La Hispania tardorromana
y visigoda.
Siglos V-VIII

PROYECTO EDITORIAL
HISTORIA DE ESPAÑA 3.er MILENIO

Dirección:
Elena Hernández Sandoica

La Hispania tardorromana y visigoda. Siglos V-VIII

M.a Isabel Loring
Dionisio Pérez
Pablo Fuentes

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© M.a Isabel Loring
Dionisio Pérez
Pablo Fuentes

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ISBN: 978-84-975688-2-1

Índice

Introducción

PARTE I
DECLIVE DE LA AUTORIDAD IMPERIAL Y FORMACIÓN DE
LOS REINOS ROMANO-BÁRBAROS EN OCCIDENTE (395-569)

1. Hispania y el Imperio romano a comienzos del siglo V

   1.1. La división del Imperio: Oriente y Occidente

   1.2. La autocracia imperial y la centralización de las estructuras administrativas

   1.3. Reformas militares y barbarización del ejército

   1.4. La polarización de la sociedad y las relaciones de patrocinio

   1.5. Cristianización de la sociedad y del Estado

2. Los bárbaros en el mundo romano (376-455)

   2.1. De la irrupción de los godos a la ruptura del limes renano

   2.2. Usurpaciones y guerras civiles

   2.3. Asentamiento y asimilación de los visigodos

   2.4. La hegemonía vándala

   2.5. El reino suevo y su expansión meridional

3. Ocaso del Imperio de Occidente y ascenso del reino de Tolosa (455-507)

   3.1. Hundimiento de la autocracia imperial y fin del Imperio de Occidente

   3.2. La creciente intervención militar visigoda en Hispania

   3.3. El reino de Tolosa

     3.3.1. Proyección sobre la Península Ibérica

     3.3.2. Del generalato a la monarquía

   3.4. El nuevo poder franco y el fin del reino de Tolosa

4. De la hegemonía ostrogoda a la restauración imperial (507-569)

   4.1. El proyecto de Teodorico el Amalo y su fracaso

   4.2. Fragmentación política y formación del reino visigodo de Toledo

     4.2.1. La hispanización del reino visigodo

     4.2.2. El establecimiento de los imperiales: la provincia de Spania

   4.2.3. El reino suevo

PARTE II
EL REINO VISIGODO DE TOLEDO (569-711)

5. La monarquía visigoda de Toledo

   5.1. La casa de Leovigildo

     5.1.1. Ampliación del marco territorial

     5.1.2. Consolidación y reorganización del reino

     5.1.3. La unificación religiosa

   5.2. Reyes, nobles y obispos: la monarquía toledana de Viterico a Tulga

     5.2.1. Viterico (603-610)

     5.2.2. Gundemaro (610-612)

     5.2.3. Sisebuto (612-621) y Recaredo II (621)

     5.2.4. Suintila (621-631)

     5.2.5. Sisenando (631-636)

     5.2.6. Chintila (636-639) y Tulga (639-642)

   5.3. La casa de Chindasvinto y el fortalecimiento del poder regio

     5.3.2. Recesvinto (649/653-672)

   5.4. El proceso político de feudalización y el final de la monarquía

     5.4.1. Vamba (672-680)

     5.4.2. Ervigio (680-687) 196

     5.4.3. Egica (687-702) y Vitiza (698/702-710)

     5.4.4. Rodrigo (710-711) y la extinción del reino visigodo de Toledo

6. Actividad económica y organización social

   6.1. La debilidad demográfica

   6.2. Recursos materiales y de producción

     6.2.1. La gran propiedad agraria

     6.2.2. Artesanía y comercio

   6.3. Una sociedad polarizada

     6.3.1. La extensión del patrocinio

     6.3.2. Libertad y dependencia

7. Estructuras de encuadramiento político y social

   7.1. La ciudad

     7.1.1. Pervivencia y función

     7.1.2. El gobierno del obispo

     7.1.3. El ritmo de la vida cotidiana y la cristianización de las costumbres

   7.2. La monarquía

     7.2.1. Rex etpatria Gothorum: la territorialización del poder regio

     7.2.2. La unción regia: de la tradición bajoimperial a los fundamentos teocráticos

     7.2.3. El juramento de fidelidad

     7.2.4. Legitimación teocrática y exclusiones: judíos, heréticos y paganos

     7.2.5. Las reinas

   7.3. Gobierno y consenso

     7.3.1. La Iglesia como instrumento de gobierno

     7.3.2. El Oficio Palatino

     7.3.3. La articulación territorial: condes y duques

     7.3.4. Derecho y justicia

     7.3.5. Ejército, fiscalidad y moneda

   7.4. La Iglesia

     7.4.1. Organización e instituciones eclesiásticas

     7.4.2. La Iglesia y la transmisión cultural

PARTE III
DEBATES HISTORIOGRÁFICOS
Y NUEVAS CORRIENTES
DE INVESTIGACIÓN

8. España y el reino visigodo en la tradición historiográfica

   8.1. Orígenes y difusión de la tradición goticista

   8.2. Liberalismo, nacionalismo y goticismo

   8.3. La influencia del Historicismo y el Organicismo

   8.4. Germanismo y romanismo

   8.5. La renovación metodológica

   8.6. Nuevas tendencias: la construcción de las comunidades étnicas

9. Temas para el debate

   9.1. Los pueblos bárbaros: etnogénesis e identidad

   9.2. Personalidad o territorialidad del derecho visigodo

   9.3. El feudalismo visigodo

   9.4. Los pueblos del norte peninsular: cántabros, astures y vascones

Apéndice documental

Bibliografía

Introducción

La historia de los visigodos ha sido objeto de múltiples estudios por parte de la historiografía española y extranjera, que han puesto el acento de manera desigual en los pretendidos elementos distintivos y característicos de este pueblo. Además, y puesto que en el año 589 se produce su conversión al catolicismo bajo el rey Recaredo, el reino toledano no escapa en muchas ocasiones a interpretaciones en clave religiosa. Efectivamente, durante muchos años, la historia de este período estuvo sujeta mayoritariamente a visiones historiográficas con un marcado sesgo eclesiástico, que ponían el acento en la oposición arrianismo-catolicismo como uno de los aspectos clave de la convivencia.

Pero sobre todo, y ligado en ocasiones a lo anterior, existe una corriente que ha puesto de relieve la antítesis entre romanidad y germanismo, que muchas veces es sinónimo de civilización y barbarie, respectivamente. De acuerdo con esta opinión, la idea de “barbarie” constituirá una pesada carga que no abandonará a los visigodos en ningún momento, ni siquiera tras su conversión. Según esta idea, la superioridad romana se manifiesta a lo largo de todo el período de vigencia de las formaciones políticas de los germanos, que no pasarán por tanto de ser un remedo de la superior y “civilizada” sociedad imperial.

La vecindad geográfica y política entre romanos y visigodos se incrementa de forma sustancial cuando éstos son atacados en sus asentamientos al norte del bajo Danubio por los hunos, en el año 375, lo que les obliga a solicitar asilo en tierras imperiales. La negativa del emperador Valente a establecerles bajo unas condiciones de vida tolerables suscita protestas y enfrentamientos que culminarán con la batalla de Adrianópolis (378), en la que

Valente fue vencido y muerto. A partir de este momento, y en función de las relaciones concretas, los testimonios que nos transmiten los historiadores de la época oscilan entre la caracterización de los visigodos como la expresión máxima de la barbarie o, por el contrario, su identificación con el mundo romano, al que sirven y en el que se integran. De este modo, cuando el rey Atanarico se dirige como aliado o federado del Imperio a Constantinopla, es recibido por Teodosio como una alta personalidad y poco después, cuando se produce la muerte del monarca godo, es el propio gobernante hispano quien se pone al frente de la comitiva fúnebre.

Los textos de época bajoimperial nos informan del interés de los visigodos por asentarse de manera definitiva en regiones en las que pudieran llevar a cabo una vida de acuerdo con los parámetros romanos, dedicándose al cultivo de la tierra y reproduciendo las relaciones sociales características del momento. Además, se había producido otro elemento de contacto importante, como es su conversión al cristianismo, bien es cierto que en su modalidad arriana, que sirve para aproximar aún más a ambos pueblos, pero que no evita conflictos cuando el Imperio se resiste a conceder subsidios o tierras a los germanos. Así, Alarico entrará en el año 410 con su ejército en Roma, no por un afán meramente destructivo, sino con la finalidad última de presionar al emperador Honorio para que le entregara las provisiones y el dinero prometidos.

De esta manera, la romanización de los visigodos se incrementa de manera sobresaliente con su cristianización, que es valorada de manera muy positiva por historiadores como el hispano Orosio, discípulo de san Agustín, al afirmar que este pueblo aspiraba a formar parte de la Romania. De hecho, sabemos que los nobles visigodos se establecen en la Galia en ciudades, y ocupan tierras que explotan de la misma manera que lo hacían los aristócratas. El tratado o foedus del año 418 firmado entre el rey Valia y el patricio Constancio sirve para legitimar este asentamiento, que supondrá la progresiva coincidencia de intereses entre ambos pueblos, como lo pone de manifiesto la colaboración que se produce durante la existencia del reino visigodo de Tolosa.

Las razones del establecimiento son fundamentalmente de índole militar, pues Roma había sido incapaz de evitar las invasiones de suevos, vándalos y alanos que, tras atravesar el Rin, habían cruzado los Pirineos y se habían instalado en Hispania. Además, en la medida en que los visigodos mantenían todavía una estructura militar modelada sobre la organización romana, se consideraba que su incorporación a estas tierras podía compensar el progresivo vacío imperial y mantener el ansiado orden. Durante los casi cien años de historia del reino tolosano asistimos a episodios fundamentales, como la alianza entre el rey visigodo Teodorico I y el general romano Aecio, que consigue derrotar al huno Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos, acaecida en el año 451. Del mismo modo, tenemos constancia de esta unión en las postrimerías del reino, cuando los francos al mando de Clodoveo vencen en Vouillé al rey Alarico II en el año 507.

El reino de Tolosa constituye una etapa crucial en la historia de los visigodos, en la medida en que se implanta un nuevo régimen político de carácter independiente que sucede a las caducas instancias imperiales, desaparecidas en la parte occidental en el año 476. Un aristócrata galorromano como Sidonio Apolinar, obispo de Clermont-Ferrand, no dudará en dirigirse al rey Eurico llamándole señor o dominus, título que se reservaba en el plano político al emperador romano. El mismo autor pone como ejemplo de gobernante ideal a Teodorico II, de acuerdo con los modelos ideales de la teoría política, realzándose su papel de defensor de la civilización frente a la barbarie, a la vez que describe el palacio y las costumbres del rey, que reproducen en pequeña escala la vida de la corte imperial. Del mismo modo, en ambos ejemplos nos encontramos con nobles galorromanos que participan activamente en las tareas de gobierno del reino.

No obstante, a medida que la integración se consuma, los aspectos que definen la sociedad del momento, que se concretan en el predominio de lo privado sobre lo público, condicionan el desarrollo político y exigen el reconocimiento tácito de estas realidades. De alguna manera, se está prefigurando el futuro estado toledano, que surge tras un período de inestabilidad de aproximadamente cuarenta años tras la derrota de Vouillé, que supone la pérdida de gran parte de los territorios, a excepción de la llamada Septimania.

Ya en Hispania, sabemos de la existencia del llamado Intermedio Ostrogodo, que consistió en la tutela por parte del rey ostrogodo Teodorico de su nieto Amalarico, y que se prolongó hasta el año 549 con el reinado de los generales ostrogodos Teudis y Teudisclo. Los años siguientes, hasta el 555, también están marcados por la debilidad del monarca, lo que impide un control efectivo del reino. No obstante, a pesar de esta inestabilidad política, se sigue avanzando en el proceso de integración y asimilación, como lo muestra el matrimonio de Teudis con una rica propietaria hispanorromana, que le permitió levar de las propiedades de ésta un ejército privado de dos mil soldados, fundamental para sus aspiraciones al trono. Con Atanagildo (555-567) parece que se reconduce la situación, puesto que este rey no es víctima de ninguna conspiración y morirá de forma natural en la ciudad de Toledo, convertida a partir de ahora en capital del reino.

Pero es con Leovigildo cuando se lleva a cabo un robustecimiento y una reforma en profundidad de la institución monárquica. Leovigildo (571-586) concluye con éxito el dominio efectivo de casi todo el territorio peninsular, a excepción de las regiones habitadas por los pueblos del norte y las conquistadas recientemente por el emperador bizantino Justiniano, dentro de su propósito de renovatio imperii. Además, este monarca adapta a la realidad del reino prácticas y modelos políticos provenientes de Bizancio, que sirven para realzar la figura del gobernante, a la vez que son síntoma de la afinidad existente respecto a toda una tradición imperial. En otro orden de cosas, Leovigildo levanta la prohibición legal vigente de que se celebraran matrimonios entre visigodos e hispanorromanos, que se producían con frecuencia, al mismo tiempo que intenta una aproximación, fallida, entre el credo arriano y la mayoristaria población hispanorromana, de confesión católica.

Todas estas políticas parecen poner en entredicho la idea de que el reino visigodo hubiera implantado un exclusivismo basado en su diferente etnia, y que se aplicaba a materias tales como la administración y la aplicación de la justicia. Creemos que hoy día está superado el pretendido carácter nacionalista de la legislación, frente a la idea de una aplicación territorial, que los textos de la época avalan mayoritariamente.

Pero la culminación de este proceso se conseguirá de forma plena bajo el reinado del hijo y sucesor de Leovigildo, Recaredo. Así, en el III Concilio de Toledo, celebrado en el año 589, se produce la conversión al catolicismo de los visigodos, conversión que con carácter individual ya había tenido lugar en gran número de casos, como los protagonizados por el obispo católico de la ciudad de Mérida, Masona, o el cronista Juan de Bíclaro.

A partir de este momento la religión católica desempeñará un papel fundamental de intermediación entre el monarca y sus súbditos los nobles, tanto de condición laica como eclesiástica. A través de los concilios eclesiásticos, el rey, los grandes propietarios y la alta jerarquía de la Iglesia fijarán un corpus teórico-político que, basado en la preeminencia del lenguaje cristiano y de modelos bizantinos, intentará establecer cauces a través de los cuales se produzca un entendimiento. Figuras tan relevantes como Isidoro de Sevilla establecerán en el IV Concilio de Toledo (633) las bases del poder real, anclado en la idea de que el poder proviene de Dios, al mismo tiempo que se propugna un modelo de buen gobernante, vinculado con los valores que definían al “buen emperador”. Por tanto se establece que las obras del rey estén influidas de manera decisiva por la idea de justicia, de una justicia que ha de perseguir ante todo el bienestar del pueblo, y que se concreta en la aplicación de virtudes como la clemencia y la misericordia, tendentes en última instancia a conseguir el necesario consenso con los grandes propietarios.

De esta manera, se intentará preservar la unidad del reino mediante la consecución de pactos políticos que procuren superar las dificultades surgidas de la práctica concreta del poder monárquico, que en ocasiones se traduce en levantamientos y derrocamientos, claros indicios del descontento protagonizado por la poderosa nobleza. Podemos así establecer parejas de reyes, normalmente emparentados entre sí, que representan las dos caras del ejercicio del poder: el “tirano” y el “buen príncipe”, respectivamente. Leovigildo-Recaredo, Viterico-Gundemaro, Chindasvinto-Recesvinto o Vamba-Ervigio, constituyen ejemplos claros, y testimonian en última instancia la capacidad del reino por reconducir la situación a través del establecimiento de nuevos pactos en el marco de una monarquía hereditaria.

Todos estos hechos tienen lugar en una sociedad feudal, en la cual existe un claro predominio del patrocinio, consistente en la unión en la figura del gran propietario de la condición de señor y patrono, respectivamente. Con ello asistimos a la asunción por parte de los poderosos del reino tanto de la instancia económica como de los aspectos extraeconómicos en la relación con el campesinado dependiente. Dicha fuerza de trabajo, de acuerdo con la evolución sufrida desde el Bajo Imperio, verá progresivamente igualada su situación, a pesar de tener una condición jurídica diversa.

Es en este contexto en el que debemos de inscribir la historia del reino visigodo de Toledo, capaz de asumir los valores de la herencia romana, pero sin renunciar a la introducción de elementos nuevos, síntoma de una sociedad dinámica. De este modo, la continuidad y la innovación son conceptos definitorios de un modelo político original, en busca de fórmulas eficaces acordes con los problemas concretos derivados de la progresiva confusión entre las instancias públicas y privadas. La invasión musulmana pondrá fin a un proceso que, no obstante, será tomado como referente por los reinos cristianos surgidos de la Reconquista.

No podemos terminar esta introducción sin hacer un recuerdo emocionado de la Profesora Marisa Loring, impulsora y primera firmante de esta obra, fallecida cuando el libro se encaminaba ya al final de su laborioso recorrido. Su magisterio, su saber hacer, su fortaleza han sido fundamentales para la elaboración del mismo. Vaya para ella nuestro agradecimiento y nuestra memoria.

PARTE I

DECLIVE DE LA AUTORIDAD IMPERIAL Y FORMACIÓN DE LOS REINOS ROMANO-BÁRBAROS EN OCCIDENTE (395-569)

1

Hispanla y el Imperio romano
a comienzos del siglo V

1.1. La división del Imperio: Oriente y Occidente

En 395, a la muerte del emperador Teodosio el Grande, quedaron al frente del Imperio sus dos hijos. Arcadio, de diecisiete años, pasó a gobernar Oriente y permaneció en Constantinopla, mientras que Honorio, de once, quedó al frente de Occidente y mantuvo su corte en Milán hasta 402, año en el que tras sufrir el asedio de los visigodos la trasladó a la ciudad de Rávena en la costa del Adriático. Ambos habían sido asociados al trono imperial en vida de su padre, Arcadio fue proclamado Augusto en 383 y Honorio en 393, un procedimiento que estaba destinado a garantizar la estabilidad política del Imperio, haciendo primar el principio dinástico sobre el electivo.

En teoría, la institución imperial no tenía carácter hereditario y la designación de los emperadores correspondía al senado. Sin embargo, el fundamento de su poder se lo proporcionaba el mando absoluto (imperium) que éstos pasaban a detentar sobre el ejército. En época republicana muchos generales obtuvieron el imperium y fueron, por tanto, emperadores, pero su mandato tenía carácter temporal, ya que no se prolongaba más allá de la duración de la campaña o campañas. Cuando la República dio paso al Imperio la novedad consistió en limitar a una sola persona la concesión del imperium y además otorgárselo de forma permanente hasta el final de su vida (Lot, 1956: 17). La elección imperial, por tanto, era el resultado de un equilibrio entre el senado y el ejército: la elección por el senado necesitaba de la ratificación del ejército y a la inversa, si era éste el que promovía el candidato. Ahora bien, el ejército fue desplazando progresivamente al senado e imponiendo candidatos en función de sus intereses o mejor dicho de los intereses particulares de aquellos generales que pretendían culminar su carrera accediendo al trono imperial. Esto daba origen a una gran inestabilidad política que alcanzó su paroxismo en las décadas centrales del siglo III, cuando a raíz de las continuas intervenciones de las legiones se multiplicaron las proclamaciones simultáneas y las deposiciones violentas de emperadores. La salida a esta crítica situación llegaría con los emperadores Diocleciano (284-305) y Constantino (306-337). El primero multiplicó las figuras imperiales y el imperio pasó a estar regido por un cuerpo colegiado de cuatro emperadores, la llamada tetrarquía, dos de ellos con rango de Augusto y otros dos con el de César. Los tres nuevos colegas imperiales fueron designados personalmente por el propio Diocleciano en base a sus atribuciones y atendiendo a la eficacia militar de los candidatos. Ahora bien, los Césares, que se hallaban subordinados a los Augustos, quedaron estrechamente vinculados a éstos, que pasaron a adoptarlos y enlazarlos matrimonialmente con sus hijas. El sistema de la tetrarquía estaba destinado a reforzar la acción de gobierno de un imperio extraordinariamente vasto, pues al deslindarse distintas áreas de acción para cada uno de ellos se facilitó la defensa de las fronteras y la atención a los problemas internos. Al mismo tiempo eliminaba las incertidumbres de las sucesiones, ya que los Césares habrían de suceder a los Augustos y nombrar a su vez nuevos Césares, con lo que se lograba sustraer la institución imperial de las exigencias del ejército y el senado (Remondon, 1967: 45-46). De hecho, el sistema ideado por Diocleciano en un primer momento fracasó, ya que tras su abdicación en 305 no tardaron en estallar las disensiones entre los distintos miembros del colegio imperial, dando lugar a un largo período de guerras civiles. No obstante, Constantino, tras vencer a Licinio en 324 y quedar como único Augusto, recurrió de nuevo al sistema colegiado de gobierno, reforzándolo con el principio dinástico, que ya había sido practicado con éxito en el Alto Imperio. De este modo el emperador confió el gobierno de parte del Imperio a sus hijos, que gobernaron en calidad de Césares y que le sucedieron tras su muerte en 337.

A partir de Constantino, los emperadores, salvo contadas excepciones, designaron uno o varios colegas con los que compartir la dirección del Imperio y mientras sobreviviera un miembro del colegio imperial nadie podía ser promovido a la púrpura sin su consentimiento. Sólo en el caso de la desaparición de todos ellos se procedía a nombrar un nuevo emperador, cuya elección era controlada de hecho por los dignatarios de la corte o los generalísimos del ejército, aunque aquel era luego ratificado por el senado y aclamado por el ejército. Todo ello no evitó el alzamiento de usurpadores, promovidos siempre por alguna fracción del ejército, pero su legitimación ya no dependía tanto de su ratificación por el senado de Roma o Constantinopla, sino de su aceptación por el emperador o emperadores legítimos (Jones, 1964: 126-127). De esta forma los emperadores lograron asegurar su sucesión, neutralizar los efectos más perniciosos de las usurpaciones y al tiempo dotar de una mayor eficacia a su acción de gobierno, sin por ello comprometer la unidad del Imperio. Fueran cuatro, tres o dos los emperadores, componían un cuerpo colegiado, de forma que las leyes dictadas por cualquiera de ellos tenían alcance general y eran promulgadas en nombre de todos. Por otra parte, el deslinde de áreas diferenciadas de actuación no estaba reñido con una activa colaboración, cuando las necesidades defensivas o la sofocación de pronunciamientos lo requerían. A la hora de designar otro Augusto o un César los emperadores optaron preferentemente por sus propios hijos o algún otro pariente próximo, pero también alzaron a la púrpura a hombres con brillantes carreras en la administración o en el ejército. Éste fue el caso de Teodosio, promovido a la púrpura por el emperador Graciano en 379, tras una brillante campaña militar en la cuenca media del Danubio contra los sármatas, y al que confió el gobierno de las provincias orientales del Imperio. Sin embargo, Teodosio primó el sistema dinástico y no dudó en proclamar Augustos y, por tanto, colegas a sus dos hijos siendo aún niños.

El principio dinástico estaba ya lo suficientemente arraigado como para que a la muerte de Teodosio la edad de los jóvenes soberanos no fuera impedimento para que éstos, que ya formaban parte del colegio imperial desde la fecha de su proclamación como Augustos, le sucedieran al frente del Imperio. Ahora bien, fueron los primeros emperadores de los que se puede decir, con toda propiedad, que reinaban, pero no gobernaban y que su función era esencialmente representativa (Stein, I: 225). Para entonces, la autocracia imperial se hallaba firmemente asentada, pues las reformas emprendidas por Diocleciano y continuadas por Constantino terminaron de sustraer al senado sus últimas competencias político-administrativas, convirtiendo a los emperadores en fuente de todo honor y derecho. El nuevo sistema ha sido calificado por la historiografía como Dominado, porque el emperador dejó de ser un princeps, es decir, el primero de los ciudadanos, para transformarse en un dominus, es decir, en un dueño de sus súbditos tal como el dominus lo era de sus esclavos, siendo éste el título que adoptó. A partir de entonces los emperadores gobernaron con una autoridad absoluta, aunque en este caso la extrema juventud de Arcadio y Honorio favoreció la concentración de poderes en manos de los generales del ejército y los altos dignatarios de la corte.

A finales del siglo IV, el Imperio romano era un vasto organismo político, centrado en el Mediterráneo y constituido por una red de más de dos mil ciudades. Su funcionamiento dependía, casi exclusivamente, de los tributos que gravaban la producción agrícola. Gracias a ellos, el gobierno imperial garantizaba los suministros del ejército, los sueldos de soldados y funcionarios, el mantenimiento del aparato cortesano y la distribución gratuita de alimentos a los habitantes de las dos capitales. Unos cincuenta millones de personas se declaraban súbditos de Roma. Esta cifra se hallaba distribuida de manera muy desigual. Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto eran las áreas más densamente pobladas; en tanto que las provincias danubianas, Britania, el norte de las Galias y de Hispania presentaban grandes extensiones de monte y bosque vacías de habitantes. Desde que, en 212, el emperador Caracalla promulgase la célebre constitutio Antoniniana, todos los hombres libres del Imperio gozaban de la plena ciudadanía romana, sin importar cuál fuese su lugar de nacimiento o residencia, ni a qué redes de solidaridad local estuviesen adscritos. El derecho, la lengua latina, la administración imperial y las vías de comunicación actuaban como elementos de cohesión cultural entre la élite gobernante. Cada ciudad era una Roma en miniatura. Sus foros, basílicas y mercados, sus acueductos y termas, sus circos y teatros, daban testimonio de la unidad del Imperio. En realidad, el Imperio, según la acertada expresión de Jones, era un mosaico de ciudades-territorio (Jones, 1964: 237). Éstas eran las unidades básicas de articulación social y territorial, e ineludiblemente todo ciudadano romano pertenecía a alguna ciudad. Con todo, existían importantes diferencias regionales. En Occidente, la densidad de centros urbanos era inferior y, además, la propiedad del suelo, principal fuente de riqueza, se concentraba en manos de unas pocas familias de aristócratas, lo que favorecía el desarrollo de una estructura social bipolar. Por el contrario, en las populosas provincias orientales, la presencia de un buen número de ciudades, con una intensa actividad mercantil y artesanal, y el acceso a la propiedad del suelo del pequeño y mediano campesinado aseguraban la pervivencia de una sociedad plural y un reparto más igualitario de la riqueza (Jones, 1964: 712-718; Maier, 1972: 16-27).

Estas diferencias estructurales son las que explican el paulatino distanciamiento que experimentaron Oriente y Occidente a partir de 395, ya que la división administrativa efectuada por Teodosio contribuyó a acentuarlas. En principio, el reparto del año 395 sólo fue uno más de los que se habían venido realizando desde las postrimerías del siglo III, como consecuencia del nuevo sistema colegiado del gobierno imperial. Sin embargo, a partir de entonces se impuso la fórmula de dos únicos colegas imperiales, por lo que los límites entre las dos áreas deslindadas en 395, que partían por la mitad el Mediterráneo a la altura del estrecho de Otranto en el mar Adriático, permanecieron estables y terminaron fomentando diferencias institucionales. Además, durante la primera mitad del siglo V el incremento de la presión de los bárbaros sobre la frontera renano-danubiana funcionó como otro factor diferenciador. Occidente, a pesar de su menor dinamismo económico, en virtud del citado reparto pasó a tener a su cargo la defensa de los principales tramos de dicho limes, lo que hizo más costosa y complicada su defensa. Finalmente, incapaz de imponer la retirada a sus antiguas bases a los pueblos que traspasaron por entonces sus fronteras terminó limitándose a controlar su asentamiento en suelo imperial, en regiones alejadas de las orillas del Mediterráneo. En cambio Oriente, una vez desembarazado de los visigodos tras su traslado a Occidente en 401, mantuvo relativamente inalteradas sus fronteras durante la primera mitad de la centuria al contener la presión de los hunos y sus aliados mediante pagos periódicos de ingentes cantidades de oro.

Por otra parte, la cohesión política y cultural de la cuenca Mediterránea nunca llegó a plasmarse en el terreno lingüístico. La lengua latina era la lengua de la administración y el ejército, aunque en las provincias orientales sólo la milicia era enteramente latina, en tanto que la administración civil utilizaba también el griego. Se traducían a este idioma los instrumentos legislativos y administrativos —edictos, actas, correspondencia oficial— y además su uso estaba admitido en los tribunales. El griego, en cambio, era la lengua de la cultura, por lo que en el sistema de estudio de los países latinos, introducido en el siglo II a. C. sobre el modelo helénico, figuraban junto al aprendizaje de la gramática y retórica latinas el de la gramática y retórica griegas. Las élites culturales latinas dominaban, por tanto, la lengua y la oratoria griega, mientras que las élites griegas sólo aprendían latín si estaban interesadas en servir en la milicia o aspiraban a las altas carreras administrativas. Esta división del Imperio en dos ámbitos lingüísticos, que evidentemente se superponían a otras muchas lenguas vernáculas, en su mayoría lenguas no escritas, se fue acentuando a partir del momento en que la lengua latina demostró su capacidad como lengua literaria. Desde las postrimerías del siglo I d. C. ser persona culta en el Occidente latino no implicaba ya necesariamente conocer a Homero, sino sobre todo a Cicerón y Virgilio. Se inició entonces en el ámbito latino un retroceso del bilingüismo o para más precisión del griego, aunque éste nunca dejó de estar presente en el programa de estudios, retroceso que se hizo más acusado a partir del siglo III d. C. (Marrou, 1985: 330-340). A la hora de ilustrar esa evolución se suele citar el caso de san Agustín, una de las figuras intelectuales más potentes en el entorno del año 400 d. C., que, sin embargo, nunca llegó a dominar el griego. Según él mismo nos cuenta (Confesiones, 14), en su infancia llegó a aborrecer dicha lengua debido a la aridez de su estudio y a los inapropiados métodos empleados —amenazas y castigos— por sus maestros. La línea que separaba estos dos ámbitos lingüísticos venía a coincidir, salvo algunas incursiones —del griego en el sur de Italia y Sicilia, del latín en las provincia, danubianas orientales—, con la que delimitaba las dos áreas administrativas deslindadas en 395, por lo que también contribuyó a marcar distancias entre las dos partes del Imperio: un Oriente griego y un Occidente latino.

Oriente tenía su capital en Constantinopla, la ciudad fundada por el emperador Constantino en 324 en el emplazamiento de la antigua ciudad de Byzantium, que se alzaba en la orilla europea del Bósforo. Su refundación como residencia imperial respondía a sus excepcionales condiciones estratégicas, pues permitía acceder con prontitud a las dos fronteras más expuestas de Oriente: el bajo Danubio y el Éufrates. A partir de ese momento la ciudad conoció un extraordinario desarrollo, que se vio favorecido por los privilegios que otorgó Constantino a sus habitantes: exenciones fiscales a los propietarios que establecieran allí su residencia y distribución gratuita con cargo al erario público, tal como tradicionalmente se venía haciendo en Roma, de 80.000 raciones diarias de pan. Constantino hizo de ella su residencia habitual y tanto él como sus sucesores la dotaron con espléndidos edificios públicos, sólidas defensas y numerosas iglesias. Constantinopla mostró desde sus inicios un neto perfil cristiano en su urbanismo, lo que la diferenciaba de Roma, que permanecería todavía por mucho tiempo vinculada a los cultos tradicionales. La ciudad de Roma, aunque continuó gozando de su tradicional prestigio, sufrió durante la tardía Antigüedad un inexorable declive. Así, mientras que Constantinopla no hizo más que aumentar el número de habitantes hasta alcanzar a mediados del siglo VI el medio millón, Roma los fue perdiendo y se ha calculado que por esas mismas fechas contaría con unos trescientos mil habitantes (Jones, 1964: 49-50 y 230-231). Una de las razones de este declive fue su abandono por parte de la corte imperial, pues desde los tiempos de la tetrarquía en las postrimerías del siglo III los emperadores apenas residieron en la misma, al quedar relegada en favor de ciudades mejor situadas para articular la defensa. Tréveris en la Galia septentrional y luego Milán en la Italia anonaria fueron las residencias favoritas de los emperadores durante el siglo IV, y finalmente a comienzos del siglo V la corte terminó desplazándose a Rávena. De nuevo fueron las condiciones estratégicas las que determinaron su elección. La ciudad se hallaba emplazada en las proximidades de la desembocadura del Po rodeada de tierras pantanosas, lo que prácticamente la hacía inexpugnable desde tierra. Al mismo tiempo, su puerto Classis sobre el Adriático, además de garantizar el suministro de víveres y la llegada de tropas de refuerzo en caso de asedio, favorecía las comunicaciones con el resto del Imperio y en especial con la residencia de los emperadores de Oriente, Constantinopla. El traslado tuvo lugar poco después del asedio de Milán por los visigodos en 402 y a partir de entonces Rávena se convirtió en la residencia habitual de los emperadores de Occidente.

1.2. La autocracia imperial y la centralización de las estructuras administrativas

Como ya se ha señalado, los emperadores de la Antigüedad Tardía gobernaron con un poder absoluto. Su nuevo título de dominus refleja ya una relación desigual con aquellos a los que gobiernan. No es lo mismo ser el primero (princeps) de los ciudadanos romanos y resultar elegido por un consejo —el senado— integrado por sus iguales, que ser el señor o dueño (dominus) de esos mismos ciudadanos, que de esta forma se transforman en súbditos (subiecti), es decir, en subordinados o sometidos. El mando absoluto (imperium) que los emperadores detentaban sobre el ejército se encuentra a la base de esa transformación, pues esta circunstancia fue la que les permitió relegar al senado a un segundo plano. No obstante, también intervinieron otros factores y más concretamente la divinización o mejor sacralización de la figura imperial. Según Jones, ya los primeros emperadores revistieron carácter divino, si bien no respecto a los ciudadanos romanos, sino sólo respecto a los provinciales, diferencia que se borraría en el siglo III con la extensión de la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio en 212. Es a partir de entonces cuando algunos emperadores adoptaron títulos divinos: el emperador Aureliano se proclamó dominus et deus y Diocleciano asumió el sobrenombre de Iovius. Pese a todo no resulta fácil discernir el significado real de estos títulos y sobrenombres. Es posible que sus portadores fueran considerados verdaderos dioses, pero también que el alcance de dichas titulaciones fuera más limitado y remitiera sólo a una especial comunión de los emperadores con los dioses. En todo caso, la legalización de la práctica del cristianismo por Constantino en 313 favoreció el triunfo de la segunda opción: el emperador ya no sería Dios sino su representante en la tierra (Jones, 1964: 122). La imagen del emperador como instrumento del cielo, encargado de velar por el mantenimiento del orden instituido por Dios, se encuentra ya en las epístolas de san Pablo (Roms. XIII,1-4). Una idea que Constantino no tardó en hacer suya, pero fue el obispo Eusebio de Cesarea quien se encargó de darle forma discursiva con ocasión del panegírico que pronunció en 335, durante la celebración en Jerusalén de los tricenalia —los treinta años de acceso al trono— del emperador. Según Eusebio, Dios había confiado la misión de ejercer el poder sobre el mundo terrenal a su Hijo, quien, a su vez, lo había delegado en el emperador de Roma. Éste era el amado de Dios, partícipe del reinado celestial, porque había sido coronado con las virtudes inherentes a Dios y había recibido en su alma los efluvios que provenían de Él (Eus. De Laud. V, 1-7).

La doctrina política de Eusebio brindó a Constantino y sus sucesores un excelente soporte ideológico sobre el que cimentar la sacralización de la monarquía y legitimar así el absolutismo imperial. A través de las insignias imperiales, la liturgia palatina y los retratos del soberano se manifiestaba ante todos el origen divino de su poder. Junto a la diadema de perlas, el manto de púrpura, el cetro y el orbe, que simbolizaban el carácter universal de la autoridad que ostentaba, el uso escenográfico de la luz de las velas, el perfume del incienso y las genuflexiones de los cortesanos revelaban a cuantos asistían a las recepciones cortesanas su participación de la divinidad, en definitiva, su carácter sagrado. Sus entradas ceremoniales constituían una auténtica epifanía, una manifestación del poder del Altísimo sobre la tierra. El nimbo con que se representaba al emperador en los retratos oficiales (sacrae imagines) recordaba que éste había recibido la diadema del cielo. Él era la luz del mundo. De ahí que su figura, esculpida o pintada, se colocase ante un mesa ceremonial, alumbrada con velas y coronada de flores (Hopkins, 1981: 258). También el lenguaje palatino reflejaba el origen transcendente de su poder. Todo lo que tuviera que ver con el soberano y su entorno era sagrado o divino. Personalmente recibía los tratamientos de sacra maiestas y divina cle mentia; los miembros de su familia eran las divinae personae; su residencia, el sacrum palatium; su consejo, el sacrum consistorium; y sus comunicados a los gobernadores provinciales, las litterae divinae.

El emperador gobernaba con ayuda de dos cuerpos consultivos, el senado y el consistorio. El senado, órgano colegiado que había regido Roma en la etapa republicana, tras las reformas llevadas a cabo por Diocleciano y Constantino perdió sus últimas competencias político-administrativas, quedando confinado al ámbito estrictamente representativo. Los senadores, que constituían la élite económica y social del Imperio, continuaban eligiendo candidatos para las antiguas magistraturas, pero éstas ya sólo tenían valor honorífico. También seguían promulgando leyes (senatus consulta) y funcionando como tribunal de justicia para sus miembros, pero las primeras ya siempre a iniciativa imperial y los segundos también quedaron sujetos a la jurisdicción imperial (Jones, 1964: 14-15). Los emperadores del siglo IV, convertidos en fuente de todo poder y derecho, no tanto como delegados del senado sino como representantes en la tierra de la autoridad divina, gobernaron el Imperio con la ayuda de burócratas profesionales, que actuaban a su vez como delegados de la autoridad imperial. Cuatro de ellos, miembros permanentes del consistorio, es decir, del consejo privado del emperador, estaban al frente del aparato administrativo. El maestro de los oficios (magister officiorum) actuaba como jefe de la cancillería imperial y los negociados palatinos, director de las fábricas de armamento y las manufacturas estatales, y comandante supremo de la guardia imperial (scholae palatinae) y la policía secreta (agentes in rebus). El cuestor (quaestor) desempeñaba las funciones de ministro de justicia, redactaba las leyes y las respuestas a las súplicas asesorado por una comisión de juristas. El conde de las sagradas larguezas (comes sacrarum largitionum) era el responsable del fisco y el conde del tesoro privado (comes rei privatae) se encargaba de la administración de la hacienda del soberano. Había también otros dignatarios que participaban en los silentia o solemnes sesiones del consistorio: los dos generales destacados en la corte (magistri militum in praesentia) al frente respectivamente de las tropas de infantería (magister peditum praesentalis) y de caballería (magister equitum praesentalis); los ayudas de cámara del emperador (cubicularii); secretarios de palacio (notarii) y un selecto grupo de juristas y consejeros. Todos ellos gozaban del rango de condes del consistorio (comites consistoriani). Aunque este gabinete ejercía cierta influencia en el gobierno del Imperio, no dejaba de ser un órgano consultivo, cuyos miembros eran directamente designados por el emperador, que era quien además tomaba la última decisión (Jones, 1964: 139-142).

Un complejo aparato burocrático, estructurado según el escalafón jerárquico del ejército, se encargaba de llevar a efecto las medidas que dictaba el soberano. Su eficacia se hallaba, no obstante, limitada por las acusadas diferencias de derechos y deberes existentes entre los distintos cuerpos de la administración (Maier, 1968: 32-33). El funcionamiento de la maquinaria del estado se veía, además, entorpecido por las frecuentes disputas sobre competencias entre altos cargos de la administración central y regional, ya que estos últimos gozaban de considerable poder e influencia en la corte, en especial los prefectos del pretorio (praefecti praetorio), auténticos virreyes, con responsabilidad absoluta sobre amplias demarcaciones territoriales, las llamadas prefecturas. Éstas agrupaban demarcaciones menores llamadas diócesis, que estaban gobernadas por delegados —los vicarios— del prefecto del pretorio, y su número osciló hasta fijarse definitivamente en el año 395 en cuatro prefecturas territoriales más dos urbanas, correspondientes a las dos capitales (praefecti urbi). Prefecturas y diócesis fueron el resultado de las reformas emprendidas por Diocleciano y Constantino, y se superpusieron a las antiguas provincias, circunscripciones menores que databan de la etapa republicana y agrupaban conjuntos de ciudades. A raíz de las citadas reformas, las provincias multiplicaron su número hasta fijarse en torno a cien, ya que muchas de ellas fueron partidas en dos por Diocleciano. Una medida que no sólo respondió a razones de eficacia administrativa, sino que también sirvió para cercenar el poder del senado, ya que puso fin a la antigua distinción entre provincias imperiales y senatoriales. Hasta entonces, en las provincias senatoriales, tanto la provisión de gobernadores como las recaudaciones de impuestos y, por tanto, la administración de los ingresos resultantes habían correspondido al senado, que perdió todas estas prerrogativas con la reforma. La jerarquización entre estos tres escalones —prefecturas, diócesis, provincias— no impedía la intervención directa del emperador a nivel provincial: nombramiento de los gobernadores, comunicación con los mismos al margen de la vía de los prefectos y vicarios, y consultas directas de los gobernadores al emperador (Jones, 1964: 144). Los rasgos que caracterizan a la administración imperial en la Tardía Antigüedad son los de burocratización y como puede verse también, centralización. Ésta precisamente se pudo desarrollar gracias al sistema colegiado de gobierno imperial, puesto que en realidad son dos —durante el siglo IV también cuatro o tres— maquinarias administrativas las que estaban funcionando en paralelo, lo que permitía agilizar la acción de gobierno y también que la voz de los emperadores llegara al confín del Imperio.

El último escalón administrativo estaba representado por las ciudades, aunque sin duda se debería calificar como primer escalón, pues en realidad constituían la célula básica de articulación política y social. Como ya se ha dicho, todo ciudadano romano pertenecía a una ciudad, mientras que las provincias, diócesis y prefecturas estaban destinadas a asegurar la conexión entre el gobierno imperial y las ciudades. A finales del siglo IV las ciudades se encontraban en pleno proceso de transformación, si bien seguían siendo el centro de gobierno de sus respectivos territorios. Sus tradicionales órganos consultivos —el consejo o curia integrado por los propietarios agrícolas más solventes— y sus agentes gubernativos —los magistrados elegidos anualmente por la curia— continuaban siendo los responsables de la percepción de impuestos, la leva de reclutas, la administración de justicia, el registro de las actas oficiales, el mantenimiento de los servicios públicos, las liturgias municipales, los juegos, etc. No obstante, estaban sujetas a un creciente intervencionismo imperial, no sólo porque curiales y magistrados eran los encargados de aplicar la política imperial en materia impositiva, sino porque a las tradicionales magistraturas urbanas se incorporaron nuevos cargos de nombramiento imperial. Esta política tenía precedentes, pues ya en el siglo II con objeto de poner orden en las finanzas municipales fue establecido el curator, que primero sería de designación imperial, pero que a finales del siglo IV se había transformado en un cargo electivo, asimilado al resto de las magistraturas urbanas. En el siglo IV los emperadores renovaron el expediente con la creación del defensor civitatis en 368, que era designado por los prefectos del pretorio y que tenía por misión proteger a los ciudadanos más pobres de los abusos de los notables, que eran los que monopolizaban la curia y el desempeño de las magistraturas. Se ha apuntado que también sería de su competencia frenar la deserción de los curiales y velar por la aplicación de las numerosas leyes que los emperadores promulgaron a lo largo del siglo IV y primera mitad del siglo V para detener ese fenómeno (Rouche, 1979: 261-262).

El ejercicio de las magistraturas urbanas y la pertenencia a la curia, ambos todavía muy apreciados en el Alto Imperio a pesar de los costes que generaban, ya que permitían el acceso a las funciones imperiales reservadas al orden ecuestre ahora suprimido, se habían terminado convirtiendo en una carga excesivamente onerosa para los curiales. Éstos eran colectivamente responsables de la leva de impuestos y debían garantizar con sus propias fortunas la remisión a las arcas imperiales de los montos previamente fijados. También la celebración de fiestas y juegos recaía íntegramente sobre sus patrimonios, y desde los tiempos de Diocleciano incluso el mantenimiento de los servicios públicos —vías, acueductos, termas, murallas—, dado que las ciudades fueron perdiendo los bienes que tenían destinados a estos fines a raíz de la política de confiscaciones practicada por los emperadores. De hecho, los bienes continuaron siendo propiedad de las ciudades, pero pasaron a estar controlados por el erario imperial, que se encargaba de su gestión, reservándose a cambio una partida de los ingresos: 2/3 del monto total en Occidente y una partida variable en Oriente a finales del siglo IV (Delmaire, 1989: 645-653). En realidad estas confiscaciones son un exponente más de la política de centralización seguida por los emperadores de la tardía Antigüedad, pues el erario imperial también pasó a determinar a qué gastos debía ser aplicado el tercio restante. El creciente intervencionismo, más lo oneroso de sus obligaciones explican que los curiales buscaran escapar a sus obligaciones refugiándose en la milicia —la plataforma más efectiva para la promoción a las funciones imperiales—, los monasterios o el clero, tanto más cuanto los más ricos de sus conciudadanos hacía tiempo que habían abandonado las curias para integrarse en el orden senatorial.

Esta evolución fue más pronunciada en Occidente que en Oriente, tal como refleja una conocido edicto del emperador Honorio del año 409 regulando el nombramiento del defensor civitatis (CJI, 55, 8). A semejanza de lo ocurrido con el curator también el defensor se terminó transformando en un cargo electivo, pero en este caso el colegio electoral pasó a estar constituido además de por los curiales, por el obispo y los honorati, es decir, por antiguos curiales integrados ahora en el orden senatorial. En Oriente, en cambio, esta solución no se impuso hasta un siglo más tarde en el reinado de Anastasio (491-518). En definitiva, el gobierno imperial optó por incorporar al gobierno de la ciudad a los que se habían convertido en sus dirigentes de hecho, pero que venían actuando al margen de su tradicionales órganos de gobierno en calidad de patronos: el obispo y la aristocracia senatorial. Independientemente continuó interviniendo en sus finanzas, pues aunque Valenti niano III (425-455) restituyó a las ciudades un tercio de los bienes urbanos, en lugar de confiarles el tercio de los ingresos, mantuvo el control sobre los dos tercios restantes (Delmaire, 1989: 653). Por otra parte, en la segunda mitad del siglo V un nuevo agente imperial irrumpe en el panorama urbano del Imperio de Occidente, el comes civitatis, con atribuciones judiciales y militares, y tal como indica su nombre, reclutado entre los miembros de la comitiva imperial. Esta nueva figura, que aparece documentada por vez primera en el reino visigodo de Tolosa y ya en el siglo VI también en Hispania e Italia (Rouche, 1979: 263), vino a suplir la impotencia de las curias municipales y a completar el proceso de centralización, que se desarrollaba desde los comienzos del siglo IV.

La división administrativa realizada en 395 a la muerte de Teodosio dejó a cada uno de sus hijos, Arcadio en Oriente y Honorio en Occidente, al frente de dos grandes demarcaciones territoriales, las citadas prefecturas. A Honorio le correspondieron la prefectura de las Galias y la de Italia. La prefectura de las Galias estaba gobernada por el Praefectus Praetorio Galliae, que acabaría trasladando su sede de la ciudad de Tréveris, junto a la frontera renana a la de Arlés en las proximidades del Mediterráneo, y constaba de cuatro diócesis: Britania, Galia (el norte de la Galia), Viennensis-Septem Provinciae (la Galia meridional), e Hispania, que además de la Península Ibérica incluía las islas Baleares y las tierras africanas del otro lado del estrecho. Cada una de estas diócesis estaba bajo la autoridad de un vicario del prefecto y a su vez cada diócesis constaba de distintas provincias, que agrupaban conjuntos de ciudades y que tenían a su frente un gobernador. La prefectura de Italia incluía otras cuatro diócesis: Italia annonaria, que extendía sus límites septentrionales hasta el alto valle del Rin y del Danubio; Italia suburbicaria, que integraba la Italia meridional más las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña; Illyricum, también llamada Panonia o Dalmacia, pues a esta diócesis se le amputaron sus provincias balcánicas y quedó limitada a las regiones del Nórico y Panonia, en la cuenca central del Danubio, y de Dalmacia, en la costa oriental del Adriático; y por último África, nombre que en época romana sólo se empleaba para designar las regiones noroccidentales del continente africano y de las que en el siglo IV se segregaron sus tierras más occidentales para integrarse en la diócesis Hispana. Por otra parte, al emperador Arcadio le correspondieron las prefecturas de Oriente y del Ilírico. La prefectura de Oriente era la más poblada y rica de todas ellas y contaba con cinco diócesis: Aegiptus, que se extendía por el feraz valle del Nilo y Libia; Oriens, que incluía Siria, Palestina y la Mesopotamia romana; Asiana, que integraba aquellas tierras de Asia Menor cuyas aguas vertían al mar Egeo; Pontica, que se extendía por las tierras que vertían al Ponto; y por último Thracia, en el extremo nororiental de la Península Balcánica. La prefectura del Ilírico, que se extendía por los Balcanes e integraba las diócesis de Dacia y Macedonia, surgió con el reparto del año 395. Éste vino a consagrar la partición de Iliria en dos mitades, pues el gobierno de esos territorios ya fue atribuido a Teodosio, que en 378 combatió allí victoriosamente a los sármatas, cuando fue alzado al trono de Oriente por el emperador Graciano en 379 (Stein, I, 190). Ésa es la razón de la menor dimensión de la prefectura ilírica y también de la duplicación de nombres, pues la prefectura itálica continuó integrando una diócesis de igual nombre, aunque a menudo se sustituya éste por los de Panonia o Dalmacia para evitar confusiones. Esta desmembración del Ilírico dio lugar a disputas y tensiones entre los gobiernos imperiales de Oriente y Occidente, pero la nueva línea divisoria entre una y otra parte del imperio estaría llamada a perpetuarse. Por otra parte, el progresivo distanciamiento de ambas partes del Imperio justifica que en adelante la atención se focalice en el Imperio de Occidente y especialmente en la prefectura gala, circunscripción en la que quedó englobada la diócesis de Hispania.

La administración tardoimperial se caracterizó por una neta separación entre las funciones civiles y militares. Al frente de las prefecturas se hallaban los prefectos del pretorio con responsabilidad absoluta sobre la administración civil y, aunque privados de autoridad militar, eran también ellos quienes se encargaban de efectuar las levas y proveer de armamento, uniformes y vituallas al ejército. Cada una de las prefecturas, como se ha visto, estaba dividida en varias diócesis y se hallaba bajo la autoridad de su correspondiente vicario del prefecto, que en el caso de Hispania tenía su sede en Emérita Augusta (Mérida). Por su parte las diócesis se hallaban divididas en distintas provincias y éstas eran regidas por un gobernador civil, recibiendo la ciudad donde éste fijaba su residencia el título de metrópoli. La diócesis de Hispania constaba de siete provincias, las cinco en que se hallaba dividida la Península Ibérica —Tarraconense, Cartaginense, Bética, Lusitania y Gallaecia— más la insular de las Baleares y al otro lado del estrecho la de Mauritania tingitana. Sólo Roma y Constantinopla, las dos capitales del Imperio, con cerca de medio millón de habitantes cada una, escapaban a este sistema. Ambas eran administradas por separado mediante prefectos urbanos (praefecti urbi) de rango senatorial, sujetos a la supervisión de un vicario imperial. Por otra parte, a pesar de la complejidad del entramado administrativo, los efectivos de la administración civil nunca llegaron a ser muy numerosos. De hecho, el peso de la gestión administrativa recaía fundamentalmente en las magistraturas urbanas, por lo que las oficinas de prefectos, vicarios y gobernadores provinciales se bastaban con un limitado número de agentes, que sumados a los que atendían los servicios centrales de palacio quizá sobrepasaran los 30.000 efectivos, pero que en ningún caso superaban los 40.000 (Jones, 1964: 211).

La burocracia imperial (militia civilis) se ocupaba principalmente de gestionar las finanzas y el impuesto, base del funcionamiento del estado. Su labor no gozaba precisamente de popularidad. La crisis del siglo III había hecho necesaria una reforma del sistema tributario, que permitiese calcular con exactitud los ingresos del fisco y elaborar un presupuesto anual para todo el Imperio. La creación de nuevos catastros y métodos de recaudar el impuesto habían generado, en época de Diocleciano, un amplio malestar social. Algo comprensible, si tenemos en cuenta que, entre 275 y 325, la presión fiscal se duplicó y que muchos arrendatarios libres o colonos fueron adscritos legalmente a la tierra para asegurar el pago del tributo. No tuvieron mejor suerte los curiales, miembros del consejo municipal de cada ciudad (curia), vinculados hereditariamente a su cargo y responsables colectivamente de la recaudación del tributo. Sin embargo, recientes estudios han puesto de relieve cómo, durante el reinado de Constantino y sus sucesores, el peso de la imposición tendió a reducirse y, en la segunda mitad del siglo IV, se estabilizó (Depeyrot, 1996: 68-80). La base del sistema era la annona, un tributo cobrado en especie —más tarde en oro— a los propietarios del suelo. Su cuantía se fijaba cada quince años, teniendo en consideración, por un lado, la superficie y calidad de las tierras (iuga) y, por otro, la productividad de las mismas en relación con el número de colonos, esclavos y ganado que eran capaces de sostener (capita). El sistema garantizaba un reparto más equitativo de la carga fiscal y fomentaba la cohesión de las comunidades campesinas y urbanas, responsables colectivamente del pago. No obstante, la corrupción de los reaudadores, que incrementaba abusivamente el volumen de los impuestos, y la existencia de otros tributos sobre la producción y el comercio (collatio lustralis), así como de todo un sistema de prestaciones (munera) en trabajo y en especie, contribuía a que la carga se percibiese como insoportable (Maier, 1972: 73-81).

1.3. Reformas militares y barbarización del ejército

Autocracia imperial y centralización de las estructuras administrativas son algunos de los rasgos que definen el estado tardo-imperial romano, pero tanto o más significativo fue también su creciente militarización. Algunos estudiosos no han dudado en calificar de “revolución militar” los años transcurridos entre 260, fecha en torno a la cual la aristocracia senatorial quedó excluida de los mandos militares que hasta entonces había venido monopolizando, y la muerte del emperador Constantino en 337 (Brown, 1989: 32). Durante esas décadas el ejército romano fue reestructurado en profundidad y su transformación tuvo importantes repercusiones en el conjunto de la sociedad romana. Las reformas militares emprendidas por los emperadores, incluso antes de la llegada al trono de Diocleciano en 283, continuadas luego por éste y completadas por Constantino no sólo incrementaron los efectivos militares del Imperio, sino que también redoblaron su eficacia al dar mayor cabida a la caballería y, sobre todo, al sustituir las antiguas legiones establecidas en las fronteras por dos cuerpos de tropas diferenciados: uno de tropas de campaña (comitatenses), móviles y más especializadas, y otro de tropas fijas (limitanei), establecidas de forma permanente en pequeñas guarniciones a lo largo de las fronteras. También modificaron las bases del reclutamiento, reestructuraron la cadena de mandos y establecieron una nítida separación entre la carrera civil (militia civilis) y la militar (militia armata), desvinculando así a la milicia de la clase senatorial y abriendo los altos mandos a militares profesionales salidos de las filas de la tropa.

El mayor número de efectivos militares se dejó sentir profundamente en la sociedad tardorromana, pues fue responsable directo del incremento de la carga tributaria. El historiador británico Jones, a comienzos de la década de 1960 y sobre la base de la Notitia Dignitatum, una relación de las unidades del ejército y de sus mandos, así como de las dignidades civiles elaborada a comienzos del siglo V, calculó en 1964 que el conjunto de las tropas imperiales pudo alcanzar por entonces los 600.000 efectivos, una cifra que estudios posteriores tienden a reducir situándola en torno a los 400.000, pero que incluso en el menor de los casos sigue siendo enorme y que al menos duplicó el tamaño del ejército (Jones, 1964: 216-217; Cameron, 1998: 65). Este incremento también agudizó los problemas de reclutamiento, lo que llevó no sólo a introducir la leva obligatoria, sino que también forzó la búsqueda de nuevas fuentes de aprovisionamiento de tropas. Tradicionalmente, la recluta había sido voluntaria. Durante la República fueron los propios ciudadanos romanos los primeros interesados en incorporarse a las filas del ejército, ya que permitía participar en los cuantiosos beneficios de las guerras de conquista. Más tarde fueron los provinciales los que proporcionaron el grueso de las tropas, alentados por la concesión de la ciudadanía romana al final de largos años de servicio. Ahora bien, en el siglo III, época en la que precisamente se incrementó la presión en las fronteras —en las orientales por parte de los persas y en el limes renano-danubiano por la de los germanos—, ese estímulo dejó de funcionar después de que Caracalla extendiera en 212 la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio. Entre las numerosas reformas adoptadas por el emperador Diocleciano para hacer frente a la difícil situación no sólo figuró la reforma tributaria citada más arriba, sino también el establecimiento del reclutamiento obligatorio.

La obligatoriedad de la leva alcanzó a los pequeños y medianos propietarios, que fueron agrupados en consorcios de varios miembros en función del tamaño de sus explotaciones —uno de ellos se incorporaba a la milicia y el resto le hacía entrega de una prima en numerario previamente fijada por el fisco o bien confiaban la tarea y la prima a un voluntario— y también a los grandes, que en función del valor de sus dominios estaban obligados a contribuir a la recluta con un determinado número de sus cultivadores libres. Esta innovación fue tanto o más impopular que la reforma tributaria. A pesar de las exenciones fiscales otorgadas a los enrolados y también a los grandes propietarios privados de sus hombres, la recluta obligatoria nunca terminó de funcionar. La renuencia de los grandes propietarios a prescindir de mano de obra y el rechazo de pequeños y medianos a un servicio de armas, que les alejaba de sus familias y hogares hizo que pronto se impusiera la práctica de conmutar la leva obligatoria por pagos sustitutorios: el llamado aurum tironicum. En esta práctica coincidieron los intereses de administrados y gobernantes, especialmente en las provincias del interior alejadas desde hacía tiempo de los campos de batalla, ya que el gobierno imperial con el dinero así obtenido pudo reclutar efectivos más capacitados, especialmente entre los bárbaros. En consecuencia, tanto los regimientos de campaña (comitatenses) como las guarniciones de frontera (limitanei), estaban formadas por soldados profesionales, reclutados en las provincias renanas y danubianas entre grupos bárbaros recientemente instalados en la región como colonos agrícolas sujetos a obligaciones militares (laeti, gentiles) o entre campesinos pobres y escasamente romanizados, e incluso entre los pueblos asentados al otro lado de sus fronteras (Jones, 1964: 219-220; Delmaire, 1989: 321-329; Cameron, 1998: 64-65). Estos bárbaros eran reclutados a título individual e incorporados a las filas del ejército regular romano, cuyas jefaturas podían alcanzar en función de la brillantez de sus carreras y en igualdad de condiciones que los ciudadanos romanos. Un sistema que catapultó a numerosos soldados de origen bárbaro hasta las más altas dignidades militares del Imperio. Éste fue el caso de Estilicón, un oficial de origen vándalo, que fue promovido a generalísimo de los ejércitos imperiales, tanto de infantería como de caballería (magister utriusque militiae), por el emperador Teodosio, y al que éste confió la tutela de su hijo y sucesor en Occidente, el joven emperador Honorio. Estilicón se casó además con Serena, sobrina e hija adoptiva de Teodosio, mientras que Honorio lo hizo primero con María, la primogénita de Estilicón y Serena, y cuando ésta murió, con su hermana Termancia.

En el Bajo Imperio, tal como se ha dicho, se separaron la carrera civil de la militar, perdiendo así el senado sus últimas atribuciones en la designación de los mandos del ejército. El emperador, en tanto que jefe supremo del mismo, era quien nombraba y deponía a los generales. Las máximas jefaturas correspondían a los dos generalísimos destacados junto al emperador, que servían en la corte (in divina praesentia) y participaban en las reuniones del consistorio: el maestre de la infantería (magister peditum) y el de la caballería (magister equitum), este último de inferior rango pues el ejército romano seguía estando fundamentalmente compuesto por tropas de infantería. Ambas jefaturas pueden también aparecer fusionadas en una sola con el título de magister utriusque militiae, es decir, maestro de las dos milicias, la de infantes y la de jinetes, una práctica corriente en Occidente desde que Estilicón asumiera lo dos mandos (Stein, I: 241). Subordinados a ellos estaban los generales de las divisiones regionales del ejército de campaña (comitatense), que tenían a su cargo los principales sectores de la frontera. En Occidente éstos eran el magister militum per Gallias, responsable de la frontera renana, y el magister militum per Illyricum, que lo era de la cuenca central del Danubio, siendo frecuente que los titulares de estas jefaturas portaran el doble título de comes et magister. Los generalísimos también tenían bajo sus órdenes a los comites (comes, en singular) que, cuando las circunstancias lo requerían, eran enviados al frente de destacamentos menores a las distintas provincias, mientras que las divisiones centrales de las fuerzas móviles, que pasaron a ser conocidas con el nombre de palatini, estaban bajo el mando directo de los dos generalísimos. Por último, al magister peditum praesentalis se hallaban también subordinados los duces (dux), que ejercían su mandato sobre las tropas fijas de limitanei establecidas en las provincias renano-danubianas. Este sistema defensivo se prolongaba más allá de las fronteras mediante el establecimiento de tratados foedera; foedus, en singular) o acuerdos de federación con los jefes bárbaros vecinos, que no sólo servían de escudo protector, sino que incluso aportaban tropas auxiliares y que recibían a cambio subsidios del gobierno imperial (Jones, 1964: 214-215).

El peso de la recluta de efectivos de origen bárbaro y la presencia de estas tropas auxiliares dieron lugar a que a lo largo del siglo IV se produjera un proceso de barbarización del ejército, que contribuyó a desdibujar las diferencias entre romanos y bárbaros. Unas diferencias, que en las provincias fronterizas cada vez resultaban menos nítidas. La lealtad al emperador suplía con creces las diferentes pautas culturales de unos y otros. Ese proceso se intensificó alcanzando al conjunto del Imperio a partir del momento en que el gobierno imperial extendió estos acuerdos de federación a los pueblos bárbaros que se fueron asentando en su territorio. Una práctica que fue inaugurada por el emperador Teodosio en 382 con los godos, que habían atravesado el bajo Danubio en 376, y que luego a lo largo de la primera mitad del siglo V los emperadores de Occidente aplicaron a aquellos otros pueblos, que traspasaron el Rin en 406 (Brown, 1997: 58-59). La multiplicación de estos acuerdos dio lugar a un número variable de unidades de federados o aliados autónomos, que ya no regresaban a sus bases, más allá de las fronteras, al término de las campañas y que con el transcurso del tiempo terminaron convirtiéndose en el núcleo principal del ejército occidental, desplazando a las tropas regulares.

Estos nuevos acuerdos de federación en último término eran continuidad de la política inaugurada en el siglo IV, pero al mismo tiempo introdujeron una ruptura significativa. Las unidades de federados a diferencia de las tropas regulares contaban con sus propias jefaturas y lazos de cohesión. Cada una de ellas estaba encabezada por un jefe bárbaro, auténtico empresario de la guerra, que ostentaba el título de rey y contrataba sus servicios al gobierno imperial a cambio de una suma anual de oro y suministros de grano para las raciones de la tropa. Este tipo de milicias tenían un sistema de reclutamiento bastante flexible. Los reyes siempre andaban necesitados de soldados y no se mostraban demasiado exigentes a la hora de escoger a los hombres que les servían. Por eso, aunque en algunas de ellas predominase un determinado grupo bárbaro, la mayoría eran bandas heterogéneas, en cuyas filas también hallaban acogida todo tipo de elementos desleales a los valores cívicos de la clase dirigente romana, desde esclavos fugitivos y salteadores de caminos a miembros de la pequeña nobleza rural, habituados a imponerse a sus vecinos mediante el uso de las armas. El ingreso en uno de estos ejércitos comportaba el establecimiento de un vínculo personal de fidelidad con su jefe y, por consiguiente, la adscripción a la gens o linaje de éste. Se introdujo así un factor importante de desintegración política, que en un principio quedó paliado por la lealtad de estos jefes bárbaros al emperador. La principal aspiración de todos ellos era situarse en la cúspide de la pirámide social romana y el servicio al emperador era una de las pocas vías, junto con el acceso a la propiedad de la tierra, que garantizaba su consecución. Así, los líderes bárbaros aparecen ostentando junto a sus títulos regios títulos y dignidades propias de las jefaturas militares romanas: Alarico, el primer rey de los visigodos, fue el primer jefe bárbaro en ostentar una dignidad militar romana, concretamente entre 395 y 401, la de magister militum per Illyricum, es decir, la de jefe de la división del ejército de campaña destacada en la prefectura oriental del Ilírico. Además, los líderes bárbaros con los subsidios obtenidos del gobierno imperial —en moneda, grano e incluso tierras— pudieron reforzar las lealtades de unas masas todavía no claramente adscritas a un linaje, consolidando así su posición frente a otros notables y propiciando la definitiva conformación de estos pueblos o comunidades.

Con el transcurso del tiempo estos acuerdos de federación terminaron comprometiendo la integridad del Imperio, al permitir que estos pueblos, o quizá mejor, estos ejércitos, se integraran en la militarizada sociedad tardorromana desde posiciones de privilegio y al fortalecer el poder de sus líderes. Como consecuencia de todo ello, los jefes militares bárbaros no tardaron en intervenir en los asuntos internos del Imperio. Si tradicionalmente los generales romanos aspiraban a culminar su carrera ocupando el trono imperial, comprometiendo la estabilidad del Imperio con continuas guerras civiles, en la segunda mitad del siglo V fueron los jefes militares bárbaros los que heredaron esas aspiraciones. De este modo, los líderes bárbaros, que compaginaban las jefaturas de sus pueblos y sus títulos regios con dignidades y títulos imperiales, pasaron a convertirse primero en hacedores de emperadores, los llamados emperadores títeres, y finalmente desplazaron a éstos en favor de unos nuevos poderes regionales: los reinos romano-bárbaros. En este proceso los jefes militares bárbaros no actuaron de forma independiente, sino en connivencia con las aristocracias senatoriales. Durante la tardía romanidad, la política impositiva del gobierno imperial dio lugar a una creciente contraposición entre los intereses de los grandes propietarios senatoriales y los del poder central. Por otra parte, al haber quedado éstas desplazadas de la dirección del Imperio sufrieron un proceso de regionalización, transformación que resulta ya patente en el reinado de Valentiniano III (425-455) cuando sólo aquellos de sus miembros que gozaban del rango de clarissimi quedaron obligados a residir en Roma, mientras que spectabiles e illustres fueron eximidos de esa obligación. De resultas de ello se intensificaron las diferencias existentes en el seno de la propia clase senatorial entre los distintos grupos provinciales, especialmente en lo que concierne a Occidente entre la aristocracia gala e italorromana, más interesada la primera en resolver los problemas hispanos y la segunda, los de sus vecinas provincias africanas. Todas estas contradicciones, no resultan quizá tan llamativas como las derivadas del asentamiento de los pueblos germánicos, pero constituyeron los movimientos de fondo sobre los que se superpusieron las ambiciones de los jefes militares bárbaros. Precisamente la utilización de la expresión “romano-bárbaros” a la hora de calificar a los nuevos reinos, en lugar de las más frecuentes de simplemente “bárbaros” o “germánicos”, pretende subrayar las distintas líneas de fuerza que subyacen en el origen y posterior desarrollo de estos reinos: por una parte, los intereses de los provinciales romanos y, por otra, los de las aristocracias militares de origen bárbaro.

1.4. La polarización de la sociedad y las relaciones de patrocinio

Sabemos que en los dos últimos siglos de vida de la parte occidental del Imperio se producen una serie de transformaciones fundamentales, que se manifiestan de forma acusada en el propio funcionamiento del estado romano. Efectivamente, es patente la progresiva debilidad de la administración, que en algunos casos ponen en peligro su propia pervivencia. En concreto, el cambio más acusado que podemos reseñar, tanto en los ámbitos sociales como políticos, es el dominio de lo privado sobre lo público, factor este último que en muchas ocasiones es relegado o abandonado, y que supone el alejamiento real de la aristocracia senatorial romana de sus antiguas obligaciones y de sus vínculos con el gobierno imperial. Por lo que podemos colegir de los textos, esta razón explicaría la admisión de los visigodos en el Imperio, en la medida en que pasarían a ocuparse de aspectos tales como las obligaciones militares y de defensa. Sin embargo, la propia afinidad social que ahora se crea entre éstos y los grandes propietarios galorromanos, cada vez más absentistas, supondrá la introducción de forma progresiva de los recién llegados en actitudes similares, que en definitiva reproducen los rasgos sociales y económicos imperantes.

En consonancia con lo expuesto, sabemos por un conjunto de leyes y textos literarios de la época la importancia que el patrocinio adquiere en el conjunto de la sociedad. Contamos para ello con un texto sumamente interesante y revelador, recogido en compilaciones posteriores hispanas, que explicita su importancia entre visigodos y romanos. Se trata de una disposición contenida en el Código de Eurico, que dice lo siguiente:

Si alguno dio armas a un comendero (buccellarius), o le donó alguna cosa, permanezca lo que fue donado en poder del mismo, si perseverare en el servicio de su patrono. 2. Mas si eligió otro patrono, tenga facultad para encomendarse a quien quisiere, pues no se puede impedir a una persona libre el hacerlo, siendo dueño de sí mismo, pero devuelva todo al patrono de quien desertó. 3. Obsérvese la misma norma respecto a los hijos del patrono o del comendero: que si quieren éstos servir a aquéllos, posean lo donado, mas si decidieron dejar a los hijos o nietos del patrono, devuelvan todo lo que el patrono donó a sus padres. 4. Y si el comendero adquirió alguna cosa estando en el servicio del patrono, quede la mitad de todo ello en poder del patrono o de sus hijos, y obtenga la otra mitad el comendero que lo adquirió; 5. Y si dejó una hija, ordenamos que quede en poder del patrono, pero debiendo el patrono procurarle un igual que pueda casarse con ella. 6. Y si ella eligiera otro marido contra la voluntad del patrono, restituya al patrono o a sus herederos todo lo que el patrono o sus padres donaron al padre de la misma (Cod. Eur., 310, 1-6).

La figura del patrocinio supone por tanto, a grandes rasgos, la unión de la instancia económica, representada por el propietario de la tierra o dominus, y la figura del patronus, que desempeña un papel de carácter extraeconómico o personal. La supremacía de este tipo de relación anulará progresivamente la instancia pública, al establecer con la población subordinada campesina vínculos de dependencia de carácter hereditario que se anteponen a cualquier otro tipo de obligación, y que acabarán por ser dominantes. De acuerdo con A. Barbero y M. Vigil la nueva realidad social, presente de forma clara en las disposiciones legales contenidas en los códigos de Teodosio y Justiniano, respectivamente, también aparece en el siglo V en el Código de rey visigodo Eurico, que recoge así una práctica generalizada y reconocida, que tenía su razón de ser y su aplicación a partir de la entrega de la tierra y de la situación de la población campesina a ella adscrita (Barbero y Vigil, 1978: 22-28). Igualmente, y en el año 400, un canon del I Concilio de Toledo recogía la unión de las figuras del dominus y el patronus para Hispania, al prohibir la ordenación como religiosos de aquellos que estuvieran en relación de dependencia respecto a otra persona.

No sabemos con exactitud de qué manera concreta se produjo el reparto de tierras en la Galia, ni tampoco en la Península Ibérica, aunque parece claro que éstas fueron recibidas por los magnates godos, de acuerdo con variantes de la ley de hospitalidad mencionada. La presencia de un nuevo contingente humano, que parece que no sobrepasaría las doscientas mil personas, tuvo sin embargo que registrar algún tipo de incidente, fundamentalmente si tenemos en cuenta que las relaciones con la corte imperial, y sobre todo con el patricio Constancio, ahora esposo de Gala Placidia, sufrieron los vaivenes de la negociación y de la ruptura política, respectivamente, y ello hubo de repercutir en alguna medida en las relaciones con los grandes propietarios galorromanos. Sin embargo, la mención en Orosio y Zosimo de la intervención de los ejércitos privados de los primos del emperador Honorio, Dídimo y Veriniano, atestiguan claramente la vigencia del fenómeno del patrocinio, del mismo modo que lo hacen los matrimonios entre godos e hispanorromanos, en teoría prohibidos por la legislación.

Para los comienzos del siglo V contamos con el Eucarísticos, testimonio autobiográfico de Paulino de Pela, aristócrata romano y descendiente de Ausonio, quien representaría un claro ejemplo del tipo de vida de la clase elevada gala, tanto por su educación como por sus costumbres, y que participó activamente en los hechos políticos que se relacionan con la llegada de los visigodos. Paulino habría visto a Ataúlfo al frente de su ejército controlando Burdeos, y se relacionaría de forma amistosa, según sus propias palabras, con los gobernantes godos. Todo ello en un clima de inestabilidad política del Imperio, que ve cómo surgen de forma reiterada usurpaciones y deslealtades. En este sentido hay que explicar el apoyo del rey godo a Atalo, a quien nombra emperador con la pretensión de conseguir los resultados más óptimos en su relación con Roma. Pero lo que tenemos que poner de relieve sobre todo es la participación de Paulino en el gobierno imperial que estableció su sede en Burdeos, ocupando un cargo de relativa importancia en calidad de comes, y más aún, su afirmación de que él sólo fue uno de los muchos galorromanos que apoyaron la política de Ataúlfo. Poco después esta intentona fracasó precisamente por la presión militar del patricio Constancio, que consiguió que los bárbaros abandonaran la ciudad, además de que pusieran coto a las correrías de los vándalos en Hispania, y que creaban un manifiesto clima de inseguridad.

Es importante poner de relieve cómo Paulino, aunque fuera de forma implícita, establece una estrecha relación entre la ruptura de los tratados firmados entre ambos pueblos y el surgimiento de un conjunto de conflictos sociales protagonizados por los sectores sociales dependientes, y que ponen en peligro el statu quo existente. Así, en el momento álgido del enfrentamiento de Ataúlfo y Constancio, se registran graves incidentes en la ciudad de Bazas, con la revuelta de la población servil, que puso en graves apuros incluso al propio Paulino. Es decir, resulta evidente, como más tarde afirmaría Casiodoro, que los godos eran los auténticos garantes de la civilitas, del orden constituido, y que este hecho justificaba sobradamente los posibles perjuicios ocasionados a los romanos por la partición de las tierras de su propiedad, y ello por tanto supone que lo fundamental es preservar un conjunto de privilegios sociales y económicos, que explican la aproximación y colaboración entre ambas aristocracias. De hecho, mientras que persiste el enfrentamiento con el poder imperial, la precariedad de Paulino va en aumento, y se concreta en la pérdida de parte de sus posesiones y en el alineamiento de sus conciudadanos en bandos opuestos, según sus intereses, lo que origina incluso que protagonicen saqueos de sus tierras y que se extienda por todos los lugares un clima de gran inseguridad. Sin embargo, cuando se ha recuperado el consenso perdido, cuando vuelven a reinar las condiciones apropiadas, se restablecen los valores solidarios de clase de la civilitas, y ello posibilitará consecuentemente que un propietario godo indemnice adecuadamente a Paulino entregándole una cantidad justa por unas tierras próximas a Burdeos que se habría apropiado con anterioridad.

Estas visiones que se nos ofrecen de buena concordia entre romanos y bárbaros, que llegan incluso a un entendimiento en clave política, se ven reforzadas cuando sabemos por el autor galo que uno de sus hijos viviría en sus posesiones en buenos términos de convivencia con su vecino godo. Avanzando aún más en este clima de concordia, otro de sus hijos estaba presente en la corte goda, donde desempeñaría sin duda algún tipo de cargo político, práctica que como sabemos ocurrirá con cierta frecuencia en los decenios posteriores. Las nuevas realidades exigirían por tanto soluciones de nuevo cuño, que en el caso de la Galia se manifiestan en la colaboración interesada con los romanizados visigodos, pero que se expresarán de forma diferente en función de la coyuntura y el contexto concreto. La misma realidad podemos percibirla en la Península Ibérica, a tenor de textos como la Crónica de Hidacio, que en última instancia revela la proximidad de los recién llegados con la población autóctona, y su interés por erradicar problemas que afectaran a sus intereses de clase, como lo atestigua el fenómeno de la bagaudia.

Ya hemos puesto de manifiesto que la vía militar será uno de los cauces más frecuentes a través del cual romanos y visigodos expresarán sus afinidades y disputas. En la medida en que una de las razones fundamentales del asentamiento de los bárbaros era su necesaria aportación a la defensa del Imperio, sabemos de su contribución decisiva en la derrota de movimientos tales como la bagaudia, que constituyó a lo largo del siglo V un importante vehículo de descontento social campesino. De igual modo, las tropas o comitivas militares godas participaron, de forma conjunta con otros contingentes romanos o en solitario, en la eliminación o represión de los pueblos bárbaros que habían pasado a la Península Ibérica a comienzos de siglo, pues sus correrías podían suponer un peligro para el precario orden reinante en estas tierras.

Lógicamente, en determinados momentos, los propios intereses del naciente estado tolosano podían dar lugar a diferencias que se saldaban con enfrentamientos con las tropas imperiales, pero en cualquier caso la tónica dominante pasaba por el restablecimiento de la paz y la reanudación de la colaboración. La prueba más clara de esta colaboración la encontramos en el frente común que establecieron godos y romanos para luchar contra Atila, quien al frente de un conjunto heterogéneo de pueblos asolaba y ponía en peligro el difícil equilibrio existente en estos momentos. Los intentos diplomáticos del huno por romper el tratado de amistad y cooperación que reinaba entre ambos pueblos se vieron totalmente anulados por el sentimiento de solidaridad ante un enemigo común, y las afirmaciones del futuro emperador Avito o del entonces reinante Valentiniano, quienes consideraban a los visigodos parte del Imperio y sostén del mismo, son prueba clara de las actitudes que finalmente se expresaron en la decisiva colaboración en la batalla de los Campos Cataláunicos, en el año 451.

Además, es razonable pensar que la vinculación de los visigodos a la propiedad de la tierra jugara en muchos casos como revulsivo ante la perentoria exigencia de Roma para que participaran en campañas de larga duración que les mantenían alejados de sus nuevas posesiones. En este sentido, la nueva realidad social influirá en ellos en la misma medida en que lo había hecho y lo seguía haciendo sobre los grandes propietarios romanos, cada vez más remisos a participar en el mantenimiento de un estado cuyos mecanismos de control resultaban ineficaces y poco ajustados a la realidad del momento. Por todo ello se explican los frecuentes casos de usurpación como el citado anteriormente, que no son otra cosa muchas veces que un intento por dar una solución concreta al cada vez más desvencijado estado romano, y que en el caso de los visigodos pasa por la construcción de alianzas con otras instancias de poder, para responder así a las expectativas generadas.

Una prueba de la serie de nuevas situaciones que estamos describiendo la podemos observar en el amplio abanico de posibles alianzas que ahora se abren, como el conjunto de complicidades establecidas por el monarca tolosano Teodorico I, que concertará acuerdos con otros pueblos bárbaros como suevos o vándalos recurriendo a las políticas matrimoniales. Se trata de prácticas que se corresponden con las llevadas a cabo por los influyentes miembros de la aristocracia senatorial para poder perpetuar de esta manera sus privilegios e intereses. Claras muestras de estas actitudes las tenemos tanto en episodios concretos (el sucesivo matrimonio de Gala Placidia con Ataúlfo y Constancio) como en un conjunto de disposiciones legales presentes en todo el período que nos sitúan ante un marco más general. Las alianzas matrimoniales ahora suscritas se deben entender por tanto en un doble sentido: suponen la creación de un nuevo mapa político, que acabará sustituyendo al inoperante estado romano mediante la colaboración de visigodos y galorromanos en la creación de nuevos modelos de gobierno con políticas exteriores definidas, y por otra parte corroboran con carácter general las transformaciones sufridas en la sociedad goda, acercándola a prácticas políticas extendidas en el conjunto de la clase gobernante romana, en tanto en cuanto los matrimonios servían para legitimar aspiraciones e intereses. Un ejemplo claro de las nuevas realidades lo constituye la elaboración por parte de la monarquía legislativa de compilaciones legales, como el Código de Eurico, en las que se recogen y sancionan las prácticas mencionadas. En un fragmento del mismo podemos observar situaciones muy vinculadas a las que se han descrito:

Si el marido, estando en guerra, se lucró en algo con los siervos de su mujer o los propios, nada de eso intente la mujer reclamar de su marido, ni en vida de éste ni después de su muerte; sino que el marido, que tiene bajo su potestad a la mujer según la Sagrada Escritura, igualmente ha de tener la potestad sobre los siervos de ella, y todo lo que adquirió en guerra, con los siervos de la mujer o los propios, quede en su poder; por este motivo: que si los siervos, estando en la guerra con su amo, cometieren algún daño, aquel que los había llevado consigo ha de indemnizar por ellos, de modo que el dueño sabe le pertenece lo mismo el perjuicio que la ganancia (Cod. Eur., 323).

En contra de lo que se ha podido afirmar, queda completamente fuera de duda el carácter territorial del corpus euriciano, que se corresponde con una consciente voluntad de crear y reforzar un determinado ámbito político y social con la colaboración e inclusión en el mismo de la población de la Galia, y que bebe directamente de las disposiciones legales bajoimperiales, que tendrán su continuación en el mundo peninsular hispano.

Resulta fundamental por otra parte considerar la figura y la obra de Sidonio Apolinar que, como sabemos, representa una fuente de información de primer orden para poder comprender aspectos determinantes de la sociedad gala en los últimos años de vida de la parte occidental del Imperio. El aristócrata galo da fe del conjunto de transformaciones que se están produciendo en el seno del grupo de los poderosos, cada vez más sensibles a las nuevas realidades y por tanto dispuestos a abandonar ciertas prácticas que les posibilitarán adaptarse a un conjunto de cambios que configuran un nuevo escenario político y social. Esto supone que en la obra poética y en la correspondencia epistolar de Sidonio advirtamos visiones de la problemática del momento claramente contradictorias, puesto que responden a actitudes acomodaticias en función del contexto político concreto, lo que llevó a R. D’Abadal a definirle como un personaje posibilista, pero que en definitiva expresa en la persona del aristócrata la búsqueda de toda una clase social de nuevas soluciones institucionales a problemas concretos ante el derrumbe de las fórmulas políticas anteriores.

Por un lado, la obra del futuro obispo de Clermont Ferrand, no es ajena a la retórica y a la adulación de sus iguales, con los que se cartea y a quienes hace partícipes de sus preocupaciones literarias, llevadas a cabo en la intimidad de sus grandes y suntuosas haciendas, en un consciente propósito por poner de relieve el prestigio social y cultural de estas actividades, con un claro intento de apropiación de las mismas, al hacer de los escritores clásicos, griegos y romanos, parte integrante de su patrimonio y de su manera excluyente de concebir la convivencia. Pero todo esto ocurre en un momento en el que la cristianización de la sociedad y de las instancias del poder es un hecho prácticamente consumado, con la progresiva identificación de la altiva aristocracia senatorial con las instancias máximas de la jerarquía eclesiástica, y la asunción por parte de estos obispos de origen senatorial de las funciones de sumos regidores de las ciudades titulares de sus diócesis.

Tal y como afirmaba Stein, la culminación de este proceso permitió a los obispos ocupar el vacío dejado por los curiales romanos, es decir, que la transición de carácter ideológico que se está produciendo en estos momentos no implica el abandono en sus aspectos formales de las antiguas fórmulas legitimadoras, sino que hace de éstas un corpus cada vez más restrictivo y diferenciador respecto al resto de la población. (Más adelante trataremos de un asunto colateral como es en qué medida estas prácticas sancionadoras serán compartidas o no con el grupo de aristócratas godos).

Resulta sumamente interesante por tanto observar el mantenimiento por parte de la alta aristocracia religiosa de la potentia de índole económica y social, modificada ahora como hemos visto en el sentido de la implantación y dominio del patrocinium, y de otro tipo de potentia de carácter espiritual, materialmente inasible, pero cuyo control se concretaría en el dominio de los mecanismos de cohesión ideológica de base cristiana, fundamentales en tanto en cuanto son los únicos que ahora garantizan el orden establecido, a través de los nuevos lenguajes de base cristiana que se están gestando, y en la medida en que, como decía Gregorio de Tours en el siglo VI, “ya nadie entiende al rétor filosofante”.

Podemos afirmar así que la clase dirigente galorromana y la hispanorromana en menor medida todavía, mantienen de manera armónica distintos niveles de actuaciones y de imágenes en función de sus destinatarios, y que a la vez éstas se proyectan en el resto y provocan un efecto legitimador. Pero además, y en el terreno del poder político, también vemos los cambios de actitud que se producen en esta nobleza en función de la problemática concreta, en la que prima cada vez más lo privado sobre lo público, acorde con el progresivo desgaste del estado, lo que origina en algún caso síntomas de desorientación sobre cuál es el correcto proceder. Todo ello supondrá que la inhibición del orden senatorial vaya en aumento, en la medida en que los episodios que se están produciendo no afecten de forma inmediata a sus intereses, y den lugar a una ruptura de los marcos territoriales y políticos de convivencia, como cuando los visigodos se asientan en las Galias a partir del año 418.

Sidonio Apolinar descendía de una familia senatorial, y desempeñó además cargos políticos de relevancia, alguno de ellos en Roma, donde fue Prefecto. Además, se casó con una hija del futuro emperador occidental Avito, y mantuvo estrechas relaciones con familias de alto rango y representativas de la máxima expresión de poder en la Galia. Por todo ello Sidonio es testigo relevante de las nuevas realidades políticas que se están gestando, las cuales no siempre le benefician. En particular nos referimos a la política expansionista del rey visigodo Eurico, que pretende entre otros propósitos la inclusión en su esfera de influencia de los territorios de la región de la Auvernia, y que cuenta en particular con la total desaprobación del ahora obispo de la ciudad de Clermont Ferrand. Lo que Sidonio nos transmite en sus textos es el testimonio de un desfase, de un desequilibrio existente entre las facetas públicas y privadas de los grandes propietarios, que se traducen habitualmente en el abandono de las obligaciones de tipo público que habían definido anteriormente a esta clase, y para las cuales debían de poner en juego necesariamente sus recursos de origen privado. El gran propietario se desentiende progresivamente de sus tradicionales obligaciones, volcándose en contrapartida cada vez más en la administración de sus bienes propios.

Resulta sintomática en este sentido la carta dirigida por el metropolitano de Clermont a Eutropio, como él miembro de una familia de gran prestigio y que anteriormente había desempeñado la Prefectura del Pretorio de la Galia bajo el reinado del emperador Antemio (467-472). Sidonio recuerda esta importante circunstancia al destacado miembro del orden senatorial, ahora volcado en el cuidado de sus posesiones y remiso, a juzgar por la insistencia infructuosa del religioso, a abandonar el cómodo y deseado anonimato para dirigirse a Roma, donde de acuerdo con el relato del autor, desempeñaría de nuevo las funciones públicas propias de su rango y condición. Pero la diferencia fundamental en las postrimerías del siglo V estriba en que el mencionado Eutropio habría de utilizar para la consecución de sus fines políticos tanto a sus dependientes armados, como su patrimonio personal y sus recursos monetarios. Hemos de suponer que esta circunstancia, unida a razones de carácter coyuntural no desdeñables, explicaría la negativa, o indecisión en el mejor de los casos, de Eutropio a concurrir una vez más al servicio de los asuntos del gobierno del estado. Tenemos que insistir en este aspecto crucial de las coordenadas políticas del momento, que se identifican con las consolidadas actitudes abstencionistas ante lo público de los grandes terratenientes, tal y como puso de relieve de forma magistral el estudioso italiano Santo Mazzarino, quien enumeró y describió la serie de privilegios de toda índole de los que ahora gozaba la clase dominante romana.

Esta toma de posición titubeante de los poderosos ante la aparición de conflictos de cualquier clase también afecta al entorno más próximo del obispo de Clermont Ferrand. En concreto, sabemos de la existencia de dos cartas que Sidonio envía a su cuñado Ecdicio, quien a su vez era hijo de Avito, hasta hace pocos años emperador de la parte occidental. En las mismas asistimos de nuevo a la asociación interesada que el autor establece entre la cada vez más precaria situación de la administración imperial y la necesidad de que el desasistimiento que provoca esta carencia sea suplida por la nobleza galorromana. Es en este contexto cuando Ecdicio es reclamado por su cuñado para que vaya a liberar con sus propios dependientes la tierra patria de la Auvernia, asediada en estos momentos por el rey Eurico, como hemos visto antes. Por tanto, se establece un necesario vínculo entre la falta de los necesarios efectivos y recursos relacionados con el poder central, por un lado, y la que parece lógica asunción de responsabilidades de los grandes propietarios locales, como Ecdicio, por otro, a quien se presenta como potencial salvador de sus conciudadanos, los habitantes de la región que en estos momentos se quiere anexionar el monarca visigodo.

Juzgamos muy interesante el carácter complementario de dos facetas que en principio se manifiestan como antitéticas: ante la ausencia de soldados de condición pública (si nullae a repufblica vires) con los que hacer frente a una determinada situación, se juzga necesario que los contingentes privados, asociados a las tierras de un gran propietario en virtud de las relaciones de dependencia ahora vigentes, se arroguen ahora y circunstancialmente funciones de defensa de intereses que hasta hace poco se concebían como valores e ideales vinculados con carácter general sólo a las instancias públicas del gobierno imperial.

Este conjunto de cambios se registra con carácter general en varios ámbitos de la vida del Bajo Imperio. Sabemos de la existencia, pese a su prohibición, de cárceles de funcionamiento privado, en las que se ejecutaban las sentencias que, también en el ejercicio privado de la misma, se pronunciaban por parte de los grandes señores. Es frecuente observar en la legislación la existencia de un pulso entre las prácticas habituales de los poderosos en el marco de sus haciendas y las reiteradas prohibiciones que velaban para que no se pusieran en tela de juicio ni la validez ni la fortaleza de instituciones públicas como la relacionada con la justicia. El propio Sidonio Apolinar que, como hemos visto en los textos precedentes, aboga por los valores de la res publica, aparece en algunos de sus testimonios recorriendo sus propiedades y castigando como si de un juez se tratara a aquellos que hubieran transgredido la ley y hubiesen cometido algún daño punible, en concreto la violación de la tumba de sus antepasados por unos ladrones.

Estas informaciones nos muestran la existencia de mecanismos de funcionamiento de tipo privado que se desarrollan en paralelo respecto a los propios del estado, y que progresivamente van cuestionándolos y reemplazándolos. Esta práctica supone la aparición en definitiva de auténticos estados privados dentro del teórico estado romano, cada vez más independientes y menos necesitados de instancias superiores de viejo cuño, debido fundamentalmente al nuevo concepto de relaciones sociales de dependencia, que supone que las obligaciones que antes se tenían para con el estado se establezcan ahora con el señor y patrón de las propiedades, y se camine de este modo hacia un nuevo tipo de sociedad feudal.

De esta forma, personajes fuertemente vinculados a las tradicionales clases gobernantes romanas se mueven en nuevas direcciones en cuanto a la defensa de sus intereses. Estos intereses insistimos en que se configuran de forma distinta en función de la aparición de nociones diversas y opuestas en muchos casos al sistema organizativo imperial. Las bases del poder material, esto es, la tierra y la población a ella adscrita, sirven para defender de forma eficaz un determinado orden social y económico aceptado unánimemente, pero las prácticas políticas superan frecuentemente los marcos territoriales todavía vigentes y preludian en gran medida el próximo final del imperio occidental. Asistimos de esta manera a una progresiva concepción patrimonial y local de la defensa de los intereses de los grandes propietarios, que en la Galia en concreto se expresa mediante el entendimiento frecuente con los recién llegados, los visigodos, como hemos visto en la figura de Paulino de Pela, pero que también puede dar lugar a discrepancias como ocurre con Sidonio ante su negativa a que la Auvernia fuese sometida por el rey Eurico.

La divergencia en las opciones políticas se advierte por ejemplo en la carta enviada por Sidonio a un tal Euquerio, quien aparece como colaborador en las campañas militares visigodas contra Auvernia. Euquerio, que dispondría al igual que Eutropio y Ecdicio de un gran ejército levado en las tierras de su propiedad, sería así un estrecho colaborador de los bárbaros, y participaría de forma voluntaria, pese a las consideraciones de Sidonio, en la política de la corte tolosana, aportando medios y beneficiándose de la alianza. La realidad muestra así a los galorromanos divididos, en un momento de grave crisis y disgregación de las instancias político-territoriales romanas, eligiendo a sus nuevos socios a partir de consideraciones en las que no parece que tuvieran demasiada importancia su originaria condición de bárbaros, sino más bien la coincidencia de intereses a la hora de configurar nuevos marcos de convivencia política.

Esta coincidencia de intereses desdice muy claramente el pretendido enfrentamiento entre godos y romanos, a partir de diferencias irreconciliables de carácter cultural, y nos sitúa ante un nuevo panorama que se traduce en la colaboración sistemática entre ambos pueblos para la solución de problemas comunes, como se deduce de la estrecha afinidad en varios niveles y los claros ejemplos de amistad de los que tenemos constancia a lo largo de los casi dos siglos de vida del reino de Tolosa. Es muy ilustrativo en este sentido que en la batalla de Vouillé, en la que los francos al frente de su rey Clodoveo derrotaron a las tropas leales al reino, participara Apolinar, descendiente del que fuera emperador occidental Avito, y como gran propietario fuertemente implicado en la defensa de los intereses políticos representados ahora por Alarico II. De este modo parece que la idea de integración gana terreno frente a la que defiende una pretendida división entre ambos pueblos como forma de preservar sus identidades.

Los textos presentan a Avito como dominus et patronus con un carácter superlativo, y este poder es el que explica que pueda participar de igual modo en la administración imperial, primero como magister militum Galliarum y más tarde como emperador, con el concurso fundamental de sus tropas privadas, tropas que por otra parte le permitan defender sus posesiones de las incursiones de pueblos como los hunos, por ejemplo. Exactamente de la misma manera que Apolinar había acudido a Vouillé al frente de un numeroso ejército levado de sus tierras en Auvernia, junto a otros poderosos, galorromanos y visigodos, que basaban su riqueza y preeminencia en idénticas premisas. Aunque no contamos con fuentes similares referidas al mundo peninsular hispano, tenemos que pensar que la llegada de los visigodos a estas tierras se realizó reproduciendo las mismas condiciones que observamos en territorio galo. La llegada a ciudades como Mérida, por ejemplo, de la que tendremos testimonios más tarde, supone la consecución de un pacto que sitúa a visigodos e hispanorromanos en las mismas coordenadas socioeconómicas y, con el transcurso del tiempo, también políticas.

Esta lógica es por consiguiente igualmente aplicable a los nobles visigodos, que habían accedido a la propiedad de la tierra tras el acuerdo llegado con el poder imperial. La asignación de tierras se habría llevado a efecto con toda seguridad en función de la importancia jerárquica de sus miembros, y ello supondría que el rey, en la cúspide de los notables godos, recibiría mayor número de bienes fundiarios para asentar en los mismos a sus dependientes. Esta supremacía pudo ser incrementada con el paso de los habitantes originarios de la tierra a la nueva subordinación respecto al ahora propietario de la misma, de acuerdo con las prácticas establecidas por la legislación bajoimperial romana, que relacionan de forma indisoluble la tierra con la población a ella adscrita de forma obligatoria y hereditaria. Insistimos en que estas realidades, a pesar de que los visigodos mantuvieran e incrementaran respecto a Roma su independencia en una serie de aspectos, supusieron la progresiva asimilación de los mismos respecto a los grandes propietarios galorromanos, en la medida en que se completó el proceso de identificación, al mismo tiempo que actuaron como un factor determinante en la ruptura definitiva de la escasa cohesión aún existente en este pueblo.

1.5. Cristianización de la sociedad y del Estado

Podemos afirmar, de acuerdo con Ch. Pietri, que a finales de la época del papa León (440-461) la ciudad de los últimos años del Imperio romano occidental es netamente cristiana. Es cierto que se trata de una visión que debe ser convenientemente matizada, pues en general todavía existía en el Imperio un conjunto de sectas que fueron perseguidas por los obispos durante todo el siglo V; además, sabemos de la tenaz resistencia de un paganismo de carácter popular que sobre todo se asentaba en las zonas rurales, como atestiguan las vidas de obispos a lo largo de todo el período. Pero los cultos paganos y sus sacerdocios han sido prohibidos por la legislación imperial, y sus templos cerrados. Por otra parte, el cristianismo se ha hecho con el dominio de los mecanismos de control social, mediante la cristianización de las fiestas y de las ceremonias de procedencia pagana, al mismo tiempo que el conjunto de los obispos, la mayoría de extracción aristocrática, ha colaborado decisivamente en la conservación de las tradiciones clásicas más notables, teniendo en cuenta también que éstas sirven para realzar su propia condición de religiosos apoyados en la legitimación que les otorga el recurso a la sanción de los valores clásicos.

A medida que la ciudad se va cristianizando, su fisonomía cambia, con la construcción de importantes edificios de culto, por la generosidad de los nobles, quienes aportan importantes recursos que incrementan de manera muy considerable el patrimonio eclesiástico. Para finales del siglo V podemos afirmar que, como en el resto de los territorios imperiales, la Iglesia cuenta con gran número de propiedades que hacen de sus titulares, los obispos, figuras fundamentales para la comprensión de la sociedad del momento. Sin embargo, se trata de situaciones en las cuales se están gestando nuevos valores, que beben directamente de la tradición en muchos casos, por lo que a veces el lenguaje de poder de los religiosos es ambiguo o ambivalente respecto a lo que será más tarde en la época plena medieval.

Los obispos son ya en el siglo V claramente los líderes temporales y espirituales de sus ciudades, y existe una notoria relación, que los propios religiosos se encargan de resaltar, entre el desempeño de la sede y el origen senatorial de sus titulares. De hecho la pertenencia al grupo de los obispos denota en muchos casos un espíritu de clase que los religiosos mantienen como un privilegio inherente a su condición social. Esta preeminencia social, que se presenta cada vez como más relevante en la Galia e Hispania, tiene en cuenta dos factores importantes y complementarios, por un lado la posesión con carácter exclusivo de los valores legitimadores de la tradición, a la que pretenden vincularse por su origen, y por otra parte el surgimiento de nuevos elementos de control y cohesión social como pueden ser los cultos a las reliquias, cuyo monopolio se mantiene de forma interesada y a veces de forma beligerante.

En este sentido es muy reveladora con carácter general la figura del papa Gregorio, quien procedería de una de las más importantes familias senatoriales y que se había dedicado desde su adolescencia al culto cristiano, uniendo en su persona la figura del asceta cristiano y la del aristócrata que hacía gala de una enorme formación gramática, dialéctica y retórica. Para la Galia, el mayor exponente de obispo lo constituye Gregorio de Tours, quien ya en el siglo VI representaba la consolidación de una saga familiar de condición aristocrática, para la que el conocimiento y la utilización de los elementos propios de la herencia clásica suponían un instrumento fundamental en su definición social e ideológica. Para los religiosos hispanos, contamos con figuras como el obispo Hidacio, a la vez que la realización de concilios en el siglo V atestigua la progresiva afirmación y fortalecimiento de la jerarquía eclesiástica, aunque en este sentido el ejemplo galo es mucho más abundante y puede ayudar a comprender la realidad peninsular, con toda probabilidad semejante, pero que nos ha dejado testimonios mucho menores.

En los autores eclesiásticos de la Galia del siglo V se observa una funcionalidad del conocimiento de la cultura clásica, en la medida en que supone, como hemos visto, la a su juicio auténtica seña de identidad definitoria de la nobleza senatorial. Sin embargo, a medida que se va produciendo la cristianización de la sociedad, se arraiga con fuerza la idea de que el mensaje divino, el conjunto de creencias religiosas cristianas, necesita ser comprendido con absoluta claridad por parte de los fieles. Asistimos así a uno de los aspectos más interesantes de la transformación ahora sufrida, que consiste en la búsqueda de un medio lingüístico capaz de hacer llegar en toda su dimensión el mensaje cristiano, entendido en este momento como expresión del orden social establecido. La dualidad existente se explica en la necesidad de mantener la jerarquía social e ideológica necesaria, y por otra parte en conseguir la adaptación a la realidad social propia del grupo mayoritario del campesinado de tipo dependiente, que responde a la noción de rusticitas, definitoria de una nueva sociedad.

Un ejemplo claro de este perfil obispal lo podemos encontrar en Cesáreo de Arlés, procedente de una familia noble en grado superlativo, y que habría recibido desde niño una importante formación retórica y gramática (su correlato hispano sería para el siglo posterior Martín de Dumio, con sus constantes llamadas al abandono de la idolatría por parte de las poblaciones campesinas). Sin embargo, en sus sermones religiosos, Cesáreo considera que es necesario hablar a la plebe rústica en su propia lengua, para lo cual es fundamental conocer los recursos del habla propios de la misma, con una clara finalidad de control social. Efectivamente, el biógrafo de Cesáreo establece una muy interesante clarificación cuando afirma que hay que procurar que una persona de condición inferior que se dirija a una maior persona, ha de ser comprendida con la ayuda de Dios, para lo cual será fundamental sin embargo conocer su lenguaje, lastrado por la rusticidad y la impericia.

En todo ello observamos, al contrario de lo que se pudiera pensar, una enorme flexibilidad en los comportamientos característicos de la aristocracia occidental del siglo V, que transforma su credo religioso en consonancia con las nuevas realidades ideológicas, y lo hace poniéndose a la cabeza de dichos cambios. Pero por otra parte, también protagoniza actitudes políticas nuevas en función de la llegada de pueblos que se asientan en sus tierras, a los que recibe de forma positiva en la medida en que resultan útiles a sus propósitos y constituyen un claro ejemplo de “bárbaro” romanizado. Este proceso de convergencia en el plano político también se produce en el plano social, tras la instalación de los visigodos en la Galia atendiendo a la polarización reinante entre honestiores y humiliores, que supone una simplificación de la división anteriormente existente en el Imperio y que introduce elementos de dominación personal en las nuevas relaciones de dependencia. Insistimos en que el patrocinio supone la base de la nueva realidad social, y se encuentra en todos los niveles de la misma, también por supuesto en la relación que los obispos mantienen con sus fieles.

Hay que resaltar por tanto la clara situación de desigualdad reinante en estos momentos, con la existencia de dos clases sociales muy definidas, al mismo tiempo que es interesante poner de relieve la conciencia de clase que el sector dominante desarrolla para mantener su primacía, la cual se ve acompañada lógicamente por un sentido de solidaridad que actúa ante situaciones difíciles y comprometidas. Se produce una conveniente y efectiva unión entre la idea de poder material y el poder religioso, que conlleva en el plano de la cohesión social el mensaje de que es necesario velar por los humildes y los pobres, en un reconocimiento implícito de la existencia de una fisura social que requiere por tanto una intervención para garantizar el statu quo existente. Ésta será la labor que cumplirá con todo éxito la jerarquía gala e hispana.

La figura del obispo se nos presenta así sumamente poderosa e influyente, por lo que resulta normal que los miembros del orden senatorial la considerasen como una dedicación apetecible, y que les pareciera razonablemente lógico el acceso a la cátedra episcopal mediante recomendaciones, dando lugar a abusos tales que merecieron una carta del papa Símaco al obispo Cesáreo de Arlés, mediante la cual se intentaba moderar el acceso de los potentes al desempeño de estas funciones.

Pero por otra parte y como hemos dicho, en el plano social el papel real desempeñado por el obispado galo e hispano no era diferente al desarrollado por la propia clase social senatorial, detentadora del poder material en grado máximo y ahora cristianizada. Los obispos, como propietarios en la mayoría de los casos de una fortuna personal y administradores exclusivos del patrimonio de su diócesis, constituían parte esencial de esta minoría dominadora, que basaba también su poder en la propiedad de la tierra y en la subordinación y control de la población que estaba establecida en la misma. En virtud de las nuevas relaciones de producción establecidas, la realidad ahora imperante daba lugar a la unión del dominus, o propietario de la tierra, y el patronus, que tenía un carácter de protección de tipo personal, y al que se encomendarían los campesinos.

En autores galos como Sidonio documentamos la existencia del patrocinio en la Galia por parte de la Iglesia, cuando el propio obispo de Clermont envía peticiones a colegas suyos para que acepten en su diócesis a clérigos que estaban bajo su protección, en una clara relación de dependencia. Definida la extracción social de los obispos y su clara identificación con unos intereses muy determinados, es muy interesante cómo la llamada societas Christi sustituye al antiguo marco imperial, dando lugar ahora a que el nuevo populus Christi constituya el entorno en el que se registren y legitimen los aspectos clave de la cambiante realidad social, de acuerdo, entre otras, con las aportaciones de Peter Brown. En este sentido, es fundamental estudiar el papel desempeñado por la religión cristiana como legitimadora de la realidad, mediante la elaboración de una justificación ideológica del mundo terreno, con la construcción, como hemos visto, de un vocabulario de carácter dual por parte de las altas jerarquías, que actúe tanto en un plano estrictamente espiritual en principio, como en el enmascaramiento y legitimación de las oposiciones existentes en la visión de la sociedad.

La idea de caridad cristiana, en gran medida heredera del evergetismo pagano, ejerce un papel decisivo en la defensa activa de estos valores sociales, y constituye una de las virtudes más ensalzadas y valoradas en la medida en que se establece un fundamental paralelismo con las ideas de poder, obediencia, protección y cohesión social. Existe una importante deuda de los obispos respecto a las teorías políticas justificativas del poder en el plano secular, fundamentalmente imperial, y en este orden de cosas la cristianización del concepto de virtud, con su expresión concreta en el ejercicio de la caridad, otorga al obispo y más tarde a los reyes visigodos católicos un prestigio que supone un elemento fundamental en el idioma eclesiástico de poder de la Antigüedad Tardía, confiriendo a obispos como Cesáreo, a través de la redención de cautivos, la condición tanto de patrono como de hombre santo, de forma que ambos elementos resultan fundamentales en su promoción como vicario papal en la Galia.

En una sociedad como la galorromana del siglo V, en la que todavía no se ha producido la unificación religiosa mediante la conversión de los visigodos al cristianismo niceno (en el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 por convocatoria del emperador Constantino, se aprobó el Credo de Nicea, que, entre otras cosas, condenaba el arrianismo) acontecida en el año 589, los obispos dominan por completo todos los lenguajes de poder religiosos, y la caridad en este sentido es fundamental, en tanto en cuanto impregna todos los niveles de interacción social.

La caridad es ante todo, como hemos visto, un mecanismo de cohesión social, que en primer lugar se manifiesta de manera lógica en las relaciones internas de la comunidad eclesiástica, mediante la protección de las personas y los objetos materiales que se incluyen en su patrimonio, lo cual se enmarca en el mantenimiento de la obediencia necesaria entre los distintos ámbitos de la jerarquía religiosa a través del reconocimiento de una autoridad superior, que en determinados momentos puede ser un elemento coercitivo y punitivo. Esto lo observaremos a la perfección en la figura del obispo Masona de Mérida. Pero la caridad sirve también para mediar en las disputas que se producían entre obispos de distintas diócesis, que como grandes propietarios que contaban con una población dependiente, discutían por el control de una serie de ciudades y territorios, tal y como atestigua una carta fechada en el año 450 que narra la mediación del propio papa León I tras las discusiones surgidas entre las diócesis galas de Vienne y Arlés.

Podemos afirmar que la propia esencia del lenguaje eclesiástico, que prima ante todo el amor entre los semejantes, siguiendo las enseñanzas bíblicas, supone una enorme ventaja respecto al mundo laico, al supeditar las circunstancias concretas del conflicto a la necesidad de mantener con carácter general la cohesión fraternal que define a la Iglesia.

Sin embargo, donde funciona de manera fundamental la caridad cristiana como elemento de cohesión social es en las relaciones que el obispo galorromano, definido en los textos como pastor de su grey, mantiene con el pueblo cristiano, el populus christianus o plebs Dei. Sabemos que en el siglo V el obispo es esencial en la defensa de sus fieles, dentro de los vínculos de dependencia existentes. Durante las invasiones bárbaras del año 409 prelados como Exuperio de Toulouse desempeñaron una labor fundamental de auxilio a los habitantes de la ciudad, con lo que evitaron la ruina de ésta. Igualmente, en momentos en que la normalidad ciudadana se ve alterada por conflictos de índole interna, es el obispo el que instaura de nuevo la concordia necesaria y recupera un clima de fraternidad definido en la propia esencia del pensamiento cristiano. En concreto, el antiguo abad de Lérins y ahora metropolitano de la ciudad de Arlés lleva a cabo una labor entre sus fieles que se define como ejercicio sumo de caridad, la cual es definida por su biógrafo como la madre de todas las virtudes, y mediante la cual se manifiesta una clase de potentia que huye de su aplicación en un sentido desmedido e injusto, inscribiéndose por el contrario en la idea del ejercicio del poder legítimo que aproxima a los religiosos de forma intencionada a la idea del gobernante ideal. Este propósito tiene su máxima expresión en la propia muerte del religioso, cuya descripción es prueba evidente, según autores como R. Van Dam, de la relación entre los aspectos terrenales y divinos, y que se manifiesta en el carácter de patrono celestial que adquiere el hombre santo tras su fallecimiento, como consecuencia lógica de su desempeño en esta tarea cuando era el máximo representante de la autoridad en su ciudad.

El obispo protagoniza por tanto en esta época un paralelismo evidente en el doble papel, a la vez complementario, que se crea y que él mismo interpreta en su tránsito entre el cielo y la tierra, asumiendo los valores aristocráticos del poder secular al mismo tiempo que se sancionan por la vía religiosa del ascenso a los cielos los aspectos que quieren definir un ideal de convivencia, ideal de convivencia que se comparte en ambos mundos y que por tanto legitima de manera acentuada la labor llevada a cabo en vida, próxima, por tanto, a la perfección.

Pero donde realmente se hacen efectivas las prerrogativas de los obispos es en la administración del patrimonio eclesiástico, que se cuida y procura aumentar por todos los medios. A la muerte de Honorato le sucede en la diócesis de Arlés su discípulo Hilario, que se dedica a incrementar de forma muy considerable el patrimonio eclesiástico, construyendo gran número de monasterios e iglesias, y atendiendo a los fieles de su circunscripción mediante el cuidado de los pobres, de los huérfanos y de los cautivos, en un claro ejercicio de piedad cristiana, que se supedita a la magnitud de su poder material. De nuevo, y al igual que su maestro, observamos los elementos ideológicos que acompañan a su muerte, que en el caso de Hilario se refuerzan con su consideración como hombre santo, que asciende a los cielos y ocupa un lugar de honor junto a los respetados patriarcas celestiales, para así poder continuar su labor de protección a sus fieles, del mismo modo que lo había hecho en vida. Este ejemplo prueba de nuevo tanto el enorme poder y prestigio que estos religiosos tenían en sus respectivas diócesis, como la idealización que se lleva a cabo de su imagen, realzada y asociada con elementos divinos del poder, produciendo de esta manera un efecto legitimador de primera magnitud. Insistimos en la enorme semejanza respecto al mundo hispano, como lo atestiguan las Vidas de los Padres de Mérida, obra fundamental para la época toledana.

Los ejemplos con los que contamos para reforzar esta impresión son numerosos, y debieron de ejercer una influencia decisiva sobre pueblos como el visigodo, que llegaron en estas fechas a una vecindad de costumbres y de vida con los grandes propietarios eclesiásticos del momento. Sabemos que hasta que no se produjo la conversión al catolicismo en el año 589 los visigodos mantuvieron una diferencia en el culto que se tradujo en la existencia de obispos de fe arriana en los territorios por ellos dominados. Es lógico pensar que el conjunto de los obispos galorromanos, tal y como aparecen descritos por las fuentes literarias, hubo de ejercer un papel determinante en la configuración del poder material de los religiosos visigodos de esta época y, junto a la evolución que se produjo de forma paralela y en el mismo sentido en la Península Ibérica, influyeron decisivamente en la configuración posterior del reino visigodo, tanto en su vertiente política como religiosa.

Son frecuentes las menciones de metropolitanos galorromanos, que como Sidonio pasan de la vida seglar a la religiosa, dejando atrás actividades en muchos casos de estricta índole política, que se compaginaban con la consecución de alianzas con sus iguales después de haber contraído matrimonio con mujeres, como ellos, de alta extracción aristocrática. Alcanzado su nuevo estatus religioso, estos personajes realizan actividades que son muestra de su perfección cristiana, la cual les lleva al ejercicio de una justicia plena. Así, Lupo de Troyes, de origen marcadamente aristocrático y casado con una mujer igualmente ilustre en rango, procede a repartir sus bienes propios entre los pobres, desarrollando una intensa actividad pastoral a favor de los pobres y de los cautivos. Esta perfección en sus obras terrenas, que nos acerca a la idea de la ciudad ideal gobernada justamente por el obispo, se refuerza con el don del religioso de hacer milagros, lo cual le convierte en un hombre santo próximo de este modo a la divinidad. La actividad del obispo se inscribe en su capacidad por mantener la cohesión ciudadana frente a los problemas derivados tanto de los conflictos internos como de los derivados de amenazas externas, que como la de los hunos, fueron satisfactoriamente resueltas por él mismo consiguiendo mantener a su plebs a salvo, a pesar de que la ciudad estuviera en un llano y no contara con un sistema defensivo suficiente.

Contamos además, como hemos dicho, con otra faceta que hace de los obispos de la Galia personajes de primer orden en estos momentos. Junto al desempeño de funciones de dominación social, representadas de manera real y simbólica en el ejercicio del patrocinio, tenemos que destacar la dimensión política que ahora adquieren los metropolitanos, sobre todo ante un panorama marcado por la debilidad del poder imperial y la existencia de una incipiente fragmentación política.

Sabemos muy poco de la permanencia en esta segunda mitad del siglo V de las figuras administrativas de índole imperial, pero lo cierto es que éstas, en caso de mantenerse y pasar a los obispos fundamentalmente, habrían experimentado una gran simplificación. Obispos como Aniano de Orleáns actuaron como auténticos líderes políticos al frente de sus ciudades, a cuya comunidad protegieron en momentos de extrema dificultad. Aniano es el buen pastor que cuida amorosamente de sus ovejas, a las que protege en todo momento. De hecho, y con la ayuda divina según el autor de su vida, consigue la mediación del patricio Aecio, con lo que consigue mantener la salud de su pueblo y evitar de este modo que su ciudad y sus habitantes sufrieran los males que se cernían sobre la misma, en un momento en el cual el huno Atila amenazaba invadir y dañar la vida y los bienes de sus fieles. El momento culminante de esta asunción de Aniano de los intereses ciudadanos se pone de manifiesto cuando el obispo se dirige personalmente a la tienda del propio Atila, para así interceder por los suyos, lo que evita consecuencias funestas. Este carácter de representante y defensor de la comunidad cívica que regía se advierte otra vez a la muerte del obispo, dominus et patronus de sus conciudadanos, del que se solicita que medie ante la divina presencia por el bienestar de los suyos del mismo modo que lo había hecho en vida. En concreto se nos dice que siga ejercitando su patrocinium ante la instancia celestial, en consonancia por tanto con su pasado de protector de la población de él dependiente.

Esta realidad hasta ahora descrita se completa de forma ejemplar con otro texto de Sidonio Apolinar, que se refiere igualmente al ejercicio de la caridad por parte de los obispos de la Galia. En una carta que el religioso dirige a su correspondiente en la diócesis de Lyon, Paciencio, lo alaba por su ejercicio de la caridad cristiana, que se aplicaba en concreto en la ayuda que el obispo prestaba a su pueblo en momentos de necesidad. El obispo Paciencio gozaría de un gran prestigio, que era reconocido en la propia corte burgundia, y ejercía su labor piadosa incluso en otras regiones alejadas de su propia diócesis, convirtiéndose por ello según Sidonio en el obispo más virtuoso. Junto a este importante papel de índole política, el metropolitano de Lyon llevaría a cabo las funciones inherentes a su condición de pastor de almas, construyendo gran número de edificaciones religiosas y restaurando las antiguas, consiguiendo de esta manera un importante incremento del patrimonio de su Iglesia. Esta manifestación de poder se traduce igualmente en una completa identificación entre el gobierno del obispo al frente de la comunidad ciudadana y la actitud de total conformidad que manifiesta la plebs Dei, que en una demostración del patrocinio ideal desempeñado por Paciencio, se convierte masivamente a la fe cristiana, abandonando la herejía, y todo ello en relación con la santidad y el ejemplo de este hombre religioso.

Sin embargo para Sidonio lo más destacable de la obra del metropolitano de Lyon se manifiesta en su proverbial actuación respecto a gran número de regiones de la Galia, cuando se produce en las mismas una brutal carestía, consecuencia de la destrucción por el fuego de las cosechas que estaban a punto de ser recogidas. La población de las tierras afectadas sufriría hambre y penalidades de todo tipo, lo que motiva que el obispo, a expensas de su erario personal, envíe gran número de provisiones de trigo a estos lugares. De esta manera no se verían mermadas las propiedades eclesiásticas al mismo tiempo que el obispo haría gala de una caridad sin parangón.

Es muy interesante observar la frecuencia, tanto en la Galia como en la Península Ibérica, según veremos más tarde, con la que se produce una interesante distinción entre el patrimonio eclesiástico y los bienes particulares propiedad de los religiosos, circunstancia que refleja una realidad también presente en otros ámbitos de la sociedad, y que en último término supone una confusión entre las propiedades que tienen una función pública, como aquellas que gozan de la titularidad de la Iglesia, y otro conjunto de bienes que pertenecen en exclusiva a una persona, pero que pueden en un determinado momento servir como manifestación de poder y cohesión social a través del ejercicio del patrocinio. Sidonio narra satisfecho cómo circulaban a lo largo de los ríos Saona y Ródano gran cantidad de carros llenos de cargamentos de trigo que, ofrecidos por Paciencio, supusieron la salvación y un gran beneficio para muchas ciudades.

Como consecuencia de todo ello la consideración del obispo aumentó enormemente, por lo que fue amado, alabado y honrado por todos, hasta el extremo de constituir un modelo ideal de religioso que ejerce sus funciones de forma ejemplar, y al mismo tiempo desempeña actos caritativos en momentos de necesidad que se pueden concebir como una muestra de su extraordinaria munificiencia. El obispo se ha convertido por tanto, como ya afirmó S. Dill, en el auténtico guía de la comunidad urbana, tanto en las cuestiones temporales como en las espirituales, apropiándose progresivamente de los idiomas seculares de autoridad, que en el plano del ejercicio del poder supone en muchos casos una clara réplica, actualizada, de la figura de los emperadores bajoimperiales.

De acuerdo con Sidonio, la caridad es entendida como un elemento activo de las relaciones sociales, coincidente de forma plena con un contexto de gran propiedad, independientemente de su condición laica o eclesiástica, que se dirige a una población campesina dependiente. La caridad sirve por tanto en la ciudad o en los territorios rurales como un importante apoyo ideológico a una serie de actuaciones que en último término, como hemos dicho, pretenden mantener el statu quo vigente en una sociedad claramente polarizada. Según el obispo Gregorio de Tours, fiel representante de la tradición a la que aludimos, el propio cuñado de Sidonio Apolinar, Ecdicio, habría socorrido a la población de varias ciudades galas en un momento en el que se había producido una importante carestía, y de su actuación caritativa se habrían beneficiado en torno a cuatro mil personas, que recibieron los alimentos que el senador ordenó repartir a sus dependientes.

En ambos ejemplos, el laico y el eclesiástico, advertimos la condición elevada de sus protagonistas, miembros del grupo de los potentes, que ocupaban un lugar preeminente en la estructura social de la Galia y de Hispania, y que como hemos subrayado pasaba por el establecimiento de relaciones de dependencia con las personas de clase inferior, las humiliores o inferiorespersonae, a partir del patrocinio y con el apoyo fundamental de la religión cristiana como elemento ideológico de refuerzo. Disponemos de varios ejemplos en los que se transmite la idea de una convivencia ideal entre el patrón y sus dependientes, como es el caso de una serie de personajes ilustres de la segunda mitad del siglo V, quienes mantienen un trato amistoso y clemente para con sus dependientes, a los cuales, se nos dice, pese a ser inferiores, se les trata como iguales. Esta sublimación de las relaciones sociales a través de la religión cristiana culmina con el patrocinio que ejercen las reliquias de los hombres santos, quienes en su condición de fuerzas protectoras entran en los lugares de culto en una relación de clientela y de subsiguiente dependencia respecto al conjunto de la sociedad cristiana, reproduciendo la polarizada jerarquía social existente.

Pero en último término, la serie de mecanismos de control como los aludidos tienen ante todo una finalidad fundamental, que no es otra que la de reforzar un determinado orden social, manteniendo así invariables los elementos sustanciales de una sociedad clasista. Al igual que otros textos definitorios de la antigüedad, los relativos a su época tardía manifiestan un pensamiento netamente aristocrático, y por ello muchas veces llevan a cabo un proceso de ocultación o de relativización de importantes realidades sociales conflictivas y traumáticas, como puso de relieve S. Mazzarino. En determinadas ocasiones autores como Paulino de Pela ponen en evidencia la ruptura del consenso social, como cuando narra la revuelta protagonizada por los servi contra la nobleza, durante el asedio que sometieron a la ciudad de Bazas los contingentes bárbaros. En esta manifestación de descontento participaron igualmente personas de condición jurídica libre, lo que prueba, como veremos más adelante, la superación del antiguo modelo de división social entre libres y esclavos, y su sustitución mediante el concurso del patrocinio por nuevas formas de dependencia, que acabarán configurando el grupo de las inferiores et viliores personae, el grupo de los humiliores. Del mismo modo Sidonio Apolinar describe la muerte a manos de sus dependientes de su amigo Lampridio, miembro destacado del círculo senatorial y personaje influyente en la corte del rey Eurico, cuyo asesinato constituye un claro de ejemplo de las consecuencias que conllevaba la ruptura del acuerdo tácito que se establecía en el ordenamiento social, el cual implicaba un compromiso de protección por parte del gran propietario, cuyo incumplimiento producía muestras de descontento que podían derivar en reacciones violentas de los campesinos.

Por tanto, la entrada de los visigodos en las Galias y su progresiva influencia en los asuntos de la Península Ibérica pondría a este pueblo en estrecho contacto con estas realidades que se manifestaban en el grupo dirigente de los grandes propietarios laicos y eclesiásticos, quienes están protagonizando en estos momentos un crucial proceso de articulación social e ideológica, igualmente presente en Hispania, y que se definía porque concebía en la atención a los pauperes o humiliores uno de los mecanismos básicos tanto de ocultación de la realidad como de cohesión social de la misma. No hay que olvidar que una de las razones primordiales por las que los visigodos fueron asentados en las Galias fue, de acuerdo con E. A. Thompson, mantener el orden social de la que era incapaz la debilidad imperial, combatiendo fenómenos de conflictividad social como la bagaudia o la actitud beligerante de los pueblos bárbaros asentados en estas tierras y en Hispania.

