista y potente dejaba de ser una creación literaria y emergía, a imitación de la coalición jacobina, en los entornos populosos de las capitales europeas. El pueblo resultaba ser, en la práctica, la resultante interclasista de la convergencia en la acción colectiva de artesanos de oficio, estudiantes y trabajadores proletarizados, de segmentos del campesinado, de pequeños comerciantes, médicos y abogados, de libreros y periodistas.

Alimentada por este bigarrado sujeto colectivo, la tensión primaveral de 1848 se prolongaría durante meses. Todavía un año más tarde, el 9 de febrero de 1849, los revolucionarios romanos —demócratas, románticos y nacionalistas— proclamaban la República y, tras expulsar al Papa Pío IX, confiaban el gobierno a un triunvirato, encabezado por Giuseppe Mazzini. Quien había sido el fundador, sucesivamente, de la Joven Italia y de la Asociación Nacional Italiana, había abandonado el exilio parisino para dirigir en Milán la resistencia contra los ejércitos austríacos que querían restablecer el statu quo alterado. A renglón seguido, Mazzini se convirtió en el portaestandarte del fugaz gobierno romano. Un régimen que contaba con el apoyo de Giuseppe Garibaldi, el gran patriarca del republicanismo liberal italiano e internacionalista, europeo y americano, y, con él, con la legitimación de la corriente heroica del Risorgimento y del despertar del pueblo redentor a la vida pública.

En Roma, la experiencia duraría siete meses y sólo acabó gracias a la intervención de los cuerpos expedicionarios que, procedentes de Francia, Nápoles y Austria, acudieron en auxilio del Pontífice. También de España. Aquí, como en otras partes, la iniciativa gubernamental no pasó sin contestación por parte de las emergentes fuerzas de la izquierda liberal. Tanto en las Cortes como en la prensa, progresistas y demócratas rechazaron el envío de tropas contra la república romana, y lo hicieron por múltiples razones. El argumento decisivo, como aseguraba un diputado progresista, era que la República de Roma «es hoy la [fuente] de la civilización, la del progreso de las sociedades políticas; es la causa de los principios sobre los cuales se asientan todos los Gobiernos de justicia, todos los Gobiernos de libertad». Al fin y al cabo, la revolución había dejado de ser parisina o romana para devenir europea y, a la manera como se entendía por entonces, universal.

La primavera y el verano de 1849 experimentarían el reflujo de un ciclo de agitaciones que afectó, además de a Francia y a los restantes territorios italianos, a Prusia y a los diversos Estados alemanes, así como a los dominios de la corona austriaca de los Habsburgo. Entre estos últimos, y de manera singular, los tumultos incidieron en una Hungría apostada tras el liderazgo patriótico de Lajos Kossuth. Otros entornos menores del continente, ya fuese por la débil intensidad de las revueltas o por su carácter periférico, vivieron también con inquietud unas jornadas que, por su extensión y motivaciones, pasaron a ser conocidas, en aquellos mismos meses y por la posteridad, como «la primavera de los pueblos».

En realidad, una vez pasado el primer momento de euforia democratizadora y nacionalista, la estabilidad política acabó siendo, después de 1848, tan duradera y profunda como la ensayada tres décadas antes, bajo la etiqueta de Restauración. Con la pérdida de fuerza del flujo revolucionario se impondría, aunque con sobresaltos episódicos, como el de la guerra de Crimea de 1854 a 1856 o la Comuna parisina de 1871, la bajamar liberal y burguesa, el equilibrio de las potencias y el afianzamiento de un orden social que, aunque novedoso en sus rasgos esenciales, no dejaba de contar con persistencias del Antiguo Régimen.

En Europa, y en buena parte del mundo, se afianzaría, hasta la primera década del siglo XX, un panorama presidido por el crecimiento económico y la expansión territorial de la moderna sociedad industrial, el funcionamiento de marcos institucionales de cuño liberal y parlamentario, la conformación última de buena parte del moderno Estado-nación, la regulación de los desacuerdos internacionales mediante una compleja actividad diplomática y la emergencia imparable de nuevas modalidades de conflicto social. El socialismo y el obrerismo evolucionaron tanto en el seno de los respectivos marcos nacionales como en su dimensión internacional. En 1864 se creaba, en Londres, la Asociación Internacional de Trabajadores. Más allá de las estructuras organizativas, se perfilaban con mayor nitidez, en sus rasgos fundamentales, tanto ideologías originales de carácter comunitario como movimientos sociales de base artesanal y obrera. El marxismo, y en ciertas áreas el anarquismo, tomaba el relevo al socialismo romántico. El cooperativismo y el sindicalismo precedían, aunque no anunciaban necesariamente, la eclosión en los años 1880 y 1890 de la socialdemocracia. Con todo, el equilibrio político y social quedaría asegurado, gracias a las reformas liberalizadoras adoptadas en los años sesenta, hasta la gran crisis que se abrió con el inicio de las hostilidades de la Gran Guerra (1914-1919).

Como acabamos de apuntar, la generalización de los marcos liberales de diseño de las políticas generales se produjo en paralelo a la emergencia o consolidación de flamantes Estados nacionales, tanto en América Latina como en Europa. Con perfiles casi exclusivamente republicanos, el conjunto de países confirmados en su independencia tras la batalla de Ayacucho, procurarían resolver, bajo premisas liberal-conservadoras, su destino nacional. El proceso aparecería marcado por las dificultades presupuestarias; por la militarización heredada de las guerras de independencia; por la permanente tensión entre los modelos unitarios y los federales, y aun los de naturaleza confederal; por el quimérico encaje de los pueblos indígenas en los esfuerzos de nacionalización de las elites criollas; así como por el conflicto, en absoluto nimio, entre los proyectos secularizadores de las minorías liberales y la herencia cultural católica. Mientras tanto, en Europa, con una Iglesia católica replegada sobre sí misma, adquirirían singular trascendencia la conformación de las nuevas naciones italiana y alemana. En este último caso dejando atrás el estadio previo de las agrupaciones arancelarias y de las combinaciones cívico-económicas, prohijadas por el economista Friedrich List y concretadas en el vínculo aduanero de los Estados alemanes del Norte conocido como Zollverein.

Junto a las unificaciones, el mapa político se transformaba en el decenio de 1860 con la Segunda Acta de Reforma en Gran Bretaña y el establecimiento del dominio en el Canadá (1867), la sustitución del Segundo Imperio por la Tercera República en Francia (1871), el acuerdo constitucional entre Austria y Hungría (1867), la revolución liberal en España (1868), las evoluciones constitucionales en Grecia (1864) y Serbia (1869) e, incluso, con las iniciativas de tímido reformismo social en la Rusia de Alejandro II (1861/1864).

Más allá de los escenarios europeos, la guerra civil norteamericana, con la subsiguiente erosión de lealtades particulares y la emergencia de una fuerte identidad nacional, las interferencias occidentales en China o la apertura de Japón, tras la revolución Meijí, a los valores provenientes de Occidente, apuntarían dinámicas de globalización del modelo del moderno Estado-nación. Las citadas agitaciones constitucionales instaurarían, pues, en buena parte de la Europa occidental, y en otras áreas del planeta, unas normas parlamentarias y constitucionales estables.

Los procesos anotados, el liberal y el nacional, vendrían acompañados por el impulso inusitado de la expansión imperialista. Un florecimiento que contribuiría tanto a la reorganización del espacio central del Viejo Continente —la Mitteleuropa articulada por la monarquía dual austro-húngara de 1867— como a la proyección política, económica y cultural de éste en el conjunto del mundo. El contrapunto necesario, para la primera de las realizaciones así como para el peso del imperio zarista, fue la progresiva pérdida de influencia del poder otomano. A la pérdida de Grecia, en 1829, se le sumarían ahora el desgajamiento de Rumania (1856), Montenegro (1862/1863), Bulgaria y Bosnia-Herzegovina (1878). La denominada cuestión de Oriente, cuyos orígenes se remontaban a las agitaciones de 1830, pasaría a ser, desde mediados de siglo, el principal foco de inestabilidad continental. El bagaje de complejidades diplomáticas se completaría con la expansión del colonialismo, y el reparto territorial de continentes enteros, y la definición interna de las fronteras centro y sudamericanas.

Si las revoluciones del 48 tuvieron como telón de fondo los ideales y valores propios de la cosmogonía romántica del individuo y el pueblo, la noción de progreso científico, el materialismo, el positivismo y el darwinismo, científico y social, constituirían los referentes culturales e intelectuales que custodiarían y acreditarían la moralidad de la tarea imperialista: británicos y franceses contarían con el aval que les facilitaba la supuesta superioridad moral de su estadio de civilización y la incuestionable supremacía en materia científico-técnica y militar. Si el uso de la quinina permitió, desde mediados de siglo XIX, acceder a escenarios vetados con anterioridad, la revolución de las armas de retrocarga y de repetición, el desarrollo de la navegación a vapor y el de las cañoneras fluviales, entre otros avances de la tecnología armamentística, aseguró el éxito en los combates contra las formas de poder más variadas, del ancestral imperio chino a los débiles reinos del África subsaharina, y la victoria ante los pueblos autóctonos aunque éstos superasen en número a las tropas coloniales.

La expansión europea arrancaba, como hemos señalado, de la convicción de hallarse en un estadio de civilización superior. En toda Europa, el desarrollo de los marcos universitarios y académicos había acompañado, en los decenios centrales del Ochocientos, a la emergencia de las historias nacionales, al crecimiento del negocio editorial y a la expansión y modernización de la prensa. En el último tramo del siglo XIX buena parte de los Estados nacionales europeos habían adquirido conciencia de que, aun siendo importante la generalización de los derechos políticos y de las libertades cívicas, la empresa de erosionar las lealtades locales y provinciales, y de fomento alternativo de la nacionalización de la ciudadanía tenía un importante instrumento en la escuela y en la articulación del servicio militar obligatorio. El Estado-nación, antes que la parroquia o la patria local y en combinación o alternativamente al viejo principio dinástico, exigía la adhesión de los individuos.

La autonomía de la razón y el declinar del peso de las Iglesias en la dirección espiritual de las comunidades y en la regulación de los rituales sociales, en otras palabras, la creciente secularización de las sociedades occidentales, tuvo como contrapunto necesario la posterior emergencia de filosofías vitalistas que pusieron en evidencia los límites de la Europa burguesa y el empuje de la nuevas generaciones dispuestas a enfrentar, con renovado espíritu crítico, el malestar propio de un cambio de siglo, el del XIX al XX, presidido por el lento pero irreversible surgir de la sociedad de masas.

Algunas razones para un nuevo período revolucionario

El vasto ciclo revolucionario de 1848, un torbellino de agitaciones que atravesó gran parte del continente europeo durante un año y medio, se nutrió de la acumulación de una compleja serie de razones. La desazón provocada entre las clases populares por el desarrollo del capitalismo había dado ocasión, en los años previos y en la mayor parte de las sociedades occidentales, a agitaciones causadas por las condiciones laborales, y de vida cotidiana, de los obreros industriales, por la pérdida, o redefinición, del cometido de artesanos y trabajadores cualificados a raíz de la mecanización y la implantación de modalidades inéditas de organización del trabajo, y, en fin, por las contrariedades que afectaban a un campesinado sometido a las modificaciones que el liberalismo introducía en los sistemas de propiedad de la tierra.

El malestar frente a la racionalidad social y económica del capitalismo liberal se manifiesta en paralelo, y en ocasiones de forma interrelacionada, con las exigencias de ampliación de los mecanismos de participación en el bosquejo de las políticas oficiales. Las expansivas clases medias, y amplios segmentos del universo plebeyo propio de las modernas sociedades liberales abogan, con mayor o menor énfasis —según las coyunturas, las expectativas y los temores de unos y otros— por la generalización de los derechos ciudadanos. Más allá de la conquista del sufragio, la búsqueda de protagonismo surge del seno de la sociedad civil y, en numerosos escenarios, de Francia a América Latina pasando por los Estados Unidos, de modalidades armadas de presencia ciudadana. Las guardias nacionales o populares encuadran a segmentos particularmente activos de unas clases que, a menudo, se ven privadas, o muestran escaso interés, por las fórmulas comiciales de participación. En general, toda esa gama de requerimientos chocarán con los usos arbitrados por el liberalismo doctrinario en favor de la restricción del sufragio y de la limitación de los marcos de libertades —de asociación, de manifestación, de sufragio, de culto o de prensa.

En ciertos casos, el recelo popular frente a lo existente se veía agravado por los efectos de las crisis cíclicas originadas en los desajustes que sufría el mercado entre la oferta y la demanda. También, como entre 1845 y 1848, por la combinación de epidemias que destruían las cosechas de productos básicos en el consumo popular —los cereales o la patata—, de largos y fríos inviernos que agotaban los recursos acumulados y de pandemias, como la del cólera, que impactaban sobre una población subalimentada. En la Francia de 1847, para no ir más atrás en el tiempo, el encarecimiento del pan había provocado revueltas y diversos asaltos a convoyes de trigo. Las algaradas y la presión parlamentaria llevaron al gobierno Guizot a importar grano extranjero lo que, aun parando el primer golpe, contribuyó inmediatamente a aumentar el déficit presupuestario.

La importancia que a esas alturas del siglo había adquirido el circuito atlántico se ponía de manifiesto por múltiples vías. Ciertamente lo hacía en lo referente a la traslación de plagas y epidemias: el hongo Phyophtora infestans que afectó en 1842 a la costa este de los Estados Unidos se encuentra tras las crisis de los tubérculos en Europa y, por lo tanto, de las crisis de subsistencias que preceden a la oleada revolucionaria de 1848. Pero también se plasmaba en el creciente volumen de la emigración hacia América. Esta movilidad transoceánica, puesta de manifiesto singularmente en el caso de Irlanda, aunque extensible a la Europa central y a la mediterránea, permitía aliviar temporalmente la presión social derivada de tal estado de cosas. Por seguir con el caso apuntado, los ocho millones y medio de irlandeses de 1845 se habían convertido en apenas seis a la altura de 1850. La drástica reducción demográfica puede atribuirse, casi mitad por mitad, al efecto de las epidemias y el hambre, por un lado, y a la emigración, por el otro. La geografía de la catástrofe fue, con todo, más amplia y llegó hasta el corazón de la Europa continental afectando, entre otros escenarios, a Flandes, la Silesia prusiana y la Galizia austríaca.

A menudo, la cuestión social se solapaba con las agitaciones políticas. Acaso el ejemplo más acabado de esta modalidad pudiera ubicarse en el Reino Unido. La decepción suscitada por la limitada reforma electoral de 1832, combinada con la persistente crisis económica, dio origen, entre 1837 y 1838 al movimiento político obrero conocido como cartismo. Con el apoyo de sectores radicalizados de las clases medias, las reivindicaciones recogidas en la llamada Carta del Pueblo gravitarían con fuerza, hasta 1848 —instante en el que el impacto de los acontecimientos parisinos revitalizaría las demandas cartistas—, sobre la vida británica, tanto en su dimensión parlamentaria como en el ámbito paralelo de la presión social.

Fue también la falta de flexibilidad en materia de derechos electorales y de acceso a la plena ciudadanía el argumento central que esgrimirían, en primera instancia, los revolucionarios parisinos en febrero de ese último año. Con todo, el combustible que extendería por el continente la llama de la revolución tenía una composición más compleja. La exigencia de derechos y libertades cívicas se aunaba a reivindicaciones nacionales y lingüísticas. La denuncia de los escándalos, prevaricaciones y sobornos derivados de la colusión de intereses entre financieros, jueces y políticos se mezclaba con el deseo de ver abolidas las servidumbres y con las más variadas esperanzas de emancipación social. La agenda no podía ser más variada.

Para los gestores de la Europa de la Restauración, el fantasma de la revolución tendría, en la mayoría de las ocasiones, una explicación complotista: la agitación hundiría sus raíces en la actividad conspirativa de las sociedades secretas. En rigor, las maquinaciones de carbonarios y radicales, de liberales avanzados y de socialistas románticos, tuvieron un eco limitado. La reclamación de gobiernos constitucionales, la aspiración a la independencia y la unificación de los grupos nacionales de raíz étnica o cultural, y la esperanza de liquidación de los derechos señoriales que habían resistido al embate de las primeras energías liberalizadoras, trascendía los reducidos cenáculos exaltados para encarnarse, desde París a Budapest, y desde Copenhague a Palermo, como exigencias propias de una multiplicidad de protagonistas públicos.

París, capital de la revolución

El inmovilismo del gobierno liberal doctrinario encabezado por el historiador François Guizot había frenado en la Francia orleanista los sucesivos exhortos de reforma electiva y parlamentaria, así como las innovaciones reclamadas en materia laboral y social. El obstáculo puesto a estas peticiones despertó las ansias de reforma y facilitó la plasmación de una amplia coalición de intereses opositores. Una modalidad relativamente novedosa de acción colectiva, los banquetes democráticos, proporcionó a las plurales facciones rebeldes un método con el cual hacer presentes sus demandas. Impulsándolas se encuentra la prensa: Le National y La Réforme. En las redacciones de estos órganos periodísticos se concentran elementos liberales, en la primera de ellas, y democráticos y vagamente socializantes, en la segunda. Prensa y sociabilidad se funden creando un espacio emergente, alternativo y autónomo en relación al establecido por las reglas de la vida política más oficial.

La prohibición de uno de esos ágapes, el que había de tener lugar en París el 22 de febrero de 1848, fue la chispa que activó el incendio. Las manifestaciones hostiles, lideradas por republicanos y contando con sectores anteriormente movilizados de la clase obrera, recorrieron las calles de la capital. Las barricadas, erigidas en los barrios populares, preludian el asalto al palacio real. A esas alturas, Guizot dimitía con la intención de desactivar la protesta. La promesa de Luis Felipe en el sentido de abrir las puertas a un gobierno más reformista, e incluso la abdicación en la persona de su hijo, llegaban tarde: ni una ni otra medida conseguían restar energías a la sedición. La monarquía orleanista caía y su cabeza visible se embarcaba hacia la Gran Bretaña.

La revolución se dotaba de una primera plasmación institucional, el 24 de febrero, con la proclamación de la Segunda República, caracterizada, a imagen de la de 1792, como «una e indivisible». La república daba sus primeros pasos con un notable grado de incertidumbre. El Gobierno Provisional, gestionado en las redacciones periodísticas propulsoras de los banquetes, sería encabezado, sucesivamente, por el poeta Alphonse de Lamartine, por el general Louis Eugène Cavaignac y por los republicanos moderados Alexandre Ledru-Rollin y Adolphe Crémieux. En ese primer gobierno figuran también representantes del radicalismo social: Louis Blanc, autor del folleto La organización del trabajo (1839), y el que podrá ser presentado, no sin cierto aparato, como el primer ministro obrero de la Europa contemporánea: Alexandre Albert. Se atribuía a ambos la representación del socialismo y de las masas populares. Los dos sostenían los ideales de asociación y apoyaban exigencias concretas de cooperativas de productores y una red de talleres sociales que debía financiar el Estado, con carácter inmediato, y a fin de absorber el creciente paro obrero. La fuerza de trabajo debía, en teoría, encauzarse hacia labores de utilidad pública.

Junto a los talleres, que adoptaron la denominación de nacionales, la presión popular arrancó la reducción de la jornada laboral, de doce a diez horas, la proclamación del derecho al trabajo y la creación de una comisión de Gobierno para los trabajadores que tenía su sede en el palacio de Luxemburgo y que estaba presidida por Blanc. Por lo demás, el Gobierno Provisional implementó un ambicioso programa de reformas legales: procedió a abolir la esclavitud, suprimió la pena de muerte para delitos políticos, garantizó las libertades de prensa y reunión, e implantó el sufragio universal masculino: el censo de votantes pasó de 250.000 a cerca de ocho millones de ciudadanos.

A través de este sistema se llevó a cabo, el 23 y 24 de abril, la elección de la Asamblea Constituyente. En ella, los elementos moderados del Partido del Orden, liberales y burgueses, rápidamente organizados en clubes y comités electorales y activando tanto los mecanismos de clientela y deferencia como las prevenciones de la Francia rural frente al radicalismo parisino, obtuvieron la mayoría de diputados. De los 880 constituyentes que se reunieron el 4 de mayo, la mayor parte eran republicanos moderados y orleanistas. Radicales y socialistas apenas contaban con un centenar de representantes. El voto de izquierdas se concentraba en los medios urbanos y, dentro de éstos, en los distritos de significación más popular. La Comisión ejecutiva resultante integró a François Arago, Louis Garnier-Pagès, Lamartine, Ledru-Rollin y, finalmente y como ministro de la Guerra, al personaje clave en la reconducción del proceso político: el general Cavaignac.

El viraje atemperado se impondría tras los acontecimientos del 15 de mayo. Una multitud de entre cien y doscientas mil personas, convocadas por clubes de la izquierda republicana y sociedades populares se manifiesta ese día en pro de la sublevación polaca. Polonia, repartida tras el Congreso de Viena entre rusos, austriacos y prusianos, se alza por la libertad. Auguste Blanqui, conspirador insigne, se dirigirá a los concentrados en la Asamblea denunciando la miseria popular y clamando por la solidaridad con Polonia. A su vez, Armand Barbès, desde la tribuna, reclamará la formación de un cuerpo expedicionario que acuda en ayuda de los rebeldes. Unos y otros atacan al hasta hacía poco aclamado Lamartine y ponen de relieve un par de datos que conviene retener. Por una parte, la fértil combinación que se registra entre el apoyo radical a las nacionalidades oprimidas de Europa y la crítica social a las consecuencias internas de la urbanización y la industrialización. Por la otra, el choque recurrente del París jacobino y plebeyo con unos dirigentes moderados que reciben el apoyo de la Francia profunda, del país rural que asiste con estupefacción a la radicalidad de las demandas de las multitudes capitalinas. Una tensión, la que opone campo y ciudad, que irradiará, más allá de la Francia revolucionaria, al conjunto de las sociedades liberales.

Reorientar el signo de la revolución llevaría, a la Comisión ejecutiva francesa, a suprimir, en el mes de junio, unos talleres nacionales en los que se habrían enrolado centenares de miles de obreros. La revuelta subsiguiente, entre el 24 y el 26 de junio, fue derrotada por Cavaignac mediante un baño de sangre que cerraría el paso a las perspectivas socializantes y enmarcaría la elección como presidente del sobrino de Napoleón Bonaparte: Carlos Luis Napoleón Bonaparte. Las elecciones presidenciales de diciembre de 1848 darían a éste una victoria abrumadora frente a las diversas candidaturas del republicanismo moderado y avanzado. Dividida la izquierda, al voto del Partido del Orden y al del campesinado, estimulado tanto por el recuerdo de la gloriosa experiencia imperial napoleónica como por el temor a la radicalidad social, se le sumaría, paradójicamente, una buena parte del voto de los trabajadores urbanos. Al fin y al cabo, el principal oponente del nuevo Bonaparte no era otro que Cavaignac, el responsable de la represión militar de meses antes.

La estabilización de la República duraría cuatro años, el tiempo que el príncipe-presidente respetó las instituciones surgidas de la revolución. La deriva conservadora se visualizaría, ya en ese tránsito, tanto en la desarticulación de algunas legiones de la Guardia Nacional y el cierre y persecución de clubes, periódicos y diputados radicales como en la aprobación de leyes —educativas, electorales y de prensa— que limitaban la operatividad de la izquierda republicana y restablecían el acuerdo del ámbito gubernamental con segmentos importantes de la opinión católica. Finalmente, y tras el golpe de Estado de 2 de diciembre de 1851, encabezado por el propio Bonaparte, quien adoptaría el título de Napoleón III, se daría paso a la Constitución de 1852 y al Segundo Imperio francés. La existencia de éste se prolongaría, con notables modificaciones en las dosis de liberalismo, hasta la derrota ante los ejércitos prusianos en 1870.

Berlín, la nación y el imperio

La revolución francesa de 1848 actuó como revulsivo para la activación de numerosos movimientos liberales y nacionales en los Estados alemanes. A la consabida agenda liberal y social se le sumaba, en este escenario, la problemática nacionalista que, con mayor o menor intensidad venía haciéndose presente en los círculos intelectuales románticos. En los territorios del sur y del oeste, en Baviera, Baden-Baden, Sajonia, Württemberg o Hannover, los ecos parisinos propiciarían la multiplicación de disturbios urbanos, la proclamación de constituciones y, al mismo tiempo, el estallido de revueltas en las que el campesinado procedía al saqueo y destrucción de los edificios en los que se guardaban las cartas feudales, garantes de los viejos privilegios señoriales. En marzo, las barricadas se alzaban, por fin, en Berlín. El salto cualitativo era importante. En términos nacionales alemanes equivalía a lo que para la dinámica europea supuso el traslado de la centralidad revolucionaria desde Nápoles a París. Era toda Alemania la que se sumergía en la vorágine insurreccional. En la capital prusiana, el monarca, Federico Guillermo IV, se verá obligado a prometer la concesión de una constitución así como a aceptar la elección de una asamblea representativa.

A lo largo de marzo de 1848 los gobiernos de los territorios alemanes habían sufrido diversos niveles de colapso. Un par de meses más tarde, en mayo, se reunía en Frankfurt un parlamento surgido del sufragio universal masculino con la aspiración de alcanzar la unidad alemana. Los delegados de los treinta y ocho Estados existentes eran, en su mayoría, profesionales: profesores, jueces y abogados, cuadros de las administraciones gubernamentales, hombres de negocios y miembros del clero protestante y católico. La ausencia de instrumentos reales de poder les llevó a reclamar el auxilio del ejército prusiano cuando, en el exterior de la Asamblea e intentando presionarla, retumban en septiembre los ecos de las revueltas populares. Mientras la calle se agitaba, en el interior de la dieta el debate se polarizaba entre los partidarios de una Gran Alemania que integrase al conjunto de los pueblos de habla germánica —incluyendo a los que se encontraban bajo la tutela de Viena— y los adeptos a una Pequeña Alemania que gravitase sobre Berlín y se proyectase sobre el oeste. La querella se resolvería a favor de estos últimos.

La labor parlamentaria acabaría chocando, entre otras, con la fuerza de las resistencias dinásticas: entre abril y mayo de 1849 Federico Guillermo IV dejará claro su rechazo a la corona imperial que le es ofrecida por el Parlamento de Frankfurt. Al fin y al cabo, como argumentará en carta a su embajador en Londres, un Hohenzollern no puede ampararse en la legitimidad que nace de las barricadas sino que sólo puede admitir aquella corona que lleve impresa la sanción divina, aquella que empezando por los Otton, y continuando por los Hohenstaufen y los Habsburgo, había sido ungida durante milenios por los aceites consagrados y había respondido a la impronta del Sacro Imperio Romano Germánico.

Al conflicto entre Viena y Berlín se le suma, pues, el que nace de la incapacidad de la casa real prusiana por asumir los principios revolucionarios. Aprovechando el reflujo de la revolución, y sosteniéndose en la oficialidad del Ejército y la simpatía de los terratenientes del este del Elba, el monarca procederá a disolver la Asamblea en junio de 1849; y, a pesar de los levantamientos registrados en Sajonia, Baden y el Palatinado, la Constitución será formalmente abolida en noviembre de ese mismo año. Justo doce meses más tarde, Federico Guillermo IV tendrá que asumir, en Olmütz y ante las autoridades austriacas, la renuncia a los proyectos unitarios siendo recuperada la previa, y muy limitada, Confederación Alemana.

Para uso interno, el reino de Prusia se dotará, en 1850 de una constitución. Una parlamento bicameral con representación por tercios en función de la riqueza y la contribución pagada. Aun renunciando al mantenimiento de las servidumbres de tipo tradicional, el sistema electoral garantizaba la hegemonía política de los terratenientes del este —Junkers— y la progresiva incorporación a las elites directivas de los industriales renanos. En cualquier caso, y aunque sólo con la posibilidad de acceder a un tercio de parlamentarios en la Cámara Baja, el sistema no dejaba de garantizar mecanismos de participación a la gran masa de ese actor impreciso denominado pueblo.

El Imperio de los Habsburgo. Las revoluciones italianas y centroeuropeas

A la altura de 1848, el imperio austriaco de los Habsburgo era, junto a Rusia, el Estado más grande y poblado de Europa. En su seno, y enmarcadas por las principales divisiones administrativas (Austria, Hungría, Bohemia), convivían más de una docena de minorías nacionales, étnicas y culturales. No es extraño, pues, que las agitaciones de 1848 tuviesen, en este marco imperial, una decidida vocación nacionalista.

En marzo la revolución liberal detonaba en Viena. El día 13 una manifestación de estudiantes y trabajadores condujo, siguiendo la tipología insurreccional clásica, a la formación de barricadas, al enfrentamiento con los soldados y al asalto del palacio imperial. El canciller Metternich se veía obligado a dimitir y, como otros dirigentes continentales de la Europa restaurada, a partir hacia un último exilio en Londres. Si la promesa de concesiones constitucionales permitía reconducir la situación en la capital, no ocurrió lo mismo en otras partes del Imperio. Éste se vio agitado por convulsiones que ponían en riesgo su misma existencia.

Aunque con matices, en Italia la agenda de las revueltas de 1848 contenía, como en el caso alemán, y junto al liberal y el social, un argumento añadido: el de la unidad de la nación. En septiembre de 1845, desde las páginas de la parisina Revue indépendante, Mazzini había asegurado que los italianos eran un pueblo de veinte millones de individuos que habitaban un mismo espacio, perfectamente definido por unos límites trazados por Dios, que hablaban una misma lengua y participaban de similares costumbres y creencias, que eran conocidos como tales desde tiempos inmemoriales y que, además, habían dado a Europa y a la humanidad momentos estelares de unidad, ya fuese en tiempos republicanos e imperiales, ya fuese bajo la égida de la Roma papal. Y, sin embargo, ese pueblo no tenía, a mediados de siglo XIX, ni una bandera ni un nombre político en el concierto europeo. Desgajada en diecisiete Estados, esa comunidad se veía sometida a la injerencia austriaca o, alternativamente, a los intereses familiares de algunas dinastías principescas. La misión de la revolución democrática consistía, pues, en superar esos obstáculos y restaurar, en nombre del pueblo, la antigua grandeza nacional.

Un año más tarde, en 1846, otro político italiano, Camilo Benso, conde de Cavour, argumentaba en sentido bien distinto. En un libro dedicado a los ferrocarriles en Italia sostenía que la agitación democrática no tenía, debido tanto a los obstáculos exteriores como a la fuerza de las fracturas y rivalidades internas, ninguna posibilidad de llevar a buen puerto la ansiada unidad de la nación italiana. Por el contrario, un par de factores podían contribuir a desbloquear los obstáculos. De entrada, el desarrollo de la red ferroviaria, y por extensión de un sistema de comunicaciones, que provocase un movimiento incesante de personas en todas direcciones. Una movilidad que debería contribuir a destruir las mezquinas pasiones municipales, hijas de la ignorancia y de los prejuicios. Asimismo reclamaba un mayor concurso de los gobiernos nacionales, y muy concretamente aludía al Piamonte como hipotético motor del proceso unitario.

Esta última perspectiva tuvo que esperar, para acabar imponiéndose, a que concluyese el ciclo revolucionario de 1848. A los anotados sucesos de Nápoles les seguirían los desórdenes en diversas ciudades de la península. Junto a Fernando I, el Duque de Toscana y el mismo Pío IX se vieron conminados a otorgar a sus súbditos textos constitucionales. A su vez, la Lombardía y el Véneto, territorios regidos por Austria, se alzaron contra la dominación extranjera. La revolución resultó exitosa en la ciudades de Parma y Módena, provocando la activación de la solidaridad nacionalista: el rey el Piamonte, Carlos Alberto, asumió la jefatura y se enfrentó a las tropas austriacas. Tras algunos éxitos menores, los ejércitos italianos fueron derrotados, a partir de julio, por el mariscal de campo Joseph W. Radetzky en Curtatone, Custozza y Novara. La Guerra Nacional, retomada en marzo de 1849 al calor de los acontecimientos de Roma, concluiría, sin embargo, con una derrota definitiva. Radestzky pasó a ser el gobernador general del reino lombardo-véneto y, tras apoderarse de las ciudades de Brescia y Venecia, se estableció en Verona.

La península italiana no fue el único frente abierto para los Habsburgo dentro de esa primavera de los pueblos. A las registradas en Italia se sumaban las reivindicaciones autonomistas de Bohemia, Croacia y Cracovia. En esta última localidad, principal foco del nacionalismo polaco, la revuelta fue contestada mediante una modélica combinación de dos instrumentos habituales en la resolución de conflictos en la Europa de la segunda mitad del Ochocientos: la fragmentación del posible frente opositor y el castigo implacable sobre las ciudades revoltosas. En Cracovia, la manumisión del campesinado, mayoritariamente ruteno y sometido a la nobleza polaca, con lo que se restaban potenciales sinergias, acompañó al bombardeo de la ciudad. Por su parte, y desde los primeros momentos de la revolución, el liberal checo Francis Palacky encabezó un movimiento que exigía la unión y la autonomía, dentro del Imperio, de Bohemia, Moravia y Silesia, el reconocimiento del checo como idioma escolar y la igualdad de derechos entre checos y alemanes. Algo muy similar, sobre todo en lo referente a las reivindicaciones lingüísticas y al programa autonomista, que lo propuesto por la dieta croata reunida en Zagreb. La invitación del Parlamento reunido en Frankfurt para que los alemanes de Bohemia se uniesen a la empresa unitaria provocó la escisión del movimiento liberal demócrata en esta región y la subsiguiente llamada paneslavista de Palacky. El congreso que con esta última orientación se reuniría en Praga, visto como una amenaza real de descomposición de la estructura imperial, facilitaría argumentos a Francisco José I para proceder a la conquista de la ciudad y a la dispersión de los asistentes.

A su vez, e inflamados por la retórica emancipadora de Kossuth —devino célebre su apasionada defensa de los valores de la libertad en la dieta reunida el 3 de marzo—, los revolucionarios magiares crearon un ministerio liberal y consiguieron que el Parlamento de Pressburgo (Bratislava) exigiese de Viena la libertad de prensa, la convocatoria regular de la dieta y la abolición de los derechos feudales. Al asumir la presidencia del Comité de Defensa, Kossuth llegó a proclamar la deposición de los Habsburgo y la independencia del país. El bloqueo de las expectativas magiares arrancó de la reacción de la Rusia zarista. Nicolás I no estaba dispuesto a facilitar ni la desestabilización del equilibrio de potencias surgido del Congreso de Viena ni la impugnación del principio dinástico, y por ello dio a Austria, en agosto de 1849, la necesaria ayuda militar. Por lo demás, el gobierno revolucionario de Budapest tuvo que encarar la rebelión de las minorías nacionales que vivían en su territorio: serbios, croatas, eslovacos y rumanos continuaban prefiriendo la dominación vienesa, al fin y al cabo más lejana e indirecta, que el proyecto magiar, de inequívoca raigambre étnica.

En última instancia, la clausura de la coyuntura revolucionaria exigió la desaparición de las figuras clave de la Europa restaurada. A la retirada de Metternich siguió, en otoño de 1848, la abdicación de Fernando en su sobrino Francisco José I, en paralelo a la disolución de la Asamblea Constituyente y el establecimiento de un gobierno fuerte decidido a liquidar las revueltas por todo el territorio del Imperio.

Un punto de inflexión: la guerra de Crimea (1854-1856)

A principios de los años cincuenta y tras haber jugado un papel destacado en la liquidación de la oleada revolucionaria de 1848, el zar Nicolás I creyó hallarse ante la oportunidad de extender su influencia en Oriente Próximo, de hacerlo, en suma, interviniendo con renovada ambición en los asuntos turcos. En rigor, desde finales del siglo XVIII Rusia había aspirado a aprovechar el declinar del Imperio otomano con el objetivo de ampliar su presencia en los Balcanes y asegurarse el control estratégico de los estrechos que regulaban el paso entre el mar Negro y el Mediterráneo. En 1841, tras diversos episodios en los que las potencias occidentales dieron apoyo condicionado al Imperio otomano en sus conflictos en Egipto, se había establecido una convención de los Estrechos que dejaba asentado el principio según el cual el control del Bósforo y de los Dardanelos era una cuestión de alcance internacional que desbordaba las apetencias respectivas de turcos y rusos. Ahora, el zar esperaba contar con el apoyo austriaco para proceder a revisar dichos principios. Creía que era la contrapartida exigible a la ayuda prestada a los Habsburgo para sofocar las revoluciones de 1848 y 1849. Al mismo tiempo, conjeturaba, de manera algo más imprecisa, la benevolencia del gobierno británico de George Hamilton-Gordon. Supuestamente éste podría estar interesado en asociarse a un hipotético reparto de los Balcanes tras el desplome del control previo de los turcos. Ambas presunciones se revelarían falsas.

La intervención rusa se justificó por los conflictos entre católicos y ortodoxos tocantes a la protección de los Santos Lugares, en la Palestina regida por el Imperio otomano. En diciembre de 1852, bajo la presión de Napoleón III, el sultán Abdulmëzit I se pronunció a favor de los derechos de los católicos. En su condición de protector de la Iglesia ortodoxa, Nicolás I envió una misión a Constantinopla para negociar un nuevo acuerdo a favor de aquélla y asegurar sus derechos en el seno del Imperio otomano. El rechazo a esta segunda exigencia, que equivalía de hecho a un protectorado ruso sobre los cristianos ortodoxos, comportó, en julio de 1853, la ocupación de los principados turcos de Moldavia y Valaquia. El compromiso, auspiciado por las potencias europeas occidentales, no fue posible y el 4 de octubre, tras asegurarse el apoyo francés y británico, el Imperio otomano declaraba la guerra a Rusia.

Gran Bretaña mantenía un contencioso abierto con la autocracia zarista. Ésta, a diferencia de Turquía, había fijado unos altos aranceles para frenar la entrada de hilados de algodón ingleses en el mercado interior. Por lo demás, el control del espacio mediterráneo y la ruta de las Indias orientales eran motivos estratégicos de primer orden para el Imperio británico. No muy distintos eran los móviles galos: bajo Napoleón III el Estado francés había continuado proporcionando dinero y consejos al sultán, mantenía un alto volumen de comercio en la región, financiaba misiones cristianas y, por lo demás, los círculos financieros e industriales tenían en mente la construcción de un canal, el de Suez, que uniese el Mediterráneo con el océano Índico. Negocios, influencias y prestigios se religaban para explicar las pretensiones de ambas potencias occidentales en la región y justificar su entrada en guerra en el mes de marzo de 1854. A la decisión final contribuyeron tanto la destrucción previa de la flota turca como la negativa rusa a evacuar Valaquia y Moldavia.

A franceses y británicos se les sumarían, más adelante, Austria y el reino de Cerdeña-Piamonte. En este último caso la posibilidad de plantear la cuestión italiana en las futuras negociaciones de paz constituía el principal estímulo de una postrera beligerancia: su entrada en la Alianza datará de enero de 1855. Por su parte Austria, tras obviar las presiones alemanas a favor de la neutralidad, ocupó Valaquia y Moldavia, evacuadas por los rusos ante la amenaza del nuevo enemigo.

El eficaz bloqueo naval permitió a los Aliados trasladar el conflicto a territorio ruso. El objetivo central fue la fortaleza de Sebastopol, en Crimea. A pesar de las victorias Aliadas en Alma, Balaklava e Inkerman, entre septiembre y noviembre de 1854, el conflicto se estabilizó en una guerra de trincheras que amenazaba con eternizarse. La caída de Sebastopol, el 8 de septiembre de 1855, el apoyo austriaco y la muerte, en plena crisis internacional, del zar Nicolás desbloquearían la situación. Su sucesor, Alejandro II, pidió la paz. Reunidas en París, las legaciones respectivas acordaron, en marzo de 1856, el supuesto mantenimiento de la integridad del Imperio otomano. Rusia cedió la orilla izquierda del delta del Danubio, río que adquirió el estatus de internacional y de cauce abierto a la navegación comercial de todos los países. En paralelo, abandonó sus pretensiones de protección a los cristianos ortodoxos. Moldavia y Valaquia se pronunciarían en 1857, en las asambleas de Iassy y Bucarest, por la unidad en un nuevo Estado: Rumania. Habrán de esperar a 1859 para elegir a un mismo príncipe, Alejandro I, y tres años más para establecer una sola Asamblea nacional y un único Gobierno. Tanto Rumania como Serbia serían reconocidos como principados dotados de autogobierno, sustraídos de manera clara de la influencia otomana y tutelados por las potencias triunfantes en Crimea.

La guerra había alterado, durante un par de años, los circuitos comerciales de exportación de grano que regían en el Mediterráneo. Por lo demás, había puesto de relieve la combinación de modernidad y atavismo que habría de presidir la conducción de las guerras en lo que quedaba de siglo. Por un lado las epidemias, particularmente de cólera, provocaron más bajas que las propias acciones militares; la corrupción y la ineficacia administrativa dificultaban el aprovisionamiento de alimentos, pertrechos y munición, y el mantenimiento de formas tradicionales de combate —la «Carga de la brigada ligera» en Balaklava— en un contexto de aumento de la potencia de fuego garantizaba un número elevado de víctimas inútiles. Pero por el otro, el telégrafo pasa a ser empleado habitualmente y por primera vez eran utilizados anestésicos en la cirugía de guerra.

Desde una perspectiva más estrictamente política, la guerra de Crimea supuso el principio del fin del mito del poderío ruso y el auge del prestigio francés. A su vez, la desintegración práctica de la vieja coalición que operaba bajo la etiqueta de Santa Alianza, permitió a Alemania e Italia liberarse de la influencia austriaca y convertirse, en los años siguientes, en naciones independientes. Finalmente, la crisis de Crimea fue el catalizador de las reformas sociales propugnadas por Alejandro II en Rusia.

El Segundo Imperio francés

Una vez afianzado el Imperio, bajo el liderazgo de Napoleón III, Francia viviría unos años de crecimiento económico y, algo que a menudo se obvia, de renovación institucional. El Estado, en estrecha alianza con el mundo de los negocios, impulsó el desarrollo de los transportes, con especial atención al ferrocarril, contribuyó al aumento de la producción agrícola y estimuló la mecanización de la industria. Banqueros y pequeños y medianos comerciantes avalaron un sistema político que aseguraba el restablecimiento del orden, y el auge de la propiedad y de sus beneficios, tras un ciclo de tres años de inestabilidad. A su vez, las tácticas plebiscitarias, inauguradas tras el golpe de Estado y refrendadas el 22 de noviembre de 1852 con motivo de la adopción del Imperio, certificaban el establecimiento de un vínculo directo entre el pueblo y su emperador. A partir de ese mecanismo, el Imperio podría proceder, en los años venideros, a sustituir antiguas alianzas —las fracciones de la opinión católica alteradas por la aventura italiana del emperador tanto como por las medidas moderadamente laicistas— por nuevas afinidades con segmentos del republicanismo moderado dispuestos a priorizar el avance del liberalismo antes que la disputa por la forma institucional propia del Estado.

La popularidad del emperador, y el control de los resortes de poder local y departamental, le aseguraron el éxito electoral en 1857. El Ejército, que había hecho posible el golpe de fuerza, y la Iglesia, muy favorable al Régimen hasta 1860, garantizaban, en esos momentos, su perdurabilidad. A partir de esta premisa, el emperador no renunciaba a sofisticar los mecanismos de control y de arraigo popular adoptando nuevas medidas liberalizadoras desde 1859. El portavoz de la oposición parlamentaria Adolphe Thiers se permitiría aludir, en 1864, a las «libertades necesarias» e inherentes a la estabilización de la sociedad burguesa: la individual, de prensa, electoral y parlamentaria. La transformación del régimen, su liberalización, se acelera a partir de 1867 con nuevas leyes de prensa o de reunión, y, finalmente, será conducida por un antiguo diputado republicano, Émile Ollivier, en funciones de presidente del Consejo desde enero de 1870. El resultado de esta deriva será contradictorio. Los éxitos electorales de los republicanos —corolario inevitable de la flexibilidad en los comicios— dinamizan a la oposición; mientras, los obreros, adscritos o no a la Internacional, desoyen, en el punto del apoliticismo las prédicas proudhonianas y suman sus votos para hacer llegar a los prohombres de la izquierda republicana y socializante a las cámaras legislativas o a los consejos municipales. A las puertas de su derrota y exilio, Napoleón III había anunciado, en fin, una reforma constitucional que tenía por finalidad el asegurar la independencia de los ministros e instituía el Senado como segunda Cámara Legislativa.

El Imperio, por un lado Estado abierto a la ampliación de los mecanismos de representación, es, al mismo tiempo, un edificio cimentado en la proyección exterior. La fortaleza de la sociedad civil y la unidad cultural en el interior del país, amparan, al tiempo que motivan, la activa política internacional de Napoleón III. Fuente de prestigio y reflejo del potencial interno, esa política se plasmó, en primer lugar, en el continente europeo. Con la participación junto a Inglaterra y frente a Rusia en la guerra de Crimea procuró la proyección de los intereses galos sobre el Mediterráneo oriental y los Balcanes, mientras que sus alianzas con los patriotas italianos estarían orientadas a erosionar el ascendente continental de los Habsburgo. Menos éxito tendría en el contencioso abierto con Prusia a raíz de la sucesión en el trono de España. La derrota de Sedán (1870) pondría punto final a su imperio. Tampoco especial alcance tuvo la proyectada Unión Monetaria Latina. Con ella, y a partir de 1865, el Imperio francés pretendía incorporar a Bélgica, Suiza, Italia, Grecia e incluso España a un área monetaria alternativa a las regidas por el patrón oro británico y el patrón plata prusiano. Por lo demás, Napoleón III activó la presencia francesa en otros continentes al consolidar la ocupación de una Argelia cuya conquista se había iniciado en 1830 y asegurarse el dominio de Senegal y Madagascar, con la conquista de la Cochinchina (18591862) y Camboya, y con la fracasada intervención en México (1867).

Aun garantizándole ciertas dosis de renombre internacional, la política exterior de Napoleón III no dejó de tener costes en la estabilidad del sistema. La opinión católica recibió con prevención la alianza con los Saboya y, en particular, y tras la derrota de los austriacos en Sadowa (1866), se mostró hostil a una intervención en Italia que, a pesar de dejar a Roma bajo la tutela papal, sustraía a un pontificado situado a la defensiva el control sobre las Legaciones o sobre los territorios meridionales de las Marcas y Umbría. En la década de los sesenta, las tensiones entre el Imperio y los católicos franceses, apuntadas anteriormente, no hicieron sino aumentar debido a las iniciativas estatales tendentes a favorecer el control público de la enseñanza en sus niveles primario y secundario como en el creciente uso del derecho de veto, contemplado en los acuerdos concordatarios, en el nombramiento de obispos o en las limitaciones adoptadas para la publicación de encíclicas, como la Quanta Cura (1864), que entraban en conflicto con el discurso imperial y liberal. También el cambio de decenio marcó un cierto distanciamiento respecto a los sectores industriales. Las políticas librecambistas, y la sensible ampliación de los derechos otorgados al movimiento obrero y al radicalismo democrático —asociación, huelga, prensa, interpelación— abrían el régimen a la izquierda, sin llegar a satisfacerla plenamente, pero a cambio de un creciente malestar entre los elementos del Partido del Orden.

La unificación italiana

El fracaso de las insurrecciones liberales de 1848 y 1849 en la suma de Estados y principados que convivían en la península itálica promovió transformaciones significativas en el nacionalismo italiano. El lema del Risorgimento, «Italia farà da se», se mostraba más que limitado en su capacidad operativa. Por otro lado, el tímido proyecto neogüelfo de articulación estatal a partir de los Estados Pontificios había quedado tocado de muerte a raíz de los episodios romanos y la ayuda exterior de las monarquías católicas al papado. Finalmente, en la mayor parte de los territorios se había restablecido la dependencia o, como mínimo, la influencia diplomática de Austria. En estas circunstancias adquiría relieve la autonomía y la capacidad de diseñar políticas autónomas de un reino, el de Piamonte-Cerdeña, en el que Carlos Alberto, derrotado por Austria en Custozza y Novara, abdicó en su hijo Víctor Manuel II.

Bajo el reinado de éste, y contando desde 1852 con la dirección del conde de Cavour, el reino aspiró a convertirse en un modelo de progreso económico, eficiencia administrativa y gobierno parlamentario. Las iniciativas tendentes a la liberalización del comercio, el fomento de la agricultura, el desarrollo de los ferrocarriles y la mejora de los puertos estuvieron acompañadas por medidas de corte anticlerical, y por un distanciamiento de la perspectiva republicana y conspirativa de acceso a la unidad nacional. Al mismo tiempo, las alianzas internacionales, con la participación subrepticia en la guerra de Crimea y el contacto con Napoleón III tenían como finalidad debilitar el dominio austriaco y abrir el ámbito italiano a la influencia de otras potencias europeas.

El atentado que el emperador francés sufrió a manos del revolucionario Felice Orsini aceleró los contactos de aquél con Cavour. De hecho, el trasfondo del intento de magnicidio facilitó la reunión en la estación termal de Plombières el 21 de julio de 1858, y permitió a Cavour, en abril de 1859, forzar la declaración de guerra contra Austria. El Imperio habsbúrgico cometerá el error de exigir a las autoridades piamontesas el desarme en un plazo de tres días. El gobierno francés hará saber que si Cerdeña es atacada contará con su apoyo inmediato. El 4 de junio, la batalla de Magenta, ganada por las tropas franco-sardas dirigidas por el mariscal de Mac-Mahon, permite a Napoleón III y a Víctor Manuel entrar triunfalmente en Milán. Veinte días más tarde los ejércitos austríacos, bajo el mando del emperador Francisco José, retroceden en Solferino.

El empuje franco-sardo amenaza el balance de equilibrios entre los Estados europeos y motiva la respuesta de Berlín. Prusia, alarmada por el signo de los acontecimientos, movilizó a sus ejércitos en el Rin, al mismo tiempo que en diversas partes de Italia se producían agitaciones que impugnaban a los poderes establecidos y reclamaban la anexión a la corona de los Saboya y mientras en Francia la opinión católica se oponía a los planes del bonapartismo en la península italiana. La conjunción de estos factores llevó al emperador a firmar por separado la paz con Austria en julio de ese mismo año. El acuerdo franco-austríaco permitió la incorporación de la Lombardía a Cerdeña, aunque aseguraba a Viena retener el control de Venecia.

En cualquier caso, la oleada de agitaciones internas no pasó en vano. La Toscana, Módena, Parma y Romaña se juntaron bajo el liderazgo de Cavour, y los Saboya, tras sendos plebiscitos o elecciones generales. El proyecto no se detuvo a pesar de la excomunión decretada por la Santa Sede, al ser la última de las regiones enumeradas una de las posesiones de los Estados Vaticanos. En 1860 representantes de todos estos territorios se reunieron, por primera vez, en el Parlamento de Turín. Gran Bretaña y Francia procedieron al reconocimiento inmediato del nuevo Estado. En el caso francés, la contrapartida consistió en la cesión de Niza y Saboya a la soberanía del Imperio napoleónico. Los límites y las fronteras se perfilan al tiempo que se generalizan las formas de Estado-nación.

En definitiva, a la altura de 1860, y en sintonía con los planes formulados un par de décadas antes por Cavour, existían un reino italiano en el norte, los Estados Pontificios y el reino de las Dos Sicilias abarcando las regiones meridionales de la península. Este último Estado se encontraba afectado por una agitación soterrada y endémica que sería aprovechada por quien, desde 1848, había mantenido viva la condición revolucionaria: Garibaldi. Al frente de algo más de un millar de seguidores, acicalados con camisas rojas, el líder nacionalista desembarcó en Sicilia para pasar después a tierra firme, conquistar Nápoles y colapsar la monarquía borbónica. Desde allí se propuso avanzar hacia el norte, hacia Roma, con la finalidad de clausurar el largo empeño de la unidad nacional. Cavour, hasta entonces expectante, pasó a la acción enviando el ejército piamontés y preservando Roma bajo autoridad papal. Una serie de plebiscitos refrendaron la creación, en 1861, del Reino de Italia, bajo la corona de Víctor Manuel II.

El radicalismo democrático, popular y republicano, cedía el paso, en la dirección del proceso unificador, al liberalismo monárquico. El socialismo, el sindicalismo y el anarquismo tomarían el relevo en la canalización de los múltiples descontentos populares, y los territorios irredentos incorporados antes de concluir el siglo lo serían por razón de los avatares diplomáticos continentales. Venecia se incorporaría cinco años más tarde, gracias al apoyo de Italia a Prusia en su enfrentamiento con Austria. Y Roma, la capital eterna de los italianos a la que se había invocado desde la república de 1849, sería incorporada en 1870 tras la retirada de las tropas francesas a raíz de su derrota en la guerra francoprusiana.

El largo proceso iniciado con el Risorgimento había combinado la dirección saboyana con la agitación irredentista garibaldiana, la dimensión internacional, europea, del contencioso provocado por la emergencia de una nuevo Estado nacional con el formato estrictamente interno de superación de las ancestrales líneas de ruptura que fragmentaban el cuerpo de la nación italiana. El resultado era un Estado liberal con un cuerpo electoral restringido —600.000 individuos componían el cuerpo electoral para una población de veinte millones de habitantes— en conflicto con la Iglesia —el pontífice se recluyó en el Vaticano al tiempo que renovaba sus condenas al liberalismo— y una nación en la que permanecían las diferencias regionales, entre el norte y el sur, tanto en relación al desarrollo económico como a la operatividad de las instituciones liberales y la misma presencia del Estado.

Alemania, de la revolución a la unificación

La década de 1850 estuvo presidida, en el conjunto de los territorios alemanes, por una dualidad sólo aparentemente contradictoria. En términos políticos, el ciclo revolucionario de 1848 se había cerrado con la derrota del liberalismo y de las expectativas de unificación protagonizadas desde abajo. Los diversos soberanos, en sintonía con la aristocracia y significativos segmentos de las clases empresariales, suprimieron o acotaron, los marcos de libertades de asociación, prensa, reunión y manifestación que, de manera general, habían proliferado a principios de 1848. Las sociedades obreras y los círculos radicales se vieron compelidos a cerrar sus puertas, o a reorientar sus iniciativas hacia un menor radicalismo; mientras tanto el liberalismo perdía fuerza en beneficio de una combinación de expansión de la burocracia, pérdida de autonomía de los municipios y restauración de privilegios nobiliarios y aristocráticos.

Paralelamente, el conjunto de la sociedad alemana, con matices regionales de cierta intensidad, entraba decididamente en el nuevo orden industrial. Las transformaciones registradas en el sistema de comunicaciones y en la articulación del mercado interior facilitaban nuevos argumentos a las potentes tendencias unificadoras. En 1853 se prorroga la unión aduanera por un plazo de doce años. Austria quedaba al margen. Por lo demás, en febrero de 1860, el ministro de Guerra, Albert von Roon, presenta al Landtag prusiano sus propuestas de reforma militar. La pieza clave de la hegemonía prusiana en Europa, a lo largo del último tercio del siglo XIX, se ponía en marcha.

El gran protagonista del proceso de unificación alemana, en su último tramo, fue Otto von Bismarck. Tras haber sido diputado en el Parlamento prusiano y contando con el acervo de conocimientos de política europea que adquirió en sus etapas de embajador en San Petesburgo y París, Bismarck se convierte en 1862 en ministro-presidente de Prusia. Es el mismo año en el que los liberales organizados en un nuevo Partido Progresista ganan la mayoría de escaños en la Cámara Baja. Las barreras censatarias estaban dejando de ser un obstáculo para segmentos de las clases medias beneficiarias del crecimiento económico. Por su parte, Bismarck ya no abandonaría el poder hasta 1890. En el primer decenio de su prolongada vida política se dedicó, fundamentalmente, a hacer realidad la unidad de los Estados alemanes bajo la égida de Guillermo I, coronado en enero de 1861. El proyecto pasaba por encima de las reticencias más o menos acentuadas que pudieran manifestar las autoridades de Hannover o de Baviera. Asimismo, obviaba los proyectos alternativos que pudieran otorgar un mayor protagonismo a los Habsburgo. En octubre de 1862 la Dieta había rechazo la iniciativa sajona tendente a reformar la Confederación es ese sentido.

Para su realización no dudó en llevar a cabo tres campañas militares, aunque ciertamente de envergadura limitada. Casi podrían plantearse como operaciones quirúrgicas encaminadas a soldar o liquidar obstáculos puntuales. La primera, contra Dinamarca, en 1864, y en alianza con Austria, tendría por finalidad asegurarse el control de los condados en disputa con este reino. La invasión austroprusiana de Schleswig y Holstein acabó con la derrota danesa y, más tarde, en agosto de 1865, en el Convenio de Gastein, se procedió a atribuir Holstein a Austria mientras Berlín pasaba a regentar Schleswig. La segunda de las guerras, contra Austria-Hungría, en 1866, tuvo lugar tras haber neutralizado posibles alianzas continentales de los Hasburgo y haber procedido a la invasión de Hannover, Sajonia y Hesse-Cassel. La finalidad de este conflicto era la de fijar en torno a Berlín, y no en Viena, el polo de control de los territorios meridionales de la nación alemana. La victoria de Sadowa testificó el éxito de la empresa. Los posteriores intentos austríacos de preservar su influencia en la región mediante la conciliación francesa no alcanzaron ningún resultado provechoso. El 23 de agosto de 1866, en el Tratado de Praga, se disolvía la Confederación Alemana que había tenido sus orígenes en 1815. Berlín procedía a la anexión de Schleswig-Holstein, Hannover, Hesse-Cassel, Nassau y la ciudad libre de Francfort. Mientras Austria quedaba al margen, Prusia añadía, de este modo, cinco millones nuevos de alemanes a su administración.

La nueva y ampliada Prusia pasa a formar parte, por último, de la Confederación Alemana del Norte. Sajonia, los ducados de Oldenburg, Meckleburg, Brunswuik, parte de Hesse-Darmstadt, los Estados turingios y las ciudades de Bremen y Lübeck, acabarán formando una liga asociada a la corona prusiana. Ésta se hace cargo de las relaciones, la diplomacia y el Ejército. La unión aduanera, así como la de los servicios postales y telegráficos, vendrá acompañada por la implantación del servicio militar obligatorio. En el Consejo de la Confederación, o Bundesrat, Prusia suma 17 votos frente a los 26 que corresponden a los restantes 21 miembros. La Dieta, o Reichstag, será elegida por sufragio universal masculino y, preservando las legislaciones estatales, pasará a elaborar sus propias leyes. Bismarck, a su vez, es designado canciller de la Confederación.

La tercera de las guerras, en 1870, contra la Francia bonapartista, tendrá lugar aduciendo, entre otros, el contencioso sucesorio a la corona de España. La victoria permitió al canciller tedesco conquistar las regiones germanófonas de Alsacia y Lorena así como cortar los nexos de Francia con los Estados alemanes del sur. Habiendo vencido en los tres conflictos, y proclamado el Imperio en la persona de Guillermo I, bajo una fórmula, la del II Reich, que evocaba la continuidad con el Sacro Imperio Germánico medieval, la dirección bismarckiana pasó a fundamentarse en el mantenimiento de la paz continental y en la competencia, desde posiciones precarias, con el Imperio británico por la expansión ultramarina. En el interior, la lealtad a los poderes de la nueva Alemania llevaría al canciller tanto a procurar asumir algunas de las nuevas realidades sociales de carácter obrero, como a estandarizar los marcos legales o financieros, como, en fin, a entrar en conflicto con la Iglesia católica por el control de las lealtades ciudadanas.

La estabilidad victoriana, liberalismo e Imperio

La insularidad británica, dato que a menudo se presentaba como sinónimo de singularidad, constituye en las décadas centrales del Ochocientos un rasgo definitorio de su evolución política. La estabilidad de los poderes y de las reglas de referencia, así como la capacidad evolutiva de unos y otras, contrastan abiertamente con el ritmo de los acontecimientos que tienen lugar en la Europa continental. La historia avalaría, según los testimonios de la época y aun para no pocos observadores posteriores, dicha originalidad. La peripecia que se extiende desde la Carta Magna de 1215 hasta las revoluciones del siglo XVII, se suponía que había creado un sustrato de afirmación, revolucionaria en su tiempo, de la necesidad de un gobierno por consentimiento y de la igualdad de derechos sociales y políticos. El derecho a la propiedad individual, o el de relacionarse con la administración de Justicia desde un marco de garantías, así como el parlamentarismo, rasgos característicos de la cultura occidental en la era del liberalismo, habrían sido anunciados doscientos años antes en la Gran Bretaña y, en particular, en Inglaterra.

Aunque en el período napoleónico la monarquía británica hubiese sido un actor destacado en la conflictiva definición de Europa, los años centrales de la centuria, presididos por la figura emblemática de la longeva reina Victoria (18371901) y asentados sobre la tradición señalada, verían a una Gran Bretaña que implementa un juego de alianzas en los escenarios europeos, trazados siempre desde la conciencia de la no continentalidad, y proyectados en razón de la tarea imperial asumida: la expansión por el mundo, la difusión de su lenguaje, de sus mercancías, de su administración, de sus costumbres y de sus gentes, y los beneficios que de todo ello se derivaban.

En el interior, las reformas de 1832 habían ampliado el derecho de sufragio hasta una octava parte de la población masculina adulta. Hábitos transaccionales seculares y reformas electorales recientes son aducidos para explicar el limitado eco del 48. De hecho, el período que abarca desde el primer gobierno de lord J. Russell, de 1846 a febrero de 1852, hasta la reforma electoral de 1867 marca el apogeo de la denominada primera época victoriana. Durante esos años los habitantes del Reino Unido viven en un sistema liberal suficientemente flexible como para facilitar la participación electoral de un número creciente de personas. La representación de intereses es canalizada por unos partidos de notables consolidados. La primacía corresponde a los liberales, o whigs, que vencen en todas las elecciones y gobiernan durante la mayor parte del periodo bajo la dirección del vizconde de Palmerston. Los conservadores, debilitados por la escisión previa de los seguidores de Robert Peel, sólo acceden al poder en dos breves periodos, bajo la dirección del conde Derby. Es una época, por otra parte, de manifiesta inestabilidad ministerial ya que, en los dieciséis años que van desde la caída del gobierno Russell, en 1852, hasta la formación del primer gobierno de Benjamín Disraeli, en el mismo mes de febrero del año 1868, se suceden hasta siete gobiernos, aunque las dos administraciones más duraderas sean las de Palmerston (1855-1858 y 1859-1865), quien se convierte, por ello, en la figura central del periodo, hasta su muerte en 1865. Sería entonces cuando Gladstone, conocido por sus iniciativas presupuestarias y sus proyectos de reforma electoral se convertiría en el líder indiscutible del Partido Liberal.

Aunque con matices, un amplio consenso de base se forjó entre las elites británicas a propósito del carácter adecuado de la empresa imperialista. De hecho, y en base a este consenso patricio previo, fue posible extender a los ámbitos plebeyos, en su doble condición de productores y consumidores, un notable asentimiento patriótico alrededor de las expectativas de expansión exterior. Los gobiernos liberales de mediados de la década de los cincuenta realizaron una activa política de intervención en Extremo Oriente. La denominada Segunda Guerra China detonó en octubre de 1856 a raíz de un incidente en el puerto de Cantón entre las autoridades locales y la tripulación del mercante inglés Arrow. En apoyo de ésta, el cónsul británico planteó exigencias que no fueron atendidas. Las autoridades británicas respaldaron a su representante y una flota inglesa procedería al bombardeo de la ciudad. Las operaciones se prolongaron, con apoyo francés, durante cuatro años, y terminaron con el Tratado de Pekín, por el que los barcos ingleses fueron autorizados a comerciar en el río Yang Tsé, se abrieron once nuevos puertos chinos al comercio exterior y se legalizaba la importación de un producto básico en la conexión imperial británica en el subcontinente asiático: el opio.

Los acontecimientos registrados en las costas del Mar de China, así como la decisión de enfrentar la agitación en la India, no eran en absoluto ajenos a la evolución de las mayorías parlamentarias en el interior de la política británica. El suceso apuntado en el párrafo anterior sirvió, de hecho, para fortalecer al Gobierno, ya que las críticas en la Cámara de los Comunes forzaron la disolución del Parlamento y en unas nuevas elecciones generales, en abril de 1857, los liberales aumentaron su representación parlamentaria. Con 367 escaños, frente a 260 de los conservadores, y 27 seguidores del difunto Peel, Palmerston rubricaba su hegemonía. En otras ocasiones, la centralidad de la política exterior tendría efectos contrarios. Así, la crisis subsiguiente de 1858 vino desencadenada por el fracaso de Palmerston al intentar que los Comunes aprobasen una legislación sobre la conspiración contra gobiernos extranjeros. En este caso, la competencia con la Francia imperial constituía el trasfondo explicativo. El Gobierno que le sustituyó, encabezado por el conde de Derby, contaba con Disraeli al frente de las Finanzas, pero era un gabinete que tenía escaso apoyo parlamentario y las medidas reformistas que adoptó —tanto la admisión de los judíos en el Parlamento como la abolición de la calificación de propiedad para ser parlamentario— no le granjearon precisamente el apoyo de los electores. Los comicios de mayo de 1859 dieron un apretado triunfo a los liberales —325 contra 306 conservadores—, y de nuevo fueron los denominados peelitas quienes permitirían a Palmerston formar un segundo gobierno en el mes de junio. Ahora, el líder liberal decidió incorporar al gabinete a las diversas corrientes liberales, incluyendo a radicales y nacionalistas irlandeses. Incluso hubo una oferta al librecambista Cobden, que no fue aceptada por éste. La falta de un líder sólido en el Partido Conservador permitió a Palmerston decidir medidas de reforma en las que, más que a la fuerza de la oposición, tuvo que estar atento a mantener la cohesión de su mayoría parlamentaria. Ése fue el caso tanto de las iniciativas tendentes a reducir la presión fiscal, impulsadas por Gladstone, como, a lo largo de 1860, la pugna con la Cámara de los Lores para que éstos aceptasen, en beneficio de la representación de los Comunes, una reducción de su papel en la definición de la política presupuestaria. Las iniciativas internacionales de aquel Gobierno mantuvieron la línea de nacionalismo agresivo iniciada por Palmerston.

El fin de la legislatura llevó a unas nuevas elecciones, en julio de 1865, que ratificaron la primacía liberal. Sus diputados sumaron 370 escaños, frente a 288 de los conservadores. Palmerston, sin embargo, no pudo sacar partido de la nueva situación ya que falleció en el siguiente mes de octubre. Aunque Gladstone era la estrella ascendente en las filas del liberalismo, la responsabilidad del nuevo Gobierno volvería a recaer en el veterano conde Russell, que formaría el segundo de sus gabinetes (de octubre de 1865 a junio de 1866), manteniendo a Gladstone al frente de las finanzas.

Paradójicamente, no sería un gobierno conservador, el que tenía por premier a Disraeli, quien en 1867 procedería a una nueva reforma electoral. Reforma que, en 1872 se complementaría con el voto secreto, y que en 1884, bajo un gobierno liberal, daría lugar a una nueva ampliación del cuerpo de electores. La reforma de Disraeli significó que se pasase, en el conjunto del Reino Unido, de poco más de 1.000.000 de electores a más de 2.300.000. Esta cifra se acercaba al 40 por 100 de la población adulta masculina. El crecimiento fue lógica consecuencia de la rebaja de la franquicia que daba derecho a voto, tanto en los condados como en los municipios. Además, se disponía la redistribución de 53 escaños, de los que 25 eran asignados a los condados ingleses y siete a Escocia. Se creaban 11 nuevos distritos urbanos y se concedía un representante a la Universidad de Londres. Con todo, y al margen de la población femenina, quedaba fuera del juego electoral un número importante de trabajadores agrícolas, de criados y de hijos adultos que continuaban viviendo en el seno la casa paterna.

La reforma, a pesar de sus limitaciones, alimentó la participación y la intensidad de las disputas electorales. Esto, como es natural, fortaleció a los partidos y contribuyó a la pérdida de autonomía de cada uno de los parlamentarios. No resultaba aventurado prever que una nueva forma de hacer política empezaba a abrirse paso con la consolidación del sistema bipartidista. Las elecciones de noviembre de 1868 proporcionarían un rotundo triunfo a los liberales. Los tories habían vencido en la mayoría de los condados ingleses, pero los liberales les desbordaron en las grandes ciudades, al tiempo que recolectaban el sufragio en las circunscripciones galesas, escocesas e irlandeses. Se iniciaba un periodo de doce años en el que la rivalidad entre William E. Gladstone y Disraeli —un antagonismo que trascendía lo meramente político— pasó a ser característica de la vida política británica. Los gestores de esa dinámica fueron dos formaciones, liberales y conservadores, Whigs y Tories, que hacia 1850 habían consolidado el núcleo de alternancia en la dirección del Estado y del Imperio. El binomio Gladstone/Disraeli acabó personificando una alternancia que había tenido en el conde de Derby, el conde Russell y el vizconde Palmerston sus precedentes inmediatos y en la que, desde el respeto a las reglas marcadas, se procedía a la defensa de los intereses industriales y comerciales o a la de la aristocracia terrateniente. En cualquier caso, ambas formaciones compitieron, a su vez, por la atracción del nuevo voto popular.

Los equilibrios liberales en el interior, se correspondieron en el tiempo con la consolidación de un Imperio librecambista, en el que los intereses comerciales se presentaban del brazo de una voluntad civilizadora sostenida en una retórica de la superioridad moral. No menos cierto fue que en esta empresa expansiva estuvieron presentes las consideraciones estratégicas y la conveniencia de impedir, mediante el asentamiento colonial, la presencia de competidores o el desarrollo de conflictos que pudieran perjudicar los intereses británicos. En la India, que continuaba siendo la pieza fundamental del Imperio, se realizó la anexión de Oudh en 1856 y la gran insurrección de los cipayos en 1857 permitió la reorganización administrativa del territorio; la supresión, en 1858, de la East India Company, y la transferencia a la Corona de todos sus territorios y propiedades. El gobernador general se convirtió en virrey. En Australia, el descubrimiento de oro en Victoria, a comienzos de los cincuenta, aceleró el crecimiento de las migraciones procedentes de la metrópoli, a la vez que aumentaba la importancia económica de la isla-continente. La opinión favorable al autogobierno de las colonias de asentamiento blanco, desarrollada en la metrópoli desde mediados los cuarenta, se tradujo en la concesión de marcos de autonomía a Nueva Zelanda, Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania, Australia del Sur y Queensland entre 1852 y 1859. En cuanto a Canadá, la Columbia Británica se convirtió en colonia en 1858, y poco después se iniciaron los trabajos que desembocaron en la British North America Act de 1867. Gracias a este texto fundacional, las colonias de Canadá, Nueva Escocia y Nueva Brunswick se constituían en dominio de la Corona. Poco después se les unirían Manitoba y la Columbia Británica. El Imperio parecía sólido, pero el motín de la India, que tuvo ecos en otras colonias, dañó la seguridad de los colonizadores, que veían que sus afanes no eran correspondidos con el aprecio de los colonizados.

A medio camino entre la presencia colonial y la administración interior, sobre la estabilidad liberal planeaba la sombra del pleito irlandés. Lo cierto, sin embargo, es que en esos años de plenitud victoriana el problema tendió a presentarse, en términos comparativos, con rasgos suaves. La crisis de la patata, a mediados de los cuarenta, con sus secuelas de muertes y emigraciones, había afectado profundamente a la población irlandesa, que tardaría en recuperar los efectivos de 1844. Las tensiones, activadas por el desempleo y disminución de tierras en cultivo, se agudizarían a comienzos de los años cincuenta. La creación en Estados Unidos, en 1858, de la independentista Fenian Brotherhood, derivó, tras el fin de la guerra de Secesión americana, en actos terroristas, con ataques a prisiones y arsenales en 1867. El Gobierno había suspendido el Habeas Corpus en Irlanda en 1866, pero la agitación distaba de ser un peligro grave para el sistema político. Gladstone, retractándose de su anterior política sobre las cuestiones irlandesas, proyectaría en los años sesenta un programa de reformas para mejorar las condiciones de vida y desactivar el contencioso. El punto culminante se registraría entre 1869 y 1870. Fue entonces cuando se procedió tanto a la liquidación de la hegemonía oficial de la Iglesia anglicana —estatus insostenible en una isla que contaba con un 80 por 100 de católicos, frente a una minoría anglicana del 12 por 100 y concentrada en el Ulster—, como a la reforma de las leyes sobre los arrendamientos de tierra y sobre la educación elemental.

Con la excepción del problema irlandés, el Reino Unido aparecía, a la altura de 1870, como un Estado exitoso en la tarea de adaptar las instituciones a los rasgos de una sociedad transformada por la industrialización, en la que predominaban las ideas liberales y formalmente igualitarias. El temor de los años cuarenta, con su recelo permanente de un estallido revolucionario, había quedado atrás. El crecimiento económico había apartado a las masas de la revolución, mientras que el inicio de las corrientes migratorias había servido para atemperar los conflictos sociales. El régimen había acentuado su carácter parlamentario, convirtiendo a la Cámara de los Comunes en el centro de la vida política. A su vez, la Monarquía había superado el descrédito sufrido durante los reinados de los últimos monarcas hannoverianos: la prosperidad material y los avances coloniales contribuirían al prestigio de una Corona, que tendría la oportunidad de festejar su jubileo en las conmemoraciones finiseculares.

Del Imperio de Austria al modelo dual austrohúngaro

El espacio central europeo vivió en el tercer cuarto del siglo XIX un lento, pero sugerente, proceso de reformulación. A partir de 1867, el nuevo Imperio austrohúngaro podrá ser presentado como la pauta más eficaz para una eventual solución de perspectiva federal que hiciera posible la coexistencia de pueblos diversos y erradicara el peligro de la guerra en Europa. En cualquier caso, el camino fue lento, y el punto de partida muy similar al registrado en otros Estados europeos tras 1848: reacción conservadora en lo político y búsqueda de caminos de modernización en lo económico. Schwarzenberg, primero, y Alexander von Bach, a partir de 1852, diseñaron un modelo presidido por el peso institucional de la Iglesia católica —reafirmado en el Concordato de 1855—, por la omnipresencia de la burocracia y el papel clave de la policía, y por la perspectiva cultural y política de germanización. Complementariamente, se procedió a una mayor articulación del espacio económico pasando a concebir el Imperio como un grupo de regiones adicionales y alternativas al Zollverein dominado por Prusia.

El propio crecimiento, en un marco de economía liberal y de centralización política, acabaría por generar contradicciones insolubles. El capitalismo progresó en aquellas regiones, como Bohemia o Moravia, en las que la industria moderna había dado sus primeros pasos con anterioridad, mientras que áreas preponderantemente agrícolas, como Hungría, quedaban, en términos comparativos, atrasadas dentro del ritmo general de crecimiento. La coyuntura económica de crecimiento, sumada a iniciativas como la construcción de nuevas líneas ferroviarias, el acondicionamiento para la navegación del Danubio, la potenciación de la salida marítima que suponía el puerto de Trieste o las obras de modernización de las infraestructuras urbanas en Praga o Budapest, no impidieron que las fracturas se hicieran más visibles y, por ello, afrentosas: la presión fiscal que permitía sostener estas iniciativas, así como la maquinaria administrativa y represiva del Estado, generaron hostilidades y recelos tanto entre la burguesía de origen alemán, principal beneficiaria del esfuerzo inversor, como en las diversas minorías nacionales. Los fracasos exteriores, con las derrotas frente a Napoleón III en la guerra de Italia, contribuyeron a impulsar las reformas.

En 1860 el Reichsrat pasó a ser un órgano consultivo con una mayoría de miembros electos, al tiempo que se restablecían las dietas locales y se les otorgaba competencia legislativa. La iniciativa generó dos oposiciones de naturaleza antagónica. Por un lado, las elites vienesas veían con temor mal disimulado la hipotética deriva federalista del Imperio; por el otro, la confrontación amenazaba en el este como consecuencia de la negativa magiar a contemplar, frente a las reclamaciones de croatas, checos, eslovacos, polacos y rumanos, otro horizonte que no fuese el de la restauración de la monarquía húngara.

La alta política de la Monarquía dual era un juego de atentos equilibrios de legitimidad. El principio dinástico interaccionaba con los derechos nacionales e, incluso, con las identidades nacionales. A la Corona y el Ejército se le unían dos gobiernos, dos parlamentos soberanos y otras tantas cámaras legislativas. Al oeste del río Leitha, la Cisleithania integraba el Imperio austríaco propiamente dicho; aunque en su seno convivían alemanes, checos, polacos, rutenos —es decir, ucranianos— y judíos. La Transleithania, articulada alrededor del reino de Hungría, contenía croatas y otras minorías eslavas. Todas ellas mostrarían, en uno u otro momento, su oposición a las estrategias de magiarización que partían de la Dieta húngara. Unas estrategias sostenidas sobre el mantenimiento de la influencia de los grandes latifundistas húngaros. En 1867 habían sido coronados en Budapest, con la histórica corona de San Esteban, los emperadores Francisco José e Isabel. Los éxitos del nacionalismo húngaro en 1867, orientado por el conde Gyula Andrássy y liderado en la acción por Francis Deák al frente del Partido del Pueblo Magiar, se convertirían en hitos recordados por otros nacionalismos posteriores, significativamente el irlandés, en el tránsito del siglo XIX al XX. Uno de los fundadores del Sinn Féin en 1905, Arthur Griffith, se refirió a estas luchas con admiración.

El compromiso que dio origen a la monarquía dual no dejó de presentar un par de dificultades. En 1871 Francisco José parecía dispuesto a reconocer la singularidad checa convirtiendo a Bohemia en una tercera pieza, en pie de igualdad con Hungría. La idea tuvo que abandonarse por las protestas de los alemanes, en especial los que habitaban en la región checa de los Sudetes, pero también de los magiares, los grandes beneficiarios del compromiso, que temían el ejemplo que esta autonomía política podía significar para sus propias minorías nacionales, desde eslovacos, croatas y serbios hasta los transilvanos de ascendencia rumana. La propuesta de una triple monarquía nunca llegó a consagrarse y la monarquía dual supo conservar, todavía durante medio siglo, y no sin tensiones, la quimera de la unidad de la pluralidad. La otra cara de la moneda fue la insatisfacción creciente entre las comunidades eslavas obligadas, en el caso de querer disfrutar de los beneficios de las actividades públicas, a adoptar la lengua y la cultura alemana o magiar. Una insatisfacción que dio alas al nacionalismo más radical.

Las tensiones étnicas y culturales se enmarcaban en la problemática de los límites de la liberalización política y social posterior a 1848. La abolición de la servidumbre no puso en cuestión el papel de los grandes propietarios agrarios como sector social dominante, mientras que los derechos políticos estaban reservados a poco más de una cuarta parte de la población masculina adulta. La gran masa de pequeños propietarios y de trabajadores agrarios quedaba al margen de los mismos. La superposición de inquietudes nacionales y de limitaciones en el acceso a los derechos políticos y sociales dejaría en el aire, hasta la primera década del siglo XX y la Primera Guerra Mundial, la cuestión de cómo resolver el tránsito a la soberanía política y a la incipiente democracia en esta región de Europa.

La tímida liberalización de la Rusia zarista

El progreso, lento pero inexorable, de los marcos de referencia constitucionales había propiciado en Europa el sometimiento de los gobiernos y de las burocracias estatales a unas normas de derecho impersonal. Del mismo modo, y con ritmos diversos, habían sido reconocidos determinados derechos y libertades que recaían en los individuos. En contraste con estas líneas generales de evolución, el rasgo definidor de la Rusia zarista en las décadas centrales del siglo XIX será el empeño de mantener a todo trance el dominio personal y arbitrario del emperador sobre todo el conjunto de sus súbditos. La arbitrariedad caracterizaba, en gran medida, tanto las decisiones del zar como las de los niveles inferiores de la jerarquía burocrática. La singularidad de las fuentes de poder no impidió que los autócratas rusos procuraran adoptar los avances técnicos o administrativos que procedían del occidente europeo. No les restó eficacia en el control de un enorme Imperio, de más de 22 mil kilómetros cuadrados, que integraba a pueblos eslavos (desde rusos a ucranianos o polacos) y a las naciones asiáticas de las estepas centrales. Aunque para ello optase por el desarrollo de un cuerpo de policía omnipresente, obsesionado por la amenaza revolucionaria y tan arbitrario como el mismo zar. Y, finalmente, no malogró algunas reformas sociales.

En la segunda mitad del Ochocientos, las derrotas en los grandes conflictos bélicos indujeron a las elites rectoras de los países afectados a proceder a reformas que liquidaran las causas de la debilidad relativa frente a sus competidores en el marco de los Estados-nación. Será el caso de Francia tras Sedán, como lo fue, previamente, el de la Rusia de los zares tras la derrota en la guerra de Crimea. Alejandro II (1855-1881), llegado al trono imperial en pleno conflicto, asumirá la necesidad de proceder a una serie de reformas. Si años más tarde Sedán pondrá en cuestión la capacidad operativa de un ejército emanado de una sociedad comparativamente débil, en relación al enemigo, por lo que se refiere a la educación y a la fortaleza de la ciudadanía y el sentimiento nacional, antes, Crimea ha puesto en evidencia que la servidumbre hacía del campesino no sólo un ser sin iniciativa ni orgullo, sino un mal soldado para el ejército. En 1858 Alejandro II emancipará a los siervos de la Corona y, tres años más tarde, acabará por asentar la libertad legal del conjunto de los rusos. En 1861 un ucase decretaba la abolición de la servidumbre. La tierra, una vez redimida mediante el pago en metálico, pasó a formar parte de la propiedad colectiva de las antiguas comunidades rurales conocidas como mir. A menudo se ha atribuido a la preservación de la sociedad campesina efectos perversos para el desarrollo económico ruso al entenderse que actuó en contra de las posibilidades de inversión capitalista en otros sectores.

La abolición no fue el único empeño reformista. En el ámbito administrativo, un edicto de 1864 estableció un sistema de consejos provinciales y de distrito —zemstvos— que garantizaban una cierta presencia social en la toma de decisiones. Las obras públicas, la enseñanza, la sanidad e incluso la policía local entraban dentro de sus responsabilidades. En paralelo se procuró homologar el sistema legal a los parámetros vigentes en las sociedades occidentales. Los juicios pasaron a ser públicos, se estableció el derecho a elección del propio abogado, se procedió a la distinción de las diversas instancias judiciales e incluso se abrió la posibilidad de implantar el jurado. Finalmente, se impulsó la enseñanza y se concedieron derechos de administración autónoma a la Universidad, al tiempo que se reducía la censura de prensa para los periódicos de Moscú y San Petersburgo.

El brío reformista se atemperó a mediados de la década de los sesenta. En gran medida, porque las tímidas liberalizaciones habían activado nuevas y viejas formas de malestar y de contestación. Si entre los nuevos sectores profesionales y del mundo de negocios se clamaba por una adopción del liberalismo, entre el campesinado la agitación tenía que ver con el hambre de tierras y con el endeudamiento asociado al pago a plazos de la redención de la servidumbre. La presión fiscal, la conscripción militar o el mal funcionamiento del mir serían otras tantas fuentes de descontento. Un descontento duramente reprimido por los cuerpos policiales y que consiguieron canalizar, entre otros, los grupos populistas —narodniki— tras la exigencia de «Tierra y Libertad». Los intelectuales y los profesionales liberales —la intel·ligentsia— facilitó una parte del argumentario tanto a populistas como a otros grupos de oposición al zarismo. En cualquier caso, las reclamaciones de creación de una Duma o cuerpo representativo de toda Rusia fueron desatendidas, mientras que, alternativamente y desde 1863, se sucedieron los intentos de magnicidio contra la figura del zar. De hecho, el exitoso, el 13 de marzo de 1881, ponía de relieve el crecimiento de las formas de contestación —del nihilismo al populismo, de Alexander Herzen a Nechaiev, pasando por Bakunin— tanto a la autocracia como a la timidez del liberalismo nacional, y bloqueaba la última de las reformas diseñadas por Alejandro II: la integración en un consejo de estado de dos comisiones nacionales electas. Su hijo y sucesor, Alejandro III abandonó estos últimos proyectos y procuró, hasta 1894, una política de resistencia a toda forma de reformismo. No obstante, el tímido reformismo de los años sesenta, sustentado sobre el trípode que conformaban la abolición de la servidumbre, la reforma judicial y los zemstvos, dejaría una impronta sin la que sería inexplicable la coyuntura reformadora y revolucionaria de principios de siglo XX.

España y Portugal: los límites en la construcción del Estado liberal

Como en Gran Bretaña, aunque por causas de naturaleza bien distinta, también en la península Ibérica los ecos de las revoluciones de 1848 fueron débiles y, en cualquier caso, no se puede decir que alteraran, de manera significativa e inmediata, las respectivas dinámicas nacionales. Ciertamente, Portugal había vivido una reciente guerra civil (1847) y en España se habían registrado, en los dos años previos, agitaciones contra el sistema centralizador así como motines urbanos producidos por el aumento del precio del pan. Con todo, las agitaciones parisinas o centroeuropeas, aun generando cierto grado de inquietud en las elites gobernantes, pasaron sin afectar de forma notoria la vida política interna. A lo sumo, cabe recordar, como efectos indirectos de la eclosión revolucionaria europea la formación del Partido Democrático, en la España de 1849, o la creación de un Triunvirato Republicano en Lisboa, por esas mismas fechas.

A menudo, las naciones ibéricas de las décadas centrales del siglo XIX han sido presentadas como el contrapunto, o, alternativamente, como el eslabón débil en la transición del Occidente europeo a la modernidad. En realidad, los rasgos singulares de las evoluciones ibéricas, con toda seguridad menores que los apuntados por cierta tradición historiográfica interesada en remarcar la excepcionalidad peninsular, arrancan, en primer lugar, de su condición de potencias imperiales cuestionadas. Aunque ambas con perspectivas diversas. España vive, en este orden de cosas, en retroceso a lo largo de toda la centuria. Si el Ochocientos había empezado con la invasión napoleónica y la resistencia a la ocupación que enmarcó la emergencia del liberalismo —y de la primera definición de la nación como cuerpo de ciudadanos, en las Cortes de Cádiz— también lo hizo con la fractura de los lazos coloniales que habían sostenido la hegemonía española en la mayor parte de la América central y meridional. A su vez, los avatares de las guerras napoleónicas facilitarían, en 1822, el tránsito suave a la independencia del Brasil. La contestación a la supremacía española en las Antillas tendría sucesivas réplicas en los intentos de recuperación imperial de 1861, en Santo Domingo, y en los primeros levantamientos secesionistas en los años setenta. No sería, sin embargo, hasta 1898, con la derrota en la guerra hispano-cubana-norteamericana, que se cerraría ese ciclo que situaba al Estado español en la periferia de la dinámica internacional.

En España, el tiempo histórico interior estaría presidido por la alianza establecida entre algunos segmentos del liberalismo emergente y las fuerzas de la tradición y la Iglesia católica. Embarcados todos ellos en el proyecto de construcción de un Estado nacional de matriz liberal que garantizase la preeminencia de unos grupos sociales que habían visto con alarma el protagonismo popular en la contienda contra la Francia napoleónica y, posteriormente, en las agitaciones radicales urbanas del primer tercio de siglo. Un compromiso, cuya expresión más acabada sería el moderantismo, que no impediría la sucesión de guerras civiles entre los partidarios del nuevo orden y los sectores anclados en la defensa de los principios ordenadores del Antiguo Régimen. La unidad legislativa heredada de la tradición gaditana se confirmaría en la Constitución de 1837. La corrección moderada de 1845 rubrica el unitarismo político-constitucional —con los subsistemas vasco y navarro en su interior tras los pactos de 1839 y 1841— y apunta al desarrollo de los aspectos centralizadores de la acción del Estado. Las manifestaciones son plurales: desde la ordenación provincial a la fijación de la política educativa (Ley Moyano de 1857) pasando por la plasmación de un nuevo Código Civil, Penal (1848), la Ley de Enjuiciamiento Civil (1855) o la Ley de Notarías (1862). La inflexibilidad unitaria fue en buena medida el resultado de una continuada frustración colonial, de un proceso nunca cerrado de descolonización.

Desde el punto de vista de los derechos electorales, los textos constitucionales de 1837 y 1845 acogieron, a diferencia de lo que había sido establecido en la Constitución de 1812, fórmulas muy restrictivas de sufragio censatario. La regresión constitucional se cebó en los españoles por lo menos hasta 1869, cuando una nueva Constitución restablezca la universalidad del sufragio para los varones adultos, aunque la niegue de nuevo en Cuba y en el resto del Imperio. Alternativamente, la construcción de una ciudadanía activa tuvo como escenario preferente el encuadramiento en fórmulas militarizadas de participación —las milicias nacionales— y en espacios efímeros de construcción de un sujeto colectivo en coyunturas de ruptura institucional: las juntas revolucionarias, de carácter más o menos provisional, que desde el municipio a la nación emergían para apoyar las asonadas militares o pronunciamientos. El desarrollo de las guerras carlistas, un conflicto de familia al que superpusieron elementos ideológicos (liberalismo/tradicionalismo, secularización/clericalismo, centralismo/fueros), no hizo sino rubricar la trascendencia de la violencia en la resolución de los contenciosos políticos.

Para encontrar en España un movimiento que ponga en cuestión los estrechos límites participativos del constitucionalismo moderado, o para reivindicar la autonomía municipal y la menor sujeción de las corporaciones locales a las instancias gubernamentales habrá que esperar no a 1848 sino a 1854, a la Vicalvarada. Es decir, al pronunciamiento de los generales Leopoldo O’Donell y Dulce, el 28 de junio. El golpe de fuerza militar se había convertido a esas alturas del siglo en la modalidad privilegiada de acceso al poder por parte de la facción liberal excluida de la gestión del presupuesto nacional. El pronunciamiento de alguno de los espadones —cuadros militares prestigiosos— obviaba la marginación debida a la reina Isabel II tanto como los riesgos de una revolución protagonizada por las multitudes populares. Éstas, así como las corrientes ideológicas más avanzadas de la familia liberal, hacían uso de las libertades estrenadas en el paréntesis conocido como el Bienio Progresista (1854-1856) —marcado por la personalidad del espadón progresista Baldomero Espartero— para iniciativas tan diversas como la transformación de las relaciones de propiedad en el campo —con nuevas desamortizaciones—, la maduración del primer societarismo obrerista, la propagación del ideario socialista o la conjunción práctica de un democratismo de perfiles crecientemente republicanos. El cierre de este episodio sería el punto de arranque de la última etapa del reinado de Isabel II. Entre 1856 y 1868 la deriva borbónica estuvo marcada por la enajenación progresiva del conjunto de las oposiciones —incluida con el tiempo la Unión Liberal de Leopoldo O’Donell— y la articulación revolucionaria de las mismas, tanto en el interior como, sobre todo, en el exilio. París, Londres o Bruselas devienen polos de articulación del liberalismo avanzado y de la democracia. El exclusivismo moderado, personificado en otro espadón, Narváez; el desprestigio de una reina que combinaba la influencia clerical más cerril con la vida disoluta; los efectos de la crisis económica de 1866 y la conflictividad social derivada de la misma, así como la corrupción imperante en el mundo de los negocios y de la alta política cortesana, aportarían las motivaciones para una explosión que cuajaría en septiembre de 1868 con la revolución denominada Gloriosa.

El cotejo de los procesos vividos en esas décadas centrales del XIX apuntan no tan solo a las debilidades de las transformaciones institucionales sino a la que en ocasiones se ha denominado, acaso con un exceso de énfasis, débil nacionalización. El doble patriotismo inicial, que se plasmó en el compromiso de las elites periféricas en la construcción del Estado-nación español, habría dado paso a un desencuentro creciente que facilitaría, o estimularía, los procesos de recuperación de lenguas y culturas regionales que se resisten, por diversos y plurales motivos, a acabar de desaparecer. Así como a la crítica recurrente a propósito del ominoso centralismo estatal.

En Portugal, la estabilidad institucional se había alcanzado, tras la guerra civil de 1846 a 1847. El levantamiento popular de la primavera de 1846, la revuelta de María da Fonte, había tenido unas raíces rurales y había adoptado la forma de una movilización espontánea. El añadido de la agitación urbana, la de la Patuleia, prolongó el enfrentamiento y forzó la intervención pacificadora de las potencias extranjeras partícipes de la Cuádruple Alianza. En la primavera de 1851, la estabilidad institucional se alcanzó tras el golpe militar liderado por el duque de Saldanha. El nuevo régimen, conocido como de la Regeneración, sigue la estela de las realizaciones previas atribuidas a la gestión de António Bernardo da Costa Cabral, aspira a poner fin a una larga serie de conflictos civiles —que habían enfrentado a legitimistas y liberales, miguelistas y setembristas— y consigue adoptar en 1856 forma constitucional. El objetivo era alcanzar un marco de coexistencia de las diversas facciones políticas liberales, y entre éstas y las instituciones orgánicas del Estado.

En otoño de 1852 el liberalismo progresista luso se había escindido en un Partido Progresista disidente o histórico y otro progresista regenerador. Como en el caso español no nos encontramos con estructuras partidarias sólidas, sino con grupos ideológicos que se articulaban, básicamente, alrededor de elites aristocráticas burguesas provistas de clientelas y relaciones de patronazgo. Frente al Partido Regenerador, integrado por elementos vinculados al mundo de las finanzas y de la gran propiedad agraria e industrial, el Partido Histórico aparentaba preservar las aspiraciones a una transformación liberal de contenidos más democráticos. En cualquier caso, la alianza estable de los mismos acabó manifestándose en el gobierno de coalición que operó entre 1865 y 1868.

El agotamiento de ambas formaciones acabaría propiciando su sustitución, ya en la década de los setenta, por la alternancia entre regeneradores y progresistas. El rotativismo, ensayado en Portugal con anterioridad al turnismo de la Restauración española, no dejaría de presentar graves disfunciones ministeriales y una cierta incapacidad para canalizar el descontento popular expresado en los motines de subsistencias o antifiscales (1856, 1867, 1868), a partir de los setenta en los ciclos huelguistas, o, incluso la integración de una pequeña y mediana burguesía que acabaría desarrollando en el republicanismo un horizonte alternativo.

Democracia y nación: los Estados Unidos de América

Entre 1835 y 1840, el joven aristócrata francés Alexis de Tocqueville, quien en 1849 ocuparía el cargo de ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno «de orden» de Odilon Barrot, publicaba los dos tomos de La democracia en América. Resultado de un largo viaje de estudios por los Estados Unidos —a propósito, entre otros, del sistema penitenciario—, la obra de Tocqueville fijaría los rasgos básicos de la mirada liberal europea sobre la emergente sociedad americana.

La década de los treinta había sido el marco de radicales cambios en la vida política, social y económica de la nueva nación transatlántica. La alternancia fundacional entre federalismo y republicanismo jeffersoniano había dado paso a la dialéctica demócratas —encabezados por Jackson— y republicanos —el Partido Whig—, liderados por John Quincy Adams. Ambas formaciones apelaban ahora, tras la separación entre el principio de propiedad y el de derechos políticos, al conjunto de la población masculina blanca y adulta. Las exigencias inherentes a dicha perspectiva llevaron a la creación de redes permanentes de clubes populares y complejos aparatos extraparlamentarios estatales y federales. Los programas ahí forjados eran encarnados por candidatos surgidos de los estratos sociales intermedios, aunque, como en el caso de Jackson, éstos no excluyesen estrategias matrimoniales que les permitiesen emparentar con las grandes familias tradicionales que habían liderado el combate contra la corona británica.

La expansión hacia el oeste movió a los estadounidenses a hacer frente a la resistencia de las naciones indias. En 1849 el comisariado para asuntos indios propuso la reclusión de los indios en reservas. A medida que avanzaba el proceso colonizador éstas se fueron ampliando en un proceso que finalizó a finales de la década de 1870. Aunque el argumento aparente era preservar la independencia de esas comunidades, el desarraigo, la presión de colonos y cazadores, así como la de las compañías ferroviarias, concluyeron con la experiencia. En 1867 los Estados Unidos crearon una región reservada conocida como Territorio Indio en lo que sería el futuro estado de Oklahoma (1907). Veinte años más tarde la experiencia fue suprimida. De hecho, a partir de 1871 dejaron de firmarse tratados entre la Administración de Washington y las naciones indias. Los acuerdos adoptaron un carácter meramente interno: el Estado asumía, con ello, la plena soberanía sobre el conjunto de territorios y habitantes. Junto a la población autóctona, la conformación territorial pasó por diversos enfrentamientos con Estados e imperios de tipo europeo. Los nuevos territorios pertenecían a México —de Texas a California— o eran reivindicados por Gran Bretaña —Oregón—. Esta última cuestión se resolvió diplomáticamente al fijarse, en 1846, los límites internacionales entre los Estados Unidos y el Canadá británico sobre el paralelo 49. En 1845 el presidente democrático Polk reconoció la anexión del territorio de Texas —colonizado por inmigrantes estadounidenses este territorio se había rebelado contra México y obtenido su independencia en 1836—. Un año más tarde el mismo Polk declaró el estado de guerra por la cuestión de California. El conflicto se cerraría por el tratado de Guadalupe, mediante el cual se ratificaban las conquistas norteamericanas. Los límites internacionales entre Texas y México se fijaron en el Río Grande y todo el vasto sudoeste, correspondiente a los actuales territorios de Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada y California entraron a formar parte de la Unión. El descubrimiento del oro en California facilitó, a continuación, una gran migración hacia el Pacífico.

Fue por entonces que el periodista John L. O’Sullivan hizo popular el término «Destino manifiesto» para magnificar la misión imperial estadounidense. La nueva nación se definía en términos étnicos y culturales —anglosajona, blanca— y se mostraba preparada para llevar a cabo la tarea que le habría sido encomendada por la providencia: la difusión de la democracia y de las instituciones liberales. El desarrollo económico y social, la penetración de las relaciones comerciales basadas en el mercado, la centralidad de empresarios y propietarios, de especuladores del suelo y de profesionales, la exaltación del dinero, asientan las bases sobre las que es posible, a diferencia de la vieja Europa, la emergencia de una democracia basada en las middle classes, sostenida por businessmen y orgullosa de sus self-made men. En este marco, la instauración de un auténtico sistema de partidos afectó a todos los niveles de la vida política: del federal al estatal, e incluso en el horizonte local. Los alcaldes y consejeros municipales, así como muchos funcionarios de los departamentos ejecutivos y de policía, pasan a ser cargos electos. La victoria electoral aseguraba réditos muy tangibles para un sector creciente de hombres políticos. Nacía lo que dio en llamarse spoils system: el partido en el poder, mientras estuviese instalado en el mismo, asignaba los cargos públicos a los activistas más fieles de la formación. Fue el propio presidente Jackson quien ennoblecería esta nueva forma de clientelismo al presentarla como una rotación democrática que impedía la emergencia de un sector burocrático crecientemente alejado de la ciudadanía.

En torno a 1850 podían distinguirse en el interior de los Estados Unidos tres áreas diversas. El noreste atlántico se caracterizaba por la presencia de actividades manufactureras, comerciales y financieras en un contexto de desarrollo urbano. En el noroeste de las llanuras internas prevalecía la agricultura comercial basada sobre granjas familiares y nuevas ciudades orientadas a la producción industrial tanto de productos alimentarios como de maquinaria agrícola. En el sur prevalecía la agricultura de los grandes plantadores esclavistas, situados en medio de un universo de pequeñas granjas próximas a la economía de subsistencia. Las diferencias no atendían únicamente a la estructura económica. Los niveles de escolarización, por ejemplo, eran divergentes. Si la media nacional se situaba en torno al 50 %, el noreste presentaba las mayores cotas de escolarización, con la punta del 76 % en Nueva Inglaterra. Mientras que en el sur apenas alcanzaba el 30 %. La presencia y difusión periodística corría pareja a estas cifras. El regionalismo había tenido, desde los orígenes de la nación, una fuerte presencia con la emergencia de dos polos alternativos —Virginia y Nueva Inglaterra— que se reivindicaban como matriz de la independencia nacional. A ello se venía a sumar un oeste que, frente al europeizante este, se imaginaba como el espacio de preservación de los valores originales de la nación norteamericana ahora proyectados en el contexto de la expansión, la conquista del continente y las guerras contra la población indígena. En cualquier caso, la oposición norte-sur ya había propiciado, en las décadas de 1840 y 1850, la fragmentación, y la renovación de iglesias y partidos políticos. La ruptura del equilibrio entre los Estados sudistas y los del norte con la ampliación de los territorios comprendidos entre Texas y el Pacífico y, en particular, con la prohibición de la esclavitud en California aceleraría la confrontación.

En 1860 el presidente Abraham Lincoln, elegido por el nuevo Partido Republicano, explicitó un programa favorable a la libre instalación de colonos en las nuevas tierras del Oeste, que contemplaba, asimismo, una política de aranceles elevados —lesiva para los intereses de unos Estados sureños conectados como productores de algodón en rama a la industria británica—, una intención decidida por culminar la construcción de una red de ferrocarriles que conectasen las dos orillas continentales y, en suma, un crecimiento capitalista a escala nacional. Tras la elección de Lincoln los principales líderes de los Estados del sur rompieron solemnemente con los Estados Unidos de América y crearon una Confederación de Estados de América que se extendía desde Virginia a Texas, tenía su capital en Richmond y a Jefferson Davis por presidente. Lincoln, tras un periodo de vacilaciones, denegó el derecho de los Estados sureños a la autodeterminación y ordenó a las fuerzas armadas la defensa de la integridad territorial de los Estados Unidos. El resultado fueron cuatro años de Guerra Civil, o de Secesión, que tendrían su punto de inflexión en la batalla de Gettysburg. En 1863 la Proclamación de la Emancipación abolía la esclavitud y liberaba, sin compensaciones económicas, a la mano de obra negra. Cinco años después la Decimocuarta Enmienda declaraba que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos eran ciudadanas de dicho país. La Guerra Civil americana tuvo como resultado la consolidación política y económica de un gran Estado-nación, liberal y democrático en sus principios, y comprometido con la empresa privada. De hecho, los coetáneos ya advirtieron que había sido el material, costoso pero necesario, para construir una nación.

En 1865, tras el asesinato de Lincoln, ocupará la presidencia Andrew Johnson (1865-1869). En línea con lo esbozado por su predecesor, se mostró partidario de una reconstrucción moderada, marcada por una política de atracción que contemplase amnistías y facilidades para la reincorporación. De hecho, buena parte de los antiguos dirigentes sudistas pasaron a ocupar cargos de responsabilidad en la nueva administración y bloquearon en la medida de sus posibilidades el acceso de la población negra a los derechos de ciudadanía. La presión militar acabaría siendo un recurso utilizado con generosidad entre 1868 y 1871. El nuevo presidente republicano Ulysses S. Grant (1869-1877) desarticularía, mediante estos procedimientos, el Ku Klux Klan, la sociedad racista blanca creada en 1865. El celo reconstructor propiciado por Lincoln acabaría siendo abandonado en los años 1870.

La difícil conformación de los Estados liberales en América Latina

En 1823, el temor ante una hipotética intervención de la Santa Alianza, orientada a la restitución de las colonias españolas a la monarquía de Fernando VII, había estimulado la declaración Monroe, mediante la cual los Estados Unidos entraban en la política internacional. La doctrina Monroe fue establecida para conservar la independencia de sus «hermanos del sur». En ella podía leerse: «En las discusiones a que los intereses encontrados de Europa y América han dado ya lugar y que con amistosos arreglos se han terminado, hemos tenido ocasión de comprender que ha llegado el momento de declarar como un principio fundamental de la política de los Estados Unidos: Que estos continentes son, por libre e independiente posición que han asumido y que mantienen, impropios para ser considerados como lugares apropiados para una colonización futura por cualquier potencia europea.»

Ciertamente no faltaron las amenazas de las viejas, o de las nuevas, metrópolis europeas. Episodios como el de Santo Domingo, el de la intervención encabezada por la Francia neo-napoleónica que contará con la cooperación española, y será derrotada de manera estrepitosa por los liberales mexicanos de Benito Juárez, o, incluso la gestión que sobre las Antillas realizará la administración civil y militar metropolitana, ilustran acerca de la pervivencia de ese construirse del Estado-nación europeo en base a la proyección imperial americanista. No fue ése, sin embargo, el gran obstáculo que afrontó la emergencia y construcción del Estado nacional, de raíz liberal y de expresión casi unánimemente republicana, en la América poscolonial. Entre otros factores, los primeros años estarían marcados por la operatividad del caudillismo. El fracaso de los proyectos de unificación liderados por Bolívar y San Martín, la tensión entre las propuestas centralistas encabezadas por las antiguas capitales coloniales y las de carácter confederal argumentadas desde provincias celosas de su soberanía, la desintegración política subsiguiente y la difícil articulación de los espacios regionales, así como la permanencia de unas bases sociales sostenidas sobre la propiedad de la tierra harán de este personaje carismático, impredecible, autoritario y violento, la pieza básica en el devenir latinoamericano durante la primera mitad del siglo. No será hasta mediados de siglo cuando el sustrato ideológico liberal preexistente, recogido y acomodado por intelectuales como Domingo Faustino Sarmiento, pase a ser la piedra basal sobre la que afirmar el Estado nacional.

Un episodio crucial en esta transición hacia el pleno estado nacional tiene lugar en la batalla de Caseros, en la que el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, derrota a Juan Manuel de Rosas, el dictador federal que llevaba un cuarto de siglo al frente de la gobernación de Buenos Aires, e impulsa la Constitución argentina de 1853. El paradigma civilizador del unitarismo parece imponerse a la barbarie de los caudillos federales. El conflicto por el control de las rentas de aduana asociadas a la gestión del puerto bonaerense reactivó las hostilidades entre las nuevas autoridades federales y la capital. En 1861, las tropas porteñas, dirigidas por Bartolomé Mitre, triunfaron en la batalla de Pavón y permitieron el acceso de Mitre a la presidencia de la nación. Durante su mandato, entre 1862 y 1868, así como en el posterior de Sarmiento, se creó un sistema jurídico, un sistema fiscal y un ejército de carácter nacional. Al tiempo que se articulaba el mercado interior, mediante el establecimiento del ferrocarril, y se conectaba a éste con los circuitos internacionales de exportación de lanas.

Las tensiones entre federales y unitarios tuvieron su reflejo en el conjunto del continente. Así como los conflictos entre conservadores y liberales. Las experiencias fueron plurales. Frente a la estabilidad chilena, marcada por el régimen conservador de Diego Portales entre 1830 y 1860, o la alternancia pacífica de liberales y conservadores en el Brasil de Pedro II (1841-1889), se encuentran las agitadas dinámicas venezolanas, con la persistencia del fenómeno caudillista, o ecuatoriana. En México, tras la caída de Antonio López de Santa Anna, en 1855, se abriría un periodo de transformaciones, conocido como La Reforma. El gran protagonista del momento sería Benito Juárez quien, junto a Miguel Lerdo de Tejada, llevaron a cabo iniciativas legislativas tendentes a suprimir las jurisdicciones especiales, a desamortizar los bienes eclesiásticos; a limitar, en suma, el poder del Ejército y la Iglesia, la cual protagonizará diversos episodios de resistencia, y asumir una perspectiva tendencialmente democratizadora y laicista. Junto a la dimensión liberalizadora de las medidas de Juárez planeaba la problemática de la difícil integración de las comunidades indígenas, como tales, en el nuevo universo de los Estados-nación. No resulta excepcional, por ejemplo, la solución ensayada en Perú. En la república andina, el Código Penal de 1824 había establecido tres categorías de individuos: civilizados, semicivilizados y salvajes. Un mecanismo de construcción de la doble alteridad que se proyectará hasta el presente con las leyes de comunidades campesinas y comunidades nativas, que afectan, respectivamente, a la costa y a las regiones de la selva amazónica integradas en la nueva nación.

Más allá de las tensiones ideológicas y de intereses sociales, era la propia definición territorial la que estaba en juego. La República de Nueva Granada presentaba, desde sus orígenes, marcadas diferencias regionales. Hasta el punto que la primera Constitución, de 1853, adoptó una estructura federal. Estructura refrendada en la Constitución conservadora de 1858, la de la Confederación Granadina, y la de 1863, la de los Estados Unidos de Colombia. Junto a este tipo de manifestaciones de gestión de la diversidad y de fijación de los límites y fronteras, hubo otras de naturaleza bélica. Las guerras de frontera enfrentaron a México con los Estados Unidos entre 1846 y 1848, la guerra de la Triple Alianza llevó al choque, entre 1865 y 1870, a Paraguay contra el Brasil, Argentina y Uruguay. Todavía en las décadas siguientes vendría la guerra del Pacífico que opondría a Perú y Bolivia contra Chile por el control de la salida al océano. Si el primero de los conflictos amputó, como se ha comentado, buena parte del territorio mexicano, la de la Triple Alianza se centró en el control de las tierras altas de la cuenca de los ríos de la Plata y Paraná. Las polémicas internas en Uruguay entre blancos y colorados —liberales y conservadores, respectivamente— propiciaron las invasiones brasileñas de la república oriental y la respuesta del Paraguay. Este país, potencia regional en el tráfico fluvial de mediados de siglo, liderado por el presidente Francisco Solano López, arremetió contra el Mato Grosso y la provincia argentina de Corrientes. La brutalidad del conflicto, y la resistencia numantina propiciada por Solano frente a los ejércitos coaligados dirigidos por Bartolomé Mitre, acabó desangrando al Paraguay y condicionando gravemente sus perspectivas futuras.

Dinámicas autóctonas e injerencias imperiales en Asia

La segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada en los principales escenarios de Extremo Oriente por la desigual evolución de las interacciones registradas entre los poderes regionales, China y Japón de manera singular, con las potencias y los modelos de modernización que cuajaban en Occidente. En rigor, aunque hasta el siglo XVIII los desarrollos hubiesen sido relativamente autónomos, la centralidad europea, o si se prefiere, el papel hegemónico de la cultura occidental, resultaba más que discutible: en términos de avance tecnológico, sofisticación de los instrumentos de poder y de articulación político-administrativa e incluso capacidad de presencia en otros escenarios mundiales, civilizaciones como la china habían obtenido resultados espectaculares. Sin embargo, en el primer tercio del siglo XIX, con el proceso de industrialización fabril, así como con el tránsito al liberalismo, los respectivos papeles se vieron reformulados.

A principios de la década de 1840, mediante el Tratado de Nankín y tras los primeros conflictos por la entrada de opio procedente de India, Gran Bretaña obtenía del Imperio manchú el derecho a comerciar directamente en cinco puertos. Entre ellos se incluía Shangai, cerca de la desembocadura del río Yang Tsé, la principal vía de entrada comercial al interior del país. Mediante esos mismos acuerdos, el Imperio británico se instalaba en el islote de Hong Kong. Este ejercicio de tutela se vio condicionado a raíz del estallido de la revuelta Taiping. Como en otros escenarios no europeos las metrópolis con aspiraciones expansivas jugaron con vaguedad las diversas cartas que se les presentaban. En este caso, el apoyo a las instituciones imperiales o, alternativamente, a un gobierno, el de los Taiping que, nacido con características de secta religiosa, milenarista y militarista, llegó a controlar el eje del Yang Tsé.

Los conflictos, especialmente graves entre 1851 y 1853, y a partir de 1857, concluyeron, en un primer momento, con el tratado de Pekín de octubre de 1860. Un acuerdo que garantizaba el papel de comerciantes y ejércitos extranjeros. El último episodio de esta larga ristra de choques acaeció en 1864. Franceses y británicos dejaron atrás las ambigüedades para apoyar los esfuerzos de reconquista de las tropas imperiales. En cualquier caso, el Imperio manchú había salido debilitado fuertemente de la larga crisis y en manos de los intereses exteriores.

También la influencia externa aceleró la crisis interna en el Japón. Las presiones favorables a una apertura de los puertos y mercados japoneses, procedentes de Estados Unidos y Rusia, se hicieron particularmente intensas a partir de 1853 con el episodio inesperado de la entrada de la flota dirigida por el comodoro Perry en la bahía de Yedo. El shogunato Tokugawa, afectado por la actividad confrontada de clanes rivales y las exigencias de los samurais, se hallaba en unas circunstancias de debilidad. Será esa flaqueza la que lleva al shogún Iesada a firmar, en 1854, un tratado comercial con los Estados Unidos. En los años siguientes los tratados se generalizaron con otros países occidentales. El incremento de este tipo de relaciones favoreció una percepción conflictiva de las civilizaciones en contacto. Lo que para los occidentales era una civilización atrasada, constituía, para los mismos japoneses, una cultura elaborada, ajustada a reglas seculares y orgullosa de su singularidad. Por lo demás, la práctica totalidad de los tratados, debido a la disparidad en la capacidad militar y tecnológica de los actores en presencia, resultaban onerosos para el Japón. Al mantenimiento de bajos aranceles para la entrada de productos importados, y al mismo hecho que dichas tarifas sólo fuesen revisables con el consentimiento de las potencias exteriores, se sumaba el principio de extraterritorialidad: los europeos y americanos residentes en Japón no estaban sujetos a las leyes interiores sino a los de los consulados nacionales radicados en el país. La medida nacía de la radical desconfianza de los Estados occidentales en la capacidad jurídica y policial de sociedades como la china o la japonesa para garantizar los derechos de propiedad o de seguridad personal. En definitiva, de su percepción como Estados no completos, no ajustados a los procesos modernizadores articulados desde una perspectiva liberal. El trato que implicaba una política de esta naturaleza activó, desde mediados de la década de los cincuenta, las protestas antioccidentales. En 1862 los británicos, con total impunidad, bombardearon la ciudad de Kagashima como represalia por la muerte de un inglés. La presencia de las fuerzas occidentales era, ya a esta altura, un hecho absolutamente consumado.

La defensa de la independencia nacional, frente a las potencias extranjeras, representó un desafío para el régimen feudal de los Shogunes y activó su rápida transformación en un estado moderno. A diferencia de lo ocurrido en Occidente, la respuesta a los nuevos retos se concretó en la formación de un Estado absoluto y oligárquico, en la restauración, desde arriba, del régimen imperial contra el poder shogunal. En 1868, con el traspaso del poder estatal del shogún al emperador, se visualizó la Restauración Meijí; punto de partida de un proceso político, económico y social que, tras un década de disturbios y revueltas provinciales, condujo a la modernización del aparato del Estado y a la unidad nacional.

En suma, las sociedades china y japonesa pudieron establecer, en relación a las potencias occidentales, un juego de equilibrios, concesiones y resistencias, desde unas indiscutibles dosis de autonomía política. Bien distinta sería la deriva de otras sociedades asiáticas. En 1849, tras la incorporación del Punjab, la dominación inglesa alcanzaba prácticamente la totalidad de la India. La revuelta de 1857 a 1858, iniciada con el motín de los cipayos, puso, sin embargo, de manifiesto las debilidades de la administración colonial y el rechazo popular a una presencia que comportaba la ruina de la manufactura algodonera autóctona y no pocas tensiones rurales derivadas de la atribución de la propiedad de la tierra a los recaudadores del impuesto territorial. Tras dominar la revuelta, las autoridades imperiales, adoptaron una serie de iniciativas tendentes a establecer complicidades con la sociedad autóctona. Así, la Compañía de las Indias Orientales fue disuelta y el gobernador general o virrey pasó a depender directamente del gobierno londinense; se reorganizó el Ejército; se impulsaron obras públicas y el fomento de las redes ferroviarias, y se fundaron, entre otras, las universidades de Calcuta, Bombay o Lahore. En las décadas siguientes la India continuó siendo un mercado fundamental para la industria británica así como un proveedor básico de primeras materias y productos de consumo. Junto al algodón y el yute, la caña de azúcar y el café, el opio, orientado a los mercados orientales y, en particular a China, no dejaba de expandirse. Esa propagación se produjo en detrimento del cultivo de cereales, lo que redundó en la continuidad de las hambrunas. Alternativamente, la unificación administrativa, así como la difusión de la cultura occidental, no fueron ajenas a la formación de una conciencia nacional que permitiría la aparición del Congreso Nacional Indio (CNI) en 1885. Esta plataforma, reunida anualmente con el visto bueno de las autoridades coloniales, agrupaba intelectuales hindúes y musulmanes. Todavía no habían cuajado las fracturas internas de orden étnico y religioso. Y, en sus primeros años, se circunscribió a reclamar reformas moderadas que permitiesen el acceso de la población autóctona a los altos cargos de la administración colonial, la implantación de libertades de reunión, expresión y prensa, o la igualdad jurídica de los naturales del subcontinente. Por contenida que fuese, la estrategia del CNI acabaría siendo modélica para las diversas sociedades que, a lo largo del siglo XX, impugnarían la dominación colonial europea.

Junto a los británicos y a la tradicional presencia de holandeses y portugueses, los países asiáticos recibieron, a mediados de siglo XIX, el impacto del expansionismo francés. En 1858 Napoleón III procuró, mediante la expedición comandada por el almirante Charles Rigault de Genouilly, la ocupación de Saigón y la Cochinchina. La campaña propiamente militar se cerraría en 1862 con la firma de un tratado que sometía la mitad del territorio annamita a la condición colonial. A renglón seguido, en 1873, una nueva campaña de ocupación, ésta ya obra de los equipos dirigentes de la III.ª República francesa, conminó al emperador Tu Duc a reconocer el protectorado francés sobre Annam y Tonquín (1874). A la larga, junto a Laos y Camboya, Vietnam formaría la Indochina francesa. Aun respetando formalmente la autoridad real y de manera progresiva, la legislación, el Poder Judicial, el mando militar y la recaudación de impuestos fueron ejercidos, en Vietnam, por funcionarios franceses, con exclusión de la población local, y dirigidos por un gobernador general.

Como en India, la administración colonial fomentó las obras públicas y la red de comunicaciones. De la misma manera que se redefinían los procesos productivos en razón de los intereses metropolitanos: la ampliación de los arrozales o la intensificación de la producción minera (en especial el carbón de Tonquín), vinieron acompañadas de la introducción del cultivo del caucho o el desarrollo de la industria textil urbana. La nueva economía alteró las bases de funcionamiento y cohesión de la sociedad tradicional. Las posibilidades de respuesta, por el momento, eran menores.

La década de 1860 había dejado establecido, a grandes rasgos, el modelo de Estado dominante en Europa, América y, por extensión, Asia. Las unificaciones de Alemania e Italia, la reorganización del Imperio de los Habsburgo, la Guerra Civil en los Estados Unidos, el establecimiento de Canadá, la estabilización de Argentina y México, hicieron que los años 1870 dejaran atrás la problemática definición de las bases de legitimación de las modernas naciones liberales. Éstas, en cualquier caso, se hallarían en disposición desigual de cara a afrontar los retos del futuro inmediato, aquéllos que se presentarían en forma de tensiones derivadas de las nuevas transformaciones sociales asociadas a la segunda gran oleada industrializadora, de la competencia en la carrera imperialista y de las exigencias de intervención en el diseño de las políticas generales por parte de las clases medias y de los sectores populares. Al fin y al cabo, en las metrópolis europeas o en los Estados americanos los niveles de control alcanzados por las elites rectoras sobre el conjunto de la estructura social resultaron ser precarios hasta bien entrado el siglo XIX, mientras que en los espacios no europeos aquel dominio era todavía más lato, condicionado a múltiples dinámicas locales y compromisos que sólo el imperialismo maduro de finales de siglo podrá cambiar en provecho de los imperios coloniales.

LAS TENSIONES DEL CRECIMIENTO (1870-1890)

ÁNGEL DUARTE

El Estado, dique de contención, promotor del bienestar y creador de naciones

A lo largo de los decenios centrales del siglo XIX el pujante Estado-nación occidental se arrogó, con creciente eficacia, las tareas relativas al mantenimiento del orden y al cumplimiento de la ley. En sintonía con el papel que el proyecto liberal le tenía reservado, los Estados procedieron al sostenimiento del Ejército y de las fuerzas encargadas del orden público. Con ello, así como mediante la administración de Justicia, habilitaban un baluarte eficaz frente a las amenazas exteriores y ante las hipotéticas fuentes de desestabilización interior: desde la criminalidad a la agitación social, con unos confines en ocasiones muy tenues para los espectadores de la época, pasando por la conspiración política. En parte por la incipiente emergencia de realidades sociales que atemorizaban a los elementos de orden, en parte por las exigencias de la racionalidad económica inherente al mercado capitalista, esos mismos Estados se comprometieron en la regulación del comercio internacional y el fomento de las comunicaciones nacionales, así como en diversas iniciativas de beneficencia, asistenciales o educativas —aunque, todavía por aquel entonces, con la competencia nada desdeñable en términos cualitativos y cuantitativos, de las iglesias y otras entidades privadas dedicadas a la filantropía.

Los años 1870 marcarían, en este orden de cosas, un punto de inflexión. Desde ese momento y hasta finales de siglo, la naturaleza y las dimensiones de la intervención estatal se vieron alteradas. La problemática transición hacia horizontes de participación democrática exigía, como contrapartida, la nacionalización de las masas: asegurar su lealtad al Estado —entendido como marco institucional y como agregación de ciudadanos—, hacerlo, si resultaba necesario, en competencia con las iglesias o las identidades precedentes, y lograrlo satisfaciendo, por el camino, algunas de las demandas de bienestar más elementales. Dichas demandas acabaron por adoptar la forma de expectativas ineluctables asociadas al crecimiento de la población, la extensión de la industria y el desarrollo de las ciudades. La sanidad, la planificación urbana, la vivienda y la enseñanza fueron algunos de los ámbitos en los que la iniciativa pública tendía, de manera desigual según la capacidad de los Estados, a hacerse presente. En ciertos países llegó a explorarse, incluso, la intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales, bien como mediadores activos en los conflictos entre capital y trabajo, bien como legisladores atentos a la mejora de las condiciones laborales e inspectores de las mismas. Las repuestas a pulsiones externas, o la vocación por la reforma, no fueron las únicas razones que propiciaron la alteración del papel del Estado. De manera autónoma, como tendría ocasión de analizar la sociología coetánea, la burocracia existente disponía de una lógica interna que la llevaba a dilatarse numéricamente y a ocupar, en la medida que le era posible, diferentes e inéditos espacios de intervención.

Con certeza puede argüirse que hubo excepciones. Algunas, en la misma Europa, a causa de las debilidades, en absoluto pretendidas, de las propias instancias estatales. En definitiva, no siempre el desarrollo institucional de los Estados encajaba con el tipo ideal anotado. El atraso o la incompetencia aparecían como justificaciones para esas salvedades. Por lo demás, y aquí no cabría hablar de excepciones, sino de norma, el grueso de las sociedades africanas y asiáticas siguieron con sus respectivas dinámicas de articulación política y socioeconómica hasta el momento en el que se produjo el impacto de la actividad imperial. Finalmente, puede aducirse la circunstancia, bien distinta, del modelo alternativo que cuaja en esos años en los Estados Unidos de América. El éxito norteamericano, en términos de crecimiento económico y de movilidad social ascendente, de prosperidad material y de libertades cívicas, será presentado, ante todo, como el triunfo de la iniciativa privada, la recompensa obtenida gracias al vigor de una sociedad civil sostenida por un espíritu empresarial que hacía de la maximización de beneficios y de la lucha por los mercados, los valores esenciales de una sociedad abierta al mérito, competitiva y dinámica. En el último tercio del siglo XIX, los gobiernos norteamericanos se limitaron, por lo general, a implementar una política arancelaria proteccionista y a aprobar una legislación que favoreciera, de forma genérica, a los intereses empresariales.

En términos ideológicos, el liberalismo democrático, por no hablar del republicanismo o, incluso, del radicalismo popular, operaron como coartadas que justificaban el cariz que en Europa adoptaba el combate por la libertad y el derecho. Ahora se hacía más habitual el recurso a la idea de libertad positiva. Este concepto dejaba atrás el principio del laissez faire, abstencionista en relación al papel del Estado en materia social y económica, en favor de una noción utilitaria que combinaba el ideal de no dominación con la capacidad de aquél de intervenir para el logro del bien común. El Estado pasó a considerarse un instrumento que podía contribuir a dignificar la vida de la ciudadanía. Asimismo, a través de la educación y de la invención de rituales —desde la fijación de calendarios y panteones nacionales hasta la política simbólica de ocupación, mediante esculturas y monumentos, de la plaza pública— las instituciones centrales podían avanzar en la transformación —según la conocida expresión de Eugen Weber— de campesinos a franceses… o italianos, alemanes…

El crecimiento de la actividad estatal —con la inevitable expansión de las burocracias en todos los niveles de la Administración, desde el municipal al estatal pasando por el provincial o regional— tuvo su correlato en la evolución del gasto público. Hasta 1870 la estabilidad había presidido, en términos generales, el dispendio que suponía el gobierno. A partir de ese momento, países como la Gran Bretaña o Alemania vieron pasar la proporción del gasto público sobre la renta nacional desde el 9 o el 10 % hasta el 13 y el 15 % al acabar el siglo. Algo más tímido fue el cambio registrado en Francia y algunos Estados centroeuropeos. La excepción la constituyeron Italia y España, con un gasto público menor en 1900 que en 1880. Este dato, junto al de la composición del gasto, ha sido aducido como indicador del desigual proceso de modernización y el subsiguiente estatus de atraso, en el seno de la Europa occidental y mediterránea. Las inversiones en Defensa, junto al pago de la deuda, continuaron engullendo el grueso de los recursos públicos; pero, mientras en los primeros Estados el porcentaje de esas partidas se reducía en beneficio del gasto social o educativo, en Italia y España, el aumento del desembolso público fue absorbido casi exclusivamente por las partidas tradicionales.

El aumento de la presencia del Estado, perceptible en casi todos los ámbitos de la vida social y cultural, económica y política, no acabó con las tensiones propias de las sociedades contemporáneas. En cualquier caso, las características y los límites de esas lógicas de control y mediación dotaron de una nueva dimensión tanto las relaciones de Occidente con el resto del mundo, como las evoluciones intrínsecas en el seno de la comunidad de Estados liberales y en el interior de cada uno de ellos.

Más allá del Estado, el Imperio

La predisposición estratégica de los poderes estatales más desarrollados, en términos comparativos de orden económico o de potencia militar, a expandir su ámbito de influencia allende los estrechos límites fronterizos sobre los que operan en origen, forma parte de la historia de la humanidad. En cualquier caso, el proceso imperial vivido en el último cuarto del siglo XIX, por su alcance geográfico y por la complejidad de sus estrategias, presentó notables singularidades. Hasta el punto de posibilitar, gracias a estudios como los del economista británico John A. Hobson en los años interseculares, que se diese un sentido nuevo y preciso, al concepto de imperialismo.

Los motores de una empresa que acabaría cambiando el mundo fueron diversos. Por un lado, la coyuntura económica, marcada por la crisis de 1873, inclinó a las naciones occidentales a adoptar políticas proteccionistas. A su vez, éstas abocaron a las economías capitalistas a la exploración de mercados que no estuviesen protegidos por altas barreras aduaneras. La búsqueda de materias primas para la industria contribuye así a la llegada de empresarios belgas, británicos, holandeses o franceses a las minas y plantaciones del Congo, en el corazón de África, o a Insulindia, en Extremo Oriente. Es el mundo entero el objeto de la codicia, o el interés, del capital occidental. Sin duda, los avances tecnológicos registrados a mediados de siglo, con la navegación a vapor en lugar señalado, constituyeron una condición previa. Del mismo modo que las dinámicas migratorias, en respuesta a la fuerte presión demográfica interior y canalizada por las compañías de navegación transatlántica, actuaron como acicate. Así, por ejemplo, la crisis económica británica de 1882, en la que confluyen años de malas cosechas y la competencia de los productos baratos procedentes de Estados Unidos y Alemania, obligará a muchos ingleses a buscar fortuna lejos de la metrópoli. De 200.000 a 300.000 individuos al año salen hacia Estados Unidos y, preferentemente, hacia las colonias. Si, como hemos comentado, en el interior de los Estados las burocracias se mostraban expansivas, no es menos cierto que en los espacios imperiales la preexistencia de colonias de población blanca estimulaba la expansión: los colonos de Nueva Zelanda presionan sobre Londres para la adquisición de las islas vecinas mientras los franceses de Argelia juegan un papel similar respecto de la conquista del sur de Marruecos.

Para las metrópolis, las razones de orden político interior eran evidentes. La Francia de la III.ª República necesitaba hacer olvidar la vergüenza nacional de la derrota de 1870. Alemania reclamaba una presencia africana para reafirmar su condición de potencia europea. Las preocupaciones estratégicas determinaban las líneas marítimas del Imperio británico y estarán presentes en el reparto de África. Años más tarde, la España derrotada en 1898 en las Antillas y en el Pacífico, pasa a mostrar una mayor preocupación por el norte de África. Los grupos de presión favorables a la colonización serán, en todos los casos, numerosos y muy activos. Su nómina incluye desde las sociedades geográficas hasta las empresas misioneras, tanto católicas como protestantes. Grupos empresariales y financieros ven en otros continentes un espacio de inversión para sus capitales. Allí podrán disponer de materias primeras y de nuevos mercados. Los gobiernos tendrán que recurrir a ellos para tender las redes de ferrocarril, modernizar las instalaciones portuarias, o, simplemente, para disponer de fondos con los que acometer las tareas de conquista y subsiguiente organización administrativa.

Las asociaciones favorables a la colonización contarán con el respaldo de escritores y científicos que pregonan la conveniencia de llevar a los pueblos atrasados las excelencias de la educación y los transportes, la higiene y la sanidad, la arquitectura y el urbanismo, propias de la civilización occidental. Cabe recordar, en este orden de cosas, que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, el concepto de raza ejerció un significativo papel tanto en el pensamiento científico e intelectual como en las extendidas percepciones populares. Éstas aceptaban, como buena parte de las elites rectoras, el principio de la desigualdad inherente a las razas. En este contexto, las resistencias fueron, como cabía esperar, menores que los entusiasmos. A la oposición de partes del movimiento socialista habría que añadir las primeras iniciativas nacionalistas que ponían en evidencia los abusos coloniales o las escasas voces occidentales que apuntaban en la misma dirección. Al fin y al cabo, Karl Marx, en ese fértil periodo de su actividad intelectual que abarca los años 1853 a 1859, y que tiene su culminación primera en la Contribución a la crítica de la economía política, había retomado las enseñanzas de Adam Smith y de G. W. F. Hegel a propósito del despotismo asiático, para concluir que, en India y por extensión en Oriente, el Estado no era tal; que, por lo demás, operaba sobre un océano infinito de sociedades campesinas, inmóviles, sin capacidad de evolución, y que la ciudad y el comercio resultaban, en ese escenario asiático, contingentes, incapaces de alterar el funcionamiento global de dichas sociedades. Sociedades, en suma, situadas al margen de la única lógica de progreso que encajaba entre los múltiples herederos de la tradición ilustrada.

Al margen de las plurales coberturas ideológicas que acompañan al proceso de expansión europea —conviene retener las proporcionadas por el positivismo y el darwinismo social— y asumiendo la funcionalidad interna de las empresas exteriores —cohesión interna, aumento del patriotismo (Gladstone afirmará en 1878 que el sentimiento de Imperio podía considerarse innato a cada británico)—, las motivaciones de la expansión fueron de tipo económico, político y diplomático. En última instancia, tocaría hablar, pues, de razones de poder. El alcanzar el rango de potencia colonial colocaba a la metrópoli en cuestión en una esfera privilegiada dentro del sistema de relaciones internacionales y en un árbitro incontestable en la resolución de conflictos. En suma, los congresos interestatales, tratasen o no de asuntos relativos al imperialismo, atribuían una voz preponderante a los representantes que intervenían no ya en nombre de una nación sino de un Imperio con proyección en diversos continentes. Londres, París, o Berlín, desde el momento en el que Alemania se convierte en potencia colonial, gozaban de un mayor protagonismo frente a aquellas capitales, como Roma o Madrid, que no administraban colonias o que habían perdido posiciones en la carrera imperial.

Por lo demás, y como se ha anotado en el capítulo precedente en relación a los contactos entre Occidente y Japón, el imperialismo de las potencias europeas, particularmente en África, se presentó en numerosas ocasiones como una tentativa por ocupar y normalizar, según los parámetros del sistema europeo, esos territorios. En primer lugar, ello afectó a regiones en las que, a mediados de siglo XIX, continuaban presentes problemas de secular origen europeo, pero que habían devenido intolerables para la conciencia occidental, como el ilegalizado tráfico de esclavos. Más allá de las demostraciones de buena conciencia, el concepto de estandarización podría encubrir la presencia en áreas del planeta en las que era imprescindible implantar la noción vigente en los considerados como Estados civilizados a propósito de la libre circulación de personas, bienes e ideas. Comerciantes, navieros, colonos y misioneros tenían asegurada, mediante la presencia militar y el dominio administrativo de sus metrópolis de origen, dichos derechos y libertades. La expansión continuaría por Asia, con regulaciones de nuevo tipo en la India, y alcanzaría, a través de políticas agresivas, a los imperios de la China y Annam. Poco importa que los resultados no siempre respondiesen a esa primera motivación. Lo cierto es que un nuevo tipo de esclavismo se extendió en las posesiones portuguesas o en el Congo, mientras que China había de afrontar el duro impacto de la protección británica al comercio de exportación del opio. En clave diversa, aunque en estrecha relación con la lógica de definición de áreas de influencia mundial, habría que recordar que, mediante una retórica antiimperialista y hemisférica, los Estados Unidos activarían, a partir de 1889, una serie de Conferencias panamericanas para fomentar, en línea con la doctrina Monroe, la unidad continental. Al fin y al cabo, antes y después de esa fecha se habían sucedido, y se sucederán, las intervenciones y las presiones en Uruguay, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, México, Chile y Cuba.

Una nueva geografía imperial

La oleada colonizadora de la década de 1870 tuvo sus promotores en el inglés Benjamin Disraeli, el francés Jules Ferry y el rey belga Leopoldo II. Las fricciones territoriales inherentes a un despliegue simultáneo, y la llegada de nuevos competidores, obligarán a la regulación internacional de la expansión colonial. En la conferencia de Berlín (1884-1885) se decidirá que sólo la ocupación efectiva, y no únicamente la instalación en la costa, otorgaban derecho a la posesión de un territorio; esta decisión enmarca la aceleración de la carrera colonizadora con la entrada de Alemania, Italia y otros países no europeos.

La expansión imperial británica se sostiene sobre una red de enclaves adquiridos con anterioridad a 1850. Gran Bretaña cuenta con una serie de plazas conquistadas en su mayoría a franceses, holandeses y españoles durante el siglo XVIII y primeras décadas del XIX: Malta, Corfú y las islas Jónicas en el Mediterráneo; Gibraltar, Santa Elena, El Cabo, isla Mauricio, Adén, Ceilán, en la ruta de las Indias; Singapur y Hong Kong en el trayecto a China. Junto a ello dispone de establecimientos comerciales en Sierra Leona y Gambia, antiguos centros de la abolida trata de esclavos. También hay que reseñar las colonias de plantación en las Antillas, Honduras y Guayana, así como las de poblamiento en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la inestable, por los continuos enfrentamientos con los boers, África del Sur. Finalmente, contaba con una colonia de explotación, la India, administrada desde 1777 por la Compañía de las Indias Orientales. De hecho, India devendrá, con sus casi cinco millones de km2 y sus 300 millones de habitantes, el eje del Imperio. Iniciativas como la compra, en 1875, por parte del gobierno Disraeli, de un gran paquete de acciones de la compañía del canal de Suez, así como el establecimiento de protectorados en los colindantes territorios de Cachemira, Beluchistán y Afganistán, responderán a la necesidad de conferirle seguridad frente a las hipotéticas ambiciones de otras potencias europeas.

Los vastos dominios británicos, que en el cambio de siglo se estimarán en 33 millones de km2 y 450 millones de habitantes —la cuarta parte de la población mundial—, serán administrados como dominios o como colonias. Los primeros —Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica—, gozaban de amplia autonomía y disponían de instituciones de Gobierno, parlamentarias, y de juegos de partidos, semejantes a las inglesas. El primer ensayo tuvo lugar en Canadá, con el establecimiento del dominio correspondiente como una federación autónoma de cuatro provincias. En el conjunto de los dominios, un gobernador general representaba al rey y la política exterior estaba controlada por la metrópoli, pero ésta trataba de armonizar los intereses de estos territorios con los propios, por medio de las Conferencias Imperiales, convocadas de manera regular a partir de 1887.

La estructura del Imperio, improvisada más que diseñada con antelación, era, en la práctica, federal. África del Sur supuso en esos años, el caso más complicado. Gran Bretaña ya había intentado anexionarse el Transvaal en 1877, aunque entonces tuvo que ceder y reconocer su independencia tras el primer levantamiento de los boers en 1880-1881. Los ingleses veían en dicha república así como en el Estado Libre de Orange —el otro gran enclave boer, es decir, de agricultores puritanos descendientes de holandeses ajenos a la lógica del capitalismo imperial— una amenaza a sus posiciones en África del Sur. Por lo demás, el descubrimiento de abundantes recursos de diamantes y oro, cerca de Johannesburgo en 1886, atraerá a los ingleses desde sus posiciones costeras en El Cabo y Natal hacia el interior, donde viven diversas comunidades indígenas así como boers. Los boers verán bloqueadas sus esperanzas hegemónicas con la anexión inglesa, hacia 1880, de Basutolandia y Swazilandia. Tras la incorporación, por iniciativa de Disraeli, de los Estados boers, una revuelta obliga a los británicos a abandonarlos. El cerco lo completa Cecil Rhodes, quien soñaba con un eje británico que uniese El Cabo a El Cairo, al conquistar Bechuanalandia y Rhodesia. El conflicto se reactivará a finales de siglo con una nueva guerra boer, que conmueve a la opinión internacional por la desigualdad de fuerzas en combate pero, sobre todo, por tratarse de un conflicto entre blancos.

Las colonias de explotación, en India y África, carecen de la autonomía política de los dominios. En India, desde mediados de siglo, la administración de la Compañía de las Indias es sustituida por la gestión directa de la metrópoli. Organizado como Virreinato desde 1876, el Raj británico comprendía trece provincias (el 60 por 100 del territorio) pero excluía a unos 700 principados, regidos por mandatarios tradicionales que se vinculaban por distintos tipos de pacto al Virrey y a la Corona británica. La India, artífice de su proceso de crecimiento económico y de una variante propia de protoindustrialización, pasa a suministrar a Gran Bretaña algodón, yute, trigo, aceites, té y algunos minerales. La desarticulación de las formas autóctonas de regulación social no es ajena al aumento de las hambrunas y a la ruina del artesanado indígena. Ambos fenómenos se hallan tras la lenta emergencia de un movimiento nacionalista, del que será un primer exponente la revuelta de los cipayos en 1859, que tardó dos años en ser dominada, en el sur de la India. En 1877, culminando un proceso de construcción de legitimidades imperiales, la reina Victoria será proclamada emperatriz de la India. Ocho años después nace un partido político nacionalista, el Congreso Nacional Indio, que aparecerá como modelo para ulteriores respuestas emancipadoras en las colonias, y que exige la conversión del país en dominio, tomando como modelo a Canadá. Inglaterra se resistió a perder el control de un territorio cuya economía suponía tanto para su industria, pero concedió a líderes autóctonos la administración local contribuyendo a la prosperidad comercial de ciudades, como Bombay y Calcuta.

La expansión francesa se orientó, en primer lugar, al control del África mediterránea. Argelia era la zona de colonización a la que emigraban las familias francesas y Túnez un espacio de penetración finisecular —los tratados del Bardo (1881) y de La Marsa (1883) pasan de la ocupación militar temporal a la plena tutela—, mientras que la importancia estratégica de Suez les llevó a inaugurar, en 1869, el canal proyectado por el ingeniero Ferdinand de Lesseps. La presencia militar inglesa en Suez se promueve cuando, en 1878, Egipto deja de pagar los intereses de las acciones inglesas y francesas del Canal y confía la gestión de sus finanzas a ambas potencias europeas. La réplica autóctona, en forma de las agitaciones nacionalistas, provocará una matanza de europeos en Alejandría, ocasión aprovechada por Londres para ordenar el desembarco y la ocupación militar del país. Con posterioridad, los ataques sudaneses, presididos por la sublevación de El Mahdi en octubre de 1883, precipitaron el avance británico hacia el sur, a lo largo del valle del Nilo, hasta la ocupación de Jartum y el episodio, impactante para la opinión pública británica, de la muerte del general Gordon en enero de 1885.

Junto al espacio mediterráneo y las posesiones africanas, los franceses se establecieron en el Sudeste asiático, en la colonia del delta del Mekong —Cochinchina— y el protectorado en el reino de Camboya. Desde 1873 la República, liderada por Ferry, Gambetta y Delcassé, parte de Cochinchina, remonta el Mekong y busca una vía de penetración hacia China. Ocupan Annam, Tonkín y Laos. La tercera gran pieza del primer Imperio Francés será la extensa isla de Madagascar, ocupada tras la intervención de 1883. Al lado de estas dos grandes estructuras imperiales, el mundo de finales del siglo XIX sería testigo de la continuidad de viejas potencias coloniales, como Holanda o Portugal, y de la emergencia de nuevas: la presión de los comerciantes alemanes contribuyó al viraje de la política colonial de Bismarck, quien, en el Congreso de Berlín, maniobró para conseguir reservas en el África oriental. La transformación del conjunto de este continente fue, sin duda, el dato más espectacular, en términos geográficos, del nuevo imperialismo. La ocupación inicial de la costa dejó paso, tras el acuerdo europeo sobre la preeminencia del hecho colonizador sobre el mero descubrimiento, a la penetración hacia el interior recorriendo los valles de los ríos Nilo, Níger y Congo.

A lo largo de esta última vía fluvial se expansionan los belgas, herederos de los derechos de la sociedad internacional —presidida por el rey Leopoldo II— que ha explorado la zona. Los franceses remontarán sin mayores obstáculos el Senegal, mientras los ingleses proceden de manera similar en el Níger. En la orilla derecha del Congo se han establecido los franceses, mientras que en su desembocadura los portugueses gestionan el enclave de Cabinda. La complejidad de la colonización en el Congo se halla en el origen de la convocatoria del Congreso de Berlín. Tras el Congreso, Francia articulará administrativamente su área de influencia bajo la denominación de África Occidental Francesa. En las costas orientales del continente, el dinamismo alemán —a través de la Compañía Alemana del África Oriental— se verá compensado por el interés de la Gran Bretaña por asegurarse el control de los puertos de Mombasa y Zanzíbar, y, con estos enclaves, las comunicaciones con la India. A partir de 1887, con la llegada de Francesco Crispi al gobierno, Italia se sumará a la competencia con sus campañas sucesivas, no siempre exitosas, en Eritrea, Somalia y Etiopía.

Los últimos capítulos de la ocupación se escribieron en los cruces de caminos que visualizaron el choque de los diversos proyectos expansivos europeos en África. La debacle francesa en Fachoda, en el Sudán, permitirá a los ingleses el control del valle del Nilo y la constitución de un imperio casi continuo, Norte-Sur, como soñaba Cecil Rhodes, de El Cairo a El Cabo, únicamente interrumpido por el África Oriental Alemana. Los portugueses se han establecido en Angola y Mozambique, pero no han podido unir ambas costas mediante rutas terrestres, por la presencia inglesa en Rhodesia. El eje luso Oeste-Este queda bloqueado por la preeminencia británica.

La Guerra franco-prusiana y la Comuna

Europa, y por extensión, el Occidente del último cuarto del siglo XIX, se definía a sí misma mediante ese, por entonces, favorecedor juego de espejos cimentado en la expansión imperial. Más necesario si cabe era ese explicarse gracias al florecimiento colonial dado que el escenario original, el metropolitano, había entrado en los años setenta afrontando graves dificultades internas. Su aspecto era imperfecto. Los choques entre los Estados, así como las fracturas sociales en el interior de las naciones amenazaban las bases del progreso material y de la estabilidad institucional. Frente a estas convulsiones, abordadas en el presente apartado, se implementaron complejas estrategias, al mismo tiempo represivas y democratizadoras, o, si se prefiere, por usar términos muy caros al positivismo del momento, de orden y progreso.

Francia, el foco originario de la libertad revolucionaria desde principios de siglo, nos procura un ejemplo acabado de esa coyuntura crítica. El 8 de mayo de 1870, el gobierno encabezado por Émile Ollivier llevaba a cabo una consulta popular, un plebiscito destinado a ratificar las reformas liberales con las que se quería ampliar la base social que asentaba el imperio bonapartista. Los resultados, aun teniendo en cuenta las diversas modalidades de alteración y manipulación del sufragio, fueron concluyentes: 7.350.000 votos favorables a las reformas, frente a 1.540.000 de contrarios y 1.900.000 abstenciones. Aparentemente, el Imperio mostraba buenas dosis de vitalidad, capacidad de iniciativa para consagrar el derecho parlamentario y deseos de organizar la vida política mediante un sistema de equilibrio de poderes.

Con todo, las tensiones internas lastraban el empeño bonapartista. Unas tensiones que, convenientemente activadas por un detonante exterior, acabarían llevando a la caída del Imperio e, incluso, la eclosión de la Comuna. Agravando algunos rasgos insinuados entre febrero y julio de 1848, ésta aparece como una variante de la nueva guerra civil que amenaza a la vieja Europa: la guerra de clases. Vacante el trono de España tras la revolución de septiembre de 1868, los diputados constituyentes reunidos en Madrid ofrecieron la corona hispánica, entre otros, a Leopoldo de Hohenzollern. La autorización del rey de Prusia al pretendiente suponía una amenaza para Francia. Ésta, en caso de hacerse efectiva la propuesta, quedaría atenazada, geográfica y diplomáticamente, entre dos monarquías de obediencia germánica. Especialmente beligerante se mostró la camarilla que rodeaba a Eugenia de Montijo. Católica y española, la esposa del emperador encabezaba la facción cortesana opuesta a las reformas y partidaria del restablecimiento de la plena potestad imperial. La perspectiva de una guerra no resultaba incómoda para quienes la contemplaban como un medio de afianzar la disciplina social y anular a la beligerante oposición. Todo ello en nombre del principio superior de la defensa nacional.

Las presiones galas hicieron renunciar a Leopoldo y, aunque Guillermo I parecía dar su aquiescencia en un encuentro con los embajadores franceses, el canciller Bismarck, atento a cualquier posibilidad de forjar nación por la vía de la movilización militar, presentó la demanda de Francia como una intemperancia. El tono de confrontación se recrudece en el denominado despacho de Ems. Éste, conocido en París, el 14 de julio llevará a Ollivier a hacer aprobar, al día siguiente, unos créditos militares específicos por parte de la Cámara de Representantes. Es el gesto que anuncia el estallido de la guerra. La posibilidad de evolución de la Francia imperial hacia una democracia liberal queda en el alero.

La suerte de la armada francesa no fue exitosa. Las reformas militares diseñadas por el general Niel, en 1867, habían sido revisadas a la baja y la entrada en guerra tenía lugar en medio de una axiomática inferioridad francesa. Así, el 1 de septiembre de 1870 el ejército de Mac-Mahon es rodeado por las tropas del conde von Moltke en Sedán. La capitulación militar da paso a una convulsa dinámica política con el trasfondo del sitio de París por las armas prusianas: iniciado el 19 de septiembre, tras el fracaso de las negociaciones, el asedio se prolongará hasta el 28 de enero del año siguiente. Esos cuatro meses facilitan las condiciones materiales y morales para el desarrollo de grandes revueltas. Entre Sedán y el inicio del asedio, el 4 de septiembre, Léon Gambetta, patriarca republicano, procede a proclamar, en el Ayuntamiento parisino, la República. El propio Gambetta deviene, al ocupar las carteras de Guerra e Interior, el hombre fuerte de un Gobierno provisional que reemplaza a las fracasadas autoridades imperiales.

El vacío de poder, una vez excluida la tentación gambettiana consistente en continuar la guerra y establecer una dictadura republicana, da paso a la convocatoria de la Asamblea Nacional. Electa el 8 de febrero, se reúne lejos de París, en Burdeos, y permite la formación de un ministerio encabezado por el veterano liberal Adolphe Thiers. Al fin y al cabo no deja de ser una solución de compromiso. De nuevo los resultados electorales en el conjunto de Francia plasman las diferencias de ritmo presentes en la construcción de la nación liberal. Thiers, jefe del Poder Ejecutivo de la República Francesa, se sostiene sobre una minoría de ochenta diputados de centro y la complicidad de algunos de los cuatrocientos diputados electos monárquicos. Éstos se encuentran escindidos entre los legitimistas borbónicos, partidarios del conde de Chambord, nieto de Carlos X, y los orleanistas favorables a la candidatura del conde de París, nieto de Luis Felipe de Orleáns. El republicanismo más combativo cuenta con una sólida pero limitada minoría de ciento cincuenta parlamentarios.

A pesar de la mayoría realista, la presidencia de Thiers descansa en el hecho de haber sido elegido, en lo que se interpretó como una especie de plebiscito nacional, en 27 departamentos. Por el llamado Pacto de Burdeos, el jefe del Ejecutivo se compromete a dedicarse a la reconstrucción del país, sin interferir en la resolución de otras cuestiones, como la propia definición del régimen político. Será precisamente en base a esta enunciación, la republicana, y a la recuperación de los primigenios objetivos revolucionarios y nacionales traicionados por el bonapartismo, que la capital se dispone a resistir. La tensión crece entre el París controlado por una Guardia Nacional, en la que están presentes elementos populares, y un gobierno instalado en Versalles y ocupado en la fijación de las condiciones de la paz con Alemania. Al margen de las compensaciones económicas —unos cinco millones de francos a pagar en tres años— las negociaciones incluyen un punto que visualiza la que era, y será, una de las grandes contradicciones territoriales en la Europa occidental a lo largo de todo un siglo: la cesión de Alsacia y Lorena. Más de siete mil kilómetros cuadrados y un millón y medio de habitantes cambian bruscamente de nacionalidad. La ratificación del tratado por la Asamblea y la entrada de las tropas alemanas serán los preliminares del levantamiento de la Comuna.

La negativa de la Guardia Nacional de la ciudad a desarmarse fue la chispa que encendió la Comuna. Para quienes habían defendido la ciudad, y padecidas privaciones e incomodidades durante el asedio, ser desarmado significaba la culminación de la derrota y la capitulación ante una Asamblea que percibían como expresión exclusiva de las provincias y del campo. Por lo demás, y no sólo en Francia, la participación en cuerpos armados había sido, en las dos décadas precedentes y en ausencia o limitación de los derechos electorales, un instrumento de creación de ciudadanía, de pertenencia a un colectivo de individuos libres y autónomos. Su humillación era, pues, una afrenta infringida a la nación y al pueblo.

El movimiento comunero integró republicanos y socialistas, viejos jacobinos del 48 y sectores del mundo artesanal y obrero influidos, alternativamente, por Blanqui, Proudhon, Bakunin o Marx. La dualidad comunera se concretó en un reformismo social que llevó al establecimiento de una moratoria en el pago de los alquileres; el propósito de establecer la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, y el ideal de organizar la vida económica sobre la asociación de productores, hombres y mujeres. La tradición jacobina retomó, a su vez, la lógica del Comité de Salud Pública, creado el 1 de mayo. Es decir, la cautela, para el triunfo de la revolución, de la necesaria dictadura popular, con sus leyes de rehenes, la persecución de los sacerdotes y el corolario de ejecuciones sumarias. La Comuna sería aplastada por el ejército de Versalles entre el 21 y el 28 de mayo, en la denominada Semana Sangrienta. La desigualdad de fuerzas entre las tropas versallescas y los revolucionarios se vio agravada por las transformaciones en el tejido urbano que significaron las reformas llevadas a cabo, por iniciativa de Napoleón III, por el barón Georges-Eugène de Haussmann, urbanista y prefecto del departamento del Sena. En buena medida, como resultado de esas modificaciones urbanísticas, los barrios parisinos idóneos para la construcción de barricadas habían desaparecido. Unos 25.000 parisinos murieron en las calles, 40.000 fueron arrestados, de los que 10.000 fueron declarados culpables, 5.000 comuneros fueron deportados a Nueva Caledonia; de los 93 condenados a muerte, 23 fueron ejecutados. El recuerdo de la Comuna pasaría a formar parte importante de la cultura obrera, al mismo tiempo que perpetuarían el miedo a la revolución social entre los propietarios franceses. Éstos vieron en la Comuna una genuina lucha de clases. La intuición vendría refrendada por el cálculo de que, con la derrota de la Comuna, París perdió el potencial creativo de casi cien mil trabajadores manuales.

La III.ª República francesa

La derrota frente a los ejércitos prusianos reformula el papel de Francia en la Europa del último cuarto de siglo XIX. Aunque los comienzos de la República, en 1870, sean difíciles, una vez estabilizada sus instituciones permanecerán hasta 1940. Thiers suscribe progresivamente el ideario republicano y, entre febrero y julio de 1875, se adoptan los textos legales que definen la organización y el funcionamiento de los poderes. El régimen sólo obtiene su plena legitimidad en las elecciones del 14 y 28 de octubre de 1877, que dan una mayoría republicana en la Cámara de Diputados.

La consolidación de la República en estos años fue consecuencia tanto del éxito de Thiers en su gestión, como de la división de los monárquicos. El presidente, persuadido de que «la República será conservadora o no existirá», llevó a cabo las tareas fundamentales de hacer la paz, liberar el país, organizar el Ejército e instaurar el orden —aunque la represión de la Comuna habría de suponer una pesada hipoteca para la República, de cara a su aceptación por el movimiento obrero—. Establecido el orden y descartada, al menos temporalmente, la solución monárquica, el principal objetivo de la Asamblea fue la aprobación de las leyes fundamentales. Esto se hizo en 1875, no mediante un texto constitucional sistemático y estructurado, sino por medio de una serie de leyes relativas a la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados. Una fórmula que los monárquicos juzgaron adecuada para poder introducir con facilidad las variaciones necesarias, cuando fuera posible la restauración. Por aquel entonces, desde mayo de 1873, ya se hallaba al frente de la República, en lo que era un inequívoco viraje conservador.

Bajo la guía sucesiva de Thiers y Mac-Mahon, la República devino parlamentaria y bicameral, no presidencialista. El presidente de la República habría de ser elegido por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y el Senado, reunidos como Asamblea Nacional. El temor a la emergencia de un nuevo Bonaparte, en caso de recurrirse de forma plebiscitaria al voto popular directo, indujo esta solución. A pesar de que los poderes presidenciales no fueran despreciables, la pieza esencial de la III.ª República fue el Parlamento, en especial la Cámara de Diputados. Ésta era elegida por sufragio universal masculino directo, para un plazo de cuatro años. A partir de 1875, la elección se llevó a cabo en distritos uninominales —excepto durante el período 1885-1889, en el que la unidad electoral fue el departamento—. El sistema predominante dio como resultado la continuidad de unos diputados capacitados para interpelar a los ministros y proponer votos de censura. Esto, unido a la generalizada falta de disciplina de voto entre los diputados, favoreció una gran inestabilidad ministerial. El Senado, por último, tenía los mismos poderes que la Cámara de Diputados, aunque su importancia política fuese menor. Era elegido de forma indirecta, por colegios electorales formados por alcaldes y concejales de los departamentos y asambleas regionales. Los senadores eran designados por un plazo de nueve años, renovándose un tercio cada tres años. Inicialmente un cuarto de los senadores fue elegido con carácter vitalicio; a partir de 1884, esta figura desapareció, aunque se respetó el derecho de los ya existentes. En palabras del historiador Maurice Agulhon, «si en 1830, Luis Felipe había sido calificado de rey rodeado de instituciones republicanas, de la misma forma, se podría decir que en 1875, se poseía una República rodeada de instituciones monárquicas, con una presidencia de mandato prolongado y una Cámara alta oligárquica, el Senado».

Entre 1875 y 1879, los republicanos ganarían posiciones. Vencieron en las elecciones de 1876 y, después de que Mac-Mahon disolviera la Cámara —acto que los republicanos consideraron un golpe de Estado— en las elecciones de octubre de 1877. Triunfaron también en las elecciones municipales de 1878, lo que supuso que en la renovación del Senado del año siguiente consiguieran la mayoría de la Cámara alta. Esto fue definitivo para forzar la dimisión de Mac-Mahon y la elección de un veterano republicano, Jules Grevy, como presidente de la República. Finalmente, ésta pertenecía a los republicanos. Las instituciones de Gobierno fueron trasladadas de Versalles a París y, al año siguiente, se indultó a los condenados de la Comuna.

Desde entonces hasta final de siglo, el movimiento republicano se articuló en diversos ejes. Los principales resultarían ser los oportunistas y los radicales. Los oportunistas, a su vez, estaban divididos en dos grandes grupos liderados por Jules Ferry y Gambetta. Aunque cada uno de los partidos republicanos tenía una significación especial, los límites entre ellos eran imprecisos. Mantuvieron luchas y enfrentamientos, tanto en las elecciones como en el Parlamento, pero todos formaron un frente común en relación a la derecha, a quien consideraban desprovista de legitimidad republicana, en especial a raíz del golpe de Estado de 16 de mayo de 1877, y a la que excluyeron de toda participación. Una posición relativamente semejante, de marginalidad respecto a las instituciones, tuvo el movimiento obrero; al rechazo del orden burgués se sumaba en ellos el recuerdo de la represión de la Comuna. La existencia permanente de estos grupos organizados a derecha e izquierda, contrarios a la República, minoritarios pero con un efectivo arraigo social, con órganos de difusión y voz en el Parlamento, añadió viveza al conflicto político. Junto a la arena política más oficial cuajaba en Francia, como en otras naciones europeas, una esfera participativa situada en sus márgenes pero que interaccionaba con ella y aspiraba a modificarla a través de la acción colectiva.

Así, a finales de la década de los setenta y a lo largo de la de 1880, la República procuró asegurarse la fidelidad de la ciudadanía mediante una serie de iniciativas reformistas y laicistas. A las leyes de 1882 y 1885 que instituyen la escuela primaria obligatoria, gratuita y laica, se suman las leyes relativas a la libertad de prensa (1881), la libertad sindical (1884), la reglamentación del trabajo de mujeres y niños (1892) y la libertad de asociación (1901). De hecho, fueron los oportunistas quienes procedieron al establecimiento de la enseñanza primaria hasta los trece años, e hicieron acopio de un conjunto de medidas anticlericales, como la disolución de los jesuitas, la abolición de los capellanes en las fuerzas armadas y la expulsión de las monjas de los hospitales. En aquellos años también se inició la gran expansión colonial francesa. Frente a los oportunistas, los radicales, críticos con los límites de la Constitución de 1875, pedían la total exclusión de la enseñanza de las congregaciones religiosas y la separación absoluta entre la Iglesia y el Estado, en contra del concordato vigente. Igualmente se resistían, sin especial énfasis, a la expansión colonialista en la medida que la consideraban una distracción del principal problema que tenía Francia en política exterior: la revancha contra Alemania. Algunas medidas democratizadoras adoptadas por los oportunistas —desde la supresión de los senadores vitalicios a la vuelta a la legislación electoral propiamente republicana del escrutinio de lista, pasando por la elección de todos los alcaldes, excepto el de París— fueron consecuencia de la presión radical.

A la altura de 1890 el balance republicano comenzaba a insinuar lo que constituirían sus grandes logros: la generalización de la escuela, la conversión del Ejército en una escuela de ciudadanía y, en fin, la extensión de la democracia. Las grandes reformas, asociadas a los nombres de Gambetta o Ferry, aparecían, sin embargo, manchadas por la creciente corrupción. Una corrupción derivada de la colusión de la política, las finanzas, los intereses especulativos y un periodismo que, al tiempo que garante de las libertades de expresión, también constituía un altavoz social de los escándalos. Por lo demás, la activación de las crisis anarquistas, con atentados e intentos de magnicidio, promoverán recortes significativos en el marco de derechos alcanzado a mediados de los setenta.

El riesgo populista

En la historia de la primera etapa de la III.ª República, un episodio, el del boulangismo, destaca por su carácter crítico, y por poner en evidencia los riesgos y los límites de las dinámicas democratizadoras. El trasfondo que lo activa tendrá que ver con la latente aspiración revanchista que, en relación a Alemania, traspasa el conjunto de la sociedad francesa. También con los efectos que sobre la opinión pública tenían los escándalos financieros asociados a la clase política republicana —el caso más relevante sería la quiebra fraudulenta, en 1879, de la compañía constructora del canal de Panamá fundada por Lesseps—. El revanchismo y la prevención frente a los políticos republicanos, coadyuvaron a la modernización discursiva y organizativa de una derecha radical que se libera, ni que sea parcialmente, de la nostalgia legitimista para explorar nuevas perspectivas. En 1882, el poeta, político y combatiente en la guerra franco-prusiana, Paul Déroulède funda una Liga de patriotas. La entidad, que integró a 180.000 adherentes, se limitó en principio a promover la educación patriótica. A renglón seguido procedió a denunciar lo que entendía como excesiva prudencia de la III.ª República en la cuestión alsaciana. El siguiente paso consistió en clamar contra la debilidad y la claudicación de los republicanos frente a Alemania. El parlamentarismo y las instituciones republicanas eran un obstáculo a los intereses supremos de la nación. Una segunda línea de contestación antiparlamentaria encuentra su expresión en 1888, con la publicación por parte del escritor y periodista católico y monárquico Edouard Drumont de un auténtico best-seller: La France juive. Este escandaloso folleto, una suerte de ensayo sobre la historia contemporánea, enlazaba con los argumentos antirrepublicanos de la Liga e introducía una tesis que en otros escenarios europeos ya había alcanzado un gran eco popular: la de la responsabilidad central de la influencia judía en el declinar de la nación.

La primera gran cristalización de las reticencias patrióticas frente al principio democrático de nación de ciudadanos tuvo lugar alrededor de la persona del general Boulanger. Este militar, combatiente herido en la guerra contra Prusia, había expresado rotundas opiniones radicales. Debido a ello, Georges Clemenceau le abrió las puertas del Gobierno accediendo al ministerio de la Guerra después de las elecciones de 1885. Desde el ministerio, Boulanger procuró la republicanización del Ejército, aun a costa de relevar a cuatro príncipes orleanistas que ocupaban otros tantos mandos militares y del traslado de guarniciones sospechosas de veleidades monárquicas a ciudades y enclaves inequívocamente republicanos. Además elaboró un proyecto de reforma militar, que sería aprobado en 1889, por el que los años de servicio militar obligatorio quedaban reducidos de cinco a tres, pero en el que se suprimían las exenciones de que gozaban los seminaristas y las clases altas. Esa primigenia vocación republicana no le impidió, favorable como era a la revancha, proceder a paralelas declaraciones belicistas. Tras el desalojo de los radicales del Gobierno, en mayo de 1887, movimiento al que no fue ajena la crisis con Alemania, Boulanger fue mandado a provincias. Pero, gracias a la popularidad adquirida aprovechó para presentarse como candidato en diversas elecciones parciales, en las que ayudado por la nueva ley electoral, de escrutinio de lista departamental, obtuvo el triunfo por mayorías aplastantes; entre los departamentos que le eligieron estaban los de Nord y Seine, los más poblados e industrializados de Francia. Boulanger contaba, de hecho, con el apoyo de monárquicos y bonapartistas, de figuras clave de la Iglesia y el Ejército, así como de un cierto grado de consenso entre trabajadores y parados que expresaban, por vía interpuesta, su rechazo a una República conservadora y conmovida por escándalos de corrupción. En las elecciones de 1889, monárquicos, bonapartistas y boulangistas obtuvieron 210 escaños frente a los 366 de los republicanos. Un ambiente propicio al golpe de Estado planeaba amenazador sobre unas instituciones y fuerzas republicanas que optaron por un raudo contraataque. La Liga de los Patriotas, que había canalizado el apoyo popular al boulangismo, fue disuelta y sus líderes perseguidos. El mismo general, acusado de traición, huyó a Bruselas en 1889, donde se suicidó dos años después. La ley electoral fue cambiada, volviéndose a los distritos uninominales. La tentación plebiscitaria quedaba, de esta manera, abortada.

Construyendo naciones y gestionando imperios: Alemania y Austria-Hungría

El 18 de enero de 1871, en Versalles, Guillermo I había sido proclamado emperador de Alemania. De la antigua Confederación Alemana del Norte, surge el nuevo Imperio. En rigor, un Estado complejo que procura, desde la diversidad de las tradiciones y de las estructuras sociales y económicas, forjar una nación. Lo que había ido adquiriendo consistencia gracias a una serie de guerras frente a enemigos exteriores precisaba ahora de una nueva argamasa que acabara de fundir en una única comunidad de ciudadanos, dejando de lado a los espacios y a los individuos tutelados por la Administración vienesa, al conjunto de los alemanes.

Católicos y socialdemócratas, por razones distintas, aunque en gran medida por la común adhesión a valores, poderes y actores colectivos transnacionales, pasaron a ser los objetivos preferentes de esa voluntad de contienda volcada ahora hacia el interior. En el verano de 1871 el canciller dará los primeros pasos en un conflicto cultural, abierto y frontal, con la Iglesia católica. A la liquidación del departamento católico para asuntos espirituales le seguirá la negativa imperial a proceder contra aquellos católicos que se oponían al nuevo dogma de la infalibilidad papal —aprobado en el Primer Concilio Vaticano— desde los colegios y las cátedras de teología universitarias; los conocidos como Viejos Católicos. Cuatro años más tarde ese conflicto, conocido como Kulturkampf, llega al clímax con la retirada de la financiación estatal a obispados y parroquias. Por el camino, el Estado alemán habrá roto relaciones con un Vaticano regido por el beligerantemente antiliberal Papa Pío IX, en 1872 a raíz de las medidas adoptadas contra los jesuitas, y habrá procedido a hacerse con el control tanto del entramado educativo como de los mecanismos tendentes a la regulación del cuerpo de ciudadanos: aprobación del matrimonio civil, obligatoriedad del registro civil para los nacimientos, fallecimientos y matrimonios. Es al Estado, y no a las Iglesias, a quien corresponde las funciones de ordenación de la nueva nación alemana. Y ello, aun a costa de generar no pocos malentendidos con la católica Baviera o de facilitar el crecimiento del voto al confesional Partido del Centro. Sólo la llegada al solio pontificio de León XIII, en 1878, abrirá nuevas perspectivas de entendimiento y hará posible la derogación progresiva de la legislación anticatólica.

La conformación de la moderna nación alemana explica también otros rasgos originales de la política interior desarrollada por Bismarck. Un conservador emérito como él no dudó en conceder, en los años 1880, una legislación social que contemplaba los seguros contra las enfermedades, infortunios, vejez e invalidez. Se trataba de la otra cara de la misma moneda que le llevaba a implementar una serie de iniciativas legales tendentes a bloquear el crecimiento de la socialdemocracia. En 1871 los dispersos grupos que se reclamaban del socialismo, herederos de Ferdinand Lasalle, o liderados por Wilhelm Liebknecht y August Bebel, lograron nueve escaños en el Parlamento. Unificados, en 1875, en el Partido Socialdemócrata, alcanzan casi medio millón de sufragios y doce diputados dos años más tarde. Será este nuevo actor colectivo el principal afectado de unas leyes antisocialistas que restringen su actividad legal y sindical, aunque no interfieren en la cuestión de los derechos electorales. El amparo al trabajador pasa, además, por la adopción de una perspectiva proteccionista en materia arancelaria. Una exigencia, la de protección, que cuenta con la aquiescencia entusiasta de grandes empresarios y terratenientes, articulados en la Asociación Central para la Industrialización Alemana, y que se plasma en el nuevo arancel de julio de 1879.

Un tercer cimiento habrá de dar solidez a la nación alemana: el de la plasmación de sus exigencias de participación en la carrera imperial y, como correlato inevitable, el del aumento de su capacidad castrense. A finales de 1886, Bismarck solicitará al Reichstag un nuevo, e incrementado, presupuesto militar. Como en el tema arancelario, esta suerte de iniciativas desagregaron a los Liberales Nacionales del ámbito gubernamental. Aunque ello no arredró a un canciller dispuesto a movilizar al electorado en base a la activación de la retórica nacionalista.

La suerte de Bismarck, en definitiva, no dependía exactamente de los sectores católicos o liberales del arco político, pero sí que se sustentaba sobre la confianza depositada en él por Guillermo I. A la muerte de éste, así como de su inmediato sucesor, el príncipe Federico, accede al trono imperial Guillermo II. Los días del canciller que había dirigido el proceso unificador y dado los primeros pasos de la nueva Alemania estaban contados. Los enfrentamientos entre el kaiser y el canciller se suceden, a propósito de la dirección del Estado Mayor del Ejército, de las relaciones internacionales —en particular con Rusia—, o de los nuevos retos de la política social. Finalmente, en marzo de 1890, un veterano militar, Leo von Caprivi, sucederá a Bismarck y afirmará su deseo de iniciar un nuevo curso en la política alemana. La salida a la luz pública de la socialdemocracia —reunida en octubre en el Congreso de Erfurt—, la creación de tribunales laborales o la proliferación de tratados comerciales con naciones mediterráneas y centroeuropeas serán los signos más elocuentes de ese viraje. Unas variaciones, no obstante, que se hacen viables en la medida que, durante las dos décadas previas se ha procedido a asegurar, por medios más o menos compulsivos, la lealtad de los ciudadanos al nuevo tipo de instituciones imperiales de la nación alemana en detrimento de solidaridades confesionales o de clase, de viejo o de nuevo tipo.

Si la Alemania unificada experimenta el papel central que el Estado puede asumir en la conformación de la moderna nación de ciudadanos, la monarquía danubiana entra en la década de los setenta habiendo establecido el compromiso dual y reasumiendo funciones que había obliterado. En 1868, por ejemplo, denuncia el Concordato con la Santa Sede, el de 1855, por el que se cedía a la Iglesia el control de la escuela y un elevado grado de tutela sobre las actividades culturales. Nada parecido al Kulturkampf en cuanto a los medios y a la radicalidad de las intenciones, pero un punto en común: la restauración al Estado del ámbito de decisión en materias relativas a la creación de ciudadanía. Así, un año más tarde se implantaba el servicio militar obligatorio y se adoptaba una legislación específica para regular la enseñanza primaria. Bien es cierto que la articulación austrohúngara no deja de generar tensiones. Serán fundamentalmente Bohemia —cuya Dieta aspira a no mantener más vínculo con Austria que el del soberano compartido—, la Galitzia polaca y los Balcanes, los ejes de una contestación que choca con la reticencia de los nacional-liberales y los representantes magiares. A partir de 1879 el gobierno conservador de Eduard Taaffe, contará con la colaboración de la minoría polaca a la que concederá el reconocimiento de la oficialidad de su idioma. Avances similares se dieron en Bohemia y Moravia, con la adopción del bilingüismo o la fundación de la Universidad checa de Praga. Aunque con motivaciones distintas, el Deutschnationale Verein, reclamará en el Programa de Linz, de 1882, la autonomía de Galitzia, la Bukovina y Dalmacia. Es la preservación de una Austria mayoritariamente alemana lo que mueve esta propuesta.

Determinantes en el avance de estos movimientos fueron las nuevas posibilidades de participación política derivadas de la reforma electoral de 1882. Diversos movimientos de base étnica o ideológica, y de notable arraigo en las clases medias ascendentes, como los Jóvenes Checos, los pan-germanistas, los cristiano-sociales o las propuestas antisemitas, encuentran un eco creciente. También lo obtiene en las áreas industrializadas un movimiento socialista plural que, como en el caso alemán, dará origen a unas leyes de excepción encaminadas a controlar su crecimiento. La diferencia radica, en este caso, en que el partido de Victor Adler y Karl Kautsky, unificado en 1889, dará preeminencia a la reflexión sobre el problema de las nacionalidades y su interacción con el obrerismo organizado.

El Estado liberal en la Europa meridional

El año 1870 no constituye, desde el punto de vista de la evolución política, una fecha significativa en la península Ibérica. La cronología hispánica aparece, por el contrario, marcada por dos grandes hitos: 1868 y 1874. La Revolución de 1868, aquella que había acabado, aparentemente para siempre, con los derechos dinásticos de la casa de Borbón a la Corona de España, tuvo una evolución accidentada. Surgida de la insatisfacción de segmentos importantes de las elites empresariales, políticas, militares y culturales, la revolución estuvo marcada, desde sus orígenes, por una significativa participación de las multitudes urbanas radicalizadas. Éstas canalizaron sus exigencias —en relación a la conscripción militar, las condiciones de vida y de trabajo o las exigencias de participación en la toma de decisiones políticas— a través de diversas manifestaciones de acción colectiva. Los levantamientos republicanos federales, las huelgas obreras, los motines de subsistencias, se sucedieron a lo largo de todo el sexenio. Y tuvieron su impacto al otro lado de la frontera: españoles como Anselmo Lorenzo se hallan tras la implantación en Lisboa de la Alianza bakuninista. De hecho, en el vecino Portugal la emergencia paralela del socialismo y del republicanismo explicarían, en parte, el reagrupamiento monárquico liberal, paralelo al registrado en los orígenes de la Restauración española, en el seno del Partido Progresista.

Las agitaciones del sexenio, especialmente en España, fueron la cara y la cruz, de un ciclo de intensa politización. Si por un lado constituyeron un estímulo a la ampliación de derechos democráticos y a la creación de una ciudadanía activa, por el otro dificultaron la estabilización de las innovaciones liberal-democráticas en el terreno institucional. El liberalismo progresista, sostenido por militares, como Juan Prim, que habían forjado su prestigio tanto en las guerras civiles interiores, como en las empresas imperiales de mediados de siglo, en África o en México, y aun en las actividades conspirativas en el tramo final del reinado de Isabel II, ensayó la forja de una monarquía constitucional. Apoyada en una Constitución liberal democrática, la de 1869, modélica en su carta de derechos, intentaron personificarla en el representante de una casa real europea estrechamente vinculada con el devenir liberal europeo: Amadeo de Saboya.

Falta de una genuina base social sobre la que sostenerse en el poder, la monarquía democrática acabó colapsándose frente a una guerra civil interna —un nuevo episodio de las guerras carlistas—, la contestación de los restos del Imperio en las Antillas, la agitación social, obrera y republicana, y las fracturas existentes en el seno de las elites liberales y burguesas. En febrero de 1873, la renuncia de Amadeo al trono abrió las puertas a la República, la primera de las españolas. Ésta no tuvo más suerte que el episodio monárquico. En una acelerada dinámica de cambios al frente del Poder Ejecutivo —hasta cuatro presidentes del poder ejecutivo en apenas once meses, siendo Francisco Pi y Margall y Emilio Castelar las figuras más significativas a izquierda y derecha del movimiento republicano— la experiencia institucional inaugurada en febrero se encaminaría hacia el desastre en medio de un agravamiento de las agitaciones —especialmente significativo será el levantamiento cantonal de julio de 1873 que aspiraba, desde la óptica del radicalismo popular, a reconstruir el Estado desde abajo, desde unos municipios concebidos como espacio primigenio de articulación del cuerpo político y fuente de la soberanía nacional—, de las fracturas internas de la democracia republicana —entre liberales y demócratas radicales tentados por horizontes vagamente socializantes, entre descentralizadores y federalistas más o menos extremos—, y, en fin, de la conspiración favorable a una restauración de la monarquía en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII.

En cualquier caso, el balance de esos años de politización no deben reducirse a una suerte de deriva caótica. Ciertamente, las elites políticas y sociales, las instituciones de poder del tipo de la Iglesia y el Ejército, llegaron a percibir esa coyuntura como un momento de amenaza real para la estabilidad del orden social, para la propiedad o, incluso, para la misma unidad nacional. Fue en base a ese temor que dichas elites dieron cobertura, primero, al golpe de Estado de enero de 1874 que abre las puertas a una transitoria república autoritaria y, más tarde, en diciembre, al pronunciamiento del general Martínez Campos que permitió el retorno de Alfonso XII y el inicio de la Restauración. Pero, en realidad, el marco de libertades y derechos inherente al sexenio facilitó, en grados diversos, la maduración del movimiento obrero —con una presencia destacada de la Internacional—, el crecimiento del republicanismo, el auge de la masonería y el librepensamiento, la contestación al modelo unitario y centralista de construcción de la nación de los liberales, la eclosión de la prensa política, la apertura a nuevos paradigmas culturales de filiación positivista, el florecimiento de pulsiones regionalistas que habrían de tener un papel destacado en la evolución española finisecular, y, en fin, la creación de una arena política no oficial, propia de la sociedad civil que, con matices regionales, sobreviviría al esfuerzo de control del régimen de la Restauración.

La misma amplitud de esas transformaciones explica que la Restauración no pudiese ser una reacción dura, una vuelta atrás con todas las consecuencias. El liberalismo conservador de Antonio Cánovas del Castillo, antiguo político moderado que deviene el cerebro organizador de la nueva monarquía, aspira a acabar, por la vía de urgencia, con la agitación social, con las guerras civiles y con los levantamientos en las colonias. Pero, al mismo tiempo espera diseñar un terreno de juego que asegure la estabilidad parlamentaria mediante la alternancia en el poder de conservadores y liberales, dos nuevas formaciones partidarias que agrupen al conjunto de notables, que representen con eficacia los intereses de las diversas fracciones de las elites burguesas y de las clases medias y que se turnen en el ejercicio del poder. Con la monarquía como árbitro, el sistema canovista quiere liquidar el protagonismo del Ejército en el acceso al poder y proceder a una lenta integración de las franjas más moderadas de la democracia republicana y del catolicismo beligerante y de vocación legitimista.

La vocación reformista del sistema fue impulsada por los ministerios liberales encabezados por Práxedes Mateo Sagasta en 1880 y, especialmente, entre 1885 y 1890. Una serie de iniciativas legislativas permitieron la liberalización de los derechos de reunión, asociación, manifestación y prensa. Como culminación de dicha estrategia, en 1890, se recuperó el sufragio universal masculino, reconducido al censatario en los albores de la Restauración. Por esas mismas fechas, el progresista luso Fontes Pereira de Melo impulsaba una Acta Adicional, la segunda de la Constitución liberal que, en julio de 1885, quería limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo así como normalizar el derecho de asociación.

El proteccionismo arancelario y la atención creciente a la problemática obrera —en 1883 se creó la Comisión de Reformas Sociales— fueron dos rasgos compartidos por el Estado español con las sociedades de su entorno más inmediato. Ciertamente, la liberalización y la ampliación de voto no se correspondieron, de manera automática, con una mayor representación de la opinión pública en la toma de decisiones. El clientelismo, el patronazgo y las manipulaciones del sufragio presidieron una vida política que sus críticos podrían definir, en los años finiseculares, como presidida por el binomio oligarquía y caciquismo. Aunque tampoco pueda afirmarse que ello constituyese un rasgo excepcional. En sociedades como la italiana o la portuguesa, la interferencia de los procedimientos de dependencia y clientela fueron también habituales y ponía en evidencia tanto las debilidades de la administración como el débil sustrato de la cultura liberal. Factores, ambos, que presidían el difícil tránsito del liberalismo a la democracia política en Estados y sociedades marcados por la fragilidad y la ausencia de autonomía de la sociedad civil. Acaso la mayor singularidad del caso español radique en la creciente distancia de determinados territorios del Estado respecto de éste. Aquí, como en pocas otras de la viejas naciones europeas, emergería con fuerza una contestación regional, en el País Vasco o en Cataluña, que acabaría desembocando en modernos nacionalismos de masas, alternativos al español.

En Italia, desde 1878 encabezada por Humberto I, la herencia de un Risorgimento liderado por un minoritario grupo de burgueses y aristócratas se plasmaba, en esos años, en un Estado, regido por el marco constitucional del Statuto albertino de 1848, dirigido por una clase política formada por cooptación, y situado al margen de una multitud de sectores que pudieron continuar sus vidas ignorando, en cierto modo, las unidad y las instituciones participativas. Desde esta perspectiva cabe hablar de una insuficiencia general de una gran parte de la península italiana y, sobre todo, de las regiones meridionales, del Mezzogiorno, alejadas de los procesos de modernización europeos que se encontraban tras el mismo proceso de unificación nacional. En las décadas de 1870 a 1890 las elites liberales procuraron la imposición de las leyes y de la autoridad del Estado al conjunto de la nación acentuando las disposiciones pedagógicas, la instrumentación del servicio militar obligatorio o la implementación de una política de infraestructuras —en primer lugar, las ferroviarias—. La nacionalización tenía su complemento en la asunción, en línea con los procesos registrados en la Europa continental, de una lógica de creciente separación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, e incluso de una cierta búsqueda de expansión del marco de libertades individuales aun a costa de la limitación del ámbito de decisión del Estado.

La llegada al poder, en 1876, de la Sinistra (izquierda) liberal de A. Depetris se presentó como una notoria revolución parlamentaria. En realidad, y como hemos apuntado para el caso español, más bien nos hallamos ante la rotación en el ejercicio del poder. En cualquier caso, los nuevos cuadros dirigentes pusieron su capacidad gestora al servicio del objetivo de completar la organización militar y civil del Estado. En 1877 la ley Coppino estableció la obligatoriedad de la instrucción elemental. Iniciativa que no era en absoluto ajena a la construcción de un cuerpo político. Los debates acerca del papel y composición del Senado —Cámara que, por su origen regio, amenazaba en convertirse en un anacronismo— o las reformas electorales, tendentes a la ampliación de las bases del sistema, surgían tanto del impulso estatalizador como de la necesidad de tener en cuenta a los actores sociales que difícilmente tenían cabida en el diseño original de la Italia unificada. La reforma electoral de 1882, la del «sufragio universal posible» y la más significativa del periodo, respondía a un principio de la izquierda liberal: la identificación de la ciudadanía con el acceso a la instrucción elemental obligatoria y gratuita. Por otro lado, vino precedida por un ambiente de agitación social en las regiones rurales del valle del Po y de apogeo del socialismo que hacía temer por el grado de eficacia integradora del sistema político. El proyecto supuso una drástica ampliación del cuerpo electoral, hasta abarcar a un 20 por ciento de la población masculina, pero perjudicó al campesinado y al potencial electorado del sur dadas las más elevadas tasas de analfabetismo respecto a la media nacional.

El acrecentamiento del cuerpo electoral fue gestionado a través de la consolidación del trasformismo. Similar al turnismo español, cabe entender el trasformismo como una reacción defensiva de la clase dirigente italiana, como una evolución mediante la cual el liberalismo cierra filas y se asegura el control de los resortes institucionales ante la presencia del republicanismo popular y el socialismo. La alternancia entre facciones exigía, como en el caso español, el recurso a la correspondiente manipulación electoral.

Como en los espacios central y atlántico, también los Estados del sur de Europa vieron condicionadas sus agendas interiores por la carrera imperial. Italia, mediante una política de cooperación en el seno de la Triple Alianza, y gracias al impulso que le otorgó el viejo garibaldino Francesco Crispi, presidente del Consejo de Ministros desde 1887, proyectó sobre el África nororiental sus necesidades imperiales, al tiempo que bloqueaba el desestabilizador irredentismo en los espacios europeos. En 1889, por el Tratado de Uccialli, Abisinia se convertía en un protectorado italiano y se procedía a la anexión de Somalia. Una lectura en exceso optimista de las posibilidades internacionales de Italia conducirá en los años siguientes a la derrota de Adua (1896) y a la crisis del gabinete Crispi. La incapacidad del Estado español para avanzar resueltamente en la liquidación de la esclavitud y el patronazgo de la población negra, en la modernización administrativa y en la reformulación del pacto colonial en Cuba, Puerto Rico y Filipinas acabaría por entrañar la liquidación de su otrora grandeza imperial. Mientras tanto, Portugal, que aparentemente había sustituido su papel en Brasil por una presencia destacada en África, verá cómo esta última resultará condicionada por el empuje británico. Si en 1884 un acuerdo anglo-portugués reconocerá los derechos lusos sobre las costas congolesas, en enero de 1890 deberá asumir su verdadero potencial y responder al ultimátum por el que la Gran Bretaña exige la renuncia de Portugal sobre algunos territorios africanos (Zambia). Muy elocuentemente, por lo que tiene de demostración de la capacidad de la empresa imperial por forjar consensos ciudadanos, las debilidades imperiales de los regímenes liberales respectivos fueron contestadas en el interior por agitaciones populares canalizadas por el republicanismo. Las mismas culturas democráticas que aportaban argumentos a la participación desigual de los diversos sectores sociales en el servicio de armas, podían reclamar de los Estados respectivos una mayor eficacia en la gestión de unos intereses que, a la par que nacionales, eran los de una ciudadanía sabedora de la superioridad moral del progreso occidental.

Rusia y la cuestión oriental

En la Rusia de Alejandro II el tímido reformismo liberal de los años sesenta se había debilitado y se vería afectado por pulsiones contradictorias en los años que van de 1870 a 1890. De hecho, si en algún escenario europeo los riesgos de la apertura en materia de derechos y de la dinámica de transición de la condición de súbdito a la de ciudadano devienen dramáticos, ése es el de la Rusia de los zares. Alejandro II gestiona, al empezar la década, una atmósfera más represiva, en la que las reformas en materia de servicio militar —tendentes a generalizarlo, a reducir el período de servicio y a mejorar las condiciones de prestación del mismo—, se ve compensada por un recorte de las libertades públicas. Al fin y al cabo, entiende, su vocación reformadora, que le permitirá convertir al Ejército en escuela de adultos e impulsor de la alfabetización, está siendo aprovechada por los enemigos de la autocracia. El abanico es amplio, y comprende a los populistas que claman entre los campesinos para que éstos tomen en sus manos las riendas de su destino, a los fundadores, en 1876, de la sociedad secreta «Tierra y Libertad» o, en 1879, de la «Voluntad del pueblo», a los socialdemócratas o a aquellos nihilistas y anarquistas que en 1873 o en 1880 intentan el magnicidio. De hecho, el 31 de mayo de 1881 Alejandro II será víctima de uno de esos atentados terroristas. Le sucede en el trono Alejandro III. La antinomia progreso-preservación de la autocracia, sin embargo, seguirá sin resolverse. A las iniciativas legales tendentes a limitar el trabajo infantil y, en general, a desarrollar la inspección laboral, o a aquellas otras encaminadas a introducir una fiscalidad progresiva, les acompañarán las que endurecen la censura de prensa o limitan la autonomía universitaria. La oleada reaccionaria que había seguido a los meses posteriores al atentado contra Alejandro II había tenido, además, una manifestación singular, y de largos efectos tanto en Rusia como en el resto de Europa, en el ciclo de pogromos que, hasta mediados de 1882, golpearon al eslabón más débil de la estructura étnica de la Rusia zarista: las comunidades judías de Ucrania occidental, Polonia, Bielorrusia y Lituania. La tutela paternalista, a la que no era extraña el uso del antisemitismo, podía tener su utilidad a la hora de reforzar los lazos de dependencia y sumisión, pero se combinaba mal, muy mal, con el principio de autonomía de los ciudadanos y la expectativa de creación de una arena política presidida por la participación y la libre representación de los mismos.

El frente exterior del Imperio zarista, en concordancia o en conflicto con los intereses de otras grandes potencias tradicionales, se plasma, sobre todo, en lo relativo al control del mar Negro. La denominada cuestión oriental tendrá, en los ejércitos y la diplomacia zarista, un actor central. La debilidad del Imperio otomano, acentuada por las presiones de las potencias occidentales para que proceda a su reforma interna, y por las revueltas de los búlgaros, se combina con los efectos de la derogación de la neutralidad en el mar Negro hecha evidente en 1871 a raíz de la negativa otomana a la presencia de barcos británicos en los estrechos. En gran medida el activismo de Rusia en la región viene a renglón seguido de las revueltas en Bulgaria y en Bosnia-Herzegovina de 1875 y de las matanzas de 1876. La solidaridad paneslava y ortodoxa explica, en gran parte, el trasfondo de la guerra ruso-turca de 1877 a 1878. En este último año, mediante el tratado de San Stefano, se creará una nueva entidad nacional eslava: Bulgaria, aunque su pleno reconocimiento como principado unido y autónomo no cuaje hasta ocho años más tarde. En ese mismo punto se confirma la independencia de Rumania. La proyección rusa sobre la región, en detrimento de Turquía, se afianza; aunque en el mismo 1878, Austria-Hungría se haga con el control de Bosnia-Herzegovina, no reconocido por Rusia hasta 1909, en pleno levantamiento de los Jóvenes Turcos y deposición del sultán Abdul Hamid. En definitiva, el limes balcánico, auténtica frontera entre Europa, Asia y África oriental, continúa siendo un terreno lábil, marcado por la competencia entre dos Imperios en dificultades —Rusia y Turquía— y por las interferencias de los restantes Estados metropolitanos interesados, dentro de la lógica de la carrera imperial, por el control del Mediterráneo occidental.

Sufragio y Monarquía, la forja de la moderna ciudadanía

Las novedosas dinámicas políticas vividas en Francia o Alemania durante los años 1870 a 1890 también tuvieron su supuesto particular contrapunto en Gran Bretaña. De nuevo se suele aducir la solidez y el prestigio de las instituciones, desde la Monarquía al Parlamento, y el sustrato liberal que impregnaría al conjunto de la opinión pública, al buscar los factores explicativos a la elevada capacidad de adaptación de la política británica a la emergente presencia de las masas en la vida pública y a la fácil transición, siempre en términos comparativos, hacia la democracia moderna. Ley, Parlamento y propiedad serían según esa lectura, la médula de la identidad británica y, en particular, inglesa. Rasgos de modernidad anticipada que cobrarían singular operatividad en las décadas finales del Ochocientos.

Es en los años setenta cuando asoma la estrecha correlación establecida entre una creciente definición reformista de la condición de ciudadanía y el impulso a la expansión imperial. La primera de las tareas aparece marcada más por los cálculos y previsiones de sociología electoral con los que contaban las diversas fuerzas en contienda —la emergencia de un mercado electoral emparentado con la conciencia de opinión pública emergente y autónoma—, que por cuestiones de principios. Fuesen cuales fuesen las motivaciones últimas, la deriva reformadora se inició con el conservador Disraeli y la adopción del household suffrage; es decir, la atribución del voto a los cabezas de familia, con lo que el derecho al sufragio pasa a ser ejercido por una parte de la clase obrera. La ampliación del sufragio a estos sectores impidió que, en el marco de la crisis agraria de 1875, el conservador Disraeli, que treinta años antes se había revelado contra su mentor Robert Peel por la política librecambista de éste, restableciese alguna suerte de aranceles proteccionistas. El consenso consumidor se impone; en política interna tanto como en lo relativo a la construcción imperial.

La Ley de Prácticas Ilegales y Corruptas, en agosto de 1883; la de Representación del Pueblo, de noviembre de 1884; y la de Redistribución de Escaños, en marzo del año siguiente, depuraron los usos políticos, ampliaron la base electoral y reordenaron los distritos en beneficio de la representación urbana: de manera ejemplar, los escaños londinenses pasaron de 22 a 62. Todas estas reformas fueron el resultado de la postrera iniciativa de un liberalismo histórico que contaba con la proximidad del sindicalismo reformista articulado en las Trade Unions. En las últimas décadas del siglo algunos diputados liberales habían surgido de ese mismo medio laboral.

Paradójicamente, el cambio impulsado por los liberales sería rentabilizado por los tories y los liberal-unionistas. En el trasfondo de este viraje y, de hecho, como principal problema de la vida política británica —talón de Aquiles de la imagen de la suave transición del liberalismo a la democracia— se hallaba la cuestión irlandesa. La ampliación del cuerpo electoral hizo del nacionalismo irlandés un factor clave de la dinámica parlamentaria. En noviembre de 1885, los comicios dieron a los liberales 335 escaños, frente a los 249 conservadores y 86 que fueron ocupados por políticos irlandeses. Su condición de bisagra parlamentaria llevó a Gladstone a asumir como inevitable la perspectiva de otorgar un marco de autonomía para Irlanda. Bajo el liderazgo de Charles S. Parnell el Partido Nacionalista Irlandés procuraría entenderse con Gladstone a efectos de conseguir el Home Rule. En el seno del liberalismo, Joseph Chamberlain pasó a acaudillar, en 1886, una facción liberal-unionista. La hegemonía conservadora-unionista se forjó sobre un patriotismo popular que refrendaba las tesis del Partido Conservador acerca de la unión con Irlanda, la interdependencia entre prosperidad, estabilidad y reformas sociales moderadas, el carácter central del prestigio internacional adquirido a través del Imperio e, incluso, la fortaleza de anglicanismo. El enardecimiento que suscitó el jubileo de la reina Victoria en junio de 1887 constituiría, según las lecturas habituales en la historiografía británica de la época, la demostración más palpable del reconocimiento mutuo entre la opinión pública inglesa, sus instituciones y sus tradiciones.

El gobierno conservador encabezado por el tercer marqués de Salisbury, surgido de las elecciones de junio de 1886 y operativo hasta 1892, extendería, en este clima de consenso interior, las reformas democráticas al ámbito municipal e hizo gratuita la educación elemental mediante las leyes de 1890 y 1891. Por lo demás, y respondiendo en este caso tanto al renacimiento del socialismo británico, a la suma de los trabajadores no especializados, a los sindicatos tras la crisis industrial de 1887, como a la sorpresiva y exitosa huelga obrera en el puerto de Londres de agosto de 1889 —todo un síntoma de la debilidad del tópico de la ausencia de conflictos relevantes—, los conservadores impulsaron, en 1890, una legislación decidida a estimular la construcción de viviendas obreras. Respecto a Irlanda se implementó una amplia reforma agraria mediante las leyes de 1888 y 1891. Completada en 1903, la reforma permitiría que, en pocos años, numerosos campesinos irlandeses accediesen a la propiedad en detrimento de la gran propiedad latifundista de la aristocracia inglesa. Por el contrario, las ansias de autonomía política se vieron bloqueadas: en 1892 la Cámara de los Lores rechazaría una primera iniciativa legal de autogobierno irlandés.

Estados Unidos, entre la reconstrucción y la articulación nacional

Las resistencias de los Estados sureños a la lógica moderada de reconstrucción impulsada desde Washington en la inmediata posguerra civil —personificada en la gestión del sucesor de Lincoln, Andrew Johnson— habían dado origen, en el tramo final de la década de 1860, a un viraje radical que se plasmó en un conjunto de leyes: de Dirección del Ejército, de Permanencia de la Administración y, sobre todo, de Reconstrucción Militar. La iniciativa, gestada por la mayoría republicana en el Congreso, acabaría provocando la caída de Johnson, partidario de una mayor prudencia en relación a los vencidos en la Guerra Civil, y el advenimiento, en 1869, de Ulysses S. Grant. Con él, el gobierno federal recurrirá abiertamente a la imposición de la lógica de la Unión al conjunto de Estados del sur. Los órganos de decisión quedaron en manos de republicanos blancos procedentes del norte —carpetbaggers— o de correligionarios del sur, blancos también, que se habían opuesto a la Secesión —scalawags.

Hasta 1877, ese régimen de ocupación contribuyó a crear el mito de un país orgulloso sometido a un elevado grado de corrupción —resultó habitual la práctica de desviar fondos y créditos públicos para empresas, especialmente, ferroviarias de capital nordista—, así como de liquidación de sus tradiciones. El pulso mantenido en relación al estatus de la población negra —en 1868 y 1870 un par de enmiendas constitucionales extendieron la ciudadanía y los plenos derechos civiles a los antiguos esclavos— tendría su manifestación más llamativa en la creación de Ku Klux Klan y otros grupos paramilitares celosos del mantenimiento de la supremacía blanca.

Los resultados electorales de las presidenciales de 1876, en gran medida derivados del cansancio generalizado ante el esfuerzo de la Reconstrucción, acabaron liquidando los escasos gobiernos radicales presentes todavía en los Estados sureños. El republicano Rutheford B. Hayes llegó a un acuerdo con el candidato demócrata por el cual éste se retiraría de la contienda electoral a cambio de la retirada de las tropas federales establecidas en el territorio de la antigua Confederación. La suerte de la población negra era sacrificada en aras de la estabilidad política del conjunto de la Unión. Mediante diversas estrategias —desde la implantación del poll tax a las leyes de registro para votar— la incipiente comunidad afroamericana vio cómo sus derechos iban siendo limitados. El momento culminante en esa erosión se puede situar entre 1887 y 1891 cuando nueve Estados del sur aprueban las primeras Leyes de Segregación, relativas al uso de los trenes.

La prevención de tipo racial encubría un no menos acerado recelo, de las viejas y nuevas elites sureñas, ahora agrupadas en las filas del Partido Demócrata, a la política de masas y a la emergencia de una pequeña pero activa clase media negra. En este sentido, conviene tener presentes los elevados porcentajes de participación electoral que, en su competencia, republicanos y demócratas consiguieron en esos años. Así como el hecho de que Hayes, y sus sucesores en el cargo, procuren la eliminación del Spoils System y la modernización del funcionamiento de las administraciones gracias a su profesionalización mediante el Civil Service Act, de 1883.

El crecimiento económico, aun en los ciclos de crisis, y la estabilidad creciente del sistema político tuvieron algunas contrapartidas. En las ciudades y a lo largo del tendido de ferrocarril, aparecía un nuevo movimiento obrero que se expresaba en la huelga ferroviaria de 1877 o en la aparición de federaciones obreras —de la Orden de los Caballeros del Trabajo, fundada en 1869, a la Federación Americana del Trabajo, de 1886—. También en el rechazo a la creciente presencia de mano de obra china. Cuando en los años ochenta dejaron de ser necesarios para la implantación del ferrocarril, el prejuicio racial, ampliamente compartido en los ambientes populares, permitió la adopción de leyes de exclusión como la aprobada por el presidente Chester Artur en 1882. En el medio agrario, y por los mismos años, las alianzas de agricultores empobrecidos alumbraron un populismo radical agrario que, hacia 1890, se concretaría en un fallido intento de desbordar el bipartidismo vigente: el Partido del Pueblo.

La articulación política y económica de los Estados Unidos, con la expansión hacia el oeste gracias al desarrollo ferroviario, continuó dando lugar, entre 1870 y 1890, a confrontaciones con las comunidades indígenas. Hacia 1875 las manadas de bisontes del sur, que ocupaban las Grandes Llanuras y constituían el sustento de la economía indígena, podían darse por desaparecidas. El mercado y los transportes habían facilitado su liquidación. En sustitución de las mismas se produciría la expansión de la ganadería vacuna. La combinación de prados saturados y nuevos mercados contribuyó al desastre ecológico que los ganaderos produjeron en las llanuras entre 1885 y 1887. Las guerras indias, en todo caso, no perdieron importancia. En ocasiones, los reveses, fruto de una resistencia agónica, fueron notables, como el registrado en junio de 1876, cuando tuvo lugar la aniquilación del teniente general Custer y sus hombres por Sitting Bull y Crazy Horse en la batalla de Little Big Horn. La rendición del jefe apache Gerónimo en septiembre de 1886 y la aprobación en 1887 por el Congreso de una ley que autorizaba la creación de reservas para las distintas tribus puso fin a la resistencia india (aunque todavía habría graves incidentes: unos 300 indios, entre ellos Sitting Bull, fueron masacrados por tropas del Ejército a finales de diciembre de 1890 en la localidad de Wounded Knee, cuando los escoltaban a una reserva). Los efectos demográficos sobre los diversos pueblos indios fueron dramáticos.

Oligarquía y liberalismo en América Latina

A partir de 1870, el subcontinente latinoamericano se integraría, progresivamente y gracias tanto a la exportación masiva de materias primas e importación de manufacturados, como a la recepción de una inmigración de masas, en el sistema económico y político mundial. Fue en ese contexto que los regímenes políticos liberales, republicanos y oligárquicos adquirieron una mayor solidez y completaron la difícil construcción de las modernas naciones americanas. El progreso aparece como un horizonte factible, como un estadio abierto en el que se superarán las inestabilidades y las flaquezas del orden poscolonial. El liberalismo, junto al positivismo y el cientifismo, justifican el optimismo y otorgan al Estado un papel central en la movilización de recursos internos y, en la medida que garantiza la seguridad jurídica, en la atracción de inversiones exteriores.

Si Benito Juárez ya había iniciado, en el México de 1870, la deriva hacia el control categórico de los resortes del poder, las décadas siguientes verían la experiencia del porfirismo, hasta 1888; del porfiriato, hasta 1904, y del porfiriazgo, hasta 1910. Militar profesional, Porfirio Díaz reducirá las instituciones liberales a una fórmula vacía de contenido práctico y procederá a una creciente centralización de las instituciones y de la toma de decisiones. El compromiso de las elites nacionales, desde los caudillos regionales a la jerarquía eclesiástica, pasando por el Ejército y buena parte de la intelectualidad, así como la represión y el soborno dieron estabilidad a un régimen personalista que garantizó las inversiones extranjeras —gracias a las seguridades dadas para el pago de la deuda exterior— y permitió una mayor conexión política y económica con Europa, en menoscabo de la influencia estadounidense. El orden, incluyendo en él las lógicas de exclusión del indigenismo, aparecía, tras la convulsa dinámica previa, como la premisa del progreso.

El reformismo y la organización nacional continúan, a su vez, presidiendo, no sin dificultades, las dinámicas en Argentina, Uruguay y Chile. Tras largas décadas formativas, en 1880 Argentina establece su marco institucional definitivo y concluye, con la denominada Conquista del Desierto, el control de sus fronteras interiores. El unicato, identificado con las presidencias de Julio Argentino Roca y Miguel Juárez Celman, aparece como la encarnación de la propuesta alberdiana de la República posible. A la federalización de la capital y la profesionalización del Ejército nacional, le acompañarán el desarrollo de la educación primaria y la implantación del Registro y del matrimonio civil en 1884 y 1888, respectivamente. En un escenario presidido por el aumento de la llegada de inmigrantes —el censo de 1895 situará en el 25,5 por ciento el porcentaje de inmigrantes sobre la población total—, la oposición al roquismo adoptará diversas modalidades. El liberalismo mitrista, el catolicismo opuesto a las reformas laicas, el nuevo populismo articulado en la Unión Cívica, o la agitación obrera, industrial y ferroviaria, a partir de 1887, constituyen el trasfondo sobre el que se alzará la crisis de julio de 1890 y el fin de la hegemonía del Partido Autonomista Nacional.

En el Pacífico y el área andina, el devenir de las repúblicas aparecerá marcado por un nuevo episodio del atávico problema de fronteras. La Guerra del Pacífico, o Salitrera, que involucrará a Bolivia, Perú y Chile, culminará en 1883 con el tratado de Ancón por el que Perú cede a Chile las provincias de Tarapacá, Tacna y Arica, así como con la adquisición, a costa de Bolivia, de la franja marítima de Atacama. Si en Perú los efectos interiores se plasman en la limitación de unas reformas liberales que habían comportado la eliminación de los mayorazgos y de los fueros eclesiásticos, la abolición de la esclavitud y la supresión del tributo indígena, así como en la apertura de una lógica de confrontación civil entre constitucionalistas y demócratas; en Chile, donde la crisis minera y monetaria de los años setenta había marcado la decadencia del sistema ideado por Diego Portales en la década de 1830 —república centralizada y participación censataria al servicio de los intereses de propietarios, hacendados y comerciantes—, tendrá lugar un giro liberalizador, encabezado por Domingo Santa María y, en particular, José Manuel Balmaceda que combinarán las estrategias de fomento educativo, laicización y colonización interior, con las propuestas de control público de sectores penetrados por intereses extranjeros: salitre, banca y ferrocarril. La respuesta oligárquica acontece, en este caso, en la década de 1890.

Las pulsiones centralizadoras y reformistas, en Colombia o Venezuela, se verán, asimismo, condicionadas por rupturas exteriores —con la Santa Sede por parte del dictador caraqueño Guzmán Blanco— y guerras civiles, mientras otros escenarios, del Ecuador a las Antillas, la estabilización de los sistemas oligárquicos pasará por el trance añadido de hacer frente a los ecos de viejas y nuevas formas de intervención exterior. En 1889, Brasil dejaba atrás la época imperial en la que, bajo el reinado de Pedro II, se habían alternado conservadores y liberales. La confluencia de intereses entre hacendados molestos por la supresión de la esclavitud y militares ganados para las ideas republicanas y federalistas acabaría dando origen a la Constitución republicana de 1891. En suma, las exigencias de regeneración del orden oligárquico, aun dando origen a sistemas de partidos más amplios y representativos, no dejan de fracasar en sus primeros empeños, en la Argentina de 1890, el Chile de 1891, el México de 1892 o el Brasil de 1896. Al fin y al cabo, con todos los matices que hacen al caso, América Latina continúa pagando, en el tramo final del siglo XIX, la acción depredadora y desestructuradora de la conquista hispano-portuguesa.

El Japón Meijí, nueva potencia imperialista

Entre 1868 a 1881 la historia del Japón contemporáneo viene presidida por la implementación y consolidación de una serie de reformas tendentes a modernizar el país, aunque manteniendo sus rasgos culturales tradicionales. La evolución de la estructura de poder bajo el reinado de Mutsu Hito, tuvo unos inicios audaces. En 1871 se abolía la servidumbre y los antiguos feudos eran sustituidos por una nueva organización administrativa basada en setenta y dos provincias. Paralelamente, se decretaba la igualdad jurídica de los japoneses y se adoptaban una serie de iniciativas, tendentes a homologar los rasgos básicos del Japón contemporáneo a los de las sociedades occidentales: servicio militar obligatorio, enseñanza obligatoria, desarrollo de los servicios estatales y la burocracia, y reformas hacendísticas y monetarias. El contacto con Occidente se concretó en una ambiciosa política de becas para estudios en el extranjero y a través de la cooptación de técnicos y asesores europeos. No faltaron los episodios de contestación interior a la modificación del orden tradicional —como la revuelta samurai de 1877—, ni la fuerte presencia de los clanes familiares en el debate político, pero el impulso se mantuvo con la creación de parlamentos provinciales, el nombramiento en 1885 de un primer ministro, y la elaboración en 1889 de una Constitución que definía al Estado como una monarquía constitucional hereditaria.

La modernización interior vino acompasada al ritmo de su lenta, pero inexorable, conversión en potencia regional. Este proceso comenzó en la década de los sesenta del siglo XIX, cuando los nuevos dirigentes se vieron precisados a negociar tiempo y concesiones mientras hacían suyos los usos de la moderna diplomacia, las exigencias propias de unas negociaciones internacionales en las que se ponía en juego la defensa nacional. Desde la década de los setenta, y hasta 1894, los dirigentes japoneses se concentraron en lograr dos objetivos principales: definir y asegurar la posición regional y mundial y revisar los llamados tratados desiguales. El primer propósito, gestionado por el Ministerio de Negocios Extranjeros, cuajó en los tratados comerciales con China (1871) o con el progresivo control administrativo y político de las islas Riu-Kiu (1872-1874), Bonin (1873) y Kuriles (1875). El contencioso con la que al fin y al cabo no dejaba de ser una potencia occidental, Rusia, se resolvía en esos años con la transferencia de este último archipiélago y la fijación de una frontera común en territorio siberiano. Que el Japón meijí había aprendido con rapidez de los métodos propios de las metrópolis blancas quedó claro cuando, en 1876, sus tropas se abrieron paso en Corea haciendo uso del mismo sistema de presión mediante cañoneras que los occidentales habían aplicado contra ellos en 1853. El tratado de Kanghwa resultante de esta operación no sólo abrió Corea al comercio japonés sino que adjuntó una cláusula acerca de la independencia coreana, que constituía una cuña para la ulterior separación de Corea de la soberanía china. Mediante su sólida presencia en Seúl, los japoneses empezaron a tomar parte directa en el juego del imperialismo, rivalizando con Rusia y China por la influencia en el continente.

Al mismo tiempo que protagonizaban estos progresos diplomáticos, las décadas de 1870 y 1880 resultaron decepcionantes en lo referente a revisar los tortuosos tratados establecidos con los Estados europeos o los Estados Unidos. A medio plazo, sin embargo, las nuevas prestaciones del Japón en el mar de China cambiaron la percepción que de esta nación tenían las potencias extranjeras. La resistencia a la demanda japonesa de abolir la extraterritorialidad se debilitó en las cancillerías europeas. En 1894, el ministro de Asuntos Exteriores, Aoki, llegaría a un acuerdo con el secretario del Foreign Office británico, Kimberley, en el sentido de que la extraterritorialidad desaparecería en 1899. Las demás potencias no tardaron en llegar a acuerdos análogos.

LA CRISIS DE LA EUROPA MUNDO (1890-1914)

JORDI CASASSAS

Europa entre dos siglos

La última década europea del siglo XIX, como sucede en los momentos de aceleración histórica, presenta unos rasgos que pueden llegar a parecer incluso contradictorios. Europa occidental no duda en considerarse la única civilización realmente mundial. La inmensa mayoría creía que los síntomas de crisis evidenciados con la «Gran Depresión» eran algo transitorio, dado que la capacidad de las grandes potencias para asegurar una paz duradera iba a facilitar el progreso en todos los campos. El aumento de la alfabetización, la presencia creciente de la prensa de masas, la ampliación del abanico del bienestar y el aumento de las clases medias urbanas o los efectos progresivamente universales de la revolución técnica (incluidos los beneficios médico-sanitarios), eran otros tantos fenómenos que se desarrollaban en aquellos importantes escaparates de la modernidad que eran las grandes ciudades del continente.

Sin embargo, este esplendor presentaba aspectos ciertamente conflictivos, que convertían el disfrute de este esplendor burgués finisecular en algo incluso traumático. En primer lugar, pocos fueron los que se percataron del ascenso de potencias como los EE.UU. o Japón, que no tardarían en amenazar la hegemonía del «Viejo Mundo». Por otra parte, los efectos del crecimiento industrial y urbano que propiciaba la llamada Segunda Revolución Industrial, no dejaban de aportar factores de una gran tensión. Entre ellos podemos mencionar el gran éxodo rural, la incorporación de la periferia europea como cantera de la importante emigración intercontinental, el rápido crecimiento y la tensa suburbialización de las ciudades, etc.

En términos generales, puede decirse que tan sólo algunos intelectuales se percataron de hasta qué punto todos estos cambios iban a socavar las bases mismas del orden liberal del siglo XIX. Las viejas oligarquías tradicionales y la clase política, aun sin manifestarlo de forma explícita debieron adaptarse a los efectos de la masificación y a los cambios de hábitos que se introducían sin cesar (secularización de la vida cotidiana, aparición de la opinión pública, aumento de la alfabetización, etc.). Los distintos sistemas políticos europeos debieron adaptarse a estas nuevas exigencias, iniciaron el progresivo desmantelamiento de la vieja política oligárquica y fueron introduciendo medidas que favoreciesen la integración de las masas: la consolidación del moderno sistema de partidos y de los sindicatos, el espectacular aumento y presencia pública de los Estados, el creciente intervencionismo público y control social o la enorme difusión de las consignas nacionalistas movilizadoras y agresivas.

Otra de las grandes contradicciones finiseculares fue la convivencia de la tendencia a la democratización de los sistemas político-electorales con la generalización de gobiernos muy conservadores que aplican políticas proteccionistas económicas, de un gran control político y de una marcada represión social. Lo cierto es que la mayoría de los países aplicaron importantes ampliaciones del derecho al voto y algunos llegaron a introducir el sufragio universal masculino (a partir de los 25 o 30 años): Francia (1848), Alemania (en parte, el 1870), España (1890), Bélgica (1894); en la mayoría de los otros casos se introdujeron reformas y ampliaciones sustanciales del derecho al voto: Gran Bretaña en 1884; Italia en 1882 (pasando de 2 a 6 millones de inscritos en el censo electoral); o incluso en el Imperio Austro-Húngaro, en 1882 (con la controvertida reforma del conde Taaffe).

La dificultad mayor estribó en adaptar esta necesidad general de modernización y democratización políticas a las condiciones y peculiaridades históricas de cada país. En 1898, por ejemplo, el prestigioso portavoz positivista Nineteenth Century Review aludía al colapso liberal inglés, en un clima de apatía pública que nada ni nadie parecían poder solucionar. La resistencia de la vieja política y de las múltiples formas de caciquismo fue muy importante (por ejemplo, en relación a la modernización de las cámaras altas o senados). Los grandes protagonistas políticos europeos se esforzaban por convencer a la opinión que los cambios eran inevitables. En 1889, el primer ministro italiano, Crispi, anunciaba la inminencia de una «nueva vida», y en 1890, Caprivi, el sucesor de Bismarck, anunciaba para Alemania el inicio de un «nuevo rumbo». Movimientos hasta la fecha marginales, como el catolicismo o el socialismo, se percataron de estos cambios en profundidad e introdujeron en sus estrategias la reforma del liberalismo, comenzando por la revisión de las desigualdades que había consolidado el liberalismo hasta la fecha. Su intervención constituye un elemento de modernización política de estos años.

INGLATERRA: ENTRE EL REPLIEGUE CONSERVADOR Y LA MODERNIZACIÓN POLÍTICA

En Inglaterra, bajo predominio liberal se había desarrollado desde 1884 un amplio programa de reformas políticas. No sólo se limitó a dar el voto a todos los varones que «dirigiesen una economía doméstica», sino que se actualizaron los distritos electorales, la consideración de los propios partidos y las prácticas políticas. Los miembros de los partidos obtuvieron grandes facilidades para inscribirse en el censo, con lo que creció el atractivo de estas formaciones. Paralelamente, el aumento de la importancia de la opinión pública alteró la oligárquica vida parlamentaria y obligó a los diputados a recorrer sus distritos, crear eslóganes y seguir duras campañas electorales y a recurrir a la prensa local o general para difundir e imponer sus programas. Al calor de estas reformas pudo crearse la Fabian Society, de inspiración socialista y una dedicación municipalista; entre sus líderes destacaban el literato B. Shaw o el matrimonio Sydney y Beatrice Webb.

La tercera oleada de crisis que configuró la Gran Depresión fue la más aguda y la que afectó con más fuerza a la anquilosada economía británica; sus índices productivos se vieron superados por los alemanes o estadounidenses; la city de Londres perdió su antigua preeminencia a manos de las Bolsas de Nueva York, París o Berlín. La mayoría de ingleses se vio sorprendida por la invasión de productos extranjeros y, con ellos, por el fin de su anterior aislamiento dorado.

Esta intranquilidad creciente favoreció el predominio de los postulados conservadores. En las primeras elecciones de 1885 el triunfo aún fue para los liberales de Gladstone; no obstante, sólo pudieron gobernar con la ayuda de los 82 diputados irlandeses que dirigía Parnell. Actuando en grupo, estos diputados amenazaron con bloquear la vida parlamentaria (política del «obstruccionismo») si no se concedía la autonomía a Irlanda. Gladstone cedió y el mismo 1885 concedió a la isla un «Home Rule Bill» que no satisfizo a los irlandeses pero sí desencadenó una gran crisis en el seno de su propio partido: aparición del grupo «unionista» dirigido por Chamberlain, partidario del predominio parlamentario y que estaba respaldado por importantes intereses económicos.

Esta crisis allanó el camino para el regreso del partido tory al poder. En 1886 obtuvieron 316 escaños por 191 de los liberales; además, Chamberlain capitaneaba a un grupo de 78 diputados que acostumbraron a secundar a los conservadores. Éstos estaban dirigidos por lord Salisbury, un político inteligente e introvertido, más radical de palabra que por los hechos (fue muy pragmático al respetar los logros sociales). Este gobierno radicalizó en extremo la cuestión irlandesa, estableció en 1889 la Naval Defense Act (por la que la flota británica debía ser por lo menos igual a la suma de la de las demás potencias) y debió hacer frente a una gran oleada de protestas laborales y del propio sindicalismo. En 1892 regresó Gladstone al poder con un programa de reformas sociales y políticas, así como de ampliación de la autonomía irlandesa (Programa de Newcastle). Sin embargo, su fracaso en Irlanda acabaría acarreando su caída y la apertura de un largo período de predominio de las tesis unionistas (1895-1905), que se benefician del mayor dinamismo político conservador y de su estructuración como un partido moderno, con instrumentos para generar una opinión pública favorable; además, los líderes conservadores sabrán introducir programas de reforma social, laboral o educativa de un gran pragmatismo.

Los grandes políticos de fines de siglo fueron Salisbury y Chamberlain, que centraron su labor en la escalada imperialista y en la extensión de un sentimiento patriótico y nacionalista entre las masas que se conocerá como el «jingoísmo». La muerte en 1901 de la reina Victoria (había iniciado su reinado en 1837) representó la pérdida del símbolo de la unidad del Imperio británico; le sucederá el sexagenario Eduardo VII. Pero el conservadurismo da síntomas de agotamiento: sus dudas acerca de adoptar una política económica proteccionista han debilitado el soporte del mundo económico; su política represiva sindical ha provocado la reestructuración socialista (el nuevo Partido Laborista obtendrá dos representantes en los Comunes, 1901), y las guerras coloniales, especialmente la de los Boers, han demostrado importantes déficit militares (creación del Comité de Defensa Imperial) y políticos (necesidad de ultimar la Entente Cordiale con Francia), ambos evidentes en 1904.

Los liberales se recompondrán con un gran programa de reformas sociales (Efficiency), orientado a integrar a las masas, normalizar la vida sindical, reducir el poder de los Lores (su poder de veto se anulará en 1910), consolidar la autonomía irlandesa (1914, pero pospuesta para después de la guerra) y ampliar el sufragio. Su gran victoria electoral de 1906 le permitirá aplicar este programa, en buena parte presionado por el Partido Laborista, que ha obtenido 29 diputados.

LA CRISIS DE LA III.ª REPÚBLICA EN FRANCIA

Francia no disfrutaba de la estabilidad política e institucional de Inglaterra; de esta forma, en los años finales del siglo el sistema político se vio seriamente amenazado por crisis y escándalos que llegaron a afectar a las más altas instancias del Estado. En buena medida, esta inestabilidad provenía del hecho que la gran burguesía rural y urbana, la alta jerarquía eclesiástica, de la administración y el Ejército, identificados con el viejo régimen imperial, se mostraron en todo momento abiertamente contrarios a la nueva situación republicana. Cualquier intento de reforma provocaba enseguida una crisis parlamentaria y la caída del Gobierno: hasta principios del siglo XX, por término medio los gobiernos no duraron más de dos años.

Las oligarquías se habían servido durante la década de los ochenta del general Boulanger para dar forma a un movimiento muy heterogéneo pero que coincidía en la defensa de los postulados conservadores, católicos y monárquicos: tan sólo las dudas y el carácter inestable del general (que terminaría suicidándose en Bruselas, sobre la tumba de su amante, en 1891) habían frustrado el derrocamiento de la República. Por su parte, el bando republicano se hallaba dividido entre los moderados u «oportunistas» y los radicales, los únicos que disponían de un programa de reforma y democratización política, de alfabetización popular y de laicización de la sociedad. Bajo la presidencia del moderado Sadi Carnot, pareció que las tensiones se moderaban y que el Ejecutivo se reforzaba. A ello contribuyó la publicación por León XIII de la Encíclica «Inter. Múltiples Sollicitudines» (febrero de 1892), que propició una cierta reconciliación entre la Iglesia y el Estado al tiempo que abría la participación electoral de los católicos franceses (el mismo 1892 Jacques Piou funda la Derecha Constitucional).

La estabilidad republicana se vio frustrada por factores de distinta naturaleza. El mismo 1892 se hacía pública la quiebra fraudulenta de la Sociedad del Canal de Panamá: diversos políticos de primera fila se hallaban envueltos en un fraude que había costado sus ahorros a miles de pequeños inversores (se les conoció como los políticos «chequards», que aceptaban cheques) y su acción arrastró al resto de la clase política a un gran desprestigio. Al mismo tiempo, la tensión social se agravó por momentos, hasta el punto de que muchos pensaron que la lucha de clases acabaría sustituyendo la confrontación parlamentaria. En 1893, los socialistas consiguieron 49 diputados (aunque el 85 % de la Cámara seguía proviniendo de los sectores más acomodados). Más allá, los atentados anarquistas (la acción directa individual) contribuyeron a extender la opinión de que la crisis no era tan sólo política, sino fundamentalmente social. Hechos como el magnicidio que costó la vida al presidente Carnot (junio de 1894) calaron hondo en una opinión pública ya muy crispada.

Otro escándalo nacional vino a socavar la credibilidad de las instituciones republicanas. En septiembre de 1894 era detenido el capitán de origen judío Dreyfus; se le acusaba de espiar a favor de los alemanes. Una campaña bien orquestada sirvió para desencadenar una oleada de patriotismo y antisemitismo (por la creencia popular del peso de los judíos en el inestable mundo financiero francés). Los partidos quedaron pronto desbordados y el país se dividió entre los nacionalistas partidarios de la Liga de la Patria Francesa y los republicanos de la Liga de los Derechos del Hombre. La apertura de la revisión del caso encrespó aún más los ánimos y la lentitud judicial exasperó y provocó la intervención de los intelectuales: el 13 de enero de 1898 aparecería en el periódico L’Aurore un artículo de Émile Zola al que el director del rotativo, el radical Georges Clemanceau, puso el título de Yo acuso. A partir de ahí fueron apareciendo listas de adhesiones, fundamentalmente de universitarios, y empezó a hablarse de los intelectuales y de su acción crítica (otro intelectual, en este caso antirevisionista, Maurice Barrés, les criticará por irresponsabilidad antipatriótica).