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Los bárbaros en el mundo romano (376-455)

2.1. De la irrupción de los godos a la ruptura del limes renano

Los primeros contactos directos entre godos y romanos registrados en las fuentes historiográficas se produjeron a mediados del siglo III en la frontera del Danubio y revistieron un carácter bélico. En 238, un contingente armado godo tomó y saqueó la ciudad de Olbia, a orillas del mar Negro, tras un largo asedio. Cuatro años después, bandas de godos y sármatas se adentraron en las provincias de Mesia y Tracia, siendo derrotados por el ejercito imperial, que al mando del emperador Gordiano III (238-244) se dirigía a Oriente para combatir a los persas. Antes de abandonar la región, el soberano llegó a un acuerdo con los godos, en virtud del cual éstos se comprometieron a defender la desembocadura del Danubio a cambio de un subsidio anual. Los romanos estaban tan preocupados por la emergencia de la Persia Sasánida, como gran pontencia militar en Oriente Próximo, que no dudaron en confiar la protección de un sector de sus fronteras a aliados bárbaros. En 247, con motivo de la celebración del milenario de Roma, Filipo el Árabe (244-249) decidió prescindir de la colaboración de los godos y les retiró los subsidios acordados por su predecesor. Esta decisión provocó el estallido de nuevas hostilidades en el Danubio. El emperador Decio (249-251) intentó restablecer el orden, pero en 251 fue derrotado por los godos en Abrito, pereciendo en el curso de la batalla. Como resultado, bandas armadas godas permanecieron en la región durante casi veinte años, hasta que Claudio II el Gótico (268-270) y Aureliano (270-275) las expulsaron al norte del Danubio, si bien a costa de renunciar al dominio de la Dacia (Heather, 1996: 1-18).

La reorganización política, a que había dado lugar la migración de godos y otros grupos germanos, generó una relativa estabilidad en la región. Durante un siglo, los godos mantuvieron relaciones de vecindad con el Imperio, proporcionándole reclutas para el ejército regular y contingentes de tropas aliadas, que combatían en nombre de Roma a cambio de pagos en dinero o especie. El retraso o el cese de estos estipendios provocaba a veces tensiones y enfrentamientos. En 332, el grupo godo más poderoso del Danubio se alzó en rebelión, siendo sometido por las fuerzas romanas con ayuda de auxiliares sármatas. Tras la victoria, el emperador Constantino I (306-337) impuso a los vencidos un pacto o foedus (Anon. Val. Pars prior, 31-32). Respetado por ambas partes a lo largo de los siguientes treinta y cinco años, permitió notables intercambios culturales, entre los que cabría destacar la penetración del cristianismo. Sin embargo, en 376 este orden de cosas se vio alterado por el avance de los hunos, pueblo nómada procedente de las estepas asiáticas, que aspiraba a la hegemonía sobre las llanuras de Ucrania. Los godos greutungos, que habitaban en la cuenca inferior del Don, habían logrado contenerlos durante largo tiempo. Finalmente, su anciano rey, Ermanrico, se rindió y, según parece, aceptó inmolarse en un ritual propiciatorio para salvar a su pueblo. Le sucedió Vitimero, que continuó la lucha, pereciendo algún tiempo después en el campo de batalla. Ante la inseguridad reinante en la zona, dos jefes greutungos, Alateo y Sáfrax, tutores de Viderico, hijo del rey Vitimero, decidieron atravesar el Dniéster, a cuyas orillas se les unió un contingente de godos tervingos dirigidos por Atanarico. Estos últimos, sometidos también al hostigamiento de los hunos, que habían atravesado el río por otro vado, decidieron internarse en los Cárpatos, para hacerse fuertes en el limes Transalutanus. Mientras restauraban las antiguas defensas romanas, se produjeron nuevos ataques de los hunos, que mermaron la confianza del grupo en su líder. Como resultado, la mayoría de los tervingos abandonaron a Atanarico y, dirigidos por dos cabecillas militares, Alavivo y Fritigerno, se presentaron en la frontera del Danubio, cerca de Durostorum, junto con los greutungos de Alateo y Sáfrax, a fin de solicitar asilo de los romanos (Amm. XXXI.2.1-3.4; Heather, 1991: 122-142).

El emperador Valente (364-378), que a la sazón se hallaba en Antioquía organizando una nueva campaña contra los persas, accedió a la demanda de los refugiados y dio orden de que se les franquease el paso, se les proporcionasen los víveres necesarios y se les instalase en Tracia. Desde hacía doscientos años, Roma venía aceptando a grupos más o menos numerosos de asilados. Aunque no existía una pauta fija sobre cómo tratarlos, si la migración se producía en un contexto de mutuo entendimiento, parte de los varones jóvenes eran reclutados por el ejército romano, en tanto el resto del grupo —incluidos ancianos, mujeres y niños— pasaban a ser distribuidos por las tierras incultas del Imperio, para que se asentasen como campesinos libres, sujetos al pago de impuestos. En el caso de los refugiados godos de 376, las autoridades romanas procedieron rápidamente a tomar rehenes y reclutar un grupo de los jóvenes como soldados regulares, pero difirieron el asentamiento de los demás y los mantuvieron acampados a orillas del Danubio durante todo el invierno en condiciones miserables. En el verano de 377 estallaron desórdenes y, aprovechando la incapacidad de las tropas enviadas desde Armenia e Iliria para contenerlos, grupos de godos greutungos, taifales, alanos, rugios, esciros y hérulos atravesaron el Danubio. A ellos se unieron esclavos fugitivos de origen germánico, colonos y trabajadores de las minas de oro, sembrando el pánico en Tracia. La frontera del Danubio inferior se había desmoronado. Ante la gravedad de los acontecimientos, Valente abandonó Antioquía y el 30 de mayo de 378 se presentó en Constantinopla con tropas de refresco. Su sobrino Graciano, que gobernaba la mitad occidental del Imperio, le hizo saber que acudiría en su ayuda; pero una rebelión de los alamanes retrasó su marcha. Valente, aconsejado por sus generales, decidió no esperar más y salió al encuentro de los tervingos de Fritigerno y los greutungos de Alateo y Sáfrax, siendo derrotado en las inmediaciones de la ciudad de Adrianópolis el 9 de agosto de 378. En la batalla, perecieron dos tercios de los soldados romanos y el propio emperador, cuyo cuerpo no pudo ser recuperado (Amm. XXXI.5.1-13.19; Burns, 1973: 336-345).

Tras su victoria, los godos avanzaron sobre Constantinopla, pero la falta de conocimientos poliorcéticos y la imposiblidad de aprovisionar a tan gran multitud en un solo lugar, les obligaron a dividirse en pequeños grupos y dispersarse por los Balcanes. Entre tanto, Graciano hizo llamar a Teodosio, un brillante oficial perteneciente a una distinguida familia militar de Hispania —su padre había sido uno de los generales de más alto rango de Valentiniano I—, y le confió la restauración del orden en la frontera danubiana, proclamándole emperador el 19 de enero de 379 (Stein, I: 191-192; Cons. It. 379; Paneg. Lat. XII.11.1; Theod. V.6.3). El nuevo soberano se apresuró a reconstruir las fuerzas aniquiladas en Adrianópolis, para lo cual incrementó la presión fiscal y efectuó levas entre los campesinos de la región. La situación era favorable a los intereses del gobierno imperial, que poseía los medios necesarios para movilizar grandes masas de soldados profesionales y coordinar operaciones eficaces contra pequeñas bandas de guerreros errantes. La táctica seguida por Teodosio consistió en atacarlas por separado, logrando así victorias limitadas. Por lo común, los grupos de godos vencidos se incorporaban al ejército romano y eran enviados a Oriente en permuta por unidades transferidas a los Balcanes. Aunque el nuevo ejército de Teodosio recuperó el control de la región, algunas bandas godas, como la de Fritigerno, continuaron vagando por Macedonia; mientras otras, como la de Aleteo y Sáfrax, penetraban en Panonia (Lord. Get. 139-140; Soc. V.6; Them. Or. XIV; Zos. IV.24.4; 30.1).

En el verano de 380, las tropas romanas sufrieron una nueva derrota ante Fritigerno. Teodosio se apresuró a solicitar refuerzos a Graciano. Éste le envió varias unidades al mando de los generales de origen franco Bauto y Arbogasto, gracias a cuya colaboración fue posible contener el avance de los godos y obligarlos a replegarse hacia Tracia. A principios de septiembre, Teodosio viajó a Sirmio, para reunirse con Graciano y convenir una línea de actuación conjunta, basada en la firma de acuerdos puntuales con los principales jefes bárbaros. Pocas semanas después, Graciano, cuyas fuerzas acababan de derrotar a los godos de Alateo y Sáfrax, concluyó un pacto con los supervivientes, permitiéndoles asentarse en Panonia a cambio de servicios de índole militar como federados o aliados autónomos del Imperio (Lord. Get. 140-142; Phil. IX.19; Soz. VII.4). Por su parte, Teodosio, decidido a debilitar la posición de Fritigerno, se apresuró a firmar acuerdos con varios de sus rivales, entre los cuales se encontraba Atanarico, a quien recibió espléndidamente en Constantinopla. Los generosos subsidios pagados por el gobierno imperial acrecentaban notoriamente el poder y prestigio de los caudillos militares bárbaros que se avenían a pactar. A mayor riqueza que distribuir, mayor número de hombres que acudían para integrarse en sus comitivas. Ahora bien, en la práctica, era el Imperio quien sacaba mayor rentabilidad de estos acuerdos, pues no sólo le procuraban tropas aliadas, sino que perpetuaban la rivalidad entre los distintos jefes, impidiendo la formación de un liderazgo unitario. El grupo más numeroso, el de Fritigerno, arrinconado a orillas del Danubio, acabó claudicando y, el 3 de octubre de 382, ratificó un pacto con Teodosio. Aunque no se conocen las claúsulas concretas del mismo, parece que los godos no sólo aportaron el habitual contingente de jóvenes reclutas para el ejército regular, sino que también se comprometieron a servir como federados bajo sus propios jefes a cambio de tierras en las provincias de Mesia y Escitia, en la zona situada entre la desembocadura del Danubio y los Balcanes (Syn. De reg. 14-15; Them. XVI.18-22; Zos. IV.34; 40; Stein, I: 194).

Este pacto duró apenas una década. En 391, los godos establecidos en Mesia, dirigidos ahora por un joven caudillo militar llamado Alarico, se alzaron en rebelión contra las exigencias de Teodosio, que exigía su participación en la guerra civil que preparaba contra el usurpador Eugenio en calidad de federados. Alarico, deseoso sin duda de obtener a cambio una mejora en las condiciones establecidas en 382, lanzó a sus hombres al saqueo de Macedonia. La medida de presión no dio el resultado apetecido, ya que al año siguiente, fue capturado por tropas romanas, viéndose obligado a renovar el pacto con el Imperio (Wolfram, 1990: 143). A principios de mayo de 394, Teodosio abandonó Constantinopla, al frente del ejército de campaña de Oriente para enfrentarse a Eugenio. Las fuerzas auxiliares bárbaras, al mando del generales Gaínas y Saúl, excedían con mucho a las unidades regulares romanas (Zos. IV.57.2-3). Tan sólo las tropas godas sumaban cerca de 20.000 hombres. Uno de sus caudillos era Alarico, quien al parecer esperaba obtener del emperador el reconocimiento como único jefe o rey de los godos y la concesion de una alta dignidad militar romana (Iord. Get. 145; Soc. VII.10; Zos. V.5.4). Pero aunque Teodosio se impuso finalmente a Eugenio en el campo de batalla con ayuda de los godos, su repentina muerte, acaecida en Milán a principios del año 395, impidió que las expectativas de Alarico se materializasen. Los jóvenes emperadores Arcadio y Honorio, hijos y herederos de Teodosio, eran dos adolescentes educados para desempeñar exclusivamente las funciones representativas del augustado; por lo que, desde un primer momento, delegaron el ejercicio del poder político y militar en manos de sus ministros. Uno de éstos, el poderoso magister militum Estilicón, hijo de un oficial de origen vándalo y de una mujer romana, proclamó que Teodosio en su agonía le había designado tutor de sus dos hijos (Claud. In Ruf. II.4-6). Sus ambiciones, suscitaron en Constantinopla la oposición de los ministros de Arcadio. En este clima de fuerte tensión entre ambas cortes, los compromisos adquiridos con los federados bárbaros cayeron en el olvido.

La noticia del fallecimiento de Teodosio sorprendió a los godos de regreso a Tracia. Decididos a aprovechar las circunstancias para conseguir mejoras en el acuerdo de 382, eligieron como caudillo a Alarico y avanzaron hasta las puertas de Constantinopla. Rufino, ministro del emperador Arcadio, salió al encuentro del jefe godo y logró alejarle de la ciudad con promesas que nunca llegaron a cumplirse (Claud. In Ruf. II.61-94; Soc. VII.10; Zos. V.5.4). Poco despues, Rufino cayó en desgracia y el eunuco Eutropio se convirtió en el hombre fuerte de Constantinopla. Alarico, entre tanto, atravesó las Termópilas, llevando la desolación a los campos de Beocia. Tras un fallido intento de tomar Tebas, penetró en el Ática, ocupó el Pireo y puso sitio a Atenas. La ciudad, abandonada a su suerte por las autoridades imperiales, se libró del saqueo gracias al pago de un elevado rescate. Su destino fue más feliz que el de Megara, Corinto, Argos y Esparta, arrasadas por los godos, que permanecieron durante casi un año en el Peloponeso (Phil. XII.2; Zos. V.5.5-8; Demougeot, 1951: 166-167). Finalmente, en 397, Eutropio negoció un acuerdo con Alarico. En virtud del mismo, éste obtuvo de Arcadio el cargo de magister militum por Illyricum y probablemente también el reconocimiento como rex traslado de la corte gothorum. Durante los siguientes cuatro años, Alarico no creó problemas al Imperio; si bien aprovechó su posición oficial para equipar a sus hombres con armamento procedente de los arsenales romanos (Claud. De bell. Pollent. 513-517; 533-539; Zos. V.7.1-3; 11.1-2, Demougeot, 1951: 270-271).

Tras la caída en desgracia de Eutropio, en 399, las autoridades imperiales se mostraron poco proclives a respetar el pacto establecido con Alarico. La reacción violenta de éste no hizo sino endurecer la postura del gobierno imperial. En el año 400, Constantinopla fue escenario de un golpe de mano contra Gainas, general romano de origen godo, que había alcanzado gran influencia en la corte. Aunque éste pudo escapar de la ciudad con vida, varios miles de soldados godos, junto con sus mujeres e hijos, fueron atrozmente masacrados. Habiendo perdido toda esperanza de alcanzar un acuerdo con Arcadio, en el otoño de 401 Alarico se trasladó a Italia, dispuesto a obtener de Honorio, emperador de Occidente, un nuevo cargo militar romano y oro y víveres en abundancia para sus hombres (Heather, 1991: 208-209). Puesto que en aquellos momentos la mayoría de las unidades del ejército de Italia se encontraban en Recia, combatiendo al jefe godo Radagaiso y a sus aliados vándalos y alanos, Alarico pudo cruzar los Alpes Julianos sin encontrar apenas resistencia. Decidido a presionar sobre Honorio, el monarca avanzó hasta Aquilea, ante cuyas puertas batió al exiguo contingente de tropas romanas que le salió al encuentro (Claud. De bell. Pollent. 215; 278-282; Fast Vind. Prior. 401). En Milán cundió el pánico. Los ministros de Honorio aconsejaron el inmediato traslado de la corte a Lyon. Sin embargo, Estilicón, que era el auténtico gobernante de Occidente, rechazó la idea (Claud. De bell. Pollent. 296-316). Para calmar los ánimos, ordenó transferir a Italia varios destacamentos de la frontera del Rin y Britania. Y a continuación, desafiando los rigores del invierno, cruzó los Alpes por el paso de Splügen, para reunirse con las tropas destacadas en Recia. De este modo, en la primavera de 402, tras haber llegado a un acuerdo con Radagaiso, descendió sobre el valle del Po a través del paso de Brennero y obligó a los godos a levantar el bloqueo que habían impuesto a Milán (Claud. De bell. Pollent. 316-375; 400-429; Symm. Ep. VII.13).

Alarico, consciente de la superioridad estratégica romana, se replegó hacia el este, con el propósito de pasar a las Galias; pero la llegada de refuerzos romanos procedentes del Rin le hizo desviar su itinerario hacia el sur. Tras un intento fallido de tomar la ciudad de Asti, continuó avanzando hasta Polentia, donde se enfrentó a Estilicón el 6 de abril de 402. Aunque ninguno de los dos bandos logró alzarse con la victoria, las fuerzas imperiales ocuparon el campamento godo, donde se apoderaron del tesoro real y de la esposa e hijos de Alarico. Este hecho no detuvo al monarca, que descendió hasta el litoral ligur y prosiguió su marcha a lo largo de la costa en dirección a Etruria, con intención de caer sobre Roma (Claud. De bell. Pollent. 479-634; De VI Cons. Hon. 483; Oros. VII.37.2; Prosp. 1222). Estilicón entabló negociaciones con Alarico, comprometiéndose a no perseguirle ni hostigarle, si desistía de su propósito y abandonaba inmediatamente Italia. El monarca visigodo, cercado por las tropas imperiales, se plegó a la condiciones que se le imponían. A cambio de la libertad de su familia y de las de los principales miembros de su comitiva, se retiró pacíficamente a Istria, donde pasó el invierno.

Entre tanto, Estilicón hizo trasladar la corte a Rávena (CTh. VII.13.15). Los recientes acontecimientos habían puesto en evidencia que Milán se hallaba demasiado expuesta a las incursiones enemigas. En cambio, Rávena, situada en la costa adriática y rodeada de pantanos, era prácticamente inexpugnable. La protección natural de que gozaba la ciudad se veía reforzada por un complejo sistema de defensas, del que formaba parte su puerto militar, Classis, capaz de garantizar el suministro de víveres y la llegada de tropas de refresco en caso de asedio. Además, Rávena era la puerta de Oriente, punto de referencia de la política de Estilicón, que aspiraba a anexionar la prefectura del Ilírico a la administración de Occidente. Antes de dar cualquier paso en este sentido, debía asegurarse la retaguardia. Por eso, se dedicó a reforzar la defensa de Italia, reclutando tropas autóctonas, al tiempo que imponía severas penas a los desertores (CTh. VI.27.13; VII. 13.15; 18.11-12). Todavía estaba ocupado en esta tarea cuando, a comienzos del verano de 403, le llegaron noticias de que Alarico, descontento con las condiciones pactadas, había atravesado los Alpes y descendía sobre el valle del Po. Esta vez la agresión no le sorprendió desprevenido. En seguida, reunió un ejército y salió al encuentro de los godos en Verona, donde les infligió una terrible derrota. El propio Alarico estuvo a punto de caer prisionero. Tras la batalla, los godos, diezmados por las bajas, la falta de víveres, las epidemias y las deserciones, se replegaron hacia Recia a través del paso de Brennero. Estilicón, deseoso de ponerlos a su servicio, llegó a un acuerdo con Alarico, otorgándole permiso para establecerse en el valle del Sava, en el límite entre Dalmacia y Panonia, a cambio de su colaboración para ocupar la prefectura del Ilírico (Claud. De VI cons. Hon. 201-260, 320-331; Soz. VIII.25; Zos. V.26.2).

Durante los siguientes cinco años, los godos de Alarico dejaron de constituir una amenaza para Italia. Sin embargo, en el interim se produjeron varios conflictos con otros grupos. A comienzos del otoño de 405, miles de bárbaros cruzaron el Danubio e irrumpieron en Panonia. Pronto se dividieron en tres grupos, cada uno de ellos al mando de su propio jefe. El más numeroso lo encabezaba un rey godo pagano llamado Radagaiso, que marchó sobre Italia a través de la calzada que conducía a Aquilea, avanzando sin hallar apenas resistencia hasta las orillas del Po (Chron. Gall. DCLII 52; CTh. X.10.25). Durante cuatro meses, los godos de Radagaiso saquearon el Véneto, a la espera de que el gobierno imperial les ofreciese un acuerdo ventajoso. Pero esta vez Estilicón no estaba dispuesto a pactar con Radagaiso. En abril de 406, hizo que Honorio decretase la leva de voluntarios para defender las provincias afectadas por la invasión, al tiempo que concentraba en Pavía de 15.000 a 20.000 hombres, pertenecientes a 30 unidades del ejército regular de campaña. A ellos se unieron los hunos de Uldino, los godos de Saro, enemigo de Alarico, y un contingente de alanos reclutados en el Danubio (CTh. VII.13.16; 17; Oros. VII.37.4-12; Paul. Med. 50; Zos. V.26.3-4). Radagaiso, comprendiendo que sólo mediante una acción contundente lograría doblegar la voluntad de las autoridades imperiales, marchó sobre Roma. Ahora bien, al llegar a las inmediaciones de Florencia, decidió detenerse y poner cerco a esta ciudad. Transcurridas varias semanas, se presentaron las tropas de Estilicón, obligando a los godos a levantar el sitio y replegarse a los montes fesulanos. Rodeados por el enemigo, faltos de víveres y diezmados por las epidemias, los godos optaron por entregarse a los romanos. Su jefe, Radagaiso, intentó escapar. Pero pronto cayó en manos de Estilicón, quien le hizo ejecutar el 23 de agosto de 406. Parte de sus guerreros, unos 12.000 hombres, se integraron en el ejército regular romano, mientras que el resto fueron vendidos como esclavos. Aquel otoño, la oferta de godos llegó a ser tan grande en los mercados de Italia que su precio cayó hasta los dos sueldos de oro, el mismo que se pagaba por las cabezas de ganado más baratas (Olymp. 9; Oros. VII.37.13-16; Zos. V.26.5).

Cuatro meses después, el 31 de diciembre de 406, un vasto contingente mixto, integrado por vándalos, suevos, alanos y burgundios, atravesó la corriente helada del Rin, probablemente presionados por el desplazamiento de los hunos desde las tierras situadas al norte del mar Negro hasta la gran llanura húngara (Heather, 2006: 263-267). Los nuevos refugiados, carentes de autorización por parte de los romanos para cruzar la frontera, penetraron en la Galia como enemigos, devastando las dos provincias de Germania y la Bélgica Secunda. Maguncia fue la primera ciudad que padeció los efectos de su llegada. Le siguió Tréveris, antigua residencia imperial y sede de la prefectura del pretorio de las Galias, evacuada apresuradamente por el prefecto Limenio y el magister equitum Cariobaudes. Worms resistió durante algún tiempo, defendida por los romanos y sus aliados francos; si bien, finalmente, cayó en manos de los invasores, que, entre tanto, habían saqueado Spira y Estrasburgo. Tras devastar toda la región, los bárbaros se dividieron en dos columnas y tomaron caminos distintos, partiendo de Tréveris. Los vándalos asdingos y silingos, acompañados por el grueso de las fuerzas suevas y alanas, se dirigieron hacia el noroeste, arrasando a su paso Reims, Amiens, Arrás, Thérouanne y Tournai. En cambio, los burgundios descendieron hacia el valle del Saona y sometieron a pillaje Metz, Langres y Besançon (Greg. Tur.

II. 8.9; Hier. Ep. 123.15-16; Oros. VII.40.3). Inicialmente, estos acontecimientos apenas causaron alarma en Rávena. Estilicón, convencido de que se trataba de un problema aislado y que bastaría con la intervencion de los federados francos para resolverlo, siguió adelante con su plan de ocupar la prefectura del Ilírico, pospuesto por el ataque de Radagaiso. A principios de la primavera de 407, comenzó a reunir en Rávena hombres, armas, provisiones y navíos, con objeto de efectuar un desembarco en el Epiro. Alarico apoyaría la operación naval desde tierra, ocupando con sus hombres la provincia (Zos. V.28.2; 29.1). Sin embargo, la invasión de vándalos, alanos y burgundios, que tan importantes repercusiones tendría en la historia del Imperio de Occidente, acabaría impidiendo la campaña.

2.2. Usurpaciones y guerras civiles

Durante el otoño de 406, se produjeron una serie de alzamientos militares en Britania. El primero de ellos fue acompañado de la proclamación como emperador de un tal Marco, que incapaz de satisfacer las demandas de la tropa fue rápidamente eliminado. Le sucedió Graciano, que corrió idéntica suerte tras cuatro meses de gobierno. A continuación, los soldados invistieron con la púrpura a uno de sus oficiales, Flavio Claudio Constantino. Los motines de las tropas estacionadas en Britania habían sido moneda corriente en los últimos cien años. Por lo común, no duraban demasiado y rara vez se extendían a la Galia. Se trataba del instrumento que empleaba la clase dirigente provincial, ligada a los estamentos civil y militar, para lograr mayores cuotas en la distribución de cargos y beneficios imperiales. Por consiguiente, en principio, el gobierno central no se preocupó demasiado de lo que estaba sucediendo en la isla. Sólo cuando, en la primavera de 407, Constantino III atravesó el Canal de la Mancha y extendió su autoridad al norte de la Galia, Estilicón consideró que la situación era lo suficientemente grave como para suspender la campaña del Ilírico y ordenar a Alarico que evacuase el Epiro (Zos. V. 27.2-3; 29.8; Demougeot, 1974: 97-104).

Constantino afrontó con eficacia la crisis en que se hallaba sumida la Galia. Desde su nueva residencia en Tréveris, restableció el orden en la frontera, combatiendo a los invasores, que se replegaron hacia el sur, al tiempo que negociaba nuevos pactos con los federados francos y los jefes bárbaros de la orilla derecha del Rin. Luego, se dirigió a Lyon, donde logró llegar a un acuerdo con los burgundios, a los que asentó en la Germania Secunda, con objeto de evitar que se convirtiesen en una amenaza para el valle del Ródano. Su rápida actuación, le granjeó el apoyo de los provinciales galorromanos, que descontentos con la incuria de las autoridades centrales de Italia le acataron como soberano. Una vez restablecido el orden en la frontera renana, Constantino III se puso en camino hacia Arlés, que continuaba en manos de los partidarios de Honorio (Olym. 12; Oros. VII.40.4; Soz. IX.11.3; Zos. VI.2.2; Demougeot, 1974: 99-104). Estilicón, temiendo que la ciudad cayese en sus manos, envió a los godos de Saro, que en el verano de 407 cruzaron los Alpes y pusieron sitio a ValenÇe, donde Constantino se había detenido a causa de una súbita enfermedad. Cuando todo parecía perdido para éste, dos de sus comandantes, el britano Geroncio y el franco Ebodico, llegaron con refuerzos, obligando a Saro a levantar el cerco y regresar a Italia. Pocos después, el usurpador reanudó la marcha sobre Arlés, que le abrió sus puertas (Zos.V.32.4; VI.2.3-6).

A finales de aquel año, Constantino controlaba ya la mayor parte de la Galia y toda Britania. En la corte de Honorio empezaron a alzarse voces que atribuían la responsabilidad del desastre a Estilicón. Algunos palatinos y senadores le acusaban de haber descuidado la defensa del Rin, para organizar una campaña, como la del Ilírico, que sólo satisfacía sus ambiciones personales. Entre tanto, Alarico comenzaba a dar muestras de impaciencia. Obedeciendo órdenes de Estilicón se había replegado a Emona con objeto de pasar allí el invierno. Al comenzar el deshielo, en marzo de 408, avanzó hasta el pie de los Alpes Julianos y ocupó sus pasos. Estilicón, temiendo que descendiese sobre el valle del Po, se trasladó a Rávena, dispuesto a detenerlo. Pero, esta vez, los godos se dirigieron al Nórico (Zos. V. 29.1-5; Bury, 1923: 170-171). Desde allí, Alarico envió una embajada a Estilicón, para recordarle que no había recibido ninguna ayuda económica y que se le debían 4.000 libras de oro por los servicios prestados en el Epiro. Dada la enorme cuantía de la suma, el general marchó a Roma, para presentar la demanda ante el emperador y el senado, que pese a las dudas iniciales, acabaron por aprobarla (Zos. V.29.6-9; Oros. VII.38.2, Phil. XII.2; Matthews, 1975: 264-278).

Estando así las cosas, el 1 de mayo de 408, falleció Arcadio. Su hijo y corregente, Teodosio II, de siete años de edad, se convirtió en el único emperador de Oriente. Al tratarse de un menor, asumió la tutela el prefecto del pretorio Antemio (Soc. VII.1). El rumor de los sucesos acaecidos en Constantinopla llegó a Roma un par de semanas después y sorprendió a Estilicón cuando estaba a punto de partir para entrevistarse con los embajadores de Alarico en Rávena. Sin tener aún constancia oficial de los hechos, el general emprendió el viaje, decidido a alcanzar un acuerdo con los godos, a fin de que éstos combatiesen a Constantino III en la Galia, mientras él se dirigiría a Constantinopla para hacerse cargo de los asuntos del Imperio de Oriente. Pero apenas hubo abandonado Roma, Honorio, que recelaba de sus planes, se dirigió a Pavía con objeto de recavar el apoyo de las fuerzas romanas del ejército de Italia allí concentradas (Zos.V.30). El séquito imperial avanzó sin tropiezos hasta Bolonia, donde el soberano recibió el comunicado oficial de la muerte de su hermano Arcadio. La presencia de Honorio en la ciudad atrajo hasta ella a varios jefes bárbaros descontentos, entre los que se encontraba el godo Saro. Ignoramos la naturaleza de sus demandas, pero es probable que intentasen obtener parecidas concesiones a las que se ofrecían a Alarico. Honorio, alarmado por el cariz que tomaban los acontecimientos, llamó a Estilicón en su ayuda. El general acudió de inmediato y, tras negociar un acuerdo con los rebeldes, presionó al emperador para que aprobase el nombramiento de Alarico como magister equitum per Gallias en la campaña que estaba organizando contra Constantino (Zos. V.31.1-6).

Este último, mientras tanto, había enviado a Hispania a su hijo Constante, a quien acababa de otorgar la investidura de César, acompañado del general Terencio y del nuevo prefecto de las Galias, Apolinar. El primero tenía órdenes de someter la diócesis militarmente, en tanto que el segundo debía acometer la reorganización administrativa de la misma, destituyendo a los cargos existentes y reemplazándolos por hombres fieles al régimen de Arlés, designados directamente por el propio Constantino. Después de atravesar los Pirineos, el ejército de Terencio descendió sobre la Tarraconense, tomando posesión de la ciudad de Zaragoza, donde Constante y su esposa instalaron su corte. Los primos de Honorio, Dídimo y Veriniano, a quienes Estilicón había confiado la organización de la defensa de la Península, salieron al encuentro de las tropas del usurpador junto con las unidades regulares acantonadas en Hispania. En un primer momento, parece que lograron contener el avance del ejército de Terencio, lo que sin duda animó a Estilicón a emplear las fuerzas de Alarico contra Constantino (Oros. VII.40.3-7; Soz. IX.11.4-12.1; Zos. VI.1-3; Demougeot, 1974: 105-106).

En esta campaña debían participar también varias de las unidades acuarteladas en Pavía. Sin embargo, los soldados, como era habitual en el Bajo Imperio, se mostraban renuentes a dejar a sus familias para combatir fuera de la región donde estaban acantonados. Olimpio, jefe de una de las secretarías jurídicas imperiales, aprovechó su descontento para precipitar la caída de Estilicón. Apenas llegado a Pavía como miembro del séquito imperial, se dedicó a propagar el rumor de que Estilicón se encontraba a punto de partir hacia Oriente, con el propósito de eliminar a Teodosio II y colocar en el trono de Constantinopla a su hijo Euquerio. Esta historia, posiblemente falsa, enardeció los ánimos de los soldados, que veían en las ambiciones del general la causa de su traslado a la Galia. En consecuencia, la mañana del 13 de agosto, se amotinaron y pasaron por las armas a todos los ministros de Honorio fieles a Estilicón (Exc. Sang. 538; Zos. V.32.1-7). Cuando el general tuvo noticia del motín, convocó a consejo a todos los jefes bárbaros que estaban bajo sus órdenes. Tras varias horas de incertidumbre, se supo que Honorio se hallaba a salvo, si bien en manos de Olimpio y su camarilla. Estilicón, convencido de que aún podía hacerse con las riendas del poder, decidió volver a Rávena sin imponer sanciones a los rebeldes. Esta resolución decepcionó a Saro, que durante la noche del 15 al 16 de agosto atacó a los hunos de la guardia personal de Estilicón y saqueó su campamento. El general, incapaz de controlar a sus aliados, se refugió en Rávena y el 18 de agosto dio orden a las ciudades donde residían las familias de los soldados bárbaros de cerrar sus puertas, impidiendo a éstos el acceso (Zos. V.33.1-34.2). De tal modo, proporcionó al nuevo gobierno unos valiosos rehenes; tal vez, con la esperanza secreta de obtener su gracia.

Sin embargo, Olimpio, promovido por Honorio a la dignidad de magister officiorum, no parecía dispuesto a llegar a un compromiso con Estilicón. Antes bien, apenas hubo triunfado el golpe de palacio, procedió a enviar una carta, sellada por el emperador, al comandante de la guarnición de Rávena, en la que le ordenaba arrestar y poner bajo custodia al general. Temiendo por su vida, Estilicón buscó asilo en una iglesia durante la noche. Pero al día siguiente, 21 de agosto, se entregó al comandante, a sabiendas de que le esperaba una muerte cierta. Un segunda carta llegada de Pavía le imputaba los delitos de venta de cargos militares, utilización de la intendencia del ejército en provecho propio, complicidad con grupos de bárbaros enemigos del Imperio, y conspiración para apoderarse del trono de Oriente. Al conocer las acusaciones, el joven Euquerio escapó a Roma. Mientras, en Rávena, los miembros de la guardia personal de Estilicón, y los clientes y servidores de su casa, tomaban las calles, pertrechados con armas, en un vano intento de librarle de la muerte. El general, queriendo evitar un baño de sangre, les prohibió interferir y el 22 de agosto ofreció su cuello a la espada de Herascliano, el oficial encargado de ejecutar la pena capital (Exc. Sang. 538; Phil. XII.1-3; Zos. V.34.2-6; 37.6).

La caída de Estilicón arrastró a numerosos miembros de su familia y clientela, que ostentaban altas dignidades en el Imperio de Occidente. Batanario, cuñado del general y por entonces conde de África, fue condenado a muerte y reemplazado en el cargo por Heracliano. De este modo, se evitó que los partidarios de Estilicón se hiciesen con le control del norte de África y asfixiasen al gobierno central de Italia con la interrupción del suministro de grano y aceite (Zos. V.36.3; 37.6). Termancia, la hija menor de Estilicón, con la que Honorio se había casado, hubo de abandonar la corte, instalada ahora en Milán. Su marido la repudió atendiendo a los consejos de Olimpio. Los eunucos Terencio y Arsacio, encargados de conducirla a Roma junto a su madre Serena, recibieron instrucciones de proceder a la detención de Euquerio, a quien se acusaba de complicidad en los proyectos de Estilicón. El joven, informado de la llegada de la orden de arresto, tuvo tiempo de abandonar la ciudad y acogerse a sagrado en una de las basílicas extramuros (Iord. Rom. 322; Marcel. 408; Oros. VII.38.1; Phil. XII.3; Zos. V.35.3-4; 37.5).

El brutal cambio de régimen fue seguido de un vuelco en las políticas adoptadas por Estilicón. El nuevo gobierno, encabezado por Olimpio, rehusó negociar con Alarico. La situación se agravó cuando los soldados romanos del ejército de Italia, en un acto de adhesión al nuevo régimen, masacraron a las mujeres e hijos de los bárbaros reclutados por Estilicón y acuartelados en distintas ciudades (Zos. V.34.2; 35.5-6). Como resultado, unos 10.000 guerreros se unieron a Alarico en el Nórico, incrementando sus efectivos, que pasaron de 20.000 a 30.000 hombres (Heather 1991: 214-215). En el otoño de 408, Alarico descendió sobre Italia con objeto de poner cerco a Milán y obligar así al emperador a entablar negociaciones. Pero en cuanto Olimpio tuvo noticia de sus movimientos, se apresuró a trasladar la corte a Rávena. Alarico, informado en Cremona sobre este particular, cruzó el Po y, tras un infructuoso intento de dar alcance a Honorio, se encaminó a Roma (Zos. V.36.1-2; 37.1-4). Olimpio, temiendo que los partidarios de Estilicón proclamasen emperador a su hijo Euquerio con el apoyo del ejército de Alarico, ordenó a los eunucos Arsacio y Terencio que sacasen al joven de la basílica donde se había refugiado y le ejecutasen (Phil. XII.3; Soz. IX.4.8; Zos. V.37.5-6; CTh. IX.42.22).

Pocos días después, a principios de noviembre, los godos se presentaron ante los muros de Roma y la pusieron cerco, cortando la entrada de provisiones a través del Tíber. En un ambiente de pánico y confusión generalizados, circuló el rumor de que Serena, viuda de Estilicón, había sido quien había llamado a Alarico con objeto de encumbrar a su hijo al trono. Acusada de connivencia con el enemigo y procesada ante la curia, la sobrina de Teodosio el Grande fue condenada a muerte. Su prima Gala Placidia, hermana de Honorio, ratificó la sentencia (Zos. V.38.1-2; 40.2; 41.1). Sin embargo, pronto quedó claro que Alarico no tenía intención de nombrar un nuevo emperador ni de asaltar la ciudad. Lo que deseaba era obtener recursos con los que mantener a sus hombres. A comienzos de diciembre, la situación en el interior de Roma se había tornado hasta tal punto insostenible a causa de la escasez de alimentos que el senado decidió negociar. Alarico se comprometió a levantar el cerco a cambio de 5.000 libras de oro, 3.000 de plata, 4.000 túnicas de seda, 3.000 mantos de púrpura y 30.000 libras de pimienta. Exigió, además, la liberación de todos los esclavos bárbaros, la entrega de rehenes y la mediación del senado para concluir una alianza militar con Honorio. Este último consintió en todo, si bien difirió la entrega de rehenes y la firma del tratado de alianza hasta después de las fiestas de año nuevo. Una vez que el senado hubo hecho entrega del rescate, Alarico levantó el bloqueo del Tíber, permitiendo que Roma recibiese trigo de los almacenes de Portus. A continuación, unos 10.000 esclavos bárbaros, la mayoría antiguos soldados de Radagaiso, fueron liberados por sus dueños y se unieron a Alarico, con lo que éste pasó a disponer de un total de 40.000 hombres, convirtiéndose en el jefe militar más poderoso de Italia. Satisfechas parcialmente sus demandas, se retiró a la Toscana, en espera de que el emperador cumpliese lo acordado (Zos. V.41.4-5; 42.3).

La política de confrontación con los godos puesta en práctica por el gobierno de Rávena tuvo fatales consecuencias para la causa legitimista en Hispania, ya que dejó a Constantino III las manos libres para extender su poder a la totalidad de la Península. Hacia mediados de septiembre, el emperador de Arlés envió a su hijo Constante, instalado en Zaragoza, varias unidades de refuerzo al mando del general Geroncio (Olymp. 16; Zos. VI.5.1; Demougeot 1974: 106-107). Dídimo y Veriniano, los dos primos de Honorio encargados de organizar la defensa de Hispania, reclutaron campesinos de sus dominios para incrementar los efectivos legitimistas. Pero este ejército, carente de formación y disciplina castrense, poco pudo hacer frente a las tropas bien adiestradas de Geroncio. Derrotados en el campo de batalla y capturados en plena retirada, Dídimo y Veriniano fueron conducidos por Constante ante la presencia de su padre en Arlés, donde poco después serían ejecutados. Entretanto, Geroncio consolidó sus posiciones en la Tarraconense, permitiendo que los Honoriani, unidades del ejército regular de las Galias a quienes se había encomendado la guarda de los pasos pirenaicos, efectuasen requisas abusivas en los Campi Pallentini, uno de los principales focos de resistencia legitimista. Los miembros más destacados de la familia teodosiana partieron hacia el exilio. Entre ellos se encontraban Teodosiolo y Lagodio, otros dos primos de Honorio. El primero buscó refugio en la corte de este último, mientras que el segundo se dirigió a Constantinopla (Oros. VII.40.8-9; Soz. IX.12.1-3; 7; Zos. VI.2-4). En el otoño de 408, la mayor parte de la prefectura de la Galia estaba en manos del usurpador. Sin embargo, Constantino, deseoso de legitimar su poder, envió embajadores a Honorio, para solicitar su reconocimiento oficial como Augusto, asegurando que no había tomado la púrpura por iniciativa propia, sino por imposición de los soldados. Honorio, incapaz en aquel momento de ofrecer una respuesta militar, accedió a las pretensiones de Constantino y le asoció al trono como legítimo corregente de la parte occidental del Imperio (Zos. V.43.1-2).

Conjurada por el momento la amenaza proveniente de la Galia, el gobierno de Rávena volvió a su política de resistencia ante la presión de los godos. Esta estrategia, objeto de crítica adversa tanto por parte de historiadores antiguos como modernos, tiende hoy a revalorizarse en función de la eficacia de los resultados. A través de su propio aislamiento, la monarquía autocrática consiguió substraerse al dominio de las milicias bárbaras. Paradójicamente, de las dos fuerzas en liza, la más débil era la de Alarico, quien había afrontado los riesgos de invadir Italia, urgido por la necesidad de conseguir recursos que reafirmasen su liderazgo. A medida que pasaban las semanas y Honorio demoraba la ratificación de las condiciones pactadas, los godos comenzaron a dar muestras de impaciencia. En los primeros meses de 409, el senado, temeroso de que se produjese un nuevo ataque contra Roma, despachó dos delegaciones a Rávena, la segunda de ellas encabezada por el senador Prisco Atalo y el papa Inocencio. Los embajadores intentaron convencer al emperador de la necesidad de ratificar el pacto cuanto antes. Pero Honorio, asesorado por Olimpio, se negó a hacerlo (Zos. V.44.1-46.1).

En tales circunstancias, el jefe godo Ataúlfo atravesó los Alpes, marchando al encuentro de su cuñado Alarico. Olimpio trató de detenerle en las cercanías de Pisa, donde fuerzas romanas del ejército de Italia abatieron a cerca de un millar de godos. Sin embargo, los restos del maltrecho ejército de Ataúlfo lograron unirse a las tropas de Alarico en Toscana. El fracaso de la operación costó el cargo a Olimpio, que fue enviado al destierro en Dalmacia. El nuevo hombre fuerte de Rávena, Jovio, antiguo miembro de la clientela de Estilicón, convenció al emperador de la necesidad de entablar negociaciones con los godos (Olymp. 13; Soz. IX.4.3; 7.2; Zos. V.45.5-6; 46.1; 47.1; 48.2). Alarico exigió un suministro anual de grano, una suma fija de oro y tierras para asentar a sus hombres en las provincias de Venecia, Istria, Nórico y Dalmacia, comprometiéndose a defenderlas en calidad de monarca federado de Roma. Jovio, al trasladar la propuesta al emperador, le hizo saber que Alarico se mostraría más flexible en sus demandas si se le nombraba magister utriusque militiae, cargo vacante desde la muerte de Estilicón. Pero Honorio rechazó categóricamente esta posibilidad. Cuando Alarico se enteró, puso fin a las conversaciones y se encaminó a Roma (Zos. V.47.2-49.2; Heather, 1991: 216-217).

El soberano, que no estaba dispuesto a ceder, se apresuró a ratificar el nombramiento de Constantino III como su corregente, a fin de recibir refuerzos militares de la Galia (Zos. VI.1.1-2). Sin embargo, la irrupción de grupos armados bárbaros en Hispania demoró la intervención del emperador de Arlés. Entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 409, los vándalos, suevos y alanos, que devastaban Aquitania desde hacía casi dos años, penetraron en la Tarraconense. Agotadas las reservas de víveres del sur de la Galia, los jefes de estos pueblos decidieron cruzar los Pirineos y abastecerse saqueando los graneros estatales, donde se almacenaba la última cosecha recogida en los campos de Hispania (Courtois, 1955: 50). Al parecer, las legiones de Honoriani, que custodiaban los pasos de montaña, mal retribuidas por el gobierno de Arlés, pasaron por las armas a sus oficiales y franquearon a los bárbaros el acceso a través de Roncesvalles, uniéndose a ellos en el saqueo de hórreos, aldeas, villas y fortalezas (Hyd. 42; Oros. VII.40.9; Soz. IX.12.3; 7). Geroncio, el general al mando de las fuerzas de Constantino en Hispania, no pudo hacer otra cosa que resistir el empuje de los invasores y asegurarse el control de la zona oriental de la Tarraconense (Zos.VI.5.2; Arce, 1988: 115-117).

Mientras tanto, en Italia, los problemas se multiplicaban. A finales de octubre, Alarico se presentó ante las puertas de Roma y pidió al senado que eligiese un nuevo emperador (Zos. VI.6.1-7.1). Los senadores, descontentos con la política de Honorio, proclamaron Augusto al prefecto de la ciudad, Prisco Atalo, destacado representante del renacimiento pagano de los tiempos del usurpador Eugenio (PLRE, 1971-1992, II:180-181). Alarico se comprometió a respaldarle a cambio de que le otorgase el cargo de magister utriusque militiae y de que aceptase recibir el bautismo de manos del obispo arriano Sigesario. Aun así, el reinado de Atalo fue breve. El conde Heracliano, partidario de Honorio, controlaba las ricas provincias africanas. Con la economía de Italia arruinada por las guerras y la totalidad de la prefectura de la Galia en manos de Constantino, los ingresos fiscales del norte de África constituían el único recurso con que alimentar a los godos. La incapacidad de Atalo para hacerse con el control de la región determinó su caída. Alarico, necesitado de víveres, le depuso y entabló de nuevo negociaciones con Honorio (Olymp. 13; Phil. XII.3; Soz. IX.8.10-11; Zos. VI.7.1-6; 9.1-12.3).

De camino a Rávena, Alarico topó con el caudillo godo Saro y se produjo una sangrienta escaramuza. Convencido de que Honorio había planeado la emboscada, Alarico dio por rotas las negociaciones y, tras reunirse con Ataúlfo en Rímini, marchó sobre Roma, dispuesto a ponerla cerco por tercera vez (Olymp. 3; Phil. XII.3; Soz. IX.9.3, Zos. VI.13.2). A principios de agosto, los godos acamparon frente a la Puerta Salaria. El sitio dio comienzo, al igual que los dos anteriores, con la ocupación de Portus y el bloqueo del cauce del Tíber, principal vía de abastecimiento de la ciudad (Proc. III.2.22; 27). La población, que desde la primavera sufría los efectos devastadores de una carestía a causa del cierre de los puertos africanos, se vio sometida ahora a mayores privaciones (Aug. De Civ. Dei I.10.4). Finalmente, en la noche del 24 al 25 de agosto, alguien desde el interior abrió a los godos la puerta Salaria y les franqueó la entrada en Roma (Exc. Sang. 540-541; Prosp. 1240; Soz. IX.9; Theoph. 5903). Alarico, carente de recursos que distribuir entre sus hombres, dejó que éstos saqueasen la ciudad, a fin de recobrar su maltrecho liderazgo (Heather, 1991: 216). Con todo, dispuso que se respetasen las basílicas extramuros de San Pedro y San Pablo y los otros sepulcros de los mártires como lugares de refugio para la población (Oros. VII.39.1; Aug. De Civ. Dei I.1; 7).

Después de tres días de pillaje, los godos abandonaron Roma para dirigirse al sur, con objeto de pasar el invierno en Sicilia, donde esperaban encontrar víveres. Llevaban consigo un rico botín y numerosos rehenes, entre los que figuraban el destronado emperador Atalo y Gala Placidia, hermana menor de Honorio (Olymp. 3; Oros. VII.40.2; 43.2; Lord. Rom. 323; Get. 159). Pero los planes de Alarico se vieron frustrados por una tempestad, que provocó el naufragio de la vanguardia del ejército godo en el estrecho de Mesina (Olymp. 15; Oros. VII.43.2). Habiendo perdido la mayor parte de las embarcaciones, Alarico no tuvo más remedio que retroceder sobre sus pasos. Enfermo y cansado, no pudo resistir más. Falleció a finales de noviembre cerca de Cosenza (Hyd. 45; Olymp. 10; Proc. III.2.37). Le sucedió en el mando el hermano de su esposa, Ataúlfo, un jefe militar experimentado, bajo cuya dirección los godos emprendieron el camino de vuelta al norte de Italia por la costa del Adriático (Iord. Get. 156-158).

La debilidad de los godos, diezmados por la falta de víveres y las enfermedades, permitió a Constancio, el nuevo hombre fuerte de Rávena, enfocar su atención sobre la Galia. Este oficial de origen ilirio, investido recientemente por Honorio con la dignidad de magister utriusque militiae, decidió organizar una campaña contra el emperador de Arlés (Oros. VII.42.1). Las circunstancias no podían ser más favorables. Durante el verano de 410, Constantino III había enviado a Hispania a su hijo Constante con varios regimientos al mando del general Justo, a fin de reemplazar a Geroncio en la comandancia de las unidades de regulares romanos (Zos. VI.5.2). Ahora bien, este último, temiendo por su vida, había proclamado emperador en Tarragona a Máximo, un cliente de su casa. El nuevo Augusto era de origen hispano, lo que le garantizaba el respaldo de parte de los provinciales. En seguida, Geroncio empezó a negociar, en nombre de Máximo, con los jefes de los distintos grupos bárbaros que infestaban los campos y calzadas de Hispania, a fin de incrementar su poder militar (Greg. Tur. II.9; Olymp. 16; Prosp. 1243; Soz. IX.13.1-2).

En este contexto cabría ubicar la distribución a suertes de las provincias en las que se establecieron vándalos, suevos y alanos. Según nos informa Hidacio, los asdingos obtuvieron la parte occidental de Gallaecia; los suevos la oriental, cercana al Atlántico; los alanos la Carthaginiense y la Lusitania; y los silingos la Bética (Hyd. 41; Oros. VII.40.10). Aunque algunos estudiosos han sostenido que la división se hizo sin tener en cuenta a las autoridades romanas (Thompson 1982: 155-156), cada vez resulta más difícil sostener esta tesis. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el reparto se hizo respentando cuidadosamente la organización territorial de la diócesis, algo que difícilmente hubiera tenido lugar de no mediar acuerdo alguno con los gobernantes romanos. Y además contamos con el testimonio altamente fidedigno de Olimpiodoro, quien afirma de manera taxativa que Máximo llegó a establecer acuerdos con los bárbaros (Olymp. 16).

El objetivo de Geroncio era pacificar la Península para, a continuación, concentrar toda su atención en la lucha contra los otros dos emperadores: Constantino III en la Galia y Honorio en Italia. Su plan consistía en neutralizar a las tropas de Constante y Justo, que se habían establecido en Zaragoza, para acto seguido pasar a la Galia, eliminar a Constantino III y marchar sobre Italia. Entre tanto, Máximo, al mando de las unidades de regulares romanos destacadas en Hispania, pasaría al norte de África, avanzando hacia el este hasta llegar a Cartago. De tal manera, Honorio quedaría atrapado entre dos frentes. La primera fase del plan salió tal y como estaba prevista. Constante y Justo, acosados por las tropas de Geroncio, abandonaron Hispania en la primavera de 411 y buscaron refugio en la ciudad de Vienne (Arce 1988: 118; Demougeot 1974: 116).

Poco después, Constancio atravesó los Alpes. Ya en suelo galo, tuvo noticia de que Geroncio, tras ocupar Vienne y dar muerte a Constante, había puesto cerco a Arlés. Cuando sus tropas llegaron a esta última ciudad, Geroncio levantó el cerco y regresó apresuradamente a Tarragona, donde comenzó a concentrar fuerzas. La orden de movilización generó tal descontento entre las tropas regulares romanas que pronto estalló una rebelión. Geroncio decidió resistir, a la espera, sin duda, de recibir refuerzos de sus aliados bárbaros. Todo fue en vano. Asediado por los rebeldes, se quitó la vida. A continuación, los soldados despojaron de la púrpura a Máximo, que buscó refugio entre alanos y vándalos (Olymp. 16, Oros. VII.42.5; Soz. IX.13.1-3). Mientras en Hispania se producían estos hechos, Constancio negociaba la rendición de Arlés con los notables locales (Greg. Tur. II.9; Soz. IX.14.1-4;15.1-2). Constantino III y su hijo menor Juliano, detenidos y enviados a Rávena, fueron ejecutados antes de llegar a la presencia de Honorio (Cons. Const. 411; Olymp. 16).

La caída del usurpador no trajo la paz a la Galia. El rey burgundio Guntario y el alano Goar, jefes del ejército reunido en Maguncia por los partidarios de Constantino, proclamaron emperador a Jovino, gobernador de la Germania Prima, guiados por la necesidad de disponer de un interlocutor autorizado, que sancionase el reclutamiento de sus hombres como auxiliares del ejército romano (Greg. Tur. II.9; Oros. VII.42.6; Soz. IX.15.3). Gracias al apoyo de esta fuerza militar y al de la aristocracia auvernesa, el nuevo usurpador logró hacerse rápidamente con el control del norte y centro de la Galia. El precipitado regreso de Constancio a Italia, en la primavera de 412, le permitió extender su dominio al sur ocupando Arlés. Lo más probable es que las tropas de Honorio se viesen obligadas a replegarse para hacer frente a la presencia de los godos en las inmediaciones de Rávena (CTh. XI.28.7; Demougeot, 1985: 187). Ataúlfo, instalado en Forli, presionaba al emperador para que aceptase sus servicios a cambio de un alto cargo militar romano y víveres para los godos. Pero el retorno de Constancio, situó a Honorio en una posición de fuerza, que le permitió rechazar las demandas de Ataúlfo (Olymp. 17). En el transcurso de la primavera de 412, los godos cruzaron los Alpes, dejando atrás Italia. La política de aislamiento y resistencia sin concesiones puesta en práctica por la corte había dado finalmente los frutos apetecidos. La monarquía había logrado escapar al control de las milicias bárbaras y había librado de su presencia a la Península.

2.3. Asentamiento y asimilación de los visigodos

Ataúlfo, acuciado por la necesidad de obtener víveres y convencido de que ya nada obtendría del gobierno de Rávena, decidió pasar a la Galia con el ejército que había reunido Alarico, una heterogénea multitud de hombres, acompañados de sus familias, que empezaban a cobrar identidad común bajo la denominación de visigodos. El objetivo del monarca era llegar a un acuerdo con Jovino. Pero las negociaciones se vieron interrumpidas por la llegada de Saro, que rota su alianza con Honorio pretendía también ponerse al servicio del usurpador. Ataúlfo, sintiendo amenazado su liderazgo sobre los godos, le tendió una emboscada y, tras capturarle, ordenó su ejecución. Este episodio disgustó a Jovino; si bien fue la insistencia de Ataúlfo en que asociase al trono a Atalo lo que frustró cualquier posibilidad de acuerdo. El nuevo usurpador aspiraba a instaurar su propia dinastía, como lo demuesta el hecho de que, poco después, proclamase Augusto a su hermano Sebastián. En este clima de creciente tensión, el gobierno de Rávena ofreció al monarca godo un alto cargo militar romano y provisiones para sus hombres a cambio de que combatiese a los enemigos de Honorio (Chron. Gall. DCLII .69; Olymp. 17; 19; Oros. VII.42.6; Soz. IX.15.3). A comienzos de la primavera de 413, investido ya con la dignidad de magister equitum per Gallias, Ataúlfo tomó la ciudad de ValenÇe, donde capturó e hizo ejecutar a Sebastián. Casi al mismo tiempo, tropas enviadas desde Italia ocupaban Arlés para, a continuación, marchar sobre Narbona, ciudad en la que apresaron a Jovino, que corrió idéntica suerte a la de su hermano (Greg. Tur. II.9; Chron. Gall. DCLII 70-71; Olymp. 19; Hyd. 54; Sid. V.9).

Mientras en la Galia tenían lugar estos sucesos, Heracliano, conde de África, se alzaba en rebelión contra Honorio, suspendiendo el envío de trigo y aceite a Italia. En junio de 413, el rebelde desembarcó en la península con su ejército. Pero derrotado en Otrícoli por el conde Marino, general de Honorio, retornó apresuradamente a Cartago. Allí permaneció hasta finales de agosto, momento en que Marino tomó posesión de la ciudad y, en cumplimiento de la sentencia dictada por el emperador, le hizo ejecutar (Hyd. 56; Marcel. 413; Olymp. 23; Oros. VII.42.10-14). El cierre de los puertos africanos, durante la rebelión de Heracliano, tuvo graves consecuencias para la causa legitimista en la Galia, ya que impidió a Honorio cumplir con su compromiso de abastecer a los visigodos. A finales de septiembre, Ataúlfo se dirigió a Narbona, donde esperaba recibir el suministro. Entró en la ciudad ataviado como general romano, siendo agasajado por los magistrados locales con los honores que correspondían a tan alto representante del emperador. Pero ante el retraso en la llegada de las naves africanas, intentó acceder al trigo almacenado en Marsella, siendo rechazado con numerosas bajas por el conde Bonifacio, oficial al mando de la guarnición local (Chron. Gall. DCLII 72-73; Hyd. 55; Olymp. 18-22).

Ataúlfo, gravemente herido en el asedio, regresó a Narbona con objeto de pasar allí el invierno. Durante su convalecencia, Candidiano, un oficial de la comitiva regia, le aconsejó que contrajese matrimonio con Gala Placidia, la hermana de Honorio, forzando así un entendimiento con el gobierno de Rávena (Olymp. 24; Thompson, 1963: 115; PLRE, 1971-1992: 257). El monarca godo, seducido por la idea de convertirse en miembro de la familia imperial y acceder al mando de los ejércitos del Imperio de Occidente, celebró sus bodas con la princesa el 1 de enero de 414 en Narbona. Todo apunta a que Placidia otorgó su consentimiento de buen grado. Sin duda, Candidiano se las ingenió para convencerla de la utilidad de aquella unión. A fin de cuentas, el matrimonio entre la nobleza romana tenía mucho más que ver con el sistema de alianzas políticas, las oportunidades de ascenso social y la transmisión de bienes patrimoniales que con las preferencias personales o las creencias religiosas de los contrayentes. Sin embargo, Honorio, asesorado por Constancio, se negó a reconocer el enlace de su hermana, alegando que era técnicamente nulo, ya que, de acuerdo con el derecho romano, los cautivos se hallaban privados de capacidad jurídica para otorgar su consentimiento al matrimonio (Olymp. 23; 26, Stein, I: 266).

La postura de Honorio asestó un duro golpe a las aspiraciones de Ataúlfo, que presionado por la falta de víveres, proclamó de nuevo emperador a Prisco Atalo y ocupó en su nombre las principales ciudades del valle del Garona, incluyendo Tolosa y Burdeos, donde espera encontrar provisiones (Olymp. 13; Oros. VII.42.7; Paul. Pell. 291-303; Prosp. 1254). Cuando Honorio tuvo noticias de lo sucedido, dispuso el envío de tropas al mando de Constancio. Antes de su partida, el emperador le prometió que le concedería la mano de Placidia si conseguía traerla de vuelta a Italia, ya fuese mediante un acuerdo, ya mediante la fuerza de las armas (Iord. Get. 164). Constancio atravesó los Alpes e instaló sus cuarteles en Arlés, mientras la escuadra que le seguía por mar bloqueaba los puertos del litoral narbonés, impidiendo a los godos recibir trigo africano (Oros. VII.43.1; Demougeot, 1985: 190). A continuación, desplegó su ejército a lo largo del valle del Garona, atacando a los godos desde varios puntos a la vez. Carente de víveres y hostigado por las fuerzas imperíales, Ataúlfo pasó a Hispania y se instaló en Barcelona (Olymp. 13; Oros. VII.42.9; 43.1; Paul. Pell. 291-303). Fue precisamente en esta ciudad donde a comienzos de 415 Placidia alumbró un niño, al que puso el nombre de Teodosio, el mismo que había llevado su padre y con el que, en aquellos momentos, reinaba su primo en Oriente. Con el nacimiento del pequeño Teodosio renacieron las esperanzas de llegar a un acuerdo con el gobierno de Rávena. Honorio no tenía descendencia, por lo que el hijo de Gala Placidia parecía llamado a convertirse en su sucesor. Sin embargo, pocas semanas después, el niño falleció de manera repentina. Sus desconsolados padres lo depositaron en un cofre de plata y le dieron sepultura en una iglesia situada a las afueras de Barcelona (Olymp. 26; Demougeot, 1985: 190).

Una vez más se truncó la posibilidad de negociar un pacto con Honorio, lo que minó considerablemente el liderazgo de Ataúlfo. Muchos godos, cansados de pasar privaciones, creían que el afán de su rey por convertirse en generalísimo de los ejércitos del Imperio de Occidente era el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo con Rávena. Este descontento sirvió de caldo de cultivo a la conspiración que puso fin a la vida del monarca. A finales de agosto, mientras inspeccionaba los establos, Dubio, antiguo caballerizo de Saro, a quien Ataúlfo había hecho ejecutar, le apuñaló en el bajo vientre, causándole heridas mortales. Trasladado de inmediato a su residencia, aún tuvo tiempo de designar heredero a su hermano menor, aconsejándole que devolviese a Gala Placidia e intentase concluir una alianza con Honorio. Pero apenas hubo expirado, Sigerico, hermano de Saro y cerebro de la conjura, asumió la dignidad regia con el apoyo de parte de los godos. El primer acto de su reinado fue ordenar la ejecución de los hijos que Ataúlfo había tenido de su primera esposa. Es probable que en la matanza pereciese también el hermano del extinto monarca, ya que no volvemos a tener noticias suyas. En cuanto a Gala Placidia, privada de todos los honores y reducida a la condición de cautiva de guerra, hubo de marchar a pie doce millas delante del caballo de Sigerico junto a otros prisioneros partidarios de Ataúlfo. Sin lugar a dudas, un gesto simbólico, inscrito en el marco de un procesión triunfal, con el que el nuevo rey quiso poner en evidencia su victoria sobre la casa de Ataúlfo y su ruptura con la política de éste. No parece que la vida de Placidia corriese peligro. Sigerico sabía que ella era el instrumento que le permitiría consolidar su liderazgo mediante un pacto con Honorio. Sin embargo, no tuvo tiempo de concluirlo. Fue asesinado por un grupo de nobles siete días después de haber sido proclamado rey (Hyd. 60; Iord. Get. 163-164; Olymp. 26; Oros. VII. 43. 9-10).

Las causas de la muerte de Sigerico no están claras. Aunque su intención de pactar con Constancio pudo restarle apoyos, todo apunta a que la mayoría de los godos eran partidarios de un acuerdo que pusiese fin a sus penalidades. Mayor peso debieron tener la forma ilegítima en que llegó al trono y la humillación de Placidia. La primera le concitó la enemistad de la poderosa clientela de la casa de Ataúlfo, en tanto que la segunda alarmaba a los partidarios de un entendimiento con las autoridades de Rávena. Desaparecido Sigerico, asumió el liderazgo de los visigodos un magnate llamado Valia, tal vez implicado en la conjura que puso fin a la vida de su predecesor. El nuevo monarca poseía escaso margen de maniobra. La flota imperial bloqueaba los puertos de la Tarraconense y unidades de regulares romanos habían ocupado los pasos pirenaicos. En tales circunstancias, Valia optó por dirigirse hacia el estrecho de Gibraltar, siguiendo la costa mediterránea, con la intención de cruzar a África, donde esperaba encontrar víveres para los suyos. Sin embargo, como ocurriese en Mesina, también esta vez una violenta tempestad echó a pique las naves que transportaban a la vanguardia del ejército visigodo a doce millas del estrecho (Oros. VII. 43. 11).

Aislado y sin recursos, Valia no tuvo más remedio que someterse a la voluntad de Constancio. A principios de 416, firmó un pacto en virtud del cual obtuvo para sus hombres el estatuto de federados y un suministro de 600.000 modios de trigo (Olymp. 31). Se ha calculado que con esta cantidad podían comer unas 15.000 personas durante un año (Jones, 1964: 1109, n. 65); de lo que se desprende que, durante su largo periplo desde Italia, los efectivos del ejército visigodo se habían visto considerablemente mermados por el hambre, las enfermedades y las deserciones. A cambio de víveres, Valia se comprometió a prestar servicio de armas a Honorio y puso en libertad a Gala Placidia y los restantes miembros de la aristocracia senatorial capturados por Alarico durante el saqueo de Roma (Hyd. 60; Iord. Get. 164; Olymp. 31; Oros. VII.43.10-13). El retorno de Placidia a Italia coincidió con el de Atalo, capturado por la flota imperial que patrullaba las costas de Hispania, cuando intentaba huir por mar desde Tarragona. Honorio dispuso que se le amputase una mano y, a continuación, le confinó en la isla de Lipari (Marcel. 412.2; Olymp. 13; Oros. VII.42.9; Phil. XII.4-5).

Durante los dos años siguientes, Valia combatió a los bárbaros instalados en Hispania, restaurando la autoridad de Honorio. Fredbal, rey de los vándalos silingos, que ocupaban la Bética, fue capturado en el verano de 416, mediante una estratagema, y enviado a Rávena para comparecer ante el emperador. Su ejército, incapaz de resistir el empuje de los visigodos, sería brutalmente aniquilado unos meses después. El 1 de enero de 417 Honorio celebró en Roma el inicio de su undécimo consulado con un solemne triunfo, que festejaba la deposición del usurpador Atalo y la victoria que acababan de obtener los federados visigodos sobre los vándalos silingos en Hispania. Ese mismo día tuvo efecto el enlace matrimonial de Gala Placidia con el general Constancio. Unos meses después, Valia ofreció un nuevo triunfo al emperador. En esta ocasión sobre los alanos establecidos en Lusitania, cuyo rey Adax pereció en el campo de batalla. Los supervivientes buscaron refugio entre los vándalos asdingos, sometiéndose al patrocinio de su soberano, Gunderico (Hyd. 62a-64; 67; 68; Olymp. 34; 38; Soz. IX.16.2).

En marzo de 418, el monarca visigodo firmó un nuevo pacto con Honorio, en virtud del cual sus hombres pasaron a establecerse como federados del Imperio a lo largo del valle del Garona, entre las ciudades de Tolosa y Burdeos. El asentamiento afectó a territorios pertenecientes a las provincias de Aquitania Secunda, Novempopulania y Narbonense Prima (Hyd. 69; Prosp. 1271; Thompson, 1956: 65-75). La naturaleza y propósito del mismo ha sido objeto de intenso debate historiográfico. Olimpiodoro, nuestra fuente más confiable, señala de manera expresa que los godos recibieron “tierras para cultivar” (Olymp. 26; Phil. XII.4-5), lo que descarta interpretaciones basadas en la asignación de asientos fiscales, como las que se han efectuado en los últimos años (Wolfram, 1988). De hecho, carecemos de datos feacientes que indiquen que, con posterioridad a 418, el Imperio haya mantenido a los visigodos a costa de la recaudación de impuestos. Las fuentes ni siquiera constatan que Valia reclamase pagos en oro por sus servicios. Estos últimos sólo se efectuarían cuando se requiriese la intervención de sus hombres en misiones especiales, negociándose los términos en cada caso (Heather, 1991: 221).

Lo más probable es que el asentamiento visigodo en el valle del Garona, se efectuase tomando como referente las normas establecidas por Arcadio en una ley del 6 de febrero de 398, que regulaba el hospitium militum, es decir, la acogida temporal en domicilios particulares de soldados, funcionarios civiles y miembros del séquito del emperador cuando se desplazaban en misión oficial (CTh. VII.8.5). De acuerdo con algunos testimonios jurídicos posteriores, los visigodos habrían recibido dos tercios de las tierras cultivables expropiadas; en tanto que bosques y pastos permanecían indivisos como zonas de uso común. Por lo que se refiere a colonos y esclavos, parece que dos tercios quedaron en poder del antiguo propietario romano y uno en el del nuevo señor bárbaro (Cod. Eur. 276-277; LB LIV.2). Sin embargo, los repartos no debieron hacerse en beneficio de cada guerrero y su familia, sino de los notables o magnates, que se establecieron en las tierras expropiadas con sus correspondientes comitivas (Musset, 1967: 202; Thompson, 1963: 105-126). Esto explicaría la ausencia de quejas por parte del campesinado. Colonos y esclavos no se vieron forzados a abandonar las parcelas que cultivaban, ya que los godos se limitaron a reemplazar a los antiguos terratenientes como receptores de rentas.

Tampoco parece que la aristocracia romana opusiese resistencia al asentamiento de los hombres de Valia. Tal vez, parte de las tierras que les fueron asignadas perteneciesen al fisco y, por tanto, el número de particulares damnificados resultase menos significativo de lo que se piensa. No obstante y con independencia del origen del suelo, lo cierto es que la instalación de los visigodos en el valle del Garona no se efectuó sin la colaboración y apoyo de los terratenientes locales. En la primavera de 418, Constancio restableció el consejo de las provincias galas, que se reunía anualmente en Arlés. Los delegados se seleccionaban entre los possessores más ricos e influentes de cada provincia y ciudad con representación en la asamblea. Durante las sesiones solían discutirse tanto asuntos públicos como privados relacionados con los intereses de los grandes propietarios. El consejo funcionaba además como foro de consenso entre éstos y el gobierno central. Altos funcionarios imperiales, enviados desde la corte, recogían las demandas de los possessores y daban a conocer las decisiones adoptadas por el soberano. La fecha en que se restableció el consejo coincide con el asentamiento de los godos en el sur de la Galia y, sin duda, éste fue el principal tema abordado en aquella reunión (Heather, 2006: 321). Se ha apuntado la posibilidad de que entre los representantes de Honorio se encontrase Rutilio Claudio Namaciano, antiguo magister officiorum y prefecto de la ciudad de Roma, que en octubre de 417 emprendió viaje desde Italia a la Galia. Este poderoso personaje pertenecía a una familia aristocrática de la región de Tolosa o Narbona, leal a la casa de Teodosio. Precisamente, uno de sus parientes, Exuperancio, combatía en aquellos momentos contra los campesinos rebeldes de la Armórica. En el poema que compuso con ocasión de su viaje, Namaciano incluyó un himno a Roma, donde justificaba el Imperio como cuerpo articulado en múltiples miembros coordinados con la unidad, haciéndose eco de la propaganda oficial del gobierno de Rávena tras la reincorporación de la Galia a su control (Rut. Nam. I.47-164).

Constancio, en armonía con las ideas expresadas por Namaciano, organizó la instalación de los visigodos en el valle del Garona como si se tratase de un simple desplazamiento de tropas al servicio del Imperio. Los hombres de Valia recibieron en posesión tierras, casas y esclavos del mismo modo que si fueran soldados regulares alojados a costa de la población civil. El gobierno de Rávena quería dejar claro que las tropas de federados godos no iban a alterar el orden social, sino a integrarse en él, garantizando a los terratenientes protección frente a revueltas campesinas e incursiones de bandoleros y piratas. Por otro lado, el peso de los recién llegados sobre los recursos económicos de la región no era gravoso. Su aporte demográfico apenas representaba una sexta parte de la población total, cantidad parecida a la que sumaban las unidades militares destacadas en las provincias de frontera. Además, el monarca visigodo, como ocurría en el caso de los generales romanos, sólo tenía jurisdicción sobre sus hombres. La administración provincial continuaba bajo el control directo de los funcionarios imperiales (Stein, I: 268). A pesar de todo, algo había cambiado. El establecimiento del ejército visigodo vino a reproducir en el sur de las Galias un modelo de sociedad que, hasta entonces, había sido privativo de las provincias militarizadas de frontera. Al acceder a la posesión de tierras y esclavos, elemento fundamental de distinción social, los magnates visigodos pasaron a formar parte de la clase dirigente provincial, en situación de paridad con la aristocracia romana, cuyo estilo de vida se apresuraron a adoptar. No obstante, su condición de militares ex officio y su fe arriana operaban como una barrera que les impedía asimilarse plenamente a los grandes propietarios senatoriales, en su mayoría civiles de confesión católica. Desde un principio, las diferencias de función y credo generaron una dualidad difícil de superar en la cúspide de la escala social (Brown, 1997: 59).

La decisión de asentar a los visigodos en el suroeste de la Galia parece responder a dos motivos esenciales. En primer lugar, el gobierno de Rávena deseaba instalarlos en una zona alejada del Mediterráneo y, sobre todo, de Italia, centro político del Imperio de Occidente, a fin de evitar injerencias en las políticas adoptadas por la monarquía autocrática. El valle del Garona, situado en la fachada atlántica de la Galia, a mil kilómetros de Rávena, se encontraba lo suficientemente lejos como para responder a dicha exigencia. Por otra parte, Constancio, como experto general que era, debió tener en consideración razones de carácter estratégico relativas a la pacificación y defensa de Hispania. En 418, alanos y silingos habían dejado de ser un problema; pero suevos y asdingos continuaban ocupando Gallaecia y bandas dispersas de guerreros bárbaros operaban en los distritos rurales de la Tarraconense. Además, el usurpador Máximo seguía vivo, oculto entre los bárbaros en algún lugar del occidente peninsular. Con el asentamiento visigodo en Aquitania, el gobierno de Rávena se aseguró el servicio de un importante contingente militar, capaz de desplazarse rápidamente a través de la calzada que unía Burdeos con Asturica Augusta, para intervenir en cualquier conflicto que surgiese en el norte de Hispania (Heather, 2006: 312).

Valia murió en 418, antes de que sus tropas hubiesen evacuado totalmente la Península. Sería su sucesor, Teodorico I, quien se encargase de completar el traslado del ejército visigodo a Aquitania. La elección de Teodorico como nuevo monarca no fue casual. El joven príncipe, cabeza de la casa nobiliaria de los Baltos, estaba casado con una hija de Alarico y era partidario de mantener la alianza con el gobierno de Rávena, que tan fructífera se había mostrado en los últimos tiempos (Hyd. 170; Olymp. 35; Sid. VII. 505). Sin duda, Gala Placidia y Constancio apoyaron su candidatura. Ambos deseaban reforzar el control del gobierno central de Rávena sobre la Galia e Hispania. Y nada mejor para ello que promover a la jefatura del ejército visigodo, la fuerza militar más poderosa de la región, al marido de una de las sobrinas de Ataúlfo, el primer marido de Placidia.

En el año 418, el Imperio de Occidente parecía haber superado la crisis. Sin embargo, al examinar en profundidad los efectos de la misma, se advierte que había dañado considerablemente los tres pilares sobre los que descansaba el estado romano, a saber, la fiscalidad, el ejército y las relaciones entre las élites locales y el gobierno central. En el primer caso, se hace evidente un reducción drástica de los ingresos obtenidos de la tributación. Aunque entre 414 y 417 Constancio restableció el orden y la fiscalidad imperiales en casi toda la Galia, no ocurrió lo mismo en otras regiones de Occidente. Britania, por ejemplo, quedó definitivamente al margen de la administración imperial. Y en cuanto a Hispania, restituida en su mayor parte al control del gobierno de Rávena mediante la intervención de los godos en los años 416 a 418, no fue posible recuperar la provincia de Gallaecia, ocupada por suevos y asdingos. La disminución de ingresos que comportaba para el sistema fiscal romano la pérdida de algunos territorios, se vio agravada por la caída de la recaudación en las provincias afectadas por la guerra y los saqueos. Gran parte de Italia había sufrido el pillaje de los godos, Hispania lo había padecido a manos de vándalos, suevos y alanos, y la Galia había tenido que sufrir la rapiña de unos y otros. En 412, Honorio ordenó al prefecto de Italia que redujese a una quinta parte los impuestos de las provincias de Campania, Toscana, Piceno, Samnio, Apulia, Calabria, Brucio y Lucania. Seis años después, en 418, una segunda constitución imperial, redujo la aportación de Campania a la novena parte de su anterior cuantía y a una séptima parte la de las demás provincias (CTh. XI.28.7; 12). Seguramente el gobierno de Rávena tuvo que asumir recortes parecidos en la Galia e Hispania.

Como no podía ser de otro modo, la caída de la recaudación fiscal repercutió sobre el sistema defensivo del Imperio de Occidente. Los estudios realizados a partir de las actualizaciones de los listados militares que se incluyen en la Notitia Dignitatum apuntan a que la composición de las fuerzas occidentales varió de manera substancial durante las dos primeras décadas del siglo V (Jones, 1964: 1429-1450). Hacia 395 el ejército de campaña de Occidente (comitatenses) contaba con unos 160 regimientos. En 420 estaba compuesto por 181. Aparentemente poseía una fuerza mayor. Sin embargo, este aumento de tamaño enmascaraba problemas graves. Para empezar, de las 181 unidades de campaña, 97 se habían formado con posterioridad a 395, y del período anterior sólo sobrevivían 84. Eso significa que unas 76 habían sido aniquiladas durante las guerras de 405 a 418. El ejército del Rin fue el que llevó la peor parte. En 420 tenía 58 regimientos, de los que sólo 21 eran unidades anteriores a 395. Nada tiene esto de extraño, si recordamos que primero tuvo que hacer frente a suevos, vándalos y alanos, y más tarde a las tropas de Constancio. Muchas unidades debieron desaparecer en ese período. La Notitia nos informa además sobre el modo en que se compensaron las pérdidas. De las 97 nuevas unidades de campaña creadas con posterioridad a 395, nada menos que 62 eran antiguos regimientos de las guarniciones de frontera (limitanei). Eso significa que la mayor parte de los huecos creados en el ejército de campaña por las guerras que se libraron a partir de 405 no fueron cubiertos mediante levas de reclutas, sino apelando a la reconversión de unidades de grado inferior. Por consiguiente, aunque en 420 el ejército de campaña estuviese integrado por mayor número de unidades que en 395, el total de efectivos militares era menor, ya que no hay indicios de que las fuerzas de guarnición reconvertidas en regimientos de campaña fuesen sustituidas en sus puestos fronterizos por nuevas tropas (Heather, 2006: 316-319). Para cubrir el déficit, en los siguientes años se recurriría con creciente frecuencia a los aliados bárbaros, tanto en tareas de protección de fronteras como en campañas militares.

El notable papel desempeñado por estas fuerzas en la vida política del Imperio, durante el período que se extiende entre 405 y 418, puso de manifiesto un nuevo problema. Los grandes propietarios, hasta entonces leales al gobierno central, mostraban una peligrosa tendencia a colaborar con los bárbaros. Anteriormente, sólo los estratos sociales más bajos se habían atrevido a unirse a ellos (Amm. XXXI.6.6). Pero nunca los terratenientes. El primer caso se produjo en 409, cuando el senado de Roma, de acuerdo con los deseos de Alarico, proclamó emperador a Prisco Atalo, de cuya mano el monarca godo recibió un alto mando militar y oro para sus hombres (Zos. VI.6.1-7.1). Cinco años después, serían los notables del sur de la Galia quienes colaborasen con Ataúlfo en la reinstauración de Atalo. Uno de ellos, Paulino de Pella, que sirvió al usurpador en calidad de comes sacrarum largitionum, justificaría posteriormente su actuación, aduciendo que en aquel momento le había parecido el camino más seguro a la paz (Euch. 302-310). Probablemente era sincero. Los aristócratas del Bajo Imperio habían acumulado la mayor parte de su riqueza en forma de tierras. Cuando la situación política se tornó inestable comprendieron que no podían huir abandonando este patrimonio, sin renunciar al mismo tiempo a su estatus económico y social. Por consiguiente, la única opción que les quedó fue pactar con los jefes bárbaros. Lo que no imaginaban es que, al hacerlo, estaban socabando los cimientos del sistema político romano.

El Imperio se articulaba como una federación de ciudades autónomas, cohesionadas por un pacto común con el gobierno central. A cambio del pago de impuestos, los terratenientes que gestionaban cada una de estas comunidades urbanas esperaban que el emperador les dispensase su protección. La incapacidad de los gobernantes de Rávena para contener la violencia de las milicias bárbaras puso en peligro ese pacto. Sólo la rápida intervención de Constancio, acompañada del restablecimiento del consejo anual de las provincias galas, evitó un desastre de mayores proporciones. La aristocracia galorromana volvió al orden imperial, si bien consciente de su capacidad para actuar con independencia en caso de crisis (Heather, 2006: 319-322). La monarquía autocrática dependía ahora más que nunca de su apoyo para gobernar. Esto explica que Honorio moderase las medidas de represión contra quienes habían colaborado con bárbaros y usurpadores. Ya en 410, tras la primera deposición de Atalo, había decretado una amnistía para sus partidarios (CTh. IX.38.12). Y en 418 actuó de manera semejante, mitigando la persecución contra los aristócratas galorromanos que habían cooperado con Ataúlfo y su emperador títere. El escenario había cambiado y, tras una década de conflictos, la espléndida fachada de la restauración legitimista apenas podía disimular las profundas fisuras abiertas en los pilares del sistema político romano.

2.4. La hegemonía vándala

Cuando los visigodos se instalaron en el valle del Garona, las provincias hispánicas volvieron a manos del gobierno de Rávena, libres de la presencia de milicias bárbaras. Sólo Gallaecia continuaba ocupada por suevos y vándalos asdingos. Estos últimos, reforzados por la incorporación a sus filas de grupos silingos y alanos, que habían sobrevivido a las campañas de Valia. Con objeto de mantenerlos confinados en la región noroccidental, Constancio duplicó el número de unidades comitantenses destacadas en Hispania, según figura en la distribución de regimientos de la Notitia Dignitatum, que como ya se apuntó refleja la situación del ejército de campaña occidental a comienzos de la década de 420. Es probable que el gobierno de Rávena completase este dispositivo militar con acuerdos diplomáticos que autorizaban a suevos y vándalos a permanecer en Gallaecia en calidad de tropas auxiliares del Imperio, abasteciéndose mediante el sistema de requisas. Ya en 416 ambos grupos habían intentado negociar con Constancio un pacto de esta naturaleza (Oros. VII.43.14). Y nos consta que, tres años después, existía un foedus pacis reconocido por las autoridades romanas, que les garantizaba unas bases territoriales (Isid. Hist Vand. 73). Tal vez se tratase de una simple renovación del acuerdo firmado años atrás con el usurpador Máximo. En cualquier caso, no satisfizo a los asdingos, cuyas necesidades materiales habían crecido con la incorporación de los restos de silingos y alanos. Como resultado, en 419 Gunderico, rey de los vándalos, atacó a los suevos y los bloqueó con su rey Hermerico en los montes Nervasios, cerca de Orense. Esta acción parece responder a un intento por parte de los vándalos de expandir el área donde efectuaban requisas. Constancio, preocupado por las consecuencias que podría tener la ruptura del equilibrio de fuerzas en la región, decidió apoyar a los suevos. En el verano de 420, cuando éstos se hallaban a punto de rendirse por hambre, se produjo la llegada de tropas regulares romanas, al mando del comes Hispaniarum Asterio, personaje de rango senatorial, oriundo de la Tarraconense y leal a la casa de Teodosio. Su intervención a favor de los suevos, en compañía de Maurocelo, vicarius Hispaniae, obligó a los vándalos a levantar el cerco y replegarse hacia Braga, donde las fuerzas imperiales masacraron a muchos de ellos. De regreso a Rávena, Asterio recibió del emperador la dignidad del patriciado en recompensa por sus servicios (Aug. Ep. 11.7; Greg. Tur. II.9, Hyd.71; 74).

Sin embargo, Hispania estaba lejos de haber alcanzado la paz. Antes de que acabase el año, el antiguo emperador Máximo, refugiado entre los bárbaros desde 411, volvió a vestir la púrpura con el apoyo de Gunderico, que necesitaba con urgencia ser reconocido como aliado del Imperio. Las circunstancias favorecían a los rebeldes. Asterio había vuelto a Italia y Constancio, proclamado Augusto en febrero, mantenía en aquellos momentos un enfrentamiento con el gobierno de Constantinopla, a raíz de la negativa de Teodosio II a reconocerle como su colega. Gunderico decidió aprovechar la oportunidad y servirse de Máximo como instrumento para regularizar su situación. Es muy posible que el traslado de los vándalos de Gallaecia a la Bética se hiciese con el permiso del usurpador y el consentimiento de parte de los terratenientes de la provincia, ligados a él por vínculos de parentesco y clientela. Entre ellos se encontraría Jovino, a quien las fuentes asocian estrechamente a Máximo, y varios notables, como Arcadio, Probo y los hermanos Pascasio, Euticiano y Paulilo, que en 429 pasarían al norte de África con los vándalos. La gravedad de los hechos puede calibrarse por la reacción del gobierno de Rávena, que en la primavera de 421 envió un gran ejército al mando del magister utriusque militiae Castino, máxima autoridad militar del Imperio de Occidente. A la expedición se sumó Bonifacio, el mismo oficial que había defendido Marsella de las fuerzas de Ataúlfo en 413, y que ahora conducía a las unidades de federados visigodos, puestas al servicio del Imperio por Teodorico I. La campaña fue todo un éxito. Las tropas imperiales derrotaron a los vándalos en la Bética, capturando a Máximo y Jovino, que fueron inmediatamente enviados a Rávena (Chron. Gall. DCLII 85; 89; Hyd. 77; Prosp. 1277; 1329).

La victoria no podía llegar en mejor momento. Constancio quedaba ahora libre para concentrar toda su atención en los preparativos bélicos contra el Imperio de Oriente. Sin embargo, su muerte, acaecida el 2 de septiembre de 421, dejó en suspenso la campaña, abriendo las puertas a un período de fuerte inestabilidad en la corte. Durante una década, Constancio había estado al frente del poder central, como comandante en jefe de los ejércitos del Imperio de Occidente, y había renovado todos los altos cargos militares y civiles con hombres de su confianza. De modo que fueron sus antiguos subordinados quienes protagonizaron la lucha por urdir una nueva jerarquía palatina. En la corte de un monarca autocrático, el mejor situado para competir era quien obtenía y conservaba el favor del emperador. En este caso su propia hermana, Gala Placidia, que había sido elevada a la dignidad de Augusta al convertirse en Augusto su marido. Placidia estaba dispuesta a defender sus intereses y los del hijo que había tenido de Constancio, el pequeño Valentiniano, heredero potencial del Imperio de Occidente (Heather, 2006: 331). El conflicto empezó muy pronto. Apenas desaparecido Constancio, la corte se dividió en dos bandos, uno partidario de reivindicar mediante las armas los derechos de Placidia y su hijo Valentiniano, y otro favorable a la concordia con Oriente (Olymp. 34; Theoph. 5913). El general Castino, que permanecía en la Bética organizando una nueva expedición contra los vándalos, se puso a la cabeza de la facción favorable a la paz con Teodosio II. Su postura como jefe de los ejércitos de campaña de Occidente fue decisiva. A comienzos del otoño, Honorio dio orden de suspender los preparativos bélicos y se reconcilió con su sobrino. La concordia de los Augustos se hizo manifiesta en la decisión de asumir ambos el consulado en 422. Los festejos inaugurales, celebrados en Rávena y Constantinopla el 1 de enero, revistieron especial solemnidad, ya que conmemoraban el trigésimo aniversario de la proclamación como emperador de Honorio y el vigésimo de Teodosio II. La corte de Rávena celebró al mismo tiempo la victoria sobre el usurpador Máximo, quien, tras desfilar en el cortejo triunfal de Honorio, fue ignominiosamente ejecutado junto con Jovino (Chron.Gall. DCLII 89; Marcell. 422.2).

Tras este primer éxito, Castino intentó hacerse con el control de la corte. Pero no le resultó fácil. Gala Placidia ejercía el monopolio del afecto de su hermano y además contaba con el respaldo militar de las comitivas de Ataúlfo y de Constancio (Olymp. 40). Los sucesos ocurridos en Hispania durante la primavera de 422 dieron un nuevo giro a la situación. Según se desprende de los testimonios conservados, Castino había puesto en marcha una operación militar, destinada a bloquear a la tropas de Gunderico en la Bética. Cuando los vándalos, faltos de provisiones, parecían a punto de rendirse, el general decidió salir al campo de batalla y aniquilarlos. Bonifacio, que no estaba de acuerdo con esta táctica por considerarla sumamente arriesgada, se negó a participar en el combate, replegándose con los federados visigodos hacia Oporto, donde se embarcó rumbo al norte de África. Este contratiempo no arredró a Castino. Antes bien, deseoso de cosechar una nueva victoria que le consagrase como el hombre fuerte de Rávena, se enfrentó en solitario a los vándalos con las unidades de regulares romanos que militaban a sus órdenes. Sin embargo, la superioridad numérica del enemigo acabó imponiéndose y Castino se vio obligado a replegarse a Tarragona, tras haber perdido varios miles de hombres en el campo de batalla (Hyd. 77; Prosp. 1277).

El general y sus partidarios hicieron recaer la responsabilidad del desastre sobre Bonifacio, a quien acusaron de traición, involucrando en la trama a Placidia. A esta última se la señalaba como inductora de la deserción, recordando que Bonifacio conducía a los federados godos, cuyo rey Teodorico estaba ligado a Placidia por vínculos personales. La camarilla de la Augusta Placidia, encabezada por su nodriza Helpidia, su administrador Leonteo, y Padusia, esposa de Félix, antiguo oficial de Constancio, dispuso un golpe de palacio, destinado a eliminar a Castino y sus partidarios. Pero éstos lograron neutralizar la acción de las gentes de armas de Placidia, en medio de violentos desórdenes (Olymp. 40). El fracaso de la conjura selló el destino de la Augusta Placidia. Castino la acusó formalmente de conspirar contra su hermano para arrebatarle el trono en beneficio del pequeño Valentiniano. Como consecuencia, en el otoño de 422, Placidia fue desterrada de la corte y confinada en su residencia de Roma (Chron, Gall. DCLII 90). Meses después, Honorio, atendiendo a las demandas de Teodosio II, promulgó un segundo edicto contra su hermana, en el que la acusaba de conspiración con los enemigos del Imperio, en alusión a Bonifacio y los federados visigodos, y la condenaba a destierro perpetuo de Roma e Italia. A comienzos de la primavera de 423, Placidia y sus dos hijos, Valentiniano y Honoria, embarcaron con un reducido séquito rumbo a Constantinopla (Cass. Chron. 1205; Prosp. 1280).

Castino controlaba ahora la corte. Pero su posición volvió a tornarse inestable, cuando el 15 de agosto de 423 falleció Honorio y Teodosio II asumió la soberanía de Occidente, como nuevo jefe de la casa imperial (CTh. XI.20.5; Hyd. 82; Olymp 41; Soc. VII. 22.20). Su primer acto consistió en llegar a un acuerdo con el general, a quien confirmó en su cargo y designó cónsul para 424 (CIL V.5206; 6281; XI.4996). Ahora bien, Bonifacio, enemigo de Castino, se negó a reconocer su autoridad, pronunciándose a favor del pequeño Valentiniano, al que proclamó único y legítimo emperador de Occidente. Con ayuda de los federados visigodos, que le habían acompañado hasta el norte de África, se hizo con el control de la región, apoderándose de Cartago. La rebelión resultó decisiva para los intereses de Placidia y su hijo. Valiéndose del control que ejercía sobre los recursos estratégicos de África, Bonifacio sometió a Italia a un auténtico bloqueo (Chron. Gall. DCLII 59; Olymp. 40; Prosp. 1286; Stein, I: 282).

De hecho, a comienzos del otoño de 423, las autoridades de Italia padecían ya serios problemas para abastecer la ciudad de Roma, subvenir a la intendencia militar y pagar sus estipendios a soldados y funcionarios. Ante esta situación, Teodosio II decidió recortar gastos disolviendo la corte de Rávena, de manera que la administración de Occidente se gestionase directamente desde Constantinopla. La noticia disgustó a los palatinos, dando origen a una nueva usurpación. Durante los funerales de Honorio, inhumado en el mausoleo imperial de la basílica de San Pedro, los altos dignatarios civiles y militares de la corte llegaron a un acuerdo con el senado para colocar en el trono de Occidente a Juan, jefe de la oficina de secretarios imperiales (primicerius notariorum), proclamado Augusto en Roma el 20 de noviembre de aquel mismo año (Ann. Rav. 423; Chron. Gall. DCLII 92; Proc. III.3.5; Soc. VII.23.3). El advenimiento de Juan no hubiera sido posible sin el apoyo de Castino, que como magister utriusque militiae le brindó el respaldo del ejército de Italia. La primera orden que recibió del nuevo emperador fue la de organizar una campaña contra el rebelde Bonifacio, a fin de recobrar el control del norte de África y sus recursos (Prosp. 1282, 1286; Stein, I: 282). Al mismo tiempo, Juan envió una embajada a Constantinopla, para anunciar a Teodosio su investidura como Augusto. El soberano oriental, indignado por lo que consideraba una conculcación de sus legítimos derechos, se negó a reconocerle como colega (Greg. Tur. II.8; Phil. XII.13; Soc. VII.23; Theoph. 5915).

La división de la clase militar de Occidente favoreció los intereses de la corte de Constantinopla. A la rebelión de Bonifacio en África vino a sumarse el alzamiento de las tropas del ejército de la Galia acantonadas en Arlés (Chron. Gall. DCLII 97; Prosp. 1285; 1286; Stein, I: 283). Teodosio II y sus consejeros, animados por estos acontecimientos, optaron por enviar una expedición a Rávena con objeto de defender el principio dinástico y las pretensiones del pequeño Valentiniano al trono de Occidente. Placidia colaboró como un aliado eficaz en los preparativos de la expedición. A través de ella, Teodosio se aseguró el apoyo estratégico de Bonifacio, a quien nombró comes Africae y confió la defensa de la región frente a las tropas de Castino. Acto seguido, dispuso que el general de origen alano Ardaburio, su hijo Aspar y Candidiano, uno de los hombres de Placidia, se trasladasen al puerto de Tesalónica, para organizar la campaña de Italia (Marcell. 424; Olymp. 40; 46; Prosp. 1286).

Cuando Juan se enteró de que el gobierno de Constantinopla se preparaba para la guerra, despachó a Aecio, mayordomo de palacio y jefe de la guardia imperial (cura palatii), con instrucciones de reclutar tropas entre los federados hunos asentados en Panonia. Aecio, hijo de uno de los generales de Teodosio I, había pasado su adolescencia entre los bárbaros, primero como rehén del visigodo Alarico y, más tarde, del huno Rúas, con quien mantenía estrechos lazos de amistad. Durante el verano de 424, cruzó el Adriático y desembarcó en Salona, donde pasó algún tiempo pertrechando la ciudad, antes de proseguir la marcha hacia Panonia (Greg. Tur. II.8; Merob. Carm. IV.42-46; Pan. II.1-4; Phil. XII.14). Sus movimientos precipitaron la actuación del gobierno de Oriente. El 1 de octubre, Teodosio II asumió el consulado para el último trimestre de 424 junto con su primo Valentiniano, anunciando al mismo tiempo su propósito de compartir con éste la magistratura el año entrante. Unos días después, Gala Placidia y sus hijos, Valentiniano y Honoria, emprendían viaje a Tesalónica, para reunirse allí con el ejército que debía conducirlos a Italia. Les acompañaba el magister officiorum Helión, que el 23 de octubre, actuando en nombre de Teodosio, proclamó César al pequeño Valentiniano ante los generales y dignatarios civiles congregados en la ciudad (Olymp. 46; Phil. XII.13; Depeyrot, 1996: 89-90).

En principio, todo se desarrolló conforme al plan previsto. La caballería de Aspar, que protegía a Placidia y sus hijos, junto con dos flotas, una al mando de Ardaburio y otra al de Candidiano, ascendieron por la costa dálmata y se apoderaron de Salona, donde pasaron el invierno. A comienzos de la primavera de 425, reanudaron su marcha. Aspar penetró en Italia a través de los Alpes Julianos y ocupó Aquilea, donde debía reunirse con las tropas de infantería que viajaban a bordo de la flota de Ardaburio. Pero las naves nunca llegaron a puerto. Una violenta tempestad las echó a pique. Soldados de Juan capturaron a los náufragos, entre quienes se encontraba el propio Ardaburio. Conducido a Rávena, el general aprovechó la libertad de movimientos que disfrutaba para ganarse a algunos de los ministros del usurpador y a los oficiales de la guarnición. A través de ellos se puso en contacto con su hijo, que a finales de mayo entró en Rávena sin hallar apenas resistencia. El usurpador Juan fue hecho prisionero y enviado a Aquilea, donde Placidia dispuso que se le amputase la mano derecha y se le pasease por las calles de la ciudad a lomos de un asno, antes de ser decapitado (Ioh. Ant. 195; Olymp. 46; Phil. XII.13; Proc. III.3.8).

Unos días después de la captura de Rávena, Aecio descendió sobre Italia con un gran ejército de federados hunos. Aspar salió a su encuentro, evitando que alcanzase Aquilea. Sin embargo y pese a todos sus esfuerzos, no logró dispersar a las tropas de Aecio. Finalmente, Placidia hubo de llegar a un acuerdo con él, otorgándole el mando del ejército de la Galia con órdenes de liberar Arlés del asedio de las tropas del rey visigodo Teodorico, que, so pretexto de sofocar la revuelta de los soldados acantonados en la ciudad, intentaba expandir sus dominios hacia el Mediterráneo. En cuanto a Castino, principal sostén del usurpador Juan, fue derrotado por Bonifacio y enviado al exilio, sin que se vuelvan a tener noticia suyas (Chron. Gall. DCLII 100; 102; Iord. Rom. 328; Phil. XII.14; Prosp. 1288; 1290). Eliminada toda resistencia, la comitiva imperial se puso en camino hacia Rávena y, desde allí, marchó a Roma, donde el 23 de octubre de 425 Valentiniano fue coronado Augusto en un acto de reafirmación de la unidad política de ambas mitades del Imperio (Hyd. 85; Olymp. 34; 46; Soc. VII.44).

Unos días después de la captura de Rávena, Aecio descendió sobre Italia con un gran ejército de federados hunos. Aspar salió a su encuentro, evitando que alcanzase Aquilea. Sin embargo y pese a todos sus esfuerzos, no logró dispersar a las tropas de Aecio. Finalmente, Placidia hubo de llegar a un acuerdo con él, otorgándole el mando del ejército de la Galia con órdenes de liberar Arlés del asedio de las tropas del rey visigodo Teodorico, que, so pretexto de sofocar la revuelta de los soldados acantonados en la ciudad, intentaba expandir sus dominios hacia el Mediterráneo. En cuanto a Castino, principal sostén del usurpador Juan, fue derrotado por Bonifacio y enviado al exilio, sin que se vuelvan a tener noticia suyas (Chron. Gall. DCLII 100; 102; Iord. Rom. 328; Phil. XII.14; Prosp. 1288; 1290). Eliminada toda resistencia, la comitiva imperial se puso en camino hacia Rávena y, desde allí, marchó a Roma, donde el 23 de octubre de 425 Valentiniano fue coronado Augusto en un acto de reafirmación de la unidad política de ambas mitades del Imperio (Hyd. 85; Olymp. 34; 46; Soc. VII.44).

Sin embargo, la restauración de la dinastía teodosiana no puso fin a la inestabilidad política. Valentiniano III era un niño de seis años incapaz de gobernar personalmente el Imperio. Este hecho desató una feroz competencia entre los altos mandos militares de Occidente por ejercer el poder. Sus principales protagonistas fueron Félix, que como magister utriusque militiae tenía directamente bajo sus órdenes al ejército de Italia, Aecio que mandaba el de la Galia, y Bonifacio, el de África. Gala Placidia, en su calidad de madre y tutora del pequeño emperador, manipuló las rivalidades entre las principales figuras del estamento militar, mediante el otorgamiento de favores, títulos y dignidades. De este modo, logró establecer un equilibrio de poder, regulado desde el trono, principal beneficiario del sistema. Mientras los generales se disputaban el magisterium utriusque militiae no conspiraban en secreto contra el emperador. Antes bien, redoblaban sus muestras de lealtad al monarca, a fin de conseguir la tan ansiada promoción (Stein, I: 317).

Esta estrategia, eficaz para el mantenimiento de la autocracia y el principio dinástico, no pudo evitar el estallido de cruentas guerras civiles. La hegemonía de Félix, a quien Placidia había elevado a la cúspide de la jerarquía militar nombrándole magister utriusque militiae, desagradaba a sus rivales. Sobre todo a Bonifacio, que había desempeñado un importante papel en el triunfo de la causa de Valentiniano y, por tanto, se consideraba con mejor derecho a ostentar dicha dignidad. Sus éxitos militares sobre los mauros y su administración incorruptible le habían granjeado además la adhesión de los terratenientes africanos, lo que le permitía actuar con gran independencia respecto al gobierno central (Aug. Ep. 220.7; Olymp. 42). Félix, consciente de la amenaza que representaba, le acusó de deslealtad, por lo que en 427 se le ordenó presentarse en Rávena. Al negarse, Placidia le declaró enemigo del Estado y envió tropas para reducirle. Pero las diferencias entre los tres comandantes que dirigían la campaña provocaron un motín y la deserción de los soldados, que se pasaron al bando de Bonifacio. Decidido a solventar el problema, Félix reclutó un nuevo ejército, compuesto exclusivamente por federados visigodos, que al mando de Sigisvulto desembarcaron en el África proconsular y ocuparon las ciudades de Cartago e Hipona, empujando a Bonifacio hacia el interior de Numidia (Chron. Gall. 96; Ioh. Ant. 196; Proc. III.3.14-22; Prosp. 1294; Theoph. 5931).

En este contexto se sitúa el paso de los vándalos al norte África. Poco se sabe sobre sus movimientos en Hispania tras la derrota de Castino. Los cronistas de la época no les prestaron mucha atención, concentrados como estaban en las luchas de poder cortesanas. Gunderico aprovechó la ocasión para descender hacia el Mediterráneo atravesando la Bética. En 425 entró en Cartagena y se adueñó de la flota amarrada en su puerto, lo que le permitió dirigir incursiones contra las islas Baleares y las costas de Mauritania Tingitana. Tres años después, en 428, ocupó y saqueó la ciudad de Sevilla (Hyd. 86; 89; Isid. Hist. Vand. 73). No parece probable que un ejército de más de 15.000 hombres, al que acompañaban mujeres, niños y ancianos, pudiese permanecer unido durante tanto tiempo, viviendo exclusivamente del pillaje. Lo más seguro es que se dividiese en pequeñas bandas de doscientos a trescientos guerreros, dispersas por todo el sur de Hispania. Para avituallarse apelarían al sistema de requisaciones militares con la colaboración de los terratenientes romanos. El saqueo de ciudades y graneros sólo se produciría en momentos puntuales de crisis alimentaria o cuando las autoridades locales se negaban a cooperar.

La combinación de requisa y pillaje debió esquilmar considerablemente los recursos de la Bética. A este problema vino a sumarse la presión militar ejercida por los suevos. Procopio de Cesarea recoge una tradición, conservada en la familia real de los asdingos, según la cual Gunderico habría perecido a manos de un grupo bárbaro enemigo, que tras capturarle en el transcurso de una batalla le hizo empalar (Proc. III.3.32-33). Fuentes hispanas nos informan de que, poco antes de que los vándalos pasasen al norte de África, un caudillo suevo, de nombre Heremegario, irrumpió en Lusitania, saqueando a su paso la comarca de Mérida. Genserico, hermano y sucesor de Gunderico, le combatió a orillas del Guadiana, en cuyas aguas Heremegario perecería ahogado cuando intentaba buscar refugio en el interior de la ciudad (Hyd. 90). Resulta insólito que Genserico, ocupado como estaba con los preparativos del tránsito del estrecho, retrocediese hasta Mérida para perseguir a una banda de suevos en busca de botín. Sólo un motivo poderoso, como vengar la muerte de su hermano, pudo impulsarle a ello. Ademas, existe la posibilidad, apuntada recientemente, de que Heremegario actuase en nombre del gobierno de Rávena, que sólo nueve años antes había intervenido a favor de los suevos frente al común enemigo vándalo (Arce, 2005: 118-119).

Pero ni los problemas de abastecimiento ni la presión de los suevos explican satisfactoriamente el paso de los vándalos al norte de África. Varios historiadores de la época, como Próspero de Aquitania y Procopio de Cesarea, insisten en que atravesaron el estrecho a requerimiento de Bonifacio, que los necesitaba como aliados frente a las tropas de Sigisvulto. Según estos mismos testimonios, el comes Africae estaba dispuesto a permitirles que se estableciesen en la región a cambio de ayuda militar (Ioh. Ant. 196; Jord. Get. 167; Proc. III.3.22-26; Prosp. 1294; Theoph. 5931). La ausencia de oposición al desembarco y avance inicial de los vándalos parece corroborar esta versión y, aunque un sector de la historiografía contemporánea cuestiona su fiabilidad, conviene recordar que Gunderico ya había intentado consolidar su situación dentro del Imperio apoyando la usurpación de Máximo. Nada tendría de particular que su sucesor se mostrase dispuesto a servir a Bonifacio. En mayo de 429, Genserico reunió a sus seguidores en Tarifa. Según Víctor de Vita, antes de cruzar el estrecho, efectuó un recuento, que arrojó la cifra de 80.000 almas, comprendidas toda suerte de personas, incluso niños recién nacidos (Vict. Vit. I.1-2). Se ha calculado que entre 15.000 y 20.000 eran guerreros de origen vándalo, alano y godo, y los restantes mujeres, niños, ancianos y esclavos, así como un reducido grupo de próceres hispanorromanos, antiguos colaboradores del usurpador Máximo, que prefirieron seguir al ejército que los protegía a permanecer en la Península a merced de las fuerzas legitimistas. Esta multitud desembarcó en Tánger y, desde allí, se dirigió hacia Altava, vía Volubilis, para a continuación descender sobre Cesarea de Mauritania (Le Gall, 1936: 13-48; Courtois, 1955: 158-169; Courcelle, 1964: 117-118).

El viaje duró varios meses y cuando a finales del otoño de 429 los vándalos penetraron en Numidia, Bonifacio había llegado ya a un acuerdo con la corte de Rávena, por lo que no precisaba de sus servicios (Aug. Ep. 229-231; Chron. Gall. DCLII 96, Proc. III.3.27-30; Prosp. 1294). Desde su cuartel general en Cirta, envió emisarios a Genserico con objeto de negociar un pacto. Pero muchos de los nobles vándalos se opusieron a él por considerar ofensivas las condiciones (Aug. Ep. 229.2; 230.3; Proc. III.3.30-31). Finalmente, Genserico se enfrentó a los romanos en el campo de batalla. La aplastante superioridad vándala obligó al comes Africae a replegarse a Hipona, dejando una pequeña guarnición en Cirta. Genserico victorioso dividió sus fuerzas en tres cuerpos. El principal, encabezado por él mismo, persiguió a Bonifacio hasta Hipona y puso cerco a la ciudad en junio de 430. El segundo marchó por la calzada que conducía de Cirta a Cartago, penetrando en el África Proconsular. Y el tercero se encaminó hacia Teveste, para desde allí adentrarse en la Byzacena (Aug. Ep. 228; Vict. Vit. I.3; 10). Entretanto, el gobierno de Rávena intentaba hallar una solución. África era el pilar económico del Imperio de Occidente, su principal fuente de ingresos para alimentar a la plebe romana y pagar las raciones y estipendios del ejército. Además, en el norte de África se localizaba el conjunto más importante de tierras reservadas al mantenimiento de la casa imperial o domus divina (Delmaire, 1989: 218-220). Perder su control era equivalente a sumirse en el caos financiero.

La crisis africana actuó como detonante de una nueva lucha por el poder en la corte. Durante el otoño de 429, Placidia, descontenta con la gestión de Félix, llamó a Aecio y le promovió al magisterium utriusque militiae (Prosp. 1300). De este modo, pasó a haber dos comandantes del ejército de campaña en Occidente. Félix, en su calidad de patricius, ostentaba el rango superior; pero la presencia de Aecio en palacio operaba como contrapeso a su poder. Los hechos que se sucedieron a continuación no están del todo claros. Al parecer, Aecio se ganó a los oficiales de la guardia imperial, de la que había sido comandante en tiempos del usurpador Juan, y con su ayuda propagó por los cuarteles el rumor de que su enemigo tramaba apoderarse del trono. En el transcurso de una revista, los soldados se amotinaron y dieron muerte a Félix, cuando intentaba refugiarse en la basílica Ursiana (Agn. 31; Hyd. 94; Ioh. Ant. 202; Marcel. 430; Prosp. 1303). El suceso alarmó a Placidia, que temerosa de que Aecio se hiciese con el control del gobierno central lo alejó de Rávena, encomendándole diversas misiones en la Galia, Recia y Nórico (Chron. Gall. DCLII 106; Hyd. 92-93; 95).

Mientras el general se encontraba ausente, la Augusta decidió equilibrar la balanza de poder, promoviendo el ascenso de Bonifacio, que, tras pasar catorce meses en Hipona sometido al asedio de los vándalos, volvía a estar disponible. La retirada de las tropas de Genserico, diezmadas por el hambre, coincidió con el desembarco en Cartago de un ejército enviado desde Oriente en la primavera de 431 al mando de Aspar. Los recién llegados y las fuerzas de Bonifacio intentaron infructuosamente aplastar a los vándalos en el campo de batalla. Su retirada permitió a Genserico ocupar Hipona. Pero la estrategia defensiva que desarrolló Aspar en los siguientes meses detuvo su avance y fijó las posiciones de ambos contendientes (Soc. VII.23.8, Proc. III. 3.35-36). Placidia aprovechó el respiro para llamar a la corte a Bonifacio y colocarle en la cima del escalafón militar, nombrándole magister utriusque militae et para establecerse con patricius. En cuanto Aecio tuvo noticia de lo sucedido, marchó sobre Italia con su ejército y entabló batalla con Bonifacio en las inmediaciones de Rímini. La victoria de este último fue efímera, ya que falleció poco después a causa de una herida sufrida en combate. Su yerno Sebastián le sucedió en el magisterium utriusque militae por designación de la Augusta. Por su parte, Aecio abandonó Italia, para regresar en el otoño de 433 al frente de un gran ejército de aliados hunos. Sebastián, incapaz de contenerle, se embarcó rumbo a Constantinopla; con lo que Placidia no tuvo más remedio que devolverle todos sus cargos militares (Chron. Gall. CDLII 111-112; Hyd. 99; Ioh. Ant. 301.3; Marcel. 432; Prosp. 1310).

Una de las primeras preocupaciones del general fue firmar una tregua con los vándalos, preámbulo del acuerdo ratificado el 11 de febrero de 435 en Hipona. En virtud del mismo, Genserico recibió el estatuto de rey aliado y autorización para establecerse con sus hombres en Mauritania Sitifense, Numidia y el noroeste del África Proconsular, quedando obligado a defender todo este territorio (Isid. Hist. Vand. 74; Prosp. 1321; 1327). Gracias al pacto el monarca vándalo pudo legitimar su posición y el gobierno de Rávena recobrar el control de las regiones más feraces del norte de África. Con todo, sólo se mantendría en vigor cuatro años. En la primavera de 439, Genserico reanudó sus incursiones contra el África Proconsular a la espera de obtener mejores condiciones. Lo que no imaginaba es que, confiando en la solidez del tratado, el gobierno imperial había dejado una exigua guarnición. Genserico aprovechó la oportunidad y el 19 de octubre ocupó Cartago (Hyd. 115; Marcel. 439; Prosp. 1339). Fue éste el primer problema grave que hubo de encarar el joven emperador Valentiniano III, tras asumir las riendas del poder autocrático y contraer matrimonio con su prima Licinia Eudoxia, hija de Teodosio II, en el otoño de 437 (Ioh. Ant. 200-201; Marcel. 437; Soc. VII.44). La caída de la metrópolis africana causó gran alarma en Italia. Se temía que con la llegada de la primavera Genserico lanzase incursiones contra la Península o las costas de Sicilia. Aecio, que se hallaba en las Galias, empezó a reunir tropas; mientras Sigisvulto, magister equitum praesentalis, se encargaba de organizar la defensa de Italia. Atendiendo a su consejo, el 3 de marzo de 440 Valentiniano dispuso que se restaurasen las fortificaciones de Roma y otorgó licencia a los comerciantes orientales para suministrar víveres a la ciudad, que comenzaba a padecer problemas de abastecimiento a causa de la interrupción de la llegada del trigo y el aceite africanos (Nov. Val. 5). El 20 de marzo, ordenó la recluta de tropas en Italia, imponiendo severos castigos a los desertores y a quienes los ocultasen (Nov. Val. 6.1). Finalmente, el 24 de junio, enterado de que Genserico se había hecho a la mar con un gran ejército, promulgó un edicto, que autorizaba a los romanos a organizar la defensa de la Ciudad Eterna y a los terratenientes a proteger el litoral italiano con sus comitivas privadas (Nov. Val. 9).

Estas medidas no pudieron impedir que los vándalos desembarcasen en Sicilia, por lo que Valentiniano solicitó ayuda a su suegro Teodosio II. En la primavera de 441 se concentró en la isla un gran ejército, compuesto por las tropas que había reunido Aecio y las llegadas a bordo de una flota de 1.100 naves desde Oriente. Su objetivo era navegar hasta África y recobrar el control de la región. Temeroso del ataque, Genserico decidió negociar (Leo. Ep. 3; Prosp. 1342). Las conversaciones se prolongaron durante meses. Mientras la flota permanecía amarrada en el puerto de Palermo. Finalmente, en la primavera de 442, Teodosio, acuciado por la presión de los hunos, la llamó de vuelta a Constantinopla, obligando a Valentiniano a cerrar un acuerdo con Genserico (Marcel. 441.3; Prisc. 2-3; 8; Prosp. 1344). El nuevo pacto dejaba en manos del monarca vándalo el África Proconsular, la Byzacena, el este de Numidia y la zona occidental de Tripolitania. A cambio, el Imperio recuperaba la Mauritania Sitifense y la región occidental de Numidia y recibía un tributo anual en especie, que aseguraba el abastecimiento de trigo y aceite de la ciudad de Roma (Proc. III.4.13; Prosp. 1347; Courtois, 1955: 173). Como garantía, Genserico envió a Rávena a su hijo mayor Hunerico, comprometido en matrimonio con Eudocia, primogénita del emperador Valentiniano (Merob. Carm. I.17-18; Paneg. II.27-29; Proc. III.4.13).

La propaganda imperial presentó el pacto de 442 como una victoria romana (Merob. Carm. I.5-10; Paneg. II.25-33). Nada tiene de extraño. Un Estado que se preciaba de contar con la protección divina no podía admitir la derrota. Pero lo cierto es que la escena había cambiado de modo drástico. Para empezar, la élite del África Proconsular, compuesta por dignatarios y terratenientes, estaba arruinada. Los vándalos habían accedido a la condición de propietarios confiscando sus bienes. Entre los mismos se incluían esclavos, libertos y colonos, que continuaron trabajando sus antiguas parcelas, aunque ahora pagaban la renta a sus nuevos señores vándalos (Heather, 2006: 374-376). El pacto de 442 no solventó las dificultades de los terratenientes africanos. Antes bien las agravó. Mientras aún cabía la posibilidad de que una intervención armada les restituyese sus fuentes de riqueza, muchos contrajeron deudas, que luego no pudieron pagar. Con objeto de aliviar su carga, el 19 de octubre de 443 Valentiniano promulgó una ley que prohibía a los acreedores reclamar las cantidades prestadas tras la ocupación vándala de Cartago (Nov. Val. 12). Años después, en 451, el gobierno intentaría compensar a estos mismos terratenientes ortogándoles prioridad para conseguir arriendos enfitéuticos de tierras públicas en Mauritania Sitifense y Cesariense (Nov. Val. 34).

El endeudamiento de los particulares era un mal menor comparado con el desastre fiscal que debía afrontar el Estado. Tras el pacto de 442, el gobierno de Rávena perdió la mayor parte de las rentas del África Proconsular y la Byzacena, cuya contribución constituía el principal pilar financiero del Imperio de Occidente. El retorno de Numidia y las Mauritanias a manos romanas no ayudó mucho, ya que su aportación quedó reducida a una octava parte de lo habitual antes de la invasión (Nov. Val. 13). Como resultado, a partir de la década de 440 se produjeron importantes recortes en los beneficios fiscales que el Estado ofrecía a dignatarios y terratenientes. Ya el 24 de enero de 440 se eliminaron todas las exenciones y reducciones de impuestos obtenidas por concesión especial del emperador (Nov. Val. 4). El 4 de junio de ese mismo año se prohibió la práctica, muy difundida entre los altos funcionarios palatinos, de quedarse con un porcentaje extraordinario sobre la reacudación de impuestos (Nov. Val. 7). Y el 20 de febrero de 441 se rescindieron todos los privilegios fiscales de que gozaban las tierras arrendadas a la domus divina y las que pertenecían a la Iglesia. Además, se restablecieron varios gravámenes de los que anteriormente estaban exentas las tierras de los altos dignatarios, en particular aquellos destinados a la construcción y reparación de calzadas militares, fabricación de armas, reparación de murallas y aportación a la annona (Nov. Val. 10).

Con todo, fue el ejército, a quien se destinaba casi dos tercios del producto de la recaudación, el que sufrió mayores recortes. A finales de 444, Valentiniano se vio obligado a reconocer que las arcas del Estado no podían sufragar la recluta de nuevas unidades de regulares, ya que la escasez de fondos apenas permitía subvenir al mantenimiento de las antiguas (Nov. Val. 15). Se ha calculado que la pérdida de los ingresos fiscales del norte de África supuso una reducción de unos 18.000 soldados de infantería o de 10.000 de caballería. Esta mengua vino a incidir sobre un ejército, cuyos efectivos ya se habían visto disminuidos entre los años 405 y 418 (Heather, 2006: 380). Como resultado, el gobierno de Rávena tuvo que apelar al empleo de tropas de auxiliares bárbaros, tanto para defender las fronteras como las provincias del interior. Esta reducción de la capacidad defensiva del Estado repercutió en sus relaciones con las élites provinciales. Los terratenientes, privados de sus antiguos beneficios fiscales y de la protección del ejército regular, se sentían inseguros y, en consecuencia, se inclinaban cada vez más a colaborar con los jefes bárbaros encargados de velar por la paz en sus correspondientes provincias.

2.5. El reino suevo y su expansión meridional

Después de que los vándalos pasasen al norte de África, los únicos bárbaros que quedaron en Hispania fueron los suevos. Asentados en Gallaecia desde 411, constituían una formación de reciente etnogénesis; de ahí su tendencia a la disgregración. En momentos de crisis o debilidad de la monarquía, los jefes militares y sus clientelas actuaban con gran independencia. El potencial demográfico suevo parece haber sido más bien escaso; a lo sumo unos 5.000 guerreros, a los que acompañaban otras 20.000 personas, entre mujeres, niños, ancianos y esclavos. En cualquier caso, no más de un tres por ciento de la población de Gallaecia, que para esta época se estima en torno a los 700.000 habitantes. La falta de efectivos les impidió dominar toda la extensión de la provincia. De hecho, la mayor parte se concentraron en el área costera de Braga y en algunos núcleos urbanos del interior, dotados de alto valor estratégico y militar, como Oporto, donde establecieron guarniciones. Las ciudades romanas, con sus murallas, torres y puertas fortificadas, les ofrecían protección y favorecían el desempeño de sus funciones militares. Además, podían servirse de la organización administrativa municipal para obtener víveres y alojamiento. En clara minoría numérica frente a los provinciales, supieron aprovechar la falta de coordinación de éstos, el malestar de los grupos más humildes de la sociedad, evidente en el aumento del bandidaje, y las disensiones entre católicos y priscilianistas, para imponerse como grupo dominante (García Moreno, 1989: 54-55).

En el inicio de este proceso contaron con el respaldo de las autoridades romanas. Primero del usurpador Máximo, que los instaló en Gallaecia, y más tarde de Constancio, que confirmó su estatus como aliados del Imperio y les procuró ayuda militar para hacer frente a la amenaza de los vándalos. El foeduspacis sellado con las autoridades romanas restringía el área de asentamiento de los suevos al conventus Bracarensis, en el sur de la provincia. El conventus Lucensis permaneció en principio libre de su presencia (Isid. Hist. Wand. 73). Lo más seguro es que también recibiesen autorización para obtener alojamiento y víveres a costa de los provinciales del territorio que les había sido asignado. Durante algún tiempo, no se produjeron problemas. Sin embargo, la creciente necesidad por parte de la monarquía sueva de recursos, que consolidasen su prestigio y autoridad, indujo a Hermérico a extender las requisas a áreas adyacentes. Este sistema de aprovisionamiento, muy difundido en el Bajo Imperio, se prestaba a innumerables abusos, que sin duda perturbaron la coexistencia entre suevos y galaicorromanos. En 430, tropas suevas, al mando de su rey Hermérico, comenzaron a depredar la parte central de Gallaecia —seguramente el territorio de Orense—, donde los provinciales retenían el control de las fortalezas romanas más poderosas. A pesar de la violencia empleada, el monarca no logró doblegar la resistencia de los terratenientes y finalmente se vio obligado a restablecer la paz que había quebrantado, liberando a los cautivos (Hyd. 91).

Al año siguiente, se produjeron nuevos enfrentamientos y una legación galaica, encabezada por el obispo Hidacio de Chaves, viajó hasta la frontera renana, para solicitar la intervención de Aecio. El general, que en aquellos momentos se hallaba ocupado combatiendo a los francos ripuarios, despachó al comes Censorino con instrucciones de alcanzar un acuerdo que garantizase la seguridad de los provinciales. Pero, tras largas conversaciones, Censorino regresó a Rávena sin resultados satisfactorios. Fueron los obispos, en representación de las ciudades y los terratenientes galaicos, quienes en 433 negociaron un pacto con Hermérico, que incluía la entrega de rehenes (Hyd. 96; 98; Jord. Get. 176). Resulta obvio que el gobierno de Rávena no era ya capaz de proteger a los provinciales. La crisis africana, los intentos de expansión del área de dominio visigodo en el sur de la Galia y las luchas con los francos en el Rin, tan sólo le permitían emprender misiones diplomáticas de escasa eficacia. La aristocracia, privada ahora de la protección que habitualmente le dispensaba el Estado, recurrió a la Iglesia. Sólo ella poseía la estructura necesaria para coordinar la acción de los distintos poderes provinciales y negociar con el monarca suevo. La actitud dialogante de Hermérico demuestra hasta qué punto dependía éste de la colaboración de los provinciales para consolidar su poder. Sin embargo, la paz no duró mucho. En 437, los suevos volvieron a hostigar a parte de los provinciales. Esta vez fue decisiva la mediación del comes Censorino, enviado por Aecio, que en aquellos momentos se hallaba en la Galia conteniendo un nuevo intento de expansión visigoda. El conflicto se resolvió en 438 con la renovación del tratado de paz. Poco despues, Hermérico, postrado a causa de una enfermedad, asoció al trono a su hijo Réquila, otorgándole el título de rey (Hyd. 111; 113-114).

La llegada de éste al poder señala el comienzo de una nueva etapa en la historia de los suevos en Hispania, dominada por la expansión hacia el sur. Hasta aquel momento, su objetivo preferente había sido la región situada desde Orense hacia el norte. Pero la renovación del pacto con los provinciales galaicorromanos, les permitió ampliar el área de sus incursiones de saqueo. En 438, Réquila se adentró en la Bética con su ejército. A orillas del rio Genil le salió al encuentro Andevoto, dux romanae militiae, al que derrotó, capturando el oro y la plata que llevaba consigo para pagar a las tropas. Animado por esta victoria, en 439 ocupó la ciudad de Mérida, capital de la diócesis de Hispania, con lo que pasó a controlar lo que quedaba del aparato administrativo romano en Lusitania (Hyd. 114; 119). Este acontecimiento vino a coincidir con la caída de Cartago en manos de los vándalos y fue considerado lo suficientemente grave por las autoridades de Rávena como para enviar de nuevo al comes Censorino a negociar un acuerdo. Las conversaciones, que se desarrollaron en el transcurso de la primavera de 440, resultaron infructuosas. Tras su interrupción, Réquila siguió a Censorino hasta Mértola, donde le puso cerco, obligándole a rendir la plaza y a entregarse como rehén. Pocos meses después, en 441, murió el anciano Hermérico y Réquila entró en Sevilla con el apoyo de la facción aristocrática que sostenía la candidatura de Epifanio a la sede episcopal. Su adversario, el obispo Sabino, partió hacia el exilio en la Galia. La deposición de Sabino y su sustitución por Epifanio muestra cómo Réquila se sirvió de las querellas entre facciones para someter a su dominio las provincias meridionales; al tiempo que nos revela el sistema que empleó para gobernarlas. Incapaz de asumir la administración de tan extensos territorios, delegó en los altos cargos burocráticos y eclesiásticos locales, reemplazando a sus enemigos, allá donde era preciso, por hombres del partido que le era favorable. Mediante esta estrategia, los suevos ocuparon la totalidad de la Bética y buena parte de la Carthaginense; de modo que sólo la Tarraconense continuó bajo control directo del Imperio (Hyd. 121-123; Isid. Hist. Sueb. 86).

En este proceso de expansión, los suevos contaron a su favor con las dificultades del gobierno de Rávena, enfrascado en la organización de la defensa de Italia ante la amenaza vándala y en la lucha contra los bagaudas —voz céltica empleada en la época para designar a los campesinos rebeldes—, que actuaban en el alto y medio valle del Ebro. En 441, Aecio envió a la Tarraconense a uno de sus más leales colaboradores, el magister militum Flavio Asturio, con órdenes de aplastar la revuelta. El general se mostró implacable en el cumplimiento de su cometido, dando muerte a gran multitud de bagaudas (Hyd. 125). Con todo, la insurrección no quedó totalmente sofocada y en 443 su yerno y sucesor en el cargo, Merobaudes, llevó a cabo una segunda campaña contra los rebeldes, a quienes derrotó en Araceli (Hyd. 128). Al año siguiente, Sebastián, antiguo magister utriusque militiae del Imperio de Occidente desplazado por Aecio, abandonó Constantinopla, donde permanecía confinado desde 434, y desembarcó en la Tarraconense. Acto seguido, se dirigió a Tolosa, con objeto, sin duda, de obtener apoyo militar de los visigodos contra Aecio. Pero Teodorico I no quiso comprometerse en una aventura de dudoso éxito. En consecuencia, Sebastián se retiró a Barcelona y permaneció allí varios meses a la espera de una resolución definitiva del monarca, gozando de una situación de práctica independencia. Cuando se hizo evidente que Teodorico no iba a respaldar sus planes, partió para África, donde los vándalos le proporcionaron refugio (Hyd. 129; 131).

Tras el restablecimiento del orden en la Tarraconense, el gobierno de Rávena volvió a fijar su atención en los suevos. La paz sellada con Genserico en 442 y los nuevos acuerdos establecidos con los distintos grupos de federados de la Galia, dejaban a Aecio las manos para ocuparse de la Península. Las conquistas suevas de los años 439 a 441 habían arrebatado al gobierno de Rávena el control administrativo y fiscal de la mayor parte de Hispania, por lo que se imponía una intervención militar a gran escala. En la primavera de 446, Aecio despachó un importante contingente, integrado por tropas regulares romanas y auxiliares godos, al mando del magister utriusque militiae Vito, con la misión de recuperar para el Imperio la Carthaginense y la Bética. Hidacio nos informa de las quejas de los provinciales, descontentos con las requisas efectuadas por el general para aprovisionar a sus hombres. De todos modos, es posible que su opinión estuviese condicionada por el resultado de la campaña. El ejército de Vito fue derrotado por los suevos en el valle del Guadalquivir y los supervivientes tuvieron que replegarse apresuradamente hacia Tarragona (Hyd. 134). El fracaso de la expedición dejó la mitad occidental de la Península en manos de los suevos y supuso la perdida del grueso de los ingresos fiscales de Hispania para las arcas imperiales.

Síntoma inequívoco de la voluntad expansiva de Réquila fue el establecimiento de su corte en Mérida (Hyd. 137). La antigua capital de la diócesis de Hispania no sólo reunía un conjunto de edificaciones monumentales apropiado para la representación de la autoridad regia, sino que además, por su ubicación geográfica, operaba como nudo de enlace entre los dominios suevos del norte y el sur de la Península. El control de tan extenso territorio dependía, en parte, de la colaboración de los terratenientes romanos y, en parte, de las guarniciones establecidas en ciudades y fortalezas estratégicas. Dada la escasez de hombres de armas disponibles, Réquila renunció en los últimos tiempos de su reinado a dominar aquellas zonas donde no contaba con el apoyo de los terratenientes. Tal parece haber sido el caso de la provincia Carthaginense, que devolvió a la administración romana en virtud de un acuerdo sobre el que apenas se tienen datos (Isid. Hist. Sueb. 87).

Pero a finales de la década de 440, eran muchos los propietarios romanos que consideraban a los suevos como parte integrante de la sociedad provincial y se mostraban dispuestos a colaborar con ellos. A fin de cuentas, después de treinta años de permanencia ininterrumpida en la Península, casi todos los suevos en edad de combatir eran oriundos de Gallaecia. Además, su expansión hacia el sur les había puesto en estrecho contacto con la cultura urbana y las sofisticadas formas de vida de la aristocracia meridional. Réquila, en su corte de Mérida, debió de contar con numerosos consejeros romanos. Probablemente uno de ellos fuese el obispo Antonino, destacada figura del panorama eclesiástico peninsular. Como prelado de la sede regia, el monarca le otorgó autoridad sobre los católicos de todo el reino. Sólo así se explica que en 445 los obispos galaicos Hidacio de Chaves y Toribio de Astorga enviasen ante su tribunal a un grupo de priscilianistas detenidos en la sede de este último, en vez de remitirlos al obispo de Braga, metropolitano de la Gallaecia. Antonino, haciendo uso de la jurisdicción que le otorgaba su dignidad como obispo de la sede regia, dispuso que Pervinco, archidiácono de la iglesia de Astorga, se trasladase a Roma para consultar el caso con el papa. A su regreso, dos años más tarde, trajo la condena de León I, ratificada en Toledo por un sínodo, al que acudieron obispos de toda Hispania (Hyd. 130; 135; Hefele, 1894-1896: II, 306-308).

Réquila murió en la ciudad de Mérida, en agosto de 448, siendo aún pagano. Le sucedió en el trono su hijo Requiario, no sin la oposición de un sector de la nobleza militar sueva, que sin duda temía perder su influencia cortesana en beneficio de los terratenientes romanos y de la Iglesia católica (Hyd. 137; Isid. Hist. Sueb. 86-87). La noticia de que Agilulfo, jefe de la guarnición sueva de Sevilla, actuando por cuenta propia, ordenó la ejecución del comes Censorino, puede interpretarse como indicio de ese rechazo por parte de algunos jefes suevos al nuevo rey (Hyd. 139). Su desconfianza estaba justificada. Requiario fue el primer monarca de un reino bárbaro surgido de las invasiones del siglo V que profesó el cristianismo en su versión nicena. Ignoramos si se trató de una conversión o si, como parece más probable, su madre era una romana católica y heredó su fe. En todo caso, la confesión religiosa del nuevo rey tuvo un carácter estrictamente personal y no afectó a las creencias del resto de los suevos, que permanecieron mayoritariamente paganos. Lo que sí modificó fueron las relaciones de la monarquía con los provinciales. Requiario, como católico bautizado, formaba parte de la misma comunidad religiosa que los terratenientes hispanorromanos, cuya adhesión le resultaba imprescindible para consolidar el dominio suevo sobre los territorios conquistados por su padre. En una sociedad donde los vínculos espirituales eran considerados de mayor relevancia que los materiales, el joven monarca debió aparecer ante los ojos de sus súbditos católicos como una alternativa política válida al lejano emperador de Rávena. Tanto más cuanto que éste era incapaz de garantizar su seguridad material.

Poco despues del acceso al trono de Requiario, cierto Pascencio, líder del grupo priscilianista de Astorga, fue hecho prisionero en Mérida, juzgado ante el tribunal del obispo Antonino y condenado al destierro (Hyd. 138). Por aquella época, la sede emeritense vivía un momento de esplendor. Recientes estudios arqueológicos apuntan hacia el año 450 como fecha en la que se inició la construcción de la basílica que vino a reemplazar al antiguo martyrium de santa Eulalia, patrona de la ciudad (Mateos, 2000: 152). Es imposible que obra de tal magnitud y valor simbólico se llevase a cabo sin contar con el patrocinio de Requiario, sobre todo, teniendo en cuenta que brindaba al monarca un excelente instrumento propagandístico, a través del cual emular a los emperadores romanos y presentarse ante los provinciales como protector de la Iglesia. En esta misma línea se insertan sus acuñaciones. Requiario fue el primer rey bárbaro que, asumiendo competencias imperiales, emitió moneda en Hispania. De manera consciente, en la cara del anverso reemplazó la efigie de Valentiniano III, cuya soberanía se negaba a reconocer, por la de Honorio, que había legitimado el asentamiento suevo en Gallaecia mediante el pacto sellado con Hermérico. En el reverso hizo colocar la leyenda iussu Rechiari reges alrededor de una corona, en la que se inscribe una cruz y el nombre de la ceca, Br(acara) (Mateu y Llopis, 1936: 115). El mensaje resulta evidente. Requiario se presentaba ante sus súbditos como gobernante legítimo por delegación de Honorio en sus antepasados y garante último de la paz de la Iglesia en sus dominios.

La hostilidad hacia el gobierno de Rávena unida al deseo de reforzar su posición frente a los jefes militares rebeldes, indujo a Requiario a procurarse una alianza firme con los visigodos. Teodorico I, aislado a causa del pacto de 442 entre romanos y vándalos, se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo. Para refrendar la alianza, en febrero de 449, Requiario se comprometió en matrimonio con una hija del monarca visigodo. Acto seguido, partió hacia Tolosa al encuentro de la princesa, atravesando la submeseta norte. De camino saqueó los territorios romanos de la Tarraconense y atacó a los vascones. En julio, después de la celebración del enlace, regresó a la Península acompañado de tropas visigodas, seguramente parte integrante del séquito de la novia. Con su apoyo, realizó una incursión devastadora por el valle del Ebro. Allí topó con Basilio, jefe de un grupo de bagaudas, que acababan de saquear Tarazona, dando muerte a la guarnición local de auxiliares bárbaros y al obispo León, que los había dado refugio en su iglesia. Requiario no dudó en aliarse con Basilio y juntos devastaron la región de Zaragoza. Poco después, se apoderaron de Lérida, donde hicieron numerosos cautivos, tras entrar en la ciudad por medio de una estratagema (Hyd. 137; 140-142; Isid. Hist. Sueb. 87).

A pesar de todos estos actos hostiles, Aecio no hizo nada por evitarlos ni tampoco tomó represalias inmediatas. Problemas más urgentes reclamaban su atención. A comienzos de 451, Atila, rey de los hunos, atravesó el Rin al frente de una gran confederación de pueblos bárbaros. Meses atrás, Honoria, hermana del emperador Valentiniano III, deseando escapar de un matrimonio impuesto, había escrito a Atila ofreciéndole ser su esposa. Con tal excusa, el rey de los hunos envió una embajada a Italia para solicitar la mano de Honoria junto con la mitad del Imperio de Occidente en calidad de dote. El emperador rechazó la demanda, recordando a los embajadores hunos que Honoria estaba ya casada con el senador Herculano (Iord. Get. 223; Prisc. 16). La respuesta de Atila no se hizo esperar. Con la llegada de la primavera, se adentró en el valle del Rin, sembrando la destrucción y el pánico. A diferencia de otros pueblos bárbaros, los hunos poseían avanzados conocimientos de poliorcética, que habían adquirido a través de prisioneros romanos, capturados durante sus incursiones contra el Imperio romano de Oriente. En consecuencia, Atila avanzó por la región renana, saqueando a su paso las ciudades de Colonia, Maguncia, Tréveris, Worms y Estrasburgo. El 7 de abril ocupó Metz y unos días después entró en Reims. Sólo París, guarnecida por sus sólidas murallas, escapó al saqueo. El rey de los hunos, deseoso de hacerse con el control de Orleáns, principal nudo de comunicaciones de la región noroccidental de las Galias, continuó camino hasta esta ciudad y la puso sitio. Pero Aecio, que entre tanto había reclutado un ejército y movilizado a los federados visigodos, francos, alanos y burgundios, efectuó una rápida maniobra y obligó al enemigo a levantar el asedio (Hyd. 150; Iord. Get. 191; Prosp. 1364).

Empujado por Aecio y sus aliados, Atila se replegó hacia los Campos Cataláunicos, en la actual región de Champaña. El encuentro decisivo se produjo en una pequeña localidad llamaba Maurica, que algunos estudiosos emplazan más cerca de Troyes que de Châlons-sur-Marne. En la tarde del 20 de junio de 451, ambos ejércitos se dispusieron en formación de batalla. Atila, al mando de sus mejores hombres, se abalanzó violentamente sobre los alanos, situados en el centro de la línea de Aecio, obligándoles a retroceder. Al comprobar que ganaba terreno, decidió arremeter contra los visigodos, que protegían el flanco derecho de las fuerzas imperiales. El rey Teodorico I pereció en el fragor del combate; pero sus hombres reaccionaron atacando con ímpetu y, al caer la noche, forzaron a los hunos a replegarse. Durante la siguiente jornada, Atila permaneció a la defensiva en el interior de su campamento de carros, mientras Aecio deliberaba con Turismundo, hijo y sucesor de Teodorico, la estrategia a seguir. Al atardecer, los hunos iniciaron la marcha hacia el Rin, perseguidos por las tropas romanas de Aecio, que había despedido a los federados visigodos y francos (Chron. Gall. 615; Iord. Get. 192-193; 197-218).

La victoria de los Campos Cataláunicos creó un clima de euforia injustificada. Aecio, aclamado como salvador de Roma, obtuvo la mano de Placidia, hija menor de Valentiniano, para su hijo Gaudencio, entroncando así con la dinastía reinante. Puesto que el soberano carecía de herederos varones y el príncipe vándalo Hunerico, futuro marido de su hija mayor Eudocia, estaba incapacitado para vestir la púrpura debido a su ascendencia bárbara, Gaudencio se perfilaba como el más firme candidato a convertirse en el próximo emperador de Occidente (Ioh. Ant. 199.2). Pero en la primavera de 452, los hunos invadieron Italia. Aecio no había previsto esta posibilidad, de modo que Atila atravesó los Alpes Julianos y descendió hasta las puertas de Aquilea sin hallar resistencia. Puso cerco a la ciudad, baluarte de la Italia del nordeste, y la tomó por la fuerza. Destino parecido corrieron Padua, Mantua, Vincenza, Verona, Brescia y Bérgamo. Sólo Milán y Pavía, que se avinieron a pagar rescate, escaparon a los incendios y la reducción de sus poblaciones a la servidumbre. Valentiniano, temiendo que los hunos se dirigiesen a Roma, envió al encuentro de Atila una delegación diplomática, encabezada por el papa León y dos ilustres senadores, el antiguo prefecto Trigecio, que había negociado el pacto de 435 con los vándalos, y Genadio Avieno, cónsul en 450. El rey de los hunos se entrevistó con los embajadores imperiales en el Campo Ambuleyo, a orillas del río Mincio. Ignoramos a qué acuerdos llegaron. Pero lo cierto es que Atila se retiró pacíficamente a Panonia. Problemas de índole logística desaconsejaban la permanencia de su ejército en Italia. El norte de la Península padecía una grave carestía, agravada por la guerra, y las tropas hunas estaban siendo diezmadas por el hambre y las epidemias. Además, fuerzas del Imperio de Oriente habían comenzado a operar al otro lado del Danubio, amenazando sus bases en Panonia (Add. Prosp. 452; Hyd. 154; Iord. Get. 219-224; Prosp. 1367).

La muerte de Atila, en la primavera de 453, puso fin abruptamente a la hegemonía de los hunos. Las poblaciones bárbaras sometidas a su dominio aprovecharon las querellas sucesorias, que estallaron entre los herederos del poderoso caudillo, para recobrar su independencia, con lo que la gran confederación se disolvió en poco tiempo, dejando de ser un peligro para los romanos (Jord. Get. 254-261; Marcel. 454; Prosp. 1371). A pesar de todo, la situación del Imperio era alarmante. Durante la última década, había perdido el control de numerosas provincias: las más prósperas del norte de África, la mayoría de las de Hispania, Aquitania, el sureste de la Galia y toda Britania. En consecuencia, las arcas del estado habían sufrido un drástico recorte en sus ingresos, acentuado por la reducción en las aportaciones de las provincias que, aun devastadas por guerras y conflictos, permanecían sujetas a la administración de Rávena. Ante este panorama no resulta extraño que, en 452, apenas despejada la amenaza de los hunos en la Galia, Aecio enviase al comes Hispaniarum Mansueto, acompañado de otro comes llamado Frontón, como embajadores para negociar un tratado de paz con Requiario. Su objetivo era volver a los límites acordados con Réquila y recuperar así el dominio de la región oriental de Hispania. Según parece, llevaron a cabo su misión con éxito y Requiario se comprometió a evacuar la Carthaginense y la Tarraconense (Hyd. 155; 168; Isid. Hist. Sueb. 87).

Aecio se garantizaba así el control de una zona de particular valor estratégico, en un momento en que las relaciones con los visigodos de Aquitania comenzaban a deteriorarse. Su nuevo monarca, Turismundo, que gozaba de enorme prestigio debido a su victoriosa participación en la batalla de los Campos Cataláunicos, había comenzado a actuar con independencia de las autoridades de Rávena. Consciente de su poder como jefe del ejército más poderoso de la Galia, llegó incluso a fraguar proyectos hostiles contra el Imperio. Sin embargo, no tuvo tiempo de llevarlos a la práctica, ya que apenas reinó dos años. En 453, murió asesinado a manos de sus hermanos Teodorico y Frederico. El mayor, que le sucedió en el trono, se apresuró a renovar el foedus con Roma. Unos meses después, en la primavera de 454, Aecio le confió la misión de restablecer la paz en la Tarraconense, amenazada de nuevo por una revuelta de bagaudas. Teodorico II respondió a sus compromisos como federado del Imperio, enviando un ejército al mando de su hermano Frederico, que atravesó los Pirineos y efectuó una matanza de campesinos rebeldes en nombre de la autoridad romana (Hyd. 155; 158; Prosp. 1371).

Aunque para entonces Aecio parecía haber alcanzado el cénit de su carrera, lo cierto es que su posición se había debilitado considerablemente como resultado de la pérdida del apoyo militar de los hunos. Por otra parte, sus ambiciones de poder despertaban los recelos de la corte y el senado de Roma. Muchos de los miembros de la curia, terratenientes con grandes propiedades en Italia, estaban descontentos a causa de su falta de previsión, que había permitido a los hunos devastar el Véneto y Liguria. Aprovechando esta coyuntura, el patricio Petronio Máximo, caput senatus, y el eunuco Heraclio, primicerius sacri cubiculi, persuadieron al emperador Valentiniano de que Aecio se disponía a reemplazarle en el trono por su hijo Gaudencio, prometido de la princesa Placidia. El soberano, convencido de que Aecio se disponía a traicionarle, decidió adelantarse y el 21 de septiembre de 454 le dio muerte con ayuda del eunuco Heraclio en el transcurso de una audiencia palatina (Hyd. 157; Ioh. Ant. 201; Marcel. 454; Prosp. 1373).

Desaparecido Aecio, que durante un cuarto de siglo había llevado el peso del gobierno del Imperio de Occidente, se abrió un período de inestabilidad política similar a los que se habían producido tras la muerte de otros generalísmos como Estilicón y Constancio. Algunos de los oficiales que habían servido a las órdenes de Aecio, se alzaron en rebelión en las Galias y Dalmacia. A fin de evitar que la guardia personal del general siguiese su ejemplo en Italia, Valentiniano dispuso que sus miembros se integrasen en las filas del ejército regular (Chron. Gall. DXI 628; Sid. Carm. V.198-200; 290-308). Además, envió embajadas a los diferentes reyes bárbaros, susceptibles de seguir el ejemplo de los oficiales romanos, explicando los motivos que le habían impulsado a acabar con Aecio. Según nos refiere Hidacio, un tal Justiniano se personó ante el rey suevo Requiario para hacerle llegar el comunicado de Valentiniano (Hyd. 161). El emperador necesitaba reunir apoyos y, en primer lugar, el de la aristocracia senatorial romana. Sólo así se explica que, tras romper el compromiso matrimonial de su hija Placidia con Gaudencio, otorgase la mano de ésta al senador Anicio Olibrio, miembro de la ilustre familia de los Petronios-Anicios, a la que también pertenecía el conspirador Máximo (Hyd. 216; Malch. 13; Prisc. 29; Vict. Vit. II.2). Este último, sin embargo, buscando una recompensa más tangible, solicitó un tercer consulado y el cargo de magister peditum praesentalis. El eunuco Heraclio y otros miembros de la corte se opusieron a sus pretensiones por considerar que aspiraba a ocupar el puesto de Aecio. Máximo trabó entonces contacto con Optila y Traustila, dos antiguos oficiales de la comitiva de Aecio, y los sobornó para que asesinasen a Valentiniano y Heraclio durante unas prácticas de tiro con arco, celebradas en el suburbio romano de ad duas lauros, cerca de la basílica de los santos Marcelino y Pedro. El magnicidio se perpetró el 16 de marzo de 455, apenas seis meses después de la ejecución del general (Ioh. Ant. 201; PLRE II. 749-751). Con la desaparición de Valentiniano III, víctima de la anarquía generada por el cambio de régimen que él mismo había impulsado, llegó a su fin la casa teodosiana, mientras el Imperio de Occidente se sumía en una nueva crisis.

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Ocaso del Imperio de Occidente y ascenso
del reino de Tolosa (455-507)

3.1. Hundimiento de la autocracia imperial y fin del Imperio de Occidente

El asesinato del emperador occidental Valentiniano III en 455 marca el inicio de una profunda crisis política, que terminó con la desaparición del Imperio romano de Occidente. En esta crisis, fue determinante la intensificación de la actividad bélica provocada por las ambiciones de los líderes bárbaros, especialmente de los vándalos, cuya instalación desde el año 439 en Cartago introdujo una peligrosa cuña en el corazón del Mediterráneo. En las horas que siguieron al asesinato de Valentiniano, se perfilaron tres opciones sucesorias distintas. La corte, encabezada por la emperatriz viuda, Licinia Eudoxia, apoyó la candidatura de Mayoriano, conde de los domésticos. El ejército, en cambio, se inclinó a favor de Maximiano, antiguo oficial del estado mayor de Aecio. Pero Optila y Traustila, de acuerdo con el plan convenido, remitieron las insignias imperiales a Petronio Máximo, cabeza del senado. Éste actuó con prontitud. Mediante un generoso donativo se ganó a las tropas, que le elevaron sobre el pavés y le proclamaron Augusto el 17 de marzo de 455, un día después del magnicidio. Aunque los vítores del ejército y los votos del senado garantizaban la legalidad constitucional de un emperador, Máximo deseaba contar también con el aval de la legitimidad dinástica. Por eso, apenas hubo revestido la púrpura, tomó por esposa a la emperatriz viuda Licinia Eudoxia, disponiendo a continuación el matrimonio de la hija mayor de ésta, Eudocia, con su propio hijo Paladio, al que proclamó César (Chron. Pasch. 455; Hyd.162; Ioh. Ant. 200-201; Marcel. 455; Prosp. 1375).

Este enlace quebrantó una de las principales cláusulas del tratado de 442, suscrito por Valentiniano III y Genserico. El monarca vándalo había sido finalmente incorporado al engranaje imperial con un acuerdo, que si bien excluía la cooperación militar implicaba el pago de un tributo anual en especie, destinado a subvenir a las necesidades de la ciudad de Roma, y una alianza matrimonial entre el príncipe vándalo Hunerico, que quedó como rehén en Roma, y la primogénita del emperador Valentiniano, la princesa Eudocia. Genserico estaba dispuesto a sacar partido de esta privilegiada situación, para promover al trono imperial a un candidato afín a sus intereses. Con tal objetivo, se alzó como valedor de Eudoxia y sus hijas y, tras reunir un poderoso ejército, se hizo a la mar rumbo a Italia. A finales de mayo, desembarcó con sus tropas en Portus, apoderándose de los almacenes de grano que abastecían la ciudad. Petronio Máximo decidió ponerse a salvo en Rávena (Hyd. 162; Ioh. Ant. 201; Iord. Get. 235; Vit.Vit. I.25). Ahora bien, al aproximarse a las puertas de Roma, la guardia se rebeló, entregándole a la plebe enfurecida, que le despedazó, poniendo fin a su breve reinado (Marcel. 455; Proc. III.5.2; Prosp. 1375; Vict. Tonn. 455).

Un par de días después, el 2 de junio de 455, Genserico entró en Roma. Previamente, el papa León I había logrado arrancarle la promesa de que sus tropas no provocarían incendios ni derramarían sangre inocente, mientras permaneciesen en la ciudad. A cambio, le hizo entrega de parte del tesoro de la Iglesia. Lo que el Papa no pudo impedir fue el saqueo sistemático del Palatino, el Capitolio y las residencias de la aristocracia. El expolio duró catorce días, al cabo de los cuales Genserico regresó a Cartago, llevando consigo un rico botín y numerosos cautivos, entre los que figuraban la emperatriz Licinia Eudoxia y sus hijas Eudocia y Placidia (Hyd. 167; Lib. Pont. 104; Prosp. 1375; Proc. III.5.1-6; IV.9.5). El marido de esta última, Anicio Olibrio, refugiado en Constantinopla, solicitó la mediación del emperador Marciano, a fin de obtener la liberación de las mujeres. Con tal objeto, el soberano oriental despachó dos embajadas (Evagr. II.7; Prisc. 24). Pero Genserico no sólo rehusó devolver a las cautivas, sino, que, hacia finales de 456, celebró en Cartago las bodas de su hijo Hunerico con la princesa Eudocia (Courtois, 1955: 396-397).

A partir de este momento, la necesidad de recuperar el control del norte de África dominó la política mediterránea del Imperio. Roto el pacto de 442, Italia perdió los ingresos procedentes del tributo que pagaba Genserico, al tiempo que se convertía en objetivo preferente de las incursiones vándalas. Puesto que las arcas estatales se hallaban vacías, el senado de Roma y el alto mando militar de la península dependían casi exclusivamente de los ingresos fiscales y de los soldados de las Galias para organizar su defensa. En tal situación, no tuvieron más remedio que aceptar el advenimiento al trono del general Eparquio Avito, un aristócrata galorromano, proclamado Augusto por el ejército visigodo y la nobleza provincial en julio de 455 (Hyd. 163; Sid. Carm. VII.391-580; Vict. Tonn. 455). Sin embargo, su reinado fue breve. La aristocracia senatorial de Italia no estaba dispuesta a admitir que el círculo de notables galos que rodeaba a Avito copase los altos cargos de la corte y la administración central. En consecuencia, llegó a un acuerdo con el general de origen suevo-gótico Ricimero, jefe del ejército de Italia, para deshacerse del soberano y sustituirlo por el conde de los domésticos Mayoriano (Hyd. 176; Prisc. 24; Greg. II.11; Hyd. 173-183). Éste inició su reinado organizando una importante expedición contra los vándalos. Su objetivo era restablecer la autoridad imperial sobre el norte de África y liberar a la esposa e hijas de Valentiniano III. Pero Genserico, informado de los preparativos de la campaña, se le adelantó, apoderándose de la flota imperial cerca de Cartagena. El golpe obligó a Mayoriano a suspender las operaciones y firmar un acuerdo en 461, por el que cedía al monarca vándalo las islas Baleares, Córcega y Cerdeña (Chron. Caesarag. 460; Hyd. 200; 209; Prisc. 27-29). Unos meses después, León I, sucesor de Marciano en el trono de Constantinopla, logró que Genserico pusiese en libertad a la emperatriz Licinia Eudoxia y a su hija menor Placidia (Ioh. Mal. 366; 368, Prisc. 29-30; Proc. III.5.6). Con todo, el fracaso de la expedición contra los vándalos determinó la caída de Mayoriano, detenido y ejecutado por orden de Ricimero aquel mismo año (Chron. Gall. DXI 635; Ioh. Ant. 203).

En adelante, el ascenso al trono de los emperadores de Occidente dependería, casi por completo, de la voluntad del senado de Roma y del alto mando del ejército de Italia. Arrinconado el principio de legitimidad dinástica con el asesinato de Valentiniano III, los magistri militum pasaron a desempeñar un papel decisivo en la elección de los soberanos. Con todo, la amenaza vándala les obligó a buscar la ayuda del gobierno de Constantinopla. Esto explica que en 467 un aristócrata oriental, el patricio Antemio, llegase al trono con el apoyo de las tropas de León I (Hyd. 234; Marcel. 467; Proc. III.6.5). Un año después, ambos soberanos organizaron una expedición naval contra los vándalos. Desafortunadamente, la armada imperial, que arribó a Cartago a comienzos del verano de 468, sufrió un imprevisto ataque nocturno y hubo de retirarse con grandes pérdidas (Prisc. 39; 42, Proc. III.6.10-2; Theoph. 5961). En los siguientes meses, los vándalos desembarcaron en Sicilia y se apoderaron de la isla, extendiendo sus acciones de rapiña a la costa del Epiro y la región del Peloponeso (Stein, I: 391). El desastre enfrió las relaciones del alto mando del ejército de Italia con Antemio, que en julio de 472 fue depuesto y ejecutado por orden de Ricimero (Ioh. Ant. 207-209; Paul. Diac. XV.2.).

Los repetidos fracasos ante los vándalos condicionaron poderosamente la acción de gobierno y contribuyeron a socavar la autoridad de los emperadores de Occidente. Comprendiendo que el gobierno de Constantinopla no podía adoptar medidas efectivas contra los vándalos, Ricimiero proclamó Augusto al patricio Olibrio, yerno de Valentiniano III y cuñado de la esposa del príncipe vándalo Hunerico. Fue el último intento de establecer la paz entre el Imperio y el reino vándalo en base a la comunidad de vínculos de sus respectivos monarcas con la dinastía valentiniano-teodosiana. Cuarenta días después de la ejecución de Antemio, fallecía Ricimero, víctima de la epidemia que azotaba Roma, siendo sucedido en el magisterium militum por su sobrino, el príncipe burgundio Gundobado. La promoción del mismo fue el único acto memorable del efímero reinado de Olibrio, muerto el 2 de noviembre de 472 (Ioh. Ant. 209; Iord. Get. 239; Proc. III.7.1). A comienzos de la primavera, el nuevo magister, convertido en árbitro de la situación política italiana, elevó al trono al conde de los domésticos Glicerio (Fast Vind. Pr. 473; Marcel. 473). Sin embargo, León I tenía su propio candidato al trono de Occidente. Se trataba de Julio Nepote, magister militum Dalmatiae (Iord. Get. 239; Marcel. 474). En la primavera de 474, Nepote desembarcó en Rávena y, apoyado por un fuerte contingente de tropas orientales, marchó sobre Roma sin encontrar resistencia, ya que Gundobado había regresado al reino de los burgundios para hacer valer sus derechos en la disputa sucesoria abierta a la muerte de su padre, el rey Gundioco. Desprovisto de fuerzas que le apoyasen, Glicerio fue capturado, depuesto y consagrado obispo de Salona, quedando así incapacitado para el ejercicio de la autoridad imperial (Ioh. Ant. 209; Iord. Rom. 338).

Por esta época, el gobierno directo del emperador de Occidente sólo se extendía a Italia, Dalmacia y la Provenza oriental. Las alianzas, no exentas de conflictos, entre los jefes militares bárbaros y las aristocracias provinciales habían acabado por imponerse, sirviendo de base al desarrollo de nuevas formaciones políticas en el interior del territorio romano. Los reyes visigodos dominaban la mayor parte de las Galias al sur del Loira y al oeste del Ródano, así como amplias zonas de Hispania, exceptuando Gallaecia, que se hallaba en poder de los suevos. Los burgundios, por su parte, eran dueños de toda Saboya y del curso medio del Ródano. Y los vándalos, gracias a su flota, controlaban el norte de África, Sicilia, Córcega, Cerdeña y las Baleares.

Durante el verano de 475, el nuevo magister militum, Orestes, se alzó en rebelión contra Nepote, obligándole a abandonar Italia y buscar refugio en Dalmacia (Anon. Val. 7.36; Iord. Get. 241; Rom. 344). Acto seguido, proclamó Augusto a su propio hijo, Rómulo, un adolescente de quince años, que no llegaría a reinar siquiera un año. Las arcas públicas estaban vacías y, en tal situación, resultaba difícil conservar la lealtad del ejército. En agosto de 476, las tropas bárbaras que defendían la península, enojadas por el retraso en la llegada de la paga, se sublevaron, exigiendo el reparto de tierras. Como Orestes se negase a acceder a sus demandas, proclamaron rey a Odoacro, un oficial de origen húnico-esciro, que tras eliminar al magister despojó de la púrpura a Rómulo y remitió las insignias imperiales a Constantinopla (Anon. Val. 8.38; Iord. Get. 242; Rom. 344; Proc. V. 1.4-5). Cuatro años después, el 22 de junio de 480, Nepote moría asesinado en el exilio (Anon. Val. 7.36; Fast. Vind. Pr. 480-481).

La complejidad de la administración imperial y las necesidades defensivas habían favorecido que la dirección del Imperio, desde las postrimerías del siglo III, recayera en dos o más figuras imperiales. Todavía en el siglo IV fueron varios los emperadores que gobernaron en solitario, pero tras la muerte de Teodosio el Grande en 395 se impuso la existencia de dos colegas imperiales, uno gobernando las provincias occidentales desde Italia y otro las orientales desde Constantinopla. Se trataba, sin embargo, de un reparto meramente administrativo, que no cuestionaba la unidad del Imperio. Es cierto, que tras la deposición de Rómulo Augústulo en 476 los emperadores de Oriente sólo en raras ocasiones intervinieron de forma directa en los asuntos de Occidente, cuyo gobierno fue quedando de hecho en manos de los nuevos monarcas bárbaros. Ahora bien, los emperadores de Constantinopla consideraban a los reyes bárbaros como meros delegados del poder imperial y legitimaban su autoridad sobre los provinciales, invistiéndolos con dignidades romanas (Maier, 1968: 133-134; 139-141). Por su parte, los monarcas bárbaros aceptaban la ficción jurídica y recibían con agrado dichas dignidades, ya que les facilitaban la acción de gobierno sobre una población mayoritariamente romana (Alc. Avit. 83). A pesar de las enormes dificultades que hubo de afrontar, el estado romano continuó siendo el referente obligado para los jefes militares bárbaros.

La desintegración del Imperio de Occidente puede considerarse como el fruto de la política de delegación de poderes puesta en práctica entre 395 y 450 por los emperadores, para subvenir a las necesidades del estado en un marco económico caracterizado por el aumento de los gastos militares y la reducción de los ingresos fiscales. En un mundo donde las relaciones sociales estaban reguladas por vínculos de dependencia personal y el poder se ejercía, cada vez en mayor medida, a través de extensas redes de clientela, ningún emperador imaginó nunca estar cediendo soberanía al confiar la administración de ciudades y provincias a obispos, grandes propietarios y jefes militares bárbaros. Por eso, los autócratas orientales creían que, pese a no percibir ya ni rentas ni tributos de Occidente, continuaban gobernando sobre todo el Imperio (Collins, 2000: 136-137). Desde estos supuestos teóricos, el emperador Justiniano no tuvo problemas en retomar el pleno ejercicio de la soberanía en la década de 530, aprovechando las dificultades dinásticas de las primeras monarquías bárbaras. Durante su reinado, las tropas imperiales reintegraron a la administración directa del Imperio el África vándala, la Italia ostrogoda y el sudeste de la Península Ibérica, retardando así la etapa de definición de un nuevo equilibrio de poderes, en la cuenca mediterránea, hasta finales del siglo VI.

3.2. La creciente intervención militar visigoda en Hispania

Por lo que se refiere a la diócesis de Hispania, a partir de 455, entró en un período de inestabilidad política, favorable al ascenso de nuevos poderes regionales, liderados por los jefes bárbaros, que detentaban la autoridad militar en nombre del emperador. De todos aquellos que habían irrumpido en 409 al frente de sus tropas, sólo los monarcas suevos estaban en condiciones de beneficiarse de este proceso, ya que los vándalos silingos y los alanos habían sido aniquilados por los federados visigodos entre 416 y 418 y los vándalos asdingos habían pasado a África en 429. Durante las dos décadas que siguieron a este último acontecimiento, la monarquía sueva protagonizó una expansión desde sus bases territoriales en la provincia de Gallaecia hasta la Bética. Este despliegue, iniciado bajo el reinado de Hermerico, continuó bajo los de su hijo Réquila (438-448) y su nieto Requiario (448-456). Como ya se ha visto, el proceso estuvo jalonado por repetidas victorias de las fuerzas suevas sobre los generales romanos encargados de contenerlas. Finalmente, en 452 las autoridades imperiales lograron un acuerdo (Hyd. 155; 168), un pacto de federación, cuyos términos exactos se desconocen, pero que permitió limitar el área de influencia sueva a la fachada occidental de la Península. Es probable que en virtud del mismo, la autoridad imperial dejara los asuntos militares de esos territorios bajo la responsabilidad exclusiva de los monarcas suevos, sentando las bases para que la monarquía sueva se transformara en poder territorial.

Sin embargo, los acontecimientos que se sucedieron tras el asesinato de Valentiniano III vinieron a interrumpir este proceso. Los suevos, ante la muerte violenta del soberano y su sustitución por un emperador ajeno a la casa de Teodosio, debieron dar por concluido su reciente pacto y ese mismo año de 455 reanudaron las hostilidades, sometiendo a depredaciones la provincia Cartaginense recientemente restituida a la administración imperial. Ahora bien, el nuevo emperador Avito (455-456), sucesor del efímero Petronio Máximo, una vez fracasados los intentos de restablecer la situación por la vía diplomática, no dudó en declarar la guerra a los suevos, confiando su acción a los federados visigodos. La intervención de las fuerzas federadas comandadas por el monarca visigodo Teodorico II fue fulminante. El grueso de las tropas suevas fueron derrotadas a comienzos de la campaña, el 5 de octubre de 456, en las cercanías de Asturica Augusta (Astorga); a continuación se produjo la toma y saqueo de la ciudad de Braga; y poco después, el rey Requiario, que se había refugiado en Portus Cale (Oporto), fue capturado y ejecutado. Por último, Teodorico penetró en la Lusitania y tomó Mérida, ciudad que había sido residencia de los últimos monarcas suevos. La victoriosa campaña, sin embargo, se vio interrumpida ante la noticia de la deposición y muerte del emperador Avito. Sucesos que provocaron el regreso inmediato de Teodorico a las Galias, aunque en su retirada todavía sus tropas saquearon Astorga y Palencia (Hyd. 170; 173-175; 178; 186).

De las noticias que Hidacio recoge de esta campaña merece la pena detenerse en las de los saqueos de Braga y Astorga, pues las tropas además de dedicarse al pillaje, profanaron los lugares sagrados, masacraron a parte de la población e hicieron numerosos prisioneros romanos, incluidos dos obispos con todos sus clérigos (Hyd. 174; 186). Esta última circunstancia permite suponer, que, a pesar de la insistencia de Hidacio en presentar las relaciones entre suevos y provinciales galaico-romanos en un permanente estado de conflicto, algunos sectores, incluido el clero católico, habrían colaborado con los suevos. En consecuencia, habrían también participado de sus proyectos expansionistas y de ruptura con el poder imperial, lo que contribuiría a explicar la captura y traslado a las Galias de los dos obispos hechos prisioneros en Astorga. Por otra parte, la ejecución del rey suevo Requiario, fue un hecho de gran trascendencia. Hidacio tras reseñar esta noticia afirma “que el reino de los suevos fue destruido y llegó a su fin”, si bien unas líneas más adelante señala cómo “los suevos de los confines de Gallaecia tomaron por rey a Maldras” y luego da noticia de nuevos jefes que también pretendían hacerse reyes (Hyd. 175; 181; 188). Estas noticias pueden resultar contradictorias, pero ciertamente la muerte de Requiario puso fin a la dinastía de Hermerico e interrumpió bruscamente el proceso de formación de un reino suevo, donde se conjugaban la afirmación de una institución monárquica de origen bárbaro con la asimilación de formas institucionales bajoimperiales.

Como consecuencia de la campaña de Teodorico II los suevos no sólo vieron limitadas sus aspiraciones territoriales, quedando de nuevo constreñidos al cuadrante noroccidental de la península —oeste de Gallaecia y norte de Lusitania—, sino que además perdieron su anterior estabilidad y hegemonía. En primer lugar, Maldras no alcanzó a imponer su autoridad al conjunto de los suevos y éstos aparecen divididos y articulados en torno a distintos líderes en facciones enfrentadas entre sí. Además, el visigodo Teodorico siguió interviniendo de forma activa en Hispania y por dos veces, en 458 y de nuevo en 459, envió tropas a la Bética, donde sin duda los suevos conservaban aún cierta influencia (Hyd. 192, 193). Estas campañas se debieron a la iniciativa personal de Teodorico, pues se desarrollaron antes de que el monarca visigodo hubiera reconocido la autoridad del nuevo emperador Mayoriano, entrado ya el año 459, y además de impedir que los suevos recuperaran posiciones en el mediodía peninsular es probable que también persiguieran desbaratar cualquier tipo de alianza con Genserico, el monarca vándalo, ya que por esas fechas hay noticias de la presencia entre los suevos de legados vándalos (Hyd. 192). Por otra parte, la inestabilidad política parece haber tenido unos efectos desastrosos en la región, a tenor de las noticias que recoge Hidacio sobre continuas campañas predatorias —tanto en Lusitania como en la propia Gallaecia— e incluso de masacres de población; noticias que probablemente hay que relacionar con las posiciones adoptadas por los provinciales galaico-lusitanos en las luchas de facciones que tenían enfrentados a los suevos (Hyd. 188-190; 192-193; 195).

Entretanto se había producido una cierta reacción al vacío de poder generado en Occidente con la muerte del emperador Avito. El nuevo emperador Mayoriano (457-461), destacado general perteneciente a una antigua familia senatorial itálica, buscó desde un principio el restablecimiento de la autoridad imperial. Con este propósito promovió una intensa actividad diplomática, destinada a extender su autoridad al conjunto de las diócesis occidentales, e inició los preparativos de una magna campaña contra los vándalos que permitiera restablecer el control sobre las ricas provincias africanas y aliviar la presión sobre Italia. Así, en 458 envió a Hispania al senador galorromano Magno, futuro praefectus praetorio para las Galias, que efectivamente logró la adhesión de los provinciales hispanos. Al mismo tiempo, en las Galias la autoridad del nuevo emperador fue aceptada por el general Egidio, quien detentaba el poder efectivo en las provincias de la Galia norte. También por los senatoriales de las provincias subgálicas, partidarios del antiguo emperador Avito y ahora cohesionados en torno a la figura de su yerno, Sidonio Apolinar; por los federados burgundios, establecidos en el alto valle del Ródano en torno al lago Ginebra, que renovaron el pacto de federación; e incluso por los visigodos, que en principio reacios por su fidelidad a Avito terminaron renovando el foedus en 459. Una vez completada la adhesión de la prefectura gala, Mayoriano se encontraba en disposición de combatir a los vándalos, que desde el saqueo de Roma en 455, además de ocupar las islas del Mediterráneo occidental, venían ejerciendo una constante presión militar sobre Sicilia y el sur de Italia.

Condición previa era lograr el completo control de Hispania, sometiendo también a los suevos, pues desde esta diócesis era de donde habría de partir la proyectada ofensiva ante la imposibilidad de hacerlo desde Italia, debido a la continua presión de los vándalos. Es en ese contexto, cuando a finales de 459 llegaron a Gallaecia distintas embajadas, en nombre del Imperio y también de los visigodos, para informar del acuerdo alcanzado entre el nuevo emperador Mayoriano y Teodorico II. Sin embargo, los suevos debieron mostrarse reacios a cualquier acuerdo, por lo que los visigodos fueron utilizados una vez más para combatirlos. En efecto, en mayo de 460 Mayoriano al frente de las tropas imperiales penetró en la Península para dirigirse a Carthago Spartaria (Cartagena), donde habría de reunirse con la numerosa flota aprestada para la guerra, en tanto que una partida del ejército visigodo bajo el mando del comes godo Sunerico y del general romano Nepociano se dirigió al Occidente peninsular, donde se enfrentaron a los suevos en las cercanías de Lugo. Poco después, los jefes suevos Requimundo y Frumario, sucesor de Maldras recientemente asesinado, se enfrentaban a su vez disputándose la hegemonía. Sin embargo, la profunda crisis en que se hallaba sumergido el reino suevo no pudo ser aprovechada por el gobierno imperial y las fuerzas visigodas se retiraron, según Hidacio, ante las intrigas de elementos galaico-romanos proclives a los suevos, aunque lo más probable es que lo hicieran ante las noticias del fracaso de la guerra vándala. Efectivamente, Genserico, el monarca vándalo, consiguió desbaratar los proyectos imperiales con la captura, antes de su llegada al puerto de Cartagena, de parte de la flota romana a la altura de Ilici (Elche) (Hyd. 197; 200-203).

El fracaso de la guerra vándala puso punto final al programa de restauración imperial emprendido por Mayoriano, que moriría a su regreso a Italia en agosto de 461 ejecutado por el generalísimo de sus ejércitos y también patricio Ricimer (Hyd. 210). Éste era un jefe militar de origen bárbaro al servicio de Roma —suevo de origen y nieto por su madre del rey visigodo Valia—, que había desarrollado una brillante carrera hasta a alcanzar la jefatura máxima de sus ejércitos en tiempos del emperador Avito, de cuya caída fue también responsable. Ricimer fue asimismo el artífice de la sucesión al trono imperial, para el que promovió a un miembro de la clase senatorial itálica, el senador Libio Severo (461-465), que no será más que un títere en sus manos. Ahora bien, fuera de Italia la posición de Ricimer era bastante débil, los vándalos habían salido reforzados con su reciente victoria y además ninguno de los generales de Mayoriano —ni Nepociano en Hispania, ni Egidio en las Galias, ni Marcelino en Dalmacia— reconocieron al nuevo emperador. En consecuencia, Ricimer tuvo que basarse en el apoyo de los federados visigodos y burgundios para poder intervenir en la prefectura gala, apoyos que implicaron peligrosas contrapartidas para la integridad del Imperio. Así, la colaboración del visigodo Teodorico II resultó clave en la neutralización del general Nepociano, pero al mismo tiempo dejó en manos del rey visigodo la llave de los asuntos militares en las provincias hispanas y subgálicas. A partir de entonces, Teodorico no sólo controló las tropas y generales godos desplegados en las citadas provincias, sino también al supremo mando militar romano destacado en las mismas, pues según recoge Hidacio fue quien designó como sustituto del general Nepociano en 461 al senador aquitano Arborio (Hyd. 213). El que la responsabilidad de este nombramiento recayera en un monarca bárbaro es uno de los mejores exponentes del declive de la autoridad imperial y de su progresivo desplazamiento por unos nuevos poderes regionales.

En las Galias, la neutralización del general Egidio también va a resultar enormemente ventajosa para visigodos y burgundios, ya que el patricio Ricimer sólo pudo contener al general Egidio gracias a unos y otros. La alianza resultó fructífera, porque los visigodos, que obtuvieron a cambio la ciudad de Narbona y pudieron así asomarse al Mediterráneo, obligaron a Egidio, que amenazaba con penetrar en Italia, a retirarse más allá del Loira. Sin embargo, éste, en 463, contando con la ayuda de federados francos, logró derrotar a las tropas godas y dar muerte a su jefe Federico, hermano del rey visigodo (Hyd. 217, 218). Ricimer recurrió entonces a la colaboración de los burgundios, que obtuvieron la ciudad de Vienne junto al Ródano y cuyo rey Gundioco, que se había casado con una hermana de Ricimer, fue además recompensado con el nombramiento de comes et magister militum para las Galias (Martindale, 1980, II: 523). Tampoco el monarca burgundio logró eliminar al general Egidio, que logró mantenerse acantonado al norte del Loira, y su fracaso vino a sancionar la construcción de un poder romano autónomo en el norte de la Galia. Por otra parte, Gundioco, desde su nuevo cargo de generalísimo para las Galias, pasó a extender su autoridad sobre todas las tropas y mandos, tanto federados como romanos, establecidos en las provincias subgálicas al este del Ródano, reproduciendo el modelo inaugurado por el visigodo Teodorico en las tierras situadas al oeste de ese curso fluvial. Sin duda, para entonces el grueso del ejército estaba ya constituido por tropas federadas, de modo que los nuevos títulos y competencias de estos dos reyes bárbaros —se ha apuntado que el hermano del monarca visigodo pudo ostentar también el título de magister militum (Wolfram, 1979: 212)— vendrían a sancionar una situación que ya regía de facto.

De todo lo expuesto se desprende que la política desarrollada por Ricimer aceleró el traspaso de poderes a los jefes federados bárbaros establecidos en las provincias subgálicas y posibilitó que, ya durante el reinado del emperador Libio Severo, empezaran a configurarse en los territorios de la prefectura gala los nuevos estados romano-bárbaros, que habrán de sustituir al estado romanoimperial (Stein, I: 382). En estas condiciones de autonomía, el monarca visigodo Teodorico II continuó interviniendo en los asuntos peninsulares y en especial en los asuntos suevos. Éstos seguían divididos entre partidarios de Frumario, posible sucesor de Maldras, y de Requimundo y, aunque no hay constancia de nuevas guerras con los visigodos, sí que se produjo un continuo intercambio de embajadas a lo largo de 461. La segunda de las enviadas por el monarca visigodo estuvo protagonizada por un tal Remismundo y el dux Cyrila, que iba al frente de un cierto número de tropas. Remismundo regresaría a las Galias, pero el general godo y las tropas permanecieron en Gallaecia (Hyd. 219-220). Desconocemos lo ocurrido en los años inmediatos, pero la tutela militar goda resultó decisiva, ya que, a la muerte de Frumario en 465, Remismundo se erigió en único monarca de todos los suevos y restableció la paz, alcanzando poco después un acuerdo con los visigodos, que fue ratificado con la correspondiente alianza matrimonial (Hyd. 223; 226).

En resumen, diez años después de la muerte de Valentiniano, las presiones externas y las divisiones internas terminaron por alumbrar un nuevo reino suevo, constreñido en su proyección territorial al cuadrante noroccidental del Península Ibérica y coaccionado en su autonomía por las injerencias de los visigodos, que terminaron por desplazar la antigua tutela imperial a favor de la suya propia. Además, a raíz de todos estos hechos, los visigodos establecieron nuevos y poderosos intereses en Hispania, base de su futuro despliegue por la diócesis. Es también en estos momentos cuando tuvo lugar la conversión de los suevos, que como pueblo habían permanecido paganos, ya que la temprana y excepcional conversión al catolicismo niceísta de su rey Requiario no estuvo acompañada de una aceptación general por parte del resto de los suevos. Hidacio atribuye su conversión a Ajax, un obispo arriano de origen gálata, que en su labor de difusión de la doctrina arriana contó con el apoyo del rey Remismundo. También, nos dice que el “pestífero virus” fue traído en 466 de una región de las Galias habitada por los godos (Hyd. 232). La acción pastoral de Ajax se sitúa, por tanto, en esta segunda etapa inaugurada por el reino suevo con la llegada al poder de Remismundo en 465, en la que si de una parte se había superado la lucha de facciones que venía dividiendo a los suevos desde 456, de otra el nuevo reino pasó a estar sujeto a la tutela del reino visigodo de Tolosa, de cuya mano penetró entonces la doctrina arriana.

3.3. El reino de Tolosa

El nuevo monarca visigodo, Eurico (466-484), que llegó al trono tras asesinar a su hermano Teodorico II, se considera el artífice del reino visigodo de Tolosa. Su labor nos es conocida gracias a algunos fragmentos del Código legislativo promulgado bajo su reinado (Codex Euricianus) y a través de las noticias que nos transmiten el Cronicón de Hidacio, las epístolas de Sidonio Apolinar, los breves apuntes de la Chronica Caesaraugustana y la Historia Gothorum de Isidoro de Sevilla. Durante el reinado de Eurico, el foedus que había venido regulando las relaciones de los visigodos con el Imperio entró definitivamente en quiebra y en consecuencia será más frecuente que encontremos a los visigodos actuando en función de sus propios intereses, que colaborando con el Imperio, inmersos en definitiva en el proceso de configuración de una nueva entidad política. Esta evolución es la lógica continuación del proceso iniciado en la etapa anterior, que había puesto ya en manos de los monarcas visigodos la totalidad de las atribuciones militares en las provincias subgálicas y en Hispania.

3.3.1. Proyección sobre la Península Ibérica

A) Enfrentamiento con los suevos y control de la Lusitania

El acceso al trono de Eurico coincidió con el vacío de poder, que provocó la muerte de Libio Severo en noviembre de 465, y con el recrudecimiento de la presión vándala. El monarca vándalo Genserico, que no había cesado de castigar con continuas incursiones las costas del sur de Italia y Sicilia, trataba entonces de hacerse con el control de la propia Roma, promoviendo para el trono imperial a un miembro de la clase senatorial próximo a sus intereses: el senador Olibrio, que se hallaba casado con Placidia, la otra hija del fallecido emperador Valentiniano III. La imposibilidad de poner coto a las incursiones vándalas y lo peligroso del proyecto de Genserico, que de haber resultado le hubiera permitido desarrollar en la propia Italia un proceso similar al que venían protagonizando visigodos y burgundios en las Galias, hicieron que Ricimer olvidara su ambiciosa política personal y buscara un acercamiento a Constantinopla. Como ya se ha expuesto, el emperador León, que para entonces también empezaba a estar preocupado por la política de Genserico, designó como nuevo emperador de Occidente al patricio Antemio, un destacado miembro de la nobleza oriental, que había sobresalido en la milicia y que estaba vinculado por su matrimonio con una hija del emperador Marciano a la dinastía teodosiana. El nuevo soberano reunía, por tanto, prestigio y legitimidad. Además, llegó a Italia en 467 con un potente ejército destinado a llevar la guerra a los vándalos y, mediante el matrimonio de su hijo Antemiolo con Alypia, una hija de Ricimer, vinculó a la familia imperial al poderoso general.

Acorde con la inestable situación política, el monarca visigodo Eurico, tras su llegada al poder, envió embajadas al emperador, quizás a Constantinopla; al monarca suevo Remismundo, cuya reciente alianza podía haber quedado comprometida con el asesinato de Teodorico II; y al vándalo Genserico (Hyd. 238; 240). Según refiere Hidacio los legados visigodos regresaron con presteza de la corte vándala ante los rumores sobre una inminente expedición. Sin embargo, a pesar de su potencia, la flota romana oriental fue prácticamente aniquilada antes de entrar en combate, mientras que la occidental no llegó a incorporarse a causa del asesinato en Sicilia de su jefe Marcelino, con lo que el ambicioso proyecto se saldó con un estruendoso fracaso. Esta derrota puso fin al proyecto restauracionista de Antemio y no sólo fortaleció a los vándalos, que pasaron a ocupar Sicilia e incluso alcanzaron con sus incursiones las costas meridionales y occidentales de la península balcánica, sino también indirectamente a los visigodos de Eurico, cuyos proyectos expansionistas se convirtieron en una amenaza, de igual o mayor envergadura que la de los vándalos.

El advenimiento de Eurico imprimió un cambio en las relaciones entre visigodos y suevos. El asesinato de Teodorico dio al monarca suevo Remismundo la oportunidad de independizarse de la tutela impuesta por los visigodos. De las noticias de Hidacio se infiere que Remismundo intentó alcanzar sus propios acuerdos con la autoridad imperial y también ampliar sus dominios sobre la Lusitania central, donde en 468 sometió a saqueo la ciudad de Coimbra (Hyd. 238-241). Ahora bien, la reacción del visigodo Eurico no se hizo esperar y en 469 un ejército visigodo ocupó Emerita Augusta (Mérida), dejando claro que no estaba dispuesto a consentir que los suevos recuperaran el control de la Lusitania (Hyd. 245). Se trata de un paso significativo, pues hasta ese momento no hay constancia de asentamientos visigodos en la Península y aunque la tradición historiográfica tiende a retrotraer los primeros asentamientos a la campaña que dirigiera Teodorico en 456 no pasa de ser una simple hipótesis, que no se encuentra respaldada por ningún tipo de testimonio (Thompson). En todo caso, los provinciales lusitanos sí debieron de apreciar un cambio en la actuación de los visigodos, porque tras la toma de Mérida la población romana de Olisipo (Lisboa), representada por el ciudadano Lusidio, hizo entrega de esta ciudad a los suevos, lo que provocó un ataque de castigo por parte de los visigodos, del que no se libraron ni suevos ni romanos (Hyd. 246).

Remismundo, sin embargo, continuó con su proyecto de consolidación y expansión territorial. Ese mismo año de 469, el monarca suevo logró un acuerdo de paz con el pueblo semiindependiente de los Aunonenses y volvió a penetrar, sometiéndolos a devastaciones y pillajes, en los vecinos territorios lusitanos y en los del conventus Asturicensis, demarcación territorial que englobaba las regiones más orientales de Gallaecia. Todas estas actuaciones reflejan una clara política de expansión territorial y dieron lugar a nuevas acciones de castigo por parte de las tropas visigodas (Hyd. 247). Finalmente, el rey suevo Remismundo envió en 469 una embajada al emperador, en la que junto a los legados suevos figuraba el hispanorromano Lusidio y cuyo objetivo no podía ser otro que recabar el reconocimiento imperial (Hyd. 251). No obstante, es poco probable que el nuevo emperador Antemio (467-472) tuviera alguna capacidad de intervención en la Península, ya que el fracaso de la expedición vándala en 468 bloqueó los proyectos restauradores del nuevo emperador de Occidente.

Con la noticia de la embajada de Lusidio finaliza el Cronicón de Hidacio y en cierta medida también la historia del reino suevo, pues en adelante las fuentes guardan un silencio, que sólo se verá interrumpido un siglo más tarde en vísperas de su anexión definitiva por los visigodos, ya que la Historia Suevorum, que compuso Isidoro de Sevilla en el siglo VI, también se interrumpe aquí y no se reanuda hasta el reinado de Teodomiro (561-570). Es difícil saber cómo concluyó esta nueva guerra entre suevos y visigodos, pero de la actuación del hispanorromano Lusidio se desprende que algunos cuadros provinciales eran más favorables a aceptar el dominio suevo que el visigodo. Esta circunstancia permite barajar la hipótesis de que la completa incorporación al reino suevo de las regiones noroccidentales de la Lusitania y parte de las orientales de Gallaecia, plenamente integradas en el reino suevo en la segunda mitad del siglo VI, tuvo lugar a partir de estos años. Este proceso se desarrolló en medio de una continua pugna con los visigodos, que a su vez consolidaron su presencia en las regiones meridionales de Lusitania, con Mérida como principal enclave. Así, a los últimos años del gobierno de Eurico corresponde una conocida inscripción fechada en 483, que conmemora la restauración del puente romano de Mérida por el dux visigodo Salla en tiempos del “poderoso rey Eurico”, proyecto que fue acometido una vez restauradas las murallas de la ciudad y al que prestó su colaboración el obispo metropolitano Zenón (Vives, 1969: 363).

B) Ocupación de la Tarraconense y asentamientos godos

En las Galias la guerra abierta de los visigodos contra el gobierno imperial se abrió poco después del fracaso de la guerra vándala de 468 y el consiguiente debilitamiento del poder del emperador Antemio. El conflicto estalló en 469 con motivo de la caída de Arvando, prefecto del pretorio para las Galias, que fue acusado ante el emperador de preparar el reparto de las Galias entre visigodos y burgundios (Sid. Ep. I, 7, 5). El monarca visigodo Eurico, contando con el apoyo de un importante sector de la aristocracia galorromana contraria a la política centralista del emperador Antemio, logró en los años siguientes diversas victorias sobre los ejércitos imperiales y sus aliados, que le permitieron consolidar su posición en el sur de las Galias, fijando las fronteras septentrionales del reino en el río Loira e incorporando por el Este el bajo valle del Ródano. La más señalada de estas victorias tuvo lugar en 471, en las cercanías de Arlés, donde Eurico salió al encuentro del ejército imperial que había cruzado los Alpes con intención de poner fin a sus hostilidades. Este nuevo fracaso de las tropas imperiales, no sólo reforzó a Eurico, que pasó a ocupar la Provenza, sino que precipitó la caída de Antemio, que moriría asesinado, en junio de 472, tras un prolongado enfrentamiento con su patricio Ricimer, que no pudo sacar gran provecho de su victoria, pues él también moriría poco después por causas naturales.

Los acontecimientos itálicos fueron aprovechados por Eurico para continuar ampliando sus posiciones, y en el verano de 472 sus tropas cruzaron los Pirineos y conquistaron la Tarraconense. Para esta campaña el ejército visigodo se dividió en dos cuerpos, uno, bajo la dirección del comes godo Gauterico, atravesó los Pirineos por Roncesvalles, ocupando Pamplona, y penetró en el valle del Ebro, donde tomó Caesaraugusta (Zaragoza) y otras ciudades de su entorno; el otro, encabezado por el comes Heldefredo y el dux Hispaniarum Vicencio, utilizó los pasos orientales y tras tomar Tarragona se hizo también con las ciudades de la costa (Chron. Gall. 651-652). Es también factible, que se iniciara entonces la ocupación y control de las regiones interiores de la Cartaginense, con objeto de soldar los enclaves previamente controlados en las regiones occidentales de la Península, especialmente en torno a Mérida, con estos otros de la cuenca del Ebro. De esta manera parte de la Península Ibérica pasó a convertirse en una prolongación del reino visigodo de Tolosa. Las excepciones eran los territorios noroccidentales bajo control suevo, las regiones septentrionales habitadas por pueblos poco romanizados, como cántabros y vascones, así como la Bética y una gran parte de la Cartaginense, que continuaban bajo la administración de sus antiguos cuadros provinciales romanos.

La ampliación de los dominios visigodos durante estos años de continuas guerras con el Imperio se desarrolló, al mismo tiempo, en un contexto de colaboración con importantes sectores de senatoriales galos e hispanorromanos, empezando por aquellos de sus miembros que ostentaban los oficios civiles y militares más destacados. Éste fue el caso del prefecto del pretorio Arvando, cuya caída en 469 atribuye Sidonio Apolinar a su colaboración con el monarca visigodo; también de Seronato, vicario de la diócesis subgálica, que fue acusado en 470 de actuar en connivencia con Eurico y condenado a muerte; y del dux Hispaniarum Vicencio, activo colaborador en la ocupación de la Tarraconense en 472. Esta alianza no estuvo exenta de conflictos, tal como refleja la tenaz resistencia de los senatoriales de Auvernia a las pretensiones anexionistas del monarca visigodo y las feroces críticas y denuncias de su líder, Sidonio Apolinar. Sin embargo, terminó por imponerse y mientras que el emperador Antemio intentó inútilmente quebrarla, su sucesor Julio Nepote optó por asumir la nueva situación.

3.3.2. Del generalato a la monarquía

La llegada al poder de Julio Nepote (473-480) modificó temporalmente las relaciones de Eurico con el imperio. El nuevo emperador, que también fue designado por el emperador de Oriente, proyectaba restaurar la autoridad de Roma en las Galias contando con la alianza de todos los poderes hostiles al fortalecimiento visigodo. Es decir, con la aristocracia auvernesa, los federados burgundios, los sucesores de Egidio y los francos, que para esas fechas constituían ya un importante poder en el norte de la prefectura gala. No obstante, Julio Nepote, para indignación de Sidonio Apolinar, terminó acordando un nuevo foedus con Eurico en 475 (Sid. Ep. VII, 7,1). El nuevo acuerdo permitió que el gobierno imperial recuperara los territorios de la Provenza, recientemente ocupados por el monarca visigodo, y también que éste pusiera de nuevo sus tropas al servicio del Imperio. Ahora bien, también sancionó el control de Eurico sobre todas las provincias subgálicas al oeste del Ródano, lo que marcó el fin de la resistencia de Auvernia, así como sobre una gran parte de la diócesis hispana. Para algunos autores este acuerdo de 475 consagra la plena soberanía de Eurico sobre los citados territorios y vendría a ser el acta de consagración de este nuevo reino romano-bárbaro (Demougeot, 1979, II, 2: 640; Rouche, 1979: 42). Sin embargo, este traspaso de soberanía no resulta tan evidente. Es indudable que para entonces las competencias de Eurico desbordaban las meramente militares, pero el acuerdo preservaba la soberanía del emperador Nepote e incluso preveía el auxilio de las tropas visigodas (Wolfram, 1990: 201).

La posterior evolución de los acontecimientos en Italia consagrará la plena soberanía de los reyes visigodos y además dará nuevas opciones al engrandecimiento del reino de Tolosa. Eurico fue contemporáneo de la caída del Imperio romano de Occidente en 476, tras la deposición de Rómulo Augústulo por Odoacro, jefe del ejército de Italia, quien asumió personalmente el poder y renunció a promover a una nueva figura imperial que actuase de pantalla. El monarca visigodo, que posiblemente no había llegado a reconocer a Rómulo y seguía fiel al emperador Julio Nepote, refugiado en Dalmacia desde la revuelta que en 475 encabezó el generalísimo Orestes y elevó al trono imperial a su hijo Rómulo Augústulo, supo aprovechar los desórdenes reinantes para ocupar nuevamente la Provenza, último enclave subgálico controlado por la autoridad imperial, en nombre de Nepote. Eurico incluso envió tropas para combatir en Italia, si bien éstas fueron derrotadas por los generales de Odoacro. Muerto ya Julio Nepote († 480), Odoacro terminó aceptando el control de Eurico sobre la Provenza, donde se alzaba la ciudad de Arlés, sede del prefecto del pretorio y por tanto capital de toda la prefectura gala, y sancionó la nueva situación con un tratado. Este acuerdo, que al parecer fue ratificado por el emperador de Oriente, Zenón (Stein, II: 59; Demougeot 1979, II, 2: 612), puso fin a la prefectura de las Galias y representa el triunfo de la regionalización de las provincias occidentales del Imperio. A partir de ese momento, el monarca visigodo Eurico, aunque nunca se produjo una cesión formal de soberanía, suplió de facto el vacío dejado por las autoridades imperiales, al quedar los territorios bajo dominio visigodo —la diócesis subgálica y parte de la hispánica— fuera del radio de acción de Constantinopla.

El rey visigodo Eurico, a pesar de su engrandecimiento a costa del Imperio y de la hostilidad que manifestó hacia los sectores de la población romana que no le eran favorables, fue un continuador de la tradición institucional romana. Así lo demuestra su papel de rey legislador, actividad ésta que pudo desarrollar gracias a la capacidad jurídica de los consejeros romanos de los que se rodeó. Su obra es conocida como el Codex Euricianus o Código de Eurico y en opinión de uno de sus últimos editores tiene el carácter de un edicto de los promulgados por los prefectos del pretorio, de lo que se desprende que con su promulgación el rey visigodo vino a subrogarse el papel de aquellos en los territorios bajo su control (D’Ors, 1960: 6-7). Por consiguiente, a pesar de que una larga tradición historiográfica ha venido identificando este código como un cuerpo legal de carácter destinado exclusivamente a la población goda, es difícil seguir atribuyéndole este carácter y por el contrario parece imponerse su valor territorial, lo que viene a significar que estaba dirigido a todos los habitantes del reino, ya fueran godos o romanos. Además, en su elaboración se piensa que intervino el galorromano León de Narbona, uno de los principales consejeros del monarca, cuyos conocimientos jurídicos fueron ensalzados por Sidonio Apolinar.

Tras las primeras incursiones bárbaras de 406 y sobre todo tras el saqueo de Roma en 410, se instauró en Occidente una conciencia de crisis. Los tiempos de paz, instaurados por Diocleciano y Constantino, habían terminado. A partir de 440, el aparato militar y fiscal del estado romano se mostró cada vez más incapaz de proteger sus fronteras y, lo que es más importante, no puedo evitar verse absorbido por el creciente peso de las milicias bárbaras. Después de 455, Occidente quedó totalmente desgajado, convertido en un mosaico de regiones distintas. Durante veinte años más, hasta la abdicación de Rómulo Augústulo en 476, Provenza, Italia y Dalmacia siguieron siendo una mera prolongación en el Mediterráneo occidental del viejo orden de cosas, que se mantenía estable en el Mediterráneo oriental. La creciente intervención de los emperadores de Oriente en los asuntos de esta región, pone en evidencia que se hallaba cada vez más bajo la órbita de gobierno de Bizancio. En el resto de Occidente se gestaba una situación totalmente distinta. Las élites provinciales de Occidente se habían caracterizado, durante siglos, por su identificación con un sistema imperial global. Pero cuando ese sistema dejó de protegerlas, las lealtades regionales, garantizadas y fortalecidas durante siglos de paz romana, pasaron a ser el vínculo más importante. Si estas élites de Britania, las Galias e Hispania deseaban seguir siendo romani, es decir, si querían conservar la posición de la que habían disfrutado bajo Constantino y sus sucesores y su viejo estilo de vida, tenían que hacerlo teniendo como socios a los jefes de las milicias bárbaras.

Lo verdaderamente sorprendente, en la historia de Occidente durante el siglo V, es la tenacidad con que los romani de todas estas regiones lograron restablecer su posición en un ambiente postimperial. Las aristocracias provinciales romanas se esforzaron por conservar su poder local en colaboración, a veces nada fácil, con los señores de la guerra de origen no romano. Lo que perdieron irremediablemente fueron los vastos horizontes asociados con la idea de un Imperio cristiano. Así, Hidacio (397-470), oriundo de Galicia, habría visitado Jerusalén a los diez años en compañía de su madre, donde había conocido a Jerónimo. Todo aquello había sucedido hacia 407. Cuando escribió su Crónica en 468, llevaba más de treinta años ocupando la cátedra episcopal de Chaves y se hallaba atrapado “en el interior de Gallaecia, en el extremo más apartado del sin… mundo que por ello haya dejado de verme afectado por todas las calamidades de esta época infortunada. (y no haya tenido que hacer frente) a la dominación de los herejes, agravada por la destrucción acarreada por unas tribus hostiles”. Sólo unos pocos peregrinos pasaban ahora por su ciudad y ni siquiera sabían decirle cuándo había muerto Jerónimo. Hidacio comentaba el saqueo de la vecina Braga por las tropas de Teodorico II en 456 y lo asemejaba a la trágica destrucción de la antigua Jerusalén. El fin de la paz romana y la pérdida de los vastos horizontes del Imperio cristiano eran verdaderamente alarmantes para un hombre como Hidacio. Pero más doloroso todavía era admitir que para poder conservar cierto grado de orden y prosperidad, las élites provinciales se veían obligadas a alcanzar un modus vivendi con los bárbaros.

Esto suponía permitir que los bárbaros, estereotipo de individuos marginales según la mentalidad clásica propia de los romanos, se convirtieran en individuos integrados. Admitir aquello resultaba difícil. Los romanos preferían seguir hablando de bárbaros en términos familiares a los lectores de la literatura clásica. Sidonio, un terrateniente galo, describía a la guardia de Teodorico II como hombres “vestidos con ropas desastradas y pieles amontonadas de cualquier forma sobre los hombros”, es decir, individuos que no iban vestidos como los romanos, con tejidos de seda, que eran fruto de la civilización, sino con productos sin pulir arrancados directamente de la naturaleza silvestre. El séquito de los jefes guerreros estaba compuesto por hombres que ejercían la función militar de por vida. Eran seres extraños que podían ser aliados pero nunca amos de los romanos. Resultaba más fácil ver a los bárbaros en esos términos pasados de moda que enfrentarse a la realidad y reconocer que muchos de ellos eran potentes, es decir, hombres poderosos, a menudo bastante romanizados de acuerdo con los criterios de la época postimperial.

En realidad, los bárbaros con los que entraron en contacto los provinciales de Occidente eran fruto del Imperio de Constantino y sus sucesores tanto como podían serlo las mismas aristocracias locales. El Imperio del siglo IV había necesitado de servidores leales. Y por lo general habían preferido utilizar gentes que no tuvieran los mismos valores y las mismas ambiciones que la aristocracia terrateniente tradicional. A los militares se les animaba conscientemente a formar una clase aparte, a permanecer ajenos y poco comunicativos respecto al resto de la sociedad. Durante más de un siglo los soldados romanos se habían reclutado en las provincias de frontera donde apenas se distinguía entre romanos y bárbaros. Lo importante era la lealtad al emperador. Dada su condición de militares, hombres de guerra, romanos y bárbaros eran iguales en el ejército romano. Eran servidores igualmente distinguidos y privilegiados de un estado poderoso.

Incluso después de las invasiones, los grupos bárbaros fueron tratados como soldados del emperador. Los visigodos fueron establecidos por las autoridades imperiales en Aquitania en 418. A los burgundios se les asignaron las guarniciones militares del curso medio del Ródano y del Saona en 443. Destacamentos de caballería alana fueron estacionados a lo largo del Loira. Incluso los sajones llegaron a Britania a raíz de un acuerdo alcanzado para defender la isla. No eran invasores procedentes del espacio exterior. Las tierras que ocupaban no las poseían por derecho de conquista. Sus asentamientos fueron el último legado de la política militar de Roma. Estos asentamientos no supusieron gran trastorno. Los visigodos del valle del Garona nunca constituyeron más de una sexta parte de la población local de la región. En realidad, los colonos bárbaros no ocupaban un lugar más destacado que el personal militar estacionado en las fronteras. Y eran establecidos de forma que, en la medida de lo posible, parecieran soldados romanos. Sus familias recibían tierras en posesión, como si fueran veteranos. Y, como si fueran soldados regulares alojados a costa de la población civil, tenían también acceso a una parte de la producción de las tierras. Por lo demás, las guarniciones locales recaudaban para su propio uso una parte de los impuestos de la región.

Había, sin embargo, una diferencia fundamental. Aquellos asentamientos reproducían, en las tierras más fértiles, en el corazón mismo del mundo mediterráneo, donde la aristocracia terrateniente romana estaba más arraigada, unas condiciones que sólo habían sido habituales en las provincias militarizadas del extremo norte. En muchas zonas de la Galia, de Hispania y, a partir de 476, también de Italia, militares de origen no romano se convirtieron en miembros destacados de la sociedad local, alcanzando una posición que les permitía competir con los romanos en sus mismos términos. Convirtieron sus privilegios militares en sólidos beneficios —en tierras, clientes, esclavos— típicamente romanos, manifestados en un estilo de vida perfectamente romano. Al cabo de poco tiempo, lejos de ser los cabecillas de bandas de guerreros nómadas y cubiertos de pieles, los visigodos apenas podían distinguirse de sus vecinos romanos. Poseían las mismas villas adornadas con idénticos pavimentos de mármol y participaban en cacerías a caballo, vestidos con las mismas ropas: amplios mantos, calzones y túnicas. Y al final de sus vidas eran enterrados en los mismos sarcófagos de mármol. En palabras de Teodorico, el rey ostrogodo de Italia, “un godo de verdad desea ser como un romano; sólo un romano pobre querría ser godo”.

Pero aquellos bárbaros ya no se definían en la sociedad romana por su lealtad a un emperador lejano. Si un visigodo tenía privilegios, los tenía porque servía en el ejército de su rey. La Tolosa visigoda, la Vienne burgundia, la Braga sueva, o la Cartago vándala eran las bases de poder de unas milicias locales que se proclamaban ejércitos de gentes distintas, de tribus distintas, cada una leal a su rey. Esas gentes o tribus no fueron, como creían los estudiosos en otro tiempo grupos compactos, definidos con claridad, precursores de las futuras naciones europeas. En realidad, la pertenencia a un determinado ejército —y no el origen étnico de éste ni el del soldado— era lo que definía la pertenencia a una gens. Los reyes necesitaban soldados. Y esos reyes no eran demasiado exigentes a la hora de decidir quién servía en sus ejércitos. Podía ocurrir que un determinado grupo bárbaro predominara en el ejército al que daba su nombre. Pero las tropas de casi todos los jefes bárbaros eran bandas heterogéneas, reunidas por ambiciosos señores de la guerra.

Para los romanos ingresar en un ejército bárbaro suponía el riesgo de perder su identidad. Las milicias bárbaras del siglo V eran un lugar de acogida para renegados de toda laya, desde esclavos fugitivos a miembros de la nobleza rural romana, cuya sed de violencia no quedaba satisfecha con el esparcimiento que les procuraba la caza. La deslealtad a los valores civiles de las élites romanas era frecuente, sobre todo entre aquellos que veían en los bárbaros no una amenaza, sino más bien una oportunidad.

La segregación de los bárbaros respecto a la población civil católica, dada su condición de arrianos y militares ex officio, reflejaba las estructuras sumamente encasilladas del estado tardorromano. Dichas estructuras habían seguido vivas en las provincias mediterráneas, pero habían quedado obsoletas en el norte de la Galia, donde la distinción entre soldados y civiles había sido prácticamente borrada. Por eso allí no había ninguna razón que impidiera a todos los habitantes profesar una misma religión y que el monarca no pudiera compartir la fe de sus súbditos. Los francos, con Clodoveo a la cabeza, se convirtieron al catolicismo. La monarquía visigoda no podía operar del mismo modo. Alarico, ante la amenaza franca, se mostró dispuesto a hacer todo tipo de concesiones, excepto convertirse al catolicismo, con tal de ganarse la lealtad de sus súbditos católicos.

La identificación de los visigodos con los valores romanos se hizo expresa en la formación y funcionamiento de su monarquía, la cual se nutrió de los modelos bajoimperiales, expresando de este modo su romanización e integración de los aspectos sancionadores del poder político. Es cierto que el proceso constitutivo de la imagen de la monarquía visigoda atravesó por momentos difíciles, de acuerdo con los conflictos de intereses existentes y el clima de inestabilidad que con carácter general se registraba en la Galia. Las disputas entre los hijos de Teodorico tras su muerte en la batalla de los Campos Cataláunicos, sólo se explican si reconocemos la ausencia todavía en el reino tolosano de una imagen sólida e indiscutida de la figura del rey, que en momentos de crisis plantea la dificultad de llegar a un consenso sobre la manera de resolver los conflictos dinásticos en relación con la transmisión conjunta del título y del patrimonio real. Aunque en la segunda mitad del reino, sobre todo con monarcas como Teodorico II y Eurico, parece que se consigue una relativa clarificación de los conceptos teóricos y legitimadores del poder monárquico, el principal problema, como en el resto de la sociedad, consiste en la dificultad de discernir o subordinar entre sí los elementos de carácter privado por una parte y los relativos al nivel público de otro lado que definen la práctica del poder político.

Eurico, como prueba del entendimiento entre la monarquía visigoda y los provinciales, contaría con el galorromano León como su principal ministro. La confianza en las capacidades de gobierno del rey dio lugar a que los súbditos del reino se manifestasen satisfechos con un monarca capaz de garantizar la paz y la seguridad de la región. Es precisamente León, quien liberará por mandato regio a Sidonio, capturado tras la toma de Clermont por su oposición al expansionismo godo en las Galias, y que a partir de ahora se verá obligado a reconocer de manera pública su sometimiento al nuevo poder, solicitando una audiencia en la corte de Burdeos y logrando así de forma plena su rehabilitación. Posteriormente compondrá un poema elogioso para Eurico, en el que ensalza su poder respecto a otros pueblos y le reconoce como garante de la paz desde el río Garona al Tíber, a la vez que adula a la reina y desea los mejores augurios para que vea a su hijo, el heredero, gobernar algún día. En realidad, un auténtico panegírico.

La paz es para los provinciales sinónimo de convivencia e integración, por lo que la adjudicación de comportamientos guerreros al pueblo visigodo, que al mismo tiempo se conciben como contrarios a los intereses de la aristocracia, supone la anulación de cualquier viso de integración, lo que inhabilita a los recién llegados para cualquier tipo de coexistencia con los romanos. Es entonces cuando se asocia a los visigodos con las ideas de crueldad, ferocidad, terror, avaricia, etc., marginándolos del modus vivendi romano al entender que los valores de la tradición y la legitimidad corresponden en exclusiva a los integrantes del orden senatorial, entre los que Sidonio ocupa un papel preeminente. Se trata por tanto de un prejuicio diferenciador, que tiene como finalidad ofrecer una imagen ajustada siempre al hecho de que los gobernantes son legítimos en la medida en que sus actitudes están en sintonía con el mantenimiento de los privilegios existentes, es decir, en determinados momentos el desprecio hacia el bárbaro constituye un recurso que en coyunturas concretas puede ser útil y necesario como vehículo propagandístico utilizado para alterar determinado discurso político. Ya Paulino de Pella consideraba que los visigodos protegían a los romanos, a sus huéspedes, con la mayor humanidad, con lo que se contraponía su comportamiento civilizado a la ferocidad bárbara, que se consideraba representativa de un estado humano inferior. Esto supone que la colaboración en términos amistosos anula o desactiva al menos los prejuicios anteriormente formulados.

En una carta que Sidonio dirige a Agrícola, hijo del que fuera emperador occidental Avito, se realiza uno de los retratos más clásicos que se puedan encontrar de un rey bárbaro. En el texto se comenta la necesidad de dar a conocer al mundo la majestad de Teodorico II, rey de los visigodos, acerca del cual Agrícola pregunta a su cuñado para que le ofrezca una semblanza de su apariencia física y de su carácter. A continuación, Sidonio realiza consecuentemente una descripción que podemos enmarcar en el más puro estilo panegirista. Teodorico, a juicio de su glosador, es un hombre que merece la pena que conozcan todas las personas, incluso las que no están en contacto directo con él, puesto que constituye un claro ejemplo de la unión de las voluntades divina y natural, que le han dotado de una perfección suprema. A continuación se procede a describir la apariencia física del rey, que se presenta como un hombre de figura bien proporcionada, tanto en su altura corporal como en la configuración de su rostro, del que se enumeran con detalle sus gráciles formas, para pasar a continuación a describir los aspectos más sobresalientes del resto de su anatomía, caracterizada también por la armonía de sus formas. Después describe la vida cotidiana del monarca, que comienza al amanecer cuando Teodorico se dirige con su guardia a cumplir con las obligaciones inherentes a su fe religiosa, que es descrita paradójicamente de forma muy comprensiva. Continuando con la descripción de las labores del rey, se narran las tareas de gobierno, que le absorben durante el resto de la mañana, acompañado por el séquito de sus nobles, que ocupan un lugar destacado junto al trono, reproduciendo la jerarquía característica del ceremonial bajoimperial, y escoltado también por una multitudinaria guardia, que atiende a que no se produzca ningún episodio que altere la tranquilidad requerida. El monarca, a la manera de un emperador, aparece detrás de unas cortinas, que simbolizan la distancia ritual con respecto a sus súbditos, y manifiesta su gran poder recibiendo embajadas de varios pueblos, a los que escucha pacientemente, contestándoles de acuerdo con el criterio que adopte en el momento. Después él deja su trono y se dedica a inspeccionar sus tesoros y sus establos.

Más tarde se nos presenta al rey dedicado al noble arte de la caza, en la que utiliza su arco de manera magistral, a la manera de los grandes propietarios galorromanos. En ningún caso se transmite la imagen de un guerrero bárbaro, ya que a continuación Sidonio nos habla de los banquetes que se desarrollan de la manera más sofisticada y ordenada posible: no vemos grupos de hombres ineducados ni vajillas de baja calidad, sino que por el contrario se nos presenta a un grupo de comensales vestidos con ropas de gran finura y elegancia que mantienen una conversación de gran nivel y seriedad, a la vez que consumen alimentos preparados con gran esmero y presentados en fuentes brillantes y relucientes. Sidonio describe la mesa real como un compendio de la elegancia griega, de la abundancia gala y de la vivacidad itálica. Resalta la dignidad del estado, la solicitud de una casa privada, la ordenada disciplina de la realeza. El monarca se presenta como un modelo de moderación en todas las facetas de su vida, nunca pierde la templanza que ha de caracterizar a un buen gobernante, dispuesto no obstante a perseguir siempre la victoria, a pesar de que compagina admirablemente ésta con la administración de justicia. Al cabo de la jornada, el rey descansa con los suyos en la última comida del día, donde de nuevo la virtud emerge en forma de moderación y austeridad, que hace que un rey arriano como Teodorico se nos presente como ejemplo de simplicidad cristiana en las costumbres, simplicidad que Sidonio por ejemplo asocia al propósito de confortar el alma con músicas virtuosas y en absoluto festivas, acordes con la descripción que hace el obispo de él como un gran hombre, que manifiesta su grandeza en todas las facetas de su gobierno y de su quehacer diario.

Sidonio Apolinar resalta en todo el texto la educación de Teodorico II en una dirección claramente romana, que le lleva a adoptar en el plano político una actitud de marcado carácter filoimperial, en gran medida debida a las buenas relaciones que mantenía con el emperador Avito. Se nos presenta al monarca como ornato de su patria, superior incluso a su padre en sus hechos y en su formación, y que por todo ello constituye la garantía y la salvación del pueblo romano. Estas realidades son las que explican un retrato tan altamente favorable, que se inscribe como hemos dicho en la más pura tradición del panegírico romano, y que sirve para asociar de forma incuestionable la figura real con la propia civilitas, al compendiar en Teodorico el conjunto de virtudes que eran características del emperador romano. En la medida por tanto en que la política visigoda se identificara con los intereses de la nobleza galorromana, así se proyectaba la imagen del rey como gobernante ideal, que concitaba el consenso y aprobación de los provinciales, dispuestos a la colaboración.

La apreciación de Sidonio supone de este modo un nuevo nivel en la realidad de las relaciones de los galorromanos con los militares bárbaros, que se expresan en valoraciones positivas de los mismos en el sentido de concebirlos, con matices, como sus iguales, frente a un momento anterior en el que eran considerados como individuos de condición inferior. El autor, por consiguiente, sujeto a los prejuicios característicos y definitorios de su clase, varía y adapta su discurso en función de la coyuntura concreta, que le lleva a loar las muestras de colaboración aun cuando sus intereses particulares han sido perjudicados.

La anterior dualidad formulada por el historiador Claudiano (siglo V d. C.) entre el bárbaro hostil y el bárbaro colono ha dado paso ahora a la consolidación de los visigodos como grandes propietarios, en el mismo plano que los galorromanos, lo que es prueba irrefutable de su asimilación de las estructuras propias del Bajo Imperio. De esta manera los visigodos, a lo largo de un proceso lento que culmina en la Galia, han llegado a tener un rey como Eurico, en consonancia con la evolución sufrida por los propios galorromanos y de su asunción de las nuevas realidades, quien representa un proceso que supone pasar de ser los defensores de un determinado y preestablecido orden romano a erigirse en estrecha colaboración con la nobleza gala en artífices de sus propios esquemas políticos. Sidonio Apolinar es consciente, a su pesar, de la serie de cambios producidos, y por ello trata a los reyes visigodos en un nivel de igualdad, acorde con las nuevas realidades, que se concretan, decimos, en la integración progresiva de los visigodos y en la consiguiente disminución o desaparición de la utilización de la idea de barbarie. Hay por tanto en estos momentos históricos una relatividad en el propio concepto de barbarie, que hace de esta idea un instrumento reversible que puede ser utilizado en función del contexto del momento. En este nuevo plano Sidonio subordina sus juicios y la orientación de los mismos a la intención de carácter propagandístico que quiera imprimir en él esa circunstancia concreta, eligiendo una de las dos visiones del bárbaro, la positiva y la negativa, para cargar de intencionalidad el discurso que en ese momento le interesa difundir. Se trata de diferentes claves que muestran la complejidad de este mundo en proceso de cambio, en el que los conceptos sancionadores del poder se utilizan o reutilizan con contenidos e intenciones muy diferentes en función de los motivos últimos que explican el grado de consenso existente (para todo lo anterior, Pérez Sánchez, 1997: 223-241).

En este proceso dialéctico que se establece entre los dos conjuntos de población a partir del año 418 asistimos por tanto a una progresión en la plasmación de las nuevas realidades. Es importante observar que, de acuerdo con Sidonio, partimos de un momento en el cual la relación romano-visigodo se establece precisamente en este orden, y se manifiesta en la subordinación de los monarcas godos a la figura del emperador romano Avito, subordinación que se refuerza en el plano de la concordia existente en el panegírico mencionado de Teodorico II. Más tarde, sin embargo, se invierte la preeminencia y por tanto el orden en la subordinación existente. Eurico es el dominus a cuyo servicio se encuentra, entre otros, León de Narbona, con lo que la idea de servicio se produce en sentido inverso desde el punto de vista de la práctica política. De esta forma, y a pesar de sus mensajes claramente diferenciadores, que como hemos visto en ocasiones se traducían en evidentes prejuicios ideológicos, que no de clase, Sidonio procede a través de sus escritos a un importante papel legitimador del poder político, adaptándolo a las circunstancias concretas y convirtiéndose incluso en un teórico del mismo. Es interesante retener esta idea, porque de alguna manera, y salvando las distancias existentes, el obispo de Clermont-Ferrand puede considerarse, como religioso y gran propietario, predecesor de las construcciones teóricas que respecto a la monarquía y la idea de concordia en el reino se realizarán un siglo más tarde en la Península Ibérica, anticipando la base sobre la cual se llevaría a cabo el necesario marco político, garantía de la cohesión social.

3.4. El nuevo poder franco y el fin del reino de Tolosa

Durante las últimas décadas del siglo V y las primeras del siglo VI se terminaron de configurar las nuevas entidades políticas que habrían de sustituir al Imperio de Occidente y en las que junto a vándalos, suevos, visigodos y burgundios intervinieron nuevos poderes militares, los de ostrogodos y francos. En Italia, el poder del jefe bárbaro Odoacro nunca terminó de ser aceptado por el emperador de Constantinopla, que en 489 recurrió a las tropas de los federados ostrogodos para desplazarlo e imponer su autoridad sobre las provincias italianas y dálmatas. La eliminación de Odoacro no fue fácil, pues no sólo contaba con el sostén de las tropas bárbaras que lo habían alzado al poder en 476, sino también con el apoyo de la clase senatorial itálica, que había aceptado su jefatura, renunciando a designar a un sustituto de Rómulo Augústulo y enviando una embajada a Constantinopla solicitando que fuera el propio emperador de Oriente quien asumiera la soberanía. Finalmente, el rey ostrogodo Teodorico el Grande se hizo con la victoria en 493. Teodorico, que había irrumpido en Italia en nombre del emperador de Oriente, nunca llegó a romper con el gobierno de Constantinopla, pero al mismo tiempo sus largos años de reinado se desarrollaron en el marco de una gran autonomía militar y también política, que hicieron que las provincias italianas y dálmatas se desvincularan del poder central y también se regionalizaran dando lugar al surgimiento de un nuevo reino romano-bárbaro. El reino ostrogodo fue reconocido formalmente por el emperador de Oriente, Anastasio, en 497/498, fecha en que Teodorico recibió de Constantinopla vestiduras regias y ornamentos para su palacio (Heather, 1996: 220). Además Teodorico puso en pie un sistema de alianzas con los reyes bárbaros, reforzadas mediante enlaces matrimoniales, destinado a establecer su hegemonía sobre el conjunto del Occidente postimperial, en el que desde un principio fueron integrados los vándalos, que perdieron su posición dominante y quedaron relegados a un segundo plano.

Esos mismos años coincidieron con el desarrollo en el norte de las Galias de un nuevo poder bárbaro, el de los francos, bajo la dirección de Clodoveo, que había sucedido en 481/482 a su padre Childerico. Este último fue rey de un sector de los francos salios y también general federado al servicio del magister militum Egidio, pero a su hijo y sucesor Clodoveo (481/482-511) le corresponde el mérito de la constitución del reino franco. Clodoveo a lo largo de su reinado logró reunir a todos los francos —los salios y los renanos o ripenses— bajo su única jefatura y además en 486 acabó con el último bastión romano en el norte de las Galias: un enclave entre el Loira y el Somme con centro en Soissons donde gobernaba Siagrio, hijo de uno de los últimos grandes funcionarios romanos en esa área, el general Egidio. Bastión que Clodoveo no destruyó, sino que incorporó a sus dominios, integrando a su población, junto con su orden social y político, y convirtiendo este territorio en el núcleo central del reino (Werner, 1984: 338-339). A partir de entonces, los máximos rivales del expansionismo franco en las Galias serán los visigodos, que bajo la dirección de Eurico habían llegado a ser la fuerza principal del Occidente postimperial, si bien el enfrentamiento entre ambos poderes será desfavorable a estos últimos.

Para conocer las profundas transformaciones experimentadas por el reino visigodo de Tolosa desde la muerte de Eurico en 484 hasta la extinción de su dinastía en 531 contamos con el testimonio de importantes fuentes. Destacan de manera particular las de naturaleza jurídica, como el Breviario de Alarico II y las actas de varios concilios provinciales. Disponemos además de abundantes datos referentes a las prácticas de la administración a través de las epístolas de Casiodoro, ministro del rey ostrogodo Teodorico el Grande. Por último, varias historias y crónicas, compuestas en época posterior, arrojan luz sobre los acontecimientos políticos de este período. Entre las más interesantes se encuentran la Getica del obispo Jordanes de Crotona, la ya mencionada Historia Gothorum de Isidoro de Sevilla y la Historia Francorum de Gregorio de Tours. La parcialidad de Gregorio de Tours es frecuentemente subrayada por los estudiosos, pero hasta las últimas décadas del siglo XX no se ha comenzado a revisar en profundidad su discurso sobre el reinado de Clodoveo, estrechamente supeditado a una visión providencialista que vincula los logros del monarca franco con su conversión al catolicismo y paralelamente los reveses de burgundios y visigodos con su adscripción a la herejía arriana (Wood, 2003: 125-153). Esta interpretación en clave religiosa ha venido condicionando desde entonces la producción historiográfica, necesitada igualmente de revisión.

Desde el punto de vista historiográfico el reinado de Alarico II (484-507), hijo y sucesor de Eurico, no siempre ha sido bien enfocado. En parte por el lastre de la interpretación de Gregorio de Tours, pero también porque tradicionalmente se ha considerado como un epígono del poder visigótico en el sur de las Galias, debido a que el enfrentamiento con los francos y la derrota final frente a éstos ha suscitado mayor interés entre los estudiosos, que los logros alcanzados en el proceso de conformación del reino. En este campo, por el contrario, se produjeron significativos avances, por una parte, en lo que concierne a la proyección territorial del reino al sur de los Pirineos, pero especialmente en lo que respecta a la integración de los provinciales romanos y del clero católico.

Alarico, con objeto de contrapesar la presión franca, había logrado establecer una firme alianza con el nuevo y poderoso reino ostrogodo, alianza iniciada en 490, cuando un ejército visigodo auxilió a Teodorico el Grande, asediado en Pavía por Odoacro, y sellada en 494 con el matrimonio de Alarico y Tiudigoto, hija o quizá hermana del monarca ostrogodo. Tradicionalmente, estos acuerdos se han venido atribuyendo a las afinidades étnicas entre visigodos y ostrogodos. Sin embargo, el elemento étnico había dejado ya de ser pieza clave en unos reinos, en los que la población de origen romano tenía tanto o mayor peso que la de origen bárbaro, que, por otra parte, había perdido muchos de sus rasgos culturales originarios debido a la asimilación de la cultura romana. Por todo ello se puede decir que primaron los intereses políticos sobre los étnicos. Además, en esos años Teodorico puso en pie un complejo entramado de alianzas matrimoniales destinado a preservar su hegemonía, en el que además de los visigodos quedaron integrados los vándalos, los burgundios, por entonces enfrentados con los visigodos al bloquear éstos su salida al Mediterráneo, e incluso los propios francos, al casar Teodorico con una hermana de Clodoveo.

Sin embargo, este juego de alianzas no logró evitar que hacia 494-495 los francos, una vez completado el dominio sobre el llamado reino de Siagrio, traspasaran el Loira y atacaran el reino visigodo. Se inició entonces un período de guerras que tuvo por escenario Aquitania, región donde los visigodos se hallaban asentados desde comienzos del siglo V y donde los francos llegaron a ocupar temporalmente algunas de sus principales ciudades. Este período de guerras concluyó en torno al año 500, después de que Alarico y Clodoveo se reunieran en una isla del Loira, con objeto de poner fin a las hostilidades (Greg. Tur., II, 35). El acuerdo parece que restableció la frontera entre ambos reinos en el Loira y es posible que también fijara la entrega de Siagrio, que se había refugiado en la corte de Tolosa tras la caída de Soissons y que una vez entregado por Alarico fue ejecutado.

Coincidiendo con estos acontecimientos, los visigodos sofocaron una revuelta en Hispania liderada por un tal Burdunelo, que asumió tiránicamente el poder en 496 y que un año más tarde fue capturado y conducido a Tolosa, donde fue quemado dentro de un toro de bronce (Chron. Caesarag. a. 496 y 497), circunstancias que inducen a pensar que la revuelta llegó a alcanzar cierta envergadura. Intercaladas con estas noticias, la Chronica Caesaraugustana incluye otras indicando, que en los años 494 y 497 los godos entraron en Hispania y que recibieron allí lugares de asentamiento (Gothi intra Hispanias sedes acceperunt). Puesto que para entonces los visigodos ya habían conquistado la Tarraconense y parte de la Lusitania, se ha interpretado que la noticia hace referencia a la penetración de un grupo significativo de población goda, no necesariamente militar, quizás emigrada de las Galias ante la presión franca, que pasó a establecerse en la Península en calidad de cultivadores de la tierra. Recientemente se ha propugnado identificar a estos gothi con tropas destinadas a reafirmar el dominio visigodo en la Península y establecidas a tal fin como guarniciones en las ciudades (García Moreno, 1989: 80). En todo caso, ya fueran tropas, ya grupos godos no encuadrados en estructuras militares, la referencia a los asentamientos (sedes acceperunt) indica de forma expresa que durante el reinado de Alarico II se incrementó la presencia visigoda en Hispania. En resumen, nuevos asentamientos y represión de revueltas, además de la de Burdunelo hay noticia de la represión de un nuevo foco en la ciudad de Tortosa (Chron. Caesarag. a. 506), inducen a pensar que en época de Alarico II los dominios visigodos al sur de los Pirineos estaban siendo integrados de forma bastante efectiva en el reino visigodo de Tolosa.

En esos mismos años, Alarico entró en conflicto con algunos obispos católicos de las provincias subgálicas, que fueron sometidos a destierro. Unas medidas represivas que parecen responder más a razones políticas, que a una actitud de intolerancia religiosa hacia sus súbditos romano-católicos, ya que las disposiciones legislativas y religiosas adoptadas por Alarico en 506 —promulgación del Breviario y convocatoria del Concilio de Agde— revelan que el monarca visigodo puso un gran interés en superar los problemas de todo tipo, incluidos los religiosos, que seguían distanciando a romanos y germanos. Se ha dicho que la fecha de adopción de estas medidas en cierto modo las invalida, pues serían un recurso de última hora destinado a neutralizar la ascendencia de los francos, convertidos por entonces al catolicismo. Se trata, sin embargo, de una crítica poco fundada, ya que al menos la labor legislativa de Alarico no fue una obra improvisada. Por otra parte, las noticias concernientes al bautismo de Clodoveo presentan problemas de datación difíciles de solventar y algunos estudiosos tienden a situarlo después de la derrota de los visigodos en Vouillé (Pietri, 1983: 330-340), siendo incluso posible que con ocasión del mismo el monarca franco no sólo abjurase del paganismo, tal como sostiene Gregorio de Tours, sino de la herejía arriana (Wood, 2003: 145-151).

Alarico, como su padre, fue un rey legislador y su código, el Breviario de Alarico o Lex Romana Visigothorum, promulgado en 506, es una vasta compilación de derecho romano, que reúne constituciones imperiales, tomadas en su mayoría del Código Teodosiano, a las que se añadieron comentarios o interpretationes actualizando su contenido, más una selección de obras de jurisconsultos romanos. La promulgación de este código por un rey bárbaro, preocupado por divulgar el derecho romano actualizándolo y ordenando la obligatoriedad de sus normas, constituyó un hecho sin precedentes. Por otra parte, esta tarea no pudo ser abordada sin contar con la colaboración de los sectores más romanizados y cultos de su reino y así de forma expresa en su decreto de promulgación se dice que la obra fue tarea colectiva de una comisión de jurisconsultos presidida por el comes godo Goiaricus, y que una vez finalizada fue sometida a la aprobación de los obispos y de un grupo selecto de provinciales. El original de este cuerpo legal fue depositado en el tesoro real y cada comes civitatis recibió una copia con orden expresa de que en adelante no se usara ningún otro libro de derecho. Por consiguiente, la promulgación del Breviario representa un esfuerzo notable por hacer converger los intereses de la población romana, representada por sus dirigentes en la elaboración de aquél, y la goda, que también participó en el proceso y cuyo interés por asimilarse al orden social y económico del imperio romano tardío era cada vez mayor (Barbero-Loring, 1988: 430-433).

En este mismo contexto hay que situar el concilio celebrado en la ciudad de Agatha (Agde) en ese año de 506, donde se reunieron los obispos católicos subgálicos, algunos de los cuales ya habían vuelto del destierro. Las actas de este concilio, con su datación por el año del reinado del monarca y su numerosa asistencia —veinticuatro obispos, más ocho presbíteros y dos diáconos en nombre de otros diez pontífices—, ponen de relieve que la iglesia católica se hallaba plenamente integrada en la nueva realidad política representada por el reino visigodo. En el panorama contemporáneo, la celebración de esta asamblea conciliar resulta aún más significativa, ya que fue el primer concilio convocado por un rey bárbaro, que asumió así funciones imperiales, y el primero en reunir a buena parte de los prelados de un reino bárbaro, prescindiendo de las tradicionales divisiones eclesiásticas. Aún más, otras noticias aluden a que al término de la asamblea se anunció la reunión de un nuevo concilio, que habría de celebrarse al año siguiente en Tolosa y al que también estarían invitados los obispos de Hispania. Es decir, que habría reunido a la totalidad de los obispos del reino en un sínodo ya plenamente “nacional”, que habría de celebrarse en su capital (Barbero, 1989: 171-173).

Todo esto sucedía en vísperas de la gran contienda con los francos, cuya suerte desfavorable a los visigodos tradicionalmente se ha hecho recaer, siguiendo de forma mimética al obispo galorromano Gregorio de Tours, en una supuesta falta de entendimiento entre godos y romanos por causa de los distintos credos religiosos de unos y otros, algo que claramente desmienten los hechos que se acaban de exponer. El rey ostrogodo Teodorico el Grande, que dominaba en la antigua diócesis itálica y que en cierta medida representaba al poder imperial en Occidente, trató de evitar a toda costa la guerra en las Galias, según se desprende de la correspondencia de su ministro, el senador italorromano Casiodoro. Finalmente en el año 507 tuvo lugar el enfrentamiento abierto entre francos y visigodos, en las cercanías de la ciudad de Poitiers. Un ejército burgundio combatió junto a los francos, en tanto que el ejército visigodo contaba con miembros de la nobleza galorromana, entre ellos un hijo de Sidonio Apolinar, que sin duda aportaban sus comitivas o ejércitos privados (Greg. Tour. II, 37). Dos colaboraciones que invalidan la interpretación religiosa de Gregorio de Tours, pues difícilmente el monarca arriano Gundebaldo habría intervenido en una cruzada antiarriana (Wood, 2003: 142) y aún mas difícil que el católico Sidonio lo hiciera en apoyo del bando herético.

Teodorico, al parecer, trató de reforzar el ejército visigodo con sus propias tropas, pero los acontecimientos se precipitaron sin que éstas llegaran a incorporarse y la batalla en el Campus Vogladensis o Vouillé dio la victoria a los francos. El rey visigodo Alarico murió en el combate, los francos y sus aliados burgundios ocuparon la mayor parte de las provincias subgálicas del reino visigodo, y su capital Tolosa fue saqueada y despojada de sus tesoros.

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De la hegemonía ostrogoda
a la restauración imperial (507-569)

4.1. El proyecto de Teodorico el Amalo y su fracaso

La batalla de Vouillé va a dar lugar a un nuevo equilibrio de poderes en el Occidente postimperial. Hasta ese momento el reino visigodo de Tolosa había detentado una posición preeminente, sin embargo la derrota sufrida por su ejército y la muerte de su rey Alarico II no sólo encumbrará al reino franco, cuyo monarca sería honrado al poco de esta victoria por el emperador Anastasio con un consulado honorario y el patriciado (Greg. Tour. II. 38), sino especialmente al reino ostrogodo. Después de la derrota, parte del ejército visigodo consiguió reagruparse en Narbona y eligió como rey a Gesaleico, bastardo o hijo de una primera unión del rey muerto. Pero, esta decisión no contó con la aquiescencia de Teodorico el Grande, que no tardó en intervenir de forma decidida en provecho de los intereses de su propia dinastía de los Amalos, sin que quede claro si lo hizo en defensa de los derechos de Amalarico, hijo de Alarico II y de la princesa ostrogoda Tiudigoto, o de sus propios proyectos hegemónicos.

En el verano de 508 un ejército ostrogodo al mando del dux Ibas cruzó los Alpes y arrebató la Provenza a los burgundios tras tomar Marsella y levantar el sitio de Arlés, donde la guarnición visigoda aún resistía, y al año siguiente el ejército ostrogodo tomó Narbona, de donde Gesaleico había sido expulsado unos meses atrás por los burgundios. Mientras tanto, en Barcelona, donde se había trasladado Gesaleico, el avance del ejército ostrogodo debió desatar una lucha de facciones, que terminó con la muerte del comes Goiaricus por orden de Gesaleico, de lo que se desprende que el tema sucesorio tenía profundamente divididos a los visigodos (Fuentes Hinojo, 1996: 12-15). Finalmente, el encuentro tuvo lugar en el verano de 410 a las puertas de Barcelona y Gesaleico salió derrotado, pero logró huir y refugiarse en el reino vándalo. Pocos meses después Gesaleico regresó a las Galias, donde contando con la ayuda financiera prestada por los vándalos no tardó en reunir a sus partidarios y formar un ejército, al frente del cual presentó batalla al dux Ibas cerca de Barcelona. Sin embargo, según relata Isidoro, la suerte le fue de nuevo adversa y acosado por todos fue hecho prisionero y ejecutado (Hist. Goth. 34).

De esta forma Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos y gobernante efectivo de la mayoría de los territorios —las dos diócesis itálicas, Dalmacia y Panonia— integrados en la antigua prefectura itálica, se hizo con el control de la franja litoral subgálica y los territorios peninsulares del antiguo reino de Tolosa, cuyos destinos regiría hasta su muerte en 526. La tradición historiográfica considera que la intervención ostrogoda fue la que salvó la continuidad del reino visigodo, que de otra forma hubiera desaparecido sumergido bajo la marea franco-burgundia. Sin embargo, recientemente se ha apuntado que de no ser por la intervención del ostrogodo Teodorico la dinastía de los Baltos hubiera seguido reinando, pues no todo se hallaba perdido cuando el ejército de Ibas entró en escena (Wolfram, 1990: 257-258). En esta misma línea, también cuestiona que Teodorico gobernara en la Provenza, la Narbonense y los territorios hispanos del antiguo reino visigodo en calidad de regente de su nieto Amalarico, sino que, por el contrario, habría detentado la potestad regia por derecho propio, adquirido por el ejercicio de las armas. Numerosos hechos y noticias apuntan en favor de esta última interpretación, desde los sistemas de datación de las actas sinodales hispanas por el año del reinado de Teodorico, hasta el alejamiento del poder de Amalarico, que no ocupó el trono hasta la muerte de su abuelo, aunque hacía tiempo que había alcanzado la mayoría de edad. Pero sobre todo, el matrimonio que en 515 concertó Teodorico entre su hija Amalasunta y Eutarico, un miembro de la casa de los Amalos, cuya familia durante generaciones había vivido en el reino visigodo de Tolosa y estaba entroncada con la casa de los Baltos, al que hizo venir de Hispania. Esta política matrimonial estaría destinada a facilitar la fusión de ambos reinos bajo una misma monarquía, encarnada en la persona de Eutarico y sus descendientes, aunque la prematura muerte del príncipe Eutarico en 522 frustró el ambicioso proyecto de Teodorico (García Moreno, 1989: 89-90; Fuentes Hinojo, 1996: 15-17).

El gobierno de los territorios rescatados de entre las ruinas del reino de Tolosa fue organizado por Teodorico sobre la base del esquema tardorromano que separaba las funciones civiles y militares, designando para las primeras a ciudadanos romanos y para las segundas a miembros de la nobleza militar ostrogoda. Así, la jefatura militar fue confiada al ostrogodo Teudis, que había sido enviado en 511 en sustitución de Ibas y a quien, según Jordanes, el rey ostrogodo confió la tutela del joven Amalarico. El general Teudis, que por su matrimonio con una rica propietaria hispanorromana podía también disponer de un ejército privado de varios miles de hombres, reclutados entre los campesinos de sus tierras, (Proc. De bellis. V. 12. 5), llegó a tener un grado de independencia muy grande, hasta el punto de no acudir a las llamadas de Teodorico reclamando su presencia. Sin embargo, nunca se llegó a producir la ruptura entre ambos personajes, sin duda ante el temor de que cualquier conflicto pudiera ser aprovechado bien por los francos para ampliar sus territorios, bien por aquellos visigodos contrarios a la supremacía ostrogoda.

En cuanto a la administración civil, parece que los territorios hispánicos quedaron directamente sometidos a las directrices de Rávena, residencia habitual de los monarcas ostrogodos. Esto es al menos lo que se desprende de dos cartas de Teodorico, fechadas entre 523 y 526, dirigidas a dos altos funcionarios de origen romano, el comes y también vir spectabilis Liuvirito y el vir illustris Ampelio (Cassiod. Variae. V. 35. 39). En una de estas cartas, el rey reclamaba aquellos cereales producidos en Hispania que debían proveer a las necesidades de la ciudad de Roma y que, según denunciaba, eran desviados a África para nutrir los circuitos comerciales. En la otra carta, Teodorico ordenaba corregir los principales defectos y abusos que venía cometiendo la administración hispana, recomendando a sus oficiales velar por la vida humana y castigar severamente los homicidios, poner coto a fraudes y abusos en la recaudación de los impuestos, controlar que las rentas de los fondos regios guardaran la debida proporción con la producción de las fincas, y asimismo velar por que la población ingenua mantuviera su condición y no se viera reducida a la servidumbre.

Esta intervención directa de Teodorico plantea interrogantes, puesto que en 510 Teodorico había restablecido la prefectura de las Galias, bajo la administración del patricio Liberio, quien, al menos en teoría, era el intermediario entre la corte de Rávena y los gobernadores provinciales de Hispania. Cabe pensar, por tanto, que el progresivo triunfo de la regionalización hizo inviable la recién restaurada prefectura gala y en cambio favoreció la creación de una nueva prefectura hispana, documentada pocos años después, y a cuyo frente bien pudo estar el vir illustris Ampelio (García Moreno, 1989: 92). Es también probable que el comes y vir spectabilis Livirito ostentase el cargo de conde del patrimonio, ya que la creciente importancia de los ingresos procedentes de los fondos regios en las finanzas del reino ostrogodo llevó a Teodorico a reorganizar su administración, segregándolos del antiguo departamento financiero “de las cosas privadas” y confiando su gestión a uno nuevo con el nombre de Patrimonium (Delmaire, 1989: 691-692), medida que bien pudo extenderse también a Hispania. Por último, el interés del monarca por que la población ingenua mantuviera su condición, ordenando suprimir las viciosas servidumbres prestadas a los miembros de las guarniciones godas de las ciudades, indica que la fuerza de las armas contribuyó a reforzar la entrada en servidumbre o dependencia de los libres de inferior condición. Situación que lleva a Casiodoro a poner en boca de Teodorico la siguiente frase: “En verdad, no resulta honroso tratar de obtener servidumbre de los libres, a quienes habíamos enviado a luchar por la libertad” (Cassiod. Var. V. 39).

4.2. Fragmentación política y formación del reino visigodo de Toledo

4.2.1. La hispanización del reino visigodo

El 30 de agosto del año 526 murió Teodorico el Grande y con su muerte, fracasado ya el proyecto que propugnaba la unión de ambos reinos, los visigodos recuperaron su autonomía política. Su nieto Amalarico pasó entonces a regir los destinos del reino visigodo y alcanzó un acuerdo con su primo Atalarico, por el cual reconoció el dominio ostrogodo en la Provenza y obtuvo a cambio la devolución del tesoro regio visigodo y la renuncia del rey ostrogodo a los tributos procedentes de Hispania. También, se acordó que las tropas ostrogodas destacadas en la Península y en la Narbonense regresaran a Italia, si bien aquellos ostrogodos que se habían unido en matrimonio durante el período anterior quedaban en libertad de elegir nación. Teudis y otros altos mandos optaron por permanecer en Hispania, donde seguirían ocupando posiciones hegemónicas a pesar de la retirada del ejército ostrogodo (Proc. De bellis. V. 13. 4-8). En lo concerniente al gobierno del reino, el nuevo rey Amalarico (526-531) trasladó su corte a Narbona y en 529 nombró a un tal Esteban praefectus Hispaniarum (Chron. Caesarag. og. a. 529). Si se acepta que esta prefectura existía desde los últimos años del reinado de Teodorico, Esteban habría sido designado en sustitución del anterior prefecto, por lo que podría pensarse que tanto el traslado de la corte como este nombramiento respondían a un intento de tomar las riendas del poder y escapar a la tutela de Teudis.

El nuevo monarca también contrajo matrimonio con una hija del rey franco Clodoveo, llamada Clotilde, matrimonio que había sido concertado a la muerte de aquél, es decir cuando todavía Amalarico se hallaba bajo la tutela de Teudis (Greg. Tour. III. 1). Esta alianza matrimonial buscaría poner fin al hostigamiento franco, renunciando a cambio a todo intento de recuperación de los antiguos dominios visigodos en las Galias. No obstante, el matrimonio regio pronto se va a convertir en un nuevo motivo de enfrentamiento con los francos, que Gregorio de Tours atribuye a la presión ejercida por Amalarico sobre la princesa Clotilde para lograr su conversión al arrianismo. Las razones esgrimidas por Gregorio de Tours son excesivamente simplistas, si bien se ha sugerido que efectivamente las relaciones del rey con el círculo romanocatólico de la corte de Narbona no eran expresamente cordiales, más por razones políticas que religiosas, ya que este círculo seguiría bien relacionado con Teudis, verdadero artífice de la alianza y ahora enfrentado a Amalarico (Fuentes Hinojo, 1996: 21). Por otra parte, los compromisos de no intervención en las Galias podían ser contrarios a los intereses del nuevo monarca, pues el traslado de la corte a Narbona revela un interés por afirmar el poder godo en los territorios subgálicos del reino.

En todo caso, en la primavera de 531 el rey franco Childerico penetró en la Galia narbonense al frente de su ejército y en las proximidades de Narbona se enfrentó con Amalarico, a quien derrotó. Gregorio de Tours nos da detalles de esta campaña triunfal de los francos, informando que Childeberto se llevó consigo a su hermana Clotilde, que ésta murió en el viaje, y también que los francos obtuvieron un enorme botín (Greg. Tour. III. 10). Después de la derrota, Amalarico se refugió en Barcelona y allí fue asesinado en circunstancias poco claras, ya que los relatos de las fuentes no resultan coincidentes. La versión de Isidoro de Sevilla, responsabilizando del regicidio a soldados de su ejército, y la deposición ese mismo año del prefecto Esteban permiten sospechar la intervención de Teudis y esclarecen las palabras que, según Isidoro, pronunció éste en el momento de su muerte, acusándose de haber aniquilado a su jefe mediante engaño (His. Goth. 43). En definitiva, la muerte de Amalarico, último representante del linaje de los Baltos, estaría más relacionada con los conflictos internos, que con los problemas con los francos, aunque indudablemente su derrota ante el ejército de Childerico serviría de detonante a sus opositores.

A pesar de que la nueva derrota ante los francos vino a sancionar el repliegue del poder visigodo en las Galias inaugurado en Vouillé, la etapa de supremacía ostrogoda y el propio reinado de Amalarico se caracterizaron por la expansión y consolidación del poder gótico en la Península Ibérica. Las revueltas que conocemos para los últimos tiempos de Alarico II parecen superadas y en su lugar las noticias reflejan una colaboración por parte de las élites dirigentes hispanorromanas, en consonancia con el ideal de civilitas o coexistencia pacífica entre godos y romanos propugnado por Teodorico. Así, las actas de tres concilios provinciales —Tarragona, Gerona, Toledo II— celebrados en esos años demuestran que las relaciones entre el clero católico y la monarquía arriana mantenían la misma fluidez de etapas anteriores. Por otra parte, las actas del II Concilio de Toledo de 531 ponen de manifiesto que para entonces el poder gótico había incorporado plenamente a su dominio las regiones centrales de la Península Ibérica. Con ocasión de este concilio emerge una nueva provincia eclesiástica de nombre Carpetana o Celtibérica bajo la égida de la sede toledana, hasta entonces sufragánea de Carthago Spartaria (Cartagena), que extendía su jurisdicción sobre las dos mesetas. Probablemente, se habría desgajado de la antigua provincia Cartaginense para adaptarse a la realidad política del reino visigodo, mejor implantado en estas regiones del centro peninsular que en las regiones costeras de la Cartaginense (Barbero de Aguilera, 1989: 173-79), incorporando también territorios de la meseta norte tradicionalmente adscritos a sedes radicadas por entonces en el reino suevo (Gómez Moreno, 1988: 158-159). La nueva provincia eclesiástica sería sin duda reflejo de los cambios ocurridos en la administración civil y su existencia implica que a comienzos de la década de 530 el dominio visigodo se extendía sin solución de continuidad desde la Galia Narbonense hasta las regiones meridionales de Lusitania.

A partir de 531, con la extinción del último descendiente de la casa de los Baltos, el reino visigodo entra en una nueva etapa, en la que las luchas de bandos o facciones por el control del trono adquieren un señalado relieve, lo que facilitará en última instancia la intervención imperial. No fue éste el único factor de inestabilidad interna, pues también se generaron conflictos con los cuadros dirigentes hispanorromanos de las regiones meridionales. Por otra parte, la Península Ibérica no permaneció al margen del nuevo equilibrio de poderes generado por la intervención imperial y si en los momentos álgidos de las guerras vándalas y góticas los soberanos de estos reinos buscaron el apoyo de la monarquía visigoda, también la propia dinámica del programa restaurador justinianeo llevó al gobierno imperial a interesarse por los asuntos hispanos.

En los años inmediatos a la desaparición de Amalarico, el reino visigodo estuvo regido por dos generales de origen ostrogodo, Teudis y Teudisclo. Su ascenso a la realeza no era más que la lógica consecuencia de la supremacía ostrogoda de la etapa anterior. Teudis, como pudo verse, fue hombre de confianza de Teodorico el Grande y desempeñó por delegación de éste, aunque de manera extremadamente autónoma, la máxima jefatura militar. Esta circunstancia y los vínculos que por su matrimonio habría establecido con la todavía poderosa clase senatorial hispanorromana, hicieron de él el candidato ideal para suceder a Amalarico, con independencia de que alcanzara el trono de forma violenta tal como sugiere Isidoro e indica de forma expresa Jordanes, quien señala que el antiguo tutor invadit el reino a la muerte de aquél (Jord. 302).

Desde los primeros tiempos del reinado de Teudis (531-548) las noticias dan fe de los progresos del dominio gótico en las regiones meridionales de la Península, concretamente en la Bética y en las regiones costeras de la Cartaginense, un progreso que pudo acelerarse ante las nuevas exigencias defensivas derivadas de la intervención justinianea en el Mediterráneo occidental. Existen indicios suficientes como para creer que en el verano de 533, momento en que se desencadena la guerra vándala, la corte de Teudis se hallaba instalada en Hispalis (Sevilla). Según Procopio una misión diplomática vándala recabó la colaboración del monarca ante el inminente ataque imperial, pero éste, informado ya de la caída de Cartago gracias a unos barcos mercantes procedentes de dicha ciudad, que tras remontar el Guadalquivir habían arribado a la residencia del monarca visigodo, evidentemente Hispalis, evitó comprometerse (Proc. III. 24. 7-18). Sólo unos meses después, a comienzos de 534, las fuerzas imperiales ocuparon los últimos reductos del poder vándalo en la costa occidental de África y la región del Estrecho, así como las islas Baleares.

A partir de 533 el conjunto del Mediterráneo occidental asistió al despliegue del aparato militar y administrativo del Imperio de Oriente. El emperador Justiniano (527-565) desarrolló un vasto programa destinado a restablecer la autoridad imperial sobre los territorios que a lo largo del siglo V habían pasado a ser administrados por monarcas bárbaros bajo la supremacía teórica de Constantinopla, cuya soberanía nunca fue explícitamente cuestionada. Este proyecto restaurador supo beneficiarse de la difícil situación por la que atravesaban los distintos reinos bárbaros a comienzos del siglo VI, enfrentados entre sí a causa de sus proyectos expansionistas y desgarrados en su interior por crisis dinásticas, usurpaciones del poder regio y conflictos con sus súbditos latinos. Como consecuencia, el África vándala, la Italia ostrogoda y el sudeste de la Península Ibérica fueron reintegradas al Imperio.

La rápida destrucción del reino vándalo supuso el establecimiento de un nuevo equilibrio de poderes en la región del Estrecho y del mar baleárico. En el mismo año de 534, Justiniano, en una constitución recogida en su Código se ocupó de reorganizar los territorios vándalos dentro de las estructuras administrativas del Imperio. En el caso del Estrecho, destacó un tribuno en la ciudad de Ceuta que tenía a su cargo tropas y barcos para vigilar los movimientos de los bárbaros de Hispania y las Galias (CJI, 37). Teudis también reaccionó ante la nueva situación reforzando las zonas costeras con tropas y fortificaciones, tal y como se desprende de recientes hallazgos arqueológicos efectuados en Denia, el enclave peninsular más próximo a las islas Baleares (Vallejo Girvés, 1993: 77). Quizá date de entonces la plena integración al dominio visigodo de las regiones costeras de la Cartaginense, atestiguada por las fuentes jurídicas para los últimos años de reinado de Teudis. No en vano las actas del concilio de Valencia de 546, que probablemente estuvo presidido por el obispo de Carthago Spartaria, se fechan por el año del reinado del citado monarca.

El malestar generado en el reino visigodo por la presencia de fuerzas imperiales en las inmediaciones de la Península Ibérica se vería incrementado a partir de 535 con el inicio de las llamadas guerras góticas que condujeron al restablecimiento de la autoridad imperial sobre Italia y Dalmacia. Pese a la gravedad de la situación, Teudis siguió mostrándose cauto, evitando tomar partido en esta primera fase de la contienda, pues sin duda no deseaba provocar una ruptura de imprevisibles consecuencias con el gobierno de Constantinopla. Sin embargo, acontecimientos posteriores sugieren un cambio de posición a partir de 540. Isidoro dice que durante el reinado de Teudis dos monarcas merovingios penetraron en Hispania y saquearon la provincia Tarraconense, llegando a poner sitio a Zaragoza, pero que los godos a las órdenes de Teudisclo infligieron una severa derrota al ejército franco (Isid. Hist. Goth. 41). Esta incursión, que según la Chronica Caesaraugustana tuvo lugar en 541, se ha relacionado con la reanudación de la guerra en Italia y la elección al frente del reconstituido ejército ostrogodo de un monarca emparentado con Teudis, su sobrino Ildibaldo. Es probable que la intervención franca fuese promovida por el gobierno de Constantinopla, que a comienzos de las guerras góticas había sellado una alianza con los reyes merovingios, para tratar de impedir una coalición de fuerzas godas (García Moreno, 1987: 412-' 413).