La opinión pública se enteró con gran retraso de la confesión autoinculpatoria del comandante Esterhazy y las críticas salpicaron también al Poder Judicial, hasta el punto de que debió recurrirse a una gracia presidencial (1899) y a la amnistía del Senado (1900) para frenar el escándalo y hacer posible la inauguración de la Exposición Universal parisina de 1900, la mayor de la historia de estos certámenes; la revisión del proceso no finalizaría, sin embargo, hasta 1906. Pero, aun así, los contrarios a la revisión procesal adquirieron mucho peso. En 1899, el periodista Charles Maurrás revitalizó la plataforma monárquica Action Française y la convirtió en un gran movimiento nacionalista moderno.

Esta gran tensión nacional no pareció reflejarse en la dinámica política general y el gobierno de Jules Méline (1896-1898) pareció resistir bien la crisis; sin embargo, el peligro que parecía llegar de la reestructuración de la derecha favoreció el triunfo del joven republicano moderado Pierre-Marie Waldeck-Rousseau, jefe de la plataforma amplia Gran Círculo Republicano; tras conseguir el apoyo de la gran burguesía lanzó la propuesta de un Gobierno de Defensa Nacional, para el que logró la colaboración de los socialistas moderados de Alexandre Millerand y los católicos de Eduard Aymard. Uno de los aspectos más relevantes de este gobierno fue la definitiva separación entre la Iglesia y el Estado (diciembre de 1905).

Al calor de esta nueva situación (gran éxito electoral republicano-socialista de 1902) el republicanismo inició la constitución del Partido Radical (abril de 1905). Por su parte, el socialismo más radical constituyó en 1902 el Partido Socialista de Francia, dirigido por Jules Guesde y alineado con las posturas marxistas ortodoxas. En el mismo año, Jean Jaurès creó el Partido Socialista Francés, alineado con las posiciones llamadas revisionistas o pragmáticas.

BÉLGICA Y HOLANDA EN LA ONDA CONSERVADORA

El giro conservador fue realmente espectacular en Bélgica, puesto que desde la creación del Estado en 1830, de hecho siempre habían gobernado los liberales. Sin embargo, cuando en 1884 se planteó una reforma democratizadora de corte inglés, la gran burguesía de extracción católica y conservadora consiguió desplazar a los liberales del poder. La Iglesia adquirió una gran influencia con el apoyo del campesinado flamenco. Frente a esta nueva hegemonía, los socialistas trasladaron la acción política a la calle desde 1886, con la convocatoria de constantes huelgas generales. La presión llegó al extremo de forzar al Parlamento a proponer una tímida ampliación del censo (1893).

El peso oligárquico seguía siendo enorme, y en las elecciones de 1894 los conservadores consiguieron 104 escaños por tan solo 14 los liberales y 34 los socialistas, que iban consolidándose en las zonas industriales valonas (industria textil, minería y ferrocarriles, con un gran predominio del capital francés). El Partido Católico, además, aumentó su influencia en la vida municipal y en el campo educativo, con lo que la hegemonía conservadora llegó a ser asfixiante. La oposición liberal se recuperó en parte a partir de 1901, logrando aglutinar a un amplio frente en función de la aplicación del sufragio universal (que no se conseguiría hasta 1919).

En la vecina Holanda ocurrió algo parecido, pues a partir de 1881 el Partido Católico rompió la tradicional hegemonía de los liberales. Sin embargo, en Holanda los contrastes regionales, culturales y sociales no eran tan acusados, y la vida política era menos tensa. Entre 1891 y 1899, los liberales fueron recuperando el poder y emprendieron un programa de modernización política y de reforma social que contribuyó a moderar el debate político y a suavizar los efectos de la crisis social finisecular.

LA ALEMANIA DE GUILLERMO II

El fin de siglo alemán también se vio afectado por un cambio de rumbo espectacular, incrementado por la no menos significativa retirada de Bismarck en marzo de 1890. El declive del «Canciller de Hierro» se había hecho evidente a partir de 1887, cuando su tradicional política de apelar al supremo interés nacional para neutralizar el poder imperial y de los partidos políticos se vio progresivamente contestada; en esta oposición coincidieron los liberales, los católicos del Zentrum y, especialmente, los socialdemócratas. Bismarck actuó como de costumbre, buscando tensar la vida parlamentaria al máximo para así tener una excusa para aplastar a la oposición.

Sin embargo, a estas alturas la vida alemana había cambiado lo suficiente para hacer inviable una nueva arbitrariedad del viejo canciller. En las elecciones de febrero de 1890, el llamado «Monopolio» (los partidos conservadores que apoyaban al Gobierno) sufrió una derrota espectacular. Por el contrario, los socialistas superaron la represión a la que estaban sometidos y obtuvieron casi el 20 % de los votos (el doble que en las anteriores elecciones); no obstante, este éxito no se reflejó en el número de escaños dado que la ley electoral les era claramente desfavorable.

Este tropiezo electoral de Bismarck fue aprovechado por el joven e inquieto emperador, Guillermo II, una fuerte personalidad que no podía tolerar la prepotencia del canciller y al que consideraba reminiscencia de una época ya superada. En marzo desató la crisis entre ambos al publicar unos decretos que limitaban el poder del canciller en política exterior e interior. Bismarck se vio forzado a dimitir, rechazó todo honor y se retiró a sus posesiones en Pomerania, donde morirá en 1898.

La realidad alemana había cambiado definitivamente. La población había pasado de los 41 millones en 1870 a más de 67 millones en 1913. La gran emigración exterior desapareció casi por completo siendo sustituida por la oleada de campesinos hacia las zonas industriales: la población urbana pasó, entre 1871 y 1910, de representar el 36 % al 60 % del total. El mayor dinamismo económico se desplazó definitivamente hacia el oeste; una gran y ágil concentración bancaria permitió la rápida creación de cárteles (carbón, siderurgia, química, etc.) y una concentración empresarial sin parangón en Europa (el grupo Krupp, en 1913, empleaba más de 70.000 obreros). Estas grandes concentraciones acarrearon una manipulación abusiva de los precios, con una repercusión social muy negativa; pero, al mismo tiempo, permitió asegurar una producción a gran escala y bajo coste que acabó por convertir el comercio exterior alemán en el segundo del mundo (en 1913, tras la Gran Bretaña). Así pues, desde fines del siglo XIX, uno de los principales problemas de la economía alemana fue asegurar el ritmo creciente de las exportaciones; sus comerciantes se hallaban establecidos en China, África, Sudamérica o el Imperio otomano, de forma que los problemas de política exterior se habían convertido en prioritarios.

La desaparición de Bismarck permitió dar un giro radical a la política exterior del Imperio. Formado en la lógica del Antiguo Régimen, el viejo Canciller creía en la alianza entre Coronas para frenar el empuje de la revolución; además, había concebido la unificación en relación a un prudente equilibrio entre las principales potencias continentales, Rusia incluida. A partir de 1890 y bajo la tutela directa del Emperador en estrecha relación con la gran burguesía, la política exterior alemana desterró la vieja prudencia bismarckiana, entró en una fase mucho más agresiva y se mundializó. Con esta nueva Weltpolitik (nombre que recibe la política del imperialismo alemán) se identificó el canciller príncipe Von Bülow (1900-1909).

Los cambios no afectaron de igual modo a la política interior. El Emperador ignoró sistemáticamente al Parlamento elegido por sufragio universal. Bajo el mandato del canciller Bethmann-Hollweg (1909-1917) las tensiones subieron de tono y fueron contestadas con el inmovilismo imperial. Frente a este giro político agresivo se generó el denominado «cartel anticonservador» (la reunión de partidos nacionales, liberales y el socialista), que en 1912 conseguiría imponerse al bloque gubernamental por 197 a 163 diputados. Esta crisis política e institucional servirá de telón de fondo a las reacciones que llevarán Alemania a la guerra en 1914.

Sin embargo, el factor mayor de dinamismo debe buscarse en el campo socialista y, en general, en el sindicalista, que crecen extraordinariamente en una sociedad en rápido proceso de proletarización (en 1913, el proletariado representa el 70 % del total). Entre 1890 y 1913, los Sindicatos Libres mayoritarios pasarán de 300.000 a 2,5 millones de afiliados y, en su conjunto, la afiliación sindical superará los 4 millones (en Francia no se superaba el millón).

Este mundo obrero, aupado por la política bismarckiana del denominado socialismo de Estado que promocionaba el aumento de las expectativas, nivel de vida y condiciones laborales de los trabajadores, pronto abandonó la causa revolucionaria y optó por la vía del revisionismo. Uno de sus máximos exponentes, Edouard Berstein (junto a Noske, Ebert o Bebel), promovía un socialismo orientado a profundizar en la democratización de la sociedad por medio del sufragio y la acción política, a reducir todas las formas de opresión y a ir introduciendo las reformas necesarias para paliar las desigualdades. Este socialismo alemán tuvo un peso decisivo en la II.ª Internacional y consiguió convertir su partido (SPD) en el mayor del país desde 1912.

La Europa mediterránea a fines del Ochocientos se debate entre el atraso tradicional, la dependencia respecto las potencias del Norte progresivamente crispada por la nueva agresividad imperialista y la necesidad de consolidar sus respectivas estructuras políticas y administrativas en un Estado moderno y capaz de «regenerar» y poner al día estos países.

En Grecia, desde 1882 se produce una relativa estabilización política. Su principal protagonista es Ch. Trikúpis, reformador con una larga trayectoria política quien ya en 1874-1875 había hecho público un gran plan para la estabilización del país. Ahora consigue formar Gobierno y pacta con su principal opositor, el nacionalista partidario de la Megali Idea, Th. Delighiànnis. Fruto de este pacto, Grecia entrará en una etapa de más de veinte años de estabilidad, que permitirá la consolidación de unos sectores amplios de burguesía de negocios y de profesionales liberales, principales valedores de la labor modernizadora del Gobierno.

Grecia pasará de disponer de 12 km de línea férrea (1882) a 930 y 500 en construcción (1893), aunque hasta 1916 no se unirá con el resto de Europa; en 1893 se abre el Canal de Corinto y crece mucho el tonelaje de la flota comercial; se realizan grandes mejoras en el sistema de regadío, se consolida el orden público reprimiendo el bandidaje, se intenta controlar la prepotencia electoral de los señores locales y reformar y tecnificar la administración del Estado. La crisis agraria y financiera abierta en 1893 terminará con esta experiencia modernizadora de Trikúpis (que morirá en el exilio parisino en 1896). Tras él, Delighiannis preside un periodo de crisis (Creta, 1897) que contrasta el nacionalismo creciente con la dura constatación de que Grecia sola no puede contrarrestar el mandato imperialista de las grandes potencias.

En Italia, la crisis de la izquierda parlamentaria y del «transformismo» inspirado por Depretis (1876-1882) se intentará superar con los gobiernos del siciliano F. Crispi (1887-1891 y 1893-1896), quien se inspirará en el modelo autoritario y modernizador de Bismarck para intentar sacar a Italia del estancamiento, partiendo de su concepción de la política, democrática pero con un fondo reformista ilustrado, despótico y jacobino. Su preocupación inicial fue la de reforzar y tecnificar el poder del Estado, usándolo de forma centralista y en ocasiones arbitraria. Intentó crear un nacionalismo de Estado («guerra arancelaria» con Francia) y un proyecto común que se centró en el intento de solucionar la llamada «cuestión meridional»: la discusión sobre este gran problema de la unidad italiana llegó al Parlamento e inspiró grandes planes de modernización agraria (que a la larga solo favorecieron a los terratenientes gracias a la reducción de la presión fiscal sobre la propiedad rural), crediticios y de fomento de la emigración ultramarina de los excedentes de población. A fin de situar a Italia entre las grandes potencias, Francesco Crispi se lanzó a un proyecto colonial, ya analizado, que tras el desastre de Ardua (1896) acabaría provocando su definitiva caída.

El final de Crispi significó la entrada en escena de Giovanni Giolitti, político piamontés de talante moderado, pragmático y proclive a buscar el consenso entre la izquierda y la derecha. Giolitti fue contrario al gran intervencionismo estatal anterior y desde su primer gobierno en 1892-1893 optó por las reformas y por moderar la represión. La crisis finisecular trajo consigo los desastres coloniales, la crisis interior y la inestabilidad social: en 1898, fuertes tumultos provocados por el aumento del precio del pan serán reprimidos de forma brutal, con acusaciones que implican políticamente a la izquierda; en 1900, el rey Humberto I será asesinado por un anarquista, siendo sustituido por Vittorio Emanuele III.

Son años de inestabilidad parlamentaria, de tensión, una represión indiscriminada y de radical enfrentamiento entre derechas e izquierdas, que han hecho pensar a algunos especialistas en un verdadero golpe de Estado. La estabilización parlamentaria emprendida por Zanardelli y Giolitti, el inicio del acercamiento de los católicos al sistema (a partir de 1904) y los sucesivos gobiernos del propio Giolitti (1902, 1903-1905, 1906-1909 y 1911-1914), marcan la recuperación italiana. En política interior emprenderá una legislación social y laboral progresista, programas de impulso a la industria, de estabilidad presupuestaria y, sobre todo, de saneamiento del sistema político, que culminará en la adopción del sufragio universal en 1913.

En España, el sistema de la Restauración había recibido un duro golpe con la muerte prematura de Alfonso XII (1885): inicio de la regencia de María Cristina de Asburgo-Lorena, hasta la mayoría de Alfonso XIII, en 1902. Ante esta emergencia se produjo el denominado Pacto del Pardo por el que se aseguraba la estabilidad parlamentaria y el «turno pacífico» entre el Partido Conservador que dirigía Cánovas del Castillo y el Partido Liberal dirigido por Sagasta. A los liberales correspondió la tarea de consolidar el sistema de la Restauración, con medidas liberales que permitiesen una mayor integración social y política (Ley de Asociaciones, 1887; sufragio universal masculino, 1890, etc.). El atraso económico, la dificultad para solucionar el problema agrario, el fuerte predominio del caciquismo y de la Iglesia (enseñanza), así como la inestabilidad social (con la década de 1890 aparece el problema de la «acción directa» anarquista) fueron los grandes lastres de esta época.

La crisis colonial finisecular no fue suficiente para desequilibrar el sistema que, con todo, debió proceder a su modernización. Los viejos partidos del turno se atomizaron con la desaparición de sus líderes y correspondió a los conservadores Silvela y Maura y a los liberales Moret, Canalejas y conde de Romanones, la recuperación poscolonial y la modernización política: reforma de la administración local, reforma de las confesiones religiosas, primera legislación laboral, etc. La reaparición de los problemas coloniales (Marruecos) tuvo consecuencias internas muy graves, como la revuelta en Barcelona que fue conocida como la Semana Trágica (julio de 1909). Durante este periodo se consolidarán fuerzas políticas y sociales nuevas: en 1879 se había creado el Partido Socialista Obrero Español, que a fines de siglo tendrá unos primeros éxitos a nivel local en el País Vasco y que en 1910 logrará llevar a las Cortes su primer diputado (Pablo Iglesias); en 1901 se creará la Lliga Regionalista, el partido nacionalista catalán que a partir de 1912 se convertirá en la fuerza política hegemónica en Cataluña.

A partir de 1912, el sistema de la Restauración mostrará los primeros síntomas claros de agotamiento y crisis; con la Gran Guerra y las profundas transformaciones que experimentará el conjunto del país y especialmente las áreas urbanas e industriales, esta crisis se hará evidente y definitiva (1917).

En Portugal, durante el reinado de Luis I (1861-1889) se había conseguido una cierta estabilidad política, gracias a la práctica de la «rotación de partidos» (Regenerador y Progresista), no exenta de fraudes electorales que recuerdan la práctica caciquista en España. Como respuesta a esta corrupción, en 1881 se fundó el Partido Republicano. El nuevo monarca, Carlos I (1889-1908), contribuyó con su comportamiento personal a generar una gran desconfianza, desequilibrio político y desórdenes sociales, en un clima en el que las tensiones imperialistas de fines de siglo (capitulación portuguesa frente a Gran Bretaña, en 1896-1898) tuvieron un papel destacado.

En 1906, el rey concedió al primer ministro Joâo Franco poderes dictatoriales que le permitieron disolver el Parlamento y emprender una dura política represiva. En 1908, el monarca y el príncipe heredero fueron asesinados en Lisboa, iniciándose el corto reinado de Manuel II: una gran insurrección en octubre de 1910 le obligó a marchar al exilio (donde morirá en 1952). Inmediatamente se proclamará la República, bajo la presidencia de Teófilo Braga. Las líneas políticas fundamentales del nuevo régimen serán la lucha contra la Iglesia, el soporte principal de los poderosos sectores monárquicos (1911, separación entre la Iglesia y el Estado), la reforma educativa y las reformas sociales. Con todo, el descontento popular fue creciente, desembocando en la gran huelga general lisboeta de 1912.

La emergencia del mundo no europeo

Existen dos rasgos de este fin de sigo cuyo desarrollo va a determinar en buena medida el siglo XX. Se trata, el primero, del ascenso de dos potencias no europeas, los Estados Unidos y el Japón, que pronto van a disputar la hegemonía que el Viejo Continente había disfrutado hasta entonces en exclusiva. En segundo lugar, fruto del ascenso imparable de estos países, el dinamismo económico y la mayor conflictividad van a desplazarse del Atlántico Norte hacia el Pacífico; con ello, muchas áreas que hasta la fecha habían vivido en una situación de dependencia colonial y apartadas de los grandes flujos internacionales van a reaccionar con un dinamismo nuevo.

En términos generales, Europa no sabrá valorar convenientemente este cambio de escenario. Por ello, muy pronto se verá «sorprendida» por hechos como el gran peso de los EE.UU. en el mundo e incluso por su decidida intervención en los asuntos internos europeos. Además, en este proceso Gran Bretaña va a perder su supremacía colonial a escala mundial.

EL ASCENSO DE LOS EE.UU. AL PRIMER PLANO MUNDIAL

Tras la Guerra Civil, los EE.UU. entraron en lo que se conoció como la Edad de Oro, que se prolongaría entre 1865 y 1898. Las tensiones internas entre el Sur y el Norte se mantuvieron, pero los grandes recursos desatados con la conquista de la frontera oeste (culminada en 1890) permitieron crecimientos insospechados en campos muy variados. Desde que en 1866 se consiguió conectar la vía férrea que unía el Atlántico con el Pacífico el sector no paró de crecer, hasta alcanzar los 380.000 km de tendido ferroviario en 1910. Las ciudades no pararon de crecer y la población total pasó de los 39 millones en 1871 a 62 millones en 1894 y 97 millones en 1914. Un tercio de este crecimiento se debió a la inmigración, proveniente sobre todo de la periferia europea y de la China.

Nuevos capitalistas se aprovecharon de estas posibilidades inmensas y amasaron fortunas enormes. Las grandes llanuras del interior pronto se convertirán en la importante reserva agrícola que va a permitir el gran desarrollo comercial e industrial: la población activa dedicada a la industria pasará de representar el 40 % en 1870 al 52 % en 1900. La referencia a la libre iniciativa y la exaltación de la libertad individual (pronto se hablará del «american way of life»), unido al mantenimiento de una política económica claramente proteccionista van a promocionar la aparición de una gran burguesía prepotente y a crear duras condiciones para los agricultores y los obreros urbanos. En 1890 van a dictarse unas primeras medidas antimonopolios para intentar regular los precios. Sin embargo, los efectos de estas medidas serán contraproducentes, puesto que promocionarán la creación de grandes trusts (como la United States Steel Corporation, de 1901) o enormes corporaciones (General Electric, American Telephone Company, Standard Oil Company, etc.) que desviaron parte de su actividad hacia el exterior: en 1900, los EE.UU. era ya una gran potencia económica y la primera mundial en exportación de capitales.

Las duras condiciones de esta explotación capitalista y la situación extrema de los inmigrantes recién llegados podría hacer pensar en la existencia de un movimiento obrero potente y combativo. Tan sólo el anarquismo se convirtió en la respuesta individual a las duras condiciones y a las frustraciones existentes entre la población trabajadora: llegó a protagonizar algún magnicidio, constantes boicots y actos de sabotaje que traducían la rabia de una población muy explotada. Pero, estas condiciones y la dura represión policial, con hechos sanguinarios como los ocurridos en Chicago en 1886 (que en Europa fueron utilizados como símbolo de la opresión para la convocatoria de la jornada reivindicativa del primero de mayo, a partir de 1890), en EE.UU. no contribuyeron a consolidar una verdadera conciencia de clase.

El constante aluvión de nuevos trabajadores y el mito de las grandes posibilidades que ofrecía el país al que trabajaba y se cuidaba de sus asuntos, debilitó el revolucionarismo y fomentó la vía sindical como fórmula idónea para la protección de los intereses laborales. El Socialist Labour Party perdió peso mientras que se conseguía la fusión sindical que en 1890 dio origen al American Federation of Labour, que lideró Samuel Gompers. Aún en 1901, Morris Hillquit creará un Partido Socialista de América que languidecerá hasta desaparecer con la Gran Guerra.

Ente 1876 y 1884, el Partido Republicano se mantendrá en el poder en dura lucha con el Partido Demócrata que tenía su principal reducto electoral en el Sur. En 1884, el demócrata Garfield perecerá en un atentado anarquista; poco después, su correligionario Cleveland, a pesar de gobernar con la oposición de unas Cámaras de mayoría republicana consiguió fortalecer el Ejecutivo y reducir el gasto público; no obstante, acabó enemistando a los distintos grupos oligárquicos entre sí y con el poder.

Su sucesor, el republicano Benjamin Harrison, facilitó la entrada en la Unión de nuevos Estados del Oeste (las dos Dakotas, Montana, Idaho y Wyoming), intentó controlar la prepotencia de los trusts (leyes de 1890), aumentó los aranceles para defender los grandes intereses económicos del área republicana del Nordeste e inauguró una política exterior agresiva que inicia la etapa expansionista de los EE.UU.: su idea consistía en relanzar la Doctrina Monroe de 1823, pero dándole una perspectiva de expansión exterior eficaz y real (en 1887 tomará la isla de Samoa frente a los intereses de británicos y alemanes, así como Pearl Harbour, con lo que precipitará la creación de la República de Hawai en 1893).

La agresividad de la política de Harrison propició el regreso de los demócratas y, hecho inédito, la vuelta al poder de Cleveland (1893-1897). Con algo más de moderación, Cleveland procuró atenuar la guerra arancelaria interior y realizar una política exterior más pactista (conflicto de la frontera de la Guayana inglesa con Venezuela).

Con todo, el expansionismo americano era cada vez mayor y más agresivo, reflejo del gran crecimiento económico interior. El sucesor de Cleveland, Mackinley, pudo beneficiarse, además, de la apertura de los pozos petrolíferos de Arizona y del descubrimiento del oro de Klondyke (que permitió que los EE.UU. entraran de lleno en el circuito monetarista internacional). En 1898, con la ayuda de una prensa de masas cuya capacidad de influencia no paraba de crecer, entró de lleno en el conflicto imperialista internacional al aprovechar la debilidad española para ocupar Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Además, esta guerra permitió que por primera vez en su historia pudiese hablarse de un sentimiento de patriotismo americano.

EL AUGE DEL PROGRESISMO AMERICANO Y LA POLÍTICA DE IMPERIO

Mackynley murió asesinado por un anarquista en septiembre del 1901, siendo sustituido por su joven vicepresidente Theodore Roosevelt, representante del ala progresista del Partido Republicano. Con sus dos mandatos consecutivos (1901-1908), Roosevelt consiguió consolidar el gran potencial norteamericano y su influencia en el mundo; fue el primer presidente americano que visitó y se hizo escuchar en las grandes capitales europeas.

En política interior, su gestión encumbró la política de los denominados progresistas. Se trataba de una corriente reformista que se había gestado en la lucha gubernamental por la regulación de la economía y en contra de la prepotencia de los grandes trusts. Con un componente religioso importante, los progresistas iniciaron su actuación en el nivel municipal, con campañas de moralización pública (la más resonante fue la que prohibía el consumo público del alcohol), de lucha contra la pobreza y a favor del sufragio femenino. Con el tiempo incorporaron en sus programas la intervención pública en la regulación laboral, temas de salud pública, la lucha en contra de la criminalidad y la «limpieza» de la actuación política.

La novedad introducida por Roosevelt fue que esta acción progresista se desarrolló en tiempo de prosperidad económica y por parte de gente de clase media muy preparada. Una de sus fuentes de inspiración fue la obra de H. George, Progress and Poverty (1879), origen del movimiento igualitarista georgista; con todo, la fortuna progresista dependió de la aparición de una nueva oleada de periodistas libres que se dedicaron a la denuncia de las injusticias y corrupciones (se les conoció como los «muckrakers», o revuelve estiércol). Algunos argumentaron que la política reformista de los progresistas se presentó como una forma de contrarrestar el nuevo ascenso del socialismo, al que el aumento imparable de las desigualdades e injusticias sociales hacía prever un futuro prometedor.

Roosevelt basó su política interior en este programa progresista y consiguió una fama sin precedentes con su personal lucha contra los poderosos, con su intervención forzando la mediación pública entre obreros y patronos (huelga del carbón, de 1902) o con su soporte abierto al sindicalismo. Sus puntos débiles eran su gran ambición personal y sus métodos poco ortodoxos. Además, su lucha contra el excesivo proteccionismo chocaba con uno de los principales pilares tradicionales del programa republicano. Con todo, de haberse podido presentar a un tercer mandato, nadie dudaba que hubiese mantenido la presidencia.

Su sucesor fue el jurista conservador Taftt, individuo claramente opuesto a los postulados progresistas. Una de las iniciativas con la que quiso demostrar que iba a neutralizar la política de su antecesor fue la derogación de las medidas conservacionistas que protegía a algunos espacios naturales (los Grandes Parques). Esta actuación desencadenó la oposición violenta de Roosevelt, hasta el punto de provocar un verdadero cisma en el seno del Partido Republicano. Ante las elecciones del 1912, Roosevelt consiguió la nominación republicana y se enfrentó al candidato demócrata Woodrow Wilson.

A estas elecciones, Roosevelt concurrió con un programa que denominó «Nuevo Nacionalismo»; pero mucha gente lo consideró como una plataforma meramente personalista, de alguien que despertaba grandes recelos entre sectores muy diversos y que se presentaba por despecho, como resultado de su descontento con una política presidencial que pretendía deshacer su anterior obra. Enfrente suyo, Wilson denominó a su programa «Nueva Libertad» y lo centró en la reducción de los aranceles, de la legislación social y del control sobre los monopolios; todo ello, presentado como una lucha en pro de la preservación de la libertad individual. Wilson consiguió el 42 % del voto popular y recuperó para los demócratas una presidencia que no ocupaban desde 1892.

En política exterior, Roosevelt había culminado la trayectoria expansionista, iniciada durante la presidencia de Harrison, y dio a este expansionismo una orientación abiertamente imperialista, no exenta de grandes dosis de agresividad. De hecho, consolidó la orientación de sus antecesores en dos frentes principales: hacia el Caribe, que se considera el área de expansión natural de los EE.UU.; y hacia el Pacífico, con una atención creciente por el Extremo Oriente (que en ocasiones viene denominado como el Lejano Oeste). Hasta la presidencia de Wilson y en la coyuntura extraordinaria de la Gran Guerra, los EE.UU. prácticamente no intervinieron en los asuntos europeos.

JAPÓN: LA CULMINACIÓN DE LA «REVOLUCIÓN MEIJÍ»

La Era Meijí (o de los Emperadores Iluminados) se extiende entre 1868 y 1912. A lo largo de estos años pueden diferenciarse dos grandes periodos: hasta 1885 o periodo inicial y, a partir de este año, la fase en que esta revolución alcanza todo su esplendor. En la primera fase, y con un fuerte intervencionismo estatal que recuerda el modelo prusiano, Japón sentó las bases de su moderno desarrollo económico. Este gran esfuerzo se realizó combinando el respeto por la tradición y el orden social tradicional con una clara voluntad occidental: se abrieron los puertos al comercio con las grandes potencias, se promocionó la creación de grandes complejos empresariales, de una banca potente y especializada, de una enseñanza técnica capaz de reciclar a la gran masa de nuevos trabajadores (provenientes en su inmensa mayoría del campo), etc.

A partir de 1885, esta revolución desde arriba entró en su fase de consolidación. Uno de sus máximos impulsores fue Ito Hirobumi, especialista en constitucionalismo germánico. Bajo su inspiración se redactó la Constitución, se organizó un primer gabinete ministerial de corte occidental y, en 1890, se reunió por vez primera la Cámara de Diputados. Con todo, de entre los 40 millones de habitantes tan sólo tenían derecho a votar medio millón de varones acomodados, y aun contando con esta restricción, los cambios en la realidad japonesa eran tan grandes que pronto la oposición consiguió 160 de los 300 escaños de que se componía la Cámara. Ello hacía peligrar el control oligárquico de la «revolución» meijí, hecho por el que la vida parlamentaria transcurrió en estos años de forma tormentosa, sometida a controles e irregularidades y a una constante represión policial. La única institución de equilibrio fue el Emperador.

Con el inicio del siglo XX prevalecieron las opciones conservadoras, encaminadas a preservar el orden social que se consideraba amenazado: políticas sobre la familia, de exaltación de la institución imperial, de promoción de grandes fiestas nacionales, de creación de movimientos oficiales de signo ruralista (como el Movimiento para la Mejora regional, de 1905), de movilización de la juventud, etc. Todos ellos participaron de la creación oficial de un estado de opinión xenófobo.

Buena parte de este nuevo conservadurismo más agresivo era el reflejo de la modernización económica del país. En los últimos años del Ochocientos, Japón podía considerarse que era una sociedad altamente urbanizada, industrializada y sometida a cambios muy rápidos. La población había pasado de 35 millones (1873) a 46 millones (1903) y en 1925 superaría los 60 millones; a principios de siglo, casi un 30 % del total de la población vivía en ciudades de más de 100.000 habitantes. El crecimiento económico era de los más altos del mundo (de un 5 % anual del producto nacional bruto) y las guerras exteriores dieron al Estado la oportunidad de afianzarla más, con grandes pedidos armamentísticos. Un efecto claro de este dinamismo fue la rápida desaparición de la dependencia económica de las viejas metrópolis coloniales: Gran Bretaña desapareció como la principal proveedora exterior, siendo sustituida por EE.UU. y las mayores relaciones económicas se establecieron con China e India.

EL EXPANSIONISMO JAPONÉS

Los crecimientos económico y demográfico convirtieron la necesidad de expansión en un tema acuciante y prioritario. La vieja dicotomía entre los partidarios del aislacionismo y los occidentalistas quedó muy pronto absolutamente superada; fue sustituida por una abundante literatura que avisaba del peligro de tener el corsé vulnerable de las fronteras insulares y de la necesidad de defenderlas con una política expansiva. Al mismo tiempo, desde 1881 hicieron acto de presencia unas «sociedades patrióticas» (con muchos viejos samuráis y gran predicamento entre la oficialidad joven del Ejército) que exaltaban la potencia nipona y la necesidad de expansión. Durante un tiempo se impuso la prudencia. Una política de expansión debería chocar forzosamente con la inmensa China, con el potencial cuanto menos teórico de Rusia, con la presencia creciente en la zona de los EE.UU. y con la aún prepotente presencia británica.

Pero las tensiones del crecimiento interior no tardaron en hacer olvidar esta actitud prudente. El primer aviso llegó en 1894, con la guerra contra China. Un cada vez más moderno y numeroso ejército japonés ocupó este año la península de Corea y parte de Manchuria, llegando en noviembre hasta Port-Arthur; al mismo tiempo, la marina nipona pasó a dominar en el Mar Amarillo. La guerra encendió las alarmas internacionales: Rusia fue la primera en alertar del peligro desestabilizador del episodio y fue respaldada por los intereses europeos (rivalidad con Gran Bretaña) y coloniales de Francia y Alemania. Por su parte, el nuevo expansionismo americano se alió con Gran Bretaña y materializó su primera gran intervención en la zona al imponer la denominada doctrina de «puerta abierta», en relación a la explotación teóricamente igualitaria del mercado chino (1895). En Japón, la frustración política fue muy grande; como respuesta se dio un importante aumento del presupuesto militar (hasta 1904).

La crisis producida por el levantamiento «boxer» en China (1899) iba a brindar una nueva oportunidad al expansionismo japonés. La ocupación de las embajadas en Pekín fue contestada por la creación de una fuerza multinacional destinada a su liberación y Japón participó con uno de los contingentes más numerosos, lo que le granjeó las simpatías occidentales. Rusia aprovechó la revuelta para ocupar parte de Manchuria, con el pretexto de defender sus importantes intereses ferroviarios en la zona, y con ello provocó la definitiva desestabilización de la región.

Japón va a encontrarse ante una verdadera encrucijada: por un lado, con la necesidad de enfrentarse al expansionismo ruso en la zona; por el otro, con la prudencia derivada de sentirse aún con un potencial económico insuficiente para competir con el potencial de los EE.UU. y Gran Bretaña. Entre 1902 y 1903, las negociaciones para conseguir repartirse las zonas de influencia entre Rusia y Japón en Corea y en Manchuria van a subir de tono y a preparar el terreno para la guerra entre ambos países.

RUSIA, LA CRISIS DE LA AUTOCRACIA TRADICIONAL

Rusia constituía el único régimen político de una gran potencia de tipo autocrático; no disponía ni del mínimo control parlamentario como el del Imperio austríaco. Muchos pensaban en este coloso como una potencia no europea, dado el gran contrapeso territorial de Siberia. El inmovilismo político fue la tónica de los mandatos de los zares Alejandro III (1881-1894) y de su sucesor, Nicolás II (1894-1917); a pesar de esto, no puede olvidarse que ensayaron una tímida occidentalización: control del poder local de la aristocracia, cierta promoción de la burguesía, mejoras educativas y jurídicas, etc.

Sin embargo, donde se produciría la máxima apertura fue en el terreno económico, especialmente en la promoción del sector industrial en la última década del siglo. El ministro de Finanzas, Serguei Vitte (1892-1903), impulsó la creación de grandes infraestructuras (de manera especial las ferroviarias), favoreció las inversiones públicas y la captación de capitales extranjeros (la mayor parte franceses) y aseguró grandes beneficios empresariales con políticas de contención salarial y control laboral extremadamente duras. A pesar de todo esto, este inmenso país se mantuvo en el atraso, sin una clara estructuración interna y con un predominio abrumador del mundo rural (a fines de siglo, la agricultura ocupaba más del 70 % de la población activa). En 1900, los trabajadores industriales no superaban los 2,5 millones de individuos de una población total de más de 100 millones de habitantes; esta industria se concentraba en las zonas urbanas de San Petersburgo y Moscú, así como en las mineras y petrolíferas del Mar Caspio y los Urales. Se trataba de la potencia europea con un índice mayor de analfabetismo, de un notable atraso cultural, con una altísima mortalidad infantil y una renta per cápita que no alcanzaba la mitad de las de Francia o Alemania.

Estas condiciones tan difíciles, unido a la brutal represión policial y política retardaron y dificultaron la creación de una oposición de izquierdas orientada a movilizar en el plano político y sindical a la clase obrera. Hasta 1898 no se fundó el Partido Socialdemócrata, que en 1903 se dividirá entre los bolcheviques o mayoritarios (que dirige Lenin) y los mencheviques o minoritarios de J. Martov. Las principales protestas siguieron siendo puntuales, basadas en actos individuales y notorios atentados anarquistas; en el mundo campesino, la mayor influencia la tuvo el Partido Socialista Revolucionario (1900) con influencias anarquistas y populistas.

La guerra con Japón (se analiza en el siguiente apartado) llevó al máximo este conjunto de tensiones y contradicciones. El esfuerzo bélico provocó una gran carestía y un incremento de los precios que aumentaron mucho la tensión social; además, la marcha del Ejército hacia el Este permitió que estas tensiones proliferasen por todas partes. En enero de 1905, una manifestación de unas 150.000 personas se dirigió hacia la residencia del zar, el Palacio de Invierno de San Petersburgo, pidiendo reformas políticas y una suavización de las condiciones sociales. Esta manifestación fue dispersada con brutalidad, con el balance de más de 100 muertos y de unos 2.000 heridos. En respuesta, importantes movilizaciones se extendieron por las principales ciudades del país y por el mundo rural e incluso se dieron algunos amotinamientos de tropas; en otoño el caos era enorme y el poder, sin el recurso del Ejército, se demostraba incapaz de superar esta situación.

La anarquía será aprovechada por la aparición espontánea de una organización revolucionaria local (soviets o concejos, en ruso) que a menudo reclamaban su inspiración en el movimiento de la Comuna de París de 1871. El soviet central se estableció en San Petersburgo y pronto se convirtió en un verdadero contrapoder. En octubre el zar pareció claudicar prometiendo algunas reformas; pero, al mismo tiempo, favoreció la creación de una fuerza paramilitar (las Centurias Negras) que inició una dura lucha contrarrevolucionaria y algunos pogromos contra los judíos, para ver si se desviaba la atención popular. Finalmente, en diciembre de 1905 empezaron a regresar las tropas del Este, con lo que se inició una gran ofensiva contra la capital y contra Moscú.

Controlada la revuelta, la convocatoria de una Duma o Parlamento y con ella la esperanza de reforma para una oposición diezmada (no así para los bolcheviques, que ni dieron crédito a la posibilidad de una reforma «burguesa») tan sólo dependió de la buena voluntad de Nicolás II. En abril de 1906 se convocó una primera Duma; las elecciones fueron por teórico sufragio universal, pero con un sistema complicadísimo que privilegiaba el voto de los propietarios y un reglamento que impedía el control de la acción del Gobierno por la Cámara. Aun así, el zar la consideró un estorbo innecesario y disolvió esta Duma en febrero de 1907. Tras promulgar una nueva Ley electoral (que daba al voto de un propietario un valor 500 veces superior al de un obrero), convocó una Duma mucho más dócil que marcó el fin del aperturismo político provocado por los efectos de la revolución de 1905.

Como venía siendo costumbre, las reformas se trasladaron al campo social y económico. Pero ahora, el más liberal Vitte fue sustituido por el reformista moderado Pëtr Stolypin, quien combinó una dura represión social con un gran plan de reforma agraria que tendía a desvincular a los payeses de su pueblo y promocionar su acceso a la pequeña propiedad cedida por el Estado previa la indemnización a los terratenientes; en principio, la reforma afectó a casi 7 millones de campesinos, pero la mayoría fue proletaria de nuevo: tan sólo una ínfima minoría accedió a la condición de campesino rico (kulak). Stolypin fallecería en un atentado anarquista en 1911, dejando la autarquía rusa sin salida y sumida en el caos.

LA GUERRA RUSO-JAPONESA Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA HEGEMONÍA DEL JAPÓN

A pesar de esta realidad, Rusia seguía manteniendo una política exterior de gran potencia, justificada por un creciente sentimiento nacionalista hasta cierto punto agresivo (el paneslavismo justificaba la reunión de todos los eslavos). Entre los principales frentes de expansión destacaba el oriental, con lo que las fricciones con el expansionismo nipón no se hicieron esperar; las puntos de conflicto se situaron en las zonas fronterizas de Manchuria y en el Archipiélago de las Kuriles, al sur de la península de Kamchatka. Tras un periodo de tensiones diplomáticas y de teórico predominio ruso, en 1904 Japón inició las hostilidades sin declaración previa de guerra. En los primeros compases de la guerra, Japón aparecía como la potencia joven y teóricamente más débil; este hecho le granjeó las iniciales simpatías de los Estados Unidos, quienes se refirieron públicamente al principio de la denominada «vecindad territorial» para respaldar los intereses japoneses.

Sin embargo, las operaciones militares enseguida decantaron la balanza del lado japonés. Su gran superioridad naval les permitió controlar Port Arthur (enero de 1905) y con ello lanzar un importante ataque terrestre hacia el norte (febrero y marzo) que culminó en la gran batalla de Mukden. El gran problema de los rusos era logístico, dado que sus principales bases se hallaban a más de 1.000 kilómetros de distancia. Para paliar en parte esta desventaja pensaron en desplazar la flota del Báltico hacia la zona: se trataba de una operación ardua y costosa (debieron bordear África y Asia) y cuando llegaron fueron derrotados por los japoneses en la batalla de la Isla de Tsushima. Este fracaso significó el fin de la resistencia rusa y, con ello, el de la misma guerra.

Los Estados Unidos se ofrecieron de mediadores en la firma de la paz (Tratado de Portsmouth, de septiembre de 1905). Por él, Japón renunciaba a cualquier compensación económica a cambio de ver reconocido su protectorado sobre Corea. Se trataba de la primera ocasión en que un país asiático derrotaba a una potencia europea, hecho que causó una gran sorpresa internacional. El golpe, como es lógico, fue mucho mayor en Rusia, donde promovió el estallido de un movimiento revolucionario de amplio alcance.

Por su parte, Japón inició el proceso de anexión de Corea, que culminó en 1910; su ocupación intentó crear una Administración racional y eficiente pero fue extremadamente dura. Más tarde, financió una importante revuelta en Manchuria (1912), con el objetivo de separarla de China y convertirla en una zona de influencia mucho más directa y fácil. Poco después, con el inicio de la Gran Guerra, Japón quiso afianzar su expansionismo a costa de Alemania: aprovechando la situación bélica en Europa ocupó diversas islas alemanas del Pacífico y a fines de 1914 lanzó las denominadas «Veintiún Peticiones». Con todo, el enorme esfuerzo bélico necesario para consolidar esta expansión dejó a Japón muy debilitado y con una economía desestabilizada.

La gran confrontación imperialista

El propio concepto «imperialismo» puede resultar confuso y hasta contradictorio si no se le entiende en su total historicidad. Así pues, el primer problema estriba en diferenciarlo del genérico colonialismo (y con él, neocolonialismo, descolonización, etc.) y dejar bien sentado que una cosa es el problema histórico del imperialismo y otro su posterior consolidación en el lenguaje político al uso y, por consiguiente, su utilización como un genérico uso indiscriminado que hemos venido aplicando hasta nuestros días a situaciones realmente muy dispares.

La primera vez que se habla de «imperialismo» será en el contexto del II.º Imperio francés, aludiendo a una política de prestigio que implicaba forzosamente la expansión colonial (Argelia, norte de África). Pero aún se pensaba en términos de una expansión colonial que, proporciones al margen, no difería mucho de la que se había emprendido desde el siglo XV. Así pues, no es de extrañar que el concepto «imperialismo» adquiriese toda su nueva carga política actual en la confrontación política que sacude la Gran Bretaña finisecular: la primera potencia colonial del momento apreció enseguida hasta qué punto la vieja expansión colonial ya estaba planteando problemas nuevos que implicaban la propia metrópoli. Finalmente, la convocatoria, por parte de Bismarck, de la primera Conferencia de Berlín (que se clausura a fines del 1877) para discutir la crisis abierta en los Balcanes y los problemas derivados de las nuevas conquistas en el Continente africano, no va a tardar en convertir la «cuestión imperialista» en un problema de primer orden europeo y hasta mundial. El historiador alemán F. Meinecke apuntó que, con el imperialismo, la historia se convirtió realmente y por primera vez en planetaria.

Desde su misma aparición finisecular, la definición del moderno imperialismo vino rodeada de una gran carga política e ideológica. En este sentido, el concepto «imperialismo» adquirirá una gran notoriedad a fines del siglo XIX y principios del siglo XX con la voluntad de identificar una realidad explícitamente moderna, en contraposición con los viejos imperios (el Austro-Húngaro o el Turco), que de esta forma aparecen como verdaderas rémoras del pasado.

Claro está que entre todos estos cambios no podemos olvidar los de tipo cuantitativo: el colonialismo blanco, en su momento de máxima expansión (1914) ha terminado por dominar el 80 % de la superficie de la Tierra. Entre 1876 y 1914, Francia incrementa su dominio colonial en 10 millones de km² y 50 millones de habitantes; Gran Bretaña, la primera potencia colonial de la época, en 11 millones de km² y 142 millones de habitantes.

LA CREACIÓN DE UN ESTADO DE OPINIÓN

El concepto finisecular de «imperialismo» tiene que ver con esta casi necesidad de que las potencias adquiriesen y conservasen colonias y alude, además, a la filosofía política que lo intenta explicar y justificar. Pero la mayor novedad la van a aportar los gobiernos de los Estados, que se implican de forma directa en esta explotación colonial, convirtiendo esta cuestión en un tema de Estado, que implica a la nación entera y que llega a proyectarse en la política exterior, como uno de los argumentos principales de la rivalidad entre potencias. El imperialismo alude al dominio de las colonias; pero, al mismo tiempo, representa un elemento de cohesión interior de las modernas sociedades occidentales masificadas y, al mismo tiempo, un argumento de primer orden en la confrontación que interesa a las grandes potencias en esta fase de repliegue proteccionista finisecular.

Es por estas razones que las teorías que intentan explicar el imperialismo deben integrar elementos de tipo económico, junto a los políticos, culturales y estratégicos. Desde finales del siglo XIX, este imperialismo fue explicado por una floreciente literatura, ensayo político y económico; por una prensa escrita e ilustrada cada vez más influyente; por la acción de sociedades de todo tipo (de forma destacada las prestigiosas sociedades geográficas) y por grupos de presión y lobbys muy influyentes, así como por los propios Estados, a los que interesa generar «estados de opinión» para justificar estas políticas que, en general, terminaron por ser realmente gravosas para las metrópolis. La popularidad que alcanzaron algunos descubridores da la medida del interés que se tuvo en alcanzar este clima favorable a la expansión imperialista. Sobresalieron, entre un gran número, el periodista inglés Stanley, que trabajó por cuenta de la Asociación Internacional Africana (con mucha influencia francesa) y misionero escocés David Livingstone, muerto en Rhodesia en una de sus expediciones (1873).

Las principales potencias coloniales desplegaron todo tipo de medios para generar este estado de opinión favorable a la confrontación imperialista y a las violencias que ésta conllevaba.

En Gran Bretaña, estas acciones se habían iniciado a mediados de los sesenta siguiendo la huella de Thomas Carlyle, Los héroes y el culto a los héroes (1841), con Charles Dilke el creador del eslogan «Greater Britain» («la mayor de las Britanias», 1867, que compara con el esplendoroso Imperio Romano) y teórico de la misión de los blancos sobre los salvajes; en 1868, además, se creará la Colonial Society, que en 1882 se convertirá en el influyente Royal Colonial Institute. A fines de siglo, el colonialismo británico ya tiene su historiador, John Seeley, La expansión británica (1883), y al «gran cantor de la epopeya imperial», el popularísimo Rudyard Kipling (en 1907 se le concederá el Premio Nobel de Literatura): a sus notables relatos El libro de la selva (1894) y Kim (1901) debemos añadir obras más teóricas, como La canción de los ingleses (1890), donde se justifica abiertamente la superioridad de la raza inglesa; además de grandes empresarios y hombres de acción, como Cecil Rhodes. La creación en 1884 de la Liga para la Federación Imperial, la Liga Primrose, dio alas a la dura polémica que enfrentó a los imperialistas con los partidarios de la «Patria Pequeña», partidarios del repliegue puesto que las colonias creen que se convertirán en un lastre que terminará por hundir al país. Ni que decir tiene que en el momento en que Joseph Chamberlain acceda al Ministerio de las Colonias (1895-1903), las doctrinas imperialistas van a convertirse en doctrina de Estado.

En Francia, significativamente, será a partir de 1870 que alcanzará un cierto éxito la obra de Arthur de Gobineau, Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1853-1855). Sobre la base de la superioridad blanca, Paul Leroy-Beaulieu, De la colonización en los pueblos modernos (1874) teorizará la «necesidad» de la expansión de un pueblo superior (una «dilatación a través del espacio») y descenderá a los detalles al explicar la necesidad de técnicos, de infraestructuras y servicios en las colonias para hacer más plena la tarea civilizadora. Pero no será hasta Jules Ferry (1880) que no se dará la moderna expansión colonial francesa; sus debates parlamentarios con Clemanceau (1884-1885), anticolonialista por evaluar excesivo el coste de esta expansión y una distorsión del objetivo francés de enfrentamiento con Alemania, centrarán la política francesa y serán seguidos en todo el continente. Ferry es partidario del derecho y el deber a la expansión de las razas superiores y considera el repliegue interior el camino seguro hacia la decadencia.

En el caso francés destacó la organización y politización de los intereses coloniales, para crear una presión imperialista que estará muy presente en la política interior y exterior de este país, como mínimo hasta la Gran Guerra. Entre 1890 y 1914 existirá un verdadero lobby colonial dirigido por Eugène Etienne. Además, los intereses coloniales se convertirán en el eje de un grupo parlamentario en el que coinciden derechas e izquierdas y que tendrá un peso muy destacado: bajo la dirección del mismo Etienne, en 1892 reúne a 42 diputados que a las puertas de la Gran Guerra serán ya 113; su presión, entre otros, impulsará la conquista de Madagascar y la creación del Protectorado de Marruecos. Además, existirán el Comité del África Francesa (1890), los Comités de Etiopía, Egipto y Marruecos (1904) y, finalmente, la creación por el mismo Etienne de la Liga Colonial Francesa (1907), expresión de esta síntesis entre colonialismo y nacionalismo radical que inspira el imperialismo finisecular.

También en Estados Unidos, especialmente desde la presidencia de B. Harrison, van a proliferar las formulaciones imperialistas; los sucesivos éxitos en política exterior darán gran resonancia a unas teorías que, en principio, chocaban con el tradicional aislacionismo americano. Incluso se va a desenterrar la vieja Doctrina Monroe de 1823, pero dándole una formulación más agresiva. Por otra parte, se echará mano de fuentes muy diversas para justificar la nueva política expansionista agresiva. Así, por ejemplo, del idealista R. W. Emerson, quien al inicio de la segunda mitad de siglo había escrito que el hombre estaba obligado a vivir según su propia naturaleza (el biologismo y organicismo posteriores justificarán el traslado de este mandato del individuo a la nación). Hacia 1890 también se pondrá al día la doctrina del llamado «destino manifiesto», de John Fiske, donde se pretendía dar base científica a la superioridad de los anglosajones y, con ello, justificar cualquier iniciativa expansionista.

A fines del siglo XIX, el gran teórico de este moderno expansionismo fue el almirante T. Mahan, La influencia del poder marítimo en la historia (1660-1783) (1890), donde se define la «batalla comercial mundial», el conflicto imperialista mercantilista y la necesidad de que los EE.UU. se preparen para ello, con el dominio de las bases marítimas adecuadas, un programa naval inteligente (1883 en adelante) y una atención especial hacia el Caribe y el Pacífico. Mahan será subsecretario de Marina de T. Roosevelt, podrá llevar a la práctica sus ideas y secundar al principal definidor del imperialismo norteamericano, el propio presidente; éste va a popularizar sus ideas con unos eslóganes de gran fuerza: habla abiertamente y de forma inequívoca de la «diplomacia del dólar» y de la política del «big stick» (del gran palo).

LA CULMINACIÓN DEL DOMINIO COLONIAL

Hasta fines del siglo XIX, los descubrimientos, conquistas, asentamiento y administración de los territorios coloniales había sido cosa de relativamente poca gente y de presupuestos no muy gravosos. Los Estados no los gestionaron de forma directa, sino a través de particulares y de compañías monopolistas. Sin embargo, a partir de este momento finisecular, los Estados debieron intervenir en las conquistas, en la defensa de las posesiones conseguidas y en la creación de infraestructuras en estos territorios para poder promocionar su mejor aprovechamiento.

Así, a los tradicionales argumentos humanitarios (evangelizar y civilizar a los pueblos salvajes) pronto se le unieron las justificaciones vitales o biológicas, económicas y políticas: las vitales, por la necesidad de dar salida «natural» al crecimiento y vitalidad interior de las metrópolis; las económicas, para adaptarse a las necesidades de las modernas grandes concentraciones industriales, a la necesidad de materias primeras y de mercados cada vez mayores, y las políticas, para hacer evidente la superioridad, el potencial y poderío militar de los Estados. En un balance general no podemos olvidar, sin embargo, que las potencias que más crecieron en este periodo fueron EE.UU. y Alemania, precisamente los países que llegaron tarde a la carrera colonial y que debieron gestionar muy pocos territorios coloniales.

Entre las viejas potencias coloniales seguían sobresaliendo Portugal y España. Las dos se vieron seriamente afectadas por la escalada de tensiones imperialistas: Portugal mantuvo sus colonias pero se vio completamente mediatizada por Gran Bretaña en el conflictivo dominio de los territorios centroafricanos; España debió soportar las presiones alemanas en el Pacífico (1885), el levantamiento de los patriotas cubanos (1895) y poco después filipinos y el enfrentamiento con los EE.UU., con el resultado final de la pérdida casi total de los restos de su viejo imperio colonial (1898).

En una posición intermedia hallamos a Rusia. El imperio zarista se había expandido hacia Siberia, llegando a Vladivostok en 1858 (a costa del viejo dominio chino); la Corona se había hecho cargo de este dominio, asentando prisioneros y campesinos pobres y construyendo el ferrocarril transiberiano, la clave de su expansión. En el Este arrebató a China el territorio de la península de Lioa-Tung (1898) donde consolidaría el enclave de Port-Arthur y dejaría sentir su influencia sobre Manchuria con la construcción de la vía férrea hacia Pekín (1902), fuente del conflicto que acabaría enfrentándola con Japón. Las mayores resistencias las tuvo con la dominación de la zona del Cáucaso (1859) y sus belicosos pueblos pastores y contrabandistas de frontera. Los otros conflictos los tuvo con Gran Bretaña, por el dominio de Afganistán y actual Pakistán (amenaza sobre la India) y con Turquía, por el dominio de Armenia, la zona de los Balcanes y el dominio sobre el Bósforo y la salida del Mar Negro hacia el Mediterráneo.

Las dos mayores potencias coloniales siguieron siendo Gran Bretaña y Francia. En el caso inglés, la estrategia colonial siguió sin pretender la asimilación de los pueblos conquistados, limitándose a la supervisión de la Administración local, aplicando su tradicional política librecambista y tendiendo a dar la autonomía a los territorios ocupados por población blanca (Commonwealth, o comunidad de riqueza bajo la égida de Gran Bretaña: en 1855 se crea con Australia, en 1867 se añade Canadá y en 1907 Nueva Zelanda). La perla de sus colonias fue la superpoblada India (convertida en Virreinato desde 1857). En África, la apertura del canal de Suez renovó el interés por Egipto (protectorado desde 1882) y el conjunto del valle del Nilo (conflicto con la expedición francesa de Marchand en Fashoda en 1899 y conquista del Sudán en 1899). En el África oriental conquistaron Kenia para poder frenar el moderno avance de los alemanes en Tanganika. Finalmente, en el África del Sur se complicó la situación tras descubrirse oro en el Transvaal, llegando a la guerra con los colonos holandeses (Guera de los Boers, 1899-1902); en 1909 se dará forma política a la dominación inglesa con la creación del Dominio de la Unión Sudafricana.

De forma muy distinta a los ingleses, Francia tendió a consolidar un modelo colonial más costoso, que buscaba el dominio territorial y la asimilación de la población de las colonias, con una intervención más decidida del poder político y de las finanzas. A partir de 1880 en que se rehizo tras el desastre de 1870, inició una nueva expansión bajo la presidencia de J. Ferry, aunque no sin fuertes oposiciones iniciales: en 1881 consiguió el control de Túnez (provincia turca) con el pretexto de que amenazaba su control de Argelia, y en 1883 creó la Confederación Indochina (que se consolida en 1885 gracias al almirante Coubert, jefe de la escuadra del Extremo Oriente) como puerta de su entrada en el mercado chino. En África, debió enfrentarse a la potente Inglaterra en Egipto, la zona del Nilo y en el Bajo Níger. En 1885 inició la conquista de Madagascar, en la que empleará toda una década. En 1899 inicia la guerra contra los Tuaregs por la conquista del Sahara Norte; las hostilidades se mantendrán hasta 1911. En 1900, la conquista del Chad le va a permitir sus posesiones en el Congo con las del África Occidental. A partir de 1902 se abrirá un nuevo frente colonial en la estratégica zona de Marruecos, un verdadero problema por su rápida internacionalización y que servirá para retornar la problemática colonial, en su paroxismo imperialista, sobre la política de las metrópolis.

LA «CRISIS» IMPERIALISTA

A partir de la gran explosión colonial de la década de los ochenta, de hecho quedaban muy pocos territorios por conquistar. Esta situación desembocó en una problemática muy pocas veces declarada de gran tensión, en la que se acentuaron las diferencias entre potencias, llegando a amenazar el viejo «concierto europeo» con acuerdos a menudo inestables entre países que no hacen más que evidenciar esta creciente inquietud.

Estos problemas se habían querido neutralizar en la denominada segunda Conferencia de Berlín (terminada en febrero de 1885), donde participaron 14 países para solventar el problema concreto del Congo pero que terminó fijando unas normas para la expansión colonial: toda nación que se asiente en un territorio viene obligada a informar al resto de firmantes a fin de que se le reconozcan sus derechos; además, debe demostrar que dispone de suficiente «autoridad» para hacer respetar los derechos adquiridos. Este «tratado», donde ya se alude a «hinterland» o a «ocupación efectiva», con lo que de facto se está enterrando al viejo colonialismo, en lugar de arreglar las cosas significó el toque de salida de la gran confrontación imperialista a mediados de la década siguiente.

La crítica marxista destacó esta crisis como «la extrema lucha por la dominación mundial capitalista», solo superable con la disolución del sistema (Rosa Luxemburg); el punto álgido de las contradicciones provocadas por la egoísta alianza entre la gran industria y la banca (el Kautsky de la primera etapa); situada en su fase de máxima intensidad entre 1896 y 1903 (Lenin); todos ellos coincidiendo con el estudio de Hobson (1902) en la importancia de la exportación de capitales en la explosión imperialista, pero defiriendo de este crítico liberal en la consideración que hacen de esta crisis como antesala de la guerra general. Francia constituía un buen ejemplo de estas tensiones por cuanto destacó en la utilización de la exportación de capitales como arma política en esta carrera imperialista (por ejemplo, utilizando su penetración económica en Rusia como arma contra Rusia). Claro está que las economías más dinámicas (EE.UU., Japón y Alemania) no ligaron la exportación de capitales con el poder y las apetencias bélicas, hecho del que se beneficiaron sus respectivas economías productivas.

Entre los conflictos coloniales que confrontaron a las metrópolis destaca la ya citada guerra ruso-japonesa de 1905 y, unos años antes, la solución de la crisis provocada por la revuelta de los «boxers» en China (verano del 1900). Este levantamiento vino motivado por la exacerbación nacionalista que provocó la masiva penetración económica y religiosa de Occidente: la doctrina de «puertas abiertas» había llevado a los puertos chinos al Imperio Austro-Húngaro, Rusia, EE.UU., Japón, Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Bélgica y Portugal. En junio, los miembros de la hermandad secreta «Puño del derecho y la armonía» asaltaron misiones y legaciones extranjeras provocando la formación de una fuerza internacional que liberará Tientsin (agosto) y la subsiguiente imposición del Protocolo de Pekín (1901) donde se obligaba a China a aceptar la presencia de tropas extranjeras y a pagar indemnizaciones por un plazo de 39 años. No obstante, esta brutal intervención sirvió para acrecentar y modernizar el nacionalismo chino que, bajo la dirección de Sun Zhongshan y con la revuelta victoriosa de Wuchang (1911) daría paso a la República de China (enero de 1912).

Una característica del imperialismo es la forma como los problemas de origen colonial afectaron de forma directa a Europa. En 1895-1896 la conquista italiana de Etiopía se encontró con la resistencia, largamente preparada, del caudillo Menelik. Después de diversos reveses italianos, el jefe del Gobierno Crispi pidió una victoria reparadora al general Baratieri; sin embargo, las tropas italianas se vieron sorprendidas por una fuerza etíope muy superior y padecieron una derrota total en Ardua (1-3-1896); en octubre, Italia se vio forzada a firmar la paz, con el consiguiente escándalo en la metrópoli que provoca la caída fulminante de Crispi. Su sucesor, Rudini, se verá forzado a firmar un acuerdo con Francia, por el que Italia renunciaba a Túnez.

En febrero de 1897, la sociedad nacionalista Ethniké Hetairia había creado un ambiente de exaltación a favor de la unificación de Creta con Grecia y sobre la conveniencia de enviar una flota a la isla. La reacción de las grandes potencias, espoleadas por Rusia, no se hará esperar; a los cinco días, una flota combinada desembarcará en Grecia para hacer evidente la repulsa global y la necesidad de la retirada griega. La sorpresa será la negativa de Grecia, que de esta forma provocará una nueva guerra con Turquía y una nueva intervención internacional, en esta ocasión para frenar la desestabilización de la zona: se firmará la paz en septiembre de 1897 y ante el mantenimiento de las hostilidades, las potencias internacionales decidirán convertir al rey Jorge I en gobernador de la isla.

Desde 1895 los patriotas cubanos se habían levantado contra la dominación española, hecho que, además, reactivó el independentismo filipino. Ni la abolición de la esclavitud en Cuba (1886), ni la reforma administrativa (1893) satisfizo a nadie en Cuba; luego, el inicio de las hostilidades hizo evidente la debilidad militar española y ni los viejos prestigios de Martínez Campos o Weyler lograron enderezar la situación. El intento de conceder la autonomía a la isla (1897) llegó tarde y no impidió que el conflicto se internacionalizase al tiempo que en el interior de España se generalizaba el malestar político y social.

En EE.UU. la «opinión pública» fue creando una situación progresivamente favorable a la intervención en Cuba; la prensa sensacionalista realizaba campañas constantes en contra de la barbarie española, hecho que llegó al paroxismo ante la sospechosa explosión del acorazado americano Maine, anclado en el puerto de La Habana. Pese a que España aceptará el ultimátum americano, el presidente McKinley dirá ceder a las presiones populares y el 20 de abril de 1898 el Congreso aprobará la resolución que permitía la intervención militar, pero rechazaba la posibilidad de la anexión. Las hostilidades comenzaron con la derrota de la flota española en Filipinas (primero de mayo); las batallas terrestres en Cuba (julio) fueron escasas y recreadas por la prensa para exaltación del creciente patriotismo americano. La derrota de la flota cubana y la invasión de Puerto Rico finalizaron esta corta guerra (agosto) en la que, por primera vez, una potencia externa derrotaba a una europea. El 10 de diciembre se firmaba la Paz de París por la que España abandonaba Cuba y cedía a los EE.UU. Puerto Rico, Guam y Filipinas (ésta a cambio de 20 millones de dólares).

No satisfechos con este tratado, los patriotas filipinos que capitaneaba Emilio Aguinaldo se sublevaron en febrero de 1899. La guerra de guerrillas fue muy cruel y los americanos debieron destinar un ejército de 60.000 hombres; a pesar de que Aguinaldo fue capturado en 1901, las operaciones militares se prolongaron hasta abril de 1902 y el archipiélago tardaría mucho en ser pacificado.

La normalización en Cuba también fue muy costosa. En 1901 fue presentada en el Congreso de EE.UU. la Enmienda Platt en relación a los presupuestos militares. Este texto, incorporado por la Constitución cubana (junio de 1901), especificaba que Cuba no comprometería su independencia, no se endeudaría por encima de sus posibilidades, permitiría la intervención americana para proteger su independencia y le alquilaría bases militares en su territorio; todo, a cambio de la retirada de las tropas de EE.UU. En relación a esta situación, el Tribunal Supremo americano fijará por vez primera la política colonial, aceptando la existencia de territorios sujetos a la jurisdicción norteamericana sin por ello ser incorporados a la Unión.

En África, el choque de los expansionismos francés y británico provocó situaciones de gran tensión, a punto de desatar la guerra total entre ambas potencias. Francia soñaba con unir sus posesiones desde Dakar hasta Djibouti (Mar Rojo) y desde 1882 quería controlar la zona del Alto Egipto. Por su parte, los británicos querían unir sus posesiones desde El Cairo hasta El Cabo y no querían tolerar interferencias que amenazasen su control del Canal de Suez. La crisis estalló en Fashoda (Sudán), cuando estuvieron a punto de enfrentarse los dos bandos (septiembre de 1898) y logró zanjarse momentáneamente gracias a la prudencia del primer ministro francés Delcassé que ordena la retirada de la expedición que manda el capitán Marchand. La crisis interna francesa y las relaciones franco-británicas no lograrán superarse hasta 1904.

A esta aparente e indiscutida superioridad británica responderá su ministro de Asuntos Exteriores, lord Salisbury. En 1898 realizará un discurso de gran repercusión. En él habla de naciones vivas y naciones moribundas y justifica que las primeras terminarán apropiándose de manera natural de los territorios coloniales de las segundas. Salisbury convierte esta tendencia «fatal» en el gran peligro para el futuro inmediato del mundo, cuando se pondrán a prueba, dice, «nuestros instintos imperiales»: la semilla de la gran discordia surgirá con estas modernas apropiaciones imperialistas, dado que las grandes potencias se hallan empeñadas en procesos de rearme muy importantes.

Pero la superioridad colonial británica se vio en entredicho bien pronto, con el estallido del conflicto sudafricano. El origen del conflicto sabemos que se situó entre 1879 y 1885, cuando los ingleses quisieron controlar la República del Transvaal que presidía Paul Kruger y el Estado libre de Orange, donde se acababan de descubrir importantísimos yacimientos de oro. Los habitantes de la zona, los afrikaners descendientes de los boers holandeses de principios del siglo XIX, hasta la fecha campesinos pobres con su lengua y religión particulares, vieron acrecentar su sentimiento nacional con la revalorización de la zona e intentaron levantar a los afrikaners de El Cabo con unos primeros ataques a las guarniciones inglesas (1899). Aquí se inicia la guerra boer, contando con la reacción británica de 1900 que tras la victoria de Paardeburgo verá abierto el camino hacia Pretoria. Entonces empezará la guerra de guerrillas (que dirige Louis Botha), muy dura (ataques a civiles, campos de concentración, etc.), que se prolongará hasta mayo de 1902 cuando Botha se decidirá a pedir la paz (Tratado de Vereeniging).

Los ingleses van a presentarlo como una gran victoria; pero lo cierto es que en la guerra han empleado un ejército de medio millón de efectivos, en ocasiones insuficiente, con lo que su imbatibilidad ha quedado en entredicho. La pacificación real del territorio va a tardar mucho más en ser una realidad.

La mayor esperanza de consenso en este periodo de tensiones va a producirse con la Entente Cordiale que firman Gran Bretaña y Francia en abril de 1904. En su trasfondo debe buscarse la «política mundial» y naval de Alemania que crea una progresiva alarma en los dos países. El presidente francés, Théophile Delcassé, republicano de izquierdas y ferviente nacionalista es quien más presiona para concretar esta alianza. En sí, el pacto regula la repartición colonial y prevé su revisión anual (hecho que será fundamental en 1914). Por él, Francia verá reconocida su supremacía en Marruecos.

LAPENDIENTE HACIA LA GRAN GUERRA

La gran confrontación imperialista se había producido coincidiendo con años de auge económico. Algunos especialistas, observando casos como el de los EE.UU. o de Italia, han hablado del final de este periodo coincidiendo con una crisis que tendrá un alcance mundial pero que, por primera vez, se origina en los EE.UU., fuera de Europa. Parece ser que vino motivada por el «calentamiento» económico provocado por dos años consecutivos de alza en la demanda de capitales y de materias primeras. Así pues, no se trata de una crisis cíclica, sino de un rasgo estructural de este capitalismo que se sustenta en las grandes concentraciones industriales y financieras.

La economía mundial padeció un estancamiento que perdurará hasta la Gran Guerra; sus efectos se dejaron sentir por todas partes, pero será en los países dependientes (Egipto, Birmania, México, Brasil, Chile, etc.) donde afectará de forma más negativa, comprometiendo su joven desarrollo industrial y agravando las distancias que les separan de las potencias desarrolladas. En estas últimas, se aprecia una caída de los salarios reales y el subsiguiente aumento de las tensiones sociales, la aparición de los nacionalismos agresivos de Estado y de las tensiones políticas.

En estos países hallaremos evoluciones aparentemente contradictorias. De un lado veremos aumentar los partidos socialdemócratas, siguiendo los pasos de los alemanes, que alcanzarán una resonante victoria electoral en 1912. Asimismo, se consolidan algunos gobiernos de izquierdas, como los franceses de Clemanceau o de Briand, impulsores de notables políticas de reforma social y democrática, o como el inglés de Lloyd George, con su lucha en pro de acabar con el predominio de la vieja propiedad territorial en la Cámara de los Lores. Sin embargo, este decantamiento esconde un giro hacia posiciones derechistas más radicales, de un fuerte intervencionismo estatal y de un cierto reconocimiento por parte del obrerismo revisionista de los postulados nacionalistas e imperialistas. En países como Francia o Inglaterra, los movimientos pacifistas van a perder fuerza de forma rápida, al tiempo que los movimientos intelectuales van a exponer a través del poderoso vehículo periodístico la validez universal de los postulados irracionales finiseculares.

En 1890, en su última intervención ante el Parlamento alemán (Reichtag) el viejo almirante Moltke (el héroe de la unificación) ya había avisado que las «guerras de gabinete» habían pasado a la historia; a partir de ahora, alertaba, las guerras serían entre los pueblos, de un alcance incierto y un final impredecible al afectar a las principales potencias europeas, armadas hasta límites jamás vistos. El viejo militar apuntaba la posibilidad de una nueva guerra de los 30 Años y maldecía a quien se atreviese a desatar tamaño desastre. En Europa, desde la primera década del nuevo siglo todo el mundo pensaba en la posibilidad de una guerra, pero casi todos pensaban que terminaría por evitarse.

Los principales focos de tensión aparecieron en la periferia europea: en Marruecos y en la península Balcánica, en estrecha relación con la confrontación imperialista.

Las crisis marroquíes tienen su origen en 1900, cuando el sultán Abd el Aziz abrió el país a Occidente pensando que era la vía más rápida para su modernización; en 1903, las revueltas sociales provocadas por el aumento de impuestos con el que hacer frente al endeudamiento del país ya le habían convertido en presa fácil de las grandes potencias: Francia en primer lugar (gracias a su «entente cordiale» con Gran Bretaña), compitiendo con el nuevo expansionismo alemán.

En 1905 se produce la primera crisis marroquí, por la presión del canciller Büllow y los grupos pangermanistas y la gran industria alemana. El Kaiser visitará Tánger y se declarará dispuesto a proteger la independencia del reino marroquí. Para frenar la tensión se convocará la Conferencia de Algeciras (1906), donde la diplomacia alemana será derrotada por la alianza francesa con Gran Bretaña y Rusia. Francia ocupará Casablanca y se convertirá en garante del orden público (con la ayuda de España).

Francia mantendrá su política tradicional de control a través del «soporte» financiero, hecho que acrecentará el endeudamiento marroquí y provocará una situación de mayor tensión, que desembocará en las revueltas de 1911. Esto abre la segunda crisis de la zona, con la intervención «pacificadora» francesa (conquista de la ciudad de Fez) y la respuesta contundente de Alemania: en julio enviará la cañonera Panther al puerto de Agadir, con el pretexto de defender los intereses alemanes en la zona. Las potencias firmantes de 1906 obligarán a Alemania a reconocer la primacía francesa en Marruecos; a cambio, recibirá de Francia algunas posesiones en la zona del Congo. Esta crisis sirvió para que la opinión pública y la política inglesas terminasen de convencerse de que la política militarista y naval alemana representaba una amenaza real.

Por su parte, Italia contribuyó a aumentar la tensión internacional en marzo de 1911 con la declaración de guerra a Turquía y su invasión de Tripolitania (Libia). El jefe del Gobierno, Giolitti, se verá casi obligado a emprender esta campaña por la opinión pública y la presión de los partidos y la gran banca, que ven en esta aventura colonial una posibilidad de frenar los problemas internos, encender el fervor patriótico y reprimir al socialismo e impulsar una política de prestigio para entrar en los circuitos internacionales; se habla de «colonias de poblamiento», como necesidad «natural» para dar salida al excedente demográfico que no puede integrar la industria.

La guerra con la debilitada Turquía acabará con un triunfo para Italia, que verá reconocidos sus derechos sobre Libia en el Tratado de Lausana (1912). Este éxito hará girar las apetencias expansionistas italianas hacia los Balcanes, inicialmente sólo como espacio donde exportar capitales. Pero esta presencia neófita despertará los recelos y la agresividad de las viejas aliadas Alemania y Austria, en una confrontación que ayuda a explicar el posicionamiento italiano en la Gran Guerra del lado de la Entente (1915).

Las guerras balcánicas van a generalizar la crisis y a tener un papel directo en el desencadenamiento de la Guerra. Su origen debe buscarse en 1908, cuando ante la aguda crisis del Imperio se produce el levantamiento de los denominados «Jóvenes Turcos»: se trata de una marcha sobre la capital promovida por un grupo de intelectuales y oficiales jóvenes del Ejército que persigue la modernización y occidentalización del país, una nueva Constitución y la creación de un poder fuerte y centralizado capaz de emprender las reformas. Entre sus filas se halla Mustafá Kemal, quien en 1923 fundará la República de Turquía recibiendo el nombre de Atatürk o padre de los turcos.

Esta nueva concepción centralista y uniformizadora y la mayor debilidad otomana, fruto de su revolución interna, crearon una tensión mayor en los pueblos balcánicos. Austria-Hungría lo aprovechó para anexionarse Bosnia-Herzegovina, que tenía asignadas en «administración temporal» desde el Congreso de Berlín (1878), y generó una gran tensión con Serbia, convencida de su papel hegemónico en la zona y de su «misión» unificadora de todos los eslavos del Sur. Esta tensión provocó un cambio en las alianzas internacionales que puso en peligro la Triple Alianza entre Alemania, Austria e Italia. Esta última, como sabemos, pactó con Francia su expansión hacia Libia, territorio que conquistó en 1911, tras infligir una nueva derrota a Turquía.

En 1912, con el apoyo de Rusia, se creará una coalición entre Serbia, Grecia, Bulgaria y Montenegro, que declararán la guerra a Turquía, quien será derrotada en poco tiempo y perderá la práctica totalidad de sus territorios en Europa. Fruto de esta corta guerra será la creación del Principado de Albania, territorio promocionado por Austria e Italia para evitar la salida al mar de la prepotente Serbia. Además, la victoria abrió las tensiones entre los viejos aliados balcánicos, especialmente con Bulgaria, la gran aliada de Alemania y Austria, quien se siente discriminada en el nuevo reparto territorial.

Así, la segunda guerra balcánica la provocará Bulgaria, atacando de improviso (junio de 1913) a Serbia y a Grecia y generando en su contra una nueva coalición en la que participarán Rumania (ausente de la primera guerra) y la propia Turquía. La derrota búlgara obligará a este país a ceder territorialmente en favor de Turquía (que recupera parte de la Tracia) y de Rumania, a quien permite la salida al Mar Negro. Serbia, la gran triunfadora, prácticamente dobla su territorio y aumentará su presión paneslavista.

En Austria se extiende un estado de opinión (en el que el Ejército juega un papel destacado) favorable a solucionar militarmente el problema serbio. El único freno, por el momento, es la amenaza rusa, la gran valedora de Serbia, y con ella, la posible movilización de sus aliados franceses. Y nadie olvida la profunda enemistad (revanchismo) que arrastra Francia con Alemania desde 1870, más peligrosa tras la Entente de 1904 con una Gran Bretaña que ve con progresiva inquietud el crecimiento del potencial y la agresividad de los alemanes. Europa se ha convertido en un peligroso polvorín.

DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y PROCESOS SOCIALES

1848-1914

Crecimiento demográfico, migraciones y expansión urbana

ÁNGEL DUARTE

En 1850 la población de los Estados Unidos era de 23 millones de habitantes. Cuarenta años más tarde la cifra se acercaba a los 63 millones. El aumento porcentual había sido más elevado en los años cincuenta y sesenta, con un 35 % de crecimiento intercensal. Aunque aminorado, en 1890 el incremento todavía se situaba en un espectacular 25,5 %. ¿Qué razones se hallan tras este fenomenal aumento de la población? Si bien alto, no puede decirse que el motivo último fuese el crecimiento vegetativo. En el conjunto del país la media del número de hijos en las familias blancas había descendido de poco más de 6, a principios de siglo, hasta los 3 de 1880. La reducción de las tasas de natalidad y de fertilidad, perceptible de entrada en Nueva Inglaterra, se extendió hacia la región de los Grandes Lagos y hacia las ciudades. Este declinar, sin embargo, no tuvo su correlato en una pérdida del volumen global de la población. Por el contrario, los flujos migratorios, que hasta 1830 habían sido relativamente modestos, aportaron, entre esta fecha y 1860, unos 8 millones de habitantes. Personas que provenían, en su mayoría, de los Estados alemanes y, sobre todo, de Irlanda y otras partes de Gran Bretaña.

En realidad, a la altura de 1860 un 15 % de los pobladores blancos de Estados Unidos había nacido en el extranjero. Las crisis de subsistencias y políticas europeas, así como la publicidad llevada a cabo por los agentes americanos desplegados en el Viejo Continente, estimularon esta amplia corriente migratoria. No fue ajeno al éxito de los reclutadores el hecho de que, por razón de la escasez de mano de obra, los salarios en el sector secundario fuesen hasta un 30 % más altos en Norteamérica. Por lo demás, la información, ya fuese oficial o bien canalizada por las redes de emigrantes pioneros, y los pasajes subsidiados serían estrategias que en un momento u otro ensayarían los diversos Estados americanos para facilitar la llegada de inmigrantes.

La migración tuvo, pues, una responsabilidad fundamental en el crecimiento de la población de los Estados Unidos. Los dos millones y medio de inmigrantes en la década de 1850 se convirtieron en 5 millones doscientos mil en la de los ochenta. Muy significativamente, este auge vino acompañado de una diversificación de los puntos de origen. Más del 90 % de los inmigrantes en las décadas de los cincuenta y de los sesenta procedían del noroeste de Europa. En los ochenta, la Europa meridional ya aportaba más del 18 % del total de inmigrantes. Las ciudades fueron las principales beneficiarias del movimiento migratorio. En esas cuatro décadas la población urbana había pasado de representar un 15 % a situarse por encima del 35 %.

Las migraciones que cruzaban el Atlántico procedentes de Europa no se encaminaron, como ya se ha comentado, exclusivamente hacia los Estados Unidos. Si contemplamos el arco cronológico comprendido entre 1857 y 1914, los algo menos de 27 millones de individuos que arribaron a las fronteras norteamericanas, formaban parte de un contingente que también tuvo por destino Argentina —unos 4 millones y medio sin contabilizar los inmigrantes procedentes de los países limítrofes o los pasajeros que llegaban en primera clase—, Canadá —cerca de 4 millones entre los que cabría contar a los que se hallaban en tránsito hacia Estados Unidos— o Brasil —con 3 millones trescientas mil llegadas—. Las cifras son, como ha señalado Fernando Devoto, indicativas, dado que los mecanismos estadísticos de la época presentan algunas lagunas, pero en cualquier caso orientan acerca del orden de las magnitudes del proceso.

En ciertos países ese contingente de recién llegados suponía, en términos relativos, una cifra mayor que la estadounidense. En la Argentina de la década de 1890, por ejemplo, los inmigrantes llegarían a representar una cuarta parte de su población. En los dos decenios precedentes, la política de atracción había conducido a designar un comisario central de colonización en Europa, a finales de la década de 1870, y a la creación de Oficinas de Propaganda, abiertas en numerosas ciudades europeas en 1886. Aunque, a largo plazo las medidas más eficaces de atracción fuesen también en este caso, como en el de Brasil, los canales de información más informales —empezando por los consulados y viceconsulados detentados por emigrantes— y los pasajes subsidiados, los resultados fueron notables y acabarían condicionando de manera definitiva la propia configuración nacional de los países de recepción. En la década de 1880 el conjunto de la emigración europea transoceánica presentaba unos elevados índices de masculinidad y era mayoritariamente joven. Lo que en gran medida apunta a una cierta estacionalidad o, como mínimo, a un movimiento marcado por la perspectiva del retorno mediato. Los mayores porcentajes correspondían a los países del Reino Unido (Irlanda 14,2 por cada mil habitantes, Escocia 7,1, Inglaterra y Gales 5,6), escandinavos (Noruega 9,5, Suecia 7, Dinamarca 3,9) y mediterráneos o meridionales (Portugal 3,8, España 3,6, Italia 3,4).

Junto a escenarios como el norteamericano que recibieron un flujo ininterrumpido de inmigrantes, el continente europeo fue el que tuvo un mayor crecimiento demográfico en las décadas centrales del Ochocientos. Los 266 millones de europeos en 1850 alcanzarían los 400 mil con el cambio de siglo. Con todo, el auge demográfico, en un contexto de globalización imperial, resultaría ser planetario. Los 750 millones de habitantes de Asia alcanzarían los 900 en la década de los noventa, mientras que la población africana pasaba de 95 a 120 millones. Los efectos del imperialismo sobre los procesos sociales y demográficos fueron contradictorios. La erección de hospitales respondiendo a los cánones higienistas de Occidente, así como la puesta en marcha de terapias y vacunaciones, facilitó el hacer frente con inusitada eficacia a algunas enfermedades tropicales endémicas. No menos cierto fue, por contraste, que la generalización de las comunicaciones dio lugar a una difusión más rápida de las epidemias y que, como había ocurrido cuatro siglos antes, la relación con los inmigrantes y colonos provocó en algunas sociedades una disminución de la población por razón tanto de la presión violenta inherente a la empresa de conquista como por la emergencia de dolencias, para las que no estaban provistos de defensas naturales, derivadas del contacto con población de origen europeo.

Esas mismas sociedades indígenas experimentaron transformaciones profundas al irrumpir, como corolario de la tarea imperial, la vida urbana y procederse a la ruptura, o la obliteración, de las estructuras tribales. La disminución del analfabetismo tuvo su contrapartida en la erosión de las culturas indígenas. La aculturación se sostuvo sobre el desplazamiento de las lenguas propias en beneficio de las que canalizaban las relaciones con la administración metropolitana, el acatamiento de las lógicas económicas impuestas en detrimento de las modalidades autóctonas de producción y la segregación por criterios étnicos y el mantenimiento de los indígenas en la periferia de las estructuras administrativas o territoriales. Alternativamente, las metrópolis hallaron en las colonias de poblamiento, de la misma manera que en las nuevas naciones independientes fruto de la expansión previa —desde Estados Unidos o Canadá hasta Argentina y Brasil— una válvula de escape para expeler los excedentes de mano de obra en épocas de crisis económica o para desplazar a los afectados por las represiones políticas. Exilio, éxodo político y emigración económica se confunden en no pocos contextos.

Significativamente, el crecimiento europeo tampoco se sostuvo tanto en el mantenimiento de las tasas de natalidad o de las netas de reproducción, en las que se descubre un brusco descenso a partir de la década de 1830, como en la bajada de las tasas de mortalidad. A medida que se acercaba el fin de siglo aumentaban, como en los Estados Unidos, las restricciones sobre los nacimientos. Se trataba de una decisión que surgía de las clases medias urbanas, beneficiarias directas del progreso material, y que sólo a continuación se propagaba a otros segmentos del tejido social. Lo determinante, no obstante, en la explicación del crecimiento fue la reducción de las tasas de mortalidad. El proceso, ostensible en el conjunto del continente a finales de la centuria, derivaba de la progresiva desaparición de las hambrunas —algunas de ellas, sin embargo, continuaron generando cifras espectaculares, como la montenegrina de 1890— y la menor virulencia de las enfermedades epidémicas. La lenta mejora en las condiciones materiales de existencia contribuyó a aumentar, en la estructura de la población, el peso de los grupos de edad más avanzados frente a los más jóvenes. El proceso, hay que insistir en ello, fue parsimonioso, desigual y no exento de crisis. La calidad de la dieta, marcada desde principios de siglo por la omnipresencia de los alimentos farináceos —cereales y patatas—, no mejoró de forma significativa hasta 1850 y, en las ciudades, no antes de 1875. En las grandes urbes, por lo demás, la insalubridad y el hacinamiento facilitaban la propagación de patologías nuevas. Enfermedades como el cólera, el tifus, la difteria o la tuberculosis tomaban el relevo a la peste e incluso a la viruela. Ésta, gracias a la extensión de los procedimientos de vacunación, vivió un cierto retroceso.

El caso paradigmático, por precoz y puntero, del proceso de crecimiento poblacional y de urbanización tenía lugar en el Reino Unido. Aquí el censo de 1851 arrojaba, por primera vez, el dato de que más de la mitad de la población vivía en ciudades. Las transformaciones urbanas, no exentas de las contradicciones y riesgos que apuntaría la literatura de la época —Charles Dickens descollaría como retratista de las precarias condiciones de vida de la clase obrera—, eran, sin embargo, percibidas como indicadores fehacientes de la prosperidad que disfrutaba el país. Efectivamente, el crecimiento urbano se inscribía en una dinámica de aumento general de la población que llevó a la Gran Bretaña desde los 27,4 millones de habitantes en 1851, hasta los 31,4 millones en 1871. La relativa ralentización del crecimiento con respecto a censos anteriores era, en todo caso, atribuible a la específica dinámica irlandesa, con sus episodios de hambruna, muerte y migración.

En general, como ya se ha indicado, la transición arrancaba del progreso registrado en las tasas de natalidad. En Inglaterra y Gales, hasta comienzos de los ochenta, el índice de natalidad se situaba por encima del 35 por 1.000. Por el contrario, la mortalidad oscilaba alrededor del 22 por 1.000 y no comenzó a disminuir significativamente hasta mediados de la década de los setenta. La evolución al alza de los salarios consintió, en un primer momento, que aumentara la nupcialidad, con la rebaja de la edad de los matrimonios, y con ella la fertilidad. El crecimiento de la población, y su carácter progresivamente urbano, permitió que, en el censo de 1871, los trabajadores ocupados en la industria y las actividades manufactureras alcanzasen el 44,2 por 100 de la población activa y triplicasen los valores de los habitantes dedicados a la agricultura y a otras actividades del sector primario. A la preponderancia de los trabajadores industriales había que sumar otro amplio grupo de los empleados dedicados al comercio y al transporte. Ambos grupos habían ya establecido su hegemonía absoluta en el censo de 1861, confirmando al Reino Unido como un país de comerciantes y de industriales. El contraste con el resto de Europa se hallaba en su apogeo. Autores como Paul Bairoch establecieron, hace años, que el conjunto de los países europeos contaban todavía, por esas fechas, con más de un 40 por 100 de trabajadores agrícolas.

En términos generales, la tasa de mortalidad urbana se situaba por encima de la media nacional correspondiente. Ello era debido tanto a que la población era de mayor edad, gracias a las migraciones internas de población activa, como a las peores condiciones higiénicas. Los pozos negros, las fosas sépticas o los ríos recogían los desechos domésticos. El abastecimiento de agua era precario y, mientras en ciudades como Hamburgo se recibía el agua del río Elba sin filtrar, en París el abastecimiento procedía de pozos excavados a casi 600 metros de profundidad en un intento por eludir la contaminación de los recursos hídricos. El gas de hulla iluminaba los centros urbanos allí donde existía un fácil acceso a los yacimientos de carbón. Entre 1875 y 1885 grandes capitales como París o Berlín empezaron a contar con la electricidad a efectos de alumbrado. El sistema de transporte interno en las urbes europeas continuaba girando, durante la mayor parte de esos años, alrededor de los ómnibus y tranvías de tracción animal. En 1879 Werner von Siemens revolucionará, con la invención del tranvía eléctrico, el sistema de transporte urbano en las originales metrópolis. Su implantación sólo tendrá lugar, progresivamente, con el cambio de siglo. Por lo demás, la estratificación vertical de la vivienda vio el tránsito a la formación de bloques de viviendas y a la urbanización de barrios específicamente obreros en el extrarradio. A la malquerencia entre empresarios y trabajadores en el seno de la empresa cabía sumar la nueva separación física que dotaba de una creciente autonomía espacial a los sectores populares. Las necesidades de abastecimiento, de unos y otros, modificaron los tradicionales mercados y posibilitaron la creación de puntos de venta al por mayor.

El crecimiento de los centros urbanos había sido, pues, un dato definidor de la primera mitad de la centuria. Las grandes ciudades europeas doblaron, por término medio, su número de habitantes como resultado de factores tan diversos como las dinámicas de centralización política y de desarrollo de los aparatos administrativos del Estado liberal, el crecimiento de los mercados culturales, artísticos y periodísticos, o las nuevas realidades industriales y financieras inherentes al desarrollo del moderno capitalismo. La emigración hacia ultramar, vino acompañada por la transferencia de población del campo a las ciudades, por unas migraciones internas que operaban al calor del proceso de urbanización. El medio millón de parisinos censados en los albores del siglo XIX se habían convertido en 1.050.000 a la altura de 1851. Londres había pasado del millón cien mil a 2.685.000 habitantes. Berlín, Viena o San Petersburgo se acercaban al medio millón de habitantes. Más allá de las grandes capitales políticas eran los centros urbanos ligados al crecimiento económico los que ampliaban exponencialmente su población. Sólo en Gran Bretaña, el censo de Birmingham, Glasgow, Liverpool o Manchester se situaba alrededor de los trescientos mil habitantes. En la Europa continental, y junto al incremento de algunos centros tradicionales —Nápoles, Bruselas, Lisboa o Budapest, así como el tramado urbano secular de los Países Bajos—, por razones plurales como los nuevos niveles de autonomía política, la polarización regional o la expansión colonial, la red de ciudades se densificaba gracias a dualidades marcadas por la doble centralidad, político/administrativa y económica, en determinados países: Madrid/Barcelona, Turín/Roma-Milán, San Petersburgo/Moscú. Estas dualidades tendieron a agudizarse en la segunda mitad del siglo: a finales de la centuria una capital provincial foco de la industrialización como Barcelona alcanzaría el medio millón de habitantes y devendría una capital regional alternativa creíble. Al mismo tiempo las grandes capitales políticas habían multiplicado por tres el volumen de población. Berlín se acercaba a los dos millones, Londres superaba los seis y medio, París desbordaba los dos y medio, Viena pasaba del millón seiscientos mil.

El fenómeno urbano, que en otras épocas había tenido una proyección geográfica mundial se concentraba ahora, básicamente, en Occidente, en el eje atlántico. Las nuevas ciudades, por lo demás, introducían novedades en su estructura interna y en sus servicios. En paralelo con su emergencia como potencia política, los Estados Unidos fueron, como se anotaba en el párrafo inicial, uno de los escenarios privilegiados en la transformación urbanística de la segunda mitad del siglo XIX. La metamorfosis resultó ser tanto cuantitativa como cualitativa. La ciudad de Nueva York, paradigma del nuevo dinamismo norteamericano, era, al mismo tiempo, el puerto de entrada de los inmigrantes al conjunto del país, y la capital financiera y comercial. Ellis Island y Wall Street se convertían en los símbolos de la doble funcionalidad del entorno urbano. Un escenario que en 1800 tenía 60.000 habitantes y en 1860 un millón, alcanzaría los 3,5 millones en 1900. Algo más de la mitad de los londinenses. Sede de la actividad intelectual norteamericana, Nueva York se electrificaba en la década de 1880, modificaba su skyline mediante el uso sistemático de la arquitectura vertical —la proliferación de rascacielos—, mientras se dotaba de periódicos de referencia, de museos como el Metropolitano, de universidades, bibliotecas públicas, estaciones de ferrocarril y construcciones singulares como el puente de Brooklyn (1883), o, gracias a la colaboración de la Francia republicana, la Estatua de la Libertad (1886). El crecimiento de la ciudad había modificado su composición étnica. La tradicional presencia irlandesa se había completado con la consolidación de importantes comunidades judías e italianas.

Otros escenarios urbanos siguieron el mismo camino. Chicago, ciudad casi inexistente antes de 1840, se transformó en un importante nudo de comunicaciones, que operaba como gran mercado de cereales y, al mismo tiempo, como núcleo industrial y centro de servicios. En 1893, culminando el salto cualitativo, se convirtió en la sede de una gran Exposición Universal. Nueva York y Chicago estaban desplazando a Boston como centros de la vida norteamericana. Por detrás, otras localidades seguían la estela de innovaciones. En 1881, se iluminó ya por electricidad una ciudad, Aurora (Illinois), la primera en el mundo en hacerlo. Al año siguiente, Edison construyó la primera central eléctrica en Nueva York. Mientras que Baltimore instalaba, en 1885, los primeros tranvías movidos por energía eléctrica.

En Europa, el crecimiento cuantitativo no siempre estuvo acompañado de un proceso paralelo de reformas urbanísticas. Las infraestructuras habían quedado obsoletas y el hacinamiento se multiplicaba. En París, la densidad de población pasaba de los 159 habitantes por hectárea de principios de siglo a los más de 300 en vísperas de la revolución de 1848. La ausencia de asfaltado y de canalización de aguas residuales, en particular en los barrios populares, era denunciada por higienistas y reformadores sociales alarmados por la proliferación de epidemias su efecto en el mantenimiento de las tasas de mortalidad. Las condiciones de vida se asociaron al incremento de la criminalidad y las fronteras entre conflicto social y violencia urbana se vuelven fluidas. En consonancia con lo que ocurre en el medio fabril, el distanciamiento entre patronos y obreros se agranda también por la separación de las residencias respectivas. La fractura social plasmada en el tramado urbano permite, por lo demás, la toma de conciencia, la independencia personal y el estatus menos servil de la población obrera.

Dinámicas de inclusión y de exclusión: clase, género y raza

El afianzamiento de las nuevas realidades económicas y de los emergentes marcos legales de matriz liberal favoreció en los años que transcurren desde mediados de siglo XIX hasta 1890 el desarrollo de estructuras sociales gradualmente más complicadas. A pesar de los modelos interpretativos que, en base a la centralidad de la experiencia fabril y a las modificaciones en la disposición socioespacial de las ciudades, apuntaban a la aparición de nuevas y más potentes dinámicas de polarización, los resultados del proceso de modernización fueron bien complejos.

Los cambios cualitativos y cuantitativos registrados en la actividad industrial, el crecimiento de la población y de una urbanización que favorecía la profesionalización de las actividades liberales, la expansión de la burocracia estatal, así como la local y la provincial, son tres grandes factores que aparecen asociados a la emergencia de una categoría social de tipo nuevo, la de clases medias. Del mismo modo, la movilidad social y el crecimiento industrial se encuentran ligados a los esfuerzos de alfabetización. Los Estados Unidos y los países del noroeste europeo se situaban a la cabeza de dichos esfuerzos, tanto en lo referente a las iniciativas como a los resultados. Por el contrario, la Europa meridional y Rusia formaban parte del furgón de cola. Por causas anteriores a la industrialización, y que tienen más que ver con tradiciones religiosas, culturales y políticas previas, naciones como Suecia presentaban en 1850 una tasa de alfabetización del 90 %. Similares proporciones —entre el 90 y el 80 %— se alcanzaban entre la población blanca de Norteamérica, en Escocia y en Prusia. Un segundo bloque de países, entre los que figuraban Francia, Austria o Bélgica rondaban el 60 %. En contraste, sólo una cuarta parte de la población disponía en España o Italia del dominio de la lectura y la escritura y el porcentaje se reducía a apenas un 10 % en el caso ruso. Los empujes registrados en la segunda mitad del siglo serían generalizados, aunque los resultados fuesen desiguales: con el cambio de centuria todavía la mitad de la población, o más, carecía de instrucción elemental en las tres últimas naciones anotadas. El capital humano derivado de la formación alcanzada en países como los escandinavos, o en los Estados Unidos, contribuyó a que estas sociedades alcanzaran una alta tasa de crecimiento a partir de 1850 y que, por lo demás, ese crecimiento redundase en la emergencia de unas potentes clases medias.

Frente al concepto burguesía, el de clases medias designaría a sectores que ostentaban un menor rango financiero y social o, lo que era lo mismo, que controlaban una menor parte de la riqueza nacional. Liberales doctrinarios como el ministro francés François Guizot contribuyeron al éxito de la fórmula mesocrática. La eliminación de los viejos privilegios daría a un número creciente de individuos las oportunidades precisas para hacer dinero y, con ello, de acceder a ese estadio satisfactorio que sería el propio de las clases medias. Como horizonte, ese hipotético provecho incluía, literalmente, a todo el mundo. En ese sentido, el concepto clase no aparece como una categoría fija, sino que pertenece, dirá la tradición de pensamiento liberal, al mundo de la libertad y a la aspiración de la movilidad social ascendente. El hombre y la sociedad progresan, desde esta perspectiva, al mismo tiempo en el reino de las ideas y en el de las condiciones materiales. El desarrollo industrial y la acumulación de riqueza no benefician a unos pocos sino que ponen a disposición del conjunto los logros derivados de un mayor dominio de la naturaleza. El mérito, concluía esta suerte de discurso, fijaba los límites.

El concepto de clases medias resultó ser, como cualquier otra gran categoría analítica de corte social, en gran medida subjetivo. Aludía tanto a los niveles de riqueza de los que se disponía como al escalafón profesional y ocupacional; era, en suma, un indicador de estatus. La asunción de esta perspectiva meritocrática dio lugar a inéditas políticas matrimoniales, a la aceptación de estándares culturales compartidos o a una determinada apuesta por la educación. El desarrollo de las políticas públicas relativas a la enseñanza pública, a la progresión de la secundarización y al acceso a la Universidad tuvo mucho que ver con el creciente protagonismo de las diversas mesocracias. Ciertamente las realidades que quedaban cubiertas por el concepto «clases medias» fueron plurales. En su seno tenía cabida el mundo del pequeño comercio que luchaba para poder sobrevivir y pasar, idealmente, de padres a hijos, consolidando de esa manera, nuevos linajes pequeño burgueses. Aunque también daba cobijo a la proliferación de abogados, arquitectos o ingenieros. Si los primeros negocios, por la débil financiación se veían abocados a la desaparición o a cambiar de manos, y con ello truncaban en ocasiones la afirmación de las expectativas familiares, las segundas de las actividades aparecen asociadas a la consolidación de aparatos burocráticos estatales crecientemente musculosos: los de la III.ª República Francesa, la Alemania unificada o la Gran Bretaña imperial.

El auge de las clases medias vino acompañado por la modificación del estatus de la mujer. En Estados Unidos, la situación legal, educativa y laboral de ésta era, desde la primera mitad del siglo XIX, muy superior a la de la mujer europea. Las condiciones sociales y culturales fueron especialmente favorables para la extensión de los movimientos femeninos. Se suele aducir la promoción de la interpretación individual de las Sagradas Escrituras, inherente al protestantismo, como una de las causas más poderosas para explicar el acceso de las mujeres a niveles básicos de alfabetización. A principios de siglo XIX el analfabetismo femenino estaba prácticamente erradicado, y a mediados de la centuria una copiosa capa de mujeres educadas de clase media que se convertiría en el núcleo impulsor del feminismo. El primer documento colectivo lo constituye la denominada Declaración de Seneca Falls, aprobada el 19 de julio de 1848 en una capilla metodista de esa localidad del estado de Nueva York. En este manifiesto se expresa por primera vez lo que se podría denominar una filosofía feminista de la historia. Una filosofía que denunciaba las vejaciones que a lo largo del tiempo había sufrido la mujer. Ese primer movimiento feminista, en el que descollaría la aportación de Elizabeth Candy Staton, se consolidó rápidamente y se le relacionó con los movimientos protestantes de reforma religiosa y con las corrientes humanitarias que propugnaban la regeneración moral de la sociedad, la templanza de las costumbres y el abolicionismo. Tras la guerra de Secesión, el movimiento feminista que había unido sus expectativas a las del abolicionismo, vio como la XIV enmienda de la Constitución, que otorgaba el derecho de voto a los esclavos negros liberados, negaba a la mujer el derecho de sufragio. La reacción fue inmediata. Stanton y Susan B. Anthony crearon la National Woman Suffrage Association (Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer), primera asociación del feminismo radical americano, independiente tanto de los partidos políticos como de los movimientos de reforma. El principio ilustrado de la igualdad empezaba a ser sustituido por un discurso de derechos sostenido sobre la singularidad de la experiencia, sobre el principio de diferencia.

En Europa, siguiendo la estela de los trabajos de Mary Wollstonecraft y en particular de su pionera Vindicación de los Derechos de la Mujer, de 1792, una sólida tradición de pensamiento crítico se abría camino y pasaba de reivindicar el acceso a la educación a reclamar los derechos políticos. El matrimonio formado por John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill, publicó, en 1869, El sometimiento de la mujer. Con esta obra instalaban en el centro del debate emancipador la obtención del derecho de voto para la mujer. El libro, de un notable impacto, se editó ese mismo año en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Austria, Suecia y Dinamarca, y al siguiente apareció en Italia y Polonia. La cuestión femenina se internacionalizaba. Tres años antes el propio Mill había presentado en el Parlamento británico una demanda a favor del voto femenino. Su rechazo facilitó el nacimiento, en 1867, del primer grupo claramente sufragista británico: la National Society for Woman’s Suffrage (Asociación Nacional para el Sufragio de la Mujer), liderado por Lydia Becker.

Con la emergencia del feminismo, las mujeres empezaron a cuestionar su relegación doméstica. El trabajo en el hogar de las mujeres, el más acorde a su propia «naturaleza», aparecía usualmente asociado a la estabilidad social y a la reproducción. La trascendental aportación, como fuerza de trabajo en las labores agrarias de producción, elaboración y transformación, así como en el mundo de los talleres artesanales urbanos, no alteraba ese atributo. Las faenas exteriores, o la presencia en el mercado, todavía constituyen, en el segundo tramo del siglo XIX, el principal espacio público de las mujeres. De hecho, y como consecuencia del proceso de industrialización, en el siglo XIX tendrá lugar la desaparición de la familia como unidad de producción, la separación entre trabajo reproductivo y productivo y el desplazamiento del lugar del trabajo productivo desde el hogar al taller o la fábrica. El trabajo a cambio de un salario, propio del nuevo sistema económico, no modificó en un primer momento, sin embargo, la participación de todos los miembros de la familia, adultos y niños, varones y mujeres, en la vida laboral.

En medio de importantes matices nacionales, un dato avanza: el estereotipo del ideal de mujer ama de casa, madre y educadora de sus hijos. Médicos, educadores y legisladores contribuyen a darle forma. Su utilidad es incuestionable en una coyuntura de expansión industrial, en el que las tasas de natalidad y mortalidad infantil han disminuido, los salarios de los trabajadores han aumentando y el modelo de economía familiar de consumo se ha impuesto. Además, se adecua a las coyunturas. El ritmo de la inserción laboral de las mujeres tiene su propia lógica: más intenso en la fase inicial de transición de la economía doméstica a la industrial; disminuye en los momentos de expansión industrial y vuelve a aumentar a medida que se desarrolla el sector terciario. La lógica de subordinación se plasma también, y con gran potencia plástica, en el terreno educativo. La exclusión de ésta, arranca de la esencia precívica que se atribuye a la esencia femenina. La antinomia naturaleza/razón, superpuesta a la de mujer/hombre, de raíces románticas y de claro contenido jerárquico sale reforzada, en tanto que prejuicio, de las legitimaciones que le facilita el grueso de la ciencia positivista, desde la frenología a la antropología pasando por el conjunto de las ciencias médicas. Un ilustre representante del cientifismo de raíz darwinista, Herbert Spencer, insistiría en señalar que, al fin y al cabo, la actividad intelectual era incompatible con la procreación.

Desde estas premisas, la escolarización obligatoria de las niñas progresa a lo largo del siglo XIX. En Francia la Ley Falloux, de 1850, requirió a todos los municipios de más de 800 habitantes el mantenimiento de una escuela para niñas. Incluso en España la Ley Moyano, de 1857, obligaba al mantenimiento de una escuela de niñas por cada 500 habitantes. En Finlandia, en 1866, se atribuyó a las comunas la gestión de esta clase de escuelas diferenciadas. Los planes de estudios, claramente diferenciados de los de los niños y jóvenes varones, permitirán legitimar, a través de la por entonces cada vez más prestigiosa institución escolar, los diferentes papeles sociales asignados por razón de género. Los valores de castidad, modestia, compostura, discreción en el habla y frugalidad, así como los contenidos de utilidad doméstica, las «labores», se convirtieron en el eje de la formación escolar de unas mujeres encaminadas a ser el pilar sobre el que se basaba la felicidad y la estabilidad del núcleo familiar antes que a incorporarse a la esfera pública en pie de igualdad.

En consonancia con estos principios, el ingreso en los niveles superiores de instrucción será una difícil conquista. Los obstáculos para entrar en las aulas universitarias se combinaron con trabas para la concesión de títulos. En 1848 la Universidad de Londres acogió el Queen’s College para mujeres, consagrado primordialmente a la instrucción de las maestras. A éstas no se les permitió recibir títulos de Londres hasta 1878. En 1849 se fundó el Bedford College, y en 1874 y 1879 los colegios universitarios femeninos de Cambridge y Oxford. En el cuarto de siglo siguiente ni uno ni otro centro autorizaron las emisión de títulos académicos para sus alumnas. En Alemania habrá que esperar a los albores del siglo XX para que las primeras universidades abran sus puertas a las mujeres. Algo más abierto era el mundo académico de los países escandinavos. Mientras que en España una Real Orden de 1888 obligaba a las mujeres a pedir un permiso especial para poder acceder a las aulas universitarias.

El aprovechamiento de las rendijas que se iban abriendo permitió la profesionalización de la mujeres en el campo de la sanidad —como matronas y enfermeras— y, como gran novedad, en la enseñanza. Se ha hecho notar que, en el tramo final del Ochocientos, las mujeres pasaron a ser la reserva que hizo posible la expansión de los sistemas nacionales de educación, al tiempo que convertían, en términos colectivos, dicha experiencia docente en el primer eslabón para el acceso a otras profesiones. Así, no resulta extraño constatar el hecho de que el magisterio femenino, con su asociacionismo específico y feminismo pasan a ser dos elementos estrechamente interconectados en los decenios interseculares.

El mismo cientifismo positivista que dio trabadas bases argumentales a la exclusión de las mujeres de la arena pública oficial, procuró razones a las políticas raciales. El abolicionismo, sustentado en movimientos de raíz cristiana reformista tanto como en segmentos de la cultura democrática radical, progresó en las décadas centrales del siglo XIX, aunque los últimos ecos de la trata de esclavos continuasen operando hasta bien avanzada la centuria en los restos antillanos del viejo imperio español. Con todo, el desentendimiento posterior a episodios como la Guerra de Secesión, o las nuevas necesidades del imperialismo finisecular, otorgaron al prejuicio étnico una muy activa presencia en la ordenación de categorías sociales y de proyectos nacionales. En Estados Unidos, la emancipación fue, en términos políticos y sociales, un espejismo. Desde la década de 1880, muchos Estados del Sur lograron mediante recursos técnicos y legales (pago de impuestos, nivel de alfabetización, condiciones de residencia) privar a miles de negros del derecho a voto. Además se introdujeron nuevas formas de segregación en las escuelas, los transportes públicos, los hoteles y teatros, y en lo referente a las áreas de residencia.

La discriminación de la población negra dio lugar a la aparición de distintos movimientos en defensa de la igualdad y los derechos civiles de los negros. Booker T. Washington, un antiguo esclavo que con grandes dificultades logró acceder a la educación universitaria y prosperar socialmente, creó en 1881 el Instituto Universitario de Tuskegee, en Alabama, para la educación técnica y profesional de la población de color. Mediante discursos y publicaciones de amplia difusión, Washington defendió la necesidad de una política gradualista y conciliadora como vía para la independencia económica de los negros y la plena integración en la sociedad americana. Las propuestas moderadas acabarían siendo desbordadas, en términos discursivos y organizativos, con la llegada del nuevo siglo.

La cuestión racial era sólo una manifestación —sin duda la más dramática— de un problema social más amplio. El crecimiento de los Estados Unidos no dejaba de generar sus propias dinámicas de exclusión. La publicación en 1879 del libro Progreso y pobreza del periodista y economista californiano Henry George fue un verdadero revulsivo de la conciencia social norteamericana: puso de relieve cómo la evolución y el desarrollo del país parecían conllevar la acumulación de formidables territorios de pobreza. Los productores trabajaban siempre en beneficio de un propietario del suelo que veía aumentar su plusvalía. La especulación tenía como contrapunto el empobrecimiento de las masas. La solución pasaría, en la fórmula agrarista de George, por la implantación de un impuesto único y progresivo sobre la propiedad de la tierra. Pronto se generalizó el uso de la significativa expresión «barones ladrones» para referirse a los grandes magnates de los ferrocarriles y de la industria, y el denuesto de aquellos individuos que personificaban la emergencia de un tipo de poder monopolista que ponía en evidencia los límites del proyecto social fundacional, abierto, de los Estados Unidos.

Crecimiento demográfico y tensión social (1890-1914)

JORDI CASASSAS

Durante las dos últimas décadas del siglo XIX va a producirse, de manera especial en Europa, una relativa explosión demográfica cuyos efectos sociales van a resultar decisivos. Durante la segunda mitad del siglo XIX la población europea ha crecido un 54 %, mientras que la de Asia tan sólo un 30 %. En 1900 alcanza los 423,5 millones de habitantes, esto es, el 27 % de la población mundial, un porcentaje que ya no volverá a igualar jamás. Buena parte de este crecimiento se produjo gracias a que en la Europa Septentrional se redujo de forma notable la mortalidad (a partir de 1900 empezarán a descender de forma significativa las tasas de natalidad); por su parte, en la Europa del Sur y del Este la natalidad aumentó de forma notable mientras empezaban a descender los índices de mortalidad.

A menudo, este crecimiento demográfico provocó graves problemas de sobrepoblación, que sólo pudieron solucionarse por la vía de la emigración. Entre 1880 y 1900, la media de embarques europeos al año se sitúa alrededor de los 800.000. La novedad es que la mayoría de estos embarques son de personas provenientes del Sur y Este europeos: de Italia del Sur, de Grecia, de los Balcanes y del Imperio austríaco y, en menor cantidad, de España y Rusia. A partir de 1900 aparecerá una nueva emigración más selectiva: se trata de operarios calificados y técnicos de la Europa del Norte que parten en búsqueda de mejores oportunidades en los territorios coloniales (Canadá, Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda), zonas en las que no tardarán en ejercer una influencia notable.

En el caso de Rusia, será de manera especial la gran hambruna de 1892 que va a hacer insoportable la vida de muchas familias campesinas que van a emigrar hacia los territorios protegidos de Siberia (donde las autoridades prometen ventajas excepcionales): entre 1895 y 1905 van a emigrar casi 1,5 millones de personas. Japón también va a producir una gran emigración por los mismos años, en dirección a las cercanas Corea, Manchuria o Formosa, pero también hacia América del Sur y los Estados Unidos, el país que más va a beneficiarse de esta corriente; en 1893 Japón creará un Instituto para la Emigración para regular estos flujos.

En el interior de la propia Europa desarrollada se van a producir otros movimientos de población de consecuencias aún mayores. Se trata de la importante emigración del campo hacia las ciudades, acrecentada por la grave crisis agrícola europea de fines del Ochocientos y por ello de rasgos las más de las veces realmente dramáticos; la creciente demanda de mano de obra industrial terminará de acelerar esta tendencia.

En las décadas previas a la Gran Guerra, estos grandes movimientos de población contribuirán a precipitar una transformación social de gran alcance, que se hace evidente con la denominada Segunda Revolución Industrial, con el aprovechamiento imperialista de las colonias y, en general, con cambios que van a provocar el debilitamiento casi definitivo del viejo orden aristocrático, una gran diversificación del mundo burgués (especialmente con la aparición de la cada vez más potente clase media) y a producir el paralelo gran crecimiento de la clase obrera, que ahora consolida su organización moderna. El proceso de mundialización, que se aprecia a partir de ahora con claridad, va a producir una notable generalización de estos cambios.

Todas estas transformaciones fueron vistas a menudo como un rasgo negativo del período. La «Gran Depresión» mostraba a todos las debilidades del sistema, y las tensiones sociales fueron vistas como el resultado de los cambios, como una gran erosión de los equilibrios tradicionales a los que nadie parecía proponer una alternativa fehaciente. La inquietud generalizada por las transformaciones sociales hizo que la «cuestión social» se convirtiera en uno de los grandes temas del momento, a los que los Estados intentaron poner remedio con la aparición de las modernas políticas sociales y con la aplicación de ciencias modernas, como la estadística, la sociología, la antropología o la psicología social.

A pesar de todo y como ha destacado, entro otros, Arno Mayer, hasta la Primera Guerra Mundial la hegemonía de la vieja aristocracia se mantuvo prácticamente sin cuestionar en casi todas partes, resistiendo hasta procesos de modernización social y democratización política de la envergadura de los que se emprenden en Gran Bretaña. Los altos cargos políticos, militares o de la Administración, así como la diplomacia o los principales puestos en los concejos de administración de las grandes empresas seguían en manos de la vieja aristocracia. Su particular estilo de vida y valores seguían siendo un modelo a copiar por amplios sectores de la burguesía, y el poder siguió utilizando la concesión de títulos nobiliarios como una forma de atracción de algunos de sus miembros. El propio Max Weber denunció cómo para la burguesía alemana una de sus metas más elevadas lo constituía el convertirse en junker.

En Gran Bretaña, los dos partidos mayoritarios seguían dominados por la aristocracia territorial hasta que la ley de 1909 sobre trasmisión patrimonial hizo realmente difícil el seguir manteniendo las grandes posesiones y mansiones que se hallaban en el centro de su poder e influencia. En Prusia, hasta 1914 se reservaban a la nobleza los puestos de gobernador provincial y hasta el de presidente del Gobierno, así como los altos cargos del Ejército y la Administración. En Austria-Hungría y en Rusia, este poder de la nobleza era mucho mayor, llegándose al extremo de Rusia, donde el zar puso en marcha diversas iniciativas para impedir que la nobleza territorial abandonase sus posesiones y, con ellas, su papel de ordenador social.

La crisis del mundo rural europeo se saldó, en Occidente, con la definitiva entrada de las prácticas capitalistas en la actividad agrícola. La aristocracia debió adaptarse a estos cambios y, por término medio, demostró poseer unas condiciones muy limitadas a la hora de modernizarse. Pueden destacarse los casos de Francia, Bélgica e incluso de Italia del Norte, donde las reformas liberales se habían ido introduciendo poco a poco, desde mediados del siglo, y donde el predominio aristocrático pudo mantenerse por más tiempo.

Para el caso francés, Eugen Weber analizó lo que llamó como el paso de «payeses a franceses» que se consuma según él en el periodo que media entre 1875 y 1914. Las causas de esta integración moderna del mundo rural francés son múltiples y van a propiciar una verdadera «reconquista» interior del territorio. Weber alude a los efectos de la extensión del ferrocarril y la consiguiente integración de los mercados; de la intensa labor legislativa e institucional destinada a convertir el siempre lejano Estado central en algo más atractivo; de la escuela y la labor educativa uniformizadora (algunos hablarán de un verdadero genocidio cultural contra los particularismos); de la difusión de la prensa regional, etc.

La segunda gran oleada de industrialización a fines del Ochocientos tuvo una repercusión decisiva en el deterioro de los viejos equilibrios sociales; además, la rapidez con que se difundieron sus efectos hizo aún más evidente esta transformación. La nueva economía se fundamentó en un extraordinario dinamismo industrial y financiero, en una concentración empresarial sin precedentes, en la aplicación de nuevas fuentes de energía y en la constante introducción de innovaciones técnicas, así como en una inédita participación del Estado en la vida social y económica de los países. Todo ello conllevó cambios radicales en las mentalidades, comportamientos y en la misma composición interna del complejo mundo de la burguesía.

Fueron muchas las voces que denunciaron la desaparición del viejo prototipo de burgués inquieto, emprendedor, ahorrador e independiente. A medida que se alejaba el viejo ideal de la libertad económica fue apareciendo un nuevo tipo de burgués, más anónimo en sus consejos de administración de las sociedades anónimas, con su iniciativa subordinada a las estructuras empresariales fuertemente burocratizadas, especulador y temeroso frente a la recurrente posibilidad de la crisis.

Con todo, a fines de siglo este nuevo mundo burgués se afianzó prácticamente en todas partes y, excepto en la periferia más extrema fue imponiendo su nuevo estilo de vida. El paradigma de esta moderna sociedad burguesa pasó a ser los EE.UU., que en 1900 ya se había convertido en una potencia mundial de primer orden. La colonización interior de su vasto territorio ha posibilitado la acumulación de fortunas inmensas y la aparición de una nueva oligarquía económica que va a campar a sus anchas ante la falta de legislación reguladora y del intervencionismo del Estado. Con el nuevo siglo va a consolidarse una sociedad altamente industrializada (entre 1870 y 1900, la población activa dedicada a la agricultura va a descender del 52 al 40 %) donde el crecimiento espectacular del sector de los servicios va a propiciar el notable crecimiento de la clase media.

También en Europa, y en contra de lo que había vaticinado el Manifiesto Comunista de 1848, el sector burgués no paró de crecer y de diversificarse. La moderna elite económica, a menudo en estrecha alianza con la tradicional, va a consolidar sus posiciones; a su lado va a afianzarse un sector burgués al alza, ligado a las actividades de la administración pública y privada, a las profesiones liberales y a los servicios, como reflejo del gran crecimiento y corporativización de la vida económica así como de las estructuras administrativas de los Estados. Finalmente, cabe destacar el aumento de las clases medias, compuestas de pequeños profesionales, artesanos, medios y pequeños industriales, etc. Los cuales, contra todo pronóstico, van a crecer mucho ya antes de la Gran Guerra. En Gran Bretaña, a partir de 1900 se aprecia cómo la clase obrera ya no crece a expensas de la proletarización de este sector; en Francia, van a ser la fuerza social sobre la que se apoyará el esfuerzo de recomposición de la III.ª República. Sin embargo, la inestabilidad del sector y su posición desfavorable para poder resistir cambios muy radicales sin contar con la protección del Estado, van a convertirle muy pronto en un elemento de radicalización política.

A fines del siglo XIX se empezará a hablar por Europa de una «Belle Époque» y lo cierto es que se pudo argumentar la clara mejora de las condiciones de vida en el mundo occidental: las grandes exposiciones universales proclamaban a los cuatro vientos la universalización de los progresos técnicos y cómo se había hecho posible el dominio del hombre blanco sobre el mundo entero. Pero no toda la sociedad gozó por igual de estos beneficios. Más aún, durante un tiempo las diferencias sociales van a agudizarse: el crecimiento de la clase obrera pareció imparable y la depreciación de sus condiciones de vida y de trabajo (agravadas por la emigración rural) van a hacer temer por el estallido de una verdadera revolución social.

Lo cierto es que el gran despegue industrial de estos años finales del siglo, incluso en los países más desarrollados se va a desarrollar muy a menudo a costa de esta clase obrera, con ajustes a la baja de los salarios reales, con un paro intermitente muy importante y con despidos masivos que se aprovechan de la falta generalizada de una legislación social (el único techo a la explotación era situar al obrero por debajo del umbral de la subsistencia). En Francia, Gran Bretaña, Alemania o Bélgica la jornada laboral media no bajaba de las diez horas; en el centro de Europa, de las 12 horas y en lugares como Rusia o España aún se encontraban jornadas de 16 horas.

En 1889 se celebró en París el Congreso Obrero Internacional que daría origen a la II.ª Internacional, de tendencia socialista. El obrerismo buscaba organizarse para defenderse de la agresividad patronal y de la creciente persecución por parte de las fuerzas del orden. El movimiento obrero buscó con ahínco afianzarse, extenderse y obtener la fuerza suficiente para forzar mejoras laborales y en sus condiciones generales de vida. A partir del primero de mayo de 1890 se lanzó la consigna de celebrar la Fiesta del Trabajo anualmente, en un claro intento de hacer evidente la presencia obrera y de unificar sus reivindicaciones básicas; la primera sería la de la llamada Jornada de los Tres Ochos: ocho horas de trabajo, ocho de ocio y ocho de sueño. El principal instrumento de la lucha obrera se buscó que fuese la huelga, recurso moderno puesto que necesita de un mínimo de organización al que poco a poco se irían sumando otros sectores más calificados. Entre 1889 y 1892, las huelgas de los sectores ferroviario, portuario, minero y de la construcción conmocionaron la vida británica; por su parte, las grandes huelgas de la cuenca del Rhur llegaron a paralizar en 1890 esta importante área industrial y minera alemana.

Por término medio, la respuesta patronal y estatal frente a estas situaciones fue en extremo violenta (causaron un fuerte impacto la represión con artillería de los motines de Milán del 1898 o las cargas de fusileros contra los manifestantes de San Petersburgo, en 1905). Las huelgas acostumbraban a terminar de forma violenta y esta violencia llegó a presidir toda la vida laboral llegando a extenderse al conjunto de la sociedad; un abismo insalvable pareció abrirse entre el mundo obrero y el burgués.

El sindicalismo revolucionario y, sobre todo, la «acción directa» anarquista (los actos terroristas individuales) causaron una profunda intranquilidad en la sociedad burguesa de la época, llegando a su cenit alrededor de 1905. Los espectaculares magnicidios anarquistas, narrados con todo detalle por la moderna prensa ilustrada y de masas, contribuyeron a generalizar la sensación de que la revuelta social estaba cerca de alcanzar sus objetivos de disolución de los lazos sociales. Además, a pesar de su peso cada vez menor y de su endémica nula capacidad de organización, la violencia social también afectó al mundo rural. A principios de los años 90, las revueltas campesinas afectaron amplias zonas de Rumania, Irlanda, Italia y de la España del Sur. Francia se avanzó con las primeras legislaciones referidas al mundo rural (1884), política que poco después seguirían Alemania, Dinamarca, Holanda y Bélgica. En Francia, en 1894 el corporativismo sindical agrario llegó a agrupar a unos 400.000 campesinos.

A medida que nos acercamos a la Gran Guerra, esta violencia social fue dejando paso a una acción mucho más organizada, de signo político y sindical. La democratización política de algunos países, la extensión de una primera legislación social y la lenta sustitución entre el sector patronal de la confrontación por la negociación favorecieron este cambio.

LA DINÁMICA ECONÓMICA 1848-1914

La era de la fábrica, el tiempo de la máquina

ÁNGEL DUARTE

Las décadas centrales del siglo XIX vislumbraron, en amplias demarcaciones de la Europa occidental, así como en la costa atlántica de los Estados Unidos, y en algunos focos regionales de la América Latina, la gradual consolidación de la sociedad urbana e industrial. La imagen clásica, aportada por los científicos sociales, asoció el despegue del sector industrial con la sustitución generalizada de los obradores domésticos y los talleres-vivienda por la fábrica mecanizada. Al mismo tiempo, dio relieve a la transferencia imparable de fuerza de trabajo desde el campo a la ciudad. Siendo ello cierto no lo es menos que, por un lado, el triunfo de la gran factoría fabril no siempre condujo a la liquidación del predominio del taller y del trabajo en empresas de tamaño reducido. Hasta 1870 el grueso de los obreros textiles británicos operaba en pequeños talleres, unidades de producción en las que las innovaciones tecnológicas y mecánicas eran, en muchas ocasiones, exiguas. Simultáneamente, hay que tener presente que la industrialización fue un proceso de carácter regional antes que nacional, que los espacios en los que la fábrica pasó a ser el eje del paisaje laboral convivieron, en el interior de las economías nacionales, con escenarios en los que las actividades productivas presentaban, en el campo y en las manufacturas, perfiles más tradicionales.

Hasta la década de 1860 y 1870, los procesos de perfeccionamiento tecnológico aparecen asociados a la figura del artesano inventor; es decir, a individuos relacionados con el proceso productivo, obreros cualificados y cuadros técnicos que aplican su talento a la construcción de nuevos ingenios mecánicos o a la mejora del rendimiento de los ya existentes. A partir de esas fechas, el relevo en la innovación pasó, de manera decidida, a manos de la simbiosis establecida entre ciencia e industria, y ello se reflejó en los ámbitos de la electricidad, la química orgánica o la óptica. El uso del carbón y de la máquina de vapor, a la que se le van incorporando mejoras en el rendimiento y en la potencia con la introducción de materiales inéditos y la mejora de las nociones científicas —en 1847 Hermann L. F. Von Helmholtz formula la primera de la leyes de la termodinámica—, sustituye, a mediados de la centuria, la fuerza hidráulica. A su vez, y desde 1840, el uso de la electricidad se implanta en numerosos recintos. Será, sin embargo, en los años 1870 cuando la fuerza eléctrica provea de energía a un número creciente de fábricas, almacenes y edificios públicos. La puesta a punto de la bombilla eléctrica incandescente, entre 1878 y 1880, gracias entre otros a la iniciativa de Thomas A. Edison, generaliza su uso industrial. En la esfera de la metalurgia, los métodos de producción ideados por Henry Bessemer, en 1856, ocasionan una probada metamorfosis en la elaboración del acero. En la década siguiente, los metalúrgicos franceses Pierre y Émile Martin y los alemanes Friedrich y Wilhelm Siemens, crean un nuevo horno. Pronto se propaga el uso de minerales de hierro con alto contenido en fósforo, muy abundantes y hasta entonces de difícil uso, para la producción de acero y ésta se multiplica en las décadas siguientes.

Aun admitiendo la complejidad del proceso, la industria devino el cliente principal de las innovaciones tecnológicas. Si se redondean las cifras, hacia 1850 Francia dispone de cerca de unas 6.000 de las máquinas de vapor más complejas, Bélgica 3.000, Alemania 2.000 y el Imperio austríaco1.200. El Reino Unido contaba, por esas mismas fechas, con un parque mecánico equiparable al conjunto del de la Europa continental. De hecho, la economía británica mantenía durante aquellos años una situación hegemónica en cuanto a la producción minera e industrial, pero los avances fueron cada vez más lentos, las innovaciones tecnológicas exiguas y la competencia extranjera creciente. En 1851 el sector primario continuaba siendo el que ocupaba a un mayor número de trabajadores, y el textil apenas empleaba a un 8 % de la población activa.

El crecimiento proporcional de Alemania fue mucho más considerable en algunos capítulos, como el del carbón o el hierro fundido, durante el periodo 18501870. El fenómeno se daría, también, en relación a otros países: la media de crecimiento del producto interior bruto británico hasta 1873 se situó en el 2,5 %, para reducirse al 1,9 % en las décadas siguientes. El declinar de Gran Bretaña, en términos comparativos, tuvo mucho que ver con la emergencia de nuevos escenarios industriales, países menos avanzados pero ricos en materias primeras y fuentes de energía, y con su estrecha dependencia de los procesos de importación y exportación. La industria más tradicional, la textil algodonera, continuó su apabullante expansión, debido a las continuas innovaciones tecnológicas y a su hegemonía en los circuitos comerciales mundiales. La producción de algodón, que casi venía duplicándose cada década desde comienzos de siglo, atenuó su crecimiento desde los años centrales, pero no alcanzaría su cenit hasta la segunda década del XX.

El aumento de la producción industrial se manifestó también en el registro y construcción de barcos mercantes, indispensables para el comercio internacional y costero. Hacia 1870 el Reino Unido contaba con casi 28.500 barcos, de los que algo más de 2.500 eran ya barcos de vapor, construidos en hierro. La proporción de éstos era mayor en cuanto al tonelaje: representaban la séptima parte del total de más de 5.300.000 toneladas registradas. Esta flota estuvo en permanente renovación con la construcción de nuevas embarcaciones. Las cifras se empiezan a incrementar desde la década de los treinta y, en la de los sesenta, los nuevos barcos de vapor representaban ya más de un tercio del nuevo tonelaje construido. Hacia 1870 el Reino Unido contaba con una capacidad de flete equivalente a la del conjunto de los demás países. También contribuyó a la mejor circulación de mercancías el acrecentamiento de la red ferroviaria. Entre 1850 y 1870 se pasó de 6.000 a 13.000 millas de tendido, lo que permitió multiplicar por más de tres el volumen de los productos transportados. Más significativo aún fue el crecimiento del número de pasajeros y de envíos postales, que disfrutaron ahora de las posibilidades derivadas de un servicio público, regular y eficiente. Con ello se desarrolló también un mercado, cada vez más variado, en el que proliferaron las pequeñas tiendas, junto a un sistema de cooperativas que se desarrolló, sobre todo, en los distritos mineros e industriales del Norte. A finales del periodo que ahora nos ocupa empezaban a perfilarse los grandes almacenes y las empresas especializadas en la comercialización de productos de uso generalizado como el tabaco, la leche o la carne. La mejora en las comunicaciones y en los transportes, del ferrocarril al barco de vapor, pasando por el telégrafo, modificaron los caracteres últimos de la racionalidad económica y social. El siglo XIX, ha recordado Jordi Nadal, «descubre la importancia de la puntualidad y los horarios, tanto en las fábricas como en los trenes. Se puede decir que los trenes obligaban a llevar reloj, a poner relojes en las estaciones. En el XIX el control del tiempo se convierte en el regulador de la vida humana».

La vida económica adquirió estabilidad con las mejoras del sistema bancario, especialmente después de la crisis de 1857, provocada por las actividades especuladoras y fraudulentas de algunos Bancos provinciales, y con el afianzamiento del papel del Banco de Inglaterra. El sistema pudo así resistir mejor las quiebras que se produjeron en los años siguientes. Las actividades financieras y de seguros comenzaron a ser un capítulo decisivo en el equilibrio de la balanza de pagos británica. Las inversiones exteriores, capítulo central del llamado comercio invisible, se cuadriplicaron entre 1850 y 1870, a la vez que buscaban una diversificación geográfica en los territorios coloniales y en el continente americano. Desde la supresión de las leyes protectoras contra la importación de cereales, en 1846, el Reino Unido se había convertido en una potencia impulsora del libre comercio y la presencia de Gladstone como canciller del Exchequer se tradujo en una decidida política librecambista. En 1853 se suprimirían los derechos aduaneros sobre el jabón y al año siguiente se levantaron las restricciones sobre la importación de azúcar, mientras que la eliminación de los derechos de aduana sobre el papel, en 1861, se produjo después de una dura lucha política, en la que estuvo en juego la posibilidad de abaratar la prensa y otras publicaciones.

La firma de un tratado franco-británico de libre comercio (Cobden-Chevalier) en 1860 marcó el punto de arranque de la victoria del librecambismo, ya que brindó el modelo de otros acuerdos que se firmarían en los años siguientes. A corto plazo, el acuerdo sirvió para doblar el volumen de las exportaciones entre ambos países. En su conjunto, el producto nacional creció un 75 por 100 en los veinte años posteriores a 1850, con medias anuales superiores al 3 por 100. El Reino Unido aparecía como el verdadero taller del mundo y, para sus habitantes, como un ejemplo de lo que se podía conseguir con trabajo duro, libre competencia y vida sobria. La gran depresión de 1873 a 1896 mostró cómo el monopolio británico sobre la industria empezaba a ser contestado por el rendimiento de potencias fabriles rivales, como Alemania y Estados Unidos, basadas en formas de organización del trabajo más articuladas e intensivas, con mayor recurso a la capitalización y con un uso cada vez más calculado de la técnica en la producción.

En Alemania, las regiones de la Alta Silesia, Westfalia, Renania y la ciudad de Berlín, a pesar de la puntual crisis registrada en 1857, vivieron un ciclo expansivo al que contribuyeron tanto la paz civil reinstaurada como un ciclo inflacionista, un cúmulo de buenas cosechas y el crecimiento demográfico. La construcción del ferrocarril, que multiplicó por tres su extensión entre 1850 y 1870 —alcanzando en este último momento los 20.000 kilómetros—, sirvió de acicate para la actividad minera y el desarrollo de la siderurgia. A su vez, el crecimiento del mercado alemán, y la implantación de estrategias librecambistas que conectaron a los productores y a los consumidores germanos con la economía francesa, británica y belga, permitieron que el campo adoptase nuevos y más eficaces métodos de producción. La articulación progresiva de un mercado alemán, abierto y girado de espaldas al proteccionista Imperio de los Habsburgo, facilitaría la tarea unificadora y que ésta tuviese lugar alrededor de Prusia.

El crecimiento económico estuvo condicionado negativamente por el ahondamiento de la fractura social —factor en absoluto ajeno a los dos millones de salidas de emigrantes entre 1850 y 1870—, las dificultades de emancipación del campesinado, la pérdida de peso de un artesanado con dificultades para competir en el nuevo marco de libre empresa, y la aparición de un potente movimiento obrero que, antes que al problema del paro, tenía que hacer frente a unas duras condiciones de trabajo y de alojamiento. En cambio, operó en positivo la progresiva consistencia del mercado interior singularizada en la fluida corriente de intercambios entre los Estados del centro y el sur. El desarrollo de la circulación monetaria gracias a la proliferación de los bancos de emisión y del papel moneda; la aparición de grandes bancos de negocios; el desarrollo de las sociedades por acciones en el campo de los transportes —ferrocarril—, comercio e industria, impulsaron esa industrialización potente aunque tardía. La forja de cuadros técnicos, con una atención particularizada al fomento de la enseñanza profesional y politécnica, la pérdida de dependencia exterior, y un sentido empresarial que, a menudo, se contrapone a la debilitación que del mismo se capta en la economía británica, explicarían el desarrollo de una industrialización que pondría el acento en los bienes de equipo e intermedios, en lugar de, por ejemplo, la preferencia francesa por el sector de bienes de consumo. El país galo, en base a un marco de reformas económicas fundamentadas en el librecambio y la creación de sociedades por acciones, vio como su sistema económico afrontaba con singular éxito tanto las recesiones económicas —de 1857 o 1873— como los desastres político militares —el de 1871—. Así, en las décadas de los sesenta y setenta cuadruplica la producción de carbón y hierro, aumenta en un 5 % anual su comercio exterior, y alcanza una tasa de crecimiento media anual de entre el 2 y el 4 %. No será hasta 1882 cuando el impacto de la depresión afecte a esos singulares ritmos de expansión.

El dinamismo norteamericano

El siglo XIX vio la emergencia de una nueva potencia industrial, los Estados Unidos. En el trasfondo del vertiginoso ritmo de crecimiento tuvo mucho que ver, la adopción, desde los albores de la nación, de una política federal de laissez faire. El denominado free banking eliminó toda autoridad financiera central y consiguió estimular la expansión económica. Bien es cierto que ésta tuvo lugar, dados estos condicionantes, de manera desordenada y dio origen a crisis productivas de mayor duración que las registradas en Europa. A su vez, la legislación sobre las corporaciones y sociedades limitadas facilitó que éstas se convirtieran en el principal instrumento de captación de capitales. Finalmente, fueron los Estados los que aportaron fondos públicos —hasta un cuarto de las inversiones totales hasta 1860— para la mejora e implantación de la red de canales y de ferrocarriles. En alguna ocasión, la intervención del gobierno central consistió en la cesión de tierras para que, a través de los Estados, pasasen gratuitamente a las compañías ferroviarias: en 1850, la Illinois Central Railroad obtuvo, gracias a este sistema, un millón de hectáreas a lo largo de la línea que regentaba.

El desarrollo del ferrocarril resultó, en la economía norteamericana, particularmente acelerado. En 1830 existía únicamente la Baltimore & Ohio Railroad, en el estado de Maryland y con unos pocos kilómetros de trazado. En 1840 se habían alcanzado los 4.800 kilómetros, y diez años más tarde los 50.000. Una extensa red articulaba las regiones más activas y pobladas del centro-norte, unía las principales ciudades del norte y del sur, y se adentraba en el territorio de frontera sobrepasando el Mississippi y llegando hasta el oeste del Missouri. El tramado era más denso y extenso que el europeo y además cumplía diversas funciones. No sólo conectaba ciudades ya existentes, sino que permitía la penetración territorial, facilitando la colonización y los movimientos migratorios. Por las dimensiones geográficas del país, la extensión de la red alcanzó cifras excepcionales: pasó de unos 63.000 kilómetros en 1865 —todos al este del Mississippi— a cerca de 360.000 en 1900, cifra superior a la de toda Europa. En 1869, se completaron los dos primeros ferrocarriles transcontinentales, el Union Pacific y el Central Pacific, que enlazaron la costa atlántica con los estados del Pacífico; para 1883, se construyeron otros tres, el Northern Pacific, el Southern Pacific, que unía Nueva Orleans y San Francisco, y el Santa Fe, que cruzaba territorio apache y navajo. El Oeste quedó así abierto a la inmigración europea. Los puntos terminales y los enlaces de líneas se transformaron en pocos años en grandes ciudades (Seattle, Portland, Oakland, Kansas City). Para la construcción del ferrocarril se emplearon miles de trabajadores irlandeses, negros, alemanes, chinos, y estuvo asociada a la destrucción de las culturas indígenas y a su sustitución por una economía ganadera y una nueva cultura de la frontera centrada en los ranchos ganaderos y los enclaves mineros.

Entre 1830 y 1860, a rebufo de la expansión ferroviaria, se produce el despegue de la moderna economía norteamericana. La renta bruta por cápita crecía, por término medio, al 1,3 %. Ciertamente, la agricultura continuaba siendo el sector determinante. Sólo en el decenio 1850-1860 las tierras en cultivo pasaron de 120 a 160 millones de hectáreas. El sur se convirtió por esas fechas en el proveedor de tres cuartas partes de la producción mundial de algodón, mientras el norte y el oeste se especializaban en los cereales. La participación de la fuerza de trabajo se redujo, en el conjunto de esos treinta años, del 71 al 53 %. Es cierto que las plantaciones meridionales hacían un uso extensivo de mano de obra esclava, pero no lo es menos que en el interior la mecanización y los nuevos fertilizantes se hallaban detrás del crecimiento. El fin de la guerra civil y la conquista del Oeste permitieron triplicar la superficie cultivada. La agricultura norteamericana fue, desde los años 1850-1860, un sector comparativamente modernizado, de alta productividad y muy mecanizado, merced a la introducción de innovaciones como sembradoras, cosechadoras, trilladoras, segadoras y arados mecánicos. El desarrollo de los transportes, tanto canales como ferrocarriles, redujo marcadamente sus desembolsos y ensanchó de manera crucial el mercado interior. El uso masivo de fertilizantes permitió aumentar los rendimientos por unidad de superficie. Por su producción de algodón, maíz y trigo, Estados Unidos eran desde la década de 1880 el primer productor agrícola del mundo y había conquistado los principales mercados internacionales.

Por lo que se refiere a la industrialización, ésta era evidente, a la altura de 1860, en al menos seis estados: Massachussets, Rhode Island, Conneticut, Nueva York, Pennsylvania y Ohio. Un millón y medio de individuos trabajaban en las manufacturas. El crecimiento del sector se alimentó tanto de la transformación de parte del artesanado en empresariado, como del progreso de las sociedades limitadas por acciones. También de la expansión ferroviaria. El ferrocarril activó el desarrollo de la metalurgia y de la minería. La existencia de mineral de hierro en las regiones de los lagos Michigan y Superior hizo de Chicago, Cleveland, Detroit o Milwaukee grandes centros siderúrgicos. El carbón de los Apalaches propició el desarrollo de Pittsburgh y Birmingham; las grandes reservas de hierro y cobre, el de los enclaves industriales de Colorado. La producción de carbón se elevó de 29,9 millones de toneladas en 1870 a 244,7 millones en 1900; la de acero de 70.000 toneladas en 1870 a 4.350.000 toneladas en 1890.

La escasez de mano de obra estimuló, por otra parte y junto a la inmigración, los procesos de mecanización y la estandarización de los procesos productivos. Hacia mediados de siglo, los observadores europeos describían con admiración un American System of Manufacturing que permitía la articulación de un primer mercado de consumo de masas. Gracias a ello, en el último cuarto del siglo XIX, los Estados Unidos pudieron situarse en una posición de privilegio dentro del grupo de países que estaban protagonizando la segunda gran oleada industrial. En ciertos sectores, como en el químico y en el de la obtención de aluminio, plomo, zinc o cobre, se pudieron parangonar, y superar, a Alemania. Grandes grupos empresariales se articularon para gestionar la producción. Con 758 plantas de producción de acero, minas de hierro y carbón, flota mercante y ferrocarriles propios, la U. S. Steel Corporation, creada en 1901, venía a suponer la culminación de un proceso, iniciado en las décadas previas por Andrew Carnegie, de control de la siderurgia. De hecho, la fusión de 1901 creaba la primera empresa mundial del sector. De manera muy similar, cabría recordar el caso de la Standard Oil Co. Creada en 1870, por el agente comercial de Cleveland, John D. Rockefeller, se había especializado en el refinado del petróleo. En menos de diez años pasaría a controlar el 90 por 100 de la producción nacional de crudo, y, desde esa posición casi monopolística, adquirió nuevos pozos, además de líneas ferroviarias, barcos, oleoductos y grupos financieros. En la década de 1880, Estados Unidos dominaba los mercados europeos de petróleo; hacia 1890, la Standard Oil era probablemente la organización industrial más fuerte del mundo.

Junto a la creación de grandes grupos industriales, el segundo motor del éxito industrial estadounidense se basó en la capacidad de invocación y el desarrollo de nuevas tecnologías. En 1886, George Westinghouse diseñó un transformador comercial que permitió el uso de la corriente alterna. Poco después, el mismo Westinghouse junto a Edison y la Banca Morgan crearon General Electric, una empresa destinada a hacerse con el control del creciente mercado industrial y doméstico relacionado con la electricidad. Finalmente, la banca tuvo también un papel esencial, sobre todo en la consolidación de pools, holdings y trusts que terminaron caracterizando a la economía norteamericana. La citada Casa Morgan, creada en Nueva York por el hijo de un banquero enriquecido en la bolsa londinense, John P. Morgan, participó en numerosas empresas ferroviarias, en la U.S. Steel, en la American Telephone and Telegraph Co. —la empresa surgida en torno a Alexander G. Bell que monopolizaba las comunicaciones telefónicas—, en General Electric, en la International Harvester Company, la mayor empresa de maquinaria agrícola, y en varios de los principales bancos del país. No fue, la Morgan, el único banco que se dedicó, de manera principal, a la inversión industrial. Pese a los pánicos financieros de 1873 o 1893, la economía norteamericana creció entre 1870 y 1913 a una tasa media anual del 4,3 por 100. El porcentaje doblaba al de Alemania y Gran Bretaña.

El dinamismo norteamericano debió mucho también —además de a la población, la expansión de la agricultura y los transportes, o a la abundancia de recursos naturales— a las inversiones exteriores y a la capacidad de innovación tecnológica del país. De hecho, gracias a la inventiva y a sus aplicaciones prácticas, los Estados Unidos vivieron en el siglo XIX una suerte de verdadera revolución permanente que cambió de raíz la vida social y la organización del trabajo. La rotativa, toda clase de armas, la máquina de coser, las destiladoras, el ascensor, el coche-cama, la máquina de escribir, el celuloide, la lavadora, el tractor de gasolina, el teléfono, el fonógrafo o las bombillas incandescentes, las cajas registradoras, el papel-película o la linotipia fueron, entre otros muchos productos, invenciones norteamericanas de esos años.

Obviamente, el desarrollo norteamericano dio origen a nuevas formas de desigualdad social y regional. A las condiciones de trabajo que tenía que hace frente una mano de obra en muchas ocasiones recién inmigrada se sumaba el atraso del viejo sur. Al acabar el siglo, la renta por individuo en estados como Mississippi, Alabama, Georgia, Virginia, Carolina del Norte y del Sur o Tennesse era, por término medio, la mitad de la de los estados del Norte. La abolición de la esclavitud no reportó beneficios tangibles a los negros. Muchos de ellos se transformaron en colonos y aparceros que explotaban tierras marginales de las antiguas plantaciones. El declinar del cultivo del algodón acabó, además, en un par de décadas con dicha forma de economía. La inmensa mayoría de los antiguos esclavos negros tuvo que optar o por la emigración al Norte o al Oeste o por emplearse en los enclaves industriales que surgieron en el nuevo Sur: minas de hierro y carbón en Birmingham (Alabama), bauxita y fábricas de aluminio en Arkansas, grandes fábricas textiles, el nuevo, muy próspero y muy modernizado, sector del tabaco, controlado por la American Tobacco Company de James B. Duke.

Una economía globalizada

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, al amparo de la combinación de las lógicas de movilidad de personas, bienes y capitales que introduce el librecambismo; de los beneficios acumulados mediante los procesos de mecanización, y del desarrollo de instituciones financieras de todo tipo, desde bancos centrales a entidades de inversión privadas, mercados de valores y de obligaciones, tiene lugar una creciente interconexión de la economía mundial. El primer exportador de capitales era la Gran Bretaña, si a principios de siglo los beneficios obtenidos por la marina comercial británica aseguraba que la balanza de pagos fuese positiva, desde 1870 hasta finales de la centuria son los beneficios bancarios y los réditos obtenidos con las inversiones precedentes los que asegurarán la continuidad de las transacciones exteriores.

A mediados del siglo, los inversores británicos se hacen presentes en las compañías privadas extranjeras, en particular las que impulsan la construcción del ferrocarril. La inestabilidad política y social continental harán que, en las décadas siguientes, esos mismos capitales se desvíen hacia los Estados Unidos, América Latina o los territorios coloniales y los nuevos dominios. Las rentas generadas en Francia mediante la exportación de productos básicos se dirigirán, a su vez, hacia España, Portugal y los reinos y estados italianos. De hecho, entre 1850 y 1880, los inversores, así como el capital humano, de origen francés, asumen la construcción de las redes ferroviarias de la Europa meridional y oriental, y se hacen presentes en Rusia, en el Imperio otomano y en Egipto. La revolución industrial alemana no fue en absoluto ajena a la inversión exterior. Capitales franceses, belgas e ingleses permiten erigir buena parte del nuevo tramado fabril alemán, y sentar las bases de un crecimiento que, a su vez, facilitará la entrada de capitales germanos en Austria-Hungría, en América, y en sus incipientes colonias en África y el Pacífico. Especialmente exitosa será la gestión de las inversiones extranjeras en los países escandinavos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Infraestructuras y minas, así como sectores productivos que exigen una mano de obra escasa, se nutren, con gran eficiencia de capitales de origen europeo. El crecimiento y los niveles de bienestar alcanzados derivan de un uso eficaz de los capitales exteriores. Con todo, Estados Unidos y, en Europa, Rusia, serán los principales beneficiarios de esta lógica inversora. Los primeros, se lanzan a su vez, de manera paralela, a una presencia creciente en las economías europeas, asiáticas y del Próximo y Medio Oriente.

También la eclosión del imperialismo conllevó una más intensa articulación de la economía mundial. El impacto de Europa en los países colonizados cambió la geografía de las comunicaciones —con el auge de puertos en las costas e iniciativas favorables a la navegación fluvial, primero, y a la instalación de ferrocarriles, a renglón seguido— y condicionó sus estructuras productivas a las exigencias metropolitanas. En todas partes se procedió a fomentar cultivos básicos para el consumo y la industria del Imperio. Desde el caucho y el arroz en Indochina, a los viñedos en Argelia —territorio en el que en 1876 el gobierno civil desplaza a la administración militar—, el cacao en Nigeria o el café en Tanganica. El marco de relaciones exigía que las colonias adquiriesen productos metropolitanos, y que todo ello se hiciese, en consonancia con la economía de mercado, mediante el uso del papel moneda. La monetarización de un sector clave de las economías colonizadas convive con el mantenimiento de lógicas de subsistencia, propias del orden precolonial.

En el momento de máxima expansión imperial británica, por ejemplo, se han podido construir la infraestructura ferroviaria y de puertos, o efectuar trabajos de irrigación en la India y Egipto. Las colonias de plantación han alcanzado su rendimiento máximo: algodón en la India y Egipto, yute en la India, té en Ceilán, hevea en Malasia. Los territorios de población blanca, débilmente poblados, envían excedentes de carne, trigo y lana. Las minas de África del Sur, Australia y otros países ponen a su disposición oro y diamantes, estaño, cobre. El descubrimiento de los recursos diamentíferos en 1867 y los de oro en 1886 altera las bases económicas de las colonias sudafricanas e intensifica las rivalidades políticas. En 1887 Cecil Rhodes crea la British South Africa Company, sobre la que, dos años más tarde, procede a organizar como Rhodesia un amplio territorio situado al norte del Transvaal.

Las posibilidades de inversión de capitales abiertas mediante la empresa imperial acreció los beneficios en las respectivas metrópolis. Así, Gran Bretaña obtendría rentas de hasta 35 millones de libras esterlinas en 1870 y más de cien millones en 1900. Por lo demás, la obtención de materias primas a bajo coste —caucho, algodón, fosfatos, lana— garantizaban la competitividad de la industria europea en los mercados internacionales. Los beneficios públicos, a través de las entradas impositivas que recaían en las haciendas nacionales, se solaparon con los privados. Liberadas de buena parte de los costes que asumían los Estados, las compañías privadas, inglesas, francesas, holandesas y belgas, articuladas alrededor de pools financieros acumularon cuantiosos beneficios.

La gradual articulación de la economía mundial se afirmó, en la segunda mitad del siglo XIX, sobre la base tanto de la centralidad financiera de Londres, como de la operatividad del nuevo patrón oro. Tras el ciclo de las guerras napoleónicas, las autoridades británicas restablecen el cambio de papel moneda por metal, sustituyendo la plata por el oro. El Banco de Inglaterra, así como las restantes entidades financieras, son obligadas a cambiar el papel por su valor en oro, y este producto se ve libre de toda restricción en su importación y exportación. La masa monetaria, y la evolución de los precios, quedan condicionados por los descubrimientos, entre 1849 y 1851, de nuevos filones en California o en Australia.

Frente al patrón oro, y desde una opción bimetalista, que combina como referente el oro y la plata, Francia ensaya, en la década de 1860, la creación de una Unión Monetaria Latina. El objetivo, para el que suman, en diversos momentos, a países como Bélgica, Suiza, Italia, España, Serbia o Rumania, es garantizar la estabilidad de los precios. El referente, para ese grupo de países, pasa a ser el franco. Será tanto el carácter central asumido por la Gran Bretaña y su libra esterlina, como el descubrimiento de nuevos recursos argentíferos lo que, en años sucesivos, al ser invadidos los países de la Unión por una plata barata, y generarse un proceso inflacionario, lleve a abandonar la experiencia alternativa y asumir el patrón oro. No menos decisivo, a la hora de explicar el triunfo final del esquema de intercambios basado en el patrón oro, será el hecho de que Alemania, que tras la guerra con Francia recibe unas compensaciones históricas —las indemnizaciones alcanzan los cinco millardos de francos—, adopte el patrón oro al tiempo que adquiría una posición cada vez más importante en el comercio internacional.

Crisis y proteccionismo

Las crisis agroalimentarias de los años 1840 indujeron a un cambio de tendencia en la lógica arancelaria de la Gran Bretaña. La reforma de la legislación proteccionista concretada en las Corn Laws o en las Navigations Acts llegó a un punto culminante con el tratado de comercio de 1860 firmado entre Francia e Inglaterra y conocido como tratado Cobden-Chevalier. Posterior a la guerra de Crimea, y orientado a reforzar los lazos de amistad entre los dos países imperiales, el tratado preveía la supresión de las tasas aduaneras a la importación de mercancías francesas —con la excepción de vinos y licores, lo que hubiese introducido factores de conflicto con el tradicional aliado portugués— y, como contrapartida, la abolición de las prohibiciones relativas a la importación de textiles británicos y la reducción de las tasas por debajo del 30 % aplicado hasta entonces a una amplia gama de productos manufacturados procedentes del otro lado del Canal de la Mancha.

La introducción de la cláusula relativa a la condición mutua, de nación más favorecida, permitió que Gran Bretaña, impulsora de la era del librecambio, se beneficiase del proteccionismo moderado francés que le llevó a tejer una red de acuerdos comerciales en Europa: Bélgica, los Estados alemanes articulados en el Zollverein, Piamonte-Cerdeña, Suiza y los países escandinavos. En las décadas de 1850 a 1870, el flujo del comercio internacional tendió a incrementarse en un 10 % anual. Y, ello, a pesar del bloqueo en las transacciones a ultramar que conllevó la guerra de Secesión norteamericana.

Este nuevo marco de relaciones comerciales, junto a los efectos inherentes a las innovaciones tecnológicas y a la mejora de la competitividad de las distintas economías nacionales, comportó una época de crecimiento y de precios a la baja. En 1873, ese ciclo de crecimiento económico se trunca bruscamente con el pánico despertado en los centros financieros de Viena y Nueva York. Sus efectos se trasladan rápidamente, como no podía ser de otra manera en un escenario interconectado, al conjunto de los países industrializados y se prolongan hasta los años noventa. Son los tiempos de la gran depresión. Los industriales y los agricultores tendrán tendencia a buscar las causas de la crisis en la concurrencia internacional surgida de los tratados de comercio. Los grandes propietarios agrarios, tanto como los pequeños granjeros, no habrían tenido ocasión, previamente, de recibir el impacto de la competencia ultramarina debido a los costos elevados del transporte. La reducción de los mismos, derivados tanto de las innovaciones tecnológicas en la navegación como de la extensión de las redes ferroviarias en Europa y, sobre todo, en el interior de los Estados Unidos, conectando la costa atlántica con las llanuras del Medio Oeste, altera los circuitos y acaba con los mercados cerrados al agricultor nacional. Es el momento en el que Ucrania, Argentina, Canadá y Australia, grandes productores de trigo, ponen nuevas tierras en cultivo. La adopción en la Alemania bismarckiana de 1879 de una nueva ley arancelaria ilustra a propósito de la convergencia establecida, entre sectores empresariales hasta entonces contrapuestos, en lo relativo al proteccionismo. Una medida similar había sido exigida, con anterioridad, por los industriales de la Alemania del Oeste; ahora contaba también con la aquiescencia de los grandes propietarios rurales del este. Los junkers, hasta la década de 1870, habían sido tradicionales exportadores cerealísticos. A través del Báltico, sus mercados se extendían por Europa occidental. Ahora, la competencia de los granos americanos y rusos les amenazaba incluso en las nuevas ciudades germanas aparecidas al calor de la industrialización.

La denuncia de los acuerdos del Zollverein con Francia y otros países generó, a partir de ese momento, una sucesión de respuestas nacionalistas. Las tarifas de 1881, pero sobre todo la legislación adoptada por la Cámara de Diputados francesa después de 1889, responden al auge de una mayoría ultraproteccionista que se nutre de los pequeños y medianos propietarios que dan sus perfiles originales a la Francia rural. A su vez, la Italia unificada tomará, a la altura de 1887, la decisión de frenar las importaciones francesas. La III.ª República, principal mercado exterior de la producción italiana, responderá, a su vez, con importantes limitaciones a la entrada de productos transalpinos. En los diez años siguientes el volumen de transacciones comerciales entre ambos países se reducirá a la mitad. Austria-Hungría, Rusia, y unos Estados Unidos en los que el sur, tradicionalmente librecambista, ha sido derrotado en la guerra de Secesión, constituyen los otros contrafuertes de la hegemonía proteccionista.

Mujer y vida económica

En la Europa del siglo XIX se formaliza, tanto en términos prácticos como en las reflexiones especulativas de reformadores sociales y médicos o en las iniciativas de los legisladores, la caracterización del trabajo femenino. El salario familiar tiene como base el jornal de los varones. Lo que no obsta para que en coyunturas concretas, tanto como por presiones exteriores de un mercado de trabajo en el que prolifera la mecanización, éste se complemente, en mayor o menor proporción, con el de las mujeres jóvenes: hijas y esposas. En última instancia, la aportación masculina, la del padre y la de los hijos varones, debe, en teoría, ser suficiente para mantener a las familias. Las mujeres quedan reducidas a la categoría de esposas dependientes de sus maridos trabajadores; se las considera menos productivas y, en consecuencia, mano de obra barata. Este último dato, el de los bajos salarios, se da con claridad en la industria textil, ámbito del sector secundario que concentra la mayor parte de la mano de obra femenina. Otro tanto ocurre en las fábricas de tabaco. Las cigarreras constituían, desde España a Finlandia, la mano de obra casi exclusiva del sector. Fuera de la industria, la agricultura y el servicio doméstico reunían la mayor parte de la población activa femenina. La gran mayoría de las trabajadoras, sin embargo, se empleaba en áreas más tradicionales: en mercados y tiendas, en la venta ambulante o el transporte de mercancías, en la lavandería o la confección y el cosido de prendas de vestir. En la Inglaterra de 1861, por ejemplo, el 40 % de las mujeres empleadas trabajaban en el servicio doméstico frente a un 20 % ocupada en la industria textil. A finales de la centuria, en los países escandinavos el 29 % de la población activa femenina se concentraba en el servicio doméstico y sólo un 7 % en la industria. De éstas, el 46 % estaban empleadas en el sector textil y un 12 % en tabaqueras.

La mecanización facilitó, sin embargo, que ciertas fases del proceso productivo incorporasen muy pronto, y no sin tensiones con las primeras organizaciones sindicales, a la mujer como mano de obra más barata: en las hilaturas catalanas, a la altura de 1841, se empleaban igual número de mujeres que de hombres —en torno a 32.000— y a 17.000 niños y niñas. Una característica común a todos los países europeos es el hecho de que las trabajadoras asalariadas fueran mayoritariamente jóvenes y solteras. De hecho, las primeras regulaciones de las condiciones de trabajo afectaron a las mujeres y niños, sector minoritario dentro de la actividad industrial, pero a los que se consideraba, de forma siempre conjunta, más vulnerables y necesitados de protección. Estas normas especiales se justificaban por razones físicas, morales, prácticas y políticas, que establecían la debilidad de su organismo, lo nocivo del trabajo sobre su capacidad procreadora, las repercusiones sobre el cuidado de su familia, su exposición a agresiones sexuales, la corrupción moral del contacto laboral con varones. En consecuencia, en las sociedades más avanzadas de finales de siglo las normas regulaban diversos aspectos de la vida de las mujeres como la jornada de trabajo, la asistencia médica, el subsidio por embarazo, podían llegar a garantizar una hora de lactancia y prohibían ciertos trabajos para las mujeres, incluido el trabajo nocturno. La ineficacia de los servicios de inspección dejó en suspenso, de hecho, la implementación de estos marcos legales en numerosos escenarios.

En el tramo final de la centuria se producirá la pionera incorporación de mujeres de clase media a los trabajos de cuello blanco. Aun siendo una minoría entre las trabajadoras, su procedencia social y sus aspiraciones de independencia económica las hicieron más visibles; además, su presencia resultaba incluso más amenazadora que la de las obreras no cualificadas y las convertía en actrices primordiales de los discursos de la domesticidad. La constitución de una familia era el proyecto de vida femenino. La condición de madre y esposa era el fundamento de su identidad en la vida social.

Entre las primeras profesiones de formación universitaria a las que acceden las mujeres en el siglo XIX habría que señalar la enseñanza y la medicina. Las resistencias encontradas en la mayoría de países de Europa afectaron en especial a este segundo campo profesional. La controversia generada reforzó desde sectores médicos mayoritarios la falsa idea de la incapacidad biológica femenina, adaptando a los tiempos el discurso científico que a lo largo de los siglos había operado naturalizando las relaciones sociales.

El gran reajuste del capitalismo durante la «Belle Époque»

JORDI CASASSAS

A la salida de la Gran Depresión, los detractores socialistas del capitalismo pudieron hablar del inicio de un proceso de contradicciones internas que avanzaba el fin cercano del sistema. Por el contrario, avalados por el inicio de una nueva fase de crecimiento que va a prolongarse desde 1896 hasta 1913, los defensores del sistema pudieron confiar en que de la superación de las dificultades podría derivarse un nuevo dinamismo a escala mundial.

Sin embargo, por término medio se confió en la recuperación de un ritmo similar al de la fase precedente a la crisis: predominio de una agricultura muy modernizada; predominio de la industria textil tradicional aunque también más mecanizada; orientación de las grandes inversiones hacia el ferrocarril; hegemonía económica mundial británica, etc. Si los viejos optimismos se habían visto truncados por la gran crisis de los noventa, a fines de siglo unos pocos especialistas de la moderna «ciencia económica» comenzarán a interesarse significativamente por los problemas del crecimiento económico. A partir de 1910 se aludirá de forma abierta a la «Revolución Industrial» (la inglesa de fines del siglo XVIII) y a sugerir que se está ante unos cambios de una magnitud y trascendencia similares.

Con el tiempo se va a hablar de una Segunda Revolución Industrial, a pesar de que los cambios sobrepasaron el campo estricto de la industria y llegaron a provocar una verdadera transformación o gran reajuste del conjunto del sistema capitalista, hasta el punto de contribuir decisivamente en la irrupción de un nuevo periodo histórico: el siglo XX. Efectivamente, la naturaleza de estos cambios iba a superar muy pronto la esfera de lo económico y afectar decisivamente en las de lo político, científico, cultural y hasta a la de las prácticas y mentalidades sociales. Además, otra característica del periodo fue que los cambios afectaron a escala mundial, hecho que ayudó a magnificar sus efectos. Si estas transformaciones alcanzaron toda su dimensión y sentido en el mundo occidental desarrollado, para los países en vías de industrialización significaron el impulso definitivo para su modernización; finalmente, para las zonas coloniales más dinámicas representó la posibilidad de su inclusión en los circuitos económicos internacionales.

En el origen de esta «revolución» debemos situar causas de naturaleza bien distinta. En primer lugar figura la voluntad de protegerse de los efectos que se consideraban la causa de la Gran Depresión anterior: la mundialización, el librecambio, la sobreproducción o la falta de todo mecanismo regulador económico. En segundo lugar figura la posibilidad monetarista derivada de aprovechar una nueva gran afluencia de metales preciosos (en especial la puesta en marcha de las minas sudafricanas del Transvaal). En tercer lugar, no puede olvidarse la importancia que adquirió la aplicación de numerosas innovaciones técnicas, basadas en descubrimientos de unas décadas antes pero que tan sólo ahora pueden hacerse efectivas. En cuarto lugar, cabe resaltar el efecto que ejercerá el aumento de la demanda, fruto del crecimiento demográfico general, del de los mercados urbanos y del mayor dinamismo de muchas áreas, a las que la revolución de los transportes va a permitir incorporarse a los circuitos internacionales. Desde 1905 se aprecia con claridad el aumento de los precios, inclusive los agrícolas, en el área europea nordoccidental.

Debe tenerse en cuenta que la anterior crisis a menudo había afectado más a las actitudes que a los índices cuantitativos: decreció la confianza al ver cómo decrecían con rapidez los beneficios al compás de unas fluctuaciones internacionales imposibles de predecir y mucho menos de controlar. La recuperación que se inicia a mediados de los 90 se va a fundamentar en una actitud inicial de una gran prudencia: se va a generalizar la protección de los mercados nacionales y, por regla general, se va a rechazar la fórmula librecambista fijada por Gran Bretaña a mediados de siglo.

Los países que se avancen en la adopción de esta nueva política proteccionista van a superar antes la crisis y entrar en una fase clara de crecimiento y modernización económicas; se trata de Alemania, Italia y Francia, a los que pronto, aunque de forma más matizada, se les añadirán el Imperio Austro-Húngaro, Rusia y hasta España. Por su parte, Gran Bretaña va a persistir en su tradicional política librecambista y no tardará en ver reducir considerablemente su supremacía mundial: en 1880 representaba el 25 % del comercio mundial, mientras que en 1914 su cuota había descendido al 12 %.

Los primeros aranceles proteccionistas aparecieron como una medida defensiva ante la espectacular caída de los precios del trigo, debido a la masiva importación de cereales provenientes del «nuevo mundo». En Alemania, pronto se extendieron hacia la actividad industrial y comercial; le siguió Francia, con unas primeras medidas en 1881 que en 1892 se generalizaron a muchos sectores; le seguirá Italia, con los aranceles de 1887 que representarán un gran impulso para su modernización económica, y, como queda dicho, en la década de los noventa seguirán Rusia, España, Portugal y Grecia, aunque de forma más parcial y limitada. Los efectos positivos de este proteccionismo sobre la dinamización económica y mayor estabilidad generales se dejarán sentir de forma clara a partir de 1899. Con todo, debemos matizar el alcance de este proteccionismo: entre 1890 y la Gran Guerra el comercio mundial se multiplicó por tres, hecho que demuestra la permeabilidad creciente de las economías nacionales. Además, el proteccionismo en ningún caso dificultó la circulación internacional de capitales.

Más allá de los argumentos estrictamente económicos, este proteccionismo de fines del siglo XIX debe relacionarse con la dinámica cultural y política del periodo. En buena medida, este giro de la política económica de los principales países occidentales guarda relación con el estallido de un nuevo nacionalismo mucho más agresivo con el que los Estados buscaron integrar a la masa de sus ciudadanos. Los conflictos económicos no se hicieron esperar, en forma de «guerras aduaneras» (como la que enfrentará a Francia e Italia entre 1887 y 1898) o de confrontaciones más puntuales (como la que mantienen Rusia y Alemania en 1893).

A distancia, uno de los efectos más importantes de este giro proteccionista lo constituyó el que posibilitase la gran intromisión de la política y especialmente del Estado en la vida económica. Con el tiempo, esta intromisión no haría más que crecer y diversificarse, obligando al propio Estado y a su Administración a desarrollarse de forma extraordinaria. El imparable crecimiento y mayor complejidad de las actividades económicas, así como la necesidad de coordinar la cada vez más compleja expansión imperialista fueron el trasfondo que motivó esta gran transformación del viejo estado liberal-nacional.

Otra de las grandes aportaciones de estos años fue la que podríamos denominar nueva revolución científico-técnica que afectó a la vida cotidiana de las personas de la misma forma que a la actividad industrial. El último cuarto del siglo XIX fue un goteo constante de invenciones de todo tipo, de forma que la gran Exposición Universal de París, de 1900, pudo convertirse en la apoteosis de este nuevo mundo mecanizado. El francés Jules Verne lo fue narrando en sus populares fantasías futuristas, pero a principios del siglo XX nadie dudaba en el mundo occidental que esta revolución técnica estaba cambiando de raíz la vida de la humanidad entera: la bicicleta, la máquina de escribir, el ascensor eléctrico, la dinamo, la bombilla, el gramófono, el telégrafo, el teléfono, el automóvil o el mismo aeroplano se cuentan entre estas revolucionarias invenciones. En 1899 nacerá en Turín la Fiat y poco después la fábrica Lancia; casi al mismo tiempo, en Francia surge la Panhard y muy poco después, en Barcelona se crea la Hispano-Suiza, por citar sólo algunos pocos casos en Europa. Este sector, en plena expansión ya en 1910, en Estados Unidos tuvo su réplica en la fábrica Ford; Henry Ford, con su revolucionaria cadena de montaje y su no menos innovadora política salarial y empresarial se iba a convertir en un modelo a escala mundial.

El mundo de la industria también experimentó una importante «revolución»; estas innovaciones terminaron de hacer posible la aparición de grandes complejos industriales, especialmente en el campo de la siderurgia, la industrial eléctrica y la electromagnética y la química; con todo, su efecto también se dejó sentir en las industrias más tradicionales. La aparición de los frigoríficos revolucionó por completo el sector de la alimentación y la aparición de los productos sintéticos constituyó otra de estas innovaciones capitales.

Al mismo tiempo, la aplicación industrial de la electricidad hizo posible la aparición de la industrial hidroeléctrica, sector que permitió la industrialización de áreas privadas del carbón. En 1883, Marcel Deprez había descubierto la forma de transportar la electricidad, con lo que se iba a revolucionar el sector: en 1886 se producían 8 millones de kilovatios/hora y, en 1914, 35 millones. Asimismo, la aparición del primer motor de explosión (1885) va a abrir un nuevo mundo, en el que el petróleo va a ser la principal fuente de energía: desde comienzos del siglo XX, el carbón, el gran protagonista de la primera Revolución Industrial, ha perdido ya su anterior hegemonía.

Todas estas innovaciones, sumadas a la gran ampliación del mercado que se produce por estas mismas fechas, terminaron por fomentar las grandes concentraciones industriales que iban a marginar las viejas empresas pequeñas y familiares. El mercado va a estar controlado por estos grandes gigantes industriales y en las prácticas empresariales van a comenzar a primar fórmulas mucho más agresivas, no exentas de la violencia que implicaba la precipitación de una quiebra, de una fusión forzada o de una venta obligada. Estas grandes empresas van a beneficiarse de su capacidad de negociar directamente con los Estados y de negociar de forma prepotente con la competencia para fijar precios, ritmos de producción, etc.

La moderna concentración empresarial va a concretarse en diversas modalidades. Entre ellas sobresalen los holdings, los cárteles y los trusts. Los holdings representan la asociación de empresas ligadas por un mismo control financiero. Los cárteles son la reunión de empresas de un mismo sector, asociadas para poder regular la producción y los precios. Los trusts representan una asociación de empresas, ya sea horizontal (de un mismo nivel productivo), como vertical (implicando empresas especializadas en las diversas fases de una misma cadena de producción).

Estos nuevos gigantes industriales, que a menudo implicaban concentraciones de varias decenas de miles de trabajadores, forzaron la aparición de una nueva legislación económica, de nuevas normas laborales, así como la gran participación del sistema financiero en los procesos industriales. Esta nueva intromisión de la banca en el sector industrial, que muchos llegaron a considerar como una práctica ilegítima en un principio, iba a representar otra de las grandes innovaciones del periodo y una de las grandes claves que permitirían explicar el gran despegue económico que se prolonga hasta la Gran Guerra. En el mundo occidental, entre 1900 y 1914 los depósitos bancarios se duplicaron y la velocidad de circulación de capitales creció de forma notable. Este dinamismo provocó importantes oscilaciones de las bolsas, con «pánicos» premonitorios como el de la Bolsa de Nueva York, en 1907.

Entre las innovaciones que van a revolucionar la vida de las empresas debemos recordar la ya mencionada cadena de montaje. Además de ello aparecieron estrategias innovadoras, orientadas a optimizar el trabajo industrial. Aquí primaron las reflexiones aparecidas en los Estados Unidos, especialmente las de F. W. Taylor de mediados de los años 80 aplicadas inicialmente al sector del acero. Por ello pronto se habló en Europa del «taylorismo», una forma de racionalización del trabajo industrial que combinaba la fragmentación de los procesos industriales, su mecanización y la fijación de objetivos, primas laborales, etc.

Alemania y los EE.UU. se avanzaron a los restantes países en la adopción de estas innovaciones y fundamentaron en ello el gran crecimiento que les llevará a convertirse en las potencias mundiales más dinámicas. Por su parte, Alemania será la pionera en lo que se refiere a la intromisión del Estado en la vida económica, de forma que ya antes de la Gran Guerra muchos de los grandes gigantes industriales vivían en buena parte de los pedidos estatales, hecho que convirtió, entre otros, el sector armamentístico en uno de los punteros en lo que se refiere al crecimiento industrial.

A partir de mediados de los noventa, los Estados Unidos van a superar a la anterior primera potencia mundial, Gran Bretaña; pronto Alemania hará lo propio, en campos tan significativos como el del acero, la industria química, la electromagnética, mecánica y, por la misma razón, en el financiero. El nuevo dinamismo alemán, que arrastra consigo el despegue de la moderna industria suiza, se podrá beneficiar, asimismo, del crecimiento económico del área del Centro y Este de Europa. La cuenca del Rhur (junto al nordeste de Francia y Bélgica), a principios del siglo XX representa el corazón de una Europa en la que la industria es ya la actividad primordial (en la Bélgica valona, en 1900 la población activa dedicada a la minería y a la industria es el doble de la dedicada a la agricultura).

También en el Sur mediterráneo vamos a encontrar el reflejo a pequeña escala de esta industrialización. El caso más espectacular es el de la Italia del Norte, donde existía una industria tradicional previa; ahora podrá beneficiarse de la tendencia general europea, de los flujos migratorios que provienen del Sur agrícola y en retroceso, e incluso de la política favorable del nuevo Estado unitario (incluida la nueva política colonial a partir de mediados los ochenta). En el caso español, la zona tradicional industrial es Cataluña, pero en las dos últimas décadas del siglo también aquí se va a producir la aparición de la moderna industria mecánica, química y metalúrgica. Sin embargo, el mayor dinamismo va a corresponder al área minera del Cantábrico, en especial al País Vasco, con la aparición del sector financiero más dinámico de España y de grandes empresas del sector siderometalúrgico.

LOS SISTEMAS POLÍTICOS, DOCTRINARIOS Y ESTRATÉGICOS

Del laissez faire al intervencionismo público

ÁNGEL DUARTE

La segunda mitad del siglo XIX fue, como se ha señalado en capítulos precedentes, el escenario de un tránsito sustancial en la concepción de las obligaciones del Estado para con el individuo y la ciudadanía. El punto de partida estaba condicionado por la hegemonía que, en términos culturales y políticos, había ido conquistando la filosofía liberal del derecho y de la gobernación. Así, en las décadas centrales de la centuria, y a excepción de lo propagado por los pioneros de las escuelas socialistas, la aproximación a la pobreza, en las modalidades que ésta había adoptado en el universo urbano e industrial en formación, continuaba haciéndose desde perspectivas que abundaban en la pereza, el alcoholismo, la inmoralidad o la falta de previsión de los individuos como causas primeras y explicativas. El infortunio era, pues, responsabilidad de los mismos necesitados. En un orden de cosas muy próximo, se entendía que, por contraste con la tradicional economía moral de las multitudes y de los artesanos, la condición obrera había de asumir las reglas de un orden racional, el del mercado de trabajo capitalista, que convertía al empresario en el organizador legítimo y exclusivo de las relaciones laborales.

La culpabilidad de los pobres era tan incuestionable como la ilegitimidad de la rebeldía de los asalariados. Unos y otros, en cualquier caso, eran contemplados como sectores sociales peligrosos, un factor de riesgo en el camino de la civilización y del progreso material. Bien es cierto que, precisamente en esas décadas del Ochocientos, algunos liberales empezaron a desarrollar un programa más pragmático y matizado que abogaba por una actividad constructiva del Estado en el campo social. Éste, manteniendo la defensa de los intereses individuales como deber primero, podía y debía incidir en la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía. Los defensores de este tipo de liberalismo argumentaban que, al fin y al cabo, la experiencia mostraba que la Iglesia y el Estado no eran los únicos obstáculos en el camino hacia la libertad, y que la indigencia también podía limitar, de hecho, las opciones en la vida de una persona. En consecuencia, aquélla debía ser controlada, tutelada y, en tanto que predisposición, corregida por la autoridad real y efectiva de los poderes públicos.

El la década de 1880, en buena medida como resultado tanto de la expansión de la democracia como de la creciente autonomía organizativa e ideológica de los trabajadores, la preocupación por encontrar un lugar en la arena pública para la clase obrera devino tarea de Estado. La denominada de forma genérica cuestión social se filtró en todos los grandes debates y ocupó un lugar central en las agendas de los gobiernos en las sociedades occidentales. La Alemania bismarckiana se convirtió en la precursora de la puesta en práctica de medidas de previsión y seguridad social. La legislación pasó a obligar a patronos y obreros a participar en sistemas que tenían por objeto asegurar a la población los medios con los cuales poder hacer frente a incidencias tan previsibles como la vejez, los accidentes de trabajo o el paro coyuntural. El Estado, por su parte, cooperaba en la financiación y administración de esos fondos. El derecho se imponía, gradualmente, a la caridad cristiana y a la filantropía laica. El modelo, sin embargo, tardaría en imitarse.

El carácter pionero de la experiencia alemana suele atribuirse a una combinación de causas previas —el peso de la burocracia estatal, la tradición autoritaria y paternalista del liberalismo germano o el amargo recuerdo de las agitaciones de 1848— e inmediatas: por un lado, el agravamiento de las tensiones sociales en un acelerado proceso de industrialización marcado por la crisis económica vivida en los años setenta y, por el otro, la fortaleza de un movimiento obrero y sindical de matriz socialdemócrata definitivamente articulado a partir de 1875. De hecho, y por contraste con lo que ocurriría en otros países, la iniciativa bismarckiana estuvo acompañada de un conjunto de iniciativas represivas contra el partido socialdemócrata. Entre las decisiones legales adoptadas a lo largo de los años ochenta, y de acuerdo con la orientación expuesta en el mensaje imperial de noviembre de 1881, destacaron la Ley de seguro de enfermedad, de 1883; la de accidentes de trabajo, de 1884, y la Ley de pensiones de vejez e incapacidad, de 1889. Los primeros beneficiarios resultarían ser los obreros industriales, en detrimento de otros grupos de trabajadores, desde los empleados en el campo hasta los ocupados en el servicio doméstico.

El ejemplo alemán fue seguido por numerosos Estados. Austria implantó el seguro contra accidentes en 1887, y el seguro de enfermedad en 1888. Dinamarca adoptó el sistema alemán entre 1891 y 1898, y Bélgica entre 1894 y 1903. Italia estableció el seguro de accidentes y de vejez en 1898. Suiza autorizó al gobierno federal a organizar un programa de seguridad social, mediante una enmienda constitucional de 1890. El seguro contra accidentes fue introducido en Noruega en 1894, en Inglaterra en 1897, en Francia en 1898, en España y en Holanda en 1900, en Suecia en 1901, y en Rusia en 1903.

La gran legislación social en el Reino Unido tendría que esperar a la desaparición política de Gladstone y a la redefinición del liberalismo, a principios de siglo XX. En cualquier caso, el ambiente había empezado a modificarse también en la década de 1880 al ponerse de manifiesto el deplorable estado de amplios grupos de población. Así como el principal motivo de la legislación social alemana, anterior a 1914, fue neutralizar la amenaza revolucionaria de la clase obrera, las reformas sociales británicas trataron de resolver, primariamente, el problema del pauperismo de las masas. Finalmente, y por lo que se refiere a la III.ª República francesa, sería en las últimas décadas del siglo XIX cuando el Estado central, asumiendo tareas hasta entonces reservadas al ámbito municipal, comenzó a aceptar obligaciones respecto a grupos concretos, como los niños abandonados, en 1884, o los enfermos indigentes, en 1893.

Entre el radicalismo popular y la emergencia de la socialdemocracia

La segunda mitad del siglo XIX fue el escenario, dentro del campo de la izquierda política y social, del tránsito de las formas tradicionales de agitación popular democrática de raíz jacobina, que en gran medida perviven en 1848 y aún en 1871, a la nueva socialdemocracia de raíz o inspiración abierta o indirectamente marxista y a la emergencia de plataformas sindicales de implantación nacional. La Comuna parisina ha podido ser presentada, por recientes historias de la izquierda europea, como el punto de inflexión que, de manera dramática, cerró definitivamente la tradición insurreccional cuyo último y más acabado representante había sido Auguste Blanqui. Geoff Eley, por ejemplo, sostiene que entre 1871 y 1917 la estrategia de insurrecciones pasó a ser patrimonio de los anarquistas que siguieron a Mihail Bakunin, mientras que la política revolucionaria de los partidos y sindicatos socialistas dependió, de forma gradual, de la promesa democrática de una irresistible mayoría popular que se alcanzaría a través de las urnas o, en cualquier caso, como resultado inevitable del proceso de modernización económica, urbana e industrial.

En el orden de la reflexión teórica, las aproximaciones de Charles Fourier, Robert Owen o Pierre-Joseph Proudhon, entre otros, dejaron paso, no sin conflictos y de manera escasamente lineal, al ascendente de Karl Marx. Si éste, en febrero de 1848 y por encargo de la sociedad secreta de la Liga de los Comunistas, dio a la luz su Manifiesto comunista, más tarde, instalado en el exilio londinense, trabajaría en la Contribución a la crítica de la economía política (1859) y, sobre todo, en El capital (1867). La dialéctica marxista ofrecía, con ello, una explicación global de los procesos sociales, de base económica, y una filosofía materialista de la historia.

La labor de Marx no fue meramente teórica. El 28 de septiembre de 1864 tenía lugar la reunión en el londinense Saint Martin’s Hall que daba origen a la Asociación Internacional de Trabajadores. Era éste el resultado final de una serie de contactos iniciados formalmente con el viaje de una delegación de obreros franceses a la Exposición Universal de Londres de 1862. Un año más tarde, la solidaridad con la revolución polaca dio origen a un segundo encuentro. Por medio, una serie de textos reclamaban la solidaridad obrera y la fraternidad de los pueblos frente al auge y la mundialización del poder del capital. La reducción de la jornada de trabajo o el aumento de los salarios aparecen como objetivos precisos en medio de las apelaciones genéricas a un orden social nuevo. Entre los asistentes al acto, como se ha señalado, se hallaba Marx, por entonces refugiado en la capital británica. Adscrito a la Primera Internacional, se integró en el comité central de la misma, redactó su memoria inaugural y combatió, sucesivamente, a quien él y su colega Engels se encargarían de etiquetar como socialistas románticos, y a libertarios y antiautoritarios. Asimismo rebatió las, a su parecer, limitaciones políticas del tradeunionismo británico. Los debates de la Primera Internacional entre 1868 y 1872, con Prouhon y Bakunin, supusieron el triunfo de Marx.

En 1871, y en el marco de los efectos de la Comuna parisina, trasladó la sede central de la AIT a Nueva York. En rigor, hasta principios de la década de 1880, la red de partidos socialistas europeos fue sumamente frágil. Al Partido Social Demócrata alemán, que en el congreso de Gotha de 1875 había adoptado un programa marxista, habría que añadirle el asociacionismo socialdemócrata en Bohemia, Hungría, Francia y, más tenuemente, en Portugal y España. La radicalidad revolucionaria de buena parte de esas formaciones, empezando por la alemana, no era ajena a la existencia de marcos estatales represivos. Las leyes antisocialistas bismarckianas, preludiando iniciativas similares en otras naciones, contemplaban a los socialistas como elementos antinacionales sujetos al acoso policial o a la exclusión de los empleos públicos. El Estado, en estas circunstancias, era percibido, desde el campo de la militancia obrerista, como un instrumento de la clase dirigente al que no se podía reformar sino al que se debía destruir. De otra manera evolucionarían las corrientes socialistas mayoritarias allí donde, como en Gran Bretaña, existía una tradición parlamentaria antigua, a la que no era en absoluto ajena la cultura popular o, en esos otros escenarios, como Suecia o Dinamarca, en la que los poderes públicos respaldaban las libertades civiles e, incluso, el arbitraje laboral. Unos y otros, reformistas y revolucionarios, gradualistas y rupturistas, lograrían notables avances, en su implantación, en los años siguientes.

La geografía del movimiento obrero apareció, pues, escindida. Y no fue menor, como vector explicativo, el grado de desarrollo alcanzado por los marcos constitucionales y las libertades políticas y sociales. Frente a la consolidación de socialdemocracias fuertes en el centro y norte de Europa, Rusia en los años setenta y Francia, Italia y España hasta finales de siglo contaron en su seno con obrerismos tentados por el revolucionarismo conspirativo. A su vez, en Estados Unidos, la lógica llevó en una dirección opuesta: la autonomización progresiva de la conflictividad laboral respecto de las grandes dinámicas ideológicas y políticas. También en Estados Unidos, la cuestión obrera se tradujo en demandas laborales de los trabajadores industriales que dieron lugar a conflictos y huelgas. Algunos de aquellos conflictos conmocionaron la opinión pública. En 1877, hubo violentos incidentes en Pittsburgh, Baltimore, Chicago y otras ciudades, entre la policía y la milicia estatal con los obreros, en protesta por los recortes salariales impuestos por las compañías de ferrocarriles. Desde 1882, los obreros de Nueva York celebraron con una gran manifestación el día 5 de septiembre como la fiesta del trabajo. La festividad sería legalizada en 1887. Unos 100.000 trabajadores fueron a la huelga en todo el país a partir del 1 de mayo de 1886 en demanda de la jornada de 8 horas. En el marco de estas jornadas la explosión de una bomba en una plaza de Chicago mató a 8 policías e hirió a otros 60; 4 anarquistas fueron ahorcados meses después como presuntos responsables. En total, el número de huelgas y lockouts patronales entre 1883 y 1900 se elevó a 23.800.

La organización sindical de los trabajadores comenzó pronto. En 1869, se creó la primera gran central sindical de carácter nacional, los Caballeros del Trabajo, que protagonizaron gran parte de la actividad huelguística de las décadas de 1870 y 1880 y que en su mejor momento llegaron a los 700.000 afiliados. Pero la organización, basada principalmente en artesanos y obreros cualificados, declinó tras la reacción antisindical que se produjo en el país tras el atentado de Chicago de 1886 antes mencionado. A finales de ese mismo año se creó en Columbus (Ohio) la Federación Americana del Trabajo que, bajo el liderazgo indiscutido de Samuel Gompers, obrero inmigrante de una fábrica de tabacos, dio un giro decisivo al movimiento obrero norteamericano: la Federación renunció a reivindicaciones de naturaleza política —en las elecciones se limitó a recomendar el voto al partido que mejor defendiese los intereses sindicales— y concentró su actividad, que pudo ser de extraordinaria dureza y radicalidad, en la negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo. Hacia 1900 tenía ya medio millón de afiliados.

En julio de 1889, en el marco de las celebraciones de la Revolución Francesa, se celebraron dos congresos obreros internacionales. El primero, convocado por el socialismo posibilista francés, contó con la presencia del sindicalismo británico y se centró en la consecución de la jornada laboral de ocho horas y la mejora de las condiciones de trabajo. El segundo, articulado alrededor del SPD, congregó a 391 delegados en representación de los partidos de inspiración marxista, pertenecientes a una veintena de países, y se encuentra en el origen de la Segunda Internacional. La agenda incluía también la jornada de ocho horas, aunque se sumaban consideraciones a propósito de la paz y los ejércitos, la importancia de los derechos políticos y del sufragio, y la voluntad de convertir el Primero de Mayo en una jornada internacional de solidaridad obrera. Antes de acabar el siglo, la nueva internacional socialista realizaría congresos en Bruselas (1891), Zurich (1893), Londres (1896) y París (1900).

Como reflejo de esta dinámica supranacional, a mediados de la década de 1890, la totalidad de las principales regiones de Europa, de la península escandinava a los Balcanes, de Rusia hasta el Mediterráneo —incluyendo las minorías nacionales de base territorial, o no (el Bund judío)—, contaban con organizaciones socialistas que, con mayor o menor éxito, habían conseguido sustituir a las tradiciones radical democráticas de matriz jacobina en la gestión de la política popular. El internacionalismo del movimiento socialista tenía que empezar a enfrentarse, en la práctica, con la estrecha relación, en base al concepto de ciudadanía democrática o de identidad étnica precívica, entre las clases populares y obreras y sus respectivas lealtades nacionales. Quizás el proyecto más original en este orden de cosas procediese de la reflexión presente en la socialdemocracia austríaca. Ésta asumió el debate y abundó en la perspectiva de que el ámbito común centroeuropeo poseía un valor conjunto que superaba las naturales exigencias de cada grupo nacional.

En algunos enclaves nacionales, como en Francia, el obrerismo continuó viendo en la república, y sus instituciones, un aliado natural frente al clericalismo y la patronal. A pesar de que el origen de la Tercera República se encontraba en la matanza y la represión de los militantes de la Comuna parisina, los políticos radicales ampararon la legalización de los sindicatos (1884), la introducción del arbitraje laboral (1892) y de la responsabilidad patronal en los accidentes de trabajo (1898) e, incluso, la formación de un ministerio específico que ocuparía el antiguo socialista reformista Alexandre Millerand, en 1900. Fue en escenarios como el francés en los que la palestra local de las cámaras de trabajo —la Bourse du Travail— tendía a la confusión, dentro de los límites locales, entre la política y los sindicatos. El socialismo francés, por otra parte, presenta unas características peculiares, opuestas a las del alemán de la misma época. En lugar de un único partido que recibe el apoyo de todo el movimiento sindical, con un programa oficial de carácter marxista, como en Alemania, el socialismo en Francia está dividido en varios partidos —entre ellos, los de Jules Guesde, Paul Brousse y Jean Allemane— para los que la acción política democrática no es siempre el camino a seguir, en lugar de la acción revolucionaria o la huelga general.

La geografía del sindicalismo, a su vez, presentaba sus propias singularidades. Más de 670.000 obreros británicos se hallaban afiliados a algún sindicato a mediados de los años 1880. Era el resultado previsible de la combinación de dos factores: el desarrollo industrial y las reformas legales de la década de 1860. Los Países Bajos y Escandinavia eran los otros espacios en los que el asociacionismo sindical tenía suficiente cobertura legal. En uno y otro marco lo que se registró en esos años, a grandes rasgos, fue la transición del sindicalismo gremial de base artesanal y de implantación local, a la federación nacional. Los impresores, en base a la alta percepción del valor del propio trabajo que poseían, fueron los precursores en países tan distantes como Bohemia (1862), Austria (1864), Hungría (1865), Alemania y Holanda (1866), España (1868), Italia (1872), Noruega (1882) o Bulgaria (1883). A partir de aquí se procedería a la expansión del sindicalismo industrial —textil, transportes, ferrocarriles, minería, metalurgia, carpintería y oficios relacionados con la construcción— y a la articulación de plataformas como la Comisión General de Sindicatos Libres alemanes, la UGT española, la CGT francesa. Asimismo, en los países con un campesinado fuertemente proletarizado harían aparición las federaciones de trabajadores de la tierra.

El antisemitismo

En los años ochenta, el antisemitismo afloró con renovados ímpetus en diversas sociedades europeas. Los pogromos de 1881 en Rusia, a menudo instigados por las propias autoridades, desencadenaron importantes movimientos migratorios. Si por un lado alimentaron la primera de las aliyas que se dirigiría a Palestina, por el otro se orientaron hacia el oeste. Alemania, Austria y Francia vivirían otros tantos episodios de odio a los judíos. Los científicos sociales tuvieron tendencia a acrecentar, en sus análisis, el número y el papel de toda suerte de razas y grupos étnicos. Las confrontaciones nacionales propias del siglo coadyuvaron también al auge del antisemitismo. Así, el énfasis mayor en Alemania se debió, además de a las presiones demográficas procedentes del este, a las muchas divisiones políticas internas y a la centralidad, como mínimo hasta 1870, de la exaltación nacionalista.

Durante la primera mitad del siglo, la filosofía, en los trabajos de Johann Fichte, la antropología o la lingüística sentaron las bases, presentadas como científicas, de la singularidad de los pueblos e idiomas indoeuropeos. Se tuvo por cierto que las lenguas europeas derivaban del sánscrito, y las naciones que las hablaban pertenecían a la raza aria (que en sánscrito significa «noble»). El contraste de la raza aria fue la semita, de la que imaginariamente derivaban las naciones que habían hablado lenguas semitas en el pasado. La taxonomía incorporaba elementos valorativos: los semitas no poseerían el equilibrio armonioso entre todos los poderes del intelecto, característica de los pueblos germánicos. Ernest Renan, a su vez, condenaba «la espantosa simplicidad de la mentalidad semita». Así, las principales creaciones del espíritu humano, y en particular los avances científicos coetáneos, fueron atribuidas a los arios y, en suma, a los alemanes.

Durante la primera mitad del siglo XIX se habían hecho esfuerzos para racionalizar el odio. Bruno Bauer en Die Judenfrage, de 1843, denigró el espíritu nacional judío, mientras que el compositor Richard Wagner, siete años más tarde, daba a la imprenta La judería en la música. La creencia de que los judíos constituían una raza oriental, inasimilable por el cuerpo de Occidente, se difundió ampliamente durante la segunda mitad del siglo, y en Alemania se tradujo también al mundo de la política. Bajo el gobierno de Bismarck la judeofobia podía servir de instrumento para completar la unificación de Alemania. Y a fines de siglo surgen en Alemania partidos políticos antisemitas, con tres fundamentos ideológicos, a veces combinados: el económico, el religioso, y el voelkish (nacional-racial).

El primero en hacer uso de la judeofobia como catalizador de un movimiento de masas fue Adolf Stoecker en Berlín. Su Partido de Trabajadores Cristiano-Socialistas (1878) no atrajo votos con una plataforma de ética social cristiana, así que la cambió por una judeofóbica, que inspiró a todo un movimiento estudiantil antijudío a partir del Verein Deutscher Studenten de 1881. Con apoyo conservador, Stoecker fue electo al Reichstag. Para esa época se creaba la mentada Liga de los Antisemitas de Wilhelm Marr, dedicada ésta más a los temas étnicos que a los socioeconómicos. De hecho, el término antisemita fue acuñado por Marr. En 1880, publicó Zwanglose Antisemitische Hefte. Un año antes, W. Scherer usó el vocablo Antisemiten en las páginas de la Neue Freie Presse. Su utilización a través de los sucesivos panfletos antisemitas, exhortaba a la hostilidad contra los judíos descontextualizada de toda connotación religiosa. Y un famoso académico, Heinrich von Treitschke, les otorgó respetabilidad al denominar a todo exceso antijudío «una reacción brutal y natural del sentimiento nacional alemán contra un elemento extranjero». Treitschke acuñó la máxima Die Juden sind unser Unglück! («¡los judíos son nuestra desgracia!») que medio siglo después se transformó en lema de los nazis.

En 1882 se reunió en Dresden el Primer Congreso Antijudío. Con la presencia de delegados de Alemania, Austria y Hungría, se creó la Alianza Antijudía Universal. Nuevos congresos tuvieron lugar en Chemnitz, en 1883, Kassel, 1886, y Bochum, 1889. Los racistas más agresivos acabaron por separarse del partido de Stoecker y, en 1886, Otto Boeckel fue elegido al Reichstag como el primer judeófobo per se.

El antisemitismo político aparecía en la Europa central y occidental y, al mismo tiempo, propiciaba la conformación del sionismo. Hanna Arendt anotó, ya hace décadas, que un segundo factor convergió con éste para facilitar lo que no era sino un intento de cambiar la situación de los judíos mediante la acción política directa: la emergencia de una clase completamente nueva en la sociedad judía, los intelectuales. Para Arendt, éstos fueron los primeros en entender el antisemitismo en su sentido político. Bernard Lazare —el primer escritor involucrado en la defensa de Alfred Dreyfus—, Pinsker —redactor del panfleto Selbstemanzipation—, Theodor Herzl, autor de Der Judenstaat— y fundador de la Organización Sionista— figurarían en la creciente nómina de escritores que analizaban la cuestión judía y a la que, por lo demás, ofrecían respuestas alternativas y diversas.

El marco de relaciones internacionales en el siglo XIX

A lo largo de toda la centuria, también en su segunda mitad, el sistema de relaciones internacionales que regulaba el conjunto del orbe resultó ser básicamente eurocéntrico. La estructura de poderes era, sin embargo, multipolar; y el orden resultante, cuando se alcanzaba, lo será a través de diversas concreciones del principio de equilibrio o balance de poder entre las grandes potencias europeas. Los gobiernos del resto de los Estados eran simples componentes de un marco al que entraban asumiendo las reglas establecidas por las potencias europeas. Su capacidad para instaurar o alterar las reglas del juego era prácticamente nula. Dentro del esquema del balance del poder, Gran Bretaña procuró actuar en forma autónoma a través de un comportamiento aislacionista respecto del Continente. No obstante ello, en relación con los países extraeuropeos procuró utilizar su poder a fin de evitar la recuperación de las excolonias en América por parte de España, de la misma manera que procuró vetar todos los intentos de anexión por el resto de las restantes naciones europeas. De esta manera, Gran Bretaña se transformó en un guardián del equilibrio europeo.

Los rasgos definidores de las relaciones internacionales en este período nos remiten a la idea de una comunidad abierta, un espacio conectado en el que podía entrar cualquier Estado e incluso en el que se podía aspirar a la condición de gran potencia. Bastaba, para ello, con contar con el poder diplomático, económico y militar necesario, y respetar las reglas del juego implícitas, las del equilibrio. La seguridad era particular. Cada Estado debía protegerse a sí mismo. Pero la responsabilidad era colectiva.

Estados Unidos, a pesar de su significativo desarrollo político e industrial, de su capacidad tecnológica y de su presencia en los mares y océanos, mantuvo su condición de Estado periférico. Su política externa fue aislacionista, adoptando un proteccionismo en materia comercial y una autonomía heterodoxa respecto de Gran Bretaña. No obstante ello, pese a que no hubo acuerdo expreso, siguió, en sintonía con los principios de la Doctrina Monroe, las mismas pautas británicas de evitar la intervención europea en América. Pese a su actitud aislacionista, procuró aprovechar al máximo las debilidades de las potencias europeas a fin de encontrar un camino autónomo.

Si obviamos en estos párrafos los dominios coloniales ya apuntados, habría que tener presente que los Estados latinoamericanos ingresaron, prácticamente desde la instauración del orden postcolonial, en la esfera de influencia europea. El nexo, en términos comerciales y financieros, fue particularmente fuerte con Gran Bretaña. Los países de la región se transformaron en proveedores de materias primas, a cambio de manufacturas e inversiones en las principales actividades. La dependencia, en función del grado de solidez de los respectivos Estados, ha podido presentarse como casi colonial o postcolonial, o, como en el caso de Argentina, México, Brasil y Chile, una dependencia de tipo nacional.

Desde mediados del siglo, se inició una confrontación, o competencia, entre Estados Unidos y Gran Bretaña a propósito de América Latina. De todas formas no se trató tanto de un enfrentamiento directo, como de un juego de presiones orientado, por parte de las administraciones norteamericanas, a fortalecer su capacidad autónoma de comportamiento. Así, el expansionismo norteamericano en México fue tolerado por una Gran Bretaña interesada en bloquear las interferencias de los primeros en las economías y las políticas en Sudamérica. La emergencia del panamericanismo, a finales del siglo XIX, alteraría radicalmente este conjunto de normas.

A su vez, en el continente europeo, el diseño del sistema de relaciones internacionales, una vez abandonado, por obsoleto, el surgido en la era postnapoleónica, correspondió en gran medida a la Alemania de Bismarck. Tras la victoria en la guerra franco-prusiana, el canciller orientó toda su política a mantener aislada a Francia, evitando con ello la posibilidad de la revancha. A la altura de 1890, parecía claro que Bismarck había frenado la política agresiva en 1871 y que, a partir de esta fecha, trató de consolidar la hegemonía alemana mediante la paz. Conocedor de que la debilidad estratégica de Alemania compensaba negativamente sus potencialidades humanas y económicas, buscó el mantenimiento del statu quo territorial. La complejidad de los objetivos era más que notable: impedir una guerra entre Austria-Hungría y Rusia en los Balcanes, y conseguir que ninguna de estas potencias se aliara con Francia en contra de Alemania. El conjunto de alianzas que se fraguaron en estos años puede agruparse en dos sistemas consecutivos, de 1873 a 1878, y desde esta última fecha a su dimisión en 1890.

Los sistemas bismarckianos y la cuestión de Oriente

Tras la guerra franco-prusiana, y gracias en buena medida al compromiso de Thiers con los acuerdos de paz, la Europa continental vivió unos años de calma internacional. El contenido del primer sistema bismarckiano, la denominada entente de los tres emperadores, se basó en un conjunto de acuerdos firmados por el káiser Guillermo I de Alemania con los emperadores Francisco José de Austria-Hungría y Alejandro II de Rusia. Austria-Hungría y Rusia estaban interesadas en contar con el apoyo alemán, con vistas a hacer realidad sus pretensiones de expansión territorial en los Balcanes a costa del decadente Imperio otomano. Bismarck, por su parte, buscaba algún tipo de alianza que alejara a estos países de la influencia francesa. Los problemas se habían ido suavizando en los años previos debido a la acción diplomática y a la intensificación de las relaciones comerciales y de las inversiones económicas. Los tres emperadores se reunieron en Berlín en septiembre de 1872 sentando las bases de los acuerdos posteriores. Éstos fueron, en primer lugar, el tratado ruso-alemán del 6 de junio de 1873 por el que se comprometían a darse mutuo apoyo militar en caso de agresión por parte de un tercero. En la misma fecha, el tratado ruso-austríaco, establecía procedimientos de consulta en las mismas circunstancias que el anterior, así como la regulación de encuentros para el momento en que surgiesen intereses contrapuestos. En otoño de ese mismo año, Alemania se asociaba a este segundo acuerdo.

Las bases de este sistema, muy distintos de los de la Santa Alianza, con la que en ocasiones ha sido comparado, eran básicamente negativos. Se trataba de evitar que los competidores directos en el sistema de relaciones internacional consiguieran ventajas. Y, en gran medida, ese carácter explica su corta duración. Dos crisis sucesivas fueron vividas de manera muy diversa por las partes contratantes de la entente. En Francia, la caída de Thiers y su sustitución por Mac-Mahon alarmó a un Bismarck temeroso del espíritu revanchista galo. En lo que parecía una confirmación de sus temores, el ejército francés era reorganizado en marzo de 1875. Al establecimiento del servicio militar obligatorio se le sumaba el incremento del número de oficiales y suboficiales. Para Bismarck aquello era señal de que Francia se preparaba para la reconquista de sus provincias orientales, e inspiró una campaña de prensa y una ofensiva diplomática en favor de una guerra preventiva. Gran Bretaña y el aliado ruso llevaron a término gestiones diplomáticas orientadas a conseguir de Bismarck garantías de paz. Para Bismarck quedó claro que Rusia no era un aliado seguro. El imperio eslavo tenía sus propias prioridades, como tendría ocasión de manifestar entre 1875 y 1878 a raíz de las crisis balcánicas de Bosnia-Herzegovina y Bulgaria. La brutal represión turca de las agitaciones nacionales y sociales en estos territorios, y su victoria sobre Serbia y Montenegro, puso de relieve que Turquía se hallaba lejos del colapso que anunciaban los creadores de opinión occidentales. En enero de 1877, Constantinopla rechazará un plan británico que proponía la celebración de una conferencia internacional para regular la zona y Rusia, hasta entonces a la expectativa, pasa a la ofensiva. El movimiento paneslavo, para el que la cuestión de Oriente tenía una trascendencia histórica, ejercía una influencia profunda en los medios intelectuales y en la corte. Después de haber sondeado la opinión de Bismarck y de pactar con Viena la entrega posterior de Bosnia y Herzegovina, Rusia atacó entre abril de 1877 y enero de 1878. Las posteriores conversaciones de paz culminaron en el tratado de San Stefano, de marzo de 1878.

Los gobiernos de Londres y Viena rechazaron el tratado. Disraeli que ya había enviado a la zona la flota del Mediterráneo, puso a ésta en estado de alerta y convocó a los reservistas del ejército. El canciller austro-húngaro Andrassy, después de decretar la movilización del ejército, insinuaba la apertura de las hostilidades. El gobierno ruso, consciente de su incapacidad para enfrentarse a una coalición semejante, dio marcha atrás y accedió a que un congreso internacional revisara los acuerdos de San Stefano. El congreso, reunido en Berlín, otorgaba a Bismarck un papel arbitral. Su acta final alteraba sustancialmente, en detrimento de los intereses rusos, el tratado de San Stefano. Sus posibilidades de expansión en los Balcanes quedaban cercenadas. Serbia y Montenegro mantenían su independencia, pero veían reducidas sus adquisiciones. Bosnia y Herzegovina pasaron a ser administradas por Austria-Hungría. Gran Bretaña ocupó Chipre. Lo mismo que en Viena, en 1815, el criterio básico del Congreso de Berlín de 1878 fue mantener el equilibrio de las grandes potencias. Las aspiraciones nacionalistas de los eslavos del sur quedaban para mejor ocasión. Rusia, en suma, se consideró abandonada. La frustración de sus aspiraciones en el sur de Europa, le hicieron considerar el Congreso de Berlín como una coalición europea, liderada por Bismarck y decididamente antirrusa.

Desde el final del Congreso de Berlín hasta la dimisión de Bismarck, el orden europeo se rigió por un nuevo trazado de alianzas, entrecortado por la nueva crisis balcánica, verdadera falla junto al norte de África en el sistema de paz europeo entre los años 1885 y 1887. El entramado acogió, en diversos niveles, a Alemania, Austria-Hungría, Rusia e Italia. Incluso, en su momento álgido, se amplió a Gran Bretaña. En el tramo final, no pudo, sin embargo, evitar la reactivación del desencuentro entre Alemania y Francia. La iniciativa de alianza entre Alemania y Austria-Hungría, la primera del nuevo entramado diplomático, partió de Bismarck, y por diversos motivos. El canciller buscaba fortalecer la posición alemana frente a Rusia y Gran Bretaña, moderar las pretensiones rusas en los Balcanes y crear, en la Europa central, un área de expansión e influencia política y económica. El tratado, firmado el 7 de octubre de 1879, anunciaba una coalición en caso de que una de las dos potencias fuera atacada por Rusia, y una benévola neutralidad si el agresor era otra potencia.

De resultas de la doble alianza, Rusia, olvidando los agravios previos, se aproximó a Alemania. Bismarck, a su vez, y tras la victoria electoral de Gladstone —poco sensible a la hipótesis de un acuerdo entre Londres y Viena— en la Inglaterra de 1880, consiguió que, de nuevo, Austria se reincorporase al espacio triimperial. El nuevo acuerdo de los tres emperadores se firmó el 18 de junio de 1881, por un plazo de tres años y contemplaba una serie de cláusulas secretas. Las relaciones internacionales se sustraían al conocimiento de las respectivas opiniones públicas e incluso, al de las instancias representativas del Estado liberal. Este pacto se completó, por iniciativa italiana, con la Triple Alianza. Las malas relaciones franco-italianas, condicionadas por el litigio romano con el que concluye la unificación y por la expansión francesa en Túnez, en 1881, orientaron la política exterior italiana hacia las potencias centrales europeas. Los factores económicos también fueron importantes. Francia controlaba el 80 por 100 de la deuda pública italiana, pero el intercambio comercial entre Italia y Alemania —de materias primas y productos industriales alemanes por productos agrícolas italianos—, favorecido por la construcción de túneles en los Alpes, era cada vez más intenso. Por el contrario, Francia ofrecía una gran resistencia a unas exportaciones italianas que competían con su propia producción agraria. Bismarck acogió favorablemente la propuesta italiana y estimuló, a pesar del contencioso irredentista, el acuerdo con Viena. La Triple Alianza, firmada el 20 de mayo de 1882, llegaría a ser el elemento más duradero de la política de Bismarck. La Triple Alianza compartía con el acuerdo entre los emperadores, el carácter secreto y la naturaleza estrictamente defensiva. Otros dos tratados, de menor importancia, completaron el sistema: la alianza de Austria-Hungría con Serbia, en junio de 1882, y con Rumanía, en octubre de 1883, a las que también se unió Alemania.

Estatalización, nacionalismo y «cuestión social» (1890-1914)

JORDI CASASSAS

En las dos décadas previas a la Gran Guerra, los grandes sistemas político-ideológicos y las principales estrategias sociales que habían determinado la vida del Ochocientos experimentaron cambios sustanciales. La Gran Depresión generó una conciencia algo difusa de falta de confianza en que el progreso pudiese seguir sustentado en la razón; en su lugar, creció la conciencia de que las grandes ideologías «clásicas» (el liberalismo, el socialismo, el propio capitalismo) ya no bastaban para gestionar los efectos cada vez más complejos de la modernización.

Algo parecido sucedió con los principales sistemas políticos europeos, que envejecieron con gran rapidez. Hasta los últimos años del siglo se habían sustentado en formas culturales, sociales y asociativas muy tradicionales y ahora no iban a poder resistir los efectos de la democratización político-electoral que se iba produciendo en muchos países. La Primera Guerra Mundial, a menudo aparece como el gran choque entre la vieja autocracia y la democracia, entre el pasado y el nuevo mundo en cambio acelerado.

Desde mediados del siglo XIX, pensadores como A. de Tocqueville o J. Stuart Mill habían reflexionado sobre los peligros que se derivarían del ascenso de las masas y de su presencia en los espacios públicos. A fines de siglo, la especulación había dejado paso a la realidad: las grandes concentraciones industriales, el espectacular proceso de urbanización occidental, los efectos de la «revolución» de los transportes o de la expansión colonial, etc, habían convertido la masificación social en un proceso irreversible. Paralelamente, el establecimiento de los sistemas educativos generales y obligatorios o los efectos de la gran revolución de los medios de comunicación, contribuyeron a que estas masas adquiriesen una nueva conciencia de ciudadanía; otros hechos, como establecimiento del servicio militar obligatorio permitirán tomar conciencia de que al «servicio a la patria» debían corresponderle una mayor cuota de derechos. Esta nueva complejidad, obligó a los Estados a intervenir y a dotarse de los mecanismos político-administrativos y de los recursos suficientes para hacer frente a las nuevas situaciones.

Durante la segunda mitad del Ochocientos europeo, la vieja confrontación entre liberalismo y conservadurismo se fue saldando a favor del primero. Tan solo se mantenían incólumes las estructuras oficiales de las Iglesias, tanto la protestante como la católica, y aún, en el caso de esta última, el papado de León XIII (1878-1903) quiso superar este conflicto tradicional con una apertura hacia el liberalismo y una clara sensibilidad social. En los últimos años del siglo, la única vía política, electoral, social, parlamentaria e incluso económica posible parecía ser la liberal.

Sin embargo, a fines del siglo XIX e inicios del XX este liberalismo más clásico experimentó críticas y cambios realmente notables. De un lado, las críticas provenían de los sectores que le recriminaban la persistencia en la defensa de un modelo de sociedad que considera la diferenciación social como algo natural, con lo que excluía a amplios sectores (como la clase obrera, ya en ascenso aparentemente imparable), con la consiguiente escisión social de consecuencias imprevisibles. Así, por ejemplo, en Inglaterra la crisis del gobierno de Gladstone (1885) marcó este final del liberalismo tradicional y abrió un tenso debate en el interior del partido whig sobre la necesidad de un liberalismo radical más social; intelectuales como Hobson o Samuelson (al que desde 1905 intentaría seguir Lloyd George) pidieron este giro radical en el liberalismo. En Alemania hicieron algo parecido, sin ningún éxito, intelectuales como Th. Barth o F. Naumann. En Francia o Italia sucedió algo parecido. La III.ª República francesa entró en una profunda crisis y desde los años finales del siglo se vio en la obligación de revisar su inicial predominio oligárquico; lo llevarían a cabo políticos como Léon Gambetta o Jules Ferry, uniendo liberalismo con democracia, las dos doctrinas rivales de antaño (liberal-democracia).

A la vieja defensa liberal del parlamentarismo y las libertades individuales se le unió el principio democrático del sufragio universal (masculino). Antes de 1890 tan solo se había introducido en Francia, Alemania y Suiza; en 1890 se aprobó en España (se aplicaría desde 1892-1893); en 1893 en Bélgica; en 1898 en Noruega; en 1907 en Austria y en Finlandia (en Noruega y Finlandia sería donde primero se amplió con el femenino); en 1912 en Italia y en 1918 en Holanda y Gran Bretaña, aunque en estos dos últimos países se habían introducido importantes ampliaciones del sufragio censitario.

La liberal-democracia fue introduciendo, asimismo, otras correcciones como la adopción de la libertad de asociación y sindicación (en 1884 en Francia; en 1887, en España); también la adopción del sistema educativo estatal obligatorio (desde 1882 en Francia). Planteamientos similares se produjeron en Suiza, Bélgica y Holanda (y más lentamente en Italia y España) y, fuera de Europa, en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Además, este liberalismo finisecular más radical debió plantearse la solución de las tensiones sociales y económicas que iba produciendo el desarrollo del capitalismo. Fue entonces, obligado a confrontarse con cambios de todo tipo, cuando el liberalismo clásico se vio definitivamente desbordado y obligado a utilizar nuevos métodos políticos: el populismo nacionalista y el gran intervencionismo estatal que terminaba con el viejo principio del no intervencionismo y del laissez faire.

Desde la Gran Depresión se hizo evidente que la creciente complejidad de la vida económica y los efectos de la mundialización hacían imprescindible la intervención reguladora de los Estados. En Inglaterra, Salisbury había promovido la creación de una Commission on the Depression of Trade and Industry (1885), para reaccionar ante la evidencia de que la competencia internacional se volvía cada vez más áspera. Desde los primeros años del nuevo siglo, la masificación y el aumento de las tensiones sociales convirtieron el intervencionismo gubernamental en algo imprescindible. Finalmente, el aumento de las tensiones internacionales (crisis imperialista) obligó a estos Estados a rearmarse de manera inédita y a controlar a sus ciudadanos de una forma también desconocida hasta la fecha (y no exenta de aspectos agresivos y violentos que poco tenían que ver con los viejos principios liberales).

Este nuevo intervencionismo estatal, que obligó a las estructuras gubernamentales a crecer y tecnificarse, iba a constituir uno de los cambios políticos más evidentes de los años anteriores a la Gran Guerra y de los elementos que prefiguraron con mayor claridad el nuevo siglo XX.

La necesidad de integración y uniformización nacional obligó a los Estados a controlar los grandes servicios; a integrar y controlar profesionalmente al personal educativo, hospitalario, fiscal, ferroviario, de obras públicas, postal o de algunos sectores productivos clave. En un estadio intermedio y frente a conflictos graves, se optaba por la militarización temporal de algunos servicios.

Tradicionalmente, el mundo germánico había desarrollado una burocracia mayor, con un protagonismo más destacado y el consiguiente reconocimiento social. En el mundo anglosajón ocurría casi lo contrario; los impuestos y la burocracia municipal eran casi nulos y existía una prevención natural hacia la existencia de un funcionariado numeroso y estable. A fines del siglo XIX, el país que disponía de la burocracia más numerosa era el Imperio Austro-Húngaro (unos 4 millones de funcionarios en 1913), dado que desde Viena se gestionaba un territorio vasto y heterogéneo en el que el funcionario a menudo era el único vínculo de cohesión.

Sin embargo, desde el inicio del siglo XX incluso el mundo anglosajón debió adoptar esta vía estatalista y burocratizadora; las teorías del socialismo municipalista fabiano contribuyeron a introducir esta nueva sensibilidad con su demanda de servicios municipales. También en el mundo mediterráneo creció y se intentó profesionalizar y controlar al funcionariado; se trató de una pequeña «revolución» (pedida con insistencia por los denominados regeneracionistas) que supuso una primera amenaza contra la vieja dominación local del caciquismo. En estas zonas (resulta paradigmático el caso del «Mezzogiorno» italiano) pronto se desarrolló una dura pugna entre el viejo poder local y el Estado por el control de la administración local y las delegaciones gubernamentales. Este Estado se fue dotando de servicios cada vez más tecnificados y especializados, que tan sólo él podía brindar: utilizó la estadística, la cartografía, introdujo escuelas de funcionarios y especialidades universitarias que dieron nueva relevancia a esta tarea político-administrativa.

Si seguimos a Norman Stone puede verse la espectacularidad de este cambio en la administración de los Estados, de un ritmo similar en tres casos bien distintos. Así, el aumento del funcionariado (queda excluido el personal militar) fue:

Esta tendencia no iba a detenerse y configuraría la nueva estructura de los Estados occidentales, fundamental a la hora en que deberían enfrentarse con los decisivos y complejos problemas de las dos guerras mundiales.

Las otras grandes novedades de este inicio del siglo XX serían la eclosión del nuevo nacionalismo radical y populista y la politización del socialismo de matriz marxista.

El nacionalismo había representado una forma de movilización reivindicativa manifestada de manera especial en las revoluciones democráticas de 1848 y en los procesos unificadores alemán e italiano. Tras 1870, los distintos países europeos fueron incorporando este nacionalismo, pero olvidando su perspectiva reivindicativa y convirtiéndolo en una nueva religión civil, base de la definición interior de las sociedades; éstas dejaron en manos del Estado la definición de la unidad nacional, fundamentada en una lengua única, una religión oficial y el recuerdo de una única tradición histórica.

Introducido desde la escuela, puesto en práctica en el servicio de armas y exaltado desde las cada vez más numerosas fiestas nacionales o desde la cultura oficial subvencionada, enseguida pudo hablarse de un nuevo nacionalismo oficial o de Estado. Su objetivo fue definir de forma permanente una sociedad nacional homogénea, que debía superar las viejas divisiones locales o sociales, así como superar cualquier tipo de propuesta internacionalista (la principal, la socialista). Frente a la rápida disolución de la sociedad tradicional, esta nueva religión nacional se afirmó como la forma de cohesión más sencilla y utilizable en los momentos de tensión y crisis.

Un elemento típicamente finisecular fue la radicalización de este nacionalismo, pudiéndose hablar de un populismo nacionalista. Los Estados occidentales lo utilizaron como una forma de movilización violenta en la confrontación imperialista y, con ello, como una justificación de la necesidad de disponer de Estados grandes, fuertes y homogéneos. Los partidos tradicionales, ya fueran los liberales, los conservadores e incluso los socialistas, pronto se vieron sorprendidos por la simplicidad de este mensaje nacionalista que decía superar las viejas divisiones y egoísmos en función del pueblo nacional y en aras de la superior unidad de la nación o patria. Esta «novedad» se extendió con especial rapidez por el mundo rural y entre los sectores urbanos de las clases medias, los sectores que se encontraban amenazados de extinción o que, considerándose emergentes y fundamentales, no se hallaban representados por los viejos partidos ni protegidos por ninguna estructura sindical.

En la radicalización de estos populismos nacionalistas, en los que algunos han creído ver uno de los elementos desencadenantes del posterior totalitarismo nazi-fascista, los modernos intelectuales tuvieron un papel muy destacado. Estos intelectuales, especialmente en los países no anglosajones, recurrieron a este fondo nacional que consideraron a un tiempo histórico (real) y actual (vital), para enfrentarse a la artificiosidad y egoísmo del viejo mundo burgués y su corrupta política parlamentaria, considerados como el gran lastre para la irrupción de la modernidad.

En la crisis finisecular de la III.ª República francesa, estos intelectuales elitistas tuvieron un papel muy destacado, ejemplo que a menudo exportaron a los países del área mediterránea. Sobresalen Maurice Barrès y Charles Maurras, quienes radicalizaron el discurso nacionalista hasta convertirlo en la base de la opción política antirrepublicana que hallaría su expresión en la Action Française desde principios de siglo; algunos de sus discípulos, como Drieu de la Rochelle, en el periodo de entreguerras acabaría abrazando abiertamente la causa fascista.

También en Austria halló eco este nacionalismo radical, aquí de manos de las propuestas católicas sociales defendidas por el alcalde de Viena, Lueger. En Italia y Alemania, el nacionalismo radical finisecular aprovechó la oleada estatalizadora posterior a la unificación, buscó potenciar el sentimiento nacional popular como base de la modernidad e intentó radicalizarlo en contacto con las propuestas imperialistas. Tampoco Gran Bretaña quedó al margen de esta corriente nacionalista radical, que se vio alimentada por la explosión imperialista de fines de siglo: en 1897, la fiesta del jubileo en ocasión de celebrarse el 75 aniversario del ascenso de la reina Victoria al trono se convirtió en una exaltación oficial de este nacionalismo imperialista; el cambio de actitud colectiva se haría evidente en las elecciones de 1900, en plena guerra bóer, en las que el patriotismo de la Greater Britain jugó un papel muy importante.

Muchos de los intelectuales que fomentaron la aparición de este nuevo nacionalismo terminaron por considerar el nacionalismo de los Estados como una manifestación burguesa y demasiado débil. La posibilidad de un giro más radical la hallaría el darwinismo social a partir de 1905, cuando las argumentaciones imperialistas entraron en contacto con el racismo y su base «científica». En este contexto alcanzó una cierta notoriedad la obra del inglés germanizado H. S. Chamberlain, La génesis del siglo XIX (1899), especialmente sobre el káiser Guillermo II (al que explicaba las razones de la superioridad de la raza germánica) o sobre el zar, a quien indicaba que la principal misión de Rusia consistía en defender a Europa de la invasión de la «gran raza del Japón». La popularización de este biologismo social fomentó la extensión de los postulados del determinismo racista vulgarizado de manera conveniente, y fue la base de actitudes sociales progresivamente agresivas.

Por último, no podemos olvidar la impronta que iba a tener el proceso de politización del socialismo y la extensión del sindicalismo, en un clima de creciente sensibilidad por la denominada cuestión social. En 1891, el papa León XIII había dado muestra de ello con su encíclica Rerum Novarum: en ella, con todo y condenar abiertamente al socialismo, se destacaba el problema social como uno de los más importantes que tenía planteados la sociedad, y abogaba por su solución mediante la «concordia entre las clases».