Esta hipótesis sobre una coalición de fuerzas godas parece viable. Por una parte, hay que tener en cuenta que el equilibrio de fuerzas en Italia a partir de 540 se había invertido como consecuencia de la reapertura del frente persa, al que se destinaron la mayor parte de los recursos económicos y humanos del Imperio, incluido el victorioso general Belisario. Por otra, los monarcas ostrogodos Ildibaldo y su sucesor Totila estaban emparentados con Teudis, que en ese momento era el jefe del linaje y que pudo haber aspirado al ejercicio de una especie de soberanía eminente sobre los restos del poder ostrogodo. Esto es al menos lo que parece reflejar el hecho de que Teudis, con ocasión de la promulgación en 546 una ley sobre costas procesales rubricara ésta como Flavius Teudis (Zeumer, 1944: 467-469). El nomen de Flavius era el empleado por los emperadores romanos desde el siglo IV y había sido adoptado por el ostrogodo Teodorico el Grande a raiz de su adopción como hijo de armas por el emperador Zenón, por lo que no sería de extrañar que Teudis buscara establecer así un nexo de continuidad con la monarquía de los Amalos. Isidoro también relata que, luego del “feliz suceso” frente a los francos, los visigodos sufrieron un revés frente a los bizantinos, cuando las tropas godas tras cruzar el estrecho intentaron recuperar la ciudad de Septem (Ceuta). La noticia, al menos en la forma en que nos la ha transmitido Isidoro, plantea problemas, ya que resulta bastante dudoso que los visigodos llegaran alguna vez a ocupar Ceuta, pues esta plaza había pasado a estar controlada por los imperiales a raíz de la conquista del reino vándalo en 533-534. Las noticias, por tanto, resultan contradictorias, pero en cualquier caso, pone de manifiesto que la fase final de las guerras góticas estaba alterando seriamente el equilibrio de poderes en el Mediterráneo occidental (Fuentes Hinojo, 1996: 28-34).

Esta hipótesis sobre una coalición de fuerzas godas parece viable. Por una parte, hay que tener en cuenta que el equilibrio de fuerzas en Italia a partir de 540 se había invertido como consecuencia de la reapertura del frente persa, al que se destinaron la mayor parte de los recursos económicos y humanos del Imperio, incluido el victorioso general Belisario. Por otra, los monarcas ostrogodos Ildibaldo y su sucesor Totila estaban emparentados con Teudis, que en ese momento era el jefe del linaje y que pudo haber aspirado al ejercicio de una especie de soberanía eminente sobre los restos del poder ostrogodo. Esto es al menos lo que parece reflejar el hecho de que Teudis, con ocasión de la promulgación en 546 una ley sobre costas procesales rubricara ésta como Flavius Teudis (Zeumer, 1944: 467-469). El nomen de Flavius era el empleado por los emperadores romanos desde el siglo IV y había sido adoptado por el ostrogodo Teodorico el Grande a raiz de su adopción como hijo de armas por el emperador Zenón, por lo que no sería de extrañar que Teudis buscara establecer así un nexo de continuidad con la monarquía de los Amalos. Isidoro también relata que, luego del “feliz suceso” frente a los francos, los visigodos sufrieron un revés frente a los bizantinos, cuando las tropas godas tras cruzar el estrecho intentaron recuperar la ciudad de Septem (Ceuta). La noticia, al menos en la forma en que nos la ha transmitido Isidoro, plantea problemas, ya que resulta bastante dudoso que los visigodos llegaran alguna vez a ocupar Ceuta, pues esta plaza había pasado a estar controlada por los imperiales a raíz de la conquista del reino vándalo en 533-534. Las noticias, por tanto, resultan contradictorias, pero en cualquier caso, pone de manifiesto que la fase final de las guerras góticas estaba alterando seriamente el equilibrio de poderes en el Mediterráneo occidental (Fuentes Hinojo, 1996: 28-34).

Los últimos años del reinado de Teudis también están asociados al establecimiento de la sede regia en Toledo, ciudad en la que promulgó su ley de 546, promoción que sin duda fue consecuencia de su inmejorable localización con respecto al conjunto de territorios que conformaban el reino visigodo. Para entonces el poder visigodo se hallaba firmemente asentado en la Península Ibérica, donde los territorios previamente controlados se habrían visto engrandecidos con nuevas posiciones en las regiones meridionales, mientras que la Narbonense o Galia gótica parece haber quedado relegada a un segundo plano, dado que la última confrontación con los francos en vez de tener por escenario el sur de las Galias pasó a desarrollarse al sur de los Pirineos. De todo ello se desprende que el centro de gravedad político se había desplazado definitivamente a la Península Ibérica y permite hablar de una hispanización del reino visigodo. Al mismo tiempo, la expansión hacia el sur, que como se ha visto estuvo en gran medida relacionada con motivos estratégicos, fue también resultado de la capacidad de Teudis para integrar a los antiguos provinciales romanos, capacidad puesta de relieve por su propio matrimonio y también por su actividad legisladora. Lo más excepcional es que su ley sobre costas procesales fue incorporada al Breviario de Alarico por orden expresa del monarca. De este modo, por vez primera un rey bárbaro completaba un cuerpo legal romano, como era el Breviario, con una ley propia, equiparándola en rango a las constituciones imperiales.

El reinado de Teudis terminó de forma violenta. El monarca fue asesinado en 548 y, según Isidoro, el rey moribundo hizo jurar que nadie mataría a su asesino, porque él había recibido la muerte que le correspondía al haber aniquilado a su jefe mediante engaño (Hist. Goth. 43). La noticia, como ya señalamos, parece aludir a la participación de Teudis en la muerte de su antecesor Amalarico y pudo estar instigada por la facción contraria al predominio ostrogodo, que resultó apartada del poder a la muerte de aquél. No obstante, la facción que apoyaba a Teudis era lo bastante poderosa para imponer como sucesor a otro magnate ostrogodo, Teudisclo, el general triunfador sobre los francos, aunque éste apenas se mantuvo un año en el trono, ya que fue también violentamente asesinado en Sevilla en 549.

4.2.2. El establecimiento de los imperiales: la provincia de Spania

La historia del reino visigodo en los años siguientes estará caracterizada por varios hechos indudablemente relacionados: guerra civil, debilidad del dominio visigodo en la Bética y presencia de los imperiales en el sur y sudeste de la Península. Lamentablemente Procopio, el gran cronista de la restauración justinianea en el Mediterráneo occidental, no se ocupó de las guerras entre los visigodos y las fuerzas imperiales en Hispania, por lo que la fuente más importante para conocer este período es la Historia Gothorum de Isidoro de Sevilla. Esta obra compuesta por el obispo hispalense en el primer tercio del siglo VII, es la única fuente continua de información sobre los reyes visigodos, pero su valor como fuente histórica es limitado, consecuencia de su intención laudatoria y de la práctica ausencia de referencias cronológicas, a excepción de los años de reinado de cada monarca.

El sucesor de Teudisclo fue Agila (549-555). Éste, en los primeros años de su reinado, tuvo que enfrentarse a una rebelión de la ciudad de Córdoba, en la Bética. Agila fue derrotado por los cordobeses, perdiendo a su hijo y su tesoro, y hubo de refugiarse en Mérida, capital de la Lusitania. A continuación se produjo la sublevación de un noble godo, Atanagildo, que se hizo fuerte en otra ciudad de la Bética, Sevilla, y que fue capaz de derrotar al ejército enviado por Agila desde Mérida. En este contexto de guerra civil sitúa Isidoro el desembarco de tropas imperiales en la Península, venidas en auxilio de Atanagildo y a solicitud de éste. La sublevación de Atanagildo podría responder a la lucha de facciones que, desde la muerte de Gesaleico, se había desatado entre los notables visigodos por el control del trono, pero la defección de los senatoriales de la Bética constituye el trasfondo real de la guerra civil y sólo sobre la base de su colaboración pudieron también las tropas imperiales transformar sus victorias militares en un dominio territorial estable, aunque circunscrito al extremo sudeste de la Península (Barbero y Loring, 1988: 444).

El desembarco de los ejércitos imperiales en 552 tuvo, pues, como pretexto la rebelión de Atanagildo, pero debe insertarse en el programa de restauración del emperador Justiniano. Esta intervención estaría precedida de la firma de un acuerdo o pacto, al que hacen referencia fuentes posteriores, y por lo que se conoce a través de los acuerdos firmados con otros líderes rebeldes con ocasión de la intervención en el reino vándalo posiblemente comportase una alianza formal, que obligaría a Atanagildo a reconocer la supremacía del emperador y acatar sus dictados. Este acuerdo regularía el establecimiento de guarniciones militares en la Península y la presencia de un general romano encargado de coordinar la actuación conjunta de las tropas imperiales y de las aliadas (Fuentes Hinojo, 1997: 558-572). Como consecuencia de esta colaboración el balance de la guerra civil se inclinó a favor de Atanagildo y Agila fue abandonado por sus partidarios, que en 555 le dieron muerte en Mérida y se unieron a su rival.

Atanagildo (555-567), una vez terminada la guerra civil y reconocido como único monarca, combatirá a sus antiguos aliados. En Hispania, a diferencia de lo ocurrido en el norte de África e Italia, las fuerzas imperiales no llegaron a destruir el reino visigodo y sólo lograron ocupar una pequeña parte del antiguo territorio imperial. Los dominios bajo el control de Constantinopla debieron de extenderse a lo largo de la costa comprendida entre Cartagena y la desembocadura del Guadalete, junto con algunas penetraciones en el interior donde controlaron Basti (Baza) y Asidona (Medina Sidonia), si bien sus centros principales eran las ciudades mediterráneas de Cartagena y Málaga. Por el contrario, Córdoba, en contra de una opinión muy extendida, no quedó bajo dominio imperial, sino controlada por los provinciales romanos, que lograron mantener su independencia hasta que en 572 fue sometida por Leovigildo (Thompson, 1971: 365-369). Los territorios ocupados por los imperiales fueron integrados junto con las Baleares, previamente ocupadas con ocasión de la guerra vándala, en una nueva provincia denominada Spania y subordinados a la prefectura del pretorio de África, creada por Justiniano en 534 una vez culminada la conquista del reino vándalo. Los limitados éxitos obtenidos por las fuerzas imperiales en la Península Ibérica pueden explicarse debido al agravamiento del conflicto con los persas, y adquieren mayor dimensión cuando se considera que la creación de la provincia de Spania permitió a Constantinopla completar el control de las rutas del Mediterráneo occidental. Los límites entre los territorios dominados por los bizantinos y el área de expansión visigoda en las regiones meridionales debieron quedar fijados por un nuevo acuerdo entre Atanagildo y Justiniano, al que posteriormente apelarían los monarcas visigodos para resolver cuestiones fronterizas.

Atanagildo, además de contener el avance imperial tratará de restablecer la autoridad visigoda en la Bética, donde hacia el final de su reinado logró tomar Sevilla, la ciudad que sirvió de base a su propia rebelión, y atacó en repetidas ocasiones Córdoba, según recoge la Chronica Caesaraugustana, aunque sin ningún resultado fructífero. Por tanto, entre las principales consecuencias de la guerra civil estuvo la pérdida de influencia en las regiones meridionales de la Península, ahora bajo control de Constantinopla o bien de los propios provinciales hispanorromanos, caso de la citada ciudad de Córdoba. En este contexto, no es de extrañar que Atanagildo buscase reforzar sus lazos con sus vecinos del norte, los francos, mediante una doble alianza matrimonial con los nietos de Clodoveo. Hacia el final de su reinado, en 566, Atanagildo concertó el matrimonio de su hija Brunequilda con Sigiberto I de Austrasia y de Galsvinda con Chilperico de Neustria (Greg. Tour. IV. 27 y 28), si bien Gontrán de Borgoña, el tercero de los hermanos quedó fuera de este sistema de alianzas. Se tiene la impresión de que estaba teniendo lugar una reorganización del Mediterráneo occidental tras la decidida intervención imperial, que restableció la administración directa de Constantinopla sobre África, Italia y el sudeste de Hispania. No obstante, los citados matrimonios se convirtieron pronto en una fuente de tensiones debido al asesinato de Galsvinda por orden de su marido, el rey Chilperico, que actuó instigado por su amante Fredegunda, aprovechando el vacío de poder generado por la muerte de Atanagildo en 567.

Merece la pena detenerse en el hecho de que Atanagildo fuese el primer monarca del siglo VI que no murió de forma violenta. Esta circunstancia demuestra su capacidad para conciliar las distintas facciones de la nobleza visigoda y aunarlas en torno a su casa, poniendo al menos temporalmente coto a los enfrentamientos que habían venido dividiendo a la nobleza desde la muerte de Alarico II en la batalla de Vouillé. En cambio, las relaciones con los provinciales romanos no parecen haber alcanzado el consenso de la época anterior. Además de la defección de las provincias meridionales, ahora parcialmente bajo dominio imperial o bien como en el caso de Córdoba bajo la dirección de sus propios cuadros, se suele subrayar el hecho de que durante este período la iglesia católica no celebró ningún concilio. Es más, con ocasión del concilio toledano de 589 se hizo referencia a la existencia de una prohibición impidiendo a la Iglesia católica la celebración de sínodos, prohibición que se ha atribuido al reinado de Agila, ya que Isidoro lo presenta como un enemigo de la religión católica (Thompson, 1971: 48-50). Ahora bien, con independencia de quien fuese el monarca que dictase esta norma, lo interesante es que la ausencia de estos concilios tanto en tiempos de Agila, como de su rival y sucesor Atanagildo, contrasta con la etapa anterior, en la que se celebraron con cierta regularidad.

Por último, cabe destacar que en los últimos años del reinado de este monarca la corte se estableció en Toledo, ciudad donde se produjo su fallecimiento. No era ésta la primera vez que Toledo desempeñaba el papel de sede regia, pues Teudis ya había residido temporalmente en la misma. Entonces debió primar la necesidad de consolidar las posiciones alcanzadas en el centro de la Península e iniciar la proyección del poder visigodo hacia el sur. Ahora las circunstancias eran bien distintas. Es probable que Atanagildo, cuya proclamación regia había tenido lugar en Sevilla, con su establecimiento en Toledo buscara sustraerse a los intereses de la potente aristocracia senatorial de las provincias meridionales y también alejarse de una frontera militarizada con el Imperio. Esta decisión, de llevar la corte a Toledo, que en principio pudo tener un carácter provisional, terminó convirtiendo esta ciudad en la sede definitiva de la monarquía visigoda.

4.2.3. El reino suevo

Desde el año 469, en que Hidacio concluye su Chronicon, la historia del reino suevo se sume en la oscuridad y no emerge de nuevo a la luz hasta la década de 550, de la mano de la Historia Francorum de Gregorio de Tours, la Historia Sueborum de Isidoro de Sevilla, y varios textos eclesiásticos, como las actas de los concilios I y II de Braga, el Parochiale suevo y los escritos de Martín de Braga. Durante tan prolongado período de silencio, el reino suevo adquirió su definitiva configuración territorial dentro de los límites marcados por Eurico en la década de 480, llegando a abarcar la mayor parte de la antigua provincia romana de Gallaecia y todo el norte de la Lusitania. Favoreció este proceso la caída del reino de Tolosa y las sucesivas crisis que se produjeron en el dominio peninsular godo, tras la muerte de Teodorico el Amalo. De manera progresiva, la élite militar sueva fue asimilándose a la aristocracia terrateniente romana en un marco de coexistencia pacífica. Testimonio de ese clima de buen entendimiento es la amplia tolerancia que la monarquía arriana dispensaba a la Iglesia católica. Una decretal remitida en 538 por el papa Vigilio a Profuturo, metropolitano de Braga, nos permite constatar este hecho. Apenas un año antes, Profuturo se había dirigido por carta a Roma, con objeto de solicitar consejo sobre cómo proceder a la conversión de iglesias arrianas o priscilianistas en católicas. Vigilio le respondió ofreciéndole recomendaciones acerca de la nueva consagración de iglesias, el bautismo y la fecha de la Pascua. Resulta evidente que los obispos de Gallaecia podían mantener libre correspondencia con el Papa, edificar y consagrar basílicas e incluso hacer propaganda de su credo para evitar que sus fieles apostatasen y se convirtiesen al arrianismo (PL 69, 15-19). Lo único que, al parecer, les estaba vedado era celebrar asambleas eclesiásticas (Vives, 65).

Pero esta limitación quedó eliminada a mediados del siglo VI, cuando el monarca suevo y su corte se convirtieron al catolicismo. Sobre este paso definitivo en el proceso de integración de las minorías dirigentes, sueva y romana, se conservan pocos datos y, además, contradictorios. Según Isidoro de Sevilla, fue el rey Teodomiro quien, bajo la dirección de Martín de Braga, se convirtió al catolicismo, poniendo así fin a la dualidad religiosa que había caracterizado la vida del reino en el último siglo (Isid. Hist. Sueb., 90-92). Por su parte, Gregorio de Tours adelanta algunos años la conversión de los suevos y la atribuye a otro monarca, Cararico. De acuerdo con su testimonio, este rey tenía un hijo enfermo. En vano invocó la intervención de san Martín de Tours, cuyas reliquias habían sido traídas recientemente a Gallaecia por una embajada sueva. Sólo después de que hizo voto de dedicarle una basílica y adoptar el catolicismo, el príncipe sanó. El milagro movió a Cararico a abjurar del arrianismo y confesar el credo niceno junto con toda su corte (Greg. Tur. De Virt. Sanct. Mart. I. 11). Poco después, mandó construir una basílica en honor del santo, haciendo esculpir sobre la puerta meridional unos versos, obra de Martín de Braga, que hacían referencia a tales hechos (Greg. Tur. Hist. Franc. V. 37). El texto, conservado en varios códices, parece confirmar el trasfondo de historicidad del relato de Gregorio, más próximo cronológicamente a los hechos que Isidoro y mejor informado de los mismos, gracias a las intensas relaciones que mantenía la Galia merovingia con el reino suevo.

En la actualidad, la mayoría de los estudiosos se inclinan a admitir que la conversión al catolicismo de la corte real sueva se produjo durante el reinado de Cararico (550-559) bajo el doble influjo merovingio y bizantino (García Moreno, 1989: 107-108). Tanto los reyes francos como el emperador Justiniano parecen haber sido favorables a la integración social del reino en torno a una monarquía católica, capaz de cuestionar la hegemonía visigoda sobre la Península. Martín de Braga, artífice de la conversión de los suevos al catolicismo, era natural de Panonia y se había formado en el Imperio de Oriente (Greg. Tur. Hist. Franc. V. 37; Isid. De Vir. Illustr. 35. 45-46). Su llegada a Gallaecia, en torno al año 550, coincidió con el desembarco bizantino en el sureste de Hispania. En relación con este hecho, se ha barajado la posibilidad de que Martín viajase hasta Gallaecia a través de la ruta mediterráneo-atlántica que comunicaba los puertos de Oriente con Britania; si bien, a tenor de sus buenas relaciones con destacados personajes de la Galia franca, como la reina Radegunda, Venancio Fortunato y Gregorio de Tours, parece más probable que siguiese la ruta cantábrica desde Aquitania.

Martín ejerció su ministerio en Gallaecia durante tres décadas. Con el apoyo regio, promovió la vida monástica, fundando un monasterio en Dumio, suburbio de Braga donde residía la corte y se alzaba el palacio real de los monarcas suevos. Asociada a este movimiento de renovación de la vida ascética se halla su versión latina de las Sentencias de los Padres de Egipto. Hacia 556 fue ordenado obispo de una sede creada especialmente para él, la de Dumio. Como obispo-abad de la corte, Martín debió de ejercer gran influjo en la reorganización de las viejas estructuras eclesiales de la Gallaecia romana, para adaptarlas a las nuevas exigencias políticas de la monarquía católica sueva. En 561 el rey Ariamiro (559-561), sucesor de Cararico, convocó el primer Concilio de Braga. Bajo la presidencia del metropolitano Lucrecio de Braga, esta asamblea, que por supuesto contó con la presencia de Martín, emprendió la labor reformadora, unificando los usos litúrgicos y disciplinares, según las normas contenidas en la epístola dirigida en 538 por el papa Vigilio al obispo Profuturo. Además, abordó el problema del priscilianismo, que, si bien carecía de una organización eclesial que lo respaldase, se hallaba muy difundido entre la población, sobre todo en las zonas rurales, donde sus doctrinas se mezclaban con antiguas supersticiones (Vives, 67-77). Precisamente, la erradicación de las prácticas paganas, asunto al que Martín dedicó su tratado De correctione rusticorum, parece haber sido uno de los objetivos prioritarios de la obra pastoral de la Iglesia sueva. Para llevarlo a cabo contó en todo momento con el apoyo de la monarquía católica. Al identificarse la fidelidad a Cristo, cabeza de la Iglesia, con la debida al rey, protector de la misma, cualquier avance en la cristianización de las masas populares suponía un refuerzo del control de la monarquía sobre sus súbditos, tanto en el plano material como simbólico.

Bajo el reinado de Teodomiro (561-570) se realizaron importantes cambios en la estructura territorial de la Iglesia, que rompió con el modelo heredado del Bajo Imperio, para acomodarse a las fronteras políticas del reino suevo, demostrando así su compromiso con la nueva monarquía católica. El proceso, largo y, sin duda, plagado de dificultades, no se completaría hasta poco antes de la celebración del segundo Concilio de Braga de 572. A través de sus actas (Vives, 78) y del Parochiale Suevum (CChr. 176, 414-420) una relación pormenorizada de todas las parroquias que integraban en esta época el reino, se constatan los cambios efectuados. De acuerdo con los mismos, el conjunto del territorio suevo quedó dividido en trece sedes episcopales, integradas en dos grandes provincias eclesiásticas: una al sur con centro en Braga y otra al norte en torno a Lugo, que pasó a ostentar la dignidad de sede metropolitana. Cuatro de las diócesis, las de Lamego, Viseo, Coimbra e Idaña, se hallaban en territorio lusitano, pero desvinculadas de la jurisdicción de Mérida, metrópoli de la Lusitania y unidas a Braga. Esta situación se prolongaría después de la desaparición del reino suevo hasta poco antes de 666, en que Recesvinto las reincorporó a la Lusitania (Vives, 330-332).

El abad Martín debió desempeñar un papel nada desdeñable en la readaptación de la estructura territorial de la Iglesia, sobre todo a partir de 569, en que sucedió al obispo Lucrecio en la sede metropolitana de Braga. Al año siguiente, falleció el rey Teodomiro, pasando a ocupar el trono su hijo o hermano, Mirón (570-583). Una de las primeras medidas que adoptó el nuevo monarca fue convocar una asamblea episcopal, lo que revela la estrecha relación existente entre la Iglesia y el poder regio. Este segundo concilio de Braga, que se celebró en 572 bajo la presidencia de Martín, no sólo legisló sobre las obligaciones de los obispos, sino que además proporcionó a la Iglesia sueva una colección canónica, los llamados Capitula Martini, extraídos de la tradición conciliar de la Iglesia de Oriente e incluidos como apéndice final de las actas (Vives, 80-106). Al parecer, fue también el modelo de la autocracia imperial bizantina el que sirvió a Martín como referente para componer su Formula Vitae Honestae, auténtico speculum principis, dedicado al rey Mirón, donde los viejos ideales de la realeza de origen militar se funden con la imagen imperial del soberano defensor de la Iglesia y vicario de Cristo. El mismo año en que se celebró el segundo Concilio de Braga, el rey Mirón dirigió una campaña militar contra los rucones, pueblo montañés que habitaba en la cornisa cantábrica, probablemente al este de los astures, entre las actuales provincias de Palencia y León (Ioh. Bicl. Chron. a. 572. 3). El expansionismo suevo toparía en esta zona con el visigodo, lo que llevó a un enfrentamiento inevitable.

PARTE II

EL REINO VISIGODO DE TOLEDO
(569-711)

5

La monarquía visigoda de Toledo

La etapa de plenitud del reino visigodo de Toledo viene a coincidir con el irreversible declive del poder imperial en el Occidente latino y lo que es aún más significativo con la quiebra definitiva de la unidad del mundo mediterráneo. Como comunidad cultural esa unidad había empezado ya a resquebrajarse en las postrimerías del período anterior a raíz de la política religiosa del emperador Justiniano, pues los esfuerzos doctrinales destinados a poner fin al cisma monofisita, que culminaron con la llamada “condena de los Tres Capítulos”, levantaron una fuerte oposición en la mayoría de las iglesias occidentales. A partir de entonces, las iglesias latinas empezaron a desligarse de los destinos de la Iglesia imperial y a estructurarse en una serie de microcristiandades de ámbito “nacional”, cuya plasmación definitiva corresponde ya a las siguientes centurias. En el plano económico, la quiebra también se inicia en pleno período justinianeo y su secuencia es mucho más brusca, pues los estudios arqueológicos de las últimas décadas revelan que los flujos comerciales existentes entre las cuencas oriental y occidental del Mediterráneo mantuvieron su vitalidad hasta bien entrado el siglo VI, que a mediados de esa centuria iniciaron un inexorable declive y que en los albores del siglo VII se encontraban ya en franca regresión. Por último, desde el punto de vista político-militar la muerte del emperador Justiniano en 565 abre paso a un constante retroceso del poder imperial en el conjunto del Mediterráneo y más especialmente en su cuenca occidental, fruto sobre todo de las guerras con Persia, pero también de la apertura de nuevos frentes bélicos con la irrupción de los lombardos en Italia, de ávaros y eslavos en los Balcanes, y el recrudecimiento de la presión de los mauros en África. Todos estos problemas militares desbordaron la capacidad de respuesta del ejército imperial, volcado en el frente oriental frente a los persas, ya que además gravitaron sobre una sociedad debilitada demográfica y económicamente como consecuencia de la peste, que en los años 542-544 se había extendido por toda la cuenca mediterránea y que continuó azotándola con sus brotes recurrentes hasta finales del siglo VII.

A comienzos de esta nueva etapa, todavía Constantinopla, a pesar de su retroceso en los Balcanes, Italia, África e Hispania, donde hacia 624 perdió sus últimas posesiones, logró rehacerse frente a Persia y mantener su hegemonía sobre el conjunto del Mediterráneo. Pero esto último ya en un nuevo contexto político, pues los nuevos reinos surgidos en sus orillas, tal como pone de relieve el hecho de que visigodos y francos dejaran de reflejar la efigie del emperador en sus respectivas acuñaciones monetarias, rompieron con la idea de una suprema soberanía encarnada en el emperador de Oriente, concepción política que había mantenido su vigencia en toda la etapa anterior y en torno a la cual había gravitado la restauración justiniana. Finalmente, sobre esa realidad de un mundo mediterráneo desarticulado económica, cultural y políticamente se desarrolló a partir del 634 la marea de la expansión islámica, que con la ocupación de las ricas provincias del Próximo Oriente y Norte de África vino a consagrar la ruptura de la unidad mediterránea, ruptura iniciada en esos años centrales del siglo VI marcados por el azote de la peste, y que contribuyó a poner fin al reino visigodo de Toledo, ya en el primer tercio del siglo VIII.

Este período histórico, caracterizado por la desarticulación del mundo mediterráneo, coincide con el de la plenitud del reino visigodo de Toledo. En los albores del mismo, último tercio del siglo VI, la monarquía visigoda completó el proceso de consolidación territorial iniciado en la etapa anterior con la definitiva integración de la Bética, la anexión del reino suevo —logros del reinado de Leovigildo— y la progresiva conquista de la provincia imperial de Spania, hasta la total expulsión de los imperiales en torno a 624. Asimismo, reforzó la cohesión interna del reino con el abandono del arrianismo en 589 durante el reinado de Recaredo. Esta medida garantizó que las élites godas y los cuadros provinciales romanos junto a la institución monárquica completaran su configuración con la asunción de funciones rectoras en el terreno religioso-eclesiástico y dio paso a la estructuración de una potente iglesia “nacional”. Más tarde, entrado ya el siglo VII, la estrecha colaboración iglesia-monarquía inaugurada en 589 dio importantes frutos en el terreno del pensamiento político cuando las élites religiosas, basándose en modelos veterotestamentarios, implementaron el carácter religioso de los monarcas visigodos convirtiéndolos en figuras sacralizadas, designadas directamente por Dios para gobernar el reino y defender la Iglesia. Por otra parte, la monarquía visigoda siguió desarrollando funciones rectoras en el terreno judicial y legislativo, a fin de dotar a la realeza de un marco institucional propio y de construir una entidad política cohesionada bajo la égida de la autoridad regia. En esta tarea legislativa se destacan dos etapas, una correspondiente a los albores de este período histórico durante el reinado de Leovigildo y otra a mediados del siglo VII durante los reinados de Chindasvinto y Recesvinto. Sin embargo, para entonces los lazos de dependencia personal habían ya alcanzado un papel de primer orden, llegando a modificar profundamente la estructura del estado respecto al modelo tardorromano del que se partía, de forma que a partir de esa época puede hablarse de unas estructuras feudales, con una monarquía debilitada ante la potencia de los cuadros nobiliarios y la creciente regionalización de su marco territorial, circunstancias que favorecieron el fin del reino frente a los invasores musulmanes.

5.1. La casa de Leovigildo

El reinado de Leovigildo (569-586) marca el apogeo del reino visigodo de Toledo en su etapa arriana y es bastante bien conocido gracias a una excepcional riqueza de noticias cronísticas —Crónica de Juan de Bíclaro, Historia Gothorum de Isidoro de Sevilla, Historia Francorum de Gregorio de Tours—, biográficas —De viris illustribus de Isidoro de Sevilla— y hagiográficas —Vita Patrum Emeritensium, Vita Sancti Emiliani—. La Crónica del Biclarense, que cubre todo el reinado de Leovigildo y los primeros años de su hijo y sucesor Recaredo, resulta especialmente estimable, no sólo por su mayor riqueza documental, sino por las especiales circunstancias que rodearon la formación de su autor, un católico de origen godo que completó su educación en Constantinopla, y por su probada independencia política, pues fue uno de los clérigos que desterró Leovigildo a causa de su fe católica. Isidoro, por su parte, nos proporciona una breve y a la vez ilustrativa visión del reinado de este monarca, que empieza ensalzando sus dotes militares y sus logros a la hora de asentar su autoridad sobre el conjunto del reino y ampliar sus límites territoriales, continúa denunciando lo erróneo de su política religiosa por su persecución de los católicos, pero sobre todo por su capacidad para atraer a muchos de ellos al credo arriano, y concluye, tras enjuiciar también duramente sus esfuerzos por neutralizar a la nobleza, ensalzando su labor legislativa.

Según Isidoro, a la muerte de Atanagildo, el trono permaneció vacante durante cinco meses, hasta que un notable visigodo de nombre Liuva fue promovido al trono en la ciudad de Narbona. Todo ello ocurrió en 568 y un año más tarde, en 569, Liuva asoció al trono a su hermano Leovigildo, a quien cedió el gobierno de Hispania, mientras que él se reservó el de la Narbonense o Galia gótica. Leovigildo, que ya tenía dos hijos de una unión anterior, en el primer año de su reinado contrajo matrimonio con la reina Gosvinta, la viuda de Atanagildo, y según el Biclarense restauró en sus primitivos términos el reino, que se había visto muy disminuido a causa de distintas revueltas. Da la impresión de que ambas circunstancias se encuentran relacionadas y que el enlace con Gosvinta, mujer que tendrá un gran protagonismo político, fue fruto de un acuerdo entre la facción que elevó al trono a Liuva en la Galia gótica y la poderosa clientela político-militar de Atanagildo, que habría seguido gobernando en Toledo aglutinada en torno a la reina viuda (Orlandis, 1992: 25-26). Liuva moriría pronto y desde 572 quedó como único monarca Leovigildo.

5.1.1. Ampliación del marco territorial

El reinado de Leovigildo estuvo jalonado por continuas campañas militares dirigidas personalmente por el monarca, y que terminaron de configurar los perfiles territoriales del reino de Toledo. En la década de 570 las actuaciones militares de Leovigildo tuvieron como principal objetivo el restablecimiento de la integridad territorial del reino, que se había visto bastante comprometida en los años anteriores, con el surgimiento de la provincia bizantina de Spania, pero también con la pérdida del control de diversos territorios y la emergencia, sin duda aprovechando el marco de la guerra civil, de una serie de poderes locales. Luego, en los primeros años de la década de 580, el monarca visigodo hubo de enfrentarse a una guerra civil, encabezada por su propio hijo Hermenegildo, que pudo haber provocado la dislocación del reino en más de una unidad política. Finalmente, su última campaña de 585 tuvo ya unos claros fines expansionistas y se saldó con la anexión del reino suevo.

Leovigildo, en la década de 570, dirigió primero su atención al sur de la Península, es decir, a las regiones donde el dominio visigodo había sufrido mayores reveses en el reinado anterior debido tanto al establecimiento de los imperiales, como a la desafección de los provinciales béticos. En 570 y 571 el monarca visigodo penetró con sus tropas en territorio bizantino, devastando las regiones de Baza y Málaga y logrando recuperar la ciudad de Asidona (Medina Sidonia), en las proximidades del estrecho. Sólo un año más tarde, en 572, ocupó la ciudad rebelde de Córdoba, junto con las ciudades y fortalezas de su entorno, que posiblemente se había mantenido independiente desde su sublevación en tiempos de Agila. En los años siguientes, las campañas estuvieron dirigidas contra una serie de pueblos semindependientes y señores locales de las regiones noroccidentales de la Península. En 573 el ejército penetró en la Sabaria, territorio habitado por los sappos, en 574 en las regiones meridionales de Cantabria, donde Leovigildo ocupó la fortaleza de Amaya, tras aniquilar a los “invasores” cántabros, y en 575 en los montes Aregenses, donde hizo prisionero a Aspidio, señor del lugar. A continuación, en 576, Leovigildo llevó la guerra a las fronteras con Gallaecia y forzó al rey suevo Miro, que ya debió de sentirse presionado por algunas de las campañas anteriores —tanto la Sabaria como el territorio de los Aregenses se vienen localizando en las inmediaciones de las fronteras con el reino suevo— a una paz favorable a sus intereses. Por último, el monarca visigodo en 577 conquistó la Orospeda, región que se viene situando en la parte nororiental de la Bética.

Todas estas noticias proceden de la Crónica del Biclarense (Ioh. Bicl. aa. 570-577) y como ya se dijo parecen responder a la necesidad de restaurar la integridad territorial del reino, más que a unos objetivos expansivos propiamente dichos. Esta hipótesis resulta igualmente válida para la toma de Asidona a los imperiales y el sometimiento de Córdoba, como para el dominio de la Sabaria, de los montes Aregenses, e incluso para el caso de las regiones meridionales de Cantabria, pues las expresiones utilizadas por el Biclarense —dominium revocat, redigit dicionem y otras equivalentes— aluden a una restauración de la autoridad visigoda y no a una incorporación ex novo. Las únicas excepciones estarían representadas por la campaña de 576 contra los suevos, quizá destinada a contener posibles afanes expansionistas de éstos, y por la de 577 en la región de la Orospeda, cuyo sometimiento de acuerdo con las palabras del cronista —suam provinciam fecit— si parece producto de una primera conquista. Esta idea de restauración es además resaltada por el propio cronista, quien nos dice que en el año 578 el monarca, una vez eliminados los “tiranos”, es decir, aquellos que se habían hecho con el poder de forma ilegítima y vencidos los “invasores”, se detuvo a compartir su propio descanso con la “plebe” y fundó en conmemoración una ciudad, a la que dio el nombre de su hijo y pasó a ser conocida como Recópolis (Zorita de los Canes, Guadalajara).

Este programa restaurador estuvo a punto de quedar comprometido ante los nuevos problemas que estallaron poco tiempo después en la Bética y que desembocaron en una guerra civil entre el monarca y su hijo, el rebelde Hermenegildo. Leovigildo en el año 573 había asociado al trono a sus hijos Hermenegildo y Recaredo, fruto de un matrimonio anterior a su unión con la reina Gosvinta, y en 579, siguiendo el ejemplo de su hermano Liuva, había confiado el gobierno de la Bética en calidad de rey asociado — ad regnanum— a Hermenegildo, que ese mismo año había contraído matrimonio con Ingundis —princesa merovingia, hija de Sigeberto de Austrasia y de Brunequilda, que a su vez lo era de Atanagildo y Gosvinta—. El que Leovigildo otorgase poderes reales a su hijo Hermenegildo sobre la Bética podía responder tanto a la necesidad de controlar más de cerca una región que desde 550 venía protagonizando continuas revueltas, como a la presión de la poderosa clientela de Atanagildo, interesada en contar con la cercanía de un príncipe, vinculado por lazos matrimoniales a su antiguo señor, para mejor defender sus intereses. En todo caso, si el objetivo era fortalecer el reino, la medida no pudo resultar más adversa. Al poco tiempo, el hijo se rebeló contra el padre, y según relata Juan de Bíclaro en ese mismo año de 579 instigado por la facción de la reina Gosvinta asumió tiránicamente el poder en Sevilla, incorporando a su revuelta numerosas ciudades y fortalezas. Gregorio de Tours completa la información, añadiendo que Hermenegildo alentado por Ingundis abandonó el arrianismo, se hizo bautizar por el rito católico, tomando el nombre de Juan, y buscó la ayuda de los bizantinos (Ioh. Bicl. aa. 573, 579; Greg. Tur. V. 38). La rebelión no tardó en extenderse y llegó alcanzar la ciudad de Mérida en la Lusitania.

Leovigildo no emprendió inmediatamente la contraofensiva militar, sino que buscó primero aislar el conflicto. Así en 580 reunió un sínodo de la Iglesia arriana en Toledo, donde se tomaron algunos acuerdos destinados a acercar posiciones con los católicos y de este modo evitar que las diferencias de credo añadieran más tensión al conflicto. Luego, en 581, centró su actividad en impedir que vascones, francos y bizantinos pudieran intervenir en apoyo del príncipe rebelde: combatiendo a los primeros y fundando en el área meridional de Vasconia la ciudad de Victoriacum, destinada a contenerlos; buscando la alianza del monarca franco Chilperico de Neustria, tradicional enemigo de Brunequilda, la reina regente de Austrasia, que dada su condición de madre de la princesa Ingundis se había convertido en potencial aliada de los rebeldes; y en el caso de los imperiales negociando su neutralidad a cambio de una importante suma monetaria. Finalmente, en 582, Leovigildo emprendió la campaña militar contra su hijo Hermenegildo. Primero tomó la ciudad de Mérida, victoria que fue conmemorada con la acuñación de moneda, y luego se dirigió a Sevilla, ciudad que sometió a un prolongado sitio. A este sitio acudió el rey suevo Miro, que encontraría allí la muerte, aunque no resulta fácil dilucidar en ayuda de quién, si de Leovigildo, como sostienen el Biclarense e Isidoro, o de su hijo Hermenegildo, como afirma Gregorio de Tours, si bien éste añade que luego Leovigildo lo redujo y lo forzó a unirse a su campo, imponiéndole además un juramento de fidelidad. Tras la toma de Sevilla, ya en 583, Hermenegildo huyó a Córdoba y hasta allí fue perseguido por su padre, que tras conseguir su captura, le privó del reino y lo envió prisionero a Valencia, acontecimientos que tuvieron lugar en 584. Finalmente, en 585 Hermenegildo fue ejecutado en Tarragona, mientras que la princesa Ingundis y el hijo de ambos, Atanagildo, quedaron en manos de los imperiales y marcharon a Oriente. Ingundis murió en el viaje, prolongando con ello las tensiones entre el reino visigodo y el reino de Austrasia, y el rastro de Atanagildo se pierde en Constantinopla (Ioh. Bicl. aa. 580-585; Greg. Tur. V. 38. VI. 18. 40 y 43. VIII. 18; Isid. Hist. Goth. 49; Hist. Sueb. 91).

La rebelión y la muerte de Hermenegildo han sido objeto de debate desde la época en que tales hechos se produjeron hasta nuestros días. Para unos, como Gregorio de Tours y el papa Gregorio Magno, la guerra tuvo una fuerte motivación religiosa y la muerte de Hermenegildo constituyó una especie de martirio. Por el contrario, los cronistas hispánicos, como Juan de Bíclaro e Isidoro de Sevilla, adjudican a la rebelión el calificativo de tiranía, es decir, de usurpación del poder de manera ilegítima y por la fuerza. En la actualidad podemos afirmar que en la rebelión de Hermenegildo y en su éxito momentáneo intervinieron distintos factores: las disensiones internas, representadas por la facción de la reina Gosvinta, líder de la casa de Atanagildo; la proverbial hostilidad de la Bética y sus grandes ciudades al dominio visigodo; y la ayuda prestada por los imperiales. A todo ello habría que añadir el factor religioso, que, sin ser tan determinante como pretendía Gregorio de Tours, indudablemente sirvió para dar cohesión ideológica a los participantes en la revuelta. También, podemos afirmar que el final de la guerra civil, marcó también el fin de las tradicionales revueltas de las ciudades de la Bética y señala el comienzo de la plena integración de sus grupos dirigentes. Es más, al poner coto a las tendencias centrífugas de los senatoriales béticos, se cortó con un proceso que podría haber derivado en una multiplicidad de reinos godos a semejanza de la situación existente en la Galia merovingia.

Consecuencia indirecta de la usurpación de Hermenegildo fue la anexión del reino suevo, sin duda uno de los hechos más sobresalientes de todo el reinado de Leovigildo. El rey Mirón (570-583), hijo y sucesor de Teodomiro, a comienzos del reinado realizó una campaña contra el pueblo semiindependiente de los runcones, lo que parece indicar una política de expansión territorial, que chocó, sin embargo, con los intereses de Leovigildo, quien en 576, como ya se vio, llevó la guerra a las fronteras del reino e impuso una paz al monarca suevo. Es posible que ésta incluyera obligaciones de tipo militar y de ahí que Mirón se presentara junto con sus tropas en el sitio de Sevilla en apoyo de Leovigildo, tal como afirman Isidoro y el Biclarense. Aunque, como ya se señaló, Gregorio de Tours ofrece una versión diferente de estos hechos, en la que Mirón actúa a favor de Hermenegildo. En todo caso, el monarca suevo murió poco después, ya fuese en la Bética o a su regreso a Gallaecia. Y con su desaparición, se abrió un pleito sucesorio, que facilitaría la anexión del reino suevo por la monarquía visigoda.

En principio, el sucesor de Mirón fue su hijo Eborico, pero en 584 éste fue depuesto por su cuñado Audeca y recluido en un monasterio con objeto de apartarlo definitivamente del trono. Acto seguido, Audeca tomó por esposa a la reina Siseguntia, viuda de Mirón, a fin de legitimar su ascenso al trono. Detrás de este pleito sucesorio podrían esconderse posiciones enfrentadas sobre la línea política respecto al reino visigodo. Las noticias sobre el concurso militar prestado por Mirón a Leovigildo, así como sobre el juramento de fidelidad que según Gregorio de Tours prestaron al monarca visigodo tanto Miro como su hijo y sucesor Eborico (Greg. Tur. VI, 43) indican que estos dos reyes habían entrado en la dependencia personal del citado monarca, lo que implicaba reconocer su supremacía y asumir ciertas obligaciones, como la de mantenerse como aliados e incluso prestar auxilio militar. Es probable, por tanto, que con su levantamiento Audeca buscara dar un vuelco a esta situación. Sin embargo, la intervención de Leovigildo, que en 585 penetró en el reino suevo al frente de sus tropas y depuso a Audeca, no sólo puso fin a sus aspiraciones, sino al propio reino suevo, pues el monarca visigodo no repuso a Eborico, sino que, según el Biclarense, se apropió del tesoro y sometió a su potestad a la “gente y la patria" de los suevos, transformándola en una provincia del reino visigodo. Todavía el monarca visigodo habría de derrotar ese mismo año a un tal Malarico, que intentó hacerse con el trono, antes de someter definitivamente el reino suevo (Ioh. Bicl. a. 585).

La apertura del frente suevo provocó a su vez una guerra con los francos. Ese mismo año de 585 mientras que Leovigildo se hallaba combatiendo en Gallaecia, Gontrán de Burgundia, el tercero de los reyes merovingios y pariente mayor del linaje tras la muerte de sus hermanos, los reyes de Austrasia y Neustria, con el pretexto de vengar a su sobrina la princesa Ingundis invadió la Galia narbonense. Este ataque, además de dar salida a los afanes expansionistas del reino de Burgundia a expensas de la Galia gótica, buscaba también neutralizar la acción de Leovigildo contra el reino suevo y poner límite al creciente poder del reino visigodo. Se sabe por Gregorio de Tours que en la misma época en que el reino visigodo intercambiaba embajadas con el de Neustria con el propósito de aislar la revuelta de Hermenegildo, el reino suevo hacía otro tanto con el de Burgundia, y también que naves procedentes de este último reino se encontraban en Gallaecia en 585 cuando penetró allí Leovigildo, que las hizo destruir (Greg. Tur. V. 41. VIII. 35). Es muy probable que la ejecución de Hermenegildo ese mismo año en Tarragona fuera ordenada por su padre ante lo comprometido de la situación y el temor a que este príncipe liderara una nueva sublevación, esta vez en las regiones noroccidentales, contando con el apoyo de Gontrán de Burgundia. Al mismo tiempo, Leovigildo confió a su hijo Recaredo la misión de rechazar a las tropas francas. Éste resultó victorioso y no sólo expulsó a los francos del territorio que habían invadido, sino que llegó ocupar varias plazas fuertes en territorio franco (Ioh. Bicl. a. 585).

5.1.2. Consolidación y reorganización del reino

Los esfuerzos de Leovigildo no tuvieron como único objetivo la ampliación del dominio territorial del reino, sino que paralelamente el monarca desplegó una importante actividad en orden a fortalecer la institución monárquica y dotar de una mayor cohesión al reino, lo que le llevó a enfrentarse tanto a enemigos externos como internos. Isidoro tomó nota de ello y nos dice que Leovigildo “fue también pernicioso para algunos de los suyos, pues a todos los que vio que eran muy nobles y poderosos, o bien les cortó la cabeza, o bien los envió al destierro proscritos…”, que “enriqueció también al fisco y aumentó el erario con la expoliación de los ciudadanos y los despojos de los enemigos…” y que “…también fue el primero que se presentó a los suyos en solio, cubierto de la vestidura real; pues, antes de él, hábito y asiento eran comunes para el pueblo y para los reyes” (Hist. Goth. 51). Este interesante texto refleja cómo estaba constituido el estado visigodo y la labor desarrollada por Leovigildo para fortalecer la monarquía. En principio, el monarca era uno más entre los nobles más poderosos, que mantenían amplias clientelas y poseían grandes patrimonios en tierras y metales preciosos. Así, una vez alcanzada la realeza, cualquiera de los nobles podía disputarla convirtiéndose en pretendiente y competidor, tal como había venido ocurriendo desde el reinado de Amalarico, una vez que con su muerte se extinguió la dinastía de los Baltos y con ella el áurea mítica que prestigiaba ese linaje. Por ello, Leovigildo no sólo se enfrentó a los enemigos externos —imperiales, suevos, francos— y guerreó contra pueblos peninsulares más o menos independientes, sino que según el texto de Isidoro también hubo de enfrentarse a destacados representantes de la nobleza a los que hizo ejecutar, entre otros, a su propio hijo, o bien envió al destierro, confiscando a continuación sus bienes.

Esta política no solo libró a Leovigildo de enemigos y competidores, sino que además las confiscaciones le permitieron dotar a la monarquía de unas bases materiales más sólidas, que se completaron con medidas tributarias rigurosas, calificadas por Isidoro como “expoliación de los ciudadanos”. Las acuñaciones monetarias de Leovigildo reflejan precisamente que el estado gozó de una situación financiera relativamente saneada. Los trientes o tremises (1/3 de sueldo) acuñados por Leovigildo, son de mejor ley que los acuñados por sus predecesores, que sobre todo con Atanagildo se habían degradado notoriamente. La disposición de un numerario sólido permitía que el monarca, además de poder disponer de mejores tropas, estuviera en mejores condiciones para concentrar lealtades y ampliar sus bases clientelares. Estas medidas destinadas a reforzar la institución monárquica se completarían con la asunción de todo un aparato externo —solio, vestiduras regias— destinado a resaltar esa superior posición del monarca y acentuar las distancias con los súbditos, especialmente con los más poderosos de ellos.

Por otra parte, su política monetaria también refleja una clara voluntad de fortalecer la monarquía visigoda de cara al exterior y en particular en su relación con el Imperio. Las primeras acuñaciones de trientes o tremises realizadas por Leovigildo responden a un modelo ya utilizado por sus predecesores, figurando en la cara del anverso la efigie del emperador de Constantinopla con su leyenda correspondiente y en la del reverso una victoria acompañada por la leyenda Leovigildi regis. Sin embargo, este monarca pronto llevó a cabo una innovación de trascendental importancia, al suprimir la efigie imperial y sustituirla por la suya propia, portando los atributos imperiales —diadema perlada y manto— y acompañándola de una nueva leyenda, donde junto al apelativo de rex utilizó el tratamiento imperial de dominus noster. De este modo, Leovigildo ponía oficialmente de manifiesto su ruptura con la jerarquía imperial y con la idea de una comunidad política mediterránea unida bajo la égida del emperador de Constantinopla, concepción política sobre la que se había estructurado el Occidente postimperial. En esta misma línea de afirmación de la monarquía visigoda se encuentra la fundación de Recópolis, primera noticia de un rey bárbaro que procede a fundar una ciudad y muevo signo de homologación con la dignidad imperial, que pese a la ruptura continuaba siendo el modelo institucional a seguir. El propio nombre dado a la ciudad remite al de la sede imperial, Constantinopolis, y su emplazamiento en la vía que ponía en contacto Toledo con Cartagena bien pudo responder a un afán propagandístico frente a las autoridades imperiales de la provincia bizantina de Spania.

El reforzamiento y consolidación de la monarquía arriana de Toledo pasaba también por dotar de una mayor cohesión al reino. En este campo, tanto la política legislativa como religiosa de Leovigildo refleja su interés por superar los últimos rasgos diferenciadores, que separaban a los grupos dominantes de godos y romanos. Prueba de ello es que Leovigildo, en cuya semblanza Isidoro también resalta su papel legislador, al actualizar la obra de Eurico incluyó una ley permitiendo contraer matrimonio entre godos y romanos, en contra de las disposiciones romanas que prohibían dichas uniones matrimoniales (LI. III.1.1). Esta ley dio estado legal a algo que venía sucediendo en la práctica desde antiguo y que debía de ser frecuente, aunque sólo conozcamos los casos de los personajes de más alto rango, como fue el del ostrogodo Teudis. El código promulgado por Leovigildo, Codex Revisus, no se limitó a revisar el que promulgara Eurico sino que incorporó otras leyes, como la ya citada sobre los matrimonios, y se ha transmitido parcialmente a través de su posterior incorporación al código que promulgó Recesvinto en 654, el llamado Liber Iudiciorum. Con su promulgación, el monarca visigodo adaptaba el marco legal a las nuevas necesidades del cuerpo social, al tiempo que reafirmaba su autoridad sobre el conjunto del reino, haciendo valer su exclusiva potestad legislativa. En paralelo, Leovigildo, debió también de adoptar algunas medidas en el terreno administrativo destinadas a dotar al reino de una estructura más centralizada, siempre en función de ese doble objetivo de reforzar el poder monárquico y al tiempo lograr una mayor cohesión del reino. En concreto, se atribuye a su reinado la generalización del comes civitatis al frente de las ciudades, magistratura dotada de poderes civiles y militares, que hunde sus raíces en la etapa final del Imperio de Occidente y cuyo título de comes no derivaría tanto de sus funciones militares, como de una originaria pertenencia a la comitiva imperial y más tarde regia. Es también factible que se remonte al reinado de Leovigildo la figura del dux provinciae, destinada a detentar la máxima autoridad militar en las diferentes provincias del reino, cuya existencia se encuentra plenamente constatada en el reinado de su sucesor y que Leovigildo bien pudo instaurar tomando por modelo los nuevos duces provinciae establecidos por la autoridad imperial en sus territorios africanos e italianos (García Moreno, 1974: 8-12, 118-119). La política religiosa de Leovigildo puede resultar más controvertida, pues tanto Isidoro, como Gregorio de Tours y el anónimo autor de la Vida de los padres de Mérida le acusan de desencadenar una persecución contra el clero católico, de desterrar a muchos de sus miembros —son conocidos los casos de Juan de Bíclaro y Masona de Mérida— y de suprimir las rentas y privilegios de sus iglesias. Ahora bien, estos testimonios entran en contradicción con lo que se acaba de exponer a propósito de su política legislativa y de su afán por reforzar la monarquía, para lo cual resultaba imprescindible contar con el concurso tanto de la nobleza goda como de las élites romanas. Es por ello que en la actualidad se tiende a reducir el alcance de ese hostigamiento al clero católico y se piensa que los problemas, que indudablemente existieron, fueron sobre todo producto del interés del monarca por superar las diferencias religiosas que separaban a godos y romanos, buscando nuevas fórmulas transaccionales entre ambos credos.

Las diferencias religiosas dentro de un mismo estado constituían siempre un grave problema político para los gobernantes de la época. El Imperio romano oriental se vio sometido a numerosos conflictos a causa, precisamente, de las polémicas religiosas y los emperadores trataron de mantener la unidad, intentando conciliar, generalmente sin éxito, las posturas antagónicas, siendo este el camino que parece haber buscado Leovigildo. El paso más significativo lo dio en 580, una vez estallada la revuelta de Hermenegildo, convocando en Toledo un sínodo arriano, donde se tomaron medidas para facilitar la conversión al arrianismo de los católicos. Según el Biclarense no era necesario ser bautizado de nuevo, sino que bastaba una simple imposición de manos y la recitación de una fórmula de fe, gloria patri per filium in spiritu sancto, que parece matizar parte de las antiguas diferencias entre ambos credos sobre las personas de la Trinidad, es decir, se trataría de una fórmula de consenso (Ioh. Bicl. a. 580). Al parecer, las conversiones fueron numerosas, según cuentan el Biclarense e Isidoro, este último alude a las ventajas materiales obtenidas por los conversos y se lamenta de que aquellas alcanzaron también a los miembros de la jerarquía eclesiástica, citando el caso del obispo Vicente de Zaragoza. Con todo, las concesiones doctrinales del sínodo toledano y otras medidas propiciadas por el monarca, a las que se refiere Gregorio de Tours, como permitir el culto a las reliquias de los mártires en iglesias no arrianas (Greg. Tur. VI. 18), no bastaron para llevar a cabo la ansiada política de unificación religiosa perseguida por Leovigildo. La deseada unión no se llevaría a efecto hasta el reinado de su hijo y sucesor Recaredo, ya bajo un signo distinto, el de la adopción del credo niceísta, siguiendo el modelo adoptado previamente por la monarquía sueva en fechas inmediatamente anteriores al acceso al trono de Leovigildo, y abriendo con ello paso a una nueva etapa en la historia del reino visigodo.

5.1.3. La unificación religiosa

El tratamiento del reinado de Recaredo (586-601) tiene por eje la unificación religiosa alcanzada en los primeros años de su reinado, no sólo por la relevancia que tuvo este acontecimiento, sino también por el extenso tratamiento que otorgan las fuentes cronísticas y canónicas al tema de la conversión. En cambio, la segunda parte del reinado está peor documentada, ya que a partir de los años 590 y 591, en que finalizan la Crónica de Juan de Bíclaro y la Historia Francorum de Gregorio de Tours, las fuentes cronísticas se reducen a la Historia Gothorum de Isidoro y a las breves noticias que proporciona una crónica franca llamada Crónica de Fredegario. Completan su información, las ya citadas Vidas de los varones ilustres de Isidoro de Sevilla, así como las Vidas de los Padres de Mérida, junto con algunas cartas puntuales del papa Gregorio Magno y algunos documentos conciliares.

Según el Biclarense, el acceso de Recaredo al trono, tras la muerte de su padre, se desarrolló sin dificultades. Este hecho resulta significativo, teniendo en consideración que es el primer caso desde los tiempos de los Baltos en que se produce una sucesión de padre a hijo y refleja los éxitos alcanzados por Leovigildo en su política de fortalecimiento del poder monárquico. No obstante, Recaredo, que desde hacía años se hallaba asociado al trono, en el primer año de su reinado en solitario, tomó una serie de medidas que parecen destinadas a neutralizar el levantamiento de un posible contrincante. Adoptó como madre a la poderosa reina Gosvinta, la viuda de su padre, según cuenta Gregorio de Tours, en un claro intento de atraer a los sectores o facciones por ella liderados y que tanto peso habían tenido en los reinados anteriores; envió legaciones a los reinos merovingios de Austrasia y Burgundia con objeto de restablecer la paz, si bien con escasos resultados, pues según el Biclarense en 587 tuvo lugar un nuevo ataque franco; buscó también la conciliación con los sectores de la nobleza opuestos a su padre, restituyéndoles los bienes confiscados; y por último, abandonó personalmente el arrianismo, convirtiéndose a la fe católica, decisión que según el Biclarense proclamó ante una asamblea de clérigos arrianos a los que instó a seguir su ejemplo y que, al margen de las motivaciones personales, parece destinada a asegurar la adhesión de la nobleza de origen romano y de la Iglesia católica, a la que asimismo favoreció con la fundación de iglesias y monasterios (Greg. Tur. IX, 1; Ioh. Bicl. a. 586, 587).

De todas estas iniciativas la última es sin duda la más significativa y, aunque perseguía los mismos objetivos, superar las diferencias religiosas, suponía un vuelco respecto a la política de su padre, cuyo empeño se había centrado en la búsqueda de nuevas formulaciones que permitieran conciliar los distintos credos, por lo que no tardaron en producirse conspiraciones y revueltas. Así, la protagonizada por el obispo arriano de Mérida, Sunna, que contó con el apoyo de varios notables visigodos; otra, que estuvo encabezada por la reina Gosvinta y el obispo Uldida, posiblemente el obispo arriano de Toledo; y una tercera, que estuvo dirigida por Ataloco, obispo arriano de Narbona. A la inestabilidad creada por estas revueltas vino a sumarse una nueva ofensiva franca sobre la Narbonense. Poco después de su conversión, Recaredo había vuelto a enviar embajadas a los reyes francos, logrando con Brunequilda y su hijo Childeberto de Austrasia un acuerdo, que comprendía el pago de una fuerte compensación por la muerte de la princesa Ingundis y el proyecto de matrimonio del propio Recaredo con otra princesa de la casa austrasiana, Clodosinda. Sin embargo, Gontrán de Burgundia se negó a cualquier acuerdo de paz y terminó invadiendo de nuevo la Narbonense en 589. El ataque vino a coincidir con la revuelta proarriana de Ataloco y fue contundentemente rechazado por el dux Claudio, gobernador militar de la Lusitania. Por otra parte, el matrimonio de Recaredo con Clodosinda no llegó a realizarse, pues el monarca aparece ese mismo año de 589 casado con Bado, enlace que pudo responder a un nuevo juego de alianzas, establecido por Recaredo con la nobleza visigoda a raíz de la sofocación de las revueltas.

Una vez controlada la situación interna y contenida la amenaza franca, Recaredo pudo culminar su política de unificación religiosa, para lo cual convocó un gran sínodo en Toledo, que inició sus sesiones el 8 de mayo de 589. Las principales fuentes para su estudio son las actas del concilio y el breve resumen que ofrece el cronista Juan de Bíclaro. Según las actas, tomaron parte en el mismo sesenta y tres obispos, un número no precisado de clérigos y abades y varios prÓceres y nobles godos. Presidía la asamblea Leandro, obispo de Sevilla, que había residido en Constantinopla y por tanto conocía bien la tradición conciliar del Imperio. Las sesiones fueron abiertas por el monarca, que presentó a los asistentes un documento conteniendo una profesión de fe. En el mismo, Recaredo hacía una exposición de la doctrina ortodoxa sobre la Trinidad, condenaba y anatemizaba a Arrio, se adhería a la doctrina establecida en los cuatro primeros concilios ecuménicos —Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia— y terminaba prescribiendo la obligatoriedad de la doctrina expuesta, tras lo cual venía la firma de Recaredo y de la reina Bado. Finalizada la intervención regia, la asamblea irrumpió en aclamaciones a Dios y al rey. Luego, ocho obispos, un número indeterminado de clérigos y también de notables godos hicieron una nueva profesión de fe, donde se hacía una abjuración solemne del arrianismo, a la que añadieron sus firmas. A continuación, la asamblea se ocupó de cuestiones relativas a la disciplina y organización eclesiástica, que quedaron plasmadas en veintitrés cánones. Por último, las actas recogen el edicto regio confirmando dichas disposiciones y elevándolas a rango de ley civil, las suscripciones de los obispos asistentes, encabezadas por la del propio monarca, y una homilía de Leandro de Sevilla, relacionada con todo lo que allí se había desarrollado (Vives, 107-145; Orlandis y Ramos-Lissón, 1986: 197-226).

En el concilio solamente abjuraron del arrianismo ocho obispos, su escaso número, unido a las noticias sobre las revueltas proarrianas sofocadas con anterioridad al concilio, parece indicar que otros muchos habían seguido ya el ejemplo del rey, cuyo bautizo tuvo lugar en 587, y que en el momento de abrirse el concilio los progresos de los católicos debían ser ya muy grandes. Todavía en 590 Recaredo tuvo que hacer frente a una nueva revuelta, que estuvo encabezada por Argimundo, dux provinciae y también miembro del palacio del rey, más exactamente del cubiculum, pero Juan de Bíclaro transmisor de la noticia no la vincula a ninguna reacción proarriana. Por otra parte, el autor de las Vidas de los Padres de Mérida daba por concluida las revueltas proarrianas con la represión de la promovida por Ataloco en la Narbonense y en lo sucesivo nada permite suponer la pervivencia de grupos arrianos.

Desde una perspectiva estrictamente religiosa, la relativa facilidad con la que los visigodos aceptaron el credo niceísta se explica tanto por el esfuerzo doctrinal desarrollado por los arrianos en la etapa anterior, tratando de buscar fórmulas de compromiso con los católicos ortodoxos, como por la propia evolución de la Iglesia católica hispana, que desde mediados del siglo VI venía marcando distancias con la política religiosa promovida por Constantinopla. A este respecto resulta especialmente significativo que las actas del III Concilio de Toledo recojan de forma detallada la adhesión del monarca a las doctrinas establecidas en los cuatro primeros concilios ecuménicos y en cambio no citen el quinto, el II de Constantinopla, convocado en 553 por el emperador Justiniano, que dada su reciente celebración y la fuerte polémica que suscitó no podía resultar desconocido. El Biclarense también lo silencia y todo ello no es fruto de la casualidad, ya que este concilio y sus decisiones encontraron en su momento el rechazo de la mayor parte de las iglesias occidentales y entre ellas las de Hispania, cuyos eclesiásticos serían unos de sus más firmes opositores (Barbero, 1987: 123-144). Sin duda, esta actitud independiente de los clérigos hispánicos respecto a la política religiosa del Imperio de Oriente facilitó que el monarca visigodo aceptara el catolicismo niceísta y renunciara definitivamente al arrianismo, pues hacía innecesario mantener dicho credo como muestra de independencia frente a la política imperial.

Al mismo tiempo, razones de índole política y social favorecieron la decidida actitud del monarca, pues el fortalecimiento de la monarquía pasaba por alcanzar la completa adhesión de las élites de origen romano y de la Iglesia católica, poniendo fin al único rasgo diferencial que podía seguir distanciándolas de la minoría goda dirigente y que incluso podía seguir concitando lealtades, al menos en el terreno religioso, respecto al lejano poder de los emperadores de Constantinopla. Durante la etapa arriana, la Iglesia católica había gozado de gran libertad, como prueban los concilios que había celebrado y la riqueza de su patrimonio, pero mientras los monarcas visigodos persistieron en el “error” arriano, su jerarquía eclesiástica continuó considerando al emperador de Constantinopla como su defensor y protector natural. A mediados del siglo VI, los problemas doctrinales citados y otros políticos, derivados estos últimos de la restaurada presencia imperial en la Península, habían distanciado al clero católico de las directrices de Constantinopla, contribuyendo a aproximar posiciones entre el episcopado católico y la monarquía visigoda. Ahora, la conversión oficial de Recaredo en el III Concilio de Toledo permitió que la monarquía visigoda desplazara a los emperadores en sus tradicionales funciones religiosas y que la Iglesia hispánica reconociera al monarca visigodo como su protector natural. Así, Recaredo, en una de las alocuciones que dirigió a la asamblea conciliar, señalaba la obligación que tenía el príncipe de ocuparse no sólo de las cosas temporales sujetas a su gobierno, sino también de las espirituales, y a su vez los eclesiásticos, en los laudes que dirigieron al rey, ensalzaron la labor apostólica de Recaredo, indicando que por ello merecía la gloria terrenal y la eterna. Esta era también la percepción de Juan de Bíclaro, que en su resumen del concilio equipara al monarca visigodo con los emperadores Constantino y Marciano, a cuya instancia se celebraron los concilios de Nicea y Calcedonia, lo que a su vez suponía asimilar el III Concilio de Toledo con los grandes sínodos del Imperio romano.

Esta asunción de continuidades con los emperadores romanos en el terreno religioso representa el jalón definitivo en la homologación de los monarcas visigodos con los emperadores y fue subrayada por Recaredo con la adopción del sobrenombre Flavius, gentilicio que venían usando los emperadores desde la dinastía constantiniana, que tuvo un precedente en Teudis y que en adelante mantendrán todos los reyes visigodos. De este modo, Recaredo vino a completar la labor política desarrollada por su padre, Leovigildo, en lo que concierne a la asunción de la plena soberanía. Por otra parte, la conversión al catolicismo niceísta inauguró una nueva etapa en la conformación del reino de Toledo, que se caracteriza por la interpenetración de lo espiritual y lo temporal en todos los órdenes de la vida y de la sociedad visigoda, incluido su ordenamiento político. Los monarcas visigodos serán responsables ante Dios de la salud espiritual de su pueblo y en función de ello intervendrán activamente en los asuntos eclesiásticos. Por su parte, la jerarquía eclesiástica habrá de velar por el recto proceder de las autoridades civiles, y como consecuencia de ello los obispos pasaron a ejercer unas funciones rectoras, muy superiores a las que ya venían asumiendo como defensores o tutores de los más débiles —viudas, huérfanos, enfermos— y herederos de los antiguos evergetas municipales, que desbordaban ampliamente sus funciones religiosas e incrementaban su prestigio e influencia en el gobierno de las ciudades. De acuerdo con estos principios teóricos, no debe sorprender que uno de los cánones aprobados en el III Concilio de Toledo (canon 18) encomendase a los obispos la supervisión de jueces y recaudadores, ni que éstos pudieran llegar a ser sancionados con penas espirituales, como la excomunión.

La segunda parte del reinado de Recaredo está peor documentada. Isidoro dice que combatió a imperiales y vascones, pero minimiza el alcance de esos combates, a los que compara con juegos de palestra. La actividad bélica contra los vascones quizá se limitó a contener sus ataques depredatorios, en cambio, las ofensivas contra los bizantinos debieron de tener mayor alcance. Por la correspondencia del papa Gregorio, se sabe que el monarca estaba interesado en obtener un copia del tratado acordado en tiempos de la conquista entre Justiniano y Atanagildo, de lo que se desprende una marcada preocupación por el tema. También se sabe que hacia 589-590 visigodos e imperiales se hallaban en guerra, y que ésta llegó a revestir cierta envergadura, puesto que el patricio y magister militum Spaniae Comenciolo, que había sido enviado por el emperador Mauricio para luchar contra los hostes barbaros, se ocupó de reforzar las fortificaciones de la ciudad, tal como ha quedado consignado en una inscripción conmemorativa (Vives, 1969: 125-126). Por otra parte, Recaredo, a diferencia de su padre Leovigildo, mantuvo con la nobleza la política de concesiones iniciada al principio de su reinado, cuando con el propósito de concitar adhesiones en torno a su figura no dudó en restituir muchos de los bienes confiscados por su padre. Al menos, es lo que se desprende de su política tributaria, ya exonerando del pago de tributos tal como señala Isidoro, ya encomendando a los obispos la supervisión de los funcionarios fiscales (C. Toledo III, c. 18) e incluso conminándoles a denunciar los abusos que aquellos pudieran cometer (II12.1.2). Esta política conciliadora a la larga se volvió contra sus intereses dinásticos, pues aunque a su muerte en 601, fue sucedido por su hijo, Liuva II, cuarto miembro de la misma familia en alcanzar el trono, el reinado de este fue efímero. Así, en 603, estando Liuva en el segundo año de su reinado fue depuesto por una conjura nobiliaria y terminó siendo ejecutado.

5.2. Reyes, nobles y obispos: la monarquía toledana de Viterico a Tulga

Durante el período que transcurre entre la deposición y posterior asesinato de Liuva II en 603 y el destronamiento de Tulga en 631 se suceden siete reyes al frente del reino visigodo —Viterico, Gundemaro, Sisebuto, Recaredo II, Suintila, Chintila y Tulga—, los cinco primeros historiados por Isidoro de Sevilla en su Historia Gothorum, que precisamente concluye con los primeros años del reinado de Suintila. Completan la información de Isidoro la Crónica franca llamada de Fredegario y la Crónica mozárabe, también llamada Continuatio Hispana, que abarca desde el advenimiento de Heraclio al trono imperial en 611 hasta el año 754 y fue escrita por un clérigo visigodo ya bajo dominio musulmán. Además, se cuenta con la legislación antijudaica del rey Sisebuto, los epistolarios del citado rey y del conde Bulgar, así como la Vita Desiderii que también escribiera Sisebuto. Para los reinados de Sisenando y Chintila es de particular importancia la rica información que nos proporcionan las actas de los tres concilios toledanos celebrados en esos años, el cuarto de 633 bajo el reinado de Sisenando y el quinto de 636 y el sexto de 638, siendo rey Chintila.

Las noticias que proporcionan estas fuentes imponen un análisis reinado a reinado, pero a su vez permiten destacar una serie de constantes que dotan de una cierta cohesión al período. Entre los rasgos más destacados cabe señalar el fin de la presencia imperial en la Península. Los distintos monarcas, en continuidad con la etapa anterior y con independencia de su adscripción a una u otra facción nobiliaria, mantuvieron la presión militar sobre la provincia bizantina de Spania, política que supo beneficiarse de la crisis en que se vio sumergido el Imperio como consecuencia del avance persa sobre las provincias orientales y que culminó con la expulsión definitiva de los imperiales del territorio peninsular hacia 624. Otra constante fueron la continuas guerras, iniciadas también en la etapa anterior, contra los pueblos del norte peninsular —cántabros, astures y vascones—, si bien en este caso las victorias obtenidas no lograron reducir a estos pueblos, hostiles a los visigodos hasta las postrimerías del reino de Toledo. En lo que concierne a la situación interna del reino, el rasgo más sobresaliente viene dado por el recrudecimiento de la lucha de facciones por el control del trono y aunque el apartamiento de la casa de Leovigildo no tuvo carácter definitivo hasta 621, tras los sucesivos fallecimientos de Sisebuto y su hijo Recaredo II, todos los intentos por instaurar un linaje regio terminaron fracasando. Por otra parte, cabe también destacar cómo el destronamiento de Liuva II no supuso ningún vuelco respecto a la política de unificación religiosa inaugurada por Recaredo en el III Concilio de Toledo y que en este terreno lo más señalado fueron las leyes antijudaicas del rey Sisebuto, destinadas a completar la unidad ideológica de la población del reino en torno a la fe católica, objetivo éste que fue asumido por sus sucesores y permaneció vigente hasta los últimos tiempos del reino de Toledo. Por último, en lo que respecta a las relaciones con los francos hay que subrayar que, aunque las relaciones con el reino de Burgundia continuaron siendo hostiles, en todos estos años la Galia gótica permaneció a salvo de ofensivas francas y que cuando en 631 tropas francas penetraron en la Península lo hicieron en apoyo de las fuerzas rebeldes al rey Suintila, las cuales no dudaron en buscar el auxilio militar de los francos para destronar al monarca y alzarse con el poder.

5.2.1. Viterico (603-610)

Isidoro no se mostró nada complaciente con este monarca, calificó de “invasión” su acceso al poder y le responsabilizó de la deposición y posterior ejecución de Liuva II, también anotó que durante su vida realizó muchas acciones ilícitas y finalmente no dudó en calificar su posterior asesinato de justa venganza a su forma de proceder: quia gladio operatus fuerat, gladio periit. Viterico era un destacado miembro de la nobleza visigoda, que ya participó en la revuelta arriana de Mérida contra Recaredo, siendo entonces conde y logrando salvar la vida gracias a la denuncia de sus cómplices. Sin embargo, su violento ascenso al trono no parece estar vinculado a ninguna tardía reacción arriana, sino que parece responder a la acción de una facción nobiliaria contraria a la casa de Leovigildo o simplemente reacia a que se impusiera el principio de sucesión hereditaria ya que esto hubiera fortalecido la institución monárquica y debilitado sus propias posiciones.

De hecho, la llegada al trono de Viterico, pese a la violencia desarrollada contra Liuva II, no llegó a alterar las principales líneas políticas marcadas por sus antecesores. Como ya se ha dicho no hay noticias de cambios en el terreno religioso, algo que de haberse producido difícilmente Isidoro habría silenciado. Tampoco se modificaron las posiciones respecto al Imperio, sino que Viterico dirigió nuevas campañas contra los imperiales, aunque según Isidoro estas empresas no estuvieron coronadas por el éxito. En cuanto a las relaciones con los francos, el nuevo monarca trató de mantener la tradicional alianza con la casa de Austrasia, que desde la muerte de Gontran en 592 gobernaba también en Burgundia, mediante el matrimonio de su hija Ermenberga con el rey Teodorico II de Burgundia. Sin embargo, tras el fracaso de este enlace matrimonial, según el Pseudo Fredegario debido a las intrigas de la anciana reina Brunequilda —abuela y en esos años también regente del joven Teodorico de Burgundia y de su hermano Teodoberto de Austrasia—, terminó promoviendo en colaboración con Clotario de Neustria una coalición contra el reino burgundio, en la que llegaron a estar implicados Teodoberto de Austrasia, que para entonces se había sustraído a la autoridad de Brunequilda, e incluso el rey lombardo Agiulfo. Ahora bien, Viterico no alcanzó a consolidar su posición en el interior del reino y tras siete años de reinado murió violentamente víctima de una conjura, quizá promovida por su propia facción, como afirma Isidoro en una de las versiones de la Historia gothorum, o bien por aquellos otros que habían quedado desplazados a su llegada al trono.

5.2.2. Gundemaro (610-612)

Las noticias sobre el breve reinado de este monarca son especialmente escuetas. A Isidoro le es más propicio que el anterior y no emplea ningún descalificativo al referirse a su acceso al trono, de lo que puede desprenderse que no participó directamente en la conjura que llevó a cabo el asesinato de Viterico. También da noticia de que dirigió una expedición contra los vascones y otra contra soldados imperiales a los que sometió a asedio, y por último subraya que murió de muerte natural en Toledo. Este pobre panorama se amplía un poco gracias a la correspondencia del conde Bulgar, referida toda ella a las relaciones con los francos, que continuaron marcadas por la alianza con Austrasia y los conflictos con Burgundia. Estos conflictos dieron lugar a incidentes diplomáticos y militares, que tuvieron por protagonista al citado conde, quien llegó a ocupar dos ciudades bajo la soberanía de Teodorico de Burgundia en represalia por la detención de los legados enviados por Gundemaro a Austrasia. Por otra parte, la trayectoria de este personaje, que en tiempos de Viterico había sufrido destierro y exilio, permite pensar en la rehabilitación durante el reinado de Gundemaro de los sectores de la nobleza que se mantuvieron fieles a la casa de Leovigildo e incluso hace plausible vincular al propio monarca con la citada casa.

En lo que concierne a los incidentes con el reino de Burgundia, si éstos no llegaron a derivar en un conflicto abierto se debió a la guerra fraticida entre los nietos de Brunequilda, Teodorico de Burgundia y Teodoberto de Austrasia. Este último, antiguo aliado de Viterico y ahora también de Gundemaro, fue derrotado y ejecutado en 612, sin embargo su hermano Teodorico no alcanzó a explotar la victoria, pues falleció al año siguiente de muerte natural, y finalmente ese mismo año de 613 también murió de forma trágica la anciana reina Bunequilda, tras su fallido intento por hacerse de nuevo con la regencia de ambos reinos en nombre esta vez de su bisnieto Sigiberto. Esta serie de acontecimientos luctuosos puso fin a la casa de Austrasia y dio la oportunidad a que Clotario de Neustria reunificara bajo su cetro a los distintos reinos merovingios.

Las continuas guerras que enfrentaron entre sí a los distintos reinos francos desde la muerte de Clotario I en 561 hasta su reunificación por Clotario II entre 612 y 613, de las que no estuvieron ausentes las muertes violentas e incluso trágicas —la reina Brunequilda fue hecha ejecutar descuartizada bajo los cascos de un caballo por orden de Clotario—, son un buen exponente de la dureza que revistieron las luchas por el poder entre las distintas facciones nobiliarias en los nuevos reinos romano-bárbaros. En el caso franco, las poderosas facciones contrarias a la dinastía austrasiana, que apoyaron a Clotario II en sus afanes expansionistas, fueron también las responsables de que los tres reinos conservaran su personalidad como entidades políticas diferenciadas a pesar de su reunificación bajo un solo cetro, ya que esta fórmula facilitaba su control sobre los recursos de los distintos reinos y en adelante las luchas entre facciones tendrán como eje no la corona, sino los principales cargos o dignidades de cada reino. En el caso del reino visigodo de Toledo, no llegó a producirse ese desmembramiento, aunque la revuelta de Hermenegildo estuvo a punto de provocarlo, y las luchas entre las distintas facciones nobiliarias se desarrollaron directamente en torno al trono, siendo las responsables de los continuos regicidios y destronamientos. No obstante Gundemaro, a diferencia de sus antecesores y según hace constar Isidoro falleció de muerte natural en Toledo.

5.2.3. Sisebuto (612-621) y Recaredo II (621)

Sisebuto, cuyo acceso al trono parece haber discurrido sin problemas, fue un brillante monarca celebrado por sus contemporáneos —Isidoro y el Pseudo Fredegario— por su piedad, su sabiduría y sus triunfos militares. De hecho, llegó a ser un hombre de letras de cierto relieve, del que se han conservado epístolas, poemas y una obra hagiográfica, la Vita sancti Desiderii. Su celo religioso le llevó a reconvenir a algunos obispos del reino por sus costumbres mundanas, pero sobre todo se puso de manifiesto en sus leyes contra los judíos, promulgadas a los pocos meses de su acceso al trono. Fue también un notable guerrero, que alcanzó importantes victorias sobre los imperiales y los pueblos semiindependientes del norte peninsular.

Sisebuto abrió su reinado con unas drásticas leyes antijudaicas, que sin ser novedosas, pues hundían sus raíces en antiguos cuerpos legales romanos, ni llegar a prohibir la práctica de la religión judaica, de hecho la hacían prácticamente inviable, como ya advirtieron los contemporáneos a los hechos. Isidoro señaló, con un marcado acento crítico, que Sisebuto “llevó a los judíos a la fe católica por la fuerza, mostrando en ello gran celo, pero poca sabiduría, pues obligó por el poder a los que debió atraer por la razón de la fe”. En el reino visigodo las primeras medidas expresas contra los judíos remiten al III Concilio de Toledo, que en su canon catorce recogió varias disposiciones prohibiendo a los judíos los matrimonios mixtos, la compra de esclavos cristianos o el desempeño de cargos públicos con jurisdicción sobre cristianos. Ahora bien, estas medidas no hacían más que reproducir las normas contenidas en el Codex Theodosianus, posteriormente recogidas en el Breviarium Alarici, por lo que podemos considerar que los padres del concilio se limitaron a reiterar unas normas ya vigentes, que, por otra parte, Recaredo se encargó de completar con la promulgación de una ley, prohibiendo a los judíos adquirir mediante compra o donación esclavos cristianos y prescribiendo su emancipación, el caso de que trataran de eludir la ley circuncidándolos, hecho que además quedó sancionado con la confiscación de bienes (II12.2.12). La legislación de Sisebuto fue aún más drástica, ya no se trataba de impedir que los judíos adquirieran esclavos cristianos, sino de que se les daba unos meses de plazo para que se desprendieran de los que ya tuvieran, mediante la venta a otro cristiano o la emancipación, y completaba esta medida prohibiéndoles también tener a cristianos ingenuos en patrocinio. Además, las sanciones al proselitismo se endurecieron y la circuncisión de un cristiano pasó a ser sancionada con la pena de muerte, al tiempo que se castigaba con diversas penas a los cristianos que judaizaban (II12.2.14).

Este conjunto de medidas marginaba a los hebreos del entramado de relaciones socioeconómicas y políticas dominantes —limitaba su capacidad para disponer de una mano de obra servil con la que explotar sus tierras, ponía trabas a su participación en el comercio de esclavos y les impedía disponer de una amplia red clientelar hacerlos perseverar en la de patrocinio—, por lo que de forma indirecta la legislación de Sisebuto debió de provocar numerosas conversiones forzosas. En el panorama político contemporáneo no había cabida para la disidencia religiosa, suprimir la heterodoxia e integrar a todos los súbditos en la verdadera fe eran tareas prioritarias para todos los dirigentes si querían asegurar la salud del reino, pues sólo el acertado cumplimiento de los designios divinos permitía garantizar su integridad y su continuidad en el tiempo. Sólo unos años más tarde, el emperador Heraclio, una vez obtenida la retirada de los persas de las provincias orientales en 629, expulsó primero a los judíos de la recientemente recuperada ciudad de Jerusalén y terminó prescribiendo la conversión de todos ellos en 632-634. Ahora bien, esta política de conversiones forzosas, reprobada por Isidoro y también por los padres del IV Concilio de Toledo de 633, dio lugar a un nuevo problema, el de los judaizantes o falsos conversos, principal preocupación de la citada asamblea conciliar, que le dedicó ocho de sus cánones, destinados todos ellos a hacerlos perseverar en la nueva fe (cánones 57-64). Es por ello que en adelante, como acertadamente se ha señalado, el término “judío” no siempre designa una misma realidad, pues se utiliza también para designar a los acusados de judaizar (Orlandis, 1980: 161-162), que pasaron a convertirse en objetivo prioritario de las medidas represoras.

Sisebuto desarrolló también una notable actividad militar. Según Isidoro, dirigió personalmente dos campañas contra los bizantinos, en las que salió victorioso y gracias a las que logró ocupar algunas de sus ciudades. Las actas de un concilio provincial celebrado en Sevilla en 619 permiten suponer que una de ellas fue Málaga, lo que coincide con la noticia recogida en la Crónica de Fredegario, que sitúa estas ciudades en la costa. La importancia de las victorias visigodas llevaron al gobernador bizantino, el patricio Cesáreo, a solicitar la paz y aunque la epístola de Sisebuto a Cesáreo no da detalles significativos sobre los términos del acuerdo, se cree que a partir de entonces los territorios bizantinos quedaron limitados a la ciudad de Cartagena y algunos otros puntos de la costa. Estos triunfos se vieron favorecidos por el avance persa sobre los provincias orientales —en 614 entraron en Jerusalén— y la continua presión de los ávaros sobre los Balcanes y la propia Constantinopla, que impedían el envío de refuerzos a la Península. Por otra parte, el monarca visigodo envió a sus generales a combatir contra los pueblos semiindependientes del oeste y norte peninsular. Isidoro cita a los “roccones”, contra los que ya guerrearon los suevos en tiempos de Leovigildo y que ahora fueron sometidos por el dux Suintila, y también a los “astures”, identificados como “cántabros” en la noticia de Fredegario, que habiéndose rebelado fueron sometidos por el dux Réquila. En lo que concierne a las relaciones con los francos no se conservan noticias detalladas, pero la Vita sancti Desiderii, escrita por el monarca, puede interpretarse como un instrumento de propaganda política contra la poderosa reina Brunequilda (Thompson, 1969: 188). La obra está escrita después de la muerte de la soberana en 613 y su trágico final es presentado como castigo divino por haber perseguido y dado muerte a Desiderio, obispo de Vienne, que había liderado la oposición de la aristocracia del reino de Burgundia a la reina.

Es probable que el brillante reinado de Sisebuto tocara a su fin en medio de una conjura, pues Isidoro apunta que el monarca pudo morir envenenado y también que su hijo y sucesor, el joven príncipe Recaredo II, murió a los pocos días de acceder al trono. El nombre de este príncipe parece confirmar la hipótesis de que los últimos monarcas estaban vinculados a la casa de Leovigildo, desalojada del poder por Viterico y posible protagonista de la reacción contra éste. De ser así, esta casa habría retomado el control del poder durante los reinados de Gundemaro y Sisebuto, y no habría sido definitivamente desalojada hasta la muerte de Recaredo II en 621.

5.2.4. Suintila (621-631)

El acceso al trono de Suintila, antiguo dux provinciae y también brillante general, que había dirigido la campaña contra los “roccones”, se produjo tras un interregno de tres meses, durante el cual sin duda se dirimieron disputas entre las distintas facciones nobiliarias por el control del trono. El monarca, a comienzos de su reinado, emprendió personalmente una campaña contra los vascones, que según Isidoro devastaban con sus correrías la provincia Tarraconense y que una vez sometidos, fueron obligados a edificar con sus propias fuerzas y trabajo la ciudad goda de Ologicus (Olite). Suintila, como antes Leovigildo al fundar Victoriacum, mandó levantar esta fortaleza en territorio de los vascones con objeto de controlar a este pueblo y contener sus correrías por las regiones próximas del valle del Ebro. Los éxitos militares de Suintila fueron aún mayores contra los bizantinos, según Isidoro. En su lucha contra los romanos Suintila alcanzó un triunfo superior al de los demás reyes, ya que fue el primero en reinar sobre toda la Hispania intraoceánica, de lo que se desprende que este monarca puso fin a la presencia de los imperiales en la Península, acontecimiento que se sitúa entre 623 y 625. Hacia esas fechas Isidoro terminó de redactar las Etimologías y para entonces la ciudad de Cartagena, que había desempeñado el papel de metrópoli de la provincia imperial de Spania ya había sido ocupada y destruida por los visigodos. De este modo llegó a su fin la provincia bizantina de Spania, no obstante las Islas Baleares y Ceuta que formaban parte de la misma no llegaron a ser incorporadas al reino visigodo, sino que quedaron bajo dominio bizantino, dependiendo del exarcado de Cartago hasta su conquista por los musulmanes.

Suintila asoció a su hijo Recimero al trono, pero no conseguiría que fuera su sucesor, ya que ambos fueron depuestos en 631 por una conjura del noble Sisenando, que fue auxiliado por el rey franco Dagoberto y de la que nos informa la Crónica del Pseudo Fredegario. Este monarca, que era hijo de Clotario II de Neustria y mantuvo reunidos bajo su cetro al conjunto de los francos, mandó un ejército desde Tolosa, que al mando de los generales Abundancio y Venerando llegó hasta Zaragoza, donde Sisenando fue proclamado rey por los godos. Esta intervención militar franca responde a la misma dinámica que la que provocó la intervención de los imperiales un siglo antes, la diferencia es que en esta ocasión el marco territorial del reino visigodo no se verá alterado con ningún desgajamiento y permanecerá estable hasta el final de la monarquía visigoda. El Pseudo Fredegario, que es quien nos transmite la noticia, dice de Suintila que era un rey inicuo que se había atraído el odio de los suyos, lo que contrasta con los elogios de Isidoro, que decía de él que recibió el cetro por la gracia divina, le atribuía todas las virtudes de un gobernante y le llamaba padre de los pobres. Este contraste puede explicarse por un cambio de conducta de Suintila respecto a la Iglesia y la nobleza en los últimos años de su reinado, ya que en el IV Concilio de Toledo de 633, que legitimó la tiranía del rebelde Sisenando y cuyo promotor fue Isidoro de Sevilla, también se acusó a Suintila de toda clase de iniquidades y se intentó hacer ver que temiendo por sus crímenes renunció él mismo al reino. En esta ocasión, el rey depuesto no perdió la vida, pero él y su familia fueron excomulgados, sufrieron destierro y sus bienes, que según los padres del concilio fueron adquiridos con exacciones a los pobres, lo que en el lenguaje de la época equivale a decir a la Iglesia, fueron confiscados.

5.2.5. Sisenando (631-636)

El destronamiento de Suintila se encuadra dentro de la pugna que mantenían las distintas facciones nobiliarias por el control del trono. Como se ha visto, el sistema de asociación al trono, fórmula inspirada en los modelos tardorromanos y bizantinos contemporáneos, no bastaba para poner fin a unos destronamientos violentos, que no sólo minaban el poder monárquico, sino que ponían en peligro la estabilidad del reino, abriéndolo incluso a las injerencias de poderes tradicionalmente enemigos como el representado por los reyes francos. En los años que siguieron al destronamiento de Suintila la escena política estuvo dominada por una importante actividad conciliar, que buscará dar salida a las luchas por el control del poder regio, fortaleciendo la institución monárquica y regulando el sistema de acceso al trono.

El reinado de Sisenando, así como el de su sucesor inmediato, Chintila, constituye un hito en el desarrollo institucional del reino visigodo (Orlandis, 1977: 147-148). Los sucesivos concilios toledanos celebrados entonces revistieron aún de mayor prestigio y dignidad a la institución monárquica, desarrollando la idea de la intervención divina en la designación regia y dotando a la realeza del consiguiente carácter sacral. Además, reforzaron la cohesión del reino, sacralizando a su vez el vínculo que unía a los súbditos con el rey, el juramento de fidelidad. En paralelo, esos mismos sínodos consagraron la participación de la nobleza y la Iglesia en el gobierno del reino, pues no sólo consagraron el triunfo de un sistema electivo, donde la elección del monarca era confiada de forma conjunta a la nobleza y los obispos, sino que también sancionaron el derecho de los fideles regum, es decir, de las personas que cumplían con el juramento de fidelidad debido al rey a ostentar cargos y recibir bienes en reconocimiento de su fidelidad. Todo ello nos introduce en un sistema de relaciones de poder, que apenas guarda relación con el esquema institucional del Bajo Imperio romano, salvo en lo que concierne al mantenimiento del principio electivo, y que presenta ya algunos de los rasgos políticos e institucionales propios de las sociedades feudales, cohesionadas políticamente sobre lazos de dependencia personal, los llamados lazos feudo-vasalláticos. Fue también entonces, en el IV Concilio, cuando se instituyeron los concilios nacionales, cuyo cometido no era sólo resolver las cuestiones dogmáticas y de disciplina eclesiástica comunes a todas las iglesias del reino, sino también intervenir en todas aquellas cuestiones consideradas de interés público, que los monarcas, responsables de su convocatoria, decidían someter a la deliberación de la asamblea.

El primero de estos concilios fue convocado por Sisenando con objeto de legitimar su acceso al trono, si bien cuando ya estaba en el tercer año de su reinado. Esta dilación de tiempo, unida a algunas noticias —monedas acuñadas a nombre de un tal Iudila, rebeldía de Geila, hermano de Suintila que previamente había abandonado a éste— sugieren que el nuevo monarca encontró dificultades para imponer su autoridad al conjunto del reino (García Moreno, 1989: 156). El IV Concilio de Toledo fue abierto solemnemente el 5 de diciembre de 633 por el monarca, contó con una nutrida representación episcopal —sesenta y dos obispos, más siete presbíteros en representación de otros tantos pontífices— y estuvo presidido por Isidoro de Sevilla, inspirador de toda la doctrina política y religiosa allí desarrollada. Los padres allí reunidos atendieron a cuestiones de disciplina y administración eclesiástica, trataron de la cuestión judaica, con atención especial al caso de los judaizantes, es decir, de los judíos conversos que habían vuelto a sus antiguas prácticas, y por último, a instancias del propio monarca, abordaron asuntos públicos relativos a la inviolabilidad de la figura regia y a la estabilidad del reino. Materia de la que se ocupó el último de los cánones promulgados, el setenta y cinco, que en adelante y de acuerdo con lo prescrito en el V Concilio de 636 sería releído en todos los concilios toledanos.

A pesar de que uno de los objetivos del concilio era legitimar la tiranía de Sisenando, los padres reunidos en él trataron al mismo tiempo de evitar nuevos actos de violencia que pusieran en peligro el poder de los reyes y la estabilidad del reino. A este cometido se consagró el canon 75, que empezaba recordando el carácter sagrado del juramento de fidelidad debido al rey y que quien rompía lo pactado con el monarca quebrantaba igualmente el pacto hecho con Dios, en cuyo nombre se realizaba la promesa, y en consonancia los padres decretaban la excomunión para quien violara dicho juramento. Asimismo, se insistía en el carácter sagrado de la realeza y en la calidad de elegido de Dios que tenía el monarca, de lo que se derivaba su inviolabilidad: “no toquéis a mis ungidos” (nolite tangere Christos meos) sentenciaron los padres del IV Concilio toledano, recordando las palabras bíblicas reservadas a David y a los otros reyes de Israel. También, se prescribía allí que los reyes debían morir pacíficamente y que sus sucesores serían elegidos por la nobleza y los obispos, principio electivo que será desarrollado en los concilios posteriores. Es muy probable que se incorporara a partir de entonces el ritual de la unción, utilizado por los reyes de Israel, a la ceremonia de coronación de los reyes visigodos, aunque no se halle documentado hasta fechas más tardías.

Del contenido de este canon se desprende que la legitimidad del monarca venía dada por su condición de “ungido del Señor”, es decir, de representante de Dios en la tierra, y que a su vez la cohesión del reino descansaba en el vínculo de dependencia personal que unía a los súbditos con el monarca, simbolizado por ese juramento de fidelidad que según los padres del IV Concilio implicaba también a la Divinidad, en cuyo nombre se hacía, lo que le confería un carácter inquebrantable. Este juramento, cuyo origen posiblemente pueda estar asociado a la primitiva función militar de los visigodos, ya era una práctica generalizada en el momento de celebrarse el concilio y estaba llamado a alcanzar un gran desarrollo. Con el tiempo, a las obligaciones ahora prescritas de no atentar contra el rey y el reino, de carácter eminentemente negativo, se le fueron añadiendo otras nuevas ya de índole activa, por las que los fideles regum quedaban asimismo obligados a defender la vida y los intereses de los reyes y del reino, e incluso sujetos a obligaciones militares (Barbero y Vigil, 1978: 126-154; Petit, 1985: 182). Este compromiso de fidelidad (fides) que también era prestado por los clérigos, no sólo llevaba aparejado obligaciones hacia el monarca y el reino, sino que también era merecedor de contraprestaciones por parte de los príncipes, que recompensaban a los que se mantenían en la fidelidad debida con el desempeño de cargos públicos y la concesión de bienes en plena propiedad, aspectos estos últimos a los que se prestó especial atención en los dos concilios celebrados a continuación, bajo el rey Chintila.

5.2.6. Chintila (636-639) y Tulga (639-642)

Sisenando murió pacíficamente en Toledo y fue sucedido por Chintila quizá según las normas recién aprobadas, aunque no se tiene constancia. Durante su breve reinado llegaron a celebrarse hasta dos concilios, la insistencia con que en ellos se trató el tema de la inviolabilidad de la figura regia, así como algunas noticias posteriores sobre expatriados y reos de alta traición de tiempos de su reinado han llevado a pensar que Chintila tuvo que sofocar más de una revuelta para imponer su autoridad al conjunto del reino (Thompson, 1971: 211).

En el V Concilio, celebrado a comienzos del reinado, en 636, se trató casi exclusivamente de los temas de interés público que se habían abordado en el canon 75 del concilio anterior, desarrollando algunas de las normas allí establecidas y prescribiendo además su lectura en los concilios venideros. Por una parte, se insitió en el carácter inviolable de la persona de los reyes, prohibiendo no sólo que se atentara contra ellos, sino también contra su descendencia y contra sus bienes, y decretando la excomunión para aquellos que en vida del rey intrigasen sobre la sucesión (c. 2 y 4). Por otra, mientras los padres del IV Concilio toledano se habían limitado a recomendar que los reyes habrían de ejercer su acción de gobierno con “justicia y piedad” para con sus súbditos, los del V Concilio fueron más allá y adoptaron medidas en favor de los los fideles regum, prohibiendo que los sucesores en el trono les causaran cualquier perjuicio en las cosas adquiridas justamente o bien recibidas de la largueza de los príncipes en reconocimiento de su fidelidad (c. 6). Principio que será desarrollado en el VI Concilio de Toledo, celebrado sólo dos años más tarde en 638, donde se decretó que los fideles regum tampoco podrían ser desposeídos de los cargos públicos y que no sólo conservarían los bienes recibidos de los príncipes, sino que también podrían transmitirlos a su descendencia, siempre que proporcionaran “fiel obsequio y sincero servicio” y no rompieran con la fidelidad al monarca o resultaran inútiles en el desempeño de su cargo. Asimismo, se acordó que aún era más justo que las iglesias conservaran permanentemente en su dominio los bienes concedidos por los príncipes (c. 14 y 15).

En lo que concierne al acceso al trono, estos dos sínodos, además de insistir en su condición electiva, incorporaron nuevos requisitos. El V Concilio estableció que los reyes debían ser elegidos entre los miembros de la nobleza goda, idea en la que también insistiría el VI, que además incorporó una serie de impedimentos, como apoderarse del trono tiránicamente, lo que equivale a decir por la fuerza, haber sido tonsurado bajo hábito religioso o vergonzosamente decalvado, castigo este último reservado a los reos de alta traición, y tener origen servil o extranjero (c. 3 y 17). La exigencia de que el candidato al trono debía ser miembro de la nobleza goda, plantea problemas de interpretación. Tradicionalmente se ha pensado que la nobleza goda se había reservado para sí la función regia, excluyendo de la misma a la aristocracia de origen romano. Sin embargo, esta tesis entra en contradicción con todo lo que se ha venido exponiendo sobre la integración entre las élites de origen romano y godo, fenómeno que las recientes investigaciones no dejan de resaltar, subrayando que para esta época tanto la nobleza de origen godo como la de origen romano formaban un solo cuerpo social bajo la denominación común de “godos”. Se piensa, por tanto, que las continuas referencias de los textos a “el pueblo y la patria de los godos”, a una nobleza “goda” y otras expresiones similares obedecerían, no tanto a la necesidad de marcar diferencias con la población de origen romano, como a la de subrayarlas respecto a otras entidades políticas coetáneas, en especial el Imperio, los romani por antonomasia (Heather, 1996: 298).

Por último, de los temas tratados en el VI Concilio merece la pena destacar la atención prestada a la cuestión judaica. Del contenido del canon tercero podría deducirse que la práctica del judaísmo quedó definitivamente erradicada, pues se dice allí que el príncipe determinó exterminar de raíz el problema, se hace referencia a los avances logrados durante su reinado y se prescribe que en adelante todos los que accedan al trono habrán de comprometerse mediante juramento a no favorecer la “infidelidad” de los judíos. Esta actuación de Chintila, pudo verse influida por el hecho de que en estas mismas fechas, concretamente en 632-634, el emperador Heraclio decretó la conversión obligatoria de todos los judíos del Imperio, sin embargo no está claro que las medidas adoptadas por Chintila fueran tan determinantes. Ciertamente, se conservan testimonios relativos a la presión ejercida sobre los judaizantes, así en vísperas de la celebración del VI Concilio los judeoconversos de Toledo suscribieron de forma colectiva un placitum, ante el monarca y los padres del concilio, reconociendo su recaída en la infidelidad y renovando su profesión de fe (Orlandis, 1980: 167) y, más tarde, finalizado el concilio, el obispo Braulio de Zaragoza escribió una larga carta al papa Honorio exponiendo el interés que siempre se había prestado al tema de los judaizantes, aunque más sobre la base de la predicación indulgente que del recurso al castigo (Riesco Terrero, 1975: 21). Sin embargo, no se conservan leyes de este monarca reprimiendo el judaísmo y, por otra parte, sus sucesores en el trono no sólo legislaron contra conversos judaizantes, caso de Chindasvinto, sino también contra judíos propiamente dichos, caso de Recesvinto y Ervigio, que además en 681 les impuso el plazo de un año para convertirse a la verdadera fe. Se puede concluir, por tanto, que o bien las medidas adoptadas por Chintila no llegaron a tener el alcance que le atribuían los padres del concilio o que sus sucesores en el trono se vieron obligados a transigir y seguir admitiendo la práctica del judaismo, si bien dentro de las enormes restricciones que venían rigiendo desde época de Sisebuto. A pesar de todas las precauciones tomadas en los últimos concilios para evitar el acceso al trono por la fuerza, pronto tendría lugar una nueva conjura, aunque sin derramamiento de sangre. Según el Pseudo Fredegario, el rey Chintila antes de su muerte propuso como sucesor a su hijo, el joven Tulga, que efectivamente seria elegido rey, pero éste en el tercer año de su reinado fue depuesto y tonsurado como clérigo, lo que de acuerdo con lo recientemente prescrito en el VI Concilio le apartaba definitivamente del trono, y en su lugar fue promovido al frente del reino con el apoyo de los sectores más destacados de la nobleza el magnate Chindasvinto.

5.3. La casa de Chindasvinto y el fortalecimiento del poder regio

Para este periodo cobran importancia las fuentes de carácter jurídico, puesto que además de las canónicas procedentes de las actas de los sínodos provinciales y toledanos celebrados en estos reinados, en 654 Recesvinto promulgó un nuevo código de leyes, el Liber Iudiciorum o Libro de los juicios. Las fuentes cronísticas están representadas por la Crónica del Pseudo Fredegario, última crónica franca en ofrecer noticias sobre el reino visigodo, que se extingue a comienzos de este período, por la Crónica Mózarabe. Completan nuestra información algunos epistolarios, textos de carácter hagiográfico como la Vita Sancti Fructuosi y la Vida de los Varones Ilustres de Ildefonso de Toledo.

Este período se abre con el destronamiento de Tulga y el ascenso al trono de un usurpador, Chindasvito, lo cual es un reflejo de la enorme contradicción en que se movía el desarrollo teórico e institucional abordado en los años precedentes. La sacralización de la monarquía no bastaba para preservarla de las ambiciones de la alta nobleza —senatores, primates—, cuyo poder parece haber salido reforzado de todo el proceso, y la tradicional lucha de facciones mantenía y mantendrá su vigencia. Con todo, los monarcas que rigieron el reino de los godos en estos años desarrollaron un programa político orientado al fortalecimiento del poder regio, que tuvo como principal instrumento el recurso a su potestad legislativa. Este programa fue en buena medida obra de Chindasvinto, ya que fue durante su reinado cuando se elaboró el Código, pero tampoco es ajeno Recesvinto, que participó de la tarea durante sus años de rey asociado y finalmente fue quien promulgó el Liber Iudiciorum en 654, primer año de su reinado en solitario.

El nuevo código, además de fortalecer la autoridad de la monarquía, pretendía adecuar el marco jurídico a las nuevas exigencias del cuerpo social, que necesariamente se habían ido renovando desde que Leovigildo promulgara el llamado Codex Revisus. Algunos de los cambios más evidentes afectaron a la organización de la administración territorial, que fue reorganizada por Chindasvinto y Recesvinto. Sus medidas supusieron la eliminación de la antigua distinción entre militia armata y militia civilis heredada del estado bajoimperial, al extender al conjunto de los mandos militares atribuciones judiciales. Hasta entonces sólo los comites civitatum y sus vicarii, habían sumado a su funciones castrenses otras de orden judicial, pero tras las reformas de estos dos monarcas también las pasaron a ejercer los duces provinciarum y los distintos suboficiales militares —thiufadus, milenarius, quingente nariusy centenarius—. Tras la asunción de estas tareas los duces se convirtieron en suprema instancia de justicia a nivel provincial, desplazando a los antiguos gobernadores civiles (rectores), que no tardarán en desaparecer. Estas innovaciones en el terreno judicial, se vieron completadas con la atribución a los obispos de un destacado papel en el funcionamiento de la justicia regia, como instancias de apelación. Así, una ley de Chindasvinto y otra de Recesvinto (LI. 2.1. 24; 2.1. 30) establecen que en aquellos casos que los jueces civiles fuesen recusados por alguna de las partes envueltas en el proceso, el juez recusado junto con el obispo local debían tratar conjuntamente la causa y emitir una sentencia en común, que no eliminaba la posibilidad de una última apelación al rey.

Vistas en su conjunto, estas reformas responden a un proceso ya en curso de creciente militarización del aparato administrativo, que tenía precedentes en el Imperio desde época de Justiniano y que sin duda responde a un proceso generalizado de regionalización, que afectó al conjunto del mundo mediterráneo. También la intervención de los obispos como supervisores de las autoridades judiciales laicas, tiene su modelo en una Novela del emperador Justiniano (CJC, Novellae 86), que habría que enmarcar en una política general tendente a neutralizar los distintos poderes locales —civiles y eclesiásticos— en beneficio de la monarquía (Zeumer, 1944: 169-173).

5.3.1. Chindasvinto (642-653)

El destronamiento de Tulga y el advenimiento al trono de Chindasvinto, en la lucha de facciones por el control del trono mantenía su dinámica y el propio Chindasvinto la utilizó para alzarse con el poder. Una vez en el trono, Chindasvinto desarrolló un programa político orientado al fortalecimiento del poder regio, que tuvo como principal instrumento el recurso a su potestad legislativa. Se conservan noventa y nueve leyes emitidas por este monarca, lo que da una idea de su intensa actividad legisladora, siendo también bajo su reinado cuando se elaboró el nuevo código, promulgado por su hijo y sucesor al año siguiente de su muerte. Al mismo tiempo, reforzó las bases materiales de la monarquía, saneando la hacienda regia y tomando medidas destinadas a consolidar una burocracia patrimonial, integrada por “siervos fiscales”, con la que equilibrar el peso de la nobleza en los cargos públicos.

El acceso al trono de Chindasvinto tuvo lugar en abril de 642 e inmediatamente, según el Pseudo Fredegario, inició una fuerte represión, mandando ejecutar a doscientos miembros de la alta nobleza (primates) y quinientos nobles de menor rango (mediocres), desterrando a otros, y entregando a sus mujeres e hijas, junto con sus patrimonios, a sus fideles. La severidad de estas medidas induce a pensar que Chindasvinto a su vez tuvo que hacer frente a una nueva conspiración y que eliminó drásticamente a todo un sector de la nobleza, al tiempo que utilizó los bienes confiscados para reforzar la adhesión de aquellos notables que se habían sumado a su causa. Paralelamente, Chindasvinto se dotó de medios legales con el fin de evitar nuevas conjuras y en el segundo año de su reinado promulgó una ley contra los prófugos, los reos de alta traición y los conspiradores (LI. 2.1.8). En ella se castigaba con la pena de muerte y la confiscación de los bienes, incluidos los cedidos fraudulentamente a parientes e iglesias, a todos aquellos que realizaran actos contra el gobierno del rey, el pueblo y la patria de los godos. Además, con el fin de asegurar el mejor cumplimiento de la ley, se exigió a los altos dignatarios, tanto laicos como eclesiásticos, un juramento especial con objeto de reforzar su cumplimiento. Dos años más tarde, en 646, Chindasvinto convocó el VII Concilio de Toledo, destinado a controlar también a la alta jerarquía eclesiástica, de la que se dice expresamente que también se hallaba involucrada en los crímenes de alta traición. En el mismo, los obispos presentes acordaron penalizar con la privación de cargos y la excomunión a los clérigos que incurrieran en los citados crímenes, recordándoles al mismo tiempo su obligación de respetar el juramento de fidelidad —primer testimonio fehaciente de que esta práctica también alcanzaba a los clérigos— y extendieron también a los laicos la pena de excomunión (c.1).

Como puede comprobarse, la jerarquía eclesiástica no era ajena a los conflictos entre facciones aristocráticas, que caracterizaban la vida política del reino visigodo. Ante esta situación, Chindasvinto asumió plenamente sus funciones rectoras sobre la Iglesia y ejerció un estrecho control sobre sus jerarquías. El citado concilio ya es una buena muestra de ello, pero además utilizó los instrumentos legales para imponerse a la poderosa jerarquía eclesiástica y así promulgó una ley, en la que sancionaba a los obispos que no compareciesen a las citaciones de los jueces con fuertes multas pecuniarias (LI.2.1.19). También, intervino activamente designando a los obispos de las sedes metropolitanas e imponiendo sus candidatos, lo que le llevó a un enfrentamiento abierto con Eugenio I de Toledo. No es de extrañar que su sucesor, Eugenio II, le dedicase un poema como epitafio, donde le califica de impío, injusto e inmoral. Es decir, todos aquellos vicios que Isidoro atribuía al “tirano”, por contraposición al “rey”, caracterizado por su justicia y su piedad. Sin embargo, hacia el final de su reinado mantuvo relaciones más fluidas con destacados clérigos, como Braulio de Zaragoza, la figura más sobresaliente de la jerarquía eclesiástica en ese momento, del que se aconsejó en asuntos políticos, como el de la asociación al trono de su hijo, y que también fue su colaborador en materia legislativa.

Además hay que atribuir a este monarca un saneamiento de la hacienda regia, que sin duda se benefició de las confiscaciones hechas a la nobleza en los comienzos de su reinado y probablemente de una mayor eficacia en la recaudación de impuestos, según se desprende de algunas de sus leyes. Un exponente de ello nos lo proporciona el numerario acuñado durante su reinado, que mejora la ley y el peso de las monedas respecto a épocas anteriores. En esta misma línea de reforzar el fisco, Chindasvinto también se preocupó de evitar la enajenación del patrimonio regio. A este propósito responden dos leyes, poniendo coto a la emancipación indiscriminada de siervos por parte de los administradores de los fundos regios (LI. 5.7.15-16). Este reforzamiento de las bases materiales de la monarquía estuvo acompañado de medidas tendentes a consolidar una burocracia patrimonial. A este fin parece responder una ley de este monarca, otorgando a los esclavos y libertos reales, que ocupaban relevantes cargos en palacio, el privilegio de poder testificar en los juicios en las mismas condiciones que las personas libres (LI. 2.4.4).

Por último, el monarca acorde con su política de fortalecimiento del poder regio asoció al trono a su hijo Recesvinto, para tratar una vez más de instaurar un linaje regio. Esta decisión fue tomada por el monarca con el apoyo de destacadas figuras de la nobleza y la Iglesia, según se desprende de la correspondencia de Braulio de Zaragoza, que en 648 dirigió una epístola al rey, que también rubricaban otro obispo y un magnate laico, exhortándole a adoptar esta medida (Riesco Terrero, 1975: 37). Las razones que les asistían las explica el propio Braulio, quien en el texto de la carta argumentaba las dificultades de todo tipo que acarreaban las luchas por el trono. Es indudable, que este tipo de enfrentamientos no sólo generaban graves perjuicios a la facción derrotada, sino que también podía minar la posición hegemónica ostentada por los notables sobre el conjunto de la sociedad, dando lugar a revueltas de rústicos y esclavos tal como denunciaron los padres reunidos a la muerte de Chindasvinto en el VIII Concilio de Toledo de 653 (c. 2).

5.3.2. Recesvinto (649/653-672)

En 653, con la muerte de Chindasvinto, concluye la etapa de corregencia y se inicia el reinado de Recesvinto en solitario. La figura de este monarca resulta más difícil de valorar, ya que a comienzos de su etapa como monarca único adoptó, en colaboración con la jerarquía eclesiástica y los sectores más destacados de la nobleza, una serie de medidas destinadas a reintegrar en el cuerpo social a los sectores de la nobleza e Iglesia represaliados por su padre y también se vio obligado a aceptar parte de sus exigencias reclamando límites al engrandecimiento patrimonial de su dinastía. Sin embargo, esta política de conciliación no debió prolongarse más allá de los primeros años del reinado, pues es significativo que a pesar de lo prolongado del mismo la actividad de los concilios toledanos se concentrara en los años inmediatos —653 y 665— al acceso al trono del nuevo monarca. Por otra parte, en el terreno legislativo Recesvinto fue un continuador de la obra de Chindasvinto, llevando a término la vasta recopilación jurídica iniciada por aquél, el Liber Iudiciorum, cuya promulgación a comienzos de 654 representa una contundente manifestación de la superior autoridad de la monarquía, única fuente de derecho y también cabeza de todo el aparato judicial.

El nuevo código, recogía numerosas leyes del Codex Revisus de Leovigildo, que aparecen bajo la rúbrica de antiquae y que fueron parcialmente revisadas, algunas de Recaredo y Sisebuto, y un buen número de leyes nuevas, noventa y nueve de Chindasvinto y ochenta y siete de Recesvinto, aunque muchas de éstas recogían con ligeras modificaciones antiguas leyes romanas procedentes del Breviarium Alarici, a su vez versión abreviada del Codex Theodosianus de 438. El nuevo código era de obligado cumplimiento y prohibía el uso de las leyes no incluidas en él, lo que suponía la derogación de las anteriores compilaciones. También prohibía el recurso a la costumbre y al libre criterio de los jueces, los casos no previstos por las leyes debían ser remitidos al monarca, quien decidiría sobre los mismos y de este modo completaría las lagunas legales. Su promulgación responde tanto al deseo de afirmar la autoridad regia, como a la necesidad de ofrecer un adecuado marco jurídico a las nuevas exigencias del cuerpo social, ya que éstas se habían ido renovando y las antiguas leyes no eran ya capaces de satisfacerlas plenamente.

Los comienzos del reinado de Recesvinto estuvieron lejos de ser pacíficos, ya que un noble visigodo de nombre Froya pretendió hacerse con el trono y en alianza con los vascones llevó a cabo una expedición por el valle del Ebro, llegando a poner sitio a Zaragoza. Esta rebelión, a la que aluden distintas fuentes, fue aplastada por el monarca, que levantó el sitio de Zaragoza, aplastó a los vascones y dio muerte al propio Froya. Recesvinto una vez victorioso convocó el VIII Concilio de Toledo, celebrado en diciembre de 653, donde se revisó la política de su padre respecto a los implicados en crímenes de alta traición. Este concilio contó con la asistencia de la mayoría del episcopado y junto a ellos también figuraron por vez primera, si exceptuamos los nobles godos que abjuraron del arrianismo en el III Concilio, un grupo de abades y de magnates vinculados al Oficio Palatino, es decir, a los servicios de palacio responsables de la administración central del reino y de la casa real. Su presencia, habitual en el futuro, representa una novedad y dará aún mayor cohesión a las actuaciones de la Iglesia y la nobleza.

El malestar que había generado la política de reforzamiento de la autoridad regia por parte de Chindasvinto entre la nobleza y el clero quedó bien patente en este concilio, pues se atribuyen las tensiones del momento al descontento de expatriados y represaliados por su participación en antiguas conspiraciones, al tiempo que se exhorta a la misericordia y la indulgencia regia como vía para superar los conflictos. De acuerdo con estos principios, el VIII Concilio abordó en primer lugar reducir las penas de los inculpados por delitos de alta traición con motivo de la ley contra expatriados y traidores promulgada por Chindasvinto en 642. A este acuerdo se llegó tras largas deliberaciones a causa del impedimento formal que comportaba el juramento exigido por el rey, pero finalmente los padres hicieron prevalecer la misericordia sobre los inconvenientes de incumplir un juramento hecho en nombre de Dios (c. 2). Luego, obispos y dignatarios palatinos reiteraron, en abierta crítica al monarca reinante, que los reyes debía acceder al trono por elección y añadieron que ésta debería hacerse en Toledo o donde hubiera muerto el rey por los obispos y los magnates de palacio (c. 10). Por último, la asamblea conciliar, erigida en alto tribunal, abordó el tema de los bienes confiscados por Chindasvinto y emitió un decreto en nombre del príncipe, estableciendo la distinción entre los bienes personales del monarca y los pertenecientes al patrimonio de la corona, los primeros pasarían a sus descendientes, pero los segundos sólo podrían ser poseídos por Recesvinto como patrimonio regio (Vives, 289-293).

Estas últimas medidas eran cruciales para los intereses de la nobleza y la Iglesia, interesados tanto en poner coto al encumbramiento excesivo de una familia y evitar así que la dignidad regia pudiera perpetuarse en un linaje, como en garantizar su propio acceso al disfrute de los bienes estatales. Según se establecía en el decreto, éstos debían ser utilizados por el príncipe para auxilio de los súbditos, “de modo que cada cual reciba aquello que justamente le es debido” (Vives, 292), sin duda como contrapartida a la fidelidad prestada tal como se había establecido en los concilios V y VI de 636 y 638, de Toledo, celebrados en tiempos del rey Chintila. Estos acuerdos se vieron sancionados por una ley de Recesvinto promulgada durante la celebración del concilio y conservada también entre sus actas, en la que fijaba todos los bienes obtenidos por los reyes, al margen de los adquiridos por sucesión, donación y otras fórmulas de derecho privado, pasarían al patrimonio de la corona y estarían a disposición de los sucesores en el trono, y otorgaba también garantías para que en lo sucesivo nadie se viera privado arbitrariamente de sus bienes por los príncipes (Vives, 293-296). Con la asunción de estas medidas, Recesvinto parece plegarse a los intereses de la nobleza y la Iglesia, no obstante se suele señalar cómo la ley promulgada por el monarca se aparta ligeramente de las pretensiones de la asamblea conciliar, ya que Recesvinto eliminó toda alusión a los bienes confiscados por su padre y dio a esta ley un carácter retroactivo, al disponer que se aplicase a todos los bienes adquiridos por la corona desde los tiempos de Suintila (621-631), lo que sin duda permitía reclamar para la misma y por tanto poner a su propia disposición otra masa importante de bienes (Thompson, 1971: 233; Orlandis, 1977: 173).

Un año después tendría lugar la promulgación del Liber Iudiciorum. Con el nuevo Código, el legislador, además de fortalecer la autoridad de la monarquía, pretendía adecuar el marco jurídico a las nuevas exigencias del cuerpo social, que necesariamente se habían ido renovando desde que Leovigildo promulgara el llamado Codex Revisus. Algunos de los cambios más evidentes afectaron a la organización de la administración territorial, que fue reorganizada por Chindasvinto y Recesvinto. Sus medidas supusieron la eliminación de la antigua distinción entre militia armata y militia civilis heredada del estado bajoimperial, al extender al conjunto de los mandos militares atribuciones judiciales. Hasta entonces sólo los comites civitatum y sus vicarii, habían sumado a su funciones castrenses otras de orden judicial, pero tras las reformas de estos dos monarcas también las pasaron a ejercer los duces provinciarum y los distintos suboficiales militares —thiufadus, milenarius, quingentenariusy centenarius—. Tras la asunción de estas tareas los duces se convirtieron en suprema instancia de justicia a nivel provincial, desplazando a los antiguos gobernadores civiles (rectores), que no tardarán en desaparecer. Estas innovaciones en el terreno judicial se vieron completadas con la atribución a los obispos de un destacado papel en el funcionamiento de la justicia regia, como instancias de apelación. Así, una ley de Chindasvinto y otra de Recesvinto (LI. 2.1.24; 2.1.30) establecen que en aquellos casos que los jueces civiles fuesen recusados por alguna de las partes envueltas en el proceso, el juez recusado junto con el obispo local debían tratar conjuntamente la causa y emitir una sentencia en común, que no eliminaba la posibilidad de una última apelación al rey.

Vistas en su conjunto estas reformas vienen a responder a un proceso ya en curso de creciente militarización del aparato administrativo, que ya tenía precedentes en el Imperio desde época de Justiniano y que sin duda responde a un proceso generalizado de regionalización, que afectó al conjunto del mundo mediterráneo. También la intervención de los obispos como supervisores de las autoridades judiciales laicas, tiene su modelo en una Novela del emperador Justiniano (CJC, Novellae 86), que habría que enmarcar en una política general tendente a neutralizar los distintos poderes locales —civiles y eclesiásticos— en beneficio de la monarquía (Zeumer, 1944: 169-173). Por otra parte, en el reino visigodo desde los tiempos de Recaredo los obispos habían asumido funciones de supervisión de las autoridades civiles en materia fiscal y procesal. Esto no fue tanto resultado de la subordinación del poder civil al eclesiástico, sino más bien consecuencia de la progresiva interpenetración entre ambas esferas de poder, algo que también se pone de manifiesto en el continuo recurso a respaldar las leyes con juramentos y sanciones conciliares, lo que a su vez llevaba aparejada la necesidad de contar con el respaldo de las asambleas eclesiásticas para adoptar medidas de carácter político. Todo ello era fruto de una justicación metafísica del poder, que en el caso del reino visigodo había sido plenamente asumida a partir de la conversión de Recaredo y que continuaría su desarrollo especulativo a lo largo de todo el siglo VII.

Desde el punto de vista teórico se esperaba que ambos poderes, monarquía y episcopado, actuasen armónicamente para el bien de la comunidad, sin embargo no dejaban de existir tensiones, tal como se puso de manifiesto en los primeros años de este reinado. Recesvinto volvió a convocar un nuevo sínodo general en Toledo en 656 —el X porque un año antes en 655 se reunió también en Toledo un sínodo provincial de la Cartaginense conocido impropiamente como el IX— que contó con escasa asistencia, lo que unido a la reiteración en el primero de sus cánones sobre lo ya dispuesto en torno a la inviolabilidad de los juramentos prestados a los reyes, muy especialmente por parte de los eclesiásticos, podría hacer pensar en un reciente conato de rebelión aún no completamente sofocado con alta participación de aquellos (c. 2). En todo caso, éste fue el último concilio general reunido por el monarca, a pesar de que su reinado se extendió hasta el año 672, por lo que se puede sospechar que las relaciones de Recesvinto con la jerarquía eclesiástica no respondieron a las expectativas que se habían generado a comienzos del reinado. Los concilios toledanos reunidos durante este reinado también prestaron atención al tema judaico. Es de resaltar que los padres reunidos en el VIII Concilio (a. 653) reiteraran la obligación de atenerse a lo establecido en el IV (a. 633) celebrado en tiempos de Sisenando, donde si bien se adoptaron severas medidas contra los judaizantes —prescribiendo la separación de sus hijos y la emancipación de sus esclavos— al mismo tiempo se prohibieron las conversiones forzosas y se recomendó recurrir a la persuasión. Es decir, los padres adoptaron una postura relativamente moderada, que contrasta con las severas leyes que hizo incluir Recesvinto en el Liber, promulgado sólo unos meses más tarde de concluida la asamblea conciliar a comienzos del 654. Éstas prohibían a los judíos la celebración de sus ritos y festividades, incluidos la santificación del sábado y la Pascua, también proscribían sus costumbres alimenticias y, por último, reforzaban su marginación social al limitar sus derechos procesales, pues aunque se seguía aceptando que emprendieran acciones legales entre ellos ante jueces cristianos, en adelante se les prohibió emprender acciones legales contra los cristianos e incluso testificar contra cristianos, incluidos los de condición servil, prohibición que, salvo en casos muy excepcionales, también se extendió a los conversos, (LI. 12.2.5-10; García Iglesias, 1978: 119-120). Esta extensión a los conversos de las restricciones impuestas a los judíos es un buen exponente de la importancia que llegó alcanzar el problema de los judaizantes o falsos conversos. Prueba de ello es el placitum que durante el reinado de Recesvinto volvieron a suscribir los judíos de Toledo (654), donde reconocen haber incumplido el anteriormente suscrito en tiempos de Chintila y renuevan su compromiso de perseverar en la fe católica. En conclusión, ni las reiteradas medidas legislativas, ni los compromisos colectivos asumidos por las comunidades judaicas, a través de los placita con las autoridades civiles y eclesiásticas, demostraron ser muy eficaces, por lo que en el futuro los monarcas adoptaron métodos mucho más drásticos tendentes a desvincular a los nuevos conversos de sus comunidades de origen y a desestructurar éstas (Orlandis, 1980: 170-71).