El espectacular crecimiento del mundo urbano y sus grandes concentraciones industriales propiciaron la consolidación de los grandes sindicatos. La mayoría de ellos abandonaron las estrategias resistencialistas y revolucionarias y adoptaron los postulados socialistas; con esta nueva consistencia doctrinal y estratégica, el sindicalismo se extendió por Europa, Estados Unidos, Australia y América del Sur. En 1890, las Trade Unions agrupaban a 1,5 millones de obreros; en el mismo año, en Alemania se creó una Comisión Central de Sindicatos Libres que en 1913 llegaría a representar alrededor de 3 millones de afiliados. En Francia, en 1895 se creó la Confederación General del Trabajo, que en 1913 agrupaba a más de 2 millones de trabajadores; en 1906, en Italia surgió una homónima Confederación que poco antes de la Gran Guerra reunía a más de medio millón de obreros. En España, a la vieja Unión General de Trabajadores (1888) de signo socialista, en 1909 se añadió la Confederación Nacional del Trabajo, de inspiración anarcosindicalista; ambas asociaciones experimentaron un significativo crecimiento tras la Primera Guerra Mundial.

En el plano organizativo, desde los últimos años del siglo XIX fueron concretándose dos grandes opciones, al tiempo que la tendencia a la politización iba ganando terreno frente a los viejos idealismos y propuestas utópicas y universalizantes. Por un lado, siguieron manteniendo una gran fuerza los postulados más radicales, ya fuesen los de signo anarquista que a través de la acción directa o de la huelga general revolucionaria querían acabar con el sistema liberal capitalista, como los marxistas, orientados a la ocupación revolucionaria del poder para desde allí poder cambiar el conjunto de la sociedad. En esta opción radical, que se afianzó a menudo por oposición a los moderados, sobresalieron en Alemania los líderes comunistas Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg (activista de origen polaco). En Rusia, esta opción fue encabezada por V. I. Lenin y expuesta en su opúsculo ¿Qué hacer? (1902); en él se propone la dirección de la «vanguardia de la clase obrera» de una lucha sin concesiones destinada a terminar con el poder zarista. Con muy poca repercusión en estos años, estas tesis leninistas se aprobaron por un estrecho margen en el Congreso de la socialdemocracia rusa (1903) celebrado en el exilio londinense: en él se consumó la escisión entre bolcheviques o mayoritarios (dirigidos por Lenin) y mencheviques o minoritarios (Martov).

Por otro lado, fue consolidándose una opción más moderada (aunque en el plano doctrinal partía igualmente del marxismo), que en su estrategia abogaba por la participación en el sistema para poder ir forzando su democratización real y la adopción de medidas sociales que permitiesen la mejora integral de la clase obrera. A esta segunda opción se la conoció como revisionista legalista o también gradualista.

Fue en Alemania donde esta segunda opción tuvo su formulación mayor y más acabada. En un principio (1875) sobresalieron las tesis de August Bebel. También fueron importantes las reflexiones sobre el marxismo realizadas por Karl Kautsky en las que el énfasis mayor se ponía en las fases intermedias previas a alcanzar el estadio ideal final comunista. Con estas tesis revisionistas coincidieron el austríaco Víctor Adler, el francés Jean Jaurés o el italiano Filippo Turati. Estas tesis se afianzaron con la creación de la II Internacional (Congreso de París de 1889) y acabaron imponiéndose en el II Congreso (Bruselas, 1891), donde triunfaron las tesis políticas, la organización en partidos «nacionales» y la participación parlamentaria (en este congreso se excluiría al anarquismo).

LA DINÁMICA CULTURAL (1848-1914)

El progreso y la cultura

ÁNGEL DUARTE

En el Londres de 1843, Thomas Carlyle publicaba Pasado y presente. La obra constituía todo un alegato contra los males de la «era mecánica» en la que Europa habría ingresado de manera ineluctable. Una época que, al margen de consideraciones de orden ético y estético, desde la deshumanización al avance de la fealdad, estaba haciendo de la cuestión social el problema medular. Una complicación para la que el laissez-faire no era, como mínimo para todos los espectadores del momento, la solución.

Ciertamente, en los años cuarenta, la combinación de libre comercio y moral estricta aplicada al trabajo y a la vida familiar continuaba siendo, sobre todo en el mundo anglosajón, la receta más habitual para remachar el clavo de la confianza en el progreso. Pero, junto a este diagnóstico cuajaba otro. Hacía falta, clamaba Carlyle, un plan, un orden alternativo y unos liderazgos diferentes. O, por expresarlo a su manera, unos nuevos héroes que asegurasen que la civilización no entrase en los derroteros fatales del materialismo y la demagogia. Su odio a la democracia, y su temor a las secuelas de la industrialización y al crecimiento de las grandes ciudades, tuvieron un reflejo en las reflexiones críticas para con las transformaciones fabriles y urbanas de ese cantor de las artes y los oficios tradicionales que fue John Ruskin. En unas conocidas cartas a The Times, en 1851, este crítico de arte ponía sus esperanzas en una joven generación de creadores, los prerrafaelistas. Gracias a su nueva, y verdadera, mirada sobre la naturaleza, esta corriente artística podría llegar a constituir la escuela de artes nobles que el mundo habría estado esperando durante trescientos años.

Ese mismo año, en la Francia imperial, en la estela de la reacción contra el romanticismo social que estimulan los acontecimientos de 1848, Auguste Comte empezaba la publicación de sus cuatro volúmenes del Sistema de Política Positiva. Llegaba a la cúspide, con ello, una dilatada trayectoria que ya en 1842 había quedado reflejada en el Curso de Filosofía Positiva. En su intento por poner orden al lábil contexto en el que se encontraba la Europa de mediados del siglo XIX, Comte ofrecía una respuesta consoladora: tras haber pasado por los estadios teológico y metafísico, la humanidad se encontraba en los umbrales de la etapa científica o positiva. Todos los hechos tenían una causa material, positiva, a la que se podía acceder mediante la observación científica. A cada uno de esos estadios, afirmaba Comte, le había correspondido una plasmación política. El estadio teológico se gestionó sobre el principio del Derecho divino de los reyes. El metafísico incluyó conceptos tales como el contrato social, la igualdad de las personas o la soberanía popular. Frente a ellos, el estadio positivo permitiría la gestión científica o sociológica de la organización política. Crítico con las expectativas democráticas, y aleccionado por los procesos revolucionarios de 1830 y 1848, Comte proponía una sociedad estable gobernada por una minoría rectora de sabios que empleara métodos técnicos solventes para resolver los problemas humanos y para imponer y regular las nuevas soluciones idóneas para las condiciones sociales emergentes.

Comte tenía, en Inglaterra, un lector atento —y crítico— de su obra. Ubicado en la tradición utilitarista, John Stuart Mill publicaría, en 1859, un panfleto, Sobre la libertad, que, acaso sin la trascendencia filosófica de otras de sus aportaciones, acabaría convirtiéndose en un texto seminal de la mirada moderna sobre los riesgos de la tiranía de la opinión pública, sobre la naturaleza de la libertad social o civil y sobre la naturaleza y los límites del poder que la sociedad puede legítimamente ejercer sobre los individuos que la componen. «Hay —escribió— un límite a la intervención legítima de la opinión colectiva en la independencia individual; encontrarlo y defenderlo contra toda invasión es tan indispensable a una buena condición de los asuntos humanos, como la protección contra el despotismo político.» Será tarea de la filosofía utilitarista el mostrar que se puede dar, en el mundo moderno, el tránsito del interés por la propia felicidad a un interés por la de los demás, y de una teoría psicológica a una teoría moral.

Mill se encontraba también entre los admiradores de Carlyle. Como, por otra parte, lo era también un hombre avezado en la crónica periodística que, de 1836 a 1837, con los Papeles póstumos del Club Pickwick inicia un período de su vida enormemente creativo. Charles Dickens, entre Oliver Twist, de 1837, y Grandes esperanzas, de 1861, pasando por David Copperfield (1849-1850) o Tiempos difíciles (1854), da cuerpo a una densísima y muy bien acogida obra narrativa mediante la cual denuncia la otra cara del mundo industrial y urbano victoriano, arremete contra los fundamentos de la civilización de las ganancias y centra su atención en el universo de la infancia castigada.

En el otro lado del canal de la Mancha, la deriva literaria proponía un enfoque objetivo y realista de mundos hasta entonces difícilmente abordados. En 1857 sale a la luz Madame Bovary, la primera novela de Gustave Flaubert. En sus páginas tienen cabida las vivencias amorosas de una mujer insatisfecha en su matrimonio y se describe, minuciosamente, el agobiante ambiente rural de la Francia imperial. Acusado, junto con su editor, de publicar contenidos inmorales, tiene que hacer frente a los tribunales. El autor finalmente será absuelto. En cualquier caso el escándalo acompaña esas nuevas contemplaciones, en ocasiones estimula el lanzamiento de la novela y en otras ésta tendrá que esperar al paso del tiempo para quedar como una de las grandes aportaciones a la historia de la literatura universal.

En un universo cultural aparentemente alejado, desde una perspectiva más psicológica que material, puesto que la práctica totalidad de sus integrantes participaron de intensos contactos con autores occidentales, la narrativa rusa alcanzaría también unos momentos de especial relevancia en esos años. León Tolstoi, hacendado vinculado al universo rural ruso, autor de Guerra y paz (1865/1869) y Ana Karenina (1873/1877), entre otras obras, es también un hombre que aspira a hacer realidad, allí donde tiene posibilidades reales de intervención, sus propiedades, los ideales de libertad y reforma que tienen en la educación, en la instrucción popular, su motor fundamental. Se trata, también, de un individuo a quien una profunda crisis espiritual le llevará a sostener, frente a la vorágine del mundo moderno, un cristianismo místico y un ideal de acceso generoso de las masas a un arte reconocible y alentado por la moral. En 1866, Fiodor M. Dostoievski, que había empezado a publicar sus primeras novelas en la década de los cuarenta, alcanzaba la plenitud creativa con Humillados y ofendidos, Crimen y castigo o El jugador. Trece años más tarde, con la salida a la luz de Los hermanos Karamazov lograría incluso eclipsar la fama narrativa de Tolstoi y del otro gran integrante de la tríada narrativa rusa de las décadas centrales del siglo, Iván S. Turguéniev. La profundidad del análisis psicológico de Dostoievski se pone al servicio de una atormentada meditación acerca de la decadencia espiritual de la civilización occidental.

En el tramo central de esos años prodigiosos que van de mediados de centuria a la década de 1880, el ámbito editorial se embarcaba en múltiples aventuras inéditas. El mercado se ampliaba con el avance de los procesos de alfabetización y el crecimiento de la población escolarizada. En enero de 1860, Louis Hachette sacaba al mercado una revista de divulgación con el sugerente título de Le Tour du monde — Nouveau Journal des voyages. Los hallazgos a los que daban lugar las exploraciones y los viajes científicos serían glosados por escritores y geógrafos de la talla de Élisée Reclus. El destinatario era un público amplio, que transcendía las elites académicas y alcanzaba a extensos sectores de la opinón pública ansiosa por conocer los adelantos tecnológicos, los hallazgos científicos y los nuevos y exóticos espacios geográficos hollados por el pie de los exploradores y misioneros occidentales. La aventura de estos atrevidos personajes aderezaba los relatos realistas o fantasiosos que Jules Verne daba a su editor Pierre-Jules Hetzel a partir de 1863 y 1864. La estrategia editorial era compleja: los delgados fascículos anticipaban la obra completa y garantizaban, por la accesibilidad de los costes, un número de lectores amplio. La Academia, ciertamente, miraría con pertinaz recelo la producción de un autor que, en el seno de la colección Viajes extraordinarios, conectaría, sin embargo, con el gran público lector. Los viajes aerostáticos y transatlánticos, la navegación submarina y la hipótesis de alcanzar la Luna, los escenarios africanos y asiáticos, la nueva América y los fríos polos, las civilizaciones nativas y los pueblos atrasados pasaban a formar parte del escenario global. Como ocurría en general en la prensa, estos fascículos y libros tuvieron en el grabado, en la imagen, un potente aliado en la modificación y universalización del imaginario colectivo de un número creciente de ciudadanos occidentales.

Desde mediados del siglo XIX, y muy especialmente en el último cuarto del mismo, la prensa periódica viviría un espectacular incremento. A esa proliferación de periódicos contribuyen, por un lado, los marcos de libertad de prensa que buena parte de los Estados liberales asumen como inevitables e inherentes al desarrollo constitucional. Junto a ello, coadyuvan los progresos técnicos en materia de composición, impresión y tirada. La tecnología tipográfica permite bajar el precio del coste de unos periódicos que introducen novedades orientadas a hacerse más atractivos entre una población en la que, gracias al progreso de la instrucción primaria y secundaria, hay garantizada una mayor y más exigente demanda. La profesión periodística continúa siendo el resultado de un lento proceso de aprendizaje que se inicia en la más tierna infancia ejerciendo diversas labores en las redacciones y los talleres. O bien, la alternativa profesional asumida por literatos vocacionales de mayor o menor éxito. No es menos cierto que en aquellos ámbitos culturales en los que, desde principios de siglo XIX, se ha producido una creciente especialización del periodismo —con la creación en los años treinta de los primeros penny papers— se logran articular corporaciones como el Institute of Journalists (1883) e incluso se imparten cursos universitarios de periodismo, entre 1879 y 1884, en la Missouri University (Columbia).

Ciertamente, la eclosión de periódicos y folletos, y la ampliación de los mercados culturales no aparecían exentas de riesgos. Así, tan pronto como en 1857, en Gran Bretaña se aprobó una pionera Ley de publicaciones obscenas que ponía en evidencia el éxito creciente que en el consumo popular tenía la literatura más o menos abiertamente pornográfica

Darwin y Marx

La relación de autores y obras establecida para las décadas centrales del siglo, en absoluto exhaustiva, muestra, bien a las claras, el vigor, la variedad y la densidad de la creación intelectual en el ecuador de la centuria. La aceleración del tiempo histórico y las novedades de todo tipo que se habían manifestado ya a esas alturas, impulsaban toda suerte de reflexiones a propósito del progreso tecnológico y del imparable avance del conocimiento. El panorama, sin embargo, resulta en extremo parcial si no se alude a otros dos grandes textos fundacionales del canon contemporáneo: El origen de las especies, de Charles Darwin, editado en 1859, y El capital, de Karl Marx, aparecido en 1867 y elaborado en las salas de lectura del Museo Británico. Sería el amigo, mecenas y colaborador del segundo, Friedrich Engels, quien fijaría un paralelismo que se proyectaría en el tiempo. En las palabras que pronunció con motivo de la oración fúnebre dedicada a Marx en 1883, figuraba el siguiente elogio: «Al igual que Darwin descubrió las leyes de la evolución de la naturaleza orgánica, también Marx descubrió las leyes de la evolución de la historia humana.»

Lejos de ser respuestas cerradas y parciales a los interrogantes propios del mundo moderno, ambos procuraron una lectura histórica de la naturaleza, la condición humana y la vida en sociedad, que insinuaba caminos de progreso y evolución científica. En la estela del malthusianismo, Darwin formuló la teoría de la evolución por selección natural. Los rasgos novedosos adoptados por los seres vivos para asegurarse la supervivencia en un marco de competencia por recursos limitados, serían transmitidos de generación en generación a través de la herencia. La selección natural era sólo una parte del vasto esquema conceptual de Darwin; pero se convirtió en la piedra de toque de un amplio y recurrente debate ideológico que polarizó, entre creacionistas y evolucionistas, las décadas siguientes. Las lecturas del darwinismo fueron múltiples y muchos las tomaron como excusa para las más variadas perspectivas analíticas. En 1866, Darwin recibía en su casa de Kent a uno de esos entusiastas: Ernest Haeckel. El zoólogo alemán quería darle en mano los dos volúmenes de su Morfología general, una vasta obra en la que daba a conocer su filosofía materialista de la evolución, una visión que alcanzaba desde la embriología a los orígenes del Estado-nación, y que, junto a Darwin, era deudora del Ensayo sobre las desigualdades de las razas humanas, la obra de Arthur Comte de Gobineau. Al fin y al cabo, Haeckel, un autor conservador con notable capacidad de incidencia en medios progresistas europeos ansiosos por desembarazarse de la tutela católica, propugnaba la superioridad de los pueblos germanos y anunciaba la necesaria futura unidad de los mismos en un Estado nacional definidor del futuro de Occidente.

Aunque probablemente menos impactante a corto plazo, igualmente decisiva resultaría para la evolución intelectual y los movimientos sociales del cambio de siglo, la edición de El capital. La aportación marxista añadía a la dialéctica hegeliana los elementos del evolucionismo darwinista y las estimaciones económicas procedentes de la escuela de económica clásica de Adam Smith y David Ricardo. En este sentido, Marx constituía un escalón más en una concepción de la ciencia económica que sólo las escuelas marginalistas, a finales de siglo, vendrían a quebrar. El capital, en cualquier caso, profundizaba, desde un punto de vista determinista, en la comprensión de las lógicas del desarrollo económico y apuntaba a la perspectiva inevitable del colapso de la sociedad capitalista y el advenimiento de un modo de producción socialista. Con el proletariado como actor colectivo se lograría el horizonte ideal de una sociedad liberada de la opresión de clases. El potencial revolucionario del materialismo, dialéctico e histórico, aún tardaría en ponerse en práctica, a pesar de que Marx, hombre de acción, sería uno de los muchos animadores de los movimientos democráticos, obreros y populares de las décadas de 1860 y 1870.

En suma, las décadas centrales del siglo XIX resultaron especialmente creativas en el ámbito intelectual. En apenas un par de décadas se publicaron obras que devendrían hitos del progreso de la humanidad.

La fe y la ciencia

A finales de siglo XIX, en una obra de balance traducida a múltiples idiomas, el naturalista y filósofo alemán Ludwig Büchner, afirmaba: «Es absolutamente inútil todo intento de conciliación entre el Génesis y la Ciencia.» Publicista de los avances en el conocimiento de las ciencias naturales, físicas y sociales registrado en las décadas centrales del Ochocientos, Büchner, pregonero como tantos otros del materialismo, aseguraba que «El espiritualismo, que en otro tiempo reinaba soberanamente, pierde una a una todas sus posiciones». Ciertamente, el autor expresaba un deseo, aunque lo presentase como una certeza. Pero, en cualquier caso, se trataba de una afirmación que no dudaban en sostener los principales exponentes de la generación positivista. El retroceso de la Iglesia no provenía exclusivamente de las conquistas secularizadoras que los Estados llevaron a término en los años setenta y ochenta, sino del empuje inexorable de la ciencia como fuente de progreso.

En cualquier caso, las resistencias a ese declive no fueron menores. En la Inglaterra victoriana tendría lugar el auge del cristianismo evangélico en el seno de la Iglesia anglicana. En 1846 se constituye la Alianza Evangélica, en contra del papismo tanto como del racionalismo. Un nuevo puritanismo, que se extiende por América y algunos países europeos reformados en parte gracias a la celebración de conferencias, destaca en las décadas siguientes el papel de la voluntad individual y de las buenas costumbres, la adopción de criterios morales en la vida privada y la defensa de la ética del trabajo como inherentes al buen cristiano en un mundo presidido por el materialismo y la obtención, sin atender en los medios, del beneficio. Por su parte, y al margen de las estrategias diplomáticas, la Iglesia católica procuró librar un combate cultural contra los avances del liberalismo y del cientifismo, del materialismo y el libre pensamiento. Las estrategias fueron diversas. En el interior de la cultura católica existían, a principios de los años sesenta, unas pocas voces que reclamaban la reconciliación entre el liberalismo y la fe. Esta escuela liberal obtuvo un notable éxito en agosto de 1863 a raíz de la celebración del congreso de Malinas, el primer congreso de los católicos belgas. Desde la tribuna de invitados, el francés Charles de Montalembert anunciaba el inexorable fin de la teocracia y el triunfo de la democracia. En este contexto reclamaba la solidaridad de la libertad y del catolicismo. Su discurso sería más tarde editado como folleto: L’Église libre dans l’État libre. Montalembert no está solo. Únicamente en Francia cuenta con el apoyo de Albert de Broglie, Augustin Cochin o monseñor Dupanloup.

El incidente provoca la reacción de Roma. Pío IX, que lleva tiempo constatando los efectos prácticos negativos que la dinámica liberal tiene para las hegemonías políticas y culturales del catolicismo, toma la iniciativa. En 1864 publica la encíclica Quanta Cura. El compendio que la completa, el Syllabus, incluye un listado de los distintos errores, hasta ochenta, propios del mundo moderno y condenables desde la ortodoxia vaticana. La francmasonería y el racionalismo figuran en la lista junto al socialismo o el comunismo, pero el objetivo central es la madre de todos ellos, el liberalismo. El debate posterior conmueve la Europa católica. El republicanismo anticlerical ve avalada su tesis sobre la incompatibilidad de fondo entre un papado en extinción y el universo de Estados nacionales sostenidos sobre principios liberales y democráticos. Algunas tímidas voces próximas al catolicismo liberal intentan atenuar los efectos de la condena vaticana. Aunque lo cierto es que en las siguientes décadas se producirá en los medios católicos, y junto a un renovado culto a la persona de Pío IX, el papa prisionero, una activación del ultramontanismo, del jesuitismo agresivo que tiene su vocero en el periódico Civiltà católica, del culto mariano —de 1854 databa el dogma de la Inmaculada Concepción— y al Sagrado Corazón, y, en fin, la aprobación en 1870 por el Primer Concilio Vaticano de la infalibilidad pontificia. Austria, Alemania, Bélgica y España pasan a ser escenarios en los que a través de manifestaciones públicas de culto, romerías y procesiones, los católicos ultramontanos intentan ganar la calle.

A Pío IX le sucedería, en el solio pontificio, León XIII. Su subida al trono tiene lugar en 1878. El contexto es harto complejo. La Santa Sede había sido desposeída de los Estados Pontificios. Además, se suceden en el mundo las imparables mutaciones económicas, políticas y culturales. Estos retos tienen que enfrentarse desde la pérdida del poder temporal. León XIII comprendió que el papel del Papado radicaba ahora en servir de guía espiritual y de referente de la moralidad cristiana. Y, tras protestar públicamente en 1881 mediante una encíclica por la supresión de los Estados Pontificios, emprendió una labor recristianizadora que pasaba por la activación del culto mariano, por el sacrificial y expiatorio del Sagrado Corazón, y por desarrollar una labor doctrinal relativa a la urgente cuestión social. Las bolsas de miseria y pobreza que germinaron como réplica inevitable a la segunda oleada industrializadora, así como el auge de ideologías revolucionarias y movimientos comunistas, anarquistas o socialistas —abiertamente opuestas a la Iglesia— coadyuvaron a impulsar desde el Papado una obra orientada a crear un cuerpo doctrinal de corte social cristiano. Así, en 1878, la encíclica Quod Apostoloci rechazaba el comunismo y el socialismo, mientras que entre 1888 y 1891 dio a luz diversas encíclicas sobre la libertad humana y las condiciones sociales en el mundo industrial. La cima doctrinal de esta reflexión tuvo lugar en 1891 con la Rerum Novarum, encíclica en la que se planteaban soluciones de corte cristiano para las reivindicaciones obreras.

La ciencia, el nuevo conservadurismo, la cultura libertaria y la literatura

En paralelo a los esfuerzos católicos se habrá formalizado en Europa un nuevo tradicionalismo; una propuesta conservadora que, desprendiéndose del catolicismo romano, intentará adecuar el análisis científico, hasta entonces mayoritariamente asociado a las perspectivas progresistas de organización de la vida pública, a las necesidades de preservación de un orden custodio de la mejora nacional y de la propiedad. Ernest Renan e Hippolyte Taine, nacidos en la Francia de los años veinte, pueden apuntarse como dos ejemplos acabados de esta deriva. La Vida de Jesús de Renan, de 1863, había provocado, al intentar una narración estrictamente histórica de la vida de Cristo, un más que regular escándalo. El mismo autor, tras la derrota francesa de 1870 y el episodio de la Comuna, dará a la imprenta La reforma intelectual y moral de Francia. Ahora denuncia en la democracia y en la pérdida de la disciplina social las causas de la debacle gala. Frente a la república, propondrá el restablecimiento de la monarquía y de una cierta aristocracia intelectual. En este contexto reserva la reforma y la libertad de pensamiento para las elites sociales, mientras cree oportuno que el catolicismo se ocupe del pueblo. Por su parte, Taine trabajará en su gran obra, Los orígenes de la Francia contemporánea. Frente a la influencia de Rousseau y la anarquía revolucionaria, la deriva de Taine le lleva a fijarse en el modelo anglosajón con una notable admiración por el protestantismo y las libertades locales.

Si la ciencia podía ser pensada como instrumento para poner límites a las tensiones sociales, no cabe duda de que también constituía un horizonte de emancipación para aquellos segmentos de las clases populares, urbanas y rurales, que en numerosos escenarios occidentales se sentían atraídos por el discurso anarquista. El panfleto y el periódico, la charla de ateneo y la conferencia en el círculo obrero, acogieron en los años setenta y ochenta la producción de Pierre Joseph Proudhon, el pionero en el uso de la palabra anarquista en sentido positivo, con el propósito de autodefinirse dentro del cuadro de las ideologías en la Francia de 1848. Su condena de la propiedad, como fuente de toda injusticia, se compagina con la crítica al Estado, institución básica de la política. Un nuevo equilibrio sólo se alcanzará cuando el Estado sea sustituido por la comunidad de los productores y por la federación de los grupos locales de trabajadores. De Mijail Bakunin, esos mismos lectores y activistas sociales asumirían que la libertad humana nacería de la organización reflexiva de la sociedad de acuerdo con las leyes naturales, haciendo caso omiso del poder despótico de los hombres. Frente a Dios y el Estado, tenía que alzarse una revolución proletaria, necesariamente violenta, que transfiriese al conjunto de la sociedad el control colectivo de los medios de producción y los resortes del conocimiento. El socialismo federalista y antiautoritario de Bakunin, capaz de cuajar en el seno de la Primera Internacional en competencia con el marxismo, alcanzó cierto éxito en las organizaciones obreras de España, Italia, Portugal, la Suiza francesa, Francia y América Latina, e incluso alcanzó a propagarse en Bélgica, Holanda, Bulgaria, Rumania, Rusia, China, Japón, Corea y EE.UU.

Finalmente cabría aludir al ascendiente alcanzado, en el tramo final del siglo, por otro pensador libertario, el príncipe ruso Pedro Kropotkin. Formado en las disciplinas científico naturales, Kropotkin contrapuso, aduciendo estudios de la zoología, el principio de ayuda mutua al de la lucha por la existencia como fuente de evolución. Y abrió, frente a las propuestas colectivistas anteriores, un intelectualizado horizonte de comunismo anárquico. En la historia de la humanidad, la cultura habría alcanzado las más altas expresiones allí donde el poder político y el económico llegaron a su mínima concentración: en las pequeñas ciudades de la Grecia clásica y en las comunas y ciudades libres del Medioevo. Sería en los años del cambio de siglo cuando el materialismo mecanicista y evolucionista de Kropotkin entraría en crisis en el seno de la cultura libertaria. La idea kropotkiniana del anarquismo científico sería, para una nueva generación libertaria orientada a una renovada acción sindical, un fruto caduco del cientificismo. En cualquier caso, éste había pasado a formar parte de las cosmovisiones y del lenguaje mediante el que se reconocían y actuaban amplios segmentos sociales herederos del universo artesanal, de los oficios cualificados, de los profesionales de ideas avanzadas e incluso de sectores significativos del mundo obrero industrial.

Esos mismos ambientes, junto a los más decididamente burgueses y a los interesados por la creación literaria, tuvieron una confirmación de la pujante confluencia entre ciencia, progreso, denuncia y arte, en la lectura de las obras tardías de Victor Hugo o en las rupturistas producciones de Émile Zola. Si el Ochocientos es el siglo de la ciencia, no lo es menos de la novela. Con el siglo, en la ciudad de Besançon en 1802, había nacido Victor Hugo. Y, con él, la presencia que se impondrá, majestuosa, sobre sus coetáneos desde la década de 1830. Incluso en el exilio posterior a 1848, al que le conduce una evolución ideológica de corte republicano, será el punto de referencia con el que se tendrán que contrastar las nuevas generaciones literarias, desde el dandy Charles Baudelaire al Arthur Rimbaud que, el 18 de marzo de 1871 se siente comunard y anarquista, pasando por Paul Verlaine o su sucesor entre los príncipes de los poetas, Stéphane Mallarmé.

El retorno de Hugo a París, en 1870, le reintegra también a la vida política y le encumbra como referente de la nueva Francia. Ésta, a su muerte le rendirá, en medio del calor popular, un funeral de Estado y le integrará en ese Panteón que asume el conjunto de las glorias nacionales. Escritor nacional, el autor de Hernani (1830) y de Notre Dame de Paris (1831), se ha transformado también en el mito progresista asociado a Les misérables (1845) o a Les châtiments (1853), el librepensador que evoca a Voltaire en 1878 o del que se publica Dieu en 1891. En suma, Francia, y buena parte de las sociedades europeas, percibirán en Hugo el desmesurado profeta de la libertad y el develador de toda suerte de opresiones y del desorden inherente al mundo burgués; el cantor del pueblo y de la revolución, así como de los efectos lenitivos que sobre el cuerpo social puede tener la ampliación del conocimiento y el progreso de la ciencia. La encarnación del siglo.

La otra gran presencia, la de Zola, es algo más tardía. Nacido en el París de 1840, sus primeras ocupaciones profesionales le sitúan como empleado en la editorial Hachette. En 1867, con la publicación de Thérèse Raquin, abre las puertas de un universo nuevo, el del naturalismo: su interés por el experimentalismo científico le había llevado a intentar penetrar en todos los aspectos de la vida humana. La novela podía ser también, como en otros terrenos habían propuesto Darwin y Marx, un método de aproximación científica a la realidad. Entre 1871 y 1893, este proyecto se concretó en las obras recogidas bajo el título genérico de Les Rougon-Macquart. El mundo de las clases más desfavorecidas es abordado con la pasión y el rigor del entomólogo. En La taberna, el alcoholismo será el objeto de estudio; en Nana, la prostitución; y en Germinal, de 1885, elabora un retrato conmovedor sobre las condiciones de vida de los mineros. Develador del romanticismo, Zola acumula en los años siguientes un capital moral y de reconocimiento público equiparable al que había gozado en vida Victor Hugo. Será ese capital el que, en los años finiseculares, pondrá a disposición de los valores universales de justicia y verdad que se juegan alrededor del caso Dreyfus.

El Estado-nación y la cultura

Como ya se ha apuntado en los capítulos precedentes, el Estado-nación libró, en la segunda mitad del siglo XIX, un decidido combate por hacerse con la lealtad de una ciudadanía en proceso de ampliación. Con énfasis desigual, las instancias de poder oficial, así como, desde la oposición, algunas culturas políticas de carácter democrático y republicano, impulsaron toda suerte de ceremonias públicas, fiestas nacionales, levantamiento de monumentos, usos de la bandera y de los escudos o fijación de los himnos nacionales y de otras composiciones musicales que aglutinaban emocionalmente a los diversos estamentos sociales. De manera particularmente intensa, el período abierto en 1870 vio el frenesí de lo que ha convenido en denominarse «la invención de la tradición». Países viejos como el Reino Unido o España vieron cómo se profundizaba en el carácter simbólico de la Monarquía o, complementando o supliendo, en un caso y en otro, cómo las debilidades del Estado eran en ocasiones reemplazadas por un esfuerzo de nacionalización desde abajo, desde la trama de organizaciones políticas y de empresas periodísticas y culturales que procuraban influir y reflejar los gustos populares. A su vez, los nuevos Estados italiano y alemán remedaron los usos y costumbres de las más antiguas Monarquías y procuraron activar los vínculos de ciudadanía e identidad nacional.

En Europa occidental fue, sin duda, la Francia de la III.ª República el ejemplo más acabado —hasta el punto de ser presentado con posterioridad como el termómetro del éxito en la empresa de creación de lealtades estatales en el conjunto de Occidente— del proceso cultural nacionalizador. La elección de la Marsellesa como himno nacional, la conversión del 14 de julio en fiesta nacional, la proliferación, en el interior de los salones municipales, de la Marianne tocada con el gorro frigio, la ocupación de plazas y calles mediante estatuas y monumentos dedicados a los grandes hombres ligados a la patria, al progreso y a la libertad, la construcción de una memoria compartida a través de una historia y de una geografía nacionales ampliamente difundidas en la escuela —de 1878 data la primera edición del Tour de France par deux enfants—, la fijación de los lugares de memoria que merecían ser evocados, indican la voluntad sistemática de los republicanos de vincularse históricamente, de fijar sus raíces, en la Revolución francesa. Y de forjar, con ello, una identidad nacional que podía ir sumando a las personalidades de la cultura o de la política recientemente fallecidas. La historia y los combates del presente se entrecruzaban y daban lugar a una lógica acumulativa que singularizaba la identidad francesa.

Uno de los campos en los que las novedades fueron más significativos en el último tramo del siglo XIX fue el de la enseñanza. Como ya se ha señalado, generalizar la escuela, favorecer la alfabetización y la socialización en las identidades y lealtades nacionales, eran concebidas como tareas estrechamente relacionadas. La presión, en este sentido, devino más urgente en la medida en que las reformas electorales ampliaban el número de sujetos llamados a participar, directa o indirectamente, en el diseño de las políticas generales. Así, la III.ª República francesa culminaría, en 1881, diversos esfuerzos previos, con el establecimiento de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Las exigencias presupuestarias que acarreaba esta iniciativa, y la conveniencia de eludir el choque frontal con las Iglesias hasta el último momento, hizo que las escuelas privadas, confesionales en su mayor parte, coexistieran con una escuela pública laica orientada a crear ciudadanos fieles a la República, a sus instituciones y sus valores. En Gran Bretaña, la ley de educación de 1870, declaró el derecho de cada niño a algún tipo de escolarización, aunque no supuso el establecimiento de la enseñanza obligatoria y gratuita. El sistema educativo establecido por la ley era mixto, privado y público. Sucesivas leyes de 1880 y 1891 hicieron la educación primaria obligatoria, entre los cinco y los diez años, y gratuita.

La complejidad y la eficacia del patrón nacionalidador francés, el formal y el informal, el fuerte y el más banal, permitieron que se difundiese por otras geografías y que los efectos miméticos se proyectasen sobre América Latina e, incluso, sobre el otro lado del Atlántico. Allí continuaba refulgiendo la esperanza de un futuro de libertad. Para ese refugio concibió Frédéric-Auguste Bartholdi, hacia 1865, la que habría de convertirse en un icono de las esperanzas de tantos europeos y en símbolo del vínculo atlántico: la Estatua de la Libertad inaugurada el 28 de octubre de1886.

La segunda mitad del siglo fue también el marco temporal que vería la aparición de una variante novedosa de autorrepresentación de los Estados nacionales y de los Imperios. Un espacio de modernidad, una fórmula de creciente éxito por el número de naciones participantes, de público y de profesionales implicados, y también en lo referente a la codificación de un lenguaje estandarizado mediante el cual dar a conocer las novedades científicas y mecánicas y los potenciales culturales de las diversas naciones: las Exposiciones internacionales. El punto de partida sería la Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, en Londres en 1851. Impulsado, entre otros, por Alberto, el príncipe consorte de la reina Victoria, el acontecimiento, al que el embajador prusiano C. K. J. F. Von Bunsen se referiría como el evento más poético y de trascendencia histórica mundial de la época, tuvo por escenario el Crystal Palace, un edificio alzado por el paisajista Joseph Paxton en Hyde Park. La construcción, en hierro y vidrio, se convertiría en uno de los más célebres iconos de la arquitectura de la época industrial. En su interior, los diversos pabellones nacionales y los stands de cerca de 14.000 expositores, repletos de innovaciones tecnológicas y de productos nacionales, de objetos y curiosidades de orden industrial, artístico, geográfico, etnográfico e histórico, atrajeron a seis millones de visitantes. Cuatro años más tarde, Francia, que tenía una cierta tradición de exposiciones nacionales, tomó el relevo y lo hizo como un asunto de Estado. El Imperio de Napoleón III quería presentarse ante los europeos occidentales y los norteamericanos como una sociedad moderna y poderosa, en pleno auge económico e inmersa en una rápida industrialización.

En rigor, la competencia nacional por situarse al frente de los avances tecnológicos y las conquistas imperiales presidiría las sucesivas convocatorias en Londres (1862), París (1867) y Viena (1873). En 1876, en el marco de las celebraciones del primer centenario de la independencia de los Estados Unidos, el encuentro tuvo lugar en Filadelfia. Fairmount Park reunió casi treinta mil expositores y acogió diez millones de visitantes. Poetas como Walt Whitman no dejaron de impresionarse por la majestuosidad de las grandes máquinas de vapor que era capaz de crear la industria americana. El teléfono o las primeras máquinas de escribir se exponían junto a los materiales aportados por la institución Smithsonian o el Geological Survey. La voluntad didáctica, el dar a conocer a las opiniones públicas los grandes progresos del hombre sobre la naturaleza, así como el conocimiento del propio pasado, y los logros de las respectivas naciones avanzaba como lo haría en el París de 1878 o en el de 1889, el del centenario de la Revolución. La geografía del fenómeno expositivo fue, al margen de esos ejes centrales, más amplia: Turín (1858, 1864, 1870, 1871, 1884), Amberes (1885), Barcelona, (1888), Berlín (1879), Bruselas (1874, 1888), Milán (1879, 1881), Nueva York (1853/1854), Sydney (1879/1880) o Melbourne (1854, 1880/1881, 1888/1889). Todas estas exposiciones internacionales reprodujeron, de forma reducida pero no menos esmerada, la versión europea del mundo, desde el centro de la metrópoli, y la dieron a conocer a un amplio público de visitantes, espectadores, turistas locales, nacionales e internacionales.

La producción musical, y más concretamente la operística, se puso también al servicio de la cimentación de comunidades nacionales articuladas alrededor de gustos estéticos y miradas culturales compartidas. Más allá de los marcos de referencia nacional, de igual forma la ópera, con la proliferación de salas de conciertos y la programación extendida por Europa y Norteamérica, asume una función globalizadora de los valores occidentales. Dos ejemplos, sólo aparentemente contrapuestos, ilustran sobre estos usos. Giuseppe Verdi, asentándose sobre la tradición definida por G. Bellini y G. Donizetti, estrena en la década de los cincuenta Rigoletto y La Traviata. Dota, con ellas, a la ópera de un sentido nuevo, capaz de conectar con las expectativas de la sociedad burguesa, de sintonizar con el universo popular y de expresar los anhelos compartidos de construcción nacional. El exilio parisino le permite entroncar con los cánones propios de la gran ópera francesa y culminar su trayectoria, a finales de los sesenta y primeros setenta, con Don Carlo y Aida. Si en la primera acomete problemáticas como la salvaguarda del honor, la soberanía de la nación, la crítica a la Iglesia e incluso el conflicto generacional, la segunda le permitirá celebrar la inauguración del Canal de Suez y ofrecer a Occidente una de las piezas fundamentales en la codificación de la necesaria mirada orientalista en los albores de un nuevo ciclo imperialista. El Otello final, estrenado en el Milán de 1887, le permite retomar el legado clásico de la cultura occidental y proponer una relectura, adecuada a los gustos de la época, de los grandes temas de siempre.

El contrapunto inevitable será Richard Wagner. En la década de los cincuenta, bajo el impacto de la revolución y la frustración de las esperanzas nacionales, compone su Tetralogía, El Anillo de los Nibelungos, que no podrá darse por concluida hasta 1871. La obra de arte total, alternada con otras producciones wagnerianas, se pone al servicio de recreación de una mitología que permita sostener el sentimiento nacional. Dioses, semidioses, gigantes, héroes y mortales se entrecruzan, en una serie de piezas que recurren a complejos recursos armónicos para ahondar en reflexiones filosóficas y religiosas a propósito de la fe, la redención y el ser humano.

El agotamiento de la razón (1890-1914)

JORDI CASASSAS

Debe aceptarse todo lo que la creación cultural y artística tiene de espontánea, individual e irrepetible. Pero, al mismo tiempo, no podemos desligar completamente el acto creativo de los grandes estímulos de época. El escritor simbolista belga Émile Verhaeren, fundador del grupo nacionalista La Jeune Belgique (poco después decantado hacia posturas antiparlamentarias), en Les rythmes souverains (1910) afirmaba incluso la generalización europea y la uniformización de estos estímulos: «Desde hace un siglo, Europa se está convirtiendo en una unidad. Hoy ya no es posible ser un francés, un alemán o un escandinavo. Se ha formado una raza continental, una raza compuesta en consonancia más con el futuro que con el presente».

Existen tendencias culturales que se explican por las circunstancias del momento: así, por ejemplo, la irrupción del «japonismo» en el arte europeo finisecular coincidiendo con la irrupción con fuerza del Japón en la historia mundial del periodo. En otras ocasiones, la particular dinámica del momento estimula la aparición de algunas creaciones e incluso de verdaderas disciplinas. Tal es el caso, de forma muy sobresaliente, de la sociología, que se convierte ahora en disciplina sistemática y supera las aportaciones de los pensadores sociales de unas décadas antes.

Las causas de esta aparición debemos buscarlas en una Europa occidental donde se desintegran a ojos vistas las sociedades rurales tradicionales; donde los efectos de una industrialización creciente producen cambios sustanciales y grandes concentraciones de individuos con problemas radicalmente nuevos; donde los Estados se tecnifican, crecen y se dotan de crecientes estructuras administrativas; donde la vida política se codifica (partidos, sindicatos, programas, campañas electorales, etc.) y debe adaptarse a las nuevas exigencias del sufragio universal masculino. Movida por estos estímulos, no debe extrañarnos que en Alemania —que en su parte occidental ha experimentado la mayor y más rápida transformación del continente— esta sociología moderna halle su mayor expresión.

Siguiendo los pasos de predecesores como Friedrich Tönnies o George Simmel, podemos destacar a Robert Michels, analista de las grandes estructuras sindicales y de los procesos de burocratización de las estructuras políticas (gran auge de la socialdemocracia). La máxima expresión de la disciplina la hallamos en Max Weber, analista, entre otros, de la autoridad y del liderazgo político, de los procesos de burocratización de las sociedades contemporáneas o del tedio social que se produce en las sociedades modernas, donde la espontaneidad o la misma libertad se sacrifican en favor de la eficacia. Una de sus aportaciones más relevantes fue el largo artículo La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1904-1905) donde explicó de qué forma las ideas religiosas intervienen, junto a los estímulos de la vida cotidiana, en la creación de los grandes «estilos de vida».

Otros grandes sociólogos de los años iniciales del siglo XX fueron los franceses Emile Durkheim y Georges Sorel. El primero de ellos (de los pocos intelectuales de este convulso fin de siglo recalcitrante defensor de la democracia) destacó por sus estudios sobre las relaciones entre el individuo y las sociedades en las que desaparecen los lazos de solidaridad tradicionales; entre sus aportaciones sobresale la definición de la «anomia», la intranquilidad que se genera en el individuo dentro de estas sociedades modernas. Por su parte, Sorel —muy influido por Bergson— aportó la perspectiva del irracionalismo al análisis del marxismo (religiosidad, pasión revolucionaria) y de las maquinarias altamente politizadas de los modernos partidos y sindicatos. También podemos destacar al italiano Vifredo Pareto, analista de las formas de autoridad en las sociedades modernas, con especial énfasis en el poder de las elites.

Otro de los grandes condicionantes de época que ayudan a explicar los procesos creativos culturales debemos buscarlo en los espacios de la creación, las grandes ciudades que agrupan a intelectuales y artistas y que sirven de caja de resonancia desde la que se irradian gustos y tendencias. Es el ambiente que narra con maestría y algo de nostalgia pedante Stefan Zweig, El mundo de ayer. Recuerdos de un europeo (póstuma, 1944), la crónica de una agonía que en ocasiones quiso ser hasta brillante. París siguió siendo la principal capital cultural continental, una «segunda patria» para muchos artistas y literatos; no tardarían en salirle grandes competidoras, como Berlín, considerada la capital de la cultura moderna.

Con todo, puede que a fines de siglo la capital cultural más significativa sea Viena, la vieja capital del Imperio, cuya esplendorosa decadencia explicará el magistral y nostálgico Joseph Roth, La marcha de Radetzky (1932) a través de las peripecias de las tres generaciones de la familia Trotta. Por el hecho de tratarse de la capital de un Imperio tan vasto como heterogéneo, en Viena se reunieron creadores de todo tipo, con nacionalidades, religiones y lenguas distintas pero con una matriz germánica común; además, la corte imperial, con su misticismo y sus dramas familiares confería un sentimiento trágico y contradictorio que contrastaba con la modernización que iba experimentando la ciudad. Toda esta acumulación de gentes y tensiones, de ansiedades y angustias generó un clima (explicitado en los llamados cafés literarios) muy propicio para la creación cultural y la reflexión teórica. A Viena se la conocería como el «laboratorio de la modernidad», como sinónimo del parto doloroso del siglo XX, vivido por muchos de sus protagonistas con escaso optimismo.

El escritor Rober Musil explicaría todo este ambiente en El hombre sin atributos (1930). En 1897 se ha fundado el movimiento de la «Secesión», Viena se convierte en una de las grandes capitales europeas del Jügenstyle (modernismo); donde sobresale la obra pionera de arquitectos como Otto Wagner, Adolf Loos o Josef Hoffmann; donde brillan pintores como Klimt (conocido como el pintor del subconsciente), Schiele o Kokoschka; donde aparece la «disonancia» (1911) precedente de la revolución musical dodecafónica de Arnold Schoenberg (que a las puertas de la Gran Guerra compone una sinfonía dedicada a la muerte del «dios burgués»), o de Gustav Mahler (el gran director artístico de la Ópera de Viena); o donde aparece la obra revolucionaria de Sigmund Freud, en la que se encumbra el valor interpretativo de la irracionalidad y del inconsciente para entender los comportamientos humanos.

El intelectual y la angustia creadora

El poeta vienés Hugo von Hofmannsthal, en 1905 hablaba de la angustia de los intelectuales, de la suya propia: «Debemos despedirnos de un mundo antes de su derrumbe; muchos ya lo saben y un sentimiento indefinible los convierte en poetas.» En esta consigna se encerraba la clave del pensamiento europeo finisecular, su rechazo de la razón y la ciencia como claves para entender la realidad y su refugio en el subconsciente y en la voluntad, esto es, en la poesía.

Quizás uno de los rasgos más característicos de estos años que anteceden la Gran Guerra sea el particular comportamiento público de los intelectuales y la gran difusión que los mass media hacen de su producción y de su actuación. En su lugar quedó explicado el origen de esta «aparición» de los intelectuales, alrededor del conflicto del affaire Dreyfus que sacude a la Francia de la Tercera República: se trata de la presencia pública del intelectual, con unas implicaciones políticas de las que pronto nadie va a dudar. Pero en sus tareas creadoras, este intelectual está protagonizando un proceso de radical alejamiento respecto de su sociedad. Se trata de una separación, angustiada y crítica, que contrasta a menudo de forma violenta con la Belle Époque, con el desbocado optimismo burgués confiado en que ya no existen cortapisas a su dominio geográfico, tecnológico, material y cultural del mundo.

En el cuarto de siglo que rodea 1900, la cultura europea va a experimentar una fiebre creadora sin precedentes. Sin embargo, se trata de alta cultura que tan solo impactará sobre capas más amplias de la población tras el drama colectivo y la profunda fisura que representa la Gran Guerra. En sus mismos orígenes, este encumbramiento elitista de los intelectuales que se identifica peyorativamente con la sinrazón será duramente criticado por el literato socialista alemán Max Nordau en su obra Degeneración (1892, al año siguiente traducida al francés): se trata de intelectuales, literatos y pintores que son descritos como críticos degenerados, tan solo obsesionados por el sexo, cuya producción no logra sus perversos objetivos disolventes gracias al buen criterio del gran público, que hace caso omiso de estas extravagancias.

El alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900) fue quien se identificó primero y mejor con esta posición crítica de los intelectuales frente a la decadente sociedad burguesa, por creerla anclada en sus prejuicios, egoísmo y materialismo. Para él, la decadencia de la sociedad occidental, que denigra por mediocre, se debía al exceso de razón y a la subsiguiente pérdida de intuición, pasión y voluntad (El origen de la tragedia, 1872, y Humano, demasiado humano, 1878). Su afirmación de que «Dios ha muerto» dejaba un enorme vacío al que tan solo podía enfrentarse un «superhombre» ajeno a la mediocridad general. Puede que su obra cumbre sea el largo poema Así habló Zaratustra (1883), donde a través de imágenes poéticas explica su profunda crítica hacia el hombre-masa moderno.

La obra de Nietzschte tuvo un éxito rápido y resonante; incluso se difundieron a fragmentos en revistas y periódicos de amplia tirada. En Francia tuvo un éxito parecido Henry Bergson; a través de sus resonantes conferencias expuso su filosofía de la «fuerza vital» (La evolución creadora, 1908); utilizando asimismo bellas imágenes poéticas que según él permitían un conocimiento más completo que el cientificismo y la racionalidad; pensaba que la ciencia, con su pretensión de ofrecer conocimientos completos, alejaba al individuo de la realidad (gran crítica al positivismo), de la misma forma que el tiempo físico poco tenía que ver con el de la experiencia vital. En una línea parecida destacó Edmund Husserl y su «fenomenología» o el estudio sobre de qué manera llegan los conceptos y la propia realidad a la mente humana.

La irracionalidad, el inconsciente, el lenguaje poético o las mismas formas de religiosidad se convirtieron en las claves culturales de este fin de siglo. A partir de 1890, el médico vienés Sigmund Freud aportó la perspectiva científica (clínica) con sus estudios sobre la psique y puso en circulación conceptos como el inconsciente, la represión, los complejos, etc., que no tardarían en adquirir una gran popularidad. En su obra La interpretación de los sueños (1901) consolidó el estudio de los sueños como una forma de conocimiento al tiempo que como terapia. Con su discípulo Carl Jung (con el que más adelante rompería), en 1910 creó la Asociación Psicoanalítica Internacional, el vehículo a través del cual su método adquirió notoriedad internacional, especialmente con su difusión en Estados Unidos.

Todas estas teorías influyeron poderosamente en el campo de la creación literaria, con el grupo de los poetas simbolistas, de los denominados decadentistas o, en general, con los literatos que denunciaron la mediocridad ambiente. Con ellos, la denominación «fin de siglo» perdió la anterior perspectiva optimista, como sinónimo de modernidad, y se convirtió en equivalente de confusión y caos, de desencanto para con la decadente sociedad burguesa, que se critica en nombre del valor heroico superior del creador de cultura o de arte (algo así como una recuperación del héroe romántico). El poeta simbolista irlandés W. B. Yeats hablaba de la «revuelta del alma contra el intelecto», asegurando que tan sólo el arte permitía el acceso a la conciencia.

De entre la multitud de literatos que a fines del XIX personifican esta postura intelectual crítica y de denuncia de la artificiosidad, injusticias y decadencia de la sociedad burguesa podemos destacar tres ejemplos, de innegable resonancia. El escritor ruso Tolstoi (1828-1910), que en 1867 había iniciado la publicación de Guerra y Paz, y consolidó un prestigio que rebasó las fronteras rusas para convertirse en mundial. Tolstoi cuestiona los fundamentos de la existencia individual hallando la respuesta en una religiosidad esencial que le convirtió en una especie de profeta laico y que le valió la excomunión por parte de la Iglesia ortodoxa (1891).

En un registro muy distinto, el inglés Oscar Wilde (1854-1900) se alineó con el decadentismo para luchar contra la realidad que le rodeaba y que consideraba excesivamente vulgar. Su propuesta vital y artística fue el «dandismo» y la artificiosidad en las formas; con su obra El retrato de Dorian Gray (1891), consolidó su fama de trasgresor y escandaloso, que acabó incomodando a la tradicional respetabilidad victoriana cuando saltó a la luz pública su condición de homosexual.

Finalmente, el dramaturgo noruego H. J. Ibsen (1828-1906), quien ante las críticas de sus conciudadanos terminó viéndose forzado a emigrar a Italia y Alemania. Fue aquí donde consolidó su fama internacional, especialmente cuando superó una primera fase romántica e historicista. Con obras como Casa de muñecas (1879) o Un enemigo del pueblo (1882) impactó entre la intelectualidad por la fuerza de su crítica a los convencionalismos y a las maldades implícitas en la sociedad burguesa. En 1891 se estrenó en Londres su drama Espectros (1881), que a los intelectuales del momento les pareció comparable al teatro clásico, pero que se pidió fuera prohibida en nombre de la decencia pública.

A principios del siglo XX se llegó a hablar de una «generación de 1905», por el año de aparición en Francia de la pintura cubista y del expresionismo en Alemania. Entre las pinturas impresionistas de fines del XIX y la formulación de los «ismos» (como el futurismo, a partir de 1909) se había consumado el rompimiento de las normas clásicas y de las perspectivas newtonianas. El artista se muestra crítico con los convencionalismos y pretende expresar el alma de las cosas, no su aspecto externo. Su obra es tildada de provocadora y a la mayoría le va a costar mucho introducirse en el mercado artístico.

CIENCIA Y TÉCNICA

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX (1848-1914)

SANTIAGO RIERA I TUÈBOLS

CIENCIAS NATURALES: GEOLOGÍA Y BIOLOGÍA

La geología a principios del siglo XIX

Es cosa sabida que, en la segunda mitad del siglo XIX, la teoría científica que más impacto causó, tanto en el desarrollo posterior de las ciencias biológicas como en la sociedad, fue el darwinismo. Por ello le dedicamos una atención preferente.

Charles Darwin nació en el año 1809, cuando se discutía con fervor sobre la edad de la tierra y, en consecuencia, sobre la transformación que ésta había sufrido en el transcurso del tiempo.

En el área de lo que hoy llamamos geología había dos grandes teorías que dividían a los que se dedicaban a estudiar la formación del planeta: la neptuniana, defendida ardientemente por Werner, y la plutoniana, argumentada por Hutton.

Abraham Werner (1749-1817) provenía del campo de la minería y llegó a ser director de la Escuela de Minas de Freiberg desde 1775 a su muerte. Werner sostenía que las rocas se habían formado por cristalización, por precipitación o por sedimentación en un océano primitivo que cubría toda la Tierra, y ello le llevaba a rechazar que los volcanes, en el interior de los cuales se creía entonces que se producía la combustión del carbón que albergaban las entrañas de la tierra, constituyeran una fuerza geológica importante. Esta teoría presentaba un grave inconveniente: no daba una explicación plausible de la desaparición del océano primitivo.

Frente a esta escuela se alzó James Hutton (1726-1797), un aficionado de Edimburgo que defendía la actividad de las fuerzas geológicas que podemos contemplar en la actualidad como factor importante de modificación de nuestro planeta; en otras palabras, hacía hincapié en la importancia del calor interno de la Tierra como factor geológico significativo. Para Hutton, el interior de la Tierra contiene lava fundida, presionada por el peso de la corteza sólida y por el peso de los océanos, que pugna por salir a la superficie a través de los volcanes. Es esta lava, decía, la causante de la inclinación de los estratos sedimentarios. Además, rocas como el basalto y el granito —rocas cristalinas— no eran más que la solidificación de la lava. Hutton opinaba que para que tales fuerzas dieran origen a las cordilleras y, así, modificaran la Tierra, hacía falta un periodo de tiempo muy grande, mayor del que se había considerado hasta entonces. Hutton recopiló estas ideas en el libro Teoría de la Tierra, de 1795.

Si bien Adam Sedgwick (1785-1873), en Cambridge, y William Buckland en Oxford, se declaraban neptunistas, Charles Lyell (1797-1875), discípulo de Buckland, tomaba el camino que había iniciado Hutton, lo profundizaba y completaba, dándole la unidad que le faltaba a la teoría vulcanista. Con su perspicaz y aguda percepción, Lyell, a más de incorporar y explicar la acción de diversos factores geológicos como la erosión, alargó notablemente la edad del planeta Tierra. Todo ello lo explicaba en su obra Los principios de la geología, publicada entre los años 1830 y 1833, un intento de explicar los cambios de la superficie de la Tierra recurriendo a todas las causas operantes. No es de extrañar, pues, que Lyell recibiera críticas mordaces, pero su obra permaneció como una de las aportaciones principales de la ciencia en el diecinueve. Y, además, inspiró a Charles Darwin.

Charles Darwin. La teoría de la evolución

Sin poder considerarlo un antecedente en el sentido estricto de la palabra, Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) merece ser citado porque contribuyó a introducir en el ambiente el concepto de variación (más que de evolución). Saint-Hilaire pensaba que la estructura de los animales podía variar, es decir, podía experimentar cambios y transformaciones.

Su gran rival, Georges Leopold Cuvier (1769-1832), fundador de la anatomía comparada y de la paleontología, afirmaba que el reino animal se componía de cuatro grandes grupos: 1) los moluscos (mollusca); 2) las estrellas marinas (radiata); 3) los insectos (articulata), y 4) los animales con columna vertebral (vertebrata). Cada especie, según Cuvier, había sido creada y adaptada a su ambiente, de tal manera que si variaba de hábitat, los individuos de dicha especie perecían (en ningún caso evolucionaban).

En cambio, Saint-Hilaire, impregnado de la Naturphilosophie de Goethe y Oken, creía, como Owen en Inglaterra, en una unidad de tipo que respondía a las formas ideales de la naturaleza. Sobre esta base, aseguraba que las estructuras animales podían cambiar dando lugar a variantes diferentes.

Es obvio que las dos maneras de pensar, la de Cuvier y la de Saint-Hilaire, habían de chocar. Y así fue, de tal manera que en el mes de julio de 1830 los dos científicos mantuvieron un debate público durante el cual cada uno de ellos defendió sus ideas con convicción e incluso con pasión. Se puede decir, sin que sea plenamente asumido, que Cuvier salió vencedor del lance y por ello las ideas de Geoffroy quedaron congeladas. (En realidad, el enfrentamiento había constituido una polémica entre la interpretación estructural idealista de Geoffroy y las ideas funcionales de Cuvier).

Sin embargo, los libros de texto identifican concretamente el primer antecedente evolucionista con las teorías de Erasmus Darwin (1731-1802), abuelo de Charles Darwin, y, muy especialmente, de Jean Baptiste Lamarck (1744-1829).

Respecto a Lamarck, baste con decir que fue nombrado botánico del Rey en 1781 y ocupó una plaza de ayudante en el Jardin du Roy, más tarde Jardin des Plantes, en 1788. Titular de la cátedra de zoología de invertebrados (1793), discutió con ardor con Georges Cuvier que apoyaba la teoría de las catástrofes para explicar la desaparición de algunas especies y, asimismo, la aparición de otras; de vez en cuando se producían sucesos catastróficos, aseguraba, que significaban la desaparición de algunas (especies), dando ocasión a Dios de crear otras nuevas; se trataba de un catastrofismo creador, o creacionismo, como también se lo conoció.

Lamarck adujo, en cambio, por una parte, la acción del medio que producía mutaciones que se transmitían a los descendientes, pero también, por otra, cambios de hábitos que obligaban a un mayor o menor uso de determinados órganos, cambios que pasaban, asimismo, a la descendencia. Este enfoque constituye lo que se llama teoría de los caracteres adquiridos. Es famoso el ejemplo de la jirafa: el hecho de buscar los brotes tiernos altos en los vegetales, puesto que los más bajos desaparecen con rapidez, la obliga a estirar el cuello y, por tanto, adquiere, a lo largo de generaciones, un largo cuello.

En su obra más importante, Zoología filosófica (1809), postulaba un origen común de todas las especies.

Como hemos dicho más arriba, otro personaje, Erasmus Darwin, abuelo de Charles y médico de profesión, avanzó la idea de un origen común a todos los organismos vivos, incluyendo los vegetales, la llamada célula protogenia (Zoonomía, 1794).

En resumen, se trata de los precedentes de la teoría de la evolución darwiniana.

Darwin y el darwinismo

Charles Darwin (1809-1882) empezó los estudios de medicina en la Universidad de Edimburgo pero muy pronto abandonó y se trasladó a Cambridge para iniciarse en los estudios eclesiásticos. En la universidad inglesa conoció a Adam Sedgwick, profesor de geología, con quien Darwin estableció una amistad que duraría hasta su muerte a pesar de que no aceptó nunca las teorías darwinianas de la evolución.

La integración de Charles como naturalista en la expedición del Beagle, que zarpó de Inglaterra (Portsmouth) en diciembre de 1831, marcaría de manera definitiva su vida. El viaje, que le llevó inicialmente al Brasil, le permitió recorrer la costa argentina, donde visitó el depósito de fósiles de Punta Alta, pasar al Pacífico y recorrer, ahora de Sur a Norte, la costa chilena. Frente a ella contempló un terremoto, el 20 de febrero de 1835, con el correspondiente tsunami, que le dejó sumamente afectado. Posteriormente el Beagle recaló en las islas Galápagos y lo que observó allí fue decisivo para la confección posterior de la teoría de la evolución.

De nuevo en Inglaterra, empezó a estudiar el cuantioso material que había recogido y a compararlo con sus impresiones, de manera que, paso a paso, fue modelando la idea de que las especies no son inmutables. A pesar de que en el año 1842 publicó Arrecifes de coral, los días, meses y años transcurrieron elaborando y dando forma a su obra sobre la evolución de las especies.

Sin embargo, en 1858 sucedió algo sorprendente. Alfred Rusell Wallace (1823-1913), que ya se había sorprendido por las diferencias observadas en algunas especies, llegó a las mismas conclusiones que Darwin como resultado de las observaciones realizadas durante su viaje por Malasia e islas adyacentes. Wallace sabía que Darwin trabajaba en el tema y desde Borneo le envió un resumen de sus ideas evolutivas.

Cuando Darwin recibió el escrito, quedó sumamente sorprendido y lo envió a Lyell, con quien mantenía un estrecha amistad, y a J. D. Hooker (1817-1911). El problema ético quedaba planteado: ¿publicaría Darwin su teoría antes de que las ideas de Wallace se extendieran y con ello quedaría él, Darwin, como único autor de la teoría que había de revolucionar la biología e incluso el mundo? ¿O bien Darwin tendería la mano a Wallace y juntos publicarían las bases de la nueva ciencia de la evolución? La solución fue mixta: el artículo de Wallace se publicó en el Journal Proceedings of Linnean Society junto a otro escrito de Darwin y todo ello firmado por ambos (por orden alfabético) y precedido por una nota de Lyell y Hooker. Era indudable, visto hoy con perspectiva, que Darwin temió que los 23 años transcurridos desde la llegada del Beagle fueran en vano por el simple hecho de que Wallace se le anticipara. Así lo demuestra el hecho de que se apresurara a publicar El origen de las especies, obra que vio la luz al año siguiente, en 1859. Realmente, hubiera sido justo que Wallace reclamara más protagonismo, pero el naturalista inglés era un admirador de Charles Darwin y jamás opuso resistencia a que el nombre de su compatriota se impusiera al suyo en la historia del descubrimiento de la importante teoría biológica de la evolución.

Veamos ahora, sucintamente, en qué consistía la teoría de la evolución de Darwin.

Darwin, que daba vueltas a la idea de la evolución de las especies desde que efectuara el viaje alrededor del mundo con el Beagle, concretó su teoría cuando leyó la obra de Robert Malthus, Un ensayo sobre el principio de la población, en la que éste argumentaba que la población aumenta en proporción geométrica mientras que el sustento sólo lo hace en proporción aritmética; de donde deducía que los aumentos en materia alimenticia eran insuficientes, de tal manera que a los períodos que contemplan aumentos de población prosiguen otros de hambre que, en definitiva, restablecen el equilibrio. Charles Darwin interpretó este hecho considerando que los individuos que sobrevivían eran los más aptos —y esto es importante— en el proceso de adaptación al medio.

De hecho, Darwin consideró que el árbol genealógico, ramificado, de las especies, partía de orígenes comunes y contemplaba extinciones y supervivencias que llenaban, estas últimas, el teatro orgánico de la vida que le fue dado contemplar. Además, subrayaba, las especies más prolíficas son las que presentan más variedades, las cuales se convierten en especies cuando desaparecen las formas intermedias.

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Cómo se produce esta adaptación al medio? La respuesta no es complicada: los seres vivos sufren mutaciones al azar; si éstas son desfavorables para la supervivencia (la adaptación), los seres que las han sufrido desaparecen a la larga, pero si son favorables, los privilegiados son «premiados» y su descendencia se impone en la población (comunidad). Resumiendo: para Darwin, la selección natural hace el papel de creador en la Naturaleza. Nuestro hombre sabía que su argumentación plantearía problemas serios a las teologías religiosas al uso y procuró no enfrentarse personalmente con las creencias religiosas. Por él lo hicieron sus adeptos, destacando Thomas H. Huxley (1825-1895), que llegó a ser apodado «el buldog de Darwin» por su entusiasmo y agresividad en la defensa de la teoría de la evolución. Otros se opusieron a las teorías darwinianas, como, por ejemplo, Richard Owen, director del Museo de Historia Natural de Kensington, que polemizó ácidamente con el mismo Huxley, o el obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, e incluso el político William Gladstone. (Por lo que atañe a la polémica con Wilberforce, éste le preguntó en una ocasión si descendía de un simio por parte de abuelo o de abuela, a lo que el interpelado contestó diciendo que prefería tener un antepasado que fuera un simio a un humano que empleaba sus dotes para oscurecer la verdad.)

Fruto de esta prevención a herir susceptibilidades fue la demora del libro en que aplicó la teoría de la evolución a la especie humana, El origen del hombre, que no se publicó hasta el año 1871.

Por otra parte, Charles Darwin desconocía los secretos de la transmisión de las variaciones que sufrían las especies a sus descendientes. Fue un monje austríaco, Georges Mendel (1822-1884) quien, con sus experimentos con guisantes, comenzó a establecer las bases de la ciencia que hoy conocemos como genética.

La fusión de la genética —cuyo desarrollo en el siglo XX ha sido sencillamente espectacular— con la clásica teoría de la evolución darwiniana, constituye el neodarwinismo actual.

El darwinismo social y la eugenesia

Hacia finales del siglo XIX, Francis Galton (1822-1911), primo de Charles Darwin, tomando como ejemplo los éxitos obtenidos por los ganaderos en la mejora cualitativa de determinadas razas de animales domésticos, empleó por primera vez la palabra eugenesia para definir un método eficaz cuya finalidad no era otra que la de mejorar la raza (decía él) humana. Así, en su obra Inquiries into human faculty and its development (1883), definía la eugenesia como «la ciencia de la mejora de la decadencia […] que, particularmente en el caso del hombre, se ocupa de todas las influencias susceptibles de conceder a las razas mejor dotadas un mayor número de posibilidades de prevalecer sobre las razas menos buenas».

En el fondo, sin embargo, mejorar la raza implica de alguna manera eliminar o impedir (poner trabas en la solución más suave) la procreación de los menos favorecidos, es decir, los «tarados». Ello dio lugar a dos clases de eugenesia: la positiva y la negativa: la primera se propone mejorar la raza, mientras que la segunda, proponiéndose el mismo fin, considera la eliminación de las pretendidas razas inferiores. Para poner un ejemplo relativamente cercano, los nazis se proponían mejorar la raza aria (eugenesia positiva) pero también eliminaron, o lo intentaron, a los judíos y los gitanos (eugenesia negativa).

Puede decirse sin temor a equivocarse que la eugenesia blanda (positiva) no deja de separar a los individuos en buenos y malos, una distinción que indefectiblemente acarrea consecuencias negativas para los malos. Dicho de otra manera, una eugenesia positiva siempre va en detrimento de alguien. (Como veremos más adelante, le genética moderna ha dado un cariz eugenista al mundo actual que ha acentuado, en contrapartida, el debate ético en este campo.)

La eugenesia deriva en cualquier caso, de una manera clara la negativa y más sutilmente la positiva, hacia el racismo. Ronald A. Fisher, entusiasta eugenista, publicó en 1930 The genetical theory of natural selection, que dedicó a Leonard Darwin, primogénito de Charles Darwin y presidente de la Sociedad para la educación eugenésica entre 1911 y 1928. El pensamiento de Fisher se centraba en una aseveración falsa: que los ciudadanos más reputados eran los más dotados y pedía programas de protección para las familias de mayor poder adquisitivo; por otra parte, creía que los no (o menos) aptos debían esterilizarse para impedir su reproducción.

Por supuesto, Fisher no fue el único que llegó a tales extremos. No vamos a confeccionar una lista de eugenistas pero sí puede ser significativo que Julian Huxley, nieto de Thomas H. Huxley (el portaestandarte del darwinismo en vida de su creador), biólogo y primer director general de la UNESCO, fue un eugenista entusiasta y en su obra Essai d’un biologiste, afirma que «cuando la eugenesia llegue a ser una práctica normal estará plenamente consagrada a la elevación de la media, modificando la proporción de buen y mal linaje, y, si cabe, eliminando las capas más bajas en una población genéticamente mezclada».

Que de la eugenesia al racismo sólo hay un paso (pequeño) lo prueba el hecho de que Charles Richett, premio Nobel de medicina, aseguraba en La Sélection humaine (1919), que «habrá que evitar cualquier mezcla de razas humanas superiores con otras inferiores» y no comprendía «mediante qué aberración se puede asimilar un negro a un blanco».

Alexis Carrel, otro premio Nobel de medicina, en una obra de un éxito espectacular, L’homme et l’inconnu (1935), consideraba errónea la teoría de la regeneración social y aconsejaba el castigo para los seres «inútiles y depravados»; para los homicidas y los que habían perpetrado robo a mano armada, no quedaba otra solución que la eliminación.

En último término —para no alargarnos en demasía— Mc Farlane Burnet, en los años setenta del siglo XX, aseguraba que era posible crear castas humanas diferentes, clasificadas entre un extremo superior y otro inferior.

Algunas de estas ideas, como ya hemos apuntado más arriba, fueron practicadas por los nazis, tanto para conseguir una raza aria perfecta como para eliminar a judíos, gitanos y otros sectores de población considerados inferiores.

Otra cuestión, diferente pero emparentada con la eugenesia, es el darwinismo social.

Hay que decir que Darwin se había fijado en la ganadería y la mejora que se había obtenido de ciertas razas de animales. Admitía que a nadie se le ocurre favorecer la proliferación de animales débiles (débiles en el sentido de su finalidad: vacas que producen menos leche, pollos más delgados, etc.). Admitía también que los miembros degradados de la comunidad humana se reproducían más rápidamente de lo que era de desear; pero aceptaba la «compasión» y la ayuda a los más débiles asumiendo la situación de mezcolanza, quizás pensando y confiando en la selección natural. Digamos, para completar su retrato moral, que Charles Darwin se opuso a la esclavitud, fue un juez indulgente cuando tuvo ocasión, hizo campaña sobre los abusos que se producían en el trabajo infantil y practicó la filantropía. En ningún caso puede clasificársele en otro grupo que no sea el científico, es decir, en el campo de la ciencia biológica.

Del darwinismo natural surge el darwinismo social que confía en el laissezfaire propio de la naturaleza y en la competencia de individuos en la «lucha por la vida» —una expresión que Darwin nunca usó— para conseguir la supervivencia de los más aptos. La diferencia teórica con la eugenesia es concreta: el darwinismo social confía en el curso natural de los acontecimientos (en todo caso lo favorece y estimula) mientras que la eugenesia requiere la acción humana decidida para forzar el proceso y la consecución «rápida» de la mejora de la especie. No obstante, el respaldo ideológico que necesita la eugenesia se lo proporciona, sin duda alguna, el darwinismo social.

Su representante más genuino fue Herbert Spencer (1820-1903), el primero en aplicar la teoría de la evolución a la sociedad humana y el primero, también, en dar a la palabra evolución una finalidad de perfección. Cabe remarcar que Spencer, en su teoría evolutiva de la humanidad, expone que la etapa más crucial es el paso a una sociedad industrial, cambio que él vive y no de una manera neutral. He aquí la íntima relación de su pensamiento con el capitalismo burgués que se imponía en la llamada Revolución industrial.

LA FÍSICA

El final del siglo XIX

LA ELECTRICIDAD

En 1820, Hans Christian Oersted (1777-1851) descubrió que una corriente eléctrica desviaba la aguja magnética. Unos años más tarde, concretamente en 1831, Michael Faraday (1791-1867), ayudante de laboratorio en la Royal Institution de Londres, descubrió a su vez que cuando se movía un hilo conductor en un campo magnético se engendraba una corriente. Este hecho abría las puertas a los generadores de electricidad, pero hubieron de pasar cuarenta años para encontrar un generador eficiente: fue finalmente Z. T. Gramme quien lo presentó en la Exposición de Viena de 1873.

El lector puede preguntarse por qué esta tardanza. Para contestar la cuestión sería necesario recordar la inercia de los sistemas técnicos que han de sustituirse. En el caso que nos ocupa, el gas proporcionaba una iluminación suficiente y la máquina de vapor la energía requerida en la industria y en los transportes. El sistema energético basado en el carbón resistía, pues, sin excesivas dificultades. Sólo cuando se disparó el crecimiento de la demanda de energía, el antiguo sistema empezó a resquebrajarse; la solución, hasta entonces en hibernación, es decir, la electricidad, estaba al alcance de la mano y así fue como pronto tomó la delantera en un mundo que se industrializaba a marchas forzadas.

La bombilla, que permitió que la electricidad iluminara los espacios que hasta entonces había iluminado el gas, fue una obra de Joseph W. Swan (1828-1914) y de Thomas A. Edison (1847-1931) casi simultáneamente. El problema de cómo iluminar un espacio (privado o público) quedaba resuelto a principios de la década de los años ochenta.

Desde luego hubo otros problemas, el principal de los cuales fue el transporte de energía eléctrica desde el lugar donde se generaba hasta el lugar donde se consumía. Pero la fabricación de transformadores que permitían elevar el voltaje antes de iniciarse el transporte y disminuirlo una vez en el lugar de consumo, resolvió lo que en principio parecía una complicada operación.

LA RADIO

Fue el físico escocés James Clerck Maxwell (1831-1879), profesor de filosofía natural en Londres y Cambridge, quien en 1867 estableció una teoría matemática sobre la naturaleza de las ondas electromagnéticas y al mismo tiempo de sus investigaciones se deducía que la electricidad y el magnetismo no pueden disociarse; Maxwell afirmó asimismo que la naturaleza de la luz era electromagnética. Sus teorías se encuentran expuestas en la obra Electricidad y magnetismo (1873). (Se ha dicho a menudo que sus famosas ecuaciones añaden un encanto estético a la rigurosidad matemática). Sin embargo, Maxwell nunca se preocupó de la verificación experimental de su teoría.

Correspondería a Heinrich Hertz (1857-1894), profesor entonces de la Hochschule de Karlsruhe, verificar experimentalmente en 1888 las predicciones teóricas de Maxwell. Hertz probó la existencia de las ondas electromagnéticas y además dejó bien claro que podían ser emitidas y recibidas adecuadamente mediante un oscilador y un receptor; así, pues, se hacía factible su uso para la comunicación. La telegrafía sin hilos tomaba visos de realidad. Quien primero lo consiguió fue Guglielmo Marconi (1874-1937), el 14 de mayo de 1897, logrando comunicar Lavernock Point y Breant Down, en el canal de Bristol. Unos años más tarde, concretamente en 1901, logró la primera transmisión transatlántica entre Cornualles y Massachusetts. Había nacido la radio.

LOS RAYOS X

Cuando nace y se desarrolla una rama de la física, como la electricidad, aparecen ramas en un principio secundarias, algunas de las cuales adquieren finalmente entidad propia. Veamos un ejemplo.

El físico alemán Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923), a la sazón director del Departamento de Física de la Universidad de Wurzburg, Baviera, trabajando con los rayos catódicos que se emitían al efectuar descargas a través de tubos que contenían gases enrarecidos (tubos que llevaban el nombre de Crookes, científico inglés que había comprobado la luminiscencia que aparecía en el cátodo al producirse las descargas) cayó en la cuenta de que del tubo brotaba una radiación invisible pero potente que atravesaba capas de papel gruesas e incluso materiales más consistentes. Los llamó rayos X, y a finales del año 1895 publicó sus primeras conclusiones sobre ellos. La aplicación de los rayos X en medicina fue muy prometedora y efectiva y cabe recordar que en un principio no se detectaron efectos secundarios nocivos.

LA RADIACTIVIDAD. LOS CURIE

Otro importante descubrimiento que corresponde a los primeros años del cambio de siglo fue el de la radiactividad, fenómeno que hay que incluir en la apasionante vía, entonces recién empezada, del estudio del átomo.

Maria Sklodowska (1867-1934), nacida en Varsovia, estudió en París, entonces uno de los centros científicos más importantes de Europa. Allí conoció a otro químico, Pierre Curie (1859-1906), con quien se casó.

Juntos descubrieron que el uranio emitía radiaciones, cosa que Becquerel ya había consignado. Fue Maria quien bautizó este proceso de emisión con el nombre de radiactividad: los elementos radiactivos emiten naturalmente una potente radiación y se transforman en otros elementos. (Alguien ha visto en este proceso la confirmación de la transmutación de la materia que tanto interesó en épocas pasadas.) En diciembre de 1898 detectaron un nuevo elemento, prodigiosamente radiactivo, el polonio, muy difícil de obtener en cantidades apreciables. Como sea que la existencia del polonio no explicaba la intensa radiactividad del mineral con que trabajaban, prosiguieron su trabajo hasta descubrir el radio. En 1902 habían conseguido reunir, tras esfuerzos ímprobos, aislar e identificar el preciado elemento. Por los trabajos realizados en el campo de la radiactividad, Pierre y Marie compartieron el Nobel de 1903 con Becquerel. Muerto Pierre Curie en un accidente, Marie continuó sola las investigaciones que había iniciado con su marido. Recibió el premio Nobel de Química en 1911 por el descubrimiento de dos nuevos elementos.

Durante la I Guerra Mundial se hizo cargo de una unidad móvil de rayos X y, posteriormente, dirigió el Instituto del radio en París.

Murió de leucemia por la exposición continua a la radiactividad de los elementos que estudiaba. Hoy es un portaestandarte del feminismo pues fue la primera mujer catedrática en Europa, aunque le fue vedada la entrada en la Academia de Ciencias francesa.

EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA FÍSICA. MAX PLANCK

Max Planck (1858-1947), físico alemán, fue profesor de la Universidad de Kiel primero y de Berlín después, sustituyendo en esta institución a Gustav Robert Kirchoff (1824-1887) cuando éste murió y dejó libre la plaza que ocupaba.

Planck se dedicó a la termodinámica pero cuando abordó el estudio de la radiación del cuerpo negro, una cuestión que ya había atraído la atención de otros físicos, se dio cuenta de que las teorías clásicas eran insuficientes para dar una explicación satisfactoria del fenómeno.

La explicación del espectro del cuerpo negro obtenido con el espectroscopio por medio de fórmulas más o menos pragmáticas no le satisfizo y en la búsqueda de una explicación científica teórica, coherente y satisfactoria, se vio obligado a aceptar una hipótesis sorprendente: la luz, la radiación electromagnética, se propaga en forma discontinua, es decir, en forma de paquetes de energía, llamados quanta. La energía de un quantum viene dada por

E = h·ν

siendo ν la frecuencia y h una constante que lleva el nombre de Planck y que, posteriormente, se ha revelado como un valor fundamental en la esencia y existencia del universo.

El mismo Planck se mostró sorprendido de su hipótesis pero en 1905 Albert Einstein confirmó y dio explicación al llamado efecto fotoeléctrico, en el cual se pone de manifiesto que un fotón (un quantum de luz) arranca un electrón, hecho que no puede interpretarse de otra manera que no sea adoptando la discontinuidad de la radiación energética enunciada por Planck. Por la explicación del efecto fotoeléctrico Einstein recibió el Premio Nobel en 1921.

La cuantificación de la energía abrió nuevos horizontes a la física pero en muchos aspectos parecía contradecir a la física clásica. Dicho en otras palabras, la cuantificación de la energía abría la puerta de un nuevo paradigma científico. Planck se asustó y se recluyó de nuevo en la termodinámica clásica, cosa que prueba que el hecho de estar educado en un paradigma pronto a ser sustituido, crea una resistencia efectiva (inercia) a aceptar el nuevo. Pero la puerta quedó abierta para otros que exploraron nuevos espacios como veremos más adelante (véase el capítulo dedicado a la Física cuántica).

Sin embargo, no debe silenciarse que Max Planck —Premio Nobel en 1918— se convirtió en el padre de la física alemana en unos tiempos agitados que comprendieron las dos guerras mundiales del siglo XX. Cuando murió era un científico venerado.

ALBERT EINSTEIN Y LA RELATIVIDAD

Albert Einstein, para muchos el físico más grande de todos los tiempos, nació en Ulm el día 14 de marzo de 1879. Estudió en el Politécnico de Zurich y, posteriormente, entró a trabajar en la Oficina de Patentes de Berna, donde, según él, podía conjugar fácilmente el estudio con el trabajo.

El año 1905 fue especialmente fructífero pues publicó tres artículos que harían historia en el desarrollo de la física: aludimos aquí al que se refería al efecto fotoeléctrico, a un segundo que trataba sobre el movimiento browniano, prueba indiscutible de la existencia de los átomos, y al que tenía por objeto la relatividad restringida (publicado en septiembre de 1905 en el Annalen der Physic).

La teoría de la relatividad restringida se basaba en dos axiomas:

1) las leyes clásicas de la electrodinámica y de la óptica son válidas en los sistemas inerciales de referencia (aquellos que se mueven con velocidad constante respecto a las estrellas fijas y en los cuales se aplican las leyes del movimiento de Newton).

2) la velocidad de la luz —que se designa por c— es constante y, además, es la máxima posible.

Con estos dos postulados, el éter, que había sido considerado durante siglos como indispensable, era ahora innecesario. (Ya Albert Michelson y Edward Morley habían puesto de manifiesto la existencia del éter, a finales del siglo XIX, con un famoso experimento.) Por otra parte, Einstein demostró con lucidez que dos sucesos que son simultáneos para un espectador situado en un sistema de referencia no lo son para otro espectador situado en otro sistema que se mueva con velocidad constante respecto al primero. De ello se deduce la relatividad del tiempo, el cual depende de la velocidad con que se mueve el observador respecto al fenómeno observado.

Sin la pretensión de exponer la teoría de la relatividad restringida, sí queremos, no obstante, recordar la famosa expresión encontrada por Einstein (E = m·c²) en la que se pone de manifiesto que la masa puede transformarse en energía. Desgraciadamente, la verificación de estas palabras y, pues, de la fórmula matemática, se hizo evidente en la realidad de la bomba atómica. (No existe imposibilidad teórica en invertir el sentido de la ecuación aunque hay que explicitar que tal posibilidad, convertir energía en masa, no se ha realizado nunca.)

Por cierto, Einstein fue probablemente quien, a instancias de otro físico, Szilard, puso en guardia al presidente Roosevelt frente a la posibilidad de que fuera Hitler quien construyera la primera bomba atómica. Vistos los efectos devastadores de la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, el físico alemán se arrepintió de su acción y deploró haber abierto la caja de Pandora.

En los años que transcurren entre 1905 y la Primera Guerra Mundial, Einstein trabaja, desde las cátedras que desempeña en Zurich (1909), Praga (1911) y al año siguiente de nuevo en Zurich (ahora en el Politécnico donde había estudiado), en la relatividad general, de la cual presenta tres artículos en 1915, teoría que tendrá perfilada al año siguiente.

La relatividad general da una imagen del universo deducida de las geometrías no euclidianas,¹ imagen que se corresponde con un continuo espaciotemporal distorsionado por la presencia de los cuerpos celestes (sus masas) que se encuentran en él. Así, los rayos de luz que atraviesan el espacio recorren dichas distorsiones espaciotemporales de modo que el efecto producido es el de que la luz se acerca a la masa material o, lo que es equivalente, que la materia atrae la luz, algo inédito hasta aquel momento, a más de sorprendente, según los postulados de la teoría clásica. Pero por muy extraño que pareciese, el desvío de la luz por la masa del sol fue comprobada el día 29 de mayo de 1919. Con ello, la relatividad general fue admitida por la mayoría de los físicos de entonces.

El descubrimiento de Edwin Hubble, durante los años veinte, de que todas las galaxias se alejan unas de las otras, transformó la idea estática que Einstein había dado del universo en una idea dinámica, que reforzó las primeras impresiones de la existencia de una explosión inicial sostenidas por W. de Setter, holandés, A. A. Friedmann, ruso, y A. J. Lemaître, belga.

Medicina: los microorganismos. Pasteur

La fermentación, la putrefacción y la infección eran cuestiones confusas a principios del siglo XIX. Louis Pasteur (1822-1895) abordó el tema e impuso un orden necesario.

Su primer objetivo fue probar que los microorganismos existen en el aire. Para ello reprodujo un experimento clásico: colocó en un matraz una solución estéril e introdujo aire previamente calentado; ésta no se infectó. Después introdujo un algodón a través del cual había aspirado aire previamente (sin calentar). En este caso, la solución se llenó de microorganismos. Conclusión: las bacterias existen en el aire y pueden producir putrefacción. Además, al someterlas al calor pierden esta propiedad. No hay pues generación espontánea, como se creía, o al menos creían algunos, sino bacterias vivas.

En 1870, con motivo de la guerra prusiana, Francia se interesó por la fabricación de cerveza de calidad respondiendo a un patriotismo exacerbado por la contienda bélica. Ello le sirvió para profundizar en el mundo bacteriológico y ampliar sus puntos de vista sobre la naturaleza y acción de los microorganismos. Pasteur demostró que la fermentación era el producto de organismos vivos microscópicos, y que se podía evitar con un simple calentamiento. Fue con motivo de esta guerra que, dándose cuenta de la gran mortandad en los hospitales, preconizó que los médicos hirviesen sus instrumentos y las vendas antes de su utilización con el objetivo de matar los gérmenes y así evitar cualquier infección. Los resultados fueron espectaculares y Pasteur fue elegido miembro de la Academia de Medicina (1873) sin ser médico (era químico).

Pasteur también intervino en la crisis de la industria de la seda originada por la devastación que un parásito producía en las poblaciones de gusanos de seda en Francia. La solución fue drástica: debían destruirse todos los gusanos y alimentos infectados y empezar de nuevo. Pronto se vio cuán acertada había sido la decisión.

Paralelamente a Robert Koch (1843-1910), alemán, estudió la enfermedad del carbunco que diezmaba al ganado e incluso podía atacar a las personas. Se determinó así que en determinadas condiciones, los bacilos del carbunco formaban esporas extremadamente resistentes a las condiciones ambientales, causa de que el ganado enfermase incluso cuando deambulaba por campos donde no había habido previamente casos de carbunco. El hallazgo hay que atribuirlo pues a los dos, Koch y Pasteur, ya que sus estudios se desarrollaron independientes uno del otro y con desconocimiento mutuo de los resultados que se iban obteniendo.

Con el cólera de las gallinas, Louis Pasteur cayó en la cuenta de que el bacilo podía ser atenuado y, además, que su inoculación protegía a las aves. Esto era en 1880. Al año siguiente, efectuó una inoculación en ovejas con bacilos de carbunco atenuado y constituyó un éxito absoluto.

Fue a partir de entonces que centró su atención sobre la rabia y encontró una manera de atenuar el germen causante de la enfermedad. Lo probó con éxito en 1885 en un niño que había sido mordido por un perro rabioso.

A pesar de los éxitos del químico francés, no por ello careció de enemigos que combatieron ferozmente sus decisiones y conclusiones, pero a pesar de ello murió en plenitud de la fama y la gloria que le comportaron sus descubrimientos.

SEGUNDA PARTE

LA «GUERRA DE LOS 30 AÑOS» DEL SIGLO XX

(1914-1945)

DINÁMICA POLÍTICA

Y DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

ISMAEL SAZ

Introducción

Los historiadores tienden a caracterizar el periodo que se abre con el inicio de la Primera Guerra Mundial y se cierra con el final de la Segunda como una guerra civil europea, extendida al plano mundial. La «Gran Guerra» (1914-1918) habría supuesto a su vez una divisoria de aguas en la historia contemporánea de la humanidad, marcando lo que, para Hobsbawm, sería el final de un largo siglo XIX y el inicio de un siglo XX breve (1914-1991). Poco hay que objetar a estas caracterizaciones que, por lo demás, resultan muy clarificadoras.

En efecto, con la Gran Guerra, la primera guerra global en la historia de la humanidad, se abre un periodo en el que Europa vivirá otra guerra, larvada, entre Estados y dentro de cada uno de los Estados: por las fronteras, por y contra las minorías y las nacionalidades; por y contra la democracia; por y contra la revolución; por y contra el fascismo. Todo ello acompañado de una crisis económica que arrastró a la miseria a millones de seres y pareció sentenciar para siempre el futuro del capitalismo liberal. Los grandes protagonistas, aunque no únicos, de esta guerra civil europea fueron dos fenómenos nuevos que, antagónicos entre sí, supusieron el mayor reto nunca experimentado por la democracia liberal. Uno, el comunismo, pretendía completar, desarrollar hasta el fin, algunas de las promesas y tendencias que vienen de la Ilustración y la Revolución Francesa en los planos de la igualdad radical entre los hombres, el final de toda explotación, la liberación del individuo, la paz universal y definitiva. Pero concebía un medio para llevarlos a cabo —una forma específica de revolución proletaria— que terminaría por desencadenar en la Unión Soviética de Stalin algunos de los más trágicos procesos de la historia.

También el fascismo era un fenómeno nuevo que, en las antípodas del anterior, se alzaba con la voluntad de destruir radicalmente el legado de la Ilustración y la Revolución Francesa. Solo que, a diferencia de otros movimientos antiliberales anteriores, no lo hacía desde la perspectiva de una vuelta atrás, sino de la construcción de un nuevo tipo de civilización basada en la desigualdad, la dominación de los fuertes, de los «mejores», fueran éstos los hombres —nunca las mujeres— y nuevas elites fascistas, fueran las naciones que querían encumbrar en la figura del Imperio. Estas diferencias explican que el comunismo estalinista pueda considerarse como uno de los mayores horrores de la historia contemporánea, dentro de parámetros desgraciadamente habituales en esa historia, bien que extremándolos, mientras que el fascismo marcaría unos episodios del horror que iban mucho más allá de cualquier experiencia conocida. El genocidio nazi —Auschwitz es la referencia inolvidable— desafiaría incluso la capacidad de la mente humana para comprender el horror. Paradójicamente había también mucho de herencia de la Ilustración en el fenómeno fascista. En especial, la confianza en que se podía transformar radicalmente al hombre, la sociedad y el mundo y que ello podía hacerse, además, mediante la utilización hasta sus últimos efectos y potencialidades de todo lo que la civilización material había avanzado en los dos últimos siglos.

Fascismo y comunismo marcaron las líneas fundamentales de la guerra civil europea de los treinta años. Pero no estaban solos ni tendrían el mismo fin. Junto a ellos, el viejo conservadurismo o la más pura reacción tendieron a aproximarse, utilizar o conciliarse de algún modo con el fascismo. El viejo liberalismo osciló entre cierta ambivalencia hacia este último fenómeno y la reafirmación en una dirección cada vez más nítidamente democrática de su defensa de la libertad. La democracia liberal, asediada y dada incluso por definitivamente superada por unos o por otros, resistió hasta emerger como uno de los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Como lo hizo el socialismo «reformista» después de haber sufrido, él mismo, la persecución de los enemigos —reaccionarios y fascistas— y el beligerante reto ideológico del más importante de sus vástagos, el comunismo. Esta compleja serie de factores contribuye a explicar por qué al final, aunque a través de procesos sumamente complejos, la democracia liberal y el comunismo aparecieron como aliados en la mayor guerra y la mayor tragedia de la historia de la humanidad. Y a explicar también por qué el fascismo que las había generado fue el gran derrotado en la única forma que resultó posible, en el marco de la devastación, el horror y las catástrofes a las que conducía. El comunismo, en cambio, implosionaría de forma sustancialmente pacífica medio siglo más tarde, lo que venía a confirmar ulteriormente que su reto a la democracia liberal era de naturalezaza radicalmente diferente del fascista.

La guerra civil europea fue también mucho más que todo esto. En su dimensión nacionalitaria y de conflictos entre los Estados condujo a cambiar varias veces el mapa de Europa: en la Europa Central y en la Oriental, en los Balcanes muy significativamente. Lo hizo en 1918, cuando la naciente república de los Soviets hubo de plegarse en Brest Litovsk a los dictados de Alemania, y con el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando los tratados que le pusieron fin, diseñaron un nuevo mapa de Europa que sería barrido por las armas nazis hasta reemerger, no sin cambios importantes, tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando ese mismo mapa de Europa volvió a cambiar a raíz de la caída del comunismo, en la década de los noventa, muchas de las nuevas fronteras guardarían significativas semejanzas con algunos de los «diseños» anteriores. Nada de extrañar si se tiene en cuenta que en 1914, como en 1991, nos encontramos ante una especie de apogeo de otra de las grandes líneas de continuidad de la historia contemporánea europea: el problema de las nacionalidades. Sarajevo es el nombre de una ciudad asociada para siempre con el inicio de la Primera Guerra Mundial, pero constituye también la gran referencia sobre la vuelta de la barbarie en las postrimerías del siglo XX. Asomados al abismo, algunos europeos, no muchos pero significativos, pensaron en los años veinte y treinta una Europa unida como base de superación definitiva de los enfrentamientos endémicos, una visión que se ha ido materializando a través de múltiples y torcidos caminos en la segunda mitad del siglo XX.

Enfrentada en dos guerras devastadoras, Europa vio caer también su hegemonía mundial. Los grandes imperios europeos, sus debilidades y rivalidades, tuvieron mucho que ver, como se verá, con el inicio de la Gran Guerra. Hasta entones, el destino de la inmensa mayoría de los africanos o de cientos de millones de asiáticos parecía depender de unas metrópolis europeas que sentían ya, sin embargo, la presión de potencias emergentes extraeuropeas como Japón y, especialmente los Estados Unidos de América. Al arrastrar a todos ellos al conflicto, la emergencia de estos últimos quedó confirmada hasta el punto de convertirse en la gran potencia mundial desde todos los puntos de vista y, del primero, su más directo rival por el control del Extremo Oriente. Incorporados a la vorágine europea, incluso como soldados al servicio de sus respectivas potencias coloniales, muchos africanos y asiáticos empezaron a tomar conciencia de que su futuro podía pasar también por una emancipación respecto de aquéllas. Así, una guerra que podía definirse también por su dimensión imperialista sentó algunas de las bases que en décadas posteriores sentenciarían el fin de los imperios. Algunos de éstos tenían una dimensión europea, como el austro-húngaro, cuya desaparición en 1918 sembró Centroeuropa de conflictos nacionales. Otros eran euroasiáticos, como el ruso y el otomano. El primero se salvó sustancialmente aunque desde una perspectiva, a la vez federal y comunista, que en su momento pudo parecer como una de las más eficaces respuestas al problema de las nacionalidades. El otro, el otomano, desapareció por completo. Pero en su desaparición se entretejió tal cúmulo de factores como para legar un futuro de conflictos a todo el Medio Oriente y, en cierto modo, a la humanidad. La Turquía estricta emergió como un Estado-nación próximo en algunos aspectos a los parámetros occidentales. Pero la impronta del viejo imperialismo se impuso en la generación artificial de nuevos países, como Iraq, al tiempo que una combinación entre las preocupaciones imperiales, el auge de los nacionalismos antiliberales y antisemitas europeos y el surgimiento del nacionalismo judío —el sionismo— generó un problema, el palestino, que sigue constituyendo a inicios del siglo XXI uno de los grandes focos de inestabilidad mundial.

Todo esto contribuye a explicar por qué la Primera Guerra Mundial constituye a un tiempo el inicio de la guerra civil europea de los treinta años y el acto de nacimiento de algunos de los grandes problemas que atenazan al mundo en las presentes décadas interseculares. Pero también permite constatar que muchos de esos problemas venían de antes. Por esa razón el estudioso debe ser precavido a la hora de seguir sus propias cronologías y caracterizaciones, por clarificadoras que estas puedan resultar. Ningún proceso histórico empieza ni acaba en una fecha determinada. Esto es plenamente válido en lo que se refiere al mundo anterior a la Primera Guerra Mundial, al fin y al cabo el que la incubó. Ésta, a su vez, amplificó, generalizó y radicalizó algunos de los procesos que la habían engendrado para proyectarlos como crisis de civilización al periodo de entreguerras.

En cierto modo, las décadas interseculares —del siglo XIX al XX— constituyen uno de los periodos más sobresalientes de la contemporaneidad. Lo que se conoció como «Gran Depresión» —1873-1896— resultó ser un cambio de tendencia cuyos efectos negativos parecerían ínfimos en comparación con la efectiva Gran Depresión del siglo XX y cuyos efectos positivos supusieron un gran salto adelante en todos los órdenes: algunos inventos, como el teléfono, la radio o el cine cambiarían para siempre la vida cotidiana. A despecho de la caída de precios y beneficios de la «depresión», la producción y el comercio mundiales se multiplicaron, se desarrollaron nuevas fuentes de energía y nuevos sectores productivos, se pusieron las bases de lo que andando el tiempo se conocería como consumo de masas. El capitalismo cambiaba de tamaño y la vieja «libre competencia» se transformaba en una competencia aún más feroz entre poderosos grupos industriales en cuyos objetivos de ámbito ya claramente internacional se involucraban con frecuencia sus gobiernos. Las necesidades económicas de unos y las políticas de otros confirieron un impulso decisivo a la globalización. El dominio político de Europa en el mundo iba parejo al dominio global del capitalismo.

Desde el punto de vista social, las transformaciones fueron más revolucionarias si cabe. La aristocracia perdió terreno, la burguesía industrial se reforzó y lo mismo sucedió con la clase obrera que creció exponencialmente. Viejas clases medias, como artesanos y tenderos retrocedieron, mientras otras nuevas crecían: funcionarios y empleados, profesionales liberales y técnicos empleados en la industria. Todo esto se produjo en el marco de unos gigantescos movimientos de población. Decenas de millones de personas cruzaron el Atlántico o se desplazaron, en el interior de Europa, del campo a la ciudad. Surgiría así lo que sería conocido como la «sociedad de masas», un fenómeno susceptible de desatar todas las alarmas. Los nuevos habitantes de la ciudad venían de un mundo limitado en el que los mecanismos tradicionales de control social parecían funcionar, o eso se pretendía, a la perfección. Si se convertían en obreros industriales podrían venir a fortalecer al temido socialismo. Si votaban, podrían constituir una fuente de corrupción y de fractura de los equilibrios del liberalismo de los notables. Pero podían ser percibidas también como masas amorales y materialistas, fuente de toda criminalidad. Y, si enfermaban, podían constituir un síntoma de degeneración de la raza. Paradójicamente, todo esto se producía en un contexto de mejora de la sanidad y la educación, de retroceso del analfabetismo. Para muchos, sin embargo, esto no resultaba ningún consuelo, ya que estas masas, accediendo ahora a la lectura, podrían contribuir a la degradación de la literatura y la cultura en general. Hasta la emergencia de la mujer, con sus reivindicaciones feministas o con la ampliación de sus lecturas, pudo ser percibido del mismo modo. Para quienes empezaron a ver amagar el espectro de la decadencia por todas partes, las masas y la mujer eran dos términos identificables. Porque fue la idea de la decadencia, en efecto, una de las más obsesivas entre determinados sectores en las décadas interseculares. Decaían los individuos y decaía la sociedad. Si Europa dominaba el mundo, conocía a través de ello nuevas culturas, más jóvenes y vigorosas, en las que podía percibir una amenaza futura. En los conflictos entre las grandes potencias, la suerte de la nación se ligaba a la del Imperio y cada derrota o crisis en el plano colonial podía ser experimentada como un síntoma de la decadencia nacional.

Todas estas percepciones se producían en el marco de una auténtica revolución cultural cuya más significativa factura era que justo en el momento en que el capitalismo y el liberalismo parecían experimentar su triunfo empezaron a ser cuestionados radicalmente. No por la mayoría de la sociedad. No por el socialismo «reformista» que en la medida en que ligaba su suerte a la democracia, renunciando o aplazando sine die la revolución, cosechaba importantes avances en el terreno de la legislación social o la ampliación del derecho de voto. Tampoco por los liberales, demócratas o republicanos. No, desde luego, por las mujeres, para las que se entreabrían puertas antes cerradas. Incluso viejas fuerzas conservadoras o reaccionarias llevaban ya cierto tiempo caminando hacia la aceptación más o menos selectiva de la nueva civilización material y política. Pero sí una amplia gama de sectores intelectuales y algunas minorías políticas que veían por doquier signos de decadencia. Sorprendentemente o no, buena parte de los valores de la Ilustración se vieron desafiados por sectores que en principio tenían poco que ver con los viejos enemigos reaccionarios de aquélla. La confianza ilimitada en el progreso se vio cuestionada por la experiencia retrospectiva de la pretendida «gran depresión», el descubrimiento de nuevos mundos y culturas y el ascenso de las masas. El darwinismo social, una extensión al campo de la sociedad humana de las teorías de Darwin sobre la supervivencia de los mejores dentro de una lucha a muerte por ello, multiplicó el número de sus adeptos. La nueva ciencia de la sociedad —la sociología— descubría nuevas tendencias asociales y anómicas (Emile Durkheim) o, como en el caso de Wilfredo Pareto, reducía a un problema de poder de las elites ascendentes o decadentes el ya viejo problema de la lucha de clases. Otras ciencias, como la antropología, podían proporcionar munición a quienes como Houston S. Chamberlain, o Vacher de Lapouge querían reducir a lucha de razas lo que en el siglo XIX se había experimentado como lucha de clases. El reino de la razón fue abiertamente desafiado, en parte por el descubrimiento de la importancia de lo irracional, del subconsciente, algo que podía ser racionalmente investigado. Pero que podía conducir también a una exaltación de esa misma irracionalidad, de lo instintivo como lo propiamente vivo en oposición a la racionalidad sin alma; o pudo ser visto también como una oportunidad para manipular a las masas, apelando precisamente a su presunta irracionalidad. Los avances materiales llevaron a la denuncia de una sociedad materialista y hedonista, carente de valores heroicos, igualitaria y enemiga de lo sublime.

Esta auténtica revolución cultural (Zeev Sternhell) encontró pronto su traducción al campo de la política. Si se apuntaba a la existencia de procesos de decadencia y éstos se apreciaban en la sociedad, en las naciones y en los individuos y la razón y el progreso eran radicalmente cuestionados, pronto pudieron localizarse otras causas o agentes degeneradores. El liberalismo y la democracia ascendente, tanto como el socialismo, figuraron entre los primeros como signos de mediocridad, materialismo y hedonismo. Lo mismo sucedía con la mujer. Y, por supuesto, con los judíos considerados como pueblo sin raíces, capaz por tanto de «corromper» a los que sí las tenían. Cosmopolitas por «naturaleza», se les quería ver como responsables, casi como síntesis de todo aquello que se denostaba: el avance del capitalismo, sus escándalos y sus crisis; las vanguardias culturales y artísticas; la democracia y el socialismo. Para algunos sectores, el liberalismo, la democracia, el socialismo, los judíos y las minorías extranjeras eran las raíces mismas de la decadencia y amenaza de muerte de las naciones. Consecuentemente, había que destruirlos. En unos casos, como en el de la Acción Francesa de Maurras, esa destrucción debía apoyarse en una vuelta a los viejos valores e instituciones anteriores a la Ilustración y la Revolución Francesa, la religión, las corporaciones, las regiones. Otros, en cambio, compartiendo los mismos enemigos, quisieron ver, no en la Iglesia o la tradición, sino en las esencias profundas de un pueblo eterno, las fuentes de la energía nacional. Muchas de las fuentes de la derecha radical europea de la primera mitad del siglo XX estaban ahí, las del nacionalismo reaccionario y las del fascismo.

El avance de la democracia y del socialismo reformista tenía también otros enemigos, éstos en el campo del radicalismo socialista, aquel que había visto en la revolución proletaria la esencia misma del marxismo. Las prácticas del socialismo oficial y mayoritario parecían alejar la revolución tanto cuanto permitían la mejora de las clases subordinadas. Un sector de esa misma extrema izquierda vio en todo ello un síntoma de la degeneración social y de la propia clase obrera. Para que ésta volviera a sus esencias revolucionarias había que derrotar a quienes la corrompían, la democracia y el socialismo político, oficial. La violencia podía ser en este sentido un buen reconstituyente y la apelación a lo que de irracional había en las masas proletarias podía aportar la necesaria sacudida frente al reformismo. Cuando se vio que todo esto no bastaba, algunos descubrieron el valor movilizador de la apelación a la nación, más que a la clase, y encontraron en ella, y en la guerra, otro camino para una revolución que no sería ya socialista. Ésta fue, por ejemplo, la trayectoria a grandes rasgos de un joven socialista revolucionario, Benito Mussolini.

Había otro sector del socialismo revolucionario que lamentaba también la pérdida de capacidad revolucionaria de la clase obrera, que advertía igualmente que las prácticas del socialismo reformista ejercían una influencia perversa sobre ella. Éstos consideraban, en clave puramente marxista, que el capitalismo estaba en una fase decadente y de descomposición que se enmascaraba con la explotación imperialista del mundo y que era esa misma explotación la que permitía las concesiones reformistas con las que se desnaturalizaba el carácter revolucionario de la clase obrera. También tenían en algunos casos un fondo elitista, de desprecio implícito o explícito de las masas. Pero éstos no se alejaron, todo lo contrario, del discurso de clase y de los valores ilustrados de la emancipación y la igualdad universal. Concibieron que las masas debieran ser dirigidas por minorías de revolucionarios profesionales que las encaminarían hacia la toma de conciencia y la revolución. Lejos de apelar a ningún tipo de valor sustitutivo del de la revolución proletaria, consideraban que la guerra era el producto inevitable de la dominación capitalista en su fase imperialista. Un núcleo de socialistas revolucionarios rusos a cuya cabeza se encontraba Lenin ejemplifica esta trayectoria.

Se trataba en todo caso, de mundos relativamente marginales. En la Europa de 1914 dominaban conservadores y liberales; y el formidable avance de la clase obrera se producía casi siempre en el marco de los partidos socialistas. La guerra lo cambiaría todo. El modo en que los individuos y los múltiples actores culturales, sociales y políticos vivió lo que pronto demostraría ser la mayor carnicería hasta entonces conocida, el modo en que reflexionaron sobre ella a partir de sus presupuestos iniciales, configuraría definitivamente los escenarios de la guerra de los treinta años.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

ISMAEL SAZ

Los orígenes

Desde 1871, la Europa centro-occidental, una vez llevadas a término las unificaciones italiana y alemana, vivió un largo periodo de paz y estabilidad. La hegemonía alemana en el continente, matizada por los contrapesos francés y ruso, y la hegemonía mundial británica constituyeron durante largo tiempo las bases de esa estabilidad. Por debajo de ella, sin embargo, había múltiples focos problemáticos. La nunca completa aceptación por Francia de la pérdida a manos de Alemania de Alsacia y Lorena constituyó un alimento permanente para el nacionalismo revanchista francés. La unidad de Italia había dejado en manos del imperio austro-húngaro el Trentino y la Venezia Giulia, lo que constituyó una fuente más o menos activa, según las circunstancias, del irredentismo italiano. No faltaba tampoco en Alemania quien quería ver la unificación como incompleta en sus dos dimensiones, interior y exterior, o quienes, cuando Francia empezó a levantar la cabeza y Rusia a fortalecerse económica y militarmente, desarrollaron un complejo de cerco. En la aparentemente incontestada hegemonía británica, el poderoso crecimiento económico de Alemania, hasta situarse como la primera potencia industrial europea, empezó a generar pesadillas acerca del «peligro alemán».

Todos estos problemas, sensibilidades y percepciones pudieron pasar, con todo, a un segundo plano mientras Europa se embarcaba en la política colonial. El Reino Unido y Francia se constituyeron por este orden en los más grandes imperios coloniales en Asia y África. Pero también Bélgica obtuvo en el Congo una de las más ricas y codiciadas parcelas. Mientras tanto, Holanda mantenía sus posesiones asiáticas, Portugal las africanas e Italia no escondía sus pretensiones sobre Abisinia. España mantuvo pequeños enclaves africanos al tiempo que generaba expectativas sobre algunos territorios del Magreb, pero, sobre todo, veía amenazado lo que le restaba de su viejo imperio por el independentismo cubano, las ansias imperialistas norteamericanas en el Caribe y Asia y las alemanas en esta última. Alemania hubo de contentarse con pequeñas posesiones en el golfo de Guinea, África Oriental y Occidental, y algunos archipiélagos asiáticos. Rusia prosiguió su expansión por el Asia central, incorporando a su territorio a numerosas poblaciones de otras razas y religiones.

Este reparto del mundo a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX pudo darse merced a la estabilidad en Europa, al tiempo que servir de aliviadero de las tensiones en el interior de la misma. Pero iba generando al mismo tiempo otro tipo de conflictos. Se ha discutido mucho acerca del papel del imperialismo, de sus fuentes económicas, políticas o ideológicas en el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. Hoy puede decirse que la expansión Europea por África y Asia fue una consecuencia del extraordinario dinamismo de las sociedades europeas y, muy significativamente, del capitalismo. Los factores económicos, la búsqueda de materias primas y mercados proporcionaron un impulso decisivo para la expansión, aunque ello no implicase necesariamente el dominio colonial. Sucedía, sin embargo, que la presencia europea en los nuevos territorios generaba reacciones de las poblaciones indígenas que con frecuencia «exigían» la intervención de las metrópolis en defensa de sus colonos e inversores, lo que se fue traduciendo progresivamente en su incorporación como colonias.

Esto significaba también incremento del poder político. De modo que hacia finales del siglo XIX lo que con todos sus problemas y contradicciones había podido funcionar como aliviadero empezó a afectar decisivamente a la política de las potencias europeas. Tres factores decisivos operaron en ello. El primero es que para entonces el mundo ya estaba prácticamente dividido, había pocos espacios por ocupar. Las distintas potencias pudieron hacer balance, comprobar en el plano de la política mundial quién estaba ganando y quién estaba perdiendo. La lucha por los espacios «vacíos» se incrementó. Los choques entre las distintas potencias se multiplicaron. La presión sobre los imperios más débiles por parte de los más fuertes se hizo más asfixiante. En 1896, Italia sufrió una humillante derrota en Etiopía; en 1898, los franceses hubieron de retirarse de un modo no menos humillante en Fashoda (Sudán) para evitar un enfrentamiento directo con los británicos. Ese mismo año la guerra hispano-norteamericana supuso a un tiempo la pérdida de los restos del viejo imperio español —Cuba, Puerto Rico, Filipinas— y la carta de presentación de Estados Unidos como potencia imperial. Sobre las posesiones portuguesas en África —Mozambique y Angola— planeaba la sombra de un eventual entendimiento al respecto entre Alemania y el Reino Unido. La victoria británica en la guerra de los bóers tomó ribetes de fracaso en una Alemania que había simpatizado con éstos. En 1904-1905 una potencia europea —Rusia— era derrotada por el emergente imperialismo japonés.

El segundo factor es el constituido por las transformaciones experimentadas por el capitalismo. Con su aumento de tamaño, el desarrollo de grandes grupos monopolistas y el de las prácticas proteccionistas, la lucha por el control de las materias primas se hizo mucho más dura. El impresionante desarrollo de la industria impulsaba a la búsqueda y, a ser posible, el control de nuevos mercados. Los capitales acumulados en Europa precisaban por su propia lógica de nuevos destinos. Los grandes grupos industriales y financieros se mostraron cada vez más eficaces en la tarea de involucrar a sus respectivos gobiernos en su lucha por la expansión económica.

Finalmente —tercer factor—, el desarrollo de los nuevos nacionalismos europeos se involucró decisivamente en la perspectiva imperial. Las naciones se proyectaban en el imperio y la suerte de éstos se percibía como el mayor y mejor síntoma de la evolución de la nación, de su ascenso o decadencia. En suma, todos los problemas asociados a la expansión económica se conjugaron en el cambio de siglo del XIX al XX para hacer de la expansión imperialista un problema político central de las metrópolis, capaz de alterar por entero sus percepciones, intereses y estrategias, de hacer del problema imperial un problema capital de la política exterior de los distintos Estados. Como dijera en 1898 el premier británico Lord Salisbury en probable alusión a España, había naciones vivas y «naciones moribundas». Que era como decir que con la suerte del imperio iba la de la nación.

En esta desaforada lucha por el imperio, todos empezaron a conocer dónde estaban sus amigos y dónde sus enemigos. Con su poderío económico, su desafío del dominio británico de los mares y su presión sobre Marruecos, Alemania favoreció una aproximación franco-británica que abría el camino a la Entente. En el mismo sentido caminó la derrota de Rusia ante Japón en 1905. Menos amenazante ya para el Imperio británico y aliada de Francia, Rusia pudo incluirse en dicha Entente. Aunque no era una alianza entre los tres en sentido estricto, abría el camino para configurarse como tal. La que sí que lo era, la Triple Alianza —Alemania, Imperio austro-húngaro e Italia— empezó, en cambio a debilitarse. La apertura francesa a las aspiraciones italianas en la Cirenaica y Tripolitania (Libia) rebajó las tensiones generadas por la expansión francesa en Túnez y Marruecos y, en lo relativo a las relaciones entre Roma y Viena, seguía planeando además la sombra del irredentismo italiano. Italia seguía formalmente en la Triple Alianza, pero multiplicaba a un tiempo los signos de amistad con Francia y el Reino Unido. En esta progresiva definición, o indefinición, de los campos, la carrera armamentística cobró una autonomía propia capaz de enervar más aún las tensiones. El desarrollo de una potente marina de guerra alemana con el evidente propósito de desafiar el dominio británico de los mares constituyó un impulso formidable dentro de la carrera armamentística. Las alianzas defensivas cobraban perfiles amenazadores para sus adversarios. Los Estados mayores elaboraron planes de guerra que llegado un momento clave podían funcionar también autónomamente para desencadenar un conflicto o generalizarlo.

Ese momento clave llegó por la vía del desafío de las nacionalidades a los viejos imperios otomano y austro-húngaro. La descomposición del primero en el norte de África —Egipto, Túnez, Libia— había contribuido a agudizar las tensiones imperialistas. Su descomposición en Europa hizo lo propio con las relativas a las nacionalidades, situando el «polvorín de Europa» en los Balcanes. Aquí habían surgido nuevos países como Rumanía, Bulgaria o Serbia. La segunda aspiraba a convertirse en la gran potencia balcánica y la última se concebía a sí misma como un nuevo Piemonte cuyo destino era reunir a los eslavos del sur, lo que incluía a Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina. Pero las dos primeras formaban parte del Imperio Austro-Húngaro y la última había sido anexionada por éste en 1908. Al mismo tiempo y a lo largo de este proceso en el que no faltaron dos guerras balcánicas (1912 y 1913), Rusia terminó optando por Serbia como su aliado eslavo tanto frente a Bulgaria como frente al imperio austro-húngaro. Este último, en fin, un imperio en el que coexistían en difícil equilibrio múltiples nacionalidades apenas si podía admitir reto alguno que pudiera significar el principio de su propia descomposición.

De este modo, en la conjunción entre las dinámicas imperiales y las derivadas del problema de las nacionalidades, se fraguó una situación explosiva en la que, cuanto menos, todos sabían dónde se hallaban sus amigos, reales o potenciales, y dónde sus enemigos. El asesinato el 28 de junio en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona imperial, a manos del nacionalista bosnio Princip proporcionó la chispa que precipitaría a Europa en la guerra.

La guerra

La guerra no fue inevitable, pero tampoco, como se ha visto, puede considerarse como un mero accidente. El atentado de Sarajevo pudo ser solucionado dentro de los cauces habituales de la diplomacia a través de algún tipo de movimiento servio que pudiera satisfacer a Viena. Sin embargo, pronto se advirtió que el imperio austro-húngaro estaba dispuesto a llegar mucho más lejos en sus exigencias. ¿Por qué? Todo apunta a que el protagonismo de Alemania fue en este punto fundamental, aunque no, desde luego, como establecerían después los vencedores, el único. Buena parte de las aspiraciones imperiales de Alemania obedecían a una preocupación de política interior, en el sentido en que la apuesta por la política mundial podía desactivar las tensiones internas y, sobre todo, el avance de la poderosa socialdemocracia. Por otra parte, el complejo de cerco se había acentuado ante la aproximación franco-ruso-británica. Desde el punto de vista militar, se consideraba que si una guerra había de estallar era mejor que lo hiciera antes de que Rusia pudiera traducir en poder militar su creciente potencial económico. Austria-Hungría era, en fin, el único aliado sólido de que disponía, de modo que un debilitamiento de ésta, por pequeño que fuera, podía constituir una amenaza para el futuro. Razones suficientes para que el Reich mostrara el 6 de julio su apoyo incondicional a Viena. Fuerte con este respaldo, Austria-Hungría lanzó el 23 de julio un ultimátum a Serbia, inaceptable para esta última por lo que tenía de intromisión en su soberanía nacional. A partir de este momento, los márgenes para una solución diplomática se restringieron dramáticamente y los acontecimientos se encadenaron hasta provocar la guerra y su generalización.

El 25 de julio, Serbia rechaza el ultimátum, a lo que responde Austria-Hungría con la ruptura de relaciones y la movilización parcial. Ese mismo día Rusia, que acaba de renovar su alianza con Francia, anuncia su apoyo a Serbia. El 28 de julio, Austria-Hungría declara la guerra a esta última y el 30 Rusia anuncia la movilización general. El 31 de julio Alemania exige a Rusia la renuncia a dicha movilización, al tiempo que exige a Francia una humillante declaración de neutralidad que incluye la entrega de dos plazas militares. La respuesta negativa de ambas potencias conduce a la declaración de guerra de Alemania a Rusia el 1 de agosto y a Francia dos días más tarde. Dado que los planes de guerra alemanes presuponen una ofensiva a través de Bélgica, este país es invadido en una flagrante violación de su neutralidad, lo que a su vez proporcionará el pretexto para la entrada del Reino Unido en la guerra (4 de agosto). Iniciado el conflicto, su generalización hasta llegar a una escala mundial sigue las líneas de las contradicciones y rivalidades imperialistas y nacionales. Las apetencias japonesas sobre las posesiones alemanas en el Pacífico propician su declaración de guerra a Alemania el 23 de agosto. La vinculación económica de Turquía con Alemania unida a las aspiraciones sobre su territorio de otras potencias, como Rusia, conducirán al alineamiento turco con las potencias centrales y su entrada en la guerra en noviembre. Poco antes se había movido en la misma dirección Bulgaria. Ya en mayo-agosto de 1915, Italia declarará la guerra sucesivamente a Austria-Hungría y Alemania, tras un acuerdo secreto en el que Londres y París le garantizan la recuperación de territorios «irredentos», parte de la Dalmacia y compensaciones imperialistas en Turquía y Etiopía. El alineamiento de Rumanía y Grecia con la entente, en agosto de 1916 y junio de 1917, respectivamente, cerraba el cuadro europeo de un conflicto del que pocos países —España, Holanda, Suiza y los países escandinavos— quedarían al margen. El mismo año de 1917, como se verá, con el ingreso de los EE.UU. en la guerra, el conflicto alcanzó finalmente a todos los continentes.

En muy poco tiempo toda Europa se vio sumergida en la guerra. Pocos eran conscientes entonces, sin embargo, de que la humanidad se había encaminado a través de ella hacia una de sus mayores catástrofes. La mayoría pensaba todavía en los términos de una guerra como las últimas del siglo XIX, rápidas y con escasas repercusiones sobre la población civil. La idea del «por Navidad en casa», esto es, de la liquidación del conflicto en apenas unos meses, puede ayudar a entender el entusiasmo inconsciente con que las mayorías acogieron el conflicto. Pero hubo algo en esta euforia que indicaba la existencia de corrientes más profundas. Ciertas minorías intelectuales y nacionalistas pudieron celebrar este auténtico «regalo de Marte» con el que tanto habían soñado. Pero las masas que acudieron a alistarse entre extraordinarias manifestaciones de júbilo vinieron a demostrar hasta qué punto los mecanismos de nacionalización habían funcionado.

Cierto que a ello se añadió un factor ideológico que a lo largo del conflicto no haría sino agudizarse. La guerra fue presentada por todos los gobiernos como una guerra defensiva: el agresor era el otro. Y ese otro era, además, un enemigo de la libertad y de la civilización occidental. Para los alemanes había un enemigo, la Rusia zarista, que era la plasmación misma de la tiranía y de la opresión y a la que se presentó como auténtica agresora. Para Francia y amplios sectores de la opinión democrática europea, Alemania además de agresora era, con Austria-Hungría, presentada también como una «cárcel de pueblos», otro reducto del absolutismo y el militarismo. Con lo que la guerra podía presentarse asimismo como una guerra por la democracia, la libertad y la autodeterminación de las nacionalidades. Esto funcionó también en el Reino Unido, cuyo gobierno pudo recurrir además al argumento, muy democrático y convincente, de que en su voluntad agresora Alemania no estaba dispuesta a respetar nada, empezando por la neutralidad belga.

Donde todo esto resultó más sorprendente fue en lo relativo al comportamiento de la internacional obrera, de la Segunda Internacional. Enemigos declarados de la guerra, los socialistas europeos habían desarrollado en distintas reuniones internacionales toda una estrategia para frenar un eventual conflicto bélico. La huelga general podía considerarse como el arma más eficaz frente a tal eventualidad. Todavía unos días antes del estallido hubo movilizaciones por la paz impulsadas por distintos partidos socialistas. El dirigente socialista francés Jean Jaurès fue asesinado por sus conocidas posiciones pacifistas. Incluso en Alemania el gobierno había desarrollado planes para neutralizar la previsible oposición de los socialdemócratas. En cuestión de días, sin embargo, todo cambió radicalmente: el 4 de agosto los socialistas alemanes y franceses votaron a favor de los créditos de guerra y en la misma dirección del «defensismo nacional» se alinearon británicos, belgas y austro-húngaros. En el nuevo clima de «unión sagrada», los socialistas franceses no tardarían en incorporarse al gobierno y algo similar harían más adelante los laboristas británicos. Pocas fueron las excepciones. Entre ellas, las más significativas fueron las de los socialdemócratas rusos —mencheviques y bolcheviques— y servios, así como la del Partido Socialista de una Italia todavía neutral. En suma, la Segunda Internacional vino a hundirse cuando aún no se habían disparado los primeros tiros.

¿Por qué? Por supuesto, funcionaron los mismos argumentos defensivos y democráticos que para el conjunto de la población. Era la Rusia absolutista la que amenazaba a la civilizada alemana, como era la «bota prusiana» la que se cernía sobre las democracias occidentales. Y es posible que un posicionamiento abierto de los partidos socialistas contra la guerra les hubiese aislado de sus propias bases. Pero también las direcciones socialistas encontraron en la guerra una especie de atajo hacia la democracia y aun hacia el socialismo. Si defendían a la nación ésta debería integrar forzosamente elementos esenciales de sus programas. En Alemania especialmente, la socialdemocracia pudo contar con que su participación en el esfuerzo bélico se traduciría en el reconocimiento de los sindicatos y en la participación de éstos en los organismos encargados de canalizar la movilización económica e industrial. En todas partes se empezó a dar por supuesto que el esfuerzo a que se veían sometidas las poblaciones tendría su compensación en términos de reformas democráticas avanzadas e importantes reformas sociales tanto en la ciudad como en el campo. Así fue, además, en cierto modo, y puede decirse que el inicio de la mayor guerra hasta entonces conocida en la historia de la humanidad puso también para siempre en el orden del día el horizonte de la democracia. Pero estas dinámicas de colaboración tenían sus contrapartidas: cuando lejos de terminar en unas semanas, la guerra se prolongó arrastrando a la muerte a millones de personas, desarticulando las economías, provocando problemas de abastecimiento y sometiendo a los obreros a mayores controles y exigencias, todo cambió. Empezó a abrirse un abismo entre las direcciones políticas y sindicales obreras, reformistas y colaboradoras, con unas bases que se irían radicalizando progresivamente.

La guerra total

Las grandes ofensivas que, según los planes de guerra, debían resolver el conflicto en cuestión de semanas fracasaron. Los aliados fueron frenados en su intento de penetración en Lorena y, aunque los alemanes avanzaron desde Bélgica hasta situarse a treinta kilómetros de París, fueron frenados en la batalla del Marne (6 al 9 de septiembre). A partir de este momento, ninguno de los contendientes conseguiría avances significativos en este frente, con lo que se pasaba de la llamada «guerra de movimientos» a la «guerra de posiciones» en un frente sustancialmente invariable que se extendía desde las costas de Flandes hasta la frontera Suiza. Las trincheras excavadas por ambos contendientes constituirían la realidad y símbolo máximo de este tipo de guerra en la que los soldados alternaban el aburrimiento de la inactividad con batallas en que avances o retrocesos de escasos metros podían comportar miles de bajas en un solo día. Bien comunicadas y estructuradas, las trincheras tenían todas las ventajas desde el punto de vista defensivo, aunque paradójicamente fue este hecho el que terminaría por convertir el conflicto en una auténtica carnicería humana. Bombardeos masivos de artillería, pronto acompañados del empleo de gases venenosos, pretendían «ablandar» la capacidad de resistencia del enemigo para sucesivamente lanzar auténticas oleadas humanas que se resolvían con frecuencia en pequeñas rectificaciones. Ni siquiera el empleo, por primera vez, de los tanques pudo representar un factor decisivo al tener éstos que actuar en terrenos que se habían convertido en verdaderos lodazales cuando no en auténticos paisajes lunares. Las batallas de 1915, desde la de Soissons a la de Ypres o Nuestra Señora de Loreto, portan siempre esta connotación de ofensivas y contraataques fallidos con un alto coste de vidas humanas.

Pero es en 1916 con las batallas de Verdun y el Somme cuando la guerra lleva estas facetas al extremo. La primera (febrero-julio de 1916), iniciada con una ofensiva alemana que alcanzaría pequeñas victorias, arrojaría un balance de 600.000 víctimas casi igualmente repartidas entre alemanes y franceses. La segunda (junio-noviembre de 1916), una ofensiva aliada concebida para aliviar la presión en Verdun, arrojaría un balance aún más trágico: 500.000 bajas alemanas por 400.000 inglesas y 200.000 francesas. Con cerca de 2.700.000 bajas entre muertos y heridos de ambos bandos sólo en 1916, sin avances significativos de ninguno de los contendientes, la guerra parecía haber llegado a un punto muerto en este frente al final de dicho año.

No muy distinto fue el desarrollo del conflicto en el frente alpino a raíz de la entrada de Italia en la guerra. Aquí fracasaron las primeras ofensivas de un ejército italiano que veía neutralizada su superioridad numérica por el mejor armamento del ejército austro-húngaro. Quedó descartada así la idea de una guerra de movimientos que debería haberse traducido en una rápida penetración en dirección a Viena. En las sucesivas batallas que se libraron en el Isonzo, los soldados italianos se estrellarían reiteradamente con las ametralladoras austríacas sin conseguir avances sustanciales, pero cosechando un elevado número de bajas. Cuando en mayo-junio de 1916 fueron los ejércitos austro-húngaros lo que se situaron en condiciones de pasar a la ofensiva, hubieron de detenerla para hacer frente a la presión rusa en el frente oriental. La ocupación de Gorizia en agosto de 1916 es todo lo que pudieron conseguir los italianos en un frente que seguiría a grandes rasgos las características del occidental.

Tampoco la guerra en el mar resultó particularmente decisiva aunque sí sirvió para mostrar hasta qué punto la contienda adquiría connotaciones de una guerra total en la que ni siquiera la población civil permanecía a salvo. En la más importante de las batallas navales, la de Jutlandia (mayo-junio de 1916), alemanes y británicos tuvieron pérdidas similares, aunque dado el mayor volumen de la flota británica, esto pudo redundar en la reafirmación de la superioridad de esta última. Merced a ello, los aliados estuvieron en condiciones de establecer un bloqueo sobre Alemania que traspasó los límites conocidos por el derecho de guerra al extenderse por igual a las armas y a los alimentos. Pero Alemania había desarrollado ya otra forma de combatir la superioridad enemiga: la guerra submarina que aplicó indiscriminadamente contra barcos mercantes con el hundimiento de hasta 1.700 buques. El más famoso de ellos, el del trasatlántico de pasajeros Lusitania (7 de mayo de 1915) vino a poner de manifiesto, por una parte, la brutalización de una guerra sin límites humanitarios al tiempo que provocó, por otra, una seria protesta norteamericana, preludio de lo que no tardarían en ser medidas más enérgicas.

Las oscilaciones en el frente oriental se asemejarían más a las estrategias iniciales de la guerra de movimientos. Aquí los primeros avances rusos se vieron frenados por las victorias alemanas de Tannenberg y los Lagos Marusianos (agosto y septiembre de 1916, respectivamente). Mejor suerte tienen las armas rusas frente a los ejércitos austro-húngaros en agosto-septiembre de 1914 (batallas de Lemberg), aunque también éstos se habían recuperado a finales de dicho año. A lo largo de 1915 alemanes y austro-húngaros avanzarán de norte a sur (de Lituania y Varsovia a la Galitzia oriental) aunque la victoria rusa en Tarnopol (septiembre de 1915) conseguiría detener estas penetraciones. Ya en el verano de 1916, las ofensivas rusas de Brusilov apenas si consiguen pequeños avances iniciales en Galitzia para estrellarse posteriormente con las defensas austro-húngaras. Todo ello con un altísimo número de bajas y, sobre todo, con la aparición de los primeros indicios de descomposición del ejército ruso.

El año crucial de 1917

A la altura de 1917, una guerra de la que no se vislumbraba el final había mostrado todas las implicaciones de una guerra que ya era total tanto en el frente como en la retaguardia. En efecto, a la inmensa carnicería de los frentes, se unían los problemas derivados en la retaguardia de la inmensa movilización de recursos industriales y de todo tipo a favor del esfuerzo bélico. Al inicio del conflicto se había producido una movilización limitada, principalmente a través de empréstitos y bonos de guerra e incluso en algunos de los países beligerantes llegó a disminuir la producción y el número de obreros empleados en la industria. Pero cuando se descartó el supuesto de la guerra breve, todos los países se lanzaron a una movilización general de la economía que llegaría a alterar sustancialmente los principios de la economía de mercado.

La movilización industrial, la más importante de todas ellas, comportó una intervención masiva del Estado en la economía, generalmente asociada con un protagonismo creciente del ejército. Particularmente en Alemania, las fuerzas armadas llegaron a encontrarse a la cabeza de una administración que abarcaba desde los aspectos industriales a los relativos a materias primas, abastecimientos y alimentación. Se configuraba así una especie de capitalismo de Estado, que desplazaba los centros de decisión fundamentales desde el mercado hacia el Estado. Este fenómeno fue general, aunque en otros países, como Francia e Inglaterra, el protagonismo militar fue menor en beneficio del poder civil. Al mismo tiempo, se fomentó la concentración industrial tanto como su cartelización —que en Alemania llegó a ser obligatoria—, toda vez que resultaba más fácil coordinar el esfuerzo productivo a través de las grandes empresas y grandes grupos industriales. El recurso a la financiación del Estado completaba la dinámica de la movilización. Mientras, por abajo, en las fábricas, se producía una militarización de hecho de la fuerza de trabajo, por más que ésta estuviera en ocasiones supervisada por los sindicatos.

En términos generales, el sistema funcionó bien, especialmente en los primeros años. Las empresas relacionadas con la producción de armamentos crecieron espectacularmente, tanto como sus beneficios, aunque en detrimento del resto de sectores. Las necesidades de mano de obra se multiplicaron generando cambios sustanciales en la estructura misma de la clase obrera. Millones de personas se desplazaron del campo a la ciudad. Turín, por ejemplo, duplicó su población obrera. Cuando la mano de obra local no era suficiente, se recurría a extranjeros. Pero fue sobre todo el trabajo femenino el que supuso un cambio cualitativo. En las fábricas francesas las mujeres llegaron a constituir, en 1918, el 30 % de la fuerza de trabajo; en Alemania e Inglaterra, el 35 %. La otra cara de la moneda era el endeudamiento de los Estados y la inflación. En Estados Unidos, los precios se duplicaron entre 1913 y 1918, mientras que en Europa llegaron a triplicarse o incluso, cuadruplicarse, lo que supondría una caída a veces vertiginosa de los salarios reales.

A la altura de 1917 muchos de estos problemas empezaban a manifestarse en toda su crudeza. La caída de los salarios reales, acompañada de la militarización de hecho del trabajo en las fábricas y de los cada vez más acuciantes problemas de abastecimiento de la población generó tensiones y protestas crecientes. Las bases obreras se radicalizaron y se abrieron importantes fisuras entre ellas y las direcciones sindicales. Muchos de los mencionados problemas se agudizaron en Alemania, donde se añadían los efectos del bloqueo aliado. El sufrimiento de la población urbana en Rusia alcanzaba con frecuencia los límites de lo insoportable. Los disturbios se generalizaron. Los movimientos huelguísticos que habían retrocedido espectacularmente en los primeros meses de la guerra retomaron fuerza en 1915 y 1916, para situarse en los años sucesivos en Francia e Inglaterra en los niveles prebélicos. En enero de 1918, los huelguistas en Austria-Hungría y Alemania se contaron por millones.

También en los frentes se multiplicaban los problemas. En la primavera de 1917 una cadena de motines de los soldados franceses y, en menor medida británicos, recorrió el frente occidental. Aunque fueron brutalmente reprimidos, permitieron al menos, de la mano del general Petain, una mejora de las condiciones de los soldados. La estrategia consistente en enviar oleadas de soldados a una muerte segura, estrellándolos literalmente contra las alambradas y el fuego enemigo, fue corregida.

Todo esto era una demostración de que el consenso patriótico de los primeros meses de la guerra había entrado irremisiblemente en crisis. Dentro del movimiento socialista, los enemigos de la guerra crecieron. A la conferencia celebrada en la localidad suiza de Zimmerwald (septiembre de 1915) asistieron sobre todo representantes de los partidos socialdemócratas de la Europa del Este, además de los socialistas italianos y suizos y corrientes críticas de la socialdemocracia occidental. Fue una conferencia por la paz que, sin embargo, contra la opinión de los radicalizados bolcheviques encabezados por Lenin, no asumió la dialéctica de la ruptura revolucionaria ni quiso romper los puentes con el socialismo reformista. A la conferencia celebrada meses más tarde, en abril de 1916, en Kienthal, asistieron más organizaciones y, sobre todo, en posiciones más radicalizadas. Aunque siguieron sin asumirse las tesis rupturistas de Lenin a favor de la revolución socialista y la ruptura con la Segunda Internacional, sus apoyos crecieron: de 8 de los 38 delegados de Zimmerwald a 12 de 39. En esta posición radical se encontraban ya las minorías socialistas revolucionarias que constituirían el núcleo de futuros partidos comunistas, como el alemán o el polaco, además de, por supuesto, el bolchevique. Incluso entre los socialistas no vinculados a estas conferencias, la oposición a la guerra creció inexorablemente. Lo hizo en la SFIO francesa y en el SPD alemán. En este último, la creciente fuerza de la oposición interna condujo a su expulsión del partido y la subsiguiente formación del USPD (Partido Socialdemócrata Independiente) en abril de 1917.

El hastío de la guerra provocó también el surgimiento de iniciativas a favor de una paz de compromiso. A esta dinámica obedeció el llamamiento del Papa Benedicto XV en agosto de 1917 y, más significativamente, la obra de mediación del presidente norteamericano Woodrow Wilson en diciembre de 1916. Sin embargo, aunque ninguno de los beligerantes opuso un rechazo frontal, las exageradas ambiciones que todos ellos habían generado hicieron inútil el esfuerzo. Más aún, en el momento en que las propuestas de paz se formulaban y reformulaban la guerra se radicalizó y extendió a un tiempo. En enero de 1917, Alemania declaró la guerra submarina total por la que todo barco mercante que comerciara con los aliados quedaba convertido en objetivo de guerra. Y en febrero de ese mismo año se conocía el «telegrama de Zimmermann» por el que Alemania prometía a México la restitución de los territorios perdidos en el siglo XIX a cambio de su entrada en la guerra contra los Estados Unidos. Consecuentemente, éstos declararon la guerra a Alemania dos meses más tarde, en abril de 1917, en lo que constituiría la más decisiva aportación para la victoria aliada.

La revolución rusa del 27 de febrero de 1917 (12 de marzo en el calendario occidental) fue el otro gran acontecimiento que iba a marcar decisivamente la evolución del conflicto. Operaron en ella los mismos factores que en otros países —descontento entre los soldados y la población, hastío de la guerra— aunque en un grado mucho mayor. Además, el régimen zarista era el que menor capacidad de apertura en una dirección democrática había mostrado. Mayores dificultades en el frente y en la retaguardia, debilidad e inflexibilidad del Estado se combinaron para convertir unos disturbios populares en una revolución que contó con el apoyo de destacamentos militares de la capital, Petrogrado. Se produjo la abdicación del Zar y se constituyó un Gobierno Provisional que había de preparar la convocatoria para una Asamblea Constituyente. Al mismo tiempo, sin embargo, se constituyeron los Soviets (Consejos) de diputados obreros con lo que se configuró una situación de doble poder de hecho que no se cerraría hasta la revolución del 25 de octubre (7 de noviembre) que llevaría al poder a los bolcheviques.

La revolución de febrero abrió expectativas en todas las direcciones. Por una parte, constituía un impulso en la línea de reconducción democrática de la guerra y de apertura a la idea de una solución negociada del conflicto, con lo que venía a reforzar posiciones como las de Wilson o a impulsar el hecho de que otros gobiernos o parlamentos, como el alemán en julio de 1917, hicieran declaraciones a favor de la paz. Por otra parte, liberaba a los aliados de la contradicción de estar librando una guerra que se legitimaba como una lucha decisiva contra el absolutismo y el militarismo pero que se combatía en alianza con la mayor potencia autocrática. Por otra, en fin, vino a reforzar las tendencias y sectores del socialismo internacional más abiertamente opuestas a la guerra. En última instancia, sería esta última línea la que tomaría un mayor impulso a partir de su triunfo en Rusia. La revolución de febrero había sido en gran parte una revolución para la paz, y ésta sería la idea dominante en los Soviets. Pero el Gobierno Provisional mantuvo sus compromisos bélicos y se obcecó en una serie de ofensivas de consecuencias catastróficas tanto en el frente como en la retaguardia. Esto permitió que la influencia de los bolcheviques creciera extraordinariamente en los Soviets por cuyo poder en exclusiva abogaba abiertamente el partido de Lenin. Mayoritario en el Soviet de Petrogrado que a la altura de octubre de 1917 era el que detentaba el poder real, el partido bolchevique no hizo sino asumir un poder que yacía en la calle en nombre de lo que ansiaba la mayoría de la población: la paz y el reparto de la tierra.

El fin de la guerra. Revolución y contrarrevolución

Los bolcheviques en el poder dieron publicidad a los tratados secretos, lo que venía a demostrar a la opinión internacional las ambiciones expansivas e imperialistas que latían por debajo de los discursos legitimadores de todas las potencias. Pero su apuesta por la paz chocó con las ambiciones imperiales de una Alemania en la que las declaraciones pacifistas de su Parlamento no habían servido más que para demostrar que el poder real estaba más del lado del Estado Mayor del Ejército que del gobierno o los partidos mayoritarios, socialistas o «burgueses» que estos fueran. Cuando los negociadores soviéticos en la Conferencia de Paz de Brest-Litovsk declararon unilateralmente la paz con Alemania, pero sin aceptar sus condiciones, ésta lanzó una ofensiva que forzó la aceptación por Rusia de una paz draconiana: perdía Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Finlandia y Ucrania, además de asumir el pago de reparaciones. Esta claudicación liberaba además a Alemania del peso del frente oriental. Y también al imperio austro-húngaro, que meses antes había infligido una derrota de grandes proporciones a los italianos en Caporetto (24 de octubre de 1917).

A pesar de estas circunstancias favorables, los Imperios Centrales fueron derrotados en 1918. En enero de este año, como una respuesta en parte al desafío bolchevique, el presidente Wilson había formulado sus «14 puntos» para una paz justa y duradera. Se exigía en ellos una diplomacia abierta sin acuerdos secretos, la libertad absoluta de navegación en tiempos de paz y de guerra, la supresión en la medida de lo posible de las barreras aduaneras, la creación de «condiciones económicas iguales» para todos los países y la reducción de armamentos. Respecto del problema colonial, se mantenía en el terreno ambiguo de reivindicar el respeto de los intereses de las poblaciones afectadas. El último punto contemplaba la creación de una Sociedad de Naciones.

Los «catorce puntos de Wilson» constituían toda una apuesta democrática por un nuevo modelo para la sociedad internacional. Pero tenían también la virtud de ofrecer una vía de salida del conflicto a las potencias centrales tan pronto como el peso de la intervención americana y los efectos del bloqueo aliado terminaran por decantar la guerra en su favor.

Esto es exactamente lo que sucedió a lo largo de 1918. En la ofensiva aliada de julio-agosto, los alemanes, derrotados, se vieron obligados a retirarse a la línea defensiva Sigfried. Aunque esto no suponía todavía el hundimiento de los ejércitos alemanes, su Estado Mayor tomó plena conciencia de la inevitabilidad de la derrota por lo que los generales Hindenburg y Ludendorff presionaron al ejecutivo para que pidiera un armisticio basado en los puntos de Wilson. A principios de octubre se produjo dicha petición y cuando aún se discutían los términos de las notas de respuesta norteamericana se produjo el hundimiento definitivo de los Imperios Centrales. En el frente alpino, los italianos que habían conseguido frenar con ayuda aliada la penetración austríaca a partir de Caporetto habían pasado a la ofensiva y obtenido la victoria determinante de Vittorio Veneto (30 de octubre) lo que conducirá a la petición de armisticio a Italia del imperio austro-húngaro unos días más tarde, el 3 de noviembre. Poco antes, había estallado la revolución en Viena constituyéndose una Asamblea nacional, al tiempo que Checoslovaquia, Hungría y los eslavos del sur (yugoslavos) proclamaban su independencia. En Alemania, una imprudente orden dada a la escuadra para que se hiciera a la mar provocó la sublevación de los marinos y obreros de la base de Kiel, a principios de noviembre, lo que fue seguido por la formación a lo largo de toda Alemania de Consejos revolucionarios de obreros y soldados, que siguiendo el modelo soviético, asumieron el poder en la mayoría de la ciudades. El 9 de noviembre se proclamaba la República alemana para constituirse acto seguido un nuevo gobierno formado paritariamente por SPD y USPD. Dos días más tarde se firmaba el armisticio. La guerra había terminado.

Las pérdidas humanas de la guerra superaron los trece millones de muertos entre los soldados, a los que habría que sumar una cifra no demasiado lejana de civiles. Otros millones de seres habían vivido el infierno de las trincheras o habían experimentado en propia carne los sufrimientos de la retaguardia. Inválidos, huérfanos, viudas completaban un panorama desolador. No es extraño, pues, que los contemporáneos bautizasen a la Primera Guerra Mundial como la Gran Guerra, que se haya visto en ella el auténtico inicio del siglo XX, o que, más aún, haya sido considerada como una auténtica divisoria de aguas en la historia de la civilización.

Después de la guerra, en efecto, nada fue igual. Las experiencias de la movilización industrial total cambiaron, una vez más, las dimensiones del capitalismo, al tiempo que habían dado al Estado una presencia en el terreno económico que no haría sino avanzar en lo sucesivo. Sobre todo, millones de ciudadanos habían experimentado por primera vez el contacto con la vida política de la forma más directa y dramática posible, la que les situaba entre la vida y la muerte. No sería fácil en lo sucesivo mandar estos ciudadanos a sus casas, mantenerlos al margen de la vida política. Si se hablaba antes de la guerra de la sociedad de masas o de la política de masas, éstas se hicieron una realidad incuestionable justo entonces. El lado positivo de este cambio estriba en el hecho de que, aun por el peor de los caminos, la hora de la democracia había llegado para siempre.

Sin embargo, ese horizonte democrático podía conducir a caminos aun peores que los recorridos. Frente a los horrores de la guerra y la posguerra, a la humanidad se le abrieron tres caminos diversos. El de la democracia parlamentaria y el establecimiento de una sociedad internacional pacífica era uno de ellos. Se podía achacar la guerra a los efectos del absolutismo y el militarismo con los que se quería identificar a los vencidos, a los Imperios Centrales. Si se afirmaba la democracia desaparecerían los sectores agresivos que habían precipitado a la humanidad en la catástrofe. Tanto más si a esta afirmación democrática se unía la firme voluntad de satisfacer los derechos sociales de los ciudadanos, se mejoraba la sanidad y la educación, se establecían mecanismos de negociación y colaboración entre las organizaciones empresariales y las sindicales, se llevaban adelante reformas agrarias. Era una dirección que enlazaba, para prolongarlas, con algunas de las experiencias más positivas de la guerra, aquéllas que le habían querido dar una faz de guerra democrática, combatida al final para que ésa fuera «la última de todas las guerras». Las democracias occidentales, con el presidente Wilson y los socialdemócratas europeos a la vanguardia, constituían la base de lo que podría ser ese futuro para la humanidad. La Sociedad de Naciones entendida como un principio de gobierno universal podría constituir, junto con el destierro de la diplomacia secreta, el corolario en el plano internacional de ese futuro esperanzador.

Pero el inmenso sufrimiento de la guerra admitía otras explicaciones que, a su vez, conformarían las otras alternativas. Si la guerra había sido, como pretendía Lenin y pronto los comunistas de todas las latitudes, una consecuencia inevitable del capitalismo en su fase imperialista, no había más alternativa que la de la revolución socialista. Aquella que con la abolición de la propiedad terminaría para siempre con la explotación del hombre por el hombre y las rivalidades entre las grandes potencias imperialistas. El «nunca más» una guerra tan destructiva como la experimentada exigía pues la revolución y, además, a cualquier coste. Aunque éste comportase la más severa represión de las libertades —se suponía que transitoriamente— y la ruptura definitiva con la socialdemocracia reformista cuya conducta durante la guerra habría mostrado su alejamiento respecto de los verdaderos intereses del proletariado.

Si las dos alternativas anteriores se remitían a los valores de la Ilustración y la Revolución francesa, la tercera emergía directamente contra ellos. Si en la guerra se había combatido en la forma en que se había hecho era porque había algo en ella por lo que valía la pena luchar y morir. En la guerra se daban los comportamientos más sublimes, aquellos en los que a través del heroísmo el hombre se elevaba por encima de los valores hedonistas, materialistas y pacifistas. En las trincheras se había experimentado otro tipo de belleza, la de las tormentas de fuego y acero, y otra forma, superior, de fraternidad. La camaradería de las trincheras habría mostrado, en efecto, que en el combate sublime por la nación podían borrarse las diferencias sociales, religiosas, regionales y políticas. Es decir, se podía afirmar una comunidad nacional armónica y entusiasta que acabara para siempre con las fracturas que, en su interior, habían sido generadas en lo económico por el capitalismo y en lo político por el liberalismo. Poco importaba, desde este punto de vista, que esa experiencia se hubiese materializado en la dialéctica de matar o morir. La banalización de la guerra, que incluiría desde la comercialización de recuerdos con ella relacionados hasta un auténtico turismo hacia los escenarios más emblemáticos, contribuyó a desdibujar los elementos más traumáticos de la memoria. Y cuando esto no bastaba, operaba la sacralización de los muertos y el culto a los caídos. Lo que George Mosse ha llamado la barbarización de la política permitiría la exaltación de la idea de matar al enemigo como un componente más, y no el peor, de la naturaleza humana. Aunque banalización, sacralización y barbarización pudieron afectar en diverso modo a diferentes sectores políticos de los distintos países, en el sentido de la disminución de la sensibilidad hacia las grandes catástrofes humanitarias producidas por el hombre, lo cierto es que constituirían, en combinación con las más arriba mencionadas, inequívocas señas de identidad del naciente fascismo.

De las tres alternativas, la segunda, la comunista, emergió con suficiente fuerza a partir de su triunfo en Rusia como para convertirse en una pesadilla para amplísimos sectores sociales, y no sólo los reaccionarios, en todo Occidente. No en vano al triunfo de la Revolución de Octubre le habían seguido, tras el fin de la guerra, la proclamación de la República de los Consejos de Baviera y la revolución comunista encabezada por Bela Kun en Hungría. Todo ello acompañado, además, de una formidable oleada huelguística que recorrió toda Europa y del desarrollo de nuevas tentativas insurreccionales en Alemania. En algunos países, como Italia, la fortaleza del socialismo revolucionario era tal que por un momento pudo pensarse que era capaz de asaltar el poder. El llamado «trienio bolchevique» en España, obedeció a ese mismo clima de radicalización revolucionaria de las bases sociales. Con la aparición de los partidos comunistas, severamente encuadrados en la Tercera Internacional o Internacional Comunista, el espectro de la revolución pareció tomar la más amenazadora de las formas. Hasta en los Estados Unidos se difundió, en una de sus periódicas reacciones paranoicas, el «red scare», el miedo al rojo. La sensibilidad mostrada por los comunistas hacia el derecho de autodeterminación de los pueblos coloniales añadió otro factor de miedo en las grandes potencias como Francia o, de forma muy significativa, el Imperio británico.

Pronto se pudo observar, sin embargo, que la oleada revolucionaria tenía un recorrido bastante más limitado del esperado. Las revoluciones de Baviera y Hungría fueron rápida y brutalmente aplastadas. Los socialistas italianos mostraron más capacidad para asustar a sus enemigos que para organizar algo lejanamente parecido a una revolución. Solo ocasionalmente los comunistas consiguieron arrastrar con ellos a los partidos socialistas existentes y, cuando lo hicieron, fue para entrar muy pronto en procesos de retroceso que, salvo excepciones, los situarían en los márgenes del movimiento obrero organizado.

En cierto modo, la evolución de la revolución alemana, en la que tantas esperanzas habían depositado los comunistas rusos, ejemplifica la dirección principal de los procesos en curso. A pesar de detentar el poder real como resultado de la revolución de noviembre, los socialdemócratas alemanes optaron por la vía de la convocatoria de una Asamblea Nacional, descartando toda vía revolucionaria. El levantamiento espartaquista de enero de 1919 fue violentamente reprimido y, en su curso, fueron asesinados por nacionalistas de derechas sus dirigentes: Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Era una de las posibles consecuencias de la alianza que se estaba forjando entre los socialistas en el gobierno y el ejército. Del mismo modo los pactos entre los sindicatos y los empresarios permitieron, a un tiempo, desactivar la inercia revolucionaria y promover amplias ventajas sociales para los trabajadores. Con la aprobación de la Constitución democrática de Weimar, Alemania se dotaba de un régimen políticamente democrático y socialmente avanzado, en el que, no obstante, la fuerza del ejército y los poderes económicos, industriales y agrarios, permanecía intacta.

Hacia 1919-1920 las perspectivas de la revolución socialista se alejaban cada vez más ostensiblemente, al tiempo que parecía afirmarse la alternativa democrática. De hecho, durante unos meses y con la excepción de lo que pronto se configuraría como Unión Soviética, democracias parlamentarias incluso socialmente avanzadas se habían establecido en la práctica totalidad de los países europeos. En algunos de ellos, además, con los partidos socialistas en posiciones de gobierno. Ni siquiera parecía por entonces que los grupos nacionalistas de extrema derecha, los que configurarían la tercera alternativa mencionada, estuvieran en condiciones de romper su condición de formaciones marginales, sectarias y extraordinariamente fragmentadas.

Los acuerdos de paz

También este clima democrático generalizado, sin embargo, iba a experimentar un cambio radical en breve tiempo. Hasta el punto de que en apenas dos años la democracia parlamentaria y constitucional empezaría a retroceder en Europa de una forma en principio escalonada y de forma imparable ya en los años treinta. Lejos de constituir una excepción, como se pensó entonces, el régimen autoritario del almirante Horty en Hungría que había sucedido a la revolución comunista constituyó un precedente: Italia, España, Portugal y Polonia, entre otros, abandonaron pronto la vía de la democracia constitucional. En Alemania el retroceso de la izquierda democrática fue espectacular, como lo confirmaría la elección del mariscal Hindenburg, candidato de la derecha monárquica, como presidente de la república en 1925. Muchos fueron los factores que, como se verá en su momento, explican este retroceso, pero algunos de ellos estaban directamente relacionados con el modo en que los acuerdos de paz de París pretendieron sistematizar la posguerra.

En enero de 1919 se reunían en el palacio de Versalles setenta delegados de las veintisiete potencias vencedoras al objeto de perfilar lo que habían de ser los tratados de paz. Pronto, sin embargo, se produjo una simplificación de los negociadores hasta dar a la conferencia el perfil que la caracterizaría: aquélla sería una negociación entre las cuatro grandes potencias vencedoras, esto es, EE.UU., Inglaterra, Francia e Italia. Quedaban fuera, por tanto, la Alemania derrotada y la Rusia Soviética.

Pronto se advirtió que los puntos de Wilson que en principio habrían de constituir la base de las negociaciones, deberían conciliarse con aquellas realidades más profundas que habían conducido a la guerra: los acuerdos secretos, las aspiraciones nacionales irredentistas, los pretendidos derechos históricos de las potencias, sus aspiraciones imperialistas. Así Francia, además de recuperar Alsacia y Lorena haría especial hincapié en el pago de reparaciones por parte de Alemania, toda vez que ésta habría sido responsable de una guerra librada en buena parte en suelo francés. Inglaterra, partidaria también del pago de reparaciones, pretendía moderar su importe, al tiempo que mantenía y conseguía sus exigencias en Oriente Medio y África. Italia se acogía, a la vez, al principio de nacionalidad para reivindicar Fiume, al estratégico para anexionarse el Tirol del Sur —de población germana— y al imperialista para defender sus aspiraciones en el Mediterráneo Oriental. Wilson podía adoptar entretanto una posición de superioridad moral en la medida en que no tenía reivindicaciones territoriales que presentar. Pero su posición no estaba libre de contradicciones. Por una parte, algunos de sus «puntos» recordaban demasiado el principio imperialista de «puerta abierta»; por otra, el grado de firmeza en la defensa de sus principios oscilaba según la naturaleza de los implicados. Muy firme respecto de las aspiraciones italianas, lo era menos en lo que afectaba al problema alemán. En el terreno colonial se ajustaría con facilidad a las pretensiones francesas y británicas.

Los resultados globales de los tratados de paz reflejaban con bastante exactitud algunas de las contradicciones mencionadas. Alemania perdía Alsacia, Lorena, el Sarre —que sería explotado económicamente por Francia durante quince años—, Poznan, Prusia Occidental y los territorios de Hlucin y Medel; Danzig se convertía en ciudad libre; y se debían celebrar plebiscitos en Eupen Malmedy, Schleswing septentrional, Alta Silesia y parte de Prusia Oriental. El resultado era, además de las pérdidas territoriales, que Alemania quedaba dividida en dos partes por mor del famoso «corredor polaco» que daba a este país la salida al mar. Siempre en el terreno de las amputaciones territoriales, Alemania se veía privada de todas las colonias. En otro orden de cosas, se veía obligada al pago de reparaciones, al tiempo que Inglaterra se adjudicaba la mayor parte de su flota mercante y una parte sustancial de la pesquera. El ejército alemán quedaba reducido a 100.000 hombres con prohibición expresa de rearme. La Renania debía quedar totalmente desmilitarizada y las tropas de ocupación permanecerían en esta región durante un periodo de quince años.

Italia obtuvo el Tirol del Sur, pero hubo de renunciar a sus aspiraciones en la costa Dálmata. En el Mediterráneo oriental hubo de conformarse con la consolidación de su control sobre Rodas y el Dodecaneso y, en el Adriático, con la inclusión de Albania en su zona de influencia.

En la Europa danubiano-balcánica, los aliados no hicieron sino tomar nota de los cambios ya introducidos de hecho. En los casos de las disputas fronterizas, el principio de nacionalidad se aplicó en un solo sentido: cuando éste favorecía a los aliados de los aliados. De este modo se configuró una división entre países satisfechos e insatisfechos. Entre los primeros, Checoslovaquia, que reunía en sus fronteras a casi cuatro millones de no checos; Rumanía, con un total de 1.300.000 entre magiares y rusos; y Yugoslavia. Entre los segundos y, en consecuencia, pronto revisionistas, Hungría y Bulgaria.

En el centro quedaba un Estado con «una gran cabeza y un cuerpo pequeño», Austria, cuyos dirigentes, con los socialistas a la cabeza, deseaban en nombre del derecho de nacionalidad su unificación con Alemania. Pero tal posibilidad le fue explícitamente negada al pueblo austríaco por razones no difíciles de entender: Francia, sobre todo, e Italia argüían que con tal unificación la Alemania derrotada pasaría a tener un potencial demográfico y económico superior al anterior.

En la parte oriental del continente, la Rusia bolchevique hubo de asumir, ahora con el beneplácito aliado, una parte de lo que le había sido impuesto por Alemania en Brest-Litovsk. Aunque recuperó Ucrania oriental, hubo de asumir la independencia de Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia. Tras la guerra librada con esta última, la frontera entre los dos países quedó fijada unos 250 kilómetros al este de la frontera étnica. También en este caso pues, más allá del incuestionable derecho de los pueblos a la autodeterminación, este principio había funcionado en detrimento exclusivo de los perdedores, en esta ocasión la acechada Rusia bolchevique.

De este modo, la aparente solución del problema de las nacionalidades no haría sino generar nuevos problemas y conflictos, especialmente en la mayor potencia del centro de Europa, una Alemania humillada cuya naciente República democrática hubo de soportar la carga deslegitimadora que conllevó la firma de los tratados de paz. Pronto la derecha nacionalista antidemocrática construiría sobre esta base el mito, falso pero poderoso, de la «puñalada por la espalda». Se vinculaba con él la derrota, que se atribuía, como se vio, falsamente, a la revolución de noviembre, con la efectiva humillación de los tratados de paz.

La configuración del mapa europeo en su zona oriental presagiaba, pues, futuras tormentas: era cuestión de tiempo que los dos grandes perdedores, Alemania y la URSS, recobraran la fuerza suficiente para cuestionar el nuevo statu quo. Peor aún, a los nuevos Estados del este, la mayoría de ellos con graves problemas económicos, sociales y nacionales, se les vino a asignar implícitamente una función que evidentemente los sobrepasaba: debían de servir de tapón respecto de Alemania y como «cordón sanitario» frente a la URSS. Para conseguir lo segundo, las potencias occidentales empezaron a priorizar el anticomunismo sobre la democracia. Cualquier dictadura en la zona sería sustancialmente bien recibida siempre que viniese a reforzar su condición de bastión frente al comunismo soviético.

También la sistematización de las fronteras en la península italiana y balcánica generaría profundas tensiones de consecuencias igualmente trascendentales. Como potencia vencedora, Italia había incorporado los territorios «irredentos» y alcanzado su frontera «natural» en los Alpes. Pero en el recién creado reino de los servios, croatas y eslovenos (Yugoslavia), en la costa Dálmata, quedaban importantes minorías italianas. Aunque estos territorios no habían sido reivindicados en el tratado de Londres de 1915, algunos de ellos, especialmente enclaves urbanos como Fiume, de población mayoritariamente italiana, fueron reivindicados en nombre del principio de las nacionalidades. Se trataba del ya mencionado doble juego italiano. Aunque podía esgrimirse también que no otra cosa habían hecho en otras zonas los otros vencedores. Esto es lo que haría la derecha nacionalista a través del mito de la «victoria mutilada». Como en Alemania, el mito sería efectivo en su función de situar en una misma constelación la oposición a la guerra de los socialistas, las actitudes wilsonianas de los demócratas italianos —tildados de «renunciadores»— y la no consecución de las aspiraciones nacionalistas en Dalmacia.

Las consecuencias de la guerra y la paz en el Oriente Próximo serían menos espectaculares a corto plazo pero no menos trascendentes a largo. Para los aliados, la desmembración del Imperio Otomano se había convertido en una premisa. Así, con el tratado de paz de Sèvres, Turquía perdía toda presencia en el continente europeo salvo una pequeña zona en torno a Estambul. Algunas de las islas del Egeo pasaban a Grecia, y Chipre y Egipto al Reino Unido. Sólo la revolución nacionalista encabezada por Mustafá Kemal corrigió algo esta situación y sobre todo impidió que la propia península de Anatolia se conviertiera en un escenario de múltiples zonas de influencia occidentales. Los nacionalistas turcos neutralizaron también la independencia de Armenia occidental aunque, aquí, en el marco de un auténtico genocidio en el que cientos de miles de armenios fueron exterminados.

Fue sobre todo en el tratamiento de los territorios árabes de Oriente Medio donde se incubarían algunos de los problemas más dramáticos y de más amplio recorrido del siglo XX. A lo largo del conflicto, los aliados, en busca de apoyos en la zona, le habían prometido todo a todos: a los árabes un Estado árabe; a los judíos un «hogar nacional» en Palestina. Sin embargo, en la mejor tradición imperialista y contradiciendo todas las promesas, ingleses y franceses habían decidido, con los acuerdos Sykes-Picot de 1916, un reparto de la zona entre ellos. Según éstos, Francia obtendría Siria y Líbano, e Inglaterra Iraq y Palestina. Con el fin de la guerra y para compaginar la voluntad imperialista con las direcciones democráticas de la Sociedad de Naciones, se estableció un sistema de mandatos. Según éste, Francia e Inglaterra, como «potencias mandatarias» de la Sociedad de Naciones, se encargarían del gobierno de esos países mientras preparaban a su población para el ejercicio de la democracia. El resultado fue un reparto en el que lo único que no se tomó en consideración fue la voluntad de la población árabe: ni habría un Estado árabe unificado ni se preguntaría a las poblaciones acerca de sus preferencias respecto de la potencia mandataria. Inglaterra se reservó Palestina, donde desarrolló una política errática respecto de la inmigración judía que incubaría el futuro problema palestino. También Iraq, país en buena parte inventado, del que los franceses cederían la zona norte a cambio de su participación en las sociedades petrolíferas. Inglaterra se adjudicó asimismo un país intermedio, Transjordania, que no tenía más objeto que el de constituir un pasillo entre Iraq y Palestina. Francia, entretanto, quedó como mandataria de Siria y Líbano, sellando una división en buena parte artificial de ambos países. Casi un siglo después, la zona sigue constituyendo un gran foco de tensiones mundiales en las que se entrecruzan las líneas del viejo imperialismo y el discurso occidental de la tutela de los pueblos en beneficio de una configuración democrática. En el Extremo Oriente, en fin, Japón obtenía, en detrimento del derecho de nacionalidades, los archipiélagos alemanes del Pacífico al norte del ecuador, además del reconocimiento de sus intereses en Shantoung.

De todos los problemas mencionados, el que iba a tener efectos más determinantes a corto y medio plazo era el de la Europa continental. No en vano la Primera Guerra Mundial había empezado como guerra europea, del mismo modo que lo haría veinticinco años más tarde el segundo conflicto mundial.

El problema fundamental radicaba en la humillación del sentimiento nacional alemán y el hecho de que Alemania mantuviera su independencia política, económica y administrativa. Era la propia Alemania la que decidía si pagaba o no las reparaciones, si rearmaba o no, si mantenía o no la desmilitarización de la Renania. Naturalmente, caso de no cumplir tales requisitos, podía ser ocupada por los aliados, pero como señalara Taylor, ¿cuántas veces y hasta cuándo? Con todos los recortes territoriales y de soberanía que se introdujeron, Alemania seguía siendo la primera potencia económica del continente. Era, pues, inevitable que en algún momento el problema se planteara en toda su crudeza. Frente a él existían dos posibilidades. Una, que se abriera la posibilidad de una revisión pacífica de los tratados, especialmente de aquellas cláusulas más humillantes para Alemania. La otra consistía en el establecimiento de sólidas garantías internacionales que frenasen a un eventual sucesor. Cualquiera que fuera la vía por la que se optase, una condición parecía necesaria: la existencia de una absoluta unidad de los vencedores.

Nada de ello ocurriría. Las garantías militares que se fijaron en el Pacto de la Sociedad de Naciones eran, sencillamente, inaplicables. Así, mientras el artículo 10 establecía la defensa de la independencia e integridad territorial de todo Estado, el 19 establecía lo contrario, es decir, el principio de mutabilidad por «acuerdo unánime». El artículo 16 establecía sanciones económicas y militares contra eventuales violadores del pacto, pero el 15 daba libertad a los miembros de aplicarlas. Además, ni Alemania ni la URSS fueron admitidas en la Sociedad de Naciones.

Tampoco se dio la unidad entre los vencedores. EE.UU. e Inglaterra habían prometido a Francia, como compensación a su moderación, garantías en caso de agresión. Sin embargo, el Senado norteamericano no ratificó ni las garantías ni el propio pacto de la Sociedad de Naciones. Ausentes los EE.UU., Inglaterra retiró las suyas. Además, Gran Bretaña y Francia entendieron de modo distinto el papel que había de jugar la SDN. La primera la concibió como un medio para ir modificando gradualmente las condiciones más injustas de los tratados de paz; la segunda como un medio de mantener rígidamente el statu quo.

Finalmente, privada de garantías, Francia empezó a tejer una red de acuerdos y alianzas destinadas a suplir en el Este el papel de contrapeso tradicional desempeñado por la Rusia zarista. Desarrollaría así una serie de sucesivos tratados y pactos con Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia.

Todo esto sucedía en una Europa que era además, en todos los sentidos, más pequeña. Del conflicto emergían los Estados Unidos de América como la única superpotencia desde todos los puntos de vista: del industrial al comercial y financiero, del militar al político. Fue algo, sin embargo, de lo que nadie pareció tomar conciencia a ambos lados del Atlántico. Incluso el sistema monetario internacional se reconstruyó sobre la base de una moneda, la libra esterlina, y de una economía, la británica, que estaban bien lejos de tener el peso que habían tenido en el pasado. Esto demostraba una cierta voluntad de volver a la estabilidad de los años anteriores a la guerra, ahora retrospectivamente idealizados. Pero no respondía, en absoluto, a la nueva realidad. Fue esta obcecación en recrear un pasado que ya no existía la que explica que las potencias vencedoras reprodujeran comportamientos que resultaban por completo inadecuados a la nueva situación. Nada reflejaba esto mejor que el hecho de que el país que había contribuido a dar un nuevo sentido, democrático y universalista a la guerra, marcado las líneas de salida de la misma y apuntado la configuración de un nuevo sistema internacional, los Estados Unidos, se replegara, como se ha visto, sobre viejas posiciones aislacionistas.

Esa misma posición se reflejó en el tratamiento de los agobiantes problemas económicos de la posguerra. Tan pronto como aparecieron los primeros síntomas recesionistas, los EE.UU. volvieron a antiguas prácticas proteccionistas. Se mostraron además inflexibles en lo que relativo al cobro de las gigantescas deudas de guerra acumuladas por sus aliados. Éstos, a su vez, reaccionaron estableciendo una vinculación no menos rígida entre el cobro de las reparaciones de Alemania y el pago de la deuda. Se cerraba con ello un círculo vicioso de insolidaridades y rivalidades destinado a enervar, más que a paliar, los problemas económicos y las tensiones políticas que estos generaban. Desde el punto de vista de la política internacional, la gran esperanza emergente, la Sociedad de Naciones, quedaba privada de lo que podría haber sido su gran elemento de fuerza, la presencia norteamericana.

Los legados de la guerra

La humillación y profundas cargas a que fueron sometidos los vencidos, la división política entre los vencedores, la insolidaridad económica hacían presagiar una posguerra especialmente conflictiva. También en el plano interior de los distintos Estados las dificultades se multiplicaban. Pronto se demostró que las constituciones democráticas recientemente aprobadas en casi todas las partes no constituían una solución mágica para los grandes problemas que se avecinaban. En este sentido, los problemas nacionales derivados de los acuerdos de paz serían decisivos. Como lo serían también los sociales. En los primeros momentos de la oleada revolucionaria que puso fin a la guerra, el miedo al comunismo había constituido un factor de primer orden para que la mayoría de los actores se mostrara dispuesta a asumir los costes de acuerdos socialmente avanzados. Pero cuando la marea revolucionaria decreció y asomó la recesión económica muchos de estos actores, especialmente los poderes económicos, empezaron a hacer cuentas. Así, al miedo a la revolución, nunca del todo desaparecido, se unía una voluntad decidida de frenar y, a ser posible, revertir, las concesiones que se habían hecho a los trabajadores de la ciudad o del campo. Hasta cuando estas se mantenían en el marco de grandes acuerdos corporativos entre los industriales y los sindicatos, muchos sectores sociales intermedios podían sentirse excluidos, incluso «atrapados» entre fuerzas sociales mucho más poderosas y mejor organizadas. Se abría así un eventual terreno de encuentro entre estos sectores intermedios y los que querían revertir y aún anular los avances sociales experimentados. Una posible vía de convergencia de intereses en la que la perspectiva de la restricción y aun anulación de las libertades no estaba en absoluto excluida. Cuando a todo esto se unía la existencia de profundos y generalizados sentimientos de humillación nacional, la situación podía terminar por ser explosiva.

En este contexto, quienes habían visto la guerra como una experiencia positiva en la que las contradicciones que ahora volvían a desgarrar a la sociedad desaparecían, en la que la fraternidad de las trincheras parecía alumbrar el germen de una comunidad nacional armónica y entusiasta, en la que la destrucción violenta del enemigo constituía un axioma, quienes, en suma, habían sacralizado la guerra y la barbarización a ella inherente, pudieron ver llegado su momento. Al reflujo de la oleada revolucionaria podía seguirle entonces el de la democrática abriendo así amplios espacios para el desarrollo de la tercera alternativa, la que se articularía en el fascismo.

Naturalmente, no había nada de predeterminado en todo ello. De hecho, fueron necesarios nuevos y grandes cataclismos —económicos, por ejemplo— para que estas amenazas cobraran toda su fuerza devastadora. En algunos países, como los escandinavos, se articularon respuestas que si de una parte enlazaban con lo mejor que pudo haber emergido de la gran guerra, por otra anticipaban lo que serían las democracias política y socialmente avanzadas de la segunda posguerra mundial.

Puede decirse, en resumen, que esa Gran Guerra que había marcado una línea divisoria en la era de la humanidad tuvo un legado profundamente contradictorio en el que lo viejo y lo nuevo se entrecruzaban para abrir los más esperanzados caminos, pero también los más negros augurios. Por una parte, estaba el horizonte de la democracia política y la reforma social, de la ciudadanía social, de los derechos de los pueblos, los coloniales especialmente, a la libertad y la autodeterminación, de instrumentos que garantizase el viejo sueño ilustrado de la paz universal y duradera. Por otra, se incubaba el mayor asalto jamás experimentado a los valores de la Ilustración y la revolución social, la destrucción hasta la raíz de las libertades, la expansión de los imperios o incluso la extensión a la propia Europa de los objetivos y prácticas coloniales, la destrucción masiva, industrial, planificada y racionalizada de millones de seres humanos.

La Gran Guerra vino a constituir, pues, la más terrible de las encrucijadas. Sólo una cosa parecía segura a su término: que el mundo de la vieja política había pasado para siempre, que las «masas», esto es, la inmensa mayoría de las poblaciones, no podían ser enviadas ya a casa como en los viejos tiempos. Ésa es, precisamente, la gran paradoja de la guerra y la posguerra: que las tres grandes alternativas que iban a enfrentarse en la llamada guerra civil de los treinta años tenían solamente una cosa en común: todas ellas eran «democráticas» en el sentido de hacer del pueblo, de los ciudadanos, el gran referente, el pretendidamente gran legitimador.

EL PERIODO DE ENTREGUERRAS: LAS DEMOCRACIAS

JORDI CASASSAS

La democracia europea en apuros

El final de la guerra había comportado la derrota incondicional de la autocracia zarista, de las arbitrariedades del viejo Imperio Turco y del autoritarismo antidemocrático de los llamados Imperios centrales, el alemán y el austro-húngaro; al mismo tiempo había significado el triunfo de las potencias liberal-democráticas: Francia, Italia, Gran Bretaña y EE.UU. Con la capitulación de los vencidos, estas potencias podían respirar aliviadas, puesto que su victoria no había sido nada clara hasta bien entrado el año 1917.

Aún más, en la primera fase de la guerra el rígido autoritarismo gubernamental de un Guillermo II de Alemania se había demostrado mucho más eficaz que los inestables e insuficientes gobiernos de las potencias occidentales democráticas. De esta forma, con el fin de las hostilidades, la democracia podía afianzarse, aunque sólo fuese formalmente, en los nuevos países que surgían del desmoronamiento de aquellos imperios: en Checoslovaquia (1918), en Austria (1919), en Yugoslavia (1920), en Rumania (1921), así como en Polonia y en Bulgaria. Tan sólo Rusia quedó fuera de este circuito, tras la victoria bolchevique del otoño de 1917; incluso Turquía emprendió la vía constitucional modernizadora, según el modelo «occidental», tras el levantamiento militar de Kemal Ataturk (1920).

A pesar de este aparentemente arrollador triunfo democrático y de la voluntad de los grandes líderes occidentales de restaurar lo que vino en llamarse el «statu quo ante» (el equilibrio anterior a la guerra), la recomposición democrática de la posguerra no fue ni fácil ni lineal. Amplios sectores de la población occidental pensaron que la vieja democracia liberal parlamentaria representaba un sistema caduco e incapaz de dar solución a los nuevos y dramáticos problemas planteados por la guerra. Esta desconfianza afectó incluso a países en los que la continuidad institucional quedó fuera de dudas. Pero es que a los dirigentes de todos los países que habían estado en guerra, todos ellos arruinados y en profunda crisis interna, les fue realmente difícil comunicar a la ciudadanía el mínimo entusiasmo democrático necesario para recomponer la situación.

Por una parte existía el coste de la guerra, aunque sólo fuese el económico, que lastraba poderosamente cualquier posibilidad de recuperación. Vencedores y vencidos se habían arruinado por igual: Francia, Italia y Alemania habían gastado el equivalente a sus respectivos productos interior bruto de 1913, y Gran Bretaña, con un déficit militar previo mucho mayor, el triple del suyo. Incluso para los vencedores, la posibilidad de una recuperación pasaba por el endeudamiento exterior (por regla general con los Estados Unidos) y por la aplicación de medidas realmente antipopulares, como el aumento de los impuestos, la apelación al «ahorro patriótico» o la simple acuñación de nueva moneda, con lo que se abrían rápidos procesos inflacionistas de grave repercusión sobre el conjunto de la población: entre 1900 y 1914, la media de los precios europeos occidentales no llegó a crecer el 1 %; entre 1915 y 1918, los de Gran Bretaña se multiplicaron por 2, los de Italia por 2,5 y los de Francia por 3,5. Frente a la penuria colectiva, el enriquecimiento desmesurado de unos pocos industriales y comerciantes resultó más insultante y constituyó otro de los elementos de crispación colectiva.

Las dificultades económicas fueron más difíciles de superar en la medida en que la población que debía realizarlo se hallaba profundamente afectada: el coste humano de la guerra no había sido previsto por nadie y la ciudadanía europea tan solo podría superarlo si se le aseguraba que nunca más iba a producirse una catástrofe semejante. Más de 60 millones de personas se habían visto directamente afectadas por la contienda, desplazadas de sus lugares de residencia y trabajo y la mayoría obligados a la terrible experiencia de la guerra de trincheras. Su regreso a los puntos de origen no fue menos dramático. En Francia, de cada 1.000 jóvenes activos habían desaparecido 105, sin contar el hecho de que en Europa occidental (excluida Rusia) habían muerto más de 5 millones de civiles, a los que deberían sumarse varios millones más como consecuencia de la terrible epidemia de gripe que azotó el continente en 1918-1919. Aparte de los muertos, del frente regresaron casi 7 millones de incapacitados permanentes y unos 15 millones de heridos de distinta consideración.

A estas magnitudes sin precedentes se añadió la avalancha de gente que regresaba teóricamente sana (los problemas psicológicos se multiplicaron en la posguerra), con la idea de que la sociedad les debía una compensación por el supremo esfuerzo que habían realizado por ella. Las dificultades para acomodar a toda esta gente (los ex combatientes) encendió protestas y conflictos de todo tipo, así como una oleada inicial de signo revolucionario (comunas, comités al estilo soviético, ocupaciones de fábricas, etc.) que crearon en la clase política un pánico más que justificado. Estos hechos contribuyeron a extender una oleada de recriminaciones y recelos hacia la clase política y hacia la oligarquía económica, a los que muchos no tardaron en considerar como los responsables directos de la guerra: no existían países vencedores ni vencidos puesto que el único derrotado era el pueblo.

La posibilidad de una recuperación democrática sin excesivos problemas también se alejó por el comportamiento político e institucional de los distintos países y sus respectivas clases políticas durante el conflicto. Tanto Francia como Gran Bretaña, al principio de la guerra habían manifestado un evidente desconcierto político. En Francia, durante los primeros meses del conflicto las Cámaras ni se habían reunido y el Gobierno presentó síntomas evidentes de debilidad, con repetidas crisis ministeriales. En Gran Bretaña se optó por mantener el mismo Gobierno, con Asquith a la cabeza, con síntomas de una debilidad y desprestigio parecidos. A esta situación de desconcierto inicial le había seguido una similar reacción autoritaria: en Francia, con el gabinete de guerra presidido desde noviembre del 1917 con mano dura y el recurso permanente a la excepcionalidad del «estado de guerra» por Georges Clemenceau; en Gran Bretaña, en diciembre de 1916, con el gabinete de guerra presidido por Lloyd George.

En ambos casos, la actuación gubernamental había sido brutal y arbitraria. A pesar de escudarse en el interés nacional amenazado, todo el mundo recordaba las frecuentes detenciones arbitrarias, los juicios dudosos amparados en la ley de excepción, la dura represión de cualquier protesta (la sanguinaria represión del levantamiento irlandés de abril de 1916 sorprendió a todo el mundo), la acción sin control parlamentario y el inusitado intervencionismo estatal: una verdadera dictadura democrática, actuando en base a decretos ley y a un dirigismo extremo. Por relación al periodo anterior al conflicto, muy pocos podían dudar ya que la vieja democracia liberal había pasado a mejor vida.

Tras la finalización de las hostilidades, nada permitió pensar que las cosas volverían a su cauce anterior. Los Ejecutivos permanecieron movilizados para hacer frente a las duras condiciones sociales y económicas generadas por la guerra, así como a una situación política internacional de gran tensión que no permitía bajar la guardia. Aún más: con la apertura de las negociaciones de paz, la opinión pública supo que durante la guerra se habían reproducido las negociaciones «secretas» entre potencias, una práctica que se asimilaba a los pecados políticos que habían conducido al desastre; así, por ejemplo, el escándalo que rodeó la noticia del acuerdo Sykes-Picot por el que Francia y Gran Bretaña pensaban repartirse el Imperio Turco.

Tampoco contribuyó al crédito democrático el espectáculo críptico y de gran pompa que dieron las delegaciones que iban llegando a París para las discusiones de la paz. De entre todas, tan solo las grandes potencias dictaron las condiciones que iban a regir el futuro, dando la sensación de prepotencia que recordaba más la vieja situación que el nuevo mundo que demandaban las masas. Se trataba, como sabemos, de los presidentes de Italia (Orlando), Gran Bretaña (Lloyd George), Francia (G. Clemenceau) y Estados Unidos (W. Wilson) y de sus numerosas delegaciones que parecían discutir ajenas al sufrimiento de millones de europeos. Pronto, las principales potencias europeas demostrarían que anteponían sus viejos intereses y apetencias expansivas a los intereses populares. A los presidentes americano y británico les costó mucho convencer al francés de que no ocupase territorios al otro lado del Rin, en clara revancha por lo que había ocurrido en 1870.

Otro hecho que contribuyó a dar la sensación de que no había una gran voluntad de cambio provino del panorama económico internacional de posguerra. En estos años coinciden un notable descenso de los índices de productividad manufacturera (para el conjunto europeo en 1920 aún se está al 77,3 % de los de 1913), con la evidencia creciente de que la prepotencia europea en el mundo ha dejado definitivamente de existir con los efectos evidentes para la expansión de las economías del continente. Las políticas defensivas se extienden a escala general y se recrudecen frente a la dinámica interna de la propia Europa. El fin de la guerra ha comportado la creación de nuevos países, la aparición de 18.000 km de nuevas fronteras y de 27 monedas distintas (13 más que en 1914). Muchos de estos países nuevos han separado regiones económicas antiguas (mercados, fábricas de sus materias primas, etc.) al tiempo que han visto casi desaparecer, con el hundimiento alemán, su antiguo mercado y espacio natural de referencia; además, todos estos países han respondido a las dificultades generales con la adopción de férreas políticas proteccionistas. Esta agresividad recuerda demasiado el panorama que había llevado el continente al conflicto.

Con todo, la renovación democrática de posguerra tuvo un adalid en el presidente EE.UU., Woodrow Wilson, hecho que le acarreó una gran popularidad ya antes de su llegada a París en enero de 1919. Con toda la libertad que le daba tratar de problemas ajenos desde la prepotencia económica recientemente estrenada, Wilson hablaba de principios, de dar cumplida satisfacción a las reivindicaciones nacionales que habían provocado la desestabilización del Viejo Continente, del fin de los contubernios secretos y la aparición de una diplomacia nueva y abierta, cuya acción se refiriese a las realidades del momento y no a jerarquías definitivamente caducadas.

Nadie pareció darse cuenta de que las propuestas del presidente americano socavaban los mismos cimientos de la concepción y práctica democrática europea. El 8 de enero de 1918 había presentado sus «14 puntos» al Congreso norteamericano y con ellos influyó decisivamente en todo el proceso de paz, a partir de noviembre, aportando unos principios ideales que debían postergar la visión punitiva que animaba a las potencias ganadoras. Respecto a esta forma de magnanimidad, amplios sectores de la población alemana confiaron en un tratado de paz ni humillante ni paralizante; su decepción y resentimiento fueron mayúsculos cuando vieron que se imponían el egoísmo y el sentido revanchista de las potencias europeas.

Los primeros ocho puntos del programa wilsoniano se referían a la reorganización territorial europea (Alsacia-Lorena, evacuación de Bélgica, creación de la nueva Polonia, solución de las nacionalidades dentro de los Imperios derrotados, etc.). En un segundo bloque de 5 puntos, Wilson abordaba los grandes principios que debían regir a partir de entonces las relaciones internacionales, basadas en una diplomacia abierta, en la libertad económica, de navegación, en la reducción armamentística y de la presión colonial.

En el punto 14 se llegaba a la culminación del gran edificio pergeñado por Wilson. En él se diseñaba un nuevo organismo, la Sociedad de Naciones, donde todos los países dirimiesen sus conflictos, se comprometieran a garantizar la libertad e independencia de todos los miembros y fuese la garantía de una paz duradera; Lloyd George la comparó con un universal Tribunal de Apelaciones, responsabilizado del reajuste de los viejos errores, irregularidades e injusticias. Creada el 24 de abril de 1919 (para que comenzase a funcionar a principios de 1920), en un principio integró a 45 países, con la particularidad de que el Congreso americano rechazó la adhesión de EE.UU. en aras de su tradicional política aislacionista. Alemania fue admitida en 1926 y la URSS en 1934 y entre los mandatos más sensibles que debió gestionar el nuevo organismo se hallaban el conflictivo territorio del Saar, en la frontera entre Alemania, Francia y Luxemburgo (en 1935 el 90 % de la población aprobó la anexión a Alemania), y el puerto de Danzig, en la costa báltica polaca de predominio germánico. La Sociedad de Naciones no pudo hacer nada para evitar agresiones flagrantes, como la soviética a Polonia o la italiana a Grecia, ni impedir la invasión japonesa de Manchuria o la italiana a Etiopía. Finalmente, este primer organismo internacional no pudo hacer nada frente la agresión nazi al centro de Europa.

De esta forma, este organismo nacido del idealismo democrático de posguerra acabó contribuyendo al clima de prevención antidemocrática que se fue afianzando por Europa en este período.

La convulsa democratización alemana

El desmoronamiento del sistema imperial alemán se había iniciado aún antes de finalizar oficialmente la contienda, cuando el Ejército se enteró (23 de octubre de 1918) de que el presidente Wilson en ningún caso negociaría con Guillermo II. El 9 de noviembre, el emperador abdicará y se refugiará en la vecina Holanda. La crisis se había iniciado, sin embargo, en el verano de 1917, cuando la suerte de la guerra había empezado a ser desfavorable para Alemania, y se había precipitado definitivamente el 4 de octubre de 1918, con el gabinete de concentración nacional que presidía el liberal Max de Baden, quien se vería en el trance de presentar la petición de armisticio a los vencedores.

A principios de noviembre, la crisis revolucionaria se precipitará y expandirá por Sajonia, Baden-Württemberg y Baviera (donde el socialista Karl Eisner proclama la República Socialista). En plena crisis, el 9 de noviembre el socialista Ph. Scheidemann proclamará la República frente al Reichstag, poco antes de que el radical Karl Liebknecht proclame la República Socialista Libre en el Castillo imperial. Ante esta situación, se creará un Consejo de Comisarios del Pueblo, formado por tres socialistas mayoritarios y tres independientes, con el fin de contrarrestar el levantamiento radical de obreros y soldados que dirigen los socialistas más radicales (espartaquistas).

Frente a la Guerra, el socialismo alemán se había dividido. Los mayoritarios del SPD, hasta 1917 se habían declarado favorables a la Unión Sagrada, votado los créditos de guerra y dedicado a un moderado reformismo social que promocionase la nacionalización de la masa obrera alemana. A principios de 1917 se había producido la escisión de los independientes del USPD, más radicales y, aunque contrarios a la Unión Sagrada, dispuestos a una colaboración gubernamental. A su izquierda se situaban los espartaquistas dirigidos por Liebknecht y Rosa Luxemburg, radicales partidarios de seguir el ejemplo bolchevique y que en enero de 1919 crearon el partido comunista alemán (KPD).

El gobierno moderado de inspiración socialista levantará el estado de sitio, restablecerá la libertad de asociación, decretará una amnistía para los delitos políticos y anunciará elecciones constituyentes. Los Consejos espartaquistas, alejados del poder, se opondrán a desmovilizarse y se radicalizarán en el levantamiento berlinés conocido como la Semana Sangrienta por la brutalidad de la represión que le seguirá (aplicación de la «ley de fugas» a Liebknecht y Luxemburg); en marzo se repetirán los disturbios y el Ejército asaltará Berlín con el resultado de más de 1.200 muertos. Las tensiones también se producirán en Baviera, con la proclamación de la República de los Consejos (abril). La revuelta se beneficiará asimismo del radicalismo de los Cuerpos Francos, estudiantes radicales y oficiales desmovilizados (entre los que se hallan Himmler y Rudolf Hess). La represión será igualmente brutal.

La República de Weimar

En las elecciones constituyentes del 17 de febrero de 1919 —ya por sufragio universal incluidas las mujeres—, el 76 % de los sufragios (331 de 421 escaños) correspondió a una coalición formada por el SPD, el Zentrum y grupos demócratas; los socialistas moderados del SPD aportaban más del 40 % de los votos de esta Coalición de Weimar que daría nombre a la experiencia política. La forma política resultante fue una república popular que adoptaba la bandera negra-rojo-oro de los revolucionarios demócratas de 1848 y con una estructura federal que integraban 17 Länders representados de forma proporcional al número de habitantes. Los católicos del Zentrum conseguían hacer aprobar la aconfesionalidad del Estado y socavar la tradicional hegemonía luterana. Si acaso, la única reminiscencia de la tradición política prusiana fue el marcado presidencialismo de la joven república: el presidente, elegido por sufragio universal y un periodo de siete años, disfrutaba de amplias atribuciones, de poder de veto de dos años sobre la acción legislativa del parlamento, de suspender excepcionalmente la Constitución de un Länder y de apelar al Ejército para restablecer el orden.

Aun superando la gran conflictividad inicial del denominado Bienio Rojo, la República de Weimar siguió viviendo en medio de una efervescencia y tensión política, cultural, social e institucional crecientes. Al desafío de los consejos revolucionarios pronto se sumó el proveniente de la extrema derecha de los Cuerpos Francos, con jefes ex militares experimentados y decididos y con una aceptación popular creciente por cuanto decían defender la «patria apuñalada por la espalda» por el politiqueo que había aceptado las condiciones humillantes de la paz de Versalles. Altos cargos del Ejército y la administración del Estado se sirvieron de estos grupos de choque (donde pronto apareció el grupúsculo Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler) para difundir sus criterios de extrema derecha: para difundir la sensación de que el abandono de la vieja tradición y orden prusianos había lanzado a Alemania a la despersonalización y al desastre y que la claudicación republicana frente a las exigencias económicas de los vencedores alejaba toda esperanza de una pronta recuperación.

El SPD, máximo responsable del gobierno y de la represión sufrió un importante retroceso electoral ya en 1920 y para mantener su hegemonía debió volverse a unificar con los socialistas minoritarios del USPD (1922). Con todo, el socialismo no consiguió nunca penetrar en la cada vez más potente clase media ni en los sectores de pequeños y medianos propietarios agrícolas, donde señoreaban el Zentrum y el populismo de los nuevos partidos conservadores: el Partido Popular Alemán-nacional, el Partido Alemán Popular, así como el más minoritario Partido Democrático Alemán, con una destacada presencia de intelectuales en sus filas.

Entre 1921 y 1923, los sucesivos gobiernos de la Coalición intentaron pagar las elevadas sumas que integraban las reparaciones de guerra: se elevaban a la astronómica cifra de 132.000 millones de marcos oro, a pagar en 42 cuotas anuales que comprometían por casi medio siglo el 25 % del producto interior bruto. Temerosos de la respuesta popular, el gobierno rechazó la subida de los impuestos y optó por acuñar nueva moneda, con lo que desencadenó una peligrosa depreciación del marco (1 dólar valía 15 marcos en mayo de 1921 y 500 marcos un año más tarde) que acabaría hundiendo a la mayoría de la población.

Esta situación tan crítica llegó a su punto culminante en la crisis de la cuenca del Ruhr (la zona más rica e industrializada de Alemania). Las potencias vencedoras no se percataron de que la depreciación de la moneda alemana representaba la demostración fehaciente de que el país no se hallaba en condiciones de hacer frente a las reparaciones de guerra. El economista J. M. Keynes, en Las consecuencias económicas de la paz (1919), avisó del peligro y del hecho de que sería imposible la recuperación europea con una Alemania arruinada. Contrariamente, desde 1920 Francia (y poco después Bélgica) vio que no podría mantener la supremacía continental ni acelerar su recuperación sin recurrir a los pagos alemanes; el presidente de la Comisión de Reparaciones era Raymond Poincaré, un partidario radical del «devolucionismo» que contribuyó a calentar los ánimos. En enero de 1923, Francia y Bélgica enviarían tropas al Ruhr con el pretexto de controlar la producción industrial de la zona ante el incumplimiento alemán de la parte de las reparaciones que debía satisfacerse en materias primas.

El impacto de este acto fue extraordinario. El propio gobierno exhortó a obreros y patronos a una resistencia pasiva, toleró sin embargo los sabotajes perpetrados por los Cuerpos Francos y pagó subsidios a los obreros y patronos de las empresas que interrumpían la producción. Las tropas de ocupación reaccionaron de forma violenta, con arrestos en masa y numerosos fusilamientos. Con todo, el efecto más pernicioso se evidenció en el mundo económico, pues el enorme endeudamiento del Estado alemán motivó un vertiginoso proceso de depreciación del marco: se hundió la economía doméstica bajo mínimos, reduciéndose a unos pocos intercambios primarios, al tiempo que arruinaba completamente a los pequeños ahorradores. Los agricultores, que disponían de productos, fueron los menos afectados, pero la miseria se adueñó de los sectores populares urbanos, especialmente los obreros.

En agosto de 1923, en el peor momento de la crisis, se formó un gobierno de concentración nacional presidido por el líder del Partido Alemán Popular, Gustav Stresemann, nacionalista convencido pero partidario de pactar con los ocupantes a fin de precipitar la recuperación del país. En septiembre entró en contacto con Francia y decretó el fin de la resistencia pasiva al tiempo que el estado de emergencia para terminar con el caos y los levantamientos interiores. La represión fue muy dura contra los gobiernos comunistas de Turingia, Sajonia y Hamburgo, así como contra el levantamiento de extrema derecha en Baviera (8 de noviembre): el líder del Partido Nacionalsocialista Hitler sería condenado a 5 años de cárcel, con lo que su carrera pareció definitivamente interrumpida.

Una vez restablecido el orden, Stresemann se lanzó a la normalización monetaria (octubre) con un marco respaldado por las rentas industriales y agrarias reales (Rentenmark) y con una dura política económica (subida de impuestos, reducción del gasto público, etc.) que a costa de grandes sacrificios conseguiría una relativa normalización económica. Con esta base entró en negociaciones con los vencedores, consiguiendo acordar el llamado Plan Dawes (por el nombre del financiero y político americano que lo inspiró); según él, las reparaciones se congelaban momentáneamente, se aceptaba la devolución del Ruhr y se concedía un importante empréstito para reactivar la economía.

Este plan fue visto por los extremistas (comunistas y extrema derecha) como una componenda y una capitulación (las tropas francesas no se retiraron del Ruhr hasta junio de 1930), con lo que las movilizaciones en su contra fueron enormes. La coalición de gobierno entró en crisis y terminó rompiéndose ante las elecciones de mayo de 1924. Un efecto de ello se vio en las elecciones presidenciales (marzo de 1925), convocadas tras la muerte de Ebert, en las que el candidato gubernamental se vio derrotado por el viejo mariscal Hindenburg. Su acción presidencial motivó una clara derechización de la política alemana y constituyó un factor de constante desequilibrio.

Con todo, la República siguió gobernada por una coalición centrista hasta 1928. En relación a las relaciones franco-alemanas, el Plan Dawes pareció suavizar las cosas y permitió el acercamiento entre Stresemann y el ministro de Asuntos Exteriores francés Aristide Briand. Su común obsesión por la seguridad se impuso, llegándose a la firma de los Acuerdos de Locarno (octubre de 1925). Según él, Bélgica, Alemania y Francia aceptaban las fronteras surgidas del Tratado de Versalles (28 de junio de 1919), y Gran Bretaña e Italia se comprometían a garantizarlo. Esta normalización favoreció el ingreso de Alemania en la Sociedad de Naciones (1926).

El moderantismo democrático en Europa. Gran Bretaña y Francia

En las potencias democráticas vencedoras, los principales políticos estaban convencidos de que tras un breve paréntesis de crisis podría regresarse a la situación de equilibrio y expansión anterior al conflicto. Pero, por el momento, las dificultades eran extremas y por todas partes el fantasma de la revolución (de fines de 1918 hasta 1920 se habló de un Bienio Rojo) condicionó la política de buena parte de Europa.

En algunos casos, como en la amputada Austria, el insurreccionalismo comunista no tuvo éxito; en 1920, las elecciones dieron el triunfo al Partido Cristiano-Social, que dominó políticamente con el soporte de amplias masas campesinas controladas por la Iglesia católica. Contrariamente, en la República de Hungría, la alianza de comunistas extremos con los comunistas consiguió crear una República Soviética (marzo de 1919), que, bajo la dirección de Bela Kun se lanzó a una dura represión contra la gran burguesía y la aristocracia agraria. La reacción de las viejas oligarquías no se hizo esperar: el golpe conservador dirigido por el general Miklos Horthy desencadenó un verdadero «terror blanco», con el beneplácito de las potencias occidentales.

Entre los países beligerantes de Occidente donde el impacto de la guerra fue más decisivo en la desestabilización del sistema democrático, destaca Italia. El Bienio Rojo, con un poder creciente del sindicalismo, el socialismo y el comunismo, presenció una oleada de ocupaciones de fábricas y tierras que en el norte y centro del país constituyeron un verdadero contrapoder al del Estado. Esta alternativa obrera y comunista alarmó mucho a las clases medias y constituyó el caldo de cultivo de las posturas populistas y nacionalistas que no tardarían en confluir en la creación de las primeras plataformas fascistas.

Esta sensación de inestabilidad se sumó al sentimiento de desamparo que afectó a la alta política italiana tras el resultado de los tratados de paz, en los que el país se sintió traicionado y abandonado por las potencias occidentales amigas. La clase política italiana sufrió el descrédito de la renuncia y el débil sistema parlamentario perdió el poco crédito que tenía. La inestabilidad política gubernamental terminó de acrecentar la inquietud general y sembrar la desconfianza entre las elites. Los gobiernos se sucedieron en esta tensa posguerra recurriendo a los políticos del pasado, con lo que la sensación de algo caduco y en crisis fue aún mayor: el de Orlando hasta junio de 1919; el de F .S. Nitti hasta junio de 1920; el de G. Giolitti hasta junio de 1921; el de I. Bonomi hasta febrero de 1922; y el de L. Facta hasta octubre del mismo año y enlazando con la crisis fascista.

En esta situación de caos progresivo, el único gobierno que pudo dar la sensación del mínimo de autoridad para solucionar la crisis fue el del viejo Giolitti, un claro representante de la vieja política liberal de antes de la guerra. A él se debió la iniciativa del Tratado de Rapallo, que permitió terminar con la aventura fascista de D’Annunzio en Fiume y cerrar la crisis de Istria; asimismo, con su experiencia pudo cerrarse de forma honorable la crisis generada por los consejos obreros y el movimiento de ocupación de fábricas: aprovechando el callejón sin salida al que había llegado la experiencia autogestionaria obrera, Giolitti consiguió su retirada y el final del conflicto. Sin embargo, al no optar por la vía represiva, la patronal lo tildó de débil, de la misma forma que la derecha le recriminó debilidad por haber transigido con las potencias occidentales para solucionar la crisis yugoslava. El fracaso de Giolitti dejó la puerta abierta para el ascenso del fascismo.

En el otro extremo de esta debilidad democrática se hallaba Gran Bretaña, donde el sistema nunca se vio cuestionado ni en peligro. Este país no había padecido los efectos directos de la guerra en su territorio (grandes devastaciones) y aparentemente podía recuperarse con mayor rapidez que el continente; por el contrario, su anterior hegemonía mundial la hacía más vulnerable por su gran dependencia de los flujos económicos internacionales y su escasa necesidad anterior de modernizar y proteger su economía. Ésta, destinada en gran parte a la exportación o a sectores en retroceso (como la construcción de ferrocarriles), se vio seriamente mermada en la posguerra por las dificultades generales y por el incremento de la autonomía de países coloniales o periféricos anteriormente dependientes.

La política de saneamiento económico se realizó con grandes esfuerzos; pero el mantenimiento del gasto en servicios sociales suavizó su coste popular y la protesta obrera: de hecho, el Partido Comunista intentó utilizar con poco éxito el Movimiento Nacional de Trabajadores en Paro y tan sólo se dejó notar en lugares como Gales o Escocia donde el paro superaba el 20 % de la población activa. La afiliación sindical, mayoritariamente a las Trade Unions, superaba los 7 millones de obreros, y en momentos puntuales presentó un conflicto abierto y radicalizado (1920, 1921 con la alianza de ferroviarios, transportistas y mineros; 1926 con la huelga general, etc.); pero la resistencia patronal y el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios sumado al de las políticas sociales permitieron conjurar el peligro revolucionario, en ocasiones con un pacto entre la cúpula sindical y el poder político contrario a los deseos de la misma base obrera.

La dinámica política también contribuyó a la estabilidad del periodo. El prestigio personal de Lloyd George permitió un tránsito pacífico hacia la posguerra y el afianzamiento del Partido Conservador. Éste gobernó de forma casi ininterrumpida entre 1918 y 1929, en un primer momento en coalición con el Partido Liberal, con la idea de configurar un gobierno nacional de emergencia, y luego en solitario; entre 1924 y 1929, el principal líder conservador fue Stanley Baldwin y aún se tuvieron fuerzas para realizar algunas exposiciones donde se seguía manteniendo la tesis de la hegemonía imperialista británica.

La fortaleza de esta experiencia política acabó de convencer al laborismo de la necesidad de abandonar la estrategia revolucionaria y abrazar la vía reformista para poder acceder al poder. Este cambio de estrategia le permitió desplazar a los liberales como primera fuerza de la oposición y conseguir un efímero gobierno (1924) bajo la presidencia de su líder, J. Ramsay MacDonald. Aun emprendiendo un amplio programa de reformas, diversos escándalos haríann caer esta primera experiencia laborista.

La cuestión irlandesa siguió siendo uno de los problemas más graves para la política británica de este periodo. La gran insurrección de Pascua de 1916, aprovechando la debilidad de la metrópoli en guerra, marcó el inicio de una época de violencias extremas y de una aguda represión británica. El principal movimiento que dirigió la lucha por la independencia fue el Sinn Féin (Nosotros Solos) fundado en 1905. En 1918, con todo y conseguir la mayoría de la representación irlandesa al parlamento británico rechazó acudir a los Comunes y fundó un Parlamento en Dublín, bajo la presidencia de su líder De Valera. A partir de 1920 se inició una dura guerra civil que terminó por forzar el Tratado de diciembre de 1921 por el que se partía la isla. De Valera no lo aceptó y persistió en la lucha hasta 1923. Estos enfrentamientos debilitaron al Sinn Féin; los elementos más radicales, capitaneados por De Valera, en 1926 crearon el Fianna Fáil (Soldados del Destino) o Partido Republicano, partidarios de la reunificación de Irlanda; con todo, en 1927 se integraron al Parlamento.

La cuestión irlandesa y la presión social, con el problema añadido del progresivo acuerdo entre el Partido Laborista y la cúpula de las Trade Unions debilitaron al gobierno conservador de Baldwin. En 1929 y con la ayuda de los liberales, el laborismo recuperó el poder, de nuevo bajo la presidencia de MacDonald; en este gobierno figuró la primera mujer ministra, Margaret Bondfield. El crac de 1929 desestabilizó esta experiencia: en diciembre de 1930, el número de parados superaba los 2,3 millones y en septiembre de 1931 el gobierno se vio en la obligación de devaluar la libra para poder conseguir un préstamo de Estados Unidos con que superar el primer impacto de la crisis. Ante esta emergencia, una parte del laborismo, con MacDonald a la cabeza, pactaría con los liberales y conservadores una nueva edición de gobierno nacional, cuyo éxito permitió a Gran Bretaña superar esta gran crisis mucho antes que la mayoría de países occidentales.

La estabilidad institucional británica no se vio amenazada nunca durante este complejo periodo. El Partido Comunista inglés en ningún momento superó la marginalidad política. Por otro lado, la extrema derecha, en 1932 aprovechó el momento agudo de la crisis y el descontento producido por el gran aumento del paro para crear la British Union of Fascists. Bajo la dirección del rico Oswald Mosley, que había salido de las filas laboristas, el fascismo inglés cosechó algunas simpatías, incluso de algunos periódicos, hasta que se pronunció a favor de las tesis nazis y antisemitas. Esta radicalización le lanzó a la marginalidad.

En cierto sentido, Francia partía de una situación más desfavorable que Gran Bretaña. Los desastres y elevadísimos costes de la guerra se sumaban a la reaparición de la voluntad gala de mantenerse como la primera potencia continental. Las cifras eran espectaculares: casi tres millones de muertos (civiles y militares) y otros tantos heridos, inválidos, viudas y huérfanos; más de 200.000 edificios y fábricas destruidas, 5.000 km de vía férrea y la mitad de la red viaria fuera de uso; la cosecha de trigo reducida a las dos terceras partes de la de 1913 y la cabaña muy mermada. Por otra parte, la fuerza del sindicalismo (CGT) había crecido mucho durante la guerra y el partido socialista (SFIO) se hallaba en plena recuperación desde mediados de 1918. Entre mayo y junio de 1919, una gran oleada de huelgas hizo pensar en una situación similar a la italiana. En 1920, la creación del pro bolchevique Partido Comunista Francés, adherido a la III Internacional podía pensarse que respondía a esta tensión interior creciente.

Sin embargo, la estabilidad institucional nunca peligró. Los sectores políticos y patronales supieron controlar la situación, apelando al interés nacional: desde noviembre del 1919 funcionó una gran mayoría parlamentaria que se conoció como el Bloque Nacional; a pesar de los constantes reajustes ministeriales, este Bloque permitió poner en marcha una dura política de recuperación económica de posguerra que consiguió una cierta estabilidad y frenar el endeudamiento exterior. Cuando esta vía se agotó, el gobierno francés se aferró a las reparaciones que había de satisfacer Alemania y desató la ya comentada crisis del Ruhr (enero de 1923). La tensión desgastó al gobierno y en las elecciones legislativas de mayo de 1924 la mayoría de la Cámara cambió de signo, con una mayoría del denominado Cartel de las Izquierdas (republicano-socialistas y socialistas). El nuevo gobierno, presidido por Eduard Herriot, contaba con un respaldo inestable, una oposición conservadora implacable (orquestada de forma abierta por la Iglesia) y con una notoria inexperiencia para hacer frente a los grandes problemas económicos.

En julio de 1926 se terminó esta primera experiencia de izquierdas. Los conservadores, bajo la presidencia de Raymond Poincaré, regresaron al gobierno. La política moderada de estos años tuvo un relativo éxito, con la estabilización monetaria (1926) y el relanzamiento económico general. Esta situación permitió la salida de la crisis con Alemania, recuperar la amistad con Gran Bretaña y la colaboración con EE.UU. y reemprender la política de «gran potencia» europea: potencial militar, influencia diplomática (especialmente en el Este y en la Sociedad de Naciones). Al fin, con todo y resistir bien el primer impacto de la crisis de 1929, hacia 1933 se vio que el derrumbe económico era general e imparable: el empeño en no devaluar la moneda hizo caer las exportaciones en un 70 % y el incremento de los gastos de defensa en 1929-1931 acabó de desestabilizar la situación.

A partir de 1936, el gobierno del Frente Popular que presidía Léon Blum emprendió políticas sociales (devaluación de la moneda, aumentos salariales, semana laboral de 40 horas, etc.) que tuvieron efectos económicos muy negativos: en 1938 el franco estaba al 36 % de su valor de 1928 y el gasto en defensa desviaba el 30 % del presupuesto de 1937. La recuperación económica parecía imposible y eso contribuyó a aumentar la conflictividad social, la tensión política y a radicalizar mucho los enfrentamientos doctrinales.

El repliegue de los Estados Unidos

El prestigio adquirido por W. Wilson en Europa no se correspondía con la popularidad interior. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado encabezó esta oposición, argumentando que los controles internacionales no hacían más que limitar la autonomía estadounidense y su predominio en el continente americano. La opinión pública no se hallaba emocionalmente implicada en el conflicto, para ella lejano y muy corto.

La victoria del republicano y ultraconservador Warren G. Harding (1920) llevó a EE.UU. a firmar la paz por separado con Alemania y a olvidar los compromisos del Tratado de Versalles. La guerra fue presentada como un episodio a olvidar y la implicación con Europa como un peligro extremo: los conflictos sociales del verano de 1919 fueron presentados a la opinión como el inminente peligro de una invasión del comunismo, que sólo podría ser superado por un nacionalismo extremo (oleada de xenofobia). En este contexto de exaltación patriótica y anticomunista, en 1920-1921 se produjo el arresto y condena de los anarquistas Sacco y Vanzetti (ejecutados en 1927).

El mandato de Harding significó el regreso a la política del proteccionismo y el retraimiento, con una brutal reducción del gasto público, la práctica desaparición de la presión fiscal sobre los beneficios extraordinarios de guerra, una desprotección notable de la producción agrícola, una política absolutamente favorable a los intereses patronales y unos altos índices de corrupción. También se agudizaron los conflictos raciales, a pesar de la especial contribución de los negros a la guerra y de la actuación de grupos como la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. En 1915, el predicador metodista W. Simmons había fundado el Ku Klux Klan, como una organización defensora de los verdaderos valores estadounidenses: sus ataques no se dirigían exclusivamente contra los negros sino contra todas las minorías y contra los extranjeros; su máxima expansión se produjo en los medios rurales y en los primeros años veinte (con dos millones de adheridos), iniciándose su declive a partir de 1925. Harding murió antes de que expirara su mandato y con una oposición creciente.

Le sucedió el no menos conservador, tradicionalista y puritano C. Coolidge (1924), quien con su espíritu inmovilista y sus constantes alusiones a la tradición aislacionista americana supo conectar con la opinión. Durante sus dos mandatos consecutivos se recrudeció sobremanera la política sobre inmigración (Ley sobre Cuotas, Ley sobre Orígenes Nacionales, etc.) y se buscó orientarla hacia la población de la Europa nordoccidental, con declaraciones explícitas de que se buscaba un mejor equilibrio étnico americano. En este período se consolidó la política de moralidad pública, especialmente en lo referente al «prohibicionismo» de las bebidas alcohólicas, con un momento culminante entre 1924 y 1932, y la extensión de la violencia y el crimen organizado que ello trajo consigo (el gángster Al Capone no fue encarcelado hasta 1931).

Toda esta tensión pudo mantenerse gracias a que la economía experimentó un auge real, en especial en el sector industrial y de forma destacada en ramos como el del automóvil y la aeronáutica. En 1927, la gesta de Ch. A. Lindbergh y su Spirit of St.Louis al realizar el primer vuelo entre Nueva York y París representó un gran estímulo para la aviación comercial. Otro sector que entonces se desarrolló mucho fue el de la industria del ocio, respondiendo al aumento general de los salarios y del disfrute de más horas fuera del trabajo: Hollywood, los cabarets, los deportes de masas y las actividades orientadas al consumo familiar experimentaron un enorme crecimiento.

El final de Coolidge tuvo la virtud de abrir un gran debate político, con el enfrentamiento entre el millonario republicano Herbert Hoover y el demócrata Al Smith. Ambos representaban el triunfo americano del individuo encumbrado que ha partido de un origen humilde. Hoover se apoyaba en el programa republicano tradicional pero prometía introducir políticas de protección a la agricultura. Por el contrario, Smith apoyaba su candidatura en la buena gestión realizada como gobernador de Nueva York y ponía el énfasis en la lucha contra el prohibicionismo. La victoria republicana, gracias al voto campesino, no impidió un gran avance de los demócratas.

El crac del 29 y el New Deal

A Hoover le correspondió enfrentarse con la fase aguda de la crisis económica que empezó a anunciarse a fines de 1926 y que estalló en otoño de 1929, con una rápida repercusión a escala mundial. El 24 de octubre de este año (que se conocía como el «jueves negro»), el hundimiento de la Bolsa de Nueva York (Wall Sreet) generalizó el pánico, la ruina afectó a millones de personas y la economía experimentó un gran retroceso: a fines de 1932 la producción industrial era aproximadamente la mitad de los meses anteriores al crac y el comercio exterior se situaba en un tercio.

La crisis (que se explica en detalle en otro lugar) afectó a todas las actividades económicas y pronto hundió los precios agrícolas, extendiendo la pobreza por todo el país. El paro fue el exponente más claro de todo ello: a principios de 1930 se situaba en unos 4 millones de personas; en otoño del año siguiente la cifra se acercaba a los 7 millones y en el verano de 1934 a los 14 millones, esto es, casi una cuarta parte de la población activa total. La inexistencia de coberturas sociales hacía insoportable esta situación.

El presidente Hoover, por su adscripción republicana era un convencido partidario de la no intervención del Estado; pero frente a la magnitud de la crisis autorizó unas tímidas ayudas estatales: presión sobre la patronal para mantener salarios y puestos de trabajo, impulso de algunas obras públicas para dar trabajo a los parados y una cierta intervención para mantener los precios agrícolas. Sin embargo, la persistencia de la crisis y su recrudecimiento en 1931 acabaron por hundir la estrategia republicana; la no intervención estatal fue vista como la manifestación de una gran insensibilidad para con los más damnificados.

En 1932, Hoover debió enfrentarse con un nuevo candidato demócrata, curiosamente al sucesor de Smith como gobernador de Nueva York, Franklin D. Roosevelt (pariente lejano del ex presidente Th. Roosevelt), quien iba precedido de una gran fama como gestor de los subsidios estatales a los parados. En su campaña, realizada en la fase más aguda de la crisis, Roosevelt prometió un cambio de rumbo radical, un «New Deal» o nuevo trato con que dignificar a los individuos y salvar la economía. Su éxito entre la gente corriente fue rápido y arrollador y este trato directo con el pueblo americano lo cultivó, ya desde la presidencia, a través de unas «charlas informales» radiofónicas que alcanzaron índices de audiencia espectaculares.

Desde el mismo inicio de su presidencia (marzo de 1933), Roosevelt se lanzó a una intensa tarea legislativa orientada a devolver la confianza al pueblo, puesto que tenía la impresión de que buena parte de la crisis se debía a la pérdida general de confianza. Puso a los bancos bajo control federal e hizo aprobar leyes para impulsar la industria, la agricultura, para hacer descender el paro (que a través de obras estatales haría descender en unos 4 millones), etc. Sus detractores, enseguida hablaron de que el presidente quería implantar una dictadura socialista, con grandes dosis de planificación y de intervencionismo estatal. Hacia fines de 1933, la patronal animó movimientos (como el de la Liga Americana por la Libertad) y predicadores religiosos que intentaron soliviantar a los más necesitados y que orquestaron una gran campaña de protestas y desprestigio contra el presidente.

Estas campañas no frenaron las iniciativas del New Deal. Entre las de mayor alcance debemos situar la Ley de Ajuste Agrícola (1933), que no impidió el gran éxodo de la población campesina hacia las ciudades; la ambiciosa Ley de Recuperación Industrial (1933) y, la de mayor envergadura, la creación de la Autoridad del Valle del Tennessee que debía coordinar el aprovechamiento integral de esta cuenca que afectaba a siete estados especialmente perjudicados por la crisis. Buena parte de estos proyectos despertaron una dura oposición, que se sirvió del Tribunal Supremo para frenar el reformismo de Roosevelt. Ante esta ofensiva en su contra, el presidente acentuó aún más su acción legislativa y, con el respaldo de la mayoría del Congreso, en 1935 se lanzó a una política de marcado carácter social: la Ley de Seguridad Social (con la feroz oposición de muchos sectores) y la Ley sobre Relaciones Laborales; incluso proyectó un impuesto progresivo sobre la riqueza que afectaba de forma especial el tema sensible de los beneficios extraordinarios de guerra.

En 1936, Roosevelt fue nombrado por aclamación por su partido candidato demócrata a las nuevas elecciones. En éstas, la prensa se convirtió en un factor beligerante en contra suya; a pesar de esto, Roosevelt ganó en todos los estados menos en dos. Pero este triunfo arrollador no impidió que su segundo mandato estuviese rodeado de conflictos de intereses (gran presión patronal), tensiones políticas e institucionales (oposición frontal del Tribunal Supremo) y un progresivo descenso de su popularidad (injerencia de los mass media): el New Deal fue acusado de intervencionismo socializante y de atentar contra los principios sobre los que se había fundado la nación americana. Roosevelt quiso contraatacar apoyándose en la clase obrera: dio más empuje al Comité sobre la Organización de la Industria y promocionó la consolidación de los grandes sindicatos (entre 1933 y 1938, la Federación Americana del Trabajo pasó de 2 a casi 9 millones de afiliados).

Con todo, el propio Roosevelt vio cómo su política se iba quedando sin posibilidades reales de salir adelante. A principios de 1939 sus discursos empezaron a poner el énfasis en el inminente peligro que estaba amenazando la paz mundial.

Las democracias occidentales y la pendiente hacia la guerra

La universalización de la crisis, en los años treinta, hizo evidente la incapacidad de las democracias occidentales para frenar la desestabilización general y la creciente agresividad de los regímenes autoritarios. El «sistema» de Versailles se hundió sin remisión y buena prueba de ello fue la sensación creciente de que la institución que debía ser su garantía, la Sociedad de Naciones, no era capaz de atajar ningún conflicto. Uno de los ejemplos más flagrantes lo protagonizaron dos de sus miembros, China y Japón, a fines de 1931, a raíz de la invasión nipona de Manchuria. Japón había aceptado los términos pacifistas del Tratado de las Cinco Potencias Navales (febrero de 1922), auspiciado por los EE.UU., cuando se le aseguró que no se incrementaría la presencia occidental en el Pacífico; sin embargo, poco después inició un agresivo programa de construcciones navales que sustentaría su nuevo expansionismo imperialista. Precisamente, la Sociedad de Naciones tenía por una de sus misiones el control de la integridad territorial china, y Japón, lejos de atender a los requerimientos, en marzo de 1938 optó por abandonar el organismo internacional y convertir el territorio conquistado en el protectorado de Manchukouo.

Este fracaso, o el de la Conferencia sobre desarme abierta en Génova en febrero de 1932, minimizaron los intentos de encauzar por la vía pacífica las tensiones de la posguerra. Uno de los más resonantes se había debido a la iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores francés, Aristide Briand en estrecha colaboración con su homólogo norteamericano Frank Kellogg; en el verano de 1928 se habían reunido en París unos quince jefes de Estado (incluidos los de Alemania y Rusia) para reforzar la idea de la distensión y rechazar la vía de la guerra como solución a los conflictos internacionales. El Pacto Briand-Kellogg cayó pronto en el olvido.

Las tensiones también afectaron a la dinámica interior de las principales democracias occidentales. El caso más evidente fue el de Francia, donde los efectos más duros de la crisis se dejaron sentir en 1931, coincidiendo con el fin del pago de las reparaciones de guerra por Alemania. La debilidad gubernamental se evidenció cuando no devaluó la moneda para hacer frente a la recesión (Gran Bretaña lo había hecho en septiembre), presionado por una opinión pública que consideraba un desastre para la población la pérdida de poder adquisitivo del franco.

La inestabilidad política francesa fue un espacio abonado para el auge de los extremismos y el florecimiento de las posturas antiparlamentarias. La novedad de este periodo fue la deriva hacia el fascismo del viejo conservadurismo de corte monárquico, bonapartista o boulangista. En este campo, que atrajo especialmente a ex combatientes y a sectores de la pequeña burguesía, sobresalieron los núcleos de las Cruces de Fuego (1927) dirigidas por el conde François de la Roche (que curiosamente terminaría encarcelado por los nazis); a su lado, el movimiento «Francista» de Manuel Bucard; asimismo, el Partido Popular (1936) de Jacques Doriot, individuo que había salido de las filas comunistas y que se jactaba de ser amigo de Mussolini; finalmente, los grupos de asalto de los «Camisas Verdes» que dirigía el líder campesino Henri d’Halluin.

El crecimiento de los movimientos de corte fascista motivó la movilización de las izquierdas: comunistas, socialistas y radicales, en julio de 1934 acordaron un frente de acción común para frenar al fascismo, así como para luchar contra la política económica antipopular del gobierno. Este pacto levantó grandes expectativas entre la clase media, cosa que desembocó en la victoria electoral del denominado «Rassemblement Populaire» (junio de 1936). Al nuevo gobierno se le conoció como el Frente Popular; estuvo presidido por el socialista de origen judío Léon Blum (los nazis lo deportarían al campo de Buchenwald), quien durante su corto mandato debió enfrentarse con problemas de todo tipo que a la postre hundieron su intento de modernización social y educativa. Uno de los aspectos más controvertidos de su mandato fue la posición de no-intervención frente a la Guerra Civil española, que le valió un voto de censura en el Senado francés y un gran rechazo dentro de la misma izquierda.

El 8 de abril de 1938 finalizó esta experiencia de Frente Popular. Las urnas dieron mayoría absoluta al gobierno conservador de Daladier. Su programa, presentado como de unidad nacional, se fundamentó en el restablecimiento del orden, del trabajo y de la confianza patronal. El 29 de septiembre de este mismo año, Daladier fue quien firmó por Francia los acuerdos de Munich en los que las democracias occidentales capitulaban frente al expansionismo hitleriano en Checoslovaquia. Esta sucesión de gobiernos de izquierdas y conservador puso de manifiesto una fractura muy importante en la sociedad francesa, como se haría evidente de forma dramática tras el rápido hundimiento militar de 1940.

En Gran Bretaña, aunque la inestabilidad no fue tan acusada, también afectó a la política interior. La vieja rivalidad entre MacDonald y Baldwin llegó a la obcecación y de hecho competían por ver quién aplicaba políticas más conservadoras. Tras la muerte de MacDonald y la dimisión de Baldwin, en mayo de 1937 accedió al poder Neville Chamberlain, el mandatario que firmaría los acuerdos de Munich por parte inglesa. Por añadidura, la política de este país se vio afectada por la crisis de la propia monarquía británica: a la muerte del rey Jorge V (enero de 1936) subió al trono su hijo, Eduardo VIII, quien se vio forzado a abdicar al casarse con una norteamericana divorciada (diciembre); tras él, subió al trono Jorge VI.