5.4. El proceso político de feudalización y el final de la monarquía

Para estos reinados, las principales fuentes son de naturaleza jurídica. Por una parte, actas conciliares, pues fueron varios los sínodos toledanos celebrados en este período —uno en el reinado de Vamba, tres en el de Ervigio, otros tres en el de Egica y uno, cuyas actas no se han conservado, en el de Vitiza—, y por otra, la nueva edición del Liber Iudiciorum promulgada por Ervigio en 681, que revisa y adapta muchas de sus leyes e incorpora al texto inicial, promulgado en 654, las leyes emitidas con posterioridad a esa fecha. En cambio, las fuentes cronísticas escasean, pues sólo se cuenta con la Historia Wambae de Julián de Toledo, la Crónica mozárabe de 754 y algunas referencias en crónicas asturianas del siglo IX de dudosa fiabilidad. Al inicio de esta etapa la nobleza logró poner ciertos límites al poder regio, especialmente en el terreno procesal, no obstante la monarquía continuó haciendo valer su preeminencia apelando a distintas instancias que la validaban como representante de una autoridad superior: adoptando medidas legislativas, interviniendo como cabezas de la jerarquía eclesiástica y reforzando su posición como líderes religiosos al frente de una comunidad cohesionada ideológicamente, en la que no hay cabida para las minorías religiosas. Al mismo tiempo, redobló sus esfuerzos por establecer una sucesión dinástica, al conseguir que las asambleas conciliares acordaran nuevas medidas destinadas a proteger la vida y los bienes de la prole regia. Tras esas medidas lo que se estaba dirimiendo era el control de los bienes de la Corona, sometidos a un irreversible proceso de patrimonialización, que se disputan nobleza y monarquía en medio de una tensa pugna, que se prolongará hasta la extinción del reino y que fue uno de los principales factores que contribuyeron a su final.

5.4.1. Vamba (672-680)

En septiembre de 672, tras la muerte de Recesvinto en Gérticos, pequeño lugar en territorio salmanticense, fue elevado allí mismo al trono un notable de nombre Vamba. Las circunstancias de su elección y los primeros años de su reinado son bien conocidos, gracias a la Historia Wambae, escrita por el obispo Julián de Toledo, contemporáneo del monarca. Es uno de los pocos reyes que accedió al trono de acuerdo con las medidas establecidas en los concilios toledanos. Es también el primer rey del que sabemos que fue ungido, unción que tuvo lugar en Toledo y que le fue impuesta de manos del metropolitano Quirico, aunque de las palabras de Julián se infiere que el ritual era conocido con anterioridad. A pesar de que su elección se atuvo a todos los preceptos legales, ese mismo año Vamba tuvo que hacer frente a una importante sublevación en la Galia gótica. La contundencia de su actuación, las severas medidas legislativas adoptadas a continuación con objeto de reforzar la estructura militar, otras destinadas a reforzar el control sobre la Iglesia y las propias circunstancias en que se produjo su deposición ponen en evidencia que Vamba llevó a cabo una política de reforzamiento de la autoridad regia en la línea de sus antecesores.

Apenas llegado al trono estalló una grave rebelión en la Galia gótica encabezada por Ilderico, comes de la ciudad de Nimes. Para reducirlo, Vamba envió allí al dux Paulo, pero éste se rebeló a su vez, se atrajo a un importante sector de los cuadros de la Tarraconense y pactó con Ilderico y los suyos, proclamándose rey en Narbona. Fue ungido y escribió una carta a Vamba, titulándose Flavius Paulus unctus rex orientalis, luego buscó nuevos aliados entre los enemigos tradicionales de los visigodos, como los francos y los vascones. En aquellos momentos Vamba se hallaba luchando contra los vascones, a los que sometió tras una rápida campaña, obligándoles a aceptar la paz con entrega de rehenes y pago de tributos. Sometidos éstos, el rey penetró en la Tarraconense, ocupando las ciudades de Barcelona y Gerona, a continuación atravesó los Pirineos y, tras controlar las fortalezas que defendían sus pasos, llegó a la Galia gótica, donde tomó Narbona y otras ciudades, apoderándose finalmente de Nimes, ciudad en la que había buscado refugio Paulo, que acabó rindiéndose. La victoriosa campaña no terminó con la ejecución de los rebeldes, sino que, accediendo a la petición del obispo de Narbona, que pidió clemencia para sí mismo y para los demás implicados, les fue perdonada la vida, aunque fueron juzgados por violar el juramento de fidelidad y condenados como traidores con sus consiguientes penas —pérdida de capacidad procesal, confiscación de bienes y reducción a la servidumbre regia—. Cuando el rey volvió a Toledo, celebró su victoria con una procesión triunfal, en la que figuraban los enemigos vencidos en situación humillante -decalvados, rasuradas las barbas, descalzos, cubiertos de harapos y montados en carros tirados por camellos— para ignominia pública.

El texto de Julián de Toledo, junto con los documentos anejos al mismo, ofrece una serie de detalles sobre la revuelta de Paulo, de los que carecemos para otras revueltas anteriores. Resulta significativa la dignidad que llegó a asumir el rebelde, denominándose rey de Oriente y calificando en contraposición a Vamba de rey del Austro, es decir, de las regiones meridionales o australes. Paulo, asumió la dignidad con todo su aparato, se hizo ungir por uno de los obispos que habían tomado parte en la sedicción, se coronó, utilizando para ello una corona votiva que había sido ofrecida por Recaredo a la iglesia de San Félix en Gerona, y exigió a sus seguidores que le prestasen juramento de fidelidad. En el juicio que se siguió contra él en la ciudad de Nimes, una vez sofocada la revuelta, se puso especial énfasis en el tema de los juramentos, el quebrantado por Paulo y el que a su vez exigió a sus seguidores, convirtiéndoles en traidores y haciéndoles proceder a su vez contra la fidelidad debida y previamente jurada. De todo ello se desprende que Paulo, aunque por poco tiempo, llegó a reinar sobre la Galia gótica y parte de la Tarraconense, y que contó con el apoyo de la mayoría de sus cuadros laicos y eclesiásticos, tal como lo refrendan los numerosos personajes que son citados nominalmente, algunos de ellos con sus cargos, en los textos referidos al juicio anejos a la Historia Wambae. La propia estructura del reino, donde los altos jefes militares —duces provinciarum y comités civitatum— habían terminado por sumar a sus atribuciones castrenses amplias funciones judiciales y administrativas, cuyo desempeño implicaba también el disfrute de importantes masas de bienes estatales, explica estos éxitos, pues contribuyó a dotar a esos personajes de un amplio arraigo en los distritos bajo su administración, concitando una red de lealtades en torno a sus figuras y proporcionando una base social para este tipo de rebeliones.

Como consecuencia de la rebelión y poco después de la victoria sobre Paulo, el 1 de noviembre de 673, Vamba promulgó una ley con objeto de reafirmar la estructura militar en beneficio de la corona (LI. 9.2.8). En ella pueden distinguirse dos partes, en una se trata de los ataques venidos del exterior y en la otra de las rebeliones internas. En la primera parte, referida a los ataques de enemigos externos, se estableció que debían participar en la defensa del reino además de los jefes militares —dux, comes, thiufadus, uicarius—, en quienes recaía también la convocatoria, los obispos y clérigos de cualquier grado, así como todas las personas libres —nobiles, mediocriores, viliores—, que habitaran en el territorio donde se produjera el ataque o en las áreas colindantes. Todos ellos —jefes militares, clérigos y laicos— debían acudir con la totalidad de sus fuerzas y si no cumplían con esta obligación, produciéndose daños y cautivos en las provincias afectadas, serían penalizados. Los obispos y demás clérigos de rango superior deberían compensar con sus propios bienes los daños causados o serían desterrados, mientras que los de rango inferior y los laicos de cualquier condición, incluidas las jerarquías castrenses, perdían sus derechos procesales —capacidad de testificar— y eran relegados a la servidumbre, quedando a merced de la voluntad regia, en tanto que sus bienes les serían confiscados para indemnizar con ellos a los perjudicados. En el segundo caso, el de las rebeliones internas, la ley establecía las mismas obligaciones, pero en el caso de las penalizaciones todos, incluidos los obispos, eran castigados por igual con el destierro y la confiscación de bienes. El texto finaliza subrayando que la severidad de la ley pretende poner fin a viciadas prácticas con fuerte arraigo desde tiempos pretéritos hasta la fecha y por el contrario que la unánime adhesión contribuya a lograr la paz interna y la defensa de la patria.

El texto de esta ley deja bien claro que para esas fechas el ejército visigodo se nutría fundamentalmente de comitivas privadas. La irrupción de las comitivas privadas en los ejércitos data del siglo V, dispusieron de ellas altos cargos militares romanos como el general Aecio y debían tener una fuerte presencia en el reino visigodo de Tolosa, puesto que Eurico (466-484) promulgó leyes regulando la relación de estos hombres con sus patronos. Cien años después, Leovigildo (568-587) no sólo recogió estas leyes de Eurico en su Codex Revisus (LI. 5.3.1-2), sino que incluyó otras que atestiguan la presencia de ejércitos privados en las expediciones militares de carácter público (LI. 4.2.15; 11.1.19; 9.2.7; Pérez Sánchez, 1989: 113-116). Finalmente, en 673 la ley militar de Vamba nos presenta un ejército que, sin haber perdido por completo su carácter público, puesto que se regulaba por ley y se privilegiaba la autoridad de los jefes militares a cuyo cargo se hallaban las convocatorias, aparece integrado no sólo por los militares de oficio, sino por todos los hombres libres del reino, tanto laicos como eclesiásticos, que además debían acudir con todos sus hombres, se entiende sus dependientes, tanto más cuando en la nueva ley militar promulgada por Ervigio en 681 son llamados servi (LI. 9.2.9). En opinión de algunos estudiosos, esta obligación que se impone con carácter general a todos los súbditos, incluidos los eclesiásticos, se sustentaría en el juramento de fidelidad, prestado al soberano al llegar al trono y por el que se comprometían a la defensa del rey y el reino, tanto más cuanto la fidelidad se veía recompensada por los monarcas con importantes concesiones de tierras, detraídas del patrimonio de la corona. Precisamente, su incumplimiento acarreaba las mismas penas que la ruptura del juramento de fidelidad —pérdida de derechos procesales, caída en la servidumbre o el destierro y confiscación de bienes— tal como se había aplicado a Paulo y sus secuaces (Barbero y Vigil, 1978: 140-43; Petit, 1985: 181-182). Por otra parte, el significativo peso alcanzado por las comitivas armadas en el ejército visigodo, síntoma de su avanzado proceso de feudalización, es también un elemento a tener en cuenta a la hora de explicar la dinámica de constantes revueltas en que se debatían las relaciones de poder en el reino de Toledo.

En su actividad legislativa Vamba no sólo se ocupó de regular el cumplimiento de las obligaciones militares por parte de los súbditos, sino que además tomó medidas destinadas a reforzar el control sobre la Iglesia, en especial los obispos, y de poner límites a su desarrollo patrimonial, tanto en tierras como en dependientes. Así, los padres reunidos en el XI Concilio de Toledo, celebrado en 675, aluden a unas leyes del monarca, que ahora pasaron a respaldar con un acuerdo conciliar, contra la apropiación indebida por parte de los obispos de propiedades ajenas o de bienes fiscales (c. 5). No se conserva ninguna ley de Vamba a este respecto, pero sí otra que prohíbe los matrimonios entre libertos de la Iglesia y hombres libres (LI. 5.1.7), que en definitiva responde a la misma finalidad, poner límite a un abusivo encumbramiento de la Iglesia, puesto que los descendientes de esas uniones quedaban en la dependencia de la misma. La asamblea conciliar también se encargó de recordar que los obispos no tenían capacidad para emitir sentencias que implicaran derramamiento de sangre, es decir penas de muerte o mutilaciones (c. 6), pues las causas penales de orden mayor eran competencia exclusiva de la justicia regia. En definitiva, el reinado de Vamba se inscribe en la línea de reforzamiento de la autoridad regia emprendida por Chindasvinto, lo que sin duda le granjeó las simpatías de la nobleza y el clero, como pone de manifiesto el confuso final de su reinado.

El reinado de Vamba se vio interrumpido de manera brusca en octubre de 680 por una conjura, que se desarrolló sin derramamiento de sangre y en medio de una aparente legalidad. Según las actas del XII Concilio de Toledo, celebrado unos meses más tarde, el rey, gravemente enfermo, recibió la penitencia y junto con ella el hábito religioso y la tonsura en presencia de altos dignatarios de palacio, lo que de acuerdo con lo prescrito en el VI Concilio de Toledo le incapacitaba para seguir ocupando el trono. Al parecer, Vamba también firmó documentos, en los que elegía como sucesor a Ervigio y recomendaba a Julián, metropolitano de Toledo, que lo ungiera sin dilaciones, documentos que fueron analizados detenidamente por la asamblea conciliar. Sin embargo, una crónica astur de finales del siglo IX cuenta que Vamba fue narcotizado y en esa situación los conjurados le tonsuraron y vistieron con hábito religioso, quedando así obligado a renunciar a la vida pública y hacer vida de monje hasta el fin de sus días. Esta versión de la deposición de Vamba parece más conforme con la realidad, ya que en el canon segundo los padres reunidos en el XII Concilio de Toledo se ocuparon de aquellos que habían recibido la penitencia estando sin sentido, declarando su validez y estableciendo, en clara alusión al rey Vamba, “que aquellos que de cualquier modo recibieron la penitencia, no vuelvan jamás a ceñir el cíngulo militar” (Vives, 389).

5.4.2. Ervigio (680-687)

El ascenso al trono de Ervigio (680-687), tras el destronamiento de su predecesor, puede considerarse fruto de la reacción de la nobleza y la Iglesia frente a la política de reafirmación del poder regio llevada a cabo por los últimos monarcas. Así, Ervigio abordó desde los comienzos de su reinado la rehabilitación de los condenados por alzarse contra Vamba o por haber incumplido la reciente ley militar, si bien la tarea era compleja y necesitó de dos asambleas conciliares para llevarla a cabo. El XII Concilio de Toledo, celebrado poco después de su llegada al trono, en enero de 681, se ocupó prioritariamente de legitimar el acceso de Ervigio al trono y sancionar el apartamiento de Vamba (c. 1 y 2), pero además la asamblea acordó ratificar el perdón otorgado previamente por el monarca a los condenados por alta traición, levantándoles la excomunión, y también reducir las penas impuestas a los condenados en virtud de la ley militar, restituyéndoles sus derechos procesales “conforme a su antigua dignidad y nobleza”, incluso para testificar en causas ya falladas (c. 3 y 7). Dos años más tarde, el XIII Concilio de Toledo, celebrado en 683, completó esta labor de rehabilitación y resolvió restituir también la capacidad de testificar y la dignitas, a los implicados en la conjura de Paulo e incluso a todos los reos de alta traición desde los tiempos del rey Chintila (c. 1). En esta ocasión los padres también abordaron el tema de los bienes confiscados, tanto a los rebeldes como a los que habían incumplido la ley militar de Vamba, al acordar su devolución en el caso de que siguieran adscritos al fisco real o patrimonio de la Corona y que no hubieran sido donados a terceros, ni cedidos en estipendio como recompensa por los servicios prestados (c. 1). Aunque las condiciones citadas limitaban el alcance de la medida, éste era un tema crucial, ya que la condición de hombre libre disfrutando de la plenitud de derechos procesales, que para entonces venía a identificarse con la condición nobiliaria, difícilmente se podría sostener si no iba acompañada de bienes raíces y una amplia red de dependientes.

Ahora bien, la labor del XIII Concilio a la hora de poner límites a la autocracia regia no se conformó con las citadas medidas rehabilitadoras, sino que adoptó otras de mayor calado. Por una parte, estableció una serie de garantías procesales destinadas a evitar que los magnates palatinos y las jerarquías eclesiásticas pudieran verse privados de sus cargos y despojados de sus bienes sobre la base de acusaciones arbitrarias de alta traición, estableciendo que en adelante tales acusaciones fueran vistas públicamente ante tribunales formados por personas de su mismo rango (c. 2). Es cierto que el IV Concilio de Toledo (633) en su canon 75 ya se había ocupado de otorgar garantías procesales para los delitos de alta traición, al propugnar la celebración de juicios públicos, que no tuvieran al monarca como único juez. Sin embargo, el XIII Concilio dio una mayor concreción a estos principios, definiendo el carácter colegiado que habrían de tener los tribunales y prohibiendo de forma contundente los procedimientos extraordinarios, donde de forma excepcional y al arbitrio de la corona se admitía incluso que nobles y eclesiásticos pudieran ser encarcelados y sometidos a tortura a la hora de obtener confesiones. En esta misma línea de actuación, el concilio también se ocupó de poner coto al desarrollo de la burocracia patrimonial al servicio de la corona, prohibiendo el acceso a la misma de los siervos o libertos que fueran de origen privado y no fiscal, ya que podían terminar ejerciendo autoridad sobre sus antiguos dueños, algo que el concilio denuncia (c. 6). Si estas medidas fueron impuestas a la Corona por la asamblea, pues no figuran en el tomo regio que Ervigio sometió a su deliberación, otras igualmente beneficiosas para la nobleza partieron del propio monarca y así el concilio sancionó un decreto regio sobre remisión de tributos, con la condonación de los pagos adeudados al erario público con anterioridad al primer año del reinado de Ervigio (c. 3). Como compensación a todo ello, el concilio acordó retribuir la generosidad del príncipe extendiendo su protección a la familia del monarca en la línea de las antiguas disposiciones conciliares de época de Chintila (636-639), que ya habían decretado la inviolabilidad de la prole regia y la protección de sus bienes, pero ahondando en la casuística, ya que no sólo se condenaba el quitarles la vida, sino también desterrar o tonsurar a los varones, con objeto de excluirlos de la sucesión, así como imponer el hábito religioso a su viuda, hijas y nueras, al tiempo que se reiteraba la normativa general protegiendo la integridad de sus patrimonios (c. 4).

Las medidas legislativas de Ervigio están en consonancia con esta nueva línea de limitación de la autocracia regia a favor de los intereses de la nobleza y la Iglesia. A principios de su reinado promulgó una nueva ley militar, muy semejante a la de Vamba, pero que suavizaba sus exigencias así como los castigos previstos por su incumplimiento (LI. 9.2.9). Lo que primero llama la atención de esta nueva ley militar es que se excluye a los eclesiásticos de entre las personas que debían incorporarse al ejército. Otra novedad es que mientras que en la época de Vamba los convocados debían acudir con todas las fuerzas disponibles, la ley de Ervigio, tras un largo preámbulo lamentando que en la mayoría de los casos los convocados no acuden ni con el veinte por ciento de sus fuerzas, sólo exige incorporarse con la décima parte de los servi —término que para estas fechas incluye tanto a esclavos, como a libertos y dependientes libres de inferior condición—. Por último, se atenuaba el rigor de penas aplicadas a los que incumplían con esta normativa, de forma que los únicos que podían ser reducidos a la servidumbre eran los mandos militares inferiores y sólo en el caso de que no pudieran pagar una elevada compensación. En definitiva, se suavizaron las exigencias y las penas derivadas de su incumplimiento, pero no se alteró la estructura, mitad pública mitad privada, que ya presentaba el ejército visigodo desde los tiempos de Vamba e incluso antes, con la convocatoria y dirección a cargo de los propios monarcas o sus generales y el grueso de sus fuerzas resultado de la suma de comitivas privadas.

La tarea legislativa de Ervigio no se limitó a la promulgación de nuevas leyes, sino que también llevó a cabo una nueva edición revisada del Liber Iudiciorum, que fue promulgada el 21 de octubre de 681 al cumplirse el primer año de su reinado. Entre las leyes emitidas por Ervigio y agregadas al nuevo código, sobresalen las promulgadas contra los judíos (LI. 12.3.1-28). Estas últimas leyes, que fueron dadas a conocer por Ervigio en el XII Concilio de Toledo y aprobadas por la asamblea en su canon noveno, eran de una extrema dureza y superaban si cabe el rigor de las anteriores, que por otra parte fueron confirmadas. De hecho, el judaísmo como religión quedó prohibido, puesto que se daba a los judíos el plazo de un año para convertirse. Además, buscando una mayor eficacia, se sustituyeron los placita colectivos, donde junto a la abjuración del judaísmo se proclamaban los dogmas de la fe católica, por profesiones personales de fe suscritas individualmente por el nuevo converso y se decretaron una serie de medidas destinadas a controlar el correcto comportamiento de los nuevos conversos, cuya supervisión se encomendaba a los obispos, ante quienes tenían que presentarse de forma regular todos los sábados (García Iglesias, 1978: 126-127). De resultas de estas medidas, en adelante, aunque la legislación civil y canónica continúen refiriéndose a los judíos, se trata siempre de conversos sospechosos de judaizar. En esta etapa avanzada de la historia del reino visigodo, la disidencia religiosa no tenía ya cabida en un estado, cuyo entramado ideológico descansaba sobre una teoría política de carácter religioso-cristiano.

Precisamente fue en el terreno religioso en el que Ervigio hizo valer con mayor contundencia la superior autoridad de la realeza, no sólo definiendo la política antijudaica, que en última instancia perseguía reforzar la cohesión del reino a partir de su homogeneización religiosa, sino también estableciendo un firme control sobre las jerarquías eclesiásticas. Así, el XII Concilio de Toledo en su canon sexto acordó, se supone que a instancias del monarca, que en adelante el obispo de Toledo fuera el encargado de consagrar a los obispos de las distintas sedes del reino, consagración que habría de recaer sobre los elegidos por el monarca o por el propio obispo toledano. La nueva normativa, rompía con el tradicional sistema que venía rigiendo desde el Concilio de Nicea, que reservaba a los obispos metropolitanos la consagración de los nuevos titulares de los distintos obispados de su provincia, al tiempo que seguía reconociendo el derecho del “clero y el pueblo” de las distintas comunidades o iglesias episcopales a elegir a su nuevo rector. Ahora bien, la nueva fórmula se acomodaba mejor a la praxis que se había impuesto en el tema de la elección de los nuevos obispos, donde los teóricos derechos electivos del clero y el pueblo primero fueron absorbidos por los potentes y luego de manera creciente por los monarcas toledanos, siendo ya una práctica generalizada en tiempos de Chindasvinto, con la diferencia de que entonces mereció la reprobación de obispos como Braulio de Zaragoza (Riesco Terrero, 1975: 31-33) y en cambio ahora es sancionada por el concilio y pasa a transformarse en norma obligada.

5.4.3. Egica (687-702) y Vitiza (698/702-710)

Los comienzos del reinado de Egica (687-702) se desarrollaron en medio de una gran inestabilidad política. Antes de morir a mediados de noviembre de 687, Ervigio designó sucesor a su yerno Egica, casado con su hija Cixilo, relegando a sus propios hijos varones. La sucesión parece resultado de un pacto con una potente facción nobiliaria, que impuso su candidato, algo de lo que se hacen eco las crónicas asturianas de finales del siglo IX, que vinculan a Egica con la familia de Vamba. Ahora bien, Egica en los primeros años de reinado debió de ser fuertemente contestado por los hijos de Ervigio, según se desprende de las medidas que adoptó con el fin de debilitar sus posiciones. Éstas fueron concretadas en el marco del XV Concilio de Toledo, celebrado en 688 a los pocos meses de su acceso al trono con objeto de recabar el máximo apoyo y a su vez soslayar los recientes decretos conciliares, que obligaban a proteger a las personas y patrimonios de los descendientes de los reyes y que en su caso se habían visto además reforzados con un juramento específico, prestado con ocasión de su matrimonio con la reina Cixilo. Egica se ocupó de que el concilio le eximiese parcialmente de esas obligaciones, argumentando que la familia de Ervigio se había beneficiado de los abusos e injustas confiscaciones realizadas por el citado monarca. La asamblea se plegó a los dictados del monarca, argumentando a su vez que en el caso de los juramentos regios el general que prometía protección al pueblo debía prevalecer sobre el particular prestado en favor de sus parientes (Vives, 464-467), permitiendo así que Egica pasara a controlar una importante masa de bienes en detrimento de los hijos de Ervigio, que verían cercenadas sus bases materiales.

Algún tiempo después Egica tuvo que afrontar el estallido de una revuelta, en la que estuvo envuelto el obispo Sisberto, que en 690 había sucedido a Julián al frente de la sede metropolitana de Toledo. Se trató de una revuelta de envergadura, pues según las actas del XVI Concilio de Toledo de 693 no sólo buscaba deponer a Egica, sino también darle muerte junto con algunos miembros de su familia y es probable que los rebeldes llegaran a controlar la sede regia durante algún tiempo, pues además de contar con la participación de su obispo se conserva una moneda acuñada en Toledo por un tal rey Sunifredo. Quizá esto explique, que en 691 Egica se hallase en Zaragoza, donde convocó un concilio, que casualmente no lleva suscripciones y donde se acordó que las viudas regias en adelante entrasen en un monasterio de vírgenes, contraviniendo anteriores disposiciones conciliares. Muy posiblemente este acuerdo responda a los intentos por parte del rival de Egica de consolidar su posición mediante un matrimonio con la viuda de Ervigio. Para mayo de 693, esta revuelta había sido sofocada y el XVI Concilio de Toledo, celebrado en esa fecha, no sólo juzgó y depuso al metropolitano Sisberto, sino que también ratificó las condenas de los que habían participado en la revuelta, y reiteró la doctrina conciliar sobre la inviolabilidad de la figura regia, en su calidad de ungido y elegido de Dios, insistiendo también en la obligación de respetar el juramento de fidelidad al rey (c. 9-10).

Se pueden relacionar con esta conjura dos leyes de Egica (LI. 2.5.19; 2.1.7). En una se prohíbe hacer juramentos a otras personas, a excepción del juramento de fidelidad hecho al rey y de los juramentos que se realicen en los juicios, añadiéndose que el que violara esta ley sería castigado con las penas reservadas a los crímenes de alta traición. La otra ley estaba destinada a regular la forma en que en adelante habría de prestarse el juramento de fidelidad: los dignatarios palatinos debían hacerlo de manera personal ante el rey y el resto de los hombres libres ante unos funcionarios llamados discussores iuramenti, que recorrerían el territorio del reino con este fin. En caso de incumplimiento, tanto los dignatarios de palacio como el resto de los hombres libres, se verían privados de sus bienes, que quedaban a total disposición del monarca, lo mismo que sus personas. Estas leyes vienen a confirmar que la expresión fideles regum hace referencia al conjunto de los súbditos y no a un grupo reducido hombres encomendados especialmente al monarca, que habría que identificar con los gardingi, miembros de la guardia personal del rey, tal como sostiene una tradición historiográfica fuertemente arraigada (Sánchez Albornoz, 1942).

Ahora bien, son múltiples los testimonios que presentan al conjunto de los súbditos ligados de forma personal con el monarca mediante un juramento de fidelidad. En primer lugar, el IV Concilio de Toledo (633) ya condenó drásticamente la ruptura del juramento de fidelidad, que los súbditos hacían al rey. Unos años después, los Concilios V y VI de Toledo (636 y 638) otorgaron garantías al conjunto de los que cumplían con la fidelidad debida al rey, en lo que concierne a los bienes recibidos de los monarcas y a los cargos que éstos les hubieran confiado, sin que puedan identificarse los fideles regum citados en ambos concilios con un grupo reducido de notables. Con posterioridad, el VII Concilio de Toledo (646) recoge cómo también los miembros de la jerarquía eclesiástica prestaban este juramento. Algún tiempo después, los textos concernientes a la revuelta de Paulo contra Vamba en 672-673 otorgan una especial atención al quebrantamiento de los juramentos de fidelidad por parte de los rebeldes. Y por último, la citada ley de Egica que regula la prestación del juramento de fidelidad, se ocupa tanto de los dignatarios palatinos, entre los que bien pudieran estar incluidos los mencionados gardingi, además de duces y comites, como del conjunto de los hombre libres del reino, que no lo habrían de prestar personalmente ante el monarca, pero sí ante unos agentes especiales, los discussores iuramenti, que con este fin habrían de recorrer el reino.

En 694, se volvió a celebrar un nuevo concilio en Toledo, el XVII, que tuvo como principal preocupación el tema judaico. El rey, en la alocución que dirigió a la asamblea conciliar, denunció que los judíos del reino concertados con los hebreos de ultramar se disponían a combatir al pueblo cristiano y solicitó del concilio medidas contundentes contra los conversos, a los que se acusa de seguir judaizando pese a las severas medidas adoptadas por Ervigio, pues se afirma textualmente que “habían mancillado la túnica de la fe recibida de la Iglesia en el bautismo” (Vives, 535). La historia de la supuesta conspiración judaica, contra la cristiandad en general y el reino godo en particular, no puede ser aceptada como un hecho histórico, aunque la referencia a los hebreos de ultramar quizá pudiera aludir a los de las regiones de Oriente y norte de África conquistadas por los musulmanes, donde los judíos habían colaborado en muchos casos con los invasores árabes. En todo caso, la presunta conspiración fue utilizada para justificar las severísimas medidas que se adoptaron en este concilio. La asamblea acordó que fuesen reducidos a la servidumbre, privados de todos sus bienes, separados de sus hijos menores de siete años, que serían educados cristianamente, y dispersados por todas las provincias de Hispania, no pudiendo recuperar su condición de hombres libres mientras persistieran en su infidelidad (c. 8). De estas medidas quedaron excluidos los judíos de la Galia gótica, según se nos dice debido a la despoblación que padecía dicha provincia por causa de la peste inguinal, pero se les obligó a poner sus bienes a disposición del gobernador provincial (Vives, 525). El contenido de este canon representa la culminación de la amplia legislación antijudaica de los reyes visigodos. En una época en que difícilmente se deslindaban los aspectos políticos y religiosos y que se confundía la fe debida a Dios con la fe debida al rey, los que no participaban de la religión dominante comenzaban siendo marginados por sus creencias religiosas y terminaban siendo acusados de querer apropiarse del trono y del reino. Otro tema de interés tratado por el XVII concilio fue el de la protección a la descendencia regia. El XVI concilio (693) ya se había ocupado del tema, reiterando las medidas acordadas en tiempos de Ervigio (XIII Concilio, c. 4) destinadas a garantizar la inviolabilidad de la descendencia regia y reforzando sus acuerdos con la exigencia de que en todas las iglesias se elevaran diariamente preces por el rey y su familia (c. 8). El XVII Concilio (694) incidirá sobre todo en la cuestión del patrimonio de la prole regia, desarrollando la casuística destinada a garantizar que los hijos del rey pudieran disfrutar libremente de la totalidad de sus bienes, tanto de lo recibido por sucesión hereditaria o adquirido justamente conforme a las normas de derecho privado, como de lo conseguido por generosa donación del monarca, precisamente lo que el propio Egica había discutido y parcialmente arrebatado a los hijos de su suegro Ervigio (c. 7). En realidad las nuevas medidas, destinadas fundamentalmente a garantizar a la prole regia el pleno disfrute de los bienes obtenidos por donación de sus padres, venían a desdibujar la distinción establecida en tiempos de Recesvinto entre bienes de la Corona y bienes patrimoniales de los monarcas, ya que las donaciones regias eran un buen instrumento para transformar los primeros en bienes patrimoniales y así encumbrar la posición de la familia reinante frente al resto de la nobleza, tratando así de conseguir que la más alta dignidad del reino, la corona, no saliera de ella.

Acorde con estos objetivos en el año 698 Egica asoció al trono a su hijo Vitiza. En principio, esta medida no se distinguiría de las asociaciones al trono llevadas a cabo con anterioridad, si no fuese por el hecho de que Vitiza fue ungido a finales de la vida de su padre en el año 700. Esa unción, confirió una sacralidad a la persona del monarca asociado, que iba más allá de la mera corregencia, pues la gratia Dei de la que procedía el poder regio pasaba de este modo a perpetuarse de forma hereditaria en un linaje. De hecho, Vitiza logró suceder a su padre al frente del reino y el posterior apartamiento de sus hijos fue uno de los factores que determinaron la extinción del reino visigodo.

Para el reinado conjunto de Egica y Vitiza (698-702) la Crónica mozárabe contiene un oscuro pasaje en el que se dice que ambos monarcas en el año 701 abandonaron el palacio, trasladándose de un punto a otro de España a raíz de un desastre o calamidad, que se viene asociando a la peste inguinal, que por esos años asoló la Península Ibérica según se recoge en la misma crónica (Chron. Muz. 47.41).Una ley sobre esclavos fugitivos, promulgada por Egica poco antes de su muerte, a fines de 702, viene a probar que efectivamente el rey había abandonado Toledo, pues aparece fechada en la ciudad de Córdoba (LI.9.1.21). Por otra parte, esta ley evidencia, las dificultades que conllevaba el mantenimiento del orden social en momentos de crisis, ya fuera provocada por la expansión de una epidemia, una revuelta interna o una agresión exterior. La Crónica mozárabe, también consigna para este período de corregencia la victoria alcanzada por el comes Teodemiro sobre los bizantinos, que habían intentado desembarcar en las costas de la Cartaginense (Chron. Muz. 87.1). Esta noticia se viene relacionando con las luchas que bizantinos y musulmanes mantenían en el Mediterráneo occidental —norte de África, región del estrecho y mar baleárico— desde la reanudación de la expansión árabe con la fundación de Qairawan en 670, que alcanzó un momento cumbre con la definitiva pérdida de Cartago en 698 y que muy pronto dejará sentir sus efectos en el reino visigodo.

Tras el fallecimiento de Egica en 702, de muerte natural en Toledo, le sucedió su hijo y corregente, que permanecería al frente del reino hasta 710. La figura histórica de Vitiza no es fácil de establecer, dado que se ha visto deformada por relatos legendarios de época muy posterior, que atribuyen a sus pecados de lujuria, a los que también habría arrastrado al clero y al pueblo, el desencadenante de la ira divina que condujo a la destrucción del reino por los árabes. La Crónica Mozárabe de 754, más próxima a los acontecimientos, proporciona un relato menos escatológico sobre el inicio de su reinado en solitario. En consonancia con la actuación que venía siendo habitual entre los últimos monarcas visigodos, Vitiza apenas llegado al trono levantó las condenas que pesaban sobre los miembros de la nobleza goda perseguidos por su antecesor, devolviéndoles su dignidad y tierras (Chron. Muz. 44). Posiblemente, los indultados por Vitiza y reintegrados en el favor real serían los que participaron en la rebelión sofocada en 693, que culminó con la condena y deposición del obispo de Toledo, Sisberto, en el XVI Concilio de Toledo. Verosímilmente la actuación de Vitiza tuvo lugar en el marco del XVIII Concilio de Toledo, celebrado a comienzos de su reinado en solitario, al que asistieron un número considerable de obispos, pero del que no se conservan las actas, siendo ésta una de las razones de nuestros escasos conocimientos sobre su reinado.

5.4.4. Rodrigo (710-711) y la extinción del reino visigodo de Toledo

El final del reinado de Vitiza es mal conocido pues no hay ninguna noticia explícita sobre su muerte y las circunstancias que rodearon su sucesión. Se sabe, sin embargo, lo bastante como para poder afirmar que ésta se llevó a cabo con dificultades y de manera no pacífica. La Crónica Mozárabe, mientras nos dice que Vitiza al morir su padre se asentó en el trono en medio de una tranquilidad absoluta, al referirse a Rodrigo narra que éste en el año 711 “invadió el reino tumultuosamente” (Chron. Muz. 47.52). También sabemos por fuentes cristianas y musulmanas posteriores que los hijos de Vitiza trataron de conservar el reino juntamente con una enorme fortuna territorial, de la que se consideraban herederos. A la luz de este conjunto de noticias no puede caber duda de que tras la desaparición de Vitiza, seguramente a causa de muerte natural, el reino se sumergió en una guerra civil. En el marco de este conflicto interno —al que la Crónica Mozárabe se refiere con las palabras intestino furore confligetur— se produjo la invasión musulmana (Chron. Muz. 54).

La intervención de fuerzas extrañas para apoyar a un pretendiente a la corona ya había tenido lugar en otras ocasiones, pero esta vez tendrá consecuencias definitivas para el reino visigodo. Los árabes, que a lo largo del último tercio del siglo VII se habían establecido en el noroeste de África, tras expulsar a los bizantinos y someter a las tribus bereberes, encontrarán en la guerra civil la oportunidad de continuar su expansión por el Mediterráneo occidental. En julio de 710 tuvo ya lugar una pequeña incursión al mando de un tal Tarif y durante la primavera de 711 Tariq ibn Ziyad, un bereber liberto o cliente de MÛsàibn Nusayr, gobernador de Ifriqiya —el África musulmana—, pasó a España al frente de un mayor contingente de tropas. El rey de Toledo, Rodrigo, se hallaba combatiendo en el norte contra los vascones cuando fue informado del desembarco del ejército musulmán, que estaba formado principalmente por tropas bereberes del norte de África, y tras reunir a su ejército se dirigió al sur. El encuentro definitivo tuvo lugar, según nos informan las fuentes musulmanas, en wãdi Lakka, topónimo que viene identificándose con los ríos Guadalete o Barbate, ambos en la provincia de Cádiz. Allí Rodrigo, según la Crónica Mozárabe, sería traicionado por sus tropas “a causa de la ambición del reino”, es decir, que tomarían partido por un nuevo líder, y el monarca abandonado por éstas sería derrotado y muerto en la batalla. Como ya se vio, el ejército visigodo estaba compuesto por la suma de comitivas privadas, de lo que se derivaba una debilidad estructural, que fue bien aprovechada por las fuerzas islámicas, que según el cronista también dieron muerte a los rivales de Rodrigo (Chron. Muz. 52).

Tras ocupar las principales ciudades de la Betica —Sevilla, Écija y Córdoba—, Tariq marchó sobre Toledo y ocupó la urbe regia con la colaboración decisiva de Opas, obispo de Sevilla y hermano de Vitiza, según cuenta el autor de la Crónica Mozárabe (Chron. Muz. 54). El papel que esta fuente atribuye al obispo Opas es decisivo para comprender la importancia desempeñada por la guerra civil en las victorias de los musulmanes y también se convierte en el principal argumento a la hora de respaldar noticias posteriores, más o menos legendarias, que responsabilizan a la familia de Vitiza de la llegada de los invasores con objeto de desalojar a Rodrigo del trono. Según cuenta el cronista mozárabe, una vez tomada la ciudad regia parte de la nobleza fue ejecutada y su obispo Sinderedo abandonó la ciudad y también la Península para refugiarse en Roma (Chron. Muz. 53). La noticia de las ejecuciones de nobiles viros después de la toma de la ciudad, circunstancia singular que no ocurrió tras la conquista de otras ciudades, así como la marcha o destierro de su metropolitano se ha relacionado con la intención de impedir la elección de un nuevo monarca capaz de articular una defensa organizada, pues de este modo, los ejércitos islámicos sólo tendrían que enfrentarse con focos de resistencia locales (García Moreno, 1989: 189).

Como consecuencia del éxito de Tariq, en el verano de 712 el valí o gobernador de Ifriqiya, MÛsà, se personó en la Península con su hijo ‘Abd al-Azâz, al mando de un nuevo ejército de árabes y bereberes. Aquí permanecería hasta 714, en que fue llamado a Damasco junto con Tariq por el califa, quedando ‘Abd al-Azâz al mando de las tropas y del gobierno de los territorios ocupados. Para entonces sólo escapaban al dominio islámico las regiones orientales de la Tarraconense y la Narbonense o Galia gótica. Los logros territoriales alcanzados en estos dos años fueron fruto de los éxitos militares, pero también de una eficaz política de pactos con destacados miembros de la nobleza goda, detentadores a su vez de los altos cargos militares y administrativos del reino. A parte de las referencias genéricas que las fuentes hacen a los pactos, se ha conservado el texto de uno de ellos, el firmado en 713 entre Abd al-Azâz, en ese momento lugarteniente de su padre, que se hallaba ocupado con el sitio de Mérida, con Teodomiro, comes o dux de un amplio distrito territorial del sudeste peninsular, que incluía siete ciudades y tenía por centro Orihuela. De acuerdo con las cláusulas del mismo, se respetaba la organización político-territorial preexistente, pues en el texto se dice que Teodomiro en función de ese tratado de paz quedaba bajo la protección de Alá y del Profeta, contando con facilidades para que circulasen sus noticias y enviados, sin duda para que difundieran el contenido del mismo por las siete ciudades incluidas en el pacto, y no se le impondría ninguna autoridad superior. Al mismo tiempo, se garantizaba el respeto de la condición social de los suyos (compañeros), que no se verían privados de sus bienes (rebajados), ni sometidos a cautiverio, ni separados de sus familias, ni forzados en su religión. Como contrapartida, se exigía además del cumplimiento de lo pactado, el compromiso de no ocultar noticias contrarias a los intereses de los musulmanes y el pago de unos tributos anuales en dinero y en especie, más gravosos para la población ingenua que la servil. Se trata de la conocida yizÎa que se exigía a las “gentes del libro”, cristianos o judíos, que quedaban bajo la protección de Alá en los territorios bajo dominio musulmán, y que muy posiblemente serían prolongación de los tributos que ya venía exigiendo la administración visigoda.

Los avances territoriales se vieron ralentizados en 714 tras la partida de MÛsà y Tarik. Abd al-‘Azâz, que permaneció en la Península al frente de los contingentes musulmanes, estableció su sede en Sevilla y según el cronista mozárabe contrajo matrimonio con Egilo, la viuda del rey Rodrigo, intentando por sugerencia de ésta reconstruir el reino visigodo en su beneficio (Chron. Muz. 62). Resulta difícil dilucidar hasta qué punto fueron ciertas esas pretensiones, de las que algunas crónicas musulmanas también se hacen eco. En todo caso, Abd al-‘Azâz murió asesinado por una conjura promovida por sus propios hombres, que sin duda discrepaban de su política de aproximación a determinados sectores de la nobleza goda. Después de su asesinato, el califa de Damasco envió un nuevo gobernador, el valí al-Hurr, que gobernó la Península entre 716 y 718 y que extendió el dominio musulman al conjunto de Hispania, tras eliminar “entre guerras y pactos” los últimos núcleos de resistencia visigoda en la Tarraconense, siendo también el responsable del traslado de la sede central de su gobierno a la ciudad de Córdoba (Chron. Muz. 62, 64). Su sucesor, Al-Samh (718-721), desarrolló la administración de los nuevos dominios, reorganizando los censos de la población conquistada sometida a tributación y completando los repartos de tierras entre los conquistadores, además llevó a cabo la ocupación de la Galia gótica, poniendo así punto final a la existencia del reino visigodo (Chron. Muz. 69).

Una de las Continuationes de la Chronica Regum Visigothorum, un Laterculus o lista de los reyes visigodos, incluye tras Vitiza el nombre de dos reyes, Aquila con tres años de reinado y Ardo con siete, omitiendo toda referencia a Rodrigo (Zeumer, MGH, LNG, lex Visigothorum, 1902: 461). Aunque se ha especulado con la posibilidad de que Aquila, del que se conservan además monedas acuñadas en Tarragona y Narbona, fuera uno de los hijos de Vitiza, esta identificación no compagina bien con las noticias sobre la colaboración prestada por la familia de Vitiza a los musulmanes y su pronta aceptación del dominio islámico. Lo más probable es que este Aquila fuese un magnate godo de la Tarraconense o de la Narbonense, que al producirse el estallido de la guerra civil y la penetración de los musulmanes, asumiese el poder regio sobre estas dos provincias entre 711 y 713/714, siendo luego sucedido por Ardo, que prolongaría su reinado hasta 721. Los testimonios cronísticos y numismáticos sobre sus reinados concuerdan con los datos que nos ofrecen tanto la Crónica Mozárabe como las fuentes musulmanas posteriores, que como vimos sitúan entre 716 y 721 la conquista del nordeste peninsular y de la Galia gótica.

El final de la monarquía visigoda es la consecuencia de diversos factores relacionados entre sí. Se pueden citar en primer lugar factores de tipo político, el más importante de los cuales fue sin duda la renovada pujanza de la expansión del islam en la época Omeya, una vez superadas las guerras civiles, tanto hacia Occidente como hacia Oriente. A ello habría que añadir la situación de guerra civil que vivía el reino visigodo desde la muerte de Vitiza por la sucesión en el trono. Este conflicto sucesorio no era sólo político sino también social, resultado de la pugna entre el poder monárquico de una parte y la nobleza de otra, en un estado cuya jefatura correspondía de hecho al más poderoso de los nobles. Tanto o mas importante fueron las contradicciones existentes entre una estructura estatal centralizada, teóricamente dirigida desde el palacio regio en Toledo, y el propio mecanismo de funcionamiento de esas estructuras, puesto que aquellos que desempeñaban los cargos públicos y gozaban de las rentas que les iban aparajedas no podían ser privados de los mismos salvo manifiesta infidelidad al monarca. En la práctica, esto suponía una patrimonialización de los cargos, por lo que bajo esa aparente estructura centralizada emerge una realidad política mucho más atomizada, de ahí la facilidad que tuvieron los musulmanes para llegar a acuerdos puntuales con los duces y comites de las distintas provincias y ciudades, más interesados en mantener su posición, que en prolongar la lucha en defensa del reino de Toledo. La propia familia de Vitiza, se comportó de similar manera, anteponiendo sus intereses patrimoniales e incluso dinásticos a la independencia del reino, ya que los acuerdos alcanzados permitieron que los hijos de Vitiza continuaran disfrutando de un inmenso patrimonio territorial —las famosas tres mil fincas a las que aluden las fuentes musulmanas— y también de una posición política preeminente, tal como se desprende de las noticias musulmanas sobre el aparato cortesano del que se hallaban rodeados, recibiendo en audiencia sobre asientos revestidos de oro.

Otro factor que sin duda contribuyó a debilitar el estado visigodo tenía su origen en las tensiones sociales que reflejan la ley de Egica y Vitiza de 702 contra los esclavos fugitivos o las reflexiones de los padres reunidos en el VIII Concilio de Toledo de 653 sobre la necesidad de evitar las causas de la rebeliones políticas y así poner freno a las revueltas de esclavos que solían acompañarlas, provocando la desolación del país. Unos esclavos hostiles al orden social dominante y sin duda indiferentes a los avatares políticos originados por la invasión, como quizá también lo fueron los libertos y muchos de los ingenuos en patrocinio, cuyas estrechas relaciones de dependencia implicaban de hecho una situación de servidumbre. Por último, la minoría judíoconversa sólo podía ver con buenos ojos cualquier cambio en el régimen político-religioso dominante, tal como dejan traslucir las fuentes musulmanas, que nos los presentan en algunas ocasiones haciéndose cargo de las guarniciones de las ciudades recién conquistadas.

6

Actividad económica y organización social

6.1. La debilidad demográfica

En un conocido pasaje de la Vida de Fructuoso se nos narra un importante episodio que se refiere a la fundación de monasterios llevada a cabo por el religioso de origen aristocrático. En el texto se alude a la preocupación de los duques de los territorios por la gran acogida que los nuevos cenobios tuvieron entre la población campesina, que acudían en masa a los mismos, desatendiendo de este modo sus obligaciones de carácter militar para con sus señores, y que tenían como finalidad abastecer de efectivos a los ejércitos privados que cumplían labores de índole pública.

Este hecho nos pone en relación con dos aspectos. En primer lugar la serie de privilegios de los que gozaban las fundaciones religiosas de tipo monacal, entre las que cabría destacar la exención de participar en los asuntos militares. Pero además, teniendo en cuenta el gran número de desplazados de sus lugares de origen, tenemos que pensar que este campesinado pretendía también la consecución de mejores condiciones de vida, que a juzgar por los testimonios que nos proporcionan los textos, eran muy precarias. Toda la historia del reino toledano se define, al igual que ocurre en otras sociedades agrarias, por la existencia de factores desestabilizadores que agravaban unas condiciones de vida que se circunscribían, en el mejor de los casos, a la mera subsistencia.

A lo largo de los siglos VI y VII conocemos una serie de episodios que ponen en evidencia la precariedad de los equilibrios económicos y por tanto de la estabilidad social, en un mundo enormemente polarizado que giraba en torno al cultivo de la tierra, fundamentalmente. Con Leovigildo, el monarca que obtiene la máxima expansión del reino a través de su lucha con los otros grandes propietarios que hacían valer sus privilegios, se producen situaciones de conflictividad social, que tienen varias manifestaciones. Así, se nos habla de revueltas campesinas que se llevan a cabo en momentos de enfrentamientos militares de cierta duración, cuyas consecuencias más evidentes serían un estado de gran inestabilidad, la pérdida de la de por sí ya precaria seguridad, y la aparición de períodos de carestía, con las consiguientes epidemias y hambrunas. Pero también conocemos por otros episodios la lógica en la que se basaba la dominación social vigente. En este sentido, el asesinato del religioso Nancto por parte de sus dependientes, después de que éste recibiera la donación de unas tierras por parte del monarca mencionado, nos habla de la importancia que estos campesinos concedían al hecho de contar, o no, con un señor territorial con gran poder de protección, protección que pudiera ejercer en los momentos en que las necesidades extremas lo requirieran, reequilibrando así una situación desfavorable.

Para el final del reino la situación debía, a juzgar por los textos, ser extremadamente preocupante. La ley del monarca Egica, que se refiere a la extensión generalizada de la huida de los esclavos, sirve al historiador E. A. Thompson para afirmar que el estado de desorden sería uno de los factores desencadenantes del fin del reino. Esta ley abordaba el problema, que se produciría sin excepción en todas las regiones gobernadas por la corte toledana, y establecía la obligación de recuperar a los siervos fugitivos y de reintegrarlos a su lugar de origen.

Sin embargo, tenemos que valorar este fenómeno en un contexto más general, y no concebirlo como algo privativo de este período. Sabemos, fundamentalmente a través de las disposiciones legales recogidas en el Código Teodosiano y en el Código de Justiniano, de la frecuencia con la que estos hechos se producían en el Imperio romano ya desde el siglo IV. El predominio del patrocinio, junto a la vigencia de un estado de inestabilidad bastante frecuente, constituían un caldo de cultivo muy apropiado para la extensión de estas prácticas, que se daban en ambas mitades del Imperio y que provocaban situaciones de gran necesidad en el campesinado dependiente.

Además hay que valorar otro tipo de aspectos, como los de carácter demográfico. Uno de los argumentos que defiende la escasa incidencia del asentamiento visigodo primero en la Galia y más tarde en la Península se basa tanto en el escaso impacto de una población pequeña en número como la visigoda, cuanto en la existencia de un déficit de población campesina, que constituiría uno de los principales problemas en el terreno fiscal y militar. La falta de mano de obra ha sido aducida en otras épocas de la historia de Roma por una serie de historiadores (P. A. Brunt, por ejemplo) para explicar determinados momentos de crisis, en la medida en que la falta de producción debida a esta carencia repercutiría negativamente en los aspectos tanto políticos como sociales y económicos.

Por ello, resulta especialmente clara la relación que podemos establecer entre la debilidad demográfica existente, las precarias condiciones de vida del campesinado, sometido a todo tipo de gravámenes, y la consiguiente incidencia en éstos de períodos de carestía, asociados normalmente a hambrunas y epidemias. Para el período que nos ocupa sabemos de la existencia de malas cosechas, que llevan a los reyes a relajar la carga tributaria que pesaba sobre los territorios a su mando, llegando incluso a condonar los pagos atrasados.

En este sentido, es importante poner de manifiesto el papel desempeñado en estos momentos por la caridad cristiana ejercida fundamentalmente por los obispos en sus diócesis, con un claro propósito redistributivo. Para el caso de la Galia es especialmente ilustrativa la ayuda recibida por Sidonio Apolinar, como titular de la diócesis de Clermont-Ferrand, por parte del metropolitano de Lyon, el obispo Paciencio. El propio Sidonio nos describe la llegada de gran número de carros cargados con grano, que ayudarían a la población de la Auvernia en un momento especialmente difícil, caracterizado por conflictos bélicos y una grave inestabilidad económica.

Para el caso hispano sabemos de la labor desempeñada por el obispo emeritense Masona, a fines del siglo VI, quien fundó una serie de hospitales y de lugares de acogida que desempeñaron una importante función de amparo a los necesitados y que, en un desarrollo en clave cristiana del antiguo evergetismo romano, hacían que este religioso fuera mucho más que un simple pastor de almas.

Por otra parte, las temibles plagas de langosta, asociadas a épocas de sequía, sólo podían agravar la falta de alimentos y la desnutrición de la población de origen humilde, expuesta así a gran número de padecimientos. Entre estos desastres cabe destacar la terrible plaga mencionada por el obispo Gregorio de Tours, quien se refiere a la enorme incidencia que ésta tuvo en la península a fines del siglo VI.

Otro factor destacable es el relacionado con el surgimiento de epidemias. Sabemos del letal impacto que tuvo la llamada peste bubónica en el Imperio bizantino. La conocida como “peste de Justiniano”, pandemia recogida en la terminología médica, llegaría a la Península a mediados del siglo VI, y tendría una incidencia recurrente hasta prácticamente finales del reino toledano. En el XVII Concilio de Toledo, celebrado en el año 694 bajo el reinado de Egica, se establece la excepción de no confiscar los bienes de los judíos de la Galia, sometida en estos momentos a un estado de gran inestabilidad, cuyos resultados se traducirían en una gran mortandad debida al impacto de la peste inguinal.

6.2. Recursos materiales y de producción

6.2.1. La gran propiedad agraria

Sabemos que a finales del Imperio romano se produjo una importante crisis en las ciudades, fundamentalmente en la parte occidental, que ven disminuir tanto su tamaño como su importancia, y que provoca el paso a primer plano de la vida rural desligada de los núcleos urbanos a la manera tradicional y sujetas a un conjunto de obligaciones por parte de los últimos emperadores, que pretendían así mantener de manera más o menos fija la cantidad de los ingresos que permitían mantener las exigencias de la administración estatal. Unido a ello se producen las reformas monetarias, fundamentalmente la llevada a cabo por Constantino que, tras los fenómenos inflacionistas y la consiguiente subida de precios, supondrá el definitivo abandono del patrón bimetálico establecido con Augusto y que consistía en el mantenimiento de una relación constante de 1 a 25 entre la moneda de oro y la de plata (aúreo y denario, respectivamente). Este hecho conllevó la consiguiente supremacía de la moneda de oro en los intercambios económicos, utilizada de manera muy minoritaria por los sectores dominantes de la sociedad, con lo que se produce la práctica desaparición de la moneda de plata, la más extendida en el conjunto de la población para las transacciones corrientes, lo que repercutirá en gran medida en el paso de una economía monetaria a otra de tipo natural con una significativa ausencia de numerario, ante la desaparición de las mayoritarias piezas de plata.

Por otra parte, las grandes propiedades fundiarias ven aumentar de forma sustancial su importancia, con el aflujo de gran número de campesinos que entregan al señor de las mismas sus propias tierras a cambio de protección, con lo cual progresivamente se va incrementando y consolidando un nuevo tipo de relaciones de dependencia de carácter personal, relaciones que se concretan en el patrocinio que, al igual que otro tipo de figuras jurídicas, supone la adscripción a la tierra del trabajador de forma hereditaria y la obligación de prestar una serie de servicios al cada vez más importante hacendado.

Todo ello no hizo sino socavar al ya debilitado estado romano, en origen con un carácter fuertemente centralizado, pero que progresivamente va dando pie al surgimiento de fuerzas centrífugas de variado tipo que cuestionarán cada vez más las instancias públicas en beneficio de otras fuertemente privadas y desvinculadas de cualquier tipo de obligación con el gobierno imperial. Estas mismas realidades, vinculadas al desarrollo propio del reino toledano, se desarrollarán a lo largo de la historia del estado visigodo.

Esta carencia de recursos de lo público, que se produjo en el Imperio romano en un momento en el que se están registrando grandes movimientos migratorios de pueblos, que presionaban dentro y fuera del Imperio para poder subvenir a sus necesidades, estará igualmente presente en la estructura política y social de los visigodos. De este modo la vía militar, que había desempeñado un papel de primer orden en el proceso de integración de los pueblos bárbaros, fundamentalmente visigodos y ostrogodos, que se prestaban a través de sus jefes tribales a ejercer el papel hasta ahora realizado por la población del Imperio, dio lugar a un proceso de homologación de la élite visigoda identificada con una realidad social caracterizada por el dominio de los grandes propietarios y volcada en la explotación de sus tierras, cada vez más autónomas. La negativa de la clase propietaria a cumplir con sus obligaciones fiscales contribuiría a la aceleración de la inclusión de visigodos y ostrogodos, sobre todo, en las filas del ejército romano, y a su progresiva asimilación en las estructuras vigentes en este momento en la sociedad bajoimperial.

Es decir, la tendencia que observamos, más allá de episodios significativos como el narrado y protagonizados por ambos pueblos, el romano y el visigodo, se cifra en una voluntad de asentamiento de los visigodos, pero reproduciendo las estructuras dominantes en este momento. La tierra se muestra de forma reiterada como el elemento crucial que es capaz de resolver o atenuar, tanto la crispación existente en el seno de la sociedad visigoda, como la enemistad respecto al poder imperial. Tenemos así que rechazar aquellas visiones que ven en lo “godo” un conjunto de factores diferenciadores respecto a la “romanidad”. Entre éstos cabe destacar la caracterización de los germanos como un pueblo guerrero, fundamentalmente basado en su caballería, y con una decidida voluntad de mantener su identidad, fuera ésta real o un mero “artefacto” ideológico. Los textos nos hablan ya en el siglo IV de la polarización social y económica existente en el mundo visigodo, que gira en torno a una serie de propiedades que, como el caballo, servían para marcar la pertenencia a la nueva aristocracia creada a partir de la disgregación de la vieja sociedad tribal, y que basaba su incipiente poder en las relaciones de dependencia creadas con la gran mayoría de la población, relaciones de dependencia que por un lado niegan la pretendida “igualdad” reinante entre los visigodos, y por otra parte manifiestan su carácter precario e inestable ante la inexistencia de elementos coercitivos que configurarán posteriormente el reino de Tolosa y el de Toledo.

Esta dicotomía social se expresa a la perfección en el sentido restrictivo de las negociaciones diplomáticas realizadas entre ambos pueblos, y que están protagonizadas en el bando visigodo exclusivamente por la nobleza goda. Siguiendo de nuevo a Amiano, observamos el interés prioritario de Fritigerno antes de la batalla de Adrianópolis por obtener un acuerdo pacífico con los romanos y un asentamiento estable en la Tracia.

Ya con Teodosio, el rey godo Alarico será nombrado autoridad militar del ejército romano, lo que sustentaría la tesis de concebir a este pueblo en una dimensión fundamentalmente guerrera, máxime si tenemos en cuenta que el emperador Honorio le nombrará en el año 409 jefe supremo del ejército romano. Pero, siguiendo de nuevo al historiador cristiano Orosio, y completando la imagen, observamos posteriormente el comportamiento de los visigodos también al frente de Alarico, quienes dentro de las complejas relaciones que mantenían con el general Estilicón, dentro de la problemática política concreta, solicitan “con humildes súplicas una paz digna y unos lugares para vivir” (Oros. VII.38.2). Por tanto, los historiadores romanos ofrecen una visión contradictoria, pero a la vez complementaria en gran medida de la realidad vigente en estos momentos de cambio, tanto socioeconómico como ideológico.

Los visigodos pueden ser, a juicio de algunos historiadores cristianos como el citado Orosio, el brazo ejecutor del castigo inflingido por Dios a la ciudad de Roma por su impío pasado. Según este autor, Alarico se presentaría ante la ciudad, aterrorizando e invadiendo a la temblorosa y pecadora víctima, pero al mismo tiempo se habla de las misericordiosas y valientes acciones del monarca visigodo durante este saqueo, que se materializa de forma simbólica en la caída de un rayo sobre las murallas públicas de la ciudad. Es decir, se vislumbra en cierta medida la imagen alternativa a la fiereza y rusticitas del bárbaro hasta ahora esgrimida, que pasa de ser sistemáticamente el enemigo del orden y la paz romanos a constituir, en determinadas ocasiones, un potencial y próspero aliado. Así, Orosio nos describe en otro pasaje la entrada de contingentes de suevos, vándalos y alanos en la Península Ibérica, que se produjo tras la enconada resistencia de unos primos del emperador romano, Dídimo y Veriniano, los cuales defendieron la legitimidad dinástica con el concurso de sus ejércitos privados en los pasos de los Pirineos. Sin embargo, lo que nos interesa resaltar ahora es la capacidad de transformación de estos bárbaros hacia formas de integración con los romanos, que encontramos también en otros historiadores cristianos como Salviano de Marsella: “A pesar de todo eso, inmediatamente después de estos hechos, los bárbaros, despreciando las armas, se dedicaron a la agricultura y respetan a los romanos que quedaron allí poco menos que como aliados y amigos, de forma que ya entre ellos hay algunos ciudadanos romanos que prefieren soportar la libertad con pobreza entre los bárbaros que la preocupación por tributos entre los romanos” (Salr. VII.41.7).

Pese a todo, sobre este mismo comportamiento insistirá de nuevo su sucesor el rey Valia, comportamiento que le acerca aún más al mundo romano, en la medida en que la paz se considera como un atributo y un propósito hasta ahora exclusivamente romano. Es fundamental valorar los actos de Ataúlfo y de su sucesor en el sentido de querer integrarse en grado máximo en la estructura política e ideológica del mundo romano, integración que se llevaba a cabo precisamente por parte de la aristocracia bajoimperial mediante la concertación de matrimonios que asegurasen e incrementaran los intereses propios del grupo dominante. Práctica continuada por Teudis y sancionada finalmente por Leovigildo. Podríamos por tanto entender, en contra de la teoría según la cual los visigodos intentarían preservar sus características propias como una manera de conservar una identidad y razón de ser que asegurara su propia pervivencia, que de lo que se trata precisamente es de garantizar el proceso de integración en la realidad vigente, utilizando todos aquellos instrumentos que les avecinaran a una deseada coexistencia con la aparentemente tradicional e impermeable aristocracia romana.

En cualquier caso, el asentamiento de los visigodos en la Galia en el año 418 constituyó el comienzo de una nueva etapa en la historia de este pueblo, que va a suponer su inserción plena en la sociedad bajoimperial. Su establecimiento se produjo siguiendo como modelo una constitución de Honorio y Arcadio del año 398 (CTh. VII.8.5), en virtud de la cual se hospedaba a todos aquellos que desempeñaran algún tipo de misión de carácter público, fuese ésta militar o civil. Esta técnica jurídica fue la que utilizó el gobierno romano para instalar de forma provisional, en un principio, a los pueblos bárbaros, que a su vez debían corresponder normalmente mediante la prestación de servicios militares, como hemos visto. Según el principio más extendido de la hospitalitas se establecía que la casa fuera dividida en tres partes, de las cuales una correspondía al acogido, en este caso los visigodos. Sabemos también que esta situación adquirió un sentido definitivo, y sirvió a la vez para consolidar la progresiva diferenciación social que habría hecho de la aristocracia visigoda la titular de unas tierras en las que se reproducían las relaciones sociales propias del período.

En qué medida este asentamiento supuso una vía de aproximación fundamental a la clase de los grandes propietarios galorromanos e hispanorromanos, o por el contrario constituyó el mantenimiento consciente y voluntario de una identidad propia, es motivo de una serie de interpretaciones por parte de los investigadores actuales, que debaten, por tanto, el grado de integración de los recién llegados a tierras imperiales, y el mantenimiento o no de una serie de rasgos identitarios y distintivos propios a lo largo de la historia política de los reinos tolosano y toledano. Tenemos que poner de relieve que la información disponible es en muchos casos de difícil interpretación, en la medida en que se presta a aseveraciones opuestas, en gran parte porque se trata de textos que varían en sus mensajes en función del contexto concreto en el que nos encontremos. Pero podemos afirmar que nos parece incuestionable que la apropiación por parte de la nobleza visigoda de una serie de tierras, con la instalación en las mismas del conjunto de la población, supone la introducción total y absoluta de este pueblo en las realidades socioeconómicas propias de la Antigüedad Tardía, las cuales giraban de forma preponderante en torno a las relaciones de dependencia personal.

También nos parece evidente que este hecho tuvo como consecuencia el claro acercamiento entre los propietarios hispanorromanos y los nuevos propietarios bárbaros, y que el proceso ahora iniciado en la Galia supondrá finalmente la fusión de ambos, que formarán un único grupo social dominante con las mismas bases de poder. Ello no obsta para que en momentos determinados surgieran disputas, pero no entendidas como el enfrentamiento de ambos pueblos, sino más bien como la acomodación progresiva a modelos de convivencia y cohesión social.

Sabemos que en los dos últimos siglos de vida de la parte occidental del Imperio se producen una serie de transformaciones fundamentales, que se manifiestan de forma acusada en el propio funcionamiento del estado romano. Efectivamente, es patente la progresiva debilidad de la administración, que en algunos casos pone en peligro su propia pervivencia. En concreto, el cambio más acusado que podemos reseñar, tanto en los ámbitos sociales como políticos, es el dominio de lo privado sobre lo público, factor este último que en muchas ocasiones es relegado o abandonado, y que supone el alejamiento real de la aristocracia senatorial romana de sus antiguas obligaciones y de sus vínculos con el gobierno imperial. Por lo que podemos colegir de los textos, esta razón explicaría la admisión de los visigodos en el Imperio, en la medida en que pasarían a ocuparse de aspectos tales como las obligaciones militares y de defensa. Sin embargo, la propia afinidad social que ahora se crea entre éstos y los grandes propietarios del antiguo Imperio romano, cada vez más absentistas, supondrá la introducción de forma progresiva de los recién llegados en actitudes similares, que en definitiva reproducen los rasgos sociales y económicos imperantes.

En consonancia con lo expuesto, sabemos por un conjunto de leyes y textos literarios de la época la importancia que el patrocinio adquiere en el conjunto de la sociedad. Contamos para ello con un texto sumamente interesante y revelador, que explicita su importancia entre visigodos y romanos. Se trata de una disposición contenida en el Código de Eurico y luego incorporada por Leovigildo, en su Codex Revisus (véase Apéndice, documento 1).

Esta ley fue incluida con el calificativo de antiqua en LI. V.3.1, modificándose algunos términos, en concreto sustituyéndose bucellarius por la expresión qui in patrocinio constitutus est. La figura del patrocinio supone por tanto, a grandes rasgos, la unión de la instancia económica, representada por el propietario de la tierra o dominus, y la figura del patronus, que desempeña un papel de carácter extraeconómico o personal. La supremacía de este tipo de relación anulará progresivamente la instancia pública, al establecer con la población subordinada campesina vínculos de dependencia de carácter hereditario que se anteponen a cualquier otro tipo de obligación, y que acabarán por ser dominantes. De acuerdo con A. Barbero y M. Vigil (1978) la nueva realidad social, presente de forma clara en las disposiciones legales contenidas en los códigos de Teodosio y Justiniano, respectivamente, también aparece en el siglo V en el Código del rey visigodo Eurico, que recoge así una práctica generalizada y reconocida, que tenía su razón de ser y su aplicación a partir de la entrega de la tierra y de la situación de la población campesina a ella adscrita. Igualmente, y en el año 400, un canon del I Concilio de Toledo recogía la unión de las figuras del dominus y el patronus para Hispania, al prohibir la ordenación como religiosos de aquellos que estuvieran en relación de dependencia respecto a otra persona.

6.2.2. Artesanía y comercio

Al referirnos a la actividad artesanal del período visigodo tenemos que diferenciar aquellas que se refieren a productos de primera necesidad de las que tienen por objeto la elaboración de obras de un gran refinamiento y con un público consumidor mucho más restringido, que cuenta con un alto poder adquisitivo. En el primer caso, parece claro que tanto la producción como los destinatarios finales de la misma no superaban el ámbito de la gran propiedad, y que podía contar con el marco de las ciudades y principalmente villas, en cuyos conventus mercantium se celebraban reuniones en las que se llevaba a cabo el intercambio de bienes fundamentalmente de primera necesidad. Sería el caso de la cerámica, en gran medida de carácter disperso, y cuya fabricación respondía a las necesidades de la mayoría de la población.

En cuanto a la segunda modalidad, contamos con la existencia de artesanos especializados, que trabajarían en actividades tales como la arquitectura o la escultura. En este sentido, la Iglesia, la Corona y los grandes propietarios desempeñarían un papel de primer orden al realizar encargos de edificios de culto y también residenciales, tal y como lo demuestran el conjunto de construcciones visigodas conservadas que, en su mayoría, tienen un carácter religioso. Tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales se levantaron iglesias y monasterios que reflejaban el poder de sus promotores y que suponían focos de atracción fundamentales en una sociedad eminentemente cristiana. Estas edificaciones, en las que se encuentran motivos escultóricos de gran belleza, recibieron influencias tanto norteafricanas como de origen oriental, y ponían de manifiesto el propósito de sus titulares de obtener un prestigio que les destacara sobre el resto de los poderosos, en su afán por conseguir un reconocimiento de cariz ideológico eminentemente religioso. San Juan de Baños, la cripta de San Antolín en la catedral de Palencia, Quintanilla de las Viñas, San Pedro de la Nave o el monasterio de Montelios son un buen ejemplo de esta actividad constructora.

Otro tanto ocurría con la orfebrería, que contaba con la existencia de especialistas que trabajaban fundamentalmente en los talleres reales, los cuales recogían sobre todo las corrientes artísticas del mundo bizantino a partir del reinado y de la obra de Leovigildo. Sabemos por una ley del Liber Iudiciorum de la figura del praepositus argentariorum, bajo cuyas órdenes trabajaban los llamados argentarii, artífices reconocidos que elaboraron un conjunto de obras muy conocidas, como lo atestiguan las piezas que componen los tesoros de Guarrazar o de Torredonjimeno, caracterizados sobre todo por las coronas votivas, semejantes a aquella que Recaredo ofreció a la iglesia de San Félix de Gerona, con una clara imitación de modelos bizantinos y que se caracterizan por un fuerte contenido simbólico del poder.

Por último, sabemos de la actividad llevada a cabo por los monetarii, que acuñaban moneda de oro bajo la supervisión de la corona, puesto que eran los reyes los únicos capacitados para realizar las emisiones de numerario. La única moneda acuñada será el triente o tremis, que equivalía aproximadamente a un tercio del sueldo o solidus creado por el emperador Constantino, y que tenía un peso aproximado de 1,50 gramos. Aunque su peso se mantendrá constante a lo largo de toda la historia del reino, no ocurrirá lo mismo con la ley de la misma, que experimentará una acusada baja hacia fines del período, debido en gran medida a los problemas financieros de los soberanos.

El carácter propagandístico y legitimador de la moneda se manifiesta sobre todo en la pugna entre éstos y los magnates del reino por mantener el curso oficial de las emisiones, lo que se explica en gran medida por su función militar, lo cual aclara el elevado número de cecas existentes, en torno a 80, y su condición tanto de cecas fijas como de cecas móviles, para poder así atender a las necesidades surgidas en los lugares próximos a un conflicto bélico o donde existía un contingente militar. Una ley antiqua (LI. VIII.6.5) establece el curso forzoso de la moneda oficial, obligando así a los terratenientes a aceptar su circulación y consumo, y combatiendo de este modo la cierta profusión de emisiones realizadas por particulares. Hay que explicar el rechazo a las acuñaciones reales por el hecho de que las piezas constituían un valor en sí mismo, que variaba en función de su ley, provocando de este modo una respuesta negativa. Por otro lado, la moneda era usada para adquirir bienes de carácter suntuario, y su aceptación variaba en función de su calidad. Por otra parte, en una sociedad feudalizada como la visigoda, la acuñación de monedas por los grandes propietarios es expresión de una realidad de facto, en la que el poder real ha de imponer los elementos definitorios de un estado centralizado. Ello explica también el atesoramiento del que fueron objeto las piezas monetarias, en la medida en que constituían bienes en sí mismas, escasas y que otorgaban poder y prestigio a sus propietarios, como lo demuestran las confiscaciones llevadas a cabo por un monarca como Suintila, que dieron lugar a la reacción nobiliaria y a su derrocamiento.

De esta manera, los elementos artísticos que se relacionan con tres actividades como la arquitectura y sus derivados, la orfebrería y la moneda pueden ayudarnos también, además de valorar sus aspectos formales, a comprender estas manifestaciones como expresión de la cultura del poder de la sociedad visigoda.

Respecto al comercio podemos establecer la misma distinción que anteriormente hemos realizado, es decir, la existencia de mercancías que se refieren a productos de uso cotidiano, asociados en gran medida a la gran propiedad y relacionados con la actividad económica principal, de carácter agrario, y que por tanto normalmente tenían un radio de acción muy limitado. La antiqua IX.2.4, arriba mencionada, alude a la existencia del conventus mercantium, donde debían de realizarse las transacciones cotidianas.

Pero este tipo de comercio no incluía objetos que podemos calificar de lujo, a excepción de la exportación secular de trigo y aceite, y que estaban reservados a unos pocos. En este caso se utilizaría la moneda como valor de cambio, mientras que es lógico pensar que en las actividades locales el trueque constituiría una práctica muy extendida, puesto que como hemos dicho sólo se acuñaba numerario de oro y el resto de las monedas de plata y otros metales serían una subsistencia de época romana.

Por la legislación sabemos de la existencia de los transmarini negotiatores, quienes se encargaban de realizar los intercambios propios del comercio exterior, que desarrollaban en unas dependencias llamadas cataplus, ubicadas fundamentalmente en ciudades con tráfico fluvial y marítimo. Esto se debía en primer lugar a que el comercio a través de las vías terrestres era muy lento y caro, además de otros factores derivados de la precaria seguridad de ciertas regiones. A pesar de todo conocemos disposiciones legales que se preocupaban por garantizar que los caminos y vías terrestres permitieran el libre tránsito, prohibiendo que los particulares invadieran éstos y los obstruyeran. Aunque estas antiguas calzadas romanas o caminos podían servir para el transporte de objetos propios del comercio interior, hay que pensar sobre todo que esta medida tenía una finalidad más bien militar, garantizando así el acceso a lugares de conflictos, además de permitir la circulación de particulares, aunque a veces no con todas las garantías necesarias, como demuestra el pasaje de la vida de Fructuoso arriba mencionado. Para otra región, el obispo de Zaragoza Braulio escribe al titular de la diócesis de Valencia que resultaba enormemente difícil el viaje entre ambas ciudades, debido fundamentalmente a la existencia de latrones.

A pesar de la inseguridad inherente al tráfico marítimo, amenazado por tormentas y otros factores como las consecuencias de la expansión musulmana en el siglo VII, conocemos el tránsito de personas de la Península a Oriente, como atestigua entre otros textos la Vida de los Padres de Mérida, al referirse a la llegada a esta ciudad del futuro obispo de origen griego Paulo y de su obispo Fidel, como también del viaje realizado a Roma por Tajón, obispo de Zaragoza. De igual modo, conocemos por una ley antiqua (LI. XI.3.1) que los comerciantes de origen extranjero, fundamentalmente griegos, sirios y también judíos, traían al reino visigodo productos de lujo tales como sedas, telas preciosas, oro, plata y objetos de adorno. Sabemos de la existencia de un impuesto, el teloneum, que tenía un carácter indirecto y que constituía una pervivencia de la antigua fiscalidad romana.

Además, sabemos de la existencia de la importación de manuscritos, que tendrían sobre todo una gran acogida entre los sectores de la alta jerarquía eclesiástica, y que constituiría uno de los elementos de uso cotidiano de personajes como Fructuoso, cuya librería portátil se salvó milagrosamente tras sumergirse en un río junto al animal que la transportaba. Pero esta circulación no se circunscribía exclusivamente a Oriente. Para el siglo VII tenemos noticia de la llegada a la Península de los abades Donato y Nancto, acompañados por sus monjes, en un tráfico proveniente del norte de África que afectaba tanto a personas como a mercancías, y que se prolongó hasta la ocupación de estos territorios por el islam, ejerciendo también una gran influencia en las manifestaciones culturales y religiosas del reino.

Igualmente sabemos de las relaciones comerciales con el reino merovingio, cuya manifestación más conocida es la exportación de objetos de piel de la Bética, conocidos como cordobanes, y cuyo itinerario terrestre puede coincidir muy bien con la ruta seguida por Vamba con la finalidad de aplastar la rebelión del duque de la Galia Paulo, continuando después por Toulouse y llegando al norte de Francia tras su paso por París. También existían relaciones comerciales con las Islas Británicas, que tenían a las costas atlánticas como escala en el tráfico desarrollado entre Oriente y aquellas, en la conocida “ruta del estaño”.

6.3. Una sociedad polarizada

6.3.1. La extensión del patrocinio

Cuando hablamos de la sociedad visigoda, de sus elementos definidores, necesariamente hemos de abordar en qué medida nos encontramos ante una estructura que se caracteriza en todas las acepciones del término por su condición de “epígono” del desaparecido Imperio romano. Este planteamiento, sin embargo, supone en muchos casos que aún no se ha superado una visión exclusivamente institucional de la historia del período. Por ello, es preferible entender que se trata de un conjunto de realidades en las que la idea de transformación social está estrechamente ligada al concepto de “transición”, e implica estudiar realidades previas que, de forma progresiva aunque no siempre evidente, terminan por desembocar en un cambio cualitativo que conforma de esta manera una nueva sociedad. El estudio de esta época es especialmente ilustrativo de las dificultades de variada índole con las que nos enfrentamos a la hora de llegar a conclusiones en el modelo social, debido en gran parte a la confusión que muchas veces se crea entre lo “viejo” y lo “nuevo”, que hace sumamente complicado para algunos historiadores discernir la posibilidad de cambio, con lo que se mantienen posiciones continuistas que sostienen de alguna manera el carácter inmutable de la configuración social.

En concreto, son dos las ideas fundamentales que se establecen a la hora de definir la sociedad del reino visigodo, la que entiende que se mantienen relaciones sociales en las que el esclavismo desempeña todavía un papel dominante, lo que contribuye en este sentido una realidad diversa de la existente en otras regiones del otrora Imperio romano occidental, y la que considera que se ha producido un cambio de gran trascendencia, a partir de las transformaciones operadas desde el siglo IV en los territorios de la unidad política romana. Es esta última interpretación la que mantenemos, y la que intentaremos justificar en las siguientes páginas.

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que en esta sociedad emergente que define de varias maneras a la llamada Antigüedad Tardía, las nuevas realidades que se van consolidando se reflejan en primera instancia mediante cauces o testimonios tradicionales, como puede ser por ejemplo la propia legislación, que en muchos casos adolece de un estilo claramente retórico y también tautológico, como ha puesto de relieve P. D. King, lo cual le confiere con cierta frecuencia un sentido ambiguo y por tanto difícilmente interpretable. Ya en época del reino tolosano, el rey Alarico II aludía a la obscuritas de las leyes romanas y de los antiguos juristas, por lo que exhortaba a los obispos y a la aristocracia laica a que erradicaran, como máximos representantes de la potentia y copartícipes en el gobierno de los asuntos del reino, la ambigüedad que se desprendía de los textos legales para poder así refrendar un tipo de dominación social que la conversión al catolicismo ayudó a perfilar con la construcción de una teoría político-religiosa justificativa, tanto del modelo político concreto como de la configuración social existente.

En este sentido, es muy interesante estudiar los testimonios emanados de autores cristianos, puesto que éstos utilizan muy frecuentemente modelos literarios más proclives a describir las nuevas realidades sociales de una manera más directa, no necesariamente vinculada en la totalidad de sus textos a la carga de inercia que se produce respecto a visiones, llamémoslas, clásicas. La progresiva cristianización de la sociedad introduce con carácter principal una serie de fuentes tales como los concilios eclesiásticos y las hagiografías o vidas de santos, entre otras, que transmiten de alguna manera una visión más próxima de la época, acorde con su contemporaneidad.

En relación con esta problemática sigue siendo básica la aportación del historiador italiano Santo Mazzarino, quien afirmaba que los colonos, a pesar de su condición teóricamente libre, eran servi terrae, en cualquier caso, y estaban obligados por el nexo tributario o por el propio colonato a inservire terris de la misma manera que los esclavos servían a sus señores, inserviunt dominis. A partir de esta aseveración, consideramos que es precisamente esta equiparación que se produce en el plano económico y social el elemento decisivo, que marca la diferencia respecto a la época anterior y abre el camino a la comprensión de la sociedad feudal, que se define entre otros aspectos porque supone la coincidencia en el plano funcional de personas con distinta condición jurídica. Efectivamente, uno de los elementos centrales en la polémica por definir la sociedad visigoda ha sido precisamente la valoración del estatus jurídico de las personas, entendiéndose en muchos casos que la condición de esclavo nos acercaba a la noción de sociedad esclavista, la cual por tanto tendría una justificación casi exclusivamente jurídica.

No obstante, sabemos que en determinados momentos, caracterizados por la crisis social y económica y el cambio subsiguiente, el estatus social y económico de los individuos es definido de acuerdo con términos que corresponden a un momento anterior y que no se corresponden con la situación real, pudiendo constituir en este sentido la definición jurídica una mera apariencia. La idea de la libertad, en la medida en que se entiende que hay personas que gozan de ella y otras que se ven privadas de sus beneficios, bebe en gran medida de la tradición política republicana romana, que opone esta idea a la de dominación. Por tanto, la libertas romana consistiría en la capacidad de poseer derechos y en la ausencia de cualquier tipo de sujeción, en relación precisamente con la civitas como marco de referencia de una determinada práctica y concepción política. Sin embargo, en los dos últimos siglos de vida de la parte occidental del Imperio esta noción de la libertad empieza a experimentar una serie de transformaciones, acordes con la evolución social registrada con carácter general, y que se concreta en una simplificación desde el punto de vista funcional de la estructura social, que empieza a mostrarse claramente polarizada independientemente del mantenimiento, formal en muchos casos, de las anteriores divisiones jurídicas.

Este carácter indiferenciado que se produce en la situación de la mayoría de la población de signo dependiente se debe al hecho, como decimos, de que se ha producido una clara equiparación en la práctica de las fuerzas productivas, la cual hace obsoletas las diferencias jurídicas tradicionales, aunque éstas se mantengan todavía, con lo que se puede afirmar que la distinción libre-esclavo tiene en la gran mayoría de los casos un carácter residual y no puede ser utilizada como fenómeno explicativo de la realidad social. Por otra parte, y al desaparecer de manera principal el ámbito de la ciudad en su vertiente clásica, se produce una apropiación por parte de la aristocracia senatorial de la idea de libertad, que tendrá por tanto a partir de ahora un claro sentido restrictivo, pues es concebido como un privilegio que define a los de su clase y por tanto se concibe de forma excluyente. No obstante, y como veremos al referirnos a la ciudad de Mérida, los modelos ideales de gobierno que se utilizan para justificar una determinada realidad político-social, y que se basan en la idealización de la ciudad como lugar en el que de manera simbólica se alcanza la armonía deseada por las partes, seguirán siendo utilizados en la medida en que se considera que la tradición constituye el primero y más valioso de los elementos que pueden sancionar y justificar cualquier sociedad.

Se trata de ideas que en gran medida se mantienen por la transmisión de los valores de la cultura clásica principalmente entre la alta jerarquía eclesiástica, descendiente de la vieja aristocracia senatorial en muchos casos o asimilada a ella, como es el caso de Masona. Sin embargo es la familia del obispo Isidoro de Sevilla, personaje fundamental de la época e ideólogo del poder político de la monarquía visigoda, la que representa mejor este carácter restrictivo de la noción de libertad, entendida como privilegio de los de su clase. Leandro de Sevilla, en una carta dirigida a su hermana Florentina, nos ilustra sobre el abandono de la familia de su tierra natal y su refugio en el reino visigodo, tras la invasión bizantina del litoral levantino peninsular: “Cuántas veces, hablando con nuestra madre, y deseando saber si le gustaría volver a la patria, ella, que comprendía que había salido de allí por voluntad de Dios para su salvación, exclamaba, poniendo a Dios por testigo, que ni quería verla ni había de volver nunca a aquella tierra! …Me duelo, ¡desgraciado de mí!, de haber enviado allá a nuestro hermano Fulgencio, porque estoy en un temor continuo por sus peligros… Yo por mi parte te hablo por experiencia: aquella tierra nuestra de tal modo perdió su florecimiento y hermosura, que no queda en ella persona libre, ni su suelo goza ya de su tradicional fertilidad. Y no sin el juicio de Dios, pues el país al que se le han arrebatado sus ciudadanos y donde se han metido extranjeros, al perder su honor, perdió su fertilidad" (Leand. Reg. XXXI).

Pero también contamos con textos que abordan el concepto de la libertad de una manera menos retórica, y que se refieren a la gran mayoría de campesinos de carácter dependiente que vivían fundamentalmente en las tierras de los grandes propietarios laicos y eclesiásticos. En particular contamos con una información de carácter excepcional que se sitúa en el siglo VII y que está contenida en la Vida de Fructuoso de Braga, en la cual se refiere un suceso que aconteció al santo en la región próxima a Egitania, cuando éste se dirigía a la ciudad de Mérida para rendir culto a su patrona Santa Eulalia:

“Otro milagro más de su extrema paciencia hemos conocido por la narración de un varón piadoso que nos informó a propósito de nuestro santo protector. Un día en que iba con otros compañeros de viaje por la región próxima a Egitania y se dirigía a Mérida, la maravillosa capital de la provincia de Lusitania, por devoción a la santa virgen Eulalia, para allí combinar los sagrados votos de su espíritu con los sacratísimos afectos de su corazón, con el propósito final de llegar a la isla situada en territorio gaditano con la ayuda del Señor, después de derramar en presencia de Dios sus dulces preces y de recibir de la generosa piedad de nuestro Señor Jesucristo los efectos de su petición; pues bien, según íbamos diciendo, mientras caminaba por la región de Egitania sucedió que todos los que marchaban en compañía del santo varón se adelantaron un poco; él, retrasándose, se tendió en oración por unos momentos en un apartado y muy secreto paraje de un bosque y densa arboleda. Mientras estaba echado en el suelo, el antiguo enemigo, siempre envidioso de todas las per-sonas buenas, condujo al lugar en que el santo oraba a un palurdo aldeano enfurecido. Cuando vio ante él al santo y lo descubrió solo, en medio de la enramada, con vestidos vulgares y con los pies descalzos y al aire, según se comporta una mente grosera, despreciándolo por la vileza de su atuendo, acercóse más y más al santo confiado de insensata termeridad; y teniéndolo por un fugitivo lo colmó de injurias denostándolo con palabras procaces, y, sin pararse en barras, petulantemente, el rústico lo cubrió con toda clase de expresiones ofensivas. Pero mientras el santo le respondía tranquilamente diciendo: “De verdad que no soy un fugitivo”, y aquel, por el contrario, se empeñaba por incitación del diablo en que lo era, hasta tal punto se enardeció que llegó a golpearlo con una tranca que llevaba en las manos. El santo soportaba todo pacientemente y el otro no cesaba de golpear; pero en cuanto el santo le hizo la señal de la cruz, al punto el demonio derribó al palurdo a tierra y lo hizo retorcerse boca abajo ante los pies del santo varón y lo golpeó y maltrató hasta que, causándole graves heridas, lo dejó medio muerto envuelto en su propia sangre. Mas el santo varón al momento hizo oración y lo restituyó sin ninguna dificultad a su anterior salud” (Vit. Fruct. 82).

Como vemos, el suceso narrado es protagonizado por un campesino del lugar (rusticus ac plebeius vir), quien confunde al santo con un fugitivo, a juzgar por lo deleznable de sus ropas y de su apariencia en general. La reacción violenta del rústico sorprende a Fructuoso en una zona apartada, que podía entenderse como un refugio para personas que huían de sus lugares de origen, y se contrasta en el texto con la paciencia que en todo momento muestra el religioso, que intenta convencer al campesino de su error, pese a las apariencias. El propósito de esta obra no es otro que realzar la santidad de un hombre como Fructuoso, descendiente “de una familia preclara vinculada con reyes, vástago de muy ilustre cuna y en concreto de un duque del ejército de Hispania”, que decide sin embargo emprender una vida completamente alejada de sus orígenes y dedicada exclusivamente a la vida religiosa. Sin embargo, el párrafo al que hemos hecho alusión, que en último término pretende resaltar la piedad y la paciencia del religioso, para de este modo poner de relieve su capacidad de hacer milagros, no constituye un hecho aislado y meramente anecdótico, sino que por el contrario se inscribe en una práctica que era muy habitual en el reino visigodo.

Sabemos del título I del libro IX del Liber Iudiciorum, que se dedica en exclusiva al tema de los fugitivos y a las personas que los ocultan, y que se inscribe en toda una tradición de carácter legislativo que arranca desde época imperial. En concreto, la ley novella del rey Egica se refería a un problema que afectaba de forma generalizada al reino, ya que se afirma que no hay lugar en el que no se refugien los servi, fuera cual fuese su vinculación con las tierras de los grandes propietarios. Los siervos fugitivos pertenecían indistintamente a las tierras del fisco, a las de la Iglesia y en general a las de todos los possessores del reino, y según esta disposición no era infrecuente que la deserción de sus tierras de origen fuese propiciada por otros grandes propietarios, que en su afán por disponer de mayor número de mano de trabajadores y de dependientes en general, recurrieran a fomentar o incluso a ignorar, como los obispos, estos hechos que se consideran tan perjudiciales.

Autores como E. A. Thompson han afirmado que esta ley de Egica es un indicio importante del declive que estaba sufriendo el reino toledano en sus postrimerías, que se concreta en esta huida masiva emprendida por los esclavos por toda España, a los que el monarca intenta recuperar y reintegrar en sus ocupaciones. De este modo, la huida generalizada de mano de obra servil, de acuerdo con algunos investigadores, habría que relacionarla en un plano más general con la crisis de la sociedad esclavista existente en el reino visigodo, entendido por tanto como epígono de la configuración sociopolítica propia del Bajo Imperio, y que tuvo por tanto una repercusión decisiva en la estabilidad del reino hasta el punto de llegar a desencadenar su desaparición de forma súbita. Sin embargo, conviene relativizar estas afirmaciones de cariz catastrofista y apuntar por el contrario a una continuidad en la propia legislación, que se explica sobre todo en el hecho de que la mayoría de las leyes contenidas en los corpora legales visigodos son antiquae, es decir, su redacción original corresponde a una época muy anterior y, sobre todo, derivan sustancialmente de la legislación bajoimperial romana, con lo que podríamos establecer una línea evolutiva que comprendería cerca de cuatro siglos de desarrollo legislativo.

6.3.2. Libertad y dependencia

Como hemos dicho anteriormente, la idea de libertad, los elementos diferenciadores que antes existían con carácter general entre la población libre y esclava, van progresivamente perdiendo significado. De esta manera observamos cómo ya a partir del siglo IV una serie de leyes pertenecientes al Código Teodosiano tienden a tratar de forma conjunta y cada vez más indiferenciada a una población campesina de carácter dependiente. Se establecen, en consecuencia, un conjunto de prescripciones que afectan por igual tanto al heterogéneo grupo de colonos como al de los esclavos: una ley que persigue los mismos propósitos que la de Egica, establece idénticas medidas para los coloni, inquilini et servi fugitivos, de forma que la relación existente entre el señor y el colono fugitivo es la misma que se produce entre aquél y el esclavo fugitivo, puesto que se establece una equiparación de ambos a partir de la dependencia exclusiva que colono y siervo mantenían respecto a su señor, lo cual les impedía pasar a las tierras de otro gran propietario, que habría inducido a éstos a la huida y asentamiento en sus tierras. Porque la unificación que se registra en el estatus de ambas condiciones se ve reforzada además por el hecho de que el elemento fundamental que las define es su adscripción a la tierra, como ya se establece en la ley del emperador Constantino del año 332 (CTh. V.7.1), que por otra parte dispone la reducción a la condición de siervo de aquellos colonos que no quisieran residir voluntariamente en su lugar de origen. La legislación nos permite percibir un proceso evolutivo fundamental, que consiste en la equiparación entre los siervos y un contingente numeroso de libres, quienes, jurídicamente incluso, son privados de la libertad e incluidos así en este campesinado dependiente de carácter indiferenciado. Una ley del emperador Valentiniano del año 451, la novella XXXI, se refiere a los colonos fugitivos como aquellas personas que pretendían conseguir mediante la huida aquello de lo que carecían desde su nacimiento, esto es, la libertad.

Hemos de definir por tanto la idea de servidumbre en un plano diferente y entenderla como la privación de la libertad de movimiento unida a la adscripción a la tierra, junto con otra serie de restricciones y obligaciones que se concretan en el Código de Justiniano en medidas que establecen tanto la dedicación de los siervos a la profesión de la tierra como la decisión de que los colonos, a pesar de su teórica condición de libres, han de ser considerados como siervos de la tierra en la que han nacido. No disponen de ninguna prerrogativa sobre su propiedad en la medida en que están en completa subordinación respecto al señor que detenta su titularidad, quien en virtud de la autoridad y protección que ejerce reúne en su persona tanto la figura de patronus como la de dominus. Esta situación afecta de igual modo a colonos y esclavos, ya que las leyes disponen de forma conjunta que han de permanecer junto a su señor, evitando protagonizar casos de fuga, dada la inquebrantable relación que mantienen con éste y la tierra, que les obliga a una estrecha dependencia que motiva así una clara equiparación terminológica en el acto de inservire, que es el que define ahora esta nueva situación.

El historiador Procopio de Cesarea nos ofrece una interesante información sobre estos aspectos. Al referir la guerra que el emperador Justiniano mantuvo con la monarquía vándala, que se inscribe en la renovatio imperii a propósito de reunificar lo que había sido el Imperio romano, nos narra la suerte que corrieron algunos miembros destacados de la aristocracia senatorial, al haber tomado partido contra la monarquía vándala. Procopio comienza con unas disquisiciones de carácter cuasi filosófico, al afirmar que la fortuna cambia y que no hay nada que pueda ser tenido como invariable. Así ocurrió en Libia tras la conquista de estos territorios por Genserico, ya que todos los hombres de elevada posición, tanto por su rango como por la importancia de las riquezas que poseían, fueron considerados por el monarca como esclavos y transferidos con todas sus posesiones y su dinero a sus hijos.

Sin embargo, lo más destacable de estos hechos, y a nuestro juicio también lo más interesante, es que se dio la circunstancia de que quienes anteriormente habían poseído estas tierras eran ahora en extremo pobres y sin embargo y de forma paradójica podían seguir manteniendo la condición de hombres libres, a la vez que gozaban del privilegio de poder desplazarse allí donde quisieran. El mismo Procopio tiene evidentes dificultades a la hora de definir el nuevo papel de los antiguos possessores, puesto que, aunque debido a su ínfima condición, les sitúa en el mismo nivel que los esclavos, que por su estatus jurídico seguían gozando de la condición de hombres libres, mostrando así una cierta imposibilidad de conciliar, en la medida en que resultaba incomprensible, la condición de hombre pobre con la de hombre que disfrutaba de la libertad.

Se expresa así la realidad dominante de la época, que hacía del patrocinio el eje fundamental de toda relación social y económica, al margen de la condición legal de los individuos. La seguridad que otorgaba la figura del patrocinio ya la puso de manifiesto A. Giardina, cuando al estudiar la figura de los cristianos Melania la Joven y su marido Piniano, a comienzos del siglo V, resalta la reacción negativa de los esclavos de sus propiedades en Roma, que rechazan ser manumitidos por ellos, pues temían perder la seguridad que les proporciona una relación que trasciende el mero hecho económico, situándose por tanto en un plano extraeconómico de dependencia personal.

De esta manera, se consolida progresivamente la idea que ya observamos en la legislación bajoimperial, y según la cual se asienta una indiferenciación gradual entre los trabajadores libres y los de otra condición jurídica, y ello es debido fundamentalmente a la propia superación del concepto clásico de la idea de libertas. La progresiva nivelación entre los esclavos y aquellos englobados en el colonato se refuerza en el propio vocabulario, cuando se denominan como peculia las pertenencias de ambos o se habla de contubernia para designar las uniones tanto de siervos como de mujeres libres con colonos que han abandonado sus tierras, que por esta razón son claramente encuadrados en el grupo servil en una evidente muestra de su falta de libertad.

Las leyes manifiestan la subordinación de este grupo heterogéneo que se plasma también en el plano jurídico al carecer de personalidad independientemente de la figura del dominus. En una ley de Justiniano se pone de relieve esta realidad cuando no se consideran diferentes al colono adscripticius y al esclavo, dado que se identifican el peculio y la tierra de uno y otro, en relación de nuevo con la figura del señor (CJ. XI.48.21). Todo ello lógicamente sirve para reforzar el elemento fundamental de la relación, que consiste en la entrega obligatoria por parte del dependiente, junto con otra serie de servicios de tipo personal, de un tributo o canon prefijado por el propietario de la tierra. Así, la vinculación a la tierra sólo tiene sentido si la ponemos en relación con el trabajo invertido y el beneficio obtenido del mismo; lo que realmente importa es el mantenimiento del pago de estos tributos, para lo cual no se duda en recurrir tanto a la condicio colonaria como servil como mano de obra.

La idea de adscripción a la tierra que se manifiesta claramente en el II Concilio de Sevilla y que establece una equiparación entre las legislaciones laica y eclesiástica, tiene por tanto fundamentalmente este sentido, y la encontramos igualmente en otros territorios, como atestigua Gregorio Magno en su Epistolario, al establecer la obligación de los esclavos liberados, en su nueva condición de colonos, a permanecer en su lugar de origen cultivando los campos y efectuando los pagos correspondientes. En otra carta del pontífice romano, dirigida a Pedro, subdiácono de Sicilia, el religioso muestra su preocupación por el gravamen al que eran sometidos los trabajadores de las tierras de la Iglesia en lo referente al precio público del trigo, que es considerado injusto, por lo que se fija por parte de Gregorio una cantidad máxima que habría de ser pagada por sus campesinos (Greg. I. Ep. I.42). Su comportamiento es el de un gran propietario preocupado por la situación de sus dependientes, en un claro ejercicio del patrocinio que se expresa también en la serie de términos intercambiables que sirven para designar a esta población: los rustici son considerados como massae ecclesiae, al mismo tiempo que se establece una identidad con el grupo de los colonos, de manera que este conjunto de población constituirá la familia ecclesiae, en lo que supone una clara defensa de los intereses de la propia Iglesia, que regula los pagos y los beneficios obtenidos, evitando manifestaciones de descontento que pudieran trastocar este equilibrio existente.

De igual modo, esta unión entre los trabajadores y la tierra se expresa en la propia Iglesia visigoda, en un placitum contenido en las Fórmulas Visigodas, por el cual el futuro monje que se encomienda al obispo queda sometido a él. Ello supone la anulación de su capacidad jurídica, así como la sacralización del pacto al establecer la sanción religiosa del acuerdo establecido, de manera que la divina misericordia y la potentia celestial, en su calidad de patronas, actúan como garantía del cumplimiento de los términos suscritos.

De todos los textos hasta ahora mencionados, pertenezcan o no al reino visigodo, podemos obtener una serie de conclusiones. En primer lugar parece claro el hecho de que se produce una adscripción del campesinado a la tierra que tiene un carácter vitalicio y hereditario, y que explica, de acuerdo también con la legislación bajoimperial, la permanencia de esta mano de obra en la propiedad aún cuando se registre un cambio en la titularidad de la misma. Además, la obligación de estos rústicos consiste genéricamente en “servir” a su señor, independientemente de su estatus jurídico, mediante la prestación de una serie de servicios de carácter económico y extraeconómico, que implican la satisfacción de cargas tributarias y personales, y que en un momento dado pueden explicar su rechazo a determinadas condiciones de vida que avalen su huida, bien a otras tierras de grandes propietarios, bien al amparo de nuevas realidades como las congregaciones monásticas. En el texto de la Vida de San Fructuoso de Braga arriba mencionado se nos dice que las posesiones paternas sirvieron al religioso para desarrollar su actividad fundacional, que tuvo en el cenobio de Compludo su máximo exponente, y que llegaron a inquietar a los duques del ejército por la huida masiva registrada:

[…] El brillante ejemplo de méritos de tan glorioso e incomparable santo, radiando con rutilante fulgor, hasta tal punto encendió con el ardor de la fe los ánimos de los pueblos, que los grupos de conversos, acudiendo en tropel de los cuatro puntos cardinales, se hicieron un inmenso coro. Si los duques del ejército de aquella provincia y de todos los distritos colindantes no hubiesen reclamado al rey que se tomasen algunas medidas —porque de mantener tolerancia no habría quien saliera a campaña— habría sentado plaza un innumerable ejército de monjes (Vit. Fruct. 14.104-107).

Esta huida encubierta narrada en el texto supone el rechazo de una situación anterior, en una manifestación clara del descontento campesino existente que es fiel reflejo de la legislación anterior y contemporánea, y que no pretende tanto la búsqueda de la libertad como de una protección que suponga una mejora de la propia situación, dentro del fenómeno del patrocinio. Por tanto, el término servire afecta a un grupo indiferenciado de dependientes que están obligados a prestaciones de carácter diverso. Pero además, la prestación de estos servicios por parte de estos trabajadores unidos a la tierra necesita de un marco de estabilidad que viene dado por la garantía de seguridad que proporciona el dominus, quien precisamente por ello está obligado a protegerlos en su calidad ahora de patrono. Se produce un consenso entre las dos partes que, en caso de ser vulnerado de una u otra forma por el propietario, puede motivar el surgimiento de muestras de descontento campesino en forma de protesta violenta.

Es interesante comprobar la diferencia terminológica existente entre las crónicas y textos hagiográficos, por una parte, y la legislación propia del reino visigodo, por otra. Sabemos que en las disposiciones legales de este período en ningún momento se menciona directamente a los coloni como mano de obra jurídicamente libre de carácter dependiente. Esta ausencia ha sido utilizada por parte de la historiografía como un argumento a favor de la pervivencia y hegemonía del fenómeno de la esclavitud. Pero la legislación que se refiere a estos temas, y en general a otros más amplios, es el resultado de un proceso evolutivo que valora como progresivamente afines realidades y situaciones que alcanzarán por ello en estos momentos un tratamiento jurídico prácticamente idéntico. Este proceso explicaría la inexistencia de menciones al colonato en el Liber Iudiciorum, puesto que se han asimilado distintas condiciones y equiparado hasta desaparecer del vocabulario. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el distinto y variado origen jurídico de esta masa indiferenciada de población es superado por la nivelación funcional que se experimenta en esta nueva sociedad.

En ella encontramos una serie de aspectos que refuerzan el proceso de feudalización registrado. Ante todo hay que resaltar la clara polarización social que emana de las disposiciones normativas. Con mucha frecuencia se establece la condición noble o idónea de las personas (ex nobilibus idoneisquepersonae) como manera de diferenciarlas del grupo opuesto de las viliores humilioresquepersonae, en un claro reflejo de la legislación bajoimperial, que distinguía entre el grupo de los honestiores y los humiliores, y que pervive en la oposición maiores/minores personae, tanto desde el punto de vista económico, como social y jurídico, estableciendo distintas penas en función de la adscripción de las personas.

Se trata de una oposición que se extiende al amplio y variado grupo del campesinado dependiente, que en una ley antiqua referida al patrocinio establece la figura del gran propietario o potens enfrentada al resto de la población, libre o esclava, con la que mantiene una clara relación de dominación (LI. II.2.8). Esta igualación o asimilación se explica por el hecho de que existe una barrera sumamente ambigua entre ambas condiciones jurídicas cuando la situación socioeconómica es esencialmente la misma, lo que explica la facilidad con la que traspasa el umbral existente entre la libertad y la servidumbre. Como hemos dicho al referirnos al texto de Procopio alusivo al reino vándalo, para detentar el estatus de hombre libre con plenitud de derechos es indispensable poseer un patrimonio suficiente que posibilite el ser incluido en el grupo dominante de las maiores personae, con todas las prerrogativas inherentes al mismo, tal y como pone de relieve por otra parte la legislación, como se muestra en una ley de época de Chindasvinto (LI. II.4.3).

Los textos visigodos realzan de forma continua la preeminencia social que ejercen los pudientes sobre la gran mayoría de la población. En una serie de leyes del Liber Iudiciorum encontramos de nuevo el realce de la condición de los poderosos, que como domini son calificados de boni homines, en un claro propósito por destacar un conjunto de virtudes exclusivas, que como hemos visto hay que relacionar seguramente con las virtudes definitorias de las grandes familias aristocráticas. Este distanciamiento que se persigue explica de manera lógica la diferencia que se establece entre personas de la misma condición jurídica pero de extracción social diversa, estableciéndose la oposición entre la claritas generis de los poderosos y la abiecta condicio de los manumitidos. Pero sobre todo este distanciamiento persigue aproximar aún más la situación de los libres encomendados y la de los libertos, que de algún modo representan la unión de la pobreza o idea de humildad, con la de servidumbre o dependencia. De nuevo, la evidente polarización social tiende a establecer una visión restringida de la idea de la libertad en el período, de la que se apropian de forma exclusiva los domini et patroni, hasta el extremo de que se aprecia una contradicción cuando una persona de condición humilde detenta un estatus jurídico libre (LI. VI.1.2: nobiles ob hoc potentioresquepersone… Inferiores vero humilioresque, ingenue tamen persone), resaltándose la oposición entre ambos grupos.

De esta manera, el elemento fundamental de las relaciones sociales y económicas reside en la vinculación de los trabajadores a la tierra, lo que configura una servidumbre o esclavitud de la tierra que ilustra las limitaciones de la libertad en relación con la subordinación de hecho y la progresiva confusión e igualación que esta realidad produce entre distintas categorías jurídicas. Es en este sentido en el que hay que interpretar un conjunto de leyes que establecen la necesidad de que el campesino de condición inferior demuestre su pertenencia al grupo de los libres, lo que nos recuerda de alguna forma el episodio protagonizado por Fructuoso y un rústico, a la vez que los grandes propietarios intentan por todos los medios anular los escasos beneficios de la libertad, obligando a los campesinos, a través de la coerción ejercida mediante el patrocinio, a que se identifiquen como servi al mismo tiempo que obligan a los ingenui ad servitium (LI. V.7.7: Si timore compulsus quisquam servum se esse dicat; V.7.8: Si ingenuus ad servitium repetatur, vel servus se liberum esse dicat. Ambas leyes antiquae).

Por tanto, la igualación registrada entre la población libre y esclava tiene carácter general por la sujeción a la tierra y por el carácter idéntico de su relación con el señor de la misma, cuya autoridad indiscutida llega incluso a anular mediante el ejercicio del patrocinio cualquier tipo de responsabilidad penal tanto de los jurídicamente libres como de los esclavos. Ello da pie a una serie de expresiones con un claro sentido exculpatorio para el dependiente, en la medida en que las posibles acciones penales por él cometidas por mandato de su patrono son de la exclusiva responsabilidad de éste; tan fuerte es el lazo existente y las obligaciones creadas: iubente domino vel patrono, sciente domino, sine domini volumtate aut conscientia, sine dominorum iussu… La sujeción al señor supone así una sumisión en grado máximo que en muchas ocasiones se identifica con la idea de obedientia, término éste que explica y da cohesión a la subordinación existente en esta sociedad, y anula de esta manera cualquier culpa que se pueda achacar al ingenuus vel servus que obre por mandato expreso de su señor (LI. VIII.1.1).

En consecuencia, la razón última de la sujeción del campesinado a la tierra mediante diversas fórmulas jurídicas reside en esta idea de dominación económica que perpetúa la primacía social de los poderosos. El servus, a través de la explotación de su peculio, hacía efectivo el pago de una renta o censo de variado tipo a su señor, por lo que éste utilizaba todos los medios a su disposición para mantener esta relación, del mismo modo que en época bajoimperial el colono disponía de un peculio que le permitía satisfacer una serie de rentas o servicios a su señor y sobre el que tenía una disponibilidad muy limitada.

En una ley de Chindasvinto (II/.V.4.19) se prohíbe tanto a los curiales como a los privati que han de hacer frente a una serie de pagos a las arcas públicas, que vendan, donen o intercambien su propiedad, y en caso de hacerlo será con la condición de que aquel que la reciba se encargue del pago de la misma cantidad o census que el anterior propietario venía satisfaciendo hasta ahora, debiendo constar este hecho en la escritura de transmisión. Por el contrario, se permite a estos individuos que puedan realizar entre sí estas mismas operaciones, de modo que el que recibe la propiedad continúe de ese modo cumpliendo con las exigencias estatales. La propiedad consta tanto de los bienes muebles e inmuebles como de la población a ella adscrita, de forma que la venta de la misma se hace conjuntamente no sólo por constituir una unidad fiscal en el ámbito público, sino también por respetar el modelo vigente de relaciones de producción. Es fundamental la conclusión final de la ley, que establece que a los plebeyos no les asiste ningún derecho de alienar su propia tierra. K. Zeumer expresó su convicción de que estos plebei que menciona el texto no eran otros que los coloni adscripti glebae, por lo que consideramos que lo más probable es que se esté estableciendo una identificación entre estos plebeyos como una de las modalidades de dependientes, y los curiales vel privati como grupo amplio al que se ha enajenado la plena propiedad de sus bienes ante las exigencias del legislador, que quiere de esta manera asegurar al estado unos ingresos avalados por el pago de las rentas o census por parte de esta población, tanto en el nivel público como en el privado.

En una serie de leyes, como LI. X.1.11 se establece que el que recibe tierras a cambio del pago de un canon ha de observar el acuerdo establecido si no quiere perder todo lo obtenido durante la vigencia del pacto. También la ley X, 1, 15 acuerda la obligación del accola o colono de seguir pagando el tributo o census aún en el caso de que se haya producido un cambio en la titularidad de la propiedad de la tierra en la que trabaja, con lo que ha de satisfacer la cantidad estipulada al ahora nuevo patrón. De lo que se trata por tanto es de garantizar el pago de una renta, que suele ir acompañado en muchos casos en la escritura que refleja el pacto de un conjunto de prestaciones establecidas en virtud de los lazos de dependencia vigentes, que hacen todavía más gravosa la sujeción a la tierra del campesino dependiente. Se trata como vemos de una situación que alude a la figura del colono, con una clara confusión y equiparación con el servus, que en la sociedad visigoda se pone de manifiesto en un conjunto de leyes en los que se abordan tanto los elementos económicos de la relación como los referidos a la vertiente extraeconómica.

El tipo de relación que se da mayoritariamente en esta sociedad implica la existencia de estas dos vertientes, la económica y la extraeconómica, que pueden afectar igualmente el ámbito público, en el que como hemos visto se producen abusos en relación con la progresiva privatización de ciertas funciones administrativas. En una ley del rey Recaredo (LI. XII.1.2) se legisla duramente contra aquellos cargos públicos que imponen a los pueblos una serie de exacciones y trabajos en su propio provecho, entendiéndose que esta presión de carácter ilegal se ejerce en el marco de una feudalización de la propia sociedad. En el canon XVIII del III Concilio de Toledo se remarca esta disposición, dictándose que “los jueces de los distritos y los encargados del patrimonio fiscal… acudirán también al concilio de los obispos… para que aprendan a tratar al pueblo piadosa y justamente, sin cargarles con prestaciones ni imposiciones superfluas, tanto a los particulares como a los siervos fiscales” (Vives, 131).

La idea de la obtención de beneficios mediante la sujeción y la explotación, en muchos casos abusiva, de estos trabajadores agrícolas definidos en ambos textos como populus se halla recogida en leyes como LI. II.1.6, en las que como hemos visto en otro contexto se legisla contra la avidez de los príncipes que pretenden engrosar su propio patrimonio mediante la explotación del citado pueblo. Lo que se condena precisamente es el incremento del propio census o lucrum entendido como beneficio, a través de la extorsión de las turmae plebium, nueva designación de tipo genérico que ha perdido obviamente su antiguo significado de ciudadanía y que constituye con otras expresiones una fórmula intercambiable para nombrar a la gran masa de población que se encuentra en una situación subordinada, y que engloba diferentes condiciones jurídicas. Esta actitud de explotación no difiere de la reflejada por el rey Ervigio en su conocida ley militar, en la que se alude a los grandes propietarios que se dedican a trabajar sus campos golpeando para ello a multitud de dependientes, en una clara denuncia de la oposición existente entre la publica utilitas y la propia utilitas como expresión de la contradicción inherente al propio carácter feudal del estado y la sociedad visigodas.

7

Estructuras de encuadramiento político
y social

7.1. La ciudad

7.1.1. Pervivencia y función

El caso del obispado emeritense resulta en muchos sentidos paradigmático tanto de la evolución sufrida por la sociedad de la antigüedad tardía de la Península Ibérica como de los comportamientos y características más sobresalientes de las altas jerarquías eclesiásticas del reino toledano, ahora convertidos en muchos casos en los regidores de la vida ciudadana. Los obispos reúnen en su persona, al igual que los aristócratas laicos, la condición de nobles descendientes de relevantes familias, al mismo tiempo que poseen un importante patrimonio privado que se administra a la vez que el propio de la iglesia de la que son titulares, con lo que se generan confusiones muy frecuentes entre lo público y lo privado, que repercute de este modo en la gestión y consiguiente beneficio de los bienes eclesiásticos. Esta idea de familia aristocrática que monopoliza en muchos casos el usufructo e incluso la propiedad de las pertenencias de las organizaciones de la iglesia se pone ya claramente de manifiesto en dos cánones del Concilio de Valencia celebrado el año 549 (véase Apéndice, documento 3).

La distinción que se hace entre los bienes de la iglesia y los del obispo permite identificar la confusión, interesada en muchos casos, que habría de producirse como decimos con relativa frecuencia, por lo que el concilio que se celebra en la ciudad estipula lo que se ha de hacer en estas situaciones y eleva la determinación al rango de constitución eclesiástica. Todo ello, como vemos, hace del religioso un hombre sumamente poderoso, que une a su decisiva potentia espiritual, otra no menos importante de carácter material, que hace de él un personaje decisivo en la comunidad ciudadana.

Como sabemos, para la totalidad del reino visigodo, y ahora para el caso concreto de Mérida, el obispo, de acuerdo con los fenómenos sociales propios e imperantes en esta época, desempeña en las ciudades de manera clara el papel de protector o patrón, mediante el ejercicio de la caridad cristiana que se concreta en una serie de obras que son en gran medida continuadoras de las prácticas evergéticas propias de la antigua aristocracia pagana. La potentia del obispo se sustenta sobre todo en una labor social de carácter redistributivo, que implica el reparto de alimentos a los pobres, o la edificación de hospitales, los que servirían para recoger a todos los enfermos de la ciudad, lo que contribuye a la estabilidad ciudadana que sirve al mismo tiempo para reafirmar el poder del obispo.

La influencia social, económica y política que ostenta en la ciudad y su territorio el hombre santo se aprecia en las Vidas de los Padres de Mérida de múltiples formas: el obispo es el pastor que ampara a la grey cristiana, sin cuya protección ésta aparece inerme; es también el pastor al que se encomienda todo el pueblo (plebs) en cualquier situación, al que rige de forma pacífica y benigna, y cuya ausencia da pie a un sinnúmero de calamidades, de pestes, de continuas subversiones en la ciudad. En el caso de Masona, el hagiógrafo nos informa, como vimos, de que a la vuelta de su destierro, la ciudad de Mérida recupera la tranquilidad perdida, y desaparecen las frecuentes discordias habidas. De este modo, la reaparición del obispo en la ciudad supone la activación de nuevo de su bienhechora potentia, garantía de la cohesión social deseada.

En relación con lo expuesto hasta ahora observamos claramente una estrecha relación entre el poder y el prestigio de los obispos como hombres santos que rigen una comunidad cívica. Masona y sus colegas desempeñan su autoridad en la ciudad, de la que el autor de las Vidas de los Padres de Mérida desarrolla una serie de imágenes muy características, que la sitúa, en gran medida, en el ámbito de las reglas de la comunidad cívica tradicional, con unas disposiciones y una determinada legitimidad que se concretan en el protagonismo que el palacio episcopal o atrium adquiere en el contexto del recinto urbano que viene definido por las murallas de la ciudad. El palacio episcopal representa, por el propio esplendor de sus refinadas construcciones y su gran magnificencia, el punto neurálgico del poder de la ciudad.

7.1.2. El gobierno del obispo

Tras la muerte del rey Leovigildo, acaecida en Toledo en el año 586, le sucede en el trono su hijo Recaredo, quien accede al cetro real según Juan de Bíclaro, cum tranquillitate. También sabemos que poco antes de la sucesión regia se había producido la reintegración a su sede episcopal del anterior obispo, el muy noble Masona, quien había sido enviado al destierro y sustituido en la diócesis de Mérida por un religioso llamado Nepopis, dentro de los conflictos que tuvieron lugar con motivo del proceso de centralización y reafirmación del poder monárquico llevado a cabo por el último rey arriano (véase Apéndice, documento 4).

De acuerdo con las Vidas de los Padres de Mérida sabemos que la vuelta a su obispado del hombre santo se produce dentro de una gran demostración de boato y magnificencia, puesto que entró en la ciudad acompañado de una gran multitud, que se unía así solidariamente a la comitiva que hacía demostración del gran número de riquezas que pertenecían al thesaurus de la iglesia metropolitana. Masona regresa a la ciudad de Mérida por la vía principal de acceso de ésta, y es recibido por los ciudadanos de manera entusiasta. Una vez que el obispo materializa su entrada triunfante en la ciudad, siempre con la mediación y la protección de la patrona de la misma, Santa Eulalia, se hace de nuevo cargo del gobierno de Mérida poniendo así fin al gran número de penurias que, como la peste y la carestía de alimentos, habían asolado a la urbe durante su ausencia, y que se habían visto acompañadas de un no deseado clima de subversión y desorden social.

Como se observa, hay una clara intencionalidad en el texto, que asocia a Nepopis con todo lo que tiene que ver con la falta de legitimidad y de respeto hacia las relaciones de dependencia y los bienes de la institución eclesiástica. Por el contrario, Masona entra en la ciudad con el reconocimiento de sus antiguos dependientes, que ven en su llegada el restablecimiento del orden y de una cierta legitimidad constitucional. Podemos afirmar que la ciudad de Mérida desempeñó un papel de primer orden dentro de las disputas que se producen por el control del poder político en la Península. En ese sentido Agila fue asesinado como hemos visto en esta ciudad por sus partidarios, dentro de la pugna que mantenía con su antagonista y sucesor Atanagildo.

Leovigildo intentará en todos los territorios del reino avanzar en su propósito de unificación territorial y procederá a un control drástico del mismo mediante una centralización efectiva del aparato estatal. Su empeño como gobernante irá encaminado en esta dirección, a la vez que se verá acompañado de la pretensión de crear una doctrina política que toma prestados importantes elementos del mundo bizantino contemporáneo, y que sea capaz de dar cohesión y legitimidad a una monarquía emergente. Este propósito, que también contemplaba de manera lógica la unificación religiosa, se vio enseguida contestado por las fuerzas locales establecidas en las ciudades, que defendían intereses contrapuestos y que veían en el triunfo de estas pretensiones reales la pérdida de gran parte de sus privilegios, dando por ello lugar al conflicto entre las ciudades y el monarca toledano narrado anteriormente.

Por ello, a lo largo de la segunda mitad del siglo VI asistimos a un proceso de construcción de un modelo de poder político en el reino visigodo, que parte de posturas encontradas como las enumeradas y que explican castigos como el sufrido por Masona, pero que finalmente terminan por confluir en una teoría justificativa común amparada y legitimada ahora por la religión católica y sus máximos dignatarios. Todo esto supone la expresión más lograda de una armonía que se plasmará en un conjunto de niveles y que dará lugar a un marco de convivencia política y de respeto mutuo. Este respeto mutuo reflejará el consensus uniuersorum ahora alcanzado, es decir, el reconocimiento del pacto logrado en este momento entre los sectores dominantes de la sociedad.

Nos parece sumamente interesante que en todo este proceso adquieran una capital importancia las técnicas o modelos justificativos del poder, que en gran medida son tomados de la tradición clásica a través del mundo romano oriental de época tardía. No obstante hay que recordar que el mundo que describen los panegiristas se refiere al del cambio y el movimiento, no entendido por tanto como algo estático. Por ello resulta mucho más apropiado hablar de situaciones concretas que de ritual establecido de carácter permanente. En este sentido, la ceremonia del adventus, es decir, de la llegada de los emperadores romanos a la ciudad, pone de relieve su fastuosidad con claros tintes religiosos.

Como los legisladores responden en gran medida a una dimensión divina, son concebidos en dichas ceremonias como salvadores, benefactores y señores de sus súbditos. En este sentido, era muy importante mantener la ficción de que el emperador era un ciudadano que en la ceremonia aludida era recibido fuera de las puertas de la ciudad por una procesión cuyo recorrido aproxima el adventus imperial a la llegada de Cristo a Jerusalén a medida que la sociedad se va cristianizando. Por tanto, se abandona de este modo la culminación anterior del triumphus, que como sabemos suponía la visita por parte del emperador del templo de Júpiter en el Capitolio. La entrada gloriosa de los emperadores en la ciudad de Roma fundamentalmente genera la unanimidad general imprescindible para que se produzca la relación ideal entre el emperador victorioso que ingresa en la ciudad y la comunidad ciudadana, y que muestra así, a través del encuentro entre ambos y la bienvenida ritual, los pilares sobre los que descansaba de forma teórica y práctica el poder imperial: “Tú, un ciudadano, no desdeñes a esta multitud y muéstranos de nuevo tu rostro contemplado hace tiempo”. “Honorio ha venido como un ciudadano, sus predecesores como dueños” (Claud. De VI cons. Han. 422-423; 559).

Sabemos de la clara influencia que estas ceremonias dejan en el período de la monarquía toledana en reyes como Leovigildo o Recaredo, entre otros. La impronta tardorromana y bizantina se refleja en la práctica de la exaltación del poder y sobre todo en el juego de oposiciones establecido entre virtudes y vicios imperiales o monárquicos. Estos elementos constituyen un factor determinante en la búsqueda del encumbramiento o de la condena política, que suponen casi siempre realidades complementarias e indisociables. Pero estos préstamos, o más bien asimilaciones desde el punto de vista propagandístico e ideológico, que redundan en una reafirmación y encumbramiento de la realeza, no son exclusivos como sabemos del mundo propio de la corte toledana, puesto que de igual modo otras instancias laicas y eclesiásticas se impregnan de prácticas e imágenes que se traducen en una mayor legitimación del poder. Podemos percibir esta realidad por ejemplo en las procesiones funerarias ciudadanas descritas en las vidas y pasiones de santos, en las que advertimos la celebración del adventus organizado por criaturas celestiales para los religiosos, que son escoltados por los ángeles en su subida a los cielos. De hecho se trata en muchos casos de concebir los cielos como una ciudad rodeada de muros y puertas, en cuyo recinto imaginario entran en procesión los religiosos de condición aristocrática tras recibir una adecuada y privilegiada sepultura, del mismo modo que ocurría con los nobles de condición laica que eran enterrados en mausoleos privados o en basílicas cristianas.

Éste es el caso concreto de la Iglesia nicena que nos muestran las Vidas de los Padres de Mérida, como decimos documento de valor incalculable para conocer los hechos acaecidos en la ciudad de Mérida durante un período crucial de su historia, que se inscribe en un contexto concreto como es la formación y auge del patrimonio eclesiástico, a través de la narración de los hechos que tienen lugar en los obispados de cuatro prelados de la diócesis, en muchos casos y en diferentes grados marcados por su enfrentamiento con el poder secular y político. Por otra parte, este documento resulta revelador en un plano estructural de las contradicciones propias e inherentes a la elaboración de un sistema político que tras la conversión es reconocido por todos, en el marco de una sociedad de carácter feudal.

En este sentido, y de acuerdo con la realidad dominante, la Iglesia emeritense habrá de asumir y reconocer el poder político de Toledo, y por tanto su vinculación y su dependencia, aunque sin caer necesariamente en una subordinación total que anule y en gran medida deslegitime un conjunto de actitudes e imágenes que le otorgan una gran preeminencia y un gran prestigio ante los habitantes de la ciudad. Estas imágenes que se proyectan sobre la sociedad confieren al obispo y a la Iglesia una enorme autonomía y ciertos rasgos de soberanía, que se traducen también en el plano ritual, derivados de la conjunción de elementos religiosos de carácter bíblico y otros vinculados con la justificación de su poder material, que como hemos dicho se basan en gran medida en la ideología imperante en estos momentos en Bizancio.