La difícil democratización de la América Latina

Tanto por la herencia del Ochocientos (desde la independencia), como por los efectos de su particular inclusión en los circuitos económicos internacionales (a menudo se trataba de monocultivos con precios fijados en las bolsas norteamericanas o europeas), las condiciones de los principales países del área no favorecían mucho los procesos de modernización política. Con todo, desde los primeros años del siglo XX se apreció un cierto dinamismo. Hasta la Gran Guerra, la población se dobló en zonas como Argentina o Chile, las inversiones extranjeras se cuadruplicaron y las exportaciones crecerían mucho (petróleo, guano, nitratos, cobre, caucho, café, cacao, azúcar, carne, curtidos, cereales, etc.). Entre las economías más dinámicas y diversificadas se hallaban las de Argentina, Chile y México. La ya avasalladora presencia norteamericana en todo el continente tampoco ayudó mucho a esta modernización (la economía de países como Honduras y Panamá dependían en un 80 % de la norteamericana).

Donde este dinamismo fue más claro, el mundo urbano y las clases medias adquirieron un mayor protagonismo y neutralizaron algo la vieja e indiscutida hegemonía de los grandes propietarios territoriales (hacendados) y de sus aliados naturales, el Ejército y la jerarquía eclesiástica. La nueva mesocracia incorporó a la política de nacionalización de una población formada por sucesivas oleadas de una inmigración muy heterogénea, una nueva sensibilidad modernizadora que a menudo se denominó «reformismo» y que se presentó como una gran reacción nacional y liberal. Desde los años noventa del siglo XIX, esta posición se identificó con la influencia del positivismo en la política (en México se habla del partido de los «científicos», progresivamente cercano al Estado que dirige Porfirio Díaz); el propio Comte había hablado de una «dictadura republicana», concepto que se adaptaba bien a las aspiraciones transformistas y modernizadoras de estas elites mesocráticas.

En Argentina se hablaba de «argentinización» del país y en ocasiones ésta fue la coartada del inmovilismo que caracterizó al gobierno de Roca: se habla del «roquismo» y de prácticas políticas basadas en la corrupción. Pero en 1903, símbolo del cambio, Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña crearon el Partido Reformista, expresión de la tímida y aún oligárquica reacción liberal y positivista que llegó al poder en 1906, con el gobierno de José Figueroa. En su programa teórico figuraba la intención de limitar la fuerza del caciquismo y de los especuladores, provocar una «regeneración moral» con la integración nacional de las mayorías, la aplicación de reformas sociales, la introducción real del servicio militar obligatorio, la reforma educativa (Ley de educación de 1908), etc. Las reformas culminarán en 1912, con la introducción del sufragio universal masculino. Esta apertura electoral permitió el triunfo contra pronóstico del radical Hipólito Yrigoyen (1916); con todo, al no poder llevar hasta el final su programa de reformas sociales por el peso que seguían teniendo los agentes políticos locales del caciquismo, su gestión generó una gran frustración popular.

En Uruguay, el ascenso de las clases medias urbanas encumbró a la presidencia a Batlle y Ordóñez (1903). En su programa se refleja la impronta positivista, con una voluntad clara de potenciar la educación y la reforma democrática del país. Entre los grandes intelectuales representantes de esta corriente hallamos a J. Enrique Rodó.

En Chile, tras la convulsa guerra civil de 1891, la ola reformista moderada llegó con el gobierno Montt (1906-1910). Sin embargo, esta apertura se vio limitada por la necesidad de hacer frente a las crecientes protestas sociales, muy importantes en las zonas productoras de salitre (el «oro blanco») donde la presión de las grandes compañías exportadoras era brutal.

En 1910, la celebración del primer centenario de la independencia motivó una gran reflexión nacional que se centró en la necesidad de modernización democrática, de puesta al día del sentimiento nacional y de integración social. Las oligarquías mostraron su alarma (identificaron el reformismo con un «peligro rojo»), con lo que se abriría un periodo incierto donde se mezclaban regeneración y represión. En 1920, los partidos tradicionales Alianza Liberal y Unión Nacional serían derrotados por el populista Alessandri, con el apoyo del Partido Radical y de los demócratas pero con la oposición de los socialistas. Con un programa que denominó de «evolución rápida», su reformismo desembocó en la redacción de la Constitución Política Liberal del Estado (1925) o del Código Liberal del Trabajo (1931).

La iniciativa reformista del Estado se vería limitada por la fuerza que seguía manteniendo el caciquismo dentro de la estructura de los partidos y por el mantenimiento del uso de la violencia política y de los sobornos. Para intentar contrarrestarlo, se procedió a la reforma de la ley electoral, al establecimiento de registros electorales reales y renovados cada nueve años, a la creación de comités municipales de contribuyentes que controlasen las elecciones en lugar de los corruptos funcionarios municipales. A pesar de las reformas, el número de votantes en relación con la población global siguió siendo muy bajo hasta los años cincuenta.

En México fue donde el intento de modernización política resultó más convulso y contradictorio. El largo periodo de dictadura de Porfirio Díaz pronto olvidó cualquier veleidad reformista democratizadora, institucionalizó la represión y el soborno y se erigió en representante del grupo formado por la oligarquía, el Ejército y la Iglesia. El anciano dictador, especialmente en la última fase de su mandato, se preciaba de haber pacificado el país, de haber agilizado la administración con el establecimiento de la figura del jefe local, de haber dinamizado la economía favoreciendo las inversiones extranjeras y de haber estrechado lazos con Europa a fin de rebajar la presión estadounidense.

Los partidarios de Díaz hablaban de la «Pax Porfiriana» pero obviaban decir que estaba conseguida a través de una dura represión. Ésta se dejaba sentir de manera especial en las ciudades (gran red de informadores y de policía) y en los lugares donde llegaba el ferrocarril (traslado de tropas); en el mundo rural, muy abandonado, la presión oligárquica y del poder se dejaba sentir por medio de los temidos «rurales», una policía montada inspirada en el modelo estadounidense.

Cuando Porfirio Díaz anunció en 1908 su intención de no volver a presentarse a unas elecciones desencadenó una gran efervescencia política y la movilización de los grupos reformistas pronto agrupados en lo que se denominó como Partido Antirreeleccionista, liderado por Francisco Madero (miembro de una familia de hacendados modernos pero alejados del poder). Dicho partido fue bastante popular en los medios urbanos, especialmente entre la clase media y aun entre la obrera, pero tuvo una escasa repercusión en los medios rurales.

La propaganda electoral de Madero puso un acento mayor en los temas de cohesión nacional (en septiembre de 1910 se celebraba el centenario de la independencia) que en las reformas sociales. No obstante, pocos días antes de las elecciones sería detenido y al cabo de poco se exilió a Texas. Estos acontecimientos acabaron de desencadenar un gran movimiento de protesta que enseguida tomó cuerpo en el levantamiento del mundo rural que encabezaron Pancho Villa y Pascual Orozco. Poco después se les añadiría el levantamiento más radical de Emiliano Zapata.

Esta revuelta se consolidó en el mundo rural y en las montañas, de donde fue creciendo hasta enfrentarse con las tropas de Porfirio Díaz y triunfar con la toma de Ciudad Juárez. Con la consigna de «Tierra, Libertad, Justicia y Paz», los «maderistas» se unieron para exigir el final de la dictadura y la convocatoria de elecciones libres. Éstas fueron ganadas por Madero y su Partido Constitucional Progresista (octubre de 1911). Pero el posterior intento de desmilitarizar a los revolucionarios chocó con la negativa de Zapata, que exigía el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra. La guerra civil (se habla de revolución mexicana) se prolongaría hasta la presidencia de Venustiano Carranza y la Constitución de 1917.

La Gran Guerra propició una mayor industrialización de América Latina y, con ello, el final del modelo económico de la «edad de oro» de las exportaciones: en algunos casos, como el del caucho brasileño o el nitrato de Chile, se trató del hundimiento de su demanda, frente a la aparición de sustitutos sintéticos. Este proceso parece confirmarse de una forma bastante general en estos años de entreguerras y de los grandes productos exportadores de la etapa anterior permanecieron sin alteración los que estaban directamente en manos de grandes compañías extranjeras (básicamente norteamericanas, que también tras la Guerra sustituiría a las europeas en el sector financiero). Además, en ocasión de la grave crisis internacional de 1921, las débiles y dependientes economías centro y sudamericanas empezaron a subsistir gracias a los créditos estadounidenses. Los diversos Estados de la zona vieron potenciados sus respectivos gobiernos como intermediarios de estas ayudas y, con ello, como agentes fundamentales de la vida económica.

LOS FASCISMOS

ISMAEL SAZ

El problema del fascismo

Cabe referirse al periodo que va del fin de la Primera Guerra Mundial al de la Segunda como la «época del fascismo» (Ernst Nolte). No faltan razones para ello. El fascismo fue el gran protagonista del periodo desde numerosos puntos de vista. En primer lugar, porque fue entonces cuando apareció un fenómeno absolutamente nuevo y desconocido que no parecía entroncar con anteriores tradiciones políticas. En segundo lugar, ese mismo fenómeno mostraría una inmensa capacidad para generar consensos y hostilidades, hasta el punto de que nadie parecía poder quedar indiferente. Más allá de quienes fueron sus adeptos y simpatizantes, el fascismo ejerció una poderosa atracción sobre amplios sectores de una derecha tradicional que pareció oscilar entre la colaboración, la emulación, la prevención y la hostilidad respecto de él. Para la izquierda obrera o democrática, el fascismo se convirtió en el más terrible y eficaz de sus enemigos, lo suficiente como para que el antifascismo se convirtiera en una seña de identidad para la mayor parte de aquélla. En tercer lugar, el fascismo fue el responsable de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, que por su magnitud y efectos devastadores iba a dejar pequeña a la «Gran Guerra». Finalmente, fue el fascismo en la más radical de sus versiones, el nacionalsocialismo alemán, el que llevó a cabo el mayor genocidio conocido en lo que constituyó una quiebra sin precedentes del proceso civilizatorio, quiebra de la que la humanidad apenas si se ha recuperado.

Naturalmente, mucho de esto no lo sabían los contemporáneos allá por 1919 cuando se formaba en Milán un movimiento, los Fasci Italiani di Combattimento dirigido por un antiguo socialista radical, Benito Mussolini y que en sólo tres años se encaramaría al poder para empezar a construir un régimen que no se asemejaba tampoco a ninguno de los conocidos. ¿Qué era ese movimiento surgido de la extraña conjunción de antiguos socialistas, sindicalistas revolucionarios, republicanos y nacionalistas? ¿Cuáles eran los fundamentos de un movimiento que en el acto de su constitución enunciaba un programa expansionista en política exterior, pero radical y socializante en la interior y que, sin embargo, se aliaría en pocos meses con los propietarios agrarios para emprender una auténtica, violenta y destructiva guerra civil contra las organizaciones obreras? ¿A qué lógica obedecía que se siguiese proclamando revolucionario cuando llegaba al poder en octubre de 1922 con el apoyo de las viejas clases dirigentes?

Para el movimiento socialista y el comunista, para el movimiento obrero en su sentido más amplio, que fueron sus primeras víctimas, había pocas dudas de que, cualesquiera que fueran sus orígenes, el fascismo se había convertido en la auténtica vanguardia de la contrarrevolución, configurándose como una «reacción burguesa» y, una vez en el poder, como una dictadura capitalista. El fascismo venía a ser considerado así como un fenómeno que venía a salvar a un capitalismo amenazado bien por la revolución comunista bien por las conquistas sociales que le habían sido arrancadas en la inmediata posguerra.

Para los liberales, el fascismo era, ante todo, un fenómeno antiliberal. Una consecuencia del ascenso de las masas que había destruido los viejos y venerables equilibrios del viejo liberalismo. En la medida en que se situaba en las antípodas de éste, se declaraba revolucionario y antiburgués y destruía las libertades, podría considerarse también como emparentado con el bolchevismo, con lo que no tardaría en formularse la idea de una identidad sustancial —totalitaria— entre ambos fenómenos.

Se podía ver también en el fascismo una consecuencia de los déficit económicos, sociales y políticos de una sociedad como la italiana que habría carecido de una auténtica revolución burguesa, lo que habría permitido la fortaleza de élites y prácticas tradicionales y antidemocráticas de las que el fascismo no habría sido sino una continuación con formas nuevas. Aunque esto valía menos para una sociedad industrialmente avanzada como la alemana, podría considerarse que también allí había faltado una revolución burguesa, lo que habría garantizado que, a despecho del crecimiento hegemónico, la hegemonía política hubiese seguido en manos de élites preburguesas nítidamente antidemocráticas.

Así, para los marxistas el fascismo era una consecuencia de una crisis agónica, cuando no terminal, del capitalismo; para los liberales, una consecuencia de la irrupción de las masas, agravada por la aceleración impresa al proceso por la Gran Guerra; para los radicales, una consecuencia y continuación de viejas carencias sociales y políticas.

En lo que casi todos parecían estar de acuerdo era en tres cosas. Primera, que entre las nuevas élites fascistas la presencia de los ex combatientes, de los defensores a ultranza de la pasada guerra, era fundamental. Segunda, que el movimiento se caracterizaba por su capacidad de conseguir una amplia base de masas. Tercero, que bien carecía de una ideología definida, bien esta era reaccionaria en el sentido más amplio de la expresión, bien era irrelevante. Lógicamente, estos supuestos no se vertebraban del mismo modo en las distintas percepciones. Así, desde el marxismo se consideraba que las élites dirigentes del fascismo actuaban como agentes del gran capital para movilizar a través de retóricas radicales a la pequeña burguesía contra el proletariado. Desde la perspectiva liberal, élites y masas igualmente desarraigadas se alzaban sin más perspectivas para interrumpir, aunque presumiblemente solo por un tiempo, la continuidad de la sociedad y el Estado liberales. Desde el punto de vista radical, eran las élites precapitalistas las que en alianza con las capitalistas se valían de las élites fascistas para dinamitar la perspectiva democrática. No es de extrañar que, dados estos enfoques, la ideología del nuevo movimiento fuese consideraba en última instancia irrelevante. Puramente reaccionaria en el sentido tradicional, por mucho que se enmascarase en una retórica revolucionaria, para marxistas y radicales. Simplemente inexistente para unos liberales que, como Benedetto Croce, no veían en el fascismo más doctrina que una «enfermedad moral» causada por la guerra.

Pero si todo era en último término tan sencillo, ¿cómo explicar entonces la atracción que suscitaba el nuevo fenómeno? ¿De dónde venía su capacidad para atraerse a gentes de todas las procedencias políticas —desde la izquierda revolucionaria al radicalismo nacionalista y de éste a la derecha reaccionaria—, sociales —de las clases medias altas a las bajas, de importantes sectores del campesinado a no despreciables minorías de origen obrero— y culturales —de los viejos enemigos de la modernidad a la vanguardia literaria?

Muchas de estas paradojas han sido esclarecidas por la historiografía posterior y, aunque algunas de las principales diferencias de interpretación subsisten —como por ejemplo, la alternativa vinculación del fascismo sea con el capitalismo sea con el comunismo— en otros terrenos se han abierto elementos importantes de consenso entre los estudiosos. Entre ellos, los más importantes son los que tienden, en primer lugar, a situar al fascismo en la corriente —y no fuera— del pensamiento europeo, como un movimiento, por tanto, con sólidas raíces en su cultura y con unos precedentes ideológicos que se articularían tras la Primera Guerra Mundial en un cuadro ideológico no más coherente, pero tampoco menos, que el de otras tradiciones y culturas políticas. Y, en segundo lugar, los que apuntan a la necesidad incuestionable de diferenciar entre movimientos y regímenes fascistas, reconociendo que muchos fueron los primeros y muy pocos los segundos. Lo que conlleva el estudio diferenciado de unos y otros.

Cultura y política en los orígenes del fascismo

Es, en efecto, como se apuntaba en la introducción, en la gran revolución cultural de finales de siglo XIX y primeros del XX donde hay que buscar las raíces culturales de las que se nutrirá el futuro fascismo. La revuelta contra los valores de la Ilustración y la revolución francesa, contra el materialismo y el hedonismo «burgueses», la pérdida de confianza en el progreso ilimitado, el descubrimiento de lo irracional, todo ello podía asumir múltiples dimensiones y facetas que no tenían por qué orientarse necesariamente en una dirección política determinada. Cuando se mezclaban, sin embargo, con las nociones de decadencia de la sociedad o de las razas y se quería ver cristalizado todo ello en la de las naciones, se empezaban a forjar las bases de lo que sería el nacionalismo antiliberal europeo del siglo XX. Como se veía también en la introducción, existían diversas formas de nacionalismo antiliberal. Comunes en la identificación de los enemigos (la democracia liberal, el socialismo, los extranjeros, la masonería, los judíos) estos nacionalismos podían divergir en sus perspectivas y alternativas. Así, el de Charles Maurras, el de la Acción Francesa que se formaba a raíz de la derrota reaccionaria en el asunto Dreyfuss, era antiliberal desde un punto de vista elitista, buscaba el apoyo de las élites intelectuales, militares, económicas y eclesiásticas. No aspiraba a movilizar a las masas sino a desmovilizarlas. Su antiliberalismo aspiraba a revertir todo lo que políticamente había generado la Revolución francesa. La nación sólo podría salvarse volviendo sobre sus pasos hacia las instituciones del Antiguo Régimen: la Monarquía y la Iglesia, especialmente. Se trataba de una modernización, eficiente y racionalmente construida, de algunos de los puntos esenciales del antiliberalismo reaccionario decimonónico. El otro nacionalismo igualmente antiliberal, que tenía su más claro referente en Maurice Barrès, era por el contrario populista, entendía que la esencia de la nación, las fuentes de la «energía nacional», se hallaban en el pueblo, en la «tierra y los muertos»; y era al pueblo al que había que apelar en el marco de un discurso que tenía fuertes componentes socializantes.

Junto a ellos, desde posiciones todavía no nacionalistas y sí revolucionarias, algunos socialistas como Sorel y los sindicalistas revolucionarios consideraban que, en el marco del gran problema de la decadencia de la sociedad, la clase obrera se alejaba de sus objetivos revolucionarios. Corrompida por la democracia y el socialismo «político» debía ser enervada, sacudida, a través de mitos movilizadores, como el de la huelga general y la violencia. En la medida en que tenían enemigos comunes a los nacionalistas —la democracia y el socialismo— se abría un espacio para la convergencia con ellos. Sin embargo, este camino no se transitó o lo hizo solamente en escasa medida. De modo que se podría convenir con el historiador israelí Zeev Sternhell en que muchos de los ingredientes del fascismo estaban ya dados en Francia antes de la Primera Guerra Mundial, pero no cuando éste afirma la existencia de una ideología ya articulada y sitúa en dicho país el nacimiento del fascismo.

Donde sí se avanzó más resueltamente en la dirección apuntada fue en Italia. Allí un nacionalismo antiliberal con fuertes deudas respecto de Acción Francesa se fue forjando como reacción frente a humillaciones nacionales como la derrota ante los etíopes en Adúa o la anexión austríaca de Bosnia-Herzegovina. Surgió así la Asociación Nacionalista Italiana de Corradini y Rocco. Tan antiliberal, antisocialista y elitista como la Acción Francesa, identificada también con un nacionalismo del «trono y el altar», difería de ella sin embargo en lo relativo al decadentismo. El problema de Italia no era el de la decadencia sino el de la conquista de su propio lugar al sol. Como «nación proletaria» frente a las dominantes Francia o Inglaterra, Italia debería trocar la lucha de clases en lucha de naciones y abrazar una política imperialista.

El carácter abiertamente reaccionario del nacionalismo italiano impidió que emergiese como foco de atracción para un radicalismo nacional de orígenes decimonónicos y democráticos que se estaba encaminando al mismo tiempo hacia una crítica despiadada de la Italia liberal, a la que consideraba corrupta, y que por la vía de la crítica del parlamentarismo y las apelaciones populistas iría asumiendo posiciones crecientemente antiliberales aunque desde perspectivas todavía democráticas.

En Italia existía también una poderosa corriente socialista, el sindicalismo revolucionario, que en su denuncia del socialismo reformista, siguiendo en buena parte la estela de Sorel, empezó a abogar por soluciones radicales en las que la denuncia de la democracia corruptora y el socialismo reformista se completaban con apelaciones a la huelga general y la violencia. Establecía también una nítida distinción entre las vanguardias dirigentes y las masas que debían movilizar. Cuando este sindicalismo revolucionario perdió buena parte de su fuerza en beneficio del socialismo mayoritario, algunos de sus representantes empezaron a descubrir un nuevo sujeto revolucionario: la nación. Si la apelación a la clase obrera fallaba, la que se hiciera a la nación podía ser más exitosa. Lo importante era la revolución, y si la nación y la guerra podían constituirse en el factor movilizador que la generase, era a ella a la que habría que apelar. Aunque no faltaron convergencias de algunos de estos sindicalistas con los nacionalistas de la ANI tampoco estas llegaron demasiado lejos con antelación a la guerra. Y su aproximación al nacionalismo era todavía esencialmente instrumental.

En Alemania el proceso de radicalización de la nueva derecha tuvo los mismos ingredientes, aunque articulados de modo distinto. Existía allí un largo proceso de nacionalización de las masas basado en concepciones románticas y esencialistas de la nación y el pueblo alemanes que establecía un continuo entre la tierra, la cultura y el «espíritu del pueblo», del Volk. Este nacionalismo se articuló con algunas de las experiencias que venían de la revolución francesa, especialmente en lo relativo a la dimensión de masas, la construcción de mitos y escenarios simbólicos y una especie de religión laica por la que el pueblo se rendía culto a sí mismo. No era un nacionalismo necesariamente antiliberal en la primera mitad del siglo XIX, aunque sí tomaría esa deriva, como tantos otros, a partir de entonces. El antisemitismo y el racismo que recorrieron a las sociedades europeas en el último tercio del siglo XIX, acentuaron esa deriva y marcaron para siempre la evolución del nacionalismo antiliberal alemán, en lo que se conocería como la ideología Volkish. Por otra parte, sectores importantes del radicalismo nacionalista germano consideraban que la unificación alemana había sido insuficiente tanto desde el punto de vista interior —la pervivencia de múltiples Estados en el marco casi confederal del Reich— y exterior —con la separación de Austria y otros territorios de población germana—. En la vorágine del imperialismo, el gobierno alemán desarrolló políticas agresivas que perseguían, por una parte, neutralizar la ascensión de la socialdemocracia y, acariciaban, por otra, la idea de la expansión hacia el este y una política mundial. Distintas asociaciones y ligas se constituyeron al respecto. Aunque no siempre perseguían los mismos objetivos ni eran especialmente coherentes hubo un momento en que se distanciaron de lo que consideraron una política gubernamental moderada e ineficiente, con lo que se marcaba el principio de la ruptura del radicalismo nacional populista con las elites dirigentes tradicionales.

Los antecedentes más directos del nacionalsocialismo hay que buscarlos, sin embargo, en otra parte, en Austria. En la capital del imperio multinacional austro-húngaro había una importante minoría judía con fuerte presencia en los ámbitos cultural, financiero y de la izquierda política. Allí tomaron cuerpo dos movimientos nacionalistas fuertemente antisemitas que impresionarían a un joven Hitler. Uno era el del populista alcalde social-cristiano Karl Lueger que consiguió un fuerte apoyo de masas. El otro, mucho más minoritario, el de George von Shönerer, venía del radicalismo democrático y abogaba por una profunda reforma social pero desarrollando a un tiempo un antisemitismo y antieslavismo radicales que se integraban en una concepción global pangermanista e imperialita. En Viena pudo conocer el joven Hitler igualmente algunas sociedades ocultistas fuertemente racistas que practicaban una suerte de religión aria que incluía el culto al sol, simbolizado por la esvástica. También en Austria tomó cuerpo el precedente más directo del partido nazi, el DAP (Partido Obrero Alemán), un partido socialista, a la vez anticapitalista e interclasista, nacido en Bohemia en el contexto de las rivalidades entre trabajadores germanos y checos, que acentuó progresivamente sus perfiles interclasistas, antisemitas, antieslavos e imperialistas. Era un partido minoritario y sin fuerza alguna fuera del enclave conflictivo, pero estuvo en los orígenes de un partido nacionalsocialista austríaco que sería finalmente fagocitado por el alemán.

También en Alemania, pues, estaban dados todos los elementos susceptibles de confluir en una ideología fascista, nacionalsocialista. Pero tampoco aquí se había producido dicha síntesis. Los grupos volkisch, por no hablar de los ocultistas, eran minoritarios y elitistas. El radicalismo nacional de orientación populista no se había traducido en un movimiento político, ni desafiado abiertamente la hegemonía de los partidos clásicos, el liberal nacional y el conservador. De hecho, ni siquiera había aparecido todavía el equivalente en un sentido amplio del nacionalismo reaccionario francés. Lo haría después de la guerra con la formación del DNVP, Partido Nacional del Pueblo Alemán.

Así pues, en toda Europa, sobre la base de un cambio cultural que ponía en cuestión los valores de la Ilustración y la Revolución francesa y que rompía la vieja identidad entre nación y libertad, se había forjado la práctica totalidad de los ingredientes de la derecha radical europea del siglo XX y del futuro fascismo. Por una parte, con la aparición de un nacionalismo reaccionario, el de Acción Francesa y movimientos similares. Y, por otra, con una constelación de dinámicas nacionalistas en las que radicalismo social y radicalismo nacional, elitismo y populismo, radicalismo y antiparlamentarismo aparecían en múltiples combinaciones. Sería en todas partes la experiencia de la Primera Guerra Mundial, no antes, la que haría posible, por primera vez, la articulación de la síntesis fascista. Pero debe quedar claro entretanto que todos esos ingredientes existían y que formaban parte ineludible de la cultura europea.

Los movimientos fascistas

Fueron la guerra y la inmediata posguerra las que hicieron, a la vez, de aceleradores y catalizadores de todas estas dinámicas. La primera había resultado ser una carnicería difícilmente abarcable para la mente humana. Así que quienes habían exaltado antes el carácter regenerador de la guerra y la violencia conocían ahora perfectamente sus consecuencias y solo podían mantener sus posiciones desde la más abierta y radical ruptura con los valores de la Ilustración. Además, la experiencia de las trincheras habría puesto de manifiesto la posibilidad de una vida heroica y sublime, alejada del materialismo y el hedonismo, capaz de zanjar las fracturas sociales, religiosas, regionales o políticas. Todo ello en nombre de la nación. La experimentación de una comunidad nacional armónica, entusiasta y conquistadora en las trincheras podía ser también un modelo para la posguerra. Sin embargo, ésta pareció constituir la más extrema refutación de tales esperanzas. Si muchos habían visto la nación amenazada antes de la contienda en el marco de los ya viejos discursos decadentistas, ahora esa misma nación podía aparecer postrada y humillada, como Alemania, o insuficientemente recompensada, como Italia. Si antes de la guerra minorías alemanas podían sentirse amenazadas en el marco del imperio austro-húngaro ahora habían sido incorporadas, sin más, a Estados no alemanes. La guerra había supuesto, como se vio, un poderoso mecanismo nacionalizador en sus inicios, pero buena parte de éste se había quebrado al final en beneficio de las revoluciones democráticas y socialistas. Para amplios sectores del proletariado había aparecido además una patria. Pero ésta era otra: la URSS.

También el capitalismo experimentó un extraordinario crecimiento y la economía mundial tendió a globalizarse amenazando viejos mecanismos de protección frente a la competencia. El crecimiento de los grandes almacenes suponía una amenaza para el viejo comercio. Las migraciones campesinas hacia la ciudad minarían aún más las fuentes de las esencias nacionales. Los dos grandes modelos emergentes, el soviético y el norteamericano, tenían en común, así podía verse, su carácter materialista. Si la revolución rusa aterraba, el «americanismo» parecía confirmar el éxito de todo cuanto se había odiado: el gran capitalismo, los valores industriales frente a los guerreros, el liberalismo individualista frente al comunitarismo. Ni EE.UU. ni la URSS eran consideradas como potencias europeas, por lo que todos los discursos sobre la decadencia europea pudieron redoblarse. La revolución comunista era una amenaza, pero donde esta no triunfaba se instalaba la odiada democracia corruptora o el no menos denostado y «corrupto» socialismo reformista, pacifista y materialista que habría obstaculizado el esfuerzo de guerra o incluso precipitado la derrota. En muchos sitios había accedido incluso al gobierno. El sueño de la guerra se había convertido para muchos de los grupos radicales antes examinados en la pesadilla de la posguerra. En este humus se forjarían los movimientos fascistas.

Lo hicieron en primer término en los países que habían perdido la guerra o habían quedado insatisfechos con la misma. A diferencia de otros países, Italia no entró en la guerra por la cadena de acciones y reacciones que había arrastrado a ella a servios, austríacos, rusos, alemanes, franceses e ingleses. Lo hizo a raíz de unos acuerdos secretos que le conferían importantes ganancias. Pero esto se hizo en el marco de un germen de guerra civil que no haría sino crecer en lo sucesivo. La mayoría de la población italiana era neutralista, como lo eran los trabajadores y lo fue, en la forma que se vio, el partido socialista. Pero frente a ellos se formó un amplio frente de intervencionistas de todas las tendencias. Desde los nacionalistas reaccionarios que querían entrar en la guerra a cualquier precio, o incluso con cualquier bando, a los intervencionistas democráticos que veían en la guerra la ocasión para derrotar a las potencias absolutistas, recuperar los territorios irredentos y desarrollar la democracia en Italia. Y estaba también el intervencionismo revolucionario. El que desde el sindicalismo revolucionario consideraba que la guerra aceleraría el desarrollo del capitalismo en Italia y fortalecería a la clase obrera, agudizando las contradicciones del primero y favoreciendo las posibilidades revolucionarias de la segunda. También estaban entre los intervencionistas los futuristas, un sector de la vanguardia, enamorado de la modernidad industrial, radicalmente democrático pero extremadamente nacionalista. Y, en fin, se contó entre ellos a un dirigente del ala más izquierdista del Partido Socialista y director de su periódico, Benito Mussolini. Éste, que se había declarado inicialmente neutralista, cambió de posición para abrazar la causa del intervencionismo con argumentos similares a los de los sindicalistas, aunque llevado también por su atracción por la guerra y la necesidad de no dejar pasar el momento de «hacer historia». Esto le costó su expulsión del partido socialista. A través de una política de demostraciones callejeras y presiones sobre el Parlamento, los intervencionistas pudieron creer que la intervención italiana en la guerra se debía a estas iniciativas y no a un pacto secreto previamente firmado. Así lo consideró además un sector importante de la población y, posteriormente, se llegaría a ver en todo esto una especie de precedente de la Marcha sobre Roma.

Durante la guerra, las fracturas crecieron y el proceso de nacionalización del intervencionismo revolucionario se aceleró. Inicialmente para Mussolini, la guerra habría de ser, en una especie de marxismo pasado por Nietzsche, un impulso decisivo para la revolución socialista. Pero pronto esto cambió y la guerra se convirtió en una revolución en sí misma, lo que entrañaba un cambio de concepto de revolución, que sería ya más italiana y nacional que socialista, y de sujeto revolucionario, que ya no sería el proletariado sino los «combatientes», los que habían defendido al país en las trincheras y los «productores», los que, obreros o patronos, sin distinciones de clase, habían contribuido sin reservas al esfuerzo bélico.

Sobre estas bases, un grupo de intervencionistas revolucionarios, antiguos socialistas, sindicalistas revolucionarios, republicanos y futuristas constituyeron en marzo de 1919 en Milán los Fasci Italiani di Combattimento con un programa extremadamente nacionalista, socializante pero netamente antisocialista y que situaba en primer plano el problema del poder. Este fascismo «de izquierda» y urbano languideció como una más de las múltiples organizaciones nacionalistas que empezaron a florecer en la península transalpina en oposición a los tratados de paz, a «renunciadores» y a los pacifistas de todas las clases. El nuevo movimiento apoyó la ocupación ilegal de Fiume por parte de D’Annunzio y sus voluntarios (abril de 1919-diciembre de 1920), pero no tuvo una participación destacada en la experiencia.

Junto a la agitación nacionalista, Italia se enfrentaba a una situación de extraordinaria agitación obrera con huelgas cada vez más generalizadas y radicalizadas que culminarían en la ocupación de las fábricas de Turín en agosto-septiembre de 1920. El fracaso de ésta supuso el final de hecho del bienio rosso. Por otra parte, el partido socialista, su mayoría maximalista, parecía más interesado en agitar el espectro de la revolución que en llevarla efectivamente a cabo, lo que no servía sino para enervar la actitud de sus enemigos y contribuir a agravar la crisis del Estado liberal. No sería, sin embargo, en la ciudad sino en el campo, en la zona de agricultura capitalista desarrollada del centro-norte de Italia, donde se iba a producir el ascenso del fascismo. Era aquí donde la hegemonía socialista era más fuerte e incontrastada. Los socialistas lo controlaban prácticamente todo: consejos provinciales y ayuntamientos, sindicatos y corporativas. Imponían las condiciones de trabajo, el número de trabajadores a emplear y hasta la esfera de la distribución. Amenazaban con la confiscación y anunciaban sus propósitos revolucionarios. En suma, una especie de reformismo extremo sin perspectivas efectivamente revolucionarias pero sumamente vulnerable. Tenía en contra, por supuesto, a los terratenientes, pero también a muchos arrendatarios y pequeños propietarios, muchos de los habían accedido recientemente a la propiedad. Fue en estas condiciones que se desencadenó el escuadrismo agrario fascista a partir del otoño de 1919. Con una organización militar y practicando una violencia despiadada, las escuadras fascistas arrasaron casas del pueblo, sedes socialistas y ayuntamientos. Ayudados financieramente por los terratenientes y con el apoyo logístico apenas disimulado del ejército, la policía y la magistratura consiguieron imponerse en breve tiempo en toda la zona.

El fascismo no era, sin embargo, únicamente escuadrismo agrario, ni éste era sólo la guardia blanca de la reacción. Si de hecho consiguió imponerse en perjuicio de otras organizaciones igualmente nacionalistas, violentas y antisocialistas fue porque fue capaz de presentarse como un movimiento revolucionario, enemigo de la clase dirigente liberal tanto como de los socialistas, dispuesto incluso a ofrecerse como protector de los intereses de los trabajadores una vez habían desarbolado a sus organizaciones, capaz de ofrecer a la sociedad, no una vuelta a viejas estructuras, sino un «nuevo comienzo». De hecho los jefes provinciales del fascismo, los ras, seguían proviniendo mayoritariamente de la izquierda. En esta combinación de violencia antisocialista, extremado nacionalismo y radicalismo antiliberal promesa de algo nuevo cimentaron los fascistas su éxito, su conversión en un poderoso movimiento de masas y, pronto, su apuesta por el poder. En octubre de 1922 llevaron a cabo la Marcha sobre Roma, en la que unos veintiséis mil fascistas acamparon en la capital para exigir el poder. En realidad, el ejército podía haberlos desarticulado con facilidad. Sin embargo, consiguieron su objetivo. ¿Por qué? Prácticamente toda la clase dirigente liberal, los industriales y hasta la Casa real eran favorables a la incorporación subordinada de los fascistas al gobierno, especialmente después de que Mussolini hubiese dado garantías respecto de la Monarquía y el liberalismo económico. Pero el líder fascista exigió la jefatura del Consejo de ministros. Y le fue concedida, sobre todo, porque un enfrentamiento con los fascistas podría haber dado nuevas fuerzas a los socialistas y porque en el fondo seguían pensando que el movimiento fascista era controlable, que el fascismo podía ser domado. Este fue el trágico error de las clases dirigentes y dominantes tradicionales. Algo que, desde luego, no les libera de su responsabilidad.

A lo largo de este proceso, a través de los vaivenes tácticos y estratégicos de la guerra y la posguerra, se había ido forjando la síntesis ideológica fascista, aquélla que acertó a reunir los elementos dispersos de las distintas corrientes del radicalismo nacional y social que confluyeron en el fascismo. En sus aspectos esenciales, esa ideología se caracterizaba, en primer lugar, por su ultranacionalismo, nacionalismo radical o nacionalismo absoluto. Lo que quiere decir que ese nacionalismo no admitía límites, ni hacia arriba ni hacia abajo, ni hacia dentro ni hacia fuera. Esto implicaba la destrucción de los enemigos de la izquierda obrera, pero también la posibilidad de choques con los sectores establecidos, fueran estos económicos, políticos, militares o religiosos. La nación debía estar por encima de todos ellos, de donde surge el carácter tendencialmente igualitario y el radicalismo social del fenómeno. En segundo lugar, y por las mismas razones, era populista. El pueblo era el elemento sustancial de la nación, el depositario de sus esencias. A él se apelaba, apostando además por su participación activa y «democrática» en la vida nacional de la nación. Pero debía hacerlo movilizado y encuadrado en una estructura jerárquica en la que sólo la élite, la aristocracia fascista tenía capacidad de decisión. Mussolini, como «duce» era la expresión misma de la voluntad popular. Nacionalismo absoluto y populismo se concretaban en la utopía de la comunidad nacional armónica y sin fracturas, organizada y jerarquizada, entusiasta y conquistadora. En tercer lugar, la ideología era palingenésica, basada en el mito de la revolución y proyectada hacia el futuro. Frente a la decadencia, la nación debería estar en un proceso de regeneración constante que no habría de detenerse nunca. Como permanente debía ser una revolución nunca mejor definida en sus objetivos, pero que estaba volcada hacia el futuro y el culto de lo nuevo: el nuevo hombre, la nueva sociedad, la nueva nación, la nueva raza. Todo lo anterior descansaría, finalmente, en un pensamiento mítico-religioso, con una concepción del hombre y la sociedad vitalista y antihumanista, que descansaba en una estatización de la política y en los valores de la violencia, la dominación y la jerarquía de los mejores.

Todos estos puntos permiten dar cuenta también de otras características esenciales del fascismo. Así, el carácter totalitario y la centralidad de la milicia o su racismo implícito, en la medida en que la comunidad nacional debería redefinirse continuamente en contraposición a sus enemigos, supuestos o reales, tradicionales o inventados. Implícito estaba también el antisemitismo, un fenómeno irrelevante en la cultura política italiana, pero que el propio régimen terminaría por asumir hacia 1938. Y lo mismo sucedía con el imperialismo, que podría manifestarse en diversos modos según el contexto internacional y las posibilidades que éste ofrecía pero que, como demostraría la política exterior fascista en los años treinta no podía sino conducir a la guerra. Las famosas parafernalia —ritos y símbolos, concentraciones de masas y arengas mussolinianas— y «estilo» fascistas, no eran elementos accesorios, sino que estaban plenamente contenidos en el pensamiento mítico-religioso y en la necesidad de «materializar», de «visualizar» la siempre abstracta y utópica comunidad nacional armónica y entusiasta.

¿Quiénes eran los fascistas? ¿Quiénes eran los 320.000 inscritos que el ya Partido Nacional Fascista tenía en marzo de 1922? Se ha considerado durante mucho tiempo que las bases sociales del movimiento fascista estaban formadas por una pequeña burguesía decadente en proceso de proletarización; una pequeña burguesía amenazada por arriba, por la concentración de capital y, por abajo, por el ascenso del proletariado organizado. Estudios más recientes han matizado, sin embargo, esta imagen. Aunque, efectivamente, las clases medias estaban sobrerrepresentadas en el movimiento fascista lo era sólo en escasa medida. Y dentro de ellas, la mayor presencia correspondía a empleados, funcionarios, profesiones liberales, maestros y estudiantes. Estaban subrrepresentadas, en cambio, las clases medias agrarias y no lo estaban en absoluto los trabajadores agrícolas. En la ciudad, la presencia de las clases medias altas era más que notable y, aunque había un menor porcentaje de obreros industriales, su número no era despreciable. El fascismo tenía mayor presencia en la zona centro-norte de Italia que en el sur, y, aunque en las grandes ciudades como Milán y Turín era algo menor, tampoco aquí era irrelevante. La presencia de ex combatientes era extraordinaria, lo que ratificaba el carácter esencialmente nacionalista del movimiento. Que era, también, esencialmente juvenil: alrededor de una cuarta parte de la militancia tenía menos de 21 años, proporción que alcanzaba el 50 % en la milicia. Se trataba, en resumen, de un partido menos agrarista y más interclasista de lo que se pensaba. Un partido nacional y popular a un tiempo. Algo que confirmaba algunos de los supuestos fundamentales de su propaganda: la voluntad de atravesar las fracturas sociales y regionales de la sociedad italiana.

El nacionalsocialismo alemán

El proceso de formación y ascenso del movimiento nacionalsocialista en Alemania guarda a un tiempo profundas semejanzas e importantes diferencias respecto del ejemplo italiano. Y conviene no olvidar que durante mucho tiempo, hasta los años treinta, el fascismo italiano fue «por delante», constituyéndose como un ejemplo para otros fascismos emergentes en general y para el alemán en particular.

Lo que caracteriza la experiencia alemana es que prácticamente todo, de principio a fin, fue extraordinariamente más radical que en Italia aunque marchando muchas veces en la misma dirección. En Alemania, en efecto, como en Italia, el fin de la guerra constituyó la antítesis misma de todas las esperanzas de agosto de 1914, pero aquí elevada a la enésima potencia: la derrota militar y la revolución de los consejos de noviembre, la proclamación de la República democrática, con los socialistas en el gobierno y la humillación de Versalles, los intentos de revolución socialista, la espartaquista y la de Baviera, así como posteriores intentonas comunistas. La economía además se desintegraba arramblando con los ahorros de las clases medias. En el año más dramático, el de 1923, la ocupación franco-belga de la zona del Rühr, desencadenaría, en fin, una fuerte resistencia nacionalista, pero también una hiperinflación que sumió en el caos a la economía alemana.

Era un terreno que, en una dirección, justificaba un rearme político e ideológico de la derecha conservadora más vinculada a los poderes económicos tradicionales y que llevaría a la constitución del DNVP, el equivalente reaccionario de los nacionalistas franceses o italianos. Por otra parte, la derrota y desmovilización del ejército había favorecido la formación de organizaciones paramilitares como los Freikorps (cuerpos libres) que tuvieron un destacado y brutal papel en el aplastamiento de las intentonas insurreccionales. Finalmente, la situación propiciaba también la aparición de una innumerable serie de grupúsculos de extrema derecha que iban desde las elitistas organizaciones volkisch hasta las organizaciones abiertamente terroristas.

Uno de estos grupos era el DAP (Partido alemán de los obreros), fundado en 1919 en Munich por un ferroviario, Antón Drexler. Aunque no directamente relacionado con su predecesor y homólogo austríaco, descansaba en similares supuestos pangermanistas y antisemitas, en un anticapitalismo dirigido en lo fundamental contra el gran capital financiero y en un obrerismo que era de hecho interclasista. El grupo tenía también estrechas vinculaciones con la Sociedad Thule, una de aquellas organizaciones pangermanistas, racistas y ocultistas que habían proliferado en el preguerra. Si en todo esto alumbraba bastante de la síntesis fascista entre radicalismo social y radicalismo nacional, lo haría mucho más con la incorporación al partido de un austríaco informador del ejército alemán, de anterior vida bohemia y cuyo entusiasmo militarista durante la guerra no le había permitido, empero, alcanzar más graduación que la de cabo, Adolf Hitler. Éste se hizo pronto con las riendas de la organización, a la que aportaría esencialmente una clara percepción de la importancia nuclear de las masas, y de ahí la incidencia en la propaganda y la organización, y una nítida concepción de la política en términos de fuerza y de poder. En 1923, el partido, rebautizado como NSDAP (Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes) se había convertido en hegemónico entre las formaciones de extrema derecha, desarrollado prácticas escuadristas, como en Italia, y se había beneficiado también, como allí, del apoyo y tolerancia de sectores económicos y autoridades políticas. También como en Italia, Hitler intentó la toma del poder en noviembre de 1923 en el célebre «putch de la cervecería» de Munich, cuando secuestró a las autoridades bávaras en lo que debía ser el preludio para la conquista del poder en Alemania. Pero la intentona fracasó y Hitler extrajo de ella dos conclusiones a largo plazo decisivas: la necesidad de conquistar una amplia y autónoma base de masas y la de rehuir todo enfrentamiento directo con el ejército. De ahí lo que sería la táctica del partido nazi en lo sucesivo. La vía legalitaria de acceso al poder y la práctica sistemática de la violencia por abajo contra las organizaciones obreras.

La consolidación de la República y la relativa estabilidad económica parecieron funcionar en detrimento de las expectativas nazis hasta el punto de que en las elecciones de 1928 apenas si alcanzó un 2,6 % de los votos. Sin embargo, a lo largo de esos años, el partido había sido rígidamente estructurado sobre la base del dominio indiscutible de Hitler, había visto crecer su militancia (hasta 100.000 afiliados) y había organizado una especie de gobierno en la sombra que multiplicaba su efectividad. Había conseguido, asimismo, penetrar en el amplio tejido asociativo, cultural y deportivo que caracterizaba a la sociedad alemana. De modo que cuando la crisis económica de 1929 golpeó con suma dureza generando un elevadísimo número de parados, el partido estaba en buenas condiciones para aprovechar las tensiones y contradicciones políticas que se derivarían de ella.

A diferencia de lo sucedido en Italia, sin embargo, no fue el NSDAP el que protagonizara la reacción burguesa que se experimentó a partir de 1928, por más que su profundo antisocialismo y violencia callejera le acreditase como uno de los puntales de dicha reacción. Desde dicha fecha, los partidos burgueses alemanes viraron claramente a la derecha. En 1930, el SPD dejó el gobierno acosado por las exigencias de la derecha económica y política en el sentido de rebajar los elementos del estado de bienestar. Los gobiernos que se sucedieron a partir de entonces viraron cada vez más hacia la derecha al tiempo que perdían apoyo popular. En las elecciones convocadas en 1930, los partidos «burgueses» perdieron una gran parte de su electorado en beneficio de los nazis que con seis millones de votos quintuplicaron sus resultados de 1928. La respuesta fue un ulterior giro a la derecha con el nombramiento de Von Papen como canciller. Con este, tomaba ya carta de naturaleza la ofensiva abiertamente antidemocrática y autoritaria auspiciada por el círculo en torno al presidente de la República, Hindenburg, en el que no faltaban terratenientes prusianos, industriales y militares. Pero el gobierno era minoritario y las elecciones que se convocaron en julio de 1932 para ampliar su base parlamentaria supusieron una auténtica hecatombre: los nazis emergieron como el primer partido de Alemania con casi catorce millones de votos (37,4 %). Entre los partidos «burgueses» solo el Zentrum pareció aguantar el tirón nazi, mientras en la izquierda la moderada pero progresiva pérdida de votos del SPD afluía en lo fundamental hacia el partido comunista (KPD). En un ulterior intento por dar salida a la crisis política, se convocaron nuevas elecciones en noviembre de 1932 en las que, aunque se experimentaría una importante pérdida de votos por parte de los nazis, la situación no se alteraría sustancialmente. Un último y desesperado intento por salvar la situación pactando con los sindicatos y dividiendo al partido nacionalsocialista, el del canciller Scheleicher, fracasó al no conseguir ni lo uno ni lo otro.

La situación era consecuentemente dramática. La derecha económica, social y política había conseguido derrotar a la izquierda e incluso establecer una semidictadura de hecho. No había apoyado a los nazis e incluso se resistió hasta el final a concederles el poder. Pero en el proceso había perdido la mayoría de sus apoyos electorales. De modo que no tenía más alternativas que recurrir a la dictadura frente a todos los partidos de masas, nazis, socialistas y comunistas incluidos, volver sobre sus pasos en dirección democrática y de colaboración con los socialistas, o intentar incorporar a Hitler al gobierno aunque en posición subordinada. Reproduciendo el guión italiano de diez años antes, Hitler rechazó cualquier alternativa que no fuera su nombramiento como canciller y la derecha claudicó. Como en Roma una década antes, la clase dominante y los círculos de la derecha pensaron que esa era la menos mala de las alternativas disponibles y recrearon el trágico error de creer que serían capaces de domar al movimiento hitleriano.

A lo largo del proceso que les condujo al poder, los nazis se habían beneficiado ocasionalmente de los apoyos políticos y económicos de la derecha económica y política. Pero la base sustancial de su ascenso fue esencialmente autónoma. Desde el punto de vista de la financiación podría decirse incluso que el poder económico dirigió la mayor parte de sus ayudas económicas hacia las otras formaciones de la derecha y que sólo cuando la situación ya se había decantado a favor del partido de Hitler empezaron a financiarlo masivamente. En realidad, el éxito de dicho partido había radicado tanto en su capacidad para aprovechar en beneficio propio la voluntad involucionista de la derecha autoritaria como en la de cimentarse una base autónoma de masas. Su capacidad organizativa tenía mucho que ver en esto último. Pero también su ideología. Una ideología basada en la síntesis fascista y que reproducía por ello las líneas esenciales que se apuntaban a propósito de la del fascismo italiano: era ultranacionalista, populista, se concretaba en la utopía de la comunidad nacional popular, era palingenésica, apelaba al mito de la revolución y el nuevo comienzo y se estructuraba como un pensamiento mítico-religioso. La diferencia con el fascismo italiano estribaba en que la ideología nazi era más extrema en todos los sentidos.

Así su ultranacionalismo lo fue hasta el absoluto al cimentarse desde el principio en los valores de la raza y la sangre, además de los de un antisemitismo biológico; al abordar una política imperialista sin límites, incluso contra los intereses de sectores fundamentales de las clases dominantes; al destruir rápida y radicalmente a la izquierda y romper del modo más tajante y brutal con todo resquicio de liberalismo; al desarrollar una concepción religiosa, pagana, de la nación, que podía entrar en abierta contradicción con la Iglesia. Lo mismo sucedía con un populismo que hizo del culto del pueblo el referente máximo, hasta el punto de que Hitler se presentaba no ya como el representante de la voluntad popular, sino como su personificación misma. Nunca el pueblo había sido objeto de tanta atención como entonces y, respecto de la clase obrera, no se abandonó nunca una retórica tan antisocialista como obrerista e igualitaria de la que no estaban excluidas apelaciones como la que exaltaba la «nobleza del trabajo» o la superioridad del trabajador alemán. La utopía de la comunidad nacional se llevó también hasta el extremo llevando al límite los mecanismos de inclusión y exclusión, de modo que si se desarrolló lo que bien pueda llamarse un «estado racial del bienestar», éste se cimentó cada vez más en el refuerzo de los elementos identitarios que proporcionaba la exclusión y, al final, liquidación física de los extraños o enemigos de la comunidad: los judíos siempre, pero también, progresivamente, gitanos, homosexuales, discapacitados o inadaptados sociales. La voluntad revolucionaria, la proyección hacia el futuro o el contenido palingenésico adquirían nuevamente en la ideología nazi su vertiente más extrema. No sólo se trataba de crear un hombre nuevo, una nueva sociedad y una nueva nación sino que, además, se trataba de intervenir en el proceso mismo de generación y regeneración de la raza a través de prácticas sociales, jurídicas y médicas. Nunca con tanta determinación se había aplicado el principio de destruir lo viejo, decadente, corrupto o mezclado para construir lo nuevo, puro y permanente. Paradójicamente, el más extremo enemigo de los valores de la Ilustración, se construyó sobre uno de sus legados: aquel que hablaba de la posibilidad del hombre de transformar a través de la acción y la voluntad las condiciones de su propia existencia física. En el terreno del pensamiento mítico, no sólo las ceremonias y ritos nazis superaron en capacidad de escenificación a los italianos, sino que borraron todo rastro del humanismo con la negación absoluta de la humanidad abstracta, el universalismo y el individuo como ente autónomo respecto de la especie. En fin, la negación radical de la razón y el progreso universal condujo a la afirmación de un culto a la nación alemana que derivó hacia el partido y encontró en el culto al Führer su más acabada expresión.

Buena parte del ascenso del nazismo se explica tanto por su habilidad para dejar en segundo plano en momentos clave algunos de sus enunciados más radicales, como el antisemitismo en las elecciones de 1932, como en su capacidad para «prometer todo a todos» sin cuidarse en exceso de la coherencia de tales promesas. Fue igualmente decisivo, sin embargo, el desarrollo de los aspectos más atractivos de su ideología. Al situarse en la posición extrema contra la odiada democracia, república y socialismo ganaron amplios apoyos sociales. Pero estos se vieron ampliados por su capacidad para presentarse como un partido nuevo, no comprometido con las peripecias de la república, que, a diferencia de los reaccionarios, ofrecía la participación y el protagonismo popular, que a diferencia también de estos, ofrecía no una vuelta al pasado sino un nuevo comienzo. Para una sociedad que había experimentado en el periodo de vida de una generación una guerra terrible, la humillación nacional, experiencias revolucionarias, conflictos políticos sin fin y dos crisis económicas devastadoras, la utopía de una comunidad nacional integrada, armónica y entusiasta podía parecer sumamente atractiva.

Desde esta perspectiva pueden explicarse también las características fundamentales del electorado y la militancia nazis, dada su capacidad para atraerse progresivamente a votantes de la derecha radical tradicional, de los partidos liberales y hasta de la izquierda republicana. También lo hicieron, aunque en menor medida, de los socialistas: hasta un 14 % de los votos nazis de 1930 provenían del SPD y hasta uno de cada diez votantes socialdemócratas volvió a emigrar hacia el NSDAP en las elecciones de 1932. Sólo las subculturas católica (Zentrum) y comunista se mostraron sustancialmente inmunes. Como en el caso del fascismo italiano se ha querido ver en el NSDAP un partido de clases medias decadentes. Pero de nuevo hay que corregir esa apreciación en modo similar a cuanto hacíamos respecto del caso italiano. Ciertamente, las clases medias estaban sobrerrepresentadas en relación con su proporción en la sociedad, pero se trata de una desviación en modo alguno excesiva. Los que lo estaban en mayor medida eran los agricultores y los comerciantes, así como los profesionales no universitarios y los funcionarios; pero esta sobrerrepresentación era mínima entre los empleados y por completo inexistente entre los artesanos. La afiliación al partido fue especialmente elevada entre las clases medias altas y las clases altas, especialmente entre estudiantes, profesionales universitarios y empresarios. Pero también la afiliación de procedencia obrera era más alta de lo que hasta hace no mucho se suponía. Aunque globalmente infrarrepresentada (44 % de la afiliación frente a un 55 % en la sociedad), esta menor participación se daba entre los obreros no cualificados, pero no entre los cualificados, especialistas o artesanales. La proporción de obreros crecía, además, sensiblemente en algunas de las organizaciones nazis más emblemáticas como las SA y las Juventudes Hitlerianas. Como en el caso italiano, el movimiento nazi era notablemente juvenil.

Consecuentemente, se puede considerar que el partido nazi se convirtió en un auténtico Volkspartei, un partido popular en el sentido de constituirse en el único de los existentes con capacidad para atravesar las fronteras de clase de la sociedad. En este sentido, el partido se mostró sumamente moderno e innovador, anticipando algunas de las características de los partidos europeos de la posguerra. También acertó a traspasar las fracturas religiosas, lo que constituía su máxima ventaja sobre el otro gran partido popular —y populista—, el Zentrum, casi exclusivamente identificado con la religión católica. En la medida en que, además, el NSDAP consiguió en términos comparativos la más uniforme de las presencias en las distintas regiones alemanas puede ser considerado también como el primer partido auténticamente nacional alemán. Finalmente, la presencia juvenil y la capacidad para atraer a un electorado que provenía tanto de las filas del conservadurismo como del progresismo, revela que el partido nazi no era sólo el partido de la desesperación, de la protesta y del rechazo a las consecuencias de la modernidad. Era también un partido que más allá de su indudable oportunismo y de sus aberraciones ideológicas, pudo captar la voluntad de renovación nacional y social de amplios sectores de la sociedad alemana. Como en el caso italiano, el movimiento nacionalsocialista viene a confirmar que su discurso nacionalista, populista y regeneracionista correspondía con bastante exactitud al alcance nacional, popular y proyectivo de sus bases sociales.

Los regímenes fascistas

Los dos movimientos fascistas llegaron al poder, como se ha visto, de una forma legal, constitucional. Al fin y al cabo había sido el jefe del Estado quien había designado a sus líderes como presidentes de gobierno para su posterior aprobación por el Parlamento. Pero, por otra parte, tanto Hitler como Mussolini legitimaron su acceso al gobierno como una revolución. Esta doble legitimidad, esta ambigüedad, marcaría para siempre la evolución de estos regímenes, que no romperían nunca formalmente con las constituciones existentes pero las subvertirían e ignorarían casi por completo. En realidad, esto mostraba la doble cara del fascismo, como reacción y revolución de nuevo tipo a un tiempo.

En Italia como en Alemania se formaron gobiernos de coalición con otras formaciones de la derecha en las que los fascistas estaban en minoría. Esto significaba la plasmación en el terreno de las fuerzas políticas de una convergencia de intereses a la que Philippe Burrin ha denominado acertadamente como el compromiso autoritario. A grandes rasgos, los componentes esenciales de este compromiso informal pueden dividirse entre las élites e instituciones conservadoras y el partido fascista. A un lado, el mundo de los negocios —industriales y agrarios—, el ejército, la burocracia y, habría que añadir, en su caso, la Iglesia o las Iglesias. Al otro, el partido fascista con sus múltiples tendencias. Como referente para todos, el que era a la vez jefe del gobierno y del partido. Las bases de este compromiso habían sido trazadas a lo largo del proceso que condujo al fascismo al poder: reforzamiento del Estado, neutralización del movimiento obrero, involución autoritaria y política de potencia en el escenario internacional. Todos los enemigos eran comunes: la democracia, el socialismo, los sindicatos, la masonería, pacifistas, internacionalistas y cosmopolitas y antimilitaristas de todas las clases, los rojos —o judíos— «infiltrados» en la Administración del Estado. Pero las diferencias también eran sustanciales. Frente a unos aliados que se daban prácticamente por satisfechos con la destrucción de la democracia, el partido fascista aspiraba, en primer término, a una revolución nacional y social que, aunque de perfiles indefinidos, debía traducirse en la conquista del monopolio absoluto del poder. Por otra parte, aspiraba a sustituir a los sindicatos socialistas en las empresas y subordinar la economía a sus objetivos imperialistas, lo que contrariaba a los industriales. Tenía su propia milicia, a la que veía como germen de un ejército popular, lo que suscitaba malestar en el ejército. Aspiraba a realizar una penetración auténticamente cancerígena en la administración del Estado o a desbordarla con instituciones paralelas, lo que podía generar resistencias en la burocracia conservadora. Y aspiraba a un control total de las conciencias sobre la base de su propia religión política, lo que podía enfrentarle con la Iglesia.

Esta combinación de intereses comunes y contrapuestos explica la dinámica de los regímenes fascistas en los que el partido estuvo siempre a la ofensiva, marcando, a través de un complejo proceso de avances y retrocesos, de crisis y transacciones, la dinámica general del régimen. Sus líderes, Hitler y Mussolini, aparecían como los grandes árbitros y referentes. De los conservadores frente al revolucionarismo de los fascistas; de estos frente a aquellos. Merced a ello pudieron ampliar continuamente su autonomía y poder en detrimento de unos y otros, al tiempo que se beneficiaban de un consenso popular que los veía por encima de las contradicciones y problemas que la dinámica conflictiva generaba. Pero eran líderes fascistas, por lo que las líneas generales de su «arbitraje» se inclinaban siempre, en última instancia, hacia la promoción de los objetivos de esta significación.

A grandes rasgos, cabe distinguir tres grandes fases analíticas en los dos regímenes fascistas. La primera de ellas, continuación en lo esencial del proceso que conduce al acceso al poder, se caracterizaría básicamente por la materialización de los supuestos más claramente contrarrevolucionarios y autoritarios de la alianza conservadora. Esto es, la destrucción del movimiento obrero y de la propia democracia liberal, construyendo los fundamentos de un Estado autoritario, jerárquico, represivo y organizado. En esta fase, los elementos más rupturistas o revolucionarios del fascismo tenderían a ser neutralizados e integrados mediante el reforzamiento del control del partido desde arriba y, hasta cierto punto, también desde el Estado. Aunque a grandes rasgos esta era la línea de evolución deseada por los elementos conservadores de la alianza, el componente fascista de la misma fue decisivo en dos líneas fundamentales. Primero, en el sentido de forzar la deriva autoritaria en una dirección mucho más radical y brutal. Segundo, en la neutralización de las fuerzas políticas que tradicionalmente habían canalizado los intereses de dichos sectores, conservadores, liberales, nacionalistas y populares, lo que iba claramente en la línea de la afirmación del régimen fascista como régimen de partido único. Tercero, y en la misma línea «totalitaria», el sector fascista tendió a minar algunas de las instituciones del Estado y a compensar, en términos de penetración social y ocupación política de la sociedad por el partido, las inevitables concesiones que se hacían continuamente a los sectores e instituciones conservadoras.

La segunda fase puede considerarse como la de la ofensiva fascista contra sus aliados conservadores. Supone una aceleración en la persecución de los objetivos puramente fascistas, reforzando el control sobre la sociedad y las conciencias, subordinando todos los elementos de la economía, la sociedad y la cultura a los objetivos de conseguir la creación de una comunidad nacional integrada y movilizada en el interior y la expansión y la guerra en el exterior. Como en la fase anterior, puede decirse, sin embargo, que estas líneas de enfrentamiento con los aliados conservadores tenían límites bien definidos. No se cuestionaba el compromiso autoritario en sí, por la sencilla razón de que era imposible: No se podía desafiar abiertamente a la(s) Iglesia(s) sin escindir la sociedad y romper las bases del consenso; no se podía desafiar a los industriales, ya que a menos que se nacionalizase la propiedad privada, lo que estaba fuera de toda lógica fascista, su contribución era imprescindible para la preparación bélica; no se podía prescindir del ejército, por las mismas razones.

Los fascismos y la pendiente hacia la guerra

Fue esta situación de equilibrio inestable e irresoluto la que condujo a la tercera y definitiva fase, la guerra, la cual se puede entender como prolongación de la segunda «por otros medios». Se trata de una fase que constituye el punto de llegada lógico y natural del fascismo dado que en ella coinciden todas las tendencias y contradicciones que caracterizan su existencia. En primer lugar, constituye la plasmación práctica de la concepción religiosa fascista de la vida, aquella que exalta la violencia y la guerra, el hombre nuevo guerrero y dominador, el culto a lo sublime materializado en el supremo sacrificio de la muerte. En segundo lugar, la guerra es la única desembocadura posible del ultranacionalismo, en sentido imperialista ahora, fascista. Ninguna conquista o anexión territorial podía ser considerada nunca como suficiente. Toda guerra victoriosa exigía una nueva aventura mayor y más resolutiva. En tercer lugar, la guerra en tanto que suponía una movilización total de la economía, de la sociedad y de los espíritus, constituía el único escenario posible para la materialización de una comunidad nacional unida, cohesionada y movilizada, en la que las diferencias de clase, regionales o de estatus quedarían definitivamente limadas. Finalmente, y sobre todo, esa movilización total acompañada del éxito que se presupone reforzaría al sector fascista frente a los aliados conservadores: la economía quedaría definitivamente subordinada al «interés nacional», el partido aceleraría el proceso de ocupación de los espacios públicos y privados de la sociedad y el Estado. En una palabra, la guerra era la materialización misma de la utopía fascista. Pero, por eso mismo, era el momento en que las contradicciones más que resolverse se agudizaban, en que la utopía mostraba su inviabilidad y la experiencia fascista terminaba en un proceso general terroríficamente destructivo y, a la vez, autodestructivo.

ITALIA

En Italia el proceso fue más lento y complejo entre otras cosas porque el proyecto fascista estaba todavía relativamente indefinido sin que hubiera ningún ejemplo disponible en el que inspirarse. En este sentido debe subrayarse que, por muchas que fueran las debilidades del fascismo italiano, este fue el primer régimen totalitario que se construyó sirviendo, precisamente, de inspiración para experiencias posteriores. El primer gobierno de Mussolini incluía a liberales, nacionalistas y los católicos del Partido Popular y entre 1922 y 1925 se mantuvo dentro de los parámetros de una semidictadura constitucional. Aunque se acentuó la persecución contra la izquierda obrera, algunas de las iniciativas fueron en la dirección de tranquilizar a los aliados conservadores. Se desarrolló una política económica que debilitó a la clase obrera y adoptó perfiles liberalizadores, tal y como deseaban los empresarios. El escuadrismo fascista fue, a la vez, domesticado, como quería el ejército, e institucionalizado con la creación de la Milicia. Respecto de la Iglesia, se abrieron vías de colaboración que concluirían en el Concordato de 1928 que marcaría una clara involución respecto de la Italia liberal y laica. Pero al mismo tiempo se iban a poner las bases que permitirían la construcción de un Estado totalitario. Con la creación del Gran Consejo Fascista se pretendía disciplinar al partido, pero al mismo tiempo lo convirtió en un órgano institucional determinante que rompía de hecho el marco de la Constitución. Las fuerzas políticas de la alianza gubernamental fueron neutralizadas. Los nacionalistas a través de un proceso de fusión que tuvo lugar en 1923; los católicos, con la disolución de su partido con el beneplácito del Vaticano; los liberales con una presión incluso violenta contra los menos dispuestos a colaborar y la asimilación de los que lo estaban. En las elecciones de 1924 se presentó una lista que, merced al sistema mayoritario reintroducido, dio una clamorosa victoria al gobierno. La violencia y las coacciones fascistas habían sido abrumadoras y cuando estas fueron denunciadas en el nuevo Parlamento por el diputado socialista Matteotti, éste fue secuestrado y asesinado. Esto generó una gran crisis que estuvo a punto de provocar la caída del fascismo, lo que pudo ser evitado por la voluntad de los conservadores de mantenerse en los términos del compromiso de 1922. Y el fascismo intransigente contribuyó decisivamente a empujar la evolución del régimen hacia la dictadura abierta: se prohibieron los partidos de oposición, se creó un Tribunal Especial encargado de la represión de los delitos políticos, desapareció la libertad de expresión, los sindicatos fascistas se erigieron en los únicos interlocutores válidos en la negociación colectiva. Al mismo tiempo se acentuaba el proceso de penetración capilar del partido en la sociedad italiana con organizaciones como la de sus juventudes, la Opera Nazionale Balilla u otras que, como la Opera Nazionale Dopolavoro pretendía garantizar el acceso al ocio y la cultura de los trabajadores pero sobre la base del control de su tiempo libre. También en el plano social se promulgó la Carta del Lavoro, la cual no pasaba, sin embargo, de constituir una declaración de principios sociales y la afirmación mucho más tajante de la subordinación de la economía nacional al interés social. En la misma dirección de «superación» del capitalismo se pusieron las bases del sistema corporativo. Por si todo esto podía constituir algún tipo de amenaza más o menos larvada al poder económico, este fue suficientemente tranquilizado con la división de la potente Confederación Sindical fascista en seis federaciones y con el bloqueo de la presencia sindical en las empresas. En el plano político, se dio un nuevo golpe al régimen parlamentario mediante el establecimiento de una lista única, elaborada por los sindicatos y otras organizaciones fascistas, que debía ser votada en bloque. Con la firma en 1929 de los Pactos de Letrán y del Concordato con el Vaticano y el subsiguiente plebiscito que los aprobó de forma arrolladora, el régimen fascista se había convertido en una realidad.

Se entraba así en los años de apogeo del régimen, aquellos en los que, como apuntara De Felice, alcanzó el máximo consenso. Desarticulada por completo la oposición y con el control prácticamente absoluto de los medios de comunicación, las múltiples organizaciones fascistas prosiguieron su penetración capilar en la sociedad. La implantación de las corporaciones hizo pensar que el régimen disponía de medios efectivos para «superar» a un tiempo la crisis económica y el sistema capitalista. Aunque la economía estaba cada vez más controlada por el Estado, este control no funcionaba en detrimento, antes al contrario, de los industriales. En el plano de la política exterior, la tarea de socavar el sistema de Versalles daba algunos frutos, que serían mucho mayores tras el acceso de Hitler al poder. El mismo triunfo del nazismo en Alemania contribuyó a magnificar el prestigio internacional del fascismo, presentado ya como una alternativa universal, aunque suponía también la aparición de un rival ideológico. Con la guerra y conquista de Etiopía y la proclamación del Imperio, el régimen pareció llegar a su apogeo.

El régimen se había convertido también en un auténtico modelo para los conservadores y reaccionarios de todas las latitudes. Se trataba al fin y al cabo de una dictadura que había destruido por completo a la izquierda democrática y obrera, en la que la presencia de la Iglesia, más allá de eventuales enfrentamientos, era más que notable, que tenía a los sindicatos fascistas controlados y que gozaba del consentimiento, a veces entusiasta, de amplios sectores de la población. Pero era justo esto lo que de forma cada vez más agónica inquietaba a unos fascistas que veían más que estancada su revolución, más todavía cuando el recién llegado alemán se estaba mostrando mucho más efectivo y radical. El descontento abarcaba a todos, desde los sindicalistas hasta los fascistas radicales y de estos al mismo Mussolini. La respuesta fue la svolta totalitaria, en realidad una aceleración de las anteriores dinámicas en dicha dirección. Pretendía reequilibrar en beneficio fascista los equilibrios con las fuerzas económicas y sociales conservadoras. Y se tradujo en una especie de «revolución cultural», materializada en una fuerte campaña contra una burguesía acusada de materialista, hedonista, egoísta y derrotista, humanitaria y pacifista. Los sindicatos fascistas se radicalizaron, llegaron a promover huelgas y se permitió su introducción en las empresas. La penetración capilar del partido en la sociedad se llevó a sus últimos extremos. Desde 1937, el carné del partido cumplía las funciones de documento de identidad y hasta se constituyó en 1940 una organización para los más jóvenes, casi neonatos (los Figli della Lupa). En política exterior se quiso ver también en la guerra de España una guerra fascista, la que rompería además las barreras que impedían el dominio absoluto de Italia en el Mediterráneo. En parte por emulación respecto del nazismo, pero también como un revulsivo «revolucionario» y para debilitar el poder de la Iglesia, se promulgó en 1938 una legislación antisemita. Desde 1936 se había intentado limitar los efectos de esa hipoteca que siempre había sido la Monarquía equiparando al rey y a Mussolini como «mariscales del Imperio». Con la supresión del Parlamento y su sustitución en 1939 por una Cámara de los fascios y las corporaciones se había concluido la construcción del Estado totalitario.

Pero las polémicas con los industriales o la Iglesia tenían un límite, el de toda revolución fascista condenada a batallar con unos aliados de los que no podía prescindir. De ahí, la gran oportunidad que desde el punto de vista fascista habría de suponer la Segunda Guerra Mundial. Por una parte, permitiría cumplir el triple objetivo de la ideología fascista: expansión imperialista, movilización interior y creación del hombre nuevo guerrero y dominador. Por otra, debía constituir la solución y salida a las contradicciones acumuladas: las grietas que se habían abierto en el edificio del consenso, la omnipresencia cada vez más resistida del partido y el debilitamiento definitivo de los aliados/adversarios conservadores. Para que todo esto fuese efectivo era condición sine qua non que la guerra fuese victoriosa. Y fue justamente esto lo que no sucedió. De fracaso en fracaso, solo matizado en ocasiones por los éxitos del aliado nazi, el régimen se abocó a su final en 1943 tras el desembarco aliado en Sicilia.

La guerra concebida como prueba definitiva de la experiencia fascista y de una nueva nación forjada por el fascismo, vino así a constituir la mejor revelación de todas las contradicciones y debilidades de la experiencia fascista. Al fracaso militar se añadió una auténtica descomposición política y administrativa, algo que ya venía apuntado por la multiplicación de instancias rivales y la insaciable voluntad del partido de ocupar todos los espacios. Hasta 23 millones de italianos estaban afiliados a las distintas organizaciones del partido en 1941, pero ni eso añadió efectividad al esfuerzo bélico ni consiguió parar la hemorragia de un consenso que afectaba ya directamente al mismo Mussolini. Reflejando el caos administrativo y la descomposición del Estado, hasta el Consejo de Ministros desapareció de hecho durante la guerra. Las importantes y masivas huelgas de Turín de marzo de 1943 pusieron de manifiesto hasta qué punto el régimen había perdido la capacidad para controlar a aquel sector, la clase obrera, en cuya derrota había cimentado su propia existencia. La destitución de Mussolini por el Gran Consejo del Fascismo en julio de 1943 supuso la confirmación definitiva del desmoronamiento del edificio: los fascistas descontentos forzaron la destitución de Mussolini, el rey aprovechó para liquidar el régimen mismo, propiciar la detención de Mussolini y empezar a preparar el terreno para el cambio de alianzas en la guerra, lo que efectivamente se produciría el 8 de septiembre del mismo año. Era el fin de un fascismo que sólo podría volver al poder tras la liberación de Mussolini por los nazis, como un estado satélite radicado en el centro-norte de Italia que no tardaría en reproducir las contradicciones, pero también la brutalidad que habían caracterizado al fascismo a lo largo de toda su existencia. Hasta que se desmoronó finalmente, con el hundimiento ahora también de los ejércitos alemanes. La Resistencia pudo entonces capturar y ejecutar a Mussolini para exponer seguidamente su cadáver en la plaza de Loreto de Milán, a unos cientos de metros de donde veintiséis años antes había surgido el movimiento fascista.

ALEMANIA

En Alemania, el proceso de construcción del régimen nazi fue más rápido, más radical y más completo que el italiano. Había razones poderosas para que fuera así. En primer lugar, las experiencias por las que había atravesado la sociedad alemana en las dos décadas anteriores habían sido mucho más traumáticas. En segundo lugar, la fuerza del partido nazi era extraordinaria, lo que proporcionaba una autonomía y capacidad de incidencia sobre sus aliados conservadores igualmente notable. En tercer lugar, sus fundamentos ideológicos fascistas y la resuelta determinación de su aplicación vino multiplicada al radicarse profundamente en anteriores tradiciones esencialistas, racistas y antisemitas. En cuarto lugar, cuando los nazis subieron al poder tenían ya un modelo disponible, el italiano, del que podían tomar directamente, sin atravesar el siempre complejo camino del ensayo y el error, cuantos ejemplos quisieran. Finalmente, el partido nazi y su líder no tuvieron que afrontar los frenos que suponía la existencia de un rey como Jefe del Estado, ni la presencia de un Vaticano en el centro mismo de la nación.

Se explica así que la destrucción hasta sus fundamentos del Estado liberal que había requerido años en la caso de Italia se llevara a cabo en pocos meses. Tan pronto como los nazis llegaron al poder, el 30 de enero de 1933, introdujeron fuertes restricciones a las libertades de reunión y prensa. Con el pretexto del incendio del Reichstag del 27 de febrero, del que responsabilizaron a los comunistas, se suspendieron los derechos fundamentales y se prohibió la actuación de los partidos marxistas. Tras las elecciones al Reichstag de marzo, consiguieron la aprobación por parte de aquél de una «ley de autorización» por las que se delegaban en el gobierno todas las funciones legislativas. Una autorización que, significativamente, fue renovada periódicamente cada cuatro años, por lo que puede decirse que tampoco los nazis llevaron a cabo una ruptura absoluta desde el punto de vista formal con la Constitución de Weimar.

Sucesivamente, se produjo una unificación de hecho de los Lander (Estados) y se suprimieron sus parlamentos. Entre marzo y abril se prohibieron los partidos socialista y comunista y se disolvieron los otros, el Zentrum en particular, con el beneplácito del Vaticano, más interesado en la firma del Concordato, como así fue. Todavía en la primavera de 1933 se llevó a cabo la purga del aparato burocrático, con la expulsión de judíos, demócratas y marxistas, se «unificó» el derecho y lo mismo sucedió con la cultura. Los sindicatos fueron disueltos y sus bienes incautados, todo en beneficio del Frente del Trabajo del Reich (DAF) que encuadraba a empresarios y trabajadores. En diciembre se aprobó una ley que establecía la unidad del partido y del Estado.

En apenas un año, el Estado totalitario se había convertido en una realidad. Pese a ello, había sectores del partido insatisfechos por lo que consideraban concesiones excesivas a la burguesía y que pregonaban constantemente la necesidad de una «segunda revolución». Las Secciones de Asalto (SA), en particular, estaban fuertemente radicalizadas en el plano social, tenían capacidad para amedrentar violentamente tanto a marxistas como a conservadores y no escondían sus prevenciones hacia el ejército regular, al que consideraban conservador y elitista. Todo esto había levantado las alarmas entre los aliados conservadores de Hitler, algunos de los cuales se orientaron hacia una especie de semioposición. Por otra parte, el anciano presidente de la República, Hindenburg, estaba próximo a la muerte y en este contexto el ejército había hecho saber con claridad que no prestaría juramento de fidelidad a Hitler si este no disciplinaba previamente a las SA.

La respuesta de Hitler fue la «noche de los cuchillos largos», en junio de 1934, en la que la cúpula de las SA fue asesinada por miembros de las SS (inicialmente, guardia personal de Hitler). Con ello se cerraba en apariencia lo que hemos considerado la primera fase de las dictaduras fascistas, consistente en la liquidación de las libertades y la neutralización del ala más izquierdista y revolucionaria del movimiento. De hecho, el ejército y la oposición conservadora acogieron con satisfacción la matanza, que fue retrospectivamente legalizada y, tras la muerte de Hindenburg, no hubo problema alguno en lo relativo al juramento de fidelidad a un Hitler que unificaba ya en su persona la cancillería y la presidencia del Reich.

Todo esto proporcionó una inmensa popularidad a Hitler cuyo control absoluto del partido creció ulteriormente y que pudo ser visto por amplios sectores de la población como la mejor garantía frente a los excesos de sus huestes. Los rápidos triunfos cosechados en la política exterior aumentaron más aún dicho prestigio, como lo hizo también la rápida recuperación del pleno empleo. También el mundo de los negocios podía darse por satisfecho con las limitaciones impuestas a los sindicatos y el desarrollo de una política económica sustancialmente ortodoxa.

Por debajo de esta aparente consolidación armónica de la dictadura estaban operando, sin embargo, otros factores que apuntaban en otra dirección. Ya en la noche de los «cuchillos largos» Hitler había aprovechado para liquidar los gérmenes de la protooposición conservadora eliminando incluso al ayudante de su vicecanciller y al presidente de Acción Católica, además de viejos rivales del partido y a los generales que habían obstaculizado en su momento el acceso al poder de los nazis. La neutralización política de las SA conllevó el ascenso de las SS, absolutamente fieles a Hitler, cuyo jefe, Himmler, pronto controlaría todas las policías del Reich a través del complejo SS-Gestapo, y que, andando el tiempo, se convertirían en un auténtico ejército. Tampoco renunciaba el partido a sus objetivos antisemitas y si ya en abril de 1933 se organizó un boicot a los negocios de judíos, en 1935 se promulgarían las leyes raciales de Nuremberg que recortaban drásticamente los derechos civiles de la población judía.

Aunque la extrema radicalidad y rapidez del proceso de configuración del régimen nazi ha sugerido durante mucho tiempo la idea de la ocupación total del Estado por el partido acompañada de una progresiva centralización de las decisiones y una perfecta eficacia organizativa, la realidad fue muy diferente. De hecho, como enunciara Hitler, Estado y partido eran complementarios y a la preeminencia de uno en unas esferas le podía corresponder la del otro en otras. Lo que sí sucedía es que al tener el partido una fuerza autónoma muy superior a la de su correligionario italiano, el compromiso autoritario o «cártel de poder» entró aquí en una dinámica sumamente conflictiva y desestructuradora. Los centros de decisión se multiplicaron, del partido a los sindicatos o las cámaras, del gobierno central a los Landers y dentro de estos entre las esferas del partido, del gobierno del Estado y del federal. El poder se fragmentó dando lugar a un caos administrativo, que ha sido denominado como «darwinismo institucional», en el marco del cual Hitler se limitaba frecuentemente a ratificar a los vencedores en los múltiples conflictos generados. La tendencia de Hitler a dejar hacer a sus subordinados sin dar orientaciones claras en una u otra dirección favoreció una tendencia por la que todos pretendían ser intérpretes de la voluntad del Führer, con el resultado de que eran los más radicales quienes terminaban por imponerse. El régimen se embarcó así en un proceso de radicalización acumulativa que llevaría a extremar sus rasgos más destructivos, pero también los más autodestructivos, lo que, de hecho, no tardó en propiciar la descomposición del Estado.

Esta dinámica permitió la aceleración y radicalización del giro que se inició en 1936 en una dirección absolutamente totalitaria. Algo similar a lo sucedido en Italia pero de forma mucho más radical y exitosa. El discurso populista y antiburgués del régimen se agudizó, al tiempo que se desarrollaban iniciativas que, como la de la Fuerza a través de la alegría, copiada del Dopolavoro italiano pero mucho más eficaz que este, ofrecía a millones de alemanes el acceso al ocio, las vacaciones y la cultura. La política económica se reorientó en una dirección autárquica como preparación de la guerra, con lo que se abrieron algunas grietas respecto de los sectores industriales más perjudicados. A la caída del anterior ministro de finanzas, el conservador Schaft, le siguió el ascenso de Göring, el nuevo «dictador de la economía». El conservador ministro de exterior Von Neurath hubo de ceder su puesto al radical Von Ribbentrop. Y en el ejército peregrinas acusaciones relativas a la vida sexual de alguno de sus viejos exponentes conservadores permitieron su marginación y el control absoluto de las fuerzas armadas por parte de Hitler. Puede decirse que hacia 1938 la dinámica del régimen la marcaban con toda nitidez Hitler y sus seguidores en detrimento de las viejas élites conservadoras.

Esto suponía también que el régimen se encaminaba hacia la consecución de sus objetivos más radicales. La persecución a los judíos se intensificó con auténticos pogromos como el de la «noche de los cristales rotos» de noviembre de 1938. Y se pusieron en marcha políticas eugenésicas para evitar que los enfermos mentales y discapacitados pudieran procrear, algo que la presión de las Iglesias conseguiría detener momentáneamente, mostrando, especialmente la católica, mayor preocupación por estas prácticas que por las relativas a la persecución de los judíos. El objetivo más radical era, por supuesto, la guerra. A través de continuados éxitos políticos y territoriales como la anexión de Austria (marzo de 1938) o la región de los Sudetes de Checoslovaquia (septiembre de 1938), el régimen mostró el carácter insaciable e ilimitado del imperialismo fascista. Una vez iniciado el conflicto mundial y a diferencia del aliado italiano, la maquinaria bélica alemana funcionó a la perfección cosechando victoria tras victoria. Pero ese fue también el marco en el que todas las líneas de evolución del régimen —de la ideología al caos administrativo y la radicalización acumulativa— convergerían para llevar a término el mayor proceso devastador de la historia, el que llevaría al exterminio físico, racional y planificado de casi seis millones de judíos, pero también de eslavos, gitanos, homosexuales y discapacitados. A diferencia de Italia, el régimen mostró su fuerza hasta el final. No hubo huelgas obreras y el muy tardío intento de asesinar a Hitler por parte de oficiales conservadores cuando la guerra ya estaba prácticamente perdida, en julio de 1944, se saldó con un fracaso. Pero en lo que tuvo mayor éxito el régimen nazi respecto del italiano estaba comprendida también la magnitud de la catástrofe. De la infligida a otros pueblos y, aunque no sea comparable, también, con el hundimiento final, al propio.

Las otras dictaduras

A lo largo de los años treinta, el fascismo se había convertido en un fenómeno universal. Había movimientos fascistas en prácticamente todos los países del globo, casi siempre extraordinariamente minoritarios, aunque en ocasiones, como en Rumanía y Hungría, llegaban a adquirir una importante base de masas. El fascismo mostró además una gran capacidad para influir a numerosos movimientos y partidos de la más diversa orientación que no eran, sin embargo, estrictamente fascistas. Algunos, como las ligas populistas y nacionalistas francesas, carecían del radicalismo extremo que caracterizaba al fascismo. Otros movimientos, señaladamente los populismos latinoamericanos, sufrieron en diversa medida la fascinación del fascismo, pero no fueron tan lejos en su radicalismo antiparlamentario y, desde el punto de vista social, fueron mucho más consecuentemente igualitaristas, lo que les situaba claramente en una constelación distinta.

El influjo del fascismo alcanzó también de forma muy notable a la derecha conservadora y reaccionaria. Aquél había demostrado en lo fundamental que se podía destruir la democracia, el liberalismo y el socialismo construyendo regímenes que además mostraban una extraordinaria capacidad para generar un amplísimo consenso entre la población. Consecuentemente, se situaron ante el fascismo en una posición de emulación y rivalidad a la vez. Se fascistizaron en el sentido de tomar del fascismo aquellos aspectos que les resultaban más atractivos: su capacidad para destruir el parlamentarismo y el socialismo, su retórica nacionalista y popular, incluso elementos sustanciales del «estilo» fascista, como las milicias uniformadas, las concentraciones de masas o imitaciones más o menos grotescas del saludo romano. Sin embargo, la adopción de algunos de estos referentes fascistas se hizo de forma selectiva, esto es, rechazando del fascismo todo lo que podía haber en él que contraviniera las bases ideológicas y políticas de su propio discurso. Así, los partidos católicos populistas, como la CEDA en España o los cristiano-sociales en Austria, pudieron alabar o incluso emular algunos de los elementos mencionados pero nunca perdieron la prevención que se derivaba del nacionalismo y estatalismo extremos que, no por casualidad, consideraban paganizante. Desde la derecha reaccionaria y elitista, de Acción Francesa al Integralismo portugués o Acción Española, se apreciaban los mismos extremos que en el caso anterior, aunque aquí se admiraba especialmente lo que los regímenes fascistas tenían de modelo de Estado autoritario. Desconfiaban, sin embargo, de lo que había en el fascismo de romántico y de apelación a las masas, lo que creían demasiado «democrático». Y seguían considerando, que más allá de todas las concesiones a la eficacia fascista, los pilares fundamentales de la sociedad estaban donde siempre: en la Iglesia, el ejército y, en su caso, en la forma monárquica de Estado. Hubo, en fin, otras dinámicas de fascistización negativa y «externa» que fue la propia de sectores importantes del liberalismo conservador, como sucedió significativamente en Inglaterra, cuando se rechazaba cualquier tipo de cambio político en dicha dirección en el propio país, pero se mostraba una especial comprensión hacia los regímenes fascistas o hacia los que en mayor o menor medida buscaban inspiración en ellos. Siempre y cuando, por supuesto, no constituyeran una amenaza para la posición de estas potencias en el escenario internacional.

Estas dinámicas de fascistización selectiva, especialmente las primeras, contribuyen a explicar la proliferación de dictaduras durante los años veinte y treinta. Hungría en 1919, España en 1923, Albania en 1924 (hasta 1930 y, de nuevo, a partir de la guerra civil), Portugal, Letonia y Polonia en 1926, Yugoslavia en 1929, Austria, Bulgaria, Estonia y Letonia en 1934, Bulgaria en 1935, Grecia en 1936 y Rumanía en 1938, abandonaron el sistema parlamentario para establecer dictaduras más o menos nacionalistas y organicistas. Con los triunfos militares nazis en los inicios de la guerra vino la imposición de regímenes satélites, como en Noruega y la parte eslovaca de la desmembrada Checoslovaquia, además del establecimiento de una dictadura nacionalista en la mismísima cuna europea de la democracia, en Francia. Para entonces, apenas una cuarta parte de Europa se mantenía en el marco de la democracia parlamentaria. Muchos soñaron, incluso, que la época del liberalismo y la democracia estaba a punto de cerrarse para siempre.

Por supuesto, muchas de esta larga serie de dictaduras obedecían a dinámicas propias y su constitución como dictaduras se produjo con independencia de toda influencia fascista. Pero la existencia de la dictadura italiana desde los años veinte y de la alemana a partir de 1933 contribuyó poderosamente a dotar a la idea misma de dictadura de un aura de normalidad y aun de un prestigio de los que había carecido hasta entonces. ¿Eran la mayoría de estas dictaduras fascistas o eran por el contrario simples regímenes autoritarios? Los contemporáneos, primero, y los historiadores, después, no han dejado prácticamente de discutirlo desde entonces. No faltan razones para ello, porque, fascistas o no, la práctica totalidad de ellas incorporó en mayor o menor proporción referentes o componentes fascistas. Por todo eso podemos hablar del periodo de entreguerras como la «época del fascismo». A grandes rasgos, estos regímenes se legitimaron como revoluciones nacionales antiparlamentarias y anticomunistas, establecieron algún tipo de referente organicista o corporativo, sus dictadores gustaron de darse títulos equiparables a los de duce o Führer, se crearon organizaciones de masas, como las juveniles, a imitación de las nazifascistas y se adoptaron prácticas represivas y policiales inspiradas en estas. En algunos casos, los partidos fascistas fueron incorporados a la alianza en el poder. Finalmente, los sectores integrados en el compromiso autoritario eran sustancialmente los mismos que se han visto en las dictaduras italiana y alemana: mundo de los negocios, ejército, burocracia. Iglesia(s) y, en su caso, partido único.

Sin embargo, la mayoría de los historiadores considera que dictaduras fascistas en sentido estricto lo fueron únicamente la italiana y la alemana, reservando algunos de ellos el concepto de régimen parafascista (Roger Griffin) o fascistizado para las demás. Pese a sus componentes y referentes fascistas, estas dictaduras se caracterizaban por una hegemonía de los sectores conservadores —del ejército, católicos y nacionalistas reaccionarios— que eran los que marcaban la dinámica de los regímenes. La revolución nacional que preconizaban tenía límites bien definidos en los intereses de las clases dominantes y dirigentes tradicionales. Su populismo era más retórico que sustancial y no gustaban de la presencia de las masas, ni siquiera las suyas, en la calle. Sobre todo, el partido fascista, cuando existía, estaba en una posición subordinada, era en cierto modo prescindible y, cuando pretendía ir más allá, podía ser incluso eliminado.

Dentro de estas dictaduras, algunas como la portuguesa de Salazar, esencialmente católica y que no dudó en reprimir a sus propios fascistas —los camisas azules—, se situaban entre las menos fascistizadas. Con todo, fue una de las dictaduras más emblemáticas en el sentido de que pudo constituir un referente para otros regímenes, como el de Austria hasta su anexión por la Alemania nazi, el más fascistizado de Metaxas en Grecia o la Francia de Vichy. En el otro extremo, el régimen muy conservador de Horty en Hungría fue derrotado por los nazis en 1944, lo que dio lugar al establecimiento de una efímera y terriblemente cruel dictadura fascista.

En cierto modo, las experiencias más emblemáticas a la hora de precisar las diferencias entre las fascistas y las fascistizadas fueron, en este orden, la rumana, la de la Francia de Vichy y la española. En Rumanía, el movimiento fascista, la Legión del Arcángel Miguel, tenía una fuerte base de masas, así como una potente y sumamente violenta organización paramilitar, la Guardia de Hierro. Era resueltamente antisemita y perseguía el mito de la resurrección nacional a través de una revolución que superara el capitalismo. Cuando el rey Carol estableció el régimen corporativo, incorporó en un principio a los legionarios pero para prohibirlos enseguida y desatar una represión que acabaría en el asesinato de su líder, Codreanu, y muchos de sus seguidores. Cuando posteriormente la dictadura se radicalizó adoptando perfiles más próximos al fascismo, el nuevo dictador, el general Antonescu, incorporó de nuevo a la Guardia de Hierro y hasta definió a su régimen como Estado Nacional Legionario. Pero cuando el partido fascista intentó imprimir su propia dirección al régimen, fue nueva y definitivamente aplastado.

Tras la derrota francesa en la primavera de 1940, se estableció una dictadura en la zona no ocupada, el cuadrante sudoriental de Francia, con capital en Vichy y con el mariscal Petain como jefe de la «revolución nacional». Aunque se podría pensar que tal régimen obedecía a una imposición nazi, en realidad tuvo mucho de iniciativa genuinamente francesa, constituyendo en cierto modo una plasmación del viejo ideario de Acción Francesa. Definido como nacionalista y católico, contó también con la participación de elementos fascistas. En algunos aspectos, como en el represivo y desde la perspectiva antisemita, fue especialmente radical. Aunque incorporó al gobierno a elementos fascistas, se inspiró más en los ejemplos portugués y español y no tuvo nunca un partido único de Estado. Incluso llegó a expulsar del gobierno al filofascista Laval a finales de 1940, aunque hubo que reponerlo en 1942, ahora ya por presión directa alemana.

El régimen que estuvo seguramente más cerca del fascismo entre los fascistizados fue el franquista. Éste incorporó al partido fascista (los falangistas de FE de las JONS) asumiendo formalmente su programa, adoptó una amplia serie de mecanismos institucionales directamente copiados de Italia y Alemania y se dotó de organizaciones de masas en todos los frentes que seguían también aquellos ejemplos. Desde el punto de vista de la aniquilación de todo resto de liberalismo y desde el de la represión por motivos estrictamente políticos, fue incluso más brutal que ellos. Como los falangistas radicales controlaban la prensa y la propaganda tanto como la calle, la imagen de un país estrictamente fascista parecía definir la realidad. Sin embargo, el poder real estuvo siempre en manos del Ejército y su jefe, Franco, la enseñanza le fue entregada a la Iglesia y todo el revolucionarismo social falangista quedó rápidamente neutralizado. Ya la constitución del partido único (FET de las JONS) en 1937 había sido una auténtica captura del partido por el Estado, en la que el Jefe del segundo se autoproclamaba Jefe del primero. Cuando los falangistas, finalmente conscientes de que toda la fachada fascista del régimen estaba quedando en eso, en mera fachada, intentaron convertirla en realidad en 1941 y fueron derrotados, sus elementos más radicales fueron marginados y el propio partido ideológicamente «desfascistizado» en beneficio de nociones mucho más tradicionalistas y católicas. Con todo, el partido nunca desapareció, por lo que puede decirse que, aunque nunca fascista, tampoco se desfascistizó nunca por completo, manteniendo hasta el final algunos de los componentes y referentes originalmente fascistas.

Con la derrota de las potencias del eje en 1945 se cerraba la época del fascismo. Pero no la de las dictaduras. Seguirían, a un lado, las comunistas, ahora más numerosas. Y, al otro, algunas de las fascistizadas, aunque no lo fueran ya formalmente, como la portuguesa o la española. El mantenimiento de dictaduras anticomunistas después de 1945 e incluso su multiplicación en las décadas sucesivas en el hemisferio occidental con el beneplácito de la potencia hegemónica, Estados Unidos, viene a confirmar que el problema de la dictadura se había agudizado y generalizado con el fascismo, pero no había muerto con él.

EL COMUNISMO

ISMAEL SAZ

A diferencia del fascismo, el comunismo apostaba por la igualdad sustancial de los hombres y las mujeres, era universalista e internacionalista, pretendía acabar con toda forma de explotación humana y entre sus objetivos estaba la toma revolucionaria del poder para conquistar un Estado que justo en ese momento empezaría a extinguirse para dejar paso al reino de la libertad. Así rezaba la utopía marxista y así lo recogía sustancialmente Lenin en su libro El Estado y la revolución, escrito en 1917, poco antes de encaramarse al poder. Había algo de utopía milenarista en este enfoque comunista. Como había algo de la vieja dialéctica hegeliana acerca del «fin de la historia» a la que Marx pretendía haber puestos «sobre sus pies» con el materialismo histórico. Pero esa utopía tendría un poderoso atractivo, hasta el punto de que el comunismo pudo convertirse en el gran mito del siglo XX, o, por decirlo con François Furet, en una «ilusión» capaz de atraer a millones de personas, desde obreros y campesinos hasta intelectuales.

Utopía, mito e ilusión dieron también lugar a una de las experiencias más aterradoras de la historia de la humanidad, especialmente durante el periodo estalinista en la URSS. En apenas dos décadas se había construido un Estado que, lejos de «extinguirse», ocupaba toda la sociedad. Con el poder absolutamente centralizado, todas las libertades habían sido borradas. Una especie de nuevo autócrata, Stalin, extraordinariamente cruel y cada vez más paranoico, decidía sin cortapisa alguna acerca de la vida y la muerte de cientos de miles de conciudadanos. Millones de personas murieron como consecuencia de hambrunas generadas por la auténtica guerra que se declaró contra el campesinado. Reaparecieron los trabajos forzados en condiciones de casi esclavitud. Se construyó un auténtico universo concentracionario que albergó a millones de personas. El terror no se detuvo siquiera ante el partido de la Revolución, y cientos de miles de comunistas serían fusilados en las grandes purgas de los años treinta.

La gran paradoja del comunismo estriba en que el mito pudo superponerse a la tragedia. Muchos fueron sus enemigos desde el principio y el pánico a la revolución haría estragos en Occidente prácticamente desde octubre de 1917. Muchos socialistas se desmarcaron de él desde el primer momento y a lo largo de los años veinte y treinta cada vez fueron más los comunistas que hicieron lo propio. Y, sin embargo, el mito se mantuvo. La violencia y destrucción de las libertades podía achacarse al cerco capitalista y se podía dar por entendido que la construcción de todo un mundo nuevo podía conllevar el surgimiento de malformaciones supuestamente transitorias. La aparentemente exitosa industrialización acelerada con sus planes quinquenales desató la admiración incluso de sus enemigos en Occidente. En el momento en que muchas de las tragedias empezaron a conocerse y el mito a desvelarse, el mucho más terrible desafío nazi-fascista le proporcionó nuevo aliento. La Unión Soviética ofreció la mayor resistencia a las invencibles armas alemanas y su contribución a la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial fue decisiva. Cuando, después de ésta, las barbaridades de la Rusia estalinista saltaron de nuevo a primer plano, entre otras cosas porque el propio Stalin hizo cuanto pudo por reeditarlas, el comunismo pudo entrar en retroceso. Lo salvó y condenó a un tiempo el giro interior en la URSS tras la muerte de Stalin en 1953. Lo salvó, porque la denuncia desde el mismo Partido comunista de la URSS, PCUS, pretendía hacer creer que las malformaciones y el terror tenían causas superficiales, por ello evitables, y debidas en lo fundamental a una sola persona. Lo condenó, porque muchos marxistas de todo el mundo tuvieron que enfrentarse finalmente a una realidad que sencillamente no habían querido ver, reacios como eran a lo que consideraron hasta entonces las mentiras del imperialismo. Lo condenó también el hecho de que apenas denunciados los crímenes de Stalin, el nuevo equipo dirigente soviético aplastara sin inmutarse la revolución húngara de 1956. Muchos intelectuales occidentales abandonaron por entonces, en diversas direcciones, el mito soviético. Pero no necesariamente el comunista. Paradójicamente, cuando la Unión Soviética se moderaba y el terror desaparecía, el mito comunista se reactivó a través del descubrimiento de nuevas experiencias, supuestamente mejores y más revolucionarias, como la china o la cubana. En cierto modo, el mito comunista de la revolución alcanzó un nuevo apogeo en las revoluciones de 1968. Fue la última vez y probablemente ahí se inició el declive definitivo, el que concluiría con las revoluciones de 1989 y la desaparición misma de la «patria» original del comunismo, la URSS.

Hay un último elemento, absolutamente esencial, para entender esta dialéctica del mito y la tragedia. En ningún momento los comunistas, ni siquiera los soviéticos en los peores momentos, abandonaron el discurso universalista de la igualdad y la emancipación para todos los hombres. Sobre todo allí donde no habían llegado al poder, los comunistas podían canalizar las aspiraciones revolucionarias y aun solo reformistas de amplios sectores de la población. Su papel en la resistencia contra el fascismo durante la guerra mundial fue sencillamente decisivo. Para millones de trabajadores, marginados y explotados de toda condición. Allá donde había una dictadura, como en España, los comunistas estaban siempre en primera fila en la lucha contra ella. También lo estuvieron en la lucha contra el Apartheid en la racista Sudáfrica. Para muchos pueblos del llamado Tercer Mundo, el comunismo apareció como una promesa de liberalización política y económica a la vez, tanto como un modelo para su crecimiento económico, por más que este mostrase finalmente que no era el mejor de los posibles.

El comunismo es, en suma, por todo esto, irreducible a sus aspectos más oscuros, tanto como a los más luminosos. Ahí radica precisamente la tragedia. Y la complejidad. Estas son las que tiene que intentar desbrozar el estudioso, planteándose aquellos problemas más relevantes. Entre ellos, fundamentalmente, dos: ¿Dónde estaban las raíces de la tragedia, cuáles fueron las razones fundamentales de que el sueño soviético se trocara en pesadilla? y ¿tenía algo en común esa experiencia con la de los fascismos tal y como han insistido quienes los han querido englobar en un fenómeno más amplio, el del totalitarismo? Por supuesto, nada de esto se puede deslindar de la experiencia vivida de una revolución concreta en un país concreto, Rusia.

Rusia antes de 1917

La sociedad rusa era una de las más atrasadas de Europa a principios del siglo XX. Estaba regida por una autocracia cuyo zar encabezaba un auténtico imperio extraordinariamente desigual que integraba a decenas de pueblos y razas, con diferentes religiones y en el que la población rusa apenas se acercaba a la mitad. Era también, desde el punto de vista económico y social, extraordinariamente dispar. En muchas zonas asiáticas el pastoreo nómada era aún la forma de vida dominante. Las zonas agrícolas de Ucrania y el Cáucaso, se habían convertido, la primera especialmente, en el «granero de Europa». Próximos a los parámetros europeos estaban los países bálticos y Polonia. En la capital, San Petersburgo, y en algunos centros más existía una potente industria, lo que conllevaba la existencia de un proletariado allí numeroso y concentrado. La cultura rusa era en estas capitales una de las más ricas y florecientes de Europa. El Imperio zarista era pues, además de «una cárcel de pueblos», la estructura política que se asentaba sobre una sociedad agraria con importantes islas industriales, con una clase obrera reducida en comparación con el «océano campesino» y una intelectualidad bien formada y muy activa, la intelligentsia.

No era en modo alguno una sociedad estancada. Desde la abolición de la servidumbre se había producido un crecimiento de la propiedad campesina que había contribuido al desarrollo de pequeñas y medianas industrias en múltiples focos regionales. Las necesidades militares y estratégicas que conllevaron, por ejemplo la construcción de los ferrocarriles transiberiano y transcaucásico, así como la voluntad de modernización, contribuyeron al desarrollo de la potente industria siderúrgica y metalúrgica en San Petersburgo y Moscú. La afluencia masiva de capital occidental, francés y belga especialmente, fue también fundamental en este aspecto. En contraposición a estas líneas dinámicas y las contradicciones sociales que generaba, la autocracia se mostraba incapaz de evolucionar, al tiempo que se preocupó de desarrollar un sistema represivo-policíaco tan temible como eficiente frente a una oposición débil pero muy activa.

A lo largo del siglo XIX, la represión se había cebado especialmente con los populistas, los cuales, activados por la intelligentsia, se orientaban hacia la movilización del campesinado. Muchos de ellos pensaban también que las tradiciones comunitarias del campesinado ruso hacían posible el salto directo al comunismo evitando los trastornos del desarrollo capitalista. El recurso al terrorismo había sido otra de las características de estas dinámicas revolucionarias. Como heredero en buena parte de los populistas, en el sentido de hacer del campesinado el sujeto principal de la revolución, surgió más adelante el partido de los socialistas revolucionarios. Para el Partido Socialdemócrata ruso fundado en 1898 no había, en cambio, más sujeto revolucionario que la clase obrera, ni había atajo posible hacia la revolución socialista. Por esta razón, creían en la necesidad de una revolución burguesa que favoreciera el desarrollo del capitalismo y, consecuentemente, de la clase obrera, para posibilitar a muy largo plazo la revolución. Lo que, a su vez, generaría las condiciones para una futura revolución obrera. Todo esto se movía dentro de la ortodoxia marxista, tal y como había sido codificada en la Segunda Internacional. Pero, como sucedía también en ella, había sectores más radicales que ante el alejamiento de las perspectivas revolucionarias trazadas por Marx empezaron a plantear la necesidad de activar la conciencia revolucionaria del proletariado a través de medios más efectivos. En esta línea y desde una intrínseca desconfianza en las masas, Lenin encabezaría una facción, la bolchevique, que preconizaba la idea de un partido de revolucionarios profesionales, sumamente centralizado. No cuestionaba todavía el principio de que la revolución en Rusia debía ser todavía burguesa, pero apostaba por una participación activa en ella de modo que se pudiese acelerar el pasaje posterior hacia una revolución socialista. Desde 1903, esta línea se articuló como la facción bolchevique, la otra sería la menchevique, del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso.

Ninguna de estas fuerzas, ni tampoco los liberales del partido liberal-constitucionalista (cadetes), tuvo un protagonismo esencial en el desencadenamiento de la revolución de 1905. Como potencia imperial que era, el imperio ruso hubo de afrontar los retos propios de la era del imperialismo, uno de los cuales, en el extremo oriente siberiano, le condujo al choque con el emergente imperialismo japonés. Fue esta la raíz de la guerra con Japón de 1904-1905, la cual se había entendido también como un diversivo frente a las tensiones sociales y políticas internas. Pero la derrota, tan fulminante como humillante, no hizo sino precipitarlas dando lugar a la revolución. La violenta represión de una manifestación pacífica generó una cadena de protestas en la capital que pronto se extendió a otras ciudades. Aparecieron entonces los primeros Soviets —precursores de los de 1917— que podían ser considerados como una nueva forma de representación obrera y popular. La revolución fue aplastada, aunque dejaría como legado la conformación de una Duma (Parlamento) muy restrictiva desde el punto de vista del sufragio y con sus atribuciones cada vez más cercenadas.

Con estos elementos de semiconstitucionalidad, Rusia retomó, acelerándolo, el camino iniciado en la segunda mitad del XIX. Se fomentó la propiedad campesina, lo que aumentó la diferenciación social en el campo generando una clase de propietarios medios y ricos. Esto facilitó un nuevo impulso industrial que se vio multiplicado de nuevo por la afluencia masiva de capitales extranjeros. El crecimiento económico aumentó también los conflictos sociales y políticos, de modo que, a la altura de 1913, los síntomas de crisis política se multiplicaban. La oleada de huelgas de este año y el siguiente hizo pensar a algunos que Rusia estaba al borde de una nueva revolución que sólo el estallido de la guerra habría conseguido aplazar.

Las revoluciones rusas de 1917: de febrero a octubre

Fue la guerra, sin embargo, la que aceleró todas las contradicciones llevándolas a un punto límite. Aunque había sido recibida con similares muestras de entusiasmo que en otros países, el consenso patriótico quebró en Rusia más rápida y profundamente que en ningún otro lugar. Los socialdemócratas de ambas tendencias se habían opuesto desde el principio a la aventura bélica. Los bolcheviques, en particular, desempeñaron un papel esencial en las conferencias de los socialistas descontentos de Zimmerwald y Kienthal impulsando sus resoluciones más radicales y preconizando abiertamente la ruptura con la socialdemocracia mayoritaria. Tan importante como esto fue la interpretación que por entonces hizo Lenin de la guerra y de las consecuencias que se derivaban de ella. Según el dirigente bolchevique, la guerra era la consecuencia inevitable del capitalismo en su fase imperialista. Esta fase, la última, se caracterizaría por la explotación de los pueblos coloniales tanto como por el parasitismo y descomposición de las metrópolis. Por otra parte, los beneficios de la explotación imperialista permitían hacer concesiones reformistas a una aristocracia obrera que constituiría, a su vez, la base del abandono de la perspectiva revolucionaria por parte de la socialdemocracia. Decadencia del capitalismo, inevitabilidad de la guerra y corrupción de la democracia eran ideas que parecían articular en clave revolucionaria el generalizado discurso de la decadencia de inicios del siglo XX. También la respuesta a la misma. Para Lenin, la guerra ponía en el orden día la revolución mundial. Se trataba simplemente de denunciar a las direcciones socialdemócratas y de volver las armas desde el frente contra las propias clases dominantes. Como sucedería en otras ocasiones, los análisis leninistas, que no se caracterizaban precisamente por su sofisticación, se demostrarían especialmente efectivos en su aplicación práctica. Tan pronto como la guerra arrasó con todos los consensos y agudizó todas las fracturas, dichos análisis pudieron alumbrar una guía para la acción práctica terriblemente eficaz.

Los fracasos militares —con una elevada mortalidad que se cebaba especialmente en los millones de campesinos alistados— los problemas de sobreexplotación en las fábricas y de abastecimiento y carestía en las ciudades, unidos al ansia por la tierra nunca satisfecha de los campesinos generaron una situación explosiva que estallaría en la revolución de febrero (marzo) de 1917. Fue de nuevo una insurrección espontánea en la que las protestas obreras encontraron como aliados a los soldados de la guarnición de San Petersburgo (entonces Petrogrado). El zar hubo de abdicar y se constituyó en seguida un Gobierno Provisional formado exclusivamente por liberales, «burgueses». Pero en el proceso revolucionario se habían formado también los Soviets de diputados obreros (pronto también de soldados y campesinos) que eran los que, con una abrumadora mayoría socialista, detentaban el poder real en Petrogrado. Se generó así una situación de doble poder sumamente inestable. Obreros y campesinos («disfrazados de soldados») habían hecho la revolución por la paz y por la tierra, del mismo modo que, en muchas de las nacionalidades, aquella se había llevado a cabo en nombre también de los derechos nacionales. Pero el Gobierno Provisional no hizo nada en ninguna de las últimas direcciones y se enfrascó en cambio en la continuación de la guerra con unos resultados no menos catastróficos que los anteriores. Por otra parte, sin embargo, todos los socialistas, incluidos inicialmente los bolcheviques, consideraban que aquella era una revolución burguesa y que correspondía, por tanto, a los cadetes la guía del proceso y la convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente. Los soviets deberían quedar entretanto como garantes y vigilantes del proceso.

La aparente unanimidad socialista la rompió una vez más Lenin, cuando a la llegada de su exilio enunció las «tesis de abril». Preconizaba en ellas pura y simplemente un pasaje de «todo el poder a los soviets» en tanto que una forma de revolución popular superior a la meramente burguesa. Sin embargo, Lenin no rompía todavía por completo con la ortodoxia marxista. Consideraba que Rusia no estaba preparada para la revolución socialista y que, consecuentemente, no sería esa la tarea inmediata de la nueva revolución. Con la toma del poder, la clase obrera iniciaría un proceso revolucionario internacional que tras el previsible triunfo de la revolución en Alemania abriría el camino para una revolución socialista que habría de ser necesariamente mundial. Esta variación respecto del esquema marxista original conllevaba también una apertura respecto de la anterior prevención marxista frente al campesinado y las reivindicaciones nacionales. La revolución que planteaba Lenin debería hacerse en alianza con el campesinado, asumiendo sus nada socialistas reivindicaciones sobre la propiedad de la tierra, y debía contemplar el, siempre considerado «burgués», derecho de las nacionalidades a la autodeterminación

La perspectiva trazada por Lenin resultaba sumamente confusa y estaba preñada de consecuencias imprevisibles, pero tenía la ventaja de abrir una perspectiva a una situación cada vez más caótica. No le costó mucho convencer a sus correligionarios bolcheviques y pronto creció su influencia en los soviets. Los avatares de la guerra, en el frente y en la retaguardia, iban radicalizando las posiciones hasta que se produjo una fallida tentativa insurreccional en julio que llevaría a la represión contra los bolcheviques. Sin embargo, en el intento de restablecer el orden y la disciplina, el Gobierno Provisional se encomendó a un general, Kornilov, que utilizó sus poderes para, desbordando al gobierno, marchar sobre la capital. El temor a una dictadura reaccionaria activó a su vez la resistencia, devolviendo a los bolcheviques un protagonismo que haría crecer extraordinariamente su prestigio. Hacia finales de septiembre la dinámica de la revolución desde abajo era un hecho en toda su crudeza: los soldados desobedecían a sus oficiales y abandonaban el frente, los campesinos ocupaban las tierras, los obreros de muchas fábricas tomaban el control de las mismas. Los bolcheviques, por otra parte, se habían convertido en mayoritarios en los soviets de Petrogrado y Moscú. Controlaban, a su vez, el Consejo Militar Revolucionario de la capital. De modo que cuando, de nuevo no sin resistencias, Lenin consiguió convencer al Comité Central de su partido de que el momento de la toma del poder había llegado, ésta se produjo con suma facilidad. Los bolcheviques asaltaron la sede del Gobierno y este, con su jefe Kerensky a la cabeza, huyó tras ofrecer una mínima resistencia. El 25 de octubre (7 de noviembre) la revolución había triunfado, los bolcheviques ejercían el poder, que habían tomado en nombre de los soviets y procedían a la formación de un Consejo de Comisarios del Pueblo, en el que se integraban también los socialistas revolucionarios de izquierda. El primer acto de este gobierno consistió en tres decretos —el de la paz, el de la tierra y el de las nacionalidades— que no eran «socialistas», pero que sí daban satisfacción a lo que habían sido las reivindicaciones de la inmensa mayoría de la población. Esto es lo que explica en gran parte el éxito de Lenin y de los bolcheviques, lo que les había hecho populares. Habían conseguido que su lenguaje fuese entendido por el pueblo, entre otras cosas porque en buena parte venía de éste.

Del comunismo de guerra a la NEP

Conquistar el poder iba a ser mucho más fácil que retenerlo. En especial porque la revolución no había supuesto la superación de la ambigüedad de las premisas en las que, desde el punto de vista bolchevique, se había fundamentado. No se trataba en principio, de acuerdo con dichas premisas, de construir inmediatamente el socialismo, sino de desarrollar algún tipo de capitalismo de Estado o «capitalismo organizado», inspirado paradójicamente en el modelo alemán de economía de guerra y esperar a que el triunfo de la revolución en ese mismo país tomara el relevo y la dirección del proceso revolucionario mundial. En este sentido, los bolcheviques mostraron una ingenuidad que podría despertar simpatías si no fuera por su pasmosa irresponsabilidad. La misma que, por ejemplo, mostró Trotsky cuando, nombrado comisario de Asuntos Exteriores, anunció que toda su tarea consistiría en publicar los acuerdos secretos y cerrar el ministerio.

La realidad era mucho más compleja y, contra el voluntarismo bolchevique, ineluctable. La toma del poder se pudo ver refrendada por la «legitimidad revolucionaria» que le otorgó inmediatamente después el Congreso panruso de los soviets. Al fin y al cabo, la única entidad democrática realmente existente. Pero cuando poco después se celebraron las elecciones a la Asamblea Constituyente que los bolcheviques siempre habían reivindicado y ahora permitido, estos quedaron en minoría (175 diputados sobre 707). La mayoría absoluta fue a manos de los socialistas revolucionarios y, dentro de ellos, al ala derecha, por lo que los bolcheviques y sus aliados quedaron en minoría. La dialéctica del doble poder se reproducía ahora como contraposición entre la democracia parlamentaria y la soviética. Y el partido de Lenin la zanjó mediante la disolución de la Constituyente en lo que representó el primer paso hacia la dictadura, por más que esta se legitimara como soviética.

También en el plano de la voluntad pacifista, el nuevo gobierno chocó frontalmente con la realidad. Cuando se abrieron las negociaciones de paz con Alemania en Brest Litovsk las condiciones de ésta parecían todo un dictado y eran por tanto por completo inaceptables, lo que enfrentaba a los bolcheviques a un terrible dilema. Si las rechazaban, se enfrentaban a una guerra de antemano perdida con la esperanza de que una resistencia desesperada activara la chispa de la revolución en Alemania. Si las aceptaban, como quería Lenin, se anteponía un principio de defensa de la revolución en el propio país en detrimento de su dimensión internacionalista. En otra muestra de ingenuidad pasmosa, decidieron no aceptarlas pero tampoco combatir, lo que propició una ofensiva alemana que forzó la firma de la paz, en Brest Litovsk en marzo de 1918, en condiciones aún más onerosas: la pérdida de los países bálticos, Polonia y Ucrania. En protestas por esta claudicación, los socialistas revolucionarios de izquierda abandonaron el gobierno, lo que suponía el establecimiento de hecho del régimen de partido único.

Entretanto, había estallado la guerra civil con el reagrupamiento de las fuerzas hostiles en un conglomerado, los blancos, en el que las fuerzas más reaccionarias eran hegemónicas y que contó también con la colaboración marginal de las fuerzas de la Entente presentes en territorio ruso (ingleses, americanos y japoneses especialmente). Una guerra que se veía complicada además por la presencia de fuerzas nacionalistas en las diversas nacionalidades que con frecuencia eran hostiles por igual a blancos y rojos. Aunque hubo un momento en que el territorio controlado por los bolcheviques quedó reducido a un mínimo, estos terminaron por imponerse. Para ello fue determinante, por supuesto, la eficacia del ejército rojo construido al efecto por Trotsky, como lo fue la militarización de hecho del trabajo o la determinación con que se llevaron a cabo las requisas al campesinado. Aunque esto último generaba impopularidad al gobierno soviético, resultaba que para la mayoría de la población los blancos eran aún peores: requisaban la producción con no menor determinación y brutalidad, pero al mismo tiempo eran vistos como los que querían arrebatar a los campesinos las propiedades recién adquiridas; tan poco respetuosos como los bolcheviques con los gobiernos nacionales, no ocultaban su nacionalismo ruso y propósitos centralizadores; llevaron a cabo auténticos pogromos en los que miles de judíos fueron asesinados. La victoria bolchevique en 1920 se prolongó en la guerra con Polonia que terminó, sin embargo, en una derrota que propició la anexión por ésta de la Rusia blanca (Bielorrusia).

A lo largo del conflicto civil, los bolcheviques (constituidos ya como Partido Comunista desde 1919) habían abandonado la idea de capitalismo organizado y encontrado una especie de atajo hacia el comunismo, el «comunismo de guerra». Habían procedido a una nacionalización masiva de la economía, que quedó confiada a una dirección absolutamente centralizada, y habían hecho de las requisas en el campo una práctica generalizada. Con la militarización de la fuerza de trabajo habían reducido a la nada el poder de los sindicatos. Los soviets, vacíos de contenido, habían quedado como elemento meramente legitimador. El recurso al terror contra los enemigos políticos se convirtió en un rasgo constitutivo del sistema. Muchas de estas dinámicas, que habían sido asumidas resignadamente por amplios sectores de la población durante la guerra civil, se tornaron con el fin de ésta intolerables e injustificables. Se multiplicaron entonces los disturbios en el campo y la ciudad. A principios de 1921 se produjo una importante sublevación campesina e incluso la insurrección de los marinos de Kronstadt, del que había sido, precisamente, el gran bastión bolchevique en el proceso de la toma del poder.

Todos estos movimientos fueron brutalmente aplastados. Pero los comunistas, con Lenin a la cabeza, tomaron conciencia de que no tenían más remedio que renunciar al «atajo» del comunismo de guerra y volver sobre sus pasos hacia una situación similar a la de los primeros meses. Lo hicieron a través de la Nueva Política Económica (NEP). Esta suponía el reconocimiento limitado de la esfera de la propiedad privada y de la libertad de intercambio en las ciudades, así como el fin de las requisas, el reconocimiento del derecho de los campesinos a organizar su propia producción y la libertad en la comercialización de la misma. En el plano de las nacionalidades, los comunistas volvieron también a los planteamientos de 1917. Aunque existían fuertes corrientes unitaristas que, como en el caso de Stalin, apostaban por una República federal que englobase a todas las nacionalidades, se impuso la tesis de Lenin en el sentido de promover la unidad de unas repúblicas que, en pie de igualdad, formarían una unidad política superior. Tal sería el origen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) constituida en 1921. Se trataba de una solución nueva e innovadora para los problemas heredados del Imperio ruso que, si bien quedaría, por una parte, neutralizada por el poder omnímodo y centralizador del partido, contribuiría, por otra, a mantener e incluso reforzar sentimientos nacionales a largo plazo decisivos.

El éxito de la NEP se tradujo en un crecimiento económico importante, la recuperación de la agricultura, la mejora de los abastecimientos y de los salarios reales. Aunque también planteaba problemas políticos en el interior del partido comunista. La NEP había sido vista como una especie de retirada por los sectores del partido que con mayor entusiasmo habían abrazado el comunismo de guerra. La reaparición de la propiedad privada podía verse como un retroceso. Y la emergencia de nuevos ricos en el campo y la ciudad —los «hombres de la NEP»—, por muy moderada que pudiera ser dicha riqueza, podía ser vista como una suerte de vuelta hacia el capitalismo. Dos acontecimientos vinieron a agravar el problema político. Por una parte, el fallecimiento de Lenin en 1924, no sin que hubiese advertido antes al partido de los peligros que se derivaban del poder —y la forma de ejercerlo— que empezaba a acumular su secretario general, Stalin. Por otra parte, había fracasado en 1923 la última insurrección comunista en Alemania, con lo que el sueño de la revolución mundial quedaba completamente desvanecido, al menos para un largo periodo.

Los comunistas soviéticos tuvieron que hacer frente entonces de forma improrrogable a la ambigüedad de los planteamientos con los que habían accedido al poder. Sabían que era imposible construir el socialismo en un solo país, máxime cuando se trataba de uno de los más atrasados; pero pese a ello habían tomado el poder cuando las condiciones se lo habían permitido, casi «impuesto», porque la revolución estaba a punto de triunfar en Europa y porque entretanto se podía confiar en una alianza con el campesinado. Pero ahora no había revolución mundial y las dificultades de colaboración con el campesinado habían mostrado suficientemente todas sus dificultades. ¿Qué hacer entonces? El partido se dividió. El ala izquierda, con Trotsky como máximo referente, apostó por la industrialización acelerada a partir de una detracción masiva de los excedentes del campo, el mantenimiento de la apuesta de la revolución mundial y, en el plano político, por una lucha política contra la burocracia que estaría anulando la vida interna del partido. Para la derecha, encabezada por Bujarin, se trataba por el contrario de mantenerse por largo tiempo en los esquemas de la NEP, construyendo el socialismo pero a un paso lento, esto es, sin que las extracciones del excedente agrario llegaran a poner en peligro la alianza con el campesinado. En estas condiciones sería posible construir el «socialismo en un solo país», lo que suponía ya la abierta ruptura con la ortodoxia marxista, apoyándose, además, en el plano externo, en los pueblos coloniales que luchaban por liberarse del yugo imperialista. Otra innovación que marcaría en buena parte el destino del comunismo.

Fue el último debate mantenido en libertad en el seno del Partido. Hasta ese momento, la represión se había ejercido siempre hacia fuera; desde ese momento lo haría también hacia adentro. Crucial en este sentido fue la actuación del sector «centrista», el de Stalin, que terminó por aliarse con Bujarin, en parte también para neutralizar a sus enemigos en la izquierda. En 1925 y 1927 fueron sucesivamente derrotadas la «oposición de izquierdas» (Trotsky y sus seguidores) y la «oposición unida» (los anteriores con el sector encabezado por Kamenev y Zinoviev). En este contexto, las tensiones con el campesinado se revelarían una vez más como determinantes. Entre 1924 y 1926 los precios agrarios se dispararon en relación con los industriales, por lo que se adoptaron medidas para corregir la situación. Se produjo entonces la dinámica contraria, a la que los campesinos respondieron reduciendo la producción y las entregas. Stalin recurrió entonces a algo similar al viejo sistema de las requisas, con asaltos a los hogares campesinos y registros indiscriminados. Esto se alejaba bastante del camino del compromiso obrero-campesino pensado por un Bujarin que tomó conciencia además del inmenso peligro que suponía para el partido la prepotencia y brutalidad de Stalin. Pero Bujarin y quienes compartían sus posiciones, «la oposición de derecha», fue también derrotada en 1929. Merced a ello, con la derrota de todas las oposiciones, Stalin había afirmado su control sobre el partido, aunque todavía no recurrió al terror físico sobre sus adversarios. Trotsky hubo de marchar al exilio y la libre discusión interna había concluido. Pese a ello, muchos de los derrotados pudieron reincorporarse posteriormente al partido.

Colectivización forzada e industrialización acelerada

Más allá de las luchas por el poder interno, las contradicciones que se manifestaban en el sistema eran consustanciales al mismo. La construcción del socialismo en un solo país exigía unos ritmos de crecimiento de la industria pesada con una concentración de los recursos en la misma en detrimento de la industria de bienes de consumo. Los excedentes procedían de la agricultura, pero los bienes producidos por la gran industria no eran precisamente aquellos que demandaba el campesinado. Cuando éste reaccionaba desarrollando producciones distintas de las que precisaban las ciudades o se producía una mala cosecha aumentaba la presión sobre él a través del método de las requisas. Se generaba así un círculo vicioso en el que presión violenta sobre el campesinado y resistencia campesina se generaban mutuamente provocando un sinnúmero de conflictos.

Descartada la alternativa de Bujarin de ralentizar el ritmo de crecimiento de la gran industria para no romper los equilibrios con el campesinado, Stalin, adoptando en buena parte los presupuestos de la «oposición de izquierdas», lanzó el sistema a una especie de fuga hacia delante que comportaba la industrialización acelerada a cualquier coste y la guerra abierta con el campesinado.

En 1928 se aprobó el primer plan quinquenal en el que se fijaban unos objetivos que, aunque priorizaban a la industria militar y pesada sobre la ligera, aparecían relativamente equilibrados. Pero el voluntarismo estalinista se tradujo en una revisión constante al alza de aquellos objetivos con los que todos los elementos de equilibrio quedaban rotos. A planificadores, técnicos y especialistas se les exigían continuas revisiones al alza de los objetivos. Frente a la clase obrera se desarrollaron mecanismos propagandísticos en los que se exaltaba el heroísmo de aquellos trabajadores —Stajanov sería el héroe por excelencia y el que daría nombre al fenómeno del stajanovismo— que superaban ampliamente los objetivos fijados. Por debajo de estos, sin embargo, funcionaron mecanismos mucho menos idílicos. Todo rastro de autonomía sindical fue definitivamente borrado y desde 1929 se reintrodujeron los trabajos forzados. Cualquier éxito, real o ficticio, debía venir seguido de nuevos y más altos objetivos. Cuando sobrevenía una crisis, eran los planificadores los que entraban enseguida en el punto de mira para ser denunciados incluso como saboteadores, con todas las implicaciones que esto tenía. La planificación de recursos, absolutamente centralizada, sin ningún mecanismo de mercado que la orientase, obedecía a razones sustancialmente políticas. Consecuentemente, los desajustes se multiplicaban. Aunque la producción industrial crecía espectacularmente, se trataba de un crecimiento más cuantitativo que cualitativo que acentuó aún más los desequilibrios entre la industria pesada y la ligera. El sistema era, finalmente, sumamente vulnerable, por lo que acusaría de forma especialmente aguda la crisis económica mundial, por la vía aquí de la reducción de préstamos y la caída de los precios agrarios. La combinación de todos estos factores condujo a la gravísima crisis de 1932 en la que los salarios reales caerían muy por debajo de los de 1913 y de la que se saldría, entre otras cosas, reforzando la planificación central y las medidas represivas contra los trabajadores. Con el segundo plan quinquenal (1933-1937) se recuperó el proceso de crecimiento económico acelerado y se mejoró la productividad, merced en buena parte a la ampliación del abanico salarial y a la promoción de especialistas y técnicos. Aunque se había previsto inicialmente una corrección a favor de la industria de bienes de consumo en relación con la pesada, esta quedó sin efecto por la necesidad de reforzar la industria bélica a raíz del empeoramiento de la situación internacional.

La otra cara de este gigantesco esfuerzo industrializador fue, como veíamos, la guerra abierta contra el campesinado. Esta se desarrolló, en primer término, en 1930, con una ofensiva contra los campesinos ricos, en realidad medianos —la deskulakización— que pretendía nada menos que acabar con los kulaks como clase, y que se tradujo en la expropiación de las propiedades y deportación de cientos de miles de familias. Entre las familias deportadas, especialmente en la población infantil, la mortalidad se disparó. La segunda línea de la ofensiva, complementaria de la anterior, fue la colectivización forzada de la agricultura. A través de un sistema de granjas colectivas (Koljoses) se pretendía mejorar, racionalizar y mecanizar las explotaciones, tanto como favorecer los mecanismos de extracción del excedente. Hasta quince millones de campesinos fueron colectivizados en apenas cinco años, al tiempo que el porcentaje de las cosechas que recogía el Estado prácticamente se duplicó. El proceso se llevó a cabo con una brutalidad extrema a la que los campesinos respondieron con un sinnúmero de agitaciones —13.754 sólo en 1930— en las que participaron millones de ellos. Antes que entregar sus animales a la granja colectiva, los campesinos los mataron por millones, muchos huyeron de las explotaciones y, desde luego, perdieron todo interés en la producción. El resultado fue una de las más grandes hambrunas de la historia con seis a siete millones de muertos en las zonas cerealísticas, en Ucrania especialmente.

En los años sucesivos, con el fin de la resistencia campesina, la situación se normalizó. La ciudad se había impuesto definitivamente al campo, aunque fuese a costa de hacer para siempre de la agricultura el telón de Aquiles de la economía soviética. Significativamente, la catástrofe humanitaria sobre la que se cimentó esta otra cara del formidable crecimiento económico soviético de los años treinta quedó relativamente oculta, o fue ignorada, incluso en Occidente. Correlativamente, los éxitos de la planificación quinquenal, magnificados por la propaganda soviética, fueron también ampliamente valorados en Occidente. Se barajaron entonces unos índices de crecimiento industrial entre 1928 y 1940, próximos al 17 % y, aunque estudios más recientes los han reducido a algo más de mitad, no hay duda de que se trató de uno de los mayores desarrollos industriales de un Estado en un periodo reducido en toda la historia contemporánea. En pocos años, los mismos en que el capitalismo se sumergía en una crisis sin precedentes, la atrasada Rusia se había convertido en la tercera potencia industrial. Como sucedía en la agricultura, sin embargo, el retraso de la industria de producción de bienes de consumo o de la construcción de viviendas se convertirían en el otro talón de Aquiles de la economía soviética.

La transformación social fue inmensa. La población urbana se duplicó entre 1926 y 1939, mientras que el número de trabajadores de las ciudades casi se cuadruplicó en el mismo periodo y en similar proporción lo hizo el número de capataces, técnicos y directivos El mismo partido se reveló como un excelente medio de ascenso social y cientos de miles de sus militantes emigraron desde la clase obrera hacia puestos en la administración del Estado. Hacia finales de los años treinta, el hambre había desaparecido. Los salarios urbanos se situaban en torno a los niveles de 1928 y las rentas de los campesinos colectivizados se habían triplicado respecto de las de 1932. Las necesidades básicas de la población eran cubiertas por el Estado. Las convulsiones habían tenido también, en suma, sus beneficiarios. Y muchos de los que no se encontraban entre ellos podían pensar al menos que lo peor ya había pasado. Muchos de ellos podían ser receptivos a la propaganda: se estaba construyendo con éxito una nueva sociedad, una nueva civilización. Los dolores del parto habían sido terribles. Pero un futuro tan luminoso como el simbolizado por el metro de Moscú —un palacio para los trabajadores— podía estar a la vuelta de la esquina. Estas serían algunas de las bases del amplio consentimiento, incluso fervor, del que gozaría la figura de Stalin. Al otro lado estaba el terror.

Gulag y purgas

El nuevo Estado soviético adoptó desde el principio unos claros perfiles represivos que pudieron justificarse inicialmente por la lucha a muerte que estaba librando contra sus enemigos o con el mitificado recuerdo de los efectos del terror en la Revolución francesa. Pronto, sin embargo, la represión sin cortapisas jurídicas de tipo alguno se convirtió en un elemento estructural del sistema, lo que sucedía ya en tiempos de Lenin. A la altura de 1929 la policía de seguridad del Estado (GPU) se había convertido en un auténtico foco de poder al servicio de Stalin. Fue entonces cuando se produjo un salto cualitativo al hacer de ella un instrumento privilegiado de la política económica y social. La GPU asumió la vigilancia de los procesos de trabajo y fue ella la que instó al restablecimiento de los trabajos forzados. En el proceso de deskulakización se hizo responsable tanto de los fusilamientos masivos como de las deportaciones. Desde 1929, los campos de concentración que había organizado pasaron a denominarse campos de trabajo. Allí fueron destinados los cerca de dos millones de kulaks deportados y sucesivamente los que lo fueron por otros motivos. Millones de ciudadanos soviéticos pasaron por estos campos (se calcula que había 2,5 millones de presos en 1933, que serían ya 3,3 millones en 1941). Este universo concentracionario, el gulag, estaba acompañado de una serie de cárceles, campos correctivos y «colonias especiales» que desempeñaron una función económica esencial sobre la base del trabajo forzado y el más absoluto desprecio hacia el valor de la vida humana.

A lo largo de los años veinte la represión no se había ejercido contra los militantes del partido. Hubo expulsiones y purgas periódicas, aunque con frecuencia los expulsados en el marco de una crisis podían ser rehabilitados posteriormente: muchos de los que se habían alineado con las oposiciones de «derecha» o de «izquierda» en la segunda mitad de los años veinte. Incluso algunos de los que habían militado en la segunda se incorporaron con entusiasmo al gran reto de la industrialización acelerada. A principios de los treinta, la situación empezó a cambiar. La crisis de 1932 había generado profundas tensiones en el partido y cuando la situación mejoró eran muchos los cuadros y dirigentes que aspiraban a una normalización alejada de los excesos y brutalidades anteriores. Entre muchos de estos cuadros surgieron serias dudas acerca de la capacidad de liderazgo de un Stalin que, como reacción, acentuó unos rasgos paranoicos cada vez más evidentes. Ya en 1933 ordenó la preparación de listas de militantes a purgar —expulsar— del partido que afectarían a unos 800.000 en 1933. En el Congreso del partido de enero de 1934, llamado el de los «vencedores», Stalin se mostró especialmente amenazador contra los que calificó como «grandes feudales»: de hecho altos responsables de la Administración o del Partido que, en el peor de los casos, no habían hecho sino reproducir hacia abajo los métodos personales de mando del propio líder soviético. Éste conseguía a través de tales iniciativas debilitar, por una parte, a los que se suponía no especialmente fieles y, por otra, presentarlos ante la población como los auténticos responsables de los problemas y convulsiones de su vida cotidiana.

En diciembre de 1934 fue asesinado el secretario del partido de Leningrado, Kirov, uno de los más fieles seguidores de Stalin, aunque más tarde se barajó la hipótesis de que fue el autócrata del Kremlin quien había ordenado el asesinato para deshacerse de un posible rival y desencadenar de paso la primera represión sangrienta contra sus adversarios en el partido. Fuere como fuere, Stalin aprovechó la oportunidad para acusar como responsables a dos de los más destacados miembros de la vieja guardia bolchevique, Kamenev y Zinoviev, y desatar una violentísima represión en Leningrado, con fusilamientos y deportaciones en masa. Entre 1936 y 1938 se desarrollaron los célebres procesos de Moscú. Una farsa en la que viejos y probados bolcheviques eran acusados de los crímenes más absurdos y de las traiciones más abominables para ser condenados y ejecutados. En el primero de ellos, las víctimas más conocidas fueron los mencionados Kamenev y Zinoviev; en el segundo, le tocó el turno a la cúpula del Ejército Rojo; en el tercero a antiguos trostkystas y, en el cuarto a Bujarin y otros veinte del «Bloque Antisoviético de Derechistas y Trotskystas». Fuera de los procesos, en 1940 la larga mano de Stalin alcanzaría a Trotsky, el más demonizado de la vieja guardia bolchevique, en su exilio mejicano. En la práctica, todo ello suponía la eliminación de hecho de la mayoría del comité central de los bolcheviques que habían tomado el poder, además de la mayoría de los jefes del Ejército que había vencido en la guerra civil. Las purgas fueron mucho más lejos afectando a todos los estratos del partido. El número de detenidos entre 1937 y 1938 rondó los tres millones, el de ejecutados alcanzó la escalofriante cifra de 680.000. También fueron ejecutados 1.108 de los 1.966 delegados del «congreso de los vencedores» y 98 de los 139 miembros del mismo Comité Central que había ordenado el inicio de las purgas. Las cifras relativas al ejército no son menos escalofriantes: oscilan entre el más del 95 % de los mariscales y generales de más alta graduación y el 50 % de los oficiales. La represión se abatió con la misma intensidad sobre las nacionalidades. En Georgia, por ejemplo, cerca del 70 % de los delegados de su congreso de 1937 desaparecieron en los años sucesivos.

En su conjunto, las purgas habían supuesto la liquidación de hecho del partido y del ejército que habían hecho la revolución y, paradójicamente, acreditan a Stalin como uno de los mayores, si no el mayor, asesino de comunistas de la historia. No es fácil encontrar una explicación de un proceso de tal magnitud. La paranoia de Stalin parece fuera de toda duda. Pero esto no excluye la existencia de razones más profundas. Aquel partido era, después de todo, el partido de la revolución por lo que se le podía suponer una capacidad crítica y de rectificación frente a la cual el gran líder no podía sentirse seguro. Denunciando y ejecutando a los denunciados como enemigos del pueblo, Stalin abría, por otra parte, el camino al ascenso social de nuevas generaciones de militantes y burócratas, al tiempo que podía culpar a las víctimas de los sufrimientos anteriores del pueblo soviético. El complejo de cerco y la amenaza nada retórica que el nazismo suponía para la URSS coadyuvaron, sin duda, a la legitimación de los asesinatos masivos. No debe olvidarse en cualquier caso la existencia de dos factores más generales, profundos y en cierto modo determinantes: la convicción, llevada por Stalin al extremo, de que una gran causa justificaba el sacrificio de cuantas víctimas se consideraran necesarias —o simplemente convenientes—; y la dimensión soviética de la barbarización de la política que generó la Primera Guerra Mundial, aquella que rebajó hasta extremos desconocidos el valor de la vida humana.

Como una culminación del proceso puede considerarse el hecho de que los principales órganos del poder soviético, los Congresos del Partido y el Comité Central dejaran de reunirse, mientras el ya omnímodo poder de Stalin podía ejercerse a través de reuniones informales con unos u otros de los que ya eran sus subordinados.

Todo esto en un momento en que la política del dictador apuntaba en direcciones que ponían en cuestión algunos de los supuestos que habían dado a la revolución algunos de sus perfiles más innovadores. Así empezó a exaltarse la familia tradicional y el aborto fue penalizado. La vanguardia cultural había sido neutralizada tiempo atrás desde los supuestos dogmáticos del «realismo socialista». Y el comunismo estalinista era, cada vez más, un comunismo nacionalizado ruso. Así lo mostraba el hecho de que la ola represiva de las purgas alcanzara también con especial intensidad a las nacionalidades; o la reivindicación de una historia de Rusia en la que cada vez ocupaba más espacio Pedro I el Grande y menos el gran mito de la revolución, Lenin. El comunismo estalinista había descubierto también los elementos de cohesión social que subyacían en el discurso de la nación y en la apelación a la familia tradicional, por más que se la disfrazase de «proletaria».

La gran prueba de la guerra

A lo largo de los años treinta Stalin parecía haber llevado a sus últimas consecuencias algunos de los supuestos de las dos oposiciones, la de la industrialización acelerada de la izquierda y la del «socialismo en un solo país» de la derecha. Lo había hecho, además, con una determinación seguramente impensable para aquellas y superando sus eventuales contradicciones con el recurso a un terror masivo y sin precedentes. La tesis del socialismo en un solo país en particular podía suponer una respuesta socialista para salir del dilema en el que los comunistas se habían situado desde el principio: si no triunfaba la revolución mundial no había más alternativa que abandonar el poder, lo que era impensable, o, haciendo de la necesidad virtud, afrontar el reto de la construcción del socialismo en la URSS. Esta alternativa podía abrir la vía a una lógica que Stalin desarrollaría también de la forma más resuelta: la nacionalización del comunismo internacional. A falta de una revolución mundial, la URSS se convertía en el único valuarte socialista, de lo que se infería que el primer deber de todo revolucionario era la defensa de la URSS misma, de la «patria» del socialismo. Stalin añadió una vuelta de tuerca: los intereses de la Unión Soviética se situaban por encima de los de la revolución mundial. La política de la revolución mundial, de los revolucionarios de todo el mundo quedaba subordinada, y no al revés, a los de la política exterior soviética.

A lo largo de los años treinta esa política exterior experimentó tres cambios sustanciales. Al inicio de los mismos, la URSS, marginada del sistema internacional y como potencia tendencialmente revisionista, mantuvo su hostilidad contra aquél. Tras el ascenso del nazismo y la amenaza cierta que de él se derivaba, los dirigentes soviéticos asumieron la causa del antifascismo y el principio de la seguridad colectiva, buscando desesperadamente la alianza con las grandes potencias democráticas occidentales. En la guerra de España se ajustaron estrictamente a este principio: hicieron tanto por ayudar a la República como por impedir cualquier deriva revolucionaria que pudiera obstaculizar el deseo de alcanzar una alianza en clave antinazi con Francia e Inglaterra. Sin embargo, el comportamiento de estas, de la segunda especialmente, defraudó tales expectativas y cuando las potencias occidentales entregaron de hecho Checoslovaquia a la voracidad hitleriana, la Unión Soviética empezó a perder toda confianza en llegar a un acuerdo. A partir de ahí se consideró la posibilidad de llegar a un entendimiento con la Alemania nazi que al menos pusiera a la URSS al resguardo de la siempre temida agresión nazi.

Fue esta posibilidad la que se materializó con la firma del pacto Molotov-Ribbentrop, los ministros de exteriores de ambas potencias, en agosto de 1939. En cierto modo, el pacto no era sino un intento razonable por parte soviética de eludir la guerra o, en el peor de los casos, de ganar tiempo. Pero Stalin fue mucho más lejos en todos los sentidos. A través de los protocolos secretos que acompañaban el pacto y sus rectificaciones sucesivas, los soviéticos se anexionaron los países bálticos, además de la Bucovina y Bessarabia y, sobre todo, la parte de Polonia que correspondía a los territorios de población bielorrusa o ucraniana perdidos en 1921. Con el pretexto de conseguir unas rectificaciones fronterizas que redujeran la vulnerabilidad de Leningrado, Stalin desató además una guerra de agresión contra Finlandia. Para asegurar el control de la parte recuperada de Polonia, no tuvo problema alguno a la hora de ordenar el asesinato de miles de oficiales polacos en Katyn. Se sucedieron detenciones y deportaciones en masa en los territorios ocupados. En fin, Stalin entró en una dinámica de aproximación con la Alemania nazi que iba de la colaboración económica, beneficiosa para ambas partes, a la entrega de comunistas refugiados en territorio soviético. Los partidos comunistas de todo el mundo fueron obligados a abandonar la política del antifascismo y a denunciar la guerra en curso como una guerra entre potencias imperialistas, lo que suponía, de hecho, la equiparación de agresores y agredidos.

Si las purgas habían contribuido poderosamente al desgaste del mito soviético, la colaboración con la Alemania nazi estuvo a punto de destruirlo por completo. Para los comunistas occidentales fue una auténtica tragedia. Para muchos observadores era la confirmación de que los dictadores terminaban por entenderse. Muchos historiadores han querido ver en esta colaboración la confirmación misma de la identidad sustancial —totalitaria— de fascismo y comunismo. No resulta extraño si se tiene en cuenta que en ambos casos se trataba de regímenes de partido único, que habían hecho de sus respectivas ideologías una auténtica fe y que habían desarrollado terroríficas prácticas represivas. Incluso el creciente radicalismo social de los nazis podía encontrar su correspondencia en la no menos acusada tendencia a la nacionalización del comunismo. Pero las diferencias eran también esenciales. Una de ellas se pondría enseguida de manifiesto: uno de los regímenes, el soviético, intentaba protegerse de la guerra, el otro, el nazi, la había generado y estaba dispuesto a llevarla a las últimas consecuencias, invasión de la URSS incluida.

La agresión alemana contra la URSS en junio de 1941 deshizo muchos equívocos al tiempo que pondría a prueba a la sociedad y el régimen soviéticos. En un principio la manifiesta superioridad de los ejércitos alemanes les llevó en poco tiempo a las puertas de Moscú y Leningrado. Distintas razones contribuyen a explicarlo. La probada eficacia y resuelta estrategia de las armas alemanas era una de ellas. También pudo operar el resentimiento frente al poder soviético de muchas de las poblaciones ocupadas —en las zonas no rusas especialmente— que podían ver incluso a los alemanes como potenciales libertadores. El mismo Stalin se había ocupado de diezmar a su propio ejército con la purga masiva de jefes y oficiales. Y su negativa a dar credibilidad a los informes que anunciaban la agresión inmediata fue sencillamente suicida.

A la altura de diciembre de 1941, sin embargo, el avance alemán había quedado frenado en Moscú y Leningrado y un año más tarde, con la batalla de Stalingrado, la suerte de la guerra cambió definitivamente con los soviéticos a la ofensiva hasta su llegada a Berlín en 1945. También son diversas las razones que explican esta capacidad de resistencia. El comportamiento de los alemanes, tratando a la población como una raza inferior —infrahombres— y con los asesinatos masivos de comunistas, judíos y resistentes los hizo aparecer como el peor de los males y constituyó un acicate fundamental para la activación de la resistencia. Stalin supo reorganizar el ejército. Con el desmontaje y traslado de las fábricas a lugar seguro se garantizó la producción bélica. La ayuda americana fue igualmente fundamental para mantener el esfuerzo de guerra. Sobre todo, la movilización de la población y su férrea voluntad de combatir hasta el final resultaron determinantes en la resistencia, primero, y en la victoria, después.

El régimen respondió también decididamente activando todos sus registros. El recurso al terror frente a desertores, derrotistas y sospechosos se mantuvo dentro de los parámetros trágicamente habituales. Con la brutalidad ya habitual, pueblos enteros fueron considerados sospechosos de colaborar con el ocupante y deportados masivamente: chechenios, calmucos, alemanes del Volga, balkares, tártaros de Crimea sufrieron esta suerte con consecuencias que gravitarían para siempre sobre el Estado soviético. En el plano positivo, la apelación patriótica fue determinante, acentuándose así la previa dinámica nacionalizadora. La guerra fue, desde luego, antifascista y sobre este sustrato se cimentó la alianza con las potencias democráticas occidentales. Pero fue también, especialmente, una guerra patriótica, la «gran guerra patria». Hasta se podía apelar a las viejas glorias de la Rusia medieval y moderna, a Pedro I tanto o más que a Lenin. Para activar esos mismos reflejos patrióticos se permitieron las actividades de la Iglesia ortodoxa. Se produjo también una importante liberalización del régimen: la población de los campos disminuyó y la liberación de un sinnúmero de presos fue acompañada de la rehabilitación de científicos, técnicos y especialistas. Se liberalizaron los precios y se permitió la venta libre de los productos del campo. Las expectativas de una posible democratización añadieron una ulterior motivación a los combatientes y la población civil en general.

El resultado fue un gigantesco esfuerzo de una población que a través del conflicto recobró su orgullo. El ejército en el frente, el poderoso movimiento partisano en la retaguardia, la población civil en las ciudades, protagonizaron una de las mayores y más heroicas gestas de la historia contemporánea. Pero el gran beneficiado fue Stalin que alcanzó entonces la cima de su prestigio, en la URSS y en Occidente. Él era, sobre todo a partir de Stalingrado, el generalísimo de la victoria, el gran líder que había conducido a su pueblo a la victoria. En Occidente se le veía como el gran artífice de la resistencia contra los nazis, el jefe del ejército y del pueblo que habían protagonizado las batallas decisivas que terminarían por conducir a los aliados a la victoria. La presencia de Stalin en los documentales que veían los soldados norteamericanos, por ejemplo, en el norte de África, era acogida con vítores por parte de estos. Por un momento parecían haberse olvidado, dentro y fuera de la URSS, las hambrunas de los años treinta, las purgas, el gulag.

El fin victorioso de una guerra que costó la vida de más de 26 millones de soviéticos, no supuso la prolongación de los elementos de liberalización que se habían dado en ella sino la vuelta a la pesadilla anterior. Ciertamente, la guerra había sido devastadora para las ciudades y el aparato productivo. Hasta 25 millones de ciudadanos quedaron sin vivienda. Todo esto exigía un gigantesco esfuerzo de reconstrucción que se vería extraordinariamente dificultado por el fin de la ayuda norteamericana y el aumento de los gastos militares que determinó el inicio de la Guerra Fría. La respuesta fue una vuelta a las políticas y prácticas de preguerra: en el plano económico, más hipercentralización de la economía, más industria pesada y menos de bienes de consumo. En el político, una apoteosis del estalinismo que se tradujo, por ejemplo, en la desaparición de hecho de los órganos directivos del partido: el comité central no se reunió hasta 1947 y no hubo ningún congreso hasta 1952. En el plano represivo volvieron las detenciones masivas y los campos de concentración vieron crecer en las condiciones terroríficas de siempre sus poblaciones penales. Los prisioneros, comunistas y soldados, que habían sobrevivido a los campos nazis fueron considerados sospechosos y pasaron con frecuencia de aquellos campos a los soviéticos. En el momento de la muerte de Stalin en 1953, el universo concentracionario soviético, el de los trabajos forzados, recluía a cinco millones de personas. En lo relativo a las nacionalidades se acentuó el discurso «gran ruso» y las prácticas centralistas y represivas. Rusia se convirtió en el «alma superior» de todas las nacionalidades de la URSS, y estas fueron sometidas a verdaderos procesos de rusificación cultural y colonización sociológica.

La obsesión estalinista por la seguridad de la URSS le hizo sacrificar toda posibilidad revolucionaria en Occidente, en Grecia, Francia o Italia, a cambio de garantizarse una zona de seguridad en el este de Europa. Esta fue la responsabilidad soviética en los inicios de la Guerra Fría. En su esfera de influencia, en las «democracias populares» de Europa oriental, se reprodujo el modelo político soviético en todos sus pasos: de los gobiernos de coalición al dominio exclusivo de los comunistas y la represión contra sus adversarios, de ésta a la subordinación completa de todos los partidos comunistas a Moscú y, finalmente, a las purgas sangrientas en el interior de los mismos.

La deriva nacional-comunista se acentuó también adoptando cada vez más perfiles propios de la tradición reaccionaria. Se desataron formidables campañas contra el «cosmopolitismo» y contra todos aquellos que habían tenido contacto con el mundo occidental. No por casualidad, los comunistas de las democracias populares que habían combatido con las brigadas internacionales en España fueron objetivo privilegiado de las purgas. El antisemitismo —prohibido por la Constitución— reapareció y hasta se descubrió un presunto complot —el de las «batas blancas»— de médicos judíos para asesinar a Stalin. La paranoia de éste desbordó asimismo todos los límites y, al parecer, estaba preparando nuevas purgas masivas en el momento de su muerte en 1953.

La muerte del dictador fue experimentada como una tragedia por millones de soviéticos, pero también como una liberación, o la posibilidad de la misma, por amplísimos sectores de la población soviética y de las democracias populares recientemente incorporadas al sistema. También por el propio partido comunista que de algún modo recobró el clima que en 1932 Stalin había cortado de modo tan brutal: un ansia de normalidad, de gozar de los frutos de los titánicos y a la vez trágicos esfuerzos anteriores, una voluntad de desactivación de las tensiones en la sociedad y en el interior del partido. Los sucesores de Stalin y el que se impondría finalmente entre ellos, Kruschev, inauguraron una época en la que la denuncia de los crímenes del autócrata y del «culto a la personalidad» iba acompañada de una desactivación de la represión y el terror. De hecho, el jefe de la policía política, Beria, fue el último ejecutado. En lo sucesivo, líderes y cuadros soviéticos —el mismo Kruschev— pudieron ser desplazados del poder sin que ello supusiera prisión o muerte. La burocracia empezó a protegerse de sí misma y de la sociedad, con lo que se gestó una casta privilegiada, pero moderada, que andando el tiempo conduciría a la nomenclatura y la gerontocracia. Los campos de trabajo se vaciaron y las nacionalidades sospechosas fueron «rehabilitadas». Se intentaron reformas económicas que aspiraban —aunque apenas si lo conseguían— a liberar a la economía soviética de esas grandes hipotecas que eran la agricultura y el escaso desarrollo de la industria de bienes de consumo. Era ya un régimen que bajo el manto del discurso comunista escondía una realidad profundamente conservadora. Un régimen y una sociedad que se mostrarían incapaces de hacer frente a las extraordinarias transformaciones culturales, económicas y tecnológicas experimentadas por el mundo con posterioridad a la gran línea divisoria de la crisis mundial de 1973.

El comunismo internacional

Las peripecias del comunismo soviético deben ser contrastadas, como se decía al inicio del presente capítulo, con las de un fenómeno mucho más amplio, cual fue el comunismo internacional, con el que se articuló a lo largo de todo el periodo de una forma sumamente compleja. El bolchevismo no era en principio más que una de las múltiples tendencias que afloraron a raíz de la descomposición de la Segunda Internacional durante la Gran Guerra. Lógicamente, la Revolución de Octubre ejerció una poderosísima atracción sobre muchas de ellas, como lo hizo con amplios sectores del socialismo oficial en diversos países. Pero atracción o simpatía no quería decir necesariamente identificación y, menos aún, disposición de seguir a los bolcheviques en su voluntad inquebrantable de romper abiertamente con la socialdemocracia dominante. No tardaron en formarse diversos partidos comunistas, casi siempre muy minoritarios, que serían los que darían lugar a la creación de la Tercera Internacional, Internacional Comunista o Komintern, en Moscú, en marzo de 1919. Con la asistencia de 35 delegaciones de 22 países, este primer congreso de la IC aprobó algunas de las que serían las grandes líneas del movimiento comunista internacional. En especial, la contraposición entre las libertades «burguesas» y la dictadura del proletariado, entendida ésta como instrumento imprescindible para la edificación del socialismo. Aunque la influencia bolchevique era extraordinaria merced al inmenso prestigio que le confería el haber llevado a cabo la revolución, los presupuestos eran auténticamente internacionalistas, hasta el punto de que su sede en Moscú se consideró como provisional a la espera de su pronto traslado a una capital occidental —Berlín o París—. Se reflejaba también ahí la confianza ciega en vivir un periodo revolucionario en el que la nueva internacional habría de desempeñar un papel decisivo. En el Congreso apuntaba también otra de las características esenciales del nuevo movimiento internacional: su apuesta resuelta por el anticolonialismo y la autodeterminación de los pueblos coloniales entendidas como otra de las dimensiones necesarias de la revolución mundial. De hecho, 12 de las delegaciones presentes eran asiáticas y pronto se organizó en Baku un Congreso de los Pueblos de Oriente.

La revolución seguía siendo con todo un asunto esencialmente occidental y las pequeñas facciones congregadas en el Primer Congreso carecían de una capacidad sustancial de incidencia. De ahí la importancia del II Congreso, el de 1920, que con sus «Veintiuna Condiciones» para la adhesión, le imprimiría un desarrollo decisivo. Estas obligaban a una clarificación de los simpatizantes bolcheviques en los partidos socialistas oficiales de la que emergerían los partidos comunistas más fuertes. A través de la escisión, cuando los filocomunistas eran minoritarios, mediante el pronunciamiento mayoritario del partido en caso contrario, surgieron partidos comunistas en la gran mayoría de los países. En algunos casos, como Alemania, Francia y Checoslovaquia, tendrían una fuerza más que notable. El proceso, marcado por la extrema presión en el sentido de deslindar claramente los campos con la socialdemocracia, supuso asimismo una ruptura irreversible en el movimiento obrero internacional. La intransigencia rupturista bolchevique y su concepción jerarquizada del partido marginó a partidos o facciones socialistas importantes con abiertas simpatías iniciales hacia los bolcheviques. Muchos terminarían por incorporarse a la reconstituida Internacional Socialista.

El proceso de construcción de los partidos comunistas vino a cerrarse prácticamente en el momento, hacia 1923, en el que desaparecían prácticamente las últimas esperanzas en una revolución inmediata. A falta de esta perspectiva, no tardó en producirse un claro retroceso de la mayoría de estas formaciones. Por otra parte, los cambios que se producían en la Rusia Soviética con la introducción de la doctrina del socialismo en un solo país y la sucesiva derrota de todas las oposiciones se reflejaron inmediatamente en la Internacional. Y si pronto desaparecieron de ella los dirigentes que, como Zinoviev, habían figurado en alguna de aquellas oposiciones, las tesis del socialismo en un solo país, combinadas con el reflujo revolucionario en Occidente, hicieron que paulatinamente la línea principal de la revolución derivara hacia la defensa de la Unión Soviética. Correlativamente, la IC como tal y los partidos comunistas que la integraban perdieron toda independencia respecto de la Unión Soviética hasta convertirse en instrumentos de hecho de su política.

En 1928, la IC emprendió un nuevo giro izquierdista desde la consideración de que la fase de estabilidad capitalista estaba llegando a su fin y se abrían nuevas posibilidades revolucionarias. Consecuentemente, volvió a los planteamientos rupturistas de su primera fase, lanzándose a una política suicida de enfrentamiento con la socialdemocracia que bajo el epíteto de «socialfascismo» venía denunciada como una antesala del mismo. Esta línea acentuó los rasgos sectarios de los partidos comunistas, ahondó las diferencias en el movimiento obrero, condujo a una minusvaloración de la amenaza fascista real, la del nacionalisocialismo alemán, e impidió toda unidad de la izquierda. El triunfo nazi y la aniquilación del que era el partido modelo de la internacional comunista, precisamente el alemán, constituyeron una auténtica debacle para el movimiento.

Paradójicamente, serían los mismos éxitos del fascismo los que terminarían por propiciar una reactivación sin precedentes del movimiento comunista internacional. Primero en Francia en 1934 y luego en otros países, los comunistas tomaron conciencia, tanto como los socialistas, de que el enemigo principal era el fascismo y que la unidad entre ellos, y con los sectores más progresistas de la burguesía, era una cuestión de supervivencia. Fue el inicio de la política de los frentes populares antifascistas que un año más tarde sancionaría el Comité Ejecutivo de la IC. No se puede pasar por alto la significativa coincidencia entre esta reorientación de la IC y de los partidos comunistas con los intereses de la política exterior soviética orientada ahora por el principio de la seguridad colectiva. Parece, no obstante, que en esta ocasión funcionó más una convergencia de intereses que las habituales órdenes de Moscú. Fuere como fuere, el cambio supuso un importante crecimiento de la influencia comunista en Europa occidental. Aunque no deja de resultar extraordinariamente significativo que esta nueva primavera del comunismo se produjera sobre unas bases que se situaban en las antípodas de las que habían generado su aparición misma: defensa de las libertades «burguesas», restablecimiento de prácticas unitarias con los socialistas, alianza con la burguesía democrática y renuncia a la revolución como objetivo inmediato. En este sentido, se recuperaba también la vieja noción leninista de que el proletariado debía estar presente, como protagonista, en los procesos democráticos para posibilitar un ulterior avance hacia el socialismo.

Sobre este giro vino a superponerse sin embargo, una vez más, el dictado de Moscú. A raíz del pacto germano-soviético de agosto de 1939 que ya por sí mismo sumió en el estupor a muchos comunistas, se impuso la directriz estalinista de abandonar toda condena del nazismo, caracterizar la guerra en curso como exclusivamente interimperialista y denunciar la política «belicista» de las democracias occidentales. Esto significaba pura y simplemente el anuncio de una nueva debacle del comunismo occidental. Lo salvaría de ella la agresión alemana contra la URSS, si bien es cierto que en los países previamente ocupados por los nazis los comunistas habían empezado previamente a organizar la resistencia. La entrada de la guerra en la URSS, en cualquier caso, propició una nueva oleada unitaria, la de la guerra antifascista, que si en el ámbito internacional se traducía en la «gran alianza» de norteamericanos, ingleses y soviéticos, en el interior de cada uno de los países supuso un impulso decisivo a la resistencia. En esta los comunistas volvieron a constituir la fuerza más activa, numerosa y resuelta. Simultáneamente, su lenguaje mismo adquirió unos perfiles nítidamente patrióticos, contra el ocupante nazifascista y los colaboracionistas. Esto suponía una reconciliación de los comunistas con la patria —otro giro decisivo respecto de 1919— que, si bien se movería todavía en los márgenes de una especie de doble patriotismo (nacional y soviético a un tiempo) sería de gran trascendencia de cara al futuro. Por entonces (en 1943), acreditando su propia versión nacionalizadora y para fortalecer la Gran Alianza, Stalin no tuvo el más mínimo empacho en disponer la disolución pura y simple de la Internacional Comunista.

El protagonismo decisivo de los partidos comunistas en la Resistencia y su paralela «nacionalización» les confirieron un inmenso prestigio que encontraría fiel reflejo en las primeras elecciones de la posguerra. En Checoslovaquia (37,9 %) y Francia (26 %) fueron la fuerza más votada de la izquierda; en Finlandia superaban el 20 %, mientras que en Islandia e Italia rozaban este porcentaje. Incluso en zonas donde la presencia comunista había sido siempre mínima, cómo Bélgica, Holanda, Luxemburgo o los países escandinavos, sus porcentajes alcanzaron los dos dígitos. Eran los mejores resultados obtenidos por los comunistas en toda su breve historia. En la práctica totalidad de estos países se incorporaron, además, a gobiernos de coalición con el horizonte de hacer avanzar la democracia recién reconquistada en una dirección social y progresiva que podría abrir nuevas vías, democráticas y unitarias, de avance hacia el socialismo.

Hasta este punto los intereses del comunismo occidental y de la URSS seguían convergiendo. Como diría Churchill por entonces, Stalin se estaba comportando como «un perfecto caballero» en el cumplimiento de los acuerdos previamente adoptados por los dos y ratificados después en Yalta. La línea fundamental de tales acuerdos era el reconocimiento de la hegemonía soviética en el Este, con la excepción de Grecia, donde se confirmaría la británica, y Yugoslavia, donde aquella podía ser compartida. Esto suponía también la renuncia a la revolución en Occidente, por lo que el dictador comunista pudo saludar complacido la política de sus correligionarios occidentales mientras se ocupaba de asegurar su dominio en las nacientes «democracias populares». Una vez más, Stalin sacrificaba cualquier perspectiva revolucionaria en Occidente en beneficio de sus intereses de política de potencia: poco importaba si los comunistas italianos podían acercarse a una posición hegemónica y algo similar sucedía con los franceses; los comunistas griegos fueron abandonados a su suerte, y sólo la fuerza autónoma y la resolución de los comunistas yugoslavos de Tito permitió a estos romper los límites de los acuerdos y hacerse con el poder.

En la mejor línea estalinista, cuando se entró en el proceso de ruptura de la «gran alianza» y el mundo se encaminó hacia la Guerra Fría, el autócrata soviético descargó toda su brutalidad contra las democracias populares y criticó los «errores» de los comunistas occidentales por su colaboracionismo con las fuerzas burguesas. Con la voluntad de retomar el control absoluto sobre el movimiento comunista, de Europa oriental primero y del conjunto después, se creó en 1947 un sucedáneo de la IC, la Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros (Kominform). Si a un lado de lo que se conocería como «telón de acero» se reprodujo el modelo soviético, al otro, los comunistas quedaron definitivamente aislados del resto de las organizaciones democráticas y socialistas, iniciando un declive progresivo con las excepciones más relevantes de Francia y, especialmente, Italia. Sobre esta base, la invasión de Hungría en 1956 propiciaría una fuga masiva de intelectuales de los partidos comunistas. Y la invasión de Checoslovaquia en 1968 marcaría el alejamiento respecto de la URSS de los partidos comunistas mismos. Era el inicio de un camino que conduciría al «eurocomunismo» o comunismo democrático, de los años setenta, en el que se podía apreciar un hilo de continuidad respecto de algunas de las tradiciones del comunismo occidental: las de los frentes populares, la Resistencia, la inmediata posguerra y la afirmación progresiva de la existencia de diversas «vías nacionales» hacia el socialismo.

Mientras tanto, los partidos comunistas de los pueblos coloniales habían desempeñado un papel fundamental en los procesos de descolonización, al tiempo que habían encontrado en los de las metrópolis a sus más firmes, cuando no únicos aliados. De ahí que, enlazando en esto con algunas de las líneas definidoras iniciales de la IC, la línea de afirmación del comunismo en muchos países africanos, asiáticos o latinoamericanos. Y de ahí también que los éxitos en estas zonas del mundo, en China, Vietnam o Cuba, terminaran por revertir en buena medida sobre Occidente potenciando el surgimiento de movimientos y partidos comunistas mucho más radicales —«maoístas» o «trotskystas»— que los oficiales. Todo esto marcaba, sin embargo, el fin de una época de la izquierda inconformista europea tanto como el inicio de otra nueva. Lo que puede afirmarse, en cualquier caso, es que cuando el mundo soviético se derrumbó en 1989-1991 hacía ya tiempo que el comunismo había entrado en un proceso de declive, cultural y político.

El difícil balance

Como se decía al inicio del capítulo, no es fácil hacer un balance de la experiencia comunista. Y muchos autores neoconservadores se desesperan ante el hecho de que todavía hoy el comunismo goce de un cierto buen nombre en comparación con la imagen demonizada del fascismo, respecto del cual señalan incansablemente las semejanzas. Pero es la complejidad misma del fenómeno la que, tal y como se ha visto, explica la dificultad de verlo en blanco y negro. Es incuestionable la existencia de verdaderas simas, auténticas caídas en la barbarie, en la Unión Soviética de Stalin y, también, en experiencias posteriores. La permanente negación de las libertades básicas y la violación de los derechos humanos constituye sin duda una de las mayores regresiones imaginables, no ya en la conciencia y tradiciones de la democracia en general sino, muy significativamente, en la de las corrientes mayoritarias de la izquierda obrera y revolucionaria anterior al bolchevismo. Alternativamente, no es menos cierto que el discurso comunista se mantuvo constantemente en los esquemas de una ideología que se decía continuadora, para superarlas, de las utopías liberal y democrática. Es cierto que esto último funcionó en muchas ocasiones a modo de instrumento de legitimación de las mencionadas prácticas aberrantes. Pero no siempre. No se puede descartar en modo alguno la idea de que ese fondo utópico latiese en muchas de las reorientaciones de la política interior de la Unión Soviética postestalinista o en el último intento reformista de Gorbachov. El régimen soviético no tomó nunca la iniciativa de una guerra mundial devastadora y de hecho había surgido como la más radical de las respuestas a la primera de ellas. Cuando desapareció, no lo hizo, como el fascismo, arrastrando a la humanidad a la hecatombe sino en una especie de implosión pacífica a la que no fue ajena la idea de que no se podía gobernar más por la fuerza a unos pueblos en cuyo nombre decía ejercerse el poder. Si el auténtico genocidio de comunistas llevado a cabo por Stalin en la segunda mitad de los años treinta admite algún tipo de explicación racional, no puede ser ajena a ella la idea de que cientos de miles de militantes podían ser considerados como una amenaza real o potencial para el autócrata y su círculo de poder.

Más compleja aún es la experiencia comunista en otras latitudes. Sectaria respecto de otras corrientes políticas o ideológicas, ciega frente a los crímenes de la URSS, predispuesta a justificar lo injustificable. Pero en Occidente canalizó y dio expresión a corrientes más profundas que operaban antes del comunismo y seguramente seguirán operando después. Los partidos comunistas occidentales se convirtieron muchas veces en el mejor instrumento para quienes defendían la utopía socialista de la igualdad sustancial de todos los hombres y mujeres, para los que simplemente querían luchar por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, para las minorías étnicas y raciales. No fueron ajenos a las reivindicaciones feministas, pacifistas y ecologistas. El hecho de que aportaran una contribución, en muchos países decisiva, a la Resistencia y a la victoria de la democracia sobre el nazismo debe ser objeto de reflexión. Tanto como su contribución a la lucha contra las dictaduras de derecha o el apartheid sudafricano. Y lo mismo puede decirse en relación con la emancipación de los pueblos sometidos al dominio colonial.

Tal vez en una historia desde abajo, más próxima a la experiencia vivida de los militantes y simpatizantes y algo menos a la de las grandes estructuras, partidos o regímenes comunistas, constituya la clave decisiva para repensar el fenómeno en toda su complejidad. Por lo demás, el estudioso no debe olvidar que el comunismo no estuvo nunca sólo, que operó en un mundo también violento y profundamente injusto que en muchos de estos aspectos le ha sobrevivido. Es posible, por ello, que pueda producirse una nueva rearticulación, que no sería ya posiblemente comunista, de muchos de los supuestos que estuvieron en su emergencia y crecimiento. Después de todo, la utopía de una sociedad más justa y libre de las extremas desigualdades que todavía definen el presente está lejos de haber muerto.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

ISMAEL SAZ

No existe duda razonable alguna acerca de la responsabilidad de la Alemania nazi y, también, aunque en distinta medida, de Italia y Japón en el desencadenamiento de la mayor hecatombe del siglo XX. La distinción entre los países que buscaron y provocaron la guerra y los que trataron de evitarla es nítida y no admite ningún tipo de planteamiento pretendidamente equidistante. Esta es, seguramente, una de las más importantes diferencias de este conflicto respecto de la Gran Guerra. Sin embargo, esta constatación está lejos de agotar el problema de las causas y de las responsabilidades del conflicto. A lo largo de los años treinta, el revisionismo e imperialismo de la Alemania nazi encontraron un camino mucho más fácil del que probablemente habían podido soñar sus dirigentes. Lejos de ofrecer las previsibles resistencias, el terreno de las relaciones internacionales pareció abrirse reiteradamente a las tan insaciables como a menudo aventureras iniciativas de las potencias fascistas. Decididas en principio a evitar una nueva guerra, las potencias occidentales terminaron muchas veces por dar aliento involuntariamente a quienes la buscaban. Tanto estas como, en el otro extremo, la Unión Soviética tardaron en tomar conciencia del peligro absoluto que para todos constituía el fascismo en su versión más radical y poderosa, el nacionalsocialismo alemán. De hecho, los soviéticos se mantuvieron en contra de un mundo capitalista, «imperialista», hasta que el ascenso de Hitler les hizo comprender que un nuevo y más amenazante enemigo había surgido cerca de sus fronteras. Pero cuando tomaron conciencia de ello se encontraron a un Occidente todavía muy reacio al entendimiento con ellos. Un Occidente en que muchos pensaban todavía que el enemigo principal seguía siendo el comunismo revolucionario y que, en consecuencia, podía pensarse todavía en Hitler como un mal menor. En cierto modo, solo tomaron conciencia de que no era así en 1939, justo cuando los soviéticos habían decidido ya protegerse a sí mismos pactando con el mismísimo Hitler.

En suma, el camino que condujo a la Segunda Guerra Mundial se fue cimentando a través de una serie de éxitos continuados de las potencias fascistas, todos ellos mucho más resistibles de lo que realmente fueron. Pero esto no suponía sino la reproducción a escala internacional de los éxitos que los fascistas habían encontrado en su camino hacia el poder en Italia y Alemania. Un camino también mucho más «resistible» de lo que realmente fue. Puede decirse, en este sentido, que la historia del fascismo, en su asalto al poder en los ámbitos estatal e internacional fue la historia de una subestimación de la amenaza que constituía.

Por supuesto, el problema no era sólo de apreciación. Las profundas contradicciones del sistema de Versalles portaban con ellas la semilla de su potencial destrucción. Y las convulsiones de la mayor crisis económica jamás conocida por el capitalismo supusieron una convulsión sin precedentes tanto para los equilibrios nacionales como para los internacionales. En este contexto, las múltiples dimensiones de la guerra civil europea se agudizaron al tiempo que se reforzaron mutuamente. Los avances sociales de la primera posguerra se trocaron en insoportables para muchos de los poderes económicos. Y lo fueron mucho más cuando, como en Francia, la izquierda llegaba al poder y ponía en marcha respuestas sociales y progresivas a la crisis económica. El fantasma de la revolución bolchevique, nunca desvanecido del todo, podía verse reactivado ahora en vista del nuevo reformismo antifascista. Para amplios sectores del mundo conservador británico, la revolución parecía asomar por todas partes y muy especialmente en el mundo colonial en lo que se percibía como una amenaza directa para su Imperio.

Las democracias occidentales, Francia e Inglaterra en particular, no opusieron demasiados reparos a la proliferación de las dictaduras en la Europa Central, Oriental o Mediterránea siempre que estas fueran anticomunistas y no amenazaran directamente su hegemonía en la arena internacional. Sin embargo, la misma proliferación de las dictaduras constituía un estímulo para quienes querían desarbolar el statu quo internacional. Aunque solo fuera porque ello parecía confirmar la decadencia definitiva de la democracia y, con ella, de las grandes potencias «plutodemocráticas».

El miedo a la revolución de las élites liberales conservadoras y la radicalización antidemocrática de las más reaccionarias se proyectaron desde la política interior hacia la exterior. De modo que muchas veces es imposible entender muchas decisiones en apariencia meramente «diplomáticas» prescindiendo de este trasfondo. El «mejor Hitler que Stalin» de muchas de estas élites pudo llegar a traducirse en el «mejor Hitler que Blum» de la derecha francesa sin que, llegados a este punto, pudiera trazarse una clara línea de demarcación entre la política interior y la internacional. Ni el camino que conduce a la Guerra Mundial ni el amplio fenómeno del colaboracionismo con el ocupante nazi son inteligibles si se prescinde de la poderosa influencia de estas corrientes profundas.

Apogeo y crisis del sistema de Versalles

A pesar de sus múltiples contradicciones, el sistema construido por los vencedores en los acuerdos de paz pareció capaz de superar su primera gran crisis. Contra las advertencias de Keynes en el sentido de que las reparaciones impuestas a Alemania constituían una amenaza para la recuperación económica de este país y de la economía internacional en su conjunto, aquellas fueron fijadas en 132.000 millones de marcos oro, una cantidad que, aunque equivalente a poco más de la mitad de las iniciales pretensiones francesas, desbordaba en mucho las posibilidades alemanas. Cuando en 1922 el gobierno alemán expuso las dificultades para hacer frente a los plazos previstos, franceses y belgas procedieron a la ocupación del Rühr, algo que solo serviría para demostrar la inviabilidad de las pretensiones francesas. En efecto, la resistencia pasiva de industriales, obreros y del propio gobierno alemán impidió que los ocupantes obtuvieran los objetivos económicos acariciados, al tiempo que se desataba en Alemania una hiperinflación que arrasaría con los ahorros de las clases medias. Al final, Francia hubo de ceder aceptando una mediación norteamericana que concluiría en el plan Dawes.

Establecía éste un calendario de pagos por reparaciones mucho más tolerable, el cual podría financiarse además a través de créditos norteamericanos a Alemania. De este modo Alemania podría hacer frente a las reparaciones a los aliados al tiempo que estos se situarían en condiciones de pagar a Estados Unidos las deudas de guerra. Aunque no exento de contradicciones —al final el dinero volvía allí de donde salía— el plan tuvo efectos extraordinariamente positivos a corto plazo. Las monedas se estabilizaron y la superación de las crisis posbélicas permitió la apertura de una fase de relativa prosperidad cuyos efectos sobre las relaciones internacionales no tardaron en apreciarse. En Alemania se impuso la línea de colaboración impulsada por Stresemann y en Francia la de Briand. El primero desde el supuesto de que la recuperación económica alemana exigía inversiones y éstas estabilidad. El segundo, como un medio de garantizar el pago de un monto importante de las reparaciones y, al mismo tiempo, para desactivar las corrientes revanchistas en Alemania. En el plano político, el nuevo clima permitió que se llegara a los acuerdos de Locarno (octubre de 1925). Estos suponían un reconocimiento por Alemania de sus fronteras con Francia y Bélgica bajo garantía italo-británica así como Alemania reconocía —ahora por libre acuerdo— la desmilitarización de la Renania y el pago de reparaciones. En lo relativo al Este, Alemania se comprometía igualmente a resolver por medios pacíficos cualquier litigio con sus vecinos, Polonia y Checoslovaquia, sin que ello supusiera, sin embargo, el reconocimiento de sus fronteras con estos países.

Los tratados de Locarno generaron una oleada de optimismo en Europa, que aumentó aún más cuando Alemania fue admitida en la Sociedad de Naciones (1926). Y alcanzó su máxima expresión con la firma del pacto Briand-Kellog en 1928 que establecía la renuncia a la guerra como «instrumento de política nacional». En 1929, Briand presentaba en la Asamblea de la Sociedad de Naciones su proyecto de Unión Europea. En enero de 1930 se aprobaba en La Haya el plan Young que fijaba la cantidad definitiva a pagar por Alemania en 34.500 millones de marcos oro a pagar en 59 años. En el mismo año, los aliados evacuaban Renania con cinco años de antelación sobre el plazo previsto.

Pareció así por un momento que las fracturas generadas por la guerra y los acuerdos de Versalles empezaban a saldarse abriendo un luminoso porvenir de paz y cooperación para Europa. Pero los avances tenían también sus fallas. Inglaterra e Italia garantizaban, ciertamente, las fronteras franco-alemanas, pero no así en el caso de que Francia hubiera de hacer frente a sus compromisos orientales frente a la misma Alemania. Pero era por ahí, precisamente, por donde pasaba el problema de la seguridad francesa, toda vez que era bien claro que sin el apoyo británico Francia no podría hacer frente a Alemania. La URSS, por otra parte, creyó ver en Locarno la reconstrucción del «frente capitalista», y reaccionó buscando su propia aproximación a Alemania. Se llegó así al tratado de Berlín de 1926 que suponía una intensificación de la colaboración económica y militar ruso-germana iniciada cuatro años atrás en el tratado de Rapallo. Alemania encontraba así, finalmente, un eficaz contrapeso para mejorar sus condiciones de negociación con franceses y británicos.

Había además otros problemas, como los relativos al área danubiano-balcánica que amenazaban la estabilidad europea. Hacia ahí se dirigían los objetivos de la potencia que a lo largo de los años veinte constituiría el principal elemento desestabilizador en Europa, la Italia fascista. Las reivindicaciones de algunos territorios de la costa Dálmata —Fiume especialmente— habían constituido un factor de inestabilidad interna e internacional ya en los tiempos de las negociaciones de paz. La llegada del fascismo al poder no podía constituir, ciertamente, un acontecimiento que pudiera tranquilizar a nadie. El partido fascista era abiertamente revisionista y su líder, Mussolini, no vacilaba en hacer profesiones ideológicas de fe acerca del carácter inevitable de la guerra y sus saludables consecuencias.

La ocupación de Corfú en 1923 pretendió constituir una demostración de que los nuevos dirigentes no bromeaban. En 1924 se obtuvo una sistematización definitiva del problema de Fiume con la incorporación de la ciudad a Italia. Siguiendo la lógica fascista, sin embargo, todo éxito no podía constituir sino el prólogo para más ambiciones objetivos. Y así el fascismo volvió a poner sobre el tapete el problema de los italianos residentes en Túnez en lo que constituía toda una declaración de intenciones sobre sus apetencias coloniales. Respecto de Austria y los Balcanes, no se hizo misterio alguno de la voluntad de ocupar como potencia hegemónica el vacío dejado por el imperio austro-húngaro. Por un lado y por otro, Francia era la potencia más directamente afectada por este dinamismo de la política exterior fascista. Máxime cuando Mussolini se autopresentó como el líder del revisionismo e intentó minar, a través fundamentalmente de Hungría, el patronazgo francés de los países de la zona.

El imperialismo italiano era, pese a todo, un imperialismo débil y no podía en modo alguno, por sí solo, quebrar el equilibrio europeo. Al menos mientras el resurgimiento de Alemania no le permitiera jugar más libremente sus cartas. Por ello, hubo de actuar entretanto a la sombra de la potencia hegemónica, Inglaterra. Esta, por su parte, veía con cierta aprobación el nuevo dinamismo de la política fascista, siempre, naturalmente, que no traspasase ciertos límites. La razón de esta política, a largo plazo suicida, era la misma que había predispuesto a la diplomacia británica hacia una cierta benevolencia respecto de las reivindicaciones alemanas: el viejo temor a la existencia de una potencia excesivamente poderosa en el continente, en este caso, Francia.

En el momento en que, con todas sus contradicciones, el sistema de Versalles parecía consolidarse, estalló la crisis económica con sus efectos demoledores en todos los terrenos. Tan pronto como se hicieron presentes los primeros efectos, los EE.UU. tomaron una serie de medidas proteccionistas cuyos efectos y repercusiones se hicieron en seguida visibles. En Alemania, la crisis contribuyó poderosamente al auge del nacionalsocialismo, una de cuyas más exitosas campañas fue, precisamente, la de la oposición al plan Young. En el annus terribilis de 1931 (Toynbee) quebró el Kredit Anstalt de Viena y suspendió pagos el Danat alemán. Dado que en la quiebra del primero había interferido el bloqueo francés a una eventual unión aduanera austro-alemana, el sentimiento nacional volvió a sentirse herido y el problema del Anschluss volvió a ponerse sobre el tapete. También en 1931 Inglaterra abandonaba el patrón oro de cambio añadiendo un nuevo factor de inestabilidad a las relaciones internacionales. Y en Extremo Oriente, el imperialismo japonés hacía visibles sus cartas con la agresión a China y la inmediata conquista de Manchuria. Fue éste además el primer desafío abierto a la Sociedad de Naciones y, también, el primer fracaso rotundo de esta. Algunos autores han querido ver, incluso, en la actitud británica al respecto, la primera concreción de su política de appeasement (apaciguamiento) respecto de las dictaduras agresivas.

Pese al notable empeoramiento de la situación, esta distaba todavía de ser catastrófica. En el mismo año de 1931 se estableció una moratoria para el pago de las deudas y las reparaciones, y ambas cuestiones quedarían definitivamente zanjadas en 1932. Ese mismo año se abría en Ginebra la Conferencia de desarme en la que estaban depositadas todas las esperanzas. Hubo que esperar por tanto otro año, hasta 1933, para que todas las esperanzas se esfumaran. Fue entonces cuando el fracaso de dicha conferencia dejó el camino expedito a la carrera de armamentos, al tiempo que el de la conferencia económica de Londres alejaba toda posibilidad de respuesta coordinada a la crisis. Además, Alemania abandonó la Sociedad de Naciones y lo propio haría Japón.

El «problema» Hitler

El abandono de la Conferencia de desarme y de la Sociedad de Naciones supuso algunas de las más tempranas y llamativas manifestaciones en el terreno internacional de la llegada de Hitler al poder. ¿En qué medida éstas y las sucesivas actuaciones de Hitler obedecían a un plan o programa perfectamente trazado? ¿Qué había de continuidad y qué de ruptura en la política internacional de la Alemania nazi respecto de la de Weimar? ¿Con qué apoyos contaba y qué resistencias encontraba esa política?

Hitler empezó a escribir el Mein Kampf en prisión tras el putch de Munich. El libro, que constituía en opinión de Bracher una «tediosa sucesión de ampulosos tópicos», presentaba no obstante una cierta lógica interna, por más que ésta derivara de la simplicidad de la visión que Hitler tenía del mundo. Concebía la historia como una lucha de razas entre las cuales la aria era la superior, la que, por eso mismo, tenía derecho a la conquista de un espacio vital —Lebensraum— que habría de realizarse hacia el Este, a costa fundamentalmente de la Unión Soviética. Todo, en la política exterior que Hitler sustentaba, estaba íntimamente relacionado con este objetivo. Alemania debía renunciar, temporalmente al menos, a una política de expansión colonial al tiempo que conseguir la paz en el oeste. Para ello debería quebrar el poderío francés a través de una política de amistad —o al menos no enemistad— con Inglaterra. El pueblo italiano habría de desarrollar también su expansión en el Mediterráneo y hacia el sur, por lo que tales objetivos podían considerarse en cierto modo complementarios de los de Alemania. En consecuencia, la amistad con Italia se constituiría ya desde el principio en una pieza básica del «sistema» de Hitler. Todo ello podía considerarse, en fin, como una condición previa para un sueño más ambicioso e ilimitado: tras la conquista de un núcleo de poder en Europa de alcance mundial, Alemania debía proseguir una expansión ultramarina que habría de conducir al enfrentamiento con Estados Unidos. Finalmente, se produciría el triunfo mundial y definitivo del pueblo alemán y la historia alcanzaría su fin.

¿En qué medida ese ambicioso plan era algo más que un sueño? El más contundente defensor de la tesis contraria a conceder excesiva operatividad práctica al Mein Kampf fue A. J. P. Taylor. Para este estudioso británico, la política de Hitler constituía, en lo esencial, una continuación de la de sus predecesores. El Mein Kampf no sería en absoluto original y en él vendrían simplemente privilegiadas aquellas cuestiones que estaban en el aire en el momento en que se escribió. Hitler construiría muchos sistemas, pero según los sueños que tuviera en cada momento. Las únicas diferencias radicarían en el acento que ponía en unas u otras cuestiones y en la voluntad y capacidad de llevar a cabo sus deseos, teorías y formulaciones a la práctica. Después, sólo tendría que esperar a que sus propios adversarios le mostraran el camino. Escribía Taylor: «no avanzaba peticiones precisas: decía que estaba insatisfecho y después esperaba que las concesiones le llegasen, limitándose a poner la mano para tomar todavía más». Algunas de estas formulaciones no son sostenibles hoy. La investigación ha puesto de manifiesto el peso de las finalidades ideológicas y políticas en la determinación de la política exterior nazi, la coincidencia entre el pensamiento de Hitler en los años veinte y sus actuaciones en los treinta o la «insistencia maníaca» (Bracher) con que Hitler persiguió siempre los fines que se había trazado.

Todo esto no agota, sin embargo, la problemática planteada por Taylor, especialmente en lo relativo a los elementos de continuidad de la política exterior alemana. El moderado Stresemann, por ejemplo, había concebido en los años veinte unos objetivos a medio plazo no muy dispares de lo que Hitler llevaría a cabo hasta el inicio de la guerra: recuperación plena de la soberanía sobre Renania, apoyo diplomático a los alemanes de Polonia y Checoslovaquia, revisión de las fronteras y supresión del «corredor» polaco e incorporación de Austria al Reich.

Naturalmente, había profundas diferencias en el alcance de los objetivos y, sobre todo, en los medios a emplear para su consecución. Aunque no debe olvidarse el impacto sobre unos y otros de la crisis económica. En efecto, entre 1929 y 1933 Alemania no sólo vio el alejamiento de los capitales extranjeros sino que asistió al progresivo incremento de las barreras arancelarias. Esto equivalía tanto a una agudización del problema del acceso a las materias primas como a la aparición de nuevas barreras para la comercialización de sus productos manufacturados. La respuesta a esta situación habría de ser la autarquía, pero también la presión económica sobre los países vecinos. Y vale la pena anotar en este sentido que el aumento de la influencia política germana en la Europa danubiano-balcánica fue acompañado de un paralelo aumento de su presencia económica. Hasta el punto de que pudo desplazar de esta zona a un rival tan madrugador como inferior: Italia. Casualidad o no, los cambios en la orientación de la política exterior alemana se aproximaban bastante a las modificaciones que la crisis económica había introducido en el sistema económico internacional. Casualidad, o no, lo cierto es que la teoría del espacio vital señalaba la expansión en una dirección —toda vez que Hitler excluía una política colonial inmediata— que era la única que no chocaba directamente con los intereses de la potencia hegemónica, Inglaterra, lo que, en consecuencia, podía resultar tolerable para esta.

Tampoco la doctrina del Lebensraum era, en absoluto, un invento nazi. Creador de la misma suele considerarse al geógrafo alemán Friedrich Ratzel, quien trazó un cuadro de la historia universal en la que los factores básicos no eran los económicos, políticos o sociales, sino los naturales y, más concretamente, la relación espacio-población. La conquista del espacio se constituiría en consecuencia en el elemento ordenador de la evolución histórica. El geógrafo británico MacKinder desarrolló la tesis hasta la identificación, en Asia Central-Europa del Este, de un espacio central cuyo dominio garantizaría el de todo el mundo. El politólogo sueco Kjellen tomó algunas de las tesis de los anteriores para acuñar el término de geopolítica. Y el geopolítico Karl Haushofer aplicó las anteriores construcciones al caso alemán. Según este científico, conservador y nacionalista, la base de toda política exterior debería venir constituida por la defensa, conservación y ampliación del espacio vital de un pueblo. En consecuencia, Alemania debía, primero, llevar sus fronteras hasta hacerlas coincidir con los límites alcanzados en cualquier momento histórico por la expansión del pueblo alemán, y, después, proseguir esta expansión hacia el este. En una dirección complementaria a todas estas formulaciones apuntaba la doctrina de las grandes áreas económicas vitales, cuyas raíces se remontan a finales del siglo XIX y que tuvieron cierta aplicación en los años de la Gran Guerra. Según esta doctrina, que fue sostenida por círculos empresariales conservadores, Alemania debía llegar a dominar los intercambios económicos continentales. Lo que hicieron los nazis, como en otros tantos aspectos ideológicos ya estudiados, fue reunir todas estas teorías para, desde el marco ideológico del ultranacionalismo y el radicalismo fascistas, dotarlas de una coherencia y determinación de la que previamente carecían. Así, la teoría de las Grossraumwirtschat pudo proporcionar, de la mano de los teóricos y economistas nazis, el marco teórico adecuado para la práctica comercial exterior de la Alemania nazi, primero, y para la política de explotación económica de los territorios ocupados, después.

Tampoco faltan elementos de coincidencia entre la política exterior nazi y los intereses de los grandes grupos económicos. En un trabajo bien documentado, el historiador de la antigua RDA, Eichholtz, puso de manifiesto el modo en que la I. G. Farben y otros grupos industriales presionaron, intervinieron y, a veces, dirigieron directamente sectores fundamentales de la economía alemana, desde la autarquía a la explotación de los territorios conquistados. Esto no quiere decir, sin embargo, que como han puesto de manifiesto historiadores occidentales, la política de autarquía no encontrara resistencia entre determinados grupos industriales o que la identificación de la I. G. Farben con todo el capitalismo alemán no deje de constituir una simplificación excesiva. Incluso se ha podido plantear la política económica nazi (Schoenbaum) como una contradicción entre los fines —«la guerra contra la sociedad burguesa e industrial»— y los medios —«la guerra contra la sociedad industrial tiene que ser hecha con medios industriales». Si se recuerda, no obstante, que a la altura de 1936 dos tercios de la producción alemana estaban regidos por acuerdos de cártels que gozaban del apoyo, protección y estímulo del Estado, podría pensarse que nos encontramos ante una simplificación de signo opuesto a la de Eichholtz.

Más adecuada parece la tesis de Milward cuando señala que el «nacionalsocialismo tenía tanto de anhelo por una utopía estable como de estrecha alianza entre los grandes intereses capitalistas y un gobierno autoritario». Tanto la política armamentística como la política exterior nazi se habrían orientado en base a esa doble «naturaleza» del nazismo. Al perseguir la conquista de grandes espacios en el este, en Ucrania, por ejemplo, la política exterior nazi respondía tanto a necesidades económicas como a la concepción nacionalsocialista del mundo. La estrategia de la guerra relámpago, de la Blitzkrieg, era tanto una concepción sobre el modo táctico de conducir la guerra, como un planteamiento acerca de cómo se había de desarrollar la guerra para evitar las consecuencias negativas para la economía y la población de una guerra total. Era también, y al mismo tiempo, un modo de autofinanciar la guerra y de poner en práctica la teoría de los grandes espacios económicos vitales.

La otra cara del «problema Hitler» y de la política exterior alemana es la relativa al modo en que estos fueron percibidos en el exterior. La nota más destacada al respecto es el hecho de que los dirigentes occidentales vacilaron, a veces de unos a otros, a veces los mismos personajes, entre la profunda desconfianza hacia Hitler y la esperanza de que pudiera ser ganado para la convivencia pacífica. En el primer sentido, se tendía a creer que lo afirmado en el Mein Kampf reflejaba un firme proyecto de Hitler; en el segundo, se confiaba en la existencia de una profunda diferencia entre el Hitler demagogo y el Hitler canciller.

Así, el embajador de Francia en Berlín, François-Poncet no otorgó nunca excesiva credibilidad al Mein Kampf, pero muchos franceses se debatían en una incertidumbre que fue dejando paso a una profunda desconfianza y crecientes preocupaciones por su seguridad. En el terreno político, la respuesta consistiría en buscar la alianza con la URSS, aunque de un modo muchas veces vacilante y, con frecuencia, poco coherente. Más predispuesta aún a tomarse en serio la amenaza de Hitler, la Unión Soviética olvidó su tendencial revisionismo y cesó su previa colaboración militar con Alemania. Pasó también a defender la política de seguridad colectiva, buscó y obtuvo el ingreso en la Sociedad de Naciones y persiguió el acuerdo con Londres y, sobre todo, París.

En Italia, la reacción fue ambivalente. Oficialmente, el ascenso de Hitler fue saludado con muestras de júbilo, como el triunfo de una idea directamente inspirada en el modelo italiano. Pero ello no estaba exento de ciertas dosis de reserva. Por una parte, porque el éxito nazi podía llegar a cuestionar la primacía ideológica del fascismo italiano; por otra y sobre todo, por el temor al Anschluss. En lo fundamental, sin embargo, aquella constituía la situación largo tiempo esperada por Mussolini en la que Italia podría jugar finalmente con cierta libertad su política del peso determinante en beneficio propio.

La reacción con mayores consecuencias a medio y largo plazo, bien que fuera por omisión, fue la británica. En efecto, la subida de Hitler al poder, independientemente de la repercusión en la opinión pública y de la mayor o menor repugnancia que pudiera causar su ideología, no supuso un cambio fundamental en la política exterior británica. Más aún, en cierto modo supuso una reconfirmación de ésta. Se confiaba en ganar a Hitler a la causa de la paz haciendo aún mayores esfuerzos que antes en la línea de llevar a cabo concesiones graduales. Se pensaba que con ello Alemania se orientaría en una dirección pacifista y que el mismo Hitler podría ser «domesticado». Las protestas de pacifismo de este último encontrarían, en consecuencia, entre las clases dirigentes británicas, un terreno mínimamente abonado. Además, influyentes sectores del conservadurismo británico en el poder veían con simpatía la pretensión nazi de constituir un bastión frente al comunismo. Era, en suma, el «Hitler mejor que Stalin».

La quiebra definitiva del sistema de Versalles

Con el fracaso definitivo de la conferencia de desarme quedó abierto el camino a la remilitarización y la formación de bloques, un proceso en el que las potencias occidentales volverían a mostrar sus contradicciones. Francia buscó reforzar su seguridad mediante la concertación de un sistema de alianzas en el Estea —pacto franco-soviético de mayo de 1935, «completado» con el pacto checo-soviético del mismo mes y año— o con la ampliación a dos años del servicio militar. Alemania restableció en marzo de 1935 el servicio militar obligatorio, una clara violación del tratado de Versalles que tuvo, por toda sanción, la condena moral de la Sociedad de Naciones. Se intentó, con todo, también una respuesta colectiva a la actitud alemana en la reunión de Stresa (abril de 1935) en la que franceses, ingleses e italianos reafirmaron su fidelidad a los acuerdos de Locarno y su voluntad de garantizar la independencia austríaca. Francia e Italia suscribieron además acuerdos de colaboración militar en clave antialemana. Pronto, sin embargo, el llamado «frente de Stresa» iba a sufrir un primer y demoledor golpe con el acuerdo naval anglo-alemán de junio de 1935. Con éste, el Reino Unido reconocía que la flota alemana debería equivaler a un 35 % de la británica, así como la igualdad en el número de submarinos. Ello suponía ni más ni menos que el reconocimiento británico del rearme alemán a pesar del tratado de Versalles. Supuso también un nuevo paso en dirección a la política de «apaciguamiento». Y reforzó decisivamente la posición de Hitler ante unos diplomáticos, los de su país, que habían observado con preocupación el giro aventurero que había impreso a la política exterior alemana.

Debilitado el frente de Stresa, la Italia fascista juzgó llegado el momento de jugar sus cartas. Antes, en 1933, había apostado por la firma de un «pacto a cuatro» —con Alemania, Inglaterra y Francia— que habría de constituir una especie de jerarquía europea capaz de sistematizar los problemas en el continente al tiempo que abrir paso a la satisfacción de sus propias reivindicaciones coloniales. El fracaso de esta iniciativa, junto con el asesinato del canciller Dollfuss por nacionalsocialistas austríacos, condujo a los italianos, por una parte al frente de Stresa y, por otra, a la aceleración de sus proyectos respecto de Etiopía. A tal fin, Roma orientó sus esfuerzos diplomáticos hacia Francia desde el supuesto de que la amenaza alemana predispondría a los franceses a hacer concesiones. Los acuerdos de Roma de enero de 1935 entre Mussolini y Laval hicieron creer al dictador italiano que Francia le dejaba «manos libres» en Etiopía. La postura británica, en cambio, aunque no exenta de contradicciones, fue de oposición a la aventura italiana. Era la primera vez desde el final de la guerra en que Francia aparecía como «apaciguadora» frente a la Italia fascista, mientras que Inglaterra se movía en la dirección opuesta. Una vez producida la invasión de Etiopía, la firmeza de la posición británica y la presión de la opinión pública internacional condujeron a la imposición por parte de la Sociedad de Naciones de unas sanciones que Francia intentó, y en buena parte, consiguió, moderar.

En cierto modo, la guerra de Etiopía abrió la caja de los truenos. Supuso una derrota sin precedentes de la Sociedad de Naciones; de hecho, su propia liquidación como fuerza real. Constituyó el principio de la aproximación ítalo-alemana y un enfriamiento de las relaciones del «dictador menor» con las potencias occidentales. Destruyó definitivamente el marco de Stresa. Y facilitó el último gran acto del proceso que condujo al desmantelamiento definitivo del sistema de Versalles: la remilitarización de la Renania. Aprovechando en efecto el conflicto etíope y con el pretexto de la ratificación por la cámara francesa del tratado francosoviético de mayo de 1935, Alemania denunció el tratado de Locarno y procedió a la remilitarización de la Renania (7 de marzo de 1936). Un acto de fuerza radical que iba a quedar sin embargo, una vez más, sin respuesta por parte de las potencias democráticas. Francia decidió muy pronto que no podía actuar sola. Inglaterra se opuso a cualquier aventura militar así como a la eventualidad de que la Sociedad de Naciones estableciera sanciones económicas o de cualquier otra naturaleza contra Alemania. A cambio, concedió garantías a Francia y Bélgica ante una eventual agresión alemana.

La remilitarización de la Renania supuso la desaparición de la última de las cláusulas de carácter preventivo del tratado de Versalles. Era el fin de la seguridad colectiva. Francia vio mermada más aún su propia seguridad, ya que las garantías británicas habrían de funcionar sólo en caso de agresión alemana pero no en el supuesto de que Francia debiera hacer frente a sus compromisos orientales. Los supuestos fundamentales de la política exterior gala empezaron a desmoronarse. Por una parte, se acentuó su dependencia respecto de Inglaterra. Por otra, perdió toda credibilidad: los polacos empezaron a buscar su propia seguridad por la vía de la aproximación a Alemania; los checos se sintieron desarmados; los soviéticos perdieron confianza en su aliado galo; e Italia se reafirmaría en su convicción de que Francia no era ya un interlocutor privilegiado.

Hacia la catástrofe. De la guerra de España a la conferencia de Munich

En julio de 1936, el gobierno de Frente Popular español que debía hacer frente a una sublevación militar dirigió una petición de armamento al también gobierno de Frente Popular francés. En un primer momento, el gabinete Blum decidió dar curso a la ayuda solicitada, pero pronto abandonó el propósito ante la terrible campaña lanzada por la derecha francesa y la ostensible animadversión británica. Por el contrario, Hitler y Mussolini no dudaron en aprovechar la debilidad francesa para suministrar la ayuda que los sublevados les solicitaron. En un segundo momento, tras conocer la existencia de ayuda fascista a los sublevados, el gobierno francés decidió remitir material bélico al español, al tiempo que hacía un llamamiento a las potencias europeas a favor de la no intervención en el conflicto español. Se llegaría así a la constitución en Londres de un Comité de No-Intervención que no impediría la ayuda masiva de Alemania y, sobre todo, de una Italia que haría de la de España una guerra propia y verdadera. Francia, con una ayuda entrecortada y poco operativa y, desde octubre de 1936, la Unión Soviética constituyeron las principales fuentes de un suministro de armas a la república española que nunca llegaría a compensar al de las potencias fascistas.

Además de propiciar el triunfo de un bando concreto, la farsa de la no-intervención y la internacionalización de la guerra civil española tuvieron graves y perdurables repercusiones sobre la situación internacional. Francia se precipitaba en una decadencia que era sólo antesala del abismo (Duroselle) mostrando la profundidad de sus fracturas internas y reafirmando su dependencia ya casi completa respecto de Londres. Alemania e Italia obtendrían importantes ventajas estratégicas por la vía de situar a Francia ante un potencial enemigo en el sur. Era también la primera vez en que una democracia europea iba a caer con la intervención descarada de las potencias fascistas. Fue, además, la primera guerra del Eje Roma-Berlín. No sólo porque este se constituye, precisamente, al calor del conflicto español, sino también porque fue esta la primera vez en la que italianos y alemanes comparecían militarmente, como aliados, en el mismo escenario bélico.

Crucial fue también la actitud británica. Ni Italia ni Alemania tenían ninguna reivindicación que satisfacer en el Mediterráneo occidental, a no ser la voluntad de abrirle a Francia un «tercer frente». Pese a ello, la política del gobierno británico, que perseguía desde luego evitar una internacionalización del conflicto, favoreció en realidad a los rebeldes e, indirectamente, a los aliados de estos. La explicación más convincente de esta actitud es la que apunta a la existencia de un deseo tácito del gobierno conservador británico de que vencieran los sublevados, acompañada de la convicción de que tal victoria no tendría repercusiones estratégicas negativas para la propia Inglaterra. Con todo, la posición británica no era del todo uniforme. Hasta el punto de que fue durante el conflicto español cuando la política de apaciguamiento alcanzó su apogeo. Pero fue también en relación con este conflicto cuando empezó a formarse una corriente de opinión opuesta a aquella política. Churchill y Eden, por ejemplo, cuyas simpatías iniciales por la República española eran, en el mejor de los casos, mínimas, fueron tomando conciencia a lo largo del conflicto español del carácter insaciable de los dictadores. Algo que no sería ajeno a sus posiciones de resistencia a ultranza frente a Alemania ya en plena guerra mundial.

Pocos aspectos de las relaciones internacionales de los años treinta han recibido tanta atención por los historiadores y han sido objeto de tantas referencias interesadas posteriores como la política de apaciguamiento. ¿Hasta qué punto puede establecerse una distinción entre esta política de apaciguamiento y la tradicional política británica desde, prácticamente, 1919? Algunos autores vieron en la política respecto de Manchuria una primera prefiguración de dicha política y otros han hecho lo propio respecto del acuerdo naval de 1935. Otros, en fin, han considerado que esa era ya la orientación general de Baldwin entre 1935 y 1937, aunque fuera Neville Chamberlain el que la llevaría resueltamente a la práctica a partir de la última fecha. En realidad, todo parece indicar que mientras que Eden y otros jóvenes diplomáticos habían defendido el apaciguamiento hacia Alemania y una línea de firmeza respecto de Italia, Chamberlain estaba dispuesto a mantener la misma línea frente a los dos.

Existen pocas dudas, por otra parte, de que la política exterior británica pudo apoyarse durante largo tiempo sobre dos pilares fundamentales. En primer lugar, la benevolencia de amplios sectores conservadores hacia la figura de Hitler, al que consideraban un bastión frente al comunismo y que no veían con desagrado la perspectiva de desviar sus ansias expansionistas hacia el este. En segundo lugar, la opinión largamente difundida en Gran Bretaña de que la injusticia cometida con el pueblo alemán en Versalles debía ser reparada. A la altura de 1937, sin embargo, ya no quedaban cláusulas económicas o militares que revisar. Quedaba únicamente la ordenación territorial, que era precisamente la que iba a saltar por los aires entre 1936 y 1939. Pero fue entonces, precisamente, cuando las consideraciones de justicia y equilibrio cedieron paso a las estratégicas o a las que querían evitar la guerra a cualquier costo. El appeasement se trocó en capitulación (Taylor).

¿Qué fue, pues, el appeasement en el periodo de N. Chamberlain? En lo fundamental, una política activa y decidida, despojada de contradicciones, tendente a evitar la guerra haciendo las concesiones necesarias dentro de unos límites de «justicia» con el fin de «calmar» a los dictadores. Que intentó utilizar al dictador menor para frenar al dictador mayor. Que confiaba, o quería confiar, en que cada concesión hecha suponía un paso hacia la paz y no un estímulo a los dictadores. Chamberlain pensaba que los pueblos satisfechos se convierten en pacifistas y creía que ese esquema era aplicable a Hitler. Por debajo de todo esto existía también una fuerte prevención antirrevolucionaria: la guerra podría ser, como había sucedido con la anterior, la antesala de la revolución. Y esa era una preocupación que, por motivos ideológicos e imperiales, obsesionaba a las élites británicas.

Fuere como fuere, la combinación entre la política de apaciguamiento y la insaciable determinación agresiva de los dictadores se tradujo en una aparentemente imparable cosecha de éxitos para estos últimos. En 1937, Italia abandonaba la Sociedad de Naciones y se constituía el pacto Antikomintern —Alemania, Italia y Japón—. Poco después, la agresión nipona supondría el inicio de la guerra chino-japonesa. Todavía en 1937, en noviembre, Hitler tuvo una reunión con sus generales en la que perfiló las líneas generales de lo que habría de ser su política exterior en los meses sucesivos. Según se recoge en el famoso protocolo Hossbach, que daba cuenta de lo tratado en dicha reunión, Hitler expuso allí su decidido propósito de acabar lo más pronto posible con Austria y Checoslovaquia. En lo que respecta a Austria, el objetivo se cumplió muy pronto, en marzo de 1938, una vez que Hitler hizo mover sus peones, los nacionalsocialistas austríacos. Ninguna reacción internacional significativa se produjo ante este hecho. Francia propuso un enérgico paso preventivo a dar conjuntamente con Inglaterra, pero ésta se opuso. Mussolini, por su parte, puso «a mal tiempo buena cara» y quiso hacer creer al mundo que él estaba de acuerdo con la operación. La emocionada carta de agradecimiento que Hitler le remitió demuestra bien claramente que no estaba muy seguro de la actitud que adoptaría el Duce.

Repercusiones bien diferentes, aunque en lo fundamental no de distinto signo, iba a tener el intento de Hitler de liquidar definitivamente la cuestión de los Sudetes, la zona checoslovaca con población germana. Utilizando una táctica que tan buenos resultados le había dado y habría de darle en lo sucesivo, Hitler movilizó oportunamente a los nacionalsocialistas de la zona con una consigna bien precisa: exigir siempre más de lo que el gobierno checo estuviera dispuesto a conceder. De este modo el problema adquiriría connotaciones internacionales y una eventual intervención alemana aparecería como justificada ante la opinión mundial. Simultáneamente, en mayo de 1938, Hitler daba órdenes secretas a sus fuerzas armadas de preparar la invasión de Checoslovaquia para el 1 de octubre.

Entre abril y septiembre se produjo una carrera contrarreloj en la que Francia e Inglaterra se dedicaron a presionar al líder checo, Benes, para que hiciera el máximo de concesiones a la minoría alemana. Con una perseverancia digna de mejor causa, Inglaterra hizo saber a Francia que las garantías que le había otorgado en su momento no eran aplicables a un conflicto en Checoslovaquia; y Francia hizo saber a Benes que no entraría en una guerra por la cuestión de los Sudetes, aunque sí para garantizar la independencia checa. En realidad, ni franceses ni británicos tenían el más mínimo interés de entrar en guerra por Checoslovaquia. Esta pudo invocar el tratado que la unía a Francia y a la vez el suscrito con la URSS. Pero el mismo tratado establecía que la Unión Soviética sólo podría intervenir si lo hacía previamente Francia. Stalin manifestó su deseo de dar fiel cumplimiento a las obligaciones contraídas, pero a ello se oponía el problema del pasaje de las tropas soviéticas por Polonia y Rumania. El obstáculo fundamental venía, sin embargo, del pánico de Francia ante una eventualidad semejante. En Occidente se sospechaba que la postura de Stalin era un bluf, pero nadie quiso arriesgarse a descubrir su jugada. Al final, Checoslovaquia fue obligada en la Conferencia de Munich (29 de septiembre de 1938) a entregar los Sudetes y los dirigentes franceses y británicos pudieron regresar a sus países convencidos de que habían salvado, al menos, la paz. Al día siguiente Alemania procedía a la ocupación de los Sudetes. Desde el punto vista de las minorías nacionales, se empezaba a invertir la situación generada en los tratados de paz: eran ahora alrededor de un millón de checos los que eran incorporados a territorio alemán. Polonia y Hungría no dejaron pasar, por otra parte, su oportunidad de recuperar territorios perdidos, con el resultado de que unos 400.000 checoslovacos pasaron a ser súbditos de uno u otro de estos dos países.

La Conferencia de Munich habría de tener serias repercusiones y consecuencias sobre los acontecimientos futuros. La opinión pública internacional saludó con alivio el mantenimiento de la paz, pero esta reacción generalizada fue progresivamente desplazada por otra, no menos general, que incidía en que no se debían hacer más concesiones a Alemania. Lo que, por cierto, no fue obstáculo para que las garantías concedidas por Francia e Inglaterra no tuvieran efecto alguno a la hora de impedir la definitiva entrada de las armas alemanas en Praga en marzo de 1939. La dimisión, entonces, de Benes, libró a las potencias del cumplimiento de unos compromisos que de ninguna manera estaban dispuestas a cumplir. Checoslovaquia fue desmembrada, con la aparición de un estado satélite en Eslovaquia y la creación del Protectorado de Bohemia y Moravia. Poco después, el 23 de marzo, Alemania se anexionaba el territorio lituano de Memel. La otra consecuencia fundamental de la Conferencia de Munich iba a radicar en la profunda desconfianza que a partir de ese momento nutriría la Unión Soviética respecto de las potencias occidentales. La posibilidad de un acuerdo germano-soviético comenzó a perfilarse en el horizonte. Aunque no se suele reparar en ello, la simultánea desmembración de Checoslovaquia y el fin de la guerra civil española suponían también la desaparición de las dos últimas democracias en la Europa Centro-Oriental y Mediterránea.

La guerra

Al día siguiente de la Conferencia de Munich, Hitler se declaró satisfecho y afirmó que ya no nutría ninguna reivindicación territorial. Tras la ocupación de Praga, ni siquiera se molestó en enunciar tales propósitos. Por el contrario, señaló con toda nitidez cuál era su objetivo fundamental: la recuperación de Dantzig y el establecimiento de un corredor dentro del «corredor» que, para dar a Polonia una salida al mar, había separado la Prusia oriental del resto del territorio alemán. Pero era sólo un pretexto. Como el mismo Hitler explicó a sus subordinados, el objetivo era otro: avanzar hacia la conquista del espacio vital.

Entre marzo y septiembre de 1939, la situación experimentó un nuevo giro que conduciría directamente a la guerra. En abril, Italia ocupaba Albania, y un mes más tarde se firmaba el Pacto de Acero que sellaba la alianza ítalo-germana. En marzo de 1939, Chamberlain ofreció garantías a Polonia y propuso a Francia, Polonia y la URSS una declaración de seguridad colectiva en defensa de la integridad de cualquier Estado que pudiera ser agredido. Francia aceptó y la URSS también, pero Polonia se negó so pretexto de mantener su independencia y pretendida posición de equilibrio entre la URSS y Alemania. La clave de la situación descansaría en buena parte en esta actitud polaca que se negó en todo momento a concertar acuerdos que facilitaran un pasaje de las fuerzas soviéticas por su territorio para hacer frente a una eventual agresión germana.

La nueva firmeza de la actitud británica no excluía, sin embargo, la continuación de la política de apaciguamiento. Significaba simplemente su realización por otros medios. El objetivo seguía siendo evitar la guerra, aunque se persiguiese buscando reforzar las propias posiciones para forzar a Hitler a la negociación. Esta actitud explica el hecho de que, incluso cuando ya se había aceptado la celebración de negociaciones con Francia y la URSS para hacer frente común ante Alemania, los británicos recurriesen a tácticas dilatorias, ralentizando las negociaciones y mostrando escaso interés por los aspectos militares, en última instancia los decisivos, del acuerdo.

Todavía hoy no se puede fijar con precisión el momento exacto en que se iniciaron las negociaciones germano-soviéticas que habrían de conducir a la firma, el 23 de agosto, del pacto de no agresión entre Alemania y la URSS. Algunos autores consideran que tales negociaciones sólo se iniciaron cuando el fracaso de las franco-anglo-soviéticas fue evidente, aunque parece que tal posibilidad empezó a vislumbrarse, bien que en un grado muy tentativo, a finales de julio. Lo que ofrece menos dudas es la causa del espectacular giro soviético: las experiencias anteriores y la dilatoria actitud británica le hacían desconfiar profundamente de las potencias democráticas. Podía temer también que éstas, Inglaterra especialmente, intentasen desviar hacia la URSS la agresividad alemana. La misma Unión Soviética estaba sometida a la presión japonesa en el Extremo Oriente —ese mismo verano hubo de rechazar con éxito una agresión del Japón en la zona— y quería liberarse en consecuencia de la perspectiva de una guerra en dos frentes.

Con el Pacto Ribbentrop-Molotov de no agresión, Stalin quería eludir la guerra y, en el peor de los casos, ganar tiempo. Pero fue acompañado de unas cláusulas secretas de naturaleza menos defensiva. Según estas, Polonia quedaría repartida con la anexión soviética de las zonas orientales, algo más de las perdidas en 1921. Estonia, Letonia y Finlandia quedarían en la «zona de interés» soviética. Lituania quedaba en la esfera alemana, aunque en un acuerdo posterior fue atribuida a la soviética.

El pacto germano-soviético y la inmensa conmoción que provocó en todo el mundo cambiaron radicalmente el escenario. Indignados por la actitud alemana, los japoneses empezaron a buscar su propio acuerdo con la URSS. Mussolini intentó desesperadamente una mediación al objeto de evitar una guerra para la que no estaba preparado. Por primera vez, Inglaterra, y con ella Francia, mostró determinación en el cumplimiento de sus compromisos. Liberado de la eventualidad de una guerra en dos frentes, Hitler lanzó el ataque contra Polonia. Dos días más tarde, Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. La guerra había comenzado.

El pacto germano-soviético había conducido finalmente a la guerra culminando así un largo camino en el que la voluntad resuelta de unos —nazis y fascistas— encontró su mejor aliado en las vacilaciones, incoherencias y contradicciones de quienes querían evitarla a cualquier precio. Por el momento, la Alemania nazi y la Unión Soviética se atuvieron a su papel. De potencia agresora con objetivos ilimitados, la primera. De potencia agresora con preocupaciones defensivas y a la vez anexionistas, la segunda. En menos de un mes (1 al 28 de septiembre) los ejércitos alemanes derrotaron y liquidaron toda resistencia. Estaban mejor preparados y pudieron disponer de su superioridad en carros de combate y aviones frente a un ejército polaco que en ocasiones no tenía más resistencia que oponer que la de ataques suicidas de su caballería. Fue una breve y contundente campaña en la que se apreciaron ya dos de los rasgos esenciales de las guerras de Hitler. Por una parte, la estrategia de la guerra relámpago destinada a destruir rápidamente las defensas enemigas, con un número limitado de bajas previas y sin un elevado coste económico. Por otra, las estrategias de anexión-ocupación de los territorios conquistados en la perspectiva de la construcción del espacio vital. Así, Alemania se anexionó de inmediato todos los territorios perdidos al final de la Primera Guerra Mundial, los amplió y estableció para el resto un Gobierno General para Polonia que inició de inmediato el extermino de su clase dirigente, de intelectuales y judíos, el establecimiento de los trabajos forzados y el saqueo de su economía. Eran las dos caras de la estrategia alemana para la guerra. La conciencia de sus carencias de materias primas, exigía las victorias rápidas y la financiación por los conquistados del esfuerzo de guerra. El recuerdo de la Primera Guerra Mundial y, el obsesivo, de la revolución de noviembre de 1918 hacía que Hitler quisiera ahorrar a la población alemana las consecuencias de una guerra total.

También la Unión Soviética se adjudicó enseguida su parte del botín. El 17 de septiembre, el ejército soviético invadía Polonia y anexionaba los territorios acordados con Alemania, no sin proceder a una sanguinaria represión de la que es buena muestra el asesinato de más de cuatro mil oficiales polacos en Katlin. No tardaría en proceder a la anexión de los países bálticos. Con el pretexto de la indefensión estratégica de Leningrado exigió unas rectificaciones fronterizas a Finlandia y, ante su negativa, lanzó un ataque que se encontraría, no obstante, con una resistencia superior y más efectiva de la esperada. De este modo la guerra soviético-finesa (noviembre de 1939-marzo de 1940) se convertiría sorprendentemente en el segundo escenario de la guerra, con unos alemanes que dejaban hacer a los soviéticos y unos aliados occidentales más preocupados por el momento de enviar tropas a Finlandia que de combatir al país, Alemania, al que habían declarado la guerra. La Unión Soviética, después de mostrar al mundo las debilidades de su ejército y para evitar el encuentro con franceses y británicos, concertó con Finlandia la paz de Moscú por la que obtenía algunas de las reivindicaciones deseadas en la zona de Carelia. Al mismo tiempo estrechó sus lazos con Alemania. Un nuevo pacto germano-soviético cerró los «flecos» del reparto anterior, se firmó un acuerdo de cooperación económica y Stalin no tuvo el más mínimo reparo a la hora de entregar a muchos comunistas alemanes que se habían refugiado en la URSS.

Más difícil de explicar es la actitud de las democracias occidentales, cuya declaración de guerra a Alemania no fue acompañada de iniciativa bélica significativa alguna. Se ha considerado que esta obedecía a una preocupación estratégica que constituía la antítesis misma de la alemana de la guerra relámpago y decisión rápida del conflicto. Conscientes de su superioridad en el terreno de los recursos industriales y materias primas, los aliados optaron por una estrategia defensiva basada en un rearme masivo —de hecho muy superior desde el principio al alemán— para pasar después a la ofensiva desde la perspectiva siempre de una guerra muy larga. La otra cara de esta moneda, sin embargo, parece sugerir la existencia de motivos complementarios. La mayor voluntad de combatir a la URSS antes que a Alemania se tradujo, no solo en el envío de tropas a Finlandia, sino también en la elaboración de planes para amenazar los yacimientos de petróleo soviéticos en Bakú. En Francia, la búsqueda de la cohesión interna pareció orientarse por los viejos senderos de la persecución del enemigo interno en el marco de una auténtica involución autoritaria. No sólo fueron perseguidos los comunistas, lo que podía encontrar una justificación en su apoyo a la política exterior de la URSS, sino que fueron acosados también los refugiados antifascistas o judíos de distintas nacionalidades. Antes del hundimiento de junio de 1940, la Francia republicana parecía estar alejándose irremisiblemente de sus fundamentos democráticos y universalistas.

El hundimiento llegó después de una serie de movimientos que confirmaron tanto la mayor determinación de Hitler como la conciencia de todos los contendientes acerca del peso determinante de los recursos en la guerra. Las tropas anglo-francesas desembarcadas en Noruega para asistir a Finlandia podían constituir una amenaza también para los suministros de mineral de la neutral Suecia a Alemania. En respuesta a esta amenaza, Hitler ordenó la invasión de Dinamarca, que se llevó a cabo a partir del 9 de abril de 1940 sin encontrar gran resistencia, y, sucesivamente, la de Noruega. Los aliados hubieron de retirarse de ésta. Reforzadas sus posiciones estratégicas desde la perspectiva de la guerra naval, Alemania desencadenó su gran ofensiva (10 de mayo) a través de Holanda y Bélgica, que capitularon en apenas dos semanas, mientras que un ejército aliado —más de 300.000 hombres— pudo escapar cruzando desde Dunkerque el Canal de la Mancha. Inmediatamente después (5 de junio) se desencadenó desde estos países la ofensiva sobre Francia. Eludiendo así la muy fortificada línea Maginot y repitiendo la estrategia de la guerra relámpago de Polonia, los ejércitos alemanes avanzaron rápidamente sobre París, que caería el 14 de junio. Unos días después, el 22 de junio, se firmó un armisticio que suponía la ocupación de tres quintas partes del territorio francés —el Norte y toda la zona atlántica—. El resto, con el Imperio colonial, quedaba constituido como la «Francia libre» con capital en Vichy.

El Parlamento francés aprobó por abrumadora mayoría las condiciones del armisticio y pronto el fautor del armisticio, el general Petain, sería proclamado Jefe de un Estado que se pretendía de la «Revolución Nacional», que abominó de toda la tradición republicana y que en nombre del «trabajo, la familia y la patria», buscaría inspiración en las dictaduras de Salazar y Franco. En apenas un mes, en los planos exterior e interior, Francia se había precipitado en el abismo. Unas estrategias militares conservadoras directamente inspiradas en la Gran Guerra e incapaces por ello de hacer frente a la guerra relámpago alemana, una cúpula militar lastrada por la obsesión anticomunista y la profundidad de las fracturas internas se habían combinado para producir ese resultado. Sólo algunos militares jóvenes en torno al general De Gaulle, que se refugió en Londres para llamar desde allí a la resistencia, y algunos brotes internos se salvaron de la claudicación moral. La inmensa mayoría de los franceses intentó simplemente sobrevivir.