Este propósito de alcanzar una autonomía “fundacional” se advierte muchas veces en la propia narración, que pretende llevar a cabo una reescritura de la historia de la ciudad, mediante la ficción de que los orígenes de la misma dan comienzo precisamente con la creación de la iglesia, borrándose así de forma intencionada otro tipo de ascendientes, como su pasado romano, que pueden suponer un elemento de competitividad, y que confieren de forma muy temprana el prestigio en exclusiva a la todopoderosa Iglesia.

Las Vidas de los Padres de Mérida constituyen además un claro ejemplo de la aparente renuncia a los modelos justificativos del poder con connotaciones clásicas por parte de la literatura cristiana, a partir de aquella afirmación de Gregorio de Tours según la cual ya “nadie entendía al rétor filosofante”. Pero a pesar de ello se ha insistido en la fuerte dependencia de esta obra respecto a composiciones de autores como Gregorio Magno, paradigma de la continuidad literaria respecto a modelos anteriores del mundo romano. Aunque es cierto que las Vidas de los Padres de Mérida continuamente aluden a valores tales como la humildad y la sencillez, que resultan por definición inherentes a la imagen que se quiere proyectar de los hábitos definitorios de la vida cristiana local, no es menos cierto que a pesar de su declaración de intenciones en apariencia simple, esta obra esconde una fuerte carga retórica que se dirige precisamente a justificar una serie de comportamientos de miembros de la comunidad eclesiástica mediante el despliegue de una clara propaganda político-ideológica:

Ningún fiel ortodoxo, y aún más si es católico, pondrá en duda la absoluta veracidad de los milagros que el muy santo e insigne obispo Gregorio, Pontífice de Roma, impulsado por las mociones del Espíritu Paráclito, dio a conocer en sus Diálogos con persuasivo y ameno estilo; milagros que, en otros tiempos, Dios Omnipotente, para gloria de su nombre, se dignó obrar por sus escogidos. Que nadie vacile ante la consideración de que acontecieron en épocas ya remotas; y que tal vez el autor no se ajuste al estricto rigor histórico; o que tan santo varón de elección, sagrario del Espíritu Santo, los haya oscurecido con vanas y torcidas palabras; pues se nos enseña con meridiana claridad en autorizados testimonios evangélicos, que Dios los ha obrado siempre y todavía los obra. Por ello, a fin de que la fe de todos, ya lean ya escuchen, se fortalezca con mayores argumentos, narramos los que hoy, en nuestros tiempos, han acaecido en la ciudad de Mérida; que no conocimos por referencias de extraños, ni aprendimos en fingidos relatos; sino que nosotros mismos oímos a los propios testigos, que libres ya, de modo admirable, de sus cuerpos, llegaron, no dudamos, al reino celestial (VPE, Praef.).

Esta propaganda utilizará la hagiografía como género literario, pero con mucha frecuencia se inscribe de forma consciente y deliberada en la más pura tradición de los panegíricos, defendiendo en muchos casos aspectos ligados a la tradición republicana en lo que se refiere a la ciudad y su gobierno. De manera clara e intencionada la ciudad y sus proximidades aparecen en el texto como el marco fundamental de referencia en el que se desarrollan los hechos narrados, en los cuales ocupa un lugar preeminente la figura omnipotente e indiscutida del obispo. Ya hemos dicho que es comúnmente aceptada la idea según la cual ya en el siglo V el obispo asumiría en la ciudad de forma plena tanto la autoridad espiritual como la de carácter secular.

Se pone de manifiesto que de manera progresiva el obispo asume con el paso del tiempo una mayor dimensión pública en un proceso en el que también se acentúan sus virtudes políticas y las de índole espiritual, logrando de esta manera rodearse de una aureola carismática que refuerza aún más su poder. De acuerdo con historiadores como la estudiosa italiana L. Cracco Ruggini, las sedes episcopales se esfuerzan por aumentar su poder e influencia en el contexto de una vida política “imperial” en la que la figura del propio obispo adquiere paulatinamente tintes monárquicos. Los regidores religiosos cobran de este modo conciencia de la necesidad de respetar la ley a fin de asegurar la justicia en el interior de la ciudad, que representaría en un plano local la proyección de la justicia imperial. Es precisamente este poder del obispo sobre el que nos informan e incluso teorizan las Vidas de los Padres de Mérida, a través de su marcada oposición y diferenciación respecto a otros ámbitos seculares o religiosos, y por medio de la fijación de un ritual y de una teoría del poder que consolida su posición y la legitima de manera sobresaliente.

Tenemos clara conciencia de la extracción aristocrática de los metropolitanos, quienes se hallan estrechamente unidos a la figura de los grandes propietarios territoriales bien mediante lazos familiares, bien a través de su asociación por medio de la transmisión de enormes patrimonios, como es el caso del obispo Paulo. Este religioso habría heredado todas las propiedades de un riquísimo matrimonio cristiano de la ciudad, fallecido posteriormente y sin descendencia, después de haber sanado milagrosamente a la esposa, que se encontraba al borde de la muerte. Como consecuencia de este testamento, Paulo se erige en el personaje más rico de todos, convirtiéndose en poseedor de un patrimonio que superaría con creces la hacienda de toda la Iglesia emeritense. Pero observamos al mismo tiempo que el obispo, en su nueva condición de poderoso, sucede de forma natural en el primer lugar de preeminencia política de la ciudad al primarius ciuitatis, del que habría obtenido tan sobresaliente patrimonio:

Son muchos los que cuentan que un santo varón llamado Paulo, de origen griego y médico de profesión, llegó a la ciudad de Mérida desde los confines del Oriente. El Señor le deparó que mereciera el episcopado de la citada ciudad, después de vivir en ella largo tiempo, sobresaliendo en santidad y muchas virtudes, superando a todos en humildad y mansedumbre. Cuando por divina elección fue consagrado obispo, al punto Dios alejó todas las revueltas que habían perturbado la sede en tiempos de sus antecesores y concedió por sus ruegos gran tranquilidad a su iglesia. Con el favor de Dios, regía pacífica y benignamente a todos sus fieles y correspondía al afecto de todos con la ternura de su sagrado pecho cuando sucedió que enfermó la esposa de cierto noble y principal señor de la ciudad, de la clase senatorial; descendiente ella misma de ilustre estirpe, noble prosapia. Había concebido al casarse; pero el niño había muerto en su seno. (Tras el milagro) se inundó aquella casa de indecible alegría e inmenso gozo; y todos, prorrumpiendo en alabanzas a Dios, rezando y danzando decían que verdaderamente el Señor había enviado a su ángel que se apiadara de ellos. Inmediatamente dispusieron de todos sus bienes de modo que el santo varón recibiera de presente la mitad de cuanto poseían; y la otra mitad, íntegra y sin descuento, se le acumulara después de la muerte de ambos. Tal fortuna tenían que en toda la provincia de la Lusitania difícilmente se encontraría un senador más rico. Protestó el obispo, rehusó y se negó a aceptar: pero al suplicar ellos y volverlo a ofrecer con tanta insistencia, se decidió a recibir lo que pudiera destinar, no tan sólo a su propio provecho, sino a las necesidades de los pobres… Al morir ellos, el santo obispo Paulo mereció recibir todo su patrimonio;… se convirtió en rico entre los ricos, hasta el punto que toda la hacienda de la iglesia podía reputarse en nada en comparación con sus bienes propios (VPE, IV, 1-2) (ed. A. Camacho, 1988).

Bajo el gobierno del obispo se encuentra la colectividad, que aparece en el texto denominada de forma diferente según el momento. Así, el obispo Paulo gobierna sobre todos sus ciudadanos (ciues) de manera pacífica y benigna, alejando las disputas o conturbationes que alteraran la convivencia, y disfrutando de este modo junto con el conjunto de los ciudadanos, cum plebe, de una armonía y de un bienestar que constituye el mayor deseo del religioso, sobre todo en lo que se refiere a los más necesitados. De hecho, el obispo había aceptado finalmente la donación del matrimonio arriba expuesta con la finalidad última de que los bienes así obtenidos sirvieran para paliar las necesidades de los pobres, dentro de un discurso de clara intencionalidad caritativa cristiana, aunque sepamos que los bienes otorgados fueran a parar al patrimonio privado de Paulo. De nuevo nos encontramos ante un conflicto potencial, que suponía en muchos casos un conflicto real de intereses al entrar en colisión la titularidad de los bienes episcopales con los de propiedad de la Iglesia diocesana, tal y como se demuestra cuando Paulo condiciona otorgar sus bienes a la Iglesia a cambio de que ésta acepte a Fidel como su sucesor en la silla episcopal (véase Apéndice, documento 5).

Esta conjunción de funciones en el plano espiritual y material refuerza la imagen de los gobernantes religiosos como intermediarios entre la ciudad terrenal y la ciudad celestial, y se pone de manifiesto en la relación que el autor de la obra de las Vidas de los Padres de Mérida establece entre la labor caritativa en grado sumo que realiza el obispo Fidel, sobrino y sucesor de Paulo, y su auxilio a pobres y cautivos y la condonación de deudas, que finalmente se ensalza tras su muerte con su elevación a los reinos celestiales: “Al decir esto, presintiendo que iba a morir, debilitándose sus miembros por una repentina enfermedad, ordenó que lo llevaran a la basílica de la santa Eulalia. Primero con muchas lágrimas de arrepentimiento lloró allí sus pecados. Luego repartió abundantes limosnas entre pobres y cautivos. Por último, devolviendo comprobantes, a muchos condonó deudas… y poco después, el santo obispo, precedido de legiones de santos y esperado por los coros evangélicos, emigró triunfante al reino de los cielos; y unido a los ejércitos celestiales, mereció por permisión de Jesús, el Señor, ser recibido para siempre con perpetuo gozo en las sidéreas mansiones”.

Al mismo tiempo que el difunto obispo ocupa su lugar entre los ciudadanos del cielo (ciues in celis) su sucesor Masona mitiga con el ejercicio de sus virtudes el dolor de los ciudadanos en la tierra (ciues in terris) por la pérdida de su predecesor, virtudes que de manera evidente conjugan la majestad imperial de los panegíricos con la santidad y humildad de las que la Iglesia hace sus señas de identidad. De hecho, es el pontificado del “prudente y justo” Masona el que concede al pueblo emeritense salud y abundancia, tanto a ricos como a pobres, al uniuersus populus, de manera que se establece una notable proximidad y afinidad entre esta felicidad terrena y otra de índole celestial, que une y hasta cierto punto crea una confusión entre cielo y tierra, tierra y cielo, como si ambos mundos constituyeran una unidad, ideales y complementarios en sus respectivos ámbitos. Del mismo modo que ocurría en estos momentos según el testimonio de Coripo en la corte bizantina en su panegírico de Justino II, en la cual una embajada de los ávaros confunde el palacio imperial con el cielo, postrándose y adorando el trono del soberano al contemplar las maravillas del ilustre séquito imperial. Esta imagen sería reproducida por la monarquía toledana a partir fundamentalmente de Leovigildo.

Observamos de esta manera una voluntad clara por conferir y vincular a los obispos como gobernantes de su diócesis el carácter de una comunidad ciudadana y legítima en un conjunto de manifestaciones, que se ponen de relieve o son operativas cuando se oponen a otras formas de gobierno que se consideran impías en cuanto que no favorecen los intereses eclesiásticos, y por consiguiente se tachan de inconstitucionales. El obispo Masona se nos presenta como un hombre santo y victorioso, que defiende de forma decidida y continuada la idea de la justicia, que se concreta en la pervivencia de su gobierno, y que opone la legitimidad de la autoridad de la Iglesia frente a la atroz tiranía que representa Leovigildo. Resulta evidente la carga religiosa que subyace en las descalificaciones que se realizan contra el poder del monarca, que profesa la fe arriana y era por tanto ajeno a la sanción divina según la teoría nicena.

Pero también existe una clara oposición de carácter político entre ambos poderes, que se personifica en las figuras de Masona y Leovigildo como representación de lo justo y lo injusto, lo legítimo y lo ilegítimo, con la desigual repercusión sobre el pueblo, especialmente negativa cuando los actos emprendidos por el crudelissimus tyrannus producen a los ciudadanos, a los habitantes de la ciudad, efectos indeseados por perjudiciales. De hecho, la presencia del arriano Suna, como se ha dicho, no sirve para otra cosa que romper el marco ideal de convivencia que garantizaba el gobierno armónico de Masona, puesto que el impío obispo provoca sediciones y tumultos de todo el populus de la ciudad de Mérida. Masona ejemplifica así la resistencia del gobernador legítimo, que cuenta con el apoyo de todo el pueblo, a cualquier manifestación de tiranía, representada o delegada en este caso por el rey Leovigildo, que, sin embargo, aparece como gobernante legítimo en la obra de católicos como Juan de Bíclaro o Isidoro de Sevilla, frente a los comportamientos tiránicos de su hijo el católico Hermenegildo. En el caso de Mérida, se ataca de forma interesada el poder real en cuanto se tacha de cruel e ilegítimo, por lo que atenta, al juicio de las Vidas de los Padres de Mérida, contra los fundamentos de la convivencia de los ciudadanos:

Adornado, por divino favor, de tales virtudes, la fama, en boca del pueblo, extendió sus bondades; mas los destellos de su justo renombre ofuscaron a muchos de aquellas regiones. Así ocurrió que todo llegó a oídos del fiero y cruel Leovigildo, rey de los visigodos; y el terrible dragón de su envidia, émulo de toda buena obra, soliviantado por los más acres estímulos, saturó el ánimo del príncipe de su virus de víbora e inyectó la pócima infecta en sus entrañas…ordenó una y otra vez a tan santo varón, mediante emisarios, que abjurada la fe católica, se convirtiera a la herejía arriana en unión de todo el pueblo a él confiado. El siervo de Dios respondió con entereza, mandando decir al rey por aquellos sus enviados, llegados hasta dos y tres veces, que jamás abandonaría sus verdaderas creencias, únicas que había profesado;…Viendo el rey que fracasaba en la empresa, furibundo comenzó a intimidarle con muchos castigos, pensando que con amenazas podría abatir a quien con halagos no pudo doblegar. Pero el santo obispo ni se quiebra ante el miedo, ni se deja arrastrar por las promesas; sino que en el singular combate por defender la justicia se mantiene invicto contra el atrocísimo tirano (A. Camacho, 1988).

En este sentido, el lenguaje utilizado sirve de nuevo para recalcar lo correcto o incorrecto de los comportamientos protagonizados por los distintos autores implicados. Masona aparece en todo momento apoyado por el conjunto de los ciudadanos, que se levantan ante la pretensión de Suna de romper el consenso reinante en la ciudad mediante el recurso a la masa popular más perniciosa: cum cateruis populi, dice el texto. La caracterización de ambos obispos como el orden y el desorden, respectivamente, el consenso ciudadano y el caos, la legitimidad y los comportamientos tiránicos, tiene también su reflejo en los retratos antitéticos que se elaboran a la manera de los panegíricos, resaltando una serie de valores clásicos entendidos como virtudes frente a los males contra los que victoriosamente se combate.

El obispo godo Masona constituye de este modo la máxima expresión de todos los atributos aristocráticos y religiosos, tanto por su noble nacimiento como por sus santas costumbres, su elegancia, su caridad, su humildad, su prudencia y justicia, cuidando en todo momento del bienestar del pueblo, al que beneficia constantemente con la bendición divina. Suna, por el contrario, representa lo más despreciable, tanto, física como moralmente, caracterizado por su deformidad en ambos sentidos, engreído, frívolo, lleno de maldad, carente de toda virtud, desprovisto de cualquier signo de bondad, muestra en definitiva de la impiedad y de la tiranía.

7.1.3. El ritmo de la vida cotidiana y la cristianización de las costumbres

Pero además, y para corroborar esta idea, constatamos tanto en la vida de Masona como en la de otros obispos, una serie de elementos añadidos que nos acercan de forma clara a la idea del ceremonial imperial. Esta idea sería conocida por los religiosos y utilizada para consolidar y realzar su enorme poder. Las propias Vidas de los Padres de Mérida se inician con un episodio muy interesante dedicado a la muerte de un niño de nombre Augusto, que es presentado en el momento de su muerte ante el emperador celestial, que está rodeado de gran número de invitados vestidos con trajes de oro y piedras preciosas, y que a su vez son servidos por una gran multitud de criados que se sitúan junto al resto de los cortesanos. Se describe así una estricta jerarquía social dominada por el elevado sitial del palacio que ocupa la figura deslumbrante de la divinidad, ante la que se postran todos los demás y es objeto de adoración, esperando poder ver el rostro perfecto de su señor y protector, que supondrá de forma simbólica el otorgamiento de la gracia divina.

Se trata como vemos de un ceremonial de claras connotaciones romano orientales, que alude a la corte celestial y a la adventus divina como modelo ideal de dependencia, en una clara demostración de justificación ideológico religiosa de las relaciones sociales dominantes, con su correspondiente sanción ritual en la proskynesis y adoratio, y que estaría en gran medida vigente en el obispado emeritense (véase Apéndice, documento 6).

De acuerdo con el texto de las Vitas tenemos conocimiento de que en la ciudad de Mérida, el día de la Pascua, muchos niños vestidos con clámides de pura seda se aproximaban al obispo Masona cuando éste iba camino de la iglesia, como si se tratara de un rey, y se atrevían a rendirle obsequio en contra de las recomendaciones que dictaba la conflictiva realidad vigente, seguramente debido a la situación política. Podemos inscribir este comportamiento episcopal tanto en un contexto de claro desafío a la corte toledana, como en la continuación de una práctica habitual de los obispos, de la que tenemos constancia en tiempos de Paulo y que reproducía un ceremonial que se concretaba en el palacio episcopal o atrium, en el que el obispo se aposentaba en un sitial elevado desde el que ejercía sus funciones como señor de la sede y de su congregación, mediante rituales prefijados que respaldaban y legitimaban sus atribuciones.

Esta realidad es realzada precisamente en el plano de la lucha política, cuando por ejemplo Leovigildo, en uno de sus postreros enfrentamientos con Masona, cae aterrado al suelo desde su trono en la ciudad toledana ante la presencia del soberano celestial (maiestas diuina), que intercede a favor del obispo y arrebata al monarca los símbolos distintivos de su condición real. La realeza celestial resulta así un elemento de refuerzo esencial para el mantenimiento de los aspectos materiales del poder de la Iglesia emeritense, basados en la existencia, al igual que la realeza, de un thesaurus eclesiástico y en la búsqueda de una grandiosidad y de un refinamiento que se expresan en edificios como el palacio episcopal o atrium y la basílica de Santa Eulalia, sede del gobierno y lugar de culto principal del obispado, respectivamente.

Es precisamente el palacio episcopal el “lugar de poder” desde el cual el obispo hace valer sus prerrogativas. Es aquí donde Paulo amenaza con no dejar salir de la ciudad a los comerciantes que se resisten a concederle la custodia de su sobrino y sucesor Fidel, y también el lugar que abandona física y simbólicamente cuando, ya anciano, hace recaer el cargo episcopal en su heredero. Pero además del lugar donde se proceden a iniciar las celebraciones religiosas y donde se toman importantes decisiones, el atrio define el espacio en el cual se produce la legitimación de los valores constitucionales y representativos de la ciuilitas frente a la tiranía de Leovigildo, donde tiene efecto el combate singular entre Masona y Suna y donde los valores retóricos, clásicos, del primero se imponen sobre su ignorante contrincante ante la admiración de los ciudadanos que ensalzan la aplastante victoria obtenida sobre el enemigo del religioso y de la comunidad cívica. Masona, antítesis de su adversario, dará muestras en su intervención de un ejercicio superlativo de gravedad y prudencia, erigiéndose en el más elocuente, académico y claro a lo largo de los discursos pronunciados durante el transcurso de la liza retórica. Por tanto observamos cómo en la disputa o certamen habido se contrapone la sabiduría del humilde siervo de Dios, que constituye la más clara expresión de un legado cultural clásico enormemente valorado como era la oratoria, frente al impío e ignorante obispo arriano.

Las disputas que tenían lugar en estos momentos entre Leovigildo y Masona, que se concretaban en la exigencia de fidelidad política por parte del primero hacia la sede emeritense, conllevaban la pérdida de grandes propiedades del patrimonio eclesiástico administrado por el obispo ante la negativa de éste a prestar obediencia política. Esta negativa se expresa a través de fórmulas legitimadoras, en las que la Iglesia emeritense, con Santa Eulalia a la cabeza, sufre de forma tiránica la usurpación de sus bienes, ante la oposición que Masona encabeza con todos los ciudadanos de la ciudad, con todo el populus emeritense. A modo de comparación podemos recordar en este sentido algunos episodios de las luchas mantenidas por los emperadores romanos orientales contra los usurpadores, sobre los que obtienen un triunfo que se concreta en la celebración de la victoria sobre el enemigo derrotado, mediante un ritual que pasaba por la entrada en la ciudad imperial o el desplazamiento ceremonial de un lugar como el palacio imperial al circo o el hipódromo, para obtener así un reconocimiento mediante sanción legitimadora del pueblo ciudadano, del mismo modo que advertimos las semejanzas en lo que se refiere al procedimiento sucesorio y la importancia de los elementos ideológicos de índole religiosa en la sucesión de Justiniano por Justino relatada por Coripo en su Panegírico:

Ahora tu mismo padre, gozoso y lleno de vida se encaminó hacia el imperio celestial mediante una muerte afortunada, designándote a ti como su sucesor. Asúmelo con alegría: tu tío ha entregado bajo tu autoridad el universo que él gobernó. Aquel venerable varón pensó en ti, no como pariente, sino como hijo. Las leyes te solicitan, la corte te apoya. Tú eres la gloria, el resplandor y la virtud del imperio latino (Corip. In laud. Iust. I. 144-150).

Una vez que el emperador pronunció este discurso con voz sosegada, el senado lo adoró, postrado, alabando sus piadosas palabras y el griterío de la aclamación se elevó hasta las estrellas (II. 275-277).

Una vez que, en calidad de cónsul, colmó de riquezas a sus fieles protegidos, el emperador ordenó con gesto señorial que avanzaran todos para hacer las piadosas donaciones a la población. Se ejecutan con gusto sus mandatos. La silla divina es alzada por las manos de mil sirvientes en solemne procesión. Jóvenes seleccionados someten sus hombros al grato esfuerzo, se ajustan sólidas correas, todos de la misma edad, con igual indumentaria y belleza semejante… Cuando alcanzó el próspero umbral de la sagrada puerta, en el lugar en que un camino conduce directamente al centro de la ciudad, el pueblo se llenó de temor ante su paso y él resplandeció del mismo modo en que el dorado sol… (IV. 225-250).

Observamos que en el texto, el obispo Masona de Mérida, antes de la celebración de la disputa dialéctica contra el hereje Suna, había permanecido tres días en el interior de la basílica de Santa Eulalia, postrado ante las reliquias de la Virgen. Después, el religioso hace su entrada en el palacio episcopal, que como se reitera en varios pasajes de la obra, estaba situado dentro de las murallas de la ciudad. Entonces toma en el primer puesto, como signo de preeminencia, y se dirige a los partidarios allí presentes para recordarles que estaba próxima su victoria sobre el impío contrincante. Una vez que ésta se produce, el obispo ortodoxo se comporta de la misma manera que lo hacían los emperadores tras haber humillado y vencido a sus adversarios, pero en vez de dirigirse al circo o al hipódromo, como resultado de su condición religiosa, encabeza de manera victoriosa un séquito que en procesión reúne a todos los ciudadanos de Mérida, a todos los católicos ortodoxos, que se dirige a la iglesia de la mártir Santa Eulalia, dando gracias a Dios con grandes muestras de alegría por haber derrotado a sus enemigos.

Sin embargo, en el caso de Masona, el síntoma más notorio de la ceremonia de adventus se observa en su vuelta del exilio a Mérida, acompañado de un gran séquito a lo largo del camino principal de entrada a la ciudad, llevando en su poder las riquezas que le habían sido arrebatadas por el obispo invasor e ilegítimo que de forma tiránica se había arrogado el gobierno de la urbe. A través de su entrada victoriosa, Masona recupera de forma simbólica tanto la autoridad sobre Mérida como la soberanía legítima, incorporando como hemos visto a su comitiva ciudadanos cautivos de Nepopis, que así son liberados y conducidos de nuevo a la patria en la que habían nacido y de la que se había pretendido alejarlos, recuperando de esta manera los lazos que en un plano de dependencia económica tenían con la tierra de la iglesia en la que vivían y fundamentalmente en el plano social con su señor y patrono, el obispo de la diócesis Masona.

Esta comunión entre el obispo y los ciudadanos se ve incrementada cuando la comitiva llega a Santa Eulalia, situada extramuros y baluarte de los valores de la Iglesia. La recuperación de la legitimidad origina el retorno de la prosperidad y la felicidad de la comunidad, cuyos miembros manifiestan con cánticos y bailes su conformidad con el gobernante cristiano. Esta exaltación de la legitimidad se ve reforzada aún más cuando se produce la muerte del pérfido Leovigildo y le sucede en el trono su hijo el princeps Recaredo, que recibe el trono “legítima y solemnemente”, lo que resalta el carácter ortodoxo del nuevo rey, que tiene su reflejo en el ritual establecido a tal efecto, pero también expresa la nueva era que se inaugura en las relaciones entre el monarca y la ciudad:

Después de su muerte el venerable príncipe Recaredo, su hijo, le sucede en el gobierno del reino y es ensalzado a la dignidad que le correspondía; por concesión de Dios mereció el real trono legítima y solemnemente dados sus sobresalientes méritos; varón ortodoxo, católico a ultranza que siguiendo no a su pérfido padre, sino a Cristo el Señor, se convirtió de la herejía arriana y con su admirable ejemplo arrastró a todo el pueblo visigodo hasta la verdadera fe.

De hecho, la revuelta que con posterioridad tiene lugar en la ciudad de Narbona, y de la que se ha hablado anteriormente, sirve para poner de manifiesto las consecuencias positivas que la conversión del rey ha tenido en la urbe emeritense, la cual, de manera ritual y conjunta, al frente de su obispo, condena la seditio que se había producido contra el gobierno legítimo del cristianísimo rey, a la vez que se congratula de la victoria sobre el diablo, instigador de la revuelta arriana, mediante demostraciones públicas de alegría, que manifiestan su satisfacción como ciudadanos y ahora también súbditos ante el mantenimiento de la paz de la que disfruta el pueblo católico. De nuevo la basílica de Santa Eulalia, destino de la comitiva, es el lugar de confluencia de estas manifestaciones, que tras la conversión conjugan de forma armónica los poderes religioso y secular, siendo por tanto este recinto a la vez ecclesia y aula de los ámbitos celestial y terrenal, y del consenso entre iglesia y monarquía. Casi ochenta años después, en el inicio del Concilio de Mérida celebrado en el 666, bajo el reinado del “cristianísimo y piadosísimo Recesvinto”, se recuerda que esta ciudad, Emerita Augusta, sigue ostentando, en cuanto Augusta, el nombre del princeps, del monarca toledano, lo que muestra claramente la pervivencia que en estos momentos tiene el pacto entre ambas instancias de poder tras las consecuencias políticas del III Concilio de Toledo, y la utilización de aspectos de la tradición como elementos legitimadores.

Por tanto, el proceso de convergencia que tuvo lugar entre ambos pueblos, el visigodo y el hispanorromano, encuentra en el caso de Mérida un óptimo ejemplo, pues en el seno de procesos políticos, religiosos y sociales se realiza una fusión de acuerdo con las dinámicas propias de la época. Pero quizá la muestra más clara de esta unión la constituye precisamente el momento a partir del cual se comparten valores y modelos justificativos. Tanto la Iglesia como la monarquía basarán su poder religioso y material en valores clásicos y fuertemente ritualizados, que serán utilizados con la finalidad de legitimar o deslegitimar, en función de sus intereses, situaciones concretas que mostrarán la consecución o no del consenso logrado entre los sectores dominantes de esta sociedad profundamente polarizada.

En el siglo VII la situación de la Iglesia no difería sustancialmente de la que había tenido en el siglo precedente, sobre todo a partir lógicamente del reinado de Recaredo. Como hemos podido observar en otros aspectos relativos al reino, la Iglesia tendría un gran poder económico y político, equiparable en todos los niveles al de los grandes propietarios laicos, fuesen dignatarios públicos o privati. Pero el rasgo diferenciador de la Iglesia, que hacía de ella una institución con grandes privilegios, consistía en la inalienabilidad de su patrimonio, tanto de sus bienes como lógicamente de sus dependientes. Sabemos, por un conjunto muy numeroso de leyes civiles y eclesiásticas, que las relaciones que mantenían los altos cargos eclesiásticos con los individuos que habitaban en las tierras que ellos administraban eran en todo idénticas a las relaciones de dependencia que se producían en el resto de la sociedad. Se trataba de relaciones de dependencia en gran medida deudoras de la evolución social propia del Imperio romano, que entre otras cosas conllevaba el carácter hereditario de esta dependencia, aunque en el caso de la Iglesia el cumplimiento de esta realidad era aún mayor puesto que la institución eclesiástica era una “patrona que nunca moría”, con lo cual el papel desempeñado por el obispo como señor y patrono de su diócesis se perpetuaba obligatoriamente tras su muerte en su sucesor en la sede.

Pero además, y como hemos dicho, el obispo pasa a desempeñar un importante papel en los niveles políticos y administrativos del reino, al que se dirige con frecuencia el monarca con la finalidad de encomendarle alguna función. Por una ley del rey Sisebuto (LI. XII.2.13), sabemos que este monarca se dirige a los obispos del sur del reino con la intención de hacer cumplir a éstos una nueva norma, por la cual los judíos que habían sido manumitidos por mandato regio pasaban ahora a gozar de su condición de libres o ingenuos, al mismo tiempo que se establecía que debían ser inscritos en los registros públicos y censados de acuerdo con su peculio, para fijar de este modo el tributo que habrían de pagar al fisco. La conclusión más importante de este decreto, además de las evidentes consecuencias que implica en el plano fiscal, reside en el hecho de que los obispos son llamados indices en el texto, estableciéndose una importante equiparación entre los religiosos y los funcionarios civiles encargados de llevar a cabo el cumplimiento de estas disposiciones.

Esta equiparación puede entenderse como una imposición del monarca, que en este caso en concreto hace valer su autoridad para recabar así de forma efectiva el pago o impensio del censo debido, pero dadas las circunstancias del momento y la enorme influencia de la que gozaba la alta jerarquía eclesiástica, parece más lógico suponer que estamos asistiendo a la aplicación en concreto de un acuerdo entre la corona y la Iglesia, estrechamente vinculado a la correlación de fuerzas existente en los aspectos políticos y económicos. Efectivamente, parece que se está produciendo en el plano político el establecimiento de un pacto fruto de un consenso previo, que supone entre otras cosas la intervención de la Iglesia en el control administrativo del reino como manera de poder vigilar y preservar sus propios intereses. Se trataría de mantener vigente o de restablecer un consenso sobre asuntos relacionados con el gobierno del reino, que evitaran o invirtieran una situación conflictiva, que normalmente se producía cuando determinado monarca protagonizaba en su reinado actitudes excesivamente celosas respecto a sus atribuciones en materia de recaudación de impuestos. Contamos en este sentido con alguna ley enormemente representativa, promulgada precisamente a raíz del término del mandato de un monarca de signo claramente autoritario. En LI. II.1.6, en una clara mención a la política de Chindasvinto, se alude a la avidez y ambición de algunos reyes, que da lugar con cierta frecuencia a la redacción de escrituras falsas de propiedad con la finalidad de aumentar su propio patrimonio, en detrimento del pueblo, que ve cómo se le expolia de sus bienes.

Son menciones numerosas, que habitualmente identifican populus con el conjunto de grandes propietarios laicos y eclesiásticos del reino. Pero también es cierto que la Iglesia en particular era especialmente sensible a estas políticas reales, que la perjudicaban seriamente, por lo cual realizaba de manera muy detallada y escrupulosa un inventario de todas sus propiedades, inventario que una vez sancionado por las instancias políticas oportunas, era refrendado por las escrituras de propiedad establecidas a tal efecto y también por los archivos eclesiásticos de la propia Iglesia.

Es importante reseñar esta idea, es decir, que la propia Iglesia defendía en instancias tales como la de conciliar la preservación de su propio patrimonio, mediante la continua labor de inventario de sus bienes que se concretaba en la triple función de inspectio, recensio y descriptio. Pero también es cierto que a partir del reconocimiento y preeminencia adquirido tras la conversión al catolicismo del reino, la Iglesia no sólo persiste en el mantenimiento de sus bienes, sino que también ha de defender sus intereses mediante la condonación o disminución de los impuestos por ella debidos a la corona, que conocemos como relaxatio tributorum, que perseguía en última instancia mantener e incrementar su propio censo o patrimonio. Este conjunto de actitudes se inscribe en un proceso de desestructuración y debilitamiento de la antigua organización pública en materia fiscal, que alcanza su punto álgido cuando se llega a manifestaciones consensuadas de las más altas instancias laicas y religiosas, quienes promulgan edictos que identifican por una parte a los populi fiscales con el conjunto de personas de condición dependiente pertenecientes o adscritas a las tierras del monarca, sujetas por tanto a tributación, y por otra parte a los privati, es decir, el resto de los habitantes del reino, que se relacionan con un conjunto de poderosos del reino y la población de carácter dependiente a ellos sometida: “…que todas las contribuciones de los años pasados hasta el año primero de nuestro reino que pesan tanto sobre los particulares como sobre los siervos fiscales deben ser condonadas con un indulto perpetuo, mandando que se entregue a las arcas públicas aquello solamente que conste ha sido ya recaudado y todavía no entregado” (XIII Concilio de Toledo, año 683, en Vives, 438).

Como hemos dicho, en esta época el papel de intermediación de los grandes propietarios, la Iglesia incluida, resulta fundamental a la hora de establecer las cargas impositivas que ha de recaudar la corona, del mismo modo que, velando sus propios intereses, los propietarios procuran rebajar lo máximo posible el conjunto de cargas con las que tenían que contribuir al mantenimiento de una serie de prestaciones y obligaciones de carácter público, evitando así, como se dice de manera eufemística, gravar al pueblo con cargas excesivas. Pero en la conciencia colectiva reinante cobra cada vez más vigencia la idea según la cual los privilegios señoriales van en aumento y es necesario preservarlos a fin de garantizar la “paz y tranquilidad” tan beneficiosa para el reino, que es sinónimo de acuerdo o entendimiento entre el grupo de las maiores personae, representativo del grupo dominante de la sociedad y la corona.

Al mismo tiempo, estos privilegios se concretan en el reconocimiento por parte de la legislación del patrocinio como elemento articulador de esta estructura netamente feudal ahora vigente, que supone por parte de la instancia real el reconocimiento del carácter flexible y cambiante de la relación de los señores con sus dependientes, a fin de salvaguardar e incrementar sus beneficios, frente al descuido progresivo que sufre el censo o instancia pública, que cede paulatinamente terreno a realidades que se concretan en los privilegios como garantía de cohesión entre los grandes propietarios. Podemos observar cómo se produce casi de manera mecánica una secuencia de hechos que prueban lo expuesto en la sucesión de los reyes, con la actitud conciliadora del monarca que sucede en el trono a aquel que ha protagonizado una política autoritaria, y por lo tanto impopular, entre sus súbditos. En el discurso pronunciado por el rey Ervigio en el XIII Concilio de Toledo, que tiene lugar en el año 683, se aborda el problema (véase Apéndice, documento 7).

De esta manera, la instancia ideológica representada por la misericordia real, actúa también como elemento de cohesión entre los grandes del reino, anteponiéndose así a cualquier otra circunstancia la evitación de aquellos peligros que pongan en tela de juicio la “estabilidad de los pueblos”, como se dice en el texto, en alusión a revueltas que traduzcan el malestar de los poderosos. Se trata de un comportamiento que beneficia de forma clara al concilio como expresión de la potentia laica y eclesiástica y que repercute paradójicamente en el bienestar del reino, al entenderse que el acuerdo logrado entre la instancia real y el grupo de los grandes propietarios supone buscar fórmulas válidas que hagan compatible la existencia de unas cargas impositivas y el mantenimiento de los privilegios antes aludidos. Es lógico por tanto el reconocimiento y el premio a la labor mediadora llevada a cabo por monarcas como Ervigio, cuando se dice de él que “conservó el territorio de la propia nación libre de todo enemigo, y le dio nuevas fuerzas con una amplia condonación de tributos; y por lo tanto, aquellos que experimentamos tantos beneficios de él para con la muchedumbre de su pueblo, es conveniente que al menos procuremos para el futuro, a sus hijos, fuertes medidas de seguridad” (Vives, 435).

Los obispos ven de este modo incrementados sus privilegios, reconocidos expresamente por la Corona, que legisla reiteradamente a su favor para mantener sus privilegios, tales como el patrocinio exclusivo que éstos mantienen sobre sus dependientes o el apoyo que reciben al reconocérseles capacidades de control en asuntos de índole tributaria, como se reconoce en el canon XVIII del III Concilio de Toledo, al ordenarse que “conforme a la amonestación del rey inspeccionen los obispos cómo se portan los jueces con sus pueblos, para que avisándoles se corrijan o den cuenta al rey de los abusos de aquellos” (Vives, 131).

No obstante, la consecuencia última de la definición de los obispos como grandes señores feudales que actúan de forma casi independiente en sus respectivas diócesis, afecta fundamentalmente a su papel de patronos, tanto en el aspecto extraeconómico como en sus repercusiones en el plano fiscal. Observamos cómo con cierta frecuencia el obispo actúa en el territorio encomendado a su gobierno a la manera de un señor independiente, que establece a su propio arbitrio tanto tributos como prestaciones personales, configurando de esta forma un modelo de comportamiento que la propia política de no injerencia de la instancia pública sanciona y refuerza. Otra cosa es que esta serie de comportamientos se inscriban en un proceso de privatización de la propia función episcopal, hecho que la Iglesia se ve obligada a combatir a fin de evitar la alineación de patrimonio de una “patrona que nunca moría”, y que por tanto lucha por la perpetuación de sus propiedades en el seno de la institución. Sabemos de obispos que imponen cargas abusivas e ilícitas a sus inferiores en jerarquía, particularmente presbíteros y diáconos, que se concretan en prácticas extorsionistas tales como prestaciones personales, de acuerdo con el patrocinio, y exacciones tributarias.

Los cánones conciliares, a partir sobre todo del año 589, fecha de la conversión y de la celebración del III Concilio de Toledo, se refieren de manera negativa a las distintas modalidades de obtención de tributos (exactiones, angariae, indictiones…) que realizan los religiosos con sus pueblos, de idéntica forma que ocurría en la instancia laica, lo cual convertía a los pastores de la Iglesia en auténticos recaudadores de sus pueblos, anulándose así la instancia ideológica que se concretaba en el papel superlativo de los obispos como portadores de virtudes tales como la misericordia, la piedad o la caridad para con su grey. La peor consecuencia que se podía derivar de estos comportamientos radicaba en la posibilidad de que los obispos sustrajeran algo del inalienable patrimonio eclesiástico a fin de poder hacer frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias de su diócesis para con el tesoro real. En el XVI Concilio de Toledo celebrado en el año 693 bajo el rey Egica, se estipula que ningún obispo merme las posesiones de la Iglesia para poder así hacer frente al pago del impuesto, obteniendo quizá en contrapartida y de acuerdo con la corona algún beneficio personal. El obispo, por el contrario, deberá hacer frente a este impuesto mediante los acostumbrados obsequios, solita obsequia, obtenidos de las propiedades de la sede episcopal, y que en la legislación civil que acompaña a la norma eclesiástica (LI. XII.1.3) se definen como los frutos secos y líquidos de las propiedades, esto es, se trataba por tanto de impuestos en especie obtenidos del trabajo de la población dependiente adscrita a las tierras de la Iglesia: “Pues también vuestras honorificiencias cuidarán de promulgar que ningún obispo, para pago de los tributos reales, toque los bienes de las iglesias de las diócesis, ni se atreva a exigir de ellas ningunas aportaciones o contribuciones, sino que contribuirá al tesoro real con los acostumbrados obsequios tributarios de las fincas de su sede, y no se atreva a dar nada de los bienes de las iglesias de la diócesis como estipendio para alguien; y si lo hiciere tenga entendido que queda excomulgado durante dos meses” (Vives, 485).

Por tanto, y a pesar de las medidas que se adoptaban para evitar posibles conflictos, la propia conformación social en la que necesariamente se inscribían los obispos también provocaba disensiones entre ellos, motivadas por su aspiración a conseguir una situación hegemónica y de reconocimiento entre los poderosos, lo que les llevaba, entre otras cosas, a ejercer en un plano de estricto beneficio personal una presión tributaria sobre sus dependientes, para conseguir de este modo recursos que posibilitaran este propósito. Así, en el canon IV del VII Concilio de Toledo, celebrado bajo el rey Chindasvinto en el año 646, se alude a las “exacciones superfluas” que los obispos obtenían de las feligresías de la provincia de Galicia, que había provocado la ruina de algunas basílicas:

De la tributación en las iglesias de la provincia de Galicia… nos pareció bien tratar debidamente de común acuerdo, …acerca de las quejas de los presbíteros de las feligresías de la provincia de Galicia, … por la rapacidad de sus obispos. Pues estos obispos, como ha puesto de manifiesto la investigación evidente, gravando a las iglesias de las feligresías, de una manera indiscreta, al mismo tiempo que muchas veces las sacaban contribuciones superfluas, han llevado algunas basílicas hasta la miseria extrema. …se establece que en el futuro, ningún obispo de la referida provincia exigirá más de dos sueldos anuales de cada una de las basílicas de la diócesis, según lo prescrito en el sínodo de Braga, pero exceptuando de esta contribución a las basílicas monasteriales, y cuando el obispo visite la diócesis, no será gravoso a nadie con una comitiva excesiva, no debiendo exceder su séquito de 50 personas, ni tampoco ha de detenerse en cada basílica, más de un día (Vives, 254-255).

Queda patente la estrecha relación que se establece entre las “exacciones superfluas” obtenidas por los obispos, por un lado, y la necesidad de los mismos de contar con una comitiva que garantice y realce su poder, comitiva que en gran medida estaría compuesta por dependientes, y que de este modo expresa la contradicción también existente en la Iglesia entre la propia institución y el poder personal del religioso, que podría parangonarse de alguna manera con la coexistencia en la sociedad del momento entre lo público y lo privado, en este caso entre una institución socialmente reconocida y las fuerzas centrífugas que conviven en su interior, como reflejo de la realidad dominante en todos los ámbitos sociales. De hecho, veinte años más tarde, conocemos a través del canon VIII del Concilio de Mérida de la existencia de litigios por la pertenencia a una u otra diócesis, que tienen como protagonistas a los obispos (véase Apéndice, documento 8).

Como vemos, hay una clara equiparación de los obispos con los grandes propietarios laicos, lo que justifica la intermediación del rey en conflictos que afectan a distintas diócesis, al mismo tiempo que se utiliza una legislación que también tiene su refrendo en el ámbito civil. Los obispos, como señores de sus diócesis, pueden protagonizar tanto enfrentamientos por la posesión de ciertos territorios, como acuerdos en forma de pactos que garantizan la paz y la justicia que ha de existir entre ellos, del mismo modo que ocurría por otra parte entre el resto de las instancias de poder del reino. De hecho, el ejecutor al que se refiere el canon viene denominado como saio, persona con la cual y con carácter general el gran propietario mantenía una relación de patrocinio, y que se encuentra reflejada en la antiqua del LI. V.3.2. De este modo, observamos cómo el metropolitano de una diócesis tenía bajo su dependencia a individuos que vivían en su territorio y que gozaban de su protección, y a los que seguramente el obispo entregaba tierras en virtud de la encomendación existente. Además, no hay que olvidar que la ley referida establecía que el patrón entregaba armas al saio, quien estaba obligado por su parte a la prestación de una serie de servicios como prestaciones militares.

Contamos con otros casos que ratifican la equiparación entre propietarios seglares y eclesiásticos. Resultan en este sentido muy esclarecedoras las actas del II Concilio de Sevilla, que tiene lugar en el año 619, y que cuenta con la presencia de personajes tan destacados como Isidoro, obispo de la sede hispalense, y las autoridades civiles Sisiclo y Suanila, representantes ambos en la Bética de la máxima expresión del poder real. En el canon I de este sínodo se exponen las consecuencias de diversa índole relativas a la reciente anexión de Málaga al reino visigodo, que se produce antes del año 619 como resultado de las campañas militares llevadas a cabo por el rey Sisebuto contra los soldados bizantinos presentes en la Península Ibérica. En concreto, en dicho canon se nos presenta la súplica que formuló ante el concilio el obispo de Málaga Teodulfo, que suponía, de forma resumida, una reclamación en toda regla de una serie de territorios que se habían desgajado de su diócesis en un momento anterior y que habían sido repartidos entre las iglesias de Écija, Elvira y Cabra en el momento en que Málaga permanecía todavía bajo control bizantino. El obispo de la ciudad perjudicada consigue, tras la exposición de sus quejas a la asamblea de obispos reunida en el concilio, que ésta decida a favor de sus intereses, para lo cual recurre a la normativa existente en la ley civil, que considera como no válida cualquier apropiación de bienes con carácter permanente que se basara en el uso de la fuerza (véase Apéndice, documento 9).

El concilio justifica su decisión de acceder a la petición de Teodulfo, tras comprobar los términos de ésta, en el posliminio, que consistía de acuerdo con la legislación romana en la renovación de los derechos y obligaciones de aquellos ciudadanos que habían regresado a la patria tras pasar un determinado tiempo en cautiverio. Pero además, y dentro de esta recuperación de los derechos que los ciudadanos gozaban con anterioridad a su apresamiento fuera de su hogar, el derecho de posliminio suponía la reintegración de las propiedades, incluidas las de carácter fundiario con la población dependiente a ellas adscrita, que el perjudicado hubiese tenido en propiedad antes de caer en manos del enemigo, e independientemente de la titularidad que estos bienes tuvieran en ese momento, fuera pública o privada.

Resulta por tanto sumamente interesante y revelador cómo se apoya la asamblea conciliar en una ley del año 366 recogida en el CTh. 5.7.1 y mantenida en el Brev. (5.5.1) a comienzos del siglo VI, para razonar así la recuperación de los derechos que la iglesia malacitana había perdido como consecuencia de su paso a poder bizantino, incluyendo tanto los elementos materiales como los relacionados con el fenómeno del patrocinio vigente en estas tierras. Hay que entender que los titulares de los obispados de Écija, Elvira y Cabra contra los que Teodulfo formula sus quejas se habrían apropiado de estos territorios aprovechando las victorias militares obtenidas por los reyes visigodos, y que la reclamación del obispo se contempla, insistimos, en el marco de la legislación, lex mundialis, que estaba también vigente en el Reino visigodo de Toledo.

Por otra parte, podemos advertir la conexión existente entre la normativa legal también imperante en Bizancio y un conjunto de disposiciones conciliares, cuando se utilizan en estas últimas, y de forma literal, expresiones o giros propios de leyes que se remontan al año 409 pero que se incluyen igualmente en el Código de Justiniano. Es el caso concreto de la mención a la barbarica feritas, en alusión al anterior dominio bizantino de Málaga, mención que no ha de entenderse como una aplicación mimética de una legislación extraña, sino más bien como el resultado de una adaptación a la propia realidad concreta del reino visigodo, dado que por una parte se identifica, en una transposición de términos, la ferocidad bárbara en cuanto “extranjera” con la tutela bizantina, además de aplicarse, en consonancia con la semejanza de las realidades existentes, una definición de carácter civil en principio como es el posliminio, a un ámbito que pudiera entenderse fuera de estas disposiciones, como es el relativo a la organización e intereses eclesiásticos.

De esta manera, la Iglesia como institución está utilizando el vigente derecho romano, vigente de igual modo en el reino toledano, en todos aquellos conflictos que requieren de una legislación mediadora y que se refieren a las disputas existentes entre las distintas diócesis por el control de territorios, sobre los que se discute tanto su adscripción como la propia ascendencia sobre la población dependiente en ellos asentada. Estos comportamientos protagonizados por los obispos son idénticos a los desempeñados por los grandes terratenientes de condición seglar, y se producen en el marco de un estado como el visigodo, que entiende que la aplicación del posliminio conlleva de manera lógica e interesada la incorporación de estos nuevos territorios a obligaciones de carácter fiscal, entre otras, lo que explica la presencia en el concilio sevillano de los máximos dignatarios territoriales y fiscales.

La estrecha relación existente entre la legislación laica y eclesiástica se pone aún más de manifiesto cuando en los textos se alude a la llamada prescripción tricenal, según la cual, una vez transcurridos treinta años se consolidaban legalmente los bienes adquiridos por los actuales posesores que no hubieran sido reclamados por los antiguos dueños. En el canon anteriormente citado se estipula que no tiene vigencia dicha prescripción cuando existe la causa mayor de la guerra, en clara alusión al posliminio. Pero en el canon II del mismo concilio sevillano se considera que esta prescripción tricenal es válida al abordarse las disputas que habían mantenido entre sí los obispos Fulgencio de Écija y Honorio de Córdoba sobre la propiedad de una iglesia. Esta iglesia abarcaría tanto las construcciones en ella comprendidas como los correspondientes territorios, ya que en el canon se establece, después de considerar no lícita la usurpación de los términos o límites ajenos, que se lleve a cabo una adecuada inspección de las antiguas divisiones de las respectivas diócesis, buscando las antiguas señales que mostraban de esta manera la pertenencia de la basílica en litigio.

Al aludirse a la prescripción tricenal se menciona del mismo modo tanto la autoridad religiosa representada en grado superlativo por los pontífices romanos, como los edictos de carácter laico promulgados por los “príncipes seculares”, con lo cual la legislación civil es utilizada como refuerzo y justificación de las disposiciones adoptadas por la propia Iglesia en sus distintos niveles, mostrando de este modo cómo defiende ésta sus propios intereses, exactamente del mismo modo como lo hacían los propios reyes visigodos, que luchaban y legislaban contra la propia prescripción tricenal cuando esta figura era utilizada por el episcopado urbano con la finalidad de apoderarse de los bienes de las llamadas “iglesias propias”, fundaciones rurales de carácter privado. Resulta sumamente instructivo observar cómo se producen en el marco de la Iglesia los mismos comportamientos y se adoptan las mismas decisiones que en las instancias laicas del reino. La mención a la transgresión de las fronteras o líneas divisorias de las respectivas iglesias se asocia a la codicia o cupiditas, que impele a ciertos religiosos a protagonizar actos que son condenados por la asamblea conciliar, en la medida en que se incurre en un delito consistente en la usurpación de territorios ajenos.

7.2. La monarquía

7.2.1. Rex et patria Gothorum: la territorializadón del poder regio

Como se ha visto anteriormente, tras la muerte de Atanagildo en Toledo tuvo lugar un interregno de cinco meses después del cual accedió al trono Liuva, que residía en la ciudad de Narbona. Este soberano asocia a la corona a su hermano Leovigildo en el segundo año de su reinado, produciéndose al mismo tiempo una división de los territorios que comprendían el reino. De este modo, y según el testimonio de Juan de Bíclaro, mientras que Liuva permanecía al frente del gobierno de la Septimania, Leovigildo se encargaba de gobernar los territorios hispanos. Este último, con la finalidad de reforzar su posición ante sus nuevos súbditos, se esposó con Gosvinta, viuda de Atanarico, con lo que facilitó grandemente la tarea de extender los dominios reales. La importancia de este matrimonio no pasó inadvertida a autores como Gregorio de Tours. Por Juan de Bíclaro sabemos que en el momento de su acceso al poder el reino se encontraba enfrentado a una serie de graves problemas, fundamentalmente debidos a las continuas rebeliones que se producían, y que eran consecuencia de la existencia en estos momentos en la península de territorios que se caracterizaban por una total independencia. En este sentido debemos recordar la existencia de un reino suevo en el noroeste hispano, la situación de independencia total de los pueblos del norte y finalmente la ocupación de territorios por los bizantinos a partir del enfrentamiento habido entre Agila y Atanagildo.

Conocemos la existencia de ciudades, dentro de las teóricas fronteras del reino visigodo, como Córdoba, cuya independencia era un hecho, y que estaban regidas en la práctica por poderosos propietarios que tenían gran número de personas bajo su patrocinio y a las cuales utilizaban para defender sus prerrogativas. Son precisamente Isidoro de Sevilla y Juan de Bíclaro los que informan de las campañas militares de Leovigildo, que emprende a raíz de la muerte de Liuva en el tercer año de su reinado y la asunción íntegra del poder por el ahora rey único. A partir de este momento, según Isidoro de Sevilla, el monarca llevará a cabo ataques con resultado diverso: así conseguirá vencer a los cántabros, tomará los territorios de Aregia y Sabaria (en el noroeste peninsular) y recuperará multitud de ciudades de Hispania que se habían rebelado. También dirigirá sus esfuerzos a la recuperación de los territorios ocupados por los bizantinos, a los que consigue arrebatar algunas plazas fuertes. Finalmente nos informan de la desaparición del reino suevo como tal, que a partir de ahora se integra en el reino visigodo.

Juan de Bíclaro es mucho más explícito en su narración y nos proporciona de forma cronológica detalles sumamente importantes. Leovigildo empezaría por atacar a los bizantinos en el año 570, realizando incursiones militares contra los territorios bastetano y malacitano. Un año después conseguirá hacerse con la ciudad de Medina Sidonia contando según se nos narra, con la inestimable colaboración de un ciudadano de la misma y aprovechando la oscuridad de la noche. En el año 572 toma la ciudad de Córdoba, que estaba en rebeldía, no porque constituyera el corazón de la resistencia antigótica en la Bética, como afirma el profesor J. Orlandis, sino más bien porque era contraria a los efectos centralizadores de un monarca fuerte como el propio Leovigildo. Según el Biclarense todos estos hechos tuvieron lugar mientras vivía su hermano Liuva, pero una vez muerto éste y contando ya con el poder absoluto, continúa sus campañas anexionistas, que se concretan con la toma de la Sabaria, quizá ubicada al occidente de la actual provincia de Zamora, en el año 573, y la devastación de las tierras de los sappi, un pueblo asturiano según Thompson. Será precisamente en este mismo año cuando Leovigildo haga a sus hijos Hermenegildo y Recaredo correinantes, lo cual tendrá como veremos consecuencias fundamentales aunque en sentido diverso.

En el año 574, Leovigildo entra con su ejército en Cantabria y ocupa Amaya. Al año siguiente el mismo rey en persona se dirige a los montes Aregenses, entre Orense y el norte de Portugal, reduciendo al cautiverio a un tal Aspidio junto a toda su familia, en un posible precedente del posterior ataque contra los suevos. De este modo, en el año 576 el rey visigodo se adentra en el reino del noroeste hispano, pero desiste finalmente en su propósito tras enviar el rey Mirón unos legados que solicitan y consiguen una paz temporal. En el año 577 el rey se adentra en el territorio de la Oróspeda, que podría comprender los macizos montañosos desde Chindulla a Sierra Nevada, y desde Cieza hasta Alcaudete, y ocupa las ciudades y plazas fuertes de la misma. No mucho después tendrá lugar una importante revuelta campesina en estos lugares que será reprimida por el ejército godo.

En el año 579, y tras entregarle una serie de territorios para que los gobernase, se produce el levantamiento de Hermenegildo contra la autoridad legítima de su padre, que tendrá consecuencias relevantes en la historia posterior. En el año 581 Leovigildo ha de emprender una nueva campaña contra los pueblos del norte, en este caso contra los vascones, pueblo independiente que de acuerdo con A. Barbero y M. Vigil, se caracterizaba por una escasa romanización y, por consiguiente, por una diferente configuración social. Estos pueblos constituyeron desde el punto de vista militar un problema endémico para el reino visigodo. Así, y aunque Leovigildo funda tras la victoria obtenida sobre estos pueblos la ciudad de Victoriaco, los logros obtenidos por este monarca no tuvieron consecuencias muy duraderas.

Será en el año 585, por otra parte, cuando el reino suevo sea definitivamente incorporado a los territorios visigodos, añadiéndose a la anexión política una previa homologación en los planos social y económico, como lo demuestran los cánones de textos conciliares como el II Concilio de Braga, en los que advertimos una clara extensión del patrocinio, al mismo tiempo que podemos deducir la posesión por parte de los grandes propietarios de ejércitos privados, al menos entre los eclesiásticos.

En este mismo año, coincidente con los últimos del reinado de Leovigildo, aparecen nuevos problemas en Septimania debido a los intentos francos por anexionar esta región fronteriza. Recaredo será el encargado de defender esta zona y de repeler al ejército atacante. Los francos invadieron la región goda dividiéndose en dos cuerpos de ejército que intentaron tomar las ciudades de Nîmes y Carcasona, respectivamente. Gregorio de Tours, como principal fuente de los hechos, nos describe la falta de disciplina imperante en las tropas francas, como muestra su falta de liderazgo tras la toma de Carcasona y la muerte de su dux Terenciolo, que supuso el abandono de la plaza y la represión feroz de las tropas visigodas.

Los ataques fueron repelidos por Recaredo, quien tras rechazar las incursiones invadió y asoló el territorio franco y se apoderó de las fortalezas de Caput Arietis y de Ugernum, situadas ambas en lugares estratégicos. En estas campañas la iniciativa corrió siempre de parte del rey franco Gontrán, que rechazó de continuo las ofertas de paz que los visigodos les ofrecían, con lo cual Recaredo emprendió de nuevo acciones de castigo en territorio franco. Seguramente fue en este momento cuando los visigodos reorganizaron la frontera, ya que aunque un dux franco de nombre Desiderio entrase en la Septimania, no tenemos noticias de que los francos consiguiesen llevar a cabo incursiones o que anexionaran este territorio.

Dentro del proceso de concentración del poder iniciado por Leovigildo conviene prestar especial atención a la rebelión de Hermenegildo y lo que ésta supuso. Ya hemos dicho que este monarca procedió a nombrar consortes del reino a sus dos hijos Recaredo y Hermenegildo. Concedió a este último en el año 579 una serie de territorios para que los gobernara en la mitad sur peninsular. En este mismo año tiene lugar la sublevación, que se extendió a un número importante de ciudades como Sevilla, Mérida o Córdoba, entre otras. La rebelión hubo de tener proporciones considerables, puesto que hasta el año 584 el rey legítimo Leovigildo no pudo dominarla, probablemente porque en este lapso de tiempo tuvo que someter a los pueblos del norte y luchar contra los suevos, que por otra parte apoyaban al rebelde.

Las razones de la rebelión se asocian bien a explicaciones de carácter religioso, que cifran el problema en la oposición entre católicos y arrianos, bien a la política de fuerza llevada a cabo por Leovigildo. Según el obispo Gregorio de Tours, fue decisiva en el desarrollo de los acontecimientos la intervención de la reina Gosvinta, que recelaba del catolicismo de Ingunda, esposa franca de Hermenegildo. De todas formas, un godo católico como Juan de Bíclaro nos dice en su Crónica que antes de la sublevación existía en el reinado de Leovigildo un clima de paz y tranquilidad, y que la acción de Hermenegildo contra su padre puede calificarse claramente como tiránica. El mismo Gregorio de Tours menciona la mediación de Recaredo, quien se presentó ante su hermano con la intención de convencerle para que depusiera su actitud. También Isidoro de Sevilla habla de la tiranía de Hermenegildo, a pesar de su clara actitud antiarriana. Estos historiadores no asociaron el catolicismo a la sublevación, habida cuenta de la conversión que tuvo lugar poco después con carácter general, aunque sabemos que gran número de visigodos se habrían convertido al catolicismo y que incluso habían accedido a las altas jerarquías de la Iglesia, como ocurre con las figuras de Masona y Juan de Bíclaro.

Existen otras explicaciones que nos hacen comprender el sentido de esta rebelión. Hemos visto cómo la progresiva extensión de las fronteras del reino había conllevado el reforzamiento del poder de Leovigildo y con toda seguridad ello iría en claro detrimento de los grandes terratenientes de Hispania, a los que el rey obligaría a prestaciones con la consiguiente sumisión que ello suponía. Collins tiene razón cuando piensa que los obispos y los nobles, tanto los godos como los romanos, veían en Hermenegildo el rey deseado, pues podían controlarle y así evitar un desarrollo excesivo de su poder. Para sus intereses no era adecuado un rey como Leovigildo, y la rebelión demostraba a las claras que las provincias del reino no estaban dispuestas a aceptar una centralización política del poder. Debido a ello, las conquistas militares fueron imprescindibles para la unificación de la Península, lo que requería que el rey contara con un contingente armado apropiado. De hecho, Recaredo combate a los francos, con lo que podemos pensar en que le fue atribuido el gobierno de la Septimania, mientras que Hermenegildo tiene como residencia la ciudad de Sevilla, por lo que es lógico pensar que su padre hubiera delegado en él la tarea de hacer frente tanto a los bizantinos como a los endémicos levantamientos que afectaban a la Bética. Por otra parte, el rey Leovigildo se encargaría personalmente de dominar el resto de los territorios, entre los que ocupaban un lugar fundamental los habitados por los cántabros y vascones, lo que da una idea de la importancia que se concedía al potencial peligro que representaban estos pueblos.

Hermenegildo adoptó las formas propias de un monarca, y acuñó monedas con su nombre, tras proclamarse rey en Sevilla. Como hemos dicho, la revuelta supuso la pérdida de Sevilla, Mérida y Córdoba, junto con otras importantes ciudades y fortalezas, y dio lugar también a la alianza del rebelde con los suevos. En el año 582, una vez eliminado el peligro vascón y tras el fracaso de las negociaciones aludidas anteriormente, Leovigildo reúne su ejército y se dirige a Sevilla con la idea de tomarla y acabar así con la tiranía de su hijo, según Juan de Bíclaro. El asedio de la capital rebelde fue largo, y sabemos que para hacerlo más efectivo el rey dispuso que se restauraran los muros de la antigua ciudad de Itálica, muy próxima a Sevilla, con lo que finalmente consigue apoderarse de la ciudad hispalense. Hermenegildo intenta huir a territorio bizantino, pero es hecho prisionero en la ciudad de Córdoba, y finalmente exiliado en Valencia. En todo el desarrollo de la guerra, Leovigildo procedió con extrema prudencia, al negociar por ejemplo la retirada bizantina tras la entrega al legado imperial de una suma de treinta mil monedas de oro, según Gregorio de Tours, con lo que eliminaba uno de los apoyos más importantes de su hijo, a pesar de que ignoramos en detalle la intervención de Bizancio en el conflicto.

En relación con la sublevación de Hermenegildo y una vez que ésta fue sofocada, hay que situar el caso de la ciudad de Mérida, que es sumamente ilustrativo, como veremos más adelante detalladamente. En el año 582 Leovigildo se apodera de la ciudad y desarrolla relaciones con sus habitantes, relatadas fundamentalmente en las Vidas de los Padres de Mérida. En ésta habitaban grandes propietarios laicos y eclesiásticos, vivían allí tanto godos como hispanorromanos, que se habían sumado a todas las rebeliones en lo que iba de siglo. En concreto se habla del caso del obispo católico y godo Masona, que controlaba en su condición de metropolitano de la diócesis gran número de tierras y personas dependientes, constituyendo de hecho la máxima autoridad local, autoridad que reforzaba mediante la actividad fundadora de monasterios y basílicas. En un momento dado de la narración el autor de las Vidas nos habla de un enfrentamiento habido entre Leovigildo y Masona, a resultas del cual se produce el destierro del obispo emeritense.

Por supuesto, y dentro de los parámetros propios de una obra de carácter hagiográfico, se nos dice que esta medida sancionadora respondería a razones de índole religiosa, en concreto un enfrentamiento entre católicos y arrianos, aunque precisamente Masona es sustituido por un tal Nepopis, también católico y que desempeñaba hasta su nuevo nombramiento el obispado de una diócesis cercana. Resulta sumamente instructivo analizar el problema desde una óptica no exclusivamente religiosa, tal y como nos tienen acostumbrados no sólo los textos, sino la propia historiografía contemporánea, muchas veces demasiado ligada a la estricta y acrítica historia eclesiástica. Podemos por tanto situar el problema emeritense en un contexto político, y pensar, como parece probado, que Masona protagonizase una clara muestra de infidelidad hacia el rey visigodo, y en concreto que el destierro de Masona lo podamos relacionar con la sublevación de Hermenegildo desde el momento en que el obispo habría tomado parte activa en la misma levantándose contra el poder legítimo del monarca.

Resulta claro que lo que en este momento interesa al monarca toledano es contar con un conjunto de personas que, colocados en diferentes puestos clave, le inspiren una total confianza. Nepopis entraría en esta categoría, por lo que parece que elude claramente la pretendida solidaridad religiosa que, como católico, debiera existir entre ambos según las fuentes. Como decimos, se trata en definitiva de grandes propietarios que velan por sus intereses personales, tal y como parece derivarse del comportamiento de Nepopis, quien una vez conocedor de la vuelta de Masona a su diócesis, huye de la ciudad llevándose consigo grandes tesoros propiedad tanto de la iglesia de Mérida como del propio Masona.

Tras todo lo expuesto es evidente la intención del monarca toledano de establecer en lo político un patronato regio que estuviese por encima de los intereses puramente particulares, lo cual choca como vemos con la estructura social vigente. En este sentido contamos con una información muy interesante proporcionada por las Vidas de los Padres de Mérida, acerca de las intenciones de Leovigildo por atraerse la fidelidad de la población en su conjunto, como de los elementos ideológicos que caracterizaban el patrocinio en el marco de la sociedad feudal vigente. En un fragmento del texto aludido se nos habla de la llegada a Mérida de un monje de nombre Nancto, proveniente de África, junto con la congregación religiosa que comandaba. El texto afirma que el rey, a pesar de su fe arriana, concede a este monje unas tierras del fisco que habían pertenecido anteriormente a uno de sus nobles, a quien se las habría confiscado como castigo. Con esta donación pretendía que la comunidad religiosa alcanzara una posición más desahogada, puesto que sus condiciones de vida eran de un nivel ínfimo. El texto abunda en las reiteradas negativas del hombre santo por aceptar la concesión real, negativas que se basaban tanto en motivaciones espirituales de pobreza como en la condición arriana de Leovigildo. Curiosamente, sólo a través de la amenaza de muerte consigue el monarca que el religioso acepte la propiedad, evitando así de forma prudente, dice el texto, consecuencias no deseadas. Pero como sabemos, la concesión de estas tierras también implicaba que Nancto asumiera el control de la población de carácter dependiente adscrita a las mismas, tal y como atestigua un conjunto de leyes actualizadas por Leovigildo y que bajo la denominación de antiquae trataban, entre otras cosas, el decisivo fenómeno del patrocinio y por consiguiente la indisociable unidad de hombres y tierras.

Por medio de esta donación que implicaba el control de la población dependiente, el religioso se convertía así no sólo en el dominus del lugar, sino además y sobre todo en el patronus de los habitantes de estas tierras, a los cuales habría de garantizar una protección suficiente en virtud de las nuevas relaciones personales contraídas. No resulta por tanto extraño que estos campesinos mostraran un manifiesto interés por conocer en persona a su nuevo señor, por lo cual y según el texto se dirigen al lugar en el cual Nancto se encontraba apacentando un rebaño de ovejas. La decepción de “los habitantes de este lugar” es mayúscula, al descubrir que el nuevo propietario desempeña labores serviles y viste pobremente, por lo que evidentemente no responde a las expectativas generadas en un principio entre la población rústica. La respuesta a esta imagen no se deja esperar, puesto que el monje es asesinado a manos de los campesinos, que manifiestan que para ellos es preferible morir tras el delito cometido que servir a un dominus así. Es decir, estos antiguos dependientes del fisco optan por asesinar a su nuevo señor en vez de acatar la decisión real, en la medida en que la seguridad y la protección que se generaban de la práctica extendida del patrocinio no eran acordes con la nula potentia que se desprendía de la imagen del religioso. En este caso, el deseo de contar con el cobijo que otorgaba la posesión y el ejercicio de una indiscutida posición social en un mundo netamente polarizado cede lógicamente el paso a la angustia generada en el grupo de los dependientes, ansiosos por mantener al menos su situación anterior.

En este sentido parece claro por tanto que las pretensiones de fortalecer el poder real se han de compaginar obligatoriamente con otro tipo de aspectos más estructurales, que pasa por el respeto y mantenimiento de los elementos de control social, que garantizan de este modo la pervivencia de un determinado tipo de dependencia a la vez que la debida cohesión, por lo que manifestaciones de descontento como las descritas se inscriben en la percepción de que dicha configuración corre de alguna manera peligro o carece plenamente de los elementos que la justifican. Sabemos, por otra parte, de testimonios concretos que avalan que la actitud de Leovigildo hacia la Iglesia católica como gran propietaria de tierras con un número importante de dependientes a ella adscritas, es en este sentido de claro reconocimiento, aún dentro de un conflicto pretendidamente religioso como el registrado con su hijo Hermenegildo: Gregorio de Tours nos habla del profundo respeto que mantuvo Leovigildo hacia las posesiones de un monasterio, devolviendo los bienes que su ejército había incautado dentro del desarrollo de las campañas militares.

No hay que confundir por tanto la realidad social dominante con el proceso de convergencia que se genera entre la élite social de la minoritaria población visigoda y la vieja aristocracia hispanorromana. Los visigodos mantienen su arrianismo en cierto modo como herencia de la historia de su propia romanización, pero al mismo tiempo se sitúan en posiciones en absoluto dogmáticas y atentas a la realidad del momento, como lo demuestra en diferentes aspectos la política de Leovigildo, que distingue perfectamente entre la deseada interacción con carácter pleno y la necesidad de conseguir un modelo de gobierno que articule un territorio recientemente unificado. Insistimos de nuevo en que disponemos de una serie de testimonios que no se pueden considerar anecdóticos, dentro de la precariedad característica de la época, que nos sitúan ante personajes de origen godo como el Biclarense, Masona, o el dux Zerezindo, que en una inscripción fechada en el año 578 parece igualmente de confesión católica, y que se encuentran completamente integrados respecto a sus iguales hispanorromanos.

De este modo, el problema étnico, la oposición godo-hispanorromano, tiene muy escasa incidencia en el entramado de relaciones políticas, como se pone de manifiesto por la legislación de Leovigildo al tolerar los matrimonios mixtos, que debían ser práctica habitual. Lo importante, por el contrario, es que los contrayentes pertenezcan a la misma clase. Cabe añadir, además, que esto coincide con la progresiva pérdida de la identificación de los godos con el credo arriano.

Isidoro de Sevilla narra en su Historia de los Godos que Leovigildo fue el primero que vistió indumentaria real y se sentó en el trono, a la vez que llevó a cabo una importante labor legislativa con la revisión y adecuación de las leyes emanadas en tiempos de Eurico, y que murió de forma natural en la ciudad de Toledo. Efectivamente, desde el punto de vista administrativo el reinado de Leovigildo marca una clara ruptura respecto a los anteriores, en parte debido a la proximidad geográfica de las tropas bizantinas, que influyeron en los visigodos, por lo que se puede hablar acertadamente de una bizantinización del reino. Esta “bizantinización” se haría notar específicamente en la estructura administrativa. De nuevo Isidoro de Sevilla, con la brevedad que le caracteriza, nos dice que bajo Leovigildo las propiedades del fisco aumentaron notablemente, lo que no es valorado precisamente como algo positivo por el hispalense. De hecho, las leyes promulgadas intentan a toda costa conservar bajo el patrocinio real los dependientes y las tierras pertenecientes al fisco, por lo que se prohíbe de manera terminante la transferencia de estas propiedades sin la aceptación previa del monarca, sobre todo y especialmente en aquellas donaciones que pudieran hacerse a la Iglesia.

La misma finalidad perseguía otra ley antiqua de este rey, que penaba con dureza a todo aquel que tomara o empleara para su uso y beneficio bienes de los tesoros públicos, o aquella que castigaba duramente a las personas que no aceptaran utilizar las monedas de curso legal emitidas por las cecas reales. Conviene no olvidar, a pesar del enorme poder detentado por Leovigildo, que el proceso de feudalización ya muy avanzado en la Península Ibérica daba lugar a una continua confusión e incluso indiferenciación entre las instancias pública y privada. Se puede sugerir como antecedente de todo esto la acuñación ya en el Intermedio Ostrogodo de moneda por particulares. La disposición legal de Leovigildo pretendía, al obligar la aceptación de la moneda de curso oficial, el reconocimiento de la preeminencia de la autoridad real. Esto se recalcaba de manera simbólica en la reforma consistente en la acuñación de forma exclusiva de tremisses o trientes de oro con su propio nombre en lugar del nombre, como era habitual, del emperador romano oriental. No obstante, la nueva moneda siguió ajustándose al patrón tradicional, en la medida en que se mantuvo el peso y la ley, lo que confirma la estabilidad y la fuerza de este monarca.

7.2.2. La unción regia: de la tradición bajoimperial a los fundamentos teocráticos

En el IV Concilio de Toledo, celebrado bajo el reinado de Sisenando tras la deposición por éste de su antecesor Suintila, contamos seguramente con la primera referencia de carácter indirecto de la ceremonia de la unción regia. Así, en el canon LXXV, que lleva por título “Amonestación al pueblo para que no peque contra los reyes”, se alude al pasaje bíblico que afirma “No toquéis a mis ungidos”, cuando, al referirse al rey David éste afirma: “¿Quién extenderá la mano contra el ungido del Señor y será inocente?”. Este concilio, y la carga teórica que en él se proyecta, contó con la aportación fundamental de Isidoro de Sevilla, quien es autor de toda una doctrina política relativa a la idea del “buen gobernante”, con sus referencias a lo justo o injusto de la acción regia. Como hemos dicho, sabemos que esta reunión conciliar se produjo poco después del derrocamiento de Suintila, quien según Isidoro habría recibido el trono por la gracia de Dios. Es decir, existe aparentemente una cierta contradicción entre la condición de elegido de Dios y la posibilidad de que el monarca pueda ser removido de su condición por sus malas obras.

El carácter sagrado otorgado al gobernante venía ya desde antiguo, como un desarrollo de las prácticas políticas que se llevaron a cabo en los dos últimos siglos de vida del Imperio romano occidental, que se basaban fundamentalmente en los relatos bíblicos y en los autores cristianos de finales del período. Estos escritores y los que les siguieron en los siglos posteriores, como es el caso de Eusebio de Cesarea, Agustín de Hipona o Gregorio Magno, entre otros, hacían hincapié en la inviolabilidad de la figura del gobernante que, por su condición sagrada, era inmune a cualquier reprobación, aunque obrara de forma tiránica o despótica. Pero en la doctrina política isidoriana desarrollada en el concilio mencionado, se abre la posibilidad de que aquellos monarcas que no obraran de acuerdo con el mandato divino, que se definía por su carácter justo, podrían ser separados de su condición real, y condenados y juzgados por Dios.

Siguiendo a los autores A. Barbero y M. Vigil, podemos entender que esta práctica política que se instauró en el reino visigodo en un momento indeterminado, quizá seguramente poco después de la conversión al catolicismo en el año 589, tenía como propósito conciliar una serie de factores que partían de la propia configuración de la sociedad de la época. De este modo, la elección del gobernante era consecuencia directa del consenso dispensado por los sectores nobiliarios, que aparecen en algunos textos como la representación del “populus”, y el carácter legitimador de la Iglesia, que a través de la instancia religiosa otorgaba el beneplácito divino que se concretaba en la unción regia.

Sin embargo, como decimos, cabía la posibilidad de que esta condición de la que gozaba el rey pudiera ser revocada por el propio concilio, en el momento en que sus acciones incurrieran en el despotismo al perjudicar los intereses de los grandes propietarios, erigidos en asamblea en las reuniones conciliares. Existe por tanto un carácter retroactivo de la medida concretada en la unción, que se lleva a efecto en el momento en que el monarca abandona el camino del buen gobernante, rompiendo así el consenso obtenido previamente. Por tanto, el sentido legitimador de esta práctica tendría un éxito relativo, al no garantizar plenamente la pervivencia del soberano en el trono, más allá de la cantidad de recursos humanos y materiales con los que contara. No obstante, dentro de los parámetros religiosos de la época, vinculados a la doctrina católica, su finalidad sancionadora en el plano político constituía el principal objetivo de los monarcas nada más acceder al poder real. La Historia del rey Vamba, obra de Julián de Toledo, constituye el principal testimonio de la ceremonia de la unción, detallándose en la misma todo el ritual que ésta conllevaba. Sabemos que Vamba fue elegido rey de manera unánime, y algo forzada, tras la muerte pacífica de Recesvinto, en Gérticos, a doscientos kilómetros de la ciudad de Toledo. A pesar de todo, el nuevo rey no demoró su viaje a la capital del reino, en cuya iglesia de San Pedro y San Pablo se hizo derramar los óleos sagrados por el obispo Quirico. Del mismo modo su sucesor Ervigio, que accedió al trono mediante un complot nobiliario que derrocó a Vamba, recurre a la misma práctica, como se pone de manifiesto en el inicio del XII Concilio de Toledo celebrado en el año 681: “Por lo cual, aunque los primeros momentos de nuestra elevación no se oculten a vuestra paternidad a través de relaciones dignas de fe, en los cuales momentos, prevenido por disposición clara de los divinos designios, ascendí a la cumbre del reino y recibí la sacrosanta unción regia…” (Vives, 381).

Más adelante, en el canon I, se recurre a una ficción que encubra la usurpación del reino, haciéndose partícipe de la misma al depuesto Vamba y a los grandes del reino (véase Apéndice, documento 11). Por tanto, la Iglesia puede a la vez legitimar o retirar su apoyo al gobernante, registrándose de este modo un camino de ida y vuelta, que se aborda en función de las actuaciones y del beneplácito con el que éstas cuenten por parte de los grandes propietarios, laicos y eclesiásticos. Resulta muy ilustrativo en este sentido el canon IX del XVI Concilio de Toledo, celebrado bajo el reinado de Egica en el año 693, y que lleva por título “Del obispo Sisberto”. En este canon se vuelven a reproducir las citas contenidas en el canon LXXV del IV Concilio de Toledo, arriba mencionadas, sobre el rito de la unción. De este modo, observamos cómo el obispo metropolitano de Toledo, Sisberto, habría intentado maquinar contra el rey Egica y toda su familia, profanando así la fidelidad prometida a los reyes bajo juramento, dentro de una práctica que parecía muy extendida: “Pues es tal la condenable obstinación de los corazones de algunos seglares y, lo que aún es peor, de algunos obispos, que no se preocupan de guardar la fidelidad prometida a sus reyes bajo juramento…” (Vives, 508).

Pero insistimos en que, a pesar de todo, el rito de la unción regia, como podemos observar en este texto, se mantuvo hasta finales del reino toledano, en la medida en que constituía un ceremonial arraigado que, a la vez, suponía un elemento político de cohesión en la feudalizada sociedad visigoda.

7.2.3. El juramento de fidelidad

Las deposiciones de reyes y las sublevaciones que tuvieron lugar a lo largo de todo el siglo VII constituyeron un hecho corriente, tal y como lo demuestran las rebeliones de Viterico bajo Liuva II, de Sisenando bajo Suintila o más tarde la protagonizada por Chindasvinto contra el monarca legítimo Tulga y la de Ervigio bajo Vamba. En todos estos levantamientos es fundamental el papel que desempeñaron los ejércitos privados, y la condición de duces de muchos de los monarcas. Igualmente, estas actuaciones militares que alteran el marco político están estrechamente ligadas a las relaciones que el monarca mantenía con sus nobles, a través de la donación de bienes, fundamentalmente de tierras.

Los soberanos podían hacer donaciones de tierras con carácter irrevocable, lo que las convertía en hereditarias. Estas tierras únicamente podían ser confiscadas por el monarca en caso de sentencia o infidelidad. Sirva como ejemplo este canon del VI Concilio de Toledo celebrado en el año 638 bajo el reinado de Chintila (véase Apéndice, documento 12). El rey necesitaba consolidar su posición y erigirse en el personaje más poderoso del reino, para lo cual llevaba a cabo confiscaciones de tierras de la nobleza y de la Iglesia. En este sentido, era condición indispensable para poder alcanzar o mantener el trono poseer un gran patrimonio, y un número suficientemente importante de dependientes, obligados a prestaciones personales, entre ellas las militares, para con su patrón.

Al mismo tiempo, y debido a la progresiva feudalización de la sociedad, se observa que los recursos del fisco eran cada vez más escasos, de tal modo que la hacienda pública aumentaría sólo si aumentaban los bienes privados del monarca, a costa de las expropiaciones efectuadas a la Iglesia y a la nobleza. Por otro lado, se advierte que las funciones de carácter público estaban en manos de grandes propietarios, hecho que el Estado debía reconocer si quería mantener la unidad del reino, como demuestra la confusión reinante entre las tierras pertenecientes a su patrimonio privado y las confiadas para su administración en la familia noble del monje Fructuoso. Al perder el fisco su antigua importancia y siendo lo fundamental el gran número de recursos de carácter privado que tenían los reyes y los grandes propietarios, se buscó una solución a los problemas de tipo fiscal y militar que “pueden relacionarse al comienzo con la evolución romano-oriental, que desembocaría en la organización de los themas. En este camino se hallan las divisiones administrativas gobernadas por jefes militares, duces, que tenían a su cargo funciones hacendísticas encaminadas en principio al mantenimiento del ejército. Así tenemos la unión en la misma persona de cargos militares y fiscales de la hacienda privada del monarca, como los duces, que son al mismo tiempo miembros del cubiculum o comites cubiculariorum, y la generalización de las atribuciones fiscales de los jefes militares en la época de Ervigio” (Barbero y Vigil, 1978: 135).

En este contexto la unidad del reino se mantendrá a través de vínculos de fidelidad que supondrían el reconocimiento del rey por parte de los poderosos del reino. Este hecho se advierte con gran claridad en las leyes de Egica en el LI. II.1.7 y II.5.9. De acuerdo con la primera de ellas, todos los hombres del reino estarían obligados a la prestación del juramento de fidelidad al monarca, que sería el instrumento mediante el cual se mantendría la unidad política, representada por el mismo soberano a quien se haría el juramento. En la siguiente ley, que está en íntima conexión con el canon II del XIII Concilio de Toledo del año 683, se habla del juramento de fidelidad que se hacía a otra persona viviendo el rey y por consiguiente en detrimento de éste, especificándose las consecuencias que la ruptura de la fidelidad conllevaba:

De los obispos y también de los grandes de palacio y gardingos que fueren acusados, con qué garantías judiciales conviene sean juzgados… Por lo cual, tomando una medida conforme a los deseos del rey, decretamos en común, que ninguno en adelante del orden palatino, o de los pertenecientes a la santa religión, por estratagema urdida por el rey, o por instigación de otra potestad seglar, o con el apoyo de la maliciosa voluntad de cualquier otro hombre, sea privado del honor de su grado o de servir en el palacio real, fuera el caso de manifiesto y evidente indicio de su culpa, y no se le aprisione, ni encadene, ni se le someta a tormento, ni se le castigue con cualquier clase de penas corporales o azotes, ni se le prive de sus bienes, ni sea encerrado en prisión ni se le rapte, valiéndose aquí y allá de injustas ocasiones, con lo cual se le arranque una confesión por la fuerza, oculta o fraudulenta, sino que aquel que es acusado, conservando las prerrogativas de su categoría, y sin sufrir antes los perjuicios reseñados más arriba, será presentado en la pública deliberación de los obispos, de los grandes y de los gardingos, e interrogado con toda justicia y si fuere culpable del delito, sufra las penas que las leyes señalan para el crimen que se les ha descubierto, y si fuere inocente, sea declarado tal por el juicio de todos.

Pero al establecer estas medidas, no se priva a los príncipes de su poder de corregir administrativamente; pues muy especialmente acerca de aquellos seglares a quienes no mancha el delito de traición, sino que se les prueba ser incapaces para el cargo u oficio, o mal intencionados en la gestión que les ha sido encomendada, o más bien negligentes, tendrá el príncipe facultad de corregirlos sin causarles infamia alguna, ni ningún perjuicio en su hacienda, castigándolos con la privación del cargo y colocar en el puesto de los tales a otros que juzgue más aptos (Vives, 416-419).

En cuanto a la elección del monarca advertimos el peso decisivo que tenían los grandes propietarios, tanto laicos como eclesiásticos. En una carta dirigida por el obispo Braulio de Zaragoza al rey Chindasvinto, que se habría hecho justo acreedor de una fama de gran dureza respecto a la nobleza laica y eclesiástica, se le aconseja que nombre corregente, que asocie al trono, a su hijo Recesvinto. En dicha misiva Braulio no sólo hablaría en nombre propio: también figuraría en la relación de peticionarios el nombre de otro obispo llamado Eutropio y de un tal Celso, probablemente duque de la Tarraconense, al que, como era norma, el rey le había encomendado una serie de territorios para su gobierno en calidad de funcionario público, del mismo modo que se atestigua para el caso del padre del religioso Fructuoso, dux de una provincia y que realizaba funciones de carácter fiscal y militar. En la carta del obispo de Zaragoza se hace notar el interés de sus firmantes por mantener una situación estable en el reino evitando las posibles controversias a que daría lugar la muerte del rey sin un claro sucesor. Por otra parte, los signatarios inciden en que la corregencia de Recesvinto facilitaría tanto la paz interna como la lucha contra las amenazas provenientes del exterior.

Reiteramos la idea de que el rey donaba tierras de su propiedad que cumplían funciones públicas, y que los cargos que las mismas implicaban tendían a ser de carácter hereditario y suponían una privatización. Este fenómeno lo advertimos a un nivel inferior en el plano social en las leyes que trataban sobre los saiones. De acuerdo con una ley mantenida en su compilación por Leovigildo y sus sucesores, la antiqua en el LI. V.3.2, se trataba de hombres jurídicamente libres que, sin embargo, estaban en una relación de patrocinio con su señor, fuera éste laico o eclesiástico, como nos permite comprobar algún texto conciliar. En una serie de leyes del Liber Iudiciorum comprobamos que estas personas llevaban a cabo labores remuneradas de carácter público como delegados de sus señores, los cuales a su vez eran titulares de cargos en la administración. Se trata de leyes que mantenían toda su vigencia, pues fueron conservadas en todas las revisiones legislativas, y respaldaban la norma de que el saio, que era un patrocinado, habría de devolver todo lo adquirido a su patrono en caso de que se rompiera el vínculo de dependencia.

Lo más destacable de estas leyes reside en que personas que desempeñan cargos públicos utilizan para el cumplimiento de éstos a personas que están bajo su patrocinio, dando así lugar a una inclusión en las tareas públicas de relaciones de tipo privado. Lo fundamental por tanto consiste en que personas que desempeñaban cargos públicos, entre los que los obispos habrían de actuar en relación quizá con la ciudad, eran grandes propietarios que introducían en sus funciones elementos de carácter privado. De hecho, en una serie de leyes se legisla contra el ejercicio ilegal de la autoridad judicial o ejecutiva, tratando de poner coto a la apropiación indebida de una serie de prerrogativas por particulares, entre las que se encontraba el nombramiento para funciones públicas de personas que no contaban con el mandato regio.

En esta sociedad claramente feudalizada, los reyes, reconociendo mediante la legislación las expresiones de la realidad socioeconómica, intentarán preservar el aparato estatal a la vez que sus propios bienes. Esta voluntad se advierte en el carácter regulador de las leyes, que pretenden mantener la preeminencia del monarca en la sociedad. En este sentido se afirma que la legitimidad será el elemento clave de la vida del reino, y con su concurso se vencerá a los enemigos de la nación tanto internos como externos para poder así mantener la paz como garantía de su pervivencia. Estas leyes (LI. I.2.6 y LI. II.1.6, fundamentalmente) se habrían de aplicar a la totalidad de los habitantes del territorio soberano, y respetarían en todo momento al grupo dominante velando para que el monarca no llevara a cabo expolios de sus bienes ni legislara en su provecho, buscando por el contrario la justicia para todos sus súbditos, se dice de manera eufemística. A cambio del reconocimiento de estas realidades, la ley intenta mantener la fidelidad debida a los nuevos reyes como manera de mantener la unidad política, castigando cualquier infracción en este sentido.

El juramento de fidelidad debido al rey comportaba obligaciones con el Estado que suponían su propia pervivencia. En algunas leyes se habla de la indictio en relación con la publica utilitas, refiriéndose probablemente a cuestiones relacionadas con la recaudación de impuestos, y también se menciona la publica utilitas asociada a la actuación de los mandatarios del fisco. Se produce una oposición entre estos funcionarios que han de velar por los intereses del Estado y las posibles transgresiones que perjudicaban a éste, como la extendida práctica consistente en que una serie de personas entregaban sus fortunas o las hacían pasar con malas intenciones a extraños, provocando que “sus sucesores fueran desheredados”, y que por tanto no pudieran cumplir sus varias obligaciones con el Estado o responder de las penas económicas a las que fueran sometidos. La publica utilitas representa en este contexto una serie de prestaciones de carácter obligatorio, y lo más lógico es imaginar que las personas beneficiarias de estas donaciones prohibidas por la ley estaban en gran medida exentas de estos servicios, como pudiera ser el caso de la Iglesia, aunque también se pudiera tratar de la transferencia de propiedades tanto a esposas como a hijos o parientes. Resulta igualmente lógico pensar que los antiguos propietarios, una vez hecha la donación, siguieran detentando estos bienes en la práctica.

Los reyes visigodos pretenden en todo momento mantener y hacer cumplir la obligatoriedad de una serie de prestaciones que los grandes propietarios, tanto aquellos que desempeñaban cargos públicos como los que no lo hacían —los llamados privati— tenían para con la corona. Las relaciones de dependencia basadas en el patrocinio provocaban por un lado que su incumplimiento fuera generalizado por parte de los terratenientes, en beneficio de actuaciones en el plano privado que pretendían la consolidación y expansión de sus propios bienes muchas veces de forma irregular y en contra de la propia corona, como testimonia la legislación, pero por otra parte el concurso de estas realidades de tipo privado era esencial para el mantenimiento del reino, especialmente en lo que se refería al pago de impuestos y la participación de las tropas privadas en las campañas militares públicas.

Es importante resaltar por tanto que estos contingentes armados de la aristocracia fundiaria podían al mismo tiempo apoyar a un soberano y levantarse en armas contra él; provocar una rebelión y un cambio en el trono. Los reyes intentaban a toda costa preservar su mandato y sus bienes, aun cuando ellos mismos hubiesen accedido al trono de forma violenta, como lo muestra el canon LXXV del IV Concilio de Toledo, en el que se intenta buscar fórmulas políticas de compromiso entre el gobernante y los grandes del reino tras la deposición de Suintila por Sisenando (véase Apéndice, documento 12).

Resulta igualmente interesante analizar el caso concreto de la supuesta abdicación de Suintila, y la serie de disposiciones que se tomaron sobre su familia y sus posesiones una vez que habían transcurrido tres años del golpe de estado protagonizado por Sisenando.

Dentro de la ficción que supone subvertir los términos de la legitimidad a favor del rey vigente, también resulta evidente la connivencia de la más alta jerarquía eclesiástica a propósito de la rebelión de Sisenando. Todo ello se puede explicar relacionando la serie de éxitos obtenidos por Suintila sobre bizantinos y pueblos del norte con las “exacciones a los pobres” de las que habla el siguiente texto, fundamentalmente confiscaciones a la Iglesia y a la nobleza que provocaron su descontento y su reacción fulminante, que ahora se mostraban como una actitud tomada por el rey de manera voluntaria y reconociendo su comportamiento presuntamente criminal e inicuo. Pero sabemos que esta pretendida abdicación no fue sino el trasunto de una alianza de grandes proporciones de los grandes del reino, que contaron también con la ayuda franca, como nos narra Fredegario, y en la que se produjeron diferentes relaciones de fuerzas que supusieron incluso la participación de Geila, hermano del rey depuesto, en ambas facciones:

Acerca de Suintila, que temiendo sus propios crímenes, renunció él mismo al reino y se despojó de las insignias del poder, decretamos de acuerdo con el pueblo lo siguiente: que ni a él ni a su esposa, a causa de los males que cometieron, ni a sus hijos, les admitamos jamás a nuestra comunión, ni les elevemos otra vez a los honores de los cuales fueron arrojados por su iniquidad y los cuales del mismo modo que son alejados del trono, también serán privados de la posesión de aquellas cosas que adquirieron con exacciones a los pobres, exceptuando solamente aquello que les fuere concedido por la piedad de nuestro piísimo príncipe. Del mismo modo, igual que a los anteriores, tenemos por bien separar del seno del pueblo y de nuestra comunión juntamente con su esposa a Geila, hermano de dicho Suintila, tanto por la sangre, como por sus crímenes, el cual ni siquiera fue fiel al lazo fraternal, ni conservó la fidelidad prometida al gloriosísimo señor nuestro, y no podrán serles restituidos los bienes que perdieron, y que habían adquirido inicuamente, fuera de aquello que alcanzaren de la piedad de nuestro clementísimo príncipe, la gracia del cual enriquece con premios y regalos a los buenos y excluye de su beneficencia a los malos (Vives, 221).

Lo que se pretende en el concilio, además de legitimar al nuevo rey, mediante la aplicación a su persona de adjetivos del tipo gloriosísimo, piísimo o clementísimo, que en el plano ritual e ideológico sitúa al nuevo gobernante dentro de las coordenadas características del “buen rey”, es también neutralizar a la familia real, que dentro de la tradición de las casas o domus aristocráticas, podía en determinado momento recuperar la posición perdida, bien a través de Suintila, bien mediante el concurso de su esposa o de sus hijos. Por ello la pena de excomunión que se les aplica resulta esclarecedora de la marginación a la que se les somete y el carácter irrevocable de ésta. Pero por otra parte, la antigua familia real sigue manteniendo en su poder algunos de sus bienes, lo que, además de constituir una muestra de la benignidad del nuevo príncipe, sobre todo revela la confusión existente entre los patrimonios real y privado, respectivamente, de los monarcas.

Es constante a lo largo de todos los reinados la pretensión de los soberanos reinantes de salvaguardar sus posesiones tanto durante su mandato como al término de sus vidas, recordando anteriores disposiciones normativas, lo que demuestra el carácter privado de estos bienes y su transmisión a su descendencia. Resulta muy clarificador en este sentido el canon II del V Concilio de Toledo, celebrado en el año 636 bajo el nuevo rey Chintila, fecha en la que fallece su antecesor Sisenando y tres años después de que en el IV Concilio toledano se fijaran las bases antes mencionadas para la correcta celebración de la transmisión del poder real al nuevo monarca (véase Apéndice, documento 13).

Es decir, que a pesar de la serie de disposiciones que sobre la sucesión se habían adoptado con anterioridad, resulta prioritario para el monarca reinante asegurar, con el beneplácito del concilio, la transmisión y permanencia en sus familiares de sus propiedades legalmente reconocidas. Hay un carácter complementario entre estas pretensiones de los soberanos y la manera en que han accedido al trono. En el canon siguiente del mismo concilio se aborda la exclusión de aquellas personas a las que quedaba prohibido alcanzar el trono, reservado a los miembros de la nobleza, al mismo tiempo que se sobreentiende que el nuevo gobernante ha de contar con el apoyo de todos los grandes del reino para llegar a ocupar el solio. Más allá de interpretaciones que ven en esta norma canónica un reflejo del carácter restrictivo de la realeza, reservada en exclusiva a los visigodos, consideramos que se trata más bien de establecer un elenco de familias a las que adorna su origen noble, en sentido amplio, y la virtud del buen gobierno, lo que suscita por tanto el reconocimiento del resto de los poderosos, quienes aceptan de forma consensuada y bajo una serie de condiciones el acceso al trono de uno de los suyos.

Por tanto, el nuevo rey había de contar con un patrimonio suficiente para poder desempeñar su cargo, y era en el concilio donde se escenificaba su aceptación por el resto de nobles laicos y eclesiásticos, en la medida en que consideraban que reunía tanto las condiciones para reinar como que no dañaría a través precisamente del ejercicio del gobierno sus intereses, que se movían igualmente entre la defensa de su patrimonio privado y el mantenimiento de sus funciones u obligaciones con el Estado. El origen aristocrático del monarca y su virtud, como capacidad reconocida por todos de armonizar los intereses potencialmente conflictivos de ambos grupos, representan el punto de partida para que se garantice el gobierno, mediante la consecución de pactos con cada nuevo mandato. De este modo quedaría superada la idea de una monarquía electiva enfrentada a otra de tipo dinástico, y que se asocia a principios de tipo germánico aún presentes. Las bases de la armonía del reino pasan por la aceptación mutua de la realeza y la nobleza eclesiástica y laica, que se intenta renovar o recuperar ante la existencia de un reinado conflictivo —caso de la carta dirigida a Chindasvinto— o después de la sucesión de un monarca a otro, mediante procedimientos tiránicos o de forma pacífica.

En este mismo concilio celebrado bajo Chintila, se condenan como contrarios a la virtud de la religión aquellos comportamientos que intentaran, viviendo el rey, hacerse con el trono o incluso maldecir a sus príncipes. El mantenimiento del consenso hacia la figura del monarca se realiza y respalda legítimamente por la asamblea de los católicos, lo que permite la expulsión y excomunión de todos aquellos que transgredan estos acuerdos. Dos años después, en el VI Concilio, se castigarán las deserciones al enemigo, que podemos relacionar con las conjuras apoyadas desde el exterior, como fue el caso de Sisenando, o aquellas rebeliones que se pudieran producir dentro del reino y que arrebataban por tanto de manera práctica la tutela de una serie de territorios a la corona. En el canon XVII de este concilio se vuelve a condenar la usurpación del trono o los accesos irregulares al mismo: “De aquellos que viviendo todavía el Rey, tratan de asegurarse para sí o para otros el reinado siguiente. Y de las personas a las que se les prohíbe alcanzar el trono”. Mientras que en el canon XVIII se vuelve a condenar esta usurpación y las medidas que se han de adoptar:

De la protección de la vida de los príncipes, y cómo los sucesores deben defender a los reyes precedentes… proclamamos, …delante de toda la Iglesia católica y de la asamblea de los cristianos, que nadie pretenda la muerte del Rey; que nadie atente contra la vida del príncipe; que nadie arrebate las riendas del reino; que nadie tiránicamente usurpe para sí la jefatura del reino; que nadie, intrigando contra los intereses de aquél, gane para sí un grupo de conjuradores. Y si alguno de nosotros, temerariamente incurriere en alguna de estas cosas, sea herido con el anatema divino y condenado en el eterno juicio sin remedio alguno. Y el que alcanzare el trono de aquél, si quiere estar limpio de un crimen tan horrendo, castigará su muerte como la del propio padre. Y todas las fuerzas del reino godo le ayudarán en esta obra de protección, pero si por desidia, o falta de celo, no quisieren castigar un crimen tan funesto, sean todos por esta nuestra sentencia oprobio para los demás pueblos (Vives, 245).

En este canon se da un paso más en la formulación de la fidelidad debida al monarca y en la defensa y protección de su vida, al mencionarse el concurso de todas las fuerzas del reino godo, en una clara referencia al vínculo establecido, que obligaba a los grandes del reino a poner a disposición del monarca reinante sus contingentes armados, defendiendo así la legitimidad de las decisiones de la asamblea cristiana frente a los comportamientos tiránicos de algunos. La fijación, a partir de la idea de marcos ideales de gobierno, de comportamientos constitucionales frente a otros rechazables por impíos e ilícitos era el punto de partida y la propia base del poder del monarca, que intentaba que la fidelidad derivada hacia su persona de esta legitimidad alcanzara no sólo aspectos simbólicos y de tipo ritual, sino que además conllevara la defensa concreta de sus intereses y del statu quo vigente.

El vínculo de fidelidad suponía, entre otras cosas, el alinear los ejércitos privados de los grandes del reino en las filas del monarca reinante, contribuyendo de esta manera a su defensa y protección. Se trataba, insistimos, de grandes propietarios a los que el rey en muchos casos había donado tierras con la finalidad de que prestaran una serie de servicios al Estado, entre los que ocupaba un lugar fundamental el contribuir con sus propias tropas a las llamadas del rey al ejército. Estas tropas desempeñaban indistintamente funciones de carácter privado y público, ya que observamos que podían ser utilizadas bien para alzarse en armas contra el rey legítimo o luchar por el dominio de una serie de territorios con otros magnates, bien para defender regiones encomendadas a su defensa o acudir a un punto del reino bajo la autoridad real.

Por el cronista franco Fredegario sabemos que Chindasvinto se hizo con el poder tras deponer al joven Tulga, hijo de Chintila, quien apenas gobernaría tres años, y que en su rebelión contó con el apoyo mayoritario de la aristocracia del reino. Pese a ello, la Crónica Mozárabe del siglo siguiente alude a una invasio del reino mediante el procedimiento reiteradamente condenado en los concilios como ilegítimo, per tyrannidem. Después de acceder al trono, y a pesar del apoyo inicial obtenido, Chindasvinto llevó a cabo una importante política de confiscaciones de bienes de la Iglesia y de la nobleza, que consistirían fundamentalmente en metales preciosos, hecho que atestiguaría la gran calidad de la moneda acuñada durante su reinado. Antes de la sublevación ocupaba un puesto relevante entre los grandes nobles, pero ello no fue obstáculo para que protagonizara lo que se ha denominado purga de sus iguales y que según algún cronista supuso la muerte de unos setecientos nobles. El canon I del VII Concilio de Toledo, celebrado en el 646, sirve para reforzar, mediante la fundamental sanción religiosa, una serie de disposiciones contenidas en el Liber Iudiciorum y promulgadas pocos años antes (véase Apéndice, documento 14).

Tal y como se ha puesto de relieve, por el texto de este canon sabemos que los eclesiásticos también prestaban el juramento de fidelidad al rey, y que igualmente habían de cumplir con las obligaciones personales y políticas que vinculaban al resto de los fideles. Sin embargo, la pena de confiscación que pesaba sobre los seglares era sustituida en el caso de los religiosos por la pérdida de su honor o cargo eclesiástico, puesto que los bienes detentados por estos no podían ser confiscados, al caracterizarse el patrimonio de la Iglesia por su inalienabilidad, con lo que su puesto sería ocupado por otro. Resulta revelador que el monarca, que había protagonizado un acto tiránico en el momento de su acceso al trono, instrumentalice a su favor todos los valores sancionadores del poder definitorios del reino católico, utilizándolos incluso contra los propios obispos que no secundaran su política, erigiéndose así en depositario y garante de la legitimidad constitucional del reino: “Porque ¿qué puede serles más favorable a sus intereses que el observar los mismos príncipes el contenido de nuestra constitución y obligar a todos los súbditos a que la guarden?” (Vives, 242).

Iglesia y nobleza constituyen de este modo el objetivo de la política de los reyes, en un sentido claramente preeminente y autoritario, como es el caso de la actuación de Chindasvinto, o tendiendo por el contrario a una actitud conciliadora como la protagonizada por su hijo y sucesor Recesvinque se establece a losto. Este monarca ha de emprender un acercamiento a estos sectores descontentos, que buscara recuperar la concordia perdida y que tiene su inicio precisamente en su asociación al trono y corregencia con su padre durante más de tres años hasta que se produzca la muerte de Chindasvinto y su hijo reine en solitario.

La carta aludida anteriormente y encabezada en su firma por el obispo Braulio de Zaragoza habría obtenido sus primeros resultados con esta asociación al trono, que posteriormente, y una vez producida la muerte del autoritario rey, dio lugar a nuevas muestras de acercamiento, no exentas de nuevas rebeliones como la protagonizada por un tal Froia, que se concretaron en el VIII Concilio de Toledo celebrado en el año 653, en cuyo comienzo Recesvinto se refiere de forma conciliadora a los grandes cargos de palacio como “cabezas del pueblo” y “compañeros en su gobierno”. Poco después, en el canon II, se discute de manera pormenorizada sobre la mitigación de las penas de los que habían sido condenados o expatriados por traición.

Parece evidente el esfuerzo del monarca por desactivar la enemistad que la política de su padre había generado entre un importante sector de los componentes de las asambleas políticas del reino, los concilios, y su clara intención de revocar hasta donde fuera posible las consecuencias del descontento subsiguiente en esta misma instancia. No hay que olvidar que el propio Braulio de Zaragoza mantuvo una forzada relación diplomática con el rey anterior, y que incluso su desacuerdo se concretó en su ausencia en el VI Concilio de Toledo. Tampoco el primado de Toledo, Eugenio II, ahorró invectivas contra la figura del desaparecido Chindasvinto, al que sitúa una vez muerto en las antípodas del gobernante ideal, tachándole con todos los defectos propios de un tirano y representante del mal.

Por ello en este VIII Concilio se pretende por un lado garantizar la designación de los reyes para ocupar el trono regio en la capital del reino, tanto por parte de los obispos como de los más grandes del reino, evitando conspiraciones que se basaran en el concurso de los “pueblos rústicos”, es decir, que se apoyaran en los ejércitos privados de los potentados. De esta manera, en la Lex edita del concilio se establece que:

Cualquiera que constare haber alcanzado la jefatura del reino mediante tumultos populares o por ocultos manejos contra la autoridad pública, inmediatamente, el tal, con todos aquellos que tan criminalmente le ayudaron, sea anatema… Y si alguien del Oficio palatino con detracción malévola quisiere desacreditar el tenor de esta ley, o se descubriere que murmurando disimuladamente, o discurseando públicamente hace propaganda para que sea abrogado alguna vez, inmediatamente, despojado de todos los cargos y oficios de la dignidad palatina, perderá la mitad de todos sus bienes, y deportado al lugar que le será señalado permanecerá alejado de todo contacto con palacio. También el clérigo que se viere implicado en la misma culpa sufrirá una pérdida parecida en los bienes de su propiedad (Vives, 295-296).

Pero por otra parte, este castigo que se establece a los potenciales transgresores de la legalidad, garantía de la paz y prosperidad del reino, se complementa con una dura condena a la política antinobiliaria de su predecesor, como manera de conseguir el apoyo incondicional de los grandes del reino reunidos en el concilio y perjudicados en su momento por las medidas adoptadas por Chindasvinto:

Y como en los tiempos pasados de tan dura dominación se levantare una autoridad fuerte, y como, entre los pueblos que le estaban sometidos, la autoridad del que mandaba no estableciera las garantías de un buen gobierno, sino el exterminio de la venganza, vimos que la situación de los súbditos no prosperaba con el gobierno del soberano, sino que decaía por la opresión del poder, pues las leyes forzaban a unas subidas cimas, en un desgarrador dilema, ya que una ley cruel se encarnizaba en las culpas, o una ley fácil prestaba su favor en las confiscaciones, por lo cual la esperanza del premio no levantaba los ánimos decaídos, sino que aguantando sufrían como en trance de muerte… Pues al rey le hace el derecho, no la persona, porque no se sostiene por su mediocridad, sino por la honra de su majestad, y todo aquello que se debe a la autoridad sirva a la autoridad, y lo que los reyes acumulan déjenlo al reino, porque ya que a ellos les adorna la gloria del reino, no deben los tales menoscabar dicha gloria, sino acrecentarla… (Vives, 289-293).

Chindasvinto aparece en el texto definido como rey de gloriosa y divina memoria, a pesar de que se alude a él cuando se habla de monarcas que acumulan riquezas en su patrimonio personal, que no real, a partir de injustas exacciones a los pueblos, olvidando de esta manera su función primordial, que no es otra que la de ejercer un gobierno justo, que persiguiera el bien común y que por tanto se basara en el derecho a través del correcto cumplimiento de las leyes. Queda en evidencia la política de confiscaciones llevada a cabo por el rey, que su hijo intenta corregir ahora en unión de toda la asamblea de los notables, reproduciendo aspectos de sanción legitimadora existentes en los panegíricos característicos de esta época. Las consecuencias de las medidas llevadas a cabo por Chindasvinto se reflejan de forma patente en la ruina de las domus aristocráticas, cuyos titulares se verían afectados por la pérdida de sus fincas y también por el despojo de las riquezas de sus cargos, lo cual demuestra que la confusión existente en la corona entre el patrimonio real y el personal es extensiva a todos los funcionarios del reino que aúnan en su fortuna personal también los beneficios del desempeño de sus cargos públicos.

Recesvinto se presenta en el concilio como el monarca que ahora garantiza la paz y la prosperidad, que distribuye bienes entre los suyos, y que a través del ejercicio de su piedad consigue apartar al pueblo cristiano de la antigua opresión y de sus consecuencias funestas, por lo que la sanción divina está en condiciones de garantizar un reino basado en la justicia y en “la exuberancia de la opulenta misericordia”. Se trata de un rey protegido por la divinidad en todo momento, incluso después de su fallecimiento. En efecto, como ocurría con las figuras religiosas, el monarca se asocia con la obtención de la eterna corona como premio a sus buenos actos de gobierno y en unión de todos los santos. En el concilio que se celebró doce años después en la ciudad de Mérida, los obispos reunidos en la iglesia de la Santa Jerusalén tienen en primer lugar palabras de reconocimiento para su glorioso monarca, su princeps, aludiéndose así al nombre completo de la urbe, asociada desde su fundación a la figura del augusto gobernante.

Observamos en estos concilios cómo a la capital importancia que tienen los conceptos bíblicos y de carácter doctrinal sobre los que se basa la propia justificación del reino, hay que unir un conjunto de aspectos ligados a la herencia clásica y que giraban sobre la idea del gobierno ideal, la teoría del poder político, que describían a través de construcciones literarias las imágenes que se tenían del soberano ejemplar. Podemos percibir que, al igual que ocurría en el mundo romano y estaba ocurriendo en ese momento en el Imperio bizantino, se establece una operativa polaridad y complementariedad entre el monarca justo y piadoso, celoso del cumplimiento de las leyes y amparado por la divinidad, y la figura del tirano o pésimo emperador, que se concreta de forma retórica en la plasmación de actitudes antagónicas, que constituyen en el caso del buen gobernante un speculum principis recipiendario de un conjunto de virtudes que ensalzan al gobernante y lo legitiman.

Hemos aludido anteriormente, y para el caso de Mérida, a la importancia que tuvo en el reino visigodo el panegírico compuesto en honor del emperador bizantino Justino II por el africano Coripo. Este panegírico desempeñó un papel clave como instrumento que reforzara las técnicas legitimadoras del poder político por parte de los grandes potentados a lo largo del reino visigodo e incluso en períodos posteriores. Más que una mera reproducción literal, la utilización del texto se inscribirá en la elaboración de una teoría sancionadora del poder mediante la inclusión y desarrollo de los elementos característicos de la idea del buen gobernante a partir de los aspectos más relevantes de la legitimación del poder imperial en Bizancio. La obra de Coripo aborda en concreto la serie de hechos que se produjeron con motivo de la muerte del emperador Justiniano, y de su sucesión y legitimación en la persona de su sobrino Justino. La toma del poder por parte del nuevo emperador se produjo con el concurso de los senatoriales, en lo que para algunos constituyó un golpe de estado. Pero lo crucial reside precisamente en cómo este texto se convierte en un modelo teórico del Imperio bizantino y en una pieza de referencia para otras monarquías, en las que igualmente se aborda la figura del buen príncipe cristiano, respaldado de un fuerte carácter sacral por parte de la divinidad y al que se representa como encarnación de un conjunto de virtudes que realzan su poder ante sus súbditos.

En este orden de cosas resulta revelador el papel de defensor de la ciuilitas que se confiere a gobernantes como Recesvinto, entre otros, imbuido de una constante preocupación por la paz y el bienestar de los habitantes de su reino, que se concreta en el cumplimiento de los valores constitucionales frente al imperio de la impiedad y el mal. Recesvinto, al igual que Justino II en la obra de Coripo, se nos muestra preocupado por su pueblo, al que trata magnánimamente con la virtud de la justicia, virtud que le es conferida por mediación de la divinidad, y que consecuentemente le hace presentarse en una actitud de distribuidor de bienes que provoca la conformidad y alegría del pueblo. También Recesvinto se nos aparece como el paradigma de la concepción jerárquica y compartida del poder en las instancias políticas, que pasa necesariamente por la existencia de una aceptación voluntaria por parte de los nobles, que ahora conciben la fidelidad debida al monarca como condición inexcusable para la prosperidad del reino, puesto que él mismo supone de manera implícita, y explícita en alguna medida, la superación de comportamientos tiránicos que, al igual que ocurrió con Justiniano, suponen la vuelta a cierta “normalidad” en cuanto constituyen la recuperación de antiguos privilegios tras el reinado de Chindasvinto. De manera muy dependiente respecto al panegírico de Justino, se producen escenas de aceptación y sumisión que configuran la necesaria superación de momentos anteriores, y la recuperación por tanto a través de la ficción conciliar de situaciones en alguna medida “constitucionales” por su carácter ideal: “se presentó el serenísimo príncipe, rebosando piadosa veneración y glorioso con las supremas alabanzas, el cual, inclinándose ante nuestra asamblea, nos habló con atentas y dulces palabras para que rogásemos por él al omnipotente Señor… Y… nosotros… viendo inclinada la cima de tan elevada majestad, fue tal el gozo que recibimos para gloria de Dios que le rendimos las gracias y el honor debido alegres, humildes y sumisos” (Vives, 260).

La deuda contraída por el reino visigodo con la tradición y la práctica de las teorías justificativas del poder imperial, parece que nos aproximan a modelos sociales y político-ideológicos comunes, como son los representados por el Imperio romano en sus respectivas mitades, y que en consecuencia nos alejan de la idea de los visigodos como una entidad étnica y política diferenciada. Esta realidad coincidente en muchos aspectos con la sociedad romana de época tardoantigua se pone de manifiesto una vez más cuando analizamos el papel que la reina visigoda y la mujer de condición aristocrática en general desempeñó en el reino toledano.

7.2.4. Legitimación teocrática y exclusiones: judíos, heréticos y paganos

Los judíos constituyen uno de los focos de atracción más importantes de la política de los reyes visigodos católicos, que a partir de la conversión muestran una progresiva intolerancia. El Estado y la Iglesia generan una propaganda antijudía, cuyo sesgo teocrático no puede admitir la existencia de creencias no sujetas al ritual político del reino. Así se produce una progresiva marginación de los judíos de las relaciones sociales de dependencia, como se muestra en una ley del Liber Iudiciorum (XII.2.14) que deja fuera de estas relaciones de patrocinio a los judíos. Del mismo modo, en el canon LXV del IV Concilio de Toledo se estipula: “Que los judíos no ocupen los cargos públicos”, con un claro propósito excluyente.

Hay que tener en cuenta que esta actitud del poder hacia los judíos es común en la historia política del Mediterráneo en la Antigüedad Tardía, como se refleja en la propia legislación bizantina. La Iglesia va ahondando cada vez más en sus diferencias con los judíos, hasta el extremo de que los teóricos cristianos definen la religión hebrea como sediciosa y bárbara.

Los gobernantes visigodos católicos, como se demuestra de manera fehaciente en el XVII Concilio de Toledo del año 694, al que corresponden las últimas actas conservadas, protagonizarán persecuciones en un intento de conseguir la necesaria identificación entre la confesión ortodoxa y el estado, con lo que se aproximan a los mismos propósitos que de forma extrema buscaba Sisebuto mediante las conversiones forzosas de la población judía del reino.

Con el mismo sentido excluyente podemos valorar el conjunto de comportamientos al margen de la Iglesia oficial, que se concretaban en actitudes religiosas opuestas a la supremacía de la jerarquía católica (el caso más paradigmático lo constituye el priscilianismo, magistralmente estudiado por A. Barbero, y que tuvo incidencia más allá del propio reino toledano), por un lado, y la supervivencia de una serie de cultos que, o bien eran abiertamente paganos, o se camuflaban bajo prácticas aparentemente cristianas. En todo ello hay que observar, fundamentalmente, la necesaria coincidencia entre un determinado orden social y su consiguiente respaldo ideológico, que se amparaba en el credo niceísta introducido tras la conversión en el III Concilio de Toledo. Por ello, no es casual que los comportamientos socialmente contrarios al modelo social vigente fuesen perseguidos tanto por el poder político como por el religioso, en particular las deserciones de dependientes bajo formas diversas de religiosidad y la práctica de rituales de contenido pagano.

Quizá el ejemplo más representativo de este fenómeno lo constituye el caso narrado por el biógrafo del aristócrata Fructuoso de Braga. Éste, en su condición de monje fundador de cenobios, es confundido en una ocasión con un siervo fugitivo por un rústico que habitaba en parajes solitarios y marginales. Es interesante observar la reacción del campesino que, al relacionar al religioso vestido con pobres atuendos con un fuera de la ley, le agrede físicamente, tratando probablemente de defenderse de un posible bandido o latro. Pero lo más relevante quizá de este episodio es la identificación que el autor de la Vida hace entre el “palurdo aldeano enfurecido” y el demonio, definido como el antiguo enemigo que envía al rústico con la finalidad de atacar a Fructuoso (cap. 1 en Vit. Fruct.). Es decir, se produce una confrontación entre la civilitas u orden social establecido, que en su versión ortodoxa cristiana es representada por la comunidad que rige el vir sanctus, y la rusticitas que manifiesta el campesino, símbolo del mal o de la negación de aquélla, que se concreta en la figura del diablo. Más allá de los aspectos puramente doctrinales, sin duda importantes, es interesante observar en qué medida la actividad del monje se relaciona con una especie de “colonización cristiana” por parte de la jerarquía eclesiástica de una serie de territorios que escapan a la influencia determinante que el nuevo marco social establece. La identificación de un pobre monje con un servus fugitiuus no es por tanto casual, y nos puede ayudar a comprender la posible asociación entre la huida del siglo a través de la asunción de modelos religiosos perseguidos y el rechazo a determinada conformación social, basada fundamentalmente en el patrocinio.

Frente a visiones que expresan una mayor coherencia social, como las expuestas por Isidoro de Sevilla o su hermano Leandro en las Reglas Monásticas, o escritos como las Vidas de los Padres de Mérida, que teorizan y exponen un modelo de dependencia ideal, nos encontramos con otras obras más heterodoxas, que representadas por Fructuoso de Braga o Valerio del Bierzo, fundamentalmente, se refieren a zonas del noroeste hispano. En estas tierras la romanización ha tenido una incidencia menor que en otras regiones, por lo cual la introducción del modelo feudal a través de la organización eclesiástica genera conflictos que se manifiestan, de manera velada en muchos casos, en alternativas combatidas por las autoridades y en “huidas del siglo”, como manera de escapar a las obligaciones derivadas de la nueva relación contraída.

Los nuevos desiertos de eremitas reflejan en cierta medida este rechazo, y reproducen un mundo en el cual aparecen individuos que pueden considerarse latrones a la vez que llevan vidas de condición religiosa. Se trata bien de religiosos solitarios, bien de comunidades independientes, que constituyen un refugio que confiere un nuevo estatus, que puede aportar prestigio o una autosuficiencia o independencia que el patrocinio niega.

La presencia de Valerio en estos territorios, al igual que su actividad, sólo tiene sentido si la ponemos en relación con el medio en el cual éste, casi literalmente, se zambulle. El religioso compara su inmersión en este mundo hostil con el inicio de un viaje por un proceloso océano, en el que está continuamente acechado por continuos peligros protagonizados por el diablo, peligros sobre los que finalmente consigue la victoria. Esta victoria es entendida como un triunfo sobre el mal, sobre la sociedad que el hombre santo combate y, que de algún modo, coloniza.

Parece claro que en el noroeste hispano se produjo en época bajoimperial una clara superposición entre la Iglesia católica y los cultos paganos, que es combatida, sin mucho éxito, a lo largo de todo el reino visigodo católico. Así, en su De correctione rusticorum Martín de Braga intentaba en el siglo VI evangelizar a una población campesina que evidenciaba importantes muestras de un culto indígena pagano. Igualmente, los rustici de los textos aparecen en los cánones conciliares protagonizando prácticas idolátricas, que en algunos casos son reemplazadas por devociones cristianas. Resulta revelador en este sentido la narración de Valerio, quien atestigua cómo en determinado monte del Bierzo se produce la reconversión de un lugar de culto pagano, ahora depositario de la devoción cristiana del mártir Félix (Val. Replic. I).

Esta teórica cristianización parece más bien manifestación de un proceso de cristianización incompleta, que nos pone en relación con una cierta continuidad social, o en todo caso con un proceso de feudalización o asimilación al orden social dominante claramente inacabado. Valerio nos habla en sus escritos de un sacerdote llamado Justo, rival suyo, que le desplaza en la titularidad de la iglesia de Ebronanto, y al que muestra como un instrumento del diablo en sus añagazas: se nos presenta a este religioso como un personaje lujurioso, amante del arte de tocar la lira y siempre dispuesto a acudir a las invitaciones a los convivia o banquetes que se le hacían frecuentemente desde los hogares de la localidad. Este comportamiento es considerado como una clara profanación de la santa religión, y es asociado hábilmente por Valerio con prácticas paganas (Val. Ordo, 6); de este modo Justo, olvidándose de su ordenación, muestra todo un repertorio de obscenidades propias, según el narrador, de una sociedad con un claro arraigo pagano, como los bailes y cánticos que ejecuta, que son relacionados con lo indígena, con la condenable heterodoxia, frente a la seguridad que la civilitas que Valerio representa, otorga.

Todas estas realidades se sitúan en un proceso de cambio en el que se contraponen, por un lado, las relaciones de dependencia que se concretan en el obsequium y servitium, defendidos por Valerio, frente a la huida del vulgus de sus obligaciones y la consiguiente competencia con la modalidad monástica defendida por la ortodoxia del “buen orden cristiano” asociado al régimen político vigente. De este modo, el monje del Bierzo define conductas alternativas que buscan amparo en el fenómeno monástico: así, en el tratado De genere monachorum se nos manifiesta determinada forma de organización religiosa que hubo de tener un eco importante en la zona del noroeste peninsular. Se nos habla en concreto de la existencia por un lado de monasterios en los cuales se encuadran las propias familias de los propietarios y sus dependientes, que debemos relacionar con el llamado fenómeno de las “iglesias propias”, que giran en torno a la idea de servitium y opus, con el propósito último de la obtención ávida de riquezas, mediante la explotación de los trabajadores adscritos a estos centros religiosos que se conciben como unidades económicas. Pero por otra parte, y como complemento a esta sociedad en claro proceso de cambio, frente a este incipiente proceso de diferenciación social que se manifiesta en estos originales y alternativos modelos organizativos, asistimos a otras respuestas que se concretan en la existencia de cenobios cuyos miembros viven al margen de la ley, y son definidos políticamente por Valerio como servi infideles, cenobios en los que se desprecia a Dios y se presta oboedientia al diablo, en tanto en cuanto los “falsos monjes” protagonizan comportamientos inspirados en su juramento de fidelidad para con el demonio, con el mal, que se traducen en sus actividades, tachadas como bandidaje, homicidio, adulterio, sortilegio, etc. El diablo será precisamente el que instigue los enfrentamientos entre la comunidad de Valerio y los pseudo-monjes, que por supuesto se salda finalmente con triunfo de la ortodoxia y el castigo de los falsos monjes o latrones, incapaces en último término de huir de su nueva condición de dependientes, viendo así cumplidos sus temores de “ser esclavo”.

7.2.5. Las reinas

La sociedad visigoda es consecuencia de la serie de transformaciones que se producen en el Bajo Imperio y se desarrollan a lo largo de toda la Antigüedad Tardía, también en lo que se refiere en el ámbito político a la idea de poder dinástico, asociada a la domus imperial, y en particular al papel que las mujeres de condición senatorial interpretaron a lo largo de todo el período.