El éxito impresionante de las armas nazis activó también las ansias belicistas de otros Estados, de Italia especialmente. Las guerras de Etiopía y España habían consumido algunas de las mejores reservas del ejército italiano, de modo que, como Mussolini había advertido a Hitler ya en 1939, Italia necesitaba un respiro antes de poder lanzarse a una guerra general. Consecuentemente, cuando ésta estalló Italia hubo de refugiarse en una posición de «no beligerancia», una fórmula a mitad de camino entre la neutralidad y la intervención con el aliado tudesco en cuanto las circunstancias lo permitieran. Para un régimen que no había cesado de cantar las excelencias de la guerra esto tenía un ineludible aire de fracaso y el mismo Mussolini llegó a experimentarlo como una «traición» hacia el aliado. Con la fulminante derrota de Francia, todas las vacilaciones concluyeron y las resistencias de los sectores más conservadores de la alianza en el poder fueron orilladas. Ahora, en junio de 1940, Italia declaró la guerra a Francia e Inglaterra y el Duce pudo proclamar el ajuste definitivo de cuentas con las potencias «plutodemocráticas». En la práctica, esto se tradujo en un poco glorioso ataque contra la postrada Francia. Esta, en efecto, resistió e incluso pasó al contraataque antes de que el 24 de junio se firmara un armisticio.

La estrategia de Hitler se basaba, como se vio, en la neutralización de Francia y el logro de un cierto acuerdo con Inglaterra. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que Hitler permitiera la salida de Dunkerque al objeto de facilitar una negociación. Pero la reacción británica fue en la dirección contraria. Chamberlain dimitió y se formó un gobierno de coalición nacional encabezado por Churchill que se orientó hacia la resistencia a ultranza y la lucha hasta el final. La conquista de Inglaterra —operación León Marino— se convirtió por tanto en el siguiente objetivo de Hitler, quien para prepararla lanzó una campaña de bombardeos masivos e indiscriminados sobre las principales ciudades inglesas. Coventry fue destruida y los daños materiales y víctimas humanas en otras ciudades fueron también altísimos. Pero la Batalla de Inglaterra, iniciada en el otoño de 1940, sería ganada por ésta. La mayor capacidad británica de producción de cazas y bombarderos terminó por asegurar la victoria en el aire. La operación León Marino hubo de ser indefinidamente aplazada.

La formidable y en buena parte inesperada resistencia británica desplazó el eje del conflicto hacia el Mediterráneo y los Balcanes. También en el norte de África los británicos habían mostrado su determinación bombardeando en el mes de julio la flota francesa, allí refugiada, para evitar su eventual utilización por Alemania. En la misma zona, resistieron con éxito el ataque italiano lanzado desde Libia en dirección a Egipto en el mes de septiembre y lanzaron después una contraofensiva que conduciría a la pérdida italiana de Tobruk, Bengasi y la Cirenaica en febrero de 1941. Sólo la intervención de las tropas acorazadas (Afrikakorps) al mando del mariscal alemán Edwin Rommel consiguió revertir la situación y recuperar la mayor parte de la Cirenaica, aunque no Tobruk, dos meses más tarde. También en el cuerno de África los italianos se lanzaron a la ofensiva conquistando las Somalias francesa e inglesa, solo para cosechar una serie de derrotas posteriores que conducirían a la pérdida de Etiopía (abril-mayo de 1941). Esto suponía el fin del imperio italiano pomposamente proclamado cinco años antes. Alternativamente, las victorias inglesas, completadas con la imposición del control total en Oriente Medio, permitían mantener abiertas todas las comunicaciones de su Imperio.

También en los Balcanes la estrategia italiana de una guerra paralela que compensara los éxitos y conquistas alemanas concluyó en un rotundo fiasco que, lejos de reforzar la apetecida autonomía italiana, terminó por reforzar su casi completa subordinación al aliado nazi. El fracaso del ataque lanzado sobre Grecia en octubre de 1940 propiciaría además el desembarco de tropas británicas en la zona. Mientras tanto, Alemania había ido tejiendo una red de alianzas con Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Yugoslavia que le aseguraban el control de la zona. La defección de esta última a raíz de un golpe de Estado en marzo de 1941 y la potencial amenaza que para los yacimientos petrolíferos rumanos suponía la presencia británica conducirían a la imposición total de Alemania en la zona. En apenas un mes Yugoslavia fue conquistada y desmembrada. Se proclamó un Estado independiente y filofascista en Croacia, que llevaría a un auténtico genocidio de servios (entre 350.000 y 750.000, según las fuentes, fueron asesinados). Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria hicieron valer sus propias reivindicaciones; y lo que quedaba de Servia quedó bajo la administración de un gobierno satélite. También en Grecia el ataque de Alemania y sus aliados concluiría en una rotunda victoria. Como resultado, a la altura de mayo de 1941 había desaparecido toda presencia inglesa en el continente europeo.

La campaña de Rusia

A pesar de todas sus victorias en el continente, la estrategia de Hitler de la guerra rápida había venido a fallar por la resistencia de Inglaterra. Esta mantenía intactas sus rutas de comunicación imperiales, con todo lo que suponía en materia de abastecimiento y materias primas. Podía contar además con el apoyo, en principio solo económico, de los EE.UU., en palabras de Roosevelt, el «arsenal de la democracia». La guerra sería pues larga. Un ulterior intento de Hitler para arrastrar a la URSS a la guerra con Inglaterra con la promesa del reparto de sus posesiones asiáticas había tropezado con las más prosaicas y europeas pretensiones de Stalin de asegurar y extender su control en la Europa Oriental y los Balcanes (Turquía). La respuesta de Hitler a esta situación fue la activación de los planes de ataque a la Unión Soviética —la «Operación Barbarroja,» inicialmente prevista para el 15 mayo de 1941—. Confiando en una rapidísima victoria en apenas tres o cuatro meses, Alemania se aseguraría el control de amplias zonas cerealísticas, podría llegar a controlar el petróleo soviético del Cáucaso y atacar desde allí el Imperio británico. Significativamente, esta era otra forma de llegar al cumplimiento del que siempre había sido el objetivo último de la política exterior nazi: la conquista del espacio vital a costa fundamentalmente de la URSS. Suponía también la posibilidad de aplastar definitivamente a la tríada de los enemigos raciales e ideológicos de siempre: los eslavos «subhumanos», los judíos y los comunistas que se querían presentar, además, como una y la misma cosa. Hitler pudo enarbolar, en fin, la bandera del anticomunismo y presentar la guerra como una gran cruzada europea contra la barbarie comunista y asiática. No en vano las tropas alemanas que penetraron en Rusia serían pronto acompañadas por las de sus aliados italianos, rumanos, húngaros, eslovacos, además de las expediciones de voluntarios francesas, belgas o españolas —la «División azul»—. Las Wafen-SS se convertirían de hecho en un ejército multinacional.

El 22 de junio de 1941, sin declaración previa de guerra, la mayor fuerza de invasión jamás reunida penetró en territorio soviético: más de 3.000.000 de hombres, 3.350 tanques, unos 7.000 cañones, más de 2.000 aviones. Tomadas por sorpresa, las fuerzas soviéticas se descompusieron y sufrieron unas pérdidas enormes que en sólo tres semanas se asemejaban ya a la entidad del ejército invasor (2.000.0000 de hombres, 3.500 tanques, más de 6.000 aviones). La estrategia de la guerra relámpago con penetraciones en profundidad que permitían rodear a auténticos ejércitos enemigos propició que los prisioneros soviéticos pudieran contarse por cientos de miles. En los tres meses siguientes, las bajas soviéticas siguieron creciendo a un ritmo espectacular. Para entonces los ejércitos alemanes se habían situado a las puertas de Leningrado, Moscú y Sebastopol, lo que suponía el control de los Países Bálticos, Bielorrusia, Ucrania y buena parte de la Rusia Europea.

Esta cadena espectacular de victorias se debía, desde luego, a la propia estrategia alemana, pero también a las carencias soviéticas. A pesar de que el Kremlin había recibido decenas de informaciones acerca de la inminencia del ataque alemán, Stalin las había ignorado sin apreciar en ellas más que tácticas provocadoras, conspirativas y de desinformación. Unos años antes, las purgas habían diezmado los cuadros del propio Ejército Rojo. Sumido en el caos, éste empezó a comportarse en el modo en que Hitler, pero también la mayoría de los observadores y estadistas occidentales había imaginado, esto es, como un ejército terriblemente débil y desorganizado. Víctimas del terror estalinista de la década anterior, amplios sectores de las poblaciones no rusas, en Ucrania especialmente, estaban predispuestos a acoger a los alemanes como liberadores.

Pero las tempranas victorias alemanas portaban también las semillas de su propio fracaso. Nunca se habían conquistado tan rápidamente tantos y tan grandes espacios, pero cuanto más avanzaban las tropas alemanas más descubrían la inmensidad de los que quedaban por delante. Los problemas de abastecimiento, apenas influyentes en las anteriores campañas victoriosas, se multiplicaron. Pronto aparecieron problemas con los suministros de combustible. El grueso del ejército invasor estaba constituido por una infantería que avanzaba a pie, con ritmos al principio agotadores y, pronto, sencillamente insoportables. Cuando llegaron las lluvias en otoño, las dificultades para la movilidad de las fuerzas motorizadas se multiplicaron y los cada vez más necesarios recambios empezaban a escasear. Con la llegada del «general invierno» la situación se complicó más aún. Los motores congelados de tanques y aviones debían ser calentados encendiendo grandes hogueras. Las bajas por congelación entre la tropa superaban con frecuencia a las causadas por el enemigo. Todo esto tenía mucho que ver con el modo en que Hitler había concebido el ataque. Convencido de que la victoria se alcanzaría en pocas semanas se había negado a considerar siquiera la posibilidad de una campaña de invierno. No se habían preparado reservas y la maquinaria industrial alemana apenas si había experimentado aceleración alguna. Cada vez más convencido de su genio estratégico y militar, decidió, contra la opinión de sus generales, detener la ofensiva sobre Moscú para reforzar al norte el cerco de Leningrado y avanzar en el sur hacia la cuenca del Donetz. La guerra había sido concebida además como una guerra racial de exterminio que debía ser llevada a cabo implacablemente. Comisarios políticos, judíos y partisanos debían ser entregados inmediatamente a las SS para ser exterminados en masa. Se liberó a los soldados alemanes de cualquier responsabilidad por los crímenes que pudieran cometer. El ejército alemán debía proveerse sobre el terreno de todas sus necesidades. Y millones de toneladas de trigo debían ser remitidas anualmente a Alemania, lo que suponía la muerte cierta para cientos de miles de personas. Cualesquiera fueran los resentimientos de las poblaciones soviéticas respecto del poder estalinista, no tardaron en preferirlo.

También por parte soviética se produjeron reacciones y cambios que pocos habían previsto. La movilización ideológica en sentido comunista fue importante, aunque lo fue mucho más la patriótica. Stalin acertó a la hora de llevar al paroxismo el mensaje de la patria en peligro pero esta fue en gran parte una reacción espontánea. La lucha contra el invasor movilizó a los militantes pero también a la población en general. Las filas de los partisanos engrosaron rápidamente y mostraron una gran capacidad para infligir serios golpes en la retaguardia alemana. Los soldados soviéticos mostraron una capacidad de combatir hasta la muerte que sorprendió a los generales: hubo bolsas de resistencia que resistieron semanas o incluso meses sin posibilidad de éxito alguna. El ejército soviético aplicó en su retirada una política de «tierra quemada» que dificultó aún más los movimientos del ocupante. El traslado de las fábricas soviéticas hacia los Urales garantizó la posibilidad de reemplazar el armamento perdido. A diferencia de Hitler, Stalin, por una vez, supo rectificar, rehabilitando generales y permitiendo que estos introdujeran las necesarias reformas en el Ejército Rojo. Las fuerzas soviéticas que afluyeron a Moscú desde Siberia estaban bien pertrechadas y preparadas para combatir sobre terrenos helados. Cuando los soviéticos lanzaron, el 6 de diciembre de 1941 la contraofensiva de invierno, infligiendo grandes pérdidas al enemigo y forzando algunas retiradas significativas, quedó claro que para Alemania había pasado el tiempo de la Blitzkrieg y llegado el de la guerra total.

De guerra europea a guerra mundial

Al día siguiente del comienzo de la contraofensiva soviética, el 7 de diciembre, Japón atacó por sorpresa a la flota americana en Pearl Harbour a la que causó grandes pérdidas. El día 8, EE.UU. declaró a la guerra a Japón y el 11 fueron Alemania e Italia quienes hicieron lo propio respecto de Estados Unidos. La guerra se había convertido en un conflicto mundial, si bien japoneses y soviéticos mantuvieron su pacto de neutralidad firmado en abril de ese mismo año. En realidad, se trataba de una confluencia entre dos guerras ya en curso, la europea y la asiática. Desde inicios de los años treinta, el Japón del emperador Hirohito había experimentado un giro autoritario que, sobre la base de una alianza de los grandes grupos industriales, el ejército y la marina y un nacionalismo de corte religioso (sintoísta), concluiría con la imposición de un partido único hacia 1940. Aunque el régimen no era específicamente fascista y las claves de su imperialismo haya que buscarlas en la convergencia entre el poder industrial y el militarismo, no era por ello menos agresivo que las dictaduras europeas. Sobre la base de una expansión a la vez económica y militar, había consumado la conquista de Manchuria en 1932 —donde proclamó el Imperio de Manchukuo en 1934— para embarcarse desde 1937 en una guerra de agresión y conquista en China. Aprovechando la guerra europea, ocupó en 1940 el norte de la península Indochina, desde donde podría proyectarse hacia la conquista de las inmensas riquezas en materias primas de todo el sudeste asiático. La insaciable agresividad nipona había despertado todas las alarmas en EE.UU., que habían denunciado ya en 1936 el acuerdo comercial con Japón. En 1941 declararon la congelación de los créditos a este país y un embargo sobre el petróleo y la chatarra. Se trataba de ahogar económicamente al expansionismo japonés, aunque la respuesta de este consistiera, precisamente, en la guerra.

La subsiguiente declaración de guerra de Alemania a los EE.UU. no se explica únicamente por la existencia de acuerdos previos como el Antikomintern de 1936 o el tripartito de 1940, ambos con Italia y Japón. Se trataba en realidad de reforzar la alianza con Japón en un momento en que los enemigos de Alemania podían contar ya con las poderosas reservar económicas norteamericanas. De hecho, además de activar su propio rearme, el gobierno norteamericano había modificado en 1939 su ley de neutralidad a favor de Inglaterra y sus aliados, y en marzo 1941, se aprobó una ley de crédito y arriendo (Lend and Lease Act) que permitía «vender, alquilar o prestar» todo tipo de suministros a las potencias amigas. Inglaterra fue la gran beneficiada de esta ayuda. El 12 de julio, británicos y soviéticos sellaban su alianza contra Alemania. Todavía en ese mes, fuerzas norteamericanas empezaron a instalarse en Islandia. Al mes siguiente, Churchill y Roosevelt firmaban la Carta Atlántica, germen de las Naciones Unidas pero también de la gran alianza antifascista. Aunque se ha debatido mucho acerca de la presunta irracionalidad de Hitler al declarar la guerra a los Estados Unidos, puede considerarse a la luz de los hechos expuestos que, como en el caso del Japón, se trataba de trocar en conflicto bélico abierto una guerra económica en parte ya en curso. En suma, declarando la guerra a los Estados Unidos, Alemania, como antes Japón, mostraba hasta qué punto el problema de los recursos se había convertido en central. Llevando la guerra económica, en buena parte ya en curso, al conflicto militar directo, podía esperar al menos que los Estados Unidos acusaran el desgaste de una guerra en dos frentes. El hecho de que esto supusiera la intervención de una potencia que se mostraría capaz de multiplicar su ejército por seis en cinco años (hasta los 12 millones de soldados) y de construir el mayor arsenal militar de la historia (casi 300.000 aviones, 120.000 navíos de guerra o cerca de 90.000 tanques, por ejemplo) no implicaba sino la disposición a librar en todo el globo una guerra total y absoluta. Y, por supuesto, en todos los terrenos: en el militar, en el de la movilización y conquista de recursos económicos, en el de la explotación de la población civil y los trabajos forzados, en el que conduciría al exterminio físico de los judíos y otras minorías.

En 1942, los ejércitos del tripartito pasaron a la ofensiva en todos los frentes. A través de la utilización coordinada de la aviación, la marina y el ejército y aprovechando el efecto sorpresa, Japón avanzó espectacularmente en todas las direcciones. A principios de mayo de 1942 había conquistado ya Filipinas y todas las indias holandesas (Indonesia). La península Indochina, Singapur y Birmania estaban igualmente en su poder y la alianza con Tailandia le permitía amenazar directamente a la India británica. Con el avance en las islas Aleutianas al Norte, las conquistas de Guam y Wake en el centro, y de las Salomon y una parte de Nueva Guinea en el Sur, parecía asegurarse el control de una amplia zona del Pacífico. Todo ello le permitiría además explotar unas inmensas reservas de materias primas, combustibles y alimentos. Sin embargo, la resistencia china, la aliada en la India y las batallas navales del mar de los Corales y de las islas Midway (mayo-junio), junto al desembarco norteamericano en Guadalcanal (agosto), mostraban que las espectaculares victorias japonesas estaban alcanzado su tope.

También en el norte de África las tropas del eje pasaron a la ofensiva a principios de 1942, reconquistando Bengasi, El Gazala y Tobruk y penetrando en territorio egipcio hasta que fueron frenados en El Alamein (junio de 1942). En lo que iba a ser el escenario decisivo de la guerra, en la URSS, los alemanes recuperaron la iniciativa avanzando hacia el sur en busca de los campos petrolíferos de Bakú, conquistando Sebastopol en mayo y lanzando un formidable ataque sobre Stalingrado que les daría el control de la práctica totalidad de la ciudad. Pero no consiguieron expulsar a los soviéticos hasta la otra orilla del Volga (noviembre de 1942). También en este terreno los ejércitos del tripartito estaban alcanzados sus límites y pronto empezarían las contraofensivas aliadas en todos los frentes.

La Europa de Hitler. Explotación, resistencia y genocidio

Desde el primer momento del conflicto, los aliados movilizaron todos los recursos económicos en la perspectiva de lo que habría de ser una guerra larga y total. La Alemania nazi, no. La estrategia de la guerra relámpago presuponía que los costes para la población alemana debían ser los mínimos. De hecho, todavía en 1942 la producción no bélica rondaba en Alemania el 90 %, los salarios reales no habían disminuido, el trabajador alemán era el mejor alimentado de toda Europa y Hitler se seguiría negando a la incorporación de la mujer al trabajo. Hasta muy tarde el Estado alemán y racial del bienestar siguió siendo una realidad. La otra cara de la moneda consistía en que eran las poblaciones de los territorios ocupados las que debían financiar este bienestar y el mismo esfuerzo bélico. La guerra de Hitler se convirtió en consecuencia en una guerra de saqueo y rapiña. Cuando a partir de 1942 se desvanecieron las ilusiones acerca de la guerra rápida, Alemania hubo de proceder finalmente a la movilización total de los recursos: introduciendo una racionalización y elementos de sólida planificación donde antes había caos, Albert Speer consiguió llevar al máximo la capacidad de producción bélica de la industria alemana, que alcanzaría su cenit precisamente cuando, hacia 1944, la suerte de la guerra había ya cambiado. Pero ese esfuerzo supuso también un gigantesco paso adelante en la explotación de Europa. En una de sus más nítidas manifestaciones, este saqueo se manifestó en lo relativo a la mano de obra. Hasta 8 millones de trabajadores extranjeros eran ocupados en la industria alemana en 1944. Entre ellos había voluntarios, pero muchos procedían de una auténtica caza y captura del trabajador en los países ocupados, y los prisioneros de guerra se contaron por millones. En este punto, sin embargo, las diferencias en el tratamiento de los pueblos de la Europa Occidental y de la Oriental serían abismales.

La rapiña en los países occidentales quiso descansar en la colaboración con las autoridades locales. Aunque el reclutamiento forzado de trabajadores así como el expolio de alimentos y productos industriales fue una práctica habitual, Albert Speer se esforzaría por introducir un principio de racionalidad económica en el proceso: la explotación de los recursos naturales, industriales y humanos in situ podía reportar muchos más beneficios a Alemania que el expolio directo. Ello presuponía incluso una cooperación y coordinación económica con las administraciones y los grandes grupos industriales de los países occidentales ocupados. La idea de una gran área económicamente integrada pudo venir así a reforzar la propaganda de una nueva Europa unida, la Europa de Hitler. Y es cierto que esta sería una de las bases del colaboracionismo de funcionarios e industriales, que, bien desde el principio del «mal menor», bien desde supuestos abiertamente reaccionarios, pudieron sentirse especialmente cómodos en la nueva situación. Pero en realidad se trataba de un expolio por otros medios. Los gastos de la ocupación debían ser pagados por los países ocupados, un porcentaje altísimo de sus producciones alimentarias e industriales se dirigían directamente a Alemania. La característica multiplicidad de administraciones rivales de la Alemania nazi pudo permitir rehuir algunas de las medidas más drásticas, pero se tradujo en general en una yuxtaposición de todos los métodos de saqueo y explotación. Buena parte del esfuerzo de guerra alemán fue aportado por la Europa occidental y el nivel de vida de sus poblaciones experimentó una importante caída.

En el plano político, los nazis intentaron respetar en un primer momento los principios del derecho internacional de ocupación buscando la colaboración con las administraciones locales. Esta sería la base del «colaboracionismo», un fenómeno generalizado pero extraordinariamente complejo y variado. Como casos extremos, cabría citar los de Noruega, donde se estableció el régimen satélite nazi de Quisling, y Dinamarca, donde se respetó su ordenamiento constitucional y democrático. En Francia, el régimen de Vichy, reaccionario y fascistizado, apostó por una política de colaboración que no careció de importantes apoyos entre la población. La mayoría de esta, sin embargo, adoptó una posición de resignación en la que la lucha por la supervivencia y la reconstrucción de una cierta normalidad constituían sus principales preocupaciones. La Resistencia fue en principio sumamente minoritaria. La del general De Gaulle era básicamente exterior y aunque los comunistas empezaron a constituir organizaciones partisanas desde mediados de 1941, su actividad fue en principio bastante limitada. En los entresijos de la colaboración se dieron fenómenos de resistencia administrativa y una cierta resistencia civil, basada en la desobediencia, y la ayuda a los perseguidos fue creciendo. En Dinamarca, este tipo de resistencia sería decisivo para salvar la vida de miles de judíos. En Francia, estos atisbos de resistencia se reforzaron con el endurecimiento progresivo de las condiciones de ocupación. Los maquisards, por ejemplo, surgieron en muchas partes como grupos informales de personas que preferían esconderse en el monte a ser reclutados forzosamente para trabajar en Alemania. A partir de 1943 la progresiva convergencia entre todas estas «resistencias» tuvo efectos multiplicadores. Aunque en el momento de la liberación de París no habría más de 50.000 personas armadas, el tejido de la resistencia alcanzaba ya en sus diversos grados a una décima parte de la población francesa. Más allá de su contribución final a la victoria, la Resistencia permitió fraguar el principio de la unidad nacional en clave patriótica y forjar un espíritu de renovación y democracia social avanzada de gran trascendencia en el futuro.

Algo similar cabe decir del caso de Italia, donde la resistencia conocería un importante desarrollo en la zona de la República de Saló. En la guerra contra el invasor alemán, que fue también una guerra civil contra los fascistas de Saló, el Movimiento de Liberación Nacional en Italia se fue configurando como un importante factor militar y político. Su carácter unitario, aunque con una indudable hegemonía comunista, su radicalismo social y su afán de independencia respecto del gobierno del sur no dejarían de constituir una fuente de preocupación para los aliados. Aunque aquí, como en Francia, la actitud de los comunistas, impuesta por un Stalin firmemente dispuesto a cumplir sus compromisos con los aliados occidentales, resultaría decisiva para neutralizar los impulsos más radicales. En otros dos países donde la resistencia comunista fue hegemónica, Grecia y Yugoslavia, la voluntad de compromiso estalinista tuvo un resultado dispar. En la primera, los comunistas fueron aplastados por los ingleses en el momento de la liberación. En la segunda, su fuerza militar autónoma les permitió rehuir las presiones de Stalin y hacerse con el dominio completo del poder.

En la Europa oriental el régimen de ocupación no fue sólo radicalmente distinto del de la occidental, sino que constituyó además la plasmación, entrecruzamiento y concreción final de todas las líneas y dinámicas que confluían en la experiencia nazi. Así, funcionó la clave racial, en la medida que se consideraba a los eslavos, a diferencia de los pueblos occidentales, como «subhumanos». La clave ideológica anticomunista se entrecruzaría con el antisemitismo. Era allí donde radicaba el «espacio vital» que el pueblo alemán precisaba. Consecuentemente, ningún derecho era aplicable a estos pueblos, no desde luego el de ocupación ni ninguna ley internacional. Millones de polacos, rusos y ucranianos debían ser desplazados para dejar el espacio a las poblaciones alemanas. Su cultura e intelectualidad deberían ser destruidas. El nivel máximo de instrucción para sus poblaciones debía ser la enseñanza primaria o profesional, ya que como afirmarían tanto Hitler como el jefe de las SS, Himmler, bastaría con que supieran contar hasta cien o hasta quinientos. Todos los recursos naturales debían ser expoliados sin límites. Incluso cuando se intentó establecer un principio de racionalización económica éste chocó con la previa voracidad expoliadora y destructiva. Lo que no sería óbice para que se generase un gigantesco universo concentracionario hecho de miles de campos y enclaves en los que las SS y algunos de los más grandes conglomerados industriales pudieron explotar sin límites una mano de obra esclava.

En dos aspectos cruciales la ocupación alemana del Este supuso la pura y simple extensión y radicalización de lo que era consustancial al régimen mismo. En primer lugar, el principio de la comunidad nacional popular y racial con sus dinámicas de inclusión y exclusión. En el de la inclusión, el Estado racial del bienestar se pretendió aplicar a todas las comunidades de origen alemán de esos territorios y esos criterios habrían de regir la posterior colonización de los mismos. En el de la exclusión, los extraños o ajenos a la comunidad que habían sido los judíos, gitanos, homosexuales, deficientes mentales o asociales, que habían sido ferozmente perseguidos y discriminados en Alemania, lo serían ahora hasta sus últimas consecuencias. De hecho, la misma guerra permitiría la reactivación inmediata del programa de eutanasia, por el que miles de personas fueron gaseadas. El principio de regeneración moral y racial de Alemania encontraba ahora un espacio mucho más vasto en el que aplicarse. En segundo lugar, la multiplicación de las instancias rivales propia del régimen nazi —el ejército, las SS, los gobernadores y administradores, los planificadores económicos— se traduciría aquí en un proceso de radicalización que terminaría por dar el máximo poder a la organización más identificada con las prácticas violentas y el extermino de masas, las SS.

En la articulación de todas estas dinámicas y procesos se despejaría el camino que conduciría a la «solución final». Al inicio de la guerra ésta no se concebía todavía, sin embargo, como un extermino de los judíos. De hecho, durante un tiempo se consideró seriamente la posibilidad de su expulsión de suelo europeo a través de una deportación masiva hacia Madagascar. Pero la resistencia británica frustró esta posibilidad y con la invasión del Este, el Tercer Reich iba a encontrarse con una población judía bajo su poder inmensamente mayor a la que había tenido en ningún momento. A partir de aquí el proceso que condujo al genocidio final fue tortuoso y complejo. Comisarios soviéticos y judíos fueron fusilados en masa desde el principio. Cuando las matazas se concentraban sobre poblaciones judías, con el asesinato de mujeres, ancianos y niños, el horror se trocaba en insoportable hasta para muchos de los ejecutores. Para entonces, se disponía ya de la experiencia de gaseamiento del programa de eutanasia. Y en el otoño de 1941 las SS empezaron a utilizar furgones de gaseo con judíos y prisioneros soviéticos. Junto al gigantesco campo de concentración de Auschwitz se construyó otro, Birkenau, destinado a albergar en condiciones terroríficas a prisioneros soviéticos. Fue allí donde se aplicó por primera vez en septiembre de 1943 el Zyklon-B. Tras la Conferencia de Wannsee de enero de 1942, el término «solución final de la cuestión judía» adoptó ya el significado de exterminio masivo y planificado. Pronto se construirían los campos de la muerte, de los que el de Auschwitz-Birkenau, con más de un millón de asesinados, sería el principal y más conocido. En poco tiempo la industria de la muerte se perfeccionó. Desde la organización de los trenes, a la de los campos, de la clasificación de los internados para su explotación como trabajo esclavo o para el exterminio inmediato, a las cámaras de gas y los hornos crematorios, y de ahí a la explotación económica de los restos y posesiones de las víctimas (de los dientes de oro, por ejemplo).

En apenas dos años, unos seis millones de judíos fueron exterminados. La «judería europea», estimada en once millones de personas en la Conferencia de Wannsee, había quedado reducida a menos de la mitad. Entre 200.000 y 500.000 gitanos y otras minorías raciales o sociales corrieron la misma suerte. Nunca la humanidad había conocido un horror semejante. Y, sin embargo, no hubo protestas en Alemania frente a un proceso que muchos prefirieron ignorar. Pero tampoco fue un asunto exclusivamente alemán. Fascistas letones, rumanos o húngaros mostraron un celo ejecutor incluso superior al de los nazis. La Francia de Vichy colaboró activamente en la deportación de los judíos hacia los campos de la muerte. Sin que sea en absoluto comparable, los aliados no se mostraron especialmente preocupados por lo que acaecía en los campos y aún hoy se discute por qué no procedieron a bombardearlos. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se tomaría su tiempo antes de decidirse a enfrentar cara a cara el horror.

La guerra cambia de signo

Hacia finales de 1942 la guerra experimentó un giro decisivo a favor de los aliados. La extraordinaria defensa soviética de Stalingrado había minado la moral de las tropas alemanas. Allí, en «el caldero», en la ciudad destruida, en un paisaje dantesco, se luchaba palmo a palmo por cada edificio y aun por cada ruina del mismo. Las draconianas órdenes de luchar hasta el final, hasta el último disparo, se aplicaban a rajatabla por ambos bandos. Con la diferencia, sin embargo, de que en la parte soviética iban acompañadas de una genuina y espontánea voluntad de resistencia que abrazaba a los soldados y a la población civil. La resistencia a ultranza formaba parte, además, de un ambicioso plan soviético para cercar a las tropas alemanas. Este fue llevado a cabo con éxito a partir del 19 de noviembre de 1942. Hitler, además, prohibió la retirada de sus tropas, de modo que cuando estas se rindieron el 2 de febrero de 1943 habían perdido prácticamente dos ejércitos y unos 90.000 prisioneros cayeron en manos soviéticas. Se ha considerado a Stalingrado como la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial, y no hay duda de que lo fue, al menos en el plano psicológico, decisivo en una contienda de esta naturaleza: destruyó el mito de la invencibilidad alemana; elevó extraordinariamente la moral, la autoestima y el orgullo de la población soviética; Alemania y, especialmente, sus aliados acusaron decisivamente el fiasco y en las capitales occidentales el prestigio de Stalin alcanzó su cenit. Desde el punto de vista estrictamente militar, sin embargo, fue la batalla librada en el sector de Kursk (5 al 13 de julio de 1943) la que cabe considerar como la decisiva. Allí, en el mayor combate de blindados de la historia —más de 5.000 carros de combate entre ambos contendientes— se decidió la suerte de la guerra en el frente oriental. A partir de entonces el avance soviético se trocó en prácticamente imparable. En diciembre de 1943 habían avanzado cientos de kilómetros en la zona central, recuperado la cuenca del Donetz y alcanzado el Dnieper. En la primera mitad de 1944, rompieron el frente de los Balcanes, recuperaron Bielorrusia y llegaron a las puertas de Varsovia. Allí, en uno de los episodios más trágicos y debatidos del conflicto, se detuvieron mientras los nazis aplastaban el levantamiento de la ciudad (agosto-octubre). Existen pocas dudas de que la inactividad soviética tenía una clara intencionalidad política: puesto que el levantamiento había sido ordenado por el gobierno filo-occidental en el exilio, su triunfo iría en detrimento de los intereses soviéticos. Por otra parte, sin embargo, la apuesta polaca no dejaba de tener un alto riego. Las vacilaciones occidentales era una de las caras del mismo. Sobre todo, el levantamiento, pretendía a un tiempo anticiparse a la llegada del Ejército Rojo y recabar su ayuda. En cierto modo, en Varsovia se estaba jugando ya una de las grandes cuestiones de la posguerra.

Mientras los soviéticos sufrían el cerco de Stalingrado, los aliados habían pasado a la ofensiva en julio en El Alamein y recuperado la Cirenaica en noviembre. En ese mismo mes se producía el desembarco angloamericano en el norte de África (Operación Torch), que sería pronto seguida por la capitulación y cambio de bando de las tropas francesas de Vichy. Poco después caía la Tripolitania y, en mayo de 1943, se producía la rendición de las tropas del Eje en África. Tres meses después desembarcaban en Sicilia, lo que provocaría la caída de Mussolini el 19 de julio, la constitución de un nuevo gobierno y la firma del armisticio con los aliados (8 de septiembre). Con el rescate de Mussolini por tropas alemanas y la ocupación por estas de los territorios al norte de Nápoles, Italia quedaría dividida entre el gobierno de Badoglio en el sur, que declararía la guerra a Alemania en octubre de 1943, y la República Social Italiana con capital en Saló, presidida por Mussolini y absolutamente dependiente de Alemania. A lo largo de los ocho primeros meses de 1944 el avance de las tropas norteamericanas conduciría a la ocupación de la Italia central, para detenerse allí frente a la llamada «línea gótica». Comoquiera que el mando aliado no hizo secreto de su voluntad de no reemprender la ofensiva hasta la primavera, la resistencia italiana en el norte de Italia, independiente y radicalizada, quedó expuesta a los ataques de las tropas alemanas y de Saló. También en el norte de Italia se empezaban a jugar cartas que miraban hacia el futuro.

Una de las cuestiones más debatidas de la guerra es la relativa a la apertura del «Segundo Frente» en Europa a través de un desembarco anglo-norteamericano en sus costas occidentales. Pedido por la URSS desde 1941, casi suplicado a lo largo de 1942 cuando la URSS estaba soportando agónicamente el peso de los ejércitos de Hitler, el desembarco se fue postergando en el tiempo, lo que siempre hizo sospechar a Stalin acerca de intenciones ocultas de Churchill especialmente en el sentido de propiciar que alemanes y soviéticos se desangraran mutuamente. Sin que se pueda descartar absolutamente esa hipótesis, las cosas resultaron más complejas. Es verdad que ingleses y americanos insinuaron inicialmente la posibilidad de un desembarco en 1942. Posteriormente, Churchill consiguió convencer a Roosevelt de las dificultades tácticas de la iniciativa, así como de la conveniencia de golpear primero al Eje allí donde era más débil, en el norte de África. Este fue el origen de la Operación Torch, y la idea del desembarco se remitía a 1943. En agosto de 1942 Churchill viajó a Moscú para contentar a un Stalin cada vez más convencido de la «cobardía» británica. Aunque no le convenció del todo, consiguió al menos que Stalin se mostrase mínimamente satisfecho con las dos iniciativas que le comunicó: la Operación Torch y el desarrollo de una campaña masiva de bombardeos sobre Alemania capaz de destruir industrias de armamentos, infraestructuras y la moral de la población.

Este era el «segundo frente» que Churchill estaba dispuesto a ofrecer. Por supuesto, ninguno de los interlocutores mostró la más mínima preocupación por la suerte de la sociedad civil. Tampoco la mostraría un Roosevelt muy pronto fascinado por la fuerza devastadora de los bombardeos y los efectos presumiblemente resolutivos que les atribuía. Ambos líderes occidentales estaban convencidos de que ese era el modo de destruir la capacidad bélica, industrial y económica del enemigo, desmoralizar a la población y, lo que se mostraría más terrorífico en lo sucesivo, que todo ello constituía el mejor medio para acelerar la victoria y reducir al máximo las bajas propias. Desafortunadamente, no estaban en absoluto errados en este último aspecto. La guerra cobraría así una dimensión que tenía sus más directos precedentes en los practicados por las potencias europeas en sus guerras coloniales, por la aviación alemana en Guernika y Durango o por la italiana en Barcelona, saludada por Ciano como una forma nueva y muy efectiva de hacer la guerra. La paradoja estriba aquí, sin embargo, en que la brutalización de la guerra, desde esta perspectiva, corrió más a cargo de los aliados que de Alemania. Ya en el verano de 1940, Churchill había ordenado unos bombardeos sobre Berlín que tuvieron como consecuencia las conocidas represalias alemanas sobre Coventry, Londres y otras ciudades donde causaron unos 21.000 muertos. Pero lo que para Hitler eran represalias, paro los aliados era toda una estrategia. En la Conferencia de Casablanca de enero de 1943, Roosevelt y Churchill decidieron dar prioridad a la política de bombardeos al tiempo que remitían a 1944 la apertura del segundo frente. Pronto se notaron los efectos. Las ciudades alemanas empezaron a ser machacadas en ataques diurnos y nocturnos. Entre el 24 y el 29 de julio de 1943 oleadas de bombardeos redujeron a cenizas la mayor parte de la ciudad de Hamburgo, causando la muerte de 40.000 personas y dejando sin casa a un millón. Para entonces, la capacidad defensiva alemana era todavía alta y se pudo evitar la repetición de ataques tan devastadores. Pero cuando los aliados conquistaron la superioridad aérea en el cielo germano, las ofensivas alcanzaron resultados dantescos. En el último año del conflicto casi un millón de toneladas de bombas explosivas e incendiarias se abatió sobre cientos de ciudades alemanas. Casi un millón de alemanes, la mayoría civiles, perecieron. La ciudad de Dresde fue literalmente arrasada en febrero de 1945. Pero los bombardeos fueron también muy efectivos desde el punto de vista estratégico. Frenaron el rearme alemán, destruyeron buena parte de sus infraestructuras, redujeron notablemente su capacidad de respuesta en todos los terrenos. Afectaron también a la capacidad alemana para fabricar armas de represalia, como las célebres bombas volantes, V1 y V2 que, si bien consiguieron alcanzar a las ciudades inglesas estuvieron muy lejos de equilibrar la situación.

El fin de la guerra

Cuando finalmente se produjo la apertura del segundo frente, con el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944, los bombardeos habían hecho su trabajo. Aunque la resistencia alemana fue dura, las tropas aliadas progresaron con rapidez hasta liberar París, el 19 de agosto y el conjunto de Francia y Bélgica hacia mediados de octubre. Tras el fracaso de la ofensiva alemana de diciembre en las Ardenas, el avance aliado se hizo ya incontenible hasta alcanzar en abril de 1945 las líneas previamente pactadas con los soviéticos. Estos, a su vez, habían conseguido, con sus ofensivas de enero y febrero de 1945, conquistar el territorio polaco y, con la de abril, contactar con los aliados occidentales en Alemania y Austria, al tiempo que completaban (24 de abril) el cerco de Berlín. A lo largo de estos avances, los soviéticos encontraron una gran resistencia. La población huía aterrorizada y las tropas luchaban desesperadamente. Unos y otros temían cuanto la propaganda nazi había dicho acerca de los bárbaros eslavos comunistas. Muchos eran conscientes del odio y el afán de revancha de unos soldados soviéticos que conocían de primera mano las atrocidades cometidas por los nazis en su país. Desgraciadamente, algunos de los temores se confirmaron. Aunque las tropas soviéticas siguieron dando muestras de gran heroísmo y con frecuencia dispensaron un buen trato a las poblaciones, se abandonaron también a excesos criminales contra la población civil. Las principales víctimas serían las mujeres: más de un millón fueron violadas. Unas cien mil, sólo en Berlín tras su caída.

Apenas tres días separaron la capitulación alemana en el norte de Italia, el 28 de abril, de la de Berlín. Sólo dos la desaparición de Mussolini y Hitler. Ninguna de las dos fue especialmente gloriosa, aunque las diferencias fueron notables. Mussolini se había convertido ya en un dictador títere en una Italia, la del norte, donde la Resistencia amenazaba con convertirse, para disgusto de los aliados, en la gran referencia política para el futuro. Fue un grupo de partisanos el que procedió a la detención y fusilamiento del Duce. La caída de Berlín fue muy distinta. Allí se libraría una feroz batalla con enormes pérdidas por ambas partes, con un sufrimiento inmenso para la población civil y con una ulterior y definitiva confirmación de la inmensa capacidad destructiva y autodestructiva del Tercer Reich. Encerrado en su búnker, Hitler se empeñó en una resistencia a ultranza que reflejaba bien una de las características de la ideología fascista: el renacimiento ilimitado de la patria podía volverse contra ella, contra sus ciudadanos, si estos no estaban a la altura del ideal perseguido. Si en algún momento posterior Alemania debía resurgir de sus cenizas era preferible que en el momento de la derrota éstas se extendieran por doquier. En marzo, Hitler había decretado la destrucción de todas las infraestructuras e instalaciones militares e industriales en la retirada de sus ejércitos y una resistencia a ultranza basada también en la persecución hasta la muerte de quienes incumplieran las órdenes. Ya en Berlín y en el marco de la descomposición total del ejército y la administración, ello se tradujo en una auténtica caza al desertor, al «traidor» o al simple sospechoso que añadiría miles de víctimas a la carnicería final. El caos que se instaló en el Búnker, con órdenes contradictorias y escenas dantescas —borracheras y orgías, incluidas— vino a constituir también una especie de síntesis terminal de lo que había sido el Behemot nazi y del modo en que operaba en él la voluntad del Führer. Tras arrastrar a su país y a su pueblo a la destrucción, el mismo Hitler decidió poner fin a su vida el 30 de abril. Lo mismo hizo uno de sus más fieles seguidores, Goebbels, quien no dudó en arrastrar consigo a su mujer y sus hijos. Los días 7 y 8 de mayo, Alemania capitulaba definitivamente ante los aliados occidentales y los soviéticos, respectivamente.

Tras la capitulación alemana, sólo restaba la de Japón. En aquel frente las ofensivas norteamericanas iniciadas en julio de 1943 habían permitido sucesivamente la recuperación de Nueva Guinea, Birmania y Filipinas. En febrero de 1945, en la batalla de Iwojima se combatió por primera vez en territorio japonés. Pero la resistencia japonesa era encarnizada y la multitud de islas en que habrían de dispersarse los combates generaba un altísimo número de víctimas por ambas partes. En estas condiciones el ejército norteamericano recurrió masivamente, llevándola hasta sus últimas consecuencias, a la estrategia de los bombardeos practicada en Europa.

Afirmada su superioridad sobre la japonesa desde 1943, la aviación norteamericana desencadenó una serie de auténticas tormentas de fuego contra las ciudades japonesas. Decenas de ellas fueron destruidas, cientos de miles de casas se convirtieron en cenizas, más de ocho millones de aterrorizados japoneses abandonaron las ciudades, las industrias japonesas acusaron el impacto y pocos podían dudar ya de que Japón había perdido la guerra. Significativamente, algunas ciudades se libraron de las tempestades de fuego. Pronto se advertiría la razón. Sobre una de ellas, Hiroshima un solo avión descargaría una única bomba. Pero era una bomba atómica cuyo poder de devastación rozaba para la mentalidad de la época lo inimaginable. En apenas segundos, desapareció la mitad de la ciudad y pronto se contaron 100.000 víctimas, aunque los efectos sobre la población se prolongarían por décadas. Tres días después, el 9, otra bomba atómica lanzada sobre Nagasaki tendría similares efectos devastadores. El día 8, la URSS había declarado finalmente la guerra a Japón. Una semana más tarde se producía la capitulación final de éste.

Se ha especulado mucho acerca de si el lanzamiento de la bomba atómica tenía o no una motivación antisoviética, si encerraba una suerte de advertencia hacia la URSS para el futuro. Y es, desde luego, rigurosamente cierto que los EE.UU. estaban firmemente decididos a que Japón quedara en su exclusiva zona de influencia. Pero contó también la voluntad de abreviar el fin de la guerra y ahorrar vidas propias. Y, por supuesto, el afán de experimentación. De lo que no hay duda, en fin, es que la Segunda Guerra Mundial concluía con la última y más apocalíptica de las demostraciones de que el máximo de civilización técnica e industrial podría conducir también al máximo de barbarie.

Conclusiones

La Segunda Guerra Mundial fue la culminación de un proceso de barbarización iniciado en la Primera. Hubo unos 55 millones de víctimas, la mayoría entre la población civil. La guerra alemana de exterminio en el Este condujo a la muerte a millones de rusos y polacos. Los bombardeos aniquilaron a más de un millón de personas. Los prisioneros cayeron en masa (3 millones de soviéticos en los campos nazis). Los desplazamientos masivos de población, tanto como de los prisioneros, en la guerra y en la inmediata posguerra, se convirtieron con frecuencia en un camino hacia la muerte. El tributo de sangre de polacos (6 millones) y alemanes (unos 5 millones) fue enorme, aunque fue la Unión Soviética, con más de 20 millones de muertos, el país más castigado. Por el contrario, el número de víctimas norteamericanas (unas 300.000), británicas e italianas (cerca de 400.000 en ambos casos) fue relativamente bajo. Se podría añadir a este listado trágico, la suerte de millones de desaparecidos, de las decenas de millones de heridos o la de todos aquellos que perdieron su hogar.

Ninguno de los contendientes fue ajeno a este despliegue de la barbarie. Los bombardeos aliados contra los núcleos urbanos mostraron que prácticas que parecieron monstruosas en la Gran Guerra podían ser llevadas a límites impredecibles e incluso inimaginables. La Unión Soviética no fue, aunque sólo en los primeros momentos, menos cruel con los polacos de lo que lo estaban siendo los nazis. En su camino final hacia Berlín reprodujeron de forma ampliada algunas de las prácticas más inhumanas de todas las guerras. Aunque liberaron a cientos de miles de personas de los campos nazis, muchos de ellos fueron a parar después al gulag. Pero si estas actitudes y prácticas de los aliados apuntan a la culminación destructiva, por una u otra vía y reforzada por el poder de la técnica, de las peores experiencias de las guerras del pasado, las de los nazis se sitúan en una constelación distinta. Su política de exterminio de las poblaciones del Este por motivos raciales casi desborda la capacidad de comprensión de la mente humana. La del exterminio de casi seis millones de judíos y de otras minorías la supera por completo. La construcción de un auténtico universo fabril en el que el desarrollo tecnológico, la organización industrial y la maquinaria administrativa se aplicaron a la producción directa de la muerte conforma una experiencia de la que la humanidad aún no se ha recuperado.

En cierto modo, sin embargo, el hecho de que la humanidad hubiera tocado los límites de la barbarie serviría también para revertir el proceso en esta dirección iniciado con la Gran Guerra. Esta fue seguramente otra de las consecuencias decisivas del segundo conflicto mundial. Ya no fue posible después de ella exaltar la guerra o, simplemente, banalizarla. Los responsables del lanzamiento de la bomba atómica quedaron ellos mismos horrorizados por sus efectos devastadores. Aunque la amenaza de la destrucción nuclear siguió planeando sobre la humanidad, nadie estuvo ya dispuesto a alabar sus «virtudes» potenciales. Si bien se siguieron utilizando medios de destrucción masiva, contra las poblaciones del Tercer Mundo especialmente, una cierta conciencia moral de las sociedades postbélicas pudo oponerles frenos importantes. La vuelta a las peores experiencias del estalinismo en la victoriosa URSS no tardó, tras la muerte del déspota, en encaminarse hacia prácticas ciertamente dictatoriales, pero ya no criminales. Sobre todo, la humanidad tomó conciencia de que un Auschwitz no debía repetirse jamás.

Otros aspectos relacionados con la guerra marcharon en la misma dirección. El espíritu de la Resistencia especialmente, por mucho que pudiera desvanecerse en buena medida, marcó el terreno ya incuestionable de que la ciudadanía política habría de ir acompañada también de una ciudadanía social construida sobre una serie de derechos y servicios que trascienda el marco puramente político. El fin del fascismo fue también el triunfo de la democracia. Por más que las dictaduras comunistas constituyeran una negación frontal de la democracia pluralista y parlamentaria, nadie ya, ni el Este ni en el Oeste, cuestionaría frontalmente los principios democráticos en su más amplia acepción. Incluso el fascismo contribuyó, en negativo, a esta dinámica. Éste había constituido un tipo de respuesta a la sociedad de masas que negaba la democracia tanto cuanto afirmaba la participación popular; y que, desde los supuestos de un ultranacionalismo —de base racial en el caso nazi—, potenciaba elementos fundamentales del estado del bienestar, todo ello para proyectarlo hacia la más perversa, excluyente y destructiva de las políticas. Tras su derrota, quedó más claro que nunca que la participación popular y el bienestar social eran supuestos cuya posible articulación no debería constituir nunca un atractivo para los enemigos de la democracia. Estos, reaccionarios y fascistas, fueron los perdedores definitivos de la Segunda Guerra Mundial, lo que suponía también el fin de la guerra civil europea de los treinta años. No es que los viejos reaccionarios hubieran desaparecido por completo o que lo hubiera hecho el otro gran contendiente, el comunismo. Pero los primeros no tuvieron otra opción que retirarse o emboscarse en las huestes de la democracia parlamentaria y el segundo no tardaría en acusar las contradicciones implícitas entre sus enunciados emancipadores y sus prácticas regresivas.

De hecho, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial empezaron a forjarse los problemas del mundo de la posguerra. La Gran Alianza entre las democracias occidentales y la Unión Soviética fue también una «extraña alianza». Eran dos mundos que habían estado enfrentados antes del fascismo y volverían a estarlo después. Ni unos ni otros olvidaron a lo largo del conflicto las fracturas existentes entre ellos. Los problemas y reticencias acerca de la apertura del segundo frente fue una de sus manifestaciones. Polonia lo fue de modo decisivo con el Reino Unido apoyando a un gobierno filo-occidental y la Unión Soviética al de Lublin. Pronto quedó claro que los aliados habían decidido que la Europa Occidental, y en su caso Japón, quedaría inexcusablemente en su zona de influencia. Y lo aplicaron sin titubeos en relación con Italia al excluir a la URSS de las negociaciones de paz con el país transalpino. Stalin desconfiaba tanto de las preocupaciones imperialistas británicas o del inveterado anticomunismo de Churchill como éste acerca de las ambiciones territoriales y la brutalidad de los métodos estalinistas. Cuando ambos se encontraron en Moscú en octubre de 1944 pudieron hacer frente a sus respectivas preocupaciones con el célebre Acuerdo de Porcentajes que venía a dejar la Europa centro-oriental, con la excepción de Grecia, en la zona de influencia soviética. Así que en la conferencia de los tres grandes, en Yalta en febrero de 1945, no se hizo sino ratificar unos acuerdos previos para adobarlos con una declaración de la «Europa liberada» que pretendía salvaguardar los principios democráticos en las naciones afectadas.

Todo esto apuntaba sin duda a los problemas de la posguerra. Pero no es menos significativo, y este fue un hecho decisivo para la evolución de la guerra, que los aliados fueran capaces de entenderse y colaborar. Y cuando lo hicieron de modo incontrovertible en el plano militar, el camino hacia la victoria total quedó definitivamente despejado. A través de una serie de encuentros y conferencias —desde la de Washington en 1942 hasta la de San Francisco en junio de 1945— acertaron también a poner en marcha el que sería otro de los grandes legados de la guerra: la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

No había nada de casualidad en todo ello. Pese a toda la retórica ideológica posterior, unos y otros habían llegado a comprender por entonces que el mundo se estaba enfrentando al peor de los desafíos posibles. Los soviéticos comprendieron que el fascismo era distinto, y peor, que el «imperialismo capitalista» tanto como los occidentales que el totalitarismo fascista era distinto, y peor, que el «totalitarismo comunista». Con todos sus defectos y perversiones, tenían también un lenguaje común: el de la Ilustración. Después de todo —y no se puede descartar que este fuese el último legado de la Segunda Guerra Mundial— la Guerra Fría no se convirtió nunca en un enfrentamiento militar directo. Y cuando el comunismo se derrumbó, no lo hizo arrastrando a la humanidad a una nueva guerra mundial ni cayó a consecuencia de ésta.

LA DINÁMICA ECONÓMICA

DEL PERIODO DE ENTREGUERRAS (1914-1945)

DAVID CASASSAS

La historia económica del siglo XX nace bajo el signo del fuego y la destrucción que supuso la Primera Guerra Mundial. La conformación de los mercados y de las economías que caracterizarán el desarrollo del capitalismo durante el siglo XX, con los equilibrios de fuerzas a él asociados, no puede explicarse sin atender a los orígenes y a las consecuencias, ambos de naturaleza política pero también económica, del enfrentamiento armado que se inicia en 1914.

El período de la llamada «paz armada», que se extiende entre la guerra franco-prusiana de 1870-1871 y el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, supuso la militarización de un conflicto que echaba sus raíces en la pretensión, por parte de las grandes potencias europeas, de ocupar los últimos espacios coloniales y de consolidar auténticos imperios económicos. Los cambios tecnológicos vinculados a la Segunda Revolución Industrial habían conllevado un notable incremento tanto de la producción como de la productividad, lo que impulsaba a los países europeos más industrializados, en especial a una Alemania cuyos productos ponían en jaque la anterior supremacía británica, a una lucha por los mercados mundiales que no podía sino desembocar en un conflicto militar de grandes dimensiones, conflicto que supuso una profunda alteración de los equilibrios financieros, comerciales, sociales y políticos propios del mundo de preguerra.

La financiación de la guerra se llevó a término a través de un endeudamiento irremisiblemente inflacionario. Los gobiernos de los países beligerantes abandonaron la ortodoxia financiera que caracterizó los intercambios de preguerra y se lanzaron a un acelerado proceso de incremento de la masa monetaria y de emisión de deuda pública que, al poner grandes cantidades de dinero en circulación, conllevó un espectacular aumento de la inflación y, a la postre, una pérdida del valor de la moneda en algunos casos sin precedentes.

En lo que respecta a las balanzas comerciales, las economías de los países beligerantes se vieron lastradas por unos desequilibrios que venían dados por la reconversión de sus estructuras productivas en favor de aquellos sectores que pudieran suministrar los bienes necesarios para alimentar y sostener su participación en el conflicto. De este modo, los países contendientes no tuvieron la capacidad de exportar bienes al exterior para compensar una balanza comercial que, dado el volumen de compras que se veían obligados a llevar a cabo, se mostraba altamente desfavorable.

La salida de oro de los países en contienda, pues, fueron constantes, lo que ocasionó la formación de una importante deuda externa en los países europeos, a quienes la banca norteamericana ofreció cuantiosos créditos para financiar las importaciones que se veían obligados a realizar. Fue, precisamente, su papel como principal país acreedor del mundo, junto con el potencial industrial que había logrado desarrollar sobre todo a partir de finales del siglo XIX, lo que iba a convertir a los Estados Unidos en la primera potencia económica a escala planetaria. Asimismo, la falta de recursos financieros, en concepto de deudas y reparaciones de guerra, que se preveía que llegarían de la derrotada Alemania, recursos que, como se verá más adelante, nunca llegaron, no hizo más que consolidar la nueva supremacía de Estados Unidos.

En suma, la Primera Guerra Mundial define el paso del siglo XIX al siglo XX. En efecto, una economía caracterizada por el predominio político y económico de Europa, por la agilidad de un sistema de pagos en los intercambios internacionales basado en el oro, por altos grados de movilidad del capital y del trabajo y por una muy contenida intervención del Estado en la vida económica —la de finales del siglo XIX y principios del XX fue la época de mayor repercusión político-práctica del credo económico liberal clásico— fue desapareciendo para dejar paso a otra economía, la posterior a 1918, marcada por el aumento del proteccionismo, por el fortalecimiento de grandes dinastías y corporaciones industriales en el seno de mercados tendencialmente oligopólicos —los «imperios privados» a los que se refería Hobson—, por la centralidad de los Estados en la toma de decisiones económicas —bien a menudo de acuerdo con los intereses de tales corporaciones—, por las dificultades para rearticular un sistema de pagos internacional eficiente, por la presencia de unas reivindicaciones, por parte de las clases trabajadoras, incardinadas en proyectos políticos realistamente ambiciosos —la Revolución soviética de 1917 había supuesto un acontecimiento que iba a marcar un antes y un después en el movimiento obrero internacional— y, finalmente, tras el resquebrajamiento de los imperios coloniales europeos, por la consolidación de Estados Unidos como la primera potencia económica a escala mundial. La autosuficiencia productiva de Estados Unidos, principal país acreedor, hizo infructuoso cualquier esfuerzo, por parte de los países deudores europeos, por lograr una balanza comercial favorable que pudiese conferirles divisas con las que saldar la deuda contraída.

Los problemas financieros y monetarios de la reconstrucción.

Pese a la evidencia, subrayada por economistas como John Maynard Keynes, de la necesidad de redefinir el sentido de la política económica a la luz de los cambios estructurales acaecidos a raíz del conflicto de 1914-1918, la revitalización del liberalismo económico de preguerra y la rearticulación de un sistema internacional de cambios basado en el patrón-oro se convirtieron en el objetivo comúnmente perseguido por el grueso de los países europeos, que iban tratando de levantarse de las cenizas del conflicto armado y de encontrar un espacio nuevo en el mundo naciente de posguerra. No obstante, tales aspiraciones se vieron obstaculizadas, si no bruscamente segadas, por los desequilibrios relacionados con tres fenómenos que marcaron la década de 1920: la gestión de las deudas y reparaciones surgidas de la guerra, la presencia de inflaciones e hiperinflaciones inéditas en la historia de la economía y las dificultades que conllevó el intento de restablecer el sistema del patrón-oro.

DEUDAS Y REPARACIONES

El Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919, había establecido que Alemania pagara a los países aliados, que se hallaban en una delicada posición deudora con respecto a Estados Unidos, ingentes cantidades de recursos financieros por los daños materiales y civiles causados durante la guerra, recursos que iban a ser empleados, precisamente, en la cancelación de las deudas contraídas. Pese al dudoso realismo de las decisiones tomadas en Versalles, países como Gran Bretaña y Francia vieron en ellas valiosos mecanismos que podían ofrecer réditos tanto de orden electoral como geoestratégico —se estimaba preciso bloquear cualquier posibilidad de que Alemania pudiera volver a convertirse en una potencia militar.

No obstante, la derrota militar alemana trajo consigo no sólo la pérdida de las colonias y de ricos y valiosos territorios como Alsacia, Lorena y parte de Silesia, sino también la incautación de buena parte de los rendimientos de los capitales invertidos en el exterior. En esta situación, Alemania, que en 1921, pese a todo, había pagado ya a los aliados 33.000 millones de dólares en concepto de indemnizaciones, no pudo hacer frente a una carga tan onerosa y, en 1922, enfrentada a un déficit de grandes proporciones, marcada por la falta de oro, bajo los primeros signos de las grandes inflaciones que iba a vivir en los años inmediatamente posteriores y tras infructuosos intentos de que se abriera una moratoria que permitiera ampliar el plazo del pago de la deuda, dejó de cumplir las obligaciones surgidas del Tratado de Versalles.

Este hecho dejó a los países aliados, que todavía debían pagar grandes cantidades de dinero a Estados Unidos, en una situación desesperada. Es en este contexto en el que cabe enmarcar la ocupación del valle del Ruhr por parte de Francia y de Bélgica, países cuyos gobiernos vieron en la apropiación de la riqueza que se generaba en dicha región una vía indirecta —luego se vería que infructuosa, dada la conflictividad social que esta acción originó— hacia la percepción de los recursos que Alemania parecía no estar dispuesta a satisfacer.

Tales acontecimientos precipitaron la oferta, por parte de Estados Unidos, del llamado Plan Dawes, de 1924. Por medio de este plan, Estados Unidos propuso reducir los pagos anuales exigidos a Alemania, ampliar los términos para el desembolso de tales obligaciones y, finalmente, concederle un préstamo de 800 millones de marcos-oro para que pudiera fortalecer su capacidad de pago y, a su vez, estabilizar una economía cuyos desequilibrios monetarios eran ya notorios. Asimismo, el Plan Dawes preveía la concesión a los países aliados de facilidades en el pago de sus deudas —en especial, una reducción de sus intereses—. De este modo, Estados Unidos consiguió romper el círculo vicioso que había tenido a las economías europeas maniatadas, al proporcionar capitales a Alemania para la inversión interna, al facilitar que, de este modo, dicho país se deshiciera del lastre económico y sociopolítico que suponían las deudas en concepto de reparaciones y, finalmente, al permitir que los países aliados percibieran recursos financieros con los que saldar su propias deudas con la nueva gran potencia.

Sin embargo, pocos años después, las limitaciones de tales medidas se iban a dejar notar dramáticamente. Por un lado, la centralidad de Estados Unidos en este nuevo escenario propiciaría una rápida y devastadora extensión de los efectos del crac bursátil de 1929 por toda Europa. Por el otro, la solución de continuidad del Plan Dawes con respecto a los planteamientos de fondo del Tratado de Versalles impediría atajar el sentimiento de agravio comparativo que, junto con el consentimiento y la acción de las voraces y desembridadas corporaciones industriales alemanas, iba a sembrar el terreno para que el nacionalismo hitleriano se hiciera con el poder en la Alemania de los años 30. Las palabras que Keynes, representante oficial del Tesoro británico en la Conferencia de Paz de la que había surgido el Tratado de Versalles, dejó escritas en su estudio sobre Las consecuencias económicas de la paz, que había visto la luz en noviembre del mismo 1919, no pudieron resultar más premonitorias: «La política de reducir a Alemania a la servidumbre durante una generación, de envilecer la vida de millones de seres humanos y de privar a toda una nación de felicidad, sería odiosa y detestable, aunque fuera posible, aunque nos enriqueciera a nosotros, aunque no sembrara la decadencia de toda la vida civilizada de Europa. Algunos la predican en nombre de la justicia. En los grandes acontecimientos de la historia del hombre, en el desarrollo del destino complejo de las naciones, la justicia no es tan elemental. Y si lo fuera, las naciones no están autorizadas ni por la religión ni por la moral natural a castigar en los hijos de sus enemigos los crímenes de sus padres o de sus jefes».

INFLACIONES E HIPERINFLACIONES

Los países europeos salieron de la guerra con unos sistemas monetarios altamente desequilibrados: a la caída del valor real de las monedas se sumó una profunda alteración de sus valores de cambio. La cuestión monetaria, pues, se convirtió, en los años 20, en el eje del debate acerca de la política económica.

El origen del problema radicaba en la arbitrariedad con que los países en fase de reconstrucción fijaban el valor de sus monedas, arbitrariedad que muy a menudo respondía al ansia de un supuesto prestigio nacional sin duda poco acorde con el auténtico desarrollo de sus economías reales. Algunos países —Francia, Bélgica o Italia, por ejemplo— sufrieron inflaciones comparativamente menores; otros, en cambio, se tuvieron que enfrentar a verdaderas hiperinflaciones que obstruyeron cualquier canal hacia una recuperación económica pronta y equilibrada: tal fue el caso de Austria, Hungría, Yugoslavia y, sobre todo, Alemania.

Dos son las explicaciones que, tradicionalmente, se han esgrimido para entender el fenómeno de la hiperinflación alemana. La primera de ellas apunta a que la elevada inflación que sufrió Alemania durante la década de 1920 se debió a la emisión masiva de moneda a la que el gobierno de la República de Weimar se vio obligado a recurrir ante la urgente necesidad de pagar las reparaciones de guerra y de importar materias primas para la reconstrucción del tejido productivo del país. Otros teóricos e historiadores, en cambio, sugieren que el problema de la hiperinflación arranca del déficit presupuestario que se formó en Alemania con anterioridad a la obligación de pagar reparaciones, déficit que vino dado por la necesidad de financiar la guerra y que se cubrió, también, a través de la emisión de moneda.

En cualquier caso, parece evidente que el proceso inflacionario alemán se desencadenó a raíz de la confluencia de factores de tipo económico y de decisiones netamente políticas. En efecto, la inflación alemana fue un fenómeno inducido por un importante déficit presupuestario, por un lado, y, por el otro, por la voluntad, por parte de las instancias gubernamentales alemanas, de consolidar la República de Weimar a través de una rápida recuperación económica del país, recuperación para la que la subida de los precios no sólo era vista como un mal menor subsanable a medio plazo, sino que, además, se planteaba como una fórmula apta para encarar el pago de las reparaciones con mayor facilidad.

Así, entre 1919 y 1922 las autoridades permitieron y hasta alentaron un incremento de los precios que era visto como un estímulo para que los productores, tanto agrarios como industriales, situados ante nada menospreciables expectativas de beneficios, reconstruyeran las redes de producción y de intercambio y, de este modo consolidaran un crecimiento económico del que se esperaban importantes réditos en cuanto a la consolidación y a la estabilidad del nuevo régimen político-institucional.

Pero a partir de 1922, la inflación se convirtió en hiperinflación. La resistencia pasiva de los trabajadores del Ruhr durante la ocupación franco-belga fue financiada por el Estado alemán, el cual, en su afán por garantizar el sostenimiento de los trabajadores, incurrió en un importante déficit que sólo se pudo subsanar a través de un incremento de la moneda en circulación que se extendió hacia todos los sectores productivos del país. De este modo, el incremento de los precios que vivió Alemania llegó al extremo de ahogar por completo el valor del propio marco, que se convirtió en una ficción a todas luces inservible para hacer frente a las transacciones más elementales para el desarrollo de la vida cotidiana de la población alemana. Así, lo que en algún momento había sido planteado como una inflación controlada para atender las necesidades propias de la reconstrucción del país se convirtió, de este modo, en un auténtico colapso sistémico que no pudo llevar sino a la desaparición de la propia moneda y a la caída del empleo de todos los factores productivos.

LAS DIFICULTADES PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL PATRÓN-ORO

Tampoco la recuperación del patrón-oro como sistema para la regulación del intercambio monetario a escala internacional quedó a salvo de dificultades estructurales. En un contexto en el que, cada vez más, la lucha contra la inflación aparecía como la prioridad esencial de las instancias gubernamentales, estabilizar un método consensuado y eficaz para las operaciones monetarias que exigían intercambios de divisas se hacía extremadamente complicado, máxime cuando, en muchos países, eran razones políticas, técnicamente extra-económicas, las que llevaban a los gobiernos a perseguir la recuperación de los valores de preguerra de las monedas nacionales. Así, los distintos planes de estabilización que los países ensayaban se planteaban de forma desordenada, sin atender a plan común y sistemático alguno. El proceso, pues, resultó altamente complejo.

Así como Estados Unidos o ciertos países neutrales como Suecia, Holanda o determinados países latinoamericanos lograron cierta estabilidad, aquellos que habían participado en el conflicto se hallaron ante una escasez de oro que los dejó sin margen de maniobra. Ni la Conferencia de Génova, de 1922, donde se acordó la adopción de un sistema restringido de transición hacia al patrón-oro, el llamado «patrón cambio-oro», consiguió que se abrieran las puertas a la recuperación del método de cambio de preguerra, cuya estabilidad se estimaba de gran valía. Así como, bajo el sistema del patrón-oro, el indicador del valor de la moneda lo constituían las reservas de oro existentes en un país, el sistema de cambio-oro se basaba en las reservas de divisas —dólares y libras, especialmente—, las cuales tenían que poderse cambiar por oro. No obstante, la introducción del patrón cambio-oro supuso, precisamente, el toque de muertos del sistema del patrón-oro, el cual fue desintegrándose a medida que aquél entraba en escena: la estabilización del patrón-oro era ya imposible en un mundo, el de posguerra, que había perdido el equilibrio en el crecimiento y la armonía en los intercambios económicos internacionales que caracterizaron los años precedentes a la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, varios fueron los intentos de arbitrar planes de estabilización económica y monetaria, parcialmente exitosos en algunos casos, concebidos con el afán de resucitar el patrón-oro y de hacerlo con unas paridades monetarias razonables. En la Alemania de la hiperinflación y de la consiguiente devaluación del marco, se optó por la creación de una moneda de transición: el Rentenmark. Su base de garantía no era el oro, del que el país carecía, sino el valor de la tierra y de la industria alemanas. Asimismo, se creó el Deutsche Rentenbank, que administraba la nueva masa monetaria y cambiaba, en proporciones adecuadas, el antiguo marco por el nuevo Rentenmark. Además, las autoridades gubernamentales alemanas fueron asumiendo, a medida que avanzaba la década de 1920, la necesidad de impulsar una política de reducción del gasto público, de restricción del crédito y de reforma fiscal que permitiera alcanzar un equilibrio presupuestario que se veía como condición necesaria para la recuperación económica de la economía de la Alemania de posguerra. De este modo, en 1924, tras el reconocimiento internacional del éxito de tal política, reconocimiento que conllevó la aceptación de la nueva moneda, y una vez obtenido el crédito de 800 millones de marcos-oro que el Plan Dawes dispuso para Alemania, dicho país, beneficiado también por la llegada de capitales norteamericanos destinados a la inversión, logró restablecer el patrón-oro.

El caso británico fue bien distinto. Al término de la guerra, Gran Bretaña vivió tres años de notables tensiones inflacionarias: la demanda que había quedado contenida por el conflicto se reactivó, lo que generó un importante impulso de la producción que, no obstante, nunca llegó a ser suficientemente intenso como para saciar completamente el auge de la primera. Paradójicamente, a partir de 1921 la economía británica vivió un giro de 180 grados. En efecto, las medidas para frenar el boom económico y situar el crecimiento dentro de sus canales normales que, preocupadas ante la espiral inflacionaria, las autoridades gubernamentales tomaron —incremento de los tipos de interés, recorte del gasto público, etc.— se introdujeron, precisamente, en el momento en el que la demanda empezaba ya a contraerse y a equilibrarse con la oferta. De este modo, los precios de los bienes no sólo tendieron a reducirse para situarse en el punto que les correspondía, sino que, además, cayeron por debajo de tales niveles debido a la acumulación de productos almacenados. De este modo, hacia 1921 la economía británica se mostraba claramente deflacionaria.

El gran error que se cometió en Gran Bretaña radicó en el hecho de pretender regresar al patrón-oro de acuerdo con el valor que tenía la libra en 1913, cuando, en 1924, su valor real se situaba un 10 % por debajo del nivel de preguerra. Así, la libra se revalorizó artificialmente, lo que hizo que los productos británicos salieran a los mercados internacionales un 10 % más caros de cómo lo hacían los productos de otros países. La caída de las exportaciones que ello ocasionó golpeó duramente el corazón de una economía, la británica, históricamente volcada al comercio internacional. Este hecho, vaticinado también por Keynes, se tradujo en altos grados de conflictividad social cuya máxima expresión fue la huelga general de 1926.

Francia, en cambio, supo tratar de aproximarse de nuevo al patrón-oro tras haber devaluado su moneda, con lo que vivió una notable ganancia de competitividad que permitió una balanza comercial favorable que, a su vez, propició una importante entrada de oro en las arcas estatales. Por el contrario, la vuelta al patrón-oro que vivió Italia fue esencialmente patriótica: el régimen fascista que empezaba a consolidarse en dicho país optó por sobrevalorar la lira con el objetivo de otorgar prestigio a un país que, de este modo, vio cómo el crecimiento del sector exterior se veía irremediablemente lastrado.

En suma, la inexistencia de un plan internacionalmente concertado para garantizar un retorno eficaz y armónico al sistema del patrón-oro impidió que éste se consolidara adecuadamente. Los tipos de cambio de las monedas distaban de ratios que se adecuaran verdaderamente a la evolución de la economía real, tanto interna como exterior, de los distintos países, lo que no hizo sino acentuar la distorsión del sistema monetario y financiero que se heredó de la guerra. Al fin y al cabo, el hecho de que el frágil régimen de intercambios comerciales y financieros internacionales de los años 20 se mantuviera se debió al préstamo masivo de capitales por parte de Estados Unidos, que logró estabilizar, siquiera parcialmente, algunas economías europeas. Disuelta la supremacía comercial y financiera de Gran Bretaña, el equilibrio de la economía internacional pasó a descansar casi exclusivamente sobre la acción de los capitales norteamericanos.

Alcance y limitaciones del crecimiento económico de los años 20

Todo lo que se ha planteado hasta el momento permite entender por qué no puede decirse que los llamados «dorados veinte» ni fueron dorados para todos, ni lo fueron, cuando lo fueron, durante el conjunto de la década.

LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El boom de los años 20 distó de ser un fenómeno generalizado. De hecho, el crecimiento se concentró en el segundo lustro de la década y en determinados países, sobre todo en países no europeos. Los años que median entre 1918 y 1924 fueron años de recuperación económica de los niveles de preguerra en Europa y, fuera de ella, de consolidación de la expansión, en todos los sectores productivos y también en términos demográficos, vivida por los países que habían logrado obtener beneficios de su neutralidad —los grandes beneficiarios de la coyuntura política y económica de las décadas de 1910 y 1920 fueron Estados Unidos, Japón y algunos países miembros de la Commonwealth británica como Canadá, Sudáfrica o Australia.

A partir de 1925, en cambio, el crecimiento económico, sobre todo en los sectores de la industria y del comercio, se generaliza y alcanza al grueso de los países europeos. Cabe señalar, sin embargo, que el notable crecimiento vivido por buena parte de las economías capitalistas durante la segunda mitad de la década de 1920 fue altamente engañoso. En efecto, el crecimiento que se da entre 1925 y 1929 reposa sobre bases poco sólidas: la producción crece por encima de la demanda y las tasas de paro son, pese a todo, elevadas. Se trata, pues, de un repunte cíclico expansivo en el marco de una deflación estructural que viene arrastrándose desde 1913 y que no hallará su fin hasta 1945.

La gran excepción dentro de esta tendencia la constituyen, una vez más, Estados Unidos, cuyo modelo específico de crecimiento brindó importantes resultados. Entre 1922 y 1929, Estados Unidos vivió un período de espectacular prosperidad. La producción industrial creció un 45 %; la formación bruta del capital se situó entre el 18 % y el 20 %; el comercio creció un 48 %. Dicha prosperidad echó sus raíces en la expansión de la construcción, en la producción de bienes de consumo duraderos —el automóvil, muy señaladamente— y en la consolidación del sector de la electricidad, para la que fue precisa un importante incremento de la inversión. Fueron, pues, los años de mayor auge de llamado «modelo Ford de crecimiento económico».

LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO ANTES DE 1929

Pero dicha prosperidad no alcanzó a todos los países por igual. En los años previos al crac de la bolsa de Nueva York, fueron muchos los países que se resintieron ya de problemas estructurales que generaban una elevada inestabilidad y que no fueron combatidos desde instancias gubernamentales —ni interiores, ni externas a tales países—: por un lado, el ajuste entre la oferta y la demanda de bienes tanto industriales como agrícolas se mostraba cada vez más difícil; y, por el otro, el movimiento internacional de bienes y de capitales halló también serios obstáculos.

Durante la década de 1920, la importancia del comercio exterior en el marco global de la economía internacional se redujo notablemente: ciertos cambios en la estructura de la demanda, la extensión de políticas proteccionistas y la regionalización del comercio indujeron dicha tendencia. Asimismo, el incremento tanto de la producción como de la productividad que vivieron las economías capitalistas hizo que las cantidades de bienes producidas rebasaran los niveles de lo que era razonable pensar que podría absorber el consumo. De ahí que se hable de la segunda mitad de los años 20 como de un período de sobreproducción, en el sector industrial y en el agrícola.

Por un lado, muchos países productores de bienes primarios no lograron colocar sus productos en unos circuitos comerciales, nacionales e internacionales, que se resentían de una importante disminución del consumo por parte tanto de los individuos como de las empresas que utilizaban tales bienes como materias primas. Asimismo, el consiguiente incremento del stock de productos almacenados provocó una reducción de los precios que obligó a muchos países a endeudarse de forma muy notable, generalmente con Estados Unidos, lo que se halla en la base de relaciones de dependencia comercial y financiera que pervivirán a lo largo del siglo XX —en algunos casos, pocos años iban a bastar para que la deuda externa superara ya el producto interior bruto.

Por otro lado, la industria se resintió de una sobreproducción que afectaba especialmente a los sectores tradicionales —el textil y la metalurgia, sobre todo—. La presencia de nuevos países productores y la aparición de nuevos sectores sustitutivos precipitó la generalización de políticas proteccionistas, lo que no sólo erosionó aquellas economías que, como la británica, se habían basado tradicionalmente en la exportación de manufacturas de bienes tradicionales, sino que también hizo mella en economías, como la norteamericana, basadas en los sectores cuyo despliegue había traído consigo la segunda Revolución industrial.

LOS DESEQUILIBRIOS DEL MODELO FORD DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Asimismo, el modelo Ford de crecimiento económico arrastraba la semilla de su propio colapso. Dicho modelo perseguía una reducción de los costes de producción basada en una racionalización del trabajo de la que se esperaba que éste resultara más productivo. Sin embargo, la contención de los salarios y el ahorro de mano de obra marcó una peligrosa tendencia hacia el estancamiento de la demanda efectiva. En efecto, cuando los niveles salariales no crecen, la capacidad adquisitiva se contrae. De este modo, a la crisis de sobreproducción que se había extendido por muchos países del mundo se añadió el germen de una grave crisis de subconsumo que echaba sus raíces en la propia estructura productiva de la industria norteamericana.

Paralelamente, entre 1925 y 1929 la brecha entre salarios y beneficios se ensanchó de forma muy notable. En lugar de fortalecer el poder adquisitivo de las clases medias y bajas para evitar el problema del subconsumo, la industria norteamericana del segundo lustro de la década de 1920 desplazó el incremento de la renta obtenido casi exclusivamente hacia el lado de los beneficios, de modo que, si bien los salarios no descendieron, el estancamiento de la demanda efectiva se hizo inevitable. Y, con una demanda prácticamente bloqueada, los gestores de las empresas grandes y medianas norteamericanas optaron por reinvertir los beneficios para producir más y mejor —esto es, más barato— en el marco de procesos técnicamente más avanzados, lo que no hizo sino incrementar todavía más la brecha entre la oferta y la demanda —el descenso de los precios apenas hizo efecto— y afianzar el problema del subconsumo y de la acumulación de existencias en los almacenes. De este modo, a los inversores dejó de convenirles ocupar sus capitales en la industria norteamericana, lo que propició la salida de los mismos hacia el exterior y, sobre todo, su inversión masiva en la bolsa, la cual vivió, entre 1927 y 1929, una expansión sin precedentes. Con todo, huelga decir que una salida incesante de capitales al exterior y un incremento desmedido de la especulación bursátil en el interior constituyen las condiciones necesarias para la gestación de una crisis —primero financiera e, inmediatamente después, comercial y productiva— de enormes dimensiones.

La década de 1920, pues, llega a su fin con una economía mundial caracterizada por un crecimiento económico importante pero basado en un modelo henchido de elementos desestabilizadores a la par que sostenido de forma prácticamente exclusiva por una única potencia económica y financiera, Estados Unidos, que, a su vez, camina irreversiblemente hacia el colapso.

El crack de 1929 y la crisis de los años 30

La década de 1930 viene marcada por la caída de la producción industrial, agraria y del comercio exterior, por la drástica reducción de los precios y por el incremento espectacular del paro que detona, en buena parte del mundo industrializado —también en determinados países agrícolas—, el crac bursátil de octubre de 1929. Efectivamente, todos los países que se hallaban interrelacionados en el marco de circuitos comerciales y financieros que pivotaban alrededor de la actividad económica de Estados Unidos recibieron duramente el impacto de una crisis de escala planetaria que, de hecho, no pudo ser completamente superada, por lo menos en términos de macro-magnitudes económicas y sociales —se deja de lado aquí la cuestión de la naturaleza sociopolítica tanto del origen como del cierre del conflicto de 1939-1945— más que a través de los esfuerzos dirigidos a la reconstrucción y la reactivación económica —auténticas políticas expansivas y de control del ciclo que, quizás, llegaron demasiado tarde— que siguieron a la barbarie que supuso la Segunda Guerra Mundial. Pero veamos con mayor detenimiento la genealogía de tales fenómenos.

EL CRACK DE 1929 YLAEXTENSIÓN DE LA CRISIS

El pánico que se generalizó entre los inversores presentes en Wall Street durante el llamado «jueves negro» —el de 24 de octubre de 1929— ocasionó un desplome de las cotizaciones de las acciones sin precedentes que, en un contexto marcado por profundos desequilibrios en los intercambios comerciales y por la debilidad del sistema financiero internacional, desencadenó una crisis que puso de manifiesto la necesidad de replantear el modelo de crecimiento económico imperante tanto en Estados Unidos como a escala planetaria.

La demanda de acciones que tuvo lugar en Estados Unidos a lo largo de la década de 1920 había ocasionado unas alzas espectaculares de sus cotizaciones. A su vez, tales alzas se habían traducido en un incremento de los beneficios de las inversiones en bolsa, los cuales atraían cada vez más capitales. De este modo, la subida de los valores de las acciones se mantuvo y fue en aumento durante un largo período de tiempo, lo que terminó por diluir el vínculo teóricamente existente entre el coste de las acciones y las expectativas reales de beneficio de las empresas a las que correspondían los títulos en cuestión. En efecto, ya en 1927 la bolsa de Nueva York había dejado de mantener un correlato mínimo con respecto al ritmo real de la economía y se había lanzado a una carrera bursátil que no paró hasta crear una colosal burbuja especulativa que involucraba no sólo los beneficios de las empresas norteamericanas, que eran canalizados casi exclusivamente hacia la bolsa —en raras ocasiones se reinvertían—, sino también importantes cantidades de capitales procedentes del extranjero.

Las condiciones para el estallido de un pánico financiero, pues, estaban perfectamente dispuestas. La mecha, que se encendió a raíz de la venta de ciertos paquetes de acciones, desencadenó una espiral de ventas de acciones en cadena que no se iba a extinguir completamente hasta 1932 y que hundió el precio de las mismas hasta niveles insospechados pocas semanas atrás: de hecho, antes de finales del mes de noviembre ya se había perdido un tercio de la riqueza que se hallaba invertida en bolsa en octubre de 1929.

La consecuencia más inmediata del crash bursátil fue un descenso del consumo como resultado de la negativa de las instituciones financieras a otorgar créditos, lo que resultaba especialmente gravoso en un país cuya economía tradicionalmente había funcionado, en buena medida, a través de compras con créditos a plazos. Perdida también la confianza de los agentes económicos para con todo tipo de instituciones financieras, los primeros se dispusieron a atesorar cuantos recursos financieros tuvieran en sus manos, lo que sacó de circulación cantidades ingentes de dinero. Así, el crack de 1929 se convirtió rápidamente en una crisis de subconsumo vinculada a una severa falta de liquidez de la que era, a un mismo tiempo, causa y efecto. La actividad económica cayó drásticamente, la inversión prácticamente desapareció y el paro se convirtió en el principal flagelo de unas clases medias y bajas que habían quedado desprovistas de cualquier tipo de salvaguardia que garantizara elementalmente el acceso a la renta y, por ende, su existencia material.

En este contexto, las autoridades monetarias adoptaron una política que resultó claramente perjudicial: en lugar de inyectar dinero a través de compras de acciones que pudieran paliar la caída de su valor, consideraron, de acuerdo con una supuesta ortodoxia laissez-fairista más propia de cierto credo ideológico liberal que de planteamientos académicamente rigurosos —el pensamiento liberal nunca se compadeció bien con los esquemas propios de la economía neoclásica, mayoritaria en la academia anglosajona del momento—, que las propias fuerzas que rigen los mercados lograrían, sin intervención estatal alguna, restablecer los equilibrios necesarios para alcanzar de nuevo un buen funcionamiento de los mismos. Así, cuando, en 1932, el Gobierno norteamericano se dispuso a realizar los primeros pasos para enderezar una situación a todas luces desesperada, la crisis había llegado ya demasiado lejos y la Gran Depresión, que halló en los desequilibrios heredados del modelo de crecimiento preexistente canales estratégicamente dispuestos para su extensión, aparecía ya como una catástrofe ineluctable que iba a hacer realidad los peores presagios.

La propagación a escala internacional de la crisis fue conducida por los propios mecanismos que encauzaban tanto el comercio como el sector financiero y monetario. Por un lado, el crack de 1929 provocó una caída de las importaciones —nadie estaba dispuesto a comprar en el mercado internacional—, a la vez que un desplome de las exportaciones de capitales. De entrada, los precios de los productos primarios cayeron en picado —en 1933 eran un 55 % menores que en 1928—. De este modo, los países suministradores de bienes agrícolas y de recursos minerales, países que vieron diluirse la práctica totalidad de la demanda de sus productos, fueron los primeros en recibir las consecuencias de la crisis, lo que se halla entre los principales factores del futuro subdesarrollo de muchos de ellos: al no obtener ingresos por vía de las exportaciones de sus productos, dejaron de obtener los recursos necesarios para hacer frente al servicio de la deuda externa, de la que no pudieron ni devolver sus intereses, en lo que supuso la génesis de los inmensos adeudos que, en la actualidad, maniatan las economías de muchos de los países en vías de desarrollo.

Paralelamente, Estados Unidos introdujo estrictas medidas de carácter proteccionista, entre las que cabe citar la Ley de Aduanas Smoot-Hawley, promulgada en junio de 1930, que constituye la ley más proteccionista de la historia de dicho país. Asimismo, los aranceles aumentaron, se impusieron cuotas a la importación, se crearon licencias de importación y se controlaron los cambios de las monedas. Con todo, el comercio internacional se hundió —el volumen de tráfico se redujo hasta la mitad y el valor del comercio decreció en un 66 %— y, al seguir las empresas produciendo aun sin poder colocar sus bienes en el mercado, se produjo un exceso de producción que detonó una importante espiral deflacionista a escala internacional.

En el ámbito de las finanzas, la crisis condujo a una brusca interrupción de los movimientos de capitales, lo que conllevó la ruptura del frágil equilibrio del sistema financiero y monetario internacional de los años 20. De este modo, el fin de las inversiones de Estados Unidos hundió a los países europeos —a Alemania, muy señaladamente—, así como a los países en vías de desarrollo. En particular, la balanza de pagos alemana, que dependía, en gran medida, de los intercambios comerciales y financieros con Estados Unidos, se fracturó. Ante tal situación, el gobierno de la República de Weimar, cuyo sistema bancario se hallaba también tocado de muerte, decidió adoptar medidas deflacionistas —reducción del gasto público, aumento de los impuestos y control de los salarios— que iban a tener mucho que ver con el descontento y la conflictividad social de la que se sirvió el partido nazi para hacerse con el poder.

El impacto de la crisis sobre la libra esterlina fue también notable y de hondas repercusiones. De hecho, la libra esterlina fue, en un primer momento, la moneda que salió más perjudicada de la crisis. El hecho de que la mayoría de los bancos centrales convirtieran en oro sus reservas en libras, que habían adquirido en grandes cantidades vista la solidez de las divisas británicas, supuso una presión extrema sobre la libra esterlina, así como la pérdida de las reservas de oro por parte del Tesoro británico. Ello obligó al gobierno de Londres a declarar la inconvertibilidad de la libra en oro y, por tanto, la salida de Gran Bretaña del sistema del patrón-oro. Así, la libra fue depreciada en un 30 %, lo que ocasionó una acentuación de la deflación internacional —muchos países siguieron los pasos de Gran Bretaña— que no se detuvo hasta 1934.

Tras la salida de Gran Bretaña del patrón-oro, la especulación monetaria recayó, muy especialmente, sobre Francia y Estados Unidos, que todavía se mantenían dentro del bloque del oro. Ante tal situación, ambos países reforzaron el carácter proteccionista de sus políticas comerciales y monetarias y, al cerrarse en sí mismos con el objetivo de mantener la solvencia de sus monedas, no hicieron otra cosa que agravar todavía más las dimensiones de la crisis. Con todo, la economía internacional quedó prácticamente desarticulada.

¿Qué salida quedaba para enderezar la situación de unas economías sumidas en el colapso? La crisis que se originó tras el crack de 1929 puso de manifiesto, en todos los países, la necesidad de recurrir al diseño de políticas económicas, monetarias y fiscales, por parte de las autoridades gubernamentales para garantizar una elemental estabilidad del ciclo económico. La crisis de los años 30, pues, trajo consigo la crisis del laissez-faire. Nunca una crisis había sido tan intensa y duradera como la que sucedió al crack de 1929. Y nunca como a principios de la década de 1930 había resultado tan evidente que las fuerzas del mercado, por sí solas, difícilmente pueden garantizar la estabilidad del ciclo económico y corregir, en un período razonable de tiempo, el rumbo de economías sometidas a severos desajustes. De este modo, muchos de los responsables económicos de los países más afectados por la crisis coincidieron en señalar que el Estado podía y debía jugar un papel activo, sustitutivo en determinados escenarios de la iniciativa privada habida cuenta de la ausencia de expectativas de beneficios a corto plazo por su parte, en aquellos sectores estratégicos de los que dependía el relanzamiento de la economía. En particular, la década de 1930 vio, bajo formas y mecanismos distintos, cómo la inversión estatal en obras públicas podía reanimar economías prácticamente desarticuladas a través de la creación de puestos de trabajo, el incremento de los salarios y, a la postre, la recuperación de la capacidad de consumo y de inversión por parte de los agentes económicos. Pero, tal y como ha sido destacado, tales planteamientos podían adquirir plasmaciones político-institucionales harto distintas.

LOS ESTADOS UNIDOS DEL NEW DEAL

Y EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DEL KEYNESIANISMO

Durante los primeros años de la Depresión, el gobierno de Hoover, convencido de que las fuerzas del mercado iban a reajustar la economía, había tomado tímidas medidas para paliar los efectos de la crisis, medidas que obtuvieron unos efectos prácticamente nulos. En 1933, en cambio, tras la victoria del candidato demócrata a la Casa Blanca, Franklin Delano Roosevelt, Estados Unidos gozó de la oportunidad de poner a prueba el New Deal propuesto por éste en el transcurso de su campaña electoral.

El New Deal de Roosevelt era un conjunto heterogéneo de medidas que tenían como objetivo rehabilitar la economía a partir de acciones enérgicas en los sectores económicos —muchas veces de gran importancia estratégica— y en las capas sociales que con mayor rigor estaban sufriendo la crisis. Se trataba de paquetes de recetas concretas que debían aplicarse a ámbitos concretos. Es en este sentido en el que debe señalarse que el New Deal, strictu sensu, distó de constituir una de las primeras materializaciones de la concepción keynesiana de la política económica, pues, si bien fió buena parte de sus esperanzas en los supuestos beneficios para la salida de la crisis de la intervención del Estado, no recurrió a los déficit presupuestarios de la administración pública como herramienta específicamente dispuesta para la estabilización del ciclo económico.

En cualquier caso, resultaba evidente que, en un país donde los ingresos netos de los agricultores habían caído un 70 % entre 1929 y 1933, en el que el conjunto de la renta nacional lo había hecho en un 50 % durante el mismo período, en el que la inversión neta era ya negativa, en el que la producción industrial se había reducido en un 50 % y el paro se situaba en un 25 % de la población activa, era preciso arbitrar una política de choque que interviniera en tres sectores: el bancario, el agrícola y el industrial.

En lo que al sector bancario respecta, el New Deal dio comienzo decretando el cierre de todos los bancos. A partir de 1933, sólo podrían abrir aquellos bancos que pudieran demostrar que contaban con recursos líquidos suficientes para operar. Con dicha medida, que supuso la clausura definitiva de una cuarta parte de los bancos previamente existentes, se atajó el pánico que todavía pervivía en el sector. De este modo, los agentes volvieron a depositar sus recursos en los bancos. Al mismo tiempo, el Estado, que se percató de la necesidad de conferir confianza a los actores económicos para operar en sus sectores y, así, relanzar la economía, creó un Fondo de Garantía en el que se reunieron recursos que podían ser devueltos al público en caso de que se produjeran quiebras.

En el sector de la agricultura, se promulgó una ley de ajuste que pretendía reducir una producción que se mostraba a todas luces excesiva y que estaba provocando una constante caída de los precios. Se trataba de lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda de productos agrícolas que garantizara que el trabajo del campesinado volviera a obtener remuneración. De este modo, el gobierno estableció unos criterios para fijar el número de hectáreas que podían cultivar los agricultores y pagó compensaciones en caso de que éstos tuvieran que dejar tierras sin explotar. Sin embargo, tales compensaciones fueron utilizadas por los agricultores para invertir en tecnología y producir más intensivamente, con lo que la producción agrícola, pese a la reducción de las tierras cultivadas, aumentó. No obstante, el resultado neto de la acción de las autoridades gubernamentales fue un incremento de los precios y, a la postre, de los ingresos de los agricultores. Finalmente, el Estado resolvió también controlar dichos aumentos de los precios, a la vez que hacerse cargo de las hipotecas de los campesinos, de las que redujo intereses y amortizaciones. Así, con el descenso del endeudamiento, los ingresos de los agricultores se recuperaron y pudo iniciarse una lenta pero sólida reactivación del sector.

En el ámbito de la industria, el New Deal empezó su andadura con ciertos titubeos. De entrada, el gobierno liberalizó las leyes anti-trust que tan honda raigambre tenían en el seno del derecho mercantil norteamericano. El objetivo de dicha medida no era otro que el estímulo de la inversión empresarial a través de una mayor permisividad para con la formación de cárteles y holding que pudieran hacer aumentar los precios y, así, elevar las expectativas de ingresos en el sector industrial. Al mismo tiempo, el gobierno fomentó la sindicación de las clases trabajadoras e hizo de las centrales sindicales los principales interlocutores de los empresarios en la determinación de los salarios y de las condiciones laborales. Con ello, las autoridades económicas pretendían lograr un incremento de los salarios que, a su vez, estimulara el consumo. No obstante, ambas medidas —el incremento de los precios a través del fomento de los trusts y la subida de los salarios a través de la mejora de la posición negociadora de los trabajadores— se anularon mutuamente porque los precios y los salarios crecieron al mismo ritmo y el consumo no experimentó avances significativos.

Posteriormente, en 1937, la administración Roosevelt dio marcha atrás en relación con la permisividad con las grandes concentraciones empresariales e introdujo de nuevo una legislación antimonopolios que arrancaba de la convicción, compartida tanto por el grueso de la vieja economía política —el nombre de Adam Smith resulta aquí de mención obligada— como por destacados miembros de la nueva escuela neoclásica como León Walras, entre otros, de que la existencia de una gran oligarquía industrial y financiera desbocada podía socavar el buen funcionamiento de los mecanismos propios de unos mercados que se pretendan elementalmente eficientes. Conviene destacar que es este mismo espíritu el que, años más tarde, llevará al propio Roosevelt a nombrar como fiscal general para el juicio de Nuremberg a Robert Jackson, el máximo responsable de la aplicación de la legislación antimonopolios en los Estados Unidos de finales de los años 30, quien resolvió juzgar y condenar, como responsable última y beneficiaria principal del régimen nazi, precisamente, a la gran oligarquía industrial y financiera alemana —bien pronto, sin embargo, ya en los albores de la Guerra Fría, Truman relegará al juez Jackson y absolverá a los empresarios previamente castigados.

En suma, el New Deal de Roosevelt se cimentó y se llevó a cabo con el convencimiento de que la intervención del Estado, se diese ésta bien a través de la legislación, bien por vía de un incremento del gasto público —en obras públicas, muy especialmente—, iba a permitir un aumento significativo de la actividad económica, una disminución del paro y una reactivación del consumo que podrían poner fin al estancamiento y, así, elevar las expectativas de ingresos en todos los sectores de la economía.

De hecho, cabe señalar que, si bien la política económica de la administración Roosevelt en ningún caso puede leerse como una aplicación fiel de la preceptiva keynesiana, aquélla aparece en un contexto histórico y bajo unos planteamientos que hacen del pensamiento del economista de Cambridge un marco de análisis altamente apropiado para entender el sentido con el que el pacto propuesto por Roosevelt se pone en funcionamiento. En efecto, así como el liberalismo económico clásico establecía que la intervención del Estado debía ser mínima y censuraba severamente cualquier tipo de déficit presupuestario, aun en situaciones en que la economía se hallara altamente maltrecha y una recuperación autógena y automática no pudiera preverse sino en el largo plazo, a partir de Keynes se concibe la posibilidad de una política de gasto público destinada a absorber una parte importante del paro y a reactivar la economía, aunque ello comporte que el Estado recurra al endeudamiento público: tales déficit —se postula desde la perspectiva keynesiana—, en la medida en que, en el medio plazo, detonen un incremento de la actividad económica —y, por tanto, de las bases imponibles de diversos impuestos—, van a poder ser atajados gracias al incremento de la recaudación impositiva en el marco de políticas fiscales contractivas que en el futuro serán posibles.

En cualquier caso, los resultados globales del New Deal fueron poco contundentes. Si bien es cierto que se logró frenar la intensidad de la crisis y que se revirtió la tendencia del ciclo económico hacia un moderado crecimiento, la recuperación de la inversión privada no fue posible y la depresión económica no llegó a atajarse por completo. De hecho, Estados Unidos no logrará superar la crisis hasta la Segunda Guerra Mundial.

LA AMORTIGUACIÓN DE LA CRISIS EN GRAN BRETAÑA

Los primeros signos de la crisis llegan a Gran Bretaña a través de la balanza de pagos. En primer lugar, el descenso de los precios de los productos primarios resultó altamente perjudicial para las exportaciones británicas, que cayeron más de un tercio. En segundo lugar, y en lo que al sector financiero respecta, la práctica totalidad de las llamadas «partidas de invisibles» resultaron afectadas: descendieron los ingresos por servicios financieros, se redujeron los ingresos por turismo y, sobre todo, se hundieron los intereses, beneficios y dividendos situados en el exterior. Finalmente, Gran Bretaña se enfrentó a un aumento importante de los créditos incobrables en América Latina, así como a la congelación de los depósitos y créditos por parte, sobre todo, de Alemania. Dicha situación obligó a repatriar los capitales y, por tanto, a liquidar una parte nada menospreciable de las inversiones en el exterior. Con todo, dichos acontecimientos agudizaron la pérdida de la preeminencia comercial y financiera a escala mundial a la que Gran Bretaña, cuya balanza de pagos era ya marcadamente negativa, se enfrentaba desde el fin de la Primera Guerra Mundial.

Pero Gran Bretaña halló dos mecanismos para aligerar la presión que sufría su balanza de pagos. Por un lado, devaluó la libra esterlina, lo que hizo más competitivas sus exportaciones. Por el otro, aprovechó su todavía importante posición de dominio en el comercio internacional —el poder de mercado en el comercio internacional del que Gran Bretaña gozaba se dejaba notar de modo todavía ostensible en un gran número de sectores— para alterar en su favor los términos en los que se daban las relaciones de intercambio, lo que mejoró su capacidad de compra.

Asimismo, el gobierno de Londres tomó una medida drástica pero que iba a resultar de gran provecho tanto para las finanzas como para el comercio británicos: la salida del patrón-oro, que se consumó en septiembre de 1931. De este modo, la libra quedó al margen de movimientos especulativos, lo que confirió una mayor estabilidad a los intercambios de divisas que se daban tanto en el seno del sector financiero como en el marco de las relaciones propias del comercio internacional.

Así, la respuesta que las autoridades económicas británicas dieron a la crisis consistió en el mantenimiento de la libra en una situación estable y con un valor tendencialmente bajo; la oferta de dinero a bajo precio —se pretendía estimular la inversión privada a través de la fijación de los tipos de interés a unos niveles bajos, lo que obtuvo importantes resultados en el sector de la construcción, que vio reducir el índice de paro de forma muy notable—; y el control y reserva para sí de los mercados coloniales.

En definitiva, y pese a que el gobierno británico arbitró programas parciales para la reactivación de determinados sectores de la economía, no puede decirse que la respuesta británica a la crisis fuese sistemática y globalmente concertada. De hecho, la característica diferencial más clara de la recuperación británica es que se basó en el estímulo de la acción del sector privado: la intervención del Estado, salvo en contadas ocasiones —la más importante de ellas, la decisión de abandonar el patrón-oro—, fue escasa.

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN ALEMANIA:

MERCADO Y ESTADO EN EL FENÓMENO NAZI

La recuperación de la economía alemana fue espectacular. Entre 1933 y 1938, Alemania fue el país con el crecimiento económico más pronunciado del mundo, lo que le permitió eliminar prácticamente por completo el paro, que, en 1933, afectaba a un 33 % de la población activa. La producción industrial aumentó a una tasa media anual del orden del 13 %, algo que sólo pudo ser superado por la URSS. Para entender el cómo y el porqué de tales cifras, es preciso atender previamente a la particular naturaleza del orden social y político que se desarrolló bajo el régimen nazi, en el que la interrelación entre las instancias estatales y los grandes poderes privados surgidos del funcionamiento de mercados crecientemente oligopolizados adquirió unas formas inéditas en la historia.

Hitler se hizo con el poder en un contexto especial. La economía alemana había entrado en una depresión sin precedentes que obligó al gobierno de la República de Weimar a la aplicación de duras políticas de ajuste: recorte del gasto público, incremento de los impuestos, congelación de los precios y de los salarios, etc. Todo ello, lejos de permitir una reactivación de la economía que hubiera exigido reformas profundas en la estructura productiva del país capaces de dotarlo de una mejora real en términos de competitividad en los mercados internacionales, había conducido a una deflación generalizada que hizo mella en una población, la alemana, que ya arrastraba el peso que suponía la pervivencia de las deudas y reparaciones surgidas del Tratado de Versalles.

El fenómeno nazi, pues, irrumpe en un contexto marcado por una gran inestabilidad socioeconómica y por una elevada conflictividad social. Además, los intentos revolucionarios vividos tras la Primera Guerra Mundial, que habían hecho saltar las señales de alarma en toda la Europa occidental, habían situado a Alemania en la paradójica situación de contar con un ejército propio poderoso que era mantenido por aquellos que lo habían doblegado —los países aliados, vencedores de la guerra—. Asimismo, el hecho de que la derrota alemana hubiese sido más económica que política hizo que, al igual que en Austria, se mantuviera un partido militarista fuerte dolido tanto con las elites políticas nacionales, que, bajo su punto de vista, no habían sabido gestionar los acuerdos de posguerra, como con las organizaciones obreras que, en buena medida, habían coadyuvado a forzar la rendición de 1918. Finalmente, tal y como se explicitaría en 1945 a raíz de los análisis de la administración Roosevelt con motivo del juicio de Nuremberg —en este punto, las apreciaciones del secretario de Estado Morgenthau iban a resultar altamente reveladoras—, el fenómeno nazi y el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial hincaban sus raíces también en la estructura de la banca y de la gran industria pesada y electroquímica alemanas, cuyos cárteles y colusiones oligopólicas constituían grandes poderes privados enteramente capacitados para poner en jaque a la propia República.

Desde el primer momento, el gobierno nazi se dispuso a definir globalmente las líneas maestras de la economía alemana. No se trataba, pues, como en el caso de los Estados Unidos del New Deal, de arbitrar planes de choque de carácter sectorial; lo que se pretendía en Alemania era un plan estratégico global capaz de relanzar la economía de un país que debía exprimir al máximo su potencial económico y productivo, para lo que, si era necesario y funcional, cabía recurrir a la industria armamentística, con la capilaridad productiva que ésta presenta, como motor de la recuperación. Una nueva guerra, claro está, se iba dibujando en el horizonte como un destino cada vez más fatal.

La historia económica del régimen nazi vivió dos etapas claramente diferenciadas: una primera, situada entre 1933 y 1936, en la que se persiguió, fundamentalmente, la recuperación económica del país; y una segunda, entre 1936 y 1939, que estuvo marcada por la carrera hacia un rearme que devolviera a Alemania su estatus de gran potencia militar europea.

Entre 1933 y 1936, las autoridades económicas se consagraron a la tarea de terminar con el paro y de restablecer las relaciones económicas internacionales —y de hacerlo aislando a Alemania de los efectos de la crisis que se origina en 1929—. Así, una vez suprimida la oposición política en el interior, el gobierno se lanzó a una poderosa política de obras públicas que, si bien resultó costosa —suponía el 25 % del gasto público—, trajo consigo la articulación de una importante red de autopistas, a la vez que permitió a cuatro millones de personas eludir el paro.

En el sector exterior, la principal preocupación del régimen nazi fue lograr un relanzamiento de la inversión privada que no implicara el establecimiento de relaciones de dependencia comercial o financiera con otros países —para un país que, con mayor o menor consciencia de ello, se preparaba para la guerra, la autonomía respecto a otras potencias era vista como un factor de crucial importancia—. Por esta razón el control de las divisas y de los pagos en el exterior se convirtió en una práctica habitual bajo el gobierno del partido nazi. En efecto, el gobierno decretó que las importaciones alemanas no se sufragaran a través de divisas —ello hubiese conllevado la pérdida de sus reservas—, sino mediante deudas contables transformadas en los llamados «marcos bloqueados», que no salían del país y que podrían ser adquiridos posteriormente por aquellos que, desde el extranjero, quisieran hacerse con productos de fabricación alemana. De este modo, se redujeron drásticamente los movimientos de divisas, lo que conllevó una devaluación del marco que favoreció altamente a Alemania en términos comerciales. Cabe señalar, finalmente, que los países que participaban en tales intercambios los aceptaron, en primer lugar, por un posible exceso de celo para con Alemania movido por la común conciencia de que la solución hallada en Versalles en 1919 no había sido la más apropiada; y, en segundo lugar, por el ansia de mantener o restablecer los intereses económicos que tenían o habían tenido depositados dentro de las fronteras alemanas.

Al mismo tiempo, Alemania lograba reequilibrar la balanza de pagos a partir de una política de sometimiento comercial de los países de la Europa oriental que en poco se diferenciaba de los intercambios propios de los regímenes coloniales. En efecto, el gobierno nazi firmó una serie de acuerdos bilaterales con países satélite a partir de los cuales configuró un área de intercambio dominada por el marco y que nacía desde el convencimiento de que Alemania sólo lograría convertirse de nuevo en una gran potencia si orientaba su expansión económica y geoestratégica hacia el Este de Europa, donde, además, se hallaban recursos materiales y humanos indispensables para el éxito de la empresa hitleriana.

En cualquier caso, el resultado de este primer trienio de gobierno nazi fue una recuperación espectacular de la economía. A partir de 1936, una vez que los niveles económicos se hallaron normalizados, empezaron los años del rearme. Durante este segundo trienio, la inversión pública, sobre todo en el sector militar, constituyó el auténtico motor del crecimiento económico. Conviene precisar que el incremento del gasto público fue en detrimento de los niveles de consumo, lo que se tradujo en una pérdida de bienestar por parte de la población alemana que era vista como el precio a pagar en favor de un incremento del potencial económico y estratégico del país. Sin embargo, el gobierno alemán decidió amortiguar el posible malestar entre la población desviando la factura del gasto público hacia los países orientales —Bulgaria, por ejemplo—, de los que Alemania importaba bienes de consumo a precios irrisorios. Finalmente, cuando la situación alcanzó niveles poco sostenibles, fue necesaria la ocupación militar de tales países.

Como bien había planteado Keynes en 1919, la determinación de las condiciones de la justicia distaba de ser algo elemental. Y en la gestión de la derrota militar alemana quizás habían faltado mayores dosis de perspicacia y de celo político. En cualquier caso, «la decadencia de toda la vida civilizada de Europa [estaba ya] sembrada».

La experiencia de la economía soviética de planificación centralizada

Rusia y el conjunto de pueblos que integrarían la URSS vivieron el final de la Primera Guerra Mundial y el período de entreguerras desde unas coordenadas políticas y económicas harto distintas de las que se han venido exponiendo hasta aquí. La Revolución de Octubre de 1917, en la que el partido bolchevique de Lenin y Trotsky había visto en los soviet, auténticas asambleas de fábrica que se habían ido formando desde principios de siglo, un espacio institucional apto para sostener la arquitectura de una democracia consejista, logró articular un sistema económico en el que tanto la esfera de la producción como la de la distribución se veía regido por mecanismos y criterios que bien poco tenían que ver con los que imperaban en la Europa occidental y en Estados Unidos. Efectivamente, el funcionamiento de los mercados, si bien éstos no iban a diluirse, fue sometido a importantes restricciones que provenían de las disposiciones de unas instancias estatales que, a través de su intervención en la vida social y económica, pretendían, por lo menos sobre el papel, desvincular de estructuras de la propiedad, heredadas de privilegios de clase e impuestas heterónomamente por el azar social tanto la participación en los procesos productivos como la distribución del producto.

El camino, sin embargo, no fue fácil ni quedó exento de desequilibrios que, a la postre, iban a lastrar el proyecto social y político que había inspirado la Revolución. Cuando, en 1917, los bolcheviques se hicieron con el poder, rompieron con una de las asunciones centrales del socialismo de raíz marxista: que la revolución socialista sólo tenía cabida en territorios en los que, previamente, la revolución burguesa y la conformación plena de una economía capitalista hubiera alcanzado su punto culminante. La Revolución de 1917, en cambio, se dio en un país prácticamente feudal, en el que la industrialización apenas empezaba a asomar la cabeza y en el que enormes desigualdades, sostenidas a menudo por lazos de dependencia propios todavía del Antiguo Régimen, socavaban cualquier intento de abrir las puertas a nuevas formas y relaciones de producción.

La Rusia zarista vivía un acusado dualismo entre ciertos —escasos— sectores productivos de carácter moderno —la siderurgia, muy especialmente— y unos sectores agrícolas, mayoritarios, de carácter tradicional que mantenían una estructura esencialmente feudal —es preciso notar que los contratos de servidumbre, que permitían, por ejemplo, restricciones a la movilidad de las personas, estuvieron legalmente admitidos hasta 1861—. Ello era así porque el régimen de los zares había instituido una política de industrialización dirigida por el Estado que trataba de hacer frente a la decadencia económica de un país, la Rusia de finales del siglo XIX y de principios del XX, que veía cómo las distancias que lo separaban de las potencias capitalistas occidentales se ampliaban progresivamente. El modelo de crecimiento por el que los Romanov habían optado, pues, se caracterizaba por un acelerado incremento de la producción siderúrgica; por la centralidad del Estado como principal demandante de tales bienes industriales; y por un progresivo proceso de pauperización de una población campesina ahogada por la presión fiscal, necesaria para sostener dicha demanda por parte del Estado y, finalmente, para mantener el conjunto del Imperio. Huelga decir que dicho modelo, si bien podía resultar funcional coyunturalmente y durante un período de tiempo limitado, resultaba inviable a medio y largo plazo. La Primera Guerra Mundial lo hizo estallar en mil pedazos.

De este modo, cuando en octubre de 1917 triunfó la revolución bolchevique, se impuso un programa político y económico que pivotaba alrededor de dos ejes: por un lado, la firma de la paz con Alemania bajo cualquier condición en términos de cesiones territoriales; por el otro, la reconstrucción económica del país sobre unas bases nuevas, alternativas tanto al absolutismo zarista como a los regímenes capitalistas de la Europa occidental. Pero la Primera Guerra Mundial se vio sucedida, casi de forma inmediata, por la llamada «Guerra Civil», en la que las potencias aliadas armaron y financiaron un ejército —el Ejército Blanco— con el objetivo de destruir militarmente el régimen socialista nacido de las cenizas del zarismo. En este contexto, se hicieron necesarias medidas excepcionales orientadas al sostenimiento de la revolución que obligaron a las autoridades económicas a aplazar la instauración del proyecto socialista soviético tal y como éste había sido definido en 1917.

DEL PROYECTO BOLCHEVIQUE DE UNA DEMOCRACIA CONSEJISTA AL COMUNISMO DE GUERRA

La situación de extrema vulnerabilidad institucional a la que la Guerra Civil condujo impidió la mera posibilidad de que se desarrollara un tejido productivo alrededor de asambleas de trabajadores industriales y campesinos adueñados de los medios de producción y libremente asociados con el fin de llevar a cabo los procesos de toma de decisiones en la esfera económica de forma colectiva y colegiada —tal era el proyecto que los bolcheviques, de acuerdo con los dirigentes de los soviet, se habían trazado—. En su lugar se impuso el llamado «comunismo de guerra».

El comunismo de guerra distaba de constituir una política económica sistemáticamente definida y ordenadamente instaurada, sino que consistió en un paquete de medidas cuyo diseño venía dictado por la situación de guerra en la que el país se encontraba. Durante el transcurso de la contienda, el Ejército Blanco controlaba zonas ricas y altamente estratégicas —mineras y agrícolas, sobre todo—, mientras que el Ejército Rojo se había hecho fuerte en los núcleos urbanos, en los que, pese a la mayor cantidad de población, la economía se mostraba más débil. De este modo, la falta de materias primas y la necesidad de mantener el potencial del Ejército Rojo llevó a los dirigentes bolcheviques a optar por una total colectivización de la industria y de la agricultura.

En el terreno de la industria, los cambios radicales en la forma legal de las empresas y la presión que éstas sufrieron para modernizarse de forma veloz y ponerse a la altura de las nuevas circunstancias, que demandaban de ellas mayor calidad en el producto y mayores niveles de productividad, hicieron que muchas no pudieran seguir el ritmo impuesto por las autoridades económicas y se vieran obligadas a cerrar.

Las dificultades en el sector industrial provocaron un importante desplazamiento de mano de obra de la ciudad a los distritos rurales en busca de trabajo y de alimentos, lo que supuso un incremento de la oferta de mano de obra en la agricultura que no pudo ser absorbida y que no hizo otra cosa que desestabilizar todavía más el frágil equilibrio del sector agrícola ruso. Ante tal situación, las autoridades económicas decidieron insistir en su política de expropiaciones de las tierras —de los grandes terratenientes y de la Iglesia, sobre todo— y proceder a un reparto mayor de las tierras entre el grueso del campesinado, que en este momento constituía un grupo mayor debido a la inmigración de población procedente de las ciudades. Con todo, tal reparto de tierras favoreció una estructura de la propiedad agraria altamente parcelaria, lo que supuso un lastre importante para el incremento de la productividad de la agricultura rusa.

Asimismo, el gobierno bolchevique decretó que se requisaran los excedentes de la producción para poder hacer frente a la hambruna que acompañó, sobre todo en las ciudades, a la Guerra Civil. Sin embargo, ello no fue óbice para que se mantuviera la pequeña propiedad agraria, cuya pervivencia se situó siempre entre los principales objetivos de un régimen bolchevique que, en estos años, se mostraba claramente consciente de la importancia social y política que la cuestión de la propiedad adquiría en la medida en la que permitía otorgar a los pequeños productores una independencia material que históricamente les había sido vedada.

LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA (NEP)

El comunismo de guerra perdió su sentido una vez terminada la Guerra Civil. Tras el conflicto, se hizo necesaria una economía pensada para la paz y que permitiera eludir la conflictividad social que acompañó el requisamiento del excedente de la producción agrícola. Así, entre 1920 y 1921 se formuló y empezó a aplicarse la llamada «Nueva Política Económica» (NEP), que sustituyó las incautaciones por un impuesto que se cobraba en especies. Si, después de la aplicación del impuesto, quedaba un remanente de excedentes, éste podía ser comercializado libremente por parte de los productores, quienes hallaron en esta posibilidad un importante incentivo para la mejora de la productividad. En este contexto, el problema del hambre, presente en Rusia desde la Primera Guerra Mundial, empezó a remitir.

Uno de los más interesantes fenómenos que la NEP trajo consigo fue la aparición y consolidación de una nueva clase de pequeños terratenientes —los kulak— que habían logrado para sí cierta concentración de la propiedad —en cierto modo, equivalían a la pequeña burguesía agraria del mundo occidental— y que coexistían con otos campesinos que, lejos de haberse podido procurar unas tierras y un excedente para su subsistencia y para eventuales relaciones de intercambio, habían sufrido un notable proceso de proletarización. Este hecho, junto a la presencia de intermediarios que habían sabido situarse estratégicamente en los mercados en los que se intercambiaba la producción excedente y que, de este modo, habían obtenido ciertos beneficios, generó ciertos grados de conflictividad social, a la vez que despertó un debate acerca del papel de esta pequeña burguesía agraria en el desarrollo del proyecto que inspiraba la acción de gobierno de los bolcheviques.

En cualquier caso, los buenos resultados de la NEP en el sector agrario fueron innegables: no sólo aumentó la producción, sino que también se reanudó la exportación de cereales a Occidente.

En el sector industrial, los responsables de la NEP pretendieron terminar con el proceso de colectivizaciones que se había llevado a cabo durante la Guerra Civil y fomentar una suerte de economía mixta en la que el Estado controlara las grandes empresas sin que ello supusiese la prohibición o el entorpecimiento de la actividad de un determinante sector de economía privada. Lo que con ello se pretendía era que el Estado pudiera dibujar y conformar el horizonte de la economía del país y que, al mismo tiempo, un buen número de productores, pequeños propietarios, contaran con los incentivos suficientes para desarrollar sus actividades productivas y, a la postre, coadyuvaran al crecimiento económico global.

También en la industria la NEP cosechó importantes resultados: pese a las dificultades heredadas de las dos guerras —a la destrucción material del país había que añadir la pérdida que suponía la desarticulación del incipiente empresariado que se había ido desarrollando durante los años precedentes al gran conflicto armado—, en 1926 la URSS logró superar ya el nivel de producción de preguerra.

Sin embargo, la NEP debió hacer frente a un problema estructural que desestabilizó la economía soviética entre el final de la Guerra Civil y hasta 1924 y que tuvo su momento más álgido en la llamada «Crisis de las Tijeras», de 1922. Por el hecho de que, pese a los éxitos en la industria, el crecimiento agrícola fuera superior al crecimiento industrial, los precios de los bienes industriales crecieron mucho más —y mucho más rápidamente— que los de los bienes agrícolas. Ello generó un gran malestar entre el campesinado, que veía que se empobrecía al tener que vender a precios cada vez más bajos y comprar a precios cada vez más caros. El equilibrio no pudo restablecerse hasta que el Estado intervino fijando por ley el nivel de precios que se estimó apropiado y conveniente para la recuperación de las proporciones adecuadas del intercambio intersectorial.

En definitiva, la NEP proporcionó importantes logros económicos al gobierno bolchevique, que vio cómo la economía soviética empezaba a estabilizarse. A algunos, sin embargo, les pareció que la mayor permisividad para con la economía privada y de mercado suponía un paso atrás en el camino del nuevo régimen hacia el cumplimiento de los objetivos del socialismo político, que se suponía que la Revolución liderada por Lenin y Trotsky había hecho propios. A otros, en cambio, les pareció que la atención a la lógica de los incentivos y el cuidado para con la cuestión de la propiedad que la NEP llevó de la mano supuso, precisamente, la recuperación del espíritu propietarista que la tradición socialista —muy especialmente, en Marx y Engels— había hecho suyo: sin ciertos grados de propiedad, entendida ésta sin independencia material, el logro de los objetivos del socialismo no iba a ser posible.

EL DEBATE ECONÓMICO DE LA URSS DE LOS AÑOS 20

Es en este contexto en el que las discrepancias que marcaron el debate sobre política económica en la URSS de mediados de la década de 1920 se hicieron oír con mayor intensidad. En el ala izquierda del bolchevismo, Trotsky, Preobrazensky y Zinoviev sostenían que era imposible desarrollar la economía socialista sin acumular previamente el capital necesario para articular una industria sólida y potente. Este capital podía obtenerse bien a través de una mejora de la productividad en el sector de la industria, lo que aparecía como un objetivo realmente difícil en un país todavía sin tecnología propia, bien transfiriendo recursos desde el sector agrícola al sector industrial. Así, los defensores de esta opción sugirieron gravar las economías agrarias y mantener el sistema de tijeras —los controles de precios—, aun a costa del ahogo de los kulak, quienes deberían asumir los precios altos de la industria y cobrar precios bajos.

En la llamada «derecha» del bolchevismo, Bujarin, entre otros, sugirió que el proceso de desarrollo de la economía soviética debía ser lento, y propuso profundizar en la vía abierta por la NEP. Según Bujarin, hacer recaer el peso del desarrollo de la economía soviética enteramente sobre las espaldas del campesinado no podía sino conducir a la pérdida del apoyo de los productores agrícolas a la causa socialista. En cambio, Bujarin estimó necesario tratar de mantener la NEP para ir fomentando un desarrollo equilibrado de la industria, generar riqueza y, a partir de ahí, introducir las medidas propias del proyecto político socialista con mayor solidez y posibilidades de éxito —al fin y al cabo, insinuaba Bujarin, la tradición socialista, tal y como se ha visto anteriormente, había postulado en no pocas ocasiones que el socialismo no sería posible en un país en el que la industria no hubiera logrado previamente un mínimo desarrollo.

Sin embargo, tales cuestiones se debatían con el trasfondo de las luchas por el poder dentro del bolchevismo que venían dándose ya desde antes de la muerte de Lenin. En un primer momento, Stalin logró ir consolidando su posición sirviéndose de los argumentos de Bujarin para arrinconar a Trotsky, Preobrazensky y Zinoviev. Más adelante, sin embargo, el mismo Stalin se enfrentó a Bujarin y terminó acercándose a las posturas de los defenestrados Trotsky, Preobrazensky y Zinoviev.

En cualquier caso, a partir de 1927 y 1928 el régimen estalinista, que decía tener como punto de referencia la doctrina económica propia de la NEP, fue resquebrajándola a través de férreos controles de precios. Además, el fantasma del hambre anticipó el retorno a las colectivizaciones: se destruyó la propiedad privada y se fomentó la creación masiva de granjas colectivas —los koljós—, para lo que se utilizaron, siempre que fueran necesarias —la vía persuasiva de la publicidad no obtenía demasiado éxito entre los kulak—, las medidas legales —férreos impuestos en especies sobre la producción agrícola que, en caso de no ser satisfechos, comportaban la entrega de las tierras al Estado— y la política represiva en las que se asentaron las colectivizaciones forzosas. De este modo, la superficie de tierra colectivizada pasó de un 33,6 % en 1930 a un 83,1 % en 1933 y a un 94,1 % en 1935.

Con todo, los logros de la política agraria estaliniana fueron modestos. En primer lugar, la URSS no contaba con dirigentes técnicamente preparados para llevar la gestión de los koljós. En segundo lugar, la política del gobierno topó con una fuerte resistencia de un campesinado que, en unos casos, protestó boicoteando los procesos de producción y destruyendo maquinaria y cosechas y, en otros, emigrando. No obstante, cabe señalar la política económica llevada a cabo a finales de la década de 1920 y a principios de la de 1930 en el proceso de transferencia de rentas y de recursos del campo a las ciudades.

Pasados los primeros años de las colectivizaciones de choque, la situación del campesinado soviético mejoró claramente. En efecto, la mecanización de la agricultura, que fue posible, en parte, gracias al avance de la industrialización, que había sido priorizado durante los años anteriores, conllevó importantes beneficios en términos de productividad. Así, mientras el mundo capitalista se resiente de la severa crisis que desata el crack de 1929, la URSS estabiliza el sistema de las colectivizaciones, que le confiere un incremento espectacular de la productividad, y vuelve a otorgar a los campesinos un pequeño espacio para la producción de bienes propios, bien para uso personal, bien para su comercialización a pequeña escala.

LOS PLANES QUINQUENALES

Las colectivizaciones estuvieron íntimamente ligadas a los Planes Quinquenales que caracterizaron el modelo soviético de planificación centralizada de la economía. Los responsables económicos soviéticos eran conscientes de que la industrialización de la URSS no podía ser abordada a través de planes sectoriales, sino que debía regirse por vía de proyectos globales pensados para el conjunto de la economía. De aquí surgieron, pues, los Planes Quinquenales.

El primero de ellos, definido para el período 1928-1932, nació en un momento de euforia y confianza con respecto a las posibilidades de llevar a cabo rápidamente el proceso de modernización que el país necesitaba. Así, su objetivo central fue la articulación de una industria pesada potente, que se juzgaba esencial para garantizar la autosuficiencia en términos de materiales básicos —hierro, maquinaria, etc.— de un país que cada vez podía depender menos del exterior; es preciso recordar que la URSS era vista ya, por parte de las potencias occidentales, como el gran enemigo ideológico a batir.

Así, con el Primer Plan Quinquenal el nivel de inversión —sobre todo en industria pesada— aumentó espectacularmente, de modo que se sentaron las bases para la industrialización del país. No obstante, la promoción de la industria pesada se llevó a cabo en detrimento del sector de los bienes de consumo, producidos por la industria ligera, lo que generó importantes desequilibrios entre la demanda y la oferta de dichos bienes —la primera superaba ampliamente la segunda— que redundaron en un incremento muy notable de sus precios.

Además, los Planes Quinquenales atrajeron mano de obra del campo a la industria, a la vez que los problemas vinculados a las colectivizaciones forzosas provocaban un crecimiento muy limitado de la producción agrícola. La combinación de ambos fenómenos originó cierta falta de alimentos en los núcleos urbanos, a raíz de la cual los racionamientos se hicieron inevitables, a la vez que un notable incremento de precios que sólo podía ser eludido cuando los productos eran obtenidos, precisamente, por vía del racionamiento.

En suma, el Primer Plan Quinquenal obtuvo importantes éxitos en el terreno de la industria —la pesada, muy especialmente—, pero no logró un incremento sostenido y global de la productividad —la persistencia de costes elevados como resultado de la baja productividad de la economía soviética sería una constate a lo largo de muchas décadas— ni permitió mejorar el desarrollo del nivel de vida de una población que padecía una importante carestía de bienes de consumo y de servicios públicos básicos.

El Segundo Plan Quinquenal, proyectado para el período 1932-1938 pero vigente hasta la Segunda Guerra Mundial, se definió alrededor de objetivos más realistas y con el afán de corregir los desequilibrios que había generado el primero. En efecto, el Segundo Plan Quinquenal pretendía, en primer lugar, consolidar la industria pesada, sobre todo a través del sector militar —cabe recordar que este plan nace en un momento en el que el fantasma de una nueva guerra planea otra vez—; en segundo lugar, estimular la formación de una mano más cualificada; en tercer lugar, mejorar el nivel de vida de la población, incrementando la oferta de bienes de consumo y reforzando la prestación de servicios por parte del Estado —sobre todo, en el campo de la vivienda y en el de la sanidad—; y, finalmente, racionalizar el sistema de las redes de distribución de los productos para resolver los desequilibrios existentes en la economía en cuanto a la fijación de los precios.

Con todo, y pese a que el gasto militar limita el logro de los objetivos del Segundo Plan Quinquenal, éste permite una notable recuperación de la industria ligera y de la agricultura que hace innecesario el racionamiento y las redes informales para la distribución de los bienes producidos. Asimismo, si bien el incremento de los precios es elevado —menor, eso sí, que durante el primer plan—, el nivel de vida de la población mejora gracias a un aumento moderado de los salarios reales.

Tratar de cerrar el presente epígrafe con una valoración global de la experiencia soviética exige volver la mirada a la naturaleza revolucionaria de los hechos de 1917. Sólo así puede entenderse el significado histórico de sus repercusiones y, finalmente, de su fracaso en tanto que ensayo de construir una alternativa social y política al capitalismo. Cierto es que, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la URSS es ya una gran potencia industrial que ha logrado un incremento nada desdeñable del nivel de vida de sus habitantes, y que lo ha hecho desde la observancia de unos criterios ético-políticos alejados de los que rigen la Europa occidental y los Estados Unidos. Pero también es cierto que el salto que vive la Rusia soviética se hace no sin elevados costes materiales y, también, humanos. En este sentido, conviene tener presente el hecho de que la Revolución de Octubre de 1917 se hallaba enmarcada en el contexto de la espiral revolucionaria que, tras el horror de la guerra de 1914 a 1918, viven, entre 1918 y 1921, países europeos como Austria, Hungría, Baviera y, sobre todo, Alemania e Italia. De hecho, la Tercera Internacional, creada por Lenin y Trotsky con el objetivo de aprovechar de forma rápida e inmediata el potencial revolucionario de la Europa central y occidental de posguerra, fue un intento desesperado de salvar a la joven e industrialmente atrasada democracia consejista soviética, que con razón creían incapaz de sobrevivir siquiera un breve período de tiempo como tal democracia sin el apoyo de revoluciones triunfantes en las potencias industriales europeas. Una vez se vio que tales revoluciones no iban a llegar, el cierre político y económico en torno a sí misma que, inducida también por la presión de las potencias occidentales, practicó la URSS aparece como una opción que llevó a resultados cuya valoración política no corresponde a un texto historiográfico. La historiografía de la economía ha quedado resentida —eso sí puede afirmarse— de la imposibilidad de analizar los efectos sobre la estructura productiva y sobre los procesos de distribución del producto que hubiera tenido una apertura democrática en el interior unida a una reunificación política y sindical del grueso del movimiento obrero mundial tras la Gran Guerra y los intentos revolucionarios que la siguieron, reunificación que la autoridad moral cosechada por los bolcheviques rusos sobre todo hasta 1922, el año del III Congreso de la Internacional Comunista, quizás hubiera hecho posible.

ALTA CULTURA Y CULTURA POPULAR EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS

JORDI CASASSAS

Con el regreso del joven ingeniero Hans Castorp a la «llanura», tras el callejón (histórico y nacional) sin salida representado por el trágico enfrentamiento entre Ludovico Settembrini y León Naphta en el sanatorio antituberculoso de Davos, en la «montaña», Thomas Mann (La montaña mágica, 1924) simboliza el final de toda inocencia: Alemania y Europa entera deben enfrentarse a la Gran conflagración, tras la que ya nada podrá ser igual.

Hasta cierto punto, puede hablarse de un clima cultural-político favorable a la guerra, que se fue extendiendo por buena parte de Europa al compás de las tensiones que nos llevan a 1914. El mismo Mann (y con él, otro destacado alemán como Max Weber) no esconderá sus iniciales simpatías nacionalistas y belicistas. Luego (también de forma parecida a la de Weber), su particular pérdida de la inocencia le llevará a condenar al prepotente partido alemán de la guerra y a las formas alienantes del autoritarismo.

Lo cierto es que muchos intelectuales y artistas se habían enrolado, entusiasmados por la euforia popular y nacional —para ellos real, lejos del viejo amaneramiento de las convenciones burguesas—, y pensando que se trataría de una victoriosa aventura heroica, un antídoto contra las viejas rutinas. Intelectuales de la talla de Ch. Péguy, S. George o el sociólogo E. Durkheim no dudaron en tomar partido, llegando a pensar en la guerra como una forma de purificación; y la prensa de masas se cuidó de presentar a la opinión pública como sospechosos de oscuras infidelidades a los intelectuales que, como Romain Rolland, se posicionaron abiertamente en contra de la guerra fratricida entre europeos y fomentaron un activismo neutralista de tonos muy culturalistas (plataforma de los «Amigos de la Unidad Moral de Europa»).

Con todo, de la euforia pronto se pasó a la desesperación y al desánimo generalizados. Muchos intelectuales denuncian la aparición de un estado inexplicable de angustia y horror difuso pero muy presente. Los estragos de la guerra de posiciones en las trincheras y las devastaciones en la retaguardia, todos ellos inimaginables hasta este momento (la campaña periodística tras el bombardeo alemán a la catedral de Reims es una buena muestra de ello), se cuidaron de desvanecer los viejos optimismos. Sobre todo desde comienzos de 1917, una oleada de perplejidad y de desengaño se adueñó del panorama cultural europeo y fue determinante en la producción intelectual y artística de la primera posguerra.

Algunas de las novelas que adquirieron mayor popularidad narraban precisamente las terribles experiencias de la guerra. Así, por ejemplo, la de H. Barbusse, El fuego, que apareció en 1916 por entregas y se convirtió en un gran éxito editorial; también la popular novela de Erich M. Remarque, Sin novedad en el frente (1929) o la novela de Ernst Jünger, Tempestades de acero (1920) donde se exaltaba otro de los valores extremos que había generado la guerra, la camaradería del frente, una afinidad presentada como patriótica y viril a la que recurrirían los excombatientes para lanzarla como un gran reproche a la cara de los «políticos egoístas» de la posguerra.

Para muchos intelectuales, sin embargo, la épica del esfuerzo nacional-patriótico había perdido todo su sentido. Por doquier se multiplicaban la enfermedad, las mutilaciones, la depresión (e incluso la locura extrema) y el sinsentido. Gran cantidad de intelectuales creyeron ver en ello una verdadera frontera: a este lado de la tragedia, el relato histórico había perdido definitivamente su autoridad y funcionalidad anteriores y tan solo la ficción era lo importante. Del mismo modo, la exaltación patriótica pudo considerarse hueca e injustificable dando paso a un mundo en el que la única postura social justificable era la protesta. En este sentido podemos destacar la novela de Humphrey Cobb, Senderos de gloria (1935), de la que surgiría el guión de la película homónima de Stanley Kubrick (1957). Esta novela, cuyo título se inspiraba en los versos de Thomas Gray «Los senderos de la gloria no conducen más que a la tumba», se convirtió en un alegato contra la inutilidad y la barbarie de la guerra. Uniendo hechos reales acaecidos en distintas partes del frente francés entre 1915 y 1916 (los años de las grandes masacres), Cobb supo crear una trama convincente de gran carga de denuncia (la película estuvo prohibida en Francia hasta 1980 y en España hasta 1986).

La cultura de posguerra denotó unas dosis importantes de desesperación y en ocasiones hasta de un profundo desgarramiento en las actitudes de fondo. Así, Tristan Tzara, partícipe del movimiento neutralista de Zúrich en 1915 y líder del movimiento «Dada», cuya influencia resultará evidente en el origen cercano del Surrealismo, veía el mundo a medio camino entre la desesperación y el absurdo.

Sin embargo, al tiempo que estas actitudes de desánimo se generalizaban (muchos pensaron que jamás sería posible recuperar una ética del optimismo) se iba haciendo igualmente evidente hasta qué punto la Gran Guerra se había convertido en un fenomenal motor de dinamismo cultural; un elemento acelerador de las corrientes culturales anteriores a la guerra, que ahora se llevaban a sus últimas consecuencias y se popularizaban, en medio de un clima cultural de gran creatividad y brillantez.

En el mismo orden de cosas, la posguerra va a abrir definitivamente en Occidente una sociedad masificada y en plena efervescencia. Así pues, no es de extrañar que, junto al gran desarrollo de la alta cultura, aparezca en este momento el esplendor inicial de la denominada cultura de masas, con la variante de la cultura para las masas que acompaña a las formulaciones políticas más «revolucionarias».

La cultura de masas

Si la sociedad de masas representó la posibilidad imprescindible de un público amplio consumidor de estas nuevas manifestaciones culturales, el desarrollo de los grandes medios de comunicación y los avances tecnológicos fueron los vehículos que impulsaron este fenómeno cultural, que a menudo fue visto como una verdadera revolución, aunque solo fuese por el cambio de valores y prácticas sociales que comportó. La aparición de las nuevas chicas a la moda, con su falda corta, el pelo a lo «garçon» e incluso en pantalones (elevadas a prototipos de la nueva belleza por modistas como Coco Chanel) dieron un aire inicial de un cierto escándalo a esta transformación.

La prensa ilustrada y especializada (con el nuevo auge de la publicidad comercial), el cine, el gramófono, la radio y, a finales de la década de los treinta, los primeros experimentos con la televisión (en los inicios también conocida como radiovisión), fueron los vehículos que permitieron este consumo popular de cultura. Uno de los grandes «productos» de esta nueva situación fue el aviador norteamericano Charles Lindbergh, el primero en cruzar en solitario el Atlántico con su Spirit of Sant Louis (mayo de 1927): la prensa, la radio y el cine reportaje convirtieron a este anónimo empleado de correos en uno de los grandes héroes de masas de este periodo.

La música se convirtió en un poderoso vehículo de popularización cultural. Justo antes de la guerra había llegado a Europa el tango (que pronto se hizo popular en las salas de París o Barcelona) y el jazz. En los Estados Unidos, desde 1917 la música de los negros de Nueva Orleáns (como la del joven Louis Armstrong) se había popularizado en las grandes ciudades de todo el país sorprendiendo a todo el mundo con sus estridencias y ritmos sincopados.

El jazz, el soul o el blues y, junto a ellos, bailes como el charleston, el foxtrot o el ragtime fueron considerados por la cultura puritana y tradicionalista en general como algo extremadamente nocivo por corruptor de las viejas costumbres y la decencia pública; otros pensaron que el frenesí que llevaban aparejados era algo enfermizo, acorde con la demencia colectiva que se había apoderado de la gente en la posguerra. Ello no fue óbice para que la belleza semidesnuda de la cantante negra Josephine Baker triunfara en las grandes salas y «musics halls» de París. Estos bailes desenfadados o la popularización del sexo en la esfera pública fueron vistos como una forma de diversión necesaria para olvidar los horrores de la guerra: en esta primera posguerra, por ejemplo, se popularizaron los concursos o las «maratones de baile».

El periodo de entreguerras vio asimismo la conversión definitiva del deporte, de una práctica minoritaria de las elites en uno de los grandes espectáculos de masas. Estados Unidos se avanzó también en este cambio (aunque Europa le fue pronto a la zaga), con los campeonatos regulares y los grandes estadios e instalaciones para la práctica del béisbol o el fútbol americano, o con la celebración de multitudinarios combates de boxeo; sin estas grandes concentraciones y competiciones regulares, así como sin los grandes medios de comunicación de masas no se entendería la aparición de las nuevas «estrellas» del deporte y su extraordinaria popularidad.

Esta nueva práctica deportiva traducía la aparición de nuevos hábitos, por ejemplo laborales, así como la consolidación de una alfabetización mínima e imprescindible para tener acceso a la nueva prensa deportiva, con sus comentaristas especializados, los deportistas-comentaristas y un gran despliegue de medios gráficos. El «nuevo» deporte conectó bien con una práctica política en la que los tics nacionalistas y patrióticos jugaban un papel relevante. Las competiciones internacionales, interrumpidas durante la Guerra (como le había ocurrido a la celebración de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1916) fueron muy importantes en este gran cambio.

Con todo, si una manifestación traduce a la perfección la aparición de esta nueva cultura de masas ésta fue el cine, manifestación aparecida en la década anterior pero que es ahora cuando se consolida y expande definitivamente, desplazando la anterior hegemonía del teatro y la ópera. En este campo, la contraposición entre Europa y Estados Unidos resulta muy ilustrativa. En el Viejo Mundo tuvo un peso considerable el cine considerado como una obra de autor, con una influencia de la vieja producción literaria y teatral, y como la manifestación artística más moderna, la que mejor podía reflejar las aspiraciones futuristas, expresionistas o surrealistas: Erza Pound consideraba al cine como «el final lógico del arte impresionista».

Contrariamente, en Estados Unidos el cine muy pronto se convirtió en un próspero sector industrial y la producción cinematográfica se desprendió de todo prejuicio sobre su carácter nocivo o alienante para intentar convertirse en un verdadero espectáculo. La envergadura que consiguió, ya desde la década de los veinte, evidenció las implicaciones éticas e incluso políticas de la producción cinematográfica. Si de lo que se trataba era de llegar a un público cada vez más amplio era imprescindible adivinar sus gustos, no molestar las sensibilidades de los grandes colectivos y buscar la complicidad del poder con la creación de nuevos gustos y unos códigos de valores en los que cada uno pudiese verse identificado como partícipe de un proyecto colectivo. El cine contribuyó poderosamente a consolidar la idea de la existencia de un «american way of life» y a conferirle una dimensión verdaderamente patriótica (aquí sobresalió la filmografía de King Vidor).

Hollywood se convirtió en la «meca del cine» y en un escenario esplendoroso ya desde la década de los años treinta, con una producción que sobrepasaba las 600 películas anuales; cuando pudo explotar todas sus posibilidades con la aparición del cine sonoro (El cantante de jazz, 1927) y adaptarse a las leyes estatales antimonopolio de 1915. Las grandes productoras, como la Warner, Fox o Paramount, así como las emergentes Columbia, Universal o United Artists, supieron consolidar una producción que se demostró enormemente funcional en el difícil contexto de la Depresión que acompañó sus primeros pasos. Fue tan solo al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el poder optó por las enormes posibilidades que brindaba la televisión.

Los géneros más habituales se adaptaron perfectamente a la dinámica, temas e idiosincrasia norteamericanos; curiosamente, ello no fue obstáculo para su exportación a todo el mundo y en la misma Europa se convirtieron muy pronto en los filmes más visionados. El gran peso de la inmigración y su adaptación al nuevo país fue retratado con maestría por Charles Chaplin «Charlot» y su personaje de vagabundo solitario pero sensible, un perdedor que, sin embargo, siempre sobrevive y que con sus andanzas realiza una dura crítica del opulento egoísmo de las clases altas.

El género del western narró la epopeya de la conquista «fundacional» del oeste y se convirtió en un poderoso vehículo de imposición de mitos y valores colectivos: con La diligencia (1939), por ejemplo, se quiso impulsar la ilusión rooseveltiana de superar la Depresión con la recuperación de la ilusión colectiva de la conquista. En este campo sobresalieron «estrellas» como Gary Cooper, James Stewart o John Wayne. La Depresión también ayudó a consolidar otros géneros de enorme popularidad y capacidad «docente» o de simple diversión: el cine de gángsters y la comedia, con un peso decisivo de la comedia musical (Minelli). Como en Europa, el drama sentimental gozó de la especial predilección del gran público.

La alta cultura a la búsqueda de un nuevo lenguaje

En los años inmediatamente anteriores a la Gran Guerra, las llamadas vanguardias habían propuesto un cambio radical de actitud frente a la creación cultural y artística. Así, el «Futurismo» (concepto inequívoco de las aspiraciones de sus representantes) que partiendo de la preocupación intelectual por Italia, propia de los grupos florentinos (G. Prezzolini, Giovanni Papini, etc.) de antes de la guerra, va a evolucionar en sentido radical unos años después en contra de las formas neorrománticas, recargadas o demasiado apegadas a la tradición.

Su teorización inicial, obra de F. T. Marinetti y su Manifiesto futurista fechado en París el 20 de febrero de 1909, se posicionaba en contra del pasado (que denominaba «pasatismo» y lo identificaba con lo decadente a erradicar) y se declaraba a favor del movimiento, del dinamismo y la velocidad (el ferrocarril o la bicicleta como símbolos), del maquinismo, del telégrafo, de la simplicidad en las formas, de la belleza del desdoblamiento del movimiento a través de la imagen fotográfica, así como del peligro, del patriotismo sin concesiones o de la guerra.

Aunque lejos de los posicionamientos futuristas, Walter Benjamin teorizará también la simplicidad creciente introducida por el mundo del maquinsimo, al facilitar nuevos «gestos», como encender una cerilla, dar la luz o descolgar un teléfono, que han revolucionado los comportamientos y las percepciones de los individuos; en esta consideración, Benjamin se declarará cercano a la sensibilidad de un Baudelaire. Más adelante, Siegfrid Giedion lo historiará con acierto y todo lujo de detalles en su libro La era de la mecanización (1948) y F. D. Klingender, Arte y revolución industrial (1947), destacará cómo la producción seriada propia de la industria moderna ha introducido una nueva forma de ver los objetos, basada en su propia descomposición y en la multiplicación infinita de los puntos de vista.

El impacto inicial del futurismo fue muy grande, tanto en Europa como en Estados Unidos. Tras la Guerra, el grupo futurista italiano se lanzó a una estructuración interna bastante rígida, buscó la creación de un «partido futurista» partidario de la «democracia futurista» (Marinetti publicará un opúsculo titulado Más allá del comunismo, 1920), se posicionará sobre los temas más variados a través de constantes manifiestos y terminará por integrarse en el proceso de fundación del movimiento fascista italiano.

Resulta bastante difícil atribuir un carácter unitario al movimiento cultural de la primera posguerra. En todo caso puede apuntarse cómo el desgarramiento producido por la contienda mundial potenció las consignas voluntaristas de un Nietzsche o el psicologismo freudiano, junto a la militante lucha del simbolismo finisecular contra toda manifestación que de una forma u otra se refiriese al «medio natural». Sin embargo, las grandes aportaciones literarias que inauguran la novelística del siglo XX van a trascender este cuadro y basarán su enorme influencia en la invención de un nuevo lenguaje narrativo, a menudo intuido antes de 1914, pero que es ahora cuando va a adquirir toda su magnitud y trascendencia.

Entre tantos otros podemos destacar al poeta esotérico y ensayista francés Paul Valéry, quien se declara neosimbolista pero enfrentado con el simbolismo finisecular; su lenguaje, a menudo, busca la relación con las ciencias exactas y en sus reflexiones (Charmes, 1922) mostrará su inquietud por alcanzar el goce por lo que describe como la «simple higiene del espíritu» (El cementerio marino, 1920). Igual resonancia alcanzará Marcel Proust; en su obra En busca del tiempo perdido (aparece entre 1913 y de forma póstuma en 1927, puesto que muere joven, en 1922), la subjetividad con que es tratado el tiempo resultará verdaderamente revolucionaria. A su lado sobresaldrá con el tiempo la obra del irlandés James Joyce, que antes de la guerra había publicado la crítica realista de su católica y cerrada Irlanda (Dublineses, 1914); después, tras una larga elaboración, dará a luz su gran obra, Ulises (1922), que da origen definitivo a la novela del siglo XX; en ella, Joyce realiza una profunda y contradictoria alegoría de la condición humana que adquiere todo su sentido en la vida cotidiana: el tratamiento del lenguaje, la técnica narrativa e incluso la relación que se establece entre el autor y el lector van a crear una profunda sensación. Desde Italia, podemos aludir al carácter experimental de la obra de L. Pirandello; así, por ejemplo, Seis personajes en busca de autor (1921) muestra genial de su «teatro sin teatro».

En el mundo anglosajón se alude a menudo a la «generación de 1914», que incluye al mencionado Joyce; al poeta irlandés W. B. Yeats; a T. S. Eliot, quien en obras como La tierra baldía va a plasmar la desolación intelectual de este tiempo de posguerra; y a D. H.Lawrence (y el escándalo que rodeó la aparición de su obra El amante de lady Chatterley). No puede olvidarse la poesía de Virginia Woolf y su casi obsesiva reflexión sobre los procesos mentales, sobre la relación entre el objeto y el sujeto y sobre el tema del tiempo; reflejo de su actitud vital será su diario, en el que dice: «escribir es un esfuerzo, es una desesperación». Woolf forma parte del núcleo intelectual conocido como el Círculo de Bloomsbury (del que también forman parte el historiador L. Strachey o el economista Keynes). La profunda reflexión de este grupo girará alrededor de la crisis de «los fundamentos del siglo XIX», la ruptura de los viejos equilibrios y, con ello, la crisis de la centralidad del hombre, la imposición de una realidad cada vez más dinámica e inestable, el dominio de la incertidumbre y el final del intelectual encerrado en su torre de marfil.

Por lo que se refiere a las corrientes culturales, el desarrollo de las vanguardias de antes de la Guerra se va a radicalizar y ampliar con la aparición del ya mencionado movimiento «Dada» que Tristan Tzara pone en marcha desde Suiza en 1916. Pronto, su posicionamiento rompedor (elevar, por ejemplo, objetos extraídos de la basura a la categoría de obra de arte) dejó sentir su influencia en París, Berlín o en Nueva York (donde el pintor francés emigrado a EE.UU. en 1914, Marcel Duchamp, escandaliza al público pintando unos bigotes a la Mona Lisa, símbolo del arte clásico). Como queda dicho más arriba, esta corriente influyó poderosamente en la aparición de uno de los movimientos más influyentes y significativos de entreguerras: el surrealismo.

La definición del primer surrealismo sería difícil de explicar fuera del ambiente tenso e inquieto del París de la posguerra. En el plano intelectual lo había avanzado el poeta Guillaume Apollinaire al regresar herido del frente en 1917 (morirá un año más tarde): para él se imponía un «nuevo espíritu», que no debía alejarse de la realidad, pero que debía tener muy presente el oscuro mundo de los sueños. Asimismo, la rápida difusión por Europa de este movimiento deberá mucho a la capacidad de atracción e irradiación de la capital francesa. Su lanzamiento definitivo se concretó en el Manifiesto surrealista de 1924, en el que se propugnaba un «automatismo psíquico puro»; al mismo tiempo, se creó el portavoz del movimiento: La Revolución Surrealista. Entre sus primeros adeptos hallaremos literatos, artistas y cineastas (en la línea del futurismo y del propio Dada, que privilegiaban los fotomontajes como forma de expresión moderna). Podemos destacar, entre otros, a los poetas Louis Aragon, Paul Éluard o André Breton o al pintor alemán Max Ernst y sus «collages» desde 1919.

Aparte de sus propuestas estéticas y de sus fundamentos culturales (en los que el vitalismo de un Bergson o las teorías de Freud están muy presentes), los primeros surrealistas sobresalieron por su compromiso social antiburgués asentado en la dialéctica hegeliana; por su radicalismo político de izquierdas que, durante un tiempo, les mantuvo abiertamente ligados al Partido Comunista Francés y por su admiración incondicional hacia la experiencia bolchevique. Su primer manifiesto programático, ya citado, apostaba por un arte comprometido en la búsqueda de valores culturales alternativos, así como por una producción artística que primaba al grupo por encima de la obra individual. En este sentido, el surrealismo representaría una de las pocas experiencias colectivas de izquierdas ensayada en Europa occidental. André Breton lo reflejará en su obra Vasos comunicantes (1932); entre 1930 y 1933, el propio Breton publicará la revista El surrealismo al servicio de la revolución.

El cine constituyó un vehículo muy importante de expresión programática del surrealismo; no en vano Erza Pound lo consideraba «el final lógico del arte impresionista». Más allá, el teórico surrealista A. Breton consideraba al cine como la forma de religiosidad moderna por excelencia y realizaba sugerentes comparaciones entre el templo y la sala de proyección, inmersas ambas en una oscuridad que inclinaba al «fiel» al recogimiento y fomentaba su relación íntima y personal con el altar o la pantalla. La dadaísta Gabrielle Buffet consideraba que el filme era la única creación verdadera, capaz de generar ilusión en la perfecta conjunción de la sala, el espectador y sus héroes. En fin, la mayor parte de los intelectuales pensaron en el cine como en un fenomenal dispensador de emociones (no desligadas de la pintura de la realidad) y en un recreador de misterio tras un momento en el que toda ilusión parecía que se había perdido irremisiblemente.

Si una película buscó traducir desde un principio los postulados surrealistas, y que de hecho se convirtió en una verdadera bandera del movimiento, ésta fue Le chien andalou, dirigida en 1928 por Luis Buñuel con una colaboración estrecha del pintor Salvador Dalí. La película, que con la famosa escena en la que una cuchilla abre un globo ocular simbolizaba el final de una forma de mirar y entender las cosas, pretende plasmar el enfrentamiento entre la fuerza suprema del instinto y los convencionalismos sociales; para ello narra un cúmulo de frustraciones, emociones y deseos reprimidos así como de sueños, en una línea perfectamente freudiana. Al lado de este clásico podríamos situar la película de Man Ray, L’étoile de mer (1928).

Salvador Dalí, pintor surrealista por excelencia, pronto consideró que esta filiación le era atribuida por los miembros del grupo mientras que él no se consideraba como tal. Lo cierto es que Dalí, tras sus primeros pasos parisinos y tras sus primeros viajes a Nueva York, no soportó el encuadramiento y la militancia de sus iniciales compañeros. Lo cierto es que éstos, bajo la batuta de Breton, seguían manifestando su compromiso revolucionario: en 1928 lanza su manifiesto «El surrealismo y la pintura» y en 1930 el segundo Manifiesto Surrealista.

La «cultura de Weimar»

Dadas las especiales circunstancias de la posguerra alemana, con las durísimas condiciones impuestas por los vencedores y el trauma político de la crisis de la política prusiana tradicional (de la que el Segundo Reich era su directo heredero), algunos críticos hablaron de la «cultura de la catástrofe». La forma como fue vivida la derrota, las tensiones extremas que propició y los grandes desórdenes económicos que hundieron, al tiempo que a la gran economía, la supervivencia cotidiana de millones de alemanes, así parecen indicarlo.

Lo cierto es que a fines de 1918 apareció el primer volumen de la obra de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente (terminará de publicarla en 1922) y se convirtió en un éxito editorial enorme, con más de 100.000 ejemplares vendidos en poco tiempo, dado que sus tesis parecían confirmarse en la gran devaluación y en la crisis general en que vivía el país. La obra de este historiador en parte diletante, con pretensiones de realizar una «morfología de la historia universal», proponía la sustitución de las épocas históricas clásicas por unos periodos que coincidían con las principales civilizaciones, que venían tratadas como organismos vivientes, con una duración predeterminada y una evolución en fases (nacimiento, juventud, madurez y vejez) que desembocaba fatalmente en una fase final, preludio de su muerte. La obra de Spengler, que buscaba sus influencias en el decadentismo de fines del siglo XIX, contribuyó poderosamente a extender por la posguerra europea un clima de inequívoco pesimismo.

Desde el mismo final de las hostilidades, en Alemania se reavivó la corriente cultural del «expresionismo», cuyos fundamentos debemos retrotraer a 1910 y su mayor desarrollo en Berlín y en Munich. A pesar de que su influencia abarcó las artes decorativas a la música, la pintura o la literatura, más que de una corriente deberíamos hablar de un estado de espíritu, caracterizado por la desesperación, el catastrofismo y la dramatización, y de una postura vital del creador, que le empuja a la marginación de una nueva bohemia y al aislacionismo.

Por todas partes proliferaron estas visiones casi apocalípticas, el relato de catástrofes que tarde o temprano iban a determinar la vida colectiva. Por ejemplo, la obra de K. Pinthus, Crepúsculo de la humanidad (1919), de un claro regusto spengleriano. Las miserias de la guerra, los mutilados, los desesperados, los dementes, los suicidas se convierten en tema de análisis y de creación cultural, así como en el acicate que obliga al creador a convertirse en vehículo de denuncia y agitación: por ejemplo con la pintura de Otto Dix, Emil Nolde o G. Grosz, ambos significativamente influidos por la angustia que respira la obra de E. Munch, El grito (1893). Otro claro ejemplo de ello es el teatro de Bertolt Brecht o la popularidad que adquirió la novela de Alexander Döblin, Berlin Alexanderplatz (1929), crónica de un declive colectivo y de la deshumanización que afecta a la vida de la gente corriente.

Curiosamente, buena parte del arte creado en este periodo adquirió toda su dimensión y sentido a través de una exposición que tenía por meta desacreditarlo: nos referimos a la Exposición «Arte Degenerado» realizada por el nazismo en Munich en 1937.

Imposible, asimismo, olvidar la literatura de Franz Kafka, iniciada en Praga en 1912 y acabada de publicar por su amigo y editor Max Brod, tras su prematura muerte por tuberculosis en 1924. Kafka fue un verdadero maestro en la narración de situaciones llenas de un sentimiento difuso de terror y culpa, una situación de pesadilla, que partía de momentos y comportamientos perfectamente normales en una sociedad burguesa. Obras como La metamorfosis (1915), El proceso (1925) o El castillo (1926) tuvieron un impacto tan grande que terminaron por generar y popularizar el adjetivo «kafkiano», como sinónimo de algo inquietante y arbitrario.

Otras características que definieron a la cultura alemana de este periodo fueron sus dimensiones, su búsqueda de conservar y acrecentar el número de consumidores culturales (en su mayor parte, la creación cultural tuvo un valor muy relativo), su soporte industrial y técnico, así como su expresión a través de los medios de comunicación de masas. La extensión de esta cultura moderna contrastó con las iniciativas claramente revolucionarias de los intelectuales y creadores en general. En el mismo 1918 se crearon los Consejos de los Trabajadores Intelectuales; en 1924 apareció en Berlín «El Grupo Rojo» que impulsaba Grosz y, en la misma ciudad, en 1928 se fundaría la Asociación de los Artistas Revolucionarios Alemanes (ASSO).

En esta línea revolucionaria y cuando los efectos de la desestabilización monetaria remitieron algo, debe destacarse la creación de la escuela de arquitectura y arte Bauhaus. Sus miembros más destacados, como Walter Gropius o Mies van der Rohe (en contacto con el grupo francés de Le Corbussier) propusieron realizar una verdadera síntesis entre el arte o los oficios tradicionales y la modernidad que exigía la época. Crearon una arquitectura, contraria a la ornamentación (que consideran un crimen), partidaria de la simplicidad y la línea recta, que tras el ascenso del nazismo y la necesidad que tuvieron de exilarse acabó influyendo en los gustos generales.

El cine alemán de estos años resulta interesante por diversos motivos: por su potencia industrial, que permite la producción de gran cantidad de películas (un cine de masas) al tiempo que fomenta la investigación (en los años treinta se darán los primeros pasos de la nueva televisión); también por la vitalidad creadora, con algunos directores ligados a los movimientos de vanguardia.

Inmediatamente después del fin de la guerra, el cine expresionista va a contar con el carácter emprendedor del productor E. Pommer, con la agudeza del guionista Karl Mayer y con la genialidad de directores como Fritz Lang o F. W. Murnau (Nosferatu, 1921 o Fausto, 1926). Por lo que se refiere a Lang (Doctor Mabuse, 1922; El testamento del Doctor Mabuse, 1931 o Metrópolis, 1926), su cine resulta una sabia combinación entre el cine de autor, experimental y de vanguardia, y un perfecto conocimiento de las posibilidades de la industria cinematográfica, así como de los gustos de las masas, hechos que le permitieron una espléndida integración en el cine americano, tras su huida de la Alemania nazi.

También se realizó cine de denuncia social, acorde con los posicionamientos revolucionarios de la intelectualidad de Weimar; en este campo sobresale la adaptación que Piel Jutzi realizó de Berlin Alexanderplatz (1931). El cine político, en cambio, resultó ser de dudosa calidad. No así la comedia, que contó con la genial aportación de Billy Wilder, sin olvidar a J. Von Sternberg, uno de los que más contribuyó al lanzamiento de la mítica Marlene Dietrich.

La difícil formulación de una cultura de la revolución

No cabe duda de que la experiencia de la revolución bolchevique despertó una oleada de interés extraordinaria; lo hemos visto en el caso de Alemania, pero podría repetirse algo parecido en muchas otras partes, donde los creadores de cultura incluso pensaron en copiar las formas organizativas rusas.

En la propia Rusia revolucionaria, la relación de estos creadores con el nuevo régimen fue en cierto modo bastante contradictoria. La trayectoria final de un Máximo Gorki resulta muy ilustrativa: su entusiasmo inicial pronto se trocó en profunda desilusión, que acabó llevándolo al exilio (aunque regresó con todos los honores en 1936, poco antes de morir). Lo cierto es que la intelectualidad y los artistas rusos, en 1917, seguían siendo los herederos de la exquisita «intelligentzia» del siglo anterior, en perfecta sintonía con Occidente. En los años que preceden a la Revolución, las vanguardias (el cubismo, el futurismo o las primeras formulaciones expresionistas) tuvieron un eco importante en Rusia. Así, pueden destacarse los pintores abstractos a los que K. Malevich denominó «suprematistas», entre los que pronto destacaría V. Kandinski, así como los más formalistas, denominados «constructivistas» (con V. Tatlin a la cabeza), cuya producción también influyó en el cartelismo y en las artes gráficas en general.

En los primeros compases de la Revolución, la actividad de los intelectuales y artistas que no optaron por el exilio fue respetada e incluso potenciada. A ello contribuyeron los propios Lenin y Trotsky (quien se consideraba un intelectual y escribió Literatura y revolución, 1923) y, especialmente, A.V. Lunacharski, valioso promotor cultural que fue nombrado Comisario para la Educación y las Artes.

En esta fase sobresalió la obra y la acción de Vladimir Mayakovski, al que se consideró como el poeta de la revolución. Sus manifestaciones de rechazo a todo lo pequeñoburgués y su exaltación de las masas desheredadas se convirtieron en verdaderas consignas, de una gran repercusión (150 millones, 1921; Lenin, 1925). Este entusiasmo revolucionario lo llevó a crear el grupo y la revista Lef (Frente de Izquierda Unida, con una primera época entre 1923 y 1925 y una segunda entre 1927 y 1929): en ella predicaba la cultura entendida como construcción de una nueva realidad, opuesta a los idealismos individualistas. Sin embargo, progresivamente se fue sintiendo constreñido, ante el progresivo control político de la creación cultural; manifestó su oposición a través de la sátira (La Chinche, 1929); se enfrentó con la Asociación de Escritores y terminó suicidándose de un pistoletazo en 1930.

Algo parecido, aunque no con este fin dramático, le sucedió al poeta Alexander Blok. Hijo de la clase alta, abrazó con entusiasmo la Revolución, de la que decía saber escuchar con el corazón su «estruendo majestuoso»; pero, entre controles y privaciones terminó con un gran desengaño y aislamiento. Lo cierto es que la subida de Stalin al poder significó un gran golpe para los creadores culturales de primera fila; en algunos casos (como el del coreógrafo V. Meyerhold) una verdadera persecución. Algunos creadores optaron por el exilio (como Kandinsky) y no pocos influyeron poderosamente en la vida cultural de la Alemania de Weimar.

Los debates estéticos finalizaron, siendo substituidos por la «línea del Partido». En todos los campos se impuso una cultura de propaganda, basada en el denominado «realismo socialista» y con un arte y una arquitectura en los que se aprecia la impronta futurista. La literatura de este realismo socialista dio algunas obras relevantes, orientadas a relatar la épica popular de la revolución. Así, por ejemplo, las obras de F. Gladkov, L. Leonov, A. Fadéiev, M. Bulgákov (La Guardia Blanca, 1924) o M. Schólojov (El Don apacible, 1923-1930).

Algo parecido sucedió con el cine ruso del periodo revolucionario, que Lenin nacionalizó desde 1917 mismo; el líder bolchevique comprendió enseguida el valor propagandístico y pidió la producción de reportajes y películas de propaganda. Esta instrumentación no tardó en producir un enfrentamiento abierto entre el poder y los cineastas que, como el grupo de Kuleshov, se sentían atraídos por la revolución pero propugnaban la aparición de un arte nuevo (entre otros, Dziga Vertov). En contacto con la estética futurista apareció la Fábrica del Actor Excéntrico (FEKS).

Uno de los casos más evidentes de esta difícil relación con el poder lo brinda el director S.M. Eisenstein, que provenía del mundo del teatro. Su propuesta partía de la necesidad de crear nuevos gustos en el público espectador; su cine debía ser el reflejo de la modernidad, debía basarse en el dinamismo (captar el movimiento de las cosas) y reflejar la esencia de los temas tratados. Entre sus películas «revolucionarias» sobresalen La huelga (1924), El Acorazado Potemkin (1926, en homenaje a los revolucionarios de 1905), Octubre (1928, como proclama de la necesidad de no parar el proceso revolucionario), o La línea general (1929, para exaltar la nueva sociedad socialista). Sin embargo, en 1944 realizó Iván el terrible, un claro alegato en contra de los excesos paralizantes del estalinismo.

Entre el compromiso político y el social en los años treinta

En estos años va a producirse una verdadera revolución filosófica, cuyos orígenes deben buscarse incluso en los años anteriores a la Guerra, pero que a partir de los años veinte comenzará a tomar forma definitiva. Nos referimos a la reacción antivitalista que va a concretarse en el denominado Círculo de Viena. Su inspirador inicial fue el vienés Ludwig Wittgenstein, quien inició sus reflexiones con la convicción de la necesidad de crear un nuevo vocabulario, dado el enorme abismo abierto entre las palabras y su significado. Su Tractatus Logico-Philosophicus (1921), una obra de 70 páginas pero destinada a tener una gran repercusión, dio origen a la llamada Filosofía Analítica del Lenguaje, pronto también denominada como Positivismo Lógico e incluso Empirismo Científico.

Siguiendo los pasos del Tractatus, y bajo el liderazgo de Moritz Schlick (quien se había doctorado con Max Planck), el mencionado Círculo de Viena acabó de tomar forma tras la redacción de un manifiesto-programa por Rudolf Carnap; en él se proponía una ciencia de la experiencia inmediata, pensando que «el significado de una proposición es el método de su verificación». Entre los miembros de este grupo, que en su totalidad se consideraron verdaderos agitadores intelectuales, debemos destacar a Carl Hempel, a Olaf Hempel y a W. Kraft.

Tras la publicación de su Tractatus, Wittgenstein creyó haber dicho ya todo lo que era capaz, dejó la reflexión filosófica y se dedicó a la docencia como maestro de primaria; y fue precisamente el contacto con los niños el acicate principal que lo llevó a revisar su propia teoría. Lo expondrá en Observaciones filosóficas (1929-1930), introduciendo todo el conjunto de comportamientos y creencias que influyen según él en el lenguaje, y con una exposición que conscientemente no quiere alejar de la simplicidad de las actuaciones cotidianas. En esta etapa se trasladará a Cambridge, se relacionará con Bertrand Russell y su lógica matemática y con otros lógicos ingleses, como Ramsey o Alfred J. Ayer.

En estos años también se van a producir las primeras formulaciones de una corriente filosófica destinada a tener una notable influencia, incluso fuera de los círculos filosóficos, a partir de los años cuarenta. Nos referimos al existencialismo, que se autodefinió como la filosofía de la incertidumbre y de la duda cuando el individuo se sitúa más allá de lo estrictamente cotidiano. De hecho, el existencialismo buscaba sus raíces en la revolución antipositivista finisecular (con un recurso especial a las tesis de Martin Heidegger y en paralelo a la filosofía del alemán Karl Jaspers) y quiso adaptarse a las tensiones de entreguerras al reflejar la ansiedad generalizada y el aislamiento individual: intentaba reflexionar sobre la existencia y no sobre la esencia de los individuos y combinó a la perfección esta preocupación con aquel ambiente cultural de entreguerras que a menudo se identificó como «el malestar de la cultura».

Con el tiempo, un literato como Albert Camus o un filósofo como Jean Paul Sartre interesaron enormemente por sus afirmaciones respecto a una existencia válida tan solo por el hecho de ser presente y de permitir al individuo elegir y, por tanto, ser responsable de sus actos. Las propuestas de Sartre hablaban de la condición humana como aquella que no puede liberarse de la necesidad de tomar partido y ello conectó con la tendencia de los intelectuales europeos a identificarse con una militancia política.

De hecho, esta militancia se había hecho progresivamente evidente desde el mismo fin de la Gran Guerra. En Francia, esta tendencia fue apreciada por Julien Benda, un intelectual y literato que se había distinguido en sus polémicas con Charles Maurras a raíz del caso Dreyfus. En 1927, Benda publicó La trahison des clercs, donde los clérigos o intelectuales traicionaban su compromiso con la racionalidad al sucumbir al estímulo de lo político; desde 1920-1921, la constitución de los Partidos Comunistas en Occidente había contribuido enormemente a esta supeditación. Fuera de Europa, el grupo de Diego Rivera, Frida Kahlo y el grupo del «arte público» mejicano aporta otro ejemplo destacado de esta notable supeditación.

En estos años treinta, una nueva generación de intelectuales va a realizar una profunda reflexión sobre el valor de su obra de creación, sobre la posición social y sobre la función del escritor. Una oleada de realismo intenta superar toda la violencia provocadora de las vanguardias, oponerse a los esteticismos de todo tipo y enfrentarse con un gran sentido de lo real y lo actual a un mundo sacudido por la crisis social y económica, por la tensión creciente aportada por los fascismos o por el ejemplo mundializado de la Revolución de Octubre.

El escritor y el artista buscan el compromiso personal, enfocan su obra como si de un reportaje comprometido se tratase y de su valor de testimonio intentarán generar un acto de propaganda. En relación con el comunismo van a aparecer denominaciones nuevas que con el tiempo habrían de convertirse en verdaderos lugares comunes: el «compañero de viaje» o el intelectual antifascista, con una trayectoria vital comprometida, y, según en qué momentos, incluso heroica. El francés Paul Nizan va a traducir fielmente esta tensión en su obra Los perros guardianes (1932).

En estos años de entreguerras, el ascenso del fascismo va a constituir el tema central de las preocupaciones intelectuales. No es de extrañar, pues, que la Guerra Civil española se convirtiese desde su mismo inicio en uno de los grandes temas de inspiración al tiempo que de compromiso político e incluso de movilización (Brigadas Internacionales). Imposible olvidar la actuación de un André Malraux (La condición humana, 1933 o La esperanza, 1937, donde se habla de la progresiva derrota de la II.ª República), pero tampoco la evolución realizada por un Georges Bernanos desde la derecha católica hasta la publicación de su obra Los grandes cementerios bajo la luna (1938), profunda crítica del bando faccioso. Si una obra de arte (y un artista) es significativa de este posicionamiento, fue sin duda el cuadro de pablo Picasso Guernika, pintado en 1937.

En Inglaterra ocurrió algo parecido, hablándose de los intelectuales de «las grandes causas», de una clara orientación izquierdista. Con su obra, sus actos de propaganda y sus posicionamientos vitales quisieron enfrentarse al «dorado aislacionismo» inglés y concienciar a la población de la necesidad de tomar partido ante la gran crisis que se avecinaba. Entre este grupo pueden destacarse los casos de Ch. Candwell (muerto combatiendo en España) o el de George Orwell, también combatiente, autor de Homenaje a Cataluña (1938) o de Rebelión en la granja (1944), un duro alegato en contra del totalitarismo.

La cultura del fascismo

Tras la Gran Guerra cada vez se hizo más evidente por todas partes que la acción individual de los artistas y sus marchantes había pasado a mejor vida. Excepto algunos pocos magnates y sus colecciones privadas y sus fundaciones, el mercado del arte quedó mediatizado por la fuerza de las instituciones públicas; el papel de los Estados fue determinante en la creación de grandes infraestructuras (museos, salas de exposición, etc.), de escuelas de formación artística, con su política de subvenciones e incluso como gran estructura de demanda de obras de arte en general (monumentalística, grandes conmemoraciones, cultura de propaganda, arquitectura, cine, etc.).

No cabe duda de que, en el plano práctico, el totalitarismo llevó al máximo esta tendencia estatalizadora y convirtió la promoción y orientación cultural-artística en una pieza capital de sus programas. Desde su misma fase de ascenso, el fascismo invirtió los términos de la máxima de G. Sorel (una de sus principales fuentes de inspiración) cuando decía que en el origen de toda teoría existe una acción: convirtió la acción en la finalidad primordial y subordinó los fragmentos de teoría que le interesaron para realizar un conglomerado ecléctico y a menudo confuso al servicio de su programa.

Así como desde sus primeros compases el fascismo se benefició de aquella tendencia estatalizadora, su antiparlamentarismo se vio arropado por un ambiente cultural general, en el que también participaron las democracias, que favorecía la intuición, la voluntad y la pasión por encima de la razón y que, muy a menudo, manifestaba cuando menos su desconfianza hacia el avance de la democracia de masas y el control que pretendía ejercer sobre la actividad de las elites. El americano Walter Lippmann, Opinión pública (1922), traduce esta inquietud a la perfección. Los comentarios aristocratizantes y antidemocráticos de un D. H. Lawrence o de un H. G. Wells son claros, aunque no llegan al extremo del apoyo abierto de Mussolini manifestado por Ezra Pound o T. S. Eliot. El mismo Huxley abogó por la necesidad de controlar a estas masas desmoralizadas y deshumanizadas.

El mismo Mussolini leyó de forma bastante desordenada toda esta literatura, y la añadió al fondo vitalista finisecular, desde Nietzsche y Bergson a Pareto y a los teóricos menores del socialismo revolucionario. Aquello que más le acabó interesando fue la idea del «superhombre» nietzscheano, pero no en su versión original absolutamente individualista sino fundido en la nación y la cultura nacional, y tutelado por el Estado en la tarea «nueva» de terminar con la decadencia del mundo burgués y el «estrecho» materialismo socialista.

Al fundamento intelectual del fascismo italiano van a contribuir tres personalidades muy significativas: el poeta decadentista finisecular Gabriele d’Annunzio, el teórico del futurismo Filippo Tommaso Marinetti y el filósofo que da el título de «actualismo» a su inicial idealismo, Giovanni Gentile. La sorprendente teatralidad que D’Annunzio aporta al héroe que construye mitos y su correspondiente escenografía (aventura de Fiume, 1919-1921, que fascinó, antes de incomodarle, al mismo Duce). El Marinetti futurista aporta el antitradicionalismo moderno, así como el valor pedagógico nacional de la cultura (el fascismo no rechaza de plano el arte moderno, como sí lo hizo el nazismo). Gentile aporta la sistematización filosófica que explica de qué forma el individuo se realiza finalmente en la nación y viene tutelado por el Estado (la superioridad del Estado será teorizada también por Alfredo Rocco), así como al académico capaz de reorganizar la educación nacional. Gentile es el autor de la interesantísima voz «fascismo» de la Enciclopedia Italiana (que firmará el mismo Mussolini).

La cultura-acción va a orientarse hacia la creación del «hombre nuevo» dentro de la «nueva civilización» fascista, un cuerpo orgánico dirigido por su «líder carismático». Así va a producirse una extraña síntesis («nacional») entre la simplicidad futurista y la identificación grandilocuente del Imperio Romano con esta nueva civilización; y se van a crear la escenografía (monumentos, arquitectura, urbanismo, etc.), los gestos (saludos, paradas, desfiles, etc.) y toda la estética que se deberá identificar con el nuevo estado de cosas. El valor de esta cultura pedagógica se aprecia, por ejemplo, en el Manifiesto de la pintura mural lanzado por gente como Carrà o Sironi (1933), muy en sintonía con el realismo crítico con que desde una década antes pintaban la epopeya patria en edificios públicos los grandes muralistas mejicanos Orozco o Rivera.

La aportación cultural del futurismo también se dejó sentir en la arquitectura, cuando se adaptaron las grandes visiones de un Antonio Sant’Elia o de Mario Chiattone. Pero allí donde su influencia fue más fructífera puede que fuese en la exaltación del cine como la forma artística moderna (futurista) por excelencia. Desde la realización de la película de A. Ginna Vida futurista (1916) se habló de las ventajas de este vehículo cinematográfico, sin pasado ni tradición, y de su capacidad para expresar la vida moderna. El dirigismo fascista se tradujo, aparte de los organismos de propaganda directamente gubernamentales, en organismos como el Instituto Nacional de la Cultura Fascista, que disponía incluso de unos llamados «Grupos Científicos».

En la Alemania nazi, la funcionalidad que se quiso dar a la nueva cultura fue parecida a la italiana (inicialmente, Hitler admiraba mucho a Mussolini). Sin embargo, el mayor grado de violencia y radicalidad que conlleva la formulación y desarrollo del nazismo le confirió un carácter bastante distinto. Uno de los primeros biógrafos de Hitler, Konrad Heiden, identificaba no sin un cierto exceso de entusiasmo al primer núcleo del Partido Nazi como «intelectuales armados». Aparte de que, por ejemplo, Goering fuese abiertamente partidario del uso de los «puños y las pistolas» frente a cualquier cosa que oliese a intelectualidad y a cultura elevada, la mayor parte de estos nazis iniciales no pasaron de autodidactas y en sus diletantes elaboraciones culturales y artísticas fueron criticados sin piedad por la alta cultura alemana.

Con la subida de Hitler al poder se desató una acción violenta en contra de intelectuales y artistas, a los que se consideraba representantes de la vieja y decadente cultura burguesa o, simplemente, por el hecho de ser judíos: el arte de vanguardia fue considerado una «degeneración bolchevique y judía» en marzo de 1933 y se suprimió por decreto; se publicaron listas negras de artistas (se llegó a perseguir incluso a Emil Nolde, quien inicialmente había demostrado sus simpatías por la causa nazi); se clausuró la Bauhaus, se requisaron obras enteras, se prohibió pintar a algunos artistas, se despidió a la mayoría de los que trabajaban en galerías, museos o escuelas de arte, etc. En el mismo 1933 se creó la Cámara para el Arte y la Cultura, plataforma de control y de filiación obligatoria. Muchos intelectuales y artistas huyeron del país, influyendo poderosamente en el conjunto de la cultura occidental. Otros se quedaron, como el filósofo Martin Heidegger, quien colaboraría en el asentamiento de la cultura nazi y en la reforma de su sistema educativo, exaltando al Führer y persiguiendo incluso a viejos compañeros por el mero hecho de ser judíos.

Hitler contribuyó personalmente a imponer el sustrato cultural y los gustos y las fobias que se identificaban con la «revolución nazi». Aquello que podría considerarse como su ideario se fue conformando con la acción, en contacto con los camaradas y en base a un cúmulo de lecturas hechas con desorden y de una forma puramente instrumental. Las elucubraciones grandilocuentes de un Wagner se mezclaron con algunas de las teorías de Nietzsche, con la parte más mecánica del evolucionismo darwiniano, así como con la abundante literatura europea finisecular dedicada a argumentar la crisis y decadencia del mundo burgués y del liberalismo parlamentario o a glosar la superioridad de la raza blanca en relación con una jerarquía científica de las razas mundiales (Gobineau, Chamberlain, etc.). Paralelamente, Hitler bebió de la misma tradición cultural y política prusiana, para sacralizar al grupo natural fundamental (nacional) por encima del individuo o incluso de la clase social (como había sistematizado el sociólogo Ferdinand Tönnies), y situó su «revolución» en línea con la genuina tradición alemana, que remontaba sus raíces a los tiempos remotos medievales.

Las grandes consignas hitlerianas pusieron el énfasis en el anticapitalismo, se posicionaron en contra del comunismo y de los valores burgueses y sus decadentes manifestaciones intelectuales y artísticas, y se manifestaron en contra de los judíos (en sus primeros actos antisemitas pudo contar con la ayuda financiera de Henry Ford, quien no escondía sus simpatías por esta causa). En este posicionamiento racista, Hitler fue secundado desde un principio por uno de sus «filósofos» más afines, el siniestro Alfred Rosemberg (quien fue nombrado Ministro de los Territorios Ocupados del Este y terminaría condenado a la horca en el juicio de Nüremberg); tampoco podemos olvidar al más científico Hans F. K. Günther y a los nuevos científicos del Instituto de Antropología y Genética Humana Kaiser Guillermo, quienes no dudaron en colaborar con la terrible sección de «Herencia ancestral» de las SS.

En este entramado ideológico, las manifestaciones culturales debían cumplir una función educadora. La pintura había de reflejar la sociedad rural natural alemana, aludir a los grandes patrones clásicos y dar forma a los grandes mitos, sin ambigüedades ni abstracciones pequeñoburguesas, así como a las consignas del Partido. El nazi Albert Speer se convirtió en el arquitecto del Führer, diseñando una arquitectura y un urbanismo monumentales y de regusto clasicista. En estas manifestaciones culturales orientadas al consumo de la masa nacional, el deporte adquirió un gran relieve.

Dado su gran valor aleccionador, el cine atrajo un especial interés por parte de la cúpula nazi. Su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, controló enseguida la importante industria (e investigación) alemana cinematográfica e indicó a los productores y directores que debían realizar un cine pedagógico, creativo e inteligente como el soviético (parece que les proyectó El acorazado Potemkin de Eisenstein y les pidió su equivalente). Al mismo tiempo, introdujo la obligatoriedad de proyectar un noticiario gubernamental y algún reportaje al inicio de cada sesión.

Sin lugar a dudas, quien mejor siguió estas consignas fue la directora (y ex actriz) Lili Riefenstahl, logrando elevar el reportaje a categoría de obra cinematográfica de autor, con la utilización de grandes equipos y despliegue técnico, y dando al género una fuerza de comunicación extraordinaria. Con 16 cámaras y más de un año de montaje filmó el primer gran congreso del partido nazi (El triunfo de la voluntad, 1935), con el resultado de una de las grandes películas de la historia del cine. Poco después, utilizando 80 cámaras y grandes sumas de dinero, filmó los Juegos Olímpicos de Berlín (Olimpia, 1936), como correspondía por tratarse de una manifestación mundial que debía convertirse en el gran evento propagandístico del nuevo régimen.

CIENCIA Y TÉCNICA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

SANTIAGO RIERA I TUÈBOLS

LA BIOLOGÍA

La genética

Hugo de Vries (1848-1935) representó un papel importante en la rama científica de la biología que hoy conocemos como genética cuando recuperó los experimentos que Mendel había realizado con anterioridad.

Gregor Mendel (1822-1884) (antes de entrar en la orden que le acogió en el monasterio de Santo Tomás de Brno, Johann Mendel), había publicado los resultados de sus estudios con guisantes, realizados en el jardín del propio monasterio, en la revista Anales de la Sociedad de Historia Natural de Brno en el año 1865. Sin embargo, el artículo en cuestión pasó desapercibido, en parte debido a que la revista no tenía difusión en el seno de la comunidad científica y en parte porque su autor era un desconocido. Incluso Von Nägeli, el botánico alemán de más relieve, a quien Mendel había enviado su artículo, lo consideró de poca monta después de una lectura rápida. En resumen, las aportaciones de Mendel con los guisantes quedaron escondidas en el polvo de la historia, que es lo mismo que decir en el polvo de una revista cuyas páginas no fueron hojeadas por los especialistas.

¿Qué es lo que decía el monje Gregor en su artículo?

Mendel cultivó plantas altas puras de guisantes y vio que las semillas de éstas siempre daban lugar a plantas altas; pero si cruzaba las plantas altas con otras cortas, las semillas de las plantas resultantes (no puras) daban plantas largas y cortas en la proporción de tres a uno. Mendel supuso, con razón, que al cruzar los caracteres L (largo) i c (corto) se producían cuatro combinaciones: LL (plantas largas puras), cc (plantas cortas puras), Lc i cL (plantas no puras); pero el hecho de que estas últimas tuviesen siempre el tallo largo le hizo distinguir entre carácter dominante (L) i carácter recesivo (c). Sin embargo, la característica no visible, recesiva, no se perdía. En definitiva, y para no alargarnos en exceso, Mendel había descubierto, a través de un trabajo experimental, las llamadas leyes de la herencia.

El resultado era enormemente interesante pues Darwin, por desconocimiento, había abandonado la explicación de la transmisión de las características de padres a hijos, aunque, como es obvio, constituía un hecho real fácilmente comprobable.

Sin embargo, decíamos más arriba, los resultados de los experimentos de Mendel no fueron conocidos hasta que el holandés De Vries los redescubrió en el año 1900. No fue el único: Carl Correns y Erich Tschermak lo hicieron también al mismo tiempo, lo cual prueba que cuando un tema se convierte en objeto de la atención de la ciencia —y esto es lo que ocurría a principios del siglo XX— los resultados se multiplican. A partir de este momento, el interés por el mecanismo de la herencia creció aún más: Chapelier tradujo la Memoria de Mendel al francés en 1907; el británico Bateson lo hizo al inglés dos años más tarde, y el mismo Tschermak recomendó que se editase de nuevo en alemán, esta vez en una revista de prestigio. Así fue como apareció en Klassiker der Wissenschaften.

Sin embargo De Vries no se limitó a difundir el descubrimiento de Mendel sino que, a partir de él, elaboró la teoría de los saltos repentinos o mutaciones, con la cual completaba la aportación de la teoría genética mendeliana y proporcionaba una consistencia notable a la teoría de la evolución que, en adelante, sería conocida como neodarwinismo.

Por otra parte, el mecanismo de transmisión de la herencia fue atribuido a los cromosomas recién descubiertos. Cabe decir que el desarrollo de la genética, progresivo a partir de principios del siglo veinte, ha tenido un desarrollo espectacular en la segunda mitad de la centuria. Volveremos a hablar de este tema más adelante.

LA GEOLOGÍA

La tectónica de placas

Hablar de la teoría de la tectónica de placas obliga a empezar haciéndolo de Wegener.

Alfred Wegener, geólogo alemán, nació el día 1 de noviembre de 1880 en Berlín. Viajero incansable, se fijó en el hecho de que las costas occidentales de África y las orientales de América del Sur encajaban una con la otra. Además descubrió una identidad sospechosa entre las rocas cámbricas de Canadá y Escocia. Todo ello le sugirió una teoría que afirmaba que originariamente no había más que un continente (pangea, todo tierra) el cual estalló y dio origen a los (continentes) que hoy conocemos. Las mediciones que realizó en Groenlandia probaban que se apartaba de Europa, hecho que, según él, reforzaba su teoría. Además, de esta manera podía explicar las glaciaciones de forma coherente, así como las similitudes de especies afines que se encontraban en continentes hoy separados. Muchos científicos se convirtieron en seguidores de su hipótesis, conocida como la deriva continental; sin embargo, también tuvo detractores que basaron sus críticas en pruebas que, pretendían, llevaban a resultados opuestos. (Así, por ejemplo, las medidas del alejamiento de Groenlandia respecto a Europa se demostró que eran erróneas). Pero la razón más poderosa de sus adversarios científicos fue la determinación de la fuerza que había separado los continentes y por qué se seguían separando.

Wegener murió en el año 1930, en el glaciar de Kamarudjuk, Groenlandia, y su cadáver fue encontrado al lado del de Rasmus, el esquimal que le acompañaba en la expedición que el científico alemán había emprendido para auxiliar a los miembros de la base Eismitte, que él mismo había establecido con la finalidad de estudiar la climatología de aquellas lejanas tierras.

La explicación a la deriva continental llegó de la mano de Edwin Colbert, a través de los descubrimientos de los Lystrosaurus encontrados simultáneamente en Sudáfrica, la India y la Antártida, y los estudios de William Maurice Swing y Harry Hess. Este último, profesor de la Universidad de Columbia desde 1944, se dedicó a estudiar los fondos oceánicos con un moderno equipo y llegó a la conclusión de que poseen una estructura parecida a la de la superficie terrestre, con cordilleras, mesetas, etc. Las teorías de Swing, Hess y Bruce C. Heeze, oceanógrafo y geólogo americano, desarrolladas fructíferamente en la década de los años cincuenta del siglo XX, proporcionaron una explicación coherente a la deriva continental al considerar la existencia de grandes placas rígidas sobre las que se levantan los continentes; estas placas se sustentan sobre el magma fundido, de tal manera que cuando éste fluye, ejerce la presión suficiente para separar las placas y, por lo tanto, los continentes. Esta teoría, aceptada hoy día, es conocida como tectónica de placas.

La NASA se puso a estudiar el movimiento de los continentes tomando como referencia un cuasar (emisor de ondas) muy lejano. Con las potentes antenas instaladas en Alaska, Hawai y Japón se pueden medir diferencias de milisegundos en la recepción de las señales. Al cabo de tres años de funcionamiento había quedado probada sin discusión la teoría de la deriva. Como ejemplo, baste decir que se ha detectado que Hawai y Alaska se acercan a razón de 52,3 mm anuales; y Hawai y Japón a razón de 83 mm, mientras que América y Europa se separan 17 mm cada año. La tectónica de placas predice que las colisiones (entre placas) pueden producir la elevación de cordilleras, así como terremotos. Naturalmente, una de las finalidades de estudiar la teoría de la tectónica de placas es prever dichos fenómenos.

A través de la tectónica de placas se da también una satisfactoria explicación de los períodos de glaciación de la Tierra.

LA MEDICINA

Los antibióticos

Si un descubrimiento tiene un significado especial en la historia de la medicina de la primera mitad del siglo XX, este es el de la penicilina.

En 1928, Alexander Fleming (1881-1955), del Saint Mary’s Hospital de Londres, descubrió que un hongo que había crecido en una placa de cultivo de un coco común, tenía la propiedad de frenar el crecimiento de la colonia de cocos. Aisló el hongo en cuestión y lo denominó Penicillium notatum. En realidad, el hongo producía una sustancia, que Fleming llamó penicilina, que era la causante del ataque a las bacterias, y, además, no era tóxica para los animales.

En realidad, el descubrimiento de las sulfonamidas en 1935 indujo a explorar en profundidad la quimioterapia. Dos científicos sobresalieron en este empeño: se trata de Sir Howard Walter Florey (1898-1968) y Ernst Boris Chain (19061979). Enterados del descubrimiento de la penicilina, dedicaron sus esfuerzos a obtenerla en cantidades apreciables para su uso comercial. Fueron ellos quienes obtuvieron un producto utilizable y demostraron la gran importancia que tenía como fármaco. Ciertamente, con la penicilina empezaba una era nueva. Las experiencias realizadas con enfermos que demostraron la enorme y sorprendente efectividad del nuevo producto y fueron publicadas en el año 1941. Entonces la guerra se hallaba en un punto que no era precisamente favorable a los Aliados, los cuales preveían una larga duración de la contienda y, lo que es más, numerosos heridos y enfermos. Fácilmente comprendieron que era urgente la producción de la penicilina en gran escala. Como que el pequeño laboratorio establecido en Oxford no era suficiente, se ofreció la posibilidad de fabricar el preciado medicamento a EE.UU. De manera parecida a como sucedería con la bomba atómica, los norteamericanos captaron de inmediato la necesidad de la penicilina y pusieron manos a la obra, de tal manera que poco después Gran Bretaña compraba a sus aliados el «producto mágico».

Por sus trabajos sobre el descubrimiento (Fleming) y el desarrollo terapéutico (Florey y Chain), los tres científicos recibieron conjuntamente el premio Nobel de Medicina en el año 1945. Sin embargo, el primero, Fleming, es quien ha quedado como descubridor único en muchos manuales, mientras que Florey y Chain han pasado a un segundo plano, un hecho que no hace justicia a la aportación de estos dos científicos. Sin embargo, se trata de una historia, la de la adjudicación de los descubrimientos importantes, repetida a lo largo de los tiempos, que explica el enorme interés que tienen los científicos en hacer prevalecer sus derechos y aportaciones en los descubrimientos para inscribir sus nombres en letras mayúsculas en los libros de historia de la ciencia.

La penicilina es tan sólo uno, el primero, de la familia de los antibióticos, que tantas vidas han salvado. Probablemente se trata de unos de los mayores descubrimientos de todos los tiempos en el campo de la medicina.

La transfusión de sangre

Otro aspecto médico que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX fue la transfusión de sangre que ha evitado tantas muertes, también, en las operaciones quirúrgicas y en los campos de batalla.

Cabe decir que la posibilidad de efectuar una transfusión de sangre se conocía de antiguo: desde Christopher Wren (1632-1723), conocido arquitecto inglés, pasando por Richard Lower (1631-1691) y Jean Baptiste Nenys ( 1625-1704), los experimentos se sucedieron. Las primeras experiencias con éxito fueron realizadas por James Blundell (1790-1877), médico del Guy’s Hospital, en los comienzos del siglo XIX. Efectivamente, en 1818 realizó una transfusión a un paciente con sangre obtenida de uno de sus ayudantes. Para evitar el problema de la coagulación, la transfusión se efectuaba directamente de donante a receptor. Después del descubrimiento realizado en 1900 de los cuatro tipos sanguíneos, debido a Karl Landsteiner (1868-1943), galardonado con el Nobel en 1930 (según la presencia de sustancias aglutinantes A y B, los grupos serían conocidos como grupo A, grupo B, grupo AB y grupo 0, manifestándose incompatibilidades entre grupos y siendo considerado el 0 como el universal), muchas de las dificultades presentes en las transfusiones desaparecieron. En 1940 Landsteiner y un colaborador descubrieron el grupo Rh (al inyectar en un conejo glóbulos rojos de la sangre de un mono Rhesus), de gran importancia también en las transfusiones y responsable de la hemólisis. Con todos estos descubrimientos, de los grupos AB0 y del factor Rh, las transfusiones se generalizaron: después de decisivas pruebas realizadas durante la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial contempló ya el establecimiento de efectivos bancos de sangre.

Cabe decir que con todos los avances descritos, y otros muchos que tuvieron lugar pero por las dimensiones de este apartado que no podríamos referir, junto con un avance espectacular de la higiene personal y la nueva concepción urbanística de las ciudades, la esperanza de vida creció de manera extraordinaria. Sin embargo, desgraciadamente, este crecimiento se ha dado sólo en Occidente, mientras que los llamados países del Tercer Mundo siguen donde estaban o peor, debido al aumento incontrolado de la población y, también, al hecho de que la distancia entre los países desarrollados y los más pobres no ha hecho más que crecer.

LA TÉCNICA

La aviación

Al iniciarse el siglo XX el sistema ferroviario había ya efectuado su expansión casi definitiva. En otras palabras, se trataba de un sistema consolidado que, eso sí, adaptaría las innovaciones tecnológicas que se presentasen, la sustitución del carbón por el diesel y la electrificación, pero a pesar de ello se trataba de un sistema cerrado.

También la industria automovilística había iniciado su camino con fuerza y seguridad, a lo cual no fue ajena la labor de Ford, aunque, todo hay que decirlo, se encontraba en un estado inicial incipiente.

Asimismo la navegación marítima se había adaptado a los nuevos tiempos, pero se trataba de adaptaciones al tipo de combustible que afectaban poco a su esencia estructural.

Por supuesto, los nuevos materiales que aparecían en el mercado ayudaban a mejorar los transportes, pero se trataba de innovaciones, importantes innovaciones, más que de revoluciones.

Fue la aviación la que revolucionó el sector de los transportes. Los hermanos Wright, muy experimentados previamente en vuelos sin motor, lograron volar una corta distancia, a una altura de pocos metros, el día 17 de diciembre de 1903 en Carolina del Norte con un biplano equipado con un motor de gasolina de 12 HP.

Unos años más tarde, concretamente en 1909, Jean Blériot, con su monoplano Blériot IX, atravesó el Canal de La Mancha. Era el punto de partida de la aviación y representaba el nacimiento de una nueva industria.

Como sea que muy pronto se detectaron sus «cualidades» bélicas, los 5.000 aeroplanos existentes en 1914 pasaron a ser 200.000 en 1918. Al finalizar la contienda, la incipiente industria aeronáutica se reconvirtió y pasó a construir aviones comerciales. Es el momento de la formación de pilotos profesionales, de las compañías aéreas y del uso del metal en la estructura. En este sentido sería injusto no remarcar el decisivo papel de los Junker alemanes. En los años treinta la longitud de los vuelos se había alargado considerablemente, favoreciendo así los vuelos internacionales. Por otra parte, las infraestructuras necesarias, aeropuertos, controles, asignación del espacio aéreo, comunicación constante con el piloto, etc., mejoraron notablemente.

Al avión de un solo motor se añadieron los bimotores primero (años treinta) y los tri y cuatrimotores en los años cuarenta. Previamente, los Douglas DC-3, con dos motores de más de 1.200 Hp cada uno, que permitían una velocidad de crucero de 300 Km/h y podían transportar hasta 30 pasajeros en cabinas presurizadas, habían marcado un hito en la aviación comercial.

Fue al final de la segunda guerra mundial cuando hizo su aparición la aviación a reacción, en la cual la propulsión en el sentido de avance se obtiene por el principio de reacción al expulsar los gases producto de la combustión hacia atrás.

Este tipo de propulsión fue experimentado simultáneamente A. A. Griffith y F. Whittle en Inglaterra y Von Ohian y M. Mueller en Alemania. El primer vuelo pertenece a Heinkel (1939) a pesar de que ingleses y alemanes habían realizado pruebas en bancos de ensayo dos años antes. La Luftwaffe fue la primera en aprovechar esta nueva tecnología en el año 1944, cuando el final de la contienda estaba próximo: se trataba de los famosos Messerschmitt 262 (Me-262), un caza birreactor que alcanzaba casi los 1.000 km/h, presentado por Hitler como el arma secreta que le permitiría ganar la guerra. Los ingleses respondieron con el Gloster Meteor. Pero la guerra estaba ya sentenciada.

Posteriormente, tal como sucedió con la aviación tradicional, el vuelo a reacción se aplicó a los vuelos comerciales. El primer avión comercial equipado con un turborreactor fue el Havilland Comet, que comenzó a prestar servicios en 1952.

Paralelamente, en los años veinte, Juan de la Cierva desarrollaba el autogiro e I. Sikorsky construía en EE.UU. el primer helicóptero moderno. Se obtenía una estabilidad hasta entonces buscada pero no encontrada con un pequeño motor trasero situado en un eje perpendicular al del rotor. Se usaron cuatrocientos ejemplares durante la conflagración mundial con un éxito completo, siendo especialmente útiles en el transporte rápido de tropas y en la evacuación de heridos.

La televisión

Los primeros ensayos que registraron imágenes y las codificaron después, fueron realizados a mitad del siglo XIX; pero debieron pasar muchos años hasta las primeras emisiones de televisión del año 1937.

En 1907 Édouard Belin creó una máquina capaz de enviar la imagen de una fotografía por teléfono para ser reproducida en su destino. El aparato, que recibió el nombre de belinógrafo, se basaba en el hecho de que la fotografía se había realizado sobre una suspensión gelatinosa en la cual se producían variaciones de espesor según la luz que incidía en cada zona; Belin supo transformar estas variaciones en señales eléctricas que podían ser transmitidas por teléfono. El aparato tuvo una difusión notable en los comienzos de la década de los años veinte. Fue precisamente la época en que el inglés J. L. Baird logró que funcionara su sistema de emisión, transporte y recepción de imágenes. El sistema de Baird se basaba en una célula fotoeléctrica colocada detrás de un disco de Nipkow —un alemán que se había interesado por el tema hacia el año 1884—, un disco en el que se habían efectuado agujeros en espiral que permitía analizar una imagen punto por punto según líneas horizontales sucesivas, de tal manera que la célula aseguraba la transmisión de la imagen. Naturalmente, hubo otros investigadores, pero fue Baird quien logró los primeros éxitos prácticos, transmitiendo imágenes a través de un cable eléctrico tendido entre Glasgow y Londres en 1927. Al año siguiente, Baird fundó la Baird Television Development Company que en un principio comenzó a emitir un programa experimental. Las primeras emisiones regulares tuvieron lugar en 1937.

Sin embargo, el de Baird era un procedimiento electromecánico que fue abandonado y sustituido por los sistemas electrónicos que se desarrollaron después de la guerra, basados en las ideas de Campbell Swinton y Vladimir Zworykin, un ingeniero ruso que trabajó para la Westinghouse, quienes emplearon, desde un principio, tubos de rayos catódicos tanto para la emisión como para la recepción.

FÍSICA Y MATEMÁTICAS

La historia del átomo

EL EFECTO FOTOELÉCTRICO DE EINSTEIN

Recordemos que en un capítulo anterior explicamos que cuando Max Planck estudió el espectro obtenido de un cuerpo negro incandescente se dio cuenta de que el fenómeno no podía ser explicado en su totalidad a través de la física clásica; fue entonces cuando supuso que la energía emitida no lo hacía de manera continua sino con discontinuidad. Es decir, no tuvo más remedio que admitir que la emisión tenía lugar en «paquetes» de energía a los cuales llamó individualmente quant, siendo su energía asociada

E = h·ν

[siendo E la energía, h la constante de Planck (= 6,6 X 10–27 erg·seg)].

Pues bien, Einstein descubrió y explicó en 1905 el fenómeno conocido como efecto fotoeléctrico, que corroboraba la cuantificación de la energía de Planck: si una onda luminosa incide sobre el ánodo (véase figura 1, adjunta) es capaz de arrancarle electrones con suficiente energía para que lleguen al cátodo. Para que ello se produzca cabe considerar la luz como formada por fotones (paquetes de energía) tal como había establecido Planck al enunciar la cuantificación de la energía (de la luz). Por otra parte, si se disminuye suficientemente la frecuencia de la luz incidente, la corriente cesa en el circuito. La explicación es la siguiente: si la frecuencia de la luz es muy grande, la energía del fotón (E = h·ν) es suficiente para arrancarle un fotón y además comunicarle la suficiente energía cinética para que pueda recorrer el camino que le lleva al cátodo. Para una frecuencia umbral (νo) sólo puede arrancarse el electrón y por debajo de νo ni eso.

El trabajo que hace referencia al efecto fotoeléctrico fue publicado el 17 de marzo de 1905 en el Annalen der Physic, hoy hace cien años. Precisamente por este descubrimiento Einstein recibió el premio Nobel en 1921.

LOS ELECTRONES

Fue Joseph John Thomson (1856-1940) quien, investigando sobre los rayos catódicos, llegó a la conclusión de que estaban formados por partículas a las cuales llamó electrones. Consideró que estas partículas estaban presentes en los átomos de todas las substancias y calculó su masa (9,108·10–28 g) y su carga negativa (4,77·10–10 ue), valores que fueron ratificados, por cierto con gran exactitud, en una original y elegante experiencia, por el americano Robert Millikan (1868-1953).

Sin embargo, Thomson no quedó satisfecho pues se preguntaba qué papel representaban los electrones en el átomo. En otras palabras, se esforzó en describir un modelo atómico que facilitara la comprensión de la estructura del átomo y, por lo tanto, de la materia. Finalmente propuso el modelo llamado del pudding: una masa amorfa cargada positivamente que incluía en su seno los electrones (negativos).

RUTHERFORD Y BOHR

Ernest Rutherford (1871-1937), natural de Nueva Zelanda, se afincó en Inglaterra y con la ayuda de sus ayudantes H. G. Geiger y E. Marsden, llegó a convencerse, a través de un ingenioso experimento, de que en los átomos predomina el espacio vacío pues la casi totalidad de su masa se concentra en un núcleo mientras que los electrones giran alrededor de él a gran distancia (en la escala atómica). Naturalmente, el hallazgo del núcleo destrozaba el modelo de Thomson. Rutherford pensaba, pues, en un sistema solar a pequeñísima escala. Sin embargo el nuevo modelo tropezó con una dificultad difícil de superar: como había demostrado James Clerk Maxwell (1831-1879), en su obra Electricidad y magnetismo (1873), si una carga gira alrededor de otra carga de signo contrario, va perdiendo energía hasta que se precipita sobre ella. En este caso, pues, el átomo no sería estable.

Fue Niels Bohr (1885-1962) quien superó esta dificultad considerando el principio de la cuantificación de la energía de Max Planck. Se centró en el átomo más sencillo, el del hidrógeno, y modificó el modelo de Rutherford introduciendo una condición: el electrón solo puede girar alrededor del núcleo en unas órbitas determinadas; el resto le está prohibido. Y añadió: cuando absorbe o emite un fotón salta de una órbita superior o inferior. Las órbitas constituyen pues niveles energéticos. Los espectros obtenidos por medio de técnicas espectroscópicas certificaron lo acertado del nuevo modelo.

Sin duda alguna, Bohr, Einstein y Heisenberg, de quien hablaremos a continuación, se situaron con sus aportaciones en la cima de la física átomica.

LA MECÁNICA CUÁNTICA. HEISENBERG

La física atómica exigía, para triunfar, una base matemática. Fueron Heisenberg y Schöredinger quienes se la proporcionaron. Con la ayuda de la matemática, la física atómica se convertiría definitivamente en la mecánica cuántica, el nuevo paradigma científico que, dicen, nos ha de explicar la constitución íntima de la materia y, en definitiva, del universo.

El alemán Werner Karl Heisenberg (1901-1976) elaboró una teoría que daba cuenta de la física atómica con la ayuda del cálculo matricial. Pascual Jordan y Max Born (grandes figuras que destacaron en el nuevo campo de la física) le ayudaron en gran manera. El artículo definitivo que daba cuenta del nuevo enfoque se publicó en el Zeitschrift für Physik.

Edwin Schrödinger (1887-1961) hizo lo mismo que Heisenberg, es decir, intentar proporcionar una base matemática a la física atómica, la cual ya se comenzaba a conocer como mecánica cuántica, ahora, sin embargo, basándose en el cálculo diferencial. Schrödinger, de acuerdo con el enfoque del francés de Brooglie, quien atribuía propiedades ondulatorias al electrón, sustituyó, en su estudio del átomo de hidrógeno, el electrón por una onda, de tal forma que las únicas órbitas posibles eran aquellas en que la longitud (de la órbita) fuera un múltiplo de la longitud de onda asociada al electrón:

siendo L la longitud de la órbita y la de la onda asociada.

En un principio se creyó que la teoría de Heisenberg (expresada en forma matricial) y la de Schrödinger (en forma diferencial), que consideraban el electrón como una partícula o como una onda, respectivamente, eran contradictorias. Pero tanto el mismo Schrödinger como el físico inglés Paul Dirac (1902-1984) demostraron que se trataba de teorías equivalentes, ambas aplicables a los fenómenos observados y/o experimentados. El mundo de la física se tranquilizó.

Heisenberg demostró, además, el famoso Principio de la Incertidumbre, que decía que «si se determina la posición de una partícula es imposible saber nada sobre su velocidad». Matemáticamente el susodicho Principio se expresa de la siguiente forma:

Siendo p (masa X velocidad) la llamada cantidad de movimiento de la partícula y x la coordenada que fija la posición. Fijémonos que si representa la indeterminación, el producto de las dos indeterminaciones, del momento (o de la velocidad) y de la posición, es una cantidad positiva; por lo tanto, cuando la indeterminación de la posición sea casi cero (se ha localizado la partícula en un pequeño intervalo de espacio), la indeterminación de p (o v) será muy grande. En el límite, para x = 0 (localización exacta de la partícula), p será infinito (no podemos saber nada de la cantidad de movimiento o de la velocidad).

Este principio, de claras connotaciones filosóficas, viene a decir que la Naturaleza es insondable: saber algo, una parte, sobre ella, implica desconocer (no poder conocer) otra parte. Otra manera de enunciarlo es la siguiente: la medida de una variable en un fenómeno físico influye sobre ese mismo fenómeno (que deja de ser el que queríamos medir, es decir, determinar).

LA ESCUELA DE COPENHAGUE. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD

El carácter ondulatorio que Louis de Brooglie (1892-1987) concedió al electrón chocaba con la interpretación tradicional de que se trataba de una partícula. Se efectuaron experiencias en las cuales el electrón se comportaba como una onda y otras en que lo hacía como una partícula. Mientras los físicos se preguntaban qué era en realidad, Bohr enunció el Principio de Complementariedad según el cual no es ni una cosa ni la otra sino que presenta uno de los dos aspectos según las circunstancias. Que un electrón se muestre como una partícula o una onda no es más que una prueba de la complejidad de la física cuántica. Jocosamente se decía en Copenhague que los electrones eran partículas los lunes, miércoles y viernes y ondas los martes, jueves y sábados; los domingos, descansaban.

EL PROTÓN. DESCUBRIMIENTO DEL NEUTRÓN

Las experiencias realizadas por Rutherford entre 1911 y 1913, y más tarde en 1919, confirmaron que el núcleo del átomo de hidrógeno, el elemento más ligero de todos, lo constituía una partícula elemental, el protón, cargada positivamente y con una masa 1.836 veces la del electrón.

En el año 1920 Rutherford intuyó que debía existir una partícula neutra con una masa muy parecida a la del protón. La profecía se cumplió: doce años más tarde, James Chadwick repitió el experimento realizado en 1930 por el alemán W. Bothe (quien había bombardeado berilio con partículas a) y constató la existencia de la nueva partícula, el neutrón (con masa idéntica a la del protón y sin carga eléctrica alguna). Esto aclaraba la existencia de los isótopos: versiones que difieren de un elemento químico por el número de neutrones que poseen en el núcleo.

A partir de este momento comenzó la carrera de los descubrimientos de nuevas partículas.

LA FISIÓN NUCLEAR

Cuando J. Chadwick descubrió el neutrón en 1932, se dio cuenta de que había descubierto un proyectil extraordinario que podía penetrar la materia con facilidad sorprendente. Con neutrones bombardearon átomos de uranio Enrico Fermi en Roma, Frédéric Joliot e Irene Curie en París y Otto Hahn, Fritz Strassmann y Lise Meitner en Berlín, con el convencimiento de poder obtener elementos más pesados que el uranio, los llamados transuránicos. Sin embargo, los productos resultantes eran más ligeros que el mismo uranio.

Otto Hahn y F. Strassmann repitieron la experiencia con esmero y dieron cuenta del sorprendente resultado sin atreverse a interpretarlo. Fue la judía austriaca Lise Meitner que, con motivo del anschluss, se refugió en Estocolmo, quien cayó en la cuenta de lo que sucedía: el bombardeo con neutrones provocaba la ruptura (fisión) de los átomos de uranio, una idea revolucionaria en aquel tiempo. Junto con su sobrino Otto Frish calcularon la energía que se desprendía en dicha escisión y advirtieron de su magnitud. La bomba atómica había hecho su aparición en el horizonte.

En el año 1944 se concedió el Premio Nobel de química a Otto Hahn sin mencionar a L. Meitner.

Con la declaración de guerra al año siguiente, comenzó la carrera en pos de la consecución de la bomba atómica.

La bomba atómica

Cuando llegó a EE.UU. la noticia de que los alemanes habían prohibido la exportación de uranio de la Checoslovaquia ocupada, Szilard, un científico húngaro a la sazón en EE.UU., temió lo peor: que Hitler la construyera primero. Entonces se le ocurrió escribir una carta al presidente Roosevelt, que hizo firmar a Albert Einstein, aconsejando que se emprendiera la construcción de la bomba atómica antes de que lo hiciera el caudillo nacionalsocialista.

Roosevelt dio crédito a la firma de Einstein y creó inmediatamente un comité para que estudiase el difícil asunto sin pérdida de tiempo.

Mientras tanto, Fermi aprovechó el viaje a Estocolmo el año 1938 con motivo de recibir el Nobel para emigrar a América del Norte. Fermi creía que usando un moderador, grafito, podría dominar la reacción en cadena, desordenada, del uranio. Es decir, Fermi se comprometió en la tarea de construir un reactor nuclear. Lo logró en Chicago el día 2 de diciembre de 1942 —fue el CP-1.

En cambio, en Alemania se buscaba no el orden sino el desorden, es decir, la bomba.

Sin entrar en los tediosos detalles de organización de complejos industriales enormes, construidos ex profeso, ni las largas series de comités y comisiones que se sucedieron unos a otros en busca de una mayor efectividad operativa, el proyecto norteamericano —proyecto Maniatan, como fue bautizado—, que había de materializar la terrible arma, llegó a su etapa final en julio de 1945.

Fue en Los Alamos donde se ultimó la bomba, y fue Robert Oppenheimer (1904-1967) el director científico y responsable de hacer llegar a buen puerto el proyecto en el que EE.UU. tanto dinero (y hombres) había invertido.

Oppenheimer era un personaje singular: formado en Harvard y en Europa, donde conoció a los más prestigiosos físicos del momento, de vuelta a EE.UU. se estableció en el California Institute of Technology, Pasadena, cerca de Los Angeles. Su pasado como simpatizante de las ideas comunistas en principio no representó ningún inconveniente para que fuese nombrado director científico de Los Alamos y Lesli Grove, el responsable militar del proyecto, le reiteró su confianza. La muerte repentina de Roosevelt el 12 de abril de 1945 hubiera podido representar un serio contratiempo para el proyecto pero no fue así porque su sucesor, Harry Truman, no dudó ni un momento en seguir la carrera que habría de llevar indefectiblemente a la obtención de la bomba.

La prueba decisiva tuvo lugar en Alamogordo el día 16 de julio de 1945. La prueba, que recibió el nombre de Trinity, en una clara alusión a la Santísima Trinidad a instancias de Oppenheimer, que se inspiró en un soneto de John Donne, fue un «éxito» que tranquilizó a los científicos que habían participado en el proyecto en el sentido de confirmar su trabajo.

Se trataba de una bomba de plutonio (otro material de la familia de los radiactivos) colocada en lo alto de una torre metálica. La sensación general fue la de que la guerra había acabado. Muchos científicos abogaron por la disuasión para acabar la guerra con el Japón: bastaba hacer una demostración delante de las autoridades japonesas para que estas, ante el poder devastador de la nueva arma, capitularan definitivamente.

Pero la decisión de lanzar la bomba sobre el Japón ya había sido tomada. En principio fueron tres las ciudades escogidas: descartada Kyoto tanto por su significado espiritual y religioso como por su valor artístico, las urbes en cuestión fueron Hiroshima, Kogura y Nigata, aunque a última hora, en un cambio de planes originado por la climatología, fuera Nagasaki —una ciudad reserva— la segunda que recibiera los efectos de la explosión nuclear.

La primera bomba («Little Boy») fue lanzada desde un bombardero B-29 (el «Enola Gay») el día 6 de agosto de 1945 a las 9 horas y 15 minutos. Se trataba de una bomba de 4.100 kg de peso, 71 cm de diámetro, tres metros de longitud y desprendió una energía de 20.000 TNT. El material radiactivo empleado era el uranio. Los efectos fueron devastadores: el 60 % por ciento de la ciudad desapareció y las víctimas mortales se cifraron entre 100.000 y 150.000. Sin contar, por supuesto, a los afectados por la radiactividad que murieron más tarde ni las secuelas que ésta causó en los nacidos más tarde.

Sin embargo, el golpe de gracia fue asestado por la «Fat Man», lanzada sobre Nagasaki el día 9 a las 12 horas (una espesa niebla había salvado Kokura y condenado Nagasaki, la ciudad suplente escogida a última hora). En esta ocasión un 44 por ciento de la ciudad quedó literalmente arrasado y la cifra de muertos, a pesar de la dificultad de contarlos, se calcula cerca de los 70.000. Esta segunda era una bomba de 4.500 kg de peso, de 152 cm de diámetro y 3,25 metros de longitud. El material radiactivo volvía a ser ahora el plutonio y la potencia, similar a la de la primera.

Los efectos de las bombas generaron remordimientos de conciencia en algunos científicos, especialmente en los que ya habían pedido que la energía nuclear se utilizara sólo como un argumento de disuasión.

En cuanto al peligro de que los alemanes construyeran también una bomba atómica, hay que decir que no sólo no la construyeron sino que estuvieron lejos de conseguirlo. Las razones son muchas, pero se nos antoja que algunas, evidentes, fueron suficientes para impedirlo. Así, la escasa fe en la ciencia, especialmente en un proyecto a largo plazo que exigía crecidas sumas de dinero; la necesidad de concentrarse en la producción de armamentos que permitieran ganar una guerra que se había planteado como una guerra relámpago; más tarde la exigencia económica que requería un conflicto que se alargaba más de lo deseado, y también, y muy especialmente, los bombardeos que la nación alemana sufrió, fueron, todos ellos, obstáculos insalvables.

Hitler se concentró en una nueva arma que, a pesar de lo que temían los aliados, no era la bomba atómica sino las V-1 y las V-2, esta última un verdadero cohete, la paternidad del cual ha de atribuirse a Werner von Braun. También los aviones a reacción, especialmente los cazas, fueron un arma poderosa pero tardía; además, en este caso los ingleses iban a la zaga. En suma, la batalla del aire la ganaron ingleses y americanos al unísono y no hubo rectificación posible. La guerra estaba sentenciada.

Acabada la contienda, Oppenheimer fue defenestrado acusado de interferir en el proyecto de la nueva bomba (de hidrógeno) dificultándolo —en realidad en el fondo se encontraba su pasado de simpatías comunistas—. Por otra parte, en 1949 los rusos construyeron su primera bomba y, de esta forma, iniciaron la carrera armamentística que caracterizó la llamada guerra fría.

Por lo que atañe a la llamada bomba de hidrógeno (bomba H), basada ahora en el proceso de fusión (que se produce, por ejemplo, en el Sol) cabe decir que su historia es idéntica a la de la bomba atómica, si bien ahora su «padre» es el científico húngaro Edward Teller.

La primera bomba H se lanzó en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 1952 en un atolón del Pacífico que desapareció sin dejar rastro. La nueva bomba había sido accionada por una pequeña bomba atómica y se calculó su potencia en 1.000 veces la de Hiroshima. La respuesta de los rusos, sin embargo, no se hizo esperar e hicieron explotar la suya el 12 de agosto de 1953, de la cual fue responsable el científico soviético Andrei Sakharov.

La espiral de la guerra fría era un hecho incontrovertible.

TERCERA PARTE

EL MUNDO BIPOLAR Y LA DESCOLONIZACIÓN

(1945-1991)

DINÁMICA POLÍTICA

Y DE RELACIONES INTERNACIONALES

JUAN CARLOS PEREIRA

La escritora francesa de origen belga Marguerite Yourcenar escribió en su obra Archivos del Norte, una de las mejores síntesis del mundo que comenzaba a diseñarse y organizarse tras el fuerte impacto de la Segunda Guerra Mundial y que llega hasta nuestros días. Entre otras cosas nos decía lo siguiente: «Verá al menos dos guerras llamadas mundiales y las secuelas que consigo traen de otros conflictos que se encienden por aquí y por allá; guerras nacionales y guerras civiles, guerras de clases y guerras de razas e incluso, en uno o dos puntos del globo, por un anacronismo que demuestra que nada termina, guerras de religión […] La pululación de la humanidad desvalorizará al hombre. Unos medios de comunicación masivos, al servicio de intereses más o menos camuflados derramarán sobre el mundo, junto con visiones y ruidos fantasmales, un opio del pueblo más insidioso de lo que fue jamás ninguna religión. Una falsa abundancia que encubre la creciente erosión de los recursos dispensará alimentos cada vez más adulterados […] La velocidad, al anular las distancias, anulará asimismo las diferencias entre los lugares, arrastrando por todas partes a los peregrinos del placer, hacia los mismos monumentos tan amenazados en nuestros días como los elefantes y las ballenas […]. El agua, el aire y la protectora capa de ozono, prodigios casi únicos que han permitido la vida en la Tierra, serán manchados y desperdiciados […] Lo que hoy baila sobre el mundo es la estupidez, la violencia y la avidez del hombre.»

Los conflictos de toda índole —a pesar del triste recuerdo de la guerra mundial—, el fuerte peso del factor demográfico, las revoluciones en el mundo de las comunicaciones y de la ciencia y la tecnología, las transformaciones económicas, el desigual desarrollo económico y social, el impacto del deterioro progresivo del medio ambiente o la mundialización progresiva de los procesos de cooperación y conflicto, serán en conjunto los principales caracteres que van a definir a la sociedad internacional desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, tal y como nos expresa con bellas palabras Marguerite Yourcenar. Así también lo pensamos nosotros y, por ello, en este tercer bloque vamos a presentar al lector una interesante y completa síntesis de todos estos factores.

Sin duda alguna, este bloque histórico debe comenzar con la evolución de las relaciones internacionales, analizando el proceso que conduce a la finalización de la colaboración aliada tras conseguir el objetivo preciso para el que se estableció —la derrota de los totalitarismos—, y el inicio de un estado de tensión permanente primero entre Estados Unidos y la Unión Soviética y luego entre los dos bloques liderados por ellas, que muy pronto comenzará a llamarse Guerra Fría. De tal forma que este peculiar enfrentamiento se convertirá progresivamente en algo más que una nueva situación en la vida internacional. La Guerra Fría se proyectará en la sociedad, en el cine y la literatura, en el mundo del espionaje, en la economía y, por supuesto, en la política y el mundo militar.

La Guerra Fría se inició en 1947 y se extendió en el tiempo hasta diciembre de 1991, el momento en el que el presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, anunció oficialmente a sus ciudadanos por la televisión el final jurídico, político, territorial e internacional de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nombre oficial del Estado surgido en 1922 tras la revolución soviética. Durante ese largo periodo, muchos nuevos Estados se incorporaron a la sociedad internacional, como consecuencia principalmente del proceso de descolonización que adquirió desde 1960 una relevancia trascendental. La Organización de Naciones Unidas (ONU), establecida en 1945 por las potencias vencedoras, desempeñó un papel esencial en el apoyo a ese proceso descolonizador y en incorporar a la Organización a los nuevos Estados. De los 51 miembros fundadores se pasó a 100 en 1960, 127 en 1970, 154 en 1980 y en 1991 la cifra alcanzaba ya los 166 miembros. En la actualidad cuenta con 191 miembros.

La ONU ocupó un papel secundario en el origen y evolución de la Guerra Fría, que no pudo evitar ni solucionar; sin embargo, sí pudo hacer frente a los nuevos retos que se planteaban de forma creciente en la nueva sociedad internacional, aunque con desigual resultado. Retos como el del crecimiento acelerado de la población, la desigual distribución de la misma, el desigual reparto de los recursos entre esos millones de seres humanos que iban poblando nuestro planeta, o el fuerte incremento de los refugiados, los inmigrantes o los desplazados por motivos diversos. De tal manera que, progresivamente, se va poniendo de manifiesto la importancia que adquiere el factor demográfico en esta nueva sociedad. Es por ello que consideramos relevante afrontar esta problemática desde las diferentes perspectivas que lo aconsejan.