Cuando estudiamos la figura de la reina visigoda y su función en los procesos políticos e ideológicos del momento, tenemos una primera limitación, que viene dada por el carácter de los textos que se refieren a estos hechos de una manera en muchos casos secundaria y también unilateral, impuesta por el género masculino de los autores de las crónicas y textos en general. Pero también existe un reconocimiento, aunque sea indirecto, de la importancia de estas mujeres, como cuando a determinada reina franca se le atribuye un “valor viril”, lo que parece que al menos sitúa a esta mujer en un contexto menos marginal y la equipara a los hombres en las funciones asignadas. También las mujeres pueden en un determinado momento resultar un ejemplo adecuado en la representación del buen y del mal gobierno, siendo concebidas como figuras complementarias en un juego de oposiciones llevado a cabo para reforzar determinada idea del poder.

En la mayor parte de los textos, la mujer se caracteriza por su papel secundario respecto al hombre, con el que habitualmente se casa y tiene hijos, perpetuando en muchos casos una dinastía a través de su fertilidad y como dice G. Clark, siendo portadora de una “debilidad” respecto al hombre que no le impide sin embargo representar una serie de funciones determinadas, que se dirigen a perpetuar un conjunto de valores y prerrogativas en la medida en que forma parte de la clase dirigente y supone una garantía fundamental de transmisión y conservación de los títulos y privilegios asociados a su familia. Se trata de mujeres que no ejercen en la mayoría de los casos el poder de forma directa, imponiéndose lo que se ha definido como “poder detrás del trono”, en una estrecha asociación entre política y religión que a partir del siglo IV y claramente en los dos subsiguientes, hará de los enlaces matrimoniales y la filiación a través de las mujeres una fórmula de gran trascendencia y repercusión en las prácticas de todas las casas reales, la visigoda incluida, junto a la del parentesco paterno.

La figura de la potentissima domina es por tanto consecuencia de un reconocimiento, que se produce también en la legislación mediante un conjunto de disposiciones normativas que defienden el carácter independiente de los bienes pertenecientes a la mujer, que permite a la esposa, en el supuesto del fallecimiento del marido, recuperar además la propiedad entregada como dote tras las nupcias, que puede ser utilizada en otros enlaces o revertir en última instancia en beneficio de los hijos. En este sentido tenemos que recordar el matrimonio del ostrogodo Teudis con una rica propietaria hispanorromana, ejemplo notable de potentissima domina, o el ejemplo constituido por la reina Gosvinta, viuda primero de Atanagildo y después de su sucesor Leovigildo, que tuvo una decisiva influencia hasta el reinado de su hijastro Recaredo, tanto en los asuntos peninsulares como en los referidos al reino franco, en virtud de su directa relación familiar con las casas reales reinantes.

La ideología justificativa del poder real, fuertemente imbuida del credo niceno, recalca la sumisión debida por la mujer al hombre, pero también considera fundamental preservar la continuidad de las distintas familias que con carácter exclusivo componen el núcleo dirigente de la sociedad, mediante la concesión a la aristócrata de un papel activo en el mantenimiento de la línea sucesoria, sobre todo en lo que se refiere a la autonomía que se le concede respecto a la administración e independencia del marido de sus propios bienes. Ya en el Bajo Imperio se habla del concurso de los grupos de poder rivales (o factiones) en las luchas políticas del momento, en cuyo resultado tenían un papel determinante las uniones matrimoniales, como manera de conformar y reforzar una determinada relación de fuerzas entre las familias aristocráticas más relevantes, que podía en el caso visigodo, como en otros, culminar con el acceso al trono y el ensalzamiento de carácter ritual que confiere el propio poder monárquico. Es importante reseñar en este sentido que, a través de la legislación de la época tolosana, hay una continuidad prácticamente inalterada entre las disposiciones bajoimperiales y las del reino peninsular. Estas normas se refieren en la mayoría de los casos a la fijación de unas pautas de conducta válidas para las familias de grandes propietarios o possesores articuladas en las diferentes domus. Se aborda sobre todo el mantenimiento de un conjunto de virtudes asociadas a la mujer, tales como su honorabilidad, honestidad, etc. que sirven como garantía para la perpetuación y bienestar de las familias a las que pertenecen, fijando así una barrera que confiere prestigio y respeto entre lo considerado correcto o incorrecto.

En una ley del Liber Iudiciorum, V.4.2, antes perteneciente al Código de Eurico, se habla de la mujer como beneficiaria del testamento de los padres. En concreto, se estipula que las hermanas han de recibir, tanto en tierras como en las demás propiedades, una porción igual a la de sus hermanos, y que estos bienes son los que se han de aportar necesariamente al matrimonio y los que constituirán la herencia de los hijos. Los hermanos o sus herederos tienen derecho a recibir los bienes de la hermana que decida casarse a su arbitrio, situándose por tanto fuera de las estrategias familiares tendentes a reforzar la importancia de la domus. En otra ley (IV.2.3) se establece una distinción entre los patrimonios de la pareja con la finalidad de posibilitar en determinadas circunstancias la devolución de los bienes de la madre fallecida, en caso de que el padre contraiga nuevas nupcias y perjudique así a sus hijos.

Con todo, es evidente que la mujer tiene una consideración inferior a la del marido, que las leyes y disposiciones conciliares se encargan de subrayar, recurriendo en muchos casos a la Sagrada Escritura para así mostrar y justificar la sumisión de la esposa al varón. La mujer depende del hombre, quien dentro del matrimonio puede hacer uso de los recursos humanos que se hallan ligados a las posesiones fundiarias de la esposa, lo que le permite tener bajo su potestad a un contingente importante de dependientes que usa a su conveniencia. No obstante, también es cierto que la mujer tiene capacidad jurídica para poder reclamar algo al marido, cuando se producen situaciones en las que se pone en entredicho la titularidad de los bienes.

En el reino visigodo de Toledo la mujer de condición noble, que puede aspirar por tanto al trono del reino, tiene una serie de propiedades que le permiten ostentar los títulos de domina sive patrona, igual que los hombres (LI. III.2.2), a los que en algún caso se equipara en virtud de su riqueza: si equasles habundantiae domini sunt (IV.2.16). En una ley del rey Chindasvinto se establece precisamente qué cosas y en qué cantidad han de figurar en la dote referida al grupo de los nobles más preclaros y poderosos del reino. Pero en todo caso insistimos en que la ley aparece en todo momento preservando las posesiones o facultates de la mujer, evitando cualquier tipo de coacción por parte del marido que repercutiera negativamente en su descendencia o sus familiares.

Por todo ello parece claro que la reina desempeñaría un importante papel, de acuerdo con estas coordenadas expuestas, dentro de la casa real, reforzando en muchos casos aspectos de la soberanía del monarca que se basan en la teoría del poder propia de la Antigüedad Tardía. La percepción de esta realidad de carácter socioeconómico, que trasciende cualquier otra realidad étnica o cultural, se puede apreciar en la frecuencia con la que se produjeron los matrimonios mixtos entre romanos y visigodos, teóricamente prohibidos por la ley hasta la derogación llevada a cabo por Leovigildo. Hemos aludido al matrimonio del ostrogodo Teudis con una rica propietaria hispanorromana, con toda probabilidad perteneciente al orden senatorial, lo que le procuró al futuro monarca la posibilidad de poder contar con un ejército compuesto por dos mil campesinos, básicos para la obtención de un poder que le permitiera acceder al trono.

También hemos aludido a la importancia capital de Gosvinta, mujer de Atanagildo y Leovigildo, respectivamente, que gracias a su patrimonio participó activamente en los asuntos de su época, y asumió la dirección de la facción que se rebeló contra su hijastro Recaredo tras la conversión de éste y de los visigodos al catolicismo. Sabemos que esta reina tuvo un papel determinante en las relaciones con la corte franca, habida cuenta de que era la madre de Brunequilda, y por tanto la abuela de Ingunda, princesa franca que se casó con el príncipe rebelde Hermenegildo, de cuya unión habría nacido un hijo de nombre Atanagildo, nombre del primer esposo de Gosvinta y rey visigodo, lo que puede hacernos pensar en un intento por reforzar una determinada elección política y dinástica.

La importancia de las factiones se percibe en las cortes bizantina y lombarda, respectivamente, con la mención de conjuras lideradas por la mujer del rey Alboíno, que terminó con la muerte de éste, o el decisivo papel representado por emperatrices bizantinas como Sofía, esposa de Justino II, que aparece en las emisiones monetales y en las composiciones literarias equiparada a la figura de su marido el emperador, es considerada como Augusta y tiene capacidad de consilium e incluso de decisión en los asuntos imperiales. En la corte visigoda, al igual que en las mencionadas, la factio de la reina puede modificar la correlación de fuerzas entre grupos de poderosos, a los que no es ajena la propia casa real o domus regia. Además, tras la conversión al catolicismo, los soberanos reinantes asocian a su persona y a su familia a la religión niceísta, consiguiendo así un claro propósito legitimador que persigue la conservación de su patrimonio y el de los suyos, como hemos visto.

También hemos analizado más arriba el canon LXXV del IV Concilio de Toledo, en el que se establece el castigo impuesto a la familia de Suintila tras la sublevación protagonizada por Sisenando, castigo que afecta tanto al monarca y a su hermano Geila, como a las esposas e hijos de ambos. La importancia de los bienes de Suintila, incrementada por los pertenecientes a su esposa la reina, constituye la razón fundamental de los dictámenes del concilio tras la condena, que reconoce además el importante papel legitimador que la mujer de condición real podía desempeñar en un futuro, por lo que se decide la desactivación de su potencial peligro. La defensa de la casa real, con especial mención a la figura de la reina y a las hijas e hijos de ésta, constituye una de las principales preocupaciones de los monarcas reinantes. Para ello se utilizan todos los mecanismos legitimadores y sancionadores del poder aportados por la ortodoxia niceísta tras la conversión, y no se duda en defender las medidas adoptadas respecto a la reina como una especie de compensación por las concesiones que a su vez había realizado el soberano al conjunto de poderosos reunidos en el concilio. En el canon IV del XIII Concilio de Toledo, celebrado en el año 683 bajo el reinado de Ervigio, se dispone sobre estos asuntos:

De la protección a la descendencia del rey… Convendrá, pues, que decretemos acerca de este nuestro príncipe y rey Ervigio, por quien somos con tanta paz y tan previsoramente gobernados, cuyo afecto nos sostiene, de cuyos premios disfrutamos, que restituyó a los delincuentes el brillo perdido de su libertad, que decretó acerca de los acusados el modo como deben ser con todas las garantías examinados, que conservó el territorio de la propia nación libre de todo enemigo, y le dio nuevas fuerzas con una amplia condonación de los tributos; …Conjuramos, pues, a todos los presentes y ausentes, …que ninguno busque en adelante ocasiones injustas de causar daño a la descendencia del rey, o a su gloriosa esposa la reina Liuvigotona, o a aquellos que se sabe están unidos en matrimonio con los hijos o hijas de su majestad, o también a aquellos que todavía no se han casado con ellos, pero han de casarse pronto; …Y si algún hombre de cualquier categoría o clase, no conformándose con esta nuestra sentencia, pretendiere dañar o quisiere abatir a los hijos o hijas de su majestad juntamente con la serenísima esposa suya, la reina Liuvigotona, y de todos los mencionados, ahora o en cualquier tiempo sin razón justa de su parte, …sufra eterno anatema, y sea condenado en el juicio del tribunal futuro (Vives, 419-421).

Podemos observar en primer lugar el tratamiento que recibe la reina, considerada gloriosa del mismo modo que lo habrían sido todas sus iguales desde el III Concilio de Toledo, como lo demuestra el caso de la reina Bado, esposa de Recaredo, denominada gloriosa regina en las actas del primer concilio toledano tras la conversión al catolicismo. Además de esta equiparación que se produce respecto a la figura del príncipe, existe también la denominación de la reina Liuvigotona como serenissima regina, mención que era utilizada para referirse al monarca reinante y que refleja por tanto un claro interés por realzar la figura de la reina en el mismo sentido en que se hacía en la corte bizantina, donde es notoria la pretensión en muchas ocasiones de presentar a ambos soberanos, hombre y mujer, como iguales, tanto en los aspectos terrenales como en los referidos a la sanción divina.

Pero además, en este texto hay de nuevo una enorme preocupación por preservar los componentes y los intereses de la casa real, protegiéndola de cualquier contingencia que pudiera perjudicar a esta domus regia. En este sentido, observamos la prohibición de despojar a la reina viuda y a su descendencia —hijos, hijas, yernos y nueras incluidos— de sus bienes, configurando una retícula familiar a la que se intenta aislar de todo tipo de peligro. Se establece en el texto en función de esta finalidad, una correspondencia entre los beneficios otorgados al reino por el rey Ervigio, que se concretan en los premios obtenidos por sus súbditos en un régimen de gobierno pacífico y saludable como el suyo, y la promulgación de un decreto que garantice la seguridad y la protección de la regia prole, en el que se detalla el conjunto de actos que se consideran penados en este sentido, desde el castigo corporal o la muerte hasta la pérdida de los bienes, pasando por la condena al exilio o la tonsura eclesiástica, que privaba del ejercicio del poder real, entre otros.

Este acuerdo que se produce entre el monarca y las más altas instancias del reino, presentes y futuras, tiene muy en cuenta al estamento episcopal, explícitamente mencionado, en la medida en que el pacto establecido pone por testigo a la propia divinidad y a los ángeles, y se conforma a partir de alguna de las virtudes más operativas para la consecución de un buen gobierno, a saber, la piedad y la misericordia. Pero resulta sobre todo sumamente interesante la mención específica que se hace de la reina Liuvigotona, lo cual denota la importancia de la reina en este momento, y su capital importancia incluso una vez muerto el rey Ervigio, impulsor del decreto ahora aprobado.

La protección de la casa real, en este momento, al menos teóricamente, la domus más importante del reino, implica por tanto mantener en el control de ésta los bienes de la corona. Esta posibilidad también se contempla cuando se considera que la reina viuda puede tener un papel principal en la transmisión de estos bienes de la corona a manos ajenas, mediante precisamente el matrimonio o la unión adúltera con la viuda. Para evitar este supuesto, la legislación conciliar recurre a los elementos justificativos del poder característicos de la ideología cristiana, intentando así que se produzca en la conciencia colectiva un efecto disuasorio y un rechazo de conductas impías. Comportamientos que en cualquier caso se producen, como dice la referencia canónica, con mucha frecuencia, lo que prueba la importancia de la reina en la legitimación del nuevo monarca, como lo demuestra en época arriana el matrimonio de Leovigildo con Gosvinta más arriba citado.

Se considera así en el siguiente canon del citado concilio que la reina visigoda, en cuanto domina gentis, esto es, en cuanto copartícipe con su marido de la mayor consideración posible en el plano ritualístico dentro del reino, no puede unirse a otros mortales después de la muerte del rey, dado que tras haber compartido el lecho real y haber pasado así a formar parte del cuerpo de los reyes, debe mantenerse fuera de cualquier otro contacto carnal, pues sería considerado como una profanación. Esto es, no pueden seguir en la carnalidad de este mundo aquellas viudas reales que han sido esposas de los que ahora se encuentran de forma preeminente en compañía de la divinidad tras un feliz reinado en este mundo.

Por consiguiente, la preservación de la riqueza de la familia real se justifica en la afirmación de que el paso de los reyes del plano humano al divino tras su muerte, conlleva la prohibición de matrimonio a aquellas esposas que han sido parte del cuerpo real, cuerpo ahora imbuido de la divinidad sancionada por el asentimiento de toda la asamblea cristiana reunida. Se trata de un mecanismo político-ideológico que constituye un complemento esencial a la idea de que resulta imposible a una viuda real y domina gentis, unirse en matrimonio con aquellos que anteriormente habían sido sus súbditos tras haber pasado su difunto marido a disfrutar de los goces celestiales. Ello provocaría una deshonra y afrenta a su persona que es castigada con la pena de excomunión, aplicable a cualquier transgresor de esta norma:

Que muerto el príncipe, nadie se atreva a casarse con su viuda o a unirse con ella adúlteramente. Es una execrable maldad, y obra inicua muy acostumbrada, el aspirar, muerto el rey, al lecho real de su esposa sobreviviente, y mancharle con horrendas profanaciones. ¿Qué cristiano puede sufrir resignadamente que la esposa del rey difunto vuelva a casarse enseguida con otro o se someta a la liviandad del príncipe sucesor, para que la que fue señora del pueblo quede convertida en adelante en sucio prostíbulo, y la que estaba unida a la sublimidad del honor regio por compartir el lecho real, se vea rebajada a la unión ilícita o al matrimonio de aquellos de quienes anteriormente fue reina? ¿Pues qué ha de hacerse cuando mueren los reyes? ¿Acaso dejan a la que ha sido parte de su cuerpo para que sean deshonradas? O porque los reyes cristianos pasan a los goces celestiales ¿por eso sus esposas han de ser entregadas a la afrenta de este mundo? En ninguna parte, pues, conviene que quede deshonrado lo que conviene considerar oportunamente digno de toda honra.

Por lo tanto, a nadie le será lícito casarse con la reina sobreviviente, ni mancharla con torpes contactos; no le estará permitido esto a los reyes sucesores en el trono ni a ningún otro hombre, y si alguno se atreviere a hacer algo de esta clase por lo que una consigo en matrimonio después de la muerte del rey difunto a la reina sobreviviente, o la manchare con un contacto adúltero, sea el rey, o sea cualquier otro hombre el que se haya atrevido a violar esta determinación sancionada por nosotros, sea apartado de toda comunión de los cristianos, y entregado con el diablo a abrasarse con los fuegos sulfurosos. Cualquiera, pues, que osare destruir o borrar esta nuestra determinación, sea su nombre raído y borrado del libro de la vida, para que sufra las penas del infierno el que pretendió violar estos decretos a favor de la honestidad (Vives, 421-422).

Parece claro que la razón de estas disposiciones se encuentra en el desarrollo concreto de la política del reino visigodo, que en este caso hacía necesario el decisivo apoyo del concilio cristiano al rey Ervigio. Éste, con el fin de mantener su posición al frente del reino, se ve obligado a pactar con la familia del depuesto rey Vamba, predecesor suyo, para lo cual entrega en matrimonio a su hija Cixila al pariente de éste, Egica, el representante más influyente de la anterior casa real y futuro monarca.

Pero también hay que entender que toda la serie de disposiciones emanadas de la asamblea conciliar parten de una fundamental deuda con una tradición clásica que se remonta a épocas incluso paganas, pero que en contacto con la religión nicena cristiana sirve a los reyes visigodos como elemento crucial de legitimación y transmisión de su poder. Esto se pone de relieve en el conjunto de paralelismos que se pueden establecer con la corte bizantina contemporánea, donde la divinización del poder imperial es compartida por la augusta consorte en el reino, la emperatriz.

Las consecuencias que estas disposiciones podían tener son tan importantes para los intereses de la familia real, que los reyes se esfuerzan para que sus súbditos las respeten y acaten cuando están todavía con vida y no se ha producido el supuesto contemplado por la norma canónica. Es el caso de Egica, quien legisla de nuevo sobre la protección de su esposa Cixila y de toda su descendencia, comprometiendo a la propia Iglesia para que garantice lo acordado, ya que, como se dice en el canon VII del XVII Concilio de Toledo que tuvo lugar en el año 694 en la iglesia de Santa Leocadia, el soberano se esfuerza por beneficiar al conjunto de obispos allí reunidos mediante obras justas y en apariencia desinteresadas que repercutan favorablemente en el ánimo de los súbditos en el momento en que tengan que prestar apoyo a su familia. Resulta digna de atención la decisión mediante la cual los hijos e hijas del monarca y de su esposa, la gloriosa domina Cixilo regina, podrán disponer, entre otros, de los bienes de ambos padres mediante las normas establecidas para la sucesión hereditaria, de acuerdo con las leyes contenidas en el Liber Iudiciorum al respecto:

De la protección de la esposa y de la descendencia regia… Por lo tanto nosotros, deseando en algún modo recompensar al mismo príncipe su piadosa liberalidad por tantos y tan grandes beneficios como se esfuerza por otorgar… exhortamos y conjuramos por el sacramento inviolable de la individua Trinidad a todos los hombres, tanto a los ahora presentes, como los que han de sucedernos en los tiempos futuros, de cualquier orden o linaje, que si alguna vez ocurriere que la gloriosa señora y reina Cixila, pasados los largos y felices años de nuestro serenísimo príncipe Egica, viviese religiosamente en el estado de viudez y tuviere del dicho rey dulcísima descendencia, nadie intente, …alzarse contra ellos, …tampoco nadie impondrá el hábito religioso a sus hijos e hijas contra su voluntad, o dispondrá que sean enviados a las prisiones del destierro, ni los atormentará con golpes de azote por lo cual se vean privados de su dignidad y les arrebaten sus bienes sin guardar el debido procedimiento judicial, sino que seguros en medio de la paz y tranquilidad, poseerán sin ser molestados tanto lo que llegó hasta ellos de los bienes de los padres por sucesión hereditaria, como también cuanto el mismo clementísimo señor nuestro, por decisiones de su autoridad, quiso otorgarles a ellos, y todo aquello que hubiere sido justamente adquirido por ellos y tengan además indiscutible facultad para disponer de estos mismos bienes como quisieren (Vives, 532-534).

De hecho, en el canon V del III Concilio de Zaragoza celebrado en el año 691, se establece que la profesión religiosa de la soberana, tras el fallecimiento de su esposo el rey, puede ser la salvaguarda para su vida y sus prerrogativas. Se dispone en este sentido que la reina debe inmediatamente ingresar en un monasterio tras la muerte del rey, trastocando de este modo su vestido seglar por el hábito de la religión, en un desarrollo del canon citado anteriormente que prohibía el matrimonio o unión de la reina viuda con otro rey u otra persona, y estableciendo así una simbología de su nueva condición, que le permite pasar del anterior reino temporal al reino de la eternidad, ostentando todavía sin embargo en este nuevo estado el papel de domina, de modo que nadie pueda atentar contra su alta condición ni plantee la posibilidad de que quien fue señora con su esposo el rey pase ahora a ser considerada como súbdita ante la plebe, seguramente a través de algún tipo de actuación deshonrosa. Ésta será además una buena manera de mantener incólume su patrimonio de las amenazas de otros poderosos, a los cuales el monarca, como medida amistosa a la vez que disuasoria, dispensa del pago del tributo debido ese año.

Sin embargo, todas estas medidas enumeradas hasta ahora no son capaces por sí mismas de eliminar una serie de contradicciones que están en la base del ejercicio del poder real en la sociedad visigoda. Los textos aluden a la frecuencia con la que las reinas actuaban de intermediarias en el acceso al trono y legitimación de un rey a otro, lo que provoca igualmente tensiones que suponen un claro reflejo de la dificultad en muchos casos de llegar a acuerdos y alianzas entre las distintas domus que constituyen la máxima expresión de la potentia social, económica y política del reino. De hecho, unos años antes de que se tomen las disposiciones referidas más arriba, el rey Egica pone en evidencia esta contradicción en el XV Concilio de Toledo del año 688, cuando alude a las condiciones en las que se acordó su matrimonio con la hija de su predecesor, el rey Ervigio.

Ante todo conviene reseñar de nuevo la divinización que se produce en el ritual político ideológico tras la muerte del soberano, que repercute de manera importante en las decisiones tomadas y en las connotaciones de realce y preeminencia que la misma tiene para sus descendientes, entre los que la reina ocupa un lugar trascendental. Además, y en este contexto, el matrimonio de la hija del rey con el futuro monarca es fiel reflejo de una serie de acuerdos a los que esta unión viene precisamente a sancionar, con el establecimiento de pactos entre los miembros más relevantes de la aristocracia que vinieran a erradicar antiguas desavenencias. Estos pactos también evidencian, por tanto, las contradicciones entre las instancias pública y privada, reflejadas respectivamente en la figura del buen gobernante como imagen ideal de la paz y el bien común, y la de los intereses de la familia del monarca y las relaciones de fuerza con otros grupos nobiliarios, que plasman de forma inequívoca los instrumentos de poder dominantes en la sociedad del momento, con una fuerte implantación del fenómeno feudal.

De hecho, estos pactos realizados con carácter sacral, que en un momento dado reflejan y se presentan de forma interesada como la consecución de una armonía perfecta entre el príncipe y los grandes propietarios laicos y eclesiásticos, pueden también en una determinada coyuntura política constituir un obstáculo para los propios intereses del monarca reinante, que decide entonces anularlos recurriendo necesariamente de nuevo a la sanción conciliar:

Concluidas, pues, estas cosas sobre la profesión de la fe, pasamos a examinar aquella serie de estipulaciones, con cuyos vínculos había declarado el referido príncipe hallarse ligado, pues cuando el rey Ervigio, de gloriosa memoria, dio en matrimonio a su hija al actual señor nuestro, el rey Egica, le hizo ante todo contraer estos vínculos. Habiéndolo oído de su propia boca, y examinado el texto de las mismas estipulaciones, hemos descubierto que se impusieron allí ciertos vínculos jurados, tan imposibles, que la conciencia del que prestó juramento difícilmente podría librarse del lazo de ellos aunque fuera ajena a las preocupaciones y solicitud del reino (Vives, 464-468).

Más allá de noticias, sin duda importantes, que nos hablan de la insistencia del viejo y depuesto monarca Vamba presionando a su sobrino Egica para que se separara de su mujer Cixilo, como sabemos hija de Ervigio, reiteramos que hay que intentar situar los conflictos de esta época en un contexto más general que nos permitan conocer los mecanismos a través de los cuales se reproducía y legitimaba el poder real. En este sentido parece clara la importancia de la “gloriosa, serenísima y clementísima” figura de la reina, que hubo de desempeñar en la mayoría de los casos un papel fundamental de refuerzo de las conexiones que permitían al monarca gobernar, y que gozaba, tal y como advertimos en los pormenores del juramento efectuado por Egica a Ervigio, de una consideración y un respeto extraordinarios entre los componentes del grupo de los poderosos.

El establecimiento de lazos familiares, que llevan en todo momento al rey Egica a hablar de sus parientes, refiriéndose a la familia de su predecesor, se explica por la necesidad y conveniencia en una determinada situación de llevar a cabo el entroncamiento de domus reales para poder así asegurar el acceso y la permanencia del gobernante en el poder. Esta asociación de familias se realiza mediante fórmulas como el referido juramento, que en un momento posterior puede no obstante resultar contraproducente para el propio monarca o para el conjunto de los nobles y eclesiásticos, que presionan o apoyan al rey para que pierda su vigencia. Se establece así una gradación entre los juramentos exigidos por el fallecido monarca a su sucesor atendiendo a si éstos obedecían a intereses particulares o si se perseguía más bien conseguir el bienestar del reino en su conjunto.

Se trata sin duda de una oposición irreal en la medida en que, como hemos dicho, lo público y lo privado componen una maraña imposible de desentrañar y de definir en estos momentos en función de la propia organización social, claramente feudalizada, pero en todo caso parece que la relación de fuerzas existentes en el momento de la celebración del concilio apunta a una redefinición de las alianzas, en la medida en que se pone de relieve que el juramento aludido sobre la familia de Ervigio conllevaba serios perjuicios para un sector importante de la nobleza laica y eclesiástica, que en muchos casos originaban disputas y litigios ante los que el monarca había de definirse. Pero en todo este complejo panorama parece clara la intención de las partes por preservar incólume la figura de la reina, que se asocia como hemos visto de forma estrecha y en gran medida igualitaria desde el punto de vista del reconocimiento ritual con la del soberano que asciende al reino celestial. Es lógico suponer que la domina real utilizara esta preeminencia como una manera eficaz de preservar su posición y la de su familia, logrando en este caso concreto una solución final de compromiso que no supusiera una ruptura total del juramento citado y, por tanto, de los privilegios que gozaban los suyos hasta ahora.

Existe por consiguiente una clara percepción por parte de los poderosos de que el papel de la mujer de condición aristocrática como transmisora, legitimadora y garante del poder real es fundamental, en tanto en cuanto son también figuras imprescindibles en la perpetuación de sus respectivas domus, uniendo de este modo con carácter irreversible las instancias pública y privada. Esta capital importancia de la reina visigoda se traduce en el establecimiento de modelos femeninos que constituyan la expresión de la legitimidad política y religiosa, del mismo modo que ocurría en el ámbito del hombre, tanto en la teoría justificativa imperial como en el propio reino toledano.

En este sentido contamos con la descripción que hace el rey Sisebuto de la soberana lombarda Teodolinda, a su juicio compendio de todas las virtudes que ha de detentar una reina, que se plasman tanto en su condición de recta defensora de la fe y de virtudes como la caridad, humildad, misericordia… como en las características de las figuras imperiales: justa, elocuente, clemente, honesta, que ayuda al rey con su consilium… virtudes estas que reflejan un conjunto de atributos del antiguo orden senatorial, de las que en muchos casos presume poseer la clase dominante visigoda, estableciendo así un nexo de unión con el viejo orden. Es importante señalar que en los estados católicos estas virtudes tienen un carácter activo ya que otorgan a la reina, al igual que en el Imperio bizantino, un papel emblemático y decisivo como defensora de la fe y enemiga acérrima de la herejía, delito religioso que constituye en sí mismo un elemento disgregador de la unidad del reino y al que se concede por tanto una evidente y peligrosa dimensión política.

Igualmente conocemos la carta de consolación que dirige el conde Bulgar al rey Gundemaro con motivo del fallecimiento de la esposa de éste, la reina Hildoara. Según esta misiva, la difunta soberana constituía el ornato y el esplendor de la corte, que se encuentra ahora completamente desolada por la pérdida de su señora, como si se tratara del fallecimiento del propio monarca. Hildoara se nos presenta como portadora de un conjunto de valores tales como su belleza, elegancia, sabiduría, el ser una mujer prudente que ha sido otorgada al monarca por Dios, con un aspecto dulce que la define además como gobernadora de los pobres, remedio de males, generosa y piadosa, que constituye ella misma una garantía de la pervivencia de la fe católica. Todas estas virtudes de la que la reina era depositaria la convertían por tanto en la señora, esposa y reina ideal.

Pero como hemos visto puede darse una variación sustancial en las alianzas, por lo que también se pueden dar formulaciones negativas de las figuras reales femeninas, como es el caso de la reina franca de origen hispano Brunequilda, que supondrá en este sentido un referente de “mala reina” durante todo el siglo VII en el reino toledano, a pesar de su condición de reina católica. Es decir, que al igual que ocurría con los monarcas, en las reinas se personalizan una serie de valores socialmente reconocidos y apreciados que sirven para ensalzar su papel legitimador, estableciéndose de este modo la figura de la gubernatrix pauperum, que ha de velar por el buen gobierno del reino junto a su marido, y cuya proximidad a la divinidad la confiere un papel decisivo tanto en la justificación del propio poder político, como en su papel de intermediación y consolidación de las familias aristocráticas ligadas al desempeño de la jefatura del reino.

7.3. Gobierno y consenso

7.3.1. La Iglesia como instrumento de gobierno

La proximidad e interrelación que existe entre el mundo laico y el religioso se vuelve a poner otra vez de manifiesto en el II Concilio hispalense al que estamos aludiendo más arriba, cuando se nos habla del que en tiempos fuera obispo de la sede de Córdoba, el “muy venerable Agapio”:

VII. Acerca de lo que está prohibido a los presbíteros en la administración de los sacramentos eclesiásticos. En séptimo lugar se nos dio a conocer que el muy venerable Agapio, en otros tiempos obispo de la sede de Córdoba, había delegado frecuentemente en presbíteros para que, ausente el obispo, levantaren altares y consagraren las iglesias, y ciertamente, no es de admirar que mandase esto un hombre ignorante de la disciplina eclesiástica y nombrado directamente desde la vida militar al oficio episcopal, y es conveniente que se disponga por común acuerdo que en adelante no se vuelva a repetir por nosotros este abuso, sabiendo que así como al presbítero le está prohibida la consagración de altares, del mismo modo también su erección (Vives, 167-168).

En este canon se alude de manera clara a los comportamientos habituales de Agapio, que le situaban frecuentemente fuera de sus obligaciones al frente de la diócesis, lo cual motivaba que éstas fueran asumidas por los presbíteros, chocando abiertamente con las disposiciones que establecían a quién correspondía su cumplimiento. Se nos dice que el obispo había accedido directamente al episcopado desde la profesión militar, con lo que advertimos que se trataba de un alto dignatario al frente del ejército que ahora seguiría cumpliendo una serie de tareas en su nueva condición religiosa, seguramente en la lucha que se mantenía en estos momentos contra las tropas bizantinas en la Península, lo que explicaría sus reiteradas ausencias. También se puede aventurar que esta designación, que chocaba abiertamente con la norma eclesiástica, fuera fruto de la política del rey Sisebuto, de quien podemos afirmar que, como hemos dicho más arriba, protagonizó una importante ofensiva contra los soldados imperiales a partir precisamente de disponer con toda probabilidad de los bienes de los grandes propietarios del reino y especialmente de los recursos propios del patrimonio de la Iglesia.

No sabemos en qué medida esta disposición de bienes de hombres fue consensuada con la propia Iglesia, que a medida que se recuperaban territorios a los bizantinos veía incrementadas sus posesiones, como hemos comprobado en otro canon de este concilio, pero en todo caso no tenemos las mismas evidencias que se dieron en el reinado de un sucesor de Sisebuto, Suintila, cuyos éxitos contra los soldados imperiales se obtuvieron en gran medida a partir de confiscaciones y explican por tanto la rebelión y su deposición a cargo de Sisenando.

Sin embargo, no es ésta la única referencia con la que contamos para ilustrar el paso de la vida seglar a la religiosa por parte de los grandes notables del reino. De acuerdo con el De viribus illustribus de Ildefonso de Toledo, conocemos el abandono de la vida pública de Eladio, quien, tras desempeñar el cargo de rector rerum publicarum o gobernador de una provincia, se habría retirado finalmente como abad en un monasterio, al frente del cual se mantuvo durante los reinados de Sisebuto, Suintila y Sisenando. No hay que ver necesariamente una razón interesada que explique comportamientos de este tipo, puesto que la profesión religiosa debía de contar con un reconocido prestigio, pero en todo caso es importante poner de relieve la fluidez existente, al margen de casos extremos como el de Agapio, entre los ámbitos laicos y religiosos del grupo de las illustres familias aristocráticas. En este sentido, el caso más representativo, como veremos, lo constituye el ejemplo de Fructuoso, futuro obispo de Braga y fundador de congregaciones monásticas en las tierras de su padre, que desempeñaba el cargo de dux al frente de una provincia del reino. Podemos afirmar que esta implicación de los obispos en asuntos de carácter político y militar hubo por tanto de provocar una serie de conflictos que se reflejan en las propias disposiciones conciliares, en la medida en que las tareas llevadas a cabo en otras esferas del poder podían afectar de forma negativa al patrimonio eclesiástico. De esta manera, en el canon XIX del IV Concilio de Toledo, celebrado como hemos visto en el año 633 bajo Sisenando, y que contó con la decisiva presencia del obispo hispalense Isidoro, se establece de forma categórica la prohibición de que pudieran acceder al obispado, entre otras profesiones, aquellos que estaban alistados en el ejército y los que pudieran repercutir negativamente en los bienes de la Iglesia desde el punto de vista fiscal, al provenir de cargos que entrañasen obligaciones para con el estado, como la propia curia ciudadana. Sin embargo, años después de dictaminarse sobre casos concretos como el provocado por el obispo Agapio, se sigue reconociendo que asistimos a una costumbre tan extendida entre el clero, que en caso de que el concilio se hubiese pronunciado a favor de la remoción de los obispos que se encontraban en esta situación, se habría provocado un grave conflicto en la Iglesia. Hay que recordar que en este sínodo el monarca protagonizó una actitud de gran receptividad respecto a la Iglesia y sus intereses, después de la política antiaristocrática llevada a cabo por su antecesor Suintila, que el concilio denomina de forma eufemística “contraria al pueblo”, y que supuso el golpe de estado que propició su derrocamiento. No obstante, hay que admitir que la facilidad con la que se producía este trasvase del mundo laico al eclesiástico viene dada por la propia realidad social, que contempla una estructura polarizada en la que obispos y magnates laicos juegan papeles relevantes y en muchos casos idénticos en el privilegiado y reducido grupo de los poderosos:

De la ordenación de los obispos. No debemos disimular una perniciosa costumbre que violando las disposiciones de los antepasados, perturbó todo el orden de la Iglesia, pues mientras unos buscan el episcopado mediante intrigas, otros lo consiguen ofreciendo recompensas, y así hasta algunos, complicados en actos criminales o ya alistados en el ejército, llegan al honor del sumo y sagrado orden (Vives, 199-200).

Se intenta de este modo introducir un “antes” y un “después” a partir de las disposiciones contenidas en este canon, lo que a pesar de todo no garantiza un cumplimiento pleno del precepto. En efecto, los casos contemplados en la norma como contrarios a la acreditación del obispado son en muchas situaciones propiciados por el conjunto de religiosos y seglares participantes en el nombramiento, que como vemos supone en muchas ocasiones la designación directa del obispo sucesor por el que se mantiene en ese momento en el cargo, y se explica en gran medida, como estudiamos en las Vidas de los Padres de Mérida, por la existencia de patrimonios personales de los obispos. Estas propiedades privadas de los religiosos en muchos casos se confunden con los de la propia Iglesia.

Por otro lado, la participación de las diversas instancias ciudadanas y provinciales en el nombramiento del nuevo obispo, incluidos religiosos y seglares, supone una solución de compromiso a la difícil elección episcopal, que en gran medida nos recuerda a la que llevaban a cabo los poderosos del reino, igualmente de ambas condiciones, cuando tenían que nombrar o sancionar el mandato del nuevo monarca, configurándose de este modo una vía de consenso que aunara el mayor número de voluntades posibles, y que llegara a acuerdos políticos de reconocimiento en una sola persona, el soberano y también el obispo, de propiedades de carácter privado y público, en un principio separadas, pero progresivamente indiferenciadas en el desempeño del cargo con el transcurso del tiempo.

Esta confusión entre la instancia patrimonial eclesiástica y la privada puede explicar contradicciones como las expuestas, que posibilitan en un concilio la desautorización de nombramientos que anteriormente había adoptado, reflejando así en último término la enorme influencia y el poder con el que contaban los obispos, explicado fundamentalmente por su extracción social. Trece años después de la celebración del concilio citado asistimos a la promulgación de cánones que abundan, aunque sea indirectamente, en las mismas consideraciones. Así, en el canon I del VII Concilio de Toledo, celebrado bajo el reinado de Chindasvinto, se legisla contra los clérigos y seglares que protagonizan los actos de deserción o traición que contaban, como es lógico suponer, con la disponibilidad de recursos y que daban al traste por tanto con la “concordia” alcanzada previamente y que era deseable en cualquier reinado:

De los clérigos o seglares desertores o traidores… ¿Quién, pues, ignora cuántos crímenes han sido cometidos por los tiranos y desertores que se pasan al enemigo, y cuál la desastrosa soberbia de los tales continuamente repetida, que ha causado gran menoscabo a la patria, e impuesto un esfuerzo sin tregua al ejército de los godos? …pero todavía nos deja más estupefactos un crimen más horrible, y es que muchos se precipitan a veces en esta locura desde el estado religioso, de modo que no es causa de pequeña confusión para nosotros, el que de algún modo queden sin castigo aquellas acciones que deben corregirse inmediatamente por la ley civil y por las disposiciones de la Iglesia… Porque la maldad de una tan grande inconstancia, a veces hace perder la cabeza también a algunos clérigos de tal modo que dejando a un lado el respeto debido a su orden, y olvidando las promesas juradas, en vida del rey, al cual prometieron guardarle fidelidad, con temeraria ligereza consienten en la proclamación de otro. Parece bien arrancar de cuajo este abuso y separarlos totalmente de nuestra comunión (Vives, 249-251).

Se observa en este texto la participación de obispos, como grandes señores territoriales, en rebeliones para asumir de forma tiránica el gobierno del reino. Además de la dureza que se ejerció bajo el mandato del rey Chindasvinto, hay que convenir que se están abordando en todo el reino toledano actitudes que son inherentes al propio poder del grupo de los obispos, a los que se obliga también a mantener la fidelidad debida al rey, que era sinónimo de la cohesión política necesaria para el mantenimiento de las tan deseadas paz y prosperidad generales. Es decir, que de forma muy evidente se está reconociendo la posibilidad de que los obispos recurran a las prerrogativas que la administración del patrimonio eclesiástico les ofrece, además de que pudieran contar con sus propios medios privados, para la consecución de una determinada serie de objetivos que la ley civil y la canónica condenan.

En las postrimerías del reino visigodo, como veremos más adelante, se produjo una serie de hechos que motivaron la rebelión protagonizada por el dux Paulo bajo el reinado del monarca Vamba. En esta revuelta jugaron un papel muy destacado en los aspectos militares religiosos como el obispo Gumildo o el abad Ranimiro, tanto en la defensa de la ciudad de la Galia en la que vivían, Magalona, como en el desarrollo de la conspiración, en la medida en que representaban, dado su origen social, una serie de intereses económicos característicos del grupo de los poderosos al que pertenecían, y que consideraban dañados por la política desarrollada por Vamba.

Pero además de la enorme cantidad de bienes de los que disponía la alta jerarquía eclesiástica, es el control social lo que los equipara a la clase dirigente de condición seglar. Efectivamente, la Iglesia disponía de una gran cantidad de hombres que le permitían llevar a cabo las actividades económicas propias de toda explotación y al mismo tiempo hacer frente al conjunto de obligaciones de tipo militar y fiscal para con el estado. De igual manera estos contingentes humanos eran básicos para alcanzar con éxito las iniciativas anexionistas emprendidas a título personal y con carácter privado o dentro de las conjuras aludidas. La Iglesia reproduce por tanto las relaciones de poder existentes en otros ámbitos de la sociedad del momento con dependientes. Estos constituyen un recurso fundamental para consolidar su preeminencia. Se trata de un contingente de población de condición jurídica diversa y adscrito a las tierras de la Iglesia, con respecto al que se mantiene una dominación, tanto en el plano económico como en el extraeconómico, mediante los vínculos propios del patrocinio.

Otra vez recurrimos al II Concilio de Sevilla del año 619, en cuyo canon III, titulado “Que los clérigos desertores sean devueltos a sus obispos” se abordan problemas de índole social y económica, fundamentalmente referidos a la equiparación que se produce entre la situación de los dependientes de la Iglesia y la descrita por la ley civil para los colonos de las fincas:

En la tercera sesión nos fue aducida la súplica del reverendísimo hermano nuestro Cambra, obispo de Itálica, acerca de cierto clérigo llamado Espasando, que abandonando el fiel cuidado de su iglesia en la cual había sido consagrado desde su más tierna infancia, se había dirigido a la iglesia de Córdoba; acerca del cual hemos dispuesto que si no había otra cosa que alegar respecto a él, sin más dilación fuere devuelto a su propio obispo, pues está escrito en las leyes civiles, acerca de los colonos de las fincas, que allí donde cada uno comenzó a habitar, allí continúe. Y no de otro modo se ordena por disposición de los cánones respecto de los clérigos que trabajan en el campo de la iglesia, sino que allí permanezcan donde comenzaron. Por lo tanto, tenemos a bien que si algún clérigo, abandonando el servicio de la iglesia propia se trasladare a otra, forzándole el obispo junto al cual se refugió, sea devuelto a la iglesia a la cual había primeramente servido (Vives, 164-165).

Este canon, estudiado por Barbero y Vigil, ha de intercalar una frase que recalca, como afirmaron estos autores, la vinculación de la norma eclesiástica a la de carácter civil, y que supone la obligación de que el clérigo vuelva a la iglesia de la que se había fugado, con la connivencia del obispo que le recibe. Es evidente la similitud existente con la ley civil, al equiparar a los clérigos de las diócesis con la población adscrita a las tierras en virtud del colonato, que en el caso de Espasando en particular y en el de la población dependiente de la Iglesia en general supone su unión con carácter perpetuo a las tierras y a la figura del obispo como patrono suyo. De esta manera, los obispos establecen una estrecha relación entre los límites territoriales de la iglesia y la propia huida o deserción de los clérigos, puesto que los religiosos trabajan in agro ecclesiae, al igual que los coloni agrorum, y como incolae están obligados a volver a la iglesia que antes habitaron.

Resulta por tanto fundamental advertir esta lógica que equipara a la más alta jerarquía eclesiástica con los grandes propietarios de condición seglar, tanto en los aspectos relativos a la propiedad de bienes y tierras, como en la disposición de mano de obra de marcado signo dependiente, y que supone su homologación con el grupo de los poderosos y la necesidad por tanto de fijar una serie de normas de carácter político y económico que marquen los cauces respecto a la participación y control de los religiosos en los asuntos del reino. En todo ello no hay sino un reconocimiento de los privilegios de los que también disfruta la Iglesia, pero que requiere, mediante la vía del pacto o compromiso, el establecimiento de manera consensuada de una serie de decisiones que hagan viable el gobierno y la propia existencia del reino.

7.3.2. El Oficio Palatino

No es mucho lo que sabemos sobre los órganos centrales de gobierno de la monarquía visigoda. Sí parece claro que la corte real reprodujo las instancias políticas características del Bajo Imperio y las vigentes en ese momento en Bizancio, aunque con un grado de complejidad mucho menor. Contamos con la existencia del Oficio Palatino, institución de tipo burocrático que entendía en los asuntos relativos a la administración central del reino, y que constituía el entorno de personalidades y servidores más próximo a la figura del rey.

A juicio de los historiadores, que en gran medida parten de los estudios realizados en su momento por C. Sánchez-Albornoz, el Oficio Palatino tendría dos dimensiones diferentes. Una de carácter general y otra más restringida. En primer lugar contamos con el conjunto de cargos públicos que desempeñaban tareas administrativas, y que en gran medida encuentran su paralelismo en los funcionarios romanos y francos contemporáneos. Se trata del conjunto de comites que desarrollaban tareas diversas, de acuerdo con su denominación. Es el caso, por ejemplo, del comes notariorum, del comes patrimoniorum o de los comites cubiculariorum. También sabemos del comes spatariorum, que controlaba la guardia personal del rey, los comites scanciarum y el comes stabuli, encargados de las provisiones y de las caballerizas, respectivamente. Además estaría en este órgano el conde de la Ciudad de Toledo y uno de los obispos de la provincia Cartaginense, que residían por turno en la corte. Junto a ellos hay que mencionar a los notarios reales y públicos, que desempeñaban sus funciones auxiliados por sus propios dependientes o pueri, y unos cuantos servi que atendían igualmente asuntos administrativos. Como decimos, sabemos muy poco de los cometidos específicos de estos empleados de la corte, debido fundamentalmente a la escasez de informaciones y también al carácter contradictorio que éstas a veces nos proporcionan, en gran medida debido a la confusión generada entre los ámbitos público y privado, que muchas veces se superponen.

Pero por otro lado, contamos con una acepción de este órgano de carácter más reducido, y que supondría la inclusión en el mismo del conjunto de illustres que mantenían una relación directa con el monarca, y que podían o no desempeñar tareas concretas de gobierno. Se trataría de personajes tanto del ámbito laico como eclesiástico, que asesoraban directamente al rey en asuntos de capital importancia, como podían ser los relacionados con la elaboración de leyes, la administración de justicia o los temas políticos de cierta relevancia. Son los mismos aristócratas a los que mencionaba el rey Recesvinto en el Tomo Regio del VIII Concilio de Toledo celebrado en el año 653, refiriéndose a ellos con una expresión feliz, como acertadamente señala P. D. King, al considerarlos in regimine socios, in adversitate fidos. Efectivamente, este monarca, sucesor en el trono de su padre Chindasvinto, quien se habría caracterizado por un gobierno autoritario y antinobiliario, intenta recuperar el consenso perdido por la política de su predecesor, y para ello recurre a los elementos de cohesión que propicia el lenguaje cristiano, imbuido de aspectos definitorios de toda la tradición imperial, fundamentalmente los relacionados con la práctica de virtudes que, como la humildad, piedad, mansedumbre, clemencia… definían el comportamiento del sacratísimo príncipe (ad exercitia summae virtutis instruebat exempla sacratissimi principis). Para ello concede un papel protagonista a sus colaboradores en el gobierno del reino:

Y también a vosotros, varones ilustres, que una antiquísima costumbre escogió de entre el oficio palatino para asistir a este santo sínodo, a los que adorna una ilustre nobleza y un sentido de equidad os designó como cabezas del pueblo y a los que tengo como compañeros en el gobierno, leales en los contratiempos y esforzados en las prosperidades, y por los que la justicia aplica las leyes, la misericordia las suaviza y contra el rigor de las normas la moderación de la equidad alcanza la templanza de la ley, a vosotros os pongo por testigos. (Vives, 265).

Por tanto, el papel del Oficio Palatino reforzaría su importancia en la medida en que el soberano intentara involucrar a la alta nobleza en los asuntos del reino, buscando así una colegialidad de hecho en el gobierno del estado visigodo, acorde con la realidad feudal vigente.

7.3.3. La articulación territorial: condes y duques

La progresiva feudalización de la sociedad y del estado visigodo hace muy difícil establecer de forma clara un panorama de la organización territorial del reino peninsular. La centralización política, conseguida sobre todo a partir de Leovigildo, conllevó la puesta en práctica de esquemas administrativos deudores en gran medida del mundo romano tardío, adaptados a las circunstancias concretas de la monarquía toledana.

Sabemos que por debajo del rey se encontraba la figura del dux, que podía contar con atribuciones exclusivamente militares y de asesoramiento en el oficio palatino, pero que también se ocupaba de regir las provincias, con atribuciones tanto judiciales como militares y fiscales. Estas provincias, herederas de las circunscripciones propias de la época bajoimperial, serían la Tarraconense, Cartaginense, Bética, Lusitania y Gallaecia, a las que habría que añadir la Septimania, el territorio que quedó en poder visigodo tras la derrota de Vouillé a manos francas. Además, una serie de territorios a los que se confería un valor estratégico especial, debieron de contar también con estos funcionarios, como parece ser el caso de la provincia encomendada al gobierno del padre de Fructuoso. Todos estos territorios debieron de ajustarse en gran medida a las circunscripciones propias de la época bajoimperial, y grosso modo los duces serían herederos del antiguo gobernador romano, el rector provinciae, desligados por tanto, en contra de lo que se ha afirmado, de cualquier connotación de carácter nacional o tribal. Parece claro el enraizamiento de los visigodos en la Península y su inclusión en la élite dirigente hispanorromana, y prueba de ello lo constituye una serie de ejemplos. Así, sabemos de la existencia del dux Claudio, que precisamente era hispanorromano y además católico, y que en tiempos del obispo emeritense de origen godo Masona jugó un papel determinante en los asuntos políticos y militares de la época.

Es importante resaltar la estrecha ligazón existente entre la instancia política y la eclesiástica: ya en su momento, el historiador E. Stein afirmó que el poder del obispo en la ciudad surgió sobre las cenizas de los antiguos rectores municipales. Hay que pensar que las diócesis episcopales y sus respectivos titulares hubieron de establecer necesariamente relaciones con el poder político que venía teóricamente de Toledo, y que estas relaciones no fueron siempre buenas, tal y como lo atestigua el propio enfrentamiento de Masona con Leovigildo, por ejemplo. En principio, el papel de los duces consistía en articular la necesaria cohesión territorial, para lo cual habrían de mantener estrechos lazos de colaboración con los poderosos incluidos dentro de los límites de sus territorios, entre los que ellos mismos se encontraban.

Pero por otra parte hay que resaltar la progresiva confusión que se va produciendo entre los ámbitos público y privado, que daba lugar, por un lado, a que el monarca nombrara estos funcionarios en relación exclusiva con el vínculo personal que con él mantenían y, por otra parte, a la patrimonialización de los territorios y a su condición hereditaria entre padres e hijos. El caso más conocido es el de Fructuoso, quien erigió sus fundaciones monásticas en los territorios que antiguamente había administrado su progenitor, con lo que éstos en gran medida escapaban a las obligaciones que originariamente tenían contraídas con el estado. Para el primer caso contamos con el ejemplo del dux Paulo, quien se rebela contra el monarca legítimo Vamba, rompiendo así los vínculos de fidelidad contraídos, y pretende alzarse con el trono en la provincia gala.

Por debajo de los duces, y también en el ámbito territorial, se encontraban los comites. El comes civitatis ejercía su competencia política en el marco de la ciudad y del territorio de ésta y, al igual que sus superiores administrativos, contaba con poderes tanto judiciales como fiscales y militares. Del mismo modo, se produce en este cargo la tendencia a considerarlo de carácter hereditario, con la consiguiente confusión en la titularidad efectiva de la propiedad. Todo ello daba lugar a una especie de administración paralela, que hacía de estas circunscripciones ámbitos de aplicación de prácticas privadas, en muchos casos en abierta oposición a su carácter público. En una ley (LI. XII.1.2) el rey Recaredo prohibía taxativamente a estos funcionarios recabar impuestos entre la población para su propio provecho. La independencia de hecho de estos administradores públicos lo muestran actitudes como la representada por Teodomiro, comes de la comarca de Orihuela, y de su hijo Atanagildo, que le sucedió en el cargo, cuando se produce la invasión musulmana. Los pactos firmados con los recién llegados les permitieron continuar ejerciendo su mandato sobre las circunscripciones que les habían sido atribuidas, en la práctica dominios suyos, todo ello acorde con la lógica de la sociedad feudal imperante.

7.3.4. Derecho y justicia

Parece claro que el alto grado de romanización de los visigodos les llevó a adoptar una serie de prácticas romanas, entre las que se encuentra de manera destacada la aplicación del derecho. Hoy día la vieja polémica en torno al carácter nacional o territorial de éste se decanta a favor de esta última interpretación, de manera que los reyes visigodos legislarían en función del conjunto de la población que vivía bajo su dominio político. En este sentido, conviene recordar las compilaciones llevadas a cabo por Eurico y Alarico II, en el reino tolosano. La publicación del Código de Eurico y, posteriormente, la aparición del Breviario de Alarico, en el año 506, tenían como finalidad establecer un marco jurídico que recogiera los aspectos más significativos de la legislación romana bajoimperial, en algunos casos de forma excesivamente mimética, como demuestran las leyes del código alariciano, demasiado proclives a mostrar realidades con un carácter formal y a veces obsoleto.

Pero la práctica jurídica estaba en relación directa con los avatares políticos. Por ello es sintomático que el rey Leovigildo, después de la centralización territorial y política que llevó a cabo bajo su mandato, promulgara su Codex Revisus, un intento por actualizar el conjunto de leyes que regían en el reino visigodo. Es significativo en esta dirección su propósito de armonizar las disposiciones legales con la realidad social vigente, como lo muestra por ejemplo la derogación de la ley que prohibía los matrimonios mixtos entre godos e hispanorromanos.

Aunque muchos monarcas promulgaron leyes de gran importancia, como es el caso de Recaredo arriba mencionado, no será hasta Recesvinto cuando se edite el llamado Liber Iudiciorum, que recogía bajo el epígrafe de antiqua las leyes del código leovigildiano, y que incorporaba también la gran labor legislativa llevada a cabo, de manera muy destacada, por su padre Chindasvinto, que promulgó un total de 98 leyes. Este código fue publicado en el año 654. Por otra parte, se debe a Ervigio la última recopilación legal, que es una revisión del anterior del año 681, y que conoció su edición Vulgata bajo el reinado de Egica, en las postrimerías del reino toledano.

Existe unanimidad al considerar que la capacidad de promulgar leyes era competencia exclusiva del monarca. En este sentido es fundamental la conversión al catolicismo, en el año 589, en la medida en que el poder real contaba ahora con un carácter claramente teocrático. Por tanto, la justicia tendría un carácter divino, y no es por ello extraño que muchas disposiciones legales fueran recogidas también en los concilios eclesiásticos, con lo que se pretendía reforzar su valor y aceptación. Ello suponía, también, que en las decisiones de ámbito legal y en las propias de la aplicación de la justicia, el monarca contara con la participación de los obispos, quienes, junto a las autoridades civiles como el dux y el comes, y los propios iudices tenían prerrogativas en este sentido. Todo ello no hacía sino reforzar el carácter colegiado del poder que, aunque teóricamente partía del soberano, en la práctica necesitaba el apoyo y la aprobación de la alta nobleza laica y eclesiástica.

Por ello, cuando determinado monarca ejercía de manera autoritaria sus prerrogativas, podía provocar reacciones contrarias, en la medida en que los intereses nobiliarios se veían afectados negativamente. Conocemos de manera detallada la conspiración que el dux Paulo encabezó en la Galia contra el rey Vamba. La obra Iudicium in tyrannorum perfidia promulgatum recoge de manera detallada el castigo inflingido a los culpables, que suponía la pérdida tanto de su estatus social como económico, y que era consecuencia de la ruptura de la fidelidad que tenían contraída para con el monarca. Sin embargo esta degradación social a la que fueron sometidos los culpables no fue vista con buenos ojos por el conjunto de los grandes propietarios del reino, que recelan del poder excesivamente autoritario del gobernante, lo que provoca la conspiración que finalmente acaba con el reinado de Vamba.

En este sentido podemos considerar que las leyes, dentro de la polarización existente en la sociedad del momento, contaba con dos niveles de aplicación. El conjunto de disposiciones distingue dos tipos de infractores: aquellos que pertenecían a la élite social, es decir, las maiores personae, a las que se aplicaban penas fundamentalmente de carácter pecuniario, y el grupo mayoritario de dependientes, englobados bajo el título de inferiores vilioresque personae. Estos últimos constituyen una población de variada condición jurídica y eran objeto de castigos corporales, en algunos casos mortales. Este hecho responde por un lado a la concentración de numerario, en el reino visigodo sólo se acuñaron monedas de oro, en unas pocas manos. Pero también es característico de la configuración social de la época, basada fundamentalmente en el patrocinium.

Este fenómeno originó también que el ejercicio de la justicia se llevara a cabo en muchas ocasiones en un marco eminentemente privado. Las leyes del Código Teodosiano prohíben estas prácticas, que delatan incluso la existencia de cárceles privadas, al margen por tanto del marco legal establecido. Sabemos que el obispo de finales del siglo V Sidonio Apolinar, dirigiéndose a la ciudad de Clermont-Ferrand para tomar posesión de la cátedra episcopal de la misma, juzga a unos salteadores que habían saqueado las tumbas de sus antepasados, y dicta una severa sentencia. Estas prerrogativas y los privilegios inherentes a las mismas se perciben claramente en el canon II del XIII Concilio de Toledo, celebrado bajo Ervigio en el año 683, que ha de interpretarse como un triunfo de la nobleza sobre la autoridad real. Efectivamente, en dicha disposición se establece:

De los obispos y también de los grandes de palacio y gardingos que fueren acusados, con qué garantías judiciales conviene sean juzgados… que ninguno. sea privado del honor de su grado. fuera del caso de manifiesto y evidente indicio de culpa, y no se le aprisione, ni encadene, ni se le someta a tormento. ni se le prive de sus bienes, ni sea encerrado en prisión. sino que aquel que es acusado, conservando las prerrogativas de su categoría, y sin sufrir antes los perjuicios reseñados más arriba, será presentado en la pública deliberación de los obispos, de los grandes y de los gardingos. (Vives, 416-417).

Asistimos así de nuevo a la evidente contradicción que se planteaba entre el teórico poder omnímodo del rey y la dificultad de ejercer de manera real una efectiva impartición de justicia, que se plasmaba también en la necesidad de pactar con los grandes del reino cualquier disposición legislativa de relevancia.

7.3.5. Ejército, fiscalidad y moneda

En el mismo año que tiene lugar la revuelta de la Galia, el rey Vamba, que había accedido al reino a una edad ya avanzada y que incluso tuvo que ser obligado a aceptar el cetro de soberano mediante amenazas, se muestra como un monarca enérgico que no sólo reprime la revuelta, sino que además intenta atajar la falta de colaboración que en el transcurso de su sofocamiento advierte entre los grandes propietarios del reino. Para ello promulga su ley militar (LI. IX.2.8), que sirve para establecer las obligaciones militares que sus súbditos debían de cumplir en caso de que se produjera cualquier tumulto, rebelión o invasión dentro de los límites territoriales del estado visigodo. De acuerdo con esta norma legal, debido al incumplimiento de una serie de deberes para con la defensa de la patria, ésta era aquejada con frecuencia por daños diversos.

La ley, que hace gala de una gran concreción, establece en primer lugar qué es lo que había de hacerse cuando se producían incursiones de enemigos de otros reinos en las provincias visigodas. En este caso se establece que las personas que residieran en las fronteras lindantes con el enemigo se encargaran de la defensa cuando se produjeran estos ataques, velando así por la utilidad pública. Esta obligación vincula a toda la población sin ningún tipo de excepción, por lo que, junto a los altos cargos administrativos como podían ser los duques, condes, tiufados, gardingos, vicarios o cualquier otra persona a la que se hubiera encomendado la defensa de este territorio en el que se había producido el ataque, se incluyen también a todos los eclesiásticos, que como vimos habían tenido una participación muy activa en la conjura de Paulo y que contaban con grandes recursos en bienes y hombres para poder hacer frente a las tareas de tipo militar referidas.

También se incluyen en esta disposición todos aquellos que, como los anteriormente enumerados, se encontraran en la vecindad de la zona en peligro, en un radio igual o inferior a las cien millas, teniendo por tanto que acudir en breve plazo con sus propias tropas o en caso contrario alegar razones de peso que contaran con testigos, pero que no les exoneraba de enviar los contingentes requeridos, porque si se probara el incumplimiento de su deber de defender la patria de los enemigos, y esta agresión produjera algún daño en los pueblos o en las provincias, serían duramente penados.

La ley reconoce de forma clara la estructura propia de la sociedad de la época, al establecer que los religiosos que no cumplieran con su obligación militar, fueran castigados mediante el destierro o la reparación de los daños causados por el enemigo con el concurso de sus propios bienes, poniéndose a salvo el patrimonio eclesiástico, pero reconociéndose así la existencia de las fortunas privadas de los obispos y la alta jerarquía de la Iglesia. Respecto al clero de condición inferior, la pena fijada sería la misma que para el conjunto de la población laica del reino, independientemente de su estatus social y económico. Por tanto, el legislador establece que tanto las personas de condición noble como inferior perderán todo tipo de derechos, incluido el de testificar, confiscándoseles sus bienes y estableciéndose una degradación social por la que se les equiparaba al último de los siervos en dependencia directa del soberano. Se establece de esta manera, y fundamentalmente en lo que respecta a la aristocracia del reino, una estrecha subordinación entre el incumplimiento de las funciones encomendadas, que suponían como hemos visto la ruptura en el plano político del vínculo de fidelidad existente con el monarca, y la pérdida de la condición de poderoso, en la medida en que una de las virtudes fundamentales del grupo de los potentes, de la nobilitas, consistía en el servicio al estado, al cual socorrían, como dice la ley, cum omne virtute sua.

Por tanto hay que ver la voluntad de Vamba por hacer coincidir en su ley los términos nobilitas y utilitas como expresión máxima de la dignidad del reino, que supone por tanto el establecimiento de un pacto, o la imposición en su defecto, que intenta cointeresar a los grandes propietarios para que colaboren mediante sus tierras y la población campesina a ella adscrita a través del cumplimiento de un conjunto de funciones públicas como podía ser de forma principal la defensa del propio territorio.

A continuación se establecen las mismas disposiciones respecto a la aparición de alguna sublevación dentro de los límites territoriales del reino, que supusieran atentar contra el pueblo, la patria o el rey. De nuevo se fija una obligación en función de la proximidad al foco del conflicto, estableciéndose igualmente un radio de cien millas desde el punto en el que tuviera lugar la rebelión. Las penas son igualmente duras para los infractores, e implican también la degradación social y económica, lo que es justificado por el propio Vamba alegando la frecuencia con la que se produce desde tiempos pasados el incumplimiento de la obligación de acudir a la llamada regia, para contribuir así a la defensa de los territorios y el mantenimiento de su unidad. Por tanto constituye una práctica que es concebida por el gobernante como un vicio, en la medida en que priva a la patria de la paz y la prosperidad deseadas, en oposición a la virtud que se asocia a la colaboración en beneficio de la publica utilitas. Hay que recordar en este sentido el discurso que Paulo pronuncia ante sus partidarios en la ciudad de Nîmes, aludiendo a la debilidad y desprestigio de los reyes godos:

Diciendo éstas y otras cosas semejantes, por tal de enderezar el ánimo hacia el valor, trata de enardecer a los suyos para el combate. Les dice: “No os dejéis dominar por el miedo. Sólo aquí radica aquella acreditada virtud de los godos, que se jactaba con su acostumbrada osadía de venir hasta nosotros para vencernos. Aquí, creedme, está el soberano; aquí todo su ejército; no hay nada más que temer. Cierto que fue famoso en otro tiempo su valor tanto para defender a los suyos como para sembrar el pánico en otros pueblos; pero ahora todo aquel brío suyo en la lucha se marchitó, toda su experiencia en el combate se acabó. No les queda ninguna costumbre de luchar, ninguna práctica en el combate… (Iul. Tol. 16).

Se trata ciertamente de un recurso retórico utilizado en un momento en el que era necesario infundir valor a las tropas, pero también refleja una realidad que contempla la enorme dificultad con la que la realeza hacía frente al mantenimiento de la estabilidad interna y externa, a partir precisamente del reconocimiento de las realidades sociales, que suponían trasladar al ámbito de la defensa los elementos de carácter feudal propios de las relaciones de dependencia vigentes entre la clase dominante y el campesinado adscrito a sus tierras. Como fue puesto de manifiesto por A. Barbero y M. Vigil, en esta ley, las obligaciones militares constituyen un aspecto activo de la fidelidad debida al soberano, y que había sido suscrita mediante juramento, por lo que el no presentarse a la llamada regia era considerado en la ley como un acto de infidelidad al monarca, dentro del carácter simbólico que la dependencia personal tiene en las relaciones políticas del reino.

El triunfo inicial de la sublevación gala se habría basado tanto en el concurso armado de los seguidores de Paulo como en la actitud pasiva de los habitantes de la zona, que mantenían una actitud expectante ante el desarrollo de los acontecimientos. La ley militar de Vamba implica, además de la defensa contra enemigos externos, la mutua vigilancia entre sí de los que vivían en un mismo territorio para que se mantuviera la fidelidad debida al rey. En la lucha, tanto la originada por enemigos externos como por sublevaciones internas, habría de existir una ayuda “fraterna” que, como narra la ley, mantuviese la unidad de la patria y que actúa en función de la fidelidad debida al rey.

Llamamos de nuevo la atención sobre el hecho de que en la movilización del ejército intervenían todas las personas dentro de las cien millas a las que el rey había encomendado la administración y la defensa de unos territorios. La privatización que estas tierras sufrieron se advierte en la continua exhortación de la ley para que con su presencia los convocados acudiesen a la llamada al ejército y sirviesen a la utilidad pública. Esta publica utilitas sugiere que los beneficiarios de las donaciones, que serían personas de elevada posición, tendían cada vez más a borrar la distinción existente entre sus propiedades particulares y las donadas por la corona para cumplir una serie de tareas de carácter público, es decir, se advierte la extensión de las normas que regían su patrimonio privado a las tierras que en principio debían de prestar un conjunto de servicios. Esta confusión no era exclusiva de la nobleza, sino que también se daba en las propiedades del monarca, debido a su propia extracción social, idéntica a la de los notables del reino.

Por tanto, a través de esta ley, nos encontramos ante el reconocimiento implícito por parte de la autoridad real de la decisiva importancia que los grandes propietarios tenían a la hora de contribuir a la defensa del reino, por lo que el monarca legisla a fin de formalizar la coparticipación de éstos en los asuntos relativos a la administración. En esta participación en los asuntos de gobierno podían tomar parte tanto personajes de condición laica como eclesiástica, tal y como se deduce del canon XI del Concilio de Mérida celebrado en el año 666, por el que se contempla la posibilidad de que los presbíteros y diáconos puedan llevar adelante las causas seculares o ejercer cargos públicos, siempre y cuando contaran con la pertinente autorización de su obispo. Por otro lado, esta participación de la Iglesia, en la medida en que podía afectar negativamente a su patrimonio, dependía de las concesiones concretas que los monarcas hicieran a la institución eclesiástica, como es el caso del rey Sisenando, quien en el canon XLVII del IV Concilio de Toledo, celebrado como sabemos en el año 633, hacía inmunes a los clérigos ingenuos de trabajos y convocatorias públicas, en un claro reconocimiento de sus privilegios. Pero lo que queda fuera de toda duda es la decisiva influencia que los ejércitos privados de los grandes terratenientes tenían respecto al mantenimiento de la unidad y la paz de las instancias políticas del reino, para lo cual como hemos dicho era fundamental asociar la idea de potentia y nobilitas a la de la publica utilitas.

En el año 681, Ervigio, que había destronado a su predecesor Vamba con el apoyo de la nobleza y de la Iglesia, preside el XII Concilio de Toledo, cuyos cánones reflejan el descontento que la severa política de su antecesor había provocado, y concreta las medidas tendentes a restablecer los privilegios de los que habían sido privados los obispos y laicos afectados por las medidas del rey Vamba:

Después de esto presento también a vuestra consideración, agradable a Dios, para que lo corrijáis, lo que el precepto de nuestro predecesor ordenó por una ley que promulgó: Que todo aquel que no hubiera acudido a la movilización del ejército, o hubiere desertado del mismo, fuese privado irrevocablemente de su dignidad; institución ésta de tal severidad, que al ser llevada a la práctica por todas las regiones de España, sometió a la pérdida perpetua de la honra casi a la mitad del pueblo. De tal modo que habiendo sido declarados infames en algunas aldeas, territorios o villas, por la peste de la infamia, los habitantes de dichos lugares y careciendo de la facultad de testificar, parece más bien haber desaparecido totalmente la averiguación de la verdad; y así el país es afligido por un doble mal al estar manchado por la infamia de los pueblos y verse privado de los medios de llegar a la verdad. Y aunque la mansedumbre de nuestra gloria disponga suavizar la referida ley, sin embargo, el parecer de vuestra paternidad desea ardientemente que aquellos que por tal ley habían perdido el título de su dignidad, vuelvan a ser revestidos del claro testimonio de su antigua nobleza, para que ni nuestra gloria preste esta ayuda a la crueldad, ni un mandato tan duro oprima al país con duradero yugo de la infamia. Y también os ruego de una manera general lo siguiente: que cuanto en las leyes de nuestra gloria aparezca absurdo o contrario a la justicia, sea corregido por vuestro parecer unánime (Vives, 383-384).

Por tanto, ya en su discurso inaugural el rey Ervigio reconduce la situación creada a partir de las medidas adoptadas por su predecesor, considerando como muy severa la legislación de éste y restituyendo de este modo los títulos de los que habían sido despojados los infractores de la ley. La restauración de la dignidad a los castigados por Vamba es consecuencia lógica de la propia deposición de este enérgico soberano, por lo que se restituyen privilegios perdidos y se recurre de nuevo al valor político que la piedad y la mansedumbre del rey juegan respecto a la armonía y el consenso necesario entre la corona y la nobilitas. En una muestra clara de sumisión a la nobleza laica y eclesiástica, Ervigio solicita que se le ponga en guardia contra toda ley que sea contraria al sentido de la justicia, a la vez que invita a los gobernadores de las provincias para que redacten conjuntamente con la corona las disposiciones de carácter legislativo que se promulguen a partir de este momento.

Al igual que ocurriera con anterioridad en otros concilios de la historia del reino católico, la fuerte dependencia del rey con respecto a la nobleza y la Iglesia, que explica precisamente comportamientos en principio tiránicos como el de Ervigio, conlleva el gran interés del nuevo monarca por que las decisiones adoptadas tengan un carácter colegiado. Del mismo modo, era necesario construir una ficción creíble del acceso de Ervigio al trono, presentándolo con todos los visos posibles de legitimidad. Por ello se afirma que el rey Vamba, gravemente enfermo, había elegido a Ervigio como su sucesor, tomando esta decisión en presencia de los grandes cargos de palacio, que actuarían así como falsos testigos. Posteriormente, Vamba recibiría el hábito monacal y sería tonsurado, pudiendo de esta forma su sucesor recibir la unción regia por parte del metropolitano Julián de Toledo. En el canon I, en el que se abordan estas cuestiones, se insiste en la validez de esta actuación, que pretende contar con el mayor consenso posible, del mismo modo que se deja clara la nueva relación del Ervigio respecto a todo el pueblo (la nobleza y la Iglesia), que supone el establecimiento de un nuevo vínculo de fidelidad a través del juramento ahora prestado, juramento que invalida el anteriormente suscrito con Vamba. A partir de ahora habrá que favorecer exclusivamente al nuevo monarca, garantizando de esta forma su seguridad y la prosperidad de la patria:

Después de esta pacífica proclamación de la santa fe, lo primero que se presentó… con qué orden el serenísimo príncipe Ervigio subió al trono y recibió la potestad de gobernar por la unción sacrosanta, nos lo enseña la evidencia de los documentos que nos han sido presentados. En los cuales documentos se prueba que el rey anterior, Vamba, recibió la penitencia, y que la sucesión en la dignidad real pasa a este nuestro príncipe actual, pues el mismo rey Vamba, viéndose acometido de una gravísima enfermedad, y habiendo recibido el hábito religioso, y la venerable señal de la tonsura sagrada, a continuación, por medio de una decisión suya escrita, eligió al ínclito señor nuestro Ervigio para que reinara después de él y fuera ungido con la bendición del obispo… También el original del decreto procedente del mismo rey donde muestra su deseo de que se nombre rey después de él al señor nuestro Ervigio y otra instrucción del ya indicado rey, dirigida al honorable y santísimo hermano nuestro Julián, obispo de la sede toledana… Y habiendo probado y leído lo dicho, pareció digno de nuestro concilio que se añadiera la confirmación de todos nosotros al contenido de los documentos que acabamos de señalar… Y por lo tanto, absuelto el pueblo de cualquier vínculo de juramento, aquel que estaba ligado al dicho rey Vamba, mientras éste tenía aún el trono, siga, ya libre, al sólo serenísimo príncipe Ervigio, al que debe prestarse una gustosa y servicial obediencia, ya que a él le eligió el designio divino para el trono, y el rey su antecesor le señaló como sucesor, y además de todo esto fue escogido por el amor de todo el pueblo (Vives, 386-387).

Parece que estas garantías no resultan suficientes para el mantenimiento del nuevo monarca en el trono, pues en el canon II se aborda el caso de los que reciben la penitencia cuando están sin sentido, a la vez que se contempla la posible vuelta de Vamba al trono, por lo que se establece que “aquellos que de cualquier modo recibieron la penitencia, no vuelvan jamás a ceñir el cíngulo militar”, en clara alusión al papel del monarca como máxima autoridad del ejército. Todas estas medidas, que pretenden en última instancia recuperar el necesario entendimiento entre el soberano y los grandes del reino como condición indispensable para su supervivencia, concluyen con la mayor expresión posible de la piedad y misericordia del nuevo príncipe, quien otorga en un ejercicio de templanza la dignidad perdida de testificar a aquellos damnificados por la aplicación de la ley militar de Vamba. En el canon VII del citado concilio se legisla en este sentido:

Que se admitan los testimonios de las personas que perdieron la licencia de testificar, por la ley hecha acerca de la llamada al ejército. …por lo tanto, y por haber dispuesto la mansedumbre de nuestro príncipe y señor Ervigio mitigar aquella ley promulgada por el señor príncipe Vamba, y que versa sobre la incorporación al ejército, estando de acuerdo con nosotros el glorioso y religiosísimo Ervigio, príncipe nuestro, el santo concilio tomó esta decisión necesaria: que aquellos que por la mencionada ley perdieron la facultad de prestar testimonio, reintegrados en su derecho de testificar, según su antigua dignidad, puedan acudir a los tribunales y usar la acción judicial conveniente y presentando el título de su anterior nobleza, les sea permitido testificar conforme a las leyes… (Vives, 394-395).

Después de la promulgación de todas estas medidas tendentes a normalizar las relaciones de índole política del reino, Ervigio publica en el segundo año de su reinado su ley militar. Se trata de una disposición que recogerá los aspectos más importantes de la redactada por Vamba, aunque se aborda de una norma mucho más precisa que ésta y más acorde con las condiciones sociales dominantes. En la ley (LI. IX.2.9), el monarca empieza por analizar la situación, caracterizada por un gran absentismo. Efectivamente, el rey se lamenta de la poca disposición de los que son llamados a filas, que se retardan ante la convocatoria, o directamente deciden desobedecer la orden. Ervigio también condena la actitud de muchos, que acuden al lugar del conflicto con menos de la vigésima parte de los dependientes que trabajan en sus campos, puesto que otorgan mayor importancia al trabajo agrícola en los grandes dominios que a la participación bélica. De nuevo se pone de manifiesto en la ley la contradicción entre la llamada al ejército entendida como servicio público y el apego a los propios intereses. Por ello se establece que todos los pueblos del reino habrían de presentarse en el lugar y la fecha estipulados tras el establecimiento de la convocatoria, fijándose también los castigos en caso de que no se quisiera salir a combate o no se acudiera con prontitud a la llamada del rey o de los duques.

Pero además, en esta ley de Ervigio se fija el número de dependientes con los cuales habrían de comparecer todos los hombres del reino, fueran godos o romanos, detentaran cargos públicos o pertenecieran al grupo de los privati, y, aunque no se diga de manera explícita, incluyendo a los miembros de la Iglesia católica. Esta descripción sirve para combatir la idea según la cual la nobleza del reino era exclusivamente de procedencia goda y basaba su poder en la posesión de esclavos. En la ley se establece una clara polarización social entre las maiores loci personae y las inferiores vilioresque personae, que como podemos observar por su denominación, también en lo que se refiere a la materia militar, se consideran vinculados a un territorio al que han de defender en caso de necesidad. La clara oposición que se fija en el texto entre la publica utilitas y la propria utilitas ayuda a entender el grado de indiferenciación existente entre los funcionarios públicos y los particulares, en la medida en que ambos grupos se unifican por las relaciones de patrocinio que mantenían con las personas de condición inferior y de diversa condición jurídica que vivían en sus propiedades y que mantenían con ellos fuertes relaciones de sujeción en el plano económico como en el personal: ducem aut comitem aut etiam patronum suum.

La ley obliga a los convocados a filas a que aporten la décima parte de sus dependientes, lo cual da idea del gran potencial económico y de la gran cantidad de recursos humanos de los que disponían los grandes propietarios, a la vez que estipula que el patrón ha de proporcionar a su ejército las armas y atavío necesarios, entre los que se nombran corazas, escudos, varias modalidades de espadas, lanzas, flechas, etc. Es interesante subrayar cómo la idea del ejército, entendido como ejército público, subsiste de manera teórica, si tenemos en cuenta que ahora está configurado por la suma de los ejércitos privados de los grandes del reino, a pesar de que siga desempeñando funciones públicas cuando así lo requieren los duques o el rey.

La necesidad del gobierno real de no perder una serie de ingresos fiscales, vitales para hacer frente a un conjunto de necesidades del estado visigodo, se concreta ya en una ley del primer rey católico, Recaredo, quien establece que los obispos participen de manera decisiva en la elección del numerario, funcionario encargado de los asuntos recaudatorios, que velará para que éstos no cometan excesos que pudieran perjudicar los intereses económicos de sus respectivas diócesis (LI. XII.1.2). Es decir, que la ley otorga a los obispos la posibilidad de que nombren ellos mismos a las personas que han de ocuparse de las contribuciones al fisco, las cuales mantendrían seguramente un cierto grado de afinidad con sus mentores, a la vez que, dada su función de vigilancia, podían provocar su destitución en caso de que estos numerarios “incumpliesen” de alguna manera sus cometidos al exigir contribuciones excesivas, a juicio de los obispos, al conjunto de los sometidos al pago de impuestos. Se trata de una práctica que se refuerza ahora de manera sobresaliente, tras la conversión al catolicismo, y que se traduce en el marco político y legislativo en la fijación de pactos, leyes o placita que testimonien de manera fehaciente el acuerdo alcanzado.

Como texto con un claro valor demostrativo de lo que estamos afirmando, contamos con un documento de fines del siglo VI, incluido en la Colección Canónica Hispana del Códice Emilianense, y colocado a continuación del II Concilio de Zaragoza celebrado en 592, con lo que fue redactado en el séptimo año del reinado del rey Recaredo. Este testimonio de valor excepcional, conocido como De fisco Barcinonensi, fue estudiado ya en el año 1970 por Barbero y Vigil, quienes llamaron la atención de este texto en relación con la feudalización registrada en el reino visigodo de Toledo, entendiendo que la problemática fiscal de este reino sería continuadora de la de época bajoimperial romana. En particular, hicieron notar el fenómeno de la práctica de la adaeratio, o conmutación en moneda del impuesto, que en el texto aludido está claro que se percibía en especie, y que se reflejaría en éste en la evaluación del citado impuesto en siliquae, moneda de plata equivalente a 1/24 de solidus y que no fue acuñada de hecho por los reyes visigodos (véase Apéndice, documento 15).

Es importante recalcar el valor del documento en cuanto que supone el establecimiento de un acuerdo de índole económica mediante la firma de los cuatro obispos, que asienten a las condiciones fijadas. A partir del estudio pormenorizado del texto, podemos establecer una serie de conclusiones, a nuestro juicio relevantes. Conviene recordar las páginas dedicadas más arriba a la figura del obispo Masona, que puede representar un modelo concreto al cumplimiento de la norma fijada por las legislaciones laica y eclesiástica. En este sentido, hay que tener en cuenta que la elección de los numerarios correspondía de forma compartida a “los obispos y a los pueblos”, es decir, que el nombramiento de estos funcionarios por el conde del Patrimonio (comes patrimonii) era posterior o suponía un reconocimiento a la elección previa de éstos. Pero además, el nombramiento de los encargados de la recaudación de las cargas tributarias se acompañaba de la fijación de los impuestos establecidos por los numerarios y que hacían referencia a los territorios que estaban bajo la administración y el mandato directo de los religiosos, los cuales por su parte eran los que habían aprobado con antelación dichas cantidades impositivas.

Esta aprobación de los obispos de las cargas fiscales propuestas por los numerarios se produce, como dice el texto, sicut consuetudo est, es decir, que no se trataba de una práctica que hubiera que relacionar exclusivamente con las consecuencias políticas de la conversión al catolicismo, sino que más bien se trata del reconocimiento explícito por parte de la corona de una realidad anterior, por la cual los obispos, como sucesores en sus respectivas ciudades y territorios de los magistrados que se encargaban de los asuntos con ellos relacionadas, asumen de forma principal las funciones de gobierno a la vez que se encargan de tutelar y de controlar aquellas tareas vinculadas al poder central y que implicaban, de una u otra manera, su asentimiento y colaboración. Se trata de una práctica también vigente en los territorios bizantinos, como lo muestra una ley novella de Justiniano del año 545 (CJ. 128.1.4), que define de manera pormenorizada cuáles han de ser las funciones fiscales del obispo, a los que en otra ley se nombra en primer lugar entre el grupo de los grandes propietarios del reino, incluidos también los altos funcionarios del Imperio, en relación con obligaciones de índole fiscal.

De alguna manera y volviendo al texto de época visigoda aludido, incluso podíamos afirmar que es la alta jerarquía episcopal la que, mediante su aprobación, fija la cantidad que se ha de pagar al encargado de los asuntos fiscales del territorio. En este sentido es reveladora la cantidad de ocasiones en que se alude en el texto contractual al término consensus, lo cual evidencia aún más el carácter negociado del documento e incluso la capacidad de los sometidos al pago del impuesto a inspeccionar el trabajo de los funcionarios, pudiendo llegar a discutir ciertas medidas y a ordenarles que efectuasen correcciones o restituciones cuando se consideraba que se había producido, en sentido negativo para sus intereses, una vulneración o incumplimiento del pacto alcanzado.

Además observamos la posibilidad de que los impuestos, fijados en especie, pudieran ser también satisfechos en moneda, lo que plantea problemas en relación con el sistema monetario y la circulación de la moneda en este período. Sabemos que los reyes visigodos a partir de Leovigildo sólo acuñaron moneda fraccionaria de oro, los conocidos trientes o tremisses, que sufrieron a lo largo de la historia del reino grandes variaciones en su emisión en lo que respecta al peso y a la ley de los mismos. Esta acuñación exclusiva de moneda de oro no es una peculiaridad del reino visigodo, sino que es el resultado de una evolución de carácter general que se decanta de forma definitiva en la segunda mitad del siglo V con el abandono de la emisión de piezas de plata, y que finalmente supone su desaparición en el siglo siguiente. La progresiva ausencia de monedas de cobre, cuya presencia en todo caso se produciría en relación con los territorios ocupados por los bizantinos, y la no acuñación de monedas de plata, supone de hecho un progresivo e importante alejamiento de la gran mayoría de la población de los usos monetarios, reservándose la moneda de oro para gastos de tipo suntuario y como medio de atesoramiento. De hecho, la polarización social característica de la sociedad visigoda, como sociedad feudal que era, supone la exclusión de los sectores más desfavorecidos, las viliores, inferiores personae, de la disposición de moneda, fijándose en este sentido las penas judiciales en castigos corporales, mientras que se reserva con carácter exclusivo a las maiores personae, al grupo de los potentes, la capacidad de conmutar en moneda de oro el pago de las condenas judiciales, que fijaban con carácter exclusivo para esta minoría la satisfacción de la compositio establecida.

También es sabido que la emisión de la moneda en el reino visigodo correspondía con carácter exclusivo a la corona, la cual había de combatir en numerosas ocasiones, como lo atestigua la legislación, la acuñación de numerario por particulares que discutían de este modo la autoridad real, pues la moneda también representaba un importante signo de poder. Por ello, además de falsificaciones en las propias cecas reales, se produce la emisión de moneda en relación con sublevaciones que aspiraban al control del reino o de parte del territorio del mismo, como lo demuestra, entre otros, el caso de Hermenegildo, hijo de Leovigildo y hermano de Recaredo.

Pero en relación con lo que nos ocupa, que no es otra cosa que el incremento del poder de la Iglesia, hay que reseñar la importante y consolidada reducción que, de acuerdo con autores como Ph. Grierson, sufren los trientes con el rey Recaredo después de la conversión al catolicismo, que supone la disminución del peso y la ley de las monedas tras la serie de donaciones y privilegios que el poder monárquico efectuó a la Iglesia, los cuales repercuten de forma lógica en el consiguiente empobrecimiento o pérdida de recursos de la corona.

El estado visigodo, heredero directo en muchos aspectos del Imperio romano, establece en sus leyes, como hemos visto, penas que castigan a aquellos que rechazan el uso de las monedas de curso legal. Se trata de una práctica que ya se encuentra recogida en una serie de disposiciones del Código Teodosiano, pero cuyo cumplimiento se fija ahora con salvaguardas en función de la parte que está obligada al pago de impuestos. La gran desconfianza que podía provocar entre los usuarios del triente la escasez de su peso y su ley se aborda de hecho dentro del pacto o consenso que se establece ahora entre el gobernante y los grandes propietarios del reino, como hemos visto siempre celosos de la cuantía de las cargas tributarias exigidas por la corona.

En este sentido, en el De fisco Barcinonensi citado encontramos menciones al uso de la siliqua, denominación que tradicionalmente recibía la antigua moneda de plata que era equivalente a 1/1728 de peso de la libra romana, y que nos consta que había dejado hace tiempo de ser acuñada. No obstante, esta denominación fue derivando en época bajoimperial progresivamente hacia otros significados, que suponían que esta antigua moneda equivalía al peso en oro de la vigésimo cuarta parte del sueldo o solidus, constituyendo de esta manera una relación invariable. Por tanto, la siliqua se fue transformando en una unidad de cuenta que posteriormente dio lugar con carácter restringido en el Imperio occidental a impuestos como el siliquaticum, creado en el año 444 por el emperador Valentiniano III para gravar los sueldos sometidos a tributación, y que aparece también mencionada en autores como el papa Gregorio Magno, quien en el año 599 habla en una de sus cartas, dirigida a un tal Escolástico, responsable de la administración de sus iglesias, del pago de la renta debida por la explotación de una viña, la cual se fija en tres silicuas áureas. Es decir, que la evolución económica registrada a partir del Bajo Imperio había dado lugar, a partir de patrones monetarios clásicos, a una cuantificación de los ingresos atendiendo exclusivamente al peso y a la ley del metal vigente, que era de oro.

Por todo ello, la silicua, o una de las veinticuatro partes que componían el sueldo de oro, se concibe ahora en el reino visigodo como una unidad de cuenta independiente de la moneda en sí, que a partir de este momento será sometida a una valoración en función de la conmutación en oro, entendido como un producto en natura que se contrasta con determinados pesos y medidas oficiales, a partir de los cuales se establece una estimación. El tríente de Leovigildo rondaría en torno a las teóricas ocho silicuas de peso medio y su ley estaría alrededor de los 18-19 quilates o silicuas por sueldo. La alteración de esta relación en los reinados del siglo VII nos puede servir de manera fiable como índice para medir la confianza depositada en los monarcas visigodos, en la medida en que la aceptación o rechazo de la moneda por ellos acuñada constituiría un claro síntoma del menoscabo que podía haber sufrido el prestigio y la legitimidad de los gobernantes del reino toledano.

Por todo ello, asistimos en el plano económico y monetario a una constatación del paso de las instancias de tipo público a otras de carácter privado, como ha puesto de relieve M. F. Hendy, quien estudia la acuñación de monedas en los reinos bárbaros occidentales como un claro reflejo de la desintegración de las estructuras estatales romanas tardías, y por tanto la consiguiente implantación de otro tipo de realidades. En el texto sobre la fiscalidad de la ciudad de Barcelona observamos cómo se otorga el título de sublimes y magníficos a los numerarios que desempeñan sus funciones en los territorios pertenecientes a la provincia tarraconense. Sin embargo, parece evidente que este tratamiento que reciben los funcionarios fiscales no es otra cosa que algo residual propio del pasado, en la medida en que es muy posible que estuviesen condicionados incluso por relaciones de carácter personal que mantendrían con los altos funcionarios del reino. En este sentido es muy interesante y clarificadora la información contenida en la ley promulgada en confirmación del XVI Concilio de Toledo, celebrado en el año 693 bajo el reinado de Egica:

Y también conviene que falléis en el texto de vuestro decreto, que dado que nuestro predecesor de divina memoria determinó que Teudemundo, espatario nuestro, en contra de las costumbres de su linaje y de su clase social, por incitación del en otro tiempo obispo de Mérida, Festo, ejerciera solamente por imposición del poder real el cargo de numerario en la mencionada ciudad de Mérida, cargo que se sabe haber desempeñado contra toda razón durante un año entero, y más aún, porque no pudo resistir a las presiones del pueblo, por decreto de vuestro concilio se aparte del referido Teudemundo y de toda su descendencia la amenaza de cualquier acción judicial y así en adelante en ningún momento, ni a él ni a su descendencia hasta el fin de los siglos, no se le molestará en modo alguno por este motivo (Vives, 517-518).

En esta ley se observa en primer lugar que el cargo de numerario se impone a Teudemundo por la decisiva mediación de Festo, antiguo obispo de la ciudad emeritense, que por tanto, y en relación con el documento sobre el fisco de la ciudad de Barcelona, tiene una directa y determinante influencia en los asuntos relacionados con la recaudación de impuestos. No se ahonda en el texto en las razones que pudieron motivar que el obispo procediera a este nombramiento, pero en todo caso hay que situarlas en relación con las mencionadas “presiones del pueblo”, que se pueden interpretar como la posible intención de la iglesia y del propio obispo de disminuir la tributación debida al fisco en detrimento de Teudemundo, en la medida en que la condonación o disminución de impuestos por parte del espatario, su impago en definitiva, había de ser cubierto a costa de su propio patrimonio. Además, se hace patente la incompatibilidad entre el espatario y el cargo de numerario, en la medida en que se considera de manera indirecta que el desempeño del mismo era propio de una condición social inferior, que suponía en el caso de Teudemundo una degradación social, habida cuenta de que también suponía una relación de subordinación, de dependencia, respecto al obispo y al conde del Patrimonio, como hemos visto más arriba.

Por tanto, la disposición establecida en el concilio suponía una solución de compromiso, ya que defendía la continuidad del sistema tributario tal y como se definía respecto a los numerarios y sus funciones, pero al mismo tiempo preservaba posibles situaciones de abuso como la recogida acerca del espatario, que podía conllevar la pérdida de sus bienes en el desempeño de un cometido que no se correspondía con su rango social. Asistimos así a un conjunto de situaciones en las que también es posible que los privilegios y su mantenimiento se sitúen en un marco de disputas entre los poderosos, que luchan entre sí por mantener la deseada preeminencia. En este sentido parece clara la ventajosa posición de los obispos, que participan de forma directa en la elección de los numerarios, del mismo modo que participan en otra serie de funciones que podemos denominar “públicas”. De nuevo en Mérida, observamos los acuerdos adoptados en esta ciudad en el año 666 bajo el mandato del rey Recesvinto:

XI: Que todo presbítero, abad o diácono sea humilde para con su obispo y le tenga suma reverencia. Ha llegado hasta la asamblea de este concilio el que algunos presbíteros, abades y diáconos, son desobedientes para con su obispo y se ha introducido la costumbre de que cuando alguno de los presbíteros o abades tienen de los obispos difuntos la exención de sus iglesias, no guardan ya para con su obispo la digna obediencia y la justa reverencia, y a aquellos a los que les ha sido concedido, según las normas canónicas, el poder visitar su diócesis, a éstos más bien se les injuria y calumnia. Por lo tanto, tuvo por bien este santo concilio que tanto los presbíteros como los abades, y también los diáconos, tributen al obispo el honor que les es debido, para que no parezca que es injuriado por nadie. Y cuando aconteciere que él, conforme a las normas canónicas, visitare su diócesis, le reciban dignamente y conforme a sus posibilidades, y según la razón lo permitiere le preparen todo lo que sea necesario. También decidimos que se observe absolutamente el que ningún presbítero o diácono, sin aprobación de su obispo, pueda llevar adelante las causas seculares o ejercer cargos públicos. Y si alguno quisiere violar lo establecido en este capítulo, sepa que será castigado con la pena de excomunión (Vives, 333).

Parece claro que en este canon se produce una equiparación entre la jerarquía propia de la Iglesia en los distintos niveles que la componen, y la jerarquía de la sociedad visigoda, que establece un lugar principal para los obispos en función del reconocimiento de su relevancia. En el texto se coloca en primer lugar la obediencia debida por abades y diáconos a su obispo, que se sitúa por un lado en el plano relativo a la organización eclesiástica, pero también en el de las relaciones sociales existentes en estos momentos, que hacían de la obediencia un elemento activo en la dependencia de carácter personal existente en el seno de la Iglesia, aun cuando como en este caso no existiera la obligación de tributar al titular de la diócesis, por las exenciones que hubiesen concedido sus predecesores en el cargo. Hemos visto en otro lugar la disposición de los obispos de saiones, figura definida por la legislación civil, que entrañaba un elemento fundamental de dependencia personal, aún en el cumplimiento de labores relacionadas con la Iglesia. En el caso aludido en el texto lo que se remarca precisamente es que se mantienen los lazos de sujeción de carácter extraeconómico respecto al obispo como elemento prioritario en la relación, a la vez que se reconoce de manera implícita la posibilidad de control de aspectos relacionados con la administración del reino por parte del religioso, que tiene en este sentido la capacidad de decidir si sus dependientes pueden o no desempeñar actividades o funciones de carácter público, lo cual de nuevo prueba la implicación de la Iglesia en los asuntos de esta índole que les atañen directamente, mediante la figura del patrocinio.

Pero insistimos en que esta intervención en los asuntos públicos del reino está ligada estrechamente a la perpetuación de los intereses y privilegios de los obispos, como grandes propietarios que eran, que velaban por tanto para que no se produjeran alteraciones en materia impositiva y de otra índole que pudieran provocar reacciones de protesta entre sus subordinados, protestas que cuestionaban el control social que ejercían y ponían en peligro su primacía, al modificar la relación existente entre el impuesto que marcaba el censo y los rendimientos obtenidos del trabajo de los dependientes adscritos a sus tierras. Revueltas como las protagonizadas por los campesinos de la región de la Oróspeda, narradas por Juan de Bíclaro y registradas en el reinado del enérgico rey Leovigildo, pueden ilustrar los riesgos que existían en momentos en los que el equilibrio entre la renta campesina y el pago del tributo se ponía en entredicho, sobre todo en momentos de guerra y de inestabilidad política y social.

De hecho, la actitud mediadora, como parte interesada, de los obispos se pone de relieve en un texto de la Historia de los Francos del obispo Gregorio de Tours, quien nos habla de Partenio, varón ilustre de la corte del rey Teodoberto y encargado del cobro de los impuestos, que fue asesinado a mediados del siglo VI por una multitud furiosa, debido al odio que provocó su gestión entre el pueblo. Se nos dice que Partenio pidió ayuda a los obispos, a quienes solicita que intenten calmar el descontento de la turba mediante sus sermones, con lo que de nuevo asistimos al papel mediador de los religiosos entre el poder real y los sometidos al pago del impuesto, aunque en este caso parece que sus intentos resultaron vanos.

La historia del reino visigodo registra la progresiva consolidación de estos privilegios por parte de la nobleza laica y eclesiástica, que manifiesta nítidamente en los concilios del siglo VII su desacuerdo con toda política del soberano que pueda mermar sus recursos y afectar sus intereses. Por otra parte, se intenta en la mayoría de las ocasiones llegar a un acuerdo o pacto que, como en el caso del documento del fisco de la ciudad de Barcelona, supone el reconocimiento en el plano político de una realidad social de carácter feudal, que en muchos casos llega a la total inmunidad fiscal.

7.4. La Iglesia

7.4.1. Organización e instituciones eclesiásticas

A) Diócesis y obispos

En el Concilio de Elvira, celebrado aproximadamente en el año 306, ya se aprecia una importante implantación de la Iglesia en el territorio peninsular hispano. Esta realidad, y la consiguiente importancia de la jerarquía eclesiástica, no hará sino aumentar a lo largo de las centurias siguientes. La conversión al catolicismo ahondará en la decisiva influencia de la Iglesia hispana, lo cual se pone de relieve en la compleja estructura administrativa que la caracteriza. De acuerdo con J. Orlandis, existirían seis provincias eclesiásticas, que se ajustaban en el siglo VII a las existentes en la administración civil. Éstas serían:

 — Provincia Cartaginense, con su metrópoli Toledo, y que contaría con diócesis tan importantes como Oretum, Baeza, Baza, Acci, Valencia, Segovia, Segóbriga, Complutum, Sigüenza, Osma, Cástulo, Elche o Palencia, entre otras (un total de 22).

 — Provincia Tarraconense, con su metrópoli Tarragona, y que incluiría entre otras a Barcelona, Egara, Gerona, Ampurias, Lérida, Zaragoza, Huesca, Pamplona o Calahorra (un total de 15).

 — Provincia Bética, con su metrópoli Hispalis o Sevilla, con diócesis como Itálica, Medina Sidonia, Málaga, Elvira, Écija, Córdoba o Cabra (10 en total).

 — Provincia Lusitana, con su metrópoli Mérida, y que incluiría a Beja, Lisboa, Faro, Salamanca, Ávila, Évora, Coria o Coimbra (total; 13).

 — Provincia Galaica, con su metrópoli Braga, y que contaba con las diócesis de Dumio, Oporto, Tuy, Orense, Lugo, Mondoñedo, Astorga que suman un total de 10.

 — Provincia Narbonense, con su metrópoli Narbona, e incluyendo un total de 8 obispados: Beziers, Agde, Maguelon, Nimes, Carcasona, Lodève y Elna.

Ya hemos hablado del decisivo papel jugado por los obispos en el gobierno de sus ciudades, ello explicaría la coincidencia entre las administraciones laica y eclesiástica, sobre todo tras el importante papel otorgado a los titulares de las diócesis tras la conversión bajo Recaredo. Se ha puesto de manifiesto la existencia de una societas Christi, que nos pone en relación con el populus Dei al que aluden algunos textos de la época, y que supone la plena subordinación del territorio diocesano a la figura del obispo, tanto de la población de la ciudad como de la del campo. Esta subordinación se concretaría no sólo en el plano espiritual, sabemos de la existencia de impuestos que gravaban en las tierras de la Iglesia, y que suponían la aplicación de las mismas leyes que pesaban en la norma civil. Así lo atestigua el II Concilio de Sevilla del año 619, que establece que los trabajadores dependientes de la Iglesia están sujetos a las mismas obligaciones que fija la ley civil para los colonos, es decir, la población dependiente. A ello hay que sumar el hecho de que la propiedad eclesiástica era inalienable, privilegio que fue sancionado por la propia política real.

Sabemos de las visitas que los obispos realizaban a territorios de sus diócesis, acompañados de un gran séquito que realzaba la preeminencia del religioso, como prueban textos tan significativos como las Vidas de los Padres de Mérida. La potentia espiritual se acompañaba de otra no menos importante en el plano material, síntoma de la riqueza de la diócesis y de la extracción social de sus titulares. Ello provocaba disputas a la hora de nombrar al sucesor del obispo fallecido, prerrogativa que, aunque teóricamente correspondía al monarca, necesitaba contar con el asentimiento de todo el clero, prueba del consenso que se requería para conseguir una sucesión no problemática. En todo ello los cánones conciliares cuidan de forma meticulosa que el patrimonio eclesiástico no sufra mermas, y para ello distinguen entre las propiedades particulares del difunto y las de la Iglesia.

B) Concilios provinciales y generales

La conversión del reino visigodo al catolicismo, arriba aludida, supondrá una serie de cambios decisivos en el funcionamiento de la Iglesia hispana. En este sentido, los concilios, tanto en su versión provincial como general fundamentalmente, ahondarán en el peso determinante de la institución eclesiástica. Tras el III Concilio de Toledo del 589, son tres los niveles en los que estos cónclaves podrán mostrar su importancia. Estos serán las cuestiones doctrinales, las relativas al mantenimiento del patrimonio eclesiástico y las decisiones que a partir de ahora se tomarán en el ámbito político.

Tras la conversión, parece claro que el mantenimiento de la doctrina de la Iglesia resulta un motivo especialmente querido por la alta jerarquía católica. No sólo para esta determinante instancia, también la monarquía, consciente de la decisiva justificación que estos temas doctrinales tienen en su propia supervivencia, velará por preservar las decisiones tomadas en concilios decisivos de la historia de la Iglesia. Tal es el caso de sínodos como el de Nicea, Constantinopla, Éfeso o Calcedonia, que de forma reiterada son mencionados en los concilios visigodos, y que constituyen el núcleo de la teoría político-religiosa del reino. En este sentido, el carácter teocrático del gobierno supone la necesidad de recurrir a un conjunto de normas canónicas que afianzan en el plano ideológico y justificativo la no siempre suficientemente afianzada realeza. Quizá el ejemplo más claro de este recurso a las instancias religiosas como justificación del poder, lo supone el axioma consagrado en el IV Concilio de Toledo celebrado en el año 633, que fija la relación existente entre el rey y sus súbditos, a la vez que justifica las deposiciones de gobernantes atendiendo al carácter injusto y tiránico del rey. La idea de la rectitud, del rey justo que obra en armonía con sus súbditos, supone un claro ejemplo de la necesidad de conjugar los intereses de los grandes propietarios, laicos y eclesiásticos, con la idea de un estado centralizado sobre bases claramente feudales. Este consenso, necesario para la propia supervivencia de la monarquía, se basará en las prácticas que los concilios llevarán a cabo, con el concurso de la Iglesia, del monarca como máxima autoridad del reino y de los notables de la sociedad hispana. Es por ello muy revelador el propósito que el rey Recaredo se fija en el tomo regio entregado a los asistentes al III Concilio de Toledo, que es leído solemnemente por el notario presente en el sínodo. El príncipe se muestra como avalado por la inspiración divina, con lo que se están sentando los fundamentos de la autoridad teocrática, y fija su política en beneficiar de forma benévola a sus súbditos. Está clara la intención de atraerse a la Iglesia y a la aristocracia del reino, al mismo tiempo que se legitima la autoridad real: cuando más grande es la distancia entre el soberano y sus súbditos, más cerca está aquel de la divinidad, lo que hace que sea especialmente cuidadoso con el bienestar del pueblo. Es interesante poner de relieve la serie de virtudes que ahora se atribuyen al monarca, tales como piadosísimo, fidelísimo, religiosísimo, que son continuación y a la vez desarrollo del conjunto de virtudes imperiales que habían dotado de legitimidad a los gobernantes bajoimperiales y también bizantinos (véase Apéndice, documento 10).

La celebración de los concilios, que en el IV de Toledo se establece que se realicen en la primavera, a fin de facilitar la asistencia de los convocados, quiere ser por ello un hecho con carácter regular, aunque no siempre se consiga este propósito. Hay que valorar en este sentido el firme interés en preservar los bienes de la Iglesia, propósito que a veces chocaba con el hecho de que los propios obispos eran grandes propietarios con un importante patrimonio personal, dentro de las tendencias privatizadoras de la época. No resulta por ello sorprendente que en el III Concilio de Toledo, el concilio de la conversión al catolicismo, se aborden dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la colaboración que a partir de este momento se establece entre la monarquía y la jerarquía eclesiástica: el canon XVIII establece que una vez al año se reúna el concilio, y que en el mismo estén presentes tanto los jueces como los recaudadores del fisco. Ello supone un claro reconocimiento de la monarquía de los privilegios que el estamento eclesiástico había ido acumulando poco a poco, entre los que hay que destacar su exención de una serie de cargas con respecto al estado, tras el reconocimiento de la Iglesia católica como única depositaria de la fe cristiana. Por otra parte, hay que destacar la norma según la cual se establece, en el canon VI del mismo concilio, que “El siervo de la Iglesia manumitido por el obispo, nunca se aparte del patrocinio de la Iglesia. Y que los libertos de otros sean defendidos por el obispo”. Efectivamente, en esta norma se establece que los siervos liberados por otros pero encomendados a la iglesia, queden a todos los efectos bajo el patrocinio del obispo, y que no sean cedidos a nadie, con el beneplácito del monarca. Todo ello se plasma a la perfección, como se ha puesto de manifiesto, en el II Concilio de Sevilla, celebrado en el año 619. En este sínodo, que aborda disputas sobre el patrocinio entre diversos obispos de la diócesis, se decreta que rija para la Iglesia respecto a sus libertos y dependientes en general, la misma norma vigente en la legislación laica, la llamada lex mundialis, y que supone una clara equiparación entre ambos ámbitos: por un lado, se pone de manifiesto el conjunto de privilegios de los que gozaba la Iglesia, pero al mismo tiempo se plasman las diferencias entre los propios prelados, que intentan preservar sus privilegios incluso en el ámbito de la propia lucha interna de la Iglesia. Las disputas sobre los límites que se abordan en este concilio entre el obispo de Málaga y sus vecinos, tras la recuperación de los territorios en manos bizantinas, pone de manifiesto que obispos como los de Écija, Elvira o Cabra quisieran mantener las adquisiciones que beneficiaban a sus diócesis y seguramente a su patrimonio personal.

Por último, tenemos que destacar la importancia política que los concilios van adquiriendo a lo largo de la historia del reino católico. La celebración de estos cónclaves no se caracteriza precisamente por su regularidad, en función precisamente de la situación política que atravesara el reino, y de las relaciones que el monarca mantuviera con los grandes propietarios, Iglesia incluida. Sabemos que el monarca visigodo convocaba el concilio general, en el cual se debatían temas variados, como se ha aludido. La convocatoria, y el éxito consiguiente, dependía de las relaciones que el rey mantuviera con los potentes del reino, y ello se concretaba en las medidas adoptadas a lo largo de las sesiones habidas. A través del llamado “tomo regio”, el gobernante planteaba los temas tal y como lo demuestran concilios como los de Toledo, en concreto el XII, XIII, XV, XVI o XVII, y suponía un principio de acuerdo con sus pares en la sociedad del momento, en la medida en que se decidía conjuntamente sobre los destinos del reino y ello era prueba del consenso existente. La existencia de este consenso, que preservaba la propia figura del monarca a la vez que la reforzaba, daba lugar a un conjunto de disposiciones que se recogían en las llamadas leges in confirmatione concilii, como las conservadas en concilios como los de Toledo III, XII, XIII, XV, XVI y XVII, que tenían rango de ley civil; de hecho, tenían su refrendo en ciertas ocasiones en la propia legislación civil. Esto supone una interacción entre ambos ámbitos, laico y eclesiástico, que se apoyan y legitiman mutuamente.

Es interesante observar el papel jugado por el concilio respecto a las deposiciones de reyes y la legitimación de sus sucesores. Monarcas como Suintila, que basaron su fortaleza y sus éxitos militares precisamente en la ruptura del consenso con los grandes del reino, serán contestados por el conjunto de los poderosos, que protagonizarán revueltas como la que alzó al poder a Sisenan do, y que suponen una vuelta a la situación anterior: a través de los concilios observamos la realidad del momento, que supone el intento por mantener un equilibrio precario entre la exigencia de mantener un aparato estatal y las realidades sociales y económicas vigentes. Estas prácticas, como la que se concreta en el derrocamiento de Vamba y su sucesión por Ervigio, podían tener un carácter pactado, como es el caso de la corregencia de Recesvinto con su padre Chindasvinto, medida amparada por altas jerarquías de la Iglesia. La política de firmeza y antinobiliaria de este último habría propiciado un acercamiento político con su futuro sucesor, que se plasmaría en un cambio de rumbo respecto a la aristocracia laica y eclesiástica, y en el cambio generacional subsiguiente. Las actas conciliares muestran claramente la recuperación del consenso aludido, y la consiguiente gobernabilidad del reino. Se trata por tanto de un difícil equilibrio entre la necesidad de mantener una estructura administrativa de carácter feudal y la preservación de un conjunto de privilegios que, en gran medida, son continuación de los ya acuñados a fines del Imperio romano occidental. La invasión musulmana, que tiene lugar precisamente en el momento en el que se dilucidan cuotas de poder y el mantenimiento de los citados privilegios, dará al traste definitivamente con esta práctica.

C) El monacato

El fenómeno del monacato en la sociedad hispanogoda resulta perfectamente constatable en el siglo VI, incluso en los reinados de monarcas arrianos. En este sentido, la concesión de unas tierras del fisco por parte de Leovigildo a un monje venido del norte de África, puede ser exponente de la importante incidencia que este hecho tenía ya en el reino, que no hace sino continuar la labor desarrollada por Victorián de Asán a comienzos de esta centuria en los Pirineos oscenses o en el establecimiento del monasterio servitano por parte del monje Donato. Por otro lado, sabemos que el obispo emeritense Masona habría llevado a cabo una importante labor de fundación de monasterios que, previsiblemente, dependerían de sus diócesis. Se trata de un fenómeno que tiene un carácter general, presente en toda la Península, y que precisamente por ello es revelador de las distintas formaciones sociales existentes en la misma. Es una realidad que tiene un carácter múltiple, que se produce tanto en zonas urbanas como en parajes alejados, que nos ponen en relación con prácticas eremíticas, como es el caso de los cenobios fundados por Valerio del Bierzo.

Parece claro que la creación de estos monasterios conllevaba un conjunto de privilegios, entre los que cabe destacar la exención a la prestación de servicios militares. Las fundaciones de Fructuoso tuvieron como efecto digno de destacar la preocupación de los duques del ejército, que en sus respectivas provincias llaman la atención sobre la huida de los campesinos a los monasterios, lo que haría sumamente difícil reunir suficiente número de soldados en momentos de urgencia. Ello responde, como se ha puesto de manifiesto en otro lugar, al deseo de esta población dependiente de mejorar sus condiciones de vida, marcadas por el patrocinio, para lo cual recurren a la huida de sus lugares de residencia habitual, dentro de las coordenadas de sometimiento y de prestación de servicios personales a sus señores.

La realidad múltiple arriba aludida supone que, por una parte contemos con monasterios que proveen de obispos a las diócesis, a la vez que sabemos de la fundación de monasterios con un carácter irregular, que reproducen en este ámbito el fenómeno de las iglesias propias, fundadas por particulares en sus villas y que se situaban al margen de la jerarquía eclesiástica. El canon III del Concilio de Lérida, celebrado en el año 546, prohíbe de forma terminante que iglesias privadas fundadas por los propietarios en sus haciendas puedan ser transformadas en monasterios, sustrayéndose así al control de la diócesis y otro tipo de obligaciones, seguramente de carácter fiscal y militar. La pugna de Valerio con estas realidades, a las que a veces tenía que someterse de manera casi forzada, explican la incidencia del proceso de feudalización en estas congregaciones, contra el que la Iglesia y el estado lucharán de forma denodada, a fin de no perder sus prerrogativas.

Resulta especialmente revelador la comparación que puede establecerse entre reglas monásticas vigentes en la mitad norte peninsular frente a otras vigentes en zonas como la Bética, profundamente romanizadas y con una clara configuración social que se plasma en una profunda polarización. Mientras en estos últimos textos se llama la atención sobre el hecho de que alguien que ingresara en el cenobio quisiera cambiar su condición social, alterando su condición de dependiente, cosa que se condena, en la Regla Común imperante en el noroeste peninsular sabemos de la fundación de monasterios en las que tendrían acogida familias enteras, posiblemente exponente de una determinada configuración social, y que huían de este modo del proceso de feudalización que se iniciaría en estas tierras.

P. C. Díaz Martínez ha estudiado la dimensión social y económica del monacato hispanogodo. En este sentido, los monasterios se adecuarían perfectamente a las formas de propiedad y de tenencia de tierras vigentes en la Antigüedad Tardía. En este sentido, los cenobios reproducirían el creciente proceso de concentración de la tierra presente en los grandes latifundios, que estarían trabajados por un heterogéneo grupo de campesinado dependiente desde el punto de vista jurídico, y que aparece en los textos con la definición de siervo o colono. Se trataría de propiedades de dimensiones que variaban según los casos, y que aumentaban fundamentalmente a través de las donaciones tanto de los conversos como de las realizadas por la corona y la propia Iglesia, lo que provocaba a menudo relaciones conflictivas entre las autoridades de la diócesis y de los propios monasterios, motivadas por la práctica independencia de estos últimos, a pesar de que teóricamente estuvieran sujetos a la disciplina y a la autoridad del obispo.

El autor citado pone de manifiesto la dúplice función de las reglas monásticas, que además de establecer una determinada disciplina en el ámbito de su propiedad respecto a los monjes, fijaba la manera adecuada de administrar, de gestionar la propiedad, del mismo modo que si se tratara de un latifundio. La jerarquía establecida suponía una clara subordinación de la población dependiente respecto a la autoridad monasterial, a la vez que se concretaba el pago de una renta para aquellos campesinos dependientes del monasterio y que residían en lugares alejados bajo el dominio del cenobio. Ello explica que en estas fundaciones se produzcan deserciones respecto al dominio establecido, del mismo modo que ocurría en la legislación civil y en los cánones conciliares de la Iglesia, que perseguían y castigaban estas deserciones, como hemos visto frecuentes en la sociedad de la época y reflejo de la polarización social mencionada, que gira en torno a la idea del patrocinio. El canon LII del IV Concilio de Toledo establece normas a seguir sobre los monjes errabundos, a los que se obliga a regresar al mismo monasterio del cual salieron. Del mismo modo, el canon XI del XIII Concilio de Toledo, celebrado en el año 683, legisla “que ninguno reciba al clérigo ajeno o al monje fugitivo”, estipulándose que “nadie reciba… a un monje fugitivo o vagabundo, ni aconseje la fuga, ni oculte al fugitivo, ni preste su favor hospedándole o reteniéndole en su casa, ni con torpe oposición finja pretextos, mediante los cuales, haciéndose el ignorante le oculte en otra parte”. El texto pone de manifiesto que esta práctica sería llevada a cabo tanto por obispos como sacerdotes o ministros religiosos de otra condición, estableciéndose la pena de excomunión para el obispo, al cuál se equipara con un sacrílego, en la medida en que ha transgredido una norma emanada del concilio. Se establece incluso que los sucesores en la diócesis de los transgresores escaparan al castigo sólo cuando “en el transcurso de dos meses, a partir del día de su ordenación, descubrieren el escondite de aquel que se encuentre en su dominio, y devolvieren la persona del fugitivo a su dueño”.

7.4.2. La Iglesia y la transmisión cultural

En consonancia con la cristianización de la sociedad, ya mencionada, podemos afirmar que la cultura de la época es, ante todo, una cultura eclesiástica, en la que las instituciones religiosas jugarán un papel fundamental, transmitiendo y adaptando el conjunto de saberes propios de la cultura clásica.

En contra de lo que se ha podido afirmar, y siguiendo a M. C. Díaz y Díaz, la pervivencia de una tradición cultural clásica en la Península no debió de ser muy grande, lo que hace pensar más bien en las influencias provenientes tanto de Italia y del norte de África como de Bizancio. Figuras como Martín de Braga, el monje norteafricano Donato, con su monasterio Servique mantiene contratano ya mencionado, o el propio Leandro de Sevilla son muestras de esta actividad cultural.

Ya en el canon I del II Concilio de Toledo, celebrado en el año 527, se alude a la voluntad de establecer una férrea disciplina y una instrucción eclesiástica adecuada, cuando se menciona la práctica según la cual los padres dedican a sus hijos al oficio clerical desde la infancia. En el canon XIX del IV Concilio de Toledo se dispone qué personas han de ser ordenadas obispos, mientras que en el canon VIII del VIII Concilio de Toledo se alude a algunos encargados de los oficios divinos, que habrían recibido una escasa o nula formación, que les hacía incapaces de las órdenes que tenían que practicar, legislándose que han de conocer perfectamente todo el salterio, los cánticos usuales, los himnos y la forma de administrar el bautismo. Se impone la obligación, incluso contra su voluntad, de seguir unas lecciones y aprender lo estipulado.

Haríamos sin embargo bien en distinguir entre el común del clero y las altas jerarquías eclesiásticas, en las cuales era normal un importante conocimiento literario. En este sentido, sabemos de la existencia de sedes patrimoniales en las regiones más romanizadas, como ha puesto de relieve M. C. Díaz y Díaz, para el caso por ejemplo de la Tarraconense, con la familia de Justo de Urgel, Nebridio de Egara o Justiniano de Valencia. Para la Bética contamos con Leandro de Sevilla y su hermano Isidoro, junto a su otro hermano Fulgencio, titular de la diócesis de Écija. El obispo Braulio de Zaragoza sucedería en el cargo a su hermano Juan, a la vez que sabemos que la sede habría sido ocupada por el padre de ambos, Gregorio. Se trataría de prácticas usuales, acordes con el fundamental papel desempeñado por los obispos en sus respectivas ciudades y territorios.

En relación con este grupo de poder, son importantes las escuelas episcopales y monásticas, de muchas de las cuales saldrán importantes figuras del episcopado visigodo. Sabemos de la existencia de una importante escuela monástica en Santa Eulalia de Mérida, a la vez que conocemos el monasterio Honoriacense y el Agaliense, para las ciudades de Sevilla y Toledo, respectivamente, de las que saldrían figuras como Justo de Toledo, Eugenio I, Eugenio II o Ildefonso de Toledo. Por su parte, Juan de Zaragoza y su hermano Braulio se formarían en el monasterio dependiente de la iglesia de Santa Engracia, sito en esta ciudad. Se trataba de lugares fundamentalmente eclesiásticos, en torno a la figura de una personalidad de prestigio. Es importante recalcar, por ejemplo, los valores clásicos que se pretendía transmitir, como lo demuestra la formación de un obispo como Masona, godo de nacimiento. En la lucha que mantiene contra el obispo Suna, impuesto por Leovigildo y que nos es narrada por las Vidas de los Padres de Mérida, el obispo católico aparece como defensor de la civilitas, y su victoria sobre la “tiranía” de Leovigildo y sus secuaces se nos presenta bajo la forma de un combate retórico singular, en el que Masona hace gala en grado superlativo de su gravedad y prudencia, erigiéndose en el más elocuente, académico y claro de los dos contendientes. Precisamente frente a las palabras pronunciadas por su contrincante, que son definidas como strepentia, aspera, scabra et obscenosa verba. Esta lucha dialéctica constituye un claro ejemplo de la cristianización de la sociedad aludida, a la vez que de la utilización de recursos procedentes de la cultura clásica: en el certamen celebrado se contraponen claramente la sabiduría del humilde siervo de Dios, Masona, que supone la más clara expresión de un legado cultural clásico enormemente valorado, como era la oratoria, frente al impío e ignorante obispo arriano. La propia obra, las Vidas de los Padres de Mérida, aparece dedicada por su autor al papa Gregorio, otro claro ejemplo de vida cristiana y de sabiduría clásica, y de procedencia netamente aristocrática. Las crónicas árabes hablan también de la costumbre de los nobles de enviar a sus hijos a la corte toledana a fin de recibir una educación adecuada, lo que ha hecho pensar en la existencia de una escuela palatina, de cuyo funcionamiento nada sabemos sin embargo.

Esta formación, que habría registrado un claro declive respecto a épocas anteriores, se manifiesta todavía en la atracción que ejercían tanto los libros como las bibliotecas, que se daba tanto en los ámbitos eclesiásticos como reales; este interés lo demuestra la existencia de bibliotecas privadas de monarcas y de nobles, y los testimonios de soberanos como Chindasvinto o Sisebuto o el propio conde Búlgar, a la vez que la correspondencia de Braulio de Zaragoza, que revela el afán de ciertos personajes por hacerse con determinados ejemplares. Sabemos que Braulio crearía un scriptorium a fin de realizar la copia de manuscritos, enriqueciendo una biblioteca como la episcopal de Zaragoza con un total de 450 códices. Díaz y Díaz considera que es precisamente este personaje, por encima de Isidoro de Sevilla (autor de las Etimologías), el personaje más representativo, aunque sus referencias a autores clásicos como Virgilio, Ovidio o Juvenal, provengan casi siempre de autores como S. Agustín o S, Jerónimo, lo que supondría por tanto un conocimiento de segunda mano de la obra de éstos. La labor de los obispos se circunscribiría a temas y preocupaciones esencialmente eclesiásticos, como lo muestra Tajón, sucesor de Braulio en la diócesis cesaraugustana, que siendo todavía abad viajó a Roma para traer las obras de Gregorio Magno que faltaban en el reino toledano. En este sentido, las fuentes con un indudable origen clásico serían muy escasas o simplemente nulas, dándose también la circunstancia de que el conocimiento del griego sería muy inusual, haciendo por tanto de difícil acceso un perfecto o aproximado conocimiento de las obras redactadas en esta lengua.

De cualquier modo, junto a estos autores conviene situar también a otros como Eugenio II, Ildefonso de Toledo (autor de una serie de Varones Ilustres), Julián de Toledo (autor de la Historia del excelentísimo rey Vamba y de su Prognosticon futuri saeculi, entre otros) o Fructuoso de Braga y Valerio del Bierzo. Autores todos ellos que, salvo Isidoro, centran su interés en temas teológicos, por lo que obtienen toda su información de los padres de la Iglesia.

Para concluir, podemos afirmar que la cultura de esta época es fundamentalmente la que gira en torno a la literatura eclesiástica, que constituye el tema central de la inmensa mayoría de las obras, salvo excepciones como el natura rerum de Isidoro de Sevilla o el poema astronómico compuesto por el rey Sisebuto, mostrándose por lo general una gran devoción por la erudición, que no esconde sin embargo la proveniencia de los textos utilizados, en su mayoría compendiados en forma de resúmenes y de autores cristianos, como los ya mencionados.