Los 5.400 millones de habitantes que vivíamos en el planeta en 1991 estaban repartidos entre los 190 Estados que aproximadamente existían en esa misma fecha. Estados soberanos e independientes que, sin embargo, presentaban fisonomías distintas en los diversos ámbitos desde los que los vamos a analizar. En cuanto a su sistema político, veremos democracias consolidadas, democracias débiles que se transformarán en dictaduras, dictaduras que tras intensos procesos de transición se convertirán en democracias o regímenes peculiares, como las llamadas dictaduras del proletariado, regímenes personalistas o Estados socialistas. Si atendemos a sus estructuras económicas no habrá, como hasta ahora, una división tan precisa entre economías de mercado, economías de planificación y economías en vías de desarrollo o subdesarrolladas. Si prestamos atención a sus respectivas organizaciones sociales podremos observar Estados en los que existe una clara y rígida división en clases sociales, con sociedades patriarcales o matriarcales, con sociedades duales en las que una reducida capa social concentra la mayor parte de la riqueza y el bienestar frente al resto mayoritario que no supera los límites de supervivencia diarios.

Unos y otros Estados tendrán que hacer frente de desigual manera a las diferentes transformaciones que se van a llevar a cabo desde 1945 en la sociedad global, que se va extendiendo y consolidando, y que a todos nos afectarán de una u otra manera. Unas transformaciones que se apreciarán, en primer lugar, en el ámbito de las comunicaciones en donde hablaremos con contundencia de una verdadera revolución. Revolución entendida en este ámbito de tres formas: a) una revolución en las comunicaciones como medio de desplazamiento de los hombres, desde el automóvil hasta la aviación; b) una revolución en las comunicaciones como medio de transporte de los mensajes humanos, cuya máxima expresión será el fenómeno Internet; y c) una revolución de las comunicaciones como medio de información, citándose a la cadena de televisión CNN (Cable News Network), como paradigma de esta revolución. Abordemos estas transformaciones: en uno u otro sentido podremos afirmar que estamos ante un nuevo proceso de cambio social que conduce a lo que unos llaman Sociedad de la Información, otros la Aldea Global y algún otro la Sociedad Global.

Estas transformaciones comunicativas que nos han hecho cambiar nuestras costumbres y modos de vida, como la forma de percibir el mundo que nos rodea, no estaría completa si no atendiéramos con el mismo interés en este bloque cronológico a los cambios culturales, a esa cultura de masas que se va extendiendo por el mundo y que se verá muy influida por el «american way of life», pero también a la revolución que en los campos de la ciencia y la tecnología se van a desarrollar desde 1945.

Unos avances científicos-tecnológicos que servirán para tres cosas: a) para salvar, prolongar y mejorar la vida humana; b) para destruir esa misma vida como consecuencia del fuerte crecimiento del número de armas y recursos militares que se van a utilizar de forma creciente, así como del deterioro progresivo del medio ambiente como consecuencia de un mal desarrollo económico, más basado en la búsqueda de beneficios que en la mejora de la calidad de vida; y c) han servido también para conocernos mejor a nosotros mismos y al espacio que nos rodea.

Todos estos aspectos serán abordados en esta tercera parte. Sobre todos ellos estará presente la rígida división que imponen las dos grandes superpotencias —Estados Unidos y la Unión Soviética—, así como los modelos antagónicos y excluyentes que ambas representan y tratan de imponer a sus aliados o vasallos. Modelos globales que representan alternativas para unos, paradigmas para otros o modelos que han de extenderse y mantenerse de forma pacífica o violenta.

Para el modelo occidental, representado por Estados Unidos, ideales o principios como la democracia, la libertad, los derechos humanos, la economía de mercado, la seguridad o la igualdad, se contraponen claramente con los que ejemplifica la Unión Soviética —la desaparición de las clases, la economía socialista, la igualdad en derechos, el logro del comunismo o el acceso a la cultura de todo el pueblo—. Entre unos y otros, los llamados países del Tercer Mundo, No Alineados o en vías de desarrollo, tratarán de lograr con sus condicionamientos internos y sus presiones externas, los logros que preconizaban uno u otro modelo. A pesar de lo cual, se tardará mucho, si es que se ha conseguido, en superar la brecha existente entre todos.

En 1991, como hemos dicho, entraremos en una nueva dinámica cuando veamos desaparecer la tensión Este-Oeste, como consecuencia del final de la Guerra Fría, y veamos a una nueva sociedad internacional en la que viejos y nuevos problemas se tratarán de resolver desde la perspectiva que impone la globalización de procesos y actores.

DE LA COLABORACIÓN ALIADA A LA GUERRA FRÍA

JUAN CARLOS PEREIRA

El 12 de marzo de 1947, y tras una minuciosa preparación de la opinión pública, el presidente norteamericano H. Truman se dirigió al Congreso de EE.UU. para anunciar un cambio importante en los objetivos y estrategia de la política exterior. El discurso duró veintiún minutos y de su contenido se destacan estas frases: «Uno de los objetivos fundamentales de la política exterior de EE.UU. es la creación de condiciones en las cuales nosotros y otras naciones podamos forjar una manera de vivir libre de coacción […]. Sin embargo, no alcanzaremos nuestros objetivos a menos que estemos dispuestos a ayudar a los pueblos libres al mantenimiento de sus instituciones libres y de su integridad nacional […] A la población de toda una serie de Estados les ha sido impuesto, contra su voluntad, un régimen totalitario […] Si dejáramos de ayudar a Grecia y Turquía en esta hora decisiva, las consecuencias, tanto para Occidente como Oriente, serían de profundo alcance […] Por lo tanto, pido al Congreso autorización para ayudar a estos dos países con la cantidad de 400 millones de dólares durante el periodo que termina el 30 de junio de 1948 […].»

A través de las palabras del dirigente norteamericano se ponían de manifiesto claramente tres ideas: a) se habían roto en Europa los compromisos contraídos en Yalta y Potsdam; b) del enfrentamiento bélico propio de la guerra se había pasado a la confrontación ideológica entre dos modelos, el que defendía y protegía la «libertad», el que imponía el «totalitarismo»; c) los acontecimientos en Grecia y Turquía representaban la primera prueba de fuerza, el primer lugar en el que se estaba produciendo un nuevo tipo de enfrentamiento y ello exigía la inmediata respuesta de EE.UU., basada en la contención contra el totalitarismo, es decir, contra el comunismo representado por la URSS de Stalin. De esta manera se anunciaba la llamada Doctrina Truman y con ella se iniciaba el camino que conduciría a la Guerra Fría. Su duración, su influencia mundial, la evolución y su identificación con el orden internacional surgido tras 1945, será objeto de análisis en este capítulo central del periodo 1945-1989.

Origen de la Guerra Fría

El 21 de febrero de 1947 el Gobierno británico enviaba una Nota, por medio de su embajador en Washington, al Secretario de Estado norteamericano, general Marshall, en la que le comunicaba la decisión de suspender la ayuda militar que venía dispensando a Grecia y Turquía desde el verano de 1946, según el compromiso adquirido por Londres. Esta decisión tenía, por lo menos, tres interpretaciones: por un lado, la retirada británica de la línea de resistencia occidental en Grecia y Turquía suponía también la retirada de las potencias europeo-occidentales de los asuntos internacionales en favor de EE.UU., que en el futuro se encargaría de dirigir y coordinar las acciones del bloque occidental en todo el mundo; era también el símbolo más claro de la decadencia de Europa y lo europeo en el mundo, algo ya anunciado en 1918/1919 y patente desde 1945; también, de una forma más concreta, significaba el final del Imperio británico, mantenido y fortalecido desde el siglo XIX, y en 1947 imposible de defender y mantener ante las graves dificultades económicas y las reivindicaciones nacionalistas; la independencia de la India será, sin duda, el símbolo más preciso de esta nueva situación.

El vacío de poder dejado por los británicos debería ser ocupado de forma inmediata. En EE.UU., no obstante, aún existían dudas sobre cuál debía ser su actitud ante los acontecimientos que se estaban desarrollando en Europa. La situación ya había sido denunciada por Churchill en su discurso de Fulton (marzo de 1946), donde habló de la división continental a través de un «telón de acero» y sobre la necesidad de responder con la fuerza a la actitud de la URSS en la Europa del Este. Aun así, la desmovilización de las fuerzas nortemericanas en Europa había continuado y a principios de 1947 sólo había 391.000 soldados frente a los 3,1 millones que permanecían en territorio europeo al finalizar la guerra. Frente a ellos, en la Europa del Este, se encontraban más de seis millones de soldados del Ejército Rojo.

En el Departamento de Estado pronto comenzaron a estudiarse las respuestas que habrían de adoptarse ante la decisión británica. Sin duda, no sólo la situación en Grecia y Turquía era grave. El progresivo afianzamiento del poder de los partidos comunistas en varios países de Europa del Este; el avance en China de los ejércitos de Mao, sin contención posible; en el Sudeste asiático, Ho Chi Minh pretendía terminar con la presencia colonial francesa; en la península malaya los comunistas triunfaban sobre los británicos en la rebelión que habían iniciado; en Filipinas los comunistas atacaban al ejército nacional en una permanente guerra de guerrillas y en Europa occidental los partidos comunistas obtenían importantes triunfos electorales e incluso se integraban en gobiernos de coalición (Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Grecia, Islandia, Noruega y Dinamarca, más Italia y Francia). El comunismo, pues, comenzaba a percibirse en clave de amenaza.

Así lo había visto ya George F. Kennan, Encargado de Negocios de EE.UU. en Moscú, en el llamado «Largo Telegrama» enviado el 22 de febrero de 1946 a Washington. En él se valoraba de forma muy diferente a los soviéticos y sus objetivos, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, especialmente tras el discurso pronunciado por Stalin unos días antes y la política seguida en el centro y este de Europa por parte de Moscú. Recomendaba, pues, firmeza y el incremento de los recursos militares y la adopción de una política de contención contra la URSS. La publicación de este telegrama en la prestigiosa revista Foreign Affairs (julio de 1947), bajo el seudónimo de «Mister X», no fue casual. Las reacciones fueron las esperadas.

Es en este contexto en el que tanto el Presidente como el Secretario de Estado, el general Marshall, comenzaron a planificar la que sería una nueva estrategia frente a la Unión Soviética de Stalin. La Doctrina Truman fue el primer anuncio oficial, acogida con reacciones diversas y encontradas en EE.UU. y Europa; sin duda, la oposición más contundente llegaría de Moscú. En perfecto paralelo se adoptó una política de mayor firmeza en los procesos negociadores aún abiertos tras la finalización de la guerra, especialmente en el tema de los tratados de paz y de la cuestión alemana. Se presionó a los gobiernos occidentales para que los comunistas abandonaran los gobiernos de coalición. La presencia militar norteamericana aumentaba de forma decidida. No obstante, persistía un grave problema en el continente: la escasez de alimentos y de combustible, unido a la falta de recursos financieros para volver a poner en funcionamiento la maquinaria industrial, podía ser un grave obstáculo a los planes norteamericanos. Era necesaria, pues, una nueva iniciativa norteamericana.

El Gobierno de EE.UU. había concedido a Europa Occidental desde el final de la guerra una ayuda de más de 4.500 millones de dólares, más otros 6.800 millones en forma de crédito. A pesar de ello la situación económica no mejoraba y los índices de producción agrícola e industrial descendieron en todos los países. Más importante era aún la situación de la población, pues el hambre, la desnutrición y las enfermedades de miles y miles de europeos estaban creando una situación límite. Todo ello hizo que se comenzase a planificar una gran operación de ayuda económica.

El encargado de hacerlo público fue Marshall y el lugar escogido, la Universidad de Harvard, centro al que había sido invitado para ser investido Doctor Honoris Causa. El 5 de junio de 1947, el Secretario de Estado expuso ante el numeroso público asistente los objetivos de su propuesta: a) la necesidad de ayudar a Europa para que superase las consecuencias sufridas por la guerra; b) la importancia de dar confianza a los ciudadanos europeos en el futuro; c) el papel clave que tenía EE.UU. en el logro de estos objetivos, no sólo por su poder económico y las repercusiones que la situación europea podía tener en el país, sino también por su posición en el mundo; d) la ayuda era ofrecida a todos los países y no iba dirigida contra nadie, pero si alguien la obstaculizaba se encontraría con la oposición norteamericana; y e) las peticiones de ayuda debían hacerse desde Europa y por los europeos. Se anunciaba así el llamado desde entonces Plan Marshall.

Tras un primer intercambio de puntos de vista entre franceses, británicos y soviéticos, se decidió responder a la propuesta norteamericana convocando una reunión en París el 27 de junio. En ella quedó patente que la URSS rechazaba la ayuda norteamericana por las condiciones que el gobierno norteamericano exigía, presionando, al mismo tiempo, a los países sometidos a su control a adoptar la misma decisión. En julio se constituyó un Comité Europeo de Cooperación Económica (CECE), encargado de elaborar un informe sobre las demandas que desde Europa se podrían hacer a EE.UU. Tras el informe presentado, el 3 de abril de 1948 Truman firmaba la Foreign Assistance Act, conocida más popularmente como el Programa de Recuperación Europea o Plan Marshall. El 16 de abril de 1948 se firmaba en París el convenio consultivo que creaba la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), una institución que a partir de ese momento se encargaría de aplicar la ayuda norteamericana y el foro de nuevas iniciativas de cooperación europea que hay que relacionar con el proceso de integración económica de Europa occidental.

La ayuda norteamericana se concedió a dieciséis países (excluyéndose a España —sometida a un proceso de aislamiento internacional desde 1946—, Finlandia y los países controlados por la URSS). El Plan Marshall estuvo vigente oficialmente entre 1948 y 1952, destinándose una cantidad de 13.150 millones de dólares al programa de reconstrucción, aunque hasta 1955 siguió llegando ayuda directa. Al principio se puso mayor interés en la provisión de artículos alimenticios, forrajes y fertilizantes, y posteriormente fueron tomando prioridad las materias primas industriales y los productos semifacturados. Casi el 70 % de los productos enviados a Europa procedieron de EE.UU. y la proporción alcanzó el 98 % en lo que se refiere a vehículos y maquinaria, con los correspondientes beneficios para la economía norteamericana. La ayuda militar se incrementaría, a su vez, desde 1950 de forma sustancial. En definitiva, el Plan Marshall fue un elemento básico en la reconstrucción económica de Europa occidental, pero también una forma muy precisa de superar la crisis económica de posguerra en EE.UU. y de fortalecer los postulados neocapitalistas en la estructura económica internacional impuestos por los norteamericanos en Bretton Woods. Su valor para la Guerra Fría no debe tampoco olvidarse, al fortalecer el bloque occidental, evitar la expansión de ideas o principios revolucionarios entre las masas hambrientas y desesperadas, y relegar cualquier política socialista en los gobiernos occidentales.

Estas iniciativas tendrían también su complemento militar. No sólo se incrementaron los gastos militares y se sintió una cierta seguridad con la posesión en exclusiva de la bomba atómica para ejercer una diplomacia de poder, sino que además se sintió la necesidad de cohesionar el bloque occidental mediante una alianza militar. De esta forma surgió la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), creado, a su vez, sobre la base de los compromisos militares ya existentes en Europa Occidental —Tratado de Dunkerque de 4 de marzo de 1947 y Unión Occidental de 17 de marzo de 1948—. El 4 de abril de 1949 se firmaba en Washington el Tratado del Atlántico Norte, que entraría en vigor el 24 de agosto. A él se incorporaron doce Estados, diez europeos más Canadá y EE.UU., que posteriormente se ampliaron a 19, que son los miembros que en la actualidad forman parte de la Organización —España lo hizo en mayo de 1982—. El primer secretario general, lord Ismay, definió a la Organización con estas palabras: «La OTAN se creó para mantener dentro a los norteamericanos, fuera a los rusos y abajo a los alemanes.»

Estas iniciativas norteamericanas pronto tuvieron su respuesta en la URSS de Stalin. La victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial fue el triunfo de un país movilizado en contra de un enemigo común. El máximo dirigente soviético, J. Stalin, consideró, no obstante, que este éxito en la denominada oficialmente «Gran Guerra Patria» se había conseguido gracias a su genio militar. Y al mismo tiempo gracias a la URSS, se dijo también a través de la propaganda soviética, se había conseguido salvar a Europa del fascismo y ello con un coste elevado: más de 20 millones de muertos. Estos mensajes se lanzaron a los partidos comunistas occidentales y, en general, a los hombres y mujeres de la izquierda política. De esta manera el comunismo, debido también a su labor en los movimientos de Resistencia, salió de la guerra con mucho prestigio e incluso con un fuerte apoyo electoral, en especial, en algunos Estados europeos.

Por otro lado, el Ejército Rojo había «liberado» del nazismo a la mayoría de los territorios de la Europa del Este, con la excepción de Yugoslavia y Albania, y tras la guerra aún se mantenían en los mismos más de seis millones de soldados. Con ello la política exterior soviética iniciaba una nueva fase en su evolución: ya no se pretendía tan sólo la expansión de una ideología, sino también la expansión territorial, que se había iniciado con la anexión de los países bálticos, continuó con la ampliación territorial de su territorio en más de 500.000 km en 1945 y terminó, momentáneamente, con el control de la mayoría de los llamados posteriormente países de la Europa Central y Oriental, tras la política desarrollada por los respectivos partidos comunistas.

A pesar de lo acordado en Yalta y Potsdam, los soviéticos retaron a los aliados occidentales, a través de lo que podríamos denominar como «pruebas de fuerza», para comprobar su capacidad de reacción si superaba los límites establecidos en el reparto. Irán, Turquía y Grecia, como hemos visto, fueron los puntos más significativos. Junto a ello las palabras de Stalin y otros dirigentes, se fueron haciendo más contundentes y agresivas contra EE.UU. y sus antiguos aliados en la guerra. Era necesario, pues, un cambio de actitud y el establecimiento de nuevas reglas en el sistema internacional. Los puntos en los que se basaban eran los siguientes: a) se consideraba al bloque capitalista occidental, liderado por EE.UU., el enemigo fundamental del sistema socialista, al que había que vencer y superar; b) la URSS era considerada como una fortaleza asediada por el imperialismo agresivo y militarista, y para protegerla era necesario impulsar una lucha de clases a nivel internacional y establecer un «glacis de seguridad» en torno a ella; c) era necesario también utilizar en esa lucha los ideales revolucionarios (paz, seguridad, socialismo, etc.), para lograr el máximo apoyo de la opinión pública internacional a la acción exterior soviética; d) deberían relativizarse las alianzas y los compromisos internacionales con la comunidad internacional, utilizándolos más como un medio que como un fin; y e) el objetivo final de la política exterior soviética debía ser el de la creación de un sistema socialista mundial, que pudiera hacer frente, con la URSS a la cabeza, a las agresiones imperialistas y la injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos.

La Doctrina Truman y, en especial, el Plan Marshall, fueron considerados por Stalin y los soviéticos como las primeras amenazas directas contra los objetivos de la URSS y el socialismo internacional. La primera respuesta fue política-ideológica y se plasmó en la creación de la Kominform u Oficina de Información de los Partidos Comunistas. El encargado de poner en marcha esta iniciativa fue el dirigente e ideólogo soviético A. A. Jdanov, quien pronunció un duro discurso, considerado como el primer texto en el que se analiza la Guerra Fría y su significado desde la perspectiva soviético-marxista. Desde la Kominform, pues, se puso en marcha una operación bien planificada para sovietizar de forma rápida la Europa Central y Oriental: desde finales de 1947 y principios de 1948 los partidos comunistas de estas regiones europeas aceleraron el proceso para alcanzar todo el poder en sus respectivos países, instaurando a continuación un nuevo tipo de sistema político: la Democracia Popular en Bulgaria (1946), Polonia (1947), Rumanía (1947), Checoslovaquia (1948), Hungría (1949) y, finalmente, la República Democrática Alemana (1949). Albania y Yugoslavia, con sus características propias, mantenían, de momento, especiales relaciones con la URSS.

Una nueva respuesta fue el impulso que desde la URSS se dio a los procesos de revolución mundial que, auspiciados por los partidos y movimientos comunistas, se estaban desarrollando principalmente en China, Corea e Indochina. De esta manera, en 1949 la URSS de Stalin podía estar también satisfecha con este objetivo al haber logrado crear el que se denominó oficialmente como sistema socialista mundial, que llegaría a estar formado por 16 Estados en todo el mundo.

La URSS no podía relegar el uso de la fuerza y el papel principal que los recursos militares iban a tener en este nuevo enfrentamiento, especialmente al contar EE.UU. en esos primeros momentos con el monopolio nuclear. La utilización de una diplomacia de poder se convirtió en algo necesario para el logro de los objetivos previstos. El 23 de septiembre de 1949 se anunció que la URSS había realizado su primera explosión atómica. Se iniciaba así la carrera armamentística y la disuasión nuclear. El proceso de respuestas se cerraría con una nueva iniciativa para fortalecer el bloque socialista: el 1 de enero de 1949 se creaba el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). La creación del Pacto de Varsovia llegaría más tarde, en 1955.

El conjunto de iniciativas/respuestas norteamericanas y soviéticas pondrían en marcha lo que se ha llamado ya convencionalmente como Guerra Fría. Un enfrentamiento entre dos superpotencias, dos bloques de Estados y dos sistemas globalizadores, que durará hasta 1991 cuando una de las potencias —la URSS— y uno de los bloques —el socialista—, fracasaron en sus objetivos e incluso desaparecieron territorial y políticamente. Checoslovaquia —con el golpe de Estado comunista en febrero de 1948 — y el bloqueo de Berlín —junio de 1948— que hacía irrumpir la cuestión alemana como un punto crucial de la tensión internacional, provocando la división de Alemania en 1949, serán los primenos lugares de la confrontación. La Guerra Fría había comenzado.

Concepto y características de la Guerra Fría

La definición clásica viene a decir que la Guerra Fría fue un estado de tensión permanente, primero entre las dos superpotencias y luego entre los dos bloques liderados por ellas, que no provocó un conflicto directo ante el peligro de destrucción mutua y asegurada por la utilización de las armas nucleares. No obstante, hoy hay que ampliar esta definición a la luz de los acontecimientos que la caracterizaron y las nuevas fuentes a disposición de los historiadores.

La Guerra Fría, pues, bien podría caracterizarse por estas notas:

— Fue un enfrentamiento directo y no bélico que se inició en 1947 entre EE.UU. y la URSS, los dos Estados con mayor poder e influencia en el sistema internacional, que adquirieron un nuevo «status» en la política internacional: el de superpotencias.

— Esta nueva relación de poder dio lugar a un sistema internacional bipolar y flexible, en el que junto a las dos superpotencias y los bloques que estaban bajo su influencia, se encontraban actores no alineados y un actor universal, la ONU, que trató de jugar un papel atenuador de la tensión internacional, pero que fracasó en sus principales objetivos. De esta forma se creó una estructura internacional asentada sobre dos ejes: un eje Este-Oeste de características político-ideológicas y un eje Norte-Sur, de características económico-sociales.

— En este sistema bipolar ambas superpotencias trataron de distinguir entre aliados y enemigos, delimitaron sus zonas de influencia o «glacis de seguridad» intentando ampliarlas y trataron de imponer sus valores, impidiendo cualquier desviacionismo político o ideológico en sus respectivas zonas. No hubo posibilidad de que un Estado se declarase neutral sin el consentimiento de las dos superpotencias.

— Ocupada, controlada y delimitada una zona de influencia, su respeto por la otra superpotencia fue, por lo general, una regla básica. Cuando esta regla se incumplió y muy especialmente cuando este incumplimiento afectó a territorios incluidos en el perímetro de seguridad establecido por las dos superpotencias, el peligro de enfrentamiento directo surgió y la tensión se agravó, provocando una serie de conflictos-tipo.

— En este sistema ambas superpotencias y los bloques que lideraron, a pesar de las incompatibilidades de objetivos y fines, reconocieron ciertos valores o principios comunes que tendieron a trasladar al actor universal, la ONU, que se convirtió así en un lugar de enfrentamiento, en vez de un foro donde se resolvieran las diferencias internacionales.

— El enfrentamiento entre los dos bloques se fue mundializando paulatinamente a partir de los primeros choques en Europa. De forma progresiva el antagonismo ideológico y dialéctico se amplió y en él se integraron factores políticos, psicológicos, sociales, militares y económicos, convirtiéndose de este modo en un enfrentamiento global y total.

— La tensión permanente impulsó la elaboración de una política de riesgos calculados, con la disuasión nuclear como eje básico, que adoptó una estrategia diplomática-militar cuyas bases fueron: la contención del enemigo y de su expansión; la disuasión de cualquier acto hostil ante la amenaza de recurrir al enfrentamiento bélico y provocar cuantiosos daños; la persuasión en tanto en cuanto los factores ideológicos y psicológicos tuvieron un papel clave; la subversión como medio de eliminar a las autoridades políticas o militares que no aceptaron los valores o las reglas del bloque en el que estaban integrados; el espionaje ante la necesidad de conocer rápida y verazmente las actividades y decisiones del enemigo, plasmado en sus dos máximas expresiones: la CIA creada en 1947 y el NKVD y el KGB creado en 1954.

— El desarrollo de la Guerra Fría estuvo condicionado, básicamente, por tres factores: los cambios en la cúpula del poder de las dos superpotencias; el control que sobre la misma tuvieron siempre los políticos frente a los militares, y las percepciones que desde Washington y Moscú se tuvieron de la potencia enemiga y de su expansión regional o mundial.

El debate sobre los límites cronológicos

Caracterizada la Guerra Fría, es necesario abordar otra de las cuestiones polémicas sobre este trascendental evento histórico: los límites cronológicos. Este ha sido uno de los debates historiográficos más intensos durante los años en los que se mantuvo ese estado de tensión. Hoy, finalizada la Guerra Fría, ya se puede afirmar que existe un consenso generalizado en cuanto a la duración de este peculiar conflicto.

En relación con el origen tres han sido las fechas más repetidas. La primera, 1917, fue defendida por Fleming, Fontaine o Parsons, y más recientemente por Powaski, afirmándose con ello que tras el triunfo de la Revolución de Octubre, comenzó el enfrentamiento entre dos sistemas sociales, políticos, ideológicos y de poder antagónicos, que alcanzó su punto culminante después de 1945. La segunda, 1939/1945, fue utilizada por Rostow, Schlesinger, Gaddis o en España Duarte, Da Cal y Veiga, en sus respectivos trabajos, poniendo de manifiesto que Stalingrado, Yalta y Potsdam pusieron las bases de la expansión ideológica y territorial de la URSS, que hubo de ser respondida por los norteamericanos provocando el enfrentamiento directo. Por último, 1947, como hemos visto, que es la fecha sobre la que hoy existe mayor consenso entre los especialistas y que nosotros utilizamos también en este trabajo.

Si polémico ha sido el tema de los orígenes, más aún ha sido el de la terminación del conflicto. Una fecha que se mantuvo durante un largo periodo de tiempo fue la de 1962, a raíz de la tensión que vivió el mundo durante la crisis de los misiles en Cuba; se decía, por sus partidarios, que tras este momento comenzó una larga etapa de coexistencia pacífica entre los dos bloques. Posteriormente se indicó por parte de algunos autores que el periodo comprendido entre 1973 y 1975 supuso el final de una larga era de conflictos y enfrentamientos entre las dos superpotencias; la firma del Tratado de paz en Vietnam, el Acuerdo soviético-norteamericano sobre Prevención de la Guerra y, sobre todo, la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, que culminó en Helsinki en 1975, contituyeron los hechos claves que permitían afirmar que la Guerra Fría había terminado. La invasión soviética de Afganistán en 1979 y la elección del republicano Ronald Reagan como presidente de EE.UU. en 1980, dieron paso a un nuevo periodo de tensión internacional. Para algunos autores (F. Halliday, N. Chomsky o J. Gittings) se iniciaba una Segunda Guerra Fría; para otros era una nueva crisis en el desarrollo de la misma. Hoy, ante la evolución de los acontecimientos, cabe afirmar con rotundidad que la Guerra Fría terminó entre 1989 y 1991.

No solamente los hechos que se produjeron después de esa fecha así lo confirman, sino que así fue aceptado y anunciado por los principales protagonistas de la histórica tensión. En primer lugar, los dirigentes de las dos superpotencias, Bush y Gorbachov, así lo acordaron en la cumbre de Malta celebrada en diciembre de 1989. Un año después la cumbre de la CSCE en París terminaba con la firma de una Carta para una nueva Europa, en la que establecía oficialmente por los 34 Estados miembros el fin de la Guerra Fría y de la división Este-Oeste en el continente. Entre una y otra fecha habían desaparecido los signos más representativos de este conflicto: el muro de Berlín, el telón de acero, la división de Alemania y se iniciaba también el final del comunismo, que culminaría en 1991 con la desaparición de la URSS, del comunismo y del bloque socialista en Europa y el mundo. Uno de los más destacados artífices de la política exterior y de seguridad norteamericana, Kennan, anunció en el Senado en abril de 1989: «la Guerra Fría ha terminado, la URSS ha dejado de ser una amenaza».

Las interpretaciones sobre la Guerra Fría

Existe un consenso generalizado entre los investigadores en relación con la inevitabilidad de la Guerra Fría. Ya comenzara en 1917 o en 1947, Estados Unidos y la URSS eran naciones expansionistas cuyos respectivos pueblos creían tener una misión especial en la Historia, además de asegurar que su sistema político, económico y social era el mejor y más beneficioso para el conjunto de la Humanidad. Llegados a este punto, pues, cabe preguntarse: ¿quién o qué fue la causa del inicio de la Guerra Fría? Las interpretaciones son en este sentido diversas y cabe agruparlas en varias escuelas.

La primera escuela, cuyos planteamientos han sido permanentes a lo largo de la duración de la Guerra Fría, ha sido la tradicional-ortodoxa. Para sus seguidores, la URSS había sido indiscutiblemente la causante del inicio de la Guerra Fría; describiéndola como una potencia expansionista territorial e ideológicamente, que deseaba ampliar su influencia y poder por el mundo, tratando de derribar el capitalismo, la democracia y otros aspectos de la cultura occidental. El Gobierno norteamericano, sostienen, pensó que podía negociar consensuadamente con la URSS para desarrollar los fundamentos del nuevo orden de la posguerra, pero pronto comprobaron que esa cooperación era imposible. Las raíces de esta actitud soviética se encontraban en los tradicionales objetivos de la política exterior rusa, la propia dinámica de la Guerra Fría y la personalidad de Stalin. Esta ha sido la tesis tradicional del Gobierno norteamericano, y de muchos historiadores y políticos durante varias décadas. Entre sus partidarios se encuentran H. Feis, A. Ulam o L. Davis.

La escuela realista analiza la Guerra Fría en clave de «poder». Los partidarios de esta tesis sostienen que este conflicto fue algo inevitable por el vacío que provocó en el sistema internacional la Segunda Guerra Mundial, en especial ante la crisis de Europa y la aparición con fuerza de dos polos de poder: Moscú y Washington. Sin dudar de la responsabilidad soviética, los autores integrantes de esta escuela critican, no obstante, la política moralista-legalista que Roosevelt desarrolló en Europa, en especial en relación con el apoyo norteamericano al principio de la rendición incondicional de Alemania, que impulsó las ambiciones sobre la Europa Central y Oriental. Esta escuela, no obstante, se agrupó posteriormente en dos corrientes: la escuela realista de pensamiento, en la que se integran autores como G. Kennan, H. J. Morgenthau o M. Herz; junto a ésta, la escuela realista actual, en la que se integran A. Schlesinger, L. Halle o J. Lukacs, que matizan o amplían esta interpretación.

La escuela revisionista interpreta la política soviética de forma más prudente y la política americana de manera más crítica. Sus planteamientos se elaboraron en el contexto de las protestas que surgieron en EE.UU. con motivo de la guerra del Vietnam, las revueltas estudiantiles y el movimiento de la «Nueva Izquierda». A juicio de la mayoría de sus integrantes, la responsabilidad mayor en el desencadenamiento de la Guerra Fría recae en EE.UU. Hay dos grupos también en esta escuela: los revisionistas débiles, que sostienen que la actitud norteamericana se debió al cambio tan radical de política que puso en marcha Truman tras la muerte de Roosevelt (D. Fleming, G. Alperovitz, D. Horowitz); el segundo grupo lo forman los revisionistas duros, que consideran que EE.UU. es culpable de este conflicto por la política agresiva norteamericana en su objetivo de dominar el mundo a través de su ideología expansionista y la defensa de sus intereses económicos, ante lo cual la URSS se vio obligada a reaccionar ante la agresividad de un país que estaba decidido a fomentar la expansión del capitalismo y resuelto a aplastar los movimientos revolucionarios que amenazasen sus intereses.

Desde la década de los setenta, en función de la nueva documentación que se ha ido conociendo y de los nuevos recursos metodológicos de los que disponían los investigadores, las explicaciones sobre las conductas norteamericana y soviética durante la Guerra Fría y sobre el propio conflicto, han dado lugar a una proliferación de grupos de estudios e interpretaciones diversos.

Entre ellos podríamos destacar a los posrevisionistas, que son críticos con ambas superpotencias, señalando que la actuación de ambas provocó reacciones hostiles en el otro bando, creando un ciclo de acción-reacción que provocó un aumento de la tensión, alcanzando en algunos momentos tal nivel de peligrosidad que se estuvo al borde de un enfrentaniento nuclear. En un sentido parecido aborda la Guerra Fría la escuela sistémica, para la que este conflicto vino provocado por un enfrentamiento intersistémico, a través del cual cada potencia quiso establecer un orden internacional conforme a sus propios intereses, principios y objetivos, lo que lógicamente condujo al choque y a la guerra indirecta. La escuela social sostiene que la rivalidad fue el producto de una serie de factores internos en ambas sociedades, que utilizaron la Guerra Fría no como un objetivo en sí mismo, sino como un medio para consolidar el poder e intereses de unos grupos dirigentes, justificar políticas, legitimar el uso de la fuerza o mantener un orden en cada territorio.

La desaparición de la URSS llevó consigo también la apertura de los archivos secretos soviéticos. Presionado por los investigadores occidentales, el Archivo Nacional de Seguridad de Washington se vio también obligado a desclasificar documentación que se había mantenido secreta durante décadas; el propio presidente Clinton, en 1995, firmó una orden ejecutiva que permitió la desclasificación de documentos con una antigüedad superior a 25 años, con la excepción de aquellos que podían afectar a la seguridad nacional, apostando fuertemente por la «liberalización archivística» al señalar que, a partir de ese año, el plazo confidencial sería de 10 años en vez de los 30 que existían hasta ese momento. Fruto de ambos hechos se ha producido lo que hemos venido en llamar «un revisionismo crítico de la Guerra Fría», que ha sacado a la luz pública datos desconocidos, mentiras y engaños conocidos por los líderes políticos, modificando tópicos y estereotipos sobre este periodo. Gracias a esa red de redes que es Internet, creada precisamente también como consecuencia de la Guerra Fría, estos nuevos datos se pueden consultar abiertamente en sitios como: www.seas.gwu. edu/nsarchive (Archivo de Seguridad Nacional); www.fas.org/irp/world/russia/ kgb (Archivo de la KGB); cwihp.si.edu/dafault.htm (Proyecto de Historia Internacional de la Guerra Fría) y cnn.com/SPECIALS/cold.war (sitio especial sobre la Guerra Fría de la cadena CNN).

La evolución de la Guerra Fría

La Guerra Fría se extendió entre 1947 y 1991, pero ¿cómo evolucionaron los acontecimientos a lo largo de estos cuarenta y cuatro años? Es indudable que no de una forma lineal. En nuestra opinión se puede hablar de un ciclo de la Guerra Fría, o lo que es lo mismo, de una evolución cíclica dividida en cuatro fases, en cada una de las cuales se sucedió una serie de caracteres comunes.

Cada fase se iniciaría con un primer periodo de distensión, moderación en el enfrentamiento, disminución de los conflictos y utilización de un lenguaje sereno y constructivo. En un segundo momento irán apareciendo signos de tensión que se apreciarán, en primer lugar, en el lenguaje que utilizan los líderes y representantes políticos y militares de ambos bloques; a continuación se incrementarán los conflictos localizados y los presupuestos militares e incluso se romperán negociaciones o acuerdos. La tensión culminará con el estallido de un «conflictotipo», un momento de máximo enfrentamiento en el que se estará al borde del choque bélico o de la quiebra absoluta del sistema bipolar. Progresivamente diversos espacios geográficos se irán incorporando a la Guerra Fría. En función de estos caracteres podemos hablar de cuatro fases:

A) 1947/1948 - 1950/1953, CUYO CONFLICTO-TIPO FUE LA GUERRA DE COREA

En el origen de este conflicto se encuentran las estrategias enfrentadas de la URSS y EE.UU. en Asia. Por un lado, la estrategia soviética de extensión del comunismo en el mundo dio resultados muy esperanzadores al crearse la República Independiente Democrática de Vietnam en 1945, la República Democrática Popular de Corea en 1948 y la República Popular China en 1949. Por otro, la estrategia de EE.UU. se centró en la ocupación de Japón, en donde el general MacArthur actuó como un verdadero virrey, y en el establecimiento de un perímetro de seguridad que se extendió desde las Aleutianas hasta las Filipinas.

La partición de Corea en dos Estados fue el resultado de la entrada en guerra, el 8 de agosto de 1945, de la URSS contra Japón. La división por el paralelo 38 quedó confirmada, a pesar de los intentos de la ONU por evitarla. Se establecieron dos gobiernos. En el Norte un gobierno comunista prosoviético (dirigido por Kim Il Sung); en el Sur un gobierno prooccidental dirigido por Syngman Rhee. Ambos gobiernos se sintieron, respectivamente, respaldados por la presencia del ejército soviético (hasta diciembre de 1948) y el ejército norteamericano (hasta julio de 1949).

A principios de 1950 comenzó a producirse una serie de incidentes fronterizos, que culminaron el 25 de junio con la invasión de Corea del Sur por el ejército norcoreano. El gobierno de EE.UU. actuó de forma inmediata ante el peligro de un nuevo triunfo comunista en la zona. En primer lugar, adoptó una serie de medidas diplomáticas, a través de la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, aprovechando la ausencia del representante soviético; en las sesiones del 25 y 27 de junio se aprobaron dos resoluciones por las que se calificaba de agresión al ataque de los norcoreanos y en la que instaba a todos los Estados pertenecientes a la ONU a apoyar a Corea del Sur, creándose a tal fin una fuerza multinacional cuyo contingente mayoritario sería el norteamericano. Por otro lado, el presidente Truman puso en marcha una serie de acciones militares desde el mismo momento de la ocupación, convertidas en intervención directa desde el día 27, que estuvieron dirigidas por el general MacArthur.

El 4 de octubre de 1950 la República Popular China anunció su intervención en el conflicto y la URSS comenzó a actuar en el Consejo de Seguridad para paralizar cualquier resolución en contra de sus intereses. La tensión se incrementó paulatinamente y el propio presidente Truman tuvo que destituir a MacArthur ante sus propuestas de bombardeos atómicos sobre Manchuria. El estancamiento del conflicto se produjo en torno al paralelo 38. Tras una larga guerra de desgaste, se iniciaron las conversaciones de paz. El 27 de julio de 1953 se firmó el armisticio de Panmunjom, por el que se creaba un área de seguridad de cuatro kilómetros en torno al paralelo 38, bajo la atenta mirada de una Comisión de Naciones Unidas, situación que continúa hasta la actualidad y que deja abierto aún un conflicto propio de la Guerra Fría.

Las consecuencias de este conflicto fueron muy importantes. La crisis propia de la Guerra Fría se transformó por primera vez en un enfrentamiento indirecto y armado entre las dos superpotencias, que ante la eventualidad de la extensión del conflicto y su transformación en una guerra mundial decidieron aislarlo y controlarlo directamente. La ONU fue utilizada por los norteamericanos y los países occidentales para cubrir bajo su bandera una intervención militar que a ellos les interesaba. Para los EE.UU. la guerra supuso un aliento a su papel como guardián de la libertad y la democracia en el mundo, y especialmente en Asia en donde aumentaron sus intervenciones y presiones; los sentimientos anticomunistas, por otro lado, aumentaban en su interior (expresados, sobre todo, a través, de las actuaciones del senador McCarthy) al mismo tiempo que lo hacían, gracias a la guerra, la producción y los beneficios de su industria militar. Para el bloque comunista significó una rotunda victoria, incrementando la URSS y la República Popular China su presencia militar y política en la zona, acompañada de un aumento en los presupuestos militares que condujeron a los soviéticos a realizar su primera prueba con una bomba de de hidrógeno (agosto de 1953), nueve meses después del primer ensayo norteamericano.

B) 1953 - 1962, CUYO CONFLICTO-TIPO FUE LA CRISIS DE LOS MISILES EN CUBA

Las consecuencias de la guerra de Corea se acompañaron en la URSS con el cambio de doctrina anunciada por el nuevo líder, N. Kruschev, dentro del proceso desestalinizador iniciado en el XX Congreso del PCUS de febrero de 1956: la coexistencia pacífica. Una doctrina, objeto de diferentes interpretaciones, que venía a significar que a partir de ese momento era posible la convivencia pacífica entre los dos sistemas antagónicos; la distensión, pues, y la búsqueda de la limitación del número de armas nucleares parecían ser las claves de la nueva política exterior soviética. El viaje a EE.UU. de Kruschev y su entrevista en Camp David con el presidente Eisenhower, en septiembre de 1959, la primera entre los líderes de las dos superpotencias, pareció significar el triunfo de la coexistencia pacífica. El llamado «espíritu de Camp David» abrió grandes esperanzas en el mundo con respecto a la sinceridad de las superpotencias en pro del desarme y la paz.

Esta situación, no obstante, empezó a cambiar desde 1960. La denuncia soviética sobre la violación del espacio aéreo de la URSS por un avión espía norteamericano que había sido derribado —el llamado incidente del U-2—, comenzó a incrementar la tensión y produjo el fracaso de algunos procesos de negociación abiertos. La cuestión alemana volvió a ocupar un papel central desde que, en agosto de 1961, el dirigente germanooriental, Walter Ulbricht, ordenaba la construcción del muro de Berlín, uno de los símbolos más significativos de la Guerra Fría. La entrevista entre Kennedy, elegido nuevo presidente, y Kruschev, en junio de 1961, mostró ya claramente las diferencias entre los dos bloques.

Es en este contexto en el que estalló el segundo conlicto-tipo: la crisis de los misiles en Cuba. Este conflicto arranca del triunfo revolucionario de Fidel Castro en Cuba sobre el régimen dictatorial de Batista en el año 1959. El resultado fue la implantación de una dictadura marxista-leninista a tan sólo 150 kilómetros de EE.UU. Desde ese momento, las relaciones entre Washington y La Habana se deterioraron rápidamente. El triunfo electoral del demócrata Kennedy, que se presentó ante el electorado con el programa de la «Nueva Frontera» y su nueva política hacia América Latina, que recogió en la llamada «Alianza para el Progreso», no impideron que el Presidente aprobara una operación organizada por la anterior Administración republicana: el llamado desembarco en Bahía de Cochinos, en abril de 1961, por un grupo de exiliados cubanos armados por EE.UU. El fracaso de esta operación hizo aumentar el cerco norteamericano sobre la isla caribeña, incrementándose la tensión.

Las presiones norteamericanas consiguieron que Cuba fuera expulsada de la Organización de Estados Americanos (enero de 1962), pero también que Fidel Castro buscara la ayuda de la URSS. El dirigente soviético Kruschev aprovechó esta situación para fortalecer su posición y la de su país en América Latina, área considerada por los norteamericanos como su prioritario glacis de seguridad. Entre julio y agosto de 1962 el número de barcos soviéticos con destino a Cuba, que oficialmente transportaban alimentos, maquinaria y armas convencionales, se incrementó ostensiblemente, algo que no era ajeno a los norteamericanos, que empezaron a preocuparse por la gran cantidad de ayuda que se estaba enviando. El gobierno de EE.UU. utilizó los famosos aviones espía para saber cuál era la situación real. El 22 de octubre, el presidente Kennedy anunció al país que tenía pruebas de la presencia en Cuba de misiles soviéticos que amenazaban directamente a EE.UU., por lo que anunciaba un bloqueo total a la isla, afirmando que se respondería ante cualquier amenaza directa a partir de ese momento.

La tensión entre soviéticos y norteamericanos se trasladó a la ONU, desde donde se trató de mediar en el conflicto. El lenguaje utilizado por los máximos dirigentes, la movilización de los ejércitos, así como la reiterada amenaza de Kennedy de utilizar las armas, incluidas las nucleares, para hacer frente a cualquier agresión, provocaron que durante trece días el mundo se encontrara al «borde del abismo». El intercambio de mensajes entre Kennedy y Kruschev y la amenaza real del uso del armamento norteamericano percibido en Moscú, provocaron que el 28 de octubre, la URSS decidiera unilateralmente retirar de Cuba los 36 misiles de corto y medio alcance que allí tenía instalados, «que ustedes llaman armas ofensivas». De esta manera se había evitado en el mundo una nueva guerra, cuyas consecuencias era muy difícil de prever.

C) 1962 -1973/1975, CUYO CONFLICTO-TIPO FUE LA GUERRA DE VIETNAM

Para algunos autores, como hemos visto, con la crisis de los misiles terminó la Guerra Fría y se abrió el camino de la coexistencia pacífica y de la negociación, cuyo símbolo más preciso pudo ser la creación del famoso teléfono rojo de comunicación entre Moscú y Washington. No obstante, se puede afirmar que a pesar de la aparición de signos alentadores de «coexistencia», tanto en forma de tratados —cuyo símbolo puede ser el firmado el 1 de julio de 1968, Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares—, o por medio de encuentros multilaterales —como el iniciado entre finales de 1972 y principios de 1973 en Helsinki, que culminaría en la Conferencia de Cooperación y Seguridad Europea (CSCE) de 1975—, el enfrentamiento bipolar propio de la Guerra Fría durante este periodo no desapareció. Los conflictos localizados, en perfecto paralelo con el proceso de mundialización de la Guerra Fría, aumentaron, reafirmado así el protagonismo de la guerra desde 1947 en el nuevo sistema internacional.

Asia, desde principios de la década de los sesenta, volvió a adquirir un creciente protagonismo en el sistema internacional. De forma más concreta, la antigua colonia de Indochina, desde la derrota francesa de Dien-Bien-Fu en 1954, se dividió en su parte oriental, y de forma provisional, en dos territorios divididos por el paralelo 17. Los acuerdos de Ginebra no fueron aceptados por las partes negociadoras y el territorio terminó por dividirse políticamente (el Norte liderado por el líder marxista Ho Chi Minh; el Sur dirigido por el dictador Ngo Dinh Diem). Ante el vacío dejado por los franceses, el gobierno norteamericano decidió intervenir tanto por razones estratégicas como por el deseo de aprovecharse de las riquezas mineras vietnamitas.

Bajo la presidencia de Kennedy el número de «consejeros» que asesoraban a los dirigentes sudvietnamitas se incrementó notablemente, resistiéndose al envío de fuerzas armadas; al mismo tiempo, la guerrilla del Vietcong incrementaba su fuerza desde 1961 al contar con armamento enviado desde los países socialistas. Abandonado por los norteamericanos, el dictador Diem fue derrocado por un golpe militar en noviembre de 1963, abriéndose un peligroso periodo de inestabilidad y un vacío de poder que EE.UU., tras el asesinato de Kennedy, decidió cubrir con la intervención militar directa. El número de soldados norteamericanos se fue incrementando paulatinamente. De los 165.000 en 1965 se llegará a más de medio millón en 1968, a los que había que sumar los 600.000 hombres del ejército gubernamental del Sur. La escalada de violencia será constante y el uso de armas químicas, napalm, etc., sobre los 250.000 hombres del Vietcong y, especialmente, sobre la población civil marcarán el desarrollo de esta guerra abierta. Desde mediados de 1968 las protestas en contra de la intervención norteamericana, tanto en el interior de EE.UU. como en el mundo en general, se incrementaron notablemente; esta situación, así como la imposibilidad de vencer a la guerrilla vietnamita, abrieron el camino a la negociación.

Primero Johnson y luego Nixon, impulsaron la firma de un acuerdo de alto el fuego que llegaría el 27 de enero de 1973, tras intensos bombardeos aéreos norteamericanos. El 2 de marzo se complementaría con otro por el que se preveía la unificación de los dos territorios. Tras la retirada de las tropas norteamericanas, la guerra continuó hasta abril de 1975, cuando cayó Saigón y Vietnam del Sur fue derrotada definitivamente por el ejército de la República Democrática del Vietnam. El conflicto vietnamita, mezcla de guerra colonial y enfrentamiento propio de la Guerra Fría, supuso para los norteamericanos una derrota militar en toda regla, a pesar de su poderosa maquinaria militar. El «síndrome de Vietnam» marcará a toda una generación y a sus familias, que aún recuerdan las muertes y consecuencias de este conflicto. Por su parte, el bloque comunista salió fortalecido con la integración en su seno de un nuevo miembro en un área de influencia de gran valor estratégico. En 1978 se firmaba un Tratado de Amistad y Cooperación, de 20 años de duración, entre la República Socialista de Vietnam, proclamada en abril de 1976, y la URSS.

D) 1973 - 1989, CUYO CONFLICTO-TIPO FUE LA GUERRA DE AFGANISTÁN

El último periodo de la Guerra Fría está fuertemente condicionado por las crisis petrolíferas de 1973 y 1979, el desorden monetario y la inestabilidad económica, más la multiplicación de conflictos regionales. A ello se sumará la debilidad de la posición exterior de EE.UU. durante la presidencia de Jimmy Carter (1976-1980), unida a fracasos tan contundentes como los producidos en Nicaragua o la toma de rehenes norteamericanos en su embajada de Teherán. El triunfo electoral del republicano Ronald Reagan, con un antisovietismo militante y el objetivo de reafirmar, nuevamente, el liderazgo internacional de EE.UU., precipita el camino hacia una dura confrontación, que para algunos autores significó el inicio de una Segunda Guerra Fría.

Frente a los norteamericanos, la URSS —que durante ese periodo conoce tres secretarios generales del PCUS: L. Breznev, Y. Andropov y K. Chernenko— aprovechará esa debilidad norteamericana para ampliar sus zonas de influencia, en especial sobre el Tercer Mundo. En marzo de 1985 Mijail Gorbachov fue elegido nuevo líder de la URSS. La crisis interna y las consecuencias de la política armamentística impuesta por Reagan y su «guerra de las galaxias», le obligaron a buscar una respuesta: la Perestroika y la Glásnost. La elaboración de lo que se denominó «Nuevo Pensamiento en política exterior», en el que se incluían aspectos tales como el final de la tesis de la lucha de clases, la desideologización de la política exterior, la importancia de la defensa de los valores humanos en la sociedad internacional, el desarme o la preocupación por los problemas medioambientales, influyeron notablemente en el final de la Guerra Fría.

Es en este contexto en el que estallará el último conflicto-tipo: la invasión soviética de Afganistán. La intervención militar soviética, la primera fuera del sistema socialista, provocó una modificación del equilibrio regional. El conflicto se inscribió desde la dinámica propia de la tensión Este-Oeste, con un objetivo preciso: sostener al hombre fuerte del régimen comunista, Babrak Karmal, cuyo poder se vio cuestionado por una insurrección popular. La presencia del Ejército Rojo permitió a los soviéticos tomar posiciones en la proximidad del Océano Índico y el golfo Pérsico y, de forma secundaria, prevenir posibles desestabilizaciones regionales fruto de una posible intervención americana en Irán. El enfrentamiento militar que se inició a continuación contra una guerrilla pro-occidental, armada fundamentalmente por EE.UU., provocó hasta 1988 más de 15.000 muertos y 35.000 heridos en el bando soviético y 1,5 millones de muertos entre la población civil y los guerrilleros afganos.

Las consecuencias internas del conflicto afgano, el coste humano y económico tan elevado, máxime cuando las consecuencias del accidente de la central nuclear de Chernóbil en 1986 aún no habían podido ser cuantificadas en todas sus dimensiones, la presión occidental y la propia opinión de Gorbachov, explican la decisión adoptada de iniciar la retirada del Ejército Rojo desde mayo de 1988. En febrero de 1989 la URSS se retiró definitivamente de este país de poco más de 12 millones de habitantes con el deseo de no volver a repetir la experiencia; el «síndrome de Afganistán» aún continuará.

E) HACIA EL FINAL DE LA GUERRA FRÍA

Las consecuencias de la derrota soviética en Afganistán —la segunda tras la sufrida en Cuba—, más la nueva política exterior norteamericana —que también había sufrido otras dos derrotas en la Guerra Fría: Corea y Vietnam—, desarrollada por el nuevo presidente Bush, dieron paso a una fase de transición entre el viejo y el nuevo orden internacional entre 1989 y 1991, que provocará la finalización de la Guerra Fría.

Los hechos serán estudiados posteriormente en otros capítulos. No obstante, merece la pena recordar dos eventos históricos producidos en 1989: el 9 de noviembre el dirigente germanooriental, Egon Krenz, decretaba la apertura del Muro de Berlín, con lo que desaparecía uno de los signos más tristes y conflictivos de la Guerra Fría; por otro lado, en diciembre, el presidente Bush y Mijail Gorbachov se reunían en la isla de Malta y proclamaban oficialmente «el fin de la Guerra Fría».

Impulsadas por este conjunto de acontecimientos, las dos alianzas militares que mejor representaban al sistema bipolar ya en decadencia se iban a transformar, o a desaparecer. La OTAN, en función de la nueva realidad internacional, adoptó en 1991 una nueva doctrina estratégica que sustituyó a la respuesta flexible vigente desde 1967. En esa nueva doctrina se planteaba el papel de la Alianza en el nuevo contexto europeo, en el que la posibilidad de una guerra general se descartaba; se ofrecía ayuda y diálogo a los Estados no integrados en la Alianza; se decidía mantener un potencial militar suficiente pero al nivel más bajo posible y, por último, la OTAN se preparaba para las nuevas amenazas, caracterizadas como «riesgos de naturaleza polifacética y multidireccional». Por su parte, el Pacto de Varsovia, amenazado por los cambios políticos internos de la mayoría de sus aliados, archivaba en 1989 la «Doctrina Breznev», establecida en 1968 tras la invasión de Checoslovaquia, y desde 1990 las fuerzas militares soviéticas que la integraban se retiraban de Checoslovaquia y otros países. El 1 de abril de 1991, en un acto formal, se disolvía el Pacto de Varsovia. Desaparecía así otro de los signos de la Guerra Fría.

En la Europa Central, mientras tanto, se caminaba a marchas forzadas hacia la desaparición de otro de los símbolos de la Guerra Fría: la división de Alemania. El 12 de septiembre de 1990 los cuatro aliados de la Segunda Guerra Mundial firmaban el «Tratado sobre un arreglo definitivo de la cuestión alemana», o lo que es lo mismo, el tan esperado Tratado de paz con Alemania. El camino se despejaba en el objetivo final. El 3 de octubre de 1990 nacía la Alemania unificada; un Estado poderoso, habitado por 80 millones de alemanes, que ocupaba el tercer puesto en el mundo por su riqueza económica. Reunificación que iba acompañada de un hecho sin precedentes que, sin duda, fue considerado por todos los analistas como el final de la Guerra Fría en Europa: entre el 17 y el 19 de noviembre se firmaban el Documento de Viena sobre las Negociaciones de Medidas para el Fomento de la Confianza y la Seguridad y Tratado sobre Armas Convencionales en Europa por los 22 Estados integrantes de la OTAN y el Pacto de Varsovia, por el cual se reducían y establecían límites —dentro del área comprendida entre el Atlántico y los Urales— para las armas convencionales, reduciéndose así la posibilidad de que pudiera estallar un conflicto general en el continente.

En el Próximo Oriente, otra de las zonas conflictivas a lo largo de la Guerra Fría, se abría también una nueva etapa en este contexto internacional. A propuesta de norteamericanos y soviéticos Madrid se convertía en la capital de la paz para árabes, palestinos e israelíes. En noviembre de 1991 se abrió la Conferencia de Paz para el Oriente Próximo. Sobre la base de las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU, esta región comenzó un esperado camino hacia la reconciliación.

No obstante, frente a este esperanzador panorama se iban a producir dos conflictos con amplias repercusiones mundiales de cara al llamado Nuevo Orden Mundial. El primero iba a comenzar el 2 de agosto de 1990: la invasión de Kuwait por fuerzas militares de Irak, iniciándose así la Guerra del Golfo (17 de enero de 1991) por EE.UU. y otros 32 países; por el método utilizado y la estrategia desarrollada pronto fue conocido como el «primer conflicto de la posguerra fría». En Europa, el 25 de junio de 1991 las repúblicas yugoslavas de Croacia y Eslovenia declaraban su independencia; era el principio del fin de Yugoslavia y de la estabilidad europea, iniciándose el 2 de julio una guerra en el centro de Europa, la primera desde 1945, cuyas consecuencias han perdurado hasta la actualidad.

El 25 de diciembre de 1991 Mijail Gorbachov pronunció un discurso que comenzaba así: «Por la fuerza de la situación creada al ser fundada la Comunidad de Estados Independientes, concluyo mis actividades como presidente de la URSS.» Sus palabras tenían un gran significado: terminaba así no sólo la historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino también la historia de la Guerra Fría y, por qué no, la historia del siglo XX.

La Guerra Fría y el sistema internacional

Al igual que otros periodos de la historia de las relaciones internacionales, la Guerra Fría dio lugar al establecimiento de un nuevo orden mundial que se ha venido a definir como un sistema bipolar flexible. De esta forma, la Guerra Fría definirá de forma precisa el propio sistema internacional en el que se inserta. Las características del mismo podrían sintetizarse en las siguientes:

— El sistema bipolar flexible viene a sustituir al fracasado sistema de seguridad colectiva creado durante el periodo de entreguerras y subordinado a la Sociedad de Naciones.

— El sistema se configura durante la Segunda Guerra Mundial a través de las catorce conferencias aliadas que se desarrollan desde 1941 (Atlántico) hasta Potsdam (julio-agosto 1945), y quedará consolidado con la creación de la ONU y el estallido de la Guerra Fría.

— Este sistema se caracteriza principalmente por la existencia de dos grandes potencias que tienen capacidades equivalentes y superiores a las del resto de los actores, y de mecanismos para establecer el equilibrio bipolar, que en este caso se basa principalmente en la disuasión nuclear mutua. Ambas potencias adquirirán un nuevo status internacional: el de superpotencias.

— Este enfrentamiento se presenta en un contexto internacional heterogéneo, en el que ambas superpotencias tratan de imponer sus valores y modelos sobre «los otros», utilizando una variedad de procedimientos y una política de riesgos calculados.

— Esta situación dará lugar al establecimiento de dos grandes bloques de países: el sistema socialista mundial, que oficialmente llegará a estar constituido por 16 Estados, y que contará con varios instrumentos de control, cohesión, cooperación y represión, tales como el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), creado en 1949; el Pacto de Varsovia (1955); la Kominform entre 1947 y 1956, y todo un conjunto de tratados y acuerdos de «amistad, colaboración y asistencia mutua». Por otro lado, el llamado sistema atlántico occidental, integrado por un número creciente de Estados, principalmente europeos y americanos, que bajo los valores e intereses de EE.UU., se unirán en torno a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), los organismos económicos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, o en los organismos regionales, con el fin de mantener una cohesión, una solidaridad y una cooperación anticomunista y antirrevolucionaria en el contexto de la propia dinámica de tensión.

— Entre ambos surgirá el llamado Movimiento de Países Alineados, surgido tras la Conferencia afroasiática de Bandung (Indonesia) en 1955, con el objetivo de que los pueblos de África y Asia, muchos aún sometidos al yugo colonial, pudieran afirmarse a escala internacional y superar las consecuencias de la Guerra Fría. El Movimiento se manifiesta en la vida política internacional en 1961, cuando a iniciativa del presidente yugoslavo Tito, se reúnen en Belgrado 24 Estados (11 de Asia, 11 de África, 1 de Latinoamérica y 1 de Europa). Cinco criterios fundamentan el no alineamiento: seguir una política independiente basada en la coexistencia pacífica y el no alineamiento; apoyar los movimientos de liberación nacional; no pertenecer a ningún pacto militar colectivo que pudiera implicar al país en un conflicto entre las grandes potencias; no formar parte de ninguna alianza multilateral con una gran potencia; y negarse al establecimiento de bases militares extranjeras en su territorio. Nueve cumbres más se desarrollarán hasta la celebrada en 1992 en Yakarta y a este Movimiento se unirán 103 Estados, atravesando diferentes etapas de crisis, bloqueo y lanzamiento, que no lograron superar la tensión creciente de la Guerra Fría.

— Esta configuración del sistema internacional dará lugar a una tensión entre cuatro polos plasmada en dos grandes ejes: un eje Este-Oeste como modelo se seguridad colectiva, equilibrio de poder, gobernanza mundial y enfrentamiento ideológico; un eje Norte-Sur de características económico-sociales que agrupa a los países del centro y desarrollados, frente a los países subdesarrollados o del llamado Tercer Mundo.

— En este sistema, habrá un actor internacional, de ahí su carácter de flexible, la Organización de Naciones Unidas, que, creada en 1945, tratará de jugar un papel central, conciliador y amortiguador de las tensiones internacionales, tratando de evitar un nuevo conflicto mundial de consecuencias terribles ante la proliferación de las armas nucleares desde el final de la guerra mundial. A pesar de sus objetivos y principios no podrá lograr todo lo que recoge en la carta fundacional, por la utilización permanente por parte de las dos superpotencias del organismo internacional, como veremos más adelante.

— Por último, en este sistema bipolar adquirirán un protagonismo central las guerras, a pesar del recuerdo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial; de hecho, algunos autores llaman al siglo XX el de la «barbarie». Según los diversos estudios que sobre este tema existen, desde 1945 y hasta la década de los noventa hubo en el mundo unas 300 guerras. Conflictos no mayores pero sí convencionales en la maleza africana, los arrozales asiáticos, la alta sierra latinoamericana. Conflictos que responden a razones tradicionales como las rivalidad por el poder regional o por la independencia, pero también a diversidad de causas que adquieren, si cabe, un mayor protagonismo como los enfrentamientos étnico-raciales, las fronteras, los recursos naturales como el petróleo o el gas, el agua o la secesión. Conflictos que dejan un balance humano aterrador, especialmente porque entre el 80 y el 90 % de las bajas serán de población civil, que todos conoceremos de forma inmediata por la sociedad de la información en la que vivimos.

LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

JUAN CARLOS PEREIRA

Desde la Carta del Atlántico a la Conferencia de Yalta se fueron diseñando las líneas de actuación, los objetivos y la estructura interna de esta nueva institución internacional, que el presidente norteamericano Roosevelt consideraba como el único instrumento eficaz para que no se repitiera una guerra como la que en esos momentos se estaba desarrollando en el mundo. Durante este largo proceso de discusiones, comenzaron a plantearse algunas cuestiones que luego se volverán conflictivas y determinantes en el funcionamiento de la ONU: la creación de una fuerza de paz, la representación nacional o la diferente autoridad y poder que deberían tener un número limitado de Estados sobre los demás.

Las Naciones Unidas fue un nombre concebido por el presidente F. D. Roosevelt, frente a la expresión Gran Alianza propuesta por Churchill. Se utilizó por vez primera en la Declaración de las Naciones Unidas del 1 de enero de 1942, suscrita por 26 Estados aliados que luchaban contra las potencias del Eje. Anteriormente a este texto, en la Declaración de Saint James, del 12 de junio de 1941, suscrita por seis Estados y representantes de nueve Gobiernos europeos en el exilio, y en la Carta del Atlántico, del 14 de agosto de 1941, elaborada por Roosevelt y el primer ministro británico, Winston S. Churchill, se insistía en la necesidad de establecer un nuevo sistema de cooperación internacional una vez finalizado el conflicto mundial, que eliminara la amenaza de la agresión y las diferencias sociales y económicas en el mundo.

La Declaración de enero de 1942 se vio reforzada paulatinamente por la adhesión de otros veintiún Estados, sirviendo de base de discusión de la nueva organización internacional que habría de crearse definitivamente en 1945. Durante el año 1943 se fueron perfilando, en líneas generales, los objetivos de la Organización, aunque no fue hasta finales del verano de 1944 cuando se comenzó a elaborar la nueva estructura institucional. En efecto, en la Conferencia de Dumbarton Oaks, celebrada en Washington entre el 21 de agosto y el 7 de octubre de 1944, en la que participaron EE.UU., China, la URSS y el Reino Unido, se llegó a varios acuerdos sobre la futura Organización, pero también aparecieron las primeras discrepancias. Así, se establecieron los principios y propósitos fundamentales, la adhesión de sus miembros y los órganos principales, especialmente el Consejo de Seguridad, pero no pudo llegarse a ningún acuerdo con respecto al sistema de voto en el mismo.

Será en la Conferencia de Crimea o Yalta, celebrada en febrero de 1945, donde los tres máximos dirigentes, Roosevelt, Stalin y Churchill, tracen definitivamente las grandes líneas de actuación y organización de Naciones Unidas. El comunicado final fue muy expresivo: «Hemos resuelto el establecimiento lo antes posible, de acuerdo con nuestros aliados, de una organización internacional general, para mantener la paz y la seguridad. Los principios fueron asentados en Dumbarton Oaks. No obstante, no se ha llegado todavía a un acuerdo sobre el importante procedimiento del voto.» El comunicado indicaba también que «Hemos convenido que una Conferencia de las Naciones Unidas será convocada en San Francisco, Estados Unidos, el 25 de abril de 1945, para preparar la Carta de dicha Organización.»

En virtud de este compromiso, el 5 de marzo de 1945, el Departamento de Estado norteamericano, en nombre de las otras cuatro grandes potencias, cursaba una invitación a 40 Estados para que asistieran a la Conferencia de San Francisco. El 25 de abril, en efecto, se inauguraba dicho encuentro internacional, denominado Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, al que asistieron 1.200 delegados de 50 Estados. En su discurso, el nuevo presidente norteamericano, Harry S. Truman, tras morir Roosevelt, señaló el 12 de abril: «Los miembros de esta Conferencia han de ser los arquitectos de un mundo mejor. En vuestras manos descansa nuestro futuro. Por vuestros trabajos en esta Conferencia sabremos si la Humanidad que sufre ha de lograr una paz justa y perdurable. Trabajemos para lograr una paz que sea en verdad digna de los grandes sacrificios.» El 26 de junio de 1945 concluyeron oficialmente los trabajos, tras la aprobación por unanimidad el día anterior de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Tras la firma por todos los representantes, a los que se unió a última hora Polonia, de los documentos constitutivos, se creó una Comisión Preparatoria, con carácter de interinidad, hasta que la ONU estuviera física y jurídicamente establecida. El 24 de octubre de 1945 nacía oficialmente la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuando quedó ratificada la Carta de las Naciones Unidas por parte de las cinco grandes potencias, EE.UU., la URSS, China, Gran Bretaña y Francia y por la mayoría de los demás signatarios

La Carta de las Naciones Unidas, cuyo Preámbulo comienza con unas palabras que recuerdan a las utilizadas en la Constitución norteamericana de 1787, se compone de un Preámbulo, XIX capítulos y 111 artículos. Junto a ella siempre va unida el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, con 70 artículos. Desde su elaboración ha sido enmendada en los años 1963, 1965 y 1971, realizándose reformas relativas al aumento del número de miembros del Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social, así como al sistema de votación.

El texto de la Carta compartirá algunas analogías con el del Pacto de la SDN, pero existirá una importante diferencia con éste y es que en él se aspira más a re- comendar a los miembros de la Organización que a imponer determinados comportamientos y acciones. No prevé la retirada voluntaria de ningún miembro y presenta un carácter universalista. Por último, al igual que la SDN, la ONU se establece, a pesar de las palabras del Preámbulo, como una asociación internacional de Estados soberanos, lo que excluye la intervención en los asuntos internos de sus miembros —la no injerencia— (principio reafirmado por las Resoluciones 2131 (XXI) de 1965 y 2625 (XXV) de 1970.

De su contenido podríamos destacar tres artículos. En el artículo 1.º se señalan los Propósitos de la ONU: a) Mantener la paz y la seguridad internacionales; b) Fomentar entre las naciones relaciones de amistad, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos; c) Realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales en los diversos campos de la misma, y en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación; y d) Servir de lugar que armonice los esfuerzos de las naciones para el logro de estos propósitos.

En el artículo 2.º, se indican los procedimientos a utilizar para el logro de los objetivos anteriores: a) La igualdad soberana de todos sus miembros; b)El cumplimiento de todas las obligaciones contraídas y recogidas en la Carta; c) La resolución de sus controversias por medios pacíficos y sin poner en peligro la paz, la seguridad y la justicia; d) La abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado; e) La prestación de ayuda a la Organización en cualquier acción que esta ejerza; f) El apoyo al objetivo de la Organización para que los Estados no miembros de la misma conduzcan sus relaciones exteriores bajo los mismos principios; y g) La no intervención de la Organización en los asuntos que son de jurisdicción interna de los Estados.

Por último podría destacarse el artículo 4.º, en el que se indica textualmente que «Podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo.» Se establecían así dos categorías de miembros: los miembros fundadores (los 51 firmantes de la Carta en el Veterans Memorial Hall de San Francisco) y los otros miembros que paulatinamente se fueran incorporando a la ONU, lo que durante ciertos periodos no será una tarea fácil.

Sin duda, junto a estos tres importantes apartados, muchos autores indican que el verdadero centro de la Carta es el capítulo VII (acción en caso de amenaza contra la paz, de ruptura de la paz y de acto de agresión), flanqueado por los capítulos VI (sobre el arreglo pacífico de las controversias) y VIII (acuerdos regionales). Como el Pacto de la Sociedad de Naciones (SDN), la Carta apuesta de nuevo por el concepto de seguridad colectiva. No obstante, el papel asignado en la aplicación de estos artículos al Consejo de Seguridad y la nula referencia a la organización de fuerzas armadas, condicionarán fuertemente el logro de los objetivos previstos durante la mayor parte de la historia de la ONU.

La estructura institucional de la ONU es compleja y su tradicional funcionamiento está hoy en el centro del proceso reformista en el que está sumida la Organización. Una estructura en la que se pueden distinguir dos tipos de organismos: por un lado, los denominados órganos principales y, por otro lado, el conjunto de instituciones multilaterales y especializadas que forman el llamado Sistema de Naciones Unidas. Más de 50.000 personas trabajan para la Organización; de ellos, unos 10.000 son funcionarios internacionales, repartidos entre la sede principal de Nueva York (inaugurada en 1952 gracias a la ayuda financiera del multimillonario John D. Rockefeller) y las instituciones especializadas cuyas sedes se encuentran dispersas por el mundo.

La Asamblea General

Es el principal órgano deliberativo, compuesto por todos los Estados miembros (191 en la actualidad), cada uno de los cuales tiene derecho a un voto. Al inicio de cada periodo de sesiones (tercer martes de septiembre), la Asamblea elige un nuevo presidente, que rota anualmente entre cinco grupos de Estados, e inicia las discusiones sobre los temas que merecen el interés de la comunidad internacional. La Asamblea puede reunirse también en periodos extraordinarios a solicitud del Consejo de Seguridad, de una mayoría de miembros o de un miembro si la mayoría está de acuerdo.

Las funciones principales de la Asamblea recogidas en la Carta, son el examen y aprobación del presupuesto de la Organización; la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, los elegibles del Consejo de Administración Fiduciaria y los del Consejo Económico y Social; nombra, a recomendación del Consejo de Seguridad, al Secretario General, y puede recomendar medidas, incluido el empleo de la fuerza, en caso de que esté amenazada la paz y si el Consejo de Seguridad no las adopta. La Asamblea asigna la mayoría de las cuestiones a unas Comisiones Principales y tiene una serie de Comités permanentes de expertos y ha ido estableciendo una serie de programas de actuación.

Analizando la evolución en el número de miembros de la ONU representados en la Asamblea General, se puede decir con rotundidad que el objetivo de la universalización de la Organización casi se ha conseguido, en perfecto paralelismo con la mundialización de la sociedad internacional a la que hemos asistido desde 1945. Principio que sólo se ha visto afectado por la expulsión de Yugoslavia en septiembre de 1992, convirtiéndose así en el primer miembro expulsado formalmente de la ONU desde 1945.

Ahora bien, el hecho de que cada uno de los miembros disponga de un voto, no implica que eso haya significado una igualdad soberana en el funcionamiento de la Organización. Por un lado, porque ha sido el Consejo de Seguridad el lugar en el que se han tomado las decisiones más trascendentales en la historia de la ONU, imponiendo los cinco miembros permanentes su criterio a la comunidad internacional. Por otro lado, en el plano financiero la igualdad de los miembros se entiende de una manera proporcional y ello es importante a la hora de tomar decisiones que tengan una trascendencia económica. Por último, las decisiones de la Asamblea, en forma de Resoluciones adoptadas por mayoría simple o mayoría de dos tercios (cuestiones referentes a la paz y la seguridad), son siempre recomendaciones para los Estados, es decir, no poseen fuerza jurídica obligatoria, aunque los Estados que no las respetan pueden ser objeto de sanciones. En definitiva, el déficit democrático que encontramos en la ONU, al igual que existe en otras organizaciones internacionales o agrupaciones regionales, es un factor a considerar al valorar críticamente la labor de esta Organización.

El Consejo de Seguridad

Se ha convertido en el principal órgano de deliberación y adopción de resoluciones desde 1946, cuando estuvo formado por representantes de 11 Estados. Desde 1965, tras la modificación aprobada en 1963, lo forman representantes de 15 Estados: cinco permanentes, R. Popular de China (que sustituyó a Taiwan en 1971, abandonando la ONU), EE.UU., Francia, Reino Unido y Rusia (que sustituyó a la URSS en 1991), y diez no permanentes, elegidos por la Asamblea General por un periodo de dos años. La presidencia es ejercida de forma rotatoria por los representantes del Consejo cada mes. Al ser el órgano principal de la ONU sobre el que recae la responsabilidad respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la cuestión del voto en el mismo fue objeto de un largo debate desde la creación de la Organización, resolviéndose en la misma Conferencia de San Francisco. A priori, cada miembro tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se adoptan mediante un voto afirmativo de al menos nueve de los 15 miembros. El resto de las decisiones y muy especialmente las consideradas muy importantes en relación con los objetivos de la Organización o los intereses de las grandes potencias, requieren nueve votos también, pero deben estar incluidos los votos afirmativos de los cinco miembros permanentes. Esta es la llamada regla de la unanimidad de las grandes potencias o, de una forma más coloquial, el veto de las grandes potencias.

Sin duda alguna, hay un consenso en el sentido de indicar que una de las causas que ha provocado la ineficacia o la falta de respuesta ante los numerosos conflictos surgidos en el mundo desde 1945, ha sido la la utilización del veto en las más de doscientas Resoluciones adoptadas hasta finales de los años ochenta, especialmente por las dos superpotencias. El ex Secretario General Boutros Ghali cuantificó su número en 279 hasta 1992 y su utilización en nuestro periodo de estudio ha sido el siguiente:

Otra de las causas de discusión es la referida a la composición del Consejo. Dado el incremento en el número de miembros y, al mismo tiempo, los cambios que se han producido en la sociedad internacional, parece evidente que la composición del Consejo de Seguridad no responde a la situación real, que permita hacer hoy efectiva la acción de la ONU. Esta estructura incluso puede dificultar la adopción de decisiones rápidas y complejas, ante el aumento de actividades del Consejo de Seguridad en los últimos años.

Por un lado se encuentran los cinco miembros permanentes, que lo son en función de una herencia histórica ya superada, pero en la actualidad Estados como Japón y Alemania (segunda y tercera potencias económicas del mundo, así como segundo y tercer contribuyentes, respectivamente, a las finanzas de la ONU), no están representadas, como tampoco lo están potencias regionales tan destacadas como Brasil, Nigeria o la India. Por otra parte, el derecho del veto o el estatus de miembro permanente, comienzan también a ser objeto de discusión, planteándose plazos más o menos concretos para que esta situación finalice. Por último, si el compromiso con la paz y el desarme han sido, según la Carta, el factor legitimador del Consejo de Seguridad, se puede afirmar que, hasta la actualidad, los cinco miembros permanentes de este órgano han sido los principales responsables del rearme desde 1945; los que sólo disponen oficialmente de armamento nuclear; los que han intervenido en más conflictos o los que han provocado, en definitiva, la militarización creciente de la sociedad internacional, por lo que cabría cuestionarse también el verdadero objetivo del Consejo de Seguridad y los miembros que a él deberían pertenecer.

Los secretarios generales

La Secretaría General presta sus servicios a los otros órganos de la Organización y administra los programas y las políticas que elaboran. Su jefe es el Secretario General, elegido por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, por un periodo de cinco años, con posibilidad de reelección. La práctica diaria nos indica, no obstante, que el más alto funcionario administrativo de la Organización es mucho más que eso, por cuanto al mismo tiempo que es un diplomático y un conciliador o un provocador en ocasiones, es también la personificación ante la opinión pública mundial de los ideales y principios de la ONU.

El Secretario General puede llamar la atención al Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que pueda poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. También, junto a otras funciones, administra las operaciones de mantenimiento de la paz, presenta el presupuesto bianual de la Organización, así como estudios relativos a problemas económicos, demográficos o de otra índole y actúa de mediador en las controversias internacionales. La labor de cada año se recoge en una Memoria que el Secretario presenta a la Asamblea General.

Para llevar a cabo los trabajos diarios de la Organización, el pago de los funcionarios, las operaciones de mantenimiento de la paz y los programas diversos aprobados por los organismos del sistema de Naciones Unidas, se aprueban unos presupuestos a los que contribuyen todos los Estados miembros. Aproximadamente hasta 1991,13 Estados sufragaban las cuatro quintas partes del mismo: EE.UU. (25 %), Japón (15,6 %), Alemania (9 %), Francia (6,4 %), Italia (5,3 %), Reino Unido (5,2 %), Canadá (3,1 %), España (2,6 %), Holanda, Rusia, Australia, Brasil y Suecia. El problema, otro nuevo obstáculo para valorar la eficacia de la ONU, es la morosidad en los pagos, muy especialmente de EE.UU. En 1995 sólo 70 Estados estaban al corriente de los pagos y EE.UU. debía 527 millones de dólares, más 1.078 en operaciones de mantenimiento de la paz.

Con todos estos condicionantes, se puede afirmar que el papel del Secretario General en el funcionamiento de la ONU ha sido, y es, objeto de análisis pormenorizados por parte de diferentes especialistas. En la mayoría de los casos, se pone de manifiesto que su papel político fue aumentando progresivamente en relación inversa a la incapacidad de otros órganos de la ONU para actuar convenientemente en el logro de los objetivos previstos por ésta. De hecho, algún autor señala que desde 1965 se le podía considerar el 16.º miembro del Consejo de Seguridad. Sin duda, la labor de ciertos secretarios, como el sueco Dag Hammarskjöld, el peruano Pérez de Cuellar o el egipcio Butros Ghali, han venido a reforzar su posición en la propia Organización, adquiriendo un protagonismo que, en algunos casos, como el de Ghali, le costó la reelección debido a las presiones de EE.UU. En otros casos, los secretarios generales han sido unos buenos gestores, sin mayor protagonismo. Los secretarios generales en este periodo de estudio han sido:

Trigve Halvdan Lie (1945-1953)

Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld (1953-1961),

U Thant (1961-1971)

Kurt Waldheim (1971-1982)

Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991)

El Consejo Económico y Social

Es el órgano coordinador de la labor económica y social de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. Formado por 54 miembros, 18 de los cuales son elegidos cada año por la Asamblea General por un periodo de tres años, en sustitución de los 18 que han cumplido su periodo de mandato. Sus decisiones se adoptan por mayoría simple y cada miembro tiene un voto. El Consejo coordina un amplio conjunto de comisiones y organizaciones. Nueve Comisiones Orgánicas (desde la Estadística a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible). Cinco Comisiones Económicas regionales: CEPA, para África (sede en Addis Abeba); CEPE para Europa (Ginebra); CEPAL para América Latina (Santiago de Chile); CESPAP, para Asia y el Pacífico (Beijing) y CESPAP para Asia Occidental (Amman). Cuatro Comités Permanentes más una serie de comités y juntas ejecutivas de instituciones como UNICEF, ACNUR, PNUMA, FNUAP, PNUD, UNITAR o UNCTAD. Además unas 1.500 ONG están reconocidas como entidades consultivas por el Comité.

El Comité Económico y Social coordina a un conjunto de 15 organismos especializados, algunos de ellos anteriores a 1945, que forman parte del llamado Sistema de Naciones Unidas, muchos de los cuales han adquirido un protagonismo inusitado en los últimos años: OIT, Organización Internacional del Trabajo (1919); FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, (1945); UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1946); OMS, Organización Mundial de la Salud (1948); Banco Mundial (1944-1988); FMI, Fondo Monetario Internacional (1944); OACI, Organización de Aviación Civil Internacional (1944); UPU Unión Postal Universal (1874-1948); UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones (1865); OMM, Organización Meteorológica Mundial (1951); OMI Organización Marítima Internacional (1948); OMPI, (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1883-1886); FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (1974); ONUDI, Organización de las Naciones Unidaas para el Desarrollo Industrial (1966); OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica (1956).

La Corte Internacional de Justicia

Con sede en La Haya, es el órgano judicial principal de la Organización, al que pueden recurrir todos sus miembros, e incluso los que no lo son, de acuerdo con unas condiciones previamente establecidas. Asimismo, los órganos principales y organismos especializados pueden solicitar una opinión consultiva sobre materia de interés para la Organización. La jurisdicción de la Corte se extiende a todos los litigios que los Estados le sometan, a todos los asuntos estipulados en la Carta de las Naciones Unidas y a los tratados y convenios vigentes. No obstante, los Estados pueden obligarse por anticipado a aceptar su jurisdicción en la totalidad de los casos o en ciertas clases de materias, por lo que no todos los Estados miembros de la ONU han aceptado la jurisdicción de la Corte. La Corte está integrada por 15 magistrados, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en votaciones independientes. Se eligen por un periodo de nueve años, pudiendo ser reelegidos, en función de sus méritos y no por su nacionalidad, intentando equilibrar la representación regional.

Objetivos y resultados (1945-1991)

Si el estudio organizativo de las Naciones Unidas resulta de enorme interés para comprender su papel en la sociedad internacional, no lo es menos el análisis de la labor realizada desde 1945. Muchos son los aspectos que podríamos abordar de esta acción en estos años, pero hemos considerado que detenernos en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales —propósito principal de la Organización—; el relevante papel en el proceso de descolonización; los programas y decisiones adoptados para crear un mundo más justo tanto en el economía como en la sociedad y la protección de los derechos del Hombre, pueden ser una buena muestra de esta actividad que está salpicada de algunos éxitos, pero también de ciertos fracasos.

El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

Las primeras palabras del Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas señalan que el primer objetivo de la Organización era el de «preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles». En el ambiente de la Conferencia de San Francisco también se respiraba ese ambiente pacificador, frente a la barbarie y la destrucción de una guerra que había terminado en Europa en mayo y que finalizaría por completo en Asia en septiembre, tras la explosión de las dos primeras bombas atómicas, que auguraban también una nueva era en las relaciones de poder.

Al hacer un balance de la labor de la ONU en este campo solo surge una palabra: fracaso, aunque no por culpa exclusiva de esta Organización. Los datos son muy reveladores de esta situación. Autores como Istvan Kende señalan que desde 1945 hasta los años setenta se habían librado en el mundo 120 guerras, en los territorios de 71 Estados, que implicaron a las fuerzas armadas de 81 Estados, con una duración media superior a los tres años por conflicto y con un balance de pérdidas humanas de 25 millones de muertos. Otros autores nos hablan de cerca de 300 guerras desde 1945. Datos más recientes indican que en los años 19901991 existían 35 conflictos activos, en los que se encontraban implicados 40 Estados y entre 1998-1999 todavía se estaban desarrollado 27 conflictos armados en 26 Estados. Todo ello quiere decir que desde 1914, pero especialmente desde 1945, estamos viviendo el periodo de la historia en el que ha habido más guerras, más armas y más víctimas.

En efecto, entre los fundadores de la ONU pareció existir una regla de funcionamiento y efectividad consensuada: para que el sistema de seguridad colectiva previsto en la Carta fuera válido era indispensable que las Grandes Potencias, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, estuvieran de acuerdo. El Capítulo VII de la Carta establece en sus 12 artículos los parámetros de actuación política y militar que la Organización estipula para hacer frente a las amenazas de paz o actos de agresión. Cuatro son los principios básicos de este nuevo sistema de seguridad colectiva: prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza, arreglo pacífico de las controversias, aplicación de medidas coercitivas, y desarme y control de armamentos.

El estallido de la Guerra Fría en 1947, sin embargo, puso de manifiesto que el sistema previsto no podía funcionar en aquellos conflictos en los que, directa o indirectamente, se hallasen implicadas las Grandes Potencias, gracias sobre todo al ejercicio de su derecho de veto, ni tampoco la ONU podía intervenir en la mayor parte de estos conflictos, al considerárselos asuntos internos, y al no disponer de una independencia real en relación con los principales actores de la escena internacional que son los Estados.

La guerra de Corea, iniciada en 1950, como hemos visto anteriormente, significó el primer gran reto en la Organización para hacer efectivos los principios contenidos en el capítulo VII de la Carta. La ausencia de la URSS del Consejo de Seguridad permitió que en el mismo a instancias de EE.UU. se aprobara que el ataque armado de Corea del Norte se considerase un quebrantamiento de la paz, instando a los miembros de la Organización a prestar la ayuda necesaria para rechazar el ataque armado y restablecer la paz y la seguridad internacionales, lo que fue aprobado por la Asamblea General. La Resolución Unidos para la Paz de 3 de noviembre de 1950 (Res. 377), marca un hito en la historia de la ONU, al considerarse en ella que la labor del mantenimiento de la paz no pertenecía exclusivamente a las Grandes Potencias y al Consejo de Seguridad, sino que era una tarea colectiva que se podría ejercer por la Asamblea General. Si bien, este hecho puede considerarse un paso decidido en favor del principal objetivo de la ONU, tuvo también una consecuencia negativa al dejar de ser la Organización una instancia neutral y convertirse en un nuevo centro de enfrentamiento de los dos bloques antagónicos.

La crisis de Suez, en la que están involucrados Israel, Reino Unido y Francia contra Egipto, pero en la que inmediatamente después veremos a EE.UU. y la URSS, provocará un bloqueo del Consejo de Seguridad por los vetos británico y francés. La guerra que se desarrolló y la problemática creada en torno a este conflicto entre los dos bloques y en seno del bloque occidental, impulsaron al Secretario General Hammarskjöld y al canadiense Lester Pearson, a crear un sistema alternativo al de seguridad colectiva regulado por la Carta, las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Unas Operaciones no previstas en la Carta, que se originaron y desarrollaron de manera pragmática y gradual, al amparo de esa ambigüedad existente entre los Capítulos VI y VII de la Carta (lo que se bautizó como el Capítulo Seis y Medio).

Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz no estaban previstas inicialmente entre las acciones contempladas por la ONU para garantizar la paz y seguridad internacionales, como hemos visto. Sin embargo, la realidad hizo que poco a poco fueran imponiéndose como un mecanismo de intervención de las Naciones Unidas. No nacieron con la pretensión de sustituir los medios de solución pacífica y voluntaria previstos en el capítulo VI de la Carta de la ONU. Tampoco buscaban reforzar las acciones coercitivas contempladas en el capítulo VII de dicha Carta para las amenazas a la paz o los actos de agresión. Lo que pretendían era cubrir el hueco existente entre ambos capítulos. Esta peculiaridad en su forma de nacer explica en parte que carezcan de definición oficial, de estructura fija o de cierto cuerpo doctrinal. Surgieron para dar respuestas a problemas concretos y han evolucionado según lo ha hecho la realidad internacional.

En su evolución podemos distinguir cinco etapas: a) el origen, que podemos situar entre 1948, fecha en la que se crea una Misión de Observación en Palestina y 1956, con la Crisis de Suez; b) una fase de madurez, entre 1957 y 1974, en la que se aprecia un incremento de estas Operaciones y un mayor control de las mismas por parte del Consejo de Seguridad; c) entre 1975 y 1987, una época de parálisis, en la que tan sólo se creó una OMP, a pesar de la gran conflictividad del periodo; d) un periodo de revitalización entre 1988 y 1991, gracias al creciente espíritu de cooperación entre las dos superpotencias; y e) un momento de explosión de las OMP entre 1992 y 1993, de euforia, de apoyo internacional a las mismas, apreciándose un incremento de las Operaciones y del número de sus integrantes, 10.000 en 1992 y 80.000 a finales de 1993; de igual forma, otras organizaciones incluirán OMP en sus estrategias durante este periodo, como la OTAN (Yugoslavia, Albania o Kosovo, posteriormente), la OSCE (Macedonia, Croacia, Estonia…) o la UEO —Operaciones Petersberg— (Kuwait, Croacia…).

Las OMP pueden ser de diferentes tipos. Según la Carta de las Naciones Unidas para hacer cumplir los objetivos de prevenir y salvaguardar la paz, se podían establecer dos Misiones:

— Misión de Observadores Militares, integrada por oficiales desarmados («boinas azules») encargados, a petición de las partes en conflicto, de supervisar un alto el fuego, verificar una retirada de tropas o patrullar fronteras y zonas desmilitarizadas.

— Fuerzas de Mantenimiento de la Paz («cascos azules»), integradas por contingentes nacionales de soldados. Sus misiones suelen ser similares a las de los observadores militares y además deben actuar como elemento disuasor y mediador entre las partes.

El nuevo escenario estratégico surgido tras el fin de la Guerra Fría ha obligado a replantear la concepción de las OMP. Actualmente, la ONU está revisando los tipos de misiones existentes. No obstante, en 1992, el Secretario General desarrolló una clasificación actualmente aceptada y que, a grandes rasgos, es válida para las misiones realizadas por otras organizaciones regionales de seguridad:

— Diplomacia preventiva (conflict prevention). Su objetivo es evitar que afloren controversias entre las partes o que el desacuerdo evolucione hacia un conflicto militar.

— Medidas de establecimiento de la paz (peacemaking). Están destinadas a conseguir un acuerdo negociado de las partes en conflicto mediante el uso de los procedimientos recogidos en el capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas.

— Operaciones de mantenimiento de la paz (peacekeeping/PIC). Exigen la presencia de personal militar o civil de las Naciones Unidas con el consentimiento de las partes enfrentadas para vigilar la aplicación de los acuerdos sobre el control del conflicto (alto el fuego, separación de fuerzas), su resolución o garantizar la distribución de ayuda humanitaria.

— Medidas de imposición de la paz (peace enforcement/PE). Son el último recurso cuando fracasan todas las posibilidades descritas. Las acciones se llevan a cabo bajo el Capítulo VII de la Carta e incluyen el uso de la fuerza armada para mantener o restaurar la paz, en situaciones en las cuales el Consejo de Seguridad determine la existencia de una amenaza para la paz, violación de la paz o acto de agresión.

— Medidas de consolidación de la paz (peace building). Su finalidad es fortalecer la paz e impulsar el entendimiento entre los antiguos adversarios para evitar la reanudación de las hostilidades.

— Ayuda humanitaria (humanitarian operation). Compatible con todas las medidas anteriores. Fuerzas militares garantizan y protegen el reparto de ayuda humanitaria dirigida por agencias especializadas de Naciones Unidas o por organizaciones civiles.

El contraste en la valoración y la importancia que tienen las OMP se puede apreciar claramente de una forma cuantitativa. Entre 1948 y 1988/1989, la ONU sólo organizó 17 Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en pleno periodo de la Guerra Fría. Desde 1988/1989 y hasta la actualidad, en el contexto del llamado Nuevo Orden Mundial, la ONU ha tenido que organizar o mantener mas de 38 OMP. En nuestro periodo de estudio las OPM han sido las siguientes:

Como ya hemos indicado anteriormente, uno de los principios en los que también se basa la seguridad colectiva a la que se aspira desde 1945 es el de conseguir el desarme y el control de armamentos. En este sentido cabe afirmar que el desarme ha sido uno de los grandes objetivos de la Humanidad. Desde 1945 y especialmente tras el impacto por la utilización de la bomba atómica norteamericana en 1945 y tras su fabricación por la URSS en 1949, el temor a un nuevo conflicto mundial, ahora definitivamente destructivo con la combinación de armas nucleares y convencionales, impulsó de nuevo el movimiento en pro del desarme en el mundo.

Hay que decir, a priori, que hasta la firma del Tratado sobre Eliminación de Misiles de Alcance Intermedio y Menor Alcance (Tratado I.N.F.), firmado entre EE.UU. y la URSS el 8 de diciembre de 1987, no se había conseguido nunca un acuerdo de desarme global en el mundo. Por el contrario, sí se habían logrado acuerdos sobre no proliferación de armamentos o sobre zonas libres de armas nucleares.

Tras algunas primeras iniciativas, la Asamblea General ante la proliferación de armas nucleares y el aumento de los gastos militares en el mundo, creó una Comisión de Desarme, encomendándole la tarea de preparar propuestas para la regulación, limitación y reducción equilibrada de todas las fuerzas armadas y todos los armamentos. Las discusiones en el seno de la Comisión reflejaron las posturas enfrentadas de EE.UU. y la URSS, así como de los dos bloques que lideraban, no llegando a acuerdos concretos, aunque se estableció la necesidad de comenzar con acuerdos parciales que impulsaran un acuerdo global.

Algunos acuerdos se fueron logrando en este sentido. En 1959 se logró la firma del Tratado Antártico, por el cual se creaba la primera zona libre de armas nucleares en el mundo. Desde 1960 hasta 1978, las iniciativas de la ONU se multiplicaron, con resultados desiguales. Por un lado, la Asamblea General proclamó en 1969 el Primer decenio del Desarme y en 1975 se creó una Comisión específica encargada de examinar el papel concreto que la ONU podría tener en la cuestión del desarme. Algunos éxitos se lograron en este objetivo al aprobarse nuevos tratados en pro de la limitación de la proliferación de las armas: en 1963 el Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua; en 1967 el Tratado sobre el espacio ultraterrestre y también el Tratado de Tlatelolco por el que se creaba en América Latina la segunda zona libre de armas nucleares, aunque en este caso en una región densamente poblada; en 1968, uno de los acuerdos más importantes fue el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y, entre otros, el Tratado sobre la prohibición del emplazamiento de armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos, en 1971.

En los siguientes años se establecieron nuevas Comisiones con objetivos más amplios. Desde 1984 se establecerá la Conferencia de Desarme, integrada por 40 naciones. El Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga), en 1985, dio un aliento positivo a este freno en favor del desarme en lo que se vino a denominar la Segunda Guerra Fría, iniciada desde la llegada a la presidencia norteamericana de Ronald Reagan. La firma del Tratado INF entre las dos superpotencias, no obstante, provocó un sentimiento de esperanza en el seno de la ONU, que se pudo apreciar el 31 de mayo de 1988 cuando se inició el Tercer periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme, en el que participaron 159 Estados. Los acontecimientos posteriores, desde las negociaciones START de 1990 entre EE.UU. y la URSS, hasta el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, firmado en Viena en noviembre de 1990, han venido a confirmar que los objetivos de Naciones Unidas en pro de un desarme general y completo bajo un control internacional eficaz se estaban alcanzando, aunque en un plazo más largo de lo esperado.

El impulso del proceso descolonizador

Una de las características más importantes y condicionantes de la evolución de la sociedad internacional desde 1945 ha sido la del proceso de mundialización al que hemos asistido. Si en 1899 sólo se reconocían por la comunidad internacional como Estados soberanos e independientes a 20 Estados europeos, 4 asiáticos y dos americanos, en 1914 este número había aumentado a 52 Estados. En 1960 la cifra se había elevado a 131, en 1981 a 190 y desde 1986 se ha producido un nuevo aumento que, en el año 2000, eleva esa cifra a más de 200 Estados y territorios autónomos. Las consecuencias de este proceso son de sobra conocidas y van desde la confirmación del fenómeno estatal como actor nato de las relaciones internacionales, hasta el aumento de tensiones fronterizas, étnicas o políticas entre las nuevas entidades estatales creadas.

El papel de la ONU en este proceso ha sido fundamental, como se demuestra en el hecho de que más de 90 Estados soberanos e independientes, cuyos pueblos se encontraban anteriormente sometidos al dominio colonial, han ingresado en Naciones Unidas desde 1945. Los esfuerzos de descolonización de Naciones Unidas tienen su fundamento en el principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, estipulado en la Carta. Sin embargo, el hecho más sobresaliente en esta labor fue la adopción el 14 de diciembre de 1960 por la Asamblea General de la Resolución 1514 (XV), en la que se contiene la Declaración sobre la concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. Texto que se verá complementado con la Resolución 2625 (XXV), adoptada el 24 de octubre de 1970, que contiene el precepto de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos entre los principios del derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.

La adopción de la Resolución 1514 (XV) se vio facilitada por el hecho de que 16 Estados africanos fueran admitidos en 1960, el llamado año de la descolonización, en la ONU. El texto es tan significativo que ha sido llamado la Carta Magna de la Descolonización. A partir de él el final del colonialismo se acelerará y, además, el proceso descolonizador y el principio de la libre determinación de los pueblos se legitimarán, como veremos más adelante.

Las acciones económicas y sociales

Mientras que los nombres de otras organizaciones mundiales como la FAO, la UNICEF o la OMS se identifican claramente con actividades humanas o sociales, se desvirtúa o confunde el protagonismo de la ONU en el campo social y económico. Sin embargo, desde la creación de Naciones Unidas y con el compromiso recogido en el artículo 55 de la Carta, la Organización ha tenido como un objetivo básico el de la elevación de los niveles de vida y de las condiciones del progreso y desarrollo económicos, especialmente de los llamados países del Sur, Subdesarrollados o en Vías de Desarrollo, o también del Tercer Mundo o, lo que es lo mismo, los dos tercios de la población mundial.

Se puede afirmar que hasta 1960 esta cuestión no adquirió verdadera relevancia en Nueva York. Desde ese momento, la Asamblea General ha proclamado tres Decenios de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objeto de concentrar la acción internacional en programas concretos de ayuda a esos dos tercios de la Humanidad. En 1991 se aprobó un nuevo plan más intenso en recursos y objetivos y el año 1996, por ejemplo, se declaró Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Junto a esta estrategia del desarrollo, se han aprobado numerosas resoluciones y declaraciones en el mismo sentido.

Uno de los hechos más relevantes fue la aprobación por la Asamblea General de la Declaración y el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, el 1 de mayo de 1974. El objetivo básico de este nuevo orden era el de «corregir las desigualdades y reparar las injusticias actuales, eliminar las disparidades crecientes entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y garantizar a las generaciones presentes y futuras un desarrollo económico y social que vaya acelerándose, en la paz y la justicia». A pesar de su difusión y apoyo, la crisis económica mundial desde 1973, que ponía también de manifiesto la fuerte interdependencia de las economías nacionales, no permitió alcanzar los logros previstos y la deuda, el desempleo, la hiperinflación, la miseria y el hambre se extendieron por el conjunto de la sociedad y muy especialmente por el también denominado Tercer Mundo. La situación se hizo insostenible, especialmente en África, y en 1986 hubo que convocar, por primera vez, un periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea General para abordar la situación límite del continente, en el que están 32 de los 47 Estados menos adelantados del mundo y cuya deuda iguala o excede la producción económica.

La acción de la ONU en estas actividades es muy variada. Desde la ayuda a la cooperación técnica, a los programas orientados hacia grupos de población concretos (especialmente destacado será el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); desde la elaboración de proyectos de desarrollo regional a través de las Comisiones respectivas, hasta la aprobación de planes generales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que realiza actividades en más de 150 Estados y regiones. Desde la organización de reuniones especializadas, como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) o la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, a la creciente importancia que han adquirido en las discusiones y acuerdos los asuntos medioambientales, como se ha demostrando en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llamada también Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992.

Muchos son los problemas que aún subsisten y que parecen difíciles de solucionar a tenor de las políticas de los países desarrollados. Los resultados sobre la actuación de la ONU y la actitud de la sociedad internacional se reflejan muy bien en los Informes sobre Desarrollo Humano que desde 1990 elabora el PNUD. El concepto desarrollo humano se ha introducido ya en el lenguaje de los científicos sociales y con él se quiere definir el «proceso de ampliación de las opciones de la gente», que consisten especialmente en que la gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos y cuente con acceso a los recursos necesarios para tener un nivel adecuado de vida. Los Índices de Desarrollo Humano demuestran perfectamente las desigualdades entre la mayoría de los Estados incluidos en este estudio, desde Canadá, que ocupa el primer puesto desde 1998, a Níger o Sierra Leona, que ocupan los dos dos últimos lugares en el mundo.

La protección de los derechos del hombre

Los 6.000 millones de hombres y mujeres que vivimos en la Tierra desde el 12 de octubre de 1999, necesitamos no sólo ser partícipes de ese desarrollo sostenible y de una mejora diaria de nuestra vida, sino también la aplicación y el respeto por parte de las autoridades y las instituciones, de una serie de derechos que como Hombres, sea cual sea la raza, el color, la religión o la nacionalidad tenemos desde que nacemos.

Desde este punto de partida, en el campo de los Derechos Humanos la ONU ha establecido el marco básico desde el que parten todos los Estados que respetan este principio: la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Desde ese momento los derechos humanos dejaban de ser un asunto puramente interno, para convertirse en un tema de interés y protección colectivo, internacional.

Sus dos primeros artículos resumen perfectamente el espíritu y la letra de este importante texto. En su artículo 1 se dice que «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportartse fraternalmente los unos con los otros.» Y en su segundo artículo se señala que «Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.»

Desde la Comisión de Derechos Humanos, integrada por 53 miembros, elegidos por un periodo de tres años, se ha tratado de desarrollar con mucho más detalle estos principios que han dotado a la ONU, y a la propia sociedad internacional, de un corpus político-jurídico inédito hasta ahora. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobados por unanimidad por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966, constituyen fundamentos complementarios pero básicos en favor de este objetivo. La creación del Centro de Derechos Humanos en Ginebra y de una Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la lucha contra la discriminación racial y el apartheid, así como contra la tortura; la aprobación en 1979 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, acompañada en octubre de 1999 por un Protocolo Facultativo a la Convención, así como la supervisión del cumplimiento, o la denuncia, por parte de los Estados de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, son buena muestra de las actividades de la ONU en este campo. La Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, ha sido también un hito que se tradujo en la elaboración de un Convenio de protección a la infancia que ya ha sido ratificado por más de 170 países.

Protección de los derechos humanos que también se ha aplicado a los conflictos bélicos. En 1949 se firmaban los Convenios de Ginebra, ratificados por más de 180 Estados, que garantizan la protección de los miembros de las fuerzas armadas heridos o enfermos en tierra y mar, así como protegen a los prisioneros de guerra y a los civiles. Dos protocolos adicionales aprobados en 1977 completan los mecanismos de protección. Aun así es necesaria una regulación más específica para limitar la barbarie en los conflictos bélicos, especialmente en un periodo de inseguridad.

No podemos olvidar tampoco la asistencia y protección a los refugiados. Definidos en 1951 como «una persona que teme, con razón, ser perseguida como consecuencia de su pertenencia a una raza, nacionalidad, grupo social o debido a sus opiniones políticas; que se encuentra fuera del país del que posee la nacionalidad y que no puede, o debido a ese temor, no desea reclamar la protección de dicho país», cuentan desde 1951 con el apoyo del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR). Más de 30 millones de refugiados han sido socorridos y protegidos por ACNUR desde su creación, y su tarea se debe mantener ante un fenómeno que se sigue desarrollando, especialmente en África y Asia.

EL PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN

JUAN CARLOS PEREIRA

Como hemos señalado anteriormente, la ONU ha sido una institución clave en uno de los procesos más relevantes de la sociedad internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial: la descolonización. Sin embargo, no sólo Naciones Unidas favoreció ese proceso sino también otro conjunto de factores que han de tenerse en cuenta para comprender en su integridad este hecho.

En efecto, podemos decir que la descolonización es el proceso histórico por el que las colonias dependientes de Europa alcanzan la independencia política. Aunque tiene sus antecedentes en la independencia de EE.UU. y las colonias españolas en la América continental, no será hasta la segunda posguerra mundial cuando este proceso adquiera relevancia mundial con consecuencias globales.

Las causas de la descolonización global

Entre estas causas hay que citar en primer lugar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Como ya había ocurrido tras la Primera Guerra Mundial, con el impulso «soberanista» del presidente norteamericano Wilson, los Tratados de Paz y la creación de todo un conjunto de mandatos internacionales —situación intermedia entre la autonomía y la dependencia—, serán el presidente F. D. Roosevelt y el primer ministro W. Churchill, a través de la Carta del Atlántico (1941), quienes formulen la primera idea de internacionalización y autodeterminación de los territorios aún sometidos al colonialismo. Al terminar el conflicto y al diseñarse un nuevo orden mundial, y ante la debilidad europea, los norteamericanos impulsarán de forma decidida el proceso descolonizador. Argumentando las transformaciones sufridas por muchos territorios coloniales de África y Asia, escenarios del conflicto mundial; la contribución de muchas colonias y sus habitantes al esfuerzo bélico de los Aliados; la creación de movimientos independentistas y anticoloniales en gran parte de estos territorios; las derrotas sufridas por potencias colonialistas y la necesidad de establecer un marco mundial sin obstáculos en el nuevo sistema internacional, tanto EE.UU. como las Naciones Unidas y muchos Estados apoyaron el cambio de la dominación por la independencia.

En segundo lugar, habría que citar la debilidad y la crisis de las potencias coloniales europeas. Es de sobra conocido que el poderío político, económico, militar o financiero que Europa había mantenido desde la Edad Moderna, sufrirá una primera crisis tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Palabras como decadencia, debilidad o declive se extenderán entre los intelectuales y la clase política y se recogerán en obras como La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler o La crisis del espíritu, de Paul Valéry. Hay, en definitiva, una crisis de la conciencia colectiva que se manifiesta a partir de una percepción pesimista de la realidad sobre la base de un pasado dramático y de un futuro incierto. No obstante, el autoaislamiento al que vuelven los EE.UU. desde 1920 y el aislamiento al que se somete a la revolucionaria Rusia soviética —las nuevas potencias emergentes claramente anticolonialistas— permitirán a los europeos seguir creyendo que su dominio se mantenía en el mundo y que sus valores, como el del dominio occidental bajo la fórmula imperial sobre territorios y pueblos afroasiáticos, debían mantenerse. Sin embargo, las cosas habían empezado a cambiar.

Desde 1919 se estaban produciendo una serie de hechos que iban a propiciar el cambio en la relación entre colonias y metrópolis. En el mundo de las metrópolis aparecerán iniciativas como la creación en 1927 en Bruselas de la «Liga contra el Imperialismo» y las diversas iniciativas religiosas —tanto católicas como protestantes— en contra del colonialismo. El impacto de los Catorce Puntos del Presidente Wilson no podía obviarse tampoco. Desde los partidos socialistas las llamadas contra el colonialismo, en la II Internacional especialmente, y después de la Gran Guerra fueron constantes. Desde la Rusia soviética se lanzaron continuas llamadas contra el Imperialismo y la independencia, que se fortalecieron desde la creación de la III Internacional Comunista. Consecuencia de todo ello serán iniciativas como la aprobación por parte de Gran Bretaña en 1931 del Estatuto de Westminster, que será la carta constitucional del nacimiento de la Commonwealth, o la evolución que hacia la autonomía preconizan los gobiernos franceses en los Mandatos del Próximo Oriente.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y por las consecuencias apuntadas, el camino hacia el fin del colonialismo se acelerará para los europeos. En este sentido, la actitud de la Organización de Naciones Unidas desde su creación, recogiendo la herencia de la Sociedad de Naciones y de la propia Carta del Atlántico, entre otros, fue clave al sostener la política de internacionalización de las colonias y plantear la cuestión colonial en términos favorables a la progresiva autodeterminación de todos los territorios dependientes. Ya la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo XI, así como de forma específica en los capítulos XII y XIII, se insta a este proceso a las potencias coloniales. Esta presión internacional, más la ejercida desde EE.UU. y la URSS, y la situación de declive, ahora ya claramente manifestada, de los europeos, irá poniendo fin al sistema colonial. Quizá si hubiera que buscar un hecho simbólico podríamos señalar sin ninguna duda la decisión británica de conceder la independencia a la India en agosto de 1947; la llamada «perla del Imperio» accedía a su nuevo estatus no sólo por los factores internacionales y la crisis interna británica, sino también gracias al papel desempeñado por el nacionalismo hindú protagonizado por M. Gandhi y J. Nehru.

En tercer lugar, habría que señalar la propia evolución de los pueblos afroasiáticos colonizados. Una evolución, en el sentido del progreso y desarrollo, favorecida por lo que algunos autores han denominado el «impacto de Occidente», por la acción del colonialismo, como por la dinámica de las propias sociedades, que les fue llevando a la toma de conciencia de su situación colonial, así como a la organización de movimientos de lucha antioccidentales. Así fueron surgiendo el «asiatismo», como manifestación de un sentimiento y voluntad de oposición a Occidente; el «arabismo» entre los pueblos árabes y el «islamismo» entre los musulmanes; la «negritud», como exaltación de los valores africanos, concepto elaborado por L. Senghor, A. Césaire y L. Damas en 1934. Fruto de todo ello fueron surgiendo movimientos independentistas y anticoloniales, como el Partido del Congreso (1885) en la India, la Liga Musulmana (1906), el Kuomintang en la China republicana en 1911, el Viet-Minh (hacia 1930) en la Indochina francesa, el movimiento de los «Jóvenes Egipcios» o el Bloque Democrático Senegalés (1948) de Senghor y la «Unión Democrática Africana» en Costa de Marfil en 1946, impulsada por F. Houphouet-Boigny. Aunando muchas de estas iniciativas se crearán movimientos de solidaridad entre los pueblos afroasiáticos: el panasiatismo entre los pueblos de Asia, que celebrarán reuniones desde 1926 y que desembocará en la Conferencia de Bandung en 1955, cuna del afroasiatismo no alineado; el panislamismo, como movimiento de unión entre los pueblos islámicos de Asia y África, que dará lugar en 1969 a la creación de la Organización de la Conferencia Islámica; el panarabismo, corriente de unión de los pueblos árabes, que dará lugar en 1945 a la creación de la Liga de Estados Árabes; el panafricanismo o movimiento de solidaridad entre los pueblos africanos negros, cuyo desarrollo se inicia en 1919 y que desembocará en la creación de la Organización para la Unidad Africana en 1963.

Las fases de la descolonización

A partir de las explicaciones que nos proporcionan las tres grandes causas analizadas anteriormente, el proceso descolonizador se llevará a cabo en tres grandes fases:

a) En el periodo de entreguerras, entre 1919 y 1945, cuando se inician ya plenamente en las colonias afroasiáticas los movimientos nacionalistas a favor de la independencia sobre los que actúan unas nuevas condiciones favorables. Es la fase de preparación del que podemos llamar proceso descolonizador global, y en la que se producen las primeras revoluciones e independencias en el mundo islámico entre los países árabes y los musulmanes no árabes de Asia Occidental, el Próximo y Medio Oriente, así como en Asia Oriental.

b) Entre 1945 y 1955, cuando se extienden los movimientos nacionalistas principalmente en Asia y se registran las revoluciones e independencias de la casi totalidad de los países de Asia Oriental, meridional y del Sureste, culminando este proceso en la Conferencia de Bandung de 1955.

La Conferencia de Bandung que supuso, en palabras de O. Guitard, «el despertar de los pueblos colonizados», se celebró en abril de 1955. Convocada por los llamados «Cinco de Colombo», es decir, India, Indonesia, Pakistán, Birmania y Ceilán, contó con la participación de 29 países afroasiáticos (el 52 % de la población mundial). Las razones de este encuentro se relacionan con el impacto que tuvo el estallido de la Guerra Fría en Asia, especialmente tras la guerra de Corea, la política norteamericana en el continente asiático, el triunfo de la revolución china en 1949 y la cuestión de Formosa, así como los recelos antioccidentales que estaban creciendo entre muchos pueblos y dirigentes. De acuerdo con el programa establecido, los objetivos precisos de la reunión fueron: fomentar la comprensión y las relaciones entre las naciones de Asia y África, examinar los problemas existentes que les afectaban, especialmente los derivados de la situación internacional, el colonialismo aún existente y el racismo, y establecer la posición internacional enfocada al fomento de la paz y la cooperación internacionales.

El papel que tuvieron el primer ministro indio J. Nehru y el presidente de Indonesia, Sukarno, fueron claves para el desarrollo de las sesiones y la formulación de las conclusiones finales de la Conferencia. Entre ellas caben destacar: la afirmación de la independencia e igualdad de los pueblos afroasiáticos; la condena del colonialismo en todas sus formas; la exaltación del espíritu de rebelión moral contra la dominación europea, la creación de un movimiento de solidaridad internacional entre todos los pueblos afroasiáticos y el establecimiento de una alternativa a la política de bloques de la Guerra Fría: el Movimiento de Países No Alineados, del que hemos hablado anteriormente. La Conferencia tuvo su continuidad en 1957 (El Cairo), 1961 (Belgrado) y 1965 (Moshi). Para otros autores Bandung es también el momento en el que surgirá el llamado Tercer Mundo, expresión con connotaciones peyorativas en muchas ocasiones, que surge en 1952 de la pluma del demógrafo Alfred Sauvy, que la utiliza en un artículo en Observateur, cuando dijo: «El conjunto de los que llaman, en el estilo de Naciones Unidas, los países subdesarrollados, este Tercer Mundo ignorado, explotado, despreciado como el Tercer Estado, quiere ser alguien.»

c) Por último, entre 1955 y 1991, como consecuencia de Bandung, de la situación internacional derivada de la Guerra Fría y del papel de la ONU, se llegará a la Declaración sobre la independencia de los países y los pueblos coloniales, Resolución 1514 (XV) aprobada por la Asamblea General en diciembre de 1960 y considerada como la «Carta Magna» de la descolonización. Un año después se creaba el Comité de Descolonización.

La consecuencia de todo ello fue una primera oleada de descolonizaciones que se extenderá desde el principio de la década de los sesenta hasta finales de los ochenta. África será la gran protagonista de este proceso pues, si bien en 1945 sólo había cuatro Estados formalmente independientes, en la década de los ochenta, con la descolonización del África austral y las revoluciones de Etiopía y Liberia, se completa el proceso descolonizador. En Asia, Bandung será un evento que impulsará los procesos de revolución y lucha contra las potencias occidentales, provocando derrotas o abandonos de territorios, dando lugar en la década de los setenta a la independencia de países como Bangladesh, la República Socialista de Vietnam, la República Democrática de Laos o el Sultanato de Brunei ya en 1984.

Una segunda oleada independentista en el mundo afroasiático, con caracteres peculiares pero con antecedentes colonialistas en el periodo de la Rusia zarista, se producirá a principios de la década de los noventa, en el contexto del final de la Guerra Fría y, sobre todo, de la desaparición jurídica y política de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en diciembre de 1991. Consecuencia de todo ello fue la secesión y proclamación de la independencia de tres repúblicas caucásicas, anteriormente integradas en la URSS: Georgia, Armenia y Azerbaidján.

Las consecuencias de la descolonización

La descolonización se va a convertir en un proceso global en dos dimensiones. Por un lado, como fenómeno geohistórico que se va extendiendo por la sociedad internacional; por otro, por las consecuencias que tiene para los territorios descolonizados, porque, en efecto, la descolonización no supone solo la independencia política, con todo lo que ello implica, sino también la reconquista de la herencia colonial por parte de los movimientos de independencia, el establecimiento, la organización y la consolidación del Estado y el planteamiento de un conjunto de políticas que permitan dar satisfacción a las demandas de la sociedad que, a su vez, tiene que sentir las ventajas y beneficios de la tan deseada independencia.

Con la aureola de la victoria, los líderes independentistas disponen de una fuerte legitimidad, un apoyo popular y unos mecanismos de control como el ejército, la policía, el partido nacionalista y los medios de comunicación estatales. Los sentimientos nacionalistas, antioccidentales, nacionalizadores, etc., se extienden por el país. Los primeros momentos adquieren un valor simbólico y se adoptan medidas como la construcción de la presa de Assuán en Egipto. Pero progresivamente los problemas van surgiendo y los resultados de la descolonización no se hacen esperar.

De forma sintética, pues se irán abordando de forma más concreta en otros capítulos, las consecuencias de la descolonización pueden ser las siguientes:

— El subdesarrollo, que constituye uno de los problemas pasados y presentes más acuciantes de los llamados países del Tercer Mundo. La situación económica y social que define a los países menos avanzados se caracteriza por la baja renta per cápita, alto crecimiento demográfico, alta mortalidad infantil y enfermedades, predominio mayoritario del sector agrícola escasamente mecanizado, mínima densidad en infraestructuras, poca industrialización, analfabetismo y carencia de cuadros dirigentes adecuados. Todo lo cual impide un rápido y sostenido crecimiento económico. De ahí se deriva la tensión Norte-Sur, hacia la cual se dirigen las acciones de los organismos internacionales de cara a la creación del llamado Nuevo Orden Económico Internacional.

— Neocolonialismo, fenómeno que «consiste en mantener una dependencia económica casi colonial sobre las ex colonias que en la actualidad son Estados independientes, por sus antiguas potencias colonizadoras». Según N’Kkrumah, los métodos de acción y los mecanismos neocoloniales actúan a través de tres procesos: el control económico, el control político y social y el control militar.

— La inestabilidad política que surge al poco tiempo de la independencia. El objetivo en gran parte de los nuevos dirigentes es o bien establecer un modelo democrático a imitación de los valores occidentales tales como la libertad, elecciones, igualdad de derechos —caso de la India de Nehru— o bien adoptar elementos socialistas como la estatalización de la economía, la planificación, la desaparición de las clases sociales, etc. El resultado será muy desigual atendiendo a los países y áreas, pero sí se puede afirmar que la inestabilidad y la ausencia de democracia caracterizará de forma general y hasta 1991 a la mayoría de estos Estados. De tal manera que en muchos de ellos se apostará por dictaduras militares, sistemas autoritarios revolucionarios y auténticos procesos represores sobre «enemigos» políticos, de raza, religión o color.

— Los conflictos poscoloniales dominarán a muchos de estos países lo que acrecentarán los factores anteriores. Causas como los conflictos étnicos (Kenia, Ruanda, Sri Lanka), religiosos (Sudán, Tibet, India), políticos (Etiopía, Laos, Yemen, Indonesia), fronterizos (Pakistán-India, Argelia-Marruecos, Irak-Irán) o por el control de los recursos naturales (clave en África), serán constantes y comunes entre gran parte de los países afroasiáticos. Todo ello provocará un alto comercio de armas, una intervención extranjera, la dislocación del Estado a favor de grupos de poder, un alto número de bajas, en especial de la población civil, etc.

— El difícil equilibrio entre el Este y el Oeste en el contexto de la Guerra Fría. El Movimiento de los Países No Alineados, como hemos visto, no llegará a alcanzar sus objetivos al estar sometido a la influencia de las dos grandes superpotencias, que no cejarán en el intento de alinear en su bando a los países «no alineados». De esta forma los países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo se convertirán en protagonistas claves de la tensión propia del enfrentamiento bipolar hasta 1991.

LOS GRANDES RASGOS DE LA DINÁMICA POLÍTICA

ENTRE 1945 Y 1973

JORDI CASASSAS

A 1945 le corresponde una doble misión, difícil e inquietante. Por un lado, cerrar uno los periodos más terribles de la historia humana; pero, al mismo tiempo, abrir una etapa de expansión en todos los campos, que permita arrojar algo de esperanza al conjunto de la población mundial. En 1945 puede decirse que se ha perdido definitivamente toda inocencia, pero ello no quita que pueda renunciarse a ninguno de los dos mandatos históricos del momento: si bien nadie podía olvidar el cúmulo de desgracias acaecidas desde 1939, no tardaría en llegar el momento de mirar hacia delante y, entonces, de superar y construir.

Para llegar a este punto fue necesario reformular los fundamentos del equilibrio internacional (ya visto en el primer capítulo) y poner a punto de nuevo las grandes estrategias: las fundamentales, el sistema liberal-democrático y el socialista de Estado o comunista; ambos, al margen de su confrontación global, debieron responsabilizarse, de forma directa o indirecta, de la orientación y soporte de las políticas nacionales de los países bajo su esfera de influencia.

Está claro, y así se ha ido repitiendo desde entonces, que tras 1945 da comienzo la sociedad actual; pero ésta es el resultado de procesos complejos que se habían iniciado mucho antes (como se ha analizado en las dos partes precedentes), como son, entre otros, la crisis del parlamentarismo democrático de fines del siglo XIX, la pérdida coetánea de la anterior hegemonía europea o el complejo y tenso proceso de aparición de una sociedad de masas. Así pues, debe entenderse esta interrelación entre factores de largo recorrido y elementos desencadenados por la Guerra para poder comprender la evolución de las distintas áreas y países a partir de 1945. Con todo, resulta evidente que la Segunda Guerra Mundial ha representado uno de los acontecimientos más trágicos de la historia mundial, y que ha provocado unas consecuencias de mayor alcance, tanto cualitativa como cuantitativamente, por su alcance territorial global y sus efectos, incluso psicológicos, en los individuos y en los pueblos.

Tras el final del conflicto, los grandes vencedores van a reservarse el ejercicio de la hegemonía. Pero no todos van a ejercerla con la misma intensidad, pues como queda dicho, el mundo va a quedar sometido a la influencia de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Debe notarse que se trata de países casi continentes, de un inmenso potencial demográfico, de una gran riqueza multiétnica y con recursos casi ilimitados. Más allá de los viejos imperios, desaparecidos de forma definitiva, o de los poderosos estados-nación heredados del Ochocientos, ahora va a empezar a hablarse de las dos grandes superpotencias, capaces de recuperarse por sí solas de la Guerra y de ayudar a hacerlo a los países bajo su influencia.

La diplomacia ante el fin de la Guerra

Entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, cuando todavía se combatía en Europa, se reunieron en un balneario de Yalta (Crimea) los tres grandes aliados: el presidente norteamericano F. D. Roosevelt, el premier británico W. Churchill y J. Stalin (quien vetó expresamente la presencia de De Gaulle). Las circunstancias de este encuentro eran muy especiales: Roosevelt se hallaba enfermo de gravedad (moriría el 12 de abril) y las tropas soviéticas, en su avance, habían superado el río Oder (mientras que los occidentales aún no habían alcanzado el Rin): la URSS se sabía imprescindible y actuaba con una prepotencia creciente.

En Yalta, con todo, se buscó una solución positiva para asegurar el equilibrio internacional evitando un acto de fuerza que se concretase en una especie de «repartición del mundo», hecho que podía levantar grandes susceptibilidades al final de la Guerra. Con todo, la base de este equilibrio se buscó en los pactos previos (1944) entre la URSS y EE.UU. relativos a Europa y al Extremo Oriente. Roosevelt intentó, por todos los medios, cerrar las condiciones del proceso que debía conducir a la creación de la ONU (prevista en la Carta Atlántica de 1941). Asimismo consiguió hacer aprobar una declaración, de términos muy vagos, respecto a los principales derechos sobre los que debería fundamentarse la reconstrucción de la posguerra y que se referían a los propios de la democracia. Ni que decir tiene que la concepción que se tenía de la democracia distaba mucho de ser la misma entre todos los presentes.

El pragmatismo, y no los principios, fijó los términos de la ocupación de Alemania. Se dejaban las zonas de influencia sujetas al avance de las tropas aliadas que invadían el territorio y se dejaba Berlín a la ocupación conjunta de los cuatro aliados; del mismo modo, se acordó que la vencida Alemania debería pagar las correspondientes reparaciones de guerra. Los problemas más graves se presentaron a la hora de definir el futuro de Polonia y de Yugoslavia.

La segunda conferencia se realizó en un hotel de las afueras de la ciudad alemana de Potsdam, a pocos kilómetros de Berlín. Se celebró entre el 17 de julio y el 2 de agosto del mismo año, esto es, una vez consumada la derrota alemana. La situación, el decorado, las condiciones y los participantes habían cambiado bastante. Muerto Roosevelt, el representante estadounidense era Harry Truman, hombre mucho más agresivo que su antecesor y menos dispuesto a las concesiones para con el difícil aliado comunista; Churchill, derrotado electoralmente en Gran Bretaña, había sido sustituido por Clement Attlee. Tan solo permanecía Stalin, en la cumbre de su poder y prestigio. Pero, ahora, el imprescindible concurso bélico de los comunistas había dejado de existir y el poderío americano estaba pronto a manifestarse sin lugar a dudas: el 6 y el 9 de agosto, con el estallido de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki (habían sido probadas previamente en Nuevo México, el 16 de julio), obviaba cualquier explicación al respecto.

En Potsdam, los intentos de fijar los principios generales sobre los que debía sustentarse la paz en Europa fracasaron por completo. Ninguno de los presentes quiso ceder a las presiones de los que hasta la víspera habían sido sus aliados y el único principio que demostró ser válido fue el de los hechos consumados. Debe tenerse en cuenta que Stalin se sentía al mismo tiempo receloso y débil ante el cambio de situación que iba a producirse tras el fin de las hostilidades, esto es, la vuelta al aislamiento tras el breve paréntesis bélico de 1941 a 1945. Consciente de su fuerza, Stalin optó por aquella estrategia de los hechos consumados y presionó de forma especial en relación al dominio de Polonia.

Entre las decisiones que se tomaron en Potsdam destaca, a petición del presidente Truman, el establecimiento del derecho al veto que cualquiera de los cinco grandes vencedores (incluidas Francia y China) podría ejercer en la futura ONU. Asimismo, se estableció el compromiso de proceder a la democratización de Austria y que China no intervendría en los asuntos relativos al continente europeo.

Por lo que se refiere a los problemas territoriales, lo más inminente era solucionar el problema de Alemania: se establecieron las cuatro zonas de ocupación, pero se declaró que esta ocupación era una responsabilidad compartida del conjunto de los vencedores: a tal fin, el 19 de julio se creó el Consejo del Control Interaliado.

Para el conjunto de las fronteras europeas, en términos generales se siguió la estrategia de recuperar la situación previa a la guerra (se escogió el periodo 19191920). Con todo, entre 1946 y 1949 se iba a modificar cerca de un 25 % de la longitud total de las fronteras europeas. Los principales afectados fueron los antiguos países aliados del Reich alemán, que no se hallaban en condiciones de protestar. La voluntad que subyace en las deliberaciones de Potsdam ya se refería, fundamentalmente, a la determinación de los grandes bloques y al juego de alianzas que debería regir en la posguerra. Los Estados Unidos salieron de estas reuniones con la sanción internacional del aumento de su influencia a nivel mundial. Por su lado, la URSS fue la que se benefició de un mayor aumento territorial, no solo en Europa, sino también en Oriente, donde consigue recuperar los territorios perdidos tras la guerra ruso-japonesa de 1905.

El terrible balance de la guerra

Cualquier esfuerzo de recuperación debía partir del terrible balance de la guerra. La población mundial contemplaba estupefacta el alcance de las pérdidas directas (nadie podía siquiera imaginar aún los efectos a distancia derivados de las explosiones nucleares), mientras se sumía en una gran depresión al intentar asumir tamaña hecatombe y para poder superar sus efectos físicos y morales.

El teatro de operaciones se había trasladado al mundo entero, desapareciendo el concepto de retaguardia: cualquier cosa se había convertido en objetivo militar, ya fuese estratégico directo, indirecto, de desgaste, como represalia, etc. Y los adelantos científicos y técnicos se habían puesto al servicio de la destrucción, alcanzando unas cotas inimaginables. Las pérdidas en vidas humanas y materiales eran realmente descomunales.

Las pérdidas en vidas humanas eran enormes. Según las estimaciones se acercaban a los 54 millones, mientras que los muertos en la Primera Guerra Mundial habían sido de unos 14 millones. La macabra particularidad de esta guerra es que los muertos civiles habían superado al personal militar (30 millones contra 24 millones, respectivamente): los bombardeos indiscriminados, los actos terroristas, los confinamientos y deportaciones en masa, el hambre y la enfermedad, etc., eran algunos de los motivos de este trágico balance.

Con todas las reservas, que aún siguen persistiendo, el balance de víctimas de los principales países implicados podría ser:

A las pérdidas de vidas deben añadirse unos 35 millones de heridos de diversa consideración y unos 3 millones de desaparecidos. Además, con el final de la contienda, las privaciones, la carestía y la desnutrición fueron caldo de cultivo para la extensión de enfermedades (a menudo epidémicas) que aumentaron aún más las pérdidas directas del conflicto.

Otro de los dramas humanos legados por la guerra fueron los millones de desplazados: ya en Potsdam se calculaba que unos 6,5 millones de alemanes se verían obligados a desplazarse tras los retoques de fronteras, sobre todo de Polonia y de Checoslovaquia; sin olvidar a los 100.000 italianos que tendrían que abandonar Istria; sin olvidar, asimismo, a los recluidos en campos de prisioneros (por ejemplo, unos 3 millones de soldados alemanes) o en los campos de agrupamiento, a los trabajadores forzados casi esclavos (unos ocho millones y medio en el territorio del III Reich), a los repatriados (por ejemplo, unos 6 millones de japoneses) o a los vagabundos. Se calcula que los desplazados en 1945 ascendían a unos 50 millones de individuos. No existen cifras fiables de los desplazados dentro del área soviética, a menudo acusados de colaboracionismo con los alemanes, pero afectando de forma especial al área del Cáucaso (el pueblo checheno, deportado en masa, por ejemplo) y a la zona del Volga; en la otra dirección, tras la guerra, unos 2,3 millones de rusos se instalarán en las repúblicas bálticas «hermanas». Ante una problemática de esta envergadura, en 1949 se firmará el Acta sobre Personas Desplazadas.

Tras la Guerra, el mundo va a ir conociendo, atónito, el alcance del exterminio del pueblo judío. El abogado de origen polaco Raphaël Lemkin va a poner en circulación el término «genocidio» (equivalente al exterminio de un grupo étnico): lo aplicará al perpetrado contra los judíos, especialmente después de la invasión alemana de la URSS (junio de 1941), cuando se puso en marcha la denominada «solución final de la cuestión judía» (que el propio Hitler sistematizará definitivamente desde enero de 1942).

Al entrar en territorio de la URSS, la «Oficina Central para la Seguridad del Reich» creó unas brigadas móviles destinadas al exterminio de los judíos que iban quedando en el territorio ruso ocupado por Alemania; se calcula que exterminaron a 1,3 millones. Desde 1939 se habían construido los «guetos», donde quedaba confinada la población judía local en una situación de penuria extrema; el más famoso fue el gueto de Varsovia (octubre de 1940), que en abril de 1943 protagonizó una heroica revuelta bañada en sangre por los alemanes. Pero ante la magnitud del «problema», los alemanes planificaron el exterminio masivo de este pueblo, utilizando a gran escala y de la forma más eficaz posible los campos de concentración y exterminio (que ya habían utilizado contra la propia población alemana: unos 70.000 viejos, enfermos, tullidos o dementes y contra la población gitana). Entre diciembre de 1941 y octubre de 1944 perecieron en las cámaras de gas unos 3 millones de judíos, dejando imágenes dantescas que sobrecogerían al mundo entero.

Al terminar la guerra habían sido asesinados casi 6 millones de judíos; tan solo quedaron con vida unos 237.000, que en 1947 aún estaban pendientes de ser aceptados en algún país. La solución llegaría en 1948 con la creación del Estado de Israel, que agruparía a la mayoría de los supervivientes.

Al margen de las pérdidas humanas, la Guerra significó una enorme pérdida material. La mayor parte de esta desgracia se concentró sobre las infraestructuras y en las viviendas urbanas. Tan solo quedaron exentos de estos efectos EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Brasil. Las carreteras, los ferrocarriles, aeropuertos, túneles, puertos, etc., se convirtieron en objetivos militares de primer orden y fueron sistemáticamente destruidos por la aviación, por actos de sabotaje o como medida desesperada para retardar el avance del enemigo. Durante la guerra desapareció el 100 % de la red ferroviaria polaca y el 62 % de la italiana; en Alemania las pérdidas fueron enormes y en países anteriormente deficitarios (como Yugoslavia o Grecia), la situación terminó por ser catastrófica. La marina mercante europea quedó seriamente dañada, en los puertos o por efecto de los ataques a los convoyes.

Los efectos sobre la producción industrial fueron más irregulares. Las destrucciones provocadas directamente por la guerra no son tan grandes como cabría esperar, en parte porque salvando los complejos industriales se estaban respetando grandes inversiones internacionales, aun en el caso de estar ubicadas en territorio «enemigo». Alemania, por ejemplo, en 1945 conservaba el 80 % de las industrias de 1939. Con todo, puede decirse que Europa ha perdido el 50 % de su potencial industrial; Francia y Alemania, un tercio de su producción agrícola, y los países del Este las dos terceras partes (así como, en general, una parte importante de la cabaña). En Francia, por ejemplo, considerando la base 100 para 1938, en 1945 la producción industrial es de 43, la agrícola de 61, las exportaciones de10 y las importaciones de 34.

Otro golpe importante a la producción industrial se dio, en la inmediata posguerra, con la obligada reconversión: en 1944, el 55 % de la población activa de Gran Bretaña estaba ocupada en industrias de guerra. Si nos fijamos en el campo norteamericano, antes de que el gran tirón del consumo anulase los efectos de la guerra, debe tenerse en cuenta que la desmovilización de su Ejército, que se inició en enero de 1946, afectará a 35.000 individuos al día, cifra inquietante si se considera que al mismo tiempo se estaban cancelando todos los contratos de guerra.

Uno de los efectos más catastróficos fue la devastación de las zonas urbanas, donde se concentraba la mayor parte de la población europea o del Japón. En este último país, el 25 % del total de las viviendas resultaron totalmente destruidas; aparte de la devastación atómica de Hiroshima y Nagasaki, los bombardeos fueron especialmente crueles en ciudades como Tokio, Kobe, Osaka o Nagoya. En Alemania resultaron totalmente destruidas el 20 % de las viviendas; en 45 ciudades, más del 50 % de las construcciones resultaron afectadas y ciudades como Dresde (más del 90 % afectado) o como Berlín (80 %) se convirtieron en símbolo de la devastación bélica. Otras ciudades europeas especialmente afectadas fueron Budapest, Frankfurt, Colonia, Hamburgo, Stalingrado, Caen, Rouen o Londres. En Italia, especialmente en la zona norte, resultaron destruidas el 15 % de las viviendas y en Francia el 10 %.

Dos sistemas frente a frente

Desde el mismo año 1945 se vio claro que las dos superpotencias iban a confrontar a nivel mundial sus dos sistemas políticos y, más allá, sus dos estilos de vida, ambos antagónicos. La primacía mundial estadounidense ya se había insinuado tras la Gran Guerra, pero entonces se había impuesto el tradicional aislacionismo americano y EE.UU. quedó como la gran potencia industrial, financiera, agrícola y comercial, y el declive de Gran Bretaña, Japón, Alemania o Francia no harían más que acrecentar este poderío.

Con la Guerra y desde 1941, en Estados Unidos se comenzó a estudiar y a avanzar en la posterior reconstrucción, en la convicción de que el esfuerzo material (desde 1943 está claro que es el arsenal de las potencias democráticas) debía corresponderse con la imposición universal de los principios democráticos y de la economía de mercado. En una especie de testamento político, Roosevelt veía a Estados Unidos comprometidos con la defensa mundial de lo que él denominaba las cuatro grandes libertades: la de expresión, la de culto, la lucha contra la necesidad (con la imposición del libre comercio) y la lucha contra el miedo (con la lucha por la reducción de los armamentos). En 1945, produce el 45 % del armamento mundial, el 50 % de las manufacturas, el 50 % de la producción de cereales y se siente con fuerzas para enfrentarse con esta gran empresa.

La presencia mundial de entreguerras y el gran papel militar jugado en la Guerra, tanto en Europa como en el Pacífico habían ayudado a generar un nuevo optimismo intervencionista mundial, que al final del conflicto se va viendo deberá orientarse hacia la militancia anticomunista, por las apetencias que está demostrando tener la URSS a una escala prácticamente mundial. Esta será la tarea que se impondrá el inexperto H. Truman en su prematuro ascenso a la Casa Blanca, a pesar de que en un principio él y su nuevo Secretario de Estado, James F. Byrnes, pensasen en un cierto equilibrio negociado con el que poder mantener la «Gran Alianza» de los años de guerra con los soviéticos. En el primer capítulo se ha visto cómo se pasó de la concepción de la Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Reconstrucción, de 1944, en la línea del cual el secretario de Comercio Wallace pensaba en la necesidad de no inmiscuirse en los asuntos económicos de la Europa Central y Oriental, a la definición y puesta en marcha del denominado Plan Marshall (junio de 1947 y el 2 de julio rechazado por la URSS), sobre el que se procederá a la reconstrucción de Europa desde una perspectiva abiertamente beligerante.

Por su parte, el sistema comunista salía de la Guerra con un triunfo en toda regla. En 1945 podía mostrar al mundo su eficacia en el plano militar pero también en el político (junto a Estados Unidos y Gran Bretaña podía enorgullecerse de haber resistido la Guerra sin un cambio de sistema político) e incluso en el ideológico: la cohesión comunista alrededor de su líder, José Stalin, le había permitido la gran reacción militar y el máximo el triunfo frente al nazismo. Además, desde la disolución de la Comintern en 1943 (a petición expresa de los Aliados, dada su agresividad en el orden internacional), la expansión del comunismo a nivel mundial se presentaba como el resultado de la bondad del sistema, como una adopción pacífica por parte de los pueblos del mundo que buscaban su liberación.

La URSS salía de la Guerra confirmada como la segunda potencia mundial. Se veía reforzada en Europa por el declive de las viejas potencias y en clara expansión por Asia, especialmente tras la capitulación japonesa del mes de agosto de 1945, que la URSS aprovecha rápidamente para expansionarse por Manchuria y consumar su revancha por los acontecimientos de 1905. Además, muy pronto, la puesta en marcha de los ejércitos de Mao Tse-Tung iba a evidenciar el avance del comunismo en aquel continente.

Incluso en Europa se aprecia un ambiente que parece apuntar hacia una expansión de este sistema. La mayoría de países occidentales tenía ilegalizados los partidos comunistas y, por término medio, su fuerza política no era más que testimonial en los años anteriores al conflicto. Sin embargo, desde los años finales de la Guerra, especialmente cuando la presión de la ocupación nazi comenzó a debilitarse, los grupos de la resistencia se multiplicaron y adquirieron una presencia pública creciente. Muchos de estos grupos tenían contactos con los partidos comunistas de forma que el comunismo pudo convertirse en parte del gran movimiento nacional y patriótico de liberación (el Partido Comunista Francés, tras la Guerra se presentaba como el partido de los fusilados).

Con esta nueva pátina y frente a la desolación, desesperación e infortunio que se abaten por toda Europa occidental al terminar la Guerra, el comunismo parecía la opción de los desvalidos, la gran esperanza de justicia social y de liquidación de los viejos egoísmos burgueses. Las primeras elecciones de 1945-1946 parecen confirmar esta tendencia y los comunistas obtienen resultados nada desdeñables: en Alemania occidental el 16,9 % de los votos, en Bélgica el 12,6 %, en Dinamarca el 12,5 %, en Finlandia el 23,5 %, en Francia el 28,6 %, en Islandia el 19,5 %, en Italia el 19 %, en Noruega el 11,9 %, en los Países Bajos el 10,5 % y en Suecia el 10,3 %. Con estos resultados, y la evidencia de que el comunismo se imponía en toda la Europa Central y Oriental bajo influencia rusa, el sistema que representaba podía considerarse un serio adversario del liberal capitalista de mercado que defendían los EE.UU.

La política interior americana hasta los años setenta

El presidente Truman, en el plano interior gozó siempre de escasa popularidad (en parte por comparación con la que en su momento había disfrutado su antecesor) y se le recordó la forma como había llegado a la Casa Blanca. Su progresivo anticomunismo militante le enemistó con los miembros del gobierno heredados de la Administración Roosevelt. Además, sus intenciones de aplicar un programa de reformas sociales (lo que denominó como el «Trato Justo») le enemistó con el ala más conservadora de su partido; finalmente, su intento de suavizar la legislación y las prácticas segregacionistas le enemistaron con los Estados del Sur (demócratas incluidos). Durante este mandato, el Congreso aprobó una ley limitando a dos los mandatos presidenciales.

El Partido Republicano pensó allanar su regreso al poder lanzando un programa de reducción del gasto público, de disminución de los impuestos, de búsqueda de relanzar la economía y de favorecer a los grupos patronales con medidas de restricción de la acción sindical. Para regresar al poder contaba, además, con la división de los demócratas (aparición del Partido Progresista de Wallace), con lo que creyó que su victoria era segura. En las elecciones de 1948 y contra todo pronóstico, Truman volvió a ganar e inició lo que se le reconoció de forma explícita como su mandato «por derecho propio». Durante este mandato quiso volver a su programa inicial de reformas sociales, pero seguía sin contar ni siquiera con el soporte popular, que veía cómo el Gobierno se llenaba de personajes de perfil bajo, que vivían del soborno y la corrupción. Las protestas y los conflictos se sucedieron haciendo descender aún más la popularidad del presidente. El estallido de la progresivamente más impopular guerra de Corea agravó esta situación.

Sin duda, uno de los hechos más relevantes de la política interior americana durante este mandato (por derecho propio) consistió en la creación de un estado de opinión próximo al histerismo colectivo, que se focalizó en el anticomunismo y en la lucha para evitar que su influencia penetrase en los Estados Unidos. La alarma había saltado desde que en 1946 se descubrió que algunos funcionarios canadienses habían pasado secretos nucleares a los rusos. La Administración Truman se creyó en la obligación de liderar la reacción para evitar que el peligro se extendiese a su país (hablaba de la «fuerza ansiosa» norteamericana con la que hacer frente al comunismo). Desde marzo de 1947 extremó los controles y las precauciones (por ejemplo cuidando de lo que se enseñaba en las aulas), reforzó la legislación que se enfrentaba a temas como el escándalo público y a partir de 1949 se produjeron las primeras condenas contra comunistas. A tal fin se dio nueva vida al Comité de Actividades Antiamericanas creado en 1938 para evitar cualquier contagio del nazismo.

El último desencadenante coincidió con 1949, año en que el mundo se sorprendió con las primeras pruebas nucleares soviéticas, que se avanzaban considerablemente a lo previsto, al tiempo que triunfaba en China la revolución comunista que lideraba Mao Tse-Tung y que se preparaba la invasión comunista sobre Corea del Sur (perpetrada en junio de 1950). En 1949, el tesón del congresista Richard Nixon puso al descubierto a Alger Hiss como espía de los rusos; se trataba de un alto cargo del Departamento de Estado, prototipo de la elite de la Administración, hecho que ayudó a dar al caso una gran popularidad. El caso Hiss desencadenó un gran nerviosismo, que se tradujo en una oleada de denuncias y de sospechas de espionaje. En 1950 se presentó al Congreso una Ley sobre Seguridad Interior (aprobada en 1951) que prohibía la entrada en el país de individuos que hubiesen tenido algún contacto con el movimiento comunista y se llegaba al extremo de facultar al Estado para que crease campos de concentración para comunistas en situaciones extremas. En este ambiente se juzgó al matrimonio Rosenberg, que sería ejecutado en 1953.

En esta situación sobresalió el hasta entonces oscuro senador republicano por Wisconsin, J. R. McCarthy, obsesionado por depurar al personal del Departamento de Estado. Este personaje, incómodo para todos pero al que nadie se atrevía a tocar por la inicial popularidad que alcanzó su «caza de brujas» (nombre que recibiría su persecución de los comunistas), desplegó un tesón extraordinario en su labor. Miles de ciudadanos fueron denunciados y buena parte de ellos llegaron a juicio, centenares fueron encarcelados y muchos llegaron a perder su puesto de trabajo. Los tribunales de McCarthy desataron un verdadero pánico entre muchos sectores, en especial entre políticos, intelectuales, artistas y profesiones liberales.

La presidencia de Eisenhower

Truman anunció que no iba a presentarse a la reelección en 1952. Por su parte, el ala más abierta del Partido Republicano logró convencer a D. Eisenhower para que se nominase (en 1948 había rechazado la misma oferta del Partido Demócrata): se trataba del popular general «Ike», el héroe de la Segunda Guerra Mundial, quien desde 1951 ocupaba el cargo de comandante en jefe de la OTAN. Eisenhower formó pareja con el ultraconservador Richard Nixon, con el mensaje de terminar con la impopularidad del gobierno Truman, retomar las esencias del conservadurismo americano y, sobre todo, dar fin a la impopular guerra de Corea (lo que cumplirá en julio de 1953). Inicialmente mantuvo en su puesto a McCarthy; pero cuando éste persiguió como presunto espía al mismo Secretario del Ejército (e indirectamente al propio Eisenhower) el Presidente no dudó en propiciar la censura del Congreso que terminaría (1954) aquel tétrico periodo de intransigencias y crispaciones interiores.

Eisenhower supo conectar con la mayoría del país con un programa basado en el respeto institucional escrupuloso y en lo que denominaba como «conservadurismo dinámico»: el relanzamiento de la confianza en el sistema, combinando un lenguaje de firmeza en el panorama internacional y una política interior no intervencionista, orientada a fomentar el consumo individual y el enriquecimiento patronal: disminución de la presión fiscal y recorte del gasto público. En su gobierno figuraron destacados hombres de negocios, como el Secretario de Defensa, C. E. Wilson, presidente de la General Motors. Leyes como la de Petróleos en Zonas Costeras encubrían apenas el fomento estatal de la explotación privada del crudo del Golfo de México; claro que al lado de estas medidas tomó otras que recordaban el intervencionismo del New Deal, como las referidas al control estatal de pequeñas propiedades, a fin de paliar los problemas de la sobreproducción agrícola.

Su principal colaborador fue sin duda el Secretario de Estado, John Foster Dulles (1953-1959), hombre de negocios y gran intelectual de la política que personificó la cara más contundente del enfrentamiento con los soviéticos: conceptos suyos eran «la nueva apariencia» o «la represalia masiva» y se caracterizó por sus encendidos discursos abogando por la necesidad de liberar a los pueblos sometidos al yugo comunista. En una ocasión llegó a preconizar el rearme de Alemania, eventualidad que fue vetada enérgicamente por Francia; también ayudó abiertamente a los nacionalistas de Chiang Kai-Shek en su enfrentamiento con los comunistas de Mao Tse-Tung, pero con ello tan solo logró preservar la «independencia» de Formosa.

Tras superar serios problemas de salud, en 1956 Eisenhower se presentó a la reelección logrando un éxito personal que superaba el conseguido por su propio grupo republicano. Pero en este nuevo periodo las dificultades crecieron por todas partes. En el interior, el problema de mayores repercusiones fue el incremento de los problemas raciales (duramente reprimidos en 1957). Además, el presidente del Tribunal Supremo Earl Warren quiso terminar con la segregación que sufrían los negros en los servicios (sanidad y educación) y en los transportes públicos, con lo que provocó el «levantamiento» de los Estados del Sur (creación de los Consejos de Ciudadanos Blancos). Los movimientos negros van a adquirir en este momento un especial relieve (la creación de los nuevos Estados negros africanos, fruto de la descolonización, les estimulará especialmente). Uno de los jóvenes líderes, que hace aparición precisamente en los disturbios de 1956 contra la segregación en el transporte, será el joven pastor baptista Martin Luther King, un seguidor de Gandhi en cuanto a la aplicación de sus estrategias de resistencia pasiva y de desobediencia civil.

En este segundo mandato, además, Eisenhower deberá enfrentarse a una cierta recesión económica (en parte producida por el coste inmenso de la política exterior), a la brusca caída del dólar (1958) y a repetidos casos de corrupción, hechos que van a socavar su imagen de eficaz y «puro». En el plano internacional, la evolución política tampoco le será favorable. Tras la guerra de Corea, y viendo el alcance de la derrota francesa en Indochina (Dien Bien Phu, 1954), en 1955 había conseguido firmar el tratado SEATO de alianza defensiva contra el avance comunista en el sudeste asiático. Lo firmarán, además de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, así como Filipinas, Tailandia y Pakistán; de fuera del área serán invitadas Francia y Gran Bretaña. Pero el tratado nunca tuvo una vida activa; rehusaron firmarlo países del peso de India, Indonesia, Ceilán o Birmania; y terminaría por disolverse en 1975, ante la evidencia de su incapacidad para terminar con el conflicto del Vietnam.

Por su parte, la URSS parecía hallarse en una fase expansiva y de éxitos. En 1957 va a sorprender al mundo entero con el lanzamiento de un primer «satélite artificial» (Sputnik), con lo que la supremacía norteamericana quedaba en entredicho. Un año antes, la diplomacia y poderío militar de EE.UU. habían quedado parcialmente dañados con la crisis del Canal de Suez. El líder egipcio Nasser presentaba un perfil prosoviético y claramente antijudío y pensó contrarrestar las presiones occidentales decretando la nacionalización del importante Canal (julio). A fines de octubre de 1956 se produjo la invasión de la zona por parte de tropas franco-británicas (las grandes dominadoras de la zona hasta poco antes), con lo que pensaban defender el paso del crudo del Próximo Oriente hacia sus países. La condena mundial fue unánime, pero esta unanimidad se rompería al poco tiempo, cuando la URSS amenazó con intervenir si no se producía la retirada occidental. Foster Dulles se vio forzado a enviar la VI.ª Flota a la zona para disuadir a los soviéticos. Poco después, con su ayuda se logró frenar la sovietización del Líbano y de Jordania, y se contrarrestó la evolución egipcia con una ayuda masiva a la vecina Arabia Saudí.

El avance del comunismo se hacía evidente en buena parte del Tercer Mundo (por ejemplo, en la lucha de independencia del Congo contra Bélgica), así como en América Latina (donde EE.UU. apoyaba abiertamente a los dictadores). Coincidiendo con la muerte de Foster Dulles, en 1959 triunfará la revolución castrista en Cuba provocando la huida del dictador Batista; un año más tarde ya era evidente la sovietización de una isla que distaba pocos kilómetros de las costas norteamericanas.

Kennedy y la «Nueva Frontera»

En noviembre de 1960 fue elegido presidente el demócrata John Fitzgerald Kennedy y la elección despertó una gran ilusión, por lo que podía representar de aparición de una generación joven y dinámica, comprometida con un mundo más tranquilo y justo. Esta nueva mentalidad la expresó en su discurso de toma de posesión (20 de enero de 1961), donde habló de un «nuevo inicio» y, más adelante, de la conquista de la «nueva frontera»: se trataba de una imagen que combinaba el viejo mito de la conquista del Oeste con el nuevo reto espacial para anunciar la necesidad de una profunda renovación interior. Debía empezarse por el propio país (sanidad, educación, racismo, miseria, desigualdades, etc.) para poder hacer frente más tarde a los grandes problemas mundiales. Desde un primer momento, Kennedy despertó grandes perspectivas y un innegable optimismo.

En política internacional, y a fin de frenar el avance comunista, propondrá poner remedio a las condiciones de miseria e injusticia que aprovechaba este sistema para expandirse. Para América Latina creará un plan de ayudas y de fomento de la democratización política que denominará «Alianza para el Progreso» (pero que no logrará contrarrestar la ambigüedad de la política norteamericana frente a las dictaduras del continente).

El inicio de este mandato vino determinado por crisis internacionales de un gran alcance, hasta el punto de influir decisivamente en el interior de los Estados Unidos: la nueva crisis de Berlín, la crisis cubana y el inicio de la guerra en Vietnam.

En Berlín, entre 1952 y 1961 habían huido de la zona Este hacia la occidental más de 2 millones de alemanes. A fin de frenar este flujo, Kruschev pidió entablar conversaciones que se celebraron en un clima de gran tensión en Viena (junio de 1961). Kennedy se mostró especialmente intransigente, para acallar a los que en su país lo criticaban por exceso de progresismo. Al no solucionarse el conflicto, las autoridades de la RDA construyeron en pocas horas un «muro» (13 de agosto de 1961) que aislaba la zona oriental del resto, dificultaba las fugas y hacía evidente la confrontación entre los dos Bloques. Este «muro» será mantenido hasta 1989.

En Cuba, la lucha contra la dictadura de Batista iniciada en 1953 se había reemprendido en 1956 por un pequeño grupo de guerrilleros dirigidos por Fidel y Raúl Castro y por el joven médico argentino Ernesto «Che» Guevara. Desde sus bases en Sierra Maestra lanzaron la ofensiva final, que terminó con la huida de Batista (1 de enero de 1959). El nuevo gobierno, reconocido enseguida por EE.UU., se lanzó a un programa de reforma agraria y de reformas sociales y económicas que comportaron la nacionalización de algunos intereses estadounidenses. A partir de aquí saltó la alarma, por la orientación comunista del nuevo gobierno que se confirmaría tras la visita de Mikoyan a la isla (1960) y la concesión de una ayuda importante en capitales, técnica, material y la compra muy favorable de la cosecha de azúcar.

Este giro propició la ruptura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos (enero de 1961) y la preparación, por parte de la administración Eisenhower, de un plan para desestabilizar al joven régimen castrista. El asalto a la isla perpetrado por un grupo de exilados cubanos en Florida, se realizaría por la Bahía de Cochinos (abril de 1961) y resultaría un fracaso estrepitoso. Además, iba a forzar a Castro a aceptar el plan de Kruschev de instalar en la isla misiles de alcance medio (con objetivos en EE.UU.) junto a una delegación de técnicos y militares de más de 40.000 efectivos. El 22 de octubre de 1962, Kennedy expondrá el peligro y un plan de acción ante el Comité de Seguridad. Las presiones sobre el Kremlin no serán atendidas hasta el día 26, tras cuatro días en los que el mundo estará al borde de la guerra nuclear. A cambio de la retirada rusa de Cuba, EE.UU. retirará algunos de sus misiles en Turquía e Italia. Los contactos se aprovecharán y desembocarán en los acuerdos de Moscú de septiembre de 1963 de reducción de las pruebas nucleares subterráneas: constituyen el inicio del proceso que permitirá la firma de las SALT I (1972) y SALT II (1974).

Kennedy se hallaba en la cumbre de su popularidad: autor de un gran acuerdo con los soviéticos; apertura de negociaciones con los europeos para conseguir una zona de libre comercio (no se conseguirá hasta 1967), autor de una apertura social en el interior, campeón de la paz mundial, imagen del nuevo progresismo que debía poner fin a la rigidez de la posguerra, etc.

Esta carrera quedaría truncada por el magnicidio del que fue objeto en Dallas (Texas), el 22 de noviembre de 1963, cuando estaba preparando la campaña para su reelección. Se va a detener, como responsable individual de los hechos, a Lee Harvey Oswald, quien será asesinado a su vez al cabo de dos días y antes de declarar ante el juez por un individuo con contactos con la mafia, Jack Ruby (que al cabo de poco morirá de enfermedad). La conmoción mundial será enorme, igual que el desconcierto posterior frente a las investigaciones y al callejón sin salida al que llegará la Comisión Warren, incapaz de descubrir la autoría y la inspiración de los hechos.

Kennedy será sustituido por su vicepresidente, el roosveltiano Lyndon B. Johnson, que revalidará la presidencia en las siguientes elecciones (1964) frente al candidato republicano, el ultraconservador Goldwater; se presentará con un programa que titula la «Gran Sociedad» y orienta a fomentar el progreso y el bienestar, la justicia y el desarrollo individual de los norteamericanos. A pesar de que se beneficiará de la oleada de prosperidad iniciada en el anterior mandato, durante su presidencia se radicalizarán mucho los conflictos raciales. El gran líder pacifista negro, Martin Luther King (premio Nobel de la Paz en 1964) será asesinado en abril de 1968; a su lado aparecerán grupos violentos y separatistas, como el Black Power, el maoísta de las Panteras Negras o el de los musulmanes negros de Malcolm X (asesinado en 1965). Entre 1964 y 1967 se producirán graves incidentes raciales por todo el país.

Además, en junio de 1968 será asesinado el hermano del anterior presidente, Robert Kennedy, un destacado activista en pro de los derechos civiles que iniciaba el proceso de su candidatura a la presidencia.

La guerra del Vietnam y la presidencia de Nixon

El conflicto en Vietnam se había activado con el final de la Segunda Guerra Mundial y el intento francés de recuperar el control de la Península de Indochina. Tras una guerra sangrienta contra los guerrilleros de la Liga para la Independencia de Vietnam (el Viet Minh que dirigía el comunista Ho Chi Minh) y en una ofensiva final, los franceses que dirigía el general Navarre fueron completamente derrotados en el nudo de comunicaciones de Dien-Ben-Phu. El gobierno de Mendès France mandó la retirada y en la Conferencia de Ginebra del 21 de julio del mismo 1954 se fijó la partición del país en el paralelo 17.º.

Viendo el imparable avance de los comunistas, EE.UU. empezó a ayudar a la zona meridional y a partir de 1957 envió las primeras tropas. La administración Kennedy elevó el número de militares a unos 30.000 y ya bajo el mandato de Johnson se iniciaron las hostilidades (golfo de Tonkín, agosto de 1964). En poco tiempo, el ejército americano alcanzó los 500.000 efectivos y se entabló una guerra contra la guerrilla del Vietcong que alcanzó extremos despiadados, de gran dureza y elevada mortalidad. Las imágenes de esta guerra dieron la vuelta al mundo, generaron comités de rechazo y amplísimos movimientos de protesta que socavaron la imagen de EE.UU. como campeones de la democracia heredada del conflicto mundial.

Los contactos previos entre vietnamitas y americanos se produjeron en París, en mayo de 1968 y dieron lugar a una inicial negociación de paz (enero de 1969) donde se fijaba el final de los terribles bombardeos sobre Vietnam del Norte. Pero la escalada de ataques comunistas, que involucraron en la guerra a los vecinos Laos y Camboya (1970-1972), hicieron reemprender las hostilidades, en medio de protestas generalizadas que en EE.UU. alcanzaron extremos incluso violentos. Viendo esta gran impopularidad, Nixon destacó a su flamante secretario de Estado, Henry Kissinger, quien pactará el final de la guerra (27 de enero de 1973). Dejado a su suerte, el Vietnam del Sur terminará por rendirse (abril de 1975) con lo que se abrirá el proceso que culminará en la proclamación de la república Socialista del Vietnam (24 de junio de 1976).

La presidencia del destacado conservador Richard Nixon, ayudado por su consejero Kissinger, se caracterizó por la gran actividad diplomática y el esfuerzo por recuperar el prestigio y la iniciativa mundiales que se habían perdido en Vietnam (la única gran derrota sufrida por el país). La baza principal fue la apertura de relaciones con China (1969), dando fin al anterior exclusivismo bipolar, y que terminaría con la admisión de este país como miembro de la ONU (en sustitución de Taiwán) en octubre de 1971. En la cúspide de su éxito, Nixon visitará China en febrero de 1972.

Pero, al mismo tiempo, estalla el escándalo político por el espionaje efectuado contra la sede electoral del Partido Demócrata afincado en la zona Watergate de Washington. A pesar de negar su implicación, en febrero de 1974 el Congreso pondrá en marcha una comisión de investigación que terminará por implicar al presidente y forzando su dimisión (el primer caso en la historia americana), el 9 de agosto.

Le sucederá su vicepresidente, Gerald Ford, quien durante su mandato deberá enfrentarse a progresivos escándalos, especialmente por la actuación irregular de la CIA y por la implicación exterior (bajo la dirección de Kissinger) en los golpes de Estado dictatoriales que sacuden América Latina por estos años: en especial el de Augusto Pinochet, que derroca al presidente socialista Allende en Chile, el 11 de septiembre de 1973. El único éxito a escala mundial será la impulsión de la firma del Acta de Helsinki, en 1975.

Su sucesor, el demócrata Jimmy Carter, intentará ofrecer una imagen de gran honestidad interior y de volver a situar a Estados Unidos en el puesto de campeón de la paz mundial y defensor mundial de los derechos humanos. Entre sus grandes éxitos se halla la firma de los acuerdos de Camp David (septiembre de 1978) entre los líderes de Israel (M. Begin) y egipcio (A. Sadat) que darán paso a la normalización de estos dos países en 1979. Pero su presidencia deberá hacer frente a la revolución islámica en Irán. Con su triunfo (bajo la dirección del ayatolá Jomeini), el asalto a la embajada norteamericana de Teherán desencadenará la incruenta «crisis de los rehenes» en la que EE.UU. verá comprometido su prestigio cuando fracasen en el intento de rescate de sus 53 diplomáticos.

Esta crisis, más la recesión económica, la inflación y el aumento del paro, van a frustrar la reelección de Carter, quien en noviembre de 1980 será derrotado por el conservador y ex artista cinematográfico, Ronald Reagan.

El triunfo de la democracia en el mundo europeo occidental (hasta los años setenta)

Europa había salido de la Segunda Guerra Mundial en una posición muy desfavorable. Su total subordinación a la gran confrontación entre EE.UU. y la URSS es evidente para todo el mundo; sin la ayuda exterior está claro que no podrá recuperarse de las ingentes destrucciones provocadas por el conflicto: 1945 señala el definitivo «encogimiento continental» europeo y esta constatación tiene un alcance humano, psicológico, material y geopolítico enorme. Durante unos años, la dureza de la reconstrucción va a reabrir la válvula de escape de la emigración ultramarina, una lacra que se había reducido muchísimo desde los años de esplendor a fines del siglo XIX: entre 1946 y 1951 abandonan Europa anualmente unos 46.000 individuos (4,5 millones en total); luego, los éxitos en la recuperación, evidentes antes de finalizar la primera década, y las políticas restrictivas o de cupo en los países de acogida van a frenar esta tendencia. Y entonces, Europa se verá afectada por una movilidad de signo inverso: la rápida descolonización va a traer a las viejas metrópolis (Francia, Gran Bretaña, Países Bajos o Bélgica) a algunos millones de antiguos colonos y de habitantes de las colonias en general, que provocarán un gran impacto social y cultural en estas sociedades europeas que hasta la fecha habían gozado de una cómoda homogeneidad.

En la mayoría de países occidentales se van a producir grandes movilizaciones ciudadanas, con el protagonismo de las clases media y obrera. Por regla general se pide protección al Estado (se trata del «welfare state» o Estado protector), la nacionalización de los sectores básicos y pasar cuentas con los políticos a los que se responsabiliza de la guerra. Otro de los grandes problemas que afectará la estabilidad política de la inmediata posguerra será el de las depuraciones de los anteriores colaboracionistas con las autoridades nazis de ocupación. En Francia, por ejemplo, esta depuración afectará a unas 50.000 personas; el discurso comunista pondrá un gran énfasis en ello, presentándolo como un hecho que no podía contemplar la compasión, y de esta forma creó una división aún más honda entre la izquierda y la derecha. En Italia se procederá a una persecución implacable contra fascistas y colaboracionistas dirigida por el Comité de Liberación Nacional, dominado por los comunistas; pero, a partir de diciembre de 1945, el nuevo gobierno del democristiano Alcide de Gasperi inició un rápido desmantelamiento de este Comité y terminará por impulsar una ley de amnistía general (firmada por el ministro de Justicia, Togliatti).

En Alemania, la depuración dará comienzo con el juicio contra 23 altos cargos del régimen hitleriano; las sesiones del Tribunal internacional se realizarán en Nüremberg y durarán del 20 de octubre de 1945 al 1 de octubre de 1946, con el resultado de 12 condenas a la pena capital y otras de diversa magnitud. Luego, la actividad de este Tribunal continuó; la nueva administración alemana distribuyó unos 6 millones de cuestionarios depuratorios; pero esta presión fue disminuyendo a medida que se impuso la tarea de reconstrucción global.

Los años de la izquierda y las grandes movilizaciones

En Francia la resistencia dará legitimidad a un gobierno que, bajo la presidencia del general De Gaulle, convocará elecciones en octubre de 1945. Los resultados marcan esta inicial hegemonía de la izquierda, con el 26,5 % de los sufragios para el Partido Comunista y el 23 % para los socialistas de la SFIO. El MRP de De Gaulle quedará en un discreto tercer lugar; pero, aun así, gracias al prestigio personal del general no tardará en aislar a los comunistas del gobierno (que mantendrán intacto el apoyo del sindicato mayoritario CGT).

La tensión en el interior de la nueva IV.ª República se dejará sentir enseguida: en enero de 1946, la dimisión del presidente dará paso a unas nuevas elecciones donde se aprecia un notable incremento del MRP y le permitirá culminar una reforma constitucional. El nuevo gobierno, presidido por el socialista Paul Ramadier, dejará muy clara la voluntad de poner fin a la cultura de «frente popular» heredada de los últimos años de la Guerra; frente a la ola de huelgas no dudará en hacer desalojar las fábricas por medio del Ejército (inicios de 1948) y previamente había cesado a los comunistas que se mantenían en el Gobierno (mayo de 1947). De Gaulle aprovechará esta coyuntura para presentar a los comunistas como aliados de la URSS, como un partido antinacional que, además, alejaba de Francia la ayuda americana. En junio de 1947 procederá a la reorganización de su fuerza política (creación del Rassemblement du Peuple Français) consiguiendo la hegemonía política, que ya no abandonará hasta 1969.

El programa de De Gaulle, que Maurice Duverger describirá como de «democracia sin el pueblo», se inscribe en la reacción conservadora que se adueña de Europa occidental desde los primeros años cincuenta; sabrá combinar la herencia del republicanismo más conservador y amante del orden, con los nuevos aires tecnócratas que se afianzan con la reconstrucción de posguerra (como Monnet y su gran batalla en contra de la inflación) y con recursos clásicos de la izquierda, como las importantes nacionalizaciones de sectores como la automoción (Renault), el Banco de Francia, el gas, carbón y electricidad (19551956). La normalización política vendría dificultada por el inicio de la descolonización: Indochina (1946), Madagascar (1947) y con el inicio de la lucha de liberación de Argelia.

En Gran Bretaña, en julio de 1945 las elecciones van a dar la sorpresa de la derrota del conservador Winston Churchill y el triunfo laborista por 393 a 213 escaños. Este nuevo proyecto, presidido por Clement Attlee, va a identificarse como la «revolución silenciosa» laborista. Las reformas van a sucederse, así como las nacionalizaciones (Banco de Inglaterra, 1946; carbón y transportes, 1947; siderurgia y energía, 1950). En 1948 se creará el importante Nacional Health Service, pieza clave de los nuevos servicios sociales. Pero este vasto programa tenía serias limitaciones: algunas estructurales, como el carácter obsoleto de la industria británica; otros coyunturales, especialmente por la crisis del viejo Imperio colonial (India, 1947).

La reconstrucción no será posible sin una importante ayuda americana. El 18 % de las ayudas globales del Plan Marshall se destinarán a Gran Bretaña. Además, la presión de esta «revolución laborista» va a pasar factura a este partido, con la crisis planteada por el ala moderada. En las elecciones de 1951 el Partido Conservador regresará al poder (321 a 295 escaños) y con él Churchill: se inicia así un periodo de 13 años de ininterrumpida hegemonía conservadora.

En Italia, la consolidación democrática se realizará en medio de especiales tensiones: todos los sectores van a utilizar una gran beligerancia; la Iglesia, en 1946 propugnará una «cruzada» antimarxista y en 1949 llegará a excomulgar a todos los comunistas. Las elecciones de 1946 van a reflejar la bipolarización del país: PCI, 19 %; PSI, 20,7 % y Democracia Cristiana, 35,2 %. A principios de 1948 entrará en vigor la nueva Constitución republicana. De Gasperi presentará a la DC como el «partido de la ayuda americana» y centro de la coalición Bloque Nacional, en radical enfrentamiento con el Frente Democrático Popular (PCI, PSI). Con el inicio de los cincuenta, los democristianos dominarán la política italiana, con un programa basado en la colaboración con la Iglesia, el anticomunismo y el atlantismo proamericano. Ello no impedirá la aplicación de un notable programa de reformas sociales.

En Alemania, tras la división en zonas de ocupación diseñada en Potsdam, debió procederse a la primera reconstrucción que permitiese el mínimo funcionamiento del país (desmantelamientos, infraestructuras, comunicaciones, etc.). En enero de 1947, EE.UU. y Gran Bretaña fusionaron sus zonas de ocupación y al año siguiente Francia se vio obligada a incorporarse. La reconstrucción del país se confiaba por entero al Plan Marshall y a la reforma monetaria de junio de 1948 que situaba al marco bajo la tutela del dólar. La ruptura de relaciones con los soviéticos, consumada con la crisis de Berlín y el subsiguiente puente aéreo (junio de 1948 a mayo de 1949), coincidió con el inicio de la normalización política de la zona occidental. Con sede en Bonn fue creado un Consejo parlamentario presidido por el alcalde de Colonia, el democristiano Konrad Adenauer. Por los acuerdos de Washington de abril de 1949 se pactará la creación de la República Federal Alemana (contestada en octubre en la zona oriental por la República Democrática presidida por Walter Ulbricht). La constitución occidental consolidaba un modelo definido como de «Estado social», muy descentralizado, de vocación pacifista y con un poder judicial que ejercía un control muy rígido.

Tras las elecciones de noviembre de 1949, con triunfo democristiano (31 % de los votos), Adenauer será elegido Canciller. Con el 29 % de los votos, el segundo partido será el socialista reformista (SPD), que en mayo de 1946 se había definido expresamente como anticomunista. Adenauer va a ejercer un largo mandato, una casi dictadura democrática basada en sólidos resultados electorales: 1953: 45,2 % de los votos; 1957: 50,2 %. En 1956 relegará al Partido Comunista a la clandestinidad.

Bajo el signo conservador

Con el inicio de los cincuenta, Europa entra en un periodo de claro predominio conservador, muy en sintonía con la Guerra Fría (anticomunismo militante) y con un empeño en culminar la obra de la reconstrucción continental. Los gobiernos conservadores van a intentar consolidar el mensaje de la necesidad de descargar de ideología a la acción política y, en su lugar, conferirle un aire técnico y de buena gestión, que buscase la integración social a través del aumento del consumo y bienestar generalizados.

En términos generales, estos conservadores van a respetar los logros básicos del «welfare state» anterior, pero lo descargarán de sentido social e igualitario, introduciendo políticas populistas que, sin embargo, permitirán el retroceso constante del paro y de la inestabilidad general. En la base de sus programas hallamos la defensa de los derechos humanos individuales, una estrategia basada en el atlantismo (integración en la OTAN, de 1949) y una inquebrantable alianza con los Estados Unidos (potenciada por Foster Dulles).

La vía atlantista no fue obstáculo para que reapareciese la preocupación por que Europa recuperase un papel propio y preponderante en el mundo. En función de ello, en 1945 se recuperó la solución europeísta y pocos años más tarde se concretó un frente formado por Adenauer, De Gasperi y el francés Robert Schuman, al que sus detractores acusaron de representar a la «Europa vaticana». Poco después se incorporaron los socialistas al europeísmo: el belga Spaak, el francés Guy Mollet, el alemán Schumacher, etc. Pero el primer paso positivo se daría con la incorporación de grandes técnicos al proyecto (Mayer o Monnet) que apostaron por la vía económica y dejar de lado las confrontaciones políticas e ideológicas. La creación de una primera Comunidad Europea del Carbón y el Acero, daría paso a la reunión de Mesina (1955) y al Tratado de Roma (1957) por el que se crearía el Mercado Común Europeo y el EURATOM. En los años sesenta se creará el Parlamento Europeo y la Unión Aduanera (1968).

En Alemania, la crisis de la «era Adenauer» se iniciará a principios de los sesenta, cuando se inicie la reducción progresiva (y lógica, tras casi dos décadas de crecimiento espectacular) de los índices de crecimiento y aparezcan los primeros síntomas inflacionistas, con una tardía e indecisa devaluación del marco (1961) y un cierto aumento del paro y de las reivindicaciones laborales.

En las elecciones de 1961 la derecha va a retroceder, mientras que la coalición de los liberales con el SPD va a superar el 36 % de los votos. Al año siguiente, la represión gubernamental contra el mundo de la prensa va a propiciar una crisis gubernamental que indica hasta qué punto la lógica de la Guerra Fría ya no justifica las arbitrariedades del poder. Adenauer ha perdido razón de ser y en 1963 se verá obligado a ceder el poder a Erhard, antiguo colaborador suyo; en 1967, Adenauer morirá a los 91 años.

La crisis de la derecha se consumará en 1966, al subir al poder Kiesinger, militante nazi en su juventud pero bien adaptado a la política de la posguerra; su única salida será integrar en el Ministerio de Asuntos Exteriores al socialista Willy Brandt: se trata de una tímida apertura que no podrá evitar, sin embargo, la crisis definitiva de la CDU en 1968, dando fin a una larga etapa de la política alemana de posguerra.

En Gran Bretaña, el regreso de W. Churchill en 1951-1955 (en 1953 debe ceder de hecho el poder a A. Eden, por enfermedad) abrirá este periodo de signo conservador. En 1952, el regreso de los conservadores será potenciado por el inicio del reinado de Isabel II, en medio de una gran aceptación popular. Luego, el gobierno de Eden (1955-1957) se verá sometido a una fuerte presión política internacional (en el seno de la Commonwealth, en la crisis de Suez de 1956, etc.), por lo que los conservadores no podrán asentarse realmente hasta el gobierno de Harold MacMillan (1957-1963), con el 49,4 % de los votos en 1959. Con MacMillan, el Partido Conservador inglés se convierte en el único de su registro ideológico en Europa que tiene un soporte real de masas, con más de 2 millones de afiliados y un electorado realmente fiel; además, MacMillan sabrá dar vida dentro del propio partido a una corriente reformista, partidaria del mantenimiento de un cierto intervencionismo estatal (de hecho, las nacionalizaciones laboristas serán respetadas). En el plano social, en 1962 se creará el National Economic Development Council, que agilizará la relación entre la patronal y el obrerismo, con una filosofía que acepta la planificación económica.

En el plano internacional, MacMillan favorecerá con gran realismo el proceso de descolonización iniciado en 1947 (India), que ahora extenderá al continente africano (1960-1964). Este pragmatismo se verá potenciado por la experiencia negativa de Francia en Argelia o de Bélgica en el Congo; y, forzado por el aumento de las tensiones con los Estados Unidos, se producirá la primera apertura inglesa hacia Europa (petición de ingreso en 1961). Sin embargo, el coste de la crisis colonial y las dificultades en el seno de la Commonwealth provocarán serias dificultades económicas (devaluación de la libra esterlina en 1964) y un claro retroceso en el Producto Nacional Bruto inglés (en 1968 es de 1.850 dólares, frente a los 2.550 de la Francia comunitaria).

En 1964 vencerá el Partido Laborista, asumiendo la jefatura del gobierno Harold Wilson. Su programa electoral contraponía la modernización a la prosperidad defendida por los conservadores. Se trataba de una nueva imagen política, centrada en el europeísmo y en la necesidad de adaptarse a la nueva realidad poscolonial. Esta adaptación no fue nada fácil: el deterioro de la economía produjo un alza de los precios, contestada por constantes «huelgas salvajes» del sindicalismo; el ingreso en la CEE contaba con numerosos e importantes detractores; finalmente, el recrudecimiento de la cuestión de Irlanda del Norte, sobre todo desde 1965, cuando la crisis económica y social de la zona radicalizará mucho las posturas: las del pastor protestante Ian Paisley, las del grupo Democracia del Pueblo o las de la popular Bernardette Devlin, elegida diputada en Londres en 1969, y defensora de una anticolonialista república de los trabajadores protestantes y católicos irlandeses.

La respuesta violenta del gobierno de Londres propiciará el resurgimiento del IRA y de su «rama provisional», que extenderá la violencia por la zona y no dudará en ampliar la acción terrorista a la propia Inglaterra e incluso, en 1974, a la misma República de Irlanda (Eire). La espiral de violencia enquistará el problema norirlandés y hará inútiles los intentos de acercamiento.

En Italia, los gobiernos cristianodemócratas de De Gasperi, desde principios de los años cincuenta incrementan las tensiones con políticas que favorecen abiertamente a las oligarquías, cargan sobre los sectores populares y obreros la política de contención de la inflación, incrementan la centralización estatal y no estimulan la consolidación de las regiones autónomas (al tiempo que se incrementan los problemas derivados de la difícil integración del Sur), al tiempo que responden con mayor represión a las reivindicaciones sindicales. Además, hasta por lo menos 1958 se mantuvo la política de depuración de los cargos públicos afiliados al PCI.

El deterioro de la política italiana lo intentó corregir el gobierno de Amítore Fanfani (1960-1964), quien desde 1962 intentó una primera apertura hacia la izquierda (demócratas, republicanos y los socialistas de Saragat); en esta política contó con la colaboración decidida de Aldo Moro. Presionado por los socialistas, Moro impulsó una discreta reforma agraria (1964), una lucha contra la especulación urbanística, una cierta descentralización regional y, en 1967, un plan quinquenal de relanzamiento económico. Este nuevo aperturismo produjo un claro avance de los comunistas, especialmente en la administración municipal y regional. En 1958, el nuevo papado de Juan XXIII, que contrasta radicalmente con el conservadurismo militante de su antecesor, Pio XII, contribuirá a dar la sensación de un cierto dinamismo en la política italiana.

En Francia, la guerra argelina terminó produciendo una profunda crisis, social, cultural y política en la propia metrópoli. En 1958, la Asamblea Nacional concederá al general De Gaulle seis meses de poderes extraordinarios para solucionar la crisis con la redacción de una nueva Constitución. En septiembre será aprobado el nuevo texto (79,2 % de votos favorables y 20,7 % en contra) y el 21 de diciembre De Gaulle será elegido presidente de la V.ª República. En 1960, sirviéndose de las prerrogativas que le ofrece la nueva Constitución, De Gaulle hará aprobar una ley que le permite gobernar por la vía del decreto: se trata de un gran personalismo, que él mismo define diciendo «yo soy el responsable», con el que la V.ª República conseguirá una gran estabilidad ministerial.

No obstante, a partir del mismo 1960 su apuesta por una cierta autodeterminación argelina («Argelia argelina ligada a Francia») va a desencadenar una profunda crisis en la colonia y en la metrópoli: las conversaciones con los argelinos GPRA y FLN (que desembocarán en los acuerdos de Evian, de 1962), producirán el golpe de fuerza de los generales destacados en la colonia (junio de 1961) y la aparición de la OAS (ejército secreto que promueve el levantamiento de los franceses de la colonia y una situación de guerra civil en la propia Francia). La independencia de Argelia (3 de julio de 1962) provocará la repatriación de muchos franco-argelinos: se trata de los «pieds-noirs» que se radicarán sobre todo en el Mediodía francés, provocando graves problemas de integración.

Con todo, la independencia argelina reforzó la posición de De Gaulle y de su primer ministro, Georges Pompidou (diciembre de 1962). Con todo, en las siguientes elecciones presidenciales (1965), el viejo general solo pudo vencer a su opositor, el socialista François Mitterrand, en la segunda vuelta por 54,5 % frente a 45,5 %. En la misma línea, en las elecciones legislativas de 1967, la coalición gaullista va a ver amenazado su control de la Asamblea Nacional por la clara recuperación de socialistas, radicales y comunistas. La política gaullista de la «grandeur» (retirada de la flota francesa de la OTAN en 1963, independencia respecto la política exterior de EE.UU., rearme nuclear, rechazo al ingreso de Gran Bretaña en la CEE, etc.), gravaba la vida interior de Francia con una clara reducción del poder adquisitivo de los franceses, una disminución de los índices de crecimiento en el seno de la CEE y una creciente inquietud social y política, que no tardará en traducirse en una desconfianza popular respecto de las instituciones políticas, educativas o sindicales. A finales de los sesenta, la recurrente apelación gaullista al sentir patriótico de la nación se ve que no surte los efectos de una década antes.

La crisis del 68 y sus repercusiones políticas en los primeros setenta

En el mundo universitario francés se dejan notar los efectos de su creciente masificación (1958: 196.000 estudiantes; 1968: 570.000). Se trata de un sector proveniente de las clases medias y altas de la sociedad, nacidas ya en la posguerra y que se han beneficiado del crecimiento y del consumismo generales; además, su natural criticismo generacional se suma a la inquietud generada en el país por la crisis argelina, el personalismo gubernamental y presidencial, el control creciente de los medios de comunicación, los problemas económicos y sociales, el fantasma del paro juvenil, etc. En el mundo académico, las situaciones discriminatorias, los privilegios para con las Escuelas de Altos Estudios reservadas a la elite y el abandono relativo de la Universidad pública ayudan a generar un estado de tensión creciente. Finalmente, del otro lado del Atlántico llegan consignas de libertad global, de confrontación con el mundo de los mayores, con sus opresiones y locuras (guerras, como la del Vietnam, tensiones, peligro nuclear, exceso de ideología y rigidez de la Guerra Fría, etc.): un aire de rebeldía se afianza identificado con lo joven, espontáneo y nuevo.

Las protestas estudiantiles se iniciarán en Nanterre (marzo de 1968), bajo la dirección de Daniel Cohn-Bendit, y se extenderán a Caen y París, con el cierre de facultades. Entre el 7 y el 11 de mayo se producirán graves enfrentamientos entre los estudiantes y la policía, que tiene tomado el Barrio Latino parisiense, con numerosos heridos y muchas detenciones. La represión provocará la movilización solidaria de la clase obrera, con la gran manifestación del día 13, la ocupación del Barrio Latino, el cierre simbólico del Teatro Odeon y la generalización de la huelga parisiense entre los días 14 y 22. Algunos viejos intelectuales (Godard, Sartre, Marcuse, etc.) intentarán teorizar con poco éxito el gran movimiento espontáneo y las causas del rechazo que motiva en la dirección sindical y política de la izquierda tradicional.

De hecho, lo que ha sucedido ha sido la impugnación juvenil del sistema conservador consolidado tras la Guerra. El poder va a recoger el desafío y se mostrará inflexible, acusando a los revoltosos del nuevo peligro comunista y anarquista, ahora disfrazado con el ropaje pop y underground. De Gaulle reprimirá las huelgas con gran dureza, se dedicará a atacar a los cuadros sindicales y responderá a las peticiones estudiantiles con la ley de reforma universitaria Edgar Faure, que consolidaba una situación aún más elitista que la anterior. Además, aprovechando la ola de prosperidad que se consolida por Europa occidental desde inicios de 1969, y con un control férreo de los medios de comunicación de masas, se dedicará a aislar la «revuelta» del conjunto de la población. Esta nueva situación determinará asimismo la crisis del movimiento estudiantil alemán, que dirige Rudi Dutschke.

Aparte de su neutralización formal, los efectos de este gran cuestionamiento al conservadurismo político, económico y social europeo de las dos últimas décadas no tardarán en dejarse sentir. En la RFA se consolidará el poder del SPD de W. Brandt y el inicio de su controvertida política de apertura al Este (Ostpolitik). En Francia provocará la espectacular caída de De Gaulle (abril de 1969) y, a pesar de los intentos continuistas de G. Pompidou o Chaban-Delmas, la derecha republicana deberá reformarse a fondo, con políticos como Valéry Giscard d’Estaing.

En el espacio público de los países occidentales aparecen movimientos nuevos, que reflejan sensibilidades antes impensables y que no saben integrar ni los partidos ni los sindicatos: se trata de los movimientos feministas, orientalistas, que reaccionan en contra de la vida estresante en las ciudades, los que comienzan a reaccionar contra la degradación del medio ambiente, los de solidaridad con el subdesarrollo, los vecinales, los de protección al consumidor, los de protesta contra el peligro atómico, etc. Todos ellos tienen en común la voluntad de condicionar la acción tecnócrata y deshumanizada de los gobiernos conservadores y de las grandes compañías y sus ramificaciones internacionales.

Paralelamente, desde fines de los sesenta se aprecia un claro renacimiento de las reivindicaciones culturales y políticas de los nacionalismos europeos sin Estado, en movilizaciones en las que a menudo también subyacen problemas de índole económico y social (de marginación, de paro, etc.). Los enfrentamientos entre las comunidades anglosajona y francófona se van a convertir en uno de los temas centrales de la dinámica del Canadá; del mismo modo, la vuelta de los nacionalismos galés y escocés (radicalizados con la crisis energética de los setenta) va a condicionar la política de Londres, preocupada ya por la cuestión irlandesa. Los nacionalismos bretón y corso comienzan a preocupar al hasta entonces indiscutido centralismo parisiense; en Bélgica, la crisis de la zona francesa va a agudizar el enfrentamiento entre las comunidades franca y valona, situación que no se solucionará ni con la creación de los dos consejos culturales (1971); en España, la acción armada de ETA dará al nacionalismo vasco una proyección radical y violenta (sin olvidar el nacionalismo catalán, con una formulación política más compleja y mayoritaria).

La generalización de las protestas va a contribuir a que la respuesta patronal sea cada vez más cerrada y dura. Con el inicio de los setenta, el paro inicia una tendencia alcista y los teóricos empiezan a dudar del «welfare state» como solución de los problemas. En enero de 1971, en su mensaje al Congreso, el presidente Nixon habla abiertamente de ayudar «generosamente a los que no sean capaces de ayudarse a sí mismos, pero dejemos de ayudar a los que sí son capaces pero no quieren hacerlo».

En Gran Bretaña, donde el descontento generalizado populariza la idea del «enfermo de Europa», Edgard Heath recuperará el poder para los conservadores y relanza el tema del ingreso en la CEE (principio de 1972). Pero los problemas se suceden y hacen difícil la nueva fórmula conservadora: grandes huelgas reivindicativas (los mineros en septiembre de 1973); la inmigración de 1,5 millones de «coloureds» provenientes de la Commonwealth, agrupados en barrios periféricos de vida muy dura y tensa (conflictos racistas de los veranos de 1977 y 1980); el recrudecimiento de las tensiones en el Ulster, especialmente entre 1972 y 1974, agravados en 1976 tras la muerte del presidente Brian Faulkner, partidario del diálogo con los católicos; finalmente, el impacto de la crisis energética, con un aumento importante del paro (1972, 1 millón de parados; 1973, 1,5 millones) que acabará de hundir al gobierno conservador.

Tampoco el nuevo gobierno laborista (Wilson, febrero de 1974) podrá frenar la crisis. El fracaso de su «pacto social» con las Trade Unions forzará su dimisión (marzo de 1976). Su sucesor, el laborista moderado James Callaghan, no tendrá más éxito y sus reveses electorales terminarán de precipitar la crisis del Partido Laborista. De esta crisis se aprovechará el Partido Conservador, que en 1978 llevará al poder a su líder, Margaret Thatcher, una de las pioneras en la aplicación de las concepciones del denominado neoliberalismo, y conocida enseguida como «la dama de hierro» por su intransigencia frente a los nacionalismos, a las reivindicaciones sociales, al mantenimiento del Estado protector, etc.

En Francia, desde junio de 1971 el Partido Socialista se está reestructurando bajo la dirección de F. Mitterrand y su propuesta de un «programa común de las izquierdas». En mayo de 1974, tras la muerte de Pompidou, el conservador renovado Giscard d’Estaing vencerá a Mitterrand por un estrecho margen (el 50,7 % frente al 49,3 % de los votos). A fin de enfrentarse a la crisis, nombrará primer ministro al técnico en economía Raymond Barre y relegará al gaullista Chirac; esta decisión precipitará la crisis de la derecha, que perderá el dominio de la Asamblea Nacional en 1978. Pero tampoco la izquierda puede recuperar la Presidencia con facilidad: las divisiones entre los socialistas, los comunistas (Marchais) y los radicales (Fabre), especialmente en lo relativo al programa de nacionalizaciones, van a retardar lo que ya se adivina como inevitable: el triunfo en las presidenciales de F. Mitterrand.

En la RFA, entre 1969 y 1972 se consolida el SPD de W. Brandt (el mayor partido socialista del mundo occidental), con éxitos como el tratado de Fanamental (noviembre de 1972) entre las dos Alemanias. Sin embargo, la noticia del «escándalo Guillaume» (un consejero presidencial acusado de espionaje pro oriental) va a precipitar la dimisión de Brandt (mayo de 1974). Su sucesor, el socialista moderado Helmut Schmidt, a partir de 1976 deberá enfrentarse a la nueva coalición conservadora que forman Helmut Kohl (CDU) y Franz Joseph Strauss (CSU). Con su lema agresivo «socialismo o libertad» van a movilizar a una opinión sensibilizada por los problemas sociales crecientes y, sobre todo, por la acción de grupos terroristas de extrema izquierda: el mayor, la banda Baader-Meinhof, con una acción muy sanguinaria desde el descubrimiento en su celda del cadáver de Ulrike Meinhof (mayo de 1976). También por estos años hace su aparición el denominado neofascismo.

Frente a esta situación, la política del gobierno Schmidt se va a derechizar de forma abierta: colaboración internacional con el anticomunismo del Secretario de Estado de EE.UU., H. Kissinger, prohibición de trabajar en la Administración a las personas de filiación marxista (1977), reforma policial y penitenciaria (1977), etcétera. Con todo, la superación de la crisis o el posicionamiento más duro frente a la CEE (que halaga a un electorado cada vez más conservador) van a permitir un nuevo triunfo de Schmidt (1981).

En Italia, segundo país europeo en incidencia de la crisis del 68, la inestabilidad parlamentaria será la tónica habitual de los años setenta. La vida política viene determinada por las tensiones sociales crecientes y los primeros grandes atentados terroristas en Milán y Roma (16 muertos y 114 heridos). La derechización del gobierno de la Democracia Cristiana culminará con el gabinete de G. Andreotti (1972), momento en el que el neofascista Movimiento Social Italiano obtiene un espectacular 8,7 % de los votos emitidos.

También en 1972, el XIII Congreso del PCI va a elegir secretario general a Enrico Berlinguer, quien pronto va a convertirse en el líder comunista europeo representante del denominado «eurocomunismo», una estrategia más moderada que no rechaza la colaboración con los sectores burgueses más progresistas. El programa de Berlinguer, conocido como del «compromiso histórico» adquirirá una significación mayor frente al gobierno democristiano de Aldo Moro (noviembre de 1974). Este político, de signo claramente aperturista, se enfrentará a las tensiones producidas por el intento de golpe de Estado de la ultraderechista Ordine Nuovo, por el aumento enorme del paro (800.000 parados en 1974), por la gran tensión que rodea al referéndum de la Ley del divorcio (1974), o por el proyecto de ley del aborto (1976), con una beligerancia sin precedentes del propio Vaticano.

El 1976, el nuevo presidente democristiano será el anticomunista Amintore Fanfani. Pero los grandes escándalos y la corrupción obligarán a adelantar las elecciones (junio de 1976); en ellas, el PCI tendrá unos resultados excelentes (8 puntos más que en 1972) y hará evidente la bipolarización de la vida política italiana, en un verdadero callejón sin salida acrecentado por las manifestaciones de organismos internacionales (como la OTAN), que se alarman por la recuperación de la izquierda italiana. En este contexto, el rapto y posterior asesinato de Aldo Moro por las Brigadas Rojas (marzo de 1978) significó un golpe muy duro contra la posibilidad de una alianza entre la democracia cristiana y el comunismo, como una vía de solución de la profunda crisis del país.

La consolidación de la URSS y la definición del bloque del Este

La URSS salió de la Segunda Guerra Mundial completamente diezmada, tanto humana como materialmente. Sus arrolladores éxitos militares le habían conferido una preeminencia que no venía respaldada por su potencial interior; además, la rápida aparición de problemas con el resto de aliados la dejó, en la práctica, sola frente a la ingente tarea de la reconstrucción de posguerra.

Stalin era el indiscutible «padrecito» de la patria; el máximo responsable de que la «gran guerra patriótica» hubiese terminado en victoria total: su glorificación se convirtió pronto en abierto culto a la personalidad. Ya antes del fin de la contienda había ido diseñando el mundo de la posguerra, con un vasto imperio que retroalimentase el núcleo soviético y sirviese de escudo protector frente a eventuales nuevos ataques provenientes de Occidente. Luego, tras la explosión de la bomba atómica por los Estados Unidos en Japón, esta necesidad de protección se convertiría en una verdadera obsesión.

La definición estratégica y defensiva de un bloque del Este bajo el liderazgo de la URSS se vio muy clara en el caso de Polonia. Este país era un objetivo claro de los Aliados occidentales, especialmente para Gran Bretaña, que había entrado en guerra precisamente como respuesta a su invasión por los nazis. Pero Stalin actuará según la táctica de los hechos consumados; logrará consolidar en Varsovia un gobierno de coalición, pero de predominio socialista, presidido por Morawski (junio de 1945), que en enero de 1947 se convertirá en comunista monocolor y aliado incondicional suyo.

Así pues, la URSS se verá obligada a consolidarse y reconstruirse internamente tras la Guerra y, por añadidura y al mismo tiempo, deberá hacer frente a la reorganización interior y cuidar de la cohesión de unos países satélites que se extienden por un vasto territorio del centro y el este de Europa. Ello se va a llevar a cabo, inicialmente, con mano de hierro a través del gobierno dictatorial de Stalin.

La reconstrucción soviética bajo Stalin

Al finalizar la Guerra la situación en la URSS era de una gran incertidumbre. El trauma causado era tan enorme que nadie se podía aventurar a predecir hacia dónde se orientarían las preferencias políticas de los ciudadanos, ni si se consideraría al comunismo como parte de la responsabilidad de tanta desgracia. Los primeros meses serán realmente decisivos para diseñar el futuro. La tarea directora va a corresponder a Stalin, que actuará con gran decisión y energía.

La clave fue considerar la reconstrucción como la continuación natural del esfuerzo bélico, y su éxito como la confirmación de la validez del sistema comunista, un gran esfuerzo patriótico que podía presentarse como el gran alegato contra la prepotencia del mundo capitalista. A tal fin debía sacrificarse el bienestar individual, desterrarse cualquier expresión de descontento (traición de los derrotistas, perseguida con dureza), y aportar un gran sobreesfuerzo productivo que permitiese el éxito colectivo. La inexistencia de sindicatos dejó sin respuesta la dureza de las condiciones de la clase obrera industrial; la única organización existente era la del Partido, que organizaba el trabajo, el ocio, las vacaciones y fijaba los nuevos retos productivos.

La situación a remontar era realmente dura: un 50 % de la cañada desaparecida; la producción agraria diezmada; unas 32.000 fábricas destruidas; miles y miles de operarios industriales desplazados al otro lado de los Urales por la retirada industrial de guerra; 65.000 km de vía férrea destruidos; 1.700 ciudades y 70.000 pueblos devastados (25 millones de personas sin techo); gran epidemia de hambre que aún en 1946 provocará más de medio millón de muertos, etc.

Para hacer frente a esta situación, en 1946 se aprobará el IV Plan Quinquenal (1946-1950), con un énfasis especial en la reorganización de la producción agraria, en el sector energético y el de las comunicaciones. El ministro de economía será Mikoyan y un político en ascenso que había iniciado su carrera en Ucrania, Nikita Kruschev, será el encargado en 1949 de la reorganización de las granjas colectivas (koljozs), a fin de incrementar su productividad.

El problema agrario fue uno de los más importantes de la Rusia de posguerra; a menudo, a los trabajadores de las ciudades se les permitía tener en la periferia urbana unas pequeñas parcelas (los «jardines obreros») para completar el consumo familiar. Los cuadros de las granjas anteriores a la guerra, en su mayoría del Partido Comunista, habían sido de los primeros en movilizarse y quedaron bastante diezmados por la contienda; además, la política industrialista hizo decrecer mucho la mano de obra de las zonas rurales, puesto que emigró en masa hacia las zonas industriales. Por término medio, las máximas resistencias a las colectivizaciones habían provenido del campo y fue necesario tiempo, coacciones y el inicio de buenos resultados para convencer un mínimo al campesinado. La utilización masiva de maquinaria y de productos químicos permitió este éxito inicial; luego, la concentración de tierras y la consiguiente reducción del número de los koljozs (obra de Kruschev), hicieron el resto.

La reconstrucción del país era un hecho hacia 1950 (la producción industrial alcanzaba el 75 % de la de 1940), resultado espectacular que sorprendió al mundo (por haber sido realizado en situación de práctica autarquía) pero que se hizo a costa de racionamientos, privaciones y esfuerzos sin cuento. El resto lo hizo la propaganda (las constantes «conferencias políticas»), el control represivo y el terror. El terror stalinista fue un secreto guardado celosamente y ejecutado por una compleja maquinaria estatal con la que colaboraban burócratas, policía, policía política, ejército, poder judicial, etc. El coordinador general de esta maquinaria fue Beria, fiel colaborador del dictador, quien dirigía el Comisariado Nacional de Asuntos del Interior (creado en 1934 como sucesor de la inicial CEKA). En 1954, este organismo será sustituido por el Comité para la Seguridad del Estado (KGB), una estructura con más de un millón de servidores que se encargaba de reforzar el régimen comunista, de eliminar a la oposición y de funciones de espionaje en el extranjero.

La represión se ejerció contra los intelectuales, la Iglesia, la oposición política e incluso contra iniciales colaboradores no comunistas, contra etnias (a pesar del holocausto, se mantuvo vivo el antisemitismo, excepto en Bulgaria, más tolerante) y pueblos enteros, a los que se acusaba de deslealtad por haber colaborado con los invasores nazis. Contra estos grupos, la solución habitual fue la deportación en masa (se aplicaba el eufemismo de «desplazados especiales»), una actuación de gran envergadura y minuciosamente preparada que terminaba con pueblos enteros diseminados por Siberia. La primera gran deportación se hizo al iniciarse la invasión nazi, en 1941; consistió en desplazar a unos 900.000 habitantes de la zona del Volga, de remoto origen alemán, hacia Kazastán. Entre 1943 y 1944, las deportaciones se centraron en los pueblos caucásicos (como los chechenos o los inghiches). En 1945, el objetivo principal fueron los tártaros de Crimea (no serán rehabilitados hasta 1989), así como los 2,3 millones de prisioneros de guerra agrupados en campos de concentración (solo una ínfima minoría fue devuelta a sus casas; el resto fue diseminado y obligado por un plazo de 5 años a trabajos forzados en las «zonas devastadas»).

Junto a Stalin, la plana mayor soviética la formaban Malenkov y Zdanov (muerto en 1948); inicialmente, Stalin se rodeaba de los héroes «viejos combatientes», pero pronto los fue depurando o apartando para que no le hiciesen sombra. Por debajo de los dos colaboradores principales hallamos a Beria (cartera de Interior), a Bulganin (Defensa) y Mikoyan (Economía). Todos ellos animaron la puesta a punto de la Cominform (1947, organismo de coordinación que debía fomentar la expansión mundial del comunismo). A partir de 1949 empezó a colaborar con esta cúpula Kruschev, así como el viejo héroe de la guerra, el general Zhúkov (que llegaría a ser primer ministro con Kruschev).

Política exterior y bloque comunista

Entre los países conquistados por el Ejército Rojo y ahora bajo influencia soviética, había algunos antiguos enemigos, aliados de los nazis: Alemania del Este, Hungría, Rumania y, en parte, Checoslovaquia. Inicialmente se quiso hacerles pagar reparaciones de guerra; pero solo Alemania pudo hacer unos pocos pagos, fundamentalmente en materias primas y maquinaria; el resto, ni esto. La URSS había pedido a los aliados occidentales el control conjunto de la rica zona alemana del Ruhr, como garantía del pago de estas reparaciones de guerra; pero los occidentales se negaron y el bloque del Este debió hacer frente a la reconstrucción con sus propios recursos.

En un primer momento todo este conjunto de países (los mencionados más Polonia, Bulgaria, Albania y Yugoslavia) se pensó que podían mantenerse formalmente como independientes, con gobiernos que reprodujesen la forma del «frente popular» ensayado para hacer frente al invasor nazi y con los que podían hacer frente a la inicial fase constituyente. Esta estrategia no perduró más allá de 1945, puesto que la URSS no quiso perder nada del control de esta zona y para ello necesitaba regímenes afines, a los que pronto denominó como «democracias populares».

Para conseguir esta reconversión se usó la violencia política (y en ocasiones hasta física). Ya quedó mencionado el caso emblemático de Polonia y la depuración del gobierno de Morawski. Algo parecido sucedió en Rumania y Bulgaria. En Hungría fue más violento. Frente al proceso electoral de noviembre de 1945, los comunistas se vieron bastante aislados por la fuerza mayoritaria que detentaban los agraristas del Partido de los Pequeños Propietarios (60 % de los votos). Tras las elecciones, los comunistas se hicieron con el Ministerio del Interior e iniciaron una política de detenciones y terror contra el resto de fuerzas: a las elecciones del verano de 1947 la oposición llegará prácticamente desmantelada (los agraristas serán barridos) y en las de mayo de 1949 ya se votará con lista única, con lo que se habrá consumado la sovietización del país.

En el caso de Checoslovaquia esta conversión fue más dramática, puesto que fue necesario terminar con una anterior vida política, cultural e institucional rica y plural. En las elecciones libres de mayo de 1946 triunfó una coalición de izquierdas en la que los comunistas representaban el 38 % de los votos. No contentos con este papel preponderante (su líder, Klement Gottwald, fue el primer presidente), en 1948 provocarán la crisis gubernamental con motivo de la discusión de la eventual aceptación de la ayuda del Plan Marshall para la reconstrucción. A principios de 1948, los comunistas generarán una situación de potencial guerra civil, que desembocará en la formación de un gobierno comunista monocolor (febrero); en él tan solo colaborará el socialista Jan Masaryk, quien caerá misteriosamente por la ventana de su despacho en marzo, dejando solos a los comunistas en el poder y frente a las elecciones de mayo (por lista única), que darán paso a un régimen de democracia popular.

Albania y Yugoslavia fueron los únicos países donde los comunistas tomaron el poder desde el principio. En Yugoslavia, dominada por Tito (el gran héroe de la resistencia contra el fascismo), enseguida se concretó un movimiento de rechazo a la sovietización. En rápida respuesta, la URSS cortó las ayudas para la reconstrucción, con lo que las relaciones se enfriaron hasta provocar la ruptura (1948), la condena soviética de los dirigentes yugoeslavos por «desviacionistas» y la expulsión de este país del Cominform. En 1953, Yugoslavia aprobará una nueva Constitución, que Tito inspira a partir de su teoría de la «no alineación», esto es, de la equidistancia entre los dos grandes bloques. En el plano político se aceptaba la participación electoral de los comités de fábrica; en economía se aplicaba un sistema híbrido entre la planificación y una cierta economía de mercado. La pervivencia de esta experiencia hizo que por los años sesenta se extendiese entre las izquierdas de Europa occidental la idea del «modelo yugoslavo».

En el resto de las democracias populares, la disidencia yugoeslava produjo una presión y control mayores. Por todas partes se procedió rápidamente a reformas agrarias y nacionalizaciones de los sectores básicos (1946-1948). A partir de 1949 empezaron a aplicarse planes quinquenales, a semejanza del de la URSS. La colectivización más importante se llevó a cabo en Bulgaria (en 1951 afectaba al 51 % de las tierras cultivables) y la más leve en Hungría (con el 20 %) y en Polonia (en 1978 ya solo afecta al 2,5 %), puesto que es en los países donde las resistencias fueron mayores. En términos generales debe decirse que la planificación de inspiración soviética obtuvo buenos resultados (con crecimientos superiores al 10 % en los primeros años). La economía estuvo en todo momento subordinada a los intereses de la URSS, que impone la denominada «área del rublo» y termina por crear el Consejo de Mutua Asistencia Económica (COMECON) (Varsovia, enero de 1949).

Al lado de la acción económica (la permanente limitación del consumo contrastaba con el mundo occidental), en las democracias populares se realizó un importante esfuerzo político (creación de una nueva Administración y clase dirigente) y científico-educativo. El acceso a los niveles superiores de enseñanza se universalizó efectivamente; los índices de lectura se dispararon y la creación intelectual y artística (muy especialmente la musical) fue estimulada, siempre que se mantuviese dentro de las directrices oficiales. Un capítulo realmente conflictivo fue el de las relaciones entre el poder y la Iglesia, que por término medio fue perseguida sistemáticamente (se habla de la «Iglesia del silencio»).

La China de Mao Tse-Tung

Tras la proclamación de la República Popular (30 de septiembre de 1949), Mao consumó una primera y muy radical reforma agraria: por la ley del 28 junio de 1950 se confiscaban todas las tierras y se procedía a su distribución entre los campesinos de más de 16 años (afectó a más de 46 millones de hectáreas). Esta urgencia respondía a la estrategia agrarista revolucionaria utilizada por Mao desde 1927, una vía particular que se enfrentaba al industrialismo de los soviéticos.

Esta medida se acompañó de una durísima represión, destinada a terminar con los restos de la burguesía rural y la posibilidad de su resistencia política. Al mismo tiempo (y mientras se apoyaba la invasión de Corea del Norte, dando origen a la intervención de EE.UU.) se realizó un amplio despliegue legislativo tendente a crear la nueva sociedad socialista: adoctrinamiento, fin de las prácticas religiosas tradicionales, de las costumbres ancestrales y de las viejas formas de vestir, fin de la familia patriarcal, etc. Este cambio fue impuesto mediante la aplicación del denominado «terror rojo».

Entre 1953 y 1958 se consuma esta fase de gran crecimiento económico inicial con la aplicación del primer plan quinquenal, que se benefició de una importante ayuda de la URSS (capitales, técnicos y tecnología, maquinaria, etc.). Con este plan culminaron la colectivización de la tierra, la nacionalización de los sectores industriales claves, así como la de los transportes, etc. Los éxitos fueron espectaculares, aunque el crecimiento fue superior en la industria (un 15 % anual) que en la agricultura.

China era un país pobre, inmenso y con la mayor población del mundo: 581 millones en 1953, unos 1.000 millones en 1982 y 1.165 en 1992. Una cuarta parte de la superficie cultivable se destinaba al arroz; pero, en términos generales, la producción de cereales prácticamente creció en paralelo al aumento demográfico, por lo que la sensación de crecimiento y bienestar no se consiguió consolidar en todo este periodo. En 1956, Mao introdujo la denominada «línea de las cien flores», donde se proponía una cierta apertura y se demandaban ideas nuevas.

Pero en mayo de 1958 se rectificará la estrategia. En la reunión del VIII Congreso del Partido, Mao va a proponer la estrategia que se conocerá como el «gran salto adelante»: en ella se propone el paso directo de la democracia popular a la fase comunista sin pasar por la socialista intermedia. En base a la consigna «20 años en un día» se pedirá un esfuerzo ingente para producir el crecimiento económico que fundamente el cambio político: en 15 años deberá superarse la producción industrial inglesa. Este gran salto representó un fracaso estrepitoso. A ello contribuyeron desastres naturales, así como el progresivo debilitamiento de la ayuda de la URSS, tras la muerte de Stalin, que redujo mucho las ayudas económicas, técnicas y en maquinaria.

A Mao no le gustó el proceso de desestalinización que se desencadenó desde fines de 1953. Siguió considerando a Stalin el gran héroe socialista de la consolidación comunista; además, la desacralización del mito podía llegar a afectar a su propia persona. Por otra parte, Mao quería compartir con los rusos los secretos y la técnica nucleares, a lo que los soviéticos respondían pidiendo el control del uso militar del átomo. Frente a las tensiones crecientes, el tratado ruso-chino de 1959 fue denunciado y los técnicos nucleares retirados de territorio chino en 1960 (las primeras pruebas nucleares de China se producirán en 1964). La ruptura entre las dos potencias comunistas se consumará en febrero de 1963, con una condena china de la moderación del Kremlin (coexistencia pacífica) y el inicio de los conflictos fronterizos a partir del año 1969.

El fracaso del «gran salto» desembocó en la definición por Mao de la «Gran Revolución Cultural Proletaria» (1966), cuya inspiración se hallaba en su obra «Citas del presidente Mao», de 1964, conocido como el «Libro Rojo» (por el color de sus tapas). Mao era presentado como el «supremo timonel» y venía secundado por el Ejército y su comandante en jefe, Lin Piao y una verdadera masa de estudiantes («guardia roja»). El terror y las depuraciones fueron enormes, especialmente la caza de los llamados «revisionistas», con lo que se consumará una renovación a fondo de la clase dirigente. Será depurado Liu Shao-chi, presidente de la República desde 1959, cuando el fracaso del «gran salto» se empezó a hacer evidente y provocó la renuncia al cargo del propio Mao (que se quedará solo con la presidencia del Comité Central del Partido).

El fracaso de la Revolución Cultural (especialmente en el plano económico, debiéndose importar cereales de Canadá y Australia) provocará su radicalización. De ello se encargará, a partir de 1967, Chou Enlai con la creación de «comités revolucionarios» que, en su furia represiva, crearán una situación próxima a la guerra civil. Esta situación deberá ser frenada por el propio Mao en el Comité Central (octubre de 1968). Con ello se iniciará una segunda fase más moderada de la Revolución Cultural: Lin Piao será acusado de conspiración y se dice que muere en accidente aéreo cuando trataba de fugarse a la URSS. Se recuperará un cierto crecimiento económico.

En 1976 van a morir Mao y Chou Enlai, su más fiel seguidor desde los tiempos de la «larga marcha», en enero de 1935 y primer ministro chino desde 1949. Poco después (octubre) será detenida la denominada Banda de los Cuatro, entre los que figuraba la propia viuda de Mao, y a los que se acusa de traición por querer mantener la línea dura represiva. Lo cierto es que en el mismo 1976 aparecen las primeras movilizaciones masivas de protesta, como la revuelta de la plaza de Tiananmen, que demanda una mayor apertura.

La URSS, de Kruschev a Breznev

La muerte de Stalin (5 de marzo de 1953) abrirá una gran pugna entre los revisionistas y los continuistas. Entre estos últimos sobresale Beria, que protagonizará un golpe de Estado involucionista (será fusilado en julio); también será desplazado del mando supremo Malenkov, a quien solo se le reserva la presidencia del Consejo, siendo substituido por Kruschev como primer secretario del Partido. En 1955 Kruschev logrará apartar a Malenkov del gobierno, donde será sustituido por Bulganin.

El ascenso de Kruschev será lento y no exento de dificultades. En el XX Congreso del PCUS (febrero de 1956) leerá como secretario general un informe secreto que resultará demoledor para el régimen staliniano: alude a «nuestra tragedia», al nefasto «culto a la personalidad», condena al déspota y a sus métodos brutales (quien discrepaba era liquidado), sus arrestos despóticos, deportaciones y ejecuciones en masa (el 70 % de los miembros del Comité Central del PCUS elegidos en 1934 van a «desaparecer»), etc.

Por lo que se refiere a la política dentro del bloque comunista, la desaparición de Stalin va a generalizar las protestas dentro de los países satélites, a menudo por problemas de carestía, por las duras condiciones de trabajo (como las quejas de los trabajadores de Pilsen o de los funcionarios de Berlín, en mayo de 1953, reprimidas con dureza). Kruschev hablará de mayor autonomía en los «países amigos», reconocerá la posibilidad de llegar al socialismo por vía parlamentaria y propondrá la doctrina de la «coexistencia pacífica» entre los dos bloques para evitar el peligro de una guerra fatal para el conjunto de la Humanidad.

A pesar de tratarse de un «informe secreto», el texto de Kruschev fue publicado íntegro en The New York Times el 4 de junio de 1956, como un texto revolucionario destinado a marcar toda una época. Dentro de la URSS, la denominada «nomenclatura» (Molotov, Malenkov o Bulganin), así como importantes sectores de Georgia (tierra natal de Stalin) provocaron duras manifestaciones de protesta contra la «desestalinización». Finalmente, en 1958, Kruschev logró consolidarse, con la ayuda de Kirilenko, Suslov o el mariscal Zukov, nuevo ministro de Defensa. En los países satélites, la muerte del dictador desencadenó una oleada de protestas, como la de los estudiantes de Praga y Bratislava (mayo del 1956), como la protesta en Posnam de junio, que terminará en abierta revuelta (provocará la subida al poder de Gomulka).

En Hungría, las protestas del verano de 1956 serán coordinadas por el «Círculo Petofi» (poeta y héroe nacional) y se generalizarán animadas por el relativo éxito polaco. En octubre, las protestas se convertirán en una insurrección abierta contra las tropas rusas de ocupación, que terminarán por retirarse de Budapest. Para frenar la crisis se llamará al socialdemócrata Nagy, pero se mantendrá como secretario general del partido Comunista a János Kádár, fiel prosoviético. Nagy iniciará un programa de reformas, que culminarán con el anuncio de la retirada húngara del Pacto de Varsovia. Este anuncio provocará la invasión soviética de Hungría, la violenta represión de la revuelta y la reposición de Kádár en el poder (hará ejecutar a Nagy). La dura represión de la revuelta húngara de 1956 provocará una cierta reacción en Occidente, donde diversos grupos comunistas van a cambiar la vieja fascinación por una postura crítica con la URSS. Pero no van a provocar cambio alguno en el Bloque del Este.

Después de este episodio y hasta 1961 se desarrolla la etapa de máximo esplendor del revisionismo de Kruschev. En el interior va a crecer la oposición frente a un personaje al que se acusa de acumular un poder excesivo. Entre sus éxitos destacaron el soporte a Nasser y a su iniciativa de nacionalización del Canal de Suez, el impulso dado a la revolución cubana, la confrontación con Estados Unidos con el conflicto internacional provocado por el derribo del avión espía de EE.UU., U2, pero que se vería contrarrestado por el resultado negativo de la crisis cubana de los misiles (1962) y la retirada soviética. En 1964 se verá obligado a dimitir, siendo sustituido por Leonidas Breznev en el cargo de secretario general del Partido y por Alexei Kossighin (representante de los sectores más liberales que fallecería en 1980) en el de primer ministro. A la postre, Kruschev tan solo había producido una epidérmica aunque oportuna «renovación burocrática» del sistema estalinista del que había formado parte.

En el momento de máximo esplendor de Kruschev el mundo se percató del gran avance científico-técnico soviético. El sector clave fue la carrera espacial, en la que la URSS pareció tomar una clara delantera: el 4 de octubre de 1957 lanzaba su primer satélite artificial Sputnik I; el 3 de noviembre del mismo año, el Sputnik II lanzaba al espacio a la perra Laika, el primer ser vivo en salir al espacio exterior; el 12 de septiembre de 1959, el Lunk II era el primer vehículo humano en posarse sobre la Luna; y el 12 de abril de 1961, la nave Vostok sacaba de la atmósfera terrestre al primer hombre, Yuri Gagarin. La contraofensiva estadounidense no llegaría hasta julio de 1969, cuando se produjo el alunizaje de Armstrong.

La etapa Breznev basculó entre la aspiración de extender el comunismo a nivel internacional (África —Angola, Etiopía y Mozambique— y América Latina, así como entre los sectores más progresistas del mundo árabe) y la necesidad de profundizar la doctrina de la coexistencia pacífica con Occidente, única vía que permitiría la estabilidad económica de la URSS. La política de reducción armamentística halló respuesta finalmente en la administración norteamericana de Carter (acuerdos SALT).

Uno de los mayores problemas con los que debió enfrentarse Breznev se localizó otra vez dentro del bloque oriental. Desde 1967, en Checoslovaquia se intentaba profundizar las relaciones con Occidente y liberalizar la vida política y electoral; en esta experiencia se implicaban muchos intelectuales y estudiantes, que hallaron eco en el secretario general del Partido, Alexander Dubcek (desde enero de 1968 sustituiría al viejo estalinista Novotny; y un depurado, Svoboda, le sustituiría en la presidencia de la República).

Esta nueva situación inició la supresión de la censura, la libertad de prensa y expresión, la liberación de muchos intelectuales, la denuncia de numerosos cargos colaboradores con los crímenes estalinistas, la apertura de relaciones con la Iglesia y la revisión de la estructura del Estado. A este proceso de liberalización se le conoció como la «Primavera de Praga» y preocupó mucho a los dirigentes de Moscú, que no podían tolerar la extensión de este ejemplo por el resto del mundo oriental; en verano de 1968 realizaron diversas conversaciones bilaterales y frente a su fracaso, el 21 de agosto precipitaron la invasión de Checoslovaquia por parte de un combinado de tropas del Pacto de Varsovia, que ocuparán Praga y las principales ciudades del país. Dubcek no ofrecerá resistencia, según dice para evitar un baño de sangre, terminará cediendo el poder (abril del 1969) y siendo expulsado del Partido (marzo de 1970). Tras estos hechos, Husak se hará cargo del poder y recompondrá la sovietización del país, con constantes depuraciones y el aval de la ocupación de las tropas soviéticas.

La otra gran protesta que afectará a la estabilidad interna de la era Breznev se producirá en Polonia, con duras protestas laborales iniciadas entre los trabajadores de los astilleros de la antigua Danzig y con una respuesta durísima por parte del gobierno que preside Gomulka. Su sucesor, Gierek, intentará la conciliación y frenar el conflicto con subidas salariales de hasta el 40 %. Con todo, la crisis económica general terminará por fomentar la aparición del sindicato clandestino Solidarnosk (1980), que lidera Lech Walesa, con un soporte evidente de la Iglesia. El nuevo jefe de gobierno, el general Jaruzelski, a fines de 1980 iniciará una dura represión (la ley marcial se mantendrá vigente hasta 1984) y la creación de un gobierno de «salvación nacional» que será contestado por duras sanciones económicas por parte de la administración norteamericana de Reagan.

La reacción dura en el interior iniciada por Breznev provocará reacciones cada vez más importantes: el exilio de Alexander Solzhenitsin (1974) y la publicación en Occidente de su obra Archipiélago Gulag; o la actuación pacifista del físico Andrei Sacharov (en arresto domiciliario desde 1980). Con todo, los gravísimos problemas económicos (en el campo de la producción y de la distribución) acabarán forzando a Breznev a firmar el Acta de Helsinki (1975) donde la seguridad y la cooperación con Occidente se establecían a cambio de aceptar la necesidad de respetar los derechos humanos.

En el plano internacional, el golpe de Estado comunista en Afganistán (diciembre de 1979) fue respaldado por Breznev con el envío de tropas. Esta acción daría comienzo a una dura guerra de guerrillas islámicas ayudadas por Estados Unidos, conflicto que agravaría la crisis interna de la URSS. A la muerte de Breznev (noviembre de 1982), le sucederá por un breve tiempo Andropov y luego Konstantin Chernenko, en clara inestabilidad que hace evidente la necesidad de aplicar profundas reformas.

Las dictaduras del área mediterránea

En la zona mediterránea, la propia lógica de la Guerra Fría va a permitir e incluso a estimular el mantenimiento o la aparición de regímenes dictatoriales que contradicen la voluntad occidental de fundamentar en la democracia y el respeto a los derechos individuales su oposición al mundo comunista. La lógica de la gran confrontación dio al área mediterránea un valor geoestratégico de primerísimo orden, que los dictadores de la zona supieron administrar a la perfección. Se trata de regímenes con un gran apoyo del Ejército y la Iglesia, que sabrán administrar los intereses de las oligarquías tradicionales y que centrarán su acción en la desmovilización general de la población, con durísimas represiones sobre los grupos organizados de resistentes y contradictores. Es en este sentido tradicionalista y desmovilizador que debemos considerar estas dictaduras como experimentos desligados de los fascismos de entreguerras.

La dictadura salazarista en Portugal

La gran depresión de los años treinta afectó duramente a una economía colonial como la portuguesa, ligada a los grandes flujos internacionales. La oligarquía de la metrópoli buscó en un dictador la coordinación más eficaz posible de sus intereses y la relación directa con el Ejército. Esta función le correspondió a Antonio de Oliveira Salazar, profundo católico y técnico economista, quien en 1932 asumió el poder y lo definió como el «Estado Nuevo»: se trataba de un régimen corporativista, ultraconservador, soportado por el Ejército y la Iglesia (utilización de Fátima y sus «misterios» con clara finalidad político-social) y que basaba su estabilidad en la represión, el terror y la aniquilación de cualquier forma de oposición la Pide, temida policía política que, en ocasiones, será entrenada por la misma Gestapo alemana, excepto la monárquica más moderada. Su estrecho colaborador, Marcelo Caetano, fue el organizador de un vasto movimiento juvenil que recordaba la experiencia «Balilla» del fascismo italiano.

Salazar tuvo el don de la supervivencia: logró superar la crisis de la Guerra Civil española y supo mantenerse teóricamente neutral durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de verse forzado a ceder el uso de la base de las Azores a los Aliados (pero tras la noticia de la muerte de Hitler haría ondear las banderas a media asta). La integración portuguesa en la OTAN salvó definitivamente la dictadura. A pesar de que Salazar tenía el plan de terminar con el lastre del mundo colonial, ni los compromisos internacionales, ni las dificultades financieras propias lo hicieron posible. Salazar llevó los problemas coloniales con suerte dispar: supo negociar con China por la colonia de Macao, pero tuvo serios problemas con India (Goa).

La guerra colonial más larga y costosa fue por las colonias africanas, especialmente tras la rebelión de Angola de 1961. Pero Salazar supo negociar con Estados Unidos, que se hallaban muy interesados en frenar el avance comunista en la zona, y respaldaron a Portugal en su pacificación de Angola y Mozambique. Luego, se procedió a convertir estas colonias en una válvula de escape de la pobreza metropolitana: más de trescientas mil personas se instalaron y dinamizaron estas colonias, sumándose al más de un millón que se había visto obligado a buscar trabajo en Europa occidental.

En 1968, un repentino ataque de apoplejía del que no se rehizo apartó definitivamente a Salazar del poder, siendo sustituido por Caetano (ex Ministro de las Colonias entre 1944 y 1947). Su mandato se fundamentó en una tímida liberalización económica que no se correspondió con la política. Además, la reaparición con fuerza de la guerra colonial acabó llevando al régimen a su crisis definitiva. Tras el golpe de Estado de 1974, Caetano se exiliará en Brasil.

En febrero de 1974, el ex gobernador de Guinea y Comandante en Jefe adjunto del Ejército publica Portugal y el futuro, dura crítica de la dictadura y de su política colonial. Se trataba de una clara manifestación de la creciente intranquilidad dentro de la institución militar, que crecerá aún más cuando sean destituidos Spínola y el Jefe del Estado Mayor. De hecho, va a ser el elemento desencadenante de un movimiento organizado por el clandestino Movimiento de las Fuerzas Armadas y que sorprenderá a todo el mundo con el golpe de Estado exitoso del 25 de abril de 1974 (la denominada «revolución de los claveles»).

La nueva Junta militar, presidida por Spínola, va a decretar una amnistía, a suprimir la policía política y a formar un gobierno provisional que integra a todas las fuerzas políticas: el socialista Mario Soares es su Ministro de Asuntos Exteriores y el comunista Alvaro Cunhal, el Ministro de Estado. Pero la deriva izquierdista de este gobierno motivará el golpe de Estado anticomunista de Spínola (11 de marzo de 1975). Como reacción, los sectores más radicales del Movimiento de las Fuerzas Armadas van a radicalizar el proceso, con el intento de crear una democracia popular directa, basada en las «células de dinamización cultural», de influencia leninista.

En las elecciones del 25 de abril de 1975 el triunfo corresponderá a la izquierda, con un 37,5 % de los votos, a pesar de que el centro derecha obtiene unos buenos resultados. En este periodo se aprobará la nueva Constitución (2 de abril de 1976). Las nuevas elecciones de 1976 llevarán al socialista Mario Soares a la presidencia de la República. Sin embargo, las dificultades económicas, el radicalismo que encierra el planteamiento de la reforma agraria o el final de la crisis colonial van a provocar una gran radicalización en el país. En las nuevas elecciones, de 1979, el triunfo corresponderá a los conservadores, que iniciarán un gobierno presidido por Francisco Sá Carneiro.

La «dictadura de los coroneles» en Grecia

El final de la Segunda Guerra Mundial, en el que la guerrilla del Frente Nacional de Liberación (EAM) y, sobre todo, el Comité del Ejército Popular (ELAS), de clara inspiración comunista, habían tenido un papel relevante, constituyó un periodo realmente convulso. Viendo esta situación, Gran Bretaña devolvió el trono a Jorge II para consolidar y pacificar el país. Pero la guerrilla se refugió en las montañas del norte, bajo la dirección del general Markos y la abierta ayuda de la URSS, con lo que se inició una verdadera y cruenta guerra civil. Al no lograr movilizar a la masa campesina, la guerrilla se vio forzada a rendirse (1949) frente a las tropas conjuntas británicas y estadounidenses. Tras ello, la guerrilla fue objeto de una represión brutal.

Sin embargo, las primeras elecciones serán ganadas por una coalición de centro-izquierda. El nuevo Gobierno, sostenido por la ayuda del Plan Marshall, va a dedicarse a la reconstrucción y modernización del país. Estados Unidos tenía un gran empeño en ello, dado el altísimo valor estratégico de Grecia en el flanco sur de la URSS. Con todo, en 1953 subirán al poder los conservadores, con un programa donde se combinaba la disciplina y el anticomunismo con la definitiva reconstrucción de un país ya de por sí deficitario en infraestructuras y muy pobre. En este periodo destacará la presidencia de Kostantinos Karamanlis (19551963). Su política, aparte de represiva, fue impopular por la devaluación del dracma, el favoritismo para el mundo de los negocios o la tolerancia para la gran especulación que rodeó el gran crecimiento urbano. Con todo, en 1962 consiguió el ingreso de Grecia en el Consejo de Europa.

En 1963 ganarán las elecciones las fuerzas de centro, que llevarán al poder al viejo líder del partido Socialdemócrata, Georgios Papandreu. Éste quiso emprender una real democratización del país, así como la aplicación de un programa de reformas de signo socialista moderado. Esta iniciativa fue rechazada por la oligarquía, encabezada por el nuevo monarca Constantino II, que terminará por hacerle dimitir y pasar a la oposición. Tras esta crisis se iniciará un periodo de gran inestabilidad, incrementada por el problema de Chipre (gran zona de conflicto con Turquía) y por la creciente injerencia del Ejército.

Tras la disolución del Parlamento se convocarán elecciones para mayo de 1967. A fin de evitar la más que probable victoria de Papandreu, unos días antes de la contienda electoral se producirá un golpe militar. La noche del 21 de abril y bajo la dirección del general Pattakos y del coronel Papadopoulos se formará una Junta militar que tomará el poder, dejará sin vigor una serie de artículos de la Constitución y devolverá el poder al moderado Karamanlis. El monarca, que había secundado el proceso, querrá rectificar promoviendo un contragolpe en diciembre. Pero, al fracasar, se verá obligado a exilarse en Roma.

El régimen de inspiración militar se había iniciado instituyendo una situación policial y de terror para frenar cualquier oposición. Ahora, tras el fallido golpe real, va a recrudecer aún más el terror y el control militar. Se empieza a hablar abiertamente de la «dictadura de los coroneles», abiertamente condenada en el plano internacional: en 1969 Grecia será expulsada del Consejo de Europa. En 1970, el coronel Papadopoulos tomará directamente el poder y en marzo de 1972 se nombrará dictador unipersonal.

Frente a esta situación se va a generalizar la oposición y las protestas, tanto internas (gran movimiento estudiantil e intelectual), como internacionales (gran activismo internacional de la artista socialista Melina Mercouri). Las protestas generalizadas se completaron con un importante boicot internacional, se recrudecieron con el caos económico (inflación del 27 %) y las tensiones en Chipre (invasión turca del norte de la isla). Ante tal cúmulo de problemas, el Ejército devolverá el poder a Karamanlis, quien regresará del exilio en 1974.

La reforma política se centró en el plebiscito del 8 de diciembre de 1974, donde por un contundente 69,2 % de los votos, los griegos votaron la abolición de la monarquía. El nuevo gobierno socialista moderado que dirige Andreas Papandreu, el hijo del viejo líder (1981-1989) conseguirá el ingreso de Grecia en la CEE (junio de 1981), pero tendrá serias dificultades en la modernización del país. En 1996 subirá al poder el líder del PASOK (Partido Socialista), Cóstas Simitis.

La dictadura franquista en España

Con la conquista de Cataluña y la llegada de las tropas sediciosas a la frontera francesa se dio paso a la última fase de la Guerra Civil; el 28 de marzo de 1939 será ocupado Madrid, el 30 Valencia y el 1 de abril se firmará el último parte de guerra por el que se daba fin a la contienda, con la rendición incondicional republicana y el consiguiente triunfo de las tropas que mandaba el Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado (ley de 1 de octubre de 1936), Francisco Franco. Se había tratado de una guerra larga (de julio de 1936 hasta abril de 1939), una cruenta guerra de desgaste que por pocos meses no había coincidido con el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

El balance fue dramático: más de 400.000 muertos y un número elevado de heridos y desaparecidos. Además, deben contabilizarse el más de medio millón de exilados iniciales; y a pesar de que unos 300.000 regresaron al poco tiempo, entre los que permanecieron en esta situación se hallaba la elite política, sindical, universitaria, etc., del país. La devastación de campos, ciudades y pueblos o de infraestructuras de todo tipo era muy grande. Barcelona había sido la primera ciudad de la historia en ser sistemáticamente bombardeada desde el aire como objetivo militar (experiencia que después se repetiría a gran escala durante la Segunda Guerra Mundial). Las repercusiones económicas eran igualmente importantes: el crecimiento vegetativo, que en 1935 era del 10 por mil, en 1939 había descendido al 2 por mil; entre las mismas fechas, la producción agrícola había disminuido en un 21 %, la industrial un 31 % (no se recuperará hasta 1950), la renta per cápita un 28 % (no va a recuperarse hasta 1956).

En 1939, la Ley de Responsabilidades Políticas generalizó una represión que ya se iba practicando en los territorios que iba ocupando el Ejército franquista. En 1939 se hallan recluidas en campos de concentración unas 250.000 personas: la mayoría será obligada a repetir el servicio militar, a incorporarse a grupos de trabajos forzados o se incorporarán a las superpobladas cárceles del régimen. La depuración afectará a miles y miles de españoles (unos 7.000 maestros, por ejemplo), incluidos los familiares de presos o fusilados; entre 1939 y 1945, estos fusilados ascendieron a unos 30.000. La depuración alcanzó asimismo a las instituciones republicanas y a todo su sistema jurídico y político; incluso fue prohibida cualquier expresión pública escrita u oral de la cultura catalana (total hasta 1951).

Durante la Guerra Mundial, Franco se convirtió en aliado de las potencias del Eje, pero no entró en guerra; existe la excepción de la denominada División Azul, creada en 1941 para luchar en el frente Este. Luego, tras la victoria aliada, Franco presentaría esta acción como una lucha contra el peligro comunista y no como un ataque a los Aliados, a los que se ha acercado tímidamente en la última fase de la guerra. A pesar de ello, los Aliados van a condenar la dictadura franquista; la ONU va a presionarla con una condena explícita (1946) que va a propiciar la retirada de los embajadores de Madrid. España vivirá encerrada en sí misma (hasta 1948 no se reabrirá la frontera con Francia), en plena autarquía, lo que retardará la reconstrucción (muy lenta hasta los años cincuenta) y la modernización del país.

Una primera gran fase de la dictadura se extiende entre 1939 y 1959, fase autárquica que empezará a suavizarse a partir de 1950, cuando la Guerra Fría hizo ver a los norteamericanos la importancia geoestratégica de la Península. A cambio de 1.100 millones de dólares y equipamiento, técnicos y maquinaria (1953-1959), España permitió a Estados Unidos la construcción de la base naval de Rota y las aéreas de Morón, Torrejón y Zaragoza. El pacto entre EE.UU. y España (26 de septiembre de 1953), sanciona la reincorporación de España al mundo occidental.

Esta situación hizo aún más necesaria la modernización. A tal fin se incorporarán al poder unos jóvenes ministros tecnócratas provenientes del Opus Dei: Ullastres, Navarro Rubio y López Rodó quienes, con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), van a proceder a la reforma de la política económica de la dictadura. Con la puesta en marcha del Plan Nacional de Estabilización Económica entramos en el segundo gran periodo de la dictadura, de 1959 a 1973, cuando se precipitará su decadencia y desaparición. Dicho Plan va a permitir el gran desarrollo de la economía española, con prioridad para la industrialización y el crecimiento urbano, así como de la actividad comercial y clara desatención de la producción agraria (gran despoblamiento y migración masiva hacia los centros industriales de Cataluña, Madrid, País Vasco, Valencia y Sevilla). En 1964 se pondrá en marcha el Primer Plan de Desarrollo.

Estos cambios ayudaron a incrementar y generalizar la lucha de oposición al régimen. Esta oposición había iniciado su actuación al terminar la guerra; pero en aquellas circunstancias su mayor índice de actividad se había concentrado en el exilio, especialmente el francés y el mexicano, de forma destacada en el caso de la oposición republicana. En el interior y hasta los años cincuenta actuaron grupos guerrilleros o de activistas urbanos (los maquis), generalmente de inspiración anarquista o comunista. En marzo de 1951 se produjeron las primeras movilizaciones ciudadanas tras el fin de la guerra: se trató de la «huelga de los tranvías», en Barcelona, en protesta por una subida del precio de los billetes. A partir de 1956 se inició el movimiento de protesta estudiantil, que se masificaría desde 1966 con la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes. También en 1956 se hace evidente la organización sindical clandestina que organiza las primeras protestas obreras.

Durante la década de los sesenta la oposición interior a la dictadura se estructuró y actuó en todos los campos. En el País Vasco, una escisión del Partido Nacionalista Vasco de fines de 1959 dio origen a «Patria Vasca y Libertad», conocida como ETA (por sus siglas en euskera); en 1961 protagonizó su primera acción violenta y en 1966 sufrió la primera gran escisión, de la que salió más radicalizada. Uno de los momentos más relevantes de su trayectoria será el Consejo de Guerra seguido contra 16 de sus militantes (diciembre de 1970); una gran presión internacional e interior permitió que fueran conmutadas las penas de muerte solicitadas.

A partir de 1962 se generalizaron los frentes opositores: intelectuales, políticos y sindicales. Una gran oleada de huelgas obreras fue contestada por el régimen con el «estado de excepción» que permitía radicalizar la represión. En 1963 se crearía el Tribunal de Orden Público, muy activo y que evidenciaba que la dureza de la dictadura no se perdía a pesar de las apariencias y del paso del tiempo. Durante este periodo van a tomar cuerpo las denominadas Comisiones Obreras (ilegalizadas en 1967), una gran estructura sindical paralela a los «sindicatos verticales» oficiales que catalizó la resistencia obrera hasta el final de la dictadura («proceso 1001» a sus líderes principales, en diciembre de 1973). Los núcleos opositores más organizados y numerosos a estas alturas eran los del PCE (y en Cataluña el PSUC) que en 1972 replantearán y pondrán al día sus estrategias, aceptando la colaboración con la oposición democrática. También en 1972 el PSOE va a ultimar su puesta a punto, dando paso a nuevos dirigentes del interior en sustitución de la vieja dirección en el exilio (en 1974, Felipe González será nombrado secretario general).

El 23 de diciembre de 1973, un atentado de ETA terminó con la vida del almirante Carrero Blanco, el número dos del Régimen: con su muerte, la posibilidad de pervivencia de la dictadura se desvaneció por completo. Para sucederle fue nombrado Carlos Arias Navarro, quien en 1974 propuso una reforma política («el espíritu del 12 de febrero») que no tuvo ningún eco en la oposición.

A estas alturas, por todas partes proliferaban iniciativas y plataformas opositoras y las acciones armadas de ETA se intensificaban claramente (agosto de 1975, Decreto Ley antiterrorista). La sensación de crisis era total y ello aún incrementó más los sentimientos de rabia y frustración que causaron las últimas ejecuciones de la dictadura (en 1974 el anarquista Salvador Puig Antich y en 1975 a cinco miembros de ETA y del FRAP).

El 20 de noviembre de 1975 moría Franco, dando fin a la dictadura. El 15 de diciembre del año siguiente era aprobada en referéndum la Ley para la Reforma Política (impulsada por el joven nuevo presidente Adolfo Suárez). Bajo la monarquía de Juan Carlos I (nombrado sucesor de Franco en 1969), se iniciaba la transición hacia la democracia.

DE LA CRISIS ENERGÉTICA

AL FINAL DEL MUNDO BIPOLAR (1973-1990)

JORDI CASASSAS

En 1973 llega a su fin un periodo de crecimiento sostenido iniciado más de veinte años antes con la recuperación posterior a la Segunda Guerra Mundial. El presidente norteamericano Richard Nixon lo apreció con toda claridad cuando, ante el Congreso de su país, daba por finalizado el sistema económico surgido de la posguerra.

Además, esta gran crisis estructural (como se explica en su capítulo correspondiente) sirve de telón de fondo a otros hechos, de muy diversa índole, que aparecen o se reactivan con la crisis y que parecen anunciar el próximo fin del sistema de relaciones internacionales consolidado tras el gran conflicto mundial de 1939-1945: de la guerra árabe-israelí a la crítica movilización del Tercer Mundo; de las dificultades internas crecientes en la URSS y el mundo socialista (aunque ningún especialista predice aún su final) a la necesidad de orquestar un nuevo marco de cooperación internacional; de la crisis de la cultura política clásica (sustentada en las ideologías fuertes) en el mundo occidental desarrollado al surgimiento desconcertante de nuevas formulaciones de nacionalismo fundamentalista, etc.

La crisis energética va a poner definitivamente en un primer plano mundial la verdadera explosión del Tercer Mundo tras su práctica descolonización formal total. Pero esta gran movilización se va a demostrar enormemente conflictiva. De hecho, va a popularizar la noción del Sur como subdesarrollo (o el eufemismo de «países en vías de desarrollo») y de su creciente y conflictiva desigualdad con el Norte desarrollado e industrializado.

En primer lugar, estos países pobres (o en vías de desarrollo) entre 1960 y 1990 van a duplicar el número de sus habitantes —como se explica en detalle en el capítulo correspondiente— y su porcentaje en relación a la población mundial va a pasar del 69 % al 78 %. Pero también es cierto que estos países más pobres experimentan por estos años unas tasas de crecimiento económico netamente superiores a las de los países ricos: de entre el 2 y el 3 % anual frente al 0,8 % (y en retroceso). Ello responde a los resultados de políticas de planificación —a menudo en base a la industrialización pesada— y a los resultados de años favorables para la exportación de materias primeras, especialmente de los hidrocarburos.

Pero este crecimiento presenta asimismo serias disfunciones como, por ejemplo, el desarrollo de grandes ciudades («megaciudades») donde se hacinan millones y millones de habitantes sin tener siquiera la posibilidad de ser censados: México D.F., con casi 26 millones de habitantes, la ciudad mayor del planeta; pero, con cerca de diez millones o más, Calcuta, Shangai, Nueva Delhi, Indonesia, Buenos Aires, Seúl, Sao Paulo, Río de Janeiro, Manila, El Cairo, Teherán, etc. Se trata de enormes aglomeraciones en las que acostumbra a predominar el chabolismo y la marginación, la falta más elemental de servicios, una bajísima esperanza de vida (sobre todo infantil) y altísimas tasas de violencia y desesperación. En las décadas de los ochenta y noventa, la renta per cápita de estos países era entre 25 y 30 veces inferior a la de los países ricos.

En los años que nos corresponde estudiar, esta problemática va a tomar cuerpo y se manifestará en conflictos y movimientos nuevos en los que subyace esta gran desigualdad, que se suma a largos procesos culturales y políticos que se han ido configurando en la larga etapa colonial y en los años de la descolonización. Se trata de fenómenos (por ejemplo, el nacionalismo fundamentalista ya citado) que ya no responden ni pueden ser comprendidos con las herramientas ideológicas y estratégicas válidas tan solo una décadas antes.

El mundo occidental (muy especialmente el europeo), que aún vive de y en estos viejos parámetros de la Guerra Fría, se ha visto sorprendido por la derrota norteamericana en Vietnam; y cuando todavía no se ha sobrepuesto se apercibe de la lógica que subyace en el «chantaje» de la OPEP y su imparable subida del precio de los crudos. La década de los setenta inaugura una época de creciente crispación: el mundo rico se apercibe de una nueva agresión que le amenaza, siente en crisis su modelo de vida y la cultura política en que se sustenta (y así se lo recuerdan a diario sus propias generaciones jóvenes). A partir de ahora, especialmente durante la década de los ochenta, se van a popularizar las denominaciones «post», como consciencia de que se está entrando en un nuevo periodo histórico marcado por la «posmodernidad»: poscolonial, posnuclear, posnacional, etcétera.

América Latina, entre dictadura y democracia

En esta área, durante estos años de cambio se va a dejar sentir más que nunca la influencia de la política interior y del gran expansionismo mundial norteamericanos. Ciertamente, desde antes de la Guerra se habían concretado algunas iniciativas que reflejaban la voluntad de diversos Estados de la zona por coordinar sus políticas y sus intereses, en base a la no injerencia mutua y al principio de solidaridad interamericana. Así, la Conferencia de Montevideo de 1933; la de Buenos Aires de 1936; o la de la localidad mexicana de Chapultepec, de 1945, en la que las circunstancias internacionales forzaron un acuerdo de carácter defensivo. Tras la Guerra se recuperó la línea anterior, con la Conferencia Interamericana de Río de Janeiro, de 1947 y, sobre todo, con la Conferencia de Bogotá (1948), donde se constituyó la Organización de Estados Americanos (dentro de la estructura de la ONU). Debe decirse que, al poco tiempo, la lógica de la Guerra Fría afectó a esta institución, supeditándola a los intereses norteamericanos y dándole un carácter más agresivo: en 1960 se condena la revolución castrista y en 1962 se expulsará a Cuba de la OEA.

Al margen de los Tratados, son los intereses de las grandes compañías exportadoras norteamericanas (como la United Fruit Company) las que marcan la dinámica política cotidiana, llegando a imponer cambios en algunos gobiernos. Como quedó apuntado al analizar su mandato, el presidente Kennedy quiso corregir esta situación con la creación de la Alianza para el Progreso, una institución de cooperación y fomento del desarrollo económico, social y cultural-educativo en el diseño de la que había participado activamente su consejero y destacado economista John K. Galbraith. Pero en el trasfondo de las intenciones estaba muy presente la necesidad de atajar las causas que extendían la inquietud social y fomentaban la aparición de movimientos de carácter revolucionario antiimperialista. En esta dirección, y especialmente tras la muerte de Kennedy (1963), se produjeron importantes recortes presupuestarios a la iniciativa así como su progresivo control militar, convirtiendo el organismo en un vehículo de intervención (Panamá, República Dominicana en 1964, o Santo Domingo en 1965).

El mantenimiento de la presión revolucionaria se concretaría en la reunión de La Habana (1966), conocida como la «Tricontinental» por coordinar movimientos revolucionarios de Asia, África y América Latina. Estados Unidos no tardaría en concretar la necesidad de tecnificar el control de la zona. A tal fin respondería la creación de la «Academia de las Américas», un organismo destinado a elaborar planes de intervención y estrategias a medio y largo plazo, así como a formar personal especializado, incluido el personal antiguerrilla.

Como es lógico, durante los años en que EE.UU. estuvo implicada en la guerra de Vietnam, su presión sobre América Latina descendió considerablemente. Resulta significativo comprobar cómo entre 1968 y 1973 aparecieron diversas experiencias de signo progresista: la de Velasco Alvarado en Perú (1968), la del general Torrijos en Panamá (1968), el régimen militar progresista del general Juan José Torres en Bolivia (1969), o la «revolución» socialista de Salvador Allende en Chile (1970). Estas experiencias parecían invertir la tendencia de los años anteriores, en que las dictaduras militares o civiles parecían haber frenado el avance revolucionario y conjurado el peligro comunista identificado con el castrismo cubano: en octubre de 1967 será asesinado por los militares bolivianos el mito revolucionario Ernesto «Che» Guevara. Así, el golpe contrarrevolucionario de El Salvador (1961), o contra Idígoras Fuentes en Guatemala, el de Honduras contra Villende Morales (1963), el de Orlich Bolmarich en Costa Rica, la consolidación en el poder de la familia Somoza en Nicaragua, el golpe militar contra el reformista Goulart en Brasil (1964) y la subsiguiente creación de unas brutales Juntas militares y la utilización de los temibles Escuadrones de la Muerte, o la intervención en la República Dominicana (1965), que permite llevar al poder al trujillista Joaquín Balaguer.

En Argentina, la gestión de las Juntas militares (de Levingston, Lanusse, etc.) fue un desastre de tal magnitud que provocó el regreso al poder de Juan Domingo Perón (1973-1974). Se trataba de un ex militar que había sido presidente entre 1946 y 1955, en estrecha colaboración con su esposa, la popular Eva Perón (muerta de cáncer en 1952); ésta había organizado su base electoral, los «descamisados» (braceros, emigrantes recientes a las ciudades, pequeños empleados, etc.), con los que había realizado una política populista y muy popular, en la que se combinaban el conservadurismo político con las nacionalizaciones, así como con un marcado anticlericalismo que a la postre provocaría su caída.

Muy limitado por la crisis económica, tras su muerte será sustituido por su segunda mujer, Isabelita, quien fracasará en medio de una situación conflictiva y plagada de casos de corrupción. La acción revolucionaria de los Montoneros, y la respuesta reaccionaria de la «Triple A» (Alianza Anticomunista Argentina), se sumará a los efectos de la recesión económica, provocando una situación de incertidumbre que atajarán los militares con un golpe de Estado (marzo de 1976); se creará una Junta de Reorganización Nacional presidida por el general Videla, que gozará de un relativo apoyo popular inicial.

En Chile, en las elecciones de septiembre de 1970 va a vencer, por un margen estrecho, la candidatura de una Unidad Popular que agrupa a socialistas, radicales, democristianos y comunistas. El nuevo gobierno, presidido por Salvador Allende, va a iniciar un programa de nacionalizaciones (total en el sector del cobre), de reforma agraria, notables aumentos salariales y de reformas sociales que va a alarmar a las oligarquías, al Ejército, a la Iglesia y a los grandes intereses multinacionales (norteamericanos) que van a provocar una gran reacción en su contra (sabotajes, grandes huelgas como la del transporte en octubre de 1972, etc.). La radicalización de esta experiencia (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria) acabó por asustar incluso a los sectores moderados de la Unidad Popular y de debilitar al Gobierno. Finalmente, el Ejército, con la ayuda de la CIA, terminaría protagonizando un golpe de Estado (11 de septiembre de 1973) en el que resultaría asesinado el presidente y que daría paso a una larga dictadura responsable de una de las más duras represiones de este periodo.

En México, la vieja «revolución institucionalizada» se hallaba esclerotizada y profundamente condicionada por la presencia extranjera, el empobrecimiento general y oleadas de protesta cada vez más generalizadas. En una de estas protestas, que aprovechaba la celebración en México D.F. de los Juegos Olímpicos, se produjo la gran matanza de la Plaza de las Tres Culturas (2 de octubre de 1968) que produjo una honda impresión internacional. El ministro responsable de la represión, Luis Echevarría Álvarez, en julio de 1970 asumió el poder, en un momento muy desfavorable y de gran recesión que culminaría con la devaluación de la moneda (1976).

El final de esta década terminaría con la presidencia de Carter en EE.UU. (1977-1981) y una voluntad de no intervenir y de respeto por los derechos humanos que contrastaba con los valores defendidos por Nixon-Kissinger en los años anteriores. A pesar de que se redujo la ayuda financiera y militar a algunas dictaduras (Chile, Argentina, etc.) sus efectos fueron limitados. El único resultado concreto fue el Tratado de junio de 1978 con la República de Panamá donde se preveía el retorno de la soberanía de la Zona del Canal a este país en 2000.

La década de los ochenta resulta bastante desfavorable para el continente en el plano económico y social. Sin embargo, en el plano político marcó un punto de inflexión que permitiría un lento y a veces contradictorio regreso formal de muchos países a la normalidad democrática. La crisis económica internacional, con efectos fundamentales en el precio de las materias primas (de las que el Continente era uno de los grandes productores), va a afectar profundamente a la zona, con un déficit financiero que va a gravar la deuda exterior de todos los países y, con ello, a incrementar extraordinariamente la dependencia respecto de la economía norteamericana. La mala gestión de las dictaduras militares, la extrema corrupción y el déficit heredado van a provocar una gran dependencia de los circuitos internacionales, especialmente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En esta ocasión estos foros van a optar por el retorno controlado a los regímenes democráticos.

En Uruguay, este proceso de transición se iniciará en los años 1980-1984 y culminará en el gobierno de Julio Sanguinetti (noviembre de 1984), que cerraba un periodo dictatorial iniciado en 1973. No será hasta 1989 que caerá la dictadura de Paraguay (golpe de Estado del general Stroessner, de 1954). En Argentina, los problemas para la Junta Militar comenzarán en 1982, cuando el general Galtieri quiera contrarrestar los problemas internos con la invasión militar (lo plantea como una «reconquista nacional») del archipiélago de las Malvinas, en abril de 1982; contra lo previsto, la premier británica, Margaret Thacher, contraatacó con gran violencia y Argentina no recibió la ayuda de ninguno de sus vecinos. El desastre fue mayúsculo y el general Bignone propuso el retorno a la democracia (octubre de 1983). En las primeras elecciones ganará el candidato del partido radical, Raúl Alfonsín, que no podrá responder a la euforia inicial por las desfavorables condiciones económicas. La crisis de este primer gobierno abrirá la transición hacia una nueva etapa de populismo «peronista» (1989), con un gobierno presidido por Carlos Menem, que a la postre hundiría el país en la miseria.

En Brasil la transición se había iniciado antes pero resultó mucho más larga. En 1974, el gobierno de los generales Geisel y Figueiredo coincidió con un momento de relativo auge económico (se habló de un «milagro brasileño») y permitió la progresiva legalización de los partidos políticos (1982); el más activo de ellos, el Partido de Movilización Democrática, ayudó a dinamizar la transición política. En las elecciones de 1985 ganó Tancredo Neves, pero su muerte casi inmediata dio paso al gobierno de J. Sarney, personaje populista que dijo luchar contra la corrupción anterior y protagonizó un arduo proceso constituyente (1985-1988) que terminaría con la formación de la República Federativa del Brasil.

Chile protagonizó el proceso de normalización democrático más largo y contradictorio. El primer paso se dio entre 1978 y 1980, cuando sendos referendums dieron el primer paso de las reformas pero manteniendo a Pinochet como «jefe supremo de la nación». La mínima apertura y el cambio de escenario internacional (menor ayuda estadounidense) dio sus frutos a partir de 1983 y se concretó en un levantamiento del «estado de sitio» (1985) que, con todo, duró muy poco ante el incremento de la actividad de la oposición. En 1988, esta oposición hará fracasar un intento de reforma constitucional promovida por la propia dictadura pero acabará imponiendo al dictador una autolimitación de su mandato (1989) y la convocatoria de unas elecciones que ganará el candidato democristiano Aylwin. El traspaso de poderes se realizará en marzo de 1990, mientras que Pinochet se reservará la jefatura de las Fuerzas Armadas.

En Nicaragua se producirá una evolución distinta. En este país, la actividad del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, fundado en 1961) en contra de la dictadura de Anastasio Somoza era cada vez mayor y se intensificó a partir de 1977, aprovechando que la administración Carter disminuyó su ayuda financiera y militar. En 1979 el dictador se vio obligado a huir, con lo que se dio paso a una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional progresivamente dominada por los sectores más radicales y dirigida por Daniel Ortega. De esta forma dará origen la denominada «revolución sandinista», con un amplio programa de reforma agraria y social, que a partir de 1982 deberá enfrentarse a una «guerrilla Contra» (financiada por la nueva administración de EE.UU. que preside Ronald Reagan). La lucha contra el sandinismo (el peligro de una nueva extensión de la revolución en la zona) va a convertirse en una verdadera prioridad para Estados Unidos; con todo, no será hasta febrero de 1990 (ya bajo el mandato de George Bush padre) cuando las elecciones serán ganadas por Violeta Barrios de Chamorro, presidenta de la Unión Nacional de Oposición, dando paso a una democracia formal.

En Panamá, desde 1968 se había consolidado un sistema nacionalista y populista presidido por Omar Torrijos. En 1983 va a acceder al poder un militar, el general Manuel Antonio Noriega, quien va a defender un programa de marcado signo nacionalista y social, en clara sintonía con el populismo social sudamericano; su acercamiento a los sandinistas y a la Cuba castrista, así como sus contactos con los sindicatos comunistas panameños van a convertirlo muy pronto en el gran enemigo de los Estados Unidos: uno de sus tribunales, en 1988 va a reclamar su extradición bajo la acusación de tráfico de drogas. Finalmente, en diciembre de 1989 una operación militar estadounidense (denominada «Causa Justa»), va a provocar unos 2.000 muertos junto a la rendición de Noriega, que será extraditado a EE.UU.

Se trataba de la primera vez que la intervención norteamericana en el continente americano no respondía a la lógica de la Guerra Fría. Esta intervención provocó una importante protesta internacional (especialmente de la URSS), que no sirvió de nada, pues se estaba haciendo evidente la nueva prepotencia unilateral de Estados Unidos.

El mundo asiático y el «milagro japonés»

Durante la segunda mitad del siglo XX, el continente asiático viene determinado por los conflictos de la descolonización, la aparición del gigante comunista chino (en progresivo conflicto con la URSS) y por el final «norteamericano» de la Guerra.

En India, los conflictos entre hindúes (más del 80 % de la población) y musulmanes (un 10 %) se saldaron, tras la Segunda Guerra Mundial, con grandes oleadas de violencia y la separación de dos Estados independientes, la India y el Pakistán (15 de agosto de 1947). El principal líder hindú y viejo colaborador de Gandhi, Nehru, dirigirá la India hasta su muerte (1964), en la línea de los países no alineados e intentando mantener unida una población que crece aproximadamente un 25 % cada diez años (en 1990 se acerca a los 900 millones), con bolsas de pobreza extrema (se calculan unos 350 millones, esto es, casi un 40 % del total), que representa un verdadero mosaico de razas, lenguas y religiones, atenazada por un sistema de castas y un tradicionalismo a veces incompatible con la modernización.

El intento de industrialización y modernización general fue asumido por la hija de Nehru, Indira Gandhi, quien ocupará la presidencia entre 1966 y 1977 y 1980-1984 (año, este último, en que será asesinada por un extremista independentista sij). Su actuación, tildada en muchas ocasiones de autoritaria, se ayudó de un tratado de apoyo económico-militar con la URSS (que se romperá tras la invasión de Afganistán). A pesar de las dificultades generadas por la crisis internacional de 1973, de constantes problemas con sus vecinos y enemigos (China y Pakistán), su actuación ha logrado situar a la India entre las potencias emergentes de fines del siglo XX.

Existe un grupo de países que tras la Guerra y por décadas vivirán al amparo de Estados Unidos. Filipinas, donde desde 1965 y hasta 1986 se desarrollará el gobierno casi dictatorial de Ferdinand Marcos (desde 1972, en que realiza un golpe de Estado e ilegaliza todos los partidos políticos, hasta la tibia legalización de 1981), hasta que perderá el soporte de los militares que dirige Fidel Ramos, debiéndose exilar. En Tailandia gobierna una monarquía casi absoluta con el soporte y protagonismo de los militares; no existen ni partidos ni elecciones, excepto en el breve lapso de 1974-1977. En 1979 será aprobada una Constitución, sin que los militares hayan abandonado el control del poder. En Birmania, los militares ocupan el poder desde 1960; aplican un programa nacionalista de carácter socialista pero con un marcado autoritarismo, hasta la democratización que se inicia a finales de 1990.

Todos estos países se caracterizan por su atraso y pobreza: disponen de recursos naturales abundantes y de una gran masa no cualificada de mano de obra. Gracias a las ayudas americanas, su principal actividad consiste en exportar materias primeras a los países industrializados de la zona. En 1967, Singapur (separado de la Federación Malaya en 1965), Malasia, Indonesia, Filipinas y Tailandia crearon la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), a la que se adherirán Brunei (1984) y Vietnam (1995), con fines de cooperación política, social y económica. A partir de finales de los setenta, van a iniciar un proceso de industrialización consistente en copiar modelos y diseños extranjeros y fabricarlos a unos precios muy bajos.

El caso del Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, va a constituir un «modelo» semejante al alemán para Europa. La devastación sufrida por el archipiélago resultó enorme (millones de personas sin techo, infraestructuras destruidas, comunicaciones casi inexistentes, marina mercante arrasada, minería inactiva, grandes pérdidas industriales, etc.). Del mismo modo, la crisis de identidad provocada por la derrota militar (con el corolario de las dos bombas atómicas), la paz humillante y el hundimiento del sistema político e institucional tradicionales tuvieron hondas repercusiones difíciles de evaluar. La URSS pidió compartir la ocupación y el control de Japón, pero los Estados Unidos lo consideraban una responsabilidad propia y que no se podía compartir.

Esta ocupación se prolongó entre 1945 y 1951. Fue dirigida, como si se tratase de un viejo virrey (solo debía rendir cuentas al Presidente), por el general Douglas MacArthur, un personaje que, curiosamente, gozó de consenso y consideración por parte de una respetable mayoría de japoneses. Las tropas ocupantes iniciaron la depuración de responsabilidades de guerra, que a la postre se demostró bastante inoperante; con todo, respetaron y mantuvieron en su puesto al emperador Hirohito, que de esta forma se convirtió en el único símbolo de unidad y de relación con el pasado. Por el resto, las autoridades de ocupación impusieron un modelo de desarrollo económico, político e institucional de corte netamente occidental y sin ninguna relación con el pasado japonés. Una Constitución inspirada en la británica y que se fundamentaba en el principio del pacifismo (también ajeno a la tradición expansionista japonesa); un sistema de partidos de corte occidental y elecciones por sufragio universal; un código civil que respetaba en plano de igualdad los derechos de la mujer; un sistema educativo democratizado, etc. Además, las medidas económicas se inspiraban en el intervencionismo público del New Deal.

En las primeras elecciones de 1947 la victoria correspondió al Partido Socialista (25 % de los votos); además, el fomento inicial del sindicalismo propició el surgimiento de un importante corriente comunista. Esta deriva provocó la alarma de las fuerzas de ocupación, que pactaron con las elites tradicionales la supresión de los sindicatos, la consolidación de un modelo económico basado en un crecimiento rápido y el fomento de un conservador y proamericano Partido Liberal como fuerza responsable de ejecutar este modelo. Su líder, gran protagonista hasta 1954, fue Shigeru Yoshida, que a la postre fue sustituido por excesivo personalismo; tras su marcha se creó el Partido Liberal Democrático (1955).

La política exterior y de defensa se reservó a EE.UU., que aprovecharon la posición geoestratégica de Japón en relación a la URSS y colocaron en su territorio importantes bases navales y el Strategic Air Command. El tratado de seguridad mutua (1952) fue ratificado en 1959, en medio de protestas populares que coordinó el P.S. En 1955 se inició el gran crecimiento económico. Buena parte del impulso inicial provino de la ayuda americana, que para la zona recibió el nombre de Plan Dodge (financiación, consejeros, aportación técnica, etc.); además, favorecieron una colaboración fluida entre el poder y las iniciativas privadas. En 1956 se había superado la renta per cápita de antes de la Guerra y los índices de crecimiento anual de esta década superaron el 10 %. Pronto se habló de «milagro japonés» y su rapidez pudo deberse a la inexistencia de un gasto gubernamental en defensa y política exterior.

En la década de los setenta, esta fórmula de desarrollo se aplicó a Taiwán, Singapur y Corea del Sur. Junto con Japón se habló de los «4 Dragones» del Sureste asiático, verdaderos escaparates del crecimiento y bienestar material del capitalismo que se contraponían a la progresión continental del comunismo.

El mundo árabe y el conflicto árabe-israelí

La descolonización (y las difíciles situaciones poscoloniales) así como las exigencias de la Guerra Fría determinan los grandes rasgos de la evolución de esta zona. Una de las vías de consolidación de los nuevos Estados poscoloniales fue la combinación del nacionalismo (idea de la unidad árabe) con el socialismo (reformas y nacionalizaciones), en parte siguiendo la estela y el prestigio de Nasser en Egipto (1954-1970). Además, Nasser promoverá la celebración en El Cairo de la segunda conferencia de Países No Alineados (1964), donde se producirá una dura declaración en contra del colonialismo, del armamentismo y del subdesarrollo.

En la vecina Libia, un seguidor de Nasser, el coronel Muamar al-Gadafi protagonizó un golpe de Estado que terminó con la monarquía de Idris I. La nueva República Árabe de Libia nacionalizará los sectores básicos, financiará su política con las exportaciones de petróleo y gas y realizará destacados programas de promoción social y de modernización. En una gran escalada de radicalización, desde fines de los setenta al-Gadafi llegará a impulsar y financiar grupos terroristas que atentarán contra intereses occidentales y de países árabes filooccidentales. Los Estados Unidos responderán con acciones militares (1986) y boicot económico, llegando a atenuar este tipo de acciones en los años noventa.

Argelia constituye un caso similar tras su independencia en 1962. El nuevo Gobierno Provisional de la República de Argelia (república árabe socialista) debió superar fuertes tensiones entre distintos sectores, finalizando con la presidencia de Ben Bella (1963-1965). Éste buscó la alianza y soporte de la URSS, puso en marcha una Asamblea Nacional (1963) con un régimen de partido único y el protagonismo central del Ejército de Liberación Nacional, que se convierte en partido único y garante del proceso revolucionario. Ben Bella caerá por un golpe interno militar (y vivirá en arresto domiciliario de 1965 a 1979, en que podrá exiliarse a Francia). Le sustituirá Boumedienne (hasta su muerte en 1978), quien mantendrá la proximidad a la URSS pero en relación con los Países No Alineados (en 1974 pronunciará un resonante discurso ante la ONU, que titula «Nuevo Orden Internacional»); con las exportaciones de hidrocarburos financiará el programa de modernización. En 1976 promulgará una Carta Nacional en la que se mantiene la misma estructura político-institucional pero donde son reconocidos los derechos individuales dentro de la línea también inicial de Estado laico. Esto provocará una creciente inquietud de los sectores islamistas.

Su sucesor, Chadli Benjedid (1979-1992), deberá enfrentarse a dificultades económicas crecientes (caída de las exportaciones) con un programa de limitación de la burocracia estatal y de liberalización económica; sin embargo, el crecimiento de la oposición islamista y la progresiva inquietud del Ejército forzarán a promulgar una Constitución (1989) de tipo formalmente democrático. Esta situación de pluralismo político comportará la legalización del Frente Islámico de Salvación (FIS), que ganará las elecciones en 1990, provocando su impugnación y graves problemas para el proceso aperturista argelino.

En el mundo musulmán se había ido consolidando una corriente de síntesis entre islamismo y marxismo que adquirirá una gran importancia en la década de los setenta. A menudo reivindican el precedente lejano del tártaro Sultangaliev, antiguo colaborador de Stalin caído en desgracia y expulsado del Partido Comunista en 1923, que había sabido realizar la primera síntesis entre el Islam y el marxismo. A esta influencia se le había añadido la «Nahda» (renacimiento), ideología (y sentimiento) de combate contra el imperialismo occidental; en este campo, los primeros líderes árabes, la mayoría estudiantes en las principales universidades de las metrópolis, introducirán en la zona los conceptos de movimiento activo nacionalista y del Estado; Nasser lo adaptará a su «filosofía de la revolución», realizada por un Estado laico. A esta occidentalización se le va a ir contraponiendo un resurgimiento de la religiosidad como política, con la idea de que es la falta de cohesión y de temple lo que motiva la constante y progresiva subordinación a Occidente. Precisamente en el socialista y modernizador Egipto aparecerá la organización islamista de los «Hermanos Musulmanes» (entre sus actos más resonantes y sanguinarios se halla la toma de La Meca, en 1980), responsables del asesinato del «satánico y traidor» Sadat (1981), que había firmado con Israel y Estados Unidos los acuerdos de Camp David (1979).

Con esta muerte se cierra definitivamente el proyecto nacionalista árabe que hundía sus raíces en las teorías de fines del siglo XIX y se daba paso a la denominada «revolución islámica». La experiencia más radical de esta revolución se producirá en Persia, en diciembre de 1979-enero de 1980, con el sorprendente derrocamiento del Sha Mohamed Reza Pahlevi, dictador y fiel aliado de los Estados Unidos, en cuyo país se pensaba consolidar un modelo occidentalizado de crecimiento económico y de bienestar, al tiempo que una potencia militar de primer orden en el cinturón estratégico de control sobre la URSS. En contra de estas posibilidades occidentales, el islamismo radical chiíta va a movilizar a las masas bajo la dirección espiritual del oscuro ayatolá Jomeini (exilado en París) y, con su triunfo, creará la República Islámica de Irán, de un radical sentimiento antinorteamericano. Con la toma de los 53 rehenes de la embajada norteamericana en Teherán, la nueva república se convirtió en la gran enemiga de Occidente y se dedicaron esfuerzos de todo tipo para boicotearla. Con la terrible guerra Irán-Irak (1980-1988) se pensó que la experiencia islamista entraría en crisis; pero ocurrió lo contrario, puesto que sirvió para reafirmar aún más el fundamentalismo.

A esta tensión entre religión y política en la zona del Próximo Oriente se añade la confrontación del mundo árabe con el nuevo Estado de Israel (1948). Puede que se trate de la zona más conflictiva del planeta, donde los problemas poscoloniales de largo recorrido se unen a los derivados de la Guerra Fría y a los geoestratégicos de una zona de contacto entre continentes y con ricos yacimientos petrolíferos. Frente a Israel se sitúan Egipto, la península Arábiga, Jordania, Irak, Siria y Líbano.

En Siria, un golpe de Estado en 1963 había llevado al poder al Partido Baaz, que a partir de 1966 realizará un claro acercamiento a la URSS. En Irak se había dado fin a la monarquía de Faisal II con un golpe de Estado muy cruento que dio paso a una República, con necesidad de definirse internamente (reivindicación del territorio de Kuwait, independiente desde 1961, lucha contra el pueblo kurdo, etc.). A partir de 1963 había iniciado un claro acercamiento a Siria y Egipto, en la línea de una modernización laica con contactos con los postulados socialistas. En 1969, Saddam Hussein dominó el Consejo revolucionario y llegó a la presidencia en 1979, desempeñando el cargo de una forma dictatorial y despiadada.

El Líbano (independiente desde 1943) era el aliado de los Estados Unidos en la zona, un país occidentalizado (se le compara como la Suiza del Próximo Oriente), con tensiones claras con sus vecinos y disputas internas crecientes entre una población muy heterogénea (cristianos maronitas, arameos, musulmanes chiítas, drusos, sunnitas, etc.). Las tensiones llegaron a su punto culminante en 1975, con el inicio de una dura guerra civil entre milicias musulmanas prosirias y las Falanges cristianas apoyadas por Israel (que llegará a asediar Beirut en 1982), con la presencia de la OLP palestina y su radicalización progresiva (Hezbolha), etc. Por el pacto de Taif (1989) se inició la reforma constitucional que daría fin a esta larga guerra, pero no a la injerencia de Israel, Siria y las organizaciones palestinas.

Por su parte, el inicial Estado de Israel constituía una experiencia en la que se mezclaban el sionismo con el socialismo, con un gran intervencionismo estatal (hasta 1977, con la presidencia de Menachem Begin), con una potente reforma agraria y un modelo muy radical de cooperativismo (los «kibutz»), que se convierten en la unidad de desarrollo económico y de cohesión de una población especialmente heterogénea, hecha de permanentes llegadas de inmigrantes de las más recónditas partes del mundo. Los gobiernos de Ben-Gurion (1948-1953 y 1955-1963) y de Golda Meir (1969-1974) conservaron este componente socialista inicial. El bajo gasto militar inicial favoreció la consolidación de una sociedad laica que buscaba la modernización y realización de sus habitantes. En la década de los ochenta se apreciará un cambio hacia una creciente radicalización, cambio generacional, debido a nuevos contingentes de recién llegados, a la acumulación de tensiones con los vecinos árabes y a la aparición de un nacionalismo sionista progresivamente agresivo, al contraste del islamismo radical y al creciente peso de los rabinos ortodoxos.

Para Israel, los problemas provenían del entorno y del hecho de que su consolidación en la zona había desplazado a buena parte del pueblo palestino, desmembrado entre Israel y Jordania. En esta nueva situación, el pueblo palestino se estructurará a partir de la creación en 1964 de la heterogénea plataforma Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que desde un inicio preside Yaser Arafat, cuyo objetivo es la creación de un Estado laico y democrático de Palestina. La OLP se irá radicalizando a través de las guerras de la zona, de la constante persecución de la que será objeto por parte de Israel y de las duras condiciones de vida de los palestinos (la guerra árabe-israelita de 1967 estará en el trasfondo de la creación del grupo radical Al-Fatah). A partir de 1970, la base de la OLP se situará en el Líbano con el apoyo de Siria y en 1974 este organismo será reconocido por todos los Estados árabes. En 1982, el asedio israelita de Beirut le obligará a trasladar su base a Túnez.

La dura situación vital de los palestinos y las continuas persecuciones que sufre la OLP van a dar fuerza a los sectores más radicales, a las respuestas hechas en base a actos terroristas (crecientes a partir de la década de 1990) y a la revuelta popular de la «intifada», protagonizada por niños y jóvenes que desafían al ejército israelí lanzándoles piedras.

La manifestación más cruenta del enfrentamiento árabe-israelí se ha concretado en diversas guerras, origen del decantamiento proamericano de Israel, dado que debía contrarrestar la ayuda soviética a los países árabes con un aliado que le permitiese adquirir y mantener una tecnología armamentística que compensase los desequilibrios existentes. Las más significativas de estas serán la de los «Seis Días» (1967), en que Israel ocupa los altos del Golán a Siria, el Sinaí a Egipto, Jerusalén, Gaza y Cisjordania; más adelante, en octubre de 1973 y respondiendo al ataque sirio-egipcio, la guerra del «Yom Kippur» (llamada así por iniciarse en esta fiesta judía de la expiación) en que la intervención estadounidense frenará los ejércitos israelitas a 55 kilómetros de Damasco y en ruta hacia El Cairo. Esta guerra, que provocará el acercamiento de Camp David (1978), a corto plazo será la causante de la subida estratégica del precio del petróleo que desencadenará la crisis energética mundial del año 1973.

Dificultades crecientes en el mundo socialista

A pesar de la intensa propaganda en sentido contrario, en el mundo socialista se aprecian problemas económicos de fondo a partir de mediados los setenta, con repercusiones claras en las distintas dinámicas nacionales, como ya se apuntaba en el capítulo anterior. En muchos casos, los efectos de la crisis internacional de los años setenta estarán en la base de los endeudamientos que precipitan estos desequilibrios. Con ellos, la economía planificada y altamente burocratizada, la industrialización agresiva y las limitaciones impuestas a los individuos por el bajo consumo y el racionamiento van a empezar a ser realmente impopulares y a perder el consenso que hubiesen podido despertar en un primer momento. De esta forma, las décadas de los setenta y ochenta van a convertirse en un punto de inflexión decisivo para el conjunto del mundo socialista.

En la República Democrática de Alemania se llega al final de la etapa dirigida por Ulbritch, cuando está claro que ya no puede mantenerse a este exponente del estalinismo más duro. La distensión se iniciará con la presidencia de Eric Honecker (1971), quien impulsará un programa destinado a estimular el consumo pero a expensas de las inversiones estatales; ello conllevará, en la frontera de los ochenta, un endeudamiento gravísimo y, con él, el descenso peligrosísimo del nivel de vida de los trabajadores (de graves repercusiones tras la reunificación de las dos Alemanias). En el plano político su éxito será mayor: en relación con el presidente occidental H. Schmidt iniciará una clara distensión, el primer diseño de un mercado interalemán que se pondrá como ejemplo del espíritu de la nueva era.

En Polonia, el sucesor de Gomulka, Edgard Gierek, va a ensayar la modernización del país contando incluso con ayudas occidentales. Pero las disfunciones de la economía polaca quedan reflejadas en el verdadero desplome de los índices de la producción industrial: en 1976 es del 9,2 %; en 1978, del 2,5 %; en 1979, del –1,7 %; en 1980, del –3 %; y en 1981, del –20,4 %. Se trata de una situación catastrófica, que en verano de 1980 provoca la revuelta de los obreros portuarios de Gdansk, la creación del sindicato Solidarnosk y, en septiembre, la caída del propio Gierek. Tras un breve paréntesis (S. Kania), asumirá el poder el general Jaruzelski, quien no dudará en establecer la ley marcial e iniciar una dura represión de las protestas. Esta acción encrespará aún más los ánimos, siendo el preludio de la ola de protestas de 1988-1989 que significarán la caída del régimen comunista polaco.

En Hungría, desde el inicio de los ochenta se había iniciado un proceso de renovación económica, consistente en disminuir el intervencionismo estatal y estimular el sector privado y semiprivado; pero la dependiente economía húngara no pudo soportar el aumento internacional de los precios de las materias primas y la energía, y las reformas se saldaron con una inflación que en 1988 llegaba al 19 %. Al inicio de aquel mismo año se iniciaría la transición política, dando un primer paso al relegar al viejo líder Janos Kadar a la presidencia de honor del Partido Comunista.

Rumanía posiblemente era el país socialista donde la «sovietización» había sido más traumática y global (inicialmente se la trató como a un país enemigo vencido). El inmovilismo político vino representado por la larga dictadura de Nicolae Ceaucescu (1965-1989), quien aplicaba un programa, estalinista en política, pero que incluía reformas económicas movidas por sentimientos de un profundo nacionalismo, así como por un marcado pragmatismo (ayudas occidentales, contactos preferentes con la CEE, etc.). Las dificultades aparecieron en los años ochenta, por las circunstancia internacionales desfavorables (caída en picado de sus exportaciones petrolíferas), pero también por los efectos de una política descompensada (a favor de la industria y en contra de los intereses agrícolas). A esta situación negativa le siguió la derivada de la voluntad del régimen de salir de la recesión: las medidas draconianas de saneamiento gravaron sobre una población ya bastante depauperada. A partir de 1982, las protestas fueron cada vez más importantes y violentas, anunciando la compleja y larga agonía del sistema.

También en Yugoslavia contrastó el «boom» económico de los sesenta y primeros setenta con la recesión de los años ochenta, cuando las exportaciones caen en picado (una de las deudas exteriores más importantes entre los países socialistas). Esta inflexión coincidió, además, con la muerte del mariscal Joseph Tito (1980), el hombre que había mantenido unido el complejo mosaico balcánico y que gozaba de un gran prestigio internacional. Con su desaparición se vio enseguida la artificiosidad y voluntarismo personal que se escondían tras la fachada del Estado federal yugoslavo. Las diferencias de peso demográfico, de nivel cultural-político y de dinamismo económico entre los distintos Estados de la federación se apreciaron a partir de ahora, acrecentadas por la gran militarización del país que había impulsado Tito, y magnificadas por manifestaciones crecientes de nacionalismo particular (en 1989 se llega a suprimir la autonomía de Kosovo, que se incorpora a Serbia). La elección del nacionalista y comunista Milosevich en Servia (1989) abre el paréntesis que desembocará en la guerra civil, a partir de 1991.

Todo el mundo socialista (la Europa del Este) se había podido mantener gracias al paraguas protector y dinamizador de la URSS (Comecon, Pacto de Varsovia, etc.). Las crecientes dificultades por las que atraviesa este país a partir de los años ochenta van a representar un factor decisivo para el futuro de la región. Estas dificultades se hicieron evidentes tras la muerte de Leonidas Breznev, en 1982, cuando ya no se pudo utilizar más la imagen de estabilidad que se daba a través del pacto entre el Ejército y el poder. Los recursos se habían destinado al sustento de la población y al cada vez mayor gasto militar, con lo que las infraestructuras y el utillaje productivo experimentarán un enorme retroceso. Además, la nueva oleada de aislamiento internacional que había producido la invasión de Afganistán (1979) contribuyó a precipitar esta decadencia.

Entre 1982 y 1985, el país fue dirigido, sucesivamente, por Yuri Adrópov (1982-1984) y por Konstantin Chernenko (1984-1985). El primero, director del KGB (1967-1982), tenía fama de eficaz administrador y claro representante de la línea conservadora; inició un programa de reformas orientado a modernizar la economía, mejorar la productividad, incentivar la iniciativa privada y atenuar la paralizante centralización y burocratización. Le sucederá Chernenko, todavía más conservador pero con demasiado poco tiempo para ni siquiera continuar aquella línea. Este paréntesis se cerrará en 1985, con la elección del reformista y viejo colaborador de Andropov, el técnico en economía Mijail Gorbachov (1985-1991).

Gorbachov aportó un aire nuevo a la política soviética, juvenil y reformista, desde un principio cambió al ministro de Asuntos Exteriores —la cara exterior del régimen—, el anciano Gromiko, por Sheverdnadze, quien iniciaría enseguida una etapa fructífera de acercamiento a los Estados Unidos de R. Reagan y de G. Bush: en 1987 adoptará la «opción cero» propuesta por Reagan en el sentido de la destrucción total de los misiles SS-20 y Pershing II. Además, se puso fin al expansionismo agresivo de la era Breznev: en 1989 se producen la retirada de Afganistán, el fin de la financiación del Ejército del Vietnam (que se verá obligado a retirarse de Camboya), el fin del apoyo al sandinismo, al tiempo que se iniciaban conversaciones con China.

En política interior su mandato comenzó con mal pie: en abril de 1986, un terrible incendio en la central nuclear de Chernobil (cerca de Kiev) generó una de las peores catástrofes nucleares de la historia, contaminando en mayor o menor medida parte de Finlandia, Escandinavia, Polonia, Rumania y zonas de Europa occidental.

La pésima gestión de esta crisis no impidió que al poco Gorbachov anunciase un gran programa de reformas que respondía a dos grandes principios: la «glasnost» (transparencia) y la «perestroika» (reestructuración); además, estableció la elección pública al Soviet Supremo, al que dio mayor intervención política. Sus reformas económicas se quedaron a medio camino de la liberalización total y redundaron en uno de sus fracasos más claros. Además, la relajación del control y las dificultades económicas dieron alas a las protestas nacionalistas secesionistas, especialmente en las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania (que Gorbachov reprimió con dureza), con lo que se acentuó la sensación de crisis. A esta situación responderán con violencia creciente los conservadores partidarios del retorno a la ortodoxia y los reformadores radicales (uno de sus líderes es Boris Eltsin).

Occidente, bajo el signo «neoliberal»

La coincidencia del final catastrófico de la guerra del Vietnam con la crisis energética, que no dejaba de representar un desafío o chantaje de los países productores hacia los ricos de Occidente, se sumó a la sensación de crisis generada por la contestación de fines de los sesenta para desencadenar una verdadera reacción conservadora que iniciaría una nueva etapa en la vida de Occidente. Uno de los puntos donde más fijó su atención este nuevo conservadurismo fue en los efectos de la crisis económica sobre el costo del Estado social o protector (el «welfare state» puesto en marcha después de la Guerra). La única forma de mantenerlo era con un aumento importante de la presión fiscal, hecho que desencadenó la resistencia de amplias capas de la población, acostumbradas a la protección estatal pero también al consumo, que veían peligrar con el aumento de los impuestos.

La izquierda tradicional se vio sorprendida por este giro tan agresivo del conservadurismo occidental y no hallaría la fórmula capaz de contrarrestarlo. De hecho, otra de las características de esta «revolución conservadora» fue la paralela derrota de la izquierda tradicional, desde la que se habla de «gran reflujo», de «desencanto», etc. mientras se denuncia el «final de las ideologías», de los proyectos orientados a la transformación política y social y de su incapacidad para dar respuesta a las exigencias reales de la gente. El retroceso de la izquierda política de los sesenta y setenta y el aislamiento del viejo sindicalismo creó la situación idónea para que aparecieran las escisiones y los pequeños grupos cada vez más radicales, que en ocasiones se manifestaron a través de acciones terroristas de confusa orientación entre maoísta y anarquista: las Brigadas Rojas en Italia, La RFA (Federación del Ejército Rojo) en Alemania o Acción Directa en Francia.

Este nuevo conservadurismo hizo su aparición en Gran Bretaña en los gabinetes presididos por Margaret Thatcher (1979-1990) y por su seguidor John Major (1990-1997). Thatcher sorprendió por su programa y su forma autoritaria de llevarlo a cabo (enseguida se la conoció como «la dama de hierro»). Pronto se habló de «thatcherismo», sinónimo de un conservadurismo extremo basado en una drástica reducción de la intervención del Estado, de decidida limitación del poder de los sindicatos (especialmente tras las grandes huelgas de 1984-1985), de reducción de los impuestos, de promoción de la iniciativa privada, de reducción de las prestaciones sociales.

Al lado de estas iniciativas, el thatcherismo se basó en la explotación de un patriotismo encendido (en 1982, en la guerra de las Malvinas) y explotó al máximo la ola de prosperidad que se extiende hasta 1989. En política exterior fue siempre reticente a la colaboración con la CEE (en la que Gran Bretaña había ingresado en 1973), a la que consideró como una zona de libre comercio beneficiosa pero contra la que debía prevenirse para no perder la particularidad política y cultural británica.

En Estados Unidos, las elecciones de 1980 dieron un claro triunfo al candidato republicano, Ronald Reagan (los demócratas se hallaban muy divididos). Desde un principio ya se habló de que se había puesto en marcha una «revolución conservadora», con una apuesta decidida por el libre mercado sin restricciones, con una gran flexibilización del mercado laboral, y por una política económica basada en la reducción de los impuestos, el control de los flujos monetarios y una gran reducción de la administración federal. Estas medidas, inicialmente generaron un cierto desconcierto económico y un considerable aumento del paro (10,2 % en 1982).

Sin embargo, la política interior de Reagan se basaba asimismo en un encendido patriotismo, un anticomunismo visceral (sobre todo tras la invasión soviética de Afganistán) y la promoción de la «nueva derecha»; de hecho, se trataba de una extrema derecha, con un peso esencial de sectores cristianos evangelistas radicales y defensores de lo que identificaban como valores tradicionales norteamericanos, esto es, gran religiosidad (educación religiosa obligatoria), lucha contra la protección de las minorías, contra la homosexualidad, la pornografía, el aborto, a favor de la pena de muerte, etc. Reagan basó la defensa de los valores patrióticos en un costosísimo programa de armamento destinado a recuperar la hegemonía de EE.UU. (Iniciativa de la Defensa Estratégica, conocido como «Guerra de las Galaxias».)

La recuperación económica se produjo entre 1983 y 1984, hecho que permitió la reelección de Reagan (1984) por un margen todavía mayor de votos. En este segundo mandato se atenuó el anticomunismo y se sustituyó por una estrecha colaboración con la Rusia de Gorbachov. Los grandes enemigos pasaron a ser los fundamentalistas islámicos (Irán), los castristas y sandinistas, y Noriega. Esta política sería continuada por su sucesor, George Bush (1898), a quien correspondería enfrentarse con la crisis del bloque comunista.

En la República Federal Alemana, la era socialdemócrata de los Willy Brandt y Helmuth Schmidt finalizó en 1983, cuando una coalición de los liberales con los cristiano-demócratas venció en las elecciones generales. El nuevo canciller, Helmuth Kohl, pudo beneficiarse del final de la recesión económica producida por la crisis energética.

La Transición española y la «anomalía socialista» mediterránea

El área mediterránea se alejó de esta tendencia general conservadora y, en su lugar, algunos países adoptaron sistemas socialistas que intentaron aprovechar la recuperación de la crisis para emprender programas de modernización. El giro fundamental se dio en Francia, donde la coalición de la Unión de las Izquierdas ganó las elecciones de 1981. La presidencia de François Mitterrand despertó una verdadera ola de entusiasmo popular, que creció con la política emprendida por el nuevo gobierno: nacionalizaciones, subidas salariales, programas sociales, etc. Sin embargo, las dificultades económicas aconsejaron rápidamente poner importantes limitaciones a esta actuación; el hecho provocó una grave crisis en el seno de la coalición, especialmente con el Partido Comunista. Mitterrand volvería a ganar las elecciones en 1988, pero durante su mandato crecieron las dificultades, preludio de la gran crisis socialista de marzo de 1993.

En España, el 26 de noviembre de 1975 fue proclamado Juan Carlos I como rey, con lo que, de hecho, se inicia el proceso de la transición a la democracia. Debe tenerse en cuenta que este proceso debió superar grandes dificultades, no solo políticas o culturales: la obsoleta estructura económica del país no pudo resistir la crisis económica y en 1977 la inflación se situaba en el 24,5 %. Con todo, a excepción de los sectores más radicales de uno y otro bando, la mayoría de las fuerzas políticas se hallaban convencidas de que el cambio político era tan necesario como imparable, por lo que el realismo político se unió al entusiasmo generado por la desaparición del dictador.

El 15 de diciembre de 1976 fue votada favorablemente en Referéndum la Ley de la Reforma Política. Con ella se inició efectivamente la Transición, bajo la dirección del nuevo presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y con la idea de producir una reforma y no una ruptura, que se consideraba demasiado peligrosa, dado que podía forzar una involución protagonizada por el Ejército y la parte más dura del régimen anterior (el denominado «búnker»). Las sucesivas leyes de amnistía, legalización de todos los partidos políticos (el último, el Partido Comunista, en abril de 1977), la ley electoral, etc., sentaron las bases del retorno a la normalidad democrática.

En las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras tras la II.ª República, los resultados dieron como vencedor a la Unión del Centro Democrático (partido creado y dirigido por Suárez), con el 34 % de los votos; el PSOE consiguió un 28,9 %, constituyéndose en la gran alternativa al centrismo; los extremos políticos quedaron a una distancia considerable: Alianza Popular obtuvo el 8 % y el PC el 9,2 %. Tras estas elecciones se inició la tarea de la Ponencia Constitucional. La Carta Magna definió España como una monarquía constitucional, un Estado democrático social de derecho, con una estructura territorial (Título VIII) descentralizada (Estado de las Autonomías). De hecho, este punto sería el más controvertido. La aprobación de la Constitución (31 de octubre de 1978) culminó en su ratificación en Referéndum, el 6 de diciembre.

Entretanto, la crítica situación del país motivó una reunión de todas las fuerzas políticas y sectores económicos en los denominados Pactos de la Moncloa. En ellos se pactaron las grandes directrices para actualizar la economía española. En 1979 fueron aprobados los estatutos de Cataluña y el País Vasco, comunidades que en 1980 elegirán sus respectivos Parlamentos. Poco después fueron constituyéndose el resto de autonomías. Todo este proceso fue dificultado por la acción terrorista de ETA y de los GRAPO, por la presión de los sectores involucionistas del Ejército, por el descubrimiento de distintos complots contra la democracia y, finalmente, por el asalto al Congreso de los Diputados perpetrado por el coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, que estuvo a punto de dar al traste con la joven democracia.

Tras el corto mandato de Leopoldo Calvo Sotelo (febrero de 1981-octubre de 1982), en el que se produjo el resonante juicio contra los militares golpistas y el ingreso español en la OTAN (10 de diciembre de 1981), en las elecciones del 25 de octubre de 1982 y con una gran participación (80,2 %), el PSOE obtuvo el 48,5 % de los votos e inició una etapa de predominio que se prolongaría hasta 1993, cuando perderá la mayoría absoluta. Durante su mandato, que emprende una gran obra de modernización del país, se producirá el ingreso de España en la CEE, efectiva a partir del 1 de enero de 1986. Sin embargo, la aparición de repetidos escándalos de corrupción al más alto nivel terminaría por mermar el enorme capital político del que había dispuesto el socialismo español desde el inicio de su mandato.

LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y SOCIAL

JUAN CARLOS PEREIRA

El 12 de octubre de 1999, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, anunció al mundo el nacimiento de la persona que representaba una cifra especial: el habitante 6.000 millones. Se producía, así, un hecho realmente destacado y, al mismo tiempo, preocupante, como es el de la aceleración imparable en el proceso de crecimiento demográfico desde 1945, cuando la población superaba los 2.000 millones de hombres y mujeres. Estamos, pues, en un periodo de cambio, de crecimiento, como nos indican, por ejemplo, estos datos comparativos entre 1890 y 1990:

— La población mundial ha crecido 4 veces más

— La proporción de población urbana sobre la mundia, l3 veces más

— La población urbana mundial, 13 veces más

— La economía mundial, 14 veces más

— La producción industrial, 40 veces más

— El consumo energético, 16 veces más

Sin embargo, la desigualdad, y el incremento de problemas que provoca ese mismo crecimiento, tales como la desigual distribución y ritmos de crecimiento de la población, la relación entre población y recursos, los cambios sociales o los fuertes movimientos de población del Sur al Norte que se aprecian en la sociedad internacional, nos demuestra que estamos ante una nueva problemática internacional que a todos nos incumbe. Así lo ponen de manifiesto diversos organismos internacionales y de forma especial la ONU, en sus respectivos informes, aunque de forma destacada debemos señalar la importancia que han adquirido los datos y conclusiones del Índice de Desarrollo Humano, elaborado por Naciones Unidas desde 1990.

La aceleración en el proceso de crecimiento demográfico

Si atendemos a las estadísticas oficiales, el crecimiento demográfico ha seguido este proceso desde el inicio de la época contemporánea:

Estos datos nos indican claramente el cambio tan radical que se ha producido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial en este campo, especialmente si lo comparamos con anteriores periodos de la historia. Así, se puede decir que desde el año 1600 hasta el año 1800, la población aumentó en 455 millones en 200 años; entre 1800 y 1900, el aumento de población fue de 625 millones en 100 años; entre 1950 y 1960, de 500 millones en 10 años; pero entre 1975 y 1991 la cifra aumentó en 1.500 millones en tan solo ¡16 años!

Las razones de este proceso han sido ampliamente debatidas y se pueden sintetizar en las siguientes: una mejora indudable de las condiciones higiénicas en gran parte de las sociedades; un avance notable en la lucha contra las principales epidemias; un avance de la medicina en general, que provoca la superación de muchas enfermedades anteriormente mortales; una mejora de la alimentación; un fuerte descenso de la mortalidad infantil y las consecuencias derivadas del proceso de urbanización creciente, tanto en el Norte como, especialmente, en el Sur.

Ahora bien, esa aceleración demográfica no se ha producido por igual en todos los países ni en todos los continentes. A la altura del año 1980, la población se repartía por los principales países de la siguiente manera:

Esto quiere decir que tan solo cinco países tenían el 52,5 % de la población mundial. Frente a ellos, el resto de los Estados reconocidos por la ONU y las organizaciones internacionales, unos 175, tenían el 47,5 % de la población.

Diez años después se habían producido algunos cambios en este ranking de población mundial. Así, en 1990, los cinco grandes países por población eran:

La lectura que podemos hacer de estos nuevos datos es, por un lado, el cambio que se ha producido en este grupo avanzado al desaparecer la URSS como República Federal y la incorporación de otro gigante demográfico como es Brasil. Por otro lado, se observa cómo los cinco primeros países en términos demográficos ya sólo representan el 48,4 % del total de la población mundial, especialmente por la ralentización en el crecimiento de la población de China y EE.UU., frente al resto de los países.

Si trasladamos esta situación a los diversos continentes, se observará, de nuevo, una desigualdad. Así, en el periodo 1990-1995, el crecimiento de la población en África fue de un 3 % anual, frente al 1,9 % de América Latina, 1,8 % de Asia, 0,7 % de América del Norte y un 0,2 % de Europa. Es muy significativo en este sentido lo que ha ocurrido con el continente europeo, donde se refleja una tendencia decreciente en cuanto a su papel porcentual en el mundo, pues si en 1970 albergaba el 18 % de la población mundial, a principios del siglo XXI la cifra había descendido al 13 %. Indudablemente estas desigualdades se reflejarán en las diversas consecuencias que tienen para la población de esos mismos continentes.

En 1994, al aprobarse el plan de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo, se advertía desde la ONU que, de no aplicarse las medidas establecidas, como favorecer la salud reproductiva y el papel de las mujeres, entre otras, como medio de luchar contra la pobreza, la Tierra tendría en el año 2000 unos 7.270 millones de habitantes; en el caso de cumplirse se alcanzarían los 6.600 millones.

Algo se ha hecho por cuanto la población ha crecido menos de lo esperado y en el año 2004 era de 6.377 millones de habitantes. El crecimiento anual ha bajado de 82 millones en la década de los 90 a los 76 millones desde principios del siglo XXI. No obstante, este sigue siendo uno de los principales problemas a los que tiene que hacer frente la comunidad internacional.

El envejecimiento de la población y la mejora de las condiciones de vida

Uno de los hechos más llamativos en los cambios sociales y demográficos desde 1945 es el envejecimiento progresivo de la población mundial, que se ha considerado ya uno de los grandes retos de la sociedad internacional. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en la década de los noventa la población mayor de 65 años representaba ya el 8 % de la población mundial, en el año 2000 el 10 % y, según sus previsiones, a mediados del siglo XXI aumentaría al 22,6 %. De forma más concreta, en el año 2000 había 600 millones de personas mayores de 60 años y 69 de más de 80 años.

Desde que se celebró en 1982 en Viena la I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, auspiciada por la ONU, este tema ha dejado de ser un problema en exclusiva de los países ricos o desarrollados. En esta reunión se puso de manifiesto un hecho muy revelador de los cambios que se estaban produciendo en la sociedad internacional, pues según los datos allí presentados, las naciones en desarrollo envejecen más rápidamente que el resto y eso sin disponer, en la mayoría de los casos, de las prestaciones y ayudas sociales que se ofrecen en los países más desarrollados.

Como ejemplo se puede citar el caso de Francia, en el que tuvieron que pasar 115 años para que la proporción de personas mayores de 65 años se duplicara del 7 % al 14 %. Sin embargo, en Túnez o Jamaica alcanzarán ese 14 % en tan solo 20 años, según estimaciones de Naciones Unidas. Desde los años setenta el envejecimiento que se produce en los países menos desarrollados se ha acelerado, especialmente por la bajada de la natalidad en algunos casos y en otros, como en China, a pesar de ello, pues se calculaba que en las primeras décadas del siglo XXI este país contaría con más de 300 millones de personas mayores. En África, donde los estragos del sida y la situación económica determinan muy profundamente la evolución de la población, se pasará de 1 persona mayor de 65 años por cada 14 ciudadanos menores de esa edad, a 1 de cada 3 en el siglo XXI, aunque este es el continente donde todavía estos procesos se producen más lentamente.

Según las Naciones Unidas, la media de edad por zonas geográficas había cambiado notablemente desde 1950, como se observa en este cuadro:

Observando este cuadro, se aprecia cómo va incrementándose la media de edad en todo el mundo, siendo especialmente destacada en las regiones más desarrolladas y muy especialmente en Europa y América del Norte. Por contraste, es en África —siempre el continente destacado— el único lugar en el que esa media ha descendido, aunque se prevé un aumento en torno al 2050 si se mantienen las condiciones geográficas y sociales existentes a principios del año 2000.

En cuanto al reparto por sexos se mantiene la tendencia generalizada en relación con una mayor proporción de mujeres mayores de 65 años frente a los hombres. Así a finales del siglo XX, las mujeres mayores de 60 años representan el 55 % del total y el 65 % de las personas mayores de 80 años.

Este envejecimiento de la población, sin duda, está relacionado con la mejora de las condiciones de vida y, de forma especial, por los avances de la ciencia para afrontar el amplio glosario de enfermedades que afectan al conjunto de la población mundial.

En efecto, la revolución científico-tecnológica que se produce especialmente desde 1945 ha servido básicamente para tres cosas: a) para salvar, prolongar y mejorar la vida humana; b) para conocernos mejor a nosotros mismos y el espacio que nos rodea; y c) para destruir esas mismas vidas que se tratan de salvar ante el crecimiento de las armas de destrucción masiva y convencionales, el aumento de las víctimas civiles y el deterioro del medio ambiente. No obstante, detengámonos sólo en este apartado en el aspecto positivo, es decir, en la mejora de las condiciones de vida.

En este aspecto debemos destacar cómo los avances científico-tecnológicos han permitido erradicar las principales epidemias, como la viruela o la lepra; la mortalidad infantil se ha reducido aunque no de forma general en todo el mundo; el control de la natalidad y la difusión de los medios anticonceptivos han permitido a las mujeres un control seguro de su proceso reproductivo; o la búsqueda de soluciones médicas a las principales enfermedades, lo que ha posibilitado que vivamos más y mejor.

A pesar de todo ello, sin embargo, en las tres últimas décadas han surgido nuevos agentes patógenos, muchos de los cuales aún hace mella en muchos sectores de la población mundial. Entre ellos cabe citar: la enfermedad del legionario (1976), el virus de Ébola (1976), la enfermedad de Lyme (1982), el virus VIHsida (1983), la hepatitis E (1988), el síndrome pulmonar por hantavirus (1993) o la enfermedad de las vacas locas (1996). Sin duda, si hubiera que destacar una de esas pandemias podríamos centrarnos en el virus VIH-sida.

Un virus que desde su descubrimiento continúa su expansión imparable, llegando en 2004 a los 40 millones de afectados, de los cuales casi cinco se habían infectado ese mismo año. Sin duda alguna, África es el continente más castigado por esta pandemia, siendo millones los que cada año mueren o contraen la enfermedad. Como ejemplo se puede citar el caso de Zimbabwe, donde la esperanza de vida era de 52 años en 1990 y ahora ha caído a 34; casos parecidos se producen en Botswana, Lesoto, Malawi, Mozambique, la República Centroafricana, Ruanda o Zambia. Desde finales de los años noventa es en Asia oriental en la que más aumentan los casos de sida.

Relación entre población y recursos

Una de las consecuencias que provoca este crecimiento de la población y la importancia del factor demográfico en la sociedad internacional es la que relaciona población con recursos y desarrollo. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 afirma que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios… Toda persona tiene derecho a la educación… al trabajo… (y) a la seguridad social». Posteriormente, en diversos textos internacionales, se reafirmó el desarrollo centrado en la gente como un derecho universal, determinando que son dimensiones adicionales el derecho a la seguridad, la participación, la libertad de asociación, la libertad de la discriminación y de la exclusión del desarrollo.

Estos objetivos establecidos después de la Segunda Guerra Mundial no se han cumplido. Así, por ejemplo, las distancias entre el país más rico y el país más pobre era de 11 a 1 en 1913, de 35 a 1 en 1950, de 44 a 1 en 1973 y de 72 a 1 en 1992. Si en 1960 el 20 % de la población que vivía en los países desarrollados tenía 30 veces los ingresos que el 20 % de la población de los países más pobres, en 1985 la proporción era ya de 82 veces. Estos y otros datos se podían añadir a este listado, poniendo de manifiesto la distancia creciente entre países ricos y países pobres, entre sociedades del Norte y sociedades del Sur.

Las Naciones Unidas han tenido siempre como uno de sus objetivos afrontar con realismo la relación entre población y recursos. No obstante, hubo que esperar hasta 1990, cuando se estableció uno de los mecanismos más precisos para abordar estas diferencias y esta problemática. En efecto, en ese año se publica por vez primera el Informe sobre Desarrollo Humano. En él se afirma que el desarrollo humano es un proceso de ampliación de las opciones de las personas. Se logra ampliar estas opciones aumentando la capacidad y los funcionamientos humanos, teniendo en cuenta que en todos los niveles de desarrollo las tres capacidades esenciales para el desarrollo humano consisten en que la gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos y cuente con acceso a los recursos necesarios para tener un nivel decente de vida.

El desarrollo humano de esta manera se relaciona, básicamente, con cuatro cuestiones claves: a) los Derechos Humanos, pues el desarrollo humano conduce a la realización de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales, civiles y políticos; b) el bienestar colectivo, pues el bienestar individual y el colectivo están entrelazados y el desarrollo humano requiere una fuerte cohesión social y la distribución equitativa de los beneficios del progreso para evitar tensiones entre ambos: c) equidad, entendida como capacidad básica y oportunidades para todos, equidad del acceso a la educación, a la salud, a los derechos políticos y d)sostenibilidad, significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad y las oportunidades de las generaciones futuras.

En función de todo ello, la ONU elaboró el Índice de Desarrollo Humano (IDH), como una medida del desarrollo humano en la sociedad internacional. El IDH mide el logro general de un país respecto a tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la longevidad, los conocimientos y un nivel decente de vida. Se mide por la esperanza de vida, el logro educacional (alfabetización de adultos y matriculación primaria, secundaria y terciaria combinadas) y el ingreso ajustado. Aplicando estos criterios, en 1990 se estableció la primera clasificación del IDH, siendo los primeros 30 países, de los 160 analizados, los siguientes:

Como se puede apreciar por este cuadro, de los 30 primeros Estados sólo 4 se integran dentro del grupo que Naciones Unidas definía en ese momento como países en desarrollo. De los 30, sólo dos pertenecían a la llamada Europa socialista y el resto tenían un sistema económico de mercado. Del conjunto, 21 Estados pertenecen a Europa, 4 a América, 4 a Asia y 1 a Oriente Medio.

En ese mismo año y en función de varios criterios objetivos, se señalaba que la población que vivía en extrema pobreza por regiones se repartía de esta forma: un 48 % en África subsahariana; un 28 % en Asia Oriental y el Pacífico; un 17 % en América Latina y el Caribe; y un 44 % en Asia del Sur.

El IDH se ha ido consolidando como un mecanismo acertado y con capacidad para medir las desigualdades crecientes en la sociedad internacional. Uno de estos informes, el de 1998, estableció la situación de las llamadas prioridades mundiales en gastos anuales, estableciéndose los siguientes resultados:

Como se puede apreciar por estos datos, las desigualdades son crecientes y muy llamativas entre el llamado Primer Mundo y los países en vías de desarrollo.

Frente a una situación de opulencia en los llamados países del centro desarrollados, en la década de los noventa casi 800 millones de personas en el mundo vivían amenazadas por el hambre, siendo por continentes África el más necesitado, especialmente debido a la sequía, las plagas de langostas, las guerras y a una meteorología adversa. Más de 1.000 millones de de seres humanos tienen que vivir cada días con menos de 1 dólar; 2.500 lo hacen con dos dólares. Sin dejar de mencionar los casi 1.000 millones que no tienen acceso a agua potable o los millones de niños que mueren por enfermedades o malnutrición.

En efecto, uno de los sectores más afectados por el desigual reparto de la riqueza son los niños, cuya situación empeora notablemente desde los años setenta, especialmente en los países en vías de desarrollo, pero también en los desarrollados. Según datos oficiales de varios organismos internacionales, más de cinco millones de niños menores de cinco años mueren de hambre cada año, casi el 50 % de ellos en la India y África. En los países pobres, la mayoría de los que mueren lo hacen por no haber adquirido el peso adecuado a su edad, la ausencia de ciertas vitaminas o por las consecuencias de las enfermedades infecciosas. El informe Pobreza infantil en países ricos, elaborado por la UNICEF, nos ofrece de forma complementaria la situación de «un niño pobre en un país rico», al que define como el que «crece en una familia con ingresos inferiores a la mitad de la renta de ese país». A partir de ahí ofrece datos preocupantes, como que entre 1990 y 2000 aumentó el número de pobres en 17 de los 24 países de la OCDE, siendo los países que tienen más infancia en esta situación Estados Unidos (21,9 %) y México (27,7 %), frente la situación de Dinamarca (2,4 %), Finlandia (2,8 %) y Noruega (3,4 %). Las causas de esta situación, según UNICEF, responden a las tendencias sociales (por ejemplo, el incremento de familias con un solo padre), las condiciones del mercado laboral y las políticas gubernamentales.

En diversas declaraciones y documentos internacionales se ha establecido como un objetivo principal para terminar con esta problemática el que los países más industrializados contribuyeran con el 0,7 % del PIB para ayudar a los países en vías de desarrollo. Ese objetivo está muy lejos de alcanzarse, pues aún en el año 2005 las 22 naciones más ricas del planeta sólo dedican un 0,25 % de su PIB a este objetivo.

No obstante, en el año 2000 los líderes mundiales han establecido los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, que constituyen un conjunto de medidas para reducir a la mitad la pobreza y el hambre, garantizar la educación para todos, detener el avance de enfermedades como el sida y ralentizar el deterioro medioambiental. La mayor parte de estas medidas tienen como horizonte el año 2015 y han sido elaboradas con criterios realistas y calendarios razonables; ahora es de esperar que haya voluntad política para lograrlas.

El crecimiento de las ciudades

Una de las características más relevantes de la sociedad internacional desde la Segunda Guerra Mundial, es que se ha ido convirtiendo en una sociedad urbana, debido sobre todo a ese crecimiento demográfico acelerado y esa desigualdad en el reparto de los recursos, junto a las transformaciones económicas tanto en el sector industrial como en el sector terciario, que han provocado intensas migraciones del campo a las ciudades, y de los países del Sur al Norte. Los datos en este sentido son claros y contundentes.

En 1900 había en el mundo sólo 13 ciudades con más de un millón de habitantes, la mayoría en el hemisferio Norte. En 1995, en un momento en el que de nuevo aumentan los desplazamientos del campo a la ciudad, hay más de 284 ciudades de más de un millón de habitantes, 23 de las cuales superan los cinco millones de habitantes. Estas y otras cifras nos indican que si en 1800 sólo el 2 % de la población del mundo vivía en zonas urbanas, en 1950 la cifra era del 30 % y en el año 2000 del 47 %.

A finales del siglo XX las ciudades más pobladas se situaban en Asia, en donde destacaban Tokio (33 millones), Seúl (21 millones), Bombay (19 millones), Nueva Delhi (18 millones), Osaka (16 millones) y Yakarta (16 millones). Le sigue América, con ciudades como México D.F. (22 millones), Nueva York (21 millones), Sao Paulo (19 millones) y Los Angeles (17 millones). En Europa destacan Moscú (15 millones), Londres (11 millones) y París (9 millones). En África, El Cairo (15 millones) y Lagos (10 millones).

Las ciudades, la urbanización, como encrucijada de hombres, mercancías, capitales y centro de toma de decisiones, era todo un símbolo al inicio de la época contemporánea, de desarrollo, de modernización económica y social, de avance de un Estado o una sociedad. Desde mediados del siglo XX, esta «superurbanización» es un síntoma de desarrollo perturbado. Varias son las consecuencias.

Una de ellas es, por ejemplo, la alteración en la forma de alimentarse pues, según la FAO, «por lo general» el habitante de zonas urbanas pasa menos hambre que el de las áreas rurales, a pesar de lo cual, el número de residentes malnutridos en ciudades está aumentado rápidamente, como demuestra el dato que nos ofrece, según el cual la cifra de niños en edad preescolar con falta de peso en zonas urbanas aumentó de forma constante entre 1985 y 1996. Sin ninguna duda, el crecimiento acelerado de muchas ciudades en los países en vías de desarrollo ha provocado que hayan aparecido amplias áreas de suburbios, en los que se producen altos índices de violencia, desestructuración familiar, incremento del comercio de drogas e incapacidad para acoger a los recién llegados. Zonas desprovistas de equipamiento sanitario e infraestructuras, que escapan al control público. Las imágenes diarias en medios de comunicación de estos suburbios nos ayudan a pensar en la problemática que adquiere una urbanización informal de esta índole.

El proceso de urbanización acelerado ha llevado también a un acelerado cambio en el mundo rural, en donde las imágenes de pueblos abandonados y tierras secas nos acercan a una realidad tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo. Las consecuencias de este hecho son innegables y afectan al propio desarrollo agrícola, al medio ambiente, a la alimentación o a las propias condiciones de vida de nuestra sociedad.

En las propias ciudades se han observado transformaciones profundas y en algunos casos se han convertido en «nuevas ciudades». La necesidad de construir infraestructuras ante el incremento de los automóviles u otros medios de transporte, ha provocado la desaparición de tierras de labor, bosques e incluso pequeñas montañas. La necesidad de construir viviendas para atender a una demanda creciente y para la que se necesita cada vez más dinero —en los países en vías de desarrollo, ocho veces sus ingresos anuales; en América Latina, cinco; en Europa, tres—, ha provocado que el sector de la construcción actúe de indicador prioritario en las economías nacionales, demandando mano de obra, suelo y legislación más «liberal» para responder a esa continua demanda.

No podemos olvidar, por último, las consecuencias del proceso de urbanización en el deterioro del medio ambiente y en el aumento del calentamiento de la tierra. La contaminación atmosférica producida por fábricas y medios de transporte; el uso acelerado y continuo de aparatos de refrigeración; la elevada altura de las edificaciones o las transformaciones del suelo, están entre las causas que se han destacado por los especialistas del cambio climático. Por ello, la llamada economía ecológica parte del principio de que hay un conflicto entre el crecimiento económico y el medio ambiente, que se puede solucionar simplemente a través de objetivos como el del desarrollo sostenible, la modernización ecológica o un aumento de la llamada «ecoeficiencia».

Cambios sociales y familiares

El predominio de una sociedad urbana y de consumo desde 1945, ha provocado una transformación social en el mundo sin precedentes. Las clásicas divisiones entre sociedades urbanas y rurales, o entre sociedades modernas y premodernas, o entre sociedades modernas y arcaicas, han desaparecido. Hoy la sociedad es mucho más compleja, se mide por parámetros diferentes y gracias a los medios de comunicación globales, esa aldea global de McLuhan, es posible transmitir valores, modelos, normas de comportamiento, etc., de forma instantánea de las sociedades occidentales a cualquier rincón del mundo.

El desarrollo de la sociedad urbana y de consumo va unida a varios factores como son el proceso de urbanización, el desarrollo económico, el proceso de modernización global y las innovaciones científicas y técnicas. Son los años del «climax» de la sociedad industrial, en la que aparece y se consolida con fuerza la «sociedad de masas» que se identifica como la «clase media», encadenada a una posición social que pretende no ser inmutable, en la que el hombre pierde la individualidad para convertirse, en palabras del sociólogo Dahrendorf «en un granito de arena que no puede distinguirse en nada de sus semejantes».

Estas sociedades se han visto beneficiadas de un aumento de la riqueza, como consecuencia de la expansión económica, por lo menos hasta los años setenta. Una riqueza que se ha repartido de forma desigual tanto en las sociedades capitalistas, como en las socialistas y en la de los países en vías de desarrollo. Ello ha provocado que, junto a otras variables de tipo material y espiritual, se hayan generado diferencias en los llamados «niveles de vida», medidos en datos de consumo o de calidad de vida, hasta señalar una gradación de modelos, americanos, europeos, socialistas o subdesarrollados. No obstante, será la llamada «american way of life» la moderna sociedad de consumo que se extienda desde EE.UU. a Europa y Japón, para posteriormente difundirse por otra áreas del mundo en forma distorsionada o incompleta.

Este modelo, brevemente sintetizado, provoca una separación espacial de las condiciones de vida de la población (trabajo, vivienda, ocio, etc.). Se le ofrece una oferta amplia y diversificada de productos, gracias a la multiplicación del tipo de mercancías lanzadas al mercado. Goza de una amplia y ágil facilidad de financiación del consumo de masas. La rentas de trabajo adquieren una mayor presencia en la composición de la renta nacional. Se ve favorecida por unas mayores prestaciones sociales gracias a la labor del Estado del Bienestar que en muchos países desarrollados se implanta. Los símbolos de este modelo son y deben ser perceptibles para «los otros»: el automóvil, la vivienda, la ropa, los electrodomésticos, las vacaciones, el teléfono o la televisión.

Todo ello provocará una evolución de las mentalidades sociales y de las formas de vida que muy pronto se harán sentir, por ejemplo, en la estructura familiar.

Todas las sociedades humanas del mundo se basan en la familia, aunque los tipos de familia y los sistemas matrimoniales sean distintos según las regiones, culturas e incluso religiones. Los tipos más comunes son la familia nuclear compuesta por un padre y una madre que crían a sus hijos; la familia extendida, que predomina sobre todo en las sociedades tribales, en las que varias generaciones de la misma familia viven juntas y comparten las responsabilidades de las tareas domésticas y los kibutzim, que se extienden por Israel, en los que las familias viven juntas y trabajan juntas, colaborando todos en la crianza de los hijos.

Nos detendremos principalmente en las sociedades desarrolladas, pues es en las que se han producido quizás los mayores cambios en este periodo. En primer lugar, observamos un fuerte descenso en el número de matrimonios. Los datos son reveladores en este sentido:

En segundo lugar, el tamaño medio de la familia ha disminuido desde los seis hijos de 1960 a los tres de la actualidad, especialmente debido al aumento de los medios de planificación familiar. En este sentido, en 1994 el uso de los medios anticonceptivos se había incrementado y los utilizaba el 55 % de las parejas frente al 61 % de la actualidad, aunque aún hay más de 300 millones de parejas que carecen de acceso a una gama amplia de servicios de planificación.

En las sociedades desarrolladas, junto a esta disminución en el número de los hijos, se produce un fuerte aumento de los divorcios y separaciones. En cuanto a los divorcios unas estadísticas son también representativas:

Frente a esta realidad, en las sociedades de los países en vías de desarrollo se mantienen diversas formas de matrimonio. Hay endogamia (matrimonio entre miembros de la misma familia o clan), bigamia (matrimonio de un hombre con dos mujeres o una mujer con dos hombres), poligamia (matrimonio de un hombre o de una mujer con varias esposas o varios maridos al mismo tiempo), poliandria (matrimonio de una mujer con varios maridos al mismo tiempo), levirato (matrimonio de una mujer con el hermano de su marido muerto) o sororato (matrimonio de un hombre con la hermana de su esposa muerta). Estas diferencias en las formas matrimoniales ya nos anuncian la diversidad de modelos que nos podemos encontrar en este tipo de sociedades en las que, de todas formas, el concepto de familia sigue siendo muy fuerte.

El nuevo papel de la mujer

Esta quizás sea una de las características más importantes de la nueva sociedad que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque ya desde la primera posguerra el papel de la mujer fue cambiando paulatinamente, en especial desde la concesión del voto en los países europeos y EE.UU., y la incorporación de la mujer al trabajo, no será hasta 1945 cuando el papel de la mujer comience a ser muy diferente en todos los niveles, aunque aún haya recelos y problemas en muchas sociedades. Por ejemplo, cuando en 1954 Françoise Sagan publicó Buenos días, tristeza, el libro será prohibido en Portugal por pornográfico, su lectura se castiga con la cárcel en Sudáfrica, mientras que en Japón los clubes «Sagan», formados tras su aparición, simbolizan la libertad femenina.

La escritora Simone de Beauvoir cuando publica El segundo sexo pone de manifiesto las dificultades que las mujeres tienen en las sociedades avanzadas para ocupar el papel que les corresponde y que se debe basar en una igualdad entre hombres y mujeres, dadas las transformaciones que se habían producido en las sociedades desarrolladas. En el caso concreto de EE.UU., en 1940 sólo trabajaba un 25 % de mujeres mayores de 14 años, casi la misma proporción que en 1910. Pero ya en 1970 y como consecuencia de las transformaciones económicas durante la guerra y los años sesenta, había ya 31,6 millones de mujeres trabajadoras, que representaban el 42,8 % de la fuerza laboral total; muchas de estas mujeres estaban casadas, sobrepasaban los 35 años y pertenecían mayoritariamente a las clases medias.

En estas condiciones, que se van extendiendo a otros países, es comprensible el resurgimiento con fuerza de un movimiento de liberación femenino. La publicación en 1963 de La mística femenina, de Betty Friedan, se convertirá en un símbolo de este movimiento que se plasmará en la Organización Nacional para las Mujeres, cuyo principal objetivo era terminar con la discriminación sexual en el empleo. Estas reivindicaciones se ampliaron y ya no solo se pedía la igualdad sino también el respeto a su diferencia: es la lucha de los sexos. Las mujeres se agrupan en movimientos de liberación como el «Women’s lib» (Women’s Liberation Movement) en los Estados Unidos a partir de 1968 y el Mouvement de Libération de la Femme en Francia desde 1970.

La lucha será larga y habrá muchas resistencias (en 1970 en EE.UU., por ejemplo, las mujeres sólo ocupaban el 4,8 % de los tres millones de puestos de gerentes y ejecutivos del país). Poco a poco van adquiriendo una mayor representación en sectores anteriormente cerrados o limitados: la enseñanza universitaria, el ejército, la medicina, el poder judicial o la policía, entre otros. El incremento de las mujeres en los partidos y sindicatos hará que vayan accediendo de forma acelerada a puestos de representación, parlamentos y gobiernos, e incluso a que los propios partidos establezcan cuotas de representación femenina obligatorias. La igualdad de sexos es casi una realidad en las sociedades desarrolladas, aunque aún persistan las diferencias en salarios, derechos laborales o representación.

En las sociedades no occidentales el papel de la mujer seguirá siendo durante décadas, y casi hasta la actualidad, totalmente secundario en las diferentes sociedades y muy especialmente en las que domina el Islam o el catolicismo conservador. Allí la mujer, desde el punto de vista cultural, es considerada con un papel inferior frente al hombre y debe limitarse a tener hijos, cuidar al marido y los hijos, además de realizar las tareas domésticas. La situación en Afganistán con la aplicación de las leyes impuestas por los talibanes se ha citado siempre como un ejemplo paradigmático de esta situación.

En las sociedades rurales y poco desarrolladas las mujeres tienen un papel central en la vida social, constituyendo el 51 % de la mano de obra agrícola en el mundo. Además de tener la responsabilidad de criar a los hijos y velar por que haya suficientes recursos para satisfacer sus necesidades, son también las principales administradoras de recursos domésticos esenciales, como el agua no contaminada, el combustible para la cocción de alimentos y la calefacción, y el forraje para los animales domésticos. Las mujeres cultivan verduras, frutas y cereales para el consumo en el hogar y también para la venta; y a menudo, como ocurre en África, producen la mayoría de los alimentos básicos. En el Asia sudoriental, las mujeres constituyen el 90 % de la mano de obra para el cultivo del arroz.

De una u otra forma, las mujeres en general han ido adquiriendo una clara conciencia de que su papel «clásico» ha de irse relegando y que la igualdad de género ha de ser un reto constante en todos los continentes y países. La ONU, en 1975, ayudó a ese objetivo proclamando el Año Internacional de la Mujer, bajo el triple objetivo de igualdad, desarrollo y paz. En ese mismo año se celebró en México la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer y proclamó el periodo 1976-1985 como el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. En 1985 se celebró en Nairobi una nueva Conferencia para evaluar lo que se había realizado en el Decenio.

Se constató el logro de algunos objetivos a través, por ejemplo, del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, creado en 1976, que actúa primordialmente en tres esferas: agricultura y seguridad alimentaria, comercio e industria y formulación de macropolíticas y planificación nacional, con el fin de promover el acceso de la mujer a la capacitación, la ciencia, el crédito, la información y otros instrumentos de desarrollo. Sin embargo, se apreciaron también las «sombras», especialmente en países en vías de desarrollo, por lo que se aprobaron unas nuevas estrategias encaminadas a reducir el valor económico del trabajo insuficientemente remunerado de la mujer; la necesidad de una mayor participación en el proceso de adopción de decisiones; la violencia contra la mujer; el establecimiento de bancos de datos relacionados con la mujer y la necesidad de un amplio programa de planificación familiar.

Las migraciones humanas

El término migración humana es vago. La gente suele pensar en el movimiento de personas de un lugar a otro. Sin embargo, en sentido amplio, abarca cualquier forma en la que la gente tiene la necesidad de trasladarse fuera de su lugar de nacimiento o del lugar de residencia, bien de forma voluntaria o bien de forma obligada. Los 60 millones de europeos que abandonaron sus hogares desde el siglo XVI al XX, los 15 millones de hindúes, sij y musulmanes desplazados en el tumultuoso trasvase de ciudadanos entre la India y Pakistán, tras la partición del subcontinente en 1947 o los 3,3 millones de palestinos que viven hoy en Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y Líbano, refugiados de un Estado que no existe oficialmente, nos indican que estamos ante un proceso que no es nuevo pero sí muy determinante en nuestra sociedad internacional.

Las causas de estas migraciones, según los especialistas, son varias. La atracción de un lugar lejano y muchas veces mitificado, al que se aspira llegar para vivir mejor, trabajar, etc. La situación interna del lugar en el que se vive, debido a disturbios políticos, guerras o conflictos localizados, las catástrofes naturales, etc. Las diferencias económicas entre el Norte industrializado, urbanizado y desarrollado, y el Sur agrícola-ganadero, rural y atrasado. Las persecuciones raciales, religiosas o nacionalitarias contra un grupo determinado.

Desde los años setenta los países de emigración más importantes del mundo han sido por este orden:

¿Hacia dónde se han dirigido principalmente estos emigrantes? Según fuentes de Naciones Unidas, los destinos principales en este periodo fueron:

Estas cifras nos indican que estamos en presencia de un fenómeno interesante de estudiar y amplio de valorar. Si atendemos a los datos globales, éstos nos indican que si en los años sesenta el número de inmigrantes se elevaba a 76 millones, en 1970 la cifra era de 81,5 millones, en 1980 de 99,8 millones, en 1990 de 154 y en el año 2000 había ya 158 millones, a los que se sumaban 16 millones de refugiados y casi un millón de demandantes de asilo.

Como se puede apreciar por todos estos datos, las migraciones incluyen diversos tipos de personas que se desplazan de un lugar a otro: trabajadores legales, trabajadores ilegales, refugiados, demandantes de asilo y «otros», que según la terminología oficial son difíciles de integrar en los grupos anteriores.

La necesidad de mano de obra extranjera en los países desarrollados se ha convertido en una realidad que nadie puede discutir. Según datos oficiales, por ejemplo, para mantener el número de trabajadores activos en la Unión Europea se debería «importar» a 25 millones de inmigrantes hasta el año 2025. El envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad, la entrada tardía de los jóvenes al mercado de trabajo y los nuevos yacimientos laborales, son razones que provocan este descenso de la población laboral en los países desarrollados y la demanda de personas extranjeras.

Esta situación ha provocado reacciones diversas, pues si bien en muchos países se ha cambiado la legislación para favorecer la llegada de mano de obra legal y para frenar la inmigración ilegal, también ha aumentado progresivamente el rechazo hacia la inmigración fundamentada en el miedo a perder empleo o a ver reducidos los salarios ante la avalancha de mano de obra. Esto ha hecho que si en 1976 sólo el 7 % de los países del mundo disponían de normas para el desarrollo de una política restrictiva para frenar la inmigración, en el 2002 ya eran un tercio de los países del mundo los que disponían de normas en este sentido. Y todo ello sin contar con el aumento del racismo y la xenofobia, que se plasma también en el apoyo electoral creciente de algunos partidos ultranacionalistas, incluso en democracias consolidadas como Holanda, Noruega o Francia, que rechazan la sociedad multiétnica a la que estamos abocados desde principios del siglo XXI.

Por otra parte, es también un hecho revelador en este apartado el incremento de personas que han tenido que abandonar sus hogares y buscar seguridad en otro lugar para huir de la persecución, de los conflictos armados y de la violencia política. En el año 2000, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, celebraba su 50.º aniversario publicando un amplio Informe en el que se hacía un balance de su actuación en la sociedad internacional.

De los datos más relevantes ofrecidos por este amplio trabajo se podría señalar, en primer lugar, la importancia que tuvo la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951, en tanto en cuanto ofreció no sólo el marco jurídico internacional para atender a estas personas, sino incluso la propia definición de un término hoy ya plenamente socializado, «refugiado»:

toda persona que se encuentra fuera de su país de origen y que no puede regresar a él como consecuencia de un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión o nacionalidad, por sus opiniones políticas o por su pertenencia a un grupo social.

La actuación de ACNUR comenzó en Europa tras la Guerra, para atender a las cerca de 400.000 personas que seguían sin hogar. En 1996 daba asistencia a 26 millones de personas en todo el mundo. La gama de actuaciones se ha ampliado y ya no sólo se atiende a los refugiados, sino también a los desplazados dentro de sus propios países, los retornados (refugiados o desplazados internos que han regresado a sus lugares de origen), los solicitantes de asilo, los apátridas y las poblaciones afectadas por conflictos bélicos. En 1999, por ejemplo, el reparto porcentual de todos estos grupos era así: 52,4 % de refugiados, 18,3 % desplazados internos, 11,3 % apátridas, 5,9 % repatriados, 5,5 % solicitantes de asilo y 6,7 % otros.

De una u otra forma, estamos en presencia de un importante proceso de movimientos de población que ante las desigualdades sociales y económicas, la conflictividad de muchas sociedades y las tensiones entre el Norte y el Sur en un mundo crecientemente globalizado, se deberá tener en cuenta para el estudio de la hoy llamada Historia del Mundo Actual.

LA DINÁMICA ECONÓMICA DEL PERIODO 1945-1990

DAVID CASASSAS

Los efectos de la Segunda Guerra Mundial: hacia un nuevo escenario político y económico

Enraizada en desequilibrios heredados de la mala gestión tanto de la primera posguerra mundial como de la crisis de la década de 1930, la Segunda Guerra Mundial dibujó el perímetro económico, social y político-institucional que definió buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Los efectos de la contienda se dejaron notar tanto en términos demográficos y materiales, como en el ámbito de las finanzas —nacionales e internacionales—, de la política económica y de los equilibrios geoestratégicos a escala planetaria.

La guerra dejó tras de sí unos 54 millones de víctimas mortales, de las cuales prácticamente dos tercios eran civiles. Asimismo, tal y como se ha analizado en el apartado de balance del conflicto, la importancia creciente de la aviación conllevó la destrucción no sólo de instalaciones militares, sino también de gran número de edificaciones e infraestructuras de carácter civil. No obstante, cabe destacar que, tomado en consideración en su totalidad, el tejido productivo de los países en contienda no sufrió daños demasiado severos. De hecho, países como Gran Bretaña, Estados Unidos o aquellas zonas que no fueron alcanzadas directamente por la guerra, así como la misma Unión Soviética, vieron cómo el conflicto armado, que exigía un importante desarrollo de la maquinaria industrial, estimuló la ampliación de su aparato productivo.

Allí donde la guerra dejó una herida más profunda fue en el ámbito del capital financiero. Por un lado, las pérdidas fueron enormes; por otro, la participación de los Estados Unidos como principal proveedor de recursos financieros se saldó en un determinante aumento de su peso específico como principal potencia económica y política, seguida por una Unión Soviética a la que la guerra permitió también ampliar notablemente su radio de influencia.

Al inicio de la guerra, Alemania ocupó la práctica totalidad del continente europeo. De este modo, sólo en Gran Bretaña y en la parte de la Unión Soviética bajo control del Ejército Rojo era posible fabricar armamento. No obstante, mermadas como se hallaban por las tensiones que el conflicto conllevaba, ni la economía soviética ni, sobre todo, la británica se mostraron capaces de emplear los recursos y los capitales necesarios para hacer frente a tales necesidades. Ello obligó a los aliados a recurrir a una tercera potencia, de la que, de este modo, pasaron a depender tanto en términos materiales como financieros: los Estados Unidos, el llamado «arsenal de la democracia». El gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo con el sector armamentístico norteamericano, proporcionó, sobre todo por vía de préstamos de bajo coste —en todo momento se quiso evitar que se reprodujeran los problemas de deudas de guerra que habían lastrado el capitalismo de principios de los años 20—, todos aquellos recursos bélicos y alimentarios que las potencias aliadas —en especial, Gran Bretaña— pudieran necesitar. Con todo, tales operaciones no sólo situaron al grueso del mundo capitalista —excluidos, de momento, los países con regímenes totalitarios— en situación de dependencia con respecto a los Estados Unidos, sino que, además, provocaron una reactivación de la demanda que permitió que dicho país terminara de superar la crisis de 1930: el paro prácticamente desapareció, y el PIB experimentó, entre 1939 y 1946, un crecimiento anual del orden del 8 %. En cierto sentido, pues, la doctrina keynesiana halló en la Segunda Guerra Mundial un aciago referendo: sólo a través de un aumento de la renta nacional propiciado, en este caso, no por un incremento del gasto público, sino por una subida de la demanda agregada nacida de la necesidad, por parte de los países aliados, de recurrir a la capacidad productiva norteamericana, los Estados Unidos pusieron punto y final al estancamiento que se inició con el crack de 1929 y dieron comienzo así a una larga etapa de expansión y de crecimiento.

Asimismo, durante la guerra y los años que la siguieron se consolidaron los nuevos principios rectores de la política económica que habían despuntado durante la década de 1930, principios que se articulaban, en términos generales, alrededor de los ejes fundamentales la preceptiva keynesiana. Ya durante la Gran Depresión, muchos países habían experimentado una intensificación de la intervención del Estado, intervención que la guerra no hizo más que acentuar. Además, las clases populares, reforzadas tanto por el peso de las organizacones que el movimiento obrero había ido articulando durante los decenios anteriores, como por su importante papel en tanto que corresponsables de la victoria sobre el régimen nazi y parte de los fascistas, presionaron para que tal intervención pública se materializase y, así, se aseguraran determinados servicios sociales, se garantizara una distribución más equitativa del producto social y se lograra un crecimiento económico continuado que las resguardara de los embates del ciclo económico.

Con todo, tras la Segunda Guerra Mundial la política económica pasó a vertebrarse alrededor de tres objetivos cuya consecución simultánea y coordinada se estimó imprescindible: el control de algunos de los sectores estratégicos de la economía —energía, transportes y banca, muy especialmente—, sobre todo a través de la creación de empresas públicas; la aplicación de políticas de protección social en el marco de lo que se conocerá como «Estado del Bienestar»; y la introducción de reformas fiscales para la redistribución de la renta y la conformación de una clase media sólidamente establecida, lo que iba a garantizar no sólo la estabilidad de las pautas de consumo, sino también la consolidación de las bases materiales de los regímenes democráticos propios del mundo occidental de posguerra.

Los problemas de la reconstrucción económica y la creación de un nuevo marco institucional

Hacia el término de la Segunda Guerra Mundial, la principal preocupación que mostraban los líderes políticos del bloque aliado era evitar que se repitieran los errores que se cometieron tras la Primera Guerra Mundial. Por un lado, era preciso que los países perdedores —Alemania, sobre todo— se vieran libres de pagar de nuevo onerosas reparaciones; por el otro, los países aliados europeos, vencedores en la guerra pero altamente diezmados por la misma, se vieron legitimados para demandar préstamos a largo plazo y con intereses bajos, con el objetivo de financiar la reconstrucción sin que ello propiciase la aparición de grandes inflaciones. Es, pues, en dicho contexto en el que, ya en 1944, se celebró la Conferencia internacional de Bretton Woods.

LOS ACUERDOS DE BRETTON WOODS

El objetivo principal de Bretton Woods era dar respuesta a los problemas monetarios y financieros que planteaba la reconstrucción económica —en especial, la falta de liquidez que atenazaba las economías de los países europeos—, y hacerlo de manera que se evitaran eventuales convulsiones tanto como fuera posible. Dos fueron las estrategias que se sometieron a debate. En primer lugar, los británicos, encabezados por John Maynard Keynes, propusieron crear un banco internacional que ofreciese créditos amplios con la única condición de que los eventuales países deudores no se mostraran permanentemente deficitarios. En segundo lugar, la delegación norteamericana sugirió, por un lado, restablecer el patrón-oro como base del llamado «sistema monetario internacional», lo que no excluía el papel que podían jugar ciertas monedas de reserva —especialmente el dólar y la libra—, y, por el otro, arbitrar algún tipo de institución financiera de ámbito internacional que ofreciera créditos en condiciones favorables aunque algo más restrictivas que las propuestas por Keynes.

Si bien el economista británico no dejó de ser tenido en cuenta —enseguida se verá en qué sentido—, fue la propuesta norteamericana la que logró imponerse. Así, Bretton Woods supuso el retorno a la convertibilidad de las divisas en oro y a la estabilidad de las paridades, así como la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se unirían todos los países del bloque capitalista que lo desearan. El FMI, que se nutriría de los pagos que éstos harían en oro, divisas y también en moneda nacional, tenía entre sus objetivos principales conceder créditos a aquellos países que necesitaran equilibrar sus haciendas públicas, en primer lugar y, en segundo lugar, regular las paridades de las monedas y autorizar las devaluaciones —el control del sistema monetario internacional, pues, se ejercía sobre todo desde dicha institución—. De este modo, tras unos primeros años caracterizados por ciertos titubeos —sus órdenes eran escasamente respetadas y las cuotas de los créditos, en algunas ocasiones, quedaban impagadas—, el FMI logró ofrecer una estabilidad al sistema monetario internacional de la que los países de la Europa occidental andaban altamente necesitados.

Finalmente, cabe destacar que las propuestas que Keynes llevó a Bretton Woods pudieron concretarse también, en este caso, en la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), embrión del actual Banco Mundial (BM), cuyo principal cometido era financiar la reconstrucción de Europa —con el tiempo, también de ciertos países del llamado «Tercer Mundo»— a través de préstamos de recursos financieros destinados a inversiones a largo plazo en sectores estratégicos.

LAS LIMITACIONES DEL MODELO: HACIA EL PLAN MARSHALL

Pero el modelo para la reconstrucción y para el restablecimiento de la estabilidad comercial y financiera salido de Bretton Woods venía marcado por dificultades estructurales que requirieron nuevas y contundentes medidas. Tanto los países europeos como los países más pobres, todavía coloniales o en proceso de descolonización, hallaron en el predominio de los Estados Unidos como principal potencia comercial y financiera serias dificultades a la hora de lograr una estabilización real y duradera de sus flujos económicos. En efecto, la mayoría de los países dependían de las importaciones de productos norteamericanos, a la vez que se mostraban incapaces de consolidar una estructura productiva autóctona que permitiera compensar tales compras por vía de la exportación de productos propios.

Además, Estados Unidos era el único país que gozaba de reservas monetarias —no sólo contaba con divisas, sino que había acaparado también buena parte de las reservas de oro en circulación a escala planetaria—. Faltos de oro, de divisas y hasta de reservas de sus propias monedas, pues, muchos países tuvieron que hacer frente a importantes impedimentos a la hora de realizar pagos en los mercados internacionales, lo que dificultaba unos procesos de reconstrucción para los que la disponibilidad de recursos financieros resultaba indispensable. Asimismo, el FMI tardó algunos años en consolidarse —tal y como se ha indicado ya, las cuotas de los préstamos por él autorizados no se pagaron con rigor y disciplina hasta finales de la década de 1940.

Con todo, entre 1947 y 1948 la economía europea se hallaba al borde del colapso: la reconstrucción se vio frenada y el paro ascendió peligrosamente. Dicha situación, pues, unida al clima de creciente malestar social que se respiraba —la fuerza política y el prestigio adquiridos por unos partidos y organizaciones obreras que se habían comprometido activamente en la Resistencia y en la lucha contra el nazismo y el fascismo hizo temer un auténtico estallido social—, puso de manifiesto la necesidad —técnico-económica a la vez que político-estratégica— de introducir unas medidas de choque capaces de consolidar definitivamente una reconstrucción estable y global de las economías de los países europeos. Tales medidas se concretaron en el Plan Marshall.

El Plan Marshall supuso la transferencia a Europa, durante un corto período de tiempo —entre 1948 y 1950, básicamente—, de alrededor de 14.000 millones de dólares, lo que equivalía al 5 % del PIB conjunto de toda la Europa no vinculada a la órbita soviética. A la inversa de lo que ocurrió durante la primera posguerra mundial, los países que más recursos —financieros y en especie— recibieron fueron aquéllos que más habían sufrido la destrucción provocada por la guerra —los que más los necesitaban, en suma—: Alemania, sobre todo. Cabe señalar que los países de la Europa oriental, que formaban parte ya del bloque soviético, y otros países que, como España y Portugal, vieron cómo se consolidaban en ellos dictaduras fascistas, quedaron al margen de los beneficios del Plan Marshall —ello fue así, por lo menos, durante los primeros años de vigencia del mismo: más adelante, la ayuda norteamericana sí llegará a países con regímenes dictatoriales como España, cuya importancia geoestratégica no pudo sino ser tenida en cuenta en un momento en el que la Guerra Fría no sólo se anunciaba, sino que empezaba ya a tomar forma de manera tensa y amenazadora.

La importancia del Plan Marshall radicó en el hecho de que permitió paliar la debilidad de la oferta de productos esenciales como el petróleo o los fertilizantes, a la vez que hizo posible que las economías beneficiarias del mismo pudieran adquirir el material industrial destruido por la guerra. Asimismo, los gestores del Plan Marshall trataron de que a través de éste se facilitaran a los países las divisas necesarias para eludir medidas de estabilización cuyo coste social se estimó que los países de la Europa occidental debían sortear. De este modo, tales países pudieron emprender políticas de corte expansionista que, a la postre, favorecieron el proceso de integración económica que la Europa occidental estaba empezando a vivir. Es en este contexto en el que, en 1948, se creó la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), antecedente de la OCDE, que perseguía la coordinación de los esfuerzos para el desarrollo económico realizados tanto en países europeos como en otras potencias económicas como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Son, pues, años seminales para el impulso hacia la integración económica —comercial y monetaria— de una Europa que veía en tal proceso una condición indispensable para el fortalecimiento de su crecimiento. Así, en 1950 se creó la Unión Europea de Pagos, que nació con el objetivo de hacer posible la compensación monetaria entre los países europeos. Finalmente, el objetivo que los pioneros de la integración europea hicieron suyo no era otro que la articulación de un área de librecambio, sin barreras comerciales, que favoreciera una reconstrucción económica rápida y que pudiera dar importantes frutos también a medio y a largo plazo. Éste fue, pues, el espíritu con el que se fundaron organizaciones como la Confederación Económica del Carbón y del Acero (CECA), de 1951, que adquirió un importante significado político al reconstruir los lazos de cooperación económica entre Francia y Alemania; la EFTA, de 1959, que perseguía la consolidación de un espacio de librecambio en la Europa occidental; y, un año antes, la Comunidad Económica Europea (CEE), antecedente de la actual Unión Europea (UE).

Así como la guerra había fortalecido la posición de los Estados Unidos como gran potencia mundial —también Gran Bretaña salió económicamente favorecida del gran conflicto armado—, fueron países como Italia y Francia los que, en la posguerra, pudieron aprovechar los beneficios del Plan Marshall. El caso japonés, en cambio, fue bien distinto. Durante los años inmediatamente posteriores a la guerra tuvo que soportar la dureza de la derrota y de la ocupación norteamericana —ésta, a diferencia de lo que ocurría en Alemania, se mantuvo algunos años—, ocupación que impedía la reconstrucción de las bases de la tutelada y dirigida economía japonesa, en la que poco espacio quedaba para el fomento de un proceso sólido de industrialización. Sin embargo, el conflicto de los Estados Unidos con Corea en la década de 1950 y, en términos más generales, la coyuntura política, económica y estratégica que vino definida por la Guerra Fría hizo patente la necesidad, por parte de los Estados Unidos, de consolidar, en el Este del continente asiático, una potencia política y económica fuerte que, tal y como lo hacía Alemania en el centro de Europa, controlara y obturara la expansión del bloque soviético, en este caso, hacia el Este. De este modo, a partir de 1952, un Japón asistido también por capitales norteamericanos vivió una etapa de crecimiento espectacular que situó a dicho país, en pocos años, entre las principales potencias industriales y exportadoras del mundo.

La integración de la economía internacional

Superados los desequilibrios ocasionados por la Segunda Guerra Mundial, las economías capitalistas vivieron, en el período que media entre 1950 y 1973, la época de mayor expansión económica de la historia de la humanidad, con una tasa anual de crecimiento del 5,6 %. Sin embargo, cabe resaltar que, si bien dicho crecimiento afectó a la práctica totalidad de países tanto del bloque capitalista, ricos y pobres, como del soviético, lo hizo a ritmos y a través de mecanismos harto distintos. De hecho, los países del bloque soviético fueron los únicos que, durante el período considerado, lograron reducir las distancias, tanto en términos de crecimiento anual como de renta per cápita, con respecto a los países capitalistas ricos. En cambio, los países pobres del bloque capitalista, a diferencia de los ricos, vieron cómo sus recursos aumentaban a un ritmo inferior al que lo hacía su población, lo que conllevó, también a la inversa de lo que sucedía en los países ricos, un importante descenso de la renta per cápita.

Es en dicho escenario, pues, y en el contexto del marco político-institucional perfilado en el epígrafe precedente, en el que tuvo lugar el proceso de integración de la economía internacional que caracterizó a los 25 años posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

LOS ESFUERZOS HACIA EL LIBRECAMBIO

La crisis de la década de 1930 había permitido a los gestores de la política económica, nacional e internacional, tomar conciencia de la necesidad de que las medidas de política monetaria que eventualmente se puedan tomar vayan siempre acompañadas también de paquetes de medidas que persigan la eliminación de trabas y que favorezcan la integración comercial de las economías de mercado. Así, a partir de la década de 1950, uno de los objetivos fundamentales de la política económica será la consolidación del crecimiento económico por vía del fomento del comercio internacional —huelga decir que este tipo de políticas obtuvo efectos bien disímiles en función del grado de competitividad y de independencia de las economías unidas por los lazos comerciales.

En este contexto, a principios de la década de 1950 se creó la Organización Internacional del Comercio (OIC), que tenía como objetivo el fomento del comercio internacional a través de la introducción de políticas estratégicas específicamente concebidas no sólo para cada país, sino aun para ciertos sectores productivos de los países en cuestión. Lógicamente, el carácter intervencionista de la OIC se compadecía mal con el espíritu favorable al librecambio propio del momento, razón por la cual dicha institución tuvo que hacer frente a una dura oposición por parte de varios países desarrollados —especialmente los Estados Unidos.

Así, más adelante, todavía en la década de 1950, vio la luz el General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), cuyas rondas de negociación perseguían la definición de acuerdos arancelarios y de comercio con el triple objetivo —más modesto pero, a la vez, más realista que los de la OIC— de relajar el contenido proteccionista de los aranceles vigentes en el momento —en este punto, los esfuerzos del GATT resultaron altamente exitosos—, eliminar las restricciones al comercio, y poner fin a las discriminaciones comerciales —aquí el GATT obtuvo resultados menos favorables, pues la segunda posguerra mundial no ofrecía el escenario más propicio para una completa erradicación de las medidas de corte proteccionista, en especial las del sector agrario—. Sea como fuere, cabe señalar que, si bien conformó zonas de auténtico librecambio, el GATT permitió la articulación de nuevas fronteras comerciales cuya mayor amplitud no las hacía menos discriminatorias para con los agentes económicos y comerciales externos a ellas.

LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Entre 1948 y 1971, el comercio internacional vivió un aumento sin precedentes. Si entre 1870 y 1913 —la era en la que las tesis librecambistas de corte liberal clásico se habían impuesto de forma más clara— el comercio internacional creció a una tasa anual del 3,8 %, durante el período considerado lo hizo a una tasa anual del 7,2 %.

Dicho incremento vino acompañado de cambios estructurales en el comercio internacional. En primer lugar, la Europa occidental pasó de concentrar el 35 % del comercio internacional a agrupar al 42 % del mismo; los Estados Unidos descendieron del 16 al 13 %; Japón vivió un importante incremento que lo llevó del 1 al 6 %; la Europa del Este pasó del 5 al 9 %; y, finalmente, el resto de países del mundo perdieron 13 puntos porcentuales en lo que respecta a su peso dentro del conjunto del comercio internacional: descendieron del 43 al 30 %.

De este modo, se recuperó la estabilidad perdida en lo que respecta a los intercambios comerciales a escala internacional, a la vez que se consolidaron de nuevo los parámetros y proporciones tradicionales, que las dos guerras y la Gran Depresión habían alterado. Asimismo, tales cambios afianzaron la preponderancia de los sectores productivos vinculados a la industria en detrimento de la agricultura, lo que no hizo sino reforzar el poder de los países industralizados del Norte en el seno de los mercados internacionales.

LA ESTABILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS MONETARIOS

El proceso de consolidación del nuevo sistema monetario internacional fue largo y no quedó exento de dificultades. El período que media entre los años 1945 y 1950 se vio marcado por el fracaso, provocado por los grandes desequilibrios de las balanzas comerciales, de los intentos de introducir de nuevo la convertibilidad de las monedas en oro. Fue éste un lustro que se caracterizó por una fuerte inestabilidad monetaria cuya máxima expresión la constituyeron las devaluaciones generalizadas y descoordinadas que tenían lugar en los países de la Europa occidental —Gran Bretaña e Italia constituyen ejemplos paradigmáticos de ello—. Asimismo, el FMI fracasó en su intento de reequilibrar las economías por la vía de la concesión de una deuda cuyo servicio difícilmente retornaba a sus arcas.

Entre 1950 y 1958 la situación cambió. El buen funcionamiento del Plan Marshall permitió que se consolidase la recuperación y la estabilización de las economías europeas, lo que hizo practicable el camino hacia la convertibilidad, esto es, hacia el restablecimiento del patrón-oro. En efecto, éste es el momento en el que apareció la ya citada Unión Europea de Pagos, que constituyó una pieza clave para la configuración de un sistema de compensación entre las distintas divisas europeas, lo que evitó que los tipos de cambio fluctuaran en exceso y que se recurriera exclusivamente al dólar como medio de cambio en las transacciones internacionales. De este modo, el camino hacia la estabilización del sistema monetario quedaba abierto.

En este contexto, se fueron articulando áreas monetarias —muy especialmente, la dominada por la libra, la dominada por el dólar y, más adelante, las dominadas por el yen o por otras monedas europeas—, áreas todas ellas caracterizadas por una destacada libertad monetaria en el interior y por políticas proteccionistas de intervención en el tipo de cambio en lo que a las relaciones con el exterior respectaba.

Sea como fuere, concluida más o menos satisfactoriamente la reconstrucción de las economías europeas, la década de 1950 fue la de la consolidación del equilibrio de las balanzas comerciales y de la estabilización más o menos definitiva de los tipos de cambio —las cotizaciones de mercado de las monedas se adecuaban casi por completo ya a las oficiales—. El retorno a la convertibilidad, pues, aparecía como un objetivo a todas luces realizable.

Entre 1958 y 1971, la estabilidad monetaria fue total. Por lo menos así lo parecía. El retorno a la convertibilidad de las monedas en oro permitió que los pagos entre países se hicieran sin necesidad de recurrir al control y arbitraje estatales. Sin embargo, la convertibilidad nunca fue plena: así como a escala internacional sí había convertibilidad —y la había de forma multilateral—, en el interior de los países ésta quedaba restringida. Pero ello en ningún momento fue óbice para que el comercio internacional experimentara un notable crecimiento.

No obstante, al mismo tiempo que el comercio internacional se desplegaba sobre una estructura monetaria y financiera aparentemente sólida, fue germinando la simiente del declive, precisamente, del sistema monetario internacional de posguerra, simiente que éste albergaba en su seno desde el momento en que el dólar adquirió en él la centralidad que le fue concedida desde finales de la década de 1950. En efecto, el sistema monetario que se fue perfilando a partir de la década de 1950 albergaba contradicciones que, con el paso de los años, lo alterarían hasta el punto de desintegrarlo.

Si bien es cierto que se logró restaurar la convertibilidad de las monedas en oro, con el paso de los años el dólar fue convirtiéndose en el medio de pago fundamental para el comercio internacional —más adelante, el yen y el marco jugarían este mismo papel—. Así, convertido el dólar en punto de referencia del sistema monetario internacional —el patrón-oro, pues, quedó sustituido de facto por el llamado «patrón-dólar»—, la liquidez final del sistema monetario dependía de la cantidad de dólares en circulación a escala mundial, esto es, de la reserva de dólares que poseían todos los países. Y cuanto más aumentaban las transacciones comerciales, más se incrementaba también la demanda de dólares. La cantidad de dólares en circulación a nivel internacional, pues, aumentó considerablemente. De este modo, la salida constante de dólares que los Estados Unidos se vieron obligados a permitir generó un déficit estructural en su balanza de pagos. Así, la estabilidad de la economía real norteamericana —su balanza comercial, muy especialmente— se hallaba en contradicción con el papel de los Estados Unidos como garante de la estabilidad monetaria de la economía internacional. Esta realidad se puso de manifiesto de modo palmario en 1971, cuando la administración Nixon decidió suspender la convertibilidad del dólar en oro, lo que supuso un serio golpe para la estabilidad de un comercio internacional que se vio obligado a recurrir al llamado «sistema de cambios flotantes», en el que los tipos de cambio dependían enteramente de la ley de la oferta y la demanda, así como de las expectativas con respecto a la evolución de la economía de los distintos países. Y, dado que la estabilidad monetaria constituye una condición necesaria para un crecimiento económico estable y equilibrado, los años venideros presenciaron una severa caída de la economía real causada, en parte, por las mayores turbulencias en el sistema monetario internacional a las que condujeron los tipos de cambio flotantes.

Factores del crecimiento económico entre 1950 y 1970

Las décadas de 1950 y 1960 fueron las del boom del capitalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La Europa en reconstrucción creció a un ritmo vertiginoso que superó el de los propios Estados Unidos —la excepción más destacable la constituyó Gran Bretaña, que presentó un crecimiento lento y dificultoso—. Asimismo, países que se integraron en el grupo de los países capitalistas ricos —Japón, sobre todo, aunque también países europeos como Italia— vivieron una aceleración de su crecimiento económico inédita en sus respectivas historias. Tales cambios, que nunca pusieron en peligro el predominio de los Estados Unidos como principal potencia económica mundial, se debieron a la mayor amplitud del margen de mejora tecnológica que caracterizaba a economías como las europeas o la japonesa.

Efectivamente, los países europeos, al igual que Japón, arrastraban un notable retraso con respecto a los Estados Unidos. Así, con un aparato productivo envejecido, tales países tomaron conciencia de la imperiosa necesidad de emprender un proceso global de modernización e hicieron un importante y exitoso esfuerzo para aumentar su capacidad productiva. Este hecho, unido a un reparto más igualitario de la renta que hizo posible un importante incremento de la demanda, elevó el nivel de vida y el potencial económico de los países europeos y de Japón —un tecnificado Japón que había desarrollado formas de organización de la producción altamente eficientes y que empezaba a penetrar en los mercados occidentales— hasta alcanzar cotas inimaginables al término de la guerra.

Si bien el factor decisivo para la consolidación del crecimiento económico de las décadas de 1950 y 1960 fue el tecnológico, merece la pena realizar un breve examen de los cambios experimentados también por los demás factores productivos durante el período que está siendo objeto de consideración.

EL FACTOR TRABAJO

Los mercados de trabajo de los países capitalistas ricos vivieron, entre 1950 y 1970 —también las décadas de los 70 y de los 80 se caracterizarán por tales fenómenos—, en primer lugar, un importante crecimiento tanto de la población total como de la población activa —el incremento de la población en la franja de edad situada entre los 15 y los 65 años y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo remunerado no podían sino conducir a dicha realidad—; en segundo lugar, un desplazamiento masivo de la población ocupada en el sector primario al sector secundario y al terciario; en tercer lugar, importantes movimientos migratorios a nivel internacional, no ya de Europa a América, sino del sur de Europa, del Magreb, del África subsahariana, de Turquía y de Latinoamérica hacia una Europa rica que veía positivamente el aumento de la mano de obra barata que tales migraciones suponían —a la inversa, países con saldo migratorio negativo como España se vieron en la necesidad de emprender procesos de mecanización de su sistema productivo, tanto en la industria como en la agricultura, para hacer frente al descenso de la población activa que la emigración ocasionaba en determinados sectores y regiones.

En un plano de análisis cualitativo, cabe destacar la mejora de los niveles educativos de la población de la práctica totalidad de los países industrializados, lo que se tradujo en un incremento de la cualificación de la mano de obra que resultó fundamental para consolidar el crecimiento económico posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cabe señalar, sin embargo, que las diferencias entre los países europeos ricos y los pobres en lo que respecta a los niveles de formación de la mano de obra se mantuvieron inalteradas. De hecho, el país que más logró desarrollar el capital humano fue Estados Unidos, donde la formación de la mano de obra se incrementó moderadamente, pero lo hizo en sectores que serían los pilares del futuro crecimiento económico: el tecnológico y el de la gestión empresarial.

EL FACTOR CAPITAL

Así como, al término de la guerra, los Estados Unidos habían podido incrementar sus inversiones de forma muy notable, en la mayoría de los países europeos, donde la disponibilidad de stocks de capital era muy escasa, quedaba mucho terreno por recuperar. De ahí el sentido —técnico y político— del Plan Marshall. Con todo, cabe destacar que el esfuerzo inversor en capital en Europa se situará al mismo nivel o, en algunos sectores productivos, por encima del de los Estados Unidos, sobre todo a partir de 1960.

Asimismo, el sentido de las transferencias de capital variará ostensiblemente. Antes de la guerra y hasta 1960, el flujo principal era el que se originaba en los Estados Unidos, sobre todo desde instancias oficiales, y desembocaba en territorio europeo —una vez más, el Plan Marshall tuvo mucho que ver con ello—. A partir de 1960, el flujo de inversiones correrá a cargo también de las empresas privadas multinacionales —norteamericanas en la mayoría de los casos—, y se dirigirán, sobre todo, hacia el sector de las industrias de transformación. Finalmente, a partir de 1970 las transferencias de capital se originarán tanto en los Estados Unidos como en Europa y se dirigirán hacia el Tercer Mundo, donde empezarán a aparecer países parcialmente industrializados que se mostrarán capaces de asumir ciertas actividades industriales a bajo coste.

EL FACTOR TECNOLÓGICO

Es preciso señalar que, más allá de la evolución favorable que vivieron tanto el factor trabajo como el factor capital en Europa y en los Estados Unidos, fue el factor tecnológico el que con mayor intensidad detonó el incremento de la productividad que se halla en la base del crecimiento económico de los años 50 y 60. Tal y como ocurría desde principios de siglo, la investigación científica, tanto la universitaria como la que se desarrollaba en el seno de las empresas, anduvo estrechamente de la mano de los procesos de innovación tecnológica propios del período considerado. Tales innovaciones se centraron, muy especialmente, en sectores altamente tecnificados como el de la electrónica, el de la química, el de la farmacéutica, el de los instrumentos de precisión, el de la aeronáutica o el de la energía nuclear; sectores, todos ellos, que presentaban importantes efectos de arrastre en otros sectores productivos.

Buena parte de este esfuerzo innovador se desarrolló en los Estados Unidos, donde, si bien la investigación creció poco y, en algunos sectores, llegó a disminuir, se concentró siempre el grueso del esfuerzo innovador realizado en el conjunto del planeta. Asimismo, la innovación aumentó en los países europeos en crecimiento —Alemania e Italia, por ejemplo, se concentraron en los sectores de la electrónica y de la química— y en Japón, donde la electrónica y la fabricación de maquinaria experimentó un cambio técnico espectacular.

Conviene destacar también que, durante las décadas de 1950 y 1960, la innovación tendió a difundirse muy rápidamente. En primer lugar, las empresas filiales de las multinacionales coadyuvaban a diseminar los adelantos técnicos a gran velocidad. En segundo lugar, la compra-venta de patentes vivió un alza muy considerable —también el espionaje industrial pasó a constituir una práctica mucho más que marginal—. Con todo, fueron éstos unos años durante los cuales los beneficios de la innovación y del cambio técnico se diluían rápidamente, lo que no fue un obstáculo para que los pioneros siguieran sintiéndose incentivados para consagrarse a las actividades de investigación y desarrollo.

Por otra parte, la mejora y la racionalización de los procesos productivos y de toma de decisiones posibilitó, cada vez más, una eficiente aplicación y adaptación de los hallazgos logrados, lo que redundó en una optimización de la planificación de la inversión, en un importante ahorro de los costes de transacción —dicho ahorro se vio favorecido también por los procesos de integración que muchas empresas estaban viviendo— y, a la postre, en un mayor incremento de la productividad.

Con todo, la evolución del factor tecnológico en el capitalismo de la segunda posguerra conllevó un importante aumento de la oferta —salieron al mercado grandes cantidades de producto, en muchos casos correspondientes a bienes de nueva aparición, generalmente de consumo duradero—, lo que exigió un incremento equivalente de la demanda. Para ello fue necesaria una mejor distribución de la renta que permitiera un aumento del poder adquisitivo —de los salarios reales— de las clases medias y bajas. Huelga decir que la fiscalidad progresiva y las políticas de prestaciones —dinerarias y en especie— que el Estado del Bienestar introdujo —más adelante habrá ocasión de analizar el contexto y el sentido político con el que éste vio la luz— constituyeron factores que, precisamente, hicieron posible la articulación de este binomio «Estado social-sociedad de consumo» que tan buenos resultados económicos y sociopolíticos dio al capitalismo que se desplegó durante las décadas de 1950 y 1960.

La economía del Tercer Mundo:

la dimensión económica de los procesos de descolonización

Pero el desarrollo del capitalismo no adquirió la misma faz en todos los espacios en los que consiguió cuajar. Sin ir más lejos, los países del Tercer Mundo vieron cómo los frutos del crecimiento económico que, en algunos casos, también experimentaron eran repartidos y empleados de forma bien distinta al modo en que se hacía en los países desarrollados. Pero no todos los países del Tercer Mundo sufrían los mismos problemas, ni lo hacían en la misma magnitud.

Un primer grupo de países, los más pobres y demográficamente desequilibrados —Bangladesh, la India o varios países del África subsahariana, por ejemplo—, sufrían una carestía de productos exportables que les impedía participar del crecimiento económico que el capitalismo sí era capaz de generar en otros territorios. Además, la falta de recursos económicos que los atenazaba limitaba totalmente las posibilidades de acceder a la tecnología que se empleaba en el Norte, con lo que tenían que resignarse a reproducir, si a ello llegaban, meras economías de subsistencia que en ningún caso daban para generar un mínimo excedente que pudiera ser exportado.

En cambio, un segundo grupo de países, los países productores de petróleo, al igual que ciertas repúblicas latinoamericanas, lograron acceder a tecnología extranjera y estabilizar balanzas de pagos moderadamente —y, por tanto, llevaderamente— deficitarias gracias a la disposición de algún tipo de primera materia de alto atractivo para los países desarrollados. Tales sociedades sí lograron, sobre todo entre 1960 y 1980, cierta prosperidad económica, si bien los frutos de la misma se hallaron siempre muy desigualmente repartidos.

Finalmente, cabe destacar un tercer grupo de países, situados en el Este del continente asiático —Corea del Sur, Taiwan y Malasia constituyen buenos ejemplos de ellos—, que lograron, más recientemente, especializarse, gracias a la abundancia de mano de obra y a la vigencia de una legislación laboral altamente permisiva, en la producción de mercaderías —del sector textil, sobre todo— que requieren una participación intensiva del factor trabajo, lo que les permitió importar tecnología y capitales de Occidente y lograr un crecimiento económico muy notable.

En cualquier caso, dos han sido las estrategias por las que los países en vías de desarrollo del bloque capitalista han optado para impulsar el crecimiento económico: la sustitución de importaciones y la especialización en productos sujetos a una elevada demanda a escala mundial. En primer lugar, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), que exige la introducción de aranceles para poder producir en el mercado interior aquellos bienes que hasta el momento eran importados, fue adoptado, primero, por los países que, como Alemania, se modernizaron, a finales del siglo XIX y principios del XX, al abrigo de la llamada «segunda revolución industrial», y, después, sobre todo en la década de 1970, por algunos países latinoamericanos. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, dicha estrategia había perdido ya parte de su eficacia: en una época de crecimiento acelerado y de cambio técnico en un marco institucional internacional marcadamente librecambista, carece de sentido pretender crear tejido industrial autóctono sin contar con tecnología moderna y competitiva, esto es, por recurso, simplemente, al amparo que podían ofrecer endebles medidas de carácter proteccionista.

En segundo lugar, y pese al carácter desfavorable que las relaciones comerciales adquirían siempre para los países pobres productores de bienes primarios —éstos se vendían a precios irrisorios—, conviene señalar que la intensidad de la demanda de determinados productos permitió que, durante las décadas de 1950 y 1960, algunos países del Sur experimentaran cierto desarrollo económico gracias a su especialización en la producción de tales mercaderías. Si bien los precios relativos de dichas mercaderías han situado a estos países en una posición comercial claramente desigual, el sostenimiento de los flujos de capitales hacia su interior animó, hasta cierto punto, la creación de infraestructuras y la mejora de los procesos de especialización productiva, lo que les permitió integrarse, siquiera parcialmente y con enormes dificultades, en los circuitos comerciales y financieros propios del capitalismo de posguerra.

Sea como fuere, las economías en vías de desarrollo han debido y deben hacer frente a problemas estructurales que tienen que ver con un severo déficit educativo; con enormes desigualdades con respecto a la distribución tanto de la renta como de la propiedad de la tierra —en muchos casos, conviven inmensas masas de gentes social y económicamente deshauciadas con auténticas oligarquías económicas capacitadas para consumir grandes cantidades de bienes de lujo importados—; con un crecimiento demográfico espectacular y, a la vez, profundamente desequilibrado; y, finalmente, con grandes bolsas de deuda de la que los Estados apenas pueden satisfacer sus intereses y que provienen de inversiones cuyo provecho para el país de destino se ha perdido en la noche de los tiempos o, sencillamente, en los bolsillos de políticos locales y, directa o indirectamente, en las cuentas de los grandes poderes económicos transnacionales.

En resumen, las formaciones sociales y económicas de la periferia del sistema han vivido un desarrollo del capitalismo que, si realmente tuvo lugar, en ningún caso fue autógeno, sino inducido desde el exterior. Si bien en ellas se han conformado unas clases subalternas autóctonas, la propiedad de los recursos, físicos y financieros, pertenece a —o se halla estrechamente vinculada con— poderes económicos de origen externo. Se trata, pues, de economías desintegradas, desarticuladas, economías en las que se abolieron las actividades autóctonas en favor de —unas pocas— actividades de interés para el extranjero —se trata, tal y como se ha dicho ya, de economías altamente especializadas—. De este modo, tras su independencia, estos países han tenido que lidiar con una economía deforme en la que es preciso importar la práctica totalidad de los productos necesarios para la vida: por paradójico que parezca, la inversión en la periferia de capitales procedentes del centro no ha generado inversión en la periferia, sino en el centro. Además, la inexistencia de capitales autóctonos ha impedido el despliegue de niveles elementalmente significativos de inversión independiente de los intereses de los poderes coloniales o neocoloniales.

Se trata, pues, de economías duales en las que coexiste, por un lado, un sector moderno que hunde sus raíces en las plantaciones y explotaciones minerales de origen colonial y que presenta niveles a menudo apreciables de productividad, y, por el otro, un sector tradicional, generalmente agrario, cuyo cometido no ha sido otro que el de ofrecer los productos estrictamente necesarios para la subsistencia de una población que, cuando no ha quedado literalmente marginada de tales circuitos y, por tanto, hacinada en las grandes concentraciones de gentes desheredadas, ha sido ocupada en la producción de bienes cuyo mercado se encuentra en el exterior.

La crisis de los 70: interpretaciones e implicaciones teóricas y prácticas para la década de 1980

ALCANCE Y SIGNIFICADO DE LA CRISIS

La subida del precio del barril de petróleo de 1973 dio al traste con los intentos de mantener sobre las mismas bases la senda de crecimiento que se había abierto a partir de la década de 1950. El incremento en un 300 % que experimentó el precio del crudo precipitó una crisis anunciada que dejó sumida en un severo estancamiento a una economía internacional que hasta el momento había estado creciendo a un ritmo espectacular. Además, la crisis se manifestó de un modo inédito hasta el momento: así como tradicionalmente los gestores de la política económica habían dado por hecho un —parecía que— inquebrantable trade-off entre paro e inflación —la llamada «curva de Phillips» expresaba, precisamente, la relación inversa supuestamente existente entre el primero y la segunda: ceteris paribus, precios altos debían propiciar crecimiento económico—, la crisis de los 70 obligó a acuñar un concepto totalmente nuevo en el universo de la política económica ortodoxa: el de «estanflación» —combinación de estancamiento y, por tanto, paro, por un lado, y, por el otro, inflación.

En efecto, a la reaparición del problema del paro —aunque éste nunca alcanzó los niveles de la década de 1930, el producto industrial padeció un progresivo estancamiento y el comercio exterior se contrajo notablemente—, se sumó el encarecimiento de la práctica totalidad de la energía que necesitaba la economía, hasta el momento un recurso barato y abundante, lo que no podía sino traducirse en un incremento de los precios —en Gran Bretaña, la inflación alcanzó el nivel, impensable poco tiempo atrás, del 24 %.

De hecho, hacía ya unos años que las fuerzas que habían impulsado el crecimiento de los años 50 y 60 habían ido perdiendo parte de su intensidad. Al decir de Aldcroft, la llamada «crisis del petróleo» —la subida de los precios de la energía— estalló en un momento en el que la estructura del consumo estaba sufriendo una variación que, junto con la propia evolución del ciclo económico, suponía ya un duro golpe en la línea de flotación del sistema productivo. En efecto, la demanda de bienes de consumo se había contraído en favor de la de servicios, con lo que las empresas, que veían cómo sus ventas disminuían, empezaron a impulsar procesos de mecanización de la producción —y, por tanto, de reducción de las plantillas, lo que provocó un paulatino desplazamiento de la fuerza de trabajo hacia el sector de los servicios— con el objetivo de abaratar sus costes productivos —en un contexto económico como el perfilado, se hacía difícil reducir costes por vía de la inversión en nueva tecnología—. Finalmente, el poder adquisitivo de la clase trabajadora fue disminuyendo, con lo que la crisis también se agravó debido a problemas de subconsumo.

Con todo, parece evidente que tanto las perturbaciones del petróleo de 1973 como la ruptura, en 1971, del sistema de Bretton Woods y la consecuente introducción del sistema de tipo de cambios flotantes, que ha sido detallada en el tercer epígrafe de este capítulo, debían conducir al incremento del desempleo y a la interrupción del crecimiento económico de los dos decenios anteriores.

No obstante, cabe señalar que, pese a las dificultades, los elementos fundamentales del orden económico de la posguerra se mantuvieron intactos. Ni los grandes problemas de deudas en América Latina y África pusieron al mercado internacional de capitales en serios apuros, ni los desequilibrios de las economías nacionales ocasionados por la crisis condujeron a los hundimientos financieros internos que caracterizaron a algunos países en el decenio de 1930.

Además, buena parte de los gobiernos de los países desarrollados lograron romper la dinámica de las expectativas inflacionarias generada por la amenaza de la OPEP. En efecto, varios fueron los países que se mostraron capaces de reducir la demanda de petróleo —durante la década de 1970, aumentó el empleo del carbón y de la energía atómica—, a la vez que de hallar vías para hacerse con crudo libre del control por parte de la OPEP —en esta dirección, se fomentó el consumo de energía proveniente de zonas como el Mar del Norte, México, Alaska o la URSS.

Con todo, a finales de la década de 1970, y pese a ciertos rebrotes, la crisis había remitido considerablemente. Así, durante la década de 1980, el crecimiento económico fue considerablemente superior al del período que media entre 1973 y 1981. En los ocho años comprendidos entre 1981 y 1989, la media de crecimiento del PIB per cápita fue del 2,4 % anual para el conjunto de países desarrollados, mientras que en los ocho años anteriores había sido del 1,9 %. Asimismo, mientras que el desempleo medio aumentó del 2,6 en 1973 al 7,8 % en 1983, durante los años 80 respondió favorablemente al incremento de las tasas de crecimiento y descendió hasta situarse, en 1989, en una media del 5,7 %. Al decir de Maddison, «es probable que, […] a largo plazo, el período 1981-1989 sea mejor que los ocho años anteriores. A la luz de la experiencia histórica de antes de la edad de oro, una tasa de crecimiento per cápita del 2,4 % es en verdad alentadora: casi el doble del 1,3 % anual que se alcanzó en los ocho decenios de 1870 a 1950».

Sin embargo, cabe señalar que, pese a los síntomas de recuperación que, a mediados de los 80, presentaba la economía mundial, durante estos años se consolidó un fenómeno que persiste todavía en la actualidad: el del paro estructural. ¿Se pusieron en práctica las medidas apropiadas —y con la firmeza apropiada— para solventar la crisis? La forma que ésta tomaba, ¿obligaba a un replanteamiento de los términos en los que tradicionalmente se había formulado la política económica?

¿ALTERNATIVAS AL KEYNESIANISMO?

Tal y como ha sido planteado ya, el fenómeno de la estanflación había puesto en entredicho la vieja receta keynesiana según la cual, en épocas recesivas, políticas expansivas, fueran éstas fiscales o monetarias, iban a recalentar la economía, reducir el paro y estabilizar el ciclo, aun a costa de mayores niveles de inflación —es más: el incremento de los precios era el signo de la bonanza económica que se acercaba o que empezaba a hacerse realidad—. Pero en un contexto como el que se dibujó en 1973, en el que la inflación distaba de constituir un indicio de ningún tipo de recuperación económica, sino todo lo contrario, la doctrina keynesiana tuvo que enfrentarse a contundentes enmiendas y objeciones.

Así como hasta finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 parecía existir un acuerdo según el cual el mejor camino para estabilizar el ciclo económico era que el Estado sostuviera una gestión activa de la economía, con imposición progresiva y, si era preciso, déficit públicos coyunturales capaces de incrementar la demanda agregada y, con ella, la renta nacional, durante los años 70 economistas como Milton Friedman, a la luz de los acontecimientos que sacudían la economía internacional, empezaron a cuestionar tales planteamientos: una política económica demasiado intervencionista y una imposición excesiva podían ejercer una influencia negativa sobre los incentivos y, por tanto, sobre los juegos de expectativas que, en condiciones normales, llevan a las fuerzas del mercado a estabilizar automáticamente la economía.

Por otro lado, a finales de los años 70 y principios de los 80 los teóricos de la «economía de la oferta» sugirieron que un descenso de la presión fiscal podría estimular la actividad económica hasta el punto no sólo de superar la recesión, sino también de incrementar la base imponible de los impuestos y, a la postre, incrementar la recaudación.

No obstante, la aplicación de tales recetas, sobre todo en los Estados Unidos de la administración Reagan y en la Gran Bretaña thatcheriana, mostró hasta qué punto carecían de fundamento: el crecimiento económico no se aceleró, y aumentó la desigualdad en la distribución de la renta, a la vez que la disminución de la presión fiscal generaba importantes déficit presupuestarios.

De este modo, durante los años 80 la academia recupera algunos de los planteamientos propios del keynesianismo e insiste de nuevo en la imperfección de los mercados reales, que distan de constituir los mercados de competencia perfecta descritos por la teoría económica neoclásica, lo que la lleva a reivindicar de nuevo el papel del Estado en la vida económica: son los años del auge de la «política comercial estratégica» y de la «nueva economía keynesiana». Veamos tales debates, pues, con mayor detenimiento.

Al decir de Krugman, los años 70 —años de crisis profunda— y los 80 —años en los que se pone de manifiesto la enorme dificultad para salir de ella— constituyen la «era de las expectativas limitadas». En este contexto, Friedman recogerá el testigo dejado por el Hayek del Camino de servidumbre, de 1944, y defenderá no sólo las ventajas del libre mercado, sino también —y sobre todo— la inutilidad y hasta el carácter pernicioso de cualquier intento de domeñar la evolución del ciclo a través de los instrumentos de la política económica. Es en este sentido, pues, en el que Friedman reivindicará la importancia del papel del dinero —de un dinero de movimientos estrictamente vigilados— en la marcha de la economía —de ahí que su teoría haya recibido el nombre de «monetarismo»—. Si se altera la masa monetaria —dice Friedman—, se termina por modificar los precios, lo que genera fluctuaciones económicas de efectos impredecibles —de hecho, la crisis de 1929 fue, según Friedman, la consecuencia de un error de la Reserva Federal norteamericana, que redujo la masa monetaria en un momento en el que no debía hacerlo—. De lo que se trata —asegura Friedman— es de dejar que el mercado actúe libremente, pues éste asegura la estabilidad de la economía, a la vez que una distribución óptima de los recursos y la plena ocupación —persistirá siempre, eso sí, una «tasa natural de paro», la llamada «tasa de paro no aceleradora de la inflación», que no guarda relación alguna con la inflación y contra la que en ningún caso se puede luchar—. En definitiva, si las recesiones son el resultado de una disminución de la cantidad de dinero en circulación, bastará con aplicar una sencilla regla: «manténgase constante la oferta monetaria», aun cuando la inminencia de una recesión sea patente. No es posible —asegura Friedman— recurrir a una expansión monetaria para alcanzar el arbitrario objetivo del pleno empleo sin provocar, al mismo tiempo, graves tensiones inflacionarias. Conviene, sin embargo, abrir un paréntesis para subrayar, en este punto, que, si bien la aplicación de la preceptiva friedmaniana a la realidad económica de la Gran Bretaña de los 80 permitió reducir la inflación del 18 al 4 %, ello acarreó, al mismo tiempo, un incremento espectacular del paro —la curva de Phillips, pues, parecía revivir, no sin severas consecuencias.

Bajo el punto de vista de Milton Friedman, la política monetaria funciona «con retardos largos y variables». De hecho, en lugar de allanar el ciclo económico, lo empeora. Tras una recesión, las autoridades económicas emplean una cantidad nada menospreciable de tiempo en tomar conciencia de la misma e incrementar la masa monetaria, de modo que tales incrementos, en lugar de contribuir a frenar la crisis, tenderán a reforzar la expansión posterior. En este contexto, los responsables de la política económica no podrán más que dar marcha atrás, lo que puede llegar a detonar una nueva recesión. En cuanto a las políticas fiscales expansivas clásicas, consistentes en un aumento del gasto público y/o una disminución de la imposición, Friedman alerta del efecto-expulsión de la inversión privada que provoca la subida de los tipos de interés generada por el incremento del gasto público, con lo que la expansión económica neta que cabe esperar de tales políticas puede desvanecerse por completo. Éstas son, pues, las razones por las que, según Friedman, es preciso desechar tanto la política monetaria, como la fiscal, por lo menos en sus formulaciones clásicas.

Durante los mismos años, la «teoría de las expectativas racionales», debida a teóricos como Robert Lucas, ofrece nuevos argumentos para justificar la abstención del Estado de intervenir en la economía. En el marco de una teoría que explora la relación entre la inflación y la información que los agentes económicos poseen acerca de la evolución de la economía, Lucas afirma la inexistencia de asimetrías informativas entre el conjunto de ciudadanos y las administraciones públicas: todos tienen acceso a toda la información. Robert Barro pone un ilustrativo ejemplo a este respecto: si se da un déficit público, todos los agentes se percatarán perfectamente de ello, con lo que se prepararán para hacerle frente. Así, incrementarán el nivel de ahorro, lo que compensará el incremento del gasto que había provocado el déficit inicial. Las expectativas racionales de los agentes, pues, se encargarán de garantizar la estabilidad de la economía, sin necesidad de que el Estado tome medidas excepcionales para ello.

Si bien, una vez más, la experiencia de los Estados Unidos reaganianos y de la Gran Bretaña de Thatcher se encargará de desautorizar, en gran medida, tales perspectivas, conviene señalar, en este punto, la importancia que planteamientos de esta índole tuvieron en la «era de las expectativas limitadas» que siguió a la crisis de 1973. Sea como fuere, el crecimiento, esto es, la gran promesa de los partidos conservadores que llegaron al poder a principios de la década de 1980, apenas asomó la cabeza. En los Estados Unidos, por ejemplo, el potencial de crecimiento del país, que depende del peso de la población activa sobre el conjunto de la población y de la tasa a la que aumenta la productividad, creció escasamente durante el mandato de Ronald Reagan. El desinterés por el fomento de la inversión privada, de la educación y de la inversión pública en infraestructuras y servicios de interés general desaceleró en gran medida la productividad norteamericana, lo que no podía más que socavar cualquier intento de incrementar la renta global y de mejorar el nivel de vida del conjunto de la población. Al mismo tiempo, la renta familiar creció, también durante los años 80, a un ritmo muy lento, y dicho crecimiento quedó altamente concentrado en unas pocas familias ricas. Finalmente, cabe destacar también que el descenso de los impuestos favoreció exclusivamente a las familias de renta alta, mientras que la caída del gasto público afectó, sobre todo, a las de renta baja. Las desigualdad en el acceso a la renta y a las oportunidades, pues, se incrementó notablemente.

Dicha realidad estimuló, a partir del segundo lustro de la década de 1970, el interés por el rescate del espíritu keynesiano en la definición de los instrumentos y mecanismos de la política económica. Ello dio lugar al llamado «neokeynesianismo», que resultó altamente influyente en la práctica, tanto en Europa como en los Estados Unidos, sobre todo a partir de 1990. Dos nombres son de mención obligada en este punto: el de George Akerlof y el de Paul David.

Al decir de Akerlof, a los agentes económicos bien a menudo les resulta racional no mostrarse totalmente racionales. En efecto, tomar una decisión correcta y apropiada no exige analizar toda la información disponible —de hecho, se trataría de una empresa a todas luces quimérica, dados los costes en términos de tiempo y de dinero que acarrearía—. De hecho, en la realidad los individuos no pueden más que presentar una conducta «casi racional», cuyas implicaciones para la política económica se encuentran a años luz de las que podría tener una conducta perfectamente racional. Los agentes económicos no son —no pueden ser— racionales: se limitan a ser, en la medida de lo posible, «razonables». La fotografía de la vida social que Akerlof realiza, pues, arroja un mundo marcado por la interacción de individuos parcialmente racionales en el contexto de mercados imperfectamente competitivos, lo que exige razonables dosis de intervención estatal para que los engranajes de la economía funcionen sin dificultades.

Por su parte, Paul David asegura que el resultado de la competencia del mercado suele depender, fundamentalmente, de accidentes históricos, lo que explica que, muy frecuentemente, el resultado colectivo de decisiones libres nos lleve a quedar atrapados en resultados subóptimos —en términos tecnológicos, por ejemplo: los llamados «problemas del qwerty» constituyen un ejemplo paradigmático de ello—. Si ello es así, es preciso definir una «política comercial —y productiva— estratégica» que nos aleje de un poco recomendable laissez-faire y que, de este modo, abra las puertas a la posibilidad de una revisión colectiva, legítima y políticamente contestable, de decisiones tomadas en el pasado en condiciones, muy probablemente, de información imperfecta. De ahí la insistencia de David en políticas de apoyo, por parte de los gobiernos, a la articulación de los tejidos productivos nacionales —en el marco de distritos industriales, por ejemplo— y a la creación de las redes de intercambio comercial a escala internacional en las que los países puedan integrarse.

En resumen, el debate abierto a raíz de las dificultades que debía enfrentar, desde principios de la década de 1970, el keynesianismo clásico, debate en el que intervienen destacadas figuras de la historia del pensamiento económico como Milton Friedman, Robert Lucas, George Akerlof y Paul David, entre otros, actuó como cemento para la nueva política económica que, de consuno o en contraposición con el espíritu de la tradición keynesiana, y con mayores o menores éxitos prácticos, se impuso durante las décadas de 1980 y 1990.

Vuelta al «consenso social de 1945»: una valoración actual desde la perspectiva de la política social y de la política económica

Transcurridos ya varios decenios desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, contamos hoy con sobrados elementos de juicio para valorar el significado de los acuerdos que dieron lugar al «consenso social» en el que descansó la articulación del Estado del Bienestar, así como su eficacia como marco institucional desde el que hacer frente a los desafíos a los que, sobre todo a partir de 1970, el capitalismo ha tenido y tiene que dar respuesta.

Dentro de las características del pacto que dio lugar al Estado del Bienestar destaca, como principio central, la garantía de la seguridad en el ingreso. En efecto, todo el mundo debía contar con unos ingresos suficientes, no sólo para subsistir, sino también para mantener ciertas pautas de consumo que coadyuvaran al sostenimiento de la demanda. No obstante, dicho objetivo se conseguía de forma indirecta, esto es, a través de otro objetivo intermedio: el de la seguridad en el empleo. De este modo, la seguridad en el ingreso era el resultado de la seguridad en el trabajo remunerado en el mercado. De lo que se trataba, pues, era de asegurar la relación laboral y de garantizar el pleno empleo, para cuya consecución se habían ido arbitrando todo tipo de medidas activas de fomento de la ocupación. En este contexto, los problemas de insuficiencia de ingresos —y de la ausencia de bienestar que se derivaba de ello— eran vistos como un resultado, exclusivamente, de la falta de empleo; y esta situación, dadas las redes de inclusión social existentes, se valoraba como una posibilidad meramente circunstancial.

Paralelamente, el Estado se encargaba de la gestión de políticas fiscales y monetarias que aseguraran la estabilidad del ciclo y, con ella, también, el pleno empleo. Por un lado, las políticas fiscales estimulaban la demanda agregada —la renta del conjunto de la economía y, al fin y al cabo, el empleo— por vía de un aumento de la inversión y del gasto públicos, a la vez que hacían posible una redistribución de la renta para la que era necesaria la integración de las políticas de gasto con el sistema impositivo. Por el otro, la política monetaria fomentaba, en épocas recesivas, el volumen de inversión —y, por tanto, la ocupación y la demanda agregada— a través de la acción sobre los tipos de interés. Finalmente, las políticas comerciales, industriales y agrarias, de investigación y desarrollo, y educativas que el Estado también podía impulsar incidían sobre la capacidad, por parte del conjunto de agentes de la economía, de responder a los estímulos monetarios y fiscales.

Cabe hacer notar que, al término de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de los economistas académicos de la generación de Keynes y de Kalecky, que habían vivido la amarga experiencia de la Gran Depresión y del conflicto armado que, a escala global, se inició en 1939, mostraron su preocupación ante la posibilidad de que se reprodujeran los mercados, tanto de bienes como financieros, sin restricciones ni regulaciones en los que, en el período de entreguerras, habían alzado sus peligrosos imperios —peligrosos para la seguridad económica y para la democracia— los grandes poderes privados. Tales convicciones, pues, alimentaron el llamado «consenso de 1945»: tipos de cambio estables —vigentes hasta 1971, como se ha visto ya— que permitieran el desarrollo sin turbulencias del comercio internacional —es preciso señalar que, pese a todo, se mantuvo la estructura oligopolística de varios mercados—; estricta regulación de los flujos internacionales de capitales; gobiernos firmemente comprometidos en la prevención de depresiones dentro de cada país —naturalmente, era preciso evitar un rimero de revoluciones como las que sacudieron Europa tras la Primera Guerra Mundial—; y, finalmente, empresas en las que el trabajador no pudiera ser despedido a discreción del patrono o de sus agentes, en las que contara con cobertura de paro, con vacaciones pagadas, con derechos de asociación y de huelga y, finalmente, con un mecanismo no arbitrario de promoción laboral.

Pero las circunstancias han cambiado. En los últimos años, se han ido consolidando unas tendencias que apuntan a un escenario totalmente opuesto. En primer lugar, se han ido conformando unos mercados de trabajo altamente flexibilizados, con permanentes entradas y salidas por parte de los trabajadores, con mayor importancia del trabajo a tiempo parcial y con mayor peso de la llamada «oferta secundaria de trabajo» —mujeres y jóvenes que trabajan en condiciones laborales deficientes—. En segundo lugar, el paro estructural —paro de larga duración y con pocas posibilidades de inserción laboral por parte de los trabajadores— ha cobrado una enorme importancia. En tercer lugar, ha crecido el número de ocupados que perciben remuneraciones muy bajas, inferiores al umbral de la pobreza —éste es el caso de los llamados working-poors: mujeres, generalmente—. En cuarto lugar, se ha dado, de forma paralela, una progresiva eliminación de las normas legales creadas para el sostenimiento de los ingresos en el trabajo y para la prestación de subsidios elementalmente relevantes: en su lugar, han sobrevivido políticas residuales que, lejos de ofrecer redes de seguridad completas, constituyen operaciones de salvamento focalizadas, destinadas a la cobertura de situaciones extremas.

Dichos cambios, que se fueron gestando durante las tres últimas décadas del siglo XX, no deben entenderse sino como una réplica a los elementos alrededor de los cuales se articuló el consenso de 1945. En primer lugar, no hubieran sido posibles sin la decisión —política— de reliberalizar los mercados financieros y los flujos internacionales de capitales —el punto de partida de dicho proceso fue la revisión, a partir de la introducción, en 1971, de los tipos de cambio flotantes, de los acuerdos de regulación y estabilidad monetaria y financiera de Bretton Woods—. En segundo lugar, tales cambios tampoco son ajenos a la pérdida de poder, en las mesas de negociación propias de los mercados laborales, que las clases trabajadoras han ido sufriendo a lo largo de estas décadas —en este punto, el quebrantamiento, por parte de la administración Thatcher, de la resistencia de las poderosas Trade Unions británicas constituye un acontecimiento de obligada consideración—. Se trata, finalmente, de unos cambios que no se entenderían sin el ferviente impulso, conscientemente político, de la oligopolización de los mercados y de la concentración del poder económico privado, impulso del que ha formado parte inextricable la política de privatizaciones de las grandes empresas públicas tradicionales que han vivido la mayoría de países, ricos y pobres, en los últimos lustros.

Ahora bien —cabe preguntarse, tanto en el Norte como en el Sur—, ¿tiene sentido, en este nuevo contexto, tratar de enderezar la situación resucitando el viejo consenso de 1945? ¿Tiene sentido recurrir de nuevo a la garantía del empleo —al pleno empleo— como vía para garantizar los ingresos? Sin duda, se trata de interrogantes cuya respuesta no cabe en un texto de la índole de éste. Sin embargo, es preciso consignar que muchos han sido los expertos que, desde el ámbito de la teoría social y política y del estudio de las políticas públicas, han subrayado, en los últimos lustros también, que los cambios acaecidos en los tres últimos decenios, de los que se ha hecho mención, plantean de nuevo el interrogante relativo a la resolución del reto de la seguridad. Parece evidente que el derecho de los individuos a unos ingresos que garanticen la satisfacción de sus necesidades vitales sigue constituyendo un elemento central en la infraestructura moral de varias de las tradiciones políticas que han conformado el universo axiológico del mundo occidental de posguerra. Aunque las concepciones sobre el modo concreto en que tal derecho deba articularse pueden variar mucho dependiendo de cada espacio y momento histórico, se hace necesaria una reflexión profunda acerca de los instrumentos de política social y económica que puedan garantizar, en el Sur como en el Norte, el acceso a la renta al conjunto de la población; que puedan garantizar, en suma, la seguridad material, condición indispensable para el goce de una ciudadanía plena.

LA CULTURA OCCIDENTAL DE 1945 A 1980

JORDI CASASSAS

Por las características de su propio desarrollo, resulta materialmente imposible realizar una exposición unitaria y al tiempo sintética de la dinámica cultural occidental de este periodo; ni que decir tiene si la pretensión se refiere al conjunto de la cultura mundial (aunque la máxima creatividad, diversificación y dinamismo seguirán siendo patrimonio de la cultura occidental).

Si nos referimos a la cultura occidental debemos tener en cuenta, aunque solo sea, el enorme peso que va adquirir el Estado como orientador, impulsor, creador directo y distribuidor de productos culturales; asimismo, no puede pasarse por alto el aumento sin precedentes del número de los creadores de cultura y su creciente especialización (a la par que la corporativización y especialización en las distintas disciplinas, con sus escuelas, portavoces y circuitos de distribución propios); finalmente, debe considerarse el aumento de la población alfabetizada y, aun más, el aumento del nivel cultural general de las masas (incluso de titulaciones superiores), con lo que ello ha representado de democratización de la cultura y el consiguiente crecimiento espectacular de los consumidores de cultura.

Este último aspecto, combinado con los otros factores, ha conllevado la irrupción de la industria y el gran capital transnacional en el «negocio» de la creación y distribución culturales; llegando, a partir de los años ochenta, a producir una cultura realmente globalizada y «deslocalizada», desligada ahora de las ya viejas «culturas nacionales» que aparentemente controlaban los Estados; sometida a la lógica del gran mercado y, por ello, a las exigencias de la actual revolución tecnológica y de los medios de comunicación.

Si la primera mitad del siglo XX había contemplado la irrupción en Occidente de una cultura de masas, como a menudo denunciaban los representantes de la vieja alta cultura de las elites —no sin grandes dosis de amargura— durante la segunda mitad del siglo asistiremos a la consolidación de una cultura para las masas, con sus lógicas y su enorme funcionalidad, no solo cultural sino incluso política. El caso extremo será el de los Estados Unidos, donde las distintas ramas de la industria de bienes culturales (especialmente el cine) no tardarán en convertirse en una de las más importantes en el sector de la exportación, y a contribuir decisivamente a imponer a escala planetaria unos valores, unas formas y un «estilo de vida» propios.

El francés Edgar Morin publicará, en 1962, El espíritu del tiempo, una obra que describe los valores, mitos y aspiraciones de la cultura de masas en las sociedades ricas de la posguerra.

Una cultura de posguerra

Grandes escritores de la etapa anterior, que se habían singularizado ya sea por alcanzar notoriedad entre el gran público o por su compromiso político, a la vuelta de 1945 se muestran horrorizados y prevén un verdadero desastre de la civilización occidental. Así, el popular H. G. Wells, optimista difusor de la ciencia, del vehículo radiofónico como expresión cultural de primer orden, divulgador de la historia, etc., en 1945 (un año antes de su muerte) publica Mind at the End of its Tether, que muchos considerarán como una especie de fúnebre y tétrico testamento vital y literario. En el mismo 1945, su compatriota G. Orwell publicaba su mejor novela, La granja de los animales, una amarga denuncia de la traición de los intelectuales a la causa de la libertad y el progreso; poco después, en 1949 (asimismo un año antes de su muerte) publica su desgarrada profecía 1984, donde se describe el siniestro totalitarismo del futuro.

En términos generales, la intelectualidad europea podemos decir que va a reaccionar según dos patrones distintos al enorme desconcierto generado por la Guerra y que no para de crecer a cada nuevo «descubrimiento» de los horrores que ésta había generado. De un lado, encontramos a los que se refugian en el idealismo, rechazan cualquier filiación política y las imposiciones externas, buscan conectar de nuevo con sus respectivas tradiciones culturales y hablan de la autonomía de los intelectuales. Frente a éstos, y a menudo en clara y abierta oposición, nos encontramos con la intelectualidad que se autocalifica de comprometida (engagée, adoptando el término francés), que se alinea casi siempre con los partidos comunistas y que preconiza una orientación y planificación del proceso de búsqueda y creación culturales. Dado el peso que tuvieron en sus respectivos países los partidos comunistas, los intelectuales franceses e italianos se agruparon casi podría decirse que mayoritariamente en este segundo grupo.

París recuperará enseguida su tradicional condición de gran fábrica europea de ideas, de centro encargado de poner en circulación las grandes consignas culturales y las principales «modas»; a los cabezas de serie, en ocasiones más efímeros de lo que parece, se les conoce como los «mandarines», por su poder y formas de arbitrariedad y autoritarismo que recuerdan las maneras orientales.

En Alemania, por razones obvias, fue donde el impacto de la Guerra produjo un choque mayor. El drama de la guerra y el horror del vacío subsiguiente se tradujeron en lo que se denominó como la «literatura de las ruinas» (en alusión al estado moral y material en que se encontraba el país en 1945); sobre ella influyeron destacados autores del periodo anterior, como E. Jünguer, H. Böll o E. M. Remarque, así como las pesadillas de Kafka o la dialéctica sarcástica de B. Brecht. Luego, en 1947 tomó cuerpo el bastante informal «Grupo del 47»: una plataforma que rechazaba las consignas externas a pesar de que su postura crítica con el conformismo creciente que identificó el periodo del «milagro alemán» dirigido por K.Adenauer les confirió una cierta pátina izquierdista. Una de sus principales características fue la denuncia constante contra el pasado nazi.

Frecuentaron este grupo gente como H. W. Richter, el propio H. Böll (Rosa y dinamita, 1952), Hartlamb (Diario de guerra, 1946), R. Becker, W. Borcherty, etc.

En Italia fue donde la tensión política influyó de una forma más evidente en la producción intelectual. En términos generales podemos decir que se consolidó un ambiente contrario a la fantasía y la evasión y favorable al compromiso, la visión realista y el posicionamiento claro antifascista, hasta el punto que se habla de una «literatura de la resistencia»). Sobresalen Carlo Levi (Cristo se detuvo en Eboli, 1945) y Vasco Pratolini (Crónica de los pobres amantes, 1947). Estas tensiones se hicieron evidentes en 1947, tras el enfrentamiento entre Elio Vittorini y su importante revista Politécnico y P. Togliatti, quien representaba la dirección del Partido Comunista Italiano. Este influyente partido propugnaba una cultura nacional-popular, dirigida por el Partido y en la que la autonomía de los intelectuales quedase totalmente subordinada. Esta postura se benefició de la publicación de la obra de Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel (1947-1951), intelectual y político comunista muerto en la cárcel fascista en 1937, y que iba a ejercer una gran influencia en la Italia de la posguerra.

Esta literatura del compromiso la matizó por la vía del expresionismo simbólico Pier Paolo Pasolini (Una vida violenta, 1959); pero aún daba frutos importantes, como Giorgio Bassani (El jardín de los Finzi-Contini, 1962) o Beppe Fenoglio (Una cuestión privada, 1965). Tampoco puede olvidarse la producción más personal de Cesare Pavese (que se suicida en 1950), la obra de Italo Calvino (El barón rampante, 1957) o la obra de gran impacto de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il gatopardo (1958). La expresión máxima de la cultura de posguerra italiana la encontramos en el «neorrealismo», reflejo de la denominada protesta moral de los creadores culturales y espejo realista de la vida cotidiana de las capas humildes de la población, que halló su máxima expresión en la producción cinematográfica.

En Francia, el choque moral producido por la guerra se centró en el gran debate colaboracionismo-resistencia que tuvo dos grandes respuestas, a menudo en estrecho contacto: el denominado «nouveau roman» y una nueva explosión surrealista (entendido como un grito humanista y angustiado frente a los grandes problemas que afectan a la humanidad del siglo XX). La literatura francesa se benefició de la presencia, en su última etapa, de literatos como Paul Válery, François Mauriac, Paul Claudel o André Gide (quien en 1947 recibirá el Premio Nobel de Literatura), con la producción de gente como los dramaturgos Montherlant, Eugene Ionesco o Samuel Beckett y novelistas como Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar (la primera mujer en ingresar en la Academia Francesa) o Claude Simon.

A partir de 1947, la influencia del Partido Comunista estuvo muy presente en la obra de surrealistas como los poetas Louis Aragon y Paul Éluard (ex miembro de la Resistencia), en un pintor del impacto y significación de Pablo Picasso o en filósofos como Jean Paul Sartre o Simone de Beauvoir. Estos dos pensadores ejercieron una gran influencia sobre el mundo intelectual parisino de estos años: su punto de encuentro se hallaba situado en el Café Flore, en Saint Germain-des-Prés (ya utilizado por Voltaire y Rousseau a finales del siglo XVIII), y llegaron a imponer unos cánones culturales y una ética de los intelectuales basada en la consigna de actuar siempre en consciencia, como si los actos individuales debieran convertirse en ley universal. Jean Paul Sartre, cuya inspiración principal debe buscarse en Heidegger, lanzó estas «consignas» desde la conferencia de 1945 «El existencialismo es el humanismo» y defendió sus postulados desde la revista Les Temps Modernes.

La militancia comunista llegó al extremo de aceptar sin discusión la política stalinista en la URSS y los países satélites, hecho que provocó rechazos y rupturas. La más resonante se consumó en 1951 por parte de Albert Camus: de origen argelino, muy humilde y comprometido con la Resistencia, se dio a conocer con L’étranger (1942) y alcanzó el éxito con La peste (1947); en 1951, con L’homme révolté, consumó su definitiva ruptura con el mundo comunista. Dentro de una corriente de signo liberal y europeísta debemos situar a Raymod Aron, al grupo de la revista Esprit y a André Malraux, quien terminó colaborando con el gobierno de De Gaulle como ministro de Cultura, y convirtiéndose en un pionero del gran intervencionismo estatal en el mundo de la cultura.

Cabe destacar el caso del gran pensador y sociólogo Raymond Aron, cuya formación había completado en Alemania antes de la Guerra y que durante la contienda había publicado en Londres la revista La France Libre (1940-1944). Sus posiciones políticas y culturales (que divulgó a través de sus colaboración en Le Figaro entre 1947 y 1977) le fueron convirtiendo en un referente para quienes se oponían al predominio del Partido Comunista en los medios intelectuales y universitarios. Entre sus obras cabe destacar El opio de los intelectuales (1955) en la que ataca la tolerancia de muchos intelectuales a la hora de aceptar los grandes crímenes del estalinismo; y Dieciocho lecciones sobre la sociedad industrial (1963), dura comparación entre las sociedades occidentales y la soviética. En 1983 publicará unas interesantes memorias, que reflejan todas estas tensiones de la vida cultural y política francesa —y europea— de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

En Estados Unidos, la cultura de posguerra se vio afectada por un fenómeno que también tenía que ver con la presencia del comunismo, aunque de signo contrario. Se conoció como la «caza de brujas» o el «maccarthismo» y tuvo su momento culminante entre 1950 y 1954. En 1938 se había creado el Comité de Actividades Antiamericanas para defender al país de una posible penetración nazi. Pero a partir de 1945, cuando fueron conocidos los primeros casos de espionaje a favor de la URSS (que empezaba a ser considerada como la gran enemiga) empezó a utilizarse aquel Comité para localizar comunistas, generalmente gente de clase y nivel cultural altos, del mundo universitario, de las industrias culturales (en especial, dada su significación, del mundo de Hollywood) o de la alta Administración gubernamental.

A partir de 1950 se hizo cargo de esta «caza de brujas» el senador republicano Joseph R. McCarthy, político de segunda fila y personaje siniestro que practicó acusaciones sensacionalistas, poco rigurosas y no dudó en explotar los miedos y el sentimiento patriótico populares (acrecentados cuando la URSS se convirtió en potencia nuclear en 1949). Se juzgó a miles de personas, centenares de ellas fueron encarceladas, muchísimas perdieron sus empleos y muchas carreras quedaron truncadas. En 1954, después que quiso implicar en sus pesquisas a personas cercanas al presidente Eisenhower, el Senado investigó y terminó por cesar a McCarthy (que moriría alcohólico en 1957).

Por lo que se refiere a las artes plásticas en Europa, la influencia del Partido Comunista y del «realismo soviético» extendido ya antes de la Guerra, tuvieron una influencia muy grande en países como Francia e Italia. Casi podría hablarse de una cruzada comunista en contra de los peligros de la abstracción, del denominado «arte sin contenido». Esta presión se suavizó con el encumbramiento de Picasso en Italia (1953) y con la influencia creciente en Occidente del artista y crítico de origen húngaro, Victor Vasaraly, con su grupo «Espace» y la tendencia del «op art» (de optical art, una tendencia abstracta-geométrica que no tardaría en evolucionar hacia el «arte cinético»). A mediados de los sesenta, París y Nueva York eran las grandes capitales artísticas mundiales, y el arte abstracto se imponía entre un público progresivamente más amplio.

La cultura del compromiso de la posguerra mundial halló otro exponente destacado en el filósofo matemático británico del «atomismo lógico», Bertrand Russell. Al margen de su producción profesional, Russell desarrolló una gran actividad de signo pacifista y de un carácter progresivamente socializante en contra del peligro atómico, de la violencia y, a través del tribunal que llevaba su nombre, de los crímenes de la guerra del Vietnam. En 1950 recibió el Premio Nobel de Literatura; a su muerte, en 1972, pudo decirse que tocaba a su fin una generación y una cultura del compromiso surgida del impacto de la Segunda Guerra Mundial y que se había posicionado de forma crítica en contra de la agresividad y la sinrazón que habían caracterizado los años centrales de la Guerra Fría.

La explosión estructuralista

Esta cultura altamente politizada de la posguerra halló su máxima expresión europea en el estructuralismo, corriente hegemónica en el campo de las ciencias sociales hasta bien entrada la década de los sesenta. Más allá de su estricto valor teórico, el estructuralismo iba a asentar su enorme influencia gracias a su gran impacto en el mundo universitario occidental, que desde mediados los años cincuenta experimentará un crecimiento sin precedentes. Es en el ambiente universitario donde se produjo el contacto entre el estructuralismo y el marxismo. De hecho, el marxismo consolidaba una visión claramente determinista, basada en la idea de la primacía de los factores económicos que actúan a través y en las clases sociales, y de un individuo encerrado en las estructuras que dominan la clase hegemónica correspondiente de cada periodo histórico. De hecho, este determinismo estaba en contradicción con el existencialismo sartriano, pero el conflicto vino atenuado por la militancia política comunista.

La propuesta metodológica del estructuralismo se basaba en el descubrimiento de los sistemas que conforman las realidades que se pretende estudiar; una vez conocidos, será posible conocer la naturaleza misma de los hechos y de las reglas que regulan su funcionamiento, al margen de su desarrollo temporal y de sus características específicas. El estructuralismo halla su precedente inmediato en el descubrimiento de los sistemas lingüísticos sistematizados en el período de entreguerras por el Círculo Lingüístico de Praga, que a su vez se inspiraba en la obra de Ferdinand de Saussure (Curso de Lingüística General, 1916). En Estados Unidos, sobresale el estudio de las estructuras profundas lingüísticas realizado por Noam Chomsky.

De la lingüística, el estructuralismo se extendió al resto de las ciencias sociales, empezando por el campo de la antropología. Su máximo exponente fue Claude Lévy-Strauss (Antropología estructural, 1959), quien propuso el estudio de las culturas entendidas como sistemas de signos compartidos y que se organizan según principios universales, válidos para toda la especie humana. Las estructuras sociales determinan las formas mentales, con lo que se explican actos que, de otra forma, parecerían el fruto de la voluntad individual. En el campo de la filosofía el método de análisis estructuralista no halló una definición tan clara, aunque se aprecia una tendencia (sobre todo en el pensamiento francés, caso de Jacques Derrida y el grupo estructuralista radical «Tel Quel») al estudio de los «sistemas de significados»; con todo, la importancia de este impacto se evidenció más adelante, cuando algunos de sus representantes (caso de Michel Foucault y sus estudios sobre el poder, la represión y la marginación). En el campo de la psicología sobresale Jacques Lacan, quien reinterpreta a Freud, al introducir el determinismo en la conducta humana que se basa en los sistemas de signos y convenciones que limitan y determinan el libre albedrío.

Uno de los campos donde fue más evidente el impacto del estructuralismo fue en el de la Historia, a la que le confirió una perspectiva científica (se consolidó la denominación de científicos sociales), al asegurar que la Historia funciona en base a unas leyes o pautas que son deducibles a través del método, como ocurre con las ciencias naturales. En 1958, una resonante discusión entre Lévy-Strauss y Ferdinand Braudel (El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, 1949) evidenció las posibilidades de conexión entre el estructuralismo y su énfasis en los momentos de cambio o transición, los métodos de la escuela de los Annales (Marc Bloch, Lucien Febvre, Charles Mozaré, etc.) y los conceptos de Historia total y de la larga duración. La nueva historia económico-social se extendió con rapidez por Francia y Gran Bretaña, asentando el estudio de los sistemas y de los modos de producción como clave interpretativa de los fenómenos sociales.

El estructuralismo también dejó una huella profunda en el campo cercano de la historia del arte, al proponer el estudio interpretativo de la obra de arte en relación con la época en que ha sido producida, su cultura general y su entorno económico-social específico, elementos que el artista asume de forma inconsciente y termina por reflejar en su producción (que, por este motivo, termina por constituir un elemento más de la estructura). Este método de análisis fue impulsado de forma muy especial por el Instituto Warburg (fundado en Hamburgo pero trasladado a Londres en 1933), sobresaliendo alguno de sus colaboradores, como Ervin Panofsky y E. H. Gombrich. De gran repercusión e influencia fue la obra de Arnold Hauser, Historia social del arte y de la literatura (1951).

El neorrealismo italiano

Otra de las manifestaciones culturales típicas del periodo de la posguerra fue el cine italiano de autor y culto, un cine con un alto grado de compromiso social y de representatividad política (la gran derrota comunista de 1948 conferiría a este cine un marcado carácter de protesta y denuncia).

El cine neorrealista (del que uno de sus iniciales teóricos y guionistas fue Cesare Zavattini) se identificó con el profundo malestar de la posguerra, proponiendo un cine que fuese la crónica del periodo, el gusto por la filmación en espacios naturales (reales), como si se tratase de un documental. En su planteamiento cultural, la estética neorrealista conectaba con la tradición de la literatura realista y populista italiana (Alberto Moravia), y su gusto por los temas que destacaban la delincuencia o la miseria urbana.

Uno de los títulos más significativos de este momento inicial fue la película de Roberto Rossellini, Roma, ciudad abierta (1945) y la de Luchino Visconti, La terra trema (1948). Otro de los campos propios del cine neorrealista fue la plasmación de las frustraciones del individuo sumido en el interior de la masa; aquí sobresale la película pionera de V. de Sica, El ladrón de bicicletas (1948). En la crítica política sobresalen las películas de Visconti, Bellísima (1951) y Senso (1954).

En los años cincuenta y sesenta brillaron las producciones de directores como los mencionados Visconti y De Sica, junto a Rossellini, Fellini o Michelangelo Antonioni. En algunas ocasiones, el género escogido fue el de la comedia, pero entendida de una forma realista y ácida, como un vehículo asequible de crítica de la situación de atraso material y moral de Italia (por ejemplo, Fellini, La Strada, 1954). Entre los principales intérpretes destacan, entre otros, Toto, G. Lollobrigida, S. Loren, A. Magnani, V. Gassman, U. Tognazzi, A. Sordi o M. Mastroianni.

Con la década de los sesenta aparecería una nueva generación que, a pesar de manifestarse continuadora de la anterior, innovó el cine italiano desde el punto de vista temático sin dejar de reflejar las profundas contradicciones que aquejaban al país. De hecho, este cambio no era más que el reflejo del más general que afectaba a la sociedad italiana de los sesenta y setenta. Un puente puede hallarse en las películas experimentales de un Pier Paolo Pasolini o en los films de Fellini, Otto e mezzo (1963) o Giulietta de los espíritus (1965), La dolce vita o Rocco y sus hermanos (en la que se plantea la problemática de los inmigrantes del Sur en Milán), así como Il Gatopardo, de Visconti (1964).

De este nuevo periodo pueden destacarse, entre otras obras, la desacralización de la propia historia que significó la película de L. Comencini, Todos a casa (1960), la ácida comedia de costumbres de Dino Risi, Il sorpasso (1962), la crítica de la sociedad provinciana de M. Bellocchio, I pugni in tasca, o la crítica de la primera consolidación de la burguesa sociedad de consumo realizada por Bertolucci en Prima della rivoluzione (1964). Este último director realizaría Novecento (1975-1976), un gran fresco en dos partes en que se narra el ascenso y consolidación del fascismo, visto desde la óptica del Partido Comunista italiano.

Una cultura para las masas

Como es normal, este cine neorrealista de autor, que en cierta medida puede asimilarse a la alta cultura, vino acompañado de un cine de entretenimiento, un producto destinado al consumo de las masas para el que fueron muy importantes la industria y las infraestructuras (como los estudios Cinecittà) consolidadas en buena medida durante el fascismo. Aquí sobresalieron las comedietas de enredo (llamadas de «teléfonos blancos»), los folletines, el cine cómico o el cine histórico (de romanos), géneros que gozaban de una gran popularidad. A partir de los años setenta, cuando la influencia norteamericana era ya más que evidente, tuvo un gran peso la producción de los denominados spaghetti-western.

Esta presión americana también influyó en la marcha de otra de las escuelas cinematográficas con personalidad propia, la francesa: por los acuerdos Blum/ Byrnes, la prepotente industria cinematográfica estadounidense «impuso» a Francia una cuota de proyecciones de aquel país.

En Francia existía un pujante cine de autor o de tesis desde la inmediata posguerra, que buscó sus raíces en la propia tradición de los años treinta y asentarse sobre un sector industrial pujante y dinámico, para poder contrarrestar la presión proveniente del otro lado del Atlántico. Se trató de un cine muy didáctico (por ejemplo con las películas de René Clair) o eminentemente político (caso de Jean Cocteau). A partir de los sesenta, la estabilización política interior y el impacto de dramas nacionales como el producido por la guerra de independencia de Argelia animaron un cine de denuncia y de alto contenido político.

Con todo, la mejor película sobre Argelia provino de Italia, obra de Gillo Pontecorvo, La batalla de Argel (1966) —de este mismo director fueron las películas Queimada (1969) y Operación Ogro (1979) sobre el atentado que costó la vida al almirante español Carrero Blanco—. Destacados directores franceses fueron François Truffaut (Los 400 golpes, 1959), Jean-Luc Godard (À bout de souffle, 1960), así como Eric Rohmer o Alain Resnais. La escuela francesa influyó en la filmografía centroeuropea, en el primer Roman Polanski, en el polaco A. Wajda o en el checo Milos Forman, cuya principal obra la realiza a caballo entre el cine y la televisión.

La televisión es, sin ningún género de dudas, la gran innovación de la segunda posguerra, aunque sus primeros pasos se habían dado en EE.UU., Gran Bretaña o Alemania ya antes del conflicto. La televisión representa el vehículo que permite hablar definitivamente de una cultura para las masas, con una gran fuerza para cambiar el concepto de creación cultural, de distribución, así como las mentalidades y costumbres de los consumidores de cultura. La televisión permite inaugurar la era de la cultura audiovisual, de repercusiones insospechadas.

Estados Unidos se adelantó al resto en este campo. En 1945 no existían más allá de diez mil receptores de TV; a partir de 1949 se instalaban un promedio de un millón al mes y cuatro años más tarde poseían un aparato algo más de las dos terceras partes de los estadounidenses. La TV no se convirtió solamente en el centro de las horas de ocio, sino en un poderoso vehículo de creación de opinión y, de esta forma, en un instrumento político de primer orden: desde la campaña que llevó al general Eisenhower por primera vez a la presidencia, en 1952, los candidatos debieron tener muy en cuenta este instrumento y adaptar a sus reglas las prácticas y el mismo lenguaje políticos. Sobre todo en los años cincuenta, la TV tuvo muchos detractores, provenientes de la alta cultura tradicional; pero la cultura para las masas estaba en vías de su definitiva consolidación en EE.UU. y dando sus primeros pasos en Europa occidental.

Esta nueva producción cultural para las masas se correspondió con la consolidación de un nuevo modelo de sociedad occidental que empezaba a dejar atrás el trauma de la guerra, más opulenta, con un nivel cultural medio progresivamente elevado y con ansias de cultura y de diversión, así como con unos sistemas democráticos definitivamente asentados, que ayudaban a extender la idea del final de los elitismos y de las prácticas culturales reservadas a elites muy restringidas. La propia TV, con un peso creciente destinado a la propaganda, contribuyó decisivamente a consolidar este nuevo modelo social (sociedad del consumo). El crecimiento demográfico de la población juvenil (debido al «baby boom» de la posguerra) y el aumento de su capacidad adquisitiva, aportaron un nuevo contingente inquieto y ávido de novedades al mercado del consumo cultural.

El caso norteamericano fue paradigmático llegándose a convertir muy pronto en el modelo a seguir por el resto de países occidentales. En el campo educativo, por ejemplo, la universalización de este derecho fundamental llevó a las aulas del grado secundario a un 90 % de los alumnos de hasta 16 años en 1970. Además, las enseñanzas técnicas y el grado universitario crecieron mucho, en buena parte gracias a los programas de reinserción de los soldados que regresaban de la guerra. Esta universalización conllevó, con todo, algunos problemas de gran envergadura: la reacción de los ultraconservadores que acusaban a una enseñanza en manos de los progresistas de debilitar el genuino carácter americano; o los problemas derivados de la segregación racial (a pesar de las leyes antisegregación de 1954, de 1958 o de la Ley federal de Derechos Civiles de 1964, que aún no se cumplía en muchos Estados una década después).

La TV fue una gran competidora pero no logró suprimir otros medios de transmisión cultural más tradicionales, como los periódicos, la producción editorial, la radio (que seguirá manteniendo un gran papel en la vida corriente de cada día) o la misma producción cinematográfica. La prensa, hegemónica hasta los años cincuenta, se fue adaptando a la nueva situación, tanto desde la perspectiva técnica como empresarial (grandes concentraciones, fusiones, agencias, etc.) y de los contenidos (aumento del sensacionalismo). A partir de los años ochenta introduciría los dominicales, verdaderos «magacines» de información y entretenimiento que, progresivamente, se vieron completados con el «regalo» de libros, CD y otros productos.

En el mundo de la edición, a partir de 1955 aparecieron los populares «libros de bolsillo» pero, de hecho, hasta mediados de los años setenta no se dejaron atrás los medios y prácticas artesanales que aún conservaba de periodos anteriores: grandes fusiones, concentraciones, etc. De esta forma se consolidan verdaderas potencias editoriales, como Hachette, Mondadori, la alemana Bertelsmann, o la española Planeta, a menudo con estrechas relaciones con la banca y ligadas a otros sectores económicos. También en este mundo editorial se impusieron los criterios de rentabilidad y las principales líneas editoriales vinieron fijadas las «listas de ventas», los grandes éxitos (best-sellers), por el recurso a los grandes premios de repercusión mediática, por un peso creciente del elemento publicitario, etc.

Esta producción editorial se basó en la existencia de una «literatura de masas», a veces identificada como literatura de evasión, que halla todo su sentido en la nueva sociedad occidental del ocio y el consumo. Se trata de obras que adquieren una gran popularidad, que son traducidas a multitud de idiomas y se benefician de tiradas enormes. Sus autores, a menudo gozan de enorme popularidad, como en los casos de Agahta Christie (sus obras son las traducidas a más idiomas, después de la Biblia), Emilio Salgari, R. Chandler o Isaac Asimov, entre tantos otros, sin olvidar la popular novela negra y la policíaca. Se trata de la primera novela que traspasa las barreras de clase o nivel cultural y que, contrariamente a lo que predicen sus detractores, terminará por incluir en sus catálogos a la novela clásica o culta. Claro está que, por regla general, los temas y el propio lenguaje de esta literatura de masas terminará por adaptarse a los gustos y a las exigencias del mercado.

Otro campo privilegiado donde se consolida esta cultura para las masas es el de la producción musical. A mediados de los cincuenta los medios de reproducción y audición tradicionales se vieron revolucionados con la aparición del transistor a pilas, la alta fidelidad (en 1948 se había inventado el LP o disco de larga duración, que contribuiría decisivamente a popularizar la llamada música clásica), el magnetófono o el casete. A partir de este momento, y consolidándose en la década siguiente, el florecimiento de la llamada música popular (para diferenciarla de la denominación anterior de «música ligera») adquirió una importancia creciente, hasta convertirse en el centro de una floreciente industria en la que unas pocas compañías controlan la mayor parte de la distribución mundial.

Al lado de este fenómeno, no puede olvidarse que la posguerra fue la época de oro de los grandes musicales (Kiss the Kate de Cole Porter, en 1949; West Side Story, de Leonard Bernstein, en 1957), que partiendo de grandes centros productores como Londres o Nueva York (Broadway) llegaron a difundir su estética a nivel mundial. Pero el verdadero fenómeno de masas llegó con la difusión de la canción popular, desde finales de los cincuenta, con el fenómeno que representaron cantantes como Elvis Presley, en EE.UU., o conjuntos como los británicos The Beatles o The Rolling Stones (sus primeros éxitos son de 1963) y sucesivas y, en ocasiones, efímeras «estrellas del rock» que consolidan a nivel mundial una estética, un lenguaje y, a veces, todo un estilo de vida. A partir de los años ochenta, la gran industria discográfica tendrá la fuerza suficiente para integrar en su mercado la música de protesta, la contracultural y la denominada étnica.

En esta cultura para las masas no podemos olvidar sectores de una gran repercusión, incluso económica. Nos referimos al mundo del deporte de masas, que adquirirá una dimensión enorme con su relación con la televisión; también a la denominada cultura de los viajes o a la cultura culinaria. La TV acabará sirviendo a todos los subsectores del mundo cultural y convirtiéndose en un factor de primer orden, con la introducción a partir de los años ochenta y noventa de una nueva dimensión televisiva, con los programas de tele-tienda, tele-juegos, teleconcursos, llegando a reinventar la realidad con los denominados «reality shows» o tele-verdad, etc.

Hollywood, la gran fábrica de sueños

Tras la Segunda Guerra Mundial, la industria de Hollywood intentó luchar contra la crisis moral provocada por el conflicto con películas que preservasen los valores tradicionales o que fuesen simple entretenimiento, como las comedias musicales que ya se producían antes de 1939-1941 o el western (síntesis del espiritu tradicional americano). Ello no evitó la aparición de películas de denuncia (a menudo bajo la forma del «cine negro», el género policíaco), que reflejaban con mirada clínica los dramas sociales del momento, con personajes desarraigados e insatisfechos.

En esta segunda posguerra, el cine americano se vio afectado por la ola pietista, que se acompañó de la «caza de brujas» maccarthista y, especialmente, por el impacto y la competencia que le llegó de la televisión: si durante la Guerra el cine había congregado a unos 85 millones de espectadores estadounidenses por año, a finales de los años cincuenta la audiencia no llegaba a los 45 millones.

La gran industria cinematográfica debió adaptarse a esta nueva realidad, bajando costes, creando productos más espectaculares, buscando las grandes concentraciones empresariales (las «majors») y las coproducciones y, al final, los productos combinados consistentes en llevar a la gran pantalla éxitos previos de la televisión. Con todo ello, la crisis se superará y la producción que se asimila a la industria de Hollywood se convertirá en uno de los sectores más importantes de la exportación de los Estados Unidos.

Las grandes producciones fueron posibles gracias a la innovación que representaron las pantallas panorámicas: la primera, con el sistema de Cinemascope, estrenada por la Twentieth Century Fox con la producción de Henry Koster La túnica sagrada (1953). Con todo, los métodos que perdurarán serán los de Panavisión y Todd-AO. Los musicales y las películas de tema histórico (generalmente con grandes tergiversaciones históricas) figurarán entre las grandes producciones que atraen al gran público mundial deseoso de entretenerse y ver a sus estrellas. Entre ellas cabe destacar las obras de G. Cukor, Ha nacido una estrella (1954), F. Zinnemann, Oklahoma (1955), W. Wyler, Ben-Hur (1959) o D. Lean, Doctor Zivago (1965).

Paralelamente, y a menudo gracias al contacto con directores emigrados de Europa durante la Guerra, también se consolidó un cine de autor, mucho más elaborado. Entre un gran número destaquemos la elaborada producción de Stanley Kubrick, con películas como Atraco perfecto (1956), la gran película antibelicista Senderos de gloria (1957), Espartaco (1960), ¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú (1963) —en relación con la crisis de los misiles de Cuba del año anterior— o la innovadora 2001: una odisea del espacio (1968), que encumbraba el género de la ciencia ficción. En relación con Teléfono Rojo, el periódico New York Times llegaría a afirmar que se trataba de la primera interrupción de aquel trance «catatónico de la Guerra Fría», que durante casi dos décadas había atenazado la cultura y la política estadounidenses.

Con los años sesenta, aparecerán en pantalla nuevas corrientes estéticas que reflejan los cambios que van consolidándose en la sociedad: el sexo, la violencia, las «demencias sociales», etc., socavan las convenciones tradicionales. Citemos, como ejemplo, largometrajes como Lolita (1962), El graduado (1967) o Bonnie and Clyde (1967), y, durante la década siguiente, los dramas psicológicos de ambiente neoyorkino de un Woody Allen (Annie Hall, de 1977, o Manhattan, de 1979) o películas de «denuncia» de la tensión como la de Martin Scorsese, Taxi Driver (1976). Hasta las grandes producciones adquieren un tono más dramático, realista y psicológico: por ejemplo, con la serie de Francis Ford Coppola, El Padrino (1972, 1974, 1990). Al lado de este cine más comercial, aparecerá un cine contracultural (underground), con grupos como el New American Cinema Group, o el de la revista Film Culture, que se integra dentro del movimiento identificado como la «New Left».

El cine de entretenimiento, de ficción, a partir de los setenta también introducirá un género destinado a tener una gran audiencia: el cine de grandes catástrofes. Citaremos, por ejemplo, La aventura del Poseidón (1972) o El coloso en llamas (1974). Un caso aparte será el del director Steven Spielberg, con Tiburón (1975), E.T. (1982), o la serie centrada en las aventuras del popular Indiana Jones (1981, 1984, 1989).

Grandes replanteamientos en los años setenta

Los cambios operados en las grandes corrientes y en los métodos culturales en estos años corrieron paralelos a los que se iban realizando en la esfera pública y en la actividad política. En términos generales, reflejaban un deseo de superar la rigidez y el control extremo, que se explicaban por la lógica de la Guerra Fría pero que, con el paso del tiempo, chocaban frontalmente con unas sociedades instaladas en la confianza que propiciaba el bienestar y la protección de los Estados. El compromiso político y social de los años posteriores al conflicto parecía progresivamente fuera de lugar, por más que la confrontación política los quisiera mantener vivos.

Una de las vías de revisión se dio en Estados Unidos apenas terminada la presión del maccarthismo. A partir de 1956, diversas reuniones en San Francisco entre poetas de la costa este y oeste darían origen a la denominada «generación beat». Se trataba de gente muy diversa, pero que coincidía en su rechazo a la alienación ejercida sobre la masa, en la necesidad de enfrentarse a las tradiciones y convenciones preestablecidas y, entre ellas, a los tabúes que rodeaban al cuerpo humano y a las relaciones sexuales. Uno de sus miembros más destacados fue Allen Ginsberg; precisamente de él eran los versos «un hombre nuevo/alcanza su felicidad/para poner fin a la Guerra Fría/contra los de su propia estirpe».

En 1964 se publicó la novela de John Le Carré, El espía que llegó del frío (rápida versión cinematográfica en 1965). De ella se vendieron millones de copias, primero en Estados Unidos y luego en Europa. Se trataba de la obra de un desconocido diplomático británico destacado en Bonn, que él mismo describió como el reflejo de su «amargura sobre el punto muerto ideológico entre el Este y el Oeste», que muy pronto se convertiría en símbolo de la necesidad de superar los años duros de la Guerra Fría. Su éxito fue mucho mayor (porque fue un éxito de masas) del que había tenido en 1955 la obra de Graham Greene, El americano impasible, una visión crítica de la penetración estadounidense en el sudeste asiático.

Todas estas propuestas críticas hallaron un rápido eco en el mundo universitario estadounidense, por aquel entonces en gran efervescencia. La población y los presupuestos universitarios habían crecido mucho. Muchos estudiantes vivían de las becas y otros tantos prolongaban su estancia en los centros en base a ir acumulando posgrados. El radicalismo hizo acto de presencia y los conflictos no tardaron en aflorar: los primeros disturbios en Berkeley, en 1964, y antes de 1968 se habían generalizado, especialmente en relación con el impopular conflicto de Vietnam que generalizaba el reclutamiento militar y forzaba a los estudiantes a perder su situación privilegiada. En 1963 había aparecido la revista New York Review of Books, que pronto se convertiría en el portavoz de la reacción intelectual en contra de esta guerra. Esta situación se prolongaría hasta 1973, cuando una nueva generación estudiantil fue sustituyendo el radicalismo por un sentido de la competitividad que reflejaba los cambios que se estaban consolidando en el mundo del trabajo.

Uno de los grandes iconos de este movimiento se produjo en el multitudinario concierto de Woodstock (en 1969 reunió a unos 300.000 jóvenes estadounidenses) que, al son de sus grandes ídolos contraculturales (Jimmy Hendrix, Joan Baez o The Who), escenificaron la nueva estética y valores de la cultura hippy: los cabellos largos, las túnicas, el pacifismo, el amor libre, el hachís o el LSD, la música psicodélica o la glorificación del viejo precedente Walt Whitman. En el mundo urbano británico, desde 1964 la minifalda había revolucionado el mundo de la moda.

En el campo de la alta cultura norteamericana, los cambios de los años sesenta tuvieron una repercusión política muy rápida. Poco a poco se concretó en una cruzada contra el exceso de independencia de los intelectuales, contó con el impulso y la financiación de la CIA (servicio creado por Truman en 1947), con importantes ayudas financieras (como la de la Fundación Ford, en 1965) y se concretó en plataformas como la Asociación Internacional por la Libertad Cultural. Su misión era contrarrestar la postura de muchos intelectuales que habían superado el idealismo anticomunista de unos años antes, en buena parte a la vista de la brutalidad tan poco prosaica de la intervención estadounidense en Vietnam.

En Europa, a pesar de que se dejó sentir la influencia de los planteamientos americanos, los cambios tuvieron unos ritmos y características algo distintos. Debe destacarse, sin embargo, al igual que al otro lado del Atlántico, la importancia de los movimientos juveniles, en especial el que culminará en la revuelta parisina de mayo del 1968 en respuesta inicial a la entrada de la policía en el claustro de la Sorbona (que respondía, a su vez, a la protestas estudiantiles por temas académicos y de representatividad en el claustro universitario). Con suma rapidez, el movimiento se extenderá por toda la capital francesa y sorprenderá a la opinión con métodos (asambleas, debates públicos, etc.), consignas (la más sorprendente: «la imaginación al poder», la mayoría difundidas a través de graffitis) y planteamientos radicalmente nuevos, incluso para la izquierda tradicional; partidos tradicionales y sindicatos van a quedar superados y la vida ciudadana va a quedar profundamente alterada por unas semanas.

La reivindicación del amor libre y la espontaneidad, de la autogestión asamblearia, de la lucha contra cualquier forma de imperialismo (exaltación del Che Guevara, de Mao o de Castro), la lucha contra los cuadros burocratizados de los sindicatos mayoritarios o del mismo Partido Comunista francés o la superación del nacionalismo por un internacionalismo juvenil «revolucionario», etc., van a dar la sensación de cambio revolucionario, de que se ha superado definitivamente la posguerra.

El general De Gaulle acabará con el movimiento por la vía rápida, utilizando a un tiempo las concesiones salariales y estudiantiles y la represión extrema (los tanques patrullando por las calles de París). Luego, unas elecciones sancionarán esta política con un éxito gaullista sin precedentes, con la consiguiente crisis de los partidos comunista y socialista: la sociedad burguesa recuperaba el timón del orden y daba por terminada la revuelta. Así pues, la derrota será doble: por un lado, del movimiento de liberación juvenil; por otro, de la alternativa de la izquierda tradicional.

A partir de los primeros setenta, la cultura política europea occidental va a experimentar un cierto repliegue, a sufrir una nueva oleada de angustia y desilusión. El espíritu de revuelta activa se va a convertir en patrimonio de grupos muy radicales, en ocasiones utilizando métodos terroristas (es el caso del grupo alemán Baader Meinhof o del italiano de las Brigadas Rojas), hecho que va a generar una frustración mayor y una gran sensación de aislamiento y de derrota de los grandes movimientos colectivos (tema de la premonitoria película La classe operaia va in paradiso).

Los grandes asuntos culturales se refieren a temas que, en el fondo, aluden al agotamiento del sistema basado en la Guerra Fría y en el desarrollismo capitalista sin freno ni limitaciones, al rechazo del abuso del poder y a la denuncia de los problemas de angustia, de sensación de callejón sin salida y marginación que provocan este cúmulo de estímulos negativos. La sensación de fracaso del modelo económico que se va a extender, con ocasión de la «crisis energética» iniciada en 1973, va a ayudar a radicalizar la visión negativa sobre la marcha del mundo. Y la democratización cultural, el aumento de los medios de comunicación de masas y de los foros de discusión van a incorporar a este ambiente cultural a sectores progresivamente más amplios de la población. Muchos temas y argumentos, anteriormente sólo patrimonio de una elite de especialistas, ahora van a convertirse en tema de conversación para gente de nivel cultural medio o alto.

Entre estas ideas citemos el miedo a la «explosión demográfica», tema avanzado por el demógrafo francés Alfred Sauvy (Tres mundos, un planeta, 1952). Años más tarde, Rachel Carson, publica The Silent Spring (1962), un toque de atención sobre el alarmante grado de contaminación de los recursos naturales de las economías más dinámicas por la utilización de toda suerte de productos químicos; poco después, Ralph Nader publica Unsafe at Any Speed (1965), donde pide atención hacia las consecuencias del potente sector de la automoción, que el autor presenta como una trampa mortal para un futuro no muy lejano. En otro orden de cosas, las primeras pruebas nucleares de China (1964) (les seguirán Israel, Sudáfrica, India y Japón en unos pocos años) van a reabrir el debate sobre el miedo a la confrontación nuclear final: las presiones forzarán la firma del primer Tratado de No Proliferación Nuclear (julio de 1968). Sobre el tema del desarrollo capitalista y sus relaciones con el poder, Jean-Jacques Servan-Schreiber publicará su resonante Le Défi Américain (1967), texto que pondrá de moda el tema de las multinacionales como una desviación perniciosa que aleja la codicia empresarial de los individuos y de la posibilidad del control político. Finalmente, en los círculos intelectuales parisinos se pondrá en circulación el concepto «Norte-Sur» (1974), concepto equívoco pero que se aplica a la denuncia de la codicia de los países desarrollados frente a la inocencia de los subdesarrollados: en 1977 se iniciará un movimiento que desembocará en la firma del Informe Brandt (1980) que proponía el pago de una suerte de subsidio que los países ricos debían pagar a los pobres.

En los años setenta se ha entrado en la cultura de la salud, de la seguridad, de la protección del consumidor y del medio ambiente, de la mala conciencia occidental frente al Tercer Mundo, estimulada por las últimas guerras coloniales (tema tratado magistralmente por Edgard W. Said, Orientalismo, 1973). La intelectualidad occidental se mueve en un circuito hecho de desconfianzas e incertidumbres; muchos, como respuesta, van a encerrarse en sí mismos, bajo la cobertura de las especializaciones, rechazando los grandes posicionamientos anteriores o abrigando ideas hasta la fecha tan solo reservadas a la «derecha» (se habla, despectivamente, de los «intelócratas»). El filósofo marxista Herbert Marcuse originará un gran revuelo cuando, durante un congreso en Colonia, reivindique el arte burgués en nombre de la belleza (1971).

La crisis del mundo del Este va a debilitar el recurso a la utopía comunista. La solución violenta que los tanques del Pacto de Varsovia dan a la denominada «Primavera de Praga» (1968), el inicio de las protestas sindicalistas en la localidad polaca de Gdansk, las noticias sobre los crímenes perpetrados a lo largo de la «Revolución Cultural» en China o los de la dictadura en Camboya, o la enorme repercusión de la obra de Solzhenitsin, El archipiélago Gulag (1974), etc., van a ser hitos en este cambio de actitud intelectual respecto al mundo comunista.

Otro campo en clara inflexión lo hallamos en el campo de la Iglesia católica. Desde principios del siglo XX, en toda la cultura occidental (incluso durante la dominación fascista) se había ido imponiendo un proceso de progresiva laicización de la sociedad, cuanto menos en los espacios público y político. La reacción oficial de la Iglesia católica va a incidir en la vía intelectualista como forma de puesta al día (que el mundo protestante ya había ensayado en la década de los años veinte). Planteada inicialmente en el Concilio Vaticano II que convoca el papa Juan XXIII (1962), va a culminar durante el papado de Pablo VI, con una acción político-administrativa que contribuirá a alejar el culto de la sentimentalidad religiosa popular. A partir de 1965, la Iglesia oficial deberá enfrentarse a la denominada «teología de la liberación» que pretende conectar la Iglesia de América Latina con las aspiraciones populares y los procesos revolucionarios, especialmente los que se producen en esa área geográfica.

A mediados de los setenta va a producirse una inflexión en el rumbo de la Iglesia católica. Se empieza a hablar de la pervivencia del sentimiento religioso bajo la dominación comunista, destacando el caso de Polonia (desde principio de los años ochenta va a evidenciarse la recuperación de la Iglesia ortodoxa en el territorio europeo de la URSS). En 1978, la elección del papa Juan Pablo II (el polaco Karol Wojtyla) va a sancionar este giro católico militante cuya simiente se hará evidente una década más tarde.

CIENCIA Y TÉCNICA

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (1945-1996)

SANTIAGO RIERA I TUÈBOLS

La electrónica

EL TRANSISTOR

En las primeras radios se usaban rectificadores elementales, cristales, que sólo permitían a la corriente alterna fluir en un sentido. Inmediatamente el sistema fue sustituido por lámparas con vacío interior, grandes y fácilmente rompibles, con consumo energético grande y un tiempo de espera no desdeñable para ponerse en funcionamiento.

En el año 1948 Bradford Shockley, Walter Houser Brattain y John Bardeen, norteamericanos los dos últimos y británico el primero, descubrieron los semiconductores, que permitían el paso de la electricidad peor que los metales conductores y mejor que los materiales aislantes. Cuando a un semiconductor, por ejemplo al germanio, o posteriormente al silicio, se le añaden cantidades pequeñas de impurezas puede actuar como rectificador o como amplificador. He aquí los transistores, los cuales por ser sólidos y no exigir el vacío podían ser muy pequeños. Además, gastaban poca energía y tenían larga vida. Obviamente, los transistores sustituyeron a las lámparas y su uso se generalizó. Sin lugar a dudas puede decirse que había nacido la electrónica. Shockley, Brattain y Bardeen recibieron, por este descubrimiento, el Premio Nobel en el año 1956.

El perfeccionamiento de los transistores fue rápido: en 1953 se empezaron a fabricar con ellos aparatos para combatir la sordera y a producir radios que cabían en el bolsillo de la chaqueta.

La molécula de ADN

LA DOBLE HÉLICE DEL ADN

En el año 1953, James Watson y Francis Crick describieron la estructura de doble hélice de la molécula del ADN, la molécula que codifica y transmite la información genética en los seres vivos. Comunicaron el resultado definitivo a sus colegas el día 7 de marzo y seis semanas más tarde apareció el correspondiente artículo en Nature. Sin embargo, es obligado recordar que para ello se sirvieron de los conocimientos de otros científicos: Jerry Donohue, Maurice Wilkins, que había trabajado en la difracción de rayos X para aclarar la estructura de las moléculas de ADN, y, finalmente, Rosalind Franklin, que obtuvo las imágenes más claras y significativas de dicha molécula. En 1962, Watson y Crick compartieron el premio Nobel de medicina con Wilkins, quedando relegados al olvido Donohue y Franklin (que había muerto en 1958). Como un resumen de esta etapa tan trascendental para la comprensión biológica de la especie humana —y con un horizonte de futuros descubrimientos sensacionales en el campo de la genética— Watson publicó La doble hélice (1968), un éxito editorial donde el autor da una visión personalista del descubrimiento de la estructura del ADN.

En 1994, Watson fue nombrado director del proyecto Genoma Humano, financiado por EE.UU. Sin embargo, tuvo que dimitir ante la presión de los intereses que se crearon alrededor de las patentes de los descubrimientos genéticos.

Lo que sí puede asegurarse sin lugar a dudas es que en 1953 se había abierto una puerta que mostraba un nuevo mundo insólito hasta entonces.

La informática

LOS PRIMEROS ORDENADORES

Dejando aparte las primeras máquinas de calcular que no hacían servir más que sistemas mecánicos, como la de Blaise Pascal (1642) o la que construyó Leibniz treinta años más tarde, fue Charles Babbage quien dio el paso decisivo en este campo. Su primer proyecto, que hacía referencia a la «máquina de calcular de diferencias», recibió una subvención por parte del Gobierno británico de 17.000 libras pero, a pesar de ello, la máquina no pasó de ser un proyecto a medio realizar. Un segundo intento, la máquina analítica, levantó grandes esperanzas, pero nunca llegó a ser, tampoco, una realidad plenamente realizada: se mantuvo siempre en un proceso de perfeccionamiento continuo y de ahí no salió. Sin embargo, la máquina presentaba características que, convenientemente desarrolladas, constituyeron la base de las calculadoras posteriores. Nos referimos al «molino», que albergaba la maquinaria de cálculo, y al «almacén» donde se guardaban los datos suministrados e incluso los resultados de las etapas intermedias (memorización). La máquina se programaba con tarjetas perforadas, una idea que provenía, con toda seguridad, del telar de Jacquard (1901).

El siguiente eslabón lo constituyó la máquina de Herman Hollerith destinada a analizar el censo norteamericano de 1880. Perfeccionada con un sistema de tarjetas perforadas original y efectivo, la máquina examinó el censo de 1890 en una tercera parte del tiempo que se había empleado en el anterior. Sin embargo, el futuro de estas máquinas no se encontraba en las tarjetas perforadas sino en la adaptación electrónica.

Aparte del antecedente de la máquina de Howard Aiken, de la Universidad de Harvard, diseñada en 1937 y construida entre 1939 y 1944 con la colaboración de la IBM, la primera máquina que utilizó modernos elementos electromecánicos fue la ENIAC (Calculadora e Integradora Numérica Electrónica) (1946). Era obra de J. W. Mauchly y J. P. Eckert, que la construyeron, en el Moore School of Electrical Engineering de la Universidad de Pensilvania, para el Gobierno de EE.UU. Usaba impulsos eléctricos y válvulas de vacío, y de esta manera podía calcular el producto de dos números de diez dígitos en dos milésimas de segundo. Pesaba 30 toneladas, tenía unos diez metros de longitud, poseía 18.000 válvulas y el calor generado cuando funcionaba constituía un problema casi irresoluble. Fue usada en el Laboratorio de Balística de Maryland con resultados muy positivos: en una hora efectuaba el trabajo de dos meses de un equipo compuesto por 200 calculistas.

Fue el matemático J. Von Newmann quien cayó en la cuenta de usar el sistema binario (0, 1) en lugar del decimal (nueve signos además del cero). Las ideas de Von Newmann se aplicaron en el EDVAC (Ordenador Electrónico Automático Variable Discreto), que se empezó a construir en la Universidad de Pensilvania con la colaboración de Mauchly y Eckert, justo antes de dar por acabado el ENIAC. Mientras tanto, crecía la creencia de que sin una capacidad de almacenamiento notable (memoria) los ordenadores no tenían futuro. Fue F. C. Williams quien, en Manchester, en el año 1948 desarrolló un dispositivo de almacenaje basado en tubos catódicos. Este sistema pronto fue desbancado por el llamado de núcleos magnéticos (J. Forrester, MIT). La memoria por núcleos magnéticos fue empleada en el UNIVAC (modelo 1103A) de Remington-Rand, y, posteriormente, profusamente utilizada.

La sustitución de tarjetas perforadas por cintas magnéticas representó un gran avance pero no debe olvidarse lo que de positivo representó la sustitución de válvulas termoiónicas por transistores (1950).

Estas mejoras fueron el punto de partida para las generaciones de ordenadores modernos.

La carrera del espacio

EL VUELO ESPACIAL

Los precursores de los vuelos espaciales fueron un ruso, K. E. Ciolkovsky, un norteamericano, R. H. Goddard, y un alemán, Hermann Oberth.

Ciolkovsky, que ya en 1903 publicó un libro en el que sentaba las bases de los vuelos espaciales, veintiséis años más tarde lanzó con éxito un cohete de varias fases.

Goddard se interesó por los propulsantes; primero usó propulsantes sólidos y más tarde, a partir de 1926, mezclas de gasolina y oxígeno. Interesado en la meteorología, construyó y lanzó cohetes con diversos instrumentos, alcanzando alturas de más de 2 km.

Oberth se interesó, durante la década de los años veinte del siglo pasado, por los cohetes propulsados con combustibles líquidos.

Con estos antecedentes, durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes construyeron los temibles proyectiles V-1 y V-2; con el último, el primer cohete de largo alcance de la historia, bombardearon Londres y causaron estragos tanto en los edificios como entre la población civil. El responsable de estas poderosas armas fue Werner von Braun, quien, acabada la guerra, fue trasladado a EE.UU. donde se erigió en el cerebro de la ABMA (Army Ballistic Missile Agency). Fue, asimismo, responsable de los primeros programas espaciales norteamericanos y figura cabal de la NASA (National Aeronautic and Space Agency), incluido el programa Apolo que culminó la proeza de llevar el primer ser humano a la luna (1969).

Recordemos que desde el primer satélite artificial lanzado al espacio por los rusos (Sputnik 1) en el mes de octubre de 1957, al que siguió un segundo, en el intervalo de un mes, que llevaba a bordo una perra (Layka), hasta el primer vuelo espacial protagonizado por el ruso Yuri Gagarin, transcurrieron cuatro años. Se necesitaron ocho años más, solamente, para efectuar el espectacular salto que permitía a los astronautas norteamericanos Armstrong y Aldrin alunizar el módulo Apolo 11 y dar ocasión al mismo tiempo para que el primero de ellos pisara la Luna. En doce años se había llevado a cabo lo que dos décadas antes parecía imposible.

La revolución tecnocientífica

EL DESARROLLO TECNOCIENTÍFICO DE EUROPA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

Del transistor al chip; del ENIAC a los ordenadores portátiles de la década de los noventa; de la estructura helicoidal de la molécula de ADN a la clonación (oveja Dolly, 1996), son procesos revolucionarios que han sucedido en un período de tiempo muy corto. La inercia humana a cualquier cambio, en este caso a un cambio tecnocientífico que ha variado incluso, superando sus límites conceptuales, la manera de ver y de comprender el mundo y la vida, se encuentra en la base de una desorientación (¿temporal?) inédita hasta el momento.

A partir de 1945, en el marco de un nuevo orden mundial, producto de una guerra que había azotado el continente, la ciencia interaccionó con las técnicas generando teorías mientras que, a su vez, aparecían nuevas técnicas basadas en construcciones teóricas. Se trata de las tecnologías.

Hoy día, en los albores del nuevo siglo, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que entre la ciencia básica, la ciencia aplicada y la(s) tecnología (s) no hay distinción alguna; de hecho, forman un bloque sin fisuras que recibe el nombre de tecnociencia. Que se hable de investigación y desarrollo (R+ D) y no de investigación y conocimiento lo dice todo. Algunos, sin embargo, lo han visto de manera diferente, como Jacques Ellull, quien se atreve a afirmar que la ciencia se ha convertido en una herramienta de la técnica.