PARTE III

DEBATES HISTORIOGRÁFICOS
Y NUEVAS CORRIENTES
DE INVESTIGACIÓN

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España y el reino visigodo en la tradición
historiográfica

Los orígenes y el desarrollo del reino visigodo constituyen uno de los temas historiográficos que mayor carga simbólica han acumulado a lo largo del tiempo. Este hecho ha potenciado su estudio, pero también ha contribuido, en gran manera, a deformar su imagen. La historiografía liberal del siglo XIX lo convirtió en referente simbólico de la unidad estatal de España, partiendo de dos elementos de procedencia bien distinta. Por un lado, la larga tradición historiográfica goticista, que hacía remontar la genealogía de los monarcas españoles a los reyes visigodos, y por otro, la necesidad de dotar de un arquetipo al emergente estado liberal.

8.1. Orígenes y difusión de la tradición goticista

El interés por vincular a una de las monarquías peninsulares del altomedievo con los reyes godos de Toledo puede observarse por primera vez en la producción historiográfica del reino de Asturias, desde finales del siglo IX. Durante esta época, un grupo de cronistas, próximo al complejo cultural mozárabe, muy activo en la corte de Alfonso III el Magno (866-910), estableció un vínculo de filiación directa entre los primeros reyes de Asturias, de quienes descendía el monarca, y los soberanos visigodos Leovigildo y Recaredo. Esta invención culta, que rebela un buen conocimiento de los textos de época visigoda, no pretendía dar una explicación a un hecho real, sino más bien legitimar una serie de acciones bélicas contra los territorios situados al sur de la cordillera Cantábrica. El mito político de la ascendencia goda encontró una excelente acogida en el reino de Asturias por parte de la monarquía y la Iglesia, a quienes los cronistas asociaban con la restauración de las instituciones y órganos de poder del reino de Toledo (Barbero y Vigil, 1978: 232-278).

Los cronistas leoneses de los siglos XI y XII contribuyeron de manera decisiva a mantener viva la tradición goticista, núcleo en torno al cual giran sus principales obras —Historia Silense, Crónica del obispo Don Pelayo— y a transmitirla a la historiografía castellana, que la incorpora a partir de la segunda mitad del siglo XII —Crónica Najerense— y ya de manera plena en siglo XIII: Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, De rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada, y Primera Crónica General, escrita ya en lengua romance. En la Baja Edad Media, el mito de la “sangre gótica” pasó a un segundo plano en las crónicas de los distintos reinados de los monarcas del siglo XIV, pero con el advenimiento de los Trastámara al trono de Castilla y posteriormente al de Aragón cobró nuevo impulso en la historiografía castellana e irrumpió por vez primera en la aragonesa y catalana.

En época de los Reyes Católicos, el mito de la ascendencia goda de la monarquía vino a agregarse al acerbo de argumentos que legitimaban y ensalzaban el poder de la monarquía española. En este mismo sentido lo utilizarían los reyes de la casa de Austria desde un primer momento, como puede constatarse por ejemplo en el De Rebus Gestis Caroli Quinti de Juan Ginés de Sepúlveda, gran humanista y capellán del monarca, y sobre todo en la Historia de Carlos V de Pedro Mexía, cronista y apologeta entusiasta del emperador. En esta línea de creciente encumbramiento de la monarquía española cabría insertar la canonización del príncipe visigodo Hermenegildo. La noticia más antigua que tenemos sobre su culto en la Península Ibérica remonta al reinado de Alfonso II de Aragón (1162-1196), cuya esposa doña Sancha, hija de Alfonso VII de Castilla donó la cabeza del mártir a las monjas del monasterio de Sijena (Huesca). Se ignora la procedencia de la reliquia y la importancia que pudo alcanzar su veneración durante la Edad Media. De hecho, no volvemos a tener noticia del mismo hasta época de Felipe II (1556-1598), quien trasladó la cabeza del santo al monasterio de San Lorenzo de El Escorial y solicitó con insistencia del papa Sixto V que autorizase la celebración de su festividad en todos los reinos y señoríos de la monarquía. El 12 de febrero de 1586, Sixto V, en respuesta a las demandas del soberano, fijó la conmemoración de su martirio el 13 de abril, pues en esa fecha caía el Sábado Santo del año 586, en que, según se creía, se había producido la pasión de Hermenegildo —hoy día sabemos que se trata de una datación inexacta, ya que su ejecución tuvo lugar un año antes—. En 1636, el papa Urbano VIII introdujo la fiesta en el calendario de la Iglesia universal, junto con un himno compuesto en honor del mártir, el Regali solio fortis Hiberiae, que debía entonarse en los oficios de vísperas y maitines.

Con su actuación, tanto Sixto V como Urbano VIII no sólo pusieron un instrumento útil al servicio de las necesidades propagandísticas del papado y de la casa de Austria en las guerras de religión que desgarraban Europa, sino que también otorgaron un nuevo elemento de prestigio a la monarquía católica española, al asociar sus orígenes a la gesta de sangre de un mártir. La figura de Hermenegildo, reelaborada por la hagiografía medieval y renacentista, se convirtió en modelo de santidad para los príncipes católicos de la Europa de la Contrarreforma y paradigma de las virtudes de la Iglesia militante, dispuesta a combatir por la unidad de la fe. Esta imagen se perpetuó tanto en la historiografía como en la literatura y el teatro religioso del Siglo de Oro, de la que es un buen exponente el auto sacramental de sor Juana Inés sobre la figura de San Hermenegildo.

La casa de Borbón, que sucedió a la de Austria en sus derechos a la Corona española a comienzos del siglo XVIII, también tuvo en alta consideración el valor simbólico y el aura de prestigio que confería a la realeza su pretendida ascendencia gótica. En la balaustrada del palacio real de Madrid, diseñado por Juvara y Saccheti, pueden contemplarse aún las imágenes de Leovigildo, Recaredo, Liuva II y Viterico, que se alzan sobre la puerta de la Plaza de Oriente, como vestigios del complejo programa decorativo ideado por el benedictino gallego fray Martín de Sarmiento. La figura de San Hermenegildo y su culto, íntimamente ligados a la Corona española desde los tiempos de Felipe II, mantendrían su importancia hasta el fin del absolutismo regio. De hecho, el 10 de julio de 1815 Fernando VII (1814-1833), apenas restaurado al trono, instituyó la orden militar de los Caballeros de San Hermenegildo en honor del mártir.

8.2. Liberalismo, nacionalismo y goticismo

Con el fin del Antiguo Régimen y el triunfo de la revolución liberal se produce una transformación en la utilización del mito goticista. Si hasta este momento se había empleado para ensalzar a la monarquía, que era la institución que había cohesionado los estados feudales y más tarde el estado absolutista, ahora pasará a primer plano como referente histórico del nuevo estado centralista y unitario en proceso de construcción por la burguesía liberal de época de Isabel II (1833-1868). Si durante toda la etapa anterior se había puesto el énfasis en la sangre gótica de los reyes, a partir de ahora se pondrá en la presunta unificación estatal visigoda.

Para los principales historiadores liberales de este período, como Modesto Lafuente o Víctor Gebhart, los visigodos desempeñaron un papel fundacional en la Historia de España, al dotarla de una fe, unas leyes y una monarquía, que definieron su esencia. El III Concilio de Toledo de 589, donde Recaredo adjuró solemnemente al arrianismo y abrazó en nombre de su pueblo la fe de Nicea, se convirtió en el episodio simbólico por excelencia de la integración nacional, al identificarse la unidad religiosa con la unidad política y, por tanto, con la formación del primer estado hispánico. Para los estudiosos de la época, convencidos del carácter personal de los códigos jurídicos visigodos, la unidad religiosa precedió y allanó el camino a la legislativa, que sólo alcanzaría su plenitud con la promulgación del Liber Iudiciorum de Recesvinto en 654. El papel protagonista asignado a la realeza visigoda en este proceso de construcción de la unidad nacional se halla en consonancia con el ideario liberal, que abogaba por una monarquía unitaria y fuerte, cabeza visible de un estado centralizado, frente a la disgregación y fragmentación del poder político propia del orden feudal. Ahora bien, el papel de la Corona como fundamento de la unidad de la nación, no se concebía sin el apoyo y decidido concurso de la Iglesia católica, de ahí la especial relevancia otorgada a la relación monarquía-catolicismo en el reino visigodo y su interés por el estudio de los concilios toledanos, aspectos en los que incidirían de manera especial las obras de Marco y Cuatrero, Montalbán, Amilibia y el conde de Cedillo.

Esta visión de la época visigoda tiende a dominar el panorama historiográfico español durante la época isabelina y el Sexenio Democrático. No obstante, incluso en medios vinculados al moderantismo liberal se pueden detectar algunas peculiaridades interpretativas. Un buen ejemplo nos lo suministra la obra de Eduardo Zamora y Caballero, historiador próximo a las formulaciones nacionalistas del moderantismo liberal, que comenzó a publicar su Historia General de España y de sus posesiones de Ultramar bajo la Primera República. En línea de continuidad con el pensamiento de Modesto Lafuente y Víctor Gebhart, estima que la época visigoda constituye un período de suma importancia en la Historia de España, ya que durante los siglos VI y VII se habrían sentado las bases jurídicas e institucionales de la nación, a saber, la unidad religiosa en torno a la Iglesia católica, la unidad política en torno a la monarquía y la unidad legislativa en torno a un único código jurídico, en este caso el Liber Iudiciorum. A su juicio, la batalla de Guadalete fue un verdadero drama en el que “perecieron la libertad y las leyes”. Sin embargo y pese a la elevada opinión que le merecen las aportaciones de la época visigoda a la construcción de la unidad nacional, niega que el reino de Toledo constituya el primer capítulo de la Historia patria. Antes bien, ésta arrancaría de Don Pelayo y su enfrentamiento con el invasor musulmán en la batalla de Covadonga, cuna de la Reconquista. Todos los sucesos anteriores no son a su juicio más que prolegómenos, aunque algunos de ellos, como el reino visigodo, revistan gran importancia.

El proceso de construcción de la identidad nacional española, iniciado en época isabelina, alcanzó su punto álgido durante la Restauración, enlazando con la corriente general europea de expansión de los nacionalismos que se produjo a fines del siglo XIX y comienzos del XX. En España, tanto los partidos que se alternaron en el ejercicio del poder, conservador y liberal, como los republicanos, adversos al sistema, compartieron un intenso sentimiento patriótico. únicamente, socialistas y anarquistas adoptaron posiciones tendentes al “universalismo” que propugnaba el movimiento obrero. Fue una época de elaboración y fijación de mitos, símbolos y tradiciones, en torno a los cuales se desarrollaron ceremonias colectivas que fomentaban la difusión del sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional.

8.3. La influencia del Historicismo y el Organicismo

Sin embargo, la Restauración también fue un período de gran interés por la reflexión historiográfica y el desarrollo de una metodología de análisis científico aplicable al campo de las nuevas disciplinas sociales, que comenzaban a acceder al mundo universitario. La fijación de mitos y símbolos nacionales y la búsqueda de una metodología histórica fueron fenómenos paralelos que también dejaron su huella en el campo de los estudios sobre el reino de Toledo. Al tiempo que se consolidaba el mito de la unificación estatal visigoda, formulado en la época isabelina, adquirían plena entidad dos corrientes de análisis que ya venían perfilándose desde mediados del siglo XIX. Por un lado, la escuela histórico-jurídica, preocupada por conocer las instituciones políticas y sociales del reino de Toledo, y por otro, la histórico-eclesiástica, más interesada en los tradicionales estudios patrísticos, canónicos y litúrgicos.

Dentro de la escuela histórico-jurídica destacan las figuras de Fernández Guerra, Hinojosa, Pérez Pujol y Ureña, sometidas al influjo de las doctrinas del filósofo alemán Karl Friedrich Krause (1781-1832). Los principios de filosofía del derecho de este pensador habían sido introducidos en España por Sanz del Río en época de Isabel II y sirvieron de vehículo a la incorporación de una metodología positivista y laica a los trabajos de estos estudiosos. Un segundo elemento configurador del pensamiento de los principales autores adscritos a esta corriente fue el “germanismo”, tomado directamente de la escuela histórico-jurídica alemana de finales del siglo XIX, que pretendía explicar la formación de las nacionalidades europeas y de sus rasgos diferenciadores a partir del desarrollo de “derechos nacionales” en el marco de las grandes “invasiones germánicas” de los siglos V y VI. Especial interés despertaron en España las tesis de J. Ficker, que desde el campo de la Historia del derecho pretendía explicar la realidad hispanovisigoda y altomedieval castellana en función del asentamiento visigodo. De acuerdo con estos postulados, España habría emergido como nación tras el asentamiento de los godos en la Península como consecuencia del desarrollo de unas instituciones —monarquía, ejército, sistema judicial, etc.— de presunta raigambre germana y de la formulación de un derecho “nacional” propio: Codex Euricianus, Codex Revisus o Código de Leovigildo, y Liber Iudiciorum.

La escuela histórico-eclesiástica se vinculó a la línea de trabajo desarrollada en el siglo XVIII por el Padre Flórez, que había incorporado a sus estudios la renovación metodológica aportada por la erudición crítica de la Ilustración. Los principales seguidores de esta corriente serían el padre Risco y, más tarde, el Padre Fita cuya obra se prolonga hasta comienzos del siglo XX. No obstante, algunos de los representantes de esta escuela, como Vicente de la Fuente, estuvieron más próximos a la erudición escolástica y a la apologética que a la renovación metodológica, contribuyendo en buena medida a la fijación del mito de la unidad del estado visigodo en torno al desarrollo de una Iglesia “nacional”. La identificación del ser de España con el espíritu del catolicismo tendría su principal exponente en Menéndez y Pelayo, que llegó a considerar el III Concilio de Toledo como episodio fundacional de la nación española, idea compartida por Simonet y Calpena y Avila. Para el autor santanderino, la Iglesia es el eje vertebrador de la cultura y la nación españolas, tal y como lo expone en su monumental Historia de los heterodoxos españoles: “La Iglesia nos educó a sus pechos con sus mártires y confesores, con sus Padres, con el régimen admirable de sus concilios. Por ella fuimos nación, y gran nación, en vez de muchedumbre de gentes colecticias” (Menéndez y Pelayo, 1956: 1037).

Con independencia del carácter apologético que impregna esta interpretación, la línea abierta por esta escuela se mostró enormemente fructífera y en la actualidad son muchos los estudiosos que ponen el acento en la importancia de la Iglesia a la hora de estructurar la realidad política del reino visigodo, si bien queda ya lejos el mito de la Iglesia visigoda como fundamento de la nación española. Por otra parte, esta interpretación apenas tuvo trascendencia en su época, si se exceptúa la encendida polémica que provocó entre algunos sectores del clero. Con los años, Menéndez y Pelayo evolucionó hacia posiciones menos dogmáticas e intransigentes, como lo demuestran sus obras de madurez, donde intenta armonizar lo español y lo europeo, y la tradición con la cultura moderna. Sólo en la década de 1930 volvería a resurgir con fuerza su pensamiento de juventud, asociado a los movimientos católicos de la España de la Segunda República. Tras la Guerra Civil, el primer franquismo hizo del discurso de Menéndez y Pelayo la explicación oficial de la Historia de España.

Durante la Primera Guerra Mundial se produjo un gran cambio en la escena cultural española. Este viraje, reflejo de las transformaciones sociales, políticas e intelectuales que estaban teniendo lugar en Europa, también dejó su huella en el campo de la metodología histórica. La nueva generación de intelectuales españoles, encabezada por la figura de Ortega y Gasset, se abrió al historicismo alemán, que desde posiciones idealistas rechazaba la tradición positivista francesa y anglosajona. Las ideas de Ortega y Gasset sobre el legado visigodo, expuestas en su España invertebrada (1922) —obra donde se advierte la influencia del vitalismo de Nietzsche y el morfologismo de Spengler—, quebraron la imagen del reino de Toledo construida por la Historiografía nacional española del siglo XIX. No en vano, Ortega consideraba que “casi todas las ideas sobre el pasado nacional” divulgadas en su época eran “ineptas y, a menudo, grotescas”.

El análisis de Ortega sobre la España visigoda parte de su concepción organicista del origen de las nacionalidades europeas. Para Ortega “España es un organismo social… que pertenece… a un tipo de sociedades o “naciones” germinadas en el centro y occidente de Europa cuando el Imperio romano sucumbe. Esto quiere decir que España posee una estructura específica idéntica a las de Francia, Inglaterra e Italia. Las cuatro naciones se forman por la conjunción de tres elementos, dos de los cuales son comunes a todas y sólo uno varía. Esos tres elementos son: la raza relativamente autóctona, el sedimento civilizador romano y la inmigración germánica”.

En el caso de España, son, pues, los visigodos, quienes definen su particularidad: “Siendo, pues, los germanos el integrante decisivo, también lo serán para los efectos de la diferenciación, con lo cual llego a un pensamiento que parecerá escandaloso, pero que me interesa dejar aquí someramente formulado, a saber: la diferencia entre Francia y España se deriva, no tanto de la diferencia entre galos e iberos, como de la diferente calidad de los pueblos germánicos que invadieron ambos territorios. Va de Francia a España lo que va del franco al visigodo”. En opinión de Ortega, los francos que se instalaron en las Galias se hallaban plenos de “vitalidad histórica”, mientras que el pueblo visigodo “era el… más viejo de Germania; había convivido con el Imperio romano en su hora más corrupta; había recibido su influjo directo y envolvente. Por lo mismo, era el más “civilizado”, eso es, el más reforzado, deformado y anquilosado… Eran, pues, los visigodos germanos alcoholizados de romanismo, un pueblo decadente que venía dando tumbos por el espacio y por el tiempo cuando llega a España, último rincón de Europa, donde encuentra algún reposo”.

Aunque Ortega considera a los godos como elemento definidor de la singularidad de lo hispánico, rechaza de plano cualquier aspecto positivo en su aportación a la construcción nacional, ya que, a su entender, se mostraron incapaces de generar unas estructuras feudales consistentes. Esta debilidad del feudalismo español estaría en la base de lo que el autor llama la “anormalidad de la Historia española”. Un fracaso cuyos motivos atribuye al hecho de que los godos arriban a España “ya extenuados, degenerados”, carentes de una “minoría selecta”. Las ideas orteguianas de “nación”, “organismo social”, “minoría selecta”, “vitalidad histórica” y “degeneración” entroncan directamente con las corrientes vitalistas, que tanta preponderancia alcanzaron en la Europa del período de Entreguerras.

Si bien el pensamiento de Ortega tuvo profunda influencia en la reflexión historiográfica española entre 1930 y 1960, su interpretación sobre la época visigoda no llegó a calar entre los profesionales que gozaban de mayor prestigio académico. Es el caso de los pensadores vinculados a la Institución Libre de Enseñanza: Claudio Sánchez Albornoz, Ramón Menéndez Pidal y Américo Castro. Concretamente Sánchez Albornoz, discípulo de Hinojosa y el representante más destacado de las tendencias renovadoras de la investigación germanista en la escuela histórico-jurídica española, mantuvo puntos de vista enfrentados a los de Ortega sobre la significación de la época visigoda en la Historia de España. A la debilidad del feudalismo peninsular, defendida por este último, Sánchez Albornoz opuso la decisiva importancia de los vínculos vasalláticos en la organización social del reino de Toledo, si bien estimaba que el proceso de feudalización de la España visigoda, muy avanzado ya a fines del siglo VII, se habría visto truncado por la invasión musulmana de 711, retomando la idea de desastre nacional ya expresada en el siglo XIX por estudiosos como Zamora y Caballero. A lo largo de su dilatada carrera, tanto en España, antes de la Guerra Civil, como posteriormente exiliado en Argentina, Sánchez Albornoz otorgó al reino visigodo la dignidad de arquetipo de la unidad nacional española destruida por la conquista árabe. Desde sus postulados, ésta señaló “la crisis total, absoluta, tremenda —por siglos duradera— de la unidad peninsular. Fue el retroceso, sin par en Occidente, del caminar de una comunidad histórica hacia su unidad nacional. Fue el formidable paso atrás dado por España en su Historia” (Sánchez Albornoz, 1956: II, 366).

Por su parte, la escuela de estudios histórico-eclesiásticos experimentó un importante renovación durante las décadas de 1920 y 1930, gracias a la labor desarrollada desde comienzos del siglo XX por los historiadores franceses Duchesne y Magnin. El rigor metodológico propugnado por estos autores sería adoptado en España por el jesuita García Villada, preocupado por la exactitud de los datos y la crítica documental como se refleja en su monumental Historia de la Iglesia en España, en la que presta una especial atención a la etapa visigoda.

8.4. Germanismo y romanismo

Aunque tras la Guerra Civil, la historiografía oficial española se alineó metodológicamente con las posiciones antipositivistas de Ortega, haciendo hincapié en la singularidad e individualidad de los hechos históricos y en los factores subjetivos e irracionales, la interpretación orteguiana del legado visigodo se vio desplazada por la que había ofrecido Menéndez y Pelayo en su Historia de los heterodoxos españoles, mucho más acorde con los postulados ideológicos del nacional-catolicismo dominante en los primeros tiempos de la dictadura. El reino de Toledo se convirtió en referente del estado centralizado y confesional del general Franco: frente a la multiplicidad de centros de poder del Bajo Imperio romano, que acabó desapareciendo como estructura política, se oponía la centralización gótica, y frente a las divisiones religiosas del mismo período se destacaba la unidad alcanzada a partir de la conversión al catolicismo niceista en 589.

El auge de esta interpretación se halla también relacionado con el complejo proceso de resurgimiento de los estudios visigóticos en España, tras el final de la contienda civil (García Moreno, 1990: 619-636). En 1939 las dos grandes corrientes historiográficas que se habían consolidado durante la Restauración se veían privadas de sus más destacados representantes. Sánchez Albornoz, cabeza de la escuela histórico-jurídica, había tenido que abandonar el país a causa de su compromiso político con la Segunda República; en tanto que García Villada, máxima autoridad en estudios eclesiásticos, había perdido la vida durante el conflicto. La escuela creada por este último experimentó una rápida recuperación, gracias a la protección dispensada por el nuevo régimen a los tradicionales estudios patrísticos y a la incorporación de jóvenes filólogos procedentes de diversas instituciones eclesiásticas. Durante las décadas de 1940 y 1950 se procedió a la redición crítica de buena parte de las fuentes literarias hispanovisigodas, tarea en la que tomaron parte fray Justo Pérez de Urbel, el padre Vega, el padre Madoz, Fernández Pousa, Vázquez de Parga y Cortés entre otros. Al mismo tiempo y en continuidad con la obra de García Villada, se atendió al estudio de distintos campos de la Historia de la Iglesia: patrística, organización eclesiástica y patrimonial, disciplina canónica y cura pastoral, concilios, vida monástica, formación del clero y liturgia.

Ahora bien, mientras los investigadores que trabajaban en el campo de los estudios eclesiásticos mantuvieron una fuerte cohesión interna y una línea de pensamiento bastante estable y uniforme, no ocurrió lo mismo en el ámbito de la vieja escuela de estudios histórico-jurídicos, representada en la España de las décadas de 1940 y 1950 por Alfonso García Gallo, Luis García de Valdeavellano, discípulo de Sánchez Albornoz, y Rafael Gibert. Las tesis de García Gallo, opuestas a la tradicional explicación germanista de la realidad jurídica hispanovisigoda, produjeron una escisión en el seno de esta escuela. En 1941, García Gallo, adhiriéndose a la Nueva Doctrina de la escuela histórico-jurídica alemana, que consideraba las formaciones políticas occidentales de los siglos V y VI herederas de la tradición legal y administrativa romana, defendió la territorialidad de todas las compilaciones jurídicas visigodas, incluyendo el Codex Euricianus (García Gallo, 1936-1941: 168-264). Su interpretación provocó un encendido debate que se prolongaría a lo largo de las décadas de 1950 y 1960. Sánchez Albornoz (1965: 547-601), García de Valdeavellano (1968: 177), Américo Castro, y Manuel Torres López se mantuvieron fieles a la doctrina germanista de Hinojosa, que defendían la nacionalidad de los códigos jurídicos visigodos anteriores al Liber Iudiciorum; mientras que el romanista Alvaro D'Ors (1956: 91-150) y el especialista en Historia de la Iglesia José Orlandis (1977: 230-231) se sumaron a las nuevas tesis territorialistas de García Gallo. Para Luis A. García Moreno, la defensa del germanismo “se convirtió en bandera diferenciadora de dos corrientes ideológicas paulatinamente desafectas o contrarias al régimen del general Franco: por un lado, la vieja escuela liberal… encarnada en su momento por Sánchez Albornoz…; y por otro, sectores que pudiéramos situar en una Falange más o menos vinculada a la Historiografía alemana del los años veinte y treinta, donde se ubicaría Torres López” (García Moreno, 1990: 627).

Aunque irreconciliables entre sí, ambos grupos tenían en común su oposición a las corrientes ideológicas que, a partir de la crisis de gobierno de 1957, comenzaron a predominar en medios oficiales de la mano de la escuela de estudios histórico-eclesiásticos. Éstas minimizaban el impacto de la presencia visigoda y vinculaban el ser de España al elemento autóctono, al proceso de romanización y al legado cultural del mundo mediterráneo, transmitido por la Iglesia católica como depositaria del mismo y auténtica piedra angular sobre la que se había cimentado la unidad de la nación española. Algunos de los representantes de la escuela histórico-eclesiástica mantuvieron viva hasta el final de la dictadura y al comienzo de la transición democrática esta visión, que como se ha visto tuvo su gran formulador en Menéndez y Pelayo. Todavía el año 1979, a la pregunta “¿cuándo nace España?”, García Villoslada en su introducción al primer volumen de la Historia de la Iglesia en España editada por la Biblioteca de Autores Cristianos, respondía: “A mi entender, en el momento en que la Iglesia católica la recibe en sus brazos oficialmente y en cierto modo la bautiza en mayo del 589, cuando Recaredo I inicia el cuarto año de su reinado. Antes del visigodo Eurico (m. 484) no era España nación independiente, ni alcanzaría la perfecta unidad nacional durante más de un siglo: eran dos pueblos de raza y religión diversas, dos pueblos que cohabitaban en la misma morada. Solamente en el III Concilio de Toledo (589) España adquiere plena conciencia de su unidad, de su soberanía e independencia… Verifícase en ese momento la conversión pública de Recaredo… la España visigoda desplegaba entonces un esplendor de cultura latina y eclesiástica superior al de las demás naciones de Occidente. ¿Y de dónde le venía a España ese esplendor? No de las armas de sus caudillos, sino de sus doctores y obispos de la Iglesia, de sus concilios, de su legislación canónica, de sus escuelas clericales" (García Villoslada, 1979: XLII-XLIV).

A medida que las viejas tesis germanistas fueron retrocediendo, mayor relevancia cobró el papel de la Iglesia en el proceso de fundamentación de la unidad nacional. Algo parecido ocurrió con la monarquía. Si bien ésta nunca había perdido el protagonismo que le otorgase la historiografía liberal, los trabajos inspirados en los autores alemanes clásicos, proclives a resaltar la importancia del “elemento popular germánico” en la construcción del reino visigodo, habían oscurecido un poco la función de la realeza. A partir de la década de 1970, ésta volvió a ocupar un primer plano en la reflexión sobre los orígenes de la nación española. Por ejemplo, José Orlandis, autor de algunos de los estudios más profundos y eruditos realizados en nuestro siglo sobre la Historia del reino visigodo y sus instituciones eclesiásticas, sostenía en 1975 que “los visigodos forjaron el ser de España, al reunir todas las tierras peninsulares bajo el cetro de una monarquía y hacer que Hispania dejara de ser una mera expresión geográfica, para cristalizar en una construcción política con conciencia colectiva y destino común” (Orlandis, 1977: 9).

8.5. La renovación metodológica

Aunque podríamos citar algunos otros textos de similar contenido, lo cierto es que, entre 1960 y 1980, los estudiosos de la Historia del reino visigodo se concentraron mucho más en la renovación metodológica de su área de conocimiento que en reflexiones metafísicas sobre el pasado. La recepción de la llamada “Historia social” puso en marcha el proceso de disolución de la imagen simbólica del reino de Toledo. En este movimiento renovador, iniciado a comienzos de la década de 1960, ocupa un destacado lugar la obra de Abilio Barbero y Marcelo Vigil. Proveniente el primero del campo del derecho y el medievalismo, y el segundo del ámbito de la arqueología y la Antigüedad clásica, abordaron el estudio de la Historia de España entre los siglos IV y X en el marco general de transformaciones que se produjeron en su entorno europeo y mediterráneo, atendiendo de manera particular al proceso de feudalización y a su influjo en el origen de las sociedades peninsulares de la Alta Edad Media. La importancia de los estudios de Abilio Barbero y Marcelo Vigil radica no sólo en el hecho de haber ofrecido una nueva interpretación global de la Historia de España en la Edad Media, muy alejada de los tradicionales parámetros institucionalistas, sino sobre todo en haber efectuado la primera reconstrucción científica de un período que planteaba enormes desafíos metodológicos.

La obra de Barbero y Vigil asestó un duro golpe al mito unificador visigodo, que ambos autores rechazaban como una construcción ideológica de la historiografía nacionalista española. Ya en su primer trabajo en colaboración, publicado en 1965, donde abordaban el estudio de las sociedades cántabra y vascona desde la época romana hasta la invasión árabe, pusieron de relieve cómo amplias zonas de la cornisa cantábrica habían vivido al margen de las estructuras políticas visigodas durante el período del siglo V al VIII, manteniendo su independencia tras la llegada de los musulmanes. Este planteamiento les condujo a una nueva definición de la Reconquista, basada en un modelo interpretativo de enorme originalidad, en el que la génesis de los primeros núcleos cristianos de resistencia frente al islam quedaba asociada, no al reino visigodo, del cual nunca habían formado parte, sino a las sociedades indígenas del norte de la Península (Barbero y Vigil, 1965: 271-339). En un segundo artículo aparecido en 1970, incidían en la fuerte fragmentación política que presentaba el reino de Toledo en vísperas de la invasión musulmana, como resultado del avanzado proceso de feudalización en que se hallaba su organización militar y financiera (Barbero y Vigil, 1970: 71-91). Un año después, en otro artículo dedicado a los pueblos del norte, se adentraban en el estudio de la organización social de los cántabros, a fin de poder desentrañar el origen de las primeras formaciones políticas cristianas de la Alta Edad Media carentes de vínculos con el reino de Toledo (Barbero y Vigil, 1971: 197-232). Como colofón a esta intensa labor investigadora, en 1978 publicaron La formación del feudalismo en la Península Ibérica, libro que marcaría un hito en la producción historiográfica española. A través de sus páginas no sólo abordaron el estudio de la feudalización del reino visigodo de Toledo como fruto de un proceso de desarrollo de las relaciones de dependencia propias de la sociedad tardorromana, sino también la génesis del feudalismo en el norte de la Península y la elaboración del pensamiento goticista bajo el reinado de Alfonso III de Asturias.

El libro de E. A. Thompson sobre el reino visigodo de Toledo, publicado en inglés el año 1969, fue otra de las obras que contribuyó a la disolución del mito unificador godo. El historiador británico, excelente conocedor de las fuentes de la época, puso de manifiesto la debilidad de la monarquía visigoda y sus problemas para acceder al control político y militar de la Bética y la región litoral de la Cartaginense. De acuerdo con los resultados de su trabajo, la dominación visigoda sobre estas regiones, apenas documentada con anterioridad a la década de 530, encontró una tenaz resistencia por parte de los antiguos cuadros dirigentes provinciales, que entre 550 y 572 lograrían mantener su independencia haciendo uso de las armas. Asimismo, destacó la importancia de la provincia imperial de Spania, establecida por los romanos de Oriente sobre una amplia franja costera de la Península, que se extendería desde el cabo de La Nao hasta el estrecho de Gibraltar, incluyendo las Islas Baleares. La resistencia aristocrática de la Bética, que no fue aplastada hasta el reinado de Leovigildo (568-586), y la presencia de guarniciones militares romano-orientales en el sureste hasta el año 624, vinieron a sumarse al cuadro de independencia de los pueblos del norte, trazado por Barbero y Vigil, haciendo evidente una fragmentación del poder difícil de conciliar con la imagen tradicional de unidad del territorio peninsular bajo la égida de la monarquía toledana.

8.6. Nuevas tendencias: la construcción de las comunidades étnicas

Desde comienzos de la década de 1960, han ido apareciendo una serie de estudios, en su mayor parte vinculados a la escuela historiográfica alemana y anglosajona, que profundizan en el análisis de los procesos de etnogénesis o creación de los pueblos germánicos en la Antigüedad Tardía. Estos trabajos han contribuido a modificar de manera sustancial el concepto de grupo étnico asociado durante mucho tiempo al término latino gentes, que las fuentes latinas utilizan para definir las formaciones sociales bárbaras. Las nuevas interpretaciones han supuesto la ruptura definitiva con las tesis germanistas del siglo XIX. Para éstas, los distintos pueblos bárbaros eran comunidades de origen étnicamente puras, es decir, descendientes de un ancestro común, que se habían instalado en el interior del Imperio romano modificando sus estructuras a través de su lengua, derecho y formas de vida. Los planteamientos actuales consideran a esas mismas gentes como formaciones fundamentalmente militares, auténticas bandas armadas, de carácter poliétnico, cuya construcción se desarrolla y completa una vez establecidos en el interior del Imperio. La visión romántica y liberal que se tenía de las gentes bárbaras, como comunidades étnicas embrión de las futuras nacionalidades europeas se ha visto profundamente alterada, al ponerse en evidencia la diversidad de los elementos constitutivos de cada una de ellas, su naturaleza eminentemente militar y su tardía configuración histórica.

En 1961, el historiador alemán Reinhard Wenskus publicó Stammesbildung und Verfassung, un estudio sobre los procesos de etnogénesis de las gentes germánicas, incidiendo particularmente en los mecanismos de reunión y cohesión de las mismas. Para Wenkus, los grupos bárbaros que tomaron parte en la creación de los reinos que sucedieron al Imperio romano de Occidente no eran los herederos de una línea genética ininterrumpida, que se remontaba a los días previos a las grandes migraciones del siglo V, sino que, más bien, eran el producto de la agrupación de elementos muy diversos, reunidos en circunstancias y momentos históricos distintos, bajo la égida de una minoría dirigente portadora del nombre de la gens.

En esta misma línea de investigación se sitúa el estudio del historiador austríaco Herwig Wolfram, Die goten. Von den Anfangen bis zur Mitte des 6 Jahrhunderts, publicado en 1979 y que aborda el problema de la formación del “pueblo godo” o las gentes gothorum, a partir de los cambios de denominación que presuntamente habrían experimentado a lo largo de las diversas etapas de su migración desde el Báltico al Danubio. A él se debe la aplicación de los conceptos de etnogénesis y comunidad poliétnica al estudio de estas formaciones sociales. Para Wolfram, los cambios de denominación experimentados por los godos en su migración del Báltico al Danubio —gutones, guti, gothi, tervingi, greutingi— constituyen una clara expresión del desarrollo de una serie de distintos procesos de etnogénesis. Es decir, estas denominaciones y los grupos humanos que las conformaron serían fruto de la adhesión de nuevos elementos populares no necesariamente de ascendencia goda, de lo que resultarían unas comunidades poliétnicas, al núcleo atesorador de las tradiciones “nacionales”, compuesto por los jefes de los linajes reales, cuya prosapia se remontaría a los dioses. Para este autor las estirpes regias de los Baltos y de los Amalos, desempeñaron el papel de fuerzas constructivas de los reinos visigodo y ostrogodo respectivamente, al ofrecer a los grupos poliétnicos que lideraban un centro de gravedad en torno al cual estructurarse.

J. P Heather, en su obra Goths and Romans 332-498 (1991) coincide con Wolfram en el carácter inicialmente poliétnico de los godos, sin embargo considera que su identidad étnica, asociada con unos rasgos culturales y una lengua, se hallaba ya configurada cuando se produjo la irrupción de los hunos y se inició el traslado de grupos godos al interior del Imperio. En su opinión, después de estas convulsiones se abre una nueva etapa caracterizada por la redefinición de las lealtades políticas, que se prolongaría unos cien años hasta la conformación de las dos construcciones estatales godas, el reino visigodo de Tolosa y el reino ostrogodo de Rávena. Además, Heather asocia las principales fuerzas operativas envueltas en el proceso de formación de los dos grandes grupos góticos, visigodos y ostrogodos, con las necesidades y aspiraciones de sus masas populares. Frente al papel otorgado por Wolfram a las estirpes regias serían las presiones desde la base, las que dieron lugar a la aparición, desarrollo y extensión de unas políticas dinásticas agresivas. Sin una gran comitiva, ningún líder godo podía aspirar a la hegemonía sobre sus pares y para agrupar en torno a sí el mayor número de lealtades, debía brindar a sus partidarios beneficios superiores a los que podían ofrecerles otros jefes. De lo contrario, se producían deserciones, muy frecuentes en los siglos IV y V, dado que las masas populares adscritas a un determinado linaje no estaban aún consolidadas. El hecho de que el elemento popular tuviese la capacidad de cambiar su lealtad de un líder a otro, no sólo alteró en diversas ocasiones la balanza del poder, sino que además generó una fuerte competencia entre los notables godos. Al final, prevalecieron aquellos jefes que mantenían buenas relaciones con los romanos, ya que, a través de los tratados firmados con el Imperio, antes y despues de su instalación en el interior del mismo, se aseguraban importantes subsidios anuales, en forma de remesas de oro y grano, que incrementaban notablemente su capacidad de patrocinio.

Estos dos estudios sobre los godos, los mejor documentados de todos los pueblos bárbaros que se asentaron en el Imperio en el transcurso del siglo V, tienen la virtud de presentarnos a visigodos y ostrogodos como unas formaciones sociales en continuo proceso de construcción con capacidad de agregar masas de población al nucleo inicial, no quedando excluido incluso la incorporación de población de origen romano —esclavos fugitivos, colonos, curiales empobrecidos— una vez que se trasladan al interior del Imperio. Por otra parte, el segundo de estos trabajos al poner de relieve el papel desarrollado por las masas populares también remite a la importante actuación que de forma indirecta desempeñó el gobierno imperial en la construcción de las dos grandes formaciones sociales que conocemos como visigodos y ostrogodos. Como se ha indicado, el liderato a la hora de aglutinar al conjunto de sus seguidores recayó en aquéllos jefes militares godos que mantuvieron mejores relaciones con el Imperio y que, por tanto, se encontraban más abiertos a integrarse en sus estructuras sociales y asimilar la cultura clásica. De este modo, el mito romántico y liberal, de unos pueblos bárbaros destruyendo las estructuras de un decadente Imperio romano y poniendo las bases sobre las que habrían de cimentarse las naciones europeas, profundamente cuestionado desde el campo de los estudios romanos —la polémica entre germanistas y romanistas fue característica de la historiografía de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX— resulta ahora definitivamente arrumbado.

Desde presupuestos metodológicos diferentes, dada la influencia de la antropología y la sociología en la historiografía americana, el reciente estudio de P. Amory, People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554 (1997), alcanza conclusiones aún más contundentes, llegando a cuestionar que las denominaciones de “romano” y “godo” respondan a realidades étnicas diferenciadas. Plantea esta tesis a partir, por una parte, del análisis crítico de las fuentes literarias y, por otra, del estudio de las fuentes epigráficas. Para Amory las principales fuentes de información sobre esta época, Procopio de Cesarea y Jordanes, ambas del siglo VI, reclaman una reinterpretación pues el énfasis que estos dos autores ponen en la etnicidad como elemento de cohesión del grupo se inscribe en un género literario, próximo al panegírico, que hace un uso político del discurso etnográfico clásico. Discurso, que a juicio de este autor, resulta inadecuado para explicar las realidades del Mediterráneo de la Antigüedad Tardía, pero útil tanto a la corte de Teodorico en Rávena para justificar su hegemonía sobre el conjunto del Occidente postimperial, apelando al prestigio del linaje godo de los Amalos, como luego a la de Justiniano en Constantinopla para justificar la expansión de su propia hegemonía en nombre de una supuesta restauración del pasado frente a los bárbaros. Por otra parte, el estudio de las inscripciones funerarias le permite comprobar que en las mismas se hace siempre referencia a la profesión y a la región de procedencia del difunto, como principales elementos que definen la identidad del individuo y que, en cambio, está ausente cualquier referencia étnica. Todo lo cual le lleva a concluir que los términos godo y romano son meras etiquetas ideológicas de carácter político y que la denominación de gothi hace referencia a la condición militar de este grupo, con independencia del origen étnico de los miembros que lo integraban.

Ahora bien, estas tesis no invalidan necesariamente las aportaciones de Wolfram y Heather, que sí sostienen la existencia de una etnicidad gótica, ya que el estudio de Amory se centra en una etapa histórica en la que los bárbaros se habían integrado plenamente en la realidad social del mundo Mediterráneo. No hay que olvidar, que la irrupción en Italia de los ostrogodos en 489 estuvo precedida de una larga etapa de asentamiento en las provincias danubianas de Panonia, a la que siguió otra en las provincias balcánicas, y que sus líderes desde mediados del siglo V se venían educando en la corte de Constantinopla. Tampoco el Imperio de Occidente, en el que irrumpe Teodorico y sus ostrogodos en nombre del emperador Zenón, es el mismo en el que irrumpieron suevos, vándalos, alanos y burgundios a comienzos del siglo V. La realidad analizada por Amory responde a un período histórico distinto del trabajado por Wolfram y Heather, en el que el proceso de construcciones étnicas había dado paso al surgimiento de contrucciones estatales. En los nuevos reinos, bajo el liderato de estos jefes bárbaros y de sus fuerzas armadas, se integrarán las poblaciones civiles provinciales y se irán disolviendo paulatinamente los elementos diferenciadores entre ambas comunidades, dando lugar al surgimiento de una nueva identidad, compartida por ambas. Ésta es la realidad que analiza Amory en su estudio de la Italia ostrogoda y de la que sin duda también participaba la Hispania visigoda.

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Temas para el debate

9.1. Los pueblos bárbaros: etnogénesis e identidad

El historiador belga H. Pirenne, con su obra póstuma Mahomet et Charlemagne (1937), fue el primero en romper con la visión catastrofista de unos pueblos bárbaros arruinando la rica y civilizada cultura romana, pero fue sobre todo a partir de la década de 1960, cuando se modificó en profundidad la percepción que se tenía de los pueblos bárbaros desde el Renacimiento. La concepción que actualmente se tiene de ellos es fruto del avance que han experimentado los estudios históricos en las últimas décadas del siglo XX con la consolidación de la llamada “historia social”. Las nuevas corrientes historiográficas, más preocupadas por el análisis de las estructuras sociales que por la narración de los acontecimientos, a la hora de afrontar el estudio de estas comunidades han trasladado el foco de su atención hacia la organización económica de estos grupos, sus estructuras sociales y sus procesos de formación. Todo ello ha dado lugar a la formulación de nuevas interpretaciones sobre el concepto de etnicidad, el asentamiento de los pueblos bárbaros en el Imperio romano de Occidente y su integración en la antigua sociedad mediterránea.

Una de las primeras nociones que se vieron modificadas fue la referida al carácter nómada de los grupos que protagonizaron las llamadas invasiones germánicas del siglo V. A diferencia de los pueblos de las estepas, en este caso representados fundamentalmente por los hunos, los bárbaros que se asentaron en el interior del Imperio eran ya formaciones sedentarias con una economía de base agrícola y ganadera, predominando más la primera entre los grupos instalados entre el Danubio y el mar Negro y la segunda entre aquellos otros que tenían sus bases en el espacio que se extiende entre el Rin y el Elba. Simultáneamente se ha puesto de relieve que constituían ya sociedades complejas, con una creciente diferenciación social y unas estructuras políticas dominadas por las jefaturas militares. Estas aportaciones, que tuvieron sus principales exponentes en los estudios de E. A. Thompson (1956 y 1963) y L. Musset (1967), representaron un primer paso a la hora de matizar la visión de choque cultural que tradicionalmente se venía atribuyendo al encuentro entre romanos y bárbaros.

La irrupción de la historia social en la escuela alemana, unida a su tradicional preocupación por las cuestiones de índole política, supuso un duro golpe para las viejas nociones, forjadas por la historiografía nacionalista del siglo XIX, que presentaban a los pueblos bárbaros como grupos racial y culturalmente homogéneos, partícipes de una misma lengua y un mismo sistema de creencias religiosas, y embrión de las futuras nacionalidades europeas. En la actualidad, los estudiosos consideran a estos grupos como fruto de un proceso de agregación de poblaciones, no necesariamente del mismo origen étnico, bajo lideratos militares. Por consiguiente, se ha dejado de considerar a los vínculos de parentesco como los elementos esenciales de la cohesión social y han pasado a primer término los derivados de la función y estructuras militares. Ya en 1961, Reinhard Wenskus sostuvo, en un estudio sobre la etnogénesis germánica, que los pueblos que se establecieron en el Imperio romano de Occidente no formaban una comunidad de sangre, sino que, más bien, procedían de varias amalgamas de diversas poblaciones reunidas en distintos momentos históricos. El austríaco Herwig Wolfram contribuyó a reforzar esta idea. En su estudio sobre los godos, publicado en 1979, pone de relieve cómo los términos gens y natio, utilizados a menudo en las fuentes literarias latinas de los siglos IV al VI para designar a los pueblos germánicos, habían perdido su sentido original de comunidad de origen para referirse a grupos militares bárbaros, reclutados en las fronteras del Imperio. En opinión de Wolfram, la realidad de los pueblos bárbaros se encuentra mucho mejor reflejada por el binomio populus/exercitus que usa Jordanes, el principal historiador de los godos, y que resulta más acorde con el carácter poliétnico que tuvieron las formaciones sociales bárbaras (Wolfram, 1990: 17).

Estas aproximaciones han contribuido no sólo a rebajar la visión de choque cultural entre bárbaros y romanos, sino a comprender mejor el proceso de integración de estos grupos en el Imperio, proceso en el que las funciones militares que desempeñaban jugaron un papel de primer orden. Además han aportado una nueva terminología al estudio de los pueblos germánicos, que procede del campo de la antropología social. Así, se habla de “etnogénesis” para referirse a los procesos que condujeron a la formación de las comunidades conocidas en las fuentes históricas como gentes gothorum, alanorum, vandalorum, etc. y se utiliza el término “poliétnico” para definir la diversidad de gentes que integraban estos grupos. Por ejemplo, los visigodos cuando se establecieron en 418 en las Galias estaban integrados por elementos de origen muy diverso: tervingi y greutungi, más taifales de la etapa del paso del Danubio en 376; otros grupos godos, más hérulos y alanos procedentes del ejército de Radagaisus derrotado en Italia en 405; alanos, suevos e incluso sajones incorporados tras su llegada a las Galias en 412; y, por último, elementos procedentes de las propias provincias del Imperio, fundamentalmente esclavos fugitivos, pero también colonos y algunos curiales arruinados. Otro caso representativo es el de los vándalos, cuyo último proceso de etnogénesis se produjo durante su etapa de asentamiento en la Península Ibérica, cuando al núcleo asdingo se sumaron los restos de los vándalos silingos y de los alanos, que sobrevivieron a las campañas de las fuerzas visigodas de Valia de 416-418. Además, al igual que en el caso de los visigodos, también se habrían agregado elementos de origen romano, de modo que cuando se trasladaban a África acompañaban a Genserico un grupo de provinciales romanos, que figuraron como consejeros del monarca vándalo en la corte que éste estableció en Hipona entre 430 y 439.

La década de 1980 representa un tercer paso, con la irrupción en la historiografía británica de una nueva corriente llamada “historia desde abajo”, que presta especial atención al estudio de las relaciones de poder, pero desde unos nuevos enfoques, ya que pone el énfasis en la historia de la common people en lugar de en la de los grupos dirigentes. En el campo de la Antigüedad Tardía esta corriente historiográfica ha ofrecido nuevas e interesantes aportaciones, entre la cuales cabe aquí destacar una nueva visión del proceso de conformación de las dos comunidades políticas godas de la época de las migraciones, visigodos y ostrogodos. Las relaciones con el Imperio, los desplazamientos, los pactos rotos y vueltos a sellar, no serían tanto fruto de las ambiciones dinásticas de sus líderes, como de las exigencias de las masas populares que conformaban las comitivas militares de aquéllos. La primera preocupación de los líderes godos habría sido la de satisfacer a sus seguidores, puesto que la adscripción a un determinado linaje no estaba aún consolidada y las masas populares conservaban la capacidad de cambiar su lealtad de un líder a otro. De ahí la importancia que revisten las cláusulas económicas en los acuerdos con el Imperio, así como aquellas otras que permitían preservar la autonomía del grupo a pesar de su establecimiento en territorio romano (Heather, 1991: 312-315).

Por último, la escuela historiográfica americana, muy influida por los métodos de análisis de disciplinas afines a la historia como la antropología y la sociología, ha renovado los enfoques sobre el concepto de etnicidad y de grupo étnico. Esta corriente metodológica plantea que la etnicidad es ante todo un estatus adscrito y no adquirido, que se utiliza para fijar la posición social de una minoría, y también que la identidad étnica como constructo cultural es utilizada como instrumento de acción política. La aplicación de este bagaje conceptual al estudio de los pueblos bárbaros ha llevado a algunos estudiosos a poner el acento en las relaciones del grupo étnico minoritario con la mayoría y en la dinámica de constante negociación de las identidades culturales, así como en la utilización política de esa realidad. Esta corriente historiográfica ha permitido profundizar en el proceso de integración de los pueblos bárbaros en la sociedad mediterránea, en un contexto de continua interacción minoría-mayoría. En el caso de la Italia ostrogoda la adscripción de los individuos a una u otra denominación étnica, gótica o romana, habría venido dada no tanto por su origen étnico como por su identificación con un determinado proyecto político, en función de su estatus profesional y su vinculación a unas redes locales de poder muy concretas (Amory, 1997: 108, 316).

Todas estas aportaciones han permitido comprender mucho mejor cómo se desarrolló el proceso de construcción de los reinos bárbaros en el Occidente postimperial. Los diferentes pueblos que participaron en las migraciones han dejado de ser contemplados como elementos opuestos a la antigua sociedad mediterránea. Con independencia de sus diferencias culturales, el hecho de que fueran sociedades sedentarias dedicadas a la agricultura y la ganadería, unido a la diferenciación social que presentaban estos grupos, se contemplan ahora como elementos básicos para su integración en el mundo tardorromano. Además, como este proceso de integración pasó por su incorporación a las estructuras militares romanas, el hecho de que la cohesión de estos grupos viniese fundamentalmente dada por los vínculos de dependencia generados por la función militar se contempla también como un factor clave en dicho proceso de integración. Por último, el papel dirigente que los militares venían desempeñando desde el siglo III en el Imperio permitió que estos bárbaros se integrasen como minoría privilegiada, potenciándose así los procesos de aculturación, asimilación y en definitiva de creación de nuevas identidades, que terminaron plasmándose en los nuevos estados romano-bárbaros.

Por otra parte, el conocimiento alcanzado sobre los procesos de integración y aculturación de estos pueblos también es deudor de los avances experimentados en el estudio de la sociedad romana en la Antigüedad Tardía. En este campo, el impacto de la obra de Pirenne se hizo notar con anterioridad y la nueva periodización que planteaba, desplazando los tiempos finales de la Antigüedad a la irrupción del islam, contribuyó a transformar la visión dominante sobre el Bajo Imperio, con independencia de que en la actualidad se tienda a fijar la quiebra de la unidad mediterránea y con ella el fin de la Antigüedad algo antes de lo que planteaba Pirenne, en la segunda mitad del siglo VI (Hodges y Whitehouse, 1983). La ruptura con la idea de que el fin de la civilización clásica se hallaba vinculado con las migraciones bárbaras del siglo V fomentó la revisión de los tópicos existentes sobre un Bajo Imperio romano sumido en la decadencia y favoreció que el período transcurrido entre los siglos IV y VI empezara a ser contemplado por sí mismo y no sólo en función de su distanciamiento de la etapa anterior. Revisar aquí las aportaciones que han realizado los estudiosos desde antes de la Segunda Guerra Mundial excede con mucho los objetivos pretendidos, pero sí es importante subrayar cómo entre los rasgos más destacados de la sociedad bajoimperial se señala el de su profunda militarización y sus inmediatas consecuencias, posición hegemónica detentada por los militares de oficio, distanciamiento entre los militares y la sociedad civil, etc. Circunstancias todas ellas que habrían funcionado como amortiguador del impacto cultural entre romanos y bárbaros, puesto que la integración de éstos se llevó a cabo precisamente a partir de su acceso a las estructuras militares del estado bajoimperial, lo que a su vez actuó como motor de la misma, ya que les brindaba la oportunidad de incorporarse a la sociedad romana como minoría privilegiada.

9.2. Personalidad o territorialidad del derecho visigodo

Debate recurrente entre los historiadores dedicados al estudio de la Hispania de los siglos V al VII es el que atañe al carácter personal o territorial de los códigos jurídicos promulgados por los reyes visigodos. Durante varias generaciones los estudiosos han intentado dilucidar si los monarcas dictaban leyes que se aplicaban a un individuo en virtud de su identidad étnica o si, por el contrario, lo hacían para todos sus súbditos, independientemente de su sentido de diferenciación cultural. Los partidarios de la primera opción, progresivamente definida por figuras de la talla de Godofredo, Montesquieu, Gibbon, Hinojosa y Zeumer, consideran que los códigos de Eurico y Leovigildo estaban pensados para ser aplicados a los godos y el Breviario de Alarico II a los romanos. De modo que el primer código territorial, aplicable tanto a godos como a romanos, sería el Liber Iudiciorum de Recesvinto, promulgado en 654 (Sánchez Albornoz, 1962: 128-199; García de Valdeavellano, 1968: 177; King, 1980: 131-157). Esta línea de interpretación ha sido rechazada en el siglo XX por un grupo igualmente significativo de historiadores del derecho y las instituciones, que consideran que todos los códigos jurídicos visigodos poseen un carácter territorial y, además, recogen normas de derecho romano (García Gallo, 1936-1941: 168-264; D'Ors, 1956: 91-150).

La opinión favorable a la existencia de dos sistemas legales segregados se basa en una serie de leyes incluidas en el Codex Euricianus, que regulan los pleitos entre godos y romanos, así como en las contradicciones y conflictos existentes entre los contenidos de los distintos códigos. Pese a la variedad de los argumentos esgrimidos, ninguno de ellos resulta concluyente. Muchas de las teorías que defienden la promulgación de códigos legales diferentes para distintos grupos étnicos están condicionadas por el modelo carolingio. Durante los siglos VIII y IX, los monarcas francos dictaron e impusieron leyes supuestamente nacionales a los pueblos sometidos a su dominio, reforzando así el control que ejercían sobre los mismos según las particularidades que los diferenciaban. Ahora bien, esta situación nunca se dio en el Bajo Imperio romano. Lo que sí existía eran normas de derecho diferentes para civiles y militares. Y no hay que olvidar que los emperadores consideraban a los federados bárbaros como soldados al servicio de Roma. Partiendo de este hecho, algunos estudiosos han señalado que la legislación relativa a la resolución de litigios entre godos y romanos, promulgada por Eurico, responde a la práctica habitual para dirimir conflictos de competencia entre la jurisdicción civil y militar (Collins, 1998: 3-4).

Del Código de Eurico, promulgado hacia 480 en el contexto de la desaparición del Imperio romano de Occidente, tan sólo ha llegado a nuestros días un fragmento, que contiene las leyes 276 a 336. La obra debió de llevarse a cabo bajo la supervisión de un jurista palatino y, por su estructura y contenidos, se inscribe en la categoría del derecho romano vulgar empleado en la Galia durante el siglo V. Por lo común, la responsabilidad de codificar las prácticas jurídicas provinciales y regular las relaciones de los federados con la población civil competía al praefectus praetorio, que solía publicarlas en forma de edicta de curso legal dentro del territorio que gobernaba. Eurico, al legislar en su nombre, simplemente estaba asumiendo las competencias jurídicas del antiguo praefectus praetorio Galliarum. Es posible que ni siquiera fuese el primer rey visigodo que publicaba leyes. Sidonio afirma, en una de sus cartas, que ya Teodorico I lo había hecho (Sid. Ep. II.1) y el propio Eurico hace referencia explícita en el Código a la legislación de su padre (Cod. Eur. 227).

Un cuarto de siglo más tarde, Alarico II promulgó el breviario de jurisprudencia y derecho romano, que lleva su nombre. La autoria y datación de esta obra no ofrecen dudas, ya que en la misma se menciona que fue redactada por una comisión de juristas y aprobada por una asamblea de obispos y provinciales reunidos en Tolosa el 2 de febrero de 506, con la autorización del rey Alarico II y bajo al dirección del comes Goyarico. El Breviario es una selección de leyes procedentes del Código Teodosiano, a la que se adjuntó un conjunto de novellae, promulgadas por distintos emperadores del siglo V, y algunos textos clásicos de la jurisprudencia romana. La mayor parte de las leyes cuentan con una interpretatio o codicilo, que tiene por objeto clarificar el significado original del texto o adaptar su contenido a las nuevas circunstancias de la época. La adicción de interpretationes a la legislación imperial era competencia de los praefecti praetorio, lo que demuestra que los reyes visigodos habían asumido sus funciones, evitando quebrantar el monopolio imperial sobre la actividad legislativa. Los sucesores de Alarico consideraron el Breviario como la versión oficial del Código Teodosiano en sus dominios e insertaron en él la legislación que promulgaban. Tal es el caso del texto de la ley de Teudis sobre costas procesales, del año 546, añadida al libro cuarto, titulo dieciséis. Para los defensores del carácter personal de la legislación visigoda, el Breviario sólo se aplicó a la población romana, mientras que para los partidarios de la doctrina territorial se extendería toda a la población del reino, al menos a toda la población civil.

Hacia 578-580 se produjo una nueva reforma legal en el reino visigodo. Según Isidoro de Sevilla, el rey Leovigildo decidió corregir “todo aquello que parecía haber quedado confusamente establecido por Eurico, agregando muchas leyes omitidas y quitando bastantes superfluas” (Isid. Hist Goth. 51). Resultado de esta labor fue el llamado Codex Revisus, cuyo contenido se conoce indirectamente a través del Liber Iudiciorum de Recesvinto, en el que se integraron muchas de sus leyes bajo el epígrafe de antiqua. Una colección de fórmulas, procedentes del escritorio de un notario cordobés de principios del siglo VII, indica que la promulgación del Codex Revisus no comportó el abandono de la práctica del derecho romano en la Bética. Testimonio que ha sido utilizado por un sector de la crítica como argumento a favor del carácter territorial de la legislación visigoda.

Durante un largo período, tras la reforma de Leovigildo, no volvió a realizarse ninguna compilación nueva de leyes. Finalmente, el año 654, Recesvinto promulgó el Liber Iudiciorum. Su primera edición contenía 510 leyes, 324 de las cuales procedían de compilaciones anteriores, en particular del Codex Revisus. Como ya se mencionó, estas leyes iban precedidas de la palabra antiquae y, cuando habían sido corregidas o interpoladas, de la advertencia antiqua emendata. Las restantes eran producto de la actividad legisladora de Chindasvinto, a quien se atribuyen 99, y de Recesvinto, que aportó otras 87. El Liber se divide en 12 libros temáticos, según el modelo del Código de Justiniano. Desde su aparición tuvo carácter territorial, quedando sometidos a él todos los habitantes del reino, tanto godos como romanos. Sobre este punto coinciden todos los estudiosos. Al promulgarse, fueron declarados obsoletos todos los anteriores textos legales. En 681, el rey Ervigio publicó una nueva versión corregida y ampliada. Ésta respetaba la estructura del Código de Recesvinto, si bien modificaba muchas leyes, suprimiendo algunas e incorporando otras nuevas de Vamba y del propio Ervigio. Unos años después, en abril de 693, Egica solicitó al concilio XVI de Toledo que revisase el Código de Ervigio, si bien no parece que llegase a promulgarse una nueva versión oficial del Liber Iudiciorum. El trabajo de juristas privados daría lugar, no obstante, a la aparición de varias redacciones vulgatae, en las que se incluyeron 16 novellae de Egica.

El hecho de que la compilación de Recesvinto y la posterior versión de Ervigio apareciesen en momentos de crisis de la monarquía, coincidiendo con rebeliones y conspiraciones abortadas, ha inducido a algunos estudiosos a pensar que sus objetivos eran más bien simbólicos y propagandísticos que prácticos. Esta idea parte de las tesis de J. M. Wallace-Hadrill (1962: 179-181), que considera los códigos legales promulgados en los reinos que sucedieron al Imperio de Occidente como manifiestos de un poder regio, que emergió a imitación del de los emperadores y cuyo crecimiento fue fomentado y sostenido por los obispos, favoreciendo así la progresiva fusión de las élites bárbaras y romanas. En consecuencia, ninguno de estos códigos estaría diseñado para usarse en los tribunales públicos. Por lo que se refiere al Liber Iudiciorum, se ha argüido en contra de su utilidad práctica que tres quintas partes de la leyes contenidas en la versión de Recesvinto y la mitad en la Ervigio y Egica eran antiquae de la época de Eurico. Aunque sin duda la promulgación del Liber tuvo una clara intencionalidad política, resulta difícil aceptar que careció de utilidad en la práctica procesal. Para empezar, se halla organizado de manera coherente, de acuerdo con la tradición romana, en libros, títulos y leyes. Además, el legislador estipuló que fuera el único cuerpo legal que pudieran emplear jueces y tribunales, derogando los códigos anteriores, cuyas leyes no podrían alegarse en los procesos. Y en el texto se incluyen instrucciones sobre el procedimiento para crear normas relativas a temas que no se tocan en sus contenidos. Por último, cabría apelar al testimonio de las numerosas actas legales, fechadas en los siglos inmediatamente posteriores, que se atuvieron a la legislación del Liber. Parece pues que, a pesar a su innegable carga propagandística, el derecho visigodo no puede encuadrarse en una categoría meramente simbólica (Collins, 1998: 1-23).

9.3. El feudalismo visigodo

La publicación en 1978 de la obra de Abilio Barbero y Marcelo Vigil La formación del feudalismo en la Península Ibérica supuso un auténtico revulsivo para la tradición historiográfica española, que, bajo el influjo de la escuela alemana de historiadores del derecho, había negado desde principios del siglo XX la existencia de un feudalismo propiamente hispánico, exceptuando el que se dio en Cataluña. Esta visión, acuñada por Eduardo de Hinojosa y desarrollada por su discípulo Claudio Sánchez Albornoz, se basaba de una concepción jurídico-política del feudalismo. Uno de sus principales representantes, el historiador belga F. L. Ganshof, definía el feudalismo como “un conjunto de instituciones que crean y rigen obligaciones de servicio y dependencia —principalmente militar— por parte de un hombre libre, llamado vasallo, hacia un hombre libre llamado señor, y obligaciones de protección y sostenimiento por parte del señor respecto del vasallo, dándose el caso de que la obligación de protección y sostenimiento tuviera la mayoría de las veces como efecto la concesión, por parte del señor al vasallo, de un bien llamado feudo”. El feudalismo, que según esta tesis habría germinado en el ambito francés y alemán del antiguo Imperio carolingio entre los siglos X y XIII, equivalía a un conjunto de instituciones feudo-vasalláticas, lo que en la práctica excluía a la inmensa mayoría de la población.

Frente al institucionalismo vigente en el campo de los estudios medievales, Barbero y Vigil optaron por aproximarse al feudalismo a partir de un análisis global de la sociedad, que integrase los aspectos jurídico-políticos y las realidades socioeconómicas. Este planteamiento les condujo a fijar su atención no sólo en las relaciones que se daban en el seno de la élite militar o en el sistema de gobierno que éstas generaron, sino también en los problemas asociados al trabajo de la tierra y a la dependencia de los campesinos. Trataban así de superar la dicotomía existente entre el institucionalismo clásico y las teorías materialistas, centradas exclusivamente en el estudio de las relaciones de producción, adscribiéndose a la tradición ilustrada, que no establecía una barrera infranqueable entre los aspectos jurídico-políticos del feudalismo y los económico-sociales.

La primera parte de su obra la dedicaron al estudio del feudalismo visigodo. Aunque Sánchez Albornoz había apuntado ya la presencia de ciertos elementos “protofeudales” en la organización militar del reino de Toledo, nadie hasta aquel momento se había atrevido a calificar a la sociedad visigoda de feudal. Siguiendo las huellas de Marc Bloch, que en su obra La société féodale (1939-1840) había definido la servidumbre como el fundamento del sistema, Barbero y Vigil estudiaron las formas de dependencia que se desarrollaron en la Hispania tardorromana y visigoda a partir de la institución del patrocinium, empleada por la aristocracia bajoimperial para requerir servicios a cambio de protección. Su análisis les llevó a concluir que la extensión del patrocinium había convertido a los antiguos dueños de tierras y esclavos en domini vel patroni de sectores del campesinado que hasta entonces habían escapado a su directa coerción económica. El término servus, empleado en el mundo romano para referirse al esclavo, habría visto ampliado su campo semántico, durante la época visigoda, hasta incluir a todo tipo de dependientes. También se ocuparon de los libertos, poniendo de relieve cómo este grupo social vio transformarse su relación de dependencia vitalicia respecto al manumisor en hereditaria, al reducirse las manumisiones plenas y alcanzar cada vez mayor difución las manumisiones con reserva del obsequium. Proceso que en última instancia daría lugar a la configuración de un nuevo grupo de dependientes, que sin duda escapó a la esclavitud, pero que nunca alcanzaría la libertad plena. Como resultado de estos cambios, Barbero y Vigil consideran que mancipia, liberti cum obsequio e ingenui in patrocinium llegaron a asimilarse hasta tal punto que, cuando se produjo la promulgación del Liber Iudiciorum en 654, el legislador empleó el término servi en sentido genérico, con objeto de englobarlos a todos.

Durante los años ochenta y noventa, la cuestión del paso de la esclavitud antigua a la servidumbre medieval ha sido motivo de constante interés para los medievalistas, especialmente después de la publicación el año 1985 en Cahiers de Civilisation Médiévale de un artículo del hispanista francés Pierre Bonassie titulado “Survie et extinction de régime esclavagiste dans l’Occident du Haute Moyen âge (IVe-XIe s.)”. En este trabajo, Bonassie sostiene que el régimen esclavista no se extinguió a partir de la crisis del siglo III, sino que por el contrario fue reconstruido por las monarquías bárbaras, hasta el punto de que el siglo VI y el inicio del siglo VII representaría su etapa de máxima expansión en Europa occidental. Afirma también que, durante la segunda mitad del siglo VII y la primera del VIII, habría tenido lugar una nueva crisis del sistema y que, más tarde, en época carolingia, al producirse una importante reconstrucción del estado, se habría dado una segunda restauración del mismo, llegando a su extinción definitiva a fines del siglo X y comienzos del XI. En consecuencia, el Imperio carolingio se habría parecido más al de Diocleciano y Constantino que al de los Hohenstaufen.

En la misma línea se inscribe la obra de Guy Bois La mutation de l'an mil, publicada en Francia en 1989. En ella, el autor sostiene que los reinos bárbaros que sucedieron al Imperio romano de Occidente reforzaron las estructuras del sistema esclavista, favoreciendo así su perduración durante otros quinientos años. En opinión de Guy Bois, a lo largo de la Alta Edad Media, la esclavitud se habría mantenido de manera más rigurosa en los pequeños dominios que en los grandes. Precisamente, sería en estos últimos, propiedad de la alta nobleza laica y eclesiástica, donde, como resultado de la estrecha convivencia entre esclavos y colonos, se produjo una confunsión de su estatus, que derivó durante el siglo X en el desarrollo de una nueva condición campesina, la servidumbre. La Europa occidental de los siglos V al IX, predominantemente rural, con una vida urbana y una actividad comercial muy reducidas sería fruto de las disfunciones de la sociedad antigua y nada tendría que ver con el feudalismo, que según Bois aceleró el desarrollo del mercado, estableciendo relaciones recíprocas entre campo y ciudad.

Las tesis de Pierre Bonassie y Guy Bois, duramente criticadas en Francia por distintos medievalistas entre los que destaca Alain Guerraeu, no han encontrado apenas eco entre los estudiosos españoles. No obstante, se advierten posturas intermedias, como la de José María Mínguez, que partiendo de presupuestos metodológicos materialistas niega la existencia de un auténtico feudalismo visigodo. En su opinión, el término servus, que con tanta frecuencia se emplea en la legislación de los siglos V al VII, no haría referencia a campesinos dependientes, como sostenían Barbero y Vigil, sino a esclavos en el sentido clásico. Aunque considera que la crisis de la esclavitud se inició en el siglo III, prorroga su disolución final, como sistema productivo dominante, hasta las postrimerías de la Alta Edad Media, relacionando con su pervivencia la rebelión de servi et libertini estallada en el tercer cuarto del siglo VIII en el reino de Asturias. Por consiguiente, tal y como expone en su obra Las sociedades feudales, publicada en 1994, la feudalización de la Península se habría producido en época ya muy avanzada.

Desde el campo de la historia del derecho, se han efectuado también aportaciones significativas a este debate. Destaca especialmente la de Carlos Petit, que en los años 1985 y 1986 publicó en el Anuario de Historia del Derecho Español dos extensos artículos, “De negotiis Causarum", sobre la regulación del proceso en el reino de Toledo a través de los testimonios contenidos en el Liber Iudiciorum. Su objetivo era estudiar el funcionamiento de la justicia real visigoda como parte integrante de un modelo social, económico y político, caracterizado por el predominio de los vínculos de dependencia. Partiendo de las conclusiones de Barbero y Vigil, Petit sostiene que, durante los siglos VI y VII, se desarrolló un proceso de nivelación jurídica, en consonancia con la social y económica, del esclavo con los libertos, de una parte, y, en general, con los pauperes o minores, que se encontraban en los estratos más bajos de la escala social. Como resultado, los magnates o potentiores tenderían a agrupar a la población de sus latifundios bajo un mismo estatus, sustrayéndola a la práctica de la justicia oficial, para someterla a sus propias propias facultades punitivas como domini vel patroni. En este proceso confluiría una mejora en el estatuto de los servi, dotados de capacidades aberrantes para un jurista clásico, con el deterioro de la condicion de libertos e ingenuos en dependencia, que al quedar sujetos a la corrección dominical perdieron todo derecho a entablar proceso contra su patrono o a deponer testimonio adverso a sus intereses. Durante la época visigoda, cobraría forma un nuevo tipo de campesinado, definido por los lazos de dependencia personal que le ligaban a los propietarios de la tierra, fundamento del orden feudal en el plano socioeconómico.

De todo lo expuesto se desprende que, en la actualidad, el debate sobre el feudalismo visigodo gravita, en buena medida, en torno a la eclosión y desarrollo de la servidumbre. Dos son las corrientes que se han ido perfilando, una continuadora de las tesis de Barbero y Vigil, que como vimos consideraban que los orígenes de la servidumbre estaban ligados a la extensión del patrocinium en época tardorromana y visigoda, y otra, próxima a las teorías de Bonassie, que sostiene la pervivencia del sistema esclavista durante todo este período, si bien admite el desarrollo de ciertas relaciones sociales innovadoras, calificadas de prefeudales. En cualquier caso, parece que lo que nadie admite es la idea de que en Hispania se reforzase la esclavitud, durante la época visigoda. Antes bien, se tiende a imponer, con un criterio más o menos flexible, que lo que se habría reforzado sería la explotación económica de la población campesina libre a favor de una nueva aristocracia de domini vel patroni.

9.4. Los pueblos del norte peninsular: cántabros, astures y vascones

En los límites noroccidentales de la Península Ibérica se destaca un enclave, habitado por astures, cántabros y vascones, que nunca llegó a ser completamente asimilado a la monarquía visigoda, a pesar de las continuas campañas militares que desde época de Leovigildo los distintos monarcas godos emprendieron contra sus habitantes. A comienzos de la década de 1970, Abilio Barbero y Marcelo Vigil sostuvieron que esta situación de perenne enfrentamiento respondía al antagonismo existente entre las estructuras sociales del reino visigodo y las propias de estos pueblos, cuya organización todavía conservaba rasgos de su pasado gentilicio, de ahí su resistencia a ser absorbidos por la monarquía visigoda. Los cántabros fueron el último pueblo en ser incorporado al dominio de Roma y, en opinión de ambos estudiosos, durante los últimos tiempos del Imperio, aprovechando las dificultades de todo tipo que atravesaban la administración y el ejército romanos, habían logrado convertir su precaria asimilación en una virtual independencia. En cuanto a los vascones, defendieron la tesis de que nunca llegaron a ser sometidos por Roma y ya en los siglos VI y VII se enfrentaron tanto a visigodos como a francos (Barbero y Vigil, 1974: 51-67).

Las primeras noticias referidas a estos pueblos, en época visigoda, se remontan al reinado de Leovigildo, que con sus campañas de 574 y 581 pasó a dominar los territorios meridionales de Cantabria, donde ocupó la fortaleza de Amaya y Vasconia, donde procedió a fundar la ciudad de Victoriacum. Ambas posiciones estarían destinadas a mantener el control sobre estos pueblos y evitar sus incursiones por los ricos territorios colindantes del valle del Ebro, que en lo que concierne a los vascones están ya constatadas desde mediados del siglo V. A partir de las dos campañas citadas se suceden las noticias sobre nuevas guerras contra unos y otros, si bien en el siglo VII las fuentes silencian a los cántabros y en su lugar mencionan a los astures. Otro pueblo prerromano de la cornisa cantábrica, cuyo territorio colindante con el de los cántabros se extendía al Occidente de estos últimos. Barbero y Vigil pensaron que este cambio podía responder a un desplazamiento del nombre de Asturias, que habría pasado también a designar las zonas más septentrionales del antiguo territorio cántabro para diferenciarlas de la Cantabria meridional, integrada en el reino visigodo desde época de Leovigildo. Sobre todo, porque la primera vez que esto ocurre, con ocasión de la campaña que dirigió en nombre del rey Sisebuto el dux Réquila, las fuentes se muestran contradictorias y mientras Isidoro de Sevilla habla de astures, una fuente franca contemporánea, la Crónica de Fredegario, se refiere a una expedición contra Cantabria. De acuerdo con esta hipótesis, los astures del siglo VII contra los que guerrearon los visigodos, estarían integrados por todos aquellos pueblos de la cornisa cantábrica no asimilados por los visigodos, astures propiamente dichos y también cántabros, tanto más cuanto en la Edad Media las regiones más orientales del reino astur, tradicionalmente cántabras, reciben los nombres de Asturias de Santillana y Asturias de Trasmiera (Barbero y Vigil, 1974: 87-89).

Durante la segunda mitad de la década de 1970, la explicación que habían ofrecido Barbero y Vigil sobre la realidad social de los pueblos del norte en la Antigüedad Tardía alcanzó gran difusión. Sin embargo, pronto se vio cuestionada por una serie de estudiosos que, basándose en el análisis de testimonios toponímicos y arqueológicos, llegaron a la conclusión de que las estructuras gentilicias propias de astures, cántabros y vascones, tal y como las describe Estrabón en el momento de la conquista romana, experimentaron profundas transformaciones a lo largo de los siglos de dominación imperial. La mayor parte de los trabajos aparecidos en las dos últimas décadas se inscriben en esta corriente. Como rasgo general, cabría destacar que todos ellos apuntan a una tardía romanización de las poblaciones de la cornisa cantábrica y a la existencia de diferencias regionales importantes en lo que atañe a su grado de intensidad. Este último no se mide por el desarrollo de la vida urbana, muy escaso en esta zona de la Península, sino por la extensión del sistema de explotación agrícola típico del Bajo Imperio, basado en la villa y el gran dominio. Como resultado, actualmente se impone la tendencia a dibujar un panorama social de los pueblos del norte claramente bajoimperial o, al menos, alejado del modelo anterior a la conquista romana.

En el caso del área oriental de Asturias, donde las formas de organización social indígenas tuvieron mayor arraigo, se ha constatado la presencia de un creciente número de villae, asociadas por lo general a topónimos del Bajo Imperio, que parecen confirmar la asimilación de la zona a la cultura romana (Santos Yanguas, 1992). Las excavaciones llevadas a cabo en Lugo de Llanera han desvelado la existencia de un vicus viarii, situado en un núcleo de comunicaciones, donde se cruzaban las rutas que ponían en contacto Astorga con Gijón y las explotaciones mineras y agrícolas asturianas (Fernández Ochoa, 2001). Aunque en la mayor parte de las ciudades romanas de la zona no se han realizado excavaciones arqueológicas, los hallazgos efectuados en Gijón durante la última década aportan pruebas materiales a favor de un mayor desarrollo urbanístico del que se creía hasta hace pocos años. La ciudad, fundada en época Flavia, período en el que numerosas comunidades del norte peninsular recibieron el estatuto de municipio, alcanzó su máximo desarrollo económico y monumental en el siglo IV. Y a juzgar por los restos de terra sigillata encontrados, la ocupación se prolongó hasta el siglo VI. Contaba con una muralla, instalaciones portuarias, factoría de salazones y termas públicas (Fernández Ochoa, 1997 y 1999). Alrededor de ella se construyeron numerosas villae de pequeño tamaño, dotadas de pavimentos de mosaico, que denotan un uso residencial aristocrático de evidente raigambre cultural romana (Blázquez, 1993). A tenor de estos testimonios y otros semejantes, las tesis favorables a la implantación del modelo social romano en la Asturias trasmontana han ido cobrando cada vez mayor entidad en los últimos años.

Como en el caso de Asturias, también en la Cantabria tardorromana se perfila un panorama distinto al de los inicios de nuestra era. Estudios recientes inciden en la amplia difusión de la toponimia romana, así como del sistema de explotación agraria basado en las villae (Ramírez Sádaba, 1999: 333-350; Peralta, 2000). Ahora bien, en ninguna de ellas se han hallado restos de mosaicos, que atestigüen un hábitat noble; de lo que se desprende que debió de tratarse de simples granjas. Por otra parte, se advierte que las principales ciudades de la zona quedaron despobladas durante el siglo III. Iuliobriga de manera definitiva. Flaviobriga, en cambio, tras un período de abandono, volvió a ser parcialmente ocupada en el transcurso del siglo IV. Su perímetro se redujo, pero continuó habitada durante otros cien años (Iglesias Gil y Ruiz, 1998). Parece evidente, a la luz de todos estos hallazgos, que la romanización de Cantabria en los últimos tiempos del Imperio fue limitada y poseyó un marcado carácter rural. La viuda urbana, con sus rituales de cohesión en torno al foro, los templos, las termas, el teatro, el anfiteatro y el circo, parecen ausentes. Y la sociedad local debió de estar dominada por un grupo de familias de medianos propietarios con una deficiente formación literaria, a juzgar por las escasas inscripciones halladas.

El territorio habitado por los vascones presenta, de acuerdo con los últimos estudios, importantes diferencias regionales, tanto en el plano económico como en el de la organización social y el grado de romanización (Sayas, 1994; Fuentes, 1996: 213-223). En la zona meridional se han hallado restos de grandes villas, dotadas de estancias de lujo, y pequeñas ciudades como Turiasso, Cascantum, Calagurris, Vereia o Virovesca, cuyos honorati ypossessores escribieron al papa Hilario en 465 con objeto de apoyar al obispo Silvano de Calagurris (FHA. IX, 88). En la zona central del territorio vascón, no se documenta la existencia de tantas ciudades ni de tan ricas y extensas explotaciones agrarias. A juzgar por la abundancia de topónimos referidos a posesores de nombre latino, parece que imperó la pequeña y mediana propiedad, siendo la romanización de sus habitantes bastante limitada. En el territorio septentrional, el llamado saltus vasconum, sólo hubo tres civitates reconocidas a efectos administrativos: Iturissa, y las de los Aracellitani e Ilumberitani. Todo apunta a que era una región de bosques frondosos y aprovechamiento económico ganadero. No hay indicios de que su escasa población conociese o emplease la lengua latina. Y aún se baraja la hipótesis de que ocasionalmente efectuasen incursiones de saqueo en el valle de Ebro, sumándose a los campesinos empobrecidos de la zona en las revueltas bagaudas.

De todo lo expuesto, se desprende que los pueblos del norte de Hispania no se encontraban en la Antigüedad Tardía en la misma situación socioeconómica que cuando cayeron en poder de Roma. A comienzos del siglo V, el sistema de explotación agrícola basado en las villae estaba ampliamente difundido por toda la cornisa cantábrica, exceptuando el norte de Vasconia. Lo más seguro es que, para entonces, existiese un grupo de terratenientes lo bastante poderoso y cohesionado como para ejercer sobre la población campesina formas de coerción económica y extraeconómica semejantes a las que se daban en el resto del Imperio. Muchos de estos propietarios de villae y fundi debía ser descendientes de antiguos jefes de grupos parentales, que durante los siglos I al III se habían convertido en miembros de las nuevas oligarquías provinciales. A través de este tipo de transmisiones, difíciles de rastrear en las fuentes literarias y arqueológicas, se producirían pervivencias de las formas de organización social indígenas. En cualquier caso, no conviene exagerar el grado de romanización de las poblaciones del norte de la Península. A excepción de la rivera navarra y Asturias, la vida urbana y sus rituales de cohesión se hallaban escasamente difundidos. La inexistencia de sedes episcopales en el área oriental de Asturias, costa de Cantabria y norte del País Vasco, durante el Bajo Imperio, constituye un elocuente testimonio de las limitaciones de la romanización en la zona.

Apéndice documental

Documento 1

El patrocinio

Si alguno dio armas a un comendero (buccellarius), o le donó alguna cosa, permanezca lo que fue donado en poder del mismo, si perseverare en el servicio de su patrono. 2. Mas si eligió otro patrono, tenga facultad para encomendarse a quien quisiere, pues no se puede impedir a una persona libre el hacerlo, siendo dueño de sí mismo, pero devuelva todo al patrono de quien desertó. 3. Obsérvese la misma norma respecto a los hijos del patrono o del comendero: que si quieren éstos servir a aquéllos, posean lo donado, mas si decidieron dejar a los hijos o nietos del patrono, devuelvan todo lo que el patrono donó a sus padres. 4. Y si el comendero adquirió alguna cosa estando en el servicio del patrono, quede la mitad de todo ello en poder del patrono o de sus hijos, y obtenga la otra mitad el comendero que lo adquirió; 5. Y si dejó una hija, ordenamos que quede en poder del patrono, pero debiendo el patrono procurarle un igual que pueda casarse con ella. 6. Y si ella eligiera otro marido contra la voluntad del patrono, restituya al patrono o a sus herederos todo lo que el patrono o sus padres donaron al padre de la misma.

El Código de Eurico, 310, ed. A. D’Ors, Roma, 1960.

Documento 2

La huida de los dependientes

Otro milagro más de su extrema paciencia hemos conocido por la narración de un varón piadoso que nos informó a propósito de nuestro santo protector. Un día en que iba con otros compañeros de viaje por la región próxima a Egitania y se dirigía a Mérida, la maravillosa capital de la provincia de Lusitania, por devoción a la santa virgen Eulalia, para allí combinar los sagrados votos de su espíritu con los sacratísimos afectos de su corazón, con el propósito final de llegar a la isla situada en territorio gaditano con la ayuda del Señor, después de derramar en presencia de Dios sus dulces preces y de recibir de la generosa piedad de nuestro Señor Jesucristo los efectos de su petición; pues bien, según íbamos diciendo, mientras caminaba por la región de Egitania sucedió que todos los que marchaban en compañía del santo varón se adelantaron un poco; él, retrasándose, se tendió en oración por unos momentos en un apartado y muy secreto paraje de un bosque y densa arboleda. Mientras estaba echado en el suelo, el antiguo enemigo, siempre envidioso de todas las personas buenas, condujo al lugar en que el santo oraba a un palurdo aldeano enfurecido. Cuando vio ante él al santo y lo descubrió solo, en medio de la enramada, con vestidos vulgares y con los pies descalzos y al aire, según se comporta una mente grosera, despreciándolo por la vileza de su atuendo, acercóse más y más al santo confiado de insensata temeridad; y teniéndolo por un fugitivo lo colmó de injurias denostándolo con palabras procaces, y, sin pararse en barras, petulantemente, el rústico lo cubrió con toda clase de expresiones ofensivas. Pero mientras el santo le respondía tranquilamente diciendo: “De verdad que no soy un fugitivo”, y aquel, por el contrario, se empeñaba por incitación del diablo en que lo era, hasta tal punto se enardeció que llegó a golpearlo con una tranca que llevaba en las manos. El santo soportaba todo pacientemente y el otro no cesaba de golpear; pero en cuanto el santo le hizo la señal de la cruz, al punto el demonio derribó al palurdo a tierra y lo hizo retorcerse boca abajo ante los pies del santo varón y lo golpeó y maltrató hasta que, causándole graves heridas, lo dejó medio muerto envuelto en su propia sangre. Mas el santo varón al momento hizo oración y lo restituyó sin ninguna dificultad a su anterior salud.

La Vida de San Fructuoso de Braga, ed. M. C. Díaz y Díaz, Braga, 1974.

Documento 3

Obispos y patrimonio eclesiástico

II. Que cuando muere el obispo, nadie tome cosa alguna del difunto ni de la iglesia. Tenemos también por bien que muriendo el obispo por voluntad de Dios, los fieles se abstengan de tomar ningún objeto ni cosa alguna de las que pertenecen al obispo o a la iglesia, sean libros, objetos de adorno, utensilios, frutos, rebaños, animales u otra cosa alguna. No roben nada como si se tratara de vulgares ladrones… de modo que conforme a esta justa determinación, no desaparezca nada de lo necesario al futuro prelado o administrador. Para que se observe más fielmente esto conforme a según toda justicia, tan pronto muera el obispo, según lo prescrito en el concilio de Riez acuda inmediatamente el obispo más próximo, el cual, después de celebrar las exequias según costumbre, tomará a su cargo, bajo la vigilancia más exquisita, el cuidado de aquella iglesia, para poner coto antes de la ordenación del futuro obispo a la rapiña y dilapidación de los avariciosos clérigos. Y para ello, de cuanto se halle se hará el más escrupuloso y fiel inventario, si es posible dentro de los ocho días después de la muerte. A continuación se presentará el inventario ordenado al metropolitano, para que elija persona de confianza que cuide de aquella hacienda eclesiástica, y pueda distribuir a los clérigos los estipendios acostumbrados, y dé cuenta oportunamente al metropolitano de las cosas que se le han confiado, si acaso hubiere tardanza en la ordenación del obispo…

III. Que los parientes del obispo moribundo no tomen para sí nada de las cosas de aquél, sin saberlo el metropolitano y los obispos de la provincia… no sea que entre el caudal hereditario se encuentre alguna cosa perteneciente a la iglesia… Y si algún clérigo o lego, olvidándose del temor divino violare estos decretos del concilio, sea privado de la comunión y trato de la iglesia, porque resulta intolerable que acuda a aquella a quien no temió despojar, a no ser que arrepentido y habiendo detestado su atrevimiento merezca el perdón…

Concilio de Valencia, a. 549, Vives, 61-63.

Documento 4

El gobierno del obispo

Después, con gran acompañamiento salió del lugar en que había estado desterrado, en dirección a la ciudad de Mérida. Al informarse de su regreso Nepopis, el que había sido puesto en su lugar, aterrado de súbito por divina virtud, se dispuso apresuradamente a huir a la ciudad donde antes había sido obispo. Primero envió, con astucia, de noche, sin ser visto, a su ciudad abundante plata y vasos preciosos, lo mejor que había encontrado en Mérida… El mismo Nepopis, lastimosamente despreciado por el clero y el pueblo, a toda prisa partió de Mérida hacia su ciudad… Huyó primero él con unos pocos; tras él todos sus partidarios, saliendo de la ciudad ignominiosamente dispersos, abochornados, discurriendo de un sitio a otro, se dirigían a su lugar de origen.

Cuando por permisión de Dios, y por los méritos de santa Eulalia, todo esto sucedía, ocurrió que el santo Masona, con una infinita muchedumbre, regresaba a la ciudad de Mérida en el mismo día y por el mismo camino que seguían los carros cargados con sus pertenencias. Al cruzarse con ellos en la misma calzada, no lejos de la ciudad, el santo varón mandó inquirir de quién eran todos aquellos carros. Reconociendo los serviciarios a su propio señor, rebosantes de incontenible gozo, respondieron: “Somos tus siervos, señor”. Les preguntó insistente qué llevaban en los carros. Ellos le dijeron: “Transportamos las pertenencias de santa Eulalia y tuyas, que el ladrón Nepopes ha hurtado; y nosotros, desdichados, somos conducidos a cautividad, arrancados de nuestras casas, de nuestros hijos y de nuestras esposas; arrojados lejos de la tierra donde hemos nacido”. Al oír esto el varón de Dios, lleno de gran alegría, dijo: “Te doy gracias, Señor, Jesús bueno, porque grande es la abundancia de tu dulzura; que en todo te has dignado dispensar tantos cuidados a estos, aunque indignos, siervos tuyos; de modo que nos haces volver felizmente, libres de todo mal; y no abandonas lo tuyo en manos de tus enemigos”. Y hablando así, ordenó a todos volver a su ciudad; Y así, llegó a ella en inmenso gozo entre la común algazara…

Entró en la ciudad exultante en el Señor, en medio del contento de todos. Así recibió la iglesia emeritense a su pastor, desbordante de júbilo… Pues la presencia del santo varón, por divina misericordia, acabaría con las penurias de tantas calamidades, con los frecuentes estragos de la peste, con la incesante subversión en toda la ciudad; todo lo cual, por faltar el pastor, se había agravado sin duda a causa de su ausencia.

Vitae patrum emeritensium, XV. 35-36 (A. Camacho, Mérida, 1988).

Documento 5

El patrimonio eclesiástico y su titularidad

Tras servir a Dios por muchos años de modo irreprensible obedeciendo a su tutor en todo con filial reverencia hasta ser el encanto de su vejez sin el menor disgusto, el santo obispo, cumplido el curso de su vida, decrépito, llegado a la vejez, lo eligió por sucesor; viviendo aún, lo subrogó también en su lugar y lo instituyó heredero de todos sus bienes, determinando en su disposición testamentaria que si el clero emeritense tuviera a bien aceptarlo por su pontífice, los bienes que a él le dejaba pasarían después de su muerte a dicha iglesia; pero en otro caso, tendría entera libertad para decidir y resolver lo que quisiera respecto a tales bienes. El santo varón redactó esta su última voluntad por revelación del Espíritu Santo, previendo por carisma profético que habrían de surgir contra su sucesor futuras envidias de muchos hombres malvados, quienes un día le criticarían mordazmente y encendidos por el calor del odio, lo despedazarían sin compasión… Después de su muerte, algunos hombres malvados, según lo que el varón de Dios había previsto, comenzaron a difamar con sus lenguas maldicientes al santo obispo Fidel, con ánimo de arrojarlo de su puesto en la mejor oportunidad. Mas cuando éste hubo recapacitado, al querer alejarse de tales invectivas con sus bienes, descubrieron que si se retiraba, recabando según derecho las posesiones de la iglesia, nada absolutamente les iba a dejar; y a la fuerza, más que de propia voluntad, se postraron a sus pies y le pidieron con muchos ruegos que no los abandonara. Ante esto, él que nunca había rehusado, mostró su asentimiento en el sentido de afrontar la carga del gobierno y dejar luego a la iglesia todo su patrimonio. Así se hizo y en aquel tiempo fue tan rica aquella iglesia como jamás había habido otra en los confines de España. Y con la ayuda de Dios se granjeó de tal manera la más pura y sincera estimación de todos, que encendidos en el mismo espíritu de inmensa caridad, ardían para con él en fuego de mayor entusiasmo; y confundidos en un mismo corazón y en una misma lengua, nunca ya discreparon en el mutuo aprecio por causa de reavivadas discordias.

Vitae patrum emeritensium, V. 13-VI.14.

Documento 6

El poder del obispo

Dicho esto, comenzó a hablar así: Estuve en un lugar ameno, donde había muchas flores fragantes, hierbas muy verdes, rosas y lirios, y muchas coronas de piedras preciosas y oro, innumerables tapices de seda y una suave brisa de templado relente que refrescaba todo con su soplo. También vi allí innumerables escaños dispuestos a derecha e izquierda. Colocado en medio, se alzaba un escaño más elevado. Había numerosos criados, todos engalanados y hermosos preparando las mesas y el exquisito banquete. La abundante variedad de platos se surtía no con carne de cualquier animal, sino sólo de aves; y todo lo que se ofrecía era blanco como la nieve. Y aguardaban la venida del rey, su señor. Entonces yo, aunque indigno, pensando que sería buen precio de mi insistencia poder escuchar de sus propios labios con más detalles el relato de tal portento, le pregunté: “Dime, te ruego; mientras se disponía esto que cuentas ¿Qué hacías tú?”. Y él respondió: “A todos besaba los pies”; y ellos decían: “Bendito sea Dios que en buena hora te trajo”. Diciendo esto y ultimando ellos su cometido irrumpió súbitamente gran multitud de invitados, todos engalanados de oro y piedras preciosas, ceñidos de brillantes coronas; marchaba una fila de la multitud por la derecha y otra por la izquierda; y así, avanzando por uno y otro lado, rendían inefable tributo de veneración a su rey. En medio de ellos venía un hombre deslumbrador y apuesto en extremo, hermoso de rostro, radiante en su aspecto, más alto que los otros en estatura, más esplendente que el sol, más blanco que la nieve. Cuando llegaron hasta las sillas preparadas, aquel hombre más bello se sentó en el lugar superior y los restantes, después de inclinarse y reverenciarlo, se acomodaron en sus sitiales. Por último los bendijo a todos y ellos lo adoraron una, dos y tres veces. Luego se les sirvió la comida preparada.

Vitae patrum emeritensium, 1.2.

Documento 7

Los impuestos

Y ¿que diré ahora acerca de la recaudación de los tributos fiscales, cuyos atrasos adeudados han alcanzado tal volumen, que si se mandara exigirlos completamente se derrumbaría totalmente la estabilidad de los pueblos, y con los escombros de su derrumbamiento toda la tierra sentiría llegada su ruina final y propia destrucción? Por lo que, deseando nuestra gloria derramar abundantemente el remedio de la misericordia sobre éstos, sean los tales particulares o sean también siervos fiscales, nuestra mansedumbre ordena que les sean perdonados y remitidos en fuerza de nuestra autoridad todas las recaudaciones de tributos que pesan sobre ellos de los años atrasados hasta el primero de nuestra majestad.

Concilio XIII de Toledo, a. 683, Vives, 413.

Documento 8

Luchas entre obispos

Qué es lo que se establece acerca de los obispos que tienen un litigio entre sí por razón del territorio diocesano …por indicación del santísimo varón el obispo Oroncio movió el ánimo del Rey a misericordia, para que reintegrase y restaurase los límites de esta provincia de Lusitania con sus obispos y sus diócesis, según lo prescrito en los antiguos cánones, a la jurisdicción de la provincia y a esta sede metropolitana. Reintegrados, pues, éstos, según dicha norma, a esta metrópoli por decreto conciliar, en forma judicial y con la confirmación de su clemencia, y habiéndonos reunido en concilio por la misericordia del Señor y mandato del Rey, uno de ellos, por nombre Sclúa, obispo de la santa iglesia de Idaña, reclamó ante el santo concilio, porque Justo, obispo de la iglesia de Salamanca, retenía una parte del territorio que le pertenecía a él, añadiendo también que éste había recuperado, aun después de muchos años lo que la metrópoli de Galicia retenía de su diócesis, y que pertenecía a su propia demarcación… De tal modo, sin embargo, que desde la presencia del metropolitano se enviarán inspectores que examinen dichas diócesis buscando los signos evidentes, y que cada uno reciba y retenga lo que le es debido, pero los pactos que según las normas canónicas fueren celebrados entre los obispos con toda justicia y mediante pacífica deliberación, juzgamos que deben guardarse en todo detalle…

Concilio de Mérida, a. 666, Vives, 330-332.

Documento 9

La propiedad eclesiástica

Acerca de todo lo cual tuvimos por bien que cualquier territorio que probare haber pertenecido antes de las operaciones militares por derecho antiguo a su propia diócesis, fuere devuelto a la jurisdicción de aquélla, pues así como por las leyes civiles, a aquellos a los que la ferocidad de los bárbaros se llevó en cautividad forzada, si vuelven algún día se les reintegra su antiguo patrimonio por el postliminio, no de otro modo la iglesia debe recobrar el territorio que antes tuvo con todas sus cosas, ya estén ahora en posesión de otras iglesias, ya hayan pasado a manos de cualquier otra persona; pues no podrá oponerse haber pasado el plazo de la prescripción donde existía la causa mayor de la guerra.

Concilio II de Sevilla, a. 619, Vives, 163-164.

Documento 10

El rey como protector y defensor de la Iglesia. Alocución de Recaredo ante el III Concilio de Toledo

La atención regia debe extenderse y dirigirse de modo que conste haber tenido plena cuenta de la verdad y de la sabiduría, y así como en las cosas humanas descuella sobre todo el poder regio, del mismo modo debe ser aún mayor su providencia en atender al bien de sus ciudadanos; pero ahora, oh beatísimos obispos, no sólo nos preocupamos de aquellas cosas mediante las cuales los pueblos que están sujetos viven y se gobiernan pacíficamente, sino también, con la ayuda de Cristo, extendemos nuestra atención hasta las cosas celestiales, y nos preocupamos de no ignorar aquellas otras que hacen a los pueblos creyentes. Por lo demás, si debemos esforzarnos con todas las fuerzas en poner orden a las costumbres humanas y refrenar el furor de los insolentes con el poder real, si debemos consagrarnos a la propagación de la paz y la tranquilidad, con mucho más motivo debemos ocuparnos en desear y pensar en las cosas divinas, en ansiar las sublimes y mostrar con serena luz la verdad a los pueblos que han abandonado el error.

Concilio III de Toledo, a. 589, Vives, 123.

Documento 11

La unción regia

En los cuales documentos se prueba que el rey anterior, Vamba, recibió la penitencia, y que la sucesión en la dignidad real pasa a este nuestro príncipe actual, pues el mismo rey Vamba, viéndose acometido por una gravísima enfermedad, y habiendo recibido el hábito religioso, y la venerable señal de la tonsura sagrada, a continuación, por medio de una decisión suya escrita, eligió al ínclito señor nuestro Ervigio para que reinara después de él y fuera ungido con la bendición del obispo. Vimos, pues, todos y observamos examinándolas unos tras otros con mirada perspicaz, las escrituras que prueban lo que acabamos de indicar, esto es, el certificado confirmado por la mano de los grandes de palacio, delante de los cuales el rey anterior recibió el hábito de la religión y la venerable señal de la tonsura sagrada.

Concilio XII de Toledo, a. 681, Vives, 386.

Documento 12

El juramento de fidelidad

Amonestación al pueblo para que no peque contra los reyes… La última decisión de todos nosotros, los obispos, ha sido redactar en la presencia de Dios, el último decreto conciliar, que fortalezca la situación de nuestros reyes y dé estabilidad al pueblo de los godos. Tal es la doblez del alma de muchas gentes, como es sabido, que desprecian guardar a sus reyes la fidelidad prometida con juramento, y mientras en su corazón abrigan la impiedad de la fidelidad, con las palabras aparentan la fe del juramento, pues juran a sus reyes y después faltan a la fe prometida… ¿Qué esperanza les quedará a tales pueblos cuando luchen contra sus enemigos? ¿Cómo se les podrá creer en adelante que vivirán en paz con otras gentes? ¿Qué pacto no será violado? ¿Qué promesa jurada a los enemigos permanecerá firme cuando no guarden la fe que juraron a sus propios reyes? ¿Quién está tan loco que con su propia mano se corte la cabeza?

Aquellos, como es sabido, se matan con su propia mano olvidándose de su propia salvación, cuando erigen sus fuerzas contra sí mismos o contra sus reyes… Para los tales no es perjurio el evitar los peligros, ni el causar la pérdida a sus reyes. Con los enemigos se guarda ciertamente la fe pactada y no se la viola; luego si en la guerra se guarda lo pactado, ¿cuánto más hay que guardarlo con los suyos?

Por lo cual, si queremos evitar la ira divina y deseamos trocar su severidad en clemencia, guardemos para con Dios la veneración religiosa y el temor, y permanezcamos hasta la muerte en la fidelidad y promesas que hemos hecho a nuestros reyes. Que no se dé entre nosotros como entre otras gentes la impía sutilidad de la infidelidad. No la engañosa perfidia del corazón. No el crimen de perjurio. No las nefandas intrigas de las conjuras. Que nadie de entre nosotros arrebate atrevidamente el trono. Que nadie ejercite las discordias civiles entre los ciudadanos. Que nadie prepare la muerte de los reyes, sino que muerto pacíficamente el rey, la nobleza de todo el pueblo, en unión de los obispos, designarán de común acuerdo el sucesor en el trono, para que se conserve por nosotros la concordia y la unidad, y no se origine alguna división de la patria y del pueblo a causa de la violencia y de la ambición…

Oíd nuestra sentencia: Cualquiera, pues, de nosotros o de los pueblos de toda España que violare con cualquier conjura o manejo el juramento que hizo a favor de la prosperidad de la patria y del pueblo de los godos y de la conservación de la vida de los reyes, o intentare dar muerte al rey, o debilitare el poder del reino, o usurpare con atrevimiento tiránico el trono del reino, sea anatema, en la presencia de Dios Padre y de los ángeles, y arrójesele de la Iglesia católica, a la cual profanó con su perjurio, y sea tenido él y los compañeros de su impiedad, extraños a cualquier reunión de los cristianos, porque es conveniente que sufran una misma pena, aquellos a los que unió un mismo crimen.

IVConcilio de Toledo, a. 633, Vives, 217-219.

XIV. De los premios otorgados a los que son fieles a los reyes. No sólo es inhumano, sino también injusto, defraudar a los fieles en su premio, y por lo tanto, no siendo cosa estéril el premio otorgado a la fidelidad, tanto en las cosas divinas como en las humanas, parece digno que miremos por los fieles al rey con nuestro dictamen. Por lo tanto, confirmando lo que en el año primero de nuestro serenísimo rey decretó el Santo Concilio, ninguno de los que obedecieren con fiel obsequio y sincero servicio a las voluntades y mandatos del príncipe, y prestaren vigilancia y custodiaren su vida con todas sus fuerzas, no sean, por los sucesores en el reino privados injustamente de su cargo ni de los bienes que poseyeron, sino que aun ahora deben ser tratados discretamente por el príncipe, conforme al valer de cada uno, y en el grado que creyere que son necesarios a la Patria. Y así les otorgará su benignidad, de modo que reserve también su favor para los demás. Y de tal modo se lucrarán de todas las cosas adquiridas justamente, que puedan a su plena voluntad dejarlas a su descendencia y donarlas a aquellos a quienes pluguiere…

Concilio VI de Toledo, a. 638, Vives, 242.

Documento 13

El patrimonio regio

De la guarda de la vida de los reyes y de la defensa de la prole de los príncipes actuales. Debemos proveer con suma vigilancia y gran cuidado de la religión que los males que repetidamente prohibidos se practican todavía, sean extirpados con prudentes normas canónicas, pues no en vano está escrito: Azotado el culpable, el necio se hará más cuerdo. Por lo cual, y porque aumentando el peso de los delitos aprendemos con la experiencia que muchas veces, y aun casi siempre, se hacen cosas que deberíamos evitar sobremanera, y que aun aquello mismo que nosotros hemos prometido guardar con juramentos sagrados, lo violamos temerariamente, por esto mismo hay que reprimir con frecuencia aquellas transgresiones que a menudo se registran. Y para que los sucesores no envidien a sus predecesores y cada uno de los que sigue al que le precedió, y para que todo permanezca en paz y tranquilidad, se promulga esta decisión de nuestro concilio, tomada de común acuerdo: que guardando todo lo que ha sido decidido y decretado en el gran concilio universal, acerca de la inviolabilidad y servicio de los reyes, se añada también y se guarde lo siguiente, a saber: que se conserve el amor con toda benignidad y toda firmeza, hacia toda la descendencia de nuestro príncipe el rey Chintila, y se le preste el debido socorro y defensa, para que no se les arrebate injustamente sus derechos de propiedad, ni aquellos bienes justamente adquiridos, ni tampoco aquellos otros recibidos de sus padres en lícita transmisión. Ni se les ponga por cualquiera pleitos injustos y rebuscados, para arruinarlos, ni olvidando el amor, se les moleste de ningún modo ni con ningún motivo, pues si esto se tolera, resulta que los reyes sospechan de los súbditos y los súbditos codician la renta de los reyes, y acerca de esto y para que nadie intente lo que antecede, y desaparezca la codicia que es la raíz de todos los males, amonestamos a todos los presentes y ausentes, y también a todos los que nos han de seguir en los tiempos venideros, delante de Dios y de sus ángeles, que si hubiere algún quebrantador y despreciador de este nuestro precepto, que intentara molestarlos odiosamente con cualquier argucia, o dañarlos en alguna cosa, sea anatema ante la asamblea de todos los cristianos, y condenado por el juicio del cielo. Sea también reprobado por todos los católicos, abominable para los santos ángeles constituidos en el servicio de Dios, se le tenga por perdido en este mundo y condenado en el futuro, porque no quiso prestar su consentimiento a una tan recta medida.

Concilio V de Toledo, a. 636, Vives, 227-228.

Documento 14

Las insurrecciones militares

De los clérigos o seglares desertores o traidores. Habiéndose reunido en la ciudad de Toledo, en nombre de la Santa Trinidad, el concilio, convocado tanto por nuestra devoción, como por indicación del cristianísimo y amante de Cristo, nuestro rey Chindasvinto, para determinar algunos puntos referentes a la disciplina eclesiástica, pareció oportuno decretar, de común acuerdo, aquello que observado solícitamente traerá grandes beneficios, según confiamos, tanto en el presente como en el futuro, porque siempre debe proveerse con cuidado todo lo referente a las costumbres eclesiásticas y al bien común, sin lo cual no podemos vivir pacíficamente… ¿Quién, pues, ignora cuántos crímenes han sido cometidos por los tiranos y desertores que se pasan al enemigo, y cuál la desastrosa soberbia de los tales continuamente repetida, que ha causado gran menoscabo a la patria, e impuesto un esfuerzo sin tregua al ejército de los godos? …y es que muchos se precipitan a veces en esta locura desde el estado religioso, de modo que no es causa de pequeña confusión para nosotros, el que de algún modo queden sin castigo aquellas acciones que deben corregirse inmediatamente por la ley civil y por las disposiciones de la Iglesia.

Por lo tanto, tuvimos por bien ordenar ahora, de común acuerdo, que cualquiera que perteneciente al orden clerical, en cualquier grado del mayor al menor… todos estos sujetos serán inmediatamente privados del grado de su honor, para que otro enseguida pueda ocupar perpetuamente el puesto en el que aquellos prestaban sus servicios, y al mismo transgresor obligado a la penitencia, si arrepintiéndose del mal que ha cometido, hiciere penitencia puntualmente, hasta el día de su muerte, se le dará la comunión, pero al fin de la vida… Así pues, no será conveniente violar jamás las disposiciones que acabamos de reseñar, ni por mandato de los reyes, ni por amenazas, porque sabemos que casi todos los obispos de España, y todos los dignatarios y autoridades, y los demás hombres con cargo en palacio, han jurado lo que ya estaba también decretado anteriormente por las leyes, que ningún desertor o traidor, a quien se prueba que obra en contra de la nación goda, o de la patria o del rey, o haberse pasado al pueblo enemigo, jamás será reintegrado en sus bienes, a no ser que el rey, por humanidad, quisiera devolver algo a tales personas, el cual sin embargo no podrá restituir a aquel que incurrió en la traición más de una vigésima parte de los bienes que el rey prefiriere.

Concilio VII de Toledo, a. 646, Vives, 249-251.

Documento 15

Fiscalidad del reino visigodo

A los sublimes y magníficos señores hijos y hermanos numerarios, Artemio y todos los obispos que contribuyen al fisco en la ciudad de Barcelona:

Habiendo sido elegidos para el cargo de numerarios en la ciudad de Barcelona, de la provincia Tarraconense por designación del señor e hijo y hermano nuestro Escipión, conde del Patrimonio, en el año séptimo del feliz reinado de nuestro glorioso señor el rey Recaredo, solicitasteis de nosotros, según es costumbre, la aprobación en nombre de los territorios que están bajo nuestra administración. Por lo tanto, por el testimonio de esta nuestra aprobación decretamos: que tanto vosotros como vuestros agentes y ayudantes, debéis exigir del pueblo, por cada modio legítimo, nueve silicuas y por vuestros trabajos una más. Todo lo cual según nuestra determinación, y conforme lo dijimos, debe ser exigido tanto por vosotros como por vuestros ayudantes y agentes; pero no pretendáis exigir o tomar nada más. Y si alguno no quisiere conformarse con esta nuestra declaración, o se descuidare en entregarte en especie lo que te conviniere, procure pagar su parte fiscal y si nuestros agentes exigiesen algo más por encima de lo que el tenor de esta nuestra declaración señala, ordenaréis vosotros que se corrija y se restituya a aquel que le fue injustamente arrebatado. Los que prestamos nuestro consentimiento a este acuerdo firmamos de nuestras propias manos más abajo: Artemio, Sofronio, Galano y Juan.

De fisco Barcinonensi, a. 592, Vives, 54.

Documento 16

Debate público entre el obispo arriano de Mérida, Sunna, y el obispo católico Masona

A consecuencia de esto, el crudelísimo tirano (Leovigildo), dado que ni con amenazas ni con obsequios pudo conseguir que el ánimo del varón de Dios apostatara de la recta fe para abrazar la perfidia, como era vaso de ira, semilla de vicios y vástago de condenación, en cuyo pecho anidaba la más fanática herejía, y la astuta serpiente le tenía cautivo y sometido a su dominio, ofreció a los ciudadanos amargor por dulzura, aspereza por suavidad, mortífera ponzoña en lugar de saludable medicamento, es decir, instituyó como obispo de la parte arriana de la ciudad a cierto hombre pestífero, llamado Sunna, defensor entusiasta de la perversa herejía arriana, a fin de excitar sediciones entre ambos y perturbar al varón santo y a todo su pueblo. Era este varón partidario del falso dogma, hombre funesto, de rostro repugnante, frente torva, ojos crueles, aspecto desagradable y horrendos ademanes, se hallaba dotado además de una mente retorcida y era depravado en las costumbres, de lengua mendaz, obsceno en sus palabras, hinchado por fuera y vacío por dentro, en apariencia soberbio y en el fondo inane, jactancioso y carente de virtudes, desmesurado siempre, incapaz del bien, opulento en maldades, inclinado a todo tipo de delitos y candidato a la eterna condenación. Como este supradicho promotor de perfidia, viniendo a la ciudad de Mérida, usurpara en su beneficio algunas basílicas con todos sus privilegios, sustraídas con temeraria osadía a la jurisdicción del propio obispo por mandato del rey, y tal ladrón, ligado a funestos vínculos y bien provisto de letales pócimas, empezó a proferir rabiosos exabruptos contra el siervo de Dios y a vomitar expresiones soeces cargadas de palabras estruendosas. Pero al muy probado siervo de Dios, ni le doblegó la amenaza de semejante bribón, ni le ablandó la turbulenta ira de aquella pestífera criatura, ni le produjo perturbación la tempestad desencadenada por tamaño loco insensato, sino que, al igual que una fortísima muralla, permaneció inmóvil contra todas las tormentas en defensa de la santa fe. Y como dicho obispo infiel intentase, por todos los medios, despojar al siervo de Dios y a los fieles de sus mártires más distinguidos, y no lo consiguiese, valiéndose del regio favor, trataba con argucia de usurpar la basílica de la santísima virgen Eulalia, para que sustraída a la jurisdicción de su propio obispo fuese dedicada al culto arriano. Pero, como el santo obispo Masona y con él todo el pueblo, se resistiera tenazmente y luchase con vehemencia, el falso obispo Sunna escribió muchas veces al referido príncipe acusando al santo varón y sugiriéndole que, en virtud de su poder regio, le hiciese entrega de la sagrada basílica, cuya posesión ambicionaba, tras haberla sustraído a la jurisdicción de los católicos. Con tal objetivo, consiguió que el rey promulgase una sentencia, en virtud de la cual ambos obispos debían comparecer ante los jueces en el atrio de la iglesia y debatir cada cual en defensa de su derecho, refutando alternativamente uno los argumentos del otro sobre los libros de las Sagradas Escrituras y lo que éstos dicen, a fin de impugnar o corroborar sus razones con los testimonios presentados, y de este modo la parte que obtuviese el victorioso triunfo podría vindicar definitivamente para sí la iglesia de Santa Eulalia.

Y cuando este decreto llegó, por el insistente rumor, a oídos del varón inmaculado Masona, en seguida se dirigió a la basílica de la santa virgen Eulalia y permaneció postrado en el pavimento que hay delante del altar, bajo el que yace el venerable cuerpo de la santa mártir, durante tres días y tres noches, perseverando en ayunos y lágrimas. Al tercer día volvió al palacio episcopal, construido dentro de las murallas de la misma ciudad. Y retornó con tanta confianza y serenidad de espíritu, que ninguno de los fieles tenía duda de que cautivaría al auditorio. Él dijo: “No pretendáis conocer por adelantado lo que se ha de hablar, pues en aquella hora se os dará lo que tenéis que decir, porque no sois vosotros quienes hablaréis, sino el Espíritu Santo”. Y cuando llegó a la ciudad y, entrando en el palacio, tomó asiento, disipó la preocupación de todos los fieles con la alegría de su rostro, y les animó, para que en nada dudasen de su victoria. Y esperó largo tiempo al nefando obispo arriano y a los jueces. Finalmente, llegó el obispo arriano junto con los jueces, rodeado de catervas de gente e hinchado con el fasto de soberbia. Después de que los obispos hubiesen ocupado sus puestos, tomaron asiento los jueces, que en su mayoría eran defensores de la parte arriana y del muy impío rey. Y cuando se hubieron acomodado, el santo obispo Masona, que era de suma gravedad y prudencia, guardó silencio durante largo rato, alzando los ojos al cielo. Como éste callara, se otorgó primero la palabra a Sunna, obispo de los herejes, y empezó con gran fragor a lanzar por su nefanda boca palabras estrepitosas, ásperas, groseras y obscenas. Al cual respondió el varón de Dios con paciencia, dulzura y suavidad, demostrando insignemente toda la verdad, y el otro seguía con procaces razones, como si hablara por boca del dragón, y se entabló entre ambos un gran certamen oratorio; pero aquella mole de carne no pudo oponer resistencia con ningún argumento a la sabiduría de Dios y al Espíritu Santo, que hablaba por boca de su siervo el obispo Masona. ¿Qué más puedo decir? Confundido y derrotado con todo género de argumentos, enmudeció y, cubierto de vergüenza, se ruborizó. Tanto él como los perversos mediadores, que insolentemente trataban de brindarle su apoyo, no sólo se abochornaron llenos de confusión, sino que, escuchando la palabra de la inestimable doctrina salir de su boca con melifluo discurso, consternados sus espíritus y sumidos en un gran estupor, alababan con mucha admiración al que, poco antes, habían venido a combatir. Pues fue tanta la gracia que se dignó el Señor en poner aquel día en sus labios, que nunca antes le había oído nadie expresarse con tan clara elocuencia, aunque siempre enseñaba con verbo fácil; pero esta vez estuvo más elocuente que otros días. En suma, “los rectos vieron y se alegraron, y toda iniquidad cerró su boca, porque el Señor calló la lengua inicua de los que hablaban". Todos los fieles se admiraron mucho, pues aunque ya sabían que este varón se hallaba dotado de gran elocuencia, nunca, sin embargo, recordaban que se hubiera expresado con tan escolástico discurso y con verbo tan nítido y dulce. Poco después, postrados y vencidos los enemigos, todos los ortodoxos y todos los católicos prorrumpieron en alabanzas a Dios, diciendo: “Quién es, Señor, semejante a ti entre los dioses? ¿ Quién puede comparársete? No hay ninguno según tus obras". A continuación, fueron todos unánimemente, junto con el victorioso obispo Masona, a la basílica de la gloriosa virgen Eulalia. En efecto, vinieron cantando laudes a Dios y entraron en su sacratísimo templo, alegrándose con inmenso estruendo, y dieron gracias infinitas a Dios Omnipotente, que, en atención a las preces de la santa virgen, había ensalzado a sus siervos a las alturas y había reducido a la nada a sus enemigos.

Vitae Patrum Emeritensium, XI. 27-28.

Documento 17

La revuelta del obispo arriano Ataloco de Narbona

En medio de estas dificultades, el diablo excitó una sedición contra la fe católica en Narbona, eximia ciudad de las Galias… Dos ilustres condes, varones poderosos y de noble origen, aunque profanos en sus ideas e innobles en sus costumbres, llamados Granista y Vildigerno, junto con el obispo arriano Ataloco y otros muchos partidarios de sus errores, promovieron en aquella región una grave revuelta; pues, alzándose contra la fe católica, introdujeron en las Galias una infinita multitud de francos, con el propósito de vindicar por la fuerza de las armas los derechos de la perfidia arriana, y, de ser posible, despojar del reino a Recaredo, varón católico. Por aquel tiempo, hicieron gran estrago, asesinando a una innumerable multitud de clérigos, religiosos y todo tipo de católicos, cuyas almas… recibiéndolas como holocausto nuestro Salvador Jesucristo, las colocó en el santuario celestial entre las legiones de los mártires.

Poco después y sin incurrir en la más mínima demora, el Dios sublime y omnipotente, castigando a sus enemigos con brazo justiciero, vengando la sangre de los inocentes, en atención a las súplicas del eximio príncipe Recaredo dio a sus adversarios con férrea dureza pronto y ejemplar castigo. Cuando se vieron postrados y abatidos todos los enemigos de la fe católica, el santo obispo Masona, junto con todo su pueblo, entonando salmos, ofreció místicas alabanzas al Señor y, cantando laudes e himnos, vino con toda la plebe a la basílica de la nutricia virgen Eulalia. Después, celebrando con él, jubilosamente, todos los ciudadanos la solemnidad pascual, recorriendo las calles, según la costumbre de los antiguos, con gran algarabía, clamaron en alabanza del Señor… Después de esto, aplacada la tempestad en todas partes, el Señor se dignó a otorgar abundante paz al pueblo católico.

Vitae Patrum Emeritensium, XIX. 44-45.

Documento 18

El juicio contra el usurpador Paulo y sus cómplices

Tres días después de que las tropas victoriosas del rey Vamba hubiesen ocupado la ciudad de Nimes, se celebró el juicio de Paulo y los principales jefes rebeldes, hasta un total de cincuenta y tres notables, entre los que se incluían seis eclesiásticos. Un documento titulado Iudicium in tyrannorum perfidia promulgatum, redactado por un clérigo de la Galia Gótica e incluido a modo de epílogo al final de la Historia del rey Wamba de Julián de Toledo, nos ofrece un detallado relato del juicio y de las principales pruebas testimoniales empleadas en el mismo.

Así pues, este criminal de Paulo, convocados y reunidos todos nosotros, a saber, todos los señores de palacio, gardingos y oficiales de palacio, en presencia de todo el ejército, bajo la supervisión de nuestro glorioso señor, mientras asistía al juicio junto con sus compinches, el mencionado príncipe [Vamba] así le habló sobre el fracaso de su conjura: “Te conjuro en el nombre de Dios todopoderoso a que en esta asamblea de hermanos míos contiendas conmigo, si en algo te afrenté o en alguna ocasión te di pábulo para la villanía, soliviantado por la cual emprendiste esta tiranía y trataste de adueñarte de la suprema dignidad del reino.

Luego ese impío de Paulo prestó declaración con clara voz diciendo: “Juro por Dios que no sentí que fuera lastimado por tu gloria ni recibí de vosotros afrenta alguna, sino que siempre diste orden de hacerme copartícipe únicamente en tus mercedes, que en modo alguno merecí disfrutar. Pero lo hice instigado por diabólica tentación”. En forma idéntica sus mencionados compinches fueron interrogados y todos respondieron de forma pareja. Luego fueron proclamados los formularios legales, en los que con libre juramento, cuando la elección de nuestro glorioso señor el rey Vamba, ese colmo de maldad de Paulo y sus secuaces junto con nosotros consintieron y declararon observar lealtad inquebrantable para con su persona y para con la patria bajo divino juramento, estampando las firmas de su propia mano… Después de esto, son leídos otros formularios, con los que el pérfido Paulo había obligado al pueblo a prestarle acatamiento. Tras el examen y lectura de los formularios, se proclamó sentencia canónica del [IV] concilio de Toledo canon 75… Luego se dictó sentencia civil del libro II, título 1.°, capítulo 6.° [del Liber Iudiciorum de Recesvinto]. De acuerdo con esto, a tenor de la ley promulgada, todos nos pronunciamos en unánime parecer por que el pérfido Paulo junto con sus mencionados secuaces fueran condenados a la muerte mas ignominiosa, de manera que vean cumplida la caída en la perdición perpetua quienes fraguaron la subversión de la patria y trataron de causar la muerte al príncipe. Y caso de que el príncipe les perdonara la vida, no de otro modo vivirán más que con los ojos sacados. Decretamos asimismo que todos los bienes de Paulo y de sus compinches pasen al arbitrio de nuestro glorioso señor, de modo que todo… quede a su arbitrio infalible, a fin de que el nombre de los sediciosos desaparezca de la faz de la tierra y los siglos venideros rehuyan imitar su triste recuerdo señalado con estos títulos.

Iudicium in tyrannorum perfidia, 4-7, a. 673, trad. P. R. Díaz y Díaz.

Documento 19

Ley del rey Egica sobre esclavos fugitivos

Cualquiera que a partir de ahora acoja a un esclavo fugitivo, aunque [el esclavo] diga que él es un hombre libre, procúrese que lo antes posible se le haga una investigación judicial, para que se averigüe a instancia del juez si realmente es un hombre libre o si por casualidad es esclavo; y, revelada así al verdad, dicho esclavo sea devuelto a su propio dueño. Que si alguien, tras acoger a un fugitivo, ni lo hubiera presentado al juez ni lo hubiera devuelto a su dueño, una vez localizado: si fuese un esclavo o un liberto, se le flagelará en público con ciento cincuenta latigazos a instancias del juez; pero si fuese un hombre libre, sepa que también será corregido con cien flagelos y entregará además al dueño del esclavo una libra de oro. Que si no tuviese de dónde pagar… reciba doscientos golpes de flagelo.

Liber Iudiciorum, IX.1.21, a. 709.

Documento 20

El pacto entre Abd al-Aziz y Teodomiro de Orihuela

En el nombre de Allah el misericordioso y el compasivo: Éste es el escrito de ‘Abd al-AzÎz ibn Musá para TudmÎr ibn GandarÎs; ya se ha sometido a la paz, que tenga el pacto de Allah y su confirmación, y no se le retrasen sus noticias y sus enviados, y que tiene la protección de Allah y de su Profeta, de que no se le impondrá a nadie sobre él, ni se rebajará a nadie de sus compañeros para mal, que no serán cautivados, y que no se separará entre ellos y sus mujeres y sus hijos; que no se quemarán sus iglesias y que no se les forzará en su religión, y que su paz es sobre siete ciudades: Auriola, Mula, Lorca, Balantala, Locant, Iyih y Elche, y que no deje cumplir lo pactado, y que no deshaga lo acordado, y que cumpla lo que le hemos impuesto y le hemos obligado a cumplir; que no nos oculte noticia que sepa y que él y sus compañeros tienen el impuesto de la parias, que son: para el hombre libre un dinar, cuatro almudes de trigo, cuatro de cebada, cuatro medidas de vinagre, una medida de miel y una de aceite; y para todos los esclavos, la mitad de esto. Atestiguaron esto [6 testigos]. Se escribió en raŶab del año 94 (abril del año 713).

     Al-‘UdrÎ, Collar de coral acerca de los itinerarios y los reinos, trad. Huici Miranda, 1970, 86-87.

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