La consecuencia de todo ello es que, si bien hasta el siglo XX el hombre creaba las técnicas que satisfacían sus necesidades, ahora es la tecnociencia quien crea las necesidades. Y un cambio tan drástico como el que apuntamos acarrea, tal como decíamos más arriba, indefectiblemente, problemas de todo tipo inherentes a la nueva relación establecida entre la ciencia y la sociedad, problemas, sobre todo, éticos.

No ha de extrañarnos, pues, la aparición de una filosofía de la tecnología (de la tecnociencia).

LA FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA

Mientras tenía lugar el proceso que acabamos de comentar, la fusión de la ciencia con las tecnologías, aparecía una rama de la filosofía que concentraba su estudio en las tecnologías, de la misma manera en que tiempo atrás se había desarrollado una filosofía de la ciencia.

A pesar de que fue en el siglo pasado que comenzó a hablarse de filosofía de la tecnología, ha sido durante el siglo XX cuando la materia en cuestión ha tomado cuerpo y consistencia científica. Cabe decir que existen dos ramas de esta moderna materia: la ingenieril o internalista, que versa sobre la esencia misma de la ingeniería, y la externalista, que enumera las ventajas, y al mismo tiempo alerta de los riesgos, que comporta la aplicación de dichas tecnologías. Es esta segunda, que contempla las relaciones entre tecnología (hoy podemos —debemos— sustituir la palabra tecnología por tecnociencia) y sociedad, la que nos interesa ahora. Para exponer unas ideas nos centraremos en cuatro filósofos: José Ortega y Gasset, Martin Heidegger, Lewis Mumford y Jacques Ellul.

José Ortega y Gasset confiesa que lo que le ha impulsado a escribir sobre este tema es una especie de creencia en la misión de los intelectuales que los obliga a prever cuáles son los problemas que planteará la técnica para así anticiparse y encontrar las soluciones necesarias. Para Ortega la técnica no es más que la adaptación del medio al hombre y, en consecuencia, la manera de satisfacer lo que es superfluo. Por otra parte, concede prioridad a la técnica sobre la ciencia: «Galileo se forma en los arsenales de Venecia, entre la grúa y los cabestrantes. Allí se forma su mente.»

Heidegger considera la técnica como un medio que provoca a la Naturaleza y la obliga a liberar energías acumulables que pueden usarse en el momento oportuno; cuando examina las relaciones entre ciencia y técnica (tecnología) se inclina a hablar de la ciencia como de una tecnología científica. Cuestionar, asegura, implica preguntar y preguntar no es más que pensar: si estamos convencidos de que es preciso reflexionar sobre la tecnología, previamente la cuestionaremos.

Para Lewis Mumford hay dos clases de tecnologías: la autoritaria, que esclaviza al individuo, y la democrática, no relacionada con ningún poder, que busca la plenitud y el desarrollo de la personalidad humana. No sería necesario añadir que Mumford rechaza la primera y acepta la segunda. En sus dos grandes obras, Técnica y Civilización y The Myth of the Machine (2 vols.), estudia los aspectos positivos y negativos de la ciencia y la técnica «ya presentes en las culturas primitivas», y efectúa un recorrido por los avances tecnológicos modernos reflexionando brillantemente sobre los peligros que comportan. El error cometido, dice, ha sido no haber querido reflexionar en el momento oportuno.

Jacques Ellul define la técnica como «la totalidad de los métodos que racionalmente tienden a conseguir la eficacia máxima en el desarrollo de todos los campos de la actividad humana» y la considera el fenómeno más importante ocurrido en el proceso de formación y desarrollo de la humanidad. Para Ellul la tecnología tiende a sustituir el medio ambiente por el medio técnico; ahora bien, una tal sustitución no puede aceptarse sin reflexión y, llegado a este punto, el filósofo francés propone una ética limitadora: la humanidad no ha de aceptar todo lo que puede hacer, todo lo que es capaz de realizar. Dos ideas destacan en su discurso: que los cambios tecnológicos afectan a las mentalidades y la manera de ver y entender el mundo, y que la tecnología no es neutra, pues no es otra cosa que una elección.

Como puede verse, todos estos autores relacionan el desarrollo tecnológico con determinados aspectos éticos. Hoy, con el sorprendente progreso de la biología molecular muy especialmente, esta relación, nos referimos a la establecida entre la tecnociencia y la ética, es objeto de continuada atención en numerosas obras y, al mismo tiempo, de las actividades intelectuales de numerosos pensadores. Es por ello que dedicamos un apartado especial al examen de la tecnoética.

LA TECNOÉTICA

Hay dos formas de enfrentarse a la tecnociencia, si creemos oportuno hacerlo. La primera, oponiendo a las inmensas posibilidades técnicas una reflexión profunda. Si mediante la tecnociencia cualquier aspecto de la vida y/o de la Naturaleza puede tecnificarse, no hay que olvidar que dicha actuación puede ser contrarrestada ya sea suspendiendo, aplazando o mitigando la acción tecnocientífica. El binomio omnipotencia-omnipresencia (de la tecnología) no equivale en ningún caso a imprescindibilidad.

Para comprender lo que decimos, recordemos que no existe ningún grado de incompatibilidad entre tecnociencia y ética, sino todo lo contrario, pues cualquier acto tecnocientífico que incide sobre la sociedad requiere (exige) respuesta, es decir, decisiones, compromisos, soluciones, sin que ello quiera decir que las posiciones finalmente adoptadas sean fáciles de mantener. Dominique Janicaud considera la tecnociencia como un acontecimiento, en el sentido de ruptura que tiene la palabra acontecimiento en tanto que es irreversible y, naturalmente, insiste en la dificultad de enfrentarse al acto científico-técnico. Jacques Ellul insiste, acertadamente, afirmando que para no caer en la sociedad totalmente tecnificada, en la que todo lo que sea técnicamente posible se realice, sólo hay una posición a adoptar: la que activa la respuesta ética que nos ha de conducir a la resolución de los problemas planteados.

Librarnos incondicionalmente a la tecnociencia es firmar un cheque en blanco. Escoger, decidirse a encontrar soluciones, es una muestra de libertad. Así pues: es preciso pensar constantemente en la tecnociencia y preparar la respuesta: he aquí el único camino. El único y difícil camino.

La segunda posición respecto a la tecnociencia es la que sostiene Gilbert Hottois cuando nos recuerda que el grupo de Consejeros de la Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías de la Comisión y la Unión Europea, ha tomado decisiones que moralmente, insiste, nos obligan a todos, apoyándose para ello en tres puntales básicos: el tiempo, la sociedad y la responsabilidad.

Empecemos por el tiempo. La lejanía del pasado ayuda a proyectarse en el futuro: la sociedad surgida de imprevisibles y hoy desconocidas evoluciones será tan diferente de la nuestra como nosotros lo somos de las primeras células vivas. Y ello no puede desligarse ni de la tecnociencia ni de las elecciones que efectuemos en el tiempo.

Por lo que se refiere a la sociedad, Hottois nos recuerda que del Neolítico a Internet, las revoluciones que, alternando con las evoluciones, han cambiado el rumbo de la historia, han sido tecnocientíficas. En realidad, asegura, la tecnociencia es la fuerza que empuja el mundo hacia el futuro y en esta acción tanto lo que es simbólico como político han de ser compañeros, en ningún caso fuerzas rectoras.

Finalmente, la responsabilidad. En este punto el autor habla de antropocentrismo metodológico (AM), contrario a cualquier forma de fundamentalismo, en el sentido de que el futuro de la especie humana está en las manos de los humanos. Es cierto, no puede discutirse, que en el AM hay cierto riesgo; pero se trata de un riesgo más soportable que el inherente a convicciones filosóficas y teológicas que han hecho de la historia humana un cementerio y una sala de tortura.

Hottois insiste en la responsabilidad de la supervivencia, que sólo nos puede procurar la tecnociencia, dice, y la de la conservación del patrimonio recibido (biodiversidad, logodiversidad y tecnodiversidad), una segunda responsabilidad de la que tan sólo puede encargarse, asimismo, la tecnociencia.

En este campo, su oposición al filósofo Hans Jonas es total: Jonas dice que la tecnociencia ha de representar a la larga la muerte de la especie y que solamente una ética esencial puede salvarla: es urgente encontrarla y aplicarla.

Jonas habla de la ética del sufrimiento y de la dignidad humana, tanto durante la vida como en la muerte. Hottois, en cambio, aduce la acción tecnocientífica (y en este sentido afirma que el hecho de que los recursos naturales sean finitos no ha de constituir una limitación, un freno al desarrollo, sino un acicate para la tecnociencia).

Como puede verse incluso en un escrito como el presente, resumido y limitado por la falta de espacio, las posiciones son encontradas.

Resumiendo, vivimos en un mundo lleno de riesgos (el riesgo cero es una quimera) no solamente físicos sino también simbólicos —que en un mundo multicultural se multiplican— los cuales chocan con los valores preestablecidos.

En último término, cuando no haya pruebas sensatas que constituyan una garantía de los efectos derivados de una nueva tecnología (es decir, una garantía frente a los riesgos inherentes a la nueva tecnología), lo que debe hacerse es aplicar el Principio de Precaución (PP): la falta de certeza científica en las consecuencias de la aplicación de una nueva tecnología no ha de retardar en modo alguno la adopción de medidas destinadas a prevenir un riesgo de daño al medio ambiente o a la salud pública. Este Principio, que apareció en la Declaración de Londres (1987) y reapareció en Maastricht (1992), tiene dos versiones, la dura y la blanda.

La dura sólo autoriza una actividad si se ha demostrado previamente que no comporta efectos nocivos (decisión de la Comisión de Oslo, destinada a refrendar la Declaración de Londres).

La otra interpretación, la moderada, hace concesiones en nombre del desarrollo económico. Se trata de la interpretación de la Declaración de Río (1992) o de la Ley Barnier (2001): la incertidumbre científica no puede retardar la adopción de medidas efectivas con la finalidad de prevenir, con un coste razonablemente aceptable (el subrayado es nuestro), un riesgo grave de daño al medio ambiente.

En conjunto, el Principio de Precaución, especialmente en la versión dura, pone de relieve la complejidad del problema, concede presunción de peligro a las nuevas tecnologías e instaura una cierta moratoria. Naturalmente, la versión blanda muestra una evidente vulnerabilidad.

Sin embargo, ¿quién decide efectuar la gestión precautoria? Esto por una parte. Por otra, la imposibilidad de efectuar las pruebas necesarias para evaluar los efectos posibles a largo plazo la mayoría de las veces constituye una realidad indiscutible; sin olvidar los intereses extracientíficos que «obligan» a tomar decisiones con urgencia.

Resultado: el debate se centra sobre la terna aceptación-riesgo-coste.

Todo ello conduce a la pregunta de si, por encima de los necesarios diálogos, no sería conveniente levantar algunas barreras temporales en la loca carrera del desarrollo tecnocientífico tan sometido a los intereses económicos; insistimos: barreras provisionales que permitieran establecer el diálogo sin prisas ni presiones, con tranquilidad y objetividad, permitiendo de esta manera superar la inercia mental y moral propias de la especie humana.

En última instancia, cabe insistir en la formación cientificotécnica y al mismo tiempo humanística —es decir en la formación— de los ciudadanos que, al fin y al cabo, son los que deben escoger y decidir, sin que esto signifique olvidarse de los investigadores y especialistas (de ambos campos, el humanístico y el científico) con la esperanza de que dejen de lado su esoterismo profesional cuando se dirijan al gran público. También a los empresarios, para los cuales sería positivo organizar cursos de formación ética (ética de la empresa). En definitiva, es urgente potenciar una divulgación científica seria, consciente y consistente.

En la reflexión ética, que centra el debate sobre el desarrollo de la tecnociencia y la naturaleza de las relaciones de ésta con la sociedad, ciframos las esperanzas de un futuro más transparente y sereno que el que se vislumbra en la actualidad.

CUARTA PARTE

LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN:

DE 1991 A NUESTROS DÍAS

INTRODUCCIÓN

JUAN AVILÉS

La percepción de que el hundimiento del comunismo marcó el inicio de una nueva etapa en la historia es ampliamente compartida. Aquellos impactantes acontecimientos de los años 1989 a 1991, especialmente la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, representaban muchas cosas. Era el fin de la Guerra Fría y por tanto de la amenaza de una guerra nuclear entre las dos grandes potencias. Suponía también el fin de la división de Europa en dos bloques, incluida la separación de Alemania en dos Estados, y por tanto la superación de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Era también el fin de una experiencia iniciada en Rusia en 1917, que mucha gente, en muchos lugares y durante muchos años, había tomado por el inicio de un mundo nuevo. Y en cierto sentido representaba también el fin del siglo XX, de ese breve siglo XX como lo denominó Eric Hobsbawm, caracterizado no sólo por las guerras mundiales sino por el choque planetario entre tres ideologías, la democrática, la comunista y la fascista. Derrotado el fascismo en 1945 y hundido el comunismo en 1989, la democracia concluía el siglo vencedora.

También hay un amplio acuerdo acerca del término que mejor define el período histórico en el que hemos entrado: la era de la globalización. Saludada con esperanza por unos y denostada por otros, la globalización se ha convertido en un término de referencia ineludible para cualquier debate sobre las tendencias del mundo de hoy.

Al historiador que desea analizar el período de la historia universal en el que vivimos no le faltan fuentes. Por supuesto, existe información reservada que quizá depare alguna sorpresa cuando en el futuro se abran ciertos archivos, pero la dificultad mayor para el analista no se deriva tanto de esas lagunas de nuestra información como de lo complicado que resulta escoger entre la sobreabundancia de datos disponibles en la prensa, en las revistas especializadas, en los libros de actualidad, en esa mina inagotable que es internet. Nadie puede pretender haber leído más que una ínfima parte de esa información, pero el problema no estriba tanto en esto como en la dificultad de comprender qué es lo más importante dentro de la enorme masa de noticias que nos llega cada día. ¿La intervención norteamericana en Iraq representa una inflexión crucial en la historia de Oriente Medio y de la política mundial, o supone un ensayo fracasado? ¿La Constitución Europea supone el inicio de una nueva UE o quedará descartada?

Incluso cuando examinamos tendencias a largo plazo es difícil valorar su importancia. Tomemos el caso de la caída de la fertilidad por debajo de la tasa de reemplazo en casi todos los países desarrollados. ¿Se trata de un fenómeno pasajero? ¿Es el inicio de una tendencia mundial que en pocas décadas se convertirá en el gran problema de la humanidad? ¿Conducirá a un cambio radical en la composición étnica de Europa? Quienes hoy somos adultos quizá no lleguemos a saberlo nunca.

A pesar de toda esta incertidumbre, algunos de los temas que es indispensable abordar en el estudio de la historia más reciente resultan indiscutibles. En otros casos hay que optar, incluyendo unos y excluyendo otros, para evitar que esta parte final del libro resulte demasiado extensa. Los autores hemos optado por iniciar esta cuarta parte con tres capítulos dedicados a la democracia, a la globalización y a la economía mundial, dedicar otros dos al análisis de las principales áreas geográficas del mundo de hoy, y concluir con un capítulo dedicado a los conflictos que se vienen produciendo tras el fin de la Guerra Fría.

El primer capítulo describe el avance de la democracia en el mundo, analiza la interrelación entre democratización y desarrollo humano y analiza los principales puntos del debate actual sobre la democracia.

El segundo aborda el gran tema de la globalización. Analiza cómo incide en el desarrollo humano, plantea sus relaciones con el fenómeno de la liberalización económica, discute cómo afecta todo esto a la soberanía nacional y a las políticas sociales, presta especial atención al impacto de la globalización en los países en desarrollo y concluye con una breve referencia a las organizaciones económicas internacionales y al movimiento antiglobalizador.

El tercero analiza los grandes rasgos de la dinámica económica, determinante a la hora de entender la evolución y los posicionamientos de los grandes bloques que conforman el mundo de hoy.

Las áreas geográficas del mundo se agrupan en dos grandes conjuntos. En el primero se incluyen los países de cultura occidental de Europa y América, a los que se dedica un capítulo en el que se estudian los casos de los Estados Unidos de América, sin duda la gran potencia del mundo de hoy; de la Unión Europea, que representa una importante experiencia de creciente integración entre naciones soberanas, incluida España, que es estudiada en ese contexto; de América Latina, un área con un gran potencial futuro pero que no acaba de encontrar la vía hacia un desarrollo humano acelerado; y finalmente de Rusia, que tras el abandono del comunismo está tardando en adoptar de lleno el modelo de la democracia liberal y la economía de mercado.

Otro capítulo se dedica a las áreas de cultura no occidental. Entre ellas destacan los casos de los tres gigantes demográficos y/o económicos de Asia, es decir, China, Japón e India, cuya importancia conjunta en el mundo del siglo XXI está destinada sin duda a aumentar. Otro apartado se dedica al área predominantemente musulmana y árabe del Oriente Medio y el Magreb, mientras que el último se centra en la región del planeta que atraviesa hoy por más difíciles circunstancias, el África subsahariana.

El capítulo final analiza los conflictos del mundo de hoy, que se producen casi exclusivamente en los países en desarrollo. Una introducción general plantea los factores de conflicto y tras ello se analizan algunos casos concretos. En primer lugar, el caso de la antigua Yugoslavia, donde el hundimiento del comunismo abrió paso al choque violento de nacionalismos enfrentados. Luego, el caso de Ruanda, donde la rivalidad étnica condujo al genocidio. Y, por último, los conflictos a los que se enfrentan hoy numerosas poblaciones musulmanas, es decir, por un lado los conflictos locales en los que chocan musulmanes y no musulmanes en Palestina, Cachemira y Chechenia, por otro el terrorismo de inspiración islamista y, por último, la respuesta del gobierno Bush a la amenaza del terror, que se ha traducido en las guerras de Afganistán e Iraq.

EL TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA

JUAN AVILÉS

La tercera oleada de la democratización

A comienzos del siglo XXI cerca de la mitad de la población mundial vive en países democráticos. Se trata de la proporción más alta de toda la historia, pero no es el único motivo por el que se puede afirmar que la democracia ha triunfado. Es también importante que no exista ya ningún modelo alternativo de organización política con suficiente atractivo como para que se pueda prever su expansión por el mundo.

Antes de la Primera Guerra Mundial la democracia plena era vista con desconfianza, pues se temía que pudiera conducir al predominio de demagogos que engañaran a las masas, e incluso en los países más desarrollados eran frecuentes los límites impuestos a la voluntad popular, tales como el poder que conservaban los monarcas. la persistencia de cámaras aristocráticas o la restricción del sufragio. En el periodo de entreguerras pudo parecer que el modelo fascista era más dinámico que el democrático y más adecuado para garantizar la unidad nacional, la paz social y el progreso. Tras la Segunda Guerra Mundial, el modelo comunista se extendió a numerosos países y adquirió adeptos incluso en algunas democracias occidentales, pues parecía una gran promesa de igualdad social y de cooperación en la búsqueda del bienestar colectivo. Nada semejante ocurre hoy. Tan sólo en algunos países aislados, como Corea del Norte y Cuba, se mantienen regímenes fieles al modelo comunista en su integridad. En China, el país más poblado del mundo, el partido comunista mantiene el monopolio del poder, pero a su vez promueve la economía de mercado, lo que implica un abandono de las bases ideológicas de su legitimidad. De hecho, el modelo democrático es cada vez más percibido, a nivel mundial, como el único legítimo, con lo cual las críticas más frecuentes a las democracias se basan en denunciar que éstas no son tan democráticas como pretenden.

En el mundo de hoy, el único movimiento ideológico importante que cuestiona los fundamentos de la democracia, considerándola como una sumisión a un poder humano y un abandono, por tanto, de la sumisión a Dios, es el islamismo, es decir, el movimiento que pretende implantar un Estado basado exclusivamente en la doctrina islámica original. A pesar de su auge en los últimos años, es sin embargo dudoso que el islamismo pueda llegar a construir un modelo político capaz de extenderse ampliamente por los países musulmanes.

El atractivo del término democracia ha hecho que a menudo se lo apropien sus enemigos. La España de Franco pretendía ser una «democracia orgánica» y varios países de Europa central englobados en el bloque soviético se autodefinían como «democracias populares». Cuando hablamos del triunfo mundial de la democracia nos referimos, en cambio, a un sistema político que presenta variantes en los distintos países, pero que tiene un inconfundible núcleo común, integrado por el Estado de Derecho, el respeto a las libertades individuales y la designación de las instituciones de gobierno mediante elecciones por sufragio universal. Se trata, por tanto, de un sistema en cuyos orígenes históricos se combinan el concepto antiguo de democracia —es decir, el gobierno del pueblo ejercido en algunas polis griegas—; el principio de la sumisión a la ley, lentamente madurado durante siglos en Estados que no eran democráticos; el sistema de representación, contrapuesto a la democracia directa de los griegos; y finalmente los principios del liberalismo, una doctrina cuyos padres fundadores, en los siglos XVIII y XIX, recelaban de la intervención política de las masas. Para resumir todos estos contenidos de la democracia, tal como se entiende hoy, el término más adecuado es el de democracia liberal.

Los orígenes históricos de la democracia liberal se hallan en la civilización occidental, pero es importante subrayar que posteriormente ha arraigado en países culturalmente muy distintos. A comienzos del siglo XXI la democracia es un modelo universal y para comprobarlo basta considerar cuáles son hoy los Estados democráticos más poblados. Sólo cuatro Estados del mundo tienen más de 200 millones de habitantes y de ellos sólo uno, China, tiene un régimen autoritario, mientras que los tres restantes tienen sistemas democráticos, a pesar de la gran diferencia de sus tradiciones culturales dominantes: hinduista en la India, cristiana en Estados Unidos, musulmana en Indonesia. La antigüedad de sus respectivas democracias no es, sin embargo, la misma: la americana surgió en la primera oleada mundial de democratización, la india en la segunda y la indonesia en la tercera.

La periodización del avance de la democracia en tres oleadas, separadas por períodos de retroceso, ha sido propuesta por el politólogo norteamericano Samuel Huntington. La primera oleada se fue desarrollando a lo largo del siglo XIX, a medida que los Estados liberales se iban democratizando, en un proceso cuyos elementos fundamentales fueron el progresivo control del poder ejecutivo por parte del parlamento y la ampliación del sufragio. El proceso fue tan lento y gradual que, siendo los Estados Unidos y Suiza dos de las democracias más antiguas del mundo, en algunos Estados sureños los afroamericanos no pudieron ejercer el derecho al voto hasta los años sesenta del siglo XX y en algún cantón suizo las mujeres no lo adquirieron hasta los años setenta. La primera oleada culminó tras la Primera Guerra Mundial, pero muy pronto comenzó una etapa de retroceso, cuyo inicio simbólico puede situarse en la marcha fascista sobre Roma de 1922. La segunda oleada comenzó con el triunfo de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial y fue impulsada tanto por la derrota de las potencias del Eje como por los inicios de la descolonización. Las actuales democracias de Alemania, Italia, Japón y la India tienen su origen en ese período. Las dificultades de los nuevos países surgidos de la descolonización y las tensiones de la Guerra Fría, en la que la lucha contra la amenaza comunista sirvió de justificación para muchos dictadores, notoriamente en América Latina, impulsaron en las décadas sucesivas una etapa de retroceso, cuyo último episodio significativo fue el golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973, apoyado por Washington. Al año siguiente, la «revolución de los claveles» en Portugal dio inicio a la tercera oleada democratizadora, que se extendió sucesivamente por la Europa meridional, por América Latina, por algunos países de Asia oriental y, tras la caída del comunismo, por la Europa central y oriental. Su efecto ha sido bastante menor en los países musulmanes y en el África subsahariana.

El avance de la tercera oleada a partir del hundimiento del comunismo puede medirse observando que el número de Estados con sistemas electorales democráticos pasó de 69 en 1989 a 117 en 1995, manteniéndose desde entonces casi constante, con leves oscilaciones (gráfico 4.1).

El paso de una dictadura a una democracia es un proceso gradual, en el que los politólogos suelen diferenciar las fases de transición y consolidación. Las democracias en fase de consolidación están sujetas a la posibilidad de una involución autoritaria y en bastantes casos carecen del pleno respeto a la ley y a las libertades individuales que caracterizan a una democracia genuina. La corrupción, los abusos de poder y la discriminación respecto a determinados sectores de la población, como las minorías étnicas o religiosas, son males frecuentes. Por ello resulta conveniente examinar el grado en que en cada país están garantizados los derechos políticos y las libertades civiles, lo que lleva a una imagen más matizada que la simple distinción entre democracias y dictaduras. Es un ejercicio que realiza anualmente la organización no gubernamental norteamericana Freedom House. De acuerdo con su análisis, en el año 2003, el 44 % de la población mundial vivía en países libres, el 21 % en países parcialmente libres y el 35 % en países no libres. El número de Estados libres se ha duplicado en treinta años, pasando de 44 en 1973 a 88 en 2003 (gráfico 4.2).

Democracia y desarrollo humano

Es importante destacar que existe una clara correlación entre el grado de libertad de un país y su nivel de desarrollo. Esto puede comprobarse de una manera sencilla analizando el caso de los 37 Estados del mundo que tienen más de 30 millones de habitantes. Para ello se puede recurrir a los informes del año de 2004 del Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de Freedom House. El primero proporciona un Índice de Desarrollo Humano, basado en las cifras de esperanza de vida, producto nacional y nivel educativo, relativos al año 2003, mientras que el segundo proporciona dos índices, que hemos combinado en uno solo, acerca de los derechos democráticos y las libertades civiles. En el gráfico 4.3 aparecen a la vez el índice de desarrollo humano, que hemos dispuesto en una escala de 0 a 10, y el índice de libertades, en una escala de 0 a 12. Puede observarse que los países que tienen un desarrollo humano alto (índice superior a 8), tienen también un alto grado de libertad; que el grado de libertad varía mucho entre los que tienen un desarrollo medio (entre 5 y 8), siendo muy alto en Sudáfrica y mínimo en Birmania y Sudán; y que entre los que tienen un nivel de desarrollo bajo (inferior a 5) el grado de libertad oscila entre medio y bajo.

El debate político en las democracias

La legitimidad casi indiscutida que la democracia ha adquirido en los últimos años ha restado posibilidades de combatirla a sus enemigos, tanto revolucionarios como contrarrevolucionarios. En América Latina la gran oleada guerrillera que se desarrolló a partir de los años sesenta, estimulada por el ejemplo castrista, se ha agotado (salvo en el caso de Colombia, donde el narcotráfico proporciona recursos tanto a los grupos armados revolucionarios como a los contrarrevolucionarios). Y a su vez la dictadura militar, que en los años setenta llegó a ser la forma de gobierno más común en América Latina, ha dejado de ser una opción viable. El descontento generado por las dificultades del desarrollo y por la desigualdad social persiste sin embargo, y a menudo se traduce en una protesta ciudadana, dirigida no contra el sistema democrático, sino contra los gobernantes y contra los partidos políticos. En los últimos años es visible en muchos Estados latinoamericanos un malestar político que se traduce en el rápido desprestigio de gobernantes electos e incluso su dimisión anticipada, forzada por masivas manifestaciones de protesta (como ha ocurrido en Argentina y en Bolivia); en la desaparición de partidos con larga tradición (por ejemplo, los dos grandes partidos que durante décadas se turnaron en el gobierno de Venezuela); y en la aparición de nuevas figuras, a veces con tendencias autoritarias, que llegan al poder por la vía electoral basándose en la denuncia de la corrupción de los partidos existentes (como ha sido el caso de Fujimori en Perú y de Chávez en Venezuela). Las encuestas del Latinobarómetro revelan que la mayoría de los latinoamericanos consideran a la democracia como el mejor sistema de gobierno, aunque a menudo están descontentos de cómo funciona en su propio país. En concreto, el porcentaje de quienes consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno es del 53 % en 2004 (frente a 61 % en 1996) mientras que sólo un 15 % piensa que en ciertas circunstancias es preferible un gobierno autoritario.

En los países de mayor tradición democrática y de mayor nivel de desarrollo, es decir en Europa occidental y América del Norte, la democracia liberal es algo que se da por hecho, pero al mismo tiempo se está produciendo un descenso de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y de su participación en la vida política. Un estudio sobre la vida política en los países más desarrollados, realizado a finales de los años noventa, reveló que en once de los doce Estados analizados (incluidos los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Japón) la confianza en los políticos había disminuido respecto a los años sesenta, mientras que sólo en Holanda había aumentado. Otro estudio reveló que la confianza en las instituciones políticas en los años noventa era menor que en los ochenta en catorce de los quince Estados analizados (incluidas Francia y España, no mencionadas en el otro estudio), siendo de nuevo Holanda la excepción.

Paralelamente a la pérdida de confianza que revelan las encuestas, disminuye también la participación electoral. Un estudio sobre veinte países muy desarrollados reveló que en dieciocho de ellos (incluida Holanda), la participación electoral a finales de los años noventa era menor que a comienzos de los cincuenta, siendo la excepción Suecia y Dinamarca. Un caso aparte, que analizaremos más adelante, es el del agudo descenso de la participación en las elecciones al Parlamento europeo. Y los partidos tienden también a perder afiliados. En Gran Bretaña, por ejemplo, en 1964 los laboristas tenían unos 800.000 afiliados y los conservadores unos dos millones, mientras que en 1997 ambos partidos habían visto reducida su afiliación a unos 400.000. Son tendencias que apuntan todas en una misma dirección: la pérdida de interés en la política democrática. Se trata de un fenómeno difícil de explicar, pero algunos autores han propuesto varias interpretaciones.

En primer lugar, el consenso al que se ha llegado sobre ciertas cuestiones básicas hace que sea menos lo que está en juego en las elecciones. Ya no hay fuertes partidos comunistas en Italia y Francia que propongan un cambio radical de sistema, y en general se han reducido las distancias entre los partidos de orientación socialdemócrata y los de orientación conservadora. Aunque, como veremos más adelante, esto no significa que haya desaparecido el debate político sobre cuestiones cruciales, es cierto que la vida política ha perdido en parte ese carácter de confrontación sobre el modelo de sociedad que hace años estimulaba la participación ciudadana.

Todos los partidos han tendido, además, a convertirse en organizaciones especializadas en la búsqueda del voto y en la gestión de las instituciones (tal como ha sido desde tiempo atrás en el caso de los partidos burgueses), mientras que se ha reducido la dimensión comunitaria que tenían los partidos de masas, como los democristianos italianos o alemanes, los comunistas italianos o franceses, los socialdemócratas alemanes o suecos, o los laboristas británicos, que se caracterizaban por su vinculación con los sindicatos o las iglesias, su prensa de partido y las oportunidades de encuentro y esparcimiento que ofrecían a sus afiliados. Este cambio se debe, en parte, a que la sociedad actual ofrece a los ciudadanos muchas otras formas de diversión, más individuales, mientras que los medios de comunicación de masas, no vinculados orgánicamente a los partidos, se han convertido en los grandes intermediarios entre éstos y los electores. En la actualidad lo más importante de un mítin es que aparezca en las noticias de televisión. Y, por consiguiente, los asesores publicitarios pueden resultar más útiles que los militantes.

Otras organizaciones de carácter no estrictamente político juegan un papel cada vez más importante en la canalización de las demandas ciudadanas, al margen de los partidos. Por un lado, los intereses económicos pueden hacerse oír a través de lo que los americanos denominan lobbying, es decir, actuando como grupos de presión que presentan sus demandas directamente a los responsables políticos, sin que les afecte demasiado cuál haya sido el partido ganador en las elecciones. Algunas entidades que representan intereses muy concretos llegan a adquirir de esta manera una gran influencia, como es el caso de la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos, cuya capacidad de decidir el voto de parte de sus numerosos miembros le ha permitido defender con éxito un derecho muy amplio a la posesión individual de armas de fuego. Por otra parte, en los últimos años han adquirido un creciente papel las organizaziones no gubernamentales que defienden intereses no económicos, del tipo que los sociólogos denominan posmaterialistas, como la ayuda a los países en desarrollo, la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, o la conservación de la Naturaleza. Esto supone que muchas personas interesadas en participar en grandes proyectos colectivos, que en tiempos pasados se habrían afiliado a un partido, se afilien hoy a una ONG como Intermón, Amnistía Internacional o Greenpeace, cuya influencia se ejerce no sólo a nivel nacional sino mundial.

Finalmente, la pérdida de confianza en los políticos puede deberse a que los ciudadanos han incrementado sus expectativas acerca de la honestidad y entrega que se les debe exigir. No hay indicios de que en los últimos años haya aumentado la corrupción en los países más desarrollados. Es más probable que haya ocurrido lo contrario, pero lo que es indudable es que ha aumentado la intolerancia ciudadana ante los casos de corrupción política. Y si es así, la pérdida de confianza que revelan las encuestas no debe ser interpretada como un síntoma de deterioro de los valores democráticos, sino que puede entenderse como un síntoma de mayor exigencia democrática.

En todo caso, parece claro que existe cierto grado de difusa decepción ciudadana ante la política democrática, que al menos en un país muy desarrollado, Italia, ha dado lugar a una crisis importante. En Italia, el sistema tradicional de partidos, surgido tras la caída del fascismo, se vino abajo a comienzos de los años noventa, como resultado de una conjunción de factores entre los que se debe mencionar la desaparición del bloque soviético —que privó de sentido a la tradicional confrontación entre los partidos democristiano y comunista que había fundamentado la vida política italiana—, a la crisis general del modelo de partido de masas y, fundamentalmente, a una investigación judicial (típica del creciente papel de los jueces en la política democrática), que puso de relieve la gravedad de la corrupción política que padecía el país. El resultado de la crisis, que tiene cierto paralelismo con lo ocurrido en algunos países latinoamericanos, no ha sido la emergencia de una democracia impecable, sino el ascenso político de un magnate empresarial, Silvio Berlusconi, que combina actualmente la posición de presidente del gobierno con la de dueño de un gran conglomerado económico, lo que plantea delicados problemas de compatibilidad de intereses. Su partido, muy personalista, ha adoptado como nombre el lema de los seguidores de la selección italiana de fútbol, Forza Italia, algo que parece sintomático de una cierta confusión, no exclusivamente italiana, entre política y espectáculo.

De todo lo anteriormente expuesto acerca de la vida política en los países más desarrollados no se debe concluir, ni que los partidos políticos hayan dejado de ser la pieza clave de la política democrática, ni que las elecciones se hayan convertido en un juego en que lo único que se disputa es quién ejercerá el poder, sin que exista un debate sobre opciones fundamentales.

La actitud de la mayoría de los ciudadanos de los países más desarrollados hacia los partidos políticos recuerda la famosa afirmación de Tocqueville, hace siglo y medio, según la cual los partidos eran un mal inevitable en un gobierno libre. La confianza en ellos disminuye, la afiliación también e incluso el número de ciudadanos que les vota, pero siguen siendo el mecanismo fundamental a través del que se articulan las distintas demandas sectoriales de la sociedad y se forman los gobernantes. En los países desarrollados resulta dificilísimo acceder a un cargo electivo sin el apoyo de un partido establecido, lo que demuestra que, en último término, los ciudadanos siguen viéndolos como un instrumento indispensable de gobierno.

La importancia del debate político en las sociedades más avanzadas tampoco ha desaparecido, aunque no siempre se perciba con claridad cuáles son los principios comunes aceptados por todas las tendencias políticas significativas y cuáles son las cuestiones sobre las que realmente existen opciones contrapuestas. El núcleo central de consenso incluye, por supuesto, los principios fundamentales de la democracia liberal y también los principios de la economía de mercado y el Estado del Bienestar. Es un consenso que se puede definir en sentido amplio como liberal, aunque el término liberalismo ha sufrido en los últimos años una curiosa evolución. En Europa no se usa mucho y son pocos los partidos que se definen como liberales, mientras que en Estados Unidos el término liberal se utiliza para descalificar las políticas progresistas. Por otra parte, en España y otros países, el término neoliberal se emplea para descalificar las políticas conservadoras. Así es que se da el contrasentido de que en Estados Unidos se llama liberal a quien propugna una amplia política de gasto social financiada mediante impuestos, mientras que en Europa se llama liberal a quien pretende restringir la intervención del Estado. Todo ello hace olvidar que demócratas y republicanos en Estados Unidos, conservadores y socialdemócratas en Europa, comparten los principios básicos del credo liberal, formulado por los padres fundadores de los siglos XVIII y XIX. Principios que se pueden resumir en la conocida afirmación de John Stuart Mill de que se puede forzar legítimamente la voluntad de un miembro de una comunidad civilizada sólo para evitar que dañe a terceros, nunca para procurar su propio bien. Lo que ocurre es que esto se puede interpretar de manera que reduzca al mínimo las funciones del Estado o de manera que las amplíe. Se puede recurrir a la afirmación de Mill tanto para defender la posesión privada de armas de fuego, por respeto a la libertad individual, como para negarla, para evitar daños a terceros.

Los liberales han sido tradicionalmente partidarios de la economía de mercado, que en definitiva es el resultado de la libre iniciativa de los agentes económicos, pero incluso los pensadores liberales más radicales han admitido siempre que ciertas funciones sólo podían ser ejercidas por el Estado. El gran incremento del intervencionismo estatal que se produjo en los países occidentales en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue básicamente el resultado de las políticas de bienestar, de las que trataremos más adelante. Pero respondieron también a un extendido convencimiento de que la intervención estatal podía garantizar un desarrollo económico más sostenido que el resultante de la mera iniciativa individual. Los partidos socialdemócratas tendían incluso hacia una economía mixta, en la que un sector público iría desarrollándose a expensas del sector privado. Es esto lo que se ha modificado en los últimos años, como resultado del hundimiento del comunismo, que ha demostrado de la forma más contundente la ineficacia de un sistema económico puramente estatalista; de los efectos secundarios negativos que tenía el excesivo crecimiento del gasto público en algunos países occidentales, y de la creciente apertura exterior de las economías, que les ha forzado a ser más competitivas. En los años ochenta Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña impulsaron la liberalización de la economía, y en los noventa Bill Clinton y Tony Blair han mostrado que era posible combinar una política social progresista con la contención del gasto público y el impulso de la iniciativa individual. En definitiva, la economía de mercado ha dejado de estar en discusión, lo cual ha privado a la izquierda europea de una de sus señas de identidad tradicionales.

El núcleo duro del Estado del Bienestar tampoco está en discusión, pero su naturaleza y dimensiones constituye hoy un elemento clave de la diferenciación entre derechas e izquierdas. Los orígenes remotos del Estado del Bienestar pueden buscarse en la beneficencia pública promovida por algunos Estados europeos del siglo XVIII y, más directamente, en la legislación social desarrollada en Alemania por el conservador Bismarck a finales del siglo XIX, pero su genuino modelo se halla en la política social iniciada en Gran Bretaña tras el informe Beveridge de 1943 y adoptada luego por otros países europeos. Su principio fundamental es que el Estado debe garantizar a todo ciudadano, porque es su derecho y no como beneficiencia, unos niveles mínimos de ingreso, de atención sanitaria, de educación y de vivienda. La ausencia de una cobertura sanitaria universal en Estados Unidos, que varios presidentes han pretendido sin éxito implantar, representa el elemento básico que identifica el menor desarrollo del Estado del Bienestar en Estados Unidos, en comparación con el modelo europeo y también canadiense.

La debilitación del Estado del Bienestar genera desigualdad social y marginación y posiblemente pueda llegar a producir efectos negativos para la competitividad económica, en la medida en que perjudica la formación de capital humano. Por otra parte su excesivo desarrollo, argumentan sus críticos, traba la iniciativa privada a través de los impuestos y genera en ciertos sectores de la población una dependencia respecto a la ayuda estatal que anula su capacidad de esfuerzo individual. Pero más allá de estas consideraciones de eficacia, la actitud ante el Estado del Bienestar responde a una orientación filosófica básica, que dentro del consenso liberal básico contrapone a quienes valoran sobre todo la libertad individual y quienes valoran sobre todo la solidaridad.

Si las actitudes ante el Estado del Bienestar se sitúan en el tradicional eje izquierda-derecha, el otro gran tema de debate en las democracias actuales se sitúa en un eje independiente de aquel. Se trata de un tema estrechamente vinculado a la globalización, pues consiste en una contraposición entre actitudes nacionalistas y actitudes internacionalistas. En un sentido muy amplio, el nacionalismo podría definirse como el fomento de la identificación de los ciudadanos con la comunidad política de la que forman parte y en ese sentido, que a menudo se designa con el término de patriotismo, resulta un principio casi tan indisociable de la democracia como el propio liberalismo.

Es difícil, en efecto, que un Estado democrático pueda funcionar adecuadamente si los ciudadanos no se sienten en cierta medida identificados con él, pero al referirnos aquí a actitudes nacionalistas nos referimos a algo más específico, a la prioridad que se da a la cohesión de la comunidad que se percibe como la propia nación frente a la cooperación a niveles más amplios. Esto se puede manifestar en muy distintos terrenos: en la oposición a las organizaciones internacionales, ya se trate de la ONU, de la que desconfían muchos sectores conservadores en Estados Unidos, o del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son la bestia negra de sectores de izquierda en distintos países; en la oposición a la integración europea, en nombre de la soberanía nacional; en las tendencias separatistas respecto a Estados existentes, en nombre de las llamadas naciones sin Estado; en el apoyo al proteccionismo económico frente a la competencia internacional; en la defensa de la identidad cultural nacional frente a las influencias extranjeras; o en la oposición a la llegada de inmigrantes, percibidos como una amenaza para esa misma identidad.

En el otro campo se situarían los defensores de la cooperación internacional, de las instituciones multilaterales, del libre comercio, de la interpenetración de las culturas y de los movimientos de población. Pero no se trata en modo alguno de dos bloques contrapuestos, porque las actitudes ante los distintos aspectos de la globalización no son homogéneas. Hay quienes son favorables a la ONU y contrarios a la Organización Mundial del Comercio, o favorables a la integración europea y contrarios a la inmigración extracomunitaria. Lo importante es que, junto a la tradicional diferenciación entre izquierdas y derechas, el debate político en las democracias actuales tiene otra gran dimensión, que se origina en las actitudes ante los distintos aspectos de esa creciente interacción internacional que se ha venido a denominar globalización.

GLOBALIZACIÓN, LIBERALISMO Y DESARROLLO

JUAN AVILÉS

La globalización

De acuerdo con la definición del Fondo Monetario Internacional, la globalización consiste en la creciente interdependencia económica de los países del mundo, causada por el incremento del comercio mundial y de los flujos de capitales y por la cada vez más rápida difusión de la tecnología. El resultado de la globalización es una creciente competencia entre las empresas a nivel internacional. Los gobiernos garantizan cada vez menos a las empresas del propio país un dominio del respectivo mercado nacional, como tradicionalmente lo hacían mediante trabas a las importaciones o a la entrada de empresas extranjeras. Y esto implica que las empresas sólo pueden prosperar si logran ser competitivas en el mercado internacional.

Todo ello es, en parte, resultado del progreso tecnológico, que por un lado abarata los transportes y las comunicaciones, facilitando así la globalización, y por otro lado ha adquirido un ritmo tan acelerado que una economía nacional que se cerrara a las innovaciones internacionales quedaría pronto atrasada en su tecnología. Pero por otra parte es resultado de una opción política de los gobiernos, que han decidido abrir sus economías, reduciendo las tarifas aduaneras, llegando a acuerdos internacionales y facilitando la entrada de capital extranjero. Lo han hecho porque parten de la convicción de que todo ello es beneficioso para el desarrollo de sus países. Y efectivamente lo ha sido, en términos generales, porque de lo contrario los electores no habrían tardado en obligarles a cambiar de política. Así es que la globalización tiene un componente casi irreversible, como es el progreso tecnológico, y otro que no lo es, ya que los gobiernos podrían modificar su opción por la apertura de sus fronteras a la competencia internacional, en caso de que llegaran a considerarla perjudicial para los intereses económicos nacionales o para sus propios intereses electorales. Son los resultados positivos de la globalización los que la impulsan.

La imagen que de la globalización transmiten los medios de comunicación es, sin embargo, muchas veces negativa. Se la acusa de reducir la soberanía económica de los Estados, a los que la competencia internacional obligaría a adoptar contra su voluntad políticas liberalizadoras y de reducción del Estado del Bienestar. Se la acusa de perjudicar los intereses de los trabajadores de los países desarrollados, sometidos a la competencia de países con salarios más bajos. Se la acusa también de sacrificar a los países pobres, a los que impediría adoptar aquellas políticas económicas que más podrían contribuir a su desarrollo. Se la acusa, en fin, de representar la dominación mundial de las organizaciones económicas internacionales y de las grandes empresas internacionales. En resumen, según sus críticos, supondría una amenaza tanto para la soberanía democrática de los países desarrollados como para el desarrollo del llamado Tercer Mundo.

Desarrollo humano y globalización

Conviene pues plantear las relaciones que existen entre desarrollo, globalización, liberalismo económico y soberanía nacional. Para hacerlo podemos partir de una constatación fundamental: el mundo de comienzos del siglo XXI se sigue caracterizando por la extrema desigualdad entre los niveles de desarrollo de los distintos países. El desarrollo se puede medir de diversas maneras. Se puede tomar en consideración el Producto Nacional Bruto (PNB) por habitante, que es conveniente medir de acuerdo con la paridad del poder adquisitivo (PPA), es decir teniendo en cuenta que la cantidad de bienes que se pueden comprar con la misma cantidad de dólares en los distintos países del mundo (que depende de su nivel de precios interno, más bajo en los países menos desarrollados). O se puede tomar en consideración la esperanza media de vida, que representa el índice más elocuente del nivel de bienestar de una población. Ambas medidas se presentan en el gráfico 4.4, en el que aparecen todos los países con más de 30 millones de habitantes. Como puede observarse, los países más desarrollados, es decir Estados Unidos, Canadá, Europa occidental y Japón, tienen una esperanza de vida de casi 80 años y un producto por habitante, medido según la paridad de poder adquisitivo, de más de 20.000 dólares. Por el contrario, los países menos desarrollados, como los del África subsahariana, tienen una esperanza de vida en torno a los cuarenta años y un producto por habitante de mil dólares o menos.

No basta, sin embargo, con constatar el abismo que existe entre las condiciones de vida de los países más desarrollados y los menos desarrollados. Hay que examinar la cuestión con perspectiva histórica y plantearse si el mundo en su conjunto está experimentando un avance o un retroceso en sus niveles de bienestar. Para ello se puede recurrir a comparar la esperanza de vida a comienzos del siglo XXI con la de hace treinta años. Como puede observarse en el gráfico 4.5, referido también a los países más poblados, el avance ha sido muy notable, sobre todo en países de desarrollo medio, como Indonesia, Vietnam, Egipto o Marruecos, en los que ha aumentado en casi 20 años. Pero la esperanza de vida se ha estancado, o incluso ha descendido, en dos áreas: en Rusia y Ucrania, como resultado de la profunda crisis que acompañó al hundimiento del comunismo —y posiblemente lo produjo— y en varios países del África subsahariana, como resultado del pavoroso impacto del SIDA.

Otra medida del desarrollo es la que ofrece el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que combina datos de producto por habitante, esperanza de vida y nivel educativo. Un historiador económico, Nicholas Crafts, ha calculado ese índice para varios momentos del pasado en distintos países, lo que permite una visión bastante precisa del desarrollo experimentado a lo largo del siglo XX (gráfico 4.6). La conclusión es que el nivel de desarrollo humano de países como Rusia o Brasil es hoy superior al que tenían Estados Unidos o Gran Bretaña hace un siglo, mientras que la India se encuentra a un nivel similar al de Italia entonces.

Todo esto significa que, si bien las condiciones de vida de buena parte de la humanidad son deplorables, la extendida impresión de que tales condiciones se están deteriorando cada vez más no se corresponde con la realidad, salvo en el caso de algunos países, especialmente los más afectados por el SIDA. Volveremos a ello en el capítulo dedicado al Tercer Mundo, pero ahora se trata de estimar el impacto de la globalización en el desarrollo. Para ello lo primero que necesitamos es un índice de la globalización. La revista Foreing Policy viene publicando anualmente un índice, que no toma solamente en cuenta los aspectos económicos del fenómeno, sino que también incluye la medida en que un país está conectado con el resto del mundo a través de los contactos personales, el uso de internet y la cooperación política internacional. Necesariamente este índice resulta más elevado en los países pequeños, lo que explica que Irlanda, Singapur y Suiza se sitúen a la cabeza de los 62 países analizados en el año 2004, pero ese efecto queda eliminado si nos limitamos al caso de los países más poblados. Canadá y Estados Unidos, que ocupan los puestos 6 y 7 de la clasificación general, son los países más globalizados entre aquéllos que tienen más de 30 millones de habitantes.

En el gráfico 4.7 el grado de globalización se mide por el rango que ocupa cada país en la clasificación general, lo que supone que cuanto menor es la cifra, mayor es el grado de globalización, situándose a la cabeza Canadá, que ocupa el número 6. En cambio, el desarrollo humano se expresa en una escala creciente del 0 al 10, en la que Canadá se sitúa también en cabeza. La conclusión es evidente: los países más desarrollados de América del Norte, Europa y Asia Oriental son también los más globalizados. No hay una correspondencia exacta entre ambos fenómenos, como lo muestra el caso de Japón, pero en términos generales puede afirmarse que el nivel de globalización y el de desarrollo humano se corresponden.

La liberalización económica

La globalización ha ido de la mano de la liberalización económica, ya que la expansión de los intercambios que implica la primera exige la supresión de trabas que lleva consigo la segunda. El concepto de libertad económica es a menudo malinterpretado, entendiéndolo como sinónimo de «capitalismo salvaje», es decir, de una competencia sin reglas, en la que los débiles se hallan desprotegidos, mientras que el Estado se limita a poco más que a defender las fronteras y mantener el orden. Se trata de un grave error, ya que la libertad económica —es decir la libertad de los agentes económicos para perseguir sus propios intereses— exige que la propiedad esté debidamente protegida, que los contratos se cumplan y que exista un clima de confianza, todo lo cual sólo lo puede garantizar un Estado eficiente.

Una medida del avance de la liberalización se encuentra en los informes anuales de Economic Freedom of the World, que presenta un índice que combina datos relativos al volumen del sector público (considerado por los autores del informe como un límite a la libertad), a las garantías jurídicas y la seguridad de los derechos de propiedad, a la estabilidad monetaria, a la libertad de comercio internacional, y a la regulación del crédito, el trabajo y los negocios. Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda encabezaban la clasificación de los 123 países analizados en 2002. Es importante señalar que algunos países de Europa occidental con un gran sector público, mal puntuados en ese aspecto, obtienen en cambio una puntuación muy elevada en la clasificación global. Suecia, por ejemplo, que es el ejemplo clásico del Estado del Bienestar, se sitúa en el puesto 118 en el apartado relativo al volumen del sector público, pero sube al puesto 22 en la clasificación general de libertad económica. Es un buen recordatorio de que Estado del Bienestar y libertad económica no son incompatibles, como parecen creer algunos.

En el gráfico 4.8 se puede comprobar el considerable avance de la libertad económica en el mundo durante las dos últimas décadas del siglo XX. Entre los países en que el progreso de la liberalización ha sido mayor se encuentran algunos muy desarrollados, como Gran Bretaña e Italia, y otros de desarrollo medio, como Brasil, Irán o Bangla Desh. Puede observarse también que la Rusia poscomunista, a menudo identificada como el prototipo del «capitalismo salvaje», tiene un nivel muy bajo de libertad económica, mientras que un país de Estado del Bienestar clásico como Alemania tiene un índice elevado (aunque apenas aumentó durante el período considerado).

La influencia de la liberalización sobre el crecimiento económico es en general positiva, como lo muestran la experiencia de los últimos años y diversos estudios económicos. La ventaja de la libertad económica es que permite a los agentes económicos especializarse en aquellas actividades en las que pueden obtener mejores resultados. Ello ocurre también en el ámbito del comercio internacional, que constituye un elemento clave de la globalización. A veces se tiende a suponer que el comercio internacional representa un juego de suma cero (es decir que lo que uno gana otro lo pierde, con lo que el efecto neto de conjunto es igual a cero) y en particular se piensa que los países cuya economía es menos productiva deberían protegerse de la competencia extranjera, para evitar que sus empresas se arruinen. La teoría económica sostiene sin embargo lo contrario. De acuerdo con el principio de las ventajas comparativas, un país siempre saldrá ganando si se abre al exterior y se especializa en los sectores en que mejores resultados puede obtener, con lo cual el intercambio comercial promueve el desarrollo de todos los implicados (es un juego de suma positiva).

No es, sin embargo, suficiente que un país en desarrollo liberalice su economía para que obtenga un ritmo de crecimiento satisfactorio. Si comparamos el crecimiento del PIB por habitante de los países más poblados durante la última década con el incremento de su libertad económica durante las últimas dos décadas (el desfase temporal es necesario para la comparación, porque las medidas liberalizadoras tardan en surtir efecto), nos encontramos con que los países con mayor crecimiento, encabezados por países asiáticos de desarrollo medio, como China, India y Bangla Desh, han experimentado una importante liberalización (gráfico 4.9). Pero otros países que también han liberalizado sus economías han tenido resultados mucho peores, como es el caso de Nigeria y Kenia, cuya tasa de crecimiento ha resultado negativa. Hay que tener en cuenta otros factores, algunos de ellos no estrictamente económicos. Entre ellos cabe destacar los conflictos internos, que han perjudicado a Colombia y Argelia, y la elevada incidencia del SIDA, que ha afectado muy negativamente a Tanzania, Nigeria y Kenia.

Globalización, soberanía nacional y Estado del Bienestar

En cuanto al supuesto declive del Estado del Bienestar que se estaría produciendo como consecuencia de la globalización, es necesario hacer algunas observaciones importantes. En primer lugar los ingresos de los gobiernos no sólo no han disminuido en los últimos años, sino que han aumentado ligeramente en porcentaje del PIB, lo que quiere decir que en términos absolutos han aumentado todavía más, debido al incremento del propio PIB. Entre 1990 y 2000 Japón fue el único de los países del G7 en que ese porcentaje disminuyó, mientras que aumentó en Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. En segundo lugar, las diferencias al respecto entre unos países y otros siguen siendo muy considerables. Dentro del G7 los dos extremos están representados por Estados Unidos, donde los impuestos suponían en 2000 un tercio del PIB (un porcentaje no despreciable) y Francia, donde suponen la mitad del PIB. En Suecia y Dinamarca el porcentaje es todavía más elevado. Ahora bien, tanto Francia como los países escandinavos tienen unas economías muy abiertas al exterior. En Dinamarca, por ejemplo, las importaciones equivalen a un tercio del PIB. Todo esto significa que la globalización no obliga a los gobiernos a seguir una política de reducción del gasto público. Si en Estados Unidos el sector público es menor, ello se debe a que así lo han querido los electores americanos, no porque la globalización les haya obligado a ello. Y si los electores de Europa occidental quieren mantener su Estado del Bienestar pueden hacerlo, sin que ello resulte incompatible con su creciente apertura al mercado mundial.

Esto no significa que los gobiernos puedan seguir cualquier política económica sin pagar un coste por ello. Una política que no impulse la competencia se traduce en una reducción de la productividad y, por tanto, en un menor crecimiento, pero ciertos tipos de gasto público realmente mejoran la productividad. Ello ocurre, obviamente, con las inversiones en infraestructuras y también con los gastos en educación, pero incluso el gasto social puede tener ese efecto, ya que unos trabajadores más sanos y más satisfechos representan un factor favorable. Y en último extremo, la globalización tampoco impide que se opte por una menor productividad, lo que implica una menor producción total, a cambio de un medio ambiente más limpio o de jornadas laborales más cortas (como ocurre en Europa occidental en comparación con los Estados Unidos). En conclusión, no es que la soberanía nacional haya desaparecido, sino que en los últimos años los gobiernos han optado por políticas liberalizadoras debido a sus favorables efectos económicos.

A menudo se argumenta, sin embargo, que los países están perdiendo capacidad de regular su propio mercado laboral debido al fenómeno de la deslocalización. Dado que el nivel salarial en los países en desarrollo es mucho más bajo, resulta provechoso para las empresas multinacionales mover parte de sus plantas hacia ellos, especialmente hacia los países de desarrollo medio, que ofrecen unas infraestructuras aceptables y una mano de obra capacitada. Esto, en primer término, se traduce en la pérdida de puestos de trabajo mejor pagados en los países desarrollados y en la creación de puestos de trabajo peor pagados en los países en desarrollo. El fenómeno no es sin embargo muy intenso, porque en realidad la mayor parte de la inversión exterior directa (es decir la que se emplea directamente en la producción) de los países desarrollados se dirige hacia otros países desarrollados, que a pesar de sus elevados salarios ofrecen mejores oportunidades de negocio. A finales de los años noventa, por ejemplo, el 80 % de la inversión exterior directa de los Estados Unidos se dirigía a Canadá, Japón y Europa occidental. Con todo, es cierto que la deslocalización destruye puestos de trabajo en unos países y los crea en otros, un proceso en el que unos ganan y otros pierden.

Los perdedores se encuentran entre los trabajadores cuyas fábricas se cierran. La mayoría encontrarán nuevo empleo, pero a veces serán peor pagados. En realidad la globalización hace que los países desarrollados se especialicen cada vez más en sectores de alta tecnología, con lo que crece el número de puestos de trabajo cualificados, mientras que se pierden empleos de baja cualificación. En ese sentido, la globalización opera hoy en el mismo sentido que el progreso tecnológico, perjudicando a los trabajadores sin cualificación, lo que representa probablemente el principal factor de incremento de la desigualdad salarial en los países desarrollados. Para contrarrestar este efecto es necesario impulsar la formación continua de los trabajadores.

Entre los ganadores se encuentran los consumidores, tanto del mundo desarrollado como del Tercer Mundo, que se benefician del abaratamiento de los productos. Lo son también las economías de los países en desarrollo y más concretamente las de los países de desarrollo medio, como China o India, que aumentan sus exportaciones. Pero lo más polémico resulta de los efectos que este proceso tiene en los trabajadores de los países en desarrollo. Recuérdese que la deslocalización implica pagar salarios más bajos de los que se pagaban en el país de origen, motivo por el cual a veces se concluye que los trabajadores empleados por la inversión directa extranjera en el Tercer Mundo se ven sometidos a una situación desfavorable. Sin duda lo es en relación con la de los países desarrollados, pero desde su propio punto de vista lo importante es que sus nuevos empleos suelen estar mejor pagados que los ya existentes en su país. De acuerdo con un estudio de los años noventa, el salario medio pagado por las empresas multinacionales en los países de bajos ingresos era el doble del salario medio en los mismos. Y el crecimiento económico de los países en desarrollo tiende a producir un incremento salarial. En realidad la inversión extranjera directa resulta mucho más positiva para los países en desarrollo que las entradas de capital a corto plazo, pues este último resulta muy volátil, es decir, que puede retirarse en cualquier momento en que surjan dificultades, ampliando así la intensidad de las crisis financieras, como ha ocurrido en distintos países durante los últimos años.

Las grandes empresas multinacionales, en su mayoría europeas, norteamericanas, japonesas y coreanas, tienen un campo de actuación auténticamente global y sus cifras de ventas se expresan en cientos de miles de millones de dólares, pero su importancia y su poder son a menudo exagerados. No tiene sentido ninguno, por ejemplo, comparar el volumen de negocios de una empresa con el PIB de un país, como a menudo se hace, porque en el cálculo del PIB se contabiliza tan sólo el valor añadido de las actividades productivas, mientras que en la cifra de negocios se contabiliza el total. Con todo, es indudable que las empresas multinacionales son uno de los grandes protagonistas de la globalización.

Los países en desarrollo

El gran desafio del siglo XXI se plantea en los países en desarrollo, cuyos habitantes sólo se han beneficiado en escasa medida de los enormes progresos tecnológicos de los dos últimos siglos. Uno de los terrenos en que esto resulta más evidente es en el de la alimentación. La mayor parte de la población mundial ha sufrido tradicionalmente de malnutrición crónica, es decir de una alimentación carente de algunos elementos esenciales para la buena salud. Hoy el problema ha desaparecido casi totalmente en los países desarrollados, pero sigue presente en muchos países del mundo.

De acuerdo de un estudio de Naciones Unidas, la falta de peso de las madres y de los niños pequeños, debida a la desnutrición, representa el mayor factor de riesgo para la salud mundial, siendo responsable de casi un 10 % de la pérdida global de años de vida por enfermedad. En los países en desarrollo los dos factores de riesgo que le siguen en importancia son la práctica del sexo no seguro, que incide en la difusión del SIDA, y las malas condiciones en el suministro de agua, el saneamiento y la higiene, que facilitan la difusión de infecciones. Ninguno de estos tres factores resulta, en cambio, importante en los países desarrollados, donde los principales factores de riesgo son el tabaco, la hipertensión arterial y el alcohol, que también representan problemas graves en los países en desarrollo.

La FAO, que es el organismo de la ONU que se ocupa de la alimentación, estima que casi un 20 % de los habitantes del mundo en desarrollo, es decir unos 800 millones de personas, sufren de desnutrición. Particularmente grave es la situación de los niños, un 30 % de los cuales están gravemente desnutridos, según la Organización Mundial de la Salud, lo que pone en riesgo tanto su salud actual como su futuro. En efecto, la desnutrición favorece el desarrollo de las enfermedades y además impide un crecimiento corporal adecuado, limitando así las posibilidades del niño para ganarse la vida en la edad adulta. Así es que la desnutrición no es sólo una consecuencia de la pobreza, sino que es un factor de pobreza. Y no se trata sólo de sus efectos sobre la fuerza física de los individuos, que son particularmente importantes para quienes tienen trabajos manuales, como ocurre a menudo en los países en desarrollo. Lo más grave es que la desnutrición afecta de manera irreversible al desarrollo del cerebro y, por tanto, a la inteligencia. Para esto no sólo importan los elementos básicos de la alimentación —proteínas, grasas e hidratos de carbono— sino que algunos oligoelementos resultan cruciales. El déficit en vitamina A es un grave factor de mortalidad infantil y de ceguera. El déficit en yodo, que afecta a dos mil millones de personas, perjudica al cerebro, y lo mismo ocurre con el déficit en hierro, que afecta a 4.500 millones, es decir a tres cuartas partes de la humanidad. Según un experto, la falta de hierro puede conducir a que el cociente intelectual de un niño se reduzca en cinco o diez puntos.

Algunos de estos problemas tienen sin embargo un remedio relativamente fácil, como la difusión del consumo de sal yodada, harina enriquecida en hierro, o vitaminas en tabletas. La alimentación mediante leche materna también resulta un factor crucial para una nutrición adecuada, salvo en los casos en que la madre sea seropositiva. Así es que, para combatir la desnutrición, junto al desarrollo económico resulta crucial la educación, muy especialmente la educación de las niñas, cuya formación se traduce en una mejora de la dieta. Por último, no hay que olvidar la importancia de los factores políticos en la lucha contra el hambre. Una prensa libre puede dar la señal de alarma en el inicio de una hambruna local y si los gobernantes han de responder ante sus electores es más fácil que le presten atención.

Si del problema de la desnutrición pasamos al más general del desarrollo, nos encontramos también con la incidencia de factores muy distintos. De acuerdo con un estudio del Harvard Institute for International Development, los factores que más incidieron en las tendencias globales de crecimiento durante el período 1965-1990 se pueden agrupar en cuatro bloques: condiciones iniciales, geografía física, política gubernamental y cambio demográfico. Respecto a lo primero, se puede comprobar que, a igualdad de los restantes factores, los países en desarrollo presentan tasas de crecimiento más altas que los desarrollados, ya que pueden adoptar avances ya aplicados en estos últimos. Los rasgos geográficos relevantes son el emplazamiento costero, más favorable para el comercio que el interior, y el clima templado, menos propicio a las enfermedades infecciosas y más favorable a la agricultura que el clima tropical. Respecto a los factores políticos, el crecimiento se ve favorecido por la apertura al mercado mundial, por la prudencia en la política fiscal, por la vigencia del Estado de derecho y por la limitación de la corrupción. Respecto al cambio demográfico, la reducción de la natalidad en países como China ha sido importante, porque evitó que la proporción de población infantil dependiente fuera excesiva.

A partir de los años noventa, las políticas económicas han tendido a aproximarse en todos los países, como ya hemos visto, debido a la adopción generalizada del paradigma liberal, y ello facilita el crecimiento de los países en desarrollo. El factor geográfico sigue manteniendo su importancia, de manera que se mantienen las dificultades para los países tropicales y para los que carecen de salida al mar y por tanto de acceso al transporte marítimo, que es el más económico. La difusión de la democracias y de los principios liberales favorece también el avance del Estado de derecho, con las beneficiosas consecuencias que ya hemos comentado previamente, aunque la corrupción sigue siendo un obstáculo importante al crecimiento. En cuanto a los factores demográficos, el descenso generalizado de la natalidad en el mundo está creando una situación nueva.

Conviene pues analizar brevemente los problemas de la corrupción y de la natalidad. La corrupción afecta tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, pero resulta más grave en estos. La forma más típica de corrupción consiste en el soborno que una empresa del mundo desarrollado paga a las autoridades de un país en desarrollo para obtener un contrato. La competencia entre las empresas se ve así distorsionada y las más honestas se ven perjudicadas, pero las consecuencias más graves son para el país en desarrollo, en el que las decisiones de inversión no se toman por sus beneficios potenciales para el desarrollo económico y el bienestar de la población, sino por los beneficios ilegales que pueden reportar a sus dirigentes. Es frecuente que proyectos útiles y baratos sean descartados en favor de otros más caros y de dudosa rentabilidad. Puesto que a la financiación de tales proyectos contribuye también la ayuda exterior, resulta además que parte de esta resulta desperdiciada.

El problema de la corrupción es por supuesto antiquísimo, pero ha sido desde mediados de los años noventa cuando se ha comenzado a reconocer públicamente lo grave que resulta como obstáculo al desarrollo. A ello ha contribuido una organización no gubernamental, Transparency International, fundada en 1993, que tiene cerca de noventa secciones nacionales. Esta organización publica anualmente un Índice de Percepción de la Corrupción, que clasifica a los países de acuerdo con el grado de corrupción de sus políticos y funcionarios públicos, basándose en datos de encuestas y cuestionarios. Los países escandinavos y, en general, los países desarrollados de tradición protestante, aparecen como los menos corruptos, junto a Singapur. La clasificación de los países más poblados incluidos en el Índice aparece en el gráfico 4.10., en el que es fácil comprobar cómo los países más desarrollados son también los menos corruptos, incluso en el caso de Italia, cuya puntuación es, sin embargo, especialmente baja para tratarse de un país muy desarrollado

En cuanto a las cuestiones demográficas, se ha producido en los últimos años tanto un considerable aumento de la esperanza de vida como una caída de la natalidad. Esto último puede observarse en la tasa de fertilidad, es decir el número de hijos por mujer, que se refleja en el gráfico 4.11. En el mismo puede observarse que el descenso de la fertilidad es un fenómeno universal. Probablemente estamos ante un ajuste fundamental en las pautas de la reproducción humana. En el pasado una elevada tasa de natalidad resultaba indispensable para la supervivencia de los grupos humanos, debido a lo elevadas que eran las tasas de mortalidad. Habiéndose reducido sustancialmente éstas, la disminución de la natalidad viene a restablecer el equilibrio. Pero si en términos generales es eso lo que está sucediendo, en los casos concretos de los distintos países la situación está lejos del equilibrio. En algunos países, incluidos la mayoría de los muy desarrollados, la fertilidad ha descendido por debajo del nivel de dos hijos por mujer que asegura el reemplazo generacional, lo que se traduce en un envejecimiento de la población que resulta perjudicial para el dinamismo económico. En otros, como los del África subsahariana, las tasas se mantienen muy elevadas, de manera que resulta difícil que el crecimiento económico se mantenga por encima del demográfico, sobre todo en los países afectados por la epidemia del SIDA, que eleva sobre todo la mortalidad de los adultos jóvenes. Y por último, en los países en los que sólo recientemente se ha reducido la fertilidad, como ocurre en buena parte del mundo en desarrollo, existe un elevado porcentaje de población adulta joven que encuentra dificultades en obtener un empleo satisfactorio.

En resumen, la transición demográfica, es decir el descenso sucesivo de la mortalidad y la natalidad, es un proceso muy complejo, que genera desequilibrios y tensiones. Genera también una fuerte presión demográfica, que empieza a tener consecuencias para Europa, donde se está incrementando el porcentaje de población venida de otros continentes.

A pesar de todos estos obstáculos, bastantes países en desarrollo están consiguiendo un ritmo de crecimiento económico muy satisfactorio. Como puede observarse en el gráfico 4.12, que refleja el crecimiento de los países más poblados durante el último cuarto del siglo XX, las tasas más altas de crecimiento del PIB por habitante, superiores al 3 % anual, las han conseguido algunos países en desarrollo asiáticos, mientras que los países más desarrollados tienen tasas en torno al 2 % y el crecimiento menor se da en algunos de los países menos desarrollados, en especial, en África.

A la vista de este gráfico cabe preguntarse si la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando o se está cerrando. En principio la respuesta parece ser que se está cerrando, debido al elevado crecimiento que presentan los países en desarrollo más poblados, es decir China e India. Pero para confirmar esa impresión optimista habría que establecer si la desigualdad está aumentando en el interior de los países que más se desarrollan, como parece posible. Tampoco se ha llegado a un acuerdo acerca de la medida en que se está reduciendo el número de pobres. Según un estudio de Xavier Sala i Martin, de la Universidad de Columbia, el porcentaje de la población mundial con un nivel de ingresos equivalente a menos de un dólar diario pasó del 17 % en 1970 a 7 % en 1978, mientras que según un estudio del Banco Mundial pasó del 28 % en 1987 al 24 % en 1998. Los distintos métodos estadísticos empleados se traducen pues en resultados muy diferentes, aunque ambos estudios apuntan hacia un descenso de la pobreza. En todo caso, lo que resulta dificil sostener, aunque a menudo se oye, es que la globalización esté generando pobreza. El crecimiento de China e India ha acompañado a su apertura hacia el exterior, mientras que el África subsahariana, la región más atenazada por la pobreza, está muy poco integrada en el mercado mundial.

Las organizaciones económicas internacionales

En la regulación de la economía mundial juegan un papel importante tres organizaciones internacionales, que a menudo son objeto de denuncias por parte de los críticos de la globalización. Se trata del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. El Fondo y el Banco fueron creados simultáneamente al final de la Segunda Guerra Mundial, mientras que la OMC se fundó en 1995 y vino a sustituir al GATT, que se basaba en rondas de negociaciones comerciales. En los últimos años las políticas económicas promovidas por el Fondo y el Banco se han basado en el llamado «consenso de Washington», es decir en el estímulo al comercio exterior, la eliminación de los déficit fiscales, la reducción de los subsidios estatales a las empresas, la liberalización de las actividades financieras, la privatización de las empresas públicas y la protección de los derechos de propiedad. La receta es razonable en conjunto, pues consiste en promover la libertad económica, pero esto no significa que se haya aplicado siempre adecuadamente. Muchos expertos consideran que en los últimos años las instituciones internacionales han impuesto a los países que atravesaban dificultades financieras, como condición para recibir su ayuda, unas políticas que a veces han tenido efectos negativos.

En realidad los capitales de los que disponen el Fondo y el Banco para acudir en ayuda de los países en dificultades son relativamente pequeños en comparación con los enormes flujos internacionales de capital, pero su opinión cuenta mucho, porque su aval inspira confianza a los inversores privados, así es que los países procuran obtenerlo. Un pequeño préstamo del Banco Mundial para un proyecto concreto, por ejemplo un oleoducto para un país africano, puede resultar decisivo para que empresas privadas multinacionales se decidan a invertir en él.

Las tres citadas son instituciones internacionales formales, de las que forman parte la mayoría de los Estados del mundo. Pero en la regulación de la economía mundial juegan un papel muy importante las reuniones periódicas de un grupo informal, el G7, integrado por los jefes de Estado o de gobierno de las siete grandes economías desarrolladas, es decir Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Canadá. Las reuniones comenzaron en 1975, inicialmente con asistencia de tan sólo los cinco primeros países, y tienen lugar todos los veranos, atrayendo una gran atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Últimamente se invita también a Rusia, por lo que también se le denomina G8. En las reuniones del grupo no se toman decisiones formales, pero representan un importante instrumento para coordinar los puntos de vista de los Estados con mayor peso en la economía mundial.

El movimiento antiglobalizador

En los años 1999 a 2001, a partir de la reunión de la OMC en Seattle en noviembre de 1999, fue frecuente que las reuniones de estas instituciones internacionales dieran lugar a masivas manifestaciones de protesta por parte de los críticos de la globalización liberal. Dado que acudían personas de todo el mundo, especialmente jóvenes, que se convocaban sobre todo mediante internet y que se trataba de aprovechar la concentración de periodistas provocada por las reuniones contra las que se protestaba para lograr un impacto mediático, estas manifestaciones antiglobalizadoras representaban a su vez otra cara de la globalización.

A partir de 2002, con la organización del Foro Social Mundial en Porto Alegre (Brasil) las manifestaciones de protesta han dado paso a la realización de foros de debate alternativos. Últimamente el término de antiglobalización ha tendido a ser sustituido por el de alterglobalización, para subrayar que no se trata de oponerse a la creciente interacción entre los países del mundo, sino de sentar las bases de una globalización distinta a la existente. El movimiento antiglobalizador o alterglobalizador agrupa a tendencias y organizaciones muy diversas, unidas por una común orientación vagamente anticapitalista. Tras el fracaso del comunismo no hay sin embargo una alternativa clara a la economía de mercado, lo que se traduce en que el movimiento se haga notar más por sus críticas que por capacidad de llegar a un acuerdo sobre políticas alternativas. Pero en último término es probable que las tendencias anticapitalistas no desaparezcan nunca. La economía de mercado ha triunfado en todo el mundo al final del siglo XX porque es eficaz en generar riqueza, pero genera también una desigualdad que choca con ese deseo de solidaridad que convive con el egoísmo en el ánimo de gran parte de los seres humanos.

AMÉRICA Y EUROPA

JUAN AVILÉS

Las grandes potencias del siglo XXI

Como ha ocurrido desde que hace miles de años surgieron los primeros imperios, el mundo de comienzos del siglo XXI se caracteriza por la concentración del poder en unos cuantos grandes Estados. Utilizando como vara de medir el poderío económico, que resulta el más fácil de cuantificar, los siete Estados muy desarrollados que componen el G7 concentraban en 2002 nada menos que el 44 % del PIB mundial, medido según la paridad del poder adquisitivo. Los Estados Unidos por sí solos producían el 21 % del mismo, mientras que la Europa de los 15 (en vísperas de convertirse en la Europa de los 25) sumaba otro 20 %. En cuanto a los gigantes económicos de Asia, China producía un 12 %, Japón un 7 % e India casi un 6 %.

Dicho de otra manera, dos tercios de la producción mundial se concentran en unos cuantos Estados. En el gráfico 4.13 aparecen las cifras de los quince Estados con mayor PIB, así como las de la Unión Europea (antes de la última ampliación). Conviene notar que todas estas cifras se refieren al PIB total, no al PIB por habitante, motivo por el cual entre las quince mayores potencias económicas del mundo se encuentran países desarrollados y países en desarrollo. En concreto diez de ellos —incluidos Corea y México— se encuentran entre los considerados como de desarrollo humano alto, mientras que otros cinco —China, India, Brasil, Rusia e Indonesia— tienen un desarrollo humano medio.

La base de la prosperidad económica está en el desarrollo tecnológico y desde este punto de vista los países del mundo pueden clasificarse en tres categorías. La primera es la de los innovadores tecnológicos, que se pueden definir como aquellos que registran diez o más patentes al año por cada millón de habitantes. A fines del siglo XX en esta categoría se encontraban Estados Unidos y Canadá, la mayor parte de Europa occidental, Israel, Japón Corea, Taiwan y Australia. La segunda es la de aquellos que innovan relativamente poco, pero presentan una elevada capacidad de adoptar nuevas tecnologías, y se pueden definir como aquellos cuyas exportaciones de alta tecnología representan al menos el 2 % de su PIB. En ella se encontraban México, el cono sur latinoamericano —incluido el sur de Brasil—, la península Ibérica, gran parte de la Europa centro-oriental, Sudáfrica, la India meridional, la China costera, buena parte del sudeste de Asia y Nueva Zelanda. El resto del mundo se situaba en una tercera categoría, que juega un papel muy limitado en la economía mundial, salvo en el caso de aquellos países que exportan algunas materias primas esenciales, como el petróleo. En esta tercera categoría se encuentra media América Latina, varios países del este de Europa —incluida Rusia—, casi toda África, la mayoría de los países musulmanes, el norte de la India, el interior de China, Corea del Norte y parte de Indochina.

La importancia del factor tecnológico es muy grande, porque representa el potencial de desarrollo futuro de la economía. Los países que se muestran incapaces no sólo de desarrollar nuevas tecnologías, sino incluso de adoptar las que se crean más allá de sus fronteras, es decir los países que quedan al margen de la globalización tecnológica, van a tener graves dificultades para ofrecer a sus ciudadanos una vida mejor. A su vez, en la base del desarrollo tecnológico se encuentra la investigación científica, que también se concentra en un limitado número de países. Para cuantificar la producción científica, el método que se emplea es el de contar el número de artículos que se publican en las revistas de reputación internacional, y a su vez el impacto de cada artículo puede medirse por el número de veces que es citado en otros artículos. El número de citas permite medir mejor que el simple número de artículos la importancia cualitativa de la investigación, pero presenta el inconveniente de que los artículos que no se publican en inglés resultan muy poco citados, mientras que los científicos estadounidenses tienen una fuerte tendencia a citarse sobre todo entre sí.

Un reciente estudio publicado en la revista Nature, que clasifica por su origen nacional los artículos aparecidos entre 1997 y 2001 en ocho mil revistas científicas publicadas en 36 lenguas, así como las citas de los mismos, muestra que el 90 % de la investigación científica mundial se realiza en una decena de países. Sus resultados se exponen en el gráfico 4.14. Puede observarse que las potencias del G7 se sitúan también a la cabeza de la producción científica, pero llama la atención la importancia que en la investigación científica tienen algunos países, pequeños por su número de habitantes pero muy desarrollados, como Holanda y otros de Europa occidental y también Australia e Israel. Y de nuevo, en el terreno científico como en el económico, la Europa de los quince se sitúa a un nivel semejante al de Estados Unidos.

La potencia hegemónica: Estados Unidos

Estados Unidos de América ha venido siendo, desde su victoria en la Segunda Guerra Mundial, la primera potencia del mundo, pero tras el colapso de la Unión Soviética se ha encontrado en la situación inédita de ser la única verdadera gran potencia. Ningún Estado del mundo se acerca de lejos a su potencial científico, tecnológico o económico y en el terreno militar, que tanta influencia ha tenido a lo largo de la historia, su supremacía resulta aun más contundente. Sencillamente no existen en el mundo fuerzas armadas capaces de enfrentarse a las norteamericanas con una mínima posibilidad de éxito en una guerra convencional ni nuclear. Todo ello hace que las decisiones del gobierno estadounidense resulten cruciales para el mundo, ya sea en el terreno económico, en el ecológico o en muchos otros, y que su intervención militar pueda decidir el resultado de un conflicto en cualquier parte del planeta.

La actitud de los estadounidenses respecto a los problemas mundiales tiende a oscilar entre el aislacionismo, el multilateralismo y el unilateralismo. El aislacionismo, es decir la opción por no implicarse en los asuntos mundiales a no ser que resulte inevitable, tiene una larga tradición en Estados Unidos y conserva sus adeptos, pero resulta difícilmente aplicable en un período histórico caracterizado a la vez por la globalización y por la hegemonía americana, y en todo caso los atentados del 11-S vinieron a reforzar la convicción mayoritaria de que Estados Unidos no puede permanecer al margen de los problemas mundiales, si no quiere que éstos terminen por afectarle gravemente en su propio territorio. En ese sentido el impacto del 11-S ha sido similar al del ataque japonés a Pearl Harbour.

El multilateralismo, es decir la formación de alianzas y la cooperación con otros países para enfrentarse a los problemas comunes, ha sido la opción básica de los gobiernos estadounidenses a partir de Franklin D. Roosevelt, pero ha tenido siempre un límite. En realidad, no puede esperarse que el Estado más poderoso se someta a decisiones colectivas cuando considere que estén en juego intereses cruciales. Dicho esto, hay que añadir que los demócratas han sido en términos generales más multilateralistas que los republicanos y que esta contraposición se ha acentuado en los últimos años. George W. Bush ha sido el menos multilateralista de los presidentes americanos del último medio siglo.

La creciente diferencia en temas de política exterior entre demócratas y republicanos responde a la diferenciación ideológica entre ambos partidos que se ha venido produciendo a partir de los años sesenta. El resultado ha sido que, al contrario de lo que ocurría hace medio siglo, la división ideológica de la sociedad resulta hoy más marcada en los Estados Unidos que en Europa. Con la peculiaridad de que, en muchas cuestiones, como las relativas a la política exterior, el Estado del Bienestar o la promoción de determinados valores morales, los demócratas están bastante cerca de las posiciones compartidas por la mayoría de los europeos occidentales. No es por tanto extraño que, en las elecciones presidenciales de 2004, el favorito de la mayoría de los europeos fuera el candidato que las perdió, el demócrata John F. Kerry. El nuevo conservadurismo que encarna George W. Bush choca en muchos puntos con el consenso predominante en Europa.

En las últimas décadas la tendencia política más próxima a la sensibilidad europea, representada por los demócratas, ha perdido terreno en Estados Unidos. La divisoria en la evolución cultural y política americana puede situarse en ese año simbólico que fue 1968, cuando Estados Unidos se veía sacudido por el impacto de la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y la revolución de las costumbres impulsada por la nueva cultura juvenil. A partir de entonces los demócratas perdieron el importante apoyo que habían tenido en los Estados del sur, mientras que los republicanos se vieron favorecidos por el creciente avance del nuevo conservadurismo y de la derecha religiosa. La divisoria entre los dos grandes partidos asumió así una fuerte connotación ideológica, de la que hasta entonces había carecido. Y el trauma de los sesenta sigue vivo en la cultura americana, como lo demuestra la atención que ha recibido en la última campaña electoral el papel que en su juventud tuvo Kerry como dirigente del movimiento de protesta de los veteranos de Vietnam contra la guerra.

A un largo período de hegemonía demócrata ha sucedido otro de hegemonía republicana. De 1932 a 1968 los demócratas gobernaron 28 años y los republicanos ocho, mientras que de 1968 a 2008 van a gobernar 28 frente a doce de los demócratas. Bill Clinton ha sido el único presidente demócrata desde Franklin D. Roosevelt que ha logrado vencer dos elecciones, las de 1992 y 1996. George W. Bush también ha conseguido dos victorias sucesivas, en 2000 y 2004, pero existe una gran diferencia entre ambos casos. Clinton venció porque llevó a su partido hacia posiciones de centro, la llamada tercera vía, al igual que lo ha hecho, con más éxito electoral, Tony Blair en Gran Bretaña. Por el contrario, George W. Bush ha triunfado acentuando la orientación conservadora de su partido. Más que un continuador de la obra de su padre George Bush, que fue un moderado, el actual presidente de EE.UU. es un heredero de Ronald Reagan, el primer exponente de la nueva derecha conservadora en el gobierno de Estados Unidos.

Bill Clinton es un hombre del Sur, al igual que el otro presidente demócrata de las últimas décadas, Jimmy Carter. Esto no parece del todo casual, porque su origen les permitió contrarrestar parcialmente el predominio que los republicanos han adquirido en el Sur a partir de los años sesenta, cuando el apoyo del partido demócrata a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos llevó a muchos demócratas conservadores a abandonarlo. Clinton se dio a conocer en la política nacional tras haber sido largos años gobernador de Arkansas, el Estado rural sureño donde había nacido. Dotado de una enorme capacidad de trabajo, una gran inteligencia, mucha simpatía personal y una oratoria brillante, Clinton desarrolló en su presidencia un programa coherente de política interior. George Bush se había interesado sobre todo por la política exterior y en la campaña electoral Clinton le atacó sobre todo en el terreno económico. Pero su triunfo se debió también en parte a la presencia de un candidato independiente que obtuvo el 19 % de los votos, en gran parte a expensas de Bush, que obtuvo el 38 % frente al 43 % de Clinton.

Los republicanos tuvieron en cambio la mayoría parlamentaria durante las dos presidencias de Clinton, lo que representa otra prueba de la hegemonía conservadora en la política norteamericana de las últimas décadas. Y esto supuso que Clinton se encontrara con grandes dificultades al comienzo de su mandato. Su proyecto más importante, el de extender la cobertura sanitaria a todos los ciudadanos (como ocurre en todos los demás países muy desarrollados del mundo) fue derrotado. Y el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, lanzó una fuerte ofensiva contra el presidente, tratando de imponerle una fuerte reducción del gasto público, que implicaría una reducción del gasto social y del gasto sanitario. La falta de acuerdo sobre el presupuesto condujo a un durísimo pulso a fines de 1995, viéndose obligado el gobierno a cerrar sus oficinas por unos días al carecer de financiación. Pero Clinton salió victorioso del enfrentamiento y Gingrich perdió popularidad por su intransigencia. En las elecciones de 1996 el presidente obtuvo un resonante triunfo electoral, con un 49 % de los votos frente al 41 % de su rival republicano.

Los republicanos mantuvieron su control del Congreso, así es que los logros de Clinton en política interior requirieron acuerdos bipartidistas. El gran éxito en el terreno económico fue la eliminación del enorme deficit público acumulado por las administraciones republicanas precedentes, que dio paso un importante superávit fiscal. Se llevó a cabo una importante reforma de la administración, que redujo los puestos de trabajo burocráticos. Hubo también una reforma del sistema de asistencia social, que había llegado a desincentivar la reincorporación al mercado laboral de quienes recibían subsidios públicos, estableciéndose un nuevo sistema que favorecía a quienes estaban dispuestos a trabajar, combinando así, de una manera muy característica de la tercera vía, los principios de responsabilidad individual y solidaridad colectiva.

En el plano internacional, Clinton dio un gran impulso al libre comercio, en contra de las tradicionales tendencias proteccionistas del partido demócrata. Estaba convencido de que la globalización era irreversible, creía firmemente en las ventajas del libre comercio internacional y consideraba como uno de los grandes objetivos de su presidencia conseguir que Estados Unidos se adaptara a las nuevas condiciones de una sociedad global basada en las tecnologías de la información. En particular realizó un gran esfuerzo político para lograr la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA según sus siglas inglesas), que liberalizó los flujos comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México. Su gobierno promovió también, a impulsos del vicepresidente Al Gore, muy interesado por el tema, la emergencia de un mercado libre en internet.

En los temas clásicos de la política exterior, es decir en los relativos a los conflictos armados y las amenazas a la seguridad, Clinton se encontró en una situación particular, la de unos años en que la Guerra Fría había terminado y la nueva amenaza del terrorismo yihadista era poco perceptible. En el período entre la caída del muro de Berlín y el 11-S, el mundo se dispuso a gozar de los dividendos de la paz, una paz sólo perturbada por conflictos locales que parecían más una herencia del pasado que un augurio del porvenir. Frente a tales conflictos, la actitud de Clinton fue poco decidida, en parte porque no parecían importantes para la seguridad americana. Su mayor fallo, y el de la comunidad internacional en su conjunto, fue el de haber sido incapaz de hacer nada por poner fin al horrendo genocidio que asoló Ruanda en 1994. Jugó en cambio un papel mediador importante en la solución del conflicto de Irlanda del Norte, muy significativo desde el punto de vista de un país con tantos ciudadanos de origen irlandés como Estados Unidos. Realizó también un gran esfuerzo, no coronado por el éxito, para lograr un acuerdo con israelíes y palestinos. Y su tardía intervención en los conflictos de la antigua Yugoslavia, en Bosnia en 1995 y en Kosovo en 1999, llevó a que fueran resueltos mediante el decisivo argumento de la fuerza militar americana.

Los años de Clinton fueron también los de la emergencia del nuevo terrorismo internacional, inspirado por el salafismo yihadista, que mostró su odio a Estados Unidos con los atentados contra las embajadas americanas de Kenya y Tanzania en 1998. Ante esos ataques, que hicieron que por primera vez la prensa internacional prestara atención a Osama Bin Laden, la respuesta de Clinton resultó indecisa. Consistió en el bombardeo de una fábrica farmacéutica de Sudán, cuya vinculación con Bin Laden y con la producción de armas químicas o biológicas nunca se ha probado, y de un campamento de Al Qaeda en Afganistán. Aunque Clinton insistió en varios discursos en la importancia de la amenaza terrorista, poco logró para prevenirla.

La última etapa de la presidencia de Clinton se vio oscurecida por la sórdida historia de sus relaciones sexuales con una becaria de la Casa Blanca, que inicialmente él negó bajo juramento, lo que condujo en 1998 a un fracasado intento de destituirlo mediante un voto en el Senado, donde no se reunieron los dos tercios de los votos necesarios. Lo ocurrido es significativo de varios rasgos importantes de la política americana en los últimos años, como el puritanismo, el odio ideológico hacia el adversario, que Clinton padeció en considerable grado, y la utilización de la justicia como instrumento para acabar con un adversario político, manifestado en la conducta de un fiscal que pasó años tratando de conseguir pruebas sobre cualquier tema que pudiera hundir a Clinton. Sin embargo, éste concluyó su mandato con un elevado apoyo popular y hoy día sigue gozando de gran prestigio entre los demócratas. Su carisma personal no lo tuvieron los sucesivos candidatos de su partido a la presidencia, Gore y Kerry.

Resulta más difícil analizar la presidencia de George W. Bush, en primer lugar porque, cuando esto se escribe, está a punto de comenzar su segundo mandato y también porque se trata de un tema extraordinariamente polémico. A juicio de la mayor parte de los analistas europeos, y de muchos americanos, el balance de su primer mandato ha sido nagativo, pero los resultados electorales muestran que la mayor parte de sus conciudadanos piensan lo contrario.

Su primer triunfo electoral, en el año 2000, resultó polémico. Gore le superó en voto popular por muy poca diferencia, pero lo decisivo son los votos atribuidos al vencedor en cada Estado y en ese terreno Bush se impuso gracias a su victoria en Florida, lograda por poquísimos votos, en medio de unas deficiencias en el sistema de recuento, que no pudieron ser subsanadas porque el Tribunal Supremo decidió interrumpir un nuevo recuento. Por otra parte, los republicanos mantuvieron, como es habitual, el control del Congreso y Bush pudo lanzarse a una política radicalmente conservadora. Más que ningún presidente anterior, y mucho más que su propio padre, Bush está ligado a la nueva derecha religiosa, anclada en el fundamentalismo protestante. Él mismo, tras una juventud disipada, abrazó de nuevo con entusiasmo sus raíces cristianas. Esto le ha llevado a decisiones controvertidas, como la oposición a la investigación sobre células madres procedentes de embriones, que muchos científicos consideran crucial en la lucha contra ciertas enfermedades, pero a la que se opone la convicción de la derecha religiosa de que los embriones son seres humanos.

En temas económicos G. W. Bush es un directo heredero de Reagan y, al igual que aquél, ha efectuado un drástico recorte de los impuestos, que ha favorecido especialmente a los más ricos. Su proyecto es que esto producirá un fuerte estímulo al crecimiento económico, lo que permitiría aumentar la recaudación fiscal a pesar de la baja de los tipos, pero de momento el recorte de impuestos y el incremento de los gastos militares, sin reducciones significativas de otros gastos, se ha traducido en que el superávit fiscal de Clinton se ha convertido en un abultado déficit. Esto se suma a que, en el terreno exterior, Estados Unidos presenta un gran déficit por cuenta corriente, sólo compensado por el atractivo que el amplio mercado americano presenta para los inversores extranjeros.

En contraste con la preocupación de Gore por los temas ecológicos, Bush no concede atención al peligro que suponen fenómenos como el calentamiento global, lo que le ha llevado a rechazar el protocolo de Kyoto, destinado a frenar ese calentamiento, un gesto que resulta también característico de su reticencia frente a todo tipo de acuerdos internacionales. Pero el gran tema de su política exterior, marcada por el trágico impacto del 11-S, ha sido la dirección que ha dado a la guerra con el terror, especialmente por su polémica invasión de Iraq, tema que trataremos en detalle más adelante.

De momento, Bush ha logrado en 2004 un segundo mandato, en unas elecciones en las que ha habido una alta participación, en relación con los niveles habituales en Estados Unidos, y en las que ha obtenido un 51 % de los votos frente al 48 % del candidato demócrata. El mapa electoral ha sido casi idéntico al del año 2000, pues los demócratas se han impuesto en los Estados costeros del noreste, en la región de los Grandes Lagos y en la costa oeste, mientras que los republicanos se imponían en el sur y el centro del país. Esa nítida distribución geográfica de los resultados estatales responde a una marcada diferencia de orientación, no sólo política sino también social y cultural, de los electorados de uno y otro partido. Es significativo que, de acuerdo con las encuestas, Kerry tuviera el apoyo mayoritario de las mujeres (51 %) y Bush el de los hombres (55 %), Kerry el de los menores de treinta años (54 %) y Bush el de los mayores, Kerry el de los que tienen menos de 50.000 dólares de renta anual (56 %) y Bush el de los más ricos, Kerry el de los negros (88 %), los hispanos (53 %) y los asiáticos (56 %), y Bush el de los blancos (58 %). Es decir que el sector dominante de la sociedad americana apoya el conservadurismo republicano, mientras que las distintas minorías ven con más simpatía a los demócratas. La diferencia resulta además muy marcada en el terreno religioso. Bush es un político muy dado a enfatizar sus creencias cristianas, mientras que Kerry, que es católico, tiende a mantenerlas al margen de su discurso, como es habitual en Europa. Así es que el 61 % de quienes asisten todas las semanas a servicios religiosos han votado a Bush, que ha vencido entre los protestantes (59 %) y entre los católicos (51 %), mientras que Kerry tenía el apoyo de dos sectores muy minoritarios, el de los judíos (74 %) y el de los no creyentes (67 %).

Aunque no conviene extremar las generalizaciones, puede decirse que la América más urbana, más cosmopolita, más secular y más liberal vota demócrata, mientras que la América más conservadora, más religiosa y menos abierta al mundo vota republicano. Los tres grandes componentes del conservadurismo estadounidense, que han dado a Bush la reelección presidencial y una cómoda mayoría parlamentaria, son el tradicionalismo religioso, la oposición a los impuestos y la actitud beligerante en política exterior. A Kerry le han votado el 87 % de quienes desaprueban la guerra de Iraq y el 80 % de quienes piensan que los temas económicos y de empleo eran los más importantes en estas elecciones. En 1992 Clinton ganó a Bush precisamente porque la economía resultó lo más importante, pero en el 2004 no era el tema dominante, y las malas noticias de Iraq tampoco han influido lo suficiente. Los dos temas fundamentales han sido la lucha contra el terrorismo y la cuestión de los valores morales. Bush da una gran sensación de firmeza contra el terrorismo y por ello le han votado el 86 % de quienes consideran que esa era la cuestión fundamental. Su identificación con los valores morales tradicionales le han dado también el voto del 79 % de quienes consideraban fundamental esa cuestión.

Mientras que la mayoría de los europeos parecen apoyar el cambio hacia una moral menos basada en convicciones absolutas y más abierta a la diversidad, por ejemplo en temas sexuales, en Estados Unidos sigue predominando el apego a los valores tradicionales. Este es probablemente el elemento más profundo de la creciente diferencia de orientación entre la sociedad europea y la estadounidense, que se ha convertido en un importante objeto de debate a comienzos del siglo XXI.

La construcción de la Unión Europea

A partir del hundimiento del comunismo, que puso fin a una división en Europa en dos bloques mantenida durante casi medio siglo, el proceso de integración europea ha experimentado una fuerte aceleración. Dicha aceleración se ha manifestado tanto en la ampliación territorial, mediante la adhesión de nuevos miembros, como en la profundización de la unión, a pesar de que muchos observadores habían sostenido que el esfuerzo de la ampliación dificultaba la profundización.

Respecto a la ampliación, en 1995 se produjo la entrada de tres nuevos miembros, Austria, Finlandia y Suecia, pero el gran paso se dio en 2004, con la entrada de otros diez, ocho de los cuales (Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y los tres Estados bálticos) habían formado parte del mundo comunista, mientras que los dos restantes son Estados insulares mediterráneos (Chipre y Malta). En el año 2006 está previsto que ingresen otros dos países ex comunistas, Bulgaria y Rumanía, y a finales de 2004 se acordó iniciar las negociaciones con Turquía y Croacia. Previamente, en 1991, la reunificación alemana había supuesto la integración de la antigua RDA. Todo esto supone que la Europa unida se ha extendido hasta las fronteras de Rusia y Ucrania y que se han incorporado a ella países con un nivel de vida bastante más bajo que el de Europa occidental, mientras que el gran aumento del número de miembros, respecto a los seis que inicialmente fundaron la Comunidad, dificulta la toma de decisiones. Se trata de un desafío considerable, pero también de un enorme logro histórico. El proceso de unificación europea, iniciado en los años cincuenta con el propósito de hacer imposible la repetición de las guerras que en la primera mitad del siglo habían asolado Europa, ha logrado eliminar las consecuencias negativas de la Segunda Guerra Mundial, primero mediante la reconciliación entre los antiguos contendientes occidentales, notoriamente Alemania y Francia, y ahora con la incorporación de los países centro-orientales que sufrieron sucesivamente el impacto del expansionismo nazi y del soviético, notoriamente Polonia.

En cuanto a la profundización, el primer gran paso se dio con el tratado de Maastricht de 1992, con el que se adoptó la nueva denominación de Unión Europea y el proceso de integración dejó de limitarse al terreno económico para abordar la cooperación en los asuntos de justicia e interior y en los de política exterior y de seguridad. La propia integración económica dio un paso de gigante cuando en 1999 doce Estados europeos adoptaron una moneda única, el euro, una decisión que por otra parte resultó significativa de la tendencia hacia lo que se ha venido en denominar la Europa a dos velocidades, es decir la adopción de nuevas medidas de integración por parte de algunos de los Estados miembros, quedando otros al margen. Con ello se evita que los países más escépticos, como es el caso de Gran Bretaña, que ha permanecido al margen del euro, frenen el avance de la integración. Y el tercer gran paso de los últimos años se ha dado en 2004, con la adopción de la Constitución Europea, aprobada por los gobiernos de los 25 Estados miembros, pero pendiente de su ratificación por cada uno de dichos Estados.

El proceso de ratificación, que se iniciará en 2005 y en varios países implicará la celebración de un referéndum, representa un momento decisivo, pues pondrá a prueba la identificación con la Unión Europea de los ciudadanos de los 25 Estados miembros. Cabe la posibilidad de que la Constitución sea rechazada en alguno de ellos, lo que acentuaría probablemente la tendencia hacia la Europa a dos velocidades, o incluso hacia la llamada geometría variable, es decir que la cooperación en cada campo fuera impulsada por Estados diversos. Estamos por tanto en un momento muy adecuado para hacer un balance de los logros y las dificultades de la Europa unida. Para hacerlo examinaremos seis grandes cuestiones: los valores europeos, el modelo social, el crecimiento económico, el problema demográfico, la política exterior y de defensa y la democracia europea. El modelo estadounidense nos servirá de punto de referencia para subrayar lo que tiene de específico el proyecto europeo.

Europeos y americanos comparten básicamente un mismo sistema de valores, cuyo origen se encuentra en la tradición judeocristiana, en la cultura grecolatina y en la concepción de los derechos humanos surgida de la Ilustración dieciochesca. La declaración de independencia de Estados Unidos y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Francia revolucionaria representan los documentos fundacionales de una concepción política que sigue vigente a uno y otro lado del Atlántico. Existen hoy, sin embargo, diferencias significativas entre los valores predominantes en Estados Unidos y en Europa. Tres de ellos resultan particularmente importantes. La sociedad estadounidense es más religiosa y la europea más secular. Los estadounidenses confían más en la responsabilidad individual y en la capacidad de cada uno para labrarse su propia fortuna, mientras que los europeos creen más necesaria la solidaridad colectiva a través de la acción del Estado. Y en política exterior los estadounidenses son más propensos a actuar por su cuenta y a justificar el empleo de la fuerza, mientras que los europeos tienden a apreciar más los acuerdos multilaterales y las instituciones internacionales, mostrándose en cambio reacios a las intervenciones militares.

Estas actitudes se han traducido en el desarrollo del llamado modelo social europeo, cuya pieza clave es el llamado Estado del Bienestar. Con mayor o menor amplitud, todos los Estados de Europa occidental siguen fieles al principio de que es función del Estado asegurar a todos los ciudadanos unos niveles satisfactorios de educación, atención sanitaria, seguro de desempleo y pensiones de jubilación. Esto implica un elevado nivel de gasto público y conduce a su vez a una menor desigualdad social. Los países de la Unión Europea se encuentran, junto a Japón, entre los que presentan un índice de desigualdad económica más bajos del mundo, con un índice Gini que oscila en la mayoría de ellos entre 25 y 35, mientras que en Estados Unidos, Rusia o China es superior a 40, y en muchos países de América Latina es superior a 50.

El modelo social europeo presenta sin embargo un defecto grave, consistente en un nivel de desempleo mucho más elevado que el de Estados Unidos. Según las encuestas, el desempleo, que en varios países europeos se sitúa en torno al 10 % de la población activa, constituye el principal motivo de preocupación para los ciudadanos europeos. Los analistas económicos advierten que la incapacidad europea de generar empleo está ligada a unos mercados de trabajo excesivamente rígidos, que son resultado a su vez de un intento de proteger a los trabajadores frente a la pérdida de su puesto de trabajo. En contraste, Estados Unidos se caracteriza por una gran movilidad laboral, de tal manera que continuamente se destruyen muchos empleos, pero también se generan muchos nuevos.

En relación con esto debe analizarse la cuestión del crecimiento económico, que durante los últimos años se ha mantenido en Europa a unas tasas no muy elevadas. La comparación con Estados Unidos da resultados bastante distintos según consideremos las tasas de crecimiento totales o las tasas por habitante, debido a que el crecimiento demográfico es mayor en Estados Unidos. Como puede verse en el gráfico 4.15, en el que aparecen los datos de los países más poblados de la Unión Europea, en el período 1990-2002 la tasa de crecimiento anual del PIB del 3,3 % que ha tenido Estados Unidos ha sido muy superior a la de casi todos los países europeos. Pero si consideramos el crecimiento del PIB por habitante, la tasa estadounidense, del 2 %, se sitúa por debajo de la de varios países europeos. Hay que decir que la tasa por habitante es la más adecuada para medir el crecimiento del bienestar en un país, mientras que la tasa absoluta es la más indicada para medir el crecimiento de la economía en su conjunto. En todo caso conviene observar que las tasas de crecimiento resultan particularmente bajas en tres Estados muy importantes de la Unión Europea, es decir Alemania, Italia y Francia, tres grandes países que se encuentran entre los iniciadores del proyecto europeo y siguen siendo sus grandes impulsores, especialmente Alemania y Francia. El cuarto gran país de la Unión es el euroescéptico Reino Unido, cuyas tasas de crecimiento han sido en los últimos años bastante más satisfactorias.

El producto por habitante de Estados Unidos sigue siendo en todo caso bastante más elevado incluso que el de los países más prósperos de la Unión Europea. Pero ello es en parte el resultado de una opción deliberada. Frente al énfasis americano en el individualismo, en el trabajo duro y en la iniciativa económica privada, los europeos han tendido a prestar también atención a la solidaridad y el resultado se ve en otros indicadores. Particularmente reveladores son los datos de la expectativa de vida al nacer, según puede verse en el gráfico 4.16. En términos de producto por habitante, Estados Unidos se sitúa claramente por delante de Europa, pero, debido a factores como la mayor desigualdad social o la ausencia de una cobertura sanitaria universal, su esperanza de vida es inferior a la de la gran mayoría de los países de Europa occidental.

Los europeos han reducido también el número de horas trabajadas, en contraste con Estados Unidos, lo que se traduce en una menor productividad, pero también en una mayor calidad de vida, o al menos esto es lo que piensan muchos europeos. El modelo europeo tiene sin embargo su talón de Aquiles en el envejecimiento de la población, que augura tanto una pérdida de dinamismo económico, por el declive del espíritu innovador que va asociado a la juventud, como una creciente dificultad para mantener el actual Estado del Bienestar, como consecuencia de un incremento de la población jubilada respecto a la población activa. La tasa de fertilidad se ha reducido en casi todo el mundo, pero en Europa lo ha hecho hasta niveles muy preocupantes. A comienzos del siglo XXI la tasa de fertilidad en Estados Unidos es de 2,1 hijos por mujer, lo que asegura el reemplazo generacional, pero ningún país de la Unión Europea alcanza ese nivel. Las tasas más bajas se dan en la Europa centro-oriental y en la mediterránea, situándose en 1,2 en Italia, España y Polonia. Esto es en parte resultado de la emancipación femenina y de la incorporación de la mujer al trabajo, pero parece también revelar una falta de confianza colectiva en el futuro. Ningún país puede esperar que va a seguir prosperando con una población declinante.

El dinamismo demográfico de Estados Unidos depende en parte de la aportación de los inmigrantes y la sociedad americana ha demostrado en su conjunto una gran capacidad de integrar las sucesivas oleadas de inmigración. El tema de la inmigración se ha convertido también en Europa occidental en un tema destacado del debate político. Por un lado, el déficit de mano de obra en algunos sectores, como resultado del declive demográfico, implica una necesidad de inmigrantes, pero por otra parte Europa carece de la experiencia americana en cuanto a la convivencia interétnica, y el tema preocupa a muchos ciudadanos. En los últimos años partidos de extrema derecha han crecido en algunos países debido al rechazo provocado por el crecimiento de la inmigración. Además, el auge del terrorismo yihadista ha complicado la especialmente sensible cuestión de cómo integrar en la sociedad europea a la población de origen musulmán, bastante numerosa en algunos países. Y a ello se suma el posible ingreso en la Unión de un gran país musulmán como es Turquía, que genera recelo en ciertos sectores de la opinión debido a los flujos migratorios que pudiera provocar. En definitiva, una inmigración del volumen suficiente como para contrapesar el declive de la natalidad europea generaría tales dificultades políticas como para resultar inviable.

La combinación de un elevado nivel de desempleo, unas tasas de crecimiento económico relativamente bajas y un envejecimiento creciente de la población implica que Europa debe emprender reformas. Llevarlas a cabo corresponde a los gobiernos nacionales, pero si no se producen, se generarán tensiones a nivel de la propia Unión. El tema se complica porque las filosofías económicas predominantes en los distintos Estados de la Unión no son coincidentes. En países como Gran Bretaña, más cercanos al modelo americano, se tiende a criticar a la Unión por favorecer una excesiva regulación estatal de la economía, mientras que en países como Francia se tiende a criticarla por estar favoreciendo un liberalismo económico de tipo anglosajón. En todo caso los analistas económicos coinciden en la necesidad de acometer reformas que impulsen el crecimiento del empleo, fomenten la productividad y garanticen el mantenimiento del Estado del Bienestar, que resultaría insostenible si se disparan los gastos. Los gobiernos son conscientes de ello, pero el coste político de las reformas, es decir la dificultad de convencer a los electores de que es necesario hacer algunos sacrificios, hace que no se estén impulsando con el necesario vigor.

Por otra parte, el acuerdo de estabilidad, es decir el compromiso de mantener reducido el déficit público, adoptado como garantía de que, tras la introducción de la moneda única, el déficit de un país no se tradujera en dificultades para los demás, ha entrado en crisis al ser incumplido por dos países centrales como Francia y Alemania. A pesar de ello la confianza internacional en el euro se mantiene firme.

Pero la Unión Europea no es ya solamente una unión económica, sino que comienza a entrar en temas tan sensibles para la soberanía nacional como la política exterior y de seguridad. En el origen de este nuevo campo de acción común se halla la percepción de que ninguna potencia europea puede aspirar a tener por sí sola una influencia relevante en los asuntos internacionales. En las negociaciones económicas internacionales, la Unión Europea habla con una sola voz y tiene un gran peso, pero ante conflictos tan relevantes para la seguridad europea como los de Oriente Medio e incluso ante conflictos surgidos en la propia Europa, como los de Yugoslavia, los Estados europeos se ven reducidos a la alternativa de apoyar o criticar a Estados Unidos, pero carecen de los recursos necesarios para desarrollar una política propia. Durante los años de la Guerra Fría, Europa se acostumbró a que su defensa frente a la Unión Soviética quedara garantizada fundamentalmente por Estados Unidos, quedando reducidos los países europeos al papel de socios menores de la OTAN. Y en los últimos años Europa ha demostrado su incapacidad para poner fin a los conflictos de Bosnia y Kosovo sin la intervención militar de Estados Unidos y se ha dividido frente a la intervención estadounidense en Iraq. El proyecto de una política de seguridad y defensa común sigue sin embargo en pie.

Respecto a la cuestión de la democracia europea, hay que subrayar que la Unión Europea no pretende ser un Estado, sino un sistema por el que un conjunto de Estados democráticos cooperan entre ellos, manteniendo cada uno su propia identidad. Por ello el órgano fundamental de la Unión es el Consejo Europeo, en el que los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros se reúnen para tomar las principales decisiones. El control democrático se ejerce porque cada uno de los gobiernos es responsable ante su propio parlamento y, en definitiva, ante su propio electorado. La marcha hacia una creciente integración ha sido posible porque nunca un gobierno ha perdido unas elecciones en ningún país debido a que los electores rechazaran su política favorable a la Unión.

Sin embargo, la Unión ha ido adquiriendo gradualmente muchos de los atributos de un Estado. Tiene una moneda común, aunque por el momento sólo para doce de sus miembros, un banco central, una burocracia, coordinada por la Comisión Europea, un embrión de fuerzas armadas, un tribunal, un parlamento, una bandera y, muy pronto, una constitución. Lo que no existe es una identidad europea, pues los ciudadanos siguen identificándose prioritariamente con su respectiva nación. Posiblemente la medida que más pudiera favorecer la aparición de una identidad común sería la adopción del inglés como segunda lengua en todos los países no anglófonos. Pero, por el momento, la mitad de los europeos sólo habla su propia lengua y la diversidad lingüística dificulta mucho la aparición de unos medios de comunicación paneuropeos, sin los cuales no puede haber un debate político europeo, por lo que la vida política sigue limitada al marco nacional. La supresión de las fronteras tampoco ha producido una movilidad laboral, como la que existe en Estados Unidos, y menos del 2 % de los europeos residen en un país distinto del suyo. En estas circunstancias no es extraño que sólo el 45 % de los ciudadanos hayan votado en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, una participación que resultaría muy aceptable en Estados Unidos, pero que está muy por debajo de lo habitual en las elecciones nacionales en Europa.

El verdadero gobierno de la Unión Europea lo ejerce el Consejo, que no es un órgano supranacional sino intergubernamental, pero la Comisión Europea juega un papel destacado, sobre todo cuando su presidente, que es propuesto por los gobiernos nacionales pero necesita la aprobación del Parlamento Europeo, tiene una agenda propia. Este fue el caso del francés Jacques Delors, presidente de 1985 a 1994, que fue un gran impulsor de la integración en los años cruciales en que se acordó el tratado de Maastricht. Su sucesor, el luxemburgués Jacques Santer, fue una figura mucho menos relevante y en 1999 se vio obligado a dimitir, ante las acusaciones de corrupción que afectaban a varios miembros de la Comisión por él presidida. La Comisión Europea ha recobrado prestigio durante el mandato del italiano Romano Prodi, de 1999 a 2004, pero su influencia en la marcha de la integración no ha sido tan notable como en tiempos de Delors. Y el sucesor de Prodi, el portugués José Manuel Durao Barroso se ha encontrado con una oposición inicial sin precedentes del Parlamento Europeo, que tras unas imprudentes declaraciones de un miembro de la nueva Comisión, el italiano Rocco Buttiglione, no estaba dispuesto a darle su aprobación, con lo que el nuevo presidente se ha visto en la necesidad de cambiar su composición.

Este choque entre la Comisión y el Parlamento, surgido a partir de las polémicas declaraciones del católico Buttiglione sobre la homosexualidad y el papel de la mujer, que provocaron el rechazo de socialistas y liberales, puede indicar que la vida política de la Unión va a asumir un tono más ideológico, lo que quizá despierte un mayor interés de los ciudadanos. Pero hasta el momento, la integración europea ha sido un tema de elites y ha ido avanzando a través de complejas negociaciones para alcanzar el consenso sobre temas técnicos. El resultado de ello es que una de las experiencias más extraordinarias del mundo actual, la de un número creciente de países que están compartiendo cada vez más su soberanía para actuar en común, se está llevando adelante en medio de la casi indiferencia popular. Los ciudadanos terminan por aceptar los sucesivos avances en la construcción europea, pero no los impulsan ni se entusiasman por ellos, ni siquiera en un año como el 2004, en el que han coincidido la incorporación al proyecto común de buena parte de la Europa antaño comunista y la aprobación de la primera Constitución Europea. La ratificación de ésta, sujeta a referéndum en varios países, va a ser un test crucial del apoyo popular al proyecto europeo.

España en Europa

España ha sido el primer país europeo en ratificar mediante referéndum, en febrero de 2005, la nueva Constitución Europea. Ello ha sido en parte por voluntad del nuevo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, deseoso de enfatizar su política europeísta en contraste con la orientación más atlantista de su predecesor José María Aznar, pero responde también al hecho de que la opinión española es una de las más favorables a la Unión Europea. En 1996 eran dos tercios de los españoles los que se sentían identificados con Europa, según una encuesta del CIS, con una proporción prácticamente idéntica entre los electores del PSOE y el PP. Y en 2004, según el Eurobarómetro, el 64 % de los españoles consideraban positiva la pertenencia a la UE (frente al 48 % de media de la UE) y sólo el 10 % la consideraban negativa. Esto se debe a que España se ha beneficiado económicamente de su pertenencia a la UE, y también a que la incorporación a Europa, después de los largos años de semiaislamiento del régimen de Franco, es vista por la mayoría de los españoles como un elemento esencial de su gran logro colectivo de las últimas décadas, que ha consistido básicamente en la creación de una democracia estable y una economía próspera.

La importancia histórica del desarrollo económico reciente de España queda de manifiesto si se analiza desde una perspectiva comparativa y de largo plazo, como se hace en la tabla siguiente, basada en cálculos de Angus Madison. A la altura de 1870, el PIB por habitante español era muy similar al argentino y equivalía al 70 % del europeo occidental. En 1950 representaba aproximadamente el 50 % tanto del europeo occidental como del argentino. En 1973, en vísperas de la transición democrática, era ya bastante superior al argentino y equivalía al 75 % del europeo occidental. Y en 1998 era un 50 % mayor que el argentino y representaba el 80 % del europeo occidental. Es decir, que en la segunda mitad del siglo XX, España ha logrado recuperar con creces el atraso acumulado durante la primera mitad y ha acortado distancias respecto a una Europa occidental en expansión. Algo que difícilmente habría podido lograr sin su plena integración en el mercado europeo.

Para observar en detalle cómo en los últimos años sigue en marcha ese proceso de convergencia española con Europa, conviene tomar como punto de referencia no la Europa occidental sino la nueva Unión Europea de 25 miembros, cuyas magnitudes económicas han sido estimadas por los servicios estadísticos europeos desde 1995. En la siguiente tabla, en la que el PIB por habitante de la UE a 25 se toma como base 100, puede observarse como España está a punto de alcanzar la media europea y está acortando distancias respecto a sus vecinas Francia e Italia, que en estos años están creciendo por debajo de la media europea. No es por ello extraño que España sea uno de los países europeos en que mayor porcentaje de la población considera que la pertenencia a la UE resulta beneficiosa: en 2004 eran casi el 70 %. En esa misma fecha las tres ideas que más frecuentemente asociaban los españoles a la UE, de acuerdo con el Eurobarómetro, eran la libertad de movimientos, el euro y la prosperidad económica.

La creciente integración de la economía española en la europea se manifiesta claramente en las cifras del comercio exterior. En 1981 el 47 % de las exportaciones españolas se dirigían a la Comunidad Europea, pero en 2001 esta proporción se había elevado hasta el 73 %. Paralelamente las importaciones de la Comunidad Europea han pasado del 31 % del total en 1981 al 64 % en 2001.

El desarrollo económico español de los últimos años se ha producido en un marco político caracterizado por la estabilidad. Si el período de la transición democrática se caracterizó por una rápida sucesión de gobiernos e incluso por un intento de golpe de Estado, a partir de 1982 los sucesivos presidentes de gobierno del PSOE y el PP se han mantenido en su cargo durante largas etapas: Felipe González de 1982 a 1996 y José María Aznar de 1996 a 2004. Ello ha sido en parte posible por la consolidación de los dos grandes partidos citados. El sistema español podría definirse como bipartidista, si no fuera por el importante papel que juegan los partidos nacionalistas de algunas comunidades autónomas.

A comienzos del siglo XXI, España se enfrenta sin embargo a retos difíciles, de los que dependerá su futuro. El primero, común a la mayoría de los países desarrollados, lo hemos analizado al referirnos a Europa: es el de la vertiginosa reducción de la natalidad, que conduce a un rápido envejecimiento de la población. El segundo es el de la adaptación a la nueva sociedad de la información, en el que el conocimiento representa el principal recurso económico. Y el tercero es más específicamente español, aunque también se da en otros países: se trata del desafío que los movimientos nacionalistas plantean a la estructura del Estado.

Los analistas coinciden en que España no está invirtiendo lo suficiente en conocimiento. Como puede verse en el gráfico 4.17, el porcentaje de su PIB que España destina a este fin representa poco más de la mitad del que dedican países como Francia, Alemania y Gran Bretaña, y algo menos de la mitad del que le dedica un país europeo que ha apostado con fuerza por las nuevas tecnologías, Finlandia. Pero la situación real es peor de lo que sugieren esas cifras, ya que la relativamente elevada inversión que España hace en enseñanza universitaria no está dando resultados satisfactorios: de acuerdo con Eurostat, España es uno de los tres países de la Europa a 25 con mayor porcentaje de fracaso escolar entre los 18 y los 24 años. Y la situación de la enseñanza secundaria tampoco es satisfactoria, pues de acuerdo con el Informe Pisa 2003, los estudiantes españoles de 15 años tienen unos niveles en matemáticas, comprensión lectora y cultura científica inferiores a los de la mayoría de sus coetáneos en los países más desarrollados.

Con todo, el mayor desafío al que se enfrenta a corto plazo España es el planteado por los partidos nacionalistas vascos y catalanes, que tras un cuarto de siglo de funcionamiento repudian el marco del Estado de las autonomías diseñado a partir de la Constitución de 1978. En la Comunidad Autónoma Vasca, en un momento en que la organización terrorista ETA se halla más debilitada que nunca, el gobierno nacionalista de Ibarretxe ha logrado que el Parlamento Vasco apruebe, con el apoyo de tres diputados del brazo político de ETA, un proyecto de ordenamiento jurídico incompatible con el marco constitucional y rechazado por los partidos constitucionalistas que representan a casi la mitad de los votantes vascos. En Cataluña la situación es muy distinta, ya que no existe una división de la sociedad como la que ha surgido en Euskadi y el gobierno de coalición presidido por el socialista Pasqual Maragall plantea una reforma estatutaria dentro del marco constitucional, pero también se tiende a dar por superado el marco autonómico actual. Este es probablemente el problema más difícil al que habrá de enfrentarse el recién formado gobierno de Zapatero.

América Latina

Durante los últimos años, en la gran mayoría de los países latinoamericanos se ha consolidado la democracia y se han efectuado reformas para liberalizar la economía. Sin embargo el crecimiento económico ha sido modesto en casi todos los países y se ha visto interrumpido por graves crisis en algunos de ellos, los niveles de pobreza se han reducido muy poco y la desigualdad social sigue siendo muy alta respecto a lo que ocurre en la mayor parte del mundo. Por ello son pocos los latinoamericanos que se sienten satisfechos por el funcionamiento de la democracia y la economía de mercado en su propio país. Es frecuente que los gobernantes pierdan répidamente su popularidad tras haber sido elegidos y en Argentina y Bolivia se han visto obligados a dimitir como resultado de protestas en la calle. Pero a pesar de ello no se ha perdido la confianza en la dirección adoptada, pues la mayoría de los ciudadanos sigue considerando que la democracia es la mejor forma de gobierno y la economía de mercado como la única vía para el desarrollo.

De acuerdo con los criterios empleados para elaborar el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe tienen un grado de desarrollo medio. Sólo Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, Cuba, México y algunos pequeños Estados caribeños tienen un alto nivel de desarrollo humano, que en ningún caso alcanza los niveles de la América anglosajona o de Europa occidental, mientras que, en el otro extremo, Haití (de población afroamericana y lengua francesa) es el único país de América con un nivel de desarrollo bajo. Como puede verse en el gráfico 4.18 (en el que los países están ordenados de acuerdo con su nivel de desarrollo humano) las diferencias en esperanza de vida no son muy grandes, ya que en la mayoría de los países, con la excepción de Haití, oscila entre los 65 y los 75 años. En cuanto al PIB por habitante, las diferencias son mucho más marcadas, pues en el año 2002 oscilaba entre los 2.500 dólares de Nicaragua y los más de 10.000 de Argentina.

El problema es que, como puede verse en el gráfico 4.19, son pocos los países latinoamericanos que tienen un ritmo realmente elevado de crecimiento económico. En los años noventa este ha sido el caso sobre todo de Chile y la República Dominicana, mientras que en el otro extremo Ecuador ha tenido un creciminto por habitante nulo y en Paraguay, y sobre todo en Haití, el PIB por habitante se ha reducido. Con todo, los años noventa fueron para la economía latinoamericana mejores que los ochenta. Y se examinamos en conjunto los resultados del último cuarto del siglo XX, el panorma es desolador para bastantes países. Únicamente Chile tuvo en ese período más largo un resultado verdaderamente importante, con más de un 4 % de crecimiento anual, mientras que en cinco de ellos, Venezuela, Perú, Bolivia, Nicaragua y Haití, el PIB por habitante era en 2002 inferior al de 1975. Y en el caso de uno de los países latinoamericanos más desarrollados, Argentina, el crecimiento anual medio ha sido bajísimo, debido a la sucesión de períodos de crisis.

Durante la década de los noventa, la mayor parte de los Estados latinoamericanos tomaron medidas para liberalizar su economía. Como puede verse en la tabla siguiente, el índice de reforma económica, que refleja el grado de libertad económica, se elevó de manera considerable. Pero ello no se ha traducido en un descenso apreciable del porcentaje de pobres, en parte porque la desigualdad social sigue siendo muy grande. El coeficiente Gini, que es el índice con el que se suele medir la desigualdad en la distribución del ingreso, se sitúa por encima de 0,5 en la casi totalidad de los países latinoamericanos. Y si el porcentaje de pobres se ha reducido algo, no ocurre lo mismo con el número absoluto de pobres, que ha aumentado ligeramente.

El ritmo de crecimiento demográfico de América Latina ha pasado del 3 % anual en los años 1990-1995 al 2,5 % en 2000-2005 y se prevé una reducción aún mayor en los próximos lustros. Ello es el resultado de una caída generalizada de las tasas de fertilidad, que sin embargo presentan importantes diferencias no sólo de país a país, sino entre los distintos grupos sociales, siendo más elevada entre los más pobres, lo que contribuye a la perpetuación de la pobreza. Particularmente elevada es la fertilidad de los grupos indígenas, que en buena medida permanecen al margen del desarrollo. Y también resulta inquietante que el grupo de edad cuya fertilidad menos se ha reducido sea el de los adolescentes. La maternidad de las adolescentes suele tener unas consecuencias sociales negativas, sobre todo cuando se produce al margen de una unión estable, algo que ocurre cada vez con más frecuencia en bastantes países latinoamericanos.

Desde el punto de vista político, el hecho más relevante en los últimos años ha sido el afianzamiento de la democracia. Ello se refleja en el Índice de Democracia Electoral, basado en la extensión del derecho el voto, la práctica de elecciones libres y limpias y el fundamento electoral de los poderes ejecutivo y legislativo, cuya mejora en el conjunto de la región aparece en la tabla anterior. Sólo dos países de América Latina y el Caribe, Cuba y Haití, pueden considerarse como no libres de acuerdo con los criterios de Freedom House, mientras que la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, son plenamente libres. Otros, como Colombia, afectada por el único conflicto armado importante que sigue existiendo en América Latina, son clasificados por Freedom House como parcialmente libres.

Puede decirse pues que, en conjunto, América Latina ha entrado en el siglo XXI con unas bases sólidas para su desarrollo económico y político. Quedan sin embargo muchos problemas por resolver y son relativamente pocos los latinoamericanos que se sienten satisfechos con el funcionamiento del sistema económico y político de su respectivo país, como puede verse en el gráfico 4.20. Esa insatisfacción no ha afectado sin embargo a las convicciones democráticas de la mayoría de los latinoamericanos. De acuerdo con las encuestas del Latinobarómetro, en 2004 el 53 % de ellos opinaba que la democracia es la mejor forma de gobierno, aunque este porcentaje se ha reducido un poco desde el 61 % de 1996. Una mayoría, que va del 50 % en Uruguay al 70 % en Honduras y Nicaragua, piensa también que la economía de mercado es el único sistema que permite a un país lograr el desarrollo.

Rusia después del comunismo

Durante las décadas de la Guerra Fría, la Unión Soviética fue una de las dos superpotencias mundiales. La nueva Rusia, el más importante de los quince Estados surgidos de la fragmentación de la URSS, sigue ostentando esa posición en un solo plano, el del armamento nuclear, pero en términos generales no es más que un gran país de nivel de desarrollo medio, con cierta influencia internacional, pero con graves problemas internos. Ni la economía de mercado ni la democracia funcionan todavía de manera satisfactoria en Rusia, ni en la mayoría de los Estados de la antigua Unión Soviética, exceptuados los países bálticos, que se han incorporado a la Unión Europea. Así es que la gran divisoria de la Europa actual no se sitúa en el antiguo telón de acero, sino en la frontera entre los países que han logrado completar la transición del comunismo a la democracia y la economía de mercado, incorporados ya a la UE o a punto de serlo, y aquellos cuya incorporación ni siquiera se ha planteado, como ocurre con Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Pero las elecciones presidenciales de 2004 en Ucrania pueden haber representado un paso importante hacia la genuina democracia en este gran país.

El contraste entre ambos tipos de países se percibe claramente en la tabla adjunta, en la que se presentan algunos datos acerca de los tres Estados más poblados de la antigua Europa comunista. Puede observarse que a comienzos del siglo XXI, Polonia es más próspera que Rusia y mucho más que Ucrania, como resultado de haber experimentado un crecimiento económico bastante importante desde el hundimiento del comunismo, mientras que Rusia y Ucrania se encuentran entre los pocos países del mundo cuyo PIB era en 2002 inferior al de 1990. La desigualdad social ha llegado a ser grande en la Rusia poscomunista, mientras que se mantiene a niveles moderados en Ucrania y Polonia. Los tres países tienen una tasa de fertilidad bajísima, de las más bajas del mundo, pero muestran un gran contraste respecto a la evolución de su esperanza de vida. Hace treinta años, antes de que empezara la crisis final de la Europa comunista, los tres tenían una esperanza de vida de unos setenta años, bastante elevada para aquella época, pero desde entonces, mientras que en Polonia se ha elevado ligeramente, en Rusia y Ucrania se ha reducido, un hecho excepcional en el mundo, excepto en el África subsahariana devastada por el SIDA. La combinación de una esperanza de vida modesta con una fertilidad bajísima augura un declive demográfico. Rusia ha perdido el 1,3 % de su población entre 1989 y 2002.

A comienzos del siglo XXI, Rusia parece haber superado en parte las enormes dificultades que hubo de afrontar en los primeros años de la independencia, durante la presidencia de Boris Yeltsin. Este fue elegido presidente de Rusia en junio de 1991, jugó un gran papel en la derrota del intento de golpe de Estado protagonizado por partidarios del comunismo en agosto de aquel año y en diciembre acordó con los presidentes de Ucrania y Bielorrusia la desaparición de la Unión Soviética. Tras la independencia, impulsó la transición hacia la economía de mercado mediante un masivo programa de privatizaciones, pero no logró impedir que la economía rusa siguiera deteriorándose. Su enfrentamiento con el parlamento ruso, heredado del régimen anterior, condujo a un intento de rebelión en 1993, cuando la disolución del parlamento ordenada por Yeltsin fue rechazada por algunos diputados, que se encerraron en la sede parlamentaria hasta que una enérgica actuación de las fuerzas armadas impuso la autoridad del presidente. Un conflicto más grave surgió en Chechenia, que declaró unilateralmente su independencia al disolverse la Unión Soviética y que Yeltsin intentó recuperar mediante una intervención militar en 1994. La dura resistencia de los rebeldes chechenos condujo a un acuerdo temporal, acompañado de una retirada de las tropas rusas, en 1996, pero el conflicto se reanudaría en 1999, como veremos más adelante.

En 1996 Yeltsin fue reelegido presidente, pero su salud comenzaba a deteriorarse seriamente, mientras que las dificultades económicas seguían siendo muy graves. En 1998 se produjo una gravísima crisis económica y el PIB cayó un 5 %. En 1999 Yeltsin dimitió y designó como presidente interino hasta las próximas elecciones a Vladimir Putin, un hombre con un cuarto de siglo de experiencia en los servicios secretos, primero en los soviéticos y luego en los de la nueva Rusia.

El nuevo dirigente ruso, vencedor en las elecciones presidenciales de 2000 y reelegido con el 71 % de los votos en las de 2004, ha demostrado su capacidad de dirigir el país, al tiempo que manifiesta ciertas tendencias autoritarias. Su partido, Rusia Unida, obtuvo una sólida mayoría parlamentaria en las elecciones de 2003, gracias en parte al control directo o indirecto que el presidente ha adquirido sobre los principales medios de comunicación rusos. Los llamados «oligarcas», que a partir de las privatizaciones habían creado grandes imperios empresariales y mediáticos y que se benefeciaron de la rampante corrupción de la era Yeltsin, se han visto forzados a reconocer el poder de Putin tras el procesamiento de algunos de ellos. Antiguos miembros de los servicios secretos ocupan numerosos cargos destacados. Y en 2004, tras el asalto terrorista a una escuela en Beslan, Putin ha anunciado una reforma por la que los dirigentes regionales no serán elegidos, sino designados por el presidente.

Las medidas autoritarias de Putin no afectan sin embargo a su popularidad entre los rusos, desencantados por su conflictiva experiencia democrática en los años noventa. A su popularidad contribuye que la marcha de la economía ha sido muy satisfactoria a partir de 1999, gracias en parte a la estabilidad política y también al auge del sector petrolero. El nivel de vida se ha elevado. reduciéndose el número de pobres. Sin embargo los pequeños empresarios siguen encontrando muchas dificultades, en parte debido a los abusos de poder y la corrupción.

En el plano exterior, Putin ha tratado de reforzar la influencia rusa en los Estados surgidos de la antigua Unión Soviética. El más importante de ellos es Ucrania, donde en 2004 el candidato apoyado por el anterior presidente del país y por Putin venció en unas elecciones marcadas por el fraude, dando lugar a una protesta popular, respaldada por la actitud de las potencias occidentales, que ha conducido a la anulación del resultado y a la repetición de las mismas. El nuevo vencedor, Victor Yushchenko, es partidario de un acercamiento a Europa.

ASIA Y ÁFRICA

JUAN AVILÉS

China: una economía en expansión

A comienzos del siglo XXI, tres de las cuatro mayores economías del mundo son asiáticas. Si medimos el PIB teniendo en cuenta el nivel de precios interno, es decir de acuerdo con la paridad del poder adquisitivo, China, Japón y la India ocupan los puestos segundo, tercero y cuarto en la clasificación mundial. A ello se suma que durante los últimos veinte años China, que es el país más poblado del mundo, ha tenido las tasas de crecimiento económico más elevadas del planeta. De mantenerse ese ritmo, y es perfectamente posible que así sea, China tendría el mayor PIB del mundo dentro de quince años. A ello se suma que la economía china se ha abierto extraordinariamente al exterior, por lo que su integración en la economía mundial en este comienzo del siglo XXI tiene una importancia sólo comparable a la que tuvo la de Estados Unidos a fines del siglo XIX.

Los datos recogidos en el cuadro adjunto permiten una visión general comparativa de China, India y Japón, tres países que presentan muchas diferencias. China e India son dos gigantes demográficos, que en conjunto representan un tercio de la población mundial. Japón, con menos habitantes, es un país muy desarrollado, mientras que los otros dos son países de desarrollo medio, aunque China está bastante por delante de India, tanto en producto por habitante como en esperanza de vida. Japón se ve ya afectado por los problemas de envejecimiento propios de las sociedades avanzadas, mientras que India tiene una natalidad relativamente elevada, a pesar de su fuerte descenso en los últimos años, ocupando China una posición intermedia. Por otra parte Japón es una de las sociedades más igualitarias del mundo, en términos de distribución del ingreso, mientras que en China las desigualdades sociales han aumentado mucho, a pesar de que sigue gobernando el Partido Comunista. Y por último destaca la enorme tasa de crecimiento económico de China, que quizá resulte algo exagerada por las estadísticas oficiales, pero que según todos los analistas representa un récord mundial.

El inicio del gran desarrollo económico chino se produjo tras la muerte de Mao-Tse-Tung, cuando a finales de los años setenta Deng Xiaoping, el nuevo hombre fuerte del régimen, comenzó a impulsar las reformas liberalizadoras. A diferencia de lo ocurrido en la Unión Soviética, donde el amplio programa de reformas iniciado por Gorbachev terminó por conducir a una grave crisis política y económica, pero también a la democratización del antiguo bloque soviético, las reformas de Deng se orientaron a impulsar la modernización económica, pero nunca pusieron en cuestión el férreo control del país por parte del Partido Comunista. En el año clave de 1989, en el que la Europa del Este inició su democratización, Deng optó en China por la represión brutal de un movimiento de protesta similar a los triunfantes en Europa. Los líderes comunistas más favorables a la apertura política fueron descartados de la sucesión y Deng apoyó el ascenso al poder de Jiang Zeming, quien entre 1989 y 1993 asumió los tres puestos claves de la dirección del país, es decir la secretaría general del Partido Comunista, la presidencia de la República y la de la Comisión Militar (es decir la jefatura de las Fuerzas Armadas). Aunque Deng mantuvo cierta influencia hasta su muerte, ocurrida en 1997, Jiang fue el efectivo dirigente del país hasta su retirada voluntaria en 2002. La política de Jiang se ha centrado en impulsar, con el éxito que hemos señalado, el desarrollo económico de China, a través de la gradual adopción de la economía de mercado y de la apertura al mercado internacional, prestando escasa atención a los efectos colaterales negativos del proceso, como el incremento de la desigualdad social y el deterioro del medio ambiente. En el terreno político ha mantenido rígidamente la dictadura de partido único, frenando el desarrollo de todo tipo de organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de orientación religiosa, como el movimiento Falun Gong. Ello supone que el respeto de los derechos humanos no está garantizado y que China tiene pendiente una reforma política, ya que no es de suponer que la dictadura del Partido Comunista pueda mantenerse mucho tiempo tras haber adoptado los principios de la economía de mercado, abandonando así en la práctica la ideología comunista.

La eliminación de las distorsiones impuestas por el maoísmo y la adopción de una política económica adecuada han permitido a China aprovechar su enorme potencial de desarrollo. En principio, un país poco desarrollado tiene la posibilidad de alcanzar unas tasas de crecimiento mucho más elevadas que las de los países desarrollados, simplemente mediante la adopción de las tecnologías y las formas de organización económica creadas por éstos, las cuales permiten un considerable aumento de la productividad. En el momento en que se introducen estas novedades, el país en desarrollo goza además de una ventaja competitiva en el mercado internacional, debido a que su nivel salarial es más bajo. Pero China no cuenta sólo con esta ventaja: tiene también una población instruida, unas infraestructuras básicas aceptables y un amplio mercado interior, ventajas de las que no gozan muchos países en desarrollo. Y sobre todo ha seguido una política económica que le ha permitido integrarse al máximo en el mercado internacional, promoviendo el comercio exterior y la entrada de capital extranjero.

China es ya el tercer país exportador del mundo, detrás de Estados Unidos y Alemania, y el principal productor de toda una amplia gama de productos de consumo, como hornos microondas, zapatos, cámaras digitales y ordenadores personales. Es también un gran país importador, debido a que ha reducido drásticamente sus tarifas aduaneras, hasta un nivel más bajo que el de cualquier otro país en desarrollo. Su grado de apertura económica al exterior es verdaderamente insólito en un país de sus dimensiones. La entrada de capital extranjero, atraído por el vasto mercado interior chino y por los bajos costes de la producción, ha sido muy importante y ha proporcionado tecnología y saber hacer empresarial. Una cuarta parte de la producción industrial procede de proyectos de colaboración entre empresas chinas y extranjeras.

A su vez el capital chino juega un importante papel en Estados Unidos. China no se ha atrevido todavía a liberalizar el cambio de su moneda y ha optado por mantener una paridad constante con el dólar. Ello implica que, para evitar la depreciación del dólar, la banca china sea una gran inversora en bonos del Tesoro americanos. Dicho de otra manera, China está contribuyendo a que los Estados Unidos puedan mantener su doble déficit, fiscal y de cuenta corriente, con el exterior. El reconocimiento internacional de que China se está convirtiendo en una auténtica economía de mercado se ha producido con su ingreso en la Organización Mundial de Comercio, en el año 2001. Esto le obligará a abrir a la competencia exterior sectores que todavía permanecen muy cerrados, como la banca, los seguros, las telecomunicaciones y la agricultura.

Todo esto no significa que China, un país todavía de desarrollo medio, no tenga importantes problemas en el terreno económico, en el social y en el político. En el terreno económico su gran desafío está en el sector estatal, que sigue ocupando a casi la mitad de los trabajadores urbanos pero resulta muy poco productivo. Mientras que el sector privado florece, la industria estatal es cada vez más obsoleta y China se enfrenta a un pavoroso problema de reconversión industrial, que sólo se puede resolver gradualmente si se quieren evitar los estallidos de protesta social a los que daría lugar un cierre masivo de fábricas. La banca estatal está a su vez lastrada por los préstamos a empresas estatales insolventes. El sector agrícola tampoco es próspero y puesto que dos tercios de la población reside en áreas rurales, esto supone un gran freno al desarrollo del mercado interior. La disolución de las comunas maoístas, que en su día dio un gran impulso a la economía agraria, hizo también que surgieran cientos de millones de minúsculas explotaciones familiares, muchas de las cuales no son hoy rentables.

Casi todo el desarrollo económico chino de las últimas décadas se ha concentrado en las áreas urbanas costeras, muy abiertas al exterior, mientras que el interior del país, las áreas rurales e incluso las regiones urbanas dominadas por la vieja industria estatal en crisis, han permanecido al margen. Sin embargo la nueva economía comienza a penetrar en el interior a partir de focos costeros como Shangai y Hong Kong. Los problemas sociales son también graves. La desigualdad de ingresos está alcanzando niveles amplísimos, existe un problema de desempleo urbano, poco perceptible en las estadísticas oficiales, y en las áreas rurales hay un enorme exceso de mano de obra. Las autoridades se esfuerzan sin embargo en frenar el éxodo rural, para evitar que surjan en la periferia de las ciudades los inmensos suburbios miserables típicos de muchos países en desarrollo. Esto conduce a que muchos inmigrantes rurales trabajen en las ciudades ilegalmente y por tanto sin ningún derecho. Hay dificultades en la sanidad, la educación y las pensiones, ya que tradicionalmente muchos servicios sociales los cubrían las empresas estatales, pero esto ya no es una solución viable. Y en el campo, tras la desaparición de las comunas, los trabajadores carecen de todo tipo de servicios gratuitos e incluso de pensiones, con lo cual su única garantía de futuro está en sus pequeñas propiedades agrícolas. El descontento que todo ello genera, agravado por la percepción de que la corrupción está muy extendida, podría dar lugar a estallidos de protesta social, una eventualidad que preocupa a las autoridades.

En el terreno político, China sigue anclada en el régimen de partido único, aunque el cambio social está llevando a una deslegitimación de la ideología comunista, y las autoridades no están permitiendo el desarrollo de organizaciones en la sociedad civil que pudieran servir de base para el futuro pluralismo político. En esto China se encuentra en desventaja respecto a la India, que goza de una democracia asentada.

En el plano exterior no hay indicios de que China vaya a orientarse hacia una política nacionalista agresiva, aunque ciertamente los sentimientos nacionalistas son fuertes y el propio Partido Comunista basa en ellos parte de su legitimidad. La gran cuestión es la de Taiwán, que formalmente sigue siendo parte de China, aunque la separación se produjo hace casi medio siglo. Los dirigentes de Taiwán no se deciden a dar el paso de proclamar la independencia y los de Pekín acumulan armamento para una eventual intervención, que tendría la oposición de Estados Unidos, pero es posible que el conflicto se evite. El retorno a China en 1997 de Hong Kong, que ha mantenido sus propias instituciones, parece haber sido un éxito. Hong Kong sigue siendo un gran emporio económico, aunque muchos de sus ciudadanos desearían más libertad política de la que Pekín les consiente.

Últimamente, ha accedido al poder en China una nueva generación de dirigentes, la cuarta desde la revolución, tras las de Mao, Deng y Jiang. Entre 2002 y 2004 Jiang ha cedido todos sus cargos a Hu Jintao, un antiguo protegido de Deng que ostentaba la vicepresidencia de la República. Ha sido el cambio de dirección política menos conflictivo de toda la historia reciente de China, lo que parece ser un indicio de la creciente madurez del país.

Japón y los nuevos dragones de Asia

El extraordinario crecimiento que experimentó Japón entre 1950 y 1990 convirtió a este país en uno de los más desarrollados y en la segunda potencia económica mundial. A finales de los años ochenta, algunos analistas occidentales mostraban incluso preocupación por el creciente poderío del Japón, que parecía tener un sistema económico mucho más eficaz que el de Estados Unidos o Europa. Las empresas japonesas mostraban un gran capacidad de innovación tecnológica y sus exportaciones industriales no cesaban de conquistar mercados, mientras que la sociedad japonesa se caracterizaba por una fuerte cohesión, una limitada desigualdad social y un gran sentido del trabajo. La estrecha cooperación entre las empresas industriales, la banca y el gobierno era vista como una de las bases del poderío japonés y pocos observadores daban importancia al contraste entre el dinamismo del sector exportador y la escasa competitividad de las empresas que trabajaban para el mercado interno, muy regulado y protegido. La estabilidad política estaba garantizada por el predominio del Partido Liberal Democrático, en el poder desde los años cincuenta.

La gran crisis bursátil de 1990 puso en cuestión esta idílica imagen del Japón. Los valores bursátiles sufieron una enorme caída y lo mismo ocurrió con los precios de las propiedades. Los bancos se encontraron con un enorme volumen de préstamos a empresas insolventes. Pero lo más grave es que las reformas necesarias para recuperar la competitividad del país no se acometieron con la rapidez y energía necesarias. La estrecha relación entre el mundo político y empresarial se reveló como un obstáculo, cuando la presión de los diferentes grupos de interés empresariales frenó las reformas que les perjudicaban. Las tasas de crecimiento del Japón a lo largo de los años noventa fueron muy bajas y muchas grandes empresas japonesas perdieron su condición de líderes mundiales.

Por otra parte, a la altura de 1990, Japón no era ya la única economía altamente desarrollada de Asia oriental. Esa condición la habían conseguido también otros Estados y territorios a los que se ha dado en llamar los nuevos dragones, es decir Corea del Sur, Hong Kong, que como hemos visto se reincorporó a China en 1997, Taiwán, que formalmente no es un Estado independiente, y Singapur. Como puede verse en la tabla adjunta, Japón, Hong Kong y Singapur tienen un producto por habitante muy elevado y una esperanza de vida altísima, mientras que el crecimiento económico en los años noventa ha sido importante en Corea y en Singapur. Por otra parte, los dragones asiáticos, como todos los países muy desarrollados, tienen su punto débil en su reducida tasa de fertilidad.

En definitiva, estos países del Asia oriental han logrado ponerse en pocas décadas a la altura de los más desarrollados de Occidente y la apertura económica de China les ha abierto un gran mercado. La más importante de las economías asiáticas sigue siendo Japón, que continúa ocupando el segundo puesto mundial, o el tercero si consideramos a la Unión Europea como una sola economía. A comienzos del siglo XXI, Japón está superando los problemas de los noventa, en parte gracias la política reformista de Junichiro Koizumi, del Partido Liberal Democrático, primer ministro desde 2001. Por otra parte, la política exterior de Koizumi refleja el deseo de Japón de jugar un papel más activo en los asuntos internacionales, al tiempo que mantiene su estrecha relación con Estados Unidos, considerada indispensable frente al creciente poderío de China y a la inquietante amenaza que supone el programa de armamento nuclear de Corea del Norte, cuyo régimen comunista es uno de los más cerrados y represivos del mundo actual.

India: el segundo gigante

Con casi tantos habitantes como China, la India es mucho más heterogénea. La existencia de una lengua mayoritaria, el hindi, y de una religión mayoritaria, el hinduismo, no evitan que el país sea un mosaico de etnias, lenguas, religiones y castas, articulado políticamente en un sistema federal basado en la laicidad del Estado y el respeto a las minorías. Menos desarrollada que China, tiene sobre ésta la ventaja de un sistema democrático que, a pesar de las tensiones étnicas, de los estallidos de violencia y de la corrupción imperante, se ha mantenido firme durante el más de medio siglo transcurrido desde la independencia.

Durante varias décadas, India fue gobernada casi ininterrumpidamente por el Partido del Congreso, artífice de la independencia. Y al frente de este partido se han sucedido los miembros de una saga familiar iniciada por Jawaharlal Nehru, primer ministro de 1947 a 1964, y continuada por su hija, Indira Gandhi, primera ministra de 1966 a 1977 y de 1980 a 1984, y por su nieto Rajiv Gandhi, primer ministro de 1984 a 1989. Por otra parte, tanto Indira como Rajiv murieron asesinados, el primero por terroristas sijs y el segundo por terroristas tamiles, lo que representa un indicio del impacto de la violencia religiosa y étnica en la política india. Al frente del Congreso se halla hoy la viuda de Rajiv, Sonia.

La hegemonía del Congreso desapareció en los años noventa, en los que se produjo el ascenso del Partido Janata que, en contraste con el secularismo del Partido del Congreso, tiene un fuerte componente de fundamentalismo hinduista. Pero esto no significa que la India se encamine hacia un bipartidismo. Por el contrario, lo que se ha producido es el crecimiento de múltiples partidos, a menudo basados en una sola región, en una confesión religiosa o en una casta, que disputan el poder local a los grandes partidos y obligan a los gobiernos nacionales a apoyarse en complejas coaliciones.

El otro gran cambio de la política india ha sido el progresivo abandono de los principios estatalistas y proteccionistas adoptados por Nehru, que llevaron al país a unas tasas de crecimiento muy bajas, a favor de la liberalización económica y la apertura al exterior, aunque esta última sigue estando muy lejos del nivel alcanzado en China. Esta liberalización fue iniciada por el propio Partido del Congreso, primero tímidamente durante el gobierno de Rajiv Gandhi y luego con mayor energía a partir de 1991. Tras las elecciones de ese año formó gobierno Narasimha Rao, miembro del Congreso y ex ministro con Indira y con Rajiv Gandhi, que se encontró con una situación de grave crisis económica y sin mayoría parlamentaria propia, teniendo que depender del apoyo externo de los comunistas. En tales circunstancias, su ministro de Finanzas, Manhoman Singh, fue capaz de impulsar un paquete de reformas liberalizadoras, que dieron un fuerte impulso a la economía india.

La política de apertura económica fue continuada por el primer ministro Atal Behari Vajpayee, del Partido Janata, que ha gobernado de 1998 a 2004, también al frente de una coalición de la que formaban parte varios partidos laicos. La presencia de éstos, y probablemente la misma responsabilidad del poder, frenaron las tendencias radicales del Janata, cuyo programa pretendía acentuar la influencia del hinduismo en la vida india, lo que habría supuesto un enfrentamiento con las minorías religiosas del país y sobre todo con la más numerosa, la musulmana. De hecho el Janata se dio a conocer a nivel nacional, a comienzos de los años noventa, por su campaña para reconstruir el antiguo templo del dios Rama en la ciudad de Ayodhya, sobre cuyas ruinas los musulmanes construyeron una mezquita en el siglo XVI. Esta mezquita fue asaltada y destruida por turbas hinduistas en 1992, dando lugar a terribles enfrentamientos intercomunitarios. La tensión intercomunitaria estalló de nuevo en 2002 en el Estado de Gujarat, donde fueron asesinados por las turbas unos dos mil musulmanes, con la probable connivencia de las autoridades locales del Janata.

La tensión entre hinduistas y musulmanes se complica por la rivalidad entre India y Pakistán y por el conflicto de Cachemira. El enfrentamiento entre ambos países se remonta al momento de la independencia y ha dado lugar a varias guerras, lo que resulta especialmente inquietante desde que en 1998 India y Pakistán se dotaron de armas nucleares. El principal objetivo de disputa es Cachemira, el único Estado indio de mayoría musulmana, en el que se ha desarrollado en los últimos lustros un movimiento rebelde apoyado por Pakistán, que ha cometido numerosos atentados terroristas tanto en la propia Cachemira como en otros lugares. Tras un atentado contra el parlamento de India en el año 2001, ambos países han estado muy cerca de la guerra. Vajpayee demostró sin embargo su sentido de la responsabilidad al lanzar en 2003 una iniciativa de diálogo que ha sido favorablemente acogida por el presidente pakistaní, el general Musharraf.

En las elecciones de 2004, el Partido del Congreso, dirigido por Sonia Gandhi, venció al Janata, aunque quedó lejos de la mayoría parlamentaria. El componente xenófobo del Janata estalló entonces en una furiosa campaña dirigida contra la posibilidad de que Sonia, italiana de nacimiento, pudiera encabezar un gobierno indio. Finalmente ella misma renunció a hacerlo y encomendó la tarea a Manhoman Singh, el arquitecto de las reformas económicas de 1991. Singh es el primer jefe de gobierno indio de religión sij, lo que representa un triunfo de la laicidad estatal frente al confesionalismo hinduista que sigue auspiciando un sector del Janata. Y de nuevo como en 1991, un gobierno del Partido del Congreso en minoría va a tener que depender de apoyos parlamentarios exteriores, incluido el de los comunistas.

El éxito de las reformas económicas, basadas en la reducción de las tarifas aduaneras, en la privatización de algunas empresas estatales y en la reducción de la intrincada regulación que frenaba a las empresas, se ha traducido en un gradual incremento de las tasas de crecimiento económico, que sin embargo siguen estando lejos del formidable nivel chino. En los años setenta, la tasa de crecimiento del PIB fue del 3,5 % anual, en los ochenta aumentó al 5 %, y en los noventa se ha situado en el 6 %. Particular atención ha recibido el desarrollo del sector de las tecnologías de la información, incluidos los servicios informáticos para empresas extranjeras, las cuales se han visto atraídas por la abundancia de jóvenes indios bien formados y con perfecto dominio del inglés, que pueden ser contratados por salarios mucho más bajos que los de Occidente.

Sin embargo, no debe olvidarse que la gran mayoría de los indios se ganan la vida en el sector agrario o en el sector informal de servicios, por ejemplo la venta callejera, con unos ingresos bajísimos y escasas posibilidades de mejorar su condición. Y tampoco debe exagerarse el éxito de las reformas. Las infraestructuras siguen siendo deficientes, la reglamentación económica es excesiva, el mercado laboral es muy rígido, la corrupción política es tremenda, el sector público tiene un importante déficit y la inversión extranjera directa es muy reducida. India tiene ante sí un largo camino hasta alcanzar unos niveles de desarrollo que garanticen el bienestar de la población.

Oriente Medio y el Magreb

La región del Oriente Medio (en la denominación internacional, puesto que, para Europa, significaría el Próximo Oriente), en la que surgieron hace cinco mil años las primeras civilizaciones del mundo y más adelante las tres grandes religiones monoteístas, se extiende desde Egipto, al oeste, hasta Irán, al este, y desde Turquía, al norte, hasta la península Arábiga, al sur. La religión dominante es el islam, excepto en Israel, aunque existen minorías cristianas, importantes sobre todo en Egipto y El Líbano. Las tres lenguas principales son el árabe, el iraní y el turco. En este apartado aludiremos también a otra región árabe vecina, el Magreb, que se extiende por el norte de África.

El término de Oriente Medio evoca inmediatamente tres imágenes: petróleo, conflictos y fundamentalismo religioso. No sin motivo. Los países que rodean el Golfo (es decir Irán, Iraq y los seis Estados que integran el Consejo de Cooperación del Golfo, el mayor de los cuales es Arabia Saudí) constituyen el lugar de origen del 40 % de las exportaciones de petróleo del mundo y contienen los dos tercios de las reservas conocidas. Su importancia estratégica para la economía mundial es por tanto considerable y hay que añadir que, en el Magreb, Argelia y Libia son importantes productores de hidrocarburos. Se trata también de una región altamente conflictiva. Al prolongado conflicto palestino-israelí, que tiene un enorme impacto emocional y por tanto político en todo el mundo musulmán, se han sumado en las últimas décadas otros como la guerra civil libanesa, las rebeliones kurdas en Turquía e Iraq, la guerra entre Iraq e Irán, la invasión iraquí de Kuwait, la guerra del Golfo, la rebelión yihadista en Argelia y finalmente la intervención de Estados Unidos y sus aliados en Iraq. Y es también cierto que, si bien el fundamentalismo es una tendencia que puede darse dentro de cualquier religión, en los últimos tiempos se ha manifestado sobre todo en el islam. Y todo esto se traduce en que los medios de comunicación mundiales prestan a la región una atención mayor de la que le correspondería en función de su importancia en términos de población o de producción, pero también en que se atiende a los aspectos conflictivos de su realidad más que a su lento pero indudable desarrollo económico y humano.

La tabla siguiente incluye datos de los Estados de la región con más de cinco millones de habitantes (excepto Iraq). Puede observarse que, con la excepción de Israel, son países de un nivel de desarrollo medio, nunca bajo, en los que la esperanza de vida se sitúa en torno a los setenta años, lo que representa un considerable progreso respecto a los poco más de cincuenta de hace un cuarto de siglo. La tasa de fertilidad se ha reducido en las últimas décadas, aunque existen grandes diferencias entre los más de cuatro hijos por mujer de Arabia Saudí, la sociedad más tradicionalista de la región, y los poco más de dos de Irán, una sociedad en muchos sentidos más moderna, a pesar de su revolución islamista. Debe observarse sin embargo que, puesto que la reducción de la fertilidad ha sido reciente, todos estos países se encuentran con la llegada a la edad laboral de generaciones muy numerosas, lo que plantea graves problemas de empleo y por tanto de estabilidad social. A ello se une un ritmo de crecimiento económico bastante mediocre, que durante el último cuarto de siglo ha sido negativo en el caso de varios países exportadores de petróleo, incluida Arabia Saudí, afectados por el declive del precio del crudo respecto a las elevadísimas cotas alcanzadas a comienzos de los años ochenta. Muy negativo es también el panorama de las libertades civiles y los derechos políticos. De acuerdo con el índice de Freedom House, en el que 1 representa la máxima libertad y 7 la mínima, sólo Israel y Turquía se acercan a los niveles de los países libres, mientras que Arabia Saudí, Libia y Siria se encuentran entre los países menos libres del mundo.

Sobre este fondo de dificultades se ha producido en los últimos años el auge de la ideología yihadista, que se ha traducido en atentados como los del 11-S y el 11-M, con un enorme impacto mundial. Ello ha contribuido a la difusión de visiones muy negativas tanto del islam como de las sociedades árabes. Algunos analistas piensan que existe una incompatibilidad básica entre el islam y la democracia, otros consideran que ciertas tradiciones islámicas frenan el desarrollo económico y finalmente hay quienes consideran que el terrorismo yihadista no es más que una manifestación de un casi inevitable choque de civilizaciones entre Occidente y el islam. No es probable que esas interpretaciones tan pesimistas tengan fundamento real, aunque en las difíciles circunstancias actuales parezcan verosímiles. El tema del terrorismo yihadista será analizado más adelante, pero conviene adelantar que responde más a un conflicto en el seno de las sociedades árabes y musulmanas que a un conflicto entre Occidente y el islam. En cuanto al hecho de que los países musulmanes no han logrado ni un elevado nivel de desarrollo económico ni, salvo excepciones, el establecimiento de sistemas democráticos, no hay por qué suponer que ello responda a rasgos permanentes del islam. El problema parece estar en que, tras la demostrada incapacidad de los regímenes surgidos tras la independencia para ofrecer a sus ciudadanos desarrollo económico, participación política y éxitos exteriores, se ha producido un movimiento de retorno a la identidad islámica que tiene fuertes componentes xenófobos, con lo que tiende a agravar el cerramiento respecto al mundo exterior que es uno de los factores del atraso de estos países.

La xenofobia y en particular la desconfianza hacia las tradiciones religiosas ajenas son problemas universales, pero las encuestas revelan que en la actualidad las sociedades occidentales tienen una actitud más abierta que las musulmanas. De acuerdo con una reciente encuesta realizada en ocho países, cuyos resultados aparecen en la siguiente tabla, en torno a un tercio de los occidentales tienen una opinión desfavorable de los musulmanes, mientras que dos tercios de los musulmanes tienen una opinión desfavorable de los cristianos. En cuanto a la tercera gran religión monoteísta, la judía, sus fieles son percibidos de manera desfavorable por un 10 % de los occidentales y por una gran mayoría de los musulmanes. En un mundo en el que los intercambios tanto económicos como culturales representan la clave del progreso, esa cerrazón de las sociedades musulmanas resulta muy perjudicial para sus propios intereses. El error es suponer que se trata de una actitud inherente al islam. Por el contrario en la época clásica del islam existía una tolerancia hacia judíos y cristianos mayor que la que Europa manifestaba hacia los no cristianos.

En el terreno económico, uno de los grandes obstáculos al desarrollo del Oriente Medio es su relativo aislamiento comercial. A diferencia de los países de Asia oriental o de la India, los países árabes han sido incapaces de desarrollar un flujo de exportaciones industriales significativo. Por otra parte la actitud mayoritaria de la población es poco favorable a la apertura. En las encuestas mundiales, países como Egipto se encuentran entre los que tienen una visión más negativa de la globalización y los que más necesaria creen la protección de su modo de vida frente a las influencias extranjeras.

En el terreno político, el avance de la democracia en los países musulmanes se ha visto frenado por el temor a que beneficiara a los islamistas radicales. En Argelia la segunda vuelta de las elecciones de 1991 fue anulada ante el previsible triunfo del Frente Islámico de Salvación, lo que generó un ambiente propicio para la cruenta insurrección yihadista que ensangrentó el país durante los años noventa. Pero es posible que, en el futuro, partidos islamistas moderados contribuyan a la democratización de la región, como ya ha ocurrido en Turquía. En ese sentido, la integración de Turquía en la Unión Europea representaría un gran paso para demostrar que no hay incompatibilidad entre el islam y los valores liberales y democráticos.

El África subsahariana

El Sahara constituye la gran frontera natural de África. Los países situados al norte del mismo forman parte del mundo árabe, mientras que al sur confluyen las tradiciones africanas con las influencias occidentales y también islámicas. Los límites son sin embargo imprecisos y algunos países se encuentran en la misma frontera, como es sobre todo el caso del Sudán, donde la región septentrional es árabe y la meridional subsahariana. Hemos visto que no faltan los problemas en los países árabes, pero la situación es mucho más grave en el África subsahariana, que es a la vez la región más pobre del mundo y la que menos ha progresado en las últimas décadas.

El cuadro adjunto, que recoge algunos datos sobre los países más poblados de la región, permite hacerse una idea de cuáles son los principales problemas. El producto por habitante es muy bajo o bajísimo en casi todos los países, con la excepción de Sudáfrica, pero lo más grave es que en muchos países su crecimiento ha sido nulo o incluso negativo durante el último medio siglo. Ello es el resultado de que el modesto crecimiento de la economía no ha sido suficiente para compensar el gran incremento de la población, que ha crecido a un ritmo del 2 o el 3 % anual. Esas elevadas tasas de crecimiento demográfico tienden además a mantenerse, porque las tasas de fertilidad son muy altas, de entre cuatro y siete hijos por mujer, salvo en el caso de Sudáfrica. Pero el dato más trágico es el de la esperanza de vida, que no sólo se sitúa en los niveles más bajos del mundo, sino que en varios países se ha reducido en los últimos años, sobre todo debido a la pavorosa incidencia del SIDA.

¿Cuáles son los principales factores que frenan el desarrollo del África subsahariana? La lista podría hacerse muy larga y por otra parte los diversos factores interactúan entre sí, por lo que no es fácil desentrañar las causas de los efectos, pero hay cuatro que importa sobre todo analizar. Se trata de la debilidad de las estructuras jurídico-políticas, de los conflictos internos, del cierre de los mercados exteriores y del impacto del SIDA.

El Estado moderno carece de raíces autóctonas en el África subsahariana. Antes de la colonización, el continente estaba dividido en miles de pequeños reinos y jefaturas tribales. Y a su retirada los colonizadores dejaron tras de sí unas fronteras artificiales, que a menudo no tenían nada que ver con la realidad étnica, y unas instituciones calcadas de las de las metrópolis, sin que se hubieran formado unas elites preparadas para hacerlas funcionar y sin que existiera una cultura política adecuada para ello. No es extraño que en tales circunstancias la democracia no pudiera funcionar. Muy pronto surgieron en todas partes regímenes autoritarios, instaurados por los propios gobernantes electos o surgidos de golpes militares. Lo más grave es que la corrupción se hizo endémica. Los gobernantes amasaban en ocasiones fortunas colosales, que eran invertidas en el extranjero, y distribuían favores entre sus seguidores, a los que a menudo estaban ligados por vínculos tribales. Las tendencias dirigistas se impusieron en el terreno económico, pero la creciente reglamentación estatal de las actividades económicas sirvió sobre todo para crear oportunidades de soborno a los funcionarios. El principal objetivo de los políticos era mantenerse en el poder y enriquecerse. Si eran derribados por un golpe militar o una insurrección, su suerte era a menudo la muerte, la cárcel o el exilio.

Es cierto que en los últimos años algo han cambiado las cosas. En primer lugar, el avance de la democracia también se ha hecho notar en África y empieza a ser común que un gobernante abandone el poder tras perder unas elecciones, mientras que antes la pauta más común era que los gobernantes fueran derribados violentamente, según puede verse en el gráfico.

África tampoco ha permanecido al margen de la tendencia mundial a la liberalización económica. Si en el momento de la independencia la planificación económica podía parecer el modelo a seguir, hoy el paradigma global es el del liberalismo económico. Su desastrosa situación financiera ha obligado, además, a numerosos gobiernos subsaharianos a aceptar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, con tal de poder obtener nuevos préstamos. Así es que se ha reducido el déficit fiscal, se han privatizado empresas públicas y se han eliminado obstáculos burocráticos al sector privado. El resultado de estas reformas impuestas desde el exterior ha sido sin embargo poco satisfactorio. El problema de fondo es que la mayor parte de los Estados africanos siguen careciendo de los fundamentos que permiten el desarrollo de una auténtica economía de mercado. El derecho de propiedad, por ejemplo, se ve limitado porque la gran mayoría de las propiedades inmobiliarias no están registradas legalmente. Esto supone que millones y millones de campesinos son propietarios de tierras, pero al no tener su título legal no pueden utilizarlas como garantía para pedir un préstamo y ni siquiera están seguros de que no las perderán si emigran a la ciudad. La ausencia de un sistema legal eficaz que asegure el cumplimiento de los contratos dificulta enormemente la actividad económica. Obtener los permisos necesarios para iniciar un negocio resulta complicado y muy caro, en parte por los sobornos que son necesarios, y la arbitrariedad del poder se traduce en la ausencia de un marco legal estable e igual para todos. Todo lo cual será difícil de superar mientras el ejercicio del poder siga siendo concebido básicamente como un medio de enriquecimiento.

Tales son los obstáculos que los ciudadanos africanos encuentran en tiempos de paz, pero los problemas de la región se complican por la frecuencia de los conflictos armados, sobre todo de las guerras civiles, que resultan muy destructivas. Lo grave del caso es que los conflictos parecen estallar cada vez con más frecuencia. De acuerdo con los datos del Instituto de Investigación sobre la Paz de Oslo, que define la guerra como un conflicto por el control del gobierno o de una parte del territorio de un Estado, en el que se producen mil o más víctimas al año, durante la década de los cincuenta sólo hubo una guerra en el África subsahariana, en los sesenta hubo cuatro, en los setenta hubo nueve, en los ochenta hubo once y en los noventa quince. Dos de estas últimas han sido especialmente graves, la de Ruanda, en medio de la cual se produjo el genocidio contra la población tutsi de 1994, y la de la República Democrática del Congo (antiguo Zaire), una compleja guerra civil en la que han intervenido tropas de Ruanda, Uganda, Angola y Zimbabwe, y que desde 1997 ha causado cientos de miles, si no millones, de víctimas.

Los primeros años del siglo XXI han sido algo menos conflictivos, pero se mantiene el círculo vicioso por el que la miseria y el mal gobierno provocan la guerra y ésta agrava la miseria, sin que el gobierno mejore en los casos en que vencen los rebeldes.

Los factores hasta ahora citados son fundamentalmente internos, pero el mundo desarrollado también tiene cierta responsabilidad en los problemas africanos. La ayuda al desarrollo no es muy grande, en parte por el desánimo que produce en los donantes ver cómo se desaprovecha debido a la corrupción. La inversión de capital extranjero es muy escasa, porque el mercado interior africano es limitado y se halla además fragmentado en numerosos Estados, mientras que la inseguridad jurídica y la inestabilidad política son un obstáculo a los negocios. Las principales inversiones proceden de las compañías petroleras y mineras, pero algunas firmas que producen para el consumo han encontrado también posibilidades de negocio. El de los teléfonos móviles es un mercado en expansión, porque a diferencia de los fijos no dependen del lento tendido de las redes telefónicas y ofrecen un gran medio de conexión a millones de africanos. También hay un mercado para pequeños lujos, como las bebidas refrescantes, por lo que Coca Cola es el mayor empleador privado de África. Pero todo sumado no cabe esperar que el capital privado internacional pueda representar una gran aportación al desarrollo africano.

El gran obstáculo que los países ricos están poniendo al desarrollo de África y en general del Tercer Mundo es el cierre de sus fronteras a las mercancías procedentes de estos. La importante liberalización del comercio mundial que ha tenido lugar en las últimas décadas no ha llegado a los productos agrícolas ni a los textiles, es decir a aquellos sectores, intensivos en mano de obra y que no requieren tecnologías sofisticadas, en los que más fácilmente pueden competir los países en desarrollo. A ello se suman las ingentes subvenciones que los países más desarrollados conceden a su producción agrícola, que constituyen otro obstáculo a la libre competencia. Ahora bien, el crecimiento del sector exportador constituye uno de los recursos más importantes para el desarrollo de un país y en el caso de África, donde la gran mayoría de la población trabaja en el campo, las exportaciones agrícolas podrían resultar cruciales.

Por último, el impacto del SIDA ha sido en el África subsahariana mucho más destructivo que en cualquier otra región del planeta. Se calcula que más de 25 millones de africanos son seropositivos, que más de tres millones se infectan cada año y que más de dos millones mueren. El problema es grave sobre todo en los países del África oriental y meridional, donde la población adulta está infectada en un porcentaje del 20 % o del 30 %. Puesto que la vía de contagio es en África básicamente heterosexual, la enfermedad afecta sobre todo a las mujeres, más susceptibles de ser contagiadas por esta vía. La difusión de otras enfermedades de transmisión sexual, debida a la falta de atención médica y de antibióticos, facilita el contagio. Y a su vez el SIDA y la desnutrición se refuerzan mutuamente. Los enfermos rinden menos en el trabajo y ganan menos, lo que se traduce en una peor alimentación de sus familias, mientras que, por otra parte, los individuos seropositivos son más propensos a desarrollar la enfermedad si están debilitados por la desnutrición.

Los efectos económicos y sociales del SIDA son tanto más graves porque éste afecta sobre todo a las personas en edad laboral y una de sus terribles secuelas es la proliferación de huérfanos. El SIDA ha provocado ya un retroceso de la esperanza de vida en algunos países. Para hacer frente a la amenaza es importante que se difundan también en África las medicinas adecuadas, lo que requiere una gran ayuda internacional, y es necesario sobre todo que se reduzca la práctica del sexo inseguro. Las tres grandes vías de la prevención son la abstinencia, la fidelidad a la pareja y el uso de preservativos, pero son pocos los gobiernos que, como el de Uganda, se han decidido a lanzar una campaña de información a la población. Muchos otros han preferido ignorar el problema.

No todo ha sido sin embargo negativo en África durante los últimos años. Un gran éxito ha sido la democratrización de la República Sudafricana, un Estado basado en la hegemonía de la minoría blanca y en una extremada segregación racial, que se ha transformado pacíficamente en una democracia multiétnica. La iniciativa del cambio la tomó Frederik de Clerk, presidente de 1989 a 1994, que inició el diálogo con la principal fuerza de la oposición al régimen, el Congreso Nacional Africano. Pero el gran héroe de la transición democrática ha sido Nelson Mandela, antiguo dirigente de las guerrillas del Congreso Nacional Africano, quien tras pasar casi tres décadas en prisión fue el vencedor de las primeras elecciones multirraciales celebradas en 1994 y, como presidente del país hasta 1999, aseguró que la transición fuera pacífica y se respetaran los derechos de la minoría blanca.

La nueva Sudáfrica no carece de problemas. La clase media negra ha prosperado mucho en los últimos años, debido a la política del Congreso de favorecer su acceso a puestos de responsabilidad a través de medidas de discriminación positiva, pero buena parte de la población sigue viviendo en la pobreza, mientras que la incidencia del SIDA es altísima y los niveles de criminalidad violenta muy elevados. Con todo, Sudáfrica es el país más próspero del África subsahariana, tiene un gobierno democrático, un poder judicial independiente y una prensa libre. Por todo ello constituye el mejor ejemplo a seguir para todo el continente.

LOS CONFLICTOS TRAS EL FIN DE LA GUERRA FRÍA

JUAN AVILÉS

Naturaleza y causas de los conflictos actuales

El final de la Guerra Fría despertó muchas esperanzas de paz mundial. El espectro de una guerra nuclear entre los bloques occidental y soviético —que nunca llegó a estar cerca de materializarse, pero que había representado un peligro permanente durante cuatro décadas— desapareció definitivamente. Los países más desarrollados ya no tendrían que temer ningún tipo de ataque bélico y nadie suponía entonces que el terrorismo internacional pudiera convertirse en un sucedáneo de guerra. Se esperaba además que el final de la Guerra Fría redujera también la incidencia de los conflictos en los países en desarrollo, conflictos que se habían visto estimulados por el apoyo occidental o soviético a uno u otro de los contendientes. Tras el hundimiento del comunismo cabía suponer que la idea de la revolución social no estimulara ya la aparición de movimientos insurreccionales o focos guerrilleros como los que durante las décadas anteriores habían aparecido en muchas partes del mundo, desde Vietnam a América Central. Y tras la desaparición de la amenaza comunista era de esperar que las potencias occidentales no siguieran respaldando a regímenes autoritarios, corruptos y ferozmente represivos cuyo único mérito estribaba en su anticomunismo. Era por el contrario posible que, bajo la égida de una ONU ya no paralizada por el enfrentamiento Este-Oeste, la comunidad internacional fuera en adelante capaz de intervenir eficazmente en la prevención y resolución de conflictos, habitualmente a través de la mediación y excepcionalmente mediante intervenciones armadas para imponer la paz, debidamente autorizadas por el Consejo de Seguridad.

A comienzos del siglo XXI podemos comprobar que tales esperanzas sólo se han cumplido en parte. Después de 1991 no se han producido en el mundo grandes guerras, como la de Corea, la de Vietnam o la que enfrentó a Iraq e Irán. Ciertamente los países desarrollados no están amenazados por ningún ejército extranjero, aunque sí por el terrorismo. Y en algunas regiones del mundo, como América Latina, los conflictos se han hecho mucho menos frecuentes. Pero lo cierto es que desde 1991 la paz mundial se ha visto afectada por más de cuarenta conflictos lo suficientemente graves como para poder ser definidos como guerras. Algunos habían comenzado con anterioridad y terminaron a comienzos de los años noventa, como ha sido el caso de los conflictos centroamericanos. Otros surgieron como consecuencia del hundimiento del comunismo, y más concretamente de la desintegración de Yugoslavia y de la Unión Soviética. Pero muchos otros han surgido por motivos —como el fracaso de algunos Estados o el choque de identidades— que siguen teniendo plena vigencia en el siglo XXI.

De acuerdo con los criterios del Peace Research Institute de Oslo, cuya base de datos utilizaremos para el análisis de los conflictos de los años noventa, la guerra puede definirse como un enfrentamiento armado por el control del gobierno de un Estado o por la posesión de un territorio, que produce un mínimo de mil muertes anuales en combate. Si tenemos en cuenta el número de guerras y no su intensidad podemos observar que su incidencia se agravó al final de la Guerra Fría, como puede verse en el gráfico 4.21. El número más alto de conflictos armados se dio en 1992, año en el que se podían contabilizar 53 (incluyendo tanto guerras como conflictos de intensidad menor), pero a partir de entonces la tendencia ha sido descendente y en el año 2002 se contabilizaron sólo 31, la cifra más baja desde 1977.

Un rápido repaso a las guerras de los años noventa en las cinco regiones definidas en el gráfico, puede servir de base para el análisis del fenómeno. En el caso de Europa, todas las guerras del período han surgido o bien en la antigua Yugoslavia o bien en la región caucásica de la antigua Unión Soviética, y en ese sentido son el resultado de la desaparición del orden político legitimado por la ideología comunista. Pero todos esos conflictos han sido también el resultado de enfrentamientos entre grupos étnicos, a veces diferenciados fundamentalmente por rasgos religiosos, y esto responde a una pauta general. Si las guerras civiles de buena parte del siglo XX surgieron sobre todo de enfrentamientos entre ideologías rivales, los conflictos de estos últimos años han surgido en su mayoría de choques entre grupos definidos por su identidad nacional, étnica o religiosa. Por último hay que subrayar la internacionalización de los conflictos de la antigua Yugoslavia, pues tanto en Bosnia como en Kosovo fue la intervención armada internacional la que puso fin al conflicto. En 2004 el único de estos conflictos que sigue activo es el de Chechenia, pero en casi ninguno de los casos se ha llegado a una solución definitiva aceptada por todas las partes.

En América Latina, el fin de la Guerra Fría tuvo un efecto positivo, ya que los conflictos latinoamericanos de las décadas anteriores, a partir del triunfo de la revolución castrista en Cuba, habían sido fundamentalmente conflictos de tipo ideológico entre los partidarios de la revolución social y sus enemigos. El último de los conflictos centroamericanos, el de Guatemala, concluyó mediante un acuerdo, mientras que en Perú el Estado logró derrotar a las guerrillas de Sendero Luminoso. El único conflicto grave que se mantenía activo a comienzos del siglo XXI era el de Colombia, donde las guerrillas izquierdistas de las FARC y el ELN y las derechistas de las Autodefensas disponen de importantes fuentes de financiación procedentes del narcotráfico, sobre todo, y también del secuestro y la extorsión.

El número de conflictos ha aumentado en la década de los noventa en el África subsahariana, donde se combatieron una quincena de guerras. Con excepción de la guerra entre Etiopía y Eritrea, surgida de una disputa fronteriza después de la secesión de la segunda respecto a la primera, todas las demás han sido guerras civiles, aunque en la República Democrática del Congo (antes Zaire) han intervenido tropas de los países vecinos. En general, estas guerras han surgido de dos factores: por un lado, de la rivalidad entre grupos étnicos, y sobre todo del fenómeno que se suele denominar del Estado fallido, es decir la situación en que un Estado se muestra incapaz de cumplir sus funciones básicas en partes importantes de su territorio, lo que facilita la aparición de grupos que desafían por la fuerza su autoridad. Con todo, buena parte de estos conflictos han concluido y a comienzos del siglo XXI la incidencia de la guerra en África es menor que diez años antes.

Los conflictos en la gran área de población musulmana que se extiende por el África del norte, el Próximo Oriente y el Asia central reciben una especial atención en los medios de comunicación de todo el mundo. Se trata de un área que, sobre todo en su núcleo central, tiene una especial importancia estratégica, debido a que se trata del principal centro de exportación del petróleo del mundo, y además ha sido el lugar de origen de la corriente salafista yihadista que ha inspirado el terrorismo internacional de estos últimos años. Durante los años noventa, seis de esos conflictos podían ser definidos como guerras. La guerra de Iraq de 1991 ya ha sido analizada en este libro y más adelante analizaremos las últimas fases de los conflictos de Afganistán e Iraq, el caso de Argelia y también el conflicto israelí-palestino, que sin alcanzar la dimensión de una guerra presenta una gran relevancia en el panorama de las relaciones internacionales.

Finalmente, otras ocho guerras se desarrollaron durante los años noventa en Asia meridional y oriental. Se trató de conflictos civiles, aunque el caso de Cachemira tiene una dimensión internacional, ya que enfrenta a India y Pakistán. Con la única excepción del protagonizado por la guerrilla filipina del Ejército de Liberación del Pueblo (PLA), comunista, todos los demás tienen una raíz étnica.

La localización de los conflictos ofrece una clara indicación acerca de sus causas. La gran mayoría de ellos tienen lugar en Asia y África, es decir en países en desarrollo. Todo parece indicar que existe un círculo vicioso en el que el atraso económico, la incapacidad de los Estados para promover el desarrollo y la aparición de conflictos se refuerzan mutuamente. Basándose en modelos econométricos del Banco Mundial, Macartan Humphreys, de la Universidad de Harvard, estima la probabilidad de que en los próximos cinco años surja una guerra civil en un país es tanto mayor cuanto menor es su PIB por habitante, situándose en un 15 % en el caso de un país con menos de 250 dólares, y en menos del 1 % en el caso de un país con más de 5.000 dólares

Otro equipo de estudiosos, del grupo Population Action International, ha identificado un factor demográfico en la aparición de conflictos, que surge en una etapa intermedia de la transición demográfica, es decir en el momento en que la mortalidad se ha reducido ya significativamente, pero la fertilidad sólo ha comenzado a declinar, situación en la que se hallan hoy muchos países en desarrollo. Durante esa etapa el porcentaje de jóvenes adultos, es decir personas entre 15 y 29 años, resulta extraordinariamente elevado. En los países desarrollados los jóvenes adultos representan en torno al 25 % de la población, mientras que en los países en desarrollo pueden representar el 40 % e incluso el 50 %. Esto genera graves problemas de desempleo juvenil y en general de integración de los jóvenes en la sociedad. Ahora bien, la mayor propensión de los jóvenes varones a la violencia representa una constante universal, por lo que cabe esperar que las sociedades con un elevado porcentaje de jóvenes sean más propicias al surgimiento de conflictos armados. La tabla siguiente muestra que así ha sido en los últimos años.

Los países con más del 40 % de jóvenes tenían el triple de posibilidades de presenciar la aparición de un nuevo conflicto civil armado (tal como antes lo hemos definido) que aquellos con menos de un 30 % de jóvenes. Ahora bien, en 1995 había en el mundo 103 países con más del 40 % de jóvenes y en 2005 se estima que serán 95. Esto significa que, al margen de factores ideológicos, que sin duda son importantes, hay motivos para suponer que en los próximos años seguirán surgiendo con frecuencia conflictos armados en los países en desarrollo. Cierto es que la transición demográfica avanza rápidamente y que en muchos países en desarrollo, sobre todo en Asia y en América Latina, la natalidad se está reduciendo mucho. Sin embargo hay que considerar que entre el inicio de la caída de la natalidad y la reducción del porcentaje de jóvenes han de pasar varios lustros. Por otra parte, la correlación que hemos mencionado se refiere a la aparición de nuevos conflictos, no al mantenimiento de los iniciados con anterioridad, que adquieren una dinámica relativamente independiente de las condiciones sociales que los han generado.

Nacionalismo y poscomunismo: Yugoslavia

Las guerras que a lo largo de los años noventa se sucedieron en el territorio de la antigua Yugoslavia fueron características de la nueva situación internacional surgida al final de la Guerra Fría. Su origen se encuentra en el hundimiento del comunismo, la ideología que daba legitimidad al régimen yugoslavo, y en el choque de aspiraciones nacionalistas contrapuestas, que resulta un fenómeno muy frecuente en los últimos años. Fueron también significativas tanto de los esfuerzos de los organismos internacionales, en concreto la ONU y la OTAN, para poner fin a los conflictos locales como de las dificultades que ello conlleva. Y por último demostraron la incapacidad de la Unión Europea para resolver un conflicto en el corazón de Europa sin contar con la intervención militar de Estados Unidos, por lo que contribuyeron a que se percibiera la necesidad de sentar las bases de una política exterior y de seguridad común europea.

El Estado yugoslavo, fundado en 1918 y destruido durante la Segunda Guerra Mundial, durante la cual se produjeron feroces luchas entre los propios yugoslavos, fue reconstruido tras ésta por el dirigente comunista Josip Broz, más conocido como Tito. Bajo su dirección surgió un sistema federal, integrado por seis repúblicas dotadas de amplia autonomía, cuyo aglutinante era el partido único, la Liga de los Comunistas de Yugoslavia. Tito murió en 1980, tras treinta y cinco años de poder personal, y el Estado yugoslavo no le sobrevivió mucho. A finales de los ochenta, el país se enfrentaba al descrédito de la ideología comunista y a una grave crisis económica, mientras que muchos políticos e intelectuales, algunos de ellos de procedencia comunista, adoptaban un discurso extremadamente nacionalista, que ponía en cuestión la unidad yugoslava y reavivaba el recuerdo de los trágicos enfrentamientos de medio siglo antes.

Este fue el caso de Slobodan Milosevic, dirigente de la República de Serbia, quien obtuvo un gran éxito popular en su campaña para poner fin a los agravios que supuestamente habían sufrido los serbios bajo Tito. Ello afectó sobre todo a la provincia autónoma de Kosovo, que formaba parte de Serbia, pero en la que los serbios eran minoritarios respecto a la mayoría albanesa, de confesión musulmana. En 1989 Serbia suprimió la autonomía de Kosovo, una medida que inquietó a los dirigentes de las repúblicas de Eslovenia y Croacia, que habían adoptado también posiciones nacionalistas y habían comenzado reformas democratizadoras. A su vez, ante el avance del nacionalismo croata, comenzó a movilizarse la minoría serbia de Croacia, que deseaba integrarse en Serbia. En esas circunstancias las instituciones comunes de Yugoslavia se volvieron rápidamente inoperantes y las fuerzas armadas adoptaron mayoritariamente posiciones favorables al nacionalismo serbio.

El resultado fue trágico. Durante los años noventa se combatió sucesivamente en Eslovenia (1991), Croacia (1991 y 1995), Bosnia (1992-1995) y Kosovo (1998-9). La guerra de Bosnia, en particular, ha sido la más sangrienta que se ha combatido en Europa durante el último medio siglo y su episodio más atroz, la matanza de musulmanes tras la toma de Srebrenica por los serbios en julio de 1995, constituyó no sólo el más grave crimen masivo que ha tenido lugar en Europa en dicho período, sino también uno de los momentos más tristes en la historia de la ONU, que dos años antes había declarado a ésta y otras ciudades bosnias áreas seguras, pero se mostró de hecho incapaz de garantizar su seguridad. La guerra de Bosnia condujo también a que, por primera vez en su historia, fuerzas de la OTAN realizaran en 1994 y, sobre todo, en 1995 operaciones de combate, expresamente autorizadas por la ONU. Y por último la guerra de Kosovo ha supuesto una intervención armada de la OTAN sin autorización previa de la ONU y dirigida contra un Estado soberano, la nueva Yugoslavia de Milosevic, en razón de la negativa de éste a dar a un problema interno una solución que garantizara la estabilidad en la zona.

La lucha armada comenzó cuando Eslovenia y Croacia declararon su independencia en 1991. En Eslovenia no hubo casi combates, pero el enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno croata y las milicias serbias locales, apoyadas por el ejército yugoslavo, se prolongó durante meses y causó unos veinte mil muertos. Finalmente se llegó a un alto el fuego que de hecho significó la separación de las regiones de mayoría serbia, que no fueron recuperadas por los croatas hasta que la guerra se reanudó en 1995.

Debido en parte a la insistencia de Alemania, la independencia de Eslovenia y Croacia fue reconocida internacionalmente en 1992. De las restantes repúblicas, Serbia y Montenegro se mantuvieron unidas en una pequeña Yugoslavia, mientras que Macedonia y Bosnia optaron por la independencia. Macedonia, mayoritariamente eslava pero con una importante minoría albanesa, logró consolidar su independencia con cierta facilidad, pero en Bosnia estalló el enfrentamiento entre las tres comunidades étnico-religiosas que conviven en su territorio: musulmanes, croatas (de tradición católica) y serbios (de tradición ortodoxa). Musulmanes y croatas votaron por la independencia pero la minoría serbia se alzó en armas inmediatamente. Los combates favorecieron inicialmente a los serbios que, aunque representaban un tercio de la población, lograron hacerse con dos tercios del territorio bosnio y llevaron a cabo una atroz campaña de «limpieza étnica» dirigida a forzar la huida de la población no serbia, mediante matanzas y otras atrocidades. La capital bosnia, Sarajevo, fue sometida a un largo asedio y posiblemente hubiera sido tomada por los serbios de no haberse producido al final una enérgica intervención internacional.

Los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra se realizaron inicialmente bajo el manto de la ONU. Ésta desplegó en Bosnia una fuerza de pacificación internacional, integrada básicamente por tropas europeas; acordó un embargo de armas a los contendientes; impuso sanciones a Serbia y Montenegro por su apoyo a los combatientes serbios de Bosnia; creó un tribunal internacional para los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia; prohibió los vuelos sobre Bosnia para evitar ataques aéreos; declaró varias ciudades bosnias áreas seguras; realizó repetidos intentos de mediación; y autorizó a la OTAN a emplear la fuerza aérea para replicar a ataques.

En 1995 la situación llegó a su máximo deterioro. Los serbios llegaron a tomar como rehenes a 350 miembros de las fuerzas de pacificación de la ONU y, tras conquistar la ciudad musulmana de Srebrenica, asesinaron a su población masculina adulta, ante la impotencia de las tropas holandesas de la ONU allí desplegadas. Ello provocó finalmente una fuerte reacción internacional liderada por el presidente Clinton. La aviación de la OTAN se empleó por primera vez a fondo, al tiempo que croatas y musulmanes lanzaban una ofensiva coordinada. Tras ello la presión norteamericana logró que los presidentes de Serbia, Croacia y Bosnia firmaran en Estados Unidos los acuerdos de Dayton, que los serbios de Bosnia se vieron obligados a aceptar al haberlo hecho Milosevic. La solución acordada en Dayton suponía que el gobierno central de Bosnia tendría unas atribuciones muy limitadas, quedando el país integrado por dos entidades autónomas: una federación croata-musulmana, con el 51 % del territorio, y una república serbia, con el 49 %. Una fuerza de la OTAN garantizaría la aplicación de los acuerdos. Casi diez años después éstos siguen en pie, aunque Bosnia es un Estado frágil, en el que las tensiones entre las tres comunidades que lo integran siguen sin superarse.

Milosevic, uno de los grandes impulsores de la guerra, había logrado aparecer en Dayton como uno de los garantes de la paz. Pero quedaba la cuestión de Kosovo. Tras la supresión en 1990 de la autonomía de que hasta entonces había gozado esta provincia, la población albanesa, ampliamente mayoritaria en ella, vio drásticamente reducidos sus derechos. A partir de 1997 comenzó a actuar una guerrilla albano-kosovar, el Ejército de Liberación de Kosovo, y las potencias occidentales optaron por presionar a Yugoslavia para que aceptara una solución negociada. El gobierno de Milosevic parecía sin embargo dispuesto a aplicar en Kosovo el mismo procedimiento que se había aplicado antes en Bosnia, esto es, la limpieza étnica. Ante el espectro de una nueva Bosnia, la OTAN no dudó esta vez. No se admitieron las maniobras dilatorias que habían demorado cuatro años una intervención decisiva en la propia Bosnia. Cuando Serbia rechazó el acuerdo que se le pretendía imponer, comenzaron en marzo de 1999 los ataques aéreos, sin consulta previa al Consejo de Seguridad, en el que Rusia y China se habrían opuesto. Tras dos meses de bombardeos, Milosevic cedió y el Consejo de Seguridad de la ONU aceptó los hechos consumados, situando a Kosovo bajo control internacional.

Cinco años después, el problema de Kosovo sigue pendiente. Milosevic, derrotado en unas elecciones, está siendo juzgado por el tribunal internacional para los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. Kosovo sigue formando parte en teoría del Estado que ya no se denomina Yugoslavia sino Serbia y Montenegro, pero la población albano-kosovar no acepta esa situación y la tensión étnica sigue siendo muy alta en la provincia, que se mantiene bajo control internacional.

Etnicidad y genocidio: Ruanda

En una década como la de los noventa, en la que abundaron los conflictos atroces, la peor atrocidad tuvo lugar en Ruanda, donde en cien días fueron asesinadas más de medio millón de personas, en uno de los peores genocidios de la historia. El caso ruandés llevó al paroxismo la tendencia asesina impulsada por el exclusivismo identitario, ya sea nacional, étnico o religioso, que ha estado detrás de la mayoría de los conflictos de estos últimos años.

En Ruanda, como en el vecino Burundi, se distinguen dos grandes grupos étnicos, los mayoritarios hutus y los minoritarios tutsis. Estos últimos integraban la aristocracia dominante en los reinos precoloniales. Al final de la dominación colonial belga, los tutsis mantuvieron el poder en Burundi, pero fueron desplazados en Ruanda por los hutus. En ambos países el grupo dominante utilizó la violencia para mantener su poder y en el caso de Ruanda muchos tutsis se exiliaron. En 1990 una guerrilla tutsi, el Frente Patriótico de Ruanda, invadió el país desde sus bases en Uganda, y sus éxitos en combate llevaron en 1993 a un acuerdo de paz, en el que se preveía la formación de un gobierno de transición, integrado por los diversos sectores de la sociedad ruandesa. Para contribuir a la pacificación, la ONU envió una pequeña fuerza bajo el mando de un general canadiense. El régimen dictatorial de Ruanda no era sin embargo favorable a la puesta en práctica del acuerdo y en su seno fue cobrando fuerza una tendencia racista dispuesta a acabar con la población tutsi. Los racistas lanzaron una gran campaña de odio hacia los tutsis, sobre todo a través de la radio, comenzaron a organizar milicias y les distribuyeron armas.

El pretexto para el genocidio vino del asesinato, todavía no aclarado, del dictador. Los racistas hutus se hicieron con el control del gobierno, asesinaron a los políticos moderados y lanzaron un llamamiento para que la población hutu se sumara a la matanza de tutsis iniciada por las milicias, conocidas como Interhamwe (los que matan juntos). Durante cien días hombres, mujeres y niños tutsis fueron asesinados, junto a los hutus opuestos al genocidio. Se calcula que murieron más de medio millón de personas, entre los que se encontraban más de la mitad de los tutsis del país. Fueron también asesinados diez soldados belgas de la fuerza de pacificación, pero las peticiones de refuerzos del general que la mandaba no fueron atendidos por la ONU, es decir, por las grandes potencias.

Los genocidas demostraron sin embargo ser pésimos combatientes y fueron barridos por las guerrillas del Frente Patriótico de Ruanda. Muy tardíamente Francia desplegó tropas en el suroeste del país, en una acción que resultó muy polémica, porque sirvió para facilitar la huida masiva de genocidas hacia el Congo. El país quedó pronto bajo el control del Frente Patriótico de Ruanda.

El régimen instaurado por los vencedores, liderado por Paul Kagame, se ha esforzado por eliminar del lenguaje público toda referencia a la distinción de etnias entre ruandeses y ha iniciado la ardua labor de procesar a los responsables del genocidio. Por otra parte, ha intervenido en el vecino Zaire para exterminar las milicias racistas que lo utilizaban como base para sus incursiones, una intervención que dio origen a la compleja guerra civil de aquel país. La herencia del genocidio tardará mucho tiempo en superarse.

Las fronteras del islam: Palestina, Chechenia y Cachemira

En 1993 el politólogo norteamericano Samuel Huntington publicó un célebre artículo, luego transformado en libro, que originó un gran debate. Su tesis era que acabada la época del choque de las ideologías, dominante en la historia del siglo XX, se entraba en la del choque de las civilizaciones. Es decir, que los grandes conflictos del futuro se iban a producir como consecuencia del enfrentamiento entre las grandes culturas milenarias en las que se divide la humanidad. En efecto, los conflictos de los últimos años han surgido en gran medida de los choques de identidad cultural, pero la gran cuestión es si el enfrentamiento es entre las grandes civilizaciones, como como sostiene Huntington, o si más bien los conflictos surgen entre comunidades nacionales, étnicas o religiosas mucho más pequeñas. Las guerras de Yugoslavia podían interpretarse, forzando la realidad, como un choque entre tres civilizaciones: la occidental (representada por los croatas), la islámica (representada por los musulmanes de Bosnia) y la cristiana ortodoxa (representada por los serbios). Pero muchos otros conflictos, la mayoría de los de África por ejemplo, no pueden en modo alguno interpretarse de esta manera.

El tema se plantea sobre todo en relación con el islam, que según Huntington tiende a chocar con Occidente, debido a la naturaleza universalista y a la vez contrapuesta de ambas civilizaciones. Ahora bien, el terrorismo yihadista, que ha adquirido tanta notoriedad a partir del 11-S, parte evidentemente del postulado de la incompatibilidad entre el mundo islámico y el mundo de los infieles y preconiza un enfrentamiento total contra Occidente. Así es que Osama Bin Laden coincide con Huntington en la tesis del choque de civilizaciones, por lo que resulta particularmente importante establecer si dicha tesis tiene fundamento. El resto de este capítulo girará en torno a esa cuestión.

Una primera observación es que algunos de los conflictos más graves del mundo actual han surgido en las líneas de frontera entre el islam y otras civilizaciones. Grupos guerrilleros y terroristas luchan en nombre de poblaciones musulmanas contra los rusos ortodoxos en Chechenia, contra los judíos en Palestina, contra los hinduistas en Cachemira y contra los filipinos católicos en Mindanao. ¿Es esto una prueba de la inevitable beligerancia del islam contra todos sus vecinos? En realidad, no. Más bien se trata de conflictos locales, surgidos en regiones poco desarrolladas, en los que el elemento islámico no era en su origen más que un elemento definidor de la identidad étnica de una de las partes en conflicto. La Organización para la Liberación de Palestina, por ejemplo, no nació de una ideología islamista, sino de una ideología nacionalista, es decir de la aspiración de los palestinos a construir su propio Estado. Es cierto, sin embargo, que en los últimos tiempos, el elemento islamista ha cobrado fuerza en todos esos conflictos. De hecho se puede afirmar que la propuesta de Al Qaeda consiste en englobarlos todos en una gran lucha a nivel planetario. Pero, como veremos más adelante, el gran objetivo de Al Qaeda no es la derrota de Occidente, sino el sometimiento de todo los países musulmanes a un nuevo califato islamista, que supuestamente devolvería al islam la pureza de sus orígenes.

En estos últimos años ha jugado un papel particularmente relevante el conflicto entre Israel y los palestinos. No por el número de víctimas que ha causado, relativamente pequeño en comparación con muchos otros casos, de tal manera que no entra siquiera en la categoría de guerra, sino por su impacto en la opinión pública mundial, especialmente en la opinión árabe. El hecho de que un puñado de judíos, un grupo étnico que durante siglos ocupó una posición subordinada en las sociedades musulmanas y era por tanto objeto de desprecio, haya podido crear un Estado en tierras que fueron árabes, desplazando a muchos de sus habitantes, representa una humillación en la conciencia de todo el mundo árabe. Y el hecho de que Israel tenga el pleno respaldo de Estados Unidos lo convierte, a ojos de muchos árabes, en la punta de lanza del imperialismo occidental. De ahí que los sufrimientos de los palestinos en los territorios ocupados, captados en duras imágenes difundidas por las cadenas de televisión, despierten las pasiones de todos los musulmanes, mucho más que las atrocidades que se producen en cualquier otro lugar del mundo,

Una de las esperanzas surgidas tras el fin de la Guerra Fría fue que este conflicto, con más de medio siglo de existencia, podía concluir con una solución negociada. Vencedor en la guerra del Golfo, George Bush utilizó toda la influencia que había adquirido en la región para impulsar una negociación. Un primer paso se dio con la conferencia de Madrid de 1991, pero fueron negociaciones bilaterales llevadas a cabo en Oslo entre israelíes y palestinos las que condujeron a un principio de acuerdo, firmado en 1993 bajo en patrocinio de Clinton. En sustancia los acuerdos de Oslo suponían, por parte de los palestinos, el reconocimiento del Estado de Israel, y por parte de los israelíes el reconocimiento del derecho palestino al autogobierno. A partir de ahí se inició un largo y complejo proceso de desarrollo de los acuerdos, cuyo paso más importante fue una retirada parcial israelí de los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, que hizo posible el establecimiento de una Autoridad Palestina, dotada de ciertas competencias para el gobierno de los territorios. En 1996 Yassir Arafat fue elegido por sus conciudadanos como su primer presidente.

A medio plazo, el proceso de paz implicaba para los israelíes la renuncia a Cisjordania y Gaza, donde desde 1967 se habían establecido numerosos colonos judíos, y para los palestinos la renuncia al retorno al territorio del actual Israel, del que proceden muchas familias. Para los extremistas de uno y otro bando, ello representaba una traición. Yitzhak Rabin, el jefe de gobierno laborista que había firmado el acuerdo, fue asesinado por un extremista israelí en 1995. Y por esas mismas fechas las organizaciones islamistas palestinas, especialmente Hamas, lanzaron una ofensiva terrorista en las ciudades israelíes, basada en atentados suicidas. Ello contribuyó a que el Likud, el partido de la derecha, ganara las elecciones de 1996.

El proceso de paz recobró impulso cuando en 1999 los laboristas volvieron al poder con Ehud Barak y Clinton utilizó toda la influencia de Estados Unidos para que se lograra un acuerdo final. Arafat no estaba sin embargo dispuesto a ceder respecto al crucial problema del derecho al retorno, que los israelíes consideran una amenaza a la preponderancia judía en el propio Estado de Israel, ni tampoco en el complejo tema de Jerusalén. Optó por recurrir de nuevo a la presión violenta, en la esperanza de que ello le daría mejores cartas para una futura negociación. Un provocativo gesto simbólico del líder del Likud, Ariel Sharon, una visita a la explanada de las mezquitas de Jerusalén, sirvió de pretexto para el lanzamiento de la llamada Intifada de Al Aqsa en el año 2000. Pero a diferencia de la primera Intifada, la de 1987, ésta no consistió en una insurrección popular, sino en una ofensiva de las organizaciones armadas palestinas. Muy pronto el papel más activo correspondió a las organizaciones islamistas, principales impulsoras del terrorismo suicida. A ello respondió el gobierno de Sharon, vencedor en las elecciones de 2001, con duras represalias militares y con el asesinato de los promotores del terrorismo. Arafat quedó aislado en su cuartel general, hasta su muerte en 2004. Y los nuevos sufrimientos de los palestinos pudieron ser utilizados por los partidarios de la yihad global como reclamo ante la opinión árabe.

Un conflicto mucho más sangriento y que también ha atraído la atención de los yihadistas internacionales, que han enviado combatientes a luchar allí, es el de Chechenia. Su origen remoto se puede situar en la conquista rusa de Chechenia, que tuvo lugar en 1859, como parte del prolongado proceso de expansión rusa hacia el sur, que incorporó extensos territorios de población musulmana al imperio de los zares. A diferencia de otros territorios musulmanes, Chechenia no tuvo en la época comunista el estatus de República Soviética, que al disolverse la URSS condujo a la independencia de los territorios que lo ostentaban, pero a pesar de ello declaró unilateralmente su independencia en 1991. Chechenia se convirtió muy pronto en un foco de inestabilidad para toda la región caucásica del sur de Rusia y para poner fin a esa situación Yeltsin optó en 1994 por una intervención militar. Tras dos años de guerra, con un balance de más de cincuenta mil muertes, se llegó en 1996 a un acuerdo de tregua, que no prejuzgaba el estatus futuro del territorio. La tregua se rompió en 1999, como consecuencia de incursiones chechenas en el vecino Daguestán y de dos atentados, no reivindicados, que destruyeron sendos edificios de viviendas en Moscú. A finales de ese año se produjo una segunda intervención militar rusa que condujo a la ocupación de la mayor parte del territorio.

La dura represión rusa, que ha ido acompañada de numerosas violaciones de los derechos humanos, no ha logrado la pacificación de la región. Los combates propiamente dichos han cesado, pero continúan las acciones terroristas, incluidos los atentados, a menudo suicidas, contra objetivos civiles rusos fuera de Chechenia. La acción más despiadada tuvo lugar en 2004, cuando un comando terrorista se apoderó de una escuela en la región de Osetia del Norte, vecina a Chechenia, y tras unos días de asedio terminó provocando la muerte de centenares de niños.

A la altura de 2004 la situación parece en cambio estar mejorando en Cachemira. Territorio de población mayoritariamente musulmana, pero incorporado a la Unión India en el momento de la independencia, Cachemira quedó dividida por la línea del cese el fuego de 1949, tras la primera guerra indo-pakistaní, a la que seguirían otras dos en 1965 y 1971, sin que se haya llegado a un acuerdo entre ambas partes acerca de las fronteras definitivas. La parte india, que cubre la mayor parte del territorio, constituye el Estado de Jammu y Cachemira, en el que a finales de los años ochenta se inició un movimiento insurreccional apoyado por Pakistán.

En los primeros tiempos de la insurrección jugaron un gran papel los independentistas del Frente de Liberación de Jammu y Cachemira, pero últimamente los más activos son los grupos islamistas con base en el vecino Pakistán. Ello ha contribuido a la tensión entre India y Pakistán, dos Estados dotados de armamento nuclear, que en los últimos años han mantenido frecuentes enfrentamientos armados a lo largo de la línea fronteriza, sin llegar a una guerra declarada. Los insurrectos cachemires utilizan frecuentemente métodos terroristas y han realizado matanzas de civiles, mientras que las fuerzas indias han sido acusadas de violaciones de los derechos humanos. A su vez, las autoridades indias han denunciado la continua infiltración de terroristas desde el país vecino e incluso han acusado a Pakistán de complicidad. Se han producido además atentados fuera de Cachemira, incluido un ataque contra el parlamento de Nueva Delhi en 2001.

El conflicto de Cachemira, que ha causado en torno a 50.000 muertes en su fase reciente, es decir desde 1989, ha decrecido en intensidad a partir de 2001. Por otra parte, un acuerdo de alto el fuego entre India y Pakistán en 2003 ha devuelto la tranquilidad a las áreas fronterizas y ha permitido a las fuerzas indias mejorar su dispositivo de vigilancia fronterizo, con lo que han disminuido las infiltraciones. Un definitivo acuerdo indo-pakistaní sobre Cachemira no parece en la actualidad imposible, aunque no será fácil.

La yihad terrorista: el «enemigo cercano» y el «enemigo lejano»

Tras el final de la Guerra Fría, los Estados más desarrollados se encontraron en la situación, muy poco común en la historia, de no verse enfrentados a amenaza bélica alguna. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, de una magnitud desconocida hasta entonces, pusieron sin embargo de manifiesto que incluso el corazón de la primera potencia mundial era vulnerable ante el terrorismo.

Acerca del terrorismo global existen dos interpretaciones contrapuestas muy difundidas. La primera, partiendo del hecho de que los terroristas internacionales son hoy todos musulmanes, como también lo son la mayoría de los terroristas locales, concluye que se trata de una manifestación de un problema más hondo, el presunto choque de civilizaciones entre el islam y Occidente y también entre el islam y otras culturas, como la hindú. La segunda, partiendo del hecho de que las raíces del terrorismo se hallan en países en desarrollo afectados por graves problemas socioeconómicos, tiende a interpretarlo como una forma de lucha contra un orden internacional injusto, un combate antiiimperialista análogo en sus causas profundas al de las guerrillas revolucionarias de hace treinta años.

La tesis del choque de civilizaciones, popularizada por Huntington, representa una simplificación. Aplicada al caso del terrorismo de inspiración islamista, supone olvidar que en su origen éste representa un conflicto civil dentro de las propias sociedades musulmanas. Los primeros teóricos egipcios de la yihad terrorista postularon la necesidad de combatir fundamentalmente al «enemigo cercano», es decir a los Estados musulmanes supuestamente infieles al mensaje coránico, y fue el fracaso de esta estrategia, en el propio Egipto y en otros países como Argelia, el que condujo a que se impusieran las tesis de Al Qaeda, que priman el combate contra el «enemigo lejano», es decir los Estados no musulmanes.

La tesis del antiimperialismo implica una negativa a entender la importancia de los factores ideológicos en los movimientos sociales. De acuerdo con una perspectiva muy difundida en Occidente, la injusticia social genera naturalmente rebeldía, mientras que las creencias religiosas tienen escasas implicaciones para la vida real. En la génesis del terrorismo internacional, el factor islamista no tendría pues tanta importancia como las circunstancias socioeconómicas de los países musulmanes y sobre todo, en la versión más radical de esta tesis, el impacto del imperialismo occidental. El problema es que esto difícilmente permite entender el éxito del islamismo, que carece de un programa socioeconómico propio y se centra en la imposición de la ley islámica tradicional (sharia) y de unas estrictas normas morales supuestamente derivadas de la lectura literal del Corán. Un caso extremo fue el del régimen talibán, que centró todos sus esfuerzos en la policía de las costumbres, desentendiéndose de la economía afgana.

La comprensión del actual terrorismo yihadista requiere superar estas tesis esquemáticas y efectuar un análisis más específico de sus fundamentos ideológicos, de las circunstancias sociales y culturales que lo favorecen y de sus estructuras organizativas. La ideología que inspira acciones terroristas como las del 11-S en Estados Unidos o el 11-M en España es el salafismo yihadista. El término salafismo, que alude a los primeros seguidores de Mahoma, se utiliza para definir un movimiento que pretende devolver al islam la pureza de sus orígenes, basándose en una lectura literal del Corán y de los dichos del Profeta, y rechazando no sólo todas las innovaciones derivadas de la influencia occidental, sino también toda la cultura que los musulmanes han venido elaborando con posterioridad al momento fundacional. Se trata pues de una variante musulmana de un fenómeno más amplio como es el fundamentalismo religioso. Su atractivo se basa en su simplicidad, ya que parece ofrecer una respuesta unívoca a todos los dilemas morales que plantea la vida. Al no estar ligado a la tradición cultural específica de ningún país, resulta especialmente atractivo para aquellos jóvenes musulmanes desarraigados de sus culturas de origen por la emigración, a los que ofrece una integración en la comunidad musulmana universal (umma). Puesto que desprecia todo el debate teológico que se ha producido a lo largo de los siglos, a favor de una lectura supuestamente literal de los textos fundacionales, se presta especialmente a la formación autodidacta de pequeños grupos que redescubren el islam al margen de los cauces oficiales.

Para conseguir que los musulmanes retornen a sus orígenes, los salafistas pueden recurrir a dos vías, la de la predicación (dawa) y la del combate (yihad), y este último se puede dirigir contra el enemigo cercano, los falsos musulmanes, o el lejano, los infieles. Los primeros propagandistas del salafismo yihadista, fundamentalmente egipcios, subrayaron la importancia del enemigo cercano, mientras que los líderes de Al Qaeda, el saudí Osama Bin Laden y el egipcio Ayman Al Zawahiri, han dado prioridad al enemigo lejano.

Esto supone pasar de una lucha por un objetivo político, el establecimiento de un Estado islamista en un determinado territorio, Egipto, Argelia o Afganistán, a una lucha global, en la que el hecho mismo del combate tiene más importancia que la estrategia política, que apenas es esbozada. La reconstrucción del califato, es decir la sumisión de todos los musulmanes a una autoridad única que reinstaurara la pureza del islam primigenio, representa un proyecto a largo plazo, quizá más mesiánico que político, cuyos pasos intermedios ningún teórico yihadista se ha molestado en trazar.

De acuerdo con una encuesta realizada en 2004 por The Pew Research Center, el 11 % de los turcos, el 45 % de los marroquíes, el 55 % de los jordanos y el 65 % de los pakistaníes, tienen una opinión favorable de Bin Laden. De ello cabe deducir que en muchos países musulmanes existe un caldo de cultivo favorable para la difusión de la ideología yihadista. Entre los factores que pueden contribuir a ello, algunos ya han sido mencionados al analizar los orígenes de los conflictos actuales, mientras que otros son específicos del mundo islámico. Podemos destacar tres.

En primer lugar, el problema ya citado de la superabundancia de jóvenes, que encuentran dificultad para obtener un empleo adecuado a sus aspiraciones y, más en general, para incorporarse a la sociedad adulta. La proporción de jóvenes adultos, entre 15 y 29 años, respecto a la población adulta total llega a situarse por encima del 40 % en bastantes países musulmanes. Y la falta de perspectivas puede hacer a algunos más receptivos hacia ideologías radicales como la yihadista.

En segundo lugar, cabe observar que buena parte de los protagonistas de la yihad global son jóvenes musulmanes que residen en Occidente. Casi todos los grandes atentados cometidos en los últimos años en América del Norte y Europa Occidental han sido obra de grupos terroristas que reclutan en las comunidades musulmanas de Occidente o las utilizan como refugio. Esto implica que, en parte, la radicalización que conduce a la yihad terrorista se está produciendo en las sociedades occidentales. Y no se trata necesariamente de inmigrantes recién llegados ni de gente que se encuentre en una situación desesperada. Parece que el salafismo yihadista resulta atractivo para cierto número de musulmanes de Occidente, ya sean estudiantes venidos de países árabes, inmigrantes llegados en busca de trabajo, jóvenes de origen árabe o pakistaní nacidos en Francia o Inglaterra, o incluso conversos. En este caso, el radicalismo yihadista resultaría atractivo para jóvenes que no se sienten integrados en la sociedad en que viven.

Por último es importante tener en cuenta la percepción, ampliamente difundida por los medios de comunicación árabes, tanto radicales como moderados, de que el islam se encuentra acosado y los musulmanes son perseguidos por sus enemigos. Las imágenes procedentes de Palestina, pero también de otros lugares, como Iraq, resultan particularmente significativas a estos efectos. Se trata de un victimismo que en parte tiene una base real, pero también responde a una incapacidad para admitir la parte de responsabilidad que los musulmanes tienen tanto en sus propios problemas como en los conflictos que les enfrentan a otras comunidades, por ejemplo en los casos ya analizados de Palestina, Chechenia y Cachemira.

En cuanto a la estructura organizativa que protagoniza la yihad global, su principal característica parece ser la flexibilidad. A menudo los atentados yihadistas son perpetrados por grupos locales que en determinado momento han entrado en contacto con la red global que tiene como núcleo central a Al Qaeda. Un destacado analista del tema, Marc Sageman, ha identificado cuatro redes dentro de la red de redes del terrorismo yihadista: la estructura central de Al Qaeda, la red árabe del Próximo Oriente, la red magrebí y la red del sudeste asiático. Miembros de la estructura central de Al Qaeda han actuado como coordinadores de las otras redes, pero los miembros de cada una de éstas carecen en general de vínculos entre sí. No se trata por tanto de una estructura rígidamente jerárquica, pero tampoco de un conjunto de grupos independientes ligados tan sólo por una ideología común, sino de una red de redes, muy flexible y descentralizada y que permite iniciativas locales.

La gran aportación del núcleo central de Al Qaeda, surgido entre los voluntarios internacionales que en los años ochenta habían acudido a Afganistán para luchar contra los soviéticos, ha sido la integración de un gran número de grupos locales en una lucha global. La facilidad de comunicaciones que caracteriza al mundo actual ha simplificado esa tarea de integración. Y es importante subrayar que el mensaje de Al Qaeda constituye sobre todo una llamada a matar y morir. El terrorista yihadista parece motivado más por alcanzar el supuesto martirio en la lucha contra los infieles que por contribuir a una precisa estrategia política.

G. W. Bush y la «guerra contra el terror»

Los atentados del 11-S tuvieron una extraordinaria repercusión en Estados Unidos, un país que a lo largo de su historia se ha visto atacado en su propio territorio en contadísimas ocasiones. En realidad el 11-S sólo tiene dos precedentes históricos: el ataque británico sobre Washington en 1814, olvidado por la mayoría de los norteamericanos, y el ataque japonés sobre Pearl Harbour en 1941, que supuso la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y por tanto el inicio de su hegemonía global. Un ataque semejante tenía que conducir a una reevaluación de la política exterior norteamericana, para la cual un objetivo esencial había de ser en adelante la prevención de nuevos atentados. La respuesta del presidente George W. Bush ha sido la llamada «guerra contra el terror» y las líneas maestras de la misma han estado muy influidas por la visión del mundo de los llamados neoconservadores.

El término neoconservador se aplica a un grupo de intelectuales y políticos norteamericanos cuya influencia ha venido creciendo en los últimos años. Una fecha clave fue la creación en 1997 de un think-tank, es decir, un grupo de reflexión, denominado Project for a New American Century (Proyecto para un nuevo siglo americano), algunos de cuyos miembros ostentarían más tarde posiciones clave en el gobierno de George W. Bush. Es el caso del vicepresidente Dick Cheney, del secretario de Defensa Donald Rumsfeld y de su adjunto Paul Wolfowitz. Su visión, que sería asumida por Bush, implicaba la necesidad de que Estados Unidos actuara de manera más enérgica en los asuntos internacionales, a fin de crear un mundo más seguro, que sólo podría basarse en la generalización del sistema democrático. Esto representaba una superación de la reticencia a intervenir militarmente —heredada de la amarga experiencia de Vietnam— que había caracterizado a Estados Unidos durante las últimas décadas, y también una voluntad de intervenir, si era necesario, al margen de las instancias internacionales como la ONU, juzgadas como poco eficaces. Una nueva doctrina militar, basada en el uso de la tecnología más avanzada y en pequeñas unidades muy especializadas, permitiría obtener resultados sin tener que recurrir a envíos masivos de tropas y sin arriesgarse por tanto a un elevado número de bajas norteamericanas.

Un concepto clave de la nueva doctrina norteamericana es el de la guerra preventiva, es decir, de la necesidad de actuar contra los enemigos potenciales antes de que estos lancen el primer ataque. Dos riesgos a los que el gobierno Bush presta una especial atención son la proliferación de las armas de destrucción masiva, es decir de las armas nucleares, químicas, biológicas y radiológicas, y el apoyo de determinados Estados a grupos terroristas. La auténtica pesadilla sería la aparición de grupos terroristas dotados de armas de destrucción masiva. El propio Bush empleó en 2002 el término de «eje del mal» para referirse a Iraq, Irán y Corea del Norte, tres Estados que tienen poco en común, salvo su hostilidad hacia Occidente y su voluntad de dotarse de armas de destrucción masiva.

En la visión de Bush y los neoconservadores, el Oriente Medio representa un escenario crucial por varios motivos. Se trata de una región altamente conflictiva, cuya estabilidad es esencial para la economía mundial, por su papel en el suministro de petróleo, en la que tiene su principal origen del terrorismo yihadista, y en la que se hallan situados dos de los tres Estados del «eje del mal», Iraq e Irán, y un aliado de Estados Unidos particularmente apreciado por los neoconservadores y muy amenazado por su entorno, Israel. No es por tanto sorprendente que las dos guerras iniciadas por Bush tras el 11-S hayan tenido lugar en la región.

La primera, la guerra de Afganistán, tuvo lugar a finales de 2001 y se tradujo en una fácil victoria. El régimen islamista radical de los talibanes, que controlaba la mayor parte de Afganistán desde 1996, albergaba desde esa fecha a Bin Laden, que tenía allí establecidas las bases de entrenamiento de Al Qaeda. La intervención nortemericana pudo por tanto considerarse una respuesta directa a los atentados del 11-S y despertó escasa polémica a nivel internacional. Estados Unidos pudo contar con las fuerzas afganas que en el norte del país mantenían la resistencia contra los talibanes. Ello permitió que se lograra la caída del régimen talibán y la destrucción de las bases de Al Qaeda con una muy limitada participación de fuerzas terrestres norteamericanas. Bastaron los ataques aéreos para abrir el camino a los combatientes de la Alianza del Norte. El propio Bin Laden y muchos de sus seguidores lograron sin embargo ponerse a salvo, refugiándose, según se sospecha, en las difícilmente accesibles áreas montañosas del vecino Pakistán. A partir de entonces, Afganistán se ha pacificado lo suficiente como para permitir la celebración de elecciones libres en 2004.

Mucho más polémica ha resultado la guerra de Iraq. En opinión de los neoconservadores, el sistema de sanciones adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1991 estaba perjudicando al pueblo iraquí sin impedir que Saddam Hussein siguiera adelante con sus planes de producción de armas de destrucción masiva, sobre todo desde que aquél expulsara a los inspectores de la ONU. Sostenían pues que resultaba necesario forzar la caída de su régimen. Los grandes argumentos utilizados por Bush para intervenir en Iraq fueron el de las armas de destrucción masiva y el de los presuntos vínculos entre el régimen iraquí y Al Qaeda. Pero acerca de esto último nunca se llegaron a presentar pruebas convincentes y respecto a las armas de destrucción masiva hoy sabemos tres cosas: que los servicios de inteligencia norteamericanos tenían muy poca información al respecto, que los escasos indicios disponibles fueron magnificados por el gobierno Bush y que en realidad, tras la guerra de 1991 y las subsiguientes inspecciones de la ONU, el régimen de Sadam Hussein había interrumpido su producción de armas químicas y biológicas y sus proyectos nucleares.

Aunque todo esto se ha sabido después, ya en su momento los argumentos de Bush resultaron poco convincentes para muchos gobiernos y para buena parte de la opinión pública mundial. Así es que finalmente Bush optó por iniciar la guerra, en la primavera de 2003, sin contar con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, ni con el apoyo de buena parte de sus aliados de la OTAN, especialmente Francia y Alemania. El único apoyo militar efectivo fue el de Gran Bretaña, mientras que otros Estados como España y Polonia le prestaron un apoyo casi simbólico, aunque importante desde el punto de vista político. Ello supuso una marcada división en el seno de la Unión Europea, que por entonces se esforzaba en iniciar una política exterior y de seguridad común.

Las operaciones militares, marcadas por la enorme superioridad tecnológica norteamericana, condujeron a una rápida conquista del país, pero la posguerra ha resultado muchísimo más difícil de lo que los neoconservadores predecían. Lejos de convertirse rápidamente en una democracia que sirviera de ejemplo a los países vecinos, Iraq se halla atenazado por una insurgencia que tiene sus bases en la población árabe sunní, minoritaria en el país pero políticamente dominante desde la independencia, y en la que parecen confluir los partidarios del antiguo régimen y los yihadistas. Las acciones contra las tropas norteamericanas y contra las fuerzas del nuevo régimen iraquí se combinan con atentados terroristas dirigidos contra los extranjeros, incluidas las representaciones de la ONU y la Cruz Roja, y contra la población local, especialmente contra los chiíes, cuyo carácter mayoritario les asegura una posición preminente en un futuro Iraq democrático. A comienzos de 2005 se han celebrado las primeras elecciones libres en un clima de gran violencia, mientras que Iraq se ha convertido en el punto focal de la yihad global. El futuro es incierto.

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NOTAS

1. La geometría euclidiana (v. 300 aC) se basaba en postulados, uno de los cuales, el quinto, decía que por un punto exterior a una recta sólo pasa una paralela a la recta. En el siglo XIX el ruso Nicolai Lobachevsky y el húngaro Janos Bolai cambiaron este postulado: por un punto exterior a una recta puede pasar más de una paralela. Bernahrd Riemann hizo lo mismo pero asegurando que por el punto exterior no pasaba ninguna paralela. Estas geometrías discrepantes del postulado de Euclides son las geometrías no euclidianas que empleó Einstein en su teoría.

La construcción del presente
El mundo desde 1848 hasta nuestros días
Jordi Casassas (coord.)

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